¿Qué futuro tiene un país como España donde las casi 80.000 personas que forman la clase política están envueltas en un velo informativo sobre el despilfarro de sus privilegios?

¿Un país donde la casta política lava los trapos sucios en casa para ocultar abusos, privilegios y corruptelas? ¿Un país cuya legislación carece de una normativa específica para regular los regalos de empresarios a políticos? ¿Un país que permite que los políticos de todos los niveles disfruten de cierta libertad para disponer de dinero público? ¿Un país que ha convertido el Parlamento Europeo en el cajón de sastre para exiliados de la política, enchufados y parientes que utilizan el padrinazgo de los partidos para dar el salto a la política de mejor nivel y a un mejor sueldo?

Si quiere saber cómo se mantiene la Casta española y disfruta de los privilegios del poder, sumérjase en las páginas de este libro. Tras su lectura, su visión sobre la política de nuestro país será distinta.

Daniel Montero Bejerano

La Casta

El increíble chollo de ser político en España

ePUB v1.0

Sirhack 29.09.11

© Daniel Montero Bejerano, 2009

© La Esfera de los Libros, S.L., 2009

Avenida de Alfonso XIII, 1, bajos

28002 Madrid

Tel.: 91 296 02 00 • Fax: 91 296 02 06

www.Esferalibros.com

ISBN: 978-84-9734-885-0

Depósito legal: M. 38.900-2009

Fotocomposición: J. A. Diseño Editorial, S.L.

Fotomecánica: Unidad Editorial

Imposición y filmación: Preimpresión 2000

Impresión: Huertas

Encuadernación: Huertas

Impreso en España-Printed in Spain

A Manuel y Victoria por apoyarme siempre.

A Tomás, Nieves y Lorena.

A Luis y Susana.

A todos aquellos que con sus palabras y, sobre todo, con sus silencios han hecho posible este libro.

A Ymelda Navajo y María Borràs por confiar en mí para el proyecto.

Capítulo I CLASE POLÍTICA: EUFEMISMO DE «CASTA»

CLASE POLÍTICA: EUFEMISMO DE «CASTA»

Cuando Mariano Rajoy gana en un mes lo mismo que una pensionista con cuatro hijos durante dos años

Los asesores de Mariano Rajoy habían preparado todo al milímetro. El líder del Partido Popular llevaba la vestimenta perfecta: traje de color azul oscuro, que transmite seriedad ante las cámaras, y camisa blanca impoluta, signo de limpieza. Llevaban semanas preparando posibles cuestionarios. Se preocuparon de controlar la temperatura del plató para que su candidato no sudara. La ocasión era tan especial que Rajoy decidió incluso lucir su talismán, su prenda de la suerte: una corbata roja de paño que llevó en su cuello —con posterioridad— en todos los debates de las elecciones generales que se celebraron un año después.

Era el 19 de abril de 2007 y el personal más cercano al responsable popular llevaba semanas preparando junto a él aquella noche. A las diez Mariano Rajoy se sometía a un interrogatorio en la televisión pública en horario de máxima audiencia, un careo frente a cien ciudadanos seleccionados de forma aleatoria, con el peligro propio de semejante sistema. Era el programaTengo una pregunta para usted. Otros habían caído antes en aquella arena. Todavía resonaban las vacilaciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se le preguntó por el precio de un café. Una pregunta sencilla para cualquier humano, pero que puso en evidencia a un supuesto estadista.

Rajoy acudió con antelación a la cita en los Estudios Buñuel, que Televisión Española tiene en el número 5 de la avenida de Burgos, en Madrid. El mayor plató de Europa sirvió de escenario para esa batalla dialéctica que se desarrolló con normalidad casi hasta la medianoche. El ejército de asesores había previsto hasta la última pregunta capciosa posible: cuánto cuesta un kilo de tomates, el precio de una barra de pan o un billete de metro. Por supuesto, también habían desplegado un abanico de estrategias dialécticas para que su pupilo saliera airoso de cualquier envite. Sin embargo, fue una jubilada navarra de cincuenta y tres años, con una sencilla pregunta, quien desnudó las vergüenzas de Rajoy y su equipo. María Violeta Aranguren, divorciada, con una pensión de 300 euros al mes y cuatro hijos a su cargo, se levantó titubeante:

—Perdón. ¿Me oye?

—Perfectamente —contestó Rajoy.

—¿Lo que usted gana? ¿Es mucha molestia preguntarle lo que usted gana?

El líder del Partido Popular se quedó en blanco. Subió las cejas y sus mejillas se pusieron a juego con el rojo de su corbata. Su corbata de la suerte. En ese momento, seis millones de espectadores observaban la cara de incomodidad del líder de la oposición.

—Gano bastante más que esa cantidad a la que usted ha hecho referencia. Yo trabajo para que todo el mundo pueda ganar lo máximo posible. Y ése es mi objetivo.

El candidato a gobernar un país, a representar a más de cuarenta millones de españoles, se negó a que los que ponen la confianza en sus manos y le respaldan en las urnas supieran lo que cobra por desempeñar esa labor. Sabía el precio de un kilo de tomates en el mercado, pero no podía hacer público su sueldo.

Incluso a vuelapluma, la cifra es abultada. Rajoy cobra 3.126 euros al mes, como cualquier otro diputado, además de 870 —exentos de tributación— para gastos de alojamiento. Sólo este complemento ya es mayor que el salario mínimo interprofesional, fijado en 624 euros. Ochocientas mil personas en España viven con menos de ese dinero. Así que el Estado le paga a Rajoy la comida y el alquiler, además de todos los viajes. Los diputados españoles pueden utilizar a su antojo y con cargo a las arcas del Estado cualquier medio de transporte público (avión, tren o barco). Y si les gusta el automóvil, el viaje en coche también les sale rentable. El Estado les abona 0,25 euros por kilómetro recorrido. Por ejemplo, 175 euros por un viaje de ida y vuelta de Madrid a Valencia.

A todo esto debemos sumar, en el caso de Rajoy, los 5.000 euros de sueldo por ser presidente del Partido Popular. Es decir, que la política es para Rajoy una actividad rentable: 8.996 euros cada mes, sin contar otros complementos. Un sueldo que permite comprar muchos kilos de tomates, muchas barras de pan e incluso atesorar un generoso patrimonio. Con lo que gana Rajoy en un mes, la pensionista María Violeta Aranguren y sus cuatro hijos tienen para vivir durante dos años y medio.

Sin embargo, el caso del líder popular no constituye un hecho aislado, sino la punta de un iceberg construido a base de votos, dialéctica y privilegios que ha generado una casta blindada en España. En 1882 el senador italiano Gaetano Mosca lo advirtió en su obra Teorica dei governi e governo parlamentare. En ella, el parlamentario vitalicio analiza la «clase política» y la destripa sin tapujos. La define como una minoría organizada que detenta el poder frente a las masas y las manipula por medio de la «fórmula política», un conjunto de ideales y esperanzas que sirven para justificar la necesidad de ser gobernados. «Todo para el pueblo pero sin el pueblo», un lema que se repite desde el siglo XVIII y por el que los cargos electos pasan constantemente la factura. El tratado de Mosca revolucionó la ciencia política hace más de un siglo, y sigue vigente para entender cómo se blinda, se lucra y se protege la clase política española.

Un sencillo análisis basta para entender la cadena de mando y, sobre todo, la de pago. ¿Cuánta gente decide por usted? ¿Y cuántos cobran por ello? Un ciudadano de Madrid —por poner un ejemplo— sufraga con sus impuestos los sueldos de 27 concejales, 120 parlamentarios de la Asamblea de Madrid, 264 senadores, 350 diputados nacionales y 54 del Parlamento Europeo. En total, 815 cargos electos con un sueldo base que supera los 3.000 euros. Y todo esto sin contar los cargos de confianza que arrastra cada uno. España tiene 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.031 diputados provinciales, 139 responsables de cabildos y consejos insulares, 13 consejeros del Valle de Arán, 1.206 parlamentarios autonómicos, además de los ya mencionados cargos electos nacionales. En total, alrededor de 80.000 miembros de «la Casta». Todos juntos llenarían un estadio como el del Real Madrid. Pero no todos cobran del Estado. El grueso de los políticos locales no recibe dinero por su trabajo al frente de los ayuntamientos.

En cualquier caso, estas personas son los llamados a gestionar los recursos públicos, a representar a los españoles y, sobre todo, a marcar los designios de sus impuestos. No hay empresa privada en España capaz de soportar semejante plantilla. ¿Y cuánto cuesta alimentar a esa élite? En España no hay datos oficiales sobre el dinero que cobran los políticos electos, más que nada porque cada ayuntamiento, parlamento o diputación tiene la capacidad de fijar sus propios sueldos. De hecho, ni siquiera hay datos oficiales sobre el número de políticos que cobran del Estado. El alcalde de Barcelona —el mejor pagado del país— recibe un salario base de 177.398 euros brutos al año. Más que un ministro. Los elegidos por Zapatero para sus carteras de gobierno se llevan para casa 74.000 euros al año.

Cabe pensar que, cuanta más responsabilidad, más dinero, pero la lógica empresarial no sirve para los políticos, sobre todo cuando se aplica a ellos mismos. José Bolarín Cano, alcalde de Ulea, una localidad murciana con 900 habitantes censados, cobra unos 4.000 euros mensuales. Miguel Ángel Candel, alcalde de Ricote, a escasos kilómetros del pueblo anterior, se lleva otros 40.000 euros al año en una población que no alcanza los 1.300 vecinos. Y la alcaldesa de Marbella en la época del GIL, Marisol Yagüe, cobraba más que el presidente del Gobierno: 84.462 euros. Y eso que su ayuntamiento estaba en bancarrota. Tras su llegada al ayuntamiento, el alcalde de Legorreta, Xabier Iraola, de la formación independentista ANV, multiplicó su salario de un plumazo. El regidor anterior cobraba 210 euros por media jornada de dedicación municipal. Con la llegada del nuevo edil, el sueldo subió a 1.478 euros por cuatro horas. La población de la comarca de Tolosa tiene poco más de 1.400 habitantes.

En total los sueldos de los políticos electos cuestan a los españoles cerca de 720 millones de euros al año. Un presupuesto anual superior al de toda la red ferroviaria española, tres veces superior al dinero dedicado a cuidar el patrimonio histórico y sesenta veces más que lo que gasta el país en salud bucodental para jóvenes. Y eso siendo comedido en los cálculos.

Cuando se pregunta por esta cifra a los estamentos oficiales, todos miran a otro lado. La Casta tiene cada vez más hambre, cada vez consume más recursos, ejerce más influencia y controla desde las subvenciones a empresas y los contratos estatales hasta la elección de la cúpula judicial. Quien quiera hacerse rico a su sombra tiene que pasar por sus manos. Así pues, ¿quién vigila al vigilante? La respuesta a la eterna pregunta es sencilla: a veces, la justicia. Otras, ellos mismos. Y en algunos casos, nadie.

Manual para la Casta

El 3 de marzo de 2005 el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero lanzó un proyecto revolucionario para controlar la actividad política. El Partido Socialista llevaba pocos meses en el poder y el nuevo presidente todavía gozaba de una imagen pública intacta. Se le consideraba el hombre del cambio. «No nos falles», gritaban sus seguidores, la noche que Zapatero ganó las elecciones, a las puertas de la sede madrileña del PSOE en la calle de Ferraz. De su mano llegó una medida vestida de honradez, pero que no ha servido más que para llenar páginas en el Boletín Oficial del Estado. Aquel día el Consejo de Ministros, formado por todos los gerifaltes estatales, aprobó el Código de buen gobierno del Gobierno. Tras tres décadas de democracia, el ejecutivo publicó el manual para ser un buen político. Se trataba de un croquis abocetado con la receta para decidir sobre el destino de un Estado de la forma más decorosa y elegante. No sólo hay que ser honrado, sino parecerlo. El escrito, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, marca las bases éticas y legales que se han de desplegar entre los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración:

Han de cumplir no sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que además su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta que hasta ahora no han sido plasmados expresamente en las normas, aunque sí se inducían de ellas.

El documento emplea palabras tan manidas como objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad o transparencia para dignificar la labor política. Sin embargo, en sus puntos nucleares este manual del buen político no se cumple. Según el código deontológico, los cargos de la Administración General del Estado deben abstenerse de participar en la dirección de partidos políticos de ámbito autonómico o estatal, con excepción del presidente, los miembros del Gobierno y los secretarios de Estado. Por lo tanto, Zapatero, principal mandatario del país, tiene tiempo para ser secretario general del PSOE y patrono de varias fundaciones. Y lo mismo sucede con sus primeros espadas, aquellos que más responsabilidad tienen al frente de la administración. Ellos tienen tiempo para compatibilizar. Pero sus subalternos están demasiado ocupados como para figurar en cualquier otro organigrama. ¿Y qué pasa con los cargos electos?

No pensó quien redactó el texto en el diputado popular Miguel Ángel Cortés Martín, que ejerce doce actividades extraparlamentarias (desde administrar la sociedad Bajoz Mercantil hasta ser miembro del Comité de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York). Tampoco tuvo en cuenta a la ex ministra socialista María Antonia Trujillo, que compatibiliza su labor política con sus clases en la universidad, o a Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, miembro de la Junta de Gobierno del Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, presidenta de una fundación, presidenta del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, presidenta de Adacafesa, presidenta de la Fundación 1884 Casa Museo del Carnaval de Cádiz y vicepresidenta del Consorcio Tecnológico de Cádiz. Además de todo eso, teófila Martínez saca tiempo para ser diputada.

Los políticos españoles deben además evitar cualquier manifestación externa inapropiada u ostentosa, y no aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada. Así pues, no deberían acudir a actos públicos en coches valorados en más de 80.000 euros ni utilizar, por ejemplo, los helicópteros de rescate para desplazamientos personales. Pero claro, eso es sobre el papel. Además, el manual del buen político recuerda a la Casta que está prohibido aceptar regalos y que sus actividades económicas tienen que ser públicas y transparentes.

Nada más lejos de la realidad. En el Congreso de los Diputados, los miembros del Parlamento votan cada año la lista de incompatibilidades de sus señorías, pero lo hacen sin saber siquiera lo que votan. El contenido de los informes es secreto y se revela únicamente a los portavoces de cada partido con representación en el hemiciclo. Sólo ellos conocen las actividades privadas de cada miembro del Congreso. El 27 de marzo de 2009 la extraña ceremonia se repitió de nuevo: «Por acuerdo de todos los portavoces, nadie hará uso de la palabra». Las palabras del presidente de la cámara, José Bono, fueron las únicas que se escucharon tras mandar a los ujieres del Congreso que vaciaran las tribunas de público y cerraran los grandes portones de madera que dan acceso al hemiciclo. Incluso las cámaras de televisión del canal parlamentario, que cubren por completo la celebración de los plenos, dejaron de grabar. Aquello parecía más una logia masónica que un parlamento. Incluso algunos diputados se sentían extraños. A primera hora de la mañana 336 parlamentarios votaron el dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado que permitía actividades al margen de la política a 307 miembros de la sala. Los allí presentes dieron su opinión en secreto sin saber absolutamente nada de lo que aprobaban.

A fin de cuentas, ya lo han hecho otras veces: «Es imposible leerse todas las leyes y las cuestiones que se presentan —estas palabras fluyen de la boca de un diputado ante el humo de un café—, así que en muchas ocasiones votamos según nos indican los especialistas en cada materia». Así lo explica un alto responsable socialista. Es lo que se llama «disciplina de partido», pero esta vez ni siquiera los entendidos saben lo que está en juego. Tampoco importa. La inmensa mayoría de los parlamentarios ha declarado actividades paralelas al Congreso: tertulias en radio, conferencias, actividades empresariales e incluso la gestión de un club de baloncesto. Al final, sólo treinta y tres cargos electos se dedican a su labor política en exclusiva. Y entre bomberos todo el mundo entiende la cortesía profesional de no pisarse la manguera. La clase política se protege, se blinda. Ésa es otra de las características de la Casta.

Cuarenta millones en sueldos

El 21 de abril de 2009 el Congreso de los Diputados entró en razón y modificó sus estatutos para que las actividades extraparlamentarias de sus señorías fueran públicas. Terminó con los secretismos a la hora de votar el informe anual de actividades extraparlamentarias y aseguró que la medida entrará en vigor durante esa misma legislatura. Este anuncio tendría una apariencia limpia y legítima si no fuera porque la lista con todos los trabajos extra de los diputados ya se había filtrado previamente a la prensa nacional. No había secreto que salvaguardar. Era público, por ejemplo, que el ex director de RTVE y diputado Fernando López Amor quedaba autorizado para ser consejero de la sociedad Grupo Santa Monica Sports, que gestiona los derechos de diez equipos de fútbol de primera división; que el ex ministro Ángel Acebes es consejero de una firma de inversión relacionada con Caja Madrid; o que el socialista Manuel Ceferino Díaz asesora a la firma de ingeniería Eptisa en Galicia. Particular es el caso de María Remedios Elías Cordón. La diputada socialista hizo constar en su declaración de actividades, textualmente, lo siguiente:

En estos momentos no participa en ninguna tertulia, pero si lo hiciera en el futuro no cobraría ninguna retribución, ya que considera que es parte de su trabajo el trasladar a los ciudadanos la información y las ideas referentes a cualquiera de los temas a tratar en los distintos programas.

La diputada electa por La Rioja se niega a cobrar por acudir a las televisiones y radios. Una postura poco común entre sus iguales. Considera que esa presencia pública forma parte de su cargo. Sin embargo, no lo ven así los compañeros de su propio partido. En total, más de 40 diputados socialistas (43 en el momento de escribir estas líneas) participan de forma periódica en tertulias remuneradas de radio y televisión. Y otros 58 del PP pasan también por la caja mediática. Una legión de oradores, voceros y líderes de opinión que utiliza los medios de comunicación como púlpito. Y además cobran por ello. Incluso el presidente del Congreso, José Bono, se ha subido a ese carro. Además de ser el miembro mejor pagado de la cámara, se reserva el derecho a cobrar como conferenciante, literato, opinador y escritor de artículos en prensa.

La Casta, en España, es un grupo depredador, codicioso, que guarda sus secretos con un evasivo recelo. Un velo informativo vestido de transparencia envuelve muchos de sus actos.

Es imposible conocer sin filtraciones cuánto gastan sus señorías en cuestiones como el teléfono móvil o las dietas parlamentarias. Nadie sabe cuánto le cuesta al Estado la gasolina de sus desplazamientos, sus regalos oficiales o mantener sus despachos. No hay un recuento global de coches oficiales. Sencillamente porque esos datos no son públicos, pese a que el dinero sale del bolsillo de todos los españoles.

El reglamento del Congreso de los Diputados estipula que los trescientos cincuenta cargos que lo componen recibirán una asignación económica que les posibilite «cumplir eficaz y dignamente su función», aunque los sueldos reales permiten hacer mucho más que eso. Como ya indicamos, el salario base para cada diputado es de 3.126 euros al mes. A eso hay que sumar complementos superiores a los 1.000 euros en gastos de representación para portavoces de comisión, vicepresidentes y presidentes de comisión, portavoces adjuntos, portavoces de grupos parlamentarios y secretarios. Los dos últimos grupos tienen asignados además 769 y 1.052 euros mensuales en gastos de libre disposición.

En la punta del escalafón se encuentra el socialista José Bono, que como presidente de la cámara cobra, aparte de su sueldo, 3.605 euros mensuales como complemento, 3.915 euros en gastos de representación y 3.210 euros en gastos de libre disposición (es decir, administrados a su antojo). En total, Bono recibe 13.856 euros al mes, sin contar las indemnizaciones previstas por la ley para sufragar «gastos que sean indispensables para el ejercicio de su función».

Y la lluvia de dinero no para. Todos los cargos electos del Congreso que no sean vecinos de Madrid reciben otros 1.823 euros para gastos de alojamiento y manutención en la capital. Los cuarenta diputados locales cuentan con 870 euros para cubrir sus gastos. Y tanto unos como otros están libres de impuestos, ya que se supone que son para cubrir gastos. La cuantía de estos sencillos complementos es superior al sueldo de doce millones de personas en España.

—¿No le parece exagerado el sueldo que cobra? —La pregunta resonó en un despacho blanco prefabricado de la parte alta del Congreso.

—Sinceramente, no. —La contestación llegó por boca de uno de los diputados—. Si no fuera así, a la política sólo podrían dedicarse los ricos, como sucede en Estados Unidos. Yo creo que nuestro sueldo está acorde con el de cualquier cargo medio de una empresa. Ya no te hablo de cargos de responsabilidad como el que tenemos nosotros.

—Pero si tienen ustedes unas dietas de casi 1.000 euros para gastos, aun siendo residentes en Madrid.

—Yo creo que eso no es así. Mire, aquí tiene una de mis nóminas. —Saca una nómina con membrete de un pequeño cajón. Bajo el sueldo base aparece un nuevo epígrafe.

—Ve, lo pone aquí. Estos 860 euros por «indemnización».

—Ah sí… Bueno, no me había fijado. No sé muy bien por qué están ahí. Los de fuera cobran todavía más. Pero eso no es en realidad lo que yo cobro. A eso hay que restar 300 euros para el partido. El PSOE nos quita a cada diputado 300 euros de esa nómina. De hecho, el dinero se ingresa en la cuenta del grupo parlamentario y después del descuento se pasa a la mía.

Ésta es la explicación que nos da un parlamentario. La política es una rueda donde todos reciben: el diputado atesora su sueldo, además de las dietas, los gastos, la posibilidad de hacer otras labores fuera del hemiciclo y los numerosos beneficios del cargo. Y el partido se lleva su porcentaje. Se convierte así en una empresa de trabajo temporal que oferta cuatro años de cargo a cambio de un leve porcentaje. Un peaje que los diputados y senadores pagan, a pesar de que los partidos políticos ya reciben millones de euros en subvenciones desde las distintas administraciones. Nunca es suficiente.

Entre la clase política, lejos de levantar ampollas, el volumen de sus sueldos se considera, como poco, merecido. Es un debate que nunca acaba. El filósofo Aristóteles ya solicitaba en la antigua Grecia la reducción del misthon, el sueldo que percibían los asistentes a la asamblea de Atenas. Casi dos mil años después el problema persiste. La Casta sufre de males endémicos sustentados con el bolsillo del contribuyente.

Y esto no es patrimonio único de España. En Italia —con su actual presidente Silvio Berlusconi cuestionado por sus fiestas con jóvenes meretrices—, los continuos abusos de la clase política fueron recogidos por los periodistas del Corriere della Sera Sergio Rizzo y Gian Antonio Stella. El trabajo, titulado también La Casta, es el pilar en el que se basa este libro y relata, por ejemplo, cómo los ciudadanos mantienen con sus impuestos a un peluquero para cada ocho diputados, y cómo algunos partidos ingresan ciento ochenta veces más en subvenciones de lo que gastan en campaña. Buen negocio.

El 11 de abril de 2009 el jefe del Gobierno británico, el laborista Gordon Brown, tuvo que pedir públicamente disculpas en nombre de todas las formaciones políticas por los abusos flagrantes que cometen los diputados del país en sus compensaciones económicas. El caso estalló cuando los datos fueron filtrados a la prensa. Hasta entonces se mantenían en secreto. Así se supo, por ejemplo, cómo el portavoz conservador de la Cámara de los Comunes, alan Duncan, reclamó más de 4.000 euros por trabajos de jardinería. Su compañero Andrew Lansley reformó por completo su casa con el dinero de los contribuyentes antes de ponerla a la venta. La responsable tory de Gales, Cheryl Gillan, consiguió que la cámara le abonara la comida para sus perros según las informaciones de la prensa inglesa. Sobran los comentarios.

En España el sistema de retribuciones es distinto y los diputados y senadores reciben un fijo en concepto de indemnización cada mes en lugar de presentar gastos. Y por supuesto nadie ha pedido nunca disculpas por la abultada cuantía de las nóminas, que superan los 4.500 euros mensuales en todos los casos. Más bien al contrario. Es imposible conocer al detalle cuánto gastan sus señorías en teléfono móvil, aunque el presupuesto del Senado para este servicio asciende a 1,7 millones de euros. Tampoco se puede saber cuánto reciben las compañías aéreas por los viajes completamente subvencionados de diputados y senadores, aunque la dotación del Congreso en esta partida sea de 5 millones de euros. Y por supuesto no hay datos sobre cómo se gastan sus señorías el dinero de libre disposición. Cuando se habla de números concretos, aquí nadie sabe nada. Existen los datos, pero no son públicos. Los españoles pueden saber cuánto se gastan sus representantes en términos generales, pero no cómo lo hacen. Un curioso ejemplo de transparencia para una clase política que nunca tiene nada que ocultar. Así, el mantenimiento del Congreso y el Senado cuesta cada año 159 millones de euros a los bolsillos de los españoles. De este dinero, 40 millones se emplean para los sueldos de diputados y senadores, y otros 37 millones están destinados a la partida de «material, suministros y otros». Bajo este epígrafe tan socorrido se enmarcan los gastos generados por sus transportes, sus viajes gratis en avión, sus dietas y teléfonos móviles y su consumo de material de oficina. Demasiados millones de euros, por muchos clips y bolígrafos que usen.

La comodidad de sus señorías para hacer su trabajo es tal que el Congreso concede a los que no tienen coche propio una tarjeta personalizada con un saldo de 250 euros mensuales para que viajen en taxi por la ciudad de Madrid. Además, claro está, de un ordenador portátil y un teléfono móvil para cada señoría. En total, 614 ordenadores y otros tantos teléfonos móviles a discreción. Que no falte de nada: el Senado se gastó 600.000 euros en portátiles para sus miembros a comienzos de la legislatura. Con cada viaje al extranjero, un diputado factura 150 euros de dietas, cada día, a las arcas estatales; sólo 120 euros si su viaje es dentro de España. Así, un cargo electo de Cuenca cobra un fijo en concepto de dietas por desplazarse a Madrid para los plenos, pero además cobra de nuevo si en lugar de asistir al Congreso se marcha en viaje oficial a su misma provincia. Un reguero de pequeños y grandes privilegios que hacen de esta clase de política un negocio rentable.

El último punto del Código de buen gobierno del Gobierno establece que el Consejo de Ministros recibirá cada año un informe del Ministerio de Administraciones Públicas sobre los incumplimientos del código deontológico. Es decir, que el Gobierno pasará revista a sus filas e impondrá sanciones a todos aquellos que pequen de mala conducta. Sin embargo, parece que no es suficiente con manifiestos abusos, grandes derroches, falta de transparencia y una posición privilegiada. Hasta el día de hoy, este último punto nunca se ha cumplido.

Ningún miembro de la Casta, ni uno solo de los 80.000 cargos electos que hay en España, ha sido sancionado por incumplir el manual del buen político.

Capítulo II RICO DE ESPÍRITU, POLÍTICO DE PROFESIÓN

RICO DE ESPÍRITU, POLÍTICO DE PROFESIÓN

Los cargos electos cobran el paro, pero nadie puede ir al INEM a reclamar su puesto

Los periódicos de la mañana abrieron con la noticia de que Arnaldo Otegi había quedado en libertad. Un día antes, el líder de la ilegalizada Batasuna se había sentado por primera vez en el banquillo de la Audiencia Nacional, acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Bajo su cabeza pendía una petición de quince meses de prisión por su intervención en el entierro de la etarra de veinte años Olaia Castresana Landaberea, que falleció en junio de 2001 mientras manipulaba un artefacto explosivo en un apartamento de Torrevieja. En el entierro civil organizado por la familia de la terrorista fallecida, Arnaldo Otegi solicitó «un aplauso más caluroso a todos los gudaris que han caído en esta lucha por la autodeterminación». A última hora de la noche, tras un día completo esperando la llegada del responsable abertzale a la Audiencia Nacional, la Fiscalía consideró que estas declaraciones estaban amparadas por la libertad de expresión y retiró los cargos, después incluso de que Otegi fuera trasladado a Madrid desde su domicilio en un avión fletado con urgencia por el Ministerio del Interior.

Era 22 de marzo de 2007 y quedaban dos meses escasos para la llegada de las elecciones municipales, fijadas para poco antes del verano. La maquinaria política estaba en marcha y todo acto público era sopesado en una balanza por la posibilidad de arañar un puñado de votos. Ese día, mientras las bolsas jugaban al sube y baja por la batalla que mantenían las eléctricas Acciona y Endesa, y el empresario Jesús de Polanco se despachaba contra el Partido Popular en la junta general de accionistas del Grupo Prisa, entró en vigor la llamada Ley de Igualdad. La medida era una de las banderas del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Contempla medidas de discriminación positiva para equiparar el trato de hombres y mujeres en distintos ámbitos sociales, como la empresa privada o la política. La nueva normativa traía cambios para todos. Las grandes empresas tendrían que incorporar mujeres en sus consejos de dirección hasta alcanzar el 40 por ciento de los puestos, los sueldos tendrían que equipararse entre ambos sexos y se endurecerían las penas por acoso sexual en el trabajo.

Sin embargo, para quien más cambios aportaba esta ley era para la Casta. Y cambios peligrosos. La nueva reglamentación afecta de lleno a los políticos españoles, ya que exige, entre otras cosas, la paridad en las listas electorales de todos los partidos. Es decir, las candidaturas de cada ayuntamiento, diputación y asamblea regional tendrían que contar desde aquel momento con el mismo número de hombres y mujeres.

Cambiaron las normas del juego democrático demasiado pronto para adaptarse a las inminentes elecciones. Y arrancó un baile de nombres y sobre todo de puestos en el que participaban 79.000 personas entre concejales, alcaldes y diputados provinciales. Algunos ediles históricos tendrían que dejar su puesto para cumplir las cuotas dispuestas para las mujeres. Gente con años de experiencia sirviendo a la ciudadanía y con escasa o nula formación laboral fuera del ámbito político tendría que dejar el calor del nido municipal para aprender a volar en solitario. Sin embargo, las reglas son las reglas: no había sitio para todos. Ni tampoco cargos de confianza suficientes en los ayuntamientos y organismos afines para colocar a todos los que se quedaban fuera.

Había que minimizar daños y la Casta se movió rápido. Cerró filas y buscó una solución sencilla, incluso ya planificada: los concejales que se cayeran de las listas electorales no se quedarían con una mano delante y otra detrás. En vez de eso, cobrarían el paro.

Unos meses antes de que la Ley de Igualdad entrara en vigor se aprobó sin mucho ruido otra ley de vital importancia para la Casta. En pleno puente de la Constitución, una fecha festiva durante la cual los medios de comunicación ejercen mucho menos impacto en la ciudadanía, entró en vigor la Ley 37/2006 de 7 de diciembre. La nueva normativa, que pasó desapercibida para la completa mayoría de los españoles, llevaba un nombre poco clarificador: «Relativa a la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social y a la extensión por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales». En apariencia se trataba de una ley minoritaria que afectaba a muy pocos cargos de la administración del Estado y a algunos sindicalistas, que a partir de ese momento podrían cobrar el paro tras ser cesados de su puesto. Nada más lejos de la realidad. En el primer punto del articulado quedan enumerados los colectivos afectados: «Los miembros de las corporaciones locales y los miembros de las Juntas Generales de los territorios históricos forales, cabildos insulares canarios y consejos insulares baleares que desempeñen su cargo con dedicación exclusiva o parcial». Es decir, el grueso de la Casta.

El 6 de junio de 2006 comenzaron los primeros trámites para que los diputados autonómicos y concejales pudieran cobrar el paro. Era martes y la escena política estaba convulsa. El presidente del Gobierno tenía cita para acudir al Congreso, donde pediría autorización de forma oficial, por primera vez en democracia, para entablar un proceso de diálogo con la banda terrorista ETA. Los primeros contactos con el entorno abertzale abrieron ya una brecha pública entre los principales partidos nacionales, que repartían argumentos e improperios desde todos sus púlpitos. Sin embargo, ese día hubo algo que unió posturas irreconciliables, algo que hizo que PP y PSOE, Izquierda y derecha, los antagonistas de la política, junto con el resto de grupos de la cámara votaran en el mismo sentido. Por un bien común: el de garantizar una fuente de dinero para los suyos. No para sus votantes, sino para los miembros de sus partidos.

Aquel día la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso, compuesta por ochenta y siete miembros de la cámara y presidida por la diputada socialista Carmen Marón, aprobó por unanimidad la proposición de ley para que los políticos locales pudieran acceder al paro. Esta vez no hubo fisuras ni reproches. La Casta votó en bloque. Sólo el PNV puso una objeción, y fue para incluir en la nueva legislación a los miembros de las Juntas Generales de Álava, vizcaya y Guipúzcoa, las cámaras provinciales del País Vasco, donde la formación política tenía una treintena de miembros.

La posibilidad de que los concejales cobraran el paro era una petición histórica de la Federación Española de Municipios y Provincias, que llevaba veinticinco años solicitando este subsidio para los ediles. De hecho, los diputados nacionales disfrutan de indemnizaciones cada vez que dejan su puesto en las Cortes, y los ex ministros mantienen durante dos años una pensión del 80 por ciento de su salario, es decir, unos 5.400 euros al mes, independientemente de que continúen o no su carrera política. Aplicado a la empresa privada, sería como si un alto directivo se jubilara con una cuantiosa pensión pero, además, siguiera trabajando en plantilla y cobrando un sueldo, lo que constituye una práctica totalmente prohibida por la ley. En la actualidad cuatro miembros del Congreso cobran este subsidio para ex ministros pactado por UCD y PSOE en 1980: José Antonio Alonso, Mariano Fernández Bermejo, María Antonia Trujillo y Jesús Caldera combinan su sueldo de diputado con una pensión seis veces superior a la media española. Por ejemplo Caldera, ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, recibe 6.319 euros mensuales por su escaño en la cámara baja, donde redondea su sueldo como vocal de la Diputación Permanente y presidente de una comisión. Una de sus principales medidas al frente del Ministerio de Trabajo consistió en subir el salario mínimo a 600 euros. Cuatro años después, su sueldo está diez veces por encima de esa cifra, que recibe simplemente por no abrir la boca. Y esto es literal: según los partes de sesiones del Congreso, Caldera no ha presentado ni una sola iniciativa ni ha intervenido ante la cámara desde que comenzó la legislatura en abril de 2008. Al final, el ex ministro de Trabajo cobrará en 2009 más de 120.000 euros por los servicios prestados.

Los concejales se mueven en otras cantidades más modestas, pero había que garantizar su subsidio con premura. La aprobación de la Ley de Igualdad provocaría que muchos abandonaran su puesto, así que cuanto antes se aprobara la medida, antes podrían empezar a cotizar los ayuntamientos por sus compañeros. Como norma general, antes de aprobar este tipo de leyes se realiza un estudio económico sobre su impacto en los presupuestos públicos, pero en este caso no se hizo. Aunque parezca increíble, no hay ni un solo organismo público en España que conozca cuántos concejales tienen dedicación exclusiva en los ayuntamientos. Ni el Ministerio de Administraciones Públicas, ni la Federación Española de Municipios, ni el Congreso… Nadie sabe cuántos ediles son profesionales de la política en España, y mucho menos lo que cuestan sus sueldos. Las instituciones se escudan en que cada consistorio es independiente para elegir cuántos ediles cobran por ejercer su función pública, así como la cuantía de los emolumentos. Así que todos los partidos políticos votaron a favor de la medida sin saber realmente a cuántas personas afectaba, cuánto tendrían que pagar en total los ayuntamientos y, sobre todo, cuánto dinero le costaría al Instituto Nacional de Empleo.

Hacienda no somos todos

Con la inclusión de los concejales en el INEM a costa de los ayuntamientos se blindó el escalafón más bajo y mayoritario de la Casta. De paso se acercó a los subordinados a unos privilegios de los que disfruta la élite política en España desde los años del franquismo: las pensiones vitalicias, un dinero para toda la vida por los servicios prestados a la ciudadanía. Otorgado por ellos mismos pero pagado por todos. Según la legislación española, desde 1983 todo ex presidente del Gobierno tiene derecho a una indemnización del 80 por ciento de su sueldo durante cuatro años, además de servicios de por vida: una secretaria y un asistente elegidos por él mismo, a dedo, una oficina pagada, transporte gratis por tierra, mar y aire, coche oficial y una escolta personal.

Esta situación jurídica ha sido emulada por varios presidentes de los parlamentos autonómicos, e incluso superada. Para los políticos es impopular subirse el sueldo, pero es una medida menos alarmante legislar para otros, aunque en realidad redunde directamente en el propio beneficio. Jordi Pujol rigió los designios de Cataluña durante dos décadas. Tiempo suficiente para que el máximo responsable de Convergència i Unió dejara solucionado su futuro fuera de la política gracias al bolsillo de los votantes. Seis meses antes de abandonar su cargo, tras veintitrés años al frente del Parlament, Pujol se blindó. Firmó una ley por la que los ex presidentes catalanes podrían cobrar una pensión del 80 por ciento de su sueldo durante la mitad de años de lo que duró su mandato. Sólo ciento cincuenta días después dejó la política. Así que el líder de Convergència Democràtica de Catalunya cobrará 76.800 euros al año como ex presidente de Cataluña hasta 2014. Y después una pensión vitalicia de 57.600 euros durante el resto de su vida. El modelo, lejos de ser criticado, fue copiado en 2007 por la Junta de Extremadura, que lo aprobó con los votos a favor del PP y el PSOE, y el rechazo de Izquierda Unida.

En el caso del ex presidente de Andalucía, Manuel Chaves, las cifras son todavía más abultadas. Sobre todo porque en lugar de abandonar la política, chaves ha dejado su escaño de presidente en la Junta de Andalucía para cobrar un nuevo sueldo como vicepresidente de Asuntos Territoriales en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, que le ascienden y encima cobra una indemnización. A su sueldo de ministro, de 81.155 euros anuales, habría que sumar otros 46.000 euros como indemnización por abandonar la presidencia andaluza. Dos sueldos del Estado que son totalmente compatibles, al contrario que para el resto de los españoles. Según la legislación está prohibido percibir dos sueldos distintos procedentes de la administración del Estado. Y tampoco se pueden cobrar dos pensiones por distinto concepto, aunque se haya cotizado por ellas. Sólo los ex altos cargos del Estado quedan exentos de esta norma.

El ex lehendakari Juan José Ibarretxe recibe también, desde que dejó su puesto al frente del gobierno vasco, unos 45.000 euros, la mitad de su sueldo como presidente. Y lo recibirá de por vida, igual que todos los miembros de su ejecutivo. Este tipo de jubilaciones están muy por encima del límite legal estipulado para el resto de los españoles, que en ningún caso pueden sobrepasar los 32.000 euros anuales, por mucho que hayan cotizado a lo largo de su vida. Por supuesto, el dinero recibido por los más longevos de la Casta está libre de incompatibilidades. Así que los ex presidentes combinan la pensión estatal con conferencias, libros y actividades empresariales de cualquier tipo.

El 11 de mayo de 2006 el socialista Jesús Caldera acudió a un desayuno informativo organizado por una agencia de noticias. Eran las diez de la mañana cuando, rodeado de cámaras y micrófonos, anunció a toda España que el Gobierno endurecería los requisitos para alcanzar la jubilación. El motivo: garantizar la estabilidad de la caja común y el mantenimiento de las pensiones. Así que, desde aquella fecha, un español necesita cotizar al menos treinta y cinco años a la Seguridad Social, quince de ellos con la base más elevada, para lograr los 32.000 euros de la pensión de jubilación máxima.

Aunque los requisitos no son iguales para todos. Ese mismo año, y de nuevo en plenas vacaciones estivales, las Cortes aprobaron que los diputados y senadores recibieran la jubilación más alta simplemente con siete años cotizados. Siete años en los que sus aportaciones a la Seguridad Social se cargan a los presupuestos de la cámara, en lugar de a sus nóminas, como al resto de los españoles. Siete años de cargo público frente a toda una vida de trabajo. Por si esto fuera poco, un tercio del salario de los parlamentarios está exento de tributaciones fiscales, ya que se entrega en forma de dietas e indemnizaciones. Además, los diputados y senadores cuentan con el llamado Plan de Previsión, un fondo de pensiones personal con cargo al presupuesto público al que contribuyen con el 10 por ciento de su asignación constitucional. Y cobran una nueva indemnización cuando la cámara se disuelve ante la celebración de elecciones. Si no son reelegidos de nuevo, tanto diputados como senadores reciben una pensión de un mes por cada año de mandato o fracción de seis meses. Un dinero completamente compatible con cualquier otra actividad y que reciben sin haber aportado un solo euro a la caja común del INEM. Si después de esta lluvia de privilegios económicos el parlamentario demuestra ante la cámara que no ha podido encontrar trabajo, las Cortes abonan sus cuotas para que siga cotizando a la Seguridad Social.

Algunos parlamentos autonómicos, como los de Madrid o Andalucía, disfrutan también de los mismos privilegios, vetados al resto de los españoles. En la mayoría de los hemiciclos autonómicos es la cámara la que abona las cuotas sociales de los cargos electos, que ven su nómina mermada sólo con el 4,7 por ciento como base de su cotización. Ellos destinan unos 150 euros cada mes de sus nóminas a pagar impuestos, mientras que la media para el resto de españoles está en 880 euros.

Así que la diferencia entre la plebe y la élite de la Casta es que los ayuntamientos tributan por los primeros para que puedan cobrar el paro, mientras que el Congreso y el Senado sufragan las indemnizaciones de sus miembros cuando cesan en el cargo. Además la ley contempla el pago del subsidio de desempleo también para los concejales que dejen su escaño de forma involuntaria. Un absurdo legal. Cualquier edil tiene derecho a seguir recibiendo dinero público al ser cesado tras un escándalo de corrupción política. Todo sea por la Casta.

Su señoría no ha venido

En la biblioteca del Congreso de los Diputados hay un silencio sepulcral. Con un poco de calma se puede escuchar el susurro que dejan las hojas al pasarles los dedos mientras están fuera de las estanterías. Estanterías de cedro y caoba que dan a la sala un aspecto solemne. Una suerte de pupitres se apila a los lados del espacio, mientras en el centro una mesa para diez personas se ilumina con la luz cálida de tres lámparas bajas con tulipas verdes. La sala de lectura ocupa cuatro plantas en la zona más al norte del palacio, junto a las calles de Zorrilla y Fernanflor. Y allí, en una esquina del edificio proyectado por el arquitecto Arturo Mélida en 1885 se guardan los fondos documentales que la cámara atesora desde hace siglos. Bajo un techo decorado con una alegoría de las leyes se custodian dos códices del siglo XV, ocho incunables y medio centenar de manuscritos de los siglos XVI y XVII. Además, la biblioteca guarda todos los documentos oficiales que pasan por la cámara desde 1943 y un completo fondo de legislación, historia, derecho y cuestiones parlamentarias y constitucionales.

Eran las nueve menos cuarto de la mañana cuando el diputado popular Ramón Aguirre entró en la sala y comenzó a buscar información. El objetivo de su consulta era muy concreto: buscaba con ahínco en la prensa de aquel día,29 de octubre de 2008, un dato sobre el paro ofrecido por el ministro de Trabajo, el socialista Celestino Corbacho. Era miércoles y había sesión de control al Gobierno. Cada semana el ejecutivo da cuentas de su gestión contestando a las preguntas de la oposición. Tradicionalmente el pleno más importante de la semana se celebraba los miércoles por la tarde. Los diputados comían en los aledaños del Congreso y acudían tras café, copa y puro al hemiciclo. Sin embargo, el socialista José Bono cambió el horario a las nueve de la mañana del miércoles pese a las quejas de los diputados, que ahora tenían que madrugar para acudir a la cámara. En este tipo de plenos, como norma general, no se producen votaciones, por lo que no es necesaria la presencia de los diputados. Así que entre el horario y la falta de control sobre su asistencia, las sesiones de control al Gobierno se han convertido en la ocasión preferida por los diputados para practicar el absentismo laboral.

Aquella mañana la segunda pregunta del día era para el ministro de Economía, Pedro Solbes, y corría a cargo del Partido Popular. El presidente de la cámara, José Bono, dio la palabra de forma protocolaria: «Pregunta ahora para el señor vicepresidente segundo del Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra don Ramón Aguirre». En ese momento reinó en la sala un extraño silencio, roto únicamente por algunos cuchicheos. José Bono preguntó de nuevo: «¿Don Ramón Aguirre, por favor?». Tras una nueva pausa, el presidente del Congreso sentenció entre rumores: «Se da por retirada la pregunta».

Mientras el presidente de la cámara preguntaba por él, el diputado Ramón Aguirre seguía en la biblioteca, en busca del dato perdido. Minutos después se excusó ante los periodistas, pensando que su intervención llegaría más tarde. En cualquier caso, el ministro de Economía se libró aquel día de responder a la oposición sobre los datos del paro. Y la escena puso en evidencia un secreto a voces: que el Congreso padece un evidente problema de absentismo laboral. En aquel momento no sólo Ramón Aguirre faltaba en su escaño, sino que quedaban vacías otras ciento ochenta y nueve sillas del hemiciclo. En algunos momentos de la sesión, sólo una veintena de parlamentarios ocupaba la sala.

En España no hay datos oficiales sobre el absentismo laboral de los parlamentarios, o no se han hecho públicos.

El presidente de la cámara ha amenazado a los diputados en varias ocasiones con publicar los nombres de los parlamentarios que más faltan para que lo sepa la ciudadanía, tal y como sucede por ejemplo en Inglaterra. Sin embargo, nunca ha dado ese paso. La única forma de conocer la frecuencia con la que acuden los parlamentarios al trabajo es analizar una por una su presencia en las votaciones de los plenos.

Basta con hacer la media en un año y medio de legislatura para saber que un 10 por ciento de los ciento cincuenta y cuatro diputados del Partido Popular falta en el momento de las votaciones. En el PSOE el número de ausentes es algo menor. En cualquier caso, las ausencias laborales de los diputados están bastante por encima de las del resto de los trabajadores españoles, cifradas en un 3 por ciento. Y eso que sólo es posible contabilizar el momento de las votaciones. Mientras los ponentes hablan en la tribuna es habitual que el hemiciclo esté semivacío y que muchos diputados ocupen sus asientos momentos antes de la votación.

«¿Tú cómo crees que servimos mejor a los ciudadanos? ¿Trabajando en el despacho o sentados en la silla escuchando durante horas?». La reflexión llega por boca de un cargo electo del Congreso, quien concluye: «Que no crea la gente que cuando el hemiciclo está vacío es que estamos en casa sin hacer nada». Como norma general los diputados excusan sus ausencias con un sencillo razonamiento: es imposible conocer el contenido de todas las leyes. Así que ellos votan a favor o en contra según la disciplina de partido. Un reducido equipo de trabajo es el que se encarga de estudiar el cuerpo de una normativa determinada, bien sea la aprobación de la Ley de Dependencia, una reforma de la Ley de Extranjería o una normativa sobre el Régimen Interno de la Guardia Civil. Los diputados se reparten las materias por especialidades. Y, a puerta cerrada, consideran una pérdida de tiempo asistir a plenos sobre legislaciones que no son de su competencia. Sin embargo, acuden en el último momento y votan en la dirección que les indican sus jefes de grupo. En la mayoría de los casos ni siquiera saben el contenido de lo que votan.

La Asociación de Periodistas Parlamentarios entrega cada año un galardón simbólico al diputado desconocido, aquel al que los periodistas consideran menos trabajador, el que más falta a las sesiones parlamentarias. En 2008 el controvertido título fue para el ex ministro y ex secretario del Partido Popular, Ángel Acebes, seguido de cerca en las votaciones por el socialista Jesús Caldera.

La ausencia manifiesta de diputados abrió en otoño de 2008 un cruce de acusaciones entre los distintos grupos de la cámara. El 12 de noviembre la ministra de Defensa, Carme Chacón, acudió al Congreso para debatir los presupuestos de su departamento, pero antes tenía otra cosa más importante que decir. Cuando subió a la tribuna, Chacón informó sobre el atentado que tres días antes había costado la vida a dos militares españoles en Afganistán. En aquel momento, sólo 70 de los 350 diputados que componen el hemiciclo se preocuparon por escuchar las causas que motivaron el ataque suicida de la insurgencia talibán que segó la vida de Rubén Alonso Ríos y Juan Andrés Suárez, miembros de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable (BRILAT), con sede en la localidad pontevedresa de Figueirido.

Ante las continuas faltas de asistencia de los cargos electos, la portavoz del Partido Popular, Soraya Sáenz de SantaMaría, recordó públicamente a sus diputados que «quien no quiera participar, que renuncie a su escaño». Por supuesto, nadie lo hizo. En aquel momento, los grupos mayoritarios anunciaron sanciones para los diputados que faltaran al trabajo sin causa justificada, pero todos los partidos guardan bajo llave los datos reales sobre las sanciones que imponen.

El pleno del martes 18 de abril de 2009 trajo una amarga sorpresa para los socialistas en el Parlamento. Y ahondó todavía más en la herida. El PSOE controlaba en solitario la cámara desde hacía trece meses, tras la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las últimas elecciones, pero para su sorpresa el Gobierno perdió su primera votación en esta legislatura. La cámara debatía una propuesta del PNV para eliminar al menos un ministerio en 2010, sin más precisiones. El partido nacionalista comenzaba así una oposición feroz contra el PSOE después de perder su feudo tradicional frente a la candidatura del socialista Patxi López, tras más de treinta años al frente del gobierno vasco. La campaña de hostigamiento fue apoyada por toda la oposición, deseosa de minar al ejecutivo. Fue una alianza sin motivación política, ligada con la esperanza de dañar al enemigo común. Una pelea de la Casta. Aun así, el PSOE estaba tranquilo. Es imposible perder en política cuando tienes la mayoría absoluta.

Sin embargo, no lo es si tus hombres no están en su escaño. Aquel día nueve diputados socialistas se encontraban fuera del Congreso y su partido perdió por tres votos frente al resto del hemiciclo. Mientras el secretario general del grupo, el vasco Eduardo Madina, asistía al nacimiento de su primer hijo, el PNV sacó adelante su propuesta de eliminar un ministerio como muestra de austeridad y de la modernización del Estado. Aunque no era vinculante, aquello dejó por completo en evidencia al Gobierno, y por lo tanto le hizo mucho más daño frente al electorado. Objetivo cumplido.

Entre los ausentes corrieron las excusas. Las sillas vacías del presidente del Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se justificaban por un viaje oficial. Tampoco acudió a la votación el candidato a las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar, que, como Madina, avisó con anterioridad a la dirección de grupo de su falta. La diputada Fátima Aburto publicó al día siguiente en su blog personal que se encontraba de viaje oficial en Estrasburgo con permiso del PSOE. La lista de ausentes se completaba con la diputada madrileña Delia Blanco, la vasca Elvira Cortajarena y los ex ministros Mariano Fernández Bermejo y Bernat Soria.

Todos los grupos de la cámara tienen un régimen interno que sanciona las deserciones a la hora de votar o las faltas injustificadas de sus miembros. Sin embargo, rara vez se utiliza. En esta ocasión el PSOE anunció de nuevo una investigación interna. Papel mojado. Tal es la falta de interés sobre este tema que los datos que manejan algunos asesores del PSOE datan de 1996. La multa socialista por faltar a una votación importante se fijó aquel año en 150 euros y se actualiza de forma periódica. El dinero recaudado por este concepto —que se resta de las nóminas de los diputados cuando son ingresadas en la cuenta bancaria del partido— sirve cada año para sufragar la fiesta de Navidad de los trabajadores adscritos al PSOE en el Congreso.

