Un sistema viciado, millonarios insolidarios, una clase media estrangulada y unos políticos que lo permiten… Descubra lo injusto de la Hacienda española. Descubra por qué siempre le toca a usted.

¿Qué futuro tiene un país…

…donde un mileurista paga cinco veces más impuestos que una gran multinacional?

…que ha cogido el dinero negro para sufragar la sanidad y la educación pública sin comprobar su procedencia?

…donde casi la mitad de los impuestos se recauda de forma indiscriminada y donde Hacienda se lleva el doble de un trabajador que de las rentas de un millonario?

…que permite que sus grandes fortunas se libren de pagar impuestos para evitar que se marchen al extranjero, pero que exprime al ciudadano común?

…que sirve de paraíso fiscal para las empresas de medio mundo y donde la mitad de la inversión extranjera no paga impuestos ni genera un solo puesto de trabajo?

…donde no podemos saber quiénes son morosos con el resto de los ciudadanos?

…donde menos de cien personas cumplen condena por fraude fiscal?

…donde las grandes fortunas negocian sus sanciones con Hacienda mientras al pagano le embargan por vía ejecutiva?

Si quiere saber cómo se mantiene en realidad el sistema, cómo el Estado beneficia intereses privados mientras mantiene el espejismo de que Hacienda somos todos, sumérjase en estas páginas.

¿Se siente usted el tonto que paga la fiesta? Tome nota y saque sus propias conclusiones. Ahora los datos, con nombres y apellidos, están sobre la mesa.

Daniel Montero

El club de los pringaos

Impuestos

ePUB v1.0

Dirdam 25.05.12

El club de los pringaos

Daniel Montero Bejarano, marzo de 2012

La Esfera de los Libros, S.L.

ISBN: 978-84-9970-732-7

Editor original: Dirdam (v1.0)

ePub base v2.0

A Elena, por su comprensión y paciencia.

A mi familia, por el tiempo que les he quitado.

A David por su ayuda técnica. A los funcionarios de

los distintos cuerpos que me han abierto cajones y

despachos. A los correctores, diseñadores gráficos, editores,

publicistas, abogados y a todo el equipo humano de la

editorial que de forma anónima trabaja en mis libros

A María Borrás y a Ymelda Navajo,

por compartir conmigo este tercer viaje

I. Hacienda no somos todos

¿Se acuerda del despertador que ha sonado atronador esta mañana? ¿Se acuerda del vacío? ¿De esa sensación de absurdo cuando ha visto desde la ventana que todavía el sol no ha arrancado el día? ¿Se acuerda del atasco, de la bronca con su jefe, del problema tras el problema y del recorte tras el recorte? ¿Se acuerda de la crisis, de esa losa de conciencia que le advierte cada noche que la montaña de imposibles seguirá para usted sobre su mesa de trabajo mañana? Pues todavía le espera una noticia peor. Tome asiento. Siento ser yo quien se lo cuente pero… hoy ha trabajado usted todo el día solo para pagar a Hacienda.

Según las estadísticas oficiales, cada español trabaja al año ciento cuarenta y seis días lectivos solo para abonar sus impuestos. Ahí es nada. Al final del camino, ese goteo de madrugones y sudores supone más de la mitad de su vida laboral. El fisco se lleva, por tanto, de cada español veinte años de trabajos forzados, veinte años de madrugones, de broncas, de esfuerzos. Y claro, veinte años de sueldo. Casi sin darnos cuenta, ponemos más dinero en manos del Estado de lo que invertimos durante toda una vida en nosotros mismos. Ese es el precio de ser ciudadano. El precio de vivir en sociedad, de tener carreteras, aeropuertos y tribunales, el precio de una educación y una sanidad públicas. Pero ¿esas estadísticas valen para todos? ¿Estamos hablando de un sacrificio igualitario? ¿Aportamos los españoles de una misma forma a la caja común?

Según los Presupuestos Generales del Estado, España consume cada año 386.788 millones de euros. Esa es la factura total que tenemos sobre la mesa. Una cifra astronómica que sirve para mantener los servicios de cuarenta y un millones de habitantes. Desde esa caja común se pagan los gastos en asistencia médica, las escuelas y universidades que forman a nueve millones doscientas mil personas, el funcionamiento del Congreso y el Senado, los presupuestos de cuarenta y siete diputaciones y los más de ocho mil ayuntamientos, los sueldos de los 2.659.010 funcionarios del Estado, las pensiones mensuales de cinco millones y medio de jubilados, los tribunales de Justicia, la red de carreteras y cualquier gasto que provenga directamente de las arcas estatales. Entonces, ¿de dónde sale todo ese dinero?

La inmensa mayoría de los fondos estatales —189.727 millones de euros en 2010— proviene de las nóminas y beneficios de veinte millones de trabajadores y 1,3 millones de empresas españolas. El resto procede en su mayoría de los llamados impuestos indirectos, esos que incrementan el precio de cualquier producto de consumo, por muy necesario que sea. El presupuesto nacional se complementa con tasas municipales, autonómicas o estatales, fijadas, por ejemplo, para la apertura de locales comerciales o el pago fraccionado de estacionamiento dentro de las grandes ciudades. Con esas normativas, el Estado recauda cada año otros 6.735 millones de euros.

El debate sobre la manera de sufragar los gastos públicos se ha prolongado durante siglos a lo largo de la historia. Pero una cosa es segura. No hay sociedad moderna sin impuestos. En las civilizaciones primigenias, la necesidad de sufragar las guerras con otros pueblos o clanes rivales supuso la aparición de las primeras tasas oficiales. Así, durante los tiempos de guerra, los atenienses crearon un impuesto llamado eisfora, que se rescindía cuando la situación bélica había terminado. Adiós a la guerra, adiós a los impuestos. En el antiguo Egipto, un tributo gravaba, por ejemplo, el aceite de oliva necesario para la cocina, y el Estado contaba con un importante cuerpo de escribas para recaudarlo. En el Imperio Romano aparecieron los primeros aranceles para el comercio internacional, de nombre portoria, y César Augusto creó una tasa sobre las herencias que garantizaba el retiro de sus militares tras las contiendas. A lo largo de la historia, todo bien social o de consumo ha podido ser objeto de impuestos. Incluso la virginidad. En la Edad Media, los señores de la Europa Occidental reclamaban como tributo la primera noche de bodas de todas las doncellas, siervas de su feudo, que contraían matrimonio bajo su mandato.

En la actualidad, la necesidad de recursos públicos, la inventiva de algunos legisladores y la falta de control a la hora de elaborar determinadas normativas han dejado ejemplos de impuesto realmente inverosímiles por todo el mundo. Hasta septiembre de 2007, el estado norteamericano de Tennessee tuvo vigente un impuesto para sacar dinero de las drogas ilegales. Por supuesto, allí está prohibido comprar y vender marihuana, LSD o cocaína; sin embargo, la ley obligaba al comprador a presentarse en cuarenta y ocho horas ante la oficina de Hacienda más cercana con la mercancía. Allí, los funcionarios tenían que pesarla y hacerle pagar el impuesto correspondiente. Lógicamente, nadie apareció nunca por allí para no ser detenido. El estado de Carolina del Norte tiene una legislación parecida, pero el impuesto se aplica una vez que la persona es arrestada con la droga; una situación mucho más razonable.

La legislación holandesa contempla que es perfectamente legal que una persona se deduzca de sus impuestos clases de brujería y en Alemania, hasta 1995, las empresas privadas y los particulares tenían derecho a deducirse los gastos que tuvieran al corromper a funcionarios públicos. Ese derecho tampoco fue ejercido en ningún caso, ya que para ello el empresario debía delatar al funcionario que acababa de recibir el dinero. Cayó en desuso. En Suecia, los funcionarios de la autoridad fiscal podían gravar con una tasa los nombres que consideraban inadecuados para los recién nacidos que eran inscritos en el registro civil. En 2007, una familia local saltó a los titulares por su empeño y posterior pelea burocrática para inscribir a su bebé con el nombre de pila de «Metallica», en homenaje al conocido grupo de heavy metal estadounidense. En 2005, el gobierno italiano grabó los productos pornográficos con un IVA especial del 25 por ciento, y varios países de la Unión Europea, como Irlanda o Dinamarca, tienen impuestos sobre las cabezas de ganado vacuno por la contaminación que provocan sus flatulencias.

En España, la recaudación de impuestos por las distintas vías que dependen de la Agencia Tributaria es la principal fuente de financiación del Estado y, por tanto, la forma más importante para mantener activos todos los servicios sociales que garantizan el llamado «Estado del Bienestar». Cualquier fraude, merma o escaqueo en estos pagos se traduce de forma directa en menos dinero para sanidad, educación, servicios sociales o sistemas de seguridad ciudadana, por ejemplo. Robar a Hacienda es, en realidad, robarnos a todos. Pero ¿cumplimos todos por igual con nuestras obligaciones? ¿Realmente Hacienda somos todos? La respuesta es tan clara como desalentadora.

Sencillamente, no.

Una mentira piadosa

El artículo 31 de la Constitución establece que todos los ciudadanos tienen la obligación de contribuir al «sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con sus posibilidades mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad». Sobre el papel, los que más dinero tienen son los que más deben aportar a la caja común. Y de forma progresiva. Pero no es así. Al contrario de lo que cabría esperar, las clases bajas y medias de este país, los trabajadores por cuenta ajena, aquellos que cuentan con una nómina regulada pagan cinco veces más impuestos que los grandes capitales y las multinacionales. Sin paños calientes. En realidad, un mileurista español sufre una presión fiscal cinco veces mayor que la de una empresa como el Banco Santander. Y hay ya seis millones de personas en esa situación. Sin embargo, estas cifras se ocultan de nuevo bajo la mampara de un pretendido oscurantismo. Quien controla la información controla los datos. Y por extensión, interpreta los números a su antojo.

Desde la llegada a España de la democracia, los impuestos se han utilizado de forma indiscriminada por la clase política como método de propaganda. Todos los partidos de uno u otro signo han hecho un uso electoral de ella, incluso de una manera peligrosa. Los distintos gobiernos, independientemente de su orientación, han optado una y otra vez por bajar en la medida de lo posible los impuestos directos, esos que se abonan de forma irremediable mediante nóminas o declaraciones de la renta. Y sobre todo en periodo electoral. En 1999, el presidente José María Aznar protagonizó la mayor bajada del Impuesto sobre la Renta de la historia reciente, con un descuento medio del 13 por ciento. La medida entró en vigor en enero de ese año, seis meses antes de las elecciones autonómicas donde el Partido Popular ganó en número de votos. Diez años después, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero dio una vuelta de tuerca más a la estrategia y no solo prometió una bajada de impuestos, sino que convirtió España en «el primer país del mundo que devuelve renta a sus ciudadanos». Así. Como suena. El 27 de enero de 2008, a tan solo dos meses de las elecciones generales, el entonces presidente anunció una paga lineal de 400 euros a todos los asalariados, pensionistas y autónomos del país. En total, 13 millones de personas. El espejismo duró poco. El 9 de marzo de 2008, Zapatero renovó su puesto como presidente del Gobierno. Un año después, Hacienda ya emitió un comunicado oficial en el que reclamaba la eliminación de la medida por falta de fondos. ¿A nadie le pareció extraño que las cuentas cuadraran dos meses antes de las elecciones y luego la medida estrella fuera absolutamente inviable?

En noviembre de 2011 fue Mariano Rajoy quien jugó la baza de los impuestos para garantizarse un puñado de votos. El líder del Partido Popular, al que todas las encuestas daban por vencedor seguro en las elecciones generales, se cansó de repetir en plena campaña que era completamente contrario a una subida de impuestos. Incluso confirmó su teoría en el debate de investidura, cuando las urnas ya le habían dado vencedor por KO. Ya no necesitaba alardes, pero aun así entonó el canto de sirena. Le duró poco. Rajoy pasó de liderar la oposición a tener mayoría absoluta en el Congreso. Y la promesa fiscal le duró exactamente diez días. En menos de dos semanas, su mano derecha, Soraya Sáenz de Santamaría, salió ante los medios de comunicación y anunció una nueva subida del dinero que el Estado recauda con el sueldo de todos los españoles. Para incumplir su promesa, Rajoy aseguró que la medida era estrictamente necesaria: el país estaba en una situación económica peor de la que se imaginaba mientras estaba en la oposición. Una variación del gran clásico de la política: en este mundo, la culpa de todo la tiene siempre y de forma irremediable el señor de al lado.

Bajar los impuestos sobre la renta —al precio que sea— es uno de los trucos más viejos para todo político con aspiraciones. Sin embargo, el Estado tiene que seguir siendo financiado. La gran maquinaria sigue comiendo recursos, con sus nóminas, sus gastos, sus compras e inversiones. Y eso lleva a los gobernantes a optar por una peligrosa técnica: subir los impuestos indirectos. Mientras el Impuesto sobre la Renta y el de Sociedades prevén una serie de escalones y tramos que reparten las aportaciones a la caja común de una forma progresiva —supuestamente pagan más los que más tienen—, los tributos indirectos como el IVA, esos que gravan el pan, los medicamentos, la electricidad y cualquier producto de consumo, pesan igual a los bolsillos más desfavorecidos que a las fortunas más importantes del país. Llenar un depósito de gasolina cuesta lo mismo en impuestos al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que a un jubilado de Cuenca que cobra 300 euros al mes como pensión mínima. Y lo mismo sucede con la compra de cualquier medicamento, producto alimenticio, tabaco o gasto de consumo eléctrico, por poner un ejemplo.

Además, los distintos tramos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) dan lugar a situaciones rocambolescas. Hasta 2008, en España una lata de caviar ruso, un bien de lujo destinado a los bolsillos más acaudalados, pagaba menos impuestos que un paquete de compresas. Todavía hoy, el Estado recauda más de 42 millones de euros con estos productos de higiene femenina, nada optativos y de primera necesidad. Y algo similar sucede con otros productos como los preservativos o los pañales para niños. Lo importante es recaudar. Sea como sea.

Pasan los años, desfilan los gobiernos y, uno tras otro, independientemente del signo político, nos siguen vendiendo la mentira de que Hacienda somos todos, mientras los números dicen lo contrario. Da igual. Hacen falta paganos que sufraguen la gran farsa y mantengan el sistema a flote. En 1980, hace más de treinta años, España recaudaba solo el 38,5 por ciento de sus ingresos por impuestos indirectos, esos que duelen igual a todos los bolsillos. En la actualidad, y según los datos oficiales, el país recauda el 59,5 por ciento de sus ingresos por el IRPF y el Impuesto de Sociedades (110.260 millones de euros), mientras que el IVA y el resto de los impuestos especiales, con 77.202 millones de euros en total, suponen el 41,4 restante. Con semejantes cifras, es complicado mantener la ilusión de que Hacienda somos todos, de una manera justa y progresiva. Para empezar, casi la mitad del dinero se recauda de forma indiscriminada entre los bolsillos de todos los españoles, independientemente de sus ingresos. Como es lógico, este tipo de impuestos perjudica mucho más a los diez millones de personas que tienen que invertir sus 1.400 euros brutos al mes en mantener vivienda y todos los gastos familiares que a los 466 consejeros de las 35 empresas más importantes de España que cobran de media 2,3 millones de euros al año, según sus propios datos.

Más de los que menos tienen

El sistema tributario español no es justo ni progresivo. El artículo 31 de la Constitución se ha convertido con los años en un espejismo de referencia que ha quedado completamente obsoleto. Desvirtuado incluso por la necesidad de Hacienda de obtener recursos y la falta de conciencia de la clase política a la hora de gestionarlos. El Estado necesita dinero, es voraz e insaciable, y busca a cada momento nuevas formas de recaudar, independientemente de a quién afecte. El basurazo de Madrid, el fin del cheque bebé, la congelación de las pensiones. Todo vale para cuadrar las cuentas. En España, los que más tienen NO son los que más pagan. Así de claro. Primero porque casi la mitad de los impuestos se recaudan por la compra de bienes cotidianos. Y segundo porque en las declaraciones de la renta, son los asalariados y las pequeñas empresas, la gente común, esa llamada clase media, quienes sustentan con su dinero los gastos de todo el sistema. Esos son los tontos útiles. Los paganos. Los datos hablan.

Según las estadísticas del Ministerio de Hacienda, son los veinte millones de asalariados, con sus nóminas medias de 23.000 euros brutos al año, y no las empresas ni las grandes multinacionales del país, los que recaudan 77.444 millones de euros al año. Por contra, todas las empresas españolas juntas —con las grandes multinacionales como ACS, Iberdrola o Ferrovial incluidas— recaudan menos de la mitad: 30.000 millones de euros. Hay que recordar que Telefónica obtuvo, ella sola, más de 10.000 millones de euros de beneficio en ese periodo, según sus propias cuentas. En solo tres años, las compañías españolas han pasado de aportar el 22 por ciento del dinero que necesita el Estado a solo un 10 por ciento. En la actualidad, solo uno de cada diez euros que se gasta en educación, sanidad, justicia o cualquier otro servicio que dependa del Estado procede de las empresas. Las 41.000 grandes compañías españolas, esas que mueven juntas el 65 por ciento del dinero del país y facturan más de 6 millones de euros al año, se dejan 26.000 millones en impuestos cada ejercicio. Una cifra reducida que tiene una explicación. Para la Administración, es mucho más sencillo auditar y recaudar el dinero de los asalariados, personas con una nómina fija, escasos recursos económicos y sin capacidad de maniobra, que litigar con grandes empresas, entrar en juicios con sus abogados y esperar varios años para recuperar el dinero tras un profundo proceso judicial. Además, las empresas tienen una complejidad contable mucho mayor y, por lo tanto, mayor capacidad para maquillar sus cuentas o incluso ocultar de manera legal sus beneficios. Y el problema va en aumento.

Según sus propios datos, en 2007 el Estado ingresaba 44.823 millones de euros por el Impuesto de Sociedades, ese que tienen que pagar todas las empresas españolas. Sin embargo, cuatro años después, ingresa solo la mitad. No estamos hablando de décadas, cambios drásticos o revoluciones anunciadas a sangre y fuego. Entre un mundial de fútbol y otro, las empresas españolas pagan la mitad de impuestos. Entre medias, España ha sufrido una de las crisis financieras más importantes de su historia, pero que no ha afectado de manera tan drástica a los beneficios empresariales como a su aportación a las arcas del Estado. Una muestra: en 2010, los beneficios de las empresas del IBEX 35 crecieron un 20 por ciento. Ganaron juntas más de 60.000 millones de euros. Para contextualizar los datos, en junio de 2010 el gobierno decidió bajar cinco puntos los salarios de todos los funcionarios públicos y congelar las pensiones. La medida, que afectó a ocho millones de personas en el país, supuso un ahorro de 4.500 millones de euros. Eso supone solo la sexta parte del dinero que las empresas españolas han dejado de pagar desde 2007.

La gran mentira de la presión fiscal

Rebajas imposibles, juegos malabares en periodo electoral, gastos faraónicos y, por encima de todo, ansia recaudatoria. Así está ahora España. Necesitamos dinero. Venga de donde venga. Y por eso nos centramos en el pagano. Ese que no tiene escapatoria. Ese que se levanta cada mañana de madrugada para llevar a los niños al colegio y pasar siete horas de oficina encerrado entre cristales. El que cobra 1.500 euros brutos en el andamio de cualquier ciudad. Quien encadena contratos temporales alumbrados a la luz de una falsa creación de empleo. Ese que deja por el camino más de la mitad de su sueldo y ni siquiera lo sabe. Y que por el bien de todos, es mejor que no se entere.

Con semejante escaparate, hay una pregunta clave. Una cuestión que lo destapa todo. ¿Cuántos impuestos paga en realidad una persona en España? ¿Nos hemos parado alguna vez a sumarlos? Una vez más, la respuesta es tan sorprendente como complicada de encontrar. No existen estudios oficiales que expliquen de una forma detallada el impacto real de los impuestos sobre la economía de las familias. Posiblemente porque el resultado es desalentador. Por un lado, cada año cumplimos sin remisión con nuestra declaración de hacienda. Además, cada mes el Estado se preocupa de coger su parte de nuestro sueldo, antes incluso de que caiga en nuestras manos y de conocer las necesidades económicas que tendremos, si nuestro coche se ha roto y necesita una reparación millonaria o si nuestra hija necesita un aparato de ortodoncia que cuesta 3.000 euros. Eso no es asunto suyo. Como en una mala película de cine negro, aquí el dinero siempre va por adelantado. Según la OCDE, la organización que aglutina a treinta y cuatro de las economías más desarrolladas del planeta, las familias españolas destinan el 31 por ciento de su dinero a pagar impuestos. De cada 100 euros, 31 se quedan para el Estado. La cifra española es cuatro puntos mayor que la media de las economías mundiales. Pero es que encima es mentira. Eso, o los técnicos que la han calculado se han dejado varios números por el camino.

En España, lo primero que hace una persona cada mañana es pagar impuestos. Y lo peor de todo es que el gesto se realiza de forma mecánica. Basta con encender una bombilla desde la cama para comenzar a pagar: un ciudadano español destina la mitad de su factura de la luz a abonar tasas municipales y varios impuestos territoriales. Un impuesto del 22 por ciento sirve para pagar las inversiones privadas de las empresas eléctricas en energías renovables y otro del 3 por ciento se destina a pagar «compensaciones extraterritoriales». Traducido al lenguaje común, significa que pagamos también con nuestros impuestos el dinero que cuesta llevar la luz eléctrica a Baleares, Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Y encima doble. A cada factura de electricidad hay que sumar el 18 por ciento de IVA, que se calcula, no sobre el bien consumido —la luz en este caso— sino sobre el precio después de sumar todas las tasas estatales. Es decir, para colmo, pagamos el impuesto del impuesto. En total, los tributos doblan la factura de un bien de primera necesidad, absolutamente imprescindible como es la luz eléctrica. Y el que no quiera, que encienda una vela.

Tras ese primer gesto, el mismo ciudadano camina tranquilo hasta su ducha y sin saberlo, sin ser consciente y en un acto de pura rutina, paga de nuevo una carga descomunal de impuestos. Una factura de 5 euros trimestrales en agua se convierte en 50 euros después de sumar una inmensa lista de tributos, a cual más imaginativo. Todos quieren tajada. Ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y el Estado central. Todos necesitan dinero y el dinero es poder. Y todos dejan su rastro en la factura. Cuanto más reciben, más quieren. Y así, el bien más importante que tiene la humanidad, ese que desata hambrunas y guerras y que mantiene al ser humano vivo, el bien universal, el agua, sufre una carga fiscal que ronda el 90 por ciento.

Suma y sigue. Después de su ducha matutina, de pagar el tributo del gas y de enviar el 8 por ciento de cada producto de higiene (compresas, papel higiénico, lociones, cosmético, lentillas) directamente a las arcas estatales, esa misma persona toma, tranquila, su desayuno. Todo lo que consume lleva adherido —como poco— un incremento del 4 por ciento de IVA, el que grava cualquier producto de alimentación básica. Unas galletas, por ejemplo, ya suben al 8 por ciento. Hay más. Un café mientras espera y un cigarro. Más de la mitad del precio del tabaco son impuestos. El año pasado, el Estado ingresó por ellos 9.290 millones de euros. La lluvia de tributos no para. Granos de arena que se escapan entre los dedos. Dinero de las familias para el Estado. Y todo con una ancestral y tranquila resignación camuflada de rutina. Justo al salir de casa, el pagano toma su coche y aquí está de nuevo. Con la llave en el contacto y el primer litro en el depósito paga 4 céntimos por cada litro en el impuesto especial sobre hidrocarburos, el 18 por ciento de IVA y el Impuesto de Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos (IVMDH). En este caso, como el tributo se vendió como una cuestión social, la clase política le buscó un nombre comercial. «El céntimo sanitario», apodaron, campechanos, a la nueva subida, que tiene una parte estatal y otra autonómica. Los ciudadanos de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid, la Comunidad Valenciana y Galicia —las únicas comunidades donde se implantó el tramo autonómico— pagan de media un 0,04 más por cada litro de carburante.

En resumen, la clase media de este país, ese grupo inconexo de ciudadanos con trabajos distintos, familias, obligaciones, hipotecas y gastos varios, el grueso de la población, la gente común, esos que no tienen derecho a exenciones ni rebajas y que van de casa al trabajo y del trabajo a casa, que esperan con ansia sus quince días de vacaciones en la playa y buscan refugio algún fin de semana en el cine o en una cena romántica con cupón de descuento, ve cómo el Estado se lleva de una forma y otra la mitad de su dinero. Como ahora veremos, 500 euros de cada mileurista van directamente cada mes a las arcas del Estado.

El dato es revelador y se oculta constantemente en los informes oficiales; por un lado porque la Administración, una vez más, ha elaborado una serie de mecanismos para maquillar la cifra. Y por otro, porque esa tasa quintuplica, por ejemplo, la tributación que tienen cada año algunas grandes empresas de este país. Basta con acudir a las memorias anuales de las principales multinacionales españolas para darse cuenta. El pasado año, las diez mayores empresas del país —Telefónica, el Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Repsol, Inditex, Abertis, ACS, Gas Natural y Ferrovial— tuvieron juntas unos beneficios de 51.300 millones de euros antes de impuestos. Sobre el papel, al Estado le corresponderían 15.000 millones de euros, ya que su Impuesto de Sociedades es del 30 por ciento. Pues bien. Según sus propios datos, dieron al Estado solo 12.242 millones. El resto —3.000 millones de euros, el mismo dinero que el Fondo Monetario Internacional invirtió para rescatar a Grecia en julio de 2011— quedó por el camino gracias a una maraña de deducciones fiscales y estrategias contables. Eso sí, todo legal y con el beneplácito de la Administración, bajo la excusa de fomentar «la competitividad y el empleo», como luego veremos.

El 22 de julio de 2011, un informe de recaudación de Hacienda revelado por el diario El País explicaba que la tributación real de las grandes empresas españolas, esas que más dinero y beneficios generan a lo largo del mundo, esas que sobre el papel deben aportar casi un tercio de sus ganancias a la caja común, era en realidad del 10 por ciento. El informe oficial hace públicos los datos pero carece de nombres concretos, ya que las cuentas con Hacienda están sometidas a un estricto secreto por la Ley de Protección de Datos. Otro absurdo. En este país, es posible ser moroso con el resto de los ciudadanos y que nadie tenga derecho a saberlo. Aplicado a menor escala, es como si su vecino se negara a pagar la comunidad de propietarios del edificio, pero usted no pudiera saberlo nunca.

En cualquier caso, la cifra de impuestos que pagan las grandes empresas es tan ridícula que está por debajo de países considerados en ocasiones paraísos fiscales, como Irlanda, que impone a sus empresas unos tributos del 12,5 por ciento. Y todavía puede ser peor. Según sus propios datos, en 2008 el Banco Santander obtuvo unos beneficios globales de 11.200 millones de euros. La memoria anual explica que tras varias exenciones fiscales y legislaciones internacionales, la entidad pagó en España solo 57 millones de euros en impuestos. El 0,5 por ciento de sus beneficios totales. En 2010, el grupo Abengoa, con 263 millones de beneficio, consiguió que el Estado le tuviera que devolver 400.000 euros debido a sus inversiones en infraestructura. Ese mismo año a la constructora Ferrovial, con 1.700 millones de beneficio, Hacienda le tuvo que devolver 85 millones de euros gracias a las exenciones fiscales planteadas desde 2007.

El truco de la bondad empresarial

El agravio comparativo es evidente. Con los datos reales en la mano, las personas pagan cinco veces más impuestos en España que las multinacionales y los grandes patrimonios. Sin embargo, los estudios estadísticos oficiales reflejan una brecha mucho menor. ¿Cómo se maquillan, entonces, esos datos? La forma de ocultar esta realidad es tan sencilla que en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta. Basta con aceptar de plano las reglas del juego que plantea la Administración para caer en la trampa y pensar que nuestras deducciones, el dinero que el Estado recibe cada mes, está mucho más lejos de la realidad. El principal agujero, un juego de lenguaje que se ha convertido en cortina de humo, está en la forma de contabilizar los seguros sociales.

Según la legislación española, cada trabajador asalariado (el mayor grupo en este país, con casi veinte millones de paganos) ve retenida una parte de su nómina (el 6,35 por ciento) para garantizar su pensión y el mantenimiento de la Seguridad Social. Pero ese no es el único pago real que el trabajador aporta. Por otra parte, es la empresa quien cotiza un 31 por ciento suplementario por ese trabajador. Es aquí donde viene la trampa. ¿La empresa cotiza de su propio bolsillo por un trabajador? ¿De verdad? ¿Seguro? Claro que no. El contratante suma ese 31 por ciento sin remisión al coste real de un empleado. Sin embargo, el dinero, esos 300 euros mensuales de cada mileurista, esos 500 euros de las rentas medias, no se contabiliza nunca en la nómina del pagano. El Estado prefiere hacernos pensar que ese dinero no nos lo retiene a nosotros, sino a la empresa por nosotros. Es una artimaña. Una ilusión basada en un juego de palabras que tiene un único objetivo: enmascarar la cifra real que el Estado se lleva de cada trabajador. Basta sumar el dinero descontado de la nómina con ese 31 por ciento para darse cuenta de que Hacienda recibe de media la mitad de los ingresos generados por cada asalariado de este país. Y eso para empezar.

Por encima de la media

El 7 de febrero de 1992 la firma del Tratado de Maastricht confirmó la materialización de un proyecto que comenzó tras la Segunda Guerra Mundial. Con aquellas doce rúbricas plasmadas en papel, quedaba cerrada de una vez por todas la creación de la Unión Europea. Antes, tres tratados internacionales firmados en París, Roma y Luxemburgo sentaron las bases para el sueño de crear la mayor unión de estados sobre la tierra. Con aquel documento, los doce estados miembros se comprometían a crear la llamada «ciudadanía europea», basada en que los quinientos millones de personas residentes en la Unión Europea pudieran circular libremente por su territorio, tuvieran una justicia similar, una legislación armonizada, unas cámaras de representantes conjuntas e incluso una moneda única: el euro. Sin embargo, con el dinero no se juega y después de casi veinte años, los veintisiete miembros actuales de la Unión Europea —con una legislación común, tribunales internacionales, una cámara continental e incluso con la misma moneda— no han conseguido ponerse de acuerdo a la hora de armonizar sueldos y pagar impuestos.

En Europa, no todos cobramos lo mismo. Y, en consecuencia, no todos pagamos igual. Cuando se trata de dinero, la hermandad continental se diluye en un sencillo sálvese quien pueda.

¿En qué lugar deja eso a España? Ya hemos visto la falsa solidaridad del sistema tributario nacional, pero ¿es igual en toda la Unión Europea? ¿Pagamos más o menos que el resto de los socios? Según los datos oficiales, España es uno de los países de la Unión Europea que tiene una menor presión fiscal. Ese argumento ha servido una y otra vez a la clase política española para justificar la creación de nuevas tasas. Pero también está viciado. Es cierto que según los datos de Eurostat para 2009, los últimos vigentes, España recauda en impuestos un tercio de lo que generan sus empresas y ciudadanos. Una cifra que dista de otros países del entorno como Italia (43,3 por ciento), Alemania (41,5 por ciento) o Francia (43,5 por ciento), países con sueldos anuales diez mil euros por encima de la media española. Es decir, sobre el papel, en España pagamos menos impuestos que en otros grandes de la Unión Europea. Pero ¿es eso cierto? Sí, aunque solo en algunos casos. Y como siempre, en los que menos lo merecen: las multinacionales y las grandes fortunas.

El sistema fiscal español está tan desequilibrado que los datos arrojan una paradoja. Mientras en España se paga —en general— menos impuestos que en nuestros países vecinos, el tramo medio del IRPF, ese que afecta a casi diez millones de paganos, a las rentas medias, a los ciudadanos de a pie, ese que pagamos de una forma y otra casi todos, está por encima de la media de la OCDE. ¿Cómo puede ser que si tenemos menos impuestos que nuestros vecinos, la carga fiscal sobre las familias sea tan alta? Muy sencillo. En 2010, España fue el segundo país del mundo donde más subió la presión fiscal sobre los asalariados. ¿Sobre todos? Como era de esperar, no. Claro que no.

El 28 de agosto de 2011, el diario Público presentó un estudio revelador. En los últimos quince años, el Estado ha bajado un 18 por ciento los impuestos a 11.000 grandes empresarios —aquellos que ganan con su nómina más de 300.000 euros al año—. Ahora, la Administración recoge de sus bolsillos 27 de cada 100 euros, mientras que en 1996 recaudaba 48. A día de hoy, el porcentaje de impuestos de las 8.000 personas que ganan más de 600.000 euros al año es inferior al de todos los españoles que tienen un sueldo de 72.000 euros brutos en adelante. No es que no paguen más. Es que encima pagan menos. Es una espiral imparable. Un sumidero que merma las arcas del Estado desde hace años y que no tiene ningún sentido. Los paganos se dejan cada vez más dinero en impuestos mientras las grandes fortunas se asientan rebaja tras rebaja. Echando la vista atrás, cabe hacerse una pregunta: este desequilibrio, la injusticia fiscal, ¿es una estrategia premeditada, una obligación impuesta por los mercados, o simplemente una muestra de incompetencia? ¿Nadie ha alertado en años a nuestros gobernantes de que esto sucede, que los que menos tienen son los que más aportan? La respuesta, una vez más, es tan desalentadora como sorprendente. En 1998, la memoria elaborada por el Ministerio de Hacienda ya destacaba que algunas deducciones eran directamente contrarias al sistema redistributivo. Es decir, cuanto más ganas, menos pagas. Desde entonces, los ocho mil grandes directivos nacionales han dejado de pagar de sus nóminas 864 millones de euros cada año.

¿Quién es el pagano?

Los números se esperaban en Moncloa como la morfina para un paciente enfermo. La economía española llevaba ya dos años de pérdidas consecutivas y aquello podía ser una leve esperanza. La primera muestra de esos «brotes verdes» que el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero esperaba con tanta esperanza y que parecían no llegar nunca. Era agosto de 2011 y los especuladores financieros habían fijado sus miras en la economía española. Malditos tiburones. El país creció un 0,2 por ciento en el primer semestre del año, cuando se suponía que creceríamos más del doble. Y eso desató las alarmas de quiebra. No era más que una estrategia, un canto de sirena de los especuladores más agresivos, enmascarados en grandes fondos de inversión desde Estados Unidos e Inglaterra, que buscaban tumbar la deuda pública española. La prima de riesgo nacional se disparó varios puntos por encima de la media en el peor momento. Justo cuando España estaba sin un solo euro y necesitaba más que nunca pedir dinero al extranjero. Mala suerte. Aquellos ataques costaron más de 100 euros a cada familia española. Y eso solo en un mes.

Con semejante panorama, cada dato relacionado con la economía española contaba. Las cifras del paro, la salud de las cajas de ahorro, incluso la subida de sueldos y gastos de los representantes públicos comenzaron a mirarse con lupa dentro y fuera de nuestras fronteras. La popular María Dolores de Cospedal, recién llegada a la presidencia de Castilla-La Mancha, anunció una bajada del 20 por ciento en los gastos de su comunidad. En esas fechas, la región tenía ya 2.600 millones de euros en facturas impagadas. Por su parte, el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, optó directamente por suprimir las cuarenta y siete diputaciones del país y sustituirlas por consejos de alcaldes. La medida ahorraría otros 1.000 millones.

Sin embargo, en tiempos de crisis hay un indicativo clave que tasa la capacidad económica de los ciudadanos: la compra de coches. El nivel de consumo se asemeja mucho al ritmo cardíaco de un país. Si se venden vehículos, es porque la gente tiene dinero para hacer pequeñas inversiones. Buena señal. Si las ventas bajan, es porque el grueso de la clase media está con el agua al cuello.

Era 6 de agosto cuando la patronal del sector publicó los datos del primer semestre. Todos cruzaron los dedos: políticos, banqueros, trabajadores del sector, especuladores con ganas de hacer negocio e incluso los clientes. Cada cual tenía sus intereses. Al final, los datos arrojaron de nuevo un fiel reflejo de la economía española. La primera consecuencia de años y años de un incomprensible y descompensado sistema fiscal. Mientras la venta de coches familiares se desplomaba un 25 por ciento cada mes, los vehículos más caros, esos con precios por encima de los 70.000 euros sin extras, duplicaban sus ventas. Porsche, Ferrari, Mercedes o Jaguar vendían sus productos cada vez mejor. Las familias estaban asfixiadas mientras los grandes capitales seguían con su ritmo frenético y su escasa aportación a las cuentas del Estado.

El episodio refleja una certeza. El Estado nos ha vendido una mentira y es el momento de quitarnos la venda. Hacienda no somos todos y algunos contribuyen mucho más que otros. Llegados a este punto, surge una incógnita: ¿quién es en realidad el pagano? ¿Quién es el tonto útil, ese que mantiene con su sueldo las cuentas del Estado? La respuesta es reveladora: los diez millones de personas cuyo sueldo está entre los 20.000 y los 120.000 euros al año. Esos que tienen demasiado dinero como para beneficiarse de las escasas ayudas sociales, pero no lo suficiente como para llevárselo al extranjero, aquellos que nunca podrán obtener una vivienda pública por sus altos ingresos, que no tienen riesgo de exclusión social y por tanto reciben menos puntos a la hora de elegir una guardería pública, aquellos que optan por un colegio privado pero siguen sufragando la educación pública, que contratan un seguro médico pero mantienen la sanidad estatal. Aquellos que Hacienda grava con un 50 por ciento efectivo, que no tienen derecho a deducciones, que han visto cómo ser padre ya no desgrava y comprar una vivienda tampoco. Que sienten al Estado como un ser insaciable que solo les resta servicios. Aquellos que ven cómo los grandes capitales llevan su dinero a paraísos fiscales con total impunidad, mientras el Estado les quita la mitad de sus nóminas sin posibilidad de remisión. Los que sufren constantes inspecciones fiscales por vía ejecutiva mientras otros salen ilesos de los juzgados. Los que sufren para llegar a fin de mes en una vivienda media pagada a plazos mientras algunos políticos despilfarran su dinero en obras faraónicas, gastos inconfesables y corruptelas privadas. La clase media. La gente normal. Los que no tienen escapatoria. Esos son, en definitiva, los paganos.

II. Corre, dinero, corre

En este país, hasta Kiko Rivera tiene una empresa

para pagar menos impuestos

El socialista Alfredo Pérez Rubalcaba había luchado mucho para ser el candidato. Todavía recordaba sus inicios en el partido, sus gateos en la política profesional como secretario de Estado de Educación, tras dejar su plaza como profesor en Química Orgánica por la Universidad Complutense de Madrid y su primera llegada a un ministerio, hace más de veinte años. Aquellos eran otros tiempos. Tiempos en los que el PSOE representaba el cambio. Años en los que la gente estrenaba su condición de ciudadano y elecciones en las que Felipe González arrasaba una y otra vez para después nombrarle entre sus hombres de confianza. El sevillano creó incluso una cartera para él: ministro de la Presidencia. No sonaba nada mal aquel puesto, inexistente hasta que España celebró unas olimpiadas. Para el PSOE de entonces, Rubalcaba era el mascarón de proa. El hombre para todo. El portavoz. Veinte años después, las perspectivas eran mucho peores.

El político cántabro había tomado el relevo. Era el líder. El candidato. Pero empezaba la carrera por la presidencia nacional con una pierna atada a un yunque. Y eso que siempre había sido un velocista, desde sus años de adolescencia, cuando defendía por España los colores de la sección de atletismo del Celta de Vigo. Con veinticuatro años era capaz de correr tan rápido como de ganar unas elecciones: cien metros en 11,2 segundos. Esa fue su mejor marca. Ahora, la meta estaba fija en el 20 de noviembre: el ganador de aquel envite se llevaría las elecciones generales. El perdedor, cuatro años de oposición y un escaño para lamerse las heridas. Al otro lado de la calle, Mariano Rajoy esperaba concentrado, con sus mejores galas, el pistoletazo de salida. Era una competición sencilla. Una puja entre iguales. Un pulso con mar de fondo generada por la tempestad en los mercados. Pero todos sabían que el duelo —para bien o para mal— no estaba equilibrado.

El oráculo había hablado. El 9 de julio de 2011, Alfredo Pérez Rubalcaba fue nombrado oficialmente candidato a la Presidencia del Gobierno español. Y aquel día, según las encuestas, ya tenía la carrera perdida. La crisis económica, la creciente tasa de paro, el resbalón de algunos de sus hombres en el bar Faisán y el peso de los últimos años del zapaterismo lastraban la imagen de Rubalcaba hasta hacer el asalto imposible. En época electoral hay encuestas para todos los gustos. Pero esta vez la coincidencia entre unas y otras era tan extraña como alarmante. Todas las estimaciones anunciaban un descalabro electoral del PSOE. Un dato las respaldaba: cuatro meses antes, en las elecciones autonómicas del 22 de mayo, España dio su confianza de forma masiva al Partido Popular, que consiguió la victoria en once de las trece comunidades autónomas en contienda. Hasta Castilla-La Mancha, uno de los tradicionales feudos socialistas, gobernada durante años por el barón José Bono, cambió de bando. Todo eran malas noticias para el aspirante.

Rubalcaba necesitaba un revulsivo. Un arma secreta. Un cambio. Algo que hiciera posible igualar la ventaja de siete puntos que las encuestas más optimistas regalaban al PP. Las primeras estimaciones ponían a Mariano Rajoy a un paso de la mayoría absoluta. Y eso sin comenzar la campaña. En la trastienda política, los hombres de Interior negociaban desde hacía meses con la cúpula de ETA un abandono definitivo de las armas. En el último momento, los terroristas pidieron la legalización de Sortu como condición indispensable para decir adiós. Ellos también querían presentarse a las elecciones con Arnaldo Otegi como candidato. Pero la concesión no era fácil. Dar luz verde a los abertzales era como darle a un mono una pistola: un acto de efecto impredecible. Con ellos nunca se sabe hacia dónde saldrá la bala. Tras el 22 de mayo, lo primero que hicieron los hombres de Bildu cuando llegaron al poder en varias zonas del País Vasco, en lugar de llamar al diálogo, fue ponerse a quitar fotos del rey y banderas de España de los ayuntamientos. Mal asunto. Ese revuelo era lo último que Rubalcaba necesitaba para su campaña.

Fue entonces cuando el candidato sacó al conejo de la chistera: un impuesto sobre los ricos y la banca. Esta crisis que la paguen ellos. La idea no fue artificial ni espontánea, sino el eco de miles de personas en la calle: eso que ahora llamamos el movimiento 15-M y que nació como un brote de indignación colectiva en las calles de Madrid. Un día antes del estallido, diecinueve jóvenes fueron detenidos y expulsados de la Puerta del Sol de la capital, donde pensaban pasar la noche acampados tras una concentración convocada por el movimiento Democracia Real Ya. Las imágenes del desalojo fueron la chispa que prendió la llama. Al día siguiente, diez mil personas salieron a la calle al grito de «no nos representan». Padres, hijos, parados, jubilados, amas de casa, asalariados, autónomos, ciudadanos al fin y al cabo, de todo sexo y condición, se manifestaron para reclamar reformas profundas en el sistema democrático. De su ideario prendían tres reivindicaciones clave: un sistema democrático de listas abiertas, transparencia para la Administración y un cambio en el trato público a las grandes fortunas y la banca.

Rubalcaba leyó las pancartas y tomó nota. Durante los cuarenta y cinco días que duró la protesta —secundada de una forma u otra en sesenta países de todo el globo—, el entonces ministro del Interior templó los ánimos de la policía, medió con los sectores más críticos y permitió cierta libertad de acción a los indignados, que montaron un improvisado campamento en la plaza más concurrida de la capital. Una escenita con porras y sirenas no era buena para nadie. Al fin y al cabo, en menos de una semana había que ganar unas elecciones y la mayoría de los allí acampados eran votantes de izquierdas. Votantes que evidenciaban la fractura entre el PSOE y aquellos que le dieron su confianza. Indignados que anticipaban pancarta en mano un descalabro electoral, que se confirmó siete días después.

El 5 de septiembre de 2011, el candidato socialista a las elecciones generales anunció públicamente uno de los puntos más importantes de su programa. Rubalcaba pensaba crear un impuesto especial para los bancos y otro para los ricos españoles. Ya es hora de que paguen más impuestos, decía. Que sean solidarios. Con eso, el Estado recaudaría 2.500 millones de euros al año. Pero, claro, a ese planteamiento le siguió inmediatamente una pregunta: ¿quiénes son esos ricos en el «Estado del Bienestar»? ¿Los que tienen una casa propia? ¿Los que ganan 150.000 euros al año? ¿Aquellos que tienen suficiente dinero como para no trabajar en la vida? ¿Los que guardan cantidades astronómicas en el banco? ¿Los que tienen acciones y planes de pensiones? ¿Dónde ponemos el baremo? Y, sobre todo, ¿lograrán escaparse de nuevo?

160.000 millonarios

No hay una definición clara sobre quién es rico o no en este país, ya que la riqueza es un concepto subjetivo; depende de la posición económica del observador con relación al observado. En otras palabras: para un inmigrante senegalés sin papeles que duerme en la calle, un madrileño de clase media con un trabajo de oficina, tres comidas al día y una cama caliente es posiblemente rico. Y para ese mismo ciudadano, Amancio Ortega, dueño de la firma Zara y considerado el español con más patrimonio del mundo, saldría en el diccionario con su foto junto a la definición del adjetivo. Eso sin contar a todos los que han dicho alguna vez que eso de que el más rico no es «el que más tiene sino el que menos necesita». Por ello, el concepto de riqueza no sirve para poner una cota. No hay forma humana de establecerla. Sin embargo, utilizaremos un sinónimo mucho más preciso: millonario.

En España hay exactamente 160.000 millonarios, personas que tienen un patrimonio de más de 700.000 euros (un millón de dólares al cambio), sin contar en él la vivienda habitual ni los consumibles. El dato procede del Global Walth Management 2010, el informe que cada año realiza la firma estadounidense Merrill Lynch sobre la salud de las principales economías del globo y que fue tomado como referencia por Alfredo Pérez Rubalcaba para censar los beneficios de su nuevo Impuesto de Patrimonio. Tras el anuncio oficial, llegaron las críticas. Por un lado, la oposición tachó al candidato de oportunista, ya que fue el propio PSOE quien eliminó en 2008 ese mismo impuesto, con la excusa de que era poco equitativo. Y por otro los más acaudalados, alegando que la medida les sometía a una doble imposición. Es decir, pagaban dos veces impuestos por el mismo dinero: primero en la renta y luego en esta nueva tasa. Bienvenidos al club, pensarán algunos, después de ver cómo las facturas del agua o la luz se cargan con un 18 por ciento de IVA que se calcula sobre los otros impuestos. Pero encima ese argumento es irreal y se desmonta de una forma sencilla: según los datos oficiales de Hacienda, en España hay solo 8.000 personas que ganan al año más de 600.000 euros por su nómina. La cifra se incrementa hasta los 160.000 contribuyentes si contamos a todos aquellos con más de 120.000 euros al año de beneficio. Solo un 0,8 por ciento de la población española.

Entonces, ¿de dónde salen los clientes que compran 15.000 coches de lujo al año, 3.510 viviendas de más de un millón de euros puestas en venta solo en Madrid, los que mantienen cada año 165.000 yates y barcos de recreo? Una vez más, el asunto tiene truco. El dinero de los millonarios nunca aparece a su nombre. Está bajo el amparo de lo que los economistas llaman sociedades patrimoniales. Empresas que sirven como cajón de sastre para escriturar casas, empresas, inversiones financieras, acciones o terrenos. Por eso, el impuesto planteado por Rubalcaba era nuevamente un brindis al sol que no arreglaría las auténticas desigualdades sociales. Por eso serán de nuevo los paganos —esos que consiguieron tener dos coches y casa en la playa a su nombre— los que se rasquen el bolsillo. Y por eso, aunque Rubalcaba se aseguró de dejar el nuevo Impuesto de Patrimonio aprobado antes de que llegaran las elecciones, Amancio Ortega y Emilio Botín, dos de las dos mayores fortunas de España, posiblemente estuvieran exentos de pagarlo.

El susto de Jorge Javier

El presentador estrella de Telecinco parecía omnipresente. Fuera la hora que fuera, Jorge Javier Vázquez siempre estaba en antena. Lo mismo se tiraba una tarde como domador entre fieras en la tertulia de Sálvame que pasaba las noches con los Supervivientes y sus penurias alimenticias en Honduras. Daba igual. Jorge Javier funciona. A la gente le gusta y el audímetro responde. Y con ello, deja importantes beneficios en la cuenta del presentador y de todos aquellos que viven de ese negocio. Así es la tele. Hasta ahí, todo correcto. Sin embargo, en 2009 hubo algo que llamó la atención de Hacienda. El presentador tenía un chalé de 465 metros cuadrados en una urbanización de lujo junto a la residencia oficial de los reyes de España, además de otras cuatro propiedades. Solo la casa costaba 2.330.600 euros, sin contar la reforma. Pero en sus ordenadores, la nómina del presentador no aparecía por ningún lado. O al menos, no lo hacía como los inspectores esperaban. ¿Dónde estaba el dinero? ¿Dónde iban a parar las facturas que todos los meses ingresaba Jorge Javier por su trabajo en Telecinco? En enero de 2011 y tras una breve investigación, el fisco español identificó el problema y reclamó al presentador 800.000 euros. El motivo no fue que Jorge Javier omitiera información, ni mucho menos, sino que canalizaba sus ingresos en pantalla por medio de una empresa patrimonial. Eso sospechaba Hacienda. En lugar de tener una nómina, el presentador facturaba a Telecinco con una compañía llamada Jorge Javier S.L., a la que había cedido sus derechos de imagen. ¿Y qué beneficios tiene eso? Está claro. Pagar menos impuestos: mientras las nóminas más altas aportan teóricamente el 45 por ciento de su sueldo y los autónomos un 42 por ciento, las empresas tienen un máximo del 30 por ciento de impuestos. En este país, todo el que gana más de 150.000 euros al año y puede justificarlo de alguna manera, monta una empresa para facturar con ella y poner todo el patrimonio a su nombre. Así paga muchos menos impuestos y se puede desgravar todos los gastos. Es un truco muy extendido. Una estrategia. Una puerta abierta más para los que más tienen. Por eso los números de Hacienda arrojan una cifra insignificante de grandes capitales. Por eso los impuestos sobre la renta son completamente ficticios y por eso Hacienda le reclamaba al presentador 800.000 euros por sus beneficios de 2005, 2006 y 2007.

En su defensa, los abogados de Jorge Javier alegaron que el uso de sociedades patrimoniales es completamente normal y corriente. Y tienen razón. El presentador de Badalona solo tenía que girar un poco la cabeza para encontrar otro ejemplo. Su compañera de plató Belén Esteban también utiliza dos sociedades para cuadrar sus cuentas: Beandre Patrimonial y Producciones BEM S.L. (creada en 2005). Y también tuvo problemas con Hacienda, que le embargó de forma preventiva una vivienda tras reclamarle algo más de 70.000 euros en unas diligencias abiertas en 2004. Además, las dos sociedades de Belén Esteban cometen una constante ilegalidad: ninguna de ellas presenta cuentas ante el Registro Mercantil. Las cuentas de Beandre Patrimonial están sin presentar desde hace ocho años, mientras que Producciones BEM, con seis incidencias frente a la Agencia Tributaria, no ha presentado cuentas ni una sola vez desde que fue creada en 2005.

