Sinopsis

La premisa de la que partía el sistema creado por la Constitución de 1978 era que el modelo autonómico serviría para satisfacer a los nacionalistas vascos y catalanes. Gracias a él, se produjo un largo proceso descentralizador mediante el cual las competencias del Gobierno central se transfirieron a las autonomías. El sistema facilitó así un notable aumento del autogobierno en Cataluña, el País Vasco y el resto de España. Si uno se ceñía al plano general, los hechos parecían elocuentes: la premisa se había cumplido.

Pero en algún momento de la historia reciente esto dejó de ser así. Y es posible que el instante definitivo fuera 2017, el año en el que el procés  catalán desembocó en el referéndum ilegal, la declaración unilateral de independencia, la suspensión de la autonomía catalana mediante el artículo 155 y las detenciones y huidas de algunos de sus líderes. Fue, dice Jiménez Torres, «la crisis que cambió España». Porque no fue sólo un conflicto de las élites; aquel episodio fue vivido con intensidad por millones de españoles y sigue marcando su actitud ante los desafíos a los que se enfrenta el país.

Armado de la capacidad documental propia de los historiadores para narrar los precedentes del procés , de la voluntad narrativa del periodismo para contar lo que sucedió durante éste, y del talento analítico de sus mejores columnas para ver su proyección en el futuro, Jiménez Torres ha completado una de las mejores obras ensayísticas recientes y ha acertado a determinar el momento en que todo cambió para una generación entera de españoles.

2017

La crisis que cambió España

David Jiménez torres

Para María y Federico,
que llegaron a Barcelona por separado
y se marcharon juntos.

Introducción

La fecha de 1898 nos suena de algo. La reconocemos. Basta con haber prestado atención en clase de historia para identificar, en esa secuencia de números, un año crucial. Sabemos lo que ocurrió en aquel año —la derrota militar contra Estados Unidos y la consiguiente pérdida del dominio sobre Cuba y Filipinas— y lo asociamos a ciertas consecuencias. Por ejemplo, el hundimiento de determinadas ideas sobre el pasado y el presente del país. O el desprestigio del sistema político vigente. O la reflexión colectiva sobre la identidad española. En nuestra imaginación cultural, «el 98» denota un punto de inflexión, un año que marcó un antes y un después en la historia del país.

Sin embargo, las fechas icónicas pueden resultar engañosas. Las consecuencias políticas de lo ocurrido en 1898 fueron, en un primer momento, bastante modestas. El sistema de la Restauración recurrió a su herramienta más habitual para lidiar con los problemas: un cambio de Gobierno. En marzo de 1899, el conservador Silvela sustituyó al liberal Sagasta al frente del Consejo de Ministros, siguiendo los mismos mecanismos de turno pacífico de los veinticinco años anteriores. El nuevo Gobierno y los que vinieron después se ajustaron a las líneas maestras de aquel sistema, que aún duraría dos décadas. Tampoco podemos hablar de una súbita convulsión intelectual. Si exceptuamos algunos textos de Costa y Maeztu, los diagnósticos más influyentes sobre la decadencia española (Los males de la patria, de Mallada; En torno al casticismo, de Unamuno; Idearium español, de Ganivet) se habían publicado antes del año en cuestión. Otras obras que asociamos al noventayochismo son bastante posteriores: Castilla, de Azorín, y Campos de Castilla, de Machado, son ambos de 1912, y Luces de Bohemia, de Valle-Inclán, no llegaría hasta 1920. La propia etiqueta de «generación del 98» no se acuñó hasta 1913; y es significativo que hubiera una disputa inicial acerca de a quiénes hacía referencia, qué significaba estar vinculado a ese año. Como vemos, pese a tratarse de una de las fechas con mayor carga simbólica de nuestra historia, las consecuencias de 1898 tardaron tiempo en manifestarse. Si aquel año abrió una caja de Pandora, sus contenidos tardaron mucho tiempo en ser comprendidos y asimilados.

Algo parecido ocurre con 2008. Hoy en día asociamos esa fecha al comienzo de una prolongada crisis económica y también al cuestionamiento de varias premisas que habían sido muy importantes durante las décadas anteriores. Un cuestionamiento con importantes consecuencias políticas, sociales e intelectuales. Pero también en este caso dichas consecuencias tardaron en llegar. Barack Obama, que lideraba las encuestas desde mucho antes de la quiebra de Lehman Brothers, ganó las elecciones en Estados Unidos con un programa ajustado a las reivindicaciones clásicas de la izquierda estadounidense. Cuatro años después volvió a ganar sin excesivo apuro. En Reino Unido, y como la mayoría de los analistas ya pronosticaban antes de la crisis, la larga hegemonía del laborismo llegó a su fin en 2010, dando paso a unos tories bastante ortodoxos. En España, la crisis económica y social acabó provocando un cambio de Gobierno en 2011, pero difícilmente lo consideraríamos un cambio dramático. El partido tradicional de la izquierda perdió ante el partido tradicional de la derecha, liderado en este caso por un presidente sumamente convencional. Incluso el episodio del 15-M de 2011 (otra fecha que ha adquirido una potente carga simbólica) tardaría tiempo en tener consecuencias institucionales: el auge de Podemos y Ciudadanos no se produciría hasta 2014-2015. Y, si aceptamos que tanto la salida de Reino Unido de la Unión Europea como la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos están vinculadas a la crisis financiera, ya nos estaríamos yendo a 2016. Es decir, ocho años después de que las cámaras captaran a varios empleados de Lehman Brothers saliendo de la sede con sus pertenencias metidas en cajas.

Este libro parte de la convicción de que 2017 supone una fecha clave en nuestra historia reciente. Hablamos del punto álgido de la crisis catalana o, como se ha solido denominar, del procés independentista; el año de la declaración unilateral de independencia y la suspensión de la autonomía en virtud del artículo 155 de la Constitución. No fue un momento de tensión política de los que experimentan las democracias cada tantos años. No fue un escenario de crisis socioeconómica como el vivido durante la última legislatura de Felipe González, la segunda de Zapatero o la primera de Rajoy. Tampoco estuvo al mismo nivel que el 11-M o la larguísima campaña de asesinatos de ETA: cualquier contexto en el que haya habido muertos se encuentra en un plano de gravedad propio. 2017 fue, más bien, la gran crisis del sistema constitucional que se creó tras el fin de la dictadura franquista. El único punto de comparación sería el 23-F, y el contraste entre la irrupción de guardias civiles en el Congreso y la declaración de independencia por parte de un Parlamento autonómico da fe de hasta qué punto la comparación más cercana sigue siendo muy imperfecta. Pero es que, además, el intento de golpe de Tejero y Milans del Bosch se produjo en los primeros años del nuevo sistema. Fue el episodio más extremo de las resistencias iniciales a su consolidación. La crisis de 2017, por el contrario, se produjo más de cuarenta años después de la aprobación en referéndum de la Ley de Reforma Política que daría pie a la Constitución de 1978. Es decir, esta crisis estalló cuando hacía tiempo que el sistema se daba por consolidado.

Otro aspecto diferencial es que la crisis de 2017 no se circunscribió a las élites. Por recurrir a una metáfora de Unamuno, lo de 2017 no fueron olas de superficie que taparan un vasto océano dormido. Durante unos años, «lo que está pasando en Cataluña» fue uno de los grandes temas de nuestra conversación colectiva, el eje de unos debates que tuvieron una importante penetración social. O, por decirlo ahora con vocabulario orteguiano, la crisis de 2017 no ocupó únicamente a los foros de la España oficial (Congreso, ministerios, medios de comunicación...), también fue comentada en los espacios de la España vital : lugares de trabajo, bares, cocinas... Buena prueba de esto fue la aparición de banderas rojigualdas a finales de 2017 en los balcones de todo tipo de barrios y en ciudades a lo largo y ancho del país. Aquello daba fe de un posicionamiento individual, pero también constataba la implicación de la ciudadanía en lo que estaba ocurriendo. Existe una memoria emocional de aquella crisis. Recuerdo, por ejemplo, una noche hacia finales de octubre de 2017 en la que me encontré paseando por un bulevar del centro de Madrid. Hacía calor, era viernes o sábado y las terrazas estaban abarrotadas. A medida que pasaba junto a las mesas y escuchaba palabras sueltas, fui constatando que todo el mundo hablaba de lo mismo: Cataluña. Daba igual que a la mesa estuvieran sentados jóvenes o mayores, que estuviera pasando junto a un restaurante de mantel o un bar de copas. A la luz de las farolas, la ciudad entera parecía enfrascada en una gran conversación sobre el mismo tema.

Hoy en día es mucho más frecuente hablar del procés o de «los años del procés » que de 2017 o «la crisis de 2017». Es algo comprensible, dada la naturaleza ambigua y gradual del proceso separatista que comenzó oficialmente en otoño de 2012 y eclosionó cinco años más tarde. Es una de las razones por las que resultó tan sugerente el término acuñado por el escritor Daniel Gascón: un «golpe posmoderno». «Golpe» porque se acercaba a la definición clásica del jurista Hans Kelsen de lo que es un golpe de Estado: la modificación de una constitución, o su reemplazo por otra, no efectuadas conforme a las disposiciones constitucionales existentes. «Posmoderno» porque se desarrolló en un plano equívoco, desestructurado, en el que la función y los límites del lenguaje cobraron una enorme importancia.

Es cierto que una manera de cruzar una línea roja es hacerlo muy lentamente, y que esto es lo que hizo el separatismo catalán durante cinco años. Las elecciones autonómicas de 2012 y 2015, la declaración de soberanía del Parlamento autonómico de 2013 o la consulta soberanista de noviembre de 2014 son, desde luego, hitos importantes en esta historia. Sin embargo, todas las grandes líneas rojas se terminaron de cruzar en 2017. Fue el año de la aprobación de las leyes autonómicas que debían cobijar un nuevo referéndum y preparar la transición a una Cataluña independiente. Fue el año del intento de referéndum del 1-O y las acciones policiales para impedirlo; el de las grandes manifestaciones constitucionalistas en Barcelona; el del discurso más importante del reinado de Felipe VI. Fue el año de la declaración de independencia votada, aprobada y proclamada por un Parlamento autonómico, y el de la suspensión de la autonomía en virtud del artículo 155. Fue el año del encarcelamiento preventivo de la mitad del Gobierno autonómico y de la fuga al extranjero de la otra mitad. Y fue el año de unas elecciones autonómicas con récord de participación que ganó, por primera vez, un partido explícitamente antinacionalista: Ciudadanos. Todo lo anterior y posterior a 2017 es relevante, pero nada fue igual de importante.

Esto nos lleva a la segunda convicción que anima este libro: que la crisis de 2017 no se ha cerrado pese a todo lo que ha acontecido desde entonces, sean mociones de censura, juicios, elecciones, disturbios, negociaciones, investiduras o inhabilitaciones. Es más, estos acontecimientos posteriores forman parte de la onda expansiva de lo ocurrido aquel año. Una onda expansiva que ni siquiera se ha detenido con la llegada de una crisis tan grave y tan distinta como la pandemia de la COVID-19. España ha ido más bien tanteando tras el shock que supuso ver a un presidente autonómico proclamar la independencia; se ha buscado restablecer el equilibrio mientras se digería lo ocurrido. Y, también en este caso, las primeras herramientas que se han aplicado para el escenario posterior al shock provienen del mundo de ayer. Esto explica la recuperación por parte de los Gobiernos de Sánchez de consignas y planteamientos de los años de Zapatero (y de Aznar, y de González). Pero el paso del tiempo va evidenciando que no habrá un regreso a ese mundo de ayer, sencillamente porque muchas de sus premisas se han hundido. La cuestión es entender cuáles y por qué.

Este ensayo busca participar de ese esfuerzo de comprensión. No se trata de hacer una crónica exhaustiva de todo lo acontecido entre enero y diciembre de 2017. Tampoco se trata de hacer un análisis pormenorizado de la historia del nacionalismo catalán y su relación con España. Se trata más bien de aportar ideas acerca de una crisis que millones de españoles vivieron con mayor intensidad que cualquier otro acontecimiento político de sus vidas. Sabemos lo que vivimos y sabemos que lo vivimos, pero ¿sabemos lo que significó?

Se podrá objetar que es imposible dar una respuesta definitiva a esta pregunta. No es sólo que el pasado sea movedizo de por sí, y que esté abierto siempre a reinterpretaciones. Es que nuestro punto de partida son unos hechos que fueron percibidos de manera radicalmente distinta dependiendo del espacio político en que se ubicase uno. Sin embargo, sí creo que se pueden ofrecer líneas de análisis y esperar que los argumentos que surjan desde espacios diferentes quieran dialogar con ellas. No se trata de cerrar la discusión sobre lo que vivimos en 2017, sino de profundizar en ella.

En este sentido, el ensayo parte de una serie de posturas que conviene dejar claras desde un principio. Viví el proceso que desembocó en la declaración de independencia desde un posicionamiento constitucionalista, y contrario tanto a las acciones de los separatistas como a las llamadas a un «diálogo» con ellos que rebasara los cauces constitucionales. Nada de lo que ha ocurrido desde entonces me ha animado a cambiar de opinión. Pensé entonces y pienso ahora que lo que plantearon los independentistas era un asalto inaceptable a algunos de los pilares más importantes de una democracia liberal. Pensé entonces y pienso ahora que la manera de salvaguardar el sistema que considero preferible era posicionarse en contra de aquel proyecto y activar los mecanismos constitucionales necesarios para frenarlo. Creo haber hecho un esfuerzo por comprender las razones de los independentistas o de sus sectores afines, entender las fuentes de su malestar o indignación. Sé que, en muchos casos, los partidarios de la independencia adoptan posturas más sofisticadas y civilizadas que las de muchos de sus correligionarios (incluyendo sus principales dirigentes en 2017). Pero, en el balance final, estoy en total desacuerdo con sus planteamientos.

También viví aquel proceso desde fuera de Cataluña y sin mayor vínculo con esa tierra que la historia de juventud de mis padres y el contacto con amigos catalanes —constitucionalistas en su mayoría—. Creo, por otra parte, que éste es uno de los aspectos que hay que explicar de 2017: por qué tantas personas en toda España se sintieron apasionadamente interesadas en lo que estaba ocurriendo en aquella comunidad autónoma, en aquel Parlamento, en aquellas calles. Como mostró la aparición de banderas a lo largo de todo el territorio español, la crisis de 2017 fue nacional en el sentido de que los términos nación o nacionalismo desempeñaron un papel relevante; pero también porque sus efectos se sintieron y se seguirán sintiendo en todo el país. Por ello, si bien no creo que estas páginas puedan convencer a un hipotético lector independentista de que todo lo que hizo y pensó durante el procés fue un error, quizá sí le ayude a entender mejor qué pensaban —y qué piensan ahora— muchos de los que estaban tanto al otro lado de la calle como al otro lado del Ebro.

También escribo este ensayo desde una perspectiva más peculiar: la de alguien que debió haber sido catalán. Mis padres fueron dos de los miles de jóvenes de todas partes de España que se fueron a Barcelona a estudiar en los setenta. Allí no sólo se conocieron, sino que vivieron algunos de los años más felices de sus vidas. Si por ellos hubiera sido, se habrían quedado a vivir ahí para siempre. Pero algunos les hicieron saber que no eran bien recibidos. El rechazo empezó con las reacciones al primer libro de mi padre y culminó en el atentado que sufrió por promover un manifiesto. La historia está contada en el prólogo a la edición de 1995 de su libro Lo que queda de España , y desarrollada en el posterior La ciudad que fue (2007). Pero esa historia forma parte de otra más amplia y, paradójicamente, menos conocida. Se estima que el proceso que desembocó en la ley de normalización lingüística de 1983 se saldó con la salida de Cataluña de unas 14.000 personas, fundamentalmente profesores y sus familias. Así que, del mismo modo que mis padres estuvieron entre los miles de jóvenes que se mudaron a Cataluña en los años setenta, también estuvieron entre los miles que se marcharon de ahí en los años ochenta. Una salida que se hizo generalmente en contra de sus deseos, como resultado de las políticas nacionalistas y sin que prácticamente nadie en el resto de España se movilizase en su apoyo.

Todo esto influye en el análisis que planteo en este libro. Mi historia familiar me anima, por ejemplo, a tener en cuenta la historia de la resistencia al nacionalismo catalán durante la etapa democrática, y a plantear cuánto influyó en la forma que acabó adoptando la oposición al separatismo en 2017. Me anima también a cuestionar algunas de las explicaciones que se han aportado acerca de la conexión entre el nacionalismo de los años ochenta, noventa y dos mil y el independentismo de la segunda década de este siglo. A preguntar, además, por qué fue tan habitual pensar —y decir— que los nacionalistas podían tensar la cuerda pero nunca llegar a romperla. El lector decidirá si estas líneas de análisis, tal y como se desarrollan en las siguientes páginas, le resultan convincentes.

El ensayo está organizado siguiendo un sencillo criterio temporal: el «Antes», el «Durante» y el «Después» de la crisis de 2017. Sin embargo, no se plantea como una narración cronológica sino como una serie de propuestas de interpretación, por lo que habrá numerosos saltos temáticos y temporales. El libro también está concebido como un ensayo y no como un trabajo académico, y por ello adopta un registro distinto del que empleo en mi faceta de investigador y profesor universitario. He decidido no aportar referencias completas de aquella información o aquellas declaraciones que sean fácilmente localizables para cualquiera con acceso a internet. Sí aporto referencias en el caso de artículos especialmente relevantes y de aquellos trabajos de los que extraigo citas textuales o gloso algún pasaje. La información completa de estos libros y estudios se encuentra en el apartado «Obras citadas». En cuanto a terminología, emplearé los términos secesionista y separatista de forma alterna para referirme a aquellos que, estando a favor de lo segundo —la separación—, actuaron para consumar lo primero —la secesión—. Esta mezcla es, precisamente, uno de los aspectos centrales de 2017.

Antes

Tres historias confluyen y colisionan en 2017. La primera, la del nacionalismo catalán en democracia; la segunda, la de la oposición al nacionalismo catalán en democracia, y la tercera, la de la propia democracia constitucional española nacida de la Transición. Y, en concreto, la de su cultura política y su modelo territorial: el Estado de las autonomías. 1

Así pues, lo primero que conviene señalar es que la historia de cómo se llegó a 2017 es una historia de la España democrática. Claro que la cuestión nacional no nació ex nihilo en 1978. Podríamos iniciar el contador cronológico mucho antes: en el tardofranquismo, en la Guerra Civil de 1936-1939, en el alzamiento de Companys contra la República en 1934, en el complejo y conflictivo siglo XIX español, en la Guerra de Sucesión..., y así hasta las divisiones administrativas del Imperio romano. Sin embargo, hay motivos para desechar marcos temporales de esa envergadura. En primer lugar, porque lo ocurrido en 2017 no puede explicarse como el último episodio de un conflicto entre dos entes («España» y «Cataluña», o incluso «el nacionalismo español» y «el nacionalismo catalán») que habrían avanzado a través de la historia intercambiando rejonazos. La historia, las sociedades humanas y la naturaleza del propio individuo aguantan mal ese tipo de esencialismos. Que podamos encontrar precedentes de tensión entre las élites catalanas y las del resto de España en distintos momentos de nuestro pasado no significa que podamos trazar una línea nítida entre todas ellas; la historia no es un mero une-los-puntos. En parte, porque se excluiría de ella todas las ocasiones en que los individuos tomaron decisiones que marcaron el curso de los acontecimientos. Incluso podría llevar a saltarse las acciones de generaciones enteras sólo para dar coherencia a una narrativa concreta. En parte, también, porque pocas veces fueron las élites o la sociedad catalanas las únicas que se mostraron reivindicativas frente a las instituciones centrales: el resto del país nunca ha sido el ente uniforme que ha querido ver el nacionalismo catalán. Y, finalmente, porque en el caso de Cataluña y el resto de España podríamos trazar una línea igual de nítida y extensa con los ejemplos de colaboración que la de signo opuesto.

Además, para entender 2017 no basta con encontrar precedentes; también debemos explicar por qué esta crisis se desarrolló de la forma en que lo hizo. Hablamos de un intento de secesión encabezado por instituciones autonómicas, que pretendía derivar su legitimidad de una mayoría parlamentaria en la Cámara regional, y que estaba directamente vinculado a un ecosistema asociativo y mediático que se había ido nutriendo durante las décadas anteriores desde el poder político. Así pues, se trata de una crisis cuyos contornos están ligados a las posibilidades y limitaciones ofrecidas por el Estado autonómico surgido de la Transición. El historiador Enric Ucelay-Da Cal ha aportado un ejemplo de esto mismo en su Breve historia del separatismo catalán , al apuntar que «desde inicios de noviembre de 2017, la masa de lazos amarillos que, por el lado interior, decoran las oficinas públicas de la Generalitat denotan la importancia de los funcionarios catalanes en la composición de la multitud indepe ». 2 Un funcionariado que está, por lógica, vinculado directamente al desarrollo de la autonomía catalana en el marco de la Constitución de 1978 y a la hegemonía del nacionalismo en dicho desarrollo. 3

Pero no hablamos sólo del lado secesionista. En realidad, todas las instituciones que resultaron clave en aquella crisis —Corona, Tribunal Constitucional, Gobierno central, Congreso y Senado, Tribunal Supremo, policía autonómica— son instituciones de la España democrática. Algunas de ellas fueron creadas en 1978; otras fueron modificadas por el nuevo orden democrático hasta guardar muy pocos puntos de contacto con la manera de actuar —e incluso con la propia capacidad de actuación— de sus predecesores históricos. Y lo que no se modificó no fue por falta de tiempo. Además, en el corazón de lo ocurrido en 2017 se hallaban cuestiones axiales de la democracia: si se puede cambiar una Constitución democrática por medios distintos a los previstos para su reforma, incluso si éstos también dicen representar valores democráticos; y qué mecanismos tiene el Estado de derecho a su disposición para defenderse de asaltos a la legalidad. En definitiva: que el separatismo y algunos de sus sectores afines apelasen a la dictadura franquista como la clave para entender el presente no significa que realmente lo fuese. Más bien nos encontramos ante una prueba de la complejidad y precariedad de cualquier orden democrático.

Tampoco se trata solamente de instituciones. Lo ocurrido en 2017 está relacionado con una de las grandes premisas del sistema que se instauró tras la muerte de Franco. Dicha premisa tiene tanta importancia en esta historia que me referiré a ella a lo largo del libro sencillamente como la Premisa . A grandes rasgos, la Premisa daba por hecho que el sistema autonómico era una herramienta suficiente para integrar los nacionalismos subestatales —muy especialmente el vasco y el catalán— en una España democrática. El nivel de autogobierno que alcanzarían haría que sus reivindicaciones se fuesen disolviendo de forma natural. Y también se daba por hecho que, incluso si esta integración resultaba tensa, incluso si los nacionalistas desplegaban un discurso agresivo o rupturista, a la hora de la verdad jamás romperían la baraja. Existía un límite claro —el de declarar la independencia por las bravas— que ni sus élites ni sus bases cruzarían jamás. Los redactores de la Constitución, cumpliendo con su cometido previsor, incorporaron un artículo que contemplaba la suspensión de la autonomía en aquellas comunidades que incumplieran sus obligaciones constitucionales, entre las cuales estaba la indivisibilidad del territorio nacional. Pero la cultura política mayoritaria en España durante los años ochenta, noventa y dos mil se basó en la premisa de que nunca sería necesario aplicar este artículo. Repárese en que digo «mayoritaria». Siempre hubo voces discordantes, pero sus argumentos nunca ocuparon el eje ni de la política nacional ni de las acciones de Gobiernos y Parlamentos. Del mismo modo que los optimistas del mercado consideraban imposible que se produjera un crash como el de 2008, la mayoría de los demócratas españoles de las últimas décadas consideraban imposible que se produjera una crisis como la de 2017. Es revelador que los políticos y figuras públicas que gestionaron el procés desde el lado constitucionalista hayan declarado con frecuencia que «nunca pudimos pensar que llegarían tan lejos». Poder, podían: el pensamiento es libre. Pero lo que defendieron es que, efectivamente, aquello nunca ocurriría. En una entrevista de febrero de 2017, una figura tan representativa como Juan Luis Cebrián explicaba el apoyo al nacionalista Jordi Pujol desde el resto de España en estos términos: «Se le veía como una solución posible. Siempre he pensado que, sin un pacto con el nacionalismo clásico catalán, con la burguesía, no se podía gobernar España». 4 Un pacto que no se presentaba como una solución puntual, sino como uno de los rasgos centrales y estables de la nueva etapa democrática. Ésta era la Premisa.

La Premisa se apoyaba en varias premisas secundarias. No todas fueron aceptadas universalmente, pero todas contribuyeron a la aceptación de la tesis principal. En primer lugar, se consideraba que había algo orgánico y espontáneo en los nacionalismos catalán, vasco y gallego. Lejos de entenderlos como el resultado de procesos de nacionalización pasados y presentes, eran vistos como fenómenos naturales. De ahí la recurrencia de palabras como sentimiento , identidad , pueblo o incluso realidad nacional al examinarlos, o de diversidad , riqueza y pluralidad al describir el país que los contenía. Este vocabulario fue asumido de forma transversal. Lo adoptaron tanto sectores que no se consideraban a sí mismos nacionalistas —de ningún tipo— como sectores que defendían la existencia de una identidad nacional española de mayor antigüedad que sus competidoras. Sirva como ejemplo el discurso de proclamación real de Felipe VI, pronunciado en julio de 2014. En uno de sus pasajes, el nuevo rey declaraba:

Quiero reafirmar, como Rey, mi fe en la unidad de España, de la que la Corona es símbolo. Unidad que no es uniformidad, señorías, desde que en 1978 la Constitución reconoció nuestra diversidad como una característica que define nuestra propia identidad, al proclamar su voluntad de proteger a todos los pueblos de España, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Una diversidad que nace de nuestra historia, nos engrandece y nos debe fortalecer.

En España han convivido históricamente tradiciones y culturas diversas con las que de continuo se han enriquecido todos sus pueblos. Y esa suma, esa interrelación entre culturas y tradiciones tiene su mejor expresión en el concierto de las lenguas. Junto al castellano, lengua oficial del Estado, las otras lenguas de España forman un patrimonio común que, tal y como establece la Constitución, debe ser objeto de especial respeto y protección; pues las lenguas constituyen las vías naturales de acceso al conocimiento de los pueblos y son a la vez los puentes para el diálogo de todos los españoles. Así lo han considerado y reclamado escritores tan señeros como Antonio Machado, Espriu, Aresti o Castelao.

En esa España, unida y diversa, basada en la igualdad de los españoles, en la solidaridad entre sus pueblos y en el respeto a la ley, cabemos todos; caben todos los sentimientos y sensibilidades, caben las distintas formas de sentirse español. Porque los sentimientos, más aún en los tiempos de la construcción europea, no deben nunca enfrentar, dividir o excluir, sino comprender y respetar, convivir y compartir.

No se trata de juzgar la calidad democrática de este pasaje respetuoso e integrador, en el que seguramente muchos reconocerán el tipo de comunidad política en la que les gustaría vivir. Lo relevante aquí es dar fe de que, durante la etapa democrática, se consolidó un vocabulario que presentaba los nacionalismos subestatales (o su pretensión de representar a comunidades diferenciadas de las del resto de España) como emanaciones espontáneas e incuestionables de las páginas de la historia, cuando no de los propios ríos y colinas. Esto determinaba buena parte del debate. Por ejemplo: si se hablaba de Cataluña como «realidad nacional», como hizo Alfonso Guerra en el Congreso en 1979, 5 ¿quién podía cuestionar una realidad? Por otra parte, y en un curioso caso de estrabismo analítico, incluso quienes aceptaban que los procesos de nacionalización son fenómenos modernos y contingentes tendían a tratar a los nacionalismos subestatales en España como inevitables.

Ésta es una de las paradojas de la relación que ha tenido la España democrática con los nacionalismos subestatales. En los cuarenta años previos a 2017 se ha hablado, investigado y escrito muchísimo en España acerca de nación y nacionalismo. Desde finales de los noventa, sobre todo, ha habido una ingente producción académica al respecto. Las universidades españolas han producido grandes expertos tanto en el fenómeno nacionalista en general como en la historia concreta de los nacionalismos patrios. Las discusiones en el ámbito académico sobre nación y nacionalismo han alcanzado en ocasiones un rigor analítico, una complejidad de posturas y una pluralidad de diagnósticos realmente impresionantes. Doy fe de que los debates que he presenciado en algunos seminarios universitarios españoles sobre cuestiones vinculadas al nacionalismo se encuentran entre los más detallados, exigentes y estimulantes a los que he tenido la fortuna de asistir. Pero lo llamativo del caso español es que este tema también ha ocupado a las figuras intelectuales más visibles de fuera del mundo académico, e incluso ha dado pie a algunos de los ensayos de mayor repercusión de los últimos cuarenta años. El momento histórico en el que se han realizado estas reflexiones (último tercio del siglo XX y comienzos del XXI ) ha permitido tener en cuenta, además, muchas de las experiencias y de las obras surgidas de la experiencia del nacionalismo en el último siglo. Y la cuestión va más allá: el tema de la nación, de la identidad y de qué es España se ha debatido en entornos familiares y ha formado parte de la socialización política de muchísimas personas. Pues bien, pese a todo esto, buena parte de nuestra cultura política ha mantenido durante todo este tiempo una postura extraordinariamente simplista ante el fenómeno del nacionalismo, o al menos ante sus vertientes catalana y vasca. A saber: que estos nacionalismos son naturales y/o inevitables.

De todo esto se desprendía otra parte suplementaria de la Premisa. Puesto que estábamos ante un fenómeno natural, y la naturaleza tiende al equilibrio, era posible encontrar un punto de estabilidad perfecto que reconciliara las reivindicaciones de los nacionalismos catalán y vasco con la unidad y el buen funcionamiento de España. En su versión más vulgar, esta actitud era una extraña mezcla de paternalismo y deferencia. Se podía resumir o en un «dales lo que piden, que han estado oprimidos y se lo merecen» o en un «dales lo que piden, que así dejarán de quejarse». El planteamiento, en ambos casos, suponía aceptar que la actitud reivindicativa era natural y que podía satisfacerse sin erosionar gravemente el edificio constitucional. Se aceptaba también que, si los nacionalistas planteaban reivindicaciones, era porque el punto de equilibrio perfecto aún no se había encontrado. Pero se daba por hecho que era posible hallarlo, siempre que uno dispusiera de la suficiente amplitud de mente, habilidad para el diálogo y buena fe.

Pocos episodios demuestran lo extendido de esta tesis como la odisea del nuevo Estatuto catalán entre 2004 y 2010. A la hora de definir aquel proyecto, el entonces presidente de la Generalitat y máximo impulsor del mismo, el socialista Pasqual Maragall, recurría con frecuencia al adjetivo «definitivo». 6 El líder de ICV y también dirigente de aquel Gobierno autonómico, Joan Saura, declaraba que: «Se trata de un proyecto que pretende abordar el gran problema histórico de la relación entre Cataluña y España, y el de la plena aceptación de la unidad en la diversidad nacional, cultural y lingüística del Estado. [...] El gran reto es que España se reconozca a sí misma como una realidad plurinacional [...] para resolver la contradicción que venimos arrastrando desde hace veinticinco años entre un Estado descentralizado y el Estado centralista que aún pervive». 7 Y en una entrevista concedida en abril de 2006 al diario El Mundo , el entonces presidente Zapatero, defensor de aquel proyecto, declaraba confiado que gracias a aquel nuevo Estatuto y su ampliación del ya muy considerable autogobierno catalán «dentro de diez años España será más fuerte y Cataluña estará más integrada». Al presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, le dijo que «esto es una oportunidad para resolver el problema de Cataluña». Cebrián preguntó: «¿Para los próximos veinte años?». Zapatero contestó: «Para toda la vida». 8 Y, pese al enorme correctivo que supuso (o debería haber supuesto) la crisis de 2017, la mentalidad que sustentaba este vaticinio no ha desaparecido. El ahora expresidente Zapatero y parte de los prescriptores actuales de la izquierda española y del nacionalismo moderado siguen creyendo que existe un punto definitivo de equilibrio entre las aspiraciones del nacionalismo catalán y la operatividad de España, que ese equilibrio estaba en el Estatuto de Maragall, y que si la derecha española no hubiese ejercido su derecho a la discrepancia y el Tribunal Constitucional no hubiese cumplido con su deber de examinar la legalidad del proyecto, España se habría ahorrado todo lo que vino después.

Conviene detenerse en esta mentalidad. Por un lado, encaja con otra de las premisas centrales del sistema del 78: que éste suponía una superación definitiva de los traumas seculares de España. La complicada relación con los nacionalismos subestatales se colocaba en el mismo plano que la histórica dificultad para asentar una democracia liberal, para desterrar la violencia fratricida, para poner fin a la intervención del Ejército en política o para corregir la distancia entre España y el resto de los países de Occidente. La Transición y la Constitución de 1978 fueron, entre otras muchas cosas, un ejercicio de posibilismo con respecto a la historia española y los problemas que llevaba arrastrando durante al menos dos siglos. Y la consolidación del sistema en los años ochenta, noventa y dos mil dependía de una creencia continuada de que sus disposiciones no sólo eran buenas en sí mismas, sino que también podían resolver aquello que la mayoría de los españoles había acordado resolver. También los nacionalistas catalanes participaron inicialmente de esta idea. Valgan las palabras de Miquel Roca, histórico dirigente de CiU y uno de los siete padres de la Constitución del 78, al explicar su particular manera de entender la referencia a «nacionalidades y regiones» en el Artículo 2 de la Constitución: «Hoy coincidimos todos en alcanzar, por la vía de la autonomía, un nuevo sentido de la unidad de España; y coincidimos casi todos en dar al reconocimiento de la realidad plurinacional de la nación española el sentido de un punto final a viejas querellas internas».

Al mismo tiempo, hay algo en el optimismo de la Premisa que rebasa el marco español. Porque dicho optimismo coincide con una época y un ambiente muy concretos: los del «fin de la Historia», la expresión utilizada por el politólogo Francis Fukuyama en 1989 para describir el mundo que quedaba tras la caída de la Unión Soviética. Según Fukuyama, el colapso de la alternativa comunista había dejado un escenario en el que la democracia liberal y la economía de mercado se encontraban sin verdaderos antagonistas. Si bien seguiría habiendo conflictos y tensiones, las distintas partes del planeta irían poco a poco convergiendo en un mismo sistema de gobierno y de producción económica. Ya no existían antítesis viables, ni tampoco deseadas de forma masiva, a las tesis de la democracia liberal y el capitalismo.

La Constitución de 1978 incluía a España en ese sistema que, diez años después, sería proclamado por Fukuyama como el vencedor de la historia. Y España participó (sobre todo en los años noventa y dos mil) del optimismo según el cual se había alcanzado el mejor de los sistemas posibles, la fase definitiva del desarrollo de las sociedades humanas. El ensayista Ramón González Férriz ha explicado en La trampa del optimismo que una de las manifestaciones de este Zeitgeist en España fue el entusiasmo por el proceso de integración europea. La entrada en la CEE en 1986, la adhesión al Tratado de Maastricht y la adopción del euro implicaban superar uno de los grandes traumas de nuestra cultura política: el desfase con respecto al resto de Europa. Además, el optimismo de aquella época proponía que la Unión Europea era la herramienta definitiva para superar, de forma pacífica e irreversible, algunos de los males endémicos de nuestro continente. No en vano Fukuyama había señalado que la UE era el exponente máximo del «fin de la Historia», su criatura más acabada. 9

Partiendo de esto, podemos ver el optimismo ante el Estado de las autonomías como otra de las expresiones de la mentalidad del «fin de la Historia». Al fin y al cabo, la tesis de Fukuyama también daba por hecho que los movimientos nacionalistas serían domesticados de forma progresiva pero imparable, mediante mecanismos e instituciones que limarían su capacidad de provocar grandes conflictos. ¿No era esto precisamente lo que proponía el Estado autonómico? Además, el «fin de la Historia» proponía un ideal de estabilidad que aún no se había alcanzado pero que ya se podía vislumbrar, y que en cualquier caso se parecería bastante a la Europa occidental de finales del siglo XX . Sólo había que tener paciencia. En una entrevista de finales de los ochenta, el veterano autor —y testigo directo de las décadas más conflictivas de la historia española y europea—, Francisco Ayala, resumía aquella fe: «El viejo nacionalismo español está siendo sustituido por nacionalismos de vía estrecha que —espero— se disolverán por fin en la unidad europea». 10 El Estado autonómico aparecía así en el contexto español como la UE en el contexto continental: era la garantía de que distintos grupos seguirían sintiendo apego a sus respectivas banderas pero que jamás llegarían a pegarse por ellas. En parte porque las instituciones compartidas ayudarían a desactivar los conflictos; en parte, también, porque nunca nadie querría salirse de ahí. Éste es uno de los sentidos —más adelante veremos otros— en los que el Brexit y la crisis española de 2017 son comparables. En ambos se mostró equivocada una de las suposiciones centrales de las últimas décadas del siglo XX : que se habían encontrado mecanismos definitivos e irreversibles para desactivar los grandes conflictos históricos, y que estos mecanismos se basaban en la integración económica, la democracia parlamentaria, el respeto al Estado de derecho y la paz.

Por supuesto, siempre fue difícil aplicar el Zeitgeist optimista al caso vasco. La masiva campaña de asesinatos, secuestros, extorsión e intimidación de la banda terrorista ETA, junto con todas sus repercusiones y derivaciones, mostraban que la historia seguía su curso de dolor y de plomo. Con o sin autonomías. Pero el caso catalán sí se prestaba al optimismo de la época, sobre todo en cuanto al presunto oasis de los años de gobierno de Pujol (entre 1980 y 2003). Su discurso de «normalización», sobre todo en términos lingüísticos, daba a entender que se estaba caminando hacia una estabilidad y un consenso definitivos (¿quién podría cuestionar lo «normal»?). Además, la colaboración de Pujol en distintos momentos con Gobiernos tanto del PSOE como del PP era la mejor muestra de que, efectivamente, uno de los nacionalismos subestatales se había integrado plenamente en el sistema creado en 1978. Los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 —según González Férriz, otra de las grandes manifestaciones nacionales del optimismo de la época— juntaron al Gobierno autonómico (nacionalista) y los Gobiernos municipal y nacional (socialistas), a Cataluña y al resto de España, a los catalanes y al resto de los españoles, en una celebración de su propia modernidad. Y también, de forma implícita, en una celebración del sistema que había permitido aquella colaboración. 11

La Cataluña autonómica también dio pie a una versión de otro rasgo característico de los noventa: la tercera vía. No me refiero a la síntesis entre socialdemocracia y libre mercado que Anthony Giddens teorizó en 1998 y que Tony Blair y Bill Clinton aplicaron en sus respectivos países, me refiero más bien a la actitud encarnada por el PSC y plasmada tanto en los tripartitos liderados por Maragall y Montilla como en el Estatuto apadrinado por Zapatero (otro líder socialdemócrata identificado con las recetas de la tercera vía de Giddens). Más allá del tacticismo político, hay un aire de época en el catalanismo del PSC y el PSOE de aquellos años, en su creencia en la capacidad del sistema para crear síntesis virtuosas, y en la actitud del «todo irá bien» con que se embarcaron en Gobiernos con partidos nacionalistas. No parece anecdótico que las dos figuras que lideraron aquella época, Zapatero y Maragall, fuesen dos personas que hacían del optimismo una bandera política. 12 Y, como ya señalamos, hay algo revelador en la idea de que la reforma estatutaria permitiría alcanzar el encaje «definitivo» entre Cataluña y el resto de España. Definitivo; es decir, irreversible; es decir, neutralizador de cualquier alternativa. Si era tan fácil proponer aquello era porque se vivía instalado en un clima cultural que creía en ese tipo de soluciones.

En definitiva, si buscamos momentos representativos del «fin de la Historia», tal y como se manifestó en España, podremos encontrarlos en la firma de Maastricht o en las fotos de los primeros españoles que acudían a un cajero a sacar euros. Pero también podremos encontrarlos en la proclamación de Pujol como «español del año» por parte del periódico ABC en 1985. O en la foto de Aznar y el mismo Pujol tras acordar un cambio de Gobierno tras la larga hegemonía socialista a cambio de una importante descentralización competencial. O en el mitin de 2003 en el que Zapatero declaró que apoyaría cualquier Estatuto que saliera del Parlamento catalán.

A este fin de la historia le sucedió lo mismo que al otro: la historia se encargó de irlo refutando. El auge del terrorismo islámico iniciado con el ataque a las Torres Gemelas en 2001, junto con las costosísimas intervenciones militares en Afganistán e Irak, mostraron que no toda la humanidad aspiraba de forma natural a converger con Occidente en su modelo de sociedades liberales, laicas y/o tolerantes. La consolidación de las autocracias china y rusa tuvo el mismo efecto sobre la tesis según la cual los países con desarrollo capitalista terminarían abriéndose políticamente hasta convertirse en democracias pluralistas. La crisis financiera iniciada en 2008 cuestionó, por su parte, que se hubieran eliminado los ciclos económicos —como había proclamado otro exponente de la tercera vía, Gordon Brown— y que el modelo económico alumbrado a finales del siglo XX garantizaba crecimiento y bienestar continuados y repartidos.

También se fue viendo que el optimismo con respecto a los movimientos nacionalistas (no sólo en España, pero también en ella) partía de un análisis equivocado de su naturaleza. A grandes rasgos, se había considerado que las terribles lecciones del siglo XX , junto con la acción de estructuras internacionales y el plácido bienestar causado por la integración económica, irían restando atractivo a las políticas nacionalistas. Los nacionalismos estarían condenados al basurero de la historia. La reactivación nacionalista de la última década en países tanto del este como del oeste de Europa demuestra lo equivocado de aquel vaticinio. A veces se vincula la reactivación nacionalista al auge del populismo, pero en realidad se trata de procesos distintos. Putin ya se había hecho con el control de Rusia con un programa ultranacionalista muchos años antes de la aparición del populismo moderno. El Partido Comunista chino añadió una fuerte dosis de nacionalismo a la mezcla de retórica maoísta y apertura económica con la que ha conseguido mantenerse en el poder. La identidad nacional ya se había convertido en uno de los ejes principales de la alternativa al comunismo en Europa del Este antes de la desintegración de la Unión Soviética. Estados Unidos, como buena república del continente americano, nunca ha dejado de ser un país fervorosamente nacionalista. Los nacionalistas quebequeses, tras perder referéndums unilaterales en 1980 y 1995, han mantenido importantes cuotas de poder institucional y de apoyo popular.

En general, la mentalidad del «fin de la Historia» contemplaba el nacionalismo —al menos, en su versión más disruptiva— como una «fase» que se podía superar. Pero lo que hemos descubierto en las últimas décadas es que el nacionalismo es la fuerza más proteica, elástica e imprevisible de la modernidad. El nacionalismo es lábil y denso, perspicaz y sordo; se lanza a las calles con la misma naturalidad con la que se repliega a la barra de un bar. Es atractivo tanto para las élites como para los ciudadanos de a pie y es una fuerza dinámica, necesitada de movimiento y renovación constantes para seguir con vida. El nacionalismo es, en fin, un hijo de la modernidad al que la posmodernidad no ha logrado finiquitar. No ha bastado con ofrecer complejas estructuras (llámense ONU, UE o Estado de las autonomías) que brinden beneficios tangibles a cambio de que diluya sus aristas. Y no es exactamente que dichos entes hayan «fracasado». Por supuesto que el Estado de las autonomías cumplió con una parte de su promesa: facilitó que Cataluña y el País Vasco disfrutaran de las mayores cotas de autogobierno de su historia moderna, que las lenguas cooficiales gozaran de un formidable grado de protección y estímulo, que las formaciones nacionalistas ejerciesen mucho poder y que los ciudadanos de aquellas comunidades disfrutasen de un notable grado de bienestar. Pero, como mostró la crisis de 2017, nada de esto ha supuesto el final de la historia.

Pocos argumentos, en definitiva, han quedado tan desactualizados como el que se repitió incesantemente en los noventa y los dos mil: el nacionalismo es anacrónico en un mundo cada vez más interconectado y en el que cada vez importan menos las fronteras. Y, pese a todo, este argumento sigue gozando de buena salud en nuestro país. Es posible que se trate de una prescripción disfrazada de descripción (si lo repetimos lo suficiente, es posible que la gente se lo crea); o quizá sólo sea un ejercicio de wishful thinking (‘hacerse ilusiones’) por parte de quienes creen que se puede pactar ahora con el nacionalismo, ya que el curso de la historia lo irá deshaciendo como un azucarillo en el vigorizante café del futuro global. En una entrevista radiofónica de noviembre de 2019, el exministro socialista José Bono declaró que «el nacionalismo es una antigualla». 13 Pero no es así: el caso español, como el de otros tantos países, muestra que el nacionalismo sigue siendo un arma cargada de futuro.

Vayamos ahora a una de las tres historias que convergieron en 2017: la del nacionalismo catalán en democracia. Es una historia bien conocida y estudiada, y sólo me ocuparé aquí de aquellos aspectos que resultan más relevantes para entender el procés .

En primer lugar, se trata de una historia de éxito. Los partidos explícitamente nacionalistas han tenido presencia en todos los Gobiernos autonómicos catalanes de la democracia (recordemos la participación de ERC en los tripartitos de 2003-2010) y han liderado la Generalitat, en solitario o coaligados entre sí, entre 1978 y 2003 y de nuevo desde 2010 hasta la actualidad. Como proyecto electoral, y como plataforma dirigida a amplias capas de votantes, el nacionalismo ha resultado eficacísimo. Además, durante todo este periodo de Gobiernos nacionalistas Cataluña ha mantenido su tradicional puesto como una de las dos o tres regiones más ricas y desarrolladas de toda España. 14 Esto ha sido compatible con un gran despliegue de políticas nacionalistas (sobre todo relacionadas con la lengua catalana y con su promoción en la enseñanza y en la cultura), una expansión de los entes autonómicos y de las áreas financiadas con dinero público, y una ampliación de las competencias gestionadas por la Generalitat. Parte de esto último está ligado al papel que los nacionalistas catalanes han desempeñado en la política nacional, en la que —previa negociación de contrapartidas— han apoyado presupuestos e incluso Gobiernos, en una línea que va desde la investidura de Felipe González en 1993 hasta la de Pedro Sánchez en 2020.