Capítulo III EUROPARLAMENTO: LOS EMBAJADORES DE LA CASTA EN EUROPA

EUROPARLAMENTO: LOS EMBAJADORES DE LA CASTA EN EUROPA

Cómo los partidos colocan a dedo a sus allegados a sueldo de 375 millones de electores

La sala plenaria del edificio Louise Weiss estaba prácticamente repleta. Era imposible escuchar el ruido del agua al pasar por los canales aledaños. Ni el sonido de las voces jugando en los parques cercanos tras los cristales. Impolutos cristales. Allí, junto a la rivera de la ciudad francesa de Estrasburgo, se celebran las sesiones plenarias del Parlamento Europeo. Aquel día, 22 de abril de 2008, más de seiscientos eurodiputados escuchaban con atención las palabras del español José Javier Pomés Ruiz.

Una semana al mes los embajadores de la Casta en Europa se reúnen allí para marcar los designios del continente. Son legión: 751 parlamentarios representan a 375 millones de personas, y realizan cuantiosos viajes, contrataciones y gastos sin control a costa del erario público. Pese a que sobre el papel esta institución es el principal órgano legislativo de la Unión e interviene en el 70 por ciento de las leyes que se promulgan en España, en la práctica los hemiciclos nacionales mantienen todavía la mayor parte del poder.

Aparte de esto, los jefes de Estado se reúnen en el Consejo de la Unión Europea, el órgano ejecutivo compuesto por ministros de todos los países miembros de la Unión. Esto ha convertido al Parlamento Europeo en un cajón de sastre donde caben exiliados de la política, enchufados, vetustos miembros de la Casta que molestan en sus países de origen y jóvenes promesas que utilizan el padrinazgo de los partidos para dar el salto a la política de alto nivel. Y de mejor sueldo.

La institución es un hemiciclo que cuesta 1.320 millones de euros al año y un lugar donde la picaresca se ha convertido en norma para lucrar los bolsillos de muchos parlamentarios. Tanto que la manifiesta falta de control en las dietas y contrataciones de sus señorías se expresa hasta la saciedad en todas las auditorías que pasa cada año el organismo.

El oscurantismo sobre los gastos es tal que llega al absurdo. El Parlamento Europeo cuenta con una Oficina de Lucha Contra el Fraude, llamada OLAF por sus siglas en inglés. Sin embargo, sus informes son confidenciales y su contenido completo sólo es conocido por los parlamentarios. Los votantes pueden obtener información sobre las buenas acciones de los políticos europeos y sus decisiones propagandísticas, pero sólo la Casta tiene acceso a los datos sobre el fraude.

La OLAF se creó en 1999, tras la caída de la Comisión Europea presidida por el luxemburgués Jacques Santer, de la cual formaba parte como vicepresidente el socialista español Manuel Marín. Su dimisión en bloque fue el mayor escándalo desde la creación de la Unión Europea en 1993, y vino propiciada por la publicación de varios escándalos relacionados con el uso fraudulento de fondos públicos. En aquellas fechas se conoció que la comisaria europea de Educación, Investigación y Cultura, Edith Cresson, burló la legislación para contratar a un amigo personal en su gabinete con un abultado sueldo. En 2006 la que fue ministra francesa con el gobierno de François Mitterrand fue declarada culpable de favoritismo por el Tribunal de la UE al contratar a René Berthelot, un dentista de su pueblo natal, para ocupar el cargo de asesor científico con un sueldo de 4.500 euros al mes. Berthelot estuvo varios años cobrando del bolsillo de todos los europeos, pero no realizó ni un solo trabajo significativo. En una sentencia incomprensible, el Tribunal de la Unión Europea reconoce la culpabilidad de la europarlamentaria socialista, la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en Francia en 1991. Edith Cresson enchufó a su amigo a costa de los electores. Y le salió gratis. El máximo tribunal europeo consideró que llamarla «culpable» era suficiente escarnio para Cresson. Ni siquiera le impuso una multa o solicitó que el beneficiado por sus favores devolviera el dinero. Y mucho menos retiró la pensión de 3.600 euros mensuales que Cresson todavía cobra de la Comisión Europea, tal y como solicitó la Fiscalía y la propia institución.

La batalla por hacer el Parlamento Europeo más transparente ha llegado incluso a la red, donde varias entidades sin ánimo de lucro organizan los datos publicados por el hemiciclo. Con ese espíritu nació www.Votewatch.eu, una página dependiente de la Universidad Libre de Bruselas y la London School of Economics. Según sus estadísticas, los diputados españoles que menos acudieron al hemiciclo han faltado 75 de los últimos 300 días con actividad parlamentaria. En el otro extremo, como político español más presente en Bruselas figura el socialista Manuel Medina, que ha faltado únicamente a cuatro plenos en los últimos años.

Este tipo de iniciativas ha sembrado el descontento entre algunos diputados, que consideran injusto el rasero utilizado para medir su trabajo. Tal es la presión de los diputados que el administrador de www.parlorama.eu, un ex asesor del Parlamento Europeo, ha recibido incluso notificaciones de abogados en las que se reclama el cierre de la página. El espacio analiza los datos oficiales sobre asistencia, informes y preguntas parlamentarias ofrecidos por la cámara para elaborar una clasificación de los políticos más trabajadores. A la cabeza de la delegación española se encuentra el parlamentario de Los Verdes Raül Romeva i Rueda, el que más acude a su trabajo. En la cola, el popular Juan Andrés Naranjo, que únicamente ha hablado una vez en el hemiciclo y falta a uno de cada cuatro plenos, según los datos analizados por la web.

La apariencia de luz y taquígrafos es tal que todos los diputados europeos tienen la obligación de publicar una declaración de intereses económicos cuando toman el cargo. El documento se cuelga en la red para que todos los votantes puedan consultarlo. Pero incluso eso tiene trampa: antes de su cese en el cargo, no había forma de encontrar por ejemplo la declaración de intereses de Gerardo Galeote, portavoz adjunto del PP y uno de los miembros más destacados de la delegación popular. ¿Estaba exento? Por supuesto que no. La legislación del Parlamento Europeo explica que los miembros electos tienen que publicar sus actividades extraparlamentarias y su participación en empresas privadas. Pero no dice expresamente que los datos tienen que ser expuestos en la red. Así que quien quisiera conocer los intereses privados de Gerardo Galeote no tenía más remedio que coger un avión y plantarse en Estrasburgo para consultarlos en persona. Al menos en los últimos tiempos, ya que desde el PP aseguran que los datos del eurodiputado salpicado por la Operación Gürtel sí estuvieron accesibles en la web.

Informe secreto, escándalo público

Aquel 22 de abril la jornada amaneció con el sol de primavera. Sin embargo, el Partido Popular estaba revuelto. Había pasado algo más de un mes desde su derrota frente al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones generales del 10 de marzo de 2008, y la tensión entre los mandatarios populares abrió una batalla a golpe de puñalada e ironía en los medios de comunicación nacionales. Cada cuatro años el Partido Popular llama a sus miembros a un encuentro para elegir la directiva. Faltaban dos meses para que Valencia albergara el congreso nacional del PP y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, comenzó a sonar como candidato para ocupar la secretaría general, el máximo cargo organizativo dentro del partido. Ya lo había hecho en otra ocasión. En 1986, tras la dimisión de Manuel Fraga, un joven Alberto Ruiz Gallardón, que contaba entonces veintisiete años, fue elegido por el líder de Alianza Popular para ocupar la secretaría general del partido antes de dejar el trono. Gallardón sustituyó en el cargo al profesor Jorge Verstrynge, públicamente enfrentado con Fraga y que se pasó al eterno enemigo: Verstrynge continuó ocho años más tarde su carrera política en las filas del PSOE.

Ahora, más de veinte años después, un Gallardón mucho más experimentado sería la mano derecha de Mariano Rajoy. Algo que su eterna rival dentro del partido, la ex ministra Esperanza Aguirre, no podía consentir. Empezaron las puñaladas. Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre se enzarzaron en un juego de doble moral, amenazas y halagos envenenados frente a todos los electores. Así pelea la Casta cuando se trata del poder. La presidenta de la Comunidad de Madrid insinuó su descontento con el líder del partido y dejó la puerta abierta para encabezar una lista alternativa que compitiera con la de Rajoy al frente del PP. El líder gallego le contestó públicamente desde Elche: «Si alguien quiere irse al Partido Liberal, que se vaya». Sus palabras fueron tan duras que los asesores de Rajoy, atrincherados en la séptima planta de la sede que el Partido Popular tiene en la calle de Génova, en Madrid, se vieron obligados a enviar un teletipo a la prensa. Aquello había que matizarlo. Fue un paso atrás. Una bandera blanca en una batalla que se fue de las manos. A Rajoy «jamás se le ha pasado por la cabeza que Aguirre pueda estar en otro partido que no sea el Partido Popular», decía el texto, transmitido a todas las agencias para que llegara lo antes posible a los periódicos. Aquello no era bueno: siempre hay que mantener las apariencias. Los asesores del político gallego aseguraron que el candidato y líder del PP se refería en su discurso a los miembros del Partido Popular en Europa, y no a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ajeno a esta polémica, el diputado conservador José Javier Pomés presentó aquel 22 de abril su informe ante la Eurocámara y alzó la voz como miembro de la Comisión de Control Presupuestario para dejar claro lo que muchos ya temían: la contratación de enchufados por parte de sus señorías era tan escandalosa que se les había ido de las manos. Según la normativa europea, cada uno de los 750 cargos electos del Parlamento tiene derecho a contratar libremente a una serie de asistentes para que le ayuden en su labor, con un gasto máximo de 17.540 euros por diputado. En total, el Parlamento Europeo gasta más de 140 millones de euros al año en sueldos de cargos elegidos por los partidos. Son 1.200 personas seleccionadas a dedo, 1.200 puestos de trabajo hechos a medida para los colaboradores de la Casta, pero soportados por el bolsillo de los electores. Con lo que gastan los europarlamentarios en ayudas de cámara se mantienen los servicios de una ciudad española de 115.000 habitantes durante un año.

El informe hecho público por el diputado español del Partido Popular analiza punto por punto las principales partidas presupuestarias del hemiciclo y su grado de cumplimiento. Desde la contratación a empresas externas hasta las subvenciones a los grupos políticos, que rondan los 18 millones de euros en el mejor de los casos. Pomés puso sobre la mesa aquella mañana dos importantes peticiones realizadas por los auditores del Parlamento, dos medidas que afectaban de forma aguda a los bolsillos de los diputados y que estaban pendientes de aprobación desde hacía más de cincuenta años, aunque fueran de una lógica aplastante para los 375 millones de personas que forman el electorado de la cámara.

Las peticiones de José Javier Pomés se enmarcaban dentro de un plan abanderado por el presidente de la Eurocámara desde 2007, el representante de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), Hans Gert Pöttering, cansado de la mala imagen pública del hemiciclo. El parlamentario popular propuso que aquellos que cometieran un fraude demostrado con sus dietas o gastos fueran suspendidos y tuvieran que devolver los importes abonados de forma indebida. Es decir, que quienes fueran cogidos robando, falsificando facturas o pasando gastos indebidos tuvieran que devolver el dinero. Aunque parezca inaudito, aquello no estaba previsto en la normativa que marca los designios de la Unión Europea.

La segunda medida afectaba más si cabe a la Casta. A partir de ese momento los diputados no podrían contratar a familiares para que fueran sus asesores y cobraran cantidades millonarias de la administración europea entre sueldos y dietas. Pues bien, pese a que no contratar a familiares aportaba mayor transparencia, pese a que era una medida de una lógica aplastante y pese a que devolver el dinero sería la primera orden que aplicaría cualquier tribunal de la Unión Europea, 140 europarlamentarios votaron aquel 22 de abril en contra, y otros 62 prefirieron abstenerse. En total 202 diputados, elegidos para representar los intereses de todos los europeos, se negaron a ratificar el informe de presupuestos y gastos del Parlamento para 2006, que llevaba explícitas las dos recomendaciones contra el fraude. Al término de la votación los detractores no fueron mayoría y la propuesta de sancionar ambas conductas salió adelante.

Bajo la conciencia y los bolsillos de los diputados pesaba desde el 9 de enero de 2008 el llamado Informe Galvin. El auditor jefe del Parlamento Europeo, robert Galvin, investigó la contratación de asistentes realizada por los diputados. Para ello tomó una muestra de ciento sesenta contratos y los resultados fueron tan alarmantes que el informe se declaró secreto. Los diputados que quisieran conocer su contenido tenían que consultarlo en una sala vigilada y custodiada bajo llave. Era la vergüenza del hemiciclo. La investigación detectó que gran parte de las contrataciones de asistentes eran irregulares, por medio incluso de empresas de los propios diputados. Los elegidos recibían sobresueldos que multiplicaban diecinueve veces su salario y en ocasiones eran contratados encubiertos de los partidos políticos. Aquello tenía que mantenerse en secreto para no manchar la imagen de la institución, denostada por los escándalos políticos y los ataques de los euroescépticos. Sin embargo, una copia del texto fue filtrada a una asociación inglesa contra el fraude fiscal llamada TaxPayers’Alliance.

Según los cálculos de la asociación, recogidos en el libro The Great European Rip Off, los parlamentarios europeos podrían desviar cada legislatura a su bolsillo 117.000 euros en dietas, 489.000 euros en asistentes, 243.000 euros en gastos de oficina, 60.000 euros en viajes y 356.000 euros en gastos de pensión. Eso, por supuesto, sin contar su sueldo. Según los datos oficiales del hemiciclo, los más de 700 parlamentarios gastan cada año entre sueldos, dietas, viajes y contrataciones 300 millones de euros, lo que supone el 21 por ciento del presupuesto total de la cámara.

Por el bien de la familia

Contratar a mujeres, hijos o sobrinos era, hasta la llegada del Informe Galvin, una cuestión personal. Era el diputado quien decidía si contrataba a sus familiares. No obstante, también era una costumbre de clanes locales. Por ejemplo, mientras los parlamentarios ingleses lo hacían con total normalidad, al igual que sucede en la Cámara de los Comunes, los representantes alemanes lo veían cada vez con peores ojos. Entre dos aguas, los políticos españoles se acogieron también durante años a esa laguna para colocar a sus parejas a sueldo de los países miembros.

No se libran ni los compañeros de José Javier Pomés en el Partido Popular. El eurodiputado Ignacio Salafranca mantuvo durante meses como asistente a su hermano Juan, que tuvo tiempo mientras tanto para preparar las oposiciones públicas a funcionario de la Unión Europea. En la actualidad Juan Salafranca es miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Popular Europeo.

Hasta el vicepresidente de la cámara, Alejo Vidal Quadras, contrató como asistente a Albert Fuertes, hermano de su esposa. Y el diputado cacereño Felipe Camisón —fallecido en mayo de 2009— puso en nómina a su cónyuge como asistente, al igual que hizo la catedrática en Historia del Arte y diputada desde 1999 Cristina Gutiérrez Cortines con su hija.

El de asistente es un puesto de trabajo a la sombra del electorado y cuyo sueldo depende simplemente de la generosidad de los políticos, que en este caso son sus familiares directos. ¿Quién no sería generoso con un familiar disponiendo de un límite de 17.540 euros? Sobre todo cuando la buena obra no duele al bolsillo, ya que corre a cargo del contribuyente. Entre las funciones de los asistentes están las de atender el correo, responder a preguntas del electorado, reservar los vuelos para los eurodiputados, asistir a determinadas comisiones e incluso redactar escritos oficiales que luego presentan sus responsables ante la cámara.

La contratación de esposas, hijos y parientes en general levantó una guerra abierta entre los parlamentarios que se saldó con el compromiso de crear un nuevo estatuto para los asistentes, una normativa que regulara su contratación.

En la actualidad los familiares directos han sido eliminados de las plantillas de los diputados españoles en Europa. De hecho, ni siquiera el vicepresidente del Europarlamento, Alejo Vidal Quadras, tiene asistente asignado. Pero se trata de otra medida de cara a la galería. El proceso no se ha liberalizado y los parientes sanguíneos han sido reemplazados por personal próximo al partido.

Ahora son hijos, sobrinos, nietos o conocidos de los históricos del PP y del PSOE los que hacen de escuderos de la Casta en Europa. El Parlamento Europeo ha pasado de cementerio de elefantes a campo de entrenamiento. Las oficinas del hemiciclo son ahora un lugar donde los herederos del trono electoral forjan contactos y curten sus espuelas.

En el Partido Popular, cada parlamentario tiene la potestad de elegir a sus asistentes. En varias legislaturas pasaron por esta escuela nombres como el de Javier Figaredo, sobrino del ex vicepresidente del Gobierno y ex director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, que asistió a Cristina García Orcoyen o Daniel Olivenza, sobrino de Javier Arenas, ex secretario general del PP, que sirvió a las órdenes del eurodiputado Juan Ojeda. Sus miembros reservan además parte de su presupuesto en esta partida para un fondo común con el que se contratan asesores para todo el grupo. La contratación de estos colaboradores se realiza por medio de la Asociación Parlamentaria Popular Europea. Se encargan de asesorar a todos los diputados conservadores en distintas materias. Una de estas plazas se destinó en 1996 a José Botella Serrano, cuñado de José María Aznar y hermano de Ana Botella, que contaba en aquella época veintiocho años.

Licenciado en Económicas, José Botella se hizo militante del PP en 1993. Tenía veintiséis años y su vocación tardía coincidió con la segunda vez que su cuñado se presentaba a las elecciones generales. José María Aznar no logró la Presidencia del Gobierno, pero un año después su cuñado ya estaba trabajando gracias al PP. Fue contratado como asesor en Madrid para la recién creada Fundación de Estudios Europeos, una institución presidida por Ángel Acebes y por su familiar directo y líder de la oposición, José María Aznar. José Botella todavía vivía con sus padres cuando comenzó a cobrar de la esfera del PP, que se alimenta de subvenciones públicas y donaciones privadas. Tres años después, en 1996, y con el mejor valedor a sus espaldas, pues Aznar ya era el nuevo presidente del Gobierno, el hermano de Ana Botella pasó a trabajar en Europa. Desde las oficinas del PP en la bruselense Rue de Belliard, estudiaba como asesor la implantación de la moneda única.

No obstante, aquello era sólo algo temporal. En menos de dos años consiguió el sueño de todo asalariado: se blindó con un sueldo para toda la vida. Los partidos representados en el Parlamento Europeo tienen la potestad de contratar a sus asistentes, pero también la de sacar a concurso ciertas plazas para funcionarios de su confianza. En realidad se les conoce como «agentes temporales de plazo indefinido». Son trabajadores con todos los beneficios de los funcionarios, elegidos por una comisión mixta de personal de la cámara y miembros del partido. Tienen el inconveniente de que pueden ser despedidos con un aviso previo de tres meses. Esta cláusula se utiliza únicamente cuando el partido que los eligió desaparece del hemiciclo tras unas elecciones. Se va el partido y se marchan sus colaboradores. Como el Partido Popular Europeo (PPE) es el más votado en esta cámara, parece impensable que alguna vez se ejecute esta cláusula para los afortunados que entran en nómina.

En 1997 José Botella se presentó a unas oposiciones propuestas por el PPE, libres en apariencia. Sin embargo, había extrañas coincidencias. A principios de año el PP español propuso a sus aliados en Europa la creación de una nueva plaza con dos premisas: necesitaban un asesor de lengua materna española con conocimientos de economía. Justo el perfil del cuñado de Aznar. La plaza fue anunciada en los primeros compases de febrero de 1997, y el plazo para inscribirse se cerró quince días después. Según los requisitos solicitados para el puesto, era necesario un completo control del castellano, pero sólo un buen nivel de inglés o francés. Valga el dato de que en Bruselas muchos funcionarios son, como mínimo, bilingües. Los responsables del PP aseguraron en el momento de la elección que dudaron entre una decena de candidatos antes de ofrecer la plaza a José Botella, que se sometió a un examen oral frente a un tribunal, como el resto de los aspirantes. Como miembro determinante del tribunal se encontraba el parlamentario español Gerardo Galeote. El mismo Gerardo Galeote que presidía la delegación popular en Europa y que un año antes reconoció sin tapujos ante la prensa que José Botella había viajado para trabajar en Bruselas recomendado por él mismo.

La directiva del Partido Popular Europeo se reunió en sesión plenaria la segunda semana de julio de 1997. Allí, bajo la presidencia del belga Wilfried Maertens y ocho vicepresidentes —incluido el español Carlos Robles Piquer—, quedó sentenciado el acuerdo que blindó al cuñado del presidente del Gobierno español como trabajador a sueldo de los electores europeos, pero a beneficio del Partido Popular. Suma y sigue. Doce años después, el cuñado de Aznar todavía trabaja en el Parlamento Europeo bajo la dirección del partido. Según el directorio oficial, José Botella es miembro del Comité Económico y de Asuntos Monetarios del Partido Popular Europeo.

Un proceso parecido sirvió también, en 1986, para garantizar otro puesto de trabajo de por vida: el de la hija de Manuel Fraga, eterno presidente de la Xunta. Tanto sus compañeros como sus rivales políticos le reconocen una importante valía política y capacidad de trabajo a Carmen Fraga, que entró en el Parlamento Europeo como funcionaria de afiliación política el mismo año en que su padre abandonaba la presidencia de Alianza Popular tras perder dos veces consecutivas las elecciones generales frente al socialista Felipe González. La actual presidenta de la Comisión de Pesca de la UE aprobó las primeras oposiciones a las que se pudieron presentar ciudadanos españoles. En aquellas fechas la hija de Fraga tenía treinta y ocho años, pero ya demostraba experiencia trabajando para el Estado. Con veintidós años era funcionaria del Ministerio de Fomento. En 1994 pasó de ser asistente del grupo a participar en las listas electorales para el Parlamento Europeo. Y salió elegida como diputada. Desde entonces ha sido presidenta de la Comisión de Pesca y vicepresidenta primera del Partido Popular Europeo. Sin embargo, Carmen Fraga se guarda las espaldas. Veinte años después todavía se mantiene en excedencia como funcionaria de aquella plaza que le otorgó el Partido Popular en Europa. En similar situación se encuentran los diputados socialistas Marco Aguiriano y María Muñiz de Urquiza, que, además de funcionarios en excedencia y eurodiputados, son marido y mujer.

Entre los allegados al ex presidente José María Aznar que han encontrado cobijo y sustento en Europa se encuentra su sobrino, Juan Enrique Roda López Otazu, rebotado tras su aventura política en Madrid. Enrique Roda fue el alcalde más efímero de la localidad madrileña de Boadilla del Monte: sólo duró dieciséis días como primer edil. El 29 de noviembre de 1999 el sobrino de Aznar fue elegido alcalde tras la dimisión de la popular Nieves Fernández, obligada a cesar en el cargo por la presión de sus propios concejales. Fue un motín a bordo con el apoyo de la dirección del partido, que se saldó con la alcaldesa electa saltando por la borda. Sus subordinados aseguraban que el talante rudo y poco negociador de la alcaldesa dificultaba la posibilidad de pactar con los grupos locales. Sin embargo, tras la sangre había navajazos en forma de supuestas irregularidades urbanísticas que salpicaban a los miembros del partido.

Como sucesor de la depuesta capitana quedó al mando del naufragio el número dos en las listas locales del PP, Enrique Roda, que ocupaba la concejalía de Sanidad. Sin embargo, el sobrino de Aznar tampoco contaba con la simpatía de los sublevados. Sólo tres de los ocho concejales díscolos le apoyaron. Los otros cinco pactaron una moción de censura con un partido local llamado Eficacia Independiente, y se cobraron la segunda víctima política en dos semanas. Enrique Roda fue retirado de su cargo el 15 de diciembre de 1999 y en su lugar ocupó el bastón de mando el candidato avalado por el PP madrileño, Arturo González Panero. El mismo González Panero que diez años después fue imputado por cohecho, malversación de fondos públicos, fraude fiscal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad por su presunta relación con el empresario Francisco Correa, principal implicado en la Operación Gürtel contra la corrupción política. El mismo alcalde al que la justicia impuso una fianza de 1,8 millones de euros, la más alta de la Operación Gürtel.

Según la información oficial del Parlamento Europeo, el sobrino de José María Aznar se encuentra ahora contratado a las órdenes de otro hombre de confianza del partido, una pieza clave que controló para la Casta otro pilar básico de la democracia, supuestamente independiente, pero tocado por la clase política como veremos más adelante. Juan Enrique Roda López Otazu figura, según el listado oficial, como asistente del ex director general de la Policía entre 2002 y 2004, agustín Díaz de Mera. Aquel que dirigió durante dos años todas las investigaciones policiales que se hicieron en España, incluso las que concernían a la Casta. El mismo que antes fue diputado, senador y alcalde de Ávila. Y el mismo que inmediatamente después de controlar el Cuerpo Nacional de Policía siguió defendiendo los intereses del Partido Popular en el Parlamento Europeo.

Uno de los míos

«Se busca licenciado con experiencia en el ámbito comunitario. Alto nivel de inglés y francés. Se valorará carta de recomendación de nuestra propia empresa». Un anuncio así parecería una broma. Una oferta laboral abierta al público pero cerrada a todos aquellos que no cuenten con los contactos adecuados. Los contactos de la Casta. Ésos son los requisitos que pedía el PSOE en 2004 según el diario El Mundo para contratar a sus asistentes en el Parlamento Europeo. El partido intentaba vestir el proceso de selección de su cohorte de ayudantes, que cuesta cerca de 1,4 millones de euros al año, con una imagen de transparencia. Entre otras cuestiones, los socialistas valoraban en su proceso selectivo, según el diario, la presentación de un aval: una carta de recomendación firmada por personas relacionadas con el partido. Cuantas más mejor. Y cuanto más importante sea el cargo, mejor todavía. En el mundo de la política, la lealtad se paga. Incluso en los niveles más bajos del escalafón. Así que es complicado trabajar para el PSOE sin dar buena muestra de la lealtad debida.

En la actualidad, desde el PSOE aseguran que ese proceso no existe, y que cada parlamentario es libre de elegir a sus asesores en las condiciones que estime oportunas. Según El Mundo, ésas no fueron las reglas del juego que encontró Alfonso Pincho Guerra, licenciado en Filología Inglesa, para entrar a trabajar en el partido. El único hijo varón del ex vicepresidente socialista en la década de los ochenta, Alfonso Guerra González, pujó en un proceso de selección con más de un centenar de candidatos. Pero el puesto fue suyo. Nadie tenía su apellido. Ni una carta de recomendación firmada de su puño y letra por Enrique Barón, el máximo responsable de la delegación socialista española en la eurocámara.

El ex ministro de Transportes con Felipe González —que ha presidido también el Parlamento Europeo— se ha convertido desde la primera legislatura de la cámara europea en el mentor personal de varios ilustres hijos de la Casta. Bajo su tutela comenzó su andadura Luis Marco Aguiriano Nalda, hijo del ex delegado del Gobierno en el País Vasco, José Antonio Aguiriano, que falleció en 1996 de un ataque cardíaco. Tres años después, su hijo ocupó el número veintiocho en las listas del PSOE a las elecciones europeas. Como asistente de Enrique Barón trabajó también Laura Baeza, nacida en 1952, hija de Fernando Baeza Martos, mítico militante socialista, senador desde 1977 y fallecido en 2002. Y Ana Ramos, hija de Agapito Ramos, reputado miembro del PSOE y parlamentario de la Asamblea de Madrid durante varias legislaturas. Agapito Ramos incluso fue miembro del último gobierno regional presidido por el líder socialista Joaquín Leguina.

En las últimas listas electorales del PSOE aparece también la joven Izaskun Bernal, hija de otra histórica del socialismo español, la europarlamentaria y ex delegada del gobierno ceutí Carmen Cerdeira, que falleció en 2007, a los cuarenta y ocho años, víctima de un cáncer. Afiliada al PSOE desde 2004, Izaskun Bernal comenzó ese mismo año a asesorar al partido en Relaciones Internacionales. El listado oficial de asistentes del Parlamento Europeo refleja que Izaskun Bernal fue contratada a sueldo de los electores para asistir en su trabajo al responsable de la delegación socialista en Europa. Otra figura emergente bajo la tutela de Enrique Barón.

Pese a que el hijo de Alfonso Guerra no aparece como asistente en los listados oficiales del Parlamento Europeo, el PSOE lo coloca en su documentación interna como asistente del parlamentario Miguel Ángel Martínez. Como asistente de Enrique Barón se colocó también Íñigo Echeverría Torres, sobrino de la ex parlamentaria europea hasta 2004 Francisca Sauquillo.

Cambio de normativa

El Parlamento Europeo no sólo es una importante fuente de financiación para los diputados, sino también para los partidos políticos.

Según las auditorías externas del hemiciclo, el Partido Popular Europeo recibe cada año 18 millones de euros en ayudas públicas. Y otros 13 millones el Grupo Socialista. Sin embargo, parece que ese dinero no es suficiente. Nunca es suficiente. Así que los partidos desvían parte de los 17.450 euros mensuales entregados por la cámara a cada uno de los 751 diputados para financiar sus gastos generales. Un desvío irregular que se da en todos los hemiciclos, que sirve para sufragar actividades privadas de cada partido y al que nadie pone freno.

En febrero de 2003 el Partido Popular inscribió una fundación sin ánimo de lucro en el ducado de Luxemburgo. El país de la Unión Europea no aparece en la lista de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), considerada la guía oficial de países permisivos con el fraude fiscal. Sin embargo, tiene una legislación tributaria muy opaca y especialmente propicia para transacciones offshore. Este término inglés, que significa literalmente «lejos de la costa», se emplea para describir operaciones de ocultación de patrimonio y evasión fiscal, que se suelen hacer con sociedades inscritas en archipiélagos como las islas Vírgenes o las Antillas Holandesas. De ahí el eufemismo. Pese a que Luxemburgo no es considerado oficialmente un paraíso fiscal, está entre los destinos preferidos de los financieros especializados en servicios offshore.

Allí inscribió el Partido Popular una cuenta a nombre de la Asociación de Estudios Europeos. Una cuenta en la que todos los cargos electos del PP en el Parlamento Europeo —veintiséis en aquel momento— ingresaban 3.000 euros mensuales. El dinero procedía una vez más de las aportaciones públicas para los gastos de los diputados, el mismo dinero que sirve para pagar a sus asistentes personales y que sale del bolsillo del contribuyente. Esta caja común, que ingresaba 78.000 euros cada mes, servía para contratar a personal que realizaba distintos trabajos para el Grupo Popular en Europa. El máximo responsable del organismo, Gerardo Galeote, aseguró al diario El Mundo —que publicó en exclusiva el 9 de septiembre de 2003 la existencia de esta cuenta— que Luxemburgo era el lugar adecuado para cobijar el dinero, ya que es la sede administrativa del Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo asegura que la entidad se creó en Luxemburgo por tres razones. Primero, porque no tenía sentido crearla en España cuando todas las fundaciones del PP se iban a fusionar en FAES; segundo, porque Luxemburgo es la sede del Parlamento Europeo; y tercero, porque el tratamiento fiscal de los salarios de los asesores era mejor en el ducado centroeuropeo que en Bruselas, ya que los impuestos sobre los sueldos en Bélgica son mucho más elevados que en Luxemburgo. El PP resta importancia a este último punto y matiza que tributar en España sería todavía más beneficioso para sus contratados.

Según Galeote, el dinero de esa cuenta servía para sufragar los gastos de personal de nueve empleados: siete asesores, una secretaria y un becario. Según estas cifras, nueve trabajadores se repartían al mes 78.000 euros en sueldos. 8.500 euros al mes de media. Unos ingresos que triplican los sueldos teóricos de los diputados que los contrataban, cifrados entonces en 2.618 euros al mes, y que dan una idea de la capacidad exorbitante con la que contaban los parlamentarios para abultar sus nóminas gracias a dietas y gastos.

La reiterada profusión de escándalos con las dietas, la contratación de familiares y enchufados y la falta de información precisa sobre los gastos de los partidos políticos llevó a todos los grupos presentes en el Parlamento Europeo a aprobar un cambio en el control de los presupuestos. Según los auditores externos, los eurodiputados no entregaron el 57 por ciento de las facturas de sus gastos entre 2004 y 2005 aunque, por supuesto, recibieron el dinero supuestamente facturado. Al año siguiente la situación fue a peor: «La mayor parte de los importes abonados a los diputados del Parlamento no ha ido acompañado de los documentos justificativos satisfactorios», explica el informe de los auditores para 2007. La irregularidad documental se subsanó doce meses después del toque de atención y sus señorías aportaron, con años de retraso, el 99 por ciento de los justificantes.

En febrero de 2009 la Comisión de Control Presupuestario mostró de nuevo su preocupación por las «reiteradas críticas del Tribunal de Cuentas sobre la insuficiente calidad de los controles». Un problema que afecta también a la riada de ayudas que manan desde la Unión Europea. Cada año el organismo destina 133.000 millones de euros a programas de desarrollo. Pues bien, pese a que la publicación de todos los beneficiarios de estas ayudas es obligada desde 2007, este procedimiento sencillamente no se cumple. «El Parlamento no tiene una visión global de la publicación, ni de los detalles de los beneficiarios», explica el último informe de la Comisión de Control Presupuestario.

El 16 de diciembre de 2008 el Parlamento Europeo aprobó por fin la nueva normativa para la contratación y el pago de los asistentes de los diputados. La medida, que entró en vigor el 7 de junio de 2009, tras las elecciones europeas, fue aprobada por la inmensa mayoría de la cámara. No obstante, 19 diputados votaron de nuevo en contra, y 47 prefirieron no dar su voto. La única novedad esencial del nuevo estatuto es la prohibición formal de contratar a familiares directos, pero los diputados mantienen todavía su libertad para contratar a dedo a sus asesores y para elegir a su antojo la duración de sus contratos.

Desde finales de 2008 la crisis económica asola Europa. España entra en recesión por primera vez en quince años y el paro sube 1,3 millones de personas en doce meses. Más de 4 millones de españoles están ya sin trabajo. Los políticos nacionales se rasgan las vestiduras con populistas ejemplos de congelación salarial. Y amenazan incluso con bloquear los sueldos de los funcionarios con un salario superior a los 30.000 euros al año. Sin embargo, la contención no es para todos.

Mientras un millón de trabajadores de la administración puede ver su sueldo congelado, los europarlamentarios doblan el suyo.

A partir del 7 de junio de 2009 los 751 parlamentarios europeos pasaron a cobrar 7.655 euros brutos libres de impuestos, frente a los 3.100 que percibían los españoles antes de las elecciones. A partir del verano, todos los diputados europeos unifican su sueldo. Antes cada uno cobraba lo mismo que sus homólogos nacionales, así que había cuantiosas diferencias. Un parlamentario italiano cobraba 12.000 euros, un 1.500 por ciento más que un representante de Hungría. Como baremo para unificar sueldos se tomó una cifra de consenso: el 38,5 por ciento del sueldo de un juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

La subida de sueldo puso a los parlamentarios como ejemplo de falta de solidaridad en momentos de crisis. Pero fue mal entendida, además de que estaba aprobada desde 2005, mucho antes de que los síntomas de crisis asomaran por la ventana de los mercados financieros. En realidad la medida terminaba con el mayor foco de irregularidades de la cámara, el método por el que los diputados engrosaban sus sueldos y conseguían cantidades millonarias. La nueva normativa reguló los gastos sin justificar y, sobre todo, las dietas que aportaban a los europarlamentarios ingresos superiores a los 5.000 euros al mes. Los miembros de la Casta en Europa cuentan, como ya hemos visto, con 17.540 euros para contratar asistentes, además de otros 4.202 euros para gastos de teléfono y mantenimiento de oficina, 285 euros de dieta fija por cada día de asistencia al pleno —lo que supone 5.740 euros al mes— y también dietas de viaje.

En junio de 2008 un equipo de la televisión alemana de origen luxemburgués, RTL, se desplazó a Bruselas para confirmar las acusaciones del parlamentario austriaco Hans Peter Martin. Miembro de la Plataforma para la Transparencia, martin aseguró que parte de los eurodiputados acudía a primera hora de la mañana al pleno para inscribir su nombre en el parte de asistentes y cobrar así los casi 300 euros de dieta de la sesión. Pero acto seguido se marchaban del hemiciclo sin volver a aparecer. La situación se daba con mayor frecuencia los viernes, cuando los europarlamentarios firmaban y se marchaban corriendo para comenzar antes de tiempo su fin de semana. Los periodistas del canal alemán fueron expulsados de las instalaciones del Parlamento Europeo por los guardias de seguridad. Pese a ello, pudieron grabar a varios de los miembros electos de su delegación firmando a primera hora de la mañana y abandonando rápidamente el hemiciclo, con sus maletas en ristre y sin ninguna intención de regresar. Algunos incluso salieron corriendo por los pasillos para que su cara no quedara grabada por las cámaras, como la representante alemana del Partido Verde, hiltrud Breyer.

En lugar de apercibir a los diputados, el secretario general del Parlamento Europeo, el funcionario de mayor rango dentro del hemiciclo, ordenó que el equipo de periodistas fuera desalojado del lugar, pese a tener los permisos necesarios y las acreditaciones en regla para grabar en las instalaciones.

Sueldos abultados, falta de control, pagos indebidos, enchufados… El Parlamento Europeo es el sueño de todo político sin escrúpulos.

Sin embargo, el mayor chollo se encontraba hasta hace poco en las dietas de viaje. La institución pagó durante años los aviones de los diputados de una forma tan peculiar como absurda. Y sobre todo de una forma beneficiosa para los solidarios políticos. En lugar de abonar el gasto real del billete, el Parlamento estipuló una serie de tarifas fijas en función de la distancia recorrida por el parlamentario en cuestión. Como ejemplo, los diputados que viajaban desde Madrid recibían unos 1.900 euros por cada viaje de ida y vuelta a Bruselas o Estrasburgo. Hacían varios al mes. Lo curioso es constatar que con un poco de antelación un billete de avión a la sede del Parlamento Europeo puede costar 90 euros. Así que el sobresueldo por este concepto podía rondar los 6.000 euros al mes para cada diputado. Parte de ese dinero servía además para abonar un tercio de las aportaciones al Fondo Voluntario de Pensiones, del que forman parte seiscientos diputados. A partir de junio de 2009 los diputados europeos dejaron de recibir la dieta fija de viaje y el hemiciclo comenzó a pagar sólo el coste real de los billetes. Se acabó el chollo de las dietas. Así que la mayoría de los diputados dejaron las líneas de bajo coste y ahora es común verlos volar cómodamente en clase business.

Nacidos de los hombros de Dios

El hinduismo considera que los seres humanos fueron creados con distintas partes de una divinidad llamada Brahma. Los sacerdotes salieron de su boca. Los comerciantes, de sus caderas. Los esclavos, de sus pies. Y los políticos, de los hombros de la deidad junto con los guerreros. Esta leyenda —descrita en un texto del siglo III a.C. llamado Las leyes de Manu— es la base del sistema de castas que impera en la India. Cuatro grandes grupos dividen a 1.148 millones de personas y las condenan a vivir por razón de nacimiento en un estrato social determinado. La pertenencia a una casta define el estatus social del individuo, sus posibilidades de trabajo e incluso con quién se tiene que casar. Y no es posible ascender en la escala social. Sólo los nacidos en las castas superiores pueden disfrutar de los mejores privilegios. Veinticinco siglos después de la transcripción de las leyes de Manu, la analogía sigue viva para entender el funcionamiento de la clase política: un grupo cerrado, homogéneo y donde los herederos sanguíneos tienen mucho camino recorrido. ¿Cómo se relacionan los hijos de la Casta? Basta con acudir a las nuevas tecnologías. Las redes sociales han supuesto una revolución comunicativa, pero un leve descuido deja al amparo de cualquier curioso información valiosa para conocer sus relaciones. Podemos buscar, por ejemplo, la cuenta personal del hijo del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra en Facebook —una de las principales redes sociales— para conocer parte de sus amistades y para darnos cuenta de la estrecha relación que mantienen con el PSOE. Un círculo cerrado en el que los hijos de la Casta encuentran cobijo y formación, y forjan alianzas futuras. Con un simple golpe de ratón es posible conocer de manera pública la lista de los treinta y cinco amigos de Alfonso Guerra Reina en Facebook. O al menos, de aquel que ocupaba esa identidad en la red, ya que la cuenta fue borrada en septiembre de 2009 al intentar confirmar la identidad del propietario. Entre los amigos de esa cuenta constaba el nombre de Orestes Suárez, amigo personal del ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE José Blanco; el joven eurodiputado Martí Grau i Segú; o Ricard Torrell, una figura clave dentro del PSOE. Torrell es la persona que actúa de embajador socialista frente al resto de las formaciones políticas internacionales. Y fue jefe de gabinete de Josep Borrell mientras ocupaba la presidencia del Parlamento Europeo entre 2004 y 2007.

En las filas populares un personaje escogido al azar arroja resultados similares. La cuenta a nombre de Juan de Castro Carballo, el miembro más joven de la delegación española y ex asistente de la eurodiputada del PP Esther Herranz, cuenta entre sus amigos de Facebook con el senador del PP por Alicante Agustín Almodóvar; el candidato al gobierno vasco Antonio Basagoiti; Concepción Bravo, diputada del PP por La Rioja; Miguel Ángel Castellón, responsable de Nuevas Generaciones de Andalucía; la europarlamentaria Cristina Gutiérrez Cortines; el ex cabeza de lista del PP en el País Vasco Carlos Iturgáiz; el diputado del PP en la Asamblea de Murcia Víctor Manuel Martínez Muñoz; o Ignacio Uriarte, máximo responsable para toda España desde 2006 de Nuevas Generaciones, la cantera del Partido Popular.

Este tedioso ejercicio se puede repetir con cualquiera de los citados miembros de la Casta con similares resultados. Y dibuja un círculo cerrado de amistades e influencias que allana el camino a los aspirantes a políticos incluso en su vida personal. Para despejar dudas sobre el cariz extralaboral de estas relaciones, el perfil a nombre de Juan de Castro, asistente del PP en el Parlamento Europeo, recoge la afición de su propietario a los caramelos vampiro. Por su parte, el propietario de la cuenta a nombre de Alfonso Guerra Reina —ya clausurada— se declaraba admirador del condensador de fluzo, el ingenio creado por el personaje de ficción Emmett Brown que hacía posible los viajes en el tiempo en la trilogía cinematográfica de Regreso al futuro (1985-1990).

Capítulo IV LISTA DE BODAS DE EMPRESARIOS Y POLÍTICOS

LISTA DE BODAS DE EMPRESARIOS Y POLÍTICOS

Una historia de trajes, regalos, subvenciones y prostíbulos

En España hacer regalos a un miembro de la Casta no es delito. Da igual el cargo que ocupe. Cualquier empresario, abogado o representante de una empresa privada puede agasajar a concejales, alcaldes, diputados y senadores a su antojo. Todo vale para quedar bien: viajes, plumas, joyas, botellas de vino de alto valor, licores e incluso chucherías en forma de nuevas tecnologías. A nadie le amarga un portátil de última generación o la más avanzada novedad en reproductores musicales. Es difícil resistirse al encanto de un visón o a la llamada de una codiciada caja de puros para las charlas políticas de sobremesa.

La legislación española carece de normativas específicas para regular los presentes hechos a políticos por parte de empresarios, y no hay intención de cambiar.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recomendó en 2004 a todos sus altos cargos que no aceptaran dádiva alguna, pero se trataba de una cuestión propagandística sin efecto real sobre la clase política. El ejecutivo socialista incluyó la prohibición de recibir obsequios en su código de buena conducta en lugar de hacer una ley que afectara a todos los miembros de la Casta y prohibiera de forma tajante los regalos procedentes del sector privado. De este modo nadie puede apercibir a los políticos «infractores». Los jueces no pueden castigar a nadie por saltarse un código deontológico, y nunca habrá cárcel por recibir obsequios de manos ajenas. Obsequios bienintencionados, claro, aunque ¿qué interés tiene una empresa cuando agasaja a políticos con viajes, comidas y regalos?

Sólo hay una línea que los miembros de la Casta no deben traspasar, y se estipula en los artículos 419 al 427 del Código Penal. Un regalo se convierte en soborno cuando sirve para influir en la decisión del político de turno. Recibir un jamón, una cesta de Navidad, una cartera de piel o una botella de vino de lujo es ilegal cuando sirve para modificar una ley, para cambiar el trazado de una carretera, para que un ayuntamiento adjudique un contrato a una empresa determinada o para que un diputado se abstenga de votar una ley que perjudica los intereses de una multinacional. Es lo que en el argot jurídico se conoce como cohecho, y es uno de los delitos más ligados a la corrupción política, y también uno de los ilícitos más complicados de probar. No basta con determinar que un empresario con intereses personales ha realizado regalos a cargos públicos relacionados con sus asuntos, sino que además hay que demostrar de forma inequívoca que esos regalos y no otros —botellas de vino, viajes, joyas, relojes o incluso dinero en efectivo— han servido para cambiar la decisión del político sobornado, aunque el resultado sea legal.

Así pues, cabe suponer que la avalancha de regalos que las empresas españolas envían a la clase política responde a una cuestión de filantropía, a una voluntad aséptica de hacer el bien, porque de otro modo sería delito.

«Todavía existe la bolsa de dinero para entregar al responsable político, eso no lo voy a negar, pero los métodos tienden a ser más sutiles. [El político] primero recibe una felicitación navideña de un empresario; luego le envían botellas de un gran vino, un jamón…». Este retrato lo da el juez Miguel Ángel Torres, instructor de las principales causas anticorrupción en la Costa del Sol, durante una intervención en un congreso profesional. «Poco a poco introducen al político en un ambiente de lujo, de ágapes. Un ambiente en el que pueden verse involucradas otras fuerzas vivas, como notarios, jueces, fiscales y periodistas. Le invitan al palco del fútbol, a los toros, a hoteles en los que un empresario tiene intereses… El siguiente paso es que el responsable político vea la posibilidad de participar en el negocio», concreta el magistrado.

De cara a la galería, todos los miembros de la Casta niegan de forma sistemática la llegada de regalos a sus despachos. Y mucho menos en instituciones como el Congreso o el Senado. Pero sin luz ni taquígrafos la cosa cambia: «¿Aquí? Aquí llegan camiones enteros con quesos, vinos, jamones… De todo. Y en Navidad ya ni te cuento», confirma un trabajador de la cámara baja. Es verano y el sudor cala su frente junto al número 40 de la Carrera de San Jerónimo. A escasos metros se encuentra la fachada principal del Congreso, escoltada por los dos leones de bronce fundidos en 1866 con el metal de los cañones requisados en el norte de África. Hacia allí señala con una mano mientras un policía observa la escena de reojo: «Pero una cosa te voy a decir. Aquí trinca todo el mundo, no sólo los políticos. Tendrías que ver cómo se llevan los periodistas en Navidad los jamones que reparte el señor Bono. Entonces no se queja nadie. Cuando llegan esas fechas los ves salir a todos tan contentos con el jamón bajo el brazo. Y los que más atacan la corrupción luego son los primeros que preguntan si están en la lista».

La presión de los lobbies

En los círculos parlamentarios la llegada de regalos, viajes y pagos de todo tipo se relaciona de forma inequívoca con los llamados lobbies, los grupos de presión empresarial y financiera que inciden de forma directa sobre los políticos. Estos grupos reciben su nombre de la palabra inglesa que sirve para identificar la sala de espera o el salón de entrada a una oficina. Allí, a las puertas de los despachos del Congreso de los Diputados o del Senado, es común ver a encorbatados representantes de las grandes empresas de telecomunicaciones, electricidad o energía nuclear esperando para hablar con los miembros de la Casta que deben decidir sobre la legislación que les afecta. Hay miles de millones de euros en juego.

Estos grupos han tenido tal calado en la política española que incluso el Diccionario de la Lengua Española de la RAE recoge ya el vocablo y define un lobby como un «grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses». La Iglesia, las empresas armamentísticas o las farmacéuticas son algunos de los grupos de presión más presentes en España, donde el término se atribuye incluso a la clase gobernante. Partidos políticos, cargos electos y entidades estatales forman un grupo de presión fuerte y cohesionado. Un círculo cerrado que lucha por sus intereses. En definitiva, una casta.

El crecimiento de las multinacionales se ha vinculado siempre al desarrollo económico de los países del primer mundo, hasta el punto de que algunas macroempresas se han convertido en actores prioritarios de la economía mundial, ya que mueven más dinero al año que un país de tamaño medio. Petrochina, considerada la empresa más grande del planeta, tiene un valor de mercado de 336.000 millones de euros, el 30 por ciento del PIB de España. El presidente de Estados Unidos Dwight D. Eisenhower acostumbraba a decir que lo que era bueno para la General Motors era bueno para su país. La empresa de fabricación automovilística con sede en Detroit era el principal motor de la economía estadounidense en 1952, año en el que Eisenhower, general del ejército estadounidense, alcanzó la Casa Blanca. Así nació el fenómeno de los lobbies, que en España se desarrolla a pasos agigantados cada vez que algún partido gobierna en coalición.

Tras las elecciones generales de 2004, el Partido Socialista se alzó con la victoria, pero no con la mayoría absoluta. Sus 164 escaños eran insuficientes para controlar el Congreso de los Diputados, así que el PSOE tuvo que buscar socios de gobierno. Izquierda Unida y Esquerra Republicana sumaron a los socialistas sus 13 diputados para investir a José Luis Rodríguez Zapatero como presidente.

Durante cuatro años el PSOE tuvo que contar con los dos grupos minoritarios para sacar adelante todas las leyes en la cámara baja. Y ambos —Izquierda Unida y Esquerra Republicana— fueron objetivo de los grupos de presión. A priori resultaba más sencillo para las grandes empresas intentar influir en la decisión de los pequeños socios de gobierno que en las voluntades políticas del PSOE, que por su mayor envergadura albergaba también una maraña de intereses y compromisos electorales. El voto de ambas formaciones fue fundamental para aprobar normativas tan comprometidas como la reforma antitabaco y la nueva ley para el consumo de alcohol, legislaciones que hicieron peligrar los ingresos millonarios de las marcas dedicadas a esos sectores. En ocasiones las empresas privadas hacen llegar a los partidos políticos incluso borradores de las proposiciones de ley completamente redactadas. Por supuesto, los documentos incluyen las propuestas que más les benefician.

El negocio de los lobbies es tan boyante que incluso hay empresas dedicadas únicamente a presionar a los políticos para proteger los intereses de corporaciones privadas. Es un negocio completamente legal. A eso se dedica por ejemplo la firma EPPA (European Public Politic Advisers), especializada en negociar con la Unión Europea y los partidos políticos españoles. Este tipo de empresas suele cobrar por objetivos. Cuanto más consigan influir en la voluntad política y favorecer los intereses de sus clientes, más dinero reciben.

En la actualidad no hay legislación alguna que regule la acción de estos grupos de presión en España. El ex presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, explica en su obra Las transformaciones del Estado contemporáneo, publicada hace más de veinte años, la necesidad de regular las relaciones entre los lobbies y los partidos políticos. El jurista y politólogo apuesta por establecer directivas o mecanismos de control parlamentario en lugar de aprobar legislación concreta. Dos años después de la publicación de esta obra, en 1989, el Centro Democrático y Social (CDS) comenzó la tramitación de una normativa al respecto, pero nunca se aprobó, y desde entonces nada se ha hecho.