La Ley de Sociedades Anónimas dice desde hace más de veinte años que todas las empresas españolas tienen que hacer públicos sus ingresos y gastos anuales. Pero Belén Esteban no lo hace. Así, es imposible saber lo que «la princesa del pueblo» ha ganado realmente con ellas, por mucho que el resto de los españoles tengan derecho a saberlo. Otra práctica habitual, imitada por ejemplo por Isabel Pantoja y su sociedad Pantomar S.L., que tras los problemas de la cantante con la Justicia presentó en agosto de 2011, de golpe y de una sola vez, sus cuentas atrasadas desde 2007. Muchas empresas prefieren pagar una sanción económica (que oscila entre los 1.202 y los 60.000 euros) a que la competencia y los periodistas puedan conocer sus cuentas. La pena por ocultar información es tan leve que merece la pena. Sale rentable. Hasta un expresidente lo hace: Felipe González tampoco presenta cuentas desde 2005 de su empresa Ialcon, una consultora creada ese mismo año y en la que poseía el 78 por ciento de las acciones. Según el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) —dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda— solo el 10 por ciento de las empresas que incumplen esa ley en España son sancionadas. Comprobar si una empresa publica o no sus cuentas es tan sencillo como apretar una tecla, ya que los registros mercantiles españoles están completamente informatizados. Por eso es incomprensible semejante tasa de secretismo ilegal sin la connivencia de la Administración central.

A finales de 2011, Hacienda emprendió una batalla directa contra las productoras de televisión y las distintas cadenas por el método en el que pagan sus impuestos las estrellas televisivas y arrancó una campaña de inspecciones que no tardó en llegar a los medios de comunicación. Allí había dinero, una forma clara de localizarlo y encima Hacienda daba una imagen de intransigencia ante los poderosos en plena crisis. O al menos ante aquellas personas que se cuelan cada tarde por la pantalla en casa del pagano. Algo es algo. El primer fruto de sus presiones, según publicó la prensa en enero de 2012, fue el cambio de contrato televisivo de figuras como Belén Esteban y el paso de una relación mercantil a un contrato laboral. Es decir, tras la inspección fiscal, algunos tuvieron que dejar de utilizar empresas para cobrar sus ingresos en pantalla y pasaron a tener nómina, como el resto de los mortales.

El hombre que más impuestos paga de España

El 28 de julio de 2010, Raúl González Blanco anunció públicamente su fichaje por el Schalke 04. El gran capitán decía adiós y, con la firma, el jugador que había llevado las riendas del Real Madrid durante dieciséis temporadas dejaba el equipo blanco. Con las mismas, el hombre que más impuestos pagaba en España, con una nómina neta de 7 millones de euros confirmada por su club, hizo las maletas y se marchó a Alemania. Las cifras no son oficiales, ya que los datos de cada español con Hacienda son estrictamente confidenciales, pero el capitán del Real Madrid tenía la nómina pública más alta que se conoce y los futbolistas tienen dificultades para facturar sus salarios deportivos como empresas. Es complicado justificar que sus dos piernas han sido cedidas a una S.L. Por ello, Raúl González Blanco tenía fama de ser el español que más dinero dejaba cada año a Hacienda.

Pero incluso él utilizaba una compañía patrimonial para gestionar su dinero y reducir así los pagos. El capitán blanco mueve 44 millones de euros en viviendas, inversiones financieras y dinero en efectivo con una sociedad llamada Europa Scar Sport S.L. La firma, al contrario que las comentadas anteriormente, entrega sus cuentas en el Registro Mercantil de una forma mucho más detallada de lo que la normativa obliga. Un ejemplo de transparencia. Por eso podemos saber que el futbolista tenía en 2009 18 millones de euros de patrimonio inmobiliario y más de 20 millones en inversiones financieras, además de otros 2 millones de euros en efectivo. Todo a nombre de Europa Scar Sport, que figura como propietaria de la residencia que el jugador disfruta todos los veranos en Menorca (valorada en 707.000 euros), su chalé en Madrid (adquirido por 1,3 millones de euros), dos fincas en Loriguilla (Valencia), un piso en Santa Pola, varias plazas de garaje, fincas rústicas y hasta un edificio en la calle Cornhill, una de las más importantes del centro de Londres, valorado en 14,9 millones de euros. Sobre el papel, todo eso no es del jugador, sino de una empresa creada en Madrid en 1996, con su propio cuerpo jurídico, que será la que pague los impuestos necesarios. Entonces, ¿cómo llega el dinero hasta Europa Scar Sport, si el deportista español tiene una nómina? A través de los derechos de imagen. Raúl no puede tributar como sociedad sus partidos de fútbol, sus carreras por la banda, sus goles. Pero sí puede ceder la explotación de sus derechos de imagen a una empresa. Es decir, sí puede facturar de esa manera todos los ingresos publicitarios. La memoria de la sociedad explica que el jugador tiene firmado con ella un contrato de cesión y que su padre tiene autorizada una línea de crédito. Así puede disponer también de dinero en efectivo.

El caso del excapitán blanco es más una norma que una excepción. Algo similar sucede, por ejemplo, con su sucesor como capitán en el Real Madrid. El portero Iker Casillas canaliza el dinero de la publicidad con la empresa Ikerca S.L., creada en Madrid en 2000. El exjugador del Atlético de Madrid Fernando Torres creó en 2002 la firma Fernando 9 Torres S.L. para gestionar su patrimonio, y en otros ámbitos, el expresidente del Gobierno José María Aznar utiliza la firma Famaztella para reducir los impuestos que paga por sus libros. Nadie se salva de intentar pagar menos y esto es lo primero que recomiendan los asesores fiscales: siempre que pueda, utilice una empresa.

Hasta Kiko Rivera tiene una. El artista anteriormente conocido como Paquirrín abrió en octubre de 2008 la firma Eventos Artísticos River 84, unos meses antes de lanzar su carrera televisiva con su fichaje por el programa Sé lo que hicisteis. En 2005, el cantante David Bisbal escrituró su casa en el número 5025 de Collins Avenue, en Miami, a nombre de una empresa almeriense llamada Indalo Viviendas. Seis años después y tras anunciar su ruptura matrimonial con la diseñadora Elena Tablada —en junio de 2011— la casa junto a la playa y un embarcadero privado fueron vendidos a un actor estadounidense. Tyrone Browne pagó por ella 870.000 dólares, según los registros oficiales de Florida. Si el cantante hubiera comprado la vivienda a su nombre, ahora tendría que pagar a Hacienda por la plusvalía. Sin embargo, Bisbal puede reducir los impuestos con todos los gastos que tenga su sociedad.

Una mentira consentida

Las empresas españolas pagan menos impuestos que los ciudadanos. Esa es una norma que ya ha quedado completamente clara. El principal argumento para justificar este desequilibrio es que las empresas son el motor de la economía y hay que beneficiarlas para facilitar la creación de empleo. Cuanto más crezcan, más trabajo habrá en España. Desde ese punto de vista, es lógico impulsar su funcionamiento con una rebaja fiscal. Pero ¿qué pasa con las empresas patrimoniales? ¿Por qué permitimos que compañías sin actividad aparente, que no generan servicio alguno ni actividad económica, que en muchos casos no tienen ni un solo trabajador y que se crean únicamente para ocultar el patrimonio o la nómina real de un ciudadano se beneficien de semejantes rebajas fiscales? Y más cuando detectarlas sería en algunos casos tan sencillo como mirar su ficha en el registro. Bastaría con revisar las empresas que no tienen ni un solo trabajador contratado para ponerles coto. ¿Cómo va a ser operativa una empresa que no tiene contratada ni una sola persona? El único motivo lógico de abrir una empresa así es para utilizarla como parapeto, como pantalla. Y con el beneplácito de la Administración. Todo legal, como siempre. ¿De verdad nadie se dio cuenta de que el dinero de los más ricos no está nunca a su nombre cuando se creó el nuevo Impuesto de Patrimonio? ¿Cómo se puede aprobar una legislación con la excusa de arreglar una injusticia entre ricos y pobres y dejar semejante agujero?

Una vez más, no hay datos oficiales sobre las empresas patrimoniales que hay en España y su repercusión en la economía del país. Según las memorias de la Seguridad Social, en sus bases de datos hay 264.000 empresas con dos trabajadores o menos contratados. La empresa de Raúl, por ejemplo, tiene a su padre contratado como directivo, la firma de la familia Aznar tiene también un solo trabajador contratado y la del presentador Jorge Javier, investigada por Hacienda, tiene tres empleados según sus últimas cuentas oficiales. Para los asesores fiscales, una empresa patrimonial aporta tres ingredientes importantes: primero se pagan menos impuestos, luego sirven de cortafuegos, ya que si un negocio sale mal, la responsabilidad recae sobre la sociedad interpuesta y no sobre el propietario. Y para terminar aportan un alto grado de opacidad. Ningún ciudadano de a pie sabría que tras el nombre de Cartival se encuentra parte del patrimonio de la familia Botín.

Despidos masivos y rebajas fiscales

España estaba sumida en un completo caos. Y con la decisión llegó el colapso. Era viernes, 3 de diciembre de 2010, y mientras miles de personas preparaban las maletas para disfrutar de unos días de descanso, el gobierno cumplió su amenaza a golpe de decreto. El ejecutivo de José Luis Rodríguez llevaba meses protagonizando un pulso sin concesiones con los controladores aéreos, un colectivo de 2.300 personas que ingresaban de media 350.000 euros al año y tenían bajo su mano la mordaza del control aéreo nacional. Para ellos, estrangular el país era tan fácil como dejar de ir al trabajo y ver cómo los 2.500 vuelos programados cada día en España se quedaban en tierra. Y le habían tomado el gusto. Cada vez era más habitual que los controladores faltaran al trabajo de forma coordinada, en una curiosa coincidencia con las declaraciones públicas que amenazaban con acabar con sus privilegios. Cuanto más apretaba el gobierno, mayor era el número de controladores afectados por esa enfermedad moderna llamada estrés.

Esa mañana, el puente de la Constitución prometía ser el mejor ensayo general para las vacaciones navideñas. Unos y otros profetizaban tiempos de paz, amor, fraternidad… y de un país cautivo y pendiente de los vuelos para poder ver a sus seres queridos en las fechas más sensibles del año. Un colapso en Nochebuena sería una puntilla inadmisible para el PSOE, con una nación sumida en la crisis económica y el 20 por ciento de la población sin trabajo. Los controladores lo sabían. La primera escaramuza la protagonizó un día antes de lo esperado la torre de control de Santiago de Compostela. El 2 de diciembre, la mayoría de los técnicos asignados a esa torre faltó al trabajo. Todos alegaron motivos de salud, y con su ausencia provocaron el cierre total del espacio aéreo gallego. Aquello solo fue un avance. Una escaramuza premonitoria de lo que podía pasar. Pero dejó bien claro el poder de unas pocas personas para poner al país en jaque.

A la mañana siguiente, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con todo su gabinete en el tradicional Consejo de Ministros del primer viernes del mes. Y allí, ante la atenta mirada de dieciséis miembros del gobierno, de cientos de periodistas, miles de viajeros y de toda la opinión pública, los líderes del país dieron por cumplida su amenaza y modificaron por decreto las condiciones laborales de los controladores. Se acabó el debate. Cambiaron las reglas del juego. A partir de aquel momento, los funcionarios encargados de regular el tráfico aéreo en España tendrían que trabajar cuatrocientas setenta horas más al año y rebajar su sueldo un 40 por ciento: una media de 140.000 euros al año por persona. Fue entonces, gracias a aquella firma, a aquella decisión unánime, cuando estalló todo.

El anuncio oficial de los recortes hizo pasar a los controladores de la indignación al repentino contagio. Esa misma tarde, cuatrocientos cuarenta de ellos faltaron al trabajo, sumiendo al país en un estado de alerta. En las primeras horas del conflicto, 4.510 vuelos se quedaron en tierra y 675.000 pasajeros poblaron los andenes, ventanillas y pasillos de los principales aeropuertos del país, cargados con sus maletas y una extraña mezcla de indignación e impotencia. A las 22.15 horas, el gobierno decretó la militarización del espacio aéreo, amenazó con arrestar a los controladores según el Código de Justicia Militar y, finalmente, decretó en España el estado de alarma, por primera vez en democracia.

Sin embargo, esa no fue la única consecuencia de aquel Consejo de Ministros. Ni siquiera la más grave. El viernes 3 de diciembre de 2010, en mitad de aquel jaleo, con la imagen de los controladores como centro de atención y escondido como un asunto más en el orden del día, llegó el auténtico caos. Justo antes de las medidas para garantizar la «norma de calidad del trigo» y entre una batería de pequeñas correcciones legales sin importancia, el ejecutivo de Zapatero aprobó una nueva reforma fiscal; un cambio en la forma en la que las grandes empresas cotizaban a Hacienda. Con casi cinco millones de parados y una economía en números rojos, España se enfrentaba a la peor situación financiera de los últimos veinte años. Según datos del Consejo de Europa, uno de cada cinco españoles se encontraba ya por debajo del umbral de la pobreza y 387.000 familias sobrevivían sin ningún tipo de ingreso. Ni trabajo ni pensión ni ayudas sociales. Nada. Con semejante panorama, el gobierno disfrazó su reforma con la coartada de la creación de empleo. Fue una excusa. Un canto de sirena. Una propuesta con buenas intenciones y un fondo envenenado. Aquel 3 de diciembre de 2010, el ejecutivo socialista, con todos sus ministros en pleno, tras meses de estudio y con el asesoramiento del equipo de expertos del Ministerio de Economía, comandado por la vicepresidenta segunda Elena Salgado, aprobó el «Real Decreto de actuación en el ámbito Fiscal para fomentar de forma directa la inversión y la creación de empleo». Y entonces sí. Llegó el desastre.

El texto, cargado de retórica, asegura que el cambio en la recaudación tiene «el objetivo irrenunciable de mejorar la situación del empleo en España», y está enfocado «esencialmente a las pequeñas y medianas empresas». Sin embargo, no es así. Más bien al contrario. Inmediatamente después de su aprobación, los despidos en las multinacionales españolas se dispararon como nunca antes en la historia reciente del país. Aunque hubo que esperar varios meses para ver las consecuencias reales. El texto aprobado aquella mañana tenía una montaña de pequeñas reformas. Un «paquete de medidas», le llaman. Y la estrategia funcionó. Al día siguiente, ningún diario de información general se percató del cambio en la normativa. Todos hablaban en sus crónicas del pulso entre el gobierno y los controladores, del colapso del espacio aéreo y de los miles de personas hacinadas en los aeropuertos. Sobre la reforma fiscal, los periodistas destacaban que el Estado pensaba subir de nuevo los impuestos sobre el tabaco. Los portavoces estatales anunciaron que pensaban recaudar con ello 780 millones de euros más para las arcas españolas, y todos contentos.

El párrafo más importante, aquel que lo cambió todo, pasó ante nuestros ojos como un caballo de Troya de tinta negra publicado en el BOE. Una piedra más en una montaña de decisiones irrelevantes con fecha y firma. Pero la respuesta estaba allí. Escondida en el cuarto párrafo del título segundo del articulado, cobijada de nuevo bajo un mar de tecnicismos y retórica que mantiene bien alejados a lectores indeseados; esos que al fin y al cabo, con sus impuestos, mantienen la caja común. En cualquier caso, era necesario leer la frase varias veces solo para entender su redacción, no ya su contenido:

Se establece un régimen fiscal de libertad de amortización para las inversiones nuevas del activo fijo que se afecten a actividades económicas, sin que se condicione este incentivo fiscal al mantenimiento del empleo, como se exigía en la normativa vigente.

Se puede decir de otra manera, pero es complicado hacerlo más incomprensible. Sobre todo, teniendo en cuenta que —en teoría— este tipo de decisiones están hechas para que lleguen a toda la ciudadanía. ¿Alguien esperaba que un ciudadano medio entendiera una redacción de este tipo? Posiblemente no. Incluso puede que ese fuera el objetivo. La pregunta es obvia: ¿qué hubiera pasado si en lugar de esa colección de términos indescifrables, el redactor del texto pusiera en él, bien clarito, que desde aquel momento las empresas españolas podían despedir a sus trabajadores y seguir beneficiándose de las mejores ayudas fiscales? Entonces, seguramente, los titulares del día hubieran sido otros. Y también la reacción del electorado, la gente común. Esa que paga regularmente y sin posibilidad de escape sus impuestos.

El pasaje, una vez traducido al lenguaje común, explica que desde aquel día 3 de diciembre, las empresas españolas pueden descontar de sus impuestos anuales cantidades millonarias por sus compras en inmuebles, infraestructuras, maquinaria, etc., pese a despedir a parte de sus plantillas. Un ejemplo práctico: si una gran constructora compra un edificio de 20 millones de euros para su nueva sede, puede descontar todo ese dinero de sus impuestos anuales, pese a que, en realidad, el pago del edificio se hará en pequeñas cantidades durante décadas. Antes de la aprobación de esta norma, la empresa se habría desgravado únicamente 40.000 euros cada año. Lo mismo se aplica, por ejemplo, a la compra de fábricas, maquinaria o a infraestructuras millonarias, como la construcción de una central eléctrica o el cableado de fibra óptica. Cuanto más dinero gaste la empresa, más rentable sale la cosa y menos aporta al Estado. Por eso, la libre armonización de inversiones se ha convertido en la mayor exención fiscal para las grandes multinacionales españolas. Un chollo inexistente para los ciudadanos. En comparación, sería como si un mileurista pudiera descontarse de golpe los 20.000 euros que le cuesta el coche para ir al trabajo, los 140.000 euros de la casa donde vive, 200 euros por la compra de ropa, 500 euros por la compra de un ordenador para estar conectado o cualquier otro gasto similar. Un derecho que, a día de hoy, está a años luz de ser real.

Además, el decreto aprobado aquel fatídico viernes ampliaba la ayuda a las empresas durante tres años más, y ponía su fecha tope en 2015. Sin embargo, el cambio sustancial era otro. Hasta aquel día, ese chollo fiscal, esa rebaja millonaria de la que hablamos estaba sometida a una condición necesaria: el mantenimiento de los puestos de trabajo. Si el Banco Santander, Telefónica, Acciona, Inditex o cualquier otra gran empresa de este país quería beneficiarse de unos descuentos tan suculentos, tenía que mantener intacto al grueso de sus trabajadores durante al menos dos años. Menos impuestos a cambio de mejores trabajos. Esa era la regla. Sin embargo, con la mayor tasa de paro de los últimos veinte años sobre la mesa, las previsiones de crecimiento en números rojos, un plan para subir la edad de jubilación a los sesenta y siete años y el cese de numerosas ayudas estatales, esa protección quedó desactivada de un plumazo. Y con la excusa de facilitar la creación de empleo.

Tras realizar este análisis, cabe hacerse una pregunta: ¿nos mintieron nuestros gobernantes cuando anunciaron semejante cambio como una promoción del empleo estable o tomaron esa decisión convencidos de que sería beneficiosa, llevados por una mezcla de buenas intenciones e incompetencia? La respuesta parece sencilla: es humanamente imposible que las elites financieras del país, todos los asesores del Ministerio de Economía, la vicepresidenta Elena Salgado, los dieciséis ministros del gobierno y el presidente no se dieran cuenta de que lo que aprobaban era precisamente todo lo contrario a lo que pregonaban. Tras aquella decisión, los despidos en las grandes multinacionales españolas se dispararon un 210 por ciento en solo seis meses, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, y las arcas del Estado, en números rojos e incrementando la presión fiscal sobre los pequeños contribuyentes, dejaron de ingresar 400 millones de euros en el primer semestre del año. Telefónica protagonizó el ejemplo más claro. El 14 de abril de 2011, cuatro meses después de que el gobierno firmara su reforma fiscal para favorecer el empleo, la multinacional española anunció que pensaba eliminar al 20 por ciento de su plantilla. Ocho mil quinientas personas a la calle. La medida sorprendió tanto a políticos como a inversores y trabajadores. Y más cuando Telefónica había presentado el año anterior los mayores beneficios obtenidos nunca por una empresa española: 10.167 millones de euros. Sin embargo, la medida tenía su lógica: desde hacía menos de tres meses, la empresa ya no necesitaba mantener sus puestos de trabajo para pagar menos impuestos. En solo medio año, los expedientes de regulación de empleo presentados por las grandes empresas al Ministerio de Trabajo crecieron un 215 por ciento. Para colmo, unas horas después de presentar su plan de despidos, Telefónica anunció unos incentivos de 450 millones de euros para sus consejeros.

A lo largo de estas páginas hemos visto cómo los mileuristas pagan —en porcentaje— cinco veces más impuestos que las grandes fortunas españolas, cómo las nóminas más altas del país consiguen rebajas fiscales hasta el 27 por ciento, cómo las multinacionales locales han conseguido descuentos en sus impuestos pese a multiplicar los despidos y cómo los auténticos ricos del país ocultan su patrimonio en empresas patrimoniales por las que el Estado muestra una indiferencia tan palpable como incomprensible. Sin embargo, todavía hay un síntoma más claro de desequilibrio. Desequilibrio consciente y consentido. Otra injusticia que beneficia de una forma determinante y clara a los que más ganan. Mientras el dinero de las nóminas, los ingresos mensuales del grueso de la clase media, se gravan hasta con un 45 por ciento, el dinero conseguido por inversiones financieras tributa a menos de la mitad. Si alguien invierte su dinero y saca beneficios, solo tiene que pagar el 18 por ciento a Hacienda. No hay que ser un experto economista para entender que el grueso de los beneficios de personas como Esther Koplowitz (principal accionista de FCC) Luis del Rivero (presidente del grupo Sacyr) o Florentino Pérez (presidente de la constructora ACS y del Real Madrid) no está en el sueldo mensual que reciben, sino en el resultado de sus inversiones económicas. En el rendimiento de su capital, que paga la mitad de impuestos que cualquiera de los veinte millones de asalariados.

Está claro que el Estado mima a los grandes capitales y les ha dejado varias vías de escape para no pagar impuestos. Es un hecho, un secreto a voces que no se cuenta al electorado para que el país no se levante, para que el mileurista siga su rutina de casa al trabajo y del trabajo a casa y el pagano siga manteniendo un sistema del que todos nos beneficiamos. Cuando se pregunta públicamente, la clase política mira hacia otro lado, aporta explicaciones peregrinas o guarda silencio. En privado, la respuesta es más extensa: tiene que ser así. O les dejamos que no paguen impuestos o se llevan el dinero fuera.

III. El auténtico cáncer mundial

Pillo subvenciones públicas en España,

dejo mis beneficios a miles de kilómetros:

en el paraíso fiscal de Delaware

La noticia llegó tan de sopetón que muchos buscaron entre las tiras cómicas del día por si los diarios internacionales se habían confundido. Los ricos franceses querían pagar más impuestos. Insólito. Al parecer, dieciséis empresarios y hombres de negocios del vecino galo se habían dirigido directamente al presidente francés, Nicolas Sarkozy, con una petición inesperada. Querían pagar más impuestos. ¡Más impuestos! Y no solo ellos, sino todos aquellos que cobraran salarios parecidos. Los mártires franceses apodaron con sorna en el entorno financiero a aquel grupo de multimillonarios galos que el 23 de agosto de 2011 tiró de conciencia social y dijo basta. Una semana antes, Francia entró en el grupo de los diez países más endeudados de la Unión Europea. Un dudoso privilegio que ponía al país en el punto de mira de los especuladores financieros; esos fondos de inversión megalíticos e impersonales que antes se enriquecieron apostando a la baja contra Portugal, Grecia e Irlanda. Hubo pánico y reacción en cadena. Después le llegó el turno a España e Italia. Más carnaza. Solo era cuestión de tiempo que la crisis galopante en el seno de la Unión Europea afectara a los galos. Y eso que su endeudamiento —con 15.000 millones de euros hasta 2014— era seis veces menor que el de España.

Aun así, los grandes empresarios del país reaccionaron a tiempo y dieron la cara. Entre los firmantes de la singular petición, entre los voluntarios para pagar más impuestos, se encontraban representantes de L’Oreal, la firma de cosméticos más importante del mundo, la petrolera Total, el gigante de la telefonía Orange, Peugeot y Citroën, dos de las principales industrias del país, o empresas alimenticias como Danone. Y no estaban solos. Unos días antes fue Warren Buffet, el tercer hombre más rico del mundo, quien hizo una petición similar en Estados Unidos, la cuna del capitalismo más agresivo. Su artículo de opinión, publicado el 15 de agosto de 2011 en The New York Times, no dejaba lugar a dudas: «Dejen de mimar a los súper ricos» se titulaba el texto, en el que el mismo Buffet —con una fortuna estimada de 52.000 millones de dólares— reclamaba un trato más duro para las grandes fortunas mundiales. Según él mismo confesó, sus impuestos representaban el 17,4 por ciento de sus beneficios, mientras que sus propios trabajadores, los miles de empleados del grupo Berkshire Hathaway que preside, pagan de media 36 de cada 100 dólares en impuestos. El empresario de Nebraska estaba tan seguro de su argumento que incluso lanzó una apuesta. Buffet daría un millón de dólares a cualquier persona que demostrara que el mexicano Carlos Slim, considerado el hombre más rico del planeta, pagaba más impuestos que su secretaria. Por el momento nadie ha reclamado el premio.

Una semana después, fueron varios multimillonarios alemanes los que hicieron una propuesta similar a la canciller Angela Merkel desde el diario Der Spiegel. Al frente se situó Michael Otto, propietario de Otto Group, la primera empresa mundial de venta por correo y la segunda del planeta en ventas por Internet después de la estadounidense Amazon.

¿Y en España? ¿Qué sucedió en nuestro país mientras algunos de los bolsillos más ricos del mundo reclamaban un cambio? Como era de esperar, absolutamente nada. Con más de cuatro millones de parados, una recesión económica confirmada, la deuda pública disparada por las nubes y los ingresos del Estado —esos que sufragan el sistema público de educación, la sanidad y los programas de ayuda social entre otros— cada vez más mermados, los treinta y siete empresarios más importantes de este país se reunieron con el presidente del Gobierno y pidieron, sin el menor sonrojo, un abaratamiento del despido y mayores rebajas fiscales para que las grandes empresas españolas fueran más competitivas. Y como hemos visto en el capítulo anterior de este libro, el Estado se lo concedió.

El trato de favor que reciben las grandes fortunas mundiales en todo el planeta ha pasado ya de ser un secreto a voces a un clamor popular. Y no es un problema único de España. Ni mucho menos. Los principales países desarrollados han creado agujeros legales y mecanismos financieros consentidos para que las grandes fortunas se libren de pagar a Hacienda. ¿Por qué? La situación es tan absurda e injusta para el resto de los ciudadanos que incluso algunos de los hombres más ricos del mundo reclaman un cambio. Sin embargo, ¿cómo se explica que los que más tienen, aquellos que mejor viven, sean de forma sistemática los que menos porcentaje de sus beneficios aportan a la caja común? ¿Por qué los estados permiten constantemente injusticias similares? Muy sencillo. Porque todavía hoy perviven los paraísos fiscales.

Una leyenda urbana

A día de hoy, los paraísos fiscales no existen. Al menos de forma oficial. La frase es tan ridícula que provoca sonrojo, pero proviene de la propia OCDE, el organismo mundial que se encarga de controlar estos agujeros negros por medio del Centro de Administración y Políticas Fiscales. No existe en todo el mundo una definición clara sobre lo que es —o no— un paraíso fiscal. Ni hay una postura unánime sobre si países como Holanda, Suiza o Irlanda, con bajos impuestos y un secreto bancario muy duro, deben estar entre ellos. España, por ejemplo, aprobó en 1991 el Real Decreto 1080 de 5 de julio sobre paraísos fiscales, que identifica cuarenta y ocho territorios, desde Andorra a Singapur. En el año 2000, la OCDE intentó unificar criterios y creó una lista de la vergüenza. Un listado mundial con todas las regiones no cooperantes: treinta y cinco según sus propios varemos.

Por definición, un paraíso fiscal es un territorio opaco donde las empresas y los ciudadanos apenas pagan impuestos. Sobre todo si sus fuentes de ingresos provienen del extranjero. Más concreto: una compañía de las Islas Caimán no paga impuestos siempre y cuando sus negocios se realicen, por ejemplo, en España. Durante años, estos paraísos operaron con total impunidad. Sin embargo, desde hace más de diez años, Andorra, Granada, Belice, las Islas Cook, Bahamas, Liberia, San Cristóbal y Príncipe, Vanuatu, las Antillas Holandesas, Gibraltar, Chipre o Liechtenstein se vieron marcadas por el resto de los estados internacionales e incluidas por la OCDE en esa lista negra.

Para salir de allí, para abandonar ese club de la vergüenza y dejar de ser considerados paraísos fiscales, el organismo internacional impuso en 2007 a los países señalados una condición fundamental: ya que Bahréin, San Vicente y las Granadinas, Jersey, Malta, las Maldivas o las Islas Vírgenes son completamente libres para aprobar dentro de sus fronteras los impuestos que les dé la gana, todos debían compartir de una forma clara y transparente sus datos fiscales con otros doce países. Así, al menos probarían su voluntad sincera de que el fraude fiscal pudiera ser perseguido por todo el mundo y podrían salir del club de los vetados. Dicho y hecho.

En mayo de 2009, la OCDE —la organización que reúne a la mayoría de las grandes economías mundiales— anunció oficialmente que todos los países del globo, los treinta y cinco estados señalados en un principio por facilitar la evasión de impuestos habían abandonado su lista negra. Perfecto. Se acabaron los paraísos fiscales porque las grandes fortunas ya no se pueden esconder allí. ¿De verdad? Claro que no. Según la institución, todos los territorios opacos habían firmado en mayo de 2010 sus tratados internacionales para compartir información. Todos eran ahora más transparentes y, por lo tanto, cooperantes. Sin embargo, una vez más, los líderes económicos mundiales obviaron un dato. Un resquicio legal, infantil y absurdo. Un tremendo olvido o una puerta trasera que sirvió para dejar sus medidas casi sin efecto. Para salir de aquella lista y a la luz de la OCDE, los paraísos fiscales firmaron la mayoría de sus acuerdos de colaboración entre ellos mismos o con estados irrelevantes a escala internacional como Islandia. ¿De verdad nadie había pensado en esa posibilidad, en esa forma tan burda de burlar la normativa? Parece que no, porque San Marino firmó con Samoa; Aruba lo hizo con Granadinas, y Andorra y Suiza firmaron con Liechtenstein y Mónaco. Entre diciembre de 2009 y junio de 2010, el gobierno de Groenlandia —con una población total de 57.000 habitantes— firmó acuerdos de colaboración fiscal con veintiún paraísos fiscales: Mónaco, Antigua, Dominica, San Vicente y Granadina, San Cristóbal y Nieves, Gibraltar, Anguila, San Marino, Aruba, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Bermudas, Islas Caimán, Guernsey, New Jersey, Isla de Mann, Bahamas, Andorra, Turcos y Caicos, las Islas Cook y Samoa; una veintena de lugares que, posiblemente, nunca hayan sido pisados por un groenlandés. Lo mismo sucedió con Islas Feroe, el pequeño archipiélago del Atlántico Norte con 48.000 habitantes, que ahora tiene acuerdos de intercambio de información con la mitad de los paraísos fiscales del globo. Acuerdos que sirven para bien poco, además de lavar la cara a los escondites del dinero.

El último en abandonar la famosa lista fue el principado de Mónaco, que dejó atrás el estigma en junio de 2010. A partir de ahí, se acabaron oficialmente los paraísos fiscales, pese a que todos los territorios siguen actuando con total impunidad y acaparando un tercio de la capacidad de ahorro del planeta, según estimaciones de Naciones Unidas. En este periodo, la diplomacia española consiguió firmar acuerdos directos de colaboración con Granada, Bahamas, Andorra, Islas Cook e Islas Vírgenes. Es decir, que a la policía y la Agencia Tributaria española les resulta algo más sencillo investigar el dinero oculto en estos paraísos fiscales. ¿Y Gibraltar, uno de los escondites más utilizados por los españoles? ¿Ese donde se ocultan las grandes fortunas internacionales que residen en la Costa del Sol? No. Gibraltar no. En esta ocasión, son los poderes políticos los que se oponen. Es un problema de concepto. Como España no reconoce la soberanía inglesa sobre el Peñón, el gobierno se niega a firmar un acuerdo oficial de igual a igual con los responsables gibraltareños. Para salvar ese escollo, los dirigentes de ambos territorios firmaron el 24 de junio de 2009 un acta de entendimiento, un documento que pone las cosas más fáciles. En cualquier caso, estos acuerdos son muchas veces papel mojado, ya que la legislación sobre secreto bancario de los paraísos fiscales es tan estricta u opaca que la policía y los jueces españoles se encuentran una y otra vez con un muro infranqueable.

Sin paraísos, no habría hambre en el mundo

La existencia de paraísos fiscales revela una tremenda paradoja. Vivimos en un mundo donde las personas tienen que pasar fronteras, donde un subsahariano debe jugarse la vida en el Estrecho para alcanzar la rica Europa, donde trece millones de personas necesitan papeles para escapar del hambre en el Cuerno de África y donde el lugar de nacimiento aporta unos deberes y —en algunos casos— muchos privilegios. Es una ruleta rusa. Un juego a cara o cruz. Una cuestión de suerte. Si sale Zambia, Liberia, Sierra Leona, Burundi… estás jodido, amigo. Sin embargo, el dinero puede moverse con absoluta libertad por todo el mundo. El capital es poder. Y por eso siempre es bienvenido, venga de donde venga.

Así nacieron los paraísos fiscales, pequeños territorios sin apenas actividad económica, que viven de captar los fondos de las grandes fortunas mundiales. ¿Y eso para qué sirve —cabe, entonces, preguntarse—, si las empresas que allí residen no pagan impuestos? Las pequeñas administraciones públicas de regiones como las Islas Vírgenes, Chipre o Jersey pueden vivir perfectamente con las tasas anuales que cobran a las miles de empresas que allí se inscriben. Pongamos un ejemplo cercano. Los 28.000 ciudadanos de Gibraltar ganan de media el doble que sus vecinos andaluces: 30.222 euros al año. Y allí el paro no existe. ¿Cómo puede darse ese milagro financiero en medio de esta crisis, si en sus seis kilómetros cuadrados no hay apenas industrias, empresas de servicios o fábricas? ¿Cómo puede estar Gibraltar entre los veinticinco países con los habitantes más ricos del globo? Está claro: porque la colonia tiene domiciliadas 81.000 empresas, según los datos del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El Peñón posee casi tres veces más empresas que habitantes y cada una deja un canon de 300 libras anuales para el Estado, además de pagar sus gastos de gestión a los abogados y despachos contables que operan desde la ciudad autónoma. Un suculento negocio. Aunque en declive. Está por ver cómo afectará a la zona la subida de impuestos hasta el 12 por ciento que entró en vigor en 2010, fecha en la que Gibraltar terminó de forma definitiva con las sociedades exentas.

El caso de las Islas Caimán es el más sangrante. Con 350.000 habitantes y plagada de islotes inhabitados, la zona cuenta con quinientos ochenta bancos que mueven más de dos mil fondos especulativos en las bolsas internacionales. Su volumen de negocio anual dobla el de España, un país que tiene ciento veinte veces más habitantes.

Ventajas fiscales, oscurantismo, secreto bancario y un negocio muy atractivo. En 2007, el Fondo Monetario Internacional realizó una estimación, que todavía hoy permanece vigente, sobre el dinero que se oculta en paraísos fiscales. Según sus datos, uno de cada cuatro euros que se mueve en la economía mundial se oculta del fisco en estas zonas oscuras. El informe fue una llamada de atención. Un intento de sacar los colores a las fortunas internacionales. Con lo que ese capital debería pagar en impuestos se podría terminar con el hambre en el mundo. Desde entonces, han pasado cuatro años y seguimos esperando.

De hecho, la situación, en lugar de mejorar, ha ido a peor. Ahora, paraísos fiscales como Vanuatu permiten inscribir empresas allí incluso en caracteres chinos, en árabe o en alfabeto cirílico. No es complicado adivinar qué hubiera pasado si el principal acusado en la Operación Gürtel, Francisco Correa, hubiera inscrito allí sus sociedades y toda la documentación estuviera redactada en chino mandarín. Algo tan legal en ese archipiélago del Pacífico, como descabellado, si no se entiende desde la voluntad más absoluta de defraudar. Y lo mismo sucede en Anguila o Belice. Otros territorios de ultramar donde ni siquiera se habla castellano permiten inscribir compañías con el acrónimo Sociedad Anónima, el mismo que se usa en España. Con esa argucia, una empresa puede operar sin problemas en nuestro país sin que sus clientes sepan que, en realidad, su dinero entra y sale de las Islas Seychelles y no de Jaén o Tarragona.

En San Cristóbal y Nieves, donde terminaron algunas de las redes del caso Gürtel, tampoco se paga impuestos. Sin embargo, cada sociedad abona un canon anual de 200 dólares. Ese es el negocio para los paraísos fiscales. Servir de escondite a cambio de una comisión. En Madeira, tener una empresa cuesta solo 1.500 euros al año, una cifra similar a la de Isla Mauricio. 900 euros cuesta en las Seychelles y mucho menos en Panamá, donde la tasa es de 150 dólares al año. Sin embargo, el colmo de la opacidad es Liechtenstein. El principado europeo se ha convertido en una muralla absoluta contra la que se estrellan las policías de medio mundo. La principal figura jurídica, la pesadilla de agentes de la ley e investigadores fiscales es el Ansalt, un híbrido entre una sociedad anónima y una fundación que no tiene ni miembros ni accionistas inscritos en registro alguno. Un Ansalt es sencillamente una sombra capaz de operar de forma anónima en cualquier mercado. Encima no paga impuestos, solo una tasa anual del 0,1 por ciento sobre su capital.

Empresas españolas en el paraíso

El número 1209 de Orange Street es un sencillo edificio de una sola planta en Wilmington, la mayor ciudad del estado de Delaware. A la entrada, una cámara de seguridad enfoca hacia la derecha de la calle y un toldo rojo de arco de medio punto da la bienvenida a los visitantes. Poca gente transita por la calle, inclinada y de único sentido, mientras a la derecha de la entrada, una pequeña placa gris muestra, discreta, el logo de una empresa en letras negras: CT. Sin más señas. Nada que llame la atención. Nada que haga pensar que en ese pequeño edificio con pinta de albergue municipal están registradas en total 6.500 empresas. Nada que haga sospechar que allí se encuentran las empresas más importantes del planeta. Según publicó el diario The New York Times el 29 de mayo de 2009, dos tercios de las quinientas empresas más importantes del mundo —recogidas en la lista Forbes— tienen alguna filial en este domicilio. Coca Cola, General Motors, Ford, Kentucky Fried Chicken son algunas de ellas. Y no están solas. Las acompañan una filial de Telefónica (Telefónica Finance USA), seis empresas dependientes de la constructora española ACS, la firma Inima US Corporation, de servicios medioambientales y controlada por la española OHL, dos empresas relacionadas con Abertis (entre ellas la que controla una veintena de aeropuertos en Reino Unido, Suecia, México y Jamaica) y tres compañías de biotecnología pertenecientes a la española Grifols.

Pero ¿qué tiene de especial ese edificio? ¿Por qué las empresas más importantes del mundo han ubicado algunas de sus filiales en ese pequeño y discreto inmueble? La respuesta, una vez más, tiene que ver con su constante voluntad de pagar menos impuestos. El número 1209 de Orange Street, en Wilmington, es la sede principal de una empresa llamada Corporation Trust Company. Basta acudir a su página web (www.ctadvantage.com) para darse cuenta de los servicios que ofrecen: representación y servicios financieros para cualquier empresa del globo. Las compañías que contratan sus servicios pagan un fijo mensual para que los gestores de Corporation Trust se encarguen de su contabilidad y mantenimiento. Pero su canto de sirena no atraería a tantos tiburones si no fuera porque tienen otro cebo. El estado de Delaware, en Estados Unidos, es posiblemente el mejor paraíso fiscal sobre la faz de la tierra.

Su nombre no aparece ni de lejos en la lista de territorios opacos publicada por la OCDE. Nadie en su sano juicio osaría decir que Estados Unidos alberga un paraíso fiscal. Pero es así. Al menos en lo que se refiere al suministro de información. Hasta allí se fue, por ejemplo, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz para llevar su dinero, según la Fiscalía española. Delaware, con sus 864.000 habitantes y sus 250.000 empresas inscritas, es una de las regiones más opacas del mundo. Desde 1992, los accionistas de una sociedad no tienen obligación alguna de inscribirse en su registro mercantil. Si ellos no quieren, no queda registro público sobre el propietario de una empresa. No hay forma de saber quién es el dueño. Y eso incluye no solo a las autoridades fiscales extranjeras. El secreto financiero de Delaware es tan estricto que los bancos y las compañías ubicadas allí no tienen obligación de comunicar sus datos ni siquiera a otros estados dentro de EEUU. Además, las empresas creadas allí con la terminología LLC (Limited Liability Company) están exentas de pagar impuestos, siempre que obtengan sus beneficios fuera de Delaware. Por tanto, las filiales de Telefónica, ACS, OHL, Abertis y Grifols no pagarán un solo dólar en impuestos en Delaware siempre que trabajen fuera de ese territorio. Y no son las únicas, Abertis, Sacyr y ACS tienen otras diecisiete filiales en otra dirección de la misma ciudad, el 2711 de Centerville Road. Con semejantes mecanismos, es mucho más sencillo entender cómo las grandes empresas españolas tributan sus beneficios a una media del 10 por ciento. En España, pueden alegar que sus impuestos se pagan en Estados Unidos. Y en Delaware se acogen a la legislación que les permite estar exentos

En treinta años de democracia, solo un informe oficial analiza de forma concienzuda la presencia española en paraísos fiscales, centrado en el caso de las compañías que operan en el IBEX-35, el selectivo de la bolsa de Madrid. El estudio corresponde al Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, fue dirigido por el economista Carlos Cordero y subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. Las conclusiones del trabajo son alarmantes. En 2009, las 29 empresas más importantes de España tenían 272 empresas en paraísos fiscales. Nada más y nada menos. Solo Indra, Iberia, Iberdrola, Enagás, Bolsas y Mercados y Bankinter salían bien paradas dentro del IBEX-35. En la cabeza de la tabla, la petrolera Repsol tiene 38 empresas en distintos paraísos fiscales y territorios opacos de todo el mundo, seguida de BSCH con 34, BBVA con 23 y Ferrovial con 22. Le siguen ACS, Abengoa, Abertis, Gas Natural, Endesa… es decir, los principales contratistas públicos, aquellos que pidieron a Zapatero despidos más baratos y una reforma fiscal que les permita ser más competitivos.

En septiembre de 2011 el gigante Inditex, la empresa textil más importante del mundo y que gestiona la cadena de ropa Zara, estrenó su tienda en Internet. Y entonces supimos que la empresa gallega cobraba todas sus ventas cibernéticas desde Irlanda, uno de los países con la fiscalidad más baja de Europa. Tras la denuncia pública del caso, realizada por el diario El Mundo, la compañía anunció que había montado su servicio online desde Irlanda porque allí estaban los servicios cibernéticos más avanzados, pero que su compromiso con España le llevaría a trasladar aquí su facturación desde la red en 2012. Curioso compromiso el de Inditex, que nada dijo de trasladar a España la firma ITX Merken BV, que controla desde Holanda —otro país de baja fiscalidad— la red de 624 tiendas franquiciadas que la marca tiene en todo el mundo y que suponen el 14 por ciento de todo su negocio. Además, el emporio gallego de la moda tiene su central de compras europea en Suiza (ITX Trading) y la de Asia en Hong Kong, otros dos países famosos por sus ventajas fiscales.

La legislación internacional permite —por supuesto— que los empresarios creen sus compañías de una manera legal en el país que les dé la gana. Pero hay una pregunta clave. ¿Qué garantía tenemos de que el dinero de los contratos públicos, todas las subvenciones, todas las ayudas estatales, las rebajas fiscales a estas empresas no termina en las Islas Caimán, en Barbados o en Antillas Holandesas en lugar de revertir en la creación de empleo en España? Ahí reside realmente la injusticia, el desequilibrio. Las grandes compañías españolas son las que más recursos económicos reciben del Estado por medio de sus contratos con la Administración, pero son las que menos dinero dejan en Hacienda. Es una espiral viciada, como hemos visto en estas páginas. Para mantener el sistema, para seguir financiando el país, para seguir construyendo carreteras y sufragando hospitales, en lugar de pelear contra el orden mundial establecido y lanzar una propuesta clara para terminar con los paraísos fiscales en Naciones Unidas, nuestros gobernantes —independientemente del signo político— recurren siempre a la solución más fácil: pedir un nuevo esfuerzo a la gente común. A la clase media. Al pagano. Y vuelta a empezar.

Pongamos un ejemplo: Abertis, la multinacional española especializada en grandes infraestructuras, explota a través de una de sus filiales los aeropuertos bolivianos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. En un mundo idílico, el 30 por ciento de los beneficios obtenidos por estos aeropuertos, con 3,1 millones de pasajeros en 2009, iría a parar al estado boliviano, uno de los más endeudados del mundo, o bien a España. Sin embargo no es así. Entre la compañía que ostenta el contrato de concesión en Bolivia (vigente hasta 2022) y la sociedad cabecera del grupo Abertis en Barcelona aparecen ocho sociedades interpuestas. Ni más ni menos. Ocho empresas interpuestas en una especie de cadena donde la primera es propietaria del 90 por ciento de la segunda. Y así sucesivamente, en un sistema que recuerda a las matriuskas rusas, esas muñecas de madera que se guardan unas dentro de otras. La punta de la cadena es una empresa latinoamericana llamada Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. Después, figuran interpuestas cuatro sociedades en Delaware. A partir de ahí, cuatro nuevas empresas creadas en Londres, hasta llegar a la firma española. Un reguero de empresas interpuestas que dejan beneficios por el camino de una forma completamente legal.

En una estructura parecida, Ferrovial desvía a Holanda los beneficios de las autopistas del Algarve portugués y Toronto, en Canadá. El pasado año 2011, el diario Expansión publicó que la constructora española había recibido 500 millones de euros por el traspaso del 10 por ciento de la autopista canadiense, en manos de una filial llamada 407 Toronto Highway BV. Si la empresa propietaria de la concesión estuviera, por ejemplo, en España, Ferrovial habría pagado el doble de impuestos por los beneficios. La promotora española, que solo en Estados Unidos recibirá 1.700 millones de euros en créditos blandos y subvenciones para desarrollar la red de carreteras de Texas, está presente, según sus propias memorias, en los paraísos fiscales de Andorra, Antillas Holandesas, Aruba, Emiratos Árabes Unidos, la isla de Jersey, Singapur, Holanda, Suiza y Guernsey.

Desde Ámsterdam controla también Telefónica su filial en China y otros negocios en Latinoamérica. Y en los Países Bajos se crearon igualmente empresas que Repsol utiliza en Venezuela, Perú o Liberia. La petrolera española tiene incluso una sucursal en las Islas Caimán. ¿Acaso tiene un yacimiento de petróleo localizado en el diminuto archipiélago, conocido por ser uno de los territorios opacos más importantes del planeta? Va a ser que no. Red Eléctrica tiene también otra filial en Holanda, país señalado directamente por Estados Unidos en 2008 como el principal paraíso fiscal de Europa. Allí la compañía española creó una firma llamada Red Eléctrica de España Finance BV. Según el Observatorio de Responsabilidad Corporativa, en esa firma holandesa «no consta la existencia de empleados». En resumen, la eléctrica, que se benefició en 2009 de 13 millones en subvenciones públicas, ayudas cargadas en la factura de la luz de todos los españoles, tiene una empresa en Holanda, donde los impuestos son mínimos, en la que ni siquiera tiene trabajadores. La lógica lleva a pensar que la sucursal de Red Eléctrica en Holanda solo sirve para desviar allí el dinero y pagar menos impuestos. ¿Y eso es legal? Completamente.

Por su parte, el BBVA tenía en 2010 cuatro empresas abiertas en las Islas Caimán, desde las que movía 10.575 millones de euros en depósitos; una cifra similar a lo que costará arreglar todas las obras públicas destrozadas por el terremoto y posterior tsunami que asoló la costa japonesa en marzo de 2011 y dejó más de diez mil muertos. En 2008, el banco gestionaba 120.000 millones de euros en cuentas situadas en territorios oscuros o con apenas impuestos, según sus propias memorias.

La dificultad para terminar con los paraísos fiscales es el talón de Aquiles de la economía mundial. Nadie encuentra una manera sencilla de erradicarlos sin provocar una evasión masiva de dinero. En España, uno de cada tres euros que se ahorran va a parar a esos agujeros negros, según estimaciones de la firma Merrill Lynch, que los inspectores de Hacienda dan por válidas. La firma estadounidense calcula en su informe que los españoles tienen en total 175.000 millones de euros en los paraísos. El agujero es superior al presupuesto anual de todo el sistema de pensiones, todo el sistema sanitario y todas las ayudas al desempleo, presupuestadas para 2010, juntos. Eso siendo generosos y esperando que el nivel de fraude en España esté en la media de la Unión Europea, sin tener en cuenta que nuestro país aglutina el 26 por ciento de los billetes de 500 que circulan por la zona euro y que un ciudadano común rara vez ha visto alguno.

Desde el plano más básico, es cierto que España no dispone de herramientas para cambiar la economía mundial. Pero sí tiene capacidad de influencia en el seno de la Unión Europea, que es el tercer mercado del planeta. ¿Por qué los políticos europeos permiten que una empresa sin actividad real en las Islas Vírgenes pueda vender en España o cualquier otro país de la UE? ¿Por qué no se imponen vetos o sanciones a las compañías que utilizan los paraísos y se les prohíbe operar en Europa o EEUU? ¿Por qué ningún líder internacional ha planteado nunca una propuesta seria para acabar con estos agujeros negros? La respuesta a estas preguntas, como veremos, es desalentadora. Lejos de acabar con ellos, los distintos gobiernos del planeta han tomado el camino contrario: le llaman competencia fiscal. En público, los líderes mundiales critican una y otra vez los paraísos fiscales. Y en privado, promueven políticas que los fomentan dentro de sus propios estados, para evitar la fuga de capitales. Políticas que, como veremos, han convertido España en uno de los mejores paraísos fiscales del planeta.

