En Breve historia del Neoliberalismo (2005), David W. Harvey examina histórica y geográficamente la teoría y la práctica del neoliberalismo desde mediados de los años setenta. Considera que el neoliberalismo fue una respuesta a la crisis de acumulación sufrida por el capitalismo en los años setenta, caracterizada por una baja de los rendimientos de las inversiones simultánea con un incremento de las luchas sociales. El neoliberalismo pudo establecerse aprovechando que la crisis provocó la debilidad de los estados frente a los bancos, los cuales pudieron imponer las privatizaciones y la reducción de las garantías laborales.

Para Harvey, el neoliberalismo ha tenido éxito en incrementar el capital y el poder de los estratos altos de la sociedad, pero ha ampliado la brecha entre éstos y las mayorías empobrecidas, poniendo en primera plana, otra vez, la lucha de clases. La crisis de acumulación reaparece, no fue definitivamente resuelta y ello traza los límites históricos del modelo neoliberal.

David W. Harvey

Breve historia del Neoliberalismo

ePub r1.1

German25 08.01.18

Título original: A Brief History of Neoliberalism

David W. Harvey, 2005

Traducción: Ana Varela Mateos

Editor digital: German25

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Introducción

No sería de extrañar que los historiadores del futuro vieran los años comprendidos entre 1978 y 1980 como un punto de inflexión revolucionario en la historia social y económica del mundo. En 1978 Deng Xiaoping emprendió los primeros pasos decisivos hacia la liberalización de una economía comunista en un país que integra la quinta parte de la población mundial. En el plazo de dos décadas, el camino trazado por Deng iba a transformar China, un área cerrada y atrasada del mundo, en un centro de dinamismo capitalista abierto con una tasa de crecimiento sostenido sin precedentes en la historia de la humanidad. En la costa opuesta del Pacífico, y bajo circunstancias bastante distintas, un personaje relativamente oscuro (aunque ahora famoso) llamado Paul Volcker asumió el mando de la Reserva Federal de Estados Unidos en julio de 1979, y en pocos meses ejecutó una drástica transformación de la política monetaria. A partir de ese momento, la Reserva Federal se puso al frente de la lucha contra la inflación, sin importar las posibles consecuencias (particularmente, en lo relativo al desempleo). Al otro lado del Atlántico, Margaret Thatcher ya había sido elegida primera ministra de Gran Bretaña en mayo de 1979, con el compromiso de domeñar el poder de los sindicatos y de acabar con el deplorable estancamiento inflacionario en el que había permanecido sumido el país durante la década anterior. Inmediatamente después, en 1980, Ronald Reagan era elegido presidente de Estados Unidos y, armado con su encanto y con su carisma personal, colocó a Estados Unidos en el rumbo de la revitalización de su economía apoyando las acciones de Volcker en la Reserva Federal y añadiendo su propia receta de políticas para socavar el poder de los trabajadores, desregular la industria, la agricultura y la extracción de recursos, y suprimir las trabas que pesaban sobre los poderes financieros tanto internamente como a escala mundial. A partir de estos múltiples epicentros, los impulsos revolucionarios parecieron propagarse y reverberar para rehacer el mundo que nos rodea bajo una imagen completamente distinta.

Las transformaciones de este alcance y profundidad no suceden de manera accidental. Así pues, resulta oportuno indagar qué caminos y qué medios se utilizaron para lograr arrancar esta nueva configuración económica —a menudo subsumida en el término «globalización»— de las entrañas de la vieja. Volcker, Reagan, Thatcher y Deng Xiaoping optaron por utilizar, todos ellos, discursos minoritarios que estaban en circulación desde hacía largo tiempo y los tornaron mayoritarios (aunque en ningún caso sin una dilatada lucha). Reagan hizo revivir una tradición minoritaria en el seno del Partido Republicano, surgida a principios de la década de 1960 de la mano de Barry Goldwater. Deng era testigo del vertiginoso aumento de riqueza y de influencia experimentado por Japón, Taiwán, Hong Kong, Singapore y Corea del Sur, y para salvaguardar y promover los intereses del Estado chino, resolvió movilizar un socialismo de mercado en lugar de la planificación central. A su vez, tanto Volcker como Thatcher rescataron de las sombras de relativa oscuridad en que se encontraba una singular doctrina a la que llamaban «neoliberalismo» y la transformaron en el principio rector de la gestión y el pensamiento económicos. Esta doctrina —sus orígenes, su ascenso y sus implicaciones—, constituye mi principal objeto de interés en las páginas que siguen[1].

El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano, consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio. El papel del Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas. Por ejemplo, tiene que garantizar la calidad y la integridad del dinero. Igualmente, debe disponer las funciones y estructuras militares, defensivas, policiales y legales que son necesarias para asegurar los derechos de propiedad privada y garantizar, en caso necesario mediante el uso de la fuerza, el correcto funcionamiento de los mercados. Por otro lado, en aquellas áreas en las que no existe mercado (como la tierra, el agua, la educación, la atención sanitaria, la seguridad social o la contaminación medioambiental), este debe ser creado, cuando sea necesario, mediante la acción estatal. Pero el Estado no debe aventurarse más allá de lo que prescriban estas tareas. La intervención estatal en los mercados (una vez creados) debe ser mínima porque, de acuerdo con esta teoría, el Estado no puede en modo alguno obtener la información necesaria para anticiparse a las señales del mercado (los precios) y porque es inevitable que poderosos grupos de interés distorsionen y condicionen estas intervenciones estatales (en particular en los sistemas democráticos) atendiendo a su propio beneficio.

Desde la década de 1970, por todas partes hemos asistido a un drástico giro hacia el neoliberalismo tanto en las prácticas como en el pensamiento político-económico. La desregulación, la privatización, y el abandono por el Estado de muchas áreas de la provisión social han sido generalizadas. Prácticamente todos los Estados, desde los recientemente creados tras el derrumbe de la Unión Soviética, hasta las socialdemocracias y los Estados de bienestar tradicionales, como Nueva Zelanda y Suecia, han abrazado en ocasiones de manera voluntaria y en otras obedeciendo a poderosas presiones, alguna versión de la teoría neoliberal y, al menos, han ajustado algunas de sus políticas y de sus practicas a tales premisas. Sudáfrica se adscribió al neoliberalismo rápidamente después del fin del apartheid e incluso la China contemporánea, tal y como veremos más adelante, parece que se está encaminando en esta dirección. Por otro lado, actualmente, los defensores de la vía neoliberal ocupan puestos de considerable influencia en el ámbito académico (en universidades y en muchos think-tanks), en los medios de comunicación, en las entidades financieras y juntas directivas de las corporaciones, en las instituciones cardinales del Estado (como ministerios de Economía o bancos centrales) y, asimismo, en las instituciones internacionales que regulan el mercado y la finanzas a escala global, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). En definitiva, el neoliberalismo se ha tornado hegemónico como forma de discurso. Posee penetrantes efectos en los modos de pensamiento, hasta el punto de que ha llegado a incorporarse a la forma natural en que muchos de nosotros interpretamos, vivimos y entendemos el mundo.

Sin embargo, el proceso de neoliberalización ha acarreado un acusado proceso de «destrucción creativa» no sólo de los marcos y de los poderes institucionales previamente existentes (desafiando incluso las formas tradicionales de soberanía estatal) sino también de las divisiones del trabajo, de las relaciones sociales, de las áreas de protección social, de las combinaciones tecnológicas, de las formas de vida y de pensamiento, de las actividades de reproducción, de los vínculos con la tierra y de los hábitos del corazón. En tanto que el neoliberalismo valora el intercambio del mercado como «una ética en sí misma, capaz de actuar como un guía para toda la acción humana y sustituir todas las creencias éticas anteriormente mantenidas», enfatiza el significado de las relaciones contractuales que se establecen en el mercado[2]. Sostiene que el bien social se maximiza al maximizar el alcance y la frecuencia de las transacciones comerciales y busca atraer toda la acción humana al dominio del mercado. Esto exige tecnologías de creación de información y capacidad de almacenar, transferir, analizar y utilizar enormes bases de datos para guiar la toma de decisiones en el mercado global. De ahí la búsqueda y el intenso interés del neoliberalismo en las tecnologías de la información (lo que ha llevado a algunos a proclamar la emergencia de una nueva clase de «sociedad de la información»). Estas tecnologías han comprimido tanto en el espacio como en el tiempo, la creciente densidad de transacciones comerciales. Han producido una explosión particularmente intensa de lo que en otras ocasiones he denominado «compresión espacio-temporal». Cuanto más amplia sea la escala geográfica (lo que explica el énfasis en la «globalización») y más cortos los plazos de los contratos mercantiles, mejor. Esta última preferencia concuerda con la famosa descripción de Lyotard de la condición posmoderna, como aquella en la que el «contrato temporal» sustituye a las «instituciones permanentes en la esfera profesional, emocional, sexual, cultural, internacional y familiar, así como también en los asuntos políticos». Las consecuencias culturales del dominio de esta ética del mercado son innumerables, tal y como describí previamente en The Condition of Posmodernity[3].

Si bien en la actualidad contamos con muchos análisis generales de las transformaciones globales y de sus efectos, carecemos —y esta es la brecha que aspira llenar este libro— de un relato político-económico del origen de la neoliberalización y del modo en que ha proliferado de manera tan generalizada a escala mundial. Por otro lado, abordar esta historia desde una perspectiva crítica, sirve para proponer un marco para identificar y construir acuerdos políticos y económicos alternativos.

En los últimos tiempos me he beneficiado de las conversaciones mantenidas con Gerard Duménil, Sam Gindin y Leo Panitch. Asimismo, arrastro deudas que vienen de más atrás con Masao Miyoshi, Giovanni Arrighi, Patrick Bond, Cindi Katia, Neil Smith, Bertell Ollman, María Kaika y Erick Swyngedouw. Una conferencia sobre neoliberalismo patrocinada por la Fundación Rosa Luxemburgo y celebrada en Berlín, en noviembre de 2001, despertó mi interés sobre el tema de este libro. Doy las gracias, principalmente, aunque no exclusivamente, al rector del CUNY Graduate Center, Bill Nelly, y a mis colegas y estudiantes del Programa de Antropología, por su interés y por el apoyo que me han brindado. Y, por supuesto, absuelvo a todo el mundo de cualquier responsabilidad por los resultados.

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La libertad no es más que una palabra...

Para que cualquier forma de pensamiento se convierta en dominante, tiene que presentarse un aparato conceptual que sea sugerente para nuestras intuiciones, nuestros instintos, nuestros valores y nuestros deseos así como también para las posibilidades inherentes al mundo social que habitamos. Si esto se logra, este aparato conceptual se injerta de tal modo en el sentido común que pasa a ser asumido como algo dado y no cuestionable. Los fundadores del pensamiento neoliberal tomaron el ideal político de la dignidad y de la libertad individual como pilar fundamental y los consideraron «los valores centrales de la civilización». Realizaron una sensata elección ya que efectivamente se trata de ideales convincentes y sugestivos. En su opinión, estos valores se veían amenazados no sólo por el fascismo, las dictaduras y el comunismo, sino por todas las formas de intervención estatal que sustituían con valoraciones colectivas la libertad de elección de los individuos.

La idea de dignidad y de libertad individual son conceptos poderosos y atrayentes por sí mismos. Estos ideales reafirmaron a los movimientos disidentes en Europa del Este y en la Unión Soviética antes del final de la Guerra Fría, así como a los estudiantes de la Plaza de Tiananmen. Los movimientos estudiantiles que sacudieron el mundo en 1968 —desde París y Chicago hasta Bangkok y Ciudad de México— estaban en parte animados por la búsqueda de una mayor libertad de expresión y de elección individuales. En términos más generales, estos ideales atraen a cualquier persona que aprecie la facultad de tomar decisiones por sí misma.

La idea de libertad, inserta en la tradición estadounidense desde hace largo tiempo, ha desempeñado un notable papel en Estados Unidos en los últimos años. El «11 de septiembre[4]» fue interpretado de manera inmediata por muchos analistas como un ataque contra ella. «Un mundo pacífico en el que crece la libertad», escribió el presidente Bush en el primer aniversario de aquel fatídico día, «al servicio de los intereses a largo plazo de Estados Unidos, que refleja la permanencia de los ideales estadounidenses y que une a los aliados de este país». «La humanidad», concluía, «sostiene en sus manos la oportunidad de ofrecer el triunfo de la libertad sobre todos sus enemigos seculares» y «Estados Unidos recibe con alegría sus responsabilidades al mando de esta gran misión». Este lenguaje fue incorporado al documento titulado Estrategia de Defensa Nacional Estadounidense que fue emitido poco después. «La libertad es el regalo del Todopoderoso a todos los hombres y mujeres del mundo» dijo posteriormente añadiendo que «en tanto que la mayor potencia sobre la Tierra, nosotros tenemos la obligación de ayudar a la expansión de la libertad[5]».

Cuando todas las restantes razones para emprender una guerra preventiva contra Iraq se revelaron deficientes, el presidente apeló a la idea de que la libertad otorgada a Iraq era en sí misma y por sí misma una justificación adecuada de la guerra. Los iraquíes eran libres y eso era todo lo que realmente importaba. Pero qué tipo de libertad se vislumbra aquí si, tal y como el crítico cultural Matthew Arnold[6] reflexionó hace mucho tiempo «la libertad es un caballo muy bueno para cabalgar sobre él, pero para ir a algún sitio[7]». ¿A qué destino, por consiguiente, se espera que encamine al pueblo iraquí el caballo de la libertad que se le ha donado por la fuerza de las armas?

La respuesta de la Administración Bush a esta cuestión quedó clara el 19 de septiembre de 2003, cuando Paul Bremer, director de la Autoridad Provisional de la Coalición, promulgó cuatro decretos en los que se preveía «la plena privatización de las empresas públicas, plenos derechos de propiedad para las compañías extranjeras que hayan adquirido y adquieran empresas iraquíes, la plena repatriación de los beneficios extranjeros […] la apertura de los bancos iraquíes al control extranjero, la dispensación de un tratamiento nacional a las compañías extranjeras y […] la eliminación de prácticamente todas las barreras comerciales[8]». Estos decretos iban a ser aplicados en todas las esferas económicas, incluyendo los servicios públicos, los medios de comunicación, la industria, los servicios, los transportes, las finanzas y la construcción.

Únicamente el petróleo quedaría exento (presumiblemente debido a su especial estatus como generador de rentas para pagar la guerra y su relevancia geopolítica). El mercado del trabajo, a su vez, iba a estar estrictamente regulado. Las huelgas estarían efectivamente prohibidas en los sectores clave de la economía y el derecho de sindicación restringido. Igualmente, se implantó un «sistema impositivo fijo» sumamente regresivo (un ambicioso plan de reforma fiscal defendido desde hacía mucho tiempo por los conservadores para su implementación en Estados Unidos).

En opinión de algunos analistas, estos decretos eran una violación de las Convenciones de Ginebra y de la Haya, ya que un país ocupante tiene el deber de proteger los activos de un país ocupado en lugar de liquidarlos[9]. Algunos iraquíes opusieron resistencia a lo que The Economist londinense denominó régimen del «sueño capitalista» en Iraq. Un miembro de la Autoridad Provisional de la Coalición nombrada por Estados Unidos criticó enérgicamente la imposición del «fundamentalismo de libre mercado», al que denominó «una lógica errada que ignora la historia[10]». Aunque las normas de Bremer pudieran haber sido ilegales por venir impuestas por una potencia ocupante, podían convertirse en legales si eran confirmadas por un gobierno «soberano». El gobierno interino nombrado por Estados Unidos que asumió el poder a finales de junio de 2004 fue declarado «soberano», pero únicamente tenía poder para confirmar las leyes existentes. Antes del traspaso de poderes, Bremer multiplicó el número de leyes destinadas a especificar hasta en los últimos detalles las reglas del mercado libre y del libre comercio (en cuestiones tan pormenorizadas como las leyes que regulan los derechos de autor y las leyes de propiedad intelectual), expresando su esperanza de que estos pactos institucionales «cobraran vida y fuerza propias» de tal forma que resultaran muy difíciles de revertir[11].

De acuerdo con la teoría neoliberal, el tipo de medidas perfiladas por Bremer eran tan necesarias como suficientes para la creación de riqueza y, por lo tanto, para el progreso del bienestar de la población en general. La suposición de que las libertades individuales se garantizan mediante la libertad de mercado y de comercio, es un rasgo cardinal del pensamiento neoliberal, y ha dominado durante largo tiempo la postura de Estados Unidos hacia el resto del mundo[12]. Evidentemente, lo que Estados Unidos pretendía imponer por la fuerza en Iraq, era un aparato estatal cuya misión fundamental era facilitar las condiciones para una provechosa acumulación de capital tanto por parte del capital extranjero como del doméstico. A esta forma de aparato estatal la denominaré Estado neoliberal. Las libertades que encarna reflejan los intereses de la propiedad privada, las empresas, las compañías multinacionales y el capital financiero. En definitiva, Bremer invitó a los iraquíes a cabalgar su caballo de la libertad directo hacia la cuadra neoliberal.

Merece la pena recordar que el primer experimento de formación de un Estado neoliberal se produjo en Chile tras el golpe de Pinochet el «11 de septiembre menor» de 1973 (casi treinta años antes del día del anuncio del régimen que iba a instalarse en Iraq por parte de Bremer). El golpe contra el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende fue promovido por las elites económicas domésticas que se sentían amenazadas por el rumbo hacia el socialismo de su presidente. Contó con el respaldo de compañías estadounidenses, de la CIA, y del secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger. Reprimió de manera violenta todos los movimientos sociales y las organizaciones políticas de izquierda y desmanteló todas las formas de organización popular (como los centros de salud comunitarios de los barrios pobres) que existían en el país. El mercado de trabajo, a su vez, fue «liberado» de las restricciones reglamentarias o institucionales (el poder de los sindicatos, por ejemplo). ¿Pero de qué modo iba a ser reactivada su estancada economía? Las políticas de sustitución de las importaciones (fomentando las industrias nacionales mediante subvenciones o medidas de protección arancelaria) que habían dominado las tentativas latinoamericanas de desarrollo económico, habían caído en el descrédito, particularmente en Chile, donde nunca habían funcionado especialmente bien. Con el mundo entero en recesión económica, se requería un nuevo enfoque.

Para ayudar a reconstruir la economía chilena, se convocó a un grupo de economistas conocidos como los «Chicago boys» a causa de su adscripción a las teorías neoliberales de Milton Friedman, que entonces enseñaba en la Universidad de Chicago. La historia de cómo fueron elegidos es interesante. Desde la década de 1950 Estados Unidos había financiado la formación de algunos economistas chilenos en la Universidad de Chicago, como parte de un programa de la Guerra Fría destinado a contrarrestar las tendencias izquierdistas en América Latina. Estos economistas formados en Chicago, llegaron a dominar la privada Universidad Católica de Santiago de Chile. A principios de la década de 1970, las elites financieras organizaron su oposición a Allende a través de un grupo llamado «el Club de los lunes», y desarrollaron una productiva relación con estos economistas financiando sus trabajos a través de institutos de investigación. Después de que el general Gustavo Leigh, rival de Pinochet para auparse al poder y defensor de las ideas keynesianas, fuera arrinconado en 1975, Pinochet puso a estos economistas en el gobierno donde su primer trabajo fue negociar los créditos con el Fondo Monetario Internacional. El fruto de su trabajo junto al FMI, fue la reestructuración de la economía en sintonía con sus teorías. Revirtieron las nacionalizaciones y privatizaron los activos públicos, abrieron los recursos naturales (la industria pesquera y la maderera, entre otras) a la explotación privada y desregulada (en muchos casos sin prestar la menor consideración hacia las reivindicaciones de los habitantes indígenas), privatizaron la Seguridad Social y facilitaron la inversión extranjera directa y una mayor libertad de comercio. El derecho de las compañías extranjeras a repatriar los beneficios de sus operaciones chilenas fue garantizado. Se favoreció un crecimiento basado en la exportación frente a la sustitución de las importaciones. El único sector reservado al Estado, fue el recurso clave del cobre (al igual que el petróleo en Iraq). Esto se reveló crucial para la viabilidad presupuestaria del Estado, puesto que los ingresos del cobre fluían exclusivamente hacia sus arcas. La reactivación inmediata de la economía chilena en términos de tasa de crecimiento, acumulación de capital y una elevada tasa de rendimiento sobre las inversiones extranjeras, no duró mucho tiempo. Todo se agrió en la crisis de la deuda que azotó América Latina en 1982. Como resultado, en los años que siguieron se produjo una aplicación mucho más pragmática y menos conducida por la ideología de las políticas neoliberales. Todo este proceso, incluido el pragmatismo, sirvió para proporcionar una demostración útil para apoyar el subsiguiente giro hacia el neoliberalismo, tanto en Gran Bretaña (bajo el gobierno de Thatcher) como en Estados Unidos (bajo el de Reagan), en la década de 1980. De este modo, y no por primera vez, un brutal experimento llevado a cabo en la periferia se convertía en un modelo para la formulación de políticas en el centro (muy parecido a la experimentación con un sistema impositivo fijo en Iraq, propuesto en el marco de los decretos de Bremer[13])

El hecho de que dos reestructuraciones del aparato estatal que presentan una similitud tan manifiesta, hayan ocurrido en épocas tan distintas y en lugares tan diferentes del mundo bajo la influencia coactiva de Estados Unidos, sugiere que el alcance inexorable del poder imperial estadounidense, podría obedecer a la rápida proliferación de formas estatales neoliberales alrededor del mundo registradas desde mediados de la década de 1970. Aunque sin duda esto se haya producido a lo largo de los últimos treinta años, en ningún caso constituye toda la historia, como muestra el elemento doméstico del giro neoliberal en Chile. Por otro lado, Estados Unidos no obligó a Margaret Thatcher a adentrarse en la inexplorada senda neoliberal en 1979. Como tampoco obligó a China, en 1978, a emprender el camino hacia la liberalización. Los restringidos movimientos hacia la neoliberalización de India en la década de 1980 y de Suecia a principios de la de 1990, no pueden atribuirse fácilmente al alcance imperial del poder estadounidense. Evidentemente, el desarrollo geográfico desigual del neoliberalismo a escala mundial, ha sido un proceso de gran complejidad que ha entrañado múltiples determinaciones y no poco caos y confusión. ¿Por qué, entonces, se produjo el giro neoliberal y cuáles fueron las fuerzas que le otorgaron su hegemonía dentro del capitalismo global?

¿Por qué el giro neoliberal?

La reestructuración de las formas estatales y de las relaciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, estaba concebida para prevenir un regreso a las catastróficas condiciones que habían amenazado como nunca antes el orden capitalista en la gran depresión de la década de 1930. Al parecer, también iba a evitar la reemergencia de las rivalidades geopolíticas interestatales que habían desatado la guerra. Como medida para asegurar la paz y la tranquilidad en la escena doméstica, había que construir cierta forma de compromiso de clase entre el capital y la fuerza de trabajo. Tal vez, el mejor retrato del pensamiento de la época se encuentre en un influyente texto escrito por dos eminentes sociólogos, Robert Dahl y Charles Lindblom, que fue publicado en 1953. En opinión de ambos autores, tanto el capitalismo como el comunismo en su versión pura, habían fracasado. El único horizonte por delante era construir la combinación precisa de Estado, mercado e instituciones democráticas para garantizar la paz, la integración, el bienestar y la estabilidad[14]. En el plano internacional, un nuevo orden mundial era erigido a través de los acuerdos de Bretton Woods[15], y se crearon diversas instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, que tenían como finalidad contribuir a la estabilización de las relaciones internacionales. Asimismo, se incentivó el libre comercio de bienes mediante un sistema de tipos de cambio fijos, sujeto a la convertibilidad del dólar estadounidense en oro a un precio fijo. Los tipos de cambio fijos eran incompatibles con la libertad de los flujos de capital que tenían que ser controlados, pero Estados Unidos tenía que permitir la libre circulación del dólar más allá de sus fronteras si el dólar iba a funcionar como moneda de reserva global. Este sistema existió bajo el paraguas protector de la potencia militar de Estados Unidos. Únicamente la Unión Soviética y la Guerra Fría imponían un límite a su alcance global.

Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa emergieron una variedad de Estados socialdemócratas, demócrata-cristianos y dirigistas. Estados Unidos, por su parte, se inclinó hacia una forma estatal demócrata-liberal y Japón, bajo la atenta supervisión de Estados Unidos, cimentó un aparato estatal en teoría democrático pero en la práctica sumamente burocrático facultado para supervisar la reconstrucción del país. Todas estas formas estatales diversas tenían en común la aceptación de que el Estado debía concentrar su atención en el pleno empleo, en el crecimiento económico y en el bienestar de los ciudadanos, y que el poder estatal debía desplegarse libremente junto a los procesos del mercado —o, si fuera necesario, interviniendo en él o incluso sustituyéndole—, para alcanzar esos objetivos. Las políticas presupuestarias y monetarias generalmente llamadas «keynesianas» fueron ampliamente aplicadas para amortiguar los ciclos económicos y asegurar un práctico pleno empleo. Por regla general, se defendía un «compromiso de clase» entre el capital y la fuerza de trabajo como garante fundamental de la paz y de la tranquilidad en el ámbito doméstico. Los Estados intervinieron de manera activa en la política industrial y se implicaron en la fijación de fórmulas establecidas de salario social diseñando una variedad de sistemas de protección (asistencia sanitaria y educación, entre otros).

Actualmente es habitual referirse a esta organización político-económica como «liberalismo embridado» para señalar el modo en que los procesos del mercado así como las actividades empresariales y corporativas, se encontraban cercadas por una red de constreñimientos sociales y políticos y por un entorno regulador que en ocasiones restringían, pero en otras instancias señalaban la estrategia económica e industrial[16]. Se recurría con frecuencia (por ejemplo, en Gran Bretaña, Francia e Italia) a la planificación estatal y en algunas instancias a la propiedad pública de sectores clave de la economía (como el carbón, el acero o la industria automovilística). El proyecto neoliberal consiste en desembridar al capital de estos constreñimientos.

El liberalismo embridado generó altas tasas de crecimiento económico en los países del capitalismo avanzado durante las décadas de 1950 y 1960[17]. En cierta medida esto dependió de la dadivosidad de Estados Unidos al estar dispuesto a asumir déficit con el resto del mundo y absorber cualquier producto excedente dentro de sus fronteras. Este sistema reportó beneficios como la expansión de los mercados de exportación (de manera más evidente para Japón, pero también de manera desigual al conjunto de América Latina y a algunos otros países del sureste asiático), pero las tentativas de exportar «desarrollo» a gran parte del resto del mundo, se vieron en buena medida encalladas. En la mayor parte del Tercer Mundo, particularmente en África, el liberalismo embridado continúo siendo un sueño imposible. La deriva subsiguiente hacia la neoliberalización después de 1980 no conllevó ningún cambio material significativo en su empobrecida condición. En los países del capitalismo avanzado, el mantenimiento de una política redistributiva (que incluía la integración política en alguna medida del poder sindical obrero y el apoyo a la negociación colectiva), de controles sobre la libre circulación del capital (en particular cierto grado de represión financiera a través de controles del capital), de un abultado gasto público y la instauración estatal del sistema de bienestar, de activas intervenciones estatales en la economía y cierto grado de planificación del desarrollo, fueron de la mano con tasas de crecimiento relativamente altas. El ciclo económico era controlado de manera satisfactoria mediante la aplicación de políticas fiscales y monetarias keynesianas. Las actividades de este Estado intervencionista sirvieron para promocionar una economía social y moral (en ocasiones apoyada por un fuerte sentido de identidad nacional). En efecto, el Estado se convirtió en un campo de fuerzas que internalizó las relaciones de clase. Instituciones obreras como los sindicatos de trabajadores y los partidos políticos de izquierda tuvieron una influencia muy real dentro del aparato estatal.

A finales de la década de 1960 el liberalismo embridado comenzó a desmoronarse, tanto a escala internacional como dentro de las economías domésticas. En todas partes se hacían evidentes los signos de una grave «crisis de acumulación de capital[18]». El crecimiento tanto del desempleo como de la inflación se disparó por doquier anunciando la entrada en una fase de «estanflación» global que se prolongó durante la mayor parte de la década de 1970. La caída de los ingresos tributarios y el aumento de los gastos sociales provocaron crisis fiscales en varios Estados (Gran Bretaña, por ejemplo, tuvo que ser rescatada por el FMI en la crisis de 1975-1976). Las políticas keynesianas habían dejado de funcionar. Ya antes de la Guerra árabe-israelí y del embargo de petróleo impuesto por la OPEP en 1973, el sistema de tipos de cambio fijos respaldado por las reservas de oro establecido en Bretton Woods[19] se había ido al traste. La porosidad de las fronteras estatales respecto a los flujos de capital dificultó el funcionamiento del sistema de tipos de cambio fijos. Los dólares estadounidenses regaban el mundo y habían escapado al control de Estados Unidos al ser depositados en bancos europeos. Así pues, en 1971 se produjo el abandono de los tipos de cambio fijos. El oro no podía seguir funcionando como la base metálica de la divisa internacional; se permitió que los tipos de cambio fluctuaran y los esfuerzos por controlar esta fluctuación fueron abandonados enseguida. A todas luces, el liberalismo embridado que había rendido elevadas tasas de crecimiento, al menos a los países capitalistas avanzados, después de 1945 se encontraba exhausto y había dejado de funcionar. Si quería salirse de la crisis hacía falta alguna alternativa.

Una respuesta consistía en intensificar el control estatal y la regulación de la economía a través de estrategias corporativistas (incluyendo, de ser necesario, la frustración de las aspiraciones de los trabajadores y de los movimientos populares a través de medidas de austeridad, políticas de ingresos, e incluso del control de precios y salarios). Esta respuesta era alentada por diversos partidos socialistas y comunistas en Europa, que depositaron sus esperanzas en experimentos innovadores en las formas de gobierno visibles en algunos lugares, como la «Bolonia Roja» controlada por los comunistas en Italia, la transformación revolucionaria en Portugal al calor de la caída del fascismo, el giro hacia un socialismo de mercado más abierto y las ideas del «eurocomunismo», en particular en Italia (bajo el liderazgo de Berlinguer) y en España (bajo la influencia de Carrillo), o la expansión de la fuerte tradición socialdemócrata del Estado del bienestar en los países escandinavos. La izquierda congregó un considerable poder popular detrás de estos programas, rozando el poder en Italia y ganándolo de hecho en Portugal, Francia, España y Gran Bretaña, sin dejar de conservar su poder en la península escandinava. Incluso en Estados Unidos, a principios de la década de 1970, el Congreso controlado por el Partido Demócrata generó un enorme aluvión de iniciativas de reforma legislativas (elevadas a rango ley por el presidente republicano Richard Nixon, que en el proceso llegó a observar que «ahora todos somos keynesianos») en todo tipo de materias, desde la protección del medio ambiente hasta la seguridad y la salud en el trabajo, los derechos civiles o la protección de los consumidores[20]. Pero la izquierda no fue mucho más allá de las tradicionales soluciones socialdemócratas y corporativistas si bien, a mediados de la década de 1970, estas se habían revelado incompatibles con las exigencias de la acumulación de capital. Esto desencadenó una polarización del debate entre quienes se alineaban a favor de la socialdemocracia y de la planificación central (y que cuando alcanzaron el poder, como en el caso del Partido Laborista británico, a menudo acabaron tratando de doblegar las aspiraciones de sus propios votantes apoyándose, por regla general, en argumentos pragmáticos), por un lado, y los intereses de todos aquellos comprometidos con la liberación del poder financiero y de las corporaciones, y el restablecimiento de las libertades de mercado, por otro. A mediados de la década de 1970, los intereses de este último grupo comenzaron a cobrar mayor influencia. ¿Pero cómo eran las condiciones para que la reanudación de la activa acumulación de capital pudiera ser restaurada?

Cómo y por qué el neoliberalismo emergió victorioso como la única respuesta a esta cuestión es el quid del problema que debemos resolver. Desde una mirada retrospectiva puede parecer como si la respuesta fuese tan obvia como inevitable pero, al mismo tiempo, pienso que es justo decir que nadie supo o comprendió con certeza qué tipo de respuesta funcionaría y cómo lo haría. El mundo capitalista fue dando tumbos hacia la respuesta que constituyó la neoliberalización a través de una serie de zigzagueos y de experimentos caóticos, que en realidad únicamente convergieron en una nueva ortodoxia gracias a la articulación de lo que llegó a ser conocido como el «Consenso de Washington» en la década de 1990. Por entonces, tanto Clinton como Blair pudieron haber dado la vuelta sin problemas a la observación de Nixon y decir de manera sencilla que «ahora todos somos neoliberales». El desarrollo geográfico desigual del neoliberalismo, su aplicación con frecuencia parcial y sesgada respecto a cada Estado y su formación social, testifica la vacilación de las soluciones neoliberales y las formas complejas en que las fuerzas políticas, las tradiciones históricas, y los pactos institucionales existentes sirvieron, en su conjunto, para labrar el porqué y el cómo de los procesos de neoliberalización que en realidad se produjeron.

Sin embargo, hay un elemento dentro de esta transición que merece una atención específica. La crisis de acumulación de capital que se registró en la década de 1970 sacudió a todos a través de la combinación del ascenso del desempleo y la aceleración de la inflación (Ver Figura[1.1] La crisis económica de la década de 1970: Inflación y desempleo en Estados Unidos y Europa 1960 - 1987). El descontento se extendió y la unión del movimiento obrero y de los movimientos sociales en gran parte del mundo capitalista avanzado, parecía apuntar hacia la emergencia de una alternativa socialista al compromiso social entre el capital y la fuerza de trabajo que, de manera tan satisfactoria, había fundado la acumulación capitalista en el periodo posbélico. En gran parte de Europa, los partidos comunistas y socialistas estaban ganando terreno, cuando no tomando el poder, y hasta en Estados Unidos las fuerzas populares se movilizaban exigiendo reformas globales así como intervenciones del Estado. Esto planteaba por doquier una clara amenaza política a las elites económicas y a las clases dominantes, tanto en los países del capitalismo avanzado (Italia, Francia, España, y Portugal) como en muchos países en vías de desarrollo (Chile, México y Argentina). En Suecia, por ejemplo, lo que se conocía como el plan Rehn-Meidner proponía, literalmente, comprar de manera paulatina a los dueños de las empresas su participación en sus propios negocios y convertir el país en una democracia de trabajadores/propietarios de participaciones. Pero, más allá de esto, ahora se comenzaba a palpar la amenaza económica a la posición de las clases y de las elites dominantes.

Una condición de acuerdo posbélico en casi todos los países, fue que se restringiera el poder económico de las clases altas y que le fuera concedida a la fuerza de trabajo una mayor porción del pastel económico. En Estados Unidos, por ejemplo, la porción de la renta nacional del 1% de quienes perciben una mayor renta, cayó de un elevado 16% en el período prebélico, a menos de un 8% al final de la Segunda Guerra Mundial, y permaneció rondando este nivel durante casi tres décadas. Mientras el crecimiento fuera fuerte, esta restricción no parecía ser importante. Tener una participación estable de una tarta creciente es una cosa. Pero cuando en la década de 1970 el crecimiento se hundió, los tipos de interés real fueron negativos y unos dividendos y beneficios miserables se convirtieron en la norma, las clases altas de todo el mundo se sintieron amenazadas. En estados Unidos, el control de la riqueza (en oposición a la renta) por parte del 1% más rico de la población, se había mantenido bastante estable a lo largo del siglo XX. Pero en la década de 1970, cayó de manera precipitada cuando el valor de los activos (acciones, propiedades, ahorros) se desplomó. (Ver Figura[1.2] La crisis de la riqueza de la década de 1970: Porcentaje de activos poseídos por el 1% más rico de la población estadounidense 1922 - 1998). Las clases altas tenían que realizar movimientos decisivos si querían resguardarse de la aniquilación política y económica.

El golpe de estado de Chile y la toma del poder por los militares en Argentina, promovidos internamente por las clases altas con el apoyo de Estados Unidos, proporcionaba un amago de solución. El posterior experimento con el neoliberalismo de Chile, demostró que bajo la privatización forzosa los beneficios de la reanimada acumulación de capital, presentaban un perfil tremendamente sesgado. Al país y a sus elites dominantes, junto a los inversores extranjeros, les fue extremadamente bien en las primeras etapas. En efecto, los efectos redistributivos y la creciente desigualdad social han sido rasgo tan persistente de la neoliberalización como para poder ser considerados un rasgo estructural de todo el proyecto. Gérard Duménil y Dominique Lévy, tras una cuidadosa reconstrucción de los datos existentes, han concluido que la neoliberalización fue desde su mismo comienzo un proyecto para lograr la restauración del poder de clase. Tras la implementación de las políticas neoliberales a finales de la década de 1970, en Estados Unidos, el porcentaje de la renta nacional en manos del 1% más rico de la sociedad ascendió hasta alcanzar, a finales del siglo pasado, el 15% (muy cerca del porcentaje registrado en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial). El 0,1% de los perceptores de las rentas más altas de este país vio crecer su participación en la renta nacional del 2% en 1978 a cerca del 6% en 1999, mientras que la proporción entre la retribución media de los trabajadores y los sueldos percibidos por los altos directivos, pasó de mantener una proporción aproximada de 30 a 1 en 1970, a alcanzar una proporción de 500 a 1 en 2000 (Ver Figura[1.3] La restauración del poder de clase: participación en la renta nacional del 0.1% más rico en Estados Unidos, Reino Unido y Francia, 1913-1988) y Figura[1.4] La concentración de riqueza y el potencial de obtención de ingresos en Estados Unidos: remuneración de los altos directivos en relación con el salario medio estadounidense, 1970-2003, y el porcentaje de la riqueza de las familias más ricas, 1982-2002). Con toda probabilidad, gracias a las reformas fiscales promovidas por el gobierno de Bush actualmente en marcha, la concentración de la renta y de la riqueza en los escalones más altos de la sociedad, seguirá su acelerado curso porque el impuesto de sucesiones (un impuesto sobre la riqueza) se está eliminando de manera gradual y la fiscalización sobre los ingresos provenientes de las inversiones y de las ganancias de capital se está disminuyendo, mientras se mantienen los impuestos sobre los sueldos y salarios[21].

Estados Unidos no está solo en este proceso, ya que el 1% superior de los perceptores de renta en Gran Bretaña ha doblado su porcentaje de la renta nacional del 6,5 al 13% desde 1982. Y si lanzamos nuestra mirada más lejos, vemos extraordinarias concentraciones de riqueza y de poder emergiendo por todas partes. En Rusia, una pequeña y poderosa oligarquía alza su cabeza después de la «terapia» de choque que había sido administrada al país en la década de 1990. La aplicación en China de las prácticas orientadas al mercado libre, ha producido un extraordinario y repentino auge de las desigualdades en la renta y en la riqueza. La ola de privatización que azotó México después de 1992, catapultó casi de la noche a la mañana a un reducido número de individuos (como Carlos Slim) a la lista de Fortune de las personas más ricas del mundo. A escala global, «los países de Europa del Este y de la CEI han experimentado uno de los mayores incrementos que jamás se hayan registrado […] en desigualdad social. Los países de la OCDE también sufrieron enormes incrementos de la desigualdad después de la década de 1980», mientras «la diferencia de renta entre el 20% de la población mundial, que vive en los países más ricos y el 20% que vive en los más pobres, arrojaba una proporción de 74 a 1 en 1997, por encima del 60 a 1 en 1990 y del 30 a 1 en 1960[22]». Aunque hay excepciones a esta tendencia pues varios países del este y del sureste de Asia hasta el momento han mantenido las desigualdades en la renta dentro de límites razonables, como también ha ocurrido en Francia, las evidencias indican contundentemente que el giro neoliberal se encuentra en cierto modo, y en cierta medida, ligado a la restauración o a la reconstrucción del poder de las elites económicas.

Por lo tanto, la neoliberalización puede ser interpretada bien como un proyecto utópico con la finalidad de realizar un diseño teórico para la reorganización del capitalismo internacional, o bien como un proyecto político para restablecer las condiciones para la acumulación del capital y restaurar el poder de las elites económicas. En las páginas que siguen, argumentaré que en la práctica el segundo de estos objetivos ha sido dominante. La neoliberalización no ha sido muy efectiva a la hora de revitalizar la acumulación global de capital pero ha logrado de manera muy satisfactoria restaurar o, en algunos casos (como en Rusia o en China), crear el poder de una elite económica. En mi opinión, el utopismo teórico del argumento neoliberal ha funcionado ante todo como un sistema de justificación y de legitimación de todo lo que fuera necesario hacer para alcanzar ese objetivo. La evidencia indica, además, que cuando los principios neoliberales chocan con la necesidad de restaurar o de sostener el poder de la elite, o bien son abandonados, o bien se tergiversan tanto que acaban siendo irreconocibles. Esto no supone en absoluto negar el poder de las ideas para actuar como una fuerza de transformación histórico-geográfica. Pero, en efecto, apunta a una tensión creativa entre el poder de las ideas neoliberales y las prácticas reales de la neoliberalización que han transformado el modo en que el capitalismo global ha venido funcionando durante las últimas tres décadas.

El ascenso de la teoría neoliberal

El neoliberalismo en tanto que antídoto potencial para las amenazas al orden social capitalista y como solución a los males del capitalismo, había permanecido latente durante largo tiempo bajo las alas de la política pública. Un grupo reducido y exclusivo de apasionados defensores —principalmente economistas, historiadores y filósofos del mundo académico— se había aglutinado alrededor del renombrado filósofo político austríaco Friedrich von Hayek para crear la Mont Pelerin Society (su nombre proviene del balneario suizo donde se celebró la primera reunión del grupo) en 1947 (entre los notables del grupo se encontraban Ludwig von Mises, el economista Milton Friedman e incluso, durante un tiempo, el filósofo Karl Popper). La declaración fundacional de la sociedad decía lo siguiente:

Los valores centrales de la civilización están en peligro. Sobre grandes extensiones de la superficie del planeta las condiciones esenciales de la dignidad y de la libertad humana ya han desaparecido. En otras, están bajo constante amenaza ante el desarrollo de las tendencias políticas actuales. La posición de los individuos y los grupos de adscripción voluntaria se ve progresivamente socavada por extensiones de poder arbitrario. Hasta la más preciada posesión del hombre occidental, su libertad de pensamiento y de expresión, está amenazada por el despliegue de credos que, reclamando el privilegio de la tolerancia cuando están en situación de minoría, procuran solamente establecer una posición de poder desde la cual suprimir y obliterar[23] todas las perspectivas que no sean la suya.

El grupo sostiene que estos desarrollos se han nutrido de la propagación de una visión de la historia que rechaza toda pauta moral absoluta y por el crecimiento de teorías que cuestionan la deseabilidad del imperio de la ley. Sostiene adicionalmente que se han visto estimulados por la declinación de la fe en la propiedad privada y en el mercado competitivo; por cuanto sin el poder difuso y la iniciativa asociados a estas instituciones, es difícil imaginar una sociedad en la cual la libertad pueda ser efectivamente preservada[24].

Los miembros del grupo se describían como «liberales» (en el sentido europeo tradicional) debido a su compromiso fundamental con los ideales de la libertad individual. La etiqueta neoliberal señalaba su adherencia a los principios de mercado libre acuñados por la economía neoclásica, que había emergido en la segunda mitad del siglo XIX (gracias al trabajo de Alfred Marshall, William Stanley Jevons, y Leon Walras) para desplazar las teorías clásicas de Adam Smith, David Ricardo y, por supuesto, Karl Marx. No obstante, también se atenían a la conclusión de Adam Smith de que la mano invisible del mercado era el mejor mecanismo para movilizar, incluso, los instintos más profundos del ser humano como la glotonería, la gula y el deseo de riqueza y de poder en pro del bien común. Así pues, la doctrina neoliberal se oponía profundamente a las teorías que defendían el intervencionismo estatal, como las de John Maynard Keynes, que ganaron preeminencia en la década de 1930 en respuesta a la Gran Depresión. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los responsables políticos miraron hacia el faro de la teoría keynesiana en su búsqueda de fórmulas para mantener bajo control el ciclo económico y las recesiones. Los neoliberales se oponían aún más fieramente a las teorías en torno a la planificación estatal centralizada, como las propuestas por Oscar Lange, cuya obra se aproximaba a la tradición marxista. Las decisiones estatales, argüían, estaban condenadas a estar sesgadas políticamente en función de la fuerza de los grupos de interés implicados en cada ocasión (como podían ser los sindicatos, las organizaciones ecologistas, o los grupos de presión empresariales). Las decisiones estatales en materia de inversión y de acumulación de capital siempre habrían de ser erróneas porque la información disponible para el Estado no podía rivalizar con la contenida en las señales del mercado.

Este marco teórico no es, tal y como varios analistas han señalado, enteramente coherente[25]. El rigor científico de su economía neoclásica no encaja fácilmente con su compromiso político con los ideales de la libertad individual, al igual que su supuesta desconfianza hacia todo poder estatal tampoco encaja con la necesidad de un Estado fuerte y si es necesario coactivo que defienda los derechos de la propiedad privada y las libertades individuales y empresariales. La ficción jurídica de definir a las corporaciones como individuos ante la ley introduce sus propios prejuicios, haciendo parecer irónico el credo personal de John D. Rockefeller que se encuentra grabado en piedra en el Rockefeller Center en Nueva York y que afirma que él coloca «el valor supremo del individuo» por encima de todo lo demás. Y, tal y como veremos, hay suficientes contradicciones en la postura neoliberal como para tornar las prácticas mutantes del neoliberalismo (frente a cuestiones como el poder monopólico y los fallos del mercado) irreconocibles en relación a la aparente pureza de la doctrina neoliberal. Por lo tanto, debemos prestar una cuidadosa atención a la tensión entre la teoría del neoliberalismo y la pragmática actual de la neoliberalización.

Hayek, autor de textos cruciales como The Constitution of Liberty[26], revelaba poseer unas grandes dotes adivinatorias al afirmar que la batalla por las ideas era determinante y que posiblemente llevaría al menos una generación ganarla, no sólo contra el marxismo sino también contra el socialismo, la planificación estatal y el intervencionismo keynesiano. El grupo de Mont Pelerin recabó apoyos financieros y políticos. En Estados Unidos, en particular, un poderoso grupo de individuos ricos y de líderes empresariales rabiosamente contrarios a todas las formas de intervención y de regulación estatal existentes, incluso al internacionalismo, pretendía organizar la oposición a lo que percibían como un emergente consenso para lograr una economía mixta. Temerosos de que la alianza con la Unión Soviética y la economía dirigida forjada en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial pudiera materializarse políticamente en un escenario posbélico, estaban dispuestos a abrazar cualquier cosa, desde el macartismo hasta los think-tanks neoliberales, para proteger y reforzar su poder. No obstante, este movimiento permaneció en los márgenes de la influencia tanto política como académica hasta los turbulentos años de la década de 1970. En ese momento, comenzó a adquirir protagonismo, particularmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, con la ayuda de varios think-tanks generosamente financiados (ramificaciones de la Mont Pelerin Society, como el Institute of Economic Affairs en Londres y la Heritage Foundation en Washington) así como también, a través de su creciente influencia dentro de la academia, en particular en la Universidad de Chicago, donde dominaba Milton Friedman. La teoría neoliberal ganó respetabilidad académica gracias a la concesión del Premio Nóbel de Economía a Hayek en 1974 y a Friedman en 1976. Este particular premio, aunque asumió el aura del Nóbel, no tenía nada que ver con los otros premios y fue concedido bajo el férreo control de la elite bancaria sueca. La teoría neoliberal, especialmente en su guisa monetarista, comenzó a ejercer una influencia práctica en una variedad de campos políticos. Durante la presidencia de Carter, por ejemplo, la desregulación de la economía emergió como una de las respuestas al estado de estanflación crónica que había prevalecido en Estados Unidos durante toda la década de 1970. Pero la espectacular consolidación del neoliberalismo como una nueva ortodoxia económica reguladora de la política pública a nivel estatal en el mundo del capitalismo avanzado, se produjo en Estados Unidos y en Gran Bretaña en 1979.

En mayo de aquel año, Margaret Thatcher fue elegida en Gran Bretaña con el firme compromiso de reformar la economía. Bajo la influencia de Keith Joseph, un publicista y polemista muy activo y comprometido que poseía conexiones muy influyentes con el neoliberal Institute of Economic Affairs, aceptó que el keynesianismo debía ser abandonado y que las soluciones monetaristas de las doctrinas «dirigidas a actuar sobre la oferta» eran esenciales para remediar la estanflación que había caracterizado la economía británica durante la década de 1970. Thatcher se dio cuenta de que estas medidas suponían nada menos que una revolución en las políticas fiscales y sociales, y de manera inmediata mostró una feroz determinación para acabar con las instituciones y los canales políticos del Estado socialdemócrata que se había consolidado en Gran Bretaña después de 1945. Esto implicó enfrentarse al poder de los sindicatos, atacar todas las formas de solidaridad social que estorbaban a la flexibilidad competitiva (como las expresadas a través de la forma de gobierno municipal, y también al poder de muchos profesionales y de sus asociaciones), desmantelar o revertir los compromisos del Estado de bienestar, privatizar las empresas públicas (entre ellas, la vivienda social), reducir los impuestos, incentivar la iniciativa empresarial y crear un clima favorable a los negocios, para inducir una gran afluencia de inversión extranjera (en concreto, proveniente de Japón). En una famosa declaración, Thatcher afirmó que no había «eso que se llama sociedad, sino únicamente hombres y mujeres individuales»; seguidamente ella añadió, y sus familias. Todas las formas de solidaridad social iban a ser disueltas en favor del individualismo, la propiedad privada, la responsabilidad personal y los valores familiares. El asalto ideológico alrededor de estas hebras que atravesaban la retórica de Thatcher fue incesante[27]. «La economía es el método», señaló, «pero el objetivo es cambiar el alma». Y la hizo cambiar, aunque de formas que en ningún caso fueron exhaustivas ni acabadas, y mucho menos carente de costes políticos.

En octubre de 1979, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos durante el mandato del presidente Carter, Paul Volcker, maquinó una transformación de la política monetaria estadounidense[28]. El antiguo compromiso del Estado liberal demócrata estadounidense con los principios del New Deal, que en términos generales implicaba políticas fiscales y monetarias keynesianas que tenían el pleno empleo como objetivo primordial, fue abandonado para ceder el paso a una política concebida para sofocar la inflación con independencia de las consecuencias que pudiera tener sobre el empleo. El tipo de interés real, que a menudo había sido negativo durante la cresta inflacionaria de dos dígitos de la década de 1970, se tornó positivo por orden de la Reserva Federal. (Ver Figura[1.5] El shock de Volcker: movimientos en los tipos de interés reales en Estados Unidos y Francia, 1960-2001). El tipo de interés nominal subió de un día para otro y, tras oscilaciones benignas, en julio de 1981 se mantuvo en torno al 20%. De este modo, comenzó «una larga y profunda recesión que vaciaría las fábricas y resquebrajaría los sindicatos en Estados Unidos y llevaría al borde de la insolvencia a los países deudores, iniciándose la larga era del ajuste estructural[29]». En opinión de Volcker, esta era la única salida a la incómoda crisis de estanflación que había caracterizado a Estados Unidos y a gran parte de la economía global a lo largo de toda la década de 1970.

El shock de Volcker, tal y como vino a denominarse desde entonces, ha de ser interpretado como una condición necesaria pero no suficiente de la neoliberalización. Algunos bancos centrales habían hecho hincapié desde hacía largo tiempo en la responsabilidad fiscal antiinflacionaria, y habían adoptado políticas más próximas al monetarismo que a la ortodoxia keynesiana. En el caso de Alemania Occidental esto se derivaba del recuerdo histórico de la hiperinflación que había destruido la República de Weimar en la década de 1920 (disponiendo el escenario para el ascenso del fascismo) y de la igualmente peligrosa inflación que se registró al final de la Segunda Guerra Mundial. El FMI se había posicionado desde hacía mucho tiempo en contra del endeudamiento excesivo y urgía, cuando no ordenaba, a los Estados clientes, a ejecutar políticas de restricción fiscal y de austeridad presupuestaria. Pero en todos estos casos este monetarismo era simultáneo a la aceptación de un fuerte poder sindical y del compromiso político con la construcción del Estado de bienestar. El giro hacia el neoliberalismo dependía, por lo tanto, no sólo de la adopción del monetarismo sino del despliegue de políticas gubernamentales en muchas otras áreas.

La victoria de Ronald Reagan sobre Carter en 1980 se reveló crucial, si bien Carter se había desplazado de manera inquietante hacia la desregulación (de las líneas aéreas y del transporte por carretera) como una solución parcial a la crisis de estanflación. Los consejeros de Reagan estaban convencidos de que la «medicina» monetarista de Volcker para una economía enferma y estancada, era un tiro directo al blanco. Volcker recibió el apoyo del nuevo gobierno y fue renovado en su cargo como presidente de la Reserva Federal. La Administración de Reagan proporcionó entonces el indispensable apoyo político mediante una mayor desregulación, la rebaja de los impuestos, los recortes presupuestarios y el ataque contra el poder de los sindicatos y de los profesionales. Reagan se mostró implacable y contundente con la Organización de Controladores Profesionales del Trafico Aéreo (PATCO) en la prolongada y amarga huelga que protagonizaron en 1981. Esta actitud anunciaba el asalto en toda regla a los derechos de la fuerza de trabajo organizada en el preciso momento en el que la recesión inducida por Volcker estaba generando elevados niveles de desempleo (10% o más). Pero PATCO era más que un vulgar sindicato ya que, en efecto, se trataba de un sindicato de cuello blanco con el carácter de asociación de profesionales cualificados. Por lo tanto, era más un icono de la clase media que del sindicalismo obrero. El impacto sobre la condición de la fuerza de trabajo en general fue espectacular; quizá el mejor ejemplo de la nueva situación lo condensa el hecho de que el salario mínimo federal, que se mantenía parejo con el nivel de pobreza en 1980, había caído un 30% por debajo de ese nivel en 1990. El prolongado descenso en los niveles del salario real comenzó entonces en serio. (Ver Figura[1.6] El ataque a la fuerza de trabajo: salarios reales y productividad en Estados Unidos, 1960-2000).

Los nombramientos efectuados por Reagan para ocupar los cargos de poder en materias relativas a la regulación del medioambiente, la seguridad laboral o la salud, llevaron la ofensiva contra el gran gobierno a niveles nunca antes alcanzados. La política de desregulación de todas las áreas, desde las líneas aéreas hasta las telecomunicaciones y las finanzas, abrió nuevas zonas de libertad de mercado sin trabas a fuertes intereses corporativos. Las exenciones fiscales a la inversión fueron, de hecho, un modo de subvencionar la salida del capital del nordeste y del medio oeste del país, con altos índices de afiliación sindical, y su desplazamiento hacia la zona poco sindicalizada y con una débil regulación del sur y el oeste. El capital financiero buscó cada vez más en el extranjero mayores tasas de beneficio. La desindustrialización interna y las deslocalizaciones de la producción al extranjero, se hicieron mucho más frecuentes. El mercado, representado en términos ideológicos como un medio para fomentar la competencia y la innovación, se convirtió en un vehículo para la consolidación del poder monopolista. Los impuestos sobre las empresas se aminoraron de manera espectacular y el tipo impositivo máximo para las personas físicas se redujo del 70 al 28% en lo que fue descrito como «el mayor recorte de los impuestos de la historia».(Ver Figura[1.7] La revuelta impositiva de las clases altas: tipo a impositivos en Estados Unidos para el tramo más alto y para el tramo más bajo).

Y así fue como comenzó el cambio trascendental hacia una mayor desigualdad social y hacia la restitución del poder económico a las clases altas.

Sin embargo, acaeció otro cambio concomitante que también impelió el movimiento hacia la neoliberalización durante la década de 1970. La subida del precio del petróleo de la OPEP que sucedió a su embargo en 1973, otorgó un enorme poder financiero a los Estados productores de petróleo, como Arabia Saudita, Kuwait y Abu Dhabi. Gracias a los informes de los servicios de inteligencia británicos, ahora sabemos que Estados Unidos estuvo preparando activamente la invasión de esos países en 1973 en aras a restaurar el flujo de petróleo y provocar una caída de los precios. Igualmente, sabemos que en aquellos momentos los saudíes aceptaron, presumiblemente bajo presión militar sino a consecuencia de una abierta amenaza por parte de Estados Unidos, reciclar todos sus petrodólares a través de los bancos de inversión de Nueva York[30]. Estos últimos se encontraron de pronto al mando de una cantidad ingente de fondos para los que necesitaban encontrar salidas rentables. Las opciones dentro de Estados Unidos, dadas las condiciones de depresión económica y las bajas tasas de beneficio que se registraban a mediados de la década de 1970, no eran halagüeñas. Las oportunidades más ventajosas debían buscarse en el exterior. Los gobiernos se presentaban como la apuesta más segura porque, tal y como Walter Wriston, presidente de Citibank, lo expresó en su ya famosa declaración, los gobiernos no pueden trasladarse o desaparecer. Y muchos gobiernos del mundo en vías de desarrollo, hasta entonces escasos de fondos, tenían la suficiente avidez como para endeudarse. Sin embargo, para poder llegar a esto, se precisaba una entrada abierta y condiciones razonablemente seguras para los préstamos. Los bancos de inversión de Nueva York giraron la mirada hacia la tradición imperial estadounidense tanto para acceder coactivamente a nuevas oportunidades de inversión, como para proteger sus operaciones en el extranjero.

La tradición imperial estadounidense había experimentado una lenta elaboración, y en buena medida se había definido a sí misma en oposición a las tradiciones imperiales británicas, francesas, holandesas así como de otras potencias europeas[31]. Aunque Estados Unidos había jugueteado con la conquista colonial a finales del siglo XIX, había evolucionado hacia un sistema más abierto de imperialismo sin colonias durante el siglo XX. El caso paradigmático se ensayó en Nicaragua en las décadas de 1920 y 1930, cuando los marines estadounidenses fueron desplegados para proteger los intereses de su país, pero se encontraron embrollados en una lenta y complicada guerra de guerrillas contra la insurgencia liderada por Sandino. La respuesta era encontrar un hombre fuerte —en este caso Somoza— y proporcionarle tanto a él como a su familia y a sus aliados inmediatos, la asistencia económica y militar necesaria para poder reprimir o sobornar a la oposición y para acumular suficiente riqueza y poder para ellos mismos. A cambio, siempre mantendrían su país abierto a las operaciones del capital estadounidense y apoyarían, y de ser necesario promoverían, los intereses estadounidenses tanto en el país como en la región en su conjunto (en el caso nicaragüense, en América Central). Este fue el modelo desplegado después de la Segunda Guerra Mundial durante la etapa de descolonización total impuesta a las potencias europeas ante la insistencia de Estados Unidos. Por ejemplo, la CIA urdió el golpe que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Mosaddeq en Irán en 1953 y entregó el poder al Sha de Irán quien concedió los contratos sobre el petróleo a las compañías estadounidenses (y no devolvió los activos a las compañías británicas que Mossadeq había nacionalizado). El Sha también se convirtió en uno de los guardianes fundamentales de los intereses estadounidenses en la región petrolífera de Oriente Próximo.

En el periodo posbélico, gran parte del mundo no comunista se abrió al dominio estadounidense mediante tácticas de este tipo. Este se convirtió en el método preferido para repeler la amenaza de las insurgencias y de la revolución comunista, que implicaba desplegar una estrategia antidemocrática (e incluso más enérgicamente antipopulista y antisocialista/comunista) por parte de Estados Unidos, que estrechó cada vez más su alianza con las dictaduras militares y con los regímenes autoritarios represivos (de manera más espectacular, desde luego, por toda América Latina). Las historias que aparecen contadas en Confessions of an Economic Hit Man[32] están sembradas de los detalles desagradables y repulsivos de cómo se llevó a cabo todo esto en demasiadas ocasiones. Por lo tanto, los intereses estadounidenses se tornaron más vulnerables, en lugar de menos, en la lucha contra el comunismo internacional. Aunque el consentimiento de las elites dominantes era bastante fácil de conseguir, la necesidad de coaccionar a los movimientos opositores o socialdemócratas (como el de Allende en Chile) ligó a Estados Unidos a una dilatada historia de violencia ampliamente encubierta contra los movimientos populares a lo largo y ancho de gran parte del mundo en vías de desarrollo.

Este fue el contexto en el que los fondos excedentes que estaban siendo reciclados a través de los bancos de inversión de Nueva York, fueron esparcidos por todo el globo. Con anterioridad a 1973, la mayor parte de la inversión extranjera de Estados Unidos era de tipo directo y principalmente se encontraba relacionada con la explotación de recursos naturales (petróleo, minerales, materias primas, productos agrícolas) o con el cultivo de mercados específicos (telecomunicaciones, automóviles, etc.) en Europa y en América Latina. Los bancos de inversión de Nueva York siempre habían mantenido un elevado nivel de actividad en el plano internacional, pero después de 1973 esta actividad se intensificó notablemente, aunque ahora estaba mucho más centrada en el préstamo de capital a gobiernos extranjeros[33]. esto precisaba la liberalización del crédito internacional y de los mercados financieros, y el gobierno estadounidense comenzó a promover y a apoyar activamente esta estrategia a escala global durante la década de 1970. Los países en vías de desarrollo, sedientos de financiación, fueron estimulados a solicitar créditos en abundancia, aunque a tipos que fueran ventajosos para los bancos de Nueva York[34]. Sin embargo, dado que lo créditos estaban fijados en dólares estadounidenses, cualquier ascenso moderado, no digamos precipitado, del tipo de interés estadounidense, podía fácilmente conducir a una situación de impago a los países vulnerables. Los bancos de inversión de Nueva York se verían entonces expuestos a sufrir graves pérdidas. El primer precedente de envergadura se produjo al calor del shock de Volcker, que llevó a México al impago de su deuda entre los años 1982 y 1984. La Administración de Reagan, que había sopesado seriamente retirar su apoyo al FMI en su primer año de mandato, encontró en la refinanciación de la deuda una forma de unir el poder del Departamento del Tesoro estadounidense y del FMI para resolver la dificultad, dado que tal operación se efectuaba a cambio de exigir la aplicación de reformas neoliberales. Esta fórmula se convirtió en un protocolo de compartimiento después de que tuviera lugar lo que Stiglitz denominó la «purga» de todas las influencias keynesianas que pudieran existir en el FMI en 1982. El FMI y el Banco Mundial se convirtieron a partir de entonces, en centros para la propagación y la ejecución del «fundamentalismo del libre mercado» y de la ortodoxia neoliberal. A cambio de la reprogramación de la deuda, a los países endeudados se les exigía implementar reformas institucionales, como recortar el gasto social, crear legislaciones más flexibles del mercado de trabajo y optar por la privatización. Y he aquí la invención de los «ajustes estructurales». México fue uno de los primeros Estados que cayó en las redes de lo que iba convertirse en una creciente columna de aparatos estatales neoliberales repartidos por todo el mundo[35].

No obstante, el caso de México sirvió para demostrar una diferencia crucial entre la práctica liberal y la neoliberal, ya que bajo la primera, los prestamistas asumen las pérdidas que se derivan de decisiones de inversión equivocadas mientras que, en la segunda, los prestatarios son obligados por poderes internacionales y por potencias estatales a asumir el coste del reembolso de la deuda sin importar las consecuencias que esto pueda tener para el sustento y el bienestar de la población local. Si esto exige la entrega de activos a precio de saldo a compañías extranjeras, que así sea. Esto, en verdad, no es coherente con la teoría neoliberal. Tal y como muestran Duménil y Lévy, uno de los efectos de esta medida fue permitir a los propietarios de capital estadounidenses extraer elevadas tasas de beneficio del resto del mundo durante la década de 1980 y 1990. (Ver Figura[1.8] Extracción de excedentes del exterior y Figura[1.9] Flujo de tributos hacia Estados Unidos)[36]. Los excedentes extraídos del resto del mundo a través de los flujos internacionales y de las prácticas de ajuste estructural contribuyeron enormemente a la restauración del poder de la elite económica o de las clases altas, tanto en Estados Unidos como en otros centros de los países del capitalismo avanzado.

El significado del poder de clase

¿Pero a qué nos estamos refiriendo exactamente con el término «clase»? Se trata siempre de un concepto algo impreciso (algunos dirían que sospechoso incluso). En todo caso, la neoliberalización ha implicado su redefinición. Esto plantea un problema. Si la neoliberalización ha sido un vehículo para la restauración del poder de clase, entonces, deberíamos ser capaces de identificar las fuerzas de clase que yacen detrás de la misma y las que se han beneficiado de ella. Pero esto es difícil de hacer cuando «la clase» no es una configuración social estable. En algunos casos, las capas «tradicionales» se las han arreglado para aferrarse a una base de poder sólida (a menudo organizada a través de la familia y el parentesco). Pero, en otras ocasiones, la neoliberalización ha venido acompañada de una reconfiguración de lo que constituye la clase alta. Margaret Thatcher, por ejemplo, atacó algunas de las formas de poder de clase arraigadas en Gran Bretaña. Ella desobedeció a la tradición aristocrática que dominaba el ejército, la judicatura y la elite financiera de la City de Londres y de muchos sectores de la industria y se alineó con los empresarios pomposos y con los nuevos ricos. Apoyó, y por regla general recibió el apoyo, de esta nueva clase de empresarios (como Richard Branson, Lord Hanson y George Soros). El ala tradicional de su propio partido conservador estaba horrorizada. En Estados Unidos, a su vez, el poder y la relevancia crecientes de los financieros y de los altos directivos de las grandes corporaciones, así como el gran estallido de actividad en sectores completamente nuevos (como la informática) cambió el centro del poder económico de la clase alta de manera significativa. Aunque la neoliberalización pueda haberse referido a la restauración del poder de clase, no necesariamente ha significado la restauración del poder económico a las mismas personas.

Sin embargo, tal y como ilustran los casos opuestos de Estados Unidos y de Gran Bretaña, el término «clase» significa cosas distintas en lugares distintos y, en ciertas ocasiones —por ejemplo, en Estados Unidos—, a menudo se afirma que no significa nada en absoluto. Por añadidura, ha habido fuertes corrientes de diferenciación en términos de formación y reformación de la identidad de clase en diversas partes del mundo. En Indonesia, en Malasia, y en Filipinas, por ejemplo, el poder económico llegó a estar fuertemente concentrado en un reducido grupo perteneciente a la minoría étnica china del país, y el modo en que se produjo la adquisición de ese poder económico fue bastante distinto a cómo se produjo en Australia o en Estados Unidos (estaba sumamente centrada en actividades comerciales y comportó un acaparamiento de los mercados[37]). Y el ascenso de los siete oligarcas en Rusia, derivaba de la configuración absolutamente única de las circunstancias concurrentes en el período posterior a la caída de la Unión Soviética.

No obstante, es posible identificar algunas tendencias generales. La primera se refiere a los privilegios derivados de la propiedad y la gestión de las empresas capitalistas —tradicionalmente separadas— para fusionarse mediante el pago a los altos directivos (gestores) con stock options, esto es, con derechos de compra sobre acciones de la compañía (títulos de propiedad). De este modo, el valor de las acciones y no el de la producción, se convierte en la luz trazadora de la actividad económica y, tal y como se hizo visible con la caída de compañías como Enron, las tentaciones especuladoras que resultan de esto pueden convertirse en demoledoras. La segunda tendencia ha sido reducir de manera drástica la laguna histórica entre los intereses y los dividendos generadores de capital monetario, por un lado, y la producción, la industria o el capital mercantil dependiente de la producción de beneficios, por otro. En el pasado, esta separación ha producido varias veces conflictos entre los financieros, los productores y los comerciantes. Por ejemplo, en Gran Bretaña, la política del gobierno en la década de 1960 estaba en primer lugar al servicio de las necesidades de los financieros de la City de Londres, a menudo en detrimento de la industria doméstica, en Estados Unidos durante la misma década, los conflictos entre los financieros y las corporaciones industriales afloraron con frecuencia a la superficie. A lo largo de la década de 1970 gran parte de este conflicto o bien desapareció o bien adoptó nuevas formas. Las grandes corporaciones cobraron una orientación cada vez más financiera aunque, tal y como ocurrió en el sector automovilístico, estuvieran insertas en la producción. Desde 1980 aproximadamente, ha sido habitual que las corporaciones dieran cuenta de pérdidas en la producción compensadas mediante las ganancias obtenidas mediante operaciones financieras (de todo tipo, desde operaciones de crédito y de seguro hasta la especulación en mercados de futuros y de divisas inestables). Las fusiones realizadas a través de los diversos sectores de la economía unificaron la producción, la comercialización, los activos inmobiliarios, y los intereses financieros en formas nuevas que originaron conglomerados empresariales diversificados. Cuando US Steel cambió su nombre a USX (adquiriendo una fuerte participación en el sector de los seguros) el presidente de su consejo de administración, James Roderick, contestó a la pregunta «¿Qué significa la X?», con la sencilla respuesta de que «X representa dinero[38]». Todo esto estaba conectado con el fuerte estallido de actividad y de poder dentro del mundo de las finanzas. Progresivamente liberada de los constreñimientos y de las barreras normativas que hasta entonces habían restringido su campo de actuación, la actividad financiera pudo florecer como nunca antes y, finalmente, en todas partes. Se produjo una ola de innovaciones en los servicios financieros para producir no sólo interconexiones globales mucho más sofisticadas, sino también nuevas formas de mercados financieros basados en la titularización, instrumentos financieros derivados y en toda una gran variedad de operaciones comerciales con futuro. En definitiva, la neoliberalización ha significado la financiarización de todo. Esto intensificó el dominio de las finanzas sobre todas las restantes facetas de la economía, así como sobre el aparato estatal y, tal y como observa Randy Martin, sobre la vida cotidiana[39]. También introdujo una volatilidad acelerada en las relaciones de intercambio global. Indudablemente, se produjo un desplazamiento del poder desde la producción hacia el mundo de las finanzas. Los incrementos en la capacidad industrial ya no significan necesariamente un ascenso de la renta per cápita, como sí lo significaba la concentración de los servicios financieros. Por esta razón, el apoyo de las instituciones financieras y la integridad del sistema financiero, se convirtieron en la preocupación primordial del conjunto de Estados neoliberales (como se ejemplifica en el grupo en el que se integran los países más ricos del mundo, conocido como el G7[40]). En caso de conflicto entre Main Street y Wall Street, la segunda tendría todas las de ganar[41]. Así pues surge la posibilidad real de que a Wall Street le vaya bien, aunque al resto de Estados Unidos (así como el resto del mundo) le vaya mal.

