El prestigioso economista Daniel Lacalle nos propone en este ensayo un apasionante viaje alrededor de las principales ideologías que en materia económica y social pergeñan el mundo en el que vivimos. En dicho periplo no solo conoceremos el propio recorrido ideológico del autor —en el que transitó, tras leer y conocer en persona a sus principales ideólogos, del colectivismo al liberalismo austríaco, plaza en la que izó la bandera de la libertad y la responsabilidad individual—, sino que entenderemos cómo han evolucionado hasta nuestros días las grandes corrientes de pensamiento tales como el colectivismo, el monetarismo o el liberalismo. Asimismo, entenderemos por qué, en los últimos tiempos de crisis económica, política y social, las distintas ideologías se han convertido en argumentos arrojadizos de tantos y tan reconocidos economistas —pues la ideología está siempre presente y emana ineludiblemente en sus planteamientos—, y por qué, a menudo también, dichas ideologías se han erigido en planes de ruta inamovibles al servicio de los más significativos políticos y gobernantes.

Daniel Lacalle

Viaje a la libertad económica

Por qué el gasto esclaviza y la austeridad libera

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Titivillus 04.12.2019

Daniel Lacalle, 2013

Editor digital: Titivillus

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Dedicado a:

Patricia. Mi vida.

Mis hijos, Jaime, Daniel y Pablo, que son la alegría de mi vida,
y como todos los españoles nacieron con 20 000 euros de deuda
por culpa de la política manirrota.

Mi hermano David y su maravillosa familia, Estella, Ángela y Juanjo.

Kilda, Blinky y Ravioli… Nuestro zoo particular

«Puedes escoger una guía preparada con voz celestial.

Si escoges no decidir, aun así habrás hecho una elección.

Puedes elegir entre temores fantasmales y bondad que puede matar.

Yo elegiré un camino claro. Elegiré el libre albedrío».

(Freewill), NEIL PEART, de Rush.

«No existe conflicto entre el Estado de bienestar y el libre mercado».

GERHARD SCHRÖDER.

«No hay libertad, a menos que haya libertad económica».

MARGARET THATCHER.

Introducción

«El problema del mundo no es la superpoblación,
es la falta de libertad económica y política».

JULIAN LINCOLN SIMON.

Un día salía de un debate en un medio de comunicación cuando un señor me comentó: «Nadie piensa como tú, lo que propones es imposible». Acababa de publicar mi primer libro, Nosotros, los mercados, y por fin la crisis económica se había convertido en un tema de amplio debate. Tras cinco años de negar la evidencia o de culpar de nuestros males a los estadounidenses, a los alemanes o a los mercados, se veía auténtico interés por entender la situación y opinar libremente sobre las causas de los problemas y las posibles soluciones.

En un escenario de miedo y frustración por las consecuencias sociales que produce, en todas las crisis aparece un grupo de personas que nos ofrecen el Santo Grial: «Entrégame tu libertad, que yo soluciono tus problemas». Nos ofrecen todo tipo de razones, muy detalladas, por las cuales debemos poner todo nuestro trabajo y renta al servicio del Estado y aceptar cualquier medida de intervención con tal de que se mitigue el dolor. «Déjame, que tú no sabes».

Nos ofrecen más intervención, la bebida que lo cura todo. ¿Cuántas veces ha leído u oído en estos años frases como «si pudiésemos imprimir nuestra propia moneda no habría crisis» o «la culpa es de Alemania», o «el problema es el libre mercado»?

Por eso decidí escribir este libro. Para contar, a través de un viaje por distintos sistemas económicos y épocas, mi transición desde una concepción colectivista, estatista y neoclásica de la economía y de la política a una visión liberal. Compartir con todos ustedes los aciertos y errores de los distintos sistemas, y tratar de desmontar las soluciones mágicas que nos proponen para que entreguemos nuestra alma, nuestra libertad y nuestro bolsillo a cambio de una seguridad que no recibiremos.

En el libro viajaremos por el mundo, por distintas políticas económicas, siempre teniendo en mente las preocupaciones y dudas legítimas de los que recelan del liberalismo y defienden la intervención. Intentando responder a preguntas que todos nos hacemos, para recordar que:

La riqueza y el bienestar vinieron precisamente de la apertura económica y de las oportunidades creadas por la globalización, en contraposición con aquellos regímenes y políticas liberticidas e intervencionistas.

Las recomendaciones de los grandes economistas, como Keynes, Tobin o Friedman, suelen utilizarse de manera tendenciosa para justificar conductas represoras.

La libertad económica y el capitalismo real, no el clientelismo, crean mucha más prosperidad y son más sociales que los sistemas asistencialistas.

Las políticas de deuda y gasto no garantizan derechos, esclavizan.

El gasto público no es una panacea, sobre todo cuando el sector público no es grande, es elefantiásico y depredador.

La austeridad es moderación presupuestaria, no un crimen, y es lo que ustedes y yo practicamos cada día en el entorno más social y protector que existe, la familia.

Entregar más recursos económicos a los mismos Estados que crean las distorsiones económicas solo genera más riesgo de fragilidad y ruptura.

Tenemos la oportunidad de «aprovechar» esta crisis —que no ha sido solo una crisis económica, sino una crisis de valores y de liderazgo— para defender principios básicos, la libertad, la propiedad privada y el libre albedrío.

Hablaremos de esos peligrosísimos unicornios que, como alquimistas, nos ofrecen las soluciones mágicas para convertir en oro el hierro, y como las de aquellos vendedores ambulantes simplemente no funcionan más que para una cosa: dar más poder al que se ha equivocado con nuestro dinero.

Por eso quiero describir cómo funcionan otros países que conozco bien, desde Estados Unidos a Venezuela, desde Japón a Argentina, demostrar que lo que pienso y propongo no solo se puede hacer, sino que se ha llevado a cabo con éxito en países de nuestro entorno, que hay millones de personas que lo entienden y defienden. Para concluir dando una serie de ideas para que España aproveche su enorme potencial y recupere su puesto de privilegio entre los países más desarrollados y libres.

Espero que disfruten conmigo de este viaje, en el que he tenido la oportunidad de recuperar recuerdos muy queridos y épocas maravillosas para ilustrar el camino hacia la libertad económica. Abróchense los cinturones.

Primera parte

Despertar

1
Haz lo que quieras…, pero con responsabilidad total

«No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés».

ADAM SMITH.

«¿Qué queremos?». «¡Prosperidad!». «¿Cuándo la queremos?». «¡Ahora!». «¿La creamos?». «¡Mañana!».

A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de aprender de personas magníficas que me han ayudado a forjar mi personalidad y mi visión del mundo. Mi padre y mi abuelo, luchadores incansables, son dos de ellas.

Mi abuelo, José Daniel Lacalle Larraga, militar y aviador, ministro del Aire, me repetía una y otra vez: «Piensa por ti mismo». Fue la primera persona que pilotó un avión de noche en España, y nunca lo habría conseguido si hubiese consultado con un comité o si se hubiese ceñido al manual. En cualquier bando, siempre valoró la individualidad, el coraje y la valentía.

Por su lado, mi padre, José Daniel Lacalle Sousa, sociólogo e intelectual de izquierdas, militante histórico del PCE (Partido Comunista de España) y preso político durante el régimen de Franco, ha luchado durante toda su vida contra la injusticia y la opresión. Si se hubiera plegado a las exigencias del consenso, jamás hubiera alcanzado el prestigio con que cuenta entre profesionales y políticos de distintas sensibilidades.

Sí, ideologías opuestas en la misma casa, como en tantas familias españolas. Cuando mi padre fue encarcelado por sus ideas, mi abuelo ofreció su dimisión, y mi padre se negó a cualquier privilegio por ser hijo de ministro. Como el resto de los miembros de una amplia familia, se querían y respetaban, y nuestro hogar siempre estuvo rodeado de amor. Aun discrepando en ideología, ambos han sido para mí un modelo, un ejemplo de coherencia y valor. Lo único que nunca faltó en nuestra casa fue debate y discusión profunda, pero siempre desde el respeto. Lo positivo para mí es que aprendí de todos sin comulgar con ruedas de molino de uno ni otro lado.

Para mí fue un privilegio haber nacido en España y vivir una época convulsa, los años setenta y ochenta, con una democracia muy joven y una economía que empezaba a mirar hacia el exterior. Porque desde pequeños, en casa, en el colegio, en cada familia, las discusiones eran apasionadas y apasionantes, se cuestionaba todo y se saboreaba la libertad como si fuera un manjar. Cada día, en el recreo, en la sobremesa, en la universidad, todas las tendencias políticas y económicas se encontraban para solucionar el mundo. Nada era imposible, desde un extremo al otro todo se podía debatir. Teníamos el mundo por delante. Me duele que treinta años después ese mismo país se haya entregado al «qué hay para mí», a culpar a otros de nuestros males, a que un ente externo nos solucione los problemas, al derrotismo y la indiferencia.

Yo viví aquellos años magníficos, vibrantes, esperanzadores, con toda la intensidad del que descubre cosas nuevas y maravillosas cada día. Y la música fue un referente constante para mí.

Durante mi adolescencia, la música era mi válvula de escape. Soy una especie de enciclopedia andante del rock, ya desde muy pequeño coleccionaba discos y leía sin parar. Siempre me fascinó conocer la vida de los músicos que habían cambiado el mundo y cómo ascendían al estrellato, caían y luego se recuperaban. Gente que arriesgaba todo por un sueño, como Paul McCartney, Neil Young, Gene Simmons, de Kiss, Lindsey Buckingham, de Fleetwood Mac, Brian Wilson, el genio de los Beach Boys, Jim Steinman, David Bowie, los Ramones, etc. Ejemplos no solo de creatividad, sino de gestión y auténticas lecciones para salir adelante en las condiciones más adversas.

Gene Simmons es el caso más claro de estrella de rock aplicable al mundo de los negocios y la economía. Hijo de inmigrantes israelíes, pobre, con todo en su contra en un nuevo país, Estados Unidos. Cuando era profesor en una escuela le decían: «No pierdas el tiempo, asegúrate un trabajo estable». Casi cien millones de discos vendidos después, y con un negocio multimillonario, Simmons comenta: «Mi héroe soy yo. ¿Por qué? Porque yo era el chico al que increpaban “Eh, estúpido, ¿no sabes hablar inglés?”, y ahora todos ellos trabajan para mí». Es normal que gestionando la banda Kiss haya sobrevivido, y que tras varios episodios de declive se haya fortalecido aún más. A principios de los años ochenta, su grupo perdía popularidad a pasos agigantados tras varios errores garrafales (como hacer música disco, un disco «conceptual» llamado The Elder, con una historia inexistente e incomprensible, y una estúpida película de televisión, Kiss Meets The Phantom Of the Park, que haría avergonzarse a Ed Wood, famoso director de algunas de las peores películas de la historia, como Plan 9 From Outer Space). Kiss llegó a ser el compendio de una sucesión de desastrosas decisiones artísticas y económicas. Dos de los miembros de la banda cayeron en la trampa de la autoconmiseración y las drogas. Sin embargo, Gene Simmons y su socio, Paul Stanley, se reinventaron, sobrevivieron y cambiaron para hacer su grupo, su negocio, más fuerte. Ante la adversidad, no cuestionaban la realidad, no se quejaban —al menos en público—, se adaptaban y crecían.

Uno de mis grupos favoritos es Def Leppard, banda británica sacudida por la tragedia cuando su batería, Rick Allen, perdió un brazo en un accidente de coche. ¿Un batería sin un brazo? Lo lógico hubiera sido reemplazarle y contratar a un nuevo músico. Al fin y al cabo, la banda acababa de vender diez millones de copias de su álbum Pyromania y estaba en la cúspide. Sin embargo, esperaron a que Rick Allen aprendiese a tocar con un solo brazo y con una batería que usaba fundamentalmente los pies. Arriesgaron su carrera y su fortuna, y cuatro años después, una eternidad en el mundo de la música popular, lanzaban su obra maestra, Hysteria, con un batería manco. Es uno de los pocos álbumes que cuentan con un disco de diamante por vender más de diez millones de copias solo en Estados Unidos. Hoy, más de dos décadas después, siguen girando por el mundo con Rick Allen, el manco, tras haber vendido más de sesenta millones de álbumes. De gente como ellos se aprende tanto como de los grandes economistas.

En aquella época, después de clases, mi amigo Nacho y yo nos escapábamos para ver a nuestros discjockeys favoritos: Diego Manrique, Rafael Abitbol, Gonzalo Garrido, Paco Pérez Bryan, Juan Pablo Ordúñez (El Pirata), Julian Ruiz, El Mariscal Romero, etc. Gente libre que cada día descubría nuevos grupos, que se gastaba su propio dinero en comprar discos de bandas que no publicaban en nuestro país, que ponían en sus programas maquetas —grabaciones caseras— de nuevas bandas. Programaban lo que querían, mezclaban cualquier estilo, no tenían una lista precocinada a la que ceñirse. Creaban tendencia, y ¡lograban éxitos desde la libertad! Hoy sería impensable que una canción, como «Déjame», de los Secretos, o «Para ti», de Paraíso, se convierta en éxito radiofónico con una grabación casera, antes de ser publicados oficialmente. Hoy el «exitazo sorpresa» es que una señora cante una balada rancia en un concurso de esos en los que lo importante es humillar al concursante con la excusa de la «competición», o que un desorientado invente un baile para el verano.

Para mí, la diversidad de estilos que nos llegaban era fiel reflejo de una época de libertad inigualable. En las salas como El Sol, El Jardín o Rock-Ola, en las tiendas de discos especializadas, como Bangladesh, se juntaban todo tipo de tribus, cada una con sus gustos musicales. Todo el mundo quería crear, montar su propia banda, su sello discográfico, su negocio. Libertad.

En la calle Alonso Cano de Madrid, en un pequeño apartamento, se encontraba la oficina de Discos Dro (Discos Radiactivos Organizados), sello independiente creado para sacar a la luz los discos que los medios establecidos no querían ni en pintura. La «movida madrileña», como le llamó todo el mundo, excepto sus participantes, fue una expresión de esa capacidad de vencer cualquier adversidad con libertad individual y empeño. Las casas discográficas tradicionales se negaban a editar discos de las bandas innovadoras, la radio-fórmula estaba copada por personajes atroces, como Leif Garrett o la enésima iteración de miembros de Mocedades. Los sellos independientes, como Discos Dro, nacieron por doquier para contrarrestar el anquilosamiento del mundo tradicional. ¿Subvenciones? Ni una. ¿Ayudas? Cero. ¿Intentar copiar los modelos obsoletos? Nada. Todo el mundo, grupos, sellos, mánager, se buscaban la vida individualmente, no esperaban que un programa de televisión les hiciera famosos o que les dieran una ayuda gubernamental. Porque, como dice Gene Simmons, todos eran «sus propios ídolos», y nadie iba a pararnos. Se celebraba como un éxito enorme poder comprar un equipo de luces, o un amplificador. El cantante de un grupo era falangista, el batería de otro era anarquista… Carlos Berlanga, uno de nuestros genios malogrados, decía de Alaska y los Pegamoides, y posteriormente Dinarama, que si toda la gente que dice que asistió a sus conciertos cuando se llamaban Kaka De Luxe hubiera estado allí de verdad, hubieran tocado en el Madison Square Garden, no en un local raquítico. Fue por la influencia cultural y el empuje emprendedor de las nuevas tendencias que las radio-fórmulas y los medios establecidos decidieron adoptarlas. No por su éxito comercial, que fue, siendo generoso, modesto. Las generaciones actuales se llevarían una sorpresa enorme si supieran las cifras reales de ventas de discos hoy considerados míticos.

Recuerdo cómo se celebraba cuando se conseguían vender quinientas copias de un disco. Un sello discográfico, creado con cuatro perras por unos amigos, ponía carteles por toda la ciudad diciendo «edición agotada». Quinientas copias. Carteles pegados por los dueños, que hacían de directivo, secretaria y todas las funciones que fueran necesarias. Era un triunfo, de la libertad.

Todos peleaban por su sueño. El que no sabía tocar, aprendía… en el escenario. Muy poca gente ganó dinero de lo que hoy llaman La Movida, o del heavy nacional. Para muchas generaciones deberían ser ejemplos personajes emprendedores y luchadores, como los discjockeys mencionados, Juan Márquez, de Coz, o Servando Carballar, de Aviador Dro.

La enorme mayoría de esos sueños de gloria no se cumplieron. Pero el hecho de que fuera difícil o imposible, que casi nadie viera un céntimo de todo eso y que las probabilidades de fracaso fueran altísimas, no paraba a nadie. Libertad, determinación, no consenso.

Sin embargo, a lo largo de estas décadas, he visto cómo poco a poco se perdió ese espíritu libre que he descrito en ese microcosmos que era el mundo de la música, pero que puede extenderse a muchas otras áreas. Hemos sustituido el deseo de comernos el mundo por unos supuestos «derechos adquiridos» que esperamos que nos mantengan, la cultura de la subvención. Perder la libertad a cambio de una supuesta seguridad.

Aún no hemos perdido la oportunidad de hacer de España un país líder global, donde se creen los próximos Skype (creado por estonios), Google, Amazon o Apple. Este libro nace como una reflexión para no perder esa esperanza y poner las bases para crear un futuro en el que seamos los dueños de nuestro destino. Un viaje a la libertad.

¿Por qué perdemos nuestra libertad?

¿Cuándo decidimos que es una buena idea entregar a otros nuestras decisiones, nuestro futuro y el de nuestros hijos?

¿Cuándo tiramos la toalla y entregamos libertad por una supuesta seguridad que nunca llega?

¿Cómo un país que ha vivido cotas inimaginables de prosperidad y libertad puede siquiera discutir la posibilidad de copiar a regímenes totalitarios?

¿Cómo llegan a convencernos de que nosotros somos incapaces?

Es un proceso lento, silencioso pero inexorable. En este libro intentaremos explicar por qué la libertad económica es mucho más social que el intervencionismo.

«Haz lo que quieras, pero infórmate y asume total responsabilidad», es una frase que siempre me decía mi padre, y que, para no variar, me repitió el día que decidí estudiar economía en vez de seguir la tradición familiar de ser ingeniero, «que sales colocado».

Mi padre, devorador de libros, tenía miles de obras de política económica e historia, incluyendo a Marx, Lenin o Gramsci. Todo eso a mí me parecía normal, y leía esos libros con curiosidad. Una de las cosas que más me impactaban, sobre todo de Gramsci y Marx, era el paternalismo violento en su análisis de la sociedad. El sometimiento al terror del grupo. Como en La jauría humana (The Chase), de Arthur Penn, se infravaloraba el riesgo de someterse a la masa.

De manera suave, casi insultante, se trata de recordarnos que somos incapaces. Era como leer una novela de terror de Stephen King: todo lo que lees te atemoriza, pero no puedes parar. Me fascinaba que esas doctrinas hubieran triunfado. Y que a pesar de dejar cien millones de asesinados, siguieran defendiéndose. No me extrañaba, es la fascinación que genera el paternalismo, añadido al sentimiento de culpabilidad e inseguridad que inculca.

Al superponer la supuesta «buena voluntad» y el «bien común» se justifica todo. Y al que intenta pensar de manera diferente, se le inculcan sentimientos de culpa. Si no aceptas las reglas, que además no funcionan, «eres un egoísta», o no estás con «el pueblo». Mientras, se lo llevan calentito.

Antonio Gramsci era un intelectual curioso. Sufrió la represión del Estado e identificó de manera brillante cómo se generan estructuras opresoras que cercenan la libertad, pero negaba al individuo y agrupaba a los ciudadanos en clases… Al hacerlo, y aceptar el «sentido común», que es el menos común de los sentidos, como verdad absoluta, planteaba una solución extraña: más Estado, pero liderado por unos intelectuales a los que por su capacidad crítica se les presupone honorabilidad e infalibilidad. ¡Ay!, más de lo mismo, pero con otros sujetando la sartén.

Gramsci decía: «Aceptando el sentido común como un principio de partida, los intelectuales orgánicos del proletariado deben trabajar y centrar la concepción materialista de la vida en este sentido común». Según Gramsci, el filósofo —intelectuales marxistas— es la plataforma de las clases populares para desligarse del grupo hegemónico. Gramsci pensaba que por sí solas, las clases populares no pueden. Por eso, antes que nada, los intelectuales tienen una función educadora. Recurriendo a una vieja experiencia humana que Gramsci toma de Marx, que el educador debe ser educado, se pasa del colectivismo «paternal» al totalitarismo, que «por el bien del pueblo» asoló Europa entre 1919 y 1939.

¿Por qué menciono a Gramsci o a Marx? Hoy, en gran parte de Europa, por ejemplo, los mensajes de estos intelectuales socialistas están repitiéndose una y otra vez, muchas veces bajo paraguas ideológicos más «vendibles», como soluciones mágicas. «Ideal europeo», «políticas de crecimiento centralizadas», «la Comisión como órgano supremo». La tentación de caer en el totalitarismo y de repetir nuestros peores errores. Eso sí, con «buena voluntad». Da miedo, ¿verdad?

Me aterraba todo esto de partir de la base de que la gente no puede sola y que debe someterse siempre a un intelecto superior que vela por su felicidad. Al menos el pobre Gramsci tenía una perspectiva intelectual. Es curioso, pero leer a estos autores del socialismo y comunismo teórico desde una perspectiva abierta, sin prejuicios, hasta con una predisposición favorable, me hizo reaccionar casi asustado ante la violencia que destilaban. Porque a lo largo de la historia, los mayores descubrimientos y avances sociales se han producido gracias a la contribución de gente que no se conformaba con la norma, de personas que habían desmentido esa idea de que «no puedes hacer nada solo y necesitas que alguien te vigile».

No me convencía el «pensamiento colectivo» que está asociado a la «psicología de la multitud». Los individuos que forman parte de un gran grupo o multitud coherente, sobre todo si el grupo está excitado y sometido a presión emocional, a la hora de refrendar la decisión del grupo pueden verse arrollados, aun cuando esos mismos individuos rechazarían la decisión si se les permitiera reflexionar en solitario. El dramaturgo alemán Schiller comentaba que «cualquier persona tomada como individuo es razonablemente sensata y moderada; si forma parte de una multitud, se convierte de inmediato en un bruto».

Por eso me parece esencial resaltar que incentivar la libertad individual es mucho más social y justo que buscar suprimir el yo ante los supuestos beneficios de la masa. Porque el individuo es más caritativo y generoso que el Estado depredador que supuestamente administra y redistribuye la riqueza. Si los ciudadanos demuestran, como se ha probado en las mayores catástrofes, su entrega y ayuda por iniciativa personal, ¿por qué tiene que imponerse un gestor de esa ayuda? Y si a la hora de ser caritativos y ayudar a sus semejantes, los ciudadanos por su cuenta «no son de fiar», ¿qué nos hace pensar que un gobierno compuesto por esos mismos ciudadanos va a comportarse de otra manera? A usted hay que convencerle de que el malo es precisamente usted. Que usted no es fiable, y que, por lo tanto, debe entregar su libertad y su dinero a cambio de una supuesta seguridad. Y cuando esa cantidad de dinero se dispara a niveles asfixiantes, la culpa nunca es del administrador, sino de usted, el cliente.

Benjamin Franklin decía que «la sociedad que entrega parte de su libertad a cambio de algo de seguridad no merece ninguna de las dos, y perderá ambas».

Leyendo libro tras libro sobre conciencias de clase y masas ignorantes lideradas por filósofos-padre, no me sorprendía la «superioridad moral autoconcedida» de los líderes de la izquierda política mediática. Y el sentimiento de culpa injustificado que se les inculca a los demás por defender sus intereses y los de su familia. La respuesta estaba en todas esas páginas. Como el padre que atemoriza, sobreprotege y llena de inseguridades a sus hijos, él piensa que lo hace por su bien, y ellos que eso es amor. Solo que no son nuestros padres, son profesionales con sus incentivos y sus ambiciones. Tocqueville decía que el objetivo del Estado, al contrario del paterno, es anquilosar al hombre en la infancia.

Mi padre era suscriptor de una revista que ya no existe, que se llamaba Historia 16. Como pasaba meses enteros aburrido en una casa de campo que teníamos, perdida de la mano de Dios, sin acceso al mundo, una especie de gulag para un adolescente, la casualidad hizo que leyera uno tras otro los ejemplares de dicha revista.

Leyendo libros y revistas de historia, sobre todo de la ensangrentada Europa, no podía comprender que a veces miremos con reverencia, nostalgia y cariño las épocas más terribles de intervencionismo y sus consecuencias.

Y combinando esas lecturas y estudiando economía, me di cuenta de que la historia de Europa y sus terribles conflictos, con millones de muertos, es también la de políticas económicas inflacionistas e intervencionistas. Siempre por «el bien de los demás».

No, no me convencía. Para nada.

Sí, me marcó muchísimo haber nacido en una familia de testarudos y feroces individualistas. Aprendí la importancia del individuo y de la libertad para prosperar y crecer, pero siempre desde el conocimiento y la responsabilidad. Libre albedrío, conocimiento y convencimiento.

2
Cómo despertarse de la utopía colectivista en unas vacaciones

«El objeto de la vida no es ser parte de la mayoría,
sino escapar de las filas de los dementes».

MARCO AURELIO.

«En teoría, hasta el comunismo funciona».

HOMER SIMPSON.

«¿Qué queremos?». «¡Socialismo!». «¿Cuándo lo queremos?». «¡Ahora!». «¿Qué repartimos?». «¡Lo de los demás!».

Haberlo visto de primera mano es una de las mejores maneras de evitar cualquier tentación colectivista, o sucumbir al encanto del paternalismo estatal.

En 1980, cuando el Muro aún no había caído, estuve en un campamento de verano en Alemania del Este. En aquel lugar se juntaba lo más granado de los grupos juveniles de los países socialistas. Por ejemplo, incluso en un entorno «controlado» como era Berlín Este, los «pioneros» cubanos estaban más vigilados que un grupo de presos de Guantánamo. Por cuestiones del destino, y una equivocación hilarante de mis padres y tíos, un primo mío, José Luis, y yo pasamos las vacaciones allí, rodeados de propaganda. Nuestras familias se equivocaron contratando el campamento, y sin querer nos enviaron a unas vacaciones de adoctrinamiento. Lo que vi en Alemania del Este me ha marcado para siempre. Ingenuo de mí, que pensaba que iba a ser un país normal.

La primera noche nos llevaron a ponerle flores al fundador de la RDA —eufemísticamente llamada República Democrática Alemana, que es como llamar a Corea del Norte «libre»—. A mí me entró la risa cuando me comentaron que estábamos en «un país hecho por sí mismo»… bajo el yugo de la Unión Soviética.

«Luché contra la ley y la ley ganó».

(I Fought The Law). THE CLASH.

Esa noche, los chicos representantes de la Unión Soviética se pasaban como si fueran lingotes de oro cintas de casetes piratas con música de Uriah Heep, Nazareth y Deep Purple, grupos de rock duro, muy populares, de los pocos que no estaban prohibidos. Uno de ellos me enseñó su colección, y le comenté: «Están muy bien, pero hay muchísimos grupos nuevos excelentes». Su cara mostró una tristeza infinita al ver que su colección de ciento y pico cintas no era ni la millonésima parte de la oferta anual de música que se ofrecía en el mundo. Pequeñas cosas que a veces damos por sentadas y nos muestran el valor de la libertad.

Más adelante en este libro hablaremos de Venezuela y los países latinoamericanos, pero si algo me dejó totalmente impactado fue pasear por Berlín, gris, oscuro, bellísimo, con sus tiendas desabastecidas, sus grandes almacenes que no surtían de casi nada, sus pequeños puestos de salchichas y bocadillos con más policías rodeándolos que clientes, recordando Heroes, de David Bowie: «Podemos ser héroes, solo por un día».

Mi primo, que como yo veía todo aquello aterrado, me recordó un chiste. Tras muchos esfuerzos y pedir todo tipo de permisos y estar en una lista durante meses, a un ciudadano de la Unión Soviética por fin le concedieron el lujo de poder comprar un Lada, los coches típicos del régimen. Al preguntar al oficial cuándo podía ir a recogerlo, le contestó: «Dentro de diez años». A lo que el sufrido comprador respondió: «¿Por la mañana o por la tarde?». El burócrata, sorprendido, le espetó: «Si es dentro de diez años, ¿por qué le importa si es por la mañana o por la tarde?». «Porque por la mañana viene el fontanero», informó resignado el señor.

Alemania del Este era un lugar aterrador. El miedo se sentía en las calles, en la gente. ¿Saben una de las cosas que más me impactó? No se veían niños jugando o riendo. Nosotros, unos adolescentes, riendo y haciendo bromas, de repente nos dimos cuenta de que alrededor solo había tristeza.

Arrebatar, arrancar de las personas la posibilidad de crecer, de equivocarse, de ser felices, de llorar, a cambio de una seguridad que, encima, no tenían.

Como además era un viaje organizado para «promocionar» aquel infierno, las autoridades y monitores se esforzaban por presentar la mejor cara posible del régimen. Nos sonreían constantemente, igual que el Joker de Batman. Una sonrisa fría, calculada. Uno de los comentarios que nos hicieron se refería a la labor ciudadana de «preservar la seguridad». No era más que un eufemismo para justificar espiar al vecino y delatarlo. Por el bien de todos, todos somos chivatos. Así «la sociedad no se desvía de sus objetivos». ¿Quién decide qué es bueno para nosotros? El Estado.

Buscando mostrarnos lo mejor del régimen, fracasaron estrepitosamente. Precisamente, así es como se muestra la verdad, aterradora, asfixiante, a la mente de un adolescente ingenuo pero no tonto, y con la facultad de hacer lo que los pobres ciudadanos de aquel país no podían hacer: huir. Y prometer que en lo que yo pueda contribuir, no vuelva a producirse algo parecido a esa monstruosidad.

«El capitalismo está cayendo, es evidente en todo el mundo, en Estados Unidos la ciudadanía ya se está levantando en armas», nos decía un simpatiquísimo monitor nicaragüense mientras pasábamos por un puente en el que si te parabas, de inmediato aparecían tres policías para decirte que circularas. La todopoderosa policía secreta que tan magistralmente se describe en la película La vida de los otros (Das Leben der Anderen, 2006), de Florian Henckel von Donnersmarck, un cuerpo represor cuya labor no era solamente impedir la libertad, sino desmoralizar y hundir la iniciativa individual, para subyugar a las personas y hacerlas ver la inutilidad de resistirse. Esa fue la primera vez que escuché a alguien pronunciar la palabra «ciudadanía». Una palabra que debería ser maravillosa, pero, es sorprendente, cada vez que la oigo suele venir acompañada de mensajes totalitarios y contrarios a la libertad individual. Hagan la prueba. Cuando la escuchen por la radio o la televisión, analicen la frase en la que se incluye y comprobarán, en la enorme mayoría de los casos, que «la ciudadanía» no deja de ser otro grupo de represores.

En esas vacaciones, en las que a pesar del martilleo propagandístico no lo pasamos nada mal, nos explicaron las maravillas de la planificación central. Cada año, el gobierno decidía cuánto debía crecer la economía, qué y cómo se debía producir, cuánta materia prima se consumía y qué se exportaba o no. Además, tenía planes a cinco años. Inamovibles. La ventaja, nos decían, es que el Estado maximiza el uso continuo de todos los recursos disponibles sirviendo a un objetivo social, y no individual. Pero la felicidad ante tal maravilla yo no la veía por ningún lado. A pesar de la decisión de la hoja de ruta, la economía no crecía de la manera en que el gobierno estimaba, pero consumía y gastaba exactamente como se precisaba en los manuales. Esto llevó a la República Democrática Alemana a acumular enormes cantidades de deuda, no solo con la Unión Soviética, sino con entidades occidentales. Sus problemas de deuda eran muy superiores a los de las economías occidentales, y se acrecentaron entre 1977 y la década de los ochenta. ¿Cómo se atacó ese problema? Con planes de crecimiento centralizados, más gasto, más deuda y más «control de los recursos escasos».

En «El colapso de la economía de la RDA». (German History Documents and Images), se destaca que uno de los periódicos comunistas, Neues Deutschland, vaticinó el inminente colapso de la economía. Pero ¿qué razón daba el periódico para la crisis? La falta de mayor inversión estatal. No importa para qué, cómo, ni con qué rentabilidad se produce, se trata de hacer «cosas» para cumplir el objetivo planificado de crecimiento. ¿Le suena todo esto a algo que leemos cada día en Europa?

Merece la pena leer el estudio «Los planes fallidos, una historia económica de la RDA». («The Plans That failed», de G. Pritchard, Oxford Journals).

En una charla, a nosotros se nos ocurrió preguntar: «¿Y si no funciona?». La respuesta fue contundente: «Siempre funciona, porque es por el bien de todos». Menos mal, ya me quedaba yo más tranquilo. De nuevo, las buenas intenciones. Hubiera sido peor.

Poco tiempo después, en 1987, Ronald Reagan pronunció su famoso discurso «Tiren este Muro». Probablemente, el presidente de Estados Unidos no se daba cuenta de que, como decía el monitor nicaragüense, el capitalismo se hundía a su alrededor, porque su economía crecía a niveles no vistos en diez años.

La pesadilla planificadora cayó con el Muro de la Vergüenza en 1989. Entre los millones de alemanes que fueron testigos de esa caída había dos personas con un pasado ideológico colectivista y hasta marxista, Gerhard Schröder y Angela Merkel. Dos personas que sabían que el camino del gasto y la planificación centralizada solo llevan a un final: la quiebra.

Hoy estamos creando una Unión Europea que obedece a principios muy similares a los de los satélites soviéticos: la planificación centralizada, un politburó todopoderoso que decide por todos dónde, cómo y cuándo se debe invertir, que no responde ante sus errores y reduce todas las singularidades y fortalezas de cada país a un mínimo común denominador que no es el principio de libertad y comercio que inspiró la Comunidad Económica Europea. Es una copia aterradora del modelo francés de economía dirigida, centralizada y planificada por una élite que sí disfruta de los privilegios de la libertad mientras llena la propaganda oficial con mensajes de «política social», «ciudadanía» y «colectivo». Una élite que se ha servido, como la de la RDA, de recursos financieros casi ilimitados, y cuando tras décadas de despilfarro y mala inversión estos se reducen, aprovecha la ocasión para culpar a su tercer brazo, la banca, y ponerles a ustedes, como solución, menos libertad, más intervención. Si esta comparación les parece exagerada, analicen la estructura de la Comisión Europea, el aparato de Bruselas y su estructura, y verán las similitudes entre la Unión Europea que se está creando y el politburó soviético.

La Unión Soviética estaba gobernada por 15 personas no elegidas democráticamente, que se nombraban unos a otros entre una élite, y que no respondían ante nadie de sus errores. La Unión Europea está gobernada por 2000 personas que tampoco son elegidas, y pasan de unos puestos a otros sin responsabilidad sobre sus decisiones, que afectan a millones de personas. Como la Unión Soviética, se basa en eliminar todo trazo de individualidad, de idiosincrasia y de cultura al servicio de una idea que sospechosamente se parece a la economía teledirigida y planificada de los sistemas totalitarios.

Cada día, Bruselas emite 18 regulaciones nuevas. Supera al Politburó hasta en hiperregulación.

Cuando salí de aquel campamento pensé: «Esto no quiero volver a verlo ni en pintura». Me dirán que hay muchas diferencias entre la sociedad que hemos construido en la Unión Europea y la RDA. Pero hay demasiadas similitudes como para no sentirse incómodo.

3
Las soluciones mágicas no existen

«El segundo día de dieta siempre es mejor que el primero. Porque el segundo día la abandonas».

JACKIE GLEASON.

«Dejar de fumar es lo más fácil del mundo,
yo lo hago todos los días».

MARK TWAIN.

«¿Qué queremos?». «¡Más Estado!». «¿Cuándo lo queremos?». «¡Ahora!». «¿Quién lo paga?». «Eh…, ¿Merkel?».

Estudiar y alcanzar los objetivos establecidos siempre es difícil. Todo lo que merece la pena cuesta. Mucho. Y los errores del pasado no se solucionan repitiéndolos.

Para mí el colegio siempre fue fácil. No tenía que preocuparme por estudiar ni esforzarme porque tengo memoria casi fotográfica y me acordaba de todo. Como era sencillo, me acomodaba. Fue un magnífico profesor de Matemáticas, Roberto Fernández Merino, que me suspendió por no prestar atención y no esforzarme por tenerlo fácil, el que me dio una lección que nunca olvidaré. No se trata solo de ser bueno, sino de ser el mejor. Que algo sea fácil no hace que sea correcto, y la falta de esfuerzo debe ser penalizada. Si no, jamás alcanzamos nuestro potencial.

Fue aquel profesor el que me explicó un experimento sobre el socialismo en una escuela de Estados Unidos.

En su blog «Hablemos de liberalismo», Juan Luis Estrada lo explica. Un reconocido profesor de Economía de una universidad contó que él nunca había suspendido a ninguno de sus estudiantes, pero que en una ocasión tuvo que suspender a la clase entera. En esa clase los alumnos insistían en que el socialismo funcionaba, que en el sistema socialista no existen ni pobres ni ricos, sino que todos alcanzan una feliz igualdad, una total igualdad para el pueblo.

Entonces para ese año el profesor les propuso a sus alumnos un experimento sobre el socialismo, y todos aceptaron.

Para que todos fueran socialistas, es decir, para que hubiese igualdad, las notas de los alumnos se promediarían, para que todos recibiesen la misma calificación, y así ser una clase socialista. Así, para el primer examen, unos estudiaron mucho, otros estudiaron más o menos y otros no estudiaron casi nada.

Se calificaron los exámenes, se tomaron las notas de todos y se promediaron. La media fue 7. Los estudiantes que se habían preparado muy bien quedaron muy desconformes, mientras que los que habían estudiado poco o nada estaban felices.

Cuando llegó el segundo examen, los que antes estudiaron mucho decidieron no esforzarse tanto, ya que su nota sería promediada. Aquellos que habían estudiado poco lo hicieron aún menos, porque confiaban en que los otros —no ellos— se esforzarían para subir el promedio.

Pero el promedio de este examen fue 5.

Una vez más, todos los que estudiaron estaban molestos, y los que no hicieron nada medianamente satisfechos.

Llegó el último examen, y el promedio de la clase fue 2. Por lo tanto, todos suspendieron. Y como todos eran iguales, todos sin excepción repitieron la asignatura. Ninguno de los estudiantes estaba realmente feliz.

El profesor preguntó si ahora entendían lo que significaba «socialismo».

La razón del gran fracaso del socialismo en el mundo es simple: los que no hacen se benefician de los que sí. No hay incentivos para los que se esfuerzan, y hay premios para los que eluden labor y responsabilidad. No se recompensa la excelencia, pues nunca se llega a ella, ya que la mayoría empuja hacia abajo.

El que trabaja debe pagar sus cuentas; pero al que no trabaja, se las paga el gobierno con los recursos aportados por el que trabaja. Es decir, el que trabaja paga doble.

Es la garantía del fracaso. Todos iguales, pero a la baja. Como decía Churchill: «La virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de miseria».

Como cualquier estudiante, cuando suspendí me decía a mí mismo «el profesor me tiene manía», «no es justo», «la culpa es de los demás», «mira los enchufados»… Sin embargo, fue muy revelador darme cuenta de que todo eso son estupideces. Y la lección de aquellos suspensos por «comodón» no la olvidé jamás. Hoy, cuando leo que «la culpa de todo es de Merkel» y cosas similares, siempre me acuerdo de mis maestros.

«Nunca pares de creer».

(Don’t Stop Believin). JOURNEY.

Porque mis profesores fueron eso, auténticos maestros en el sentido educativo. Maestros con mayúsculas. A ellos no se les amedrentaba, ni los padres ni los niños. No se les incentivaba a aprobar a cualquiera, se les valoraba por su justicia. El enorme respeto y reverencia que les teníamos provenía de su autoridad como cualidad personal, no como imposición. Lo que hicieron por mí no se lo podré agradecer en todos los años de mi vida. Gente como Juan Luis Colino, Roberto Fernández Merino, Aurelio Martínez Guerra, Juan Castrillo —autor de innumerables libros fascinantes que les invito a investigar—, Jesús Jabonero, Manuel Martín Manglano o Juan Hernández Verduzco. Me enseñaron a evitar las soluciones fáciles porque a largo plazo tienen consecuencias mucho más profundas y negativas. La famosa frase anónima de «Dale un pez a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá siempre».

El director de mi colegio, don Aurelio, nos daba unas clases de filosofía estupendas. Debatíamos sobre Platón, Aristóteles, los sofistas. Le fascinaba esa escuela de filósofos, muchos nos preguntábamos por qué. Ahora entiendo que se centraba tanto en ellos, desde la crítica feroz, por la rabiosa actualidad del sofisma en nuestra sociedad.

El término sofista, del griego sophía, «sabiduría», y sophós, «sabio», es el nombre dado en la Grecia clásica a aquel que hacía profesión de enseñar dicha sabiduría. Se suponía que los sofistas eran expertos, pero, en realidad, en gran parte eran manipuladores, buscaban «persuadir adquiriendo el dominio de argumentos engañosos». Utilizar el dominio de la palabra y la sabiduría no para alcanzar la verdad, sino para servir a los intereses del que habla. Es por eso que se utiliza el término «sofisma» para describir una argumentación aparentemente sólida que defiende posturas ilógicas o equivocadas. De hecho, suele ser un argumento que con los mismos razonamientos, puede usarse para defender una postura y su contraria. Según Aristóteles, el sofisma es una falacia. Un argumento que parece válido pero no lo es.

En las últimas décadas, el sofisma se ha convertido en algo muy común en economía. Para empezar, porque se le otorga a la economía un grado de validez casi científico que no es correcto. La economía no es una ciencia exacta. Es una ciencia social que estudia la actividad humana y sus relaciones comerciales. John Maynard Keynes define la economía como «un método antes que una doctrina, un aparato mental, una técnica de pensamiento que ayuda a su poseedor a esbozar conclusiones correctas».

No es raro oír «si ni ustedes los economistas pueden ponerse de acuerdo, ¿cómo vamos a salir adelante?». Por supuesto que vamos a salir adelante, gracias a ustedes, a cada individuo, no a un comité, o a un experto u otro. Los economistas solo podemos aspirar a una cosa: dar nuestra opinión sincera, y que la gente valore si le parece bien, pero no considerarnos infalibles. Porque las equivocaciones de gurús económicos equivocados cuestan…, y mucho. Que se lo digan a los argentinos, o a los españoles, lo bien que han funcionado los experimentos de Joseph Stiglitz y Paul Krugman, o a los países asiáticos y latinoamericanos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por eso defiendo como armas esenciales la libertad individual y el conocimiento. Dejarse guiar no es la solución. La solución es tomar las riendas, aprender de todos y descartar lo que no consideramos correcto. Pero siempre desde el conocimiento.

Nada hay más peligroso que el relativismo. Aceptar cualquier opinión como válida y, sobre todo, con el mismo grado de validez que la de los que han estudiado y analizado. «Es mi opinión» no vale cuando no se ha estudiado en profundidad. Y estudiar economía es algo que todos debemos hacer, aunque nos dediquemos a la ingeniería. Porque en ello nos va la vida y la de nuestros hijos. Y porque entregar las decisiones económicas a gobiernos o entes que no sufren las consecuencias de las mismas es extremadamente oneroso para todos.

Dibujo: Daniel Lacalle.

En épocas de crisis, siempre aparecen algunos expertos que nos ponen encima de la mesa soluciones que parecen muy radicales y fáciles, populistas, pero que tienen consecuencias extremas. Como en Astérix y el adivino, el caldo de cultivo es una población asustada.

Las soluciones mágicas que nos proponen una y otra vez son las mismas de siempre: devaluar, imprimir moneda y hacer quitas de deuda. Empobrecer y esclavizar.

Bajo la excusa «social», nos venden las políticas más antisociales. A expensas de los que no han creado el problema, poner recursos ilimitados al servicio de gobiernos ineficientes, mal gestionados y endeudados. En vez de llevar a cabo las reformas y ajustes necesarios para adelgazar, sacar dinero del bolsillo del ahorrador eficiente para perpetuar un sistema obeso.

En definitiva, aprobar al que suspende con la nota de los que aprueban.

Siempre con la mala —y falsa— excusa de no querer dejar atrás a los más débiles e indefensos. Cuando, en realidad, al no incentivar el desarrollo meritocrático, que los mejores sean recompensados, se crea un clima de depresión y frustración que cercena la aspiración a mejorar y crecer, e intensifica la situación de los más desfavorecidos, manteniéndolos en la pobreza y sin esperanzas. Pero controlados. Seguir «tratando al individuo como a un niño o, lo que es peor, un imbécil incapaz de tomar decisiones por sí mismo, justificando con ello la necesidad del paternalismo estatal», como explica Manuel Llamas.

Todos iguales en la pobreza, cuando el lema debería ser todos libres para alcanzar la plenitud de cada talento, y para generar riqueza para todos, que es la mejor manera de ayudar a los más pobres.

En un entorno económico dinámico, desarrollado, creativo y libre, los pobres y los indefensos son menos y cuentan con la posibilidad real de salir de esas situaciones.

4
¿Cuándo nos convencieron de que intervenir y destruir la moneda es social?

«La mejor manera de acabar con el capitalismo es destruir su moneda».

Frase que KEYNES atribuye a LENIN.

«¿Por qué inventó Dios a los economistas?

Para que los meteorólogos se sintieran mejor».

DAVID ROSENBERG.

«¿Qué queremos?». «¡Imprimir moneda!». «¿Cuándo la queremos?». «¡Ahora!». «¿Y cuando nuestros ahorros no valgan nada devaluados?». «¡Culpamos a los mercados!».