El nacionalismo catalán ha tenido tanto éxito que incluso ha logrado sobrevivir a la corrupción. Durante años varios dirigentes nacionalistas o individuos del entramado de poder de la Generalitat incurrieron en actividades corruptas que fueron encubiertas por la retórica nacionalista, por su capacidad para condicionar la política informativa, y también por la complicidad de algunos de sus presuntos adversarios políticos. Es conocido el artículo publicado por el escritor comunista Manuel Vázquez Montalbán en 1984, tras conocerse las primeras informaciones sobre el caso Banca Catalana, en el que el autor desdeñaba aquellas acusaciones porque «nadie, absolutamente nadie en Cataluña, sea del credo que sea, puede llegar a la más leve sombra de sospecha de que [Pujol] sea un ladrón». 15 También había líneas de defensa más explícitamente nacionalistas: la pancarta de apoyo a Pujol en su paseo desde la Ciudadela hasta la plaza de Sant Jaume rezaba: «1714, Felipe V; 1939, Franco; 1984, Felipe González». 16 Existe una línea de continuidad que va desde el caso Banca Catalana en 1984 a las tramas de financiación ilegal que finalmente estallaron en los dos mil, los conocidos como caso Palau y caso de las ITV. Una línea que se resume en la sensación de impunidad por parte de la élite nacionalista; poco hecho diferencial, en este sentido, en comparación con lo que ocurría en el resto de España. Pero el nacionalismo como proyecto político ha logrado sobrevivir a la eventual revelación de estos escándalos. Y no lo ha logrado solamente por su capacidad de mutación organizativa, sino también por la radicalización del discurso nacionalista. Las siglas y los cuadros han ido y venido, pero el nacionalismo ha continuado. Algunas de sus principales figuras incluso han logrado mantener parte de su prestigio gracias a él. El 7 de mayo de 2018, por ejemplo, se celebró un multitudinario acto de homenaje a Pujol en Barcelona. Acudieron tanto dirigentes de las formaciones herederas de CiU como el propio expresidente, quien por entonces ya estaba bajo investigación judicial por su fortuna escondida en Andorra y los casos de corrupción en los que estaban implicados sus familiares. A lo largo del acto se reivindicó que la figura y la obra de construcción nacional de Pujol (su conocido lema de «Fer país») no se vieran empañadas por esos otros asuntillos. El entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, no asistió, pero envió un mensaje de apoyo que fue leído ante todos.

Los éxitos del nacionalismo catalán son especialmente visibles en las áreas que Pujol consideró prioritarias: la creación de un ecosistema mediático autóctono (y vinculado al Poder Político), la orientación nacionalista en la política lingüística y educativa y la consolidación de una mentalidad que viese a Cataluña como un ente específico y situado al margen de «España». Su éxito no se circunscribe a los años en que CiU gobernó Cataluña, sino también —y especialmente— al hecho de que todas estas líneas continuaron durante los años de gobierno de un partido presuntamente no-nacionalista, el PSC. Margaret Thatcher dijo en una ocasión que su mayor legado político había sido Tony Blair; Pujol podría haber dicho lo mismo de los presidentes socialistas Maragall y Montilla. La ex primera ministra británica se refería a que su etapa de gobierno había logrado cambiar los parámetros de la política de su país, de manera que la presunta alternativa debió asumir varias premisas (en aquel caso, sobre el tamaño del Estado y la economía de mercado) que antes no habría aceptado. En el caso de los Gobiernos tripartitos liderados por el PSC, difícilmente se puede hablar de una enmienda a las políticas nacionalistas de las dos décadas anteriores. Bajo la égida del consenso catalanista, el PSC asumió y siguió aplicando la inmersión lingüística obligatoria en catalán, el monolingüismo en las instituciones, las multas a los comercios que rotulaban en castellano y la retórica nacionalista en cuanto a Cataluña y sus relaciones con «España». Ya había advertido Arcadi Espada en 1997 que «los primeros que confundieron a Pujol con Cataluña fueron los socialistas de Cataluña». 17 Y esto influyó decisivamente en su articulación de una alternativa. Cuando al PSC de Maragall ya le quedaba poco para alcanzar la Generalitat, un buen conocedor de los nacionalismos subestatales como el periodista José María Calleja —valiente defensor del constitucionalismo en el País Vasco que vivió muchos años amenazado por ETA— explicaba:

Pasqual Maragall es un nacionalista catalán. Más o menos de izquierdas, más o menos de centro, considerado o no progresista; pero, en cualesquiera de todos estos casos, con un componente que se repite indefectiblemente como sustantivo de todas las demás denominaciones: nacionalista catalán.

En reiteradas ocasiones le he oído explicar a Maragall que las reclamaciones nacionalistas de los (nacionalistas) catalanes no se pueden plantear como a él le gustaría porque la pervivencia del problema del terrorismo en la CAV [Comunidad Autónoma Vasca] hace difícil el debate. Para decir a continuación que no por existir el terrorismo etarra había que aplazar sine die las reclamaciones que posibilitarían la creación en España de un Estado federal. Pero no un Estado federal a secas, no; un Estado estructurado por el federalismo asimétrico. Es decir, nada de café para todos [...] sino comida a la carta con exquisiteces para unos, los elegidos, y cuarto y mitad de rancho para el resto.

[...] Maragall considera que si no hubiera terrorismo en la CAV —él, lógicamente, no lo llama terrorismo nacionalista—, si no existiera este tapón que lo bloquea todo, la CAV y la Corona de Aragón, impulsada desde Cataluña, habrían encontrado ya la fórmula para convertirse en Estados independientes —con otra denominación, claro—, con voz propia en Europa. Habría que añadir que semejante delirio se traduciría, en el caso imposible de que prospere, en una organización de la vida diaria más marcadamente nacionalista aún, en un avance en el monolingüismo y en una inmersión en los principios del movimiento nacionalista de todos los habitantes de ambas comunidades, sean o no nacionalistas. 18

Nada de aquello se disipó con la llegada del PSC al poder. El marco nacionalista no era mera palabrería, no era una estrategia para conquistar la Generalitat; estaba en el eje mismo de lo que era aquel PSC. En 2004, cuando ya había alcanzado el cargo de presidente de la Generalitat, Maragall explicó lo siguiente en una conferencia en El Escorial:

Me cuento entre los que entendieron y votaron la Constitución en tanto que reconocía, entre otras cosas, la nacionalidad catalana [...] cualquier niño sabe en Catalunya y en Euskadi, y muchos en Galicia saben que esas regiones no son exactamente regiones sino nacionalidades [...]. Los socialistas catalanes no es fácil que aplaudan una Constitución que no denomine correctamente las autonomías o que no convierta el Senado en la cámara en que esas autonomías se reúnen [...]. Mientras no exista ese Senado o no se comprometa su efectiva existencia, tampoco será fácil que renunciemos a ninguna de las opciones abiertas para defender todos esos puntos. 19

En una carta remitida a Felipe González al año siguiente, Maragall proclamaba: «No estamos inventando una nueva Catalunya para nada. Estamos inventando una nueva España en la que de una puñetera vez la vieja Catalunya, la vieja Castilla, la vieja Euskadi y la vieja Andalucía tendrán un lugar honorable». 20 Vemos, así, que antes incluso de que los socialistas catalanes se apuntaran a la deslegitimación de las instituciones del Estado —y muy especialmente del Tribunal Constitucional— ya se habían adherido a una de las grandes tesis del nacionalismo pujolista. La ha resumido recientemente el periodista Rafa Latorre: «Jamás pretendieron que Cataluña fuera una nación en un país de naciones, sino una nación en un país de regiones. La diferencia siempre fue más relevante que la competencia». 21 Éste ya había sido, efectivamente, uno de los ejes de la oposición de CiU a la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) en los ochenta. 22 Entonces, Pujol había explicado que él sólo podría considerarse federalista en el caso de una España dividida en cuatro naciones (Euskadi, Galicia, Castilla y los Países Catalanes), señalando posteriormente que «el federalismo de las regiones, de todas las catorce o quince regiones y nacionalidades que componen España, esto no es más que un nuevo uniformismo disfrazado. Y por cierto que, tal como van las cosas, habrá que vigilar que no nos vayan llevando a esto». 23

La convergencia del socialismo catalán con los marcos del nacionalismo ni siquiera se limita al periodo en el que disputaba la hegemonía a Pujol, o a aquél en el que compartió Gobierno con ERC. En los inicios del procés el PSC se adhirió a la tesis del «derecho a decidir» de Cataluña, si bien su propuesta señalaba que primero debería reformarse la Constitución para permitirlo. En febrero del 2013, el PSC rompió la disciplina de voto del grupo socialista en el Congreso al votar a favor de una propuesta de CiU que reivindicaba la autodeterminación. Todo aquello generó una grave crisis entre el PSC y el PSOE que se saldó con la adopción conjunta de la Declaración de Granada a mediados de 2013, una declaración que proponía una reforma constitucional en la que no entrarían ni el derecho de autodeterminación de las comunidades ni la «plurinacionalidad» de España, pero sí «reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas: lengua propia, cultura, foralidad, derechos históricos, insularidad, organización territorial o peculiaridades históricas de Derecho Civil».

Los éxitos no han logrado eliminar un aspecto importante de la cultura política del nacionalismo catalán: la mentalidad de asedio. Es decir, una visión del mundo según la cual la lengua, la cultura y la identidad catalanas se encuentran rodeadas por fuerzas hostiles que la borrarán del mapa en una o dos generaciones si no se hace un esfuerzo activo y constante para impedirlo. Esto tiene que ver con la historia difundida por el nacionalismo institucional y su fijación con episodios en los que se habría consumado esa pesadillesca conquista; no es casual el regreso constante a la fecha de 1714 o a la Guerra Civil de 1936-1939. Los nacionalistas siempre podían señalar presuntos puntos de contacto entre aquella historia y el presente: durante la entrega de los Premios Nacionales de Cataluña, en 1996, Jordi Pujol declaró que la presencia del castellano en Cataluña era «fruto de una violencia antigua». Tampoco era algo exclusivo de CiU o de ERC. El filósofo Xavier Rubert de Ventós, muy vinculado al PSC —fue diputado de esta formación en los años ochenta y noventa—, señalaba en su libro Nacionalismos que uno de los «rasgos del talante catalán que definen también su nacionalismo» es la «conciencia de la precariedad de lo alcanzado, que nunca hay que dar por descontado». Más adelante aclaraba este punto: «Tenemos la experiencia de que ni la democracia ni el reconocimiento político y nacional conseguidos han sido nunca un dato histórico que podamos dar por descontado, sino algo tan complejo, frágil y aleatorio como nuestro propio país —algo que reclama toda la tenacidad y dedicación del mundo, ya que a su suerte va ligada la nuestra». Conviene precisar que el autor estaba confundiendo aquí el «talante catalán» con «la cultura política del catalanismo», lo que tampoco sorprende cuando tenemos en cuenta que en el mismo texto el autor hablaba de una «serie permanente de tensiones (y eventuales alianzas) entre España y Cataluña». 24

En sus versiones más extremas, aquella mentalidad de asedio se manifestaba en una agónica fijación con un conflicto que estaría —siempre— a punto de reactivarse de manera letal. Tras divulgarse el manifiesto fundacional de Ciudadanos, por ejemplo, el escritor Oriol Malló publicó un artículo en el diario Avui en el que declaraba lo siguiente:

Boicoteémoslos, marquémosles a fuego ardiente, hagámosles la vida imposible para que sufran en campo propio aquello que ellos dieron cuando mandaban realmente. Y mataban. [...] Haberlo dicho durante la Segunda República y haberos expuesto a que gente como yo, gente mejor que yo, perdón, os metiera el tiro de gracia antes que vosotros, sin cojones para disparar, delegaseis en la chusma las órdenes de asesinarnos. No deleguéis más ni deis lecciones de democracia y respeto. No exijáis lo que vuestros mentores nos negaron. Decidlo claro, amigos de afables conversaciones y visiones magistrales, nos queréis exterminar, ahora que sabéis, además, que somos pocos, cobardes y frágiles, y que todos os escuchan con temor reverencial. Pues nosotros también queremos exterminaros. Qué caray. Divirtámonos hasta morir, que la guerra, a cara descubierta, tal vez ya ha empezado. 25

Hay mucho que comentar sobre este texto, pero quedémonos en la fecha de publicación. Este artículo no se publicó en los sesenta o en los setenta, sino en 2005, tras varias décadas de hegemonía nacionalista en las instituciones autonómicas, y tras la asunción por parte de la gran alternativa a CiU (el PSC) de muchos de sus planteamientos. El autor no era un antiguo superviviente de la Guerra Civil que estuviese confundiendo sus recuerdos de juventud con el presente; había nacido en 1967. Tampoco eran marginales ni él ni el periódico que publicó su artículo: Malló había obtenido en 1992 el Premio Nacional de Periodismo concedido por la Generalitat catalana, y en el accionariado de Avui estaban el Grupo Godó, el Grupo Planeta y la propia Generalitat. Menos guerracivilista, aunque no mucho más matizada, era la postura de la cantante Núria Feliu, expresada en una entrevista de julio de 2012:

España es una garrapata que chupa todo lo que puede de Cataluña desde siempre. Siempre ha actuado así, desde la corte borbónica, para subyugar a los territorios periféricos. No son capaces de producir; por lo tanto, no nos pueden dejar ir, porque chupan la teta. Siempre lo han hecho y siempre lo intentarán hacer. Yo creo que la independencia ya es inevitable. Lo que no sé es la casta de barbaridades que los españoles pueden llegar a hacer para evitarla. Con los españoles no hay pacto fiable. Basta que consultemos la historia para ver que son maestros de la picaresca y que manipulan la Historia. 26

Feliu tampoco era una figura marginal, ni para el público ni para las instituciones: en 1976 había obtenido el Premio de Cultura Popular concedido por el Ministerio de Cultura; en 1985 había recibido la Cruz de Sant Jordi, y en 2008 había obtenido la Medalla de Honor concedida por el Ayuntamiento de Barcelona. En cualquier caso, esta mentalidad de asedio permite entender mejor los referentes internacionales a los que apeló el nacionalismo una vez se embarcó en el procés . A la habitual fijación con 1714 o 1936, dirigentes o voces relevantes dentro del independentismo añadieron comparaciones con la India de Gandhi, con la lucha por los derechos civiles de los negros estadounidenses, con la situación de los homosexuales en Marruecos y de los kurdos en Turquía, o con las reivindicaciones de Kosovo y de Eslovenia ante la Serbia de Milošević.

Esta mentalidad ha determinado la actitud tanto hacia la lengua española como hacia los catalanes cuya lengua materna es el español, que hayan nacido fuera de Cataluña o que sean hijos o nietos de personas llegadas de otras partes de España. El histórico dirigente de ERC Heribert Barrera unía la mentalidad de asedio con la cuestión lingüística en unas declaraciones de 2001, en las que afirmaba que «en un plurilingüismo, al final, pierde la lengua más débil: el catalán». 27 Esta idea de una extinción posible e inminente no sólo justificó durante décadas orillar el castellano en las instituciones y en la enseñanza, sino que también se acabaría convirtiendo en uno de los grandes combustibles del procés . Como ha explicado Ucelay-Da Cal: «El gran argumento (o el miedo) que ha motivado la expansión del independentismo ha sido la convicción de muchos catalanoparlantes de que su idioma [...] está realmente a punto de desaparecer; que, en una o dos generaciones, la lengua desaparecerá sin que nadie se dé cuenta». 28 De nuevo, este miedo no tiene por qué tener una base real, o incluso verosímil, para haber ejercido una potente labor movilizadora; sobre todo tras haber sido azuzado por quienes ejercían la hegemonía en el territorio.

Otra fuente de ansiedad ha sido «la inmigración». Es decir, la presencia de centenares de miles de personas —o de sus descendientes— llegadas desde los rincones más humildes de España para trabajar en Cataluña durante las décadas anteriores. En 1982, el historiador Josep Termes pronunció una conferencia organizada por el Departamento de Cultura de la Generalitat en la que afirmó que «con la inmigración, Cataluña ha escogido un camino sin retorno. No hay otra salida que la lucha por la integración de ésta. [...] O se produce la integración, o Cataluña se desnacionaliza en una generación [...]. O se combate por la integración y la supervivencia de una Cataluña nacional o se forma parte del ejército imperial de ocupación». 29 La integración era la manera de neutralizar algo que se percibía como una amenaza. El nacionalismo pujolista impulsó la idea de que catalán era todo aquel que «vive y trabaja en Cataluña», y desplegó durante décadas un potente discurso propagandístico y autosatisfecho de Cataluña como «tierra de acogida». Ejemplo de ello fue la buena recepción de El somni català (El sueño catalán, 1995), libro de Gabriel Pernau que contaba historias edificantes sobre inmigrantes en Cataluña que habían triunfado y cantaban las virtudes del país. Pujol regaló un ejemplar a Aznar en uno de sus primeros encuentros. 30

Sin embargo, esa acogida dispensada por los nacionalistas se hacía bajo unos presupuestos muy concretos. En primer lugar, había un componente clasista. La integración era una labor civilizadora en la que participaban tanto la «tierra de acogida» como el nouvingut (el recién llegado). Éste debía formarse en las normas de urbanidad europea que no había absorbido en su entorno original: «En el sentido del deber, en el cumplimiento de tareas, e incluso en la higiene y la puntualidad», según Ucelay-Da Cal. 31 Pero también había un componente nacionalista: el recién llegado debía aceptar ciertas premisas del nacionalismo, como la inmersión lingüística, el monolingüismo institucional o la construcción de una institucionalidad propia, así como la existencia misma de un «pueblo catalán» en el que era necesario que los inmigrantes «se integrasen». En realidad, la cuestión de clase y la nacional iban hermanadas. Lo señaló en 1982 el investigador de la Universidad de Barcelona Francesc Mercadé:

La inmigración no es un problema per se y menos en un Estado determinado si no se le añaden otros elementos, que en este caso son unos elementos del sistema político que impiden la socialización nacional de este grupo de inmigrantes y que, además, les obligan a vivir en unas condiciones de vida muy deterioradas, en unas zonas específicas, con una incapacidad absoluta de vivir la realidad catalana que les rodea. En este sentido, ¿cómo se puede tomar conciencia de estar viviendo en un ámbito nacional distinto, si no se puede tener la perspectiva, la distancia suficiente para ver este ángulo? 32

Más directa fue la mujer de Pujol y primera dama oficiosa de la Cataluña nacionalista, Marta Ferrusola, cuando insistía —también en los ochenta— en que el nouvingut necesitaba aprender la lengua catalana y encajar con el tarannà del país (el talante catalán). 33 Había muchas maneras de «encajar», que podían ir desde lo que se esperaba de los representantes públicos, como la idea de que la lengua de expresión en el Parlamento autonómico era el catalán pese a que la mayoría de los votantes allí representados tuviesen el castellano como lengua materna, hasta prácticas sociales, como la expectativa de que las parejas castellanohablantes hablasen a sus hijos en catalán o de que los charnegos adoptasen nombres catalanes. Tanto Ferrusola como el senador Jaume Sobrequés, por ejemplo, afearon públicamente a Montilla el no haberse rebautizado; es decir, no haber renegado del nombre que le pusieron al nacer en su Iznájar natal [Córdoba], pasando de un foráneo José a un integrado Josep. 34 Por otra parte, existían techos de cristal, límites a la movilidad social contemplada por los mecanismos de la integración. 35 Especialmente durante los años de Pujol, debía aceptarse como natural que cualquier cargo de relevancia —sobre todo en el sector público, pero también en el privado— estuviese vedado a inmigrantes y a personas que no fuesen próximas a CiU o rechazasen sus artículos de fe. Y aún había otro truco en el discurso de la integración: la acogida podía retirarse en cualquier momento que le conviniese al nacionalismo. Tras la crisis de 2017, el escritor Javier Cercas relataría en un artículo su propia experiencia de aquel proceso, y cómo la promesa integradora había sido revocada a quienes, llegado el momento, no se sumaron al proyecto independentista. 36

No es casual, en fin, que una parte del separatismo se haya acostumbrado en los últimos años a referirse a los inmigrantes o descendientes de inmigrantes como «colonos». Desde los sectores críticos con el nacionalismo catalán, dentro y fuera de Cataluña, se han considerado generalmente estas actitudes como xenofobia, racismo o (sobre todo tras la elección de Quim Torra como presidente de la Generalitat en 2018) supremacismo. Desde luego, algunos antecedentes históricos del nacionalismo catalán de finales del siglo XIX y comienzos del XX , e incluso algunos de los escritos tempranos de Jordi Pujol, podrían ajustarse a estas etiquetas. El investigador Luis Castellví también ha explicado recientemente la utilidad del término nativismo para describir estas actitudes. 37 La operación, en cualquier caso, es tan sencilla como deplorable: la ejemplificó la exconsejera de Pujol y expresidenta del Parlamento catalán con Mas, Núria de Gispert, cuando respondió a una crítica de Inés Arrimadas al nacionalismo con un «¿por qué no te vuelves a Cádiz?». Aunque terminó pidiendo perdón por aquel mensaje, unos meses después volvía a la carga y espetaba a Arrimadas que «te encontrarás mejor en Madrid». Y añadía que: «¡Se debe encontrar muy mal en Cataluña! ¡Debe añorar su pueblo! ¿Quién la obliga a estar aquí?». 38 Los nouvinguts , en definitiva, encontrarían una tierra de acogida mientras no cuestionasen al establishment nacionalista. En cuanto lo hicieran se les indicaría que aquél no era realmente su sitio y que lo mejor era que se marchasen.

Las declaraciones de la cantante Feliu citadas —en las que describía a España como una «garrapata»— también nos remiten a uno de los principales argumentos desarrollados por el independentismo: la idea de que el resto de España supone un lastre socioeconómico para Cataluña, puesto que extrae la riqueza producida por los catalanes de manera desproporcionada e injusta. Éste fue uno de los argumentos estrella del separatismo en la primera fase del procés , cuando sus principales capitanes eran Artur Mas y Oriol Junqueras, y cristalizó en el conocido eslogan «Espanya ens roba». Los datos que demostrarían este presunto maltrato fiscal han sido refutados de forma convincente durante los últimos años, siendo un buen ejemplo de ello el libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, de Josep Borrell y Joan Llorach. Pero también en este aspecto cobraban importancia elementos muy arraigados en la cultura política del nacionalismo catalán. Al fin y al cabo, la primera campaña de ERC en la que se denunciaba el presunto expolio fiscal a Cataluña data de 1992. 39 Y el recordatorio constante de la contribución catalana a las arcas del Estado era uno de los elementos de la ambigüedad pujolista, sobre todo a la hora de reivindicar concesiones por parte de los Gobiernos centrales. Si el Espanya ens roba , tan endeble en términos fácticos como en el plano moral —nuestras sociedades aceptaron hace décadas los principios de redistribución inherentes a un sistema impositivo progresivo—, arraigó con tanta fuerza era porque estaba ligado a una cultura que durante décadas interiorizó un sentimiento de superioridad y de agravio con respecto al resto de España. Superioridad y agravio no sólo en el plano de la sofisticación cultural, sino también en el de la habilidad y el empuje económicos. La propia inmigración desde otras partes de España —recordemos: para contribuir con su trabajo al crecimiento de la riqueza en las ciudades y las provincias catalanas— reforzaba esta sensación.

Un último aspecto relevante de la historia del nacionalismo catalán en democracia, y cómo confluye en la crisis de 2017, tiene que ver con su división en diferentes partidos. Pese a la larga hegemonía pujolista, el nacionalismo conservador nunca llegó a absorber al nacionalismo de izquierdas representado por ERC. Tampoco logró evitar la ocasional aparición de pequeñas formaciones más explícitamente independentistas. Ésta es, por un lado, una señal del éxito nacionalista: no es poco que haya podido diversificar su oferta y encontrar o formar cuadros suficientes como para nutrir al menos dos partidos distintos, que han ocupado importantes cargos autonómicos y municipales durante la etapa democrática. Sin embargo, esto también ha llevado a que dichos partidos compitieran por muchos de los mismos votantes, aquéllos para los cuales el mensaje de construcción nacional, o de defensa de la catalanidad frente a España era más importante que, digamos, la política impositiva. Esta competencia se aceleró sobre todo tras la pérdida de la Generalitat por parte de CiU y el paso del liderazgo de Pujol al de Artur Mas. Esta curiosa mezcla de transversalidad nacionalista y competencia interna se ha mantenido durante los años del procés , sin que la hicieran desaparecer ni la integración del independentismo en listas unitarias (en concreto, la de Junts pel Sí en las elecciones de 2015) ni la formación de Gobiernos de coalición de signo independentista en 2015 y 2018. Incluso se ha agravado tras la descomposición de la antigua CiU, la aparición de formaciones como la CUP y las eventuales decisiones tomadas por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Si la historia del nacionalismo catalán en democracia es bien conocida, no se puede decir lo mismo de otra historia que confluye en la crisis de 2017: la de la resistencia al nacionalismo catalán, también en democracia. En parte, porque se trata de una historia con dos focos de actuación diferenciados: el de Cataluña (es decir, catalanes contrarios al nacionalismo catalán) y el del resto de España (no-catalanes, o catalanes de nacimiento residentes en otras zonas de España, contrarios al nacionalismo catalán). En parte, también, porque es una historia cuyo objeto resulta difícil de delimitar. ¿Qué papel otorgaríamos en ella al PSC, que ha sido con diferencia el partido no-explícitamente-nacionalista más importante en Cataluña? Siguiendo con lo que ya se apuntó anteriormente, la cuestión de hasta qué punto los socialistas catalanes forman parte de la historia del nacionalismo catalán o de la resistencia al mismo no se puede resolver de forma tajante. También es distinta de si los Gobiernos de Maragall y Montilla fueron nacionalistas o no. Además, obliga a entrar en el complejo magma de si el catalanismo ha sido o no una forma de nacionalismo. 40 Hablaremos de esto más adelante, pero, en cualquier caso, no tenemos que resolver esta cuestión para constatar que una parte de la resistencia al nacionalismo en Cataluña (sobre todo a partir de 2003) ha considerado al PSC parte del problema y no de la solución. Y el hecho de que este debate se plantee siquiera ya dice mucho acerca de lo que han sido la política y la sociedad catalanas en democracia.

Por otra parte, la historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña no se limita a las fortunas de los partidos no-nacionalistas. También es una historia que, sobre todo en los ochenta, noventa y dos mil, transcurrió en los márgenes de la política institucional y estuvo protagonizada por individuos y grupos apartados de la política activa. Estuvo vinculada especialmente a la defensa de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes y a la visibilización de la Cataluña no-nacionalista. Éstos fueron los temas principales de las primeras expresiones de rechazo a los planteamientos del nacionalismo, que se desarrollaron entre finales de los años setenta y comienzos de los ochenta —es decir, en los años de asentamiento de la democracia y del Estado autonómico y en el tránsito de la presidencia de Tarradellas a la de Pujol—. Fue el caso del «Manifiesto en defensa de la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña», más conocido como «Manifiesto de los 2.300» (por el número de adhesiones que recibió). Fue promovido fundamentalmente por profesores de instituto y de universidad que estaban en contra de la primera ley de normalización lingüística y que apostaban por un bilingüismo en la enseñanza catalana. El argumento central de aquel texto se convertiría en uno de los más recurrentes y duraderos de la resistencia al nacionalismo en Cataluña, y podía resumirse en que la protección y cultivo del catalán eran compatibles con una educación bilingüe que reflejara la realidad lingüística de Cataluña y respetara el derecho tanto de los alumnos castellanohablantes como el de los catalanohablantes a recibir educación en su lengua materna. En respuesta a aquella iniciativa, el grupo terrorista nacionalista Terra Lliure secuestró y disparó en la pierna a uno de los promotores del manifiesto, el profesor y ensayista de veintinueve años Federico Jiménez Losantos. El manifiesto también fue respondido con la creación de la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes, plataforma que durante los años ochenta llevaría a cabo numerosas acciones reivindicativas y de presión nacionalista, incluyendo peticiones de boicot a espectáculos o a entidades. También se difundió un contramanifiesto firmado por la plana mayor de la cultura en lengua catalana y por los rectores de las tres universidades de Barcelona —jefes de aquéllos de los 2.300 que eran profesores universitarios—. Es significativo que dicho contramanifiesto se refiriese a los críticos con la inmersión lingüística como «residentes en Cataluña» y no como catalanes. 41

Al final, la Generalitat siguió adelante con su política lingüística, lo que, unido al clima de hostilidad hacia quienes defendían el uso del castellano en la enseñanza, redundó en el traslado forzoso o el abandono voluntario de Cataluña de unos catorce mil profesores de educación primaria y secundaria entre 1980 y 1985. Esto debilitó enormemente a uno de los sectores que podrían haber ofrecido resistencia al nacionalismo en la enseñanza, una de las áreas que Pujol consideraba prioritarias. 42 También marcó una triste dinámica: la de la incomprensión e intolerancia con que fueron tratados en Cataluña, y en democracia, quienes discrepaban de los artículos de fe del nacionalismo. Sirva como ejemplo una misiva aportada como prueba en un caso que llegó al Tribunal Supremo y que había sido enviada al colegio de uno de los demandantes: «Sabemos que en ese colegio trabajan maestros anticatalanes. Por el bien del alumnado y de su enseñanza, reclamamos la inmediata convocatoria de la asociación de padres de alumnos y claustro de maestros para determinar su expulsión en el plazo máximo de diez días. Si después de este tiempo no se convoca la doble reunión, nos veremos obligados a expulsarlos por otros medios, para eliminar de los Países Catalanes a los fascistas. Por la lengua y la nación catalana». 43

Esta clase de hostigamiento, así como la falta de eco que tuvo en el resto de España, generó entre muchos catalanes no-nacionalistas (y, especialmente, entre aquellos que no estaban de acuerdo con la inmersión lingüística) las dinámicas clásicas de la espiral de silencio. Es decir, el miedo a que expresar opiniones contrarias a lo que se percibe como hegemónico conlleve la marginación del discrepante, por lo que éste acaba optando por el silencio. Es lo que se desprende del testimonio de un personaje representativo como Antonio Robles (impulsor de varias asociaciones antinacionalistas y, con el paso del tiempo, uno de los primeros diputados de Ciudadanos), para quien aquellos episodios de comienzos de los ochenta habrían fomentado un «miedo irracional» a expresar la disidencia de los artículos de fe del pujolismo . 44 En su ensayo Contra Catalunya , el periodista Arcadi Espada optaba por destacar la asimetría entre lo que se podía y no se podía decir en la esfera pública catalana: «En la Cataluña que habito, hoy, a finales del siglo, se considera legítimo y hasta sensato, si no se chilla demasiado, reivindicar la independencia. Algunos de los portavoces de esa reivindicación gozan, además, de una extraordinaria facilidad para difundir sus ideas, incluso en medios aparentemente muy refractarios». En cambio, «es una traición a un remoto pero muy visible mandato considerar que ya es suficiente el nivel de descentralización política y administrativa del Estado español y que es posible que tengamos un Estado útil, un instrumento ágil, ahora, ya en el nivel de descentralización alcanzado». 45

Este silencio no significa que la disidencia no existiera. El manifiesto fundacional de la Asociación por la Tolerancia, por ejemplo, venía acompañado de más de diez mil firmas registradas ante notario, si bien habían pedido mantenerse en el anonimato. 46 Y los argumentos de esta disidencia se mantuvieron constantes a lo largo de las décadas. A saber: que reivindicar una Cataluña bilingüe no suponía ser anticatalán, sino más bien reflejar la realidad de una Cataluña con mayoría castellanohablante; que ofrecer educación también en castellano era una palanca importante para la movilidad social de los sectores más desfavorecidos; que la imagen que trasladaba el nacionalismo de una Cataluña diferenciada de —y enfrentada a— España era una tergiversación tanto del pasado como del presente de aquella comunidad, y que el vocabulario político no debía organizarse alrededor de conceptos como pueblo catalán o nación catalana , sino de otros como (evocando la famosa frase de Tarradellas) ciudadanos de Cataluña . También ha sido constante una doble desafección institucional: ni las instituciones autonómicas ni las nacionales representaban realmente los intereses de los catalanes no-nacionalistas. Como ha sido constante la voluntad de transversalidad ideológica y la reivindicación de un vocabulario y unos principios asociados explícitamente a la tradición antinacionalista y al lenguaje de clase del socialismo y el anarquismo europeos. Esto no ha impedido que, tanto desde el nacionalismo como desde sectores de la izquierda, se hayan ubicado estos argumentos en la derecha y en el nacionalismo español. Ni que entre éstos hayan terminado encontrando simpatizantes y apoyos mucho más decididos.

A partir de los años noventa se empieza a vertebrar en Cataluña un nuevo entorno asociativo contrario al nacionalismo. En 1992, y a raíz de la promulgación del decreto 75/1992 que suprimía directamente las líneas de educación en castellano en colegios e institutos públicos, surgieron iniciativas como la Asociación por la Tolerancia y CADECA (Coordinadora de Afectados en Defensa de la Enseñanza en Castellano). Se produjeron nuevas causas legales por el derecho de los estudiantes a recibir educación en español —especialmente en el caso de colegios que se negaban a cumplir con las provisiones mínimas dictadas por el Tribunal Supremo—, y nuevos casos de hostigamiento como el que sufrieron «las madres de Salou», nombre por el que también fueron conocidas las primeras integrantes del colectivo CADECA. En 1994 se crearon la Asociación de Profesores por el Bilingüismo y la Asociación por la Lengua Española en la Administración de Justicia, y se promulgó el manifiesto «En castellano también, por favor». El 25 de abril de 1995, algunos de sus promotores hicieron llover centenares de copias impresas de aquel texto durante una función en el Palau de la Música. 47

Un aspecto importante de todo esto es la relación de estos movimientos con la opinión pública de otras partes de España. Por un lado, un rasgo histórico de la resistencia al nacionalismo catalán es la percepción de que sus casos y sus quejas no recibían la atención debida en el resto del país. Sobre todo, no conseguían que se produjesen cambios legislativos reales ni una mayor supervisión de las instituciones autonómicas por parte de las nacionales, ni siquiera en casos de vulneración de derechos, hostigamiento personal o mala fe administrativa. Los partidos nacionales incluso actuaban para desactivar la representación política de aquella resistencia, como hizo José María Aznar al apartar al combativo Aleix Vidal-Quadras del liderazgo del PP catalán a causa del pacto con CiU que otorgó al PP la presidencia del Gobierno en 1996. 48 Donde sí tuvieron cierta repercusión las reivindicaciones de los no-nacionalistas fue en los medios de comunicación: en los noventa encontramos algunas informaciones en medios de alcance nacional que daban fe de las experiencias de estos sectores —incluyendo, en algunos casos, su decisión de abandonar Cataluña—. 49 La cobertura continuaría durante las décadas siguientes, especialmente en medios de línea liberal o conservadora, que cubrieron casos como el de la huelga de hambre de un padre barcelonés en 2006 para reivindicar el derecho de su hija a ser educada en castellano. 50

También tendrían un amplio eco los manifiestos del Foro Babel de 1996 y 1997. Respaldados por figuras relevantes de los mundos de la cultura, la universidad y el periodismo catalanes, sacaron a la luz un discurso antinacionalista en la izquierda catalana que estaba disociado de los partidos políticos —aunque depositaba grandes esperanzas en una posible victoria del PSC de Maragall en las elecciones autonómicas—. El Foro Babel en sí no dio paso a ninguna asociación, pero ayudó a impulsar el continuado crecimiento del movimiento asociativo contrario al nacionalismo. En 1998 se fundó Convivencia Cívica Catalana como plataforma capaz de reunir a las distintas asociaciones no nacionalistas y defensoras del bilingüismo —finalmente quedó en una asociación más—. Y en 2005 el desencanto con la dirección nacionalista del primer tripartito llevó a la promoción del manifiesto «Por un nuevo partido político en Cataluña». Un año más tarde se creaba dicho partido, con el nombre de Ciudadanos. Uno de los tres primeros diputados de Cs en el Parlamento autonómico, José Domingo, fundaría en 2009 otra asociación relevante: Impulso Ciudadano. Pronto surgirían también medios de comunicación catalanes explícitamente antinacionalistas como La Voz de Barcelona (fundado en 2008 y que daría lugar unos años más tarde al diario Crónica Global ) o, ya en medio de la vorágine causada por el procés , el blog satírico Dolça Catalunya y las asociaciones Sociedad Civil Catalana (SCC) y Asamblea por una Escuela Bilingüe.

Por otro lado, en esta historia desempeñan un papel importante las publicaciones o las creaciones artísticas de muchas de las figuras que participaron en la resistencia al nacionalismo. El dramaturgo Albert Boadella, por ejemplo, realizó dos montajes teatrales de su compañía Els Joglars, Operación Ubú (1981) y Ubú President (1995), sátiras tanto de los mecanismos de la hegemonía nacionalista en general como de la figura de Pujol en particular. Pero el género más cultivado e influyente fue el del ensayo, como muestran los casos de Lo que queda de España (1979, reeditado en versión ampliada en 1995), de Federico Jiménez Losantos; Contra los nacionalismos (1984), de Josep M. Colomer; Verinosa llengua (1986), de Ferran Toutain y Xavier Pericay; Paraula viva contra llengua normativa (1990) y Llengua i pàtria amb ceba tendra (1993), de Iván Tubau; Extranjeros en su propia patria (1992), de Antonio Robles; Contra Catalunya (1997), de Arcadi Espada; Amarás a tu tribu (1998), de Aleix Vidal-Quadras; Filología catalana (2007), de Xavier Pericay; Contra Cromagnon (2007), de Félix Ovejero, o La raza catalana (2009), de Francisco Caja. No es anecdótico que muchos de estos autores fueran fuertemente criticados desde el mundo nacionalista, rayando en ocasiones el hostigamiento o el ridículo. Por poner sólo un ejemplo, la periodista y entonces concejal de ERC, Pilar Rahola, anunció que interpondría un recurso para revocar la concesión del Premio Ciudad de Barcelona al Contra Catalunya de Espada. Al final, aquello suponía una demostración adicional de uno de los argumentos centrales y recurrentes entre tan diversos autores: al nacionalismo le costaba aceptar la discrepancia.

Todo esto conduce a una pregunta: ¿cuánta fuerza o presencia real tuvieron los sectores no-nacionalistas o antinacionalistas en Cataluña entre 1978 y 2017? De nuevo, la respuesta depende enormemente de en qué lado de la balanza coloquemos al PSC, un partido con fuerte implantación en la sociedad civil y que también ha ejercido durante décadas un amplio poder municipal en toda Cataluña. Lo mismo se puede decir de cabeceras que acabaron posicionándose contra la ruptura unilateral en 2017, como La Vanguardia o El Periódico de Catalunya . Y se trata, en cualquier caso, de una cuestión que exigiría un libro más extenso y de naturaleza muy distinta del que estoy planteando aquí. Sin embargo, sí podemos apuntar algunas cuestiones relevantes para comprender lo ocurrido en 2017. En primer lugar, es evidente que, en términos electorales, los logros fueron escasos. La creación de asociaciones en los noventa y los dos mil no logró ni impedir la larga hegemonía pujolista, ni corregir el sesgo nacionalista de los tripartitos, ni evitar el posterior regreso de CiU a la Generalitat, ni frenar las victorias de plataformas explícitamente independentistas en 2015 y 2017. Todas estas etapas políticas estuvieron avaladas por los votantes, por mucho que el sistema distorsionara la representatividad del Parlamento regional en favor de las regiones del interior, históricamente más receptivas al mensaje nacionalista.

Sin embargo, hay razones para pensar que la escasa repercusión política, o el limitado alcance de las asociaciones, no significó que no hubiese amplias capas de la población que estaban de acuerdo con sus postulados. Como destacaron Josep Borrell y Joan Llorach en Las cuentas y los cuentos de la independencia , conseguir la hegemonía no significa conseguir mayorías. Antonio Robles, por su parte, razonó que si Ciudadanos fue capaz de obtener tres escaños en las primeras elecciones autonómicas a las que concurrió (las de 2006), pese a la hostilidad o indiferencia mediáticas, debía de ser porque las ideas que defendía gozaban de un importante arraigo social. También hay que tener en cuenta algo que han señalado Juan Arza y Pau Marí-Klose: lo poco que se ha recabado la opinión de los catalanes sobre un aspecto tan central de la hegemonía nacionalista como era la inmersión lingüística, cuya presunta popularidad se reivindicaba incesantemente pero sin bases sólidas. 51 Como también hay que considerar la escasa penetración que han tenido los organismos de creación de hegemonía nacionalista (como la cadena de televisión pública TV3) entre la población castellanohablante, que ha seguido siendo mayoritaria en Cataluña a lo largo del periodo democrático. Del mismo modo, la falta de acción política ante los atropellos a los catalanes no-nacionalistas no significó que éstos no gozaran de una simpatía instintiva en el resto de España, sobre todo a partir de los años noventa. Además, muchas de las figuras más destacadas de la oposición catalana al nacionalismo han sido colaboradores habituales en medios de comunicación de alcance nacional. Por último, hay que tener en cuenta el sentimiento de agravio que estos sectores interiorizaron durante las décadas de hegemonía nacionalista. Dicho de otra forma: en la crisis de 2017 confluyeron no uno, sino dos grupos que se consideraban víctimas de una larga opresión.

Regresemos, sin embargo, a la Premisa. Por repetirlo una vez más, me refiero a la idea de que el sistema creado por la Constitución del 78 —y, en especial, su modelo autonómico— serviría para satisfacer e integrar a los nacionalistas vascos y catalanes. Hasta 2017 como mucho, y 2012 como poco, esta premisa podía señalar una realidad incontestable: España permanecía unida, el sistema democrático se había consolidado y las corrientes mayoritarias de los nacionalismos habían participado en dicha consolidación. Además, se habían producido numerosos casos de colaboración entre partidos de ámbito nacional y formaciones nacionalistas, tanto en el Congreso como en los Parlamentos autonómicos. El PNV, pese a las ambigüedades que se le podían reprochar en su relación con el fenómeno etarra, nunca animó a sus votantes a participar en la campaña homicida de ETA. 52 El único de sus proyectos que implicaba una ruptura real, el llamado Plan Ibarretxe, fue desactivado en el Congreso en 2005. Por otra parte, los aspectos abiertamente inconstitucionales del Estatuto catalán de 2006 fueron modificados o suprimidos tanto por el Congreso como por el Tribunal Constitucional. En ambos casos, los Gobiernos autonómicos y los sectores nacionalistas de la sociedad civil limitaron sus reacciones al plano de la protesta airada. Y si bien hubo siempre una efervescencia de pequeñas formaciones independentistas, éstas nunca obtuvieron ni la solidez ni el apoyo suficientes como para plantear un proyecto rupturista mínimamente verosímil. En el otro lado, los dos partidos de ámbito nacional apoyaban el sistema autonómico y habían participado tanto en su legitimación como en su desarrollo. Esto había incluido un largo proceso descentralizador, mediante el cual se habían transferido competencias (algunas tan importantes como Educación y Sanidad) del Gobierno central a las autonomías. El sistema había facilitado así un aumento notable del autogobierno en Cataluña, el País Vasco y el resto de España. Si uno se ceñía al plano general, los hechos parecían elocuentes: la Premisa había acertado.

¿Qué acabó con esta suerte de estabilidad? ¿Qué sucedió para que el 27 de octubre de 2017 un parlamento autonómico aprobase una declaración unilateral de independencia, y el Gobierno activase en respuesta el mecanismo para suspender temporalmente su autonomía? Siendo lo más sintético posible: ¿quién acabó con la Premisa? La tesis más difundida es la que propone que todo se rompió entre finales de la primera década del siglo XXI y comienzos de la segunda, a causa de la accidentada reforma del Estatuto catalán. El debate que esta reforma habría provocado en toda España, el hecho de que el Congreso modificase el texto que le había llegado del Parlamento autonómico, que éste fuera aprobado en referéndum regional y que posteriormente el Tribunal Constitucional enmendara algunos artículos, junto con la reacción de la Generalitat y gran parte de las élites catalanas ante aquel fallo —denunciado como ilegítimo y contrario a «la dignidad de Cataluña»—, habría convencido a amplios sectores de la sociedad catalana de que la independencia era necesaria. Aquella mecha encendería el procés y desembocaría en la crisis de 2017.

Esta tesis tiene varias cosas a su favor. En primer lugar, las fechas. El apoyo al independentismo en Cataluña pasó de poco más del 10 por ciento en el momento de la aprobación por parte del Parlamento autonómico del Estatuto (2006) a más del 40 por ciento en septiembre de 2012. La decisión del Tribunal Constitucional se produjo en junio de 2010; el 11 de septiembre de 2012 tuvo lugar una gran manifestación independentista (bajo el lema «Cataluña, nuevo Estado de Europa»), y dos semanas después el Parlamento autonómico aprobó una resolución que pedía celebrar un referéndum de autodeterminación en la siguiente legislatura (que comenzaría en dos meses, puesto que el presidente Mas había anunciado ya el adelanto electoral). Así empezaba el proceso hacia un referéndum de autodeterminación que terminaría estallando en la crisis de 2017. Esta tesis también encaja en la explicación que muchos de los propios protagonistas le han dado a su comportamiento. Una legión de defensores del procés aludieron a la reforma del Estatuto como evidencia de lo necesario y legítimo que era independizarse de España. El propio Puigdemont le dio una importancia central en su discurso de declaración de independencia del 10 de octubre de 2017, al afirmar que «este [Estatuto] irreconocible, doblemente recortado y no refrendado por los catalanes, es la ley actualmente vigente. Éste ha sido el resultado del último intento de Cataluña de modificar su estatus jurídico-político por las vías constitucionales: una humillación». Puigdemont siguió diciendo que por este motivo «millones de ciudadanos han llegado a la conclusión racional de que la única manera de garantizar la supervivencia, no sólo del autogobierno, sino de nuestros valores como sociedad, es que Cataluña se constituya como Estado».

Además, esta tesis es versátil. Según la perspectiva de cada uno, sirve para responsabilizar al PP (por haberse opuesto a la reforma del Estatuto, o por presentar uno de los siete recursos que debió resolver el Constitucional), al Tribunal Constitucional (por haber considerado inadmisibles algunos de los artículos del Estatuto después de su aprobación en referéndum autonómico), o incluso al PSOE y el PSC (por haber iniciado una reforma estatutaria para la que no había gran demanda, por perseverar en el proyecto pese a no contar con el apoyo del otro gran partido del país, y finalmente por haber participado en el discurso deslegitimador de la resolución del Tribunal Supremo: Montilla encabezó una manifestación de repulsa cuyo lema era «Somos una nación. Nosotros decidimos»). La tesis también es compatible con explicaciones algo distintas: por ejemplo, la que señala que todo habría comenzado tras la negativa de Mariano Rajoy al concierto fiscal que pidió Artur Mas, o al referéndum que le pidieron Mas y Puigdemont. En todos los casos volvemos a la idea de una desafección por parte de un gran número de catalanes que se habría producido como respuesta a decisiones tomadas desde las instituciones nacionales entre la primera y segunda década del siglo XXI .