En realidad ni siquiera hay consenso en el seno de la Casta sobre cómo proceder ante la presión de los lobbies. Por un lado, parece intolerable que las empresas privadas intercedan de una manera tan clara en las decisiones políticas de un país. Pero, por otro, es un proceso que parece inevitable.

Mientras la Unión Europea ha intentado institucionalizar los grupos de presión como un elemento más de la vida política, el gobierno de Estados Unidos ha optado de forma inequívoca por limitar su capacidad de influencia, cansado de los continuos escándalos protagonizados por su clase política, tentada constantemente con los cantos de sirena de las grandes multinacionales.

La Comisión Europea cuenta incluso con un registro de grupos de interés, una base de datos pública donde se inscriben las empresas con intereses manifiestos en las normativas dictadas por la entidad, que se puede consultar desde la red. Sin embargo, la inscripción no es obligatoria. En esta relación aparecen 64 agentes españoles, entre ellos figuran empresas como Mercadona, la Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias o la firma zaragozana Topten Management, dedicada a trabajar con grupos de presión desde Bruselas. Sin embargo, las cifras no cuadran, y sólo una tercera parte de las empresas que atornillan sus intereses a la silla de los europarlamentarios se apunta a este registro. Sólo un tercio de los grupos de presión ha decidido salir a la luz de forma voluntaria.

Según datos oficiales de la Unión Europea, en la ciudad belga hay 15.000 lobistas, trabajadores contratados por 2.500 grupos de presión para velar por intereses privados frente a las decisiones políticas. Su importancia es tal que el Parlamento Europeo realizó un informe sobre ellos en junio de 2008, e incluso se encuentran englobados dentro de una asociación, denominada SEAP (Sociedad de Profesionales de Asuntos Europeos, por sus siglas en inglés). La cámara parlamentaria creó un código de conducta para las empresas que les prohíbe realizar obsequios a los eurodiputados, pero una vez más la normativa carece de relevancia penal y es únicamente una recomendación deontológica para los empresarios.

El 21 de enero de 2009 el presidente de Estados Unidos Barack Obama se despertó por primera vez en la Casa Blanca. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Poner fin a los constantes regalos que los grupos de presión hacen a los diputados de su país. Aquella mañana el primer presidente negro de los Estados Unidos firmó tres órdenes ejecutivas, tres decisiones presidenciales que afectaron de lleno a los miembros de la Casta en el país. Con la primera medida, el demócrata congeló los salarios de los altos cargos de su gobierno que reciben más de 100.000 euros al año; con la segunda, modificó la Ley de Información para hacer su administración más transparente; y para terminar prohibió por ley a todos los políticos estadounidenses recibir regalo alguno de los grupos de presión.

Elecciones, subvenciones y películas de cine

El nombre ya era de por sí pretencioso: PAZ (Plataforma de Apoyo a Zapatero), y englobaba a intelectuales, actores, cantantes y presentadores de televisión. El colectivo nació en el periodo previo a las elecciones y se convirtió en todo un grupo de presión a favor de la candidatura del líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero para los comicios de 2008. PAZ irrumpió en campaña con un vídeo promocional abanderado por la rama más progresista de las artes españolas: cantantes como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat o Miguel Bosé y actores como Fran Perea prestaron su imagen para ayudar a que el PSOE consiguiera la mayoría absoluta tras cuatro años de gobierno en coalición. Al grito de «Estoy con Zapatero», actores y cantantes aparecían en el montaje promocional intercalados entre ancianos, jóvenes e inmigrantes mientras emulaban con sus manos el arquear de las cejas del presidente. El gesto les valió el sobrenombre de «sindicato de la ceja», utilizado por sus detractores. En cualquier caso, había nacido un lobby.

El anuncio se lanzó al mundo en YouTube —el servicio de distribución de vídeos más utilizado de Internet— el 8 de febrero de 2008, aunque la presentación institucional del colectivo se celebró un día después. El 9 de febrero, la madrileña sede del Círculo de Bellas Artes reunió a los pesos pesados del cine español. Allí estaban el director de cine Pedro Almodóvar, actores como Marisa Paredes, María Barranco, Álvaro de Luna, Cayetana Guillén Cuervo y Concha Velasco (que incluso participó en uno de los mítines de Zapatero) y presentadores como Jesús Vázquez y Boris Izaguirre, significados con el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Como portavoz del colectivo tomó la palabra el también director de cine José Luis Cuerda, que leyó un manifiesto llamado Defender la alegría.

Pese a lo conciliador del título, el texto fue un ataque sin cuartel a los adversarios del PSOE. Cuerda solicitó el voto para Zapatero ante la «turba mentirosa que piensa, desde su imbecilidad, que todos somos más imbéciles que ellos». Se trataba de una referencia velada al Partido Popular, que con Mariano Rajoy a la cabeza mostraba entonces una actitud titubeante sobre cuestiones capitales para el sector artístico, como el canon digital o la lucha contra las redes de intercambio de archivos en Internet. En cualquier caso, aquel día el cine español se posicionó del lado de Zapatero. Y todavía hoy saca partido de aquello, con incrementos millonarios en sus subvenciones pese a la crisis económica.

Pasaron los meses y el objetivo de muchos actores, cantantes y socialistas de toda condición se cumplió: Zapatero renovó su cargo en La Moncloa. No obstante, en los primeros tiempos del nuevo mandato las recompensas públicas para el cine español no alcanzaron las cotas deseadas por los que cerraron filas junto al presidente meses atrás. Eso obligó a este nuevo grupo de presión a reaccionar. El fotógrafo Claudio Álvarez tomó para el diario El País la foto testimonial la noche del 26 de marzo de 2009. Un año después de la presentación de la Plataforma de Apoyo a Zapatero, la plana mayor del cine español se reunía en el Ministerio de Cultura. Según la versión oficial, el encuentro se produjo a petición del titular de la cartera, el escritor y poeta César Antonio Molina. El rumor del desencanto sonaba desde hacía semanas entre los empresarios del sector, descontentos con el desarrollo de las ventajas fiscales que estipula la Ley del Cine, con el excesivo número de películas que reciben ayudas públicas cada año en España (ciento setenta y tres en 2008), y acuciados por la tibia presión que a su juicio realizaba el gobierno socialista sobre la piratería. A la cita acudieron directores como Álex de la Iglesia, Enrique Urbizu, Jaime Morales, Agustín Almodóvar, Fernando Trueba o José Luis Cuerda, cabeza visible de PAZ, la plataforma a favor del presidente.

Sólo dos semanas después de aquella reunión nocturna y de la oposición subyacente de los profesionales del cine español, el ministro de Cultura fue depuesto. El presidente Zapatero decidió el 7 de abril de 2009 una reforma en su ejecutivo que afectó a seis ministerios y que colocó al frente de Cultura a la entonces presidenta de la Academia de Cine (máximo órgano rector de la industria), la guionista Ángeles González Sinde. Nacida en Madrid en 1965, González Sinde abanderó desde ese cargo una oposición radical a que los internautas españoles compartan películas en la red sin ánimo de lucro, y mostró una simpatía sin fisuras al canon digital, el impuesto que grava los soportes tecnológicos para resarcir a productoras y discográficas ante los supuestos daños provocados por la piratería. Por supuesto, la nueva ministra era firmante de la Plataforma de Apoyo a Zapatero y miembro destacado del lobby del cine español, que presionaba al presidente tras su apoyo incondicional en las elecciones generales. Y es que las caras conocidas arrastran muchos votos.

El 26 de mayo de 2009 la llegada de González Sinde al Ministerio de Cultura dio los primeros frutos para los bolsillos del cine español, que registró en 2008 la mayor caída de público de toda Europa, con nueve millones de espectadores menos según los datos del Observatorio Europeo Audiovisual. Frente a la crisis, la ministra tiró del bolsillo de los españoles y aumentó las subvenciones públicas.

El 13 de mayo de 2009, un mes después del cambio de titular en el ministerio, el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales amplió en 8,5 millones de euros la reserva del Fondo de Protección a la Cinematografía. De su mano llegó más dinero para los actores y guionistas, pese a que el Estado había fijado seis meses antes las ayudas para el sector en 85 millones de euros, un presupuesto similar al de la construcción de un centro penitenciario con capacidad para más de quinientos internos. El director del Instituto de Cinematografía, Ignasi Guardans, aseguró ante la prensa que la medida no era un incremento del dinero público para el sector, subvencionado hasta la saciedad, sino una reubicación de partidas que no se habían utilizado en años anteriores.

Con una industria en clara recesión, con menos espectadores en las salas y un saldo negativo en la caja de las principales productoras nacionales, la llegada masiva de ayudas públicas ha multiplicado por tres la creación de películas españolas en diez años, pasando de 65 cintas en 1998 a 173 en 2008, según cifras ofrecidas por el Partido Popular en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. En la actualidad, el Fondo de Protección para el cine español ya sobrepasa el dinero que la industria ingresa en taquilla, con 88 millones de euros de subvenciones frente a 81 millones de euros de facturación. Es decir, que el cine español ingresa más dinero por las subvenciones que por su actividad real. Un extraño modelo de negocio que sólo se entiende bajo el amparo de las instituciones públicas.

La reunión captada por el diario El País en marzo de 2009 sirvió para que los principales estandartes del sector mostraran su opinión sobre el desarrollo de la Ley del Cine. Empresarios y productores estaban preocupados por el creciente número de películas que se hacen en España. Más oferta, más presencia en la cartelera, más trabajo para actores nacionales… Eso será bueno para el sector, ¿no? Pues parece que no.

Las subvenciones han triplicado la producción de películas españolas en diez años. Pero también han multiplicado el número de comensales que tienen que comer de la tarta del dinero público. Si usted fuera un empresario del cine español, seguramente lo que más le gustaría es que los requisitos para optar a las subvenciones fueran cada vez más duros con los pequeños productores. Así, el trozo del pastel será más grande. El presupuesto para ayudar al sector es una partida fija cada año. Si se hacen menos películas, son menos bocas las que hay que llenar con la misma comida.

La petición de los grandes productores caló pronto en el ministerio comandado por González Sinde. El Ministerio de Cultura tenía que articular la Ley del Cine aprobada en 2007 y decidió que sólo aquellas películas que tuvieran una inversión privada superior a los dos millones de euros tendrían una subvención automática. Es decir, sólo las grandes películas españolas tendrían garantizado el dinero público. La medida generó tal rechazo entre los profesionales del sector que algunos pequeños productores firmaron en agosto de 2009 un manifiesto. El escrito, rubricado por la plataforma Directores y Productores Contra la Orden Ministerial, critica de manera frontal la forma en la que Cultura planeaba repartir las ayudas millonarias. Según sus estimaciones, la decisión política supondría una merma del 60 por ciento en el número de películas españolas que se hacen cada año. Justo lo que querían los grandes empresarios.

El revuelo fue tal que el director del Instituto del Cine, Ignasi Guardans, remitió una carta a todos los agentes implicados. Y en ella explicó que, a su entender, «la Ley no suprime ni reduce las ayudas a las películas de menor dimensión, al cine independiente o al llamado de autor. Es más, la orden incorpora ayudas al desarrollo, que se añade a las reforzadas ayudas sobre proyecto». Es decir, tranquilos, que habrá para todos.

Jamones, bolsos de Loewe y sesiones de masaje

La llamada llegó discreta desde la sede de la Comisaría Central de la Policía Judicial, situada en el madrileño barrio de Canillas. Es comprometido que los agentes hablen directamente con periodistas. No está bien visto. Pero esta vez se trata de una cuestión oficial. Desde allí, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigan las principales tramas de corrupción financiera de este país. Y todas las que afectan a la Casta, pues en las corruptelas entre políticos y empresarios siempre hay dinero de por medio. De sus manos surgió la Operación Malaya, que dinamitó la corrupción urbanística instaurada durante más de una década en el Ayuntamiento de Marbella. Y del trabajo de sus agentes dependen también instrucciones como la Operación Astapa, que afectó al Ayuntamiento de Estepona y que costó una imputación a una veintena de empresarios, políticos y técnicos municipales, entre los que se encontraba Patricia Rojo, directora de Urbanismo e hija del actual presidente del Senado, el socialista Javier Rojo.

Aquellos días de febrero la unidad estaba revuelta. La Policía Judicial llevaba más de un año preparando una operación contra el entorno del empresario Francisco Correa. La investigación, dependiente del juez Baltasar Garzón, se llevó con el máximo secreto ante el miedo a que los implicados tuvieran conocimiento de ella. Entre los investigados había altos cargos del Partido Popular, y la influencia de los miembros de la Casta cala hondo en algunos juzgados y en determinados estamentos oficiales. No era la primera vez que había que andar con cuidado para evitar filtraciones a políticos.

Esta vez la investigación afectaba de lleno a la línea de flotación del partido en la oposición, ya que ahondaba en uno de los puntos más sensibles: sus fuentes de financiación. Los agentes de la UDEF analizaban de forma minuciosa la red de empresas creadas por el empresario Francisco Correa, afincado durante años en la localidad madrileña de Boadilla del Monte y estrechamente relacionado con la cúpula del Partido Popular. Tras las primeras pesquisas, los agentes detectaron presuntos sobornos a miembros de varios ayuntamientos del norte de Madrid controlados por el partido de Mariano Rajoy. Ahí comenzó todo.

Correa levantó durante años un entramado con veintitrés sociedades a la sombra del dinero procedente del PP y que derivaba en paraísos fiscales como Curaçao o la isla de Nieves. El empresario se convirtió en conseguidor de los populares y creó varias filiales dedicadas a la organización de eventos. Mucho estaba en sus manos. Correa y sus hombres organizaban mítines, congresos y viajes para los miembros del partido. Incluso fueron invitados a la boda que la hija del ex presidente José María Aznar celebró con el empresario Alejandro Agag en el monasterio madrileño de El Escorial. Aquélla fue la boda del año.

Las sociedades de Correa eran contratadas en los feudos autonómicos de Madrid y Valencia para encargarse de actos oficiales, tanto públicos como dependientes del partido. Orange Market, una de las principales sociedades del grupo, obtuvo entre 2005 y 2009 más de 4 millones de euros del gobierno valenciano por preparar su participación en certámenes como Fitur, la feria del turismo más importante del país, que se celebra cada año en Madrid. Special Events, otra de las empresas de Correa, facturó cantidades millonarias a los ayuntamientos de Boadilla y Majadahonda, al gobierno de la Comunidad de Madrid e incluso al Ministerio de Cultura mientras la popular Esperanza Aguirre ocupaba el cargo de ministra. En 1998 la firma Pasadera Viajes fue contratada con carácter de urgencia para proveer de alojamiento a los participantes de la fase final del Campeonato de España Escolar, que se celebró en Murcia en junio de aquel año. La empresa domiciliada en Madrid cobró 419.000 euros por el servicio.

Los agentes de la UDEF sospechaban que parte del dinero cobrado por Correa a las instituciones públicas iba a parar en forma de comisiones a las manos de varios miembros de la Casta: dirigentes del partido, políticos autonómicos, media docena de alcaldes y algún eurodiputado. Esta hipótesis venía avalada por diecisiete horas de grabaciones aportadas el 6 de noviembre de 2007 por el ex concejal de Majadahonda José Luis Peña, expulsado del partido y enfrentado con la cúpula popular de Madrid. A partir de aquel día la Audiencia Nacional se puso tras la pista de Correa, de sus negocios, de sus empresas, de sus amistades y, sobre todo, de sus relaciones políticas. Tras año y medio la investigación estaba casi terminada, pero faltaban cabos por atar. Los agentes tenían un organigrama claro de sus sociedades y pruebas suficientes de que sus empresas recibían inyecciones de dinero desde varios países con una fiscalidad opaca. Sin embargo, había que demostrar sin género de dudas que la empresa era contratada por las administraciones controladas por el Partido Popular gracias a los presuntos sobornos abonados por el entramado de Correa, y no por informes de los técnicos estatales o porque las firmas del empresario afincado en Madrid presentaran las mejores ofertas en los concursos públicos a los que se presentaban. Y eso todavía no estaba claro. El conseguidor del PP iba a ser arrestado en mayo de 2009, poco antes de las elecciones europeas, pero un chivatazo precipitó la operación.

Las gestiones policiales en registros y ayuntamientos levantaron sospechas y alguien alertó al entorno del empresario de que estaba siendo investigado. Saltó la liebre. La Policía detectó que sus colaboradores intentaban evadir documentación sensible ocultándola en un piso de Madrid y creció la sospecha de que Correa, que se encontraba en aquel momento en el extranjero, decidiera fugarse y fijar su residencia en Senegal, donde centraba parte de su actividad económica fuera de España.

El 6 de febrero de 2009 Francisco Correa Sánchez fue detenido en Madrid. A primera hora de la mañana estalló la Operación Gürtel, y cinco de sus colaboradores fueron también detenidos en Valencia, Málaga y Cádiz. Desde entonces los agentes especializados en la lucha contra el fraude trabajarían contra reloj. El caso se había politizado tanto que los altos cargos del PP intentaban desacreditar la labor policial en los medios de comunicación y luchaban por trasladar el asunto a los juzgados autonómicos. El objetivo prioritario era retirar la Operación Gürtel de las manos de Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional que se significó en otros tiempos a favor de los intereses del PSOE. Incluso fue número dos en las listas de Madrid para las elecciones generales de 1993, tras el líder socialista Felipe González.

Era primera hora de la mañana cuando sonó el teléfono:

—Escucha, necesito que me hagas un favor. ¿Tenéis alguna foto de Camps en una visita que hizo hace poco al Papa? —La petición era cuando menos extraña.

—¿De Camps? ¿El presidente de la Generalitat Valenciana? Pues no lo sé. Te lo tengo que mirar. ¿En qué andáis?

—No te puedo contar nada. El tema es secreto.

La Policía llevaba semanas buscando una fotografía específica, una instantánea que probara el uso fraudulento de fondos para agasajar a cargos políticos. Su punto de mira se fijó en una prenda singular; un chaleco blanco que, según sus informadores, lució el presidente valenciano en una visita a la sede papal. Sin embargo, por mucho que buscaron, el chaleco no apareció. Los agentes tenían información de que Álvaro Pérez Alonso, alias El Bigotes, uno de los hombres de Correa, había encargado y abonado la prenda en una sastrería de lujo de Madrid. Con todo, si la Policía lograba probar que el entorno de Correa abonó la prenda, sólo tendría una parte del camino andado, porque hacer regalos a políticos no es delito. Está mal visto, pero no es delito. Además, los agentes de la UDEF tenían que demostrar que ese y otros obsequios sirvieron para modificar las decisiones de Francisco Camps a favor de los intereses del grupo de Correa. Si no, no habría caso.

El problema es que el chaleco blanco nunca existió. De hecho, el servicio de protocolo de la Santa Sede advierte a los invitados a las recepciones papales de que la etiqueta correcta consiste en un estricto esmoquin con chaleco negro. Una etiqueta que el presidente de la Generalitat siguió a rajatabla en marzo de 2008, cuando acudió a Roma para entregar al papa Benedicto XVI un libro recordatorio de la visita del principal responsable de la Iglesia católica a Valencia en 2006, con motivo del Encuentro Mundial de las Familias.

Según la declaración de José Tomás, sastre del presidente de la Generalitat Valenciana, Álvaro Pérez, uno de los empleados de las empresas de Correa, le encargó tras una llamada la confección de un frac a medida para que Camps acudiera a un acto protocolario en el Vaticano, tal y como pensaba la Policía. Sin embargo, como no le daba tiempo a coserlo, el sastre entregó a Camps un frac ya confeccionado que, una vez utilizado, fue devuelto por el responsable del Partido Popular a la tienda. En esa misma llamada Álvaro Pérez le encargó también un chaleco a medida para Camps, pero era negro y no blanco, tal y como exige el Vaticano. Y fue también devuelto.

Pese a que la dichosa prenda no apareció, los gustos de Camps por los trajes a medida terminaron por ponerle en un aprieto y por sentarle en el banquillo, imputado por un presunto delito de cohecho.

La calle de Serrano es conocida como la Milla de Oro de Madrid. Allí, en algo más de un kilómetro, entre la embajada de Estados Unidos y la castiza Puerta de Alcalá, se aglutina la mayor concentración de tiendas de lujo del país. Las marcas más exclusivas han abierto sus establecimientos en la zona persiguiendo el elevado poder adquisitivo del barrio de Salamanca, donde el suelo se paga incluso por encima de los 9.000 euros el metro cuadrado y una vivienda de 60 metros cuadrados puede costar 600.000 euros. Bolsos de Loewe, zapatos de Prada y joyas de Bulgari o Cartier decoran los escaparates protegidos con bolardos para evitar alunizajes. Son productos con alto precio unitario; relojes, plumas, zapatos y bolsos que atesoran mucho valor en muy poco espacio. Son discretos y manejables. Y por eso son los preferidos de ciertos empresarios para hacérselos llegar a los miembros de la Casta.

Allí, en pleno corazón del barrio del lujo, a un edificio clásico de fachada encalada en el número 29 de la calle de Serrano acudía el presidente Francisco Camps, conocido como El Curita por los miembros de la red de la Operación Gürtel, para que su sastre de confianza le hiciera trajes a medida. Sobre el umbral de la puerta, un letrero azul marino anuncia el nombre del establecimiento: «Milano». Allí gastó Orange Market, una de las empresas de Francisco Correa, 121.000 euros en trajes a medida en cinco años. Los autos judiciales apuntan a que parte de esa ropa acabó en manos de altos cargos del gobierno de la Generalitat y que Francisco Camps finalmente devolvió a la tienda los que le correspondían. Isabel Jordán, directiva de Easy Concept, reconoció en su declaración ante Baltasar Garzón que su empresa gastó 3.000 euros para que los sastres de Milano cosieran varios trajes al ex alcalde del municipio madrileño de Boadilla del Monte, arturo González Panero, imputado por el caso y que quedó en libertad con una fianza de 1,8 millones de euros.

En enero de 2005, coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, Álvaro Pérez, El Bigotes, acompañó a la tienda Milano a Rafael Betoret Parreño, jefe de gabinete de la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana, y le dijo textualmente a José Tomás, director comercial del establecimiento: «Vamos a hacerle una serie de ropa a este señor».

En aquella ocasión, este alto cargo de la administración valenciana encargó tres trajes a medida, un abrigo y dos americanas de la mano de los hombres de Correa. En total, más de 3.000 euros en ropa hecha a medida. En lugar de abonar los pedidos en la tienda, los responsables de Orange Market acordaron con el sastre que todos los pedidos serían apuntados en un apartado que se liquidaba cada cierto tiempo con el dinero de una cuenta corriente que la empresa tenía abierta en la Caixa. El 13 de julio de 2005 se abonó desde aquella cuenta un cheque de 24.308 euros, con lo que se saldaba la deuda entre Orange Market y Milano contraída hasta el momento.

Según los autos judiciales, ese mismo año el sastre de Milano se desplazó personalmente a la ciudad del Turia para que los hombres de Orange Market le presentaran a varios responsables del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, de forma que recibiera de ellos encargos directos de ropa a medida. Tras concertar una cita telefónica, José Tomás se desplazó al despacho que Ricardo Costa tenía en la sede autonómica del partido. En aquel momento Costa era la mano derecha del presidente valenciano Francisco Camps, además de secretario general del Partido Popular en la comunidad levantina. El sastre de Milano tomó medidas al vicepresidente de la Generalitat y le enseñó un muestrario de telas ante la atenta mirada del hombre de Correa en la región, Álvaro Pérez.

En aquel viaje el vicepresidente autonómico encargó tres trajes a medida por valor de 2.400 euros. Mientras Costa asegura que pagó los trajes de su bolsillo, el juzgado no ha encontrado prueba documental de ello, pero sí de que las prendas fueron abonadas por Orange Market gracias al dinero de una cuenta abierta en el Banco Santander. El vicepresidente de la Generalitat alega en el juzgado que entregó el montante de su pedido a los hombres de Correa para que ellos hicieran los pagos.

Fue a principios de 2006, mientras el PSOE daba los primeros pasos para comenzar un proceso de paz en el País Vasco, cuando el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps Ortiz, pisó por primera vez la tienda Milano de la calle de Serrano, en Madrid. Y lo hizo por recomendación expresa de Álvaro Pérez, representante de Orange Market. En aquella ocasión sólo visitó la tienda, pero el presidente de la Generalitat volvió quince días después para elegir los paños y encargar cuatro trajes a medida por valor de 3.300 euros. Pasado el verano, Camps devolvió los trajes a su sastre de confianza. Asegura que no le venían bien, pese a que estaban hechos a medida y en este tipo de prendas no se admiten devoluciones. Puede que esa regla tampoco se aplique a los miembros de la Casta. Sólo las dos americanas que encargó costaban 1.800 euros, un precio muy por encima del salario medio en España.

En verano de 2006 el sastre José Tomás cambió de empresa y fue contratado como director de la cadena de establecimientos comerciales Forever Young, con varios locales abiertos en Madrid. Cuando entró en su nuevo puesto, el sastre avisó del cambio a sus clientes, entre los que se encontraban los hombres de Correa. La forma de funcionar fue similar. En Forever Young se abrieron también cuentas a crédito para Álvaro Pérez y Pablo Crespo. Y de ahí se cobraban supuestamente los encargos en prendas de vestir para quienes acudieran en su nombre. Fue José Tomás quien llamó directamente a Francisco Camps para asegurarle que en su nueva tienda, situada en el madrileño Paseo de la Castellana, tenía mejor género que en su antiguo establecimiento de la calle de Serrano. Camps le encargó entonces otros 2.800 euros en trajes.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es explícito al hablar sobre el pago de las prendas: «No existe constancia de que su precio fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de los trajes, como afirma el señor Camps en su declaración, pues el contenido de los documentos de pago en efectivo que han sido aportados por la propietaria del establecimiento no se corresponden con el número de prendas ni con el género». Según el tribunal, ni coinciden las fechas, ni las cuantías, ni las telas, ni siquiera el número de trajes entre la declaración del presidente de la Generalitat y las facturas presentadas por la tienda. En primavera de 2007 Camps se llevó también de la misma tienda unos costosos zapatos de piel de potro.

«Me costaron 120 o 130 euros, y los aboné en el momento y en efectivo», aseguró Camps en su declaración. Pero la justicia no está conforme: «De los documentos de pago en efectivo que han sido aportados a la causa por la entidad propietaria del establecimiento no se desprende la realidad de ese pago en metálico, pues no coinciden dichos documentos ni con la fecha ni con el género ni con el precio de aquellos zapatos. Su precio, por lo tanto, debió de ser incluido por José Tomás en la cuenta de Álvaro Pérez y satisfecho luego por Pablo Crespo, según el sistema convenido entre ellos», explican los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en uno de sus autos.

Según la Audiencia Nacional, la red de Correa alimentaba a los miembros de la Casta con continuos regalos, televisiones de plasma, coches y viajes de lujo. Los apuntes contables de la supuesta «caja B» de la organización, encontrados en una memoria portátil en el domicilio del contable José Luis Izquierdo, indican incluso una partida de dinero de 28.880 euros con un epígrafe explicativo: «Organización boda. Viaje de novios Polinesia». Según el documento, el dinero fue supuestamente destinado a abonar servicios para Benjamín Martín Vasco, miembro del Partido Popular de Madrid y ex presidente de la Comisión de Investigación sobre los espías que organizó supuestamente el Parlamento autonómico en marzo de 2009, cuando el diario El País aseguró que varios políticos de la capital habían sido sometidos a seguimientos diarios por una brigada de vigilancia sufragada con fondos públicos.

Esta política se tradujo en grandes beneficios para los hombres de Correa. Sólo en la Comunidad Valenciana su principal empresa pasó de facturar 88.000 euros en 2003 a ganar más de 3 millones de euros en 2007, según los datos que la Agencia Tributaria suministró a la Audiencia Nacional. Esa inyección de dinero procedía en su mayoría de dos únicos clientes, gestionados por políticos del PP, pero alimentados con los bolsillos de los contribuyentes: la Agencia Valenciana de Turismo y la propia Generalitat.

El reparto de pequeños detalles, regalos o simplemente sobornos a los políticos locales es una práctica acreditada en la mayoría de los escándalos políticos que han azotado España.

En la Operación Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad costera tuvo que abrir una nueva causa para investigar las actividades de la constructora Aifos, acusada de comprar voluntades con dádivas a políticos, empresarios e incluso jueces de la Costa del Sol. Cada Navidad, los miembros locales de la Casta recibían, según la documentación judicial, jamones, lotes de embutido ibérico, cotizadas botellas de champán francés, bolsas de viaje de Loewe valoradas en 600 euros e incluso estancias en el hotel Guadalpín de Marbella, propiedad de la promotora, donde políticos, jueces y notarios podían disfrutar de baños relajantes y tratamientos de belleza. El caso está todavía a la espera de juicio.

Tú con los trajes y yo con las anchoas

La investigación sobre las supuestas dádivas que la red de Francisco Correa entregó durante años a varios altos responsables del Partido Popular sirvió para sentar a quince cargos electos en el banquillo, entre concejales, alcaldes, diputados de distintas cámaras y senadores, pero también para destapar en los medios de comunicación algo que la Casta calla en bloque a pesar de sus guerras internas: la incesante lluvia de regalos con la que los políticos españoles son agasajados por manos privadas.

El 6 de junio de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Valencia consideró que había indicios de delito suficientes para que el presidente de la Generalitat Valenciana, francisco Camps, fuera procesado. El paso era necesario para que el presidente pasara por el banquillo, ya que al ser diputado autonómico está blindado ante los tribunales ordinarios y cualquier instrucción judicial sobre su persona tiene que estar autorizada por el alto tribunal.

Los miembros de su partido no tardaron ni un día en cerrar filas sobre el hecho de que Camps fuera acusado de recibir regalos prohibitivos para la mayoría de los bolsillos. La táctica de sus acólitos consistió de nuevo en echar balones fuera. La alcaldesa de Valencia, su compañera de partido Rita Barberá, trató de trivializar el hecho de que un alto cargo de la administración recibiera regalos. Aquello era sencillamente una práctica normal, por lo que la primera edil valenciana requirió al Gobierno para que modificara el Código Penal y despenalizara el hecho de que los cargos públicos recibieran regalos de cualquier mano.

«Todo el mundo conoce que el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla, cada vez que va a La Moncloa, le obsequia a Zapatero por agasajo o por complacencia algunas cajas de anchoas. Y vive Dios que las anchoas son unos productos caros. Buenísimos y caros. ¿Cuánto es una dádiva? Yo pido en este momento por vía de oficio, por vía de citación, que el abogado que considere, que presente la denuncia, porque me da la impresión de que siendo un paralelismo con la situación del presidente Camps, Zapatero también está en curso en este artículo», explicó la alcaldesa en referencia a la legislación que regula el delito de cohecho. Rita Barberá prosiguió: «Y algunos más. Yo también probablemente por las flores. No digo yo que no. Pero desde luego el presidente Rodríguez Zapatero está por las anchoas».

Los distintos clanes de la Casta volvieron de nuevo a la pelea de patio de colegio con la cantinela del «y tú más» como ruido de fondo y con mucho que callar por todos los bandos. En sus declaraciones, la alcaldesa de Valencia hizo referencia a la conocida costumbre del presidente cántabro de llevar varias cajas de anchoas en sus visitas protocolarias para regalarlas a todas las personalidades con las que se entrevista. Es una medida de promoción de este producto regional. Dos días después fue la misma alcaldesa de Valencia quien vio su nombre relacionado con los regalos de Francisco Correa. Los periódicos sirvieron nueva munición al desvelar que la contabilidad B del empresario detenido registraba el supuesto regalo de un bolso de Loewe a la alcaldesa de Valencia. Rita Barberá aseguró a voz en grito que aquello era falso y que nunca recibió bolso alguno.

En el trasfondo de la reyerta subyace de nuevo la ambigüedad de la legislación española sobre los regalos a funcionarios y altos cargos. Una flexibilidad mantenida por la clase política a lo largo de los años con el único objetivo lógico de que revierta en su propio beneficio, pero que se solventaría con una reforma del artículo 426 del Código Penal. Este punto de la legislación española, aprobado en 1995, explica que los funcionarios públicos que reciban dádivas por motivo de su cargo, pese a que los obsequios sirvan para incentivar prácticas legales, serán penados con una multa de tres a seis meses. Es decir, que un político no puede recibir regalos de la mano de un empresario que trabaje con su administración aunque la contratación sea completamente legal.

El problema estriba en que la norma no es clara en el límite entre un regalo protocolario y un soborno, ni en la cuantía de las multas que deben afrontar los miembros de la Casta que aceptan de buena gana los obsequios.

Sobre el papel, los políticos españoles no pueden aceptar regalos de notable cuantía, pero en realidad nadie controla el montante de los obsequios destinados a la Casta. No hay ni un solo organismo que les fiscalice en este aspecto. No hay un límite claro que permita a los jueces actuar contra ellos. Y, por supuesto, no hay intención de modificar la normativa.

«Lo que pasa es que hay que reformar la ley entera». La cafetería de un hotel está muy concurrida a primera hora de la mañana. Tanto que un creciente murmullo ahoga la conversación y nadie se percata de la escena. Entre trajes y maletas, entre idas y venidas anónimas, un agente se sincera: «Con esta ley comete delito quien tiene capacidad directa para influir en una decisión. Pero ¿tú me quieres decir a mí que el presidente del Gobierno, por ejemplo, no tiene poder para influir en cualquier decisión de este país? Y lo mismo pasa en su territorio con un presidente de una comunidad autónoma. Una cosa es la capacidad que tengan de influir sobre el papel, ya que las cosas tienen que pasar por los técnicos y pasar un proceso legal, y otra cosa distinta es el poder que tienen los políticos sobre lo que se decide, la capacidad real, que es mucho mayor».

Entre la Casta impera la sensación de que no es necesaria una reglamentación más dura sobre los regalos que reciben, y que la mejor forma de prevenir el cohecho es sencillamente utilizar el sentido común. En un plano teórico eso puede parecer lo más acertado. Sin embargo, el mismo argumento sería entonces extensible a los diecinueve millones de personas que tienen que presentar cada año ante Hacienda su declaración de la renta. ¿Para qué mantener un cuerpo de inspectores si sería más sencillo, más limpio y más puro que cada contribuyente aplicara el sentido común a la hora de aportar sus impuestos?

La experiencia confirma que la filantropía no funciona y que las aberraciones son continuadas, siempre por el lado del exceso. Tanto en las declaraciones de Hacienda —el fraude alcanza los

59.000 millones de euros en España según el Instituto de Estudios Fiscales—, como en los regalos a políticos. Es común que sus señorías reciban una botella de vino u otros detalles de similar cuantía en Navidad. Incluso está bien visto aceptarlas como medida de gentileza hacia la persona, institución o empresa que realiza el obsequio. Pero el precio de una botella de vino puede alcanzar algunos miles de euros. La línea entre un obsequio bienintencionado y un cohecho está clara cuando se trata de artículos como un coche deportivo o una casa en Miami, pero existen muchos productos con alto valor unitario que pasan muy desapercibidos. Una pequeña pluma sin pretensiones aparentes puede costar unos 6.000 euros si el comprador se decanta por la gama alta de firmas como Waterman o Montblanc, y nadie sabrá nunca cómo terminó en el bolsillo de algún diputado.

Según un informe de la Agencia Tributaria, las empresas Easy Concept, Good and Better, Servimadrid Integral y Orange Market, vinculadas al empresario Francisco Correa, gastaron en dos años 200.000 euros en ropa hecha a medida. Parte de las prendas fue a parar supuestamente, y sin que nadie se percatara, a los hombros de alcaldes y concejales de ayuntamientos donde las sociedades habían conseguido hacer negocio.

Mientras el presidente de la Generalitat Valenciana comparecía frente al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, rita Barberá reiteró durante días su comparación entre los trajes de Camps y las anchoas de Revilla. Tanto que el presidente de Cantabria tuvo que salir al ruedo. Y lo hizo para recordar que incluso Francisco Camps recibía por Navidad una caja de tan cotizado producto, enviada desde su gabinete. Eso no fue lo único que recibió Camps las Navidades de 2008. Momentos antes de la cena de Nochebuena, el presidente autonómico recibió una llamada en su teléfono personal. Era 24 de diciembre y al otro lado sonaba la voz de Álvaro Pérez, El Bigotes. El hombre de Correa le felicitaba las fiestas mientras agentes de la Policía Nacional escuchaban atentos, según reprodujo el diario El País el 22 de abril de 2009:

—Presidente —saludó el empresario.

—Feliz Navidad, amiguito del alma —contestó Camps.

—Oye… Te sigo queriendo mucho.

—Y yo también… Tenía que haberte llamado. Te quería haber llamado para contarte todo, cómo fue, para decirte que tienes un amigo maravilloso, Romero, que es un tipo excepcional, ¿eh?

—Vale, me alegro, pero me han ido informando puntualmente de todo.

—Ya, ya lo sé. Pero sobre todo para decirte que te quiero un huevo —continuó Camps.

—Bueno. Que contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale?

—Perdona, ¿durante muchos años? No, hijo de puta, durante toda tu vida.

—Por eso, tío, que espero que sean muchos.

—Ya, bueno. Pero no tienes que decir durante muchos años, porque eso tiene un límite, una caducidad… Durante toda tu vida…

—No, llevas razón, siempre me tienes que… ¿Ves? Es la ventaja de estar siempre delante de un micro.

—Exacto —contesta Camps mientras el empresario le sigue adulando.

—Tu caudal de palabra, tu facilidad de palabra… Te quiero mucho a ti y a tu familia, ¿vale?

Tras el día de Reyes, hubo otra llamada según el diario. Los regalos ya estaban en casa. Eran las 22.38 del día 7 de enero:

—¿Has leído mi tarjetón? —pregunta El Bigotes al tiempo que se corta la comunicación.

—Muchísimas gracias. ¿Eh? —contesta Francisco Camps.

—Bueno. Escucha, tú… ¿Has leído mi tarjetón?

—Sí, sí, sí.

—Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo.

—No, no, nada —rechaza Camps.

—Sí, sí, sí.

—Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro, que es muy bonito —agradece el presidente.

—Cuando tú quieras, y te dejen y puedas…

—Un abrazo muy fuerte, te paso con Isa. —En ese momento el presidente de la Generalitat pone al teléfono a una mujer que los policías identifican de forma indiciaria como la esposa de Camps, Isabel Bas.

—Álvaro.

—Hola —contesta El Bigotes.

—Con el mío te has pasado veinte pueblos.

—¿Qué dices?

—Que sí.

—Si es un… Si es un detallito. Hazme caso.

—Un detallito, ja, ja ja.

—Qué dices…

—Bueno, no. Eso lo tenemos que hablar —mantiene la mujer de Camps.

—Bueno, vale, va. Lo hablamos cuando tú quieras.

—Detenidamente… No, en serio.

—Vale, vale. Escucha: ¿le ha gustado a Isabel el suyo?

—Bueno, de eso también tenemos que hablar. Es que le está pequeño.

—¿Le está pequeño?

—Es que es tamaño de niña pequeña, y mi…

—Yo es que pensaba que sería una muñequita como la tuya —prosigue el empresario, en lo que parece ser una referencia a la talla de una pulsera.

—Mi niña, no…

—Ah, claro. Yo es que he pensado en la muñeca de una chica muy joven, como tú.

—Claro, claro, ja, ja, ja. Yo no me la he probado —contesta la mujer de Camps mientras el empresario vuelve a la carga.

—No te preocupes, que eso lo arreglamos. Pero ¿le ha gustado la medallita?

—Sí, le ha gustado, le ha encantado.

—Vale, me alegro. Vale, vale. Pues entonces no te preocupes, que yo mañana…

—Y ahora hablamos, porque es que es muy fuerte. No en serio…

—¿Quién está fuerte?

—No en serio, no me lo voy a quedar.

Según reza la grabación, el regalo con el que el empresario agasaja a la esposa de Camps era tan opulento que Isabel Bas —que regenta una farmacia en el centro de Valencia— se ve en la necesidad de devolverlo. El presidente de la Generalitat aseguró ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que los hombres de Correa enviaron una pulsera y un reloj para su mujer y otra joya para su hija, pero que todos los obsequios fueron devueltos a Álvaro Pérez tras las Navidades.

El 7 de julio de 2009 el vicepresidente de la Generalitat, vicente Rambla, defendió la inocencia de su compañero de partido y máximo responsable de la institución. Y aseguró ante los periodistas que, si la justicia tuviera que penar los regalos a políticos, los juzgados estarían literalmente llenos de cargos electos. Las manifestaciones de Rambla seguían la línea marcada dos días después por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien recordó en los micrófonos de Radio Nacional que «muchos políticos reciben regalos».

La necesidad de proteger a un igual rompió el velo de silencio que impone la clase política cuando se habla de sobresueldos en especie. El espíritu de supervivencia de las distintas facciones —unidas más por intereses comunes que por tendencia ideológica— está por encima de todo. En contadas ocasiones cunde el pánico entre los políticos y se produce una estampida mediática al grito de «sálvese quien pueda». Ésta fue una de esas veces.

La voluntad de defender o al menos minimizar el daño hecho a la imagen de Camps llevó a los responsables del PP a reconocer de forma velada lo que era un secreto a voces: el continuo goteo de jamones, botellas de vino, viajes, libros, pequeñas joyas, plumas, prendas de vestir o caprichos tecnológicos varios que recalaban sin control en sus bolsillos. Lo que era evidente se volvió palpable y no sólo pagado por el bolsillo de los grupos de presión y los empresarios supuestamente bienintencionados. Muchas otras veces el saldo de la factura es abonado por el contribuyente.

Cámaras, relojes Rolex y cestas de Navidad

Entraba despacio la noche cuando el suelo comenzó a temblar en la localidad italiana de L’Aquila. Era primavera. Exactamente el 6 de abril de 2009, y lo que comenzó como un zumbido terminó siendo el peor terremoto de Europa en los últimos mil años. El seísmo, que alcanzó los 6,7 grados de intensidad en la escala de Richter, dejó 294 víctimas mortales y a 50.000 personas con su vivienda en ruinas.

Tres meses después, la ciudad permanece casi desierta. Las casas siguen vacías, las calles repletas de cascotes, y sólo el ruido de algunos coches rompe la monotonía del silencio. Allí, con los restos de la tragedia como testigos mudos, se reunieron el 8 de julio los principales líderes mundiales. Cada año los gobernantes de los ocho países más importantes —Estados Unidos, Rusia, Alemania, Canadá, Francia, Japón, Reino Unido e Italia— se reúnen en alguna parte del mundo para debatir sobre los designios del planeta. Esta vez Italia era el país anfitrión, así que su primer ministro, Silvio Berlusconi, decidió celebrar el encuentro en la ciudad devastada por el terremoto.

Allí, entre las protestas y la indignación de cuarenta mil personas que todavía duermen en tiendas de campaña a la espera de la reconstrucción de sus casas, el mandatario regaló a los ocho jefes de Estado de los países más industrializados del mundo un libro sobre el escultor Antonio Canova, con la cubierta realizada en mármol de Carrara, de veinticinco kilos de peso. La tirada total —comprada al completo por Berlusconi para sus regalos protocolarios— fue de diez ejemplares. Diez libros únicos hechos a mano por la Fundación Marinela Ferrari, en la que trabajaron veintitrés artesanos canteros de la región italiana de Bolonia. Los medios italianos cifraron el precio de cada ejemplar en 100.000 euros. En total, el gobierno italiano gastó un millón de euros para quedar bien con el resto de los mandatarios mundiales mientras miles de personas aguardaban a escasos kilómetros con la frustrada esperanza de que del encuentro saliera un compromiso formal de reconstruir la zona. De hecho, la mayoría del dinero invertido en la ciudad se gastó en reparar la carretera que une el aeropuerto con la zona del congreso y en habilitar medidas de seguridad para evitar el acceso de las personas que todavía residen en L’Aquila a la «zona roja», nombre en clave para designar el perímetro de máxima seguridad donde se reúnen los mandatarios mundiales en cada cumbre.

El regalo de Berlusconi es un ejemplo extremo de los constantes desembolsos que las distintas administraciones, cámaras e instituciones públicas realizan para comprar regalos protocolarios y complacer a otros políticos. Los miembros de la Casta se alimentan entre ellos.

Las delegaciones extranjeras son agasajadas continuamente con presentes en sus visitas internacionales. Hasta el punto de que algunos países se han convertido en auténticas bicocas, destinos preferentes para el turismo de interés.

La tradicional hospitalidad con los visitantes se ha unido en la península arábiga al dinero de los petrodólares, lo que hace algunos viajes diplomáticos más que rentables. Como ejemplo, la jefa de la diplomacia estadounidense durante la presidencia de George W. Bush, Condoleezza Rice, recibió el pasado año joyas valoradas en más de 360.000 euros tras sus visitas protocolarias a la zona.

La secretaria de Estado tomó de manos de los monarcas de Jordania y Arabia Saudí dos anillos con gemas incrustadas. Además, el rey jordano Abdalá II entregó en otra ocasión a la delegada norteamericana un conjunto formado por un collar de esmeraldas y diamantes, acompañado de un anillo, un brazalete y unos pendientes que costaban 147.000 euros, según un listado elaborado anualmente por el Departamento de Estado. El rey de Arabia Saudí no se quedó atrás y obsequió a Rice con un collar de rubíes y diamantes, unos pendientes y un brazalete a juego. Todo el conjunto costaba 165.000 dólares.

La administración de Estados Unidos lleva un riguroso registro de todos los obsequios protocolarios que reciben sus mandatarios, ya que todos, sin excepción, pasan directamente a titularidad pública. Allí no hay dilemas: si un político recibe un regalo y no lo entrega al Estado, está cometiendo un delito. En España no hay legislación alguna que regule los regalos protocolarios. Los embajadores, diputados, senadores o miembros del Gobierno pueden recibir cualquier cosa de manos de sus anfitriones —en casa o en el extranjero— y quedársela si les place. Sin más explicaciones. Desde la Presidencia del Gobierno explican que, como tradición no escrita, los inquilinos del palacio de La Moncloa suelen donar sus regalos protocolarios al Patrimonio del Estado cuando termina su mandato.

Una vez más es imposible conocer en España el dinero que se gasta en este tipo de obsequios, ya que cada ayuntamiento, diputación y organismo gestiona sus partidas por separado. Sin embargo, una simple cuenta sirve para tomar conciencia. Sólo en Navidad, once mil senadores, diputados provinciales y autonómicos, alcaldes y miembros de la cámara baja reciben un obsequio procedente de la institución en la que ocupan su cargo. Los regalos suelen incluir desde las cestas de Navidad con jamones o embutido hasta los productos de alta tecnología. Con unos 200 euros de media, el coste total de estos regalos asciende cada año a 2,2 millones de euros. La cifra dobla, por ejemplo, el presupuesto de un año para la inversión en carreteras de la provincia de Ávila. Y eso siendo muy benévolos en los cálculos. Otro ejemplo: Presidencia del Gobierno ha reservado en 2009 más de 500.000 euros sólo para atenciones protocolarias.

En 2006 la cámara autonómica de la Comunidad Valenciana, que recibe el nombre de Les Corts, regaló a cada uno de sus noventa y nueve diputados una agenda electrónica cuyo precio ronda en el mercado los 250 euros. En los dos años anteriores, sus señorías recibieron como obsequio navideño una videocámara y una televisión de plasma de diecisiete pulgadas, dos chucherías tecnológicas que nada tienen que ver con su labor parlamentaria. En 2003 los miembros de Les Corts se hicieron además un regalo al comienzo de la legislatura tras las elecciones autonómicas. Cada diputado se llevó un bolígrafo de la marca Montblanc valorado en 240 euros, con sus iniciales grabadas.

El año que Les Corts regaló a sus miembros de la Casta la televisión de plasma (2005), el presidente de la cámara, el popular Julio de España, tuvo la gentileza de enviar el obsequio al domicilio de cada cargo electo. Así evitó a los políticos valencianos el incordio —y la polémica imagen— de aparecer en público con el abultado embalaje debajo del brazo, ya que los regalos se suelen entregar en una cena protocolaria. Tras días de reproches, sólo los diputados Javier Tomás Puchol, del Grupo Mixto, y Carles Arnal, de L’Entesa, devolvieron el tecnológico regalo al entender que estaba fuera de lugar. Sólo dos de casi cien parlamentarios lo hicieron.

En la Diputación Foral de Vizcaya la tradición dicta que, además de los obsequios navideños u otros galardones, los diputados tienen derecho a recibir un reloj Rolex de alto valor cuando abandonan su escaño. De hecho, la ceremonia se ha dado con cada cese y en cada legislatura desde el nacimiento de la cámara en 1979. Desde entonces el hemiciclo se ha renovado en cinco ocasiones. Y cinco veces han sido agasajados los miembros salientes con el preciado obsequio. En 2007 los tres junteros que abandonaron su escaño, Eusebio Melero, Julio Artetxe y Ricardo Barainka, recibieron, como manda la tradición, un reloj valorado en 2.500 euros. Tras la polémica suscitada, la costumbre se rompió en las elecciones de 2008, donde el presupuesto de las Juntas Generales no contemplaba ya esa partida.

En enero de 2003 el exceso en lo relativo a los regalos navideños llegó también al Parlamento de Cantabria, y los treinta y nueve diputados de la cámara autonómica tuvieron que devolver, ante las críticas del electorado, las cámaras de fotos digitales que la institución les regaló en vísperas de Navidad. En años anteriores los diputados recibieron también con dinero público agendas electrónicas, estilográficas, relojes y hasta ordenadores personales. Una lluvia de protestas caló hasta los huesos al presidente de la Asamblea, el regionalista Rafael de la Sierra, que llamó de inmediato a los portavoces de los grupos presentes en el hemiciclo. Todos habían aprobado por unanimidad el regalo, que costaba 198 euros, pero había que enmendar el error. Sobre la mesa quedaron dos opciones: los diputados podían devolver el regalo o asumir de su bolsillo el coste de la cámara. Ni uno solo de los treinta y nueve cargos electos soltó un solo céntimo de su bolsillo para quedarse con aquello. Todos, sin excepción, prefirieron devolver el regalo al proveedor, pese a haberlo utilizado, antes de abonarlo de sus propios ingresos.

Regalos en especie: financiación ilegal de partidos

Una cuesta pronunciada lleva a la sede de la Comisaría Central de la Policía Judicial, situada en el barrio madrileño de Canillas. A la derecha, una fila vacía de aparcamientos hace que la calle parezca extrañamente ancha. Allí no se puede aparcar. Son cuestiones de seguridad. A la izquierda, un muro de hormigón se prolonga varios cientos de metros y rodea el perímetro, escrutado por sensores y cámaras de seguridad. Ni un solo cartel ensucia la fachada, sobre la cual se adivinan los edificios que componen el complejo.

El 16 de noviembre de 2006 encararon esa cuesta los concejales del PSOE de Estepona Cristina Rodríguez Alarcón y David Valadez López. Los socialistas hicieron el camino a media mañana, y subieron cargados de documentos. Una carpeta amarilla era su mayor tesoro. Eran exactamente las 12.31 cuando comenzaron a prestar declaración. Las primeras líneas de su denuncia ya son demoledoras:

Yendo de lo genérico a lo concreto, debemos comenzar asegurando que en el Ayuntamiento de Estepona existen tres cajas de contabilidad: A, B y C.