En la fila de inscripción a la universidad conocí a uno de mis mejores amigos, Julio. Discutimos durante horas sobre todo lo que haríamos, proyectos de empresas, prácticas gratis donde fuera. «Vamos a arrasar». Julio es un ejemplo de esas personas a las que nadie puede parar. Ha abierto empresas en países tan complejos como Mozambique o Kenia. Como yo, siempre que oye la frase «olvídalo, es imposible», se lanza con más fuerza. En aquellas discusiones veíamos la universidad como lo más maravilloso que nos podía haber ocurrido. Íbamos a aprender.

Imagínense la decepción que puede llevarse un chico apasionado por la economía —que quiere comerse el mundo, aprender lo que sea y lo más posible— cuando se encuentra un sistema educativo orientado a crear ciudadanos B, a atemperar las ambiciones. Durante los primeros años de carrera, innumerables veces escuché que «el capitalismo no funciona», «no merece la pena crear una empresa», «el Estado gasta para permitir que usted ahorre» y que, con suerte, nuestro futuro estaba en ser funcionario o encontrar un «puesto» —la palabra me revienta— en uno de los megaconglomerados semiestatales. «Tranquilo chaval, no te embales, que no merece la pena. Y ve pensando en preparar una oposición».

En mi caso, la decepción fueron los primeros años de carrera universitaria. Por ejemplo, en primero de carrera, en 1985, a pesar de que el sistema ya no se usaba desde hacía años, en Informática nos enseñaban a perforar tarjetas de datos. La gran mayoría de las clases eran «aprender y repetir». En privado, los profesores se quejaban de los programas pétreos, sin utilidad práctica. Una enorme cantidad de datos y conocimientos pero solo se buscaba memorizar. Muchos de estos profesores daban unas conferencias apasionantes, y, sin embargo, se veían forzados a atenerse a unos programas casi soviéticos. Tedioso y frustrante. ¿Cómo puede ser que un sistema no funcione cuando sus responsables lo critican y pueden dar soluciones? Otro ejemplo magnífico de la planificación obligatoria, el consenso, que diluye cualquier iniciativa individual, y los incentivos perversos, que hacen que profesionalmente sea más seguro adaptarse a un sistema ineficiente que atacarlo y cambiarlo.

Además de profundizar en mi pasión por la economía, durante la carrera universitaria me gustaba debatir con los profesores y compañeros. Siempre era más instructivo lo que aprendía o discutía en los diez minutos después de clase. España había vivido una época de crecimiento espectacular adoptando medidas de liberalización y abriendo las puertas de la economía al mundo. Para los universitarios, el ejemplo no era un concursante de Gran Hermano o el ganador de una oposición, eran gente como Pepe Barroso, fundador de Don Algodón, que empezó vendiendo camisetas en la universidad. Es un auténtico orgullo ver que en el extranjero tu país es un ejemplo de apertura y creación de valor.

La esperanza, la luz al final del túnel, llegó el último año. Sufrí cuatro años de academicismo estéril para luego disfrutar de solo un año de clases interesantes, de contenido realmente valioso. Muchos dirán que los primeros años son necesarios para ese último curso de verdadero aprendizaje. Que lo que la universidad te enseña es a manejarte por tu cuenta, y a aprobar exámenes. Pero ese mito se hace astillas cuando uno conoce las universidades del mundo y se da cuenta de que no, que se puede combinar exigencia máxima, conocimiento valioso y práctica. No es casualidad que a pesar de tener universidades públicas en todas las regiones, desafortunadamente ninguna está entre las líderes del mundo.

Fue en esa fase final de la carrera cuando conocí a alguien esencial en mi viaje como economista y como persona, el catedrático Emilio Ontiveros Baena. Él no lo sabe, pero cambió mi vida con una frase: «Eres joven, equivócate y aprende». Me hizo ver que la búsqueda de la seguridad y el confort del grupo no llevan a nada. Que los sueños solo se consiguen si se persiguen, y que no serían sueños si fuera fácil o cómodo conseguirlos.

Pasar de tener interés a tener pasión por la economía se lo debo a Emilio Ontiveros. Estudiar la interacción entre agentes, el comercio y la evolución de un sistema que nos ha llevado a cotas de prosperidad jamás imaginadas: el libre mercado.

«No mires atrás».

(Don’t Look Back). BOSTON.

Así que durante la carrera me propuse pasar los trámites inútiles de los exámenes y leer todo lo que me pareciera interesante. El primer libro que devoré con fruición fue Economía moderna, de Paul Samuelson, premio Nobel en 1970. Es el manual universitario más vendido de la historia, y además de ser un tratado excepcional, basa su análisis en los factores de equilibrio de las economías. Su teoría del equilibrio factor-precio, que da por supuesto que a largo plazo los salarios y beneficios entre naciones convergen, era fascinante. Solo tenía un problema. Las políticas de intervención estatal que propugna, no generan equilibrio, sino que perpetúan los desequilibrios. Michael Hudson, un intelectual de izquierdas, explica en The problem with Paul Samuelson http://www.counterpunch.org/hudson12 142 009.html que sus teorías son equiparables a un precioso reloj que no da la hora correcta. No le falta razón. En una época de intervencionismo estatal, manipulación del precio y cantidad de dinero, regulación y acuerdos multinacionales, los desequilibrios económicos y sociales no se han reducido. Las políticas promovidas por el FMI o el Banco Mundial, que siguen los principios de «equilibrio» desde la intervención, han aumentado las diferencias y desequilibrios entre países endeudados pero «ricos» y países que cuentan con recursos naturales, pero pobres en acceso a deuda.

Mi biblioteca particular fue aumentando. John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes de nuestra época, Milton Friedman, Irving Fisher; y en España, José Luis Sampedro, Ramón Tamames. Devoraba todo. Pero me chirriaban muchas cosas. Por ejemplo, que casi todo se solucione desde el colectivismo.

Colectivismo: defender que el bien del grupo es más importante que el bien individual. Cuando lo que realmente beneficia a la sociedad es la suma de los éxitos y fracasos del individuo. Pensar que el individuo sirve a su propio interés al servir a los intereses del grupo, que «administra» una élite, en vez de ser al revés. Porque a lo que lleva es a esconderse.

Esconder todo detrás de la masa, eso sí, dirigida por unos cuantos en su nombre, que nunca tienen responsabilidad sobre sus actos porque actuaron «en nombre del pueblo». El colectivismo no es solo socialismo, que sostiene que las cosas deben ser propiedad de un grupo y no de una sola persona, es también lo que vemos cada día, desde la Unión Europea a Estados Unidos en los últimos años. Los padres fundadores de Estados Unidos sufrirían si pudieran ver el nivel de apatía y control al que se ha llegado. Supeditar todo cada vez más a un supuesto «bien común» que administra un Estado que, aniquilando a la clase media y supliendo su ineficacia con más recursos, acapara de manera creciente más poder. En economía las llamo «soluciones mágicas», pretender que desde la intervención creciente los ciclos económicos pueden manejarse al antojo de los gobiernos. Además es magnífico, porque los errores de los gobiernos se justifican con más intervención, y cuando no funcionan, se nos repiten las tres frases fantásticas que todo lo arreglan:

Hubiera sido peor.

No se hizo suficiente.

Hay que repetir.

… Muchas gracias por su dinero.

En 1986 estaba en segundo de carrera y tuve una acalorada discusión con un profesor de Historia Económica que atacaba la época de Reagan y Thatcher, y hablaba de la Revolución francesa y sus «logros» como la mayor hazaña económica de los últimos siglos. ¿Hazaña? Entre 1790 y 1793 en Francia se emitieron 3500 millones de papeles llamados Asignats, que pronto perdieron el 95 % de su valor inicial, al inundar el sistema de moneda artificial no soportada por bienes reales y ahorro. Con la pérdida de valor de dicha moneda, los precios de los alimentos básicos se dispararon. Pero, como siempre, los que crean la situación de devaluación e hiperinflación la ocultan. El ministro de Finanzas, Clavière, echaba la culpa a los tenderos y a los «comerciantes», y prometió forzar las máquinas e imprimir más dinero. Los precios continuaron subiendo inexorablemente. El dinero valía cada vez menos y, por lo tanto, las cosas costaban cada vez más. De libro. ¿Y qué hicieron para suplir el error? Subir impuestos y confiscar propiedades, hundiendo la inversión real y el comercio ante la falta de seguridad jurídica. Los jacobinos introdujeron la «Ley del Máximo», que prohibía subir precios, a la vez que castigaban con cárcel y guillotina a quienes rechazasen el pago mediante papel moneda. Tan solo consiguieron que las tiendas cerrasen, porque simplemente no querían esos papeles de colores que ya no valían nada. Los disturbios y las revueltas por falta de pan acabaron con la Revolución.

Cuando al profesor le mencionamos el millón de muertos, la hiperinflación creada por imprimir moneda salvajemente y los efectos devastadores que llevaron a Napoleón al poder, aquel caballero, que probablemente hoy sigue dando clase, me dijo: «Qué estupidez, pues ese mismo sistema es lo que va a llegar en el futuro». No le faltaba razón, como veremos en el capítulo sobre Argentina o Venezuela. Pero ahí pensé, «por encima de mi cadáver». No iba a permitir que se defienda como «social» el uso del dinero como instrumento de represión gubernamental, porque siempre termina pagándolo la población.

En infinidad de ocasiones, cuando participo en debates escucho «no es ideología, es economía». Es falso. La visión económica de todos los expertos está siempre imbuida de una opinión, de una visión filosófica de cuál es la mejor alternativa para la sociedad. Siempre existe una ideología. Y es ideología pensar que el Estado es un ente sin mácula cuya actuación constante es siempre bienvenida. Por el bien de los desamparados… Aunque desampare aún más.

Los sistemas intervencionistas siempre piensan en los pobres. Por eso cada año crean millones de ellos.

La mía, no lo duden, es la ideología de la libertad individual y de la responsabilidad. Y en este libro vamos a repasar cómo mi forma de pensar llegó al liberalismo desde la escuela neoclásica y el colectivismo.

El día que terminé la carrera, en España había un 25 % de paro y la inflación estaba desbocada. En la primera entrevista de trabajo que tuve, en una consultora, la persona que me recibió me dijo: «Los de tu generación tenéis muy mala suerte, porque nunca vais a conseguir llegar adonde llegamos los que tenemos solo unos años más, porque de esta crisis no nos saca este gobierno». Otro listo. Nunca se ha salido de la crisis de la mano del sector que la ha creado, y desde finales de los noventa, eso es precisamente lo que hemos repetido una y otra vez. Queremos solucionar el problema con más intervención por parte del que ha generado el problema.

Mi primer encontronazo con la realidad de los errores macroeconómicos fueron las devaluaciones competitivas de España. Entre 1992 y 1995, una devaluación del 30 % contra el marco. No solo no consiguieron una mejora del empleo, sino que se disparó la inflación, el déficit primario y casi nos imposibilitan la entrada en la Unión Europea.

En su libro La unión monetaria y España: ¿integración económica o desintegración social?, Francisco Rodríguez Ortiz revela algo muy importante: «La devaluación de la peseta […] en 1995 no se justificaba ni por motivos económicos ni por una pérdida de competitividad». Efectivamente, al haber manipulado la moneda de manera artificial en 1992, habíamos creado una enorme desconfianza, una crisis de credibilidad, y con ella una de deuda pública en los mercados financieros. La intervención «con buena voluntad» se convertía en una pesadilla que, ¡oh, sorpresa!, requería otra intervención.

Primera solución mágica, en toda la boca. Tras el fracaso, justificar, decir que la próxima vez será distinto y…

¡Repetir! «El hecho de que las políticas de estímulo no hayan funcionado no las invalida», me dijo recientemente un empleado de la embajada en Londres, y la frase se me quedó impresa en la mente. Cualquier política, por muy errónea que sea, siempre se justifica si viene del Estado. Los errores en los sectores públicos se perdonan porque se les supone un objetivo social, mientras que los privados se atacan siempre, porque se da por sentado que solo buscan ganar dinero. No nos detenemos a pensar que el que busca ganar dinero también lo hace desde una perspectiva social, y que el gestor de los recursos públicos también tiene una ambición, sea poder, control o lucro… O las tres.

En nuestra vida cotidiana solemos criticar a las empresas privadas o a los individuos por sus gastos excesivos. Si vemos que nuestro vecino se endeuda para comprar cosas que no le sirven o que no puede permitirse, intentamos aconsejarle y alertarle de que va camino a la ruina. Sin embargo, no exigimos esa responsabilidad si los gastos inútiles o imposibles de financiar son del Estado. Siempre se le perdonan porque pensamos que es «por el bienestar social». Y porque suponemos que el dinero es gratis, no valoramos que esos gastos, ese déficit, lo pagamos nosotros. Siempre. Empobreciéndonos, devaluando e imprimiendo, creando inflación y subiendo impuestos. Es nuestro dinero y tenemos una mano depredadora en el bolsillo.

No solo es nuestro dinero de hoy, sino de varias décadas. ¿Por qué lo aceptamos? Por el chantaje emocional inculcado durante décadas. ¿El Estado de bienestar? No. El bienestar del Estado.

Los gobiernos ineficientes conocen perfectamente ese resorte emocional, que no se les exige eficacia ni responsabilidad, y lo aprovechan. Muchas gracias por su dinero.

Ya me hacía estas reflexiones durante la carrera, al leer la prensa económica, analizar las políticas gubernamentales y ver las consecuencias en el día a día. Vi desplomarse el valor de mis pocos ahorros por una devaluación injusta y manipulada. A un joven no le hace gracia ir a comprar discos importados o en el extranjero y constatar que cuestan un 30-35 % más que unos meses antes. Es atroz que un empresario, como alguno conocido, se arruine porque se disparan los costes de sus materias primas —que cuestan mucho más con la moneda devaluada— y no genera margen, como le ocurrió a un amigo.

Acabada la universidad, me pasó lo que a tantos profesionales. Te dedicas a intentar adaptarte, a «pertenecer» al grupo y a desarrollar tu carrera profesional. Sin embargo, no dejaba de estudiar y comprobar lo selectivos que somos a la hora de elegir lo que nos conviene. Yo el primero. Por eso fue tan importante cuestionar todo lo «incuestionable» que veía alrededor. Bienvenidos al keynesianismo «selectivo». Que toma de Keynes lo que beneficia a los gobiernos, gastar y endeudarse, y olvida lo que no es tan divertido, ahorrar y bajar impuestos.

John Maynard Keynes decía que el momento de aplicar la austeridad es cuando la economía está en auge, no en recesión. Defendía que el gobierno invierta en la economía cuando el sector privado no lo hace; pero también recomendaba que en procesos de recesión, el gobierno baje impuestos para estimular la economía, y también aconsejaba que los Estados ahorren durante las épocas de bonanza. Sin embargo, de sus teorías, los gobiernos ignoran, como si arrancaran las páginas, la parte de bajar impuestos y ahorrar. Acostumbrados a unos ingresos fiscales excepcionales, en bonanza siempre gastan más, y cuando la economía se ralentiza, gastan más también, y suben impuestos. Solo leen a Keynes para sacar la chequera. Keynesianismo selectivo.

Una vez, un lector en Twitter me dijo: «El ahorro no tiene ninguna validez moral, es una opción». Casi me caigo de espaldas. A eso hemos llegado, a la demonización del ahorro y la prudencia. La superioridad de la cigarra diciéndole a la hormiga que es tonta porque su modelo de despilfarro no crea efectos negativos secundarios y ganamos todos. La felicidad del inconsciente. Hasta que llega el invierno.

Pasaron muchos años en los que seguí estudiando y aprendiendo de economía. Para mí Keynes era intocable. No había un economista más importante, y la verdad es que según leía a Irving Fisher o Milton Friedman, intelectuales de una valía excepcional, siempre encontraba que en la práctica algo no funcionaba: la irresistible tentación de los políticos a intervenir en la economía de manera creciente aludiendo a sus enseñanzas. Desde el Chile de Allende, con las carretillas llenas de billetes inútiles por la impresión de moneda falsa, a México, donde se añadían ceros a los billetes con bolígrafo por la devaluación salvaje, a la Argentina, donde durante la hiperinflación se veían «subidores de precios» que cada dos horas iban por los supermercados actualizando las etiquetas. No les tengo que recordar los procesos hiperinflacionistas que se han creado utilizando la parte que nos conviene de sus teorías: imprimir dinero.

Pero siempre me ha asaltado la pregunta: ¿cuándo demonios se decidió que imprimir moneda es una política «social»?

Sin embargo, la moral aceptada exime de riesgo y, por lo tanto, de responsabilidad, al gestor del dinero público y demoniza al emprendedor como malvado capitalista extorsionador y manipulador. Esto nos lleva a aceptar como lógicas y normales manipulaciones tan violentas y agresivas contra la población como la devaluación, las subidas eternas de impuestos y la expansión monetaria: el helicóptero monetario.

Pensar que creando dinero no respaldado por el ahorro, un banco central va a repartir fondos entre todos, ayudar a que todos reduzcan sus deudas y se recupere la economía. ¡Qué buena idea! Si no hay dinero, lo creamos, y todo el mundo feliz. Excepto que no pasa. Desde 2004, los mayores bancos centrales han aumentado la masa monetaria a un ritmo del 5 % anual, y la deuda de sus Estados ha crecido a una media de 5,5 % anual. Incentivos perversos. Más dinero, más gasto, más deuda, más impuestos. Menos renta disponible. Repetir. Alcohol para curar la cirrosis.

La ilusión de que el helicóptero que crea dinero nos repartirá algo. Excepto que el helicóptero travieso solo reparte entre el que reparte y sus sectores adláteres. Con nuestro dinero.

Juan Ramón Rallo explicaba en un artículo («Depreciar la moneda: una enorme chapuza», del 13 enero de 2012):

El éxito de toda depreciación depende de la sensibilidad de las exportaciones y de las importaciones de un país a sus tipos de cambio: si reducciones moderadas del tipo de cambio no consiguen incrementar de manera sustancial las exportaciones o que los ciudadanos nacionales sustituyan importaciones por productos locales, la depreciación fracasará en su empeño estimulante. De hecho, las depreciaciones podrían incluso incrementar el desempleo y el desequilibrio exterior. Por ejemplo, si un país carece de petróleo y de sustitutivos del petróleo, una depreciación del 5 % no llevará a que compremos menos oro negro, sino, simplemente, a que lo paguemos más caro. Y si, para mayor desgracia, esa depreciación del 5 % no consigue impulsar decisivamente las exportaciones (¿usted compraría cualquier producto que le fuera rebajado un 5 %?) o hace encarecer el precio de las mercancías exportadas alrededor de un 5 % (por el mayor coste del petróleo), ¿cuál será el resultado neto de envilecer nuestra moneda? Mayor déficit exterior y menor producción interna. Así, entre 1992 y 1995 (dos veces en 1992, una en 1993 y otra en 1995) la peseta se devaluó cerca de un 30 % con respecto al marco alemán, y el paro no bajó del 20 % alcanzado en 1992 hasta seis años después.

Todos, absolutamente todos los procesos de totalitarismo y opresión europeos desde la Revolución francesa han sido, y no es sorpresa, procesos inflacionistas. Siempre desde la negación del problema («no hay inflación, no hay que preocuparse»), al engaño («es moderada») y la resignación («es culpa de los tenderos y especuladores»).

Cuando en los años setenta vivía en Inglaterra, cada día se hablaba de la inflación como algo «incontrolable». En España, Tip y Coll, los geniales humoristas, empezaban sus programas diciendo: «Sube el pescado, baja la bolsa». Es esencial entender el efecto pernicioso de la inflación y, lo que es más importante, la inútil quimera de los Estados a la hora de pensar que pueden manejarla a su antojo. Les recomiendo los libros, Por qué fracasan los países, de Acemoglu y Robinson (Deusto, 2012), y Esta vez es diferente, de Reinhart y Rogoff (Fondo de Cultura Económica, 2011).

La inflación, el impuesto silencioso. Cuando terminé la carrera, era «solamente» de un 12 %. ¿Se redujo la deuda pública por ello y por devaluar? No. ¿Se mejoró el empleo? No. ¿Se ganó en competitividad? No. ¿Quién se beneficia? Mira qué casualidad, el sector público, los sectores ineficientes y los bancos. Los deudores, nunca los acreedores. La inflación, la devaluación, siempre favorece al que se endeuda, nunca al que ahorra. Es antieconómica, y crea incentivos perversos. El endeudado no limpia su balance, el ineficiente no es penalizado. Y cada vez se ahoga más al ahorrador y al eficiente.

Ahora nos empeñamos en crear inflación a toda costa. Olvidamos su devastador efecto cuando es demasiado alta y lo rápido e inesperado que es el proceso inflacionista. Y lo difícil y lento que es controlarla. Mientras, nos repiten una y otra vez que no hay riesgo, pero los precios siguen subiendo muy por encima de la cifra oficial, y los salarios y la renta disponible bajan.

El propio Carlos Solchaga, ministro de Economía en los años ochenta, escribía en 1997: «Luchar contra la inflación era el principal objetivo de la tarea de gobierno en materia de política económica. Era el requisito previo para establecer las bases de un crecimiento sano y equilibrado; el único que podía, con el tiempo, reducir el desempleo. Buscar atajos era inútil. Confiar en las viejas fórmulas de las políticas expansivas, peligroso». Entonces, la inflación era del 14,4 %. Bajarla al 8,8 % costó cuatro años de durísimas medidas. Esa inflación tan elevada no redujo la deuda pública ni el déficit.

Pero como no aprendemos, y siempre decimos que «esta vez es diferente» y «ahora no nos va a pasar», nos lanzamos a defender crear inflación.

¿Saben qué tienen en común todos los procesos de hiperinflación en Europa? Primero, que los gobiernos y sus líderes siempre dicen que «no hay riesgo de inflación». Segundo, cuando se dispara, se le echa la culpa a algún ente extranjero o conspiratorio. Los franceses culpaban a los malvados comerciantes por la subida del pan, los alemanes a los judíos. Ahora a los mercados.

Como medida de urgencia, aumentar la masa monetaria puede parecer buena idea. Excepto que olvidamos el empobrecimiento, y el gobierno que decide ese cambio de política no solo nunca ve problemas, sino que achaca los efectos negativos a otro. Como es lógico, si se aumenta la masa monetaria, las materias primas que importamos se encarecen, porque cada unidad de dinero vale menos para comprar el mismo bien o servicio. Pero ¿a quien le echamos la culpa? A los especuladores.

Como destaca Antonio España, columnista de El Confidencial, MBA por el IESE y máster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos, en su análisis «El mito de la devaluación competitiva», de mayo de 2012: «Si antes de la devaluación tienen 1000 euros en una cartilla en el Banco de la Esquina y se los llevan a la sucursal en Fráncfort del Banco Alemán, ustedes terminarían teniendo allí 1000 euros menos las comisiones. Pero si lo hicieran justo después de que el gobierno devaluara la moneda nacional, la cantidad que recibirían en el Banco Alemán ya no sería de 1000 euros, sino menor, por ejemplo, 750 euros al cambio menos las comisiones. Fíjense en lo malvado, casi abyecto, del asunto. Tras la devaluación, y por un mero acto administrativo aprobado en un consejo de ministros, sus políticos les habrían sustraído a ustedes la cuarta parte de sus ahorros. Es obvio, pues, que la primera y más inmediata consecuencia de una devaluación es un súbito empobrecimiento de la población, al menos de la parte de la población que tenga algo ahorrado».

Esta manera de considerar la política monetaria deriva de adjudicar al dinero un carácter «social», redistributivo y al servicio de un Estado que a su antojo aumenta la cantidad de dinero disponible, sea en moneda o mediante crédito no respaldado por el ahorro.

Sobre el dinero y su historia, les recomiendo que lean Money: the unauthorised biography, de Felix Martin. Es una obra magnífica en la que explica la importancia de entender que el dinero es crédito, y que cuanto más se crea sin soportarlo con creación de riqueza, más se agranda el agujero. Es como si a usted le entregaran un boleto por el cual le darán un trozo de tarta. La pastelería produce las tartas a un ritmo, pero se reparten boletos muy por encima de la cantidad de tartas que puede fabricar. Su boleto vale cada vez menos, y es probable que el día que vaya a reclamar su delicioso trozo de pastel no valga nada.

El dinero es un medio de información. Expresa el valor que conjuntamente asignamos a los bienes y servicios. El hecho de que lo aceptemos como modo de pago es esencial. También es esencial su coste —el tipo de interés— como medio de información sobre el riesgo real percibido. Por lo tanto, el dinero es confianza. Y si destruimos esa confianza, el impacto es brutal.

Como medio de información, si un banco central o un gobierno fijan caprichosamente el precio del dinero de manera incorrecta, los participantes de la economía y los empresarios no tienen una base sólida y creíble sobre la que tomar sus decisiones. Charles Gave, economista británico, explica que el emprendedor medio pide prestado por dos razones:

Invertir en capital: Expandir un negocio, abrir una planta, contratar gente, etcétera.

Ingeniería financiera: Basado en unos ingresos esperados, descontados por el coste de la financiación —el coste del dinero—, el emprendedor compra un negocio ya existente.

Desafortunadamente, la segunda opción no aumenta el capital, solo cambia de manos, y aumenta la cantidad de deuda, aumentando la fragilidad del sistema ante cualquier shock. Los períodos de creación de moneda y tipos bajos mueven el capital de manera desproporcionada al segundo tipo de inversión, fuera de la economía real, como se suele leer. Entre los años 2009 y 2013, las empresas estadounidenses, supuestamente disfrutando de crecimiento económico, han usado el dinero fácil y barato para recomprar acciones por cantidades superiores al billón y medio de dólares, al mismo tiempo que la inversión productiva caía a niveles no vistos en décadas. Así, el dinero fácil lleva a una caída de la productividad y del crecimiento estructural de la economía. Suponer que esa decisión de inversión se revertirá hacia lo que llamamos la economía real si persistimos y expandimos aún más la base monetaria es, cuando menos, iluso. Y pensar que subiendo impuestos ese capital se transferirá al Estado, que puede llevar a cabo dichas inversiones sin criterios estrictamente económicos, es suicida. Charlie Munger, mano derecha de Warren Buffett, siempre lo dice: «Muéstrame los incentivos y te muestro los resultados».

Pero si hablamos de dinero, no debemos olvidar a uno de los grandes economistas, Irving Fisher y su obra The Money Illusion (1928).

Irving Fisher, uno de los grandes economistas de nuestro tiempo, se arruinó apostando en bolsa. Su visión de la economía era sencilla. El Estado no debe intervenir para nada excepto en la política monetaria. Vaya por Dios, qué casualidad. Justo lo que hace que aumente la inflación y suban las bolsas. ¿Casualidad? No. Fisher ya comentaba lo que hoy en Estados Unidos y Reino Unido llaman «el efecto riqueza». Si sube la inflación, y hay más dinero en circulación, suben las bolsas, da sensación de prosperidad, las casas valen más y la gente es más rica, con lo que gastan más y se reactiva la economía. Claro, para la gente que posee casas y acciones. Usted, que solo posee los recibos de los impuestos, paga. Muy social.

Irving Fisher era un gran teórico, y en teoría, la idea de una economía global liderada por una Reserva Federal que maneja el crédito y la inflación/deflación desde el estudio de los índices de precios suena bien. Pero olvida que los bancos centrales caen en los mismos errores que cualquier gobierno. Extender y extralimitarse en sus políticas, creando mayores problemas. Fisher decía que «el poder de manejar el crédito disponible, correctamente utilizado, convierte al sistema de la Reserva Federal en la institución de servicio público más importante del mundo». Pero, claro, una vez que se abre la caja de Pandora, no sabemos qué sale. Y lo que ocurre es que la medicina excepcional que recomienda un teórico se convierte en habitual y, por lo tanto, pierde toda eficacia, como el que toma aspirinas cada día, cuando por fin le duele la cabeza, otra píldora no surte efecto.

¿Y qué ocurre cuando todo esto se repite una y otra vez? Que se generan los incentivos perversos. El cortoplacismo, el sobreendeudamiento crónico y se premia el malgasto. Se penalizan el ahorro y la prudencia. Se olvida que la prosperidad y el crecimiento vienen del ahorro y la inversión prudente, no del gasto y el endeudamiento eterno.

La represión financiera, bajar artificialmente los tipos de interés y devaluar la moneda, penaliza al que se ha comportado correctamente y no se ha dejado llevar por los cantos de sirena de «a largo plazo todo sube», «hay que gastar» y «aprovecha, que te prestan». ¿Por qué acepta el ahorrador un asalto a su bolsillo tan brutal como la represión financiera? Porque no percibe que sea una agresión deliberada. Se le vende como inevitable. Como «social». Pero el ahorrador, el eficiente, termina por claudicar y entregarse, junto a la masa, al endeudamiento y el gasto, y con esa llamada a «no ahorrar» que nos llega cada día de gobiernos y bancos centrales, se crea una situación de crisis permanente.

Como hemos comentado, Keynes recomendaba que el gobierno invierta y lleve a cabo políticas contracíclicas en épocas de recesión, pero que ahorre en tiempos de bonanza y que baje impuestos para estimular el consumo cuando la economía decrece. ¿Cuál es el problema? Que a Keynes solo le hacen caso para gastar. ¿Por qué? Porque ningún gobierno piensa jamás que su gasto es alto, ningún Estado considera las épocas de bonanza como período para el ahorro, sino que da por sentado que los años de alto crecimiento son «un nuevo paradigma» que durará toda la vida. ¿Recuerdan los años de la fiesta europea? Los gastos de los Estados crecieron exponencialmente, desde un 34 % del PIB hasta un 49 %. Y tras la fiesta, la resaca. Entre 2008 y 2011, un 2 % del PIB de la Unión Europea gastado en «políticas de crecimiento», para destruir cuatro millones y medio de empleos.

¿Y en Estados Unidos? El techo de deuda se ha «levantado» noventa y seis veces. Con la administración Obama, tras dos billones de dólares gastados en políticas de estímulo, en 2013, la tasa de participación de la población en el mercado laboral está en el 63 %, a niveles no vistos desde 1979. Mientras, nos dicen que la inflación es «muy baja», pero el precio de la cesta básica (huevos, leche, pan, cereales, carne y verduras) ha aumentado un 45 %.

Las políticas de estímulo como promesa eterna son solo eso, promesas. Cuando por fin la población se dé cuenta de que no funcionan, ya se habrá gastado otro billón de dólares o euros.

El Estado nunca reconoce un ciclo económico. Porque cuando se equivoca de política no tiene penalización. Llega otro, y paga usted. Es por el «interés general». Mientras tanto, la clase media es aniquilada. En Estados Unidos, más del 53 % de la población activa gana menos de 30 000 dólares anuales. En España, el sueldo medio ha caído a 15 000 euros anuales. En Reino Unido, la política de imprimir y crear inflación no ha reducido el paro, ni la deuda ni el gasto público, solo aumentó la necesidad de recortes más profundos. Al mismo tiempo, le dicen a la gente que hay que gastar más y subir impuestos. Señores, ahora no es momento de recortar. Nunca lo es. La patata caliente pasa a otro gobierno, al que desde la oposición se le acusará de no solucionar los problemas de una economía hundida por el anterior.

Entonces viene el cuento de la austeridad. Tras una década de despilfarro, se lleva a cabo una moderación del gasto de menos del 5 %, y hablan de «austericidio» mientras el gasto político no se toca. Todo ese gasto superfluo que se esconde bajo la administración y que detallaremos en este libro. Y usted, confundido, acepta otra vuelta de tuerca, entrega aún más libertad y más de su dinero a cambio de que «no me duela más».

Pobre John Maynard Keynes, lo que hoy se hace en su nombre debe de hacer que se revuelva en la tumba como un personaje de una película de George A. Romero. Su obra es absolutamente imprescindible, pero se usa como excusa para llevar a cabo las mayores intervenciones imaginables, sin riesgo ni responsabilidad. Cuando el destrozo ya se ha llevado a cabo, y nos queda la deuda, dicen: «Olviden el pasado, hay que pensar en el futuro». Y repetir. Siempre repetir.

5
Todo lo que te han enseñado se está derrumbando

«¿Qué cree usted que es un estímulo? Gastar.

¡Ese es el objetivo!, seriamente».

BARACK OBAMA.

«¿Qué queremos?». «¡Redistribución de la renta!». «¿Cuándo la queremos?». «¡Ahora!». «¿Quién va primero?». «Yo no, que me viene mal. ¡Ese…!».

Una de las peculiaridades de estos últimos diez años es el uso reiterado, excesivo y descontrolado de las medidas excepcionales que proponían los economistas que he citado en los dos capítulos anteriores. El estímulo eterno. La pérdida absoluta de independencia de los bancos centrales, que se convierten en máquinas al servicio de gobiernos excesivamente endeudados que imponen represión financiera a sus ciudadanos.

Represión financiera, es decir, devaluar y bajar tipos de interés. Añadido a la subida de impuestos, una combinación mortal que está destruyendo a la «clase media» de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según el FMI, con una caída de la renta disponible y del salario medio hasta niveles de 2001. Sacar dinero del bolsillo del ahorrador para gastar, por si acaso, en lo que sea.

Se ha instaurado el «estímulo eterno». Y se hace en nombre de una situación «excepcional». Que ya lleva siendo excepcional doce años. Siempre hay un dato o dos que nos permiten afirmar que la crisis es profundísima y que justifica más intervención. Es lo que llamo el «New Deal» eterno.

En Estados Unidos tenemos el ejemplo perfecto.

Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, es una personalidad arrolladora, créanme. En un desayuno con otras personas en Nueva York, le pregunté sobre las políticas económicas y de seguridad de su administración. Cuando te habla, Cheney sonríe amigablemente. Como su presidente, George W. Bush, tiene un carácter afable, campechano, divertido. Hasta que te mira a los ojos, y se te encoge el alma.

«No lo dude —me dijo—, todo lo que hoy se dice que hacemos por el mal se defenderá ardientemente diciendo que se hace por el bien cuando venga una administración demócrata». Y cuando me recuperé del ataque al corazón que casi me provoca, reflexioné sobre esa frase. ¿Qué diferencia en las grandes economías occidentales la política económica de las administraciones socialdemócratas de las conservadoras? Francamente, muy poco, excepto la justificación de la intervención desde una perspectiva vagamente social. Intervenir para justificar más gasto se tolera. Como decía Al Pacino en el papel de Lucifer en El abogado del diablo (The Devil’s Advocate, 1997, de Taylor Hackford): «Dios y yo somos iguales, pero él tiene mejor prensa».

He podido conocer a dos presidentes de la Reserva Federal: Alan Greenspan y Ben Bernanke. Dos personas brillantísimas, no lo duden, con las que hubiera podido conversar durante días sin cansarme. Aquellas conversaciones me llevaron aún más al convencimiento de que la solidez intelectual y la experiencia pueden derrumbarse cuando se alcanza el poder y se cae en la trampa de «hacer algo». Lo decía Roosevelt: «Es de sentido común tomar un método y probarlo. Si falla, admitirlo y probar otra cosa. Pero, sobre todo, hacer algo». Y vaya si se ha hecho… Pero sin admitir errores. Solo repetir, cambiando la excusa usada para intervenir aún más.

Si les digo: «Hay que bajar tipos de interés e imprimir moneda para que suban las bolsas, los bancos ganen más dinero y los mercados se enriquezcan», ustedes se indignarían, ¿verdad? ¿Y si les digo que hay que hacer todas esas cosas «para que baje el desempleo»? Pues se quedarán tan contentos. Aunque en los últimos doce años, la relación entre estímulos y empleo haya probado ser inexistente. ¿Cómo justifico que esas medidas excepcionales tienen que seguir llevándose a cabo cuando los niveles de paro se mantienen? Es la excusa perfecta.

Es el problema que tiene la curva de Phillips, que nos repiten una y otra vez como modelo académico. En 1959, el economista William Phillips publicó su artículo «La relación entre el desempleo y la tasa de variación de los salarios monetarios en 1861-1957», en el que establecía que existía una correlación negativa entre la tasa de paro y la inflación. Según Phillips, cuando el desempleo es bajo, la inflación tiende a crecer, y viceversa. ¿Y en España? En los noventa, un 25 % de paro con un 9 % de inflación. Ni pan ni agua. ¿Por qué? Porque ignora el efecto de la productividad, y el efecto desplazador y acaparador de los sectores beneficiados por la inflación monetaria —banca y Estados endeudados—, que llevan a que la inversión real se desplome y se dispare el desempleo.

«Punto de retorno reconocido».

(Point Of Know Return). KANSAS.

Si imprimir moneda y crear inflación crease empleo, Zimbabue sería el país campeón del trabajo. Tiene un desempleo que supera el 60 %.

Pero fíjense en tantos otros países, Argentina o Venezuela… O los propios Estados Unidos, Japón o Reino Unido. La correlación entre estímulos y empleo es simplemente bajísima. Entre 2008 y 2011, en Europa la correlación ha sido negativa en la época de los estímulos contracíclicos. En Reino Unido y Japón, los estímulos no han creado ninguna mejora del empleo. De hecho, atendiendo a los índices de Gini, la precariedad y el desempleo de larga duración se han disparado. En Estados Unidos se ha empezado a crear empleo pero la participación laboral, el empleo fijo y los salarios medios ajustados por la inflación están a niveles de hace décadas.

La realidad es que sin un entorno de libertad económica, con aumento de renta disponible, ninguna medida expansiva funciona. De hecho, estas medidas de estímulo no son un derecho, son un privilegio que pueden permitirse las economías líderes, porque cuando no funcionan, pueden seguir contando con sectores privados innovadores y pujantes. Por eso, antes de plantearnos soluciones mágicas, debemos imitar a los países líderes en lo bueno, en el dinamismo, en sus sectores líderes, su empresariado innovador y su sector privado creador de valor.

Los gobiernos y sus bancos centrales, que de independientes no tienen nada, llevan a cabo expansión cuantitativa, lo que coloquialmente llamamos estímulos, por tres razones, y ninguna de ellas es el empleo:

Para ayudar a la banca a solucionar sus problemas de balance reduciendo el coste del dinero y aumentando la cantidad del mismo. Con el riesgo de que incentiva a seguir haciendo lo mismo, como vemos cada día.

Para ayudarse a sí mismos. Los Estados endeudados encuentran una fuente fabulosa para seguir emitiendo deuda al forzar a los bancos centrales para que la compren, se mutualice o no. Manipula la percepción de riesgo y crea demanda artificial de los bonos del Estado. Ustedes dirán que eso es positivo, porque con esa deuda barata el Estado paga a bomberos, médicos y maestros de escuela. Craso error. Como no hace falta que les recuerde, al meterse en la rueda de deuda-mutualización, las exigencias de recortes por parte de los que analizan y monitorizan la economía, sea la Troika o el FMI, no desaparecen, se intensifican.

Para que suban las bolsas y los activos de riesgo. Inflación financiera que apoya a los dos anteriores, y crea «percepción de riqueza» aunque sea falsa. Que parezca que todo va bien porque sube la bolsa, o se crea inflación. El lector dirá que nadie obliga al sector financiero a invertir en activos de riesgo. Pero mientras, piden más rentabilidad para su dinero en el banco o en algún fondo.

Para mí, el problema de este círculo vicioso ya era evidente cuando vivía en Estados Unidos. Era el año 2006, tras retirarse de la Reserva Federal, Alan Greenspan empezaba a dar conferencias y charlas. El Hotel Four Seasons de Chicago, donde le conocí, es famoso porque en las habitaciones de los pisos superiores ponen una tarjeta avisando de «las turbulencias que a veces causa el viento». Es decir, en la ciudad del viento, si te alojas en el piso más alto del hotel y se produce una ventisca un poco intensa, te va a parecer que la habitación se desprende del edificio. Me pareció una metáfora económica fantástica: ante la naturaleza, todas las medidas tomadas por los mejores arquitectos para crear un edificio sólido resultaban inútiles.

Fue el principio de mi «desapego del keynesianismo». Greenspan es un hombre francamente inteligente, con mucho sentido del humor y una increíble capacidad para escuchar. Le pregunté si le parecía lógico seguir con los planes de estímulo, y me contestó: «Claro que no, son medidas excepcionales». Era el año 2006. Casi tres billones de dólares gastados desde entonces. Tipos de interés del 6,5 % al 0,5 %.

Mi personalidad siempre me ha llevado a cuestionar lo establecido, evitar esconderme en «el consenso» y rechazar lo «políticamente correcto». Algo no cuadraba, o era tan claro y evidente que simplemente no queríamos verlo.

Ya hacía unos años que trabajaba en el extranjero, disfrutaba de la libertad de debatir con gente mucho más preparada que yo desde la discrepancia y el respeto, pero, sobre todo, abierto a estudiar filosofías económicas diferentes. Porque ellos habían vivido personalmente los beneficios sociales y la prosperidad conseguidos sin la masiva intervención del Estado, y notaba que esa libertad se nos escapaba de las manos, entregándola a cambio de una seguridad que tampoco recibíamos. La libertad económica que impulsaba el crecimiento y la riqueza, compensando con creces los riesgos. Porque la pérdida de esa libertad no nos estaba dando ni seguridad, ni crecimiento, ni igualdad.

Permítanme mostrarles un ejemplo de cómo la ideología impregna la percepción de las decisiones económicas. Durante el mandato de Alan Greenspan, la administración era republicana. Las críticas por parte de la prensa progresista a la bajada de tipos de interés del 6,5 % al 1,75 % eran, justificadamente, feroces. Riesgo de crear burbujas, asalto al ahorrador que cada vez recibe menos interés por su dinero, incentivo al endeudamiento. Jeff Madrick escribió un ataque furibundo, «Cómo Alan Greenspan ayudó a destrozar la economía». (Age of Greed), con el que discrepo en muchas cosas, pero que ilustra esa divergencia ideología-análisis económico.

Hoy, cuando se bajan los tipos «solo» un 0,5 %, saltan los mismos medios acusando a bancos centrales de «no hacer suficiente».

Cuando la administración Bush lanzó el rescate a la banca, la prensa, con toda la razón, criticó la medida. Cuando Obama presentó el programa de estímulos, el helicóptero que solo ha beneficiado a la banca, gobierno y Wall Street, amenazaba con que sin ellos el desempleo se mantendría en el 8 %. Hoy es del 7,6 %, con más del 15 % de la población estadounidense viviendo de cupones de comida.

«Es para reducir el paro», nos repite Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, mientras explica que el mercado laboral sigue siendo pobre y que la recuperación es débil. La administración Obama se vanagloriaba de haber «creado» cinco millones de empleos con un plan monetario y de estímulo que ya supone 2,1 billones de dólares gastados. Total, si nos creemos la cifra, sale a casi 500 000 dólares de gasto por empleo «creado». Casi nada. Pero, como demostró la CNN, es incorrecta, al mostrar que «olvidaba» varios meses de mandato y el paro de ese período. Hasta Bernanke y David Stockman, en polos diferentes, alertan del nivel más bajo de participación laboral de las últimas décadas.

Escuchar a los bancos centrales defender imprimir dinero hasta que baje el desempleo es como proponer que comerás donuts hasta que desaparezcan las nubes.

Christine Lagarde, directora general del FMI, decía recientemente que «los bancos centrales han sido los héroes de la crisis», que es algo así como decir que los virus son los héroes del hospital, porque gracias a ellos se mantienen ocupados enfermeras y médicos.

Hace un tiempo, un seguidor en Twitter me preguntaba: «¿Por qué los economistas, sobre todo políticos, tienen la tendencia de relacionar el paro con una sola variable, cuando hay muchas?». Mi contestación irónica fue: «Porque lo que algunos buscan es aumentar el poder del Estado, que es lo que consiguen las medidas que proponen. El Estado es el que concede puestos de asesor o miembro del gobierno, y para aumentar su poder, la excusa del empleo es fabulosa».

La realidad es que cuando anunciaron el plan de estímulo eterno de Obama y la Fed, prometieron que el desempleo alcanzaría el 5 %, y diagnosticaron que si no se aplicaba se dispararía al 8 %… Y tras billones de dólares gastados, el desempleo es 7,6 %. Estados Unidos es un país magnífico por su dinamismo, empresas punteras y actividad emprendedora. Sus sectores pujantes, tecnología, petróleo y gas, son los que van a sacarlo de la crisis, no placebos mágicos. Iniciativa privada, no subvencionada, no endeudada. E impuestos bajos.

Lo que Bush y Obama, y nuestros líderes, olvidan es la gran lección de la época de Reagan y Thatcher. Para salir de una crisis profunda, hay que incentivar la libertad, aumentar la renta disponible y promover la competencia. Muchos se llevan las manos a la cabeza diciendo que fue precisamente la desregulación y el libre mercado de los ochenta lo que nos ha llevado a esta situación. ¿Seguro? Miren los balances de los bancos. La deuda y situación financiera de la banca mundial en el período 1980-1995 era de un endeudamiento máximo —máximo— de 11 veces sus activos. Hoy, tras miles y miles de páginas de regulación europea, la banca tiene una deuda media de 25 veces sus activos. Además, los rescates financieros incentivan que se mantenga un modelo ineficiente.

¿Realmente piensan que la intervención masiva sobre dos pilares tan importantes como son el precio del dinero —los tipos de interés— y la cantidad del mismo —la masa monetaria— no tiene ninguna responsabilidad en la creación de incentivos perversos, de dar la patada hacia delante y solucionar deuda con más deuda? ¿De seguir bailando hasta que la música pare?

Al intervenir una y otra vez, hundimos la competencia y cercenamos la libertad. Se crea clientelismo y dependencia. Fíjense en el pánico que se produce en los mercados cuando la Reserva Federal «sugiere» la posibilidad de dejar de comprar bonos y activos de riesgo.

Conocí a Ben Bernanke cuando empezaba a saltar la burbuja inmobiliaria. Y como economista teórico me dejó absolutamente impresionado. Entre otras cosas, explicaba, con todo lujo de detalles, el riesgo de mantener políticas expansivas durante demasiado tiempo. «¿Cuánto es demasiado tiempo?», le preguntaron. «No más de un año, porque pueden crearse consecuencias imprevisibles». Con todo detalle y una enorme elocuencia, explicaba cómo el mercado inmobiliario no estaba en una burbuja. Ese es otro gran problema. Lo vimos en España con ministros e intelectuales hablando de desaceleración moderada, etcétera. Y desde el esquema teórico al práctico es donde se pierde el rigor. Se pierde más tiempo justificando las burbujas que evitándolas.