La tesis de la desafección provocada por el Estatuto también tiene, sin embargo, varios puntos débiles. Decíamos que las fechas parecen encajar..., pero no lo hacen del todo. Entre el fallo del Tribunal Constitucional y la gran manifestación independentista de 2012 hay un espacio de algo más de un año que no se caracteriza precisamente por un auge independentista. Las dos Diadas celebradas tras el fallo del Constitucional (la de 2010 y la de 2011) fueron poco concurridas. Según las encuestas del Centro de Estudios de Opinión catalán, el apoyo al independentismo había ido creciendo de poco más del 10 por ciento en 2006 hasta cerca del 25 por ciento en el momento en que el Tribunal Constitucional emitió su fallo. Pero se mantuvo estable a lo largo del siguiente año y medio. Es más, ese espacio de tiempo fue un momento áureo en las relaciones entre los nacionalistas liderados por Artur Mas y el PP catalán, liderado entonces por Alicia Sánchez-Camacho. Las dos formaciones aprobaron los presupuestos de 2011 —contra la oposición del resto de grupos— y también llegaron a acuerdos en varias alcaldías y diputaciones. En realidad, si algo sucedió en el quicio de la década fue el descontento provocado por la crisis económica iniciada en 2008. Ésta tuvo una importante repercusión en Cataluña y desgastó al Gobierno de Mas, en parte porque realizó recortes presupuestarios que provocaron importantes concentraciones de rechazo. En junio de 2011, los manifestantes llegaron a cercar el Parlamento autonómico, y Mas y la presidenta de la Cámara tuvieron que acceder al recinto en helicóptero.

No es cierto, por tanto, que el fallo del Estatuto supusiera una voladura de puentes entre el nacionalismo catalán y el resto de los sectores de la política regional y nacional. Tampoco lo es que aquella decisión convenciera a centenares de miles de catalanes de su especificidad irreconciliable con el resto de España. Mucho más importantes parecen haber sido la crisis económica y social, el auge de corrientes antisistema y la reacción ante aquel escenario del principal partido nacionalista. Porque fue entonces cuando CiU planteó que la mala situación estaba vinculada a la integración de Cataluña en España, y que si no podía obtener un concierto económico como el vasco celebraría un referéndum de autodeterminación. El día antes de la célebre Diada de 2012, Mas había lanzado un mensaje por televisión a los manifestantes: «Vuestros anhelos son mis anhelos». El giro se terminó de escenificar con un viaje de Mas a Madrid, a cuyo regreso se organizó un recibimiento en el que se unieron las consignas independentistas con los aplausos al presidente. En dicho recibimiento estaba presente un grupo de figuras relevantes de la cultura en catalán, junto con los cuales Mas cantó Els Segadors . El líder que un año antes había tenido que entrar en helicóptero en el Parlamento era ahora aplaudido, pero bajo aviso: el eslogan que escuchó al salir al balcón a saludar a la multitud fue: «Mas, sé valiente; Cataluña independiente». El principal partido nacionalista había logrado dirigir el enorme descontento social y antisistema hacia la cuestión soberanista, pero era un logro frágil. Los colectivos independentistas ya habían comprobado que la estrategia de presión funcionaba. Un año antes, en abril de 2011, la organización separatista Assemblea Nacional Catalana (ANC) había organizado una consulta sobre la independencia en la que Mas había participado. La entonces presidenta de la asociación, Carme Forcadell, declaró que «el presidente Mas no quería ir a votar [...] pero fue porque vio que obtendría más rendimiento electoral yendo que no yendo». 53 Encomendarse a esa estrategia obligaba a la élite nacionalista a embarcarse en un camino de incierto final, en el que la vuelta atrás podía ser enormemente costosa. Un camino en el que debía introducir una presión tan grande sobre el sistema que éste acabara cediendo en algún aspecto fundamental.

Las fechas no son el único punto débil de la teoría de la desafección. El fallo del Tribunal Constitucional recortó 14 artículos y sometió otros 27 a interpretación, de un total de 223 artículos y 22 disposiciones adicionales; y de un total de 114 artículos y 9 disposiciones adicionales que habían sido recurridas por el PP: ¿no tendría esta formación más motivos que las instituciones catalanas para sentir que el fallo había ido en su contra? Difícilmente se puede hablar de un Estatuto «irreconocible», como alegaría Puigdemont en 2017; ni de un atentado contra «la dignidad de Cataluña», como proclamó en noviembre de 2009 un editorial conjunto de los doce periódicos con sede en aquella comunidad. 54 Además, el recorte que se produjo es completamente justificable: una de las áreas que el Tribunal Constitucional suprimió fue la creación de un Poder Judicial independiente en Cataluña, lo que no sólo era inconstitucional sino también indeseable desde el punto de vista de un Estado igualitario. Y, en cualquier caso, no hay nada especialmente novedoso o grave en que un tribunal constitucional, en un Estado de derecho, enmiende o corrija a una administración por aprobar una norma que no se ajusta al marco vigente. Cualquiera familiarizado con la historia de Estados Unidos sabe, por ejemplo, que esta posibilidad fue fundamental para conseguir la igualdad de derechos entre blancos y negros en aquel país. El fallo del Tribunal Supremo estadounidense (que actúa allí como tribunal de interpretación constitucional) en el caso Brown contra la Junta de Educación de Topeka , en 1954, obligó a numerosos Estados y a centenares de ciudades y distritos a corregir las leyes que segregaban a blancos y negros; leyes que habían aprobado los Parlamentos estatales y habían firmado gobernadores y alcaldes elegidos democráticamente. Cuando el gobernador de Arkansas (de nuevo, elegido democráticamente y con el apoyo masivo de los ciudadanos de aquel Estado) intentó oponerse a esta decisión, e incluso desplegó a la policía estatal para que impidiera que nueve jóvenes negros entraran en una escuela para blancos, el presidente Eisenhower respondió enviando a tropas federales que asegurasen que las órdenes de la Corte Constitucional se cumplían. No se tiene noticia de que esto produjera un auge del sentimiento independentista en Arkansas.

Si bien éste es uno de los ejemplos más llamativos, se podrían citar centenares más. Porque las disputas competenciales y de interpretación constitucional son comunes en Estados de derecho, litigios generalmente grises y muy técnicos que se suelen resolver con la aceptación del fallo por parte de los políticos y los sectores sociales que se han visto afectados por ellos. La lógica es sencilla: una de las razones de la existencia de tribunales constitucionales es precisamente que puedan actuar como institución contramayoritaria. Esto les permite garantizar los derechos de las minorías y poner cotos a posibles arbitrariedades del poder. No es solamente normal, sino también deseable, que una corte pueda enmendar leyes inconstitucionales, hayan o no sido ratificadas en una consulta. 55 Y era perfectamente posible que estas explicaciones se hiciesen desde la Generalitat, desde los medios de comunicación autonómicos y desde los organismos de la sociedad civil catalana. Que no se hiciera no significa que fuera imposible hacerlo. Lo que lo impidió fue el arraigo de una cultura política nacionalista dentro de Cataluña, y también un ambiente general fiado a la Premisa. Sólo esto explica adecuadamente las palabras con las que el presidente de la Generalitat, el socialista Montilla, describió el fallo del Tribunal Constitucional en un mensaje institucional dirigido a todos los catalanes:

El Tribunal Constitucional está lamentablemente desacreditado y moralmente deslegitimado para dictar esta sentencia. [...] Ha cometido una gran irresponsabilidad. No ha hecho honor a su alta misión. [...] Ha estado más obsesionado con dictar sentencia que con hacer justicia y velar por el cumplimiento del pacto constitucional. Será recordado como el tribunal con menos visión de Estado que nunca haya tenido la democracia española. [...] Acatar no quiere decir renunciar. No renunciaremos a nada de lo que se ha pactado, firmado y votado.

Por otro lado, es llamativa la infantilización que esta tesis hace de la sociedad catalana, y en especial de los sectores independentistas. Sorprende la idea de que los nacionalistas son incapaces de aceptar la frustración de sus anhelos (algo que se exige a todo ciudadano, por ejemplo, cuando el partido al que vota no gana las elecciones), y que en caso de que sea imprescindible contrariarlos se les debe entretener con alguna chuchería competencial o simbólica para que no monten una rabieta. En ocasiones parece que quienes toman en serio a los nacionalistas como seres racionales y adultos son, paradójicamente, los antinacionalistas. También sorprende la frecuencia con que se ha señalado la campaña de recogida de firmas en distintos puntos de España apoyada por el Partido Popular como un agravio insoportable para Cataluña y un gigantesco error de cálculo por parte de la derecha. Hay ciertos aspectos de la actitud del PP ante el Estatuto catalán que pueden reprochársele, como el hecho de que recurriera ciertos artículos por considerarlos inconstitucionales pero apoyara artículos idénticos en el Estatuto andaluz de 2007. Lo que resulta menos cuestionable es la movilización de la crítica. ¿Por qué no habría tenido derecho una parte de la sociedad española a hacer campaña contra una norma de una región concreta, si sentía que ésta atentaba contra el principio de la igualdad entre ciudadanos? ¿Por qué habría sido intolerable para muchos catalanes ver que lo que para ellos resultaba aceptable no lo era para otras personas en el resto de España? ¿Qué idea tenemos del pluralismo y de la esfera pública si decimos que una recogida de firmas contra algunas provisiones de una norma autonómica resulta ilegítima?

En definitiva, si el fallo del Estatuto tuvo un efecto sobre la crisis de 2017 no fue por el fallo en sí mismo. Fue debido a ciertos rasgos de la cultura política y las dinámicas institucionales y al uso posterior que el nacionalismo hizo de ese mismo fallo para justificar su cambio de estrategia.

Todo esto nos anima a ir más allá de lo que fuera que sucediese entre finales y principio de la primera y segunda década del siglo XXI . Porque, en realidad, todas las explicaciones que hemos visto coinciden en una suposición central: que el sistema era estable antes de 2010 y que sólo una cadena de errores e irresponsabilidades (sean del signo que sean) lo hizo saltar por los aires. Pero ¿realmente es así? El hecho mismo de tener que escribir este libro demuestra que no. Si la crisis de 2017 se produjo es, necesariamente, porque el sistema era menos estable de lo que se había pensado. O, para ser más concretos, porque una declaración de independencia de un Parlamento autonómico siempre fue una posibilidad mayor de lo que la mayoría había previsto. Esto también nos anima a pensar que quizá las semillas del procés no se plantaron en 2006, 2010 o 2012, sino en los años setenta, ochenta, noventa y principios de los dos mil. Es decir, que quizá fue en esos años cuando una parte de la sociedad catalana se fue desplazando hacia la línea roja que finalmente cruzó cuando Artur Mas dio el pistoletazo de salida al procés . Porque, al final, es mucho más sencillo cruzar una línea cuando uno está junto a ella que si está a varios kilómetros. César no apareció por arte de magia a orillas del Rubicón; primero tuvo que arrastrar a sus legiones por media Francia hasta llegar a él.

Reflexionemos, por ejemplo, sobre CiU, el partido que durante muchos años se propuso como verdadero rostro de la Premisa. Al fin y al cabo, era el partido nacionalista que se había integrado en el sistema, ése cuya presunta sensatez hacía imposible cualquier aventura rupturista. Pero, en realidad, su integración siempre venía acompañada de una advertencia: cuidado con nosotros. El papel de nacionalismo bueno se ejercía acompañado de recordatorios ocasionales: en caso de no obtener lo que exigían, podían aproximarse al nacionalismo malo. Sirvan como ejemplo las declaraciones de Pujol en un debate de 1998: «¿A quién debemos dejar de matar para ser más simpáticos que los vascos? ¿Cuántos atentados debemos dejar de hacer en Madrid o en Sevilla? ¿A cuántos regímenes fiscales especiales debemos renunciar?». 56 Pero, además, la capacidad de integración de CiU se topó bastante rápido con unos límites autoimpuestos. Pujol recibió ofrecimientos de Felipe González (en 1993) y de José María Aznar (en 1996 y 2001) para entrar en el Gobierno de España, es decir, para participar en un Gobierno de coalición que habría incluido ministros nacionalistas catalanes. El asunto debería hacer reflexionar a quienes repiten el mantra de que el auge independentista resulta de la incapacidad para «crear una idea inclusiva de España». Fueron los nacionalistas de CiU quienes pusieron límites a su capacidad de integrarse en la gobernación de España, precisamente por la utilidad que suponía para ellos poder seguir cultivando un mensaje nacionalista. Así ha analizado el escritor Jordi Amat la última negativa de Pujol a entrar en el Ejecutivo:

Dijo no por miedo a perder la hegemonía política en Cataluña, como había empezado a evidenciarse después de la firma política del pacto del Majestic, pero la negativa llegó más allá del futuro electoral de Convergència a corto plazo. Volvió a decir no, en último término, porque aceptar era un cambio de cultura política que forzaba la superación de la naturaleza ambigua del pujolismo: la estrategia regionalista para construir una cultura política nacionalista. Digamos que para Pujol el proyecto nacional era más importante que el Estado. 57

Pensemos, por otra parte, que durante todos aquellos años ya militaba en las filas de CiU un tal Carles Puigdemont. Y que no lo hacía pese a sus convicciones independentistas, sino precisamente debido a ellas. En 2007 declararía que, cuando tenía dieciocho años, escuchó a Jordi Pujol en un mitin de las primeras elecciones autonómicas y llegó a la conclusión de que Convergència era el partido que podía trazar «el camino más sólido hacia el ejercicio del derecho a la autodeterminación». 58 ¿Estaba equivocado el futuro impulsor de la declaración unilateral de independencia? El discurso de investidura de Pujol tras ganar aquellas elecciones parecería indicar que no: «Si ustedes nos votan, votarán un programa nacionalista, un Gobierno nacionalista y un presidente nacionalista. Votarán una determinación: la de construir un país, el nuestro. Votarán la voluntad de defender un país, el nuestro, que es un país agredido en su identidad». Ese «hacer país» siempre fue una fórmula ambigua, sobre la que se podían proyectar distintas ideas. Pero una de éstas siempre fue la autodeterminación: ¿no era una manera lógica de «hacer» un país? Es conocida la fórmula del «hoy paciencia, mañana independencia» que repetían muchos de los sectores que se sumaron a la hegemonía de CiU.

Había, en fin, una inconcreción deliberada en el proyecto pujolista, pero una inconcreción que estaba también en el corazón del sistema autonómico. Como ha señalado Ucelay-Da Cal, «el secreto del funcionamiento efectivo del sistema autonómico es la ambigüedad. Nada queda del todo determinado, en especial el carácter superior del centro respecto a la parte [...]. La Generalitat pujolista era un work-in-progress , un proyecto activo, sin terminar y en construcción, que, como institución, podía ensancharse en el trato político con la política estatal y, en el ámbito de los partidos, anexionarse o aliarse con las organizaciones rivales». 59 Aquello se extendía hasta áreas aparentemente menores de su acción de gobierno, como explicó González Férriz al glosar la política cultural catalana de los años ochenta y noventa. En sus palabras: «Convergència no tenía ningún interés en la modernidad, pero la conocía y sabía utilizarla en su empeño cultural: el de crear una cultura moderna para lo que esperaba que fuera una lengua, por decirlo con sus palabras, normal; es decir, hegemónica en su territorio. En qué se traduciría eso siempre se dejaba para el futuro». 60

Al parecer, en privado Pujol sí explicaba adónde conducía ese futuro. A comienzos de los noventa le dijo al ministro socialista Francisco Fernández Ordóñez que «la independencia es cuestión de futuro, de la próxima generación, de nuestros hijos. Por eso, los de la actual generación tenemos que preparar el camino con tres asuntos básicos: el idioma, la bandera y la enseñanza». 61 Y no parecía que los éxitos electorales y las constantes concesiones obtenidas por los nacionalistas catalanes animaran a revisar esa idea del futuro deseable. En 1998, CiU suscribió junto al Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) la Declaración de Barcelona, según la cual los tres partidos reafirmaban que «la construcción nacional de nuestros respectivos países constituye el proyecto político básico que compartimos los partidos nacionalistas». Y esto incluía el ejercicio de la soberanía (es decir, de la autodeterminación), que, como el propio texto señalaba, no era lo mismo que el autogobierno ejercido en el marco del Estado de las autonomías:

El principio de soberanía resulta cualitativamente distinto al principio de autogobierno que se consolida mediante el desarrollo de los estatutos de autonomía que, aun en un escenario de desarrollo total, sólo suponen un proceso de descentralización política y administrativa, pues el elemento constitutivo del poder continúa localizándose en el Estado. Debemos superar la fórmula autonómica por cuanto es una carta otorgada por un Estado que, conforme a la definición constitucional, dice basarse en una sola nación, única e indivisible, la nación española, negando el carácter plurinacional del Estado y la coexistencia de otras naciones.

De nuevo, estos argumentos eran suscritos oficialmente por CiU cuando ya llevaba dieciocho años gobernando Cataluña, cuando ya había recibido dos ofertas de entrar en el Gobierno nacional y cuando quedaban varios años para el inicio mismo de la reforma del Estatuto.

También merece consideración el conocido como «Programa 2000», que fue desvelado por El Periódico de Catalunya en su edición del 28 de octubre de 1990. Las informaciones de aquel momento señalaban que se trataba de un documento preparado a partir de un borrador del propio Pujol, y en el que habían participado varios consejeros de su Gobierno y destacados dirigentes de Convergència. Ha sido mencionado con frecuencia en los últimos años, hasta el punto de que cabe preguntarse si no será más conocido en el mundo constitucionalista que en el independentista. 62 A riesgo de ser reiterativo, vale la pena citarlo por extenso tras plantear una pregunta: ¿era estable un sistema en el que quienes planteaban este proyecto gozaban de poderosas herramientas legislativas y amplios recursos presupuestarios?

El Programa 2000 se dividía en nueve apartados: pensamiento, enseñanza, universidad e investigación, medios de comunicación, entidades culturales y de ocio, mundo empresarial, proyección exterior, infraestructuras y administración. Éstos eran los objetivos señalados en el primer apartado:

a) Configuración de la personalidad catalana: explicación y potenciación de los ejes básicos, definitorios y positivos de nuestra personalidad colectiva. Elección y divulgación de los conceptos que permiten el máximo fortalecimiento de nuestro pueblo (ser más cultos, más modernos, más cívicos, más solidarios, más europeos, amar el trabajo, gusto por el trabajo bien hecho, constatar las raíces, vigencia de los valores cristianos...) de acuerdo con los desafíos que plantea el mundo actual.

b) Divulgación de la historia y del hecho nacional catalán: difusión de los acontecimientos cruciales de nuestra historia y de nuestros personajes históricos, así como la aportación del pueblo catalán a la cultura y ciencia europeas. Fomento de las fiestas populares, tradiciones, costumbres y su trasfondo mítico.

c) Nuevo concepto de nación dentro del marco europeo: Cataluña (Països Catalans), nación europea emergente. Reafirmación del sentimiento europeísta. La Europa sin fronteras ha de ser una Europa que reconozca a las naciones.

d) Descubrimiento del potencial de futuro: Cataluña (Països Catalans) como centro de gravedad del sur de la CEE. Actuación económico-cultural preferente sobre el arco mediterráneo noroccidental y el espacio occitano- catalán. [...]

e) El factor demográfico: sólo avanzan los pueblos que son jóvenes. Es necesario concienciar a nuestro pueblo de la necesidad de tener más hijos para garantizar nuestra personalidad colectiva.

f) Memorial de agravios: Cataluña es una nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico. Descubrimiento, constatación, ponderación y divulgación de los hechos discriminatorios, carencias, etcétera, de forma clara, contundente y sistemática. Remarcando la incidencia negativa que esto tiene para el conjunto del pueblo catalán y para cada uno de sus ciudadanos.

g) Sensibilización colectiva: Cataluña es un pueblo que camina en busca de su soberanía dentro del marco europeo. Sensibilización ciudadana para reforzar el alma social. Apuntalamiento de nuestro propio centro de gravedad dentro de Europa. Reforma del Estatuto de Autonomía.

h) Vertiente social: una mayor libertad para Cataluña comporta un mayor bienestar social de todos sus ciudadanos. El sentimiento nacionalista y de liberación nacional ha de ir ligado a la promoción social de las personas y a su propia realización individual y colectiva.

El apartado de Enseñanza, por su parte, incluía el siguiente objetivo: «Impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y estudiantes». Para lo cual se proponían las siguientes actividades fundamentales:

1. Exigir el correcto conocimiento de la lengua, historia y geografía de Cataluña y de los Països Catalans a todos los profesores, maestros y alumnos. Elaborar las herramientas didácticas correspondientes y obligar a los inspectores a su cumplimiento.

2. Elaboración de un plan de formación permanente y de reciclaje del profesorado que tenga en cuenta los intereses nacionales. Incentivación positiva de los cursos de reciclaje.

3. Editar y emplear libros de texto sobre la historia, geografía, arte, literatura, economía, etcétera, de Cataluña y de los Països Catalans. Establecer acuerdos con editoriales para su elaboración y difusión, con subvenciones si es necesario.

4. Catalanización de los programas de enseñanza. Análisis previo y aprobación del contenido por parte de personas responsables y de confianza. [...]

5. Reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza. Vigilar de cerca la elección de este personal. [...]

6. Incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas. [...]

7. Velar por la composición de los tribunales de oposición.

Se proponían medidas similares en el apartado de universidades, en el de entidades culturales y en el del mundo empresarial. En cuanto a los medios de comunicación, se proponía como objetivo «lograr que los medios de comunicación públicos dependientes de la Generalitat sigan siendo unos transmisores eficaces del modelo nacional catalán». Esto suponía, entre otras cosas, «incidir en la formación inicial permanente de los periodistas y técnicos en comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana» e «introducir a gente nacionalista de una elevada profesionalidad y una gran cualificación técnica en los lugares clave de los medios de comunicación». Por su parte, el apartado relativo a la Administración señalaba un objetivo sencillo: «Que la Administración se identifique (en los conceptos: trabajo , creatividad , participación , estilo , formas , actuaciones ) con los valores nacionales». Así, entre las actuaciones propuestas estaba «incidir sobre la administración de justicia y de orden público con criterios nacionales» y «superar la dicotomía que se intenta establecer entre funcionarios y políticos, con preeminencia de las decisiones políticas». El horizonte parecía claro: que, con el tiempo, no quedase un solo funcionario de la Administración autonómica que pudiera negarse a obedecer a un dirigente nacionalista.

Quizá resulte pedestre señalar que en todo nacionalismo subestatal hay una pulsión hacia la independencia o la soberanía completa. No es muy sofisticado recordar que los nacionalistas son nacionalistas. Pero esto es precisamente lo que buena parte de la cultura política española de la etapa democrática ha intentado ignorar. Eso suponía la Premisa: comportarse como si las posibilidades ofrecidas por el sistema autonómico y la democracia hubiesen desactivado para siempre la tentación rupturista de los nacionalismos subestatales, y tratar cualquier declaración que indicase lo contrario como un brindis al sol. Aquella fe desactivaba alarmas que podrían haberse encendido antes (por ejemplo, tras la publicación del Programa 2000) y fomentaba entre los cuadros de partidos como CiU una sensación de impunidad. Esto es fundamental para entender el procés . Porque la pregunta no es sólo cómo llegó a pensar Puigdemont que podía organizar un referéndum de autodeterminación por su cuenta, también es cómo llegó a pensar Mas que podía organizar un desafío a la médula del sistema constitucional y salir airoso. O por qué el propio Mas, al ser designado sucesor de Pujol en 2002, señaló como horizonte prioritario lograr la «plenitud nacional de Cataluña». 63 O cómo pudo el mainstream político y mediático orillar algunas de las conclusiones que se podrían haber extraído del Plan Ibarretxe, más allá de la de su eventual fracaso. En este sentido, resulta iluminador volver sobre el pasaje de Héroes a su pesar en el que José María Calleja comenta la decisión del PNV de embarcarse en aquel proyecto. Parece una prefiguración del camino que CiU iniciaría años después:

Toda la generosidad mostrada por los sucesivos Gobiernos de la UCD, del PSOE y del PP [...] han tenido como contrapartida océanos de deslealtad y desaires permanentes por parte del PNV. Cuando el buche económico ha estado lo suficientemente lleno [...] han decidido los nacionalistas iniciar una estrategia de ruptura con el resto de España y avanzar en la independencia conscientes de que, en el peor de los casos, es decir, si no se consigue del todo, algún beneficio económico o de poder político podrán añadir a sus alforjas [...]. En este viaje, inspirado en la traición y en la deslealtad, no importa que se deteriore la convivencia, que se exasperen las contradicciones, que se fomente la fractura social, [...] que se planteen incluso dudas, aunque tímidas, en el seno del propio PNV; todo vale con tal de sacar adelante el plan contra la convivencia y por el deterioro político promovido por el delirante Ibarretxe.

Otro aspecto relevante es el debate sobre el presunto carácter plurinacional de España. Como hemos visto, ésta no fue una reivindicación que surgiera de la reforma del Estatuto, sino que estaba desde el comienzo en el ideario de los partidos nacionalistas. Y en este caso habría que incluir también al PSC, como indicaban las declaraciones de Maragall en El Escorial en 2004. También ha sido un artículo de fe generalmente aceptado por la izquierda a la izquierda del PSOE, desde ICV —recordemos el artículo de Saura de 2005— hasta Podemos. Los propios socialistas lo han adoptado tras la llegada de Pedro Sánchez a la secretaría general, y quedó rubricado como punto programático en la Declaración de Barcelona suscrita por PSOE y PSC en julio de 2017. Era, en cualquier caso, algo que remitía tanto a los debates que se habían producido durante la reforma del Estatuto como al propio proceso constituyente y a la pregunta de qué quería decir el término «nacionalidades».

No me resisto a señalar que la proclamación de una presunta «plurinacionalidad» española me parece una pésima idea. Para empezar, porque embarra el debate en uno de los grandes puntos ciegos del nacionalismo. A saber: las naciones las hacen los nacionalistas pero se proyectan sobre un territorio, y no todo el territorio sobre el que se reivindica una nacionalidad está lleno de nacionalistas. Esto es especialmente visible en los casos catalán, vasco y gallego, donde lo más común son sentimientos de doble identidad. Si hay una nación catalana, desde luego no coincide con todo el territorio de la autonomía catalana (2017 mostró cuántos catalanes no se consideran nacionalistas), pero su proclamación sí se extendería sobre todo ese territorio. La paradoja implícita se vio claramente en un debate de 2016 en el Congreso, en el que dos madrileños (Pedro Sánchez y Pablo Iglesias) se esforzaron en decirle a un catalán (Albert Rivera) y a un gallego (Mariano Rajoy) que su nación, pese a lo que ellos pudieran pensar o querer, no era la española, sino, respectivamente, la catalana y la gallega. Si lo que se propone es resolver el agravio de muchos nacionalistas catalanes, vascos y gallegos que no se sienten parte de la nación española, no se entiende que la solución sea imponer el mismo agravio sobre aquellos catalanes, vascos y gallegos que sí se sienten parte de la nación española, o que se sienten cómodos en una doble identidad. Tampoco es una solución que resulte convincente en el plano pragmático, que parece ser aquél en el que lo ha asumido el socialismo español. Como ha explicado Juan Claudio de Ramón, es más probable que la proclamación de la plurinacionalidad actuase como palanca para nuevos conflictos identitarios e institucionales que como fin de los mismos. 64 Si no funcionó la inclusión del «nacionalidades y regiones» en la Constitución del 78, ¿por qué iba a funcionar ahora una declaración de «plurinacionalidad»?

En cualquier caso, lo que más nos interesa aquí es señalar dos cuestiones. La primera es que el elemento de inestabilidad que suponía el uso de la palabra nación para las comunidades catalana, vasca y gallega (y andaluza, y canaria...) ha estado presente desde mucho antes del inicio del procés . Y la tensión no existe solamente entre quienes defienden que España es uninacional y quienes defienden que es plurinacional, también existe entre los propios plurinacionalistas, y muy significativamente entre los nacionalistas subestatales y la izquierda estatal. Puigdemont y Sánchez, por ejemplo, coinciden en que España es plurinacional, pero difieren en las consecuencias que esto tendría. La cuestión, de nuevo, estaba presente antes del procés : ¿qué consecuencias tenía declarar a Cataluña como nación? Porque, si bien buena parte de la izquierda indica que sería algo puramente simbólico, los nacionalistas no piensan lo mismo. Para ellos, la condición de nación estaría ligada a una serie de prerrogativas, incluyendo, como vimos en la declaración suscrita por CiU, PNV y BNG en 1998, el derecho de autodeterminación. No es casualidad que la Diada de 2009 tuviera como lema «Somos una nación. ¡Queremos un Estado!». Por esto resulta sorprendente que los socialistas favorables a reconocer (que en realidad sería «proclamar») la plurinacionalidad de España argumenten que esto resolvería la «incomodidad» de los nacionalistas. Sería más bien al contrario: no sólo obligaría a responder a una pregunta para la cual nunca se ha sabido ofrecer una respuesta (¿cuántas naciones hay en España? A diferencia del caso británico, donde hay cuatro naciones diferenciadas que juntas componen el Reino Unido, en nuestro país no hay una separación clara entre la parte y el todo), sino que además supondría dirimir qué consecuencias prácticas tiene esa declaración.

Lo segundo que conviene señalar es que la plurinacionalidad supone una versión evolucionada de la Premisa. A saber: supone aceptar que existen comunidades en España que, de manera natural y espontánea, no se sienten españolas sino que se sienten otra cosa, y que de tanto en tanto se encuentran «incómodas» con su «encaje». Comunidades con las que, sin embargo, se puede encontrar un punto de equilibrio definitivo basado en cesiones competenciales y reverencias simbólicas a su diferencia. El hecho de que este tipo de acuerdos se haya probado y realizado numerosas veces en los últimos cuarenta años, y que aun así aflore de tanto en tanto la «incomodidad», no sería una indicación de que se trata de una receta equivocada, sino más bien la muestra de que aún no se ha dado con la tecla. Y, sea como sea, el sistema diseñado en el 78 podría acomodar las nuevas fórmulas que se vayan probando, incluso si se requiere una reforma constitucional, siempre que no se imponga una visión centralista de ese mismo sistema. Vemos, por tanto, que aunque el discurso de la plurinacionalidad ganó peso a partir de 2010 su diagnóstico del problema de fondo era deudor de la cultura política de los cuarenta años anteriores.

Algo parecido puede decirse de otro argumento recurrente acerca de la situación en Cataluña: el de la fábrica de independentistas. Según este discurso, el auge del independentismo fue sencillamente una reacción a las políticas recentralizadoras de los Gobiernos del Partido Popular. Nunca se aportó mucha concreción en cuanto a cuáles eran esas medidas recentralizadoras, ni se entró en el terreno sobre el que debería basarse cualquier debate racional: si de verdad se estaban planteando medidas de ese cariz, ¿estaban justificadas? ¿Por qué algo recentralizador era necesariamente algo que redundaría en una peor calidad de vida para el ciudadano, una peor administración de lo público, una peor relación de los votantes con sus instituciones? ¿No tenía más sentido debatir los méritos o deméritos de una medida en cuanto a su efecto sobre los ciudadanos y no cerrar el debate tachándola sencillamente de recentralizadora?

En cualquier caso, también este planteamiento tenía fuentes anteriores al procés , y también aquí se recurría a elementos importantes de la Premisa. Al final, lo que el argumento de la fábrica de independentistas venía a señalar era que el sistema tal y como estaba diseñado funcionaba bien, que podía integrar a los nacionalistas de manera orgánica, que éstos querían ser integrados en ese mismo sistema y que nunca romperían la baraja por iniciativa propia. De alguna manera, se construía una escotilla de escape: si los nacionalistas acababan apostando por la ruptura no sería porque la Premisa hubiera estado equivocada, sino porque la derecha española habría empujado a los nacionalistas fuera del sistema. No se contemplaba la posibilidad de que el ímpetu para las acciones de los nacionalistas pudiese venir de dentro, es decir, de su propia ideología nacionalista y de sus estrategias políticas, que pasaban necesariamente por presentar una imagen de una Cataluña diferenciada de —y en incómoda relación con— el resto de España.

Nada de lo que se ha venido señalando es incompatible con el hecho de que, en los años y los rasgos del procés , hubo fuertes dosis de un nuevo espíritu de los tiempos. Esto es especialmente visible en el peso que las nociones de radicalidad democrática y de un «derecho a decidir» adquirieron en el discurso independentista. La idea de que los catalanes tenían derecho a votar si querían que su territorio siguiera formando parte de España y que la negativa a reconocerles ese derecho era causa suficiente para desear la independencia se convirtió a partir de 2012 en una de las puntas de lanza del argumentario independentista. Este derecho se defendía tanto con argumentos nacionalistas como con argumentos decisionistas : dado que una mayoría de catalanes estaba a favor de que se celebrase un referéndum de autodeterminación —así lo indicaron numerosas encuestas realizadas a lo largo de todo el procés —, tenía automáticamente el derecho a celebrarlo pese a su inconstitucionalidad. 65 Aquél también fue el punto de confluencia del independentismo con un aliado importante: la nueva izquierda surgida de la crisis de 2008. Si en la Premisa había mucho del optimismo del «fin de la Historia», en la reivindicación del derecho a decidir también había mucho de la revuelta general contra el «fin de la Historia». Buena parte del discurso del separatismo se basaba, precisamente, en la superación de una fase histórica. El catalanismo, entendido como un nacionalismo tibio que no buscaba la ruptura total con el Estado español, se había agotado: era el momento de pasar a la definitiva emancipación de la nación catalana. La herencia política del proyecto pujolista implicaba, en cierta manera, poner fin al propio proyecto pujolista: ya se había tenido paciencia, ahora tocaba la independencia. Por otra parte, la cristalización del movimiento también mostró claros rasgos de época. Nunca sabremos lo que habría sido un procés sin teléfonos inteligentes, sin selfies y sin redes sociales, pero sí sabemos que estos dispositivos y maneras de comunicarse desempeñaron un papel importante en el procés que realmente ocurrió. Por último, varios comentaristas han encontrado útiles los conceptos de populismo y de posverdad para explicar algunos de los comportamientos del movimiento independentista y, en especial, el perpetuum mobile viralizable de sus materiales y su argumentario. 66

En un plano más amplio, el eslogan «Queremos votar» se adaptaba perfectamente a una sociedad que se había acostumbrado a la personalización del consumo. Es sintomático que buena parte del procés siguiera las líneas marcadas por el publicista David Madí en su libro Democràcia a sang freda (Democracia a sangre fría , 2007), en el que reivindicaba la eficacia de la publicidad para lograr el objetivo independentista y recomendaba estrategias de bajo coste (cubrir ventanales con banderas independentistas, por ejemplo). 67 Pero no se trataba únicamente de vender el independentismo con modernas técnicas de mercado, sino de algo más profundo: indicar que se podía actuar sobre la comunidad política a la manera de un consumidor de la segunda década del siglo XXI . Si uno podía personalizar su lista de Spotify, si podía elegir cuántos episodios ver cada noche de entre centenares de series posibles, si podía elegir a sus amigos (y enemigos) en las redes sociales y moldear la imagen de sí mismo que proyectaba a los demás, si podía votar qué concursante debía salir de su reality favorito, si podía optar entre veinte tipos de galleta distintos en varias cadenas de supermercados diferentes, si recibía varios mensajes al día de diferentes servicios pidiéndole evaluar su experiencia con sus productos, ¿por qué no iba a poder personalizar su comunidad política? En todos los casos, el punto de referencia era el mismo: el usuario, y no quienes se podían ver afectados por sus preferencias. Esto ayuda a explicar —creo— la habitual incapacidad del independentismo para comprender que ese derecho a decidir afectaba también a aquéllos a quienes se excluía del proceso de la toma de decisiones. Pero también aquí se unía lo nuevo con lo viejo. La exaltación decisionista se fusionaba con la creencia de que Cataluña era un ente separado de España, y en el que todo el mundo sería más o menos nacionalista. Esta mezcla era la que volvía sencillamente incomprensible que las decisiones de los separatistas pudieran afectar a otros, empezando por los catalanes no independentistas y siguiendo por todas aquellas personas en el resto de España que no querían ser declaradas extranjeros en una parte del país. Aquella incomprensión resultaría decisiva en el devenir de 2017.

Éste es otro de los aspectos en el que resultan útiles las comparaciones entre el procés y el Brexit. También en el caso británico había mucho del «espíritu de los tiempos» en el sentido de una pulsión de ruptura y un posibilismo decisionista. Y también latía el atractivo de recuperar el control por parte de los ciudadanos ante las estructuras que los gobernaban. Pero había igualmente algo más profundo: la apelación al tradicional recelo contra Europa por parte de la cultura británica. La sospecha hacia el «continente» ha sido una parte central del pensamiento y la historia oficiales de los británicos. Esto se puede verificar tanto en la literatura 68 como en la historiografía que celebra la resistencia contra sucesivos intentos de conquista por parte de tiranos de la otra orilla del Canal de la Mancha. Además, buena parte de las élites británicas dedicaron décadas a alimentar una sensación de diferencia y agravio frente a Bruselas semejante a la que buena parte de las élites catalanas alimentaron durante décadas hacia Madrid. El descrédito de los prescriptores tradicionales o el manejo especialmente sagaz de ciertos algoritmos en la campaña a favor del Brexit pueden explicar por qué ciertos usuarios llegaban a ver ciertos mensajes, pero no explica por qué esos mensajes fueron eficaces, por qué encajaron tan bien con la cultura política en la que los votantes habían sido educados. Esto sólo se puede explicar por un trabajo de décadas, de signo antieuropeísta, que había calado profundamente en sectores importantes de la sociedad británica.

Lo mismo se puede decir de Cataluña tras décadas de hegemonía del nacionalismo. No parece puramente anecdótico que tanto Puigdemont como Boris Johnson ya fuesen periodistas nacionalistas y ya obtuviesen importantes réditos alentando el resentimiento contra un ente lejano y presuntamente expoliador muchos años antes de su desembarco en la primera línea de la política. Como tampoco son anecdóticos los subtextos de ciertos mensajes. El eslogan central de la campaña a favor de la salida británica de la Unión Europea, el célebre «Take back control » (‘Recupera el control’ ), tenía mucho del espíritu de los tiempos en cuanto que ofrecía una mayor capacidad de acción individual. Pero su eficacia se completaba con el antagonista implícito: recupera el control que te han quitado no Londres, no los banqueros, no Westminster, sino «Bruselas», «los europeos». También había un adversario implícito en la campaña a favor del sí en la consulta independentista de 2014, organizada por Artur Mas: «Es normal querer un país normal». De nuevo, la eficacia del eslogan en sí mismo (normalizar el deseo de la autodeterminación, presentar lo excepcional y rupturista como deseable y natural) quedaba complementada por una campaña de décadas: el cultivo de una imagen de España como una anomalía europea, un lastre para la moderna y europeizante Cataluña, una rémora de la que los catalanes debían desprenderse si deseaban ser «normales».

La idea de que buena parte de las semillas del procés se plantaron en los setenta, ochenta, noventa y dos mil tampoco es incompatible con lo tensos que fueron los años 2012-2017 para el nacionalismo. Su evolución hacia el independentismo, y de ahí al unilateralismo, ha supuesto una verdadera trituradora de organizaciones y de carreras políticas. Esto también es una parte relevante de la historia; muestra, por lo pronto, que había algunos dentro del nacionalismo catalán que sí habían creído en la Premisa y que no estaban dispuestos a romper la baraja. El procés produjo, por ejemplo, la ruptura en 2015 de la coalición entre Convergència y Unió; es decir, de la coalición con la que Pujol había construido su hegemonía y con la que Artur Mas había reconquistado la Generalitat en 2010. El longevo y popular dirigente de Unió, Duran i Lleida, fue uno de los varios dirigentes nacionalistas que se bajaron del carro en alguna de las curvas del camino a 2017. Además, el solapamiento de la nueva estrategia rupturista con la revelación de las antiguas corruptelas se llevó por delante tanto a Convergència como a su refundación bajo la égida de Mas, el PDeCAT. La apuesta por crear un frente soberanista con mayoría absoluta en el Parlamento autonómico acabó apeando al propio Mas de la dirección de la Generalitat tras las elecciones de 2015, por exigencia de la izquierda radical e independentista encarnada en la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). El papel de Mas en la organización de la consulta de 2014 también desembocó en su inhabilitación a partir de 2017 para desempeñar cargo público. La imposibilidad de reconciliar las tensiones dentro del independentismo se llevó igualmente por delante a la plataforma Junts pel Sí, ganadora de las elecciones autonómicas de 2015. La apuesta soberanista rompió los hasta entonces fructíferos puentes que habían existido entre los partidos nacionalistas catalanes con los partidos de ámbito nacional, y en concreto la capacidad de CiU y ERC de alcanzar acuerdos con el PSOE y con el PP tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento autonómico. El independentismo también tuvo sonoros gatillazos electorales, sobre todo cuando planteaba unos comicios como «plebiscitarios»: Mas convocó elecciones anticipadas en 2012 confiando en aumentar su mayoría tras apostar por el soberanismo y perdió doce escaños; la plataforma Junts pel Sí esperaba arrasar en las elecciones de 2015 y perdió nueve escaños frente a los que habían tenido CiU y ERC por separado. Finalmente, la aceleración definitiva del procés en 2016-2017 alienó en cuestiones importantes a la marca catalana de Podemos. Si bien ésta continuaría legitimando muchos marcos y propuestas del nacionalismo, no se sumó al carro de la unilateralidad. Puede parecer poco, pero la estrategia unilateral exigía entusiasmo y una mayoría muy amplia para tener alguna opción de funcionar. La pérdida tardía de los comunes, como la pérdida temprana del PSC, resultaron fundamentales para decantar lo que acabaría ocurriendo en 2017.

Sin embargo, esta historia de destrucción es también una formidable historia de adaptación. Nada de lo señalado en el párrafo anterior impidió que, cinco años después de que el presidente de la Generalitat hubiese apostado por celebrar un referéndum de autodeterminación, el presidente de la Generalitat celebrase dicho referéndum y declarase la independencia de Cataluña. El hecho de que se tratara de dos individuos diferentes y de que entremedias hubiesen pasado dos elecciones autonómicas con resultados decepcionantes para el independentismo y una consulta simbólica sobre la independencia dan fe de una huida hacia delante tan atrabiliaria como resistente. Una vez más, la comparación con el Brexit es ilustrativa: la decisión de celebrar un referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la UE embarcó al partido en el Gobierno, los conservadores de David Cameron, en un proceso de fortísima tensión interna, cuatro años plagados de ceses, dimisiones y defecciones. Sin embargo, en ningún momento el partido perdió el Gobierno. Y, en 2020, un primer ministro tory amplió su mayoría y puso fin al proceso que otro primer ministro tory había comenzado en 2016.

¿Y en el otro lado? Aquí, también, los años del procés arrojan un balance complejo. Por una parte, entre 2012 y 2017 se consolidó un discurso contrario al separatismo catalán y cobró cuerpo una resistencia nítida y decidida a los marcos que lo sustentaban. Muchos empezaron a tomarse en serio la posibilidad de que la Premisa pudiera estar equivocada; que, si no se hacía un gran esfuerzo para evitarlo, el nacionalismo catalán rompería el sistema, tal y como sus dirigentes amenazaban con hacer.

Esto ayuda a entender algunas de las transformaciones de la política y la sociedad españolas durante aquellos años. Quizá el más notable es el ascenso de Ciudadanos. Éste no se debió solamente a sus propuestas regeneracionistas en un contexto en el que —con el agravamiento de la crisis económica e institucional— los dos partidos clásicos de izquierda y derecha habían sufrido un importante descrédito. También se debía a la nitidez de su defensa del constitucionalismo en Cataluña y sus críticas a la estulticia con que en Madrid se habían tratado (y se seguían tratando) los excesos de los nacionalistas. Dicho de otra manera: la expansión nacional de Ciudadanos entre 2011 y 2017 se debió a su doble perfil de partido regenerador que, además, plantaba cara al procés . Y el hecho de que este doble perfil apareciese como perfectamente coherente demuestra hasta qué punto muchos españoles entendieron que uno de los aspectos que debía mejorar la democracia española era la oposición a los nacionalismos subestatales. El ideal de ciudadanía expuesto por el partido de Rivera era una herramienta que se podía utilizar tanto contra los mecanismos corruptos del «capitalismo de amiguetes» como contra la retórica nacionalista. Al final, se trataba de una manera de entender la relación del ciudadano con las instituciones y con el resto de su comunidad política. Aunque esto tampoco era novedoso. Ciudadanos aparecía como el heredero de los resistentes al nacionalismo de los años ochenta, noventa y dos mil: buena parte de sus dirigentes y apoyos mediáticos habían estado en el Foro Babel, en la Asociación por la Tolerancia o incluso en el «Manifiesto de los 2.300». Así pues, la expansión de aquel partido era también la de las ideas que éste venía defendiendo desde mucho antes de la crisis.

Dicho esto, también aquí encontramos una historia doble: cambio y resistencia. Porque, para muchos sectores dentro del constitucionalismo, la Premisa se mantuvo intacta incluso durante el periodo 2012-2017. Resulta difícil explicar a un lector que no viviese aquellos años hasta qué punto muchísimas personas, tanto en Cataluña como en el resto de España, seguían convencidas de que los nacionalistas nunca intentarían efectuar una ruptura real. Daba igual lo que dijeran que iban a hacer, sencillamente había una resistencia a pensar que todo aquello en realidad fuese a conducir a algo. Es más, esta fue la actitud del propio Gobierno nacional, encomendado durante estos años a lo que se conoció como la «teoría del suflé». Según esta lectura, la instrumentalización nacionalista de la crisis económica era lo que había hecho aumentar el porcentaje de independentistas catalanes, pero éste volvería a descender en cuanto pasase el tiempo suficiente, la economía se recuperase y los líderes nacionalistas comprendieran, o confesaran, o ya no pudieran esconder más, que su desconexión democrática conducía a un callejón sin salida.