Y durante muchos años, en particular durante la década de 1990, esto es exactamente lo que sucedió. Si el eslogan coreado con frecuencia durante la década de 1960 había sido «lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos», en la de 1990 este se había transformado en que «lo único que importa es que sea bueno para Wall Street».

Por lo tanto, un notable foco del ascenso del poder de clase bajo el neoliberalismo, debe atribuirse a los altos directivos que son los operadores decisivos en los consejos de administración de las empresas, y a los jefes del aparato financiero, legal y técnico que rodea este santuario de acceso restringido de la actividad capitalista[42]. Sin embargo, el poder de los auténticos dueños del capital, los accionistas, se ha visto en cierto modo menguado, salvo que obtengan un porcentaje de votos suficientemente alto como para influir en la política de la empresa. En más de una ocasión, los accionistas han perdido inmensas sumas de dinero a causa de estafas cometidas por los altos directivos y sus asesores financieros. Las ganancias especulativas también han hecho posible amasar enormes fortunas en periodos muy breves de tiempo (ejemplo de ello son Warren Buffet y George Soros).

Pero sería equivocado reducir el concepto de clase alta a este grupo únicamente. La apertura de nuevas oportunidades empresariales, así como también las nuevas estructuras existentes en las relaciones comerciales, han permitido la emergencia de procesos sustancialmente nuevos de formación de clase. Se amasaron fortunas de la noche a la mañana en sectores nuevos de la economía, como la biotecnología y las tecnologías de la información (por ejemplo, Bill Gates y Paul Allen). Las nuevas relaciones de mercado abrieron un sinfín de posibilidades de comprar barato y vender caro, cuando no de acaparar realmente mercados de forma que pudieron levantarse fortunas que o bien pueden extenderse de manera horizontal (como en el caso del crecimiento desbordante del imperio mediático global de Rupert Murdoch) o encontrarse diversificadas en todo tipo de negocios, extendiéndose hacia atrás en la extracción de recursos y en la producción, y hacia delante desde una base comercial hacia los servicios financieros, el desarrollo de bienes raíces y el comercio minorista. En este sentido, con frecuencia ocurría que una relación privilegiada con el poder estatal también jugaba un papel crucial. Por ejemplo, en Indonesia los dos hombres de negocios más cercanos a Suharto nutrieron los intereses financieros de la familia Suharto, pero también engordaron sus conexiones con el aparato estatal para hacerse enormemente ricos. En 1997, la compañía de uno de ellos denominada Grupo Salim, era «al parecer el mayor grupo de empresas propiedad de la diáspora china del mundo, con 20 000 millones de dólares en activos y cerca de 500 compañías». A partir de una compañía de inversiones relativamente pequeña, Carlos Slim acabó asumiendo el control del sistema de telecomunicaciones que acababa de ser privatizado en México y rápidamente lo transformó en un imperio empresarial que no sólo controla una buena parte de la economía mexicana, sino que también cuenta con crecientes intereses en el mercado minorista estadounidense (Circuit City y Barnes and Noble) así como en toda América Latina[43]. En Estados Unidos, la familia Walton se ha hecho inmensamente rica al hilo de la conquista por Wal-Mart de la posición dominante en el mercado minorista estadounidense, gracias a su integración en las líneas de producción chinas y a su red de distribución al por menor de alcance mundial. Aunque existen conexiones evidentes entre este tipo de actividades y el mundo financiero, su increíble capacidad no sólo para amasar grandes fortunas personales sino también para ejercer un control efectivo sobre amplios segmentos de la economía, confiere a este puñado de individuos un inmenso poder económico para influir en el proceso político. Hay algo prodigioso en el hecho de que el valor neto de las fortunas de las 358 personas más ricas del mundo en 1996, fuera «igual al conjunto de la renta del 45% más pobre de la población mundial; es decir, de 2300 millones de personas». Y lo que es más grave, «las 200 personas más ricas del mundo duplicaron sobradamente su patrimonio neto entre 1994 y 1998, superando el billón de dólares. Los activos de los tres multimillonarios más ricos (superaban por entonces) la suma del PIB de los países menos desarrollados y de sus 600 millones de habitantes[44]».

Sin embargo, existe todavía otro enigma al que debemos prestar atención en el proceso de reconfiguración radical de las relaciones de clase. Surge el interrogante, y ha sido objeto de un amplio debate, de si esta nueva configuración de clase debe ser considerada transnacional o bien si todavía puede ser concebida como algo basado exclusivamente dentro de los parámetros del Estado-nación[45]. Expondré mi propia posición al respecto. La tesis de que la clase dominante de cualquier país ha confinado sus operaciones y definido sus lealtades con relación a un único Estado-nación, ha sido en gran medida históricamente exagerada. Nunca tuvo mucho sentido hablar de una clase capitalista específicamente estadounidense frente a una clase capitalista británica, francesa, alemana o coreana. Los lazos internacionales siempre fueron importantes, particularmente a través de las actividades coloniales y neocoloniales, pero también a través de vínculos transnacionales que se remontan al siglo XIX, si no antes. Pero indudablemente ha habido una intensificación así como también una extensión de estas conexiones transnacionales durante la fase de globalización neoliberal, y resulta vital reconocer esta múltiple conectividad. No obstante, esto no significa que los individuos más destacados de esta clase no se adscriban a aparatos estatales específicos tanto por las ventajas como por la protección que esto les otorga. Dónde se adscriben específicamente es importante, pero ello no es más estable que la actividad capitalista que desarrollan. Rupert Murdoch pudo empezar en Australia para después concentrarse en Gran Bretaña antes de asumir finalmente la ciudadanía estadounidense (sin duda, mediante un procedimiento abreviado). Él no está fuera, ni por encima, de poderes estatales concretos, pero por la misma razón, gracias a sus intereses mediáticos, ejerce una considerable influencia en la vida política tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos y de Australia. Los 247 editores supuestamente independientes de los periódicos que posee por todo el mundo apoyaron, sin excepción, la invasión de Iraq. No obstante, por cuestiones prácticas, todavía tiene sentido hablar de los intereses de la clase capitalista estadounidense, británica o coreana, ya que los intereses corporativos como los de Murdoch, los de Carlos Slim o el grupo Salim, simultáneamente se alimentan de, y nutren, a aparatos estatales concretos. Sin embargo, cada uno puede, y así ocurre de manera característica, ejercer poder de clase en más de un Estado de manera simultánea.

Aunque este grupo dispar de individuos insertos en el mundo de las corporaciones y en el mundo financiero, comercial e inmobiliario, no necesariamente conspira en tanto que clase, y aunque pueda haber frecuentes tensiones entre los mismos, poseen, no obstante, una cierta acomodación de intereses que por regla general reconoce las ventajas (y actualmente algunos de los peligros) que pueden derivarse de la neoliberalización. Igualmente poseen a través de organización como el Foro Económico de Davos, medios para el intercambio de ideas y para tratar y asesorar a los líderes políticos. Ellos ejercen una inmensa influencia en los asuntos globales y poseen una libertad de acción que ningún ciudadano ordinario tiene.

Perspectivas de la libertad

Esta historia de la neoliberalización y de la formación de la clase, así como la creciente aceptación de las ideas de la Mont Pelerin Society como las ideas dominantes de la época, resultan especialmente interesantes cuando se colocan al trasluz de los contraargumentos expuestos por Karl Polanyi en 1944 (poco antes de la fundación de la Mont Pelerin Society). En una sociedad compleja, observó, el significado de la libertad se convierte en algo tan contradictorio y tan tenso como irresistible son sus incitaciones a la acción. En su opinión, hay dos tipos de libertad, una buena y otra mala. En este segundo grupo se incluían «la libertad para explotar a los iguales, la libertad para obtener ganancias desmesuradas sin prestar un servicio conmensurable a la comunidad, la libertad de impedir que las innovaciones tecnológicas sean utilizadas con una finalidad pública, o la libertad para beneficiarse de calamidades públicas tramadas secretamente para obtener una ventaja privada». Sin embargo, proseguía Polanyi, «la economía de mercado, bajo la que crecen estas libertades, también produce libertades de las que nos enorgullecemos ampliamente. La libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad para elegir el propio trabajo». Aunque puede que «apreciemos el valor de estas libertades por sí mismas» —y, sin duda, muchos de nosotros todavía lo hacemos—, eran en buena medida «subproductos del mismo sistema económico que también era responsable de las libertades perversas[46]». La respuesta de Polanyi a esta dualidad resulta extraña de leer dada la actual hegemonía del pensamiento neoliberal:

La quiebra de la economía de mercado puede suponer el comienzo de una era de libertades sin precedentes. La libertad jurídica y la libertad efectiva pueden ser mayores y más amplias de lo que nunca han sido. Reglamentar y dirigir puede convertirse en una forma de lograr la libertad, no sólo para algunos sino para todos.

No la libertad como algo asociado al privilegio y viciada de raíz, sino la libertad en tanto que derecho prescriptivo que se extiende más allá de los estrechos límites de la esfera política, a la organización íntima de la sociedad misma. De este modo, a las antiguas libertades y los antiguos derechos cívicos se añadirán nuevas libertades para todos y engendradas por el ocio y la seguridad social. La sociedad industrial puede permitirse ser a la vez libre y justa.

Desgraciadamente, indicaba Polanyi, la transición a tal futuro se encuentra bloqueado por el «obstáculo moral» del utopismo liberal (y en más de una ocasión cita a Hayek como ejemplo de esta tradición):

La planificación y el dirigismo son acusados de constituir la negación de la libertad.

La libre empresa y la propiedad privada son declaradas partes esenciales de la libertad, y se dice que una sociedad no constituida sobre estos pilares no merece el nombre de libre. La libertad creada por la reglamentación es denunciada como una no libertad. La justicia, la libertad y el bienestar que esta reglamentación ofrece, son criticadas como un disfraz de la esclavitud.

La idea de libertad «degenera, pues, en una mera defensa de la libertad de empresa» que significa «la plena libertad para aquellos cuya renta, ocio y seguridad no necesitan aumentarse y apenas una miseria de libertad para el pueblo, que en vano puede intentar hacer uso de sus derechos democráticos para resguardarse del poder de los dueños de la propiedad». Pero si, tal y como siempre es el caso, «no es posible sociedad alguna en la que el poder y la compulsión estén ausentes, ni un mundo en el que la fuerza no desempeñe ninguna función», entonces, la única forma de que esta visión liberal utópica pueda sostenerse es mediante la fuerza, la violencia y el autoritarismo. El utopismo liberal o neoliberal esta avocado, en opinión de Polanyi, a verse frustrado por el autoritarismo, o incluso por el fascismo absoluto[47]. Las buenas libertades desaparecen, las malas toman el poder.

El diagnóstico de Polanyi parece peculiarmente apropiado para nuestra condición contemporánea. Nos ayuda a avanzar un buen trecho en la comprensión de lo que el presidente Bush quiere decir cuando afirma que «en tanto que somos la mayor potencia sobre la Tierra, nosotros[48] tenemos la obligación de contribuir a expandir la libertad». Sirve para explicar por qué el neoliberalismo se ha tornado tan autoritario, enérgico y antidemocrático, en el preciso momento en que «la humanidad sostiene en sus manos la oportunidad de ofrecer el triunfo de la libertad sobre todos sus enemigos seculares[49]». Nos hace concentrarnos en el hecho de que tantas corporaciones se hayan beneficiado de retener los beneficios que brindan sus tecnologías a la esfera pública (como en el caso de los medicamentos del SIDA), así como también de las calamidades de la guerra (como en el caso de Halliburton), del hambre y del desastre medioambiental. Hace aflorar la preocupación acerca de si muchas de estas calamidades o casi calamidades (la carrera armamentística y la necesidad de enfrentarse a enemigos tanto reales como imaginarios) no han sido secretamente urdidas con la finalidad de obtener ventajas empresariales. Y se torna extremadamente claro por qué los ricos y los poderosos apoyan tan ávidamente ciertas concepciones de los derechos y de las libertades mientras tratan de persuadirnos de su universalidad y de su bondad. Después de todo, treinta años de libertades neoliberales no sólo han servido para restaurar el poder a una clase capitalista definida en términos reducidos. También han generado inmensas concentraciones de poder corporativo en el campo de la energía, los medios de comunicación, la industria farmacéutica, el transporte e incluso la venta al pormenor (por ejemplo, Wal-Mart). La libertad de mercado que Bush proclama como el clímax de la aspiración humana, resulta que no es más que un medio conveniente para extender el poder monopolista corporativo y la Coca Cola por todo el mundo sin restricciones. Esta clase (con Rupert Murdoch y Fox News a la cabeza), que cuenta con una desorbitada influencia sobre los medios de comunicación y sobre el proceso político, tiene poder e incentivos suficientes para convencernos de que todos estamos mejor bajo el régimen de libertades neoliberal. Efectivamente, a la elite que vive confortablemente en sus guetos dorados, el mundo le debe parecer un lugar mejor. Tal y como Polanyi podría haber observado, el neoliberalismo confiere derechos y libertades a aquellos «cuya renta, ocio y seguridad no necesitan aumentarse», dejando una miseria para el resto de nosotros. ¿Cómo es, entonces, que «el resto de nosotros» hemos aceptado con tanta facilidad este estado de cosas?

2

La construcción del consentimiento

¿De qué modo se consumó la neoliberalización, y quién la implementó? La respuesta, en países como Chile y Argentina en la década de 1970 fue tan simple como súbita, brutal y segura, esto es, mediante un golpe militar respaldado por las clases altas tradicionales (así como también por el gobierno estadounidense), seguido de una represión salvaje de todos los vínculos de solidaridad instaurados en el seno de la fuerza de trabajo y de los movimientos sociales urbanos que tanto habían amenazado su poder. Pero la revolución neoliberal que suele atribuirse a Thatcher y a Reagan, después de 1979 tuvo que consumarse a través de medios democráticos. Para que se produjera un giro de tal magnitud fue necesaria la previa construcción del consentimiento político a lo largo de un espectro lo bastante amplio de la población como para ganar las elecciones. Lo que Gramsci llama «sentido común» (definido como «el sentido poseído en común») es lo que, de manera característica, cimienta el consentimiento. El sentido común se construye a partir de prácticas asentadas en el tiempo de socialización cultural a menudo hondamente enraizadas en tradiciones regionales o nacionales. No es lo mismo que el «buen juicio», que puede construirse a partir de la implicación crítica con las cuestiones de actualidad. Por lo tanto, el sentido común puede engañar, ofuscar, o encubrir profundamente problemas reales bajo prejuicios culturales[50]. Los valores culturales y tradicionales (como la creencia en Dios y en el país, o las opiniones sobre la posición de las mujeres en la sociedad) y los miedos (a los comunistas, a los inmigrantes, a los extraños o a los «otros») pueden ser movilizados para enmascarar otras realidades. Pueden invocarse eslóganes políticos que enmascaran estrategias específicas debajo de dispositivos retóricos imprecisos. La palabra «libertad» resuena tan ampliamente dentro del sentido común de los estadounidenses que se convierte en un «botón que las elites pueden pulsar para acceder a la masas» con el fin de justificar prácticamente todo[51]. De este modo, Bush pudo justificar retrospectivamente la guerra de Iraq. Gramsci concluía, por lo tanto, que las cuestiones políticas se convierten en «insolubles» cuando se «disfrazan como culturales[52]». Al tratar de comprender la construcción del consentimiento político, debemos aprender a extraer significados políticos de sus integumentos[53] culturales.

Así pues, ¿cómo, entonces, se generó el grado suficiente de consentimiento popular preciso para legitimar el giro neoliberal? Los canales a través de los cuales se llevó esto a cabo fueron diversos. Poderosas influencias ideológicas circularon a través de las corporaciones, de los medios de comunicación y de las numerosas instituciones que constituyen la sociedad civil, como universidades, escuelas, iglesias, y asociaciones profesionales. Gracias a la «larga marcha» de las ideas neoliberales a través de estas instituciones, que Hayek ya había vaticinado en 1947, así como a la organización de think-tanks (con el respaldo y la financiación de las corporaciones), a la captura de ciertos segmentos de los medios de comunicación y a la conversión de muchos intelectuales a modos de pensar neoliberales, se creó un clima de opinión que apoyaba el neoliberalismo como el exclusivo garante de la libertad. Estos movimientos se consolidaron con posterioridad mediante la captura de partidos políticos y, por fin, del poder estatal.

La apelación a las tradiciones y a los valores culturales fue muy importante en este proceso. Un proyecto manifiesto sobre la restauración del poder económico en beneficio de una pequeña elite probablemente no cosecharía un gran apoyo popular. Pero una tentativa programática para hacer avanzar la causa de las libertades individuales podría atraer a una base muy amplia de la población y de este modo encubrir la ofensiva encaminada a restaurar el poder de clase. Por otro lado, una vez que el aparato estatal efectuase el giro neoliberal, podía utilizar sus poderes de persuasión, cooptación, de soborno y de amenaza para mantener el clima de consentimiento necesario para perpetuar su poder. Tal y como veremos, este fue el punto fuerte particular de Thatcher y de Reagan.

¿Cómo, entonces, negoció este giro el neoliberalismo para desplazar de manera tan arrolladora al liberalismo embridado? En algunos casos, la respuesta descansa en buena medida en el uso de la fuerza (ya sea militar, como en Chile, o financiera, como ocurre a través de las operaciones del FMI en Mozambique o en Filipinas). La coerción puede producir una aceptación fatalista, incluso abyecta, de la idea de que no había ni hay «alternativa», tal y como Margaret Thatcher continúa insistiendo. La construcción activa de consentimiento también ha variado de un lugar a otro. Asimismo, gracias a la actividad de los múltiples movimientos opositores existentes, el consentimiento a menudo se ha marchitado o ha fracasado en diferentes lugares. Pero debemos mirar más allá de estos mecanismos culturales e ideológicos infinitamente variados —con independencia de la importancia que tengan— y centrar la atención en las cualidades de la experiencia cotidiana en aras a identificar mejor las bases materiales de la construcción del consentimiento. Y es, en este nivel —el de la experiencia de la vida cotidiana bajo el capitalismo en la década de 1970—, en el que empezamos a ver de qué modo el neoliberalismo penetró en el «sentido común». En muchas partes del mundo el efecto ha sido que cada vez más sea considerado como una forma necesaria, incluso plenamente «natural», de regular el orden social.

Todo movimiento político que sostenga que las libertades individuales son sacrosantas es vulnerable a ser incorporado al redil neoliberal. Por ejemplo, las revueltas políticas que barrieron el mundo en 1968 estuvieron declinadas, de manera muy acusada, con el deseo de conseguir una mayor libertad individual. Esta afirmación resulta inapelable respecto a los movimientos estudiantiles, como los animados por el movimiento por la «libertad de expresión» en Berkeley en la década de 1960, o los que tomaron las calles en París, en Berlín y en Bangkok y que fueron tan despiadadamente batidos a tiros en Ciudad de México poco antes de los Juegos Olímpicos de 1968. Demandaban libertad frente a los constreñimientos paternos, educativos, corporativos, burocráticos, y estatales. Pero el movimiento del 68 también tenía la justicia social como objetivo político fundamental.

Sin embargo, los valores de la libertad individual y de la justicia social no son necesariamente compatibles. La búsqueda de la justicia social presupone vínculos de solidaridad social y una disposición a sumergir las carencias, necesidades y deseos individuales en la causa de una lucha algo más general por la igualdad social o la justicia medioambiental, por citar dos ejemplos. Los objetivos de la justicia social y de la libertad individual se fundieron de manera tensa en el movimiento del 68. Esta tensión se tornó más evidente en la tirante relación que se estableció entre la izquierda tradicional (la fuerza de trabajo organizada y los partidos políticos que apoyaban los vínculos institucionalizados de solidaridad social) y el movimiento estudiantil deseoso de libertades individuales. La sospecha y la hostilidad que separaron a estas dos facciones en Francia (por ejemplo, la distancia que surgió entre el Partido Comunista y el movimiento estudiantil) durante los acontecimientos de 1968 es un claro ejemplo de la misma. Aunque no es imposible salvar tales diferencias, tampoco es difícil ver de qué modo ambos podrían ser empujados a quedar atrapados en las mismas. La retórica neoliberal, con su énfasis fundacional en las libertades individuales, tiene el poder de escindir el libertarismo, la política de la identidad, el multiculturalismo y, eventualmente, el consumismo narcisista de las fuerzas sociales alineadas en pro de la justicia social a través de la conquista del poder estatal. Por ejemplo, hace mucho tiempo que se demostró extremadamente difícil forjar en el seno de la izquierda estadounidense, la disciplina colectiva requerida para que la acción política logre alcanzar la justicia social sin atentar contra el deseo de los actores políticos de obtener libertad individual y el pleno reconocimiento y expresión de las identidades particulares. El neoliberalismo no crea tales distinciones, pero puede explotarlas fácilmente, cuando no fomentarlas.

A principios de la década de 1970, aquellos que aspiraban a la libertad individual y a la justicia social, pudieron hacer causa común frente a lo que muchos percibían como un enemigo común. Se pensaba que las poderosas corporaciones, aliadas con un Estado intervencionista, iban a gobernar el mundo de formas opresivas para los individuos y, en el plano social, injustas. La Guerra de Vietnam fue el catalizador más obvio de este descontento, pero las actividades destructivas de las corporaciones y del Estado en relación con el medio ambiente, la presión hacia un consumismo irracional, el fracaso para abordar las cuestiones sociales y responder adecuadamente a la diversidad existente, así como también las intensas restricciones sobre las oportunidades individuales y sobre los comportamientos personales mediante un control dirigido tanto por el Estado como por las «tradiciones» también eran una fuente de malestar general. Los derechos civiles fueron uno de lo ejes, y las cuestiones relativas a la sexualidad y a los derechos reproductivos estuvieron muy presentes. Para la mayor parte de las personas comprometidas en el movimiento del 68, el enemigo era un Estado intrusivo que tenía que ser reformado. Y, en este punto, los neoliberales no tenían mucho que objetar. Pero las corporaciones, las empresas y el sistema de mercado capitalista también eran considerados enemigos primordiales que exigían ser revisados, cuando no ser objeto de una transformación revolucionaria: de ahí la amenaza al poder de clase capitalista. A través de la captura de los ideales de la libertad individual y volviéndolos contra las prácticas intervencionistas y reguladoras del Estado, los intereses de la clase capitalista podían esperar proteger e incluso restaurar su posición. El neoliberalismo podía desempeñar de manera excelente esta tarea ideológica. Pero debía estar respaldado por una estrategia práctica que pusiera el énfasis en la libertad de elección del consumidor, no sólo respecto a productos concretos, sino también respecto a estilos de vida, modos de expresión y una amplia gama de prácticas culturales. La neoliberalización requería tanto política como económicamente, la construcción de una cultura populista neoliberal basada en un mercado de consumismo diferenciado y en el libertarismo individual. En este sentido, se demostró más que compatible con el impulso cultural llamado «posmodernidad», que durante largo tiempo había permanecido latente batiendo sus alas pero que ahora podría alzar su vuelo plenamente consumado como un referente dominante tanto en el plano intelectual como cultural. Este fue el desafío que las corporaciones y las elites de clase decidieron fraguar de manera velada en la década de 1980.

Nada de esto estaba muy claro en aquel entonces. Los movimientos de izquierda no fueron capaces de reconocer o de confrontar, y mucho menos de trascender, la tensión inherente entre la búsqueda de libertades individuales y la justicia social. Pero sospecho que de manera intuitiva el problema era bastante nítido para muchos de los miembros de las clases altas, incluso aquellos que nunca habían leído a Hayek o siquiera oído hablar de la teoría neoliberal. Quisiera ilustrar esta idea mediante un análisis comparativo del giro neoliberal en Estados Unidos y en Gran Bretaña en los turbulentos años de la década de 1970.

En el caso de Estados Unidos, comienzo con una nota confidencial enviada por Lewis Powell a la Cámara de Comercio estadounidense en agosto de 1971. Powell, a punto de ser elevado al Tribunal Supremo por Richard Nixon, sostenía que la crítica y la oposición al sistema de la libre empresa estadounidense había llegado demasiado lejos y que «había llegado el momento —de hecho, ya era tarde— para que la sabiduría, la inteligencia y los recursos de la empresas estadounidenses pudieran ser lanzados contra aquellos que lo destruirían». Powell sostenía que la acción individual era insuficiente. «La fuerza —escribió— descansa en la organización, en una meticulosa planificación a largo plazo y en la implementación, en concordancia con una acción proseguida durante un periodo indefinido de años, en un nivel de financiación únicamente alcanzable mediante el esfuerzo conjunto, y en el poder político, únicamente alcanzable a través de la unidad de acción y de las organizaciones nacionales». La Cámara Nacional de Comercio, aseveraba, debía encabezar el asalto a las instituciones más importantes —universidades, escuelas, medios de comunicación, publicidad, tribunales— en aras a cuestionar el modo de pensar de los individuos «acerca de la empresa, la ley, la cultura, y el individuo». Las empresas estadounidenses no carecían de recursos para realizar un esfuerzo de esta envergadura, particularmente si se hacía un fondo común[54].

En qué medida influyó directamente esta llamada a implicarse en una guerra de clase, es difícil de decir. Pero sabemos con seguridad que la Cámara de Comercio estadounidense expandió seguidamente la lista de sus integrantes de cerca de 60 000 empresas en 1972 a cerca de un cuarto de millón, diez años después. Junto con la Nacional Association of Manufacturers (que se desplazó a Washington en 1972) acumuló una poderosa fuerza reivindicativa para presionar al Congreso y para estimular actividades de investigación. En 1972 se fundó la Business Roundtable, una organización de altos directivos «comprometida con la búsqueda agresiva de poder político para la corporación», y desde entonces se convirtió en el eje de la acción colectiva en pro de los intereses de los negocios. Las empresas implicadas sumaban un valor «cercano a la mitad del PIB de Estados Unidos» durante la década de 1970, y tenían un gasto anual próximo a 900 millones de dólares (una suma muy elevada para la época) en asuntos políticos. Gracias al apoyo empresarial se constituyeron think-tanks, como la Heritage Foundation, el Hoover Institute, el Center for the Study of American Business, y el American Enterprise Institute con la finalidad tanto de crear polémica como, cuando fuera necesario como en el caso del Nacional Bureau of Economic Research (NBER), de ensamblar estudios técnicos y empíricos serios y argumentos filosófico-políticos en general en apoyo de las políticas neoliberales. Casi la mitad de la financiación del sumamente respetado NBER, provenía de las compañías que encabezan la lista de Fortune 500. Gracias a su elevado grado de integración en la comunidad académica, el NBER iba a tener un impacto muy significativo en el pensamiento generado en los departamentos de economía y en las escuelas empresariales de las universidades más importantes en el campo de la investigación. Con una abundante financiación proporcionada por algunos individuos muy ricos (como el cervecero Joseph Coors, que posteriormente se convirtió en miembro del «grupo asesor más íntimo» de Reagan) y por sus fundaciones (por ejemplo, Olin, Scaife, Smith Richardson, Pew Charitable Trust), apareció un aluvión de folletos y de libros, del que Anarchy State and Utopía [1977] de Robert Nozick sea quizá el más leído y apreciado, en apoyo de los valores neoliberales. Una versión televisiva de Free to Choose de Milton Friedman, fue financiada con una beca de Scaife en 1977. «El negocio consistía —concluye Blyth— en aprender a usar el dinero como una clase[55]».

Al escoger las universidades como un lugar merecedor de una particular atención, Powell señalaba una oportunidad y apuntaba también a una cuestión singular, ya que de hecho ellas eran un foco de sentimiento anticorporativo y antiestatal (los estudiantes de Santa Bárbara habían incendiado el edificio del Bank of America situado en el campus universitario y habían enterrado ceremoniosamente un coche en la playa). Pero muchos estudiantes eran (y todavía son) ricos y privilegiados, o al menos de clase media, y en Estados Unidos los valores de la libertad individual han sido celebrados desde hace mucho tiempo (en la música y en la cultura popular) como fundamentales. Las temáticas del neoliberalismo podían encontrar aquí un terreno fértil en el que propagarse. Powell no defendía la extensión del poder estatal. Pero las empresas debían «cultivar diligentemente» el Estado y utilizarlo cuando fuera necesario «con agresividad y determinación[56]». ¿Pero de qué modo exactamente iba a ser desplegado el poder estatal para remodelar el propio sentido común?

La doble crisis de acumulación de capital y de poder de clase encontró una línea de respuesta en las trincheras de las luchas urbanas de la década de 1970. La crisis fiscal de la ciudad de Nueva York fue un caso simbólico. La reestructuración capitalista y la desindustrialización habían venido erosionando durante varios años la base económica de la ciudad, y la acelerada suburbanización había sumido en la pobreza a gran parte de la población del centro de la ciudad. Fruto de estos procesos fue un beligerante descontento social entre los sectores marginados durante la década de 1960 que definió lo que vino a conocerse como «la crisis urbana» (debido a la emergencia de problemas similares en muchas ciudades de Estados Unidos). La expansión del empleo público y de la provisión pública de bienes y servicios —facilitada en parte por una generosa financiación federal— fue considerada como la solución adecuada. Pero ante las dificultades fiscales que se le presentaba, el presidente Nixon declaró sin más el fin de la crisis a principios de la década de 1970. Si bien no dejaba de ser una novedad para muchos moradores de la ciudad, en efecto, señalaba la disminución de la ayuda federal. Cuando la recesión cobró mayor intensidad, la brecha entre los ingresos y los gastos en el presupuesto de la ciudad de Nueva York (que ya era extensa a causa del abuso del crédito durante mucho tiempo) se incrementó. En un principio, las instituciones financieras estuvieron dispuestas a cubrir este agujero, pero en 1975 una potente camarilla de bancos de inversión (encabezados por el banquero Walter Wriston, de Citibank) se negó a refinanciar la deuda y empujó a la ciudad a una quiebra técnica. La operación de rescate organizada para salvar a la ciudad conllevó la creación de nuevas instituciones que asumieran la gestión del presupuesto de la ciudad. Primero reclamaron que los impuestos municipales se dedicaran en primer lugar a pagar a los titulares de bonos y después que el resto se destinase a los servicios esenciales de la ciudad. Esta operación se saldó con la frustración de las aspiraciones de los fuertes sindicatos de los trabajadores municipales, con la imposición de medidas de congelación salarial y con recortes en el empleo público y en la provisión de servicios sociales (educación, sanidad pública, servicios de transporte), y con la imposición de tasas a los usuarios (por vez primera se introdujeron tasas de matriculación en el sistema de la universidad de CUNY). El ultraje final llegó con la exigencia de que los sindicatos municipales debían invertir sus fondos de pensiones en bonos de la ciudad. Así pues, los sindicatos se encontraron en la tesitura de que si no moderaban sus demandas se enfrentarían a la perspectiva de perder sus fondos de pensiones a causa de la quiebra de la ciudad[57].

Esto equivalió a un golpe perpetrado por las instituciones financieras contra el gobierno democráticamente elegido de la ciudad de Nueva York, y no fue menos efectivo que el golpe militar que previamente se había producido en Chile. En medio de una crisis fiscal, la riqueza era redistribuida hacia las clases altas. En opinión de Zevin, la crisis de Nueva York fue sintomática de «una emergente estrategia de deflación ligada a una redistribución regresiva de la renta, la riqueza y el poder». Fue «quizá, una temprana y decisiva batalla de una nueva guerra» cuyo objetivo era «demostrar a otros que lo que estaba sucediendo en Nueva York podría, y en algunos casos así sucedió, ocurrirles también a ellos[58]».

El hecho de si todas las personas implicadas en la negociación de este compromiso fiscal lo entendieron como una estrategia para restaurar el poder de clase, es una pregunta abierta. La necesidad de mantener la disciplina fiscal es una cuestión preocupante en sí misma y no entraña necesariamente, al igual que el monetarismo de manera más general, una redistribución regresiva. Es difícil de creer que, por ejemplo, Felix Rohatyn, representante del banco mercantil que negoció el acuerdo entre la ciudad, el Estado y las instituciones financieras, tuviera en mente la restauración del poder de clase. La única forma en la que él podía «salvar» a la ciudad era contentando a los bancos de inversión, aunque eso supusiera disminuir la calidad de vida de la mayoría de los neoyorquinos. Pero la restauración del poder de clase era casi con toda seguridad en lo que estaban pensando los responsables de los bancos de inversión, como Walter Wriston. Después de todo, él había equiparado todas las formas de intervención gubernativa presentes en Estados Unidos y en Gran Bretaña con el comunismo. Y, casi con toda seguridad también, era el objetivo de William Simon, secretario del Departamento del Tesoro en el gobierno del presidente Ford (que posteriormente se convirtió en el presidente de la ultraconservadora Olin Foundation). Viendo con aprobación el desarrollo de los acontecimientos en Chile, recomendó con vehemencia al presidente Ford que se negara a prestar auxilio a la ciudad («Ford to City: Drop Dead» [«Ford dice a la ciudad: muérete»] fue el titular de The New York Daily News). Los términos de cualquier operación de rescate, señaló, debían ser «tan punitivos, y toda la experiencia tan dolorosa, que ninguna ciudad, ni ninguna subdivisión política tuviera jamás la tentación de seguir el mismo camino[59]».

Aunque la resistencia a las medidas de austeridad fue generalizada, de acuerdo con Freeman, sólo pudo ralentizar «la contrarrevolución desde arriba, pero no pararla. En apenas unos años, muchas de las conquistas históricas de la clase obrera de Nueva York fueron suprimidas». Gran parte de la infraestructura social de la ciudad fue reducida y la infraestructura física (por ejemplo, el sistema de transporte suburbano) sufrió un acusado deterioro por la falta de inversión o incluso de medidas de mantenimiento. La vida cotidiana en Nueva York «acabó siendo penosa y el ambiente social y cívico se tornó huraño». El gobierno de la ciudad, el movimiento obrero municipal, y la clase obrera neoyorquina, fueron efectivamente despojados «de gran parte del poder que habían acumulado durante las tres décadas anteriores[60]». La desmoralizada clase obrera neoyorquina aceptó a regañadientes la nueva realidad.

Pero los bancos de inversión de Nueva York no se marcharon de la ciudad. No iban a dejar escapar la oportunidad de reestructurar la ciudad de maneras que podían convenir a su agenda. La creación de un «clima óptimo para los negocios» era prioritaria. Esto significó utilizar los recursos públicos para construir infraestructuras adecuadas a los negocios (en particular, en materia de telecomunicaciones) que fueron acompañadas de incentivos fiscales y de subvenciones destinadas a las empresas capitalistas. El sistema del bienestar corporativo sustituyó al sistema del bienestar para la población. Las instituciones de elite neoyorquinas fueron movilizadas para vender la imagen de la ciudad como centro cultural y destino turístico (inventando el famoso logo «I love New York»). Las elites dominantes cambiaron de opinión, a menudo con reticencias, para apoyar la apertura del campo cultural a todo tipo de corrientes cosmopolitas diversas. La exploración narcisista del yo, la sexualidad y la identidad se convirtieron en el leitmotiv de la cultura urbana burguesa. La libertad y la licencia artísticas promovidas por las poderosas instituciones culturales de la ciudad condujeron, en efecto, a la neoliberalización de la cultura. La «delirante Nueva York» (por utilizar la memorable frase de Rem Koolhaas) erosionó la memoria colectiva de la democrática Nueva York[61]. Las elites de la ciudad accedieron, aunque no sin batallar, a la demanda de diversificación de los estilos de vida (incluidos los ligados a la preferencia sexual y al género) y crecieron las opciones de consumo alternativo especializado (en áreas como la producción cultural). Nueva York se convirtió en el epicentro de la experimentación cultural e intelectual posmoderna. Entretanto, los bancos de inversión reconstruyeron la economía de la ciudad en torno a las actividades financieras, los servicios auxiliares como la asistencia legal y los medios de comunicación (muchos de los cuales revivieron gracias al proceso de financiarización en marcha) y un consumismo diversificado (proceso en el que jugó un papel prominente la «rehabilitación» de los barrios y la gentrification). El gobierno de la ciudad se organizó cada vez más como una entidad empresarial en lugar de socialdemócrata o siquiera gerencial. La competencia interurbana por el capital de inversión transformó al gobierno en un modelo de gestión urbano articulado en torno a asociaciones público-privadas. Las empresas municipales comenzaron a dirigirse de manera progresiva a puerta cerrada, mientras se desvanecía el contenido democrático y representativo de la forma de gobierno[62].

La clase obrera así como los inmigrantes pertenecientes a las minorías étnicas de la ciudad, fueron empujados a la sombras, vapuleados por los estragos del racismo y de la epidemia de crack de proporciones épicas que se registró durante la década de 1980 y que dejó a muchos jóvenes muertos, en la cárcel o viviendo en la calle, sólo para acabar siendo azotados de nuevo por la epidemia del SIDA que comenzó a dejar sentir su incidencia en la década de 1990. La redistribución de la riqueza a través de la violencia delictiva se convirtió en una de las pocas opciones serias que se abrían a las personas pobres, y las autoridades respondieron criminalizando a comunidades enteras de una población empobrecida y marginada. Las víctimas fueron culpabilizadas y Giulliani se haría famoso por tomarse la revancha colocándose del lado de la burguesía cada día más opulenta de Manhattan, que estaba cansada de tener que enfrentarse a los efectos de la devastación en los portales de sus propias casas.

La gestión de la crisis fiscal de Nueva York fue pionera de las prácticas neoliberales tanto en el ámbito doméstico, durante las presidencias de Reagan, como internacional, a través del FMI en la década de 1980. Instauró el principio de que en caso de conflicto entre la integridad de las instituciones financieras y los beneficios de los titulares de bonos, por un lado, y el bienestar de los ciudadanos, por otro, se iba a privilegiar lo primero. Igualmente, puso el acento en que el papel del gobierno era crear un buen clima para los negocios y no atender a las necesidades y al bienestar de la población en su conjunto. Tabb concluye que la política de la Administración de Reagan durante la década de 1980, se convirtió, «a todas luces, en poco más que en una reedición ampliada del escenario de Nueva York» de la década de 1970[63].

La traducción de estas conclusiones locales de mediados de la década de 1970 a escala nacional, se desarrolló de manera vertiginosa. Thomas Edsall (un periodista corresponsal en Washington durante muchos años) publicó un vaticinador análisis en 1985:

Durante la década de 1970, las empresas afinaron su capacidad para actuar como clase, sacrificando su instinto competitivo a favor de la unidad y de una actuación cooperadora en la arena legislativa. En lugar de que las compañías individuales se limitaran a buscar favores especiales […], el tema dominante en la estrategia política de las empresas se convirtió en un interés compartido por echar por tierra leyes como las destinadas a proteger los derechos de los consumidores y por sacar adelante la reforma legislativa laboral, así como la promulgación de una legislación reguladora, antimonopolista y fiscal que les fuera más favorable[64].

En aras a cumplir este objetivo, los empresarios necesitaban un instrumento político de clase y una base popular. Así pues, trataron activamente de capturar al Partido Republicano y de convertirlo en su propio instrumento. La constitución de fuertes comités de acción política para obtener, tal y como se expresa en el viejo dicho, «el mejor gobierno que el dinero pueda comprar», fue un paso importante. Las leyes supuestamente progresistas en materia de financiación de las campañas políticas de 1971 sirvieron, de hecho, para legalizar la corrupción financiera de los políticos. En 1976, el Tribunal Supremo comenzó a promulgar una serie de dictámenes de carácter crucial en los que por vez primera se establecía que el derecho de las compañías a realizar contribuciones ilimitadas a los partidos políticos así como a los comités de acción política, se hallaba protegido por la Primera Enmienda, que garantizaba el derecho de los individuos (en este caso, las empresas) a la libertad de expresión[65]. Los comités de acción política (CAP) podían, por lo tanto, asegurar el dominio financiero de ambos partidos políticos por parte de intereses corporativos, de la clase adinerada y de las asociaciones profesionales. Los CAP corporativos, que en 1974 alcanzaban la cifra de ochenta y nueve, ascendían en 1982 a 1467. Aunque estos comités estaban dispuestos a suministrar fondos a los altos cargos de ambos partidos con tal de que sirvieran a sus intereses, también se inclinaron de manera sistemática hacia los candidatos de derecha de ambas formaciones políticas. A finales de la década de 1970, Reagan (que entonces era gobernador de California) y William Simon (al que ya nos hemos referido) se tomaron la molestia de instar a los CAP a que dirigieran sus esfuerzos hacia la financiación de los candidatos republicanos simpatizantes de la derecha[66]. El límite de 5000 dólares de impuesto a cada contribución del CAP a un solo individuo, obligó a los comités de las distintas compañías e industrias a trabajar conjuntamente, y esto conllevó a que se forjaran alianzas basadas en la clase en lugar de en los intereses particulares.

La disposición del Partido Republicano a convertirse en el representante de «sus votantes pertenecientes a la clase dominante» durante este periodo contrastaba, en opinión de Edsall, con la actitud «ideológicamente ambivalente» de los demócratas, lo cual explica el «hecho de que su vinculación con diversos colectivos de la sociedad era difusa y porque ninguno de esos grupos —mujeres, negros, obreros, ancianos, hispanos, organizaciones políticas urbanas— era claramente más numeroso que el resto». Por otro lado, la dependencia de los demócratas de contribuciones «cuantiosas» hizo a muchos de ellos sumamente vulnerables a la influencia directa de los intereses empresariales[67]. Aunque el Partido Demócrata tenía una base popular, no podía seguir fácilmente una línea política anticapitalista o anticorporativa sin cercenar de este modo totalmente sus conexiones con poderosos intereses financieros.

No obstante, si quería conquistar efectivamente el poder, el Partido Republicano necesitaba una sólida base electoral. La búsqueda por parte de los republicanos de una alianza con la derecha cristiana se produjo aproximadamente en esa misma época. La derecha cristiana no había estado activa en la esfera política en el pasado, pero la fundación de la «mayoría moral» por Jerry Falwell como movimiento político en 1978, supuso un vuelco en esta actitud. El Partido Republicano ahora tenía su base cristiana. También apeló al nacionalismo cultural de las clases obreras blancas y a su hostigado sentido de superioridad moral (hostigado, porque esta clase vivía en condiciones de inseguridad económica crónica y se sentía excluida de muchos de los beneficios que eran distribuidos a través de políticas de acción afirmativa, así como de otros programas estatales). Esta base política podía ser movilizada a través de una actitud positiva hacia la religión y el nacionalismo cultural y, en términos negativos, a través de un racismo, una homofobia y un antifeminismo latentes, cuando no estridentes. El problema no eran el capitalismo y la neoliberalización de la cultura sino los «liberales» que habían utilizado un excesivo poder estatal para amparar a ciertos grupos (negros, mujeres, ecologistas, etc.). Un movimiento, con una sólida financiación, de intelectuales neoconservadores (reunidos alrededor de Irving Kristol y Norman Podhoretz y de la revista Commentary) en apoyo de la moralidad y de los valores tradicionales, daba su credibilidad a estas tesis. Apoyaban el giro neoliberal en la esfera económica pero no así en la cultural, y vilipendiaban los excesos intervencionistas de la denominada «elite liberal», enturbiando notablemente lo que el término «liberal» podría significar. De este modo, se conseguía desviar la atención del capitalismo y del poder corporativo como si nada tuvieran que ver con los problemas económicos ni culturales que estaban creando el mercantilismo desenfrenado y el individualismo.

A partir de este momento se produjo la firme consolidación de la atroz alianza entre las grandes empresas y los cristianos conservadores respaldada por los neoconservadores, que finalmente, en particular después de 1990, consiguió erradicar todos los elementos liberales del Partido Republicano (muy significativos e influyentes en la década de 1960) y que convirtió a este en la fuerza electoral de derechas relativamente homogénea que hoy conocemos[68]. No era la primera vez ni, es de temer, será la última en la historia en que un grupo social ha sido convencido para votar en contra de sus intereses materiales, económicos y de clase por razones culturales, nacionalistas y religiosas. Sin embargo, en algunos casos, tal vez resulte más apropiado sustituir la palabra «convencidos» por «elegidos», ya que existen abundantes indicios de que los cristianos evangélicos (los cuales no representan más del 20% de la población), que constituyen el núcleo de la «mayoría moral», abrazaron con entusiasmo la alianza con las grandes empresas y con el Partido Republicano como un medio para dar un mayor impulso a su agenda moral y evangélica. Sin lugar a dudas, de esto se trataba en el caso de la oscura y reservada organización de cristianos conservadores que constituyó el Council for Nacional Policy, fundando en 1981 «para diseñar estrategias sobre cómo hacer virar el país hacia la derecha[69]».

Por otro lado, el Partido Demócrata estaba profundamente desgarrado por la necesidad de aplacar, sino de socorrer, los intereses financieros y corporativos y, al mismo tiempo, dar muestras de estar impulsando la mejora de las condiciones materiales de vida de su base popular. Durante la presidencia de Clinton, el partido terminó por anteponer lo primero a lo segundo y de este modo cayó de lleno en el redil neoliberal a la hora de prescribir e implementar sus políticas (como, por ejemplo, en el caso de la reforma del sistema de bienestar[70]). Sin embargo, como demuestra el caso de Felix Rohatyn, no está claro que esta fuera la agenda de Clinton desde el principio. Enfrentado a la necesidad de superar un déficit insondable y de despertar el crecimiento económico, la única vía económica plausible era la reducción del déficit para conseguir bajas tasas de interés. Esto suponía o bien imponer una fiscalidad sustancialmente más elevada (que equivalía a un suicidio electoral) o bien efectuar recortes presupuestarios. Tomar el segundo camino implicó, en opinión de Yergan y de Stanislaw, «traicionar a su electorado tradicional para no contravenir los caprichos de los ricos», si bien, tal y como posteriormente confesó Joseph Stiglitz, que fue presidente del Consejo de Asesores Económicos de Clinton, «nos las arreglamos para ir apretando el cinturón a los pobres a medida que aflojábamos el de los ricos[71]». En efecto, la política social se dejó al cuidado de los titulares de bonos de Wall Street (de manera muy similar a lo que había ocurrido en la ciudad de Nueva York anteriormente), con consecuencias predecibles.

La estructura política que surgió fue bastante simple. El Partido Republicano pudo movilizar ingentes recursos financieros así como su base popular para votar contra sus intereses materiales, apoyándose en argumentos culturales y religiosos, mientras que el Partido Demócrata no podía permitirse atender a las necesidades materiales de su tradicional base popular (por ejemplo, un sistema nacional de asistencia sanitaria) ante el miedo a perjudicar los intereses de la clase capitalista. Dada esta asimetría, la hegemonía política del Partido Republicano se volvió más segura.

La elección de Reagan en 1980, fue sólo el primer paso en el largo proceso de consolidar el cambio político necesario para apoyar el giro de Volcker hacia el monetarismo y la priorización de la lucha contra la inflación. Las políticas de Reagan, observó Edsall en aquel tiempo, se concentraron en imprimir «un impulso general de reducción del alcance y del contenido de la regulación federal en materias relativas a la industria, el medio ambiente, las condiciones laborales, la asistencia sanitaria y la relación entre comprador y vendedor». Los principales medios utilizados fueron los recortes presupuestarios y la desregulación, así como «el nombramiento de personas en las entidades públicas con tendencias opuestas a la regulación y favorables a la industria» para ocupar posiciones clave[72].

El National Labour Relations Board, establecido para reglamentar las relaciones entre el capital y la fuerza de trabajo en los centros de trabajo en la década de 1930, fue convertido por los cargos designados por Reagan en un vehículo para atacar y regular los derechos de los trabajadores en el preciso momento en el que la actividad empresarial estaba siendo desregulada[73]. En 1983, se tardó menos de 6 meses en revertir casi el 40% de las decisiones que habían sido tomadas en la década de 1970 y que a la luz de los intereses comerciales eran demasiado favorables a la fuerza de trabajo. Reagan interpretaba que toda regulación (excepto la relativa a la fuerza de trabajo) era negativa. La Office of Management and Budget, recibió la orden de realizar exhaustivos análisis basados en el coste-beneficio de todas las propuestas reguladoras (pasadas y presentes). Si no podía demostrarse que los beneficios de la regulación excedían claramente a los costes, entonces la propuesta debía desecharse. Por si no era suficiente, se llevaron a cabo cuidadosas revisiones del código tributario —principalmente en lo que respecta a la amortización de las inversiones— que permitieron que muchas corporaciones no tuvieran que pagar ningún tipo de impuesto en absoluto a la vez que se reducía el tipo impositivo del 78 al 28% para los individuos situadas en el tramo de rentas más elevadas, lo cual demostró que se trataba de un intento de restaurar el poder de clase (véase Figura 1.7). Y peor aún, se transmitieron gratuitamente activos públicos al dominio privado. Por ejemplo, gran parte de los adelantos más decisivos en la investigación farmacéutica habían sido financiados por el Nacional Institute of Health en colaboración con las compañías farmacéuticas. Sin embargo, en 1978 se permitió a las compañías recibir todos los beneficios de la explotación de los derechos sobre las patentes sin devolver ninguna cantidad al Estado asegurando, a partir de entonces, una industria de altos, y sumamente subsidiados, beneficios[74].

Pero para poder llevar a cabo todo esto, era necesario meter en cintura a la fuerza de trabajo y a las organizaciones obreras, y hacer que se conformaran con el nuevo orden social. Si la ciudad de Nueva York había sido pionera al conseguir disciplinar al fuerte movimiento sindical municipal entre 1975 y 1977, Reagan adoptó la misma receta a escala nacional domeñando a los controladores aéreos en 1981 y dejando claro a los sindicatos que no eran bienvenidos como integrantes de los consejos internos del gobierno. El inestable acuerdo que había regido las relaciones entre el poder corporativo y sindical durante la década de 1960 había concluido. Con unas tasas de desempleo en plena efervescencia que alcanzaban el 10% a mediados de la década de 1980, el momento era propicio para atacar todas las formas de organización obrera y recortar sus derechos conquistados así como su poder. El traslado de la actividad industrial desde el sindicado nordeste a los Estados del sur del país, en los que prácticamente no se registraba sindicación y donde existía una mano de obra «dispuesta a trabajar», cuando no más allá de las fronteras estatales, a México y el sudeste de Asia, se convirtió en una práctica común (subvencionada por una fiscalidad favorable para las nuevas inversiones, y ayudada por el nuevo predominio de las finanzas sobre la producción como eje del poder de clase capitalista). La desindustrialización de las antiguas principales regiones industriales fuertemente sindicalizadas (el llamado «rust belt» [el cinturón de la industria pesada y la producción en masa situado en los Estados nororientales del país en torno a los Grandes Lagos]) desposeyó de su poder a la fuerza de trabajo. Las compañías podían amenazar a los trabajadores cuando se produjeran paros en las plantas de producción o desafiar —y generalmente ganar— a los huelguistas en caso necesario (por ejemplo, en la industria del carbón).

Igualmente, en este caso, lo importante no era sólo el uso de la porra, ya que había un gran número de zanahorias que ofrecer a los trabajadores individuales para romper la acción colectiva. Las rígidas reglas de los sindicatos y sus estructuras burocráticas les hacían vulnerables al ataque. A menudo, la falta de flexibilidad era una desventaja tan importante para los trabajadores individuales como para el capital. La pura demanda de una especialización flexible en los procesos de trabajo y de la contratación de una jornada laboral flexible podía convertirse en una parte de la retórica neoliberal que podía ser convincente para algunos trabajadores individuales, en particular para los que habían sido privados de los beneficios exclusivos que en ocasiones confería esa fuerte sindicación. Una mayor autonomía y libertad de acción en el mercado laboral podían revenderse como una virtud tanto para el capitalismo como para la mano de obra y tampoco en este caso fue difícil integrar los valores liberales en el «sentido común» de gran parte de la fuerza de trabajo. Comprender de qué modo esta activa potencialidad fue convertida en un sistema de acumulación flexible generador de una gran explotación (pues todos los beneficios procedentes de la progresiva flexibilidad en la distribución del trabajo, tanto en el espacio como en el tiempo, revirtieron en el capital) resulta fundamental para explicar por qué lo salarios reales, excepto durante un breve periodo de la década de 1990, se mantuvieron estancados o disminuyeron al mismo tiempo que se redujeron los beneficios sociales. La teoría neoliberal sostiene, porque así le conviene, que el desempleo es siempre voluntario. El trabajo, de acuerdo con sus postulados, tiene un «precio mínimo» por debajo del cual se prefiere no trabajar. El desempleo aparece porque el precio mínimo del trabajo es demasiado alto. En la medida en que el precio mínimo es parcialmente sufragado por los ingresos provenientes del Estado del bienestar (y, en este sentido, abundan las historias de «reinas del Estado del bienestar» que conducen Cadillacs), cobra sentido el argumento de que la reforma neoliberal llevada a cabo por Clinton del «Estado del bienestar tal y como lo conocemos» debe ser un paso crucial para la reducción del desempleo.

Todo esto demandaba algún fundamento, y la guerra de las ideas desempeño un papel importante para cubrir esta necesidad. En opinión de Blyth, las ideas económicas orquestadas en apoyo al giro neoliberal consistían en una compleja fusión de monetarismo (Friedman), expectativas racionales (Robert Lucas), elección pública (James Buchanan, y Gordon Tullock), y las ideas elaboradas por Arthur Laffer en torno a las políticas por el lado de la oferta, menos respetables pero en absoluto carentes de poder de influencia, quien llegó a sugerir que los efectos incentivadores de los recortes fiscales incrementarían hasta tal punto la actividad económica que harían crecer automáticamente los ingresos tributarios (Reagan estaba enamorado de esta idea). La hebra común más admisible de estos argumentos descansaba en que la intervención del gobierno era el problema en lugar de la solución y que «una política monetaria de estabilidad, sumada a recortes radicales en los impuestos para los tramos de renta más elevados, produciría una economía más próspera» al no distorsionar los incentivos de la actividad empresarial[75]. La prensa financiera, con The Wall Street Journal muy a la cabeza, asumió estas ideas convirtiéndose en una abierta defensora de la neoliberalización como solución necesaria a todos los males económicos. La difusión popular de estas ideas vino de la mano de prolíficos escritores como George Gilder (financiado con fondos destinados a los think-tanks), mientras las escuelas de estudios empresariales que emergieron en prestigiosas universidades como Standford y Harvard gracias a la generosa financiación brindada por corporaciones y fundaciones, se convirtieron en centros de la ortodoxia neoliberal desde el preciso momento en que abrieron sus puertas. Establecer la cartografía de la expansión de las ideas es siempre una tarea ardua, pero en 1990 prácticamente la mayoría de los departamentos de economía de las universidades más importantes dedicadas a la investigación, así como también las escuelas de estudios empresariales, estaban dominadas por formas de pensamiento neoliberal. La importancia de este hecho no debería subestimarse. Las universidades estadounidenses dedicadas a la investigación eran y son campos de entrenamiento para muchos estudiantes extranjeros que se llevan a sus países de origen lo aprendido —las figuras clave de la adaptación de Chile y de México al neoliberalismo fueron, por ejemplo, economistas formados en Estados Unidos— así como también a las instituciones internacionales en las que se integran como el FMI, el Banco Mundial y la ONU. En mi opinión, la clara conclusión es que «durante la década de 1970, el ala política del sector corporativo nacional», en palabras de Edsall, «organizó una de las campañas más destacables en la búsqueda de poder habida en tiempos recientes». A principios de la década de 1980, «había ganado un grado de influencia y de poder próximo al que tenía durante los prósperos días de la década de 1920[76]». Y en 2000 había utilizado esa posición privilegiada para volver a situar su porcentaje de la riqueza y de la renta nacional en niveles que tampoco se veían desde la década de 1920.

En Gran Bretaña, la construcción del consentimiento se produjo de modo muy diferente[77]. Lo que ocurría en Kansas era muy distinto de lo que pasaba en Yorkshire. Las tradiciones políticas y culturales eran muy dispares. En Gran Bretaña no hay una derecha cristiana a la que dirigirse o a la que movilizar detrás de una mayoría moral. El poder corporativo era poco inclinado a apoyar un abierto activismo político (sus contribuciones a los partidos políticos eran mínimas) y en su lugar prefería ejercer su influencia a través de las redes de clase y de privilegios que desde hacía largo tiempo conectaban el gobierno, la academia, el poder judicial y el inamovible funcionariado (que en aquellos momentos todavía conservaba su tradicional independencia) con los líderes industriales y financieros. La situación política también era radicalmente distinta, puesto que el Partido Laborista había sido concebido desde hacía mucho tiempo, como un instrumento de poder de la clase obrera al servicio de fuertes sindicatos, a menudo muy combativos. En consecuencia, la estructura del Estado del bienestar que se había desarrollada en Gran Bretaña era mucho más elaborada y extensa de lo que jamás se podría haber soñado en Estados Unidos. Los pesos pesados de la economía (el carbón, el acero y la industria automovilística) estaban nacionalizados, y una gran parte de las viviendas disponibles pertenecían al sector público. Además, desde la década de 1930, el Partido Laborista había cimentado significativos reductos de poder en el ámbito del gobierno municipal, estando el Ayuntamiento de Londres, presidido por Herbert Morrison, a la vanguardia de este proceso desde la década de 1930. Los vínculos de solidaridad construidos a través del movimiento sindical y de los gobiernos municipales, eran rotundamente manifiestos. Incluso el Partido Conservador, durante los largos periodos en los que asumió el poder después de la Segunda Guerra Mundial, se abstuvo mucho de emprender ningún intento de desmantelar el Estado de bienestar que había heredado.

El gobierno laborista de la década de 1960 se había negado a enviar tropas a Vietnam, lo que salvó al país de sufrir los traumas domésticos directos que hubiera generado la participación en una guerra impopular. Después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña había accedido (si bien de manera reacia, y en algunas ocasiones no sin una violenta lucha y sin los bruscos empellones de Estados Unidos) a llevar a cabo la descolonización, y después de la malograda aventura de Suez en 1956, fue progresivamente despojándose (también con frecuencia a regañadientes) de buena parte del manto del poder imperial directo. La retirada de sus fuerzas del este de Suez en la década de 1960 fue una señal importante de este proceso. A partir de entonces, Gran Bretaña en la mayoría de las ocasiones iba a participar como un socio subalterno dentro de la OTAN bajo el paraguas imperial de la potencia estadounidense. Pero Gran Bretaña seguía efectivamente protegiendo su presencia colonial en gran parte de lo que había sido su imperio y de este modo con frecuencia se veía envuelta en disputas con otras grandes potencias (como, por ejemplo, en la sangrienta Guerra civil de Nigeria tras la tentativa de Biafra de separarse). La cuestión de las relaciones y de la responsabilidad de Gran Bretaña hacia sus excolonias fue a menudo tensa, tanto en casa como en el extranjero. Las estructuras neocoloniales de explotación comercial se vieron en múltiples ocasiones intensificadas en lugar de erradicadas. Pero las corrientes migratorias que fluían desde las excolonias hacia Gran Bretaña comenzaban a devolver a la metrópoli las secuelas del imperio por nuevos caminos.

El vestigio más importante de la presencia imperial británica fue la continuación del papel de la City de Londres como centro de las finanzas internacionales. Durante la década de 1960, esto cobró una progresiva importancia a medida que el Reino Unido se apuraba para proteger y reforzar la posición de la City respecto a las potencias emergentes del capital financiero global. Este proceso generó una serie de contradicciones importantes. La protección del capital financiero (a través de la manipulación de los tipos de interés) en la mayoría de las ocasiones entraba en conflicto con las necesidades del capital industrial doméstico (provocando, pues, una división estructural dentro de la clase capitalista) y, en ocasiones, impedía la expansión del mercado doméstico (restringiendo el crédito). El compromiso de mantener una libra fuerte socavaba la posición de la industria del país en el mercado de las exportaciones y contribuyó a generar las crisis de la balanza de pagos registradas en la década de 1970. Asimismo, afloraron contradicciones entre el liberalismo embridado, vigente en el ámbito interno, y el liberalismo del libre mercado del capital financiero con base en Londres que operaba en la escena mundial. La City de Londres, el centro financiero, había favorecido durante largo tiempo las políticas monetaristas en detrimento de las keynesianas y, por lo tanto, formaba un bastión de resistencia frente al liberalismo embridado.

El Estado del bienestar construido en Gran Bretaña tras la Segunda Guerra Mundial nunca fue del agrado de todos. A través de los medios de comunicación circulaban fuertes corrientes críticas (con el sumamente respetado Financial Times a la cabeza), que cada vez estaban más subordinadas a los intereses financieros. El individualismo, la libertad y los derechos se describían como términos opuestos a la asfixiante ineptitud burocrática del aparato estatal y al opresivo poder sindical. Estas críticas se generalizaron por todo el país a lo largo de la década de 1960 y se hicieron todavía más enérgicas durante los días grises del estancamiento económico que marcó la década de 1970. La gente temió entonces que Gran Bretaña se estuviera convirtiendo en un «Estado corporativista, abocado a una gris mediocridad[78]». La corriente subterránea de pensamiento representada por Hayek, constituía una oposición viable, y contaba con defensores en las universidades y, lo que es más importante, dominaba el trabajo del Institute of Economic Affairs (fundado en 1955) en el que Keith Joseph, que posteriormente se convertiría en uno de los asesores fundamentales de Margaret Thatcher, saltó con éxito a la escena pública en la década de 1970. La fundación del Centre for Policy Studies (1974) y del Adam Smith Institute (1976), y el progresivo compromiso de la prensa con la neoliberalización durante la década de 1970, afectaron de modo significativo al clima respirado entre la opinión pública. El temprano auge de un significativo movimiento juvenil (inclinado a la sátira política) y la llegada de una desenfrenada cultura pop al «marchoso Londres» de la década de 1960 eran una burla, a la vez que un desafío, a la estructura tradicional de las entretejidas relaciones de clase. El individualismo y la libertad de expresión se convirtieron en objeto de disputa y el movimiento estudiantil de tendencias izquierdistas, influido en muchos sentidos por las complejidades que entrañaba acomodarse al arraigado sistema de clases británico así como también a su herencia colonial, se convirtió en un activo elemento dentro de la política británica, de modo muy similar a como ocurrió en otros lugares con el movimiento del 68. Su actitud irreverente hacia los privilegios de clase (ya se tratara de los aristócratas, los políticos o los burócratas sindicales) iba a fundar el posterior radicalismo del giro posmoderno. Y el escepticismo respecto a la política iba a preparar el camino para la actitud de sospecha hacia todas las metanarrativas.

Aunque había muchos elementos a partir de los cuales poder construir el consentimiento para efectuar el giro neoliberal, no cabe duda de que el fenómeno Thatcher no habría emergido, y mucho menos con éxito, si no hubiera sido por la seria crisis de acumulación de capital experimentada durante la década de 1970. La estanflación estaba perjudicando a todo el mundo. En 1975 la inflación se disparó hasta alcanzar el 26% y las cifras del desempleo superaron el millón de trabajadores (véase Figura 1.1). Asimismo, las industrias nacionalizadas estaban drenando los recursos del tesoro público. Esto desató un enfrentamiento entre el Estado y los sindicatos. En 1972 los mineros británicos (una industria nacionalizada) declararon su primera huelga desde 1926, tal y como volverían a hacer en 1974. Los mineros siempre habían estado en la vanguardia de las luchas obreras británicas. Sus salarios no crecían en sintonía con el ritmo de crecimiento de la acelerada inflación, y la opinión pública simpatizaba con ellos. El gobierno conservador, en medio de cortes en el suministro de energía eléctrica, declaró el estado de emergencia, decretó una jornada laboral de 3 días a la semana y buscó el apoyo de la opinión pública en contra de los mineros. En 1974, el gobierno convocó elecciones con el objetivo de obtener el respaldo público para su posición. Perdió, y el gobierno laborista que regresó al poder, pacificó la huelga alcanzando un acuerdo en términos favorables para los mineros.

Sin embargo, la victoria fue pírrica[79]. El gobierno laborista no podía permitirse los términos del acuerdo y sus aprietos fiscales se multiplicaron. El elevado déficit presupuestario se vio acompañado por una crisis en la balanza de pagos. Al solicitar los créditos del FMI entre 1975 y 1976 se encontró ante la disyuntiva de optar o bien por someterse a las restricciones y la austeridad presupuestarias ordenadas por el Fondo Monetario Internacional, o bien declararse en quiebra y sacrificar la integridad de la libra esterlina, lo que suponía asestar un golpe mortal a los intereses financieros de la City de Londres. Se optó por el primer camino y se implementaron recortes presupuestarios draconianos en los gastos del sistema de bienestar[80]. El gobierno laborista actuó en contra de los intereses materiales de sus partidarios tradicionales, pero seguía sin solucionarse la crisis de acumulación y de estanflación. De manera infructuosa, trató de enmascarar las dificultades apelando al ideal corporativista, en el que se supone que todo el mundo debe sacrificar algo por el bien de la entidad política a la que se pertenece. Sus partidarios se revelaron abiertamente y los trabajadores del sector público iniciaron una oleada de huelgas salvajes durante el periodo que se conoció como «el invierno del descontento» de 1978. Los trabajadores hospitalarios dejaron de prestar servicios, y la atención médica tuvo que ser severamente racionada. Los sepultureros en huelga se negaban a enterrar a los muertos. Los camioneros también se declararon en huelga. Únicamente los enlaces sindicales tenían la facultad de permitir cruzar las líneas de los piquetes a los camiones que transportaban «bienes esenciales». La compañía británica de ferrocarriles anunció una lacónica noticia: «Hoy no hay trenes» […] los sindicatos huelguistas parecían a punto de provocar el paro de toda la nación[81]. La prensa dominante fue sumamente crítica con los sindicatos, que eran tachados de codiciosos y alborotadores, y el apoyo de la opinión pública se fue a pique. El gobierno laborista cayó y, en las elecciones que sucedieron a su caída, Margaret Thatcher obtuvo una significativa mayoría con un mandato claro por parte de sus votantes de clase media para domesticar el poder sindical en el sector público.

Los aspectos comunes entre los casos del Reino Unido y de Estados Unidos descansan, de manera más notable, en el campo de las relaciones laborales y en la lucha contra la inflación. Respecto a esto último, Thatcher puso a la orden del día el monetarismo y el estricto control presupuestario. Los elevados tipos de interés acarrearon un elevado nivel de desempleo (la tasa media de paro se situó en el 10% entre 1979 y 1984; y el Trades Union Congress perdió el 17% de sus miembros en cinco años). El poder de negociación de la fuerza de trabajo se vio debilitado. Alan Budd, asesor económico de Thatcher, indicó más tarde que «las políticas efectuadas en la década de 1980 consistentes en combatir la inflación restringiendo la economía y el gasto público, eran un modo encubierto de golpear a los trabajadores». Gran Bretaña creó lo que Marx denominó «un ejército industrial de reserva» cuyo resultado, en su opinión, era socavar el poder de la fuerza de trabajo y a partir de ese momento permitir a los capitalistas obtener beneficios fáciles. Y en una acción que emulaba la provocación de Reagan hacia la PATCO en 1981, Thatcher provocó el estallido de una huelga de mineros en 1984 anunciando una oleada de despidos y el cierre de las minas (el carbón importado era más barato). La huelga se dilató durante casi un año y, a pesar de recabar una gran simpatía y apoyo de la opinión pública, los mineros perdieron. Se había roto la defensa de un elemento medular del movimiento obrero británico[82]. Thatcher redujo todavía más el poder sindical abriendo el Reino Unido a la competencia y a la inversión extranjera. Durante la década de 1980, la competencia extranjera demolió gran parte de la industria tradicional británica; la industria siderúrgica (Sheffield) y los astilleros (Glasgow) prácticamente desaparecieron en unos pocos años llevándose consigo una buena parte del poder sindical. Thatcher destruyó efectivamente la nacionalizada industria automovilística nativa del Reino Unido, que tenía fuertes sindicatos y tradiciones obreras militantes, y en su lugar ofreció el Reino Unido como plataforma marítima para que las compañías automovilísticas japonesas buscaran su acceso a Europa[83]. Estas empresas construyeron sus plantas en zonas rurales y contrataron a trabajadores no sindicados que acataran el régimen de relaciones laborales de Japón. El efecto global fue transformar el Reino Unido en un país de salarios relativamente bajos y con una fuerza de trabajo sumamente sumisa (en relación con el resto de Europa) en un plazo de diez años. Cuando Thatcher dejó el poder, la incidencia de las huelgas había caído a una décima parte de sus niveles anteriores. Había erradicado la inflación, había domeñado el poder de los sindicatos, amansado a la fuerza de trabajo y, en el proceso, había construido el consentimiento de la clase media para sus políticas.