Unos años después, en julio de 2013, tras casi tres billones de estímulos, a Bernanke le preguntaron en el congreso: «¿Usted está imprimiendo dinero?». Contestó: «No literalmente —y continuó—: Los mercados financieros no se han beneficiado más que la economía real de las políticas expansivas». La bolsa había subido un 150 %, los bonos basura cotizaban a mínimos históricos y, mientras tanto, la inversión productiva caía a niveles de 1996, la participación laboral similar a la de 1979, el desempleo se mantenía en 7,6 %. No, no se ha beneficiado nada.

Cuando un congresista le preguntó a Bernanke si «los mercados se han vuelto adictos al dinero fácil», él respondió: «No sé qué significa el término “adicto”. No creo que sea un término técnico en finanzas» (17 de julio de 2013). Como tampoco lo es «burbuja». Les invito a que encuentren un solo manual de economía que hable y estudie técnicamente las burbujas. No existen. ¿Por qué? Porque la teoría no las acepta. Son anomalías, ruido blanco, que siempre se pueden justificar y solucionar interviniendo. Los economistas solemos pasar más tiempo justificándolas que identificándolas. Solo tienen un problema. Cuando deja de sonar la música, lo paga usted.

Y mientras nos mesemos los cabellos hablando del elevado riesgo financiero, de los bancos y la especulación, olvidamos que uno de los riesgos más importantes que estamos creando en la economía es el balance de los bancos centrales. Nos dicen: «No pasa nada, el banco central no se va a quedar sin moneda, puede endeudarse eternamente». ¿Seguro? Creando crédito y moneda falsa se introducen desequilibrios enormes, que ya son evidentes con solo «anunciar la posibilidad de retirar los estímulos». Y no es cierto que se pueda imprimir eternamente. La historia lo muestra con claridad.

Los pasivos son moneda emitida. ¿Qué valor tienen esos pasivos, que son nuestra moneda? En el caso de que los activos del banco central pierdan valor, teniendo en cuenta el grado de apalancamiento actual de los bancos centrales, derivado de los estímulos, muy poco. Y el ciudadano, sin darse cuenta, lo está notando en el bolsillo.

El balance de la Reserva Federal ya supone 11 000 dólares por cada ciudadano estadounidense, hombre, mujer, niño y anciano. Eso, se lo aseguro, va a traer consecuencias a medio y largo plazo.

En agosto de 2013, la cantidad total de bonos del Estado estadounidense comprados por la Reserva Federal alcanzó la cifra astronómica de 2 001 093 000 000, dos billones de dólares.

Esa deuda escondida bajo la alfombra es simplemente brutal. ¿Piensan que los bancos acarrean mucho riesgo? Pasen y vean el balance de los bancos centrales.

La Reserva Federal de Estados Unidos tiene solo 54 000 millones de capital, para 3,57 billones en activos, es decir, menos de 1,6 % de capitalización. El Banco de Japón, 1,92 %, el Banco de Inglaterra, 0,84 %, y el Banco Central Europeo, 3,69 %. Esto hace que cualquier movimiento medianamente brusco en los precios de los activos genere un efecto dominó que pone en riesgo todo el sistema financiero, y no es en nada diferente a los shocks creados por entidades financieras privadas. De hecho, es peor, porque los daños colaterales de la expansión eterna los sufre usted y su renta disponible, sus impuestos y los de sus hijos. Muy social.

Pero a usted le han convencido de que todo esto es «libre mercado». Y, por lo tanto, hay que intervenir aún más. Los bancos centrales manipulan el precio del dinero y su cantidad. Imagínese que está comerciando con otra persona y un tercero decide cuánto vale el dinero que entre ustedes intercambian y el coste del mismo. ¿Es eso libre mercado entre dos comerciantes?

El presidente de la Reserva Federal es nombrado por el presidente. Y por mucho que nos quieran convencer de la independencia de los bancos centrales, la prueba del algodón de la falta de la misma es que no encontrarán desde hace décadas que hayan tomado una sola decisión que no sirviese a la política del gobierno.

La frase que he comentado antes de Dick Cheney se quedó grabada en mi memoria hasta el día de hoy. En eso, tenía más razón que un santo.

Repetir, convertir medidas de urgencia y no convencionales en convencionales, y volver a empezar. Agrandar el agujero cavando más hondo. Fue entonces cuando escuché: «Todo lo que te han enseñado se está derrumbando…».

6
La libertad no es negociable

«El New Deal es simplemente el intento de conseguir el socialismo en América, es extraordinariamente similar a los sucesivos planes soviéticos».

H. G. WELLS.

«El debate sobre el New Deal es eterno, porque es imposible probar qué hubiera ocurrido de no llevarse a cabo».

GREG GARRETT.

«¿Qué queremos?». «¡Proteccionismo!». «¿Cuándo lo queremos?». «¡Ahora!». «¿Para qué?». «¡Para qué va a ser, para exportar!».

Durante mi carrera en el mundo corporativo, tuve la oportunidad de adentrarme en el análisis financiero y profundizar en el estudio de los ciclos económicos. Como además vimos una serie de crisis encadenadas, desde las asiáticas a las latinoamericanas, siempre me interesó leer sobre las soluciones «mágicas». Hacer reset y volver a empezar.

Impago.

Devaluación.

… Y a crecer.

Qué fácil.

Ya no tenemos que preocuparnos. Es lo más «social» para salir de esta malvada situación creada «por los mercados y el capitalismo salvaje».

Solo tiene una pega. Lo sufre usted.

La situación no la ha creado el capitalismo salvaje. Porque bajar tipos de interés e imprimir moneda de manera agresiva y continuada no es capitalismo. Es clientelismo. Les recomiendo que vean el documental Fraude, el porqué de la gran recesión http://www.youtube.com/watch?v=NuNeIyuObc8, en el que esto se explica de manera detallada.

En todas las crisis que se han «cortado» haciendo una gran quita y una enorme devaluación, los que salen perjudicados son las pymes, las familias y los ciudadanos. ¿Por qué? Muy sencillo, tras una quita, el gobierno y las grandes empresas —sobre todo si son semiestatales— tienen un gran poder negociador y pueden acaparar crédito. Usted, no. El efecto aspirador es devastador sobre empresas y familias.

En el mejor de los casos se daría un efecto V en el crecimiento del PIB. De los doce países que en los últimos veinte años han hecho megadevaluaciones y reestructuraciones, ninguno generó un aumento del PIB ni remotamente similar a la devaluación impuesta. Según fuentes del FMI, una media de devaluación del 40 % para una media de aumento del PIB en tres años del 10 %. Y cierre de centenares de miles de empresas pequeñas y medianas. Pobreza inmediata que solo rescata a los sectores poderosos y endeudados, el gobierno y los grandes conglomerados.

A la hora de analizar la economía, sospechar de las soluciones mágicas me ha sido muy revelador. A mis hijos les pasa lo mismo con los magos, cuando ven a David Blaine o a Dynamo intentan adivinar cómo hacen los trucos. Tras muchos años de creer en la magia, empecé a ver los imanes que levantan al ilusionista que dice que levita.

Fue en Estados Unidos donde varios amigos desmontaron uno de los grandes mitos de mi época universitaria. La gran depresión norteamericana y el New Deal de Roosevelt.

«Rompiendo todas las reglas».

(Breaking All the Rules).

OZZY OSBOURNE.

En una presentación en Nueva York, Peter Schiff, un tipo muy simpático que predijo la crisis de 2008 y es autor del libro Crash Proof: How to Profit From the Coming Economic Collapse (2007), nos dijo: «Todo lo que te han enseñado se está derrumbando». Se refería a la falta de eficacia de las medidas tradicionales, de las políticas intervencionistas y monetarias para atajar una crisis. Mi preocupación ante los sucesos económicos globales me había llevado a cuestionar muchos de los principios establecidos, y en aquella charla empezó a hablarse de la escuela austríaca. A mí eso me sonaba a la familia de Sonrisas y lágrimas.

Juan Manuel López-Zafra, uno de nuestros brillantes economistas, divide el pensamiento económico del mundo occidental en tres escuelas: keynesianismo, monetarismo y escuela austríaca.

Así, dentro de los keynesianos se englobarían aquellas líneas de pensamiento económico que abogan por una mayor intervención pública para corregir los errores del mercado. Los monetaristas, en la línea original del clásico Adam Smith, preconizan la libertad individual sobre el dirigismo estatal, aunque admitiendo la necesaria intervención de un poder independiente que controle la masa monetaria en circulación y tenga el monopolio tanto de emitir moneda como de fijar los tipos de interés. Los austríacos, por su parte, rechazan toda intervención estatal alegando que las imperfecciones del mercado las crea precisamente la regulación del Estado, abogan por la reducción del tamaño del Estado hasta unos mínimos, y defienden el derecho a la propiedad privada como el único principio esencial de la actividad económica. A pesar de todas las variantes que puedan alegarse, los economistas más relevantes de tales escuelas de pensamiento serían respectivamente John Maynard Keynes (1883-1946, posiblemente el economista más influyente de todos los tiempos), Milton Friedman (1912-2006, premio Nobel de Economía en 1976) y Friedrich Hayek (1899-1992, premio Nobel de Economía en 1974).

Mi desencanto con el keynesianismo fue haciéndose más evidente por haber vivido en Estados Unidos y Reino Unido mientras veía la evolución de la Unión Europea. Ser testigo de la erosión gradual de la libertad individual y de la prosperidad al mismo tiempo que la desigualdad se disparaba bajo la excusa de las políticas sociales, no solo me apenaba, me aterraba. Lo llamo «el efecto China».

China, me decía un catedrático de la London School of Economics, es una historia de veinte años de éxito y siglos de fracaso y muerte. Pero de repente, ante el supuesto empuje de los países emergentes, alguien nos convenció de que copiar el modelo centralista e intervencionista chino es una buena idea. China hoy se encuentra con un problema financiero muy relevante, una deuda, pública y privada, que supera el 240 % del PIB, y un gasto en infraestructuras inútiles que ha llevado a que más de la mitad del Hang Seng genere rentabilidades por debajo de sus costes de capital.

Primero, nos convencen de que los ciclos económicos son anomalías. Segundo, nos repiten que esas anomalías las soluciona el Estado en un plisplás, con su permiso y tirando de su cartera. Después, cuando no funcionan, nos dicen que la culpa es de los bancos, de los americanos, de los alemanes o de los propios chinos, y a correr. Otra ronda por favor, que paga el señor.

Hoy se oyen muchas voces que exigen políticas de crecimiento y recuperar el New Deal de Roosevelt para Europa. Copiar a Japón. Copiar a China.

Excepto que eso, el New Deal a lo bruto, es exactamente lo que nos ha llevado a este agujero. En Europa en particular. En España, alumnos aventajados, no tengo que contarles el destrozo que supuso, entre 2005 y 2011, llevar a cabo políticas de estímulo: 30 000 millones gastados en políticas de empleo y un 3 % del PIB en planes de crecimiento para duplicar la deuda y destruir tres millones de puestos de trabajo. El legado del despilfarro en infraestructuras y políticas de crecimiento se siente hoy en toda la eurozona, con una deuda que se espera que en 2014 supere el 90 % de su PIB.

Parte de nuestra tendencia a valorar siempre de manera positiva la intervención del Estado viene precisamente de la glorificación de las políticas de Roosevelt tras la gran depresión.

«Daniel, ¿qué sabes de la gran depresión?». Me preguntó un amigo de Harvard en aquella charla. «Que fue solucionada gracias a las políticas de Roosevelt», contesté. «Think again», piensa de nuevo, me respondió. Y así fue como me entró la curiosidad, y lo estudié en detalle.

Una de las preguntas que más se hacen los economistas es: ¿Por qué la gran depresión duró quince años cuando todas las otras recesiones duraron entre dos y tres años? Quince años.

Ayn Rand explicaba claramente: «Una economía libre no entra en crisis. Todas las depresiones son causadas por la interferencia del gobierno, y, hasta ahora, la cura que siempre ofrece es darle más veneno del que causó el desastre».

En un estudio apasionante, New Deal Policies and the Persistence of the Great Depression: A General Equilibrium Analysis, dos economistas de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Harold L. Cole y Lee Ohanian, vicepresidente del departamento de Economía, concluyen que las políticas anticompetencia y supuestamente proempleo destruyeron la posibilidad de recuperación http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/fdr-s-policies-prolonged-depression-5409.aspx. Estos economistas demuestran que sin estas políticas, la depresión habría terminado en 1936 en vez de en 1943.

En los años treinta, la tasa de paro nunca bajó del 15 %. A los cinco años de iniciar su New Deal, la política económica de Roosevelt había disparado el desempleo de tal forma que uno de cada cinco estadounidenses activos estaba en paro, el 20 %. Si en 1937 había seis millones de parados, en 1938 esa cifra ascendió a diez millones. Tuvo que ser la guerra mundial la que acabara con el paro. ¿Cómo? Reclutando a la fuerza al 20 % de la población activa para trabajar en la industria de la guerra, y gastando el equivalente al 42 % del PIB en el esfuerzo. El problema es que en esos años la inflación era altísima, cercana al 20 %, e incluso con un 1 % de paro había racionamiento de productos básicos. Estados Unidos salió realmente de la depresión cuando al terminar la guerra recortó de golpe un tercio de los impuestos y se propuso empezar a pagar la deuda.

Esto les va a sonar familiar. Otro ejemplo de prometer libertad y dar represión.

Roosevelt llegó a la presidencia de Estados Unidos tras ganar las elecciones de 1933 prometiendo medidas liberales contra la crisis. Reducir el gasto público era su máxima principal. Sin embargo, pensaba que la «competencia excesiva» era responsable de la depresión porque reducía salarios y empleo. ¿Cómo acabar con el problema? Adiós competencia. Y conceder un gran poder a los sindicatos, hasta el extremo de que se consideraba ilegal cualquier resistencia a sus exigencias.

Al llegar al poder, la política que llevó a cabo fue disparar el gasto público y devaluar el dólar de una forma exagerada. Elevó los impuestos hasta límites insoportables para los pobres, y estableció toda clase de trabas proteccionistas, burocráticas y económicas —muchas de ellas innecesarias y muy inflexibles— que lastraron la economía.

En la campaña de 1976, Ronald Reagan dijo: «En realidad, el fascismo era la base del New Deal». No es casualidad. El historiador alemán Wolfgang Schivelbusch denunciaba «áreas de convergencia entre el New Deal, el fascismo y el nacionalsocialismo» al apoyar «la teoría hegeliana de un Estado fuerte y militarista como la manera más eficiente de organizar las sociedades modernas, que ya no podían ser gobernadas por los principios anárquicos del liberalismo». El propio Keynes escribía en la edición alemana de su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (1936): «La teoría de la producción global, que es la meta del presente libro, puede aplicarse mucho más fácilmente a las condiciones de un Estado totalitario que la producción y distribución de un determinado volumen de bienes obtenido en condiciones de libre concurrencia y un grado considerable de laissez-faire».

El propio diario alemán Völkischer Beobachter, órgano oficial del Partido Nazi, elogió a Roosevelt por «la adopción de restricciones nacionalsocialistas al pensamiento de sus políticas económicas y sociales» y su «desarrollo hacia un Estado autoritario» http://reason.com/archives/2007/09/28/hitler-mussolini-ro osevelt.

Y es que la tentación del totalitarismo siempre empieza por «la buena voluntad» y el paternalismo. Sus consecuencias las conocemos bien.

El eterno debate siempre será si hubiera sido mejor o peor no llevar a cabo esas políticas. Siempre se puede decir «habría sido peor». Sin embargo, para mí no es un debate, porque parto de un principio moral inamovible: la libertad no es negociable.

No es válido el argumento, tan escuchado hoy en día, de que «nos hubiera gustado ser liberales pero no pudimos». Tomar decisiones difíciles y defender los principios es mucho más complicado que ceder ante los grupos de presión.

No dudo de la buena voluntad de todos los que llevaron a cabo esas políticas, pero tampoco las acepto desde el voluntarismo. Ni como medidas para repetir una y otra vez. Como decía Hayek: «Hoy Keynes no recetaría (1980-1991) lo mismo que recetó entonces». Cuidado con el buenismo, no vayamos a tener que solucionar sus errores con algo tan atroz como una guerra.

7
Hayek, Baby, Hayek… Y los indignados

«El hombre como individuo es un genio.

En masa, es un monstruo sin cabeza, un bruto que va donde le indican».

CHAPLIN.

«¿Qué queremos?». «¡Expropiación!». «¿Cuándo la queremos?». «¡Ahora!». «¿Nos dais vuestra casa y coche?». «¡Eeh! ¿Tú estás loco o qué?».

Un día estábamos charlando con mis hijos sobre Keynes y su famosa política de cavar zanjas y rellenarlas para estimular la economía, les expliqué las teorías de Hayek sobre la no intervención. Al terminar, les pregunté si lo habían entendido, y mi hijo Daniel contestó: «Sí. Keynes es el que gasta y Hayek es el que lo paga». Me hizo muchísima gracia. «No es exactamente así», le dije. Pero se quedó grabada en mi mente la cara de sorpresa de los niños al oír que alguien consideraba una buena idea hacer agujeros y rellenarlos.

No les sorprenderá si les digo que durante la carrera en España jamás se mencionó la escuela austríaca de economía que mencionaba en el capítulo anterior. Ni rastro. ¿Durante mi experiencia profesional, en los programas de posgrado? Tampoco. Sin embargo, cuando dejé España y me instalé en Estados Unidos y el Reino Unido, me di cuenta de la enorme influencia entre emprendedores, intelectuales y profesionales de esta escuela, que defiende el libre mercado y la no intervención, y la teoría del valor desde el reconocimiento de la incertidumbre y los ciclos económicos como parte esencial de la historia. Para mí fue esencial cuestionar los dogmas que nos ofrecen bajo el paraguas de modelos económicos cuantitativos, porque olvidan la parte cualitativa, que las fórmulas que nos anuncian cada día como válidas para guiar la economía no lo son, porque los individuos reaccionan de manera muy diferente según las situaciones. Pongan ustedes el caso de las innumerables intervenciones que comentamos en este libro. Piensen en los japoneses, que en vez de lanzarse a consumir cuando se imponen estímulos, se dedican a ahorrar, o en los resultados divergentes de las medidas inflacionistas en un país u otro. Reconocer la libertad individual como algo mucho más social y justo, mucho más enriquecedor y creador de prosperidad que el colectivismo.

Fue al llegar al mundo financiero, y conocer a Peter Schiff, cuando me encontré con dos libros que, una vez más, marcaron mi vida: Los fundamentos de la libertad y Camino de servidumbre, de Friedrich von Hayek.

Según Eamonn Butler, autor de Hayek, su contribución al pensamiento político y económico de nuestro tiempo (Unidad Editorial, 1990), la idea central del pensamiento de Hayek es «el concepto de sociedad libre como algo que surge de la interacción entre los hombres, pero sin que obedezca a un plan conscientemente predeterminado».

«La libertad concedida solamente cuando se sabe de antemano que sus efectos serán positivos no es libertad».

FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK.

Todo intento de construir una sociedad, dice Hayek, mediante una ingeniería social o de acuerdo con una idea preconcebida lleva inevitablemente a una tiranía incapaz de satisfacer las múltiples y complejas necesidades que motivan a los sujetos. Por otro lado, Hayek considera el mercado económico como un sistema de comunicación que proporciona una densa y delicada red de informaciones a través de la cual los precios indican el valor de los factores de producción y, consiguientemente, lo que es preciso producir y lo que la sociedad puede consumir.

Butler destaca la capital importancia de la ley en el pensamiento de Hayek, así como la necesidad de limitar el poder de los legisladores, construyendo un sistema coherente de pensamiento liberal.

«Si escuchas a locos, la chusma domina».

(The mob rules). BLACK SABBATH.

La aportación de Hayek a la economía es excepcional. Merecen leerse su teoría de las fluctuaciones económicas y la teoría pura del capital, la teoría de la planificación económica bajo el socialismo y el capitalismo competitivo.

Su libro Precios y producción fue publicado en 1931. Hayek explica allí las condiciones de equilibrio entre la producción de bienes de consumo y de bienes de capital, y los efectos del dinero y el crédito, y demuestra que la intensidad de los ciclos deriva principalmente de factores monetarios. Su conclusión es que los intentos de prolongar artificialmente la fase expansiva acentuarán la recesión ulterior. Así, Hayek se opone a la política monetaria, que llama moneda «elástica», y su mensaje ante la depresión fue simple. No intervenir.

La importancia de garantizar un mercado realmente libre, no un corporativismo intervenido como se ve en muchos países, hace que los precios de bienes y servicios sean fiel reflejo del valor económico. Con esa información que dan los precios, los empresarios consiguen un crecimiento equilibrado. Las crisis ocurren cuando la intervención estatal distorsiona dichos precios, dicha información, lo que acaba generando inflación y recesión, burbujas y desempleo.

Por ejemplo, un tipo de interés excesivamente bajo fijado por el Estado, por los bancos centrales, desencadena euforia inversora que acaba en una fuerte crisis económica, como la vista en 2008. Hayek apuesta por restringir al máximo el papel del Estado, por acabar con los bancos centrales dirigidos por el Estado, y volver a monedas respaldadas por activos reales.

Si hay libros que me llevaría a una isla desierta, uno de ellos es Camino de servidumbre. Explica, con un conocimiento espectacular de la naturaleza humana, por qué fallan los experimentos colectivistas y, sin embargo, las masas tienden a buscar repetirlos.

Hayek argumenta que en una economía planificada no puede ser el pueblo el que lleve a cabo la planificación y distribución de recursos y bienes, sino que esa tarea recae sobre un pequeño grupo de «planificadores» que, bienintencionado o no, será incapaz de obtener y procesar toda la información necesaria para llevar a cabo la tarea como se espera o de forma eficiente. Y las consecuencias son devastadoras.

En Hayek encontramos no solo un economista brillante, sino un filósofo y político que reconoce la naturaleza generosa y creadora del individuo y el efecto pernicioso cuando se diluye en la masa y se entrega a un líder o líderes.

Tomen ustedes el ejemplo de la corrupción y el despilfarro en nuestro país. Los movimientos sociales suelen culpar a los «políticos», como si estos fueran unos extraterrestres caídos de Ganímedes que no tienen nada que ver con la sociedad que rigen y planifican. Ante esas demandas, en vez de exigir más libertad individual, se pide más control político, más planificación, y se intercambian unos políticos por otros que, al contar con los mismos incentivos para equivocarse y la misma falta de responsabilidad individual, vuelven a fallar.

En Camino de servidumbre, un libro absolutamente esencial, Hayek nos dice algo que explica esta actitud. «Es uno de los espectáculos más tristes de nuestro tiempo, ver un gran movimiento democrático apoyar una política que lleva inevitablemente a la destrucción de la democracia y que solo beneficia a una minoría de las masas que la apoyan. Es precisamente la tendencia a imponer monopolios lo que hace las propuestas tan irresistibles, y las perspectivas de futuro tan oscuras». La promesa de un padre, un grupo de políticos o un líder que solucionará nuestros problemas con las mismas medidas que nos han llevado a una crisis o un problema, solo que con otra cara, con otras siglas.

Hayek no busca destruir el Estado, de hecho, considera que este tiene su importancia, pero que debe limitarse a «establecer reglas aplicables a situaciones generales»; es decir, a facilitar el desarrollo del libre mercado.

Precisamente sobre ese error de repetir el ideal colectivista y planificador aprendí mucho durante las protestas en España que se denominaron movimiento del 15-M.

«La mejor venganza es el éxito masivo».

FRANK SINATRA.

Pasé casi una semana intercambiando tuits con integrantes y simpatizantes de la plataforma Democracia Real Ya, fue una experiencia muy enriquecedora y de la que aprendí mucho. Como tantos, empecé con grandes sospechas, entre mensajes de nacionalización de la banca, anarquía y algún que otro insulto.

Debo confesar que lo que me llevó a comenzar el diálogo fue la duda sobre la imparcialidad del movimiento, ya que cuando gobierna la izquierda, los protestantes atacan al «sistema», ente difuso e impersonal, y cuando gobierna la derecha, las protestas se dirigen específicamente a personas con nombre, apellidos y carnet de identidad. Ese punto de «solidaridad en la desgracia» hacia gobiernos de uno y otro lado, a los que los suyos y sus simpatizantes les presuponen siempre buena intención y superioridad moral. Tuvieron mala suerte, qué se le va a hacer. La culpa es del «sistema».

Pues bien, a medida que intercambiaba ideas, se estableció un diálogo francamente interesante y revelador. Gente muy preparada, frustrada pero cabal, y con espíritu constructivo. El verdadero germen de lo que puede ser el futuro, pero ese miedo, esa frustración les llevaba a proponer las mismas medidas y políticas que les habían llevado a la desesperación: la sobreplanificación y el control férreo.

Así que en esas conversaciones les hice llegar mis recomendaciones, por si valían de algo, que publiqué en El Confidencial:

Si preocupa la dictadura de los mercados, no a la deuda. Reclamar más subsidios y más gasto solo va a generar más dependencia de los mercados, que tienen la mala costumbre de exigir que se les repague su préstamo y que se le remunere un interés adecuado. Una economía endeudada solo genera dependencia. Si todas las empresas y tecnologías que defienden viven de subsidios, no florecen, sobreviven, y el beneficio que generan para sí mismas es directamente proporcional a la pérdida que usted percibe en su bolsillo. Los subsidios excesivos crean pereza, y por muy bienintencionados que sean son un fondo perdido, que genera gasto, más deuda y mayor empobrecimiento.

Menos impuestos, más derechos. Menos impuestos para las rentas bajas y medias. Financiar al Estado pagando impuestos en exceso en las nóminas para luego «devolver» la renta es regalar dinero. Hagan que el Estado no tenga la tentación de gastar insosteniblemente. Den más renta disponible a las familias, que han demostrado ser capaces de gestionar la crisis mucho mejor que cualquier gobierno, capitalista o comunista. Creen riqueza para que la Seguridad Social se capitalice, no incrementar el agujero y taparlo con parches de gasto.

Contra los supuestos excesos de las grandes corporaciones, crear empresas. Creen cooperativas. Monten empresas. Salgan del círculo del subsidio, que les hace más dependientes. Usen el talento para crear su propio futuro. No es imposible.

El fracaso no existe. No le tengan miedo. Vean la crisis como una oportunidad. El Estado les ha convencido de que no pueden tener éxito si no son funcionarios, o empleados de una enorme corporación. El miedo al fracaso les ha llevado a la esclavitud del sistema que critican. En España, el 80 % del sistema bancario es estatal, manejado por sindicatos y políticos. En el año 2007, cuando se le echaba la culpa al capitalismo feroz de la crisis, más del 74 % del sistema bancario mundial estaba controlado por los Estados. Acaparando un 57 % de la economía, el Estado ha generado esta situación. Más Estado no les va a sacar de ella.

Tomen el reto de hacer un movimiento realista y verdaderamente apolítico. Curioso ver que lo primero que hizo el movimiento fue juntarse en asambleas populares. Algo que gente tan despreciable e inteligente en su maldad como Castro, Videla o Chávez vendían como «democracia». Juntar a un grupo, separarlo en minigrupos, debatir, volver a separarlo, y cuando han decidido lo que acuerda el grupo más pequeño, liderado por un «moderador-comisario», gritar a una «el pueblo ha decidido». ¿Les suena a algo? ¿Juntas bolivarianas tal vez?

Colectivismo, ¿para qué? Si es cierto, como dicen, que los modelos del pasado hay que cercenarlos porque no funcionan, recuerden que el modelo que ha demostrado fracasar de manera más clara y con peores consecuencias para el pueblo, dejando cien millones de muertos detrás, es el colectivismo. Aprendan del pasado para no repetirlo, ni el de los últimos diez años ni el de los últimos cien.

Centren su movimiento en el individuo. La persona. Gente llena de talento, de capacidad, de ilusión, asustada y frustrada, es cierto, a la que le dicen que nunca van a poder conseguir nada. Esas personas pueden y deben demostrar que son líderes. Creen líderes económicos, tecnológicos, que revolucionen el país. Si no crean líderes, se rodearán de jefes de negociado.

Salgan fuera. El 70 % de la población activa trabaja a menos de 30 kilómetros de donde nació. Tomen riesgo, como hicieron nuestros abuelos y bisabuelos, que crearon riqueza y empleo. El futuro es la tecnología y el valor de la capacidad intelectual. Desarróllenlo. Conviértanse en líderes globales. ¿Por qué un señor en un garaje de Iowa o en Israel puede crear una empresa líder que ayude a mejorar el mundo y ustedes no? Claro que pueden.

No hay derechos adquiridos. El modelo del avestruz de evitar mirar al mundo y suponer que tenemos unos derechos adquiridos que les negamos a los trabajadores de Asia, África o América solo crea miedo y error. Busquen su ventaja competitiva, que la tienen, su activo intelectual y su capacidad de adaptación a un mundo complejo, y aprovéchenlo. Los sindicatos no están para crear trabajo, sino para mantener el de sus afiliados, aunque sea a costa de los demás. Sospechen de quien les ofrece el futuro mirando al siglo XIX.

Aquella batalla dialéctica entre defensores de la represión y el colectivismo y personas genuinamente confundidas y preocupadas me hizo recordar aquella parte de La rebelión de Atlas, de Ayn Rand:

«Durante siglos, la batalla moral fue librada entre quienes sostenían que sus vidas le pertenecen a Dios y quienes sostenían que les pertenecen a sus vecinos; entre aquellos que predicaban que el bien es el autosacrificio en beneficio de fantasmas en el paraíso, y aquellos que predicaban que el bien es el autosacrificio en provecho de los incompetentes de la Tierra. Y nadie te ha dicho que tu vida te pertenece y que el bien reside en vivirla plenamente».

Yo pensaba que una enorme mayoría respondería negativamente a estas propuestas, y recibí todo tipo de insultos por parte de los que pretenden usar la indignación de la gente para instaurar su minidictadura particular, pero encontré varios centenares de personas muy receptivas. Una de ellas comentó: «Son recomendaciones lógicas, de sentido común. En España, nos guste o no aceptarlo, nos hemos dormido diez años, porque hemos vivido cómodamente de unos sectores subvencionados que tiraban de la economía. La cultura de la subvención y la falta de mentalidad emprendedora han sido nefastas». Y citaba a Gabor Somorjai: «Si te frena el fracaso, nunca alcanzas el éxito».

En aquellas discusiones con los movimientos sociales, siempre les recomendaba leer a Hayek, defender su libertad y sacar adelante la iniciativa individual. Pero no olvidaba las palabras del economista: «No es difícil quitarle a la gran mayoría su capacidad de pensar independientemente. Cuando presenten dudas sobre el gran plan social, será tratado como sabotaje».

Varios de aquellos «indignados» me hicieron caso, y comentaban lo mismo que pensé yo la primera vez que leí Camino de servidumbre: «Es la primera vez que leo un libro con el que estoy de acuerdo en todo».

La influencia de Hayek en el análisis económico es absolutamente espectacular. Como señala David Skarbek, de la Universidad George Mason, en su informe FA Hayek’s Influence on Nobel Prize Winners http://www.davidskarbek.com/uploads/Hayek sInfluence.pdf, Hayek es el segundo economista más citado por los premios Nobel, gracias a que no solo ofrece un análisis económico de profundo calado, sino que también hace un análisis político y social que defiende un Estado bien vertebrado, pero no eliminarlo, y que no destruya la iniciativa privada y el comercio.

Leer a Hayek fue para mí una revelación. Mi viaje desde el colectivismo a la defensa de la libertad ya no tenía marcha atrás. Sus obras son libros de cabecera que conviene releer una y otra vez, incluso si se disiente. Y me hubiera gustado descubrirlo mucho mucho antes, cuando empezaba mi andadura profesional y la familia, amigos y conocidos me repetían una y otra vez que buscara un trabajo estable y seguro, que me «colocara» y no me entregase a ensoñaciones imposibles de alcanzar.

No debemos temer al riesgo del fracaso, sino a la certeza de la frustración. Yo lo aprendí tarde. Espero que las nuevas generaciones lo sepan desde la adolescencia.

8
Igualdad no. Prosperidad

«Existe una razón por la que en Nueva York hay una estatua de la libertad.

Que no es una estatua de la igualdad».

CHARLES KRAUTHAMMER.

«¿Qué queremos?». «¡Igualdad!». «¿Cuándo la queremos?». «¡Ahora!». «¿Cuándo empiezas?». «Eeh… Es que yo soy diferente».

A principios de los noventa, buscar mi primer trabajo fue una tarea dura en un país con un paro superior al 25 %. Como tantos jóvenes, pasaba de prácticas en prácticas, con sueldos bajos. Intentaba profundizar en idiomas. Se trataba de aprender a toda costa. Muchísimos amigos de la época tuvieron que coger la maleta y salir a buscar retos fuera del país. Después, yo mismo lo hice, cuando me fui a vivir a Londres o Estados Unidos.

Ninguno se ha arrepentido de haberlo hecho, y años después, la gran mayoría han vuelto a su país con un bagaje importantísimo de experiencia y conocimiento. Muchas veces nos venden como un fracaso la emigración y buscar nuevas fronteras, pero no lo es. La autarquía laboral produce estancamiento y complacencia.

Como pueden atestiguar los noruegos o británicos, que envían una media de 15 000 estudiantes al año a trabajar fuera de sus fronteras, salir de nuestras fronteras es muy sano. Uno de cada diez jóvenes emigra. El mercado laboral es la aldea global, y cuando no hay oportunidades, a salir al extranjero no se le puede llamar fuga de cerebros, sino aprovechamiento de oportunidades para crecer y desarrollarse en ambientes distintos. Libertad de movimiento, libertad de aprender, libertad de volver. Aunque sea a causa de una crisis. Mejoramos todos.

Ese principio, el de aprender y acumular experiencia, me llevó a salir de España desde un puesto de trabajo muy cómodo como directivo en una empresa del Ibex al mundo incierto de otro país, el Reino Unido, y al supuestamente inseguro y competitivo de las finanzas internacionales. Esa transición, que en los últimos años muchos otros españoles han llevado a cabo, no fue fácil ni muchísimo menos cómoda. Lo expliqué en mi libro Nosotros, los mercados (Deusto, 2013). En muchas ocasiones me pregunté cómo se me había ocurrido hacer semejante locura. Sin embargo, a medida que fui acomodándome y ganando confianza en un entorno complejo, empecé a valorar la libertad. Lo que me comentaba mi padre, «ser libre pero responsable». Tener mi destino en mis manos, ser responsable de mis actos y de mis decisiones y disfrutar de la meritocracia y libertad de hacer lo que quiero, sabiendo que si lo hago bien, es mi éxito, y si me equivoco y lo hago mal, es mi error. Rodearme de gente que promueve y aplaude la iniciativa individual, la creación de negocios y la creatividad proactiva. Donde no se espera que te escondas entre el grupo y seas un ciudadano «soma», como los de Un mundo feliz, de Aldous Huxley, sino que se valora el espíritu emprendedor, donde el fracaso es una oportunidad y el éxito una oportunidad de reflexión.

Nunca me he arrepentido de la decisión de adentrarme en un país diferente, en un mercado competitivo y meritocrático. De no haberlo hecho, hoy no estaría escribiendo mi segundo libro, colaborando con medios internacionales y nacionales, aprendiendo y conociendo a maestros importantes ni disfrutando de cada minuto de mi trabajo. La libertad y capacidad de la que gozo hoy para gestionar mi tiempo, nunca hubiera sido posible de no haber tomado esa decisión. Sí, habría llevado una vida tranquila y cómoda. Pero cuando tienes libre albedrío y control sobre tu vida y tu trabajo, la sensación de plenitud es inigualable y el afán de superación se convierte en el mejor hobby.

«Haz lo que quieras».

(Do Anything You Want To). THIN LIZZY.

Y nunca es tarde. Como tantos y tantos que descubren otros países y abrazan otras culturas, yo lo hice bien entrado en los treinta, con una familia formada y niños pequeños.

Recuerdo un viaje a Ghana cuando trabajaba en mi primer hedge fund. Mientras por cuestiones de trabajo visitaba uno de los mayores campos de petróleo, Jubilee, uno de los ingenieros que viajaba conmigo en helicóptero me comentaba que los jóvenes que habían emigrado estaban volviendo, con experiencia empresarial, de negocios, con perspectivas nuevas, y creando empresas que empezaban a modernizar el país y sus estructuras, tanto económicas como políticas. El PIB per cápita, aunque es aún muy bajo, 402 dólares, se ha duplicado desde el año 2002, y serán las generaciones de emigrantes las que continúen llevando prosperidad y desarrollo.

En el aeropuerto de Accra, Kotoka, se puede leer un cartel que da la bienvenida a todos los turistas y visitantes, «menos a los pervertidos». Le pregunté a un policía por la definición de «pervertidos», y, muy amable, me dio un discurso explicativo. Además de lo que todos podamos imaginar en cuestiones sexuales o de sustancias ilícitas, en la lista de pervertidos incluía a los vagos, y en la lista de bienvenidos, a los «jóvenes del país que traen la sabiduría acumulada en el extranjero». Me pareció una frase magnífica.

Cuando viajo por el mundo, especialmente a países en vías de desarrollo, me fascina ver el empuje, optimismo y ganas de comerse el mundo de los emprendedores y jóvenes. Igual que éramos los españoles en aquella época de los ochenta. Y me desilusiona ver que se intenta inculcar la resignación, el «pasotismo» y la exigencia de la sopa boba y los derechos supuestamente adquiridos. Mi esperanza siempre está en esos jóvenes que, contra viento y marea, buscan las oportunidades donde estén, no esperando que el Estado asistencial les solucione la vida.

«El Estado de bienestar hace confortable la pobreza, y penaliza cualquier intento de salir de la misma».

THOMAS SOWELL.

El problema de los sistemas asistencialistas es que generan incentivos perversos: «Para qué cambiar». Y ahí radica la diferencia entre un Estado que garantiza un nivel de servicios adecuados para la población más desfavorecida y el sistema asistencialista, que penaliza al que lucha y subvenciona al que se entrega al «soma» de Un mundo feliz, de Aldous Huxley.

Como dice Thomas Sowell, hacen «confortable la pobreza». En aquella época en que buscaba mi primer trabajo, oí por primera vez la frase «si me pagan más en el paro». Me la dijo un amigo de la universidad.

Cuando los extranjeros leen las cifras de paro de los países de la periferia europea y los gastos desproporcionados, siempre me preguntan: «¿Cómo es que no hay una revolución?».

Y la respuesta es triste. La subvención constante crea más pobreza. Hace que los trabajadores no se adapten ni busquen nuevas oportunidades de formación y crecimiento; de hecho, se entrega la formación a sindicatos y entes públicos cuyo objetivo es seguir cobrando dicha ayuda, no lanzar personas mejor preparadas al mercado laboral. Es curioso que las subvenciones a la formación de parados aumenten con el número de desempleados, creando un incentivo perverso. Se benefician por el aumento del problema.

No es de extrañar que, según el índice Gini http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SOCX_AGG#, en Europa y España las «políticas más sociales de la democracia» hayan disparado la desigualdad. Según Eurostat, en el conjunto de los países de la OCDE, que integra prácticamente a los 34 países más desarrollados económica y políticamente, las desigualdades han aumentado sensiblemente. ¿Es casualidad que coincida con períodos de aumentos de impuestos y reducción de la renta disponible? Me temo que no. Porque está ocurriendo lo mismo que ocurría en Inglaterra a finales de los setenta. El propio Banco de Inglaterra llamaba al país «el enfermo de Europa». Poniendo por encima de todo el gasto y la coacción de los sectores clientelistas.

FIGURA 1.

Índice de libertad económica.

Fuente: Libertad.org.

El problema es lo que se ha dado en llamar el «pacto social», que básicamente consiste en que nosotros y nuestros nietos, que aún no nacieron, hemos accedido a pagar los excesivos gastos de hoy. Un pacto fantástico en el que la parte beneficiada cobra, y a la que paga se la expolia contra su voluntad o se le pasa la factura a las generaciones futuras.

Fernando Sánchez-Dragó comentaba que «el Estado de bienestar convierte al hombre en súbdito, en oficinista, en funcionario, en niño pitongo de beca permanente, en clase pasiva».

El asistencialismo se ha convertido en una excusa para el bienestar del Estado. Y, como veremos posteriormente, se disfraza como coste social mucho gasto político, administraciones duplicadas, etcétera.

Los servicios esenciales se ponen en peligro a medida que la pirámide de población se estrecha; es decir, que el número de jubilados y personas a cargo de otros (niños, discapacitados, etc.) se acerca peligrosamente al de contribuyentes.

Si centramos la política de la economía en reducir la renta disponible, ni aumenta la población ni la riqueza, y, por lo tanto, el sistema de beneficios sociales entra en peligro.

Gerhard Schröder sabía eso cuando lanzó en Alemania el programa Agenda 2010, un plan de profundas reformas del modelo. Hoy nadie duda de que el país sobrevivió mejor a la crisis y su sistema de protección social es adecuado, garantizando la sostenibilidad y no obstinándose en mantener el coste.

Cuando en 2003 Alemania lanzó el plan, muchos lo criticaron diciendo: «Schröder lanza una bomba al Estado de bienestar». Fue tan criticado que la coalición de gobierno —presidida por Schröder y formada por el partido socialdemócrata, SPD, y Los Verdes— empezó a perder una elección regional tras otra.

Las medidas fueron muy duras, incluyendo enormes recortes a las subvenciones por desempleo, en algunos casos limitando el subsidio hasta 345 euros mensuales, la creación de los minijobs, puestos de trabajo temporales de bajo coste para el empresario, introducir el copago sanitario y rebajar las pensiones con un coeficiente de sostenibilidad. Además, bajó los impuestos desde el 19,9 % al 15 % para las rentas bajas y desde el 48,5 % al 42 % para los tramos altos.

Cuando se hicieron las reformas, la cuota de desempleo en Alemania era del 10,5 %, y el número de parados rozaba los cuatro millones y medio, y las pensiones y seguridad social eran «insostenibles».

Sin embargo, ya en 2005 las cifras de desempleo empezaron a bajar, hasta llegar a los tres millones de parados actuales, un 7,1 %. Además, las pensiones y seguridad social ya no están en peligro, con un superávit de 6000 millones de euros.

En 2007, a la mitad de su primera legislatura, Angela Merkel pudo decir en un debate parlamentario que Alemania tenía las mejores cifras de empleo desde la reunificación en 1990, y reconoció que esto era en parte fruto de la agenda impulsada por su antecesor y rival en las elecciones de 2005.

A Schröder nunca se le reconoció lo suficiente la valentía, coraje y determinación para implementar unas medidas que su partido y sus votantes no querían, pero que eran necesarias para evitar la quiebra del sistema. Aumentar la renta disponible, reduciendo impuestos, y recortar gastos.

También lo sabían Margaret Thatcher y Ronald Reagan, por eso durante sus mandatos, la política de mejorar la renta disponible reduciendo impuestos aumentó en Reino Unido un 34 % la renta per cápita real para las clases más pobres y un 39 % en Estados Unidos.

FIGURA 2.

Evolución de la tasa de pobreza mundial, 1981-2008.

Fuente: Banco Mundial.

La libertad económica ha hecho más por reducir la pobreza que ninguna otra política. El desastre del colectivismo en el mundo ha probado que el gasto como única medida solo lleva a la quiebra.

En un estudio de James Gwartney y Robert Lawson (Economic Freedom of the World) se muestra que el 10 % más pobre de la población de los países con más libertad económica tienen una renta per cápita de más de 7000 dólares, frente a los 728 de las naciones peor clasificadas. La población vive hasta 20 años más y la calidad medioambiental y de vida es muy superior en los países con los mayores índices de libertad económica. Http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser-ca/Content/re search-news/research/publications/how-institutions-of-liberty-promote-entrepreneurship-growth-efotw-2012.pdf.

Siempre me dicen que en Europa no se puede recortar nada porque la mayoría del gasto es social. Sin embargo, eso es exactamente lo que va a ocurrir si se sigue penalizando la riqueza y libertad económica con políticas depredadoras. El sistema que intentan proteger sufrirá de igual manera, perdiendo servicios, calidad y, encima, libertad.

Joseph Stiglitz escribió un libro con un título muy provocador, El precio de la desigualdad, en el que comienza por describir el problema de manera incorrecta. Según Stiglitz, la crisis de 2008 es consecuencia directa de la política «liberal», y afirma que los ricos son cada vez más ricos mientras que los pobres son cada vez más desfavorecidos. Esto último no es falso. Lo que ignora de manera escandalosa es el papel de «camarero del restaurante» que el sector financiero ha tenido como brazo ejecutor de un intervencionismo creciente centrado en cuatro patas: el Estado, sus bancos centrales, los sectores subvencionados y la banca. Es precisamente el intervencionismo y la constante manipulación del precio del dinero y la cantidad del mismo lo que favorece de manera desproporcionada a los sectores ineficientes y endeudados, que financian y sirven al gobierno comprando su deuda o manteniendo sistemas productivos clientelistas, en los que los políticos terminan como consejeros o directivos, sea cual sea su formación.

Usted podrá decir, como dice Stiglitz, que el Estado ha sido secuestrado por esos grupos de poder. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? No hace falta debatirlo. Sin entrar en «quién fue primero», solo con romper esos lazos, devolviendo libertad y renta disponible a los ciudadanos, se evita el problema, o al menos el crecimiento exponencial del mismo. Pero desde luego, como no se soluciona ese problema de desigualdad es haciendo lo que proponen Stiglitz o Paul Krugman. Solucionar un problema de Estado clientelista con más Estado y más control político. No hay más que ver el desastre sin precedentes de la política que ellos mismos defendieron, en Argentina, y que en 2008 recomendaron para Europa. Cuando comprobaron que no funcionaba, se retiraron a su país, Estados Unidos, donde disfrutan de libertad y manejan su lucrativo negocio, y comentaron: «No se hizo todo lo que yo proponía». Y a vivir.