Muchos quisieron ver en esta actitud sencillamente la proyección de la personalidad del presidente del Gobierno. No era exactamente así. Rajoy era propenso a la inacción, o más bien a creer que una buena forma de resolver un problema era ser paciente y dejar que el paso del tiempo limara sus aristas. Pero, para ser justos, la exigencia que desde un comienzo le plantearon los dirigentes de la Generalitat de realizar un referéndum de autodeterminación, y a la cual nunca estuvieron dispuestos a renunciar, habría limitado la capacidad de actuación de cualquier presidente. Ni él podía conceder aquello sin reformar la Constitución, ni existía en España algo parecido a la mayoría social que podría haber sustentado una reforma de ese calado. Y si bien es cierto que la apuesta de los separatistas por seguir adelante debería haberle animado a moverse de manera más ágil para frenarlos, también lo es que Rajoy era un producto muy representativo de la cultura política española de la etapa democrática. Al fin y al cabo, llevaba ocupando cargos públicos desde 1981 y había estado en primera línea de la política nacional desde 1996. Sencillamente, Rajoy creía en la Premisa. También lo hacía la mayor parte de los dirigentes de su partido. Y no eran los únicos. Existe una historia paralela a la del procés , que es la de todos los lugares comunes que se decían y se creían en el resto de España para indicar que los nacionalistas catalanes en realidad no iban tan en serio. Cada nuevo gatillazo electoral, cada nueva revelación en las investigaciones judiciales por corrupción, cada nueva información sobre las tensiones dentro del bloque independentista, cada nueva dimisión o defección entre los políticos que lo conformaban, cada nueva encuesta que mostraba que el independentismo no lograba alcanzar el 50 por ciento de los apoyos, eran recibidas en la prensa y las tertulias nacionales como señal inequívoca de que todo aquello estaba acabando. Casi se daba a entender que, en breve, los independentistas darían una rueda de prensa en la que admitirían que lo del procés había sido un fiasco. Que recogían sus banderas y se volvían a casa. El hecho de que en cada ocasión el independentismo se reafirmase en su ruta hacia la autodeterminación no terminaba de corregir aquella tendencia. Parte de la incredulidad puede achacarse a la magnitud del salto al vacío que planteaba el independentismo. Pero parte también se debía al hábito adquirido durante décadas de creer que el sistema era estable y que ningún Gobierno autonómico intentaría romperlo.

Así se llegó a 2017.

Durante

A principios de 2017 se celebraron dos reuniones relacionadas con Cataluña. La primera fue entre la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente del Gobierno autonómico, Oriol Junqueras. La segunda fue entre sus superiores, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ambas reuniones tenían un mismo objetivo: impedir que la decisión de la Generalitat de celebrar un referéndum de autodeterminación ese mismo año desembocase en un grave choque institucional. El objetivo no se cumplió. El Gobierno central dejó clara su postura de que no podía permitir la celebración de dicho referéndum, y los líderes independentistas dejaron clara su intención de seguir adelante con él. Sin embargo, no pareció cundir la alarma. Sáenz de Santamaría declaró al salir de la reunión que, si bien la negativa al referéndum era firme («no podemos negociar aquello de lo que no podemos disponer. Es una cuestión que decide el conjunto del pueblo español», afirmó), seguían abiertas las líneas de colaboración «para que los ciudadanos de Cataluña tengan los mejores servicios públicos, un buen nivel de sanidad, de servicios sociales, de financiación y de infraestructuras». Junqueras, por su parte, declaró a la prensa que le había trasladado a su interlocutora que debía ser «consciente» de que la consulta se celebraría, y de que la Generalitat «no espera ningún permiso». Añadió que la vicepresidenta había salido del encuentro «convencida de que habrá referéndum en Cataluña», si bien el Gobierno central «hará lo posible para evitarlo».

A finales de 2017 se celebraron unas elecciones autonómicas en Cataluña. Para entonces, la autonomía catalana había sido suspendida después de que Puigdemont y Junqueras hubiesen declarado unilateralmente la independencia. La celebración del referéndum había estado marcada por serias irregularidades y también por intervenciones policiales. Ningún organismo había avalado aquella votación y ningún país había reconocido la posterior declaración de independencia. El ya expresidente de la Generalitat había huido de la justicia y su exvicepresidente había sido encarcelado. El resto de su Gobierno y varios dirigentes implicados en la declaración de independencia también estaban fugados o detenidos. Las elecciones autonómicas, convocadas por el Gobierno central tras la activación del artículo 155 de la Constitución —que permitía suspender el régimen de autogobierno en caso de incumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte de las autoridades de una comunidad autónoma—, arrojaron un resultado complejo, hasta paradójico. Las candidaturas separatistas volvían a tener mayoría de escaños, aunque no de votos, y Ciudadanos se convertía en la fuerza más votada de toda Cataluña. Tanto las instituciones como la opinión pública estaban enormemente movilizadas.

Entre las reuniones que abrieron el año y las elecciones que lo cerraron habían pasado muchas cosas. Pero lo cierto es que todo había sido anunciado con antelación. Todo había estado en aquellas reuniones de principios de año. Quizá lo más chocante de los acontecimientos de 2017 sea, precisamente, que provocaran tanta sorpresa.

Ni siquiera ahora, cuando ya han transcurrido varios años de todo aquello, resulta fácil sacar conclusiones tajantes sobre 2017. Casi podemos aplicar a ese año la sentencia de Marx sobre la modernidad: «Todo parece llevar en su seno su propia contradicción». La respuesta de las instituciones centrales, por ejemplo, tuvo elementos chapuceros y reprobables, pero también momentos de gran lucidez. La estrategia de las élites independentistas fue desbaratada de un plumazo, pero dichas élites retuvieron su apoyo social y renovaron rápidamente su discurso (pasando de «queremos votar» a «libertad para los presos políticos»). Hubo sectores de la sociedad civil que acudieron a votar en el referéndum del 1 de octubre y apoyaron a los separatistas dos meses después. Hubo otros sectores que participaron en las manifestaciones constitucionalistas del 8 y el 29 de octubre y mantuvieron con firmeza la oposición al nacionalismo. Hubo, además, otros sectores que acudieron a las manifestaciones de la plataforma Parlem? / ¿Hablamos? e insistieron en que todo aquello se resolvía con diálogo.

Sin embargo, sí hay dos cosas que podemos decir con seguridad. La primera es que 2017 supuso una enorme crisis a todos los niveles, desde las estructuras y los principios del Estado hasta la microexperiencia social —sobre todo en Cataluña, pero no sólo ahí—. Hubo momentos de gran angustia y también de una enorme sensación de fragilidad. Esto es algo que suele destacar el independentismo, especialmente a raíz de las actuaciones policiales del 1 de octubre. Pero fue una sensación transversal, compartida también por los constitucionalistas, y no sólo dentro de Cataluña. Sirva de ejemplo el resumen de Rafa Latorre:

En los días que el independentismo consumó el golpe a la democracia hubo mucho miedo. Y muchos miedos. Terrores de naturaleza muy diferente. Estaba el miedo de los ciudadanos a que los despojasen de las garantías democráticas, el miedo del Gobierno a que algún maldito hecho aislado desencadenase un enfrentamiento civil, miedo a una fuerza armada de 17.000 hombres, miedo a la fuerza arrolladora del victimismo, miedo a que Cataluña se instalase en una ingobernable doble legitimidad. 1

Lo segundo que podemos afirmar es que, tras la declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la Premisa, aquel elemento de la cultura política de los cuarenta años anteriores que explicaba en gran medida cómo se había llegado hasta ahí, parecía haberse evaporado para siempre. Ya nunca se viviría en una España democrática —ni autonómica— en la que los nacionalistas no hubiesen intentado imponer una secesión unilateral.

Como se señaló en la Introducción, este libro no pretende ser una crónica exhaustiva de lo acontecido en 2017 sino más bien una reflexión sobre aquella crisis. Sin embargo, será útil que repasemos los principales hitos de aquel año. Hagámoslo a la manera cronológica y periodística: just the facts (‘sólo los hechos’).

El 11 de enero se produjo la última reunión de Puigdemont y Rajoy. 2 El presidente del Gobierno reiteró la imposibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, y el de la Generalitat reiteró su disposición a seguir adelante con el mismo.

En el mes de marzo, la Generalitat anunció su intención de comprar urnas y sobres. El 24 de marzo, la Fiscalía abrió una investigación para determinar si lo que se estaba preparando con aquellas partidas de dinero público era un referéndum encubierto.

El 21 abril, todos los integrantes del Gobierno de la Generalitat firmaron un compromiso para «organizar, convocar y celebrar» un referéndum, en el marco legal que fuera.

El 9 de junio, Puigdemont anunció pública y formalmente la celebración del referéndum. La fecha sería el 1 de octubre, y ésta la pregunta: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?».

El 17 de agosto una célula yihadista llevó a cabo un atentado en Barcelona y la localidad cercana de Cambrils (Tarragona). En total murieron quince personas (incluyendo dos niños de tres y siete años) y hubo más de un centenar de heridos. En el resto de España se produjo una expresión masiva de solidaridad y numerosas concentraciones de apoyo a las víctimas y repulsa a los atentados (incluyendo una en la Puerta del Sol de Madrid y otra en la puerta del ayuntamiento de la misma ciudad).

El 26 de agosto se produjo una manifestación en Barcelona en apoyo a las víctimas del atentado, en la que participaron representantes de todas las instituciones, incluyendo el presidente del Gobierno, presidentes de comunidades autónomas como Madrid y Galicia, y el rey Felipe VI; fue la primera vez que un monarca español participaba en una manifestación. Numerosos asistentes desplegaron pancartas y corearon consignas contra el Rey, y la manifestación estuvo sembrada de banderas independentistas. También hubo una importante polémica acerca de los avisos que habría tenido la policía autonómica respecto a las posibilidades de un atentado, el intercambio de información entre Policía Nacional y regional y la relación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con los terroristas. 3

El 6 y 7 de septiembre se aprobaron en el Parlamento autonómico catalán las conocidas como «leyes de desconexión». Éstas incluían la ley que regulaba el referéndum y que obligaba legalmente a la Generalitat a declarar la independencia de España en caso de que hubiese más votos afirmativos que negativos. También se aprobó la ley de transitoriedad jurídica, que regularía el paso de la legalidad constitucional española al proceso constituyente de la nueva república catalana tras la declaración de independencia. Aquello sucedió en dos sesiones broncas y maratonianas en el Parlamento autonómico, que tuvieron un amplio eco en el resto de España. La oposición —Ciudadanos, PSC, PP y en menor medida la rama local de Podemos— intentó impedir la aprobación de aquellas leyes por considerarlas inconstitucionales y antiestatutarias; la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, vulneró en distintas ocasiones los derechos de sus grupos y las propias reglas del Parlamento. También los letrados de la institución y el Consejo de Garantías Estatutarias se pronunciaron en contra de dichas leyes. La mayoría independentista en la Cámara las aprobó igualmente, aunque con una mayoría que no habría bastado para, por ejemplo, una modificación del Estatuto. La Cámara quedó medio vacía durante la votación, al marcharse los grupos no independentistas. Los diputados del PP dejaron sobre sus escaños banderas españolas junto a senyeras . Mientras abandonaba la Cámara, una diputada de Podemos retiró las españolas.

El 7 de septiembre el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la recién aprobada convocatoria del referéndum. Pese a ello, el 14 de septiembre los políticos independentistas iniciaron la campaña oficial de la consulta, con un desafiante mitin en Tarragona en el que participaron Puigdemont, Junqueras, Marta Pascal y otros altos cargos. Algunos de ellos invitaron a cantar: «¿Dónde están las papeletas, las papeletas dónde están?».

Durante todo el mes de septiembre, la Guardia Civil intervino en talleres, imprentas y sedes de organismos oficiales para requisar material relacionado con el referéndum, desde carteles publicitarios hasta papeletas. Hacían esto siguiendo las órdenes de aquellas instancias del Poder Judicial que buscaban impedir la celebración del referéndum —y que, a su vez, cumplían el mandato que emanaba de la suspensión de la consulta—. También se notificó a los medios de comunicación que no podían emitir publicidad del referéndum, y a Correos que no podía participar en envíos relacionados con el mismo.

El 20 de septiembre, y siguiendo las instrucciones de la Fiscalía General del Estado, fueron detenidas catorce personas, algunas de ellas altos cargos de los partidos independentistas, por su presunta implicación en la organización de la consulta. Ese mismo día también se registraron distintos edificios de la Generalitat. Durante el registro de la Consejería de Economía varios miles de manifestantes se fueron reuniendo fuera del edificio, animados por distintas organizaciones independentistas, hasta llegar a ser unos cuarenta mil. Los manifestantes destrozaron los vehículos policiales e impidieron durante horas la salida de los agentes y de la secretaria judicial, quien finalmente tuvo que huir por la azotea. El papel desempeñado por la policía autonómica y los dirigentes de Òmnium Cultural y de la Assemblea Nacional Catalana en aquel episodio se convertiría en un importante foco de debate, tanto entonces como en posteriores procesos judiciales.

El 22 de septiembre se inició el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, enviando a diez mil efectivos adicionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Tuvo mucho eco el que se les alojara en dos cruceros, uno de ellos decorado con conocidos personajes de dibujos animados.

Ese mismo día el Gobierno de la Generalitat desconvocó la Sindicatura Electoral y fio la validez de los resultados del referéndum al trabajo de observadores internacionales. Cinco días después, la Comisión de Venecia reiteró explícitamente lo que ya había señalado en ocasiones anteriores: que aquel referéndum no cumplía con ninguna de las garantías contempladas en sus códigos y que, por tanto, se desvinculaba por completo de su celebración y de la validación de sus resultados.

El 29 de septiembre, a dos días de la celebración del referéndum, numerosos colegios de toda Cataluña iniciaron programas de actividades que durarían todo el fin de semana, con el fin de mantener a padres, niños y profesores dentro de los centros y evitar así su cierre el día de la votación. 4

El 1 de octubre se intentó celebrar el referéndum de autodeterminación. Pese a la orden que tenía la policía autonómica de precintar los colegios electorales para impedir la votación o desalojarlos directamente, cerca de dos mil abrieron y celebraron la consulta. Participaron unos dos millones de votantes (alrededor del 40 por ciento del censo), aunque las numerosas irregularidades del día de la votación dificultan un recuento fiable. Lo mismo sucede con el porcentaje de votos favorables a la independencia, pero el hecho de que los catalanes no independentistas hubiesen llamado a no participar en aquel referéndum da verosimilitud a la cifra de un 90 por ciento de síes aportada por la Generalitat. Las reglas del referéndum se cambiaron menos de una hora antes de la apertura de los colegios, con la declaración del censo universal y la aceptación de papeletas impresas en casa y votos sin sobre. Varios periodistas demostraron ese mismo día que era posible votar varias veces en distintos colegios. Además, y según las cifras del Ministerio del Interior, se produjeron intervenciones y cargas de la policía y la Guardia Civil en 113 colegios, de los cuales 92 cerraron (la policía autonómica cerró otro centenar durante la jornada; en los días anteriores había precintado otros 400). Distintos testimonios señalan que, al conocerse que se estaban produciendo cargas policiales, varios líderes independentistas pidieron a Puigdemont que pusiera fin a la votación; tras una reunión a mediodía con su núcleo más cercano, el presidente decidió seguir adelante con todo. Centenares de votantes y activistas fueron atendidos por los servicios de emergencias médicas; cuatro requirieron hospitalización, dos de ellos considerados graves. Varios centenares de agentes de la policía y la Guardia Civil resultaron heridos y treinta y nueve requirieron atención médica inmediata. La misión de observadores internacionales elegida por la propia Generalitat concluyó que el referéndum no podía tener validez por las circunstancias de su desarrollo. La jornada fue seguida con enorme interés; abrió telediarios no sólo en España sino también en otros países, que difundieron los vídeos de las acciones policiales.

El 3 de octubre el rey Felipe VI emitió un mensaje televisado a toda la ciudadanía, en el que condenaba la senda ilegal elegida por los líderes independentistas y la deslealtad continuada de las autoridades autonómicas en Cataluña. Reafirmó su compromiso con la Constitución y la legalidad vigente, recordó que su deber (y el de todas las autoridades del Estado) era hacerlas cumplir, y señaló que los catalanes consternados por la deriva de sus gobernantes regionales «no están solos».

Ese mismo día se produjeron una huelga y numerosas concentraciones en Cataluña en protesta por las actuaciones policiales durante el referéndum. Los sindicatos UGT y CC.OO. no participaron como convocantes en la huelga, pero sí en las acciones denominadas como «paro de país», y se sumaron al discurso justificativo de las mismas. Durante la jornada se produjeron numerosos cortes de carreteras e infraestructuras. Varios de éstos fueron organizados por integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR), que eran generalmente reconversiones de los anteriores Comités de Defensa del Referéndum.

El 4 de octubre comenzó la fuga de empresas de Cataluña, motivada por la incertidumbre reinante y la posibilidad de que las instituciones autonómicas declarasen la independencia. La primera fue Oryzon, seguida al día siguiente por las dos principales entidades financieras catalanas, CaixaBank y Banco Sabadell, que anunciaron que cambiaban su sede social a la Comunidad Valenciana. Siguieron muchas más: según el Colegio de Registradores, durante el último trimestre de 2017 un total de 3.208 empresas solicitaron el traslado de ubicación de su domicilio social de Cataluña a otra comunidad. En el mismo periodo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria contabilizó también el traslado de más de mil empresas de su sede fiscal de Cataluña a otra comunidad autónoma.

El 7 de octubre se produjeron movilizaciones convocadas por el colectivo de reciente creación Parlem? / ¿Hablamos? Pedían la solución de la situación catalana mediante el diálogo entre el Gobierno central y el autonómico, y animaban a manifestarse con banderas y ropa de color blanco. Pese a gozar de una difusión considerable, la iniciativa reunió a unas cinco mil personas en Barcelona, mil quinientas en Madrid y a varios centenares más en distintas plazas del resto de España. Ese mismo día, una concentración en la madrileña plaza de Colón, convocada por la Fundación en Defensa de la Nación Española, reunió a unos cincuenta mil manifestantes con banderas rojigualdas.

El 8 de octubre se produjo una manifestación constitucionalista en Barcelona, convocada por Sociedad Civil Catalana para expresar el rechazo a la deriva de la Generalitat y a cualquier diálogo que no pasase primero por el restablecimiento de la legalidad. Fue un gran éxito de convocatoria: unos cuatrocientos mil manifestantes según la policía y cerca de un millón según los organizadores llenaron el centro de Barcelona de banderas rojigualdas y senyeras . Tras la marcha leyeron un manifiesto en favor de la Constitución y la unidad de España el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el expresidente del Parlamento europeo Josep Borrell. Estuvieron muchos dirigentes de primera fila de Ciudadanos y del PP; también el PSC animó a última hora a sus simpatizantes a asistir y estuvo representado por su número dos, Salvador Illa.

El 10 de octubre, y en una solemne declaración institucional, Puigdemont expresó que asumía el mandato del referéndum de proclamar la independencia de Cataluña. Ocho segundos después —y como parte del mismo discurso— afirmó que suspendía la proclamación de independencia en aras de un diálogo con el Gobierno central. Éste hizo un requerimiento al día siguiente a Puigdemont para que aclarase si efectivamente había declarado la independencia. También ofreció revisar la situación de Cataluña en España y reformar si fuese necesario la Constitución (aunque se entendía que esto era sin abrir la puerta a referéndums de autodeterminación). El requerimiento del Gobierno constaba de dos plazos límite: uno hasta el 16 de octubre, en el que Puigdemont debería aclarar con un simple sí o no si había declarado la independencia de Cataluña, y otro plazo de tres días más para rectificar en caso de que no respondiese al requerimiento o la respuesta fuese afirmativa. Eran dos opciones para impedir que el Gobierno solicitase al Senado aplicar el artículo 155 de la Constitución. La Generalitat respondió de forma ambigua al primer plazo y, en el curso del segundo, avisó de que el Parlamento votaría la independencia en caso de aplicarse el artículo 155.

El 20 de octubre, distintas organizaciones separatistas llamaron a sus simpatizantes a realizar retiradas de efectivo en cajeros de toda Cataluña. Sería un castigo a aquellos bancos que habían trasladado su sede y también una manera de presionar al sistema financiero global para que se sintiese interpelado por la situación catalana. En algunos cajeros esta iniciativa reunió colas de una decena de personas. El sistema financiero global no se vio afectado.

El mismo 20 de octubre, una encuesta realizada por GESOP y publicada en El Periódico de Catalunya mostraba que el 68,6 por ciento de los catalanes estaba a favor de celebrar nuevas elecciones para intentar resolver la situación. En una pregunta posterior, sólo el 29 por ciento se mostraba partidario de que Puigdemont declarase la independencia de forma inmediata (las otras opciones eran «renunciar a la declaración unilateral de independencia y negociar con el Estado», apoyada por el 24,8 por ciento, y «convocar elecciones para evitar la suspensión de la autonomía», apoyada por un 36,5 por ciento; el 9,5 por ciento restante entraba en el NS/NC). La misma encuesta también halló que el 55,6 por ciento de los catalanes no creían que el 1-O legitimase al Parlamento autonómico para declarar la independencia, y que sólo el 36 por ciento deseaba que el procés finalizase con la independencia de Cataluña.

El 21 de octubre el Gobierno central inició los trámites para la aplicación del artículo 155, que debía ser votado en el Senado.

El 26 de octubre se produjeron frenéticas negociaciones entre Gobierno y Generalitat por medio de distintos intermediarios. En algunos momentos pareció cercana la disolución del Parlamento regional por parte de Puigdemont y la convocatoria de elecciones autonómicas. Pero las negociaciones resultaron infructuosas y Puigdemont decidió seguir adelante.

El 27 de octubre el Parlamento catalán votó y aprobó la declaración unilateral de independencia con base en los resultados del referéndum del 1-O y las disposiciones de la Ley del Referéndum. Curiosamente, no se arrió la bandera española que ondeaba en el balcón del propio palacio de la Generalitat.

Ese mismo día, el Senado aprobó la intervención de la autonomía con el voto favorable de senadores del Partido Popular y del PSOE (aunque uno de ellos, el expresidente autonómico Montilla, eligió ausentarse de la sesión). Poco después, en una rueda de prensa, Mariano Rajoy anunció que bajo el amparo del artículo 155 cesaba al Gobierno catalán en pleno, cuyas funciones eran asumidas temporalmente por el Ejecutivo central y por el delegado del Gobierno en Cataluña. También anunció la convocatoria de elecciones autonómicas, que se debían celebrar dos meses después.

El 29 de octubre se produjo una nueva y masiva manifestación constitucionalista en Barcelona, con un número de asistentes parecido al de la celebrada unas semanas antes, y en explícito rechazo al intento de secesión consumado por las instituciones autonómicas. De nuevo estuvo convocada por Sociedad Civil Catalana, de nuevo estuvieron presentes la plana mayor de Ciudadanos y el PP catalán, y en esta ocasión sí participó el líder del PSC, Miquel Iceta.

También el 29 de octubre, Puigdemont abandonó de incógnito su domicilio para cruzar la frontera francesa en coche y dirigirse a Marsella, donde cogió un avión con destino a Bruselas. A mediodía del lunes 30 de octubre saltó la noticia de que se encontraba en la capital comunitaria. En ese momento estaba reunida la ejecutiva de su partido, el PDeCAT, que no sabía nada de los planes de su líder de abandonar España. Tampoco lo sabían en ERC, cuya ejecutiva se encontraba igualmente reunida aquella mañana. Pronto se supo que siete consejeros autonómicos también estaban en Bruselas.

El 30 de octubre, el ya exconsejero de Territorio, Josep Rull, acudió a su despacho de la consejería. Se hizo fotografiar delante del ordenador y subió la imagen a las redes, declarando que seguía trabajando con total normalidad. Minutos después unos agentes de la policía autonómica acudieron a pedirle que se marchase, puesto que estaba incurriendo en un delito de usurpación de funciones. Rull se marchó de buenos modos. Éste fue el principal ejercicio de resistencia por parte de los dirigentes secesionistas a la intervención de la autonomía.

El 2 de noviembre, y siguiendo la petición de la querella formulada por la Fiscalía General del Estado, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó prisión provisional para aquellos dirigentes que habían impulsado la declaración unilateral de independencia y que aún permanecían en España, incluido Junqueras. También cursó una euroorden para que fueran entregados a España los cinco dirigentes huidos a Bélgica, incluido Puigdemont. El 5 de noviembre, estos dirigentes se presentaron en Bruselas ante un juez, que decidió ponerlos en libertad con medidas cautelares. Casi un mes después, el juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena puso en libertad con medidas cautelares a todos los dirigentes secesionistas en prisión preventiva, exceptuando a Junqueras y al exconseller de Interior, Joaquim Forn.

El 21 de diciembre se celebraron las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno central. La participación alcanzó el 79 por ciento del censo, la más alta de la etapa democrática. El bloque independentista volvió a sumar mayoría en escaños (70 frente a 65) y el bloque no independentista volvió a sumar mayoría de votos (casi ciento cincuenta mil más que el bloque contrario). Contra todo pronóstico, la candidatura de la mutante Convergència encabezada por el huido Puigdemont (Junts per Catalunya) consiguió la mayoría dentro del bloque independentista, superando a la ERC del encarcelado Junqueras. Esto garantizaba que en un posible Gobierno de coalición mantendrían la presidencia de la Generalitat. También fue llamativo el resultado dentro del bloque constitucionalista: Ciudadanos se convirtió en el partido más votado de toda Cataluña y con mayor representación en la Cámara autonómica (más de un millón de votos y 36 diputados), mientras que el PSC se quedaba muy por detrás (17 escaños), la rama local de Podemos se desinflaba y el PP se hundía. La lectura de lo ocurrido era compleja; el futuro, una incógnita.

Por extenso que haya parecido el recuento anterior, en aquel 2017 aún pasaron otras cosas sobre las que conviene detenerse. En parte porque explican lo excepcional que fue aquella crisis, y en parte también porque ayudan a entender lo ocurrido tanto entonces como en los años posteriores.

En primer lugar, se produjo una sorprendente convergencia entre la izquierda y la derecha, o entre personas, medios y formaciones que en otros tiempos se habían considerado adversarios naturales. Para los independentistas, o para la izquierda más cercana a sus argumentos, esta unión se basaba únicamente en un compartido españolismo o nacionalismo español (con algo del régimen del 78). Se trata de un análisis tan incompleto como poco atento a lo que se decía y publicaba en aquellos años. Si dicha convergencia recibió el nombre de «constitucionalismo» es porque esta palabra resumía bien el nexo que la sostenía. A saber: la convicción de que el independentismo había cruzado líneas rojas esenciales en un Estado de derecho democrático, y que éste, con todas sus imperfecciones, era un bien en sí mismo que la mayor parte de la derecha y de la izquierda deseaban preservar. También existía un rechazo compartido a muchos rasgos del proyecto separatista, como su ingrediente etnicista o nativista, su continua ofuscación de la realidad social y política de Cataluña y del resto de España, el oportunismo demagógico de sus élites dirigentes y la evidencia de que intentaban implementar un proyecto que no estaba amparado ni por la legalidad nacional ni por la internacional. Un proyecto que, además, nunca había conseguido el apoyo de más del 48 por ciento de los catalanes —al menos no en una votación de verdad—. Como ejemplo de esta convergencia y de sus razones podemos citar cuatro libros colectivos publicados durante estos años: Cataluña: el mito de la secesión (2014); Escucha, Cataluña; escucha, España (2017); Anatomía del procés (2018) y La España de Abel (2018). En todos ellos era posible encontrar autores que o militaban o se consideraban cercanos a Ciudadanos, PSOE y PP —incluso algunos, también, a la antigua CiU y a Podemos—, y en todos ellos afloraba un rechazo más o menos explícito al proyecto secesionista, así como una voluntad de continuar con ese proyecto compartido llamado España. 5

Esta convergencia entre izquierda y derecha no fue obra exclusivamente de 2017. Se había ido forjando a lo largo del procés , y estaba ligada a las nuevas coordenadas de la política tras el 15-M. Es posible que la convergencia se hubiera producido igualmente sin el 15-M, pero el cuestionamiento de los pilares sobre los que se había asentado el sistema hasta entonces, al igual que la introducción del eje viejo/nuevo en lugar de izquierda/derecha, permitieron encuentros insólitos, sobre todo en el plano generacional. Las bases para estos encuentros eran el rechazo a la corrupción, a la mediocridad, a los hábitos de los partidos tradicionales y a algunas líneas del modelo económico de los años anteriores. Pero también lo fue el rechazo de lo que estaba sucediendo en Cataluña —al fin y al cabo, las revelaciones sobre la corrupción de Pujol y de CiU, expuestas en 2014, incluían al pujolismo en ese sistema corrupto que se estaba rechazando— o de la solución que el nacionalismo catalán pretendía dar a la crisis económica e institucional. Aquello no fue unánime. Algunos sectores vinculados al 15-M se convirtieron en los aliados más fervientes del derecho a decidir y otros marcos del procés . Pero no fueron todos, ni siquiera entre la izquierda más receptiva al discurso regeneracionista. Además, la huida hacia delante emprendida en 2015 hizo que Puigdemont y Junqueras perdiesen posibles apoyos incluso entre aquella izquierda inicialmente proclive a creer que la culpa era del PP y que Rajoy era una «fábrica de independentistas».

La impresión personal siempre es limitada y falible, pero en mi experiencia, y como alguien que se había marchado de España durante la segunda legislatura de Aznar y había regresado en la primera de Rajoy, el cambio en la esfera pública española era realmente notable. Uno se encontraba de pronto con columnistas de El Mundo que recomendaban artículos de El País , y viceversa, en las redes sociales. O con votantes de Podemos y de Ciudadanos que escribían en los mismos blogs e intervenían en los mismos actos. O descubría a nuevos prescriptores cuyo voto no estaba claro. Muchos testimonios de aquellos años en Cataluña hablan de vínculos personales rotos por el procés y, sin duda, ésta es una parte fundamental de lo que pasó en aquel tiempo —así como una muestra de lo que fue aquel proyecto—. Pero conviene completar esa historia con las convergencias y las nuevas relaciones que aquel largo choque permitió, también en el resto de España. Mi mejor amigo y yo, que llevamos discutiendo de política desde 1998 —la primera vez que una profesora nos sentó juntos en clase—, de pronto descubrimos que, en al menos un tema, estábamos profundamente de acuerdo. Parafraseando a Lope de Vega: esto era cambio, quien lo probó lo sabe. Y si regresamos de la anécdota a la historia, aquel clima permite entender que la aplicación del artículo 155 se produjera con los votos a favor tanto de las dos formaciones clásicas (PP y PSOE) como del nuevo partido explícitamente regeneracionista que hacia finales de 2017 había logrado alcanzarlos en intención de voto (Ciudadanos). El otro partido nuevo, Podemos, se posicionó en contra de la aplicación del 155. Su intención de voto, que ya iba a la baja desde las elecciones de 2016, continuaría descendiendo.

Otro aspecto notable de la crisis de 2017 fue la implicación de la sociedad civil en la causa constitucionalista. Es conocido que el independentismo se apoyaba en un movimiento asociativo fuerte y dinámico. Un movimiento en el que los colectivos de base y los representantes institucionales llegaron a ser casi indistinguibles, como muestra la presencia de los líderes de Òmnium Cultural o de la Assemblea Nacional Catalana en muchas reuniones de aquella crisis; o su salto a las listas de partidos o instituciones (recordemos el paso de Carme Forcadell de liderar la ANC a presidir el Parlamento autonómico). Esto ha dado pie a un rico debate acerca de si se trataba de dinámicas bottom-up o top-down ; es decir, si la presión iba de las bases a las élites o de las élites a las bases. Los independentistas siempre señalaron que se trataba de lo primero y reivindicaron el ejemplo de las movilizaciones masivas que se produjeron durante el procés . La política de subvenciones a las asociaciones independentistas, la implicación de las instituciones en la agitación (la Consejería de Educación, por ejemplo, fue fundamental en la puesta a disposición de la organización del 1-O de los colegios públicos), así como el dirigismo discursivo impuesto desde los medios de comunicación públicos, arrojan una luz mucho más matizada.

En cualquier caso, lo que me interesa destacar aquí es la implicación de la sociedad civil y de la opinión pública en la causa contraria. Esto es algo que suelen dejar de lado los análisis que se centran en un choque entre «los catalanes» (que en realidad sería «los catalanes independentistas») y «el Estado español». Junto a ese Estado, y a menudo empujándolo y criticando su forma de actuar (o de no actuar), había un formidable cuerpo de opinión que se fue vertebrando organizativamente a medida que avanzaba la crisis. Hubo una implicación especialmente robusta por parte de la prensa para rebatir los argumentos del independentismo y para criticar tanto la ruta secesionista como la respuesta institucional. A partir del 6 y 7 de septiembre, sobre todo, la lectura de artículos o la escucha de editoriales radiofónicos y tertulias parecía revestir una especial urgencia. La situación recordaba a la que se ha descrito con relación a 1975-1976, cuando, en los momentos más inciertos de la Transición, la prensa actuó como una suerte de «Parlamento de papel», una brújula que podía combinar la pluralidad de planteamientos con la defensa de objetivos compartidos —en aquel caso, el tránsito a la democracia; en éste, la oposición al proyecto secesionista—. También aquí se hacía necesario explicar los conceptos, los datos e incluso el vocabulario político desde el que se disputaban las premisas separatistas. Se popularizaron cifras como las del contraste entre el apoyo a la Carta Magna en Cataluña durante el referéndum constitucional (68 por ciento de participación, con 92 por ciento de síes) y el apoyo sobre el que el independentismo pretendía sustentar la secesión (48 por ciento de votos en las últimas elecciones autonómicas; 38 por ciento del censo que habría votado sí en el referéndum del 1-O). Y en los momentos más críticos del procés empezaron a aparecer banderas rojigualdas en todo tipo de barrios y en ciudades de toda España. Estaba claro que aquella crisis interpelaba a la opinión pública de una manera distinta a como lo habían hecho episodios anteriores de la etapa democrática.

También fue creciendo —de forma tan improvisada como apresurada— un entramado asociativo al margen de las instituciones. Ya se habló en el capítulo anterior de los precedentes de la Asociación por la Tolerancia y el Foro Babel, y de la aparición durante el procés de Sociedad Civil Catalana, convocante de la crucial manifestación del 8-O e impulsora de numerosas actividades para visibilizar el constitucionalismo catalán. Pero, además, hubo muchas iniciativas en el resto de España, más modestas aunque igual de sintomáticas. Una de ellas fue la plataforma Voices from Spain (Voces desde España), creada y coordinada por la arquitecta Elena Alfaro y la traductora Verónica Puertollano, que se dedicó a traducir informes y artículos en español de carácter constitucionalista y a difundirlos en la web y las redes sociales. El fin era contrarrestar la hegemonía del relato independentista en el extranjero. 6 Entre septiembre de 2017 y principios de 2019 las coordinadoras reunieron un equipo de unas veinticinco personas que tradujeron varios centenares de textos al inglés, francés, italiano y alemán. En los primeros meses de la iniciativa, Alfaro repasaba cada día de 6 a 8 de la mañana la prensa nacional en busca de textos constitucionalistas que interesara traducir; después solicitaba autorización y buscaba a un colaborador para realizarla. Todo el trabajo se hacía de forma gratuita. En un momento dado, las coordinadoras recibieron un ofrecimiento de apoyo público y lo rechazaron para mantener su independencia. En el punto álgido, Voices from Spain traducía y publicaba dos textos por día, que luego se difundían por diversos foros. Tanto los textos elegidos como el propio equipo eran de una notable transversalidad ideológica, pero solían compartir un punto de partida: España era una democracia avanzada (y no la cuasi dictadura pintada por el independentismo), y la lucha contra el secesionismo era parte de una lucha mayor por los valores del Estado de derecho y en contra de la posverdad.

Otra iniciativa notable fue el Foro de Profesores, plataforma que buscó aglutinar a investigadores y profesores universitarios para la promoción de manifiestos y campañas en defensa del constitucionalismo, especialmente en el extranjero. La iniciativa partió de nuevo de la sociedad civil; en este caso se trató de Alfonso Valero, un español que ejercía de profesor de Derecho en la Universidad de Nottingham Trent. Entre octubre de 2017 y abril de 2020 el Foro sumó 275 miembros —de muy diversas disciplinas académicas— y promocionó o apoyó más de una treintena de documentos sobre la crisis catalana, en muchos casos cartas abiertas dirigidas a responsables académicos de universidades extranjeras que amparaban actos acerca de la crisis catalana en los que solamente se exponía el punto de vista separatista; les reclamaban una mayor atención a la pluralidad de opiniones dentro de Cataluña y explicaban la distorsión que suponía excluir la perspectiva de los no nacionalistas. Muchos de los miembros del foro han acabado participando en debates y entrevistas en medios de comunicación internacionales acerca de la crisis catalana. También ha puesto en marcha congresos anuales que actúan como espacio de encuentro y discusión para sus miembros. Y las campañas del foro han acabado rebasando el marco estricto de las distintas encrucijadas del procés , pronunciándose sobre cuestiones como la reforma educativa o la cuestión lingüística.

Incluso en los sectores más visibles y activos del entramado asociativo, mucho dependió de la iniciativa individual. Buen ejemplo de ello fue el capítulo londinense de Sociedad Civil Catalana, que se movilizó para contrarrestar la actividad de años desplegada en Reino Unido por los independentistas y la pasividad de la diplomacia española para exponer las razones del constitucionalismo. Todos los miembros de dicho capítulo eran profesionales del sector privado con puestos de trabajo a tiempo completo en Londres; algunos también eran simpatizantes o afiliados del PSOE, del PP y de Ciudadanos. En los meses más intensos de la crisis organizaron un gran número de actividades, entre ellas una visita de Josep Borrell a Londres en septiembre de 2017 que incluyó reuniones con dirigentes políticos y empresariales británicos, una entrevista en la BBC y una conferencia pública en la Senate House —que sufrió un intento de boicot por los capítulos londinenses de las asociaciones separatistas—. Dos semanas después, el capítulo se movilizó ante la tormenta mediática desatada por el referéndum del 1 de octubre y la evidencia de que los servicios diplomáticos españoles no querían prestarse a entrevistas o debates en medios anglohablantes, ni siquiera para exponer las razones del Gobierno de España. Los medios británicos, sin embargo, solicitaban voces que pudieran exponer puntos de vista no independentistas. Varios miembros del capítulo londinense —de nuevo, todos ellos profesionales con carreras fuera de la política— se prestaron a llenar este vacío. Uno de ellos en concreto hizo más entrevistas televisivas en inglés en octubre de 2017, y en medios de máxima difusión como la BBC y Sky News, que todo el Gobierno español junto. No era una tarea agradable, precisamente: en la inmediata postrimería del 1-O, el clima era decididamente hostil a la perspectiva constitucionalista. Pese a ello, el capítulo londinense de SCC organizó su propia versión de la manifestación constitucionalista del 8 de octubre en la plaza de Piccadilly Circus, en la que los manifestantes contaron con una senyera de veinte metros traída por la abuela de una de las organizadoras. Además, miembros de éste y otros capítulos internacionales de SCC buscaron un diálogo con los medios anglohablantes en el momento en que éstos más se fijaban en la situación española, e incluso actuaron de enlace para que autores y dirigentes constitucionalistas publicasen artículos en medios como The Guardian , The Telegraph o The New York Times (en muchas ocasiones, estos artículos sirvieron de contrapeso a otros publicados en los mismos medios con la firma de Puigdemont o Junqueras). El único artículo constitucionalista publicado al día siguiente del 1-O en un medio anglosajón internacional, por ejemplo, fue el de la vicepresidenta de SCC, Miriam Tey, en el Telegraph . 7 Finalmente, los miembros de SCC Londres hicieron una importante labor de lobby en Westminster y Whitehall, impulsando una investigación en el Parlamento británico acerca de la injerencia rusa y las fake news del 1-O. 8

Voices from Spain, el Foro de Profesores y el capítulo londinense de Sociedad Civil Catalana supusieron iniciativas modestas y voluntariosas, pero fueron sintomáticas por cuanto nunca recibieron un euro de dinero público, sus actividades corrieron exclusivamente a cargo del tiempo y la energía de quienes las impulsaban, y surgieron de una insatisfacción con la labor de las instituciones en el conflicto independentista. En este sentido, dan fe de la movilización de muchas personas en defensa de unos valores que no consideraban lo suficientemente protegidos desde el Estado. Siempre será difícil medir el impacto de estas iniciativas, pero de lo que no cabe duda es de que forman parte de la historia de 2017.

Otro elemento movilizador fue la difusión de episodios de hostigamiento a catalanes no nacionalistas cuando manifestaban abiertamente su postura contraria al nacionalismo. Faltaban aún un par de años para que se empezaran a elaborar los informes del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, 9 pero ya se difundían ampliamente (por Twitter, Facebook, YouTube o grupos de Whatsapp) episodios como el acoso a la sección de jóvenes de Sociedad Civil Catalana en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona ocurrido en diciembre de 2016. Del mismo modo que nunca sabremos lo que habría sido un independentismo procesista sin redes sociales, nunca sabremos lo que habría sido la oposición al nacionalismo si las nuevas tecnologías no hubieran ofrecido la posibilidad de grabar y dar a conocer aquellos episodios. Nada de lo que ocurría era sustancialmente nuevo; ya vimos en el capítulo anterior que aquel tipo de experiencias de hostigamiento había sido una constante en la oposición al nacionalismo. Lo que sí alcanzó un nivel distinto fue su difusión y la importancia que se les otorgó tanto en la Cataluña no nacionalista como en el resto de España. Provocaban indignación los acontecimientos en sí, pero también el discurso según el cual quienes intentaban expresar una postura en la esfera pública eran responsables de lo que les pudiera suceder (el perverso discurso según el cual «iban provocando» o «era lo que buscaban»).

Todo esto, unido a la creciente gravedad de la situación, ayudó a romper la espiral de silencio en que numerosos catalanes habían permanecido. No fueron inusuales declaraciones como las pronunciadas por la profesora de secundaria Dolores Agenjo en 2015: «En Cataluña hemos callado durante demasiados años para que no nos llamaran fascistas. Me he cansado. Ya no me van hacer callar». 10 Pero tampoco era una actitud universal, ni restablecía el equilibrio entre los distintos sectores de la sociedad catalana. Una encuesta realizada en octubre de 2017 y publicada en El Periódico encontró que el 80,8 por ciento de independentistas declaraban sentirse cómodos expresando libremente sus ideas sobre aquel debate, mientras que sólo el 48,3 por ciento de los no independentistas sentía lo mismo. Aquella encuesta también evidenciaba el tensionamiento de las relaciones sociales: el 59 por ciento de los catalanes declaraba haber dejado de hablar de política con algún amigo o familiar, y el 12,8 por ciento directamente había dejado de hablarse o de verse con alguien a causa del procés .

Aquello evidenciaba las fallas de uno de los aspectos del discurso independentista: su carácter irreprochablemente pacífico, cívico, casi jovial. Si bien muchos independentistas se mantuvieron en el respeto y el civismo, también hubo bastantes que participaron en los escraches, los acosos, los insultos, las pintadas amenazantes o los piquetes. El periodista Rafa Latorre lo resumiría así: «El nacionalismo actuó pacíficamente siempre que la oposición no compareció». 11 Juan Carlos Girauta, a la sazón dirigente de Ciudadanos, explicaría tiempo después que en septiembre de 2017 el ministro del Interior decidió poner escolta a los diputados de aquella formación que vivían en Cataluña; un mes después, «pasear o salir a cenar era bañarse en miradas de odio, insultos y riesgo físico». 12 Pero no era sólo acoso a líderes políticos. Quizá el ejemplo más lamentable del clima social fue el señalamiento realizado en centros educativos tras el 1-O por parte de varios profesores a hijos de guardias civiles. En un instituto de Barcelona, los estudiantes acabaron organizando una protesta para pedir respeto por parte de los docentes hacia sus compañeros. La denuncia, presentada por la Fiscalía de Delitos de Odio, recogía episodios como aquél en el que un profesor indicó en clase «que levanten la mano los hijos de los guardias civiles»; o aquél en el que una profesora espetó a un niño de doce años: «¡Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer!».

De nuevo, es importante comprender el efecto movilizador que la divulgación de estos episodios tuvo en la oposición al nacionalismo durante la crisis de 2017. Ilustrativo de todo ello fue una viñeta del humorista gráfico Nieto, publicada en ABC el 27 de octubre de 2017 y que fue muy celebrada. En ella aparece un individuo asomado a su balcón: a través de la puerta entornada se ve que dentro de su casa cuelga una bandera española. Los balcones de sus vecinos de abajo lucen grandes banderas independentistas. El individuo ve a lo lejos un globo con la bandera rojigualda en el que se puede leer: «No os vamos a dejar solos».

Lo citado en los párrafos anteriores es el contrapunto de la reacción institucional a la crisis. Explica, por ejemplo, que tras la gestión que hizo el Gobierno del 1-O se produjeran dos masivas manifestaciones constitucionalistas en Barcelona. Uno de los rasgos de la opinión pública durante la crisis de 2017 fue, precisamente, la dialéctica entre el creciente rechazo al separatismo y la frustración con las insuficiencias de la respuesta institucional. Ésta es, también, una de las razones del desplome en intención de voto del PP de Rajoy, así como de la consolidación de competidores directos como Ciudadanos y, posteriormente, Vox.

Es cierto que, si se repasan los acontecimientos de aquel año, se podría rechazar la idea de que las instituciones centrales se mantuvieron inactivas en 2017. Al final, el Gobierno había puesto en marcha trámites que movilizaron al Poder Judicial para impedir la celebración del referéndum e investigar a sus responsables. La tan criticada «judicialización de la política» (que partía de una perversión de términos: daba a entender que ninguna acción política podía toparse con un freno legal, cuando esta posibilidad es precisamente lo que define a un Estado de derecho) era una forma de respuesta de las instituciones. Una respuesta, por cierto, con una base jurídica mucho más sólida y explicable ante las instituciones extranjeras —los corresponsales, como veremos más adelante, eran otra cosa— que el decisionismo nacionalista. También es cierto que el 6 y 7 de septiembre los partidos constitucionalistas —y algunos funcionarios, como los letrados de la Cámara— protagonizaron una firme defensa de la legalidad en el Parlamento autonómico. Como es cierto que el Ministerio del Interior movilizó a miles de agentes para impedir el referéndum, y que la imagen que se transmitió del 1-O no fue una de inhibición, sino de intervención en el sentido más leviatanesco . Desde la perspectiva independentista, tanto aquel episodio como la suspensión de la autonomía evidenciaban una acción decidida y aplastante de los mecanismos institucionales. Por otra parte, que ningún país reconociese la declaración de independencia muestra hasta qué punto los secesionistas estaban actuando en contra del derecho internacional, pero también da fe de un trabajo previo por parte de la diplomacia española y su entramado de embajadas, consulados y representantes en las instituciones internacionales.