Los concejales relataron a la Policía en diecinueve folios cómo funcionaba el Ayuntamiento de Estepona gracias a las aportaciones irregulares de las constructoras, cómo sus cargos electos recibían dádivas constantes para disfrute personal y cómo se financiaba con ellas también a las fuerzas vivas del pueblo, aquellas que garantizan votos: asociaciones vecinales y religiosas, equipos de fútbol, etc. El problema era tan acusado que el dinero B se les quedó corto. Tuvieron que tirar de otra letra del abecedario; dinero C. Allí había algo más negro que el dinero negro.

La contabilidad A registraba las cuentas oficiales del ayuntamiento. La caja B recibía cheques o dinero en efectivo de las constructoras y se utilizaba para pagar gastos irregulares e, incluso, para la financiación irregular de partidos, según recogen los informes policiales:

Generalmente de todo el dinero que entra de esta forma, la mitad va destinada al Partido de Estepona [PES] y la otra mitad al Partido Socialista.

La caja C, la última y más privada de todas, controlaba según la declaración el dinero que se repartían los políticos implicados.

En 2007, Antonio Barrientos, alcalde de Estepona, entregó 2.000 euros a la Hermandad de San Isidro de Cancelada, 3.000 euros a la Asociación de Cazadores El Zorzal, 3.000 euros a la Asociación de Fibromialgia y 6.000 euros a la Hermandad de San Isidro de Estepona. Los informes policiales constatan que todo esto fue pagado directamente con dinero de las constructoras, porque nada salía del presupuesto municipal.

El flujo de dinero extra era tan evidente que había que enmascararlo. Así que el PSOE local pidió a los quince primeros miembros de su candidatura que suscribieran un préstamo personal de 6.000 euros en Solbank para tratar de justificar la capacidad económica del partido; vallas publicitarias, coches, motos, quads, cuñas en radio, anuncios de prensa, almuerzos, meriendas… Todo era poco para buscar el voto. Pero ¿de dónde salía el dinero? Según la tesis policial, todo procedía de empresas privadas con intereses en la zona.

El 17 de abril de 2007, el Servicio de Intervención Telefónica del Ministerio del Interior registró la siguiente llamada entre el socialista José Flores Simón, jefe del gabinete del alcalde, y un trabajador municipal llamado Antonio Moro. Hablan de la inminente campaña electoral:

A—: ¿Has oído las declaraciones del PP?

J—: No.

A—: Que ellos van a auditar todas sus cuentas de la campaña, que están muy mosqueados sobre todo por el PES y el PSOE.

J—: ¿Ha dicho el PP de aquí? Sobre todo el PES y el PSOE.

A—: Y Antonio ha contestado, que le ha hecho la tele… Ha dicho «bueno, ellos también tendrían que dar explicaciones, que tienen más sedes en Marbella que en todo Madrid, así que no voy a entrar en ese tipo de valoraciones». Vamos, que lo ha despachado bien.

J—: Que nos vengan hablando desde Marbella… Es que tiene cojones.

A—: De todas maneras José, el tema del préstamo para cubrirte las espaldas.

J—: Ya, ya ya.

A—: Que no sean éstos tan hijos de puta que metan en la Fiscalía alguna historia y nos enteremos con sorpresas a última hora. Luego te comento cositas del PES que me han contado, pero por teléfono no.

Los políticos locales tienen miedo de que la Justicia audite sus cuentas. Normal. Incluso hablan con cautela por si el teléfono está pinchado. El 22 de mayo de 2007, cinco días antes de las elecciones municipales, vuelve a aparecer el asunto del préstamo. Hace falta algo para enmascarar las cuentas del PSOE:

J—: ¿Están dando caña en la prensa con el tema de la financiación?

A—: Es fundamental que se firme el préstamo. Paco [en posible referencia a un concejal del PSOE llamado Francisco Zamorano] me ha dicho que es muy fácil salir, ya que el partido, al ser nacional, sólo hay que dar cuentas a nivel regional. El PSOE en Sevilla es el que da cuentas de la financiación. Paco dice que así es como se ha salido siempre del tema.

A—: Pues Paulino Plata [candidato del PSOE en Marbella y ex consejero de la Junta de Andalucía] se metió ayer contra el PP, que se ha gastado tres millones de euros en Marbella. Eduardo Alarcón va a sacar las cuentas públicamente y se las va a mandar a la Fiscalía. Para cubrirte le diré a la gente que el jueves tiene que estar todo firmado, que con eso es con lo que se paga todo, y a tomar viento. […] Como se está hablando tanto del tema, a ver si la Fiscalía va a decir «vamos a coger un chivo expiatorio» y nos toca a nosotros.

J—: Tienen que pillar a mucha gente antes que a nosotros.

A—: Yo lo digo por ti. Digo que tienes 60.000 euros ahí metidos y que has hecho la campaña con sólo 60.000.

J—: Y también con el dinero que había en el grupo.

A—: Con eso y la gente que ha hecho aportaciones, por ejemplo militantes a través de la web.

J—: La historia está también en Granada y en otros sitios.

A—: Está en todos sitios, pero que no nos toque a nosotros.

J—: El crédito hay que firmarlo.

A—: Con eso ya se cubre todo y después paz y gloria. Lo que menos hubo tras aquella conversación fue paz y gloria.

Así describen los agentes los métodos de financiación irregular para las delegaciones municipales:

En el Ayuntamiento de Estepona, la mayoría del dinero que se entrega a colectivos como Cruz Roja, alcohólicos Rehabilitados, entidades deportivas, eventos culturales, gastos ordinarios, etc., se realiza con cheques al portador, en la mayoría de los casos emitidos por las empresas constructoras con las que el Ayuntamiento firma convenios, y otras veces el dinero se entrega en metálico […], es decir, un dinero que no controla nadie. De esta forma es fundado plantearse la cuestión de si los empresarios de Estepona son como hermanitas de la caridad o más bien están entregando el dinero a cambio de algo.

La reflexión policial es tan desalentadora como acertada. Y se puede aplicar a la mayoría de los casos en los que las empresas colaboran con los partidos políticos. ¿Empresarios como hermanitas de la caridad? Suena tan bonito como absurdo.

El 25 de septiembre de 2003, el Grupo Prasa, una de las constructoras más importantes de Córdoba, remitió una carta al Ayuntamiento de Estepona. En ella, la empresa privada solicita «que la transferencia por importe de 300.000 euros realizada en favor de este ayuntamiento se destine como donación a financiar única y exclusivamente el capítulo 1 de Personal». ¿Una constructora pagando de su bolsillo las nóminas municipales? Por supuesto, Prasa tiene muchos intereses en la zona. Tiempo después, el presidente de la constructora, José Romero, terminó imputado por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la administración pública, bajo fianza de 300.000 euros. Todavía está a la espera de juicio.

El reguero de millones aportado bajo mano a los partidos políticos de la Costa del Sol llegó también a las arcas del Partido de Estepona (PES). Formado por ex miembros del GIL, el grupo local gobernaba Estepona en coalición con el PSOE. Con mil afiliados, la agrupación pagó de su bolsillo en sólo unos meses subvenciones de 30.000 euros a clubes de fútbol y baloncesto, comidas, viajes al circuito de Jerez, instalación de una sede con todo tipo de lujos o viajes al Santiago Bernabéu para ver con militantes los partidos del Real Madrid. Y se supone que todo eso se hacía con los 1.800 euros que el PES recibía del ayuntamiento. Los responsables del partido mantienen que ellos se limitaban a funcionar como enlace entre las empresas donantes y las asociaciones que necesitaban financiación. Los agentes hacen una reflexión en sus informes:

En este sentido habría que preguntarse si no tienen nada que ver la presión que este partido hace sobre los promotores para poder construir en la localidad y a cambio los promotores hacen este desembolso económico.

Además, el PES se dedicó a colocar a muchos de sus militantes a dedo en el ayuntamiento, que contrató a trescientas personas en sólo tres años. Los agentes son explícitos en sus escritos:

En el Ayuntamiento de Estepona hay dinero para lo que se quiera, cuando se quiera y como se quiera. Y además todos lo cogen y nadie pide explicaciones. No hay nada de intervención, fiscalización ni sometimiento de normas. El dinero se paga en maletines o en metálico y en estas ocasiones se destina a financiar actividades municipales, pero no se sabe lo que se pierde en el camino y puede ir al bolsillo de los particulares.

La declaración de los dos ediles socialistas contra su propio partido fue la primera piedra de las Diligencias Previas 1030/2007. Para el trabajo policial, el caso se bautizó como Operación Astapa, y estalló año y medio después con 25 detenidos y 63 imputados. La investigación sigue abierta.

Grandes regalos de la banca

En 2008 la crisis económica azotó de lleno los bolsillos más débiles y casi 60.000 familias españolas perdieron su casa, según la memoria del Consejo General del Poder Judicial, que aglutina todas las ejecuciones de embargo dictadas por los magistrados en el último año. A la luz de estos datos,180.000 personas se quedaron en doce meses sin vivienda por falta de liquidez. Sus casas fueron embargadas y pasaron a manos de los bancos. No hubo excusas. No hubo renegociación. No hubo otra salida que acudir al juzgado y que las casas cambiaran de dueño.

Pero la historia no siempre se repite. Al menos no con los partidos políticos, que encuentran en los créditos concedidos por las entidades bancarias una importante fuente de financiación. Los partidos gozan de numerosos tratos de favor, hasta el punto de ver deudas millonarias perdonadas. Valga como ejemplo la celebración de las últimas elecciones generales. Según el informe del Tribunal de Cuentas, que se encarga de auditar los gastos de los partidos políticos españoles en cada proceso electoral, los miembros de la Casta invirtieron en total 66,6 millones de euros en la celebración de las elecciones generales del 8 de marzo de 2008, una cantidad similar al presupuesto anual de los 623 ciclos formativos que componen la enseñanza de Formación Profesional. De ese dinero, 44 millones de euros fueron prestados por bancos españoles para financiar campañas publicitarias megalómanas, mientras los partidos aportaron únicamente 6 millones de euros, entre todos, de sus propias arcas. El resto se completó con subvenciones de las distintas administraciones públicas, que sirvieron para llenar España con pancartas, contratar anuncios en prensa, sufragar los envíos de propaganda y organizar mítines en toda la geografía nacional.

El Tribunal de Cuentas se encarga además de controlar las cantidades que cada partido político recibe en subvenciones públicas, pero lo hace con un retraso de tres años. Una parsimonia preocupante si tenemos en cuenta que los delitos fiscales prescriben pasados cinco ejercicios. Según los últimos datos, la deuda de las agrupaciones presentes en el Congreso de los Diputados con los bancos asciende en total a 144, 8 millones de euros.

Un 45 por ciento de esa deuda corresponde al PSOE, que debe 62,3 millones de euros a la banca y que es con mucha diferencia el partido más endeudado del país. Esa cifra incluye también las deudas contraídas por el Partido Socialista de Cataluña, que ha de pagar 10 millones de euros a los bancos y que vio en 2004 cómo la Caixa le perdonaba literalmente 7,15 millones de euros en intereses. Hace ahora cinco años, la principal caja de ahorros del país condonó al PSC todos los intereses acumulados por sus deudas con la entidad crediticia desde 1989. El acuerdo entre la caja de ahorros y los responsables socialistas quedó firmado el 29 de diciembre de 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero llevaba ocho meses en La Moncloa como jefe del Estado y el líder de los socialistas catalanes, José Montilla, ocupaba la cartera de Industria, Comercio y Turismo.

La operación fue detectada por el Tribunal de Cuentas en su auditoría de 2004. Los funcionarios del organismo consideraron la condonación de la deuda como una donación directa de la Caixa al partido por valor de 7 millones de euros, algo que excede por completo los límites legales. Según los términos del acuerdo, el PSC sólo tendría que abonar los 7,8 millones de euros que eran la base del crédito concedido hace años. Y tendría facilidades para devolverlo, a un tipo fijo del 3 por ciento durante quince años.

Los socialistas de Cataluña recurrieron la decisión de los auditores del Tribunal de Cuentas y aseguraron que la entidad bancaria había decidido libremente perdonar la deuda al PSC tras una negociación. Un argumento legal pero parvulario. Según la versión de los socialistas, la principal caja de ahorros del país decidió, libremente y en contra de cualquier lógica mercantil, renunciar sin más a cobrar los 7 millones de euros que se le adeudaban. Entonces ¿qué ofreció el PSC a cambio en aquella supuesta negociación? Sobre el papel, absolutamente nada.

El mecanismo se repitió el mismo año pero con distintos protagonistas. Esquerra Republicana de Catalunya vio también cómo la Caixa le condonaba una deuda de 2,7 millones de euros por un acuerdo firmado el 14 de diciembre de 2004. En aquellas fechas el partido de Josep Lluís Carod Rovira formaba parte desde hacía un año del tripartito que gobernaba la Generalitat junto con los socialistas del PSC e Iniciativa per Catalunya. Se trataba de otra operación comercial sin sentido aparente, que se saldó con una cifra millonaria perdonada a la Casta. Pese a carecer de argumentos comerciales y con el único pretexto de recuperar de alguna manera parte del dinero prestado a ambas formaciones, la renuncia de la Caixa a cobrar sus adeudos fue ratificada públicamente por el Consejo de Administración de la entidad un año después.

La condonación de deudas astronómicas a los miembros del gobierno catalán se convirtió pronto en arma arrojadiza entre los principales partidos nacionales. Tanto que el PSC contraatacó con la misma medicina. Con los regalos de la banca sobre la mesa, todos tenían algo que callar. Los miembros del PSC se estudiaron al dedillo los informes del Tribunal de Cuentas y la táctica del «y tú más» funcionó de nuevo.

Los socialistas encontraron 3 millones de euros perdonados al PP entre 1989 y 2001 por varias entidades bancarias. La primera condonación, por valor de 291.000 euros, corresponde a la Caja de Ahorros de Plasencia, según los datos del Tribunal de Cuentas para 1989. Varias operaciones similares se sucedieron en 1993 y 1994, años en los que se desconocen los bancos participantes. En 1996, con el gobierno de José María Aznar en el poder, los populares fueron eximidos de pagar 1,7 millones de euros gracias al acuerdo con «una caja de ahorros con sede en Galicia», según recogen los informes de los auditores públicos. El último estudio del Tribunal de Cuentas localiza además irregularidades en los créditos saldados por el Partido Aragonés, el Partido Nacionalista Vasco y PSM Entesa Nacionalista de Mallorca, «sin que los partidos políticos hayan aportado documentación acreditativa de la cancelación de las deudas».

Capítulo V A TODO LUJO CON DINERO PÚBLICO

A TODO LUJO CON DINERO PÚBLICO

Desde llamadas a líneas calientes hasta comilonas con gambas de Sanlúcar

«La corrupción sin dinero es sexo». La frase sonó extraña en aquel pabellón deportivo. Allí, lejos de miradas indiscretas, una concejala alicantina teorizaba sobre los motivos de la corrupción instalada en su ayuntamiento, inmerso en varios procesos judiciales. Sobre la mesa había una factura de 1.300 euros que se gastaron los concejales levantinos en copas en una sola noche. Un total de 1.300 euros en whisky, ron y refrescos de cola en un solo día de verbena. Y con dinero público. A aproximadamente 5 euros por copa, los políticos locales disfrutaron de 260 consumiciones ese día. Sin duda tienen buen saque. Además, la juerga se repitió en otras ocasiones y con parecido resultado. Al final el ayuntamiento tuvo que solicitar un crédito de 4 millones de euros para sufragar 1.500 facturas pendientes de cobro desde 2008.

En España cada ayuntamiento, diputación, parlamento u organismo público es dueño de administrar el dinero que recibe de la caja común. Así que los políticos de todos los niveles disfrutan de cierta libertad para disponer de fondos públicos.

La administración impone una serie de controles para auditar los excesos de concejales y parlamentarios, pero en ocasiones son insuficientes. Un ejemplo sencillo: el uso del teléfono móvil.

En mayo de 2009 la Fiscalía de Sevilla solicitó siete años de cárcel para el alcalde de Puebla del Río, el socialista Julio Álvarez González. El edil gastó entre septiembre de 1999 y febrero de 2001 la cantidad de 6.090 euros en su teléfono móvil municipal. Según los datos oficiales, la mayoría de las llamadas fueron realizadas a su novia, a la que llamó en veinticinco ocasiones sólo el 14 de febrero, día de San Valentín. Toda una demostración de afecto con dinero público. Ocho años después de aquello, Julio Álvarez sigue siendo el alcalde de Puebla del Río y la Justicia todavía no se ha pronunciado sobre si debe o no ser inhabilitado.

En julio de 2006 la revista Interviú denunció que la concejala de El Ejido, María del Carmen Fernández, del Partido de Almería, gastó 6.000 euros de teléfono móvil público en llamadas a una pitonisa. En abril de 2008 el caso se repitió en Firgas (Gran Canaria), donde el móvil del entonces alcalde, Manuel Báez, sirvió para realizar medio centenar de llamadas a concursos de televisión. En este caso, el primer edil repuso con presteza el dinero cuando se detectaron los gastos, y aseguró que las llamadas eran posiblemente obra de alguno de sus hijos.

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, tenía en 2003 un total de 270 teléfonos móviles operativos para una localidad de 64.000 habitantes. Uno de ellos hizo durante un mes 20 llamadas a Cuba. Por supuesto, el municipio gaditano no tiene ningún expediente tramitado en la isla caribeña. A la factura municipal hay que sumar también, ese mismo mes, los gastos generados por las descargas de juegos como Sextron o Tentación, y diversas consultas al horóscopo o al tarot. Otro de los teléfonos registró tres llamadas a una línea de contenido erótico con tarificación extraordinaria. El contribuyente pagó hora y media de servicio sexual telefónico para un miembro de la corporación. Los datos salieron a la luz tras una auditoría externa contratada por la oposición, que derivó en una investigación abierta por la Fiscalía de Jerez. Llama la atención que tenga que ser una iniciativa privada —en este caso del PSOE— la que desvele 14 millones de euros en facturas sin reconocer, pese a que el ayuntamiento se encuentra auditado por funcionarios de la administración estatal. Entre los dispendios figuran comidas con casi dos kilos de langostinos de Sanlúcar acompañados de cinco copas de whisky, puros Montecristo y vino Moët & Chandon.

En la localidad madrileña de Pinto fueron responsables municipales del PSOE e Izquierda Unida quienes cargaron a las arcas municipales diversos gastos en colchones, hoteles, ropa, relojes e incluso televisores y bicicletas pagados con la Visa Oro municipal. Según los justificantes de pago presentados por el Partido Popular para que sean investigados por el Tribunal de Cuentas, la tarjeta de crédito del ayuntamiento registró entre 2005 y 2007 la compra de dos colchones por 730 euros, un televisor por 1.798 euros, dos bicicletas por valor de 385 euros, y hasta una entrada a la catedral de Toledo. ¿De verdad piensan los políticos de Pinto que sus ciudadanos les tienen que pagar la entrada a la catedral de Toledo? Parece que sí, porque también pagaron con la tarjeta municipal la entrada al Museo de Cera y al Thyssen de Madrid, según unas cuentas que fueron aprobadas por el pleno municipal. La falta de liquidez del ayuntamiento madrileño en aquellas fechas era tan palpable que apareció incluso en las páginas del Financial Times, el diario económico más vendido del mundo, tras la decisión municipal de suspender los encierros de las fiestas patronales debido a la falta de dinero. Quizá deberían haber vuelto a la catedral de Toledo a pedir un milagro.

Al margen de intervenciones divinas, la legislación española no acota de forma clara los gastos a los que tiene acceso la clase política. No hay límites sobre lo que puede gastar un político en una comida, ni sobre la cantidad de dinero de la que dispone en efectivo. No hay control previo sobre la contratación de tarjetas de crédito ni sobre el uso que se hace de ellas. No hay nadie que ponga freno de antemano a sus excesos. Todo queda bajo la tutela de la Casta.

El 9 de marzo de 2009 la concejala Blanca Rosa Alcántara dio una rueda de prensa. Avergonzada, la edil del Partido Popular de Getafe reconoció que su hija de catorce años se había gastado 35.000 euros en un año con la tarjeta de Internet móvil que el ayuntamiento había asignado a la madre. La niña utilizó esa tarjeta para descargar series desde su habitación, donde la conexión inalámbrica tenía poca cobertura. Descargó, por ejemplo, varios episodios de la serie Perdidos. En total generó un coste para las arcas municipales similar al de la compra de un coche de cierto nivel. En su comparecencia pública, el portavoz adjunto del PP de Getafe, José Luis Vicente, excusó ante la prensa a su compañera de partido y aseguró que esta situación «le puede ocurrir a cualquiera».

¿De verdad le puede pasar a cualquiera que su hijo gaste 35.000 euros en Internet durante un año sin que nadie se dé cuenta? Parece claro que no. Esto sólo le puede pasar a cualquiera que no lo pague de su bolsillo. En todo caso, el hecho pone de manifiesto la nula necesidad que tenía la concejala de disponer de un acceso móvil a Internet, ya que el aparato fue utilizado durante meses por su hija. También salta a la vista la falta de controles efectivos en un ayuntamiento capaz de gastar una cantidad de dinero semejante durante doce meses sin que nadie detecte absolutamente nada. Como contrapartida, la niña que gastó el dinero tiene un club de fans con novecientos cincuenta y seis integrantes en la red social de Facebook. Algo es algo.

Faltos de una legislación concreta que ponga coto a sus gastos, la clase política se rige por códigos de conducta. El principal, aprobado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, insta a sus cargos públicos a que no realicen gastos superfluos u ostentosos con dinero público. Pero ni sus propios hombres lo cumplen. El 15 de junio de 2007 el socialista valenciano Vicent Costa acababa de perder las elecciones municipales a favor del Partido Popular, pero seguía siendo alcalde en funciones de Pedreguer. Como tal, disponía de fondos municipales, así que ese día se marchó con otros cuatro compañeros de la corporación y se gastó 477 euros en gambas rojas de Denia, cigalas, langostas, navajas, jamón y caldereta. Una buena despedida.

En 2002 fue un concejal del Ayuntamiento de Benidorm quien decidió pagar de su bolsillo una comida tras ser descubierto. Antonio Botella, edil de Urbanismo, gastó 568 euros de las arcas municipales en una marisquería tras visitar la Feria Internacional de Turismo que se celebra cada año en Madrid. El concejal pasó al ayuntamiento una factura por doce ostras de la ría, angulas del Miño y un centollo de más de un kilo, acompañado todo de una botella de albariño Valdamar y otra de Moët & Chandon Brut Imperial.

Fiestas con alcohol, drogas y chulazos

Javier Rodrigo de Santos llevaba una doble vida. Por la mañana era un reputado concejal de la rama más tradicional del Partido Popular de Palma de Mallorca. Por la noche el político descargaba sus pasiones a través del sexo y la droga en locales frecuentados por la comunidad homosexual de la isla. El problema llegó cuando el concejal, que no supo separar a tiempo sus dos vidas, pagó durante dos años con la tarjeta de crédito que el Ayuntamiento de Palma le había asignado sus noches locas de cocaína y fiestas sexuales.

El caso se conoció el 13 de marzo de 2008, cuando el ayuntamiento balear no tuvo más remedio que reconocer ante la prensa los gastos indebidos de su teniente de alcalde. La alcaldesa de la ciudad, la popular Catalina Cirer, informó apesadumbrada de que la Fiscalía Anticorrupción había procesado a su hombre de confianza por un presunto delito de malversación de caudales públicos, relacionado con sus continuos derroches en sitios de alterne. La tarjeta de crédito municipal de De Santos registraba gastos a altas horas de la madrugada, y algunos clubes facturaron hasta 1.450 euros al concejal en una sola noche.

Como norma general, los locales de prostitución intentan ocultar el motivo de sus cobros en cada factura para no aparecer en los extractos bancarios. Para evitar posibles problemas conyugales, muchos clubes de alterne facturan sus servicios como hoteles, restaurantes e incluso empresas de construcción. Así, los cargos de la tarjeta de crédito del concejal imputado registraban pagos en mitad de la noche a empresas que nada tenían que ver con el servicio que realmente ofrecían. Buena técnica, pero ¿qué tipo de controles aplica el Ayuntamiento de Palma para que alguien gaste a su antojo 50.000 euros en veinticuatro meses? ¿Nadie sospecha si un concejal compra material de obra un sábado a altas horas de la madrugada? Parece ser que no.

Los gastos indebidos del concejal de Urbanismo no fueron detectados por el Ayuntamiento de Palma hasta tres años después. Fue el 20 de febrero de 2008 cuando el consistorio puso las pruebas sobre los gastos nocturnos de su edil en conocimiento de la Fiscalía. Javier Rodrigo de Santos se excusó ante la prensa alegando que estaba enfermo y que su conducta era fruto de su adicción a las drogas. Al día siguiente devolvió en el ayuntamiento 50.800 euros por sus fiestas en locales homosexuales.

Tanto en los ayuntamientos como en el resto de las instituciones del Estado es común que los cargos de máxima confianza, los que están más arriba en el escalafón, dispongan de tarjetas de crédito a su nombre. El motivo es la necesidad que tienen estos miembros de la Casta de disponer de efectivo para realizar su función pública.

En general las tarjetas de crédito se utilizan para abonar gastos de representación, como comidas de trabajo, hoteles o aparcamientos de pago. Los funcionarios y cargos electos que no disfrutan de este privilegio tienen que abonar de su bolsillo las facturas y después justificarlas, aunque se trate de gastos necesarios para su trabajo en la administración.

Este doble rasero se aplica también a la hora de fiscalizar los gastos. Mientras los funcionarios rasos, concejales de la oposición y miembros de la escala básica de la Casta tienen que justificar por medio de facturas todos los pagos, los poseedores de tarjetas de crédito no suelen aportar acreditación alguna, ya que se supone que el motivo de sus dispendios figura en el comprobante de la cuenta. Lógicamente, los gastos son mucho más recatados cuando el trabajador público tiene que poner por adelantado el dinero de su bolsillo. No es lo mismo pagar una comida con langosta y jamón de Jabugo y luego tener que presentarla con nombre y apellidos, que abonarla con el simple paso de una tarjeta. En el caso de los concejales, si el interventor municipal no acepta la factura por considerarla inapropiada, perderían su dinero.

Sin embargo, en el caso de De Santos no fue así. El número dos del Ayuntamiento de Palma disponía de una tarjeta a su nombre y de la confianza suficiente como para que nadie revisara sus gastos hasta que no fuera estrictamente necesario. Dicho sea de paso, llama la atención que el concejal dispusiera de 50.800 euros en efectivo para hacer frente al agujero que provocó al día siguiente de que el caso saltara a la prensa. Si tenía ese dinero, podía haber pagado sus juergas nocturnas con él y nada habría pasado.

Baleares, sin tarjetas de crédito

El uso que los políticos baleares han hecho de sus tarjetas de crédito es tan controvertido que el gobierno autonómico tomó la decisión de retirarlas todas para evitar fraudes y gastos innecesarios. Desde aquel día el Govern sólo tiene tarjetas virtuales, destinadas a la compra de artículos por Internet.

La decisión se produjo en abril de 2008 como medida de control presupuestario. Y se enmarcó dentro de un plan de lucha contra el fraude impuesto por el ejecutivo autonómico tras el estallido del caso Bitel. El 19 de abril de 2008, mientras el ministro de Economía, Pedro Solbes, anunciaba un plan de medidas estrella para salir de la crisis financiera, la Policía Nacional detuvo en Palma de Mallorca al ex director de la empresa pública Bitel, damià Vidal, acusado de apropiarse, junto con otras tres personas, de 700.000 euros.

Bitel cobró nombre en Baleares en el año 2000, cuando el primer ejecutivo del socialista Francesc Antich denunció una intromisión en el correo electrónico del dirigente socialista Francesc Quetglas, fallecido en 2006. La Casta estaba de nuevo jugando a los espías y el caso terminó en el juzgado.

El Partido Popular preparó la defensa de sus correligionarios. El técnico Damià Vidal fue contratado por el ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, según recoge la prensa de la época. Vidal fue contratado como perito y su informe sobre seguridad informática fue determinante para dejar a Matas fuera de las acusaciones de espionaje.

En 2003 Jaume Matas recuperó el poder al frente del Govern balear y recurrió a su antiguo perito para que se encargara de Bitel, una empresa tecnológica controlada por la administración balear y Telefónica hasta 2005, año en que pasó por completo a titularidad pública. Damià Vidal se hizo cargo de la empresa y allí se mantuvo hasta que fue detenido.

Su valedor, el president Matas, perdió el sillón de mando balear en las siguientes elecciones. Volvió a darse la vuelta la tortilla. Y tras el nuevo cambio de gobierno, los socialistas detectaron en 2007 varios descuadres en las cuentas de Bitel, siempre relacionados con los encargos realizados a cuatro sociedades. La tesis policial —pendiente de juicio— es que estas cuatro empresas sirvieron de cortina para detraer fondos públicos por medio de la contratación de informes que, en varios casos, se bajaron de Internet. En otras ocasiones los trabajos ni siquiera se realizaron, pero sí se cobraron.

En su declaración judicial Damià Vidal reconoció que utilizó una tarjeta de crédito con fondos públicos para abonar gastos personales. En siete meses empleó la tarjeta doscientas veces, hasta cargar 23.738 euros, según publicó El País. Según la querella presentada por el fiscal Pedro Horrach, sus gastos ascendieron a 83.559 euros en cuatro años. En sólo doce meses el hombre de confianza contratado por Jaume Matas sacó 33.000 euros en efectivo de esa misma tarjeta por medio de cajeros. Y pagó fármacos, joyas, libros… Por poner algunos ejemplos, gastó 200 euros en juguetes para sus hijos, 400 más en una famosa camisería de Palma, otros 700 en muebles de Ikea, y hasta 1.400 euros en cafés y hoteles de Niza, Mónaco o Cannes.

El escrito del fiscal considera que Vidal pudo desviar fondos de esta manera «aprovechándose de la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros sobre su gestión». A día de hoy el empresario ha sido procesado por su conducta, pero nadie ha sido acusado, sancionado o reprimido en forma alguna por la falta de controles públicos que propiciaron sus actuaciones.

Error al justificar las facturas de un prostíbulo

El 1 de septiembre de 2004 la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares archivó el llamado caso Rasputín. El proceso judicial se abrió meses antes, cuando la asociación Dones de Mallorca interpuso una denuncia por malversación de caudales públicos contra el director del Instituto Balear de Turismo, Juan Carlos Alía, que resultó absuelto. El escándalo saltó cuando Alía intentó por equivocación que la administración le abonara varias entradas a un local erótico llamado Rasputín durante un viaje oficial de varios miembros del ejecutivo autonómico de Jaume Matas a Moscú.

Fue a principios de 2004 cuando una delegación de políticos baleares se desplazó a la capital rusa para promocionar la Olimpiada de Ajedrez que se celebraba ese año en la localidad balear de Calvià. Las fechas del viaje, del 24 al 26 de febrero, coincidían además con la celebración de un encuentro futbolístico entre el Mallorca y el Spartak de Moscú. Así que los políticos baleares se fueron a ver el fútbol, pagando, por supuesto, con dinero público. El entonces presidente del Govern, Jaume Matas, encabezaba la expedición junto con el conseller de Turismo, juan Flaquer. Con ellos viajó también el citado Juan Carlos Alía, José Negrón Nevado, jefe de Prensa de la Consejería de Turismo, francisco Salas Santos, jefe de Gabinete del organismo, y Julián Valencia Gutiérrez, escolta del presidente. El viaje para seis personas tenía previsto un gasto total de 19.154 euros.

A la vuelta de Moscú el director del Instituto Balear de Turismo justificó mediante facturas los gastos que había abonado de su bolsillo, a la espera de que la administración le devolviera el dinero. Entre los comprobantes se encontraban siete entradas del club Rasputín, descrito bajo el eufemismo de «teatro erótico». El Rasputín tiene fama de ser uno de los prostíbulos más modernos y caros de Moscú, con cinco salas de striptease, varios reservados con jacuzzi y la posibilidad de disfrutar de bebidas alcohólicas sobre los cuerpos desnudos de las señoritas que allí trabajan, además de un suculento menú sexual con distintas opciones, entre ellas el sadomasoquismo.

Juan Carlos Alía, que dimitió tras los hechos, aseguró que pasó por error los 129 euros en facturas del Rasputín, ya que los comprobantes estaban escritos en ruso con caracteres cirílicos. En cualquier caso, llama la atención que el responsable político guardara a buen recaudo las entradas del prostíbulo de siete personas cuando no pensaba darle más utilidad a las facturas. Además, los delegados baleares debieron de encontrar amigos con los que compartir la velada, ya que según la versión de Alía, tanto Jaume Matas como su escolta y el consejero de Turismo se marcharon al hotel antes de que la delegación entrara en el Rasputín. En cualquier caso, la delegación balear estaba compuesta por seis personas, pero al Parlamento regional llegaron siete entradas. Buena fiesta.

El 23 de julio de 2004 la Fiscalía abrió diligencias informativas sobre el caso a raíz de la denuncia presentada por la citada plataforma feminista mallorquina. Sin embargo, dos meses después dio por buenas las explicaciones del responsable político y archivó la denuncia. Alía ya había dimitido y repuesto los 129 euros de la discordia, pero su conducta generó un intenso debate. Las asociaciones feministas se preguntaron de qué sirven las políticas para luchar contra la explotación sexual cuando algunos políticos frecuentan este tipo de locales.

En julio de 2002 la Audiencia Provincial de Alicante condenó al ex alcalde de Dolores, Antonio Ruiz Meroño, a seis meses de prisión y otros tantos de inhabilitación por abonar la factura de un club de alterne con la tarjeta de gastos protocolarios del ayuntamiento. Los hechos se produjeron el 22 de octubre de 1998, cuando el entonces alcalde pagó 597 euros en el club Nancy, situado en la localidad alicantina de Orihuela. El primer edil se dirigió allí con otros siete comensales tras una cena que costó 760 euros y que se abonó también con los fondos de la misma tarjeta. El banquete se celebró en el restaurante El Cruce, de Almoradí, para despedir al secretario del ayuntamiento, que cambiaba de trabajo. Parece ser que estas ocasiones merecen ser pagadas por el contribuyente.

Además de cargar la cena al presupuesto municipal, Ruiz Meroño tiró de tarjeta a las tres de la madrugada para abonar 104 euros en el club de alterne y otros 493 euros cuarenta y cinco minutos después. El concejal fue condenado a la pena mínima que la ley prevé para estos casos, ya que se declaró culpable, confesó los hechos y repuso el dinero. No fue el único.

El sumario de la Operación Astapa —todavía en fase de instrucción— recoge el supuesto soborno solicitado por un concejal de Estepona a los propietarios de un club de alterne de la localidad. Según la documentación policial, el edil Manuel Reina solicitó 42.000 euros a repartir con otros dos imputados a los propietarios del club Oasis, con el objetivo de que el ayuntamiento les facilitara una licencia de apertura. La excusa utilizada fue, según las conversaciones intervenidas, que la apertura del local generaba mucho rechazo entre los vecinos. La siguiente conversación fue intervenida el 3 de octubre de 2005 a dos socios del local. Uno de ellos acababa de salir de una reunión en el ayuntamiento:

Cabas: […] tienen problemas por el hotel Kempinski, porque tiene mucho peso en el ayuntamiento y por la urbanización de arriba, porque viven dos vecinos que también trabajan para el ayuntamiento. Ninguno quiere un negocio así al lado. Solución: siete kilos la broma. Siete kilos. Cuatro ya y tres al permiso… a la licencia del arquitecto. […] El recado es de Ana [en referencia a la abogada municipal]. Ana me dijo que era para ella, para un político y para el arquitecto. Yo, si quieres, cuando venga, que te lo dé a ti en persona. No quiero líos con los socios. […] ¿Y qué hacemos? ¿Qué? ¿Te vas a poner a discutir? […] ¿Qué vas a discutir cuando te quieren denegar la licencia con todas las de la ley?

Al parecer no discutieron. El Oasis Club Plaza, con treinta y ocho habitaciones individuales y construido como un motel, obtuvo sin mucha dilación su licencia de apertura. En mayo de 2006 la Dirección General de la Policía informó sobre la desarticulación de una organización criminal acusada de blanquear más de 360 millones de euros procedentes del tráfico de droga. La operación se saldó con veintiún detenidos, acusados de lavar capitales por medio de transferencias a empresas fantasma en China, Corea del Sur, alemania y Estados Unidos. El cabecilla de la red en España era, según los informes de la Audiencia Nacional, Manuel de la Cruz Higuera, uno de los socios del Oasis, valorado por los agentes en 12 millones de euros. Según el Ministerio del Interior, el dinero lavado por la red sirvió para la compra y explotación del club de alterne. El mismo club de alterne que los políticos locales autorizaron con el interés de cobrar bajo mano. Cuando se habla de corrupción, todo está conectado.

Capítulo VI MI REINO POR UN AUDI A8

MI REINO POR UN AUDI A8

Se busca coche cómodo, seguro y deportivo. Imprescindible que tenga 450 caballos

Siempre hay una secretaria malquerida que ayuda a la oposición, un funcionario afín a ideologías contrarias o simplemente un trabajador sin ganas de ser explotado. Siempre hay alguien que canta. La Casta necesita subalternos. Necesita una cuadrilla que lleve su agenda, que le sirva de tapón informativo frente a la prensa, que frene las visitas incómodas. Alguien que vista su vida con el boato propio de un alto cargo. Es decir, no hay casta sin un buen séquito. Y esa cohorte de ayudantes, colaboradores, secretarios, asistentes personales, escoltas, coches oficiales y conductores sale también del bolsillo de los españoles.

Los trapos sucios se lavan en casa. Ésa es una de las máximas de la clase política, que mantiene dentro del vestuario todos sus problemas y una sonrisa hierática siempre de cara a la galería. Y aún más cuando se trata de abusos, privilegios y corruptelas. Sin embargo, en su mundo de salarios abultados, de gastos injustificados, de blindajes y pactos inconfesables, siempre hay algún fallo de seguridad.

En España no hay datos reales sobre lo que cuesta mantener la flota de automóviles oficiales. No sabemos cuánto ganan grandes marcas como Audi, volkswagen o Volvo por llevar a nuestros políticos. Ni siquiera hay un registro que aglutine todos los vehículos que se mantienen con dinero público. Cada ayuntamiento, diputación y gobierno autonómico tiene su propio parque móvil, al margen de la flota de vehículos que sirve para mover por todo el país a los altos cargos de la administración central. Así que las cifras se vuelven una vez más exorbitantes.

Según la legislación, todos los altos cargos del Estado tienen derecho a que la administración facilite su transporte. Y son más de quinientos. El listón se frena en los secretarios de Estado. De ahí para arriba, todo el mundo con coche oficial. La flota de la administración central se aglutina en el Parque Móvil Ministerial, que tiene una sede central en Madrid y otras cincuenta y una en las capitales de provincia. En total, el organismo atesora 1.200 coches oficiales. A eso hay que sumar al menos otros tantos en poder de las comunidades autónomas, y todos los vehículos comprados por los más de 8.000 ayuntamientos españoles. Según los presupuestos que cada año publica el Parque Móvil Ministerial, el valor de los vehículos que allí se mantienen alcanza los 89 millones de euros. Y cuesta otros 50 millones mantenerlos anualmente. En este grupo se engloba desde la última tartana hasta el Mercedes blindado con que se mueve el presidente del Gobierno. El organismo se alimenta en su mayoría de una partida de los Presupuestos Generales del Estado, de 54 millones de euros, destinada al transporte de los distintos ministerios. De ese dinero, la mayoría —40 millones de euros— sirve para pagar a los conductores de la flota y al personal que trabaja en el organismo.

Llegados a este punto, hay una pregunta clave: ¿cuánto cuesta el transporte de un alto cargo? ¿Cuánto gasta la Casta en sus viajes por carretera, en su ir y venir a velocidades prohibitivas con cristales tintados? La administración central tiene 670 coches disponibles para el transporte de sus gerifaltes. Juntos realizan 10,2 millones de kilómetros al año, con un consumo medio de 11,5 litros de gasolina por kilómetro. Son 15.268 kilómetros al año para cada vehículo, con un gasto de combustible que dista mucho de la media de cualquier utilitario. En total, 1.176.424 litros de gasolina se usan cada año para alimentar los coches oficiales y los egos de altos cargos de la administración central.

El caso de los ministros es todavía más sangrante. Los coches asignados a su transporte —doscientos ochenta en total— hacen la mitad de kilómetros al año que el resto de la flota. Eso se debe a que la mayoría de los miembros de la Casta que están en lo alto del escalafón tienen asignados varios vehículos oficiales para sus desplazamientos. Siempre hay un coche de lujo vacío esperando por si un ministro necesita ser trasladado con urgencia. Y otros tantos para trasladar a su séquito. Un par de veces al año, el Parque Móvil Ministerial renueva parte de su flota y se quita de encima los vehículos considerados vetustos en una subasta pública, abierta a todos los compradores, pero a la que únicamente pueden acceder aquellos que depositen una fianza previa, como sucede en muchas pujas de la administración para evitar ofertas erróneas y manipulaciones. Cualquier ciudadano puede comprar de segunda mano el coche de un ministro.

El transporte en coche oficial está tan ligado a la vida política que incluso se cambian leyes que afectan únicamente a una persona entre los más de cuarenta millones de españoles. Todo para mantener ese privilegio. El 1 de junio de 2008 se reunió en Madrid el Consejo de Ministros y aprobó un Real Decreto para modificar el Estatuto de los ex presidentes del Gobierno. El nuevo texto establece que, en caso de que los ex mandatarios nacionales fallezcan, su cónyuge «o persona con análoga relación afectiva» puede seguir disponiendo de un coche oficial y de los «servicios de seguridad que el Ministerio del Interior estime necesarios». Es decir, si un ex presidente muere, su esposa sigue teniendo derecho a moverse por España en un coche oficial. En aquel momento la medida afectaba únicamente a una persona, Pilar Ibáñez Martín, viuda del ex presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo. El segundo presidente de la democracia española falleció en Madrid el 3 de mayo de 2008. Tres meses después el Gobierno ya había aprobado una ley para que la esposa del difunto mantuviera a su disposición un automóvil de representación. En el momento de aprobar la medida los portavoces del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se escudaron una vez más en una frase vacía. Aseguraron que el decreto aprobado era necesario para revisar el estatuto de los ex presidentes, que data de 1992, por «la necesidad de adecuar la normativa a las circunstancias y nuevas situaciones que se van produciendo». En resumen, nada.

En cualquier caso, sería absurdo discutir la necesidad de transporte de la clase política. No se trata tanto del cuánto, sino del cómo. Mientras la mayoría de los españoles viaja en utilitarios de tipo medio, gran parte de los altos cargos lo hace en coches que valen más de 60.000 euros. Un gasto sangrante, y más si cabe en época de crisis. Entre los preferidos de la Casta se encuentran los Audi A8, que no bajan en su versión más sencilla de los 75.000 euros, los Volkswagen Phanteon, con 80.000 euros de media, o el Lexus GS-450, que sale al mercado con un precio de 67.000 euros y que se utiliza por ejemplo en el gobierno de la Junta de Andalucía.

Más caro que el de Obama

El 20 de enero de 2009 el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, encaró con su coche oficial la avenida de Pensilvania. Allí, entre parques y jardines, con el Capitolio a la izquierda y la sede del Banco Mundial a escasas manzanas, en pleno centro de Washington, se encontraba su nueva residencia. Aquel día, este abogado nacido en Honolulu se convertiría en el primer presidente negro de los Estados Unidos. Y en aquel momento rodaba en dirección a la Casa Blanca. Para su puesta de largo eligió el que sería uno de los símbolos de su nuevo mandato, su coche oficial. El vehículo, apodado en clave Cadillac One, cuenta con las mayores medidas de seguridad desarrolladas hasta el momento. Las puertas tienen un blindaje de veinte centímetros. Y además no se cierran: se sellan de forma hermética para evitar la entrada de gases nocivos ante un hipotético ataque químico o biológico. El coche tiene incluso reservas de sangre del presidente para facilitar una intervención quirúrgica in situ en caso de atentado. Todo para proteger a la que posiblemente sea la persona más amenazada de la Tierra. Y todo por algo más de 330.000 euros. El coche oficial de Barack Obama es el más desarrollado del planeta. Pero desde luego no el más caro. Sólo hay que mirar las posaderas de políticos españoles como el alcalde de Madrid, alberto Ruiz Gallardón, para descubrir vehículos más caros que el Cadillac One. El primer edil de la capital se mueve en un Audi A8 blindado que cuesta al Ayuntamiento de Madrid 591.624 euros. El coche fue contratado con la marca alemana por un servicio de arrendamiento y mantenimiento que dura cuatro años (2008-2011). Así que el alcalde de Madrid gasta 150.000 euros al año del bolsillo de sus ciudadanos en su transporte personal. En su defensa alega públicamente motivos de seguridad. Pero ¿de verdad le hace falta tanto coche? Ni el cuero, ni los asientos con calefacción, ni las maderas nobles aportan seguridad alguna al vehículo. Y basta un sencillo análisis para comprobar el uso que se le da. El alcalde de Madrid tiene un coche asignado para facilitar su trabajo, pero como mucho se mueve en un radio de cien kilómetros. Como norma general no sale siquiera del área metropolitana, donde reside y donde tiene su despacho, en el antiguo Palacio de Correos, junto a la glorieta de Cibeles. A un kilómetro escaso se encuentra el Congreso de los Diputados. Y a menos distancia todavía, la sede de la Comunidad de Madrid, en plena Puerta del Sol. Además, la mayoría de los organismos oficiales tienen también sede en la capital, por lo que no debe desplazarse a otra ciudad para acudir a reuniones en ministerios u otros organismos oficiales. Como mucho, acude al aeropuerto, ya que, por supuesto, cuando viaja fuera de Madrid lo hace en avión. Así que Alberto Ruiz Gallardón gasta 150.000 euros anuales para moverse por la ciudad, acudir al aeropuerto, visitar municipios aledaños y poco más.

El ex presidente de la Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño, tenía ya tres coches asignados a sus desplazamientos cuando compró un nuevo Audi A8 por 430.000 euros: había que sustituir otro coche antiguo. En aquel momento 130.000 gallegos estaban en paro. Para salir al paso de las críticas, los responsables de prensa del PSOE en el gobierno gallego aseguraron que el vehículo que se había sustituido tenía más de 500.000 kilómetros, pero este dato fue rebatido por la oposición sin miramientos. Los dos Audi A8 propiedad de la Xunta tenían 180.000 y 190.000 kilómetros respectivamente. En cualquier caso, en lugar de ser retirados de la circulación, ambos vehículos siguieron a disposición del presidente de la Xunta junto con su nueva adquisición y otro Audi A6. Este último era utilizado para trasladar a la esposa de Pérez Touriño, Esther Cid, desde la residencia oficial del presidente autonómico en el palacio de Montepío, en Santiago de Compostela, cuando ella tenía que desplazarse a actos oficiales.

La administración gallega tiene en sus garajes 335 coches oficiales que suponen un gasto medio de 166.000 euros al mes, según sus propias cuentas. Y consumen cada día 2.230 euros en combustible, unos 800.000 euros al año. A eso hay que sumar 500.000 euros más en pólizas de seguros y otros 600.000 en gastos de mantenimiento para toda la flota gallega. Dos millones y medio de euros al año cuesta la caballería de la Casta en Galicia.

La compra del Audi de lujo de Pérez Touriño fue utilizada incluso como arma política entre las distintas facciones de la Casta en las recientes elecciones gallegas, celebradas el 1 de marzo de 2009. En esta ocasión las urnas decidieron un cambio de gobierno en Galicia, y el socialista Pérez Touriño fue sustituido en Montepío por el popular Alberto Núñez Feijóo. Lo primero que hizo este jurista nacido en Orense fue intentar deshacerse del coche comprado por su antecesor. Deshacerse de aquel coche que los socialistas defendieron como imprescindible para la seguridad de su cabeza de lista. Deshacerse de un vehículo que costaba casi 500.000 euros y que se hacía insostenible en época de crisis.

Cinco días después de las elecciones, la administración gallega colgó en Internet la oferta de venta del Audi de la discordia. El precio: 354.000 euros. Así que la Xunta, y por lo tanto todos los gallegos, perdieron más de 100.000 euros en seis meses con la magnífica jugada comercial de sus mandatarios.

Seguridad ante todo

La falta de seguridad es el principal argumento que utilizan las distintas entidades que se nutren de dinero público para optar por coches de lujo con precios estratosféricos. ¿Tanto cuesta la seguridad en un coche? Y, sobre todo, ¿qué grado de seguridad necesita cada cargo electo? El principal problema deriva de que son las marcas las que tienen que blindar el coche y homologarlo antes de que salga al mercado. No se puede blindar cualquier modelo. Y el proceso no puede ser encargado por un particular. El aumento de peso del coche hace que sea necesario un motor potente para moverlo. El Audi comprado por Pérez Touriño alcanza los 450 caballos, la misma potencia que la limusina de lujo que traslada al papa Benedicto XVI. Además, estos vehículos están equipados con inhibidores de frecuencia que evitan la activación remota de artefactos explosivos, y también llevan ruedas a prueba de pinchazos. Un proceso costoso pero que en total no supera los 100.000 euros. Así que, en casos como el del Audi del alcalde de Madrid, todavía quedan 400.000 euros de factura achacables al precio de los lujos del coche y su mantenimiento.

En total, catorce de los diecisiete presidentes de gobiernos autonómicos han elegido Audi como marca para sus coches oficiales. El presidente valenciano Francisco Camps tiene varios a su disposición. Y lo mismo sucedía con Manuel Chaves mientras estaba al frente de la Junta de Andalucía, institución que cuenta con 234 coches oficiales. José María Barreda, presidente de Castilla La Mancha, tiene asignados a su departamento cuatro Audi de distinta cilindrada y un Peugeot 607. El presidente vasco cuenta con un A6 y un Mercedes S560 y el extremeño Guillermo Fernández Vara se mueve con un A8 y un Volvo S80. En el último peldaño del escalafón de gasto descansa el castellano leonés Juan Vicente Herrera, que compró un Renault Vel Satis por 39.000 euros para sus desplazamientos, además de otros 12 vehículos iguales para sus consejeros. En total, Castilla y León cuenta con otros 100 coches oficiales a un precio medio que ronda los 25.000 euros. Un gasto mucho más comedido, desde luego. En la Comunidad Valenciana atesoran 200 vehículos de representación para sus altos cargos. Y gran parte de ellos son precisamente Volvos S80, que salen al mercado por 40.000 euros. Ceuta y Melilla tienen el menor número de vehículos oficiales. La primera tiene tres coches para seis altos cargos, mientras que la segunda tiene otros tres para sus diez consejeros.

Como vemos, hay compras para todos los gustos. Pero ¿por qué la mayoría elige Audi? La empresa alemana se ganó la confianza de los cargos electos en abril de 1995 cuando el entonces líder de la oposición, José María Aznar, salió ileso de un atentado de ETA en Madrid gracias al blindaje de su coche. Un coche bomba con veinticinco kilos de explosivos detonó al paso del vehículo de José María Aznar en la esquina entre las calles de José Silva y Arturo Soria en Madrid, junto a la maternidad de la clínica Belén. La explosión alcanzó de lleno el coche del ex presidente —un Audi V8— cuando viajaba junto con el conductor y su escolta hacia la sede central del PP en la calle de Génova. Ni siquiera llegaron a romperse los cristales. El ex presidente del Gobierno y sus compañeros de viaje resultaron ilesos.