No hay más que ver el nivel de corrupción, clientelismo, ineficiencia e incentivos perversos que se producen de la misma manera en sistemas tan controlados como Francia, Italia, Rusia o, llevándolo al límite, Cuba, Venezuela o Corea del Norte.

Sin reconocer las enormes ineficiencias y reparto injusto, Stiglitz concede al Estado y los políticos que lo manejan un aura de generosidad y equidad que simplemente no han demostrado en ningún sistema. Es curioso, además, que alguien que ha sido vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial no se pare a analizar el efecto demoledor de las políticas de intervención gubernamental. O no es una casualidad. Ante un objetivo superior, el control total, valora como aceptables, como «errores sin importancia», «subsanables», los problemas de corrupción y mala gestión. ¿Por qué? Porque él no lo paga, de hecho cobra, de ese nuevo sistema.

Separar al sistema financiero del Estado como si fueran elementos divisibles es un error monumental. Por eso se rescatan bancos. ¿Por qué se rescatan sectores como el automóvil o los astilleros o las industrias ineficientes? ¿Por un bien social? ¿O por el beneficio que recibe el político al poner dinero de los demás en sectores en los que puede interferir? ¿Seguro que el gobierno es rehén de los sectores mencionados?

No tiene sentido, porque ese supuesto poder manipulador de la banca se lo concede un actor que tiene la potestad de decidir sin arriesgar, el Estado. El hundimiento de la clase media, que Stiglitz analiza con todo detalle, no es consecuencia de una política liberal, ya que el aumento de la renta disponible y el crecimiento exponencial de dicho grupo social se ha producido precisamente en un entorno de bajos impuestos, prosperidad y libertad económica.

Es la represión financiera constante —devaluar, bajar tipos de interés y aumentar impuestos para sostener un Estado hipertrofiado— la que ha hundido a la clase media, y ha desembocado en esta desigualdad. Como comentaba anteriormente, lo demuestra que sea en los períodos en los que se potencia el gasto y el asistencialismo cuando el índice de Gini, que mide la desigualdad, se dispara. En Europa, Estados Unidos y España, precisamente, entre 2004 y 2011.

Algunos medios estadounidenses, como la revista The Atlantic, han destacado que en el mandato de Obama la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres de Estados Unidos ha superado a la de varios países de Latinoamérica, tradicionalmente considerada la región más desigual del mundo. A pesar de los aplausos de medio mundo a sus políticas, según el coeficiente Gini, Estados Unidos ha superado en desigualdad a Venezuela. En una entrevista al diario The New York Times, el propio presidente comentaba que «tenemos los mayores niveles de desigualdad desde la Gran Depresión». Es curioso, las políticas que se venden como «más sociales» están disparando la desigualdad, porque olvidan la importancia capital de la renta disponible y la libertad.

Milton Friedman decía que «la sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad no consigue ninguna de ambas. Sin embargo, la sociedad que pone la libertad por encima de la igualdad obtiene un mayor grado de las dos». En Europa del sur y España corremos el riesgo de seguir creando sociedades en las que se reduce todo a un mínimo común denominador cada vez menor, consiguiendo igualdad en la miseria.

Thomas Sowell comenta que la definición de pobreza, que se revisa constantemente, nos lleva a justificar cualquier gasto en asistencia. Así, destaca que se ha pasado de un sistema que ayudaba a los necesitados a uno que autojustifica la asistencia, sea cual sea la razón. Por ejemplo, ¿es normal mantener desde 1986 el Plan de Empleo Agrario (PER) ahora llamado AEPSA? Cuando se habla de la pobreza extrema en Europa, yo siempre comparo con lo que era el continente hace diez años. La desigualdad no se reduce con asistencia, sino con incentivos para crear riqueza. Si no, el límite a las subvenciones, ayudas y asistencia no termina.

Por eso, el objetivo primordial debe ser garantizar la libertad, que permite crecimiento y desarrollo. Y evitar que la administración de los servicios hunda la calidad de los mismos. La prosperidad y la riqueza dan mejores condiciones sociales que el asistencialismo.

9
El cuento del austericidio. Alemania tiene razón

«Un buen ilusionista siempre busca que el público se fije en algo que les distrae de lo que realmente ocurre».

CHRISTOPHER PRIEST.

«¿Qué queremos?». «¡Más gasto público!». «¿Cuándo lo queremos?». «¡Ahora!». «¿Quién paga?». «¡Tú!».

En mi familia tenemos dos perros y dos conejos. La casa parece un zoo. Añada a ello que cuando los animalitos tienen que viajar cuestan más que un avión privado. No olvide veterinarios «de luxe», comidas especiales y otros. Sin embargo, las criaturas, que son ya una parte de la familia, se han convertido en «gasto esencial». Todos esos gastos extraordinarios nos los podemos permitir. De hecho, cuando pensamos en viajar con los animales, valoramos todos esos extras. El problema es cuando decidimos trasladarnos con una mascota sin entender sus costes añadidos. Entonces, si no lo podemos pagar, se convierten en un problema. Pero lo justificaremos diciendo que es «el chocolate del loro». No se puede recortar. Pero suma.

Mi abuelo, que era frugal hasta el límite, siempre decía «cuidado con los gastos, que te acostumbras». Repetía una y otra vez «Si tienes cien, nunca gastes más de 90. Nunca». En alguna parte de la conciencia colectiva hemos empezado a aceptar que los gastos son inamovibles. En la Unión Europea, durante una década el gasto público ha crecido de manera exponencial, en términos reales y nominales, y cuando se reduce un mero 5 % nos parece inasumible. ¿Por qué? Porque se considera que los ciclos económicos son inexistentes, que todo gasto es aceptable y cuando se dispara la deuda, más gasto lo solucionará.

Cuando trabajaba en una gran multinacional, los distintos departamentos funcionaban como pequeños reinos de taifas en los que cada director tenía un objetivo fundamental: consumir el presupuesto del año para poder solicitar más recursos el siguiente. Cada vez que llegaba septiembre se iniciaba la carrera de «a gastar, a gastar». Como los sueldos y la remuneración no estaban basados en resultados económicos, o eran fácilmente manipulables, el presupuesto se convertía en un arma de poder y control. «Tengo a ciento y pico empleados bajo mi mando», «manejo un presupuesto de mil millones». Nunca vi a nadie proponer un recorte por recursos innecesarios o reducir el presupuesto porque ya se había consumido todo lo estrictamente necesario. De hecho, cuando llegó la crisis latinoamericana, y el presidente solicitó una revisión de todos los planes de las divisiones, el objetivo primordial era inflar al máximo, para que el recorte se quedara en un cambio mínimo o incluso una pequeña suba. Esto mismo ocurre en el sector público, pero con un agravante: el poder de despedir y revisar es menor, y el gasto excesivo no lo pagan los accionistas, lo paga en impuestos la gente.

El lector puede pensar: «¿Si el sector privado comete errores similares, entonces por qué se quiere limitar lo público?». Porque en el sector público no se presentan las condiciones de exigencia y obligación de cambio que se dio en la empresa. De hecho, esa empresa introdujo cambios radicales, incluyendo la limitación de firma en inversiones a una sola persona y con supervisión del consejo, o el recorte salarial del 50 % a todos los directivos y mandos intermedios. Se hicieron para que la empresa siguiera competitiva.

Por eso estoy en contra de los rescates y ayudas a sectores quebrados o subvencionados. Si se rescata, se premia al mal gestor, se limitan las posibilidades de las empresas privadas para hacer limpieza de aquellos que no trabajan de manera eficiente, se transformarían todas en empresas casi públicas.

Sin embargo, los ciclos económicos y los procesos de errores en inversión son iguales para todos los sectores, público y privado. La gestión presupuestaria no es una exigencia exclusiva del sector privado. Porque los errores de las empresas privadas los pagan los gestores, los accionistas o los tenedores de bonos, los públicos los pagamos todos en impuestos y deuda. Lo que se ha hecho mal, el despilfarro, inevitablemente lleva a la moderación presupuestaria y a los recortes. La mal llamada austeridad, que no es más que moderación presupuestaria.

Austericidio. Recortes inasumibles. Esto es intolerable. Hasta genocidio lo han llamado. Un libro delirante, The Body Economic, Austerity Kills, de David Stuckler, según el cual «la austeridad mata», identifica todas las grandes epidemias y problemas de la humanidad con la austeridad.

¿Austeridad? ¿Pero hay austeridad? Como el ilusionista, «no miren la mano, miren la baraja». Según Eurostat, hoy veintisiete países de la Unión Europea gastan más que en el pico de la burbuja, en 2007. Mientras tanto, tras las subidas de impuestos confiscatorias y la pérdida de riqueza, la renta disponible de los ciudadanos baja a niveles de 2002.

Los datos oficiales (Eurostat) muestran que la austeridad europea es un mito. Manuel Llamas y Domingo Soriano («El mito de la austeridad europea en cinco gráficos», Libre Mercado) lo ha advertido muchas veces. La quiebra de Grecia no se debió a los recortes exigidos, sino al mantenimiento de un Estado sobredimensionado.

En la zona euro, la evolución del gasto, el déficit y la deuda pública demuestra que la austeridad tan solo ha sido moderación del ritmo de gasto. Entre 2008 y 2011, en el conjunto de la zona euro el gasto público ha crecido casi un 7 %, hasta situarse en 4,65 billones de euros. En los Estados del sur, teóricamente los más afectados por la austeridad, la evolución es similar: desde 2008, el gasto público en Francia ha crecido un 8,6 %; en España, un 4 %; en Italia, un 3 %; en Portugal, un 7,8 %; mientras que en Grecia, pese a todos los ajustes, recortes y quitas, el gasto apenas cae un 8,5 % respecto a 2008, aunque hoy su sector público sigue gastando un 2 % más que en 2007 (justo antes de la crisis).

Sin embargo, la actividad económica y la renta disponible sí han caído a niveles de 2004. En vez de considerar, como es lógico, que el gasto debe adecuarse al ingreso y que los ciclos económicos de prosperidad siempre han venido desde el ahorro, nos lanzamos a pensar que el problema del gasto excesivo se va a solucionar con más gasto.

Y es que sí, es un problema de gasto cuando los Estados de la eurozona consumen entre un 10 % y un 25 % más de lo que ingresan. Porque incluso si se «confiscase» toda la riqueza generada en un año por las clases altas y empresas, no se cubriría el déficit de la Unión Europea. Y encima sería un efecto de solo un año. Luego, además de crear fuga de capital y destrucción de inversión, seguirían gastando.

En el debate sobre el gasto público siempre aparecen las preguntas: «¿Pero cuánto de ese gasto va a pagar seguros de desempleo y coste de deuda?». «¿Quién paga las carreteras?». Y el mejor argumento: «La culpa es de los rescates a la banca». No obstante, los Estados siguen gastando muy por encima de sus ingresos, aun quitando esas partidas. Piensen en España. En el pico absoluto de la burbuja, el país jamás ingresó más de 410 000 millones; sin embargo, gasta unos 30 000 millones más que esa cifra histórica de ingresos injustificables, incluso sin contar el efecto del coste de la deuda y del rescate bancario.

Conviene resaltar que rescatar a la banca es un error que ha llevado a que las entidades financieras sólidas se contagien de la debilidad de las demás, al poner en entredicho al sistema completo. No existe ninguna justificación más allá del «hubiera sido peor» para sostener entidades insolventes. Las manzanas podridas acaban afectando a toda la cesta.

Rescatar bancos se asocia erróneamente con «políticas liberales», cuando es justo lo contrario. El rescate es profundamente antiliberal. Otra cosa es que como en el caso de España, se haya decidido poner dinero para capitalizar cajas que eran públicas. De cualquier manera, un error, pero no deja de ser el Estado acudiendo al socorro de entidades públicas.

Como muchos de ustedes saben, colaboro con frecuencia con la cadena de televisión norteamericana CNBC. Recuerdo un programa en 2008 de dicha cadena en el que una señora comentaba que ella no había vivido por encima de sus posibilidades, y que sus gastos eran muy bajos si no consideraba los intereses de la tarjeta de crédito. El problema es que esa señora se lo oye a grandes «líderes», como Susan George, de ATTAC. Que grandes líderes de la paz y el buenismo le digan a la gente en la televisión y la radio que no hay que pagar porque no puedes, que como no puedes pagar, la deuda es ilegítima. Es el derecho a exigir que nos presten sin responsabilidad.

Hasta el padre del pensamiento socialdemócrata, John Stuart Mill, consideraba que la libertad va asociada, de forma inseparable, a la responsabilidad.

¿Quién asume la responsabilidad ante el aumento del gasto estatal, las quejas por la carga financiera, el imposible crecimiento económico, el peso de un sistema económico hiperdimensionado? Los otros. Los prestamistas, por ejemplo, que exigen que la deuda sea devuelta.

Nos convencen de que para ser deudor honorable, el acreedor debe ser razonable. ¿Cuánto? ¿Qué es lo que pasa tras cinco años consecutivos permitiendo que los países en dificultades «relajen» sus objetivos de déficit, y concediendo quitas y alargando plazos o dando nuevos fondos? Que nos acostumbramos. Como la señora de la tarjeta de crédito, y ni se reforma ni se paga. Y el acreedor nunca es percibido como razonable.

Todos queremos declararnos incapaces y exigir la condonación, la reestructuración de plazos, en resumen, el incumplimiento de la palabra dada y de lo firmado. Lo peor que puede sucederle al sistema financiero: que se quiebre la confianza.

A la hora de justificar cualquier dispendio, olvidamos que los gastos en todas esas partidas deben cubrirse cuando se ha ahorrado en los períodos de bonanza, como recomendaba Keynes, algo que no hace ningún Estado. No se puede decir «no se puede recortar porque todo se va a gasto social», sino —como aprendió Alemania— «solo se puede mantener un cierto gasto social si se ahorra».

María Blanco, profesora de Historia del Pensamiento Económico de la Universidad San Pablo, CEU, lo llama «la penúltima treta, alardear de incapacidad». Consiste en mostrar como algo aceptable y válido la supuesta incapacidad de pagar, algo que te justifica frente a los demás para seguir pidiendo.

Con un gasto público creciente se disparan el déficit y la deuda pública. Desde 2008, el déficit en el conjunto de la zona euro, lejos de reducirse, se ha triplicado, pasando del 2,1 % al 6,5 % del PIB en 2012, al tiempo que la deuda pública ha crecido desde el 70,1 % en 2008 hasta el 90,2 % del PIB.

FIGURA 3.

Presupuesto de la Unión Europea desde 2000.

Fuente: Unión Europea.

Y el gasto siempre se acepta. No veo manifestaciones por las calles pidiendo que se reduzcan los gastos superfluos. La Unión Europea, por ejemplo, jamás ha reducido su presupuesto. En 2013 se propuso un recorte del 3,3 %, que fue atacado por multitud de grupos políticos. De aprobarse, sería el primer recorte de gasto de Bruselas en cincuenta y seis años.

A todo el gasto acumulado hay que añadir la corrupción que se genera cuando se utiliza un dinero fácil, que «no es de nadie», o cuando se concentra mucho poder de decisión en manos de personas cuyo objetivo es maximizar el gasto.

Según Transparency International, en la Unión Europea se pierde en corrupción entre el 10 % y el 20 % de los contratos de obra civil, y hasta un 5 % del presupuesto total del organismo no se justifica.

Marta Andreasen, auditora jefe de la Comisión Europea, ha señalado que «2012 fue el decimoctavo año consecutivo en el que la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo subrayó la mala salud de las cuentas comunitarias».

De acuerdo con el último informe del Tribunal de Cuentas comunitario, no se encuentra justificación adecuada a algunos programas de gasto que comprenden hasta 89 000 millones de euros. Entre los ejemplos que cita la auditoría más reciente, encontramos el de una agencia de ayuda al desarrollo que se pagó a sí misma más de cuatro millones de euros en concepto de «asistencia técnica».

El think tank Open Europe produjo hace algunos años un informe dedicado a analizar el despilfarro y descontrol de recursos públicos de la Unión Europea. Comenta que «casi el 90 % del presupuesto de la UE se destina a subvencionar sectores improductivos o a redistribuir recursos de unos países a otros vía inversión pública».

Sin embargo, los estudios sobre el manejo concreto de estos fondos brillan por su ausencia, en gran medida por la lejanía de las instituciones europeas y por la dificultad de fiscalizar un enorme aparato burocrático. El eurodiputado Daniel Hannan declaró que: «De acuerdo con el Tribunal de Cuentas, solamente el 11 % del gasto de la Unión Europea puede ser justificado de forma clara y definitiva».

Gracias a Diego Sánchez de la Cruz, periodista económico y profesor de la Universidad del Instituto de Empresa, que me ha sido de enorme ayuda en este libro, se han recopilado algunos casos absolutamente increíbles.

Rescatando el informe de Open Europe, encontramos un centenar de ejemplos del fraude y el despilfarro que inunda numerosos programas de la Unión Europea.

Del 2001 al 2004, la Unión Europea gastó 50 millones de euros en un programa para agricultores del sur de Italia. La iniciativa se enmarcaba en el seno de la PAC, y buscaba promover la «compraventa de excedentes de fruta cítrica». No obstante, luego se descubrió que las cifras presentadas eran mentira: no existían ni los agricultores ni los compradores ni las frutas con las que se justificaba la subvención.

La Unión Europea también ha financiado un certamen televisivo con el que pretendía «preparar y seleccionar a las mejores aspirantes a presentadoras de televisión en Nápoles». Según el director del proyecto, Pietro Vittorelli, «lo esencial, el único criterio necesario para entrar, es la belleza. Debo ver a las chicas en minifalda y sujetador, listas para ser el sueño de todos los italianos». El programa incluyó a casi cien pupilas y recibió 1,3 millones de los contribuyentes europeos.

Un programa educativo dedicado al mundo del cine y centrado en la «docuficción» recibió la friolera de 12 millones de euros, pero apenas consiguió que doce personas se apuntasen.

En Dinamarca, una localidad de 10 000 habitantes recibió una donación del Programa de Fondos Estructurales para construir un zoo de cocodrilos. El proyecto recibió 940 000 euros pero nunca llegó a funcionar. En palabras de su propietario, «es difícil conseguir dinero para preservar a los cocodrilos, porque la gente tiene prejuicios contra ellos. No son bonitos como los tigres, los caballos o los osos panda».

En 2008, en Suecia, un taller de cerámica consiguió financiación para desarrollar durante dos semanas una escultura de cuatro metros de altura. Una vez que concluyó el proyecto, los artistas tardaron 24 horas en prender fuego a su obra.

Un empresario danés recibió un subsidio de 100 000 euros para construir una pista de esquí en Bornholm, una isla sin nieve ni montañas. El propio receptor de este subsidio declaró que nunca pensó «que los expertos de la Unión Europea respaldarían algo tan disparatado». En su primer año de vida, la pista solamente abrió un día.

En Reino Unido, la localidad de Hull desarrolló un baño público cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, mientras que el proyecto «GreenLeisure.co.uk» recibió cerca de 10 000 euros para promover la caza de pichones con láser.

La ciudad de Charleroi abrió una «cuenta B» hacia la que transfirió 12 millones de euros llegados de las instituciones europeas. El dinero sirvió para financiar viajes de caza a Bielorrusia, cenas, etcétera.

El problema de este «New Deal» eterno es que vamos de intervención en intervención generando más pobreza, menos competitividad. No hay que olvidar el perverso mensaje ético del despilfarro. Crea un círculo vicioso en el que los incorruptibles se sienten «los que están fuera del juego, mientras los demás disfrutan de dinero sin parar». Como en Serpico (Sidney Lumet, 1973), el problema del departamento de policía es el detective que se niega a aceptar sobres.

Y cuando hundimos la economía, pedimos aún más intervención. ¿Y qué decimos? Que lo que se ha llevado a cabo fueron políticas liberales. Se ha llegado a tal nivel de intervencionismo que se llama «neoliberal» a una economía como la europea en la que el control gubernamental excede el 40 % del PIB.

Alemania tiene razón.

Los procesos para limpiar sistemas excesivamente endeudados y de baja productividad son dolorosos, pero el mayor riesgo que corremos, sin duda, es intentar perpetuarlos.

Lo que no leo en la mayoría de los análisis mediáticos es que las espectaculares cifras de paro son consecuencia de la misma política atroz, injusta y antisocial que queremos repetir. La que implementamos cuando pinchó la burbuja de obra civil, construcción y ladrillo. Redoblar la apuesta, pasando de un superávit del 5 % a un déficit del 11 %, que ya genera casi 60 000 millones anuales de déficit estructural. Todo o nada. Perpetuar un modelo insostenible, creando una situación social y económica prácticamente insalvable, jugando a «el año que viene todo sube» y la «culpa es de los americanos-alemanes-Draghi-Cameron o quien sea». Hoy la culpa es de todos menos nuestra, y la solución, por supuesto, solo puede ser repetir el desastre de los planes de estímulo.

Alemania tiene razón… porque su modelo funciona. Su proceso de ajuste duró de 2004 a 2010. Centrarse en la competitividad y en sectores de alta productividad es precisamente lo que les ha llevado a ser hoy un éxito. Llevar a cabo algo que llaman —muy mal— austeridad, y que no es nada más que prudencia, sentido común y equilibrar el presupuesto.

Nos dicen que Alemania fue la primera en incumplir el pacto de estabilidad. Claro, por un punto, no por seis. Y llevando a cabo reformas de enorme calado. Pero nos agarramos a cantos de sirena monetaristas.

El gobierno alemán, que puso en marcha el plan más agresivo de reestructuración del gasto público con Schröder, como comentábamos antes, implementó en 2009 un tímido pero fallido plan de estímulo, con un gasto de 5000 millones de euros para apoyar el empleo (Kurzarbeit), alcanzando a 1,5 millones de trabajadores. Ante el error, y al comprobar que no mejoraba la situación económica ni laboral, la prioridad se situó de nuevo en recortar gastos. En mayo de 2010 se introdujo una enmienda a la Constitución que limita el déficit del Estado central al 0,35 % del PIB en 2014, y prohíbe a los gobiernos regionales tener ningún tipo de déficit a partir de 2020. Estas medidas son mucho más agresivas que los límites de la Unión Europea, que suponen un 3 % del PIB.

En junio de 2010, Alemania introdujo el mayor recorte de gasto público en sesenta años, el Zukunftspaket (paquete de medidas para el futuro), junto con un plan financiero a medio plazo (2010-2014) que incluía recortes de 80 000 millones, cerca del 0,8 % del PIB, y otras medidas hasta alcanzar el 0,35 % de déficit objetivo. Más de un tercio de esos recortes se producían en la seguridad social y la administración.

A pesar de la crisis, en un año el déficit del Estado cayó del 4,3 % en 2010 al 0,8 % en 2011, y llegó a un superávit de 0,2 % en 2012. Pese a cumplir con creces en 2012 los objetivos de 2014, el ministro de Finanzas, Bertrand Benoit, anunciaba en julio de 2013 nuevos recortes de 6100 millones de euros, no obstante contar con superávit, que según la agencia de calificación Fitch «mejoraba con creces el objetivo anunciado».

Los ajustes llevados a cabo por Schröder, primero, y Merkel, después, situaban a la economía alemana en un nivel de competitividad y saneamiento que permitieron reducir en 2013 las emisiones de deuda pública en 24 000 millones menos de lo previsto, y llegar a situar las cuentas en superávit en dos años, mientras el producto interior bruto crecía un 0,7 %.

Antes de tirarnos a gastar, ojalá copiemos a Alemania en el plan 2010 de Schröder y el Zukunftspaket. Con un déficit del 6,5 % durante años, España sigue en una situación financiera inasumible.

En un entorno de crisis, se pone de manifiesto que la prudencia presupuestaria y no cejar en los objetivos son esenciales, como demuestra el ejemplo alemán. Resaltemos varios factores:

Es una buena noticia que la prima de riesgo de España se sitúe a menos de 300 puntos básicos y que la de otros países caiga de manera importante, pero no es un cheque en blanco para gastar y volver a meternos en un shock de deuda. No confundamos exceso de liquidez global —que ha llevado a países como Mozambique o Ruanda a emitir a tipos de interés similares a los que teníamos en España en 2012— con licencia para despilfarrar.

Imprimir y endeudar no genera inversión productiva. En Reino Unido, tras un aumento de la masa monetaria del 580 % en los últimos años, en 2013 la inversión ha caído a niveles inferiores a la media de los años cincuenta.

Solucionar deuda con más deuda es simplemente agrandar el agujero de unos sistemas de bienestar del Estado —que no Estado de bienestar— hipertrofiados.

Este debate sobre la deuda y el gasto suscitó mucha polémica en la prensa porque los estudios de los economistas Ken Rogoff y Carmen Reinhart, que mostraban que los países con una deuda superior al 90 % crecían menos o decrecían, contenían un error de cálculo, aunque su conclusión no ha sido negada. Para conocer la relación entre deuda pública y crecimiento, les recomiendo el libro Esta vez es distinto (Fondo de Cultura Económica, 2011), de aquellos dos economistas.

En cualquier caso, si existen dudas sobre si los países con deuda superior al 90 % del PIB crecen menos o decrecen, lo comprobaremos en toda su gloria en Europa en los próximos años si no se toman medidas de recorte.

Pero si queremos ver errores de cálculo, les muestro los desvíos «sin importancia» de la política de estímulos.

En cuatro años, nueve billones de dólares gastados por Estados y bancos centrales en estimular la economía en la OCDE para generar un crecimiento imperceptible y un aumento del empleo inexistente. No se ha alcanzado ni uno solo de los objetivos explícitos anunciados al aplicarse tales políticas. Ninguno. Eso es un error de cálculo del ciento por ciento.

De los 34 países de la OCDE, aquellos que más han estimulado la economía artificialmente son los que menor crecimiento de PIB real y empleo han generado (datos del FMI y Banco Mundial).

El debate sobre austeridad o no austeridad que nos ocupa es, por lo tanto, cuando menos inútil. Porque no hay otra solución. Porque no hay austeridad, hay moderación del despilfarro. Subvenciones, diputaciones, cabildos, empresas públicas ruinosas, asesorías…, grasa.

La deuda excesiva y depender del Banco Central Europeo o de Alemania es esclavitud. Vasallaje a cambio de despilfarro. No hace falta entregar soberanía. Hace falta entregar clientelismo.

Nos comentan que sin gasto público no hay crecimiento. Es falso. Sin clientelismo y sin burbuja de chequera en blanco es precisamente como sustituiremos la economía de la subvención y el ladrillo por la economía del valor añadido y la exportación.

De la crisis no nos van a sacar los sectores que nos metieron en ella, un gasto público desproporcionado y unas cajas demasiado endeudadas. No ha ocurrido jamás. Pero si el Estado reconoce que lo único que nos va a sacar de la crisis es la clase media, que lo que tiene que hacer es aumentar la renta disponible de las familias reduciendo impuestos, empezará la solución por el lado del consumo.

La solución al empleo empezará cuando el Estado reconozca que las empresas que liderarán el cambio de modelo productivo no pueden ser torpedeadas con una política fiscal confiscatoria y burocrática. A crear empleo, no a «moderar la tasa de destrucción».

Si el Estado reconoce que el capital financiador de los proyectos de futuro solo puede venir de inversores privados extranjeros, pondrá en marcha las reformas que cercenen el asalto al emprendedor que supone nuestro terrible entramado local, regional y estatal. No reducirlo, no mitigarlo, cercenarlo. Abrir puertas. Que se vea que España está abierta al mercado.

El capital que va a crear trabajo no será el Ibex, que ya cuenta con una cantidad de empleados muy superior a sus empresas similares europeas y globales, tanto comparado en cifra de negocio como en márgenes operativos. Además, casi el 50 % de la deuda privada de España se concentra en 28 empresas del selectivo. El capital que va a crear empleo no va a venir de un Estado que acumula aún muchos más empleados y asesores de los necesarios. Vendrá de aquellas empresas que no se endeudaron agresivamente, y de reducir impuestos y crear nuevas compañías.

No hay peor incertidumbre que la política del «ya veremos». Así nadie invierte a largo plazo. Atraer capital y crecer, no consumir deuda y subvencionar. Si no, nos entregamos al vasallaje.

Eso, el vasallaje, es precisamente lo que siempre he intentado evitar. Nunca me han convencido los cantos de sirena para mirar hacia otro lado y entregar mi libre albedrío y mi libertad, o la de mi país, a cambio de un placebo, de otra patada hacia delante. Mi transición desde el keynesianismo al liberalismo es parte de ese firme convencimiento de que solo desde la libertad se puede prosperar. Que la deuda y la política del avestruz, las soluciones mágicas de imprimir y devaluar, son solo grilletes de la misma cadena. Medidas que pueden parecer cómodas, pero son increíblemente onerosas y además extremadamente egoístas, ya que hipotecan a las generaciones futuras para que hoy podamos seguir perpetuando la quimera asistencialista y subvencionando.

Por ello nos disponemos a hacer un viaje por algunos de los modelos económicos más discutidos hoy en día. Tomemos los pasaportes y el equipaje. Nuestras maletas pesan mucho porque están llenas de ideas preconcebidas sobre las políticas que hay que seguir. Los unicornios, esas supuestas soluciones mágicas que en un santiamén nos sacarán de todos los problemas, entregando nuestra cartera y nuestra libertad a otro gobierno, pero que no solucionan nada. Es el momento de despegar, como diría Ángel Álvarez, el legendario discjockey de Vuelo 605.

Apéndice a la primera parte
La opinión de un maestro y amigo

Cuando terminaba este libro, Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma, presidente de Analistas Financieros Internacionales y, ante todo, maestro y amigo, accedió a un diálogo sobre la economía actual y el papel de la política monetaria. Su opinión sobre el papel de los estímulos y los bancos centrales me parece importante porque ofrece una visión diferente a la mía, pero muy coincidente sobre las ventajas de la globalización y la apertura, además de coincidir en la importancia de las reformas estructurales.

Daniel Lacalle: En este libro soy muy crítico con las políticas de estímulo y de expansión monetaria. ¿Dónde crees que estas políticas pueden funcionar? ¿Hasta qué punto medidas de carácter extraordinario pasan a ser «permanentes»? ¿Crees que tienen efectos colaterales dañinos?

Emilio Ontiveros: Yo no soy tan crítico. Las políticas macroeconómicas son importantes. Están para corregir, para influir, en las variaciones cíclicas adversas. Y, desde luego, hay que usarlas en las fases de expansión generadoras de desequilibrios excesivos o en las fases de recesión, especialmente cuando estas generan elevadas tasas de desempleo y daños al crecimiento potencial.

Soy partidario de estimular la demanda cuando la economía tiene un elevado nivel de desempleo y el sector privado inhibe sus decisiones de inversión. En mayor medida cuando ello responde a crisis o shocks excepcionales. Creo que en ausencia de tensiones inflacionistas, la política monetaria tiene precisamente esa función adaptativa. Si nos encontramos, como ha ocurrido en esta crisis, con fallos de mercado, colapsos crediticios, distorsiones en la asignación de crédito, etcétera., las razones vienen añadidas. En concreto, me parece que la Reserva Federal ha actuado correctamente, con la memoria de las consecuencias que la indefinición o excesivos titubeos acarrearon durante los años treinta del siglo pasado o, sin ir tan lejos, en la torpe gestión de la crisis japonesa. En esta crisis, la adopción de estímulos monetarios era tanto más conveniente cuanto que no existían amenazas inflacionistas.

Cuestión distinta es el manejo de la política fiscal. Una cosa tengo clara, también a la luz de la evidencia: no deben adoptarse políticas procíclicas. No debe contraerse el gasto y la inversión pública, ni subir impuestos, cuando la economía está en recesión.

La retirada de esas políticas excepcionales debe graduarse de acuerdo con las señales de recuperación de la demanda y del empleo. Es verdad que no siempre es un ejercicio fácil (por eso no se le confía la política monetaria a cualquiera), pero esa cautela no debe inhibir la adopción de estímulos cuando los costes o efectos secundarios de los mismos son menores que los derivados de la persistencia de la recesión.

D. L.: La globalización ha traído muchas más ventajas que inconvenientes, ¿estás de acuerdo? En tu último libro comentas la importancia creciente de los mercados emergentes y eso enlaza con la dificultad de mantener modelos productivos basados en industria y obra civil, por ser menos competitivos. ¿Cómo puede competir la OCDE con los países emergentes?

E. O.: Totalmente de acuerdo. Creo que en la apertura de los mercados, en la ausencia de tensiones proteccionistas, descansa la igualdad de oportunidades para los países. Oportunidades para ampliar las posibilidades de intercambio y de generación de bienestar de la población. En esos intercambios debe incluirse la movilidad internacional no solo de bienes y capitales, sino también de servicios y, desde luego, de personas.

Es verdad que un exponente de esa apertura conseguida en las dos últimas décadas, fundamentalmente, es la posibilidad de que hablemos ahora de «emergentes», cuando hasta no hace muchos años, cuando tú eras alumno mío, hablábamos de países subdesarrollados. Caben pocas dudas de que sin apertura internacional muchos pueblos vivirían peor. Incluido el nuestro. Abrirse, competir globalmente, garantizar la suficiente permeabilidad a la movilidad financiera, es objetivamente bueno. Aunque eso, efectivamente, lleva consigo esfuerzos adaptativos continuos con el fin de no dejar erosionar ventajas competitivas.

Lo razonable es que la emergencia de competidores menos desarrollados propicie estímulos a los más avanzados a diferenciar su producción, su oferta, hacia una mayor intensidad de bienes y servicios basados en el conocimiento. El fortalecimiento de todas las modalidades de capital —humano, físico, tecnológico— es la respuesta cuando otros países compiten en sectores maduros, fundamentalmente intensivos en ventajas en costes salariales. La innovación, la productividad, la eficiencia y calidad de las instituciones, suelen ser las ventajas que exhiben las economías desarrolladas y que les concede ventajas competitivas frente a las emergentes. A este respecto, son ilustrativos los resultados del World Competitiveness Report (2013).

D. L.: En este libro defiendo que Keynes y Hayek son compatibles. ¿Por qué crees que los gobiernos olvidan a Keynes a la hora de ahorrar en tiempos de bonanza? ¿Crees que Keynes estaría de acuerdo con las políticas actuales? ¿Cuál te parece la mayor aportación de la escuela neoclásica y la austríaca?

E. O.: Esta crisis ha subrayado algunas experiencias y lecciones que, por otro lado, no eran en modo alguno nuevas. La más general es la complejidad de la realidad económica y financiera, y en especial de la combinación de ambas. La macroeconomía convencional, más académica, no había tomado suficientemente en consideración las posibilidades de inestabilidad generada por los sistemas financieros, por su dinámica de innovación o las dificultades específicas de gestión de riesgos. Se había minimizado la posibilidad de fallos de mercado y, en consecuencia, la necesidad de no confiar ciegamente en el automatismo de los mecanismos de asignación de los mercados. Esta crisis, en definitiva, ha subrayado la conveniencia de usar la capacidad de las políticas económicas. Creo, en definitiva, que el papel de los gobiernos y de las instituciones comunes, es importante.

Disponer de metodologías completas, de modelos y esquemas de análisis rigurosos, es de todo punto necesario y particularmente conveniente en la investigación y enseñanza de la economía. Pero debemos ser conscientes de la ingenuidad, en ocasiones implícita, en no pocas aproximaciones teóricas o excesivamente ideologizadas que se hacen en las ciencias sociales. La evidencia ha de tomarse en consideración y no subordinarla a la excesiva rigidez de los prejuicios ideológicos o formales.

Por eso creo que más allá del análisis histórico, la curiosidad es muy conveniente en el estudio de las orientaciones y el pensamiento económico, debemos ser conscientes de la complejidad que reviste el funcionamiento actual de las economías. Y no olvidar un objetivo que cualquier economista, con independencia de la etiqueta, asumiría: minimizar el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos. Y para eso, utilizar cuando sea necesario las herramientas de política económica para reconducir las desviaciones de la actividad económica espontánea.

En consecuencia, soy muy escéptico sobre la validez de las rígidas definiciones ideológicas de los economistas. Ante una crisis como la que hemos vivido, Hayek y Keynes probablemente habrían coincidido en algunas decisiones para reducir sus consecuencias. Especialmente a la vista de la ausencia de inflación.

D. L.: Si tuvieras que elegir entre políticas económicas actualmente implementadas en el mundo, o combinaciones, ¿cuáles crees que serían las medidas más eficaces para sacar a España de la crisis?

E. O.: Lo primero es convenir en el diagnóstico. La economía española exhibe serios obstáculos inmediatos a la recuperación del crecimiento. Entre ellos, me parece relevante el elevado desempleo, con un componente estructural creciente, y el endeudamiento elevado de las familias y empresas. A la economía española le convendría que la actual orientación de la política monetaria de la eurozona siguiera manteniendo una orientación adaptativa, laxa. Pero también que las exigencias de consolidación fiscal fueran igualmente flexibles de manera temporal. Idealmente, los principales socios de la eurozona deberían tener políticas presupuestarias menos estrictas.

En mi opinión, la política económica debería igualmente tratar de paliar los enormes daños que está ejerciendo en las personas con menor capacidad defensiva. Esa combinación de elevado desempleo y bajo crecimiento condena a numerosas familias a seguir sufriendo. Y la política económica debe compensar las desigualdades que la crisis supone. Son decisiones básicas garantizar la no exclusión, en especial en el acceso a la educación, y suficiente demanda para que las empresas renueven la creación de empleo.

Lo anterior no debería impedir que sigan mejorándose las condiciones de oferta, de funcionamiento de la economía, mediante reformas en diversos ámbitos, mercados y otras instituciones.

D. L.: ¿Cómo se puede hacer que los estímulos y planes de crecimiento se inviertan de manera adecuada, sin generar incentivos perversos de gastar por gastar?

E. O.: Los estímulos excepcionales deben remitir cuando las condiciones cíclicas lo aconsejen: cuando de forma clara la inversión privada vuelva a crecer y a reducir el desempleo. En condiciones cíclicas normales, mantener los compromisos de saneamiento de las finanzas públicas que exige la pertenencia a la Unión Monetaria Europea, así como mercados suficientemente competitivos, son exigencias de todo punto necesarias. Las prisas no son buenas.

D. L.: Yo sigo preocupado por los incentivos perversos y el gasto inútil, y me cuesta ver los beneficios en el empleo de la política monetaria, pero la conversación es un auténtico placer y muestra que estamos de acuerdo en aspectos esenciales. Me parece una visión interesantísima, porque incide en algo que a veces olvidamos, que tomemos la decisión que tomemos, las medidas excepcionales deben ser tratadas como tales, que la política monetaria no puede entregarse a cualquiera, que el desempleo es un factor muy importante y que debemos centrarnos en la educación y favorecer que las empresas en sectores de alta productividad se desarrollen y faciliten el cambio del modelo productivo.

Segunda parte

Viaje por el mundo

10
Estímulos no, gracias

«Los estímulos muestran lo peor del corporativismo y clientelismo político».

PAUL RYAN.

«¿Qué queremos?». «¡Estímulos!». «¿Cuándo los queremos?». «¡Ahora!». «¿Para invertir en…?». «Eeh, espera…».

En el viaje por el mundo económico que comenzamos con este capítulo, me gustaría compartir las experiencias de tantos países que han llevado a cabo todas esas políticas que hoy nos venden como panaceas, y las diferencias y similitudes entre unas naciones y otras. Pero lo que siempre me sorprende, y es una constante en este vuelo por el mundo, es la tentación, casi irresistible, de repetir los errores del pasado y entregar aún más cotas de libertad a cambio del eterno e inalcanzable grial de la seguridad. Que el Estado, que primero nos infringe el daño, nos proteja.

Aterrizamos en Bakú, Azerbaiyán. Primera escala.

Azerbaiyán es un país muy curioso. Sufrió la opresión de la Unión Soviética y, tras la liberación, cuenta con un régimen «democrático» de esos en los que el hijo sucede al padre con un sospechoso porcentaje de votos. Muchos habitantes me comentaron la euforia que vivió el país tras liberarse de la opresión soviética, solo para lanzarse a un régimen personalista con tintes totalitarios.

Pasear por Bakú, la capital, es asistir a un festival de despilfarro de dinero público: edificios que imitan a los de París completamente vacíos, enormes fuentes iluminadas, gigantescos rascacielos con forma de llama prácticamente desiertos, un paseo marítimo con su pequeño Guggenheim, centros comerciales de lujo imposible y bellísimos restaurantes de arquitectura ultramoderna. Cuando el país organizó Eurovisión, gastó una cantidad estimada de 125 millones de dólares en el acontecimiento. Cuando paseaba por aquella ciudad con amigos locales, uno de ellos me comentó que Bakú «empieza a parecer una ciudad española». Efectivamente, nuestro país es famoso en el mundo entero por su obra civil megalómana y los excesos. Solo hay una diferencia. Azerbaiyán se gasta en estas cosas su renta petrolera, que supera el 40 % de su PIB, tiene un 1 % de paro y una renta disponible que supera los 10 700 dólares per cápita.

Pasear entre los pueblos que circundan Bakú es sortear plataformas petrolíferas, que se erigen entre las casas. Me hice una foto en uno de sus pueblos al lado de un charco que, a 100 dólares por barril, valdría alrededor de 120 000 dólares. El país es un enorme campo de petróleo, y viendo las propiedades de los miembros del gobierno y autoridades, o sus enormes obras civiles, se percibe el efecto de ese dinero que fluye gracias a sus recursos naturales.

«No es una inversión, es una donación a las futuras generaciones», me decía Salim, un amigo. Y eso es lo que todas esas enormes obras y edificios son. Donaciones. Nos sobra el dinero, nos lo gastamos.

Entre 2004 y 2011, en Europa decidimos ser Azerbaiyán, pero no con los ingresos extraordinarios de nuestra inexistente producción petrolera, sino con deuda. La prueba fehaciente de la inutilidad de los estímulos. Destruir empleo y casi quebrar.

Hoy pagamos por todo ese despilfarro; sin embargo, en el mercado existe un consenso —la palabra me da miedo— de que la situación en Europa, si Alemania y Portugal entran en dificultades, llevará al gobierno alemán y al Banco Central Europeo (BCE) a claudicar y aceptar nuevos estímulos. ¿Por qué?

Muchos piensan que si a los alemanes no les va bien, nos van a abrir la chequera a nosotros. Sin embargo, como decía Peter Löscher, el consejero delegado de Siemens, una de las mayores empresas alemanas, «la mejor manera de crecer es competir por méritos propios, no por intervención».

Es curioso que hayamos llegado a un punto en el que nos parece buena noticia que las primas de riesgo suban, porque así relajaremos nuestros ajustes.

Este es el resultado atroz de la política económica LOGSE de la Unión Europea, en la que ver suspender a uno nos hace suponer que nos van a aprobar a todos. Y, sinceramente, creo que se equivocan. Los que apuestan a forzar la máquina, incumplir e intentar aprovecharse de una relajación generalizada verán que no sirve. Los ajustes son ineludibles cuando hemos agotado y extenuado el sistema crediticio, y son esenciales para volver a crecer y desbloquear la economía.

Sin embargo, a pesar de la enorme deuda que lastra las economías, vemos con buenos ojos una nueva bajada de tipos. Dado el «éxito incuestionable» de las bajadas anteriores, que desde el 5 % al 0,5 % solo han aumentado la bola de deuda y han evitado que se limpien los balances, al incentivar la toma de riesgo, seguimos cazando unicornios si pensamos que del 0,5 % al 0 % va a tener algún impacto.

Si hay algo que me parece alucinante de esta época de descontrol crediticio es que se haya convencido a la población de que las políticas de gasto y estímulo son «sociales».

Entre 2008 y 2011, Europa «solamente» dedicó doscientos mil millones de euros —un 1,5 % del PIB de la Unión Europea— en políticas de estímulo, y el BCE aumentó su balance en 1,5 billones de euros, para casi quebrar a varios países, incluida España, y de paso destruir cuatro millones y medio de puestos de trabajo.

Eso después de la mayor expansión crediticia de su historia, entre 2000 y 2011.

Se nos pretende convencer de que Europa no está llevando a cabo las políticas expansivas de Estados Unidos y Japón o Reino Unido, sin embargo, olvidamos que desde 1999 la Unión Europea ha llevado a cabo estímulo tras estímulo. Hasta llegar a un nivel inaceptable de gasto, deuda y estancamiento. Si a ello añadimos los LTRO —inyecciones de liquidez a la banca—, Europa ha sido el mayor proveedor de estímulos planificados de todas las economías de la OCDE. Más de cinco billones de euros.

Sin embargo, las inyecciones anteriores ni solucionaron el problema bancario, ni de crédito, ni redujeron el empleo. Más madera. El New Deal eterno.

Merece la pena leer el estudio de Nicholas Crafts, de la Universidad de Warwick, Western Europe’s Growth Prospects: an Historical Perspective http://ec.europa.eu/economy_finance/events/2011/2011-11-21-annual-research-conference_en/pdf/session012_crafts_en.pdf, porque en ese trabajo se analiza cómo las políticas que mejor han funcionado en Europa han sido las de apertura comercial y liberalización, creando prosperidad. El informe afirma que «la lección de 1930 es que la reacción de llevar políticas de mayor intervención estatal no va a generar mejores condiciones de crecimiento». El estudio identifica el incremento de la intervención estatal, en 1995, como la mayor causa para explicar el crecimiento a menor tasa que los países comparables.

Los estímulos no mejoran la economía, perpetúan los modelos ineficientes, dan más recursos a los que los han malgastado —gobiernos y sectores endeudados— y dejan tras de sí el agujero de endeudamiento que paga usted, sin evitar ajustes posteriores mucho más duros. Efecto placebo.