Esta perspectiva deja de lado, sin embargo, la gigantesca chapuza que supuso la gestión del referéndum del 1 de octubre. En primer lugar, porque hay buenos argumentos para sostener que la activación del 155 debería haberse realizado tras la aprobación de las leyes de desconexión de principios de septiembre. Que esta posibilidad resultase políticamente complicada evidencia la falta de trabajo previo realizado por el Gobierno de Rajoy, tanto en el diálogo con la oposición —cuyo apoyo al 155 se deseaba— como en la explicación ante la ciudadanía de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Es una muestra más de la vigencia y los efectos de la Premisa.

En segundo lugar, hay que trascender la memoria visual del 1-O y reflexionar también sobre lo que no vimos. Porque sigue resultando inexplicable que el Ejecutivo de un Estado moderno, con los gigantescos recursos de que dispone (servicios de inteligencia, fuerzas del orden), fuera incapaz de frenar a unas decenas de activistas que transportaban urnas y papeletas en vehículos privados, o a algunos centenares de profesores y familias que montaban fiestas de pijamas en colegios. Que dichos colegios no fueran desalojados nada más sonar la campanada de final de clase del viernes y precintados durante los dos días siguientes, o que una sola urna consiguiera cruzar los Pirineos, cuando en teoría el Gobierno se había propuesto impedir la celebración de aquella consulta, dan fe de un fracaso tan amplio como injustificable. Y, a la vista de la probada capacidad de los servicios de inteligencia españoles en la investigación de organizaciones bastante más complejas y profesionales que Òmnium o la ANC (por ejemplo, grupos terroristas y mafias del narcotráfico), sólo podemos concluir que el fracaso se debe a la desorientación e incompetencia de quienes estaban dando las órdenes. Es decir, el presidente del Gobierno, el ministro del Interior y la vicepresidenta del Gobierno (de quien dependía el CNI).

Nada de esto se puede excusar con el argumento, ampliamente divulgado después, de que el operativo había delegado gran parte del trabajo en la policía autonómica, y que fue ésta la que falló (por inoperancia o por connivencia con los separatistas). Si había motivos para dudar de su lealtad, ¿por qué diseñar un plan que colapsaría en caso de no producirse su colaboración? Luego está el asunto de los agentes desplegados aquel día. ¿Cómo se pudo hacer recaer sobre las espaldas de policías y guardias civiles jóvenes, que acababan de pasar varias semanas en condiciones muy mejorables en el tristemente célebre crucero, la tarea de entrar en colegios ocupados por centenares de civiles para llevarse urnas y papeletas? Preguntas parecidas se pueden plantear con la fuga de Puigdemont y la mitad de su Gobierno unas semanas después. ¿Cómo le puede pasar algo así a un Estado de Europa occidental, con centenares de profesionales altamente cualificados y experimentados en los servicios de inteligencia y en el control de fronteras? Fueron estos fallos espectaculares en los episodios centrales de 2017 los que contribuyeron a la desilusión del constitucionalismo en la gestión institucional de aquella crisis. Éstos serían, por cierto, los lastres de los que no podría escapar Soraya Sáenz de Santamaría ante el electorado conservador, y que ayudan a explicar su derrota en las primarias del PP seis meses después.

Por otro lado, conviene hablar del 1-O más allá de las miserias institucionales. Las imágenes de aquella jornada circularon tanto dentro de Cataluña como en el resto de España, y forman parte de la memoria emocional de la crisis de 2017. La memoria emocional de todos: la del independentismo, la del tercerismo (la opción política alejada de los dos grandes bloques) y también la del constitucionalismo. La reacción en este último campo fue, por lo general, ambivalente. Por un lado, cundió una sensación de tristeza, abatimiento y rechazo ante las imágenes de las acciones policiales. Constituían un desagradable retrato de Dorian Gray para el proyecto constitucionalista, que al fin y al cabo reivindicaba, entre otras cosas, la convivencia y el derecho a la discrepancia. También había una sensación de que aquello suponía un revés en la batalla propagandística, tanto dentro de Cataluña como en el extranjero. Fueron muchos los que señalaron que si las acciones policiales no eran convenientes para la causa no se deberían haber realizado.

Todo esto es compatible con una evidencia: que los principales responsables de lo ocurrido el 1 de octubre de 2017 fueron los dirigentes secesionistas. Fueron ellos quienes organizaron el referéndum pese a su inconstitucionalidad y las consiguientes advertencias del Gobierno central. También lo hicieron en contra del criterio de la policía autonómica, cuya cúpula se había reunido el 28 de septiembre con Puigdemont, Junqueras y el consejero de Interior y les había transmitido el problema de seguridad ciudadana que podría plantearse el 1-O —según el testimonio posterior de su máximo responsable, Josep Lluís Trapero, en lo que acabó siendo considerado como hecho probado en la sentencia del Supremo—. Pese a la insistencia de Trapero sobre el riesgo «de graves incidentes entre agentes policiales y ciudadanos», y su propuesta de que se cancelara la consulta, los dirigentes de la Generalitat insistieron en que la votación se llevaría a cabo, y que si se desataba la violencia ellos declararían la independencia. Los dirigentes secesionistas animaron así a la ciudadanía a participar pese a que sabían que aquel referéndum no tendría validez y a que podían producirse actuaciones policiales para impedirlo. Una cosa es que muchos catalanes fuesen de buena fe a votar aquel día, otra que quienes habían organizado aquello les tratasen como un mero elemento de presión con el que impulsar su causa.

Hay que destacar también algo que siempre suena muy antipático pero que no por ello deja de ser cierto. Este tipo de choques entre policía y manifestantes es una constante en las sociedades modernas, desde las manifestaciones antiglobalización en Seattle (Estados Unidos) en 1999 hasta los chalecos amarillos en Francia de nuestros días. Y en estos choques las fuerzas policiales intervienen con la legitimidad del Estado de derecho de su parte, a menos que una investigación o sentencia posteriores demuestren lo contrario. Por otra parte, muchos entendieron que aquellas actuaciones respaldaban un principio tan importante como defendible: que ni el Gobierno autonómico ni la mitad de los catalanes tenían derecho a declararlos extranjeros en una parte de su propio país. El secesionismo no aceptó que la policía tuviese legitimidad para impedir aquello, en parte porque nunca terminó de comprender que el 1-O también iba de eso. El constitucionalismo, por su parte, entendió generalmente y sin demasiada estridencia que la policía también existe para defender al ciudadano de algo así. Lo explicaba con lúcida ironía Daniel Gascón, al criticar el discurso que impugnaba las actuaciones del 1-O:

Debemos creer que el Estado no va a intentar preservar su integridad territorial, ni los derechos de sus ciudadanos [...]. Debemos creer, como tanta gente decente, progresista y de orden, que es aceptable que se persiga penalmente a un pequeño delincuente, pero no a quien desvía fondos públicos para crear un nuevo país, quien utiliza las estructuras del Estado contra el propio Estado o quien trabaja para destruir el orden constitucional mientras se burla de las advertencias de los tribunales. Una parte del procés es la violación de las leyes, el salto a un lugar donde sólo rige la fuerza. Ese salto era un simulacro: una apuesta siempre negable, salvo cuando sale bien. La gran violencia del procés no la ejerció el Estado. La ha ejercido la realidad. 13

Regresemos, sin embargo, a la relación entre el Gobierno central y la opinión constitucionalista. Porque tampoco es correcto decir que la gestión del Gobierno de Rajoy de la crisis de 2017 estaba completamente desconectada de la opinión pública. Una parte considerable de la población llegó al punto álgido de aquella crisis desaprobando las acciones y el discurso de los separatistas, indignándose con las informaciones que leía y los vídeos que le llegaban a través de las redes sociales, pero creyendo aún en alguna versión de la Premisa. Ya lo señalamos en el capítulo anterior: durante todo el procés siguió habiendo un gran número de abonados al «no se atreverán» y al «esto se quedará en nada». Es útil, en este sentido, recordar hasta qué punto el debate en las semanas anteriores al 1-O estaba dominado por la idea de que todo aquello no era más que una pantomima para convocar unas elecciones anticipadas en Cataluña. Se dedicaron ríos de tinta (real o digital), y horas y horas de tertulias políticas, a las recomendaciones sobre cómo gestionar el día después del referéndum. El planteamiento implícito —incluso después del envío de efectivos de las fuerzas de seguridad— era que ese día no iba a ocurrir nada dramático.

Aquello recordaba a una columna publicada por el catedrático estadounidense Noah Feldman en octubre de 2016. Se titulaba «El 9 de noviembre debemos olvidar que lo de Donald Trump sucedió». El 9 de noviembre hacía referencia al día después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que Feldman, junto con la gran mayoría de comentaristas del momento, consideraba que ganaría la candidata demócrata, Hillary Clinton. La cuestión no era cómo vencer a Trump en aquellas elecciones, sino cómo restañar las heridas causadas por su fugaz notoriedad desde la futura presidencia de Clinton. Llegó el 9 de noviembre, sin embargo, y lo que hubo que olvidar no fue el desafío de Trump, sino el análisis de Feldman. Algo parecido ocurrió en buena parte de España con el referéndum del 1-O. No era sólo que las predicciones originales se equivocaran, es que centrarse tanto en el presunto fracaso del referéndum llevó a asumir que dicho fracaso se produciría porque sí, como una suerte de automatismo funcionarial. Por esto, también, supusieron semejante shock las imágenes del 1-O: muchos españoles parecían haber asumido el discurso del Gobierno según el cual la lucha contra el independentismo se libraba en el terreno de las citaciones judiciales, las querellas, los burofaxes. Al final, quizá había también algo de escapismo en todo aquello, una reticencia a comprender que se había alcanzado un momento en que todas las opciones eran desagradables, todas tenían contraindicaciones. Al final, también el constitucionalismo tuvo que toparse con la realidad.

Comentario aparte merece la opinión internacional sobre la crisis de 2017. O, por ser más precisos, el papel que desempeñó la opinión internacional en los debates que los españoles mantuvimos durante 2017.

La atención que se prestó entonces a lo que se publicaba acerca del procés en medios europeos o norteamericanos fue realmente extraordinaria. Pocas veces se habrán difundido y comentado tanto en España las informaciones aparecidas en medios estadounidenses, británicos, franceses, alemanes o italianos acerca de nuestro país. Este interés tenía sentido: la reacción de la comunidad internacional era uno de los elementos que haría triunfar o fracasar una declaración unilateral de independencia y que podía forzar al Gobierno a rendirse ante la reivindicación de un referéndum. Y se daba por hecho que la cobertura del procés por parte de los medios extranjeros influiría en esa reacción. Pero tras esta aparente racionalidad (que, en cualquier caso, sobrevaloraba tanto el interés de los ciudadanos por la información internacional como la capacidad de influencia de los medios sobre las relaciones internacionales) latían elementos muy profundos de la cultura española. En concreto, esa mezcla de narcisismo e inseguridad que aqueja a la España democrática en sus relaciones con los países desarrollados. Curiosamente, además, éste era un aspecto en el que tanto el constitucionalismo como el independentismo se comportaban exactamente igual. Ambos buscaban con avidez en los medios extranjeros un apoyo a sus tesis, y se quejaban gravemente (en un inglés impecable) si las informaciones sobre lo que estaba pasando en el conflicto catalán no coincidían con su punto de vista.

Esta angustia se vivió con especial intensidad en el constitucionalismo. Y no sin algo de razón. Durante todo el procés hubo corresponsales y medios extranjeros que repetían de forma acrítica las premisas del independentismo. Muchas veces dieron voz al separatismo sin molestarse en encontrar también voces constitucionalistas. En ocasiones también incurrieron en tópicos sobre la historia y la cultura españolas. Muchos cayeron en una confusión tristemente común entre los comentaristas extranjeros: como lo único que saben acerca de España es que en ella hubo una Santa Inquisición, una guerra civil y un dictador llamado Franco, esto debe significar que todo lo que ocurre en España está ligado a la Santa Inquisición, a la guerra civil o al tal Franco. 14 Pero incluso si dejamos de lado los textos o entrevistas más desafortunados, la radiografía general que ofrecían a sus lectores era la de un país dividido por dos fuerzas antagónicas y más o menos equiparables en términos morales. En un lado estaría el Gobierno central y, en el otro, el Gobierno autonómico de Cataluña. El Gobierno catalán —frecuentemente confundido con «el pueblo catalán», aunque con el tiempo, y sobre todo tras las manifestaciones constitucionalistas de octubre, esto se fue matizando— 15 querría la independencia, y habría organizado un referéndum para que los catalanes pudieran votarla. El Gobierno central lo habría impedido a través de la policía y los jueces, que serían meros apéndices del Poder Ejecutivo.

Tanto en los editoriales como en las columnas de análisis se solía señalar que ambas partes estaban utilizando estrategias demasiado agresivas. Los independentistas se estarían equivocando con la estrategia unilateral, mientras que Rajoy se habría equivocado con las acciones policiales del 1-O (y a estos dos aspectos, unilateralidad y represión del 1-O, se les solía otorgar el mismo peso). También se solía señalar que cada acción de un bando fortalecía y radicalizaba al otro, y se recomendaba alcanzar una solución intermedia, que casi siempre pasaba por más autogobierno para Cataluña (sin mayor concreción) y a veces también por un referéndum pactado. El editorial de The Washington Post tras el 1-O, por ejemplo, señalaba que, si bien la convocatoria del referéndum fue algo «temerario e irresponsable», la solución pasaba por «unas negociaciones entre Madrid y Barcelona» en las que Rajoy debía «ofrecer al Gobierno catalán más autonomía, o incluso mejor, las dos partes podrían acordar términos legales para que Cataluña celebre una votación justa, libre y legítima. La democracia verdadera es la mejor salida a la crisis de España». 16 The New York Times , por su parte, tituló de la siguiente manera un reportaje sobre la crisis catalana: «En la crisis de Cataluña, la culpa de una situación difícil e indeseable está repartida». 17 Este patrón se reactualizaba con cada nuevo episodio de esta crisis. Tras el encarcelamiento de los principales líderes independentistas, el editorial del diario británico The Times señalaba: «La independencia catalana es probablemente una mala idea, sin duda contra los intereses de la nación española en general y muy probablemente contra los intereses de la propia región. En una atmósfera de mayor calma y menos arriesgada, es perfectamente posible que una mayoría se aleje de la idea de independencia a cambio de concesiones leves hacia el autogobierno». Sin embargo, el editorial continuaba diciendo que la imputación judicial de los líderes independentistas «entrega la autoridad moral a un movimiento político frívolo que la mayoría de las veces no lo merece». 18

La visión que transmitían incluso algunos periódicos que, en sus propios países, se mostraban como fervorosos partidarios del rule of law (el imperio de la ley) era, así, sorprendentemente decisionista. La prohibición del referéndum, las intervenciones policiales o el juicio a los responsables del procés no se presentaban como algo a lo que la ley obligaba a los distintos poderes del Estado, sino como meras decisiones arbitrarias del Poder Político. Ésta era, además, la vía por la que solía entrar la crítica de corresponsales y columnistas. Éstos solían postular que la policía no tenía derecho a «pegar» a ciudadanos que «deseaban votar», ni a encarcelar a líderes políticos que «sólo» habían tratado de organizar un referéndum. No era tanto que los medios extranjeros ocultaran o ignoraran la dimensión legal de la crisis catalana, sino que la consideraban como algo secundario; los editoriales y las columnas de opinión recurrieron con frecuencia a la palabra técnicamente . Técnicamente lo que los independentistas hacían era ilegal, pero, según se indicaba después, esto no dejaría de ser un tecnicismo, algo que no obligaba moralmente y que los propios políticos podrían desoír si así quisieran. Una crónica en The New Yorker , por ejemplo, señalaba lo siguiente sobre las actuaciones policiales del 1-O: «Independientemente de la presunta legalidad de la acción, fue una chocante exhibición de violencia oficial contra civiles pacíficos y desarmados, y una increíble expresión de disonancia cognitiva: ¿desde cuándo impiden los Gobiernos europeos votar a sus ciudadanos?». 19 Como vemos, se daba a entender que todo dependía de las decisiones de los políticos españoles, quienes ni se veían limitados por las leyes ni tenían ninguna obligación de hacerlas cumplir.

En conclusión, buena parte de la cobertura extranjera de la crisis de 2017 dejó mucho que desear, y no estuvo a la altura ni de la situación en sí ni del prestigio de los medios que la publicaban. Hubo un exceso de pereza intelectual, de receptividad a narrativas más épicas que veraces, de ignorancia de los condicionantes políticos y legales de la situación sobre la que se estaba informando, y de puro y sencillo mal periodismo. 20 La letanía de que todo se arreglaría concediendo a Cataluña más autogobierno nunca parecía reparar en que los separatistas habían dejado hacía tiempo de reclamar más competencias y sólo aceptaban la celebración de un referéndum. Como tampoco reparaba en que España ya es un Estado altamente descentralizado, y que la adquisición de competencias durante las décadas anteriores no aplacó en lo más mínimo el impulso nacionalista. Por otra parte, también cristalizaron las consecuencias de varios años en los que el nacionalismo catalán había difundido sus argumentos en el extranjero y cultivado relaciones con periodistas, diplomáticos, organizaciones y lobbies , 21 proceso que no se vio contrarrestado por un despliegue parecido por parte del Gobierno central. Ésa fue una de las acusaciones que con mayor amargura se lanzaron desde el constitucionalismo al Gobierno de Rajoy: su desidia e inoperancia en el cultivo de la opinión internacional. Desde luego, los principales encargados de esta tarea —desde los portavoces del Gobierno y su equipo de comunicación hasta el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis—, fallaron estrepitosamente a la causa constitucionalista. Tenían un trabajo que hacer, sufragado con dinero público, y o no lo hicieron o lo hicieron rematadamente mal. Hubo informaciones periodísticas que recogieron la incredulidad de los propios corresponsales ante la incompetencia y desidia de la Moncloa y de Exteriores a la hora de transmitir sus mensajes al público internacional. 22

Sin embargo, todo esto nos remite a una pregunta ineludible. Si la información aportada por muchos corresponsales extranjeros solía ser defectuosa, y si el constitucionalismo tenía tan claro que sus argumentos no se sostenían, ¿por qué se les prestaba tanta atención? O, por ser más explícitos, ¿por qué importaba tanto un contenido que iba dirigido a lectores que no votaban en España? La respuesta es sencilla: aquello importaba precisamente por la trascendencia que se le daba en España. Los principales consumidores de las informaciones aparecidas en medios extranjeros sobre el procés fuimos los propios españoles. Porque, con la excepción de la semana del 1 al 8 de octubre de 2017, nunca fue cierto el mantra del independentismo de que «el mundo nos mira». El interés extranjero, al menos a escala masiva, fue episódico, incluso en países cercanos. Una muestra: en los últimos días de 2017, la BBC británica emitió dos programas cuya premisa era analizar el mundo al término de aquel año y anunciar lo que se podía esperar en 2018. La óptica de ambos era marcadamente internacional: uno era Correspondents Look Ahead (‘Los corresponsales miran al futuro’), una tradición anual de la cadena británica, en la que sus corresponsales extranjeros explican qué puede cambiar al otro lado del Canal de la Mancha en los próximos doce meses. El segundo era The World this Weekend (‘El mundo este fin de semana’), programa de actualidad que dedicaba su última edición de 2017 al presente y el futuro de la democracia liberal. Pues bien: en ninguno de los dos se dedicó un solo segundo a hablar de Cataluña. Ni a favor de las tesis secesionistas ni tampoco a favor de las constitucionalistas. Sencillamente no se mencionó. En su lugar, el primer programa dedicó diez minutos a Estados Unidos y la política de Donald Trump, cinco minutos al proceso del Brexit, otros cinco a los distintos conflictos en Oriente Medio, otros cinco a la Rusia de Putin y algunos más al futuro de la Sudáfrica pos-Zuma y del Zimbabue pos-Mugabe. También se habló de la resurrección de Al Qaeda bajo el liderazgo de uno de los hijos de Bin Laden y del proyecto del joven Boyan Slat para limpiar los océanos de residuos plásticos. En el segundo programa, el presidente de Freedom House (organización que evalúa la salud de las libertades a escala mundial) y catedráticos de Stanford, Cambridge y Harvard hablaron sobre China, Trump, Turquía, Venezuela, Birmania, el Brexit y las consecuencias del populismo. En los minutos dedicados a la Unión Europea, tanto los corresponsales del primer programa como los catedráticos del segundo estuvieron de acuerdo en que había dos países donde la democracia se encontraba en peligro y cuyos líderes suponían una amenaza al proyecto europeo: Hungría y Polonia. Quizá el mundo nos había mirado, pero luego había seguido fijándose en otras cosas. Quienes realmente seguían mirando a España a través de los corresponsales extranjeros éramos, fundamentalmente, nosotros mismos. Y lo habíamos hecho con el deseo de reconocernos en su mirada tal y como deseábamos ser vistos.

Nada de esto significa que la labor desarrollada por plataformas como Voices from Spain, el Foro de Profesores o los capítulos de Sociedad Civil Catalana en capitales europeas fuese inútil, sólo significa que debemos comprender adecuadamente el sentido de su utilidad. Fue importante dar la batalla de la opinión extranjera debido a la importancia que los propios españoles de 2017 otorgaban a dicha opinión. Era necesario convencer (o creer que se convencía) a los extranjeros como palanca para convencer a los propios españoles. Dadas las predisposiciones de la esfera pública y la cultura política con que llegamos a 2017, no se podía hacer otra cosa. Pero esto no nos exime de una reflexión mayor que podría ayudar a la cultura democrática española (al menos, en los sectores constitucionalistas). A la luz de la experiencia de 2017, convendría que rebajásemos nuestra predilección por los argumentos de autoridad, especialmente cuando remiten a firmas o medios extranjeros. No se trata de encerrarse en un airado «¡que inventen ellos!» propio de otras épocas, sino de entender que la validez de un mensaje no depende de quién es su emisor, sino del mensaje en sí. Si el constitucionalismo creía que estaba defendiendo un Estado de derecho, debería haberle dado igual que hubiese voces que le llevaban la contraria con base en razonamientos falaces o pobremente informados. Cerremos, en cualquier caso, constatando una curiosidad: el marco separatista que más compró el constitucionalismo fue que el mundo tenía sus ojos puestos en España. Que su mirada vigilaba sin descanso a los 47 millones de habitantes de cierta esquina de Europa occidental. Pero resulta que, en un mundo inconcebiblemente amplio, nuestros problemas nacionales siguen siendo muy pequeños.

Regresemos a los acontecimientos centrales de 2017. Como todo episodio histórico de cierta importancia, aquella crisis nos dejó algunos interrogantes que nunca podremos resolver. Por ejemplo: ¿qué habría sucedido si Puigdemont hubiese declarado la independencia el 2 o el 3 de octubre? La ley del referéndum, a la que en teoría estaba obedeciendo, le obligaba a declarar formalmente la independencia en caso de que hubiese más votos a favor de ella que en contra. No está de más recordar, por otra parte, que dicha ley no establecía un mínimo de participación. Bastaba con que un solo catalán votase a favor y ninguno en contra para legitimar la secesión de todo el territorio.

El caso es que la pregunta de qué habría ocurrido si Puigdemont hubiese proclamado la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) el 2 o 3 de octubre da para más juego del que pueda parecer. La sensación durante la noche del 1 de octubre y todo el día siguiente era, desde la perspectiva constitucionalista, de desconcierto. El Gobierno de Rajoy parecía completamente sobrepasado por lo ocurrido. Las acciones policiales durante el referéndum habían abierto telediarios en todo el mundo y el ambiente sobre el tema no era favorable al Ejecutivo, ni siquiera dentro del frente constitucionalista. El propio 1-O, a mediodía, el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, había declarado en una comparecencia que consideraba «inaceptable cualquier acción policial desproporcionada», y había exigido el «cese inmediato de los intentos de impedir por la fuerza una importante movilización ciudadana en un simulacro de votación». Otra dirigente relevante del PSC, Núria Parlon, pidió la dimisión de Rajoy. En cuanto a Pedro Sánchez, si bien ratificó su apoyo al Ejecutivo y al Estado de derecho, declaró su «profundo desacuerdo» con las actuaciones policiales. La situación era, por tanto, la de un Ejecutivo desbordado por su imprevisión y una súbita —quizá sólo aparente— precariedad en los apoyos que se antojaban imprescindibles para sobrevivir a aquella crisis.

En retrospectiva, aquél era el momento más propicio para la embestida final del secesionismo, pero ¿significa esto necesariamente que el resultado habría sido distinto? Tiendo a pensar que no. Una de las lecciones de 2017 es que las democracias constitucionales son infinitamente más resilientes de lo que puede parecer, y tienen recursos para sobrevivir a dosis considerables de oportunismo o incompetencia por parte de quienes ocupan sus instituciones. También en momentos de crisis. Además, uno de los conflictos clásicos que contempla el Leviatán moderno, y por eso está construido del modo en que lo está, es el de una doble legitimidad como la que planteaba la DUI. Una cosa es que Puigdemont pudiera con Rajoy y Sáenz de Santamaría y otra muy distinta que pudiera con Hobbes y Montesquieu. Pero que planteemos estos interrogantes, y que la respuesta llegue a estos términos, da fe de una de las tesis de este ensayo: la gravedad de la crisis de 2017, la profunda quiebra que supusieron los acontecimientos de aquel año, y hasta qué punto el sistema que regulaba la vida en común de 47 millones de personas se asomó al borde del abismo.

Que Puigdemont no declarase la independencia dio espacio, también, para la primera reacción institucional realmente importante: el discurso del Rey del 3 de octubre. Es difícil exagerar hasta qué punto el contenido de dicho discurso era una incógnita para la mayoría de los ciudadanos. Durante las décadas anteriores nos habíamos acostumbrado a que las alocuciones del monarca se ciñesen a una asepsia bien articulada. Así había sido durante el reinado de Juan Carlos I y así había sido en los tres años que Felipe VI llevaba en el trono. Durante este tiempo, además, el nuevo rey no había sido puesto a prueba por otra cosa que la necesidad de desvincularse de los casos de corrupción que aquejaban a algunos de sus familiares. Un distanciamiento que, en cualquier caso, le había venido facilitado por la propia abdicación de su padre, posibilitando el tránsito simbólico que resume la fórmula de «el Rey ha muerto, larga vida al Rey».

También es difícil exagerar la importancia que aquel discurso tuvo en la reafirmación del constitucionalismo. Todo en él fue denuncia del comportamiento ilegal de los dirigentes independentistas, en especial de su instrumentalización de las instituciones autonómicas para fines ilegítimos y espaldarazo a la línea de defensa del Estado de derecho. Los primeros en reconocerlo fueron los independentistas y los terceristas , quienes se lanzaron aquella misma noche a criticar el discurso. Gran parte de la crítica en aquel momento se centraba en la palabra que no dijo: diálogo . La decepción era comprensible entre quienes habían fijado en aquella palabra todo su análisis y todas sus propuestas. Sin embargo, obviaban hasta qué punto la situación era mucho más grave en aquel momento de lo que podía resolverse con vagas apelaciones al diálogo y la concordia. Para entonces el diálogo ya había fracasado y, tras ese fracaso, las instituciones debían posicionarse o en la defensa de la Constitución o en la defensa de su vulneración. El argumento de que el discurso del Rey no ayudó a resolver aquella crisis parte de un análisis equivocado de dos cuestiones: la gravedad del momento en que se hizo y lo que suponía, a esas alturas, «resolver la situación». Esto último pasaba por que el máximo representante del Estado constitucional señalase que algunos cargos públicos habían cruzado límites fundamentales y que aquello resultaba inadmisible. El monarca surgido de la Constitución del 78 puede apelar a la concordia y el diálogo, y efectivamente lo hace, en los mensajes de Navidad, en los discursos protocolarios y en las entregas de premios, no en una situación como la de octubre de 2017.

Tan importante como la palabra que no pronunció fueron las tres que sí pronunció: «No están solos». Éste era el pasaje completo: «Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles, y la garantía absoluta de nuestro Estado de derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos». Aquello suponía un hito importante en la historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña: no sólo se reconocía explícitamente su existencia —un punto de agravio que, como vimos en el capítulo anterior, databa de hacía varias décadas—, sino que, además, se les señalaba como parte de la comunidad política que el jefe del Estado prometía defender. Quienes, cuando miran a Cataluña, sólo ven a los nacionalistas seguirán sin comprender este aspecto crucial del discurso de Felipe VI; lo mismo sucederá con quienes creen que la oposición al separatismo en la crisis de 2017 se basaba en un cerril nacionalismo español. Por el contrario, el discurso de Felipe VI giraba alrededor del concepto de ciudadanía, y sugería un punto de inflexión en aquellas dinámicas de los últimos cuarenta años que más desafección habían provocado entre los catalanes no nacionalistas. Así, tan cierto es que el discurso de Felipe VI no gustó a los independentistas como que, a partir de aquel momento, y para millones de españoles, su reinado unió la legitimidad de ejercicio a la legitimidad de origen.

Las críticas al discurso del Rey por no haber mencionado la palabra diálogo nos llevan a otro aspecto de lo que ocurrió aquel año. Ni en los momentos más graves de 2017 desapareció el discurso que descargaba la responsabilidad de la crisis en el cerrilismo presuntamente simétrico de «los dos bandos», y que postulaba que todo se resolvería con un verdadero diálogo. Esto último casi siempre se concretaba —cuando se hacía— en la propuesta de algún tipo de votación sobre algún tipo de acuerdo que acomodara algunas de las reivindicaciones de los nacionalistas (sin entrar en si dichas reivindicaciones eran razonables o no, o si aquello generaría unos incentivos perversos en cuanto al cumplimiento de la ley por parte de las élites autonómicas). Sirva como demostración un artículo publicado por el reputado sociólogo Manuel Castells en La Vanguardia el 7 de octubre de 2017 titulado «¿Es posible el diálogo?». El artículo de Castells no sólo daba por buenos muchos de los planteamientos independentistas, como la idea de que los catalanes no nacionalistas no pintaban nada en aquella situación, o que la radicalización del nacionalismo había sido el resultado de «la humillación y el agravio recibidos desde el 2010 desde las instituciones españolas». Además, Castells explicaba la necesidad del diálogo en los siguientes términos:

¿Es concebible en una Europa democrática, en un mundo globalmente comunicado, mantener por la fuerza una situación institucional a pesar de un rechazo social generalizado y constantemente reactivado por un movimiento creativo, pacífico, dinámico, entusiasta y convencido de que la razón está con ellos? Los municipios, las diputaciones, el Parlament, los universitarios, la gran mayoría de la intelectualidad, los campesinos, los sindicatos, las asociaciones cívicas y culturales, la inmensa mayoría del rico tejido social catalán seguirán viviendo en la desconfianza y hostilidad con respecto al Estado español. [...]

¿Cuáles serían las bases de ese diálogo? Por un lado, dar tiempo. Es decir, aplazar cualquier acto unilateral, tanto de declaración de independencia como de aplicación del artículo 155. Por otro lado, aceptar un horizonte en el que haya una reforma del actual Estado español que tenga en cuenta las aspiraciones de la sociedad actual en la plurinacionalidad de ese Estado. En fin, abrir la puerta a una consulta popular no vinculante, con garantías, en la que los catalanes pudieran expresar su decisión. [...] ¿Ilusorio? Lo que es realmente ilusorio es pensar que se puede someter por la fuerza y de forma permanente al pueblo que se acaba de expresar en todos los ámbitos y territorios de Catalunya, sea la mitad, las tres cuartas partes o la inmensa mayoría de la sociedad. La legalidad sólo perdura cuando pervive en la mente de los ciudadanos. Porque si no es así, y no les dejan expresarse, puede ser legal, pero no legítima. O sea, Dictadura.

Nada de lo que argumentaba Castells en este texto era novedoso. Estos razonamientos se hallaban en el eje mismo del discurso de Podemos (entonces tercera fuerza del Congreso de los Diputados y cuarta en el Parlamento catalán). Es más, en aquellos días también se produjo un intento de movilizar a quienes se encontraban en aquel espacio, el que articuló el colectivo Parlem? / ¿Hablamos? , convocando manifestaciones en toda España para el 7 de octubre. Su manifiesto decía:

España es un país mejor que sus gobernantes. Han sembrado odio, nos enfrentan y dividen. Si no intervenimos como sociedad, España se convertirá en un país difícil de habitar. [...] Es hora de estar juntos para mostrarles que han sido incapaces e irresponsables, y que existe otro modo de hacer las cosas. Sin bloques ni bloqueos, tenemos que apostar por la vía del diálogo, por el respeto y el entendimiento. [...] La convivencia se genera hablando y las leyes sirven a ese diálogo. No pueden usarse como obstáculo ni, menos aún, para engendrar un conflicto civil.

El fracaso de las convocatorias de Parlem? / ¿Hablamos? , completamente opacadas tanto por la movilización independentista del 1 de octubre como por la manifestación constitucionalista del 8 de octubre, demuestran que los acontecimientos habían sobrepasado un marco que siempre fue vago y limitado. Desde el momento mismo en que los separatistas decidieron saltarse la ley —es decir, desde el elemento central de la crisis de 2017—, aquellos argumentos resultaban inoperantes. También estaban muy alejados de la opinión de la mayoría social en cuyo nombre pretendían hablar. Pero es importante recordar que ese discurso siempre se mantuvo ahí, y que ese «ahí» coincidía con espacios cercanos al socialismo español; en concreto, con aquéllos en los que el proyecto de Sánchez podía apoyarse para llegar al poder. Es muy significativo que, año y medio después de la publicación del artículo que hemos visto, Manuel Castells se convirtiera en ministro del Gobierno de España.

Sigamos en 2017. Otro asunto que merece comentario es la decisión de Rajoy de convocar elecciones autonómicas inmediatamente. Fue una apuesta muy celebrada en diversos sectores constitucionalistas, ya que parecía desactivar uno de los argumentos del independentismo: la idea de que la suspensión de la autonomía era una imposición dictatorial. También ha ido quedando claro con el tiempo que aquella convocatoria no fue sólo una decisión de Rajoy, sino que fue uno de los puntos de encuentro que habían facilitado el apoyo del PSOE y de Ciudadanos a la suspensión de la autonomía. Pero surgieron igualmente algunas voces que cuestionaron la eficacia de convocar elecciones tan pronto, y sin que hubiera ocasión de desmontar el entramado clientelar y propagandístico de las élites independentistas.

Visto con perspectiva, y teniendo en cuenta la cultura política mayoritaria y la correlación de fuerzas con que se llegó a la crisis de 2017, Rajoy no tenía otra opción que convocar elecciones de forma inmediata. Sin embargo, aquello profundizó en una de las constantes del procés , y también de las diferencias entre el constitucionalismo y el nacionalismo catalán. Pese a su frecuente recurso a la improvisación, los separatistas siempre habían tenido un plan a largo plazo: aumentar su masa social con la difusión del argumentario victimista y continuar controlando los mecanismos nacionalizadores. En cambio, Rajoy mostró que, incluso en el momento de mayor crisis, el constitucionalismo mayoritario sólo disponía de planes a corto plazo, y sin mayor ambición que preservar el orden y sobrevivir hasta la próxima encrucijada electoral. Ese precedente también sería relevante para lo que ocurriría después.

Otro hito de 2017 fue la fuga de Puigdemont. Como ya se ha comentado, aquello evidenciaba la deficiente gestión del Gobierno en aquella crisis. También demostraba la imprevisión y descoordinación de los propios dirigentes secesionistas, muchos de los cuales desconocían las intenciones de su jefe. Hasta tal punto fue así que, posteriormente, se verían perjudicados por ellas: uno de los argumentos de los jueces instructores para la prisión preventiva de Junqueras et al. fue, precisamente, que las acciones de Puigdemont y los otros consejeros huidos evidenciaban el riesgo de fuga. Y luego hay un elemento más subjetivo, pero que también conviene señalar: lo alucinante que resultó la noticia de la huida.

Las posteriores andanzas europeas de Puigdemont y la saga de las euroórdenes ya forman parte de la historia de la crisis de 2017, pero nada de aquello se sabía a finales de octubre de aquel año. Sólo se sabía que todo un presidente autonómico había huido al extranjero. Aquello era mucho incluso para quienes estaban convencidos de la gravedad de lo que había estado pasando. El único caso comparable que se podía recordar era la huida en 1994 del director general de la Guardia Civil, el socialista Luis Roldán. Pero en este caso no se trataba solamente del temor de un individuo ante la posibilidad de ir a la cárcel; al menos, no fue así como lo explicó Puigdemont y como lo ha interpretado buena parte del independentismo. La huida del hasta entonces presidente de la Generalitat y su reivindicación de una suerte de legitimidad en el «exilio», cual pretendiente carlista, daban fe de lo lejos que había llegado una parte del separatismo en su negativa a aceptar las reglas del juego de la democracia española. De farol, nada: aquello era un órdago que mostraba hasta qué punto una parte del separatismo se consideraba irreconciliable con los principios más básicos del Estado de derecho español. Y todo esto redundaba en la idea de que aquel año marcaba un antes y un después. Al fin y al cabo, no se podía encajar la saga/fuga de C. P. en la Premisa. ¿O acaso huir del país y proclamar por todo el mundo la ilegitimidad de la justicia y la democracia españolas no era romper la baraja?

La huida de Puigdemont fue, además, el primer indicio de la rapidez y eficacia con la que se iba a rehacer el discurso separatista. En un brevísimo espacio de tiempo se pasó del desafío propositivo (el proceso hacia la independencia, con hoja de ruta y un final claro y presuntamente realizable) al agravio defensivo (España como Estado opresor al que se debía ofrecer resistencia sine die ). En cierto sentido, esto suponía un repliegue a un territorio bien conocido por el independentismo y propicio para sus perspectivas electorales, pero no debemos perder de vista lo difícil que se antojaba ese regreso en noviembre de 2017. Los acontecimientos del mes anterior habían expuesto la incapacidad del separatismo de articular algo más que un movimiento de protesta. La Generalitat había celebrado un referéndum que nadie había validado, luego había proclamado una independencia que ningún país había reconocido; la huida de empresas había desmontado el horizonte de prosperidad nórdica que las élites secesionistas habían prometido, y la autonomía había sido suspendida sin mayor resistencia que algunos tuits airados, algunas movilizaciones menores y la huida al extranjero de un puñado de políticos. El 155 había actuado como el niño del cuento del traje nuevo del emperador, ¿y quién podría seguir pretendiendo que el procés no estaba desnudo? Además, la convocatoria de elecciones autonómicas cogía a la antigua Convergència muy desarticulada. Su proceso de reciclaje hacia el PDeCAT se había desbaratado, su supuesto líder estaba huido de la justicia y varios altos cargos se encontraban igualmente fugados, procesados o inhabilitados. Que Puigdemont intentara liderar aquel espacio desde el extranjero no sólo se antojaba complicado en lo logístico, sino también un lastre para su credibilidad. Muchos daban por hecho que el expresidente jamás podría recuperarse de la ignominia de haberse dado a la fuga, o de haber proclamado una independencia que sólo había traído la pérdida del autogobierno, la fractura social y el empeoramiento de las perspectivas económicas.

Sin embargo, el encarcelamiento de aquellos exdirigentes que no se habían dado a la fuga mostró el camino para la reconstrucción del discurso independentista. Al final, aquello ofrecía menos resistencia de lo que se había podido suponer. Uno de los rasgos de nuestro tiempo es que se puede residir en silos cognitivos con cierta comodidad, sobre todo si están bien organizados y se basan en patrones previos de socialización política. Dicho de otra manera: siempre iba a ser más sencillo que los independentistas siguieran creyendo en una versión de lo que llevaban creyendo durante años que el reconocimiento de lo errado de su proyecto y el regreso a un autonomismo sin las ambigüedades de Pujol. Después de tanta insistencia en la esencial ilegitimidad o arbitrariedad del «Estado español», no suponía un gran esfuerzo decir que el procesamiento de los dirigentes independentistas era una injusticia. La evidencia de que dichos dirigentes no estaban siendo procesados —como proclamaba el nuevo discurso— por sus ideas, sino por unas acciones que de forma clara y repetida habían vulnerado la legalidad, tampoco supuso un escollo.

Todo esto llevó a muchas voces, tanto dentro de Cataluña como en el resto de España, a argumentar que la detención preventiva de Junqueras y los otros exdirigentes había sido un inmenso error. Sin embargo, esta perspectiva no terminaba de resultar convincente. En primer lugar, porque estaba claro que el Estado de derecho no iba a dejar de actuar sólo porque resultase políticamente inoportuno hacerlo; buena parte de la crisis había ido precisamente de eso. Y, en segundo lugar, porque el independentismo siempre iba a mutar hacia algo bastante parecido a lo que llevaba siendo hasta entonces. Nunca sabremos qué forma habría adoptado si no hubiera podido hacer bandera de aquellos políticos presos que pronto todo el independentismo (y parte del tercerismo ) denominó «presos políticos», pero es significativo que quien obtuvo más votos en el bloque independentista fuese el fugado Puigdemont en vez del encarcelado Junqueras. Al final, no sólo había demasiadas carreras, demasiadas reputaciones y demasiados intereses en juego como para renunciar a los planteamientos del procés , también se había invertido ya demasiada energía y demasiada convicción.

La otra gran historia de las elecciones de diciembre fue, por supuesto, la victoria de Ciudadanos. Un partido que en 2003 había dado la campanada consiguiendo tres escaños en el Parlamento autonómico arrasaba ahora con 36. Si durante décadas su discurso parecía condenado a la marginalidad, ahora se había convertido en el partido más votado de Cataluña. Por primera vez, disputar abiertamente los marcos nacionalistas se revelaba como una estrategia ganadora.

Hay cierta simetría, cierto juego de ying yang en lo que supusieron las elecciones de 2017 para el nacionalismo catalán y para la resistencia al nacionalismo catalán. Ambos pueden señalar aquellos comicios como un triunfo histórico y, a la vez, como una ocasión perdida. El independentismo mostró su capacidad de resistencia pese a reveses muy serios. Sin embargo, ni siquiera tras el 1-O, el procesamiento de sus principales dirigentes o la aplicación del 155 fue capaz de romper su techo histórico de votos. El constitucionalismo, por otra parte, culminó su proceso de visibilización en Cataluña y mantuvo algo tan crucial como una mayoría de votos o, al menos, una mayoría de votos en contra de la separación unilateral. Aun así, fue incapaz de obtener los suficientes escaños como para gobernar y hacerse con las palancas de poder desde las que —bien lo había mostrado el nacionalismo— se podía empezar a cambiar las cosas de verdad.

2017 había concluido; no así la crisis de 2017.

Después

El 4 de octubre de 2018 se presentó en Madrid una nueva edición del ensayo Contra Catalunya , de Arcadi Espada. Buena parte de la conversación que Espada mantuvo con el presentador, Federico Jiménez Losantos, orbitó alrededor de una pregunta: ¿quién había ganado y quién había perdido en la crisis catalana? Esto revelaba hasta qué punto, un año después, seguía siendo difícil evaluar aquellos acontecimientos.

Por un lado, había algunas evidencias incontestables. Los líderes secesionistas habían sido destituidos de forma tan legal como fulminante. La mitad se encontraba huida de la justicia y la otra mitad estaba encarcelada preventivamente y a la espera de juicio. Además, no existía ninguna hoja de ruta para plantear de nuevo una declaración de independencia, y el precedente de la que había intentado Puigdemont parecería desanimar hasta al separatista más enardecido. Sin embargo, las elecciones catalanas de diciembre de 2017 y los acontecimientos posteriores también habían evidenciado la resistencia del electorado independentista. Es más, se había reafirmado el control separatista tanto de las instituciones autonómicas como del espacio público, colonizado en los meses anteriores por una masa extensa de lazos amarillos. El independentismo más movilizado —articulado ahora a través de los CDR— también continuaba su estrategia de acciones propagandísticas y hostigamiento a los constitucionalistas. Además, el recién estrenado Gobierno socialista no sólo había aceptado los votos de los partidos secesionistas durante la moción de censura, sino que buscaba restablecer la cooperación con ellos. Aquello producía recelo en varios sectores constitucionalistas, en parte porque se parecía mucho a la estrategia que ya se había seguido en las décadas anteriores a 2017, y en parte también porque rehabilitaba políticamente a quienes habían planteado un grave desafío a los principios del Estado de derecho y estaban ahora abonados al eslogan «Ho tornarem a fer» (‘Lo volveremos a hacer’ ).

Se podría argumentar que el vocabulario de la victoria y la derrota no se ajusta a una crisis tan compleja como la de 2017. O que sólo puede conducirnos a fórmulas paradójicas, como la que se esbozó en la presentación del libro de Espada: los independentistas «no han ganado, pero tampoco han perdido». También se podría decir que, en realidad, todos perdieron. Estamos hablando de la ruptura más importante de la comunidad política española desde la instauración de la democracia. La mera existencia de esta ruptura ya supone un fracaso colectivo. Pero éste no puede ser el final del debate. Lo que sucedió aquel año fue un choque, no sólo entre dos niveles de un mismo Estado, y no sólo entre las trayectorias profesionales de numerosos cargos públicos, sino también entre dos culturas políticas y dos maneras de entender conceptos tan importantes como la ciudadanía, la democracia, las leyes, la soberanía o la legitimidad. Es imposible que un choque de esta magnitud no redundase en algún tipo de victoria o algún tipo de derrota, que algún planteamiento no saliera reforzado y algún otro no fuese desplazado a los márgenes de lo posible.

Visto con perspectiva, podemos decir que la credibilidad del Estado moderno —del Leviatán hobbesiano, en su versión democrática y constitucional— salió fortalecida de 2017. Es todo un hito que los líderes que habían desafiado el orden legal fuesen detenidos, juzgados y condenados (o que tuvieran que huir de la justicia para evitar todo esto), siguiendo en todo momento las disposiciones emanadas de la Constitución de 1978 y ejecutadas por instituciones derivadas de la misma. Era la primera vez que la democracia española surgida de la Transición se enfrentaba a una prueba de este tipo. Antes de 2017, nadie podía estar seguro de cómo reaccionaría el sistema a un asalto a la legalidad desde las instituciones autonómicas. Ahora quedaba claro que el independentismo era incapaz de doblarle el pulso al Estado democrático; al menos, mientras éste estuviese dispuesto a poner pie en pared y a movilizar a un amplio abanico de instituciones, organismos e individuos en su defensa. La lección parecía clara: el Estado democrático no perderá pulsos como el de 2017 mientras no los quiera perder.