IV. España, el mejor paraíso fiscal

Así permitimos que el dinero de las mafias

entre en secreto en España para financiar

nuestros colegios y hospitales

Los principales líderes mundiales muestran constantemente su oposición a los paraísos fiscales, que aglutinan un tercio de la riqueza mundial, según el Fondo Monetario Internacional. Incluso anunciaron su final sin paliativos tras la cumbre del G-20 en Washington, en noviembre de 2008, cuando los hombres que manejan la política mundial se reunieron llamados por el presidente estadounidense para refundar el capitalismo. Sin embargo, pese a que sus discursos contra estos agujeros negros se lanzaron a bombo y platillo, las decisiones reales de la clase política son absolutamente contrarias. Quizás por eso, los principales gobiernos del planeta son quienes están realmente detrás de los paraísos fiscales más activos. Estados Unidos —la principal economía del globo— mantiene, como ya hemos visto, los privilegios fiscales de Delaware, donde se cobija más de la mitad de las quinientas empresas que figuran en la lista Forbes con las multinacionales más importantes del planeta. China custodia Hong Kong, que mueve 325.000 millones de dólares al año, y en la Unión Europea, Francia gobierna sobre la Polinesia Francesa, donde las empresas no pagan impuestos. Holanda, con un tipo medio del 12 por ciento, tiene las Antillas Holandesas, Portugal mantiene bajo su amparo los privilegios fiscales en Madeira, y en la ciudad italiana de Trieste tampoco se pagan apenas impuestos. Inglaterra, con una extensa red de territorios de ultramar como Gibraltar, las Islas Vírgenes o las Islas del Canal, se lleva la palma. En conclusión, los principales gobiernos de la Unión Europea mantienen también bajo su yugo algún paraíso fiscal. Eso sí, en la trastienda. A cientos de kilómetros de distancia, en una estudiada estrategia de despiste. Ellos son el pariente incómodo que nunca se enseña a las visitas.

¿Y qué pasa con aquellos países que no tienen colonias? ¿Qué pasa con España? ¿Cómo compite nuestro país —que tiene una necesidad acuciante de dinero extranjero— en igualdad de condiciones con el resto de los miembros de la UE y con regiones como Suiza, Andorra, Luxemburgo o Liechtenstein? A falta de una región autónoma a la que colgar el sambenito, a falta de una colonia lejana allende los mares, España —como Alemania, Dinamarca, Rumanía o la República Checa — tiene que generar su propio paraíso fiscal por medio de legislación. Esa es la gran verdad. El secreto oculto bajo la alfombra política que nadie quiere escuchar. Es por eso por lo que en nuestro país los ricos pagan menos impuestos que los pobres. Es por eso por lo que nuestros gobernantes aprueban leyes incomprensibles que agravan cada vez más las desigualdades sociales. Es por eso por lo que 200 euros en manos de una asistenta de hogar, de un informático, de un fontanero, de un abogado, de un profesor o de un profesional de la construcción pagan el doble de impuestos que si estuvieran invertidos en bolsa. Y es por eso por lo que nuestra normativa fiscal tiene agujeros premeditados que dejan escapar a los grandes capitales mientras aprieta a los paganos. No es una cuestión de ideas. Da igual izquierda o derecha. Es un hecho. O dejamos que se libren de los impuestos o se van con su dinero fuera, dicen los que deciden.

Pero todo tiene un límite. Y España, en su afán por recaudar fondos, lo ha traspasado. Como demostraremos a continuación, desde el pasado verano, el gobierno ha levantado completamente sus controles fiscales, y ahora el dinero de la droga, los fondos del blanqueo de capitales y las mafias organizadas, el beneficio obtenido con el tráfico ilegal de personas y la explotación sexual de miles de mujeres en todo el mundo puede entrar en España sin una sola pega desde su escondite en los paraísos fiscales. Y encima no paga un euro en impuestos.

Primer asalto: el rastro del dinero

«Señorías, no hay duda de que vivimos un momento de crisis de valores». Las palabras de Jesús Caldera resonaron en el hemiciclo, tan obvias como alentadoras. Con aquella frase, el exministro de Trabajo y Asuntos Sociales presentaba al Congreso el plan del PSOE para terminar con los paraísos fiscales. «Es el momento de aquellos que pensaban que los seres humanos son personas desconfiadas, de aquellos que pensaban que el idealismo no existía, como un economista norteamericano llamado Buchanan [Premio Nobel de Economía en 1986], de aquellos como Milton Friedman o Von Hayek que consideraban que las personas solo se guían por intereses personales y que los gobiernos no deben jugar papel alguno, o de aquellos como Alan Greenspan [expresidente de la Reserva Federal], que consideraban que la economía es superior a la democracia […]. Todos ellos nos han puesto en riesgo. Todos ellos nos han puesto en esta situación».

Era martes, 26 de mayo de 2009. Aquel día, Caldera levantó la mano, pidió la palabra y dijo en el estrado lo que toda persona con sentido común ha pensado alguna vez sobre este asunto. Para acabar con los paraísos fiscales, para luchar contra el fraude, contra el blanqueo de dinero, contra la impunidad de las grandes mafias mundiales y contra la financiación del terrorismo, hacen falta medidas concretas: sanciones económicas para todas las operaciones que tengan que ver con paraísos fiscales, bloqueo de las empresas que los utilicen e incapacidad para operar dentro de la Unión Europea, penas de cárcel mucho más agresivas cuando las operaciones de blanqueo de dinero o fraude fiscal pasen por estos agujeros negros y, sobre todo, la supresión del anonimato y el secreto bancario.

Sobre el papel, el PSOE había hecho los deberes. Tenía la fórmula para terminar con esta lacra que estrangula cada vez más a los que menos tienen. Incluso sacaba pecho de ello. El gobierno español, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, hizo de esta santa cruzada su bandera internacional durante meses. El 16 de noviembre de 2008, el líder del ejecutivo se presentó ante los medios de comunicación de medio mundo y, recién terminada la cumbre extraordinaria del G-20 en Washington, anunció sin tapujos la creación de «nuevos derechos de ciudadanía ante el sistema financiero». Según su anuncio, había consenso entre los hombres que gobiernan el mundo para erradicar de una vez por todas los paraísos fiscales. Cuatro meses después, el 22 de febrero de 2009, Zapatero hizo lo mismo en una reunión extraordinaria de los líderes de la Unión Europea en Berlín.

La conducta del líder español sería ejemplar dentro y fuera de nuestras fronteras, si no fuera porque sus decisiones políticas fueron —una vez más— precisamente las contrarias. El ejecutivo socialista abrió tanto la mano, que a día de hoy el dinero de las grandes mafias internacionales puede entrar en España sin ser identificado y sin pagar un solo euro en impuestos. Así se financia el Estado. El 28 de abril de 2008, medio año antes de la reunión extraordinaria del G-20, el gobierno español aprobó una normativa sorprendente con carácter de urgencia. A golpe de real decreto, sin debate ni consenso alguno, el primer Consejo de Ministros de la legislatura aprobó una rebaja fiscal para el dinero procedente de los paraísos fiscales. Hasta aquel momento, según la Ley de Impuestos Sobre No Residentes, todo extranjero que prestara dinero al Estado español, que comprara bonos del tesoro, letras o cualquier otro producto de deuda pública, estaba exento de pagar impuestos en nuestro país por los beneficios. Así evitaba pagar dos veces por el mismo dinero, aquí y en su país de origen. Lógicamente, esa rebaja estaba vigente excepto si los fondos llegaban desde las Caimán, las Islas Vírgenes, Liechtenstein o cualquier otro paraíso fiscal, donde el inversor tampoco iba a dejar un solo euro. Pero eso cambió aquel 28 de abril de 2008.

La necesidad acuciante de dinero para sufragar las arcas públicas hizo que el gobierno español tuviera que abrir la puerta de atrás a los fondos más oscuros. El artículo 4 del real decreto aprobado aquel día modifica solo una línea de la nueva ley. Bastó con siete palabras para dar barra libre al dinero oculto. Donde antes ponía que todo el dinero extranjero prestado al Estado español estaba libre de impuestos excepto si viene de paraísos fiscales, ahora pone simplemente otra coletilla: el inversor extranjero estará exento «con independencia de su lugar de residencia». Arreglado.

Sin embargo, pese al atractivo panal de miel, las abejas nunca llegaron. La medida no surtió efecto y el dinero de Gibraltar, Andorra o Suiza se resistía a entrar —y en muchos casos regresar— a España. El ejecutivo socialista erró el tiro. Se equivocó en el planteamiento. Una persona no esconde su dinero en Islas Caimán, Panamá o Antillas Holandesas solo por las rebajas fiscales, sino por el anonimato que le aporta el secreto bancario. A las mafias internacionales, a los señores de la droga colombianos, a los cárteles de México, a los ladrones de ley rusos les da igual pagar un 12 por ciento más de impuestos. Tienen dinero a espuertas. Solo con la coca ganan 72.000 millones de dólares anuales según Naciones Unidas; la mitad de lo que hace falta para erradicar el hambre. Lo que un delincuente no quiere bajo ningún concepto es que las autoridades internacionales le relacionen con ese dinero. En mayo de 2006, el capo georgiano Zhakar Kalashov fue arrestado en Dubai a petición del Juzgado de Instrucción Nº 4 de la Audiencia Nacional, que investigaba en las Diligencias Previas 194/2005 la pista de su organización en Islas Vírgenes, Bahamas o Gibraltar. En México, la policía busca las ganancias del Cártel de Sinaloa por toda América Latina, y en España, parte del desfalco de Fórum Filatélico habría terminado esparcido por Liechtenstein o Suiza, según los informes policiales obrantes en la causa. Con ese planteamiento, era lógico pensar que todas las transacciones llegadas a España desde cualquier paraíso fiscal serían analizadas con lupa por Hacienda y por la Policía Nacional.

Los grandes capos hicieron sus cuentas: tengo que mover la pasta, llamar la atención, dar órdenes a mis subordinados y enviar los fondos de forma legal a un país con 160.000 policías y guardias civiles. ¿Todo ese riesgo para sacar un 4 por ciento de beneficio? Ni de coña. Si algo define a los delincuentes internacionales y a quienes cuidan de sus bolsillos es que no son precisamente tontos. Por eso su dinero se quedó donde estaba.

Segundo asalto: el amago

Un año después de abrir la mano y sin los resultados esperados, nuestros cargos electos intentaron afinar más su estrategia. Estaba claro que España necesitaba una puerta de atrás. Un mecanismo que permitiera a todos aquellos que sacaron su dinero para escapar de Hacienda entrar en el país para cuadrar las cuentas. Pero había que medir las fuerzas. El arco tenía que ser lo suficientemente grande como para que los insolidarios, los defraudadores o simplemente los delincuentes se sintieran seguros, pero no tan amplio como para que los ciudadanos se echaran a la calle. Y el secreto bancario era la clave. La normativa financiera española es mucho más transparente que la de Gibraltar, Indonesia, Guernsey o la isla de Nevis. Mientras allí los propietarios de una cuenta o los accionistas de una empresa son secretos incluso para la policía, en España todas las transacciones van identificadas y hay una obligación constante de justificar la procedencia del dinero. Sobre todo en las entradas y salidas de capitales desde el extranjero. Eso era un nuevo impedimento para que nuestro país recibiera una parte del pastel. Pero tranquilos. En esta vida todo tiene solución menos la muerte. Y más si eres tú el que hace las leyes.

En marzo de 2009, un mes antes de que Jesús Caldera propusiera en el Congreso el plan de acción contra los paraísos fiscales, el gobierno filtró a la prensa el borrador de un real decreto. Otro más. Esta vez fue un globo sonda. Una forma de saber si los electores, la gente normal, los paganos se les tirarían al cuello ante una nueva concesión para los grandes capitales. El borrador del proyecto, que todavía se encuentra colgado en algunas webs estatales, redactado sin fecha ni firma, confirma que el gobierno pensaba eliminar de un plumazo la obligación de que las entidades financieras identificaran la procedencia del dinero para los depósitos de deuda pública. Con esto, el dinero oculto en los paraísos fiscales podría entrar en secreto en España para sufragar al Estado y salir tan impune como libre de impuestos. Mantener los servicios sociales tiene un precio.

Pero, claro, con la filtración del borrador se armó la bronca. Las asociaciones de inspectores fiscales y técnicos de Hacienda criticaron la medida por considerarla una insensatez manifiesta, mientras varios colectivos sociales criticaron la doble moral del gobierno de Zapatero. Luchar contra el fraude internacional de cara a la galería y dejar agujeros legales en casa tiene esos riesgos. Las críticas arreciaron más si cabe cuando el exministro Caldera se levantó en el Congreso y relató su ristra de medidas. Hasta eso tuvo truco. El PSOE, con mayoría en la Cámara y todas las carteras del gobierno en sus manos, con su capacidad de legislar intacta, decidió aprobar sus propuestas como una proposición no de ley. Ante esa decisión surge una pregunta: ¿por qué si la voluntad de acabar con los paraísos era tan clara, los socialistas no hicieron una ley que recogiera sus medidas? La respuesta parece desalentadora: si España hubiera aprobado una legislación concreta, una normativa que recogiera sanciones económicas, multas y cargas fiscales para las empresas que operan desde Islas Caimán, Delaware, Belice o las Islas Cook, nuestro país tendría que cumplirla. Y eso afectaría, por ejemplo, a 28 de las 35 empresas más importantes del país, que tienen empresas abiertas allí. Eso solo para empezar.

Las medidas propuestas por Caldera eran tan propicias como utópicas si no se aplicaban al menos en todos los países de la Unión Europea. Pero quedaban muy bien, escritas una tras otra en el Diario de Sesiones. Con la proposición no de ley, la voluntad de acabar con el secreto bancario, de sancionar a los que se escaquean, de castigar de verdad a los blanqueadores quedó como una mera recomendación, un posicionamiento ideológico sin apenas efecto. Más papel mojado. Una lista de buenas intenciones de primeros de enero donde los paganos apuntan ilusos que este año, esta vez sí, van a ir al gimnasio.

Tercer asalto: ganador por KO

El rechazo frontal al proyecto, a la idea peregrina de permitir que el dinero de Andorra, Liechtenstein o Suiza entrara en España sin identificar, hizo al gobierno dar un paso atrás. Sin embargo, la medida no quedó en el olvido. Ni mucho menos. Con el paso de un tiempo prudencial, el blindaje para el dinero negro fue aprobado sin apenas publicidad y en los minutos de descuento. Nos la colaron.

El sábado 30 de julio de 2011, un día antes de las vacaciones de verano y en el momento de menor actividad informativa del año, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 1145/2011, propuesto por el Ministerio de Economía. El texto blinda por completo al dinero de los paraísos fiscales. Si entran en España para invertir en deuda pública, los grandes señores de la droga, los cárteles mexicanos, los blanqueadores de la mafia rusa, los piratas somalíes, dictadores como el guineano Teodoro Obiang e incluso organizaciones terroristas como Al Qaeda pueden enviar aquí el dinero sin muchos problemas. Hasta los terroristas de ETA pueden invertir en el país de forma anónima gracias a esta medida.

Lógicamente, la normativa no lo explica con estas palabras, pero esa es la única conclusión posible. El propio texto reconoce que el Número de Identificación Fiscal español es «un mecanismo de control imprescindible para el seguimiento de todas las operaciones con trascendencia tributaria». Sin embargo, la normativa aprobada contempla que los extranjeros que inviertan en bonos del Estado y otros productos públicos «puedan sustituirlo por otros mecanismos alternativos». ¿Mecanismos alternativos? ¿Qué mecanismos alternativos? Según la nueva normativa, para identificar el dinero llegado del extranjero, basta con presentar un certificado de residencia fiscal ante «la entidad que corresponda». Imaginemos un caso teórico: un capo colombiano de la droga le dice a su gestor en las Islas Caimán que compre 20 millones de euros en deuda pública española. Para hacer la operación sin pagar impuestos, el financiero presenta el certificado de identidad del traficante ante la entidad financiera en Islas Caimán, que sin dudarlo hace la operación. La transferencia entra en España y en el momento en que Hacienda, la policía o cualquier otra institución internacional quieran comprobar su verdadero titular, se van a encontrar de bruces con el mayor secreto bancario del mundo. Mientras, el dinero estará en España generando beneficios. ¿Cuántos? No lo sabemos. Los titulares tampoco tendrán obligación de declararlos al fisco español.

Usted pague y no pregunte

La decisión de abrir las puertas al dinero negro tuvo un efecto inmediato en la economía española. Pero funcionó justo al contrario de lo que pretendían nuestros políticos. En lugar de facilitar la entrada de capital extranjero en España, en lugar de hacer más fácil el pago de las pensiones, de sufragar las nóminas de los funcionarios, en lugar de financiar la sanidad, la educación o cualquier otro servicio público, la medida puso a España al borde de la quiebra en menos de veinticuatro horas.

La misma mañana que nuestro país tendió la mano a los defraudadores, la prima de riesgo se disparó a límites históricos. El precio del dinero para España subió por primera vez de los 400 puntos, una cifra con la que otros países tuvieron que ser rescatados por la Unión Europea. Y la catástrofe no fue aleatoria. Paremos un momento y veamos el mensaje que lanzó nuestro país al extranjero con la aprobación de semejante medida. El anuncio del BOE pareció decir: «Señores inversores, estoy tan desesperado por pagar mis deudas que voy a coger el dinero, venga de donde venga. Me da igual si es blanco, negro o colorado porque estoy tan mal que no me queda otra». Lógicamente, aquellos que tenían que prestar los fondos dieron a España una respuesta contundente: «A este no le dejo yo más dinero ni loco. Y si lo quiere, que lo pague». Adiós a la prima de riesgo.

Ante semejante panorama surge la peor de las preguntas. ¿Cuánto dinero de las mafias, de la droga o del tráfico de personas entra en España por este mecanismo? ¿Cuánto de los defraudadores, de los caraduras, de los insolidarios? ¿Cuánto de aquellos que sacaron su dinero al extranjero y ahora quieren volver a meterlo? ¿Nos salió a cuenta la historia? Es imposible saberlo. Primero, porque los datos, como era de esperar, son custodiados con esmero y negados de forma sistemática a cualquier ciudadano. En España tenemos derecho a pagar pero no tenemos derecho a saber. Y segundo, porque la opacidad generada por la normativa hace que —en la práctica— el Estado no pueda conocer los datos de los titulares sin una costosa investigación internacional. Un precio demasiado caro para financiar el famoso Estado del Bienestar.

Veamos lo que sucede si intentamos conseguir información al respecto. Si queremos destapar la caja de los truenos, airear las vergüenzas y saber cuánto dinero llega a España desde paraísos fiscales para financiar al Estado. Esta conversación epistolar con los portavoces oficiales del Ministerio de Economía se dio en octubre de 2011, cuatro meses después de la aprobación del famoso real decreto:

Tal y como acordamos por vía telefónica, les remito este correo para conocer si hay alguna estadística o alguna forma de consultar la procedencia del dinero extranjero que se invierte en deuda pública española, por países, desde al menos el año 2008 […]. Muchas gracias por todo de antemano.

La contestación, en menos de media hora, fue escueta. Simplemente una dirección web donde el Ministerio alberga una estadística raquítica. Un archivo informático que muestra el dinero procedente de Francia y Alemania, países serios y reputados, y difumina en una sola partida la del resto de las naciones. Volvemos a la carga.

Conozco esa información, pero la partida «América, Asia y otros países» me parece un poco amplia y difusa. ¿Hay alguna forma de acceder a los datos por países de forma pormenorizada, es decir… a la información con la que se realizó esa misma gráfica?

La respuesta ministerial se describe por sí sola:

Esa es la información pública disponible. No hay más.

¿No hay más? ¿Seguro? Insistimos.

Disculpad la pregunta, pero ¿hay alguna cuestión legal por la que no se pueda acceder a esa información? Y si no es así, ¿cómo puedo consultarla?

Respuesta:

El Tesoro no está autorizado a revelar las posiciones de terceros. Son ellos los que deben darte esa información. Puedes contactar con los compradores de la deuda, que son los que deben decidir si quieren revelar sus inversiones.

La solución ministerial para una pregunta de tal envergadura es que consultemos uno por uno a los miles de compradores de deuda pública española… Porque ellos, básicamente, no nos lo van a dar.

A ver si lo entiendo. ¿Por qué razón podéis emitir información sobre la deuda pública que se compra desde Francia o Alemania pero no me puedes dar los datos de cualquier otro país? O es ilegal conocer los datos de Francia, o tendré derecho a saber los datos de procedencia del resto de los países… aunque solo sea por lógica aplastante.

Llegados a este punto, hay excusas para todos los gustos.

Se da información en función de criterios geográficos y siempre respetando las peticiones de privacidad de determinadas instituciones, una privacidad a la que, insisto, tienen derecho como últimos propietarios de esos activos.

Insisto:

Disculpa el atrevimiento pero… creo que vuestro correo no responde a mis preguntas en ningún punto. Así que vuelvo a puntualizar. Yo no quiero consultar los datos de ninguna institución, ni pública ni privada, sino la composición total por países […]. Puede que esté confundido pero lo que deduzco es básicamente que la información que suministráis es simplemente la que os parece a vuestro criterio —o a criterio ministerial— sin más razonamiento ni cuestión legal.

Nueva respuesta:

La información que te puedo facilitar es la que está disponible en la web y que constituye una aproximación en términos de comunicación pública, pero no existe ninguna obligación de revelar la propiedad de activos cuyo dueño no es el Tesoro y por tanto —efectivamente— los criterios utilizados son propios y en atención a los condicionantes que creo haberte explicado en mensajes anteriores, es lo máximo que te puedo ofrecer.

Por fin saltó la liebre. «No existe ninguna obligación legal» de revelar la información que solicitamos. Por mucho que sea comprometido, problemático y moralmente reprochable que España se financie con dinero negro, por mucho que como ciudadanos paguemos nuestros impuestos, por mucho que el mantenimiento del Estado del Bienestar dependa de la información que estamos pidiendo, el Estado no nos va a decir cuánto dinero coge de los paraísos fiscales. ¿Por qué? Primero, porque legalmente no tenemos derecho. Y segundo, porque no le da la gana.

V. Nuestro paraíso se llama ETVE

¿De qué nos vale captar multinacionales si no pagan un euro en impuestos ni generan un solo puesto de trabajo?

Hay un hecho definitivo que hace de España uno de los mejores paraísos fiscales del planeta: nadie sospecha de ella. Nuestro país no aparece en ninguna de las listas que señalan los agujeros negros de la economía mundial. No hay experto en el mundo que nos identifique como un peligro y entre todos pagamos religiosamente la mitad de nuestras nóminas a Hacienda. Por eso cuando una transferencia llega desde España a cualquier parte del mundo, nadie sospecha. No saltan las alarmas, como sucede con regiones como Mónaco o las Antillas Holandesas, sometidas a una férrea vigilancia en cualquier país civilizado. Pero España, un estado transparente, ejemplar, que tiene una legislación sólida y cumple con los convenios internacionales, tiene también dos tipos de empresas exentas de pagar impuestos: las SICAV y las ETVE. Las primeras —como veremos en el próximo capítulo— son las preferidas para los más ricos españoles. Amancio Ortega, considerado el hombre con más dinero del país, la multimillonaria Alicia Koplowitz y la infanta Pilar, hermana del rey Juan Carlos, tienen una. Sin embargo, son las segundas, las Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros, las que han convertido España en una plataforma mundial para esquivar al fisco.

El diario El País dio la noticia en exclusiva el 27 de febrero de 2009. La petrolera estadounidense Exxon, la empresa más importante del mundo, había elegido España como paraíso fiscal. Y para ello abrió en nuestro país en 1999 una filial llamada Exxon Mobil. La compañía, que ha generado en dos años 9.907 millones de euros en beneficios, no ha pagado un solo euro en impuestos en nuestro país. Y todo con el beneplácito institucional. Básicamente, la multinacional abrió su sucursal como una ETVE, una empresa tan legal como desconocida para el ciudadano medio en España y que imita a la perfección el negocio de los paraísos fiscales. Para que Exxon Mobil o cualquier otra ETVE española se libre de pasar por caja, tiene que recibir sus beneficios de otras compañías del grupo ubicadas fuera de España, tal como sucede en Gibraltar, Bermudas, Belice o San Marino. La única diferencia real entre España y un paraíso fiscal es el secreto bancario. Nuestro país es mucho más transparente que las Seychelles. Pero eso tiene fácil solución.

La normativa de las ETVE dice textualmente que sus propietarios no pueden residir en paraísos fiscales. Pero ¿qué sucede con las empresas pantalla? Imaginemos, por ejemplo, que un blanqueador guarda miles de millones de euros en la Isla de las Nieves, en el mar Caribe, donde el secreto bancario es total. Desde una compañía allí abre otra empresa en Londres. Y desde Londres, un reputado centro financiero, abre sin problemas una ETVE española; una empresa completamente legal con la que invierte sus fondos por todo el mundo sin levantar sospechas.

En cualquier caso, lejos de operaciones fraudulentas, las grandes multinacionales internacionales han abierto sucursales en nuestro país con la forma de ETVE por las evidentes ventajas fiscales. En un Estado tan transparente como el nuestro, a día de hoy es imposible para un ciudadano normal saber cuántas ETVE hay abiertas en España. No hay registros públicos sobre ello y los propietarios no tienen obligación de indicar el nombre de la compañía que tributa de esta manera. No tenía obligación Pepsi, el gigante de las bebidas carbonatadas, que abrió desde Álava en 1958 la sociedad Pepsico Holding España, con 44 millones de euros de capital social, controlada desde Luxemburgo y que luego transformó en una ETVE. La compañía, con treinta y una filiales en España y un volumen de negocio de 50 millones de euros en 2009, perdió ese año 9 millones de euros. La declaración de Hacienda le salió a devolver: 20 millones de euros para una empresa con 1.456 millones de euros en activos. Otra curiosa paradoja. Las ETVE no pagan impuestos por sus beneficios en el extranjero, pero sí reciben ayudas y rebajas fiscales en España por sus pérdidas. Más dinero del bolsillo del pagano. Desde su ETVE española, la empresa de refrescos controla filiales en Alemania, Portugal, Rusia, México y Luxemburgo.

Además de Pepsi, compañías como American Express o Hewlett Packard han abierto ETVE en España. General Mill, otra de las multinacionales de la alimentación más importantes del mundo, propietaria de Gigante Verde, Old El Paso o los helados Häagen-Dazs y con treinta y nueve empresas abiertas en el paraíso de Delaware, guardaba 310 millones de euros en la empresa General Mills Holding Spain, cerrada en 2008. Eli Lilly, una de las farmacéuticas más importantes del mundo, con cuarenta mil empleados en plantilla y presencia en ciento cuarenta y tres países, que desde 2001 controla 32 millones de euros en acciones desde España, pagó el año pasado solo 6.000 euros en impuestos; un millón escaso de pesetas. Menos de lo que vale el coche más barato. Desde nuestro país, la multinacional estadounidense controlaba la mitad de un holding holandés con 35 millones de euros de patrimonio, que tampoco paga apenas impuestos.

Hayes Lemmerz, el mayor fabricante del mundo de ruedas de aluminio, con sede en Michigan (EEUU), opera también desde una ETVE española llamada HLI European Holdings. La empresa, creada en 2003, tiene 495 millones de euros en activos y se controla también desde una empresa en Luxemburgo. La compañía española sirve de pantalla para invertir 24 millones de euros en Alemania, abrir una filial en México y custodiar 37 millones de euros en activos de otra empresa en Santo André, en el estado brasileño de São Paulo (Hayes Lemmerz Industria de Rodas LTDA). La cadena de zapatillas deportivas Foot Locker, con base en EEUU y tiendas por todo el mundo, tiene también una ETVE, pero controlada esta vez desde su país natal. En concreto desde el estado de Delaware, como era de esperar. Esa misma compañía fue la responsable de crear la ETVE española Foot Locker Europe Holdings, que el 20 de enero de 2010 recibió una ampliación de 48 millones de euros.

Desde una ETVE española se controla una promoción inmobiliaria de lujo en Buenos Aires, varias compañías especializadas en energías renovables por todo el mundo, e incluso la filial para Venezuela de Perenco, una petrolera con sede en Londres y presencia en dieciséis países. Hasta la empresa española —abierta en 2006— han ido a parar en 2010 más de 7 millones en beneficios del petróleo extraído en el Delta del Orinoco, tras un convenio de inversión con el gobierno de Hugo Chávez. Lo que Perenco no deje en impuestos en Venezuela, tampoco lo va a dejar aquí.

El gigante de Wall Street Morgan Stanley, especializado en banca de inversión, controla desde Madrid y Las Palmas cinco empresas de este tipo que invierten en medio mundo para el fondo Morgan Stanley Real Estate Fund. Según sus propios datos, este fondo de inversión —que no dejaría un euro de impuestos a España si las inversiones son en el extranjero— tiene un capital total de 43.000 millones de dólares: una cifra superior al dinero que todos los emigrantes africanos en el mundo envían cada año a sus países de origen (40.000 millones) y similar al valor de la empresa Facebook.

Ante semejante lista de personalidades, llama la atención un dato. ¿Por qué la gente normal no tiene una ETVE? ¿Por qué la clase media, los ciudadanos anónimos, esos que tienen sus pequeños ahorros no invierten su dinero en el extranjero y se libran de pagar impuestos? La primera respuesta tiene que ver con la falta de información. Las ETVE son empresas desconocidas para el gran público. Prácticamente nadie, fuera de los sistemas financieros, las conoce. Y por eso nadie puede reivindicar un trato igualitario para sus ahorros. ¿Qué haría un albañil de Albacete, que está en la calle desde las siete de la mañana, trabajando en pleno invierno por 1.300 euros, si se enterara de que este país se lleva la mitad de su sueldo pero permite no pagar a las mayores empresas del mundo? Seguramente montaría en cólera. ¿Y un montón de albañiles? ¿Y los seis millones de mileuristas españoles? ¿Y los miles de pequeños empresarios que sufren para pagar las nóminas? En el mundo en que vivimos, la información es poder y el dominante siempre maneja mejor información que el dominado. Por eso los especialistas financieros, los grandes capitales, los responsables del Ministerio de Economía y los hombres que deciden el destino de nuestros impuestos saben perfectamente lo que es una ETVE y las consecuencias que tiene su uso. Además, este tipo de empresas tiene un serio impedimento que las hace inaccesibles prácticamente para cualquier ciudadano. Para abrir una es necesario contar con una inversión mínima en el extranjero de 6 millones de euros. Eso o tener el 5 por ciento del accionariado de una empresa superior. Una vez más, mientras los grandes capitales se libran, el pagano seguirá poniendo de su bolsillo para seguir con el baile. Un español de sueldo medio necesita doscientos setenta y nueve años de trabajo para ahorrar esa cifra.

Ni un solo empleo

El uso de las ETVE ha llevado a España a otra situación completamente absurda: la mitad de la inversión extranjera entra en nuestro país y sale sin generar un solo puesto de trabajo. El año pasado y según datos del Ministerio de Industria, las ETVE canalizaron 12.000 millones de euros hacia España. Pero no produjeron crecimiento alguno, no pagaron apenas impuestos ni sirvieron para crear empleo: 1.778 millones de euros entraron en España en 2010 solo para optimizar los resultados fiscales de las grandes compañías. Y salieron sin peaje alguno con otros destinos. El Holding de Pepsi en el país —con 9.000 millones de euros de beneficio— tiene contratada solamente a una persona. Y lo mismo sucede con otras empresas como Exxon y la farmacéutica Eli Lilly. El caso de la petrolera Perenco es todavía más llamativo. Su ETVE no tiene ni un solo trabajador en España, pero aun así, presenta gastos de «servicios y estructura» de medio millón de euros en dos años. ¿Cómo puede tener medio millón de gastos una empresa que no tiene ni un solo trabajador y no paga nada a sus directivos? La explicación está en sus propias cuentas: los gastos son generados mediante facturas desde Londres, donde se encuentra la jefatura de la multinacional, llamada Perenco LLC. Es esa empresa inglesa la que se encarga de contratar abogados, contables, economistas y asesores que lleven al día su ETVE Española. Y luego pasa la factura. El mecanismo tiene un resultado perverso: los puestos de trabajo que genera la ETVE española se crean en Inglaterra, pero las rebajas fiscales por los gastos son para nosotros. Según el Ministerio de Industria, la inversión con fines fiscales en España creció desde el extranjero un 174 por ciento en 2010, mientras el gasto productivo (la creación de empresas con ese mismo dinero) cayó un 4,9 por ciento. Una táctica incomprensible que viene de lejos.

Las ETVE nacieron como forma jurídica en España a mediados de los años noventa para atraer capitales extranjeros, imitando la fórmula utilizada por otros países como Dinamarca, Suecia, Holanda, Bélgica o Irlanda. En Europa hay más empresas de este tipo. Todos los países que no tienen un paraíso fiscal físico utilizan esta fórmula o alguna parecida. Entonces, ¿por qué estas grandes compañías eligen España? ¿Por qué usan una ETVE española si pueden marcharse a Bélgica o Luxemburgo? Porque aunque el nombre sea similar, nuestro país, con su afán por conseguir su parte del mercado, fue un paso más allá. En España este tipo de compañías no pagan impuestos por su actividad. Pero tampoco los pagan cuando reparten beneficios a los accionistas. Desde su creación, las ETVE han movido en España 123.551 millones de euros, más de lo que cuesta mantener al Estado al completo durante un año.

Aparte del dinero, solo dos requisitos hacen falta para beneficiarse de semejante chollo: que la actividad de las filiales se dé fuera del territorio español y que los socios no residan en paraísos fiscales. Aquí llegamos a un callejón sin salida. Un dato incomprensible. Si la actividad de las ETVE no se puede dar en lugares como Andorra, Islas Caimán o Barbados, ¿cómo ha llegado su dinero hasta allí? Según los registros oficiales del Ministerio de Industria, desde que se crearon las ETVE, 178 millones de euros han sido traspasados a ellas desde Antillas Holandesas, 8.000 millones desde Canadá, un balneario fiscal, 54 millones desde la isla de Guernsey, 709 millones de euros desde las Islas Caimán, 3.000 millones desde Luxemburgo, otros 19.000 millones desde los Países Bajos, 41 millones de euros desde Panamá, 11.000 millones desde Portugal (que incluye Madeira), 340.000 euros desde las Seychelles y 2.000 millones de euros desde Suiza. Unas cifras relativamente bajas si las comparamos con el volumen total de operaciones, pero que demuestran una evidente falta de control, denunciada incluso por los inspectores fiscales.

Batalla legal

La carta llegó al Ministerio de Economía firmada el 6 de septiembre de 2008. En el anagrama figuraba el logo azul del National Foreing Trade Council, una de las organizaciones empresariales más antiguas e influyentes de Estados Unidos, con sede en Washington. Su presidente, William Reinsch, se dirigía directamente al entonces secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, el socialista Carlos Ocaña. Y lejos de ocultar sus intenciones, le reprochó abiertamente que el fisco español metiera las narices en sus asuntos. «La razón de esta carta es expresarle nuestra preocupación por las actuaciones de inspección acometidas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en relación a las sociedades de grupos multinacionales que actúan como ETVE. Consideramos que estas actuaciones de inspección podrían afectar significativamente a los flujos de inversión financiera en España».

Esta misiva fue la reacción a un picotazo. Una amenaza velada. Un manotazo anticipado contra esos mosquitos vestidos de traje y sueldo público que habían comenzado a fiscalizarles. Desde hacía un par de años, los funcionarios de Hacienda tenían la sospecha de que algunas compañías abusaban de las ETVE para evadir impuestos en España. El caso más sonado fue el de la británica Vodafone, acusada por Hacienda ese mismo año de desgravarse de forma indebida 1.043 millones de euros entre 2003 y 2004 gracias a su filial Vodafone Holding Europe. Según la sentencia emitida en primera instancia, la compañía telefónica no solo se libró del pago de impuestos en España, sino que consiguió un saldo a su favor de 210 millones. Al final, el caso se cerró con un acuerdo privado entre las partes y el pago de solo 20 millones de euros de sanción por parte de la operadora.

En cualquier caso, el expediente de Vodafone fue un potente aviso. Y el resultado de otro agujero legal. Por si las condiciones de las ETVE españolas no eran suficientemente suculentas, el gobierno español cambió su normativa en 2001 para que las pérdidas en el extranjero pudieran compensar los beneficios empresariales de cualquier sociedad en España. «En aquellas fechas fue objeto de una intensa promoción entre los inversores extranjeros por el gobierno español», recuerda la carta de la asociación empresarial americana, molesta por las inspecciones de Hacienda: «La actual situación es percibida por los inversores extranjeros en términos muy negativos, dado que el gobierno español les animó a utilizar el régimen ETVE, cuyos efectos tributarios estaban definidos […] con una ley en vigor pero cuyas consecuencias ahora no son respetadas». Las ETVE desataron una leve batalla apenas librada. Los inspectores fiscales han mostrado una y otra vez su malestar con este tipo de empresas, pero incluso ellos —como veremos— tienen a veces las manos atadas para investigar a los grandes capitales.

Como ejemplo, una ETVE protagonizó además la mayor multa impuesta en nuestro país a una empresa por fraude fiscal. El sancionado fue el magnate indio Lakshmi Mittal, considerado la quinta fortuna del mundo, con un patrimonio personal de 28.700 millones de dólares. El magnate hizo fortuna con el negocio del acero hasta convertirse en el primer proveedor mundial con el holding Arcelor-Mittal y en junio de 1997 decidió comprar una compañía llamada Escalaborns, con sede en Las Palmas. Tras la compra, el empresario cambió los estatutos de la sociedad para convertirla en una ETVE. Según publicó el diario El Mundo en junio de 2007, Mittal —que podía beneficiarse de cualquier paraíso fiscal del mundo y tenía su base de operaciones en Holanda— decidió trasladar sus activos a la empresa canaria hasta crear en Las Palmas la base principal de sus negocios, repartidos por sociedades en Reino Unido, Irlanda y México. Desde Canarias, la empresa del magnate indio vendió el 5 por ciento de sus acciones en la bolsa de Nueva York, y sacó por ello 154 millones de dólares.

Varios años después, la operación llamó la atención de un trabajador de Hacienda. Un funcionario llamado Mariano González, hoy jefe de la Unidad Regional de Inspección de Canarias, analizó al completo las cuentas de la empresa hasta que encontró un posible fallo. La compañía había incrementado su patrimonio en más de 15.000 millones de euros al condensar todas las acciones del grupo repartidas por el mundo, pero lo hizo por su valor nominal, y no por el precio real de mercado. El inspector consideró que la operación era incorrecta y el hombre de acero había engañado al fisco español, por lo que reclamó el 35 por ciento de todo ese dinero en concepto de Impuesto de Sociedades: 5.400 millones de euros para Hacienda.

El caso se convirtió en un problema internacional. La imposición de una multa semejante espantaría de España a los grandes empresarios mundiales y Mittal tenía todo el dinero del mundo para enredar a los abogados del Estado en pleitos interminables. Así que, una vez más, una acusación semejante se saldó al margen de los tribunales, con un acuerdo privado entre las partes. Mittal pagó. Pero no sabemos cuánto. La cantidad pactada entre sus abogados y los de Hacienda no ha trascendido. Al empresario no le interesa contarlo y la Administración española dice que esa información es confidencial. Como si ese dinero no fuera de todos. El diario El Mundo apunta un dato: siete años después de la operación, la multa abonada rondó los 60 millones de euros, noventa veces menos de lo reclamado por los inspectores.

VI. SICAV: donde habita el dinero

¿No quiere usted pagar impuestos? Tranquilo. Yo le hago un paraíso fiscal a medida en la puerta de su casa.

Cuando una persona escucha la palabra mariachi, tiende a pensar sin remedio en un mexicano barrigón y con bigote, que guitarrón en mano canta corridos y rancheras bajo un enorme gorro de plato. Sin embargo, la palabra tiene una acepción mucho más oscura. Un significado que no aparece en el diccionario. Algo muy distinto. Para los grandes tiburones del dinero, los mariachis son simplemente hombres de paja, testaferros, señores sin capacidad de decisión puestos únicamente para figurar como socios de una empresa. Papel mojado. Comparsa. Algo que no pasaría de una simple anécdota si no fuera porque esta procesión de títeres es —pese al conocimiento constante de la Administración — la que abre la puerta para que las grandes fortunas españolas no paguen impuestos en su propio país.

En las últimas páginas hemos visto cómo el Estado vapulea al pagano, lo levanta, lo exprime, juega con él sin cesar a los triles y después se lleva la mitad de su dinero. Según las estadísticas oficiales, cada español trabaja al año ciento cuarenta y seis días para Hacienda. Más de la mitad de su vida laboral. Con esas cifras, cualquier jubilado ha pasado veinte años de trabajos forzados solo para sufragar sus deudas con el Estado. Veinte años de madrugones y esfuerzos. Sin embargo, esas estadísticas no valen para todos: las grandes empresas pueden usar España como paraíso fiscal sin aportar un solo euro y el Estado hace la vista gorda cuando el dinero negro sirve para financiarnos, venga de donde venga. Pero ¿qué pasa con los millonarios españoles? ¿Qué agujero legal ha dejado el país para que hombres como Amancio Ortega y mujeres como Esther y Alicia Koplowitz dejen aquí su dinero?

El mecanismo es, si cabe, más perverso. Imaginemos un día soleado, sin una sola nube. Una escena de postal donde los pájaros cantan y un pequeño pagano se une de la mano con otros noventa y nueve pequeños paganos. Y juntos hacen un círculo. Y llevados por ese espíritu fraternal, deciden aunar sus ahorros como uno solo. Y juntan 2 millones de euros para invertir en bolsa. La unión hace la fuerza y los políticos, para favorecer la entrada de los pequeños inversores en ese mundo de tiburones, decide dejar a los paganos libres de impuestos. Así nacieron en 1985 las SICAV, sociedades de inversión colectiva que pagan solo el 1 por ciento de sus beneficios en impuestos cuando meten su dinero en bolsa. Todo sea por favorecer a los pequeños bolsillos.

Ahora volvamos al mundo real. Ese donde la mitad de las familias no llega a fin de mes y mucho menos sueña con ahorrar, ese donde el paro alcanza a una de cada cuatro personas en España y donde el pagano no tiene ni idea —porque nadie se ha molestado en explicárselo— de que puede juntarse con otros noventa y nueve paganos y, juntos de la mano, invertir en bolsa sin pagar apenas impuestos. En ese mundo real, el de las desigualdades, el de la información privilegiada, el de «hecha la ley, hecha la trampa», nos encontramos con que 3.347 SICAV acumulan más de 26.000 millones de euros en patrimonio; la mitad de la capacidad de ahorro de este país. Es decir, la mitad del dinero que ahorramos entre todos, entre los cuarenta millones de españoles, está invertido en empresas que no pagan apenas impuestos. La cifra no sería alarmante si el beneficio de esa exención fiscal fuera también a los bolsillos de veinte millones de personas, la mitad de la población española. Pero no es así. Hagamos una prueba empírica. Mire a su alrededor. Haga memoria. ¿Conoce usted, señor pagano, alguna persona que tenga su dinero invertido en una SICAV que se beneficie de semejante chollo? En el mundo ideal, su respuesta debería ser afirmativa: «Soy pagano, pero no tonto». Y más cuando se supone que entre todas tienen 417.000 accionistas. Pero en el mundo real, ese que nos ha tocado vivir, lo más probable es que conteste con un no rotundo. Y tiene una explicación. Aunque estas empresas nacieron con la excusa de ayudar a los que menos tienen, a día de hoy, basta consultar el Registro Mercantil para entender que son las principales fortunas españolas quienes las controlan.

Pasando lista

El 9 de diciembre de 2009, el director de cine Pedro Almodóvar apareció públicamente junto a los dos líderes sindicales más importantes de este país: los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo. El motivo fue distinto a la gran manifestación que las centrales sindicales preparaban para protestar por la situación económica en España. La visita respondía a un fin más humanitario. Un mes antes, la activista saharaui Aminatu Haidar se puso en huelga de hambre en el aeropuerto de Las Palmas. La protesta llegó cuando Marruecos le prohibió acceder al vuelo que la llevaría hasta El Aaiún, capital del Sahara Occidental, donde Haidar es una reconocida luchadora por los derechos de la causa saharaui. Ante la imposibilidad de regresar a su tierra, la mujer se negó a comer. Y así llevaba veinticuatro días —con un importante riesgo para su salud— cuando Almodóvar decidió interceder. Con una carta en mano y 20.000 firmas tras él, intentó entrevistarse con la Casa Real para solicitar su intercesión en el conflicto. El gesto generó incluso manifestaciones contra el cineasta en Marruecos. Meses antes, el director manchego encabezó también las protestas que numerosos intelectuales españoles protagonizaron contra la entrada de las tropas españolas en Irak, autorizada por el presidente popular José María Aznar sin el respaldo de Naciones Unidas.

Es innegable, pues, la trayectoria social del cineasta. Y por eso llama más la atención que custodie 4,7 millones de sus ahorros y los de su familia por medio de una SICAV, y, por tanto, que no pague apenas impuestos por sus beneficios; esos que son la base de los programas públicos de educación, vivienda o sanidad. Según los registros mercantiles, la productora de Almodóvar, llamada El Deseo, es la principal propietaria de Oyster Inversiones, controlada por los gestores de cuentas del Banco Santander y con 4,7 millones de euros en inversiones en bolsa. El presidente de la entidad es el hermano del cineasta, Agustín Almodóvar, que trabaja codo con codo con el director manchego desde hace años y controla también su productora. En 2009, la firma ganó 197.000 euros en bolsa, por los que tendría que abonar 1.970 euros en impuestos. Una cifra insignificante.

Basta consultar la lista de los más ricos españoles para conocer a los propietarios de las principales SICAV nacionales. El banquero Emilio Botín invertía junto a su hermano parte de su capital en Cartera Inmobiliaria, una firma controlada también desde el Santander con 250 millones de euros, que ganó 25 millones en 2009 invirtiendo en Coca Cola, la farmacéutica Roché, los seguros AXA, la productora Time Warner, Nestlé, Vodafone o Deutsche Telekom. Y después pagó solo 144.000 euros en impuestos. Una cifra que no alcanza ni siquiera el 1 por ciento establecido por ley.

En diciembre de 2010, Amancio Ortega, considerado el hombre más rico de España, anunció públicamente que cerraba dos de sus principales SICAV para invertir en el sector inmobiliario. Keblar y Alazán Inversiones, con 163 millones de euros y controladas desde la firma patrimonial del dueño de Inditex, llamada Pontegadea, cerraban sus puertas. Su exmujer y cofundadora del imperio Zara, Rosalía Mera, mantiene más de 500 millones sin apenas impuestos gracias a otras dos empresas de este tipo: Soandres y Breixo. Soandres de Activos, con 320 millones de euros invertidos, es la tercera SICAV con más patrimonio del país. Sandra Ortega Mera, hija del matrimonio, controla también su propia cooperativa, llamada Quembre de Inversiones, que invierte en bolsa de la mano de J. P. Morgan. La empresaria Alicia Koplowitz —marquesa de Bellavista y heredera del imperio FCC— tiene el récord en España con Morinvest, donde mantiene 473 millones de euros según sus cuentas oficiales. En el segundo puesto figura Allocation, la SICAV de la familia Del Pino, fundadora del gigante de la construcción Ferrovial, con 410 millones. En total, el holding de Rafael del Pino custodia con empresas de este tipo cerca de 740 millones de euros. Llama la atención que mientras ambos [Rafael del Pino y Alicia Koplowitz] mantienen su dinero lejos del alcance de Hacienda, los dos empresarios tienen abiertas sendas fundaciones sin ánimo de lucro, entidades que, bajo el patrocinio de su nombre, promueven programas de ayuda social y promocionan la imagen filantrópica de sus creadores. Como presidentes de sendas SICAV aparecen también Ignacio Díaz de Aguilar Cantero, expresidente de la ONG Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Asunción Orbe Sivatte, delegada de Manos Unidas en Navarra.

Y la lista no cesa. En ella figuran los nombres más afamados entre la banca nacional, como Manuel Jové Capellán, principal accionista del BBVA, e ilustres vecinos del barrio de Neguri, en Getxo, donde se acomodaron hace más de medio siglo las familias más acaudaladas del sector industrial vasco y donde más azotó la extorsión de ETA. El empresario Álvaro Delclaux, que en 1996 tuvo que pagar a ETA un rescate de 6 millones de euros por la vida de su hijo Cosme, figuró como inversor en una firma de este tipo. En otra de ellas aparece hoy Emiliano Revilla, secuestrado por ETA en 1988. El propietario de Mango, Isak Andic, consta en diez SICAV españolas, con un patrimonio de 574 millones. Santiago Herrero León, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, custodia 10 millones de euros en la firma Cartera Andaluza SICAV. La familia Reyzábal, propietaria del edificio Windsord y la Torre Picasso, dos de los inmuebles más caros y emblemáticos de Madrid, opera con Reyza Inversiones. Antonio y Jorge Gallardo, responsables de la farmacéutica Almirall, la argentina Helena Revoredo, presidenta de Prosegur, el promotor Bautista Soler Crespo, el constructor valenciano Javier Serratosa, el venezolano José Antonio Castro de Sousa, presidente de NH Hoteles, el arquitecto Ricardo Bofill, el millonario indio afincado en Canarias Meera Ramchad Bhawnani, Luis Miñano San Valero, patrono de la fundación Príncipe de Asturias y que controla la principal empresa de helicópteros comerciales del país, y hasta Juan Abelló, consejero de Repsol y uno de los máximos accionistas de la constructora Sacyr, guardan parte de su fortuna —de forma directa o indirecta— en empresas de este tipo.

Nombres como el de Juan Herrera y Martínez Campos —marqués de Viescas de la Sierra y fuertemente vinculado al sector de las petroleras—, o la familia Lladró figuran una y otra vez en esas herramientas llamadas SICAV, que nacieron —en teoría— para ayudar a los pequeños bolsillos y fueron utilizadas por los gestores de Fórum Filatélico, la empresa de inversión en sellos que tras su quiebra dejó en España 288.000 afectados. Incluso la Asociación de la Prensa de Madrid, de la que yo mismo formo parte como socio, tiene una. La firma Nite Hawk, con 2,4 millones de patrimonio, está controlada por Ricardo Fuster, hijo del famoso empresario de mismo nombre —fallecido en septiembre de 2001— y hermano de Álvaro Fuster, amigo íntimo del príncipe Felipe. Dos miembros de la dinastía Borbón aparecen también relacionados con estas empresas: Alfonso de Borbón Medina, sobrino segundo de Juan Carlos I, fue accionista hasta su fallecimiento en 2005 de la SICAV Alegranza de Inversiones. Pero un miembro más directo de la familia real guarda también su dinero en una SICAV: María Pilar de Borbón y Borbón, la hermana del rey. La infanta Pilar es la presidenta actual de Labiernag 2000, una cooperativa de inversión controlada por el Santander, con 4,4 millones de euros y donde figuran también como vocales dos de sus hijos: Beltrán y Bruno Gómez-Acebo de Borbón. En 2009, la empresa de la hermana del rey ganó 392.000 euros invirtiendo en bolsa y pagó por ello 931 euros. En 2010, las ganancias de la infanta bajaron hasta los 49.000 euros.

En el mundo del fútbol, el exjugador del Real Madrid Roberto Carlos abrió en 2002 la firma Rodasol Inversiones, que toma su nombre de los apellidos del defensa brasileño, e invierte 2,4 millones de euros gracias a Banca Madrid Gestión de Activos, una empresa especializada en la gestión de SICAV. Otro compañero de equipo, el excapitán blanco Fernando Hierro, invierte otros 2,4 millones de euros que apenas pagan impuestos, desde 2004, en Ferrosor Inversiones. El delantero blanco Fernando Morientes mantuvo 1,9 millones de euros en esa misma situación hasta 2010 gracias a la firma Josa Inversiones, ya desaparecida. Y en el bando contrario, el exbarcelonista Iván de la Peña abrió en 2002 la compañía Peñasen, que ahora se gestiona desde Bohadilla del Monte, y un miembro de la ejecutiva barcelonista con Joan Laporta, Alfonso Castro Sousa, preside otra SICAV. Pero siempre hay alguien mayor. En el mundo del fútbol, el premio se lo lleva el histórico presidente del F.C. Barcelona José Luis Núñez, que guarda 154 millones de euros en una compañía de este tipo llamada NN2003.