Vean Reino Unido, que a pesar de imprimir, estimular y crear inflación artificial en la economía se ha visto obligado a llevar enormes recortes y a anunciar el despido de 500 000 empleados públicos. El Banco de Inglaterra compra el 77 % de los bonos del Estado. Ni ha bajado el déficit, ni la deuda. Los recortes son inevitables.

O Estados Unidos, el ejemplo que se supone que todos quieren seguir, pero solo para gastar y endeudarse. Sigue con un desempleo estancado en el 7,6 % y la menor participación laboral desde 1979; mientras, la deuda se ha disparado a máximos históricos, el déficit es similar al PIB de España y los recortes se han hecho también inevitables. En lo que no queremos copiar a Estados Unidos es en bajos impuestos a empresas y tipos máximos del 39,6 %, en un gasto público, sin Defensa, del 35 % del PIB, en dinamismo y liberalización de los sectores económicos y financieros. Solo en su techo de gasto. ¿Y qué les voy a contar del Reino Unido? Lo mismo. Para liberalizar y dinamizar, nada. Para endeudarse, un modelo.

Hay que copiar a los mejores en lo bueno, y superarlos, no imitar a los peores y solidarizarnos con ellos en la LOGSE económica.

Recuerden que el mantra del gasto público es que siempre se justifica:

«Hubiera sido peor».

«No se ha hecho suficiente».

«Hay que hacer mucho más».

Repetir. Las consecuencias las paga usted, es lo gracioso de un sistema intervenido. El que gasta mal sale beneficiado, ya sea por falta de responsabilidad final, el gobierno, o porque si falla se le subvenciona. Todo muy social.

Nos han convencido de que el empleo se crea por intervención…, olvidando que el empleo viene cuando hay condiciones económicas atractivas para invertir y renta disponible para consumir.

Así, en procesos de continuo gasto por encima de las posibilidades de los países, dejamos economías exhaustas, ineficientes y sobreendeudadas, y cuando se lleva a cabo un proceso de moderación del gasto, se nos hace creer que es un desastre. La factura la pagarán nuestros hijos, que nacen, como cada europeo, debiendo 22 000 euros cada uno. Muy social.

Eso debe ser por la agobiante «austeridad», que ha llevado a todos los países de la eurozona a disparar su gasto público al 49 %.

Y no nos damos cuenta de que esos estímulos han generado más problemas que beneficios. Nos han dejado la factura, en una Europa que se va a deuda sobre el PIB del ciento por ciento, la ineficiencia, el coste, y encima no crean empleo.

Pese a las peticiones que se escuchan por ahí, tampoco funcionaría que Alemania ponga en marcha una expansión que ayude a la periferia. ¿Por qué?

Las importaciones alemanas de productos españoles supusieron 22 000 millones de euros, aproximadamente un 2 % del PIB.

Si somos optimistas y suponemos que las importaciones alemanas aumentarían un 5 %, supondría menos de un 0,1 % del PIB de España. Considerando un multiplicador de 2,5, el máximo incremento sería un 0,25 %. Supongamos un efecto similar sobre todos los países que exportan a Alemania, y no superaría un 0,5 % del PIB. Repito, siendo muy optimistas.

Es decir, llevar a Alemania a un proceso inflacionista y expansivo, que no se pueden permitir, no soluciona nada, solo mitiga levemente los problemas de la periferia.

El duro ajuste de la demanda interna de España y entrar en superávit por cuenta corriente son mucho más eficaces para sentar las bases del crecimiento que pedir inflación a Alemania, ¿por qué?

Porque el impacto de una mejora en nuestra inversión extranjera directa multiplica el efecto positivo para España al 3 % del PIB sin empobrecer ni endeudar más a la eurozona.

No sé si el Banco Central Europeo lanzará una tercera inyección de liquidez (LTRO) o nuevos planes de estímulo. Creo que dentro del sistema económico que vivimos, hasta ahora la gestión del BCE ha sido impecable, y seguirá siendo prudente. Lo que sí sé es que mientras se siga aniquilando a la clase media y a las empresas cercenando renta disponible y capacidad inversora a base de burocracia, intervencionismo e impuestos, todos estos planes, todos esos estímulos que reclaman, no van a tener ningún efecto —como no lo tuvieron antes.

La solución que tantos reclaman mirando a Estados Unidos o Reino Unido, incluso a Japón, no está en sus políticas monetarias o en organizar juegos olímpicos. Está en ser como esas economías en innovación, empresas punteras que compiten y crean valor, atracción de capital, seguridad jurídica y bajos impuestos.

Los estímulos no son un derecho, son un accesorio, un lujo que pueden permitirse las economías líderes porque, si fallan, y lo hacen, tienen mecanismos de atracción de capital y financieros para sobreponerse: balanza financiera y libertad económica. Las economías ineficientes empeoran y se hunden más a base de estímulos a la demanda interna argentinos, tipo Axel Kicillof…, o España…, o Portugal… Porque no cuentan con sistemas bien engrasados de atracción de capital inversor.

Incluso con sistemas dinámicos, abiertos y liberalizados, dichos estímulos fallan. Porque parten de un error monumental. Pensar que el gobierno sabe invertir los recursos financieros mejor y de manera más eficiente que las empresas y familias. Si así fuera, uno de los sistemas económicos más planificados, burocráticos y estatizados de la OCDE, la Unión Europea, sería hoy un vergel de crecimiento. Pero no lo es. Repetir el 2008 no va a cambiar un modelo hipertrofiado e ineficiente. No hace falta más deuda ni dar más dinero a los gobiernos para que lo repartan a su albedrío. Es suficiente con que no se lo quiten a familias y empresas. Así se permite que se recupere el ahorro y, con ello, el consumo.

Sin embargo, la tendencia a apoyar los estímulos suele sustentarse en el conocido argumento de «bueno, ¿qué tiene de malo?, es mejor que no hacer nada. Al menos se genera algún crecimiento».

Ante esta idea tan generalizada de que los estímulos, la creación de dinero y crédito eterno —que es lo mismo—, no tienen consecuencias negativas, creo que merece la pena resaltar algunos párrafos del excelente artículo de Antal E. Fekete, profesor de Dinero y Banca en la San Francisco School of Economics, titulado «La productividad marginal del dinero». http://news.goldseek.com/GoldSeek/1 238 441 510.php.

«¿Por qué el plan de estímulo de Obama está condenado al fracaso? La fábrica de papel del Potomac está generando nuevo dinero frenéticamente. Según la teoría cuantitativa del dinero, esto debería evitar que los precios bajen y que la economía se contraiga. Al contrario […], el nuevo dinero creado sobre la base de una inundación de deuda es equivalente a echar gasolina a un fuego, haciendo que los precios caigan y la economía se contraiga todavía más.

La clave para entender el problema es la productividad marginal de deuda, un concepto curiosamente desaparecido de la jerga de la economía convencional. Los keynesianos se consuelan con el hecho de que en Estados Unidos la deuda total como porcentaje del PIB está bien por debajo del ciento por ciento, mientras que en otros países se supera esta cifra.

Sin embargo, la ratio significativa y que hay que observar es la relación entre la deuda adicional y el PIB adicional, o la cantidad del PIB que se ha generado con la creación de 1 dólar de nueva deuda. Es esta ratio la que determina la calidad de la deuda. Cuanto mayor sea esta ratio (PIB adicional/deuda adicional) más éxito están cosechando los empresarios en aumentar la productividad, que realmente es la única justificación válida para el endeudamiento.

En cambio, una caída importante en esa ratio es una señal peligrosa de que la calidad de la deuda se está deteriorando y de que incurrir en deuda adicional no tiene ninguna justificación económica. El volumen de deuda está creciendo más rápido que la renta nacional y el capital que apoya la producción se está erosionando rápidamente. Si, como en el escenario más pesimista, la ratio cae en zona negativa, el mensaje es que la economía está en curso de colisionar y que un crash es inminente.

Es decir, no solo es que la deuda no aporte nada al PIB, sino que, de hecho, genera una mayor contracción económica y mayor desempleo.

En la década de los cincuenta, cuando el dólar todavía era convertible (los gobiernos extranjeros y bancos centrales podían convertir sus saldos de corto plazo en dólares por oro a la tasa establecida por la ley de 35 dólares por onza), la productividad marginal de la deuda era 3 o superior. Es decir, que 1 dólar adicional de nueva deuda causaba un aumento del PIB de al menos 3 dólares. En agosto de 1971, cuando Nixon no pagó las obligaciones internacionales de oro de Estados Unidos (siguiendo los pasos de Franklin Delano Roosevelt, que 35 años antes había impagado las obligaciones domésticas de oro), la productividad marginal de la deuda cayó por debajo del nivel crucial de 1.

Cuando la productividad marginal cayó por debajo de 1 dólar, pero todavía se mantenía positiva, implicaba que la deuda total (siempre en términos netos) estaba aumentando más rápido que el PIB. Por ejemplo, si la productividad marginal de la deuda se sitúa en 0,5, quiere decir que para incrementar la producción nacional de bienes y servicios en 1 dólar habría que incurrir en 2 dólares de deuda. En este caso, un incremento de la deuda total de 1 dólar ya no podría generar siquiera un aumento equivalente del PIB. La deuda perdería así cualquier justificación económica.

Desde entonces, la caída de la productividad marginal de la deuda ha continuado sin interrupción y nadie ha tomado medidas para evitarlo.

El año 2006 fue el punto de inflexión. A finales de ese año, la productividad marginal de la deuda cayó hasta cero y, por primera vez en la historia, pasó a ser negativa, encendiendo la alarma roja que advertía de una catástrofe económica inminente.

¿Por qué una productividad marginal de la deuda negativa es señal de un desastre económico inminente? Porque indica que cualquier posterior incremento en el endeudamiento causará necesariamente una contracción económica. El capital se ha esfumado, y una mayor producción ya no se sostiene por la necesaria cantidad y calidad de las herramientas y el equipamiento. La economía está literalmente devorándose a sí misma mediante la deuda.

La creación desenfrenada de deuda mediante la reducción de los tipos de interés hasta el 0 % está destruyendo el capital de la sociedad, pero este mensaje está siendo ignorado. La actual crisis financiera ha sido explicada a través de un razonamiento ad hoc, culpando a los laxos estándares crediticios, las hipotecas subprime y argumentos similares. Sin embargo, no se hizo nada para parar la causa real del desastre: la fácil y rápida generación de deuda. Que ha sido acelerada mediante rescates públicos y planes de estímulo económico.

En vista del hecho de que la productividad marginal de la deuda es ahora negativa, podemos ver que las medidas de rescate de la administración Obama y la Unión Europea son contraproducentes, pues están siendo financiadas mediante la creación de nueva deuda en unos niveles sin precedentes. Estas son las causas directas de la creciente contracción económica, incluyendo el aumento del desempleo».

Este análisis me parece extremadamente relevante, porque cuando a la hora de recomendar más estímulos economistas como Paul Krugman hablan de la «cualidad social del dinero», olvidan que, por un lado, esa cualidad simplemente no se presenta. El dinero, el crédito que se crea, se queda entre banqueros, inversores financieros y Estados endeudados.

Una y otra vez ustedes habrán oído en la televisión que la economía norteamericana está mejorando liderada por la recuperación en el mercado inmobiliario. Sin embargo, esa mejora incuestionable del mercado y precios de las casas esconde que en Estados Unidos el 67 % de las transacciones se hacen en caja, es decir, sin hipoteca. ¿Qué persona de clase media ha ahorrado centenares de miles de dólares para comprar un inmueble a tocateja? ¿En medio de la crisis? Efectivamente, la acumulación de renta disponible está siendo acaparada por la minoría que se beneficia de los estímulos. Mientras a usted, clase media, le dicen que «hay que seguir» y que si es paciente, le llegará su turno.

Por otro lado, la teoría del estímulo eterno olvida el enorme efecto depresor de una situación que los empresarios y consumidores ven como falsa.

Tomemos el caso de China. Según el Banco Mundial, los estímulos implementados por el gobierno hace seis años tenían un efecto de creación de 3 puntos del PIB. Hoy, redoblando la apuesta, ese impacto sobre el PIB no llega al 0,8 %. Mantener el PIB artificialmente y usar como única medida de riqueza ese indicador agregado nos lleva a acumular los mismos errores, mientras aumenta el agujero en las clases medias y la destrucción de la misma. La prosperidad no es el PIB. Si construimos sesenta aeropuertos más, les garantizo que sube, pero el efecto devastador de ese gasto sobre la renta disponible, el consumo y la clase media agudiza las crisis. No, cualquier gasto no es prosperidad. Como en cualquier actividad, hay gasto virtuoso y gasto vicioso. Pero cuando se concede la chequera, como sufrimos en España con los Planes E y similares, el objetivo es «consumir el presupuesto». Y vaya si se hace. A costa de la prosperidad futura.

La prosperidad no viene del gasto y la deuda. Viene del ahorro y la inversión prudente de los excedentes. Es suicida intentar mantener un PIB artificialmente creado y el gasto que ha desencadenado.

Como Azerbaiyán sin petróleo. Con todos los estímulos que queramos, si hay represión financiera —bajar tipos y devaluar—, añadido a altos impuestos, nos vamos a otra década perdida. Los unicornios no existen.

11
Reagan y Obama. Ni tanto ni tan calvo

«Las palabras más peligrosas en la lengua inglesa son: “Soy del gobierno y vengo aquí a ayudarle”».

RONALD REAGAN.

«Si los ciudadanos no pueden confiar en el gobierno para que les proteja y promueva el bienestar común, todo está perdido».

BARACK OBAMA.

«¿Qué queremos?». «Copiar a Obama». «¿Cuándo lo queremos?». «Ahora». «¿Liberalizando y con bajos impuestos?». «Ah, no, eso no».

Siempre se dice que las recesiones son las mejores épocas para la creación de música. De hecho, tengo amigos que cuando leen que «la economía de tal país sale de la recesión», comentan en tono irónico: «Verás qué destrozos musicales van a salir». Sin embargo, analizándolo de una manera fría, es fácil de entender. En bonanza, aumenta la renta disponible, todo es más fácil y se relajan los controles de calidad. Pero esa teoría de mis amigos no se justifica si miramos la época de Reagan y de Thatcher, o los ochenta en España. Existe una segunda derivada. Cuando los gobiernos van en contra de la ideología predominante en el mundo de la cultura, fluye la protesta. Sí, en la Inglaterra de Thatcher, por cada Spandau Ballet salían unos Smiths, por cada Rick Astley salía un Elvis Costello. En esa época, por cada Survivor, típico grupo de AOR (Adult Oriented Rock), arrasando las listas con una balada blandita, salían unos Guns n’Roses. Sin embargo, infinidad de veces comentamos lo curioso que es ver en Estados Unidos o Reino Unido a músicos de ideología liberal o conservadora que lo muestran con orgullo públicamente. Porque no existe un estigma comercial por no ser del «pensamiento único». ¿O sí existe?

De nuevo nuestro viaje hace escala en Estados Unidos, y asistimos a la batalla mediática entre lo que allí se llama «liberales» y «conservadores».

En Estados Unidos suele aplicarse el término «liberal» a lo que aquí en España llamamos «socialdemócrata». Las críticas feroces a lo que se denomina liberal media (acusar a todos los medios de comunicación de ser socialdemócratas) se dirigen contra ese pensamiento único predominante, que lleva a que gente tan brillante y divertida como Bill Maher, comediante de izquierdas, reconozca a regañadientes que Obama lleva a cabo políticas que van contra su ideología y su programa, y, sin embargo, le es imposible usar, ni remotamente, el mismo nivel de agresividad, acidez e ironía que utiliza con los políticos republicanos. El éxito de Fox News fue precisamente identificar un nicho desaprovechado: la derecha mediática. Y así, es fascinante seguir a unos y otros, sea Fox, The New York Times o HBO. Y disfrutar la libertad de mostrar la ideología en el análisis, no «esconderla» bajo una falsa imparcialidad.

El propio Jon Stewart, genial presentador de The Daily Show, una especie de telediario humorístico con tinte ideológico de izquierdas, reconoció en una entrevista con su némesis de derechas, Bill O’Reilly, que su humor no es igual con los demócratas porque los republicanos son mucho mejor material. Esto ha llevado al éxito sin precedentes en Estados Unidos de los «comentaristas» ideológicos, sea Michael Moore por la izquierda o Anne Coulter por la derecha. Y es francamente entretenido. Pero, sobre todo, muestra que lo que percibimos en Europa, que en Estados Unidos todo el mundo es capitalista y liberal de verdad —en el sentido de «libertad económica»—, simplemente no es cierto. La defensa del intervencionismo furibundo y las peleas entre unas y otras ideologías son tan profundas como en Europa.

Con los presidentes norteamericanos ocurre lo mismo. La ideología nos suele impedir ser críticos. Es por eso que es tan divertido ver la dificultad con la que los medios de comunicación de izquierdas en Estados Unidos «tragan» la rueda de molino de devaluar, imprimir y estimular. Una vez le preguntaron a Glenn Beck, un comentarista ideológico del ala más conservadora: «¿Por qué Bill Maher o Jon Stewart no denuncian la monstruosa transferencia de rentas al sector financiero y las clases más favorecidas que supone la política de la Reserva Federal, el quantitative easing?». «Veinte puntos de rating», fue su respuesta.

El mayor éxito mediático es introducir palabras que confundan. Pongan las palabras «social», «común» y todo se justifica. Es como un bálsamo.

Lo que queda al final es la gestión. Y lo que realmente importa es el legado.

Cuando yo era adolescente, en los ochenta, Ronald Reagan era el presidente más ridiculizado y criticado por la prensa. Los muñecos de Spitting Image mostraban divertidísimos episodios sobre el personaje. Si miramos las críticas humorísticas a los presidentes republicanos, comparados con los demócratas, se percibe claramente el sesgo del «buenismo».

Cuando Ronald Reagan llegó al gobierno se encontró con una crisis bastante más grave que la de 2009. A su predecesor, Jimmy Carter, demócrata, se le atribuyen muchas buenas decisiones, pero en economía fue desastroso. Mucho le justifican por la crisis de la OPEP… Y esos muchos olvidan que por sus políticas intervencionistas la producción de petróleo nacional estaba estancada, dependiendo cada vez más del crudo árabe.

Peter Ferrara, director del Carleson Center for Public Policy, recordaba, al analizar la política llamada reaganomics, que siempre hay que entender de dónde se parte.

Estados Unidos había vivido tres recesiones consecutivas desde 1969, junto a una que se presentaba mucho más profunda en 1981-1982. Desempleo del 10,8 % y tipos de interés de casi el 20 %. Durante la administración Carter, el índice de pobreza se disparó al 15,2 %. En dos años, la inflación subió un 25 %, al 13,5 %. Me sorprende que los economistas de hoy hablen de la inflación como si fuese la panacea. En aquella época se consideraba que dicha inflación era endémica e incontrolable. Todos los procesos inflacionistas empiezan diciendo que «no hay inflación» y que «está bajo control» y terminan con estas cifras escandalosas y los expertos diciendo que es «estructural».

La política de Reagan se centró en cuatro áreas esenciales:

Reducir el gasto público. Curioso que a Reagan se le atribuya un gasto público enorme. Durante sus mandatos, el gasto público, excluyendo Defensa, en dólares constantes se mantuvo en los niveles de 1981. Además, el gasto público total, comparado con el PIB, cayó desde el 23,5 % al 21,2 %. Una reducción del 10 % en el peso del Estado. Cuando analizamos la historia económica, al pobre Reagan, igual que a Thatcher, se le mide el gasto público en términos absolutos para criticarle. A todos los demás gobernantes del mundo, para justificarles, se les mide en términos de PIB.

Bajar un 25 % los impuestos para todos los niveles, y reducir el tipo máximo del 70 % (sí, era del 70 %) al 50 %. Y continuó. Unos años después, en 1986, ya solo había dos tipos impositivos, 28 % y 15 %.

Medidas antiinflación. Para fortalecer el dólar, restringir la expansión monetaria comparada con la demanda.

Competencia y liberalización. Lo que los críticos llaman «desregulación» era libre comercio y competencia.

Estas medidas llevaron a que la recuperación, sin manipular moneda ni aumentar masivamente el crédito, durase noventa y dos meses, aumentando la renta disponible per cápita un 18 %, reduciendo la desigualdad y bajando el índice de pobreza un 20 %. Hasta que en 1990 las subidas de impuestos injustificadas de George H. W. Bush crearon una pequeña recesión, a pesar de su promesa de «no más impuestos».

¿Y el malvado capitalismo salvaje? En Estados Unidos, la renta disponible de las familias creada entre 1982 y 2007 supera, en dólares constantes, a la creada en los doscientos años precedentes (The End of prosperity, de Art Laffer y Steve Moore).

De hecho, no existe en el mundo un período de prosperidad comparable para todas las clases sociales.

¿Y los bancos asumiendo riesgo excesivo? El balance de la banca en la época de Reagan jamás llegó a 10 veces sus activos. Incluso treinta años después, en Estados Unidos el balance de la banca no superaba 20 veces sus activos o el 89 % del PIB. En Europa, con un sistema masivamente regulado, llegaba al 320 % del PIB y hasta 40 veces sus activos.

Tan es así que un presidente demócrata, Bill Clinton, llevó al país al superávit presupuestario precisamente porque mantuvo a rajatabla la política de contención del gasto público, de libertad económica y de bajos impuestos.

La política que ha llevado a cabo la administración Obama desde 2008 es exactamente la opuesta. Intervenir, crear inflación, aumentar el gasto, subir impuestos y endeudar. Los resultados siguen siendo pobres, con un crecimiento medio del 2 % a pesar de aumentar la masa monetaria un 5 %, y unas cifras de creación de empleo muy cuestionables. El paro sigue en un 7,6 %, y un 53 % de los empleados cobran menos de 30 000 dólares al año (fuente: Department of Labour, gobierno de Estados Unidos). El número de norteamericanos considerados «fuera de la fuerza laboral» es de 89 304 000, subiendo un 3 % en 2013.

Pero si algo se le puede reconocer al presidente es que ha sabido echarse atrás al comprobar la inutilidad de las decisiones más agresivas e intervencionistas. Por ejemplo, en su política de subvenciones masivas, en su inicial ataque a la industria del petróleo y gas que posteriormente se convirtió en un apoyo explícito gracias a la revolución del shale gas (gas pizarra), pero, sobre todo, en el hecho de que los aumentos de impuestos han sido muy limitados, y por fin se ha establecido un recorte de gastos relevante.

A pesar de las tentaciones intervencionistas y de un aumento desproporcionado del peso del Estado, hasta casi el 43 % del PIB, la realidad es que, excluyendo Defensa, el peso del Estado sigue siendo muy inferior al de cualquier país de Europa, un 37 %. Además, los impuestos siguen siendo muy bajos, con el tipo marginal superior en el 39 % y las empresas pagando entre un 12 % y un 15 %. Pero, sin duda, lo más importante es que ante una crisis financiera, se ha impuesto la sustitución de un modelo bancario por financiación privada, lo que ha ayudado de manera muy relevante a salir del problema de crédito, gracias a un mercado de capitales fuerte, abierto y diversificado.

Por mucho que sea extremadamente criticable y dudosa la política de devaluar e imprimir, lo importante de la administración Obama es que ha sabido resistirse a atacar las fortalezas de la economía, la iniciativa privada, el libre mercado. Reconociendo la importancia de creer en «un país en el que puedes conseguirlo, si luchas por ello». Un ejemplo incuestionable de esa capacidad de adaptarse ha sido la política energética. Tras errores monstruosos como las subvenciones a empresas quebradas como la solar Solyndra, y despilfarrar más de 30 000 millones de dólares en subvenciones improductivas, la administración Obama se dio cuenta del tesoro energético que suponía el fracking, el petróleo y gas doméstico. Hoy, gracias a reconocer esa oportunidad y permitir a la iniciativa privada desarrollarse, la industria del petróleo y gas doméstico supone un «estímulo» privado equivalente al 0,3 % del PIB, ha creado 600 000 puestos de trabajo y más de 76 000 millones de dólares de inversión directa. Esa capacidad de reconocer la oportunidad y abrir las puertas a la iniciativa privada es una cualidad admirable.

Sin embargo, a pesar de que los estímulos han sido enormes, la creación de empleo sigue siendo un problema, ya que el ritmo de creación de empleo es el más bajo de los últimos treinta años. De hecho, como comentan muchos ejecutivos del sector energético, es probablemente imposible diagnosticar la parte del empleo creado gracias a los estímulos cuando casi un tercio se ha generado en sectores, petróleo y sanidad privada, que no se benefician de los estímulos, subvenciones ni de los tipos bajos por no estar endeudados.

La política de Obama no es un éxito, ni tampoco un fracaso. Pero es cuando menos sorprendente aceptar como «un éxito» un coste por empleo «creado» de 500 000 dólares adicionales en deuda, si tomamos los supuestos cinco millones de puestos creados y los 2,1 billones de estímulo inyectado. Pero no es un modelo, porque sus pilares fundamentales, deuda, devaluación y aumento de la masa monetaria, no son replicables por países que no cuentan con todos los otros factores de liderazgo de Estados Unidos. Ni con la confianza, que nadie cuestiona, de que las deudas se pagan, la propiedad privada es intocable, la ineficiente quiebra y la responsabilidad crediticia es incuestionable.

El gran problema del modelo Obama es cómo va a salir Estados Unidos de una situación de pescadilla mordiéndose la cola, que es el hecho de que el 78 % de la deuda la compra la Reserva Federal. La gran incógnita de este período, en el que el balance de la Reserva Federal ha llegado a máximos históricos y la deuda del país ha superado todos los límites, es cómo salir del estímulo eterno. Y me temo que será con una crisis. Al haberse atraído capital de manera excesiva a los activos de riesgo, el pinchazo de la burbuja de deuda de los bancos centrales inevitablemente generaría un colapso bursátil, y con él nuevos problemas bancarios.

Como comentábamos en el capítulo sobre Hayek, «las crisis ocurren cuando la intervención estatal distorsiona los precios, la información, lo que acaba generando inflación y recesión, mayor desempleo».

Mike Whitney, coautor de Hopeless: Barack Obama and the politics of illusion (AK Press), aporta una visión menos grata: «La locura monetaria es un subterfugio para esconder la misma política de goteo y reformas de vudú que han aumentado la pobreza, ampliado la desigualdad y creado problemas sociales dondequiera que se haya implementado». Cuando habla de goteo se refiere a la percepción de algunos economistas de que si se hace más ricos a los ricos, los pobres se benefician de ello. En Estados Unidos, efectivamente, los resultados de esta política han supuesto un enorme aumento de la riqueza en Wall Street y de los que pudieron comprarse casas. El resto se rasca la cabeza, preguntándose: «¿No había un helicóptero repartiendo dinero para todos? ¿Dónde está lo mío?». Y uno cree oír la respuesta: «No se preocupe, que ya llegará, tenga paciencia»; mientras, se gastan otros 85 000 millones de dólares.

En octubre de 2013, la administración Obama alcanzó de nuevo el máximo de deuda permitido por el Congreso, lo que se llama el debt ceiling (techo de deuda): 16,7 billones de dólares. Eso a pesar de las subidas de impuestos, recortes de gasto y «crecer» un 2 %. En su mandato, el techo de deuda se ha incrementado tres veces, al haber sobrepasado en 3 billones de dólares el máximo permitido cuando llegó al gobierno. Y el incentivo perverso se mantiene, puesto que desde que se instauró ese máximo, todos los presidentes lo han sobrepasado. Reagan superó el techo de deuda 17 veces, pero el total acumulado no se acerca a las cifras de otros presidentes. De hecho, todos aumentaron el límite en varias ocasiones.

Siempre nos dicen que Reagan destruyó la economía de Estados Unidos endeudándose. Sin embargo, merece que analicemos las cifras de déficits creados por cada presidente entre 1982 y 2013.

Los déficits en Estados Unidos por presidente (fuente: National Bureau of Statistics, Kimberly Amadeo) son:

Barack Obama. Primer mandato: 5,1 billones de dólares. Segundo mandato, hasta 2013: 1,93 billones.

George W. Bush. Primer mandato: 1,27 billones. Segundo mandato: 2,03 billones. Total: 3,4 billones.

Bill Clinton. Total: -63 000 millones (superávit).

George H. W. Bush. 1,03 billones.

Ronald Reagan. Primer mandato: 733 000 millones. Segundo mandato: 679 000 millones. Total: 1,4 billones.

Cada vez que oigo a nuestros políticos o economistas decir que deberíamos copiar a Estados Unidos, pienso: «Sí, por favor, pero en todo». La política de la Reserva Federal no es un derecho, es un lujo que se permite el que lidera, y da confianza a todo el mundo, aunque se equivoque.

Barack Obama dijo sobre Reagan: «Nos puso en un camino totalmente diferente porque el país lo necesitaba. Con todos los excesos de los años sesenta y setenta, el gobierno había crecido y crecido, pero no tenía sentido de responsabilidad. Reagan tocó una fibra sensible del pueblo. Queremos claridad, optimismo y volver al espíritu dinámico y emprendedor que nos faltaba».

Imitar a Estados Unidos, pero en libertad, en iniciativa privada, en impuestos bajos, en defensa a toda costa de la propiedad privada, en la mínima intervención del Estado y en los principios y valores que han generado mayor prosperidad, innovación y fortaleza. Saber que el sueño americano existe, y que sea quien sea el político que mande, si usted se esfuerza, puede llegar. Y puede fracasar, pero el fracaso no se ve como un estigma, sino como una oportunidad. La oportunidad de aprender de los errores, y salir más pujante y más fuerte que nunca.

Nos subimos al avión, porque he aprendido mucho de Estados Unidos. En el periódico que nos ofrecen, leemos un artículo de opinión que sentencia «hay que imitar a Japón, mira cómo crecen». Habrá que ir a Tokio, la ciudad con el PIB más alto del mundo. Nos embarcamos hacia el Narita International, que tenemos una cita.

12
Japón. Nuevo perro, viejos trucos

«Mi tamaño se lo debo a los donuts de chocolate».

JOHN BELUSHI.

«La enorme apuesta del Banco de Japón de acelerar los estímulos monetarios no va a cambiar la economía, sin embargo, envían al país a la quiebra».

TAKESHI FUJIMAKI.

«¿Qué queremos?». «!Copiar a Japón!». «¿Cuándo lo queremos?». «¡Ahora!». «¿Vamos a currar como japoneses?». «¡Después del puente!».

En Japón se puede degustar un plato delicadísimo y aparentemente exquisito. Se llama fugu, un tipo de pescado. El fugu solo tiene un problema. Tiene unas glándulas entre la piel y la carne que contienen un líquido extremadamente venenoso. Si la piel no se retira con sumo cuidado y lo hace alguien experto, unas pocas gotas de dicho líquido pueden causar la muerte.

Un amigo mío de Tokio me dijo: «No hay que preocuparse, casi nadie muere comiendo fugu. —Solo unas cincuenta personas al año—. De hecho, casi todas extranjeras». Ya me quedo más tranquilo.

Mi compañero Matt ha probado el fugu, y asegura que sabe «a pescado crudo». Sin embargo, cada año miles de japoneses pagan cifras astronómicas por sentarse a una mesa y llevar a cabo esta especie de ruleta rusa culinaria para comer algo que sabe «como todos los pescados».

Otra curiosidad del maravilloso país son los famosos «pintores de paredes». El Financial Times mostraba su sorpresa al conocer el caso de muchas empresas sobredimensionadas en las que en vez de reestructurar la fuerza laboral, los trabajadores, con tal de encontrar algo que hacer, pintaban una y otra vez la misma pared. Como hemos comentado antes, Keynes mencionaba que una manera de recuperar la actividad económica es hacer zanjas y luego taparlas. Todo sea por el empleo. Cuando se lo comenté, mi hijo Jaime, con once años, me dijo: «¿Y por qué hacen agujeros? Cuesta mucho dinero taparlos y luego no queda bien».

Japón es un país magnífico, una economía absolutamente espectacular y con una valiosísima combinación de innovación, tradición, esfuerzo, trabajo incansable y sacrificio. No en vano es una nación en donde las huelgas se llevan a cabo trabajando más. Es un deshonor contribuir a que la empresa vaya mal.

Cuando yo era estudiante, me encantaba leer a Mishima, y disfrutar de las películas de Kurosawa y Oshima. Me fascinaba la autodisciplina y el énfasis de su cultura en el castigo y el sacrificio. Ryuichi Sakamoto, compositor mundialmente conocido, comentaba en el Asahi Shimbum: «El gobierno se refiere sin parar a su deseo de defender el bienestar de la población. Pero la población no tiene posibilidad de verificar si es cierto o no».

Estos ejemplos de fe ciega y sacrificio me recuerdan todo el tiempo la razón por la que Japón, una cultura milenaria, se ha encaminado lentamente hacia el precipicio financiero.

El enorme desarrollo económico de Japón se llevó a cabo precisamente por la apertura, liberalización y necesidad de competir con naciones muy avanzadas. Y lo consiguieron de manera ejemplar. Con un esfuerzo colectivo enorme, a sabiendas de que un país se convierte en una potencia mundial solo con tecnología y competitividad. Y ahorro. Los japoneses son ahorradores ejemplares. El endeudamiento y el gasto superfluo se consideran un deshonor. Excepto en el Estado. Con la excusa del «pacto social», Japón se encamina a un 245 % de deuda sobre el PIB.

La deuda soberana japonesa supera en 24 veces sus ingresos fiscales. Por comparar, la norteamericana es seis veces sus ingresos, y la europea, ligeramente superior a la estadounidense.

Desafortunadamente, dejando en manos de unos gobiernos cada vez más intervencionista, y creando un tejido de «intereses especiales», como lo llaman en Japón, es decir, clientelismo e ineficiencia, el país nipón se ha convertido en un experimento de neokeynesianismo que haría temblar al propio Keynes porque solo se centra en sostener un Estado hipertrofiado.

En 2013, tras dos décadas perdidas de estancamiento y estímulos fallidos, el primer ministro Shinzo Abe decidió redoblar la apuesta, y ante los fracasos de los experimentos anteriores, repetir. Recuerden. No se ha hecho suficiente. Hay que repetir. Hay que hacer más. Y vaya si lo hizo.

El plan, conocido como «Abenomics», inspirándose en un proverbio japonés que dice «tres flechas no pueden romperse», se sustenta en tres «flechas»:

Un estímulo monetario sin precedentes que busca imprimir moneda, duplicar la masa monetaria en diez años, y baja los tipos de interés casi a cero por ciento. ¿Qué pretende? Que los japoneses, ahorradores como son, dejen de ahorrar y gasten, y así la inflación suba al 2 %.

Gasto público y políticas fiscales que estimulen la demanda. Un plan de obra civil que modernice la red de infraestructuras, que se mantiene sin tocar desde los años cincuenta, y deducciones fiscales a empresas que inviertan en I+D, contraten nuevos empleados o paguen salarios superiores.

Políticas de crecimiento sostenible. Para ello se ha creado un grupo de expertos que en los próximos años proponga medidas al gobierno.

El lector avispado se habrá dado cuenta de algo curioso en estas tres flechas —que fueron anunciadas separadamente, para añadir dramatismo, como en el teatro kabuki, en el que el final se alarga para mantener la tensión—: lo detallado de la primera, lo impreciso de la segunda y lo vago de la tercera.

La primera, imprimir e introducir represión financiera y ataque al ahorrador, es extremadamente detallada e inmediata. Se ataca al ahorrador haciendo que su dinero, guardado, valga cada vez menos, por la devaluación, y le genere menor rentabilidad, por los tipos casi cero.

La segunda está más sujeta a interpretaciones, y busca justificar la enorme intervención estatal en la economía, que es precisamente lo que ha llevado a la pérdida de competitividad, que ahora persiguen mejorar.

¿La tercera? Pues lo malo de la tercera flecha es que es algo así como la carta a los Reyes Magos. Usted escriba, y ya veremos. Y al no introducirse un programa ambicioso de liberalización, de recorte de gastos y de dinamización y competencia, de volver al libre mercado que puso a Japón como ejemplo de país que se podía comer a los gigantes globales, me temo que está destinado a ser un fracaso. Porque tres flechas que son en realidad una y dos palitos se rompen, fácilmente.

Abenomics es como cubrir de chocolate un pimiento de Padrón picante. Cuando lo muerdes, sigue sabiendo a pimiento.

Jasper Koll, jefe de análisis de JP Morgan de Tokio, explica que «la tercera flecha nunca iba a ser una bala mágica porque liberalizar significa cambiar la mentalidad y pasar de intereses creados y clientelismo a inversión de nuevos entrantes y competencia. Estamos en un país obsesionado por crear el capitalismo al estilo japonés en vez de una economía de mercado. Japón es Japón» (fuente: Bloomberg).

Los primeros aplausos a Abenomics hablan de «crecimiento del 1 %» en el primer trimestre de 2013. Olvidando lo cíclica que es la economía japonesa y que en 2012 también creció el 1 % sin estímulos monetarios. La inversión productiva sigue a mínimos de 2012.

Nuevos aplausos nos hablan de incrementos del 10 % en las exportaciones, olvidando que las importaciones han crecido un 11 %, llevando el déficit comercial a máximos históricos.

Por sí solo, imprimir moneda no hace nada más que retirar dinero de los ahorradores para mantener a los sectores endeudados o rescatar a las empresas que no generan márgenes positivos y se ven incapaces de competir, haciendo que sus productos sean artificialmente baratos. Por ejemplo, los coches. No se mejora el proceso productivo ni se racionalizan los costes, se devalúa el yen, y lo que era un coche caro y poco atractivo, se hace mágicamente barato al que lo compra en dólares o euros, que se aprecian contra la moneda japonesa. Un éxito. Hasta que el efecto placebo inicial se disipa cuando el competidor lanza un producto más atractivo por tecnología, diseño y prestaciones. Bajar precios no ayudó a Sony a competir con Apple o LG.

Un conocido blog («Macro Man») llama a esta política «el gas de la risa japonés», porque crea una falsa ilusión de felicidad. Yo lo llamo Manga monetario, en honor a los magníficamente fantásticos e inverosímiles cómics del país nipón.

Los defensores de esta política se encuentran con dos problemas: la evidencia del fracaso de los experimentos de las últimas décadas y, sobre todo, que si el resto de países se lanzan a la misma locura, los efectos colaterales serán simplemente impredecibles. En cualquier caso, el «experimento» lo pagará usted.

FIGURA 4.

Balance del Banco de Japón.

Fuente: Credit Suisse.

Sin embargo, algunos economistas muy reputados dicen que deberíamos hacer lo mismo. ¿Por qué?

La explicación simple es que dan por supuesto que si se imprime dinero, se inunda de liquidez el sistema, se estimula la economía productiva, el ahorro se ve forzado a reinvertir, mejora la situación de deuda del país, baja el coste de la deuda de las empresas, se reduce el paro y se evita la deflación. ¡Qué maravilla! Todo a la vez. El bálsamo de Fierabrás. No hay que cambiar el modelo económico de baja productividad, ni el gasto ni las ineficiencias. Con devaluar y estimular vale. ¿No? No, porque no ocurre.

Los datos de Japón son contundentes y deberían llevarnos a calibrar muy cuidadosamente los cantos de sirena de la solución fácil.

FIGURA 5.

Historial de estímulos de Japón.

Fuente: Nomura.

El Banco de Japón lleva comprando deuda desde 2010, y haciendo estímulos desde 2001.

Tras 45 billones de yenes gastados y años de aplicar las políticas expansivas:

Según el FMI, Japón alcanzará una deuda sobre el PIB del 245 % en 2013, subiendo por sexto año consecutivo. Aunque aún sea bajo, el riesgo de impago, curiosamente, se ha disparado entre febrero y abril.

El gasto público es insostenible. En 2013, las necesidades de financiación del país superan el 60 % del PIB, comparado con un 25 % de Estados Unidos. La deuda pública japonesa supera en veinticuatro veces a los ingresos fiscales del país.

El déficit comercial alcanza un récord de 64 000 millones de euros. Esto es importante porque el principal socio comercial de Japón es China, y la decisión de atacar monetariamente de manera tan agresiva puede suponer un tiro por la culata si China reacciona. Japón, además, importa 87,3 millones de toneladas de gas y 3,6 millones de barriles al día de petróleo, que paga en dólares. Devaluar el yen solo supone crear inflación en su factura energética. Lo comido por lo servido.

El paro no ha bajado, manteniéndose en la media de 2003-2012. De hecho, entre 2007 y 2013 ha subido del 3,83 % al 4,42 %.

El Banco de Japón ha llevado políticas expansivas desde 2001, sin embargo, el crédito se ha estancado a niveles de 2003 y lo acapara el Estado —deuda pública— y los megaconglomerados. Se sostiene a las industrias de baja productividad. Devaluar y estimular perpetúa los modelos poco competitivos y saca dinero del bolsillo del ahorrador, solo para que esos sectores puedan mantener su actividad unos años más, pagar impuestos e intentar sostener un gasto público enorme.

El problema del gasto público aumenta por una pirámide de población que el propio primer ministro Abe considera «insostenible». Es una bomba de relojería sobre un sistema de pensiones y gasto que solo se ha sostenido porque el ahorro de los japoneses se invertía en deuda soberana. ¿Qué ocurrirá ahora que el ahorro se penaliza? El gobierno cuenta con que los ingresos por exportaciones suplan el problema, sin embargo, puede que esos ingresos fiscales no lleguen de la manera esperada, ya que los márgenes de las empresas no aumentan. Tal vez vendan más fuera, pero los costes de importación se disparan. Los costes energéticos en Japón han subido un 26 % en 2013.

Un analista japonés de JP Morgan comentó en CNBC: «Abenomics no me sorprende porque no tengo amnesia. Es lo mismo de siempre». Entonces, ¿por qué se hace?

Como les he comentado, los japoneses ahorran mucho. Su dinero está en depósitos y moneda, un 56 % del total. Hay que meter la mano en ese bolsillo…, devaluando. Pero los japoneses, igual que los europeos, ante las políticas de intervención no invierten ni gastan más.

El gran problema es la velocidad del dinero, que es la frecuencia con la que una unidad monetaria se gasta en nuevos bienes y servicios producidos en el país en un período específico. La velocidad tiene que ver con la cantidad de actividad económica asociada a una determinada cantidad de dinero.

Pues bien, la velocidad del dinero se desploma porque dicho capital se queda todo en bonos de Estados y bancos extremadamente endeudados, no fluye a la economía real. La desconfianza del consumidor y del empresario no se disipa manipulando las variables monetarias porque la mayoría teme que detrás vengan shocks de deuda y subidas de impuestos. Cuando repetimos los errores del pasado, la gente no se olvida, no cree en los cantos de sirena y sigue ahorrando o no gastando. Si la solución es siempre la misma, y en el pasado no ha generado mejoras, los ciudadanos y las empresas aprenden, se vacunan y no muerden el anzuelo. El instinto de autodefensa es más fuerte que el impulso de gastar por indicación gubernamental.

La economía japonesa es extremadamente dependiente del ciclo económico global —comparado con Estados Unidos o Reino Unido, el doble de correlación de beneficios empresariales que la producción industrial global— y genera unos márgenes muy bajos. Varias de sus grandes empresas obtienen rentabilidades muy por debajo de su coste de capital. Exportan, pero casi no generan ingresos fiscales —por los bajos márgenes— para sostener un Estado hipertrofiado y una población envejecida.

La decisión del Banco de Japón es como un enorme especulador endeudado decenas de veces con una sola apuesta: que Japón volverá a exportar con rentabilidad y a generar ingresos fiscales suficientes a costa del resto del mundo. Esa apuesta es exactamente la de todos los países de la OCDE. Solo que mucho más apalancada. Hecha con el dinero de las generaciones futuras.

No nos engañemos, Abenomics puede tener algunos beneficios sobre el resto de las economías:

Si los inversores japoneses compran deuda de países europeos, bajan las primas de riesgo, pero se encuentra con un problema: las propias necesidades de financiación del Estado japonés.

Que los ahorros de los japoneses, buscando huir de la devaluación, vayan a proyectos y acciones o bonos globales, europeos en particular. Pero el riesgo es que ese dinero falso, como el de los QE, se queda en activos de riesgo financieros a corto plazo, no va a inversiones productivas reales a largo plazo.

Y una desventaja. Al apreciarse el resto de las monedas, Japón busca rascar del barril de las exportaciones de los demás. Pero eso no es un problema si el resto compite en calidad y tecnología, no en coste de productos de bajo valor añadido. Precisamente esa competencia es la que ha desbancado a Japón de muchos podios exportadores.

Las consecuencias de seguir la política monetaria japonesa son claras:

Las deudas de los países no se reducen, se disparan. Con más dinero, gastan más, dejan de reformar y mantienen modelos improductivos.

Se vuelve, como en 2001, a incentivar la toma de riesgo financiero excesivo, pero en un momento en que los bancos, empresas y familias están aún muy endeudados, lo que puede llevar a shocks superiores en economías aún muy frágiles.

Igual que en el Japón de las dos décadas perdidas, veríamos que los grandes problemas no cambian y no se reforma. Entonces, Japón perdería su apuesta y no solo seguiría en una situación insostenible, sino aún más débil.

A la hora de crecer y garantizar la prosperidad, la cuestión no es engordar, como la cita de John Belushi que encabeza este capítulo, con calorías vacías, dinero falso y gasto inútil, sino de fortalecerse y rectificar los errores del pasado.

Estados Unidos gasta 85 000 millones de dólares mensuales en su programa de estímulos. Japón gasta 70 000 millones cada mes, y su economía es un tercio de la magnitud de la norteamericana. Ese dinero tiene que repagarse, sea en crecimiento o con inflación, y para no crear enormes distorsiones en la economía debería generar un crecimiento anual del 5 % o 6 %. Es enormemente peligroso aumentar la masa monetaria un 38 % para crecer el 2,5 %.