Otros no tuvieron la misma suerte: diecisiete viandantes resultaron heridos de distinta consideración mientras se dirigían caminando al trabajo. Eran las ocho y media de la mañana y nadie avisó de la colocación de aquel artefacto. Junto al coche de Aznar, un edificio aledaño de una sola planta quedó prácticamente destrozado.

Aquel día, la seguridad del modelo quedó completamente confirmada, pero su compra sigue suscitando polémica, más por los extras que por su blindaje. En octubre de 2008, el presidente del Parlament de Cataluña, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Ernest Benach, compró un nuevo Audi por 100.000 euros y además gastó otros 9.276 en extras como un escritorio en maderas nobles con reposapiés eléctrico, una televisión, una entrada para reproducir música en mp3 y una conexión Bluetooth. En las mismas fechas la cámara, inmersa en plena crisis económica, aprobó una congelación de los sueldos y una reducción de gastos del 5 por ciento en sus presupuestos para el próximo año.

En un primer momento, Benach se defendió de las críticas por medio de su blog personal. Y allí, en la tribuna cibernética que lleva su nombre, aseguró que los gastos realizados en el vehículo no fueron un capricho, sino una necesidad propia del cargo. No sería muy sólido el argumento cuando dos días después se presentó en rueda de prensa. Pidió disculpas públicas a los electores y aseguró que retiraría los extras añadidos a su vehículo, similar al del presidente de la Generalitat de Cataluña.

Me lo enseñaron mis padres

Prácticamente todos los códigos de conducta firmados por los políticos españoles recogen la necesidad de que los cargos electos se abstengan de hacer ostentación con el dinero público. Y prácticamente todos se incumplen de forma sistemática.

Ya es complicado hacer que los miembros de la Casta acaten las leyes, que en ocasiones cambian a su antojo, pero todavía lo es más cuando se trata de cuestiones morales. Cuando las buenas palabras se tienen que manifestar en hechos que afectan a su bolsillo o a su posición de privilegio, se quedan siempre en eso: buenas palabras. Papel mojado que deja perplejos a los votantes pero impasibles a los profesionales de la política.

El 3 de abril de 2009 los partidos con representación en la Asamblea de Extremadura consensuaron los primeros quince puntos de lo que sería su código de buenas prácticas políticas. El documento, nacido a la luz del aprobado un año antes por el gobierno del PSOE, es el segundo de este tipo en España, e intenta poner coto con un código de conducta moral a los salarios de los cargos públicos, al uso de la publicidad institucional o al empleo de coches oficiales. Sólo Galicia cuenta con un documento semejante. Llama la atención que, pese a que la cámara tiene posibilidad de legislar, regule los derechos y deberes de los políticos locales por medio de un compromiso ético. Cierto es que el gobierno autonómico no puede interferir en la capacidad de los ayuntamientos y diputaciones para fijar sus propios gastos o sueldos, pero también lo es que de esta forma los miembros de la Casta que se salten el código —como pasa constantemente— no podrán ser perseguidos por la ley. Y lo mismo pasa con los códigos deontológicos aprobados por el Gobierno o los ayuntamientos. Los jueces no pueden castigar a los políticos infractores, ya que estos documentos recogen únicamente recomendaciones sin carácter vinculante. Si un alcalde se pone un sueldo superior al recomendado, no pasa nada. Si un ayuntamiento compra a los medios afines con publicidad institucional, no pasa nada. Si un consejero compra un coche suntuoso con dinero público en época de crisis, tampoco pasa nada. Así que para eso sirven los códigos de buen gobierno: para nada.

El código de buenas prácticas aprobado por la Junta de Extremadura establece que los miembros electos y altos cargos autonómicos cambien de coche como mucho cada 300.000 kilómetros. Y que el precio del vehículo no supere los 30.000 euros en el caso del presidente de la Junta y sus consejeros, o de los 18.000 para el resto de los altos cargos. Así queda claro que el coche se convierte únicamente en una cuestión de estatus. Una diferencia más entre los miembros de la Casta. ¿O acaso los subalternos tienen menos derecho a viajar seguros que los consejeros? Si el coche responde a una necesidad real, ¿no sería más lógico que todos viajaran en vehículos de la misma clase? Si el vehículo cumple las necesidades de los asesores, se supone que cumplirá también las necesidades de sus jefes. Al fin y al cabo, todos trabajan para el electorado. Pero parece que no es así. En cualquier caso, si el presidente de la Junta de Extremadura cumpliera su propio código ético, se podrían comprar quince coches con lo que cuesta el coche del alcalde de Madrid. Pero claro, eso sería si cumpliera su propio código.

En noviembre de 2008 la Junta de Extremadura anunció la compra de un nuevo vehículo para la Consejería de Economía. El coche, un Lexus que costó 68.000 euros, iba destinado al transporte de la vicepresidenta autonómica, María Dolores Aguilar. Pronto llovieron las críticas sobre el ejecutivo extremeño, controlado por el socialista Guillermo Fernández Vara. En un primer momento, el presidente de la Junta argumentó que el coche, con motor híbrido, se había comprado por estricta necesidad y que aportaba un ahorro considerable de combustible. Lo único comprobable es que el precio del vehículo doblaba las recomendaciones de ese código ético, que se aprobó con posterioridad.

«Aquí no estamos ni por el dinero ni por los coches». Las palabras de Fernández Vara en rueda de prensa fueron a parar a los micrófonos de los periodistas, que asistían como espectadores a un nuevo asalto de dialéctica política entre los principales partidos de la cámara. Al final, las presiones del Partido Popular hicieron mella y la vicepresidenta de la Junta anunció públicamente el 20 de noviembre de 2008 que devolvería su preciado Lexus.

«Los ciudadanos no lo entienden», se escudó el presidente autonómico para enmendar el tachón y vestir de honradez la devolución del coche. Incluso anunció que su mano derecha y vicepresidenta económica presentó la dimisión por la compra del vehículo. Por supuesto, esa dimisión no fue aceptada. La necesitaba a su lado en estos tiempos de recesión económica. Llama la atención que la devolución del coche se justifique por la presunta falta de intelecto del electorado. Y que eso prime sobre conceptos como si en realidad era o no necesaria la compra de un vehículo de semejantes características en un momento de crisis. Una compra que se definió a todas luces incorrecta, ya que el coche fue devuelto al concesionario y nadie lo ha echado en falta.

Sin embargo, la doble moral es patrimonio de toda la Casta. Y no entiende de ideologías ni de militancias.

Mientras el Partido Popular criticaba la compra del coche y hacía astillas el árbol caído de la vicepresidenta extremeña, uno de sus principales hombres en Extremadura compraba un vehículo millonario para su ayuntamiento. Por lo menos el alcalde de Badajoz, el popular Miguel Celdrán, fue de frente. Cuando la Junta aprobó su código de conducta, el primer edil de Badajoz aseguró que se le caía la cara de vergüenza por que hubiera que aprobar un código de esas características. No por su falta de necesidad, sino porque a él ya le dieron sus padres hace muchos años pautas de conducta y le enseñaron lo que es la honestidad, la honradez y el ahorro. O al menos eso es lo que el alcalde proclama.

Tres días antes de que se aprobara el código de conducta de la Junta de Extremadura, rubricado por los miembros de su partido en la asamblea autonómica, Celdrán renovó el coche para el ayuntamiento. El viejo tenía ya catorce años y se averiaba constantemente. Está claro que necesitaba un cambio. Así que el 27 de marzo la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Badajoz aprobó por un procedimiento negociado sin publicidad la compra de un nuevo Volvo S80 para la alcaldía. El coste del coche, 49.000 euros, supera en 19.000 las recomendaciones que sus propios compañeros de partido aprobaron en la cámara. La cifra es clave, ya que el ayuntamiento cuenta con un presupuesto sesenta y siete veces inferior al del gobierno autonómico. Pero tiene un coche más caro. Quince días después, el Ayuntamiento de Badajoz adquirió un nuevo vehículo de las mismas características y reabrió de nuevo el debate. Esta vez, el alcalde de la ciudad intentó cerrar el tema con unas declaraciones muy reveladoras: «Hay quien viaja en el coche de la Junta para ir a jugar al golf y lleva los palos en el maletero».

El uso de coches oficiales para tareas particulares es una práctica tan común como soterrada. Es normal que los altos cargos de la administración utilicen los coches oficiales para hacer recados, encargarse de compromisos o incluso trasladar a sus propios hijos al colegio. En la Comunidad Valenciana el uso indiscriminado de coches pagados por los electores pero disfrutados por políticos adquirió tal calibre que el vicepresidente primero del Consell, vicente Rambla, prohibió públicamente en mayo de 2009 a todos los altos cargos de la administración autonómica el uso de estos vehículos para actos privados. Al parecer, tras más de treinta años de democracia, es una cuestión que todavía no estaba clara para los políticos valencianos.

Días antes, una treintena de conductores del servicio oficial de la Generalitat dijo basta. El grupo se presentó en la sede que el Ministerio de Trabajo tiene en la ciudad del Turia. Y allí, al amparo de la Inspección de Trabajo, firmó una denuncia contra la explotación laboral a la que supuestamente era sometido. Los conductores, pertenecientes a la Consejería de Economía, relataron según la prensa local los constantes abusos en el uso de coches oficiales para tareas privadas. Algunos hacían hasta mil horas extras anuales para atender esos servicios. Las iras de los conductores se centraron por ejemplo en el ex director de la Policía, Juan Cotino, vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana y consejero de Bienestar Social. Los encargados de transportarle aseguraron entonces que el alto cargo popular acudía los domingos a misa con el coche oficial. Otros conductores eran enviados según su versión a recoger paellas solicitadas por los altos cargos valencianos. Algunos incluso tenían que esperar durante cuatro o cinco horas dentro del coche en el aparcamiento de un restaurante mientras el director general de turno coronaba una opípara comida con una partida de mus. Y claro, esas horas se pagan. Y salen del bolsillo del contribuyente.

En 2008 el gobierno de La Rioja pagó 200.000 euros en horas extras a sus conductores oficiales. La administración local gastó en dos años 520.000 euros en comprar 12 coches oficiales. Allí cada consejero tiene un Audi de alta gama para sus desplazamientos, y otros 10 coches iguales esperan a los directores generales para todos sus movimientos. En 2008 los vehículos oficiales autonómicos realizaron en total 870.182 kilómetros, unos 2.300 al día, lo suficiente como para cruzar tres veces España de este a oeste. Un gasto curioso, si tenemos en cuenta que La Rioja es la comunidad autónoma más pequeña de la península y que su población total es inferior a la de cualquier ciudad dormitorio del cinturón de Madrid.

En la capital el uso sin medida de vehículos oficiales generó problemas de seguridad para los propios miembros de la Casta. Los 23 ediles de la oposición cuentan en Madrid con 31 conductores asignados para sus desplazamientos. Sin embargo, durante semanas los concejales de la oposición —y sus escoltas— se vieron obligados a acudir en metro a su trabajo. El motivo fue el importante número de horas extras de los 120 conductores oficiales contratados por el consistorio. A principios de 2008 varios escoltas encargados de la seguridad de concejales del PSOE e Izquierda Unida en Madrid se quejaron de que tenían que ir en transporte público o en taxi con sus protegidos. El hecho suponía una importante merma de seguridad, ya que gran parte de los coches oficiales está equipada con inhibidores de frecuencia que imposibilitan la detonación remota de explosivos. Y una contradicción. ¿El ayuntamiento de la capital gasta 150.000 euros al año en un coche para el alcalde por motivos de seguridad mientras varios concejales tienen que ir en metro por falta de conductores? El problema se subsanó. Pero no deja de ser espejo del doble rasero con el que se planifica en ocasiones la seguridad de la clase política.

Multas con recargo

Es común ver las caravanas de coches oficiales desfilar a gran velocidad por las calles de Madrid. En ocasiones especiales, cuando circulan las grandes personalidades, la policía local acordona la zona para que la comitiva se desplace lo más rápido posible y no encuentre vehículos que entorpezcan su marcha. La seguridad del personaje —presidente, mandatario extranjero o miembro de la familia real— prima sobre las normas de tráfico y los coches desfilan a gran velocidad. En pocos segundos una estela negra de berlinas y sirenas deja paso al silencio. Y la ciudad vuelve de nuevo a su ritmo sincopado.

El 14 de abril de 2008 el centro de Madrid parecía una procesión de vehículos de lujo. Varios Audi entorpecían el paso a la altura de la antigua sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ubicada en la calle de Alcalá. Y todos estaban identificados con el distintivo que lucen los coches oficiales. El edificio estaba de estreno. Desde aquel día, el céntrico inmueble sería la sede del nuevo Ministerio de Igualdad. A las doce y media de la mañana estaba prevista la toma de posesión de la primera ministra en ocupar la cartera recién creada. La gaditana Bibiana Aído había sido la sorpresa en la remodelación ejecutiva realizada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Varios miembros notables del ejecutivo nacional acudieron para arropar a la joven ministra, y dejaron sus coches oficiales aparcados en la puerta. Allí estaba la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, las entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, y secretaria de Estado de Cooperación Internacional, actual secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín. También estaban sus respectivos coches en mitad del carril bus, en plena hora punta.

Pocos minutos después acudieron los agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid y sacaron el «recetario». Sin atender a razones comenzaron a sancionar a los coches oficiales mal aparcados, ante la atónita mirada de los conductores y los escoltas de los altos cargos de la administración central. Los agentes del Ministerio del Interior alegaron que los coches tenían que estar frente a la puerta del edificio por motivos de seguridad. Los policías locales fueron implacables: al final, 300 euros de multa y dos puntos menos para los conductores.

La escena es caricaturesca, pero señala un curioso agujero negro. Un vacío legal que cuesta cada año decenas de miles de euros al bolsillo de los contribuyentes.

¿Cuánto cuesta cada año pagar las multas de los coches oficiales? Una vez más, en España no hay dato alguno al respecto, pero las cifras indiciarias son abultadas.

En Francia la cuantía de las multas era tan escandalosa que el Gobierno se vio obligado a exonerar del pago a los 7.000 vehículos oficiales que forman el parque móvil estatal: en un año acumularon

6.900 infracciones. En España las multas de los coches oficiales son cargadas cada año a la administración, que es la propietaria de los vehículos, pero suelen llegar con recargo. Desde la imposición del carné por puntos en 2006, la mayoría de las sanciones conllevan también la retirada de puntos para los conductores, que en este caso son trabajadores a sueldo de ayuntamientos, gobiernos autonómicos, ministerios o diputaciones. Como los conductores actúan a las órdenes de los escoltas, o incluso del político de turno, sería injusto que la sanción disciplinaria recayera sobre ellos. Así que como norma general las administraciones se niegan a identificar ante la Dirección General de Tráfico a los conductores. Esto genera un nuevo recargo en las multas, recargo que cae sobre el bolsillo del contribuyente. Los conductores lo tienen claro: «Si un escolta te dice que te saltes un semáforo por cuestiones de seguridad o que aumentes la velocidad en ciudad, tú no puedes negarte. Cuando vas en el coche y te para la Guardia Civil, basta con que el escolta enseñe la placa para que no te sancionen. Pero si por ejemplo te pilla un radar, entonces llega la multa y lo normal es que no te identifiquen», explica sin tapujos un conductor adscrito al Parque Móvil Ministerial dependiente de la administración central.

Así que las distintas administraciones han llegado a un pacto soterrado. Los conductores no son identificados cuando llega una infracción. Y así no corren el riesgo de perder su puesto de trabajo por la retirada de puntos tras las infracciones. Según publicó el Grupo Correo, el gobierno vasco acumula desde 2004 más de mil multas con recargo por no identificar a los conductores de los coches oficiales. Y uno de los vehículos aglutina más de 9.000 euros en infracciones. El coche pertenece a la Consejería de Interior, que es precisamente la encargada de ejecutar las sanciones de tráfico. Ese silencio administrativo se traduce en un constante y suculento incremento en las cuantías de las multas a pagar por el contribuyente. Incluso entre los conductores hay una cuestión tabú: ¿cuántas de esas multas son por cuestiones de seguridad y cuántas por mera impunidad de la Casta ante el Código de Circulación? Es imposible saberlo. ¿Está legitimado un político para saltarse las normas de tráfico cuando llega tarde a un acto oficial? Según la legislación, no. Si llega tarde, que hubiera salido antes, como cualquier otro ciudadano.

En cualquier caso, los miembros de la Casta suelen ser inmunes a este tipo de sanciones. Da igual si un coche es multado. Da igual si hace demasiados kilómetros. Y sobre todo da igual si es un gasto innecesario. La verdadera naturaleza de sus urgencias y necesidades de transporte queda en la intimidad entre político, conductor y escolta. En la intimidad que dan cuatro ruedas con asientos de cuero y maderas nobles.

Capítulo VII CONOZCA MUNDO: HÁGASE POLÍTICO

CONOZCA MUNDO: HÁGASE POLÍTICO

Sesenta diputados, cuatro días a Canarias para estudiar el cultivo del plátano

El Falcon 600 que trasladaba al presidente del Gobierno aterrizó en la base militar de Guacimeta bajo un sol incandescente. Eran exactamente las 13.44 en Lanzarote y soplaba un leve viento. Un sonoro chasquido indicó que las ruedas del avión tocaban tierra. Todo estaba preparado. La aeronave transportaba al jefe del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a su mujer, Sonsoles Espinosa, y a las dos hijas del matrimonio, Laura y Alba. Bajo la escalera aguardaba desde hacía unos minutos toda suerte de políticos y autoridades locales, deseosos de estrechar la mano del presidente.

Era 2 de agosto y el jefe del Gobierno comenzaba sus vacaciones. Y lo hacía de manera oficial, pese a que Zapatero se disponía a pasar tres semanas disfrutando de su tiempo para actividades privadas. Al final su agenda se quebró y el presidente tuvo que interrumpir sus vacaciones el día 12 para presentar varias medidas contra la crisis en un Consejo de Ministros extraordinario. Cinco días antes estaba prevista su participación en un acto de los socialistas canarios junto al líder del PSOE en Europa, Juan Fernando López Aguilar. Pero ésos no eran asuntos de Estado.

Junto a la escalera del avión esperaban también varios miembros de su gabinete. Viajaron días antes como avanzadilla para comprobar que todo estaba en orden antes de la visita del presidente, que se disponía a pasar sus terceras vacaciones en el archipiélago canario. Zapatero eligió de nuevo Lanzarote, y por tercera vez se hospedó en una mansión propiedad de Patrimonio Nacional, llamada La Mareta, ubicada en la costa de Teguise, en el centro de la isla. Regalada por Hussein de Jordania al rey Juan Carlos, la casa ha servido desde 1991 para acoger la visita de varios jefes de Estado, pero fue Zapatero el primer mandatario en elegirla como residencia para pasar sus vacaciones.

En 2005 el Estado invirtió en La Mareta 271.697,99 euros en mejoras y restauraciones con vistas a la primera visita estival del presidente. Las obras se fraccionaron en veintiún tramos distintos, por lo que no fue necesario sacar el montante total a concurso público al tratarse de contratos menores. En septiembre de 2005 el ejecutivo socialista tuvo que reconocer de forma oficial el gasto, computado a Patrimonio Nacional, en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado popular Miguel Barrachina. Según los datos oficiales, con el dinero público los obreros repararon el pavimento de los paseos, las zonas comunes, la piscina y la fuente del estanque central, repusieron las balizas del helipuerto y reformaron la cancha de deporte.

Este último fue uno de los gastos más polémicos. Sólo en pintar el suelo de aquella pista, destinada a practicar tenis y baloncesto, el Estado gastó 8.987 euros. Un millón y medio de las antiguas pesetas para que el presidente jugara al baloncesto, uno de sus deportes predilectos. Pese a las perfectas condiciones de las instalaciones, Zapatero tuvo la mala suerte de sufrir una lesión de rodilla la tarde del 4 de agosto de 2005, mientras celebraba su cumpleaños encestando junto a unos amigos. Aquel verano ya no utilizó más la pista.

Las vacaciones con todo pagado son un privilegio del que disfruta únicamente el presidente español entre todos los jefes de Gobierno de la Unión Europea. Ni uno solo de los veintisiete líderes de la UE disfruta de vacaciones similares. En Suecia o Dinamarca los líderes de la Casta no pueden disponer siquiera de coche oficial cuando están en actividades privadas. Sin embargo, en España es distinto. Llama la atención que los contribuyentes paguen de su bolsillo la residencia estival del presidente mientras Sonsoles Espinosa ostentaba en propiedad un chalet en la costa de Almería.

¿A cuánto ascienden en total los gastos de las vacaciones presidenciales? ¿Cuánto cuesta este servicio a los españoles? Como siempre que se trata de los gastos de la Casta, la cifra oficial se desconoce, o más bien se omite información de forma deliberada.

Como aproximación baste decir que el personal de cámara que mueve el jefe del Gobierno en estos desplazamientos ronda las cien personas entre escoltas, guardias civiles, asesores, personal de prensa e incluso un cocinero. Todos ellos cobran una media de 80 euros de dieta diaria por motivo de desplazamiento, lo que suma 8.000 euros por jornada sólo por este concepto. Si el presidente pasa tres semanas en Lanzarote, los trabajadores públicos que le siguen le cuestan al Estado 160.000 euros en dietas. A eso hay que sumar avión privado, desplazamientos, gasolina, manutención, gastos de comunicaciones, protocolo, teléfono móvil… Una pequeña parte de los desplazados se aloja en la residencia de La Mareta, pero el grueso de los trabajadores públicos se hospeda en el núcleo urbano de Teguise, donde la administración tiene que abonar también su alojamiento. ¿Una habitación para dos personas? Son 50 euros la noche. Por lo que cuarenta habitaciones suponen otros 2.000 euros al día. Al final la cifra alcanza los 200.000 euros sin pormenorizar los gastos de forma detallada.

En cualquier caso, la responsabilidad última de estos gastos se disuelve y no recae tan sólo en la figura del presidente. No es Zapatero quien ordena gastar casi 9.000 euros en pintar la pista de baloncesto. Seguramente el presidente ni siquiera sabe que se ha hecho ese gasto para su visita. Tampoco es el propio Zapatero quien programa sus dispositivos de seguridad, sino el equipo que le protege, perteneciente al Ministerio del Interior. Son ellos quienes determinan si el jefe del Gobierno tiene que viajar en un avión privado o militar, si ha de hacerlo escoltado por una comitiva de funcionarios armados o si sus desplazamientos deben ser reconocidos con anterioridad por agentes especializados. Sin embargo, sí es responsabilidad última de su gabinete conocer que, el año que Zapatero eligió La Mareta para sus vacaciones, Patrimonio Nacional invirtió en reformar la casa más del doble de lo que habitualmente gastaba en su mantenimiento, unos 100.000 euros al año. Este año la seguridad del edificio, independiente al dispositivo que acompaña al presidente, ha costado 150.000 euros al bolsillo de los contribuyentes.

Diplomacia parlamentaria: 5 millones de euros al año

Las condiciones de los viajes emprendidos por el máximo responsable político del Estado han servido también como arma arrojadiza entre los miembros de la Casta. La mecha se prendió el 24 de mayo de 2009, cuando el presidente Zapatero fue acusado de utilizar un avión del Ministerio de Defensa —concretamente un Falcon 900, cuya hora de vuelo cuesta cerca de 7.000 euros en combustible— para desplazarse a un encuentro electoral organizado por el PSOE en la localidad sevillana de Dos Hermanas. España se encontraba en pleno periodo electoral, con la campaña al Parlamento Europeo en su máximo apogeo, y el viaje del presidente en un avión público para un acto privado fue elegido por la oposición como estandarte de su campaña.

Sin embargo, la maniobra fue un artificio; no por el hecho de que el presidente utilizara las arcas públicas para sus viajes partidistas, sino por la omisión de que todos lo hacen. Por ley, los diputados tienen la facultad de viajar gratis en las aerolíneas del país. Así que el presidente también disfruta de ese derecho. Además, el jefe del ejecutivo viaja con todo su dispositivo de seguridad. Si se desplazara en vuelos comerciales habría que desalojar por lo menos a un tercio del pasaje cada vez que el presidente tuviera que coger un avión en compañías como Spanair o Iberia.

De cualquier forma, este argumento no resta peso al hecho de que Zapatero se desplazara con dinero público a un acto de su partido, algo que sucede constantemente. La semana siguiente, su número dos al frente del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, hizo uso de nuevo de un avión estatal para visitar las Fallas de Valencia. El problema es que la legislación actual no marca de forma estricta los límites en los que la Casta puede hacer uso de su derecho a viajar gratis. De hecho, es imposible conocer en España cuánto cuestan los viajes oficiales del presidente del ejecutivo, y mucho menos el montante total facturado a las compañías aéreas por los traslados de diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, alcaldes o concejales.

Para hacernos una idea, el servicio de gestión de viajes del Ministerio de Presidencia salió a concurso en 2006 con un presupuesto total de un 1,5 millones de euros. Y eso que el presidente viaja en aviones del Ministerio de Defensa, así que no se facturan en esta partida. En el Congreso de los Diputados el presupuesto de licitación del mismo servicio asciende cada año a 5 millones de euros. Este dinero de los contribuyentes sufraga los viajes de trescientos cincuenta diputados. En esa partida no se incluyen los gastos de los miembros del Gobierno, que se cargan a los distintos ministerios.

Sin embargo, pese a que las cuentas globales están claras, la Casta es hermética a la hora de ofrecer datos concretos sobre cómo se gasta el dinero, datos capaces de sonrojar al político y airar al contribuyente.

Es común que la respuesta del ejecutivo a las preguntas parlamentarias que requieren gastos pormenorizados sean lo más vagas posible: «El coste del viaje fue el imprescindible para llevar a cabo el programa previsto», contestó el gobierno socialista a una pregunta realizada en un pleno de control por el PP. Esta actitud deja sin conocimiento público el coste de enviar a la ex ministra Magdalena Álvarez en sus viajes oficiales a Vietnam o Liberia, o el precio para el Estado de las giras diplomáticas que la vicepresidenta De la Vega realiza periódicamente por Iberoamérica o el África subsahariana. Estos viajes pueden estar justificados desde el punto de vista político, pero los votantes tienen derecho a conocer su precio al detalle, ya que son ellos quienes los pagan.

La ligereza de los diputados españoles con sus viajes era tal que el presidente de la cámara, el socialista José Bono, tuvo que intervenir. En febrero de 2009 el ex presidente de Castilla La Mancha anunció nuevos recortes. Lo primordial era reducir los viajes de la llamada diplomacia parlamentaria, es decir, los viajes protocolarios realizados por los diputados a parlamentos de otros países o a citas internacionales. Traslados en los que la utilidad del gasto resulta muchas veces cuestionable.

Incluso en este caso los cargos electos aplican su picaresca. La delegación española fue durante años la única que acudía al completo —con reservas incluidos— a las reuniones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Cuatro veces al año, 315 representantes de 47 parlamentos nacionales se reúnen en Estrasburgo para debatir sobre los problemas del continente. La delegación española en cada reunión está compuesta por 8 diputados titulares, que son quienes participan en los encuentros de trabajo. Pero con ellos viajaban hasta principios de 2009 otros 8 diputados de reserva, únicamente para pegarse el viaje, cobrar dietas y quedarse mirando desde el banquillo durante una semana por si surgía algún imprevisto. En marzo de 2009 la Mesa del Congreso dijo basta e hizo oficial la decisión de terminar con esta costumbre.

Un mes antes el organismo aprobó por unanimidad un plan elaborado por la vicepresidenta del Congreso, la socialista Teresa Cunillera, para reducir los llamados «grupos de amistad». El Congreso de los Diputados mantiene una relación constante con países en vías de desarrollo. Hasta aquel momento, una delegación formada por 12 diputados —que rotaban en función del destino— viajaba de forma periódica a 32 países de todo el mundo, con el consiguiente gasto para el erario público. El 17 de febrero la lista de países preferentes quedó reducida a 13 (había que apretarse el cinturón): Perú, Ecuador, Marruecos, argelia, túnez, turquía, Rusia, China, México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina seguirán recibiendo las visitas de los cargos electos españoles, pero en menor medida. Y ahora son sólo cinco los parlamentarios que realizan el viaje.

Ante esta maraña de gastos, aviones y dietas sólo cabe una pregunta: ¿realmente son necesarios tantos viajes? ¿De verdad se justifican todas y cada una de las visitas de la clase política? La respuesta es completamente subjetiva. Incluso depende de los propios miembros de la Casta.

No existe una forma objetiva de medir los resultados de un viaje concreto, ya que su rendimiento no se valora, por ejemplo, respecto al número de unidades vendidas. No podemos conocer con absoluta certeza si las empresas españolas invierten mejor en Marruecos gracias a los viajes de los diputados españoles o si el reinado de Mohamed VI cumple con los derechos humanos de una forma más efectiva ante el riesgo de ser auditado por ojeadores de su país vecino. Todo depende del cristal con que se mire. O del bando político donde se sitúe el ojeador.

Terminaba el invierno en España cuando la ex ministra de Fomento, la socialista Magdalena Álvarez, decidió marcharse cinco días de viaje oficial. Destino: Moscú y Siberia. En Rusia la ex ministra socialista se dedicó a recabar información sobre el modo de afrontar las nevadas en las infraestructuras públicas. Nadie argumentó entonces por qué era necesaria la visita presencial de la ministra del ramo para ese cometido, más propio de un técnico de su departamento. Sin embargo, ésa no fue la única labor de Magdalena Álvarez. La representante de la administración estatal firmó además un preacuerdo comercial para que las empresas españolas desarrollen en Rusia parte de su red de trenes de alta velocidad.

Mientras este viaje fue calificado como un éxito por parte del ministerio, la oposición cargó de nuevo las ballestas mediáticas contra Zapatero y su equipo. Todos los grupos políticos, a excepción del PSOE, consideraron que el viaje de Magdalena Álvarez era improcedente y que se ideó para que la cuestionada ministra se ausentara de la escena pública en plena campaña de las elecciones en Galicia y el País Vasco.

Nunca se viaja a gusto de todos, pero la factura siempre se pasa al contribuyente. En aquellas fechas el diario ABC reveló que la ex ministra utilizó en tres años 97 veces un avión del Ministerio de Defensa para sus desplazamientos. Sólo hay que extrapolar el dato a los 17 ministros del actual gobierno para entender el ajetreado uso que se les da a los aviones oficiales: más de 1.552 vuelos por legislatura.

Sesenta diputados para estudiar el cultivo del plátano

La petición llegó a la Mesa del Congreso —el órgano de gobierno interno de la cámara— a principios de abril. Y allí, tras las demostraciones reiteradas de austeridad propugnadas por los líderes políticos, después de anunciar una congelación salarial para los diputados, y tras decidirse una reducción al máximo de los viajes de los cargos electos, también figuraba una petición de sesenta diputados españoles para irse cuatro días a Canarias a estudiar el cultivo del plátano. Tal y como suena.

Mediante una petición formal, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, agricultura y Pesca —una de las más numerosas del Congreso, con sesenta miembros— solicitaban autorización para hacer «una visita a la isla de La Palma y conocer la realidad agraria y medioambiental entre los días 16 y 19 de abril, así como de los gastos a que diera lugar». Con toda naturalidad, la comisión presidida por la ex ministra María Antonia Trujillo solicitaba autorización para que sesenta miembros electos pasaran cuatro días en el archipiélago. ¿De verdad son necesarios cuatro días de trabajo de sesenta diputados para estudiar sobre el terreno semejante tema? La Mesa del Congreso, presidida por el socialista José Bono, consideró que no y echó para atrás la propuesta, que nació de una invitación formal realizada por el presidente del Cabildo de La Palma, José Luis Perestelo, que ocupa un escaño en el Congreso en nombre de Coalición Canaria. El organismo de gobierno de la cámara recomendó a la comisión que viajaran sólo la presidenta y tres representantes políticos. En total, cuatro personas. Si el viaje se hubiera proyectado en los términos solicitados, sus señorías se habrían embolsado 24.000 euros sólo en dietas.

La política de contención de gasto aplicada por el presidente del Congreso, José Bono, generó incluso fricciones con los miembros de su propio partido. En mayo de 2009 el ex ministro de Defensa anunció un objetivo cumplido. Su plan de ahorro había reducido de forma drástica el dinero que el Congreso invertía anualmente en los viajes de sus señorías. Curiosamente la noticia, distribuida por varias agencias, carecía de cifras exactas sobre la cuantía que se había ahorrado a los contribuyentes.

El presidente de la cámara vendió la medida como un logro político, una muestra de conciencia social en tiempos de crisis, pero aquello tenía también otra lectura. El recorte presupuestario dejaba en evidencia el exceso que los diputados llevaban consintiendo y disfrutando desde hacía años. Y es que pese a la reducción del gasto en diplomacia parlamentaria, la actividad política prácticamente no se resintió.

El 20 de mayo de 2009 el actual líder de los socialistas europeos, Juan Fernando López Aguilar, envió una misiva a su compañero de partido José Bono. En ella el diputado canario le solicitaba, como presidente de la delegación parlamentaria española ante la Unión Europea Occidental (UEO), que autorizara el viaje de trece delegados a París para asistir a la LVI Asamblea de la entidad.

El presidente del Congreso envió durante el mes de marzo una carta personal a todos los diputados explicando el plan de recortes en actividades internacionales aprobado por las Cortes Generales para combatir la crisis. En su escrito, Bono informaba oficialmente de que España no enviaría delegación alguna a la asamblea que la UEO pensaba celebrar en los primeros días del mes de junio, al considerar que el organismo está en desuso y que sus funciones son ornamentales. De hecho, el consejo de esta organización no se reunía desde 2002.

Pese a estos argumentos, la decisión de no mandar a nadie a la cita internacional llevaba meses borboteando en un caldo de rechazo. Diputados de distintos grupos mostraron su disconformidad con la medida —adoptada en sesión conjunta por las mesas del Congreso y del Senado— en diciembre de 2008. A los reproches se sumó incluso el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la UEO, el británico Robert Walter, pidiendo primero un cambio de postura al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y luego al presidente del Senado, Javier Rojo. Pero la retractación no llegó.

La LVI Asamblea de la UEO, en la que participaron delegados de veintiocho países, abrió sus sesiones el 2 de junio de 2009 en París. Y, pese a la negativa de las cámaras a sufragar el viaje, dos cargos electos acudieron al encuentro pagándolo de su propio bolsillo. El diputado de CiU Jordi Xuclà y el senador del PP Pedro Agramunt presentaron sendas ponencias en el encuentro diplomático y afrontaron los gastos de hotel y desplazamiento con su dinero. No hubo acuerdo. Mientras unos consideraron que su presencia era indispensable, otros optaron por no enviar a nadie al encuentro. ¿Quién tiene razón? Sin datos objetivos es imposible saberlo.

Ni siquiera la clase política tiene claro qué viajes son convenientes para la diplomacia española y cuáles resultan superfluos.

Ahora falta por conocer qué postura tomará España respecto a la utilidad de la UEO en 2010, cuando le toque presidir la entidad durante seis meses, coincidiendo con su turno al frente de la Unión Europea.

Delegaciones en la Quinta Avenida: 80.000 euros

Los viajes diplomáticos no son patrimonio exclusivo de los políticos nacionales. Cargos electos de ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, consejos baleares y las diecisiete asambleas autonómicas disfrutan también del privilegio de viajar en ocasiones a cargo del Estado. Cierto es que no viajan gratis por el país, como los diputados y senadores, y que no disfrutan de una asignación mensual para taxis o coche oficial como los altos cargos, pero también mantienen activa una intensa maquinaria diplomática que incluye traslados por todo el mundo. Y es imposible cuantificarla. Sin embargo, algunos han conocido ya medio mundo con gastos pagados.

Arrancaba 2009 cuando el vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Carod Rovira, almorzaba con varios periodistas españoles. Las caras eran conocidas, pero departían en un escenario poco común: el legendario edificio Rockefeller Center, ubicado junto a la Quinta Avenida de Nueva York. Era 23 de enero y allí, bajo los rascacielos de Manhattan, el gobierno catalán celebraba con una fiesta la apertura de su cuarta embajada fuera de España. Antes, el ejecutivo catalán había abierto oficinas diplomáticas en Berlín, Londres y París.

Todo parecía idílico. Manhattan estaba tranquilo, el presidente Barack Obama firmaba el cierre oficial de la prisión de Guantánamo y la gente patinaba todavía entre círculos y cabriolas en la mítica pista de hielo que adorna los bajos del Rockefeller Center. Sin embargo, la escena de película no se escuchaba desde la planta 26 del edificio principal del complejo, en una de las zonas más caras de la ciudad, y donde la Generalitat decidió plantar su oficina. A los pies del edificio departía Carod Rovira con los periodistas. Uno de ellos hizo la pregunta que todo el mundo estaba esperando: cuánto costaría el alquiler de la sede. La respuesta fue recogida por la agencia Europa Press: «Esto cuesta lo que tiene que costar».

Así zanjó el vicepresidente de la Generalitat el derecho lógico de todos a conocer el coste de mantener una embajada autonómica en la Gran Manzana. Para afianzar su postura, el líder de Esquerra Republicana aseguró que no quería empañar «una noticia institucional potente» con cuestiones de dinero. Era el momento de la propaganda: «Los países tienen la obligación de abrirse al mundo y aprovechar todas las oportunidades para ser un actor internacional», puntualizó.

Desde luego, el vicepresidente de la Generalitat se toma sus palabras al pie de la letra. En dos años, desde que comenzó la legislatura hasta agosto de 2009, el máximo responsable de Esquerra Republicana había realizado veintitrés viajes por medio mundo, enarbolando la bandera de potenciar la imagen de Cataluña a escala internacional. Israel, Jordania, Mozambique, Cuba, Costa Rica, Francia o Estados Unidos son sólo algunos destinos. Además, la administración autonómica mantiene cuatro delegaciones permanentes, las ya citadas de Berlín, londres, parís y Nueva York. Y todas dependen directamente del político independentista por medio de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Sin embargo, el afán viajero de Carod Rovira no es aleatorio. Es simplemente otra de las técnicas de la Casta. Tras la implantación de las democracias modernas, los Estados han sido tradicionalmente reconocidos como los principales actores de la política exterior. Son ellos quienes, desde instituciones como el G-8, se reúnen para marcar los designios del planeta. Son ellos quienes componen las Naciones Unidas. Fueron los cuarenta y cuatro Estados representados en las conferencias de Bretton Woods quienes establecieron en 1944 las reglas para controlar la economía mundial. Y fueron sus sucesores al frente de la Casta quienes, a lomos del G-20, se reunieron en noviembre de 2008 en Washington para refundar el sistema económico tras una crisis financiera que ha dejado España por encima de los cuatro millones de parados.

Con ese planteamiento, además de la voluntad promocional de Cataluña, la política de expansión internacional controlada por Esquerra Republicana conlleva también una estela de reclamación.

Reclamación de independencia y de que el territorio catalán sea reconocido como un Estado, uno de los puntos del ideario básico del partido. De hecho, varios de los viajes de Carod Rovira han tenido como destino zonas con movimientos independentistas emergentes, entre ellas Irlanda del Norte. En Nueva York, cataluña comparte planta en las instalaciones del Rockefeller Center con la delegación de Quebec, una provincia francófona de Canadá con un importante movimiento separatista.

En 2008 el departamento de la Generalitat controlado por Carod Rovira gastó 120.000 euros en rotular en catalán las calles de la localidad francesa de Perpiñán. La ciudad es la capital de la región del Rosellón, que hasta 1659 estuvo integrada en Cataluña junto con parte de La Cerdaña. La ciudad rotulada con dinero público es considerada por los nacionalistas como la capital de «Cataluña Norte». El término fue acuñado en 1937 por el político francés Alfons Mias. Considerado el padre del catalanismo en territorio galo, alfons Mias propugnó durante su vida la unión de Cataluña con el Rosellón y el derecho de autodeterminación de la zona como una nación independiente junto con el resto de las regiones que componen los Países Catalanes: Andorra, Comunidad Valenciana, Baleares y la Franja de Poniente en la zona oriental de Aragón.

Vistos estos mimbres, la excusa de incentivar la imagen de Cataluña en el extranjero tiene también una pretensión partidista, ya que la independencia de la región no es una meta que persiga la administración catalana en ninguno de sus idearios. Pero es ella la que paga las facturas. Sin entrar en valoraciones políticas, ¿cuánto les cuesta a los catalanes esta maquinaria de promoción? Las cifras son certeras. Rovira y sus colaboradores gastaron 15.136 euros en viajar a Berlín; 19.958 en Londres; 80.939 en Nueva York; 43.000 en Ecuador; 52.000 en Mozambique; 38.789 en Israel y Jordania…

Y la lista se alarga hasta abarcar los veintitrés destinos elegidos por el líder de Esquerra Republicana y su cuantioso séquito.

Como ejemplo, en su viaje a la India en 2007, Carod Rovira fue acompañado por una delegación de veintiún personas que también pagó el Estado. Allí se encontraba un representante de las universidades catalanas, el secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat, el presidente de BioRegió —dedicada a la investigación biomédica—, la directora de Asuntos Interdepartamentales de la administración autonómica, el comisionado del Programa de Investigación, el director de Asuntos Científicos, el responsable internacional de Medio Ambiente de la Generalitat, el director general de Cooperación, un técnico de asuntos interregionales, dos técnicos de exportación mercantil, dos personas de Prensa, dos de Seguridad, un fotógrafo y una intérprete de inglés. Ahí es nada.

Según los presupuestos de la Generalitat para 2009, el organismo gastará 2,2 millones de euros en delegaciones, oficinas y misiones exteriores. La cifra creció un 63 por ciento en un año, pese a que España se encontraba en plena crisis. En 2008 el departamento controlado por Esquerra Republicana aprobó partidas presupuestarias para viajar a Nueva Gales del Sur, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y México. En 2010 la Generalitat tiene previsto abrir nuevas embajadas en Buenos Aires y la ciudad de México.

Para moverse por el mundo, los técnicos de la Agencia Catalana de Cooperación cuentan con veintinueve tarjetas de crédito expedidas a cuenta del erario público, puestas a nombre de dos personas que se encontraban en excedencia. Todas las tarjetas estaban guardadas en un cajón, sin más seguridad. El dato fue revelado por un informe de la Sindicatura de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar los gastos de la administración pública catalana. La entidad alertó a la Agencia Catalana de Cooperación el 11 de junio de 2009 de que había falta de control en sus cuentas de 2007. Desde el gobierno catalán restaron importancia al documento asegurando que las irregularidades se centran en 53.000 euros en un organismo que tiene 52 millones de euros de presupuesto.

El documento elaborado por la Sindicatura de Cuentas relata, sin embargo, pagos duplicados, anticipos a trabajadores que no han sido retornados o un control deficiente en los vales para el comedor. Según el informe, la Comisión de Dirección de la Agencia Catalana de Cooperación realiza reuniones periódicas a la hora de comer. Un total de 2.300 euros de los 12.000 gastados en almuerzos protocolarios corresponden a comidas de directivos pagadas con dinero público. Parece que no hay otra hora para hacer las reuniones. Además, en veintitrés ocasiones algunos directivos duplicaban beneficios. Se quedaban también con el Ticket Restaurant® que les da la Agencia Catalana para sus comidas, pese a que la factura completa del restaurante era abonada por otro lado como reunión de trabajo. Si pasa una vez, el gesto puede ser calificado como un despiste. Si pasa veintitrés veces, comer a cargo del Estado y además quedarse un vale de comida no deja de ser algo ruin e innecesario.

Capítulo VIII EL SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO

EL SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO

Cuando una ventana de la Xunta de Galicia es más cara que una vivienda pública para cuatro personas

Poco podía imaginar Melchor Antonio Portocarrero que su palacio en Madrid, construido en 1642, se convertiría trescientos años después en la residencia oficial del presidente del Gobierno. El aristócrata y militar, apodado Brazo de Plata por la prótesis de su mano derecha, ostentó en sus últimos años el título de virrey del Perú, concedido en 1689 por sus méritos militares bajo el reinado de Felipe IV. Por herencia, Portocarrero era ya en derecho el tercer conde de Monclova. Y aunque la historia le devoró, su nombre ha pasado de generación en generación ligado a su residencia, construida en los terrenos heredados de los condes de Pozas a las afueras de Madrid.

Fue tras la muerte de su propietario en la ciudad de Lima en 1705 cuando el palacio de La Moncloa pasó a manos del Estado. Primero fue Carlos IV quien lo compró para su esposa, la reina María Luisa, por 80.000 reales. La finca perteneció al patrimonio de la Corona hasta que la reina Isabel II la donó al pueblo. Con una extensión de 58.000 metros cuadrados, el palacio de La Moncloa y sus jardines fueron cedidos en 1954 a Patrimonio Nacional, que es el organismo público que suscribe los bienes ligados a la Casa Real. Desde aquel momento, las instalaciones —que quedaron reducidas a escombros por los bombardeos de la Guerra Civil— fueron reformadas para hospedar a los jefes de Estado que se desplazaban en visita oficial a España. En La Moncloa durmió, por ejemplo, Saddam Hussein, que en 1974 visitó el país como vicepresidente del Consejo del Mando Revolucionario de Iraq. El futuro dictador iraquí se reunió entonces con Francisco Franco y acudió a rezar a la mezquita de Córdoba. Eran otros tiempos.

En la actualidad, el llamado Complejo Moncloa acoge la residencia oficial del jefe del Estado y todas las dependencias que tienen que ver con el Ministerio de Presidencia, el Consejo de Ministros y la oficina del Portavoz del Gobierno. Allí trabajan los 82 asesores personales que colaboran directamente con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en las decisiones que atañen a todo el país, además de otras 562 personas dedicadas a las tareas más diversas: administración, limpieza, seguridad… Todos los edificios están unidos entre sí por un búnker subterráneo construido tras el fallido golpe de Estado de febrero de 1981. Este refugio cuenta con una sala de prensa para que el jefe del Ejecutivo pueda dirigirse a la nación desde allí en caso de emergencia.

El ilustre Salón de Columnas fue testigo en 1977 de la firma de los Pactos de La Moncloa. Allí, bajo doce columnas procedentes del claustro del palacio arzobispal de Arcos de la Llana, en el valle burgalés del río Cavia, se firmaron los acuerdos que sentaron las bases para la transición española. El presidente Adolfo Suárez —el primero en elegir el palacio como residencia oficial— reunió en aquella sala, que era en realidad el patio del edificio primigenio, a los representantes de los principales partidos políticos, organizaciones empresariales y al sindicato Comisiones Obreras para lograr un pacto que garantizara el buen curso democrático, estabilizara la economía y contuviera la inflación, cifrada en el 47 por ciento.

En aquel Salón de Columnas, recién techado por orden de Suárez, se prohibió el 25 de octubre de 1977 la censura previa en España, se modificó la legislación sobre secretos oficiales para que la oposición pudiera ejercer su actividad parlamentaria, se aprobaron los derechos de libertad de expresión y asociación política, se despenalizó el adulterio, se creó el delito de torturas y se reconoció el derecho de todos los detenidos a ser asistidos por un abogado.

En sus trescientos cincuenta años de historia el edificio ha sido destruido, reformado, ha pasado de mano en mano y ha servido de escenario para episodios centrales de la historia de España. Sin embargo, la reforma más radical del palacio de La Moncloa en democracia llegó de la mano del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Y más concretamente por obra de su mujer, Sonsoles Espinosa, que descontenta con los muebles que habían servido con anterioridad a otros cuatro jefes de Estado, consultó a varios interioristas para cambiar la estética de la residencia oficial. Durante los seis años que Zapatero lleva en La Moncloa ha invertido más de 10 millones de euros en modernizar las instalaciones y reformar los jardines del complejo. En muchos casos eran obras necesarias, pero la modernidad llegó al absurdo cuando el Gobierno aprobó la compra de retretes inteligentes para la residencia oficial.

El 22 de diciembre de 2008, mientras la atención mediática se centraba en el interés del grupo energético ruso Lukoil por entrar en el accionariado de Repsol, la Administración General del Estado publicó en el BOE una adjudicación definitiva. Era una más entre la marea de contratos que concede la administración cada jornada. Aquel día la empresa Hygolet Madrid S.L. se llevó el contrato de alquiler de «equipos automáticos de tazas de WC y urinarios de diversas dependencias de la Presidencia del Gobierno, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de la Presidencia».

Durante 2009 el Estado pagará 44.225 euros para alquilar urinarios inteligentes. Según el muestrario de la empresa, sus inodoros cuentan, entre otras prestaciones, con un sensor que dispensa una funda transparente para el asiento cada vez que el usuario pasa la mano por el dispositivo.

Las comodidades pretendidas por el máximo responsable del país y sus colaboradores contrastan, por ejemplo, con la memoria de calidades de las viviendas construidas con dinero público en España. La inmensa mayoría de las 60.000 viviendas que se construyen al año con apoyo de la administración está dotada de tazas «de porcelana esmaltada en blanco», sin extras.

Pese a que el presidente del Gobierno ha reiterado en repetidas ocasiones su intención de contener el gasto en época de crisis, los números no le acompañan. Su departamento cuenta con una partida de 59.400 euros destinada a vestuario, 10.590 euros más para productos farmacéuticos y otros 20.480 para alimentación durante 2009. Según los presupuestos del Ministerio de Presidencia para este año, los desplazamientos del jefe del Estado costarán 2,4 millones de euros en dietas para el personal que le acompaña. En total, se prevé que los gastos del presidente Zapatero y su círculo de colaboradores sean de 14 millones de euros.

Mientras los gastos personales son más criticados entre la clase política, las inversiones mobiliarias en edificios públicos resultan menos controvertidas.

Al fin y al cabo, el dinero se invierte en mejorar un bien de todos los españoles, aunque los beneficios reviertan únicamente en aquellos que disfrutan del inmueble. Muchas veces las reformas son necesarias. Las oficinas están viejas, los muebles rotos y los edificios tienen goteras. Pero en otros casos las obras dejan entrever una creciente pretensión al lujo.

El 21 y 22 de marzo de 2005 la entonces ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se marchó en viaje oficial a Finlandia. A su vuelta, la responsable socialista anunció públicamente que estaba pensando en modificar la legislación española para poder construir pisos más pequeños de lo que estipula la ley para las viviendas de protección oficial, tal y como había visto en el país escandinavo. En concreto, las casas pensadas por la ministra tendrían entre 25 y 30 metros cuadrados, frente a los 50 metros que marcaba entonces la normativa en varias comunidades autónomas. En muchas partes de España no es legal hacer casas tan pequeñas.

Aun así, los minipisos de la ministra Trujillo fueron definidos por el Gobierno como una «solución habitacional digna». Aquello no hizo más que evidenciar una constante cuando se trata de la Casta: lo que es suficiente para el pueblo no lo es para algunos políticos. Un mes después del anuncio, un reportaje en la revista Época desvelaba que la propia ministra socialista era propietaria de una vivienda de 300 metros cuadrados en una exclusiva urbanización extremeña. Sólo en su casa cabían diez pisos como los que pensaba construir. Además, la ministra Trujillo autorizó una reforma en su despacho del Ministerio de Vivienda y lo amplió hasta los 77 metros cuadrados. Tras la polémica, Trujillo matizó sus intenciones y aseguró que las microviviendas se construirían únicamente para jóvenes y personas solteras en régimen de alquiler. Poco sabía la ministra que su vivienda oficial sería noticia también cuando ella dejara la cartera.