Entre una maraña de empresas similares llama la atención un nombre: Chispum Inversiones. La empresa —que toma su apelativo de una conocida expresión de la actriz Marujita Díaz— basa sus ganancias en lo paranormal. En el más allá. Su principal accionista, Telesierra S.L., es una empresa especializada en el negocio de la videncia por televisión y sus mayores ingresos provienen de las líneas de tarificación especial que aparecen en antena. Es, cuando menos, curioso que una empresa con gente capaz de predecir el futuro delegue la gestión de 9 millones de euros en administradores más terrenales, los del Banco Santander.

Hasta la Iglesia entra en el juego. Ángel Vallejo Balda, sacerdote y ecónomo de la diócesis de Astorga, figura como presidente de Vayomer S.A., una SICAV con 7 millones de euros. Además, otra institución eclesiástica mantuvo 10 millones de euros lejos de Hacienda hasta 2008, por medio de una firma llamada Umages. La SICAV estaba controlada en su mayoría por una mutua asistencial creada en 1981 y que nació para asegurar los bienes de la Iglesia, pero también metieron allí su dinero los arzobispados de Madrid y Burgos. Todas ellas se suponen instituciones sin ánimo de lucro. Suma y sigue. En el año 2000, el arzobispado de Oviedo invirtió 600.000 euros en una SICAV gestionada por el Banco Espíritu Santo de Madrid, llamada BI Gran Premiere. Según los registros de la CNMV, los Hermanos de las Escuelas Cristianas —con mil centros docentes en ochenta y dos países— invirtieron parte de sus beneficios en la SICAV Viralsa de Inversión. La Curia Provincial de la Sagrada Familia tuvo el 39 por ciento de Ibermilenium. La Orden de la Inmaculada Concepción custodia 3,5 millones de euros en la firma de inversión Francat, y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul depositaron parte de sus ahorros en otras dos: Inversiones Deima y Ulls Nous, controladas desde el Banco Santander. Según su página web, las Hijas de la Caridad «viven en sencillez, en comunidad, compartiendo lo que son y lo que tienen». Y desde esa perspectiva invierten 5,4 millones de euros en Grifols, Repsol, Telefónica y farmacéuticas como Bayer o Roche —que fabrican, por ejemplo, tratamientos anticonceptivos— para ganar en 2009 547.000 euros. Más de medio millón de euros que apenas pagan impuestos. En 2010 la inversión les salió peor. Ganaron solo 12.000 euros según sus propias cuentas.

El milagro del mariachi

No hace falta una profunda investigación para comprobar que las principales fortunas del país guardan su dinero —o al menos parte de ello— en las SICAV españolas. Es más que evidente. Pero cualquiera que quiera acceder a semejante chollo tiene que cumplir dos requisitos fundamentales: tener un capital mínimo de 2,4 millones de euros y un buen puñado de socios. El dinero no es problema. Según el diario El País, los 562 altos ejecutivos del IBEX cobran de media 915.000 euros al año. La condición preocupante son esos noventa y nueve pringaos que hacen falta por si alguien pasa lista. ¿Y cómo se consiguen? Fácil. Con un poquito de maña… y algo de ayuda.

La legislación española dice que la SICAV tiene que tener como mínimo cien socios para poder tributar al 1 por ciento, pero no dice nada del porcentaje de la empresa que tiene que poseer cada inversor. Una sola persona puede aportar todo el dinero mientras el resto invierte cantidades irrisorias. Llama la atención semejante olvido por parte de los legisladores, que son capaces de afinar al milímetro en las normativas que afectan al pagano medio. ¿A nadie se le ocurrió arreglar semejante torpeza? Parece que no. Así, lo normal en España es que una sola persona o los miembros de una misma familia sean quienes aporten todo el dinero de las SICAV, y por tanto se beneficien de no pagar apenas impuestos, mientras el resto de los accionistas son los famosos mariachis: hombres de paja que aportan cantidades insignificantes solo para rellenar el cupo de la supuesta cooperativa. Para confirmarlo, basta revisar los datos aportados por las propias empresas. En la firma Cabaña de Inversiones, una sola persona tiene el 99,97 por ciento de las acciones. La empresa está presidida por Francisco Luzón López, consejero ejecutivo del Santander, consejero exterior de Inditex y expresidente de Argentaria. En Black-Scholes, un solo ciudadano —sin identificar— mantiene el 99,99 por ciento del dinero, pese a que la empresa tiene ciento veintitrés socios. ¿Y qué hacen entonces las otras ciento veintidós personas? En teoría, invertir cantidades tan legales como insignificantes. Y en la práctica, figurar y abrir la puerta a la exención prometida.

Lo mismo sucede en otras muchas empresas como Jubera Inversiones, Valbran de Valores, Marton y Bernet, Arango Financiera, Riotirón o incluso APM2001, la SICAV de la Asociación de la Prensa. El colectivo de periodistas aporta en su nombre el 94,4 por ciento del capital de la empresa. En Finanzas Querqus, son los sacerdotes Hospitalarios de San Juan de Dios quienes controlan el 99,99 por ciento de las acciones: más de 11 millones de euros. En el caso de la firma de Pilar de Borbón, la sociedad explica que una sola persona —posiblemente la hermana del rey— pone sobre la mesa el 84 por ciento del dinero.

Afinemos más la tesis. Tras extraer los nombres de los accionistas y máximos responsables de las 3.347 empresas de este tipo que hay abiertas en España y analizar los datos con un procedimiento informático, obtenemos conclusiones reveladoras sobre estas supuestas cooperativas: 530 SICAV tienen el 90 por ciento de su dinero en manos de una sola persona, a pesar de figurar con más de cien accionistas en todos los registros. La cifra se dobla si bajamos hasta el 60 por ciento del dinero invertido: hay 1.015 empresas en esa situación. Un tercio del total. Los datos no mienten y son oficiales. Sin embargo, ninguna administración los ha hecho públicos nunca y ha sido necesario un extenso trabajo de campo para conseguirlos. La conclusión es reveladora: la mitad de las SICAV españolas, esas empresas que nacieron con espíritu de cooperativa, tienen su dinero en manos de un único beneficiario. Una sola persona o empresa que invierte más de 1,7 millones de euros y que apenas paga impuestos por sus ganancias. Eso sí, como siempre, todo legal. En Akorg Financiera, la empresa logroñesa Dulces el Avión aporta ella sola más de 5 millones de euros. Según sus propias cuentas, la fábrica de dulces y mazapanes es dueña de todo el dinero depositado en la supuesta cooperativa, «el cien por cien del capital en circulación» explica la memoria. Entonces, ¿qué hacen allí inscritos los otros ciento veintidós socios? No estamos hablando de un par de personas de confianza. Son gente suficiente como para llenar dos autobuses las que se apuntan sin aportar un solo euro.

Llegados a este punto aparece la pregunta más lógica: ¿de dónde sale toda esta gente? ¿Cómo consiguen los grandes capitales convencer a noventa y nueve socios para que figuren con ellos en sus inversiones? Y sobre todo, ¿qué beneficio sacan ellos? ¿Hay guitarrón para tanto mariachi? En realidad el mecanismo es muy sencillo: imaginemos que el hombre más rico de España va a un banco y quiere abrir una SICAV. Se presenta él solo y pone un fajo de billetes encima de la mesa. Uno de 2,4 millones de euros como poco. Eso supone un suculento bocado para el banco, pero el millonario necesita noventa y nueve socios y la entidad le propone un trato: yo te busco a los inversores que te faltan, que van a comprar cantidades insignificantes de tu empresa y, a cambio, hago lo mismo con tu dinero en otras SICAV. Así llegamos a una rueda. Un círculo donde todos invierten mucho dinero en su empresa y cantidades irrisorias en la SICAV de los demás. Y es aquí donde juega de nuevo un papel fundamental la normativa. ¿A nadie se le ocurrió prohibir que una SICAV pueda invertir en otra empresa de este tipo? No. Parece que no.

Otro ejemplo práctico: Emenur de Inversiones. La sociedad no tiene accionistas dominantes; nadie tiene más del 20 por ciento de ella. Pero uno de sus socios, llamado Dionisio Mayor, figura además en otras 141 SICAV distintas. En 140 de ellas compra de forma sistemática veinte acciones. Ni una más ni una menos. Veinte acciones en cada empresa, que suponen cantidades inapreciables. En la SICAV Acanto tiene el 0,004 por ciento del capital. Y en Adraso —la siguiente por orden alfabético— atesora el 0,001 por ciento. Pero es igual. Ahora ya cuenta en todas ellas como socio. Cien personas con una participación similar suponen solo el 0,1 por ciento de la sociedad de inversión colectiva. Bendita normativa. Y que la música suene.

Veinte años de pelea

Las SICAV son posiblemente las empresas más sensibles de este país. Tanto que su control ha generado una guerra abierta entre dos bandos de la Administración del Estado: por un lado, los inspectores de Hacienda, locos por meterles mano y, por otro, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que de forma incomprensible hace la vista gorda. El motivo parece sencillo: el miedo a que un cambio en la normativa provoque una fuga masiva de dinero. En mayo de 2010, el gobierno socialista anunció un posible impuesto para grandes patrimonios, y pocas semanas después el diputado del CiU Josep Sánchez Llibre aseguró en el Congreso que ya habían salido de España 30.000 millones de euros ante una posible regularización de las SICAV. Alguien gritó «tonto el último» y una panda de presuntos solidarios salió corriendo.

Hace casi veinte años que Hacienda realizó su primer intento para investigar las empresas de este tipo. Su objetivo en 1995 fueron las Sociedades de Inversión Mobiliaria (llamadas SIM). En esa época existían 350 y los funcionarios utilizaron los ordenadores del Instituto de Estudios Fiscales —los más potentes de la época—, ante la dificultad de aislar entre todas las operaciones de bolsa las que afectaban a las SIM. Ya en esos años, los inspectores detectaron que varias empresas manipulaban su precio en bolsa para generar pérdidas y utilizaban testaferros. El 2 de noviembre de 1995 se produjo una reunión clave entre responsables de Hacienda y portavoces de la CNMV, el organismo encargado de velar por la transparencia de las empresas de inversión. Las actas de aquel encuentro son tajantes: «Todas las SIM se utilizan solo por motivos fiscales. Algunos se pasan y abusan de ellas para generar minusvalías. Es un mercado cerrado en el que solo entran familias y nadie puede entrar. La CMNV lo sabe pero no interviene, porque no perjudican a nadie, salvo a la Hacienda Pública». ¿Nadie perjudicado? Será más bien al contrario. Todos los españoles somos los que sufrimos en nuestros bolsillos que ese dinero no llegue donde debe. En aquellas fechas, el fraude de las SIM se tasó en 6.000 millones de euros. A pesar de ello, el plan de inspección se paralizó y todos los delitos detectados, tanto societarios como económicos, se dejaron prescribir sin más. Se fueron todos de rositas.

En 1997, la CNMV movió ficha. Pero en un sentido contrario al esperado. En lugar de endurecer las condiciones de las SIM, envió una circular a los inversores en la que flexibilizaba los requisitos para salida a bolsa de las llamadas SICAV, creadas en 1985. La decisión tuvo consecuencias que hablan por sí solas: en una década pasamos en España de 350 SIM a 3.032 SICAV, con un patrimonio neto de 24.363 millones de euros, lo mismo que aportan a día de hoy todos los negocios relacionados con Internet a la economía española.

Cinco años después, y ante la imposibilidad de investigar las SICAV, los funcionarios de Hacienda camuflaron un plan para revisar a los supuestos accionistas dentro de un plan general para sociedades. Fue una excusa. Una pantalla para no levantar sospechas en los despachos. Las pesquisas fueron desarrolladas por la Oficina Nacional de Investigación Contra el Fraude (ONIF) y se centraron en el estudio de 112 SICAV. Fue una muestra elegida al azar. Una simple representación del colectivo. Pero arrojó pronto los resultados esperados. El trabajo afloró irregularidades en la compraventa de acciones. Algunos vendían los títulos a sus propios familiares para generar pérdidas y así pagar todavía menos impuestos.

En octubre de 2003 la Organización de Inspectores de Hacienda explicaba en una de sus memorias lo siguiente: «Se conoce por los responsables del Ministerio, de la AEAT y de la CNMV que en muchas SIM y SICAV se manipulan las condiciones que les permiten acceder a ese régimen especial, precisamente porque se trata de patrimonios controlados por unas pocas familias: no se cumplen los requisitos de participantes mínimos, de frecuencia, de profundidad de cotización, y además están manipulando descaradamente los valores de cotización».

En 2004, Hacienda comenzó un plan de inspección contra las SICAV que destapó una auténtica tormenta. Y eso que el número de inspecciones fue mínimo. Como resultado de sus comprobaciones, el fisco exigió que varias de las empresas investigadas pagaran el 35 por ciento de sus beneficios, igual que cualquier otra empresa. Hacienda les acusó de utilizar mariachis para simular inversiones colectivas y fue entonces cuando se armó la gorda. Los bolsillos más ricos de este país vieron amenazado su paraíso fiscal particular y lucharon para defenderlo. Por un lado, los afectados denunciaron en los tribunales. Y por otro, los dueños de las SICAV movieron sus hilos. Y una vez más, buscaron el amparo de la clase política.

El 31 de mayo de 2005, un año después del comienzo de las inspecciones, el Congreso de los Diputados tenía previsto debatir dos enmiendas. Dos propuestas políticas que suponían de facto una amnistía para todas las SICAV. La idea llegó por parte de Convergencia i Unió. Sus representantes en la Cámara querían que fuera un órgano regulador (la CNMV) y no Hacienda quien decidiera sobre el uso de mariachis dentro de las SICAV. Su segunda enmienda decía textualmente que la normativa se debía aplicar «no solo a partir de la entrada en vigor de esta ley, sino también y de forma especial en relación con los ejercicios anteriores que puedan estar siendo objeto de actuaciones de comprobación o investigación o que lo puedan ser en el futuro». En pocas palabras, los miembros de CiU querían que los funcionarios de Hacienda se estuvieran quietos. Y contaban con el apoyo de la mayoría de la Cámara. Al final y tras la polémica pública, el Congreso aprobó solo el primer punto, y el control de las SICAV pasó a manos de la CNMV.

Desde entonces, los inspectores de Hacienda han denunciado públicamente presiones por parte del Ministerio de Economía, y más concretamente desde la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, para limitar sus facultades de investigación frente a las SICAV y someterles a un control político. Además, los tribunales de Justicia han anulado las decisiones de fisco contra las SICAV investigadas, al considerar que Hacienda se extralimitó en sus funciones. La Agencia Tributaria puede investigar las cuentas de una empresa, pero no a sus accionistas. A día de hoy, cualquier investigación sobre los posibles mariachis de una SICAV tiene que partir de la CNMV, que nunca ha hecho nada al respecto. Y no es de extrañar. En aquellas fechas, el propio vicepresidente de la entidad —Carlos Arenillas— tenía además intereses en una empresa de este tipo llamada Tagomago II. Según la prensa de la época, el mandatario de la entidad encargada de investigar a los mariachis poseía —él solo— el 99,25 por ciento de los 9 millones de euros invertidos allí. El 0,75 por ciento restante correspondía al menos a otras 99 personas. Sobran comentarios. En suma, Arenillas no es el único nombre con vinculaciones políticas relacionado con las SICAV. El exministro socialista de Defensa Eduardo Serra, el Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Federico Michavila Pallarés, el primo de José Bono, Enrique Rodríguez, disfrutan también de estas importantes rebajas fiscales, así como el empresario Rosendo Naseiro, exmiembro de la ejecutiva nacional del Partido Popular y protagonista del llamado Caso Naseiro, que investigaba la supuesta financiación ilegal del PP y fue archivado por el Tribunal Supremo tras invalidar las escuchas telefónicas.

VII. El país de los fajos tras el tabique

Por norma general, el crimen sale caro, pero estafar a Hacienda no. Solo 90 personas cumplen condena en España por fraude fiscal en el país con más billetes de 500 euros del planeta

Cuenta la leyenda que existe una relación directa entre el fraude fiscal que sufre un país y el nivel de limpieza de sus urinarios públicos. Cuanto más defraudan sus ciudadanos, más guarros están los váteres de bares, cantinas y estaciones de autobuses. La idea parece descabellada y hasta el momento carece de base empírica alguna. No hay estudios universitarios ni científicos que confirmen la tesis. Pero tiene cierto sentido. Cuanto más cívica es la gente, cuanto mayor es su conciencia social, su participación como ciudadano, menor es su propensión a ensuciar los servicios públicos. Y menos se mea fuera del tiesto. Dando esta premisa por buena, basta imaginar un aseo patrio una noche de sábado para darnos cuenta del problema que tenemos: España es el país del fraude, de la picaresca, de los trabajos sin IVA. El país de los billetes de 500 en fajos ocultos tras un tabique. Fraude fiscal le llaman en los libros a esta práctica absurda de robarnos entre todos.

Por extraño que parezca, no hay un solo informe oficial de la Agencia Tributaria que tase este delito en España. No hay datos oficiales del Ministerio de Economía en algo tan sensible como el dinero que falta en la caja común, así que usaremos los informes del Consejo de Europa. Según estimaciones de la UE, la cifra de dinero que se oculta cada año en España alcanza el 23 por ciento de toda la economía nacional: 240.000 millones de euros. Y por ello, las arcas públicas dejan de ingresar 90.000 millones de euros al año, lo mismo que mueve, por ejemplo, toda la delincuencia cibernética del globo. En total, la tasa de fraude española dobla a la del resto de los países de nuestro entorno.

Una y otra vez vemos cómo la Agencia Tributaria pide al pagano un último esfuerzo, un mayor compromiso, y si no, se lo arranca a base de sanciones. Esa es su arma contra el fraude. Y la nuestra. En 2010 el organismo realizó más de cinco millones de inspecciones de las que 93.700 se centraron en el sector inmobiliario, 112.000 en las tramas de fraude del IVA y 120.000 en las operaciones de aduanas. Con ello, el fisco consiguió aflorar 10.000 millones de euros. Seamos sinceros. Todos intentamos pagar a Hacienda lo menos posible. Empresas y empresarios. Autónomos y asalariados. Es una norma. Un dogma. Y tiene una explicación. Nadie se para a pensar cuando ve desaparecer el saldo de su cuenta que ese dinero sirve para financiar carreteras, escuelas u hospitales. Simplemente lo sufre como un gasto más de su economía doméstica. Otro peaje como la factura de la luz o el agua, como el seguro de la casa o la letra del coche. ¿Somos los españoles insolidarios por ello? En ocasiones, como todo ser humano. ¿Egoístas? Puede. Pero en todo esto hay un problema de fondo.

En los últimos capítulos hemos visto cómo una franja de la población es la que realmente financia al Estado, cómo los asalariados aportan cinco veces más que las grandes empresas a la caja común y cómo la llamada clase media es la que menos se beneficia de las ayudas estatales mientras sufraga de su propio bolsillo colegios públicos y privados, sanidad universal y tratamientos médicos de pago, viviendas sociales y las dietas de los diputados. Y eso sin contar la corrupción.

Según los estudios del CIS, la clase política, esos señores que se encargan de gestionar nuestro dinero, generan desconfianza e irritación en el 73 por ciento de los encuestados. El pagano tiene que poner su cartera por adelantado mientras escucha que el gobernante de turno ha comprado un Audi A8, ha reformado su despacho con jacuzzi y viajaba con su amante a cargo de la tarjeta municipal. Perfecto. Para colmo, el ciudadano con derecho a pago asiste atónito a la manipulación de las leyes para dejar exentos a los grandes capitales, a la impunidad de los paraísos fiscales y a la escasa o nula acción de la Justicia frente a los grandes fraudes. Aquí todo el mundo sale casi impune. Basta con pagar la multa para quedar libre. Todo es cuestión de dinero. Con estos mimbres, ¿de verdad alguien se extraña de que el ciudadano medio, ese que va del trabajo a casa y de casa al trabajo, intente pagar lo menos posible a toda costa?

La razón es evidente: mucha gente ha dejado de ver al Estado como un benefactor para entenderlo como un parásito; algo que le resta gran parte de su dinero sin aportar nada a cambio. Hay ciudadanos que no sienten a sus políticos, esos que gestionan el dinero de todos, como protectores del bien común, sino como herramientas en la mano de los más influyentes: los bancos, las multinacionales, los grandes empresarios. En definitiva, ese monstruo omnipresente que algunos llaman «los mercados». Y decisiones como las que analizamos en este libro tienen la mayor parte de culpa. La gente no es tonta. Con ese descrédito público, con el derroche, con la falta de escrúpulos, con la evidencia de que todos no somos iguales ante la ley, ser egoísta y buscar el beneficio propio parece la única solución que le queda al pagano para no quedarse, una y otra vez, con cara de idiota.

Pequeño fraude versus grandes empresas

Podemos darle todas las vueltas que queramos. Analizar una y otra vez la actividad de los autónomos, el pago de facturas y el trabajo ilegal, pero hay un dato determinante. Una cifra que dinamita la base del sistema y que pone una vez más las desigualdades en evidencia. El fraude de las grandes empresas, esas 41.582 sociedades que facturan más de 6 millones de euros al año, triplica al de las pequeñas compañías y los autónomos. El dato lo hizo público en 2010 la Agrupación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que cifraba el fraude de los más poderosos en 42.711 millones de euros en 2009. Con ese dinero se puede sufragar todo un año varios ministerios. Por contra, el volumen conjunto defraudado por todas las pymes y autónomos españoles (más de cuatro millones de personas y compañías) es de 16.261 millones. Tres veces menos. Según estos datos, la inmensa mayoría de los españoles son responsables solo del 17 por ciento del fraude fiscal. Y al contrario de lo que parece, son los autónomos, ese colectivo que sufre constantemente la presión de Hacienda, quienes menos defraudan. Más de tres millones de trabajadores por cuenta propia ocultan solo el 8,6 por ciento del dinero negro. A esa cifra hay que sumar lo que los particulares, asalariados, pensionistas y amas de casa ocultan al fisco en sus compras en negro, sus escaqueos en la declaración de alquileres o las deducciones indebidas en la declaración de la renta. Eso supone otros 1.543 millones al año que se pierden. Una cifra importante. Pero treinta veces inferior a la de las multinacionales. Así que, una vez más, Hacienda no somos todos. Ni a la hora de pagar… ni a la hora de dejar de pagar.

Un delito poco penado

«El problema del fraude fiscal es que en cinco años estás en la calle. Y eso con suerte, porque la mayoría de los casos se arreglan solo con pagar la multa». La reflexión sale por boca de un alto funcionario policial, dedicado durante años a investigar las grandes tramas financieras. Tanto es así que entre los inspectores de Hacienda corre una leyenda: las cárceles españolas no acogen a una sola persona condenada por delito fiscal. En febrero de 2011, la Agencia Tributaria decidió hacer públicos los datos y casi confirmó el mito: entre una población de setenta y cinco mil reclusos, solo noventa personas en España cumplen condena por defraudarnos a todos. El resto de los sancionados ha saldado su deuda con la sociedad simplemente con una multa. Ese fue, por ejemplo, el caso de la firma Praxair, una multinacional dedicada a la venta de gases industriales que —según reveló el diario El País el 23 de enero de 2011 — admitió ante la Justicia española haber defraudado al fisco 164 millones de euros. Con la multa añadida, la empresa tuvo que pagar 264 millones de euros. Pero sus responsables evitaron terminar en prisión, pese a tener sobre ellos trece delitos fiscales distintos.

Libertad a cambio de dinero. ¿Alguien se imagina que esa misma norma se aplique, por ejemplo, a los atracos a mano armada, al tráfico de drogas o a las estafas? Entonces, ¿por qué lo permitimos en los fraudes fiscales? Y, sobre todo, ¿por qué lo permite el Estado? En este último caso, la respuesta pasa una vez más por los dividendos: es mucho más rentable para la Administración perdonar a un empresario y cobrarle 10 millones de euros hoy, que entrar en un costoso procedimiento judicial, pelear contra una legión de abogados y conseguir —o no— 12 millones el día de mañana. ¿Se imagina usted regateando con la DGT por una multa de tráfico? Para el pagano, el mecanismo es sencillo: o la paga en el momento o se lo quito de la cuenta. No hay más debate.

La ley actual explica que para que exista delito fiscal una persona o empresa tiene que haber ocultado al fisco al menos 120.000 euros. Pero no basta con eso para sentarse en el banquillo. Además, tiene que haber una voluntad manifiesta de ocultarlo. En este caso, es la Justicia la que tiene distintas varas de medir. Revisemos los delitos de a pie, los pequeños robos. Para un ladrón de bolsos, la frontera entre un hurto —una falta— y un delito penal contra el patrimonio está tipificada en 400 euros. Si roba más de lo que cuesta un teléfono móvil, el tironero va a la cárcel. ¿Un límite de 400 euros frente a otro de 120.000 para entrar entre rejas? La frontera en los delitos comunes es doscientas cuarenta veces más pequeña que la del fraude fiscal. Según sus propios datos, en 2009 la Agencia Tributaria realizó actas e inspecciones a 25.000 personas físicas y 35.000 empresas sospechosas de defraudar con el IVA. Todas esas pesquisas terminaron en la apertura de solo 738 denuncias por delito fiscal. Y no fue un año malo. En 2008 fueron 679 casos. Como era de esperar, la memoria de Hacienda no refleja una sola condena. De hecho ni siquiera ofrece los datos. Sin embargo, sí explica que todas esas actas y sanciones sirvieron para ingresar 780 millones de euros.

Manga ancha

La lista llegó a España oficialmente de manos de los agentes de la Hacienda francesa el 24 de mayo de 2010. Allí estaban, con nombres y apellidos, los principales inversores españoles de la sucursal suiza del banco HSBC, obtenidos tras una filtración interna. Un empleado malquerido se cansó de presiones en un conflicto laboral y se cambió de bando. Desde su puesto como directivo, sacó una copia de la base de datos del banco y se tiró en brazos de la policía alemana. El codiciado listado había pasado por varios países europeos antes de llegar a España y en todos se abrieron diligencias judiciales contra los presuntos defraudadores. En nuestro país, el listado de depósitos explicaba que al menos tres mil españoles habían llevado parte de su dinero a Suiza. Allí estaba, por ejemplo, el presidente del Banco Santander, una de las personas más influyentes del país. Emilio Botín aparecía en esa lista junto a cinco de sus hijos —entre ellos la expresidenta de Banesto Ana Patricia Botín—, su hermano Jaime y cinco de sus sobrinos.

Tras analizar los datos, la Agencia Tributaria concluyó que el dinero localizado allí desde 2005 no había sido declarado y dio la posibilidad a los dueños de regularizar su situación. Es decir, les propuso zanjar el asunto simplemente con una multa. El fisco elaboró un listado con las 659 personas afectadas y se abrió entonces un mercado persa de negociaciones donde cada empresario o inversor intentó sacar su mejor tajada y rebajar la sanción. De hecho, en lugar de iniciar un procedimiento de inspección, Hacienda les pidió una declaración complementaria, como si el desvío de 6.000 millones de euros a Suiza fuera un olvido en lugar de algo deliberado. Con el dinero por delante todo quedaba arreglado. ¿Qué mensaje lanza eso al resto de la ciudadanía, a todos los que cumplen religiosamente sus obligaciones, bien por conciencia social o bien por miedo a las sanciones? Tras una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados, los responsables del Ministerio de Economía reconocieron la jugada y aseguraron que se hizo ante el riesgo de que prescribieran parte de los posibles delitos, fechados en 2005. Parece que los líderes socialistas olvidaron que los delitos penales —sean o no fraudes fiscales— no prescriben cuando tienen ya un procedimiento judicial en marcha. Si de verdad querían castigar a los culpables, esa hubiera sido la opción más segura: presentar una denuncia ante la fiscalía. Sin embargo, no fue así.

De los 659 afectados, 558 pasaron por el aro y pagaron a Hacienda antes de ir a juicio. En menos de un mes desde la llegada de la lista, el fisco español había echado cuentas y zanjado el tema para la inmensa mayoría. Después de pasar por caja, solo 151 personas con cuentas secretas en Suiza fueron inspeccionadas por Hacienda. ¿Y qué paso con el resto? «Sobre el número de contribuyentes afectados por estas cuentas que han sido trasladados a la fiscalía por la comisión de presuntos delitos fiscales, se indica que actualmente ninguno», explicaban oficialmente desde el gobierno siete meses después de la llegada de la famosa lista. En aquel momento, ni uno solo de los insolidarios que se llevaron su dinero a Suiza había sido denunciado. Sin embargo, el caso no quedó así y tras la insistencia de los inspectores fiscales, un año después fue la Audiencia Nacional quien admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el director del Banco Santander y varios de sus familiares. En su defensa, Emilio Botín alegó que el dinero fue sacado de España por su padre tras salir del país en la Guerra Civil y estaba paralizado desde su fallecimiento en 1993. El caso, admitido a trámite por el juez de instrucción Fernando Andreu, todavía sigue abierto.

Famosos en el punto de mira

El presidente del Banco Santander no ha sido el único español de renombre que ha tenido que vérselas con la Justicia por sus diferencias con Hacienda. Sin embargo, como ya hemos explicado, los datos fiscales de cada contribuyente —y entre ellos las posibles deudas o sanciones— son absolutamente confidenciales. Por eso no hay un registro público donde consultarlos. En la España actual, no tenemos forma humana de saber quién nos debe dinero a todos. Pero no siempre fue así. Con la llegada a España de la democracia, el dinero que declaraba cada ciudadano era completamente público, al igual que las sanciones. Sin embargo, esa medida de transparencia cambió en los años ochenta por una cuestión de seguridad: la banda terrorista ETA utilizaba esta información para extorsionar a empresarios. Los terroristas elaboraban listados y reclamaban el pago del «impuesto revolucionario» a los industriales que más beneficios presentaban a la hora de saldar cuentas. Por ello, el Estado decidió prohibir el acceso a los datos fiscales. Desde entonces y sin darnos cuenta, el veto pasó de padres a hijos hasta quedar en una cuestión completamente natural en una España donde confundimos constantemente datos personales y datos privados. ¿Qué peligro hay, por ejemplo, en saber cuánto gana una persona si lo hace honradamente? ¿Dónde está el miedo, ahora que ETA ha abandonado las armas? En los países donde estas cifras son públicas —Suecia y Noruega, por ejemplo— las cifras de fraude son mucho más reducidas que en España.

En cualquier caso, a día de hoy es imposible saber si tu vecino de enfrente es moroso o no con el resto de los españoles. Y lo mismo pasa con los personajes más conocidos del país. El caso de Emilio Botín saltó a la luz pública porque la Audiencia Nacional confirmó el procedimiento en una nota de prensa tras varias informaciones periodísticas. Las noticias sobre el procedimiento contra Belén Esteban surgieron tras comprobar en los registros mercantiles que Hacienda había inscrito una nota de embargo sobre una de sus casas. Y así sucesivamente. Desde hace más de treinta años una larga lista de famosos españoles ha tenido problemas con Hacienda. En la retina de todos, esas declaraciones de 1985 en las que la cantante Lola Flores pedía una peseta a cada español para saldar su deuda. Seis años después, la cantante pagó una multa de 28 millones de pesetas, cuando la cuantía defraudada era de casi el doble. Diez años después, fue la tenista Arantxa Sánchez Vicario la que se vio sentada en el banquillo de la Audiencia Nacional tras intentar fijar su residencia fiscal en Andorra. En 2003, y tras dos años de investigación, la deportista española fue condenada por el Tribunal Supremo a pagar más de 3 millones de euros. Y en 2007 fue al fallecido Paco Marsó a quien se le condenó por el mismo delito en la Audiencia Provincial de Madrid, que dejó libre sin cargos a su entonces mujer, la actriz Concha Velasco. Ese mismo año fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien condenó a la modelo Martina Klein a pagar 16.000 euros tras trece años de contencioso.

En fechas más próximas, personalidades como el piloto de motociclismo Sete Gibernau o el cantante Alejandro Sanz han visto su nombre en los periódicos relacionados con investigaciones de Hacienda. El caso del piloto sigue abierto, mientras el cantante sufrió una investigación a causa de una cuenta descubierta en el principado de Liechtenstein. En febrero de 2008 fue el productor y artista José Luis Moreno quien sufrió los rigores de la Agencia Tributaria, que según el diario El País le obligó a cambiar el domicilio fiscal de sus sociedades fuera de San Sebastián, donde cotizaban desde 1994. En esas fechas, las empresas abiertas en el País Vasco pagaban muchos menos impuestos que en el resto de España, gracias a una normativa autonómica aprobada por el entonces lehendakari José Antonio Ardanza. Las «vacaciones fiscales» vascas, que se prolongaban diez años para las nuevas empresas, fueron denunciadas en 2000 por la Comisión Europea y declaradas ilegales en junio de 2011 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En esas fechas, trescientas compañías de nueva creación ya se habían beneficiado durante años. En el caso de José Luis Moreno, Hacienda le obligó a trasladar sus empresas fuera de la región alegando que, en realidad, no realizaba ningún trabajo comercial dentro del País Vasco.

Todavía está abierto, por ejemplo, el caso que se sigue en los juzgados de Palma de Mallorca contra la excantante de Mecano Ana Torroja. La vocalista fue imputada por el juez Antoni García en el transcurso de la Operación Relámpago, centrada en un despacho de fiscalistas y abogados balear gestionado por Miquel Feliu. Ahora Hacienda le reclama más de un millón de euros. La defensa de la cantante asegura que Ana Torroja —administradora de una empresa llamada Carlitos Way— no pagó sus impuestos en España porque en esas fechas era residente fiscal en Inglaterra. ¿Y por qué Inglaterra, se preguntarán? Pues porque el Reino Unido tiene una legislación fiscal más beneficiosa que la española; y una norma que permite domiciliarse allí a los extranjeros aunque no tengan una residencia fija en el país. Este es el mecanismo que utilizan figuras como el millonario ruso presidente del Chelsea, Roman Abramovich o el empresario egipcio Mohamed Al Fayed, dueño de los almacenes Harrods.

Otra ilustre cantante está todavía a la espera de juicio en Marbella. La tonadillera Isabel Pantoja se vio implicada de lleno en la investigación que afectó a su expareja, el alcalde Julián Muñoz. Incluso fue detenida en mayo de 2007. Según la tesis policial, todavía sin juzgar, Isabel Pantoja ayudó a su entonces pareja a blanquear parte del dinero robado del Ayuntamiento de Marbella. ¿Y cómo? Mediante lo que los agentes llaman el pitufeo, es decir, el ingreso constante de pequeñas cantidades en efectivo en cuentas bancarias. La acusación se basa en un dato fundamental. En 2002, un año antes de que Isabel Pantoja comenzara su relación con Julián Muñoz, la cantante ingresó solo 4.816 euros en efectivo en sus cuentas. Doce meses después, ya junto al exalcalde de Marbella, las cuentas de la cantante engrosaron en 293.497 euros en ingresos por ventanilla o en metálico. En sus declaraciones previas, Pantoja aseguró que el dinero provenía de sus galas, que eran abonadas por los empresarios en efectivo.

Pero si alguien ha visto salpicada su imagen por el escándalo fiscal, ese es el expresidente del Fútbol Club Barcelona José Luis Núñez. El empresario catalán fue condenado en julio de 2011 por la Audiencia de Barcelona junto a uno de sus hijos a seis años de prisión, pero no por delito fiscal, sino por corromper a los funcionarios de Hacienda. Según la sentencia, la compañía del constructor catalán dejó de pagar al fisco unos 1.500 millones de pesetas con la ayuda de varios funcionarios públicos. Eran los propios inspectores los que organizaron una red de comisiones a cambio de hacer la vista gorda. Como presunto cerebro de la trama, cayó también el exjefe de la Inspección de Hacienda de Cataluña, Josep María Huguet, además de otros dos funcionarios a su cargo. Sin embargo, nadie está en prisión. Tras diez años de investigación y espera, ocho meses de juicio y una sentencia pública, los condenados han recurrido la decisión ante el Tribunal Supremo. ¿No ha sido suficiente una década para zanjar este asunto? Parece que no. Y mientras la sala de jueces decide si se vulneraron los derechos de los condenados, permanecen todos en libertad.

Este es otro de los grandes problemas. El tiempo que tarda la Justicia en investigar estas tramas. Pongamos un ejemplo. La Policía Nacional abrió a mediados de los noventa una sección específica para tratar los delitos fiscales. Pues bien. A día de hoy, esta brigada no tiene todavía ni un solo caso judicialmente cerrado. Muchos han sido archivados ya desde el punto de vista policial. La investigación está cerrada para los agentes. No hay más pesquisas. Pero los asuntos siguen dilatándose de juzgado en juzgado y de recurso en recurso, mientras los acusados continúan en la calle. ¿Y es así en todos los sitios? ¿Es normal este atasco judicial cuando se habla de dinero? Es cierto que los casos de corrupción financiera son, posiblemente, unos de los crímenes más complicados de investigar y más farragosos para los jueces. Pero todo tiene un límite.

Veamos, por ejemplo, el caso Madoff. En diciembre de 2008, el banquero Bertrand Madoff, dueño de una de las empresas más importantes de Wall Street, fue detenido por el FBI y acusado de fraude. El empresario tuvo el dudoso récord de encabezar la mayor estafa perpetrada por una sola persona en la historia de la delincuencia financiera mundial, con 50.000 millones de dólares de botín. Pues bien, siete meses después, el banquero ya estaba juzgado, sentenciado y durmiendo en una celda con el número 61727-054 de la Institución Correccional Federal de Mediana Seguridad de Butner (EEUU) con ciento cincuenta años de condena a sus espaldas.

Hacienda como casero

Emilia estaba tan tranquila en su casa cuando recibió una carta de Hacienda. Y como ella, otros noventa mil españoles, que lejos de ataduras hipotecarias, optaron por vivir de alquiler. Tras el susto inicial, Emilia tuvo que leer dos veces la misiva para entender realmente lo que sucedía. Hacienda no la estaba investigando. Esa era la mejor de las noticias. Pero el fisco sí quería que ella le ingresara mensualmente el dinero que pagaba por el alquiler. ¿Y qué pasa con mi casero? ¿Ha fallecido? ¿Está fuera del mapa? La explicación era más sencilla. Alguien dentro de Hacienda tuvo la idea de confiscar los alquileres a los caseros morosos, pero antes incluso de que el dinero llegara a sus cuentas. Para evitar que los fondos desaparecieran nada más tocar suelo, Hacienda decidió acudir directamente a los inquilinos y decirles, básicamente, que a partir de ese instante y hasta nueva orden, debían ingresar en una de sus cuentas estatales el dinero del alquiler.

La medida parece lógica desde el punto de vista recaudatorio. Pero tuvo un problema. Los inquilinos afectados tenían que ir todos los meses a las entidades bancarias concertadas y, junto con un documento de pago, abonar el alquiler a la Agencia Tributaria. O sea, que es tu casero el que defrauda, pero eres tú el que tiene que acercarse en persona todos los meses al banco. Pero hay algo peor. Hacienda no contrae obligación alguna con el ocupante. Solo se lleva el dinero. ¿Y si se rompe la calefacción? Que la pague el casero. ¿Y si hay goteras? Eso, también al casero. ¿Alguien en su sano juicio, en esta España en la que vivimos, piensa que el propietario va a estar manteniendo un inmueble y atendiendo a unos inquilinos de los que no saca ningún beneficio? Todavía es pronto para ver las consecuencias, ya que la campaña comenzó en noviembre de 2011 e inmediatamente quedó en manos del Defensor del Pueblo. Todo sea por recaudar.

VIII. Entre la miseria y la picaresca

Cuando usar indigentes o personas con enfermedades

terminales se convierte en el método

más miserable para defraudar

Como ya hemos visto, las grandes empresas de este país triplican la tasa de fraude de los autónomos y asalariados. Pero eso no quita que, lejos de complicadas tramas financieras, de estafas de guante blanco con grandes estructuras fiscales, el ciudadano de a pie haya elaborado sus propios mecanismos para evadir impuestos. Algunos son realmente ingeniosos y completamente legales. Otros, simplemente inmorales y mezquinos. Esta es una muestra del pequeño fraude, de la picaresca, del tongo. Un resumen didáctico y cambiante. Tanto como la capacidad del ser humano para saltarse las normas por dinero.

El timo del mendigo

Un señor tirado en la calle, durmiendo entre cartones, por extraño que parezca es el testaferro perfecto para la gente sin escrúpulos. Suena muy duro pero es así. A cambio de poco dinero y algo de comida, un mendigo lo mismo sirve para hacer cola en la fila de las entradas de Las Ventas antes de la corrida más esperada de José Tomás que para comprar pases del enésimo partido del siglo entre el Real Madrid y el Barcelona. Por menos de 20 euros puede pasar allí toda la noche al raso. Total, a ellos qué más les da —pensarán quienes les contratan—, si van a estar todo el día tirados en la calle de todas formas.

Esa misma filosofía, esa falta repulsiva de escrúpulos es la que hace de los mendigos un objeto codiciado para algunos interesados en blanquear dinero. Los indigentes no ponen pegas, no dan problemas, y si al final hay condenas, tampoco tienen patrimonio alguno. Imaginemos por un momento que abrimos una empresa a nombre de una persona que vive en la calle. A cambio de una pequeña cantidad escrituramos la compañía a nombre de este Juan Nadie. Y con ella, realizamos compras por Internet o cualquier otra estafa que se nos pase por la cabeza. Cuando lleguen los problemas, cuando aparezcan las denuncias y la policía busque, lo primero que van a encontrar es el nombre de un señor prácticamente ilocalizable. Por no tener, no tiene ni domicilio donde ir a buscarle. Si con suerte le localizan, tendrán que procesar a este señor, sin conocimientos legales, empresariales, completamente insolvente y sin patrimonio.

El 26 de julio de 2010, agentes de la Guardia Civil detuvieron en Altea (Alicante) a cinco personas acusadas de utilizar indigentes para estafar 10 millones de euros a Hacienda por medio de sociedades fantasma: empresas pantalla en la compraventa de vehículos de segunda mano. Y todavía se puede ser más rastrero. Abrir más el abanico. Además de mendigos, los defraudadores pueden utilizar también prostitutas y personas con enfermedades degenerativas o terminales. ¿Qué más da que estafen, si van a morir mañana? Esto es lo que supuestamente hacía una red detectada en Barcelona en 2009, que logró defraudar con esta técnica 25 millones de euros. La banda, desarticulada por los Mossos d’Escuadra e integrada por treinta y dos personas, se dedicaba a realizar facturas falsas para mejorar el resultado fiscal de las empresas, a cambio de una comisión. Según las investigaciones policiales, en la cúpula de la organización se encontraba un empresario catalán de sesenta años, que en 1990 fue procesado ya por un caso similar.

Ponga una monja en su vida

Cada vez está más de moda abrir fundaciones privadas para hacer negocio. Sobre todo en el sector sanitario. Queda mucho mejor —de cara a la galería y a las posibles subvenciones— que un hospital privado esté gestionado por una fundación, a la que se le supone sin ánimo de lucro, que por una empresa privada. Por ello, los centros de salud, institutos de fertilidad, los centros de investigación ligados a las empresas farmacéuticas y clínicas privadas de todo tipo proliferan como hongos. Ante esto, cabe una pregunta. Las fundaciones son, según sus estatutos, entidades sin ánimo de lucro, pero… ¿Y las personas que las componen? ¿Los que trabajan en ellas? ¿Tienen también ese mismo espíritu de luz y filantropía? Como siembre, habrá de todo. En enero de 2001 y tras una operación judicial pudimos saber que el sueldo de Eduardo Teddy Bautista, presidente de la Sociedad General de Autores (SGAE) era de 250.000 euros anuales. Puede que tuviera la mejor intención del mundo. Puede incluso que lo hiciera con desgana. Pero lucrarse, no cabe duda de que el director de la SGAE se lucró. Y eso sin contar los sueldos de algunas fundaciones públicas, tan altos que la propia Unión Europea ha pedido a España que los baje ante la crisis financiera.

Sin embargo, hay una panacea para las fundaciones que se dedican a la asistencia sanitaria. Un incentivo tan suculento como las rebajas del 20 por ciento en sus donaciones o sus ventajas fiscales. Esto es, asociarse con unas monjas. Las religiosas son atentas, serviciales y han hecho voto de servicio, por lo que atender a los pacientes es para ellas mucho más que un trabajo. No hay horarios, no hay tablas salariales, no hay horas extra ni sindicatos. No hay familia esperando en casa, ni bajas por maternidad. Solo hay entrega. Una postura muy válida desde el punto de vista personal, pero de la que sacan ventaja algunos empresarios con pocos escrúpulos y ante la que Hacienda tiene poco que hacer.

Créditos a efectos fiscales

El nombre de este apartado responde a un eufemismo para una operación de blanqueo en toda regla que en muchas ocasiones se realiza con la connivencia de tu banco amigo. Imaginemos un empresario que tras vender una buena cantidad de pisos tiene debajo de su colchón un millón de euros en dinero negro. Ese que se guarda en billetes de 500 en bolsas de basura. Para blanquearlo, en lugar de inventar complicados mecanismos financieros, el constructor va a su banco de confianza y solicita un préstamo. Nada importante. Un millón de euros para una operación que tiene que cerrar en unos días. El banco acepta y como es una persona solvente, le da el dinero sin hacer muchas preguntas.

Unos días después, el constructor saca de debajo de su cama las bolsas de dinero negro y compra con ellas lo que le da la gana: un yate, un coche de lujo, una vivienda en el mejor sitio de Madrid… lo que quiera. Para Hacienda, ese dinero sale del crédito suministrado por el banco, así que está completamente limpio. El empresario se va a su casa tan contento y un mes después, de una vez o en pequeñas cantidades para llamar menos la atención, cancela el crédito con el banco. Adiós problemas. Si Hacienda no cruza los datos y detecta que el préstamo ya ha sido devuelto, el dinero queda completamente limpio.

El timo de la copa gratis

Un bar de copas es una máquina de blanquear fondos. Tanto que es normal que empresarios con otros negocios donde se mueve mucho dinero negro abran también algún local de ocio para cuadrar ilegalmente sus cuentas. Pensemos, por ejemplo, en una consulta médica. ¿Recuerda usted que algún doctor, un dentista o cualquier otro especialista le haya dado factura tras una consulta? Las especialidades médicas están exentas del pago de IVA, y como tal, los clientes no suelen exigir necesariamente la entrega de factura. Imaginemos pues a un dentista con una abultada bolsa de dinero negro que abre un local de copas. Y decide poner una oferta. Antes de las doce de la noche, todas las copas son gratis. Pero eso Hacienda no lo sabe, así que aunque el empresario regala el alcohol a sus clientes para hacerse promoción, declara un buen número de copas como vendidas. El precio real de cada consumición puede rondar un euro entre alcohol y refrescos, mientras que el resto hasta alcanzar el supuesto valor de mercado queda completamente blanqueado.

Otra modalidad de este fraude se da sobre todo en épocas navideñas, donde se organizan las famosas macrofiestas. Esa es la oportunidad de oro para colar una gran bolsa de dinero negro. La gente está de fiesta, los controles se relajan y nadie va a saber a ciencia cierta si en el local entraron cincuenta o setenta personas y si pagaron 20 o 30 euros por la barra libre. Tras entender el mecanismo alguien pensará: bueno, lo que no paga en impuestos en un sitio, lo paga en el otro. Cierto. Pero con un matiz. Los impuestos, por ejemplo, de una clínica dental pueden ser muy superiores a los de un bar de copas acogido a la tributación por módulos.

El truco de la lotería

En este mundo hay gente con suerte. Y después, existe otro buen número de listos que la compran a precio de oro. Es el caso de aquellos que compran billetes de lotería premiados. Imaginemos de nuevo a nuestro amable constructor. Ese señor con las bolsas de basura llenas de dinero, que tras el 22 de diciembre decide comprar todos los décimos de lotería premiados que encuentre y paga por ellos un 10 por ciento más de lo que el Estado tiene que pagar por el décimo. Si es el gordo de la Lotería de Navidad, el agraciado ganará 400.000 euros, pero el constructor le ofrece 440.000 por el mismo cartón. Si el pagano accede, el empresario le entregará esa cantidad en dinero negro, mientras acude contento a cobrar el décimo de lotería y recibe los fondos impolutos del Estado.

Este mecanismo lo utilizó, por ejemplo, el principal imputado en la Operación Malaya, Juan Antonio Roca. Según él mismo reconoció en el juicio que se sigue contra él, el exasesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella compró 646.000 euros en décimos de distintos juegos de lotería premiados para blanquear dinero en efectivo que tenía en casa. Sin embargo, aunque parece sencilla, esta técnica tiene un problema. Puedes utilizarla una vez, dos a lo sumo, sin levantar sospechas. Sin embargo, si apareces cada cierto tiempo ante la administración de lotería —y ante Hacienda cada declaración de la renta— con un billete de lotería premiado, saltan todas las alarmas. Por eso, algunos aficionados a la recompra de juegos de azar gastan cada año importantes cantidades en loterías, quinielas o similares. Si toca, perfecto. Si no hay suerte, siempre tenemos una excusa para enmascarar la procedencia del décimo premiado: «Señor inspector, entiéndalo. Me toca tanto la lotería porque, además de ser afortunado, invierto mucho en ello».

Joyas, cuadros y otras obras de arte

Ese es el trío de oro de todo blanqueador que se precie, ya sea defraudador ocasional o un profesional del escamoteo. Las joyas, los cuadros y las obras de arte comparten dos importantes características. Dos componentes que las hacen ideales para escapar de Hacienda: son productos con alto valor unitario y con un precio cambiante en el mercado. ¿Cuánto vale un anillo de una colección exclusiva? ¿Y un caballo de carreras? ¿Un cuadro de un pintor reputado? Básicamente, este tipo de cosas vale lo que cualquier comprador esté dispuesto a pagar por ellas. Y en la mayoría de los casos, Hacienda tiene que tragar con los datos si no quiere hacer una tasación propia.

Recordemos el caso de las empresas de inversión filatélica: Fórum y Afinsa fueron intervenidas en 2006 y sus gestores acusados de protagonizar sendas estafas piramidales. A día de hoy, siete años después, los peritos, los accionistas, los técnicos de Hacienda y los profesionales del sector todavía no se han puesto de acuerdo en el precio de los sellos. Esa incertidumbre es la que hace de las joyas, los cuadros, las obras de arte, las antigüedades y algunos productos de coleccionismo un bien atractivo para blanquear dinero.