Japón puede recuperar su puesto de privilegio en el mundo y crecer, pero lo hará, como lo hizo en el pasado, llevando a cabo una profunda reducción del gasto público, no gastando los ahorros del sector privado y gastando aún más. Según Nomura y el Ministerio de Finanzas, entre 1990 y 2011 el gasto público se disparó un 30 % mientras los ingresos tributarios caían un 33 %, creando un déficit cíclico acumulado de 315 billones de yenes. Ese problema de un Estado desproporcionadamente caro no se va a solucionar con una devaluación del 20 %, ni del 50 %. Porque, igual que hemos visto en Estados Unidos, se gastará más y la deuda no baja. Los incentivos perversos.

En agosto de 2013, la deuda de Japón alcanzó la cifra de 1 000 000 000 000 000 de yenes. Mil billones. Quince ceros.

Así cerramos nuestra visita a Japón, metiendo en la maleta la experiencia de un pueblo trabajador hasta la extenuación, ahorrador y responsable. Y sacando el unicornio del gas de la risa monetario como solución a la deuda de quince ceros, quince, que soporta el país. Así hacemos espacio para un viaje hacia la responsabilidad crediticia… Nuestro pasaporte ya cuenta con el visado: «Las deudas se pagan».

13
¡No paguemos las deudas!

«Hay tres tipos de personas, las que tienen, las que no tienen y las que no pagan lo que tienen».

EARL WILSON.

«Diez millones de dólares después de hacerme rico y famoso, estaba profundamente endeudado».

SAMMY DAVIS JR.

«¿Qué queremos?». «¡Impago!». «¿Cuándo lo queremos?». «¡Ahora!». «¿Y dejamos de pedir prestado?». «Pero ¿tú eres tonto o qué?».

Vamos a hacer un largo viaje desde Tokio a lo que llaman un paraíso fiscal, Gran Caimán. Así que tenemos que prepararnos. Hay mucho tiempo para leer. Sobre impuestos, endeudamiento, gasto… La prensa nos cuenta los enormes problemas de deuda de familias y empresas, y los gurús diablillos me dicen al oído «no pagues, que no pasa nada», «la culpa es de ellos que te prestaron», «tú eres la víctima», «así puedes volver a gastar». Y me acuerdo de 1992, año en que me compré un piso.

Comprarse un piso en 1992 era una odisea. Recuerden que, aparentemente, esa era la época del «capitalismo salvaje». El banco ofrecía a los clientes «especiales» una hipoteca al 13 % a veinte años, el montante que te concedían era inferior a un valor de tasación que analizaba una empresa independiente. Ese valor de tasación era siempre inferior al precio de venta. Es decir, el que se hipotecaba debía contar con avales, una entrada muy relevante, pagar unos intereses altos y conocía a la perfección los riesgos que asumía. El día que yo firmé mi hipoteca, el notario me leyó una ristra de riesgos que casi hacen que me fuera corriendo. Yo sabía, como cualquiera, que la responsabilidad crediticia es fundamentalmente del que recibe el préstamo.

Solo doce años después, las hipotecas se ofrecían por el 120 % del precio de venta, a un tipo de interés irrisorio, cercano al 5 % y a cuarenta años.

Un amigo me contaba que había que invertir… «Los pisos nunca bajan, tú pon dinero para una entrada y antes de pagar el piso, lo vendes y doblas la cantidad invertida».

La ilusión de riqueza que genera el endeudamiento es una de las mayores trampas que nos encontramos en la vida. Se nubla la prudencia inversora, se baja la guardia y, además, ese endeudamiento suele tomarse en épocas de bonanza, pensando que nunca habrá un problema. Sí, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Porque nuestra percepción de lo que son dichas «posibilidades» estaba nublada por el acceso a un crédito que abrazamos con pasión. Ejemplo de ello es que las familias pasaran de endeudarse un 33 % máximo de su renta disponible, es decir, de sus ingresos netos, a un 60 % de sus ingresos brutos.

Sin embargo, la gente es responsable y asume sus errores. En España, la mora hipotecaria no supera el 3,5 % de las deudas vivas a pesar de ser un país en el que la propiedad inmobiliaria es de las más altas de la OCDE, y donde el total de hipotecas vivas es casi un 60 % del PIB. Según el Banco de España, los desahucios no llegan a 15 000 en primera vivienda. Quince mil. Solamente. Sin embargo, la solución que nos proponen es dejar de pagar las deudas.

Ya en una canción de 1989, This Old House, Neil Young describía el drama de las hipotecas ejecutadas por los bancos inhumanos. Casos similares pueblan la cultura popular, por ejemplo, Las uvas de la ira, de John Steinbeck, de 1939.

No vamos a obviar el drama humano que suponen los desahucios, pero tampoco me parece que debamos concentrar toda nuestra solidaridad en el que se endeudó y compró con una hipoteca, sin incluir en nuestro pensamiento a los que ahorraron y no se entregaron a la fiesta inmobiliaria de «a largo plazo todo sube», o a los que alquilaron y también perdieron sus casas. Dramas personales de una crisis que, sin embargo, no se soluciona con subvenciones, impagos, cambiar reglas retroactivamente y dar la patada hacia delante. Se debe buscar una solución de mercado y prevenir. Con cultura financiera y conocimiento del riesgo.

Todos los actores de esta década de borrachera en la que nos entregamos a la quimera de pensar que todos éramos ricos tienen una parte de culpa. Y todos deben asumir su parte. Pero no debemos olvidar que hemos rescatado a las cajas —todas públicas— con dinero del Estado, ni que la banca es un negocio de imagen. Por lo tanto, la asimetría de condiciones percibida entre culpables de la burbuja puede generar enormes repercusiones futuras por la justificada indignación de la opinión pública.

Pero conviene repetir que la responsabilidad crediticia no es compartida a partes iguales entre el prestatario y el prestamista. Nunca lo ha sido. El que pide prestado debe saber dónde se mete y siempre dar por sentado que puede perder todo su dinero. Por algo es el que pide. Nadie obliga a pedir prestado.

Recordemos también que en España las hipotecas eran baratas, accesibles y generosas en sus condiciones porque se avalaban con la totalidad de los bienes de la persona que las contrataba. En realidad no eran «hipotecas», la enorme mayoría son préstamos personales con garantía hipotecaria. Una enorme diferencia.

La dación en pago ha existido siempre, lo que pasa es que hacía las hipotecas más caras y por menos años. Por lo tanto, el público no las quería. Muchos contrataron una y escucharon en casa o el trabajo que estaba tirando el dinero. «A largo plazo todo sube», «te dan el 120 % del precio del piso durante 35 años y vas y lo rechazas». La información es esencial y valorar todos los riesgos que nos comentan es prudencia. Luego nos convencemos… «pero hombre, si pasa cualquier cosa vendes la casa y te sacas un beneficio». Burbuja.

El banco no es tu amigo, no es tu familia y no es una ONG. Creer con los ojos cerrados lo que nos cuenta el que nos vende un producto es igual que ir a un supermercado y comprar sin leer los ingredientes y el precio.

El derecho a una vivienda digna no es el derecho a «comprar» una vivienda digna.

El cuento de que alquilar no es una opción es parte de la cultura burbujera. «Quiero algo mío», cuando la propiedad no existe hasta que la deuda se cancela.

Precisamente, porque hemos tenido un sistema como el nuestro, se ha disfrutado de unas condiciones para el inquilino, tanto en precio como en derechos, francamente inigualables comparado con países de nuestro entorno.

Todo ello no exime de responsabilidad al que prestó mal, que debería haber quebrado para limpiar el sistema. Pero decidimos rescatarlos. No le quita responsabilidad el incluir condiciones muy agresivas de intereses de demora —a todas luces exorbitantes— para «dar facilidades». No olvidemos que esas cláusulas abusivas, que con razón hoy debatimos tras la sentencia de un tribunal europeo, son consecuencia de unas condiciones extremadamente agresivas también en la facilidad de concesión de hipotecas. Es decir, ofrecían una hipoteca a 35 años con un 120 % del precio del piso y cómodas facilidades y, para cubrir el riesgo, imponían una penalización excesiva. Un mal negocio para el comprador y su riesgo, y para el banco y su balance hoy.

Tampoco exime de responsabilidad a un gobierno que permite que el mercado inmobiliario sea opaco, donde no se pueden contrastar precios de venta de inmuebles, sobre oferta y demanda real en una base de datos independiente, o que los tasadores valoren los inmuebles sin indicadores claros y contrastables.

De nuevo, la falta de libre mercado nos ayudó a perpetuar la burbuja con opacidad, cuentos de estadísticas inventadas, ministros que parecían portavoces de promotoras e informes de supuestos expertos diciendo que la «burbuja inmobiliaria es un mito».

Mucho cambiaría si analizásemos elementos tan simples como la rentabilidad por alquiler —si nos merece comprar o no—, la capacidad de pago si un cónyuge pierde el trabajo, el diferencial de renta disponible después de la hipoteca y el riesgo-beneficio de la inversión más grande que hacemos, normalmente. Pero no sería suficiente si además no dispone de bases de datos independientes con precios de transacción y oferta disponible de casas, con asesores hipotecarios independientes, que le ayuden a buscar la hipoteca que mejor se ajuste a sus riesgos y posibilidades y le alerte de sus pros y contras, en vez de depender de lo que diga el director del banco. Y, sobre todo, tasadoras independientes no involucradas en el negocio inmobiliario como parte beneficiada.

Si el banco ha aceptado una tasación incorrecta, la negociación con el cliente del préstamo de difícil pago debe tener en cuenta ese error de tasación. Igual que una empresa zombi que ha comprado acciones en otra compañía y hoy cuenta con pérdidas latentes, se busca una solución intermedia. Un acuerdo entre lo debido y lo que se puede pagar para evitar un efecto desplome del balance del propio banco, que es lo que va a terminar ocurriendo si no solucionan este problema de los desahucios por su propia cuenta y se introducen daciones en pago que hagan que lo que hoy es un sistema de hipotecas de bajo riesgo se convierta en una sangría de devoluciones de llaves.

Pero incluso si existieran todos esos —muy necesarios— requisitos, no se previenen burbujas si el comprador no entiende qué es el riesgo y que puede perderlo todo dependiendo de las condiciones.

El mercado inmobiliario ha mostrado una espectacular falta de profesionalidad por parte de todos los agentes. No olvidemos que una de las razones por la que todos esos mecanismos de transparencia no existen es porque tenemos una cultura de «zoco árabe», «de regateo a ver si así nos beneficiamos». Y así nos va a todos hoy.

Las burbujas siempre se alimentan de la percepción falsa de que el riesgo no existe.

Como negocio de imagen, la banca debe tener también la inteligencia de comprender que el coste-beneficio de buscar una solución de mercado a los desahucios es claramente atractivo para su negocio, de la misma manera que toma decisiones de refinanciar y mantener a las empresas zombi de comunidades autónomas y sectores —oigo la palabra y me pongo a temblar— «estratégicos», y así como invierte cientos de millones en publicidad y publica enormes e infumables informes de gobierno corporativo.

El sistema bancario acumula 640 000 millones de euros en hipotecas residenciales, con una tasa de préstamos de difícil cobro que se estima en un 3,5 %, una cifra sorprendentemente baja en un país donde el paro alcanza el 26 % de la población y la renta disponible se desploma entre impuestos crecientes e inflación.

Y son los bancos los que tienen que tomar las riendas antes de que salten las medidas «populistas» que implican más intervencionismo y hundirán las posibilidades de las generaciones jóvenes para poder comprar una vivienda. Puede llevar a consecuencias de enorme calado para todos.

A día de hoy, la banca se financia fundamentalmente con cédulas hipotecarias, precisamente por la percepción de un mercado con muy bajo riesgo. Si se implementan las medidas que piden los justificadamente indignados —dación en pago retroactiva, alquiler social garantizado a un máximo de la renta media— el sistema bancario se vería envuelto en un efecto dominó al aumentar sus tasas de mora (que ya se estiman, según AFI o BNP, en cerca del 13 %, incluyendo el banco malo) y perder la posibilidad de financiación, porque las cédulas hipotecarias se verían como excesivamente arriesgadas. Y, desafortunadamente, detrás de ello, en nuestro país vendría otro rescate. Doble pérdida para ciudadanos, hipotecados o no, y el sistema financiero hundiendo el crédito a pymes aún más.

En España he tenido la oportunidad de escuchar en muchas ocasiones a Ada Colau, representante de la «Plataforma de Afectados por las Hipotecas» defender la dación en pago y un sistema similar al norteamericano o británico. El error del que parte es pensar que la dación en pago es una solución y no un problema mayor. Sobre todo cuando las ejecuciones hipotecarias de primera vivienda son tan limitadas como comentaba antes.

La dación en pago retroactiva supondría inmediatamente hundir el acceso a vivienda o nuevas hipotecas a familias jóvenes, al encarecerlas de manera muy relevante, haciendo que no puedan aprovecharse de una bajada del precio de los pisos porque las hipotecas se hacen inaceptables. Esto ha pasado entre 2007 y 2009 en Inglaterra, por ejemplo. Además, le costaría a la banca otros 25 000 o 35 000 millones de euros en provisiones, tirando a la baja.

La dación en pago no es retroactiva en ningún sistema pero, sobre todo, es un drama cuando se aplica. En Estados Unidos o Reino Unido, la dación en pago es extremadamente inusual y va acompañada de un informe de quiebra y la imposibilidad de acceder a ningún tipo de crédito —sea una tarjeta VISA, comprar un coche o un préstamo personal— durante años, entre siete y diez.

De las burbujas solo podemos defendernos con sentido común y con análisis e información. Y, desde luego, no dependiendo de sectores interesados en mantenerla, aunque sea el gobierno o el banco que concede hipotecas mientras financia el suelo y a las promotoras.

Y desde los bancos, recuperar la cordura y evitar que lo que ya es un proceso difícil de limpieza de balances se convierta en una pesadilla de devoluciones de llaves y juicios interminables.

El coste de atajar los desahucios extremos hoy es muy pequeño comparado con el daño que genera al sistema completo y a generaciones futuras. Si escondemos la cabeza y esperamos que escampe, entonces será un problema enorme, que, en el peor caso, podría llegar a un 8 % o 10 % de las hipotecas vivas.

Debemos aprender a tomar las decisiones de inversión con nuestra información de manera independiente y, como en cualquier inversión, siempre desde la perspectiva de lo que podemos perder, nunca de lo que podemos ganar. En algún lugar, alguien está intentando crear otra burbuja. De nosotros depende evitarlo.

Con la deuda del Estado ocurre lo mismo. Decía Publilio Siro que la «deuda es la esclavitud de los libres», y cuando la acumulamos, siempre se justifica. Hasta que llega a un punto en el que es demasiado alta, entonces nos quejamos.

Una cosa que me sorprende es escuchar constantemente comentar las supuestas bondades de «relajar los objetivos de déficit» y destacar el «reparto del déficit», como si la deuda fuera una donación y no una responsabilidad.

Hasta que llega un punto en que la cantidad es inasumible y nos recuerdan que las deudas se pagan y que los préstamos sin condiciones no existen.

Recuerdo que en febrero de 2010 el embajador de España en Londres, Carles Casajuana, debatía en la BBC sobre los problemas de deuda de Europa con el Nobel Joseph Stiglitz y Hugh Hendry, gestor de Eclectica Asset Management (pueden verla en http://www.youtube.com/watch?v=sAAnV-AolTI).

Stiglitz decía que no había ningún problema para que Grecia o España paguen su deuda, que solo había que rebajar el coste de la misma, como si bajar las primas de riesgo fuera una decisión gubernamental. Decía que mientras los tipos sean bajos no existe riesgo, y que, por lo tanto, incluso con un 130 % de deuda sobre el PIB no habría ningún problema.

El exembajador, una persona magnífica que tengo el honor de conocer, afirmaba que la deuda de España era perfectamente asumible en un 66 % del PIB, y que el país había ahorrado en el pasado y necesitaba el déficit para atajar la crisis económica.

Desafortunadamente, siempre se escuchan los cantos de sirena. Y la justificación de Stiglitz era estupenda. No pasaba nada. Todos sabemos que la crisis de deuda llegó a niveles insostenibles, la deuda se ha disparado a más del 90 % del PIB, Grecia ha superado el 160,5 % del PIB, más que cuando se le perdonó parte de la deuda.

Siempre que visito España me dicen que Bruselas nos exige esto y aquello. Sin embargo, Irlanda no lleva a cabo la misma política y está también en la UE y con problemas similares. Desde fuera da la impresión de que Bruselas simplemente acepta resignada los incumplimientos, y ante el riesgo de la implosión de una economía tan grande, propone medidas de prestamista, que aceptamos de buen grado porque sostienen un Estado fragmentado e ineficiente, cuya reforma exige pelearse con muchos amigos y colaboradores.

La Unión Europea no solo piensa que el Estado español gasta demasiado, sino que gasta mal. Recomienda lo que todo el mundo pide a gritos, cortar gasto administrativo a todos los niveles, un plan de eficiencia de la administración pública. ¿El problema? Los incentivos perversos.

Siempre los aumentos de impuestos son inmediatos y los recortes de gastos diferidos. Y como en Bruselas están preocupados de que incumplamos, se decide «trabajar en una reforma tributaria completa y sistemática que sirva para reordenar el modelo fiscal español». Traducción: prepare la cartera, que vienen subidas.

El problema de las medidas de prestamista es que con tal de seguir con media cabeza fuera del agua, perpetúan modelos económicos endeudados y estructuralmente fallidos.

Los gobiernos piensan que la solución más cómoda es incumplir, esconder y extender, esperando que el año que viene pase todo. ¿Y si incumplen? Pasa al siguiente. Es el problema de la falta de responsabilidad crediticia. Por eso no se puede solucionar una crisis de balance con más gasto y mucho menos con quitas, porque se incentiva a gastar más y mal. La burbuja inmobiliaria y de obra civil suponía en el pico casi un 16 % del PIB. Eso, y no las entelequias de fraude fiscal que se cuentan, es lo que ha hundido nuestros ingresos. Una economía interconectada al ladrillo que generaba efecto multiplicador en infinidad de sectores, desde energía a telecomunicaciones y servicios. Intentar recuperarla es suicida.

Los parches crediticios de Bruselas evitan las medidas duras necesarias, retrasan la recuperación y ahogan más a empresas y familias con nuevos impuestos. Para el gasto siempre hay margen, pero para bajar impuestos e impulsar la economía, no.

Luego, cuando se entra en depresión, proponen más gasto público para «salir de la crisis» que ha creado el gasto excesivo. Primero ponen la zancadilla y después dicen que sin ellos usted no puede levantarse y andar.

Pero cuando se lleva la misma política durante años, cada vez duran menos los tiempos de bonanza y se extienden más los de crisis. Porque en períodos de crecimiento tiran las recomendaciones de Keynes —ahorrar en tiempos expansivos y bajar impuestos en recesión—. Al pobre John Maynard Keynes solo lo leen para gastar.

No es ninguna casualidad que el mayor crecimiento de paro, gasto estatal y deuda se produzca en países que disfrutan hoy de condiciones crediticias excepcionales, tipos mínimos históricos y todo tipo de paliativos a la hora de llevar a cabo reformas de calado. Los incentivos perversos de la generosidad del prestamista, ya que al final el que paga es usted, no el que gasta. Y mientras ocurre, esos países blindan sus estructuras anquilosadas atiborrándolas de «competencias» sin sentido.

Los problemas de balance no se solucionan solo con devaluaciones internas, porque se desploma la renta disponible, cae el consumo y el agujero de deuda se agranda. No se solucionan subiendo impuestos, porque se repele la inversión exterior. Y no se soluciona con más deuda. Porque mientras nos aferramos a los gastos de la burbuja, los ingresos fiscales de esa terrible época de la chequera en blanco no van a volver.

La salida de esta crisis empezará cuando los gobiernos europeos se den cuenta de que los ingresos que consideran «normales» eran producto de la expansión injustificada de crédito creada por el dinero gratis de la «construcción europea», y que dichos ingresos no pueden retornar cuando todos los agentes, Estados, empresas y familias, ya están muy endeudados.

De las crisis de balance solo se sale de tres maneras:

Con una enorme quita —y eso se lleva por delante no solo a nuestros bancos atiborrados de deuda soberana, sino nuestra Seguridad Social y nuestras pensiones, invertidas hasta un 90 % en bonos estatales—. Las quitas hunden la confianza inversora. No existe el concepto de quita «con confianza».

Con una devaluación enorme e inflación —el impuesto silencioso—. Y ya hemos visto la inutilidad de esas políticas en Reino Unido o Japón. No baja la deuda, de hecho aumenta, se gasta igual o más pero se empobrece a toda la gente, y tampoco evitan los recortes.

Recortando gastos y bajando impuestos, atrayendo capital inversor y recapitalizando el sistema con dinero extranjero. Es lento, pero limpia el sistema.

Las dos primeras benefician al aparato político, que se mantiene o incluso aumenta. De hecho, ante el destrozo económico que generan ambas, siempre se acude al «gasto público». Ya saben, primero zancadilla y luego «sin mí no puedes levantarte». Argentina sin petróleo. Pero ya no funciona. Los Estados europeos están tan endeudados que ya no pueden gastar centenares de miles de millones anuales en infraestructuras inútiles, y el coste de esas subvenciones y gastos desproporcionados sigue llevando a la desindustrialización y al paro, que son tan atroces que ponen en peligro el sistema completo.

Sin embargo, en nuestro viaje, mis amigos me recuerdan que Islandia llevó a cabo una política de no aceptar «las imposiciones del capitalismo» y ahora crece y se desarrolla sin el yugo de la deuda.

¿Islandia? Les pregunto. Islandia es más pequeña que Bilbao y sus necesidades financieras no superan a las del País Vasco. Pero les quiero presentar a alguien. Baldur Bjarnason es un islandés con un pequeño negocio de diseño de páginas webs. Se define como un damnificado más de la diáspora de talento joven que acarreó la salvaje crisis financiera que asoló Islandia en 2008-2009.

Harto de la cuestionable creencia generalizada de que «mi nación mandó al carajo a sus acreedores y al FMI, nacionalizó sus bancos, arrestó a sus directivos, condonó deuda a los particulares y disfruta de una economía en crecimiento», Baldur desmontó los mitos que en los últimos años han llevado a movimientos sociales a idealizar la isla.

Para ello Baldur escribió un magnífico artículo titulado «Qué es lo que realmente ocurre en Islandia, porque estoy harto de que difundan mentiras». («What is actually going on in Iceland» [because I’m tired of you people spreading untruths], disponible en http://studiotendra.com/2012/12/29/what-is-actually-going-on-in-iceland/).

En dicho artículo, se explica el intenso papel que localmente sigue ejerciendo el FMI, cuyas recomendaciones han sido implantadas y prueban que Islandia es un país intervenido.

Otra falsedad es la idea de que Islandia no rescató a los bancos. Les inyectó, solo a sus nuevos bancos nacionales, alrededor de 0,27 billones de coronas, casi el 20 % del PIB del país.

Pero la crítica más furibunda se produce cuando aborda la cuestión de la falsa condonación de las deudas a los ciudadanos locales.

Debido a la depreciación de la corona, el importe real de los créditos en moneda extranjera se duplicó con motivo de la crisis. Y si se ha producido su cancelación es porque los tribunales han determinado la ilegalidad de buena parte de ellos pese a la oposición del gobierno islandés ante la justicia. Del mismo modo, subraya que el ajuste del techo hipotecario —con eliminación del exceso existente hasta la entrada en vigor de la norma— se fijó en el 110 % del valor de la vivienda usada como garantía. Por lo tanto, los que debían más de lo que tenían no mejoraron su situación. Más bien al contrario, ya que las cláusulas antiinflación impidieron que los islandeses se beneficiaran de su impacto sobre las deudas en los momentos en que aquella se disparó.

Baldur se pregunta: «¿Por qué se considera a Islandia el paraíso del progreso? No lo sé. Solo estoy convencido de que les están mintiendo y de que los islandeses son especialistas en autoengañarse. Si no lo fueran, no se hallarían en este lío».

Y el ejemplo de Islandia nos lleva al eterno engaño de culpar de todo a las ayudas bancarias. Muchos achacan el problema de deuda de los Estados a los rescates financieros y al coste de la deuda, por lo tanto, la deuda es ilegítima. Como si el coste no fuera un elemento esencial para evitar desmanes y despilfarros como los del pasado. Y me parece cuando menos curioso que hace dos años decían que la deuda era asumible —para pedir más— y ahora decidimos que es ilegítima.

Conviene recordar que en España se ha rescatado a las cajas, que eran todas públicas y gestionadas por políticos. El truco era la dimensión «social» de sus inversiones. ¿Una ciudad del circo? Social. ¿Enladrillar una costa de apartamentos? Social. ¿Estatuas atroces en todas las plazas de España? Social.

El sector privado no ha recibido ninguna ayuda. Pero merece la pena resaltar que esos rescates no deberían haberse hecho. Porque se perpetúa un modelo bancario ineficiente y se premia al mal gestor, pero sobre todo porque pone en duda la solvencia de todo el sistema, incluidas las entidades sanas y sólidas.

En cualquier caso, el argumento de la deuda ilegítima simplemente no se sostiene. Se ha llevado a cabo un proceso de gasto sin precedentes, en el que un país como España, que jamás ha ingresado más de 410 000 millones, incluso en el pico de la burbuja, ha gastado año tras año entre 70 000 y 80 000 millones más de lo que gastaba en dicha época de la burbuja.

La quita ha demostrado ser completamente inútil en Grecia o Portugal, donde en cuestión de meses los niveles de deuda han vuelto a máximos históricos. En Grecia, a pesar de una reestructuración de la deuda del 53 %, 100 000 millones de euros «evaporados», el endeudamiento sobre el PIB se ha disparado de nuevo a 180 %, 320 000 millones. En menos de dos años se ha consumido toda la quita, y más. Grecia demuestra que la condonación de deuda no soluciona ni cambia modelos ineficientes, los mantiene.

De la misma manera, en muchos países latinoamericanos y en Asia, las reestructuraciones de deuda solo supusieron una patada hacia delante. Tras las quitas, los porcentajes de deuda sobre el PIB se disparan a máximos de nuevo, porque generan los incentivos perversos de volver a gastar de manera alocada y sin sentido.

Pero sobre todo, las quitas devastan el acceso a crédito de los sectores más necesarios para salir de la crisis, las pymes y empresas exportadoras. Solo por beneficiar al endeudado, el efecto de pérdida de confianza en todo el país que genera una quita se lleva por delante a los eficientes de manera injusta.

Recuerden Argentina o el propio Reino Unido o la crisis asiática: varios años de depresión posimpago. Olvidamos que dejar de pagar la deuda y seguir gastando implica que al día siguiente de la quiebra no hay relajaciones de déficit ni generosidad. Piensen qué recortes, hachazos, tendríamos si hacemos impago y tenemos que ajustar todo en un año. No, no hay otra solución.

Las deudas se pagan. Y para ello hace años se han dado facilidades inimaginables. ¿Qué hemos hecho con esas facilidades? Gastar más.

Miro el reloj y veo que todavía quedan horas de viaje y una charla sobre inflación e impuestos. Mi compañero de viaje me alerta de los enormes riesgos de la deflación, la caída crónica de los precios que es tan mala como la hiperinflación, porque destruye el crecimiento. Le escucho atentamente mientras pienso que tengo que tirar de la tarjeta de crédito para pagar las facturas de este mes, en el que me informan de que el precio del agua, gas y electricidad que consumo han subido un 7 %. No entiendo cómo, con esta horrorosa deflación, nuestros gastos corrientes han aumentado un 20 % en tres años. Debemos ser una familia derrochadora que vive por encima de sus posibilidades. Y pienso en todo esto de la «no inflación», recordando una de nuestras charlas de tabla redonda de Cotizalia.

14
La inflación que no existe pero usted paga

«Inflación es cuando pagas quince dólares por el corte de pelo que te costaba cinco dólares cuando tenías pelo».

SAM EWING.

«¿Qué queremos?». «¡Inflación!». «¿Cuándo la queremos?». «¡Ahora!». «¿Nos tomamos algo?». «¡No, que está todo carísimo!».

Un día estaba en una tertulia con unos economistas que alertaban sobre el riesgo de deflación. La frase más repetida era «buscar una inflación adecuada». ¿Qué es una inflación adecuada? «La que permite que poco a poco se vaya reduciendo el valor de la deuda». Muy grande, excepto que, en Reino Unido, el Banco de Inglaterra lleva creando una inflación anual cercana al 4 %, pero la deuda no baja. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Pensando que las soluciones mágicas van a solucionar problemas estructurales, se incentiva a ahondar en dichos problemas. Creyendo que se va a reducir deuda por el efecto mágico de la inflación, los gobiernos se olvidan de que las cosas cuestan más, los salarios suben, y al no reformar, el gasto simplemente no se modera.

La inflación es el impuesto silencioso. Si viene el gobierno y le dice que va a subir los impuestos un 4 % anual para repagar y financiar sus deudas, usted inmediatamente se enfada, los gobernantes se tienen que explicar, la oposición les critica, un infierno, vamos. Sin embargo, si le anuncian que «la inflación es del 2 % y hay que evitar el peligro de deflación», mientras ve que el recibo de la luz sube un 78 % en ocho años, el de las gasolinas un 56 %, el de los productos básicos año tras año, usted se lo cree y se une a la política «social» de «crear inflación». ¿Por qué? Porque se le convence de que hay una relación directa entre inflación y empleo. A principios de los noventa, en España teníamos un 25 % de desempleo con un 13 % de inflación, en Reino Unido el desempleo no ha bajado con la inflación subiendo del 2 al 4 %, pero no se preocupe, que la realidad no estropee una buena teoría. En realidad, lo que sin saberlo está haciendo usted es aceptar transferir su renta a los sectores endeudados, que se lo agradecen tomándolo como una donación encubierta, y gastando más.

Por eso, cuando la inflación llega a niveles de doble dígito, como en 1980, le dicen que es «endémica». Vaya, qué pena.

Friedrich Hayek escribió:

Al político guiado por la máxima keynesiana —ligeramente modificada— de que a la larga todos perderemos el cargo, no le preocupa si su eficaz remedio para el desempleo va a producir un paro aún mayor en el futuro, pues la culpa no recaerá sobre quienes crearon la inflación, sino sobre quienes la detengan. De ahí la expresión «es mejor tener un 5 % de inflación que un 5 % de desocupación». La postura optimista consiste en la posibilidad de esta elección, ya que, en principio, podría eliminarse fácilmente el problema de la desocupación. Sin embargo, la postura «agorera» sostiene que, luego del proceso inflacionario, las cosas resultarán peores que al principio, es decir, si se imprime dinero, o se emiten créditos, a un ritmo mayor al del crecimiento de la producción, buscando reducir cierto porcentaje de desocupación, al finalizar el proceso, habrá todavía mayor desocupación. (¿Inflación o pleno empleo?, Unión Editorial).

«La inflación es el impuesto sin legislación».

MILTON FRIEDMAN.

Lo «bueno» de la inflación es que es una media de un montón de cosas, si una sube un 19 % y las demás un 2 %, no hay problema. Curiosamente, son las cosas que en la ecuación «no importan» las que luego dan sorpresas. En las economías desarrolladas, fundamentalmente el coste de las materias primas.

Igual que en una fiesta donde todos los comensales son muy moderados, un par de salvajes borrachos pueden causar un incendio. Pero en algún momento nos han convencido de que «un poco de inflación es buena». Ese «poco» nunca se valora con respecto a la renta disponible, o a lo que usted consume. Solo con relación a la magnitud del problema de deuda acumulado por los gobiernos.

Sin embargo, nos dicen que no nos preocupemos por la política monetaria porque no hay inflación, y mientras sea así, se puede imprimir y endeudar.

Para decir que no hay inflación, hay que creer en los cálculos oficiales. En Estados Unidos, la manera de calcularla se ha cambiado más de veinte veces desde 1978.

De hecho, investigadores de Harvard y análisis que se publican en Shadow Stats calculan que la inflación real no es del 2 %, sino cercana al 8 %. El articulista norteamericano Ben Johnson analizaba con datos del Bureau of Labor Statistics el incremento de precios de la cesta básica desde 2002: Huevos +73 %, Café +90 %, Leche +26 %, Pan +40 %, zumos +43 %, margarina +143 %, carne +61 %, pavo +56 %, pollo +50 %, gasolina +158 %, electricidad +83 %.

En España, en un año, 2013, en el que nos bombardean alertando sobre la «falta de inflación» y el riesgo de deflación, el Índice de Precios al Consumo se situaba en +1,8 %. Pero en detalle, las patatas +37 %, aceite +24 %, frutas +22 %, legumbres +4,2 %, carne de cerdo +3,1 %, leche +3 %. La cesta de la compra: el famoso «¿sabe usted lo que cuestan los garbanzos?» que Manuel Fraga Iribarne repetía una y otra vez en el Congreso al atacar la política económica en los noventa.

Entre el mes de agosto de 2012 y el mismo mes de 2013, el precio de los alimentos básicos se ha disparado hasta un 30 %. El precio de las patatas y sus preparados ha aumentado un 31,2 %, el de las frutas frescas un 25,9 % y el de los aceites y grasas un 23,2 %, según se desprende de los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Vean la evolución de los precios desde la ruptura del patrón oro y la creación de la Reserva Federal usando como base 100 tres años.

FIGURA 6.

Evolución de la inflación usando tres años como base 100.

Fuente: Business Insider.

En aquella reunión de economistas, mi buen amigo Yosi Truzman, de Ahorro Corporación, me decía que «no hay inflación pero todo lo que pago sube y todo lo que gano baja».

En el caso español, el Instituto Nacional de Estadística revisa constantemente las ponderaciones, es decir, el peso de cada producto en la cesta de la compra. Los productos básicos ya suponen el 32 % del consumo, o lo que es lo mismo, dedicamos de media el 32 % de nuestra renta a comprar alimentos, energía y productos de higiene y limpieza. En 2008 era el 29 %. Desde ese año, esa parte de la cesta lleva subiendo a un ritmo anual del 7 % al 7,5 %.

Aun así, y aceptando las cifras oficiales, la inflación aparece donde se envía el dinero. Cuando el helicóptero monetario reparte entre el Estado —deuda soberana— y el sector financiero, la inflación aparece en los activos de riesgo, lo cual crea riesgos sistémicos: bolsas a máximos, bonos basura cotizando al mínimo riesgo histórico, materias primas, bienes de equipo, activos financieros, etcétera. De hecho, cuando analizaron las causas del bum de los años veinte y la depresión iniciada tras el crac de 1929, grandes economistas como Mises o Hayek nos advirtieron de la necesidad de estudiar la diferente evolución de los precios de los bienes de las distintas fases de los procesos productivos.

Juan Ramón Rallo comenta que «en el fondo, da igual que [el proceso de imprimir dinero] sea contra billetes de nueva impresión o contra depósitos en la Reserva Federal, los dos son pasivos del banco central estadounidense que sirven como moneda de curso legal para saldar las deudas privadas nominadas en dólares».

Pero generan otras distorsiones similares porque lo que ha aumentado son los medios de pago, que se consumen en deuda pública. Inflación en activos financieros.

Milton Friedman, explicaba que los gobiernos inducen la inflación al aumentar la cantidad de moneda más rápidamente que la producción. Las causas son tres:

Obligados a gastar, los gobiernos recurren al impuesto encubierto que es la inflación. La inflación es el único tributo que puede ser introducido sin que nadie deba refrendarlo mediante su voto. No solo es un impuesto directo, sino indirecto, porque a medida que la inflación avanza, el contribuyente se ve incluido en escalones cada vez más elevados de la progresividad fiscal, con lo que, sin necesidad de que la ley sea modificada, queda sometido a mayores tipos impositivos.

La segunda causa aludida por Friedman es el compromiso que los gobiernos suelen asumir de propiciar políticas de pleno empleo, recurriendo para ello a incrementos en el gasto público. Lo cual sería razonable si se consiguiera crear empleo, pero como hemos visto en Reino Unido, Japón, Estados Unidos, el empleo no mejora por estas medidas. No lo crea la política económica, sino la creación de riqueza, el dinamismo y la apertura de la economía. Cuando los empresarios y consumidores ven que su situación mejora. La intervención solo sustenta a la administración de esa política, que, como vimos en la Unión Europea, suele fallar estrepitosamente. Pero nadie pierde unas elecciones por haber gastado el 3 % del PIB en políticas de empleo y haber destruido millones de los mismos. Se hizo «con buena voluntad».

La tercera causa de la inflación la dan las erróneas políticas aplicadas por los bancos centrales, que creen que les incumbe controlar los tipos de interés. Al manipular el precio del dinero, generan las burbujas que nadie estudia en economía, porque los gobiernos y bancos centrales pierden más tiempo justificándolas que evitándolas.

Los gobiernos no provocan deliberadamente los altos niveles de inflación, son consecuencia indeseada de medidas intervencionistas que acumulan efectos indeseados al aumentar en exceso el gasto público. Lo bueno es que cuando se dispara la inflación, se le puede echar la culpa a los mercados, a los especuladores, a los comerciantes o a los banqueros judíos. ¿A quién culpó el primer ministro británico Wilson de la devaluación de la libra frente al dólar en 1967? Exactamente, a los de siempre…, a los especuladores.

FIGURA 7.

Precio del petróleo y del oro en períodos de estímulo monetario.

Fuente: Morgan Stanley. .

El gran problema de las políticas inflacionistas es que el causante jamás responde por sus consecuencias. O ha perdido su puesto en unas elecciones, o se presenta con un plan de «intervención» para solucionar el problema creado por él mismo. Como el villano de las películas de James Bond que se propone crear un virus mortal para luego vender por millones de dólares la cura a su crimen.

Por ejemplo, en 2013 el partido laborista propuso en el Reino Unido congelar las tarifas eléctricas. Curiosamente, cuando estaban en el poder, dichas tarifas se duplicaron sin que tomasen ninguna medida.

En general, los efectos de las políticas inflacionistas y las devaluaciones afectan de manera muy importante a los productos importados. Por ejemplo, en dólares corrientes, el precio del petróleo es hoy sesenta y cinco veces superior comparado con el precio de 1950; sin embargo, si en vez de observar el precio en dólares lo hiciéramos con relación al oro, hoy el precio del petróleo está en los mismos niveles que en 1950.

Ese factor de distorsión en las materias primas hace precisamente que se creen shocks inesperados, porque se supone que su precio es independiente de las políticas monetarias. Les recomiendo que vean la correlación entre planes de estímulo (QE) y precios del petróleo, es del 92 %.

Por ejemplo, cuando la factura petrolera supera el 7 % del PIB de la OCDE, invariablemente se produce una crisis, más o menos intensa.

Ustedes oirán constantemente que son los especuladores, comprando materias primas, los que suben el precio. Sin embargo, como teoría conspirativa tiene un problema. Los especuladores compran productos financieros ligados a la evolución del precio de la materia prima, no el petróleo, gas, carbón o trigo físico. Esto hace que el especulador tenga un riesgo dependiendo del precio del activo físico en el mercado real, no que provoque el movimiento del precio. Por ello todas las investigaciones de la CFTC (Commodities Futures Trading Commission) y del Congreso han concluido siempre que no hay relación directa entre precio y activos financieros. Pero la teoría conspirativa se rompe definitivamente porque los especuladores también toman posiciones bajistas, y en enormes cantidades.

Además, la inflación es mucho más que el índice de precios al consumo, y muchísimo más que el IPC oficial. La inflación de activos de riesgo, sean bolsas o bonos, crea las mismas distorsiones y los mismos efectos negativos, pero también crean un efecto «llamada». Un canto de sirena que afecta a la percepción de valor, de riesgo y de futuro. Nos acostumbramos a que la inflación es buena porque olvidamos el desastre que era sufrir niveles del 10-12 %.

La realidad es que el empleo depende de muchos factores, pero sobre todo del consumo y de la seguridad económica, la libertad para crear riqueza. Intentar crear inflación ha demostrado ser inútil para reducir deuda, lo hemos visto en Reino Unido, y no digamos en países latinoamericanos.

FIGURA 8.

Inflación, tipos de los bonos del Estado y desempleo.

Fuente: Universidad de Harvard.

¿Por qué se desploma la velocidad del dinero? La velocidad del dinero mide la actividad económica. Cuando la gente percibe entornos inflacionistas manipulados, se hunde la inversión productiva, por desconfianza e incertidumbre. Es exactamente lo que está ocurriendo hoy en día. El dinero falso que se crea se va a activos financieros. No es nuevo, ha ocurrido siempre en los procesos preinflacionistas.

Henry Hazlitt, filósofo y economista, ya decía en 1969: «Todos los países funcionan bajo el supuesto de que algo de inflación y algo de aumento de masa monetaria son necesarias para prevenir la recesión». Y sin embargo, las recesiones siguen ocurriendo. Porque los Estados nunca piensan que la intervención es excesiva, siempre hay alguien que la justifica, y, lo más importante, siempre hay algún demonio extranjero a quien culpar de las consecuencias.

Paul Volcker, que fue director de la Reserva Federal con Jimmy Carter y Ronald Reagan, decía el 29 de mayo de 2013 que «el supuesto que se esconde bajo el canto de sirena [de la intervención monetaria] es que la tasa de inflación puede manipularse para alcanzar objetivos económicos. Subirla hoy, un poquito más después, y reducirla más tarde, según convenga. Les deseo buena suerte si lo creen. Todas las experiencias pasadas demuestran que la inflación, cuando se crea deliberadamente, es difícil de controlar y revertir».

La búsqueda de la inflación como panacea para recuperar el empleo es, simple y llanamente, un subterfugio para sacar dinero del bolsillo del asalariado, del ahorrador, y ponerlo en el bolsillo del Estado endeudado.

Ese Estado endeudado que ante la imposibilidad de reducir su deuda, y seguir consumiendo recursos eternos en un barco donde hay cada vez más capitanes que marineros, recurre a la excusa de «no podemos hacer otra cosa», y les dice a ustedes que «no hay más remedio» que subir impuestos.

Como tenemos horas de viaje, pensemos un poco en ese paradigma. El de los impuestos, tributos, etc. Porque vamos llegando a las Islas Caimán.

15
Bajar impuestos, ya

«Una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse tirando del asa».

WINSTON CHURCHILL.

«¿Qué queremos?». «¡Más impuestos!». «¿Cuándo los queremos?». «¡Ahora!». «¿A quién se los subimos?». «¡A ti!».

Desde que empecé a trabajar, la presión fiscal en la Unión Europea no ha hecho más que aumentar. De hecho, Jorge Valín, autor de El gobierno es el problema, mostraba un gráfico extremadamente revelador: España es el país donde más ha aumentado la presión fiscal desde 1965.

Sin embargo, nos dicen constantemente que la presión fiscal es baja y que hay «margen para subir impuestos».

Aquí conviene diferenciar dos términos esenciales: presión fiscal y esfuerzo fiscal. Parecen lo mismo, pero no lo son. El primero mide los gastos del Estado; el segundo, los impuestos que pagan las personas.

La presión fiscal se obtiene dividiendo la recaudación tributaria entre el PIB, por lo que es un dato macroeconómico que depende sobre todo de la actividad económica del país, y no tanto de la bajada o subida de impuestos.

Por el contrario, el esfuerzo fiscal mide el peso que representa la fiscalidad en la renta per cápita, es decir, qué porcentaje de lo que se gana va destinado al pago de tributos. Por lo tanto, afecta de manera más directa al bolsillo de los ciudadanos. Incluye todo tipo de impuestos, desde el IRPF hasta el IVA, pasando por las cotizaciones a la Seguridad Social u otros impuestos directos.

Según un estudio elaborado por el Instituto Juan de Mariana y la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), el esfuerzo fiscal en España se sitúa en el 40 %, supera la media de la Unión Europea y la de algunos países como Alemania, Reino Unido y Suecia. Trabajamos más de medio año solo para pagar impuestos, y en 2013 esa cifra aumentó aún más.

En Europa, los impuestos están ahogando la renta disponible de las familias y hundiendo a la clase media. Según un estudio del Instituto Económico Molinari publicado por Le Figaro, los ciudadanos europeos trabajan hasta finales de junio exclusivamente para pagar impuestos. Lo que se denomina «el día de la liberación fiscal», es decir, la jornada en que dejamos de contribuir a los gastos del Estado.

En 2013, el día de la liberación fiscal en España fue el 12 de junio, ligeramente superior a la media europea, pero tiene truco porque no incluye los impuestos indirectos. Si incluimos todos los impuestos, se sitúa a mediados de julio. En el resto de la Unión Europea, los trabajadores irlandeses son los que menos sufren, trabajando para el Estado hasta el 24 de abril, y los franceses y belgas los más castigados, hasta el 26 de julio y 8 de agosto respectivamente. Esto lleva a que nos equivoquemos cuando tomamos como referente los salarios medios en cada país. Lo que importa es la renta disponible, que es lo que incentiva el consumo.

Por ejemplo, según el mismo estudio, el salario completo bruto que un trabajador debe ganar para disponer de 100 euros tras todas las retenciones, es de 252 euros en Bélgica, 230 euros en Francia y 180 euros en España. Más de la mitad de la renta del trabajo se pierde en impuestos y retenciones. En Reino Unido e Irlanda, por comparación, esa cifra es de 157 euros y 145 euros. Al cercenar la renta disponible de las familias y ahogar a la clase media, se hunde el consumo y se paraliza la actividad económica. Por eso, el consumo crea empleo, no el Estado. Pero a base de subidas de impuestos y destrucción del entorno inversor, se agranda el problema. Luego se le echa la culpa al mercado y nos quedamos tan tranquilos.

FIGURA 9.

Aumento presión fiscal desde 1965.

Fuente: OCDE.

A pesar de la evidencia, de la urgente necesidad de recuperar la renta disponible para las clases medias y familias, desde que empezó la crisis, todos los países que están rescatados, o tienen problemas de consolidación de déficit, han aumentado el esfuerzo fiscal. Sin embargo, la recaudación no mejora y la economía sigue estancada. Al detraer recursos de las familias para sostener estructuras estatales hipertrofiadas, se agranda el agujero, porque la economía se resiente. Se suben los impuestos y se recauda menos. La curva de Laffer es un gráfico que demuestra que a partir de un determinado nivel de tipos impositivos la recaudación tributaria no crece, sino que desciende, a medida que aumentan los gravámenes de los impuestos. Los impuestos excesivos crean el efecto contrario al deseado, detraen actividad económica y se recauda menos.