Pero Thatcher tenía que librar la batalla en otros frentes. En más de un municipio, se había desatado una magnífica acción desde la retaguardia contra las políticas neoliberales. Sheffield, el Ayuntamiento de Greater London (que Thatcher tuvo que abolir en aras a conseguir sus objetivos más amplios en la década de 1980) y Liverpool (donde la mitad de los concejales tuvieron que ser encarcelados) constituyeron centros activos de resistencia en que los ideales de un nuevo socialismo municipal si bien fueron llevados a la práctica, luego fueron perseguidos hasta ser finalmente aplastados a mediados de la década de 1980[84].

Thatcher comenzó su ofensiva recortando salvajemente la financiación proveniente del gobierno central a los municipios, pero varios de ellos respondieron limitándose a incrementar los impuestos sobre la propiedad, lo que la obligó a legislar contra el derecho de los municipios a efectuar tales incrementos. Tildando peyorativamente a los ayuntamientos obreros progresistas de «izquierdistas chiflados» (una frase que la prensa dominada por los conservadores recogió con agrado), se planteó entonces imponer los principios neoliberales a través de una reforma de la financiación municipal. Ella propuso el «poll tax» —un impuesto regresivo de contribución personal, en lugar de un impuesto sobre la propiedad— que restringiría los gastos municipales a cambio de hacer pagar a cada residente. Esto provocó un gran enfrentamiento político que influyó en la muerte política de Thatcher.

Thatcher también tenía la intención de privatizar todos los sectores de la economía de titularidad pública. Las ventas engordarían las arcas públicas y liberarían al gobierno de onerosas obligaciones futuras por las pérdidas de las empresas. Estas empresas dirigidas por el Estado tenían que ser adecuadamente preparadas para la privatización, lo que suponía reducir sus deudas y mejorar su eficiencia y sus costes organizativos, a menudo mediante la eliminación de empleos. La valoración de las mismas también se estructuró para ofrecer incentivos considerables al capital privado en un proceso equiparado por sus opositores a «regalar las alhajas de la familia». En varios casos, las subvenciones fueron disfrazadas en el trámite de valoración de las empresas para su venta, ya que las compañías del agua, los ferrocarriles e incluso las empresas públicas en la industria automovilística y siderúrgica poseían terrenos de gran valor en sus ubicaciones originales que fueron excluidos de la tasación de las mismas aduciendo que se trataba de empresas en funcionamiento. La privatización y los objetivos especulativos sobre la propiedad liberada iban de la mano. Pero en esta ocasión la finalidad también era transformar la cultura política ampliando el campo de la responsabilidad corporativa y personal, y estimulando una mayor eficiencia, innovación e iniciativa individual/corporativa. British Aerospace, British Telecom, British Airways, el acero, la electricidad y el gas, el petróleo, el carbón, el agua, los servicios de autobuses, los ferrocarriles y una multitud de empresas estatales de menor tamaño fueron vendidas en una oleada masiva de privatizaciones. Gran Bretaña fue pionera en este camino al mostrar el modo de llevarlas a cabo de una forma razonablemente ordenada y, rentable para el capital. Thatcher estaba convencida de que una vez realizados estos cambios, se tornarían irreversibles: de ahí su prisa. Asimismo, la legitimidad de todo este movimiento se vio arropada con éxito por la venta exhaustiva de las viviendas públicas a sus moradores. Este proceso incrementó enormemente el número de propietarios de viviendas en el periodo de una década. Por un lado, satisfacía el ideal tradicional de la propiedad privada individual como el sueño de la clase obrera y, por otro, introducía un dinamismo nuevo y a menudo especulativo en el mercado de la vivienda que fue muy apreciado por las clases medias, que vieron como crecía el valor de sus activos; al menos, hasta la crisis del mercado inmobiliario de principios de la década de 1990.

El desmantelamiento del Estado del bienestar era, sin embargo, algo completamente distinto. Lidiar en campos como la educación, la asistencia sanitaria, los servicios sociales, las universidades, la burocracia estatal, y el sistema judicial, se reveló difícil. En este punto, Thatcher tenía que librar la batalla contra las actitudes arraigadas y a menudo tradicionales de las clases media y alta que formaban el núcleo de sus electores. Ella pretendía desesperadamente extender el ideal de la responsabilidad personal (por ejemplo, a través de la privatización de la asistencia sanitaria) a todos los campos y recortar las obligaciones estatales. No consiguió progresar con presteza. A los ojos de la opinión pública, existían límites a la neoliberalización de todo. Por ejemplo, no fue hasta 2003 que un gobierno laborista logró en contra de una oposición generalizada introducir un sistema de pago de tasas en la educación superior. En todas esas áreas se demostró difícil forjar una alianza de consentimiento a favor de un cambio radical. Acerca de esta cuestión, su gabinete (así como sus partidarios) se encontraba notoriamente dividido (entre «flexibles» e «intransigentes») y llevó varios años de lacerantes confrontaciones en el seno de su propio partido, así como en los medios de comunicación, ganar modestas reformas neoliberales. Lo más que pudo hacer fue intentar acelerar el desarrollo de una cultura empresarial e imponer estrictas reglas de vigilancia, de responsabilidad financiera, y de productividad sobre ciertas instituciones, como las universidades, que malamente podían amoldarse a las mismas.

Thatcher forjó el consentimiento mediante el cultivo de una clase media que se deleitaba en los placeres de la propiedad de su vivienda, de la propiedad privada, del individualismo y de la liberación de las oportunidades empresariales. A la vez que los vínculos de la solidaridad obrera menguaban bajo la presión que se ejercía sobre ella y las estructuras del mercado laboral se veían radicalmente transformadas a través de la desindustrialización, los valores de la clase media se extendían más ampliamente para integrar a muchos de los que antaño tuvieron una firme identidad de clase. La apertura de Gran Bretaña a un mercado más libre permitió el florecimiento de la cultura de consumo, mientras la proliferación de instituciones financieras situó cada vez más en el centro de una antes, sobria forma de vida británica, una cultura de endeudamiento. El neoliberalismo implicó la transformación de la antigua estructura de clase británica a ambos extremos del espectro. Además, gracias al mantenimiento de la City de Londres como un actor central en las finanzas globales, fue gradualmente convirtiendo el corazón de la economía británica, Londres y el sureste del país, en un dinámico centro de riqueza y de poder en continuo crecimiento. En realidad, no se trataba tanto de que el poder de clase hubiera sido restaurado en algún sector tradicional, como de que más bien se había reunido de manera expansiva alrededor de uno de los centros globales de operaciones financieras más importantes. Los cachorros de Oxbridge afluyeron a Londres para trabajar negociando con bonos y con divisas, amasar rápidamente riqueza y poder, y convertir Londres en una de las ciudades más caras del mundo.

Aunque la revolución de Thatcher estuvo preparada por la organización del consentimiento en el seno de las clases medias tradicionales, que la auparon a tres victorias electorales, en el plano ideológico, todo su programa, en particular en su primer mandato, estuvo mucho más impulsado por la teoría neoliberal de lo que nunca antes había sido el caso en Estados Unidos. A pesar de poseer ella misma un sólido origen de la clase media, estaba claramente entusiasmada con los tradicionales estrechos contactos existentes entre el despacho del primer ministro y los «capitanes» de la industria y las finanzas. Se volvió con frecuencia hacia ellos en busca de consejo y en algunas ocasiones les brindó palmarios favores infravalorando los activos del Estado para impulsar su privatización. El proyecto de restaurar el poder de clase —frente al desmantelamiento del poder de la clase obrera— jugó quizá un papel más subconsciente en su evolución política.

El éxito de Reagan y de Thatcher puede medirse en función de diversos criterios[85]. Pero, en mi opinión, lo más útil es hacer hincapié en la forma en que tomaron lo que hasta entonces habían sido posiciones políticas, ideológicas e intelectuales minoritarias y las hicieron dominantes. La alianza de fuerzas que ayudaron a consolidar y las mayorías que dirigieron, se convirtieron en un legado que la generación posterior de líderes políticos encontró difícil de desalojar. Tal vez, el mayor testimonio de su éxito descanse en el hecho de que tanto Clinton como Blair se encontraran a sí mismos en una situación con un margen de maniobra tan limitado que no tuvieron más remedio que dejar que continuara el proceso de restauración del poder de clase, incluso, en contra de lo que les sugería su instinto. Y una vez que el neoliberalismo se convirtió en algo tan hondamente integrado en el mundo anglosajón, fue difícil negar su notable relevancia respecto de cómo estaba funcionando el capitalismo en general a escala internacional. Tal y como veremos, esto no significa que el neoliberalismo simplemente se impusiera en todo el mundo mediante la influencia y el poder anglo-estadounidense. El análisis de ambos casos demuestra que las circunstancias internas y la naturaleza posterior del giro neoliberal fueron muy diferentes en Gran Bretaña y en Estados Unidos y, por ende, debemos presumir que las fuerzas internas así como también las influencias y las imposiciones externas han desempeñado un papel específico también en otras partes.

Reagan y Thatcher sacaron ventaja de las pistas que poseían (brindadas por Chile y por la ciudad de Nueva York) y se pusieron a la cabeza de un movimiento de clase que estaba determinado a restaurar su poder. Su genialidad consistió en crear un legado y una tradición que atrapó a los políticos posteriores en una red de constreñimientos de los que no pudieron escapar fácilmente. Aquellos que los siguieron, como Clinton y Blair, poco podían hacer más que continuar con la buena marcha de la neoliberalización, les gustase o no.

3

El Estado neoliberal

El papel del Estado en la teoría neoliberal es bastante fácil de definir. Sin embargo, la práctica de la neoliberalización ha evolucionado de tal modo que se ha alejado de manera significativa de la plantilla prescrita por esta teoría. Por otro lado, la evolución hasta cierto punto caótica y el desarrollo geográfico desigual de las instituciones, los poderes y las funciones estatales experimentado durante los últimos treinta años sugiere que el Estado neoliberal pueda ser una forma política inestable y contradictoria.

El Estado neoliberal en teoría

De acuerdo con la teoría, el Estado neoliberal debería favorecer unos fuertes derechos de propiedad privada individual, el imperio de la ley, y las instituciones del libre mercado y del libre comercio[86]. Éstos son los puntos de acuerdo considerados esenciales para garantizar las libertades individuales. El marco legal viene definido por obligaciones contractuales libremente negociadas entre sujetos jurídicos en el mercado. La inviolabilidad de los contratos y el derecho individual a la libertad de acción, de expresión y de elección deben ser protegidos. El Estado, pues, utiliza su monopolio de los medios de ejercicio de la violencia, para preservar estas libertades por encima de todo. Por ende, la libertad de los empresarios y de las corporaciones (contempladas por el sistema jurídico como personas) para operar dentro de este marco institucional de mercados libres y de libre comercio, es considerada un bien fundamental. La empresa privada y la iniciativa empresarial son tratadas como las llaves de la innovación y de la creación de riqueza. Los derechos de propiedad intelectual son protegidos (por ejemplo, a través de las patentes) de tal modo que sirvan para estimular cambios tecnológicos. Los incrementos incesantes de la productividad deberían, pues, conferir niveles de vida más elevados para todo el mundo. Bajo la premisa de que «una ola fuerte eleva a todos los barcos», o la del «goteo o chorreo», la teoría neoliberal sostiene que el mejor modo de asegurar la eliminación de la pobreza (tanto a escala doméstica como mundial) es a través de los mercados libres y del libre comercio.

Los defensores de la teoría neoliberal son particularmente constantes en la búsqueda de la privatización de activos. La ausencia de claros derechos de propiedad privada —como ocurre en muchos países en vías de desarrollo— es considerada una de las mayores barreras institucionales al desarrollo económico y a la mejora del bienestar humano. La delimitación y la asignación de derechos de propiedad privada son, a su modo de ver, el mejor modo de protegerse contra la denominada «tragedia de los bienes comunes» (la tendencia de los individuos a superexplotar de manera irresponsable los recursos de propiedad común, como la tierra y el agua). Los sectores económicos anteriormente dirigidos o regulados por el Estado deben ser traspasados a la esfera privada y desregulados (liberados de toda forma de interferencia estatal). La competencia —entre los individuos, las empresas, y entre entidades territoriales (ciudades, regiones, naciones y agrupamientos regionales)— es considerada una virtud esencial. Por supuesto, las directrices de la competencia en el mercado deben ser correctamente observadas. En aquellas situaciones en que estas directrices no se hallen establecidas claramente o en que los derechos de propiedad privada sean difíciles de definir, el Estado debe utilizar su poder para imponer o inventar sistemas de mercado (tales como comerciar con los derechos de contaminación). Los defensores del neoliberalismo afirman que la privatización y la desregulación, junto a la competencia, eliminan los trámites burocráticos, incrementan la eficiencia y la productividad, mejoran la calidad de las mercancías y reducen los costes, tanto de manera directa para el consumidor a través de la oferta de bienes y servicios más baratos, como indirectamente mediante la reducción de las cargas fiscales. El Estado neoliberal debería buscar de manera persistente reorganizaciones internas y nuevos pactos institucionales que mejoren su posición competitiva como entidad en relación con otros Estados en el mercado global.

Mientras la libertad personal e individual en el mercado se encuentra garantizada, cada individuo es responsable y debe responder por sus acciones y de su bienestar. Este principio se extiende a la esfera del sistema de protección social, del sistema educativo, de la atención sanitaria e incluso de las pensiones (la seguridad social ha sido privatizada en Chile y en Eslovaquia, y existen propuestas para proceder del mismo modo en Estados Unidos). El éxito o el fracaso personal son interpretados en términos de virtudes empresariales o de fallos personales (como puede ser no invertir de manera suficiente en el propio capital humano a través de la educación) en lugar de ser atribuidos a ningún tipo de cualidad sistémica (como las exclusiones de clase normalmente atribuidas al capitalismo).

La libre movilidad del capital entre sectores, regiones y países se considera un factor crucial. Todas las barreras a esta libertad de movimiento (como aranceles, ajustes fiscales punitivos, la planificación y los controles medioambientales, así como otros impedimentos localizados) han de ser eliminadas, salvo en aquellas áreas que son cruciales para los «intereses nacionales», con independencia de cómo se definan éstos. La soberanía estatal sobre la circulación de mercancías y de capitales es entregada en una actitud servicial al mercado global. La competencia internacional se percibe como algo positivo en tanto que mejora la eficiencia y la productividad, reduce los precios y, por consiguiente, controla las tendencias inflacionarias. Por lo tanto, los Estados deberían buscar de manera colectiva, y negociar entre ellos, la reducción de las barreras a la circulación del capital entre las fronteras y la apertura de los mercados (tanto para las mercancías como para capital) al intercambio global. No obstante, la cuestión de si esto también se aplica a la fuerza de trabajo, en tanto que mercancía, resulta polémica. En tanto que todos los Estados deben colaborar para reducir las barreras al intercambio, deben surgir estructuras de coordinación como el grupo de los países del capitalismo avanzado (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Canadá Japón) conocido como el G7 (y, actualmente, como el G8 tras la adhesión de Rusia). Los acuerdos internacionales entre los Estados que garantizan el imperio de la ley y la libertad de comercio, como los que acaban de incorporarse a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, son cruciales para el avance del proyecto neoliberal a escala global.

Los teóricos del neoliberalismo albergan, sin embargo, profundas sospechas hacia la democracia. El gobierno de la mayoría se ve como una amenaza potencial a los derechos individuales y a las libertades constitucionales. La democracia se considera un lujo, que únicamente es posible bajo condiciones de relativa prosperidad en las que también concurre una fuerte presencia de la clase media para garantizar la estabilidad política. Los neoliberales tienden, por lo tanto, a favorecer formas de gobierno dirigidas por elites y por expertos. Existe una fuerte preferencia por el ejercicio del gobierno mediante decretos dictados por el poder ejecutivo y mediante decisiones judiciales en lugar de mediante la toma de decisiones de manera democrática y en sede parlamentaria. Los neoliberales prefieren aislar determinadas instituciones clave, como el banco central, de las presiones de la democracia. Dado que la teoría neoliberal se concentra en el imperio de la ley y en la interpretación estricta de la constitucionalidad, se infiere que el conflicto y la oposición deben ser dirimidos a través de la mediación de los tribunales. Los individuos deben buscar las soluciones y los remedios de todos los problemas a través del sistema legal.

Tensiones y contradicciones

Existen algunas áreas oscuras así como también puntos de conflicto en el seno de la teoría general del Estado neoliberal. En primer lugar, está el problema de cómo interpretar el poder monopolista. La competencia a menudo acaba convertida en monopolio o en oligopolio, ya que las empresas más fuertes expulsan a las más débiles. La mayoría de los teóricos del neoliberalismo no consideran problemático este aspecto (en su opinión, debería maximizar la eficiencia) con tal de que no haya barreras sustanciales a la entrada de competidores (una condición a menudo difícil de llevar a la práctica y que el Estado debe, por lo tanto, salvaguardar). El caso de los denominados «monopolios naturales» resulta más espinoso. No tiene sentido la competencia entre múltiples redes de energía eléctrica, de sistemas de tuberías para la conducción del gas, de sistemas de suministro de agua y de tratamiento de las aguas residuales, o de líneas férreas entre Washington y Boston. En estas áreas, la regulación estatal del suministro, el acceso y la fijación de precios parece ineludible. Aunque la desregulación parcial puede ser posible (permitiendo a los productores en competencia proporcionar electricidad utilizando la misma red o conducir trenes en las mismas vías, por ejemplo) las posibilidades de que aparezcan prácticas especulativas y abusivas, como demostró sobradamente la crisis de energía de California en 2002, o de irregularidades y de confusión extremas, como ha demostrado la situación de los ferrocarriles británicos, son muy reales.

El segundo gran ámbito de controversia es el relativo a los fallos del mercado. Éstos se producen cuando los individuos y las compañías eluden asumir la totalidad de los costes imputables a su actividad, eludiendo sus responsabilidades al no permitir que el mercado valore su incidencia mediante el sistema de precios resultante (estas responsabilidades son, en lenguaje técnico, «externalizadas»). El tema clásico para abordar este problema es la contaminación, puesto que los individuos y las compañías eluden los costes vertiendo gratis sus residuos tóxicos en el medio ambiente. Como resultado de su actuación, puede producirse la destrucción o degradación de ecosistemas productivos.

La exposición a sustancias peligrosas o a peligros físicos en los centros de trabajo puede afectar a la salud de los seres humanos e incluso reducir la reserva de trabajadores sanos que constituyen la fuerza de trabajo. Aunque los defensores del neoliberalismo admiten la existencia del problema y algunos aceptan la necesidad de una limitada intervención estatal, otros defienden la inacción porque el remedio será casi con toda seguridad peor que la enfermedad. Sin embargo, la mayoría estaría de acuerdo en que, de haber intervenciones, estas deben operar a través de los mecanismos del mercado (mediante cargas o incentivos fiscales, la comercialización de los derechos de contaminación, y otras medidas similares). Los fallos de la competencia son tratados de una forma similar. A medida que proliferan las relaciones contractuales y la subcontratación puede incurrirse en un incremento de los costes de transacción. El gran aparato de la especulación de divisas, por tomar sólo un ejemplo, se presenta como algo cada vez más costoso a la vez que se vuelve progresivamente más fundamental para capturar beneficios especulativos. Igualmente, emergen otros problemas si, por ejemplo, todos los hospitales en mutua competencia de una misma región compran el mismo sofisticado equipo que permanece infrautilizado provocando, de este modo, un aumento de los costes agregados. En este sentido, la defensa de la contención del gasto mediante la planificación, la regulación y la coordinación vinculante por parte del Estado es contundente, pero de nuevo los neoliberales se muestran profundamente desconfiados hacia este tipo de intervenciones.

Se presume que todos los agentes que actúan en el mercado tienen acceso a la misma información. Igualmente, se presume que no existen asimetrías de poder o de información que interfieran en la capacidad de los individuos para tomar decisiones económicas racionales en su propio interés. En la práctica, raramente, si es que alguna vez, se producen situaciones que se aproximen a esta situación, y esto tiene notables consecuencias[87]. Los jugadores mejor informados y más poderosos poseen una ventaja que pueden fácilmente explotar para conseguir todavía más información y un mayor poder relativo. Por otro lado, el establecimiento de derechos de propiedad intelectual (las patentes) estimula el «predominio de la búsqueda de rentas». Los actores que poseen derechos sobre patentes utilizan su poder monopolista para fijar precios monopolistas y evitar la transferencia de tecnología, excepto a un coste muy elevado. Por lo tanto, con el transcurso del tiempo, las relaciones de poder asimétricas tienden a incrementarse y no a reducirse, a menos que el Estado intervenga para contrarrestarlas. La idea neoliberal de un sistema de información perfecto y de un campo de juego equilibrado para la competencia, parece o bien una utopía inocente, o bien una forma deliberada de enmarañar los procesos que conducirán a la concentración de la riqueza y, por lo tanto, a la restauración del poder de clase.

La teoría neoliberal del cambio tecnológico descansa en la fuerza coercitiva de la competencia para impulsar la búsqueda de nuevos productos, de nuevos métodos de producción y de nuevas formas organizativas. Sin embargo, este impulso pasa a integrarse de manera tan profunda en el sentido común empresarial, que se convierte en la creencia obsesiva de que existe una componenda tecnológica para todos y cada uno de los problemas que puedan plantearse. Hasta el punto de que es una idea incuestionable no sólo en el seno de las compañías sino también dentro del aparato estatal (en particular, en el ámbito militar), generando fuertes tendencias de cambio tecnológico independientes que pueden llegar a ser desestabilizadoras, cuando no contraproducentes. El desarrollo tecnológico puede descontrolarse debido a que los sectores dedicados únicamente a la innovación tecnológica crean nuevos productos y nuevas formas de hacer las cosas cuando todavía no existe mercado para ello (es decir, se producen nuevos productos farmacéuticos, para los que se inventan nuevas enfermedades). Además, empresas sagaces operando en el límite de la legalidad o directamente en la ilegalidad pueden movilizar las innovaciones tecnológicas descubiertas para socavar las relaciones y las instituciones sociales reinantes; y a través de sus actividades pueden remodelar el sentido común para obtener ventajas pecuniarias. Así pues, existe una conexión interna entre el dinamismo tecnológico, la inestabilidad, la disolución de los vínculos sociales de solidaridad, la degradación medioambiental, la desindustrialización, los cambios acelerados en las relaciones espacio-temporales, las burbujas especulativas y la tendencia general hacia la creación de crisis en el seno del capitalismo[88].

Finalmente, hay algunos problemas políticos fundamentales dentro del neoliberalismo que necesitan ser abordados. Una contradicción es la que emerge entre un atractivo individualismo posesivo pero alienador, por un lado, y el deseo de una vida colectiva significativa, por otro. Si bien se supone que los individuos son libres para elegir, se da por sentado que no van a optar porque se desarrollen fuertes instituciones colectivas (como los sindicatos) aunque sí débiles asociaciones voluntarias (como las organizaciones benéficas). Por supuesto, no deberían escoger asociarse para crear partidos políticos con el objetivo de obligar al Estado a intervenir en el mercado, o eliminarlo. Para protegerse frente a sus grandes miedos —el fascismo, el comunismo, el socialismo, el populismo autoritario e incluso el gobierno de la mayoría—, los neoliberales tienen que poner fuertes límites al gobierno democrático y apoyarse, en cambio, en instituciones no democráticas ni políticamente responsables (como la Reserva Federal o el FMI) para tomar decisiones determinantes. Esto crea la paradoja de una intensa intervención y gobierno por parte de elites y de «expertos» en un mundo en el que se supone que el Estado no es intervencionista. Esto recuerda el cuento utópico de Francis Bacon titulado New Atlantis (publicado por primera vez en 1626), en el que todas las decisiones cruciales son tomadas por un consejo de sabios ancianos. Así pues, frente a los movimientos sociales que buscan intervenciones colectivas, el Estado neoliberal se ve obligado a intervenir, en ocasiones de manera represiva, negando, por lo tanto, las mismas libertades que supuestamente defiende. Sin embargo, en esta situación puede desenfundarse un arma secreta, ya que la competencia internacional y la globalización pueden ser utilizadas para disciplinar a los movimientos de oposición a la agenda neoliberal dentro de Estados concretos. Si esto fallara, el Estado debe entonces recurrir a la persuasión, a la propaganda o, en caso necesario, a la fuerza bruta y al poder policial para suprimir la oposición al neoliberalismo. Este era precisamente el miedo de Polanyi: que el proyecto utópico liberal (y por ende neoliberal) en última instancia sólo podía sostenerse recurriendo al autoritarismo. La libertad de las masas se restringiría para favorecer la libertad de unos pocos.

El Estado neoliberal en la práctica

La naturaleza general del Estado en la era de la neoliberalización es difícil de describir por dos razones concretas. En primer lugar, las divergencias sistemáticas con el modelo que describe la teoría neoliberal se tornan rápidamente evidentes, y no todas pueden atribuirse a las contradicciones internas ya esbozadas. En segundo lugar, la dinámica evolutiva de la neoliberalización ha sido de tal envergadura que ha llegado a forzar adaptaciones que han variado enormemente de un lugar a otro, así como también a lo largo del tiempo. Todo intento de extraer una imagen integrada de un típico Estado neoliberal a partir de esta inestable y voluble geografía histórica, podría parecer cosa de locos. No obstante, en mi opinión, resulta útil perfilar algunas líneas de argumentación generales que mantienen la vigencia del concepto de un Estado propiamente neoliberal.

Hay dos ámbitos en particular en los que el impulso para restaurar el poder de clase, tensa y en algunos aspectos llega incluso a voltear la teoría neoliberal cuando es llevada a la práctica. La primera emerge de la necesidad de crear un «clima óptimo de negocios o de inversión» para las pujas capitalistas. Aunque hay algunas condiciones, como la estabilidad política o el respeto pleno de la ley y la imparcialidad en su aplicación, que plausiblemente podrían ser consideradas «neutrales respecto a la clase», hay otras manifiestamente parciales. Esta parcialidad emerge, en particular, del tratamiento de la fuerza de trabajo y del medioambiente como meras mercancías. En caso de conflicto, el Estado neoliberal típico tenderá a privilegiar un clima óptimo para las empresas frente a los derechos colectivos (y la calidad de vida) de la fuerza de trabajo o frente a la capacidad del medio ambiente para regenerarse. El segundo aspecto en el que se manifiesta la parcialidad emerge porque en caso de conflicto el Estado neoliberal favorece de manera invariable la integridad del sistema financiero y la solvencia de las instituciones financieras sobre el bienestar de la población o la calidad medioambiental.

Estos sesgos sistemáticos no siempre resultan fáciles de distinguir dentro del revoltijo de prácticas estatales divergentes y a menudo sumamente dispares. Las consideraciones pragmáticas y oportunistas juegan un importante papel. El presidente Bush defiende los mercados libres y el libre comercio, pero impuso aranceles al acero para alentar sus oportunidades electorales (de manera satisfactoria, tal y como se demostró) en Ohio. Las importaciones extranjeras se ven arbitrariamente limitadas mediante cuotas establecidas con la finalidad de aplacar el descontento doméstico. Los europeos protegen la agricultura por razones sociales, políticas e incluso estéticas, aunque insisten en el libre mercado en todos los demás sectores. Se producen intervenciones estatales especiales que favorecen intereses comerciales particulares (por ejemplo, la firma de acuerdos sobre armamento) y los Estados extienden créditos de manera arbitraria a otros Estados en aras a obtener acceso e influencia política en regiones sensibles desde el punto de vista geopolítico (como en Oriente Próximo). Por todo este tipo de razones, sería en efecto sorprendente constatar que incluso el más fundamentalista de los Estados neoliberales, no se separa nunca de la ortodoxia neoliberal.

En otros casos, estas divergencias entre la teoría y la práctica pueden ser razonablemente atribuidas a problemas friccionales de transición, que son reflejo de las diferentes formas estatales existentes con anterioridad al giro neoliberal. Las condiciones que prevalecieron en Europa central y del Este tras la caída del comunismo fueron muy especiales, por ejemplo. La velocidad con la que se produjo la privatización bajo la «terapia de choque[89]», infligida sobre estos países en la década de 1990, creó enormes tensiones que reverberan hasta el día de hoy. Los Estados socialdemócratas (como los de Escandinavia y Gran Bretaña en el periodo inmediatamente posterior a la guerra) han mantenido durante largo tiempo sectores clave de la economía como la atención sanitaria, la educación e incluso la vivienda, fuera del mercado aduciendo que la cobertura de las necesidades humanas básicas no debía mediarse a través de las fuerzas del mercado y de un acceso limitado a las mismas en función de la capacidad de pago. Aunque Margaret Thatcher se las arregló para transformar todo este sistema, los suecos resistieron durante mucho tiempo, incluso ante enérgicas tentativas por parte de los intereses de la clase capitalista para tomar el camino neoliberal. Por razones muy diferentes, los Estados de los países en vías de desarrollo (tales como Singapur y otros países asiáticos) se apoyan en el sector público y en la planificación estatal en estrecha colaboración con el capital doméstico y corporativo (a menudo extranjero y multinacional) para impulsar la acumulación de capital y el crecimiento económico[90]. Los Estados de estos países suelen prestar una considerable atención a las infraestructuras sociales así como también a las físicas. Esto implica políticas mucho más igualitarias, por ejemplo, respecto al acceso a la educación y a la atención sanitaria.

La inversión estatal en educación se considera, por ejemplo, como un prerrequisito crucial para ganar ventajas competitivas en el comercio mundial. Los Estados de los países en vías de desarrollo se han tornado consecuentes con la neoliberalización hasta el punto de que facilitan la competencia entre diversas compañías, corporaciones y entidades territoriales, aceptan las reglas del libre comercio y se basan en mercados de exportación abiertos. Sin embargo, practican un intervencionismo activo creando infraestructuras que generan un clima óptimo para los negocios. Por lo tanto, la neoliberalización abre posibilidades para que los Estados de los países en vías de desarrollo fortalezcan su posición en la competencia internacional mediante el desarrollo de nuevas estructuras de intervención estatal (tales como el apoyo a la investigación y el desarrollo). Sin embargo, por la misma razón la neoliberalización crea igualmente condiciones propicias para la formación de clase y, a medida que este poder de clase se fortalece, aflora la tendencia (como ocurre, por ejemplo, en la Corea contemporánea) a que esta clase pretenda liberarse de su dependencia del poder estatal y busque reorientar este mismo poder en la dirección de las líneas marcadas por el neoliberalismo.

A medida que nuevos acuerdos institucionales vienen a definir las reglas del comercio mundial —por ejemplo, la apertura de los mercados de capital es actualmente una condición para la pertenencia al FMI o a al OMC—, los Estados de los países en vías desarrollo se ven más arrastrados al redil neoliberal. Por ejemplo, uno de los efectos principales de la crisis asiática de 1997-1998, fue llevar a los países en vías desarrollo a acatar pautas más acordes al modelo de prácticas neoliberales. Y, tal y como hemos visto en el caso británico, es difícil mantener una postura neoliberal externamente (por ejemplo, facilitar las operaciones del capital financiero) sin aceptar un mínimo de neoliberalización interna (Corea del Sur ha luchado exactamente contra este tipo de presión en tiempos recientes). Pero los Estados de los países en vías de desarrollo no están en absoluto convencidos de que la senda neoliberal sea la correcta, en particular, a raíz de que aquellos (como Taiwán y China) que no habían liberado sus mercados de capital padecieron en mucha menor intensidad el azote de la crisis de 1997-1998 que aquellos que lo habían hecho[91].

Las prácticas contemporáneas relativas al capital financiero y a las instituciones financieras constituyen, tal vez, el aspecto más difícil de conciliar con la ortodoxia neoliberal. Los Estados neoliberales acostumbran a facilitar la propagación de la influencia de las instituciones financieras a través de la desregulación pero, asimismo, con demasiada frecuencia también garantizan la integridad y la solvencia de las instituciones financieras sin importar en absoluto las consecuencias. Este compromiso se deriva, en parte, (y de manera legítima en algunas versiones de la teoría neoliberal) de la dependencia del monetarismo como base de la política estatal, ya que la integridad y la solidez de la moneda es un piñón central de esta política. Pero, de manera paradójica, esto significa que el Estado neoliberal no puede tolerar que se produzcan errores financieros masivos aunque hayan sido las instituciones financieras las que hayan tomando una decisión equivocada. El Estado tiene que intervenir y sustituir el dinero «malo» por su propio dinero supuestamente «bueno»; lo que explica la presión sobre los bancos centrales para mantener la confianza en la solidez de la moneda. A menudo, el poder estatal ha sido utilizado para rescatar a compañías o para prevenir quiebras financieras, como ocurrió en la crisis de las cajas de ahorro estadounidenses de 1987-1988, que tuvo un coste aproximado para los contribuyentes de 150 000 millones de dólares, o la caída del hedge fund [fondo de inversión de alto riesgo] Long Term Capital Management en 1997-1998, que costó 3500 millones de dólares.

En el plano internacional, el núcleo de los Estados neoliberales dio al FMI y al Banco Mundial, plena autoridad en 1982 para renegociar la deuda de los países en vías de desarrollo, lo que de hecho suponía proteger a las principales instituciones financieras del mundo de la amenaza de quiebra. En efecto, el FMI cubre, lo mejor que puede, la exposición al riesgo y la incertidumbre de los mercados financieros internacionales. Esta práctica es difícil de justificar a tenor de las premisas de la teoría neoliberal, ya que los inversores deberían, en principio, asumir la responsabilidad de sus propios errores. Por lo tanto, los defensores más fundamentalistas del neoliberalismo creen que el FMI debería ser abolido. Esta opción fue seriamente considerada durante los primeros años de la Administración de Reagan, y los congresistas republicanos la plantearon de nuevo en 1998. James Baker, secretario del Departamento del Tesoro durante el mandato de Reagan, infundió nueva vida a la institución cuando en 1982 tuvo que enfrentarse a la potencial quiebra de México y a las graves pérdidas que sufrirían entonces los principales bancos de inversión de la ciudad de Nueva York que sostenían la deuda de aquel país. Baker utilizó el FMI para imponer un ajuste estructural en México y proteger a los banqueros de Nueva York del impago. Esta práctica consistente en priorizar las necesidades de los bancos y de las instituciones financieras mientras se cercena el nivel de vida del país acreedor ya había sido ensayada durante la crisis de endeudamiento de la ciudad de Nueva York. En el contexto internacional, esto suponía extraer excedentes de las empobrecidas poblaciones del Tercer Mundo, con el fin de saldar las deudas con la banca internacional. «Qué mundo tan peculiar», observó burlonamente Stiglitz, «en el que los países pobres se encuentran, de hecho, subvencionando a los más ricos». Hasta Chile —el ejemplo de las prácticas neoliberales «puras» desde 1975— se vio arrollado por esta corriente en 1982-1983, con el resultado de que su PIB cayó casi en un 14% y la tasa del desempleo se disparó hasta alcanzar el 20% en un solo año. La conclusión de que la neoliberalización «pura» no funciona, no ha sido documentada en el plano teórico, aunque la posterior adaptación pragmática de Chile (así como en Gran Bretaña después de 1983) abrió un terreno de concesiones que amplió todavía más la laguna existente entre la teoría y la práctica[92].

La extracción de tributo mediante mecanismos financieros es una vieja práctica imperial. Se ha demostrado muy útil para la restauración del poder de clase, particularmente en los principales centros financieros del mundo y no siempre precisa de crisis de ajuste estructural para funcionar. Por ejemplo, cuando los empresarios de los países en vías de desarrollo solicitan préstamos en el exterior, la exigencia de que su propio Estado debe tener una reserva suficiente de divisas extranjeras para cubrir sus créditos se traduce en que el Estado tenga que invertir, pongamos por caso, en bonos del Tesoro estadounidense. La diferencia entre el tipo de interés que se aplica al dinero prestado (por ejemplo, el 12%) y al dinero depositado como fianza en las arcas estadounidenses en Washington (por ejemplo, el 4%) genera un importante flujo financiero neto al centro imperial a expensas del país en vías de desarrollo.

Esta tendencia demostrada por algunos de los Estados situados en el centro de la economía-mundo capitalista (como Estados Unidos) a proteger los intereses financieros y a cruzarse de brazos mientras se succionan los excedentes de otros lugares, promueve y refleja, simultáneamente, la consolidación del poder de la clase alta en el seno de esos Estados en torno a los procesos de financiarización. Pero el hábito de intervenir en el mercado y de rescatar a las instituciones financieras cuando les acucian los problemas no puede conciliarse con la teoría neoliberal. La inversión imprudente debería castigarse con la pérdida de dinero por parte de los prestamistas, pero el Estado hace a éstos en gran medida inmunes frente a las pérdidas. La teoría neoliberal debería advertir «prestamista, ten cuidado», pero la práctica dicta «prestatario, ten cuidado».

Existen límites a la capacidad de succionar excedentes de las economías de los países en vías de desarrollo. Encorsetadas por las medidas de austeridad que las atan a un estancamiento económico crónico, la perspectiva de saldar sus deudas con frecuencia se ha disipado en un incierto futuro lejano. Ante estas condiciones, algunas pérdidas dosificadas pueden parecer una opción atractiva. Así ocurrió con el Plan Brady de 1989 [93]. Las instituciones financieras estuvieron de acuerdo en anotar el 35% de su deuda pendiente en la columna de las pérdidas, a cambio de la obtención de bonos por debajo de su precio ordinario (respaldadas por el FMI y por el Departamento del Tesoro estadounidense) que garantizaban la devolución del resto de la deuda (en otras palabras, se garantizaba a los acreedores el pago de la deuda a una tasa de 65 céntimos por dólar). En 1994, cerca de 18 países (incluidos México, Brasil, Argentina, Venezuela, y Uruguay) habían aceptado acuerdos en virtud de los cuales les eran condonados 60 000 millones de dólares de deuda. Por supuesto, la esperanza era que esta condonación de la deuda desencadenara una recuperación económica que permitiera que el resto de la deuda se saldara de la forma debida. El problema estribaba en que el FMI también se aseguró de que todos los países que se aprovecharon de esta módica condonación de su deuda (que muchos analistas consideraron mínima en relación a la que los bancos podían permitirse) también asumían la obligación de tragarse la píldora envenenada de las reformas institucionales neoliberales. La crisis del peso en México en 1995, la de Brasil en 1998, y el absoluto desplome de la economía argentina en 2001 eran resultados previsibles.

Finalmente, esto nos lleva a la problemática cuestión del modo en que el Estado neoliberal enfoca los mercados laborales. En el plano interno, el Estado neoliberal es necesariamente hostil a toda forma de solidaridad social que entorpezca la acumulación de capital. Por lo tanto, los sindicatos independientes u otros movimientos sociales (como el socialismo municipal del tipo experimentado en el Consejo del Gran Londres), que adquirieron un considerable poder bajo el liberalismo embridado, tienen que ser disciplinados, cuando no destruidos, en nombre de la supuestamente sacrosanta libertad individual del trabajador aislado. La «flexibilidad» se ha convertido en una consigna en lo que se refiere a los mercados laborales. Es difícil sostener que el aumento de la flexibilidad es algo negativo en términos absolutos, en particular ante prácticas sindicales esclerotizadas y sumamente restrictivas. Así pues, hay reformistas con convicciones de izquierdas que afirman de manera contundente que la «especialización flexible» es un avance[94]. Aunque algunos trabajadores individuales puedan, sin duda, beneficiarse de esto, las asimetrías de poder y de información que emergen, unidas a la falta de una movilidad libre y factible de la fuerza de trabajo (particularmente a través de las fronteras estatales) colocan a los trabajadores en una situación de desventaja. La especialización flexible puede ser aprovechada por el capital como un sencillo método de obtener medios de acumulación más flexibles. Ambos términos —especialización flexible y acumulación flexible— tienen connotaciones bastante diferentes[95]. El resultado general se traduce en la disminución de los salarios, el aumento de la inseguridad laboral y, en muchas instancias, la pérdida de los beneficios y de las formas de protección laboral previamente existentes. Estas tendencias son fácilmente discernibles en todos los Estados que han emprendido la senda neoliberal. Dado el violento ataque ejercido contra todas las formas de organización obrera y contra los derechos laborales, y la gran dependencia de las masivas pero sumamente desorganizadas reservas de trabajadores que podemos encontrar en países como China, Indonesia, India, México y Bangladesh, se podría decir que el control de la fuerza de trabajo así como el mantenimiento de una elevada tasa de explotación laboral, han sido un elemento central y una constante, de la neoliberalización. La restauración o la formación del poder de clase se producen, como siempre, a expensas de la fuerza de trabajo.

Es precisamente en este contexto, caracterizado por la disminución de los recursos personales derivados del mercado de trabajo, en el que la determinación neoliberal de transferir nuevamente al individuo toda la responsabilidad por su bienestar adquiere un carácter doblemente perjudicial. El Estado, a la vez que abandona el sistema de provisión social y reduce su papel en ámbitos como la asistencia sanitaria, la educación pública y los servicios sociales, que antes fueron tan esenciales para el liberalismo embridado, también deja segmentos cada vez mayores de población expuestos al empobrecimiento[96]. El sistema de la seguridad social se ve reducido a su mínima expresión para ceder el paso a un sistema que hace hincapié en la responsabilidad personal. La incapacidad personal se atribuye por regla general a fracasos personales y, en la mayoría de los casos, se culpabiliza a las víctimas de su situación.

Detrás de estos importantes cambios en la política social, descansan relevantes transformaciones estructurales en la naturaleza del gobierno. Al tenor de la desconfianza neoliberal hacia la democracia, se hace necesario encontrar una forma de integrar el proceso estatal de toma de decisiones en la dinámica de acumulación de capital y en las redes de poder de clase que se hallan en proceso de restauración o, como en China y Rusia, en proceso de formación. La neoliberalización ha implicado, por ejemplo, una creciente dependencia de consorcios público-privados (esta fue una de las ideas fuertes impulsadas por Margaret Thatcher cuando estableció «instituciones cuasigubernamentales» como las corporaciones de desarrollo urbano para favorecer el desarrollo económico). Los empresarios y las corporaciones no sólo colaboran estrechamente con actores estatales, sino que incluso adquieren un importante papel a la hora de redactar legislaciones, determinar políticas públicas, y establecer marcos normativos (que son ventajosos principalmente para ellos mismos). Emergen, de este modo, patrones de negociación que introducen intereses empresariales y en algunos casos profesionales en el ejercicio del gobierno a través de consultas privadas y en ocasiones secretas. El ejemplo más flagrante de este tipo de intervenciones se hizo patente con la persistente negativa del vicepresidente Cheney a hacer públicos los nombres de las personas integrantes del equipo consultivo que formuló el documento de la política energética de la Administración de Bush de 2002. Es prácticamente seguro que entre ellos se encontraba Kenneth Lay, presidente de Enron, que es la compañía acusada de especular promoviendo deliberadamente una crisis energética en California y que se hundió seguidamente en medio de un gran escándalo por alterar su contabilidad. Por lo tanto, el cambio del gobierno (el poder estatal por sí mismo) a la gobernanza (una configuración más amplia del Estado y de elementos clave de la sociedad civil) ha venido marcado por el neoliberalismo[97]. A este respecto, en líneas generales, puede decirse que las prácticas del Estado neoliberal y del Estado de los países en desarrollo convergen.

El Estado produce de manera característica legislación y marcos normativos que suponen una ventaja para las corporaciones y en ciertos casos para intereses específicos como la energía, las empresas farmacéuticas, la industria agropecuaria, etc. En muchos de los casos en que existen consorcios público-privados, particularmente en el ámbito municipal, el Estado asume gran parte de los riesgos mientras que el sector privado obtiene la mayor parte de los beneficios. Además, en caso de ser necesario, el Estado neoliberal recurrirá a la imposición coercitiva de la legislación y a tácticas de control (normas que prohíben los piquetes, por ejemplo) para dispersar o para reprimir las formas colectivas de oposición al poder corporativo. Los medios de vigilancia y de control se multiplican. Por ejemplo, en Estados Unidos la encarcelación se convirtió en una estrategia crucial del Estado para abordar los problemas que surgían entre los sectores de trabajadores excluidos del mercado de trabajo así como entre otros grupos marginados de la población. El brazo coercitivo del Estado se estira para proteger los intereses corporativos y, en su caso, reprimir a los disidentes. Ninguno de estos resultados parece coherente con la teoría neoliberal. El mejor sitio para constatar la realización del miedo neoliberal a que los grupos que representan intereses especiales puedan pervertir y subvertir el Estado no es otro que Washington, donde ejércitos de empleados al servicio de los grupos de presión corporativos (muchos de los cuales se aprovechan de la puerta giratoria entre el empleo estatal y el mucho más lucrativo empleo en las corporaciones) dictan efectivamente la legislación para que encaje con sus intereses específicos. Aunque algunos Estados continúan respetando la independencia tradicional de los funcionarios de la Administración, en todas partes esta situación se está viendo amenazada a causa del proceso de neoliberalización que está en marcha. La frontera entre el Estado y el poder corporativo se ha tornado cada vez más porosa. Lo que queda de la democracia representativa se encuentra si no totalmente asfixiado, sí al menos legalmente corrompido por el poder del dinero.

Desde el momento en que el acceso al sistema judicial es nominalmente igualitario pero en la práctica extremadamente caro (ya se trate de una demanda individual por prácticas negligentes o de una demanda formulada por un país contra Estados Unidos por la violación de las reglas establecidas por la OMC, que es un procedimiento que puede llegar a costar miles de millones de dólares, es decir, una suma equivalente al presupuesto anual de algunos pequeños países pobres), los resultados a menudo distan de ser imparciales y favorecen a los que ostentan el poder económico. Los privilegios de clase en la toma de decisiones dentro del poder judicial, se encuentran muy extendidos, cuando no invaden todo el proceso[98]. No debería sorprender que los principales medios de acción colectiva bajo el neoliberalismo se definan y se articulen a través de grupos no electos (y en muchos casos dirigidos por la elite) de defensa de varios tipos de derechos. En algunos casos, como en el campo de la protección de los consumidores, de los derechos civiles o de los derechos de las personas discapacitadas, esos medios han permitido alcanzar objetivos sustantivos. Las organizaciones no gubernamentales y los movimientos de base popular también han crecido y proliferado de manera destacada bajo el neoliberalismo, dando lugar a la creencia de que la oposición movilizada fuera del aparato estatal y dentro de cierta entidad separada denominada «sociedad civil» es la fuente de energía de la política opositora y de la transformación social[99]. El periodo en el que el Estado neoliberal se ha tornado hegemónico ha sido también el período en el que el concepto de sociedad civil —a menudo calificada como una entidad opuesta al poder estatal— se ha convertido en un elemento central para la formulación de políticas opositoras. La idea gramsciana del Estado como una unidad de la sociedad política y la sociedad civil deja paso a la idea de la sociedad civil como un centro de oposición, sino como fuente de una alternativa, al Estado.

La conclusión clara que podemos deducir de este análisis, es que el neoliberalismo no torna irrelevante al Estado ni a instituciones particulares del Estado (como los tribunales y las funciones policiales), tal y como algunos analistas tanto de derechas como de izquierdas han argumentado[100]. Sino que más bien, y con el objeto de hacerlo más funcional a sus propios intereses, producen una reconfiguración radical de las instituciones y de las prácticas estatales (en particular respecto al equilibrio entre la coerción y el consentimiento, entre el poder del capital y de los movimientos populares, y entre el poder ejecutivo y judicial, por un lado, y los poderes de la democracia representativa por otro).

Pero no todo marcha bien para el Estado neoliberal y por ello, en tanto que forma política, parece mostrar un carácter o bien transitorio o bien inestable. El problema radica en la creciente disparidad entre los objetivos públicos declarados del neoliberalismo —el bienestar de todos— y sus consecuencias reales: la restauración del poder de clase. Pero más allá de este hecho, reside toda una serie de contradicciones más específicas que necesitan ser subrayadas.

1. Por un lado, se espera que el Estado neoliberal ocupe el asiento trasero y simplemente disponga el escenario para que el mercado funcione, por otro, se asume que adoptará una actitud activa para crear un clima óptimo para los negocios y que actuará como una entidad competitiva en la política global. En este último papel tiene que funcionar como una entidad corporativa, y esto plantea el problema de cómo asegurar la lealtad de los ciudadanos. Una respuesta evidente es el nacionalismo, pero este es profundamente antagónico respecto a la agenda neoliberal. Este era el dilema de Margaret Thatcher, ya que el único modo que tenía de ganar la reelección y de promover con mayor intensidad las reformas neoliberales en el ámbito doméstico, era jugando la carta del nacionalismo en la guerra de Falklands/Malvinas o, incluso de manera más significativa, en la campaña contra la integración económica en Europa. Una y otra vez, ya sea en la Unión Europea o en MERCOSUR (donde los nacionalismos brasileños y argentinos impiden la integración), en el TLCAN[101] o en la ASEAN, el nacionalismo requerido para que el Estado funcione efectivamente como una entidad corporativa y competitiva en el mercado mundial entorpece el camino de las libertades comerciales más generales.

2. El autoritarismo en la imposición del mercado a duras penas encaja con el ideario de las libertades individuales. Cuanto más vira el neoliberalismo hacia lo primero, más difícil se vuelve mantener su legitimidad respecto a lo segundo y más tiene que revelar sus colores antidemocráticos. Esta contradicción es paralela a una creciente falta de simetría en las relaciones de poder entre las corporaciones y las personas de a pie. Si el «poder corporativo roba tu libertad personal», entonces la promesa del neoliberalismo se queda en nada[102]. esto afecta a los individuos tanto en su lugar de trabajo como en su espacio vital. Por ejemplo, se puede afirmar que la situación de una persona con respecto a los sistemas de cobertura sanitaria es cuestión de responsabilidad y de opciones personales, pero esta afirmación deja de ser sostenible cuando la única forma que se tiene de cubrir las necesidades en el mercado es mediante el pago de primas exorbitantes a compañías de seguros ineficientes, gigantescas y sumamente burocratizadas, pero también altamente rentables. Cuando estas compañías tienen incluso el poder de definir nuevas categorías de enfermedades para hacerlas coincidir con la aparición en el mercado de nuevos medicamentos, hay algo que claramente no está funcionando como debiera[103]. Tal y como vimos en el Capítulo 2, mantener la legitimidad y el consentimiento en estas circunstancias se convierte en un juego de equilibrios mucho más complicado, que puede venirse abajo fácilmente cuando las cosas empiezan a ir mal.

3. Aunque preservar la integridad del sistema financiero puede ser crucial, el individualismo autoglorificador e irresponsable de sus operadores son fuente de volatilidad especulativa, de escándalos financieros y de inestabilidad crónica. Los escándalos de Wall Street y los fraudes contables destapados en los últimos años han socavado la confianza y planteado serios problemas a las autoridades reguladoras acerca de cómo y cuándo intervenir, tanto en el plano internacional como nacional. La libertad de comercio a escala internacional, requiere la existencia de ciertas reglas de juego, y esto suscita la necesidad de cierto tipo de gobernanza global (por ejemplo, a través de la OMC). La desregulación del sistema financiero abre la puerta a conductas que exigen una regulación en aras a evitarse la crisis[104].

4. Si bien se colocan en un primer plano las virtudes de la competencia, la realidad delata la creciente consolidación del poder transnacional, monopolista y oligopolista dentro de un reducido número de centralizadas corporaciones multinacionales. Por ejemplo, la competencia en el mundo de las bebidas refrescantes se reduce a Coca-Cola versus Pepsi, en la industria energética se limita a cinco grandes corporaciones transnacionales y apenas unos cuantos magnates de los medios de comunicación controlan la mayor parte del flujo de noticias, que en muchos casos se convierten en pura propaganda.

5. En el plano popular, la expansión de las libertades de mercado y de la mercantilización de todo lo existente, puede escaparse al control muy fácilmente y generar una sustancial falta de cohesión social. La destrucción de todos los vínculos de solidaridad social e, incluso, como sugirió Thatcher, de la propia idea de sociedad como tal, abre un enorme vacío en el orden social. Se vuelve entonces especialmente difícil combatir la anomia y controlar las conductas antisociales concomitantes que surgen, como la criminalidad, la pornografía o la práctica de la esclavización de otras personas. La reducción de la «libertad» a la «libertad de empresa» desata todas aquellas «libertades negativas» que Polanyi vio como inextricablemente ligadas a las libertades positivas. La respuesta inevitable consiste en reconstruir los vínculos de solidaridad social, si bien en virtud de líneas diferentes. Esto explica el renovado interés por la religión y la moralidad, por nuevas formas de asociacionismo (en torno a cuestiones de derechos y de ciudadanía, por ejemplo) o, igualmente, la reedición de formas políticas más viejas (el fascismo, el nacionalismo o el localismo, entre otras). El neoliberalismo, en su versión pura, siempre ha amenazado con provocar el nacimiento de su propia némesis[105] en una variedad de populismos y nacionalismos autoritarios. Tal y como Schwab y Smadja, organizadores del congreso anual —en otros tiempos, puramente conmemorativo— de Davos, nos advertían ya en 1996:

La globalización económica ha entrado en una nueva fase. Una creciente reacción contra sus consecuencias, especialmente en las democracias de los países industrializados, amenaza con tener un impacto desestabilizador en muchos países sobre la actividad económica así como sobre la estabilidad social. El clima general en estas democracias es de indefensión y de ansiedad, lo que ayuda a explicar el auge de una nueva corriente de políticos populistas. No es difícil que esto se transforme en una insurrección[106].

La respuesta neoconservadora

Si el Estado neoliberal es esencialmente inestable, entonces, ¿qué podría sustituirle? En Estados Unidos hay señales de una respuesta propiamente neoconservadora a este interrogante. En sus reflexiones sobre la historia reciente de China, Wang también sugiere que en un plano teórico:

Todas estas narrativas discursivas, como «neoautoritarismo», «neoconservadurismo», «liberalismo clásico», «extremismo mercantil», «modernización nacional», etc., guardan algún tipo de estrecha relación con la constitución del neoliberalismo. El desplazamiento sucesivo entre unos términos y otros (o, incluso, las contradicciones existentes entre ellos) muestran los cambios en la estructura del poder tanto en la China contemporánea como en el mundo contemporáneo en su conjunto[107].

El hecho de si esto vaticina o no una reconfiguración más general de las estructuras de gobierno a lo largo del planeta, no podemos saberlo por ahora. Sin embargo, resulta interesante observar de qué modo la neoliberalización llevada a cabo en Estados autoritarios como China y Singapur, parece coincidir con el creciente autoritarismo patente en Estados neoliberales como Estados Unidos y Gran Bretaña. Veamos, pues, de qué modo la respuesta conservadora a la inestabilidad esencial del Estado neoliberal ha evolucionado en Estados Unidos.

Al igual que los neoliberales que les precedieron, los «neocons[108]» han alimentado durante largo tiempo sus particulares lecturas del orden social en las universidades (siendo particularmente influyente Leo Strauss en la Universidad de Chicago) y en think-tanks generosamente financiados, así como también a través de influyentes publicaciones (como Commentary)[109]. Los neoconservadores alientan el poder corporativo, la empresa privada y la restauración del poder de clase. Por lo tanto, el neoconservadurismo concuerda totalmente con la agenda neoliberal del gobierno elitista, la desconfianza hacia la democracia y el mantenimiento de las libertades de mercado. No obstante, se aleja de los principios del neoliberalismo puro y ha reformulado las prácticas neoliberales en dos aspectos fundamentales: primero, en su preocupación por el orden como una respuesta al caos de los intereses individuales y, segundo, en su preocupación por una moralidad arrogante como el aglutinante social que resulta necesario para mantener seguro al Estado frente a peligros externos e internos.

En su preocupación por el orden, el neoconservadurismo emerge como una sencilla manera de despojarse del velo de antiautoritarismo en el que pretendía envolverse el neoliberalismo. Pero también propone respuestas propias a una de las contradicciones centrales del neoliberalismo. Si «no existe eso que llamamos sociedad, sino únicamente individuos», tal y como Thatcher lo formulara en un principio, entonces, el caos de los intereses individuales puede con facilidad acabar prevaleciendo sobre el orden. La anarquía del mercado, de la competitividad y del individualismo desenfrenado (esperanzas, deseos, ansiedades y miedos individuales; opciones sobre los estilos de vida, sobre los hábitos y orientaciones sexuales; modos de expresión y de comportamiento hacia los otros) genera una situación que se torna progresivamente ingobernable. Incluso, puede conducir a una ruptura de todos los vínculos de solidaridad y a un estado próximo al anarquismo social y el nihilismo.

Frente a esta situación, parece necesario implantar cierto grado de coerción social en aras a restaurar el orden. Por lo tanto, los neoconservadores hacen hincapié en la militarización en tanto que antídoto al caos de los intereses individuales. Por esta razón son mucho más propensos a llamar la atención sobre las amenazas, ya sean reales o imaginarias, y tanto domésticas como provenientes del exterior, a la integridad y a la estabilidad de la nación. En Estados Unidos, esto implica accionar lo que Hofstadter describe como «el estilo paranoico de la política estadounidense», en el que la nación se representa sitiada y amenazada por enemigos internos y externos[110]. Este estilo de hacer política tiene una dilatada historia en Estados Unidos. El neoconservadurismo no es nuevo, y desde la Segunda Guerra Mundial ha encontrado su hogar particular en el poderoso complejo de la industria militar, que tiene intereses creados en la militarización permanente. Pero el final de la Guerra Fría planteó el interrogante sobre de dónde provendría la amenaza a la seguridad estadounidense. El islamismo radical y China emergieron como los candidatos más probables en el frente externo, y los movimientos de disidencia surgidos en su seno (los miembros de Rama Davidiana masacrados en Waco, el movimiento de milicias que brindó socorro al atentado de Oklahoma, los disturbios que estallaron en Los Ángeles tras la paliza a Rodney King y, finalmente, los disturbios de Seattle en 1999) tenían que ser colocados en el punto de mira interno mediante un fortalecimiento de la vigilancia y del seguimiento policial de los mismos. La emergencia sumamente real de la amenaza del islamismo radical durante la década de 1990, que culminó en los acontecimientos del 11 de septiembre, saltó finalmente al primer plano como el elemento central de la declaración de una «guerra contra el terrorismo» permanente que exigía una militarización tanto interna como en el plano internacional para garantizar la seguridad de la nación. Aunque a todas luces era preciso articular algún tipo de respuesta militar/policial a la amenaza evidenciada por los dos ataques contra el World Trade Center de Nueva York, la llegada al poder de los neoconservadores garantizaba una respuesta global y, en opinión de muchos, extralimitada en el paso hacia una vasta militarización tanto en casa como en el extranjero[111].

Desde hace largo tiempo, el neoconservadurismo ha estado planeando como un movimiento contra la permisividad moral que promueve de manera característica el individualismo. En este sentido, pretende restaurar un sentido de finalidad moral, esto es, ciertos valores de orden superior que formarán el centro estable del cuerpo político. Esta posibilidad en cierto modo se presagia en el marco de las teorías neoliberales que «al poner en tela de juicio la propia fundación política de los modelos intervencionistas de gestión económica […] han vuelto a introducir cuestiones relativas a la moralidad, la justicia y el poder, aunque a su propia y particular manera»[112]. En efecto, los neoconservadores transforman las «modalidades particulares» en las que estas cuestiones se introducen en el debate. Su objetivo es contrarrestar el efecto desintegrador del caos de los intereses individuales, que el neoliberalismo produce de manera invariable. En absoluto se apartan de la agenda neoliberal en cuanto a la construcción o a la restauración de un poder de la clase dominante. En efecto, aspiran a ganar legitimidad para ese poder, así como también un mayor grado de control social a través de la creación de un clima de consentimiento alrededor de un conjunto coherente de valores morales. Esto plantea de manera inmediata la cuestión de cuáles son los valores morales que deberían prevalecer. Sería perfectamente viable, por ejemplo, apelar al sistema liberal de los derechos humanos ya que, en definitiva, el objetivo del activismo en favor de los derechos humanos, en palabras de Mary Kaldor, «no descansa meramente en la intervención para proteger los derechos humanos, sino en la creación de una comunidad moral»[113]. En Estados Unidos, las doctrinas que promueven la «excepcionalidad» y la larga historia del activismo por los derechos civiles han generado, sin lugar a dudas, movimientos de carácter moral alrededor de cuestiones como los derechos civiles, el hambre en el mundo y el compromiso filantrópico, así como también un fervor misionero.

Pero el mejor modo de comprender los valores morales que actualmente ocupan el papel más importante para los neoconservadores es atendiendo al hecho de que son el producto de la particular coalición forjada en la década de 1970 entre la elite y los intereses financieros unidos con la intención principal de restaurar su poder de clase, por un lado, y una base electoral integrada en la «mayoría moral» de la desengañada clase obrera blanca, por otro. Los valores morales se concentraron en el nacionalismo cultural, la superioridad moral, el cristianismo (de un determinado tipo evangélico), los valores familiares en relación con cuestiones como el derecho a la vida y en el antagonismo respecto a los nuevos movimientos sociales, como el feminismo, los derechos de los homosexuales, la acción afirmativa o el ecologismo. Si bien durante la era reaganiana esta alianza fue eminentemente táctica, el desorden doméstico de los años de Clinton convirtió el debate sobre los valores morales en el eje del republicanismo de Bush hijo. Actualmente, constituye el centro de gravedad de la agenda moral del movimiento neoconservador[114].

Pero no sería acertado considerar este giro neoconservador como un rasgo excepcional o particular de Estados Unidos, aunque puedan estar funcionando en este país elementos específicos que no están presentes en otros lugares, aquí esta afirmación de los valores morales se apoya de manera considerable en apelaciones a los ideales ligados, entre otras cosas, a la nación, a la religión, a la historia o a la tradición cultural, y en ningún caso estos ideales se ciñen a este país. Este hecho coloca nuevamente en el centro del análisis, y de manera más acusada, uno de los aspectos más problemáticos de la neoliberalización, esto es, la curiosa relación entre el Estado y la nación, En principio, la teoría neoliberal no mira con buenos ojos a la nación, aún cuando defiende la idea de un Estado fuerte. El cordón umbilical que une al Estado y a la nación bajo el liberalismo embridado, ha de ser cortado si se quiere que el neoliberalismo pueda madurar. Esta afirmación se torna especialmente cierta si pensamos en algunos Estados, como México y Francia, que adoptan una forma corporativista. El Partido Revolucionario Institucional de México había defendido durante un largo periodo de tiempo el lema de la unidad entre el Estado y la nación, pero esta defensa hizo aguas de manera progresiva, e hizo, incluso, que buena parte de la nación se volviese contra el Estado a raíz de las reformas neoliberales adoptadas durante la década de 1990. Por supuesto, el nacionalismo ha sido un rasgo secular de la economía global y efectivamente sería extraño que hubiera desaparecido sin dejar rastro como resultado de las reformas neoliberales; de hecho, en cierta medida ha revivido como oposición a las consecuencias que ha acarreado el proceso de neoliberalización. El ascenso de los partidos de derecha de corte fascista en Europa, que expresan fuertes sentimientos en contra de la población inmigrante, es un claro ejemplo de ello. Más lamentable fue, si cabe, el nacionalismo étnico que estalló al calor del desplome económico de Indonesia y que concluyó con un brutal ataque contra la minoría china en aquel país.

Sin embargo, tal y como hemos visto, el Estado neoliberal necesita cierta forma de nacionalismo para sobrevivir. Empujado a operar como un agente competitivo en el mercado mundial y pretendiendo establecer el mejor clima posible para los negocios, el Estado neoliberal moviliza el nacionalismo en sus esfuerzos por alcanzar el éxito. La competitividad produce ganadores y perdedores efímeros en la lucha global por alcanzar una determinada posición y este hecho, en sí mismo, puede ser una fuente de orgullo, o de examen de conciencia, nacional. Igualmente, esto se pone de manifiesto en el nacionalismo que se genera alrededor de las competiciones deportivas que se celebran entre diferentes países. En China, hay una abierta apelación al sentimiento nacionalista en la lucha por obtener una posición (cuando no la hegemonía) en la economía global (al igual que podemos ver en la intensidad de su programa de entrenamiento para los atletas que competirán en los Juegos Olímpicos de Pekín). Tanto Corea del Sur como Japón se encuentran asimismo desbordados por un sentimiento nacionalista y, en ambos casos, este hecho puede ser considerado como un antídoto frente a la disolución de los antiguos vínculos de solidaridad social bajo el impacto del neoliberalismo. En el seno de los viejos Estados-nación (como Francia) que ahora constituyen la Unión Europea, se están avivando fuertes corrientes de nacionalismo cultural. La religión y el nacionalismo cultural también brindaron el aliento moral que durante los últimos años sostuvo el éxito del Partido Nacionalista Hindú para poner en marcha las prácticas neoliberales en la India. La invocación de valores morales en la revolución iraní y el posterior giro hacia el autoritarismo, no han conllevado el abandono total de las prácticas basadas en el mercado en este país, aunque la revolución apuntaba contra la decadencia del individualismo desenfrenado de las relaciones mercantiles. Un impulso semejante descansa detrás del viejo sentido de superioridad moral que invade países como Singapur y Japón respecto a lo que ellos perciben como el individualismo decadente y el multiculturalismo deslavazado de Estados Unidos. El ejemplo de Singapur es particularmente ilustrativo. Ha combinado el neoliberalismo en el mercado con un poder estatal draconiano, coercitivo y autoritario, mientras apela a vínculos de solidaridad moral basados en los ideales nacionalistas de un Estado insular asediado (tras su expulsión de la federación malaya), en los valores confucianos y, de manera más reciente, en una versión propia de la ética cosmopolita apropiada a su actual posición en el mundo del comercio internacional[115]. Especialmente interesante es, asimismo, el caso británico. Margaret Thatcher, a través de la guerra de las Islas Falklands/Malvinas y de su postura antagonista hacia Europa, invocó el sentimiento nacionalista para suscitar el apoyo a su proyecto neoliberal, aunque la idea que animaba su visión era la de Inglaterra y San Jorge, y no la del Reino Unido, lo que despertó la hostilidad de Escocia y de Gales.

Evidentemente, aunque el coqueteo con cierto tipo de nacionalismo presente peligros, el ardiente abrazo por parte del neoconservadurismo de una meta moral nacional es mucho más amenazante. La imagen de un nutrido grupo de Estados dispuestos a recurrir por separado a prácticas coercitivas draconianas cada uno en apoyo de sus propios valores morales diferenciadores y supuestamente superiores, compitiendo entre sí en la escena mundial, no resulta alentadora. Lo que parece una solución a las contradicciones del neoliberalismo, puede convertirse con demasiada facilidad en un problema en sí mismo. La expansión del poder neoconservador, cuando no plenamente autoritario (de manera similar al que Vladimir Putin ejerce en Rusia y al que el Partido Comunista ejerce en China), aunque se funde de manera muy diferenciada en formaciones sociales distintas, ilumina los peligros de caer en una competencia, o incluso en una guerra, entre nacionalismos. Si el hecho de que esto ocurra es inevitable, es más probable que se deba al giro neoconservador que a verdades eternas atribuidas a diferencias supuestamente nacionales. Por lo tanto, si queremos evitar desenlaces catastróficos, es necesario rechazar la solución neoconservadora de las contradicciones del neoliberalismo. No obstante, esto hace presumir la existencia de alguna alternativa, cuestión que abordaremos más adelante.

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Desarrollos geográficos desiguales

El mapa móvil de la neoliberalización

Un mapa móvil del progreso de la neoliberalización en la escena mundial desde 1970 sería arduo de trazar. No debemos olvidar que la mayoría de los Estados que han asumido el giro neoliberal lo han hecho sólo parcialmente; la introducción de una mayor flexibilidad en los mercados laborales aquí, la desregulación de las operaciones financieras y el abrazo del monetarismo allá, un movimiento hacia la privatización de sectores de propiedad estatal en algún otro lugar. Los cambios a gran escala producidos en la estela dejada por una crisis (como la caída de la Unión Soviética) pueden verse sucedidos de reveses con efectos retardados que afloran cuando los aspectos indigeribles del neoliberalismo se hacen más evidentes. Y en la lucha para restaurar o establecer un poder de clase alta distintivo, se producen toda clase de giros y de rotaciones a medida que los poderes políticos cambian de manos y los instrumentos de influencia se debilitan en un lugar o se refuerzan en otro. Por lo tanto, en todo mapa móvil deberían ilustrar las turbulentas corrientes de un desarrollo geográfico desigual que resulta preciso trazar para comprender el modo en el que las transformaciones locales se encuentran relacionadas con tendencias más generales[116].