Si el Leviatán salió reforzado de 2017, no se puede decir lo mismo del bloque que animó y empujó su respuesta al separatismo. El constitucionalismo como frente amplio y transversal fue minuciosamente dinamitado durante los años siguientes y, sobre todo, tras la moción de censura que propició un cambio de Gobierno. Puede argumentarse que aquel frente ya no era necesario. Había cumplido su función en el momento en que debía cumplirla y sentó un precedente que podría ser utilizado en un futuro. Ésta sería la lectura optimista. La pesimista es que el desmantelamiento de ese frente, y la estela de acritud política y degeneración institucional que ha dejado tras de sí, hará imposible su futura reactivación.

Ambas lecturas, sin embargo, dan fe de una historia que aún se está escribiendo. La onda expansiva de lo que ocurrió en 2017 ha seguido marcando la sociedad, la política y el debate público españoles, incluso en algunas cuestiones que parecerían indicar que ya se ha pasado a otro escenario. Que no vivamos ya en 2017 no significa que hayamos dejado de vivir en la España alumbrada por la crisis de 2017. Aquel año no supondrá sólo un punto de referencia fundamental en los libros de historia y en las distintas culturas políticas de nuestro país. Como veremos a lo largo de este capítulo, también es uno de los grandes motores de lo que hemos vivido, de lo que estamos viviendo y de lo que nos queda por vivir.

Volvamos al debate sobre la victoria y la derrota. No era excepcional que aquello se abordase en un acto de 2018. Quizá lo excepcional era que hubiese un debate al respecto. Porque para entonces ya se había consolidado un nuevo lugar común: «ellos saben que han perdido». Ellos eran los nacionalistas, y la frase se podía escuchar en labios de un socialista, de un conservador o incluso de algún simpatizante de Ciudadanos. Aquel mantra venía a sustituir a los otros que se habían escuchado durante los años anteriores: desde el «no van a llegar hasta el final» de los tiempos de Artur Mas al «esto es una pantomima para preparar unas elecciones autonómicas» de la campaña del 1-O, pasando por el incombustible «el frente independentista se está resquebrajando». Este último se resucitaba ante cada nueva información sobre las tensiones entre ERC y Puigdemont, sin reparar en que se trataba de los roces naturales entre quienes caminan juntos hacia un mismo objetivo.

Como en los casos anteriores, el «ellos saben que han perdido» cumplía una función balsámica. Decía al constitucionalista lo que quería oír. Aquella batalla se había ganado de una forma tan clara y contundente que incluso los nacionalistas lo habían comprendido. Lo necesario ahora era una gestión inteligente de la victoria, enseñar al independentismo el camino a una rendición digna. Por ejemplo, indultando a sus líderes encarcelados y que aguardaban juicio. O dejando actuar a los rescoldos del independentismo sociológico, haciendo caso omiso de la actitud desafiante de sus dirigentes. Se había ganado la guerra; ahora sólo quedaba ganar la paz.

Sin embargo, aquel mantra no se debía tanto a una evaluación rigurosa de la situación como al wishful thinking (‘hacerse ilusiones’) que casi siempre ha exhibido el constitucionalismo (especialmente fuera de Cataluña) al contemplar al independentismo. En realidad, y como ya hemos visto, para entonces los separatistas habían conseguido unos logros incuestionables. No era anecdótico que, en la plaza mayor de Vic, sonase cada tarde por megafonía un mensaje del ayuntamiento: «No normalicemos la situación de excepcionalidad y urgencia nacional. Recordemos cada día que hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro camino: la independencia de Cataluña». Pero, sobre todo, el mantra del «ellos saben que han perdido» tapaba otra realidad incómoda para el constitucionalismo: el enorme desgaste que el pulso separatista había supuesto, y seguiría suponiendo, para el sistema democrático. El procés había tenido un efecto demoledor sobre las instituciones autonómicas catalanas, pero también había ido desgastando al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, enfrentándolos a decisiones difíciles y, con ellas, a sus propios límites. Por otra parte, no se estaba potenciando un discurso acerca de la crisis de 2017 que contrarrestase el de los separatistas. En noviembre de 2017, el ensayista González Férriz había apuntado un aspecto crucial: «En la segunda fase el Gobierno español tiene que mostrar una enorme generosidad. Pero esta generosidad no se puede producir si no viene precedida de una victoria clara del Estado de derecho. Dentro del Estado de derecho todo, pero fuera, nada». 1 El caso es que, en un sistema de opinión pública, esta victoria no podía ser sólo fáctica, sino también simbólica. Había que explicar que el Estado de derecho había tenido razón en 2017. Los gestos del Gobierno a finales de 2018, sin embargo, parecían ir en una dirección distinta. Lo cual nos remite a otro de los elementos de desgaste: desde mediados de 2018 habían aparecido importantes grietas en el bloque que había defendido el orden constitucional en el momento álgido. Unas grietas que sólo se ampliarían con el paso de los meses.

Nada de esto era evidente o inevitable en las postrimerías de la crisis. Al contrario: las convulsiones de 2017 parecían haber abierto la puerta a una reconfiguración de la política nacional. O, al menos, a una aclaración de la misma. La cooperación entre los dos partidos clásicos y un tercero emergente había delimitado el perímetro de lo aceptable dentro de la España de las autonomías. La activación del 155 no había sido la respuesta de Mariano Rajoy o del Partido Popular, había sido la respuesta del sistema democrático a la hora de señalar cuáles eran sus límites y de qué recursos disponía para defenderlos. No era poco para un sistema sui generis como el que se había creado en 1978, y cuyo desarrollo hasta entonces se había producido a trompicones. Además, la reacción de 2017 encajaba en una senda por la que había estado avanzando la democracia española: el fin de la impunidad. Un Estado de derecho moderno podía procesar tanto a Rodrigo Rato como a Oriol Junqueras, tanto a Iñaki Urdangarin como a Carme Forcadell, y todo bajo un mismo principio: nadie, por mucho poder que acumulase, podía decidir qué leyes obedecer y cuáles no. Todo esto conllevaba una pedagogía del Estado de derecho, ya fuese por la vía de los hechos o por la de su explicación ante la opinión pública.

A comienzos de 2018 también parecía haber ganado enteros la idea de que la respuesta al nacionalismo debía ser diferente de la que se había intentado durante las décadas anteriores. El triunfo de Ciudadanos en las elecciones catalanas no había permitido formar un Gobierno autonómico constitucionalista, pero sí parecía clarificar las cosas dentro de este campo. Ciudadanos había obtenido más escaños (36) que PSC y comunes juntos (17+8). El análisis interesado que se realizaría desde estas formaciones era que la polarización de 2017 había impulsado el voto a los extremos. Pero más bien parecía que se había quebrado algo fundamental: la idea de que el catalanismo era la única vía al éxito electoral en Cataluña. Recordemos que uno de los atractivos de esa tercera vía ante el nacionalismo, representada por el PSC y a la que después se sumó Podemos, había sido su presunta solidez pragmática. Sus prescriptores habían explicado durante años que, si se transigía con elementos clave del discurso nacionalista, se restarían apoyos al independentismo más cerril. Y aunque se pueda argumentar que esa estrategia era cortoplacista y sembraba las semillas de lo que vendría después, siempre había sido cierto que otorgaba buenos resultados electorales. Las elecciones de diciembre de 2017, sin embargo, habían mostrado que la calderilla competencial y simbólica que ofrecía el tercerismo no decía nada a los centenares de miles de independentistas. Y también mostraba que los no nacionalistas preferían un partido que defendiese sus razones y se hiciese eco de sus agravios: al final, el triunfo de Ciudadanos era también el del sintagma «representación política».

Todo esto iba en sintonía con lo que estaba sucediendo a nivel nacional. Aquellos que ven Cataluña como un ente ontológicamente diferenciado del resto de España tendrán serias dificultades para explicar qué ocurría en la política española a comienzos de 2018. No era sólo que Cataluña fuese el gran tema de conversación nacional, sino que el partido que acababa de ganar las elecciones catalanas estaba liderando también las encuestas nacionales. En enero de 2018, una encuesta de Metroscopia colocaba por primera vez a Ciudadanos como partido con mayor intención de voto en unas hipotéticas elecciones generales: el 27,1 por ciento, frente al 23,2 por ciento del PP, 21 por ciento del PSOE y 15,1 por ciento de Podemos. Su buena salud demoscópica continuó en los meses siguientes: en marzo, una encuesta de GAD3 mostraba a Ciudadanos nuevamente como primer partido en intención de voto. Y el barómetro del CIS del mes de abril daba al partido de Albert Rivera la segunda posición, con el 22,4 por ciento de intención de voto, frente al 24 por ciento del Partido Popular y el 22 por ciento del PSOE. Luego estaba la impresión subjetiva, que también conviene consignar antes de que la memoria la desdibuje o los hechos posteriores la hagan parecer improbable: en la primavera de 2018 existía la sensación de que Ciudadanos estaba en un ascenso imparable y que era cuestión de tiempo que Rivera entrase en un Gobierno, ya como presidente o como vicepresidente. Y esto no parecía deberse a un éxito táctico puntual, sino a la asunción de sus tesis por parte del electorado. La elección de Quim Torra como presidente de la Generalitat en mayo de 2018 sólo profundizó esta dinámica. En la Cataluña constitucionalista y en el resto de España concitaron un enorme rechazo tanto su agenda (dictada desde el extranjero por el fugado Puigdemont, y continuista con los planteamientos más extremos del procés ) como el conocimiento de antiguos artículos suyos de corte etnicista. Quien parecía mejor preparado para representar ese rechazo era el partido de Rivera y Arrimadas.

En realidad, todo aquello desbordaba el marco de los partidos. En la primera mitad de 2018 se podía apreciar en la esfera pública un rearme moral e intelectual del constitucionalismo. Surgían iniciativas como el Club Tocqueville de Barcelona, un ambicioso think tank y plataforma para el debate de perfil constitucionalista, impulsada por figuras relevantes como el escritor Valentí Puig y el catedrático Josep María Castellà. Y el procés estaba creando un corpus literario notable, diverso y nutrido. Siempre había sido así en el campo independentista, pero a la altura de 2018 se podía apreciar una producción comparable en el campo constitucionalista. 2 Muchos de los títulos estaban escritos por figuras consagradas de la España de las primeras décadas de la democracia: Las cuentas y los cuentos de la independencia , de Josep Borrell y Joan Llorach (2015); Qué está pasando en Cataluña , de Eduardo Mendoza (2017); Contra el separatismo , de Fernando Savater (2017), o las entrevistas a treinta catalanes críticos con el secesionismo catalán recogidas por Sergio Fidalgo en Me gusta Catalunya, me gusta España (2015). Pero también había varios títulos escritos por una generación más joven de autores nacidos entre finales de los años setenta y ochenta. Podemos citar aquí El golpe posmoderno, de Daniel Gascón; Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido, de Rafa Latorre; Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña, de Juan Claudio de Ramón, y La anomalía catalana, de Cristian Campos. Todos fueron publicados entre 2018 y 2019. También desde el ámbito académico se habían producido trabajos matizados y eruditos pero poco complacientes con las tesis del independentismo, como Breve historia del separatismo catalán, de Enric Ucelay-Da Cal (2018), Con permiso de Kafka: el proceso independentista en Cataluña, de Jordi Canal (2018); Cataluña en España: historia y mito, de Gabriel Tortella, José Luis García Ruiz, Clara Eugenia Núñez y Gloria Quiroga (2016), y el libro colectivo El proceso separatista en Cataluña, editado por Ucelay-Da Cal, Steven Forti y Arnau González i Vilalta (2017). Se habían difundido igualmente testimonios como el de la profesora de instituto Dolores Agenjo (en SOS. Secuestrados por el nacionalismo , 2016) y propuestas inteligentes para resolver algunas de las cuestiones que latían en el conflicto nacionalista, como la expuesta por Mercè Vilarrubias en Por una Ley de Lenguas (2019). Por último, también había numerosos títulos que adoptaban una postura matizada ante el nacionalismo y crítica con los Gobiernos centrales, pero igualmente crítica con el procés : sirvan de ejemplo La gran ilusión, de Guillem Martínez (2016), y La conjura de los irresponsables, de Jordi Amat (2017).

Se puede objetar que todo esto sucedía en un contexto en el que los libros habían dejado hacía tiempo de ser realmente influyentes. Pero los libros tienen ondas expansivas: estas publicaciones dieron pie a entrevistas en prensa, radio y televisión en las que los autores exponían sus ideas ante un público considerable. Fueron un paso importante en su consolidación como prescriptores con presencia mediática, ya fuese a través de columnas en la prensa escrita o de participación en tertulias de radio o de televisión. Esto suponía, además, que tendrían oportunidad de comentar las novedades que se fueran produciendo con respecto a la situación catalana. No se trataba, en fin, de un fenómeno circunscrito a las élites bibliófilas. En uno de aquellos libros se señalaba precisamente un clima de mayor apreciación hacia las virtudes del Estado democrático surgido de la Transición:

Quizá una de las cosas buenas del procés es que se han popularizado datos que muestran que España es una democracia avanzada, comparable a los países de su entorno (aunque sea deprimente haber tenido que aprenderlo así, y también que muchos no se hubieran dado por enterados). [...] La idea de que España no es una democracia consolidada, de que está permanentemente bajo sospecha, no sólo es falsa, sino que supone una pérdida de energías: la enmienda a la totalidad (siempre simbólica, infalsificable, inagotable) aboca a interpretaciones esencialistas o culturalistas y al recurso a reformas grandiosas e inconcretas, y dificulta centrarse en mejoras graduales y prácticas. 3

Que mucho había cambiado en la oposición al secesionismo también se hizo evidente entre diciembre de 2017 y enero de 2018, cuando la plataforma Tabarnia irrumpió de forma inesperada en el debate público. La petición de que se constituyese una nueva comunidad autónoma que incluyese solamente a Barcelona y Tarragona, con el fin de que estas provincias pudieran permanecer tranquilamente dentro de España (existía en ellas una mayoría constitucionalista que se veía sistemáticamente desfavorecida en las elecciones autonómicas por la ley electoral), fue parte de la conversación nacional durante algunas semanas, e incluso llegó a ser trending topic mundial el 27 de diciembre de 2017. Se trataba de un brillante ejercicio satírico que daba la vuelta a algunos de los artículos de fe del independentismo, como la mentalidad decisionista o los agravios por un «expolio» de las provincias con menos renta a las de mayor riqueza. Pero aquello se ofrecía a más lecturas. Si bien sus impulsores nombraron al dramaturgo Boadella como presidente de honor, quedaba claro que este tipo de sátira del nacionalismo era muy distinta de la que habían ejercido durante décadas los primeros críticos en sus funciones teatrales o sus artículos de prensa. Al fin y al cabo, el movimiento de Tabarnia estaba impulsado fundamentalmente por las redes sociales, y hacía uso de las herramientas propias de estas plataformas —mensajes sintéticos y mordaces, respuestas ingeniosas, memes virales—. Era una buena muestra de la inyección de savia nueva en la resistencia al nacionalismo. Dejaba claro tanto el vigor subversivo de los catalanes no nacionalistas como su voluntad de seguir visibilizando su rechazo al proyecto nacionalista.

Todo cambió con la moción de censura.

Cuando Sánchez anunció una moción contra Rajoy, había motivos para ver aquello como una maniobra que buscaba reivindicar el papel del PSOE como principal partido de la oposición. En mayo de 2018 los socialistas se encontraban claramente desorientados. El liderazgo de Sánchez se había mostrado errático y profundamente divisivo dentro del partido. No había logrado ni ahuyentar el fantasma de Podemos ni aprovechar el desgaste del Gobierno de Rajoy. Como ya hemos visto, las encuestas sugerían que si alguien terminaba relevando al PP al frente del Gobierno no sería el PSOE, sino Ciudadanos; o, si acaso, una coalición de ambos en la que el partido de Rivera ocuparía un puesto preeminente. Además, nadie daba por hecho que el PNV, que resultaba indispensable para el éxito de la moción, se sumaría a ella. Al fin y al cabo, acababa de apoyar los presupuestos del Gobierno existente. La moción de censura parecía, en fin, un síntoma de la debilidad —casi de desesperación— del PSOE más que de fortaleza. Costaba creer que un partido con 85 escaños (de 350) y que venía de obtener sus peores resultados en democracia —con el mismo Sánchez que ahora presentaba la moción— aspirase seriamente a gobernar. Un par de días después, la defección del PNV era un hecho y Sánchez se convertía en presidente del Gobierno.

¿Qué significaba aquello para el escenario post 2017? Aquí también hubo una evolución rápida. En un principio —y aquí recurro de nuevo a impresiones y recuerdos—, muchos de quienes se habían sentido implicados en la defensa del constitucionalismo vieron con simpatía la posibilidad de que Sánchez desbancara a Rajoy. No era algo circunscrito a los votantes del PSOE, ni era desde luego una actitud basada en los méritos de Sánchez, quien, a esas alturas, ya se había mostrado como un político inane y oportunista. Aquella actitud se basaba casi exclusivamente en los deméritos de Rajoy. Por un lado, la moción venía justificada por una (cuestionable) lectura de la sentencia de la trama Gürtel y, por tanto, destacaba la (incuestionable) laxitud del presidente ante la corrupción en su partido. Pero para muchos resultaba igual de importante la pérdida de confianza en el Gobierno por su manejo de la crisis de 2017. Si bien se había criticado a Rajoy (sobre todo desde la izquierda) por su falta de diálogo para resolver aquello, también había muchos que pensaban que el Gobierno había actuado tarde, mal y sin la suficiente contundencia, sobre todo en la gestión del 1-O, la aplicación del 155 y la huida de Puigdemont. Por no hablar de que la presidencia de Rajoy nunca había logrado cicatrizar del todo las heridas abiertas en la derecha durante el congreso de Valencia de 2008. A mediados de 2018, en definitiva, gente muy distinta había confluido en el antimarianismo .

Aquella actitud cambió en cuanto fue quedando claro que la moción no era tanto para quitar a Rajoy como para poner a Sánchez. Es decir, que el líder del PSOE no iba a convocar elecciones tras desbancar al presidente actual, sino que pensaba mantenerse en el poder durante algún tiempo. Era una opción tan legal como atractiva para los simpatizantes socialistas. También era difícilmente justificable ante todos los demás. ¿Qué impedía convocar unas elecciones en las que los españoles pudiesen expresar su valoración tanto de la sentencia de la Gürtel como de los graves acontecimientos del año anterior? ¿Qué había de indeseable en que los partidos pudieran presentar a los electores sus propuestas para lidiar con el escenario post 2017? La impresión de entonces ha quedado confirmada posteriormente: la decisión de no convocar elecciones no se debía a una necesidad de «estabilizar el país», como declaró el nuevo presidente. Una vez aprobados los últimos presupuestos de Rajoy, el país ya quedaba lo suficientemente estabilizado. Aquello obedecía más bien a una estrategia que pretendía mejorar la imagen de Sánchez ante la ciudadanía y su poder dentro del partido. Y pretendía hacerlo con los enormes recursos que ofrece la Moncloa para realizar nombramientos y pautar la conversación pública.

La puntilla para el posibilismo de muchos fue, sin embargo, que Sánchez aceptara los votos de los separatistas en la moción y estuviera dispuesto a cortejar su apoyo para mantenerse en el poder. Es difícil exagerar la sensación de incredulidad que muchos sintieron (sentimos) al comprender aquello. Entre 2012 y 2017, los independentistas catalanes se habían alejado de cualquier espacio en el que pudiera haber un entendimiento con las formaciones que creían en el orden constitucional. Durante aquel tiempo también se había ido creando un amplio frente constitucionalista, tanto en Cataluña como en el resto de España, contrario a la deriva ilegal de ERC y CiU / PDeCAT / JxCat. El PSOE y sus medios afines habían sido muy importantes en esa delimitación discursiva y en la popularización de un diagnóstico: que las acciones de Puigdemont y Junqueras, así como los planteamientos generales del secesionismo, resultaban democráticamente inaceptables. En una entrevista televisiva realizada unas semanas antes de la moción de censura, Sánchez había sido preguntado acerca de si lo ocurrido en el Parlamento catalán el 6 y 7 de septiembre constituía un delito de rebelión. El líder socialista respondió que «lógicamente lo es», y añadió que, por lo que se refería a los antiguos líderes de la Generalitat, «clarísimamente ha habido un delito de rebelión y de sedición». El apoyo al artículo 155 por parte del mismo líder que había hecho bandera de su «no es no» a Rajoy reforzaba la impresión de que, para el PSOE, la gravedad de las acciones de los separatistas era más importante que su tradicional enfrentamiento con los populares.

Nada de lo ocurrido desde entonces indicaba que los separatistas habían cambiado. Es más, la elección de Quim Torra como presidente de la Generalitat, y la evidencia de que Puigdemont seguía dictando los ritmos y la estrategia de la política catalana desde el extranjero, venían a señalar que el independentismo se encontraba en el mismo punto que en 2017. Si sus planteamientos de antes eran inaceptables, debían seguir siéndolo ahora. Y si ellos mismos se habían expulsado del espacio de entendimiento democrático, readmitirlos sin que mediase una rectificación suponía desdibujar dicho espacio. ¿Y ahora, pese a todo esto, Sánchez pretendía gobernar con su apoyo?

Visto con perspectiva, la moción de censura dinamitó el frente que había salvado lo peor de la crisis de 2017. Esto ni era inevitable ni sucedió de inmediato, y desde luego hay muchas interpretaciones posibles en cuanto a por qué acabó ocurriendo. Pero lo que es indudable es que hubo un drástico empeoramiento de la relación entre los tres partidos que habían apoyado unos meses antes la suspensión de la autonomía catalana. Y también entre los medios, prescriptores y simpatizantes que se opusieron al secesionismo durante la crisis de 2017. Éste ha sido uno de los efectos de la llegada de Sánchez al poder. Y ésta es también una de las consecuencias de la crisis de 2017. Porque, al final, lo que resultó inaceptable para muchos de la presidencia de Sánchez fue su intento de restablecer la colaboración con aquellas fuerzas que habían protagonizado el asalto a la legalidad medio año antes. Muchos le terminarían perdonando aquello; otros, no.

La presidencia de Sánchez buscó desde el principio proyectar una imagen de modernidad y dinamismo, en contraste con las formas clásicas de Rajoy. Sin embargo, por lo que se refiere a la cuestión nacional, su principal apuesta fue regresar a planteamientos que muchos consideraban superados tras 2017. De nuevo, Sánchez no necesitaba justificar solamente la moción de censura, también debía justificar su propia permanencia en la Moncloa y su negociación con los independentistas para aprobar unos presupuestos y agotar la legislatura. Esto obligaba a rehabilitarlos ante la opinión pública como interlocutores y a plantear un marco que justificara la negociación con ellos.

Así, el nuevo Gobierno enarboló el mantra del diálogo como virtud democrática y como herramienta eficaz para resolver el escenario post 2017. Esto vino acompañado por intentos de escenificar un deshielo entre el Gobierno nacional y el Gobierno autonómico, incluyendo una almibarada reunión entre Sánchez y Torra en julio de 2018. No era nada especialmente nuevo: sólo un año antes, el Gobierno de Rajoy —con Soraya Sáenz de Santamaría a la cabeza— había desplegado una estrategia similar de reuniones, fotos y discurso firme-pero-constructivo. Si acaso, lo sorprendente fue comprobar que Sánchez no estaba dispuesto a ir más allá de una estrategia que ya había hecho aguas con el Gobierno anterior. Porque era perfectamente concebible que el nuevo presidente compaginase el deshielo institucional con impulsar una alternativa al independentismo. Esto, a mediados de 2018, no pasaba sólo por reiterar la negativa a un referéndum de autodeterminación, sino también por denunciar el discurso de los «presos políticos», ese que Torra escenificó al entrar en la Moncloa con un lazo amarillo en la solapa. Además, parecía necesario desarrollar un plan que compitiera con las estrategias a largo plazo del nacionalismo. Porque en el verano de 2018 era evidente que sus objetivos no se limitaban a obtener indultos para los líderes del procés , ni alguna nueva cesión competencial o mejora de la financiación. Su estrategia, dictada tanto por el expresidente fugado como por el exvicepresidente preso, seguía siendo deslegitimar el marco constitucional y aumentar la base social independentista para un futuro asalto a la legalidad que pudiera ser el definitivo. Frente a este plan, el objetivo de cualquier Gobierno central tendría que haber sido facilitar que un frente constitucionalista obtuviera algún día una mayoría para gobernar en Cataluña. En un Estado tan descentralizado como el español, y con una población que sigue estando mayoritariamente a favor de las autonomías, lo único que podía cambiar verdaderamente las cosas era que los nacionalistas perdiesen el poder autonómico. Esto pasaba por apoyar y proteger activamente a los catalanes constitucionalistas, por impulsar y legitimar discursivamente sus asociaciones y por desplegar una política de medios que pudiera rivalizar con la de la Generalitat. También era algo que animaba a transformar lo que se entendía por «diálogo». Como ha expuesto Juan Claudio de Ramón, diálogo ya no debía ser sencillamente un ejercicio en el que una parte exigía y la otra parte iba eligiendo en qué cedía y en qué no. 4 Más bien debía ser un ejercicio en el que ambos exigieran y ambos tuvieran que ceder ante el programa de máximos del otro. Era preciso proteger y delimitar lo común tanto como lo particular.

Pronto quedó claro, sin embargo, que Sánchez no estaba interesado en aquello. Su concepción del diálogo era exactamente la misma que habían tenido sus antecesores. Y en vez de animar el rearme moral, intelectual y asociativo del constitucionalismo, se aplicó a su desactivación. Aquello quedó patente en lo que podríamos denominar guerra del plástico amarillo , librada en el verano de 2018. Durante los meses anteriores, los independentistas habían saturado los espacios públicos de Cataluña de lazos amarillos, el símbolo que reivindicaba la amnistía a los líderes del procés —que, según su discurso, estarían injustamente procesados—. Varios grupos no nacionalistas habían disputado esta apropiación del espacio público, organizando grupos que retiraban los lazos de vías, farolas, semáforos... Era una buena muestra de las dinámicas creadas por la crisis de 2017: no era novedoso que los independentistas monopolizaran el espacio público con sus consignas y reivindicaciones, pero sí lo era que otros catalanes estuvieran dispuestos a mostrar su rechazo. Sin embargo, tanto el socialismo como sus sectores afines se alinearon con Podemos y con los independentistas al señalar que quienes retiraban lazos amarillos sólo buscaban «crear tensión», que vivían «instalados en el conflicto» y «dificultaban la solución» del mismo. También abundaron las acusaciones a Ciudadanos y PP de estar actuando de forma interesada al apoyar públicamente las acciones de las brigadas antiplástico . Era una acusación paradójica, por cuanto aquella actitud formaba parte de la estrategia del PSOE y Podemos en su nueva (o, en el caso de Podemos, continuada) actitud ante el independentismo.

El discurso del nuevo Gobierno y sus sectores cercanos durante la guerra del plástico supuso un regreso al paradigma de la «fábrica de independentistas». Esto es, la idea de que la crisis catalana había surgido principalmente de la irresponsabilidad de una derecha española (y españolista) que no había mostrado el necesario tacto ante las aspiraciones del catalanismo. Unos pirómanos que, con su intransigencia, habrían empujado a la sociedad catalana hacia el independentismo. Así se empezaba a rehabilitar la Premisa. Así se perdía, también, una oportunidad para apoyar a los catalanes no nacionalistas y para cohesionar un frente constitucionalista que algún día pudiera ganar la Generalitat. Las brigadas antiplástico se fueron quedando en la misma intemperie que los discrepantes de los ochenta, noventa y dos mil. Lo mismo sucedió con otras iniciativas valientes surgidas tras el punto álgido de 2017, como el grupo de universitarios constitucionalistas S’Ha Acabat! o la plataforma Universitaris per la Convivència. Todo mientras el nacionalismo se reafirmaba en su actitud ante la disidencia: en febrero de 2019, un grupo de independentistas escenificó una desinfección (con fregonas y cubos de lejía incluidos) de una plaza en la que Ciudadanos había organizado un acto.

El regreso al pasado se fue cumpliendo durante los años siguientes. Para julio de 2020, la portavoz de Sociedad Civil Catalana en Gerona, Elda Mata, declaraba en una entrevista que «los Gobiernos estatales han utilizado a los constitucionalistas catalanes como moneda de cambio [...] cuando el Gobierno español ha necesitado los votos de los nacionalistas, nos ha dejado vendidos [...]. Con el actual Gobierno es aún más claro, se ve más. Durante cuarenta años se han hecho cesiones, pero como ninguno pensaba que la situación en Cataluña llegaría a lo que es ahora, no se le daba importancia [...]. En general, todos nos han dejado tirados». 5 En lo referente a la resistencia al nacionalismo en Cataluña, la presidencia modernizadora de Sánchez había supuesto un enorme salto hacia atrás.

Ahondemos en esto. Una cosa era que el PSOE deseara gobernar la España posterior a 2017. Como he señalado, esto era algo que muchos (incluso entre quienes no habían votado a ese partido en las elecciones más recientes) podían aceptar o incluso apoyar. Una cosa muy distinta era que el PSOE quisiera gobernar la España posterior a 2017 como si 2017 nunca hubiera sucedido. Es decir, como si la enorme crisis que el país acababa de vivir no animase a revisar las estrategias y los discursos de las décadas anteriores. Aprender, por ejemplo, de todas aquellas ocasiones en las que se había creído que aceptar el marco nacionalista desactivaría su impulso de ruptura o de aquéllas en las que se habían canjeado investiduras y presupuestos por cesiones competenciales, o de aquéllas en las que se había explicado que los excesos discursivos del nacionalismo no eran más que palabras sin consecuencia práctica, o de aquéllas en que se había defendido que lo inteligente era dar oxígeno a unos nacionalistas como dique de contención frente a otros. A esas alturas ya existía una excelente base empírica que mostraba que aceptar los marcos del nacionalismo no servía ni para reducir el atractivo electoral de sus partidos ni para disminuir sus exigencias. También había quedado claro que sus episodios de beligerancia no eran una reacción espontánea ante una presunta falta de reconocimiento de la diversidad española, sino que se trataba de un mecanismo de oportunidad política al que recurrirían siempre que les conviniese. Era necesario, en fin, abrirse a la posibilidad de que la declaración de independencia suscrita por el Parlamento autonómico en octubre de 2017 hubiese sido el resultado de cuarenta años de recetas equivocadas.

No fue así. En Estados Unidos se utiliza mucho una máxima acuñada por la escritora Rita Mae Brown, según la cual «la definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos». Pues bien: ésta parecía ser, precisamente, la actitud del Gobierno de Sánchez ante los frentes no cerrados de la crisis de 2017. Tras la moción de censura, no hubo nada en la estrategia de Sánchez ante el separatismo que no pudiera haber firmado Zapatero. La única salvedad era que el separatismo se había alejado tanto del marco constitucional que, para salir en su búsqueda, el PSOE debía ir mucho más lejos de lo que jamás había ido. Así, se mezclaba la rehabilitación de planteamientos antiguos con movimientos insólitos. Escasos meses después de la moción de censura ya se planteaba que la solución pasaba por un nuevo Estatuto o (como sugirió nada más acceder al cargo de ministra la dirigente del PSC Meritxell Batet) por recuperar los artículos declarados inconstitucionales en 2010. Pero también se defendía la necesidad de crear ambiguas mesas de negociación al margen de las instituciones y con figuras mediadoras; espacios que se concretaron primero en la propuesta de reuniones con «relator» de 2019 y finalmente en la «mesa de negociación» de 2020. En su discurso de investidura definitivo, Sánchez incluso hizo suyo el planteamiento independentista según el cual era necesario «dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor y fractura ha causado».

Quienes criticaban aquello fueron acusados desde el Gobierno y sus sectores afines de «vivir instalados en el conflicto». Lo que fue quedando claro, sin embargo, es que el PSOE había decidido instalarse en un conflicto distinto: el que mantenía con Ciudadanos y con el Partido Popular. El 30 de julio de 2019, por ejemplo, la vicepresidenta Carmen Calvo justificó que su partido fuese a gobernar Navarra gracias al apoyo de Bildu (en lugar de apoyar la investidura de la coalición de centroderecha que había ganado las elecciones) con el argumento de que el «adversario natural» de su partido eran «las derechas». Así, y por mucho que lo pretendiera su discurso oficial, lo que definía al nuevo Gobierno no era su mayor o menor apetencia por el conflicto, sino su elección de adversarios. Una elección que daba marcha atrás a la convergencia que se había producido durante los años anteriores.

Es cierto que este proceso llevó su tiempo y tuvo espacios de ambigüedad. Quizá la figura más ilustrativa del tránsito del PSOE entre la moción de censura (mediados de 2018) y la investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de ERC (comienzos de 2020) es la de Josep Borrell. El veterano político socialista se había convertido en uno de los iconos del constitucionalismo durante la crisis de 2017, y en una figura muy eficaz a la hora de disputar el marco secesionista, tanto en España como en el extranjero. Por esto se había convertido también en una de las figuras más aborrecidas por el separatismo, hasta el punto de que el ayuntamiento de su pueblo natal (en la provincia de Lérida) había impulsado una consulta para retirar su nombre de una calle. Su nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores del primer Gobierno de Pedro Sánchez parecía toda una declaración de intenciones, y fue esgrimido por los partidarios del nuevo Ejecutivo como evidencia de su compromiso constitucionalista. Aquello incluso parecía garantizar que la defensa de España ante la opinión pública extranjera —que, como hemos visto, había sido un punto especialmente polémico durante el procés — sería mucho más eficaz que durante los años de Rajoy.

Sin embargo, los acontecimientos mostraron pronto que aquello había sido más bien una maniobra publicitaria, el puente necesario mientras se labraba a un estado de opinión que aceptase un acuerdo entre PSOE y ERC para la continuidad de Sánchez. Esto no quiere decir que esta hoja de ruta estuviera trazada en el mismo momento en que Sánchez ofreció la cartera de Exteriores a Borrell, pero no era muy difícil de prever que, en el momento en que Sánchez debiera elegir entre su ministro y el apoyo de Junqueras, se decantaría por este último. Así fue. En noviembre de 2018, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, llegó a ser expulsado del Congreso por sus insultos a Borrell durante una sesión parlamentaria. Tres meses después, el PSOE nombró a Borrell cabeza de lista de las elecciones europeas, poniendo fin a su breve etapa como ministro. Mientras el otrora icono del constitucionalismo regresaba a la irrelevancia —al menos en la política española—, la número dos del PSOE, Adriana Lastra, y el propio Rufián escenificaban en numerosas reuniones la nueva y fructífera relación entre los socialistas y ERC.

Este tipo de deslizamiento ha sido una dinámica recurrente en la presidencia de Sánchez. Cuando el presidente era acusado de estar preparando algún acuerdo, estrategia o medida indeseables, la primera respuesta del Gobierno era decir que todo aquello eran exageraciones de la derecha. Después, cuando ese mismo acuerdo, estrategia o medida se hacía oficial, se explicaba que en realidad era algo muy positivo para la convivencia, para la democracia y para el progreso. Pero ¿no habían dicho inicialmente que todo aquello eran barbaridades de la derecha? Daba igual: el discurso ya era normalizar lo que en un principio se había desacreditado. Sucedió con la rehabilitación de ERC (y de Bildu) como interlocutores y apoyos aceptables, sucedió con el uso de mesas parainstitucionales de negociación con el independentismo y sucedió con el uso de delicadas herramientas del Estado como monedas de cambio con el secesionismo. Por ejemplo, cuando el Gobierno forzó una rectificación en la postura de la Abogacía General del Estado de cara al juicio a los líderes del procés . Primero venían los «qué exageración, madre mía, ojalá tuviéramos una derecha civilizada y europea»; después, las explicaciones de que en realidad todo aquello eran cesiones lógicas, deseables, normales, pragmáticas. El problema es que ni siquiera esto último parece haber sido cierto. Años después de 2017, cuesta ver cuál ha sido su beneficio real, más allá de garantizar la permanencia del PSOE en el Gobierno.

La moción de censura también puso fin al ciclo reformista que se había abierto simbólicamente en 2011 con el fenómeno del 15-M. Esto no era evidente en el momento en que Sánchez accedió a la presidencia, y sus partidarios probablemente argumentarían que tanto su primer Gobierno (monocolor) como el segundo (de coalición con Podemos) han desarrollado programas reformistas. También se puede argumentar que ambos Gobiernos estuvieron marcados por uno de los aspectos del ciclo reformista: el auge del multipartidismo y la consecuente necesidad de formar Gobiernos en minoría o de coalición, con acuerdos parlamentarios a muchas bandas. Y es igualmente cierto que el segundo Gobierno de Sánchez ha incluido a uno de los partidos que crecieron a partir del 15-M.

Sin embargo, la estrategia desarrollada para que el PSOE pudiera seguir en el poder destruyó dos de los rasgos más valiosos del ciclo reformista. En primer lugar, la exigencia de decencia y honestidad a los representantes políticos. Éste había sido uno de los ejes de la crítica a los Gobiernos de Rajoy. También era algo que se había planteado desde un discurso explícitamente transversal, dando a entender que esa exigencia se aplicaría también a futuros gobernantes, independientemente de su color político. Y en un primer momento el nuevo Gobierno indicó que consolidaría este paradigma, declarando que deseaba recuperar la «ejemplaridad» y la «decencia» (Sánchez incluso dijo en la moción de censura que ésta se justificaba por la necesidad de «elevar la calidad de nuestra democracia, que hoy está puesta en cuestión»), y forzando las dimisiones tempranas de dos ministros por escándalos relativamente menores. Después estallaron las polémicas de la tesis doctoral del presidente y las grabaciones comprometedoras de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y se produjo un cambio radical de estrategia. De la ejemplaridad absoluta se pasó a la máxima de Cela: «En España, el que resiste gana». Fue un viraje tolerado y eventualmente apoyado en las urnas. Los votantes de Sánchez, así como sus apoyos mediáticos, renunciaron rápidamente a ejercer el grado de exigencia de los años anteriores ante un presidente que se dedicó al uso sistemático de la mentira, a hacer lo contrario de lo que había defendido un año, un mes o incluso una semana antes, y a colonizar las instituciones de una manera más torticera e interesada que cualquiera de sus predecesores.

Por qué la corriente mayoritaria de la izquierda española decidió tolerar o justificar estos comportamientos es materia para un libro distinto a éste. Un libro que debería abordar lo ocurrido en ese espacio político en el traumático periodo que va de 2008 (la segunda y última victoria de Zapatero) a 2018 (el regreso, por la mínima y con asterisco, de un socialista a la presidencia del Gobierno). Lo relevante para nuestros propósitos, en cualquier caso, es que esa relajación de la exigencia estuvo ligada al giro del discurso y de la estrategia de Sánchez ante el separatismo. Buena prueba de aquello fue una rueda de prensa de noviembre de 2018 en la que la vicepresidenta, Carmen Calvo, fue preguntada por la postura de Sánchez frente a lo ocurrido en Cataluña en otoño de 2017. Calvo respondió que «el presidente del Gobierno nunca ha dicho que haya habido un delito de rebelión en Cataluña». Cuando un periodista le recordó las declaraciones de Pedro Sánchez que ya hemos visto, y que éste había realizado sólo seis meses antes, la vicepresidenta respondió: «Usted me ha preguntado por el presidente del Gobierno». «Es la misma persona, ¿no?», preguntó el alucinado periodista. Calvo, con sonriente naturalidad, explicó que una cosa era lo que se hubiera dicho en la oposición y otra la postura en el Gobierno. Meses después, estos dirigentes ganaban las elecciones y aumentaban su presencia parlamentaria en 38 escaños.

La segunda dinámica que se empezó a cerrar con la moción de censura fue la posibilidad de entendimiento y colaboración entre sectores que se ubicaban en la izquierda y sectores que se ubicaban en el centro y la derecha. Como se señaló en el capítulo anterior, ésta fue una de las dinámicas más oxigenantes de los años anteriores. Y si bien no era algo que se debiese solamente a la situación catalana, sí tenía mucho que ver con la articulación del frente constitucionalista. Sin embargo, pronto quedó claro que las dos palabras a las que más iba a recurrir el Gobierno de Sánchez y sus sectores afines eran izquierda y derecha , y siempre con una connotación de enfrentamiento. En el verano de 2018 el oficialismo ya estaba marcando esta suerte de pauta marcial a la conversación pública. ¿Qué era Pedro Sánchez? Izquierda. ¿Quién criticaba a Sánchez? Derecha. ¿Qué se debía hacer con los presupuestos? Izquierda. ¿Qué pasaba con las grabaciones comprometedoras que habían aflorado de la ministra de Justicia? Invenciones de la derecha. ¿Por qué no se convocaban elecciones? Era necesario hacer políticas de izquierdas. ¿Por qué se criticaban los acercamientos con los nacionalistas? La derecha no reconocía la diversidad de España, la derecha estaba crispada, la derecha no aceptaba que la izquierda gobernase.

Conviene aclarar que este discurso se puso en marcha antes del auge electoral de Vox, antes de que Ciudadanos vetara posibles acuerdos con el PSOE, antes de la manifestación en la plaza de Colón de Madrid que unió al PP, Cs y Vox en su rechazo a la figura de un relator en las negociaciones del Gobierno con los independentistas, y antes también de las dos elecciones generales de 2019. No hubo nada inevitable en aquel regreso a una lógica binaria de la política ni, sobre todo, en lo que implicó para la relación de los partidos de izquierda con los secesionistas catalanes. Tras la experiencia traumática de 2017 parecía perfectamente factible que los socialistas disputasen con conservadores y liberales por los impuestos, la educación concertada, la inmigración, el Valle de los Caídos y un largo etcétera de cuestiones, sin que hubiese necesidad de que asumieran también los marcos del nacionalismo en cuanto a la cuestión territorial. Es más, esta clarificación habría vuelto más creíble el compromiso de los socialistas con la igualdad de los ciudadanos, independientemente de su lugar de nacimiento; o su presunta comprensión de las realidades de clase y los mecanismos de poder que se esconden tras las banderas. Si hubo un regreso a una política binaria similar a la del Pacto del Tinell fue por causa de la estrategia de un Gobierno en minoría, y de un presidente que nunca había despertado especial entusiasmo ni entre los votantes tradicionales de su partido ni entre otros. Hasta cierto punto, era la única estrategia que le había funcionado a Sánchez: su gran victoria política hasta entonces había sido derrotar al aparato de su partido con el mensaje de que nunca se podía pactar con «la Derecha» (ésta era la base de su célebre «no es no» a Rajoy). Así siguió siendo en el poder. Su apuesta en el rally electoral de 2019 no fue tanto ocupar el centro —como señalaron muchos prescriptores afines— sino destruirlo. Nunca vio el centro como un espacio de encuentro entre izquierda y derecha, sino sencillamente como un sitio donde se podían pescar votos que incorporar a su coalición con Podemos y el resto de los socios nacionalistas. El abrazo de Sánchez e Iglesias, cuarenta y ocho horas después de unas elecciones —las de noviembre de 2019— marcadas por el desplome de Ciudadanos y el auge de Vox, o la solícita interlocución de dirigentes socialistas como José Luis Ábalos o Adriana Lastra con ERC, que culminó en la investidura de Sánchez en 2020, fueron la culminación de todo aquello. Aclaremos, por tanto: lo que destruyó el centro no fue tanto la pérdida de escaños de Ciudadanos a finales de 2019, sino la desaparición de un espacio de entendimiento entre el PSOE y el PP —con Cs o sin él— y la reanudación de la histórica incapacidad de estos partidos para alcanzar acuerdos.

Todo esto iba más allá de la cuestión catalana pos-2017, pero desde luego no era ajeno a ella. El eventual abrazo de Sánchez e Iglesias no suponía solamente, para los socialistas, abrazarse a alguien que estaba a favor de subir los impuestos o de impartir formación con perspectiva de género a los jueces. También suponía abrazarse a quienes habían criticado la suspensión de la autonomía catalana tras la declaración de independencia del Parlamento autonómico y quienes defendían públicamente que Junqueras et al. eran «presos políticos» y Puigdemont et al. , «exiliados». Es cierto, por otro lado, que muchos socialistas no entendían la virulencia de las acusaciones de estar conchabados con el nacionalismo, cuando su partido había apoyado la aplicación del 155 y el PSC había desempeñado un papel crucial en los momentos críticos del procés .

Por mucho que se intentase volver a dinámicas anteriores a 2017, lo ocurrido aquel año seguía marcando actitudes, mentalidades y argumentos.

Sánchez contó con varias bazas en su proceso de rehabilitación de los planteamientos que se habían tambaleado en 2017. La primera fue la actitud de algunos medios influyentes entre el votante tradicional del PSOE. Quizá el caso más llamativo de todos fuese el del diario El País . Escasos días después de que se consumara la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, la empresa editora destituyó al director y, en una acción insólita en la historia de la cabecera, despidió fulminantemente a siete figuras importantes de la redacción (tres directores adjuntos, el director de El País-América, el director de Opinión, el adjunto a la Dirección, una subdirectora y el redactor jefe de Nacional), 6 orilló a algunos colaboradores más y viró de forma drástica su línea editorial. Pasó de una actitud muy crítica con Sánchez y su inclinación por pactar con Podemos y los nacionalistas antes que con el PP (el 1 de junio de 2018 su editorial sobre la moción de censura se titulaba: «Un Gobierno inviable») a un apoyo explícito y constante al nuevo Ejecutivo (patente desde el primer editorial del nuevo equipo, titulado «Punto y aparte» y publicado el 9 de junio). El episodio daría para un libro en sí mismo, que probablemente ilustraría mucho sobre la relación entre prensa y Poder Político en la España contemporánea. Lo que nos interesa aquí es que, a partir de este cambio, uno de los principales órganos de conformación de opinión del país, y uno de los más implicados en la causa constitucionalista en los meses álgidos de 2017, se mostró mucho más permeable al discurso de Sánchez sobre lo que debía hacerse con la situación catalana.