En diciembre de 2008, una casa de subastas de Estados Unidos puso a la venta la espada láser que el actor Mark Hamill utilizó como protagonista de La guerra de las galaxias y el sombrero original empleado por Harrison Ford en la segunda película de Indiana Jones. Juntos, los dos artículos tenían un precio de salida de 250.000 euros. Hay quien pensará: ¿quién en su sano juicio es capaz de pagar un cuarto de millón de euros por un sombreo viejo y un mango de metal? ¿Qué precio real tienen esos artículos en el mercado? ¿Cien euros entre cuero y tornillos? Es imposible saberlo. Estas piezas no tienen un valor objetivo. No hay unas tablas, una referencia, un sitio donde consultar si estamos siendo timados o no. Y, por ello, son cuando menos complicadas de investigar para Hacienda. Imaginemos que el comprador de la espada láser y el sombrero de Indiana Jones decidiera pagar la mitad en negro. Saca de su colchón la bolsa de basura, separa un par de fajos de billetes y se planta frente al vendedor con unas nuevas condiciones. La mitad del dinero con factura, y la otra mitad te la llevas puesta en el bolsillo. ¿Saltarían las alarmas? ¿Hacienda se daría cuenta de eso? Posiblemente, no.

La guerra de las servilletas

Controlar a los establecimientos que trabajan de cara al público —bares, restaurantes, puestos de comida ambulante— es uno de los grandes caballos de batalla del fisco. ¿Cómo saber cuántas personas comen al año en una pizzería de barrio, por ejemplo? Para analizar este y otros trabajos de economía sumergida, es común que los inspectores reclamen a la compañía eléctrica la factura de la luz del pagano de turno. Si el consumo es mucho mayor de lo esperado, es posible que sea porque allí se produce una actividad no declarada, van más clientes de lo que reconoce el propietario o en la trastienda existe un taller clandestino —se han dado casos—. En una ocasión, un funcionario del servicio tributario estaba convencido de que había un local de comidas que defraudaba en sus cuentas. Miró en sus informes y todo cuadraba: la factura de la luz cuadraba, sus proveedores cuadraban. Hasta el gasto de papel para la caja registradora cuadraba. Pero tras mucho buscar encontró algo que no tenía sentido: la factura de la lavandería. El local limpiaba muchas más servilletas que comensales tenía al cabo del año. ¿Es que la gente se limpiaba de forma compulsiva con cuatro o cinco de ellas en cada comida? El argumento sirvió para expedientar al restaurante, pero después fue rechazado en los juzgados.

Rápido, por la escalera

Controlar la economía sumergida no es solo función de la Agencia Tributaria. También los inspectores del Ministerio de Trabajo ponen su grano de arena para vigilar las cotizaciones a la Seguridad Social. Sobre todo con inspecciones presenciales en fábricas y empresas. Entre 2007 y 2008, el organismo comenzó una serie de inspecciones en dos ámbitos de actuación: las firmas de abogados y los centros médicos privados. Los funcionarios tenían la sospecha de que muchos de los bufetes más cotizados del país obligaban a sus abogados a darse de alta como autónomos y a facturar sus casos al bufete, pese a que en realidad trabajaban dentro de la oficina, como si fueran un empleado más. Así, las empresas se ahorran el pago de los seguros sociales y, en los casos más extremos, imposibilitan la creación de comités de empresa que controlen los derechos laborales, al carecer la firma de suficientes trabajadores dados de alta. Y lo mismo sucedía, según la tesis de Trabajo, en varias clínicas privadas.

En una de esas inspecciones, uno de los funcionarios entró en un conocido bufete de la Ciudad Condal y, tras avisar a la recepcionista de su visita y esperar unos minutos en el rellano, pudo acceder a la oficina. El escenario fue desolador: una gran sala llena de mesas de trabajo, ordenadores encendidos… y nadie trabajando en ellos. ¿Dónde estaban los abogados? ¿Es que el bufete defendía a sus clientes por ciencia infusa? ¿Por alumbramiento divino? ¿Aquí las cosas se hacen solas? Tras algunas preguntas y muchas sospechas, la enviada del ministerio dio media vuelta y se marchó. Pero fue un quiebro. Pasado un tiempo prudencial, volvió a tomar el ascensor y subió de nuevo a la oficina. Allí estaban como por arte de magia, de nuevo, los trabajadores, volviendo a sus puestos de trabajo después de haberse escondido en la azotea. Por supuesto, la empresa fue sancionada.

Carrera de sociedades

La utilización de sociedades fantasma es común en todos los fraudes financieros y las operaciones de blanqueo de dinero. Basta con un nombre y una dirección donde domiciliarse. Si las señas pueden ser inventadas, mejor. Y si no, siempre hay abogados dispuestos a domiciliar la empresa en la sede de su propio despacho, en una práctica que por el momento es legal en España. Por eso los inspectores fiscales vigilan con celo este tipo de cosas. Y por eso —como broma privada— suelen hacer competiciones para ver quién encuentra el nido más importante. El pasado año, por ejemplo, tomó la delantera un inspector de Madrid que localizó una vivienda de la capital con cuatrocientas empresas inscritas allí. Cuatrocientas empresas abiertas en el mismo sitio. Pero no ganó. El premio honorífico fue para una funcionaria de la Ciudad Condal que localizó otra dirección con novecientas compañías apuntadas. Ahí es nada. Casi un millar de empresas abiertas en un mismo despacho. Pero los hay más osados. Ese mismo año, se localizó también otra empresa fantasma que había usado como dirección de contacto —sin el menor decoro y a modo de burla— la de la sede principal de la Agencia Tributaria en Barcelona.

Bendito Euromed

Ya hemos visto anteriormente cómo Inglaterra se puede convertir en un paraíso fiscal excelente. Pero ante el fisco español, hay que acreditar que se pasan al menos ciento ochenta y tres días del año allí para no tener problemas. Para ello, el Euromed fue la solución definitiva. El defraudador coge, se compra un billete de avión a Londres y se marcha a la capital inglesa en un vuelo oficial que queda inscrito en todos los registros. Recién llegado al país del té con pastas, coge de nuevo un tren con destino a Francia, y se vuelve sin el menor problema —sin pasar aduanas y sin levantar sospechas— a su residencia real, en España. Para las autoridades, para Hacienda y para el fisco británico, él todavía permanece en Londres. Llegado el momento, repite la operación a la inversa, se mete de nuevo en el tren y, tras cruzar por los túneles del Canal de la Mancha, se planta de nuevo en Londres para tomar de nuevo un avión con destino a España. Si el fisco español pregunta, basta con enseñar los dos billetes de avión, con medio año de diferencia entre ambos, para acreditar la estancia a miles de kilómetros de aquí. En una fase más sofisticada de este plan, algunos instalan en sus supuestas viviendas incluso pequeñas centralitas que encienden y apagan la luz de manera automática a ciertas horas del día. Así, si Hacienda reclama las facturas, la casa refleja los consumos normales de cualquier hogar. Luz para una casa vacía. Un pequeño pago a cambio de muchas ventajas. Algunos estudios aseguran que el desplazamiento de grandes fortunas mundiales a la capital británica ha disparado incluso el precio de la vivienda en el centro de Londres, una de las zonas residenciales más caras del mundo.

Mamá, quiero ser como los Rolling

Los Rolling Stones son un ejemplo dentro y fuera del mundo del rock. Primero por sus sesenta años de servicio a la guitarra. Y después, por ser una de las grandes bandas que menos impuestos paga del mundo. El quinteto comandado por Mick Jagger lo tendría fácil para beneficiarse de las ventajas fiscales del Reino Unido, donde nacieron sus integrantes y donde es fácil no pagar impuestos por sus conciertos en el extranjero. Pero hace años que sus satánicas majestades dejaron sus patriotismos a un lado y trasladaron su residencia fiscal a Holanda. En agosto de 2006 y después de que uno de sus guitarristas —el polémico Keith Richards— tuviera un accidente tras caerse de un cocotero, todos los miembros del grupo decidieron hacer testamento. Tocaron madera. Fue entonces cuando supimos su planteamiento fiscal, gracias a una ley holandesa que obliga a hacer públicas las últimas voluntades inscritas ante notario, tanto si eres un ciudadano más como si eres un cantante de éxito. Según la documentación publicada por el diario alemán Die Welt, los Stones pagaron a Hacienda el año anterior solo el 1,6 por ciento de lo que ganaron en todo el mundo, gracias a una red de sociedades en Antillas Holandesas. Ya había sospechas. Hace más de veinte años, el fisco español investigó la gira nacional del grupo, de cuatro conciertos y plasmada en un disco en directo grabado en la plaza de toros de Las Ventas. Por todo ello, los Rolling Stones cobraron 700 millones de pesetas (más de 4 millones de euros) que fueron a parar —allá por 1990— a una sociedad holandesa llamada Promotour B.V.

El ejemplo de sus compañeros ingleses fue seguido poco después por el irlandés Paul Hewson, más conocido como Bono. El cantante de U2, después de sus múltiples golpes en el pecho a favor de la lucha contra el hambre en África y de ganar 217 millones de euros junto a sus compañeros de grupo solo con su última gira, decidió tributar también en Holanda, donde los impuestos sobre la propiedad intelectual son prácticamente nulos. La decisión le costó a Bono duras críticas en su Dublín natal. Primero porque su salida del país coincidió con un cambio de la normativa local: a partir de ese mismo año, los artistas irlandeses tenían que pagar la mitad de sus ingresos en impuestos si ganaban más de medio millón de euros al año. A Bono le tocaba. Y segundo por su doble moral, al pedir ante los medios al primer ministro irlandés Bertnie Ahen que contribuya más a paliar el hambre en el mundo y después hacer un quiebro a sus propios impuestos.

El camión del millón de pesetas

La gasolina es uno de los productos que más impuestos indirectos tiene. Pero durante un tiempo, también fue una interesante forma de sacar cantidades millonarias a costa de Hacienda y, por supuesto, del bolsillo de los incautos. El timo se basaba sencillamente en vender gasóleo para vehículos comunes, pero facturarlo para Hacienda como si fuera destinado a usos agrícolas o calefacciones, donde los impuestos son menores. Ese margen de diferencia parece pequeño si lo aplicas a un solo litro. Pero en cantidades industriales, la artimaña es capaz de dejar muchos beneficios. Hace años, la modalidad más beneficiosa era traer directamente el gasóleo desde Portugal para su venta en gasolineras españolas. Esta actividad, prohibida expresamente por ley, dejaba un margen de 6.000 euros de beneficio solo en impuestos. El camión del millón de pesetas, apodaban a esta técnica.

En octubre de 2010, la Guardia Civil desarticuló, con la ayuda de los funcionarios de Hacienda, una red que realizaba estafas similares en la zona de Almería. Y según sus estimaciones, la banda pudo defraudar al fisco más de 6 millones de euros. Su método era adulterar el gasóleo de automoción con aceites minerales, que no pagan apenas impuestos pero están prohibidos para su uso en coches, motos y autobuses. El aceite era reciclado en una fábrica de Fuenlabrada (Madrid) y después trasladado a Cantoria (Almería), donde se mezclaba y distribuía por toda España. Para blanquear el dinero, los detenidos usaban como testaferros a jubilados, a los que les daban 500 euros para que dejaran inscribir su nombre en las empresas.

El piso patera

Cada vez es más común en nuestro país que las grandes mafias de la inmigración ilegal monten talleres clandestinos donde, por desgracia, las personas que caen en manos de estas redes trabajan prácticamente en un régimen de esclavitud. Basta la trastienda de un local, una vivienda amplia o simplemente un sótano. Allí se instalan las máquinas, unos colchones y se prepara la precaria comida para la mano de obra; individuos que prácticamente no ven la luz del sol. Estas fábricas tercermundistas suelen ensamblar bolsos, camisetas o cualquier otro tipo de producto textil con las piezas procedentes de Asia. En septiembre de 2011, la Policía Municipal de Madrid desmanteló una instalación de este tipo en el barrio de Carabanchel. Allí, trece personas de nacionalidad china trabajaban día y noche por 400 euros al mes, por supuesto sin contrato laboral y en jornadas continuadas de dieciséis horas. El taller fue detectado por la pestilencia que emitía la vivienda, lo que provocó las quejas y denuncias de los vecinos.

Un caso similar sucedió en un chalé de Paterna (Valencia), donde los responsables del taller ilegal plantaron incluso una huerta para que sus trabajadores no salieran bajo ningún concepto del inmueble. La policía tuvo que fletar un autobús para llevar a comisaría a todos los detenidos. En otro de estos talleres, desmantelado en septiembre de 2011 en la calle General Weyler de Badalona, los agentes localizaron a otros tres ciudadanos de nacionalidad china que se disponían a duplicar en serie uniformes de la Guardia Civil. En todo hay mercado.

El robo que no existe

No hay mejor robo en el mundo que el que no se puede denunciar. Robar a un ladrón, además de una vida de perdón, según la superstición terrenal, aporta muchos beneficios. Imaginemos que tenemos 500 millones de euros guardados debajo de un colchón y esa mañana entra un ladrón en casa y se lleva toda la pasta pistola en mano. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la policía y denunciamos que nos han robado un dinero más negro que el abismo? ¿Nos arriesgamos a ser arrestados por fraude fiscal? ¿A que la policía sepa que escondíamos fondos ilegales en casa? ¿O nos callamos la boca y nos aguantamos?

El método parece sencillo, pero tiene un problema de logística: ¿dónde encontramos grandes cantidades de dinero negro dispuestas para nosotros? ¿Dónde hay un buen grupo de insolidarios que, bien juntitos, guardan su dinero con un falso sentimiento de seguridad? Muy sencillo. En los bancos. La frase no es una hipérbole ni tampoco una acusación a la ligera. No hablamos de las cuentas corrientes, de los depósitos, de las cartillas donde ingresan la pensión los jubilados, sino de las cajas de seguridad que tienen muchas sucursales; esos pequeños cubículos, del tamaño de un tambor de detergente, donde los clientes pueden dejar libremente lo que les dé la gana sin dar explicaciones. Joyas, documentos, las escrituras de la casa. Cualquier cosa que entre en la caja se queda custodiada por el banco. Y, por supuesto, allí entra perfectamente un buen fajo de billetes.

En 1998, una banda de atracadores dedicó su cena de Nochebuena a entrar en una oficina del Banco Popular de Yecla, una localidad de Murcia famosa por sus fábricas de muebles. Para entender el caso, apuntaremos que este sector tiene una importante cifra de economía sumergida y facturación en dinero B. Por ello, era de esperar que las cajas de seguridad de la sucursal murciana estuvieran hasta arriba de billetes. Los delincuentes entraron, reventaron las noventa cajas de seguridad y se marcharon. ¿Qué se llevaron? Sobre el papel se hicieron con un botín de 5 millones de euros. Pero, claro, ¿qué pasó con todos los fondos no declarados? ¿Con el dinero que los empresarios guardaban allí lejos de Hacienda? Eso simplemente no existe. Ni para la policía, ni para los clientes, ni para el juzgado, ni para los ladrones. Para nadie. Los autores fueron posteriormente detenidos, pero solo tendrán que rendir cuentas del dinero que oficialmente se llevaron. El resto permanece oculto en algún lugar del globo. Tan oculto como lo estaba antes de que se lo llevaran. ¿Y cuánto era? ¿Qué cantidad real robaron? Por mucho que nos duela, nunca lo sabremos.

El palacio de la duquesa

Este apartado no trata de un fraude o estafa, sino simplemente de una exención en la normativa fiscal. Todos los propietarios de España saben de sobra lo que es el IBI: esa factura que bajo el epígrafe de Impuesto de Bienes Inmuebles te pasa todos los años el ayuntamiento de turno. Y que no es igual en todos los casos. Los ciudadanos de Melilla son quienes más pagan por este concepto, mientras los ayuntamientos gallegos son los que tienen el IBI más reducido. Pero una vez más, esta es una factura que no todos pagamos. En Madrid, el cobro medio por este concepto es de 405 euros al año. Y va en aumento. Las previsiones del Catastro dicen que los madrileños pagaremos de media más de 700 euros en 2021.

Sin embargo, hay varios colectivos que —gracias a la ley actual— no pasan por caja. Están libres de pagar el IBI todas las instalaciones de defensa, seguridad, educación y servicios penitenciarios. Hasta aquí todo normal. Pero también lo están todas las entidades sin ánimo de lucro —como las fundaciones que hemos visto anteriormente—, los colegios concertados, todas las embajadas y edificios de gobiernos extranjeros y, por supuesto, todas las iglesias e inmuebles de entidades religiosas del país. La duquesa de Alba, por ejemplo, no sabe lo que es pagar IBI por su palacio de Liria, en pleno centro de Madrid, ya que es un edificio histórico y permanece gestionado por una fundación.

IX. Descubra por qué siempre le toca a usted

Solo 322 inspectores, de una plantilla de 7.000,

pueden investigar a los grandes capitales de este país

«La inspección es muchas veces un ejército de Pancho Villa […]. [Un lugar] donde se funciona con prácticas parecidas a la extorsión». Las palabras son duras. Quizás demasiado. Comprensibles si vienen de alguien que ha sufrido la presión de Hacienda, un pagano con herida abierta en el bolsillo y ganas de revancha, pero extrañas por boca de un funcionario. Y más si ese trabajador público fue durante cuatro años el comandante en jefe de ese supuesto ejército que critica: el mismísimo director de la Agencia Tributaria.

Ignacio Ruiz-Jarabo, un funcionario en excedencia de cincuenta y cinco años, controló por completo el fisco español entre 1998 y 2001. Bajo su mando estuvieron todos los inspectores fiscales, los técnicos, los funcionarios administrativos, los que se encargan de investigar a las grandes empresas y los que inspeccionan a los tres millones de autónomos. Todos. Ruiz-Jarabo supo secretos, tomó decisiones y controló la fuente del dinero público para el gobierno de José María Aznar. Y diez años después se despachó en un libro. Estado fiscal y democracia, la Agencia Tributaria en perspectiva era el título de la obra, más propio de un manual doctrinal de estantería universitaria que de un libro de relatos. Entre sus líneas, el hombre que controló el fisco español describe a algunos de sus inspectores como personas colmadas de poder, que actúan presionando al contribuyente ante la amenaza de juicios eternos. O pagas o te vamos a hundir la vida en los juzgados, parece explicar. Muy honrosa la denuncia, si de verdad así sucedía, pero, ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué no denunció a sus subordinados mientras tuvo ocasión, expedientó a los funcionarios díscolos o incluso cambió las normativas para que esas situaciones no se repitieran? Para algo era el director de Hacienda. ¿Una denuncia pública al menos? ¿Un aviso? Parece que no. Terminó su mandato, se marchó a la empresa privada y —diez años después— escribió un libro.

En cualquier caso, las palabras de Ruiz-Jarabo sentaron como un jarro de agua fría entre los inspectores fiscales. Tanto que, poco después, los funcionarios le expulsaron de la asociación profesional, le acusaron de violar el secreto y la confidencialidad que imperan en la Agencia Tributaria y amenazaron públicamente con llevarle a los tribunales por deshonrar su nombre. Por su parte, el exdirector de Hacienda no se movió un ápice en sus declaraciones y mantuvo el dedo señalando directamente a aquellos que apodó con sorna «los nuevos corsarios».

A lo largo de este libro hemos visto cómo el sistema fiscal español está completamente desequilibrado. Cómo son los paganos quienes aportan la mayoría del dinero que financia al Estado mientras las grandes empresas pagan cinco vences menos impuestos, cómo el gran fraude triplica al pequeño escamoteo y cómo el Estado hace la vista gorda y aprueba una y otra vez normativas que dejan escapar impunes a los grandes capitales. Es un hecho. El sistema está mal planteado. No es gradual ni redistributivo. No es lo que nos vendieron. Es simplemente un chorro de dinero que entra siempre desde el bolsillo de los paganos, porque son las piezas más maleables del puzzle, aquellos que tienen tan poco dinero que ni siquiera se han visto nunca en la necesidad de esconderlo. Vivir al día ya es suficiente preocupación para ellos.

Pero puestos a buscar responsabilidades, ¿de quién es la culpa? ¿Quién ha permitido que el ciudadano en minúsculas sea el pagano con letras de oro? ¿Los funcionarios? ¿Los inspectores? ¿La Agencia Tributaria? ¿Los expertos financieros y políticos electos que aprueban esas normativas? Por suerte, hay que reconocer que el fisco español es posiblemente uno de los estamentos de la Administración menos politizados que hay. Salvo excepciones puntuales, Hacienda ha funcionado de manera similar con gobiernos de distinto color y mensaje, posiblemente porque la necesidad de conseguir dinero es la misma, independientemente de la forma de gastarlo. Así, el Estado ha creado una tubería de entrada que regulan 27.755 funcionarios: 12.971 hombres y 14.784 mujeres que son los encargados de recibir y analizar 19,4 millones de declaraciones de la renta, 1,3 millones de liquidaciones del Impuesto de Sociedades y 3,5 millones de declaraciones de IVA cada ejercicio. Todo lo que sirve para recaudar 144.000 millones de euros al año.

Presionar al contribuyente es posiblemente la parte menos agradable de su trabajo. Seamos sinceros. Eso de pagar no es precisamente un trámite que aceptemos de buena gana. Sin embargo, todo pagano ha tenido alguna vez la sensación de que Hacienda se la tiene jurada, la sospecha de que el fisco no tiene otra cosa mejor que hacer que revisar sus papeles mientras escucha en televisión que el famoso de turno tenía una cuenta en el culo del mundo de la que nadie sabía nada. Pues bien. Sus sospechas son ciertas. Hacienda no es democrática ni para eso. Como veremos a continuación, el fisco español presiona seis veces más a los ciudadanos de a pie que a las grandes fortunas y a las multinacionales. A los autónomos que a los directivos. De hecho, en una plantilla de casi 30.000 personas, solo 95 inspectores se encargaban hace cuatro años de investigar a las 30.000 mayores empresas del país, esas que dejaron de ingresar el año pasado 42.000 millones de euros, el doble de lo que cuesta cada año el sistema nacional de pensiones.

La falacia de la inspección fiscal

El dato, tan increíble como indignante, apareció a la luz pública en agosto de 2008. El Tribunal de Cuentas, el organismo que se encarga de controlar el funcionamiento económico de las instituciones públicas, realizó en 2008 un exhaustivo informe sobre el departamento de Grandes Empresas de la Agencia Tributaria, ese que gestiona los impuestos de las 30.000 compañías más grandes del país —en realidad 41.000 a día de hoy—. Y encontró solo noventa y cinco inspectores destinados a esa tarea. Nuestra clase política pensó que solo un centenar de personas eran suficientes para controlar las 30.000 compañías más potentes del país, esas que facturan más de 6 millones de euros al año. Si hacemos la media, cada funcionario tenía que mirar trescientas empresas al año, una multinacional al día, solo para verlas todas. ¿Se imaginan lo que supone investigar de verdad las cuentas de empresas como Ferrovial o ACS, con filiales en medio mundo, subvenciones, ayudas y facturaciones millonarias? ¿Creen de verdad que una persona sola puede hacerlo en una jornada? El sentido común dice que no, y las pruebas, que tampoco.

Hace cuatro años, los agentes del Tribunal de Cuentas detectaron que la mitad de las declaraciones presentadas por estas compañías eran erróneas, pero los funcionarios de Hacienda no se percataron de eso. En los casos detectados, la situación era todavía peor. El 15 por ciento de las empresas apercibidas hicieron caso omiso a los requerimiento de Hacienda —simplemente pasaron de contestar—, sin que la inspección fiscal hiciera absolutamente nada más. Envió una carta, pidió un cobro que nunca llegó y el asunto quedó aparcado. ¿Cómo se entiende semejante desidia? ¿Y eso ahora quién lo paga? El informe del Tribunal de Cuentas analizaba únicamente los ejercicios de 2004 y 2005 y desde entonces no hay datos nuevos. Nunca más se ha repetido.

Según información interna de la propia Agencia Tributaria, el fisco español tiene en total 6.804 funcionarios dedicados a sus cuatro ramas principales: gestión tributaria, inspección, recaudación y aduanas. Estas son las personas que se encargan realmente de las investigaciones y de que el Estado cobre; los que tienen capacidad para realizar comprobaciones fiscales. Pero no todas tienen las mismas atribuciones ni competencias. Y es aquí donde los paganos salen perdiendo por goleada, ya que la mayoría de esos funcionarios —5.504 en concreto— solo tienen capacidad legal para abrir investigaciones a ciudadanos de carne y hueso y a empresas con una facturación inferior a 4 millones de euros, al tener categoría de técnicos de Hacienda. Y hasta 2009 el asunto era todavía peor, ya que el límite estaba fijado en 1,8 millones de euros. Es decir, el grueso de los funcionarios de la Agencia Tributaria solo puede investigar legalmente a los paganos, a los trabajadores y las pequeñas empresas y a los autónomos.

¿Alguien se extraña entonces de que las inspecciones recaigan casi siempre sobre los mismos, sobre el ciudadano medio? No puede ser de otra manera. Para colmo, los 1.300 inspectores fiscales, aquellos con capacidad real para investigar a cualquier persona o empresa, se limitan en sus trabajos a los departamentos a los que son asignados. En 2006, la Agencia Tributaria decidió crear el Departamento de Grandes Contribuyentes, que tiene su sede principal en Madrid y delegaciones por todo el país. Ellos son los que, desde entonces, se dedican en exclusiva a investigar a las grandes multinacionales y los bolsillos más acaudalados del país. Según los datos recopilados por el Sindicato de Técnicos Fiscales, en la actualidad trabajan en esos equipos 855 funcionarios en toda España. Pero no todos tienen capacidad para abrir investigaciones. Cinco de ellos son administrativos y 139 agentes tributarios, que realizan labores de apoyo; 389 son técnicos tributarios que, aunque participan en las labores de investigación, legalmente no tienen potestad para fiscalizar sin autorización previa a empresas con semejante volumen de facturación. Así que en una plantilla con casi 7.000 funcionarios para realizar inspecciones, solo 322 trabajadores tienen capacidad para decidir si Abertis, Acciona o ACS deben pasar por su lupa o no. Por eso solo 95 personas en España —el 2,7 por ciento de la plantilla de Hacienda— investigaban en 2005 a las grandes empresas de este país, aquellas que aglutinan el 70 por ciento del fraude según las asociaciones fiscales. Y por eso, tras el aviso del Tribunal de Cuentas, ahora son 322 los efectivos. Mientras, más de 5.000 funcionarios se dedican a velar por el cumplimiento riguroso de las obligaciones del resto de los paganos.

Ahora ya sabe por qué siempre le toca a usted.

Cartas desde el otro bando

Los inspectores fiscales son el escalafón más alto dentro de la escala laboral de Hacienda. Ellos, con una oposición de un alto nivel y un sueldo medio que empieza por los 90.000 euros al año son quienes lideran las distintas unidades de inspección dentro de la Agencia Tributaria. Ellos son los expertos, quienes dominan todos los recovecos legales y los que conocen al dedillo todos los mecanismos de prevención contra el fraude. Son quienes controlan las fisuras del sistema para que los espabilados no intenten robarnos a todos. Y por eso llama la atención que la legislación española no contemple ninguna medida que impida a estas personas hacer las maletas y, con un simple gesto, marcharse a la empresa privada.

¿Cómo puede ser que un funcionario de ese rango, que se ha formado en la Administración Pública, que conoce al dedillo todos los mecanismos de prevención y las comprobaciones que se hacen en Hacienda pueda marcharse sin más y aconsejar a las empresas la manera de pagar menos impuestos? Según las estadísticas oficiales, uno de cada cuatro inspectores se encuentra en excedencia y trabajando en el bando contrario.

Para las grandes empresas, para los acaudalados, para aquellos que tienen bolsas de basura llenas de dinero debajo del colchón o simplemente para quienes quieren tener los mejores beneficios, es muy jugoso contar entre sus filas con una persona que conoce al dedillo la legislación fiscal, sus mecanismos de inspección, y que además tiene contactos dentro de la agencia. Y claro, eso se paga. Se paga bastante más que en la Administración Pública.

Demos un paso atrás. Generalizar es equivocarse y seguro que entre los inspectores fiscales, como entre los periodistas, entre los mecánicos de coches, entre los taxistas y entre los abogados, hay de todo. Uno de cada cuatro funcionarios prefiere marcharse al enemigo. Cierto. Pero también es cierto entonces que los otros tres compañeros prefieren quedarse en la Administración —con su trabajo casi blindado—, aunque el sueldo sea menor. Entendamos lo de menor: un inspector básico, funcionario de nivel 28, cobra 90.000 euros al año. Prácticamente lo mismo que el presidente del Gobierno. Un jefe de área —con nivel 29— suma ya a esa cifra 44.917 euros en complementos. El secretario ejecutivo adjunto de la Oficina Nacional contra el Fraude, uno de los puestos de confianza dentro de la agencia, está remunerado con 137.000 euros al año, un salario cinco veces por encima del sueldo medio en España.

En cualquier caso, los inspectores fiscales están sometidos, como el resto de los funcionarios, a la Ley de Incompatibilidades. Esa normativa impide a quienes trabajan para la Administración cobrar dos sueldos públicos. Además, la normativa exige a los funcionarios de la Agencia Tributaria dedicación exclusiva. Nadie puede tener otro empleo ni empresa mientras trabaja para el fisco. Pero no dice nada la legislación de salir corriendo en busca de la otra trinchera. En este país, solo los secretarios de Estado y los ministros tienen un impedimento de este tipo, válido durante dos años. Un ministro de Sanidad no se puede ir luego a trabajar a un hospital privado. Parece lógico. Pero esa regla no se aplica en el resto de los escalafones públicos, excepto en algunos casos: los pilotos militares, por ejemplo, tienen que prestar ocho años de servicio en el Ejército del Aire antes de poder solicitar un puesto en Iberia. Así se compensa el gasto de formación que el Estado ha invertido en ellos. Algo parecido pasa con los médicos y sus servicios obligatorios a la Seguridad Social, pero los inspectores fiscales están fuera de ese círculo. Por eso la normativa no contempla ninguna penalización para ellos, aunque se marchen sin más a enseñar a otros a pagar menos impuestos. Eso sí, todo legal. Por supuesto.

En la actualidad hay más de seiscientos inspectores titulados trabajando en la empresa privada o que han abierto sus propios despachos profesionales. La lista es extensa y figuran nombres tan conocidos como el expresidente del gobierno José María Aznar, la exministra socialista de Fomento Magdalena Álvarez, el expresidente balear Jaume Matas o el exministro de Obras Públicas en 1985 Julián Campo Sainz de Rozas. El inspector Ignacio Fernández Fernández, nacido en 1963, dejó la agencia para controlar los servicios fiscales de Inditex, el principal imperio textil del mundo, que, como ya hemos visto, opera desde Gibraltar, Luxemburgo y Hong Kong. El economista y profesor universitario sucedió en el cargo a otro inspector fiscal, José Arnau Sierra, uno de los principales gestores del patrimonio de Amancio Ortega, considerado el hombre más rico del país.

Alfonso Porras Corral fue consejero del Banco Pastor, donde dirige sus servicios fiscales otro funcionario en excedencia, Luis Carlos Morato. En el organigrama del Banco Santander, la entidad que más SICAV gestiona del país, encontramos, por ejemplo, a Ginés Gonzalo Navarro. El BBVA tiene en sus filas a Estanislao Rodríguez Ponga, que además de inspector fiscal fue secretario de Estado de Hacienda entre 2001 y 2004; Banesto cuenta con José Javier Molina, que antes controló los impuestos de Repsol, y Bankinter contrató a María Clara Jiménez.

Los principales bufetes de abogados del país tienen a uno o varios funcionarios de este tipo entre sus miembros: José Antonio Bustos es socio de fiscalidad internacional de Deloitte Abogados. Antes fue el inspector jefe de la Unidad Central de Fiscalidad Internacional de la Agencia Tributaria. En Garrigues, la mayor firma de abogados de Europa, ejerce desde 2001 José Antonio Gil del Campo, exjefe de la Inspección en Vigo. En Gómez-Acebo & Pombo trabaja Jesús Vázquez Cobos, exinspector de entidades financieras; Miguel Cruz Amorós es desde 1996 director general de Impuestos de Price Waterhouse, y en Equipo Económico ejerce Salvador Ruiz Gallud, exdirector de la Agencia Tributaria. Otro exdirector del fisco, Ignacio Ruiz-Jarabo, montó su propia empresa de asesores.

X. La hipocresía del orgullo patrio

Cuando el español universal cobra desde Bahamas,

Sergio García abre una fundación en Suiza

y los patrocinadores de Fernando Alonso

pagan su tarifa en Holanda

El mundo se levantó aquella mañana con la noticia de la detención en Belgrado de Radovan Karadzic, el líder ultranacionalista serbio que estaba fugado desde hacía más de diez años. Parecía que se lo había tragado la tierra desde que en 1996 el Tribunal Penal Internacional de La Haya lo pusiera en busca y captura. El organismo le consideró responsable de las matanzas cometidas contra civiles bosnios en la guerra que asoló la extinta Yugoslavia. Tras diez años de búsqueda, el responsable de ordenar masacres como la de Srebrenica, donde fueron ajusticiados más de ocho mil civiles en 1995, fue apresado en Belgrado. En los últimos años, Karadzic había permanecido oculto, convertido en un médico de terapias alternativas. Un hombre afable y tranquilo que cubría su rostro con una espesa barba para evitar ser reconocido. No funcionó.

Era miércoles, 30 de julio de 2008, y en España, la actualidad arrojaba historias más mundanas. Titulares como el del político Carod Rovira, que decidió nombrar a su propio hermano embajador en París del gobierno catalán, o el plan del exministro Miguel Sebastián para repartir cuarenta y nueve millones de bombillas de bajo consumo, en pro del patriotismo energético. En ese clima, llegó al Congreso una proposición comprometida, planteada por el diputado Juan Herrera en la comisión de Economía y Hacienda. Lo que el miembro de Izquierda Unida proponía era, básicamente, que los deportistas domiciliados en paraísos fiscales no pudieran representar a España en las competiciones internacionales. Y no solo eso. El político propuso la creación de un registro público donde figurasen los deportistas profesionales que no pagan sus impuestos en España y donde cualquier ciudadano pudiera consultar el dinero, los premios y los impuestos que estas personas dejaban de pagar en nuestro país.

La propuesta llamó la atención de los medios de comunicación. Primero por lo osado de sus peticiones. Y segundo por plantear sin eufemismos un problema real: muchos de los deportistas españoles de elite no pagan sus impuestos en España. La normativa local tiene ya trato privilegiado para las estrellas del deporte. Pero parece que no es suficiente. Los profesionales de la competición de alto nivel pueden aportar a sus planes de pensiones 24.250 euros más al año que cualquier otro español, lo que rebaja el pago de Hacienda y tiene un límite de 10.000 euros al año para el resto de los mortales. Además, las mutualidades para deportistas pueden comenzar a cobrarse cuando el campeón de turno deja las pistas, pese a que siga trabajando en cualquier otra actividad comercial o financiera, cobrando como entrenador o facturando sus anuncios publicitarios. Un ejemplo. Si Cristiano Ronaldo tuviera un seguro de este tipo, podría dejar de jugar al fútbol ahora mismo y cobrar su plan de pensiones privado en España sin necesidad de jubilarse de forma definitiva.

Además, los deportistas de elite tampoco pagan impuestos por sus becas, el dinero que el Estado les da para entrenar, siempre que no supere los 60.000 euros al año y los fondos procedan del Consejo Superior de Deportes, la Asociación de Deportes Olímpicos, el Comité Olímpico Español o el Comité Paralímpico. Y tienen otra facilidad más: un 15 por ciento de sus ganancias y premios puede ser percibido como rendimientos por derechos de imagen y, por lo tanto, pagan menos impuestos. Este mecanismo tampoco se permite al resto de los trabajadores españoles. Para que nos hagamos una idea, el dinero generado por los atletas de elite mueve el 7 por ciento de toda la economía española según datos del Ministerio de Economía. Y no es de extrañar. Según las estadísticas oficiales de la Liga de Fútbol Profesional, el sueldo medio de un jugador de la máxima competición española, sin tener en cuenta los derechos de imagen, ronda los 13 millones de euros en toda su vida deportiva, una cantidad claramente superior a la de cualquier pagano medio y que pone en duda la necesidad de que muchos de los deportistas españoles necesiten semejantes privilegios.

Con la proposición no de ley sobre la mesa, la decisión quedó sobre el tejado de la clase política. Dura elección. ¿Meter mano a los ídolos del deporte, a hombres como Fernando Alonso o Jorge Lorenzo, o seguir con el tratamiento privilegiado? El deporte español es uno de los negocios más rentables del mundo, el principal reclamo publicitario para las televisiones estatales y la mejor marca publicitaria del país fuera de nuestras fronteras. Había mucho en juego, así que la decisión era previsible. La nueva norma, la prohibición de representar a España parapetado desde Suiza, nunca se aprobó.

El 17 de marzo de 2009, ocho meses después de que la coalición de izquierdas presentara la propuesta, el Congreso anunció de forma oficial que no pensaba aprobar el registro de deportistas en paraísos fiscales ni nada parecido. Hubo excusas para todos los gustos. El Partido Popular, por boca de Sebastián González, aseguró que se desmarcaba del asunto porque no quería demonizar a los deportistas sobre otros colectivos profesionales como los artistas. Hasta pidió un informe a Hacienda que incluyera también a estos profesionales. Eso suponía otros seis meses de demora. Javier Mármol, diputado socialista, apostó por reconocer el problema pero propuso buscar una solución global en el seno de la OCDE: «Compartimos esta preocupación, pero no solo por la ventaja que puede sacar un determinado colectivo, sino cualquier español, ya que existe un gran desequilibrio». Otra declaración de cara a la galería. El diputado socialista recordó también que ya existe desde 2007 la obligación legal de elaborar un censo de españoles residentes en paraísos fiscales. Un censo que, por supuesto, no es de dominio público. Tras las buenas palabras y las palmadas en la espalda, la propuesta fue rechazada con un solo voto a favor y treinta y cuatro en contra.

Deportistas en el paraíso

Carlos Moyá. Nacido en Palma de Mallorca el 27 de agosto de 1976. Los datos son de la ficha oficial que el deportista español tiene en la ATP, la asociación mundial de tenistas profesionales. Estado: inactivo. Todas las ganancias de su carrera sobre la pista se cuentan en 13 millones de dólares, sin contar ingresos publicitarios. Y sobre la residencia, aparece un lugar llamativo: Ginebra, Suiza. Su compañero Félix Mantilla, con más de 5 millones de euros de beneficios y que llegó a ser el número diez del ranking mundial en 1998, apostó por vivir en Mónaco. El jugador de Benicarló (Castellón) Fernando Vicente —con casi 3 millones de dólares en premios— se mudó a Andorra, y algo parecido hizo su compañero Galo Blanco. El ovetense, ya retirado, figura también como residente andorrano, al igual que Emilio Sánchez Vicario, que le sacó a la raqueta más de 5 millones de dólares en los años noventa.

Como hemos visto, su hermana Arantxa tuvo incluso problemas con la Justicia tras residir en Andorra. Según la propia ATP, el actual número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, ha decidido tributar los 31 millones de euros que lleva ganados en el principado de Montecarlo, pero los principales tenistas españoles no le han imitado. El primero en la lista, el manacorí Rafael Nadal, sigue figurando en su Baleares natal, aunque trasladó parte de sus empresas al País Vasco. David Ferrer, Nicolás Almagro, Feliciano López y el resto de los tenistas españoles que figuran entre los cien mejores del mundo siguen pagando sus impuestos en España. O al menos tributan aquí por el dinero que reciben sobre la pista.

El Consejo Superior de Deportes pide cada cierto tiempo la información fiscal de todos los deportistas españoles. Según la normativa actual, aquellos que tributan en el extranjero pierden el derecho a recibir las ayudas públicas destinadas a los deportistas de elite. Pero en muchos casos, eso es un mal menor. Los atletas que ganan importantes cantidades de dinero, aquellos con contratos comerciales tan blindados como millonarios, los que buscan el amparo de los paraísos fiscales, pueden permitirse perfectamente prescindir de la contada ayuda ministerial a cambio de esquivar a Hacienda.

En Andorra han pagado sus impuestos pilotos como Jorge Lorenzo y Rubén Xaus, y en Mónaco fijó su residencia durante unos años el fallecido golfista Severiano Ballesteros, que planeó primero poner sus cuentas en República Dominicana. En 1987, el primer ganador español del Masters de Augusta explicaba en el diario ABC que no se negaba a pagar impuestos en España, pero solo por los torneos que jugaba en nuestro país. Eso mismo debió de pensar el castellonense Sergio García, con unas ganancias oficiales de 28 millones de dólares desde que comenzó su carrera y que, según los registros mercantiles internacionales, figura inscrito como residente en una localidad al sur de Suiza, en el cantón de Valais. Allí, el deportista español abrió en 2003 una firma de inversión llamada Long Drive SRL, en la que figura como máximo accionista y que gestiona un contrato de imagen firmado por él mismo por 2,5 millones de francos suizos (algo más de 2 millones de euros). A su lado, aparece inscrito con una participación mínima uno de sus asesores financieros, Gonzalo Rodríguez-Fraile, director ejecutivo de la firma de inversión PRS, asesor de banca privada y graduado en la Universidad de Navarra. Rodríguez Fraile figuraba además junto con varios de sus familiares en el consejo de dirección de una SICAV española llamada Sea Wolf, abierta en el año 2000 y que tiene un capital de casi 4,5 millones de euros. Según sus propias memorias, una sola persona sin identificar tiene el 96,4 por ciento del dinero de la empresa, controlada por A&G Banca Privada.

El titular de esos depósitos es también el golfista Sergio García, que utiliza las herramientas legales a su alcance para pagar lo menos posible. Además, el deportista español abrió en 2005 una fundación con su nombre, pero también en Suiza. En la junta directiva figura su padre, Víctor García, además de un conocido empresario del mundo del golf llamado Gastón Barras. El vicepresidente vitalicio del circuito europeo de golf y padre del cónsul general suizo en Nueva York gestiona desde 1954 una agencia inmobiliaria, donde se domicilia también la fundación de Sergio García.

Hasta el pequeño pueblo suizo de Coldreiro, en la frontera con Italia, se marchó el ciclista español Óscar Freire en 2003, tras fichar por el equipo holandés Rabobank, siguiendo la estela de otros grandes de la bicicleta internacional como el alemán Jan Ullrich, el francés Laurent Jalabert, el italiano Stefano Garzelli o el escalador galo de origen marroquí Richard Virenque, que residía en Ginebra. Otros ciclistas como Abraham Olano y Miguel Induráin llegaron, según el diario El Mundo, a un trato personal con las haciendas locales de Guipúzcoa y Navarra antes de salir al extranjero. ¿Se imaginan a cualquier ciudadano español negociando un trato preferente con Hacienda? En el caso de sus compañeros en el extranjero, el fisco de España, el país al que representan cuando compiten, recibe solo el 25 por ciento de sus ganancias generadas en suelo nacional. Del resto, nada. Si Carlos Moyá ganara un torneo en Estados Unidos, el Estado español no vería un solo euro. Si Óscar Freire ganara el Tour de Francia, tampoco vería un euro. Y lo mismo sucede con otros muchos deportistas patrios, como ahora veremos.

En Zúrich vive desde hace años el piloto de Fórmula 1 Pedro Martínez de la Rosa, que apostó por Suiza al igual que Dani Pedrosa. El deportista de Sabadell fijó su residencia desde 2007 en Prangins, un pequeño pueblo a orillas del lago Leman, a escasos kilómetros de los Alpes franceses. En algunas entrevistas, el tres veces campeón del mundo en distintas categorías asegura que eligió la zona por su amor a la bicicleta y que se cruza en ella algunas mañanas con el excampeón del mundo de Fórmula 1, su vecino Michael Schumacher. Puede que sea verdad. Pero hay muchas carreteras en España por las que pasear vestido de ciclista. Sin embargo, solo en Suiza los deportistas de elite y cantantes tienen un trato tan privilegiado. Si ganan más de 300.000 euros al año y lo generan fuera del país —como sucede, por ejemplo, con los pilotos de Fórmula 1, que viajan de carrera en carrera por todo el mundo—, los afortunados tributan solo por sus gastos en Suiza, en lugar de por sus beneficios, como sería lógico, normal, y se aplica como norma general en el resto del globo. Con semejante caramelo, es normal que el tenista alemán Boris Becker terminara viviendo allí, igual que el piloto galo Alain Prost, su compatriota Sebastien Loeb, campeón del mundo de rallies, el piloto canadiense Jaques Villenueve, o Lewis Hamilton, el británico archienemigo en las pistas del piloto español Fernando Alonso, que tiene su vivienda oficial en Ginebra. Y no están solos. Allí se encuentran, para pagar menos impuestos y con la excusa pública de que Suiza siempre ha sido un país neutral en los conflictos internacionales, las sedes mundiales del Comité Olímpico Internacional (COI), la UEFA, que controla todo el fútbol europeo, y la FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial.

El esquivo rey del viento

Fernando Alonso es el piloto español de los récords, dentro y fuera del asfalto. En los circuitos, fue el piloto más joven en conseguir un campeonato del mundo, con veinticuatro años, el primer español en liderar la clasificación mundial de pilotos y el primero en ganar un gran premio de Fórmula 1. Fuera de ellos, Alonso es el piloto mejor pagado de la Fórmula 1, según la prensa especializada, el deportista español que más cobra y el segundo sueldo más alto de Europa según el diario Marca, con unos ingresos aproximados de 30 millones de euros al año, sin tener en cuenta sus contratos publicitarios. Ante semejante baile de datos cabe hacerse una pregunta. ¿Cómo se gestiona ese dinero? Y, sobre todo, ¿recibe España algo de él cuando Alonso levanta nuestra enseña tras una victoria?

El monoplaza del piloto se encuentra completamente plagado de anuncios y muchos de ellos son de marcas españolas. El Banco Santander acompaña al piloto desde 2006, cuando la entidad bancaria firmó un contrato de representación por cinco temporadas, que el diario Expansión fijaba en 10 millones de euros. Además, el coche, el casco y la indumentaria del piloto español han portado los logos de la firma de relojes Sandoz, Cajastur, Europcar, la Mutua Madrileña o la firma de encimeras Silestone. Un dinero que, en principio, iría a parar a Suiza, donde el piloto español fijó durante años su residencia. O al menos la parte que le corresponde. Pero los datos dicen otra cosa.

Alonso vivió durante años en la localidad suiza de Mont-sur-Rolle, a medio camino entre Ginebra y Lausana, pero en febrero de 2010 se mudó de casa. Hizo las maletas y se cambió a Lugano, la capital del cantón suizo de Ticino. El primero en dar la noticia fue el tabloide suizo Blick y de ahí pasó directamente a todos los diarios españoles. La prensa deportiva justificaba la decisión del piloto para estar más cerca de la fábrica y el circuito privado que Ferrari, su nueva escudería, tiene en la ciudad italiana de Maranello. Visto desde ese prisma, ¿no sería más lógico que Fernando Alonso se comprara una casita cerca del circuito, en lugar de tener que pasar una frontera entre Suiza e Italia para ir al trabajo? Un año después, Alonso decidió hacer otra vez la mudanza y regresar de nuevo a España. «Es genial volver a casa y estoy contento de pagar los impuestos [aquí]. No soy pobre. Solo un poco menos rico ahora», declaró Alonso, que ahora tendrá que dejar 10 millones de euros de su sueldo en el país.

Sin embargo, como veremos ahora, no todo el dinero que genera Fernando Alonso pasa por Suiza. O al menos no el de sus patrocinadores, que se perdía en una compleja estructura hasta llegar a paraísos fiscales. Volvamos al año 2005, en que Fernando Alonso comenzaba a brillar en el mundo del motor y destrozaba por primera vez todos los récords subido a un monoplaza. En esas fechas, a miles de kilómetros de Suiza, crecía una cooperativa de viviendas. Un boyante negocio que patrocinaba al club de fútbol local y lucía su anagrama en la gorra de ese incipiente piloto asturiano del que todo el mundo hablaba. PSG se llamaba el grupo de 15.000 socios que planeaba construir viviendas en varios terrenos de la ciudad madrileña de Getafe. Nunca sucedió. Como en tantas otras ocasiones, el dinero voló y los pequeños inversores se quedaron compuestos y sin piso. Tras las posteriores denuncias, los juzgados de Madrid sentaron a los constructores en el banquillo, acusados de blanqueo de dinero. Y preguntaron a los gestores por pagos de medio millón de euros a una sociedad holandesa llamada Danigro Holding. Acto seguido, los imputados esgrimieron que esa empresa era la que se encargaba de cobrar los patrocinios de Fernando Alonso. ¿Una empresa en Holanda? ¿Allí donde se van los Rolling y el cantante de U2 para pagar menos impuestos? ¿Pero Alonso no vivía en Suiza?

Sigamos el rastro del dinero. Viajemos hasta Ámsterdam, donde está inscrita Danigro Holding desde 1999. Una vez más, nos encontramos con una empresa vacía. No tiene un solo empleado contratado, pero custodia 2,3 millones de euros en fondos. Al menos en 2008, porque un año después, alguien retira otro millón de euros de la empresa. La orden llega desde Trust International Management, una empresa especializada en servicios fiscales. Y como propietario real del dinero aparece una nueva empresa, esta vez en el Reino Unido. Otro país que, a estas alturas, también nos suena. Hextall Limited, inscrita en Londres, está controlada —por fin— por dos directivos de carne y hueso: una economista británica llamada Amanda Elliot y un francés de nombre Michel Mathieu. Sin más datos. Un nombre curioso. Similar al del hombre —fallecido en octubre 2010— que controló para Francia el paraíso fiscal de la Polinesia Francesa hasta 2005 como representante del gobierno galo. Otro dato clave: como auditores, firman las cuentas los ejecutivos de Rawlinson & Hunter, especializados según su propia web, en operar desde los paraísos fiscales de Suiza, Bermudas y el Caribe.

Empiezan a aparecer humanos en las empresas que —supuestamente— cobraban el patrocinio del piloto español. Humanos que controlan otras empresas relacionadas con el deporte del motor. Pero Hextall Limited es otra vez una empresa interpuesta. El dueño de la compañía, y por tanto de todo el dinero, las cuentas y las posibles propiedades que de ella cuelguen es otra empresa británica, llamada Woodbourne Nominees. ¿Otra? Sí, otra. Y van tres. Y esta vez es más raro todavía. La empresa fue abierta en 1971 y en el registro aparece como durmiente. Es decir, no tiene actividad y, por tanto, pocos se preocuparían de revisar sus cuentas. Los datos no están auditados y solo tiene emitidas dos acciones, a nombre de una cuarta empresa. Como directivos aparece una lista de contables y economistas que figuran en los registros públicos como empleados o directivos de Rawlinson & Hunter. Espera. Entonces, ¿los auditores de la empresa anterior, esos señores supuestamente independientes que dan fe de que los datos son ciertos y correctos, son los mismos que controlan luego la compañía? Al menos eso parece. Y si no son los mismos, son sus compañeros de la mesa de al lado. Otro dato explicativo: el capital de la firma Woodbourne Nominees —supuestamente dormida pero que atesora 2 millones de euros en Holanda— es de 2 libras. Como lo leen. Dos acciones de una libra cada una, que juntas no llegan ni a 3 euros. Sobre el papel, la empresa inglesa vale menos que un bote de fabada en conserva. ¿Qué inspector fiscal se va a molestar en revisar las cuentas de una empresa que aparentemente no tiene ni 3 euros de dinero? Como ya se pueden imaginar, el propietario de esta compañía, de esas dos míseras acciones, es otra nueva empresa. Y van cuatro.