La competencia entre los diferentes territorios (Estados, regiones, o ciudades) por poseer el mejor modelo de desarrollo económico o el mejor clima para los negocios era una cuestión relativamente insignificante en la década de 1950 y de 1960. Este tipo de contienda se intensificó en el sistema más fluido y abierto de relaciones comerciales que se estableció después de 1970. Así pues, el progreso general de la neoliberalización se ha visto crecientemente impelido a través de mecanismos de desarrollo geográfico desigual. Los Estados o las regiones más prósperas presionan al resto para que sigan sus pasos. Las innovaciones más rompedoras colocan a este o aquel Estado (Japón, Alemania, Taiwán, Estados Unidos o China), región (Silicon Valley, Baviera, la Terza Italia, Bangalore, el delta del río Perla, o Bostwana), o incluso ciudad (Boston, San Francisco, Shanghai, o Múnich) en la vanguardia de la acumulación de capital. Pero las ventajas competitivas en demasiadas ocasiones se revelan efímeras introduciendo una extraordinaria volatilidad en el capitalismo global. Sin embargo, también es cierto que los potentes impulsos hacia la neoliberalización han emanado de un reducido número de epicentros de máxima importancia, o bien se han orquestado directamente desde ellos.

Indudablemente, el Reino Unido y Estados Unidos marcan el camino. Pero en ningún país el giro se ha producido sin afrontar dificultades. Aunque Thatcher pudo privatizar satisfactoriamente el sistema de viviendas sociales y las empresas de suministro de agua, gas y electricidad, los servicios públicos más importantes, como el sistema nacional de salud y la educación pública, permanecieron en gran medida inmunes a sus programas. En Estados Unidos, a su vez, el «compromiso keynesiano» de la década de 1960 nunca se había acercado a los logros de los Estados socialdemócratas europeos. La oposición a Reagan fue, por lo tanto, menos combativa. En todo caso, Reagan estaba tremendamente preocupado por el desarrollo de la Guerra Fría. Así pues, emprendió una carrera armamentística financiada mediante el déficit («keynesianismo militar»), que fue de especial provecho para la mayoría de sus electores en el sur y el oeste del país. Aunque ciertamente esto no concordaba con la teoría neoliberal, el incremento del déficit federal proporcionó una conveniente excusa para hacer trizas los programas sociales (un objetivo neoliberal).

A pesar de toda la retórica acerca de la recuperación de economías enfermas, ni Gran Bretaña ni Estados Unidos alcanzaron elevados niveles de rendimiento económico en la década de 1980, lo que indicaba que el neoliberalismo no era la respuesta a las súplicas de los capitalistas. Indiscutiblemente, la inflación se redujo y las tasas de interés cayeron, pero todo ello se consiguió a costa de soportar unas elevadas tasas de desempleo (que alcanzó una media del 7,5% en Estados Unidos durante los años de Reagan, y de más del 10% en la Gran Bretaña de Thatcher). Los recortes en el Estado del bienestar y en el gasto en infraestructuras supusieron para muchos una disminución de su calidad de vida, El resultado global fue una difícil combinación de bajo crecimiento y de creciente desigualdad en la renta. Y en América Latina, azotada por la primera ola de neoliberalización forzada a principios de la década de 1980, el resultado fue prácticamente toda una «década pérdida» de estancamiento económico y de turbulencia política.

De hecho, la década de 1980 perteneció a Japón, a las economías de los «tigres» del este de Asia y a Alemania Occidental, que desempeñaron el papel de motores competitivos de la economía global. Su éxito, en ausencia de toda reforma neoliberal de gran envergadura, torna difícil argumentar que la neoliberalización progresó en la escena mundial en tanto que remedio de eficacia demostrada frente a estancamiento económico. No cabe duda de que los bancos centrales de estos países siguieron por regla general una línea monetarista (el Bundesbank de Alemania Occidental fue particularmente diligente en combatir la inflación). Y las reducciones graduales en las barreras comerciales crearon presiones sobre la competencia que dieron como resultado un proceso sutil de lo que podría llamarse «neoliberalización progresiva», incluso en países generalmente reticentes a la misma. El Acuerdo de Maastricht de 1991, por ejemplo, que en líneas generales estableció un marco neoliberal para la organización interna de la Unión Europea, no habría sido posible si los Estados que se habían comprometido con las reformas neoliberales, como Gran Bretaña, no hubieran ejercido presión en este sentido. En Alemania Occidental, sin embargo, los sindicatos conservaban su fuerza, el sistema de protección social no se había debilitado y los niveles salariales seguían siendo relativamente altos. Esto estimuló un grado importante de innovación tecnológica que mantuvo a este país en una posición holgadamente ventajosa en la competencia internacional durante la década de 1980 (si bien también produjo paro tecnológico, causado por la introducción de nuevas tecnologías en el sistema productivo). El crecimiento impulsado por la exportación espoleó al país convirtiéndolo en un líder global. En Japón, los sindicatos independientes eran débiles o bien inexistentes y las tasas de explotación laboral elevadas, pero la inversión estatal en la transformación tecnológica y la fuerte relación entre las corporaciones y los bancos (una alianza que también se demostró feliz en Alemania Occidental) generó en la década de 1980 un sorprendente crecimiento económico impulsado por las exportaciones, en gran medida en perjuicio de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Por lo tanto, un crecimiento como el que se produjo en la década de 1980, no dependía de la neoliberalización, excepto en el sentido superficial de que la mayor apertura del comercio global y de los mercados, proporcionaron un contexto en el que las experiencias de éxito basado en la exportación protagonizadas por Japón, Alemania Occidental y los «tigres» asiáticos, pudieron desarrollarse con más facilidad al hallarse en medio de una intensificada competencia internacional. A finales de esa misma década, aquellos países que habían emprendido una senda neoliberal más decidida, todavía parecían encontrarse en apuros económicos. Era difícil no concluir que los regímenes de acumulación de Alemania Occidental y de Asia merecían ser emulados. Muchos Estados europeos se resistieron, por lo tanto, a efectuar reformas neoliberales y abrazaron el modelo de Alemania Occidental. En Asia, el modelo japonés fue ampliamente emulado, primero, por el «grupo de los cuatro» (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, y Singapur) y, posteriormente, por Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas.

Sin embargo, los modelos de Alemania Occidental y de Japón no facilitaban la restauración del poder de clase, ya que los incrementos en los niveles de desigualdad social que podían encontrarse en el Reino Unido y particularmente en Estados Unidos durante la década de 1980 se mantuvieron bajo control. Aunque las tasas de crecimiento eran bajas en estos dos últimos países, el nivel de vida de la fuerza de trabajo estaba reduciéndose significativamente a la vez que las clases altas empezaban a sentir que el sistema les sonreía. La tasas de retribución de los altos directivos estadounidenses, por ejemplo, se estaban convirtiendo en la envidia de los europeos que ocupaban posiciones equivalentes. En Gran Bretaña, una nueva hornada de financieros emprendedores comenzó a consolidar grandes fortunas. Si el proyecto era restaurar el poder de clase para las elites más altas, entonces, el neoliberalismo era claramente la respuesta. El hecho de si un país podía ser o no empujado hacia la neoliberalización dependía, entonces, del equilibrio de fuerzas entre clases existente (la poderosa organización sindical de Alemania Occidental y de Suecia mantenían a raya la neoliberalización) así como también del grado de dependencia de la clase capitalista con respecto al Estado (muy fuerte en Taiwán y en Corea del Sur).

Los medios con los que podía ser transformado y restaurado el poder de clase fueron desplegados gradual, pero desigualmente, durante la década de 1980 y se consolidaron durante la de 1990. En este proceso fueron cruciales cuatro elementos. En primer lugar, el giro a una financiarización más abierta que comenzó en la década de 1970 se aceleró durante la de 1990. La inversión extranjera directa y las inversiones en cartera crecieron rápidamente en todo el mundo capitalista. Pero su expansión fue desigual, con frecuencia en función de la existencia de un clima más óptimo para los negocios en un lugar frente a otro. (Ver Figura[4.1] Pautas globales de inversión extranjera directa, 2000). Los mercados financieros experimentaron una poderosa ola de innovación y de desregulación a escala internacional. No sólo cobraron una importancia mucho mayor como instrumentos de coordinación, sino que también proporcionaron las vías de obtención y de acumulación de riqueza. En efecto, se convirtieron en los medios privilegiados para la restauración del poder de clase. El estrecho vínculo entre las corporaciones y los bancos, que había sido tan fructífero en Alemania Occidental y en Japón durante la década de 1980, se vio socavado y sustituido por una creciente conectividad entre las corporaciones y los mercados financieros (las bolsas de valores). En este punto, Gran Bretaña y Estados Unidos disfrutaban de ventaja. En la década de 1990, la economía japonesa cayó en picada (arrastrada por el derrumbe de los mercados especulativos de bienes inmuebles y del suelo) y el sector bancario se hallaba en un estado deplorable. La precipitada unificación de Alemania, generó presiones internas, y la ventaja tecnológica que los alemanes habían acaparado anteriormente, se vio disipada, tornando necesario poner a prueba más seriamente su tradición socialdemócrata en aras de sobrevivir.

En segundo lugar, se verificó la creciente movilidad geográfica del capital. Esto se veía en parte facilitado por el hecho prosaico, pero crucial, de la rápida reducción de los costes de los transportes y las comunicaciones. La reducción gradual de las fronteras artificiales a la circulación del capital y de las mercancías como los aranceles, los controles de divisas o, todavía más sencillo, del tiempo de espera en las fronteras (cuya abolición en Europa tuvo efectos espectaculares) también desempeñó un importante papel. Aunque existía un considerable desequilibrio (los mercados japoneses permanecían sumamente protegidos, por ejemplo) se produjo una fuerte tendencia general hacia la estandarización de las transacciones comerciales a través de acuerdos internacionales que culminó en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio que entraron en vigor en 1995 (en el plazo de un año los habían ratificado más de un centenar de países). Esta mayor apertura a los flujos de capital (ante todo estadounidenses, europeos y japoneses) presionó al resto de Estados para que considerasen la calidad de su clima de negocios como una condición decisiva de su éxito competitivo. En tanto que el FMI y el Banco Mundial tomaron progresivamente el grado de neoliberalización de un país como índice para medir la calidad de su clima de negocios, la presión sobre todos los Estados para llevar a cabo reformas neoliberales no cesó de incrementarse[117].

En tercer lugar, el complejo formado por Wall Street, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro estadounidense, que vino a dominar la política económica durante los años de Clinton, fue capaz de convencer, embaucar y (gracias a los programas de ajuste estructural administrados por el FMI) coaccionar a muchos Estados de los países en vías de desarrollo para emprender la senda neoliberal[118]. Estados Unidos también utilizó el cebo del acceso preferencial a su inmenso mercado de consumo para persuadir a muchos países para que reformasen sus economías a lo largo de líneas neoliberales (en ciertos casos a través de acuerdos comerciales bilaterales). Estas políticas ayudaron a propiciar un periodo de prosperidad económica en Estados Unidos durante la década de 1990. Este país, surcando la ola de la innovación tecnológica que afianzó el auge de lo que se denominó la «nueva economía», miraba al resto como si hubiera encontrado la respuesta y sus políticas fueran dignas de emulación, aunque el nivel de pleno empleo relativamente alcanzado implicara unos reducidos niveles retributivos en los que disminuían los beneficios sociales (creció el número de personas sin seguro sanitario). La flexibilidad de los mercados laborales y las reducciones en el sistema de provisión social (la draconiana puesta a punto de Clinton del «sistema de bienestar tal y como lo conocemos») comenzó a hacer efecto sobre la deuda estadounidense y ejercer una presión competitiva en los mercados laborales más rígidos que prevalecían en la mayoría de los países europeos (con la salvedad de Gran Bretaña) y en Japón. No obstante, el verdadero secreto del éxito estadounidense consistió en que ahora era capaz de bombear elevadas tasas de rentabilidad al país gracias a sus operaciones corporativas y financieras (tanto de inversiones directas como de cartera) en el resto del mundo. Fue este flujo de tributo del resto del mundo lo que financió gran parte de la abundancia alcanzada en Estados Unidos durante la década de 1990 (Ver Figuras 1.8 y 1.9)[119].

Por último, la difusión global de la nueva ortodoxia económica monetarista y neoliberal ejerció una influencia ideológica más poderosa que nunca. Ya en 1982, las economías keynesianas habían sido purgadas de los pasillos del FMI y del Banco Mundial. A finales de la década, la mayoría de los departamentos de economía de las universidades estadounidenses dedicadas a la investigación —que contribuyeron a formar a la mayoría de los economistas del mundo— se habían alineado adhiriéndose en términos generales a la agenda neoliberal, que ponía el énfasis en el control de la inflación y en unas finanzas públicas saneadas (en lugar de en el pleno empleo y en las protecciones sociales) como principales objetivos de la política económica.

Todas estas corrientes convergieron en el denominado «consenso de Washington» de mediados de la década de 1990[120]. En él se definían los modelos de neoliberalismo estadounidense y británicos como la respuesta a los problemas globales. Se ejerció una considerable presión sobre Japón y sobre Europa (por no mencionar al resto del mundo) para que adoptasen la senda neoliberal. Así pues, fueron Clinton y Blair, desde posiciones de centro-izquierda, los que más contribuyeron a consolidar el papel del neoliberalismo tanto en la esfera nacional como internacional. La formación de la Organización Mundial del Comercio fue el punto álgido de esta estocada institucional (si bien la creación del Tratado de Libre Comercio y la anterior firma de los acuerdos de Maastricht en Europa también fueron significativos ajustes institucionales de ámbito regional). Desde un punto de vista programático, la OMC estableció los criterios y las reglas para regir la interacción en la economía global. Sin embargo, su primer objetivo fue abrir la mayor parte del mundo que fuera posible a la circulación de capitales sin ningún tipo de restricción (aunque siempre con una cláusula de reserva sobre la protección de los «intereses nacionales» más importantes), ya que esto sentaba las bases de la capacidad del poder financiero estadounidense, así como también de Europa y de Japón, para exigir tributo al resto del mundo.

Ninguno de estos desarrollos concuerda con la teoría neoliberal, excepto en lo que se refiere a la importancia atribuida a las restricciones presupuestarias y a la persistente lucha contra lo que en la década de 1990 era una inflación casi inexistente. Por supuesto, siempre se esgrimían consideraciones relativas a la seguridad nacional que inevitablemente contrariaban cualquier tentativa de aplicar la teoría neoliberal en toda su pureza. Aunque la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría generaron un desplazamiento geopolítico sísmico en las rivalidades imperiales, no acabaron con la danza en ocasiones mortal de pugna geopolítica por el poder y por la influencia entre las potencias más fuertes de la escena mundial, particularmente en aquellas regiones, como Oriente Próximo, que controlaban recursos clave o de marcada inestabilidad social y política (como los Balcanes). No obstante, se atenuó el compromiso estadounidense con Japón y con las economías del Este de Asia como bastiones en primera línea de la Guerra Fría. El papel de benefactor económico que había jugado Estados Unidos en Corea del Sur y en Taiwán antes de 1989, no se reeditó para Indonesia y Tailandia en la década de 1990. Pero incluso dentro del marco neoliberal había muchos elementos, como las actividades del FMI y del G7, que funcionaban no tanto como instituciones neoliberales sino como centros de puro poder susceptibles de ser movilizados por potencias particulares o por grupos de potencias en búsqueda de una ventaja particular. La crítica teorética neoliberal al FMI nunca desapareció. La disposición para intervenir en los mercados de divisas mediante convenios —como el Acuerdo del Plaza de 1985, que bajó artificialmente el valor del dólar frente al yen japonés y que poco tiempo después se vio sucedido por el Acuerdo del Plaza Inverso, que trató de rescatar a Japón del estado de depresión en el que se encontraba en la década de 1990—, fueron casos de intervenciones orquestadas en un intento de estabilizar los mercados financieros globales[121].

Las crisis financieras fueron endémicas y contagiosas. La crisis de endeudamiento de la década de 1980 no se restringió a México, sino que tuvo manifestaciones globales (Ver Figura[4.2] La crisis internacional de endeudamiento de 1982-1985)[122], mientras que durante la década de 1990 estallaron dos series de crisis financieras interrelacionadas que generaron un trazo negativo de neoliberalización desigual. La tequila crisis que azotó México en 1995, por ejemplo, se extendió prácticamente de manera inmediata y con efectos devastadores a Brasil y a Argentina. Pero sus reverberaciones también centellearon de algún modo en Chile, Filipinas, Tailandia y Polonia. Por qué, exactamente, se produjo este particular patrón de contagio es difícil de explicar ya que en los mercados financieros los movimientos especulativos y las expectativas no descansan necesariamente en los puros hechos. No obstante, la ausencia de regulación del proceso de financiarización que estaba en marcha, sin duda comportaba un serio peligro de provocar crisis contagiosas. La «mentalidad de rebaño» de los financieros (ninguno quiere ser el último en quedar vinculado a una moneda antes de su devaluación) puede generar temores que con su mera aparición desencadenan su cumplimiento. Y éstos podían manifestarse tanto de manera agresiva como defensiva. Los especuladores de divisas ganaron miles de millones cuando empujaron a los gobiernos europeos a aflojar el Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio (METC) en julio de 1993; y en octubre de ese mismo año George Soros ganó, en solitario, casi 1000 millones de dólares en dos semanas, apostando contra la capacidad de Gran Bretaña para mantener la libra dentro de los límites fijados mediante ese mecanismo.

La segunda oleada de crisis financieras, notablemente más extendida, se inició en Tailandia en 1997 con la devaluación del baht[123] tras la caída del mercado inmobiliario especulativo. La crisis se extendió primero a Indonesia, Malasia y Filipinas, y posteriormente a Hong Kong, Taiwán, Singapur, y Corea de Sur. A continuación, Estonia y Rusia experimentaron una violenta sacudida y poco después Brasil se vino abajo, generando graves y duraderas consecuencias para Argentina. Australia, Nueva Zelanda y Turquía igualmente se vieron afectadas. Únicamente Estados Unidos parecía inmune, aunque también allí un fondo de inversión de alto riesgo, Long Term Capital Management (que contaba entre sus principales consejeros con dos ganadores del premio Nóbel de economía), había apostado en sentido equivocado en los movimientos de la divisa italiana y tuvo que ser rescatado con 3500 millones de dólares.

Entre 1997 y 1998 se puso a prueba el conjunto de todo el «régimen de acumulación del este asiático» que había sido posibilitado por los «Estados de los países en vías de desarrollo». Los efectos sociales fueron devastadores:

A medida que se agudizaba la crisis, el desempleo se disparaba, el PIB caía en picada y los bancos cerraban. La tasa de desempleo se cuadriplicó en Corea, se triplicó en Tailandia, y se decuplicó en Indonesia. En este país, casi el 15% de los varones que en 1997 se encontraban trabajando, había perdido sus empleos en agosto de 1998, y la devastación económica fue aún peor en las áreas urbanas de la principal isla, Java. En Corea del Sur, la pobreza urbana prácticamente se triplicó, y casi una cuarta parte de la población cayó en la indigencia; en Indonesia, la pobreza se duplicó […].

En 1998, el PIB de Indonesia cayó el 13,1 por 100, en Corea, el 6,7% y en Tailandia el 10,8%. Tres años después de la crisis, el PIB de Indonesia todavía se encontraba un 7,5% por debajo del nivel registrado antes de la misma, y el de Tailandia era un 2,3% inferior[124].

La explicación estándar de la crisis ofrecida por el FMI y por el Departamento del Tesoro estadounidense culpaba a la excesiva intervención estatal y a unas relaciones corruptas entre el Estado y los negocios («capitalismo de compadreo»). El remedio consistía en una mayor neoliberalización. El Departamento del Tesoro y el Fondo Monetario Internacional actuaron en consecuencia, con efectos desastrosos. De acuerdo con la interpretación alternativa de lo ocurrido, en el centro de la crisis se hallaban la impetuosa desregulación financiera y el no haber creado controles reguladores adecuados, sobre unas inversiones de cartera especulativas e ingobernables. Las pruebas que avalan esta última tesis son contundentes, puesto que los países que no habían liberado sus mercados de capitales —Singapur, Taiwán, y China— se vieron afectados por la crisis en mucha menor medida que los países que como Tailandia, Indonesia, Malasia, y Filipinas sí lo habían hecho. Por otro lado, Malasia, el único país que ignoró los mandatos del FMI y que impuso controles al capital se recuperó de manera más rápida[125]. Asimismo, Corea del Sur, después de rechazar los consejos del FMI sobre la reestructuración industrial y financiera, también experimentó una aceleración de su recuperación. Por qué el FMI y el Departamento del Tesoro estadounidense continúan insistiendo en que la neoliberalización es un aparente misterio. Las víctimas proponen cada vez más una explicación conspirativa a las razones de la crisis:

El FMI dijo primero a los países asiáticos que abrieran sus mercados al capital a corto plazo. Los países lo hicieron y el dinero afluyó a los mismos pero para marcharse de manera igualmente repentina. Entonces, el FMI dijo que debían elevarse los tipos de interés y llevarse a cabo una política de contracción presupuestaria, lo que indujo una profunda recesión. Los precios de los activos se desplomaron y el FMI instó a los países afectados a vender sus activos a precios de ganga […]. Las ventas fueron gestionadas por las mismas instituciones financieras que habían retirado su capital precipitando la crisis. Estos bancos obtuvieron en aquel momento grandes comisiones por su trabajo en la venta o en la división de las precarias compañías; al igual que habían obtenido grandes comisiones cuando en un principio habían guiado el dinero hacia el país[126].

Detrás de esta lectura conspirativa descansa el turbio y excesivamente poco examinado papel de los hedge funds[127] que tienen su sede en Nueva York. Si Soros y otros especuladores podían ganar miles de millones a costa de los gobiernos europeos, apostando contra su capacidad de mantenerse dentro de las directrices fijadas por el Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio (METC), entonces, ¿por qué los hedge funds, armados con billones de dólares provenientes de los fondos de los bancos con un alto grado de apalancamiento, no iban a poder idear un ataque no sólo contra los gobiernos del este y del sureste asiático, sino también contra las más prósperas compañías del capitalismo global, simplemente negando la liquidez en cuanto surgiera la menor dificultad? El flujo resultante de tributo hacia Wall Street fue inmenso, provocando el aumento del precio de las acciones en un momento en el que las tasas de ahorro interior en Estados Unidos caían de manera precipitada. Y después de que gran parte de la región hubiera sido declarada en quiebra, pudo afluir de nuevo una oleada de inversión extranjera directa para comprar compañías o (como en el caso de Daewoo) restos de compañías perfectamente viables a precios de saldo. Stiglitz rechaza la interpretación conspirativa y propone una explicación «más sencilla», aduciendo que el FMI estaba simplemente «reflejando los intereses y la ideología de la comunidad financiera occidental»[128]. Pero ignora el papel de los hedge funds, y en ningún momento se le ocurre pensar que la creciente desigualdad social que él mismo crítica con tanta frecuencia como subproducto de la neoliberalización, podría haber sido en todo momento la raison d’être[129] de esta crisis.

Informes desde primera línea

México

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el único partido que gobernó México desde 1929 hasta la elección de Vicente Fox en 2000. El partido creó un Estado corporativista que se demostró hábil para organizar, cooptar, comprar y, en caso necesario, suprimir los movimientos de oposición de los trabajadores, los campesinos y las clases medias que habían constituido la base de la revolución. El PRI perseguía un modelo de modernización y de desarrollo económico conducido por el Estado que se concentraba principalmente en la sustitución de importaciones y en un vigoroso comercio de exportación con Estados Unidos. Asimismo, había emergido un significativo sector estatal en régimen de monopolio en el sector de los transportes, la energía y los servicios públicos, así como también en algunas industrias básicas (como el acero). En 1965 había comenzado la entrada controlada de capital extranjero bajo el programa de las maquilas[130], que permitió principalmente al capital estadounidense producir en la zona fronteriza de México utilizando mano de obra barata, sin limitaciones por ningún tipo de arancel o de restricción sobre la circulación de mercancías. A pesar de registrar un desarrollo económico relativamente fuerte en las décadas de 1950 y de 1960, los beneficios del crecimiento no se habían distribuido de manera notable. México no era un buen ejemplo de liberalismo embridado, si bien episódicas concesiones a los sectores inquietos de la sociedad (campesinos, obreros y clases medias) servían en cierta medida para redistribuir la renta. La violenta supresión del movimiento estudiantil que protestaba contra las desigualdades sociales en 1968 dejó un amargo legado que hizo zozobrar la legitimidad del PRI. Pero el equilibrio de fuerzas comenzó a cambiar en la década de 1970. Los intereses comerciales reforzaron su posición independiente e intensificaron sus vínculos con el capital extranjero.

La crisis global de la década de 1970 golpeó a México intensamente. La respuesta del PRI consistió en fortalecer el sector público haciéndose cargo de empresas privadas débiles y manteniéndolas como fuentes de empleo para contener la amenaza de descontento por parte de la clase obrera. Entre 1970 y 1980 el número de empresas estatales se duplicó, al igual que el número de sus empleados. Pero estas empresas perdían dinero y el Estado tuvo que recurrir al endeudamiento para financiarlas. Los bancos de inversión estadounidenses, colmados de petrodólares que aguardaban a ser invertidos, prestaron su ayuda. El descubrimiento de yacimientos de petróleo en México convertía a este país en una apuesta atractiva. La deuda externa de México creció de 6800 millones de dólares en 1972, a 58 000 millones en 1982[131].

Entonces llegaron: la política de elevados tipos de interés impulsada por Volcker, la recesión de la economía estadounidense que redujo la demanda de productos mexicanos y la caída de los precios del petróleo. Los ingresos del Estado mexicano descendieron y los costes del servicio de la deuda se elevaron considerablemente. El país se declaró en quiebra en agosto de 1982. La huida masiva de capitales que ya había comenzado en anticipación a una devaluación del peso se aceleró, y el presidente Portillo nacionalizó los bancos como una medida de emergencia[132]. La elite del mundo de los negocios y los banqueros no vieron con buenos ojos esta medida. De la Madrid, que asumió la presidencia apenas unos meses después, tenía que decantarse por una opción política. Y se puso del lado de las empresas. Podría decirse que esto era inevitable, pero el poder político del PRI no actuó de este modo por necesidad. De la Madrid era de tendencia reformista, se encontraba menos imbuido en la tradición política del PRI y mantenía estrechas relaciones con la clase capitalista y con los intereses extranjeros. La nueva combinación formada por el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro estadounidense, organizada por James Baker para rescatar a México, ejerció sobre el presidente una presión adicional. No sólo insistían en la austeridad presupuestaria sino que, por primera vez, instaban a que se llevaran a cabo amplias reformas neoliberales como la privatización, la reorganizaron del sistema financiero de manera más acorde a los intereses extranjeros, la apertura de los mercados internos al capital extranjero, la disminución de las barreras arancelarias y la creación de mercados laborales más flexibles. En 1984 el Banco mundial otorgó a un país, por primera vez en la historia, un préstamo a cambio del compromiso de llevar a cabo reformas neoliberales estructurales. De la Madrid abrió entonces México a la economía global integrándose en el GATT e implementando un programa de austeridad económica. Los efectos fueron desgarradores:

Entre 1983 y 1988 la renta per cápita de México cayó a una tasa de un 5% anual; el valor de los salarios reales de los trabajadores cayó entre el 40 y el 50%; la inflación, que durante la década de 1960 había oscilado entre el 3 y el 4% anual, había crecido hasta contarse por decenas después de 1976, y en varios de aquellos años arrojó cifras superiores al 100% […]. Al mismo tiempo, debido a los problemas presupuestarios del gobierno y a la reorientación del modelo económico vigente en el país, el gasto estatal en bienes públicos decayó. Los subsidios a los alimentos se restringieron a los sectores más pobres de la población, y la calidad de la educación pública y de la asistencia sanitaria se estancó o se redujo[133].

En Ciudad de México, en 1985, esto hizo que los recursos fueran «tan escasos que el gasto en los servicios urbanos esenciales de la capital se redujeran un 12% en los transportes, un 25% en el agua potable, un 18% en los servicios sanitarios y un 26% en la recogida de basuras»[134]. La ola de criminalidad que vino después, convirtió en una década a Ciudad de México en una de las ciudades más peligrosas de América Latina, a pesar de haber sido una de las más tranquilas. Así pues, se asistía a una reedición, aunque en muchos aspectos con resultados más devastadores, de lo que había ocurrido en la ciudad de Nueva York diez años antes. Mucho tiempo después, en un acontecimiento simbólico, la ciudad de México adjudicó un contrato por valor de varios millones de dólares a la asesoría de Giulliani para aleccionarle cómo abordar la cuestión de la criminalidad.

De la Madrid pensó que una vía para escapar del quebradero del endeudamiento residía en vender las empresas públicas y utilizar los ingresos resultantes para saldar la deuda del país. Pero los pasos iniciales para la privatización fueron vacilantes y, a la vez, relativamente menores. La privatización entrañaba la reestructuración en masa de las relaciones laborales, y esto desencadenó el conflicto. A finales de la década de 1980 estallaron encarnizadas luchas obreras que acabaron siendo reprimidas de manera despiadada por el gobierno. El ataque contra la fuerza de trabajo organizada se intensificó durante la presidencia de Salinas, que asumió el poder en 1988. Varios líderes obreros fueron encarcelados tras ser acusados de corrupción y se colocaron nuevos líderes más sumisos en las organizaciones obreras estratégicas bajo control del PRI. En más de una ocasión se recurrió al ejército para romper las huelgas, y el poder independiente de la fuerza de trabajo organizada, ya escaso, mermó en cada ofensiva. Salinas aceleró y formalizó el proceso de privatización. Se había formado en Estados Unidos y acudía a economistas que también habían recibido allí su formación para recabar consejo[135]. Su programa de desarrollo económico estaba redactado en un lenguaje próximo a la ortodoxia neoliberal.

La apertura aún mayor de México a la competencia y a la inversión directa extranjera, se convirtió en uno de los elementos fundamentales del programa de reforma de Salinas. El programa de producción en las maquilas se expandió rápidamente a lo largo de la frontera norte del país convirtiéndose en una parte esencial de la estructura empresarial y laboral de México (Ver Figura[4.3] El empleo en las zonas maquiladoras más importantes de México en 2000). Inició y culminó, satisfactoriamente, las negociaciones con Estados Unidos que engendraron el TLCAN. El proceso de privatización avanzaba deprisa. El empleo en el sector estatal se redujo a la mitad entre 1988 y 1994. En 2000 el número de compañías de propiedad estatal se limitaba a un reducido grupo de 200, frente a las 1100 que hubo en 1982[136]. Los términos de la privatización cada vez se orientaban más a fomentar la propiedad extranjera. Los bancos, que se habían nacionalizado de manera tan apresurada en 1982, fueron reprivatizados en 1990. Como medida de adecuación al TLCAN, Salinas también tenía que abrir el sector campesino y agrícola a la competencia exterior. Por lo tanto, tenía que atacar el poder del campesinado que durante largo tiempo había constituido uno de los pilares más importantes de los apoyos del PRI. La Constitución de 1917, que databa de la Revolución mexicana, protegía los derechos legales de los pueblos indígenas y consagraba esos derechos en el sistema del ejido[137], que permitía que la tierra fuera poseída y utilizada de manera colectiva. En 1991 el gobierno de Salinas aprobó una reforma de la ley que no sólo permitía sino que incentivaba la privatización de las tierras regidas bajo este sistema, abriéndolas a la propiedad extranjera. En tanto que el sistema del ejido proporcionaba las bases de la seguridad colectiva en el seno de los grupos indígenas, el gobierno estaba, en efecto, sacudiéndose su responsabilidad de mantener esta seguridad. La posterior reducción de las barreras a la importación asestó otro duro golpe, ya que las importaciones baratas generadas por las eficientes pero también sumamente subvencionadas empresas agroalimentarias estadounidenses provocaron una caída de los precios del maíz, así como también de otros productos, hasta el punto de que únicamente los agricultores más ricos y eficientes de México pudieron seguir compitiendo. Al borde de la inanición, muchos campesinos fueron expulsados de las tierras, únicamente para engrosar el grupo de desempleados en las ciudades ya masificadas, donde la denominada, «economía informal» (por ejemplo, los vendedores ambulantes) creció a pasos de gigante. La resistencia a la reforma del sistema del ejido fue, no obstante, generalizada y varios grupos de campesinos apoyaron la rebelión zapatista que estalló en Chiapas en 1994[138].

Después de firmar lo que se conoció como el Plan Brady para la condonación parcial de la deuda en 1989, México tuvo que tragarse la píldora envenenada del FMI y llevar a cabo una neoliberalización más profunda. El resultado fue la tequila crisis de 1995, desencadenada, al igual que había ocurrido en 1982, por el aumento de los tipos de interés por parte la Reserva Federal estadounidense. Esto ejerció una presión especulativa sobre el peso, que fue entonces devaluado. El problema era que, previamente, México había recurrido demasiado alegremente a emitir deuda expresada en dólares (denominada tesobonos) para incentivar la inversión extranjera, y tras de la devaluación no podía movilizar suficientes dólares para reembolsarlos. El Congreso de Estados Unidos se negó a prestar su ayuda, pero Clinton hizo uso de sus poderes al frente del ejecutivo para reunir un paquete de 47 500 millones de dólares para rescatar al país. Clinton temía una pérdida de puestos de trabajo en las industrias que exportaban a México, la perspectiva de un incremento de la inmigración ilegal y, sobre todo, la pérdida de legitimidad de la neoliberalización y de los acuerdos del TLCAN. Un conveniente efecto secundario de la devaluación era que el capital estadounidense podía entonces irrumpir en este país y comprar todo tipo de activos a precios de liquidación. Mientras entonces únicamente uno de los bancos mexicanos privatizados en 1990 era de propiedad extranjera, en el año 2000, veinticuatro de los treinta existentes en el país se encontraban en manos foráneas. La exacción de tributo de México por parte de los intereses de la clase capitalista extranjera se tornó entonces irrefrenable. Pero la competitividad exterior también comenzó a ser un problema. México perdió un número significativo de empleos en las maquilas después de 2000, cuando China se convirtió en una ubicación mucho más barata y, por ende, preferida por muchas firmas extranjeras dependientes de la contratación de fuerza de trabajo a bajo precio[139].

Los efectos de todo esto, particularmente de las privatizaciones, sobre la concentración de la riqueza dentro de México fueron notables:

En 1994 la lista de la revista Forbes de las personas más ricas del mundo reveló que la reestructuración económica de México había producido veinticuatro multimillonarios.

De éstos, al menos diecisiete habían participado en el programa de privatización comprando bancos, plantas siderúrgicas, refinerías de azúcar, hoteles y restaurantes, plantas químicas y la empresa de telecomunicaciones, así como también habían obtenido concesiones para controlar compañías dentro de sectores recientemente privatizados de la economía, como los puertos, las autopistas de peaje, y la telefonía móvil y de líneas telefónicas de larga distancia[140].

Carlos Slim, el hombre más rico de México ocupaba el puesto número veinticuatro de la lista de Forbes y controlaba cuatro de las veinticinco mayores empresas del país. Sus intereses empresariales se expandieron más allá de las fronteras mexicanas y se convirtió en un actor muy importante en el ámbito de las telecomunicaciones en toda América Latina, así como en Estados Unidos. Su estrategia en el servicio de telefonía móvil se hizo famosa: consistía en capturar y monopolizar los mercados más densos y ricos y dejar sin servicio a los mercados de baja densidad y más pobres. En 2005 México ocupaba la novena posición mundial (por delante de Arabia Saudita) en el número de millonarios. Es debatible si podemos llamar a esto, la restauración o la creación exnovo del poder de clase. Sin lugar a dudas, en México se ha producido un ataque a la fuerza de trabajo, al campesinado y al nivel de vida de la población. Su suerte fue empeorando notablemente a medida que la riqueza se acumulaba tanto dentro de México como más allá de sus fronteras en manos de un pequeño grupo de magnates respaldados por sus aparatos de poder financiero y legal.

El derrumbe argentino

Argentina emergió de su periodo de dictadura militar con una enorme deuda rígidamente encorsetada, en un sistema de gobierno corporativista, autoritario y básicamente corrupto. La democratización se reveló una tarea difícil, pero en 1992 Carlos Menem llegó al poder. A pesar de ser peronista, Menem emprendió la liberalización de la economía, en parte para buscar el favor de Estados Unidos, pero también para restablecer las credenciales argentinas en la comunidad internacional tras las revelaciones de la «guerra sucia» que mancillaban su reputación. Menem abrió el país al comercio extranjero y al flujo de capitales, introdujo una mayor flexibilidad en los mercados laborales, privatizó las compañías de propiedad estatal así como la seguridad social, y vinculó el peso al dólar con objeto de mantener bajo control la inflación y proporcionar seguridad a los inversores extranjeros. El desempleo aumentó ejerciendo una presión descendente sobre los salarios, al tiempo que la elite utilizaba la privatización para amasar nuevas fortunas. El dinero afluía en grandes cantidades al país, que experimentó un periodo de prosperidad económica hasta que la crisis tequila desbordó las fronteras mexicanas.

En pocas semanas, el sistema bancario argentino perdió el 18% de sus depósitos. La economía que había crecido a una tasa media anual del 8% entre la primera mitad de la década de 1990 y la segunda mitad de 1994, cayó en una pronunciada recesión.

El Producto Interior Bruto se contrajo un 7,6% entre el último trimestre de 1994 y el primer trimestre de 1996 […], la carga de los intereses debidos por el gobierno se incrementó en más del 50% entre 1994 y 1996. Se produjo una fuga masiva de capitales y se redujo la reserva de divisas extranjeras[141].

El desempleo creció situándose en el 18%. Aunque el peso estaba claramente sobrevaluado, se evitó la devaluación (a diferencia de lo que ocurrió en México) por la insistencia en el mantenimiento de la seguridad del vínculo con el dólar. A esto sucedió una breve recuperación basada en la afluencia de capital extranjero, que se prolongó hasta que los efectos de la crisis económica de Asia de 1997-1998, se extendieron primero a Rusia y luego a su vecino Brasil. Sumada a los elevados tipos de interés registrados, esta crisis empujó el presupuesto doméstico hacia el déficit, colocando una presión insoportable sobre el peso argentino. El capital extranjero así como el doméstico comenzó a huir anticipándose a la devaluación. En septiembre de 2001, el nivel de endeudamiento de Argentina sobrepasó el doble del nivel de deuda existente en 1995, al mismo tiempo que las reservas de divisas extranjeras desaparecían a un acelerado ritmo. El pago de los intereses generados por la deuda alcanzó los 9500 millones de dólares en 2000. El FMI, que había apoyado la vinculación con el dólar y que era firmemente contrario a la devaluación por miedo a las consecuencias inflacionarias (como había ocurrido en Rusia y en Brasil, a juicio de Stiglitz, con consecuencias desastrosas en ambos casos), rescató a Argentina con un crédito de 6000 millones de dólares (el segundo más cuantioso en la historia del FMI).

Pero esto tampoco pudo restañar la fuga de capitales. En 2001, el sistema, bancario argentino perdió más del 17% de sus depósitos (14 500 millones de dólares). Sólo el 30 de noviembre tal vez se perdieron unos 2000 millones de dólares. El FMI se negó a conceder un crédito de emergencia aduciendo que Argentina no había corregido su desequilibrio presupuestario. Argentina no estaba al corriente de sus deudas. El 1 de diciembre el gobierno restringió la retirada de dinero de los bancos a 250 dólares a la semana y supervisó todas las cuentas de transacciones extranjeras por un valor superior a los 1000 dólares. Los disturbios que se sucedieron dejaron un balance de veintisiete personas muertas y la dimisión del presidente de la Rua, junto a Domingo Cavallo, el arquitecto de su política económica. El 6 de enero de 2005, el nuevo presidente, Duhalde, abandonó la vinculación al dólar y devaluó el peso. Pero también decidió congelar todas las cuentas de ahorro por un valor superior a los 3000 dólares y eventualmente tratar los depósitos en dólares como si fueran pesos, reduciendo de este modo los ahorros a casi una tercera parte de su antiguo valor. 16 000 millones en poder adquisitivo habían sido transferidos desde los ahorradores a los bancos y, por medio de éstos, a la elite político-económica. Las consecuencias, en términos de malestar social, fueron dramáticas y tuvieron grandes repercusiones. El desempleo se disparó y los ingresos cayeron. Las fábricas paradas fueron ocupadas por trabajadores militantes y puestas en funcionamiento, se establecieron comités de solidaridad vecinal para buscar colectivamente los mejores medios para sobrevivir y los piqueteros (organizadores de piquetes en las calles) cortaron las redes de transporte y se movilizaron alrededor de demandas políticas fundamentales[142].

Responsable ante una opinión popular que despreciaba totalmente a los bancos, a los inversores extranjeros y al FMI, Kirchner, el recién elegido presidente populista que sucedió a Duhalde, lo único que podía hacer era desairar al FMI y dejar a deber sus 88 000 millones de dólares en deudas y ofrecer de entrada a los ultrajados acreedores ser pagados a una tasa de 25 céntimos por dólar[143]. Resulta interesante el hecho de que en el equipo económico de Kirchner no hubiera ni un solo economista formado en Estados Unidos. Su formación era local, y adoptaron la visión «heterodoxa» de que si bien el pago de la deuda externa es un aspecto importante, no debía implicar un derrumbe de los niveles de calidad de vida del país. En 2004 con evidentes signos de recuperación, particularmente en la industria manufacturera gracias al aliento de la devaluación de la moneda, el gran problema de Argentina es doblegar la feroz competencia de Brasil y, en un futuro cercano, de China, cuando este país adopte las reglas de la OMC y se le abran las puertas de los mercados argentinos.

Esta historia de la montaña rusa de la experiencia argentina con la neoliberalización, ilustra sobradamente lo poco que tiene que ver la teoría neoliberal con su práctica. Tal y como ha señalado un miembro del Ludwig von Mises Institute, una institución neoliberal, la «deflación confiscatoria» que se produjo en ese país fue bastante adecuadamente interpretada por sus víctimas argentinas como un «atraco a un banco por parte de las elites políticas»[144]. O también, como Veltmeyer y Petras prefieren describirlo, todo el episodio rezuma «un nuevo imperialismo: el saqueo de la economía, el crecimiento de grandes desigualdades, un estancamiento económico seguido de profundas y persistentes depresiones, y un empobrecimiento masivo de la población a consecuencia de las más enormes concentraciones de riqueza de la historia de Argentina»[145].

Corea del Sur

Corea de Sur emergió de la guerra de 1950-1953 como un país devastado y con una deplorable posición económica y una difícil situación geopolítica y territorial. El origen de su vuelco económico suele situarse en el golpe militar de 1961 que llevó al poder al general Park Cheng Hee. En 1960 la renta per cápita era inferior a los 100 dólares, pero actualmente se mantiene por encima de los 12 000. Esta asombrosa actuación económica a menudo se cita como el ejemplo perfecto de lo que cualquier Estado de un país en vías de desarrollo podría hacer. Sin embargo, Corea del Sur tenía dos ventajas geopolíticas de partida. El hecho de que el país estuviera en la línea de frente de la Guerra Fría hizo que Estados Unidos estuviera dispuesto a brindarle su apoyo tanto militar como económico, particularmente durante los primeros años. Pero, de manera menos evidente, la relación excolonial que mantenía con Japón le otorgaba beneficios de la más variada índole, desde la familiaridad con las estrategias organizativas económicas y militares de Japón (Park había sido entrenado en la Academia Militar Japonesa) hasta la asistencia activa a este país para penetrar en los mercados extranjeros.

En 1960 Corea era todavía un país básicamente agrario. Bajo el gobierno dictatorial de Park, la industrialización se convirtió en el objetivo del Estado. La clase capitalista era débil pero en absoluto insignificante. Después de arrestar a los principales líderes empresariales del país acusados de corrupción, Park alcanzó un estado de armonía con ellos. Reformó la burocracia estatal, creo un Ministerio de Planificación Económica (siguiendo el exitoso modelo japonés) y nacionalizó los bancos, con la finalidad de ganar control sobre la asignación de créditos. Posteriormente, depositó su confianza tanto en el vigor empresarial como en las estrategias de inversión de un naciente grupo de capitalistas industriales que fueron invitados a enriquecerse en el transcurso de este proceso[146]. Durante los primeros años de la década de 1960, los industriales se orientaron hacia la exportación porque Japón les utilizaba crecientemente como una plataforma extraterritorial para reexportar sus propios bienes parcialmente manufacturados al mercado estadounidense. Esto hizo que florecieran las empresas conjuntas con Japón. Los coreanos utilizaron a este país para obtener tecnología y experiencia sobre los mercados extranjeros. El Estado coreano apoyó esta estrategia hacia la exportación movilizando los ahorros internos, recompensando a las empresas prósperas e incentivando su fusión en chaebols (grandes firmas integradas como Hyundai, Daewoo y Samsung) a través de un acceso fácil a los créditos, de ventajas fiscales, favoreciendo la adquisición de insumos, el control sobre la fuerza de trabajo y el apoyo para acceder a mercados extranjeros (en particular, al estadounidense). Con el armazón de una estrategia de desarrollo de la industria pesada (concentrada en la siderurgia, los astilleros, la electrónica, los automóviles y la maquinaria) varios chaebols cambiaron su objeto y a partir de mediados de la década de 1970 se convirtieron en actores globales en estos sectores industriales. Igualmente, se convirtieron en el centro de poder de una clase capitalista doméstica cada vez más rica. El aumento progresivo de su tamaño y de sus recursos (a mediados de la década de 1980 tres chaebols suponían una tercera parte del producto nacional) hizo que la relación entre los chaebols y el Estado se transformara. En lo años intermedios de la década de 1980, «ejercían suficiente poder e influencia como para lanzar una exitosa campaña para el firme desmantelamiento del impresionante aparato regulador estatal». Una vez dejada atrás su dependencia del Estado, dada su consolidada posición en el comercio internacional y su acceso independiente al crédito, la clase capitalista vino a inclinarse hacia su propia versión de la neoliberalización[147].

Esta versión descansaba en la protección de sus privilegios sin dejar de desembarazarse de los controles reguladores. Los bancos estaban en efecto privatizados. El estrecho, y a menudo corrupto, nexo de poder que vinculaba de manera tan constreñida a los responsables de los chaebols con el Estado se reveló muy difícil de romper, lo cual hacía posible que los bancos coreanos prestasen su dinero atendiendo tanto a favores políticos como a sólidas razones de inversión. Los empresarios coreanos necesitaban, igualmente, la liberalización de las relaciones comerciales y del flujo de capitales (algo que también vino impuesto desde el exterior a través de la Ronda de Uruguay en 1986) para poder invertir libremente en el extranjero el capital excedente (Ver Figura[4.4] Corea se abre al mundo: inversión extranjera directa). El capital coreano exploró la producción fuera de sus fronteras utilizando una fuerza de trabajo más barata y obediente. De este modo, comenzó la exportación de prácticas laborales degradantes a través de redes de subcontratación coreanas que se extendieron hasta América Latina y Sudáfrica, así como también hasta alcanzar gran parte del sureste asiático. Tras la reevaluación del yen en 1995, Japón se deslizó hacia la producción deslocalizada en ubicaciones de bajo coste situadas en Tailandia, Indonesia, y Malasia. Esto, junto a la entrada de China en el mercado mundial, intensificó la competencia interregional. Aunque China supuso inicialmente una amenaza para Corea del Sur (así como para otros países de la región) en sectores productivos de bajo valor añadido (como el textil), rápidamente ascendió en la cadena del valor añadido. La respuesta de Corea del Sur consistió en deslocalizar hacia China una gran parte de la producción a través de la inversión directa, que quizá fuera bueno para las corporaciones coreanas pero que no benefició al empleo doméstico.

Tras el florecimiento de las exportaciones experimentado a finales de la década de 1980, la industria coreana sucumbió ante la competencia, experimentando una pérdida de mercados de exportación y una caída de la rentabilidad después de 1990. Los chaebols recurrieron cada vez más al crédito de bancos extranjeros. Las empresas coreanas adquirieron un elevado coeficiente de endeudamiento y, por lo tanto, se tornaron vulnerables a cualquier subida intensa de los tipos de interés[148]. En la esfera interna, Corea del Sur también tenía que tratar con el ascendente poder de la fuerza de trabajo organizada. La industrialización conllevó un proceso igualmente masivo de proletarización y de urbanización que favoreció la organización obrera. En los primeros años, las organizaciones sindicales independientes fueron salvajemente reprimidas. En 1974 la masacre de los trabajadores en huelga de Kwangju condujo al asesinato de Park. Los crecientes movimientos obreros y estudiantiles se pusieron a la cabeza de la reivindicación de la democratización del país, que se vio formalmente satisfecha en 1987. La consolidación del poder sindical produjo un ascenso de los niveles salariales a través de una feroz lucha de clases, que llego a hacer frente a una violenta represión por parte del gobierno. La patronal quería mercados laborales más flexibles, pero los sucesivos gobiernos encontraron difícil satisfacer esta demanda. La constitución y la legalización de la democrática Confederación Sindical Coreana en 1995, confirmó el creciente poder de la fuerza de trabajo organizada[149].

La debilitación de la capacidad del Estado para disciplinar al capital durante la década de 1990 se vio exacerbada por la crisis de 1997-1998. El capital extranjero había mantenido una dilatada campaña para acceder con más facilidad al mercado doméstico tradicionalmente protegido, así como también a favor de una mayor liberalización financiera del país. La envolvente arquitectura del comercio y de las finanzas internacionales, aseguró un módico éxito en este frente durante los primeros años de la década de 1990. El precio impuesto por Clinton de apoyar la incorporación de Corea a la OCDE había consistido en una fuerte dosis de liberalización financiera. El estallido de la crisis se vio antecedido, sin embargo, por el malestar de la fuerza de trabajo hacia los chaebols (que en aquel momento pretendían despedir a miles de trabajadores) y sus protestas contra la política represiva del gobierno contra los sindicatos. En marzo de 1997, el gobierno aprobó un nuevo código laboral que introducía un nivel mucho más alto de flexibilidad en las relaciones laborales y que de manera tácita autorizaba los despidos[150]. No obstante, muchos de los chaebols se encontraban sumamente endeudados frente a unos acreedores extranjeros cada vez más recelosos y frente a unos bancos nacionales que ya tenían una preponderancia de créditos en situación de morosidad. El gobierno mantenía una situación tan débil respecto a sus reservas de divisas que no pudo hacer nada. Varios chaebols, como Hansin y Hambo Steel, se declararon en quiebra en la primera mitad de 1997, con anterioridad al impacto de la crisis monetaria. Cuando esta hizo aparición, los bancos extranjeros retiraron su apoyo a Corea, arrastrando a muchos chaebols así como también al propio país al borde de la bancarrota[151].

Estados Unidos no vio razones para brindar su apoyo financiero (la Guerra Fría había terminado) y, en cambio, acató los dictados de Wall Street que llevaba tiempo presionando a favor de la liberalización financiera por sus propias y específicas razones, atinentes todas ellas a la rentabilidad. Stiglitz reconoció que los intereses nacionales de Estados Unidos se estaban viendo sacrificados por las estrechas ganancias financieras de Wall Street[152]. Cuando estalló la crisis asiática, el FMI alentó a Corea del Sur a elevar sus tipos de interés para defender su moneda y al hacerlo precipitó su economía hacia una recesión todavía más profunda. Esto empujó a la quiebra a muchas compañías con un elevado coeficiente de endeudamiento. Inmediatamente, se produjo una alta tasa de desempleo, una caída de los niveles salariales y un numero aún mayor de quiebras de chaebols (Daewoo se hundió, y Hyundai estuvo a punto). El gobierno apeló al FMI y a Estados Unidos. A cambio de una operación de rescate de 55 000 millones de dólares, accedió a abrir sus servicios financieros a la propiedad extranjera y a permitir a las firmas extranjeras operar con total libertad. Los términos de esta ayuda no eran convincentes y, diez días después, ante una inminente suspensión de pagos, tuvo que alcanzarse otro acuerdo en el que los bancos acreedores reprogramaban la deuda coreana (una «distribución del coste de la crisis entre los actores privados», en lugar de un rescate por parte de organismos internacionales o estatales) a cambio de un control completo privilegiado sobre la renta futura (con reminiscencias de la solución aplicada en la ciudad de Nueva York). En consecuencia, los «coreanos soportaron quiebras masivas de grandes y pequeñas empresas y una recesión que contrajo la renta nacional un 7%, haciendo caer el salario medio por trabajador un 10% y subiendo la tasa de desempleo a casi un 9%»[153]. Este proceso nos enseña dos lecciones. En primer lugar, «los coreanos aprendieron de la forma más dura posible que en el momento de su ruina financiera, Estados Unidos había elegido favorecer sus parcos intereses»; en segundo lugar, que Estados Unidos definía ahora sus intereses enteramente en términos de lo que fuera más conveniente para Wall Street y para el capital financiero[154]. En efecto, la alianza entre Wall Street, el Departamento del Tesoro estadounidense y el FMI, había hecho a Corea del Sur lo que los bancos de inversión le habían hecho a la ciudad de Nueva York a mediados de la década de 1970. La posterior reactivación de la economía coreana (basada, en parte, en ignorar las recomendaciones del FMI sobre la reestructuración, así como también en una situación mucho más apaciguada entre la militancia obrera) ha aumentado, sobre todo, el flujo de tributo hacia las arcas de Wall Street y, por lo tanto, ha incrementado la concentración de poder de clase de la elite en Estados Unidos. El poder de los chaebols o bien ha quedado hecho añicos, o bien ha sido reconstituido gracias a la entrada de capital extranjero en una oleada de fusiones y de adquisiciones tramada por lo que de manera no muy amable ha venido a conocerse como «capital buitre» procedente del exterior. La estructura de clase interna se encuentra en un continuo cambio a medida que el capital surcoreano transforma sus relaciones tanto con el Estado como con el mercado global. Pero detrás de esto, los datos revelan que la desigualdad de la renta y el empobrecimiento han subido como la espuma durante y después de la crisis. La progresiva temporalidad y la flexibilización en las relaciones laborales (particularmente perjudiciales para las mujeres), apoyada por otra nueva ronda de represión estatal de la fuerza de trabajo y de los movimientos comunitarios, revela una renovada ofensiva de clase contra los menos ricos que únicamente puede presagiar las usuales consecuencias sobre la acumulación de poder de clase tanto dentro como fuera del país.

Suecia

Probablemente en ninguna parte del mundo occidental el poder del capital se vio más amenazado en la esfera democrática durante la década de 1970 que en Suecia. Gobernado por los socialdemócratas desde la década de 1930, el equilibrio de fuerzas de clase en este país se había estabilizado alrededor de una fuerte estructura sindical centralizada, que mediante la negociación colectiva directa con la clase capitalista, intervenía sobre los índices salariales, la protección social de los trabajadores, las condiciones contractuales, y sobre todo tipo de materias relacionadas. En la esfera política, el Estado del bienestar sueco se había organizado en torno a los ideales de un socialismo redistributivo, con un sistema fiscal progresivo y medidas encaminadas a la reducción de la desigualdad de la renta y de la pobreza. La clase capitalista, aunque pequeña, era extremadamente poderosa. A diferencia de muchos otros Estados socialdemócratas y dirigistas, Suecia se había abstenido de nacionalizar ninguno de los enclaves privilegiados del mando económico (con la excepción del transporte y de los servicios públicos). A pesar de existir multitud de pequeñas empresas, un reducido número de familias poseía una porción desmesurada de los medios de producción.

A finales de la década de 1960, y al igual que en casi todas las sociedades capitalistas avanzadas, la fuerza de trabajo era un hervidero de descontento que fue capaz de suscitar una oleada de reformas normativas que doblegaron el poder del capital y que extendieron el poder de los trabajadores hasta los propios centros de trabajo. La propuesta que más amenazó a la clase capitalista fue el plan Rehn-Meidner. Una tasa del 20% de los beneficios empresariales sería destinada a fondos de propiedad de los asalariados, controlados por los sindicatos, que se reinvertirían en las empresas. La medida acarrearía una reducción paulatina del peso de la propiedad privada y supondría crear las bases para implantar un sistema productivo de propiedad colectiva y de gestión por los representantes de los trabajadores. Esto equivalía a un «asalto frontal a la inviolabilidad de la propiedad privada». Por muy amables que hubieran sido los términos del acuerdo de adquisición parcial, la clase capitalista estaba amenazada con su aniquilamiento gradual en tanto que clase específica. Y respondió en consecuencia[155].

Desde mediados de la década de 1970, la Federación de Empleadores Suecos (sin duda emulando a sus homólogos estadounidenses) incrementó el número de sus miembros, recaudó una nutrida «caja de resistencia» y lanzó una campaña de propaganda contra la regulación excesiva, y a favor de una mayor liberalización de la economía, de la reducción de la presión fiscal y de una reversión de los excesivos compromisos del sistema del bienestar que, a su modo de ver, eran la causa del estancamiento económico. Pero cuando el Partido Conservador, de centro-derecha, llegó al poder en 1976, reemplazando a los socialdemócratas por primera vez desde la década de 1930, no fue capaz de llevar adelante las propuestas de la patronal. Los sindicatos de trabajadores eran demasiado fuertes y no se consiguió convencer a la opinión pública. Cuando quedó claro que la confrontación directa con los sindicatos, utilizando cierres patronales y negándose a colaborar en la negociación colectiva en materia salarial, tampoco funcionaba, los empleadores adoptaron una estrategia de desgaste que les evitara el enfrentamiento directo con los pactos institucionales del Estado corporativo. En 1983 se negaron a participar en la negociación colectiva de ámbito general estatal. A partir de ese momento, las negociaciones en materia salarial y de protección de los trabajadores tendrían que efectuarse de manera particular en cada empresa. Consiguieron convencer a un sindicato para suscribir esta nueva línea de negociación y, de este modo, herir gravemente el poder colectivo de la fuerza de trabajo.

Pero la medida más eficaz de todas fue la campaña de propaganda lanzada por los empleadores. Utilizaron su control sobre el Premio Nóbel de Economía para consolidar el neoliberalismo dentro del pensamiento económico sueco. Las antiguas quejas de algunos intelectuales y profesionales del país en torno a los universalismos opresivos y a las gravosas políticas fiscales del Estado sueco, fueron cultivadas de manera perseverante a través de una corriente creciente de retórica elogiando las libertades y los derechos individuales. Estos debates reverberaron en todos los medios de comunicación y ganaron una progresiva presencia en la imaginación popular. Además, el gabinete estratégico de la patronal —el Centro de Estudios Empresariales y Políticos (SNS)— financió una sólida investigación sobre las estructuras y perspectivas económicas (al igual que el NBER en Estados Unidos) que una y otra vez demostró «científicamente» a las elites políticas y a la opinión pública que el Estado del bienestar era la causa fundamental del estancamiento económico[156].

El verdadero desplazamiento hacia el neoliberalismo se produjo con la elección de un gobierno conservador en 1991. Pero el camino ya había sido preparado en parte por los socialdemócratas, que se vieron progresivamente presionados para encontrar salidas al estancamiento económico. Su implementación parcial de algunos aspectos de la agenda neoliberal indicaba la aceptación de los persuasivos análisis del SNS. Era a la izquierda y no a la derecha a la que ahora le faltaban las ideas. Se convenció a los sindicatos para ejercer restricciones salariales en aras a aumentar los beneficios y estimular la inversión. A finales de la década de 1980, ya se había producido la desregulación de la actividad bancaria (que condujo a una clásica burbuja especulativa en la asignación de créditos y en el mercado de la vivienda) y se habían introducido rebajas fiscales para los más ricos (de nuevo, supuestamente, para estimular la inversión). El Banco Central (siempre conservador) acabó reorientando su misión hacia la batalla contra la inflación en lugar de atender al mantenimiento del pleno empleo. El estallido de la burbuja especulativa del precio de los activos que siguió a la subida de los precios del petróleo en 1991 dio pie a una fuga de capitales y a que diversas empresas domésticas se declararan en quiebra, lo que costó caro al gobierno sueco. La culpa de la crisis se echó instintivamente a las ineficiencias del Estado del bienestar y el gobierno conservador que llegó al poder escuchó receptivo el plan diseñado por la Cámara de Comercio sueca para la privatización íntegra del Estado de bienestar.

Blyth considera que los remedios propuestos eran plenamente inadecuados dadas las circunstancias. En su opinión, el problema era el «cierre cognitivo», esto es, la incapacidad para pensar en cualquier medida de solución distinta de las que prescribía la ortodoxia neoliberal. «Esta homogeneidad de los sujetos y de las ideas, acompañada de la politización de las empresas, fue la que hizo que esas nuevas ideas se incorporaran a la agenda y la que condujo finalmente a la transformación del liberalismo sueco». El resultado práctico fue una grave depresión que en un plazo de dos años disminuyó la producción y duplicó las tasas de desempleo. Ante la pérdida efectiva de la confianza de la opinión pública en el gobierno, había que encontrar otra forma de sostener las reformas neoliberales. La respuesta consistió en la adhesión a la Unión Europea, una decisión que «como mejor se explique sea, tal vez, como un intento del mundo empresarial y de los conservadores, de dejar que las instituciones y el ideario económico de la Unión Europea alcanzaran mediante la convergencia internacional, lo que ellos no habían podido hacer mediante una reforma doméstica». La adhesión a la Unión Europea en 1993-1994 privó al Estado de muchas de las herramientas que anteriormente había mantenido para combatir el desempleo y hacer avanzar el salario social[157]. En definitiva, aunque los socialdemócratas regresaron al poder en 1994, el programa neoliberal basado en la «reducción del déficit, el control de la inflación y el equilibrio presupuestario en lugar de favorecer el pleno empleo y una distribución equitativa de la renta, se convirtió en la piedra angular de la política macroeconómica»[158]. La privatización de las pensiones y de las provisiones del sistema de bienestar se aceptó como un hecho inevitable. Blyth interpreta este paso como un caso de «dependencia de la senda seguida», es decir, el predominio de una cierta lógica previa de toma de decisiones que se alimenta de las ideas hegemónicas se hace inevitable. El liberalismo embridado fue erosionado pero en ningún caso desmantelado por completo. La opinión pública continuó adherida de forma generalizada a sus estructuras del sistema de bienestar. La desigualdad creció, ciertamente, pero en ningún caso hasta alcanzar los niveles registrados en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Los índices de pobreza continuaron bajos y los niveles de provisión social se mantuvieron altos. Suecia es un ejemplo de lo que podría llamarse «neoliberalización restringida» y su situación social, en términos generales, superior, es un reflejo de ese hecho.

Fuerzas y flujos

Las evidencias reunidas en las páginas precedentes sugieren que el desarrollo desigual fue tanto un resultado de la diversificación, de la innovación y de la competencia (en ocasiones de tipo monopolista) entre modelos de gobiernos nacionales, regionales y en algunas instancias incluso municipales, como una imposición por parte de alguna potencia hegemónica externa como Estados Unidos. Un análisis más desgranado indica que existe un amplio abanico de factores que afectan al grado de neoliberalización alcanzado en cada caso concreto. Los análisis más convencionales de las fuerzas en juego se concentran en cierta combinación formada por el poder de las ideas neoliberales (se considera particularmente fuerte en los casos de Gran Bretaña y Chile), por la necesidad de responder a crisis financieras de varios tipos (como en México y Corea del Sur) y por un enfoque más pragmático de la reforma del aparato estatal (como en Francia y en China) para mejorar la posición competitiva en el mercado global. Aunque todos estos elementos han sido de cierta relevancia, la ausencia de todo análisis de las fuerzas de clase que podrían estar operando en este proceso, es bastante inquietante. La posibilidad, por ejemplo, de que las ideas dominantes pudieran ser las de cierta clase dominante ni siquiera es considerada, a pesar de que hay evidencias abrumadoras de que se han producido potentes intervenciones por parte de las elites empresariales y de los intereses financieros en la producción de ideas y de ideología a través de la inversión en think-tanks, en la formación de tecnócratas y en el dominio de los medios de comunicación. La posibilidad de que las crisis financieras pudieran estar causadas por una huelga de capital, una fuga de capitales o la especulación financiera, o de que sean urdidas deliberadamente para facilitar la acumulación por desposesión[159], es descartada como demasiado conspirativa, incluso ante innumerables indicios que hacen sospechar la existencia de ataques especulativos coordinados sobre una moneda u otra. Parece que necesitamos un marco algo más amplio para interpretar los complicados y geográficamente desiguales caminos de la neoliberalización.

Asimismo, debemos prestar cierta atención a las condiciones contextuales y a los pactos institucionales existentes en cada país, dado que éstos varían enormemente de Singapur a México, Mozambique, Suecia o Gran Bretaña, así como a la facilidad de la conversión al neoliberalismo que ha variado correspondientemente. El caso sudafricano es particularmente alarmante. Tras su emergencia en medio de todas las esperanzas generadas por la caída del apartheid, este país ansioso por reintegrarse en la economía global fue en parte persuadido y en parte forzado por el FMI y por el BM a abrazar la línea neoliberal, con el predecible resultado de que el apartheid económico actual, ratifica en líneas generales el apartheid racial que le precedió[160]. El cambiante equilibrio interno de fuerzas de clase en el seno de un Estado concreto a lo largo del tiempo también ha sido un determinante decisivo. La neoliberalización ha afrontado barreras férreas y en algunos casos inexpugnables, hasta el extremo de que la fuerza de trabajo organizada ha conseguido mantener o adquirir (en el caso de Corea del Sur) una potente presencia. Debilitar (como en Gran Bretaña y Estados Unidos), sortear (como en Suecia) o aplastar de manera violenta (como en Chile) el poder de la fuerza de trabajo organizada, es una precondición necesaria de la neoliberalización. Del mismo modo, la neoliberalización ha dependido con frecuencia de una progresiva acumulación de poder, de autonomía y de cohesión por parte de las empresas y de las corporaciones así como de su capacidad, en tanto que clase, de ejercer presión sobre el poder estatal (como en Estados Unidos y Suecia). El modo más fácil de ejercer esta capacidad es, de manera directa, por medio de instituciones financieras, estrategias de mercado, huelga o fuga de capitales, y, de manera indirecta, mediante mecanismos para influir en las elecciones, la constitución de grupos de presión, el soborno y otras formas de corrupción o, de manera más sutil, a través del control del poder de las ideas económicas. La intensidad con la que el neoliberalismo se ha convertido en algo integrado en el sentido común del pueblo en general ha variado en grado sumo en función de la fuerza de la creencia en el poder de los vínculos de solidaridad social y en la importancia de las tradiciones de la provisión social y de la responsabilidad social colectivas. Por lo tanto, las tradiciones culturales y políticas que apuntalan el sentido común popular, han desempeñado un papel en la diferenciación del grado de aceptación política de los ideales de la libertad individual, y de las determinaciones del mercado libre frente a otras formas de socialización.

Pero, quizá, el aspecto más interesante de la neoliberalización surge de la compleja interacción existente entre las dinámicas internas y las fuerzas externas. Aunque en ciertas circunstancias pueda razonablemente interpretarse que las segundas constituyen el factor dominante, en la mayoría de los casos las relaciones son mucho más intrincadas. En Chile, después de todo, fueron las clases altas las que solicitaron ayuda a Estados Unidos para montar el golpe de Estado, y fueron ellas las que aceptaron la reestructuración neoliberal como el camino que debía seguirse, si bien a partir de las recomendaciones de un grupo de tecnócratas formados en Estados Unidos. En Suecia, sin embargo, fue la patronal la que buscó la integración europea como un medio para dejar bien atada la agenda neoliberal doméstica que se hallaba pendiendo de un hilo. Ni siquiera los programas de reestructuración más draconianos del FMI tienen muchas posibilidades de ser implantados en ningún país si no existe un mínimo de apoyo interno por parte de algún actor implicado. En ocasiones, parece como si el FMI asumiera meramente la responsabilidad de hacer lo que algunas fuerzas de clase internas quieren hacer de todos modos. Y hay suficientes casos de rechazo con éxito de las recomendaciones del FMI, como para sugerir que el complejo formado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Wall Street y el FMI no es tan todopoderoso como en ocasiones se afirma. Es, únicamente, cuando la estructura de poder interna se ha reducido a un caparazón vacío y cuando los pactos institucionales internos se encuentran sumidos en un caos absoluto —bien por su derrumbe definitivo (como en el caso de la ex Unión Soviética y de Europa central), bien a causa de guerras civiles (como en Mozambique, Senegal, o Nicaragua) o bien debido a un debilidad degenerativa (como en Filipinas)—, cuando vemos a poderes externos orquestar libremente las reestructuraciones neoliberales. Y en estos casos, el índice de éxito tiende precisamente a ser precario porque el neoliberalismo no pude funcionar sin un Estado fuerte y sin un mercado y unas instituciones jurídicas fuertes.