La segunda gran baza de que dispuso el nuevo Gobierno es que dichos planteamientos resultaban familiares y reconocibles para el socialismo tradicional. Esto permitió un cierre de filas con Sánchez y con su nueva estrategia. Sirvan de ejemplo dos artículos, ambos publicados en El País por prescriptoras influyentes entre el electorado de izquierdas. En octubre de 2018, la escritora Elvira Lindo publicó una columna en la que comentaba los gritos de «¡Okupa!» que algunos asistentes al desfile del día de la Hispanidad habían dirigido al presidente, así como los comentarios que había provocado un error protocolario suyo en la recepción institucional posterior. Así interpretaba Lindo lo ocurrido:

Lo que querían los asistentes que llegara a oídos de Sánchez es que está okupando el sillón de manera ilegal. Se podría pensar que es porque en esta ocasión en concreto un socialista okupa La Moncloa tras una exitosa moción de censura, que por otra parte es un procedimiento irreprochablemente democrático, pero no. El rechazo es más profundo y visceral. [...] Yo le diría a Sánchez: no les gustas, te detestan, no pararán hasta desalojarte, pero no te lo tomes como algo personal. Y no lo es. Esta inquina responde a una vieja tradición de la derecha española, la de creer que mientras ellos ocupan legítimamente el poder, la izquierda lo okupa. Esa K no existía en la Segunda República, pero sí el significado que hoy la asiste como insulto [...]. A Sánchez le atribuyen falta de categoría, de clase, ambición desmedida, pero no era menos insultante lo que le gritaban a Manuel Azaña. [...] Persiste un clasismo visceral [...]. Son españoles, desde luego, pero no de la misma manera en que lo soy yo, y me niego a que persista la idea de que son los guardianes de la esencia de una ciudadanía que entendemos de manera opuesta. De alguna manera, a los ciudadanos que no comulgamos con sus ideas (y aquí el verbo comulgar conjuga de perlas) nos tratan también como okupas. 7

El artículo resulta ilustrativo por la identificación que desarrolla entre la figura de Sánchez, la de la propia autora y la de la izquierda española (remontándose nada menos que a la Segunda República). Resulta un ejercicio sorprendente por varios motivos. El primero es que la acusación a Sánchez de estar «okupando» la Moncloa no se debía a su condición de socialista. No se tiene noticia de que nadie llamara «okupa» a Felipe González en los catorce años que ejerció de presidente del Gobierno, un precedente más cercano y relevante que el de Azaña. Aquella acusación se debía más bien a la negativa de Sánchez a convocar elecciones tras la moción de censura, algo que, si todo el mundo aceptaba como democrático, distaba de ser irreprochable. Tampoco se tiene noticia de que en el acto se escucharan consignas contra nadie que no fuera el propio Sánchez; desde luego, no contra «los ciudadanos que no comulgamos con sus ideas» (por otro lado, ¿cómo sabía la autora qué ideas eran éstas?). Y Sánchez era cualquier cosa menos un defensor apasionado de la izquierda, concepto que había tratado de una manera cuanto menos elástica a lo largo de su carrera. Pese a ello, la autora insertaba aquel episodio, y la propia presidencia de Sánchez, en una tradición y una identidad políticas que ella misma compartiría. Y asociaba a los críticos con el presidente con una identidad política opuesta e igualmente arraigada («la derecha española»). Lo que nos interesa aquí es constatar que, de esta forma, la autora acababa llegando a un planteamiento muy distinto del de 2017, pero también mucho más familiar. El escenario que dibujaba ya no era aquél en el que distintas familias políticas habían abandonado sus habituales trincheras para formar el bloque constitucionalista. El marco que se proponía era el del regreso a aquellas trincheras, la reanudación de las hostilidades. La presidencia de Sánchez no sería sino el último episodio de un conflicto secular entre la izquierda y un «ellos» clasista, que comulga y que odia a quienes no son «de los suyos». Siendo esto así, ¿cómo no apoyar a Sánchez?

Una de las consecuencias de esta actitud quedaba patente en otro artículo publicado en El País . Se trataba de una columna de la popular novelista Almudena Grandes, escrita tras la victoria electoral de Pedro Sánchez en las elecciones de mayo de 2019. Grandes escribía en su columna:

Aunque a Casado y Rivera no les entre en la cabeza, los pactos que incluyan a nacionalistas o independentistas serán igual de bienvenidos, hasta de aplaudidos, por los votantes de todas las fuerzas que pacten, ya sean grandes o pequeñas. Y si los líderes independentistas catalanes son condenados ocurrirá lo mismo con los indultos. Millones de españoles, dentro y fuera de Cataluña, respiraremos con el mismo alivio cuando los soliciten y los obtengan del Gobierno central porque, a partir de ese día, podremos recuperar el horizonte de la convivencia. 8

El texto da fe de hasta qué punto el electorado de izquierdas había internalizado la estrategia de Sánchez ante el nacionalismo. Los pactos del PSOE con los mismos «nacionalistas o independentistas» que habían protagonizado un asalto a la legalidad hacía año y medio, y contra los cuales el socialismo se había movilizado en aquel momento, eran ahora «bienvenidos» y hasta «aplaudidos». Es más, en caso de que los líderes de aquel asalto fuesen condenados por el Tribunal Supremo, la autora recomendaba que el Gobierno central los indultase. El motivo era «recuperar el horizonte de la convivencia», se entiende que tanto dentro de Cataluña como de la comunidad política española. La propuesta es llamativa por cuanto esta «convivencia» se propone en explícita oposición a «Casado y Rivera», quienes no eran voces aisladas, sino líderes políticos que habían obtenido millones de votos en aquellas elecciones: muchos más, desde luego, que los obtenidos por los independentistas con los que Grandes animaba a pactar. Por otra parte, es concebible que a Rivera le interesara recuperar la convivencia al menos tanto como a Grandes, toda vez que ella es madrileña y él barcelonés. Por no hablar de que era Rivera quien había sufrido amenazas de muerte al comienzo de su carrera, y de la recurrente aparición de pintadas amenazantes en la puerta de la tienda de sus padres. La cuestión, como se hizo explícito durante 2017, era qué tipo de convivencia se debía recuperar: si una en la que las normas, los límites y las posibilidades fueran iguales para todos, o una en la que las élites nacionalistas tuvieran la indisputada hegemonía de su territorio y la capacidad de decidir qué leyes obedecían y cuáles no, y los discrepantes no gozaran ni del amparo de sus instituciones ni del reconocimiento de sus conciudadanos. Ésta es una forma de convivencia, cómo negarlo; pero desde luego no es una que deba aceptarse como inevitable ni como deseable.

Lo importante, en cualquier caso, es constatar cuánto se había desplazado el discurso de sectores cercanos a los socialistas en año y medio: desde el frente que había aplicado el 155 hasta los acuerdos con separatistas y el posible indulto a sus dirigentes. Las críticas a esta estrategia por su cortoplacismo, por el golpe que supondría para la igualdad ante la ley y la separación de poderes, o por el pernicioso sistema de incentivos que generaría, eran fácilmente desechables: lo que pasaba es que «a Casado y a Rivera» el deseo de concordia no les «entraba en la cabeza». El cierre de filas con Sánchez había supuesto un endurecimiento de la actitud de sus votantes hacia el PP y Ciudadanos, y un correlativo reblandecimiento de la actitud ante los secesionistas. Justo la estrategia que el presidente había seguido desde la moción de censura.

Quedémonos en la primavera de 2019, porque supone otro de los hitos de la España pos-2017. Tras las elecciones generales celebradas en abril, el PSOE y Ciudadanos sumaban conjuntamente 180 escaños. La suma habría dado para un sólido Gobierno de coalición, o para un Gobierno en solitario del PSOE con acuerdo de legislatura y presupuestos acordados conjuntamente. En cualquier caso, el escenario permitía una alianza de gobierno de cuatro años, sin mayoría alternativa para una moción de censura. El posible acuerdo ofrecía un horizonte de estabilidad (dentro de la inestabilidad habitual de las coaliciones, claro) y no parecía violentar grandes principios ideológicos. Muchos votantes de ambos partidos, y también muchos prescriptores mediáticos de distinto signo ideológico, esperaban que el acuerdo se produjese. Al fin y al cabo, buena parte de los cuadros de Ciudadanos venían del centroizquierda, y probablemente se habrían quedado en el PSOE de no ser por la actitud de este partido ante el nacionalismo (sobre todo durante los años de Maragall y Montilla). También había un precedente de cooperación entre ambas formaciones: en 2016, Ciudadanos había apoyado la primera investidura fallida de Pedro Sánchez. Aquello se había explicado con un discurso de regeneración: Sánchez y Rivera firmaron un acuerdo de legislatura con doscientas medidas reformistas bajo la simbólica mirada del cuadro El abrazo, de Juan Genovés. Tres años después, el posible Gobierno Sánchez-Rivera podía mantener aquel discurso; pero, además, podía reivindicarse como una respuesta a la reciente crisis del sistema democrático. Por primera vez, la resistencia al nacionalismo en Cataluña aparecía como la llave de la gobernabilidad en el ámbito nacional y podía poner fin a la necesidad del PSOE y del PP de completar sus mayorías con los votos de las formaciones nacionalistas. No era poco como enmienda de las causas a medio plazo de la crisis de 2017. La presencia de Ciudadanos en el Gobierno (que se podía presuponer numerosa, toda vez que venía apoyada en 57 escaños; un año después, Podemos lograría cuatro ministerios con sólo 35 diputados) sería, además, una garantía de que Sánchez pondría fin a su estrategia de acercamiento a los secesionistas. La presencia de ministros de Ciudadanos también garantizaba una extraordinaria plataforma (y muchos recursos) para el discurso que pedía una mayor nitidez en la lucha contra los argumentos independentistas y para la articulación de una alternativa real al nacionalismo en Cataluña.

El acuerdo, sin embargo, no se produjo, y tras la repetición electoral, Ciudadanos sufrió una dramática pérdida de apoyos, pasando de 57 escaños a 10. La oportunidad de un Gobierno PSOE-Ciudadanos se esfumó, quizá para siempre. Con el paso del tiempo, el hipotético Gobierno Sánchez-Rivera se convertirá en otro de los grandes what-if (‘y si ...’) de la crisis de 2017, homologable al de qué habría sucedido si no se hubiera intervenido en el referéndum del 1-O o si Puigdemont hubiese declarado la independencia esa misma noche. Muchos advirtieron en aquel momento que se estaba perdiendo una oportunidad histórica. 9 Así que hay que plantear dos preguntas: ¿Por qué no sucedió? ¿Habrían sido muy distintas las cosas en caso de haberse producido?

La explicación más comúnmente aceptada es que aquel acuerdo se frustró por la obcecación y ambición de una persona: Albert Rivera. Él desconfiaba de la posibilidad de un Gobierno compartido por lo que podría suponer para su formación como socio menor. Hacía varios años que tenía muy presente el ejemplo del liberaldemócrata británico Nick Clegg, cuyo Gobierno en coalición con los conservadores de David Cameron había conducido a su partido al desastre electoral. Dejar que Sánchez gobernase con el apoyo de Podemos y los independentistas, sin embargo, haría que el PSOE se quemase y reforzaría las opciones de crecimiento de Ciudadanos. Además, Rivera tenía fe en sus posibilidades de desbancar al Partido Popular como principal partido del centroderecha y verdadera alternativa de gobierno; el PP estaba a la baja y con un horizonte judicial todavía complicado. Y, finalmente, el propio Rivera se habría quedado obsesionado con aquellas encuestas de comienzos de 2018 que le auguraban la presidencia del Gobierno. Ésta fue, desde luego, la versión difundida por los sectores cercanos al PSOE y también incorporada por muchos afines a Ciudadanos. Fue muy sonada la salida de la formación de algunos dirigentes como Toni Roldán, quien vino a confirmar en entrevistas posteriores que si el pacto PSOE-Cs no se sustanciaba era por obcecación del líder naranja.

Hay varias razones para matizar este relato. En primer lugar, el posible Gobierno partía de una paradoja. En la campaña electoral, Ciudadanos había anunciado que tras los comicios no llegaría a ningún acuerdo con el PSOE de Sánchez. Tres millones y medio de votantes habían apoyado un programa electoral que incluía ese veto. Por tanto, los 57 escaños de Ciudadanos que hacían posible el Gobierno con el PSOE quizá no habrían existido sin el veto previo a ese mismo Gobierno. Resultó llamativa durante aquellos meses la facilidad con que muchos comentaristas daban por hecho que esto no suponía problema alguno; que pedir a Ciudadanos que se desdijera de uno de sus compromisos más sonados durante la campaña electoral era algo tan factible como deseable. Era razonable suponer, por el contrario, que desdecirse del compromiso contraído con los votantes habría sido un golpe muy duro para la credibilidad del partido, sobre todo cuando la acusación que más le dirigían los sectores conservadores (y en especial un PP necesitado de argumentos contra quien le disputaba parte de su electorado tradicional) era la de ser unos «veletas». También sorprendía que se comentara aquella situación como si el PSOE hubiera hecho una oferta formal a Ciudadanos de un acuerdo de Gobierno. Si dicha oferta se produjo, desde luego no fue de forma pública. Ningún dirigente del PSOE se puso ante una cámara o ante un micrófono para declarar que su partido deseaba llegar a un acuerdo de Gobierno con Ciudadanos, ni expresó una oferta definida que incluyese un determinado número de ministerios y vicepresidencias. Merecerá estudio en el futuro hasta qué punto la esfera pública española dedicó meses a criticar la negativa de Ciudadanos a una oferta que no se había producido. Aunque seguramente también aflorarán con los años testimonios de dirigentes o de comentaristas que afirmen que la oferta sí se realizó; desde luego, sabemos que las conversaciones entre formaciones políticas no siempre se producen con luz y taquígrafos. El hecho, en cualquier caso, sigue siendo que el PSOE jamás hizo pública ante la ciudadanía su disposición a pactar con Ciudadanos, y que su estrategia parecía ser desgastar a los de Rivera no para que se avinieran a un acuerdo, sino para quitarles votos en una posible repetición electoral. 10 Por otra parte, conviene recordar que quien tenía la responsabilidad de realizar ese tipo de ofertas era quien había recibido el encargo del Rey para formar Gobierno: Pedro Sánchez. Como era él quien tenía la responsabilidad moral de apurar todas las opciones posibles para pactar con partidos constitucionalistas, como Ciudadanos y PP, antes que con formaciones contrarias a la Constitución, como ERC. Cabe recordar que, cuando Rajoy se vio en una situación parecida a comienzos de 2016, llegó a ofrecer al líder socialista una coalición de Gobierno. Sánchez la rechazó.

Finalmente, la tesis de la obcecación de Rivera pasa por alto que el líder de Ciudadanos sí acabó enmendando su decisión días antes de que el país se viera abocado legalmente a una repetición electoral. En concreto, el 16 de septiembre de 2019 Ciudadanos ofreció abstenerse (junto al PP) en una investidura del líder socialista a cambio de tres condiciones: que el PSOE rompiera el Gobierno que había formado con nacionalistas, Podemos y el apoyo externo de Bildu en Navarra; que preparase un escenario de aplicación del artículo 155 en Cataluña si Torra seguía desacatando las decisiones judiciales y que se comprometiese a no subir impuestos en la nueva legislatura. La mejor muestra de que el socialismo estaba más interesado en mantener la tesis de la obcecación de Rivera que en llegar a un acuerdo real de Gobierno es que Sánchez se negó a la reunión que el líder de Cs le pidió al formalizar aquella oferta. Además, sus portavoces y sus apoyos mediáticos dedicaron aquellos días a restarle importancia, o a tratarla como un argumento más en contra de la formación liberal. Es dudoso que hoy en día haya muchos votantes de izquierdas que recuerden siquiera que aquella oferta se produjo. Pero sí se produjo, y el PSOE podía cumplir sus condiciones y decidió no hacerlo. Los contrafácticos sobre el Gobierno que nunca fue deberían, en rigor, incluir estas preguntas: ¿y si Sánchez hubiese aceptado la oferta de Rivera de septiembre de 2019? ¿Y si en aquel momento se hubiera puesto sobre él la misma presión para aceptar dicha oferta que la que se había puesto sobre Rivera para que deshiciera su veto?

Lo que nos interesa, en cualquier caso, es el panorama general: qué nos dice este episodio sobre las consecuencias de la crisis de 2017. Por un lado, que el Gobierno PSOE-Ciudadanos no se consumara podría verse como una indicación de que España había cambiado poco tras todo aquello. Al final, la izquierda se fue con los nacionalistas y el centro se quedó sin tocar poder. Era una historia conocida; mucho más, desde luego, de lo que habría sido una legislatura de convergencia constitucionalista. Pero la no culminación de aquel Gobierno también se debía a los efectos de 2017. Liderazgos y estrategias políticas aparte, existía una animadversión real entre el PSOE y Ciudadanos que se derivaba de un desacuerdo legítimo: cómo debía ser la España posterior al procés . Los socialistas pensaban que debía parecerse a la España de Zapatero, mientras que los liberales pensaban todo lo contrario. Además, la moción de censura y los diez meses que Sánchez había ejercido el Gobierno en solitario habían tensado mucho la relación entre ambas formaciones. Ya hemos hablado del sentimiento de traición ante el hecho de que Sánchez no sólo aceptara los votos de los secesionistas en la moción de censura, sino que luego intentara mantenerse en el poder con su apoyo y estigmatizara a los discrepantes como «crispados» y «contrarios al diálogo». Y la animadversión no estaba sólo en el lado de Ciudadanos. El socialismo recibió con gran indignación el compromiso de Rivera de no pactar con el PSOE; sobre todo cuando, como le reprocharon con fruición, sí estaba dispuesto a formar Gobiernos que tuvieran el apoyo externo de Vox. Al salir a celebrar con sus militantes el resultado de las elecciones, Pedro Sánchez escuchó un cántico insistente: «¡Con Rivera no, con Rivera no!». Algo después, y en vísperas de la marcha del Orgullo Gay de 2019, el ministro del Interior socialista calentó el ambiente diciendo que la participación de Ciudadanos en Gobiernos con el apoyo externo de Vox «debe tener consecuencias». La comitiva de Cs en aquella marcha sufrió un prolongado escrache y finalmente tuvo que marcharse escoltada. Los liberales pidieron la dimisión del ministro, pero la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, señaló que sólo había «dicho en voz alta lo que piensan todos los ciudadanos». El Ministerio del Interior filtró posteriormente a los medios un falso informe policial que negaba que se hubieran producido coacciones a los militantes de Ciudadanos. 11

Esta animadversión entre los dos partidos, resultado directo y paradójico de la crisis de 2017, facilitó que sus respectivas cúpulas se mantuviesen firmes en la decisión de no llegar a un acuerdo. Que creyesen, incluso, que esto les podía beneficiar electoralmente. Además, la oportunidad atisbada por Albert Rivera para sustituir al PP como el partido hegemónico del centroderecha era deudora de la situación creada por el desafío separatista. El PP estaba débil por sus casos de corrupción, pero también por el gran descrédito que había supuesto la gestión de Rajoy y Sáenz de Santamaría en la crisis catalana. Dicho de otra forma, sólo en una España marcada por la onda sísmica de 2017 podía Rivera soñar con un sorpasso al PP y, por consiguiente, mostrarse reacio al acuerdo con el PSOE. Que Ciudadanos se equivocase en cuanto a la manera en que los votantes estaban procesando esa onda sísmica no significa que ésta no existiera. Y debemos tener en cuenta lo complejos que fueron los resultados de la repetición electoral de noviembre de 2019. El PSOE perdió tres escaños, por lo que su apuesta por aprovechar el desgaste de Rivera fue un fracaso. Los votantes que Ciudadanos perdió se fueron masivamente a la abstención (un millón de votos) o al Partido Popular (cerca de otro millón). Así que una porción muy significativa del electorado de Ciudadanos estaba desencantada con el partido, pero tampoco estaba dispuesta a votar a Sánchez —es decir, a refrendar su estrategia de acercamiento a los secesionistas—. Consideremos, en fin, que quizá el desencanto con Ciudadanos se debió a que este partido no había sido consecuente con el escenario pos-2017. Que no había hecho todo lo posible por alcanzar un Gobierno con el PSOE que hiciera realidad la promesa de convergencia constitucionalista. El partido que parecía mejor dispuesto para la España posterior a 2017 no habría comprendido lo que dicho escenario realmente significaba.

Otro elemento importante de la España posterior a la crisis de 2017 es Vox. En cierto sentido, el auge del partido de Santiago Abascal (primero con los buenos resultados obtenidos en las elecciones andaluzas de finales de 2018, y luego con su consolidación a lo largo de 2019 como tercera fuerza en el Congreso) consolidó un cambio de paradigma. Del enfrentamiento constitucionalismo-anticonstitucionalismo de 2017 se pasó al enfrentamiento izquierda-derecha de 2019. No era sólo que Vox hubiese sido un partido irrelevante durante la crisis de 2017, o que facilitase el nuevo paradigma con un discurso que criticaba a «la izquierda» y reivindicaba la respetabilidad de la etiqueta «derecha». También era que, para la mayor parte de la izquierda española, la posibilidad de que Vox llegara al Gobierno volvía tolerable la alianza de Sánchez e Iglesias y los nacionalistas catalanes. O, realmente, con quien fuera: una voz influyente en la izquierda mediática, el tertuliano Antonio Maestre, escribía en diciembre de 2019 que «Arnaldo Otegi es mejor que Santiago Abascal, y Bildu, un partido mucho más decente desde el punto de vista moral que el de los posfascistas de Vox». 12 El propio Pablo Iglesias había reaccionado a la elección de doce diputados autonómicos del partido de Abascal decretando en rueda de prensa una «alerta antifascista» en toda España. Los perfiles en Twitter de dirigentes de Podemos y de prescriptores de izquierda se llenaron de triángulos rojos, un antiguo símbolo del antifascismo europeo. Y a lo largo de aquel año el PSOE y la mayoría de sus votantes aceptaron en líneas generales este paradigma. Una encuesta de julio de 2019 mostraba que, ante la pregunta de qué les parecería que los socialistas formasen Gobierno gracias a la abstención de ERC y Bildu, el 13 por ciento de quienes habían votado al PSOE dijo que le parecería muy bien, otro 7 por ciento señaló que no le parecería ni bien ni mal, y un rotundo 50 por ciento dijo que le parecería, sencillamente, bien. Una respuesta tan contundente como el recuento final: el 70 por ciento de los votantes del PSOE no se oponía a que su partido gobernase gracias al apoyo del encarcelado Junqueras y el excondenado por pertenencia a banda armada Otegi. No era una actitud ajena al discurso desplegado por el Gobierno durante los meses anteriores y su denuncia de los peligros de una llegada al poder de «la extrema derecha». La portavoz socialista, Adriana Lastra, había declarado en marzo de 2019 que «tenemos el fascismo a las puertas del Parlamento». La nueva variable de Vox en el debate público parecía, por tanto, dar el golpe de gracia a la posible convergencia entre izquierda y derecha constitucionalistas surgida al calor de 2017.

Conviene detenernos en esto. Pocas dinámicas han hecho tanto daño a nuestro debate público como la trivialización interesada de las palabras fascismo o fascista a propósito del auge de Vox. Es una trivialización que distorsiona los análisis de la España actual y también daña la utilidad de nuestra relación con el pasado, al impedir un conocimiento cabal de lo que fue y significó el fascismo histórico. Digámoslo claramente: Vox no es fascismo. Y uno puede ser muy crítico con Vox y al mismo tiempo señalar lo ridículo que resulta tildarlo de fascista. Es cierto que los expertos llevan décadas constatando lo complejo que resulta definir esta palabra: una cuestión, por cierto, en la que la historiografía española ha alcanzado unos niveles de complejidad parecidos a los que señalé en el primer capítulo al hablar del nacionalismo. Éste es, además, un asunto especialmente complicado en el caso español debido a los debates acerca de la naturaleza ideológica del franquismo. Y, en general, hay especialistas que defienden —con buenos argumentos— una idea dinámica del fascismo y abierta a su capacidad de adaptarse a distintos contextos. Pero incluso teniendo todo esto en cuenta, cualquier examen que implique un mínimo de conocimiento histórico y rigor conceptual concluirá que Vox no guarda las suficientes similitudes ni con los movimientos fascistas anteriores a 1945 ni tampoco con sus epígonos de las décadas posteriores. De su ideario y de su práctica política están completamente ausentes, por ejemplo, la exaltación de la violencia ejercida contra el adversario como un bien en sí mismo (un elemento fundamental del fascismo histórico), la mezcla de participación en el sistema parlamentario con retórica y acciones explícitamente antiparlamentarias, o una noción del caudillaje distinta a la de cualquier partido de una democracia liberal (¿hay más devoción al líder en Vox que en el PSOE de Sánchez?). Por otra parte, incluso si aceptáramos la tesis de que el franquismo fue un régimen plenamente fascista, tampoco por esta vía podemos conectar a Vox con el fascismo: Abascal es mucho más un heredero de Aznar que de Blas Piñar, y su partido debe más a Steve Bannon que a Fernández de la Mora. Lo mismo sucede con las acusaciones de xenofobia: el fascismo histórico ni inventó la xenofobia ni es ésta patrimonio exclusivo de su cultura política. En cuanto a la etiqueta de «extrema derecha», ésta sólo se puede aplicar a Vox si la entendemos como algo posicional (efectivamente, es un partido a la derecha del principal partido de la derecha) y si aceptamos que excluiría, entonces, a los epígonos del fascismo clásico, cuya continuada existencia en la España democrática es tan indiscutible como insignificante en términos electorales. Porque, si Vox es fascismo, ¿qué es Falange, formación que en sus múltiples encarnaciones y escisiones se ha seguido presentando a los comicios sin sobrepasar jamás unos cuantos miles de votos? En un análisis mucho más fino y solvente, el politólogo Jorge del Palacio ha defendido la etiqueta de «derecha radical» para referirse a Vox. 13 Pero, de nuevo, sólo podemos aplicar dicha etiqueta si partimos de la base de que excluye un nivel de «radicalidad» mucho más homologable al del fascismo histórico durante sus años en la oposición (ni hablemos de su ejercicio del poder) y al que Vox ni siquiera se aproxima. Se acusa habitualmente a quienes señalan estas distinciones de «blanquear el fascismo», cuando, si acaso, lo que blanquea a personajes como Mussolini o Primo de Rivera es compararlos con alguien como Espinosa de los Monteros. Igualmente, pocas maniobras distorsionan tanto el gigantesco sufrimiento humano causado por el fascismo histórico, o son tan injustas con los millones de individuos que lo padecieron, como el uso perezoso e interesado de este término en la España de los últimos años.

Señalo todo esto por escrúpulo de quien considera la historia una actividad intelectual fascinante y está convencido de que el conocimiento histórico es muy valioso siempre que lo tratemos con un mínimo de seriedad. Pero sobre todo lo señalo porque es necesario entender adecuadamente lo que dice el auge de Vox sobre la España actual. Por un lado, en Vox hay mucho del (nuevo) espíritu de los tiempos y de su traducción en el contexto español. Su discurso está fuertemente ligado a disputas específicas de nuestra época, como la multiculturalidad y la inmigración, la legislación vinculada al feminismo del último par de décadas, o los mecanismos de lo que hemos venido a llamar «corrección política». Vox también está en plena sintonía con las críticas al europeísmo y con la apuesta por un modelo de Unión Europea en el que las naciones soberanas recuperen protagonismo frente a las instituciones compartidas —aunque es dudoso que este elemento de su programa sea un ingrediente importante de su éxito electoral—. Y cómo dudar del encaje de Vox en un rearme del nacionalismo identitario que hemos visto en numerosos países, desde Estados Unidos hasta Polonia; o con el auge de herramientas de movilización —como las redes sociales— que son capaces de sortear la hostilidad de los medios clásicos.

Todo lo dicho da fe de un país que, tanto para lo bueno como para lo malo, participa en procesos de nuestro tiempo que no son exclusivos de España. Pero el crecimiento de Vox también es, en buena medida, una consecuencia directa de la crisis española de 2017. Cualquier análisis de este partido y de sus votantes que se centre solamente en los aspectos que comparte con el partido republicano de Trump o el Frente Nacional de Le Pen, y que deje de lado los efectos de lo ocurrido en Cataluña, quedará cojo. Vox experimenta su gran crecimiento al hilo de una gigantesca crisis de raíz separatista; no se puede decir algo parecido de los movimientos semejantes en Estados Unidos, Francia, Italia, etcétera. No es nada anecdótico que una de sus propuestas estrella en 2018 fuese la supresión de las comunidades autónomas, que, en su discurso, no sólo son ineficientes, sino que fomentan el separatismo. Tampoco es anecdótico que haya sido una de las formaciones que con mayor dureza ha cargado contra las acciones del nacionalismo catalán y que haya presentado varias querellas contra sus dirigentes. Vox es un partido nacionalista español, pero su nacionalismo no se plantea tanto contra tratados de comercio o contra las instituciones internacionales, como contra los movimientos separatistas internos y contra la estructura institucional y la cultura política que les habrían dado alas. Ha habido críticos del Estado de las autonomías durante toda la etapa democrática —en algunos aspectos, como he venido señalando en este libro, con argumentos de peso—, y es cierto que han estado infrarrepresentados. O, más bien, que los partidos en los que depositaron su voto hicieron caso omiso de esta reivindicación. Del mismo modo, desde 2008 existió una corriente dentro de la derecha española desencantada con Rajoy y el PP; es más, aquel episodio fue el que supuso la salida del partido del núcleo fundador de Vox. Pero la propia historia de la formación es la mejor muestra de que nada de aquello había sido suficiente por sí mismo para impulsarla. Vox fue un partido absolutamente marginal durante los cuatro años que pasaron entre su fundación y la crisis catalana. En las elecciones generales de 2016 obtuvo 47.000 votos en toda España, y en el verano de 2017 seguía sin moverse de esa cota. En otoño de 2018, sin embargo, su expectativa había aumentado hasta los 700.000 votos en todo el país y en diciembre conseguiría 400.000 sólo en Andalucía.

El auge de Vox no fue únicamente una respuesta a las fallas que la crisis de 2017 reveló en la evolución del Estado autonómico y en el trato dispensado a las élites nacionalistas durante las décadas anteriores. También fue una respuesta a la incapacidad del Partido Popular de Mariano Rajoy de afrontar aquella situación de forma satisfactoria para muchos de sus votantes. Como fue, también, producto del cierre en falso que se había empezado a dar a aquella crisis con la moción de censura y la política de apaciguamiento de Pedro Sánchez. Ya lo señaló la dirigente socialista Susana Díaz tras su inesperada derrota en las elecciones andaluzas, al sugerir que el castigo al PSOE (del que había formado parte el voto a Vox) se debía a la política del Gobierno de Sánchez con los separatistas catalanes. El 34,2 por ciento de los votantes andaluces de Vox señalaron la urgencia de «echar al PSOE» como la principal motivación de su voto, en lo que podemos leer como un rechazo tanto al socialismo andaluz de Susana Díaz como al nacional de Sánchez. La reacción mayoritaria de la izquierda española, estigmatizando las posturas de los votantes de Vox como «fascismo», sólo ayudó a cronificar en algunos sectores la impresión que habían extraído de las etapas de Rajoy y Sánchez: que la defensa de la Constitución sólo se podía garantizar desde posturas fuertes y «desacomplejadas», con un componente penal y contra la oposición de la izquierda y de la derecha tradicionales. Lo explicaba bien el periodista Cristian Campos en un texto escrito poco después del resultado en Andalucía: «Vox es percibido en muchos sectores de la sociedad española, y con total seguridad en aquellos que nutren de votantes a los tres partidos nacionales de derecha, como uno de los últimos baluartes del Estado junto a la Corona y los jueces. Y no ya frente a los que atacan ese Estado, sino frente al mismo Estado cuando éste decide dejarse degollar mansamente por sus enemigos». 14

2017 no explica solamente por qué muchos españoles decidieron votar a Vox, sino también la rápida aceptación de este partido en uno de los dos bloques en los que se dividió la política española. La estrategia seguida por el PSOE de rehabilitar políticamente a ERC facilitó la aprobación por parte del PP (y también, aunque en menor medida, de Ciudadanos) de Vox como posible aliado. Conviene recordar que las resistencias a esta posibilidad fueron fuertes, y no sólo por razones estratégicas (la inconveniencia de dar carta de naturaleza a un competidor directo). En octubre de 2018, Cayetana Álvarez de Toledo —a la sazón articulista y destacada activista del constitucionalismo— publicó un artículo en El Mundo en el que abogaba por que el PP se distanciara de forma contundente de Vox. 15 El discurso del Gobierno y de la izquierda mediática también cargó duramente contra la posibilidad de que el PP y Ciudadanos pudieran llegar a acuerdos con la formación de Abascal. Pero cualquier autoridad moral que sus argumentos pudieran tener quedaba desactivada por la política de alianzas seguida por el propio PSOE tras 2017. Había una disonancia insostenible entre clamar por la exclusión de Vox por ser una formación demasiado extrema y contraria al marco constitucional y gobernar el país gracias al apoyo de ERC y PDeCAT; es decir, gracias a los responsables directos e impenitentes del reciente asalto a la legalidad constitucional. También resultaba asombroso el intento de presentar a Podemos, socio preferente del PSOE y representante del discurso contrario al régimen del 78, como un partido mejor avenido con la legalidad de lo que era Vox. Y además estaba la comparación más sangrante: el mismo PSOE que había aceptado los votos de Otegi en la moción de censura pedía ahora rechazar los votos del partido de Ortega Lara. Incluso los argumentos que el PSOE había puesto en marcha para justificar la moción se volvían ahora en su contra. Si desalojar al PP del Gobierno nacional con el apoyo de ERC, PDeCAT y Bildu se había justificado por la «urgencia democrática» de la sentencia de la Gürtel, ¿no lo era también desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía tras el caso de los ERE, cuyo fallo se había conocido semanas antes de las elecciones y había confirmado la implicación de dirigentes socialistas en un masivo desvío de fondos?

Todo esto marcó los primeros años de la presidencia de Sánchez. También tiene importantes implicaciones para el futuro. Si algún día un presidente del PP es investido con los votos de Vox, o incluso si incluye a algunos de sus dirigentes en un Gobierno de coalición, la respuesta a la previsible indignación de la izquierda es fácil de imaginar: vosotros aceptasteis los votos de los del golpe de 2017.

En general, el centroderecha en España no ha vuelto a ser el mismo desde 2017. La mala gestión de aquella crisis por parte del PP de Rajoy ha ayudado a consolidar a dos partidos que, desde posturas muy distintas, ofrecían al votante una respuesta más contundente y eficaz de la situación catalana. Al mismo tiempo, esta fragmentación del voto, penalizada por el sistema electoral, dificulta que el centroderecha sume para formar un Gobierno alternativo. Dificulta, que no imposibilita: en la política española se vive rápido, y situaciones que en un momento parecen inamovibles aparecen al mes siguiente radicalmente cambiadas. Que se lo pregunten al Pedro Sánchez desahuciado de la Secretaría General de su partido en octubre de 2016, o al Albert Rivera que lideraba las encuestas en la primavera de 2018.

Dicho esto, el bloque alternativo al PSOE se enfrenta a una situación paradójica que aún no ha sabido resolver. La fragmentación en tres partidos, cada uno de los cuales cubre espacios ligeramente distintos, demuestra que hay millones de votantes con sensibilidades diferentes que comparten la idea de que hay un antes y un después de 2017. Es decir, ha calado en millones de votantes que lo acontecido aquel año obliga a ser más vigilante y contundente con los excesos de las élites nacionalistas. Esta idea también es la argamasa unificadora que permitiría a formaciones tan diferentes como Ciudadanos y Vox participar en un mismo bloque o investir a un mismo presidente. El bloque alternativo que se conformó en 2019 habría sido imposible si parte del electorado no aceptara que, tras el procés , era más importante la oposición al separatismo que las diferencias en política económica o en cuestiones como la eutanasia o la legislación sobre la violencia de género. A cambio, las sucesivas elecciones de 2019 también mostraron que esta actitud no es hegemónica en la sociedad española, o que no basta por sí misma para desbancar a quienes creen en una estrategia distinta ante el separatismo. La apuesta de Albert Rivera, según la cual la cercanía con los separatistas produciría una sangría de votos al PSOE, se reveló como espectacularmente equivocada. Si hay varios millones de ciudadanos en España que creen que hay un antes y un después de 2017, también hay varios millones que no piensan lo mismo, o que no dan prioridad a este asunto frente a los otros de los que hizo bandera el Gobierno socialista. Así, una de las mayores bazas electorales del bloque alternativo a Sánchez también ha mostrado sus límites como mensaje central con el que alcanzar el poder. De cómo resuelvan esta paradoja los tres partidos y sus votantes dependerá la posibilidad de un cambio de Gobierno en España.

Aquella crisis también influyó directamente en el rumbo elegido por el partido tradicional de las derechas. Cuesta pensar que Pablo Casado se habría impuesto a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del PP de 2018 si no fuera por el enorme descrédito que para ésta supuso, ante sus propios simpatizantes, la fracasada «operación diálogo» con Junqueras, la pésima gestión del 1-O y la huida de Puigdemont. El rearme ideológico que prometía Casado no sólo incluía la vuelta a ciertos postulados económicos, o referidos a la relación entre sociedad y Estado. También suponía una mayor contundencia ante el separatismo y una enmienda a la connivencia del PP con los procesos centrifugadores y los marcos del nacionalismo que habían conducido a 2017. Pocas señales más claras de esto que el fichaje inicial de Álvarez de Toledo por parte de Casado, primero como cabeza de lista por Barcelona y luego como portavoz parlamentaria. Otra cuestión es que esta apuesta por un cambio de modelo en la cuestión nacional y el Estado autonómico se haya incluido en un mismo paquete junto a políticas sociales conservadoras o propuestas económicas que orillan lo mucho que han cambiado el mundo, la economía y las sociedades en los últimos cincuenta años. Las propuestas más audaces del PP posterior a 2017 han estado entremezcladas con lo trasnochado y hasta con lo carpetovetónico. Y queda por ver si, dado lo errático e ineficaz del liderazgo de Casado en sus primeros años, no son el segundo grupo de ingredientes los que expulsan a los primeros. La destitución de Álvarez de Toledo, consumada en agosto de 2020, fue una clara indicación en este sentido. Por ahora, el proceso de adaptación del PP a la España pos-2017 sigue abierto.

También hay consecuencias más explícitas de lo ocurrido en 2017. La primera de éstas fue el juicio en el Tribunal Supremo a los dirigentes implicados de manera más directa en el procés y en la declaración unilateral de independencia. Fue uno de los ejes del debate nacional tanto durante la fase de instrucción como, sobre todo, durante la del juicio oral, celebrado durante los primeros meses de 2019. Supuso un regreso colectivo a los acontecimientos de 2017, y evidenció las distintas interpretaciones de los mismos que se habían ido consolidando en la España de Pedro Sánchez. La sentencia, por su parte, fue mal recibida en sectores muy distintos, desde los nacionalistas catalanes hasta los constitucionalistas más firmes; con la diferencia de que los segundos expresaron su descontento en el ámbito del debate público, mientras que los primeros colapsaron las calles de Barcelona y las infraestructuras de la región durante varios días, forzaron huelgas y paros e intimidaron a periodistas y discrepantes.

Como tantas cuestiones mencionadas en estas páginas, el episodio del juicio merecería un libro propio. 16 Me centraré, sin embargo, en un aspecto de su colofón, es decir, de la sentencia que condenó a Junqueras y al resto de dirigentes a penas de entre nueve y trece años. Una parte fundamental de la sentencia fue lo que se ha venido a conocer como la «teoría de la ensoñación». Ésta señalaba que la estrategia diseñada y puesta en práctica por los líderes secesionistas (incluyendo las leyes de desconexión, la celebración del referéndum y la Declaración Unilateral de Independencia) fue una «aventura», una «mera ensoñación», un «artificio engañoso». Un trampantojo, en fin, que habría logrado engañar a centenares de miles de ciudadanos, pero que realmente sólo buscaba aumentar la presión sobre el Gobierno para conseguir un referéndum pactado. Esto no significaba que los dirigentes procesados no hubieran cometido ilegalidades. La teoría de la ensoñación no declaraba inocentes a los líderes independentistas, ni negaba que hubieran creado «un entramado jurídico paralelo al vigente, desplazando el ordenamiento constitucional y estatutario». Sí significaba que, según el fallo del tribunal, incluso con ese entramado jurídico paralelo los líderes independentistas nunca buscaron realmente llevar a cabo una secesión. Y esto porque ellos eran conscientes de su «inviabilidad». Sabían que se trataba de una «mera quimera». Con las leyes de desconexión y del referéndum se buscaba, así, «crear una aparente cobertura jurídica que permitiera hacer creer a la ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de la República independiente de Cataluña». Lo que se explicó a los ciudadanos como «derecho a decidir» no habría sido más que «un atípico derecho a presionar» ejercido por sus dirigentes.

La teoría de la ensoñación fue uno de los motivos para absolver a Junqueras y los demás líderes del delito de rebelión (penado con hasta treinta años de cárcel) y condenarlos en su lugar por el de secesión (con penas menores). Esto iba en contra de lo defendido desde el comienzo por la Fiscalía y por el juez instructor, pero estaba en sintonía con la tesis que el Gobierno de Sánchez había impuesto a la Abogacía del Estado —algo que condujo al cese del letrado Edmundo Bal, contrario al cambio de criterio y que posteriormente recalaría en Ciudadanos—. En julio de 2020, el magistrado Luciano Varela, que había formado parte del tribunal de aquel juicio y a quien muchos han atribuido la paternidad de la teoría de la ensoñación, lo explicaba así en una entrevista:

VARELA : Lo que deriva de la sentencia es que hay un engaño. Engañan a los ciudadanos con una promesa que saben que no se puede cumplir, de ahí lo correcto del término ensoñación. Lo único que quieren es doblegar a Mariano Rajoy.

PREGUNTA : Pero si estaban publicando leyes... La de Referéndum, la de Transitoriedad, son leyes, no sueños.

VARELA : El papel lo aguanta todo. Eso forma parte del comportamiento delictivo, como advierte la sentencia, no nos confundamos; pero lo hacen porque creen que, con la publicación de esas leyes en el Diari Oficial de la Generalitat, las paredes de La Moncloa se van a resquebrajar y se va a derrumbar el edificio. Lo que les mandan es a la Guardia Civil, y ahí constatan que no han logrado nada y acuden a la declaración unilateral.

PREGUNTA : ¿Y si no se actúa?

VARELA : Pero es que en ese momento la declaración ya es inviable. Vamos a ver: ¿usted se imagina un golpe de Estado en que le sacan una hoja del BOE y acaba todo? Llamar a eso rebelión es una desproporción que minimiza lo que hicieron Milans del Bosch y Tejero. Es una pura performance delictiva que sólo encaja en el tipo de sedición, de ninguna manera en el de rebelión. ¿Qué rebeldes eran ésos? [...] ¿La Hacienda del Estado siguió recaudando impuestos? ¿La Guardia Civil de Tráfico dejó de multar? ¿La administración que ejecuta la política del Gobierno de Madrid claudicó en su actuación? Es que ni corrió el riesgo de hacerlo. Como si el Diari Oficial publica El Cantar de mío Cid . Ése fue uno de los argumentos básicos en la deliberación, que se aceptó por unanimidad. En ningún momento existió la posibilidad de que Cataluña dejara de ser Estado español. Ni con lo que habían hecho, ni con lo que pensaban hacer. 17

Desde el día en que se conoció la sentencia se han planteado muchas objeciones a estos razonamientos. Lo más interesante para lo que hemos visto en este libro, sin embargo, es que muestran un regreso a algo que ya conocemos bien. Dicho sintéticamente: la Ensoñación es una versión actualizada de la Premisa. O es su adaptación al mundo pos-2017. Si antes de la declaración de independencia el argumento oficial era que los nacionalistas nunca romperían la baraja, tras la declaración de independencia el argumento oficial es que en realidad nunca la rompieron. Es más, nunca tuvieron intención real de romperla. Más allá de los méritos o deméritos legales de la sentencia (que no es, desde luego, una cuestión menor, pero tampoco es lo que estamos tratando aquí), el marco de la ensoñación nos devuelve al paradigma clásico. No sólo afianza la curiosa mezcla de paternalismo y deferencia que la cultura de la Premisa ha solido mostrar hacia los nacionalistas catalanes (presentándolos como gente equivocada y ruidosa, pero generalmente inofensiva), sino que también resta importancia a las decisiones individuales tomadas en el campo constitucionalista en 2017. Desde el discurso del Rey hasta el esfuerzo de los centenares de miles de ciudadanos que llenaron Barcelona el 8 de octubre, nada de lo que en su momento pareció tan importante habría afectado, realmente, al devenir de aquella crisis. Y esta lectura del pasado sugería una lección para el futuro: no volváis a caer en la trampa, no volváis a creer que esta vez va en serio, no os vayáis a quedar con cara de tontos. Así, en la historia del constitucionalismo y de su respuesta a la crisis de 2017, la sentencia del Supremo supondrá un episodio ambiguo.

La sentencia también sirvió para constatar el clima de opinión en Cataluña dos años después de la crisis de 2017. En este sentido, resulta útil volver sobre un artículo publicado por el politólogo catalán Roger Senserrich en junio de 2018. Se titulaba «La gravedad de los sucesos de otoño», y merece la pena citarlo por extenso:

Tengo la sensación de que la sociedad catalana no acaba de ser consciente de la extraordinaria gravedad de los sucesos de otoño. El incesante repetir por TV3 y medios allegados de su lado de la historia parece haber reducido esos eventos, nueve meses después, a una consulta medio seria que fue reprimida por antidisturbios de forma desproporcionada. La votación, que los nacionalistas catalanes oscilan entre tratarla como simbólica («un farol») o la cosa más significativa que ha pasado en Europa desde el tratado de Versalles, según les convenga, provocó la ira del Estado español, llevando a un montón de demócratas inocentes, que sólo querían que el pueblo votara, a la cárcel.

Es una historia bonita, pero es mentira. Lo que sucedió en Cataluña en septiembre y octubre del 2017 fue algo mucho más radical, profundo y grave que una votación mal convocada y peor reprimida. Lo que vimos el año pasado, y no podemos olvidar, fue cómo los líderes sociales y políticos que representaban a menos de la mitad de la población de una región del país intentaron utilizar las instituciones para provocar un enfrentamiento civil que forzara una reacción represiva del Estado, con el objetivo de justificar e imponer una secesión unilateral. [...] No olvidemos, además, que el referéndum del 1 de octubre no era sólo votar. La «ley de transitoriedad» y la «ley de referéndum», aprobadas en el Parlament por mayorías exiguas, son dos documentos extraordinarios. Con ellos, los políticos independentistas, que no lo olvidemos, nunca han sacado más de un 48% del voto, declararon derogada la Constitución, y con ella, todos los derechos y libertades garantizados por la Carta Magna ante los tribunales. La ley colocaba al Parlament como única fuente de poder en Cataluña, sin ni siquiera un atisbo de separación de poderes; el régimen salido de esas votaciones era prácticamente autoritario. Ambos textos constituyen un caso extraordinario de toma de poder por parte de un grupo de dirigentes políticos ignorando de forma completa y absoluta cualquier límite legal sobre su autoridad. Es un ataque directo, sin tapujos, contra los derechos y libertades de todos los votantes catalanes que no compartían sus objetivos políticos, forzando un cambio completo de régimen sin su consentimiento. Los políticos estaban utilizando las instituciones contra sus ciudadanos. [...] No olvidemos nunca, nunca, nunca qué sucedió el pasado otoño. 18

Año y medio después de la publicación de este artículo, la reacción en Cataluña a la sentencia mostró que sus principales argumentos habían sido desoídos por completo. También mostró que habían estado equivocados quienes pensaron que la aplicación del 155 y el posterior juicio a los líderes separatistas actuarían como una especie de catarsis para el nacionalismo catalán. Las protestas que colapsaron Barcelona y la mayoría de las ciudades e infraestructuras catalanas durante más de una semana, espoleadas y alentadas por la Generalitat, y que sostenían que los políticos condenados no habían hecho nada malo, sellaron el tránsito que se había abierto en las elecciones de diciembre de 2017. Del cierre de filas con el avance hacia la independencia se había pasado al cierre de filas con la legitimidad del procés . También aquí se han consolidado mantras tan falsos como inasequibles al desaliento. Por ejemplo, el que sostiene que Junqueras, Forcadell y los demás líderes secesionistas fueron encarcelados por sus ideas, cuando hay cientos de miles de personas (y varias decenas de altos cargos políticos, tanto del ámbito autonómico como del nacional) que comparten sus ideas y no se encuentran inmersos en causa alguna. O cuando todo el proceso en el Supremo se basó en examinar si Junqueras et al. habían cometido delitos concretos y tipificados en la legislación existente.