Mientras residía en Madrid, María Antonia Trujillo ocupaba un ático de 220 metros cuadrados, propiedad del Estado y ubicado en pleno centro de la capital. En octubre de 2007, con su compañera de partido fuera ya del Ministerio de Vivienda, el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, pasó a ocupar ese mismo inmueble. Dos meses antes de las elecciones su ministerio habilitó un gasto cercano a los 250.000 euros para reformar varias dependencias del ático. El desembolso se justificó por supuestas medidas de seguridad, pese a que el dinero se invirtió en reformar la terraza, cambiar varias tapicerías, renovar el mobiliario del cuarto de baño y comprar suministros de jardinería. Cuando los medios de comunicación dieron cuenta de la obra, el Ministerio de Justicia aseguró que la vivienda se encontraba en unas condiciones de habitabilidad muy deficientes tras haber sido utilizado por la ministra Trujillo.

La diputada cacereña se defendió y aseguró que entregó la vivienda a su compañero de partido en perfecto estado. Ni entre ellos se pusieron de acuerdo. Sólo hay una cosa segura: no queda constancia en el distrito de Moncloa de que Mariano Fernández Bermejo, el Ministerio de Justicia o cualquier responsable estatal solicitara licencia de obras para realizar las reformas.

En octubre de 2008, con la crisis económica adquiriendo dimensiones peligrosas, llegó el anuncio de una partida de 63.000 euros para mobiliario destinado al departamento de Vicepresidencia. Un coste similar tuvieron también los muebles encargados por la ministra de Igualdad, la gaditana Bibiana Aído, a la diseñadora Claudia Stilianopoulos. Aído solicitó incluso la construcción de un jardín de estilo oriental en la sede del nuevo ministerio, ubicada en pleno centro de Madrid, entre la plaza de Cibeles y la calle de Alcalá.

La dudosa necesidad o conveniencia de algunas obras aprobadas por los más altos miembros de la Casta se pone de manifiesto cuando seguimos sus decisiones en el tiempo. El 6 de abril de 2009 el número dos del PSOE fue nombrado ministro de Fomento. Y sólo veinte días después, José Blanco, mano derecha del presidente Zapatero al frente del partido, anuló una remodelación de despachos valorada en 734.000 euros. La obra había sido aprobada un mes antes con el beneplácito de la entonces ministra del ramo, Magdalena Álvarez, que autorizó en marzo una remodelación de veintisiete despachos ubicados en la séptima planta de la sede central que Fomento tiene en Madrid. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no.

Sin embargo, fue el ex presidente de la Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño, quien más llamó la atención de oposición y votantes con el acondicionamiento de su residencia y lugar de trabajo. No faltó de nada. En octubre de 2008 el PP de Galicia acusó al entonces líder del gobierno gallego de invertir 2 millones de euros sólo en su despacho. Las elecciones estaban cerca y había que disparar pólvora electoral, aunque estuviera usada. Las obras del despacho de Touriño se acometieron en 2006 y ya habían sido denunciadas entonces por el PP en una pregunta parlamentaria. La reforma costó en realidad 1,7 millones de euros, pero no afectó únicamente al despacho del presidente de la Xunta, sino a tres plantas del palacio de San Caetano, su residencia oficial. En las oficinas modernizadas trabajan unas cincuenta personas.

Sin embargo, esto no deja a la administración de Touriño libre de pecado cuando se trata de gastos superfluos. En julio de 2007 el ejecutivo socialista proyectó una nueva reforma de tres salas de la Xunta por valor de 4 millones de euros. Las obras fueron encargadas a la empresa Ferrovial y se finalizaron en diciembre de 2008. La principal modificación fue la de la sala que alberga las reuniones semanales de los catorce miembros del ejecutivo autonómico. Sólo la mesa costó 26.284 euros. Para sus posaderas, touriño y los suyos optaron por unas sillas modelo Oxford de la reconocida marca danesa Fritz Hansen, tapizadas en piel y con un valor de 2.269 euros. Es decir, la silla de cada consejero cuesta cuatro veces el salario mínimo de un gallego. Y la usan por lo general una vez a la semana. Basta con comparar el precio de este mobiliario con las sillas que el ejecutivo adquirió en la misma partida para los guardias de seguridad que vigilan esa planta de San Caetano. El gobierno gallego adquirió seis sillas para los vigilantes por un valor de 465 euros la unidad, aunque posiblemente este personal pase muchas más horas sentado en ellas que los consejeros.

En febrero de 2009 el diario ABC reveló un nuevo dato sobre la cómoda sala que alberga las reuniones de los consejeros de la Xunta de Galicia. El ejecutivo autonómico aprobó esta vez cristales de última tecnología con un precio de 170.000 euros. Pero no se trata, como cabría esperar, de vidrio blindado para garantizar la seguridad de los allí reunidos, sino de un cristal inteligente que se hace opaco por medio de unos dispositivos eléctricos y se oscurece para evitar la entrada de luz natural. La Xunta ha gastado 170.000 euros en una moderna tecnología que aportará mucha estética a la sala, pero que al fin y al cabo hace la misma función que unas cortinas. Con la salvedad de que, en su punto más opaco, el ventanal comprado por el gobierno gallego se puede utilizar como pantalla de proyección. En fin, un artilugio de estética indudable, pero de utilidad cuestionable cuando se paga con dinero público.

La batalla de las licencias

La Gran Vía de Madrid es una de las arterias más transitadas de la capital. Allí, entre cafeterías y establecimientos comerciales, abrieron a principios del siglo pasado las primeras salas de cine de Madrid. Cuando cae el sol, las luces de neones y farolas alumbran con intensidad los grandes carteles pintados a mano, mientras las bocinas de los coches ponen la banda sonora a la escena. Todo cobra un tono anaranjado. La ciudad late. Era marzo de 2009 cuando el rostro de Clint Eastwood lucía sobre las balconadas. El cartel de la película Gran Torino rivalizaba en tamaño y atención con el de la actriz estadounidense Naomi Watts, que estrenaba en Europa un thriller de acción llamado Agente internacional.

La cartelera estaba todavía convulsa por el estreno en España de las películas nominadas a los Oscar, los principales premios de la industria del cine estadounidense, que se fallan siempre en febrero. Con ese panorama pasó de puntillas por la Gran Vía una producción española llamada La casa de mi padre. Dirigida por el cineasta Gorka Merchán y rodada un año antes, la cinta narra el regreso al País Vasco de una familia de empresarios amenazados por ETA. Entre los grandes estrenos de Hollywood, una película modesta encontró acomodo en la cartelera del palacio de la Prensa.

Fue en 1929 cuando el palacio de la Prensa abrió por primera vez sus puertas. Habían pasado cuatro años desde que el 11 de julio de 1925 el rey Alfonso XIII colocara la primera piedra del edificio destinado a ser la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid. El aforo de 1.840 localidades se llenó por primera vez la noche del 2 de enero de 1929 para ver la proyección de la película Los pecados de la carne. Desde aquel día el edificio sufrió dos importantes remodelaciones, pero ninguna tan sonada como la que preparaba casi un siglo después el Partido Socialista de Madrid, y que desató una auténtica batalla entre los miembros de la Casta.

Fue en enero de 2009 cuando el PSOE solicitó al ayuntamiento una licencia de obra para acondicionar el edificio. El partido, que en ese momento ejercía la oposición en la Comunidad de Madrid, quería reformar tres plantas del inmueble para su nueva sede. Y no tuvo más remedio que solicitar un permiso oficial a la administración local, controlada por su eterno rival, con Alberto Ruiz Gallardón como alcalde. El palacio de la Prensa se encuentra tipificado como Bien de Interés Cultural, por lo que cualquier cambio en su estructura o en el uso que se hace de cada vivienda tiene que estar autorizado por el ayuntamiento. Entre otras reformas, el partido necesitaba instalar un nuevo aire acondicionado.

Pasaron dos meses desde que el PSOE requirió autorización para hacer obras en el edificio, pero el papel no llegaba. Para evitar gastos innecesarios, mientras realizaban las reformas, los socialistas madrileños firmaron con la Asociación de la Prensa, propietaria del edificio, una carencia de seis meses. Es decir, que tenían de plazo hasta septiembre antes de empezar a pagar 13.000 euros al mes en concepto de alquiler, aunque ya disponían de las oficinas para empezar los trabajos. La urgencia por comenzar las obras llevó a los albañiles dentro del edificio, pese a que el ayuntamiento todavía no se había pronunciado. Según los responsables del PSOE, los obreros accedieron al lugar solamente para trasladar muebles y preparar el terreno antes de comenzar la reforma. Había que empezar cuanto antes.

Durante años la sede de los socialistas de Madrid se emplazó en la calle de Santa Engracia, y fue el ex secretario general Rafael Simancas quien trasladó el cuartel general autonómico a la calle de Miguel Fleta. La derrota electoral obligó a dimitir a Simancas tras las autonómicas de 2007 y su relevo en el cargo, Tomás Gómez, decidió cambiar de nuevo la sede porque, a su juicio, la que tenían estaba muy escondida. El lugar elegido fue el palacio de la Prensa. No había lugar más vistoso ni más céntrico. Desde el número 4 de la plaza de El Callao se domina el principal núcleo comercial de Madrid. A sólo un paso queda la parte central de la Gran Vía y el inicio de la calle de Preciados. A escasos quinientos metros lucen las farolas de la Puerta del Sol.

La decisión no gustó a todos dentro del partido, ya que el edificio de la calle de Miguel Fleta era propiedad del PSOE, mientras que el alquiler del palacio de la Prensa era bastante elevado, aunque no se empezó a abonar hasta el mes de septiembre. A partir de ese día, el PSOE empezó a pagar el alquiler por mantener una sede vacía.

El jueves 26 de marzo de 2009 —dos meses después de que el PSOE solicitara el permiso de obra y sin respuesta municipal— un inspector del ayuntamiento se presentó en el edificio a primera hora de la mañana. Los vecinos se quejaban del ruido en el inmueble. Había que comprobar si las obras habían empezado, pues eso sería un acto ilegal y un escándalo muy rentable para el Partido Popular.

Por sorprendente que parezca, el inspector municipal no pudo acceder al inmueble, simple y llanamente porque nadie se lo permitió. El funcionario —capacitado para fiscalizar cualquier edificio de la ciudad— se quedó plantado en la escalera del palacio de la Prensa. Y la inaudita escena se repitió a las doce y media de la mañana, cuando un segundo inspector intentó sin éxito acceder a las plantas alquiladas por el PSOE. La respuesta fue la misma en ambas ocasiones: por aquí no pasan.

Con el escándalo montado y los medios de comunicación pendientes del resultado, el Ayuntamiento de Madrid precintó la obra. Desde el PSOE se apresuraron a recordar que tenían una licencia solicitada y que los técnicos municipales no pudieron hacer su trabajo por un malentendido. Los responsables socialistas declararon un día después que el error pudo deberse a que los inspectores no se identificaron o no avisaron con antelación de su visita. Absurdo argumento. El trabajo de estos técnicos se basa precisamente en eso, en acudir a las obras sin avisar para ver si se incumple la normativa. ¿Quién va a hacer algo ilegal si sabe de antemano que van inspectores a su casa?

A la mañana siguiente, los hombres de Urbanismo pudieron acceder sin problemas al inmueble. Pero no lo hicieron solos. Los técnicos municipales visitaron el edificio acompañados por un responsable legal del PSOE y un arquitecto del partido.

En cualquier caso, el nuevo escándalo era una dentellada más en una reyerta que venía de lejos: exactamente del 14 de noviembre de 2007. Aquel día, mientras España desayunaba con el conflicto diplomático que generó el rey Juan Carlos al mandar callar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en plena Cumbre Iberoamericana, estalló en Madrid la llamada Operación Guateque. La investigación, desarrollada por la Guardia Civil, desveló la existencia de una trama mafiosa dedicada a la concesión de licencias en el Ayuntamiento de Madrid. A primera hora de la mañana fueron arrestadas dieciséis personas entre funcionarios y técnicos municipales, acusados de cobrar a empresarios para agilizar los trámites en la concesión de licencias. Bares, restaurantes y comercios en general tenían que pagar 20.000 euros a la red para ver su licencia concedida. Si no, su petición se perdía entre la montaña de solicitudes pendientes y tenían que esperar hasta dos años para abrir un negocio. Si pagaban, el trámite estaba aceptado en cinco días.

Agentes del instituto armado registraron en persona las sedes de Urbanismo y Medio Ambiente en busca de pruebas de la red mafiosa. Se llevaron cajas y cajas de documentación, pero la investigación no afectó sólo a los detenidos. La Operación Guateque puso también en guardia a la Casta por varias razones. Primero, por evidenciar que varios funcionarios municipales actuaban de forma ilegal y reiterada ante sus ojos. Ningún responsable político se percató nunca de que unas licencias se retrasaban de forma deliberada mientras que otras se aprobaban a toda velocidad. Segundo, porque la imagen de los policías uniformados registrando un ayuntamiento es la pesadilla de cualquier político municipal. Y tercero, porque la batalla dialéctica sobre la responsabilidad del suceso terminó por desvelar que las sedes nacionales de PP y PSOE, los edificios emblemáticos de ambas formaciones, aquellos donde Rajoy y Zapatero salen a saludar tras las elecciones, operaban sin licencia.

Fue la concejala de Urbanismo de Madrid, Pilar Martínez, quien lanzó el envite más agresivo y desató la tormenta sobre la Casta. El Partido Popular llevaba un mes viendo cómo el PSOE sacaba partido a las detenciones en su ayuntamiento y decidió ajustarle las cuentas. Martínez aseguró en declaraciones a la cadena COPE que la sede central del PSOE a nivel nacional, ubicada en el número 70 de la calle de Ferraz, en Madrid, llevaba veintiséis años abierta sin licencia. Veintiséis años. Y también indicó que hacía menos de una semana que los socialistas comenzaron los trámites para solicitarla. Lo que no explicó la concejala en aquel momento es por qué el ayuntamiento nunca hizo nada al respecto, nunca sancionó a los socialistas ni abrió expediente alguno. En lugar de eso, fue el propio ayuntamiento el que recordó al PSOE en 2005 que tenía que cumplir con la normativa y solicitar la licencia preceptiva. En ese momento el edificio que alberga la sede central de los socialistas llevaba ya veinticuatro años funcionando fuera de la ley, según los datos ofrecidos por el consistorio. Una vez más los ataques personales entre sus miembros sirvieron para que la Casta, por lo común hermética y homogénea, pusiera sus miserias sobre la mesa. «En lugar de difamar, lo que tiene que hacer el PSOE es cumplir la ley como cualquier otro ciudadano», espetó la concejala. Pocas horas después los principales medios de comunicación se apostaron en la puerta del número 70 de la calle de Ferraz, en pleno centro de Madrid. Al término de su intervención la responsable de Urbanismo aseguró que el ayuntamiento enviaría al día siguiente un inspector para comprobar la legalidad de las obras realizadas por el PSOE, pero el órdago no llegó a cobrarse y el inspector nunca apareció. No había ido en veintiséis años y no había intención de romper la costumbre. En lugar de eso, el PP recibió una nueva ración de carnaza mediática y las vergüenzas de la Casta quedaron otra vez al descubierto. El portavoz de Urbanismo del PSOE, Pedro Sánchez, desveló ante la prensa que la sede nacional del PP, ubicada en la también madrileña calle de Génova, carecía asimismo de licencia de actividades desde marzo de 2007, tras realizar una serie de reformas en el edificio. Dos días tan sólo tardó el PSOE en reclamar al ayuntamiento el expediente del edificio donde Rajoy celebra sus victorias electorales. En cuarenta y ocho horas encontraron munición suficiente para contestar a su adversario. La pena es que la gestión se hiciera para proteger la imagen del partido y no los intereses de los ciudadanos.

Tuvo que llegar una pelea a filtración limpia para que el electorado supiera que las sedes de los partidos políticos con más votantes del país operaban fuera de la normativa. Una vez más, lo que es imprescindible para los votantes no parece igual para los partidos. De hecho, pese a la reyerta de datos, no se conoce sanción alguna por parte del ayuntamiento para ninguno de los contendientes, con excepción del PSOE, al que el Ayuntamiento de Madrid ha impuesto una infracción de 120.000 euros por las obras realizadas en el palacio de la Prensa antes de la concesión de la licencia. Los socialistas han presentado dos alegaciones. Consideran que la sanción es injusta y carente de base legal, por lo que es probable que el caso termine en los tribunales.

Villa la Casta

«En Galicia, si eres socialista y con dinero, las leyes no van contigo». Estas palabras resonaron ante los micrófonos justo cuando enero tachaba sus primeras cruces. Era la primera semana lectiva del año y 2009 empezaba fuerte. Lo sorprendente es que el axioma sobre la clase política, la tesis de que los cargos electos están por encima del bien y del mal, fue pronunciado por un miembro de la Casta, uno de los suyos. El secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, respondía así al hecho de que el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, tuviera pensado comprar el ático con las vistas más privilegiadas en un edificio denunciado ante la Fiscalía de Pontevedra.

Su nombre oficial es Residencial Illa de Arousa, pero la promoción inmobiliaria ha pasado al imaginario colectivo con el apodo de «Villa PSOE». El sobrenombre surgió cuando un grupo de vecinos denunció el edificio porque, a su juicio, era ilegal, ya que se encuentra a tan sólo veinte metros del agua. La isla de Arousa, independizada de Vilanova de Arousa en 1997, tiene sólo siete kilómetros cuadrados y está unida al continente por un puente de dos kilómetros de longitud. Es un enclave único que tiene en la actualidad cinco mil habitantes y donde una empresa privada decidió levantar ciento veinte viviendas de lujo junto al mar.

La Ley de Costas, que entró en vigor en 1988, establece que todos los edificios construidos en España tienen que estar como mínimo a cien metros de la playa. En virtud de esta normativa se han clausurado y derribado este verano muchos chiringuitos de las playas españolas. Nada de ladrillo a menos de cien metros. Sin embargo, la normativa contempla mínimas excepciones para aquellas viviendas previstas hace más de veinte años en los planes urbanísticos de los ayuntamientos costeros. Eso es lo que ahora tratan de discernir los tribunales: si Villa PSOE se puede o no acoger a esa salvedad para evitar el derribo. Mientras los denunciantes aseguran que el edificio es ilegal porque se levantó en suelo no urbanizable después de talar un pinar de reconocido valor ecológico, el promotor de las viviendas recuerda que el plan urbanístico fue aprobado por el ayuntamiento y confirmado por la Xunta de Galicia.

En cualquier caso, sólo dos cosas son seguras: que el edificio incumple la actual normativa y que tiene todos los permisos en regla. Algo que parece ilógico, pero que se da en muchas ocasiones en España cuando se trata de urbanismo. Además, ha sido denunciado incluso por el Parlamento Europeo en el llamado Informe Auken, publicado el 20 de febrero de 2009. El documento critica el urbanismo depredador permitido en España en los últimos diez años y la ambigüedad con la que se ha aplicado la Ley de Costas para bloquear o autorizar proyectos junto a las playas. Lo que no explica el informe es que estas situaciones se producen porque hay mucho dinero en juego.

En el caso del Residencial Illa de Arousa, el plan urbanístico fue aprobado en el año 2005 por el ayuntamiento de la localidad, con el socialista Xosé Manuel Vázquez como alcalde. Sobre el papel, un alto cargo socialista compraba un ático en un edificio a veinte metros de la playa, aprobado por un ayuntamiento afín. La munición estaba servida. Así nació Villa PSOE.

Sin embargo, la relación político-urbanística pretendida del PP en este caso es casi artificiosa, o al menos no circula en una sola dirección. Es cierto que el edificio donde invirtieron varios responsables socialistas como José Blanco o el conselleiro de Trabajo de la Xunta, ricardo Varela, fue aprobado por un ayuntamiento controlado por el PSOE. Pero también lo es que uno de los promotores del edificio, José Luis Alonso Riego, fue un reconocido militante popular. Ex alcalde del pueblo gallego de A Guarda en la legislatura 2003-2007, varela fue además parlamentario autonómico durante la era Fraga. De hecho, la última palabra para autorizar el edificio la tuvo la Xunta de Galicia, ya que los gobiernos autonómicos tienen que visar y autorizar todos los proyectos urbanísticos aprobados por los ayuntamientos. Así que la llamada Villa PSOE se aprobó en el Ayuntamiento de Illa de Arousa también con los votos de los concejales populares, y recibió el sí definitivo de la administración controlada por Manuel Fraga, presidente de honor del PP. Villa PSOE es en realidad «Villa la Casta». Ambos partidos participaron en su aprobación, aunque sólo alguno de sus miembros sacó tajada. La tajada de comprar un piso en un lugar privilegiado, con unas vistas magníficas, a costa de sacrificar un paraje ecológico, de quebrantar la imagen de la zona y de levantar varios bloques de cemento a veinte metros de la costa. Eso sí, todo legal. Pero no sólo José Blanco y Ricardo Varela disfrutan de este privilegio. También tienen opción de compra en el edificio muchos particulares y varios concejales del PP, tal y como confirmó a la prensa en enero de 2009 el promotor del edificio, deseoso de desligar el inmueble de cualquier signo político.

Capítulo IX EL CONTROL DE LA JUSTICIA

EL CONTROL DE LA JUSTICIA

Así se blinda la Casta frente a investigaciones policiales e interfiere en el sistema judicial

La separación entre los tres poderes —legislativo, ejecutivo y judicial— es la base del Estado de Derecho. Según esta organización social, desarrollada en el siglo XVIII por Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, la administración de justicia tiene que ser completamente impermeable a los intereses políticos. Es decir, los jueces y todos aquellos relacionados con el sistema judicial tienen que ser independientes del Gobierno y de los que hacen las leyes. Independientes de la Casta. Lo que Montesquieu propone en su obra Del espíritu de las leyes, publicada en 1748, es «que el poder contenga al poder».

El motivo es sencillo. La creación de un Estado responde a la necesidad del hombre de defenderse de otros hombres. El individuo renuncia a parte de su libertad para vivir en sociedad, en un entorno reglado que castiga las conductas peligrosas para la convivencia: violencia, robos, asesinatos… Pero ¿quién protege al hombre del propio Estado? Surge el dilema de quién vigila al vigilante. Es entonces cuando se hace necesaria la separación de poderes y los jueces tienen que emplearse más a fondo para luchar contra los grupos dominantes. Es entonces cuando se ven obligados a plantar cara: cuando investigan o castigan a la Casta.

Al igual que la democracia real se ha convertido en quimera, la separación absoluta de poderes se ha visto arrastrada al mismo lugar utópico. De hecho las democracias occidentales ni siquiera lo pretenden. La mayoría de los estados modernos incorpora un sistema de pesos y contrapesos, como definió en el siglo XVII el pensador británico John Locke. Las constituciones occidentales cuentan con mecanismos de intervención pensados para que ninguna de las tres ramas de la autoridad —el gobierno, el parlamento o los tribunales de justicia— tome un poder desmedido ante la sociedad. Para simplificar, el Estado es como un buen gazpacho, donde demasiado aceite, demasiado vinagre o demasiada agua terminarían por estropearlo. Así que en lugar de separados, los tres poderes públicos están sutilmente entrelazados para vigilarse entre sí.

En España la democracia parlamentaria es como un funambulista en medio del alambre, siempre en equilibrio precario. Tanto, que el sistema de contrapesos ha terminado por inclinar la balanza del lado de los políticos, que influyen de manera decisiva en la administración de justicia y, por lo tanto, en todo lo que de ella deriva, desde los tribunales hasta los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

El supuesto equilibrio se compensa desde la cima de la pirámide de poder con las fuerzas ejercidas por dos polos opuestos: el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por un lado, los jueces del Tribunal Constitucional auditan las leyes aprobadas por la clase política. Pero la Casta influye de forma más decisiva en el núcleo mismo de la Justicia, ya que son los partidos quienes —tras varios filtros— proponen a los veintiún miembros que gobernarán los designios judiciales del país desde el CGPJ.

Por lógica, el partido que tiene mayoría en el Congreso y el Senado coloca allí a más candidatos afines, aunque se trata de una negociación tensa, ya que cada vocal tiene que ser confirmado por tres quintos de los diputados o senadores. No basta con una mayoría simple. Ya lo dice el Talmud: «Ay de aquella generación cuyos jueces merecen ser juzgados». En la legislatura actual (2009), el PSOE ha designado a diez vocales, nueve fueron propuestos por el PP y otros dos por los partidos minoritarios.

En cualquier caso, basta con sentarse a observar para comprobar los continuos intentos de la clase política por interferir en las decisiones de los jueces. Como ejemplo, el mes de julio de 2009 la juez de Sigüenza María del Mar Lorenzo tuvo que pedir amparo al CGPJ ante la presión de la Casta. Cuatro años antes un incendio originado por una barbacoa calcinó 12.000 hectáreas de pinar en el Parque Regional del Alto Tajo. Aquel 16 de julio once trabajadores del retén contra incendios de Cogolludo perdieron la vida intentando sofocar las llamas. El 20 de mayo de 2009 la jueza Lorenzo dio por terminada la investigación e imputó a veinte personas por presuntos delitos. Entre los acusados figuraban varios ex altos cargos de la Junta de Castilla La Mancha y los técnicos que dirigieron la extinción del incendio, procesados por presunta negligencia.

Un mes después, las cortes castellano-manchegas celebraron un debate parlamentario. Y allí, en el hemiciclo autonómico que nada tiene que ver con la administración de justicia, se aprobó una resolución para solicitar el sobreseimiento de las actuaciones contra los políticos y técnicos de la Junta. Los parlamentarios autonómicos pidieron que se juzgara sólo a los excursionistas que causaron el fuego. Los miembros de la Casta, en lugar de aguardar la decisión judicial como cualquier ciudadano, presionaron para que sus compañeros no tuvieran que sentarse en el banquillo.

La petición de amparo de la jueza de Sigüenza se basa en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual «los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del CGPJ». Eso hizo también en el verano de 2002 el juez Baltasar Garzón. El magistrado de la Audiencia Nacional tuvo que pedir ayuda ante las continuas críticas del PNV y Eusko Alkartasuna, alterados por su decisión de embargar los fondos de Batasuna, que todavía tenía representación en las instituciones, para pagar los platos rotos de la kale borroka.

En 2004 fue Joaquín Bosch quien solicitó ayuda a la cúpula de los jueces tras una recepción oficial en París. En su denuncia, el jurista aseguró que el entonces ministro de Justicia, el popular José María Michavila, le insultó y amenazó a gritos durante diez minutos por facilitar a la prensa el dato de que doscientos treinta jueces recién graduados no tenían juzgado donde ejercer. Era una información incómoda, sobre todo teniendo en cuenta el colapso que sufre la Justicia en España, donde cada año se pone a la cola un millón de casos.

En 2007 el órgano de gobierno de los jueces tuvo que solicitar por escrito a todos los responsables políticos que dejaran en paz a los magistrados del País Vasco. Así de simple. En aquellas fechas la Casta estaba inmersa en una pelea después de que el Foro de Ermua presentara una querella contra el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, el líder socialista, Patxi López, Rodolfo Ares —que después fue nombrado consejero de Interior del gobierno vasco— y varios miembros de la izquierda abertzale entre los que figuraba Arnaldo Otegi, máximo exponente de la extinta Batasuna. Los parlamentarios fueron acusados de reunirse con el partido proetarra cuando la agrupación ya había sido ilegalizada.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, denunció públicamente la campaña de acoso intensa y prolongada que sufrieron los jueces encargados de pronunciarse sobre el procesamiento del lehendakari. Y el asunto se cerró de plano en enero de 2009 por un tecnicismo. El caso no llegó siquiera a juicio porque los magistrados del País Vasco consideraron que había una falta de acusación legítima. Es decir, que la Fiscalía no se había personado, así que no había caso. Con esta incomparecencia los líderes políticos más votados en el País Vasco se libraron de pasar por el banquillo. No obstante, ¿en qué se basaron los fiscales para no presentar acusación alguna? Y, sobre todo, ¿quién controla desde el origen la Fiscalía? También la Casta.

En España hay 2.200 fiscales encargados de promover la acción de la justicia en defensa de los intereses públicos. Su labor consiste en ejercer la acusación cuando los delitos se consideran perjudiciales para el bien común. Ellos no juzgan, sino que solicitan al juez las pesquisas necesarias para esclarecer el delito y piden la condena que consideran necesaria. Así que los fiscales del País Vasco —y sobre todo quienes les mandan— debieron de considerar que las reuniones entre los líderes autonómicos y los responsables de un partido ilegalizado por su naturaleza terrorista no eran lo suficientemente importantes como para, al menos, ser investigadas.

El cuerpo de fiscales es una estructura jerárquica y supuestamente independiente, controlada por el fiscal general del Estado, cargo que ocupa en la actualidad el jurista Cándido Conde Pumpido, magistrado del Tribunal Supremo. De él dependen en última instancia los nueve millones de acusaciones al año que el Estado ejerce en los tribunales. Y la elección de la persona que ocupa ese puesto, como tantos otros, está también controlada por la clase política. Es el Gobierno de la nación el que designa al fiscal general del Estado en cada legislatura, tras un informe no vinculante del CGPJ y una comparecencia del candidato en el Parlamento. Fue el PSOE, con el apoyo del PNV y CiU, quien propuso a Conde Pumpido para el cargo. Y fueron los hombres de Conde Pumpido quienes tenían que solicitar a los jueces la investigación de Juan José Ibarretxe y Patxi López por reunirse con Batasuna. Una investigación que nunca se produjo.

El martes 4 de agosto la número dos del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, acusó en un vídeo difundido por Internet al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de utilizar a los fiscales para perseguir a la oposición en el caso Gürtel en vez de dedicarlos a la lucha contra ETA. Las palabras de la secretaria general del segundo partido más votado del país levantaron ampollas. El PSOE las calificó de «impropias para una responsable política». Sin embargo, cospedal dio en el clavo. Además de denunciar una utilización manifiesta —no tanto de la Justicia como de las filtraciones interesadas a los medios—, sus palabras hicieron evidente la capacidad de los políticos españoles de orientar a la Fiscalía y, por lo tanto, el rumbo de las instrucciones judiciales.

En respuesta a sus palabras, los socialistas criticaron que Cospedal «recurra en la enloquecida estrategia del PP a mezclar la política antiterrorista, una cuestión de Estado que debe quedar fuera de la lucha política, con el caso Gürtel». El mensaje del PSOE da dos titulares claros al resto de la Casta. Primero, con la política antiterrorista no se juega. Y segundo, el caso Gürtel, una investigación con meses de trabajo policial, es para ellos una «lucha política».

Para los cargos electos, el caso Gürtel es simplemente una batalla que se libra en los juzgados y que nubla con el vaho de las filtraciones interesadas sobre bolsos, trajes o zapatos un extenso trabajo policial. Mientras España debate sobre la licitud de que un presidente vista ropa pagada por otros, los agentes de la Policía Judicial se pelean con una maraña de sociedades y cuentas bancarias con inversiones millonarias por medio mundo.

En conclusión, cuando las investigaciones y los procesos judiciales afectan a la clase política, el proceso está viciado.

Sin embargo, los escalafones más bajos de esta cadena —funcionarios independientes, comprometidos con su trabajo, o simplemente profesionales— son los más complicados de controlar para la Casta y sus cargos adyacentes. Y por suerte son ellos quienes están sobre el terreno. Son ellos quienes pasan horas transcribiendo intervenciones telefónicas. Son ellos quienes revisan a mano las contabilidades intervenidas en los ayuntamientos corruptos, quienes solicitan pesquisas a los jueces o quienes instruyen en primera instancia la mayoría de las causas. Y es complicado callarlos. Ése es en realidad el auténtico contrapeso legal de nuestro sistema democrático.

Imposible decidir sobre el aborto

La politización del sistema judicial español llegó al extremo el 23 de julio de 2009. Ese día, mientras la patronal del país pedía en bloque el despido libre para salir de la crisis, se produjo un hecho sin precedentes en treinta años de democracia. El enfrentamiento dentro de la cúpula del sistema judicial por cuestiones políticas fue tan claro y frontal que derivó en una situación insalvable. Los veintiún vocales del CGPJ fueron incapaces de llegar a un acuerdo.

Era jueves, y a primera hora de la mañana el Consejo General del Poder Judicial tenía que pronunciarse sobre la Ley del Aborto. El órgano de gobierno de los jueces, entre otras competencias, elabora informes sobre la legalidad de las propuestas de ley que el Gobierno lleva al Congreso. Pese a que sus decisiones no son vinculantes, tienen un peso importante a la hora de buscar apoyos entre los distintos grupos políticos. No es lo mismo apoyar una ley que pase el corte sin problemas que otra que será tumbada con toda probabilidad si es recurrida por la oposición ante el Tribunal Constitucional.

La reforma de la Ley del Aborto —anunciada en enero de 2008— se había convertido ya en un estilete para abrir en dos la sociedad española. No había medias tintas, era cuestión de optar: sí o no, blanco o negro. O más bien azul o rojo. Por un lado, el PSOE apostaba por despenalizar el aborto en España y permitir la interrupción voluntaria del embarazo antes de las catorce semanas de gestación. Su propuesta fue avalada por varias asociaciones de médicos, las clínicas abortistas, las asociaciones feministas y la inmensa mayoría de los colectivos de izquierdas.

En el otro bando, el PP abanderó la lucha de las asociaciones provida, la Iglesia, las organizaciones más conservadoras y todos aquellos que consideran que el feto es, ya de por sí, un ser vivo. El debate estaba servido.

El 14 de abril de 2005 el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La nueva normativa, que tendría que ser aprobada en el Congreso y el Senado, contempla entre sus puntos más polémicos la posibilidad de que las chicas de dieciséis o diecisiete años, todavía menores de edad, puedan someterse a tratamiento para interrumpir su gestación de forma voluntaria sin tener que solicitar permiso a sus padres.

Aquella fue la piedra en el zapato de los jueces, la cuchilla que rasgó sus vestiduras. El 23 julio de 2009 los veintiún miembros del CGPJ fueron incapaces de sumar una mayoría de once votos para informar —de forma positiva o negativa— sobre la nueva Ley del Aborto. El presidente de la institución, Carlos Dívar, propuesto directamente por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, dio un cambio de guión y aunó su voto con el de los nueve vocales conservadores propuestos para el cargo por el Partido Popular. En el otro bando se situaron los nueve vocales progresistas, designados por el PSOE, y Margarita Uría, elegida por el PNV, que era la ponente de un informe positivo emitido por la Comisión de Estudios, que incluía varias salvedades.

Así, la cúpula de los jueces tenía que decidir si refrendaba o no el texto elaborado ya por una parte de ellos. Los votos estaban diez contra diez. Empate. Y faltaba por decidirse Ramón Camps, el vocal propuesto por CiU. Su voto podía inclinar la balanza hacia uno u otro bando, pero al final se abstuvo. No hubo victoria para nadie.

El CGPJ informó al Gobierno de que le era imposible emitir un informe y que lo sucedido era reflejo del intenso debate que la nueva ley había provocado en la sociedad. Sin embargo, los jueces no tenían que decidir sobre las cuestiones éticas y morales que aparecían en charlas de café y pincho de tortilla, sino sobre la legalidad de la normativa propuesta. Sin más complicaciones. Es legal o no. Se puede aplicar o no. La Constitución lo permite o no. En definitiva, lo que se esperaba de ellos era un sí o un no con matices.

Su enfrentamiento reflejó en realidad la viva imagen de las pasiones que alimentan a la Casta y la herencia de una decisión tomada veinte años atrás. En 1985, el Partido Socialista, con Felipe González a la cabeza, decidió modificar el sistema de elección de los vocales que componen la cúpula judicial. Desde la transición, los miembros del CGPJ eran elegidos por una fórmula mixta aprobada por el gobierno de UCD. Sin embargo, el PSOE decidió que la designación de los elegidos para gobernar la justicia recayera únicamente en el Parlamento. El Partido Socialista quiso con ello terminar con un corporativismo judicial heredado de la época franquista. Y desde ese día es la Casta la que designa íntegramente la cúpula del CGPJ. Para explicar la medida, el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, pronunció una frase lapidaria: «Montes quieu ha muerto». El mecanismo fue suavizado años después con el Pacto por la Justicia impulsado por José María Aznar. Sin embargo, la decisión del ejecutivo de Felipe González fue el adiós sin remedio a la separación efectiva de poderes. Y un hola a los intereses, las filias y las fobias de la clase política. Un hecho que en plena transición democrática se vio como un mal menor, pero al que todavía no se ha puesto remedio.

El teatro de las comisiones de investigación

En España la clase política no tiene únicamente la potestad de interferir en la marcha de la justicia. Además, también puede impartirla a modo de tribunal popular para sus propios miembros. Los asuntos de la Casta son juzgados por la Casta, aunque sea de forma simbólica.

Es una justicia de cara a la galería, sin consecuencias penales y donde los políticos son en todo momento jueces y parte.

Según la Constitución española, tanto el Congreso como el Senado tienen potestad para crear comisiones de investigación sobre temas de interés público. Los políticos realizan sus propias pesquisas, recaban testimonios, interrogan, teorizan, postulan hipótesis y elaboran conclusiones sobre sus investigaciones. El problema es que, al carecer de carácter jurídico, las comisiones de investigación se han convertido en un teatro en el que la clase política salda sus cuentas con el escarnio público como única consecuencia. Y la fórmula se ha adoptado además en ayuntamientos, diputaciones y asambleas autonómicas de todo el país.

Al contrario de países como Estados Unidos, donde las comisiones de investigación tienen un carácter jurídico vinculante, en España este tipo de actuaciones derivan sólo en recomendaciones éticas y de actuación. En Estados Unidos, si el Congreso determina que un político ha cobrado una comisión ilegal, se le condena subpoenas, sin más esperas. Aquí, si los diputados llegan a la misma conclusión, el caso pasa a la Fiscalía para que comience otra investigación judicial, que puede durar años. En muchas ocasiones las pesquisas políticas y judiciales se solapan. La Casta investiga asuntos que ya se encuentran inmersos en los juzgados: los atentados del 11-M, el desastre del Prestige o el fraude del lino son sólo algunos ejemplos.

Llegados a este punto cabe plantear una pregunta: ¿para qué sirve entonces una comisión de investigación? En teoría, para depurar responsabilidades políticas. Sin embargo, un análisis más profundo desgrana el artificio. En primer lugar, porque los políticos saldan sus responsabilidades sociales ante los tribunales, como cualquier otro ciudadano, y las políticas, cada cuatro años en las urnas. Así que ¿para qué sirven en realidad las comisiones de investigación? La respuesta es desalentadora. Privadas de una capacidad operativa real, las comisiones de investigación sirven principalmente como arma arrojadiza entre los distintos grupos políticos y, lo que es más grave, como cortina de humo para todos ellos. Ni una sola de las investigaciones abiertas por el Congreso o el Senado al amparo de esta figura, ni uno solo de los tribunales compuestos por la Casta, ha derivado nunca en responsabilidades penales.

El funcionamiento de estos tribunales políticos en España es como arrastrar un buque por el desierto. Lento y tedioso. Sus conclusiones tienen que ser aprobadas por el grupo de trabajo, confirmadas por la cámara y después puestas en práctica por el Gobierno. Así pues, ¿qué hace el partido en el poder con las conclusiones de las investigaciones que le afectan? Controlarlas en función de sus intereses gracias a su mayoría parlamentaria. Y eso si no las veta directamente. Por ejemplo, el Parlamento andaluz, controlado por el PSOE con mayoría absoluta, lleva cuatro legislaturas sin aprobar una sola comisión de investigación.

En cualquier caso, este tipo de investigaciones vale también para saciar el hambre del electorado al ver a sus líderes interrogados tras un grave escándalo. El ex presidente José María Aznar protagonizó la comparecencia más larga de la democracia al ser interrogado a lo largo de más de diez horas por la comisión parlamentaria que investigaba los atentados del 11 de marzo de 2004.

Además, la clase política en bloque marca con sus pesquisas el ritmo de los medios de comunicación en los casos de corrupción. Y consigue que radios, periódicos y televisiones informen sobre temas de importancia capital para el país según la agenda que ellos mismos planean.

Cierto es que la comisión del 11-M sentó ante los focos sin límite de tiempo a un presidente del Gobierno y a varios ministros; y que todo el electorado pudo escuchar el «no a todo» con el que la diputada María Teresa Sáez se quitaba de encima las preguntas sobre el caso de transfuguismo conocido como Tamayazo, que costó al PSOE en junio de 2003 la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero eso es sin duda un simple consuelo, un espejismo de transparencia, un beneficio accesorio para un mecanismo atrofiado por su uso partidista.

El 4 de marzo de 2009 arrancó en la Asamblea de Madrid la comisión parlamentaria encargada de investigar los seguimientos a altos cargos del Partido Popular. El escándalo nació tras la denuncia del diario El País, que atribuyó la autoría de los espionajes al entorno de la administración regional controlada por Esperanza Aguirre, y en concreto a los hombres de la Consejería de Presidencia e Interior, encabezada por el popular Francisco Granados.

El grupo de investigación de la Asamblea de Madrid estaba formado por cinco miembros del PP, tres del PSOE y uno de Izquierda Unida. Nueve diputados se encargarían de investigar el caso durante al menos doce días. Como presidenta ocupó el cargo la popular Rosa Posada, tras la repentina dimisión de Benjamín Martín Vasco, imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el caso Gürtel.

Con estos datos, una comisión con mayoría del PP y presidida también por el Partido Popular tendría que investigar la labor del ejecutivo de Esperanza Aguirre en relación al espionaje de otros miembros de su propio partido. Sus conclusiones tendrían que ser aprobadas después por la Asamblea, donde los populares también son mayoría. Si algo queda claro en este caso es que un partido es más que nunca juez y parte. Y así terminó la cosa.

Tres días después del arranque de la comisión, que tenía planteadas veintinueve comparecencias, el Partido Popular dijo basta. Por allí pasaron varios ex consejeros regionales con competencias en seguridad, como el socialista Virgilio Cano o el popular Pedro Calvo, y varios técnicos de la Consejería de Presidencia e Interior. En total, los diputados madrileños escucharon a diez personas. El último en dar explicaciones fue el actual consejero del ramo, Francisco Granados, que se encontraba bajo todos los dedos acusadores como responsable máximo de las labores de seguridad de la Comunidad de Madrid. Tras su declaración, el PP consideró que ya era suficiente. Ni siquiera escuchó a los afectados por los espionajes, miembros de su propio partido, pero que mantienen públicamente haber sido objeto de seguimientos. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia, alfredo Prada, se quedaron sin poder hablar. La suya era una versión incómoda.

Tras sólo tres días de trabajo, los grupos presentes en la comisión elaboraron sus conclusiones. Comparando los tres documentos —PSOE, PP e Izquierda Unida— cuesta creer que los nueve diputados encargados de elaborarlos estuvieran tres días en la misma habitación, escuchando los mismos testimonios. Las conclusiones de unos y de otros —supuestamente orientadas hacia la búsqueda de la verdad— son diametralmente opuestas. Mientras los grupos de la oposición condenan sin paliativos la conducta de la administración regional, el PP asegura que el gobierno de la Comunidad de Madrid «ni ha ordenado ni ha amparado ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o cualquier otra persona». Y ése fue el texto que se aprobó, sin más opciones, dado que el PP controla el Parlamento regional con mayoría absoluta.

Tras seis alegatos de inocencia, el último punto de las conclusiones aprobadas por la Asamblea de Madrid detalla: «La comisión de investigación no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el diario El País y confía en el total esclarecimiento de los hechos a través de las actuaciones judiciales en curso». Es decir, que la comisión puede exculpar de manera rotunda al gobierno de Esperanza Aguirre tras tres días de trabajos inconclusos, pero no puede aportar ni un solo dato más que ayude a la investigación.

En aquellas fechas, el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ya investigaba el caso gracias a las denuncias de varios afectados. Pese a que el gobierno del PP se exculpó a sí mismo del asunto, el juzgado imputó a tres ex guardias civiles y asesores de Seguridad de la Consejería de Interior, José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro, como presuntos autores de los seguimientos. Los tres están ahora a la espera de juicio por presunta malversación de fondos públicos, si bien han negado ante el juez su participación en los hechos. Como prueba circunstancial, pesa sobre ellos un informe de la Policía Nacional que ubica a los tres ex agentes en el momento y lugar donde se realizaron varios seguimientos. Los agentes utilizaron los teléfonos móviles de los funcionarios para ubicarlos en zonas próximas al itinerario de Alfredo Prada durante siete días. Siete días en los que el ex consejero Prada fue espiado. Por supuesto, aquellos datos no aparecieron en la comisión de investigación liderada por el PP. Tampoco se buscaron.

Filtraciones judiciales: cuando el político tira la piedra y esconde la mano

El 6 de agosto de 2009 María Dolores de Cospedal no aguantó más. La número dos del Partido Popular llevaba semanas escuchando ataques continuos a los miembros de su partido y meses leyendo en los medios de comunicación informaciones bajo secreto de sumario. Eran pesquisas, informes policiales y datos concisos sobre las investigaciones del caso Gürtel, y todas apuntaban directamente en la dirección de sus hombres.

La gota que colmó el vaso fue la detención ordenada un día antes por el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. A primera hora de la mañana, cinco personas fueron arrestadas por su presunta relación con la llamada Operación Espada. El nombre hacía referencia a la famosa bicicleta que Miguel Indurain utilizó en 1994 para batir el récord de la hora, y se centraba en la sede de los mundiales de ciclismo en pista de 2007. Desde hacía un año la Justicia investigaba la construcción del velódromo Palma Arena, en la isla de Mallorca. El pabellón —proyectado por el arquitecto holandés Sander Douma y que ocupa 60.000 metros cuadrados— fue una de las infraestructuras estrella del gobierno del popular Jaume Matas. Se tardaron dos años en su construcción y costó el doble de lo presupuestado: 110 millones de euros. Algo olía mal.

Entre los detenidos aquel día figuraban dos altos responsables del PP balear: el ex medallista olímpico José Luis Pepote Ballester, que ocupó la dirección general de Deportes con el gobierno de Matas, y Rafael Durán, portavoz del Partido Popular de Palma. Ambos están acusados de inflar el coste del velódromo para beneficiar a los contratistas privados y desviar así dinero de las arcas públicas. Junto con ellos fue detenido el ex gerente del pabellón, Jorge Moisés, el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero, y el jefe de la constructora encargada de la obra, Miguel Ángel Rodríguez. Tras prestar declaración, todos quedaron en libertad bajo fianza a la espera de una decisión judicial firme.

Al día siguiente los españoles desayunaron con la noticia. Otro caso de presunta corrupción en Palma. Y van trece desde que Jaume Matas dejó el poder, todos pendientes de juicio. La primera plana de los periódicos lucía en las playas plagadas de sombrillas, en los corrillos vecinales y en las charlas de bar. En ella aparecían los responsables baleares del PP detenidos y esposados. Otra vez. La dirección del grupo comandado por Mariano Rajoy aseguró que el Gobierno había emprendido una «inquisición» contra el Partido Popular y que la decisión de esposar a sus afiliados era simplemente un ensañamiento político sin precedentes. Teorizaron incluso sobre la forma de esposar a los arrestados, en parejas y compartiendo grilletes en la muñeca derecha, lo que les obligaba a caminar más despacio. Así fueron expuestos ante la prensa. Les resultaba imposible ocultar las esposas.

En este punto cabe realizar una reflexión: ¿merece más protección pública un político que cualquier otro detenido? ¿Por qué los miembros de la Casta reclaman un trato especial? ¿Cuántas veces hemos visto a personas sospechosas de atracar, traficar o delinquir, personas que todavía no han sido juzgadas, caminar esposadas ante las cámaras? Infinidad de ellas. De hecho, ningún responsable político se quejó cuando la alcaldesa de Marbella fue arrestada en su casa a finales de marzo de 2006, convaleciente de una intervención quirúrgica, en el estallido de la Operación Malaya. Marisol Yagüe fue detenida ante las cámaras que esperaban a primera hora de la mañana frente a su casa, pese a que su orden de arresto era supuestamente secreta. Y parecida suerte sufrieron varios responsables del Ayuntamiento de Marbella. María Roca Jimeno, una estudiante de Derecho sin antecedentes que residía en un colegio mayor de Madrid, fue arrestada y esposada en su universidad, trasladada a su residencia de estudiantes frente a todos sus compañeros grillete en ristre y desplazada 542 kilómetros en un coche policial desde Madrid hasta Málaga. Ella nada tenía que ver con la política. En un momento del viaje, la recién licenciada solicitó que le pusieran las manos por delante de la espalda, ya que las esposas se le clavaban con el respaldo del asiento. No hubo respuesta.

Tras más de cinco horas de viaje, la hija de Juan Antonio Roca, principal imputado en la trama, pasó la noche en el calabozo a la espera de prestar declaración por el cobro de unos billetes de lotería premiados. Entonces ningún responsable político salió en su defensa. Nadie se quejó de que una chica de veintitrés años sin riesgo aparente de fuga fuera detenida con semejante despliegue en lugar de ser citada a declarar como imputada. Tras hablar ante el juez, María Roca quedó en libertad sin fianza a la espera de juicio. Pero, claro, ni ella ni el resto de los detenidos de la Operación Malaya contaban con el apoyo de los grandes partidos en el poder, ya que eran o bien ex concejales del Grupo Independiente Liberal, el partido formado por el ex presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, o exiliados de las filas del PSOE y el Partido Andalucista.

En el caso de la Operación Espada, los miembros de la Casta intercedieron para que el escarnio público no se produjera. El delegado del Gobierno en Baleares, el socialista Ramón Socías, reconoció ante los medios de comunicación que dio órdenes expresas a la Policía para que los responsables políticos no fueran esposados. ¿Tendría ese privilegio un preso común? ¿Y un recluso famoso que no se dedique a la política? ¿Mario Conde, por ejemplo? En cualquier caso, sus órdenes no se cumplieron y los cinco arrestados desfilaron ante la prensa con sus muñecas asidas por cerrojos y una cadena. Cierto es que fue un trato anormal, innecesario y que afectó a su imagen pública. Pero nadie se paró a pensar si el resto de los detenidos tiene también derecho a que su imagen se proteja. Sobre eso nadie levanta ninguna polvareda.

Los arrestados del Partido Popular en la trama Gürtel y el caso Palma Arena vieron cómo sus compañeros cerraban filas en su apoyo y acusaban al gobierno socialista de comenzar una caza de brujas. Ahora bien, ¿era una persecución real, sustentada por las cifras? ¿Detienen los policías a más miembros del PP que del PSOE desde que Zapatero llegó al poder? Y si lo hacen, ¿responde a una voluntad política o simplemente a que los miembros del PP meten más la mano en la caja? Los números hablan.

El estallido de la Operación Malaya dejó a más de la mitad de los concejales del Ayuntamiento de Marbella en prisión en marzo de 2006. Desde aquel día y hasta que el juez ordenó las detenciones del velódromo de Palma, 17 alcaldes fueron detenidos en España. De ellos, 7 pertenecían al Partido Popular y otros 4 al PSOE. El resto de los ediles detenidos —6 en total— engrosaban las filas de distintos partidos locales que ostentaban el poder en localidades como Zarra o Benitatxell, en la Comunidad Valenciana.

Así que el salto numérico entre arrestados de un bando y de otro era, cuando menos, comprensible. Al menos en lo que afectaba a representantes locales. La diferencia de trato entre el PP y el PSOE se encontraba en la política de alto nivel. El abismo no se abre por el número de imputados, sino por el peso político de los mismos.