Igualmente, es innegable que la carga que tienen todos los Estados de crear «un clima óptimo para los negocios» con el fin de atraer y retener un capital geográficamente móvil, ha influido de manera apreciable, particularmente en los países capitalistas avanzados (como Francia). Pero el aspecto más sorprendente, es la forma en que la neoliberalización y la creación de un buen clima para los negocios, han sido tratados de manera tan frecuente como cosas equivalentes, tal y como ocurre en el Development Report del Banco Mundial de 2004[161]. Si podemos decir que la neoliberalización produce malestar social e inestabilidad política del tipo que hemos constatado en Indonesia o en Argentina en los últimos años, o que produce depresión y restricciones en el crecimiento de los mercados internos, entonces, con la misma facilidad podría decirse que repele la inversión en lugar de estimularla[162]. Aunque se hayan implantado sólidamente algunos aspectos de la política neoliberal, por ejemplo, respecto a la flexibilización de los mercados laborales o a la liberalización financiera, no está claro que esto sea en sí mismo suficiente para cautivar al capital en busca de inversión. Y, además, nos encontramos con el problema aún más grave de qué tipo de capital va a ser atraído. El capital de cartera se siente tan fácilmente atraído por un boom especulativo, como por la existencia de unos sólidos pactos institucionales o de unas buenas infraestructuras susceptibles ambas de atraer industrias de alto valor añadido. Atraer «capital buitre» difícilmente parece una empresa que merezca la pena, pero en efecto esto es lo que la neoliberalización ha conseguido con demasiada frecuencia (tal y como algunos críticos, como Stiglitz, han reconocido francamente).

Asimismo, eventuales consideraciones geopolíticas también han desempeñado un papel importante. La posición de Corea del Sur como un Estado situado en la línea caliente de la Guerra Fría le brindó una inicial protección de su plan de desarrollo por parte de Estados Unidos. La posición de Mozambique como un Estado fronterizo con Sudáfrica, provocó el estallido de una guerra civil alimentada por este país para socavar el intento del FRELIMO[163] de erigir un sistema socialista. Debido a las enormes deudas contraídas durante la guerra, Mozambique era una presa fácil para la inclinación del FMI a imponer una reestructuración neoliberal[164]. Los gobiernos contrarrevolucionarios respaldados por Estados Unidos en América Central y en Chile, así como en otros lugares, a menudo han deparado resultados similares. Igualmente una mera posición geográfica, como la proximidad de México a Estados Unidos y su peculiar vulnerabilidad a las presiones de este país, ha podido ser un factor influyente. Y el hecho de que Estados Unidos ya no necesite defenderse de la amenaza del comunismo, también significa que ya no tiene que sentirse mayormente preocupado por si las reestructuraciones de capital desencadenan un desempleo masivo o disparan el malestar social en un lugar o en otro. Por más que le pese a la fiel Tailandia, que había apoyado a Estados Unidos durante todo el transcurso de la Guerra de Vietnam, este país no hizo nada para rescatarla de sus apuros. De hecho, Estados Unidos así como otras instituciones financieras desempeñaron el papel de «capital buitre» con bastante entusiasmo.

Pero un hecho persistente dentro de esta compleja historia de neoliberalización desigual ha sido la tendencia universal a incrementar la desigualdad social y a dejar expuestos a los segmentos menos afortunados de cada sociedad —ya sea en Indonesia, en México, o en Gran Bretaña— a los fríos vientos de la austeridad y al desapacible destino de una progresiva marginalización. Aunque esta tendencia se haya visto paliada acá o allá gracias al desarrollo de políticas sociales, los efectos en el otro extremo del espectro social han sido bastante espectaculares. Las increíbles concentraciones de poder y de riqueza, actualmente existentes en los peldaños más altos del capitalismo, no se habían visto desde la década de 1920. El flujo de tributo hacia los mayores centros financieros del mundo, ha sido apabullante. Sin embargo, todavía más apabullante es la costumbre de tratar todo esto como meros, y en ocasiones, hasta desafortunados subproductos de la neoliberalización. La idea misma de que esto pudiera ser —sólo que pudiera ser— el núcleo fundamental de aquello en lo que ha consistido de manera invariable la neoliberalización, parece impensable. Una parte de la genialidad de la teoría neoliberal, ha sido proporcionar una máscara benévola sembrada de deleitosas palabras como libertad, capacidad de elección o derechos, para ocultar la terrible realidad de la restauración o la reconstitución de un desnudo poder de clase, tanto a escala local como transnacional pero, más particularmente, en los principales centros del capitalismo global.

5

Neoliberalismo «con características chinas»

En diciembre de 1978, enfrentados al doble obstáculo de la incertidumbre política abierta tras la muerte de Mao —que se había producido en 1976— y de varios años de estancamiento económico, los líderes chinos encabezados por Deng Xiaoping anunciaron un programa de reforma económica. Tal vez nunca sepamos con certeza si Deng fue siempre un «seguidor del camino capitalista» —como Mao había afirmado durante la Revolución Cultural— o bien si las reformas no eran otra cosa que un movimiento desesperado para garantizar la seguridad económica de China y afianzar su prestigio frente al progresivo auge del desarrollo capitalista en el resto del este y del sureste de Asia. Las reformas sencillamente coincidieron —y es muy difícil considerar este hecho como algo distinto a un accidente coyuntural de relevancia histórico mundial— con el giro hacia las soluciones neoliberales en Gran Bretaña y en Estados Unidos. En China, el resultado ha sido la construcción de un tipo particular de economía de mercado que incorpora de manera progresiva elementos del neoliberalismo imbricados con un control autoritario y centralizado. La compatibilidad entre el autoritarismo y el mercado capitalista ya se había establecido de manera clara en otros lugares, como Chile, Corea del Sur, Taiwán y Singapur.

Aunque no se abandonaba el igualitarismo como objetivo de China a largo plazo, Deng argumentó que había que retirar las restricciones a la iniciativa individual y local en aras a incrementar la productividad y activar el crecimiento económico. El corolario de esta medida, el hecho inevitable de que emergieran ciertos niveles de desigualdad, fue perfectamente comprendido como algo que habría que tolerar. Bajo el eslogan de xiaokang —el concepto de una sociedad ideal que satisface las necesidades de todos sus ciudadanos— Deng se concentró en «cuatro modernizaciones», la de la agricultura, la de la industria, la de la educación y la de la ciencia y la defensa. Las reformas estaban estudiadas para lograr que las fuerzas del mercado se impusieran internamente en la economía china. La idea consistía en estimular la competencia entre las empresas de propiedad estatal y que esto, se esperaba, disparara la innovación y el crecimiento. Se introdujo el sistema de mercado para la fijación de precios pero, probablemente, esto tuvo mucha menos relevancia que el acelerado traspaso de poder político y económico a las diversas regiones y a las entidades locales. Esta última medida se reveló particularmente astuta. De este modo, se evitaba la confrontación con los centros de poder tradicionales establecidos en Pekín y las iniciativas locales podían ser pioneras en abrir el camino hacia el nuevo orden social. Las innovaciones que no funcionaran podían simplemente ser ignoradas. Para complementar este esfuerzo, también se abrió el país al comercio exterior y a la inversión extranjera, si bien bajo una estricta supervisión estatal, poniendo fin al aislamiento de China respecto al mercado mundial. En un principio, la experimentación se limitaba principalmente a la provincia de Guangdong, cercana a Hong Kong y convenientemente lejos de Pekín. Uno de los fines de esta apertura al exterior era obtener transferencias de tecnología (lo que explica el énfasis en las empresas conjuntas entre capital extranjero y socios chinos). El otro era conseguir suficientes reservas exteriores para aprovisionarse de los medios necesarios para apoyar una dinámica interna de crecimiento económico más fuerte[165]. Estas reformas no habrían adquirido la relevancia que ahora les concedemos, ni la subsiguiente extraordinaria evolución económica de China habría tomado el camino ni registrado los avances que protagonizó, si en el mundo capitalista avanzado no se hubieran producido cambios paralelos de indudable importancia y en apariencia no relacionados con los anteriores en cuanto al modo de funcionamiento del mercado mundial. El impulso que cobraron las políticas neoliberales en el comercio internacional durante la década de 1980, abrió el mundo entero a las fuerzas transformadoras del mercado y de las finanzas. De este modo, se abrió un espacio para la apoteósica entrada e incorporación de China en el mercado mundial de maneras que no hubieran sido posibles bajo el sistema de Bretton Woods. La espectacular emergencia de China como una potencia económica global después de 1980, fue en parte una consecuencia imprevista del giro neoliberal en el mundo capitalista avanzado.

Transformaciones internas

Este planteamiento no supone en absoluto disminuir la relevancia de la tortuosa senda del movimiento de reformas internas habido dentro de la propia China. Lo que los chinos tuvieron que aprender (y en cierta medida todavía están aprendiendo), entre otras cosas, fue que el mercado poco puede hacer para transformar una economía si no se produce una transformación paralela en las relaciones de clase, en el régimen de propiedad privada y en todos los demás pactos institucionales que de manera característica asientan la prosperidad de una economía capitalista. La evolución a lo largo de este camino fue, por un lado, intermitente y, por otro, estuvo marcada de manera frecuente por tensiones y crisis de las que ciertamente no estuvieron ausentes los impulsos y también las amenazas del exterior. El hecho de si todo obedeció a una planificación consciente aunque adaptativa («tantear las piedras mientras se cruza el río», como Deng describió este proceso) o fue el desenlace, a espaldas de los políticos del partido, de una lógica inexorable derivada de las premisas iniciales de las reformas de mercado introducidas por Deng, será sin duda objeto de un largo debate[166].

Lo que puede decirse con precisión es que China, al no tomar la senda de una «terapia de choque» de privatización instantánea como la que posteriormente le endosaron a Rusia y a los países centroeuropeos el FMI, el BM y el «Consenso de Washington» en la década de 1990, se las arregló para esquivar los desastres económicos que asolaron aquellos países. Al tomar su propio y peculiar camino hacia el «socialismo con características chinas», o como algunos ahora prefieren denominarlo, hacia «la privatización con características chinas», consiguió construir un modelo de economía de mercado manipulada por el Estado que proporcionó un espectacular crecimiento económico (arrojando una tasa media de crecimiento cercana al 10% anual) y que ha aumentado de manera progresiva el nivel de vida de una significativa porción de la población durante más de 20 años[167]. Pero las reformas también conllevaron degradación medioambiental, desigualdad social y eventualmente algo que de manera incómoda se parece a la reconstitución del poder de clase capitalista.

Resulta difícil dotar de sentido a los detalles de esta transformación a menos que se cuente con un mapa aproximado de su senda general. Las políticas son difíciles de desentrañar, por lo enmascaradas que están por los misterios de las luchas de poder dentro de un Partido Comunista que estaba determinado detentar el poder en forma exclusiva y singular. Las decisiones cardinales, ratificadas en los congresos del partido, establecieron las bases de cada uno de los pasos tomados en la travesía de la transformación. Sin embargo, es poco probable que el partido hubiera dado fácilmente el visto bueno a la reconstitución activa del poder de clase capitalista en su mismo seno. Casi con toda seguridad, abrazó las reformas económicas con el objetivo de acumular riqueza y de modernizar su potencial tecnológico en aras a mejorar su capacidad para manejar la disidencia interna, para defenderse mejor frente a una agresión externa y para proyectar su poder hacia el exterior en la esfera de sus intereses geopolíticos inmediatos en un este y sureste asiático en acelerado desarrollo. El desarrollo económico se consideraba un medio para alcanzar esos objetivos y no un fin en sí mismo. Por otro lado, la senda de desarrollo que en realidad se ha tomado parece corresponderse con el objetivo de evitar la formación de cualquier bloque coherente de poder de clase capitalista dentro de la propia China. La fuerte dependencia de la inversión extranjera directa (una estrategia de desarrollo económico totalmente distinta a la adoptada por Japón y Corea del Sur) ha mantenido el poder de propiedad de la clase capitalista fuera de sus fronteras (Ver Cuadro[5.1] Medición de las entradas de capital: préstamos extranjeros, inversiones extranjeras directas y alianzas contractuales, 1979-2002) facilitando, en cierto modo, al menos en el caso chino, su control por parte del Estado[168]. Las barreras impuestas sobre las inversiones de cartera extranjeras limitan de manera efectiva los poderes del capital financiero internacional sobre el Estado chino. La falta de disposición a permitir formas de intermediación financiera distintas a la que realizan los bancos de propiedad estatal —como pueden ser los mercados bursátiles y los mercados de capitales— priva al capital de una de sus armas fundamentales de cara al poder estatal. El persistente empeño en mantener intactas las estructuras del sistema de propiedad pública aún liberando la autonomía gerencial devela, asimismo, la intención de impedir la formación de una clase capitalista.

Pero el partido también tenía que afrontar una batería de peliagudas disyuntivas. La diáspora empresarial china proporcionaba conexiones externas esenciales y Hong Kong, reabsorbida en la política china en 1997, ya se encontraba estructurada de acuerdo con las líneas fundamentales del capitalismo. China tenía que transigir en ambos frentes, así como también con las reglas neoliberales del comercio internacional establecidas a través de la OMC, a la que China se sumó en 2001. Igualmente, comenzaron a emerger reivindicaciones políticas a favor de la liberalización. Las protestas obreras se dotaron de visibilidad en 1986. En 1989 alcanzaba su momento álgido un movimiento estudiantil de solidaridad con los trabajadores pero que también expresaba sus propias reivindicaciones exigiendo mayores libertades. La tremenda tensión experimentada en la esfera política que corría pareja con la neoliberalización económica, culminó en la masacre de los estudiantes de la Plaza de Tiananmen. La violenta respuesta de Deng, ejecutada en contra de los deseos del sector reformador del partido, indicaba claramente que la neoliberalización de la economía no iba a venir acompañada de ningún progreso en el campo de los derechos humanos, civiles o democráticos. Aunque la facción de Deng reprimió a la facción política, aún tenía que iniciar otra ola de reformas neoliberales para sobrevivir. Wang sintetiza del siguiente modo tales medidas:

la política monetaria se convirtió en un medio de control primordial; se produjo un significativo reajuste en los tipos de cambio de las divisas extranjeras, tendente al establecimiento de una tasa única; las exportaciones y el comercio internacional vinieron a ser gestionados mediante mecanismos basados en la competencia y en la asunción de responsabilidad por las pérdidas o los beneficios resultantes; se redujo el alcance del sistema de fijación de precios de «doble vía»; la zona de desarrollo de Pudong en Shanghai se abrió de manera plena y todas las diversas zonas de desarrollo regional tomaron la misma dirección[169].

Un envejecido Deng, se declaraba muy satisfecho tras comprobar con sus propios ojos el efecto que había tenido en el desarrollo económico la apertura al exterior después de una gira que realizó con este propósito por el sur del país en 1992. «Enriquecerse es glorioso» manifestó, añadiendo: «¿Qué importa que el gato sea pelirrojo o sea negro mientras cace ratones?». China se abrió en su totalidad a las fuerzas del mercado y del capital extranjero, aunque todavía bajo el ojo vigilante del partido. En las áreas urbanas se estimuló una democracia de consumo como una medida para atajar el descontento social. El crecimiento económico basado en el mercado se aceleró entonces de maneras que en ocasiones parecían estar más allá del control de partido.

Cuando Deng inició el proceso de reforma en 1978, prácticamente todo aquello que había de relevancia en China entraba dentro del sector estatal. Las empresas de propiedad pública dominaban los sectores más importantes de la economía. A decir de la mayoría, se trataba de empresas razonablemente rentables. No sólo ofrecían seguridad en el empleo a sus trabajadores, sino una amplia gama de prestaciones a través del sistema de pensiones y de otras formas de protección social (un sistema conocido como «el cuenco de arroz garantizado» o el aseguramiento de un sustento por parte del Estado). Además, debemos añadir la existencia de una variedad de empresas públicas de dimensión local bajo control de los gobiernos provinciales, municipales o de ámbito local inferior. El sector agrario se organizaba conforme a un sistema comunal, y la mayoría de los análisis coinciden en considerarlo muy rezagado en cuanto a su productividad y realmente necesitado de una reforma. Los pactos en materia de bienestar y de provisión social, se hallaban internalizados dentro de cada uno de los sectores, aunque de manera irregular. Los habitantes de las áreas rurales eran los menos privilegiados y se mantenían separados de los habitantes de las zonas urbanas mediante un peculiar sistema de permisos de residencia, que confería a los segundos, un considerable número de derechos y beneficios de protección social que, sin embargo, se les negaban a los primeros. Este sistema también contribuía a contener cualquier flujo migratorio masivo del campo a las ciudades. Todos estos sectores se integraban en un sistema de planificación estatal organizado en regiones en el que la asignación de los objetivos productivos y la distribución de insumos se realizaba conforme a un plan. Los bancos, de propiedad pública, existían en gran medida como un depósito de ahorros y proporcionaban dinero de inversión al margen del presupuesto estatal.

Las empresas públicas se mantuvieron durante mucho tiempo como los pilares inalterables del control de la economía por parte del Estado. La seguridad y los beneficios que conferían a sus trabajadores, aún sujetos a un lento desmantelamiento, sirvieron para tender una red de seguridad en materia de protección social que cubría a un segmento significativo de la población durante muchos años. La creación de una economía de mercado más abierta se produjo en torno a estas empresas mediante la disolución de las comunas agrícolas que cedieron el paso a un «sistema de responsabilidad personal» individualizado. A partir de los activos poseídos por las comunas se crearon empresas municipales, tanto en las ciudades como en los pueblos, que se convirtieron en focos de cultura empresarial, de prácticas laborales flexibles y de una abierta competencia mercantil. Se permitió el nacimiento de todo un sector privado, en un principio circunscrito a la producción a pequeña escala, al comercio y a las actividades relacionadas con los servicios, y con limitaciones respecto al empleo de trabajo asalariado (que se fueron relajando gradualmente). Finalmente, se produjo la llegada del capital extranjero, que alcanzó su mayor afluencia durante la década de 1990. Si bien en un principio se encontraba limitado a empresas conjuntas y a ciertas regiones, finalmente este capital se extendió por todas partes aunque de manera desigual. El sistema bancario de propiedad pública creció durante la década de 1980 y de manera paulatina sustituyó al Estado central en la provisión de líneas de crédito a las empresas estatales, a las empresas municipales, y al sector privado. Estos diferentes sectores económicos no evolucionaron de manera independiente unos de otros. Las empresas municipales extrajeron su financiamiento inicial del sector agrario, y sirvieron para proporcionar productos al mercado o para suministrar insumos intermedios a las empresas estatales. Con el paso del tiempo, el capital extranjero se integró en las empresas municipales y en las empresas estatales, y el sector privado cobró mucha más importancia tanto de manera directa (bajo la forma de propietarios) como indirecta (bajo la forma de socios). Cuando las empresas públicas perdieron rentabilidad, los bancos les brindaron créditos de bajo coste. Y desde el momento en que el mercado ganó fuerza y relevancia, el conjunto de la economía se desplazó hacia una estructura neoliberal[170].

Consideremos, pues, de qué modo evolucionaron a lo largo del tiempo cada uno de estos diversos sectores. En lo que atañe a la agricultura, a principios de la década de 1980 se otorgó a los campesinos el derecho a utilizar las tierras comunales bajo un sistema de «responsabilidad personal». En un principio, podían vender en el mercado libre los excedentes de la producción (una vez superados los objetivos marcados en la comuna) sin ajustarse a los precios controlados por el Estado. A finales de la década de 1980, las comunas se habían disuelto por completo. Aunque los campesinos no podían ser formalmente propietarios de las tierras, podían alquilarlas y arrendarlas, contratar mano de obra para trabajarlas y vender sus productos a precio de mercado (el sistema dual de precios se vio eficazmente destruido). Como consecuencia, las rentas en el ámbito rural aumentaron a una sorprendente tasa del 14% anual y la producción experimentó un crecimiento similar entre 1978 y 1984. A partir de entonces, los ingresos en el ámbito rural se estancaron o incluso cayeron en términos reales (particularmente en 1995) en todas las áreas excepto en determinadas pequeñas zonas y líneas de producción exclusivas. La disparidad de los ingresos entre el ámbito rural y urbano experimentó un acusado aumento. En las ciudades, la renta media que en 1985 apenas alcanzaba los 80 dólares anuales, se disparó hasta alcanzar los 1000 dólares al año en 2004, mientras que en el ámbito rural, el incremento experimentado en el mismo período fue de 50 hasta cerca de 300 dólares anuales. Por otro lado, la pérdida de los derechos sociales colectivos previamente establecidos dentro de las comunas —a pesar de lo débiles que pudieran haber sido— supuso que los campesinos tuvieran que afrontar onerosas tarifas para poder asistir a las escuelas, obtener atención sanitaria o recibir otros servicios esenciales. Esto no fue así para la mayoría de los residentes permanentes de las ciudades, que también se vieron favorecidos después de 1995 cuando una ley sobre bienes raíces urbanos les otorgó derechos de propiedad sobre este tipo de bienes, posibilitándoles especular con el valor de la propiedad. Actualmente, el diferencial entre la renta real urbana y la rural es, de acuerdo a algunas estimaciones, mayor que en cualquier otro país del mundo[171].

Empujados a tener que buscar trabajo en otra parte, los emigrantes rurales —muchos de ellos, mujeres jóvenes— comenzaron entonces a inundar las ciudades —de manera ilegal y careciendo de derechos de residencia— para formar una inmensa reserva de mano de obra (una población «flotante» con un estatus legal indeterminado). Hoy China se encuentra «en medio del mayor proceso de migración de masas que el mundo haya conocido jamás», que «ya ha dejado pequeños los movimientos migratorios que conformaron América y el mundo occidental moderno». Según informes oficiales, en China hay «114 millones de trabajadores inmigrantes que han abandonado las áreas rurales, de manera temporal o por razones alimentarias, para trabajar en las ciudades», y expertos del gobierno «predicen que esta cifra alcanzará los 300 millones en 2020, para llegar finalmente a los 500 millones». Sólo en la ciudad de Shangai «viven 3 millones de trabajadores inmigrantes, frente a los aproximadamente 4,5 millones de personas que se cree que constituyeron el conjunto de la emigración irlandesa hacia América entre 1820 y 1930»[172]. Esta fuerza de trabajo es vulnerable a la superexplotación y ejerce una presión a la baja en los salarios de los residentes legales de las ciudades. Pero la urbanización es difícil de detener y las tasas de urbanización se mantienen en torno a un 15% anual. Dada la falta de dinamismo en el sector rural, hoy es una opinión común que cualesquiera que sean los problemas existentes o futuros éstos serán resueltos en las ciudades o no se resolverán en absoluto. Las remesas de dinero enviadas a las zonas rurales son actualmente un elemento crucial en la supervivencia de las poblaciones de las mismas. Las condiciones extremas del sector rural así como su inestabilidad están generando uno de los problemas más serios a los que se enfrenta en estos momentos el gobierno chino[173].

Cuando se disolvieron las comunas, sus competencias administrativas y políticas fueron traspasadas a los gobiernos recién establecidos en las ciudades y en los pueblos al amparo de la Constitución de diciembre de 1982. La legislación posterior permitió a estos gobiernos tomar posesión de los activos industriales de las comunas y proceder a su transformación en empresas municipales. Liberada del control estatal centralizado, las administraciones locales adoptaron invariablemente una actitud de tipo empresarial. El crecimiento del nivel de renta en el ámbito rural generó ahorros que pudieron ser reinvertidos en las empresas municipales. También florecieron, dependiendo de la zona, los proyectos empresariales conjuntos con el capital extranjero (particularmente de Hong Kong o a través de los negocios de la diáspora china). Las empresas municipales fueron particularmente activas en las periferias rurales de las grandes ciudades, como sucedió en Shanghai y en las áreas provinciales donde la inversión extranjera era libre, como sucedió en Guangdong. Estas empresas se convirtieron en una fuente increíble de dinamismo en la economía durante los primeros quince años del periodo de reformas. En 1995 empleaban a 128 millones de personas (Ver Cuadro[5.2] Transformación de la estructura de empleo en China, 1980-2002 en millones de dólares) y concentraban la capacidad de experimentación desde abajo funcionando como un campo de pruebas para las reformas[174]. Todo lo que funcionara en las empresas municipales podía convertirse posteriormente en base de la política estatal. Y lo que en gran medida funcionó, fue un auge de la industria ligera en la producción de bienes de consumo destinados a la exportación, lo que condujo a China a tomar el camino de la industrialización dirigida a la exportación. Sin embargo, hasta 1987, al Estado no se le ocurrió que el desarrollo debiera estar dirigido por la exportación.

Los análisis sobre el objeto concreto de estas empresas municipales varían enormemente. Algunos autores demuestran que realizaban operaciones privadas «en todo, salvo en el nombre», explotando mano de obra rural o inmigrante a un coste insignificante —particularmente de mujeres jóvenes— y operando al margen de todo tipo de regulación. A menudo abonaban salarios paupérrimos y no ofrecían asistencia social ni protección legal alguna. No obstante, algunas otorgaban una limitada protección social y beneficios económicos así como también condiciones laborales en el marco de la legalidad. En el caos de la transición emergieron todo tipo de diferencias, las cuales con frecuencia habían tenido manifestaciones locales y regionales[175].

Durante la década de 1980 quedó claro que la mayor parte de la espectacular tasa de crecimiento de China estaba siendo impulsada desde fuera del sector público empresarial. Durante el periodo revolucionario las empresas estatales proporcionaban seguridad en el empleo y protección social a los miembros de la población activa, pero en 1983 se les permitió utilizar «personal contratado» por un periodo limitado de tiempo y sin protección social[176]. Igualmente, se les garantizó una mayor autonomía en la gestión respecto a la propiedad estatal. Los gestores podían reservarse un cierto porcentaje de los beneficios y vender toda la producción excedente a precios de mercado, una vez alcanzados sus objetivos. Éstos eran mucho más elevados que los precios oficiales y, de este modo, se estableció un farragoso sistema dual de fijación de precios que acabó siendo efímero. A pesar de estos incentivos, las empresas estatales no prosperaron. Muchas de ellas eran presas del endeudamiento y tuvieron que ser socorridas bien por el gobierno central o bien por los bancos estatales, que fueron alentados a prestarles el dinero en condiciones ventajosas. Esto último creó graves problemas a los bancos cuando se constató que el volumen de créditos incobrables experimentaba un crecimiento exponencial. Se desencadenó entonces una notable presión para llevar a cabo una reforma más en profundidad de este tipo de empresas. Así, en 1995, el Estado decidió «convertir un grupo seleccionado de empresas estatales de tamaño medio y grande en compañías de responsabilidad limitada o de capital dividido en acciones». Las primeras tendrían «entre dos y cincuenta propietarios de participaciones» y las segundas tendrían «más de cincuenta accionistas y podrían ofertar emisiones públicas». Un año más tarde, se anunció un programa mucho más extenso de corporativización en el que exceptuando a las empresas estatales más importantes, todas las restantes serían convertidas en «cooperativas de capital dividido en participaciones» en el que todos los empleados tenían el derecho nominal a comprar parte de las mismas. En la década de 1990 se sucedieron oleadas de privatización/conversión de empresas estatales, de modo que en 2002 éstos sólo representaban el 14% del total del empleo en el sector industrial, frente al porcentaje del 40% que habían representado en 1990. Los pasos más recientes han consistido en abrir tanto las empresas municipales como las estatales a la propiedad extranjera plena[177].

La inversión extranjera directa registró, a su vez, resultados muy contradictorios en la década de 1980. En un principio, estuvo canalizada hacia las cuatro zonas económicas especiales situadas en las regiones de la costa sur del país. Estas zonas «tenían el objetivo inicial de producir bienes destinados a la exportación con la finalidad de obtener divisas extranjeras. También funcionaban como laboratorios económicos y sociales en los que podían observarse las tecnologías y las técnicas gerenciales extranjeras. Ofrecían un abanico de incentivos a los inversores extranjeros, como exenciones tributarias temporales, posibilidad de repatriar anticipadamente los beneficios y mejores servicios en infraestructura»[178]. Pero los primeros intentos de las firmas extranjeras de colonizar el mercado interno chino en campos como el del automóvil y los artículos manufacturados, no dieron buenos resultados. Aunque Volkswagen y Ford sobrevivieron (a duras penas), General Motors tuvo que desistir a principios de la década de 1990. Los únicos sectores que registraron un claro éxito fueron los dedicados a la exportación de bienes que exigían una abundante mano de obra. Más de dos terceras partes de la inversión extranjera directa que llegó durante los primeros años de la década de 1990 (y un porcentaje aún mayor de las nuevas empresas constituidas que sobrevivieron) estaban dirigidas por chinos residentes en el exterior (en particular, por aquellos que operaban desde Hong Kong, pero también desde Taiwán). Las débiles protecciones legales ofrecidas a las empresas capitalistas suponían una ventaja para las relaciones informales que se producían en el ámbito local y en el seno de redes fiduciarias que los chinos ubicados en el extranjero estaban en una posición privilegiada para explotar[179].

Posteriormente, el gobierno chino declaró varias «ciudades costeras», así como también ciertas «regiones económicas», «abiertas» a la inversión extranjera (Ver Figura[5.1] La geografía de la apertura de China a la inversión extranjera en la década de 1980). Después de 1995, abrió virtualmente la totalidad del país a todo tipo de inversiones extranjeras directas; La oleada de quiebras que sacudió a algunas de las empresas municipales en el sector manufacturero en 1997 y 1998 y que salpicó a muchas de las empresas estatales en los principales centros urbanos, se reveló un punto de inflexión. El sistema de fijación de precios basado en la competencia se predominó entonces sobre el proceso de devolución de poderes desde el Estado central a los entes locales, convirtiéndose en la dinámica esencial que propulsó la reestructuración de la economía. La consecuencia fue herir gravemente, si no destruir, a muchas de las empresas públicas y crear una inmensa masa de desempleados. En esos momentos, abundantes informes revelaban un considerable grado de malestar entre la fuerza de trabajo (véase más adelante) y el gobierno chino tuvo que afrontar el problema de absorber un gran excedente de mano de obra si quería sobrevivir[180]. No podía depender exclusivamente de un influjo de inversión extranjera directa en continua expansión para resolver el problema, por importante que pudiera ser.

Desde 1998 los chinos han intentado resolver en parte este problema, optando por inversiones en grandiosos megaproyectos destinados a transformar las infraestructuras físicas del país financiados mediante el endeudamiento. Actualmente, está sobre la mesa un proyecto (de un coste superior a los 60 000 millones de dólares) mucho más ambicioso que la ya monumental presa de las Tres Gargantas diseñada para desviar el agua del río Yangtze hacia el cauce del río Amarillo. Las asombrosas tasas de urbanización (no menos de cuarenta y dos ciudades han crecido por encima de 1 millón de habitantes desde 1992) exigen enormes inversiones de capital fijo. Las ciudades más importantes han construido nuevos sistemas de metro y de autopistas, y existe la propuesta de desarrollar 13 679,42 kilómetros de nuevas líneas ferroviarias para conectar el interior del país con la zona costera, que constituye el centro del dinamismo económico, lo que incluye la construcción de una línea de alta velocidad entre Shanghai y Pekín, así como una conexión con el Tíbet. Asimismo, la celebración de los Juegos Olímpicos ha dado pie a una gran inversión en Pekín. «China también se propone construir un sistema de autopistas interestatal más extenso que el de América en tan sólo 15 años, a la vez que prácticamente todas las grandes ciudades están construyendo o acaban de construir un gran nuevo aeropuerto». Según las últimas informaciones, China cuenta con «más de 15 000 proyectos de construcción de autopistas que añadirán 162 000 kilómetros de carreteras al país, es decir, los suficientes para rodear cuatro veces el planeta Tierra por la línea del ecuador»[181]. Este esfuerzo es, en total, mucho mayor que el emprendido por Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960 para la construcción de su sistema de autopistas interestatal y tiene el potencial de absorber los excedentes de capital y de mano de obra existentes durante los próximos años. No obstante, está financiado a través del déficit (siguiendo el clásico estilo keynesiano). También entraña elevados riesgos, puesto que si las inversiones no recuperan el valor invertido en el tiempo previsto rápidamente se produciría una crisis fiscal del Estado.

El acelerado proceso de urbanización proporciona una vía para absorber las masivas reservas de mano de obra que han confluido en las ciudades procedentes de las áreas rurales. Por ejemplo, Dongguang, una sencilla ciudad situada justo al norte de Hong Kong ha crecido hasta convertirse en una urbe de 7 millones de habitantes en poco más de veinte años. Pero «las autoridades de la ciudad no están satisfechas con su tasa de crecimiento económico anual que se sitúa en un 23%. Actualmente, dan los últimos retoques a una enorme ciudad adyacente, completamente nueva, que esperan que atraiga a 300 000 investigadores e ingenieros, la vanguardia de la nueva China»[182].

También es el lugar de construcción del que se prevé que será el mayor centro comercial del mundo (construido por un multimillonario chino, consta de siete zonas que reproducen Ámsterdam, París, Roma, Venecia, Egipto, el Caribe, y California, y todas están diseñadas con tal atención a los detalles que, según se dice, resultan indistinguibles de los lugares reales).

Este nuevo rango de ciudades esta sumido en una feroz competición interurbana. En el Delta del río Perla, por ejemplo, todas las ciudades intentan capturar a tantas empresas como sea posible «mediante construcciones auxiliares a las de sus vecinos, a menudo duplicando la oferta. A finales de la década de 1990 se construyeron cinco aeropuertos internacionales en un radio de 100 kilómetros, y se está produciendo un auge similar en materia de puertos y de puentes»[183]. Las provincias y las ciudades consiguen eludir los esfuerzos de Pekín por sujetar las riendas de sus inversiones porque, entre otras razones, tienen el poder de financiar sus propios proyectos vendiendo derechos para realizar promociones inmobiliarias.

Las ciudades también se han convertido en terrenos de un frenético desarrollo de bienes raíces y de especulación sobre la propiedad:

Durante la primera mitad de la década de 1990, cuando una «mentalidad de casino» inundó el país, tanto los bancos como otras instituciones financieras concedieron financiación de manera imprudente para promociones inmobiliarias masivas en todo el territorio de China. Espacios de oficina de primera clase, villas de lujo así como ostentosas casas en las ciudades y edificios de apartamentos brotaron de la noche a la mañana, no sólo en las ciudades más importantes, como Pekín, Shanghai o Shenzhen, sino también en muchas pequeñas ciudades provinciales y costeras […]. La llamada «burbuja de Shangai» transformó esta ciudad antes anodina en una de las metrópolis más glamorosas del mundo. A finales de 1995 Shanghai se vanagloriaba de poseer un millar de rascacielos, varios cientos de hoteles de cinco estrellas, más de 1 250 000 metros cuadrados de espacio de oficinas —cinco veces los aproximadamente 250 000 metros cuadrados de 1994— y un «caliente mercado» de bienes raíces que estaba incrementando el espacio disponible a una tasa más elevada que la de Nueva York […]. A finales de 1996 la burbuja había explotado en gran medida debido a una ineficiente asignación de los recursos y al exceso de capacidad que se había generado[184].

Pero este auge retomó su camino de manera todavía más vigorosa a finales de la década de 1990, únicamente para verse seguido de rumores acerca de un exceso de edificación en los mercados urbanos más importantes en 2004[185].

Detrás de buena parte de este proceso descansa el papel financiero del sistema bancario chino, en su mayoría propiedad estatal. Este sector se expandió rápidamente a partir de 1985. En 1993, por ejemplo, el número de sucursales de los bancos estatales había crecido «de 60 785 a 143 796 y el número de empleados aumentado de 973 355 a 1.893 957. Durante el mismo periodo los depósitos se incrementaron desde 427 300 millones de yuanes (51 600 millones de dólares) a 2,3 billones de yuanes, mientras que el total de créditos ascendió de 590 500 millones a 2,3 billones de yuanes»[186]. En aquel momento, los desembolsos excedieron el presupuesto para gastos del gobierno en cinco veces. Una gran cantidad de dinero fue destinada a enjugar las pérdidas de las empresas estatales y claramente los bancos jugaron un papel principal en la creación de «burbujas de activos», especialmente en el volátil sector inmobiliario y de la construcción. Los créditos de dudoso cobro se convirtieron en un problema y al final el gobierno central tuvo que gastar «casi tanto en amortizar estos créditos» como Estados Unidos en rescatar a las cajas de ahorro en 1987 (el coste de la operación de rescate fue de 123 800 millones de dólares de fondos públicos y 29 100 millones más en concepto de depósitos suplementarios en primas de seguros de las instituciones financieras). En 2003, por ejemplo, China anunció una compleja transferencia de 45 000 millones de sus reservas de divisas extranjeras a dos grandes bancos del gobierno, en lo que era la «tercera mayor operación de rescate habida en el sistema bancario en menos de 6 años»[187]. Aunque la cartera de créditos impagados equivalía aproximadamente al 35% del PIB chino, este porcentaje palidece en comparación con el del gobierno federal estadounidense y el nivel de endeudamiento de los consumidores en este país, que se mantiene en más de 300% del PIB[188].

Obviamente, China tomó lecciones de la experiencia de Japón en al menos un aspecto clave. La modernización de la educación y de la ciencia, debían ir de la mano con una clara estrategia de investigación y desarrollo, con objetivos tanto militares como civiles. La inversión china en ambos campos ha sido significativa. Actualmente, ofrece incluso sus servicios como proveedor de satélites con fines comerciales (para irritación de Estados Unidos). Pero desde finales de la década de 1990, las corporaciones extranjeras comenzaron a trasladar una parte importante de su actividad de investigación y desarrollo a China. Microsoft, Oracle, Motorola, Siemens, IBM, e Intel han establecido laboratorios de investigación en China debido a su «creciente importancia y sofisticación en tanto que mercado de tecnología», así como debido a su «gran reserva de científicos calificados pero económicos, y a sus consumidores todavía relativamente pobres pero cada vez más ricos y deseosos de adquirir nuevas tecnologías»[189]. Más de 200 importantes corporaciones, entre las que se encuentran gigantes como BP y General Motors, han ubicado una parte significativa de su inversión en investigación en China. Con frecuencia, estas corporaciones protestan por lo que consideran prácticas ilegales de piratería sobre sus tecnologías y sus diseños por parte de compañías autóctonas chinas, pero poco pueden hacer para defenderse dada la poca disposición del gobierno chino a intervenir y el poder del Estado para dificultarles sus operaciones en el mayor mercado del mundo en caso de que ejerzan demasiada presión sobre estas cuestiones. En todo caso, no sólo las compañías extranjeras se han mostrado activas. Tanto Japón como Corea del Sur han invertido en «ciudades de investigación» a gran escala situadas en China, para colocarse en un lugar que les permita obtener ventajas de la mano de obra de bajo coste pero sumamente calificada que ofrece el país. El resultado global de todo este proceso ha sido hacer de China una ubicación mucho más atractiva para las actividades del sector de alta tecnología[190], como sucede con las compañías indias de este tipo, encuentran más barato deslocalizar algunas de sus actividades y ubicarlas en China. Igualmente, ha emergido un sector autóctono de alta tecnología en diversas áreas. Shenzhen, por ejemplo, «con docenas de edificios de cristal y de piedra pulida que no parecerían fuera de lugar en Silicon Valley, posee un campus en expansión que aloja a muchos de los 10 000 ingenieros que trabajan para consolidar a Huawei como el primer actor internacional de China en el negocio de equipos para comunicaciones». Desde finales de la década de 1990, «Huawei invirtió enormes cantidades en establecer redes para la venta de sus productos en Asia, Oriente Próximo y Rusia y en la actualidad vende productos en 40 países, a menudo a precios tres veces más baratos que los de sus rivales»[191]. Y tanto en el marketing como en la producción de ordenadores personales, en estos momentos las corporaciones chinas tienen una presencia muy activa.

Relaciones exteriores

En 1978, el comercio exterior suponía únicamente el 7% del PNB de China, pero a principios de la década de 1990 este porcentaje había alcanzado el 40%, manteniéndose en este nivel desde entonces. La cuota china del comercio mundial se cuadriplicó durante ese mismo período. En 2002, cerca del 40% del PIB chino lo constituía la inversión extranjera directa (y el sector industrial representaba la mitad de este porcentaje). Ese mismo año China se había convertido en el mayor destinatario de inversión extranjera directa de los países en vías de desarrollo y las multinacionales explotaban de manera rentable el mercado chino. General Motors, que había visto fracasar su tentativa empresarial en este país a principios de la década de 1990, volvió a introducirse en el mercado a finales de la misma década y en 2003 sus cuentas revelaban que su empresa china generaba beneficios mucho mayores que sus operaciones domésticas en Estados Unidos[192].

Parecía como si la estrategia de desarrollo basada en la exportación hubiera tenido un brillante éxito. Pero nada de esto había sido planificado en 1978. Deng había anunciado un alejamiento de las políticas de Mao basadas en la autosuficiencia, pero las primeras aperturas hacia el exterior fueron vacilantes y se restringieron a las zonas económicas especiales situadas en Guangdong. Hasta 1987, momento en el que se percibió el éxito del experimento de Guangdong, el partido no aceptó que el crecimiento debía estar conducido por la exportación. Y fue únicamente tras su «gira por el sur» en 1992, cuando el gobierno volcó todas sus energías en el comercio exterior y en la inversión extranjera directa[193]. En 1994, por ejemplo, el tipo de cambio monetario dual (el oficial y el de mercado) fue abolido mediante una devaluación del 50% del tipo oficial, la cual despertó no obstante una cierta crisis inflacionaria interna, pero también preparó el terreno para un crecimiento arrollador del comercio y de la afluencia de capital que, al día de hoy, ha situado a China como la economía más dinámica y próspera del mundo. Cuáles serán las repercusiones de este proceso para el futuro de la neoliberalización, dada la inclinación de esta a transformarse a través de desarrollos geográficos desiguales y competitivos, es todavía pronto para saberlo.

El éxito inicial de la estrategia de Deng dependió de la conexión con el mundo a través de Hong Kong. Como una de las primeras economías de los «tigres» asiáticos, Hong Kong era ya un importante centro de dinamismo capitalista. A diferencia de los restantes Estados de la región (Singapur, Taiwán y Corea del Sur) que recurrían a un elevado grado de planificación estatal, Hong Kong se había desarrollado de una forma más empresarial y caótica, sin una orientación significativa de la economía por parte del Estado. Se encontraba convenientemente situada en el centro de la diáspora empresarial china, que ya tenía significativas conexiones globales. La industria manufacturera de Hong Kong se había desarrollado teniendo como ejes primordiales una mano de obra intensiva y el desarrollo de industrias de bajo valor añadido (con la textil a la cabeza). A finales de la década de 1970 sufría una dura competencia extranjera y una extrema escasez de mano de obra. Guangdong, situada justo al otro lado de la frontera china, tenía la mano de obra más barata del mundo. Por lo tanto, la apertura de Deng supuso un regalo llovido del cielo. El capital de Hong Kong no dejó escapar la oportunidad. Y supo utilizar de manera ventajosa sus muchas conexiones ocultas con el otro lado de la frontera china, su papel de intermediaria para todo tipo de operaciones de comercio exterior que China ya realizase y su red de marketing en la economía global, que fue utilizada para que los productos de fabricación china pudieran circular fácilmente.

A mediados de la década de 1990, todavía cerca de dos tercios de la inversión extranjera directa destinada a China llegaba a través de Hong Kong. Y aunque esto respondiese en parte a la impecable pericia de Hong Kong en la intermediación financiera y comercial con las más diversas fuentes de capital extranjero, resulta incuestionable que el hecho fortuito de su proximidad, fue crucial para el camino hacia el desarrollo que se abrió para China en su conjunto. Por ejemplo, a principios de la década de 1980, la zona de desarrollo económico creada en la ciudad de Shenzhen, dependiente del gobierno provincial, era un fracaso económico. Lo que atraía a los capitalistas de Hong Kong eran las empresas municipales recién creadas en las áreas rurales. El capital de Hong Kong suministraba la maquinaria, los insumos y el marketing, y las empresas municipales realizaban el trabajo. Una vez establecido, este modelo de funcionamiento pudo ser emulado por otros capitalistas extranjeros (en particular taiwaneses principalmente interesados en Shanghai después de que se abriera la ciudad al exterior). Las fuentes de la inversión extranjera directa se diversificaron en gran medida durante la década de 1990, y corporaciones tanto japonesas como surcoreanas, y también estadounidenses, comenzaron a utilizar China como centro de producción deslocalizada a gran escala.

A mediados de la década de 1990, se hizo claro que el vasto mercado interno de China cada vez se tornaba más atractivo para el capital extranjero. Aunque es posible que únicamente el 10% de la población poseyese el poder adquisitivo de una naciente y floreciente clase media, el 10% de más de 1000 millones de personas constituía un mercado interno ingente. Se desató entonces una carrera competitiva por suministrarles automóviles, teléfonos móviles, DVD, televisores y lavadoras así como también centros comerciales, autopistas y hogares «lujosos». La producción mensual de coches ascendió de manera paulatina de cerca de 20 000 en 1993, hasta casi 50 000 en 2001, y a partir de entonces experimentó un vertiginoso aumento hasta alcanzar los casi 250 000 vehículos al mes a mediados de 2004. Una marea de inversión extranjera —en todos los campos, desde Wal-Mart y McDonald’s hasta la producción de chips informáticos— inundó el país anticipándose al acelerado crecimiento del futuro mercado interno a pesar de las incertidumbres institucionales, de la política estatal y de los evidentes peligros de un exceso de capacidad[194].

La enorme dependencia de la inversión extranjera directa convirtió a China en un caso especial, muy diferente a Japón o a Corea del Sur. Como resultado, el capitalismo chino no se encuentra integrado de manera óptima. El comercio interregional se encuentra muy escasamente desarrollado, aunque haya habido grandes inversiones en nuevos medios de comunicación. Algunas provincias, como Guangdong mantienen relaciones comerciales mucho más intensas con el extranjero que con el resto de China. El capital no fluye fácilmente de un extremo a otro del país, a pesar del reciente aluvión de fusiones y de los esfuerzos impulsados por el Estado para crear alianzas regionales entre las diferentes provincias[195]. Por lo tanto, esta dependencia de la inversión extranjera directa únicamente se reducirá en la medida en que mejoren la asignación de recursos y las interrelaciones capitalistas dentro de la propia China[196].

Las relaciones comerciales exteriores de China han sufrido diversas mutaciones a lo largo del tiempo, pero particularmente durante los últimos cuatro años. Aunque el ascenso a la categoría de miembro integrante de la OMC en 2001 haya tenido mucho que ver en ello, el radiante dinamismo del crecimiento económico chino y las estructuras cambiantes de la competencia internacional han hecho inevitable un reordenamiento de gran trascendencia de las relaciones comerciales. En la década de 1980, la posición de China en los mercados globales obedecía principalmente a la producción en industrias de bajo valor añadido mediante la venta en grandes cantidades de productos textiles a bajo precio, así como de juguetes y productos de plástico, en los mercados internacionales. Las políticas maoístas habían convertido a China en un país autosuficiente en el campo energético y también en lo relativo a muchas materias primas (es uno de los mayores productores de algodón del mundo). Así pues, simplemente necesitaba importar la maquinaria y la tecnología necesarias, así como lograr su acceso a los mercados (con la conveniente e interesada ayuda de Hong Kong). Y podía utilizar su fuerza de trabajo barata para obtener una gran ventaja competitiva. A finales de la década de 1990, el salario por hora de trabajo en la producción textil era de 30 céntimos de dólar, mientras que en México y en Corea del Sur era de 2,75 dólares, en Hong Kong y Taiwán rondaba los 5 dólares, y en Estados Unidos superaba los 10 dólares[197]. Sin embargo, en las etapas iniciales, la producción china estaba en gran medida subordinada a los comerciantes de Taiwán y de Hong Kong que controlaban el acceso a los mercados globales, se quedaban con la parte del león de los beneficios comerciales y de manera progresiva conseguían una integración hacia atrás en la cadena productiva comprando o invirtiendo en las empresas municipales o estatales chinas. En el delta del río Perla son frecuentes los complejos productivos en los que se da trabajo a más de 40 000 trabajadores. Por otro lado, los bajos niveles salariales permiten la introducción de innovaciones que suponen un ahorro de capital. Las plantas de producción estadounidenses con una elevada tasa de productividad utilizan sistemas automatizados sumamente costosos, pero «las fábricas chinas invierten este proceso retirando el capital del proceso de producción y reintroduciendo un gran protagonismo del trabajo». El capital total necesario se ve reducido por regla general en un tercio. «La combinación de salarios más bajos con un capital más reducido eleva de manera característica el interés del capital por encima del nivel de las fábricas estadounidenses»[198].

Las increíbles ventajas que reportan estos niveles salariales conllevan que China pueda competir con otras localizaciones de mano de obra barata como México, Indonesia, Vietnam y Tailandia en sectores productivos de bajo valor añadido (como el textil). México perdió 200 000 empleos en sólo dos años cuando China (a pesar del TLCAN) superó a ese país como el mayor proveedor del mercado estadounidense de bienes de consumo. Durante la década de 1990, China comenzó su ascenso en la escala de la producción de bienes de alto valor añadido y a competir con Corea del Sur, Japón, Taiwán, Malasia y Singapur en campos como la electrónica y las máquinas herramienta. Este resultado se debió en parte a que las compañías instaladas en esos países decidieron deslocalizar su producción para beneficiarse de la gran masa de trabajadores altamente cualificados y de bajo coste que estaba siendo generada por el sistema universitario chino. En un principio, la mayor oleada se produjo desde Taiwán. Se estima que en estos momentos viven y trabajan en China al menos un millón de empresarios y de ingenieros taiwaneses, que se han traído consigo una buena parte de la capacidad productiva de aquel país. La afluencia desde Corea de Sur también ha sido considerable (Ver Figura 4.4). Las compañías coreanas del sector electrónico ahora realizan una parte sustancial de sus operaciones en China. En septiembre de 2003, por ejemplo, Samsung Electronics anunció que iba a trasladar todo su negocio de producción de ordenadores a China, después de haber invertido 2500 millones de dólares en este país para «crear 10 sociedades comerciales filiales y 26 compañías de producción, empleando a un total de 42 000 trabajadores»[199]. La externalización japonesa de la producción hacia China contribuyó al declive del empleo en la industria manufacturera japonesa, que pasó de ocupar a 15,7 millones de trabajadores en 1992 a 13,1 millones en 2001. Las compañías japonesas también comenzaron a retirarse de Malasia, de Tailandia y de otros lugares para reubicarse en China. Actualmente, han invertido en China de manera tan profusa que «más de la mitad del comercio que se produce entre China y Japón se lleva a cabo entre compañías japonesas»[200]. Tal y como ocurría cuando analizábamos el caso de Estados Unidos, las corporaciones pueden obtener muy buenos resultados aunque sus países de origen se resientan. China ha desplazado un mayor número de empleos de la industria manufacturera de Japón, Corea del Sur, México y otros lugares, que de Estados Unidos. El espectacular crecimiento de China, tanto internamente como en su posición comercial internacional, se ha correspondido con una recesión crónica en Japón y con un crecimiento retardado, un estancamiento de las exportaciones y crisis periódicas en el resto del este y sureste de Asia. Estos efectos negativos en la competencia que se aprecian en muchos países probablemente se intensifiquen con el transcurso del tiempo[201].

Por otro lado, el espectacular crecimiento de China ha aumentado la dependencia del país de las fuentes extranjeras de materias primas y de energía. En 2003 China «consumió el 30% de la producción mundial de carbón, el 36% de la de acero y el 55% de la de cemento»[202]. Así pues, pasó de ser relativamente autosuficiente en 1990, a convertirse en el segundo mayor importador de petróleo después de Estados Unidos en 2003. Sus compañías energéticas trataron de invertir en los yacimientos petrolíferos de la cuenca del Mar Caspio, e iniciaron negociaciones con Arabia Saudita para obtener un acceso seguro a los suministros de petróleo de Oriente Próximo. Sus intereses energéticos en Sudán, así como también en Irán, han creado tensiones con Estados Unidos en ambas áreas. Asimismo, compitió con Japón por el acceso al petróleo ruso. Durante la década de 1990, en su búsqueda de nuevas fuentes de suministro de metales, sus importaciones de Australia se vieron cuadruplicadas. Y en su necesidad desesperada de adquirir metales estratégicos como cobre, estaño, mineral de hierro, platino y aluminio se precipitó a cerrar acuerdos comerciales con Chile, Brasil, Indonesia, Malasia y muchos otros países. Trató de obtener importaciones agrícolas y de madera de cualquier lugar (las compras masivas de soja a Brasil y a Argentina, dieron un soplo de vida a esas economías) y la demanda china de chatarra fue tan enorme como para aumentar sus precios en todo el mundo. Incluso la manufactura estadounidense se ha beneficiado de la demanda china de equipos para el movimiento de tierras (Caterpillar) y de turbinas (GE). Las exportaciones asiáticas a China también han crecido a tasas asombrosas. Actualmente, China es el principal destino de las exportaciones procedentes de Corea del Sur y compite con Estados Unidos en el mercado de exportaciones de Japón. Taiwán es un ejemplo inmejorable para ilustrar la velocidad con la que se ha producido esta reorientación de las relaciones comerciales. En 2001 China superó a Estados Unidos como primer destino de las exportaciones taiwanesas (principalmente de bienes manufacturados intermedios), pero a finales de 2004 Taiwán exportaba a China el doble de lo que exportaba a Estados Unidos[203].

En efecto, China domina la totalidad del este y el sureste de Asia como una potencia hegemónica regional con una enorme influencia global. Tiene capacidad para reafirmar sus tradiciones imperiales tanto en la región como más allá de la misma. Como respuesta a las preocupaciones argentinas ante el hecho de que el bajo precio de las importaciones chinas estaba destruyendo los restos de sus industrias autóctonas del textil, del calzado y del cuero que empezaron a revivir en 2004, su recomendación fue que dejara morir sin más esas industrias y que se concentrara en ser un proveedor de materias primas y de productos agrícolas para el floreciente mercado chino. Pero a los argentinos no se les pasó por alto que este fue exactamente el modo en que Gran Bretaña había enfocado su imperio indio en el siglo XIX. No obstante, las masivas inversiones chinas en infraestructuras chinas en curso se han subido en buena medida al tren de la economía global. De manera inversa, la ralentización del crecimiento de China en 2004 ha venido a:

«… crispar los mercados financieros y de mercancías en todos los lugares. Los precios del níquel se han hundido hasta alcanzar niveles que no se conocían desde hacía 15 años, el cobre no había sufrido una caída semejante desde hacía 8. Las monedas de aquellas economías impulsadas por la producción de mercancías como Australia, Canadá, y Nueva Zelanda también han sufrido consecuencias negativas. Y los mercados de otras economías asiáticas basadas en las exportaciones han temblado ante el temor de que China pueda comprar menos semiconductores a Taiwán o menos varas de acero a Corea del Sur, así como también menos goma tailandesa, arroz vietnamita o estaño malayo»[204].

Tal y como invariablemente sucede con las dinámicas exitosas de acumulación de capital, llega un punto en el que los excedentes internos acumulados por una economía, requieren una válvula de escape hacia el exterior. Una vía ha consistido en financiar la deuda estadounidense y, por lo tanto, mantener boyante su mercado para los productos chinos, aunque manteniendo el tipo de cambio del yuan convenientemente vinculado al valor del dólar. Pero las compañías chinas llevan largo tiempo activas a escala global y han expandido de manera notable su alcance y su campo de actuación desde mediados de la década de 1990. Asimismo, las empresas chinas han invertido en otros países para asegurar su posición en los mercados extranjeros. Los aparatos de televisión chinos ahora son ensamblados en Hungría y en Carolina del Norte, para asegurar su acceso al mercado europeo y al mercado estadounidense respectivamente. Hay una compañía automovilística china que planea ensamblar coches y eventualmente construir una fábrica en Malasia. Las compañías chinas también invierten en el turismo de la región del Pacífico para satisfacer su propia y creciente demanda[205].

Pero hay un aspecto en el que China se aparta de manera manifiesta del patrón neoliberal. China tiene enormes excedentes de mano de obra y en aras a mantener su estabilidad política y social debe, o bien absorber o bien reprimir de manera violenta, a esa fuerza de trabajo excedente. Lo primero sólo puede hacerlo a través de la financiación mediante el endeudamiento de proyectos infraestructurales y de formación de capital fijo a escala masiva (la inversión en capital fijo se incrementó en un 25% en 2003). El peligro anida en una severa crisis de sobreacumulación de capital fijo (en particular, en el entorno edificado). Existen abundantes signos de un exceso de capacidad de producción (por ejemplo, en la producción de automóviles y en la electrónica) y en las inversiones urbanísticas ya se ha producido un ciclo de auge y caída. Pero todo ello exige que el Estado chino se aparte de la ortodoxia neoliberal y actúe como un Estado keynesiano. Esto requiere el mantenimiento de sus controles sobre el capital y el tipo de cambio. Estas medidas se contradicen con las reglas globales dictadas por el FMI, la OMC y el Departamento del Tesoro estadounidense. Aunque China está exenta de estas reglas a tenor de una cláusula transitoria del acuerdo que prevé su pertenencia a la OMC, no puede permanecer en esta situación por tiempo indefinido. El fortalecimiento de los controles sobre el flujo de capitales es una tarea cada día más ardua a medida que el yuan chino se escurre por una frontera sumamente porosa a través de los canales de Hong Kong y de Taiwán hacia la economía global. Resulta oportuno recordar que una de las circunstancias que sirvieron para desarticular todo el sistema keynesiano posbélico de Bretton Woods[206] fue la formación del mercado del eurodólar cuando los dólares estadounidenses burlaron la disciplina de sus propias autoridades monetarias[207]. Los chinos van en camino de reproducir aquel problema, y su keynesianismo se encuentra correlativamente amenazado.

El sistema bancario chino, que se halla en el centro de la actual estrategia de financiación mediante el déficit, no puede soportar en estos momentos su integración en el sistema financiero global porque al menos la mitad de su cartera de créditos es de dudoso cobro. Por fortuna, los chinos mantienen un superávit en su balanza de pagos que pueden destinar, tal y como ya vimos, a limpiar los borrones de las cuentas de sus bancos. Pero esto que sirve para tapar un agujero permite que se abra otro, porque la única forma de permitírselo es acumulando el mencionado superávit de su balanza de pagos con Estados Unidos. Emerge, pues, una peculiar simbiosis en la que China, junto a Japón, Taiwán y otros bancos centrales asiáticos, financia la deuda estadounidense de tal forma que Estados Unidos puede consumir a su vez, y de manera conveniente, la producción excedente de estos países. Pero esto torna a Estados Unidos vulnerable ante los caprichos de los bancos centrales asiáticos. De manera inversa, el dinamismo económico chino es rehén de la política presupuestaria y monetaria de Estados Unidos. Actualmente, Estados Unidos también se está comportando de acuerdo con la fórmula keynesiana puesto que está contrayendo un enorme déficit federal y registra un elevado nivel de endeudamiento por parte de los consumidores, si bien no deja de insistir en que todos los demás países deben acatar las reglas neoliberales. Es una posición insostenible y ahora hay muchas voces influyentes en Estados Unidos que sugieren que el país se encamina sin remisión hacia el huracán de una crisis financiera de gran envergadura[208].

Respecto a China, esto implicaría sustituir una política de absorción de mano de obra por una abierta política de represión. El hecho de si esta táctica puede salir victoriosa, como ocurrió en la Plaza de Tiananmen en 1989, dependerá de manera crucial del equilibrio de fuerzas existente entre las clases sociales del país y de cómo se posicione el Partido Comunista frente a esas fuerzas[209].

¿Hacia una reconstitución del poder de clase?

El 9 de junio de 2004, un tal señor Wang se gastó 900 000 dólares en comprar un sedan Maybech de ultralujo de Daimler Chrysler en Pekín. Evidentemente, el mercado de automóviles de lujo de esta clase es bastante pujante. La conclusión es que «unas pocas familias chinas han acumulado una extraordinaria riqueza»[210]. Si descendemos un peldaño en el estatus de la jerarquía automovilística, China es al día de hoy el mayor mercado del mundo de vehículos Mercedes-Benz. Alguien, en algún lugar y de alguna forma se está haciendo muy rico.

Aunque China pueda ser una de las economías del mundo con un ritmo de crecimiento más acelerado, también se ha convertido en una de las sociedades más desiguales (Ver Figura[5.2] Incremento de la desigualdad de la renta en China: rural (arriba) y urbana (abajo), 1985-2000). Los beneficios del crecimiento «han sido otorgados principalmente a los residentes de las ciudades así como a los oficiales del gobierno y del partido. En los últimos cinco años, la brecha en la diferencia de ingresos entre la población urbana rica y la población rural pobre se ha ensanchado de manera tan acusada que en la actualidad algunos estudios encuentran más desfavorable la brecha social de China que la de las naciones más pobres de África»[211]. La desigualdad social nunca se vio erradicada durante la era revolucionaria. La diferenciación entre la ciudad y el campo fue incluso plasmada en la ley. Sin embargo, escribe Wang, con la reforma «esta desigualdad estructural rápidamente se transformó en una acusada disparidad en la renta entre diferentes clases, estratos sociales y regiones que rápidamente condujo a una polarización social»[212]. Los procedimientos de cuantificación formal de la desigualdad social, como el coeficiente de Gini, confirman que en tan sólo veinte años China ha recorrido un camino a lo largo del cual ha dejado de ser uno de los países más pobres y una de las sociedades más igualitarias del mundo, para pasar a padecer una desigualdad crónica. La brecha entre los ingresos en las zonas rurales y urbanas (osificada por el sistema de permisos de residencia) se ha incrementado de manera acelerada. Si bien los acomodados residentes de las ciudades conducen coches BMW, los agricultores del medio rural son afortunados si comen carne una vez a la semana. Todavía más contundente ha sido la creciente desigualdad tanto dentro del sector rural como del urbano. Las desigualdades regionales también se han profundizado y aunque algunas de las ciudades situadas en las zonas costeras se han precipitado a la cabeza del progreso, el interior del país así como el «cinturón oxidado» de la región septentrional o bien no han conseguido despegar o bien se han ido a pique de manera estrepitosa[213].

El mero incremento de la desigualdad social constituye un indicador precario de un proceso de reconstitución del poder de clase. La demostración de esta última cuestión es en gran medida aproximativa y fruto de la observación y en absoluto segura. Sin embargo, podemos proceder mediante deducciones atendiendo primero a la situación del sector más bajo de la pirámide social. «En 1978 en China había 120 millones de trabajadores. En 2000 eran 270 millones. Si a esta cantidad le añadimos los 70 millones de campesinos que se habían trasladado a las ciudades y que habían encontrado un trabajo asalariado estable, en la actualidad, la clase obrera china alcanza aproximadamente los 350 millones de trabajadores». De esta cifra, «más de 100 millones» trabajan fuera del sector público estatal y oficialmente se clasifican como trabajadores asalariados[214]. Un gran porcentaje de los trabajadores empleados en lo que queda del sector público (tanto en empresas estatales como en empresas municipales), tienen también, en efecto, el estatus de trabajadores asalariados. Por lo tanto, en este país se ha producido un proceso de proletarización en masa marcado por las etapas de la privatización llevada a cabo y por los pasos dados para imponer una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo (que incluye que las empresas públicas se despojen de sus obligaciones en materia de pensiones y de protección social). Asimismo, el gobierno ha «destripado» los servicios. De acuerdo con China Labor Watch, «los gobiernos rurales prácticamente no reciben apoyo de las áreas ricas del país. Imponen impuestos a los agricultores locales y cobran tasas para financiar las escuelas, los hospitales, la construcción de carreteras e incluso la policía». La pobreza se está agudizando entre los que se quedan atrás, a pesar de que el crecimiento procede de manera acelerada a una tasa del 9%. Entre 1998 y 2002, 27 millones de trabajadores fueron apartados de las empresas públicas cuando el número de estas se redujo de 262 000 a 159 000. Resulta especialmente sorprendente el hecho que la pérdida neta de empleos en la industria manufacturera en China durante aproximadamente la última década haya rondado los 15 millones[215]. En tanto que el neoliberalismo requiere una fuerza de trabajo abundante, fácilmente explotable y relativamente impotente, no cabe duda de que China puede ser considerada como una economía neoliberal, aunque «con características chinas».

La acumulación de riqueza al otro extremo de la escala social es una historia más complicada. Su origen en parte parece encontrarse en una combinación de corrupción, tretas ocultas y una clara apropiación de los derechos y de los activos que antes fueron de propiedad común. Los gobiernos locales transfirieron participaciones de las empresas a los gestores de las mismas como parte de su estrategia de reestructuración y, de este modo, muchos directivos «se han convertido a través de medios diversos, de un día para otro, en poseedores de acciones por valor de decenas de millones de yuanes, formando un nuevo grupo de magnates». Cuando las empresas públicas se reestructuraron convirtiéndose en sociedades por acciones «los directivos recibieron una porción significativa de las acciones» y, en ocasiones, se les concedió un salario anual cien veces más elevado que el salario medio de sus trabajadores[216]. Los directivos de la Tsingtao Brewery, que se convirtió en una compañía privada en 1993, no sólo han llegado a poseer un amplio porcentaje de las acciones de un lucrativo negocio (que está aumentado su presencia nacional y su poder oligopolista a través de la adquisición de muchas fábricas locales de elaboración de cerveza) sino que también se asignan a sí mismos magníficos salarios como gerentes de la compañía. Las relaciones privilegiadas entre los miembros del partido, los funcionarios del gobierno y los empresarios privados con los bancos también han desempeñado un importante papel. Los gestores de las empresas recién privatizadas que han recibido un cierto número de acciones pueden solicitar créditos a los bancos (o a los amigos) para comprar las acciones restantes a los trabajadores (en ocasiones de manera coercitiva utilizando, por ejemplo, la amenaza de efectuar despidos). Dado que un gran número de préstamos bancarios están en situación de impago, los nuevos propietarios o bien exprimen las compañías hasta el límite (la adquisición de empresas en crisis para vender sus bienes está a la orden del día) o bien encuentran formas para no abonar sus deudas sin declararse en quiebra (la ley que regula el estado de quiebra tiene un deficiente desarrollo). Cuando el Estado toma 45 000 millones de dólares ganados a costa del sudor de una fuerza de trabajo fuertemente explotada y los utiliza para rescatar a los bancos cubriendo sus créditos fallidos, entonces, bien puede ser que estemos ante una redistribución de la riqueza desde las capas más bajas de la sociedad hacia las más altas y no ante una cancelación de malas inversiones. Los directivos sin escrúpulos pueden adquirir el control de las nuevas corporaciones recién privatizadas así como sus activos de manera facilísima y utilizarlas para su propio enriquecimiento personal.

El capital autóctono también está desempeñando un papel cada vez más relevante en la creación de riqueza. Tras haberse beneficiado de más de veinte años de transferencia de tecnología a través de empresas conjuntas, dichosas por su acceso a un profuso caudal de trabajo cualificado y de habilidades gerenciales y, sobre todo, cabalgando los «espíritus animales» de la ambición empresarial, muchas firmas chinas se han aupado ahora a una posición que les permite competir con rivales extranjeros no sólo en el mercado doméstico sino también en la arena internacional. Y esto ya no ocurre únicamente en los sectores de bajo valor añadido. El actual octavo fabricante de ordenadores del mundo, por ejemplo, es una compañía creada en 1984 por un grupo de científicos chinos patrocinados con fondos del gobierno. A finales de la década de 1990, dejó de ser un mero distribuidor para convertirse en fabricante y hacerse con la mayor cuota del mercado chino de ordenadores. Lenovo, tal y como ahora se conoce a esta sociedad, se encuentra en estos momentos atrapada en una feroz guerra de competencia contra grandes actores de la industria y acaba de adquirir la línea de ordenadores personales de IBM para obtener un mejor acceso al mercado global. El acuerdo (que, dicho sea de paso, amenaza la posición de Taiwán en el negocio de los ordenadores) capacita a IBM para tender un puente más sólido con el mercado del software chino a la vez que crea una gran compañía dotada de proyección global con base en este país dedicada a la industria informática[217]. Aunque el Estado pueda poseer acciones en compañías como Lenovo, su autonomía gerencial garantiza un sistema de propiedad y de gratificación que permite crecientes concentraciones de riqueza en manos de sus directores generales en los mismos términos que pueden encontrarse en cualquier otra parte del mundo.

La promoción inmobiliaria, en particular dentro y alrededor de las grandes ciudades y en las zonas de desarrollo dedicadas a la exportación, parece ser otro camino privilegiado hacia la acumulación de riqueza en unas pocas manos. Como los agricultores no poseían títulos de propiedad sobre la tierra no fue difícil despojarles de la misma para destinarla a usos urbanos lucrativos, lo que les privó de la base rural que les servía de medio de subsistencia y les obligó a abandonar las tierras y a integrarse en el mercado de trabajo. La compensación ofrecida a los agricultores es normalmente una pequeña fracción del valor de la tierra que posteriormente los funcionarios del gobierno transfieren a los promotores. Es posible que aproximadamente 70 millones de agricultores hayan perdido sus tierras de este modo durante la pasada década. Los líderes de las comunas, por ejemplo, con frecuencia afirmaban poseer de facto derechos de propiedad sobre la tierra comunal y sobre los activos en las negociaciones con los inversores extranjeros o con los promotores. Posteriormente obtuvieron la confirmación de que estos derechos les pertenecían en tanto que individuos, lo que en efecto implicaba proceder a una delimitación de los bienes comunales que sólo beneficiaba a unos pocos. En la confusión de la transición, escribe Wang, una parte significativa del patrimonio nacional fue «legal» e «ilegalmente» transferida en condiciones que suponían una ventaja económica personal para una pequeña minoría[218]. La especulación con la tierra y en el mercado inmobiliario, particularmente en las áreas urbanas, se extendió incluso en ausencia de sistemas claros para establecer derechos de propiedad. La pérdida de tierra cultivable se convirtió en un problema de tal envergadura que en 1998 el gobierno central tuvo que imponer una moratoria a las conversiones hasta que pudiera implementarse una planificación más racional del uso de la tierra. Pero el daño, muy considerable, ya se había hecho. Los terrenos de valor ya habían sido concentrados y los promotores (haciendo uso de relaciones privilegiadas con los bancos) se habían puesto manos a la obra, acumulando una inmensa riqueza en unas pocas manos. Incluso a pequeña escala, se hizo mucho más dinero invirtiendo en el mercado inmobiliario que en empresas de producción[219]. El hecho de que el coche valorado en 900 000 dólares fuera adquirido por una persona que había ganado ese dinero con bienes inmuebles, es significativo.