Esta curva, llamada así en honor a Arthur Laffer, economista norteamericano que sirvió en la administración Reagan, muestra la relación entre subidas de impuestos y recaudación. Es una representación gráfica de cómo afecta la variación del tipo impositivo en la cantidad total de recaudación fiscal de un impuesto.

En principio, siempre pensamos que las subidas de impuestos van a generar una mayor recaudación, sin embargo, no es así, sobre todo en un mundo globalizado e interconectado.

No olvidemos que los impuestos, al retirar renta disponible, tienen un efecto desincentivador. Por ejemplo, recuerdo cuando trabajaba en una empresa en la que muchas personas me decían que «no merece la pena pasar de subdirector a director, porque la subida de impuestos por cambiar de tramo te hace perder dinero». Eso hacía que mucha gente simplemente no aspirase a ese cambio que, en principio, debería ser positivo y estimulante.

Al comentar la curva de Laffer, la Enciclopedia Financiera diferencia varios aspectos en distintas áreas de la economía:

Una subida excesiva del tipo impositivo sobre las rentas del trabajo desincentivará que las personas trabajen más y quieran conseguir mejores sueldos. Ese mismo efecto se produce también en las sociedades mercantiles. Un mayor tipo impositivo puede suponer un desincentivo a la actividad.

Por el lado de las grandes fortunas, una subida de las rentas del capital incentivará que las personas con elevados patrimonios se trasladen a otro país donde estas rentas tengan una tributación menor.

La subida del impuesto sobre el consumo (IVA) puede reducir el consumo e incluso, en los casos en que sea posible, a consumir en países con menor tributación.

Además de todo lo anterior, una subida de impuestos incentivará la economía sumergida y el fraude.

Solemos leer que España pierde 72 000 millones de recaudación al año por la economía sumergida, dando por sentado, erróneamente, que dicha actividad económica fuera del alcance de Hacienda seguiría funcionando normalmente si se regularizase. No es así. Primero, porque la cifra es cuando menos optimista; segundo, y sobre todo, porque no entiende la naturaleza de la economía sumergida. En un país como España, la recaudación tributaria no se ha desplomado por el fraude y la economía sumergida, se ha desplomado por la enorme dependencia del ladrillo, de la burbuja inmobiliaria y de obra civil que suponía casi el 16 % del PIB, y que incluía ramificaciones de gasto en telefonía, servicios y energía, con enormes redes y capacidad de generación instalada para una demanda que nunca llegó.

A finales de los años noventa tuve un bar. Nuestro negocio siempre declaraba absolutamente todo, teníamos a todos los empleados afiliados a la Seguridad Social, etc. Pero vi lo duro que es para muchos operadores en hostelería poder sobrevivir. Recuerdo algunos proveedores que apenas podían ahorrar tras pagar cuotas de autónomos, y lidiar con retrasos en pagos de los clientes, aumentos de impuestos indirectos y trabas burocráticas. Muchas veces, la economía sumergida es por necesidad, no por gusto.

Siempre digo que la economía no se sumerge, emerge. Es decir, que la decisión de mover una actividad económica fuera del control tributario no es una decisión tomada por gusto, ya que supone tremendas dificultades, riesgos y consecuencias negativas a medio plazo, no solo por menores ventas —ya que desde la ilegalidad no se puede crecer adecuadamente—, sino también por otros factores, desde el acceso a crédito hasta la calificación de los negocios y empresas por parte de consumidores y agencias independientes. Y cuando se dan las condiciones medianamente adecuadas, los negocios optan por «emerger» tributariamente, no al revés.

La economía suele estar sumergida cuando la presión impositiva imposibilita la supervivencia de las empresas y negocios en el marco legal. Los márgenes son tan bajos y los costes de mantenerse en la legalidad tan onerosos que simplemente no pueden «emerger». Sin embargo, los negocios de bajos márgenes, muy estacionales o volátiles, siempre salen a la luz de la legalidad cuando la carga impositiva es baja y reconoce el carácter cíclico de sus actividades.

FIGURA 10.

Representación gráfica de curva de Laffer

Muchas veces hablamos de la economía sumergida como un fraude, no como una necesidad. Y en una gran parte, lo es. Todos conocemos un caso u otro de trabajadores o negocios que simplemente no podrían existir dentro de un marco impositivo confiscatorio. No es casualidad que en un país donde las pymes generan el 70 % del valor añadido, pero se mueven en sectores muy cíclicos y estacionales (turismo, servicios, construcción), siempre aflora la mayor parte de la base imponible —ingresos sujetos a tributación— cuando se bajan los impuestos a niveles no confiscatorios.

De igual manera, una menor tributación puede aumentar la recaudación porque incentiva la actividad, incluso de empresas extranjeras que podrían plantearse instalarse en el país. Sin esa ventaja, esta recaudación fiscal no se produciría.

Además, atrae el consumo y, finalmente, reduce la economía sumergida y el fraude.

Hace unos años, junto al comentarista político norteamericano Glenn Beck, tuve la suerte de conocer a Art Laffer. Es una persona encantadora y, sobre todo, muy humilde. Es consciente de que las críticas le llegan de todos lados. «La recaudación no baja por las subidas de impuestos, sino por la recesión» y «la curva de Laffer no existe» son algunos de los argumentos más utilizados. Es curioso que esas críticas no identifiquen en las subidas de impuestos el efecto prolongador de las recesiones. Sin embargo, es empíricamente demostrable.

FIGURA 11.

Los diez períodos de mayor ajuste fiscal.

Fuente: NBER, 2012. .

Pongamos el caso de España, en 2013, tras subir treinta impuestos, ha aumentado su recaudación menos de un 3 %, y aún no hemos considerado las devoluciones.

Jaime Guajardo, Daniel Leigh y Andrea Pescatori, economistas del FMI, estudiaron 173 casos de consolidación fiscal en países desarrollados y encontraron que «las naciones que subieron impuestos sufrieron casi el doble que aquellos países que cortaron gastos». http://mercatus.org/sites/default/files/deRugy_Fiscal AdjustmentTestimony_v1[1].pdf.

El economista Scott Summer comenta que la mejor manera de conseguir crecimiento y austeridad, evitando que la deuda se desboque, es «la solución sueca»: bajar impuestos, reducir gasto superfluo y generar superávit.

Sin embargo, en el 80 % de los casos estudiados, los países fallaron a la hora de reducir su endeudamiento. ¿Cuál es la razón fundamental que explica el fracaso? Los gobiernos cambian sus medidas por presión política o se relajaron con la llegada de las primeras señales positivas, parando las reformas estructurales.

Un informe de la economista Veronique de Rugy presentado al Comité de Presupuestos del Senado de Estados Unidos destaca la importancia de las reformas estructurales y la bajada de impuestos como elementos esenciales para asegurar una recuperación sostenible, y evitar una década perdida a la japonesa.

La pregunta es: ¿si se recortan gastos y bajan impuestos, cómo se va a proteger a los pobres? Los diferentes análisis que cita, prueban que las economías ineficientes y con gasto superfluo abundante, entre las que incluye a España y Grecia, pueden reducir sus presupuestos sin atajar los beneficios sociales mínimos requeridos. El problema se presenta, como en las economías de la Unión Europea, cuando todo gasto público se considera imprescindible.

Los estudios mencionados concluyen sin lugar a dudas que los recortes de gastos tienen un efecto mucho más positivo y duradero, ya que limpian el sistema de costes ineficientes y además evitan su recurrencia, que las subidas de impuestos, que retrasan la recuperación y dañan la actividad económica. Prueba de ello es el devastador efecto que tiene sobre el consumo, que es la vértebra principal del crecimiento http://mercatus.org/publica tion/effect-tax-increases-and-spending-cuts-economic-growth.

En estos años he visto a más de 150 empresas medianas españolas que simplemente no pueden contratar, aunque quisieran, por la burocracia y los bajos márgenes que genera tras los aumentos impositivos. En España, en un año se aumentaron todos los impuestos.

Y en un entorno de endeudamiento excesivo, lo que se debe valorar como primera magnitud es precisamente el consumo.

Ni el Estado ni las subvenciones crean empleo. El consumo crea empleo.

Una sociedad que cuenta con renta disponible para adquirir bienes y servicios genera un efecto multiplicador positivo muy superior al del gasto público. El consumo, para empezar no genera deuda pública, pero sobre todo, se reparte de manera más uniforme en sectores de alta productividad y margen, y con mayor impacto para el empleo que los planes de crecimiento estatales, que suelen concentrarse en sectores de baja productividad pero muy intensivos en capital, la construcción y obra civil.

Según estudios realizados por la Universidad de Harvard y citados por Veronique de Rugy, el efecto multiplicador positivo del consumo en la economía casi duplica el del gasto público. Los gobiernos occidentales que se enfrentaron a la crisis de los últimos años setenta sabían eso. La solución pasaba por aumentar la renta disponible, no el gasto. Las economías que optaron por reducir impuestos salieron de la recesión en la mitad de tiempo que países equiparables que optaron por subirlos.

Las subidas de impuestos perpetúan un Estado ineficiente y obeso y crean un círculo vicioso al confiscar renta disponible, lo que destruye el consumo y hunde a las empresas, detiene las inversiones y retrasa la recuperación del empleo. Sin consumo no hay inversión ni empleo.

Cambiemos el círculo vicioso por el círculo virtuoso de aumentar la renta disponible, reducir los gastos superfluos y crear riqueza.

El análisis de Veronique de Rugy y la Universidad de Harvard destaca que la política monetaria solo tiene un efecto similar al «agua que permite tragarse la aspirina», pero que la píldora medicinal es el recorte de gastos. Ya podemos imprimir moneda, subvencionar y endeudar, que si la renta disponible de las personas no mejora, solo agrandamos el agujero.

Direct Line for Business presentó datos muy reveladores del Reino Unido para 2013:

Al reducir de 50 % a 45 % el tipo máximo del IRPF, la recaudación ha aumentado un 12 %, a 12 000 millones de libras.

Tras las bajadas de impuestos a pymes, en 2013 un 33 % aumentará su número de empleados y un 20 % expandirá su negocio.

El impuesto de sociedades es uno de los más regresivos. Supone castigar principalmente a los trabajadores, cuyos salarios se ven reducidos de forma significativa al cercenar los beneficios de la empresa y penalizar al que genera caja y buenos resultados. Es cuando menos irónico que en España las empresas que menos pagan impuestos sean los grandes conglomerados, enormemente endeudados, que no llegan al 12 % de impuestos, y las que más pagan sean las que no se han entregado a las adquisiciones con deuda. Se crea un impuesto que penaliza la generación de caja, la solidez del balance y la rentabilidad, porque merece la pena gastar dinero en compras megalómanas antes que entregarlo en impuestos.

Rory Meakin, jefe de política impositiva del Tax Payers’ Alliance, y Diego de la Cruz señalaron que la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos anunció que más del 70 % de lo recaudado por este impuesto proviene directamente de una reducción salarial para los trabajadores.

El American Enterprise Institute estudió durante dos décadas a más de 70 países y determinó que subir un 1 % este gravamen reduce un 1 % los sueldos http://www.aei.org/papers/eco nomics/fiscal-policy/taxes-and-wages-paper/. Además, Hassett y Marthur han estimado que cada euro generado por este tributo reduce en tres euros los salarios reales.

A todos estos informes podemos añadir uno más reciente elaborado por las universidades de Oxford y Warwick. Sus investigadores han determinado que aumentar la recaudación en un euro supone reducir los sueldos en 92 céntimos.

Para conseguir unos sueldos más altos, bajar impuestos a las empresas es mucho más eficaz. Tal como confirman las series históricas analizadas por la OCDE, así como muchos otros estudios sobre esta cuestión, también se traduce en más inversión, más productividad y más ingresos.

Cuando miramos el efecto de una rebaja de impuestos, constatamos que en los últimos veinte años, países como Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Islandia, Japón, República Checa, Suecia o Suiza han experimentado mayores ingresos tributarios como consecuencia de rebajas en la fiscalidad empresarial.

El efecto positivo de las bajadas de impuestos lo cuantifica asimismo Diego de la Cruz citando una propuesta para Reino Unido que encargó la Alianza de Contribuyentes al Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales. Aquel trabajo, desarrollado en 2007, planteó el impacto de reducir el tipo del impuesto de sociedades a un ritmo anual del 2 %, hasta alcanzar en 2021 el 12,5 % irlandés. Estas fueron las conclusiones:

El PIB sería un 8,7 % más alto.

La inversión crecería un 60,9 %.

El empleo aumentaría un 8,7 %, con alzas del 10,1 % en las manufacturas.

El ingreso disponible sería un 9 % más alto, a raíz de un salto del 13,5 % en los salarios.

El consumo privado crecería un 2,3 %.

La tasa de ahorro aumentaría un 13,1 %.

Los ingresos tributarios del fisco serían mayores en 28 700 millones.

Siempre nos dicen que es imposible bajar impuestos, porque si no ¿quién construye los puentes y asfalta las carreteras? No deja de ser una excusa para contar con un presupuesto superior. Ninguno de los gastos esenciales del Estado está en peligro si el gobierno trabaja con un presupuesto base cero y con prioridades. Además, el crecimiento de la actividad económica aumenta los ingresos.

¿Por qué en la mayoría de los casos no se hace? Cuando se tiene una mentalidad funcionarial, lo que importa es el presupuesto. No cómo se financia ni el efecto en la economía, sino mantener o aumentar la cantidad de dinero que se gestiona. El poder lo da la firma de cheques. Y perder ese poder es diluir influencia. Por ello, los gobiernos locales, regionales, estatales, nunca piensan en el efecto sobre la economía. Simplemente porque sus incentivos no están en generar crecimiento, sino en aumentar sus «activos bajo gestión», el presupuesto que manejan y su círculo de influencia. Además, políticamente siempre se justifica el gasto, aunque se compruebe que la obra pública en España, por ejemplo, suele superar en un 29 % la cantidad presupuestada, según el Tribunal de Cuentas, y en la Unión Europea sea entre un 5 % y un 10 %.

Desafortunadamente, esta mentalidad no es exclusiva del sector público, y se puede encontrar en muchas empresas semiprivadas. Les recomiendo la lectura del libro Bonjour, Paresse (Buenos días, pereza, Ediciones Península, 2004), de Corinne Maier, un análisis corrosivo, cínico y muy divertido de la cultura empresarial francesa, de la ineficiencia y burocracia, del gasto y el consumo de presupuesto como cáncer que se extiende cuando sabemos que el dinero no es nuestro, y la responsabilidad se pierde para entregarse al clientelismo.

Siempre han sido gobernantes con un sentido de Estado y responsabilidad extremos los que han llevado a cabo ajustes de verdadero calado y reducciones de impuestos. Además, con un coste político, porque suele ir acompañado de motines entre las filas de los consumidores de presupuestos.

Robert Skidelsky, autor de la biografía definitiva John Maynard Keynes (RBA Editores, 2013), decía en una entrevista en El Mundo que:

«Keynes no creía en un Estado grande. Creía en uno que fuera activo para hacer ciertas cosas, pero claramente discrepaba de la idea de que el Estado tuviera que crecer y crecer. Además, lo importante es que para él, el Estado puede hacer alguna de esas cosas claves bajando impuestos. Pensaba que durante una recesión se deben bajar los impuestos para que el dinero esté en las familias cuando más falta hace y que así aumente el consumo privado. La recesión llega por el colapso del gasto privado, eso es lo que las define. ¿Cómo se puede recuperar el equilibrio? O bien logrando que más gente trabaje, o bajando impuestos. Si bajas impuestos más de lo que recortas el gasto, en el fondo lo que tienes es una política expansiva».

El mejor plan de crecimiento es bajar impuestos, y permitir que esas empresas que están exportando en tiempos de crisis se expandan y creen empleo. Se pueden crear millones de puestos de trabajo dando verdaderas facilidades a autónomos y pymes. Cercenando impuestos y trabas burocráticas. Aniquilando las estructuras duplicadas que no facilitan, impiden, y, además, cuestan.

El empleo no va a venir de un Estado ultraendeudado, de las grandes empresas que ya tienen más empleados que sus comparables, ni de la chequera de subvenciones. Vendrá de dar facilidades y una fiscalidad no depredadora a los emprendedores, a los que crean su propio trabajo y a las pymes.

No hay soluciones mágicas ni donaciones exteriores. La solución ya está aquí, no por la chequera del gobierno ni los bancos centrales, sino por la innovación, esfuerzo y calidad de nuestras empresas. Dejémoslas crecer. No nos dediquemos a intervenir y entorpecer.

Nuestro capitán nos informa de que en nuestro viaje imaginario hemos llegado a Gran Caimán. Dios nos libre. Un paraíso fiscal.

16
Ni paraísos ni infiernos fiscales. Competencia fiscal

«Si beneficia a otro, es fraude fiscal, si me beneficia a mí es reforma fiscal».

RUSSELL B. LONG.

«¿Qué queremos?». «¡Atacar el fraude fiscal!». «¿Cuándo lo queremos?». «¡Ahora!». «¿Con IVA o sin IVA?».

Cuando uno aterriza en el Owen Roberts International Airport, en Gran Caimán, nadie pensaría que en las Caimán, tres pequeñas islas en el Caribe, se encuentran domiciliadas más de 90 000 compañías y fondos de inversión que «aparcan» hasta 1,6 billones de dólares en sus entidades financieras. Es un aeropuerto modesto, razonablemente cómodo, pero nada espectacular. Comparado con las obras faraónicas que vemos en las ciudades españolas, uno pensaría que ha aterrizado en un pueblo de segunda clase. Sin embargo, esos miles de empresas eligen Caimán para instalar parte de sus operaciones. La razón es sencilla, no tienen que pagar impuesto de sociedades, ni de otra clase.

En Gran Caimán existe un bar que se llama Tiki Beach, famoso por tener un enorme techo tipo Tiki, de ahí su nombre, que destaca a gran distancia. Se puede ver desde muy lejos a lo largo de la enorme playa. En su bar y restaurante se reúne cada día lo más granado del mundo financiero de la zona. El personal es encantador, y el ambiente, relajado y muy muy divertido. Al contrario que en tantos bares y restaurantes de otros mercados financieros como Nueva York o Londres, lo que se suele oír no es «crisis» ni «despidos». El negocio va bien. Entre 2010 y 2012, un aumento de la actividad del 10-11 %. Los camareros y recepcionistas del Tiki Beach viven como reyes. Las propinas son esplendorosas y se les suele ver salir por la noche hacia sus casas en enormes motos o lujosos deportivos.

Sí, en Gran Caimán el clima es agradable, la vida, cómoda, y las calles, impolutas. Es lo que llaman un «paraíso fiscal».

A 8200 kilómetros del Tiki Beach se encuentra el aeropuerto de Luxemburgo. Este bello gran ducado europeo de casas sobrias, arquitectura clásica y sabor a vieja Europa, rodeado por Francia, Alemania y Bélgica, es, al contrario que las Islas Caimán, uno de los sitios más aburridos del mundo. Muy agradable, pero tremendamente tedioso. Encontrar un restaurante que cierre razonablemente tarde es una quimera. Pues ahí, en el corazón de la Unión Europea, Luxemburgo, el segundo centro financiero europeo después de Londres, es, también, lo que llaman un «paraíso fiscal».

¿Qué es un paraíso fiscal? Para empezar se parte de un error de traducción que no es casual, ni irrelevante. Tax Haven significa «refugio fiscal», no paraíso (heaven). Es una diferencia semántica muy importante. No es lo mismo un refugio, consecuencia de un ataque confiscatorio, que un paraíso. Es importante, porque ese error ocurre, no por casualidad tampoco, en los países donde triunfan las políticas más intervencionistas. Un refugio fiscal es nada más que un centro financiero que ofrece condiciones impositivas atractivas.

En los años sesenta y setenta, Francia era un refugio fiscal para los británicos. El tipo marginal superior para las rentas altas en Reino Unido llegaba al 83 %, y en Francia no superaba el 60 %. Por eso se escapaban hacia allí directores de cine, músicos y artistas para hacer «vacaciones fiscales».

La bajada de los tipos marginales, de niveles cercanos al 70 %, en 1978, a máximos del 50 %, que ya es una salvajada, en 2012, no se llevó a cabo por inspiración divina. Se produjo porque la fuerza del ejemplo era más persuasiva. Las autoridades veían que otros Estados soberanos crecían más y recaudaban más tomando un tributo menor de una economía que crece y en la que se incentiva la riqueza, que intentando extraer el máximo posible. Irlanda, Rusia, la India y los países de la OCDE empezaron a crecer, con ello, a recaudar más, al bajar agresivamente los tipos marginales.

En los ochenta y noventa, España era un refugio fiscal para muchas empresas. La internacionalización de las empresas nacionales, hasta convertirse en grandes multinacionales, se pudo dar precisamente por unas condiciones fiscales extremadamente favorables. Tan favorables que cuando las empresas de España compraban aeropuertos, compañías telefónicas, eléctricas, bancos y concesionarias en Reino Unido, la propia prensa británica se quejaba de «condiciones injustas» que concedía el gobierno español. ¿Y qué hizo el Reino Unido? ¿Prohibir? ¿Quejarse a la ONU? ¿A la Unión Europea? No, competir fiscalmente y ofrecer condiciones similares a todas las empresas. Competencia fiscal.

En España nadie se rasgaba las vestiduras cuando nuestras empresas conquistaban el mundo comprando activos y deduciendo el fondo de comercio de su base imponible. Ni cuando dábamos incentivos enormes a las empresas extranjeras, o cuando éramos, según un ministro en los años noventa, «el país del mundo donde es más fácil hacerse rico». Nuestros beneficios fiscales siempre son «reformas», y los de los otros son «evasión». ¿Quién decide qué es un territorio fiscal bueno o malo? Como Luxemburgo y Caimán, existen muchos centros financieros en el mundo que ofrecen ventajas fiscales especiales. No están en lugares exóticos. No. Delaware, Nevada, Wyoming, Malta, Chipre, Andorra, Jersey, Irlanda, Liechtenstein, Suiza o incluso Navarra… Todos tienen distintos e importantes beneficios fiscales.

Los refugios fiscales, sea nuestro país u otro, cumplen una labor importante, que obviamente no gusta a los gobiernos. Fuerzan la competencia fiscal. A que los Estados no tengan la libertad de subir impuestos eternamente y de manera confiscatoria, porque saben que el capital puede escapar.

Hoy parece que hemos olvidado la lección de las décadas perdidas del proteccionismo. Nos hablan de armonización fiscal como la panacea. Excepto que armonización no es el eco de las voces de los Beach Boys cantando Our Prayer, sino que esconde subir los impuestos a todos. Un Estado confiscatorio nunca tiene suficiente. Y no ahorra en épocas de bonanza. Es precisamente la competencia fiscal de distintos países la que hace que usted no trabaje para el Estado hasta septiembre, como pasaba hace pocas décadas. Como señala Daniel J. Mitchell en Foreign Policy (marzo de 2008), en 1979, en la OCDE la media del IRPF en el tramo máximo era cercana al 70 %, y el impuesto de sociedades el 50 %, además de todo tipo de impuestos al capital. ¿Era el Estado más eficiente antes y la riqueza mayor? No. Hoy, gracias a la apertura y la competencia fiscal, contamos con impuestos muy inferiores.

Sin embargo, es frecuente escuchar a muchos comentaristas quejarse por la lacra de los ingresos perdidos y que llaman a recuperar el proteccionismo. Porque analizan el problema desde un punto de vista recaudatorio que ignora los beneficios en la economía y en el crecimiento, también en ingresos fiscales, que permite la optimización fiscal. Y parte de ese error se encuentra en la percepción de que competir contra los refugios fiscales es imposible y una especie de carrera hacia «cero», cuando en realidad no es así.

La mejor manera de combatir los refugios fiscales es no ser un infierno fiscal. Exactamente la lección que aprendimos en 1979. Una fiscalidad no confiscatoria propicia el crecimiento y atrae capital, lo cual incrementa los ingresos fiscales mucho más que el intervencionismo.

Si la fiscalidad es adecuada, el capital no se refugia fuera de los países. No es una carrera a impuestos cero que haya que copiar. Las grandes economías, precisamente por su carácter seguro y fuerte, cuentan con el privilegio de poder imponer impuestos superiores a los refugios fiscales porque, aunque sea exclusivamente por inercia y creación de demanda interna, atraen capital. Los refugios fiscales tienen un gasto público que ronda el 25 % del PIB. Eso, en sí mismo, imposibilita la carrera hacia cero. En cualquier caso, la carrera debe ser hacia el coste del Estado que garantice el servicio que recibimos del mismo. La competencia fiscal incluye muchas otras ventajas y oportunidades, no solo el tipo impositivo, incluyendo, por ejemplo, la facilidad para comerciar, la seguridad jurídica y el consumo. Un país moderno y con instituciones sólidas atrae capital sin bajar los impuestos al nivel de un refugio fiscal.

Invertir offshore es caro, cuesta millones de dólares en comisiones, es complejo y arriesgado. Muy arriesgado. ¿Por qué lo hacen entonces? Porque si convertimos nuestros países en infiernos donde el riesgo es mayor, cuando alguien ha ganado un poco de dinero teme el efecto confiscatorio y busca refugio. Por ejemplo, ¿dónde están más seguros los depósitos, en Madrid o en Jersey? En Madrid, donde se garantizan hasta 100 000 euros, mientras en Jersey y refugios fiscales similares solo se aseguran hasta 50 000 (libras).

Cuando en la prensa leemos que la Unión Europea pierde billones en ingresos fiscales, olvidamos lo que gana. Y es mucho. El estudio de varios profesores de la Universidad de Harvard, Do tax havens divert economic activity? (Mihir A. Desai, C. Fritz Foley y James R. Hines Jr.), concluye que la evidencia empírica es que los refugios fiscales no reducen la actividad económica en los países de alta fiscalidad, sino que la aumentan. Porque invierten mayoritariamente sus depósitos en deuda soberana, acciones y proyectos empresariales en países de la OCDE y de alta fiscalidad. Además, prueba que la actividad económica no solo ha aumentado con el crecimiento de los refugios fiscales, sino que los más beneficiados han sido los países occidentales, ya que gran parte del dinero que se protege de regímenes totalitarios globales se reinvierte en Estados Unidos, Europa y Reino Unido. Olvidamos la cantidad de dinero de personas honestas que buscan sacar su dinero de regímenes dictatoriales o represivos.

Sobre los ingresos perdidos, a veces olvidamos lo que suponen realmente. Las cifras globales según el Boston Consulting Group son ocho billones de dólares, y 21 billones según Tax Justice. Supongamos que esas cifras fueran ciertas y que todos esos fondos fueran de ciudadanos de la OCDE —más que cuestionable— y que aplicamos un impuesto del 20 % —por ser generosos— que sería un one-off, un ingreso de una sola vez por ser capital acumulado, no anual. Nos encontramos que con todo lo recaudado, no se cubre el déficit de los últimos tres años de la OCDE. Que si Obama recaudase el 20 % de lo que dicen que poseen las empresas estadounidenses en cuentas extranjeras, no llegaría a cubrir el déficit de un solo año, 2012.

Gran parte de la inversión que llega a Estados Unidos o Europa se articula a través de entidades y fondos de inversión localizados en este tipo de jurisdicciones. De hecho, hasta los datos oficiales del Departamento del Tesoro http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/documents/exhibit sa-d.pdf demuestran que los «refugios fiscales» de la región Caribe superan ampliamente a cualquier otra región del mundo a la hora de canalizar inversiones de capital hacia Estados Unidos.

Además, otro de los errores frecuentes en los comentarios sobre este tema es que estos países generan gran riqueza por el peso de su sector financiero. El sector financiero supone el 12,5 % del PIB de Singapur, el 10,5 % del PIB suizo y en el caso de Luxemburgo, un 28 %. Para comparar, en Reino Unido es el 14 % y en España cerca del 10 %.

En cuanto a la soberanía fiscal y la atracción de capital, a pesar de todos los acuerdos que se quieran conseguir entre países, no se pueden poner puertas al campo. Igual que en los años sesenta Francia era un refugio fiscal para los ingleses, siempre va a haber un país soberano que atraiga capital de manera eficiente, sea China —Hong Kong—, Singapur, Dubái, etcétera. Y no debemos olvidar que imponer restricciones al capital nos llevó a la peor recesión después de la Segunda Guerra Mundial, y además, no funciona.

Las actividades ilegales deben perseguirse con eficacia policial y código penal. Todo lo que sea delictivo, sin lugar a dudas. Pero no debemos confundir fraude con planificación fiscal, y actividades legales con ilegales. Igual que una panadería puede ser cobertura para un negocio ilegal de droga, eso no significa que debamos prohibir las panaderías.

Según Tax Justice, a finales de 2010 los cincuenta mayores bancos gestionaban 12,1 billones de dólares en activos offshore. Esos datos son conocidos, con operaciones que son legales, inversiones y cuentas de corporaciones. La enorme mayoría corresponde a empresas que tienen acuerdos comerciales multinacionales y que consiguen dos propósitos. Uno es crecer y desarrollar sus actividades en el mundo sin caer en doble imposición, que genera muchos más beneficios sociales, empleo y riqueza que el control de capitales. Y otro es salvaguardar fondos de países complejos. Tomemos dos ejemplos: Venezuela y Argentina. Nosotros, los españoles y europeos precisamente deberíamos agradecer a los refugios fiscales que no hayan quebrado algunas de nuestras empresas bandera cuando se instauraron los controles de capital y confiscaciones de parte de sus inversiones en esos países, como comentaba antes.

El Institute of Governance de la Universidad de Basilea hizo un análisis muy detallado de países con alto riesgo de financiación de actividades terroristas y de blanqueo, y de los veintiocho países que identificó solo uno puede considerarse «refugio fiscal». El dinero de blanqueo y terrorismo siempre existirá, lo que hay que hacer es atacar la fuente, con política de defensa y penal. Por ejemplo, acciones recientes atacando el dinero de comisiones argelinas en empresas estatales de Italia, o que el hijo de un dictador africano se compre dos bloques de pisos en el centro de París.

Pero no olvidemos la importancia de los centros financieros aguas afuera (offshore). A principios de la década de 2000, en mi carrera en el mundo corporativo, la empresa en la que trabajaba se vio afectada de manera muy relevante por el corralito argentino, la decisión del gobierno del país latinoamericano de cerrar los bancos, congelar depósitos y convertir la moneda en pesos devaluados. La situación era dramática, porque una gran compañía se encontraba en una auténtica encrucijada y muy cerca de tener gravísimos problemas financieros, o quebrar, si no llega a ser porque una parte muy importante de la caja que generaba en el país la mantenía en cuentas aguas afuera, offshore, todas perfectamente legales. De haber mantenido sus excedentes de caja en los bancos argentinos, hoy probablemente la empresa no existiría.

Esa fue la primera vez que entendí la importancia de los refugios fiscales en el comercio globalizado.

En esa misma época conocí a varias familias que tuvieron que escapar de países en conflicto o tras un golpe de Estado, que eran perseguidas por regímenes represivos. Amigos que trabajaban con Amnistía Internacional me mostraron casos espeluznantes de ciudadanos libres perseguidos por sus ideas y a los que se les confiscaban todos sus ahorros y propiedades. Poder disponer de fondos en refugios fiscales fue esencial para decenas de miles de personas de Ruanda, Nigeria o Pakistán para poder encontrar un futuro lejos del terror y la crisis. Por eso, dar por sentado, casi por eliminación, que la mayoría de los activos en refugios fiscales proviene de prácticas ilícitas es simplemente faltar a la verdad.

Compitamos. Atraigamos capital. No inventemos cuentos pensando que Hong Kong o Singapur van a ser como España. Exijamos transparencia y actuemos contra los delitos. Pero colaboremos y trabajemos para atraer ese capital a nuestras fronteras. No intentar confiscarlo. Porque no va a funcionar.

La globalización, la libre circulación de capitales y el comercio han hecho posibles los derechos que hoy muchos reclaman. Los refugios fiscales no florecen si no tenemos políticas confiscatorias y desprecio al éxito. Volver a los controles de capital, la política del avestruz y el Estado paternalista nos llevan a la igualdad en la miseria.

Contra los paraísos fiscales, no seamos un infierno fiscal.

Una vez terminado este viaje, recojo la maleta, y noto que el peso del equipaje va aligerándose. Debe ser el efecto positivo de dejar en tierra varios unicornios. De momento, en esta travesía imaginaria, hemos descargado peso en «imprimir moneda», «hacer impago» y «subir impuestos». Pero la maleta sigue pesando demasiado. Vamos a coger el avión al túnel del tiempo y presentarnos en Reino Unido en el «invierno del descontento». Estamos en 1978, y los Boomtown Rats son número uno con la trampa de ratas: «Rat Trap». La revolución de Margaret Thatcher está al caer.

17
No estamos equivocados. Thatcher y la importancia del individuo

«El individualismo ha sido objeto de una enorme cantidad de críticas a lo largo de los años.

Pero la principal razón por la que tanta gente en el poder ha detestado siempre el individualismo, es porque los individualistas son los más proclives a prevenir el abuso de poder».

MARGARET THATCHER.

«¿Qué queremos?». «¡Confiscar a los ricos para financiarnos!». «¿Cuándo lo queremos?». «¡Ahora!». «¿Y cuando nos quedemos sin ricos?». «¡Los pintamos!».

La importancia crucial de aumentar la renta disponible, potenciar la clase media, facilitar que las familias prosperen, fue el centro de la revolución económica de los ochenta, liderada por Margaret Thatcher en un período francamente difícil para su país.

Yo viví en el Reino Unido en tres épocas distintas. A mediados de los años setenta, 1974-1976, entre 1994 y 1996 y desde 2004 hasta hoy. La transformación de la economía, que en los setenta partía con todas las desventajas de ser una isla y estar «en el furgón de cola», ha sido espectacular. Se basó en tres principios: respeto escrupuloso a la propiedad privada, libre mercado y aumentar la renta disponible de los ciudadanos. Parece una obviedad, pero en Europa estamos intentando salir de una crisis de seis años haciendo lo contrario. De hecho, en Europa estamos siguiendo paso a paso, desafortunadamente, la misma política intervencionista y liberticida que plagaba al Reino Unido en los setenta, pero aún más agresiva, porque en Europa se pone en cuestión la propiedad privada, cosa que nunca ocurrió en las islas británicas, donde, según la propia legislación, hasta las expropiaciones para construir carreteras deben garantizar que el propietario no pierda riqueza. En Reino Unido, ni desde las filas laboristas ni desde las conservadoras se escuchan frases como «la propiedad privada está supeditada al interés público», repetido en Francia constantemente, o en nuestra Constitución, en el artículo 33 («nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes»), o propuestas de expropiación de casas a sus propietarios como en Andalucía.

A mediados de los setenta en Inglaterra, como un niño cualquiera, yo era feliz. Iba a un colegio público y veía como algo normal los cortes de suministro de luz, el agua caliente solo a ciertas horas, los anuncios recomendando «no bañarse todos los días» para ahorrar, las huelgas de todo… Y las pilas de bolsas de basura cada vez que había paro del servicio de limpiezas. Mis padres, por ejemplo, contribuyeron durante mucho tiempo para ayudar a los mineros del norte de Inglaterra en sus huelgas. Hoy entienden que era una industria sin futuro y que la sustitución era inevitable, o estarían subvencionando la minería durante décadas.

Durante los años sesenta y setenta, la economía británica se situaba a la cola de todos los países de Europa. En 1976, Henry Kissinger decía que «Gran Bretaña es una tragedia, se ha condenado a mendigar, pedir prestado y robar». Un artículo de The Wall Street Journal se titulaba «Adiós, Gran Bretaña, fue un gusto conocerte». Cualquiera que hoy viaje o emigre a este país no podría creer lo que era durante el «invierno del descontento» (winter of discontent).

A finales de los años setenta, Gran Bretaña sufría de tres males que a los europeos de hoy nos parecerán bastante familiares: un desempleo desbocado, un sector público hipertrofiado y una política impositiva confiscatoria.

En este clima de depresión económica y social, habiendo vivido las dificultades y penurias que tuvo que sufrir su padre, dueño de un pequeño negocio, para sobrevivir y prosperar, una mujer intentó cambiar la situación.

Margaret Thatcher tenía todas las cartas en su contra. Mujer, de clase humilde, y poco dispuesta a consensuar y aceptar lo que los estamentos le imponían. Pero llegó. Y su revolución ha cambiado el mundo. Para mejor.

Cuando Thatcher llegó al poder, la inflación superaba el 20 %, el país estaba en manos del FMI, al borde de la quiebra, y secuestrado económicamente por sectores clientelistas, no solo los sindicatos, sino también una clase empresarial extremadamente dependiente del Estado. Socialismo con oligarcas excluyentes. ¿Les suena?

Según el Banco de Inglaterra, Reino Unido era «el enfermo de Europa» (the sickman of Europe). Las recetas de los gobiernos eran siempre las mismas. Subir los impuestos, mantener el Estado asistencialista y «estimular la demanda» desde el gasto. Y al fracasar, subir los impuestos de nuevo.

La revolución de Margaret Thatcher fue poner como centro de la política económica recuperar la renta disponible, privatizar los servicios ineficientes y permitir que las empresas crecieran alentando la competencia. El propio Richard Branson, dueño de Virgin, reconoce que sin las medidas implementadas en aquella época, Virgin jamás habría podido entrar en el negocio de trenes y transporte aéreo, entre otros. «Sin Margaret Thatcher, jamás habría podido crear Virgin Atlantic», admite.

«Thatcher se dio cuenta de que si la economía no funciona no se puede lidiar con los problemas sociales.

Su decisión social más importante fue poner a funcionar la economía».

RICHARD BRANSON.

Como siempre sucede, los éxitos de las reformas importantes suelen verse años después. Pero como todo gran político, a Margaret Thatcher le interesaba más defender sus principios y su país. «No estamos equivocados», comentaba cuando sus asesores le pedían cambiar el rumbo de sus medidas ante algunos brotes de presión social cuando tuvieron que llevar a cabo recortes de gastos.

«Caballeros, si no cortamos gastos estaremos en bancarrota. Sí, la medicina es dura, pero el paciente la requiere para sobrevivir. ¿Tenemos que quitar la medicina? No. No estamos equivocados. No hemos ganado las elecciones para liderar el declive de una gran nación». Hoy hasta Ed Miliband, líder laborista, reconoce la importancia de aquellos recortes para salvar la existencia de los servicios sociales. Sacrificó popularidad por un proyecto mucho más importante. El verdadero bienestar social, potenciar la libertad individual.

El legado económico de Margaret Thatcher merece resaltarse sobre todo comparado con cualquiera de los líderes que hoy analizamos. Los datos son francamente impresionantes si tenemos en cuenta que además sufrió dos recesiones occidentales.

En los años de su mandato, la renta per cápita real aumentó un 34 %. Las clases más desfavorecidas vieron subir su renta entre un 35 % y un 40 %. Esto se consiguió bajando impuestos, a pesar de sufrir dos recesiones, una guerra y un desempleo del 11 %. También fue por la flexibilización del mercado laboral, que recibe 100 000 inmigrantes netos anuales, que en recesión el desempleo no haya llegado a más del 11 % y alcanzara máximos del 8,4 % en otros mandatos. A pesar de las críticas constantes de los intervencionistas, Reino Unido es un país que la gente elige para ir a trabajar.

Redujo los impuestos de un 83 % de tipo marginal superior al 40 %, pero mantuvo los ingresos fiscales en un 40 % del PIB. Y lo que es más importante, redujo el gasto público de un 44,6 % del PIB a un 39,2 %. El número de británicos propietarios de su propia casa creció en 2,5 millones, y continuó creciendo.

Pero además, fue una líder que le recordó a su país que podía salir del agujero con esfuerzo, libertad individual y emprendimiento. Llegó en un momento en el que el país necesitaba una líder que no dijese «déjame a mí, que yo lo soluciono», sino «pongamos las medidas para que tú crezcas y generes riqueza».

Cuando en 1990 Margaret Thatcher fue expulsada del poder, dejaba un país que volvía a ser líder mundial, una economía sólida, dinámica, con reguladores independientes, en la que el Estado es servicio, no desincentivador de inversiones y procurador de favores, y en la que las palabras «empresario» y «éxito» no son insultos. Un país donde crear una empresa se hace en un día por el coste de dos happy meals, donde se crearon pymes que hoy son líderes mundiales. ¿Una economía perfecta donde todo es de color rosa? No, para nada. Pero olvidamos de dónde venía.

«Fue un espanto sin un átomo de humanidad».

MORRISSEY.

Muchos de los que ahora la critican, habrían seguido con las políticas que tuvieron al Reino Unido a la cola de Europa y condenado a la decadencia. La igualdad en la miseria, antes que la prosperidad. Cuando en los años noventa volví a vivir en Reino Unido, el país era un centro de atracción de profesionales de alto calibre de todo el mundo, receptor anual de inmigrantes de todos los rincones del globo que perciben a Reino Unido como un país de oportunidades, un lugar donde invertir, crear tu propio negocio rápida y cómodamente sin impedimentos burocráticos, nadie cuestiona la flexibilidad laboral porque se benefician de un sistema de contratación libre, y se nota en un paro que nunca subió del 8,4 %. Lo que muchos queremos para Europa y España.

Mucho se ha hablado de los sindicatos y su poder en los años setenta («Té y sándwiches en Downing Street», les llamaban), pero no de su impacto económico. Las huelgas constantes en el Reino Unido de mediados de los setenta creaban un impacto económico doble: recesión y rechazo del capital inversor a poner dinero en el país. Invertir era garantía de confiscación por impuestos.

Hay cosas que el gobierno de Thatcher hizo que hoy ignoramos porque lo que existía antes simplemente nos parece inimaginable. Control de capitales. Sí, Reino Unido mantenía controles de cambio y de capitales desde los años cuarenta. Hoy, la libre circulación de capital nos parece normal y lógica. Eso lo cambió Thatcher en dos meses.

No debemos olvidar el efecto represor de la actividad económica que eran los impuestos. El tipo máximo llegaba al 83 % de la renta. Si recuerdan aquellos discos que durante los setenta grabaron los Rolling Stones o The Who en países exóticos, sepan que no lo hacían para viajar y conocer mundo. Era para escapar del fisco. Rod Stewart editó un álbum llamado Atlantic Crossing (Cruzando el Atlántico) que bajo el pretexto de un viaje a la música americana, era en realidad la ilustración de su escapada huyendo de un entorno fiscal confiscatorio. Reino Unido era un infierno fiscal.

Thatcher hizo lo que se suponía imposible: austeridad, bajar impuestos y atraer capital. Y en pocos años cambió un infierno fiscal, trampa para el capital que se había gestado durante décadas.

Siempre dicen que su mandato tuvo dos recesiones, y es cierto, pero nadie dice cuánto se tardó en salir de las mismas. La mitad de tiempo que en los países comparables de Europa. Porque siempre que hablamos de la era Thatcher olvidamos lo que ocurría a nuestro alrededor.

Los críticos hablan del aumento de la desigualdad durante su gestión. De nuevo, olvidan de dónde salía el país, la base de la que partía. Lo que importaba no era la igualdad, sino la prosperidad, y facilitar el camino para conseguirla, cercenando burocracia para crear negocios y empresas. Pero es curioso que se hable de desigualdad con Thatcher cuando el período de mayor brecha en el índice de Gini en los países de la OCDE, incluida España, se ha producido con muchísima diferencia entre 2004 y 2010. Este índice mide la diferencia entre las rentas más altas y las más bajas, siendo cero una desigualdad muy baja y uno, muy alta. Durante el mandato de Thatcher, el coeficiente de Gini en el Reino Unido pasó de 0,25 a 0,33, por debajo de la media de sus países equiparables. Según la OCDE, en la misma época en España el coeficiente de Gini se mantuvo entre 0,35 y 0,33.

Los salarios básicos aumentaron muy por encima de la inflación, la renta disponible y su riqueza crecieron para las clases más desfavorecidas. Durante el mandato de Thatcher, el porcentaje de mujeres que trabajaban creció un doble dígito, pero además las mujeres empresarias se multiplicaron. Se hizo un país en el que la gente sabía que si se esforzaba y ponía empeño, ganaría. ¿Igualdad? No, libertad. Y se valora. La inmigración que viene a este país sabe que puede prosperar y crecer. Claro que puede fallar. Pero también, curiosamente, valoran el sistema de asistencia social.

La privatización de empresas públicas al borde de la quiebra fue otro de los pilares de la política económica de la era Thatcher. Pero la privatización fue más que una manera de recuperar control sobre el déficit y reducir deuda, de mejorar la gestión. Lo realmente importante, y que también ignoramos porque lo damos por hecho, es que con Thatcher se introdujeron reguladores realmente independientes, no un brazo más de un Estado clientelista, sino unos reguladores que garantizan que las reglas de mercado son a la vez justas y transparentes. Entender que los reguladores no son infalibles y que los problemas no se solucionan con más regulación, sino con normas sólidas y transparentes, y supervisores independientes.

Olvidar la base de la que partió es parte del injusto análisis que se hace a la época de Thatcher. Entre 1980 y 1990, la esperanza de vida aumentó en casi tres años, más que en la media de la OCDE. Curiosamente, fue la privatización de muchos servicios no esenciales lo que permitió enfocarse en mejorar una seguridad social que era un auténtico desastre. ¿Era una maravilla en 1990? No. Ni hoy. Pero, de nuevo, no podemos olvidar de dónde se partía. Lo que todos los colectivistas intentan hacer es desviar la atención sobre los logros de Thatcher, porque ponen de manifiesto no solo el hecho de que se puede prosperar desde la apertura y sacar a un país del abismo sin resignarse ni quejarse de las injusticias o posiciones superiores de otros competidores, sino la inutilidad de las soluciones liberticidas que ellos mismos proponían. El «gran pecado» de Margaret Thatcher ha sido conseguir el éxito del Reino Unido teniendo todas las condiciones adversas posibles.