Prospect Nominees LTD fue abierta en Londres en 1972, cuando el piloto español Fernando Alonso ni siquiera había nacido. Y también es una sociedad durmiente. Esta es la piedra que culmina la pirámide. La última muñeca en este juego de matriuskas que se ocultan una dentro de otra, que nació en los bolsillos de inversores de Getafe, pasó por la gorra de Fernando Alonso y terminó en algún punto indefinido entre Londres y Holanda. Prospect Nominees tiene también únicamente dos acciones emitidas. Una está a nombre de un británico llamado Christopher Jan Andrew Bliss, uno de los propietarios de Rawlinson & Hunter, y otra es de su compañero y compatriota Philip Muir Prettejohn, directivo de la empresa de fiscalistas y que fue, por ejemplo, patrono de la Fundación Ayrton Senna, abierta en Londres en 1994, seis meses después de la muerte del piloto brasileño.

Rawlinson & Hunter. ¿Quién es esta gente? Todas las búsquedas que hemos hecho sobre el patrocinio del piloto español llevan hasta esta empresa, estrechamente ligada al mundo del motor. R&H —que cuenta en la actualidad con cuarenta socios— se encarga de auditar las cuentas del Racing Drivers Club de Silverstone, controla la fundación de caridad que lleva el nombre de Ayrton Senna, gestiona las cuentas de la Asociación Británica de la Industria del Motor y se encargaba de planificar el pago de impuestos de Steward Grand Prix, el equipo de Fórmula 1 que, tras pasar por varias manos, se convirtió en el actual Red Bull. En declaraciones a la presa financiera, sus portavoces reconocen abiertamente que han gestionado el patrimonio de seis campeones del mundo de Fórmula 1 y de otros doce grandes pilotos del mundo del motor. ¿Estará Fernando Alonso entre ellos? Con los datos encima de la mesa, parece que sí y que parte de ese dinero termina también en paraísos fiscales. Basta comprobar la lista de agentes autorizados en las Islas Vírgenes Británicas para encontrar el nombre de Rawlinson & Hunter. Y bajo su epígrafe, otro nombre conocido: el de Prospect Nominees, esa empresa vacía que, con la terminología de BVI, también puede operar en las Islas Vírgenes. Además, el bufete tiene sucursales en otros paraísos como Mónaco y Guernsey, buenos refugios para el dinero, por mucho que Fernando Alonso viva en España.

Con los datos sobre la mesa, es posible que ese dinero, esos 2 millones de euros en publicidad no fueran directamente del piloto español, sino de su escudería. Con semejantes medidas de seguridad es imposible saberlo. Sin embargo la estrategia no es nueva, ya que la mayor parte del dinero generado por la Fórmula 1 termina de una forma u otra en paraísos fiscales. Es allí donde se domicilian las empresas que controlan toda la competición. Y hasta las instituciones públicas españolas participan en ello. En 2008 se celebró por primera vez en Valencia el Gran premio de Europa, una de las pruebas puntuables para el Mundial de Fórmula 1. Para conseguir el evento, la Generalitat Valenciana tiene que pagar cada año un canon de 18 millones de euros a dos empresas del holding Formula One Group, el conglomerado que controla los derechos de imagen y celebración del campeonato. Pues bien, todo ese emporio se gestiona desde una gran compañía en Jersey, otra de las islas de la corona inglesa y otro de los paraísos fiscales más frecuentados del mundo. Así que hasta allí va a parar nuestro dinero, con autorización expresa de los políticos valencianos, para una empresa que ganó en 2010 137 millones de dólares lejos de Hacienda. Y eso después de repartir 658 millones entre todos los equipos que participan en la competición, también desde Jersey.

El caso del español universal

«Me gusta mucho España, por eso vivo en Miami». Estas palabras pasaron a la historia de la televisión una Nochevieja hace más de diez años, cuando el dúo humorístico Martes y Trece definía con una sola frase la incongruencia de aquel mal llamado español universal. El cantante Julio Iglesias, el hombre que más discos ha vendido en castellano, abandonó España en 1978 y fijó su residencia oficial en Miami, al menos hasta 2001, cuando vendió su casa en Indian Creek y se pasó a Punta Cana, en la República Dominicana. Aun así, la administración autonómica decidió ficharle como imagen para promocionar la Comunidad Valenciana en 1998. ¿Es que no había suficientes cantantes, artistas de renombre, deportistas o famosos de cualquier pelaje que —por lo menos— residieran en Castellón, Alicante o Valencia? Parece ser que no, porque el gobierno de Eduardo Zaplana decidió soltarle casi 2 millones de euros a Julio Iglesias por un trabajo que consistía básicamente en cantar, sonreír y repetir ante la prensa que le encantaba la Comunidad Valenciana: 2 millones de euros para un señor que, nunca mejor dicho, pasaba por allí. Y eso no fue todo. Al parecer, la factura se extendió después hasta los 6 millones de euros y terminó en varios paraísos fiscales.

Como ya hemos explicado en otras ocasiones, los datos fiscales son privados en la mayoría de los países del globo. Sin embargo, el caso de Julio Iglesias lleva en el juzgado desde hace más de cinco años, ya que la Justicia investiga a diecinueve directivos por entregar el dinero al cantante. La tesis de los investigadores es que el Instituto Valenciano de Comercio Exterior —el organismo que contrató a Julio Iglesias— infló facturas falsas para que el cantante cobrara el triple de lo pactado oficialmente, algo que ya denunció en exclusiva el diario Levante. Pongamos un ejemplo. El 10 de abril de 1999, el Auditorio Nacional de México acogió el último concierto de la gira que Julio Iglesias protagonizó para la Comunidad Valenciana. La empresa irlandesa Midway International LTD, ya cerrada, cobró 980.000 dólares por organizar el evento, que según las facturas públicas costó en realidad 168.522 dólares. Tres meses después del recital, la empresa envió 822.000 dólares desde su cuenta del Arab Bank de Valencia a la cuenta WA356115.000, abierta en una sucursal que el banco Suizo UBS tiene en Nassau (Bahamas). La tesis judicial, todavía por confirmar, considera que estas empresas estarían relacionadas directamente con Julio Iglesias. Cinco años después seguimos esperando que la afirmación se confirme o desmienta. El pasado verano, el juzgado que investiga el caso alegó que no sabía dónde localizar al cantante para tomarle declaración. Iglesias daba un concierto esa misma semana a menos de sesenta kilómetros de Valencia, pero a nadie se le ocurrió llevarle la citación. Tranquilos. No hay prisa. Mientras, el español universal sigue con sus negocios y con sus canciones.

XI. La liga de los estrellados

¿Que mi equipo está en quiebra?

¿Que debo cantidades millonarias?

Tranquilos. No pasa nada si no pago a Hacienda.

Esto es fútbol, amigos

La información saltó a los medios de comunicación españoles desde la web oficial del Manchester United. Ya era oficial. Cristiano Ronaldo, el hombre de todas las miradas, el delantero en mayúsculas, ese portugués repeinado que hacía soñar desde hacía varios años a Real Madrid y Barcelona, los antagonistas de la Liga española, sería jugador blanco. Por fin. El Manchester United aceptaba de una vez por todas la oferta del Real Madrid, tras meses de cortejos y desplantes a partes iguales. El club inglés decía adiós al delantero y se enjugaba las lágrimas con 98 millones de euros. Un buen pañuelo de billetes. El 11 de junio de 2009, y con un apretón de manos, Cristiano Ronaldo se convirtió en el traspaso más caro en la historia del fútbol y en un logro colectivo para España. Aunque no lo parezca, la llegada del delantero portugués al Real Madrid es mérito de todos los paganos españoles. O al menos eso cabe pensar, al ver que entre todos hemos permitido que el crack internacional, una de las personas con mejor sueldo del país, pague la mitad de impuestos que cualquier otro ciudadano y así le cueste menos al Real Madrid ficharlo. Y Cristiano no es el único caso. Todo sea por el fútbol.

El motivo de semejante desequilibrio es, una vez más, una normativa aprobada bajo el prisma de las buenas intenciones. Una ley que se vendió como una medida necesaria para el bien común y que ha servido, básicamente, para alimentar la Liga de las Estrellas a costa del dinero público. En 2006 y con la excusa de atraer grandes cerebros a España —científicos y directivos extranjeros, se supone—, el gobierno socialista rebajó a la mitad durante diez años los impuestos sobre la renta a todos aquellos extranjeros que se mudaran a nuestro país y con sueldos de más de 60.000 euros al año. Más beneficios para los que más tienen. Desde aquel momento, era más barato para cualquier multinacional española contratar a un genetista británico o a un broker estadounidense que a una persona con la misma formación nacida en Cuenca, Badajoz, Parla o cualquier otra parte de España. Brillante medida para fomentar el empleo.

La norma entró en vigor pocos meses después y el delantero británico David Beckham —fichado por el Real Madrid en 2003 con un sueldo de 6,5 millones de euros— fue el primer famoso en levantar la mano y subirse al carro. ¿Pagar menos impuestos? Por supuesto. ¿Dónde hay que firmar? En lugar de tributar al máximo establecido —unos 3 millones de euros según su nómina—, el futbolista, modelo y millonario inglés dejó en nuestro país casi la mitad. No hace falta valorar sus aportaciones al campo del conocimiento para advertir que —al menos en su caso— la ley no sirvió precisamente para fomentar la investigación científica. Tras el episodio Beckham, otros grandes del fútbol se sumaron al chollo: el brasileño Kaká —que cobrará según la prensa especializada 45 millones en cinco años—, el argentino Leo Messi —con 10 millones por temporada—, el brasileño Dani Alves, el holandés Rafael van der Vaart o Cristiano Ronaldo son solo algunos ejemplos.

Desde 2006, a los clubes españoles les resulta más barato fichar a un jugador extranjero que mejorar la nómina de la cantera. Es un hecho. Así se nutrió durante años la famosa Liga de las Estrellas, a costa de varios millones de euros en impuestos. Una vez más, dañar a Hacienda parece que no es dañino para nadie. Pero ¿quién es en realidad el beneficiario de la medida? ¿Quién sale ganando mientras todos perdemos? El espectáculo, dirán algunos. Mentira. Solo hay dos candidatos: los jugadores o los clubes. Llegados a este punto, sería más fácil señalar como culpables a los astros, esos señores que ganan cantidades astronómicas por correr noventa minutos detrás de un balón. Y más si son del equipo contrario. Pero erraríamos el tiro. Son los clubes, esos defensores de nuestros amores y pasiones, esas empresas que sentimos nuestras pero que operan en manos privadas, los grandes beneficiados por la llamada Ley Beckham.

Pongamos un ejemplo: imaginemos un delantero estrella británico, John Doe, un hombre prometedor que lleva toda la vida en el club de sus amores y que —para cambiar de camiseta— pide 2 millones de euros limpios por temporada. Por norma general, los sueldos de los futbolistas se suelen negocias limpios de impuestos. En España, al Atlético de Madrid le costaría 2,6 millones de euros pagar a ese delantero gracias a la Ley Beckham. En Italia, la Roma tendría que poner sobre la mesa casi el doble, 4 millones. En Francia, el Olimpique de Lyon tendría que abonar más de 5 millones de euros cada año para pagarle. Todo para que John Doe, el futbolista de moda, cobre exactamente lo mismo libre de impuestos en cualquiera de los tres equipos.

Así creció durante varias temporadas la Liga española, a costa de rebajas fiscales que sufrimos todos. Así somos. Tenemos el mejor fútbol y los peores impuestos. Correcto. En Alemania, un deportista profesional —sea o no extranjero— tributa estrictamente igual que cualquier otro ciudadano: al 45 por ciento en estos casos. En Italia sucede algo parecido. En Inglaterra, la ley le retira la mitad de su sueldo, pero con una ventaja: Fernando Torres y sus compañeros se libran de pagar a Hacienda los días que juegan fuera de Inglaterra. En Grecia los futbolistas dejan al Estado solo el 20 por ciento de lo que ganan, y en Holanda tienen el 30 por ciento de su salario exento durante diez años. Por eso la Ley Beckham levantó protestas entre los principales equipos europeos. Por eso Cristiano Ronaldo tributaría en Milán un 43 por ciento y la mitad de su sueldo en Inglaterra. Y por eso hemos beneficiado, casi sin saberlo y de nuestros bolsillos, a los accionistas privados de los principales equipos españoles.

El espejismo de la fraternidad

El fútbol es un negocio afectivo. Un mundo de filias y pasiones donde el aficionado se siente parte de un colectivo. Y por eso lo hace suyo. Por tradición, simpatía o simplemente militancia, un equipo pasa a ser su equipo y unos colores sus colores. Sin embargo, ese sentimiento, antes certero, es ahora un espejismo. Excepto cuatro salvedades —Real Madrid, F.C. Barcelona, Osasuna y Athletic de Bilbao—, todos los equipos profesionales están controlados por accionistas privados desde que hace veinte años se transformaron en sociedades anónimas deportivas. No lo olvidemos. Si el ayuntamiento recalifica el estadio Vicente Calderón, el beneficiado no será el Atlético de Madrid, sino la familia Gil y el empresario Enrique Cerezo, sus accionistas mayoritarios, que podrán destinar el dinero que saquen de los terrenos como mejor les convenga. No tiene por qué revertir en fichajes. Y lo mismo sucede por ejemplo con el Valencia, en manos de la familia Roig; el Betis, gestionado durante años por Manuel Ruiz de Lopera; el Málaga, propiedad del jeque catarí Abdullah Bin Nasser; el Zaragoza, presidido por el constructor Agapito Iglesias; el Racing de Santander, que fue adquirido por el millonario indio Ahsan Ali Syed tras intentar comprar un club de la Premier inglesa, o el Getafe, que tiene el 90 por ciento de las acciones en manos de Royal Emirates Group, la empresa pública de la familia real de Dubai.

Por eso, cuando en 2009 el gobierno anunció una reforma de la Ley Beckham, fueron los altos directivos de los equipos de fútbol y no sus jugadores los que amenazaron abiertamente con una huelga. Su excusa, la de siempre: la carrera de un deportista es corta y tienen que maximizar beneficios. Como si Cristiano Ronaldo no ganara en un año lo mismo que dos cuadrillas enteras de albañiles en toda una vida. ¿No sería entonces más lógico dar ventajas fiscales a los albañiles que a los jugadores de fútbol? Pues parece que no. Al final, la amenaza quedó a un lado y las desigualdades planteadas por la Ley Beckham se eliminaron a comienzos de 2010. ¿Para todos? No. Claro que no. El gobierno quería una reforma, no un motín en el mundo del fútbol. Entre todos, llegaron a un pacto intermedio. Los nuevos fichajes tendrán que pagar a Hacienda como el resto de los mortales, pero los ya desembarcados pueden seguir disfrutando del chollo estratosférico de pagar menos impuestos.

En cualquier caso, el ejemplo nos lleva entonces a una situación perversa: cuando los aficionados presionan a la clase política o hacen patria del problema financiero de un club, luchan en realidad y de forma inconsciente por los intereses privados de grupos económicos. Un ejemplo claro: en 1986, el gobierno de Felipe González firmó la primera amnistía fiscal para los equipos españoles. En esa época, equipos como el Atlético de Madrid, el Español o el Valencia estaban todavía en manos de los socios, y el Estado decidió condonarles una deuda con Hacienda y las instituciones públicas de 20.727 millones de pesetas (114 millones de euros). Solo seis años después, lo equipos españoles llamaron de nuevo a las puertas de los políticos. Esta vez con un agujero de 31.000 millones de pesetas (186 millones de euros). También quedó perdonado.

Y fue en 1995 cuando el Estado, cansado de sacar la cara por el fútbol, decidió obligar a los equipos a convertirse en sociedades anónimas. Así por lo menos se gestionarían mejor. Nada más lejos de la realidad. Además, la decisión provocó una situación insólita. Dos equipos, Sevilla y Celta de Vigo, fueron descendidos de categoría al no poder hacer frente al proceso por falta de avales. Nadie se prestaba a poner el dinero para las deudas, lo que provocó que ambos fueran sancionados y castigados con la bajada a Segunda B.

Al conocer la noticia, aficionados de Sevilla y Vigo se echaron a la calle. Pero no para criticar que el club fuera moroso con ellos mismos, durante años y de forma reincidente, sino para pedir a voz en grito que los equipos de sus amores no perdieran la categoría. Faltaría más. Vimos incluso manifestaciones multitudinarias. Tanto que el gobierno intervino ante la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la norma quedó en papel mojado. No lo olvidemos. Hay muchos votos pendientes del deporte rey. Pero también mucho dinero. Visto con perspectiva, ¿a quién benefició el episodio? ¿Al Sevilla? ¿Al Celta? ¿O a Utrera Sevillistas del Nervión y al constructor José María González de Caldas, máximos accionistas del club hispalense y que hubieran visto caer en picado sus acciones si el equipo desciende?

Este club es una ruina

El negocio del fútbol, al contrario de lo que parece, está en quiebra técnica. Según sus propios datos, la primera división española, la Liga de las Estrellas, la mejor competición del mundo del balón, pierde 700 millones de euros al año y la deuda de los equipos participantes no deja de crecer. Solo dos escuadras —Real Madrid y F.C. Barcelona— arrojan beneficios: 15 millones de euros entre ambos. Mientras, el resto intenta seguir la estela y asistimos, una y otra vez, a rescates bienintencionados con ayudas públicas, pelotazos urbanísticos o créditos de cajas de ahorros —controladas por la clase política— que, por su nivel de riesgo, cualquier banco privado no daría en la vida. Entre todos los equipos suman una deuda de 3.500 millones de euros. Y el principal perjudicado de esta maquinaria es Hacienda. O mejor dicho, los paganos. Esos que cumplen religiosamente con sus obligaciones y ven cómo la deuda de los clubs de fútbol españoles con el fisco crece y crece sin medida. Si los equipos de nuestros amores saldaran su deuda —de 623 millones de euros en 2008—, no haría falta congelar el sueldo a 3 millones de pensionistas.

El asunto es tan grave que incluso se ha tratado en el Congreso de los Diputados. Fue el portavoz del BNG, Francisco Jonquera, quien hizo público el dato hace tres años. La cuenta pendiente del fútbol con Hacienda era entonces «la mitad del ahorro que representa congelar las pensiones, una medida negativa que afecta a 6 millones de personas». Para sanear sus cuentas, los veinte equipos deficitarios de la competición regular tendrían que destinar todo el dinero que generan durante dos años solo a pagar la cuenta. Imposible. La temporada pasada, los equipos perdieron de nuevo 733 millones de euros. El peor resultado fue para el Valencia, que se dejó por el camino 48 millones de euros según sus cuentas de 2009. Para colmo, 22 equipos profesionales han pasado por un concurso de acreedores, están administrados por el juzgado tras sus impagos o camino de la bancarrota. ¿Y qué pasa cuando un club entra en esta fase? Pues sencillamente que le dice a sus proveedores, al señor que le cuida el césped, a quien le lleva la publicidad, al que le imprime las entradas: mirad, no tengo para pagar las facturas, así que o renegociamos la deuda y os apañáis con lo que tengo, o cierro el chiringuito. Así es el fútbol. Así de insolidario.

El deporte del balón es tan egoísta y endogámico que el reglamento de la LFP contempla sanciones y descensos automáticos para los equipos que no cumplan con el sueldo de jugadores o entrenadores, con las tasas de la Liga o con sus acuerdos con otros equipos en el traspaso de jugadores, pero no dice nada de impagos a Hacienda o a cualquier pagano. Que Cristiano Ronaldo, Leo Messi o Kun Agüero no cobran su sueldo… Mal. Muy Mal. Pero si el que cuida el césped del estadio, el de la publicidad o el que imprime las entradas se quedan sin cobrar, que vayan al juzgado y se apañen como puedan. Dejarles sin fondos no es problema de la Federación. Y lo mismo sucede con Hacienda.

Según las cifras oficiales, el 85 por ciento de los 1.445 millones de euros que genera cada año la Liga de las Estrellas se va en sueldos de entrenadores, jugadores y directivos. Porque en los equipos de fútbol que son sociedades, como en cualquier otra empresa, los directivos también cobran. En el Atlético de Madrid, por ejemplo, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, recibe 900.000 euros brutos al año.

En 2009, el profesor del CEU de Barcelona José María Gay de Liébana se dedicó a contar uno por uno el patrimonio de los clubs españoles. Según sus cálculos —que no incluyen activos intangibles como el valor de los jugadores—, los equipos de la Liga de las Estrellas tienen solo 6 euros de patrimonio propio para responder a cada mil euros que les dejan los bancos. O mejor dicho, las cajas de ahorros. He aquí el problema. Cualquiera que haya pedido una hipoteca en este país sabe perfectamente las garantías que pide un banco para prestar el dinero. La regla es tan sencilla como que para pedir mil euros, tienes que poner mil cien sobre la mesa. La banca siempre gana. Pero aquí el axioma no se cumple.

Veamos dos ejemplos. En Valencia, el equipo de Mestalla debe tanto dinero a Bancaja (unos 300 millones de euros) que la caja de ahorros valenciana ha tenido que designar a uno de sus hombres de confianza para que controle la gestión económica del club. Por otro lado, Caja Madrid concedió al Real Madrid en 2009 un crédito de 76 millones de euros para fichar a Cristiano Ronaldo. El préstamo se avaló con los derechos de los partidos televisados, firmados con una empresa —Mediapro— que después se declaró también en concurso de acreedores.

Una solución injusta

Con una montaña de deudas y sin apenas patrimonio, los concursos de acreedores —que nacieron como una medida excepcional para salvar empresas— se han convertido desde hace un par de años en un instrumento habitual para salvar las cuentas de los clubs. Los equipos gastan, fichan, invierten cantidades millonarias y si sale bien y triunfan en la competición, salen adelante. Pero si la apuesta falla, si los resultados deportivos no acompañan, si no consiguen los ingresos extra que genera, por ejemplo, una competición europea, se encuentran con el agua al cuello. Es entonces cuando acuden sin rubor al juzgado de forma voluntaria y se declaran en suspensión de pagos. El que quiera cobrar, no tiene más remedio que ponerse a la cola y llevarse un pequeño porcentaje de lo que se le debe, ya que algunos equipos no son dueños, ni siquiera, del estadio donde juegan.

Por si no era suficiente, hasta septiembre de 2011 los tribunales económicos les blindaban: aunque la ley deportiva dice que los equipos con deudas dentro del fútbol tienen que descender automáticamente, la medida no se aplicaba para no empeorar más la situación económica del club y perjudicar más todavía a los paganos que esperan cobrar. Por eso, en julio de 2011 había ya veintidós equipos de primera y segunda que desde 2004 habían pedido ir a la quiebra. Ellos mismos levantaron la mano y dijeron: señor juez, no puedo pagar, así que saque usted las cuentas. El primero fue la Unión Deportiva Las Palmas. Y después le siguieron Alicante, Alavés, Albacete, Murcia, Celta de Vigo, Levante, Sporting, Real Sociedad, Málaga, Polideportivo Ejido, Cádiz, Córdoba, Recreativo, Xerez, Granada, Rayo Vallecano, Mallorca, Betis, Zaragoza, Racing de Santander y Hércules.

La afluencia de equipos a la quiebra voluntaria llevó incluso a cambiar la legislación vigente para evitarlo. En septiembre de 2011, el Congreso de los Diputados tuvo que aprobar una reforma de la Ley Concursal para que los equipos acogidos en ese régimen descendieran de categoría tal y como estipula la normativa del deporte. Se acabó el chollo. Desde entonces, ningún club ha vuelto a aparecer por los juzgados de manera voluntaria.

El milagro blanco

Sobre el papel, el caso del Real Madrid y el Barcelona, los dos gigantes del fútbol español, es distinto al de sus compañeros de división. Junto a Athletic de Bilbao y Osasuna, los cuatro permanecen todavía en manos de los socios, que son al final los miles de propietarios del club. Los cuatro son todavía del pueblo, y en principio, el voto en asamblea del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, vale lo mismo que el de cualquier otro socio compromisario. Sin embargo, la institución blanca no es tan democrática como parece. Para que un candidato se presente a sus elecciones, hace falta un aval bancario de 57 millones de euros (el 15 por ciento del presupuesto entero de una temporada). Un requisito al alcance de muy pocos bolsillos y que se justifica por las posibles responsabilidades económicas derivadas de la gestión del club. Pero seamos sinceros. En este país no se lleva a nadie a los tribunales por gestionar mal una empresa, una fundación ni un club de fútbol. La incompetencia no es un delito penal ni siquiera cuando se trata de dinero público. Un político puede llevar a la quiebra un país por ineptitud manifiesta y marcharse a su casa tan tranquilo. Y más un presidente de un club de fútbol. Otra cosa es el delito financiero. Si un presidente honesto no va a responder nunca con su patrimonio personal, por muy mal que lo haga, ¿para qué hace falta tanto aval, si no es para evitar una libre competencia y que solo se presente al cargo la gente pudiente?

En el caso del Real Madrid, el aval necesario —que queda depositado ante la Liga de Fútbol Profesional— estipula textualmente que el club puede ejecutarlo siempre que un presidente y su junta directiva mermen su patrimonio neto. Si el Real Madrid tiene pérdidas, puede recuperarlas sacando ese dinero. En teoría está muy bien. Pero en la práctica eso no ha pasado en la vida, por muy nefasta que haya sido la gestión del presidente de turno. Ni siquiera cuando la deuda del club era tan asfixiante que el Real Madrid se encontraba al borde de la quiebra. Pero tranquilos. Aquello también se salvó gracias al bolsillo de todos.

El Real Madrid no ha sido siempre ese club saneado que gana cantidades ingentes vendiendo camisetas y que, a día de hoy, es junto al Manchester la mejor marca comercial del fútbol mundial. De hecho, hace solo doce años sus números eran rojos. Rojo sangre. Con una deuda de 46.200 millones de pesetas, 277 millones de euros al cambio, el Real Madrid tenía el agujero de dinero más grande que un club español ha tenido jamás. Ante semejantes datos, un recién llegado Florentino Pérez decidió sacar el arma secreta y vender el principal activo del club, que no era jugador alguno, sino unos terrenos en la zona norte de Madrid, junto al Parque Norte, donde entrenaba la plantilla. La Ciudad Deportiva, le llamaban a los 141.961 metros cuadrados donde corrían cada mañana los jugadores blancos. Vender el solar era un viejo proyecto blanco que inyectaría una gran cantidad de dinero, pero donde otros presidentes había fallado: el abogado Ramón Mendoza lo intentó en 1987 y Lorenzo Sanz diez años después. Pero ambos se encontraron con la negativa de los políticos locales a recalificar los terrenos, comprados treinta años antes al ayuntamiento a precio de saldo.

Sin embargo, lo que estuvo prohibido para unos, fue una realidad para otros. La corporación de José María Álvarez del Manzano, que había negado el proyecto a Lorenzo Sanz, decidió dar luz verde a Florentino Pérez. Y no solo eso. Además de recalificar los terrenos, les concedió una edificabilidad seis veces superior a la del resto del barrio. Por eso, donde antes entrenaba el primer equipo blanco se levantan ahora las cuatro torres más altas de Madrid. Con la medida ganaron todos: los constructores, que tuvieron suelo para edificar en la mejor zona de la ciudad, el ayuntamiento, que se embolsó cientos de millones en comisiones y licencias, y el Real Madrid, que ingresó 501 millones por unos terrenos que le costaron 66.000 euros en 1960 y que, de un plumazo, saldó su deuda. Pese a la dudosa idoneidad del proyecto, que costó 200 millones de euros al ayuntamiento solo en infraestructuras, las críticas políticas o ciudadanas fueron prácticamente nulas fuera de rivalidades futbolísticas. Incluso cuando Convergencia i Unió (CiU) denunció la operación ante la Comisión Europea por considerar la recalificación de terrenos una ayuda estatal encubierta. Una tesis que no fue compartida. Pocos meses después, el organismo continental archivó el caso.

Y van dos

Dice el refrán que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. O mejor dicho con el mismo ladrillo. El 6 de octubre de 2011, el diario El País anunció por fin una noticia que se mascaba desde hacía meses en los círculos financieros de la capital: el Real Madrid quería hacer un gran centro comercial, otro más, enfrente de su estadio. El problema, como en muchas otras ocasiones, era que el suelo no era suyo, sino de todos los madrileños. Más aún. Según los acuerdos firmados entre el ayuntamiento y el club en 1991, el Real Madrid tenía que haber construido allí unos aparcamientos y mejorado el recinto con zonas verdes. ¿Usted los ha visto? Imposible, porque nunca se construyeron. ¿Qué pasa si cualquier pagano anónimo incumple un acuerdo con la Administración? Que los señores de Hacienda le embargan sin el menor miramiento. Incluso por menos de lo que vale una pizza. El coste de la obra que el Real Madrid debía construir para todos los madrileños era de 2,8 millones de euros. Nunca se realizó. Y pasaron veinte años.

Al final, el club y el ayuntamiento llegaron a un acuerdo. Una compensación. Como el consistorio le debía al Real Madrid unos terrenos y el club blanco tenía también sus deudas pendientes con la institución de Alberto Ruiz Gallardón, ambos decidieron dejar la cosa en tablas: el Madrid se quedó con el solar que era de todos los madrileños y el ayuntamiento le permitió además hacer otro gran centro comercial. A cambio, el club promete derribar su otra galería de tiendas La Esquina del Bernabéu, y hacer allí el parque prometido. Y suma varias parcelas en Carabanchel de suelo urbanizable, que finalmente sirvieron para hacer parques en vez de chalés. Parcelas que también eran públicas antes de 1991.

La cuenta se cuadró por completo con un pago al contado de 6 millones de euros en metálico. A cambio, el Real Madrid obtuvo su soñado centro comercial, de más de 12.000 metros cuadrados, en la fachada de La Castellana y el permiso para techar el estadio. Curioso, cuando menos, parece que en todo este baile de parcelas, terrenos, deudas y obligaciones millonarias que comenzó con la recalificación de la Ciudad Deportiva del club, al final casen las cuentas. En aquellas fechas, El Real Madrid ganó 500 millones de euros con el beneplácito municipal. Ahora, después de ajustar todos los compromisos y saldar la cuenta, el club de Florentino Pérez ha tenido a bien perdonar 322 euros al ayuntamiento, y por tanto, a todos los madrileños. Un curioso gesto comparado con este otro: en 1998 el ayuntamiento incluyó en sus convenios por error la cesión de una parcela en el barrio madrileño de Las Tablas. La entrega del terreno al club, valorado entonces en medio millón de euros, era imposible por imperativo legal. Fue sencillamente un error de los políticos locales, que hemos pagado muy caro. Para cerrar las cuentas entre el equipo y la ciudad, esa parcela se ha tasado ahora en 22,7 millones de euros. Cuarenta y seis veces más de lo estipulado hace diez años.

El timo del crack africano

En capítulos anteriores hemos visto cómo algunos bienes son especialmente apreciados para los aficionados a los delitos financieros. Los cuadros, las joyas, las obras de arte y los objetos de coleccionismo son algunos de los bienes preferidos por blanqueadores y estafadores de todo pelaje. Son objetos pequeños, que valen mucho dinero, fáciles de transportar y esconder a los ojos inexpertos, y que tienen un valor tan relativo como fluctuante. Pocos saben distinguir, por ejemplo, una pluma de colección que cuesta 9.000 euros de una estilográfica del montón en bolsillo ajeno. Y lo mismo sucede con los jugadores de fútbol. ¿Cuánto vale un jugador determinado? ¿Qué precio tiene un defensa específico en el mercado? ¿Dónde está la tabla salarial de cada profesional? Cuando se trata de fútbol no existe un precio fijo. No hay referencias. El delantero brasileño Neymar Da Silva Santos vale, simplemente, lo que el Real Madrid y Barcelona estén dispuestos a pagar por él. Ni más ni menos. Y Hacienda no podrá decir nunca si el precio abonado —sean 10, 30 o 60 millones de euros— es poco o demasiado. Esa ambigüedad es la que permite que las operaciones con futbolistas sean también un caramelo goloso para ocultar dinero.

El constructor soriano Jesús Gil y Gil llegó a la presidencia del Atlético de Madrid el 1 de julio de 1987. Y desde el primer momento, confundió —de forma inocente o deliberada— su patrimonio personal con el del club del Manzanares. Diez años después, el promotor inmobiliario ya le debía al equipo de su propio bolsillo 2.700 millones de pesetas (162 millones de euros). El exalcalde le pasó al club facturas de su rancho en Arenas de San Pedro y de otra finca en Toledo, pero el agujero más importante se generó en la transformación del equipo en sociedad anónima deportiva. En junio de 1992, Jesús Gil tuvo que depositar 1.300 millones de pesetas para comprar la mayoría de las acciones. El promotor hizo un amago, pero al final el dinero no apareció por ningún lado. Aun así, Gil se quedó con la mayoría del club y para saldar su deuda —según la Audiencia Nacional — planeó junto a su hijo Miguel Ángel, actual consejero delegado del Atlético, una operación ficticia con cuatro jugadores desconocidos. Cuatro jóvenes promesas que se entrenaban en la cantera del club y que tenían un valor en el mercado completamente subjetivo. La idea era inflar el precio de los fichajes, aportados personalmente por el presidente, para cuadrar las cuentas y saldar su deuda sin poner en realidad un solo euro.

Como pantalla, Jesús Gil y su hijo utilizaron una empresa patrimonial española llamada Promociones Futbolísticas. La compañía personal del presidente fichó a los cuatro futbolistas profesionales por medio de una empresa holandesa —Harrogate Licence BV— y puso en el contrato que los derechos de cesión de los jugadores para el Atlético de Madrid costaban 2.740 millones de pesetas. Así, sin más. Porque él lo quiso.

El 16 de enero de 1998, la operación quedó cerrada. Por un lado, Jesús Gil firmaba como representante de Promociones Futbolísticas, la empresa que vendía a los jugadores. Y por otro, su hijo Miguel Ángel representaba los intereses del Atlético de Madrid. Todo muy independiente. La llegada de esas supuestas figuras al club saldaba las deudas del presidente, que, sin poner un solo euro, pagaba las acciones de la nueva empresa y dejaba sus deudas con el club —y con todos los socios— a cero.

Llegados a este punto, paremos un momento. ¿Se tasaba en 162 millones de euros a cuatro jugadores desconocidos? ¿Estamos locos? Analicemos punto por punto la trayectoria de los supuestos cracks que fichaba el Atlético: Abass Moyiwa Lawal, nacido en Nigeria en 1980, pasó por las filas del Atlético de Madrid cuando el club estaba en Segunda. Luego se marchó al Córdoba, al Leganés y al Albacete, donde jugó dos años en primera. Ese fue su principal logro deportivo. A sus compañeros les fue todavía peor. Limamou Mbengue, senegalés y que militó en los juveniles del Atlético de Madrid, vistió la camiseta del Amorós, el Alcobendas, el Consuegra y el San Fernando antes de llegar al Badajoz. En la actualidad está en el paro y se entrena con el Carolineses, un equipo de Jaén que milita en la liga regional andaluza. El angoleño Bernardo Matías Djana, que llegó a España de niño escapando de la guerra civil que asoló su país durante veintisiete años, fue acogido por la Comunidad de Madrid y quedó bajo la custodia de los Padres Mercedarios. Desde 1997 pasó por el Atlético Madrileño, el Madridejos y el Rayo Majadahonda, hasta llegar también en 2001 al Badajoz. El brasileño Maximiliano de Oliveira, el cuarto fichaje, no pasó en España del filial colchonero.

Con estos datos sobre la mesa, la operación está clara. Jesús Gil se quedó con el Atlético de Madrid sin ingresar un solo euro gracias al valor millonario que él y su hijo pusieron a cuatro jugadores desconocidos. La tesis es de la Fiscalía Anticorrupción y fue rebatida por la familia Gil en el juicio que se siguió contra ellos. Miguel Ángel Gil Marín aseguró en la Audiencia Nacional que su padre pagó 2.700 millones de pesetas a la empresa holandesa por los derechos de los cuatro chavales. Allí es donde, por motivos fiscales, se instala la mayoría de las empresas de intermediación deportiva. Desde Ámsterdam se compran y se venden los derechos de los principales jugadores mundiales. Y allí se pagan esos impuestos. Sin embargo, en este caso la operación tenía truco. Para que nos hagamos una idea, con los sueldos millonarios que se mueven en el mundo del fútbol, el salario de uno de los supuestos cracks era de 300 euros al mes y el dinero del abono transporte para que pudiera ir a entrenar.

En junio de 2004 y tras años en el juzgado, el Tribunal Supremo decidió absolver a los empresarios Jesús Gil y Enrique Cerezo del delito de apropiación indebida por quedarse con las acciones del Atlético. El alto tribunal no argumentó que los dos directivos fueran inocentes fuera de toda duda, sino que el delito, probado a juicio de la Audiencia Nacional, había prescrito. Como pasaron más de cinco años hasta que la operación se denunció, Gil y Cerezo pudieron quedarse con sus acciones y, por tanto, con el control absoluto del club. Un club que era de todos los socios. Quien sí quedó manchado con sentencia firme fue Miguel Ángel Gil, que junto a su padre fue condenado por un delito de estafa. La pena, de un año y medio de cárcel para una operación de 162 millones de euros, supuso que ni siquiera tuviera que entrar en prisión. A día de hoy, él es el máximo responsable del club colchonero.

Uzbekistán connection

Fue el Banco de España quien envió la información a la Fiscalía Anticorrupción a principios de 2010. Las cuentas de Laporta & Arbós, el bufete profesional del expresidente del F.C. Barcelona, el abogado Joan Laporta, recibieron entre 2008 y 2009 varios envíos de dinero hasta los 10 millones de euros. Las transferencias llamaron la atención de las autoridades tanto por su cuantía como porque llegaban desde una cuenta en Suiza a nombre de una sociedad llamada Zeromaz, abierta en Uzbekistán, a miles de kilómetros de Barcelona.

La misteriosa compañía es una de las más importantes de la exrepública soviética, dueña del F.C. Bunyodkor, campeón de la liga uzbeka y bajo el paraguas de Gulnara Karimova, hija de Islam Karimov, el dictador que gobierna la exrepública soviética desde hace más de veinte años. Pero ¿qué negocios tiene el diputado catalán Joan Laporta con una familia de dictadores a miles de kilómetros de España? La respuesta, una vez más, pasa por la maraña de intermediarios del mundo del fútbol.

El 18 de noviembre de 2010, el representante turco Bayram Tutumlu —que opera desde una empresa en Luxemburgo— denunció de forma oficial al expresidente Laporta ante la Justicia. Y lo hizo al considerar que el club le había dejado de pagar una comisión de 2,5 millones de euros cuando, en abril de 2008, puso en contacto a Joan Laporta en Barcelona con el empresario uzbeko Miraldil Djalalov, directivo de la firma Zeromax. En su denuncia, Tutumlu acusó a Laporta de apropiarse de 8,2 millones de euros del Barcelona y de estafar a sus propios jugadores. En una carta enviada al diario El País el 31 de octubre de 2011 el abogado y político catalán rechazó públicamente el cobro de 10 millones de euros por sus empresas. Sin embargo, en su declaración ante el juez, sí reconoce que su despacho facturó diversas cantidades al holding uzbeko, aunque las separa por completo del mundo del fútbol. Según la versión del expresidente azulgrana, las transferencias se emitieron «por la prestación de servicios de consultoría empresarial durante tres años». Un concepto bastante ambiguo.

En noviembre de 2011, la revista Interviú publicó que parte del dinero cobrado por Laporta —concretamente, 174.000 euros— fue a parar a Candi Ambel, una compañía de la Ciudad Condal administrada por el actual tesorero de Democracia Catalana, el partido de Laporta. Según refleja el semanario, también se llevó 230.000 euros la firma Ojavine S.L., de la que es apoderado Juan Sentelles, director de recursos humanos del Barcelona con la anterior directiva. El 9 de noviembre de 2011, la jueza María José Ortega desestimó la demanda de Tutumlu contra Laporta y absolvió al expresidente azulgrana «de todo pronunciamiento en contra». Según la sentencia y de forma muy básica, el representante turco no aportó pruebas del supuesto acuerdo comercial alcanzado entre ambos. Y por lo tanto no se le paga.

La sentencia, que todavía puede ser recurrida, no analiza el resto de las transferencias, y si Laporta se apropió o no de forma indebida de dinero destinado a su club. Eso tendría que investigarse en un procedimiento penal. Pero hay un problema. Pese a que la Fiscalía Anticorrupción tiene ya muchos datos sobre la mesa, el ministerio público no puede investigar a Laporta por apropiación indebida, el delito que se le aplica a quien se queda con un dinero que no es suyo. Para que se abra una investigación de este tipo, siempre tiene que haber un perjudicado. Alguien que se sienta estafado. En este caso el teórico afectado sería el Barcelona. Pero nadie del club ha dado el primer paso. Por el momento, la directiva de Sandro Rosell no ha denunciado. Puede que sea porque confían ciegamente en la inocencia de Laporta. O también porque el entrenador del club, Josep Guardiola, pidió públicamente a unos y otros que dejaran de remover esos asuntos para no perjudicar la marcha deportiva del equipo.

XII. La ruleta rusa del juego

Un mundo de contrastes. Bwin operaba sin licencia en

España desde Gibraltar, pero la policía cierra una

y otra vez los bingos de los jubilados

Los cinco agentes entraron casi al asalto en el local, al grito de «¡que no se mueva nadie!». Frente a ellos, una veintena de ancianos se quedó aterida, cartón en mano, mirando a los señores de azul y placa que entraban en el centro de jubilados. Cesaron los bolígrafos. Hortensia no cantó línea y a Paqui casi le da un infarto. Hubo desconcierto. Sin muchos miramientos, los agentes dieron el alto, precintaron el local y se marcharon. Los policías se llevaron las bolas, el bombo y los cartones. Cartones que se vendían a 10 céntimos para que los jubilados pasaran la tarde tachando números. Se acabó la fiesta. Disuélvanse. Los funcionarios confiscaron también la recaudación, guardada en un bote y que sumaba 5 euros. Era lunes, 18 de octubre de 2010 y los jubilados del barrio de Son Contoner, en Palma de Mallorca, se quedaron, tras la visita, pasmados y sin bingo.

La extraña actuación policial fue descrita en todos los medios de comunicación nacionales. ¿No había otra cosa que hacer aquel día que llamar a la puerta de un grupo de ancianos? ¿No había camellos en las calles, estafadores, gente de mal vivir a la que pedir cuentas? En su defensa, los agentes tiraron de normativa y recordaron que ellos solo cumplen órdenes. Las del Estado, en concreto. Esas que todos aprobamos. Los policías acudieron al local, dependiente de una parroquia mallorquina, para acompañar a los inspectores de juego de la Consellería d’Interior de Baleares. Desde hacía semanas, la administración autonómica recibía quejas de varios bingos de la zona. Denuncias por competencia desleal de los operadores profesionales, que ganan de media al año un millón de euros por barba. Al parecer, esa parroquia y sus cartones a diez céntimos les estaban frenando el negocio. Y allí que fue la autoridad para poner orden.

La escena parece sacada de una película de José Luis Cuerda, pero es mucho más habitual de lo que nos pensamos. El juego es un sector completamente regulado en España. Los casinos, los bingos y cualquier otro juego de azar que se nos ocurra y que tenga dinero de por medio requiere una autorización expresa del Estado. Y del pago de un canon especial, que queda en manos de Hacienda. Todo aquel que no cumpla esos requisitos está actuando fuera de la ley. ¿Y si yo monto una partida privada en casa, con amigos? También. Si hay dinero sobre la mesa, también. En teoría, la ley dice que están exentos todos los juegos «sin ánimo de lucro». Es complicado demostrar la filantropía cuando el vil metal asoma. Por eso en noviembre de 2011, los ancianos del Centro de la Tercera Edad de Sagunto tuvieron que dejar también de jugar al bingo en su local. Con su irreverencia legal, a sus setenta y muchos, los quinientos socios de la entidad se enfrentaban a posibles multas de 600.000 euros. Y eso que los beneficios del año anterior —2.700 euros en total, después de pagar su local— los entregaron a los damnificados por el terremoto de Haití. Algo parecido sucedió en 2008 en la parroquia del municipio pontevedrés de Gondomar y un año después en un casal fallero de Denia. Con el dinero no se juega. No hay excepciones.

Gracias a los duros controles, el juego ilegal, fuera de situaciones como las anteriores, se ha convertido en una cosa anecdótica. Casi residual. Los españoles jugamos. Y mucho. Pero por una vez, todo se hace con luz y taquígrafos. Según la Memoria del Juego que elabora cada año el Ministerio del Interior, el sector del azar, del que dependen 100.000 puestos de trabajo directos, mueve al año 27.338 millones de euros. Una cifra muy superior a la que gasta el Estado, por ejemplo, en todos los subsidios para el desempleo. Sin embargo, no todo va a parar a manos de los operadores. De ese dinero, el 66 por ciento se devuelve en forma de premios para los clientes. Por eso las empresas metidas en ese sector recaudan en realidad algo más de 9.000 millones de euros al año. España tiene 39 casinos, 399 salas de bingo autorizadas, la lotería del Estado, las quinielas, la bonoloto, los cupones de la once… Pero sobre todo eso destacan las máquinas de «tipo b», las llamadas tragaperras. En todo el país hay instaladas 239.992 máquinas, que con sus frutas, sus músicas, sus luces y sus avances recaudan 11.000 millones de euros, 13.000 euros al año por cada una. ¿Y cuánto deja todo eso para el Estado? 1.589 millones de euros cada año; lo mismo que Naciones Unidas ha destinado para la reconstrucción de Libia. De ese dinero, más de la mitad —876 millones— se recauda únicamente con las máquinas tragaperras instaladas en la mayoría de los bares.

El sector del juego ha servido también para ejemplificar lo que ha supuesto la crisis. Como el control financiero es tan férreo, los empleados están obligados incluso a registrar las propinas que les dan los clientes. Es normal que un agraciado del casino, movido por la euforia del momento, le suelte una buena propina al caballero que con su mano le ha dado la suerte. Para evitar posibles sobornos, todo ese dinero queda directamente apuntado en las memorias financieras de los establecimientos. Así sabemos que los españoles dejamos al año en los casinos 31 millones de euros solo en propinas. Lo mismo que le cuesta a la Comunidad de Madrid mantener setecientas plazas para personas dependientes. Con la crisis, la cifra cae en picado. Hace diez años, los clientes de los casinos dejaban de media 70 euros en propinas por cada 1.000 ganados en el local. Ahora, los agraciados agarran más el puño y dejan de regalo menos de la mitad: 30 euros de media.

Para evitar problemas de ludopatía, el Estado y los operadores recogen en una base de datos los nombres de todas las personas que, bien por decisión judicial o bien por voluntad propia, tienen prohibido el acceso a las salas de juegos. Sin embargo, en este caso se da nuevamente una situación absurda. La Administración central tiene su propia lista, en la que figuran 26.000 personas vetadas para acceder a cualquier bingo, casino o sala de juego del país, pero las distintas administraciones autonómicas tienen también las suyas propias. Y los datos no cuadran. Los gobiernos locales tienen 58.000 personas apuntadas. ¿Qué pasa si una persona se apunta en Cataluña y en un viaje de trabajo tiene una recaída en Málaga? Pues es muy posible que, como su nombre no aparezca en la lista, le dejen pasar a gastarse todos sus ahorros sin el menor problema.

Un gordo libre de impuestos

La escena se repite cada año como un rito pagano el 22 de diciembre. A primera hora de la mañana el bombo gira, comienza a escupir bolas y los niños de San Ildefonso entonan su mantra mientras un país entero se queda pendiente de la tele para ver si, de una vez por todas, el azar le convierte en millonario. Todos tenemos agujeros por tapar, pero solo unos pocos serán los protagonistas de la escena envidiada. Esa que arranca con la cara de sorpresa, prosigue con un número releído varias veces entre las manos para evitar errores y culmina con el orgasmo público del derroche de cava. Llegan las risas, los gritos, los llantos. Los abrazos compartidos y la visita discreta, con su mejor sonrisa, del comercial del banco. Ese señor que antes no te conocía de nada y que ahora quiere ser tu mejor amigo. No cabe duda. Allí ha tocado el gordo.

El tradicional sorteo de Navidad de la lotería española es el evento de azar que más premios entrega del mundo, con 2.300 millones de euros para todos los afortunados. Y tiene otra característica beneficiosa: los agraciados no pagan un solo euro en impuestos. En nuestro país, cualquier dinero conseguido con la quiniela, la Lotería nacional, la bonoloto, la primitiva o cualquier otra modalidad de juego organizada por Loterías y Apuestas del Estado está exento del pago de impuestos. La medida sirve también para los sorteos organizados por la Organización Nacional de Ciegos y la Cruz Roja, que tienen un trato preferente ante la Administración por realizar labores de supuesto interés general, y para premios literarios o galardones concedidos por el Estado, como el Príncipe de Asturias, dotado con 50.000 euros en metálico.

Sin embargo, eso no significa necesariamente que Hacienda se quede sin cobrar. El fisco no podrá sacar tajada de la primera oleada de dinero que entre en la cuentas de los agraciados. Pero sí recibirá su parte de todos los dividendos que genere ese dinero. El perdón fiscal a la lotería ha traído incluso problemas al gobierno español, que fue denunciado por la Comisión Europea por no aplicar esas rebajas también a las loterías oficiales de otros estados dentro de la UE y condenado por el Tribunal de Justicia de la UE en 2009.

¿Y qué pasa con el juego privado? ¿Qué pasa si me tocan las tragaperras, canto línea en el bingo y gano un buen dinero en el casino? Ahí la cosa cambia. Si una persona tiene la suerte de su parte y es de los pocos agraciados que sale esa noche del casino con más dinero del que llegó, tendrá que sumarlo a sus ganancias como cualquier otra fuente de ingresos cuando haga la declaración de la renta. Hasta aquí las cosas están claras; pero ¿qué pasa si apuesto por Internet? Entonces, ya la tenemos armada.

El doble rasero

Ya hemos visto cómo se las gasta el Estado cuando se trata de dinero. A algunos funcionarios no les tiembla el pulso para precintar un local de ancianos donde se juega al bingo. Pero durante años en España ha habido empresas que han operado al margen de la ley. Empresas dedicadas al juego, sin licencias concedidas por la Administración española pero con las que todo el mundo ha hecho la vista gorda. El ejemplo más claro aparece cada domingo en el pecho de Cristiano Ronaldo. Justo debajo del escudo blanco, allí donde unas letras negras dibujan una extraña palabra: Bwin.

Las apuestas y casinos por Internet mueven al año más de 8.000 millones de euros en España y financian con sus ingresos a equipos de fútbol como el Real Madrid, el Sevilla o el Valencia. Las casas de apuestas se dejan en la Liga española 30 millones de euros en patrocinios. Un suculento bocado que mantiene viva una parte de la liga. Y son un sector en alza. Cada partido del siglo, cada encuentro entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona mueve cerca de 50 millones de euros en apuestas. Un río de dinero que escapa de las manos de Hacienda y va a parar directo a los paraísos fiscales. Desde el año 2000, las apuestas cibernéticas entraron en el mercado español mucho más rápido que los legisladores. Tanto que pillaron a todo el mundo con la guardia baja. Como hemos visto, el sector del juego tradicional está completamente regulado. El Estado gestiona unas licencias, impone unos impuestos y crea unos controles para evitar cualquier tipo de trampa, tanto de los clientes como por parte de los casinos. Sin embargo, las apuestas cibernéticas fueron durante años como una cantina del lejano oeste. Una juerga donde la ley se queda en la puerta.