La especulación sobre el valor de los activos, a menudo utilizando créditos otorgados en condiciones favorables, también ha intervenido en este proceso. Ha sido particularmente relevante en cuanto a los bienes inmuebles urbanos situados dentro del perímetro y alrededor de algunas grandes ciudades como Pekín, Shangai, Shenzhen, o Dongguang. Las ganancias obtenidas, que durante ciertos breves períodos de la burbuja fueron enormes, han sido acaparadas generalmente por los especuladores mientras que las pérdidas habidas durante las crisis han sido en gran medida soportadas por los bancos. En todos estos ámbitos, incluido la zona oculta de la corrupción que resulta muy difícil de medir, la apropiación de activos que con frecuencia se ha llevado a cabo por líderes destacados del partido o por cargos oficiales del gobierno ha transformado a los agentes del poder estatal en hombres de negocios independientes y extremadamente ricos perfectamente capaces, si es necesario, de proteger su recién encontrada riqueza sacándola del país a través de Hong Kong.

En los principales centros urbanos ha emergido una vibrante cultura de consumo a la que la creciente desigualdad social añade sus particulares rasgos, como las cerradas y protegidas comunidades de costosas viviendas reservadas a los ricos (con nombres como Beverly Hills), las espectaculares y privilegiadas zonas de consumo, de restaurantes y de clubes nocturnos, los centros comerciales y de ocio, y los parques temáticos que podemos encontrar en muchas ciudades. La cultura posmoderna ha llegado a Shanghai, y a lo grande. Asimismo, podemos encontrar todos los complementos de la occidentalización, desde las transformaciones en las relaciones sociales que hacen que las jóvenes comercien constantemente con su sexualidad y con su belleza, hasta las instituciones culturales (desde el concurso de belleza de Miss Mundo hasta las exposiciones de arte de gran éxito) conformadas en un grado pasmoso para crear versiones exageradas, hasta el punto de la parodia, de Nueva York, Londres, o París. Lo que actualmente se denomina «el cuenco de arroz de la juventud» asume su reinado mientras todo el mundo especula con los deseos del resto en la lucha darwiniana por la posición social. Las consecuencias sobre las relaciones de género de este proceso son notables. «En las ciudades costeras, las mujeres encuentran dos extremos, por un lado, las mayores oportunidades de ganar niveles de renta sin precedentes y de obtener empleos profesionales y, por otro, salarios comparativamente bajos en el sector manufacturero o empleos en el sector de los servicios de bajo estatus en restaurantes, el servicio doméstico y la prostitución»[220].

Otra fuente para amasar riqueza reside en la superexplotación de la fuerza de trabajo, en particular de las mujeres jóvenes que emigran de las áreas rurales. Los niveles salariales de China son extremadamente bajos, y las condiciones laborales se encuentran hasta tal punto desreguladas y son tan despóticas y explotadoras que hacen palidecer las descripciones que hace mucho tiempo atrás Marx recogió en su devastador análisis de las condiciones del trabajo fabril doméstico existentes en Gran Bretaña en las primeras etapas de la Revolución Industrial. Sin embargo, todavía más indigno resulta el impago de los salarios y el incumplimiento de las obligaciones con los pensionistas. En palabras de Lee:

En Shenyang, situada en el corazón de la zona de la industria pesada y de producción en masa del nordeste del país, entre 1996 y 2001, el 23,1% de los trabajadores empleados, no recibieron sus salarios en el plazo convenido y el 26,4% de los jubilados, recibieron sus pensiones con retraso. A escala nacional, el número total de trabajadores a los que se les debían salarios se incrementó de 2,6 millones en 1993 a 14 millones en 2000. Este problema no se circunscribe a los viejos y arruinados centros industriales respecto a sus trabajadores despedidos o jubilados. Los informes elaborados por el gobierno mostraban que el 72,5% de los casi 100 millones de trabajadores inmigrantes del país, no había recibido la totalidad de los salarios devengados. La suma total de los salarios debidos se estimaba que rondaba los 12 000 millones de dólares (alrededor de 100 000 millones de yuanes). El 70% de esta deuda había sido contraída en el sector de la construcción[221].

Gran parte del capital acumulado por las firmas privadas y extranjeras proviene de trabajo no pagado. Esta situación ha generado la emergencia de fuertes protestas obreras en muchas áreas del país. Aunque los trabajadores chinos parecen preparados para aceptar largas jornadas laborales, pésimas condiciones de trabajo y bajos salarios como parte del precio de la modernización y del crecimiento económico, el impago de salarios y de las pensiones resulta algo intolerable. Las demandas y las quejas formuladas ante el gobierno central referidas a esta cuestión se han multiplicado en los últimos años y la falta de una respuesta adecuada por parte del gobierno ha conducido a la acción directa[222]. En 2002, en la ciudad nororiental de Liaoyang, más de 30 000 trabajadores de alrededor de 20 fábricas distintas mantuvieron varios días de protestas en lo que fue «la mayor manifestación de este tipo desde el aplastamiento de Tiananmen». En Jiamasu, en la parte norte del país, donde cerca del 80% de la población de la ciudad estaba desempleada y vivía con menos de 20 dólares a la semana a raíz del cierre repentino de una fábrica en la que trabajaban 14 000 personas, estalló una campaña de acción directa después de meses de demandas incontestadas. «Ciertos días los jubilados bloqueaban todo el tráfico de la principal autopista de la ciudad ocupando en filas la calzada. Otros días, los miles de trabajadores textiles despedidos se sentaban en las vías del tren causando interrupciones en el servicio. A finales de diciembre, los trabajadores de una arruinada fábrica de pasta se tumbaron como si fueran soldados inmovilizados en la única pista de Jiamasu, impidiendo el aterrizaje de los aviones»[223]. Las cifras policiales revelan que «en estas protestas participaron cerca de 3 millones de personas» durante 2003. Hasta épocas recientes, este tipo de conflictos ha sido manejado de manera satisfactoria manteniéndolos aislados, fragmentados, desorganizados y, por supuesto, ocultos a la opinión pública. Pero estudios recientes indican que están irrumpiendo conflictos más difundidos. En la provincia de Anhui, por ejemplo, «alrededor de 10 000 trabajadores textiles y jubilados protestaron recientemente contra la disminución de las pensiones, así como por la falta de asistencia médica y de indemnizaciones para las personas que han sufrido algún tipo de daño». En Dongguang, Stella Internacional Ltd., una empresa fabricante de zapatos de propiedad taiwanesa en la que trabajan 42 000 personas, «afrontó huelgas durante esta primavera que acabaron siendo violentas. En cierto momento, más de 500 trabajadores enfurecidos saquearon las instalaciones de la compañía e hirieron gravemente a un ejecutivo de la misma, causando la entrada de la policía en la fábrica y la detención de los cabecillas»[224].

Protestas de todo tipo, «muchas de ellas violentas, han estallado con progresiva frecuencia por todo el país en los últimos meses». Igualmente, también se han registrado disturbios y protestas por toda China motivadas por las confiscaciones de tierras que se han producido en las áreas rurales. Resulta difícil predecir si esto dará lugar o no a un movimiento de masas. Pero es indudable que el partido teme la potencial ruptura del orden establecido y está movilizando tanto a las fuerzas de su propia organización como a las policiales para anticiparse a la propagación de cualquier movimiento social amplio que pueda emerger. Las conclusiones de Lee respecto a la naturaleza de la subjetividad política emergente resultan interesantes. En opinión de esta autora, tanto los trabajadores del sector público como los inmigrantes, rechazan el término de clase obrera y niegan «la clase como marco discursivo para constituir su experiencia colectiva». Tampoco se ven a sí mismos como «el sujeto contractual, jurídico y abstracto del trabajo que normalmente se asume en las teorías de la modernidad capitalista», como portador de derechos legales. De manera característica apelan, en cambio, a la noción maoísta tradicional de las masas constituidas por los «trabajadores, el campesinado, la intelligentsia y la burguesía nacional cuyos intereses eran armoniosos entre sí y con el Estado». De este modo, los trabajadores «pueden formular reivindicaciones morales a favor de sistemas de protección pública, reforzando el poder de dirección y la responsabilidad del Estado respecto a aquellos a los que gobierna»[225]. Por lo tanto, el objetivo de todo movimiento de masas sería hacer que el Estado esté a la altura de su calidad de mando revolucionario contra los capitalistas extranjeros, los intereses privados y las autoridades locales.

El hecho de si el Estado chino es actualmente capaz o está siquiera dispuesto a ponerse a la altura de tales reivindicaciones morales y, de este modo, conservar su legitimidad no está claro en absoluto. Al formular su defensa de un trabajador enjuiciado por encabezar una huelga violenta en una fábrica, un reconocido abogado chino observó que antes de la Revolución, «el Partido Comunista estaba del lado de los trabajadores en su lucha contra la explotación capitalista, pero que hoy en día lucha codo con codo con los desaprensivos capitalistas en su batalla contra los trabajadores»[226]. Si bien hay varios aspectos de la política del Partido Comunista que fueron pensados para frustrar la formación de una clase capitalista, también es cierto que el partido ha aceptado la masiva proletarización de la fuerza de trabajo china, la disolución del «cuenco de arroz garantizado», la mutilación de las protecciones sociales, la imposición de tarifas a los usuarios de servicios esenciales, la creación de un régimen flexible en el mercado de trabajo y la privatización de activos anteriormente poseídos en comunidad. Ha creado un sistema social en el que las empresas capitalistas pueden constituirse y funcionar sin restricciones. De este modo, ha conseguido generar un acelerado crecimiento y ha aliviado la pobreza de muchos, pero también ha aceptado grandes concentraciones de riqueza en las capas más altas de la sociedad. Además, la pertenencia al partido de empresarios ha ido en aumento (del 13,1% en 1993 al 19,8% en 2000). Sin embargo, resulta difícil especificar si esto refleja un desembarco de empresarios capitalistas o bien el hecho de que muchos miembros del partido han utilizado sus privilegios para hacerse capitalistas a través de dudosos procedimientos. En todo caso, es un indicio de la progresiva integración entre la elite del partido y la elite empresarial de formas que resultan muy habituales en Estados Unidos. Por otro lado, los vínculos entre los trabajadores y la organización del partido se han tensado[227]. Queda por ver si esta transformación interna de la estructura del partido consolidará la ascensión del mismo tipo de elite tecnócrata que en México llevó al PRI hacia la neoliberalización absoluta. Tampoco puede descartarse, sin embargo, que las masas pretendan conseguir la restauración de su única forma propia de poder de clase. Actualmente el partido se ha alineado contra ellas y se encuentra claramente dispuesto a utilizar su monopolio del uso de la violencia para sofocar la disidencia, expulsar a los campesinos de las tierras y suprimir las crecientes reivindicaciones no sólo de democratización del país sino de una mínima justicia redistributiva. En definitiva, no cabe la menor duda de que China se ha desplazado hacia la neoliberalización y la reconstitución del poder de clase aunque con «características distintivamente chinas». Sin embargo, el autoritarismo, la apelación al nacionalismo y la reaparición de ciertas trazas de imperialismo, sugieren que China puede estar deslizándose, aunque desde una posición muy diferente, hacia una confluencia con la corriente neoconservadora que ahora recorre con fuerza Estados Unidos. Esto no es muy halagüeño de cara el futuro.

6

El neoliberalismo a juicio

Los dos motores económicos que han impulsado al mundo a través de la recesión global que se afianzó después de 2001, han sido Estados Unidos y China. Lo irónico es que ambos países han estado actuando como Estados keynesianos en un mundo supuestamente gobernado por reglas neoliberales. Estados Unidos ha recurrido de manera desmedida a la financiación mediante el déficit presupuestario de su militarismo y de su consumismo, mientras China ha financiado mediante el endeudamiento con créditos bancarios de dudoso cobro enormes inversiones en infraestructuras y en capital fijo. Los neoliberales convencidos sostendrán, sin duda, que la recesión es signo de una neoliberalización insuficiente o imperfecta, y seguramente podrían aducir como prueba de sus afirmaciones las operaciones del FMI y las actividades del ejército de mercenarios apostado en Washington al servicio de los grupos de presión que de manera regular distorsiona el proceso de elaboración de los presupuestos generales de Estados Unidos de acuerdo con sus fines particulares. Pero estas son imposibles de verificar y, al formularlas, se limitan a seguir los pasos de una larga estirpe de eminentes economistas teóricos que sostienen que para que todo vaya bien en el mundo bastaría con que todas las personas se comportasen de acuerdo con las indicaciones de sus libros de texto[228].

Pero existe una interpretación más siniestra de esta paradoja. Si dejamos a un lado, como creo que debemos hacer, la afirmación de que la neoliberalización no es más que un ejemplo de una teoría errónea que ha perdido la razón (con todos los respetos hacia el economista Stiglitz) o bien un caso de una búsqueda sin sentido de una falsa utopía (con el debido respeto hacia el conservador y experto en filosofía política John Gray[229]), sólo nos queda constatar una tensión entre el mantenimiento del capitalismo, por un lado, y la restauración/reconstitución del poder de la clase dirigente, por otro. Si nos encontramos en un momento de absoluta contradicción entre ambos objetivos, entonces, no cabe duda de hacia qué lado se inclina la actual Administración de Bush, dada su ávida búsqueda de recortes fiscales a favor de las corporaciones y de los ricos. Por otro lado, una crisis financiera global provocada en parte por su propia política económica temeraria, permitiría al gobierno de Estados Unidos librarse definitivamente de toda obligación de costear el bienestar de sus ciudadanos salvo en lo que respecta al incremento del poder militar y policial, que podría ser necesario para sofocar el malestar social y para imponer la disciplina a escala global. Es posible que después de haber escuchado con atención las advertencias de figuras como Paul Volcker acerca de la elevada probabilidad de una grave crisis financiera en los próximos cinco años, prevalezcan algunas voces más sensatas dentro de la clase capitalista[230]. Pero esto supondrá desmantelar algunos de los privilegios y del poder que han estado acumulándose durante los últimos treinta años en las capas más altas de la clase capitalista. Las fases anteriores de la historia del capitalismo —pensemos, por ejemplo, en 1873 y en la década de 1920— en las que se han planteado disyuntivas igualmente duras, no invitan al optimismo. Las clases superiores, insistiendo en la naturaleza sacrosanta de sus derechos de propiedad, prefirieron entonces destruir el sistema antes que entregar parte alguna de sus privilegios o de su poder. Comportarse de este modo no implica el descuido de sus propios intereses, ya que si se colocan en la posición acertada, como los buenos abogados en las quiebras, pueden beneficiarse del hundimiento aunque el resto de nosotros se vea indefectiblemente arrastrado por la corriente. Es posible que alguno de ellos también sea presa del diluvio y acabe arrojándose por las ventanas de Wall Street, pero eso no es lo habitual. Lo único a lo que temen es a los movimientos políticos que les amenazan con la expropiación o con la violencia revolucionaria. Aunque alberguen esperanzas de que el sofisticado aparato militar que ahora poseen (gracias al complejo de la industria militar) protegerá su riqueza y su poder, el fracaso de este mismo aparato en la empresa de pacificar fácilmente a Iraq sobre el terreno debería darles qué pensar. Pero las clases dominantes raramente, o nunca, entregan de manera voluntaria parte de su poder y, en mi opinión, no hay motivos para pensar que lo vayan a hacer ahora. Así pues, nos encontramos ante la paradoja de que un fuerte movimiento socialdemócrata y obrero ocupa una posición mejor para redimir al capitalismo que su propio poder de clase capitalista. Si bien es posible que esta conclusión sea calificada de contrarrevolucionaria por parte de algunos miembros de la izquierda radical, ella también pone de relieve una fuerte dosis de autoprotección porque es la gente común y corriente la que sufre, pasa hambre e incluso muere en el curso de las crisis capitalistas (pensemos el caso de Indonesia o de Argentina) y no los miembros de las clases altas. Si la política preferida de las elites dominantes es après moi le déluge[231], no hay que olvidar que el diluvio se traga sobre todo a los impotentes y a los desprevenidos mientras que las elites tienen bien preparada su arca en la que, al menos por el momento, pueden sobrevivir bastante bien.

Hazañas neoliberales

Las primeras palabras de este capítulo tienen un carácter especulativo. Pero podemos hacer un útil análisis de los antecedentes histórico-geográficos de la neoliberalización para verificar su poder como panacea potencial para todos los males político-económicos que actualmente nos amenazan. ¿Hasta qué grado, pues, ha logrado la neoliberalización estimular la acumulación de capital? Su actual expediente resulta cuanto menos deplorable.

Las tasas de crecimiento global agregadas fueron del 3,5% aproximadamente durante la década de 1960, y durante la turbulenta década de 1970 tan sólo cayeron al 2,4%. Pero las tasas de crecimiento posteriores, del 1,4 y del 1,1% de las décadas de 1980 y de 1990 respectivamente (y una tasa que apenas roza el 1% desde 2000) indican que la neoliberalización ha sido un rotundo fracaso para la estimulación del crecimiento en todo el mundo (Ver Figura[6.1] Tasa de crecimiento global, anuales y por décadas, 1960-2003)[232]. En algunos casos, como en los territorios de la antigua Unión Soviética y en aquellos países de Europa central que se sometieron a la «terapia de choque» neoliberal, se han producido pérdidas catastróficas. Durante la década de 1990, la renta per cápita en Rusia descendió a una tasa del 3,5% anual. Una gran parte de la población se vio sumida en la pobreza y como resultado la expectativa de vida en los varones descendió 5 años. La experiencia ucraniana fue similar. Únicamente Polonia, que desobedeció las recomendaciones del FMI, mostró una apreciable mejoría. En gran parte de América Latina, la neoliberalización produjo o bien el estancamiento (en la «década perdida» de 1980) o bien picos de crecimiento seguidos de derrumbes económicos (como en Argentina).

Y en África no ha hecho nada en absoluto para generar cambios positivos. Únicamente en el este y el sureste de Asia, y ahora hasta cierto punto en la India, la neoliberalización ha estado ligada a cierta trayectoria positiva de crecimiento, y en estos lugares los no muy neoliberales Estados desarrollistas desempeñaron un papel muy relevante. El contraste entre el crecimiento de China (casi un 10% anual) y el declive ruso (con una tasa negativa del 3,5% anual) es contundente. El empleo informal se ha acrecentado por todo el planeta (según las estimaciones en América Latina creció del 29% de la población activa en la esfera económica en la década de 1980, al 40% en la de 1990) y prácticamente todos los indicadores globales de los niveles de salud, la expectativa de vida, la mortalidad infantil y otros aspectos relacionados con la calidad de vida, arrojan pérdidas en vez de progresos en el bienestar desde la década de 1960. Sin embargo, el porcentaje de la población mundial que vive en la pobreza ha caído, pero esto se debe casi enteramente a las mejoras habidas únicamente en India y en China[233]. La reducción y el control de la inflación es el único éxito sistemático que la neoliberalización puede atribuirse.

Las comparaciones son siempre odiosas, por supuesto, pero más aún cuando nos referimos a la neoliberalización. La neoliberalización restringida de Suecia, por ejemplo, ha logrado resultados mucho mejores que la neoliberalización persistente del Reino Unido. La renta per cápita sueca es más elevada, la inflación es menor, la situación de su cuenta corriente con el resto del mundo es mejor y todos los índices acerca de su posición competitiva y de su clima para los negocios arrojan porcentajes superiores. Los índices de calidad de vida son más altos. Suecia es el tercer país del mundo en cuanto a expectativa de vida, frente al Reino Unido que ocupa el puesto 29. El índice de pobreza es del 6,3% en Suecia frente al 15,7% en el Reino Unido, y si bien el 10% más rico de la población sueca gana rentas 6,2 veces más altas que el 10% más pobre de la sociedad, en el Reino Unido esta cifra es del 13,6. El analfabetismo es menor en Suecia y la movilidad social es mayor[234].

Si este tipo de datos se divulgaran más, seguramente se apagarían los elogios de la neoliberalización y su forma de globalización característica. ¿Por qué, entonces, son tantos los convencidos de que la neoliberalización a través de la globalización es la «única alternativa» y de que haya tenido tantos éxitos? Sobresalen dos razones. En primer lugar, la volatilidad del desarrollo geográfico desigual se ha acelerado, permitiendo a ciertos territorios avanzar de manera espectacular (al menos durante un tiempo) a costa de otros. Si, por ejemplo, la década de 1980 perteneció en gran medida a Japón, a los «tigres» asiáticos y a Alemania occidental, y si la de 1990 perteneció a Estados Unidos y al Reino Unido, entonces, la idea de que el «éxito» iba a darse en alguna parte oscurecía de alguna manera el hecho de que en términos generales la neoliberalización estaba siendo incapaz de estimular el crecimiento y de mejorar el bienestar. En segundo lugar, la neoliberalización, en tanto que proceso y no como teoría, ha tenido un éxito arrollador desde el punto de vista de las clases altas. O bien ha servido para restituir el poder de clase a las clases dominantes (como en Estados Unidos y hasta cierto punto en Gran Bretaña; véase Figura 1.3) o bien ha creado las condiciones para la formación de una clase capitalista (como en China, Rusia, India y otros lugares). Gracias al dominio de los medios de comunicación por los intereses de las clases altas, pudo propagarse el mito de que los Estados fracasaban desde el punto de vista económico porque no eran competitivos (creando, por lo tanto, una demanda de reformas todavía más neoliberales). El incremento de la desigualdad social dentro de un territorio era interpretado como algo necesario para estimular el riesgo y la innovación empresariales que propiciaban el poder competitivo e impulsaban el crecimiento. Si las condiciones de vida entre las clases más bajas de la sociedad se deterioraban, esto se debía a su incapacidad, en general debida a razones personales y culturales, para aumentar su capital humano (a través de la dedicación a la educación, a la adquisición de una ética protestante del trabajo y la sumisión a la flexibilidad y a la disciplina laborales, etc.). En definitiva, los problemas concretos emergen por la falta de fuerza competitiva o por fracasos personales, culturales y políticos. En un mundo darwiniano neoliberal, según esta línea de razonamiento, únicamente los más aptos sobreviven, o deberían sobrevivir.

Por supuesto, bajo el paraguas de la neoliberalización se han producido una serie de cambios espectaculares en las materias consideradas esenciales para el funcionamiento del sistema y esto le ha conferido una apariencia de increíble dinamismo. La creciente importancia de las finanzas y de los servicios financieros ha venido acompañada de un destacable cambio en los criterios de remuneración de las corporaciones financieras (Ver Figura[6.2] La hegemonía del capital financiero: valor neto y tasas de beneficio para las corporaciones financieras y no financieras en Estados Unidos 1960-2001), así como también de una tendencia dentro de las grandes corporaciones (como General Motors) a integrar las dos funciones. El empleo en estos sectores ha experimentado un destacado auge. Sin embargo, se plantean serios interrogantes sobre hasta qué punto esto ha sido productivo. Gran parte del negocio de las finanzas resulta no estar referido más que a finanzas. La búsqueda de ganancias especulativas es perpetua y para maximizar el grado hasta el cual pueden obtenerse es posible efectuar todo tipo de cambios en el poder. Las denominadas ciudades globales de las finanzas y del poder de mando mundial se han convertido en grandiosas islas de riqueza y de privilegio, con altísimos rascacielos y millones de millones de metros cuadrados de espacio de oficinas destinados a albergar esas operaciones. Las operaciones comerciales que tienen lugar dentro de estas torres, entre sus propios pisos, crean una inmensa cantidad de riqueza ficticia. Asimismo, los especulativos mercados inmobiliarios urbanos se han convertido en los principales motores de la acumulación de capital. Los perfiles recortados contra el horizonte, que cambian a un ritmo vertiginoso, de Manhattan, Tokio, Londres, París, Frankfurt, Hong Kong, y actualmente Shangai son un prodigio que invita a ser contemplado.

Al hilo de este proceso, hemos asistido a un extraordinario auge de las tecnologías de la información. En torno a 1970, la inversión en este campo se situaba al mismo nivel que el 25% destinado a la producción y a las infraestructuras físicas respectivamente pero, en 2000, las tecnologías de la información acaparaban el 45% del total de los gastos en inversión, mientras los porcentajes dedicados a la inversión en la producción y en las infraestructuras físicas disminuyeron. Durante la década de 1990, se consideraba que esto presagiaba el surgimiento de la nueva economía de la información[235]. En realidad representaba un desafortunado sesgo en la senda del cambio tecnológico —alejado de la producción y de la construcción de infraestructuras y acorde con las líneas exigidas por la financiarización dictada por el mercado— que fue el sello distintivo de la neoliberalización. La tecnología de la información es la tecnología privilegiada del neoliberalismo. En efecto, resulta mucho más útil para la actividad especulativa y para la maximización a corto plazo del número de contratos celebrados en el mercado que para la mejora de la producción. Asimismo, resulta interesante el hecho de que las áreas de producción que más crecieron fueron las emergentes industrias culturales (películas, videos, video-juegos, música, publicidad y espectáculos artísticos), que utilizaban la tecnología de la información como base para la innovación y la comercialización de sus productos. La expectación suscitada alrededor de estos nuevos sectores sirvió para desviar la atención de la ausencia de inversión en infraestructuras físicas y sociales básicas. Esto suscitó la euforia alrededor de la «globalización» y de todo aquello que al parecer propiciaba por la construcción de una economía global completamente distinta y totalmente integrada[236].

Sin embargo, el logro más sustantivo de la neoliberalización ha consistido en redistribuir, no en generar, la riqueza y la renta. En un trabajo previo, he proporcionado un análisis de los principales mecanismos que han sido utilizados para conseguir esto, bajo el título de «acumulación por desposesión»[237]. Esta expresión alude a la continuación y a la proliferación de prácticas de acumulación que Marx había considerado como «original» o «primitiva» durante el ascenso del capitalismo. Estas prácticas comprenden la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de poblaciones campesinas (comparable con los casos analizados anteriormente de México y China, donde se estima que en los últimos años han sido desplazados 70 millones de campesinos); la conversión de formas diversas de derechos de propiedad (comunal, colectiva, estatal, etc.) en derechos exclusivos de propiedad privada (su representación más gráfica la encontramos la encontramos en China); la supresión de los derechos sobre los bienes comunes; la mercantilización de la fuerza de trabajo y la eliminación de modos de producción y de consumo alternativos (autóctonos); procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos (los recursos naturales entre ellos); y, por último, la usura, el endeudamiento de la nación y, lo que es más devastador, el uso del sistema de crédito como un medio drástico de acumulación por desposesión. El Estado, gracias a su monopolio sobre el uso de la violencia y su definición de la legalidad, desempeña un papel crucial tanto en el apoyo como en la promoción de estos procesos. Actualmente, a este listado de mecanismos podemos añadir una batería de técnicas como la extracción de rentas de las patentes y de los derechos de propiedad intelectual, y la disminución o la anulación de varias formas de derechos de propiedad comunes (como las pensiones del Estado, las vacaciones retribuidas, y el acceso a la educación y a la atención sanitaria) ganados tras generaciones de lucha de clases. Por ejemplo, la propuesta de privatizar integralmente el sistema público de pensiones (experimentada por primera vez en Chile bajo la dictadura) es uno de los preciados objetivos de los republicanos en Estados Unidos.

La acumulación por desposesión comprende cuatro aspectos principales:

1. Privatización y mercantilización

La empresarialización, la mercantilización y la privatización de los activos previamente públicos ha sido un rasgo distintivo del proyecto neoliberal. Su objetivo prioritario ha consistido en abrir nuevos campos a la acumulación de capital en dominios hasta el momento considerados más allá de los límites establecidos para los cálculos de rentabilidad. A lo largo de todo el mundo capitalista y más allá de sus fronteras (por ejemplo en China), se han privatizado, en mayor o menor grado, toda clase de servicios públicos (el suministro de agua, las telecomunicaciones, el transporte), el sistema de provisión social gestionada por el Estado del bienestar (viviendas sociales, educación, asistencia sanitaria, el sistema de pensiones), instituciones públicas (universidades, laboratorios de investigación, prisiones) e, incluso, todas las competencias relativas a la guerra (como ilustra el «ejército» de contratistas privados que opera junto a las fuerzas armadas en Iraq). Los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos mediante el denominado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) incluido en el convenio constitutivo de la OMC, definen el material genético, el contenido celular de las semillas y diferentes tipos de bienes como propiedad privada. Las mismas poblaciones cuyas prácticas han desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de estos materiales genéticos, pueden ser objeto de extracción de las rentas derivadas de su utilización. La bio-piratería es un fenómeno galopante y el saqueo de las reservas mundiales de recursos genéticos prosigue su acelerada marcha en beneficio de un reducido número de grandes compañías farmacéuticas. De igual modo, el progresivo agotamiento de los bienes comunes que constituyen nuestro entorno global (tierra, agua y aire) y la degradación por doquier de los diversos hábitat, que excluyen toda forma de producción agrícola distinta a la del sistema intensivo capitalista, se derivan de la mercantilización en masa de la naturaleza en todas sus formas. La mercantilización (a través del turismo) de las formas culturales, de la historia y de la creatividad intelectual conlleva desposesiones íntegras (la industria de la música descuella como ejemplo de la apropiación y explotación de la cultura y de la creatividad popular). Al igual que en el pasado, el poder del Estado con frecuencia es utilizado para forzar tales procesos, incluso contra la voluntad popular. El desmantelamiento de los marcos normativos elaborados para proteger a la fuerza de trabajo y evitar la degradación medioambiental, ha entrañado una pérdida neta de derechos. La cesión al dominio de lo privado de los derechos de propiedad sobre lo común obtenidos tras largos años de encarnizada lucha de clases (el derecho a obtener una pensión del Estado, al bienestar, a la salud pública) ha sido una de las políticas de desposesión más escandalosas, a menudo llevada a cabo en contra de la clara voluntad política de la población. Todos estos procesos suponen una transferencia de activos de las esferas pública y popular a los dominios de lo privado y de los privilegios de clase[238].

2. Financiarización

La fuerte oleada de financiarización que arrancó después de 1980 ha estado marcada por un talante especulativo y depredador. La cifra diaria total de negocios de las transacciones financieras en los mercados internacionales, que fue de 2300 millones de dólares en 1983, creció hasta llegar a los 130 000 millones en 2001. La cifra de negocio anual, que alcanzó en 2001 40 billones de dólares, puede compararse con los 800 000 millones que se estima que se requerirían para sostener los flujos del comercio internacional y de la inversión productiva[239]. La desregulación permitió al sistema financiero convertirse en uno de los principales centros de actividad redistributiva a través de la especulación, la depredación, el fraude y el robo. El sistema financiero capitalista adoptó entre sus principales instrumentos la promoción comercial de acciones, el sistema de Ponzi[240], la destrucción de activos estructurados a través de la inflación, la compra de empresas en crisis para vender sus bienes mediante fusiones y adquisiciones y la promoción del endeudamiento por parte de las autoridades públicas hasta niveles que acaban reduciendo a poblaciones enteras, incluso en los países del capitalismo avanzado, a un estado de servidumbre por deudas, por no mencionar el fraude empresarial, o la desposesión de activos (como el asalto a fondos de pensiones que eventualmente se ven diezmados por crisis de capitales y de empresas) mediante la manipulación del crédito y del valor de las acciones. En el interior del sistema financiero existen innumerables formas de sisar[241] valor. En tanto que los corredores de bolsa obtienen una comisión por cada transacción realizada, pueden maximizar sus ingresos comerciando de manera frecuente sobre sus cuentas (una práctica conocida como «churning» [batir]), con independencia de que estas operaciones añadan o no valor a la cuenta. La alta cifra de negocios en el mercado de valores puede ser un simple reflejo de este tipo de operaciones y no de la confianza en el mercado. Tal y como actualmente ha quedado de manifiesto, el énfasis en el valor de las acciones, que es fruto de la unión de los intereses de los propietarios y de los gestores del capital a través de la remuneración de los últimos mediante derechos de opción de compra sobre las acciones de su propia empresa, ha dado lugar a manipulaciones en el mercado generadoras de una inmensa riqueza para unos pocos a costa del sacrificio de muchos. La espectacular caída de Enron fue emblemática de un proceso general que desposeyó a muchas personas de su fuente de subsistencia y de su derecho a percibir una pensión. Por otro lado, también debe mencionarse la incursión especulativa llevada a cabo mediante los hedge funds y otras instituciones principales del capital financiero, puesto que han constituido la auténtica punta de lanza de la acumulación por desposesión a escala global, aunque supuestamente concediesen el beneficio positivo de «repartir los riesgos»[242].

3. La gestión y la manipulación de la crisis

Más allá de la efervescencia especulativa y a menudo fraudulenta que caracteriza gran parte de la manipulación financiera neoliberal, nos encontramos ante un proceso más profundo que implica la difusión de «la trampa de la deuda» como principal instrumento de la acumulación por desposesión[243]. La creación, la gestión y la manipulación de la crisis a escala mundial ha evolucionado hacia el fino arte de la redistribución deliberada de la riqueza desde los países pobres hacia los ricos. Anteriormente, documenté el impacto que tuvo en México el incremento de los tipos de interés decidido por Volcker. A pesar de proclamar su papel como noble líder en la organización de «operaciones de rescate» para mantener en funcionamiento la acumulación de capital global, Estados Unidos dispuso el escenario para el saqueo de la economía mexicana. El complejo integrado por el Departamento del Tesoro estadounidense, Wall Street y el FMI, se ha convertido en un experto en el ejercicio por doquier de esta práctica. En la Reserva Federal, Greenspan desplegó la misma táctica que Volcker en diversas ocasiones durante la década de 1990. El azote de las crisis de endeudamiento en países concretos, que no era algo común durante la década de 1960, se volvió muy frecuente durante las de 1980 y 1990. Prácticamente ningún país en vías de desarrollo permaneció indemne y, en algunos casos, como en América Latina, tales crisis se hicieron endémicas. Estas crisis de endeudamiento estuvieron orquestadas, gestionadas y controladas tanto para racionalizar el sistema como para efectuar una redistribución de activos. Se calcula que desde 1980 «cerca de cincuenta planes Marshall (aproximadamente 4,6 billones de dólares) han sido transferidos desde los pueblos de la periferia a sus acreedores en el centro». «Qué mundo tan curioso», suspira Stiglitz, «en el que los países pobres están en efecto subvencionando a los ricos». Por otro lado, lo que los neoliberales llaman «deflación confiscatoria» no es sino acumulación por desposesión. R. Wade y F. Veneroso capturan la esencia de este proceso en su análisis de la crisis asiática de 1997-1998:

Las crisis financieras siempre han originado transferencias de propiedad y de poder hacia aquellos que mantienen sus propios activos intactos y que ocupan una posición que les permite crear derechos de crédito, y la crisis asiática no es una excepción […] No cabe duda de que las corporaciones occidentales y japonesas son las grandes ganadoras […] La combinación de devaluaciones masivas, de una política de liberalización financiera impuesta por el FMI, y una recuperación promovida por esta misma institución puede incluso precipitar la mayor transferencia de activos desde los propietarios domésticos hacia los extranjeros que se haya producido en todo el mundo en tiempo de paz durante los últimos cincuenta años, superando con creces las transferencias entre los propietarios domésticos y los propietarios estadounidenses que tuvieron lugar en América Latina en la década de 1980, o en México después de 1994. Resulta inevitable traer a colación una frase atribuida a Andrew Mellon, que dice: «En la depresión, los activos retornan a sus legítimos propietarios»[244].

La analogía con la creación deliberada de desempleo para producir excedente de mano de obra y favorecer así una mayor acumulación, es exacta. Los activos valiosos dejan de ser utilizados y pierden su valor. Se quedan en barbecho hasta que los capitalistas con liquidez deciden infundirles una nueva vida. Sin embargo, el peligro reside en que las crisis pueden escapar a su control y generalizarse, o bien emerger revueltas contra el sistema que las ha creado. Una de las funciones primordiales de las intervenciones estatales y de las instituciones internacionales es controlar las crisis y las devaluaciones de manera que permitan que se produzca la acumulación por desposesión pero sin desencadenar un desplome general o una revuelta popular (como sucedió en Indonesia y en Argentina). El programa de ajuste estructural administrado por el complejo Wall Street-Departamento del Tesoro-FMI se preocupa de lo primero mientras que la tarea del aparato estatal del país que ha sido asaltado (respaldado por la cobertura militar de las potencias imperiales), es garantizar que no se produzca lo segundo. Pero las señales de una revuelta popular están por todas partes, tal y como ilustraron el levantamiento zapatista en México, las innumerables insurrecciones contra el FMI, y el denominado movimiento «antiglobalización» que se fue curtiendo en las revueltas de Seattle y Génova, así como en otros lugares.

4. Redistribuciones estatales

El Estado, una vez neoliberalizado, se convierte en el primer agente en la aplicación de las medidas redistributivas, invirtiendo el flujo de la riqueza desde las clases altas hacia las más bajas que se había producido durante los años del liberalismo embridado. Esto se lleva a cabo en primer lugar a través de la búsqueda de modelos de privatización y de recortes de aquella parte del gasto público que constituye el salario social. Aunque la privatización se presente como beneficiosa para las clases más bajas, los efectos a largo plazo pueden ser negativos. Por ejemplo, el programa de privatización de las viviendas sociales implementado por Thatcher en Gran Bretaña parecía en un principio un regalo a las clases bajas que podían pasar del alquiler a la propiedad con un coste relativamente bajo, obtener el control sobre un activo valioso y aumentar así su riqueza. Pero una vez llevada a cabo la transferencia, se disparó la especulación inmobiliaria, en especial en los principales centros urbanos, sobornando u obligando a la población de bajos ingresos a desplazarse hacia la periferia en ciudades como Londres, y convirtiendo lo que antes habían sido barrios predominantemente obreros en centros de intensa elitización. La escasez de viviendas asequibles produjo la pérdida de un techo para algunos y largos desplazamientos hacia el lugar de trabajo para aquellos que trabajaban en el sector servicios de baja remuneración. La privatización de los ejidos[245] en México durante la década de 1990, tuvo efectos análogos sobre las perspectivas del campesinado mexicano, obligando a un nutrido sector de la población rural a dejar sus tierras y marcharse a las ciudades en busca de empleo. El Estado chino ha aprobado la transferencia de activos a una pequeña elite en detrimento de la gran masa de la población, provocando protestas que han sido violentamente reprimidas. Los informes actuales indican que al menos 350 000 familias (un millón de personas) están siendo desplazadas para dejar paso a la renovación urbana de una parte considerable del Pekín antiguo, con el mismo resultado ya esbozado en Gran Bretaña y México. En Estados Unidos, los famélicos gobiernos municipales están utilizando con regularidad su facultad expropiatoria para desplazar a propietarios de inmuebles con un nivel de rentas bajo o incluso moderado que residen en viviendas en perfectas condiciones con el fin de dejar espacio libre para desarrollos urbanísticos comerciales o residenciales, destinados a una población de rentas más elevadas, y aumentar de este modo su capacidad recaudatoria (en el Estado de Nueva York hay en la actualidad más de sesenta casos de este tipo)[246]. El Estado neoliberal también redistribuye la riqueza y la renta mediante reformas del código tributario que conceden un trato de favor a los beneficios generados por las inversiones frente a los que proceden de los salarios y de otro tipo de ingresos, la promoción de elementos regresivos en la legislación fiscal (como los impuestos sobre las ventas), la imposición de tasas a los usuarios de los servicios (actualmente es un fenómeno generalizado en la China rural), y la introducción de un amplio elenco de subvenciones y de exenciones fiscales destinadas a las corporaciones. La carga tributaria soportada por las empresas en Estados Unidos ha descendido de manera constante, y la reelección de Bush fue recibida con amplias sonrisas por parte de los líderes empresariales que intuían los recortes aún mayores que se producirían en sus obligaciones tributarias. Los programas de protección empresarial que actualmente existen en Estados Unidos a escala federal, estatal y local suponen una vasta recanalización de los fondos públicos en beneficio de las empresas (de manera directa, como en el caso de las subvenciones a la agroindustria, o indirecta, como en el caso del sector de la industria militar), de manera muy similar a como las deducciones fiscales sobre el tipo de interés hipotecario son una forma de subsidiar a los propietarios de viviendas con rentas más elevadas y a la industria de la construcción. El aumento de la vigilancia y de las competencias policiales así como también, en el caso de Estados Unidos, de la encarcelación de los elementos recalcitrantes[247] de la población, indica un giro más siniestro hacia la intensificación del control social. El complejo de la industria carcelaria es un sector floreciente de la economía estadounidense (junto al de los servicios privados de seguridad). En los países en vías de desarrollo, en los que la oposición a la acumulación por desposesión puede ser más fuerte, el Estado neoliberal asume enseguida la función de la represión activa, hasta el punto de establecer un estado de guerra de baja intensidad contra los movimientos opositores (muchos de ellos pueden ahora ser designados, de manera interesada, como «traficantes de drogas» o como «terroristas» para granjearse la cobertura y el apoyo militar de Estados Unidos, como ocurre en Colombia). Otros movimientos, como los zapatistas en México, o el movimiento campesino de los sin tierra en Brasil, son contenidos por el Estado a través de una mezcla de cooptación y marginalización[248].

La mercantilización de todo

Presumir que los mercados y las señales del mercado son el mejor modo de determinar todas las decisiones relativas a la distribución, es presumir que en principio todo puede ser tratado como una mercancía. La mercantilización presume la existencia de derechos de propiedad sobre procesos, cosas y relaciones sociales, que puede ponerse un precio a los mismos y que pueden ser objeto de comercio sujeto a un contrato legal. Se presume que el mercado funciona como una guía apropiada —una ética— para todas las facetas de la acción humana. En la práctica, naturalmente, cada sociedad establece ciertos límites sobre dónde empieza y acaba la mercantilización. Dónde residen estos límites es objeto de controversia. Ciertas drogas son consideradas ilegales. La compraventa de servicios sexuales está prohibida en la mayoría de los Estados de Estados Unidos, si bien es posible que en otros lugares esté legalizada, no haya sido criminalizada o, incluso, haya sido objeto de regulación estatal como una industria más. Por regla general, en el sistema legal estadounidense la pornografía se encuentra amparada como una forma de libertad de expresión aunque también aquí hay ciertas modalidades (principalmente en lo que respecta a la infancia) que son consideradas inaceptables. En Estados Unidos, la conciencia y el honor al parecer no se venden, y existe una curiosa inclinación a perseguir la «corrupción» como si fuera fácilmente distinguible de las prácticas corrientes de tráfico de influencias y de hacer negocios que se dan en el mercado. La mercantilización de la sexualidad, de la cultura, de la historia y del patrimonio público, así como de la naturaleza como espectáculo o como cura de reposo, y la extracción de rentas en régimen de monopolio de la originalidad, de la autenticidad y de la unicidad (de la obras de arte, por ejemplo) suponen, en todos los casos, poner un precio a cosas que en realidad nunca fueron producidas como mercancías[249]. A menudo hay desacuerdo respecto a la conveniencia de la mercantilización (de los símbolos y de los acontecimientos religiosos, por ejemplo) o respecto a quién debería ejercer los derechos de propiedad y obtener las rentas derivadas de los mismos (en el acceso a las ruinas aztecas o en la comercialización del arte aborigen, por ejemplo).

No cabe duda de que la neoliberalización ha hecho retroceder los límites de lo no mercantilizable y ha extendido de manera notable el ámbito de la contratación legal. De modo característico (al igual que una parte considerable de la teoría posmoderna), celebra lo efímero y la contratación a corto plazo; el matrimonio, por ejemplo, es considerado como un acuerdo contractual temporal y no como un vínculo sagrado o inquebrantable. La división existente entre los neoliberales y los neoconservadores es en parte un reflejo de las diferencias que les separan respecto al lugar en el que deben trazarse esas líneas. Los neoconservadores suelen culpar a los «liberales», a «Holywood», o incluso a los «posmodernos» de lo que consideran la desintegración y la inmoralidad del orden social, y no a los empresarios capitalistas (como Rupert Murdoch) que son los responsables de causar el mayor daño haciendo tragar al resto del mundo todo tipo de material cargado de sexualidad, cuando no salaz[250], y que en su incansable búsqueda del beneficio no dejan de hacer alarde de su absoluta preferencia por los compromisos a corto plazo.

Pero esto suscita cuestiones mucho más serias que el mero intento de mantener a salvo del cálculo monetario y de la contratación a corto plazo de algún objeto preciado, un ritual concreto o un rincón escogido de la vida social. En el centro de la teoría liberal y neoliberal descansa la necesidad de articular mercados coherentes para la tierra, la fuerza de trabajo y el dinero pero, tal y como Karl Polanyi señaló, todo ello, «obviamente, no son mercancías […]. La descripción como mercancía del trabajo, de la tierra, y del dinero es enteramente ficticia». Aunque el capitalismo no puede funcionar sin estas ficciones, el daño que causa si deja de reconocer las complejas realidades que le subyacen es incalculable. Polanyi, en uno de sus pasajes más célebres, lo expresa del siguiente modo:

Permitir que el mecanismo del mercado dirija por su propia cuenta y decida la suerte de los seres humanos y de su medio natural, e incluso que de hecho decida acerca del nivel y de la utilización del poder adquisitivo, conduce necesariamente a la destrucción de la sociedad. Y esto es así porque la pretendida mercancía denominada «fuerza de trabajo» no puede ser zarandeada, utilizada sin ton ni son, o incluso ser inutilizada, sin que se vean inevitablemente afectados los individuos humanos portadores de esta mercancía peculiar. Al disponer de la fuerza de trabajo de un hombre, el sistema pretende disponer de la entidad física, psicológica y moral «humana» que está ligada a esta fuerza. Desprovistos de la protectora cobertura de las instituciones culturales, los seres humanos perecerían, al ser abandonados en la sociedad: morirían convirtiéndose en víctimas de una desorganización social aguda, serían eliminados por el vicio, la perversión, el crimen y la inanición. La naturaleza se vería reducida a sus elementos, el entorno natural y los paisajes serían saqueados, los ríos polucionados, la seguridad militar comprometida, el poder de producir alimentos y materias primas, destruido. Y, para terminar, la administración del poder adquisitivo por el mercado sometería a las empresas comerciales a liquidaciones periódicas, pues la alternancia de la penuria y de la superabundancia de dinero se mostraría tan desastrosa para el comercio como lo fueron las inundaciones y los períodos de sequía para la sociedad primitiva[251].

El daño infligido a través de las «inundaciones y las sequías» del capital ficticio dentro del sistema de crédito global, ya sea en Indonesia, en Argentina, en México, o incluso en Estados Unidos, es un testimonio perfecto de la última conclusión de Polanyi. Pero su tesis sobre la fuerza de trabajo y la tierra merecen una mayor elaboración.

Los individuos se integran en el mercado de trabajo como sujetos con personalidad, como individuos insertos en redes de relaciones sociales que han experimentado diferentes procesos de socialización, como seres físicos identificables por ciertas características (como el fenotipo y el género), como individuos que han acumulado diversas destrezas y gustos (a los que en ocasiones se alude respectivamente como «capital humano» y «capital cultural»), y como seres vivos dotados de sueños, de deseos, de ambiciones, de esperanzas, de dudas y de miedos. Sin embargo, para los capitalistas estos individuos son meros factores de producción, aunque no indiferenciados puesto que los empleadores exigen a los trabajadores poseer ciertas cualidades, como fuerza física, habilidades, flexibilidad, docilidad, etc., adecuadas para ciertas tareas. Los trabajadores son reclutados mediante la celebración de un contrato y en el orden de cosas neoliberal se prefieren los contratos a corto plazo, con el fin de maximizar la flexibilidad. A lo largo de la historia, los empleadores han utilizado sistemas de diferenciación dentro de la masa que constituye la fuerza de trabajo para dividirla y gobernarla. Emerge, entonces, la segmentación del mercado de trabajo y a menudo las diferencias de raza, de etnia, de género, y de religión son utilizadas de manera abierta o sutil de forma que redundan en una ventaja para los empleadores. Por regla general, tratan de monopolizar las herramientas, y a través de la acción colectiva y de la creación de instituciones apropiadas aspiran a regular el mercado de trabajo para proteger sus intereses. De este modo, no hacen más que construir la «capa protectora de las instituciones culturales» de las que habla Polanyi.

La neoliberalización aspira a despojar la capa protectora que el liberalismo embridado aceptó y en ocasiones alimentó. El asalto general contra la fuerza de trabajo ha utilizado un arma de doble filo. En primer lugar, el poder de los sindicatos así como el de otras instituciones obreras que puedan existir es domeñado o desmantelado en el marco de un Estado concreto (si es necesario, mediante el uso de la violencia). Se establecen mercados laborales flexibles. El abandono por parte del Estado de las medidas de protección social cubiertas por el sistema de bienestar y los cambios inducidos por la tecnología en la estructura del empleo que tornan redundantes a segmentos significativos de la fuerza de trabajo, culminan el proceso de erigir el dominio del capital sobre la fuerza de trabajo en el mercado. El trabajador individualizado y relativamente impotente se enfrenta, por lo tanto, a un mercado laboral en el que únicamente se le ofrecen contratos de corta duración y en términos personalizados. La seguridad que brindaba la permanencia indefinida se ha convertido en algo del pasado (por ejemplo, Thatcher la abolió en las universidades). El sistema de protección social (las pensiones, la atención sanitaria, la protección ante enfermedades o accidentes) que antes era responsabilidad de los empleadores y del Estado, ha sido sustituido por «un sistema de responsabilidad personal». (¡Qué adecuado era el lenguaje utilizado por Deng!). Los individuos compran sus productos en un mercado que vende protección social. Así pues, la seguridad individual es una cuestión de opción personal en función de la asequibilidad de unos productos financieros integrados en mercados financieros de riesgo.

En segundo lugar, el ataque atañe a las transformaciones en las coordenadas espaciales y temporales producidas en el mercado de trabajo. Aunque sin duda puede efectuarse un análisis más profundo de la «carrera hacia la máxima reducción de los límites normativos»[252]. para encontrar las remesas más baratas y más dóciles de mano de obra, la movilidad geográfica del capital permite dominar una fuerza de trabajo global cuya propia movilidad geográfica se encuentra constreñida. La gran abundancia de mano de obra cautiva obedece al hecho de que la inmigración se encuentra restringida. El único modo de eludir esas barreras es bien mediante la inmigración ilegal (que crea una fuerza laboral fácilmente explotable) o bien a través de fórmulas contractuales de duración determinada que permiten, por ejemplo, que trabajadores mexicanos presten servicios en California en el sector de la agroindustria para acabar siendo obscenamente devueltos a México cuando contraen enfermedades, o incluso mueren, a causa de los pesticidas a los que han sido expuestos.

Al amparo de la neoliberalización, la figura del «trabajador desechable» emerge como prototipo de las relaciones laborales a escala mundial[253]. Asimismo, son muchos los informes que dan cuenta de las terribles y despóticas condiciones laborales que experimentan los trabajadores en los talleres de trabajo esclavo que se hallan distribuidos por el planeta. En China, las condiciones en que trabajan las mujeres jóvenes inmigrantes que provienen de las áreas rurales son espantosas: «jornadas insoportablemente largas, una alimentación insuficiente, dormitorios muy reducidos, jefes sádicos que las golpean y abusan sexualmente de ellas, y salarios abonados con meses de retraso o que en ocasiones ni siquiera son abonados»[254]. En Indonesia, dos jóvenes mujeres relataban su experiencia trabajando para una empresa con sede en Singapur, subcontratada por Levi-Strauss, en los términos siguientes:

Se nos insulta de manera constante, como algo que se da por hecho. Cuando el jefe se enfada, a las mujeres las llama perras, cerdas o putas y tenemos que aguantar todo eso con paciencia y sin reaccionar. Oficialmente trabajamos de siete de la mañana a tres de la tarde (el salario no llega a 2 dólares al día), pero a menudo tenemos que hacer horas extraordinarias obligatorias y, a veces —especialmente si hay un pedido urgente que entregar— trabajamos hasta las nueve. Por muy cansadas que estemos, no se nos deja ir a casa. Puede que nos paguen 200 rupias extras (10 céntimos de dólar) […] Vamos andando a la fábrica desde donde vivimos. Dentro hace mucho calor. El edificio tiene el tejado de metal y no hay espacio suficiente para las trabajadoras. Está muy abarrotado. Hay cerca de 200 personas trabajando allí, la mayoría mujeres, pero sólo hay un cuarto de baño para toda la fábrica […]. Cuando volvemos a casa del trabajo, no nos quedan energías para hacer nada salvo comer y dormir […][255]

En las maquilas mexicanas podemos escuchar historias similares, así como en las plantas de producción de manufacturas dirigidas por empresas taiwanesas o coreanas ubicadas en Honduras, África del Sur, Malasia, y Tailandia. El riesgo para la salud, la exposición a una extensa gama de sustancias tóxicas y los accidentes laborales mortales, son hechos que se producen sin ser objeto de regulación y sin despertar ninguna reacción. En Shangai, un hombre de negocios taiwanés que estaba a cargo de un almacén textil «en el que 61 trabajadores encerrados en un edificio murieron en un incendio», recibió una «indulgente» condena a dos años de prisión, que quedó suspendida porque había «mostrado arrepentimiento» y «había cooperado en los momentos posteriores al incendio»[256].

Las mujeres, y en ocasiones los niños, soportan habitualmente la parte más dura de este tipo de faenas degradantes, extenuantes y peligrosas[257]. Las consecuencias sociales de la neoliberalización son en efecto extremas. La acumulación por desposesión socava de manera sistemática todo el poder que las mujeres puedan haber tenido en el seno de los sistemas domésticos de producción/comercio y de las estructuras sociales tradicionales, y reubica todo en mercados de crédito y de mercancías dominados por los hombres. La liberación de las mujeres de los controles patriarcales tradicionales en los países en vías de desarrollo, sólo tiene dos caminos, o bien el trabajo degradante en las fábricas, o bien la comercialización de su sexualidad, que comprende desde el respetable trabajo como chica de alterne o camarera, hasta el tráfico sexual (una de las industrias contemporáneas más lucrativas en la que la esclavitud ocupa un lugar muy importante). La pérdida de medidas de protección social en los países del capitalismo avanzado ha tenido efectos particularmente negativos en las mujeres de las clases más bajas, y en muchos de los países excomunistas del bloque soviético la pérdida de derechos por las mujeres a través de la neoliberalización ha sido realmente catastrófica.

¿Cómo sobreviven, entonces, los trabajadores desechables —en particular las mujeres— tanto en el plano social como en el afectivo, en un mundo de mercados laborales flexibles y de contratos de corta duración, de inseguridad laboral crónica, de pérdida de las protecciones sociales, y con frecuencia sufriendo un trabajo extenuante, en medio de los escombros de las instituciones colectivas que una vez les dieron un mínimo de dignidad y de apoyo? En opinión de algunos, el aumento de la flexibilidad de los mercados laborales supone un gran avance y, aunque no conlleve ganancias materiales, el simple derecho a cambiar de trabajo con relativa facilidad y la liberación de los constreñimientos sociales tradicionales impuestos por el patriarcado y por la familia posee beneficios intangibles. Las personas que negocian en términos satisfactorios en el mercado de trabajo piensan, en apariencia, que existen abundantes recompensas en el mundo de la cultura de consumo capitalista. Por desgracia, esta cultura, por más espectacular, glamorosa, y sugerente que pueda parecer, juega perpetuamente con los deseos sin brindar jamás otras satisfacciones que no sean la limitada sensación de identidad experimentada en los grandes centros comerciales y de ocio, y la avidez por alcanzar un determinado estatus a través de la belleza (en el caso de las mujeres) o de las posesiones materiales. La máxima «compro, luego existo» sumada al individualismo posesivo, cimienta un mundo de pseudosatisfacciones, excitante en lo superficial pero hueco en su interior.

Sin embargo, para las personas que han perdido su trabajo o que nunca han conseguido salir de la amplia economía informal, que actualmente brinda un deplorable refugio a la mayoría de los trabajadores desechables del mundo, la historia es completamente distinta. Sin olvidar que cerca de 2000 millones de personas están condenadas a vivir con menos de 2 dólares al día, el insultante mundo de la cultura de consumo capitalista, las suculentas comisiones ganadas por los servicios financieros, y las peroratas de autofelicitación acerca del potencial emancipador de la neoliberalización, de la privatización y de la responsabilidad personal, deben parecer una cruel tomadura de pelo. Desde la empobrecida China rural al opulento Estados Unidos, la pérdida del derecho a la protección de la salud y la creciente imposición de todo tipo de tasas a los usuarios de los servicios, añade un gran peso a las cargas financieras de los pobres[258].

La neoliberalización ha transformado la situación de la fuerza de trabajo, de las mujeres y de los grupos indígenas en el orden social al hacer hincapié en que la fuerza de trabajo es una mercancía como cualquier otra. Despojada de la capa protectora que le conferían unas instituciones democráticas saludables, y amenazada por todo tipo de dislocaciones sociales, la mano de obra desechable se orienta de manera ineludible hacia otras formas de institucionalidad que le permitan construir vínculos de solidaridad social y expresar una voluntad colectiva. Proliferan, pues, desde bandas y carteles criminales, a redes de narcotráfico, minimafias y jefes de las favelas, pasando por organizaciones comunitarias de base y no gubernamentales, hasta cultos seculares y sectas religiosas. Estas son las formas sociales alternativas que colman el vacío que se deja atrás cuando los poderes estatales, los partidos políticos y otras formas institucionales, son activamente desmantelados o simplemente se marchitan como centros de esfuerzo colectivo y de vinculación social. La acusada tendencia hacia la religión resulta un aspecto interesante a este respecto. Los estudios sobre la repentina aparición y proliferación de sectas religiosas en las abandonadas regiones rurales de China, por no mencionar la emergencia de Falun Gong, son ilustrativos de esta tendencia[259]. El avance vertiginoso del proselitismo evangélico en las caóticas economías informales que han crecido bajo la neoliberalización en América Latina, así como la revitalización, y en algunos casos nueva formulación, de formas de tribalismo y de fundamentalismo religioso que estructuran la política en gran parte de África y de Oriente Próximo, testimonian la necesidad de construir mecanismos significativos de solidaridad social. El progreso del cristianismo evangélico fundamentalista en Estados Unidos guarda cierta conexión con la proliferación de la inseguridad laboral, la pérdida de otras formas de solidaridad social y la vacuidad de la cultura de consumo capitalista. De acuerdo con el estudio realizado por Thomas Frank, la derecha religiosa únicamente despegó en Kansas a finales de la década de 1980, después de más de una década de reestructuración y de desindustrialización neoliberal[260]. Estas conexiones es posible que parezcan inverosímiles. Pero si Polanyi se encuentra en lo cierto y el tratamiento de la fuerza de trabajo como una mercancía conduce a la dislocación social, entonces, los movimientos dirigidos a reconstruir diferentes redes sociales para defenderse contra tal amenaza, se tornan cada vez más probables.

Degradaciones medioambientales

La imposición de una lógica de contratación a corto plazo sobre los usos del medioambiente tiene consecuencias desastrosas. Afortunadamente, en el seno del bando defensor del neoliberalismo, las opiniones en torno a esta cuestión se encuentran en cierto modo divididas. Aunque a Reagan no le preocupaba en absoluto el medio ambiente, llegando en cierta ocasión a describir a los árboles como la fuente más importante de contaminación del aire, Thatcher se tomó el problema en serio. Ella desempeñó un papel de vital importancia en la negociación del Protocolo de Montreal para limitar el uso de los gases CFC[261], responsables de incrementar el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. Abordó seriamente la amenaza del calentamiento de la atmósfera terrestre a causa de las emisiones de dióxido de carbono. Desde luego, su compromiso con el medio ambiente no era del todo desinteresado, puesto que el cierre de las minas de carbón y la destrucción de los sindicatos mineros podía en parte legitimarse con argumentos en defensa del medioambiente.

Las políticas llevadas a cabo por el Estado neoliberal respecto al medio ambiente han sido, pues, desiguales desde el punto de vista geográfico e inestables desde el temporal (en función de quién lleve las riendas del poder estatal, siendo las Administraciones de Reagan y de George W. Bush las más particularmente retrógradas a este respecto en Estados Unidos). Por otro lado, desde la década de 1970 el movimiento ecologista ha ganado relevancia de manera progresiva. A menudo ha ejercido una modesta influencia, dependiendo del lugar y del momento. Asimismo, en algunos casos las empresas capitalistas han descubierto que el incremento de la eficiencia y la mejora de la actuación medioambiental pueden ir de la mano. No obstante, el balance general de las consecuencias de la neoliberalización es, no cabe duda, negativo. Algunas sólidas tentativas, aunque discutidas, de crear índices para determinar el nivel de bienestar humano que incluyan los costes de la degradación medioambiental, indican una acelerada tendencia negativa desde la década de 1970 aproximadamente. Y hay suficientes ejemplos concretos de pérdidas medioambientales resultantes de la aplicación desenfrenada de los principios neoliberales que sustentan esa conclusión general. La acelerada destrucción de los bosques de las selvas tropicales desde 1970 es un ejemplo de sobra conocido que tiene graves consecuencias sobre el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. En efecto, la era de la neoliberalización es también la era de la más rápida extinción en masa de especies ocurrida en la historia reciente de la Tierra[262]. Si nos estamos adentrando en el peligroso terreno de transformar el medio ambiente global, en particular su clima, hasta el punto de convertir la Tierra en un lugar inhabitable para el ser humano, entonces, no cabe duda de que un mayor aplauso de la ética neoliberal y de las practicas neoliberalizadoras se revelará nada menos que fatal. La aproximación a las cuestiones medioambientales de la Administración de Bush consiste, por regla general, en cuestionar las pruebas científicas existentes y en no hacer nada en absoluto (salvo recortar los recursos destinados a financiar una consistente investigación científica sobre este problema). Pero su propio equipo de investigadores revela que la contribución humana al calentamiento global se ha disparado desde 1970. El Pentágono también sostiene que el calentamiento del planeta podría ser, a largo plazo, una amenaza mucho más grave para la seguridad estadounidense que el terrorismo[263]. Es interesante observar que los dos principales responsables del aumento de las emisiones de dióxido de carbono durante los últimos años hayan sido los dos motores de la economía global, esto es, Estados Unidos y China (que durante la pasada década aumentó sus emisiones en un 45%). En Estados Unidos, se ha progresado bastante en cuanto a la mejora de la eficiencia energética, tanto en la industria como en la construcción de viviendas. En este caso, la prodigalidad se deriva en gran medida del tipo de consumismo que sigue estimulando la urbanización en las periferias de las ciudades y la suburbanización caóticas, que exigen un elevado consumo energético, y una cultura que se decanta por la compra de todo-terrenos (4x4) que son verdaderos sumideros de gasolina en lugar de coches más eficientes desde el punto de vista energético y que están disponibles en el mercado. La progresiva dependencia de Estados Unidos del petróleo importado tiene obvias ramificaciones geopolíticas. En el caso de China, la velocidad con la que se ha producido la industrialización y el aumento de la utilización de vehículos privados duplica la presión sobre el consumo de energía. China ha pasado de ser un país autosuficiente en cuanto a la producción de petróleo a finales de la década de 1980 a convertirse en el segundo mayor importador del mundo después de Estados Unidos. Aquí, también, las implicaciones geopolíticas se multiplican a medida que China se afana por lograr afianzarse en Sudán y en Asia central y en Oriente Próximo para asegurar su suministro de petróleo. Pero China también tiene grandes reservas de carbón de muy baja calidad, con un elevado contenido en azufre. Su uso para la generación de electricidad, está creando graves problemas medioambientales que contribuyen de manera especial al calentamiento del planeta. Por otro lado, dada la acusada escasez de energía eléctrica que actualmente asola la economía china, en la que son comunes las caídas de potencia y los cortes de luz, los gobiernos locales no tienen ningún incentivo para cumplir las órdenes emitidas por el gobierno central de cerrar las «sucias» y deficientes estaciones eléctricas que poseen. El sorprendente crecimiento de la adquisición y uso de automóviles, que en diez años han sustituido de manera notable a la bicicleta en algunas grandes ciudades, como Pekín, ha otorgado a China la negativa distinción de tener dieciséis de las veinte peores ciudades del mundo en cuanto a calidad del aire se refiere[264]. Los efectos concatenados sobre el calentamiento de la atmósfera terrestre son obvios. Tal y como ocurre de manera habitual en fases de acelerada industrialización, la absoluta falta de atención hacia las consecuencias medioambientales está teniendo efectos dañinos en todos los lugares. Los ríos se encuentran sumamente contaminados, el agua destinada al consumo humano está llena de sustancias químicas cancerígenas, el sistema de sanidad pública es débil (como ilustran la incidencia del Síndrome Respiratorio Agudo Severo [SRAS] o de la gripe aviar), y la acelerada transformación de la tierra para destinarla a usos urbanos o para construir proyectos hidroeléctricos descomunales (como en el valle de Yangtze) dan cuenta de una batería de problemas medioambientales que el gobierno central sólo ahora empieza a abordar. China no es la única, ya que el intenso crecimiento de la India también se está viendo acompañado de cambios estresantes para el medioambiente, derivados de la expansión del consumo así como también de la creciente presión sobre la explotación de los recursos naturales.

La neoliberalización queda en muy mal papel cuando se aborda la explotación de los recursos naturales. No hay que irse muy lejos para encontrar las razones. La preferencia por las relaciones contractuales a corto plazo ejerce una presión sobre todos los productores para extraer todo lo que se pueda mientras dure la vigencia del contrato. Aunque tanto los contratos como las opciones pueden renovarse, siempre existe una incertidumbre ante el hecho de que puedan encontrarse otros recursos. El horizonte temporal más dilatado posible para la explotación de los recursos naturales es equivalente a la tasa de descuento (esto es, aproximadamente veinticinco años) pero en la actualidad la mayoría de los contratos se celebran por un período mucho menor. Por regla general se asume que su agotamiento es lineal, cuando se ha demostrado que muchos sistemas ecológicos sufren hundimientos repentinos después de que se haya dañado más allá de cierto límite a partir del cual se abre un proceso en cascada que anula su capacidad natural para reproducirse. Los bancos de peces —las sardinas de California, el bacalao de Terranova, y la lubina chilena— son un ejemplo clásico de cómo un recurso explotado a una tasa «óptima», de pronto se agota sin ningún aparente síntoma previo[265]. Un caso menos dramático pero igualmente maligno lo constituye el sector forestal. La insistencia neoliberal en la privatización torna difícil establecer cualquier acuerdo global sobre unos principios de gestión de los bosques que garanticen la protección de hábitats valiosos y de la biodiversidad, en particular, en los bosques tropicales húmedos. En los países pobres con importantes recursos forestales, la presión para incrementar las exportaciones y para permitir adquisiciones en propiedad y concesiones a empresas extranjeras conlleva la disolución de los mínimos sistemas de protección que puedan existir. La sobreexplotación de los recursos forestales ocurrida en Chile tras el proceso de privatización es un claro ejemplo de ello. Pero los programas de ajuste estructural administrados por el FMI han tenido un impacto todavía más perjudicial. Las medidas de austeridad impuestas han mermado el dinero que los países más pobres pueden destinar a la gestión de los bosques. Igualmente, estos países son presionados para privatizar los bosques y permitir su explotación por compañías madereras extranjeras a través de la celebración de contratos a corto plazo. Cuando existe la presión por conseguir divisas extranjeras para liquidar las deudas, resulta tentador conceder la máxima tasa de explotación a corto plazo. Por si eso fuera poco, cuando la austeridad ordenada por el FMI y el desempleo alcanzan un punto insostenible, las poblaciones trocadas redundantes pueden pretender buscar un medio de subsistencia en la tierra y embarcarse en una limpieza indiscriminada del bosque para obtener terrenos despejados. En tanto que el método preferido es la quema, las poblaciones campesinas sin tierra junto con las compañías taladoras pueden provocar destrucciones masivas de los recursos forestales de un día para otro, como ha ocurrido en Brasil, en Indonesia, y en varios países africanos[266]. No es accidental que entre 1997 y 1998, en el punto álgido de la crisis financiera que expulsó a millones de personas del mercado de trabajo en Indonesia, una oleada de incendios descontrolados arrasara Sumatra (que no era ajena a las operaciones de talado de árboles de uno de los hombres de negocios de origen chino más ricos vinculados a Suharto), creando una enorme capa de humo que encapotó el cielo de todo el sureste asiático durante Varios meses. Únicamente cuando los Estados, y otros grupos de interés, se encuentran preparados para contravenir las reglas neoliberales y los intereses de clase que las sostienen —algo que ha ocurrido en un número significativo de ocasiones— es posible asistir a un uso en alguna medida equilibrado del medio ambiente.