La Operación Gürtel salpicaba a la base misma del Partido Popular en dos de sus feudos tradicionales: Madrid y la Comunidad Valenciana. Y se había cobrado de forma cautelar la imagen pública de diputados autonómicos como Ricardo Costa, alcaldes como Arturo González Panero, eurodiputados como Gerardo Galeote e incluso la del máximo responsable de las finanzas del PP, aquel que custodiaba cada euro recaudado por el partido, el senador Luis Bárcenas.

La importancia del caso Gürtel en la pelea de la Casta hizo resbalar incluso a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que dejó claras con sus declaraciones las capacidades de presión del ejecutivo frente a la Fiscalía. El 3 de agosto de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archivó la causa abierta contra el presidente de la Generalitat Valenciana, francisco Camps, por los regalos recibidos de los socios del empresario Francisco Correa. Sólo cinco horas después de que el auto fuera suministrado a la prensa, la vicepresidenta del Gobierno habló ante los medios. Y desde San José de Costa Rica, donde se encontraba en viaje oficial, aprovechó una comparecencia diplomática para meter baza en la batalla que la Casta disputaba a 8.457 kilómetros de allí.

Junto a Óscar Arias, jefe de Estado de Costa Rica, De la Vega aseguró que la Fiscalía recurriría el auto dictado por el máximo tribunal valenciano. ¿Cómo sabía la vicepresidenta la decisión que iba a tomar la Fiscalía? ¿No se trata de un organismo independiente del Gobierno? Las preguntas tenían difícil respuesta, así que la mano derecha de Zapatero se levantó del traspiés dialéctico con evasivas.

Desde la embajada española en Brasilia, la portavoz gubernamental aludió de nuevo a la polémica tras reunirse con el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva. Desde allí, de nuevo en una comparecencia diplomática, con un presidente de Estado como convidado de piedra, De la Vega matizó que su gestión ante la Fiscalía se limitó a preguntar cuál iba a ser su siguiente paso, no a orientar sus actuaciones. «La Fiscalía no se deja utilizar por nadie. Y tampoco por el Gobierno», espetó. Sus palabras fueron ladrillos para una fachada de independencia que se desmorona con los hechos. ¿No habían sido declaradas secretas las actuaciones judiciales, incluso para las partes implicadas? Entonces, ¿qué derecho tiene un tercero, aunque sea el Gobierno, a conocer detalles de una investigación en curso o las decisiones que tomará el fiscal? ¿Por qué la vicepresidenta del país puede conocer contenidos del caso con más premura que los propios acusados? Su respuesta fue concisa. El fiscal general del Estado ya había comunicado al ministro de Justicia, el socialista Francisco Caamaño, la decisión de recurrir el archivo de la causa y solicitar que Francisco Camps fuera procesado. Una y otra vez la madeja gira siempre sobre la rueca hilada por la Casta.

Tras conocer las nuevas detenciones de sus hombres en Baleares, María Dolores de Cospedal dijo basta, y lo hizo luciendo moreno desde la terraza del hotel Golf Guadalmina, de cinco estrellas. No tuvo en cuenta que la instrucción del caso se arrastraba desde hacía meses, ni que era público que la Justicia andaba hurgando por la isla. La prensa había publicado incluso cuatro meses antes —el 7 de abril de 2009— que agentes de la Guardia Civil visitaban las tiendas de lujo de Palma portando una fotografía de Maite Areal, mujer del ex presidente Jaume Matas, para ver si algún tendero la reconocía y podía aportar información sobre sus compras.

Ante los continuos ataques a su gente, De Cospedal hizo hincapié de nuevo en una cuestión denunciada días atrás, pero que quedó velada por la marea de noticias generada por el caso Gürtel. La secretaria de organización del PP acusó al Gobierno y a la policía de realizar escuchas telefónicas ilegales a cargos del Partido Popular. Estalló la guerra de nuevo con el uso partidista de la Justicia como telón de fondo. Según su versión, denunciada ante la Fiscalía el 24 de julio de 2009, un agente de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) llamó al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, para informarle de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón iba a inhibirse del caso. Y la llamada fue grabada.

Además, el sumario incorpora grabaciones realizadas a cargos del PP en 2006, cuando el sumario se abrió en 2008. Lo que parece olvidar la responsable popular es que la Operación Gürtel nació cuando un ex concejal del PP presentó ante la Fiscalía varias horas de grabaciones realizadas, supuestamente, por él mismo. El responsable de Justicia del Partido Popular, Federico Trillo, respaldó la denuncia de su número dos e insinuó que él también fue objeto de escuchas sin autorización judicial. Varias informaciones periodísticas apuntaron presiones de Trillo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juan Montero, a favor de su compañero Francisco Camps. Según el ex ministro de Defensa, Montero se apellida también uno de los abogados del partido que participa en la defensa de sus aforados en la Comunidad Valenciana.

«Todavía estoy esperando a que alguien que tenga pruebas de esas llamadas me explique cómo sabe que yo telefoneo a diario a un señor Montero que ellos confundieron con el magistrado», aseguró el ex miembro del gobierno de José María Aznar en declaraciones a Onda Cero.

La denuncia presentada por los servicios jurídicos del Partido Popular se centraba casi por completo en las filtraciones del sumario que han aparecido en diversos medios de comunicación, pero sobre todo en el diario El País. Una vez más, el punto de mira de la Casta se puso en la cabeza del mensajero —la prensa—, en lugar de centrarse en la verdadera naturaleza del problema. Cuando una instrucción permanece secreta, sólo tres organismos tienen acceso completo a la información: el juez instructor, la Fiscalía y la Policía Judicial. Y sólo uno de ellos puede filtrar —de forma directa o indirecta— los datos a los medios de comunicación.

Con esta mano sobre el tapete, se abre un interrogante decisivo: ¿quién se beneficia de las filtraciones a la prensa? Sobre el papel, sólo los medios de comunicación, que dan noticias en exclusiva. Y, por extensión, sus lectores. Desde el otro lado todo son problemas. Los jueces ven entorpecido su trabajo, la policía tiene más trabas para investigar, ya que muchos de los implicados quedan sobre aviso, y la Fiscalía sufre más presiones por parte de los imputados. Entonces, ¿por qué cualquiera de los tres suministra información a la prensa? Porque con este tipo de prácticas quienes salen realmente beneficiados son los miembros de la Casta. Son ellos quienes logran con la aparición de los informes policiales en los medios de comunicación la creación de un juicio paralelo mucho más rápido y efectivo que la vía judicial. El juicio del caso Gürtel tardará años en cerrarse, pero Francisco Camps ya está visto para sentencia en las urnas. Por otro lado, los informes sobre los explosivos utilizados en los atentados del 11-M han sembrado antes la duda en parte del electorado que en los jueces.

El sistema judicial español es tan sensible a las filtraciones de la clase política que se han vivido situaciones realmente preocupantes.

Era domingo, el 28 de abril de 2002, un día raro para convocar una rueda de prensa, pero así lo hizo el entonces portavoz de la ilegalizada Batasuna. Arnaldo Otegi convocó a los medios de comunicación y anunció públicamente una inminente operación judicial y policial contra la izquierda abertzale. La cabeza visible del Movimiento de Liberación Nacional Vasco desvelaba de manera pública que la policía iba a hacer detenciones en su entorno. Y lo que era más preocupante: que ellos ya lo sabían.

La Audiencia Nacional preparaba desde 1998 una extensa investigación sobre las finanzas de la banda terrorista ETA y las fuentes de financiación legal encontradas por las organizaciones que orbitan en la esfera del grupo armado. Con la lección aprendida, doscientos agentes de policía se desplazaron al País Vasco para monitorizar a múltiples objetivos. La operación se llevó con el más absoluto secreto hasta que fue necesaria la intervención de personal de los juzgados del País Vasco. Y entonces llegaron las filtraciones, hasta el punto de que el entorno abertzale fue alertado. Los investigados tuvieron dos días para reaccionar, tiempo suficiente para eliminar documentación sensible y borrar sus huellas en la medida de lo posible antes de la llegada de los agentes. La operación se produjo dos días después de que Otegi la anunciara públicamente. Así que los simpatizantes de ETA llevaban ya cuarenta y ocho horas sobre aviso. Así funciona algunas veces el sistema.

Capítulo X MERCADOTECNIA POLÍTICA: LA MANIPULACIÓN DE LAS IDEAS

MERCADOTECNIA POLÍTICA: LA MANIPULACIÓN DE LAS IDEAS

Adiós al programa. Lo único que importa es que el candidato venda, como las lavadoras

«Lo fundamental ahora es el poder de la imagen. El que mejor se posicione visualmente será el que gane, porque el voto es más emotivo que mediático y se marcan las casillas en las papeletas por simpatía con el candidato». Arrancaba la campaña electoral para las municipales de 2003 cuando el asesor de imagen Antonio Sola hacía estas declaraciones en el diario El País. El gurú de las campañas electorales del PP dibujaba una España en la que mucha gente todavía vota a un partido político, lee un periódico y sigue a un equipo de fútbol por tradición. Las filias y fobias están muy por encima de las ideas cuando se trata de votar. Hay un alto contenido emocional. Sola daba así las claves para entender la batalla política que se abre frente a los votantes en cada campaña. Las elecciones son una guerra mediática en la que los partidos gastan 60 millones de euros y que se centra en poner la mejor cara al candidato de turno, en lugar de hacer llegar al ciudadano su ideario político.

Atrás quedaron los tiempos en los que lo que importaba era el mensaje. El «programa, programa, programa» del ex líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, ha dejado paso a una lucha sin cuartel donde las ideologías se difuminan y sólo queda la mercadotecnia política. Un mundo donde los miembros de la Casta se someten a campañas de imagen y se venden frente al electorado como si fueran una marca de lavadoras. Un mundo donde los jóvenes de cada partido se sientan tras el candidato en los mítines electorales televisados porque la gente mayor da una imagen rancia. En ese entorno, un asesor da la orden de agitar las banderas con propaganda cada vez que una cadena conecta en directo con el mitin. Todo es cuestión de imagen. Y casi todo vale para arañar unos votos.

Antonio Sola —responsable de la consultora Ostos y Sola— es desde hace años el hombre que moldea las campañas electorales del Partido Popular. En sus manos se puso en junio de 2007 el ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, cabeza de lista por el PP al Parlamento Europeo. Los hombres de Sola realizaron un estudio con 1.700 encuestados para conocer las opiniones del electorado sobre el político vasco. La conclusión no fue buena: a Mayor Oreja se le ve muy de derechas.

El estudio, desvelado por el diario El País, realizaba una serie de recomendaciones sobre la estrategia a seguir para ganar los comicios. Entre ellas la siguiente: las elecciones europeas no deben plantearse como una moción de censura ni como una comparación entre Zapatero y Rajoy, porque volvería a ganar Zapatero. No hay que caer en una campaña nacional. Eso es lo que quiere Zapatero.

Fue en 1952 cuando por primera vez un miembro de la Casta se dirigió a una agencia de publicidad para preparar su campaña electoral. El general Dwight Eisenhower visitó, como candidato a la Casa Blanca, la sede de la firma BBDO. La empresa, con delegaciones en todo el mundo, recibió el encargo de planificar sus apariciones televisivas. Así nació la mercadotecnia política, una disciplina que se ocupa de planificar la táctica y estrategia de las campañas electorales.

Desde entonces, numerosos autores han analizado el uso de técnicas de persuasión, posicionamiento de competidores o expectativas de consumo en cada campaña. De una forma muy básica, el juego electoral se centra en explotar las diferencias entre partidos y reforzar la simpatía del candidato sobre el mayor número posible de votantes, tal y como explica el profesor de la Universidad Complutense, Javier del Rey Morató, en su obra Democracia y posmodernidad.

En esencia, una persona es tan similar o tan diferente a otra como queramos pensar. Todo es subjetivo y depende de dónde pongamos el listón. Todos somos iguales según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O tan diferentes como queramos ser: tú eres negro y yo blanco, tú eres hombre y yo mujer, tú eres de Madrid y yo de Barcelona, tú hablas castellano y yo euskera, tú eres de izquierdas y yo de derechas, tú eres del PP y yo del PSOE…

Este juego de las diferencias es explotado hasta la saciedad por la clase política en su propio beneficio. Pero se trata de una estrategia dialéctica, un juego del lenguaje que nada tiene que ver con ideologías. Es todo mercadotecnia.

Ésta es la base, por ejemplo, de las reivindicaciones de los movimientos nacionalistas, que buscan una mayor financiación pública o incluso una independencia administrativa explotando constantemente las diferencias frente a otros grupos sociales o culturales por el mero hecho de pertenecer a un territorio concreto. En España basta citar el debate sobre la financiación de las autonomías para entender el proceso. Cada una de las comunidades autónomas ha ensalzado sus diferencias frente a las demás para justificar un incremento de financiación estatal. El País Vasco tiene su deuda histórica, cataluña su actividad económica, aragón la falta de inversiones, Melilla su posición estratégica… Siempre hay algo que justifica un trato diferente —y beneficioso— frente al resto.

El juego de las diferencias se aplica constantemente en las campañas electorales, y en todos los procesos que tienen que ver con la Casta, con un oscuro resultado: la sociedad española se ha polarizado y dividido en dos frentes: izquierdas y derechas, PSOE y PP, nacionalistas y no nacionalistas, buenos y malos, los tuyos y los míos, conservadores y progresistas… Lo peor de todo es que la presión de ambos grupos hace que todo el mundo se vea obligado a posicionarse, a tomar partido. Hay que estar a favor o en contra de la tesis oficial sobre el 11-M, de un lado o del otro en la negociación contra ETA, arriba o abajo en el tema de los trasvases entre cuencas. No hay sitio para medias tintas. No hay escala de grises. Sólo hay militancia. Una militancia que redunda en beneficio de los principales partidos.

En junio de 2006 el nombre de Antonio Sola volvió a aparecer en los medios de comunicación. Esta vez el consultor español asesoraba al PAN, el partido conservador del presidente mexicano Felipe Calderón. Y allí, a miles de kilómetros de la calle de Génova, el asesor electoral del Partido Popular fue acusado de copiar al enemigo. El partido de Felipe Calderón realizó un vídeo para su candidato en el estado mexicano de Nuevo León prácticamente calcado de uno de los anuncios que el PSOE elaboró para José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones generales españolas de 2008.

Ambos vídeos —el del PSOE y el del PAN— mostraban a dos jóvenes que se levantaban de la cama por primera vez para ir a votar. En ambos, una hilera de parientes y amigos les empuja a pensar que todos los políticos son iguales, pero ellos se convencen de lo contrario. En la versión española la opción correcta es el progresista Rodríguez Zapatero. En la mexicana el político elegido es el conservador Fernando Elizondo. Dos caras de una misma moneda. Mientras Antonio Sola asesoraba a los conservadores mexicanos para las elecciones del 5 de julio de 2009, el equipo que ayudó a Zapatero a revalidar su presidencia en 2008 se encargaba de la campaña electoral del PRI, el partido mayoritario en México. Y fueron ellos quienes hicieron notar el sospechoso parecido entre los dos anuncios electorales.

En cualquier caso, la conclusión es reveladora: un mismo mensaje sirve para promocionar ideologías totalmente contrarias. Así que poco importa ya el trasfondo político. Lo importante es que el candidato venda. Como las lavadoras.

Prohibido hacer preguntas incómodas

El presidente de la Generalitat Valenciana, francisco Camps, se dirigió solemne al patio gótico del Palau de la Generalitat, la sede del gobierno de la Comunidad Valenciana. Allí, en un edificio con más de quinientos años de historia, fue donde el líder de los populares valencianos dio sus explicaciones a los medios sobre los trajes que recibió de la red del empresario Francisco Correa. El vídeo grabado por Camps fue difundido al momento por las principales cadenas de televisión. Unas horas antes, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había decidido archivar la causa contra él por cohecho.

La versión de Camps llegó a toda la ciudadanía con una particularidad: nunca hubo periodistas delante. Nadie pudo preguntar al presidente del Gobierno autonómico sobre las dádivas o sobre la decisión de la Fiscalía de recurrir el cierre de las investigaciones. Sólo salió al aire la versión diseñada por los asesores de comunicación de Camps. Ese día no había ruedas de prensa importantes en Valencia. Bastaba con una llamada para que representantes de todos los medios acudieran en manada. Pero no lo hicieron. Nunca hubo opción a réplica, debate o preguntas incómodas.

La técnica de Camps no es ni mucho menos nueva.

De un tiempo a esta parte los miembros de la Casta han aprendido una lección: los periodistas sueltos, cuanto más lejos mejor. El tapón informativo comenzó con la moda de las ruedas de prensa en las que no se permiten preguntas. El político de turno llega, da su versión y se va.

Así no hay opción para meter dedos en la llaga. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, utilizó este procedimiento el 29 de junio de 2006 para explicar su postura ante las negociaciones del gobierno socialista y ETA. Poco después, Zapatero hizo lo mismo. El 25 de octubre de 2006 el presidente del Gobierno prohibió a los periodistas hacer preguntas en la presentación de Miguel Sebastián como candidato a la Asamblea de Madrid. Este método es el utilizado siempre por los portavoces de Batasuna y su entorno.

¿Cómo puede un político prohibir a la prensa hacer preguntas y justificarlo por el bien de la democracia? El 19 de abril de 2009 el ex ministro de Defensa Federico Trillo compareció ante los medios de comunicación. Y desde la sede nacional del Partido Popular, el actual responsable de Justicia del PP criticó la sentencia que condenaba a treinta y dos militares españoles —que en el momento de los hechos se encontraban bajo su responsabilidad— por los errores en la identificación de los cadáveres del Yakovlev-42 que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003, cuando transportaba a sesenta y dos soldados. Tras la publicación de la sentencia, Trillo tenía muchas preguntas que contestar, pero no lo hizo. Llegó, dio su opinión sobre los hechos y se fue. Veni, vidi, vici, que diría Julio César. Lo mismo hizo su compañero de partido Alfredo Prada unos meses antes para explicar el espionaje político al que fue sometido.

La moda de las ruedas de prensa sin preguntas ha generado el rechazo frontal de las asociaciones de periodistas e incluso la creación de un movimiento en contra en la red social Facebook. En tres días, cinco mil españoles se sumaron a la petición del periodista Carlos Hernández Echevarría para que los reporteros desertaran de convocatorias de este tipo. En abril de 2008 los directores de los principales medios de comunicación firmaron un comunicado a instancias del Col·legi de Periodistes de Catalunya y la Asociación de la Prensa de Madrid. El objetivo era frenar este tipo de prácticas tras su utilización por los principales partidos en la campaña electoral de las generales. El texto fue rubricado por los directores de ABC, El País, El Mundo, El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, La Razón o Público. En este manifiesto se indica que las declaraciones sin preguntas «no merecen la comparecencia de periodistas. Sobra con la distribución de las mismas en los soportes posibles». Los miembros de la Casta se lo tomaron al pie de la letra. Y eso hicieron.

El vídeo grabado por Francisco Camps tras su absolución judicial emula la estética de las ruedas de prensa, pero es sencillamente una declaración enlatada. A su intervención se sumó al día siguiente otra grabación similar, esta vez protagonizada por la número dos del PP, María Dolores de Cospedal. La secretaria de organización del PP arremetió contra el Gobierno. El vídeo fue grabado en Marbella y mientras De Cospedal hablaba nadie le pudo solicitar pruebas de sus acusaciones. Nadie pudo preguntar absolutamente nada. No hubo opción.

Dos días después fue el ministro de Fomento, José Blanco, quien anunció la decisión del PSOE de no negociar con su antagonista varios cargos de designación. Era la respuesta al boicot que el Partido Popular hacía a la toma de posesión de la socialista Leire Pajín como senadora. Esta vez la declaración llegó de nuevo enlatada. Tampoco hubo preguntas.

El afán de la clase política por controlar la información que difunden los medios ha llenado el sector público de asesores de prensa. Prácticamente cada departamento tiene el suyo. De forma oficial, su trabajo se basa en facilitar las relaciones entre la Casta y los medios de comunicación. En realidad, los jefes de prensa de la administración ejercen en muchos casos como filtros y tapones informativos.

Su función es más la de orientar el trabajo de los periodistas hacia un punto determinado y dilatar en la medida de lo posible la publicación de informaciones perjudiciales. Basta con solicitar datos oficiales, como los gastos de viaje del presidente del Gobierno o las sanciones impuestas por el Consejo de Ministros a los cargos de la administración que incumplen el Código de buen gobierno, para darse cuenta del proceso. Sólo hay que pedirlos y esperar sentado. Y esperar. Y esperar…

El 28 de julio de 2009 un periodista de Televisión Española fue duramente reprendido por el director de Comunicación del Ministerio de Trabajo, Manel Fran i Trenchs. Era martes y el titular de la cartera, Celestino Corbacho, acababa de terminar una rueda de prensa. Tras la intervención, el periodista abordó al ministro. El presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, acababa de instar al Gobierno a abrir de nuevo la mesa de negociaciones sobre la reforma del mercado laboral. Días antes Zapatero dio por rotas las negociaciones tras una guerra mediática con los empresarios. El periodista se acercó a preguntar al ministro una cuestión incómoda: ¿qué le parecían a Corbacho las declaraciones del jefe de la patronal? Tras la pregunta se produjo la siguiente conversación, grabada por las cámaras de Televisión Española:

Manel Fran—: Hemos tenido una rueda de prensa de una hora.

Periodista—: Ya, pero es que la noticia es ahora mismo.

M—: No, la noticia no es ahora mismo.

P—: La noticia es ahora mismo. Díaz Ferrán acaba de hablar hace diez minutos.

M—: Lo pides antes y lo gestionamos bien. Voy a quejarme, ¿eh?

P—: Bueno.

M—: No. Voy a quejarme y lo has hecho mal. Muy mal. Es más: voy a pedir quién eres para evitar que vengas a este ministerio en la medida de lo posible.

Así que el reportero de Televisión Española, en lugar de preguntar directamente al ministro, que estaba a escasos metros de él, tendría que haber llamado al Gabinete de Prensa y esperar a que le dieran autorización para hacer una sencilla pregunta. Surge entonces una duda: ¿y si el gabinete de prensa no da el visto bueno? El incumplimiento llevó explícita una amenaza de veto que captaron las cámaras de televisión. Una frase lo resume todo: me he quedado con tu cara. Al día siguiente, el ministro de Trabajo pidió disculpas públicamente al periodista y aseguró que tenía las puertas abiertas de su ministerio. Queda por conocer si la postura oficial habría sido la misma si la amenaza no hubiera sido grabada ante las cámaras.

Quien domina la información, domina el mundo

Los telegramas confidenciales estaban reproducidos a todo color en la página 14 del diario ABC. No había duda: alguien había filtrado documentos secretos al periodista Luis Ayllón, que los publicaba en exclusiva en la edición del 25 de marzo. De arriba abajo, los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores pudieron ver en el diario varios telegramas cifrados, enviados por el embajador de España en la OTAN, Carlos Miranda. Cinco días antes el diplomático español se puso en contacto con la cúpula de Asuntos Exteriores. En sus misivas confidenciales el embajador explicaba la irritación de Estados Unidos y del secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, tras la decisión de España de retirar las tropas de Kosovo. El 19 de marzo de 2009 el gobierno del PSOE anunció de forma unilateral su decisión de retirar el contingente español destacado en la zona balcánica. En total, seiscientos veintitrés soldados volverían a casa antes del verano.

Un mes después el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, compareció ante el Congreso. Y allí explicó que su gobierno había abierto una investigación para detectar al topo que filtró los documentos: «Produce rechazo, total rechazo, que telegramas cifrados sean publicados en la prensa nacional. Por lo tanto, tanto el Gobierno como el ministerio están tomando las medidas necesarias».

Hay una cuestión fundamental: ¿por qué tanto revuelo? ¿Acaso los españoles no tienen derecho a conocer las consecuencias diplomáticas de las decisiones del Gobierno? ¿No está bien que los votantes sepan que Estados Unidos se ha molestado con España o que hay malestar dentro de la OTAN? En realidad, aquellos telegramas desvelaban otra cortina de humo de la Casta. El 20 de marzo de ese año, un día después de que la ministra de Defensa, Carme Chacón, anunciara la retirada de las tropas españolas de Kosovo, compareció en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno. Desde Madrid, María Teresa Fernández De la Vega aseguró que la decisión se había tomado «en el marco de la normalidad de las relaciones de España en el seno de la OTAN». La comparecencia de la número dos del Gobierno terminó con otra frase vacía de cara a la galería: «A partir de aquí, España seguirá estando donde se la necesite a favor de la paz, de las instituciones democráticas y de la solución pacífica y multilateral de los conflictos».

Ese día el gobierno español ya conocía el ferviente malestar que su decisión generó en varios países de la OTAN, y especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, no consideró necesario comunicarlo al electorado. Era mejor vender una falsa imagen de cordialidad democrática. Una imagen rota únicamente por las filtraciones.

El acceso de la Casta a información confidencial hace que, en ocasiones, datos que son imposibles de obtener para los ciudadanos se hagan públicos con fines partidistas.

El 2 de junio de 2009 el ministro de Fomento, José Blanco, acudió a un mitin electoral en Barcelona. La campaña de las elecciones europeas estaba en su recta final y todavía sonaban ecos del cañonazo lanzado por el PP al acusar a Zapatero de utilizar aviones del Estado para acudir a los actos electorales del PSOE. En contrapartida, José Blanco habló. Y frente a quinientos simpatizantes reveló que el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, tenía asignados medio centenar de escoltas para garantizar su seguridad. Un gasto demasiado elevado, estimó: «Cincuenta sueldos nos cuesta el ex presidente».

¿Qué pasaría si un ciudadano normal llamara al Ministerio del Interior para interesarse por el dato? No se lo darían bajo ningún concepto. Así de sencillo. Sin embargo, si Blanco revela en plena campaña la cantidad de escoltas de Aznar, será porque es información de acceso público. ¿O no? Parece lógico que esos datos sean confidenciales, aunque sólo sea por cuestiones de seguridad, pero nadie ha sancionado o reprendido en forma alguna al alto cargo socialista. Días después, el político gallego aseguró que aquellas no eran cifras oficiales, sino un cálculo personal. Qué casualidad. Tiene buen ojo el ministro, porque lo clavó. Tampoco reveló José Blanco que al líder del PP le escolta exactamente la misma cantidad de agentes que al ex presidente de su partido, Felipe González.

Capítulo XI LOS RETIROS DORADOS DE LA CLASE POLÍTICA

LOS RETIROS DORADOS DE LA CLASE POLÍTICA

La auténtica vida de los jarrones chinos

«Envidio al ex ministro Bermejo porque ya es un ex ministro». El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, contestó así a una pregunta del director de ABC, Ángel Expósito. Era febrero de 2009 y pocos días antes su compañero, el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, presentó su dimisión por motivos personales. Bermejo ya era un ex. Ex ministro, ex político. Y Solbes también quería serlo. Normal: el ex comisario de la Unión Europea ya había cumplido los sesenta y cinco años, edad legal para la jubilación, y sabía que al otro lado del túnel laboral le esperaba una pensión acorde con su puesto en la Casta.

Según publicó El Mundo en 2007, Solbes compatibilizaba su sueldo como vicepresidente del Gobierno con una pensión vitalicia de 3.735 euros al mes por sus cuatro años y siete meses como comisario de la Comisión Europea. Tras dejar la política en abril de 2009, el responsable de finanzas con el ejecutivo de Rodríguez Zapatero se encontró con un retiro económico de unos 12.000 euros mensuales compuesto por tres conceptos: una pensión de 2.725 euros por sus cuarenta años de funcionario, su pensión vitalicia como ex comisario y, durante dos años, su compensación como ex ministro, que ronda los 5.700 euros. Cualquiera de esos tres sueldos —que Solbes puede compatibilizar— es varias veces superior a la pensión media española, cifrada en 600 euros. En total, Solbes tenía esperando una jubilación cinco veces mayor que la de cualquier español. El máximo que un trabajador puede cobrar como pensión de la Seguridad Social está cifrado en 33.300 euros al año.

El líder socialista Felipe González definió a los ex presidentes como jarrones chinos: «Nadie lo tira por si vale algo, pero estorba en todas partes». El símil fue efectivo para definir su situación dentro del PSOE, pero dista mucho de la realidad para aquellos que dejan de ser miembros de la Casta.

Lejos de quedar relegados al olvido, los miembros más influyentes de la clase política se convierten en auténticas máquinas de hacer dinero. Además de las pensiones, los primeros espadas de la Casta subastan en el sector privado la experiencia y la capacidad de influencia que han adquirido durante sus años en la política. Y eso sale muy rentable.

Según el reglamento de las Cortes Generales, los diputados y senadores españoles tienen derecho a una pensión de jubilación tras haber ocupado su escaño durante siete años. Con más de doce años en el cargo, los miembros de las cámaras reciben cada mes su sueldo completo: 3.126 euros. Además, los ex parlamentarios que en el momento de su cese hayan cumplido los cincuenta y cinco años y se queden en el paro, tienen derecho a que el Estado les mantenga dados de alta en la Seguridad Social hasta que completen el periodo de cotización necesario para recibir una pensión de jubilación. Mientras tanto, el diputado o senador retirado recibe el 60 por ciento de su sueldo en concepto de ayuda. Cuando los parlamentarios fallecen, sus familiares directos reciben también un pago único de 6.200 euros por cada año de legislatura. Es decir, la familia de un senador que lleve doce años en el cargo recibe como indemnización 74.400 euros.

En el caso de los ex ministros y ex presidentes la legislación es distinta. Estos miembros del Gobierno reciben una pensión vitalicia que alcanza el 80 por ciento de su sueldo cuando llegan a la jubilación. La cuantía asciende actualmente a 5.410 euros. Estas ayudas se regulan por la Ley 14/1980, pactada por UCD y PSOE, que blinda tras la salida de su cargo a los ministros y presidentes de organismos constitucionales. En 2001 el Partido Popular amplió esta protección también a los ex secretarios de Estado, los segundos en la escala de mando de cada ministerio.

En agosto de 2009 la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, esperaba paciente para tomar su escaño en el Senado. Con el presidente autonómico Francisco Camps contra las cuerdas judiciales por la compra de sus trajes, el PP comenzó una campaña de hostigamiento contra la socialista de Benidorm y aseguró que quería hacerle un examen de valencianidad para que fuera senadora por designación autonómica. Pajín estaba a las puertas de cobrar en teoría 215.376 euros brutos al año gracias a los complementos e indemnizaciones previstos por la ley para la clase política. En el año 2000 Leire Pajín obtuvo el récord de precocidad y se coronó como la diputada más joven de España. Ocho años después, con treinta y dos años de edad y toda su carrera por delante, ya tiene derecho a una indemnización de 85.000 euros anuales del Estado.

La política socialista recibe 5.500 euros mensuales por su trabajo al frente del partido, tal y como ella misma reconoce en su blog personal. Además, tiene derecho al 80 por ciento de su sueldo como ex secretaria de Estado de Cooperación, 103.000 euros anuales con todos los complementos. A esto Pajín suMaría sus 3.126 euros como senadora.

La ley que blinda a los altos mandos de la Casta establece que todos ellos tendrán derecho a una pensión vitalicia cuando alcancen la edad de jubilación. Además la legislación contempla varios privilegios dispuestos sólo para los ex presidentes. Los ex jefes de Estado pueden contratar a dos personas como asistentes con cargo al Ministerio de la Presidencia, una dotación para gastos de oficina y atenciones protocolarias, coche oficial con conductor, servicio de seguridad dependiente del Ministerio del Interior y la posibilidad de viajar gratis en todos los medios de transporte del país.

Como norma no escrita, los ex presidentes del Gobierno reciben de manos del rey un título nobiliario. Adolfo Suárez dimitió de su cargo al frente del Estado y de su partido, UCD, en enero de 1981. Un mes después Juan Carlos I le concedió el ducado de Suárez. Leopoldo Calvo Sotelo, que dirigió el rumbo del país menos de dos años, fue nombrado marqués de Ribadeo. Y Felipe González rechazó de forma cortés el ofrecimiento aludiendo a su condición de líder político de un partido socialista y obrero. El único ex presidente que no se ha visto galardonado de este modo ha sido el líder del Partido Popular, José María Aznar.

La normativa prohíbe a los trabajadores españoles recibir dos pensiones públicas, independientemente de la administración que las conceda. Pero esa norma no se aplica a los altos cargos de la clase política, ya que sus cobros sí se pueden compatibilizar.

Curioso es el caso de Manuel Marín, ex presidente del Congreso de los Diputados durante la legislatura 2003-2008, que aglutina el derecho a varias pensiones en España y la Unión Europea. Otro jubilado de oro de la política es el ex director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, que, tras su paso por la institución que marca las reglas de la economía mundial, regresó a España con una pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales bajo el brazo. Rato compatibilizó entre 2004 y 2006 la indemnización de ex ministro con José María Aznar y su sueldo al frente del FMI. En 2006 el economista percibía 37.070 euros mensuales, tal y como publicó el diario El Mundo un año después.

Según reveló el diario, Rato vendió en su regreso a España la casa de cinco dormitorios y cinco cuartos de baño que compró en Dupont Circle, uno de los barrios más prestigiosos de Washington, donde se encuentra la sede del FMI. La vivienda le costó en 2004 la cantidad de 1,9 millones de dólares, que afrontó con una hipoteca de la caja de crédito del organismo que él mismo presidía. Cuando abandonó su puesto al frente del FMI, Rato vendió la casa por 2,25 millones de dólares, así que el ex ministro se endosó cerca de 195.000 euros de beneficios tras descontar los impuestos. Rato recibió un sueldo de 391.440 dólares en 2006, año en el que abandonó el organismo.

En el bando contrario, el ex alto representante de la UE para Política Exterior, ex secretario general de la OTAN y ex ministro Javier Solana acumula también la posibilidad de cobrar al menos tres pensiones vitalicias. Y también el ex político y diplomático Marcelino Oreja recibe desde 2002 una pensión vitalicia tras cinco años y cuatro meses como comisario europeo.

Ex concejal, ex alcalde, ex presidente y nuevo rico

No hace falta ser ex presidente del Gobierno para dejar la política por la puerta grande. De hecho, algunos subalternos de lujo se han colocado mejor dentro de la empresa privada que los primeros espadas de la Casta. Son los mercenarios de la política, los que no han esperado a que su cadáver público se enfríe para vender su capacidad de influencia al mejor postor en el sector privado, a cambio de un suculento sueldo.

El 6 de noviembre de 2006 José Luis Rodríguez Zapatero confió en David Taguas para que se pusiera al frente de la Oficina Económica del Presidente. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Navarra, Taguas era en aquellas fechas un alto ejecutivo del BBVA, elegido por el PSOE para ocupar el cargo de asesor económico que dejaba Miguel Sebastián, designado por el partido como candidato a la alcaldía de Madrid. Su puesto oficial sería el de secretario de Estado, el segundo en el escalafón del Ministerio de Economía. Desde la oficina estatal dirigida por Taguas se coordinan los principales proyectos de obra pública encargados a las constructoras del país, desde las inversiones del tren de alta velocidad hasta la ampliación del canal de Panamá.

Sólo dos años después de ostentar uno de los cargos con información más sensible sobre la economía española, David Taguas dejó la vida política para presidir la patronal de empresas constructoras más importante del país. El ex cargo del PSOE fue elegido por ACS, FCC, Acciona, Ferrovial, OHL y Sacyr para defender sus intereses frente a la administración pública en SEOPAN, la patronal del sector que da empleo directo a 400.000 personas. Las 33 empresas presentes en esta asociación acaparan el 7,5 por ciento de la actividad económica en España.

David Taguas cambió de trabajo y dejó la función pública sin problemas. ¿Es posible que en España los miembros de la Casta salten a su antojo de la vida política a la empresa privada? En principio, no. Pero como todo lo que afecta a la clase política, la legislación en este asunto está llena de claroscuros, huecos y salvedades. A saber, la relación entre los políticos y las empresas privadas se rige por la llamada Ley de Incompatibilidades. Su nombre oficial es algo más descriptivo: Ley 5/2006 Reguladora de Conflictos de Intereses de los Altos Cargos. La norma establece que los altos cargos de la administración no pueden trabajar para empresas o sociedades relacionadas con sus competencias estatales hasta que no pasen dos años desde que abandonan el puesto. Entonces, ¿qué pasa con Taguas?

El ex director de la Oficina Económica del presidente envió, tal y como marca el reglamento, una comunicación a la Oficina de Conflictos e Intereses anunciando su fichaje por el sector privado. El organismo tiene la competencia de controlar el cambio a la empresa privada de los miembros de la administración del Estado y puede vetar sus incorporaciones en el caso de considerarlas ilegales. Esta vez no lo hizo, alegando una cuestión jurídica: David Taguas no se incorporaba a una empresa privada, a una constructora o a una promotora de obra pública, sino a una asociación sin ánimo de lucro, aunque queda claro que sus integrantes sí que lo tienen. Taguas fichaba por una asociación. Ese supuesto no estaba restringido en la Ley de Incompatibilidades y, por lo tanto, su contratación era legal.

La oficina que tuvo que autorizar el fichaje de Taguas depende del Ministerio de Administraciones Públicas. Así que una vez más está en manos de la Casta controlar los designios futuros de sus propios miembros. El 14 de mayo de 2008 la ministra Elena Salgado anunció que la Oficina de Conflictos e Intereses daba luz verde de forma definitiva a la incorporación del cargo de confianza del PSOE a SEOPAN. Durante la tramitación de esta normativa, varios partidos de la oposición intentaron que la Oficina de Conflictos e Intereses dependiera directamente del Congreso de los Diputados. Así sus decisiones estarían auditadas también por el resto de los grupos políticos. Sin embargo, el PSOE se negó.

La Ley de Incompatibilidades se aprobó el 10 de abril 2006, y contemplaba un plazo de cuatro meses para que el Gobierno elaborara un reglamento, que debía incluir, por ejemplo, la publicación anual de las declaraciones de bienes de los altos cargos del Estado. Desde entonces, todos los secretarios de Estado y ministros tienen la obligación por ley de enseñar a los ciudadanos el valor de sus negocios y bienes. Por supuesto, la medida nunca se ha aplicado. Pasaron los cuatro meses y nada cambió. Pasó un año y nada cambió. Pasaron dos años y nada cambió. Hasta que el 27 de marzo de 2009, tres años después de la aprobación de la ley, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que las declaraciones patrimoniales de los altos mandos de la Casta serían publicadas en el BOE antes del 15 de octubre. Por supuesto, nadie ha sido sancionado ni reprendido en forma alguna por el hecho de que haya pasado doce veces más tiempo del aprobado en 2006 para poner en marcha el reglamento. En el caso de los diputados y senadores su relación con las empresas privadas funciona de forma distinta. Es la Ley Electoral la que regula lo que pueden hacer o no los miembros electos fuera de las cámaras. Cada año, más de seiscientos políticos tienen que solicitar autorización para compatibilizar su trabajo parlamentario con actividades privadas. La mayoría se reserva la posibilidad de cobrar en artículos de prensa, ponencias o intervenciones radiofónicas. Lo curioso de esta ley es que no contempla incompatibilidades una vez que los diputados y senadores dejan su puesto. No hay un periodo preventivo. Los políticos pueden saltar, sin aguardar un día siquiera, desde el escaño al despacho de una constructora, una empresa eléctrica o una firma de abogados. Eso permitió al ex ministro socialista Jordi Sevilla abandonar en septiembre su escaño en el Congreso y fichar por la consultora PricewaterhouseCoopers. Y eso permitió también al ex portavoz del Partido Popular, Eduardo Zaplana, aparcar su carrera política con cincuenta y un años y fichar como delegado para Europa de Telefónica, con un sueldo estimado en un millón de euros al año.

Pocos recuerdan ya las grabaciones del llamado caso Naseiro, en las que un joven Eduardo Zaplana aparecía atestiguando su necesidad de ganar mucho dinero. Al final lo consiguió. El 28 de noviembre de 1989 el grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valencia solicitó autorización judicial para pinchar el teléfono de un ciudadano llamado Rafael Palop. El abogado estaba siendo investigado por un asunto de drogas, pero por su teléfono desfilaron varios miembros de la Casta. El móvil era también utilizado por su hermano Salvador, ex concejal en Valencia. Entre sus llamadas los agentes grabaron la voz de Eduardo Zaplana, quien ocupó durante veinte años un sillón en el Ayuntamiento de Benidorm. Los siguientes fragmentos corresponden a una extensa conversación intervenida en 1990 entre el líder del Partido Popular y su compañero de partido:

Eduardo Zaplana—: Y entonces le dices: «Bueno, yo una comisioncita». Le pides dos millones de pelas o tres de lo que quieras.

Concejal—: Bueno, le pido más.

E—: ¡Eh! Lo que te dé y me das la mitad bajo mano.

C—: Pues si tenemos que repartir, joder…

E—: Y yo le digo: «Págale el contrato a este chico que…».

C—: Si tenemos que repartir, macho… Tenemos que pedirle un poco más.

E—: Claro, un poquito más. Yo es que no sé ni lo que vale el solar ni nada.

[…]

E—: Así, pura y simplemente, ¿eh? Que me dé diversas opciones y me quedo con la más fácil. Pero me tengo que hacer rico porque estoy arruinado, Boro.

C—: ¿Sí? ¿Cómo ha sido eso? Estás trabajando como un cabrón.

E—: Estoy trabajando mucho, pero estoy arruinado.

C—: ¿Y eso?

E—: Me lo gasto todo en política. ¿No ves que no tengo sueldo como tú, que cobras de lo que trabajamos todos los españoles?

C—: Claro.

E—: Pues eso es lo que pasa. ¡Ay! Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir…

Las intenciones de Eduardo Zaplana de ganar mucho dinero quedaron claras en esta grabación, que fue anulada en el juzgado. En 1992 el Tribunal Supremo invalidó las cintas y, por lo tanto, las posibles responsabilidades penales para los políticos que aparecen en ellas, ya que el juez autorizó el pinchazo telefónico de Rafael Palop para que la Policía investigara un presunto delito de narcotráfico, y no la financiación irregular del PP.

Fuera ya del caso Naseiro, Zaplana continuó su carrera como político profesional. De hecho, no se le conocen méritos en la empresa privada desde que se colegió como abogado en octubre de 1985. Su ficha en el censo español de letrados le identifica desde entonces como «no ejerciente». En 1991 el político murciano se convierte en alcalde de Benidorm tras una moción de censura y gracias al voto de una concejala del PSOE llamada Maruja Sánchez. Fue uno de los primeros episodios de transfuguismo de la democracia. Mientras la concejala díscola ha cobrado del ayuntamiento hasta 2009 como asesora de la Concejalía de Cultura, Zaplana abandonó la política local en 1995 para presidir la Generalitat Valenciana en coalición con Unión Valenciana. Tuvo que esperar a 1999 para gobernar la región en solitario con mayoría absoluta. Y hasta 2002 para ser catapultado a la política nacional como ministro de Trabajo. Por este motivo, cuando Zaplana deje la empresa privada, seguramente recupere de buen grado su condición de político. O más bien ex político, ya que tiene derecho a una pensión vitalicia como alto cargo del Estado, mucho más sustanciosa que la que le deja su paso por Telefónica.

En abril de 2008 Eduardo Zaplana anunció que dejaba la política. Tras cuatro años como portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, el alto responsable desertaba para trabajar en la empresa privada. Antes había solicitado al partido mantenerse como soldado raso, como un diputado sin más competencias. En el momento de su marcha, Zaplana aseguró ante los medios que lo hacía porque pensaba que era lo mejor para él y para el partido. Cierto es que su imagen pública se había visto deteriorada por el desgaste parlamentario de los atentados del 11-M y su labor como portavoz del principal partido de la oposición. Así que hizo las maletas y se marchó a un retiro dorado: un puesto creado por Telefónica para darle cobijo.

Ante estos datos cabe plantear una reflexión: ¿qué aporta Eduardo Zaplana a Telefónica? ¿Qué interés tiene para una gran empresa contratar a una persona sin experiencia y sin conocimientos específicos en el mercado de las telecomunicaciones? El principal activo de Zaplana para Telefónica, aquello por lo que cobra cantidades millonarias al año, es sin duda su capacidad de influencia sobre la Casta, su condición privilegiada para abrir puertas entre aquellos que toman las decisiones del país. El nuevo patrón de Zaplana no lo ocultó. Telefónica aseguró en un comunicado que el trabajo del político murciano dentro de la empresa sería «representativo y no operativo», y consistiría en reforzar los lazos de la empresa en Bruselas y en países como el Reino Unido y la República Checa. Más claro, agua.

Con su maniobra, Zaplana ha multiplicado por diez su sueldo anual, que ya era de 74.000 euros como ministro. Y no es el único. Rodrigo Rato ha pasado por la Caixa, Banca Lazard, el Santander y Criteria tras abandonar el Fondo Monetario. La ex ministra Isabel Tocino recaló también como consejera independiente del Banco Santander. Narcís Serra, vicepresidente del Gobierno con Felipe González, preside Caixa Catalunya y forma parte del Consejo de Administración de Gas Natural. Marcelino Oreja ocupó la presidencia no ejecutiva de la constructora FCC y de Northern Telecom España. Y Josep Piqué, ex ministro con José María Aznar, preside la compañía aérea Vueling.

El Gobierno hace la ley y Aznar hace la trampa

La Casta tiene casi 80.000 miembros en España, pero sólo una cabeza visible, la del presidente del Gobierno. En la actualidad, sólo dos ex presidentes permanecen en la vida pública del país, ya que Leopoldo Calvo Sotelo falleció en mayo de 2008 y Adolfo Suárez se ha retirado de la escena afectado por una enfermedad degenerativa.

En cualquier caso, aunque tanto José María Aznar como Felipe González han sabido rentabilizar su tiempo desde que dejaron La Moncloa, los números dan como ganador por rentabilidad aplastante al ex candidato del Partido Popular.

Han pasado más de diez años desde que Felipe González dejara el Gobierno en 1996. Un año después dimitió también de sus cargos de responsabilidad en el PSOE a favor del nuevo candidato, Joaquín Almunia. Sin embargo, en un primer momento mantuvo su carrera política. González siguió durante cuatro años como diputado en el Congreso, con el escaño 1.312, pese a que estaba prácticamente retirado de la actividad parlamentaria. En dos años acudió sólo a seis votaciones, pero cobró religiosamente cada mes. En junio de 2001 el líder del PSOE decidió establecerse por su cuenta y creó una consultoría llamada Ialcon. Según el Registro Mercantil, la empresa es en realidad una constructora habilitada para la adquisición de fincas rústicas y la urbanización de toda clase de terrenos, con un capital social de 300.000 euros y está controlada en la actualidad por una de las hijas del ex presidente, que aparece como administrador único en el momento de la fundación. La empresa presentó en 2005, último año en el que rindió cuentas al registro, un beneficio de 366.150 euros. Desde que dejó la política, el ex presidente compagina sus actividades empresariales con conferencias e incluso con el diseño y la elaboración de joyas. González ha sido relacionado en ocasiones con los negocios del mexicano Carlos Slim Helú, uno de los empresarios más ricos del mundo, con una fortuna estimada en más de 67.000 millones de dólares. Pero estos lazos han sido negados por su entorno hasta la saciedad.

Camino parecido siguió en un primer momento su sucesor en el cargo. Pero José María Aznar le adelantó con creces. El líder del Partido Popular aglutina todos sus trabajos intelectuales en la sociedad Famaztella, firma que factura los derechos de explotación de los libros, conferencias, discursos y alocuciones tanto de José María Aznar como de su mujer, la concejala de Madrid Ana Botella. El ex presidente acumula una creciente producción literaria: saca tiempo para escribir un libro cada año desde que dejó La Moncloa, con excepción de 2008.

La empresa Famaztella fue creada en Madrid en abril de 2004 y tiene su domicilio social en la calle de Alberto Alcocer. Hasta allí llegan cada año los beneficios de las clases que Aznar imparte en la universidad estadounidense de Georgetown, o de charlas en las que factura hasta 60.000 euros, según lo publicado en la prensa en varias ocasiones. En 2007, último ejercicio presentado, la sociedad obtuvo unos beneficios de 306.000 euros. La cifra aumenta cada año. En 2006 sacó 232.961 euros de beneficio. Según la contabilidad de la empresa, la familia Aznar-Botella colocó por medio de esta sociedad 326.000 euros en inversiones financieras durante 2007. De acuerdo con estos datos, los beneficios de Aznar por conferencias, clases y libros cuadruplican la pensión vitalicia a la que tiene derecho por ser ex jefe de Gobierno.

Las relaciones del líder del Partido Popular le han sentado también en el Consejo de Dirección de la compañía News Corporation, propiedad del magnate Rupert Murdoch, con 55.000 millones de dólares en activos. El grupo británico tiene una cúpula compuesta por dieciséis altos ejecutivos que se reúne varias veces al año en distintas partes del planeta para auditar la marcha de la empresa. Aznar es el único integrante no anglosajón del grupo, creado según las directrices de la Bolsa de Nueva York para las empresas que allí cotizan. News Corporation controla ciento setenta y cinco periódicos en todo el planeta, como The Sun en Inglaterra o The New York Post en Estados Unidos. Además, el grupo que contrató a Aznar tiene en cartera el canal de televisión Sky Channel, que emite prácticamente en todo el mundo. Una de sus joyas es el estudio de cine 20th Century Fox.

La relación de Aznar con el gigante empresarial de origen australiano, aunque radicado en Estados Unidos, comenzó en septiembre de 2004, según documentos oficiales de la empresa. La fecha es importante, porque sólo hacía seis meses que el líder del Partido Popular había dejado La Moncloa (José María Aznar cesó en el cargo de presidente del Gobierno el 14 de marzo de 2004). La Ley de Incompatibilidades prohíbe expresamente a los altos mandos de la administración asumir cualquier función en empresas privadas relacionadas directamente con el desempeño de su cargo hasta que pasen dos años. La Ley Electoral es todavía más explícita y prohíbe a los diputados y senadores participar en consejos de administración.

Para sortear esta ley, aznar comenzó a cobrar en septiembre de 2004 la cantidad de 10.000 euros mensuales de News Corporation por medio de su sociedad Famaztella. Los pagos aparecen registrados en el informe que la multinacional suministra cada año a la Bolsa de Nueva York. El dinero siguió llegando durante meses hasta que en verano de 2006, cuando se cumplían dos años desde que Aznar dejó la Presidencia del Gobierno, la empresa anunció públicamente la entrada del político español en su Consejo de Directores. Fue entonces, salvado ya el escollo legal, cuando el líder del PP comenzó a cobrar a título personal las labores que realizaba para el imperio de Rupert Murdoch desde mucho antes.

De hecho, el fichaje de Aznar por News Corporation le obligó a abandonar uno de sus sueldos vitalicios, el que cobraba del Consejo de Estado, otro privilegio de los ex presidentes. Se trata de un nutrido grupo de sabios que asesora al gobierno español en distintas materias. El pleno de la institución está formado por los presidentes de las Reales Academias, el fiscal general del Estado, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, además de otros diez consejeros elegidos por la Casta. Por supuesto, todos ellos cobran un sueldo. Según la legislación española, los ex presidentes del Gobierno tienen también el privilegio de ocupar —si así lo solicitan— una plaza de consejero vitalicio en el Consejo de Estado. Eso les hace sumar otros 74.000 euros anuales a su nómina.