La inmensa mayoría de las casas de apuestas que operan por Internet han pagado sus impuestos durante años en paraísos fiscales. Concretamente en Gibraltar o Malta. Y hasta allí iba a parar sin escalas todo el dinero perdido por sus clientes en España. ¿Y cómo se justificaba aquello? Pues muy sencillo. Como los dos territorios autónomos están dentro de la Unión Europea, Malta y Gibraltar se dedicaban a conceder licencias de juego válidas para todos los miembros de la Unión. ¿Y eso era legal? Según la normativa española no, ya que la competencia exclusiva para emitir esos permisos está y estaba en manos de Loterías y Apuestas del Estado. ¿Entonces? ¿Por qué nadie hizo nada? Puede que fuera por descuido, desgana o simplemente vocación de cambio. Pero también puede que sea más sencillo cerrar un hogar del jubilado que cortarle las alas al principal patrocinador del Real Madrid.

En defensa de las casas de apuestas, hay que reconocer que las principales empresas del sector solicitaron en varias ocasiones un cambio de ley que les permita pagar impuestos en España. Pero mientras tanto, en lugar de parar, siguieron operando desde fuera del país. Nuestros vecinos de Portugal y Francia tomaron un camino distinto. En 2006, los dueños de Bwin fueron arrestados en suelo galo y acusados de fomentar el juego ilegal. En Portugal, la firma fue sancionada con una multa de 75.000 euros por la misma causa.

El patrocinador del Real Madrid está gestionado por dos empresarios austriacos llamados Norbert Teufelberger y Manfred Borner. Según la prensa local la pareja tuvo un serio problema con el fisco austriaco, que les reclamaba 110 millones de euros en impuestos. Pese a que la empresa estaba domiciliada en Gibraltar, los funcionarios de Hacienda esgrimían el argumento de que sus servidores centrales estaban instalados en Viena.

Con licencias de juego emitidas en Gibraltar operaba también el líder del sector de las apuestas online, la compañía 888. Su sucesor como patrocinador del Sevilla, 12bet.com también opera desde un territorio sin apenas impuestos, un lugar llamado First Cagayan, en Filipinas. Unibet, expatrocinador del Valencia, operaba en Europa con una licencia concedida desde la isla de Malta.

El 22 de noviembre de 2011, el Boletín Oficial del Estado dio el pistoletazo de salida para regular en España el juego online. Después de años de esquivar a Hacienda, clientes y empresas tendrán que pasar por el aro si quieren seguir operando en España. La normativa prevé que tanto los operadores como los apostantes tengan que dejar una pequeña parte de sus ingresos en Hacienda: cerca de un 20 por ciento. Además, el Estado piensa prohibir las apuestas para los jugadores de fútbol y a todos aquellos relacionados directamente con los eventos en danza. Pero seamos sinceros. ¿Eso quién lo controla? ¿Cómo evitamos que un entrenador cualquiera se vaya a un locutorio y desde allí apueste a la derrota de su equipo fingiendo ser cualquier amigo? Las grandes casas de apuestas tienen convenios de alerta y comparten información directamente con la FIFA y la UEFA cada vez que reciben información sospechosa o datos que les hagan pensar en un posible fraude. Ahora, la Administración española quiere obligar a las páginas web a que tengan siempre sus servidores centrales ubicados en España. Mientras, en el buscador de Google aparecen 437.000 resultados solo con buscar la siguiente cadena: «futbolistas+detenidos+apuestas». Hay casos para todos los gustos.

XIII. Fundación, sinónimo de lucro

¿Quiere ganar dinero? Monte una fundación.

Paga menos impuestos y encima le da un aire solidario

Era primera hora de la mañana cuando los Mossos d’Esquadra decidieron echar abajo la primera pieza de un oscuro dominó y entra sin llamar en el Palau de la Música de Barcelona. Julio pecaba ya de tardío para dar paso al agosto, ese mes donde todo se para, media España pide la vez y sin mediar palabra se va de vacaciones. Pero los agentes tendrían que esperar. Por delante tenían al menos nueve horas de registro en una de las instituciones más prestigiosas de Barcelona. La Fundació Orfeó, esa asociación sin ánimo de lucro que se encarga de promocionar la cultura en la Ciudad Condal con sus conciertos y música de cámara, estaba en el punto de mira. La investigación arrancó cuando un inspector de Hacienda detectó que alguien sacaba muchos billetes de 500 euros en metálico de las cuentas de la fundación. Quizás demasiados. Los funcionarios fiscales se pusieron a tirar del hilo y vieron que las cuentas no cuadraban. ¿Para qué tanto dinero? Algo estaba pasando en ese lugar donde, en teoría, nadie saca beneficio alguno y todo el mundo trabaja, nunca mejor dicho, por amor al arte.

Siete horas después los agentes salieron del Palau —elegido Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997— cargados con trece cajas de documentación e informes. No hizo falta analizarlos todos, al menos al dedillo, para hacerse una idea de lo que había pasado. El director de la entidad, el empresario Félix Millet, se adelantó y confesó dos meses después. El 15 de septiembre, Millet se presentó en el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona —que investigaba su caso— y reconoció cabizbajo que junto a su mano derecha, Jordi Montull, se había apropiado de forma indebida de 3,3 millones de euros. Más de 3 millones de la fundación que fueron a parar a sus cuentas. Según su relato, Millet pasó como gastos 1,3 millones de euros en reformas para dos fincas de sus propiedades, se gastó otro medio millón de euros en recorrer medio mundo, desde Maldivas a Dubai, con su familia, y le vendió a su propia fundación un local por 1,5 millones de euros. Además, Millet reconoció ante el juez que pagaba a muchos artistas con dinero negro cuando venían a actuar a Barcelona y que cada cierto tiempo, algunos directivos de la entidad se llevaban también bajo el brazo un sobrecito con un sobresueldo desconocido. Por pagar, Millet pagó con dinero del Palau desde las bodas de sus hijas hasta el arreglo de una cafetera. Para enmendar su pena, el presidente de la Fundació Orfeó depositó en la cuenta del juzgado 1,8 millones de euros en metálico y una carta donde reconocía su tendencia —al menos en este caso— a coger lo que no es suyo.

Fuera de condicionantes legales, fuera de condenas, la actuación de Millet pone en evidencia un problema, una tendencia cada vez más creciente en nuestro país y que preocupa tanto a los funcionarios de Hacienda como a los agentes de la ley: el uso de fundaciones y empresas sin ánimo de lucro para hacer negocios.

En los últimos años, la creación de fundaciones se ha multiplicado en nuestro país de una forma casi inexplicable. En 1992 teníamos dos mil inscritas en toda España y ahora hay más de cinco mil solo en Andalucía. ¿Cuál es la explicación a este fenómeno? ¿Hay una explosión de energía caritativa entre los españoles? ¿Hemos decidido hacer el bien por encima de todas las cosas? Puede ser. Puede que gran parte de estos grupos tengan realmente una labor social y una vocación de ayuda innegable. Pero en otros muchos casos la explicación está, por desgracia, más cercana al bolsillo que a la voluntad del ser humano de ver mejor tratado al que tiene al lado.

Cajón de sastre

Para abrir una fundación en este país hace falta un punto fundamental: que la institución persiga «fines de interés general». ¿Y eso qué significa? Pues básicamente que en España podemos crear una fundación o una asociación benéfica casi con cualquier excusa: el cuidado del escarabajo pelotero, la restauración de máquinas recreativas, el tratamiento de la homosexualidad como una enfermedad… Nadie discute si esos temas son o no de interés general. Simplemente se presupone que esas asociaciones nacen sin ánimo de lucro y con la intención de promover la cultura o la ayuda a los más necesitados, y se autorizan, sin más, siempre que presenten los estatutos y la petición al ministerio correspondiente y paguen las tasas.

Eso da derecho a suculentas rebajas fiscales. Como se supone que el dinero de la entidad irá destinado a proyectos sociales, las fundaciones están exentas del pago del Impuesto de Sociedades, salvo escasas excepciones, y además todas las donaciones aportadas desgravan un 25 por ciento. Eso hace que sean unos instrumentos muy apetecibles para dejar de pagar a Hacienda. Incluso para hacer competencia desleal. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que yo quiero abrir una residencia de ancianos y creo una fundación. Como objeto social le digo a la Administración que quiero ayudar a los mayores, y con esa excusa abro un centro privado; una residencia de ancianos donde, por supuesto, yo cobro cada mes a los internos una buena cantidad de dinero. Soy caritativo pero no idiota. Como yo no pago el Impuesto de Sociedades, puedo poner los precios más baratos que mis competidores. ¿Y cómo saco el dinero? Sencillo. Las fundaciones son instituciones sin ánimo de lucro, pero el personal que las gestiona sí que puede cobrar. Y puede cobrar lo que le dé la gana, porque no hay legislación alguna que lo impida. Otro olvido absurdo. ¿No sería lógico que el personal de las fundaciones sin ánimo de lucro, esas que reciben subvenciones públicas y apenas pagan impuestos, tenga un tope salarial para evitar la estafa? Pues parece que no. Así que me pongo un sueldo millonario por gestionar la residencia y asunto arreglado. Sobre el papel, mi fundación es un alma caritativa, pero yo me lo llevo muerto. Para que nos hagamos una idea, Félix Millet se puso en 2008 y según la prensa, un sueldo oficial de 1,6 millones de euros al año por gestionar la Fundació Orfeó Catalá. Eso de manera legal, aparte de lo que se llevó.

Esa es, básicamente y de una forma muy esquemática, la razón por la que las fundaciones han proliferado de una forma semejante en sectores como la sanidad, la atención a las personas de la tercera edad o los centros de atención a inmigrantes. En la caridad también hay mucho negocio, y muchos servicios sociales se privatizan de una forma encubierta hacia estas fundaciones. Queda mejor ante la opinión pública decir que un centro de menores está controlado por una fundación sin ánimo de lucro que por una empresa privada que saca partido de ello, aunque el resultado final sea prácticamente el mismo. Bueno, el mismo no, porque una vez más Hacienda no se lleva su parte.

El 22 de marzo de 2011 se celebró en Estados Unidos la XVI Conferencia Internacional sobre Lavado de Dinero. Octavio Betancourt, director ejecutivo de la consultora de seguridad Milersen LLC, explicó en su intervención cómo las organizaciones criminales más activas de Latinoamérica, los cárteles de la droga, las grandes bandas dentro de las prisiones, están usando cada vez más asociaciones caritativas para desviar sus fondos. Son la coartada perfecta: no llaman la atención, tienen un fin social relevante y encima casi no pagan impuestos. Catástrofes como los terremotos de Japón o el maremoto de Indonesia son oportunidades perfectas para blanquear. Esas penurias suponen picos de tráfico en el mercado financiero, momentos donde millones de pequeñas aportaciones y donativos anónimos cambian de mano en mano por un tejido de asociaciones y donde los estados hacen pocas preguntas. Hay gente muriendo y hace falta el dinero. Es ahí donde los delincuentes sacan tajada para mover sus fondos.

De hecho, en nuestro país la legislación se modificó en 2010 para evitar movimientos de este tipo y las fundaciones son las únicas instituciones que tienen que guardar durante diez años todos los registros e identificaciones de sus donantes, pese a que como ya hemos visto, los delitos fiscales en España prescriben a los cinco años.

Con el canon por delante

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) es también una organización sin ánimo de lucro. Curioso término para una institución que gana un millón de euros al día, invirtió 255 millones en la compra de teatros y cobró 145 millones de euros en unos derechos de autor que ni siquiera ellos mismos saben identificar. Para colmo, a sus arcas iban a parar los cerca de 30 millones de euros anuales del canon digital, un impuesto ilegalizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que gravaba todos los soportes digitales donde, supuestamente, se podían piratear contenidos. Oiga, ¿y si yo no pirateo? Se aguanta y pasa por caja. ¿Y si pago el canon, entonces ya puedo grabarme lo que me dé la gana? No, eso tampoco. Si lo hace sigue siendo usted un delincuente. Correcto.

La normativa española obliga a las fundaciones a reinvertir en su propio patrimonio todo el dinero que consigan y no necesiten. Para entendernos, si la SGAE tiene beneficio al final del año, solo puede hacer dos cosas con él: ingresarlo en el banco por si el año que viene se le da mal o aumentar su patrimonio. Todo lo demás está fuera de la legalidad. Entonces, ¿cómo saco el dinero si quiero llevármelo de una fundación? En teoría, está bloqueado. Por lógica aplastante, el primer método es ponerte un sueldo lo más grande posible. El presidente de la SGAE, Eduardo Teddy Bautista, cobraba según sus propias declaraciones 250.000 euros al año. Todo legal y aprobado por la junta de gobierno, por descontado.

Pero claro, cuando la bolsa de dinero crece y crece, cuando una fundación empieza a recibir ayudas y contratos, a mover cantidades millonarias, llegamos a la segunda fase. ¿Qué manera tengo de sacar cada vez más dinero sin levantar sospechas? El método sigue siendo sencillo: esta vez creo una empresa y desde la fundación me contrato a mí mismo y me pago las facturas que me dé la gana. La fundación no tiene ánimo de lucro, pero mi compañía es una empresa privada que puede tener las ganas de enriquecerse que le plazca. Todavía llama menos la atención si en vez de estar a mi nombre, la empresa está a nombre de mi cuñado, de mi suegra o de alguien de mi confianza que ni siquiera tenga mis apellidos. Un buen amigo o mi socio comercial desde hace años me valen. Como pantalla, cualquier cosa sirve: una firma de abogados, un catering, una empresa de limpieza, un despacho de publicidad, cualquier empresa que preste servicios a terceros vale. Yo, como directivo de la fundación, la contrato y por ahí sacamos los fondos.

Ese es el método que, según la Fiscalía Anticorrupción, utilizaron algunos gestores de la entidad para saquear la SGAE, en un caso que todavía sigue abierto y a la espera de juicio. Según los autos judiciales, los denunciantes estiman que los imputados en el caso —con Teddy Bautista entre ellos— pudieron sacar hasta 400 millones de euros de forma indebida de la institución. El caso estalló de nuevo en vacaciones. Esta vez el 1 de julio de 2010, cuando los agentes de la Guardia Civil entraron en la sede principal de la SGAE, ubicada en un edificio histórico del centro de Madrid. El viaje fue escaso, ya que el edificio se encuentra a seis manzanas de la Audiencia Nacional. Tras registrarlo, los agentes detuvieron al director de la SGAE junto con otros ocho imputados, entre los que se encontraba el presunto cerebro de la trama: el empresario José Luis Rodríguez Neri. Además de directivo de la SGAE, Rodríguez Neri —con un sueldo de 300.000 euros al año— controlaba una de las filiales del grupo, llamada SDAE, y que, desde una perspectiva supuestamente altruista, se encargaba de gestionar todos los servicios digitales de los autores. Este eslabón contrataba casi en exclusiva para sus servicios a una empresa de informática llamada Microgénesis, una compañía fundada años antes por el propio Rodríguez Neri, que se hinchó a ganar dinero gracias a sus contratos con SDAE.

Los negocios del yernísimo

Un entramado parecido es el que, según los informes de la Agencia Tributaria, salpica a uno de los miembros más conocidos de la familia real española. Iñaki Urdangarín, duque de Palma, casado con la infanta Cristina y yerno del rey Juan Carlos. En el centro de la trama se encuentra de nuevo una institución sin ánimo de lucro, una entidad creada en 1999 y llamada Asociación Instituto de Investigación Aplicada, que luego se hizo famosa con su nuevo nombre: el Instituto Nóos.

La actividad empresarial del duque de Palma comenzó, según los registros españoles, en octubre de 2001, cuatro años después de que su boda con la infanta Cristina le alejara de los campos de juego. Antes de ser empresario, Urdangarín militó dieciséis temporadas como profesional en las filas del Barcelona de balonmano y compaginó el deporte con sus estudios mercantiles. El 29 de octubre de 2001, el yerno del rey abrió en Mallorca una compañía llamada Nóos Consultoría Estratégica. La empresa se dedicaba, según sus estatutos, al arrendamiento de bienes y a asesorar a otras empresas, pero estuvo sin recibir fondos al menos hasta 2003. En ese mismo año, la Asociación Instituto de Investigación Aplicada, esa entidad sin ánimo de lucro abierta en 1999, pasa a llamarse Instituto Nóos de Investigación Aplicada, un nombre prácticamente similar que la compañía de Urdangarín. El yerno del rey se convierte también en presidente de la entidad sin ánimo de lucro, una institución que supuestamente se dedicaba a «realizar investigaciones sobre el papel de la inteligencia de mercado en la competitividad de las empresas». Ahí es nada. ¿De verdad algo tan vacío y absurdo, algo tan irrelevante para el grueso de la población española merece unas condiciones fiscales especiales? Pues parece ser que sí, porque la Administración central no puso ni una sola pega. Tuvo luz verde.

Llegados a este punto, hagamos un inciso. Imaginemos un caso práctico: el de cuatro graduados en Trabajo Social que están en el paro y deciden crear un programa de ayuda a mujeres con riesgo de exclusión social para salir del bache. Para desarrollarlo, para recibir subvenciones, para poder financiarlo y cobrar un sueldo, los cuatro deciden crear una fundación. En su espíritu está ayudar a los demás, por descontado, pero también está la necesidad imperiosa de encontrar empleo y tener un salario fijo. ¿Eso es filantropía? ¿Esa fundación es una organización sin ánimo de lucro? ¿O en realidad es una simple empresa dedicada al negocio de la asistencia social? Y cuando la Fundación consiga más contratos, si pasa además a cuidar ancianos, a tratar a personas con dependencia, a menores desvalidos, ¿lo hará por su voluntad manifiesta de hacer el bien, o por sus intereses de acaparar más fondos públicos y que sus fundadores cobren mejores sueldos?

Según publicó en octubre de 2011 el diario Público, la llegada de Urdangarín al Instituto Nóos trajo también un cambio en sus estatutos. Además de investigar la inteligencia de los mercados, la entidad sin ánimo de lucro se dedicará a «impulsar programas de investigación especializados en una temática concreta que serán denominados Institutos». Con la entrada de Urdangarín en la presidencia, como tesorero aparece también Carlos García Revenga, asesor personal de su mujer. La propia infanta Cristina aparece también como vocal de la asociación hasta la marcha de su marido, en 2006.

Catorce meses después de que el duque de Palma tomara las riendas del Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro organizó por primera vez el Valencia Summit, un encuentro mundial sobre organización de grandes eventos deportivos. La entidad presidida por Urdangarín cobraba a la Generalitat Valenciana 450.000 euros cada vez que organizaba un encuentro de este tipo, e hizo tres. ¿De verdad eso es filantropía? ¿Gastar medio millón de euros del contribuyente en unas jornadas para gerifaltes del deporte?

A partir de entonces, los contratos comenzaron a llover para la fundación sin ánimo de lucro del yerno del rey. Lejos de paliar el hambre en África, de cuidar a personas dependientes, de atender a menores con enfermedades raras, el Instituto Nóos fue contratado por la SGAE para elaborar un estudio sobre su imagen, que costó 698.000 euros en cinco años. Algo parecido hicieron otras empresas como Telefónica o Aceralia y equipos de fútbol como el Villareal o el Valencia. Una práctica completamente legal.

En esta vida, cada uno gasta su dinero como quiere, pero ¿no había buenos profesionales en otras empresas del mercado? ¿No hay empresas de publicidad que se dedican justamente a ese tipo de trabajos? ¿Había que contratar necesariamente a la fundación del yerno del rey? Es que si contrato a otro, la familia real no viene a mis fiestas. Eso debieron de pensar al menos los responsables del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que contrataron en 2004 al Instituto Nóos, poco después de que los duques de Palma al completo aparecieran con sus hijos ante toda la prensa nacional para ver la cabalgata de Reyes de la localidad. En dos años, el Instituto Nóos facturó 33.000 euros al ayuntamiento, según las investigaciones judiciales. El 30 de noviembre de 2011, el diario El Mundo relató en su edición matinal cómo el duque de Palma se encargaba de resaltar el nombre de la familia real en sus propuestas de negocio por media España y destacaba tanto el nombre de su mujer, «Su Alteza Real la infanta Cristina», como «el asesor de la Casa de Su Majestad el Rey, Carlos García Revenga». Todo el mundo sabe que eso dota de mucha más credibilidad a unos buenos estudios de mercado. Entre los contratantes del instituto figuran firmas como Repsol, SEAT, Lottusse, Aguas de Valencia, Deloitte, Telefónica, el Ayuntamiento de Barcelona, Timberland, PWC, Bancaja, varias promociones urbanísticas, Freixenet, el Banco Santander o la escuela de fútbol de Johan Cruyff.

El 2 de diciembre de 2011, los funcionarios de Hacienda entregaron al juez José Castro, instructor del caso Palma Arena, un informe de ciento cuarenta páginas sobre la contabilidad del Instituto Nóos. En él, los funcionarios planteaban una tesis muy similar a la del saqueo de la SGAE. Según sus investigaciones, todavía sin confirmar con sentencia judicial, ya que el caso sigue abierto, el marido de la infanta Cristina y su principal socio al frente del Instituto Nóos, el empresario Diego Torres, desviaron parte de los fondos de la entidad a empresas privadas de su propiedad por medio de facturas. Parte de ese dinero terminó luego en paraísos fiscales de Belice y el Reino Unido. ¿Eres miembro de la familia real española y te llevas dinero a Belice? Curioso mensaje de confianza para el resto de los ciudadanos, si se confirma.

En cualquier caso, por encima de las supuestas ilegalidades, por encima de las decisiones de los jueces y de la evidente falta de criterio a la hora de invertir los fondos estatales, cabe hacer una reflexión. Una vez más, hemos dejado otro agujero legal para que algunos no paguen impuestos. En la solidaridad, no todo vale. No es creíble que una fundación sin ánimo de lucro atesore un patrimonio multimillonario como el de la SGAE. No es cabal que un directivo de una entidad filantrópica cobre tres veces más que el presidente del Gobierno. No tiene sentido que sigamos dando ventajas fiscales a personas que creen que «el estudio de la inteligencia de los mercados» es en realidad un fin social de interés general. ¿Usted quiere forrarse? Perfecto. Pero hágalo a cara descubierta, como todo el mundo. Y si lo consigue, felicidades.

XIV. El dilema de la prostitución en España

En este país tenemos más prostíbulos que peluquerías,

pero el sexo de pago sigue estando

en un vacío no regulado

El sexo tiene fama de ser el negocio más antiguo del mundo. Y los historiadores casi avalan la tesis cuando datan los primeros pactos sexuales con clientes de por medio con la llegada de la Edad de Bronce, 3.000 años antes de Cristo. Desde entonces, el sexo pagado ha sido una constante en las civilizaciones modernas, fuera de consideraciones morales. Los griegos lo aceptaban con completa naturalidad, tanto para los hombres como para las mujeres, y convirtieron la prostitución en una de las actividades comerciales más importantes de la época, identificada bajo la palabra porne, «vendida». Así llamaban a las esclavas dedicadas al sexo. Sobran comentarios sobre la descendencia que ese término ha tenido en nuestro castellano en todos los productos de la industria del sexo. Productos pornográficos. En el imperio romano, las concubinas de más alta clase social vestían siempre de púrpura como distinción de calidad y estaban obligadas a pagar impuestos por cada cliente; y durante la Edad Media, eran los propios municipios los que controlaban los burdeles locales y recaudaban sus tributos.

Pero, por extraño que parezca, quinientos años después en nuestro país —al igual que en media Europa— la prostitución es una actividad económica que, tras más de treinta años de democracia, no está regulada. Ni para bien ni para mal. Simplemente se encuentra en un completo vacío legal. El limbo. Una persona no puede prostituirse de manera legal pero tampoco es posible sancionarla por hacerlo. Por eso, las personas que deciden libremente dedicarse al negocio del sexo se ven privadas de la posibilidad de pagar impuestos, sumidas en una marginación administrativa, incapaces de colaborar con la sanidad pública, disfrutar de servicios sociales, tener acceso al paro en los momentos malos o generar derechos para una pensión como cualquier otro pagano.

Curioso olvido, el del sexo de pago, para un país donde los legisladores y el fisco son capaces de sacar punta a cualquier normativa para recaudar. En España tenemos leyes que recogen —y por tanto regularizan— profesiones tan dispares como los sexadores de pollos, los psicólogos caninos, los catadores de olores para marcas de desodorantes, los tanatoestéticos (expertos en maquillar a los muertos) o los señores que viajan en los aviones de incógnito para realizar los controles de calidad. Todo está recogido. Pero no hemos sido capaces de regular, tras diez legislaturas, una actividad que se produce diariamente ante nuestros ojos. Atentos a los datos: en España hay cerca de 400.000 personas que ejercen la prostitución y que generan en total 18.000 millones de euros de beneficio al año. Nada menos que 18.000 millones: un presupuesto mayor al de varios ministerios, con el que se podría recapitalizar toda la banca española; justo lo que va a gastar Alemania para eliminar de su país todas las centrales nucleares.

¿Qué pasaría si las profesionales del sexo pudieran pagar sus impuestos? Como estimación, el Estado ganaría 2.400 millones de euros solo con facturar el IVA; un dinero que podría sufragar controles sanitarios, programas de ayuda y sensibilización contra la inmigración ilegal. Según un informe presentado en 2007 en el Congreso de los Diputados, en este país hay una meretriz por cada treinta y ocho hombres. Y aun así, seguimos haciendo la vista gorda.

Para ser francos, la falta de legislación de la prostitución no es un olvido deliberado, sino una falta manifiesta de acuerdo. Sencillamente, el Estado no sabe bien cómo lidiar con el asunto. Ni siquiera los diputados encuentran consenso dentro de sus propios partidos. Por un lado, las vertientes más conservadoras del PP, PSOE, CiU y algunas corrientes dentro de Izquierda Unida apuestan por una prohibición total del sexo de pago, amparados bien por convicciones morales o por la lucha contra la explotación de las personas. Por otro, las alas más progresistas dentro de la izquierda, Esquerra Republicana, el Grupo Mixto y algunos colectivos de trabajadores del sexo apuestan abiertamente por su legalización como cualquier otro oficio. Nadie convence a nadie, por lo que la clase política ha decidido dejar el debate para otro momento, mientras pasan los años.

Desde la llegada de la democracia a España, la legalización del sexo de pago ha pasado ya tres veces por el Congreso de los Diputados. La primera fue en 1999. Fue rechazada. La segunda en 2002. Tampoco hubo acuerdo. Y la tercera en 2006, cuando la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades presentó en la Cámara Baja sus trabajos sobre la prostitución en España. Tras ocho meses de reuniones, los diputados y senadores emitieron sus conclusiones definitivas, que rechazaban de nuevo la legalización de este negocio. El principal argumento para evitar el cambio legal fue el peligro de incrementar el tráfico ilegal de seres humanos.

Seamos sinceros. Es innegable que las grandes mafias de la prostitución merecen ser perseguidas con todo el peso de la ley. La trata de mujeres es el segundo negocio ilegal más rentable del mundo, por detrás del tráfico de armas. Se gana más dinero con la prostitución que con las drogas. Pero su peaje es tan repulsivo como escalofriante: según las estimaciones del Ministerio del Interior, el 90 por ciento de esas 400.000 personas que venden su cuerpo en España lo hacen en contra de su voluntad. España tiene, así, más de 340.000 esclavas sexuales. Una cifra de absoluta vergüenza. Pero también hay que estar ciego para no ver los grandes edificios que bajo la palabra club y los neones chillones se asientan en las cunetas de miles de carreteras españolas. Allí se practica la prostitución todos los días y a todas horas, sin el menor control sanitario estatal, ante los ojos de todos y en un vacío legal absolutamente consentido. Nadie dijo que fuera fácil, pero con la indecisión, hemos tomado la postura más cobarde de todas: la de no hacer nada.

Y mientras miramos hacia otro lado en los burdeles, atacamos el problema con la única arma vital, la lucha policial contra las mafias, y una batería de acciones periféricas con resultados a medio plazo: luchamos con campañas de educación, sancionamos a los clientes, montamos programas de reinserción… y nos olvidamos de ese 10 por ciento de hombres y mujeres, esas 60.000 personas que, según las estadísticas, ejercen ese servicio de forma voluntaria como medio de vida. Sin paños calientes. Ejercer la prostitución no debe de ser —para nada— un trabajo agradable. Pero tampoco tiene que serlo desatascar fosas sépticas, limpiar las cabinas en un sex-shop o trabajar en la limpieza de residuos nucleares. En esta vida, con una capacidad libre de decidir y sin moralinas de por medio, todo es cuestión de dinero.

Con ese planteamiento, ¿no sería más lógico que nos quitásemos la venda de los ojos, que el Estado regulara de una vez por todas la prostitución, controlara a las profesionales del sexo con una estricta normativa sanitaria, recaudara sus impuestos y velara por el cumplimiento escrupuloso de la ley frente a las mafias? ¿No reduciría eso el negocio de los proxenetas? Con las cartas sobre la mesa, todos podríamos saber, al menos, quién alquila su cuerpo por voluntad propia y quién no. Y actuar en consecuencia. Es complicado. Pero mientras debatimos, en España se consuman al día más de un millón de servicios sexuales con dinero de por medio.

El hotel de las meretrices

La normativa española no prohíbe de forma explícita que una persona ejerza libremente la prostitución. Pero sí castiga penalmente a aquellos que se lucran con la explotación sexual. Los chulos, los traficantes de personas, los delincuentes. Aquellos llamados proxenetas son perseguidos constantemente por enriquecerse con el sexo de los demás y se enfrentan a penas que oscilan entre los cinco y los diez años de cárcel. Sin embargo, eso no ha frenado el negocio. Según la ponencia presentada en el Congreso, los españoles gastamos cada día 50 millones de euros en sexo de pago: 50 millones en solo veinticuatro horas. Con ese dinero, que en su mayoría queda en manos de las mafias, se puede financiar por completo una promoción de doscientas viviendas de protección oficial.

Fuera de las calles, todos hemos visto clubs y prostíbulos abiertos prácticamente en cada municipio de España. Según los datos de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA), en nuestro país hay 200.000 burdeles y pisos particulares donde se ejerce el oficio. Solo los clubs de carretera controlan 11.000 camas calientes, según un informe del Instituto Europeo para la Prevención del crimen, emitido en 2005. Si damos esas estimaciones como buenas, en España tenemos dos veces más puticlubs y pisos de alterne que peluquerías. ¿Cómo puede ser que lugares de este tipo sigan abiertos cuando hablamos de un negocio ilegal? Muy sencillo. Los locales de alterne no se lucran con la prostitución de las chicas. O al menos esa es la teoría. Lo que hacen los empresarios es —supuestamente— ofrecer a las mujeres y hombres que se prostituyen una serie de servicios: les dan seguridad privada, alojamiento y comida, les alquilan una habitación… y lo que pase dentro de ella no es asunto suyo.

Así se estructura este negocio para que los prostíbulos sigan abiertos. En noviembre de 2011, la Policía Nacional cerró en el barrio valenciano de Velluters un local de este tipo que burlaba la legislación abierto como un club de fumadores. Tras una visita policial, los dueños del establecimiento agacharon la cabeza y cerraron el chiringuito. En el verano de 2000, la policía cerró también el principal hipermercado del sexo en Madrid, el Club Social Barajas, donde trabajaban hasta doscientas mujeres. Los propietarios habían creado un supuesto club deportivo, que contaba con unas canastas y dos pistas de tenis, además de ciento cincuenta camas. Pero veamos un ejemplo extremo: en marzo de 2011 un juzgado de Pamplona absolvió a un club de alterne por cobrar 21.000 euros a un cliente que estuvo diecisiete horas metido en el local, disfrutando de servicios sexuales. La sentencia dice que el precio facturado se justifica por las tarifas que se cobran en este tipo de establecimientos: «200 euros por una hora de estancia en la suite por cada señorita de compañía». Es cierto que no era tarea de este tribunal juzgar o no a los dueños del local, sino determinar una estafa, pero ¿no se supone que es ilegal facturar en España por estos conceptos?

En ocasiones, estos locales están abiertos, por ejemplo, con licencias de hotel y para Hacienda justifican sus ingresos con el alquiler directo de las habitaciones. En otros casos, los dueños de los clubs enmascaran el dinero ganado con el sexo en otros negocios mejor reputados. Incluso un bar es suficiente, como hemos visto en otros capítulos. Facturar el dinero de los encuentros sexuales como un restaurante tiene menos problemas fiscales y los conceptos que aparecen en las cuentas de quienes pagan con tarjeta son menos escandalosos. Mejor que ponga en el extracto «Repuestos Manolo» que «Casa de Citas La Ponderosa».

Una jueza, la primera

Sobre el papel, la normativa española estipula que una persona no puede darse de alta en la Seguridad Social como prostituta ni pagar impuestos por ello. Como síntoma perverso, el Estado se convertiría al permitirlo en principal proxeneta de la chica o el chico en cuestión, llevándose sin pestañear un suculento porcentaje del dinero generado por el alquiler de su cuerpo. Pero hasta esta legislación tiene lagunas. En un trabajo de campo, una jueza de lo social llamada Gloria Poyatos, profesora de la Universidad de Girona, consiguió inscribirse legalmente como meretriz, darse de alta como autónoma y cotizar a la Seguridad Social. Para realizar su experimento, la jurista se plantó en una oficina de Hacienda y solicitó sin dar más explicaciones que se le diera de alta en la base de datos como trabajadora del sexo. La jueza esperaba que los funcionarios de la Administración tumbaran su petición a la primera de cambio, para poder recurrirla. Pero ante su sorpresa, la petición fue admitida y ella misma dada de alta. Según explicó en la presentación de su trabajo de campo, con el documento de Hacienda en la mano, Gloria Poyatos se plantó en la Tesorería de la Seguridad Social, donde los funcionarios aseguraron que la suya era una petición insólita. Una prostituta dada de alta. Si Hacienda dijo sí, ellos también. Por eso esta jueza de lo social de Lanzarote fue en 2011, posiblemente, la primera prostituta legalizada de España.

Un problema de todos

España no es el único país que se enfrenta a la dicotomía de prohibir o legalizar la prostitución. Pero sí es el miembro de la Unión Europea que más la consume, por delante de Suiza y Austria. ¿Cómo lo han arreglado nuestros países vecinos? En Europa hay soluciones para todos los gustos. Holanda fue el primer socio en regular el sexo de pago como una profesión más dentro de su ordenamiento. La legalización tuvo también una consecuencia directa: las penas para los proxenetas y traficantes de personas se endurecieron al máximo en su código penal. ¿El resultado? Ni siquiera dentro del propio país hay unanimidad en las versiones. En 1999 fue Dinamarca quien abrió la mano, y en esta misma línea, Alemania despenalizó completamente el sexo de pago en 2002, siempre que sea un ejercicio voluntario. Suecia, por el contrario, tiene una legislación muy parecida a la española. Se persigue al cliente y al proxeneta, al contrario que en Francia, donde el gobierno aprobó una normativa en 2003 que criminalizaba mucho más a las prostitutas que en el resto de Europa y penaba con dos meses de cárcel estar constantemente en una determinada calle con ropa provocativa. En países como Inglaterra, Dinamarca, Italia o Suecia, las meretrices están obligadas a pagar impuestos. Incluso aunque su trabajo sea ilegal.

El caso más llamativo sucedió en Polonia, donde en febrero de 2011 el fisco local reveló que, según sus bases de datos, uno de cada diez polacos se dedicaba al negocio de la prostitución. Cuatro millones de personas; una cifra increíble. El dato tiene trampa y se identifica más con el fraude fiscal que con el sexo por dinero. Polonia contempla las relaciones sexuales pactadas como una actividad legal, sin apenas control financiero por parte del Estado. ¿Cómo se puede comprobar si una persona cobra o no por sus encuentros sexuales? Por eso, todo el mundo que tiene ingresos extra, que trabaja en la economía sumergida polaca y tiene dinero negro sin justificar, asegura ante sus inspectores fiscales que procede de vender su cuerpo. Imagine la escena:

—Señora, las cuentas no me cuadran. Tiene usted más dinero en la cuenta del que gana cada año.

—Sí, es que soy prostituta.

—No hay más preguntas.

En cualquier caso, la argucia no es nueva. Y cuenta la leyenda que también se usa en los juzgados españoles. Otro caso teórico: una señora entra en un juzgado de Madrid. Unos meses antes, la policía encontró en su casa 100.000 euros en metálico procedentes de la venta de droga, un delito muy penado en nuestro país. A las preguntas del juez, la acusada defiende sin tapujos que los billetes son el fruto de su trabajo en la calle: no es traficante sino prostituta. Y ese es el dinero de su sueldo. Si no hay pruebas sobre los narcóticos, la acusación por tráfico pasa a ser un simple delito fiscal, complicado de rebatir y que se salda simplemente con dinero.

El imperio del sexo que se controla desde España

Al contrario que la prostitución, la distribución y venta de productos pornográficos es perfectamente legal en España, al igual que en la mayoría de los países democráticos y aconfesionales del planeta. Según la revista Forbes, las imágenes eróticas y de sexo explícito mueven al año 60.000 millones de dólares en todo el mundo. Y parte de ese pastel se controla desde España. La firma Private es posiblemente la empresa de pornografía más importante que existe en todo el mundo. Tanto que incluso cotiza en la bolsa de Nueva York desde que el holding, con empresas en Canadá, Chipre, Holanda, España y Estados Unidos, decidió salir a bolsa en 2003. En el último año, pese a presentar pérdidas, el imperio Private tuvo unas ventas en todo el mundo de 23 millones de euros, vendió 45.000 ejemplares de sus libros y revistas en más de quince países, gestionó un catálogo de 1.500 películas porno, dos canales temáticos, servicios de pago por visión y una página web con dos millones de sesiones fotográficas de sexo explícito. Y todo gestionado desde España.

Basta visitar la ficha oficial de Private Media Group en la bolsa estadounidense para confirmar que la compañía, abierta en el estado de Las Vegas, se gestiona en realidad desde una oficina ubicada en la Torre Mapfre de Barcelona. Las dependencias están alquiladas a la sociedad Milcap Media Group, filial de Private abierta en España en 1990, cuando los magnates suecos dueños de la empresa decidieron salir de su país y poner en Cataluña sus oficinas centrales para Europa. Además del inmueble en el centro de la Ciudad Condal, Private tiene alquiladas unas instalaciones en la Carretera de Rubí a Sant Cugat del Vallés, también en Barcelona. Allí es donde gestiona la logística de sus productos, que llegan a doce países solo en Europa.

La dirección de contacto de Private para la prensa mundial está también en Barcelona. Y desde allí se envían los informes comerciales a los inversores en todo el mundo. Sin embargo, el dinero de los reyes del porno tiene una estructura bastante más compleja. Solo hay que ver sus filiales para entenderlo. El holding tiene una rama en Gibraltar, comprada en 1998 y llamada Cinecraft Limited, dos filiales de compra abiertas en Chipre, otro paraíso fiscal, tres compañías en España, otras cuatro en Holanda y Canadá, países también con importantes ventajas fiscales y, por último, cinco empresas abiertas en el paraíso fiscal de referencia mundial: el estado norteamericano de Delaware.

XV. Cuando la Iglesia pasa el cepillo

La caridad no da para pagar el IVA,

pero sí para invertir en bolsa

Las hermanas del monasterio cisterciense de Santa Lucía se presentaron a la carrera, hábito en mano, en la comisaría de la Policía Nacional de Zaragoza. A primera hora de la mañana, mientras los matinales del martes radiofónico se limpiaban las legañas con la resaca engalanada de los Oscar, la madre superiora de la orden, la primera en jerarquía de las dieciséis hermanas que pasan sus días en el convento maño, relató a los agentes su problema. Un robo. Allí. En lugar sagrado. Un ladrón había entrado como una sombra y se llevó bajo el brazo un millón y medio de euros. Un millón y medio en billetes que las hermanas tenían guardado en un armario, en bolsas blancas de supermercado.

La cantidad llamó la atención de los agentes. ¿Millón y medio? Debe de ser que la señora se ha confundido con el susto y nos habla en pesetas, pensaron. Salieron rápido de dudas, cuando la religiosa les mantuvo el dato con otro argumento: la mayoría estaba guardado en billetes de 500. ¿Un millón y medio de euros en billetes de 500, en manos de unas monjas de clausura? ¿Y cómo lo consiguieron, si apenas salen del convento?

La Congregación de Santa Lucía lleva en Zaragoza más de cuatro siglos. Exactamente desde 1588, cuando el Concilio de Trento prohibió expresamente que los monasterios se levantaran en lugares solitarios, para evitar asaltos, violaciones y raptos. Con la decisión clerical, las hermanas cistercienses cambiaron los aires del monasterio de Santa María de Cambrón, en Sádaba, por las calles más transitadas de la Zaragoza cortesana. Y allí viven desde entonces, dedicadas a una vida de paz, recogimiento y clausura. El convento solo se abre durante hora y media los domingos, para la misa. El resto del tiempo, las religiosas viven en clausura y del trabajo de sus propias manos. Un voto de pobreza que contrasta con la cantidad de sus ahorros y que tiene una fuente: las hermanas de Santa Lucía son conocidas por sus virtuosos trabajos en la restauración de libros incunables y pergaminos. Sus manos expertas y pacientes son capaces de devolver a la vida importantes textos y manuscritos. Y por ello cobran a sus clientes como cualquier otra empresa. Además, entre los muros del convento se fraguan también otras obras de arte. Una de las dieciséis hermanas es una reconocida pintora: Isabel Guerra, que con sus cuadros hiperrealistas se ha ganado fama internacional y un nombre en el mundo del arte. Sus pinturas llegan a costar 40.000 euros en el mercado.

Son los ahorros de toda una vida. El resultado de cuarenta años de abnegado trabajo. Eso alegaron las religiosas cuando los medios de comunicación les sacaron de su vida tranquila tras la denuncia y comenzaron a preguntar por el dinero. La policía desvió el caso al juzgado, no solo por el sospechoso robo, sino por la importancia del botín y lo extraño de las circunstancias. ¿Quién en su sano juicio guarda más de un millón de euros enrollado en bolsas del supermercado en un armario? ¿Es que no saben ustedes que existen los bancos?, debió de pensar más de un agente.

La tradición española dicta que, cuando alguien guarda fajos en metálico escondidos en casa, suele ser básicamente para que Hacienda no los encuentre. Puede haber otros motivos para esconder el dinero. Algunos cada vez más comprensibles, como la desconfianza en el sistema bancario o una simple decisión personal: si todo se va a la mierda, si llega el corralito como en Argentina, por lo menos que nos pille con algo en efectivo. Pero en este caso, la madeja se enrolló más todavía. Dos días después de que se hiciera pública la denuncia, las hermanas cistercienses contrataron a un abogado. El letrado Jesús García Huici se presentó ante la prensa y especificó que el botín robado era en realidad de 400.000 euros. Un tercio de lo que en un principio declararon. ¿Cambiaron las cifras? ¿Se evaporó una parte del dinero en cuanto salió del convento? El abogado aseguró que todas las cantidades estaban documentadas, facturadas con un CIF y declaradas a efectos fiscales. Ahora, tendrá que ser la Justicia la que lo compruebe, pero desde fuera arroja una duda: ¿cómo se gestiona el dinero de la Iglesia? ¿Qué ventajas fiscales tiene? ¿Cómo podemos saber lo que ingresa un convento y si realmente hay negocio detrás de la fe?

Los acuerdos Iglesia-Estado sobre asuntos económicos, firmados hace más de treinta años y renovados por última vez en 2007, estipulan que la Administración tiene que destinar a la religión católica el 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de la gente que así lo solicite. ¿Y por qué a la comunidad cristiana y no a los judíos, a los árabes, a los budistas o a cualquier otra confesión? La fe religiosa es una cuestión personal y libre en España, apartada de la Administración. Pero no del todo. La Constitución española, nuestra norma básica de convivencia, describe España como un Estado aconfesional, sin condicionantes religiosos, pero con especiales relaciones con la Iglesia católica. Para que nos hagamos una idea, en total las instituciones religiosas católicas reciben —según los informes más críticos— 10.000 millones de euros de la Administración en distintas partidas, mientras judíos, musulmanes y seguidores de otras confesiones se reparten entre todos 6 millones de euros por medio de la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Esa relación se traduce directamente, para empezar, en que el 30 por ciento del presupuesto de la Iglesia en España procede de los impuestos de los paganos. O al menos de aquellos que marcan voluntariamente la casilla de la Iglesia en su declaración: en concreto 7,2 millones de personas en 2010, el 34 por ciento de los declarantes que dejaron para el clero más de 250 millones de euros. Un dinero que se cobra de una forma curiosa. En lugar de liquidarse cada año, es el Estado quien adelanta todos los meses algo más de 12 millones de euros de su bolsillo, en previsión de las donaciones. Al final de año, los dos se juntan y sacan las cuentas. ¿Se imaginan que Hacienda les deje dinero todos los meses en previsión de lo que les tiene que devolver este año? Pues eso hace el Estado con la Iglesia.

Además, la institución católica está exenta del pago de IVA, del Impuesto de Patrimonio, del IBI y de las tasas para solicitar permisos de obra en sus edificios, en una política diferente a la del resto de los ciudadanos, que ha sido incluso criticada por la Comisión Europea. En 2005, el organismo reclamó a España que obligara a pagar ese impuesto a los lugares de culto, pero la medida no se ha cumplido. La rebaja de impuestos para el clero se tasa, en estos conceptos, en 1.000 millones de euros más. Y se lleva también otros 80 millones de nuestros impuestos gracias a una curiosa normativa. Además del 0,7 por ciento para la Iglesia, el contribuyente tiene la opción de destinar otro 0,7 por ciento de sus impuestos a otras organizaciones sin ánimo de lucro. Sin embargo, las ONG de corte religioso también entran en ese saco y arañan cada año otros 80 millones de euros. Por eso bajo el lema «No pagarás más, no te devolverán menos», la Iglesia lanzó en 2011 una campaña de publicidad en la que instaba a sus fieles a marcar las dos casillas, y no solo la destinada a la financiación del clero.

200 millones en sueldos

La Iglesia católica tiene una eminente labor social, pero también se ha convertido, con los años y las ventajas fiscales, en un gigante económico. Los religiosos gastan en salarios exactamente el 72 por ciento de los 223 millones de euros que ingresan de forma oficial cada año por distintas fuentes: su asignación estatal, las donaciones públicas y privadas y su red de negocios. De ese dinero comen 18.825 sacerdotes que cubren las 23.000 parroquias y 850 monasterios de este país y ofician 5 millones de misas al año. Según sus propias memorias, el gasto real de las actividades pastorales, sin contar los salarios de los religiosos, es del 16 por ciento. Además, la Iglesia tiene sus propios negocios paralelos: mantiene bajo su paraguas 5.347 centros educativos concertados o privados donde estudian 13 millones de alumnos, 11 universidades y 73 facultades, 87 hospitales por los que pasan cada año 880.000 personas y 763 casas de ancianos. Esos negocios dan trabajo a 115.026 personas, en unos servicios que, aunque necesarios, parecen más propios de la Administración. De hecho se pagan de una forma u otra con nuestro dinero. Bien por la factura o bien por los impuestos. Es el Estado quien financia directamente con 4.600 millones de euros los sueldos de los 16.000 profesores de religión de colegios públicos y concertados, quien entrega 25 millones para el sueldo de los capellanes en las cárceles y del clero que ejerce en otros centros públicos, y quien financia con 500 millones anuales las labores de conservación del patrimonio histórico bajo titularidad del Vaticano.

En total, según un estudio de la asociación Europa Laica, cada español pone de su bolsillo, sin tan siquiera saberlo, 200 euros al año para sufragar a la Iglesia católica con rebajas fiscales, concesiones de servicios y las subvenciones concedidas por la Administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Solo mantener la Conferencia Episcopal cuesta 2,3 millones de euros al año. Los estudios más críticos explican que si se eliminan las ayudas religiosas no sería necesario ampliar la edad de jubilación en España a los sesenta y siete años.

Es innegable la función social que en nuestro país hace la Iglesia. O al menos una parte de ella, la que está más en contacto con los ciudadanos. Los sacerdotes a pie de calle han destinado 43 millones de horas en un año a cuidar del prójimo, según sus propios datos. Cáritas y Manos Unidas asistieron en total a 3,6 millones de personas en 2009. Pero ¿no sería más lógico destinar esos recursos, esos 250 millones de euros al sistema estatal de salud, a los trabajadores sociales, a los psicólogos y especialistas y dejar la atención social fuera de condicionantes morales de ninguna clase? Una cosa es que el clero, la religiosidad, la fe esté presente en muchos aspectos de nuestra vida porque una parte de la población así lo solicite —algo completamente lícito— y otra muy distinta que las instituciones religiosas se conviertan en un grupo de poder financiado con el dinero de todos los paganos: los que creen en Dios y los que no. No olvidemos una cosa: la religión no es un servicio público, por mucho que algunos se empeñen en confundirlo. Desde esa perspectiva tendrían que ser sus fieles los que la sufragaran.

Ante este baile de cifras millonarias hay un dato que llama poderosamente la atención. La Iglesia católica ingresa cada año oficialmente solo 13 millones de euros en donativos, 13 millones que aparecen cuando todas las parroquias de España pasan el cepillo. Al margen de la cantidad, ¿qué forma tenemos de controlar realmente cuánto ingresa la Iglesia por ese método? Analicemos el mecanismo. Un señor saca un billete o moneda de su bolsillo, lo deja en una cesta cuando pasa junto a su asiento, y adiós. No hay más resguardo ni transferencia. No hay evidencias ni pruebas. No hay forma de seguirle el rastro. No hay forma de probar la cantidad exacta que ha pasado ese día por la canasta de mimbre. Ni esa semana. Ni ese año. ¿Cuánto recibe cada parroquia del fotógrafo que obliga a contratar para las bodas? ¿Y de la empresa de las flores? ¿Y del coro rociero? Eso sí que es un acto de fe para el resto de los paganos.

Es un hecho que los sacerdotes no se hacen ricos con su profesión. Ni mucho menos. El salario de cualquier párroco español ronda los 800 euros y tienen pocas formas de inflarlo. Meter la mano en el cepillo en contadas excepciones y poco más. Pero eso no evita que la Iglesia católica como institución, como entidad que se presume sin ánimo de lucro, realice inversiones cuando menos cuestionables. Ya hemos visto la lista de SICAV controladas por colectivos de carácter religioso. ¿Es normal que se tenga a la Iglesia sin pagar IVA mientras mantiene fuertes inversiones de su patrimonio en bolsa? ¿Es lícito? ¿Especular es cristiano? Algunas hermandades religiosas mantienen varios millones de euros a la luz de todos, pero lejos de la mano de Hacienda. Unos pensarán que ese dinero también sirve para hacer obra social. Su rentabilidad ya volverá al terreno de la caridad. Otros mantienen que los fondos estarían mejor invertidos en frenar la hambruna en el Cuerno de África que en el mercado contable. Pero lo único cierto es que ahí sigue, generando ingresos a la vista de todos.