Sin embargo, la mudanza discursiva fue tan exitosa que logró que buena parte del espacio presuntamente no independentista se sumara a las críticas a la sentencia. Sirvan como ejemplo el comunicado conjunto de todas las universidades públicas catalanas (aprobado por amplias mayorías en sus claustros, aunque en algunos casos con la presencia de menos de la mitad de sus miembros en el momento de la votación) que criticaba la sentencia por ser el resultado de una «deriva autoritaria» y exigía «la inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas o en prisión provisional y el sobreseimiento de todos los procesos penales en curso relacionados con ellos, así como el retorno de las personas exiliadas». Poco importa —al menos para lo que estamos siguiendo aquí— que la Justicia fallara en octubre de 2020 que pronunciamientos de este tipo por parte de órganos universitarios vulneraban el derecho a la educación, a la libertad de expresión y la libertad ideológica; lo importante fue la difusión y normalización de aquel discurso. 19  Incluso el F.C. Barcelona emitió un comunicado en el que declaraba:

Del mismo modo que la prisión preventiva no ayudó a resolver el conflicto, tampoco lo hará la prisión dictada hoy, porque la cárcel no es la solución. La resolución del conflicto que vive Catalunya pasa, exclusivamente, por el diálogo político. Por eso, ahora más que nunca, el Club pide a todos los responsables políticos que lideren un proceso de diálogo y negociación para resolver este conflicto, que también debe permitir la liberación de los líderes cívicos y políticos condenados. El F.C. Barcelona manifiesta también todo su apoyo y solidaridad a las familias de los que son privados de su libertad.

Fijémonos en que estos comunicados no incluyen ni una palabra de reprobación para los líderes que llevaron a Cataluña al abismo (o, según la sentencia, que habrían engañado masivamente a sus conciudadanos). Toda la queja va dirigida a las instituciones que hicieron cumplir una ley que se presenta como injusta, arbitraria y antidemocrática. Tan injusta, arbitraria y antidemocrática como habían dicho Puigdemont y Junqueras en el acelerón final del procés . ¿Dónde estaba la catarsis?

Otra de las consecuencias directas de lo ocurrido en 2017 ha sido, por supuesto, la huida al extranjero de varios dirigentes independentistas, empezando por el expresidente de la Generalitat y responsable último de la declaración unilateral de independencia. Una parte considerable de la actualidad informativa de 2018 y 2019 estuvo ligada a los esfuerzos de las autoridades judiciales españolas por lograr la extradición de Puigdemont y el resto de exconsejeros prófugos. Es un capítulo que sigue abierto en el momento de escribir estas líneas, pero que ya ha sido importante en la reflexión que se ha hecho sobre la crisis.

Para empezar, la opinión pública española ha vivido con los jueces extranjeros una experiencia similar a la que vimos en el capítulo anterior con los corresponsales. Cada decisión relativa a los procesos de extradición ha sido percibida como un veredicto sobre la calidad de nuestra democracia, y procesada o desde el entusiasmo acusador (generalmente, entre los independentistas y la izquierda más cercana a sus postulados) o desde una mezcla de incredulidad, desolación y despecho (generalmente, en el constitucionalismo). Además, si la labor de los medios extranjeros minó su credibilidad entre muchos constitucionalistas, las acciones de los distintos tribunales del resto de Europa en este asunto han dado alas al cuestionamiento de los mecanismos comunitarios, o incluso de la relación de España con sus vecinos europeos. Esto puede tener un recorrido tan importante como indeseable para cualquier europeísta. El euroescepticismo en España nunca ha dispuesto de un episodio con el que justificar su discurso tan tangible y de tanto calado como el de las euroórdenes de Puigdemont et al . La percepción por parte de muchos votantes de que nuestros vecinos comunitarios no están ayudando a que España mantenga su orden constitucional, y que ni siquiera están respetando la soberanía judicial de un Estado miembro, es un argumento potente al que Vox ya recurre de forma habitual.

Por otra parte, la instalación de Puigdemont et al . en el extranjero ha sido una excelente metáfora de la huida hacia adelante en la que se ha embarcado buena parte del nacionalismo catalán. El discurso que identifica a los prófugos no como exdirigentes autonómicos huidos de la Justicia sino como «exiliados» que habrían tenido la valentía de enfrentarse a un Estado opresor ha permitido a muchos profundizar en la realidad paralela que se construyó durante el procés . Una realidad paralela que incluye la deslegitimación de la legalidad y la consecuente justificación del desacato entre una parte no pequeña de la comunidad política española. En la consolidación de este discurso han participado tanto las instituciones autonómicas —empezando por los dirigentes de la Generalitat— como los medios de comunicación públicos catalanes, en los que se ha tratado de forma reiterada a Puigdemont como «exiliado». Seamos conscientes del resultado: tres años después de la crisis de 2017, hay varios centenares de miles de catalanes que consideran que Puigdemont es un héroe y que cualquier causa judicial seguida contra él es injusta e ilegítima. En marzo de 2020 el expresidente reunió a unos ciento diez mil seguidores en Perpiñán, animándolos a «prepararse para la lucha definitiva». Otro de los ponentes del acto, el exconsejero fugado Toni Comín, declaraba que el derecho de autodeterminación «ya está ejercido para siempre jamás hasta que decidamos lo contrario, pero hay que decir las verdades más incómodas: el respeto de este derecho, por desgracia, no lo ganaremos sólo en las urnas».

Desde finales de 2017, la continuada preeminencia de estos líderes y de sus mensajes ha condicionado las estrategias de los partidos independentistas y su relación con el marco constitucional. No se trata de nostálgicos minoritarios, ni de los independentistas malos en comparación con los buenos de ERC. En septiembre de 2019, por ejemplo, el Parlamento autonómico aprobó una resolución conjunta de ERC, la formación de Puigdemont y la CUP que exigía «la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil», puesto que habrían cometido «abusos de derechos civiles y políticos que no sólo se han centrado en líderes políticos y sociales, sino que han abusado de la legislación impulsada bajo la excusa de combatir el terrorismo para atemorizar a la ciudadanía y coartar la protesta». En la misma declaración se afirmaba que el proceso en el Tribunal Supremo a los dirigentes del procés era «arbitrario, sesgado y en el que los derechos fundamentales de la ciudadanía se han visto abusados y violentados por parte tanto de los cuerpos policiales del Estado como de la Fiscalía, el juez instructor, el juzgado del Supremo, el Gobierno y el jefe de Estado». Esta historia, en fin, también sigue plenamente abierta.

Se podría argumentar que todo lo señalado hasta ahora da la razón a quienes desde el principio pedían «una solución política» al procés . Es decir, los que siempre pidieron de manera más o menos velada la celebración de un referéndum pactado, o el establecimiento del concierto fiscal, o algún tipo de cesión parecida que pudiera apaciguar al separatismo. Hemos visto a lo largo de este libro unos cuantos contrafácticos, pero para muchos éste será el más importante: ¿y si se hubiera cedido desde el comienzo a las exigencias de los independentistas? Nunca lo sabremos, pero sí podemos apuntar razones por las que se equivocan quienes creen que ésta hubiese sido la aspirina que habría curado todos los posteriores dolores de cabeza.

En primer lugar, tenemos la complejidad del proceso que habría permitido convocar un referéndum pactado. Incluso si éste se celebrase bajo la fórmula de un referéndum meramente «consultivo» —la Constitución abre la puerta a ello—, la implementación de sus posibles resultados exigiría una reforma constitucional, o previa o posterior, o simple o agravada. 20 El largo proceso de inestabilidad institucional que esto habría supuesto puede parecer deseable a quienes gustan de imaginar grandes momentos de transformación colectiva. Pero el caso es que en 2017 había una mayoría de españoles que no aceptaba la necesidad de embarcarse en un proceso así sólo para satisfacer las exigencias de los independentistas, cuyas razones no consideraban legítimas. Una trampa habitual en este sentido es decir que «el PP no lo apoya», cuando quien no lo apoya es esa parte muy sustancial de la ciudadanía que vota a representantes que defiendan su postura. Por esto mismo, nada garantiza que la composición del Congreso, o la actitud de alguno de los partidos mayoritarios, o la orientación de la opinión pública en España, fuese necesariamente la misma al comienzo del proceso de reforma constitucional que al final del mismo. ¿Quién asegura que en un proceso de reforma agravada (que, recordemos, implica aprobación por mayoría de dos tercios en ambas Cámaras, celebración de nuevas elecciones, nueva aprobación por mayoría de dos tercios en ambas Cámaras y ratificación popular en referéndum de ámbito nacional) no habría en algún momento una mayoría contraria a lo elegido en el referéndum «consultivo» inicial? ¿O que no obtendría millones de votos un partido que llevara a la Cámara constituyente la supresión de las autonomías en lugar de su dotación de mecanismos con los que ejercer la autodeterminación? Como solución, no termina de parecer infalible.

Quienes creen que todo lo sucedido desde la negativa de Rajoy en 2012 a Artur Mas no ha hecho otra cosa que fortalecer al independentismo, también suelen pasar por alto una cuestión: el número de personas contrarias a la independencia de Cataluña se ha mantenido más o menos estable. Y esto pese a la enorme maquinaria de movilización puesta en marcha por los nacionalistas durante el procés , a la que se ha sumado el relato victimista del 1-O y de los políticos presos. Y siempre podemos dar la vuelta al argumento: ¿cómo sabemos que, en caso de que se hubieran aceptado las razones y los objetivos de los soberanistas, esto no habría supuesto un aumento de los catalanes favorables a la independencia? ¿Cómo sabemos que ésta no habría sido la puntilla, el factor de desmovilización definitivo, para todos aquellos catalanes que llevaban décadas sintiéndose desasistidos y olvidados por las instituciones nacionales?

También es llamativa la confianza de quienes proponen el referéndum pactado como un episodio definitivo tras el cual se alcanzaría una nueva estabilidad. Con esa mezcla de deferencia y paternalismo que hemos visto a lo largo de este libro, algunos parecen proponer un escenario en el cual los independentistas harían su referéndum, lo perderían y luego (habiendo visto cumplido su anhelo soberanista y comprobado que no contaban con el apoyo de sus conciudadanos) se quedarían tranquilos. Es una suposición poco razonable. La historia de los últimos años muestra precisamente la considerable capacidad de adaptación del independentismo. Si el agravio del «no nos dejan votar» desapareciese, se sustituiría por otro. Por otra parte, tampoco hay razones para creer que la derrota en un referéndum de autodeterminación suponga una catarsis para el movimiento nacionalista que la ha auspiciado. En el momento de escribir estas páginas, el nacionalismo escocés sigue acumulando fuerzas y apoyo en su exigencia de un segundo referéndum de autodeterminación, tras haber perdido el que se celebró en 2014. El Gobierno británico ha repetido insistentemente que no permitirá su celebración, pero ¿de verdad puede negarse cuando ya lo permitió una vez? ¿Qué, del ejemplo británico, da la razón a los que defienden que un referéndum pactado es la mejor manera de alcanzar una nueva estabilidad? Incluso quienes invocan el ejemplo de Quebec lo hacen dejando de lado que el nacionalismo quebequés sigue siendo una fuerza importante y desestabilizadora en la política canadiense, y que los referéndums de 1980 y 1995 no fueron pactados sino unilaterales (aunque, a diferencia del 1-O, tolerados por el Gobierno federal). Si algo trajo estabilidad a la política canadiense no fue la celebración de los referéndums, sino la posterior aprobación de una Ley de Claridad que fijaba las condiciones que debían darse para que un referéndum de secesión fuera efectivo y vinculante, y que eran lo suficientemente serias (el asunto lo merecía) como para desincentivarlos. Esto no parece necesario en España, dada la claridad con la que la Constitución indica la indivisibilidad del territorio y quién es el ente soberano. Pero si los presuntos pragmáticos desean realmente que España encuentre una nueva estabilidad tras el desafío soberanista, quizá deberían dedicar sus esfuerzos a proponer una Ley de Claridad a la canadiense en lugar de defender un referéndum como el que plantearon Mas y Puigdemont.

Por otra parte, siempre sorprende que quienes hablan de la presunta necesidad de «dar algo» a quienes «no se sienten cómodos» en el sistema actual restrinjan el ámbito de aplicación de su razonamiento a los independentistas. La crisis de 2017 mostró, precisamente, hasta qué punto ese sector no monopoliza el descontento con el statu quo , ni dentro ni fuera de Cataluña. Si hay dos millones de catalanes que no están contentos con la nacionalidad que aparece en su pasaporte, también hay un gran número de descontentos por cómo se ha desarrollado o ejercido el modelo autonómico durante los últimos cuarenta años. Es más, por lo que se refiere a muchos ámbitos de la autonomía catalana, esos descontentos son los perdedores del statu quo actual, y no los independentistas. ¿Es concebible pedir «una solución» que sólo satisfaga a unos en detrimento de los otros? ¿Por qué? ¿Qué han hecho los independentistas para merecer un trato distinto al de los catalanes no independentistas que tampoco están contentos con el actual estado de cosas? Si habláramos de que los derechos de una minoría están siendo pisoteados por una mayoría y hay que legislar para protegerlos, podría ser así. Pero, pese a las continuas protestas de los independentistas, no es cierto que se le esté negando un derecho fundamental a la minoría de españoles independentistas al impedírseles ejercer la autodeterminación de un territorio concreto.

Por otra parte, el juego de las cuentas electorales es una pendiente resbaladiza. Si asumimos que los más de tres millones y medio de votantes de Vox en las elecciones de noviembre de 2019 estaban a favor de suprimir las comunidades autónomas, estamos hablando de al menos un millón más que aquellos catalanes que no se sienten cómodos perteneciendo a la nación española. Esto, sin asumir que al menos un porcentaje de los cinco millones que votaron al Partido Popular en las mismas elecciones podrían compartir dicho aspecto del programa de Vox. ¿Por qué no se aplica a ellos el razonamiento según el cual lo que importa no es si tienen razón o no, sino que son demasiados para no tratar de acomodarlos?

En definitiva, la salida a la crisis de 2017, o a los procesos que desembocaron en ella, no puede partir de un planteamiento según el cual los únicos agraviados y los únicos con derecho al agravio sean los independentistas. En parte, porque esto empeoraría la calidad de nuestra democracia al aceptar que tiene más derechos quien de manera más insistente y flagrante está dispuesto a vulnerar el marco de convivencia. ¿Por qué no iba a crear esto un sistema de incentivos tan perverso como dañino para la democracia española de 2025, 2030 o 2040? Ningún sistema puede —ni debe— cerrar las fuentes de conflictos legítimos, pero la respuesta a una crisis no debería limitarse a trasladársela a la próxima generación de españoles.

Conclusión

En el momento de cerrar este libro se podría afirmar que el constitucionalismo ganó la guerra y perdió la paz. La evolución de la política nacional tras 2017 hace que cada vez sea más difícil imaginar una reconstrucción del frente constitucionalista, al menos como eje de la gobernabilidad de España. La coalición parlamentaria que sustenta al segundo Gobierno de Pedro Sánchez ha trabajado, más bien, para seguir naturalizando algunos planteamientos del procés . Las encuestas no dan fe de una catarsis o rectificación en aquellos sectores de la sociedad catalana que apoyaron el proceso separatista, y versiones evolucionadas de la Premisa siguen marcando el debate público. Ni siquiera la catástrofe sanitaria y social causada por la pandemia de la COVID-19 ha cambiado estas dinámicas.

Sin embargo, y como se señaló al comienzo del capítulo anterior, el vocabulario bélico no termina de ajustarse a una situación tan compleja como la provocada por la crisis de 2017. Podemos tomar como ejemplo la valoración de la figura de Felipe VI: el monarca es mucho más apreciado hoy entre los constitucionalistas por su actuación en 2017 y más criticado entre los separatistas —y entre la izquierda más receptiva a sus postulados— por el mismo motivo. ¿Éxito o fracaso? Aún es muy pronto para saberlo. O podemos fijarnos también en la inhabilitación de Quim Torra a finales de septiembre de 2020 por negarse a cumplir las exigencias de neutralidad institucional dictadas por la Junta Electoral. Por un lado, esta inhabilitación supone una nueva victoria del Estado de derecho sobre la idea de que quienes defienden ciertos planteamientos (a saber: los nacionalistas) no deben obedecer las mismas normas que los demás. Es decir, una victoria sobre la enésima manifestación de la lógica del procés . Pero, por otro lado, la inhabilitación de Torra mostró la buena salud dentro de Cataluña del discurso exculpatorio hacia los excesos de los líderes separatistas. También ha supuesto una nueva prueba de la capacidad de adaptación del independentismo, cuya relación con sus dirigentes recuerda a unos versos bellos y enigmáticos de T. S. Eliot: in the room the women come and go / talking of Michelangelo (‘En la habitación las mujeres vienen y van / hablando de Miguel Ángel’). Nosotros podríamos decir que en Sant Jaume los líderes vienen y van, hablando de independencia.

Todo esto refuerza una conclusión fundamental: España sigue inmersa en la onda expansiva de la crisis de 2017. Como ha sucedido con otras fechas clave, las consecuencias de todo aquello han ido manifestándose en los años posteriores. Algunas eran previsibles, otras han sido inesperadas; pero lo importante es que el desplazamiento tectónico sigue en marcha y nos sigue obligando a pensar qué España queremos que salga de lo que ocurrió. Esto implica que el nuevo equilibrio que se ha esbozado tras la crisis, y que han impulsado los Gobiernos de Sánchez, es tan inestable como el anterior. En cierto sentido, la España pos-2017 ha pecado de falta de imaginación. Aquel año abrió numerosas puertas, descubrió pasajes anteriormente insospechados o descartados por improbables. Sin embargo, el sistema (con el aval de la ciudadanía, expresado en al menos dos elecciones generales) optó por regresar al último escenario en el que era verosímil señalar que las cosas estaban funcionando bien. Es decir, a un sistema de alianzas y de planteamientos similar al de la década de los dos mil. Como si nos hubiésemos asomado al filo de un mundo nuevo y hubiésemos decidido retroceder, entre prudentes y atemorizados, al mundo anterior.

Pero la realidad es más terca que nuestros automatismos. El acercamiento entre el PSOE y el sector más posibilista del separatismo sigue siendo frágil. E incluso si no lo fuera, tenemos muestras claras de que este acercamiento no es en sí una panacea. No lo fueron ni los tripartitos de Maragall y Montilla ni los acuerdos de González y Aznar con Pujol. Con el paso del tiempo es posible que la sustitución de Rajoy por Sánchez en 2018 nos recuerde la de Sagasta por Silvela en 1899, uno de aquellos «gestos de una edad fenecida» a los que se refirió Ortega. Porque la posibilidad de colaboración entre partidos nacionales y partidos nacionalistas es —al menos en principio— deseable, pero ahora sabemos que no es suficiente por sí sola, ni se debe desarrollar con un vocabulario tramposo («diálogo» como sinónimo de «cesión de una de las partes», etcétera). Tampoco se debe desarrollar en un marco en el que el interlocutor sería una tierra o un pueblo que presuntamente piensa y padece de forma homogénea. Ni debe olvidarse el deber de las instituciones nacionales de proteger, también, a quienes no comulgan con los planteamientos nacionalistas. Como no tiene sentido ignorar que los separatistas catalanes han cruzado tantas líneas rojas que cualquier partido que intente colaborar con ellos deberá alejarse más de la Constitución y de las pautas de un verdadero Estado de derecho de lo que jamás se había alejado. Sánchez puede soñar con ser un nuevo Zapatero, un nuevo forjador de tripartitos y pactos del Tinell con los que comprar un par de legislaturas antes de retirarse y dejar que otros lidien con las consecuencias. Pero la ERC con la que gobernó Maragall no es la misma con la que gobernaría el actual PSC. El separatismo catalán de nuestro tiempo ha alcanzado cotas antisistema que lo convierten en un socio, más que indeseable, corrosivo. Acercarse a ellos no implica ya solamente aumentar el autogobierno o imponer multas a los rótulos en castellano. Requiere deslegitimar al Poder Judicial, erosionar la separación de poderes, renegar del relato constitucionalista acerca de qué fue el procés y seguir deshaciendo las bases de una convivencia entre ciudadanos libres e iguales.

No hay respuestas mágicas para reencauzar todo lo que el separatismo hizo descarrilar. La última que se ha ofrecido (la conocida como «política del ibuprofeno» de los Gobiernos de Sánchez) lleva dos años y medio sin producir resultados. Por esto, conviene mantener el debate fijado en qué punto de llegada sería más deseable y no en qué estrategia ofrece menos resistencia. En este sentido, se me ocurren pocos sistemas más deseables que precisamente aquel que el separatismo catalán minó durante años y finalmente intentó destruir. Tampoco se me ocurren razones más falaces que las que se emplearon para justificar ese intento de demolición. Defiendo mi derecho, y el de millones de conciudadanos, a preferir el sistema impugnado por los nacionalistas frente a cualquiera de las alternativas que se han propuesto hasta ahora. Tampoco acepto la necesidad de asumir que lo ocurrido en 2017 no fue grave, o que se trató de un trastorno pasajero, o que no obliga a repensar los marcos que vinieron antes y también los que se han querido imponer después. El precedente está ahí. Porque ocurrió una vez, puede volver a ocurrir.

En cualquier caso, el proceso de debate y de evolución hacia la España posterior a la crisis sigue abierto. Así será durante mucho tiempo. La historia de 2017 aún está por escribir.

Agradecimientos

Roger Domingo creyó en este libro y me aportó claves importantes. Vicente Ferrer y Jorge Bustos fueron jefes modélicos durante los años en que fui labrando, a través de las columnas en El Español y luego El Mundo , algunas de las ideas que se recogen aquí. Elena Alfaro y Toni Timoner me concedieron tiempo, atención e información muy valiosa. Carlos Hernández Quero, Luis Estévez Bauluz y Steven Forti fueron generosos con su conocimiento bibliográfico y sus reflexiones; aquello que no haya sabido o podido aprovechar ha sido exclusivamente por fallo mío. He aprendido mucho de todos los autores cuyos libros y artículos menciono a lo largo del libro. Aquéllos a los que, además, he tenido la fortuna de tratar han sido una fuente constante de conocimientos e inspiración. Estoy especialmente agradecido a los amigos catalanes con quienes comenté todo lo ocurrido en estos años: Cristian Campos, Iñaki Ellakuría, Laura Fàbregas, José María Albert de Paco, Luis Castellví, Guillermo Segura, Pablo Mediavilla, Lucila Mallart, entre otros. Una de las mejores cosas de escribir un libro es poder dejar constancia de mi agradecimiento a mi familia por todo lo que es y me ha dado. Y agradecer a Aída Prados tanta felicidad.

Obras citadas

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Ucelay-Da Cal, Enric, Breve historia del separatismo catalán , Ediciones B, Barcelona, 2018.

Notas

1 . Cultura política es un término complejo sobre el que se ha escrito y debatido mucho. En este libro lo emplearé de manera algo laxa. En algunas partes se referirá, en palabras de Sirinelli, a «una especie de código y de un conjunto de referentes, formalizados dentro de un partido o más ampliamente difusos en el interior de una familia o de una tradición políticas», que organizarían su comportamiento. Por ejemplo, la cultura política del nacionalismo conservador catalán. En otras ocasiones se referirá a planteamientos que pueden ser compartidos por familias políticas distintas. En palabras de Berstein: «Una visión del mundo compartida, en la cual entran en simbiosis un subsuelo filosófico o doctrinal, la mayoría de las veces expresado en forma de una vulgata accesible a muchos, una lectura común y normativa del pasado histórico que connota [...] los grandes periodos del pasado, una visión institucional que traduce en el plano de las organizaciones políticas del Estado los datos filosóficos o históricos anteriores [y] una concepción de la sociedad ideal». Animo al lector interesado a consultar los trabajos canónicos de Berstein y Sirinelli, así como los de Cabrera, Sierra y Hernández Quero, que se mencionan en la sección de «Obras citadas».

2 . Ucelay-Da Cal, Breve historia del separatismo catalán , p. 287.

3 . Remito al lector interesado en el desarrollo histórico del Estado de las autonomías, sobre todo desde una perspectiva jurídica y constitucional, al estudio de Josep María Castellà, Estado autonómico. Pluralismo e integración constitucional .

4 . Cayetana Álvarez de Toledo, «Juan Luis Cebrián: “Si el yerno del Rey va a ir a la cárcel, ¿por qué no Artur Mas?”», El Mundo , 20 de febrero de 2017.

5 . Aquello sucedió en el debate sobre el proyecto de Estatuto catalán de 1979. Las declaraciones exactas de Guerra, número dos de un PSOE que aún estaba en la oposición, fueron: «Estamos aquí para reparar una injusticia de tantos años de falta de libertad y, por tanto, de falta de realidad nacional, que pertenece de una manera irrenunciable al pueblo catalán».

6 . Ucelay-Da Cal, op. cit , p. 243.

7 . Joan Saura, «¿Qué quiere Cataluña?», El País , 13 de mayo de 2005.

8 . Anécdota contada por el propio Cebrián en la entrevista citada en n. 4.

9 . Fukuyama, ¿El fin de la Historia? y otros ensayos , p. 150.

10 . Hernández, Conversaciones sobre España , p. 26.

11 . Por otra parte, el pujolismo también alentó la campaña de «Freedom for Catalonia» (‘Libertad para Cataluña’) durante los Juegos Olímpicos del 92. Esta campaña pretendía mostrar al mundo la presunta opresión vivida por parte de los catalanes y provocar así una ruptura natural y espontánea con España. Aquello dio pie a títulos como el ensayo de Carles Muñoz Espinalt Serà el 1992 l’any de la independència de Catalunya? ( ¿Será 1992 el año de la independencia de Cataluña? ) (Ucelay-Da Cal, op. cit , pp. 231-232).

12 . Ucelay-Da Cal, op. cit , p. 243. En cuanto a Zapatero, existen testimonios de la perplejidad que podía causar entre empresarios o políticos cuando, al plantearle una posible consecuencia negativa que se derivase de sus medidas, él sencillamente respondía: «Confía en mí, saldrá bien» (Latorre, Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido , p. 81).

13 . Entrevista realizada en el programa «Más de Uno» de Onda Cero el 19 de noviembre de 2019.

14 . J. M. Martí Font ha estudiado en su libro Barcelona-Madrid. Decadencia y auge la competencia entre estas dos ciudades (con la eventual victoria de la segunda) y su posible impacto en las decisiones tomadas por las élites catalanas después de 2010.

15 . Manuel Vázquez Montalbán, «Así están las cosas», El País , 29 de mayo de 1984.

16 . El relato de aquel episodio, en Arcadi Espada, Contra Catalunya , p. 58.

17 . Ibídem, p. 59.

18 . Calleja, Héroes a su pesar , pp. 81-82.

19 . Pasqual Maragall, «Soplan en los pueblos de España vientos de cambio», El País , 8 de agosto de 2004.

20 . Citado en Latorre, op. cit , p. 82.

21 . Ibídem, p. 90. Se podría escribir otro libro sobre la resistencia a este planteamiento, que —en contra de lo que suelen señalar los independentistas— ha sido liderada por las otras autonomías y no por los Gobiernos centrales. La negociación del Estatuto catalán, por ejemplo, dio pie a la exigencia y obtención de la cláusula Camps en el Estatuto valenciano de 2006 —después adoptada también por el andaluz—. Esta cláusula garantizaba que cualquier mejora de autogobierno que obtuviera alguna comunidad autónoma, como la catalana, estaría disponible también para la valenciana.

22 . Ucelay-Da Cal, op. cit. , pp. 202-203.

23 . Cita en Jesús Laínz, España contra Cataluña: historia de un fraude , p. 350.

24 . Rubert de Ventós, Nacionalismos , pp. 197, 198 y 194.

25 . Oriol Malló, «Falangistes taxidermistes», Avui , 30 de junio de 2005.

26 . Virtudes Pérez, «Núria Feliu: “Espanya, la paparra que ens xucla”», El Punt Avui , 12 de julio de 2012.

27 . Laínz, op. cit. , p. 362

28 . Ucelay-Da Cal, op. cit. , p.180.

29 . Laínz, op. cit. , p. 356.

30 . Extraigo la información de Espada, op. cit. , p. 251.

31 . Ucelay-Da Cal, op. cit. , 198.

32 . Mercadé, «Los intelectuales y la cuestión nacional», p. 147.

33 . Ucelay-Da Cal, op. cit. , p.194.

34 . Ibídem, p. 194; Laínz, op. cit. , p. 359.

35 . Un estudio de 2015 mostró que la movilidad social intergeneracional en Cataluña había ido disminuyendo en las décadas anteriores. Esto estaría ligado a la creciente importancia de la etnicidad (ventaja de catalanes autóctonos y catalanohablantes frente a descendientes de la inmigración y castellanohablantes) y a la tendencia de la élite catalanohablante a casarse entre sí. Véase Güell, Rodríguez Mora y Telmer, «The Informational Content of Surnames».

36 . Javier Cercas, «La gran traición», El País Semanal , 16 de junio de 2019. La articulista Cristina Losada analizó con perspicacia este texto y lo que indicaba acerca de la cultura de la integración: «Cerca[s] de ser catalán», Libertad Digital , 17 de junio de 2019.

37 . Luis Castellví, «Hijos de la tierra», El Mundo , 24 de diciembre de 2019. Del mismo autor también es útil el artículo «Cataluña poscolonial», El País , 16 de septiembre de 2020.

38 . «Núria de Gispert insta por segunda vez a Arrimadas a irse de Catalunya», La Vanguardia , 4 de octubre de 2018.

39 . Borrell y Llorach, Las cuentas y los cuentos , p. 95.

40 . Un tratamiento reciente de este tema, en Juan Claudio de Ramón, Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña , pp. 109-122.

41 . Este manifiesto, junto a los demás ligados a esta polémica, se puede consultar en: Santos Juliá, Nosotros, los abajo firmantes , pp. 601-608. En dicho libro también se pueden encontrar textos que se mencionan más adelante, como los del Foro Babel y el manifiesto fundacional de Ciudadanos.

42 . Pujol acertaba al priorizar aquello. Un estudio de 2013 mostraba una correlación entre la implementación de sus políticas educativas a comienzos de los ochenta y un aumento a lo largo de los años siguientes de los sentimientos identitarios exclusivamente catalanes, el apoyo a propuestas separatistas y el voto a partidos nacionalistas, incluso entre hijos de personas nacidas en otras partes de España. Véase el artículo de Clots-Figueras y Masella, «Education, Language and Identity».

43 . Los datos sobre el número de profesores que se marcharon de Cataluña, y el texto amenazante presentado en el juicio, en Robles, Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña , p. 123.

44 . Ibídem, p. 113.

45 . Espada, op. cit. , pp. 50-51.

46 . Noticia en Espada, ibídem, p. 267.

47 . Robles, op. cit. , pp. 171-191, 239.

48 . Vidal-Quadras había llevado al PP a disputar el modelo lingüístico de la Generalitat, proponiendo en 1995 una reforma de la Ley de Normalización Lingüística.

49 . María Jesús Cañizares, «Acusan a la Generalitat de incumplir la orden judicial de escolarizar en castellano», ABC , 14 de enero de 1994.

50 . «Un padre hará huelga de hambre para reclamar el derecho de su hija a recibir educación en castellano», Europa Press, 13 de junio de 2006.

51 . Arza y Marí-Klose, «¿La voluntad de un pueblo?», en Cataluña, el mito de la secesión , pp. 31-39.

52 . Sirva como ejemplo de estas ambigüedades un episodio contado por José María Calleja: «Un minuto después de conocer los resultados de las elecciones autonómicas de mayo de 2001, lo primero que hizo Iñaki Anasagasti, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, fue pedir la disolución de ¡Basta Ya! y afirmar que este colectivo estaba subvencionado por un fondo de reptiles. Anasagasti [...] no pidió la disolución de ETA, causante de los asesinatos que han provocado la creación de ¡Basta Ya!; no dijo que los asesinos extorsionaban a los empresarios vascos y, por lo tanto, tenían que desaparecer; [...] no, no dijo nada de eso. Anasagasti insultó a una organización que defiende a las víctimas [...]. El PNV optaba por desactivar la dignidad y a la vez pactar con quienes mantienen enhiesto el garrote del crimen». Calleja, op. cit. , p. 111.

53 . Borrell y Llorach, op. cit. , p. 31.

54 . No está de más recordar los términos en los que planteaba la cuestión aquel editorial, publicado meses antes de que se conociera el fallo del Supremo: «Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa. [...] Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum. Que nadie se confunda [...]. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. [...] Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable».

55 . El politólogo Roger Senserrich sintetizó varios argumentos más en esta línea y detalló otros ejemplos de conflictos entre Gobiernos centrales y regionales que habían sido dirimidos por tribunales constitucionales, en «El mito de la sentencia del Estatut», Vozpópuli , 28 de septiembre de 2017.

56 . Años después, el otro gran partido nacionalista alcanzaría una cota de indignidad difícilmente superable: el dirigente de ERC y a la sazón vicepresidente de la Generalitat, J.L. Carod Rovira, se reunió con representantes de ETA en 2004 para acordar que cesarían su campaña homicida..., pero sólo en territorio catalán.

57 . Amat, La conjura de los irresponsables , p. 32.

58 . Extraigo las declaraciones de Amat, ibídem, p. 87.

59 . Ucelay-Da Cal, op. cit. , pp. 186 y 196.

60 . Ramón Gónzalez Férriz, «Autobiografía cultural catalana: el fin de una hegemonía que parecía indestructible», El Confidencial , 18 de septiembre de 2017.

61 . Cita en Laínz, op. cit. , p. 307 (quien a su vez extrae la información de las memorias del exministro José Bono).

62 . Por ejemplo, en Campos, La anomalía catalana , pp. 131-135; y Daniel Tercero, «La infiltración nacionalista en Cataluña se programó en los noventa desde la Generalitat», ABC , 31 de diciembre de 2018. El texto completo también se puede consultar en el blog satírico y de línea contraria al nacionalismo Dolça Catalunya : <https://www.dolcacatalunya.com/2016/08/documento-prueba-jordi-pujol-diseno-pruses-1990/ >. [Consultado: 11 de octubre de 2020]

63 . Borrell y Llorach, op. cit. , p. 31.

64 . Juan Claudio de Ramón, «Plurinacionalidad o federalismo», El País , 10 de diciembre de 2019; «Pluralismo o plurinacionalidad», El País, 11 de junio de 2019; «Federalismo o catalanismo», El País , 9 de abril de 2019; «Contra la singularidad en la Constitución», El País, 11 de diciembre de 2017. Expuse algunas de mis propias objeciones en: «Pluridebilidad», El Español , 17 de junio de 2017; «Las dos Españas del nuevo PSOE», El Español , 24 de junio de 2017, y «Las plurinaciones se hacen», El Mundo , 28 de noviembre de 2019.

65 . En realidad, estos argumentos tampoco eran completamente novedosos. En 1994, Rubert de Ventós abordaba el derecho de autodeterminación en estos términos: «Merecen esta libertad aquellos grupos o pueblos donde una mayoría está eventualmente dispuesta a votarlo y una minoría está desde ya dispuesta a morir por ello» (Ventós, op. cit. , p. 26). En Soldados de Salamina , Javier Cercas también da fe de una conversación con un concejal de ERC en la que aparece otro de los lemas que se utilizarían en el marco del procés : «Yo no soy nacionalista. Soy independentista» (pp. 30-31).

66 . Un estudio sugerente, bien documentado y con perspectiva trasnacional sobre hasta qué punto la etiqueta de «populismo» se puede aplicar al procés catalán, en: Steven Forti, «¿Nacional-populismo a la catalana? Repensar el procés en el contexto europeo», Historia del Presente, pp. 69-90.

67 . Ucelay-Da Cal, op. cit. , p. 267.

68 . En Ricardo II , el personaje de Juan de Gante describe Inglaterra de esta forma: «Esta fortaleza que la Naturaleza ha construido para defenderse contra la infección y la mano de la guerra [...] esta piedra preciosa engastada en el mar de plata, que le sirve de muro, o de foso de defensa alrededor de un castillo, contra la envidia de naciones menos venturosas».

1 . Latorre, op. cit. , p. 40.

2 . La información en Amat, op. cit. , p. 90.

3 . Un interesante análisis del proceso de politización de estos atentados en Gray, «Afraid of What? Why Islamist Terrorism and the Catalan Independence Question Became Conflated», Bulletin of Spanish Studies .

4 . La Asamblea por una Escuela Bilingüe y Sociedad Civil Catalana elaboraron posteriormente un riguroso informe acerca del papel desempeñado por el sistema educativo (desde la Consejería de Educación hasta colectivos de profesores y AMPAS) en la organización del referéndum. El informe se titula «Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre», consta de 335 folios y se puede consultar en abierto: <https://www.aebcatalunya.org/images/informe-ensenanza.pdf >. [Consultado: 11 de octubre de 2020]

5 . Algunos de los autores que participaban en estos libros: Manuel Cruz, Juan Arza, Pau Marí-Klose, Pablo Nuevo, Susana Beltrán, Joaquim Coll, Fernando Sánchez-Costa, Miquel Porta Perales, Clemente Polo, Ángel de la Fuente, Mercè Vilarrubias, Alejandro Tercero, Sonia Sierra, Francesc de Carreras, Josep Piqué, Juan-José López Burniol, Félix Ovejero, Manuel Valls, Josep Borrell, Rafael Arenas, Joan Llorach, Aurora Nacarino-Bravo, Manuel Arias Maldonado, Juan Claudio de Ramón, Lluís Bassets, Ignacio Molina, Jordi Amat, Astrid Barrio, Daniel Gascón, Ricardo Dudda, Daniel Capó, Ramón González Férriz, Núria González Campañá, Andrea Levy, Roger Senserrich, Jorge Bustos, Rocío Martínez-Sampere, Josu de Miguel, Laura Fàbregas, Ignacio Peyró, Karina Sainz Borgo, Jorge Freire, Andrea Mármol, Pedro Herrero, Jorge Galindo, Verónica Puertollano, Carlos Mayoral, Ione Belarra, Miguel Aguilar, Estefanía S. Vasconcellos, Pilar Mera Costas, Ignacio Urquizu, Jorge San Miguel, Borja Lasheras, Aloma Rodríguez.

6 . Las coordinadoras publicaron un artículo en el que explicaban el sentido de aquella iniciativa: Elena Alfaro y Verónica Puertollano, «Voices from Spain», El País , 21 de noviembre de 2017. Allí expresaban su intención de sumarse «al esfuerzo de muchos otros para contrarrestar la proyección internacional de las mentiras y tergiversaciones en que ha basado su proyecto el secesionismo».

7 . Miriam Tey, «We must all remember the true value of democracy», The Telegraph , 2 de octubre de 2017.

8 . Celia Maza, «El Parlamento británico denuncia la injerencia rusa en el referéndum de Cataluña», El Confidencial , 7 de agosto de 2018.

9 . Organismo vinculado a las asociaciones Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia y cuyos informes se pueden consultar en abierto en la web. El del segundo semestre de 2019, marcado por las reacciones al fallo del Tribunal Supremo y las condenas a Junqueras et al ., dio fe de cerca de un millar de actos de agresión, el 96,22 por ciento de los cuales habrían sido realizados por independentistas.

10 . Agenjo había sido la única directora de instituto que se había negado a ceder su colegio para la consulta organizada por la Generalitat de Mas en 2014. Sus declaraciones en: Leyre Iglesias, «La maestra que dijo no», El Mundo , 18 de octubre de 2015.

11 . Latorre, op. cit. , p. 39.

12 . Juan Carlos Girauta, «¿De dónde somos?», ABC , 10 de diciembre de 2019.

13 . Gascón, op. cit. , p. 173.

14 . El titular del Times británico ante el comienzo del juicio a los líderes secesionistas, por ejemplo, fue un lacónico «Spanish Inquisition» (The Times , 1 de febrero de 2019).

15 . Por ejemplo, una información publicada en The New York Times el 23 de marzo de 2018 explicaba que «el debate sobre la independencia no ha generado solamente un conflicto con Madrid, sino que también ha partido la sociedad catalana. Los partidos separatistas obtuvieron el 47,5 por ciento de votos, pero eso fue suficiente para mantener su mayoría de escaños gracias a un sistema electoral que premia su control de las zonas rurales».

16 . «Catalonia Held a Referendum. Russia Won», The Washington Post , 2 de octubre de 2017.

17 . «In Catalonia Crisis, Shared Blame for a Difficult and undesirable Situation» , The New York Times , 22 de octubre de 2017. En el cuerpo de esta información se explicaba que «la actual crisis es el resultado de años de errores de cálculo de todas las partes, que han dejado no sólo a los catalanes sino a todos los españoles ante una grave amenaza al consenso democrático del país».

18 . «Spain Again», The Times , 26 de marzo de 2018.

19 . «The Increasingly Tense Standoff Over Catalonia’s Independence Referendum», The New Yorker , 5 de octubre de 2017. La mejor respuesta a las informaciones más perezosas acerca de la crisis de 2017 fue, precisamente, la entrevista del joven investigador David Mejía al autor de este texto: «Franco, Cataluña y todo lo demás. Una conversación con Jon Lee Anderson», Nueva Revista , 23 de octubre de 2017.

20 . Una de las excepciones fue la corresponsal de Le Monde , Sandrine Morel, quien luego publicaría un valioso libro sobre sus experiencias cubriendo esa crisis: En el huracán catalán .

21 . El periodista Juan Pablo Cardenal ha investigado y documentado esta cuestión en La telaraña. La trama exterior del procés.

22 . Rafael Méndez y Ángel Villarino, «Activismo frente a opacidad: el Govern gana la guerra de los corresponsales», El Confidencial , 18 de septiembre de 2017.

1 . Ramón González Férriz, Pablo Simón, Rosa Paz, Rocío Martínez-Sampere, «El laberinto catalán», Letras Libres , noviembre de 2017.

2 . Un repaso mucho más exhaustivo del que planteo aquí, en el ensayo de Antonio Santamaría, «El proceso independentista como género literario. Crónicas, memorias, ensayos y libelos», Revista de Libros , 10 de julio de 2019.

3 . Gascón, op. cit. , p. 150.

4 . Juan Claudio de Ramón, «Dialogar no es pedir precio», El País , 26 de noviembre de 2019.

5 . Albert Soler, «Elda Mata: Sé el que és que et facin pintades a casa i que t’enverinin les plantes», Diari de Girona , 13 de julio de 2020.

6 . Varios de ellos demandarían al periódico por despido improcedente, lo que culminaría en acuerdos extrajudiciales; véase Rubén Arranz, «El País pacta con los despedidos por Soledad Gallego para evitar el juicio», Vozpópuli , 18 de febrero de 2019.

7 . Elvira Lindo, «Sánchez, el okupa», El País , 13 de octubre de 2018.

8 . Almudena Grandes, «Mayoría», El País , 5 de mayo de 2019.

9 . Por ejemplo, dos de los fundadores de Ciudadanos: Francesc de Carreras, en el artículo «Querido Albert», El País , 14 de junio de 2019; y Arcadi Espada, en el artículo «Malo para España y ya no digamos para Ciudadanos», El Mundo , 25 de junio de 2019.

10 . La versión del propio Rivera está expuesta en su libro Un ciudadano libre (Espasa), publicado en septiembre de 2020. En una entrevista describió aquella situación como «una envolvente tremenda»; ver Jorge Bustos, «Albert Rivera: Nos equivocamos, yo el primero, en convertir la política en una pelea de guiñoles», El Mundo , 26 de septiembre de 2020.

11 . José María Olmo, «Interior fabricó el informe policial del Orgullo que Marlaska oculta por “seguridad”, El Confidencial , 17 de diciembre de 2019.

12 . Antonio Maestre, «Otegi es mejor que Abascal», eldiario.es , 7 de diciembre de 2019.

13 . Jorge del Palacio, «¿Cuánto hay en Vox de fascismo?», El Mundo , 17 de noviembre de 2019. Véase también el análisis de este mismo autor y de otros en: La sorpresa Vox (2019).

14 . Campos, «¿Cuánto ha pesado Cataluña?», en La sorpresa Vox , p. 125. Parte de la información aportada en estos párrafos también está extraída de este texto.

15 . Cayetana Álvarez de Toledo, «Un muro infranqueable», El Mundo , 15 de octubre de 2018.

16 . Un buen punto de inicio son las recopilaciones de crónicas escritas durante el juicio por Arcadi Espada (Sed de lex ) y Julio Valdeón (Separatistas ante los ropones ).

17 . Rafa Latorre, «El engaño del 1-O según el magistrado Varela: “El procés fue una pura performance delictiva”», El Mundo , 19 de julio de 2020.

18 . Roger Senserrich, «La gravedad de los sucesos de otoño», Politikon , 26 de junio de 2018.

19 . El auto de la juez, que respondía a una querella interpuesta por cuatro profesores integrados en el colectivo Universitaris per la Convivència, argumentaba que: «La universidad forma parte de la administración pública y no es una institución de representación política. Por tanto, está sometida al deber de neutralidad y ese deber implica que la universidad no puede asumir como propia una posición política determinada, y tanto menos cuando esa posición es manifiestamente contraria a los valores y principios del ordenamiento jurídico vigente».

20 . Un texto útil y divulgativo sobre esta cuestión: Rodrigo Tena, «Los referendos catalanes y la reforma constitucional», Hay Derecho , 4 de enero de 2016.