Sobre los derechos

La neoliberalización ha fecundado dentro de sí misma una difundida cultura de oposición. Sin embargo, la oposición tiende a aceptar muchas de las proposiciones básicas del neoliberalismo. Las temáticas se centran en las contradicciones internas. Se abordan con mucha seriedad las cuestiones relativas a los derechos y a las libertades individuales, por ejemplo, y se las opone al autoritarismo y a la frecuente arbitrariedad del poder político, económico y de clase. Se toma la retórica neoliberal de la mejora del bienestar colectivo y se condena la neoliberalización por dejar de cumplir sus propias aspiraciones. Consideremos, por ejemplo, el primer párrafo sustancial del documento neoliberal por excelencia, el acuerdo de la OMC. Su actuación debe tender:

… a elevar los niveles de vida, a lograr el pleno empleo y un volumen considerable y en constante aumento de ingresos reales y de demanda efectiva, y a acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos mundiales de conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible, y procurando proteger y preservar el medio ambiente e incrementar los medios para hacerlo, de manera compatible con sus respectivas necesidades e intereses según los diferentes niveles de desarrollo económico[267].

Este tipo de esperanzas piadosas también pueden encontrarse en los pronunciamientos del Banco Mundial («nuestro primer objetivo es la reducción de la pobreza»). Nada de esto encaja fácilmente con las prácticas reales que apuntalan la restauración o la creación del poder de clase y los resultados en términos de empobrecimiento de la población y de degradación medioambiental.

El creciente peso de la oposición articulada en torno a la violación de derechos ha sido espectacular desde 1980. Previamente, de acuerdo con Chandler, una revista prominente como Foreign Affaires no publicó ni un solo artículo sobre los derechos humanos[268]. Los temas relacionados con los derechos humanos ganaron trascendencia después de 1980 y sin duda se dispararon a raíz de los acontecimientos de la plaza de Tiananmen y del fin de la Guerra Fría en 1989. Este proceso se corresponde exactamente con la trayectoria seguida por la neoliberalización, estando ambos movimientos profundamente imbricados entre sí. Indudablemente, la insistencia neoliberal en el individuo como el elemento fundacional de la vida político-económica abre la puerta al activismo por los derechos individuales. Pero al concentrarse en esos derechos en vez de en la creación o la recreación de estructuras sólidas y abiertas de gobierno democrático, la oposición cultiva métodos que no pueden escapar al marco neoliberal. La preocupación neoliberal por el individuo sobrepasa cualquier preocupación socialdemócrata por la igualdad, la democracia y los vínculos de solidaridad social. Por otro lado, la frecuente apelación a la acción legal, confirma la preferencia neoliberal por apelar al poder judicial y al ejecutivo, en lugar de al parlamentario. Pero perderse en los vericuetos de los cauces legales es algo muy lento y costoso y, en cualquier caso, los intereses de la clase dominante tienen mucho más peso ante los tribunales por la tradicional lealtad de clase de la judicatura. Las decisiones legales tienden a favorecer los derechos de la propiedad privada y la tasa de beneficio sobre el derecho a la igualdad y a la justicia social. En opinión de Chandler, es «la desilusión de la elite liberal con las personas ordinarias y con el proceso político [lo que] les lleva a centrarse en el individuo como sujeto de derechos, llevando su caso ante el juez que le escuchará y dictará su veredicto»[269].

En tanto que los individuos más necesitados carecen de los recursos económicos para defender sus propios derechos, la única forma de articular este ideal es mediante la formación de grupos de defensa. El surgimiento de los grupos de defensa y de las ONG, que han crecido de manera espectacular desde la década de 1980, ha acompañado al giro neoliberal al igual que lo han hecho los discursos sobre los derechos en términos más generales. En muchos casos, las ONG se han adentrado en el vacío de protección social dejado atrás por el abandono del Estado de actividades que anteriormente le pertenecían. Esto equivale a una privatización protagonizada por las ONG. En ocasiones, su entrada ha contribuido a acelerar el abandono del Estado del sistema de provisión social. Por lo tanto, las ONG funcionan como «caballos de Troya para el neoliberalismo global»[270]. Por otra parte, las ONG no son instituciones esencialmente democráticas. Tienden a ser elitistas, no tienen la obligación de rendir cuentas ante nadie (salvo a sus donantes) y, por definición, guardan una apreciable distancia con las personas que pretenden proteger o ayudar, con independencia de las buenas intenciones que alberguen o de lo progresistas que puedan ser. Con frecuencia sus agendas no son públicas, y prefieren la negociación directa con el poder estatal o de clase, o influir en sus decisiones. A menudo más que representar a su clientela, su actividad consiste en controlarla. Proclaman y presumen de hablar en beneficio de los que no pueden hablar por sí mismos, incluso definen los intereses de aquellos por los que hablan (como si las personas fueran incapaces de hacerlo por sí mismas). Pero la legitimidad de su estatus siempre queda abierta a la duda. Por ejemplo, cuando estas organizaciones se movilizan con éxito para que se prohíba el trabajo infantil en las actividades productivas, como una cuestión de derechos humanos universales, puede que estén debilitando economías en las que el trabajo es fundamental para la supervivencia de familias enteras. Si no se ofrece ninguna alternativa económica viable, los niños puede que sean vendidos a redes de prostitución (originando el nacimiento de otro grupo de defensa que persiga la erradicación de esta). La universalidad que se presupone en «el lenguaje de los derechos», y la dedicación de las ONG y de los grupos de defensa a los principios universales no encajan bien con las particularidades locales y con las prácticas diarias de la vida económica y política existente bajo la presión conjunta de la mercantilización y la privatización[271].

Pero hay otra razón por la que esta particular cultura opositora ha ganado tantas adhesiones en los últimos años. La acumulación por desposesión implica un conjunto muy distinto de prácticas desde la acumulación hasta la expansión del trabajo asalariado en la industria y en la agricultura. Este último proceso, que dominó los procesos de acumulación de capital en la década de 1950 y 1960, dio lugar a una cultura opositora (como la que se inscribe en los sindicatos y en los partidos políticos obreros) que produjo el liberalismo embridado. Por otro lado, la desposesión se produce de manera fragmentada y particular: una privatización aquí, un proceso de degradación medioambiental allá, o una crisis financiera o de endeudamiento acullá. Es difícil oponerse a toda esta especificidad y particularidad sin apelar a principios universales. La desposesión entraña la pérdida de derechos. De ahí el giro hacia una retórica universalista de los derechos humanos, la dignidad, las prácticas ecológicas sostenibles, los derechos medioambientales, y otras temáticas afines, como base de una política opositora unida.

Esta apelación al universalismo de los derechos es un arma de doble filo. Puede y debe ser utilizada sin olvidar en ningún momento los fines progresistas que la animan. La tradición que encuentra sus mayores exponentes en Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras, y otras organizaciones próximas a ellas, no puede ser desechada como un mero accesorio del pensamiento neoliberal. Toda la historia del humanismo (tanto en su versión occidental —clásicamente liberal— como en sus diversas versiones no occidentales) es demasiado compleja como para permitirlo. Pero los objetivos limitados de muchos discursos sobre los derechos (en el caso de Amnistía Internacional hasta hace poco su único objeto de atención eran los derechos civiles y políticos netamente separados de los económicos) hace que sean demasiado fáciles de absorber dentro del marco neoliberal. El universalismo parece funcionar particularmente bien cuando se abordan cuestiones globales como el cambio climático, el agujero de la capa de ozono o la pérdida de la biodiversidad a través de la destrucción del hábitat. Pero sus resultados en la arena de los derechos humanos resultan más dudosos, dada la diversidad de las circunstancias político-económicas y de las prácticas culturales que existen en el mundo. Además, no ha sido nada difícil incorporar las cuestiones relativas a los derechos humanos en calidad de «espadas del Imperio» (por utilizar la mordaz caracterización de Bartholomew y Breakspear)[272]. Por ejemplo, los llamados «halcones liberales» de Estados Unidos han apelado a ellos para justificar intervenciones imperialistas en Kosovo, Timor Oriental, Haití, y, sobre todo, en Afganistán e Iraq. Justifican el humanismo militar «en nombre de la protección de la libertad, de los derechos humanos y la democracia también cuando se persigue de manera unilateral por una autoproclamada potencia imperialista» como Estados Unidos[273]. A escala más amplia, es difícil no concluir con Chandler que «las raíces del humanitarismo actual basado en los derechos humanos radican en el creciente consenso en torno al apoyo de la implicación occidental en los asuntos internos del mundo en vías en desarrollo que se registra desde la década de 1970». El principal argumento descansa en que las instituciones internacionales, los tribunales internacionales e internos de los países, las ONG o los comités éticos son más representativos de las necesidades del pueblo que los gobiernos elegidos en las urnas. Los gobiernos y los representantes electos son considerados sospechosos precisamente porque deben rendir cuentas ante su electorado y, por lo tanto, se percibe que tienen intereses «particulares» en lugar de actuar conforme a principios éticos[274]. En el ámbito doméstico, los efectos no son menos dañinos, ya que tal planteamiento consigue estrechar «el debate político público a través de la legitimación del papel de la toma de decisiones por parte de la judicatura, de los grupos de trabajo y de los comités éticos, que no son órganos electos». Los efectos políticos pueden ser debilitadores. «Lejos de cuestionar el aislamiento individual y la pasividad de nuestras atomizadas sociedades, la regulación de los derechos humanos únicamente puede institucionalizar estas divisiones». Y, lo que es peor, «la visión degradada del mundo social proporcionada por el discurso ético de los derechos humanos sirve, como cualquier otra teoría de la elite, para sostener la fe en sí misma de la clase gobernante»[275].

A la luz de esta crítica, resulta tentador evitar toda apelación a los universales, por esta falla insalvable que los atraviesa, y abandonar toda mención a los derechos, entendidos como una imposición injustificable de una ética abstracta basada en el mercado, puesto que sirven para enmascarar el proceso de restauración del poder de clase. Aunque ambas proposiciones merecen una consideración seria, en mi opinión, no resulta acertado abandonar el campo de los derechos a la hegemonía neoliberal. Hay una batalla que librar no sólo acerca de qué universales y qué derechos deberían invocarse en situaciones concretas, sino también sobre cómo deberían construirse esos principios y concepciones universales de los derechos. La conexión crítica forjada entre el neoliberalismo, como un conjunto particular de prácticas políticas económicas, y la creciente apelación a cierto tipo de derechos universales como fundamento ético de la legitimidad política y moral debería ponernos en alerta. Los decretos de Bremer impusieron sobre Iraq una cierta concepción de los derechos. A la vez que violan el derecho de autodeterminación de ese país. «Entre dos derechos», dice la célebre frase de Marx, «la fuerza decide»[276]. Si la restauración de clase implica la imposición de un conjunto característico de derechos, entonces, la resistencia a esa imposición implica la lucha por derechos enteramente diferentes.

La justicia entendida en sentido positivo como un derecho ha sido, por ejemplo, un poderoso elemento de agitación en los movimientos políticos: las luchas contra la injusticia en ocasiones han animado movimientos a favor de la transformación de la sociedad. La sugerente historia del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos es un claro ejemplo de ello. Por supuesto, el problema es que hay innumerables concepciones distintas de la justicia a las que podemos apelar. Pero los estudios muestran que ciertos procesos sociales dominantes erigen y se apoyan en ciertas concepciones de la justicia y de los derechos. Cuestionar esos derechos concretos es cuestionar los procesos sociales a los que son inherentes. De manera inversa, demuestran que es imposible desamparar a la sociedad de ciertos procesos sociales dominantes (como el de la acumulación de capital a través del intercambio en el mercado) y auxiliarla con otros (como la democracia política y la acción colectiva) sin desplazar de manera simultánea la lealtad a una concepción dominante de los derechos y de la justicia, hacia otra distinta. La dificultad de todas las concretizaciones ideales de los derechos y de la justicia reside en que las mismas ocultan esta conexión. Únicamente cuando se hacen explícitas en relación con algún proceso social encuentran un significado social[277].

Consideremos el caso del neoliberalismo. Los derechos se agrupan en torno a dos lógicas de poder que pueden ser dominantes, la del Estado territorial y la del capital[278]. Por más que deseemos que los derechos sean universales, es el Estado el que determina su vigencia. Si el poder político no está dispuesto a velar por su cumplimiento, entonces, la noción de los derechos permanece vacía. Por lo tanto, los derechos de la ciudadanía son derivados y condicionales. La territorialidad de la jurisdicción se convierte, pues, en un problema. Esto tiene un lado positivo y un lado negativo. Las personas apátridas, los inmigrantes ilegales, o las personas en situaciones análogas hacen emerger preguntas espinosas. Quién es y quién no es «ciudadano» se convierte en una cuestión de suma importancia en la definición de los principios de inclusión y de exclusión que se establecen dentro de la especificación territorial del Estado. El modo en el que el Estado ejerce su soberanía respecto a los derechos es de suyo una cuestión polémica, pero existen límites que han sido impuestos sobre esa soberanía (tal y como está descubriendo China) por reglas globales inscritas en la acumulación de capital neoliberal. No obstante, el Estado-nación, mediante su monopolio de las formas legítimas del uso de la violencia, puede definir de modo hobbesiano su propio haz de derechos y únicamente quedar laxamente obligado a través de convenios internacionales. Estados Unidos, por ejemplo, insiste en su derecho a que no se le exija responsabilidad alguna por la comisión de crímenes contra la humanidad, tal y como se definen en el ámbito internacional, a la vez que insiste en que criminales de guerra de otros lugares sean enjuiciados ante los mismos tribunales cuya autoridad niega en relación a sus propios ciudadanos.

Vivir bajo el neoliberalismo también significa aceptar o someterse a ese haz de derechos que resulta necesario para la acumulación de capital. Vivimos, pues, en una sociedad en la que el derecho inalienable de los individuos (y recordemos que las corporaciones son definidas como personas ante la ley) a la propiedad privada y a obtener beneficios está por encima de cualquier otra concepción de los derechos inalienables que pueda concebirse. Los defensores de este régimen de derechos argumentan, de manera impecable, que estimula las «virtudes burguesas», sin las que todos los habitantes de la Tierra estarían mucho peor. Este régimen contempla la responsabilidad individual; la autonomía respecto a la injerencia estatal (que a menudo coloca este régimen de derechos en severa oposición a los definidos en el seno del Estado); la igualdad de oportunidades en el mercado y ante la ley; la recompensa a la iniciativa y al esfuerzo empresarial; el cuidado de uno mismo y de lo que es de uno; y un mercado abierto que permita una amplia gama de libertades de elección tanto en la contratación como en el intercambio. Este sistema de derechos es aún más convincente cuando se extiende al derecho de propiedad sobre el propio cuerpo (que afianza el derecho de la persona a contratar libremente la venta de su propia fuerza de trabajo así como también el ser tratada con dignidad y con respeto, y el no sufrir coacciones físicas como la esclavitud) y el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y de discurso. Estos derechos secundarios son atrayentes. Muchos de nosotros dependemos considerablemente de ellos. Pero lo hacemos en buena medida en tanto que mendigos que viven de las migas que sobran de la mesa del rico.

No puedo convencer a nadie mediante argumentos filosóficos de que el régimen de derechos neoliberal es injusto. Pero la objeción al mismo es bastante sencilla: aceptarlo es aceptar que no hay más alternativa que vivir bajo un régimen de incesante acumulación de capital y crecimiento económico en el que no importan sus consecuencias sociales, ecológicas o políticas. Recíprocamente, esta incesante acumulación de capital conlleva que el régimen de derechos neoliberal deba expandirse geográficamente alrededor del globo si es necesario mediante el uso de la violencia (como en Chile e Iraq), mediante prácticas imperialistas (como las ejecutadas por la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial) o mediante la acumulación primitiva (como en China y en Rusia). El derecho inalienable a la propiedad privada y a la obtención de beneficios será instaurado con carácter universal, por las buenas o por las malas. Esto es precisamente a lo que Bush se refiere cuando dice que Estados Unidos está consagrado a expandir la esfera de la libertad por todo el globo.

Pero éstos no son los únicos derechos a nuestro alcance. Incluso dentro de la concepción liberal, tal y como se explica en la Carta de las Naciones Unidas, hay derechos secundarios, como la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la educación y a la seguridad económica, o el derecho a formar sindicatos. Fortalecer estos derechos supondría un serio desafío al neoliberalismo. Convertir estos derechos secundarios en prioritarios y los derechos prioritarios a la propiedad privada y al beneficio, en secundarios, sería una revolución de gran envergadura de las prácticas político-económicas. También hay concepciones enteramente diferentes de los derechos a los que podemos apelar como, por ejemplo, el derecho al acceso a los bienes comunes globales o a una seguridad básica en materia de alimentos. «Entre derechos iguales la fuerza decide». Las luchas políticas sobre una concepción adecuada de los derechos, e incluso de la propia libertad, ocupan un lugar central en la búsqueda de alternativas.

7

El horizonte de la libertad

En su mensaje anual al Congreso en 1935, el presidente Roosevelt dejó clara su opinión de que en la raíz de los problemas económicos y sociales de la Depresión de la década de 1930 se encontraba una excesiva libertad de mercado. «Estadounidenses —dijo— debéis renunciar a esa concepción de la adquisición de riqueza que, a través de beneficios excesivos, crea un indebido poder privado». Los hombres necesitados no son hombres libres. En todos los lugares, sostenía, la justicia social se había convertido en un auténtico objetivo y no en un lejano ideal. La primera obligación del Estado y de su sociedad civil era utilizar sus poderes y distribuir sus recursos para erradicar la pobreza y el hambre, y para garantizar la seguridad de un medio de vida, la seguridad frente a contingencias imprevistas y frente a las vicisitudes de la vida, y la seguridad de un hogar decente[279]. La libertad de no encontrarse en situación de necesidad, era una de las cuatro libertades cardinales que posteriormente articuló como base para su visión política del futuro. Estas amplias temáticas contrastan con las libertades mucho más limitadas del neoliberalismo que el presidente Bush coloca en el centro de su retórica política. La única forma de enfrentarnos a nuestros problemas, sostiene Bush, es haciendo que el Estado deje de regular la empresa privada, que el Estado abandone el sistema de provisión social, y que el Estado fomente la universalización de las libertades y de la ética del mercado. Esta depravación neoliberal del concepto de libertad «convertida en una mera defensa de la libertad de empresa» sólo puede significar, tal y como indica Karl Polanyi, «la plena libertad para aquellos cuyos ingresos, ocio y seguridad no necesitan ser incrementados y una miseria de libertad para el pueblo, que en vano puede intentar hacer uso de sus derechos democráticos para resguardarse del poder de los dueños de la propiedad»[280].

Un hecho especialmente sorprendente de las paupérrimas condiciones en que se encuentra el discurso público contemporáneo en Estados Unidos, así como en otros lugares, es la ausencia de un serio debate acerca de cuáles de los divergentes conceptos de libertad existentes sobre la mesa podrían ser apropiados para los tiempos que vivimos. Si, como efectivamente ocurre, los ciudadanos estadounidenses pueden ser convencidos para apoyar prácticamente cualquier cosa en nombre de la libertad, entonces, no cabe duda de que el significado de esta palabra debería estar sometido al más penetrante escrutinio. Por desgracia, las aportaciones contemporáneas al debate o bien adoptan una línea neoliberal pura (como el analista político Fareed Zakaria, que pretende demostrar de manera irrefutable que la principal amenaza a la libertad individual reside en el exceso de democracia) o bien cortan sus velas tan a medida de los rugientes vientos neoliberales que apenas ofrecen un amago de contrapunto a la lógica neoliberal. Esto es, lamentablemente, lo que ocurre con Amartya Sen (que al final obtuvo su merecido Premio Nóbel de Economía aunque sólo después de que el banquero neoliberal que había presidido durante largo tiempo el comité que otorga los premios se hubiera visto obligado a presentar su renuncia). El libro Development as Freedom de Amartya Sen, que es con diferencia la aportación más inteligente al debate de los últimos años, desafortunadamente arropa importantes derechos sociales y políticos con el manto de la libre interacción en el mercado[281]. Sen parece afirmar que sin la existencia de un mercado de corte liberal, no puede entrar en juego ninguna de las restantes libertades. A su vez, un segmento importante de la opinión pública estadounidense, da muestras de aceptar el hecho de que las libertades neoliberales características que promueven Bush y sus colegas republicanos son las únicas que existen. Estas libertades, se nos dice, merecen que demos nuestra vida por ellas en Iraq, y Estados Unidos «en tanto que la potencia más grande de la Tierra» tiene «la obligación» de contribuir a su expansión por todo el mundo. La entrega de la prestigiosa Medalla de la Libertad, que concede el presidente de Estados Unidos, a Paul Bremer, arquitecto de la reconstrucción neoliberal del Estado iraquí, dice mucho acerca de lo que este segmento de la opinión pública estadounidense es capaz de tolerar.

Las ideas absolutamente razonables de Roosevelt parecen muy radicales si se juzgan a tenor de los discursos contemporáneos habituales, lo que probablemente explica por qué no han sido articuladas por el actual Partido Demócrata como contrapunto a la estrecha concepción empresarial que Bush tanto aprecia. La visión de Roosevelt cuenta con una sólida genealogía en el pensamiento humanista. Karl Marx, por ejemplo, también sostuvo la opinión escandalosamente radical de que un estómago vacío no era algo apropiado para la libertad. «La esfera de la libertad», escribió, «en realidad comienza únicamente donde acaba el trabajo que viene determinado por la necesidad y por consideraciones mundanas», indicando, por añadidura, que por lo tanto «yace más allá de la esfera de la estricta producción material». Él supo ver que nunca podríamos liberarnos de nuestras relaciones metabólicas con la naturaleza o de nuestras relaciones sociales mutuas, pero que al menos podíamos aspirar a construir un orden social en el que la libre exploración de nuestras potencialidades individuales y como especie se convirtieran en una posibilidad real[282]. Si partimos del concepto de libertad de Marx, y casi con toda seguridad del expuesto por Adam Smith en su Theory of Moral Sentiments, la neoliberalización no podría por menos que considerarse un fracaso monumental. Aquellas personas que son excluidas o expulsadas del sistema de mercado —una enorme reserva de personas aparentemente desechables, privadas de protección social y de estructuras sociales de solidaridad— poco pueden esperar de la neoliberalización excepto pobreza, hambre, enfermedad y desesperación. Su única esperanza es trepar como sea posible a bordo del barco del sistema de mercado bien como productores de pequeñas mercancías, como vendedores en la economía informal (de cosas o de fuerza de trabajo), como pequeños depredadores que piden limosna, roban o, de manera violenta, obtienen algunas migajas de la mesa del rico, o bien como participantes en el enorme mercado ilegal del tráfico de drogas, de armas, de mujeres, o de cualquier otra cosa ilegal de la que haya demanda. Este es el mundo malthusiano impuesto a sus víctimas en obras como el influyente ensayo escrito por el periodista especializado en temas políticos Robert Kaplan acerca de «la anarquía que viene»[283]. En ningún momento se cruza por la mente de Kaplan la idea de que la neoliberalización o la acumulación por desposesión tengan algo que ver con cualquiera de las situaciones descritas en su ensayo. El increíble número de disturbios registrados contra el FMI, por no mencionar las oleadas de criminalidad que barrieron la ciudad de Nueva York, la ciudad de México, Johannesburgo, Buenos Aires y muchas otras ciudades en la estela dejada por el ajuste estructural y la reforma neoliberal, deberían sin duda haberle puesto sobre aviso[284]. En el otro extremo de la escala de la riqueza, aquellos plenamente incorporados dentro de la inexorable lógica del mercado y de sus demandas apenas encuentran tiempo ni espacio para explorar potencialidades emancipadoras fuera de lo que es comercializado como aventura «creativa», ocio y espectáculo. Obligados a vivir como apéndices del mercado y de la acumulación de capital en lugar de como seres expresivos, la esfera de la libertad se encoje ante la terrible lógica y la vacía intensidad de las ligaduras del mercado.

En este contexto es posible comprender mejor la emergencia de diversas culturas opositoras que tanto desde dentro como al margen del sistema de mercado rechazan, ya sea explícita o tácitamente, la ética del mercado así como las prácticas impuestas por la neoliberalización. Dentro de Estados Unidos, por ejemplo, hay un desmadejado movimiento ecologista muy activo que promueve visiones alternativas de cómo conseguir conectar los proyectos políticos y los ecológicos. También hay un efervescente movimiento anarquista entre la gente joven, una de cuyas alas —«los primitivistas»— cree que la única esperanza de la humanidad reside en volver a la etapa cazadora-recolectora que precedió al desarrollo de la civilización y, en efecto, comenzar de nuevo la historia de la humanidad. Otros, influidos por movimientos como Crime Think y autores como Derrick Jensen, buscan purgar de sí mismos todo trazo de la incorporación a la lógica de mercado capitalista[285]. Asimismo, hay grupos que aspiran a un mundo en el que prime el apoyo mutuo a través, por ejemplo, de la formación de sistemas locales de intercambio comercial (LETS) con «monedas locales» propias, incluso en el propio corazón del capitalismo neoliberalizador. Las variantes religiosas de esta tendencia secular también están floreciendo por todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Brasil o la China rural, donde algunos estudios indican que se están creando sectas religiosas a un ritmo apabullante[286]. Y muchos sectores de las organizaciones religiosas consolidadas, como el cristianismo evangélico, el Islam Wahabita, y diversas variantes del budismo y del confucianismo, predican un posicionamiento rotundo contra el mercado y específicamente contra el neoliberalismo. Igualmente, existe toda esa gama de movimientos sociales que luchan contra aspectos específicos de la práctica neoliberal, particularmente contra la acumulación por desposesión y que, o bien resisten frente al neoliberalismo depredador (como el movimiento revolucionario de los zapatistas en México) o bien buscan acceder a recursos que hasta ahora les eran negados (como el movimiento campesino de los sin tierra en Brasil o los grupos que dirigen las ocupaciones de fábricas en Argentina). Las coaliciones de centro-izquierda, abiertamente críticas hacia la neoliberalización, han asumido el poder político y parecen preparadas para extender y profundizar su influencia en toda América Latina. El sorprendente éxito del regreso del Partido del Congreso en India, elegido sobre la base de un programa izquierdista, es también otro ejemplo a tener en cuenta. Hay abundantes pruebas del deseo de una alternativa a la neoliberalización[287].

Hay incluso signos de insatisfacción en el seno de los círculos políticos gobernantes en relación con lo poco acertado de las proposiciones y prescripciones neoliberales. Algunas personas que antes eran apasionadas defensoras (como el economista Jeffry Sachs, Joe Stiglitz y Paul Krugman) o partícipes (como George Soros) de las ideas neoliberales, han adoptado ahora una postura crítica, hasta el punto de llegar a proponer cierto tipo de retorno a un keynesianismo retocado o una aproximación más «institucional» a la solución de problemas globales, que incluye desde estructuras reguladoras del gobierno global más sólidas a una supervisión más escrupulosa de las temerarias operaciones especuladoras de los financieros[288]. En los últimos años, no sólo se han producido insistentes llamamientos, sino también programas consistentes para la reforma de la forma de gobierno global[289]. Asimismo, se ha producido un resurgimiento del interés académico e institucional por la ética cosmopolita («herir a uno es herir a todos») como base de la forma de gobierno que, a pesar de lo problemática que pueda resultar su visión francamente simplista de los universalismos, no carece por completo de mérito[290]. Y este es exactamente el espíritu que periódicamente lleva a los jefes de Estado a congregarse, tal y como 189 de ellos hicieron en la Cumbre del Milenio en el año 2000, para suscribir piadosas declaraciones de su compromiso colectivo para erradicar la pobreza, el analfabetismo y la enfermedad sin dilación. Pero los compromisos para erradicar el analfabetismo, por ejemplo, son palabras lanzadas al aire cuando se contrastan con la realidad de la notable e incesante disminución de la cuota del producto nacional, que se destina a la educación publica en casi todos los rincones del mundo neoliberal.

Este tipo de objetivos no pueden alcanzarse sin cuestionar las bases fundamentales del poder sobre las que se alza el neoliberalismo y a las que los procesos de neoliberalización han contribuido de manera tan pródiga. Esto no sólo supone revertir la retirada del Estado del campo de la provisión social sino también enfrentarse al poder sobrecogedor del capital financiero. Keynes se refería con desprecio a los «cortadores de cupones», que de manera parasitaria vivían de los intereses y de los dividendos que les proporcionan sus títulos-valores, y anhelaba que se produjera lo que denominó «la eutanasia del rentista» en tanto que condición necesaria no sólo para alcanzar un mínimo de justicia económica sino también para impedir la devastación que provocan las periódicas crisis a las que es proclive el capitalismo. La virtud del compromiso keynesiano y del liberalismo embridado construido después de 1945 radica en que en cierto sentido iba a cumplir aquellos objetivos. La llegada de la neoliberalización, por el contrario, ha encumbrado el papel del rentista, el recorte de impuestos para los ricos, los dividendos especiales y las ganancias especulativas sobre los sueldos y los salarios, y es la responsable de desencadenar crisis financieras sin precedentes, aunque geográficamente delimitadas, con efectos devastadores sobre el empleo y sobre las oportunidades de vida en un país tras otro. La única forma de realizar esos loables objetivos es enfrentarse al poder de las finanzas y revertir los privilegios de clase erigidos sobre él. Pero no hay ni un solo gesto entre las potencias que indique que se esté haciendo algo en este sentido.

En lo que concierne al regreso del keynesianismo, sin embargo, la Administración de Bush, tal y como señalé anteriormente, ha decidido obrar con anticipación y está preparada para autorizar una espiral de déficit federal, extendiéndolos de manera indefinida en el futuro. No obstante, contraviniendo las prescripciones keynesianas tradicionales, en este caso las redistribuciones se producen hacia arriba beneficiando a las grandes corporaciones, a sus ricos altos directivos y a sus consejeros financieros y legales a expensas de los pobres, de las clases medias e incluso del accionariado corriente (de los fondos de pensiones inclusive), por no mencionar a las futuras generaciones. Pero el hecho de que el keynesianismo tradicional pueda ser expurgado y dado la vuelta de esta forma no debería sorprender, ya que, tal y como hemos visto, hay asimismo pruebas abundantes de que desde siempre la teoría y la retórica neoliberal (en particular la retórica política relativa a la libertad) han funcionado ante todo como un medio para enmascarar prácticas dirigidas al mantenimiento, la reconstitución y la restauración del poder de clase en el seno de una elite. La exploración de alternativas tiene que efectuarse, por lo tanto, al margen del marco de referencia definido por este poder de clase y por la ética del mercado, pero sin dejar de permanecer firmemente amarrada a las realidades de nuestro tiempo y lugar concretos. Y estas realidades apuntan hacia la posibilidad de una crisis de gran envergadura en el corazón del propio orden neoliberal.

¿El fin del neoliberalismo?

Las contradicciones políticas y económicas internas de la neoliberalización son imposibles de contener excepto a través de crisis financieras. Hasta el momento, estas se han revelado dañinas a escala local, pero manejables a escala global. El grado en que se puede manejar una crisis depende, naturalmente, de la capacidad para apartarse de manera sustancial de la teoría neoliberal. El mero hecho de que los dos principales motores de la economía global —Estados Unidos y China— acusen un tremendo déficit financiero es, sin duda, una señal irrefutable de que el neoliberalismo está en apuros, cuando no definitivamente muerto, en tanto que pauta teorética para garantizar el futuro de la acumulación de capital. Esto no impedirá que continúe desplegándose como una retórica adecuada para apoyar la restauración/creación del poder de clase en la elite. Pero cuando las desigualdades en la renta y en la riqueza alcanzan un nivel próximo al que precedió a la crisis de 1929 —como ocurre hoy—, los desequilibrios económicos se vuelven tan crónicos como para que se corra el peligro de generar una crisis estructural. Por desgracia, los regímenes de acumulación raramente se disuelven de manera pacífica, si es que alguna vez lo han hecho. El liberalismo embridado nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y de la Gran Depresión. La neoliberalización surgió en medio de la crisis de acumulación de la década de 1970, gestándose en el seno de un marchito liberalismo embridado y llegando al mundo con la suficiente violencia como para constatar la observación de Karl Marx de que la violencia es invariablemente la comadrona de la historia. Actualmente, en Estados Unidos asistimos a la emergencia de la opción autoritaria del neoconservadurismo. El violento ataque sobre Iraq en el exterior y las políticas de encarcelamiento en el ámbito doméstico indican una ingenua determinación por parte de la elite dominante estadounidense de redefinir el orden global y doméstico conforme a sus propios intereses. Así pues, es tarea nuestra sopesar de manera muy cuidadosa si podría o no desencadenarse, y cómo, una crisis del régimen neoliberal.

Las crisis financieras que con tanta frecuencia han precedido el asalto depredador a economías nacionales enteras por parte de potencias financieras superiores, se han venido caracterizando por la existencia de desequilibrios económicos crónicos. Los síntomas típicos son un déficit presupuestario interno descomunal e incontrolable, una crisis en la balanza de pagos, una acelerada depreciación de la moneda, valoraciones inestables de los activos internos del país (por ejemplo, en el mercado inmobiliario y financiero), un incremento de la inflación, un aumento del desempleo acompañado de una caída de los salarios, y la fuga de capitales. De estos siete principales indicadores, hoy en día, Estados Unidos ostenta la distinción de cumplir con creces los tres primeros, y hay una grave preocupación respecto a incurrir también en el cuarto. La actual «recuperación del paro» y la congelación salarial insinúan problemas incipientes con el sexto. En otro lugar, esta combinación de indicadores casi con toda seguridad habría precisado la intervención del FMI (y los economistas del FMI se quejan oficialmente, al igual que el antiguo y el actual presidente de la Reserva Federal, Volcker y Greenspan, respectivamente, de que los desequilibrios económicos existentes dentro de Estados Unidos están amenazando la estabilidad global)[291]. Pero dado que Estados Unidos domina el FMI, esto sólo significa que Estados Unidos debería disciplinarse, algo que parece improbable. Las grandes cuestiones son: ¿los mercados globales se disciplinarán (como deberían hacer según la teoría neoliberal)? Y de ser así, ¿cómo y con qué efectos?

Resulta inconcebible, pero no imposible, que de un día para otro Estados Unidos se encuentre en la misma situación que Argentina en 2001. Sin embargo, las consecuencias serían catastróficas no sólo en el plano doméstico, sino también para el capitalismo global. El hecho de que casi todos los que constituyen la clase capitalista y se encargan de su gestión global en cada sitio tengan plena constancia de ello, motiva que el resto del mundo esté actualmente dispuesto (en algunos casos a regañadientes) a seguir apoyando la economía estadounidense con créditos suficientes como para mantener su pródigo derrotero. No obstante, los flujos de capital privado hacia Estados Unidos han sufrido una seria disminución (excepto en la compra de activos, relativamente baratos dada la caída del valor del dólar), siendo, pues, los bancos centrales de todo el mundo —particularmente de Japón y de China— los que ahora y cada vez más poseen Estados Unidos Inc[292]. Retirar su apoyo a Estados Unidos sería devastador para sus propias economías, puesto que Estados Unidos es todavía un mercado de importancia crucial para sus exportaciones. Pero hay un límite que impide que esta fórmula pueda mantenerse. Casi un tercio de los activos financieros de Wall Street y casi la mitad de los bonos del Tesoro estadounidenses están ya en manos extranjeras, y los dividendos e intereses que fluyen hacia propietarios extranjeros equivalen ahora, aproximadamente, al tributo que las corporaciones y las operaciones financieras estadounidenses extraen del exterior, si es que no lo superan ya (Ver Figura[7.1] Deterioro de la posición de los Estados Unidos en los flujos globales de capital y de propiedad 1960 - 2002: afluencia y salida de inversiones estadounidenses (arriba) y transformación de las acciones de propiedad extranjera (abajo)). Este equilibrio de beneficios se tornará más acusadamente negativo cuanto más incremente Estados Unidos su endeudamiento con el exterior, el cual crece a una tasa cercana a los 2000 millones de dólares diarios. Por otro lado, la posibilidad de que los tipos de interés estadounidenses aumenten (como en cierto punto debe ocurrir) hace que lo ocurrido en México después de la subida de los tipos de interés de Volcker en 1979 empiece a vislumbrarse como un verdadero problema. Estados Unidos pronto estará pagando mucho más en concepto del servicio de su deuda al resto del mundo que lo que obtiene de él[293]. Esta extracción de riqueza de Estados Unidos no será bien recibida en el interior del país. Los continuos incrementos del consumo financiado mediante el endeudamiento que han sido la base de la paz social en Estados Unidos desde 1945 tendrán que detenerse.

Los desequilibrios no parecen preocupar a la Administración de Bush, a juzgar por su afirmaciones desdeñosas acerca de que el actual déficit por cuenta corriente, si es que es un problema, puede manejarse fácilmente haciendo que la gente compre productos fabricados en Estados Unidos (como si esos productos estuvieran disponibles y fueran suficientemente baratos, y como si los bienes nominalmente fabricados en Estados Unidos no tuvieran un elevado componente de insumos extranjeros). Si realmente esto pasara, Wal-Mart sería expulsado de los negocios. En opinión de Bush, el déficit presupuestario es fácil de manejar sin subir los impuestos si se limitan los programas domésticos (como si quedaran grandes programas prescindibles que desmantelar). La observación del vicepresidente Cheney de que «Reagan nos enseñó que el déficit presupuestario no importa» es alarmante, porque lo que Reagan también nos enseñó es que seguir incurriendo en déficit es una forma de imponer una reducción del gasto público y de este modo carcomer el nivel de vida de la masa de la población mientras los ricos pueden barrer para casa con toda la comodidad en medio del caos y de la crisis financiera. Por otro lado, si lanzamos la pregunta general de «¿quién se ha beneficiado en realidad de las numerosas crisis financieras que han hundido en cascada a un país tras otro y después de sucesivas oleadas de catastróficas deflaciones, inflaciones, fugas de capitales y ajustes estructurales desde finales de la década de 1970?», el perezoso empeño de la actual Administración estadounidense para eludir una crisis financiera y presupuestaria a pesar de todas las señales de alarma se hace más fácilmente comprensible. En la estela de un derrumbe financiero, la elite gobernante puede aspirar a emerger con más poder todavía que antes.

Es posible que la economía estadounidense pueda bandear los actuales desequilibrios (de manera muy parecida a después de 1945) y sacudirse los problemas que ella mismo se ha buscado. Algunas tímidas señales apuntan en esta dirección. Sin embargo, la actual política parece estar basada, en el mejor de los casos, en el principio de Micawber de que algo bueno está destinado a ocurrir. Después de todo, los presidentes de muchas compañías estadounidenses se las arreglaron para vivir en su propio mundo de fantasía ante el hecho de que entidades aparentemente invulnerables como Enron se vinieran abajo. Este también podría ser el destino de Estados Unidos Inc., y las afirmaciones en clave fantástica del actual presidente deberían preocupar a todos aquellos a los que realmente importen los intereses del país. Otra posibilidad es que la elite dominante estadounidense calcule que puede sobrevivir a una crisis financiera y presupuestaria global en buena forma y usarla para culminar su agenda de dominio absoluto en el interior del país. Pero este cálculo podría acabar siendo un error monumental. El resultado podría ser acelerar la transferencia de hegemonía hacia alguna otra economía regional (lo más probable es que con base en Asia) y un recorte simultáneo en la capacidad de la elite dominante para ejercer su dominio tanto en el interior como en el exterior del país.

La cuestión que emerge de manera más inmediata es la referida a qué tipo de crisis podría servir mejor a Estados Unidos para resolver su propia situación, ya que la elección se encuentra de hecho dentro de la esfera de las opciones políticas. Al abordar estas opciones es importante recordar que Estados Unidos no ha sido inmune a las dificultades financieras durante los últimos veinte años. La caída del mercado bursátil de 1987 eliminó casi el 30% del valor de los activos, y en el punto más bajo del desplome que sucedió al estallido de la burbuja de la nueva economía a finales de la década de 1990, se perdieron más de 8 billones de dólares en títulos-valores, antes de que se recuperaran los niveles previos. La crisis bancaria y de las cajas de ahorro de 1987 costó remediarla casi 200 000 millones de dólares, y aquel año las cosas empeoraron tanto que William Isaacs, presidente de la Federal Deposit Insurance Corporation, advirtió de que «Estados Unidos podría estar encaminándose hacia una nacionalización de la banca». Y las grandes quiebras de Long Term Capital Management, Orange County y de otras compañías que especularon y perdieron, seguidas por el derrumbe de varias de las compañías más importantes del país en 2001-2002 en medio de asombrosos lapsus en la contabilidad, no sólo salieron caras a los ciudadanos sino que también demostraron lo frágil y lo ficticia que se ha vuelto buena parte de la financiarización neoliberal. Por supuesto, esta fragilidad no sólo se limita a Estados Unidos. La mayoría de los países, incluida China, tienen que hacer frente a la incertidumbre y a la volatilidad financiera. La deuda del mundo en vías de desarrollo, por ejemplo, se elevó de «580 000 millones de dólares en 1980 a 2,4 billones en 2002, y gran parte de la misma es incobrable. En 2002 hubo una salida neta de 340 000 millones de dólares destinados al pago del servicio de esta deuda, frente a la ayuda exterior al desarrollo que ascendió a 37 000 millones»[294]. En algunos casos el servicio de la deuda excedió a las ganancias obtenidas en el exterior y, comprensiblemente, algunos países como Argentina se muestran bastante recalcitrantes frente a sus acreedores.

Así pues, analicemos los dos peores escenarios posibles desde el punto de vista de Estados Unidos. Una breve ráfaga de hiperinflación proporcionaría una vía para borrar la deuda internacional pendiente, así como el endeudamiento de los consumidores. En efecto, Estados Unidos liquidaría sus deudas con Japón, China y el resto de sus acreedores en dólares tremendamente devaluados. Esta confiscación inflacionista no sería bien acogida por el resto del mundo (aunque poco podría hacer al respecto, puesto que enviar cañoneras al Potomac no es una opción viable). La hiperinflación también destruiría los ahorros, las pensiones y muchas cosas más en Estados Unidos. También implicaría una reversión de la trayectoria monetarista que Volcker y Greenspan han seguido por regla general. Sin embargo, al menor indicio de este alejamiento del monetarismo (declarando de hecho la muerte del neoliberalismo), los bancos centrales de todo el mundo casi con toda seguridad crearían una situación de venta masiva de dólares y, de este modo, precipitarían de manera prematura una crisis de fuga de capitales imposible de manejar por las instituciones financieras estadounidenses en solitario. El dólar estadounidense perdería toda credibilidad como divisa de reserva global y perdería todos los beneficios futuros (por ejemplo de señoraje, esto es, el poder de acuñar dinero) de ser el poder financiero dominante. Esta toga sería entonces asumida por Europa, por el Asia oriental, o por ambos ejes (los bancos centrales de todo el mundo ya están mostrando una preferencia por colocar su saldo en euros). También parece probable que se produzca un retorno más modesto a la inflación, ya que existen numerosas evidencias de que la inflación no es en absoluto el mal intrínseco descrito por los monetaristas, y que cierta tímida relajación de los objetivos monetarios (de la que Thatcher hizo una demostración en las fases más pragmáticas de su impulso hacia la neoliberalización) es factible.

La otra opción que se le abre a Estados Unidos consiste en aceptar un dilatadísimo periodo de deflación del tipo que ha estado experimentado Japón desde 1989. Esto crearía serios problemas globales, a menos que otras economías —con China, quizá emparejada con India, obviamente en la vanguardia— pudieran reanimar la situación de atonía provocada por la crisis deflacionaria estadounidense. Pero tal y como hemos analizado, la opción de China es sumamente problemática tanto por razones económicas como políticas. China sufre graves desequilibrios internos, que básicamente se manifiestan en el exceso de capacidad que se registra en casi todos los sectores y áreas de la vida económica, desde una proliferación excesiva de aeropuertos a la existencia de demasiadas fábricas de automóviles. Esta sobrecapacidad se haría más palpable en el caso de un prologado estancamiento de los mercados de consumo estadounidenses. Por otro lado, la deuda viva de China (bajo la forma de créditos bancarios de dudoso cobro) en ningún caso es tan monumental como la de Estados Unidos. Los peligros en el caso chino no son tanto económicos como políticos. Pero el extraordinario dinamismo existente dentro de las complejas economías asiáticas puede ser suficiente como para propulsar en bastante medida la acumulación de capital hacia el futuro, aunque con toda probabilidad esto tendría efectos notablemente nocivos para la calidad del medio ambiente, así como también para la tradicional posición de Estados Unidos como cabeza de león en el orden mundial. No podemos saber todavía si Estados Unidos entregará mansamente su posición hegemónica. Casi con toda seguridad, conservará el predominio militar aunque se reducirá su posición de dominio en prácticamente todas las demás esferas significativas de poder político-económico. El hecho de si Estados Unidos pretenderá utilizar su superioridad militar con objetivos políticos y económicos, tal y como ha hecho en Iraq, dependerá entonces, de manera crucial, de las dinámicas internas existentes dentro del propio Estados Unidos.

Un dilatadísimo proceso de deflación será extremadamente difícil de absorber a escala interna por Estados Unidos. Si los problemas de endeudamiento del gobierno federal y de las instituciones financieras han de resolverse sin que se vea amenazada la riqueza de las clases de la elite, entonces, una «deflación confiscatoria» (a todas luces incoherente con el neoliberalismo) similar a la experimentada por Argentina (trazos de la cual podían encontrarse en la crisis de las cajas de ahorro de finales de la década de 1987, cuando muchos titulares de depósitos no pudieron acceder a su dinero) sería la única opción. Los grandes programas públicos que todavía existen (la Seguridad Social y Medicare), derecho a percibir una pensión, y el valor de los activos (en particular, de los inmuebles y de los ahorros) probablemente serán las primeras víctimas y, en estas condiciones, es seguro que el consentimiento popular empiece a deshilacharse por sus costuras. La gran pregunta es entonces cuán extenso y expresivo podría llegar a ser ese descontento y cómo podría ser manejado.

La consolidación del autoritarismo neoconservador emerge, pues, como una respuesta potencial. Tal y como argumenté en el tercer capítulo, el neoconservadurismo sostiene el impulso neoliberal hacia la construcción de libertades de mercado asimétricas pero hace explícitas las tendencias antidemocráticas del neoliberalismo a través del recurso a medios autoritarios, jerárquicos e incluso militaristas para mantener la ley y el orden. En El nuevo imperialismo exploré la tesis de Hannah Arendt de que la militarización en el exterior y la militarización interna van inevitablemente de la mano, y concluía que el aventurerismo internacional de los neoconservadores, largamente planificado y legitimado después de los atentados del 11 de septiembre[295], tenía tanto que ver con la afirmación del control doméstico en Estados Unidos sobre un cuerpo político díscolo y muy dividido, como con una estrategia geopolítica de mantener la hegemonía global a través del control sobre los recursos del petróleo. El miedo y la inseguridad tanto en el plano interno como en el externo fueron muy fácilmente manipulables con objetivos políticos, y en este caso de manera satisfactoria cuando llegó el momento de la reelección[296].

Pero los neoconservadores también afirman una meta moral más elevada, en el centro de la cual descansa una apelación al nacionalismo que, tal y como vimos en el capítulo tercero, ha mantenido durante largo tiempo una tensa relación con la neoliberalización. Sin embargo, el nacionalismo estadounidense tiene un carácter dual. Por un lado, presume que el destino manifiesto y divino (la invocación religiosa es deliberada) de Estados Unidos es ser la mayor potencia de la Tierra (cuando no el número uno en todo, desde el béisbol a las Olimpiadas) y que, en tanto que faro de libertad y de progreso, ha sido y sigue siendo admirado por todo el planeta y considerado digno de emulación. Todo el mundo, se dice, quiere vivir en Estados Unidos o ser como Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos, de manera benevolente y generosa, prodiga desinteresadamente sus recursos, sus valores y su cultura al resto del mundo, en pro de conferir el privilegio de la americanización y los valores americanos a todo habitante de este planeta. Pero el nacionalismo estadounidense también tiene su lado oscuro sembrado de la paranoia sobre temibles amenazas de fuerzas enemigas y malignas provenientes del exterior. Se teme a los extranjeros y a los inmigrantes, a los agitadores externos y, actualmente, por supuesto, a los «terroristas». Esto conduce a un círculo vicioso interno y a la clausura de los derechos y de las libertades civiles que hemos conocido en episodios como la persecución de los anarquistas en la década de 1920, el macartismo de la década de 1950 dirigido contra los comunistas y sus simpatizantes, la veta paranoica de Richard Nixon respecto a los opositores a la Guerra de Vietnam y, desde el 11 de septiembre, la tendencia a tachar toda crítica a las políticas de la Administración como una forma de ayudar y de incitar al enemigo. Este tipo de nacionalismo converge fácilmente con el racismo (más en particular hacia los árabes), con la restricción de las libertades civiles (la Patriot Act), el freno a la libertad de prensa (el encarcelamiento de periodistas por no revelar sus fuentes), y la opción de la encarcelación y la pena de muerte para tratar la criminalidad. En el plano externo, este nacionalismo lleva a la acción encubierta y, en estos momentos, a guerras preventivas para erradicar todo lo que parezca una remota amenaza para la hegemonía de los valores estadounidenses y el dominio de los intereses estadounidenses. A lo largo de la historia, ambas modalidades de nacionalismo siempre han coexistido[297]. En ocasiones han mantenido entre sí un conflicto abierto (por ejemplo, en las divisiones surgidas acerca de cómo lidiar con las revoluciones acontecidas en América Central durante la década de 1980).

Después de 1945, Estados Unidos estaba en posición de proyectar sobre el mundo la primera presunción, siempre de manera interesada y en ocasiones benevolente (como en el Plan Marshall, que ayudó a reavivar las economías europeas laceradas por la guerra después de 1945), al mismo tiempo que en casa engranaba el macartismo. Pero el fin de la Guerra Fría lo ha cambiado todo. El resto del mundo ya no acude a Estados Unidos en busca de su protección militar y se ha librado del dominio estadounidense en prácticamente todos los ámbitos. Estados Unidos nunca ha estado tan aislado del resto del mundo en el plano político, cultural e incluso militar, como lo está ahora. Y este aislamiento, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, no obedece a que haya decidido retirarse de los asuntos del mundo, sino que es consecuencia de su excesivo y unilateral intervencionismo. Asimismo, tiene lugar en un momento en el que la economía estadounidense se halla más entretejida que nunca en las redes de producción y financieras globales. El resultado ha sido una peligrosa fusión entre ambas formas de nacionalismo. A través de la formulación de la doctrina del «ataque preventivo» contra naciones extranjeras en medio de una supuesta guerra global contra el terrorismo que amenaza con llevarse todo por delante, la opinión pública estadounidense puede imaginar que libra una lucha misericordiosa por llevar la libertad y la democracia a todos los rincones (en particular a Iraq) a la vez que despliega sus más oscuros miedos hacia un enemigo desconocido y oculto que amenaza su propia existencia. La retórica de la Administración de Bush y de los neoconservadores explota de manera infatigable ambos temas, lo cual prestó un gran servicio a Bush en su exitosa campaña para la reelección.

En The New Imperialism argumenté que había muchos signos de que la hegemonía estadounidense está desmoronándose. Perdió su dominio en la producción global durante la década de 1970 y su poder en las finanzas globales comenzó a erosionarse en la de 1990. Su papel precursor en el campo tecnológico se está viendo desafiado y su hegemonía cultural y moral mengua a pasos agigantados, dejando su fuerza militar como su única arma clara de dominio global. Pero su poderío militar podría estar limitado a lo que permita una potencia destructiva de alta tecnología ejecutable a una distancia de 10 000 metros de altura. Iraq ha revelado sus límites sobre el terreno. La transición a una nueva estructura hegemónica en el capitalismo global coloca a Estados Unidos ante la disyuntiva de gestionar la transición de manera pacífica o bien a través de la catástrofe[298]. La actual posición de las elites gobernantes estadounidenses apunta más en esta última dirección. En Estados Unidos, resulta muy fácil invocar el nacionalismo para secundar la idea de que las causas de las dificultades económicas derivadas de una hiperinflación o de un dilatado periodo de deflación son atribuibles a otros, como China y el este asiático, o la OPEP y los Estados árabes por no responder de manera adecuada a su derrochadora demanda de energía. La doctrina del ataque preventivo ya está sobre la mesa y las capacidades destructivas están al alcance de la mano. Un Estados Unidos acosado y sin duda amenazado tiene, según esta hebra argumentativa, la obligación de defenderse a sí mismo, sus valores y su forma de vida a través del uso de medios militares si es necesario. Este cálculo catastrófico y, en mi opinión, suicida, no es algo que pueda considerase excluido de las opciones de los actuales líderes estadounidenses, quienes ya han demostrado su afición a sofocar la disidencia interna, lo cual les ha granjeado un apreciable apoyo popular. Después de todo, un segmento considerable del pueblo estadounidense opina que la Bill of Rights[299] es un documento inspirado en el comunismo y también hay otro sector, minoritario sin duda, que acoge con entusiasmo todo lo que huela a Armagedón. Las leyes antiterroristas, el abandono de la Convención de Ginebra en la Bahía de Guantánamo y la predisposición a representar toda fuerza opositora como «terrorista» son señales de peligro.

Por fortuna, hay una notable oposición interna que puede ser movilizada, y que en cierto modo ya lo está, contra estas tendencias suicidas y catastróficas. Por desgracia, en su constitución actual es una oposición fragmentada, que navega sin timón, y que carece de una organización coherente. En cierta medida esto es fruto de heridas que se han infligido a sí mismos el propio movimiento obrero, los movimientos, que en términos generales han abrazado una política de la identidad, y aquellas corrientes intelectuales posmodernas que suscriben sin saberlo la línea postulada por la Casa Blanca de que la verdad es construida por la sociedad y consiste en un mero efecto del discurso. La crítica de Terry Eagleton al libro Postmodern Condition de Lyotard, en cuya opinión «no puede existir diferencia entre la verdad, la autoridad y la seducción retórica; el que posea la lengua más melodiosa o la historia más embaucadora tiene el poder», merece ser repetida. Pienso que es todavía más relevante para nuestros tiempos que cuando la cité en 1989[300]. Los argumentos presentes en el cuento de la Casa Blanca y en la patraña de Downing Street han de ser rebatidos y luego bloqueados si queremos encontrar algún tipo de solución frente al actual callejón sin salida en que nos encontramos. Hay una realidad ahí afuera y nos está pisando los talones. ¿Pero adónde deberíamos procurar dirigir nuestros pasos? Si fuéramos capaces de montar el maravilloso caballo de la libertad, ¿hacia dónde trataríamos de cabalgarlo?

Alternativas

Hay una tendencia a abordar la cuestión de las alternativas como si se tratara de trazar algún programa para una futura sociedad y un bosquejo del camino que conduce a ella. Podemos sacar grandes beneficios de estos ejercicios, pero primero necesitamos iniciar un proceso político que pueda llevarnos a un punto en el que se tornen identificables alternativas factibles, posibilidades reales. Hay dos principales caminos a tomar. Podemos involucrarnos en la plétora de movimientos opositores ya existentes y tratar de destilar a partir y a través de su activismo la esencia de un programa de oposición abierto. O bien, podemos recurrir a investigaciones políticas y teóricas sobre nuestras condiciones existentes (como la que yo mismo he emprendido en estas páginas) y tratar de colegir alternativas por medio de análisis críticos. Tomar este último camino en absoluto supone presumir que los movimientos de oposición existentes están equivocados o que de algún modo son deficientes en sus planteamientos. De la misma manera, los movimientos de oposición no pueden presumir que los descubrimientos analíticos sean irrelevantes para su causa. La tarea es abrir un diálogo entre los que escogen cada uno de estos caminos y a partir de ahí ampliar la profundidad de los planteamientos colectivos y definir líneas de acción más adecuadas.

La neoliberalización ha generado una paleta de movimientos de oposición tanto dentro como fuera de su ámbito. Muchos de estos movimientos son radicalmente distintos de los movimientos obreros que dominaron la escena política antes de 1980[301]. He dicho «muchos», pero no «todos». Los movimientos obreros tradicionales en absoluto han muerto, ni siquiera en los países del capitalismo avanzado en los que se han debilitado tanto como consecuencia del ataque neoliberal a su poder. En Corea del Sur y en Sudáfrica emergieron vigorosos movimientos obreros durante la década de 1980 y en gran parte de América Latina están floreciendo partidos obreros que incluso han llegado al poder. En Indonesia, un inexperto movimiento de trabajadores de gran importancia potencial brega por ser oído. El potencial de un descontento obrero en China es inmenso aunque impredecible. Y tampoco está claro que la masa de la clase trabajadora estadounidense, que durante esta última generación a menudo ha estado dispuesta a votar en contra sus propios intereses materiales por razones de nacionalismo cultural, por cuestiones religiosas y por referencia a valores morales, permanezca para siempre enjaulada en esa política de maquinaciones tanto republicanas como demócratas. Dada la volatilidad a la que nos enfrentamos, no hay razón para descartar un resurgimiento de la política popular socialdemócrata o incluso de corte populista y antineoliberal dentro de Estados Unidos en los próximos años.

Pero las luchas contra la acumulación por desposesión están fomentando la apertura de líneas de lucha política y social bastante diferentes[302]. Debido en parte a las condiciones específicas en las que se generan estos movimientos, su orientación política y su modesta organización parten acusadamente de lo que caracterizaba la política socialdemócrata. Por ejemplo, la rebelión zapatista en Chiapas, México, no busca tomar el poder estatal o culminar una revolución política sino que aspira en cambio a lograr una política más integradora. La idea consiste en despertar un movimiento que atraviese la sociedad en una búsqueda más abierta y fluida de alternativas que preste atención a las necesidades específicas de los diferentes grupos sociales y les permita mejorar sus expectativas. Desde el punto de vista organizativo, se tendía a evitar el vanguardismo y se rechazaba adoptar la forma de un partido político. En su lugar, se prefería permanecer como un movimiento social dentro del Estado, intentando formar un bloque de poder político en el que las culturas indígenas ocuparan un lugar central y no periférico. Muchos movimientos ecologistas —como los que luchan por una justicia medioambiental— actúan de la misma manera.

El efecto de estos movimientos ha sido dejar de pensar el problema de la organización política a partir de los partidos políticos tradicionales y del movimiento obrero, optando por organizar una dinámica menos concentrada en la política que opera a través de todo el espectro de la sociedad civil. Lo que estos movimientos pierden en objetivos lo ganan en tanto que otorgan una relevancia directa a cuestiones particulares y a sectores específicos de la población. Extraen su fuerza de estar insertos en el grano de la vida y la lucha cotidiana, pero al hacerlo a menudo se les hace difícil sustraerse a lo local y lo particular para comprender la macropolítica de lo que está pasando con la acumulación por desposesión neoliberal y su relación con la restauración del poder de clase.

La variedad de estas luchas es sencillamente apabullante, tanto que a veces es difícil llegar siquiera a imaginar las conexiones existentes entre unas y otras. Todas ellas forman parte de una combinación volátil de movimientos de protesta que han barrido el mundo y que han ido captando la atención mediática desde principios de la década de 1980. Estos movimientos y revueltas en ocasiones han sido aplastados con una violencia brutal, en la mayoría de los casos por poderes estatales que actuaban en nombre del mantenimiento de la «la paz y el orden». En otros lugares, en los que la acumulación por desposesión ha producido intensas rivalidades políticas y sociales estos movimientos han degenerado en violencia interétnica y en guerra civil. La táctica de «divide y vencerás» de las elites dominantes, o la competencia entre facciones rivales (por ejemplo, intereses franceses versus intereses estadounidenses en algunos países africanos), las más de las veces han sido vitales para la suerte de esas luchas. Los Estados clientes, con el apoyo militar o en algunos casos con fuerzas especiales entrenadas por los más potentes aparatos militares (dirigidos por Estados Unidos, y apoyados por Gran Bretaña y Francia desempeñando un papel menor) a menudo han tomado la delantera en un sistema basado en la represión y en la liquidación para hacer un despiadado marcaje a los movimientos activistas que estaban desafiando la acumulación por desposesión en muchas partes del mundo en vías de desarrollo.

Los propios movimientos han producido una plétora de ideas en cuanto a alternativas se refiere. Unos buscan desligarse del poder opresivo de la globalización neoliberal. Otros (como el movimiento «50 años bastan»), luchan por la justicia social y medioambiental global mediante la reforma o la disolución de instituciones tan poderosas como el FMI, la OMC, y el Banco Mundial (aunque no deja de ser interesante que el poder central del Departamento del Tesoro estadounidense raramente sea mencionado). También los hay (particularmente desde el ecologismo, como Greenpeace) que hacen hincapié en la cuestión de «reclamar los bienes comunes», señalando así las profundas continuidades existentes con luchas muy antiguas así como también con las libradas a lo largo de toda la amarga historia del colonialismo y del imperialismo. Algunos autores (como Hardt y Negri) vislumbran una multitud en movimiento, o un movimiento en el seno de la sociedad civil global, para enfrentarse al poder difuso y descentralizado del orden neoliberal (interpretado como el «Imperio»), y otras personas dirigen una mirada más modesta hacia la experimentación local de nuevos sistemas de producción y de consumo (como los LETS) animados por una forma de relaciones sociales y prácticas ecológicas completamente diferentes. Asimismo, están los que depositan su confianza en las estructuras más convencionales de los partidos políticos (como, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores en Brasil o el Partido del Congreso en India en alianza con los comunistas) con el objetivo de ganar el poder estatal y dar un paso más hacia la reforma global del orden económico. Actualmente, muchas de estas corrientes diversas convergen en el Foro Social Mundial en un esfuerzo por tratar de definir sus puntos en común y de construir una fuerza organizativa capaz de enfrentarse a las muchas modalidades de neoliberalismo y de neoconservadurismo que estamos presenciando. Se ha desatado un torbellino de literatura sugiriendo que «otro mundo es posible». Sus textos compendian y en ocasiones intentan sintetizar las diversas ideas surgidas de los distintos movimientos sociales que están teniendo lugar en todos los rincones del mundo. Hay mucho que admirar y en lo que inspirarse.

¿Pero qué conclusiones podemos inferir de un ejercicio analítico como el realizado en estas páginas? En primer lugar, toda la historia del liberalismo embridado y el giro subsiguiente hacia el neoliberalismo muestran el papel crucial que ha tenido la lucha de clases bien tanto en el control como en la restauración del poder de clase de la elite. Aunque haya sido efectivamente disfrazado, hemos experimentado toda una generación de sofisticada recomposición estratégica por parte de las elites dominantes para restaurar, reafianzar o, como en China y en Rusia, construir un contundente poder de clase. El giro posterior hacia el neoliberalismo ilustra hasta qué punto las elites económicas no están escatimando esfuerzos, así como las estrategias autoritarias que están dispuestas a desplegar en aras a reafirmar su poder. Todo ello se produjo a lo largo de las décadas en las que las instituciones de la clase obrera entraron en declive y durante las que muchos progresistas fueron paulatinamente convencidos de que la clase no tenía sentido o de que al menos se trataba de una categoría difunta. Al suscribir estas consideraciones, progresistas de todas las tendencias parecen haber cedido al pensamiento neoliberal puesto que una de las primeras invenciones del neoliberalismo consiste en que la clase es una categoría ficticia que sólo existe en la imaginación de los socialistas y de cripto-comunistas. En el caso de Estados Unidos la expresión «guerra de clases» ahora sólo se utiliza en los medios de comunicación de la derecha (por ejemplo The Wall Street Journal) para denigrar todo tipo de crítica que amenace con debilitar un objetivo nacional supuestamente unificado y coherente (esto es, ¡la restauración de la clase dominante!). Por lo tanto, la primera lección que debemos aprender es que si parece una guerra de clases y actúa como una guerra de clases, hay que llamarla por lo que es con llaneza. La masa de la población o bien tiene que resignarse a la trayectoria histórica y geográfica definida por el opresivo poder de la clase dominante en continuo desarrollo, o bien tiene que responder a este en términos de clase.

Exponer la situación en estos términos no significa sentir nostalgia por una perdida edad de oro en la que una categoría ficticia como «el proletariado» era operativa. Tampoco significa necesariamente (si es que alguna vez lo significó) que haya una sencilla concepción de la clase a la que podemos apelar como agente principal (por no decir exclusivo) de la transformación histórica. No existe un mundo utópico de fantasía marxista al que podamos retirarnos. Apuntar la necesidad y la inevitabilidad de la lucha de clases no equivale a decir que la manera en que se constituye la clase viene determinada o incluso es determinable de antemano. Los movimientos populares, así como los de la clase que integra la elite, se hacen a sí mismos aunque nunca bajo condiciones que ellos mismos hayan escogido. Y esas condiciones están repletas de complejidades que emergen a partir de las diferencias de raza, de género y de etnia las cuales están íntimamente entretejidas con las identidades de clase. Las clases dominadas están muy racializadas y la creciente feminización de la pobreza ha sido un rasgo notable de la neoliberalización. La ofensiva neoconservadora contra los derechos de las mujeres y los derechos reproductivos, que curiosamente cobró su mayor virulencia a finales de la década de 1970 coincidiendo con el salto a la arena pública del neoliberalismo, es un elemento crucial de su noción de un orden moral recto construido sobre una concepción muy particular de la familia.

El análisis también revela cómo y por qué se produce la bifurcación que podemos observar en los movimientos populares actuales. Por un lado, se encuentran los movimientos en torno a los que he denominado la «reproducción ampliada», en los que la explotación de los trabajadores asalariados y las condiciones definidoras del salario social son las cuestiones centrales. Por otro, se hallan los movimientos contra la acumulación por desposesión. Estos movimientos se articulan en torno a la resistencia frente a las formas clásicas de acumulación primitiva (como el desplazamiento de la población rural de sus tierras); frente al salvaje abandono del Estado de sus obligaciones sociales (excepto el control y la vigilancia); frente a las prácticas que siembran la destrucción de culturas, historias y entornos singulares; y frente a las deflaciones e inflaciones «confiscatorias» labradas por las formas contemporáneas del capital financiero en alianza con el Estado. Encontrar las conexiones orgánicas existentes entre estos diferentes movimientos es una tarea teórica y práctica urgente. Pero nuestro análisis también ha demostrado que el único modo de hacerlo es rastreando la dinámica de un proceso de acumulación de capital marcado por desarrollos geográficos volátiles y cada vez más profundamente desiguales. Esta desigualdad, tal y como vimos en el capítulo 4, promueve de manera activa la difusión de la neoliberalización a través de la competencia interestatal. Parte de la tarea de una política de clase rejuvenecida, consiste en convertir este desarrollo geográfico desigual en un activo y no en una carga. La política de las elites dominantes basada en el divide y vencerás, debe ser confrontada mediante una política de alianzas por parte de los simpatizantes de la izquierda para la recuperación de poderes de autodeterminación locales.

Pero los estudios analíticos también ponen de relieve la existencia de contradicciones susceptibles de ser explotadas en el seno de las agendas neoliberal y neoconservadora. La creciente fractura entre la retórica (en beneficio de todos) y los resultados (el beneficio de una pequeña clase dominante) es actualmente muy visible. La idea de que el mercado se rige por las reglas de la competencia y la paridad se ve cada vez más desmentida por el hecho de la extraordinaria monopolización, centralización, e internacionalización que caracterizan el poder financiero y corporativo. El asombroso crecimiento de las desigualdades de clase y regionales, tanto dentro de los Estados (por ejemplo, en China, Rusia, India y el sur de África) como a escala internacional entre los distintos Estados, plantea un grave problema político que ya no puede ser barrido debajo de la alfombra como algo «transitorio» en el camino hacia un mundo neoliberal perfeccionado. Cuanto más se reconoce al neoliberalismo como una fallida retórica utópica que enmascara un exitoso proyecto para la restauración del poder de la clase dominante, más se tienden los cimientos de una resurgencia de movimientos de masas expresando demandas políticas por la igualdad y aspirando a la justicia económica, el comercio justo y una mayor seguridad económica.

La creciente presencia de los discursos sobre los derechos, como ya analizamos en el capítulo anterior, ofrece posibilidades pero también problemas. La apelación a la idea convencional de los derechos liberales puede constituir una poderosa «espada de resistencia» desde la que criticar el autoritarismo neoconservador, en particular, si atendemos a la forma en que la «guerra contra el terrorismo» ha sido desplegada por doquier (desde Estados Unidos y China hasta Chechenia) como una excusa para reducir las libertades civiles y políticas. La invocación al reconocimiento de la soberanía y del derecho de autodeterminación de los iraquíes es un arma poderosa con la que frenar los planes de Estados Unidos para el país. Pero también pueden definirse derechos alternativos. La crítica a la interminable acumulación de capital en tanto que el proceso dominante que moldea nuestras vidas implica criticar esos derechos específicos —el derecho a la propiedad privada individual y a la extracción de beneficio— que fundan el neoliberalismo, y viceversa. En otros trabajos he defendido la pertinencia de un haz enteramente distinto de derechos en el que se incluya el derecho a las expectativas de vida, a la asociación política y al «buen» gobierno, al control sobre la producción por parte de los productores directos, a la inviolabilidad y a la integridad del cuerpo humano, a emprender una crítica sin miedo a sufrir represalias, a un entorno limpio y saludable para la vida, al control colectivo de los recursos de propiedad común, a la producción del espacio, a la diferencia, así como también otros derechos esenciales a nuestro estatus como seres humanos[303]. No obstante, proponer derechos diferentes a los que son considerados sacrosantos por el neoliberalismo conlleva la obligación de especificar un proceso social alternativo al que puedan ser inherentes estos derechos alternativos.