José María Aznar ha sido el único ex presidente que ha solicitado el sueldo vitalicio que supone sentarse en ese comité. Y tuvo que renunciar a él en junio de 2006 tras la llamada de Rupert Murdoch. Aznar consultó al presidente del organismo, francisco Rubio Llorente, si su actividad empresarial era compatible con el asesoramiento al ejecutivo. El máximo responsable del Consejo de Estado le contestó que no. Y Aznar decidió abandonar el organismo para centrarse en la empresa privada. Le salía rentable. Según la información que News Corporation aporta a las autoridades financieras de la Bolsa de Nueva York, el sueldo de Aznar en 2008 era de 220.000 dólares, tres veces más de lo que cobraba como consejero para el gobierno de Zapatero.

Ante estos datos, cabe hacerse una pregunta: si la actividad de Aznar en News Corporation es incompatible con su cargo en el Consejo de Estado, ¿no lo sería también en 2004, cuando su sociedad ya facturaba a esta multinacional? Durante año y medio, el ex presidente ocupó el cargo estatal, cobró por ello y además facturó 10.000 euros mensuales a las empresas de Murdoch.

Basta con realizar un simple análisis para comprender la boyante capacidad financiera de la que dispone a día de hoy el ex presidente del Gobierno. Tras su entrada en News Corporation, aznar tiene la obligación de informar al organismo regulador de Wall Street cada vez que compra y vende acciones de su empresa. Y también siempre que las recibe como gratificación: son las famosas stock options, acciones de la empresa que se entregan a los directivos como complemento salarial o incentivo. Aznar recibe un par de veces al año este complemento en especie, lo que le ha hecho sumar cerca de 200.000 euros desde 2006. La única condición que tienen las acciones entregadas por News Corporation a Aznar es que no pueden ser vendidas hasta que pasen cinco años desde que le fueron entregadas.

La primera hornada de acciones llegó a las manos del ex presidente en julio de 2006, sólo un mes después de su fichaje. El líder del PP recibe 1.298 títulos de la empresa por valor de 24.986 dólares. Tres meses después recibe otras 1.291 acciones a 19,35 dólares cada una. En enero de 2007 suma 1.171 acciones más, esta vez a 22,40 dólares por título. Y la entrega se repite durante los cuatro meses siguientes. En total, Aznar se embolsa 4.641 acciones en 2007, con un valor aproximado de 98.800 dólares, unos 70.000 euros.

A principios de 2008 la gratificación se repite y Aznar recibe en tres tandas otras 4.671 participaciones de News Corporation. Es decir, 70.000 euros más para las arcas del ex presidente, que no puede vender las stock options hasta 2013. En octubre del mismo año el ex mandatario español advierte a la Bolsa de Nueva York de una nueva compra. Esta vez obtiene directamente 2.500 acciones de su empresa. Son títulos nominales, sin más compromisos, adquiridos a 17,93 dólares. En 2009 la crisis financiera afectó también a la cotización de News Corporation y, por lo tanto, a la gratificación anual de Aznar, que vio incrementado el número de acciones a su nombre a principios de año. En enero de 2009 el ex presidente inscribe 7.405 participaciones, pero a un precio mucho menor. Las acciones de News Corporation han perdido más de la mitad de su valor. El 4 de enero se cotizaban a 6,96 dólares, lo que supone un beneficio para Aznar de 50.000 dólares.

En cualquier caso, cabe recordar que esto es sólo un complemento salarial del ex presidente, una gratificación por cada año vencido que deja adivinar un negocio muy rentable. Sólo en acciones Aznar iguala lo que ingresa con la indemnización de ex presidente.

Capítulo XII CAJAS DE AHORROS: CUANDO LA CASTA CONTROLA EL DINERO

CAJAS DE AHORROS: CUANDO LA CASTA CONTROLA EL DINERO

2.087 hombres controlan para los partidos el 65 por ciento del mercado bancario del país

Era el primer lunes del mes de agosto y Madrid estaba vacío. Miles de habitantes de la capital cumplieron con el peregrinaje propio de las fechas y emprendieron viaje a la costa. La consecuencia: grandes atascos en las carreteras y una extraña sensación de vacío en la polis. Las oficinas colgaron el cartel de vacaciones y echaron el cierre. Modorra, calor… La ciudad latía despacio.

Los quioscos acusaban la falta de clientes y los periódicos descansaban en ellos más tiempo del acostumbrado. El sol de agosto es mal compañero para las noticias densas. Allí, en una cuna de papel prensado y tinta oscura, entre los ecos de la ofensiva terrorista en Baleares y el inicio de las vacaciones para el presidente Zapatero, campaba una noticia. El 3 de agosto de 2009 la prensa nacional rellenó páginas con el anuncio de que Caja Madrid, la segunda caja de ahorros más importante del país, estudiaba fusionarse con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Caixa de Galicia.

Las cuarenta y cinco cajas de ahorros españolas se habían visto tocadas por la crisis. El dato era preocupante, porque estas entidades son los agentes más importantes del mercado financiero español. Juntas controlan 1,2 billones de euros. Al contrario de lo que sucede en el resto del mundo, en España son las cajas de ahorros y no los bancos quienes acaparan la mayor parte del dinero. Son las que conceden más hipotecas (el 55,8 por ciento en 2008), las que tienen más cuentas abiertas (56 millones) y las que, en definitiva, controlan el 65 por ciento de las operaciones bancarias. Entre todas suman 25.035 sucursales en toda España frente a 15.638 de los 155 bancos presentes en el país, según la Asociación Española de Banca. Y como dinero es sinónimo de poder, los organismos financieros más importantes del país, los que custodian los ahorros de la mayoría de los españoles, están también controlados por la Casta y sujetos a sus voluntades, proyectos partidistas, filias y fobias.

La noticia del 3 de agosto constituye sólo un dato significativo. Llama la atención que las tres cajas que valoraban fusionarse fueran las que pertenecen a comunidades autónomas donde el Partido Popular obtiene grandes resultados electorales: Madrid, valencia y Galicia. Esto tiene una explicación. Según la legislación española, los ayuntamientos y gobiernos autonómicos disfrutan de la potestad de elegir un porcentaje importante de los consejeros que gobiernan las cajas. En total, según datos oficiales de las propias cajas, la Casta tiene a 2.087 miembros impuestos a dedo entre los 6.000 consejos generales que mandan en las cajas de ahorros nacionales. Entre estos es común encontrar alcaldes, presidentes de diputación o simples cargos electos de distinto rango. Lo que no se suele tener en cuenta es que de ellos depende en última instancia la concesión de su hipoteca o del crédito que necesita para su negocio.

El control político de las cajas de ahorros es tan importante que las comunidades autónomas pueden vetar las fusiones simplemente por cuestiones territoriales y de interés político, en lugar de aplicar valores empresariales.

Esto último sucedió, por ejemplo, en junio de 2009 con la unión entre la cordobesa CajaSur y Cajamurcia. La fusión de ambas fue frenada por la Junta de Andalucía, temerosa de perder el control de CajaSur si llegara a unirse a una entidad más grande y controlada por el Partido Popular desde Murcia.

Sobre el papel, las cajas de ahorros son fundaciones de naturaleza privada con una finalidad social, que actúan únicamente bajo criterios de mercado. Al menos eso es lo que ellas mismas propugnan en su documentación oficial. Pero eso, en la práctica, es mentira. Basta leer el artículo publicado por Francisco García en El Periódico de Extremadura para darse cuenta. En una columna de opinión, el vicepresidente y consejero de Caja de Badajoz entre 1988 y 2004 escribe textualmente:

¿Qué es eso de la independencia de los consejos de administración, comisiones ejecutivas, comisiones de control y presidentes de cajas? Sencillamente es falso. Ni Dios es independiente. […] En todo el territorio nacional se pone, se elige y se nombra a los rectores de las entidades desde la dirección de los partidos políticos. Menos cuando en ese partido hay uno que manda de verdad, que lo nombra él.

García, alto cargo de la Junta de Extremadura, narra cómo los partidos políticos interfieren también en la elección de los consejeros impositores, aquellos que en teoría representan a los clientes. En esta ocasión lo que hacen los políticos es potenciar una determinada candidatura, estudiada de antemano y formada por miembros afines a su causa:

Los pobres impositores se enteran de que han sido elegidos como electores y elegibles no por una comunicación de la caja de turno: se enteran porque son visitados el mismo día del sorteo ante notario y casi a la misma hora en el pueblo más recóndito para pedirle su firma, en un papel en blanco, para una lista que en ese momento no se sabe quién encabeza. Eso sí, se le dice que el alcalde del pueblo, el concejal, el obispo o quien sea apoya esa opción. La primera batida se da a quien se sabe que es votante, familiar o afecto de una determinada opción política. Una vez que han firmado los impositores nuestros, hay que buscar (por si acaso pican) a los no adscritos o incontrolados.

El alto cargo autonómico habló claro y con soltura. En ese momento ya no estaba dentro de la institución, pero conocía a la perfección las maniobras políticas para controlar una caja de ahorros. Maniobras que, por cierto, se aplicaron incluso a su persona. El artículo de El Periódico de Extremadura fue escrito el 22 de enero de 2009. Cinco meses después, en junio de ese mismo año, el ejecutivo extremeño anunció la elección de un nuevo presidente para la caja autonómica. El elegido fue Francisco García Peña, autor del escrito. Así que, según su propio argumento, alguien que mandaba mucho en el PSOE le eligió a él.

Un retiro con sueldos de infarto

Las cajas de ahorros están controladas en realidad por un consejo de dirección que replica de forma proporcional la composición de la asamblea. Así que la mayoría de los directivos son también elegidos a dedo por la clase política. Es aquí donde se toman realmente las decisiones, y son estos cargos los que mantienen línea directa con la cúpula del PP, el PSOE o los partidos regionalistas que controlan algunas comunidades autónomas. Como ejemplo, dos miembros del PP controlan las cajas de la Comunidad Valenciana: el ex presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, preside Bancaja, mientras que Modesto Crespo, un ex concejal de Elche cercano a Francisco Camps, está al frente de la CAM.

Los altos directivos de las cajas de ahorros se reparten al año más de 163 millones de euros en sueldos, además de dietas y gastos. Más alimento. Caja Madrid repartió en 2008 un total de 13 millones de euros entre sus 21 directivos. El nombramiento de 10 de ellos depende directamente de la Casta por medio de los ayuntamientos y la Asamblea de Madrid. El resto corresponde a los representantes de los empleados, que suelen ser altos líderes sindicales, los ahorradores y las entidades representativas. Como miembro de este último grupo figura en Caja Madrid el presidente de los empresarios españoles, Gerardo Díaz Ferrán. Todos ganan una media de 619.000 euros al año. A eso hay que sumar 1,5 millones de euros en dietas por asistencia a plenos y otro millón de euros más entre quienes acuden a la Comisión de Control.

En el caso de Unicaja, 12 personas se reparten 3 millones de euros en sueldos. En cuanto a la Caixa, con el volumen de negocio más importante del sector, tiene destinada una partida anual de más de 16 millones de euros para sus 21 directivos. Y 1,5 millones es lo que cobran por su gestión los 17 consejeros de Caja Canarias. Por su parte, 3,1 millones de euros es lo que paga la CAM a sus 20 directivos de la Comunidad Valenciana.

Con estos datos no es extraño pensar que las cajas de ahorros se hayan convertido también en un retiro dorado para muchos altos cargos de la clase política. Basta nombrar el caso del economista y ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, que desde 2005 preside Caixa Catalunya. El ex alcalde de Madrid, Juan Barranco, es vocal de Caja Madrid, además de diputado del PSOE. Rosa Romero, alcaldesa de Ciudad Real, es también ex consejera de Caja Castilla La Mancha. Manuel Royes, presidente de la Diputación de Barcelona, es consejero de Caixa Terrassa. El número dos de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, es vocal de Caja Madrid. El alcalde de León, el socialista Francisco Fernández, es además vicepresidente de Caja España. Petronila Guerrero, presidenta del PSOE de Andalucía, concejala del Ayuntamiento de Aljaraque y presidenta de la Diputación de Huelva, es vicepresidenta de Cajasol. Y la lista sigue.

La importancia de las cajas de ahorros es tal que se han convertido en los mayores suministradores de capital del país. Y no sólo para los particulares, sino también para los partidos políticos. Basta recordar la condonación de deuda de la Caixa al PSOE —tratada con anterioridad en este mismo libro— para entender el problema. ¿Alguien se negaría un crédito a sí mismo? Claro que no. Y las cifras son abultadas. Sólo en la última campaña electoral los partidos políticos recurrieron a las entidades financieras para solicitar 44 millones de euros con los que sufragar sus gastos.

El 19 de octubre de 2008 el diario El Mundo reveló que la unión financiera entre partidos políticos y cajas de ahorros alcanzó los 60 millones de euros en un año. Según estos datos, el PSOE fue el grupo más beneficiado, con 19,5 millones de euros en créditos, seguido de CiU e Izquierda Unida, con 11,7 millones. Y el movimiento de dinero se cultiva en ambos sentidos.

El 23 de diciembre de 2008 el gobierno central activó el llamado Fondo de Adquisición de Activos Financieros. La crisis económica había minado la capacidad de las entidades bancarias hasta el punto de que no había dinero en efectivo. Los bancos no tenían dinero. Las empresas no disponían de efectivo y sus trabajadores tampoco. Todo esto afectó a la economía española en cadena. Como los bancos no tienen liquidez, no prestan dinero a las empresas. Éstas se ven incapaces de pagar a sus proveedores. Y los proveedores tampoco pueden hacer frente a sus pagos a los bancos. Es una espiral de morosidad creciente.

El ejecutivo se vio en la necesidad de inyectar capital para romper ese círculo vicioso y abrió una serie de subastas para dejar dinero a las entidades de crédito. El Estado repartió 19.000 millones de euros, una cifra diez veces superior a lo que cuesta mantener todo el sistema judicial español durante un año y tres veces más de lo que paga el Estado a todos los pensionistas. El 70 por ciento de ese dinero fue a parar a las cajas de ahorros. Es decir, que el dinero quedó de nuevo en manos de la Casta.

La necesidad de liquidez era mucho mayor en las cajas de ahorros que en los bancos. Y cabe preguntarse por qué, ya que la crisis económica era común para todos. La recesión afectaba por igual a unos y otros, pero la morosidad no. En el caso de las cajas de ahorros alcanzaba el 5 por ciento. Esto se debió en parte a que, a causa de su función social, las cajas asumen un riesgo mayor a la hora de conceder un crédito bancario. Sin embargo, muchas de ellas se han visto empujadas también a financiar proyectos de dudosa rentabilidad por simple interés político.

El año 2000 marcó una fecha histórica en la Comunidad Valenciana con la apertura del mayor parque temático de Europa. Terra Mítica fue un proyecto abanderado por la Generalitat, que mantiene un 22,31 por ciento del accionariado. La empresa promotora del parque se fundó en 1996, con una amplia participación de las cajas de ahorros locales. Todavía hoy la CAM y Bancaja mantienen el 24,23 por ciento del parque, que ha perdido 270 millones de euros en nueve años, según estimaciones de la oposición.

El proyecto del Aeropuerto Central de Ciudad Real, el primero privado de España, fue financiado con 400 millones de euros de Caja Castilla La Mancha, la entidad que tuvo que ser intervenida el 28 de marzo de 2009. Era domingo cuando el Banco de España tomó la decisión. No podía esperar más para cambiar a la fuerza a los gestores de la caja manchega, que se encontraba en una situación financiera desastrosa. Peligraban los ahorros de 250.000 familias por la gestión de los directivos al frente de la entidad. En total, veintiún ex consejeros fueron expedientados. Como presidente de la caja figuraba Juan Pedro Hernández Moltó, elegido en representación del gobierno castellano-manchego, controlado por el PSOE. En tres años, desde 2004 a 2007, los quince directivos de la entidad se doblaron el sueldo. Cuando el Banco de España llegó al rescate, los consejeros de la caja ganaban 210.000 euros anuales. Nueve de ellos dependían directamente de partidos políticos o instituciones públicas. Eran mayoría.

El 29 de abril de 2009 el registro del Banco de España apuntó una entrada relevante. El servicio de inspección del organismo había terminado su informe preliminar sobre Caja Castilla La Mancha, y era demoledor. Según los auditores, la caja de ahorros realizó una política de inversión irresponsable e incluso prestó dinero sin el control debido a directivos de la entidad. El Banco de España criticaba también la concesión de 279 millones de euros a la Junta de Castilla La Mancha y algunas instituciones dependientes. Más dinero para la Casta. Los auditores consideraron que los préstamos concedidos a la administración autonómica entrañaban demasiado riesgo. Posiblemente un banco privado nunca los habría concedido.

Caja Madrid: cuando la batalla es en el mismo partido

La puja política por el control de las cajas de ahorros ha puesto muchas veces en contra a los miembros de la clase política, pero en Madrid ha costado más de un dolor de cabeza incluso a los principales espadas del mismo partido. La batalla por el control de Caja Madrid ha sido el mejor ejemplo del enfrentamiento que protagonizan desde hace años el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre.

La crisis económica daba sus primeros avisos serios a finales de 2008 con una recesión económica en ciernes. La cifra de desempleados en España no dejaba de subir, mientras el resto de indicadores económicos cabalgaba en dirección contraria. Y fue en aquella época en la que la sociedad reclamaba una estabilidad que diera confianza a los mercados, cuando estalló la guerra abierta en Caja Madrid. En un golpe de timón, el gobierno de Esperanza Aguirre anunció un cambio en la legislación autonómica que afecta a la caja de ahorros madrileña. El ejecutivo autonómico quería cambiar el proceso electoral para dificultar la renovación del entonces presidente de la caja, Miguel Blesa, quien había llegado al cargo respaldado por la lideresa del PP de Madrid. Sin embargo, su idilio político se rompió. Aguirre consideraba que Blesa estaba demasiado cerca de su compañero y contrincante, Alberto Ruiz Gallardón. Los «Pimpinela» de la política hacían de las suyas de nuevo, pero esta vez estaban de por medio los ahorros de cientos de miles de clientes. Caja Madrid tiene emitidos casi seis millones de tarjetas de crédito.

La Asamblea de Madrid aprobó en diciembre de 2008 la nueva Ley de Cajas de Ahorros, que contemplaba entre otras medidas una limitación del 30 por ciento para la representatividad de los ayuntamientos. Así, Gallardón y su equipo quedaban fuera de juego. La norma fue tan criticada que el gobierno central, controlado por el PSOE, apeló al Tribunal Constitucional.

Antes de que el sistema judicial sacara tarjeta roja a sus decisiones, el gobierno de Esperanza Aguirre reculó y en mayo de 2009 aprobó una nueva modificación sobre el reglamento. La fractura entre las dos familias del PP en Madrid fue tal que en enero de 2009 dos directivos distintos, uno en representación de cada bando, solicitaron al unísono una reunión de la Comisión de Control, el organismo que se encarga de organizar el proceso electoral dentro de Caja Madrid. La entidad bancaria tenía previstas elecciones para otoño. Eso incentivó las maniobras de unos y de otros por copar el puesto de Miguel Blesa. La normativa aprobada en mayo dotaba a las instituciones públicas —gobierno regional y ayuntamientos— de una representación proporcional y condicionada al dinero que tuvieran ingresado en la caja. Cuantos más depósitos, más consejeros.

La pelea salpicó incluso al líder del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, cuando dos de sus consejeros de Caja Madrid rompieron las órdenes socialistas de voto y se posicionaron del lado del alcalde Gallardón. Francisco Pérez y Antonio Romero facilitaron con sus votos el cese de Pablo Abejas, uno de los hombres de Esperanza Aguirre, que pretendía que el proceso electoral de la caja se basara en la ley aprobada en diciembre por el gobierno autonómico. Ésa era también la postura oficial del PSOE, pero no fue secundada por dos de sus miembros. Gómez advirtió públicamente que en el PSOE no caben deslealtades. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No eran independientes los consejeros de las cajas de ahorros? ¿Y, sobre todo, independientes de los partidos políticos? Después de todo esto, parece claro que no. Y más cuando el PSOE abrió un expediente informativo a los dos militantes para investigar los hechos.

En medio de los dos púgiles, el candidato nacional del PP y líder de la oposición, Mariano Rajoy, se quedó como espectador. Se mantuvo al margen y aseguró ante los medios que las cajas de ahorros tendrían que estar tuteladas por el Banco de España para evitar este tipo de presiones: las presiones generadas por sus hombres. El 29 de julio de 2006 Aguirre logró una supuesta paz en Caja Madrid. La presidenta de la comunidad consiguió un acuerdo con el PSOE y los principales sindicatos para dar estabilidad a la entidad financiera, donde tienen sus ahorros miles de madrileños. PP y PSOE negociaron una vuelta de los socialistas a los órganos de gobierno de la caja, que abandonaron seis años antes como protesta por el caso Tamayo. Además, los hombres de Tomás Gómez controlarían desde otoño una vicepresidencia. Por su parte, los sindicatos negociaron un cambio en la política de inversión a favor de las familias. Y Esperanza Aguirre se aseguró apoyos para controlar la presidencia de la caja. Pintaban malos tiempos para Miguel Blesa. El acuerdo fue vendido como una importante mejora para los madrileños, que tendrían una entidad financiera mucho más estable. Lo que ningún responsable político dijo es que la inestabilidad de Caja Madrid no era fruto de la crisis, sino de sus propias peleas.

Capítulo XIII FUNDACIONES: LA RENTABILIDAD DEL LABORATORIO DE IDEAS

FUNDACIONES: LA RENTABILIDAD DEL LABORATORIO DE IDEAS

¿Quiere que un constructor le financie el partido? Fácil, sencillo, a la par que elegante. Cree una fundación

Jose María Aznar presentaba ante un concurrido auditorio, el 22 de octubre de 2008, un libro escrito por el ex presidente checo Václav Klaus. Planeta azul (no verde) se llamaba el trabajo, editado por la Fundación FAES. Con sus palabras, tanto el antiguo líder del PP como la principal fundación ligada al PP se significaban de forma clara entre los negacionistas del cambio climático. Para ellos, eso de que media España vaya a desaparecer engullida por el agua mientras se derriten los polos es mentira.

«El ecologismo es el nuevo comunismo». La sentencia salió por boca del ex presidente y no dejó a nadie indiferente. Llama la atención el cambio de actitud de Aznar frente a los problemas del medio ambiente. Durante su mandato, España firmó el Protocolo de Kioto para reducir la emisión de gases nocivos a la atmósfera, algo que no hizo su aliado político, el ex presidente de Estados Unidos, George W.Bush. Para Aznar algo había cambiado desde que dejó La Moncloa. Ya no era el presidente del país, pero es que, además, entre sus compañeros y patrones al frente de News Corporation se encuentran varios de los principales empresarios del mercado petrolífero mundial, como Fayez Sarofim, clasificado en el puesto 428 entre los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes, o el tejano Charles Wilson. El apoyo de FAES a la causa negacionista se confirmó más si cabe con la publicación en verano de 2009 del libro Una mirada fría al calentamiento global, del diputado conservador inglés Nigel Lawson, ex ministro de Economía con Margaret Thatcher y ex secretario de Estado de Energía del Reino Unido. Lawson define el calentamiento global en el libro sufragado por FAES como el «Código da Vinci del ecologismo»: un éxito de ventas, un poco de verdad y una montaña de disparates.

Desde su creación el 11 de noviembre de 2002, FAES se ha convertido en el principal laboratorio de ideas del Partido Popular y en el mejor ejemplo de cómo los partidos políticos han derivado el contenido intelectual para el que nacieron hacia entidades externas, en general creadas como fundaciones. Todos los partidos políticos con representación en el Congreso y el Senado tienen en su órbita al menos una fundación. Sobre el papel, son entidades sin ánimo de lucro que se dedican al desarrollo intelectual de las teorías políticas. En la práctica, las fundaciones se han convertido en instrumentos para captar financiación, para esquivar la legislación económica que afecta a los partidos políticos, y para vestir muchas iniciativas partidistas con una falsa aurora de imparcialidad científica y educativa.

La financiación de la Casta se rige por la Ley Orgánica 8/2007, aprobada el 4 de julio. La normativa prohíbe de forma específica a los grupos políticos recibir donaciones de empresas que tengan contratos en vigor con la administración o ingresar donaciones superiores a los 100.000 euros procedentes de una misma persona. Pese a que estos límites parecen completamente lógicos para mantener la independencia de los partidos, la misma ley levanta los vetos para las fundaciones ligadas a PSOE, PP y al resto de los grupos que forman el panorama electoral español. Siempre se dejan una puerta abierta.

Los contratistas del Estado no pueden financiar directamente a los partidos, pero sí pueden dar dinero a sus fundaciones. Una gran constructora que espera la concesión de una autopista no puede inyectar fondos al PSOE, pero sí puede donarlos a la Fundación Pablo Iglesias, que en su patronato tiene al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al ministro José Blanco, a Josep Borrell, ex presidente del Parlamento Europeo, a Jesús Caldera o a la ministra de Defensa, Carme Chacón. Además, el límite para todo tipo de donaciones sube hasta los 150.000 euros por cada persona o empresa.

El asunto es más grave si entendemos que estas salvedades en la legislación no son fruto de un despiste o un descuido. Los contratistas de las administraciones públicas pueden financiar a los partidos por medio de las fundaciones simplemente porque la Casta lo ha permitido. Parece absurdo que la misma ley suponga medidas contradictorias, pero así es.

Además, otras normativas incentivan la financiación de los partidos por esta vía. Según la Ley de Mecenazgo, todas las donaciones tienen una deducción fiscal del 25 por ciento cuando se trata de una persona física y de un 35 por ciento en el Impuesto de Sociedades cuando se trata de una empresa. Así que los empresarios que trabajan para la administración alimentan a la clase política y encima esto les desgrava.

La situación es tan conocida que incluso los mismos políticos la denuncian, pero nadie pone remedio. El 19 de agosto de 2009 la responsable de Cultura del PSOE valenciano, Ana Noguera, lo explicó sin tapujos en un comunicado: «Las fundaciones son cajas B, donde no se puede enseñar ni explicar lo que se hace y sirven de caldo de cultivo para posibles tramas de corrupción, como ya se ha dado». Noguera hablaba en realidad de las fundaciones ligadas directamente al gobierno de la Generalitat Valenciana, pero la situación de riesgo es aplicable al resto de fundaciones de la clase política. Al ser organismos externos no están sujetas a los controles de la administración. Su uso permite a los gobiernos autonómicos, por ejemplo, las contrataciones a dedo y eludir los trámites parlamentarios.

En febrero de 2009 el diario La Razón publicó el dato. Varias constructoras de Pinto inyectaron hasta 522.000 euros en diferentes años a una fundación local vinculada al PSOE. La Fundación Pinares, presidida por el ex alcalde de Pinto, Antonio Fernández, compartía incluso la sede social con la agrupación socialista local, que fue creada por el ex edil en diciembre de 2004. El dinero comenzó a llegar de manos de constructores sólo nueve días después. El 31 de diciembre de 2004 Construcciones Arellano ingresa 30.000 euros en la cuenta de la entidad. Al año siguiente, la Fundación Pinares recibió 292.000 euros en donaciones. Y todas provienen de empresas relacionadas con la construcción. Sin embargo, la financiación se frena en 2007, cuando el PSOE pierde las elecciones locales en el municipio.

Algún tiempo después, el 9 de diciembre de 2008, nueve concejales del Ayuntamiento de Pinto presentaron una moción de censura. Los ediles del PSOE se aliaron con el único representante de Izquierda Unida y uno de los concejales del partido local Juntos por Pinto para arrebatar la alcaldía al PP. Y lo consiguieron. El socialista Juan José Martín se quedó con el bastón de mando y el Partido Popular llevó el asunto a los tribunales, ante la sospecha de que la maniobra estuvo condicionada por promotores del proyecto urbanístico «El Espacio del Motor», que prevé la construcción de siete mil quinientas viviendas y un circuito de Fórmula 1. El proyecto no contaba con el apoyo de la alcaldesa del PP, Miriam Rabaneda. Durante varios años, las empresas que quieren construir este proyecto —y que vieron cómo la moción de censura eliminaba del poder a sus opositores— han aportado 225.000 euros en efectivo a la fundación socialista de Pinto, según la contabilidad publicada por el diario La Razón.

Como muestra hay botones para rellenar varios abrigos. Por ejemplo, Génova, 13. Ésa es la dirección del cuartel general del Partido Popular en Madrid. En la primera planta del edificio tiene su sede social Fundescam, una fundación encabezada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su hombre de confianza y consejero de Interior, Francisco Granados.

Era lunes y junio daba sus primeros soles cuando el diario Público levantó la noticia: la líder del PP de Madrid aparecía en primera página a todo color, y a su lado lucía el titular que dictaba que la Comunidad de Madrid adjudicó contratos por más de 300 millones de euros a seis donantes de la fundación que preside Aguirre, ligada al PP. En total, fueron más de doscientos contratos los concedidos a las empresas donantes de Fundescam. Desde el Partido Popular aseguraron en todo momento que las cuentas de la fundación cumplen a la perfección los márgenes legales. Todos los donantes estaban identificados y aportaban como máximo 150.000 euros. Excusas de la Casta. Con una legislación así, ni siquiera es necesario hacer trampas.

El dinero que controlan las fundaciones —que supuestamente son entidades sin ánimo de lucro— es tan importante para los partidos que su fiscalización ha sido objeto de varias peleas. Al final, la ley de financiación pactada en 2007 establece que todas las fundaciones relacionadas con partidos políticos tienen que pasar por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, dos años después de que la ley se aprobara, el organismo no ha emitido informe alguno sobre la maraña de fundaciones ¿Cuántas hay bajo el control de los partidos? Es complicado decirlo. Por ejemplo, el PSOE recoge sólo siete en su página de Internet: Cristianos Socialistas, Españoles en el Mundo, fundación Jaime Vera, fundación Pablo Iglesias, Fundación Sistema, Progreso Global y Solidaridad Internacional.

A eso hay que sumar todas las fundaciones creadas por las agrupaciones autonómicas o locales y las que se quieren mantener en apariencia fuera de la órbita socialista. Así que, en realidad, la cifra es mucho mayor. Sólo hay que hacer cuentas. Según la declaración de actividades de los diputados, 52 políticos nacionales ocupan cargos en el patronato de 74 fundaciones distintas, 31 por el PSOE, 28 por el PP y 4 por el resto de los grupos de la cámara. La conservadora Soledad Becerril parece la más activa en este sentido. Es miembro del patronato de la Fundación Forja XXI, CEAR, FRIDE, Fundación Antonio Ordóñez, Fundación Transición Política Española y Fundación Orquesta de Cámara Reina Sofía. Por supuesto, no todas tienen un marcado carácter político.

Tampoco hay un registro oficial de cuánto dinero reciben las fundaciones políticas de la administración. Hay que ver una por una las cuentas declaradas de cada entidad para saber que FAES recibió en 2006 más de 6 millones de euros y que no ha vuelto a publicar sus cuentas desde entonces. La Fundación Pablo Iglesias, que recibe al año unos 2 millones de euros, tiene incluso la página de Internet a medio hacer.

Las principales fundaciones políticas reciben cada año una subvención de 7 millones de euros del Ministerio de Cultura para su funcionamiento. El PSOE y el PP acaparan el 70 por ciento de las ayudas. FAES recibe 2,8 millones de euros, cantidad similar a la de la Fundación Pablo Iglesias. En total, el PSOE recibe más financiación, ya que los socialistas de Cataluña cuentan con su propia fundación, Rafael Campalans, que tiene concedido casi 500.000 euros. A esto hay que sumar las aportaciones de las distintas administraciones autonómicas, y otras ayudas ocasionales sacadas a concurso por la administración. El 8 de junio de 2006 el Ministerio de Cultura aprobó una nueva partida para financiar estudios destinados a «elevar el nivel de formación que permita el desarrollo de la capacidad de participación política» de las personas adultas. Es decir, más dinero para ellos. Diez partidos políticos se repartieron así 500.000 euros.

Cuando la política contamina la ciencia

La expresión «think tank» no aparece todavía en el diccionario de la Academia de la Lengua. De hecho, en castellano hay una forma más sencilla para referirse a estos «tanques de pensamiento»: «laboratorio de ideas». Pero la moda es la moda, así que el término se utiliza en todo el mundo para definir a los grupos de pensadores que se dedican a teorizar sobre la marcha del planeta.

Profesores de universidad, economistas, sociólogos, líderes empresariales, especialistas en análisis históricos y científicos de cualquier rango y materia se concentran en torno a fundaciones de partidos políticos e instituciones afines. Su función es avanzar en el pensamiento global. No obstante, ¿se trata de un progreso libre? En la mayoría de los casos, no. Cada partido político sufraga por medio de fundaciones los estudios científicos que avalan sus propias tesis, fijadas de antemano. Las fundaciones del PSOE no pagan estudios que duden del cambio climático. Ni al revés. Las investigaciones científicas de las fundaciones sirven así para reforzar la postura defendida por los distintos grupos de la Casta y dotarlas de contenido. Es sencillamente una instrumentalización de la ciencia al servicio de la política. Y el fenómeno se da a escala planetaria.

En febrero de 2008 el Instituto de Investigación de Política Exterior de Filadelfia realizó un extenso estudio sobre la implantación de los think tanks en todo el mundo. El organismo, en cuyo patronato figuran varios altos cargos de la administración estadounidense, concluye que son 5.080 los laboratorios de pensamiento influyentes en todo el planeta, de los cuales 1.198 se hallan en la Unión Europea y, en concreto, 49 están en España, que ocupa el puesto vigésimo en la clasificación mundial.

El informe coloca a cinco entidades españolas entre los think tanks más influyentes: el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona, creado en 1979 como fundación privada; FAES; la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE); el Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed); y el Real Instituto Elcano, considerado el más influyente de todos. Creado en Madrid en 2001 y con el príncipe de Asturias como presidente de honor, el Real Instituto Elcano tiene como director a Gil Carlos Rodríguez Iglesias, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid y ex presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta 2003.

El organismo se define como no partidista, pero tampoco es neutral. Financiado al 70 por ciento por bancos y grandes empresas, el laboratorio de ideas ha sido también objeto de las peleas de la Casta, que llegan incluso al sector académico. En 2005 el Partido Popular amenazó con abandonar el patronato si la elección del sucesor del sociólogo Emilio Lamo, que ocupaba en ese momento la presidencia, no se hacía de forma consensuada. Había miedo de que el organismo, que ganaba fama internacional, se escorara hacia las tesis del PSOE. Un año antes, Elcano publicó un estudio muy crítico sobre la presencia de José María Aznar junto a Tony Blair y George W.Bush en la cumbre de las Azores. En aquella reunión, celebrada en marzo de 2003, los tres jefes de Gobierno, junto con el primer ministro de Portugal, José Manuel Durão Barroso, que ejercía de anfitrión, lanzaron un ultimátum de veinticuatro horas al gobierno iraquí de Saddam Hussein para que se desarmara. La negativa del dictador derivó en una invasión de Iraq sin el respaldo explícito de Naciones Unidas.

La posición de Aznar fue muy criticada por los pensadores del Real Instituto Elcano, que acusaron al ex presidente de tomar «un perfil muy alto en la génesis de la intervención de Iraq, cuando la mayoría de la población estaba en contra». El estudio, desarrollado por el analista Juan Avilés, considera que los atentados del 11-M, en los que fallecieron casi doscientas personas, fueron consecuencia directa de la política exterior de Aznar, que puso a España en la diana de los radicales islamistas.

El proceso de renovación de la cúpula del Real Instituto Elcano se enquistó de tal forma que el candidato propuesto por el Gobierno, el periodista Andrés Ortega, columnista del diario El País y director de la edición española de Foreign Policy, tuvo que renunciar al cargo para no interferir en el consenso entre PP y PSOE, tal y como él mismo explicó en una misiva enviada a los miembros del comité de selección de la entidad. Hasta la Casa Real tuvo que llamar la atención a PP y PSOE. La brecha en el primer think tank español se cerró en junio de 2005 con la candidatura consensuada de Gil Carlos Rodríguez Iglesias, que contó con el apoyo de todos los grupos e instituciones.

Capítulo XIV EL PRECIO DE LA DEMOCRACIA

EL PRECIO DE LA DEMOCRACIA

Así se reparten cada año los partidos 184 millones de euros del bolsillo del contribuyente

La situación era tensa, muy tensa. El submarino nuclear USS Alabama tenía órdenes de patrullar por el océano Pacífico y estar disponible ante un posible ataque preventivo. Un grupo de ultranacionalistas rusos había tomado una base militar repleta de misiles nucleares y amenazaba con lanzarlos contra Estados Unidos. Al mando del submarino, el capitán Frank Ramsey recibe la orden de atacar con sus misiles territorio enemigo. La información de los satélites indica que los terroristas han armado varias cabezas nucleares y se preparan para su lanzamiento.

Sin embargo, una segunda orden llega al submarino, aunque está incompleta. Nadie sabe lo que dice y el USS Alabama tiene las comunicaciones cortadas para evitar ser detectado por el enemigo. ¿La primera orden sería un error? ¿Habría que abortar el ataque? ¿Hay que lanzar o no los misiles? Acabar con los terroristas y comenzar una guerra nuclear… El dilema llena de gritos el puente de mando.

El capitán Ramsey discute la decisión con su segundo. El capitán de corbeta Ron Hunter se muestra contrario a iniciar el ataque, pues no hay confirmación absoluta y los riesgos son muy altos. Al final, el oficial de menor rango recuerda al jefe de la nave que tiene que haber unanimidad entre ellos para lanzar los misiles nucleares, y sus votos son contrarios. La respuesta llegó en privado: «Hemos venido aquí a defender la democracia, no a practicarla».

La frase, pronunciada en la película de 1995 Marea roja, ha quedado como axioma de la función que cumplen muchos cuerpos de seguridad frente al Estado. El ejército, la Guardia Civil o la Policía Nacional son cuerpos piramidales, autoritarios y con un mando centralizado. Y, sin embargo, son utilizados para mantener el orden dentro de la sociedad, el orden democrático. Son fuego para luchar contra el fuego.

Esta contradicción es también aplicable a la clase política española. Ellos también defienden la democracia, pero en muchos casos no la practican. A lo largo de este libro hemos analizado cómo la Casta se blinda, legisla en ocasiones a su favor, obliga a sus miembros a mantener una disciplina interna, coloca a su cantera, se financia de forma oficial e irregular y controla asignaciones de la sociedad que no son de su competencia, como la banca o la justicia. Son un grupo homogéneo y endógeno. Y su democracia no es siempre la democracia del Estado.

Como organizaciones independientes, el PP, el PSOE, Izquierda Unida, los grupos nacionalistas, los partidos locales o los distintos parlamentos, todos persiguen objetivos propios que no se identifican necesariamente con el fin común de todos los españoles. Unas veces quieren poder, otras dinero y otras simplemente notoriedad. Y son esas peleas internas, esos objetivos particulares de cada partido, e incluso de cada persona dentro del partido, las que llevan a la Casta a cometer sus principales abusos. Es ahí cuando la política se pone al servicio del político.

¿Cuánto cuesta al año este sistema? ¿Cuánto dinero reciben los partidos políticos del Estado para funcionar? La Casta ingresa 184,7 millones de euros al año en subvenciones, entregadas desde el gobierno estatal, las administraciones autonómicas, las Cortes Generales, las diputaciones y los ayuntamientos. Un dinero que mantiene la columna vertebral del sistema.

Según los datos oficiales presentados por el Tribunal de Cuentas, el Partido Popular es la formación que más dinero público recibe, con 62,4 millones de euros, seguida del PSOE, que acumula 3 millones de euros menos. Lejos de estas cifras están Izquierda Unida y Convergència i Unió, que rondan los 7 millones de euros. La diferencia entre ambas está en que el partido nacionalista acapara la mayoría de su financiación —hasta 5 millones de euros— del parlamento y las diputaciones de Cataluña, donde ejerce mucha más influencia y forma parte de los equipos de gobierno.

Todos los partidos políticos tienen la obligación de rendir cuentas sobre sus ingresos y gastos al Tribunal de Cuentas, pero el organismo, dependiente de las Cortes Generales, lleva cierto retraso. Tres años en concreto. Así que en la actualidad sólo se pueden conocer las cuentas presentadas por PP y PSOE en 2005. Y encima están incompletas porque la mayoría de los partidos evita informar sobre las cuentas de muchas de sus agrupaciones locales, que gestionan la mayoría de sus gastos. Es una maraña donde los datos concretos se difuminan. Y la falta de información siempre beneficia a los mismos.

Entre las maniobras financieras de los partidos políticos hay de todo: extensas deudas con entidades financieras, falta de información, omisión de entregas y subvenciones, inversiones cuestionadas, altas donaciones anónimas… Todo vale para seguir amasando. Como ejemplo, los galleguistas del BNG se llevaron una grata sorpresa al ver que su número de la lotería de navidad en 2004 terminaba en cero, igual que el primer premio. Les había tocado el reintegro: 20 euros por cada décimo. Sin embargo, la mayoría de la gente no reclamó la devolución del dinero al partido. El BNG cobró los décimos y se embolsó así 22.300 euros para su funcionamiento. Otro ejemplo: los nacionalistas de Coalición Canaria se olvidaron en sus cuentas de presentar una ayuda de 1 millón de euros concedida por el gobierno local y otros 831.870 euros procedentes de los ayuntamientos. Curioso olvido para una formación que ingresa sólo 22.000 euros por las cuotas de sus afiliados. La formación vasca Eusko Alkartasuna, que recibe 2,3 millones de euros de la administración, ha colocado las sedes de su partido, valoradas en 1,5 millones de euros, a nombre de la Fundación Elkartu S. A. Por su parte, Izquierda Unida ha sido señalada por presentar sus cuentas incompletas de forma reincidente. En el último informe faltan los datos de Madrid y Valencia, además de muchas corporaciones locales y de su delegación en el Parlamento Europeo.

Los auditores del Tribunal de Cuentas constatan, por ejemplo, que la mayoría de los partidos políticos deriva a su propia actividad las subvenciones entregadas por las diputaciones, las asambleas autonómicas o las Cortes Generales, lo que va en contra de la normativa. El Congreso de los Diputados da dinero a los partidos para mantener su actividad parlamentaria, no para que lo gasten en pagar sedes locales, anuncios publicitarios o trabajadores externos. Para eso ya reciben una subvención estatal, dependiente del Ministerio del Interior. Pero nunca es suficiente. Como era de esperar, ningún partido político ha sido sancionado nunca por este motivo.

El Partido Socialista también ocultó información a los auditores en 2005. El PSOE no aportó datos sobre muchas de sus delegaciones locales y de sus gastos en el Parlamento Europeo. Los socialistas son el grupo que atesora mayor patrimonio, con 94 millones de euros inmovilizados. Tienen además 23.000 euros invertidos a largo plazo y casi 500.000 euros en depósitos. Según sus cuentas, los socialistas ingresan al año 4 millones de euros en servicios externos, que pueden deberse, por ejemplo, a la venta de artículos publicitarios. También reciben 15 millones de euros por donaciones y cuotas de sus afiliados.

En 2005 el Partido Popular tenía 10 millones de euros en efectivo ingresados en varias cuentas, gastaba 1 millón de euros en informes y estudios, 4 millones en alquileres, 1,2 millones en transporte, más de 6 millones en publicidad y casi 20 millones en salarios. Ésta es con mucho la partida más alta de su presupuesto, al igual que sucede en el resto de los partidos. Entre sus ingresos, el PP financia menos de un 15 por ciento de su actividad gracias a las cuotas de sus abonados y los donativos, que suman juntos 13 millones de euros, frente a los 56 millones que recibe del Estado.

Para rentabilizar su dinero, el partido conservador, que tiene una deuda con las entidades bancarias de 16 millones de euros, colocó en 2005 un total de 1,2 millones en renta fija a corto plazo y otros 30.000 euros en adquisiciones de deuda pública. Las filas de Mariano Rajoy ingresaron ese año más de 3 millones de euros en donaciones anónimas. Un dinero que llegaba al PP sin nombre ni apellidos.

El problema venía de lejos. En 2001 el Tribunal de Cuentas ya advirtió que las donaciones anónimas eran una importante vía de irregularidades para los partidos políticos. En esencia, eran imposibles de controlar. El organismo elaboró una serie de recomendaciones para mejorar la Ley de Financiación de Partidos, pero no fueron atendidas. Durante años no hubo acuerdo. Mientras PSOE, Izquierda Unida y Esquerra Republicana se mostraron a favor de prohibir este tipo de regalos entregados por una mano negra, el PP y los nacionalistas del PNV y CIU se negaron. Según su propia contabilidad, este último partido recibía al día 5.500 euros de forma opaca desde hacía doce años. El segundo en la lista, con 3.700 euros diarios, era el PNV. Y el tercero, tanto en recaudar fondos como en rechazar la propuesta, fue el Partido Popular. Otra casualidad.

En 2005 el entonces presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, apostó incluso por retirar la financiación pública a los partidos políticos al considerar que no se encontraban dentro del sector público y que respondían a sus propios intereses. Nieto definió a la perfección en un foro económico los problemas de subvencionar a los partidos: «Donde hay financiación pública hay jerarquía, hay burocracia y hay falta de participación».

Al final, la clase política española tardó seis años en alcanzar un acuerdo y prohibir las donaciones imposibles de rastrear. La medida se incluyó en la ley sobre financiación aprobada en 2007. Desde entonces, todos los regalos de dinero que se hacen a los partidos tienen que ir identificados por el nombre o la empresa donante, y los datos tienen que quedar certificados oficialmente por una entidad bancaria. Todavía no se conocen oficialmente los efectos de esta medida sobre la contabilidad de los partidos, ya que el Tribunal de Cuentas aún tiene por delante la fiscalización de los años 2006 y 2007.

Cada español debe 566 euros a los bancos por culpa de los ayuntamientos

Los ayuntamientos suponen la mayor fuente de financiación de los partidos políticos. Son ellos quienes aportan el 78 por ciento del dinero público que reciben los partidos, y por eso es tan importante controlarlos. La regla es sencilla: cuantos más ayuntamientos controles, más dinero recibes. Llama la atención que sea esa parte de la contabilidad —la que explica los gastos y atribuciones de las asociaciones locales— la que se omita de forma sistemática al Tribunal de Cuentas, cuando es la que más dinero mueve. Ésa es la primera línea de fuego, ya que los ayuntamientos son las instituciones que están más cerca del ciudadano. Sus decisiones afectan de forma directa a los votantes. Cualquier obra, cualquier subida de impuestos, cualquier mejora en infraestructuras o cualquier gasto en las fiestas patronales sirve para modificar la imagen de un partido frente a aquellos que tienen que darles su confianza cada cuatro años en las elecciones.

En la mayoría de los casos el dinero que los partidos reciben de los ayuntamientos es tan importante que supera ampliamente las subvenciones estatales. Y no hay un baremo para repartirlo. El Ayuntamiento de Madrid, el municipio más poblado de España, destina 587.000 euros a pagar el funcionamiento de sus partidos políticos. Pero Jaén, con muchos menos habitantes, gasta casi lo mismo: 532.000 euros. El Ayuntamiento de Barcelona se lleva la palma y gasta más de 2 millones de euros en financiar a la Casta. No hay nadie que invierta tanto y no hay manera de ponerle freno, ya que cada consistorio es independiente a la hora de fijar sus presupuestos. ¿Cómo puede ser que los partidos de Madrid necesiten cuatro veces menos dinero que los de Barcelona para ejercer su actividad? Recordemos además que ese dinero es para mantener el trabajo municipal, no para que los partidos lo destinen a trabajos fuera del ayuntamiento. Parece claro que no se utiliza para tal fin, sino para garantizar una presencia potente en otros ámbitos de la vida pública.

La financiación hinchada de ciertos partidos se da también en las asambleas regionales y los parlamentos autonómicos, que donan 56 millones de euros al año. El Parlament de Catalunya es la entidad que más dinero aporta, con 15 millones de euros que se reparten todos los partidos políticos con representación en su hemiciclo. La cifra es cinco veces superior al dinero que entrega la Comunidad de Madrid, algo más de 3 millones de euros. El Parlamento de Andalucía, el segundo en esta lista, aporta a sus partidos políticos más de 9 millones; y 3 millones el Parlamento Vasco, que también cuenta entre sus filas con formaciones de marcado carácter nacionalista, pero se mantiene en la media del Estado.

La gestión que la Casta ha realizado de los ayuntamientos los ha convertido en las instituciones públicas más endeudadas del país, lo cual tiene una causa partidista. Cuando un partido político llega a la alcaldía comienza un proyecto de cuatro años que suele contener obras faraónicas, obras que comprometen el presupuesto municipal durante varios años: el palacio de Congresos de Vigo, el velódromo de Palma de Mallorca o el soterramiento de la M-30 en Madrid son algunos ejemplos.

El problema viene cuando, con las elecciones, llega un nuevo equipo a la alcaldía y ese equipo pone en marcha su propio proyecto, con nuevas obras megalómanas que mejoren la ciudad y ensalcen al partido frente al electorado. Como el presupuesto municipal es limitado y además suele estar comprometido por obras anteriores, el partido entrante suele optar por la única fuente de financiación directa y efectiva con que cuentan las corporaciones locales: los convenios con constructores.

La ley establece que los ayuntamientos tienen derecho al 10 por ciento del aprovechamiento lucrativo de cada terreno que se recalifica. Y eso es mucho, mucho dinero. Basta con mirar por encima la recalificación del viejo estadio del Valencia para entenderlo. El ayuntamiento de la ciudad del Turia recibirá unos terrenos valorados en 70 millones de euros sólo por autorizar la construcción de viviendas donde ahora está el campo de fútbol de Mestalla, que ocupa un par de manzanas en el centro de la ciudad. La misma regla se puede aplicar en cualquier otro proyecto urbanístico para entender la lluvia de millones que riega los ayuntamientos. O los regaba, hasta la llegada de la crisis en el sector del ladrillo.

La capacidad de los ayuntamientos para recaudar dinero con las recalificaciones ha sido un arma de doble filo. Por un lado, los ha convertido en pieza clave de las inversiones públicas y en grandes generadores de empleo. Pero, por otro, las corporaciones locales han protagonizado constantes y cuantiosos escándalos. El ejemplo de Marbella es el más evidente. Allí el ayuntamiento tuvo que ser intervenido por el Estado en marzo de 2006, con el inicio de la Operación Malaya. En los casos más modestos, los gobiernos locales se han acostumbrado a manejar un presupuesto muy por encima de los fondos que les asigna el Estado. Y claro, cuando la gallina de los huevos de oro muere, el consistorio queda estrangulado.

El frenazo de la construcción ha dejado a muchas corporaciones locales en quiebra técnica y sin posibilidades de pagar siquiera las nóminas de sus trabajadores. El endeudamiento de los ayuntamientos es tan grande que cada español debe, sin saberlo, 566 euros a los bancos por la falta de liquidez de estos organismos. A la cabeza del gasto municipal se encuentra Madrid, con 7.000 millones de deuda según datos del Ministerio de Economía. La capital del país debe más dinero que Barcelona, valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla juntas.

A la luz de todo lo que hemos dicho hasta el momento, en este mundo de intereses encontrados, de pasiones encendidas y de dinero ajeno gastado con ligereza, es normal que Mariano Rajoy se quedara en blanco cuando aquella pensionista navarra le interpeló sobre su abultado sueldo en el programa Tengo una pregunta para usted. La cuestión era sencilla, pero la respuesta era complicada, muy complicada. Como todo lo que atañe a la Casta.