Llegados a este punto hay un aspecto clave en el debate. Los acuerdos firmados entre la Iglesia y el Estado en 1979 reconocen una asignación anual al clero sacada de los impuestos de todos los españoles. Hasta aquí todo correcto. Pero hay un punto que siempre se olvida, de forma inocente o malintencionada. Los documentos firmados con el Vaticano tienen compromisos para todas las partes. Y la Iglesia católica se comprometió hace más de treinta años a buscar un sistema financiero que sea sostenible y que le lleve a la autofinanciación. Hace mucho que las parroquias, los conventos y las organizaciones clericales tendrían que ser autosuficientes. Las ayudas estatales no son una panacea, una hipoteca de fe firmada de por vida por todos los paganos, sino una solución intermedia que se ha quedado a vivir entre nosotros como el amigo gorrón que siempre mira al techo cuando llega la cuenta.

¿Alguien ha puesto una fecha tope en ese sentido? ¿Alguien ha visto un gesto clerical para reducir gastos y adecuarse al dinero que pueden conseguir por sus propios medios? Treinta años llevamos y por lo visto podemos seguir esperando. La situación llegó al esperpento en octubre de 2010, cuando un sacerdote valenciano —al que el arzobispado no reconoce— fue procesado entre otros delitos por fraude fiscal. El hombre aseguró entonces sin rubor que no declaró sus ingresos ante Hacienda porque pensaba que, al ser cura, estaba exento. Tras pasar por el banquillo, el supuesto sacerdote fue absuelto.

El dinero que no toca el suelo

«¿Dónde quieren que esté el dinero de la Iglesia católica? ¿En la luna? El dinero de la Iglesia tiene que estar en los mercados». La frase sonó demoledora. Fría. Demasiado descarnada como para salir por boca de un economista con alzacuellos y sotana. Bernardo Herráez, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, explicaba así en 2001 la creación —dos años antes— de una empresa para invertir en bolsa con dinero de los arzobispados de Madrid y Burgos. ¿Invertir en bolsa? ¿Qué sentido tiene que una institución sin ánimo de lucro quiera invertir en nada? De hecho, ¿cómo puede tener alguien sin ánimo de lucro un solo euro de beneficio a final de año? Después de guardar una cantidad de fondos razonable para imprevistos, todo el dinero que tenga gásteselo en labor social, en ayuda contra el hambre, en servicios asistenciales para personas con dependencia. O al menos eso parece lo más lógico, que para eso se lo han dado. Pero no. En España la Iglesia tiene remanente. Para empezar, el clero atesora el 80 por ciento del patrimonio histórico nacional; un dato que supimos cuando alguien robó de la catedral de Santiago el Códice Calixtino, una obra del siglo XII y de valor incalculable. Además, el Vaticano y sus instituciones son titulares de 100.000 inmuebles de distinta consideración en nuestro país. Inmuebles que tampoco pagan IBI.

Fuera de bienes materiales, las desafortunadas inversiones del clero en los mercados financieros han dejado en evidencia, cuando menos, actuaciones de dudosa moralidad. Ya hemos visto cómo las diócesis de Oviedo y Astorga, los Hermanos de las Escuelas Cristianas, la Curia Provincial de la Sagrada Familia, la Orden de la Inmaculada Concepción y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul metieron sus ahorros en varias SICAV que no pagan apenas impuestos. Pero la situación más comprometida estalló en junio de 2001, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores decidió intervenir Gescartera, una firma de inversión controlada directamente por el empresario Antonio Camacho. Los tribunales de Justicia abrieron una investigación y encontraron un agujero patrimonial de 120 millones de euros. El dinero de los inversores había desaparecido. Así supimos que la Orden de las Agustinas Misioneras se quedó enganchada con 3 millones de euros, que el Arzobispado de Valladolid confió 130.000 euros en manos de Gescartera, 142.000 euros la diócesis de Palencia, otros 54.000 euros los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle de Andalucía, 277.000 euros desde la misma congregación en Valladolid, 1,2 millones de euros desde el Instituto Español de Misiones Extranjeras, 280.000 euros de las Hijas de María Auxiliadora de Sevilla, 280.000 euros de Manos Unidas, 339.000 euros del Obispado de Astorga, 134.000 euros desde Cantabria, 240.000 euros de las Madres Dominicas y 314.000 euros del monasterio de Nuestra Señora de Porta Coeli. Para colmo, otra institución con importantes rebajas fiscales y sin ánimo de lucro cayó en las redes de Gescartera. La Fundación ONCE invirtió en la agencia de valores 3,2 millones de euros.

Ante semejante lista se presenta una pregunta. ¿Pasaría lo mismo si analizamos los inversores de cualquier otra agencia de valores? ¿Ha sido casualidad que Gescartera tenga entre sus clientes a una veintena de organizaciones religiosas, o es mucho más común de lo que pensamos? Con la legislación en la mano, nunca lo sabremos. Las instituciones clericales tienen muchas ventajas, pero entre sus obligaciones no se encuentra la de informar sobre dónde invierten su dinero. Ellos no tienen que dar explicaciones al Tribunal de Cuentas, por mucho que se nutran constantemente con dinero público. Básicamente, pueden hacer con su dinero lo que quieran.

Una visita que no salió gratis

Madrid se convirtió el 16 de agosto de 2011 en la capital mundial del cristianismo. Llegaron aviones, trenes, autobuses y una marea humana de un millón de fieles tomó la ciudad para esperar la visita del papa Benedicto XVI, la estrella clave de la Jornada Mundial de la Juventud, que por segunda vez se celebró en España. Durante cinco días, las misas y los actos religiosos se conjugaron en Madrid con los cortes de calles, las aglomeraciones y el dinero dejado por los fieles en los comercios locales. El parque del Retiro pasó a ser durante esos días el bosque del perdón, allí donde todos los arrepentidos reconocían sus pecados en doscientos confesionarios portátiles. Hasta la Iglesia se puso de rebajas. Con motivo de la visita del Papa, las mujeres que hubieran abortado de forma voluntaria —condenadas al infierno por su pecado mortal— tenían la opción de confesarse y borrar de ellas su pecado. La medida de gracia solo era válida para Madrid y solo durante la JMJ, al más puro estilo de unos grandes almacenes en oferta.

El evento, de innegable repercusión mundial para Madrid, tuvo un coste presupuestado en 50 millones de euros. Una cifra que llenó de críticas los oídos clericales en plena crisis. En su defensa, el director financiero del JMJ —Fernando Giménez Barriocanal— aseguró que las jornadas tendrían un coste cero para el Estado. Una afirmación que, en principio, parece justificada pero que, analizada en profundidad, se torna incorrecta. Para sufragar el evento, que contó con la mayor misa multitudinaria celebrada en la historia de España, los 456.380 peregrinos oficialmente inscritos aportaron 31,5 millones de euros de su bolsillo. Otros 2,5 millones llegaron por donaciones individuales y 16,5 millones más fueron aportados por las empresas patrocinadoras, firmas como Caja Madrid o el Banco Santander. En total, eso sumaba los 50 millones de euros presupuestados, por lo que la Administración no tendría que aportar un solo euro.

Visto así, las cuentas cuadran. Pero vayamos al detalle. Obviemos incluso el coste en seguridad, en salarios y horas extra para los policías, bomberos, trabajadores de protección civil, ambulancias y servicios de este tipo que tiene semejante afluencia de personas. Obviemos los 600.000 abonos de metro con rebajas del 80 por ciento, el uso de los 693 polideportivos e instalaciones públicas empleados, los gastos de agua, los cien trabajadores extra contratados por Metro de Madrid… Saltemos por encima de esos costes que pagamos todos para ir al pago de impuestos.

Para facilitar la llegada del Papa y de su millón de fieles, el gobierno calificó el evento como de interés general. ¿Y eso qué significa? Pues básicamente que las empresas que financiaron el JMJ tienen un trato especial en su declaración de Hacienda con todo el dinero que pusieron sobre la mesa. Pongamos un ejemplo. Todos vimos aquellos días a los voluntarios con las camisetas oficiales y un logo bien grande de Caja Madrid en la solapa. Ahora, la entidad bancaria puede desgravarse el 90 por ciento de todo el dinero que puso en publicidad para el evento. En teoría, financiar aquellas camisetas y poner su marca en el pecho de miles de creyentes le salió casi gratis a la caja de ahorros porque, aunque ella adelantó el dinero, seremos los paganos quienes afrontaremos de verdad el coste con su rebaja de impuestos.

Como norma general, la declaración de «acontecimiento de especial interés» suele emplearse para favorecer dos cosas: la organización de grandes eventos deportivos (como el Mundial de Baloncesto de 2014 y la Barcelona World Race, por la publicidad a escala mundial que dan de España) y actos culturales de difícil promoción: el V Centenario del nacimiento en Trujillo de Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas y el Tricentenario de la Biblioteca Nacional son algunos ejemplos.

Con la decisión gubernamental, la visita del Papa se subió a ese carro y recibió, por tanto, ayudas estatales en forma de rebajas fiscales. El Estado no puso un euro, pero dejó de ganarlo, ya que las empresas que financiaron esos 16,5 millones de euros en patrocinio tenían la oportunidad de rebajarlo de sus pagos en una cantidad mucho mayor a la de cualquier otra donación. Por otro lado, esos 2,5 millones de ayudas particulares rebajan también los impuestos un 40 por ciento. Todo tiene letra pequeña. En total, el Estado dejó de ingresar por estos conceptos entre 13 y 16 millones de euros. Un dinero que no sale en las cuentas.

XVI. Clase política, el auténtico ejemplo

Cuando un asalariado paga el doble de impuestos

que el presidente del Congreso de los Diputados

La propuesta llegó como un tiro al aire en los minutos de descuento de la legislatura, en pleno mes de septiembre, sin apenas margen de maniobra y con las elecciones a la vuelta de la esquina. Todos los partidos tenían ya marcado en sus calendarios el 20 de noviembre, la fecha en la que España, según todos los sondeos, iba a cambiar el rojo de José Luis Rodríguez Zapatero por el azul de Mariano Rajoy. La precampaña asomaba ya sin tapujos en las declaraciones de todos los portavoces políticos desde que volvieron de vacaciones y cada cual tomaba la postura que consideraba más rentable. El PSOE tenía que dar una imagen nueva, inmaculada, fresca. Tenía que reinventarse y fingir que los últimos ocho años de gobierno eran cosa de otros. Tenía que hacer creer a sus electores —y a todo el que pasara por allí— que el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba era en realidad una figura renovadora y de ruptura con el gobierno del desastre. Claro, no funcionó.

Como medida correctora, el PSOE dedicó la recta final de la legislatura a poner sobre la mesa propuestas más cercanas al votante. El candidato Rubalcaba prometió la creación de un nuevo Impuesto de Patrimonio que grabaría los bolsillos más pudientes y una reforma fiscal sin identificar para hacer el sistema tributario más justo. Los partidos de izquierda le tomaron la palabra y dieron un paso adelante. ¿Por qué esperar? ¿Por qué tenemos que aguardar unas elecciones para hacer unas reformas que parecen necesarias? Por eso el 20 de enero de 2011, el Congreso de los Diputados tuvo que decidir sobre un nuevo cambio del sistema fiscal; una modificación presentada por Esquerra Republicana, los nacionalistas gallegos e Izquierda Unida que supondría —según sus cálculos— unos ingresos de 8.000 millones de euros más al año. ¿No quería el PSOE más dinero de los que más tienen? Pues ahora que aprueben una subida del 50 por ciento para los que ganan más de 100.000 euros al año. A ver si es verdad lo que dicen.

La reforma planteada en el Congreso fue rechazada. En realidad, no tenía posibilidad alguna de salir adelante, ya que no daba tiempo material a que la iniciativa se tramitara antes de las elecciones, por mucho que todos los diputados dijeran sí. En cuanto el PP llegara al poder iba a quitarla del medio de un plumazo. O al menos esas eran las previsiones. De hecho, sus portavoces ya habían mostrado el rechazo público a la medida con un argumento un tanto peregrino. El Partido Popular pensaba que subir los impuestos a los ricos supondría «una recaudación insignificante». Y tenía razón. Pero solo si pensamos que los ricos son aquellas personas que ganan más de 100.000 euros al año en este país —unos 180.000 paganos entre 16 millones de asalariados—, y no metemos en ese saco a todos los propietarios de sociedades patrimoniales, ETVE, SICAV, cuentas en Suiza a nombre de testaferros y el resto de instrumentos para enmascarar la factura que hemos visto en este libro. Si no, la cosa cambia. La nueva ley obligaba a tributar como el resto de las sociedades españolas a las más de 3.000 SICAV de este país y contemplaba más impuestos para las rentas del capital, es decir, para los beneficios de las inversiones financieras en lugar de para los asalariados. Medidas que luego quedaron en el tintero con la primera reforma fiscal planteada por el Partido Popular. Durante el debate, los partidarios de la nueva normativa hicieron sus propias cuentas y aseguraron que las rebajas aprobadas por el PSOE durante la crisis habían supuesto una merma de 9.000 millones de euros en la recaudación de 2008. Hay cifras para todos.

Como era de esperar, la propuesta no llegó a ningún lado, pero el episodio plantea un interrogante. A lo largo de este libro hemos confirmado cómo el sistema fiscal español está completamente desequilibrado, cómo Hacienda se centra en los asalariados, en la gente normal, en los paganos, mientras los grandes capitales tienen agujeros legales para no pagar impuestos, los equipos de fútbol generan deudas estratosféricas, parte de nuestras estrellas deportivas se van a vivir al extranjero, sectores como el juego online han operado al margen de la legislación vigente durante años, los clubs de carretera igual, las condenas por fraude fiscal son prácticamente nulas, muchas SICAV siguen en manos de unas pocas familias, Hacienda carece de medios naturales y humanos necesarios para investigar debidamente a las grandes corporaciones y las inspecciones se centran casi siempre en aquellos que no tienen escapatoria. Los más débiles. Los que siempre están localizables y no te van a marear con recursos y abogados de tarifa millonaria. Los datos están ahí. Son claros. ¿Es que nadie los ve? Está claro que sí. Entonces, ¿quién ha propiciado esto?

La clase política es quien finalmente tiene la decisión última sobre nuestro sistema fiscal. Es la que ha aprobado desde hace años los agujeros legales, la que ha permitido las ETVE con la excusa de captar dinero extranjero, la que nos baja los impuestos sobre la renta y nos sube el IVA, la que aprueba normativas completamente incomprensibles y con la menor publicidad posible para que el dinero negro de los paraísos fiscales pueda financiar a España. Es un hecho. Y lo extraño es que todo esto se hace con el mayor convencimiento de que es lo mejor para el país. En la mayoría de los casos, no hay maldad de por medio. No hay sombras extrañas ni intereses contrapuestos. Como ya hemos indicado, todo tiene una explicación común. Una razón que escapa de nuestras fronteras. Mientras existan los paraísos fiscales, mientras la gente pueda sacar su dinero donde quiera, mientras no haya una armonización fiscal ni en el seno de la Unión Europea, en España no nos queda otra que luchar con estas armas para evitar la fuga de capitales. Tenemos que crear nuestro propio paraíso, y hacerlo de la forma más discreta posible para que el pagano no se entere. Todo el mundo no se puede subir al carro. Si no, aquí no pagaría nadie.

Por eso las políticas sobre impuestos cambian de forma radical cuando un partido está en el gobierno o en la oposición. Desde la acera de enfrente, es muy rentable destacar la irracionalidad del sistema para sacar votos. Es muy fácil decir que Hacienda está mal, que España pide más a los que menos tienen y que es necesaria una reforma profunda de cómo pasamos el cepillo. Son verdades como puños. Pero claro, cuando ese mismo partido llega al poder, la cosa suele cambiar. ¿Por qué? Pues simplemente porque también es evidente que España no se puede quedar aislada y emprender este tipo de reformas por su cuenta, sin el respaldo de sus países vecinos. El problema de España es el problema de la economía mundial. El problema del dinero por encima de las personas. De la deuda pública contra los bancos. El problema de que la gente cada vez más pobre necesita cada vez más el dinero de los ricos. Y mientras eso no se resuelva, mientras la comunidad internacional no vete a las empresas que operan desde paraísos fiscales, mientras la gente, independientemente de su nacionalidad, siga siendo distinta ante la ley del dinero, nuestros políticos van a seguir en el eterno debate y la pantomima.

En cuestión de impuestos, nuestro país es una jerarquía. Por mucho que los funcionarios, los técnicos, los inspectores de Hacienda quieran actuar de una manera distinta, tienen que jugar con las leyes y las directrices que aprueban nuestros políticos. Así son las reglas del juego para todos. El problema es que, una vez más, quienes hacen las reglas son posiblemente aquellos que menos las sufren.

Esos morosos del ayuntamiento

Al igual que sucede con los partidos políticos, las instituciones públicas también están exentas de pagar impuestos. Pero eso no significa que no tengan que abonar sus cuentas pendientes con otras instituciones públicas. No es ningún descubrimiento que gran parte de los ayuntamientos españoles tienen una deuda galopante que afecta a sus nóminas, a sus gastos, a sus inversiones y a todo lo que tenga que ver con los servicios municipales. Tanto que comienzan a dejar por el camino un reguero de deudas. Lo sorprendente es que, una vez más, los primeros que sufrimos los impagos somos nosotros mismos, por medio de la Seguridad Social. La Administración no paga a la Administración. Genial. Al contrario de lo que cabría pensar, el impago municipal al propio Estado no es un fenómeno que se dé igual en todas las zonas. Los ayuntamientos andaluces se llevan la palma con mucha diferencia. De los 140 millones de euros que faltaban en la Seguridad Social en 2010, 121 millones se habían quedado por el camino en consistorios andaluces y 85 millones solo en la provincia de Cádiz.

Según la información confesada por el gobierno en una pregunta parlamentaria, los ayuntamientos de Los Barrios y Barbate sumaban ellos solos más deuda que todos los municipios de otras dieciséis comunidades autónomas españolas juntas. Por sus impagos faltaban más de 50 millones de euros en la caja común. Tarifa, con 17,3 millones de euros sin ingresar, Manilva con 16 millones y Jerez de la Frontera con 7,8 cerraban en 2011 la lista de los cinco ayuntamientos más morosos del país; morosos con el resto de los españoles, se entiende. Según el informe de la Seguridad Social, el 90 por ciento de los impagos en las administraciones públicas se concentra en veinte ayuntamientos. Quince de ellos son andaluces: Los Barrios, Barbate, Tarifa, Manilva, Jerez, Huévar, Villamartín, Espera, Valverde del Camino, La Puerta de Segura, Jódar, Orcera, Campillo de Arenas, Jamilena y Huelva. Otro es canario: Santa María de Guía; otro extremeño, Plasenzuela; les siguen Collado Villalba, en Madrid; Os Blancos en Galicia y el Ayuntamiento de Ocaña, en Castilla-La Mancha.

La cifra parece de difícil solución. ¿Quién obliga al Estado a pagar al Estado? Se supone que, como a todos, los tribunales de Justicia. Pero siempre hay política de por medio. La deuda todavía es peor si sumamos lo que dejan de pagar a la Seguridad Social todos los ministerios y las distintas instituciones. Entonces nos encontramos con que en 2010 faltaban 272 millones de euros en la Seguridad Social, esa que paga las pensiones congeladas por el PSOE o la sanidad pública. Y claro, todos estos cobros adeudados, esas facturas impagadas llegan luego con recargo. ¿Y ese dinero de más, quién lo paga? ¿Quién se lleva el susto por el trabajo mal hecho? A estas alturas ya conocemos de sobra la respuesta. Una vez más, el pagano, ese cotizante anónimo y ya dolido que verá cómo el ayuntamiento de turno se saca de la manga algún nuevo impuesto para saldar la cuenta.

Según los datos entregados por el gobierno a los distintos grupos en 2010, el Ministerio de Educación, con 57 millones de euros pendientes, es el organismo público que más dinero debe a la Seguridad Social. Le sigue el de Justicia, con 35 millones en impagos, y el de Cultura, con 11 millones. Las deudas ministeriales han generado en total un recargo de más de 21 millones de euros. Más dinero que pagaremos entre todos.

Ni un solo euro a Hacienda

Los partidos políticos, por definición, en España no pagan a Hacienda. Según la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación, las agrupaciones políticas están exentas del pago del Impuesto de Sociedades, que si abona como norma general el resto de las empresas. La medida tiene cierta lógica, ya que si su principal fuente de financiación son las subvenciones públicas, sería un poco estúpido que, de ese dinero, tuvieran que devolver luego una parte. Además, se presupone su servicio social para justificar la medida, que afecta también a sus fundaciones y a otras instituciones de interés general. Sin embargo, los partidos tampoco pagan a Hacienda por las cuotas de sus afiliados, por las donaciones personales o anónimas que reciban ni por las actividades económicas normales de su funcionamiento. Con una autorización expresa del Departamento de Gestión Tributaria de Hacienda, cualquier agrupación política puede vender material promocional, organizar loterías o cualquier otro acto destinado a su financiación. Si el PSOE, el PP o Izquierda Unida se quedan dentro de esos márgenes, tendrán su dinero siempre libre de impuestos. Si generan otras actividades económicas —como a veces sucede— tributan a un tipo medio del 25 por ciento, como cualquier otra empresa.

Para hacer más fácil su financiación, el dinero que los afiliados entregan al partido también desgrava. Los miembros de Amaiur, CiU, el BNG o cualquier otro partido pueden rebajar su factura con esto hasta un máximo de 600 euros al año. Sobre las donaciones, los partidos políticos pueden recibir un máximo de 100.000 euros de una misma persona o empresa, excepto si lo que se entrega por el alma caritativa es un inmueble. Da igual que el regalo sea un pequeño trastero donde guardar las pancartas o un palacete de 2 millones de euros legado como sede principal del partido. Si la donación tiene forma de ladrillo siempre es bienvenida.

La legislación obliga a la clase política a identificar a todos los donantes que pongan en sus manos más de 300 euros en efectivo. Pero, en la práctica, esta normativa es de complicado cumplimiento. O mejor dicho, cumplirla es muy sencillo, lo difícil es comprobar que nuestros gobernantes lo hacen. Según el último informe del Tribunal de Cuentas sobre los partidos políticos, que analiza la contabilidad de las agrupaciones en 2006 —van con seis años de retraso los auditores del Estado—, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) ingresó ese año 90.000 euros en donaciones anónimas. ¿Quién les dio ese dinero? No lo sabemos. ¿Y en qué cantidades? Tampoco. Son donantes secretos. Entonces, ¿cómo podemos saber si esos fondos son solo de dos personas que han violado la ley o de un ejército de afiliados? Ni siquiera los funcionarios encargados de analizar sus cuentas pueden, ya que la partida se computa en sus cuentas como una sola. Otro brillante gol metido a la transparencia, que la clase política nunca ha corregido. El Tribunal de Cuentas, por su parte, alerta del dato en sus informes, hace una recomendación para que ese vacío legal se subsane, y sigue adelante.

Peor es el caso de Convergencia Democrática de Catalunya, que en 2006 tiene 1,3 millones de euros en donaciones opacas. Para que las ayudas privadas fueran legales, la agrupación tuvo que tener ese año 4.330 paganos solidarios, con 300 euros en la mano cada uno. El Tribunal de Cuentas tampoco aclara si fue así o el dinero llegó de una sola mano en un par de fajos. Sus funcionarios dicen textualmente que no tienen forma humana de comprobarlo.

Según el informe de los auditores públicos, en ese año, solo un partido entre una treintena tiene una deuda abierta con Hacienda. La federación andaluza de Izquierda Unida le debía en 2006 al fisco español 103.000 euros y otros 53.704 a la Seguridad Social. Ese mismo año, el Partido Nacionalista Vasco adeudaba también 186.490 euros de IVA al fisco por la explotación de varios bares y casetas durante las fiestas patronales. Los auditores estatales explican además que Esquerra Republicana desviaba a una fundación llamada Josep Irla i Bosch el dinero que sus cargos públicos tenían que destinar de su sueldo al partido, para conseguir «un régimen fiscal más favorable», cuando debería entrar en la contabilidad del partido. En los últimos años, la mayoría de los grupos parlamentarios han abierto fundaciones que orbitan sobre ellos. Así pueden captar fundaciones vetadas a los propios partidos, como las de empresas que tengan contratos vigentes con la Administración.

He aquí otro absurdo legal. Como norma general, las empresas que trabajan directamente con la Administración, desde las mayores constructoras hasta las pequeñas empresas de limpieza, tienen prohibido hacer donaciones a los partidos políticos, algo lógico para preservar la limpieza de las instituciones y evitar suspicacias a la hora de otorgar contratos públicos. Sin embargo, esa prohibición no alcanza a las fundaciones de los partidos políticos. Es decir, donar al partido no, pero a su fundación sí. La raya que separa, por ejemplo, a la Fundación FAES del Partido Popular es tan fina como la que separa esta normativa de ser un absurdo absoluto.

Como aspecto diferencial, los partidos políticos tienen además un tope de gasto. Un techo de dinero que pueden invertir en cada campaña electoral, en cada elección o consulta pública, y que es el mismo para todos los contendientes. Nadie puede gastar más dinero en unas elecciones de lo que estipule la ley. Es aquí donde se han dado los mayores escándalos financieros dentro de los partidos en los últimos años, en una fórmula inversa al resto de los paganos. Como norma general, los empresarios y autónomos intentan colocar en su declaración el mayor número de gastos posible para pagar menos impuestos. Luz, agua, teléfono móvil, la compra de un coche que va a nombre de la empresa, comidas. Todo vale para rebajar la factura. Los partidos políticos hacen exactamente lo contrario. Cuanto menos gastos presenten, más margen de gasto tienen en las campañas electorales. Para que nos hagamos una idea del volumen de dinero que son capaces de mover, entre todos, los partidos políticos gastan más de 20 millones de euros solo en correspondencia cada vez que llaman a los ciudadanos a las urnas.

Sueldos congelados

La medida llegó el penúltimo día del año, veinticuatro horas antes de las campanadas. El ejecutivo de Mariano Rajoy, recién estrenado, anunciaba en aquel momento su paquete de medidas para poner punto final a la crisis. O al menos, intentarlo. En una declaración pública, los portavoces del Partido Popular anunciaron su intención de aumentar la jornada laboral de los cinco millones de funcionarios de este país a treinta y siete horas y media semanales. Dos horas más de trabajo a la semana por el mismo sueldo, ya que otra de las medidas aprobadas fue la congelación de los salarios para todos aquellos contratados por la Administración. En cuatro años, según los cálculos sindicales, los funcionarios españoles han perdido un 20 por ciento de poder adquisitivo. Esa es la primera consecuencia lógica para un país donde los sueldos públicos llevan tres años congelados.

Sin embargo, las cifras una vez más no valen para todos. Y menos para la clase política. Porque aunque los sueldos de la Administración estén congelados, los concejales, diputados autonómicos, diputados nacionales y senadores siguen teniendo en sus manos la capacidad para subir o bajar su propio sueldo. En su favor, hay que recordar que parte de las cámaras ha decidido bajar sus retribuciones en una media del 10 por ciento. Sin embargo, esa autonomía a la hora de establecer salarios ha generado casos controvertidos. Y más en tiempos austeros. En solo un mes tras las elecciones municipales del 22 de mayo, los concejales de numerosas localidades españolas decidieron subirse el sueldo: en Mollet del Vallés (Barcelona) acordaron hacerlo un 10 por ciento, un 34 por ciento en Sant Andreu de Llavaneres, entre un 16 y un 34 por ciento en Tres Cantos, en Peñafiel (Valladolid) el nuevo primer edil decidió doblarse el sueldo según alertó la Cadena Ser, el 6 por ciento en el Puerto de la Cruz (Canarias) y un 51 por ciento para los ediles de La Palma. En Vilasar de Mar los salarios subieron en diciembre de 2011 un 17 por ciento. Según los datos oficiales del Ministerio de Economía, entre 2009 y 2010, con los sueldos de los funcionarios ya congelados, los ayuntamientos españoles subieron de media la nómina de sus concejales un 8,3 por ciento.

El chollo de ser eurodiputado

El puesto de eurodiputado tiene fama de ser uno de los chollos más golosos que hay en la política internacional. El sueldo de cada asiento en el hemiciclo ya es abultado —6.200 euros al mes— y similar al de un funcionario de máximo rango dentro de la Administración continental. Pero el auténtico sobresueldo está en las dietas, la asignación para ayudantes y el dinero para gastos de representación.

Hasta 2009, la Cámara pagaba siempre a los eurodiputados el billete de avión en primera clase para sus desplazamientos, independientemente del pasaje que el político comprara en realidad. Si cualquier miembro del PSOE o el Partido Popular viajaba en un vuelo barato, se quedaba, tan tranquilo, con la diferencia. Para un diputado español, el sobresueldo podía rondar los 3.000 euros al mes sin muchas complicaciones. Para evitar el abuso, la Cámara cambió su normativa y desde hace tres años los europarlamentarios tienen que presentar la factura de sus billetes para que les sean abonados. Aquellos que frecuentaban los vuelos más baratos pasaron entonces de forma inmediata a las primeras filas de los aviones, esas que cuestan una millonada en la llamada clase business. En abril de 2011, varios grupos minoritarios presentaron una propuesta a la Cámara para que los cargos electos tuvieran que volar por obligación con billetes más baratos. La mayoría de los parlamentarios votaron en contra. Además, los miembros electos de la UE tienen 4.299 euros mensuales para los gastos de mantenimiento de su oficina, gastos especiales de 4.000 euros al año para viajes y otros 304 euros en dietas cuando acuden a las sesiones.

Su sueldo, señor diputado

El reglamento del Congreso dice textualmente que todas las percepciones de los diputados están sujetas a las normas tributarias de carácter general. Es decir, que sobre el papel, los 350 miembros de la Cámara pagan sus impuestos como cualquier hijo de vecino. Una muestra de igualdad que queda muy bien de cara a la galería, pero que no es más que un espejismo. Basta analizar con detalle el sueldo de nuestras señorías para darnos cuenta de que muchos tienen la mitad del sueldo libre de impuestos. En el caso más extremo, el presidente de la Cámara —Jesús Posada Moreno desde las últimas elecciones—, que con 168.000 euros brutos al año paga a Hacienda solo por el 16 por ciento del dinero que maneja. Veamos cómo funciona.

Como norma general, todos los miembros del Congreso reciben al año 39.328 euros brutos, desde que en junio de 2010 decidieron bajarse el sueldo para dar ejemplo ante la crisis. Ese dinero se reparte en catorce pagas, por lo que cada diputado tiene una nómina de 2.813 euros al mes desde entonces. De ahí, Hacienda toma su parte, de la misma forma que lo hace con el resto de los españoles. En este caso el fisco retiene un 37 por ciento —1.040 euros—, por lo que el sueldo básico que recibe un diputado, lo que se lleva en principio para casa es de 1.773 euros limpios. La cifra parece razonable, comedida, entendible. Incluso escasa para un puesto de responsabilidad como el de manejar un país.

Pero para algunos, hasta aquí llegan las manos de Hacienda. El resto del sueldo de los diputados está compuesto de forma principal por complementos y dietas. La primera partida, que depende del cargo que su señoría ostente dentro de la Cámara, está también sometida a tributación fiscal. La última legislatura tuvo treinta y tres comisiones distintas, formadas por treinta y ocho diputados. Eso hace un total de 436 cargos remunerados, por lo que es extraño que alguien se quede fuera de la fiesta dentro del hemiciclo. Varios diputados ostentan dos o más cargos, con sus respectivas partidas. Los treinta y tres presidentes de comisión suman otros 1.590 euros al mes, 22.260 euros más al año. Los vicepresidentes 1.209 euros al mes, y hay sesenta y seis puestos libres, 994 euros más al mes para los secretarios, 1.714 euros para los portavoces de comisión, y hay doscientos… y así hasta cansarnos. Una pedrea de dinero que no para y que supone la frontera entre sus señorías y el fisco español.

Todo lo demás, no: las dietas, las ayudas de vivienda, los gastos de libre disposición están libres de impuestos. Por eso, es mucho más rentable para ellos incrementar la cuantía de esos complementos que subirse directamente el sueldo. Quedan mejor ante la opinión pública y encima pagan menos impuestos si suben los complementos. En junio de 2010, los portavoces gubernamentales aseguraron que los diputados se iban a bajar la remuneración un 10 por ciento para dar ejemplo ante la bajada de salario de los funcionarios públicos. Y anunciaron también una rebaja en sus complementos. Basta confirmar la información oficial publicada en la propia web de la Cámara para ver que esa promesa no se cumplió. El sueldo base de sus señorías se redujo un 10 por ciento, pero no sus complementos, que son más de la mitad de sus ingresos.

Antes, un miembro del Congreso residente en Madrid recibía 839,70 euros además de su sueldo. Ahora se lleva 870. Multipliquemos eso por catorce pagas y salen 12.180 euros al año que no cuentan para Hacienda. Por eso, el diputado que menos cobra recibe sin pasar por Hacienda un tercio de su sueldo. Y eso empezando por abajo. Los 315 diputados que son de fuera de Madrid reciben 1.823 euros para alojamiento y comidas. Cobran más con esas ayudas que por su sueldo normal. Lógico, ¿verdad? En una república bananera, al menos. Y esos 25.522 euros están también exentos de impuestos. Con esto, dos tercios de la Cámara tienen ya la mitad del sueldo fuera de las manos de Hacienda. Seguimos.

A esos modestos ingresos hay que sumar la ayuda de 250 euros para taxis cada mes. Otros 3.000 euros por barba al año que tampoco tributan, esta vez por medio de una tarjeta nominativa. Sus señorías no pueden gastarlo en otra cosa. Las dietas de los viajes, a 150 euros al día, libres de impuestos, el kilometraje, libre de impuestos. Aquí el pagano sufre otro agravio comparativo. Como norma general, cualquier trabajador en España tiene que rendir cuentas a Hacienda sobre lo que declara como dietas. Es la Administración la que decide si un gasto de una comida o un taxi determinado puede ser facturado de esa manera. Así el Estado evita fraudes. Pero eso no se aplica en el caso del Congreso, el Senado y las cámaras parlamentarias autonómicas. Para estos cargos electos, las dietas son todo lo que ellos mismos consideren dietas, sin posibilidad de réplica por parte de Hacienda. Así lo dicta la ley española.

Analicemos el dato un momento. Un diputado de Cuenca se lleva 25.522 euros al año que no tributan a Hacienda por supuestas dietas. Un dinero para compensar sus gastos. Pero, si tienen los viajes gratis, los taxis, se les paga el teléfono, ¿qué gastos se compensan con esa partida? En cualquier caso, como media, llegamos a los 93.000 euros brutos al año entre el sueldo teórico y todos los complementos. La cifra es polémica, ya que cuenta también las partidas de gastos de libre disposición y protocolo de algunos cargos. En teoría, ese dinero no se ingresa en las cuentas de los diputados que lo perciben, sino que se coloca como límite de saldo mensual de sus tarjetas bancarias a nombre de la Cámara. Pero claro, ¿no supone realmente esa partida de gastos de libre disposición un incremento de su patrimonio? Los diputados que la tienen pueden gastarla como quieran sin dar más explicaciones. Y como ese dinero no va a parar a sus cuentas, tampoco pasa por las manos de Hacienda.

Con esas salvedades en mente, a cualquier pagano anónimo Hacienda le quitaría unos 40.000 euros del sueldo si tuviera la suerte de ganar 93.000, pero a los diputados el fisco les retiene solo 25.500, es decir, el 27 por ciento de su nómina y de todo el dinero que manejan. El caso más extremo es el del presidente de la Cámara, que tiene algo más de 6.000 cada mes de gastos y dietas exentas de tributar. En una legislatura, esa diferencia supone un ahorro medio para cada diputado de 58.000 euros limpios. Con esas cifras, quienes deciden la política fiscal de todos los españoles la sufren en sus carnes la mitad que cualquier otro ciudadano.

Epílogo. ¿Hasta cuándo?

El 27 de septiembre de 2009, el actual presidente del Gobierno, el popular Mariano Rajoy, se presentó ante un auditorio plagado de militantes en la ciudad sevillana de Dos Hermanas. Y allí, frente a treinta mil personas de su electorado, frente a las cámaras de televisión y frente a todos los posibles votantes y futuros paganos que seguían su intervención desde sus casas, lanzó una frase demoledora. Sencilla. De esas que gustan en política porque llegan a todo el mundo. Justo lo que cualquier ciudadano quiere escuchar en siete palabras: «La subida de impuestos no es necesaria».

Unos días antes, su antagonista en el gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó de forma definitiva los Presupuestos Generales para 2010 y con ello tomó la decisión de subir los impuestos a todos los españoles para paliar la crisis galopante. «La subida de impuestos no se justifica y es insolidaria con las clases medias y las clases trabajadoras», terminó Rajoy su intervención entre vítores.

Desde aquel día, el actual presidente, en lucha por inscribir su nombre en el buzón del palacio de La Moncloa, se cansó de repetir una y otra vez a voz en grito que si llegaba al gobierno dejaría intactos los impuestos. Primero lo juró durante la campaña electoral, luego en un vídeo promocional del partido, donde calificaba la subida fiscal del PSOE como un «auténtico insulto» para los ciudadanos. Y por último cerró su promesa en su propio debate de investidura, celebrado el 19 de diciembre de 2011. «Yo tengo la intención de no subir los impuestos, porque creo que en un momento como este, y más a los medianos y pequeños empresarios con los momentos que están pasando, no me parece lo más razonable». Diez días después, el nuevo presidente, sin el menor rubor y por el bien de todos como bandera, aprobó una subida fiscal que supone —de media— que los españoles, esos que le confiaron el voto, pagarán 800 euros más al año para mantener los servicios públicos.

Esta vez le tocó a su mano derecha dar la cara. Rajoy se hizo a un lado y evitó el desgaste. Después de las promesas públicas de igualdad, de los cantos a la contención fiscal, tras prometer ayudas a los que menos tienen, la nueva vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue quien anunció a todos los ciudadanos una «subida temporal» de impuestos. Y remarcó lo de «temporal», como si el adjetivo tuviera la capacidad mágica de borrar de nuestras mentes más de un año de promesas con intención electoral. Ante semejante actitud surge una pregunta. ¿Y este tongo dónde se reclama? Usted me promete una cosa para alcanzar el poder, yo confío en su palabra y le doy mi voto. Y cuando no han pasado ni dos semanas, hace exactamente lo contrario de lo que me prometió. Perfecto. Así es como el pagano se queda, una y otra vez, con cara de tonto.

A lo largo de este libro hemos confirmado un secreto a voces: en nuestro país los que más tienen no son los que más aportan; el sistema fiscal está completamente descompensado y una franja concreta de la población es la que lo mantiene, mientras los grandes capitales, las multinacionales, aquellos que viven de las rentas o de la especulación financiera son los mejor tratados por el Estado. La dictadura del capitalismo le llaman los sectores más duros dentro de la izquierda a esta práctica equivocada de primar el dinero por encima de las personas. Desde una postura menos conspiranoica, la maniobra hace años aún tenía sentido: dejemos el dinero en el mercado y que sirva para crear empleo. El problema es que la falta de derechos laborales en medio planeta, los paraísos fiscales y la capacidad de mover el dinero con un ordenador y una silla a cualquier parte del globo han dejado esa idea en una ilusión de parvulario. Ahora, el empleo se genera en Filipinas y el beneficio se paga en Antillas Holandesas.

El 30 de diciembre de 2011, un día antes de que terminara el año, con la esperanza de que la resaca navideña hiciera pasar mejor el trago y la medida se olvidara entre uvas y cotillones, el Partido Popular anunció una subida de tributos para recaudar 6.400 millones de euros más al año. La estrategia del PP parecía acertada. Incluso fue aplaudida por las asociaciones de inspectores fiscales por su intento de equilibrar los bolsillos de los españoles. Pero si rascamos un poco en su planteamiento, veremos que la reforma es más de lo mismo. Sobre el papel, Rajoy y su equipo decidieron subir el Impuesto sobre la Renta de forma escalonada, con un salto de siete puntos para aquellos que más ganan. No apostaron por subir el IVA, que afecta de forma indiscriminada a todos los paganos. Un punto positivo. Sin embargo, la medida tiene truco.

¿Qué pasa con los agujeros negros? ¿Qué pasa con esas SICAV que tributan al 1 por ciento de forma irregular y permitida? ¿Qué pasa con las inversiones en bolsa, con las sociedades patrimoniales, con el dinero en el extranjero? ¿Qué pasa con las ventajas fiscales desmedidas solo para unos pocos? La respuesta es nada. Absolutamente nada. Una vez más, dos tercios de la subida de impuestos aprobada por el Partido Popular recaen en la clase media, los asalariados, esas personas que no ganan lo suficiente como para llevárselo al extranjero ni lo suficientemente poco como para optar a ventajas sociales. En definitiva, otra piedra más en la espalda del pagano y otra mirada de nuestros gobernantes hacia otro lado.

Vivimos metidos en una espiral, un torbellino que nos lleva como hojas secas al sumidero. Y cabe hacerse una pregunta: ¿hasta cuándo? No es una cuestión con trampa sino un planteamiento sincero. Suena duro decirlo, pero en esta vida todo tiene un límite. ¿Cuánto aguantará el pagano, ese trabajador que se levanta a las siete de la mañana, que a duras penas llega a fin de mes, que trabaja veinte años para pagar sus impuestos, que tiene que negar a sus hijos cada vez más accesorios mientras ve cómo su empresa le pide rebajas de salario, ese que cada vez es más consciente de que vaciamos su bolsillo de forma insolidaria? ¿Cuál es su límite de aguante ante el descrédito, ante el desequilibrio, ante la exigencia de sacrificio que siempre es para los mismos? Son preguntas crudas. Incómodas. Preguntas a las que, al paso que vamos, encontraremos una amarga respuesta.

Nos hemos cansado de escuchar durante años a nuestros gobernantes decir que todos estos sacrificios, estas rebajas de sueldo, estas facilidades en los despidos, estos desequilibrios entre el dinero de las rentas y el salario de un trabajador son para hacer a España más competitiva. Paremos un momento. ¿Más competitiva con quién? La respuesta es desoladora. Más competitiva con los países donde ahora operan nuestras propias empresas, donde los salarios son cien veces menores y los derechos laborales casi inexistentes. Más competitivos frente a Marruecos, frente a Indonesia, frente a China. Más competitivos frente a los paraísos fiscales, frente a regiones del mundo donde las empresas no pagan impuestos, donde es posible el secreto bancario y donde las grandes mafias y los cárteles de la droga pueden esconder su dinero al amparo de las administraciones.

¿Y cómo conseguimos ser más competitivos frente a países con sueldos y derechos laborales casi feudales, con lugares donde las empresas no pagan impuestos? Pues simplemente poniéndonos a su nivel. Sacrificando sueldos y derechos. Aumentando las jornadas de trabajo sin hablar ni por asomo de las horas extra y haciendo una y otra vez la vista gorda cuando las normativas laborales no se cumplen. Por eso hemos entrado en este supuesto progreso económico que supone en realidad una involución manifiesta en muchas facetas de la vida social para el pagano; un paso atrás que revierte también en la capacidad del Estado para darnos servicios y en su forma de financiarse y que implica sacrificios mucho mayores para las personas que para las empresas, por mucho que se esfuercen en vendérnoslo de otra manera.

Sin paños calientes. A una multinacional como Telefónica, Inditex o Acciona le da absolutamente igual fabricar en España que en China. Simplemente lo hace donde le sale más rentable. Más barato. Está en su naturaleza sacar el máximo rendimiento y presentar beneficios a sus accionistas a final de año. Y eso no es necesariamente malo, si sus intereses no primaran sobre los del pagano medio con la excusa de que son el motor de la creación de empleo. Por eso mientras nuestras grandes empresas crecen, los paganos son cada vez más pobres. Por eso, si queremos generar puestos de trabajo en España, nuestros gobernantes entienden que tendremos que estar cada vez más cerca de igualar nuestros salarios y nuestras condiciones laborales a los países orientales. Parece lógico. Al menos eso dice la teoría: o cobramos 0,8 euros a la hora como en Marruecos o seguimos mirando cómo nuestras fábricas desaparecen y se marchan allí. Y lo mismo sucede si queremos una parte del pastel fiscal. Si queremos que vuelva el dinero que se esconde en Suiza, Luxemburgo, Delaware o las Islas Vírgenes, tenemos que crear agujeros capaces de hacer que los más poderosos se libren de pagar impuestos en España.

Eso es realmente lo que se esconde detrás de ese eufemismo llamado competencia. Y puede ser peor. Cuando se habla de salarios, nuestros cargos electos miran siempre a países con mano de obra y despidos más baratos. Cuando se habla de impuestos, esgrimen que el IVA español está por debajo de la media europea para justificar una subida. Menos sueldos y más impuestos. Curiosa estrategia para mejorar la economía del ciudadano.

¿El único camino?

Llegados a este punto es fácil entender por qué los paganos son cada vez más pobres mientras los grandes bolsillos mundiales son cada vez más ricos. Salvando las distancias, la economía española sufre un fenómeno muy parecido al de la Liga de las Estrellas, esa competición futbolística donde el Real Madrid y el Barcelona acaparan cada vez más títulos y beneficios mientras el resto de los equipos malvive para esquivar la quiebra. Entonces, ¿ese es el panorama inevitable? ¿Al ciudadano medio no le queda otro remedio si quiere seguir comiendo que perder poder adquisitivo, que dejarse hurgar en el bolsillo, que aguantar la presión fiscal y sacrificar con cada reforma laboral un peldaño más del famoso Estado del Bienestar?

Por extraño que parezca, no está todo perdido. Seamos positivos. Todavía queda un hueco de esperanza para dar un vuelco a la situación, a este mal llamado dictadura de los mercados. Un camino políticamente abandonado pero que solo requiere dos ingredientes: un cambio de miras y una intención sincera. Los paganos españoles guardan en su cartera todavía un arma irrenunciable, algo que cualquier empresa del mundo ansía y que nuestros gobernantes no han sabido explotar de una forma acertada. Es la capacidad que tenemos para consumir, para gastar dinero.

Según el Fondo Monetario Internacional, España está entre los veinticinco países del mundo con más renta por habitante, con 35.000 euros al año por cabeza. Eso hace de nuestro país un caramelo para cualquier empresa del globo. Aquí pueden vender sus productos mucho más caros que en otras zonas del planeta porque tenemos suficiente dinero como para pagarlos sin poner muchas pegas. Es lo que los economistas llaman el «precio objetivo». Es decir, la cifra que estamos dispuestos a pagar por un producto. Pongamos un ejemplo gráfico: en 2001, antes de la plena integración económica de España en la Unión Europea, existían en nuestro país unas tiendas llamadas «todo a cien». Con la llegada de la moneda única se convirtieron en tiendas de «todo a un euro». Si hacemos la conversión, comprar cualquier baratija en la nueva moneda cuesta casi el doble que hacerlo en pesetas. No pasa nada. Mientras el cliente esté dispuesto a pagarlo, asunto arreglado. Nadie se para a pensar que el coste real de fabricar y transportar un gato de plástico o un encendedor con luces es el mismo en ambos casos. Algo parecido sucede, por ejemplo, con la gasolina. El precio del combustible sube, y nunca baja. ¿Por qué? Porque una vez rota la barrera psicológica, una vez que el cliente asume que cada litro de gasolina cuesta más de un euro, ya no es necesario bajarlo, independientemente del coste real que tenga. Mientras el pagano trague, seguimos adelante.

España es un país rico, un territorio con clientes capaces de abonar 800 euros por el último iPad de Apple sin preguntarse el coste real de fabricar el producto —algo menos de 350 euros por unidad, según la prensa especializada—, capaces de pagar más de 5 euros por un café de Starbucks —casi lo mismo que costaba una comida completa antes de la llegada del euro— y deseosos de navegar a altas velocidades por la red con el último dispositivo móvil. Nuestra arma todavía es mayor si pensamos que la creación de la Unión Europea supuso el nacimiento del segundo mercado integrado del planeta, tanto en población como en poder adquisitivo. Desde ese punto de vista, somos un caramelo gigante de quinientos millones de personas dispuestos a gastar su sueldo tirando de tarjeta. En todo el planeta, solo la unión de Estados Unidos, Canadá y México, rubricada en enero de 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está por encima de la UE en el potencial de sus compradores.

El nacimiento de la Unión Europea supuso, por ejemplo, la creación de unos estándares de calidad para cualquier producto o servicio que se venda dentro de nuestras fronteras. Si alguien quiere comercializar juguetes, teléfonos móviles, cosméticos, alimentos, servicios tecnológicos o cualquier otro negocio en este mercado de quinientos millones de consumidores, tienen que cumplir de forma escrupulosa las normas de calidad implantadas en el seno de la UE. Los coches importados desde Taiwán tienen que pasar duros controles de seguridad. El cemento creado en Egipto tiene que cumplir unas especificaciones rigurosas sobre densidad y resistencia a la erosión. Los productos informáticos procedentes de cualquier parte del globo tienen que tener de forma obligatoria una garantía de dos años. Todo está reglado. Sin embargo, ¿por qué nos hemos centrado solo en la calidad del producto y no en la calidad de su producción? ¿Por qué permitimos que se distribuyan en la Unión Europea sin sanción alguna productos de empresas que operan desde paraísos fiscales? ¿Por qué dejamos que se vendan sin aranceles productos de empresas que fabrican con normativas laborales completamente impensables en nuestras fronteras? ¿Por qué no obligamos a esas compañías a asumir condiciones laborales y fiscales similares a las de la Unión Europea si quieren acceder a nuestros bolsillos, en lugar de intentar competir con ellas? La armonización fiscal traería necesariamente ese mercado igualitario del que los capitalistas más despiadados tanto hablan. Así, al menos, todo el mundo jugaría con las mismas reglas.

El razonamiento parece sencillo pero la respuesta también lo es. Nuestros gobiernos abandonaron ese camino porque las primeras beneficiadas con el chollo de la mano de obra barata y las condiciones fiscales opacas eran las grandes empresas europeas, esas que han multiplicado sus beneficios fabricando a coste en China, vendiendo a precio europeo y pagando sus impuestos en Islas Vírgenes. Poner aranceles y sanciones a los paraísos fiscales supone, en resumen, cambiar las reglas del juego, sobre todo a nuestras propias multinacionales, algo incómodo —cuando menos— para cualquier político que se precie. Sin embargo, la situación se ha hecho insostenible y en esta vida, como máxima, cada uno se aguanta cuando le toca. Ha llegado el momento de que deje de ser el turno de aguantarse el pagano.

Daniel Montero Bejarano nació el 22 de junio de 1978 en Madrid. Licenciado en Periodismo en 2001 por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, fue colaborador habitual del diario El Mundo en los inicios de su carrera.

Desde 2002 realizó diversos reportajes de investigación periodística sobre proxenetismo, tráfico de personas, delitos económicos y terrorismo, emitidos en Antena 3, Telemadrid y Telecinco. Desde 2005 forma parte de la redacción de la revista Interviú, en la que ha investigado los principales casos de corrupción política y financiera de los últimos años.

Es autor de La Casta y La correa al cuello.