Para refutar la afirmación conservadora de que su autoridad y su legitimidad se apoyan sobre un elevado fundamento moral, podemos servirnos de un argumento similar. El ideal de una comunidad moral y de una economía moral no es ajeno a los movimientos progresistas que han existido a lo largo de la historia. Muchos de los que ahora luchan contra la acumulación por desposesión, como los zapatistas, están activamente articulando el deseo de experimentar relaciones sociales alternativas en términos de economía moral. La moralidad no es un campo que deba ser definido únicamente por una derecha religiosa reaccionaria movilizada bajo la batuta hegemónica de los medios de comunicación y articulada a través de un proceso político dominado por el poder económico corporativo. Debemos enfrentarnos a la restauración del poder de la clase dominante defendida mediante una mezcolanza de argumentos morales confusos. Las denominadas «guerras culturales» —por más desencaminadas que algunas de ellas puedan haber estado— no pueden ser desechadas como una distracción inoportuna (como sostienen algunos autores de la izquierda tradicional) de la política de clase. De hecho, la difusión del uso del argumento moral entre los neoconservadores testimonia no sólo el miedo a la disolución social bajo un neoliberalismo individualizador sino también las amplias olas de repugnancia moral suscitadas por la alienación, la anomia, la exclusión, la marginación y la degradación medioambiental que han generado las prácticas de la neoliberalización. La transformación de esta repugnancia moral ante una ética del mercado sin matices en resistencia cultural primero y política después, es uno de los signos de nuestro tiempo que precisan ser interpretados correctamente en vez de dejados de lado. La conexión orgánica entre estas luchas culturales y la lucha por revertir la arrolladora consolidación del poder de la clase dominante demanda una exploración práctica y teórica.

Pero es la naturaleza profundamente antidemocrática del neoliberalismo, respaldada por el autoritarismo neoconservador, lo que sin duda debería construir el núcleo de la lucha política. El déficit democrático en algunos países nominalmente «democráticos» como Estados Unidos es actualmente enorme[304]. En este país, la representación política se encuentra atenazada y corrompida por el poder económico, además de padecer un sistema electoral que es manipulado y corrompido con suma facilidad. Los pactos institucionales fundamentales se encuentran gravemente desequilibrados. Los senadores de veintiséis Estados, que no suman el 20% de la población del país, poseen más de la mitad de los votos para determinar el programa legislativo del Congreso. Además, el flagrante fraude electoral de los distritos del Congreso para dar ventaja a quienquiera que se encuentre en el poder es juzgado constitucional por un sistema judicial progresivamente nutrido mediante nombramientos políticos de jueces con creencias neoconservadoras. Instituciones con enorme poder, como la Reserva Federal, están fuera de todo control democrático. En el plano internacional, la situación es todavía peor puesto que instituciones como el FMI, la OMC, y el Banco Mundial no rinde cuentas y mucho menos experimentan una influencia democrática, al igual que sucede con las ONG que pueden operar sin participación ni supervisión democrática alguna con independencia de lo bien intencionadas que sean sus acciones. Esto no significa que no haya nada problemático en las instituciones democráticas. Los miedos neoliberales a una influencia indebida por parte de grupos de interés especial sobre los procesos legislativos se encuentran ampliamente ilustrados por los grupos de presión corporativos y por la puerta giratoria entre el Estado y las corporaciones que asegura que el Congreso estadounidense (así como también las sedes legislativas de los diversos Estados de la Unión) cumpla las órdenes de los intereses de los ricos y sólo de los intereses de los ricos.

Volver a introducir las demandas por un gobierno democrático y por la igualdad y la justicia económica, política y cultural no significa proponer un regreso a una edad de oro perdida. El significado debe ser reinventado en cada caso para abordar las condiciones y las potencialidades del momento actual. La democracia de la antigua Atenas no guarda relación con los significados con los que debemos investir en la actualidad este término en coyunturas tan diversas como las de Sao Paulo, Johannesburgo, Shangai, Manila, San Francisco, Leeds, Estocolmo y Lagos. Pero el aspecto más extraordinario de esto es que precisamente, de una punta a otra del globo, desde China, Brasil, Argentina, Taiwán, y Corea hasta Sudáfrica, Irán, India y Egipto, pasando por las combativas naciones de Europa del Este, así como también en los cuarteles generales del capitalismo contemporáneo, hay grupos y movimientos sociales en marcha implicados en reformas que expresan en una u otra versión valores democráticos[305].

Los líderes de Estados Unidos, con un considerable apoyo de la opinión pública de ese país, han proyectado sobre el mundo la idea de que los valores neoliberales de libertad estadounidenses son universales y supremos, y de que estos valores merecen que demos la vida por ellos. El mundo actual está en condiciones de rechazar este ademán imperialista y reproyectar sobre el centro del capitalismo neoliberal y neoconservador, un abanico de valores completamente diferente, esto es, los de una democracia abierta consagrada a la realización de una igualdad social ligada a la justicia económica, política y cultural. Los argumentos de Roosevelt nos brindan un lugar por donde empezar. Debemos construir una alianza dentro de Estados Unidos para recuperar el control popular del aparato estatal y, a partir de ahí, avanzar en la profundización en lugar de en la desmembración de las prácticas y de los valores democráticos bajo el monstruo del poder del mercado.

Hay una perspectiva de la libertad muchísimo más noble que ganar que la que predica el neoliberalismo. Hay un sistema de gobierno muchísimo más valioso que construir que el que permite el neoconservadurismo.

DAVID W. HARVEY (Gillingham, Kent, Inglaterra, 1935). David W. Harvey es un geógrafo y teórico social británico. Se graduó en Cambridge con una tesis sobre el condado de Kent en el siglo XIX siguiendo la gran tradición en Geografía Histórica regional de esta universidad. A mediados de la década de 1960 comienza a interesarse por el gran desarrollo de los métodos cuantitativos y de la filosofía neopositivista y popperiana en las ciencias sociales, contribuyendo así al desarrollo de la geografía cuantitativa.

Ha sido también profesor de Geografía e Ingeniería Ambiental en la Universidad Johns Hopkins, siendo profesor de 1969 a 1973, y catedrático de 1973 a 1989. De 1987 a 1993, ocupó la cátedra de Geografía Halford Mackinder de la Universidad de Oxford, y en 1993 vuelve a ocupar la cátedra de Geografía en Johns Hopkins, hasta 2001.

Desde 2001, es catedrático de Antropología y Geografía en la City University of New York (CUNY) y Miliband Fellow de la London School of Economics.

Es autor de numerosos artículos y libros de gran influencia en el desarrollo de la geografía moderna. En 1973 publica Social Justice and the City (Urbanismo y desigualdad social), obra donde el autor muestra su evolución desde perpectivas liberales de izquierda (cercanas a los planteamiento de John Rawls) a perspectivas radicales (cercanas a la tradición marxista). Los temas centrales del libro giran en torno a la ciudad y sus problemas (vivienda, guetos, teoría de la renta, gentrificación…). Supone un hito claro en el desarrollo de la Geografía urbana.

Uno de sus trabajos más recientes es A Brief History of Neoliberalism (2005), donde examina histórica y geográficamente la teoría y la práctica del neoliberalismo desde mediados de los años setenta. Considera que el neoliberalismo fue una respuesta a la crisis de acumulación sufrida por el capitalismo en los años setenta, caracterizada por una baja de los rendimientos de las inversiones simultánea con un incremento de las luchas sociales. El neoliberalismo pudo establecerse aprovechando que la crisis provocó la debilidad de los Estados frente a los bancos, los cuales pudieron imponer las privatizaciones y la reducción de las garantías laborales. Para Harvey, el neoliberalismo ha tenido éxito en incrementar el capital y el poder de los estratos altos de la sociedad, pero ha ampliado la brecha entre éstos y las mayorías empobrecidas, poniendo en primera plana, otra vez, la lucha de clases. La crisis de acumulación reaparece, no fue definitivamente resuelta y ello traza los límites históricos del modelo neoliberal.

En 2007, los analistas Thomson Reuters le incluyeron en su ranking de los veinte académicos más citados en las Ciencias Sociales. Se autodefine como «urbanista rojo» y afirma pretender «crearle ardor de estómago a la bestia del capitalismo».

Notas

[1] S. George, «A Short History of Neoliberalism. Twenty years of Elite Economics and Emerging Opportunities for Structural Change», en W Bello, N. Bullard, y K. Malhotra (eds.), Global Finance. New Thinking on Regulating Capital Markets, Londres, Zed Books, 2000, pp. 27-35; G. Duménil y D. Lévy, Capital Resurgent. Roots of the Neoliberal Revolution, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2004; J. Peck, «Geography and Public Policy. Constructions of Neoliberalism», Progress in Human Geography, n° 28/3, 2004, pp. 392 405; J. Peck y A. «Neoliberalizing Space», Antipode XXIV, 3, 2002, pp. 380-404; P. Treanor, «Neoliberalism Origins, Theory, Definition», http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/neoliberalism.html. <<

[2] P. Treanor, «Neoliberalism. Origins, Theory, Definitions», cit. <<

[3] D. Harvey, The Condition of Posmodernity, Oxford, Basil Blackwell, 1989 (Ed. Cast. La Condición de la Posmodernidad, Buenos Aires, Amorrortu, 1998). J. F. Lyotard, The Postmodern Condition, Manchester, Manchester University Press, 1984, pp. 66 (ed. cast.: La condición posmoderna. Madrid, Ediciones Cátedra, 1989). <<

[4] En el original de editorial AKAL, dice 9 de septiembre. Parto del supuesto que fue un error del traductor ya que en inglés se expresa 9/11. En consecuencia, he corregido la fecha porque entiendo que refiere al ataque a las torres gemelas del 2001. <<

[5] G. W Bush, «President Addresses the Nation in Prime Time Press Conference», 13 de abril de 2004; http://www.Whitehouse.gov/news/releases/2004 /0420040413-20.html. <<

[6] Matthew Arnold (1822-1888). Poeta y crítico inglés.(Wikipedia) <<

[7] Las citas de Matthew Arnold proceden de R. Williams, Culture and Society, 1780-1850, Londres, Chatto & Windus, 1958, p. 118. <<

[8] A. Juhasz, «Ambitions of Empire. The Bush Administration Economic Plan for Iraq (and Beyond)», Left Turn Magazine 12 (febrero-marzo 2004), pp. 27-32. <<

[9] N. Klein, «Of Course the White House fears Free Elections in Iraq», The Guardian, 24 de enero de 2004, p. 18. <<

[10] T. Crampton, «Iraqui Oficial urges Caution on Imposing Free Market», The New York Times, 24 de enero de 2004, p. 18. <<

[11] A. Juhasz, «Ambitions of Empire. The Bush Administration Economic Plan for Iraq (And Beyond)», cit, p. 29. <<

[12] G. W. Bush, «Securing Freedom’s Triumph», The New York Times, 11 de septiembre de 2002, A33. The National Security Strategy of the United States of America se encuentra disponible en el sitio web: www.whitehouse.gov/nsc/nss <<

[13] M. Fourcade-Gourinchas y S. Babb, «The Rebirth of the Liberal Creed. Paths to Neoliberalism in Four Countries», American Journal of Sociology 108 (2002), pp. 542-549; J. Valdez, Pinochet’s Economists. The Chicago School in Chile, Nueva York, Cambridge University Press, 1995; R. Lüders, «The Success and Failure of the State-Owned Enterprise Divestitures in a Developing Country. The Case of Chile», Journal of World Business (1993), pp. 98-121. <<

[14] R. Dahl y C. Lindblom, Politics, Economy and Welfare. Planning and Politics-Economic Systems Resolved into Basic Social Processes, Nueva York, Harper, 1953. <<

[15] Los Acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods, (Nueva Hampshire), entre el 1 y el 22 de julio de1944, donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. En él se decidió la creación del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el uso del dólar como moneda internacional. Esas organizaciones se volvieron operacionales en 1946. (Fuente: Wikipedia) <<

[16] S. Krasner (ed.), Internacional Regimes, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1983; M. Blyth, Great Transformations. Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2002. <<

[17] P. Armstrong, A. Glynn, y J. Harrison, Capitalism Since World War II. The Making and Breaking of the Long Boom, Oxford, Basil Blackwell, 1991. <<

[18] Para el marxismo, la acumulación capitalista conduce, a su vez, a los fenómenos de la concentración y la centralización del capital. Entendiendo al trabajo como única fuente de valor, necesariamente la acumulación de capital implica una reducción consecuente de la tasa de ganancia en cada ciclo, y con ella la necesidad de una mayor plusvalía, que reduciría en cada ciclo la participación de los asalariados, con lo que una depauperación creciente e irreversible de las masas trabajadoras, sería paralela al proceso de acumulación capitalista e implicaría una crisis estructural del capitalismo. <<

[19] Ver nota 14 en la página 16 de este mismo libro. <<

[20] G. Eley, Forging Democracy. The History of the Left in Europe, 1850-2000, Oxford, Oxford University Press, 2000. <<

[21] G. Duménil y D. Lévy, «Neoliberal Dynamics. Towards A New Phase?» en K. van der Pijl, L. Assassi, y D. Wigan (eds.), Global Regulation. Managing Crises after the Imperial Turn, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2004, pp. 41-63. Véase también, «Task Force on Inequality and American Democracy», American Democracy in an Age of Rising Inequality, American Political Science Association (2004); T. Piketty y E. Saez, «Income Inequality in the United States, 1913-1988», Quarterly Journal of Economics. 118 (2003), pp. 1-39. <<

[22] United Nations Development Program, Human Development Report, 1999, Nueva York, Oxford University Press, 1999. <<

[23] Obliteración: Acción de obliterar; extirpación de una parte u órgano, ya quirúrgicamente, ya espontáneamente por enfermedad. <<

[24] Véase el sitio web: http://wwwmontpelerin.org/aboutmps.html. <<

[25] Un acertado análisis se puede encontrar en H. J. Chang, Globalization, Economic Development and the Role of the State, Londres, Zed Books, 2003. Sin embargo, tal y como señala J. Peck en «Geography and Public Policy. Constructions of Neoliberalism», cit., con frecuencia el neoliberalismo ha absorbido otros elementos dentro de su marco, de tal modo que es difícil concebirlo como una teoría «pura». <<

[26] Para una aproximación sobre el tema, ver Los fundamentos éticos de una sociedad libre. Conferencia que Friedrich Hayek dictó en Chile en abril de 1981: http: //www.hacer.org/pdf/Hayek06.pdf. <<

[27] La historia del camino de Thatcher hacia el neoliberalismo se encuentra perfilada en D. Yergin y J. Stanislaw, The Commanding Heights. The Battle Between Government and Market Place that is Remaking the Modern World, Nueva York, Simon & Schuster, 1999. <<

[28] L. Panitch y S. Gindin, «Finance and American Empire», en The Empire Reloaded Socialist Register 2005, London, Merlin Press, 2005.pp. 46-81. <<

[29] D. Henwood, Alter the New Economy, Nueva York, New Press, 2003, p. 208. <<

[30] L. Álvarez, «Britain Says U. S. Planned to Seize Oil in 1973 Crisis», The New York Times, 4 de enero de 2004, A6. Sobre la aceptación saudí de reciclar los petrodólares a través de Estados Unidos, véase P. Gowan, The Global Gamble. Washington’s Faustino Bid for Dominante, Londres, Verso, 1999, p. 20 [ed. cast.: La apuesta por la globalización, Madrid, «Cuestiones de antagonismo 6», Ediciones Akal, 2000]. <<

[31] D. Harvey, The New Imperialism, Oxford, Oxford University Press, 2003 [ed. cast.: El nuevo imperialismo, Madrid, «Cuestiones de antagonismo 26», Ediciones Akal, 2004]; N. Smith, American Empire, Roosevelt’s Geographer and the Prelude to Globalization, Berkeley, University of California Press, 2003; N. Smith, The Endgame of Globalization, Nueva York, Routledge, 2005. <<

[32] En su libro Confesiones de un Economic Hit Man («Confesiones de un Asesino Económico a Sueldo»), John Perkins describe cómo él mismo, como un profesional muy bien pagado, ayudó a EE. UU. a timar a países pobres alrededor del mundo en trillones de dólares prestándoles más dinero del que ellos podrían alguna vez pagar y para luego hacerse dueño de sus economías. Véase http://www.voltairenet.org/article125270.html. <<

[33] L. Panitch y S. Gindin, «Finance and American Empire», cit. <<

[34] Las muchas crisis de deuda de la década de 1980 han sido ampliamente tratadas en P. Gowan, The Global Gamble, cit. <<

[35] J. Stiglitz, Globalization and its Discontents, Nueva York, Norton, 2002. <<

[36] G. Duménil y D. Levy, «The Economics of U. S. Imperialism at the Turn of the 21st Century», Review of International Political Economy XI, 4 (2004), pp. 657-676. <<

[37] Algunos ejemplos pueden encontrarse en A. Chua, World of Fire. How Exporting Free Market democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability, Nueva York, Doubleday, 2003. <<

[38] Citado en D. Harvey, The Condition of Posmodernity, cit., p. 158. <<

[39] Randy Martin, The Financialization of daily Life, Filadelfia, Temple University Press, 2002. <<

[40] Se denomina G7, o Grupo de los siete, a un grupo de países industrializados del mundo cuyo peso político, económico y militar es muy relevante a escala global. Está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. La pertenencia al grupo no se basa en un criterio único, ya que no son ni los siete países más industrializados, ni los de mayor renta per cápita ni aquellos con un mayor Producto Interno Bruto. (Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/G-7). <<

[41] En términos generales, el término «Main Street», se utiliza en el mundo anglosajón para designar cualquier lugar que permanece fiel a sus valores tradicionales. Cuando se utiliza en relación con «Wall Street», es una forma de contraponer los intereses de los grandes negocios y los de la clase obrera, los de los pequeños comerciantes y los de las clases medias. [N. de la T]. <<

[42] Esta es la definición exclusiva preferida en los trabajos de G. Duménil y D. Lévy, por ejemplo. <<

[43] A. Chua, World of Fire. How Exporting Free Market democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability, cit. <<

[44] United Nations Development Program, Human Development Report, 1996, Nueva York, Oxford University Press, 1996, y United Nations Development Program, Human Development Report, 1999, Ibid, 1999. <<

[45] En el libro de W Robinson, A Theory of Global Capitalism. Production, Class, and State in a Transnational World, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2004, puede encontrarse una destacada defensa de este argumento. <<

[46] Karl Polanyi, The Great Transformation [1944], Boston, Beacon Press, 1954. <<

[47] Ibid. <<

[48] Estados Unidos o los norteamericanos. <<

[49] G. W Bush, «Securing Freedom’s Triumph»; véase, también, F Zakaria, The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad. <<

[50] A. Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, Londres, Lawrence & Wishart, 1971, pp. 321-343. <<

[51] J. Rapley, Globalization and Inequality. Neoliberalism’s Downward Spiral, Boulder (CO), Lynne Reiner, 2004, p. 55. <<

[52] A. Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, cit., p. 149. <<

[53] Integumento: Envoltura o cobertura; Disfraz, ficción, fábula. <<

[54] J. Court, Corporateering. How Corporate Power Steals your Personal Freedom, Nueva York, J. P. Tarcher/Putnam, 2003, pp. 33-38. <<

[55] M. Blyth, Great Transformations. Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century, cit., p. 155. La información del párrafo anterior proviene de los capítulos 5 y 6 del análisis de Blyth, basado en T. Edsall, The New Politics of Inequality, Nueva York, Norton, 1985, capítulos 2 y 3. <<

[56] Court, Corporateering. How Corporate Power Steals your Personal Freedom, cit., p. 34. <<

[57] W Tabb, The Long Default. New York City and the Urban Fiscal Crisis, Nueva York, Monthly Review Press, 1982; J. Freeman, Working Class New York. Life and Labor Since World War II, Nueva York, New Press, 2001. <<

[58] R. Zevin, «New York City Crisis. First Act in a New Age of Reaction», en R. Alcalay y D. Mermelstein (eds.), The Fiscal Crisis of American Cities. Essays on the Political Economy of Urban America with Special Reference to New York, Nueva York, Vintage Books, 1977, pp. 11-29. <<

[59] W. Tabb, The Long Default. New York City and the Urban Fiscal Crisis, cit., p. 28; para Walter Wriston, véase T. Frank, One Market Under God. Extreme Capitalism, Market Populism and the End of Economic Democracy, Nueva York, Doubleday, 2000, pp. 53-56. <<

[60] J. Freeman, Working Class New York. Life and Labor Since World War II, cit. <<

[61] R. Koolhaas, Delirious New York, Nueva York, Monacelli Press, 1994; M. Greenberg, «The Limits of Branding. The World Trade Center, Fiscal Crisis and the Marketing of Recovery», International Journal of Urban and Regional Research 27, 2003, pp. 386-416. <<

[62] W. Tabb, The Long Default. New York City and the Urban Fiscal Crisis, cit.; acerca de la posterior «venta» de Nueva York, véase Greenberg, «The Limits of Branding»; para un acercamiento más general a la cuestión de la empresarialidad, véase, D. Harvey, «From Managerialism to Empreneurialism. The Transformation of Urban Governance in Late Capitalism», en id., Spaces of Capital Edimburgo, Edinburg University Press, 2001, cap. 16 (ed. cast.: Espacios del capital, «Cuestiones de antagonismo 44», Ediciones Akal, 2006). <<

[63] W. Tabb, The Long Default. New York City and the Urban Fiscal Crisis, cit., p. 15. <<

[64] T. Edsall, The New Politics of Inequality, cit., p. 128. <<

[65] J. Court, Corporateering. How Corporate Power Steals Your Personal Freedom, cit., pp. 29-31, donde se recoge un listado de todas las decisiones legislativas relevantes durante la década de 1970. <<

[66] Especialmente contundentes resultan los análisis de T. Edsall, recogidos en The New Politics of Inequality, cit., seguidos por M. Blyth, Great Transformations. Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century, cit. <<

[67] T. Edsall, The New Politics of Inequality, cit., p. 235. 58. <<

[68] T. Frank, What’s the Matter with Kansas. How Conservatives Won the Hearts of America, Nueva York, Metropolitan Books, 2004. <<

[69] D. Kirkpatrick, «Club of the Most Powerful Gathers in Strictest Privacy», The New York Times 28 de agosto de 2004, A10. <<

[70] Véase, J. Stiglitz, The Roaring Nineties, Nueva York, Norton, 2003. <<

[71] D. Yergin y J. Stanislaw, The Commanding Heights. The Battle Between Government and Market Place that is Remaking the Modern World, Nueva York, Simon&Schuster, 1999, p. 337; J. Stiglitz, The Roaring Nineties, cit., p. 108. <<

[72] T. Edsall, The New Politics of Inequality, cit., p. 217. <<

[73] Nuevamente, el análisis descansa aquí notablemente en M. Blyth, Great Transformations. Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century, cit.; T. Edsall, The New Politic of Inequality, cit. <<

[74] M. Angell, The Truth About the Drug Companies. How They Deceive Us and What To Do About It, Nueva York, Random House, 2004. <<

[75] M. Blyth, Great Transformations. Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century, cit., véase también, T. Frank, One Market Under God. Extreme Capitalism, Market Population and the End of Economic Democracy, cit., particularmente acerca del papel de Gilder. <<

[76] T. Edsall, The New Politics of Inequality, cit., p. 107. <<

[77] S. Hall, Hard Road to Renewal. Thatcherism and the Crisis of the Left, Nueva York, Norton, 1988. <<

[78] D. Yergin y J. Stanislaw, The Commanding Heights. The Battle Between Government and Market Place that is Remaking the Modern World, cit., p. 92. <<

[79] Una victoria pírrica es aquella que se consigue con muchas pérdidas en el bando aparentemente o tácticamente vencedor, de modo que tal victoria puede terminar siendo desfavorable para dicho bando. El nombre proviene de Pirro, rey de Epiro, quien logró una victoria sobre los romanos con el costo de miles de sus hombres. Se dice que Pirro, al contemplar el resultado de la batalla, dijo «Otra victoria como esta y volveré solo a casa». (Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_pírrica). <<

[80] T. Benn, The Benn Diaries, 1940-1990, ed. R. Winstone, Londres, Arrow, 1996. <<

[81] D. Yergin y J. Stanislaw, The Commanding Heights. The Battle Between Government and Market Place that is Remaking the Modern World, cit., p. 104. <<

[82] R. Brooks, «Maggie’s Man. We Were Wrong», The Observer, 21 de junio de 1992, p. 15; P. Hall, Governing the Economy. The Politics of State Intervention in Britain and France, Oxford, Oxford University Press, 1986; M. Fourcade-Gourinchas y S. Babb, «The Rebirth of the Liberal Creed. Paths to Neoliberalism in Four Countries», American Journal of Sociology 108 (2002), pp. 542-549. <<

[83] T. Hayter y D. Harvey (eds.), The Factory in the City, Brighton, Mansell, 1995. <<

[84] G. Rees y J. Lambert, Cities in Crisis. The Political Economy of Urban Development in Post-War Britain, Londres, Edward Arnold, 1985; M. Harloe, C. Pinckvance, y J. Uri (eds.), Place, Policy and Politics. Do Localities Matter?, Londres, Unwin Hyman, 1990; M. Boddy y C. Fudge (eds.), Local Socialism? Labour Councils and New Left Alternatives, Londres, Macmillan, 1984. <<

[85] La incapacidad de Thatcher para alcanzar varios de sus objetivos políticos macroeconómicos, se encuentra adecuadamente documentada en P. Hall, Governing the Economy. The Politics of State Intervention in Britain and France, cit. <<

[86] H. J. Chang, Globalization, Economic: Development and the Role of the State, Londres, Zed Books, 2003; B. Jessop, «Liberalism, Neoliberalism, and Urban Governance. A State-Theoretical Perspective», Antipode XXXIV, 3 (2002), pp. 452-472; N. Poulantzas, State Power Socialism, Londres, Verso, 1978; S. Clarke (ed), The State Debate, Londres, Macmillan, 1991; S. Haggard y R. Kaufman (eds.), The Politics of Economic Adjustment International Constraints, Distributive Conflicts and the State, Princeton, Princeton University Press, 1992; R. Nozick, Anarchy, State and Utopia, Nueva York, Basic Books, 1977. <<

[87] J. Stiglitz, autor de The Roaring Nineties (Nueva York, Norton, 2003), obtuvo su Premio Nobel por sus estudios sobre el modo en que las asimetrías de información afectaban al comportamiento y a los resultados del mercado. <<

[88] Véase, D. Harvey, The Condition of Posmodernity, Oxford, Basil Blackwell, 1989, y D. Harvey, The Limits to Capital, Oxford, Basil Blackwell, 1982. <<

[89] Sobre este concepto, Naomi Klein profundiza en su libro «La doctrina del shock: El auge del capitalismo de desastre». <<

[90] P. Evans, Embedded Autonomy. Status and Industrial Transformation, Princeton, Princeton University Press, 1995; R. Wade, Governing the Market, Princeton, Princeton University Press, 1992; M. Woo Cummings (ed.), The Developmental State, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1999. <<

[91] P. Henderson, «Uneven Crises. Institutional Foundation of East Asian Turmoil», Economy and Society XXVIII, 3 (1999), pp. 327-368. <<

[92] J. Stiglitz, The Roaring Nineties, cit., p. 227; P Hall, Governing the Economy. The Politics of State Intervention in Britain and France, cit.; M. Fourcade-Gourinchas y S. Babb, «The Rebirth of the Liberal Creed. Paths to Neoliberalism in Four Countries», American Journal of Sociology 108 (2002), pp. 542-549. <<

[93] I. Vásquez, «The Brady Plan and Market-Based Solutions to Debt Crises», The Cato Journal XVI, 2 (disponible online). <<

[94] M. Piore y C. Sable, The Second Industrial Divide. Possibilities of Prosperity, Nueva York, Basic Books, 1986. <<

[95] Véase, D. Harvey, The Condition of Posmodernity, Oxford, Basil Blackwell, 1989. <<

[96] V. Navarro (ed.), The Political Economy of Social Inequalities. Consequences for Health and the Quality of Life, Amityville (NY), Baywood, 2002. <<

[97] P. McCarney y R. Stren, Governance on the Ground. Innovations and Discontinuities in the Cities of the Developing World, Princeton, Woodrow Wilson Center Press, 2003; A. Dixit, Lawlessness and Economics. Alternative Modes of Governance, Princeton, Princeton University Press, 2004. <<

[98] R. Miliband, The State in Capitalist Society, Nueva York, Basic Books, 1969. <<

[99] N. Rosenblum y R. Post (eds.), Civil Society and Government, Princeton, Princeton University Press, 2001; S. Chambers y W. Kymlicka (eds.), Alternative Conceptions of Civil Society, Princeton, Princeton University Press, 2001. <<

[100] K. Ohmae, The End of the Nation State. The Rise of the Regional Economies, Nueva York, Touchstone Press, 1996. <<

[101] El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN (conocido también como TLC o como NAFTA, siglas en inglés de North American Free Trade Agreement, o ALÉNA, del francés Accord de libre-échange nord-américain) es un bloque comercial entre Estados Unidos, Canadá y México que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y establece una zona de libre comercio. (Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado de Libre Comercio de América del Norte) <<

[102] J. Court, Corporateering. How Corporate Power Steals your Personal Freedom, Nueva York, J. P. Tarcher/Putnam, 2003. <<

[103] D. Healy, Let Them Eat Prozac. The Unhealthy Relationship Between the Pharmaceutical Industry and Depression, Nueva York, New York University Press, 2004. <<

[104] W. Bello, N. Bullard, y M. Malhotra (eds.), Global Finance. New Thinking on Regulating Speculative Markets, Londres, Zed Books, 2000. <<

[105] Némesis: Mit. Diosa de la venganza y de la justicia distributiva en la mitología griega, se la considera enemiga de toda felicidad. <<

[106] K. Schwab y C. Srnadja, citado en D. Harvey, Spaces of Hope, Edinburgo, Edinburg University Press, 2000, p. 70 (ed cast.: Espacios de esperanza, Madrid, «Cuestiones de antagonismo 16», Ediciones Akal, 2003.). <<

[107] H. Wang, China’s New Order Society, Politics and Economy in Transition, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2003, p. 44. <<

[108] En referencia a los neoconservadores. <<

[109] J. Mann, The Rise of the Vulcans. The History of Bush’s War Cabinet, Nueva York, Viking Books, 2004; S. Drury, Leo Strauss and the American Right, Nueva York, Palgrave Macmillan, 1999. <<

[110] R. Hofstadter, The Paranoid Style in America Politics and Other Essays, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1996. <<

[111] D. Harvey, The New Imperialism, Oxford, Oxford University Press, 2003 [ed, cast.: El Nuevo imperialismo, Madrid, «Cuestiones de antagonismo 26», Ediciones Akal, 2004]. <<

[112] H. J. Chang, Globalization, Economic Development and the Role of the State, Londres, Zed Books, 2003. <<

[113] M. Kaldor, New and Old Wars. Organizad Violence in a Global Era, Cambridge, Polity, 1999, p. 130. <<

[114] T. Frank, What’s the Matter with Kansas. How Conservatives Won the Hearts of America, Nueva York, Metropolitan Books, 2004. <<

[115] Lee Kuan Yew, From Third World to First. The Singapore Store, 1965-2000, Nueva York, Harper Collins, 2000. <<

[116] J. Peck, «Geography and Public Policy. Constructions of Neoliberalism», Progress in Human Geography XXVIII, 3 (2004), PP. 392-405. <<

[117] World Bank, World Development Report 2005. A Better Investment Climate for Everyone, Nueva York, Oxford University Press, 2004. <<

[118] P. Gowan, The Global Gamble. Washington’s Faustian Bid for World Dominante, Londres, Verso, 1999 (ed. cast.: La apuesta por la globalización, Madrid, «Cuestiones de antagonismo 6», Ediciones Akal, 2000). <<

[119] G. Duménil y D. Lévy, «The Economics of U. S. Imperialism at the Turn of the 21st Century», Review of International Political Economy XI, 4 (2004), pp. 657-676. <<

[120] Véase, J, Stiglitz, The Roaring Nineties, Nueva York, Norton, 2003. <<

[121] R. Brenner, The Boom and the Bubble. The US in the World Economy, Londres, Verso, 2002 ed. cast.: La expansión económica y la burbuja bursátil, Madrid, «Cuestiones de antagonismo 19», Ediciones Akal, 2003. <<

[122] S. Corbridge, Debt and Development, Oxford, Blackwell, 1993. <<

[123] Baht: Moneda oficial de Tailandia. <<

[124] J. Stiglitz, Globalization and its Discontents, Nueva York, Norton, 2002. <<

[125] P. Henderson, «Uneven Crises. Institucional Foundation of East Asian Turmoil», Economy and Society XXVIII, 3 (1999), pp. 327-368; J. Stiglitz, Globalization and its Discontents, cit., p. 99, comparte esta interpretación: «la liberalización de las cuentas de capital fue el factor más importante que condujo a la crisis». <<

[126] J. Stiglitz, Globalization and its Discontents, cit. <<

[127] Hedge funds: (En castellano: Fondos de cobertura). Un fondo de inversión libre, si bien tiende a utilizarse la denominación «instrumento de inversión alternativa» es un instrumento financiero de inversión. <<

[128] J. Stiglitz, Globalization and its Discontents, cit. <<

[129] Raison d’être: (Fr.: «Razón de ser»). <<

[130] Maquila: Porción de grano, harina o aceite, que cobra el molinero por la molienda o cantidad de pan que cobra el panadero por la cocción. En principio, la maquila es un derecho ganado por los trabajadores de ciertos oficios, pero en el presente texto, se presenta como un recurso que el neoliberalismo ha hecho espurio y que cumple la función de abaratar mano de obra, en la medida en que remplaza a parte o al total del sueldo. Por extensión, porción de un producto que cobra el obrero que lo produce. <<

[131] I. Vasquez, «The Brady Plan and Market-Based Solutions to Debt Crises», The Cato Journal, 16/2 (disponible online). <<

[132`] D. Macleod, Downsizing the State. Privatization and the Limits of Neoliberal Reform in Mexico, University Park, Pennsylvania University Press, 2004. <<

[133] Lomnitz-Adler, «The Depreciation of Life During Mexico City’s Transition into The Crisis», en J. Schneider y I. Susser (eds.), Wounded Cities, Nueva York, Berg, 2004, pp. 47-70. <<

[134] D. Davis, Urban Leviathan. Mexico City in the Twentieth Century, Filadelfia, Temple University Press, 1994. <<

[135] D. Macleod, Downsizing the State. Privatization and the Limits of Neoliberal Reform in Mexico, University Park, Pennsylvania University Press, 2004. <<

[136] Ibid, p. 71. <<

[137] Ejido: (del latín «exitum»: salida). Es una porción de tierra no cautiva y de uso público; también es considerada, en algunos casos, como bien de propiedad del Estado o de los municipios; Para México, el ejido es una propiedad rural de uso colectivo aún existente, y que fue de gran importancia en la vida agrícola de este país. <<

[138] J. Nash, Mayan Vìsion. The Quest for Autonomy in an Age of Globalization, Nueva York, Routledge, 2001. <<

[139] Forero, «As China Gallops, Mexico Sees Factory Jobs Slip Away», The New York Times, 3 de septiembre de 2003, A3. «México, rey durante mucho tiempo de las plantas de producción de bajo coste y exportador hacia Estados Unidos […] se está viendo rápidamente suplantado por China y por sus cientos de millones de trabajadores de bajos salarios […]. En total, desde 2001, han cerrado 500 de las 3700 maquiladoras existentes en México, lo que ha costado la pérdida de 218 000 empleos, según fuentes gubernamentales». Informes recientes indican que el empleo en las maquilas se ha recuperado gracias a la mejora de la eficacia y del aumento de la flexibilidad de las industrias, que son capaces de utilizar su proximidad a Estados Unidos para asegurar un flujo constante de distribución de la producción, lo que permite a los minoristas minimizar los costes derivados del mantenimiento de las existencias. Véase, E. Malkin, «A Boom Along the Border», The New York Times, 26 de agosto de 2004, WI y W7. <<

[140] D. Macleod, Downsizing the State. Privatization and the Limits of Neoliberal Reform in Mexico, cit., pp. 99-100; A. Chua, World of Fire. How Exporting Free Market democracy Breed: Ethnic Hatred and Global Instability, cit., pp. 61-63, proporciona un breve análisis de las actividades de Carlos Slim. <<

[141] S. Sharapura, «What Happened in Argentina?», Chicago Business Online, 28 de mayo de 2002.Véase http://www.chibus.com/news/2002/05/28/Worldview. <<

[142] J. Petras y H. Velmeyer, System in Crisis. The Dinamics of Free Market Capitalism, Londres, Zed Books, 2003, pp. 87-110. <<

[143] S. Soederberg, Contesting Global Governance in the South; Debt, Class, and the New Common Sense in Managing Globalization, Londres, Pluto Press, 2005. <<

[144] J. Salerno, «Confiscatory Deflation. The case of Argentina», Ludwig von Mises Institute. (http://www.mises.org? fullstory.aspx?control=890) <<

[145] J. Petras y H. Velmeyer, System in Crisis. The Dinamics of Free Market Capitalism, cit. <<

[146] V. Chibber, Locked in Place. State-Building and Late Industrialization in India, Princeton, Princeton University Press, 2003. <<

[147] Ibid, p. 245. <<

[148] R. Wade y F. Veneroso, «The Asian Crisis. The High Debt Model versus the Wall-Street-Treasury-IMF Complex», New Left Review 228 (1998), pp. 3-23. <<

[149] M. Woo-Cummings, South Korean Anti-Americanism, Japan Policy Research Institute Working Paper 93 (julio, 2003). <<

[150] Ibid, p. 5. <<

[151] J. Stiglitz, Globalization and its Discontents, cit. <<

[152] Ibid, p. 130. <<

[153] M. Woo Cummings (ed.), The Developmental State, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1999. <<

[154] J. Stiglitz, Globalization and its Discontents, cit. <<

[155] M. Blyth, Great Transformations. Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2002. <<

[156] Ibid, pp. 238-242. <<

[157] Ibid, pp. 229-230. <<

[158] Ibid, pp. 231-233. <<

[159] Concepto desarrollado por David Harvey y desplegado más extensamente en la página 166 de este mismo libro. <<

[160] P. Bond, Elite Transition. From Apartheid to Neoliberalism in South Africa, Londres, Pluto Press, 2000; Against Global Apartheid. South Africa Meets the World Bank, the IMF and International Finance, Londres, Zed Books, 2003. <<

[161] Banco Mundial, World Development Report 2005. <<

[162] J. Stiglitz, Globalization and its Discontents, cit., insiste con frecuencia sobre este punto. <<

[163] FRELIMO: (FREnte de LIberación de MOzambique) es un partido político de Mozambique cuya base de poder se encuentra en la minoría shangaan. Es el partido que ha gobernado el país desde su independencia en 1975. <<

[164] J. Mittelman, Globalization Syndrome. Transformation and Resistance. <<

[165] N. Lardy, China’s Unfinished Economic Revolution, Washington DC, Brookings Institution, 1998; S. M. Li y W. S. Tang, China’s Regions, Polity and Economy, Hong Kong, Chinese University Press, 2000. <<

[166] Para esta última interpretación me apoyo en parte, aunque mi lectura no es tan rotunda como la de ellos, en Hart-Landsberg y Burkett, con cuyo trabajo estoy especialmente en deuda en esta parte de mi estudio. Véase M. Hart-Landsdberg y P Burkett, China and Socialism. Market Reforms and Class Struggle, Nueva York, 2004; Monthly Review 56/3, Nueva York, 2004. <<

[167] L. Chao, «Chinese Privatization. Between Plan and Market», Law and Contemporary Problems 63/13 (2000), pp. 13-62. <<

[168] Una defensa rotunda de esta cuestión aparece en Y. Huang, «Is China Playing by the Rules?», Congressional-Executive Commission on China. Véase http://www.cecc.gov/pages/hearings/092403/huang.php <<

[169] H. Wang, China’s New Orden Society, Politics and Economy in Transition, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2003, p. 44 <<

[170] D. Hale y L. Hale, «China Takes Off», Foreign Affairs 82/6, 2003, pp. 36-53. <<

[171] J. Kahn y J. Yardley, «Amid China’s Boom, No Helping Hand for Young Qingming», The New York Times, 1 de agosto de 2004, A1 y A6. <<

[172] J. Yardley, «In a Nidal Wave, China’s Masses Pour from Farm to City», The New York Times, 12 de septiembre de 2004. <<

[173] J. Kahn y J. Yardley, «Amid China’s Boom, No Helping Hand for Young Qingming», cit. <<

[174] S. Stevenson, Reforming State-Owned enterprises. Past Lessons for Current Problems, Washington DC, George Washington University. Véase http://www.gwu.edu/-ylowrey/stevensonc.html <<

[175] M. Hart-Landsdberg y P Burkett, China and Socialism. Market Reforms and Class Struggle, Nueva York, 2004; Monthly Review 56/3, Nueva York, 2004; S.-M. Li y W-S. Tang, China’s Regions, Polity and Economy, Hong Kong, Chinese University Press, 2000. <<

[176] M. Hart-Landsdberg y R Burkett, China and Socialism. Market Reforms and Class Struggle, cit. <<

[177] Véase Ibid y Global Policy Forum, Newsletter. <<

[178] S. M. Li y W. S. Tang, China’s Regions, Polity and Economy, cit., cap. 6. <<

[179] Ibid, p. 82. <<

[180] China Labor Watch, «Mainland China Jobless Situation Grim, Minister Says», 18 de noviembre de 2004 (http://www.chinalaborwatch.org/en/web/article.php?article id=50043). <<

[181] J. Kahn, «China Gambles on Big Projects for its Stability», The New York Times, 13 de enero de 2003, Al y A8; K. Bradsher, «Chinese Builders Buy Abroad», The New York Times, 2 de diciembre de 2003, W1 y W7; T. Fishman, «The Chines Century», The New York Times Magazine, 4 de Julio de 2004, pp. 24-51. <<

[182] H. French, «New Boomtowns Change Path of China’s Growth», The New York Times, 28 de Julio de 2004, A1 y A8. <<

[183] K. Bradsher, «Big China Trade Brings Port War», The International Herald Tribune, 27 de enero de 2003, p. 12. <<

[184] S. Sharma, «Stability Amidst Turmoil. China and the Asian Financial Crisis», Asia Quarterly. Ver www.fas.harvard.edu/-asiactr/haq/2000001/0001a006.html. <<

[185] D. Hale y L. Hale, «China Takes Off», Foreign Affairs, cit., p. 40. <<

[186] H. Liu, «China Banking on Bank Reform», Ver Asia Times Online 1 de junio de 2002 en http://www.atimes.com. <<

[187] K. Bradsher, «A Heated Chinese economy Piles up Debt», The New York Times, 4 de septiembre de 2003, A1 y C4; «China Announces New Bailout of Big Banks», The New York Times, 7 de junio de 2004, Cl. <<

[188] H. Liu, «China Banking on Bank Reform», Asia Times Online, cit. <<

[189] C. Buckley, «Let a Thousand Ideas Flower. China Is a New Hotbed of Research», The New York Times, 13 de septiembre de 2004, C1 y C4. <<

[190] J. Warner, «Why the World’s Economy is Stuck on a Fast Boat to China», The Independent, 24 de enero de 2004, p. 23. <<

[191] C. Buckley, «Rapid Growth of China’s Huawei has its High-Tech Rivals on Guard», The New York Times, 8 de junio de 2004, C1 y C3. <<

[192] K. Bradsher, «GM To Speed Up Expansion in China. An Annual Goal of 1.3 Million Cars», The New York Times, 8 de junio de 2004, W1 y W7. <<

[193] Z. Zhang, whither China? Intellectual Politics in Contemporary China, Durham (NC), Duke University Press, 2001. <<

[194] K. Bradsher, «China’s Factories Aim to Fill Garajes Around the World», The New York Times, 2 de noviembre de 2003, sección internacional, 8; «Is China The Next Bubble?», The New York Times, 18 de enero de 2004, secciones. 3, 1 y 4. <<

[195] K. Bradsher, «Chinese Provinces Form Regional Power Bloc», The New York Times, 2 de junio de 2004,W1 y W7. <<

[196] H. Yasheng y T. Khana, «Can India Overtake China?», Ver China Now Magazine, 3 de abril de 2004, en www.chinanowmag.com/business/business.htm. <<

[197] P. Dicken, Global Shift. Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century, 4.a ed., Nueva York, Guilford Press, 2003, p. 332. <<

[198] T. Hout y Lebretton, «The Real Contest Between America and China», The Wall Street on Line, 16 de septiembre de 2003. Resulta interesante destacar que esta es exactamente la observación que realiza Marx acerca de la aplicación diferencial de la tecnología entre Estados Unidos y Gran Bretaña en el siglo XIX, véase K. Marx, Capital, Nueva York, Internacional Publishers, 1967, t. I, pp. 371-372 (ed. cast.: El capital, Madrid, Ediciones Akal, 2000). <<

[199] Véase Hart-Landsberg y Burkett, China and Socialism, pp. 94-95; K. Brooke, «Korea Feeling Pressure as China Grows», The New York Times, 8 de enero de 2003, WI y W7. <<

[200] J. Belson, «Japanese Capital and Jobs Flowing to China», The New York Times, 17 de febrero de 2004, C1 y C4. <<

[201] Véase, J. Forero, «As China Gallops, Mexico Sees Factory Jobs Slip Away», cit. <<

[202] K. Bradsher, «China Reports Economic Growth of 9,1% en 2003», The New York Times, 20 de febrero de 2004, W1 y W7. <<

[203] K. Bradsher, «Taiwan Watches its Economy Slip to China», The New York Times, 13 de diciembre de 2004, C7. <<

[204] W. Arnold, «BHP Billiton Remains Upbeat Over Bet on China’s Growth», The New York Times, 8 de junio de 2004, WI y W7. <<

[205] M. Landler «Hungary Pager and Uneasy Over New Status», The New York Times, 5 de marzo de 2004, W1 y W7; K. Bradsher, «Chinese Automaker Plans Asembly Line in Malaysia», The New York Times, 19 de octubre de 2004, W1 y W7. <<

[206] Ver nota 14 en este mismo libro. <<

[207] K. Bradsher, «China’s Strange Hybrid Economy», The New York Times, 21 de diciembre de 2003, C5. <<

[208] Las observaciones de Volcker aparecen citadas en P. Bond, «US and Global Economic Volatility. Theoretical, Empirical and Political Considerations», texto presentado en Seminario sobre el Imperio, Universidad de York, noviembre de 2004. <<

[209] H. Wang, China’s New Order Society, Politics and Economy in Transition, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2003; T. Fishman, China Inc. How the Rise of the Next Superpower Challenges America and the World, Nueva York, Scribner, 2005. <<

[210] K. Bradsher, «Now, a Great Leap Forward in Luxury», The New York Times, 10 de junio de 2004, C1 y C6. <<

[211] X. Wu y J. Perloff, China’s Income Distribution Over Time. Reason for Rising Inequality, CUDARE Working Papers 977, Berkeley, University of California at Berkeley, 2004. <<

[212] H. Wang, China’s New Orden Society, Politics and Economy in Transition, cit. <<

[213] L. Wei, Regional Development in China, Nueva York, Routledge/Curzon, 2000. <<

[214] L. Shi, «Current Conditions of China’s Working Class», China Study Group, 3 de noviembre de 2003, véase http://www.chinastudygroup.org/index.php?action=article&type. <<

[215] China Labor Watch, «Mainland China Jobless Situation Grim». <<

[216] L. Shi, «Current Conditions of China’s Working Class», cit. <<

[217] D. Barboza, «An Unknown Giant Flexes its Muscles», The New York Times, 4 de diciembre de 2004, C1 y C3; S. Lohr, «IBM’s Sale of PC Unit Is a Bridge Between Companies and Cultures», The New York Times, 8 de diciembre de 2004, A1 y C4; «IMB Sought a China Partnership, Not Just a Sale», The New York Times, 13 de diciembre de 2004, C1 y C6. <<

[218] H. Wang, China’s New Order Society, Politics and Economy in Transition, cit.; J. Yardley, «Farmers Being Moved Aside by China’s Real Estate Boom», The New York Times, 8 de diciembre de 2004, A1 y A16. <<

[219] C. Cartier, «Zone Fever. The Arable Land Debate and real State Speculation. China’s evolving Land Use Regime and its Geographical Contradictions», Journal of Contemporary China 10, 2001, pp. 455-469; Z. Zhang, Strangers in the City. Reconfigurations of Space, Power, and Social Networks with in China’s Floating Population, Standford University Press, 2001. <<

[220] C. Cartier, «Simbolic City/Regions and Gendered Identity Formation in South China», Providencial China VIII, 1, 2003, pp. 60-77; Z. Zhang, Mediating Time. The «Rice Bowl of Youth» en Fin-de-Siècle Urban China, Public Culture 12/10 (2000), pp. 93-113. <<

[221] S. K. Lee, «Made In China. Labor as a Political Force?», ponencia presentada en 2004, Mansfield Conference, University of Montana, Missoula, pp, 18-20, abril de 2004. <<

[222] Ibid. J. Yardley, «Chinese Appeal to Beijing to Resolve Local Complaints», The New York Times, 8 de marzo de 2004, A3. <<

[223] E. Rosenthal, «Workers Plight Brings New militancy in China», The New York Times, 10 de marzo de 2003, A8. <<

[224] E. Cody, «Workers in China Shed Passivity. Spate of Walkouts Shakes Factories», Washington Post, 27 de noviembre de 2004, A01; A. Cheng, «Labor Unrest is Growing in China», The International Herald Tribune Online, 27 de octubre de 2004; J. Yardley, «Farmers Being Moved Aside by China’s Real Estate Boom», cit. <<

[225] S. K. Lee, «Made In China. Labor as a Political Force?», cit. <<

[226] Citado en E. Cody, «Workers in China Shed Passivity. Spate of Walkouts Shakes Factories», cit.; véanse también varios números del China Labor Bulletin. <<

[227] E. Cody, «Workers in China». <<

[228] K. Marx, Theories of Surplues Value, Parte I, Londres, Lawrence & Wishart, 1969, p. 200. <<

[229] J. Gray, False Down. The Illusion: of Global Capitalism, Londres, Granta Press, 1998. <<

[230] P. Bond, «US and Global Economic Volatility. Theoretical, Empirical and Political Considerations», texto presentado en Seminario sobre el Imperio, Universidad de York, noviembre de 2004. <<

[231] Al rey de Francia Luis XV (1710-1774) se atribuye la frase Après moi, le déluge («Después de mí, el diluvio»). <<

[232] Las dos mejores valoraciones oficiales que pueden encontrarse son: World Commission on the Social Dimension of Globalization, A Fair Globalization. Creating Opportunities for All, Ginebra, International Labour Office, 2004; United Nations Development Program, Human Development Report, 1999, y Human Development Report, 2003. <<

[233] M. Weisbrot, D. Baker, E. Kraev, y J. Chen, «The Scorecard on Globalization 1980-2000. Its Consequences for Economic and Social Well-Being», en V. Navarro y C. Muntaner, Political and Economic Determinants of Population Health and Well-Being, Amityville, Nueva York, Baywood, 2004, pp. 91-114. <<

[234] G. Monbiot, «Punitive and It Works», The Guardian, 11 de enero de 2005, edición online. <<

[235] D. Henwood, Alter the New Economy, Nueva York, New Press, 2003. <<

[236] La literatura sobre la globalización es inmensa. Mis propias opiniones fueron expuestas en D. Harvey, Spaces of Hope, Edinburgo, Edinburg University Press, 2000, p. 70 (ed cast.: Espacios de esperanza, «Cuestiones de antagonismo 16», Madrid, Ediciones Akal, 2003). <<

[237] Ibid, cap. 4. <<

[238] M. Derthick y P. Quirk, The Politics of Deregulation, Washington DC, Brookings Institution Press, 1985; W Megginson y J. Netter, «From State to Market. A Survey of Empirical Studies of Privatization», Journal of Economic Literature, 2001, disponible en la red. <<

[239] P. Dicken, Global Shift. Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century, Nueva York, Guilford Press, ⁴ 2003, cap. 13. <<

[240] El esquema Ponzi, es un sistema de inversión en el que se promete una elevada rentabilidad sin la existencia de un negocio real que la genera, sino que proviene de las aportaciones realizadas por los posteriores «inversores». Así pues, la alta rentabilidad se debe a que las aportaciones de los nuevos «inversores» se utilizan para abonar intereses a los antiguos. El sistema continúa en funcionamiento mientras el flujo de nuevos «inversores» siga en aumento pero en el momento en el que el flujo de inversores disminuye dejan de poder pagarse intereses, y, por supuesto, de devolverse las cantidades invertidas, y el esquema se viene abajo. Ver (www.wikipedia.org). [N. de la T.] <<

[241] Sisar: Parte que se defrauda o hurta. De sisa: (Del lat. scissa, cortada). F. Lo que se hurta en la compra diaria de comestibles y otras cosas menudas. <<

[242] La importancia de distribuir los riesgos y de asumir la dirección a través de derivados financieros es abordada con énfasis por L. Panitch y S. Gindin, «Finance and American Empire», en The Empire Reloaded. Socialist Register 2005, Londres, Merlin Press, 2005, pp. 46-81; S. Soederberg, «The New Internacional Financial Architecture. Imposed Leadership and Emerging Markets», Socialist Register, 2002, pp. 175-192. <<

[243] S. Corbridge, Debt and Development, Oxford, Blackwell, 1993; S. George, A Fate Worse Than Debt, Nueva York, Grove Press, 1988. <<

[244] E. Toussaint, Your Money or Your Life. The Tyranny of Global Finance, Londres, Pluto Press, 2003; J. Stiglitz, Globalization and its Discontents, Nueva York, Norton, 2002, p. 225; R. Wade y F. Veneroso, «The Asian Crisis. The High Debt Model versus the Wall-Street-Treasury-IMF Complex», New Left Review 228 (1998), p. 21. <<

[245] Porción de tierra no cautiva y de uso público. <<

[246] Farah, «Brute Tyranny in China», WorldNetDaily.com, enviado el 15 de marzo de 2004; I. Peterson, «As Land Goes To Revitalization, There Go the Old Neighbors», The New York Times, 20 de enero de 2005, pp. 29 y 32. <<

[247] Recalcitrante: Terco, obstinado en la resistencia. <<

[248] Holloway y E. Pelaez, Zapatista. Reinventing Revolution, Londres, Pluto, 1988; J. Stedile, «Brazil’s Landless Battalions», en T. Mertes (ed.), A Movement of Movements, Londres, Verso, 2004. <<

[249] D. Harvey, «The Art of Rent. Globalization, Monopoly and the Commodification of Culture», Socialist Register, Londres, Merlin Press, 2002, pp. 93-110. <<

[250] Salaz: Muy inclinado a la lujuria o lascivia. <<

[251] K. Polanyi, The Great Transformation [1944], Boston, Beacon Press, 1954, p. 73. <<

[252] La expresión inglesa «race to the bottom», que hemos traducido como «carrera hacia la máxima reducción de los límites normativos», se emplea en referencia al tipo de relación que se genera entre los ordenamientos jurídicos nacionales que buscan ser atractivos para las empresas, por un lado, y la competencia entre estas por ubicarse en los países con una legislación más laxa en su afán por reducir al mínimo los costes mediante una feroz precarización de las condiciones laborales que sería inaceptable en su país de origen. En definitiva, esta competencia entre las empresas se ve reflejada en una competencia entre los Estados que conduce a la progresiva degradación de las normas laborales o medioambientales en términos globales. [N. de la T]. <<

[253] K. Bales, Disposable People. New Slavery in the Global Economy, Berkeley, University of California Press, 2000; M. Wright, «The Dialectics of Still Life. Murder, Women and the Maquiladoras», Public Culture 11, 1999, pp. 453-474. <<

[254] A. Ross, Low Pay High Profile. The Global Push for fair Labor, Nueva York, The New Press, 2004, p. 124. <<

[255] J. Seabrook, In the Cities of the South. Scenes from a Developing World, Londres, Verso, 1996, p. 103. <<

[256] J. Sommer, «A Dragon Let Loose on the Land. And Shanghai is at the Epicenter of China’s Economic Boom», Japan Times, 26 de octubre de 1994, p. 3. <<

[257] C. K. Lee, Gender and the South China Miracle, Berkeley, University of California Press, 1998; C. Cartier, Globalizing South China, Oxford, Basil Blackwell, 2001, en particular cap. 6. <<

[258] Los impactos globales son discutidos en detalle en V. Navarro (ed.), The Political Economy of Social Inequalities. Consequences for Health and the Quality of Life, cit.; V. Navarro y C. Muntaner, Political and Economic Determinants of Population Health and Well-Being, Amityville, Nueva York, Baywood, 2004, pp. 91-114. <<

[259] J. Khan, «Violence Taints Religion’s Solace for China’s Poor», The New York Times, 25 de noviembre de 2004, A1 y A24. <<

[260] T. Frank, What’s the Matter with Kansas. How Conservatives Won the Hearts of America, Nueva York, Metropolitan Books, 2004. <<

[261] Clorofluorocarburo. La fabricación y el empleo de CFC fueron prohibidos por el protocolo de Montreal, debido a que los CFC destruyen la capa de ozono. Sin embargo, la producción reciente de CFC tendrá efectos negativos sobre el medio ambiente por las próximas décadas. <<

[262] N. Myers, Ultimate Security. The Environmental Basis of Political Stability, Nueva York, Norton, 1993; The Primary Resource. Tropical Forests and Our Future/Updated for the 1990s, Nueva York, Norton, 1993; M. Novacek (ed), The Biodiversity Crisis. Losing What Counts, Nueva York, American Museum of Natural History, 2001. <<

[263] Climate Change Science Program, «Our Changing Planet. The US Climate Change Science Program for Fiscal Years 2004 y 2005». Ver en http://www.usgcrp-gov/usgcrp/Library/ocp2004-5; M. Townsend y P. Harris, «Now the Pentagon Tells Bush Climate Change Will Destroy Us», The Observer, 22 de febrero de 2004, disponible en Internet. <<

[264] K. Bradsher, «China’s Boom Adds to Global Warming», The New York Times, 22 de octubre de 2003, A1 y A8; J. Yardley, «Rivers Run Black, and Chinese Die of Cancer», The New York Times, 12 de septiembre de 2004, A1 y A17; D. Murphy, «Chinese Providence. Stinking, Filthy Rich», The Wall Street Journal, 27 de octubre de 2004, BZH. <<

[265] Petras y H. Velmeyer, System in Crisis. The Dinamics of Free Market Capitalism, Londres, Zed Books, 2003, pp. 87-110. <<

[266] Americans Lands Alliance, «IMF Policies Lead to Global Deforestation», Ver en http://americanlands.org/imfreport.html. <<

[267] D. Rodrik, The Global Governance of Trade. As if development really Mattered, Nueva York, United Nations Development Program, 2001, p. 9. <<

[268] D. Chandler, From Kosovo to Kabul. Human Rights and International Intervention, Londres, Pluto press, 2002, p. 89. <<

[269] Ibid, p. 230. <<

[270] T. Wallace, «NGO Dilemas. Trojan Horses for Global Neoliberalism?», Socialist Register, Londres, Merlin Press, 2003, pp. 202-219. Para un análisis general del papel de las ONG, véase M. Edwards y D. Hulme (eds.), Non-Governmental Organisations. Performance and Accountability, Londres, Earthscan, 1995. <<

[271] L. Gill, Teetering on the Rim, Nueva York, Columbia University Press, 2000; J. Cowan, M. B. Dembour, y R. Wilson (eds.), Culture and Rights. Antropological Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. <<

[272] A. Bartholomew y J. Breakspear, «Human Rights as Swords of Empire», Socialist Register, Londres, Merlin Press, 2003, pp. 124-125. <<

[273] Ibid, p. 126. <<

[274] D. Chandler, From Kosovo to Kabul. Human Rights and International Intervention, cit., pp. 27 y 218. <<

[275] Ibid, p. 235. <<

[276] K. Marx, Capital, Nueva York, Internacional Publishers, 1967, t. I, p. 225 [ed. cast.: El capital, Madrid, Ediciones Akal, 2000]. <<

[277] D. Harvey «Right to the City», en R. Scholar (ed.), Divided Cities. Oxford Amnesty Lectures 2003, Oxford University Press, 2006. <<

[278] D. Harvey, The New Imperialism, Oxford, Oxford University Press, 2003, cap. 2 [ed, cast.: El Nuevo imperialismo, Madrid, «Cuestiones de antagonismo, 26», Ediciones Akal, 2004, cap. 2]. <<

[279] Citado en la lúcida critica de Vicente Navarro de Sen: «Development as Quality of Life. A Critique of Amartya Sen’s Development as Freedom», en V. Navarro (ed.), The Political Economy of Social Inequalities. Consequences for Health and the Quality of Life, Amityville (NY), Baywood, 2002, p. 13-26. <<

[280] K. Polanyi, The Great Transformation [1944], Boston, Beacon Press, 1954, p. 257. <<

[281] F. Zakaria, The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad, Nueva York, Norton, 2003; A. Sen, Development as Freedom, Nueva York, Knopf, 1999. <<

[282] K. Marx, Capital, Nueva York, Internacional Publishers, 1967, t. III, pp. 820 [ed. cast.: El capital, Madrid, Ediciones Akal, 2000]. <<

[283] R. Kaplan, The Coming Anarchy. Shattering the Dreams of the Post Cold War, Nueva York, Cintage, 2001. <<

[284] J. Walton, «Urban Protest and the Global Political Economy. The IMF Riots», en M. Smith y J. Feagin (eds.), The Capitalist City, Oxford, Blackwell, 1987, pp. 354-386. <<

[285] D. Jensen, The Culture of Make Believe, Nueva York, Context Books, 2002; Zergan, Future Primitive and Other Essays, Brooklyn (NY), Autonomedia, 1994. <<

[286] J. Khan, «Violence Taints Religion’s Solace for Chinas Poor», The New York Times, 25 de noviembre de 2004, A1 y A24. <<

[287] B. Gills (ed.), Globalization and the Politics of Resistance, Nueva York, Palgrave, 2001; T. Mertes (ed.), A Movement of Movements, Londres, Verso, 2004; P Wignaraja (ed.), New Social Movement in the South. Empowering the People, Londres, Zed Books, 1993; Brecher, Costello y B. Smith, Globalization from Below. The Power of Solidarity, Cambridge (MA), South End Press, 2000. <<

[288] J. Stiglitz, Globalization and its Discontents, Nueva York, Norton, 2002; J. Stiglitz, The Roaring Nineties, Nueva York, Norton, 2003; P Krugman, The Great Unravelling. Losing Our Way in the Twentieth Century, Nueva York, Public Affairs, 2002; The Bubble of American Supremacy. Correcting the Misuse of American Power, Nueva York, Public Affairs, 2003; J. Sachs, «New Global Consensus on Helping the Poorest of the Poor», Global Polity Forum Newsletter, 18 de abril de 2000. Por ejemplo, Sachs dice: «Yo no creo en una forma de gobierno global dirigida por los países ricos, o por un sistema de votación internacional en el que el dinero determina los resultados como ocurre actualmente en el FMI y en el Banco Mundial, como tampoco creo en un modelo de gobierno permanente por parte de una arraigada burocracia exenta de fiscalización externa que sin duda ha habido en el FMI, ni en un gobierno basado en una condicionalidad establecida por los países ricos e impuesta sobre los extremadamente pobres». <<

[289] Únicamente citaré dos ejemplos: United Nations Development Program, Human Development Report 1999; World Commission on the Social Dimension of Globalization, A Fair Globalization. <<

[290] D. Held, Global Covenant. The Social Democratic Alternative to the Washington Consensus, Cambridge, Polity, 2004. He revisado algunos de los dilemas en la aplicación de la ética cosmopolita en D. Harvey, «Cosmopolitanism and the Banality of Geographical Evils», en J. Comaroff y J. Comaroff, Millennial Capitalism and the Culture of Neoliberalism, Durham (NC), Duke University Press, 2000, pp. 271-310. <<

[291] Respecto a Volcker, véase P. Bond, «US and Global Economic Volatility. Theoretical, Empirical and Political Considerations», texto presentado en el Seminario sobre el Imperio, Universidad de York, noviembre de 2004; M. Muhleisen y C. Towe (eds.), US Fiscal Policies and Priorities for Long-Run Sustaintability, Occasional Paper, p. 227, Washington DC, International Monetary Fund, 2004. <<

[292] El tipo de compañía mercantil designada mediante la abreviatura inglesa Inc. (Incorporated), equivale a la figura societaria mercantil española que se identifica mediante la abreviatura S. A. (Sociedad Anónima). [N. de la T.] <<

[293] G. Duménil y D. Lévy, «Neoliberal Dynamics. Towards A New Phase?», en K. van der Pijl, L. Assassi, y D. Wigan (eds.), Global Regulation. Managing Crises after the Imperial Turn, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2004, pp. 41-63. <<

[294] D. Harvey, The Condition of Postmodernity, Oxford, Basil Blackwell, 1989, p. 169. <<

[295] En el original de editorial AKAL, dice 9 de septiembre. Parto del supuesto que fue un error del traductor ya que en inglés se expresa 9/11. En consecuencia, he corregido la fecha porque entiendo que refiere al ataque a las torres gemelas del 2001. <<

[296] H. Arendt, Imperialism [1951], Nueva York, Harcourt Brace Janovich, 1968. <<

[297] D. King, The Liberty of Strangers. Making the American Nation, Nueva York, Oxford University Press, 2004. <<

[298] G. Arrighi y B. Silver, Chaos and Governance in the Modern World System, Minneapolis, Minnesota University Press, 1999 [ed. cast.: Caos y orden en el sistema mundial moderno, Madrid, «Cuestiones de antagonismo 9», Ediciones Akal, 2001]; véase, también el epílogo a la edición en rústica de D. Harvey, The New Imperialism, Oxford, Oxford University Press, 2005 [ed. cast.: El nuevo imperialismo, Madrid, «Cuestiones de antagonismo 26», Ediciones Akal, 2004]. <<

[299] La Carta de derechos o Declaración de derechos (en inglés Bill of Rights) es un documento redactado en Inglaterra en 1689, que impuso el Parlamento inglés al príncipe Guillermo de Orange para poder suceder al rey Jacobo. El propósito principal de este texto era recuperar y fortalecer ciertas facultades parlamentarias ya desaparecidas o notoriamente mermadas durante el reinado absolutista de los Estuardo (Carlos II y Jacobo II). Constituye uno de los precedentes inmediatos de las modernas «Declaraciones de Derechos». Más en http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_of_Rights. <<

[300] Citado en D. Harvey, The Condition of Posmodernity, Oxford, Basil Blackwell, 1989, p. 168-170. <<

[301] S. Amin, «Social Movements at the Periphery», en P. Wignaraja (ed), New Social Movements in the South. Empowering the People, Londres, Zed Books, 1993, pp. 76-100. <<

[302] W. Bello, Deglobalization. Ideas for a New World Economy, Londres, Zed Books, 2002; W. Bello, N. Bullard y K. Malhotra (eds;), Global Finance. New Thinking on Regulating Capital Markets, Londres, Zed Books, 2000; S. George, Another World is Possible IF…, Londres, Verso, 2003; W Fisher y T. Ponniah (eds.), Another World is Possible. Popular Alternative to Globalization at the World Social Forum, Londres, Zed Books, 2003; P. Bound, Talk Left Walk Right. South Africa’s Frustrated Global Reforms, Scottsville, University of KwaZulu-Natal Press, 2004; T. Mertes (ed), A Movement of Movements, Londres, Verso, 2004; L. Gill, Teetering on the Rim, Nueva York, Columbia University Press, 2000; J. Brecher, Costello, y B. Smith, Globalization from Below. The Power of Solidarity, Cambridge (MASS), South End Press, 2000. <<

[303] D. Harvey, Spaces of Hope, Edinburgo, Edinburg University Press, 2000, p. 70 [ed, cast.: Espacios de esperanza, Madrid, «Cuestiones de antagonismo 16», Ediciones Akal, 2003]. <<

[304] Task Force on Inequality and American Democracy, American Democracy in a Age of Rising Inequality, ofrece un retrato perturbador. <<

[305] Por ejemplo, este es el argumento sobre el que insiste con frecuencia H. Wang (China’s New Orden Society Politics and Economy in Transition, Cambridge [MA], Harvard University Press, 2003) en el caso de China. <<

Figuras

[Figura 1.1]

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[Figura 1.2]

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[Figura 1.3]

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[Figura 1.4]

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[Figura 1.5]

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[Figura 1.6]

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[Figura 1.7]

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[Figura 1.8]

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[Figura 1.9]

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[Figura 4.1]

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[Figura 4.2]

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[Figura 4.3]

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[Figura 4.4]

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[Figura Cd.5.1]

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[Figura Cd.5.2]

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[Figura 5.1]

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[Figura 5.2]

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[Figura 6.1]

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[Figura 6.2]

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[Figura 7.1]

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