Ignoramos también lo que es la inflación, el impuesto silencioso, y su efecto devastador sobre la economía. En 1979 se daba por hecha, como algo «inevitable». Bajar la inflación de un 21 % al 12 % fue un auténtico éxito que no puede atribuirse solo al petróleo del mar del Norte, como hacen algunos. Además, dicho petróleo comienza a ser una inversión atractiva cuando los gobiernos de Thatcher empiezan a comprender la importancia de atraer capital.

Y es ahí donde Margaret Thatcher fue, y es, un éxito rotundo. De ser un país de bajo atractivo para el inversor, el Reino Unido pasó a ser uno de los países con mayor balanza financiera positiva. Entender las dificultades de la economía y trabajar con ellas, hacer de los errores oportunidades y dejar que los sectores pujantes florezcan fue también un cambio histórico. No entorpecer, no intervenir, no usar el paternalismo económico que usted paga con más impuestos. Claro que la City ha sido esencial. Pero ya existía. Thatcher contribuyó a su desarrollo como motor económico global. Hoy la City de Londres provee al país de más ingresos por impuestos que Escocia.

En sus primeros años, Thatcher no redujo el gasto público. Pero lo contuvo de manera ejemplar y luego lo redujo. Su austeridad fue atacar el gasto político, las subvenciones, los enormes costes de un Estado hipertrofiado. En el Reino Unido, uno no ve políticos con veinte asesores, chóferes, mayordomos y séquitos. Cortó muchas cabezas de muy altos cargos. Esos recortes son ahora parte de la cultura popular y en ninguna parte del espectro político se acepta volver a esos niveles de gasto. Por ello, el cambio ha sido doblemente importante: cercenar el gasto político y crear una cultura de austeridad y contención.

Otro de los éxitos de Thatcher fue cambiar esa casta. Hoy es primera página, dimisión y escarnio público cuando un político gasta 200 libras en cursos injustificados.

Pero uno de los grandes mitos negativos sobre Thatcher es la mal llamada desregulación. Reino Unido no llevó a cabo un proceso de desregulación agresiva, sino de apertura a la competencia, que es muy diferente. Durante el mandato de Thatcher, contar con reguladores independientes permitió que, por ejemplo, los activos de la banca no alcanzasen un ciento por ciento del PIB, comparado con el 500 % del mandato de Tony Blair o el 320 % de la Unión Europea al principio de la crisis.

En lo que Thatcher tuvo una absoluta clarividencia fue en rechazar la moneda única y los avances intervencionistas de Europa. El famoso discurso de «no, no, no» http://www.youtu be.com/watch?v=tVt_1ByddUQ a pesar de los cantos de sirena de algunos de sus colaboradores, como Michael Heseltine, sobre las bondades de integrarse totalmente en el proyecto europeo.

«La moneda única será letal para los países más pobres porque devastará sus ineficientes economías», dijo en 1990. Hoy nos parece normal, y hasta típico inglés, pero en aquella época, la Dama de Hierro tuvo que luchar encarnizadamente contra su propio partido y la oposición para defender la libra, la independencia económica y resistirse a ser engullida por una construcción europea que ya apuntaba maneras de planificación centralizada casi soviética.

Llevo muchos años viviendo en Inglaterra. La figura de Thatcher sigue generando controversia y opiniones dispares. Los amores y odios son tan extremos que cuando murió, dos canciones, una insultándola y otra defendiéndola, se disputaban los primeros puestos de las listas de éxitos. Cantantes como Morrissey, de The Smiths, o Elvis Costello, grandes genios musicales, la criticaron de manera muy agresiva. Pero es casi irónico, por no decir hilarante, que el cenit creativo y profesional de estos excelentes músicos se diera precisamente criticando una política que les permitió ser millonarios y crear varias empresas.

Como todos los grandes líderes, cometió errores, claro. Muchos. Pero, en mi opinión, como observador externo, el mayor legado de la Dama de Hierro es que hoy, en este país, casi nadie, sea laborista, liberal, conservador o independiente, defiende el intervencionismo que asolaba el país en los setenta. Porque los votantes saben que no funciona. Porque nadie quiere volver a aquella Inglaterra desolada. Los principios de libertad económica, de apertura y de mercado son ya parte del ADN de un país que hace pocas décadas era un erial estatista.

Hoy vivimos una época en la que los principios y valores se diluyen en llamadas a consensuar, acordar y dejar todo en manos de comités eternos. La firmeza y la claridad no se estilan. Sin embargo, ante tanta llamada al consenso, merece la pena recordar la frase de Margaret Thatcher: «El consenso es el proceso de abandonar todas las creencias, principios, valores y políticas en búsqueda de algo en lo que nadie cree pero que nadie objeta. ¿Qué gran causa se ha defendido jamás bajo el lema “estoy por el consenso”?».

No, Margaret Thatcher no era perfecta. Ni aplicó todo lo que defendía. Pero por muchos errores que cometiera, y muchas críticas, algunas merecidas, hay mucho que los ciudadanos del Reino Unido y del mundo le debemos. Defender la libertad, el esfuerzo, ser un ejemplo de cómo se puede llegar lejos sin contar con privilegios. Haber sacado a su país del destino de ser el «enfermo de Europa».

Siempre que voy a España me dicen que los principios de austeridad, apertura y libre mercado no pueden aplicarse porque «somos así». El Reino Unido era «así». Gracias a Margaret Thatcher, probablemente nunca más lo será.

Sin embargo, nuestros compañeros de viaje me recuerdan una y otra vez que la época de Thatcher fue responsable de la desregulación que nos trajo a esta crisis actual. Noto que su equipaje sigue pesando demasiado y se lo digo. «Es el unicornio de la regulación como panacea». Habrá que descargarlo, pero para ello debemos tomar la máquina del tiempo al año 2001.

18
Hiperregulación, un problema global

«La burocracia se da a luz a sí misma y luego exige ayudas por maternidad».

DALE DAUTEN.

«¿Qué queremos?». «Regulación». «¿Cuándo la queremos?». «¡Ahora!». «¿Para qué?». «Creemos un comité para estudiarlo».

Todos recordamos en qué lugar estábamos el 11 de septiembre de 2001.

Yo estaba en Madrid. Había quedado a comer con mis padres porque esa noche me iba a Buenos Aires. Las noticias hablaban de una avioneta que había chocado contra una de las torres gemelas. Al ver las imágenes comenté: «Pero cómo va a ser una avioneta, mira el tamaño del edificio». Todos recordamos los eventos dramáticos, los muertos, entre los que se encontraban cuatro conocidos de mi entorno profesional, y el cierre de aeropuertos. Esa noche pude viajar a Buenos Aires, pero el aeropuerto y el avión estaban casi desiertos. Al-Qaeda y Osama Bin Laden sabían lo que se hacían. Atacar al corazón financiero de Occidente y provocar pánico no solo generaba terror por la acción directa, sino un efecto dominó sobre los mercados y de contagio global.

Pero el 11 de septiembre marca también un nuevo ejemplo de intervención innecesaria. Para lidiar con los efectos temporales de las caídas bursátiles y la pérdida de confianza de los inversores, se llevó a cabo una bajada global de tipos de interés y una represión financiera jamás vista en los 150 años precedentes.

Represión financiera es el proceso de devaluar y bajar tipos de interés, que suele venir acompañado de subidas de impuestos generalizadas.

En realidad, la represión financiera es un grupo de medidas que busca sacar dinero de los ciudadanos para sostener sectores en dificultades. Es una subvención encubierta a las tres patas del poder estatal: gobiernos, bancos y empresas «estratégicas». El 11 de septiembre fue también una excusa perfecta para inundar la OCDE, y en particular la Unión Europea, de una batería de regulaciones. Alguien nos convenció de que la crisis era de desregulación, cuando no era así, y aprovechó para colar el mayor período de intervencionismo regulatorio desde los años de la posguerra mundial.

La regulación por sí misma, o el exceso de ella, no evita el abuso y los excesos. Nunca lo ha hecho. Durante los años sesenta y setenta, el nivel de intervención en los sistemas financieros era enorme, y eso no evitó ni crisis muy graves, ni escándalos financieros. No tengo que recordarles casos como Fidecaya, que se fraguó en los sesenta y fue intervenida en 1980, con 250 000 afectados y unos 100 millones de euros actuales en agujero, o Allied Crude Vegetable Oil Corp, que defraudó a miles de clientes, incluido el Bank of America. Los escándalos financieros solo se previenen con cultura financiera. Pero es más fácil, y francamente lucrativo para un burócrata, convencernos de que lo que hacen falta son más normas y reglas y que, cuando no funcionan, deben suplirse con aún más regulación.

La única manera de evitar los excesos es que exista un sistema claro de penalización y un elemento esencial, que es la quiebra. Cuando entran los rescates y las multas se perdonan, cuando en los partícipes se introduce la idea de que el riesgo de equivocarse es menor que el beneficio, siempre va a producirse una elevada probabilidad de que haya excesos. Y si no existe libre mercado, y puede utilizarse el sistema para aprovecharse, el famoso «hecha la ley, hecha la trampa» se convierte en norma.

Ya hemos hablado en detalle sobre las medidas financieras, pero nos falta un capítulo importante. La hiperregulación como factor prolongador de la crisis.

Cuando se critica al liberalismo y a las políticas de apertura, suele hablarse del enorme riesgo que asumieron los bancos y los sectores financieros. Sin embargo, me parece sorprendente que no se hable de cuándo se ha generado esa toma de riesgo. En la mal llamada época del «ultraliberalismo» de Thatcher y Reagan, el balance de la banca con respecto al PIB de Estados Unidos no superaba el 60 %, en Reino Unido, el 56 %. No por sorpresa, la verdadera explosión de riesgo en la banca coincide con el período de enorme intervención de los bancos centrales, imprimiendo moneda y bajando tipos de interés masivamente, en 2001. Toda la regulación del mundo jamás hubiera evitado la toma de riesgo creada por el efecto llamada de «el dinero es gratis», y «tome riesgo», que supone hundir los tipos de interés e inundar el mercado de dinero.

En la hiperregulada y planificada Unión Europea, plagada de leyes y normas, los activos de la banca alcanzaron el 320 % del PIB, en Estados Unidos, el 87 %.

Es importante resaltar que la crisis financiera europea no es una crisis de «poca regulación» ni de sectores privados; en 2006, el 50 % de las entidades financieras europeas eran semiestatales o controladas por políticos.

Desde la creación de la Unión Europea y la Asociación Bancaria Europea (EBA), cada año el sector financiero europeo se ve inundado por la publicación de miles de páginas de regulación de los reguladores nacionales, comunitarios, los diferentes supervisores y comités. Si la Unión Europea es un modelo global de planificación, control y supervisión, ¿cómo es que los activos de la banca europea más que triplicaban a los de la banca norteamericana? ¿Cómo es que han saltado por los aires los modelos bancarios públicos, las cajas, Landesbanks (los bancos regionales alemanes) y similares? ¿Cómo es que bancos tan supervisados y con control semipúblico cayeron en excesos tan monstruosos como para acabar quebrados?

¿Realmente creemos que el problema era la «regulación»? ¿O de incentivos a tomar riesgo porque el dinero era gratis?

No hace falta imprimir 900 páginas anuales de regulación, como se publican en Europa desde 1996, y obviamente no es necesario disponer de consejos en los que estén representados todos los partidos políticos y los sindicatos, como eran las cajas españolas, ese modelo de gestión pública y rigor inversor. No hubiera hecho falta publicar más y más reglas, Basilea I, II y III, si los tipos de interés hubieran fluctuado libremente, y el acceso a crédito se hubiera acompañado de la responsabilidad crediticia y la quiebra al invertir mal.

¿Y los depósitos de los contribuyentes? Están garantizados hasta una cantidad, pero lo más importante es que cuando un banco ineficiente está endeudado 40 o 45 veces sus activos, la excusa de los depósitos, que no llegan a ser un 50 % de sus activos, es, cuando menos, sorprendente.

La crisis europea, con economías en las que el Estado pesa entre un 40 % y un 60 % del PIB, no es una crisis de capitalismo salvaje, ni poca regulación, sino de un modelo económico bancarizado —320 % del PIB de la eurozona— muy intervenido. Regulación excesiva, compleja y burocrática que ha prolongado la agonía del sector financiero durante muchos años, en vez de facilitar las condiciones de mercado para las ampliaciones de capital y ventas de activos necesarios.

«La visión del gobierno sobre la economía es simple: si se mueve, imponle impuestos, si sigue moviéndose, regúlalo, y cuando deja de moverse, subvenciónalo».

RONALD REAGAN.

A pesar de la regulación más detallada y compleja de la OCDE, entre 2008 y 2011 la Unión Europea gastó 4,5 billones (el 37 % de su PIB) en ayudas a instituciones financieras, una gran parte de ellas —las cajas, por ejemplo— públicas y muy supervisadas.

¿Debía haberse rescatado al sector? No. Deberían haberse hecho los rescates internos (bail-in) reales, es decir, forzar ampliaciones de capital, y que bonistas y accionistas ayudasen a limpiar el balance. Pero no se llevó a cabo porque los principales compradores de deuda pública son esas mismas entidades semiquebradas. En realidad, los Estados se estaban rescatando a sí mismos y a sus masivas emisiones de bonos.

Más regulación no va a solucionar la dependencia banca-Estado. Podremos debatir eternamente quién fue primero, la gallina o el huevo, como si los bancos hubiesen llegado a ese nivel de endeudamiento sin el beneplácito, aquiescencia y hasta aliento de los gobiernos, pero no podemos decir que es un problema de falta de regulación. Es un problema de incentivos. El incentivo a endeudarse y sostener al que te financia.

El error de la hiperregulación es lo que se llama «el problema endógeno» (endogeneity problem), que se especifica en el excelente análisis Regulation of European Banks and Business Models publicado por el Centre for European Policy Studies. Y es precisamente ese exceso de intervención lo que impide una solución rápida y quirúrgica a las dificultades del sector financiero europeo.

Durante la crisis, en Estados Unidos, quebraron más de setecientos bancos. Muchos dicen que eran bancos pequeños y que no cuentan, como si la importancia de la quiebra no fuera la misma a efectos de la limpieza del sistema. Varios eran mayores que muchas cajas, con activos de mucho más de un billón de dólares. De la ayuda a la banca estadounidense (TARP), 608 000 millones de dólares, hasta mediados de 2013 fueron devueltos 550 000 millones. Me gustaría saber si algún día veremos en Europa un solo céntimo de las ayudas a la banca.

Y penalización. Ejecutivos despedidos, en la City de Londres, por ejemplo, más de 4500 empleados de alta responsabilidad.

En Estados Unidos y Reino Unido, la existencia de financiación privada, capital riesgo y fondos de inversión de enorme tamaño hicieron posible un proceso de sustitución de crédito bancario por financiación privada que permitió la rápida recuperación de dicho crédito a familias y empresas. Un mercado de capitales sólido y flexible. En Europa, la financiación privada, casi proscrita y desde luego nada incentivada, es menos de un 5 % de las transacciones totales. En Estados Unidos, casi el 20 %.

A la hora de desbloquear el crédito en Europa, el desarrollo del sector financiero privado hubiera sido mucho más eficaz para mejorar la transmisión de fondos a la economía real, pymes y familias. Sin embargo, se decidió mantener a toda costa a los bancos ineficientes, rescatándolos, e intentar cubrir el enorme pastel del riesgo financiero con sirope de fresa: más regulación.

Por lo tanto, la regulación no es una panacea, es solo una herramienta. No es mejor ni peor. Más folios, más comités, más supervisores no consiguen nada. A las pruebas me remito.

La regulación debe ser eficaz y sencilla. Pero, además, según el Banco Mundial, en 2008 el 56 % de la banca mundial en cuanto a activos totales era estatal o semiestatal, con lo cual la toma de riesgo agresiva no se puede achacar a la falta de supervisión estatal. Más bien al «participemos todos de la fiesta» de tipos bajos.

En consecuencia, no fue la desregulación y liberalización lo que generó la crisis financiera, que simplemente no existía antes de bajar tipos e imprimir moneda como si fuese una carrera hacia el infierno. Fueron los incentivos del dinero fácil. ¿Quién pone el dinero fácil? Los Estados y sus bancos centrales. Luego, como no puede ser de otra manera, echan la culpa a los mercados.

Además, los constantes cambios regulatorios en Europa y las decisiones del Eurogrupo no eliminan la necesidad de rescates o de dinero del contribuyente.

Al llevar a cabo constantes revisiones regulatorias —ya van más de veinte en seis años— y crear incertidumbre, el Eurogrupo no ayuda, porque los bancos no pueden llevar a cabo la limpieza de sus balances con la suficiente rapidez.

Esa zancadilla sin mala intención —nunca la tienen— ocurre a la vez que los Estados se endeudan más, tirando del balance de la propia banca, que llega a acumular hasta el 45 % de la deuda soberana de cada país. Por ello, el «círculo vicioso» —palabras del BCE, no mías— de riesgo financiero soberano se dispara.

Los precios de los activos y de la cartera de créditos se deterioran a la vez que la situación económica empeora por las constantes subidas de impuestos y reducciones de renta disponible, creando un efecto nada sorprendente. La represión financiera empeora la mora en el sector financiero.

Para evitar ese deterioro, se introducen nuevos tomos de cientos de páginas de regulación que vuelven a retrasar cualquier solución de mercado para la banca.

Hace ya más de seis años que la banca europea tendría que haber reducido agresivamente su endeudamiento. Según el BNP Paribas, no llega al 30 %.

María Blanco, a la que ya cité antes, me envió este magnífico párrafo de la ley bancaria argentina de 1935. Sí, mil novecientos treinta y cinco.

Si un banco se mantiene dos años en situación de deficiencia de efectivo mínimo, o no presenta un plan que merezca la aprobación del banco central, será liquidado.

Se les prohíbe a los bancos comprar o conservar en forma permanente bienes raíces que no fueran para su uso. Tampoco pueden tener acciones dos años después de su adquisición u obligaciones después del mismo plazo por más del 20 % del capital de las sociedades emisoras y por más del 10 % del capital y del 25 % de las reservas del banco.

Les está prohibido participar directamente en cualquier empresa comercial, industrial y agrícola o de cualquier clase, tomar a su cargo la administración de los bienes de los deudores morosos por más de dos años, ni aceptar de otro banco acciones en garantía.

«Todas estas leyes tienen por objeto asegurar la liquidez de los bancos». No tengo que contarles cómo terminó el país y su sistema financiero. Porque luego todo se diluye, o cambia. Con otra ley. Creando otro comité.

Pero el problema de la hiperregulación no es exclusivo del sector financiero europeo.

Mi buen amigo Manuel Llamas escribió en Libre Mercado que España lleva a cabo un auténtico «bombardeo» legislativo a las empresas con más de 13 000 normas al año, 866 142 folios de normativa. Algo que coincide con la baja calificación a la hora de crear empresas, según el informe Doing Business de 2013, el país destaca muy negativamente en las áreas de apertura de negocios (puesto 136), protección de los inversores (100), o cumplimiento de contratos (64) http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/spain#starting-a-business.

Las instituciones europeas aprueban 18 normas jurídicas al día, 6500 al año, que afectan aspectos cotidianos de la vida de todos los europeos y, en muchas ocasiones, no tienen en cuenta ni la opinión de la población ni las consecuencias sociales y económicas de estas decisiones.

La burocracia e hiperregulación siempre se justifican, hasta que entendamos que solo tienen un objetivo: justificar la existencia misma de los organismos burocráticos. Perpetuar y multiplicar los entes que las crean y sus enormes —y bien pagados— equipos de profesionales, no solucionar los problemas de los ciudadanos.

Y es por eso, porque siempre se justifican, que los equipajes de nuestros compañeros siguen pesando demasiado. Tanto que el unicornio «fíjate en los éxitos sociales de los países sudamericanos» empieza a costarnos dinero en sobrecargo. Tendremos que tomar el avión a Latinoamérica, y profundizar sobre el efecto del intervencionismo. Vámonos a Caracas.

19
Venezuela, el bolivarianismo y la pesadilla del sueño colectivista

«No sería extraño que en Marte haya habido civilización, pero a lo mejor allá llegó el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta».

HUGO CHÁVEZ.

«¿Qué queremos?». «Chavismo y muerte al imperio». «¿Cuándo lo queremos?». «¡Ahora!». «¿Y renta per cápita venezolana?». «¡No, renta per cápita yanqui!».

Yo adoro Latinoamérica. Me encantan sus países, sus culturas, su gente. Me inspira su espíritu de superación. Tengo muchísimos amigos en países como Colombia, México, Argentina, Venezuela, Perú o Chile, y cada vez que visito una de esas naciones vuelvo con energías renovadas.

Cuando le comentaba la crisis europea, un buen amigo mexicano me decía: «Ustedes no tienen crisis, tienen bache. Lo que pasa es que siempre se están preparando para la recuperación del año que viene, y por eso se deprimen. Nosotros nos preparamos para el precipicio».

En todos estos años, siempre he buscado una oportunidad para visitar países de Latinoamérica por negocios. He visto crisis muy profundas, golpes de Estado, dictaduras, democracias, quiebras de bancos centrales, devaluaciones y todo tipo de acontecimientos. Latinoamérica ha sido para mí como un curso de valor incalculable de economía, sociología y política. Pero si hay un hecho político y económico que suscita mi sorpresa y curiosidad, por la benevolencia con la que se les trata en Europa y muchos medios de comunicación, ese es el «bolivarianismo».

El bolivarianismo es una ideología que une el socialismo al pensamiento republicano y humanista. Sus líderes políticos basan sus propios proyectos en interpretaciones de los ideales de Simón Bolívar, militar y político venezolano que destacó por ser uno de los líderes de la emancipación americana frente al imperio español. El expresidente de Venezuela Hugo Chávez, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el presidente de Bolivia, Evo Morales, se inspiran en una combinación de ideas de Simón Bolívar y antiimperialismo socialista que se enmarca en el denominado socialismo del siglo XXI, surgido a raíz de la revolución bolivariana en Venezuela.

¿Bolivarianismo? Llegamos a Venezuela.

Viajé a Venezuela por razones de trabajo en el período en el que el presidente Hugo Chávez ya se encontraba muy mal de salud, enfermo de cáncer.

Aterrizar en Caracas es toda una experiencia. Nada más mostrar el pasaporte se encuentra uno con un enorme cartel que anuncia «Construyendo el socialismo bolivariano». Al pararme a echar un vistazo a los enormes anuncios propagandistas, no pude dejar de darme cuenta, con nerviosismo, de que se acercaban a preguntarme algunos de los centenares de soldados de Chávez, jovencísimos chicos y chicas, pero deseosos de mostrar ante compañeros y visitantes su fervor y rigor socialista.

«¿Usted se está riendo de mí?», me dijo una soldado que no debía de tener más de veinte años cuando le dije que solo quería fotografiar el aeropuerto como recuerdo. Le debía parecer inaudito. Me disculpé, aunque podría ser su padre, al comprobar el magnífico fusil que lucía. «Muchas gracias, oficial…». Y apreté el paso mientras la bella soldado me miraba con cara de pocos amigos, como si yo fuera el culpable del hambre en el mundo.

Por si quedase alguna duda, al tomar la carretera desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad, entre chabolas, barrios humildes, parques y avenidas, se leían pintadas que nos recordaban que «todos somos Chávez», que podemos elegir sin problema entre «socialismo o muerte» y que podemos estar tranquilos porque «somos el principio del fin del imperialismo». Uno pensaría que está dando un paseo por la Cuba más retrógrada; sin embargo, en Venezuela convive la imagen exterior, de país socialista, con un espíritu emprendedor y capitalista que no es nada desdeñable. De camino al hotel, mi amigo Jorge me decía: «Aquí hemos pasado de hacer business con Coca-Cola a hacerlo con zumo de Guayaba», refiriéndose a la petición del presidente Chávez de que los venezolanos no consumieran la bebida refrescante norteamericana, aparente símbolo de todos los males capitalistas, y tomaran zumo de la fruta local. Pero ese espíritu emprendedor está siendo cercenado, penalizado por una política colectivista de igualdad en la miseria. Y desaparece día a día.

Mientras recorríamos las calles de esa imponente ciudad que es Caracas, con sus grandes restaurantes, rascacielos gigantes de la época de la bonanza y centenares de anuncios de clínicas de cirugía estética, pensaba que desde los años noventa, cuando empecé a viajar por Latinoamérica, había visto a Chile, Perú, Colombia, México, Brasil, superar sus crisis, prosperar y desarrollar sus economías; y sin embargo, Venezuela, Bolivia, Ecuador, ricos en petróleo, gas y materias primas, habían empeorado. A pesar de ver su renta petrolera multiplicarse hasta cuatro veces, la renta per cápita seguía siendo bajísima, la inflación se disparaba y las devaluaciones constantes hundían la economía.

El triste legado del bolivarianismo, que nació como promesa igualitaria y social tras los excesos del pasado. Otra terrible consecuencia de la decisión colectiva de entregar libertad a un líder o líderes autoritarios, democráticamente elegidos, a cambio de seguridad. Y no conseguir ninguna de las dos.

Y la casualidad quiso que estuviera de viaje en Venezuela justo cuando anunciaron la muerte de Hugo Chávez, líder carismático del bolivarianismo, discípulo de Fidel Castro y azote del imperio.

Tuve la oportunidad de seguir en directo el anuncio oficial desde Caracas, donde se vivió con una combinación de incertidumbre, tristeza, miedo y esperanza.

En la ciudad, el rumor se intensificaba durante el día, a medida que la presión de la prensa internacional se encontraba con respuestas dispares de los medios de comunicación oficiales.

Tras varios días casi desiertos, los hoteles del centro eran un hervidero de periodistas y curiosos usando la red wifi para transmitir y escuchar las noticias al minuto.

La reacción de la población ante el anuncio oficial fue de estupor. Un líder tan carismático nunca deja indiferente. Se notaba evidente tristeza en el chavismo. Una señora comentaba, «se me muere el alma». A la vez se percibía prudencia y esperanza en la oposición, que no contaba para nada con la victoria en los comicios generales, que finalmente perdió en un proceso electoral muy cuestionado.

Caracas permanecía tranquila a pesar de los mensajes que alertaban sobre una posible «intervención imperialista» y llamadas a la concentración de duelo en todas las plazas de Bolívar del país.

En Venezuela, como decía mi amigo mexicano, también han aprendido a «prepararse para el precipicio», y es un pueblo sabio que ha sobrevivido a muchos gobiernos que han tenido como denominador común hacer promesas sin cumplirlas.

Aeropuerto de Caracas

Es un país en el que existe un evidente apoyo al chavismo. Negarlo es ridículo. Pero también, dentro de ese apoyo, se percibía que el modelo de aislamiento ha llevado a la economía a una situación poco sostenible. Por ello, en aquellas fechas históricas, percibí el anhelo de que se lleve a cabo una tímida apertura, aunque nadie creyera que fuera a producirse de manera inminente y sabían que no será, ni mucho menos, similar a la del país vecino, Colombia, que de la mano del presidente Álvaro Uribe llevó a cabo una revolución económica y social desde la apertura y el comercio, que hizo posible que la nación pasara de ser una de las zonas más peligrosas del mundo, lastrada por la corrupción, el narcotráfico y la violencia, a ser un centro internacional de negocios, multiplicando por 2,5 veces la renta per cápita del país, y todo sin buscar devaluaciones ni inflación falsa, y a pesar de no contar con la riqueza petrolera de Venezuela. El pilar básico del éxito de Colombia fue su política exterior. Abrir las puertas a todos los mercados y desprenderse poco a poco de la dependencia del comercio con unos vecinos, Venezuela entre ellos, que daban señales de agotamiento.

«Solo quiero poder comprar lo que necesito para sobrevivir», me decía un camarero que había visto la inflación dispararse un 40 % anual y los mercados desabastecidos, hasta el punto de dejar al país sin papel higiénico, mientras la televisión oficial imploraba «no caer en las compras compulsivas», algo que parecía irónico si no fuera dramático. El bolívar del mercado negro cotizaba a 26 contra el dólar, pero a 6 en el tipo oficial, y la economía sumergida se disparaba.

En febrero de 2013, el régimen de Hugo Chávez devaluó su moneda por séptima vez, rebajando el tipo oficial de cambio de 4,3 a 6,3 bolívares por cada dólar. En realidad, el tipo oficial no refleja en absoluto el valor que da el mercado a la moneda venezolana. Así, pese al tipo de cambio oficial de 6,3/1, los venezolanos saben bien que la relación entre ambas medidas es cercana a 25/1.

Esto ha llevado a que en 2013 la renta per cápita de Venezuela haya caído desde los 13 000 dólares en 2007 a 9000. Una caída anual del poder adquisitivo del 22 % en un solo año, en medio de una explosión inflacionaria del 46 % y escasez del 20,4 %, según el Banco Central de Venezuela. Uno de los empobrecimientos de la población más espectaculares jamás visto en tiempos de paz.

La mayoría de la gente con la que hablé pensaba que el gobierno del entonces candidato Maduro, luego elegido presidente, antes de abrir la economía, volvería a recurrir a inundar de dinero a los sectores subvencionados para perpetuar un régimen que a pesar de contar con riqueza petrolera y ver el precio del barril multiplicarse por diez durante el mandato de Chávez, se embarcó en una espiral peligrosa de devaluación, deuda e inflación. Es sorprendente que un país en el que el 50 % de la economía viene de ingresos del petróleo haya disparado la deuda pública, con un déficit cercano al 9 %, y la de su petrolera nacional. Y cuesta ver enormes resultados de la inversión social.

El régimen chavista acumuló una inflación del 528 % entre 2003 y 2011, para después firmar un alza de precios del 20 % en 2012. La previsión para 2013 es aún peor. Se estima una inflación del 30 %.

«Con lo que hoy te compras un café y un desayuno, hace veinte años te comprabas un carro», me decía el conductor mientras visitamos instalaciones petroleras, en una nación que necesita de su riqueza y, sin embargo, dona casi cien mil barriles al día a Cuba —que consume 40 000—. El resto, Cuba «lo exporta» y a cambio da ayuda sanitaria y guía ideológica al régimen venezolano.

Otra de las características más conocidas del régimen venezolano fueron las expropiaciones. Los vídeos que pueden verse en Youtube con Chávez decretando «exprópiese señor ministro» son muy populares, y serían hasta divertidos si no supusieran un inaceptable asalto a la propiedad privada. Según el Observatorio de los Derechos de Propiedad Privada, BBC, en seis años (2005-2011), el régimen llevó a cabo 1826 violaciones a la propiedad privada, entre expropiaciones, intervenciones forzosas, y se estima que solo un 5 % de los casos fue indemnizado.

FIGURA 12.

Índices de pobreza en Latinoamérica

Fuente: Fundación Ethos.

Pero a los defensores del régimen, lo que les importa es la reducción de la pobreza. Es curioso, porque el índice de pobreza en Latinoamérica de la Fundación Ethos, que mide la pobreza tanto en los hogares como en el entorno, sitúa a Venezuela entre los tres países más pobres, curiosamente seguido de Ecuador y Bolivia, otros dos países gobernados por el «socialismo del siglo XXI», mientras las economías más abiertas, Chile, México y Colombia, quedaban en los primeros puestos por menor pobreza ‹http://www.ethos.org.mx/revista/pages/ethos_17mayo2011.pdf›.

Lo comentaba antes. Los regímenes intervencionistas siempre se preocupan por los pobres. Por eso crean millones de ellos.

Gabriela Calderón de Burgos, del Cato Institute, y Diego Sánchez de la Cruz explican por qué Ecuador o Venezuela no han aprovechado el buen momento que disfruta América Latina para relanzar su crecimiento y su desarrollo socioeconómico. Comparando el crecimiento en el «socialismo del siglo XXI» con países como Chile, Colombia o Perú, se comprueba que el modelo más intervencionista arroja peores resultados que el de las economías abiertas.

Cuando la fortuna favorece a todos, siempre hay unos que la aprovechan mejor que otros. Comparemos algunos países socialistas del siglo XXI y algunos que se han destacado por su tendencia hacia un modelo económico de menor intervención estatal. En el primer grupo consideremos a Venezuela y a uno menos radicalizado como Ecuador. En el segundo grupo consideremos a Chile, Colombia y Perú.

Entre 2006 y 2011, el PIB real en dólares constantes del 2000 creció en un 20 % en Chile, 23,9 % en Colombia y 40 % en Perú. En cambio, Ecuador creció en un 22,6 % y Venezuela solo 13,7 %. Durante el mismo período, el PIB real per cápita creció un 15 % en Chile, 15 % en Colombia y 33 % en Perú. Las cifras para Ecuador y Venezuela son menores, 14 % y 5 %, respectivamente.

Entre 2006 y 2011, el gasto público como porcentaje del PIB aumentó en 4,6 puntos porcentuales en Chile; 1,5 puntos porcentuales en Perú, y disminuyó en 0,1 % de un punto porcentual en Colombia. En cambio, en Ecuador aumentó en 23 puntos porcentuales y en Venezuela 6 puntos porcentuales.

En cuanto a pobreza, sería injusto comparar a Ecuador y Venezuela con Chile, un país que está cerca de convertirse en desarrollado. Pero sí es apropiado compararlo con Colombia y Perú. Según la CEPAL, entre 2006 y 2011, Colombia redujo el porcentaje de población que vivía en la pobreza, de 42,2 % a 34,2 % (8 %); y Perú, de 44,5 % a 27,8 % (16,7 %). Según la misma serie de datos, Ecuador redujo la pobreza de 43 % a 35,4 % (7,6 %) y Venezuela solamente de 30,2 % a 29,5 % (0,7 %). Perú redujo el doble de pobreza que Ecuador casi sin aumentar el nivel de gasto público.

Las cifras para Bolivia son también muy desalentadoras. El PIB per cápita aumentó de 1200 a 2400 dólares. El PIB per cápita en Chile es de 16 023 dólares. El 49 % de la población vive en la pobreza a pesar de multiplicar por cuatro su renta petrolera. Reducir la pobreza del 60 % al 49 % con un aumento de los precios de las materias primas tan significativo como el visto en estos años es poco más que decente. Ecuador, Bolivia y Venezuela han basado su moderado progreso en el gasto público, que ha sido posible gracias a la subida de los precios del petróleo. Chile, Colombia y Perú, sin rentas tan altas por materias primas, obtuvieron resultados superiores con economías abiertas y respeto a la propiedad privada.

Recordando todas estas cifras y las desastrosas cifras de renta per cápita, siempre me ha sorprendido que en España y otros países de Europa se ensalce la labor de los gobernantes del «socialismo del siglo XXI» como modelos para seguir.

«El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas.

Por eso, cuando los hombres comen esos pollos, tienen desviaciones en su ser como hombres».

EVO MORALES.

Una renta per cápita de 9000 dólares en Venezuela, 8000 dólares en Ecuador y 2400 dólares en Bolivia. En España es de 30 150 dólares. ¿Y estos son «modelos» para nuestra nación? Países que, habiendo disfrutado de rentas extraordinarias multiplicadas por los precios de las materias primas, no solo siguen en la pobreza, sino que afrontan un período muy difícil en el que la lotería del precio del petróleo y el gas ya no es la misma.

«El presidente de la república no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso es el Estado ecuatoriano».

RAFAEL CORREA.

Ecuador y su líder, Rafael Correa, son un caso similar, y revelador. Correa es un economista, educado en Estados Unidos, y una persona de una inteligencia incuestionable. Como economista, su gran acierto ha sido mantener el dólar como moneda del país y no caer en la tentación de devaluar y crear inflación en la economía con políticas monetarias extremas. La mayoría de la población ecuatoriana la ve como una de las mejores decisiones tomadas en el campo económico. La diferencia con Venezuela es espectacular, a mediados de 2013 una inflación del 2,39 % comparado con un 42 % en el régimen chavista.

El conocimiento de Correa de la situación económica y de las diferentes teorías le ayudó a acercarse, desde su experiencia, a un electorado que buscaba seguridad, patriotismo y esperanza. Cuando venció en las elecciones de 2006 promovió una reforma de la Constitución y fue llevando a cabo cambios en la estructura del Estado, incluida una campaña feroz contra la prensa. El presidente acumula denuncias y demandas de más de 500 millones de dólares contra periodistas y medios de comunicación que critican su gestión. Con el apoyo de todos los movimientos de izquierda, impulsó un cambio que prometía más democracia y soberanía y ha ido derivando, como en Venezuela, hacia un régimen personalista en el que la cruzada contra la libertad de prensa se mezcla con un cambio constitucional que, imitando a Chávez, otorga un nivel desproporcionado de poder al presidente y su gobierno. Supongo que el pueblo aceptaría estos cambios si la riqueza les desbordara, pero en un país que ha visto su renta petrolera multiplicarse por seis en diez años, hasta los 6085 millones de dólares, cabe resaltar que esa enorme riqueza simplemente no llega a la población. Multiplicar por seis los ingresos por petróleo para generar una reducción de la pobreza del 7,6 %, comparado con otros países que no disfrutan de esos ingresos extraordinarios, nos muestra la cuestionable bondad de las mejoras alcanzadas.

Sin embargo, esta renta extraordinaria por los precios del petróleo ha permitido que el gasto público se dispare de manera espectacular. Desde 2007, Ecuador cuenta con 100 000 empleados públicos más, y el Estado ha pasado de consumir el 26,3 % del PIB a casi el 41 %. El libro Revolución ciudadana: tanto para tan poco, de Pablo Lucio Paredes, merece ser leído para entender qué ha supuesto este cambio.

Ante la promesa de seguridad, perder libertad. Y, desafortunadamente, no recibir más riqueza.

¿Y qué es lo que ocurre en países que disfrutan de una renta por petróleo tan alta y con regímenes socialistas para que no se redistribuya esa riqueza? Lo que ocurre en muchos petro-Estados. El escritor venezolano Ibsen Martínez lo explica muy bien:

El petro-Estado recauda ingentes recursos, cierto, pero crea a su vez poderosos e irresistibles incentivos para decidir clientelarmente a la hora de «redistribuir». Con ello, debilita sus propias instituciones y restringe perversamente las políticas públicas disponibles para combatir la pobreza, por ejemplo, o para asegurar educación y asistencia médica gratuitas a su población pobre. Ocurre en los petro-Estados que todo lo que, por sí solo, ya sería suficientemente malo, se agrava al estar expuestos, además, a una circunstancia inherente a la naturaleza misma del negocio petrolero: los ciclos.

Y el problema es que el que parte, reparte y se lleva la mejor parte. Se crea lo que se llaman los «boliburgueses», esos funcionarios y contratistas del gobierno bolivariano que cuentan con la firma en el cheque de las subvenciones y que se pasean por Caracas en Audi Q7 y acumulan privilegios muy similares a los de los oligarcas mientras a la población le caen unas gotas de la lluvia de petrodólares.

Conviene recalcar que la historia de las malas decisiones económicas de Latinoamérica está plagada de malas recomendaciones de los organismos internacionales, y aderezada con políticas gubernamentales que buscaban contentar a dichos organismos en una parte de la ecuación: el servicio de la deuda.

Una clara muestra de cómo el intervencionismo no se soluciona con más intervención, y cómo las recetas «generalistas» no funcionan, es el Consenso de Washington, que es como se denomina a la batería de políticas económicas que los organismos internacionales recomendaron para Latinoamérica con el objetivo de impulsar el crecimiento.

Dicho consenso, elaborado a partir de un informe titulado What Washington Means by Policy Reform, de John Williamson, economista del FMI y del Banco Mundial, propuso una batería de medidas de apertura para Latinoamérica centradas en el control del gasto público, reducción de subvenciones improductivas para centrarlas en áreas de crecimiento, reformas fiscales para aumentar ingresos, privatizaciones y apertura a la inversión extranjera, además de una política monetaria «competitiva».

Sobre el papel, muchas de esas medidas tenían, y siguen teniendo, mucho sentido, pero en el decálogo se olvida un punto esencial. Las recomendaciones suponen añadir burocracia e intervención, control supraestatal a países que ya de por sí sufrían de un nivel de intervencionismo muy agresivo. Al convertirse en un decálogo de «medidas de prestamista», orientado hacia las grandes cifras y erróneamente decidiendo «por comité» dónde debe centrarse la política de crecimiento, indicando dónde hay que subvencionar y buscando aumentar las bases imponibles para recaudar más, el efecto negativo es doble.

Se confunden estas recomendaciones de intervencionismo supranacional y restricción con liberalismo.

Efectivamente, las medidas del Consenso de Washington tienen muy poco de liberales, porque ofrecen una «talla única», un grupo de medidas que sirva para todas las economías sea cual sea su estructura productiva, y porque no profundizan en la Verdadera libertad económica, que es generar una clase media potente y dejar florecer las pequeñas y medianas empresas, aumentar la competencia y romper con los oligopolios ineficientes, y no simplemente venderlos o fusionarlos para crear un monstruo mayor.

Pero, sobre todo, son profundamente antiliberales porque imponen un modelo que no produce expansión económica real, al preocuparse únicamente de las variables macroeconómicas crediticias, es decir, el pago.

Por ejemplo, las privatizaciones. En países donde tres o cuatro grupos empresariales estatales controlaban amplias áreas de la economía, haciéndola ineficiente y evitando la competencia y la innovación, la privatización por sí sola no consigue nada más que generar una renta al país al venderse, pero sin desmembrar esos monopolios en un entorno realmente libre, con seguridad, solo se consigue perpetuar el mismo modelo, o agravarlo. Por eso la escuela austríaca y los economistas liberales siempre han mostrado una crítica feroz a estas «medidas de prestamista», a estas «tallas únicas» de control sobre los países.

El Consenso de Washington no ha producido una expansión económica significativa en Latinoamérica, y sí en cambio algunas graves crisis económicas, precisamente por el anquilosamiento de los sistemas ineficientes de un gobierno a otro y la acumulación de deuda externa.

¿Qué ocurre? Cuando la población sufre por esas ineficiencias o por la tendencia molesta de los gobiernos de imprimir moneda y hundir sus bancos centrales, no es de extrañar que busquen alternativas contrarias, el totalitarismo, sin saber que se están metiendo en la boca del lobo y escapando de un tipo de control a otro.

Si algo se le debe criticar al FMI y al Consenso de Washington en las crisis latinoamericanas ha sido la incapacidad de reconocer la importancia de dejar que se cree una clase media, aumentar la renta disponible y que se promueva la competencia. Los pilares del éxito de cualquier país. Los pilares del éxito de Chile, México o Colombia en los últimos años.

Los países del socialismo del siglo XXI son ejemplos claros de naciones que se entregan democráticamente a regímenes que reducen la libertad tras el efecto demoledor de haber seguido paso a paso las recomendaciones del FMI para el servicio de la deuda, pero no para la apertura y modernización.

No es casualidad que el país con más igualdad de América Latina sea Uruguay, una economía más libre y no un petro-Estado intervenido. Venezuela, Ecuador o Bolivia son países magníficos, con un potencial económico espectacular. En ese desarrollo, el capital internacional será esencial. Por lo tanto, es imperativo buscar un balance que permita reducir las desigualdades y crecer sin hundir la moneda, caer en el desabastecimiento e hiperinflación y subvencionar. La solución está muy cerca. Abrir el acceso a la inversión, como hacen tantos países productores de petróleo. Y libre mercado, que desde hace muchas décadas le ha faltado a este maravilloso país.

El unicornio de la intervención masiva ya no pesa. Lo hemos dejado en Quito en la sala de objetos perdidos. Sin embargo, leemos la prensa española, y algún expresidente de comunidad autónoma y comentaristas políticos nos recomiendan una y otra vez que debemos aumentar masivamente el empleo público, imprimir moneda y así solucionar la crisis. No nos hemos dado cuenta, y el unicornio ha vuelto a subirse a nuestro equipaje. Vayamos a Buenos Aires, que nos espera una interesante travesía por la política de «estimular la demanda interna».

20
No llores por mí, Argentina

«La represión financiera es una manera óptima para salir de la crisis».

LORENZO BINI SMAGHI.

«¿Qué queremos?». «Copiar a Argentina». «¿Cuándo lo queremos?». «¡Ahora!». «¿Y la inflación?». «¿Eso qué es?».

El Hotel Alvear de Buenos Aires es uno de esos magníficos lugares donde uno pasaría semanas como en su propia casa. Tuve la ocasión de comprobar la hospitalidad y calidad del servicio durante las terribles protestas que asolaron el país durante la crisis de 2001, que terminó con lo que se denomina el corralito, el cierre de los bancos al público, con restricción al uso de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro, y la «pesificación».

Muchos argentinos perdieron todos sus ahorros y se encontraron en situación de miseria, teniendo que recurrir al trueque, mientras en los supermercados los precios se disparaban por la inflación y se notaba el desabastecimiento. Un pueblo admirable, el argentino, puso manos a la obra para solucionar sus vidas a pesar del desaguisado creado por sus representantes. Los clubes de trueque fueron una muestra magnífica de organización eficiente fuera del aparato burocrático y administrativo. Ante un desastre económico de tal magnitud, las personas intercambiaban bienes y servicios en un mercado abierto, libre, solidario. Una prueba más de que la iniciativa personal suple las deficiencias del Estado, y de manera rápida y sencilla ofrece soluciones reales a problemas urgentes.

Conocí casos espeluznantes, jubilados que tenían que buscar un trabajo recogiendo basura o repartiendo octavillas para subsistir, y familias que se concentraban en una habitación para no consumir gas o electricidad en el invierno. De la noche a la mañana, la riqueza percibida simplemente desapareció.

Era una situación dramática. La enorme devaluación posterior hizo que el país tuviera varias monedas: pesos, patacones y lecops. Junto con ellas, proliferaron los «tickets trueque», que servían para intercambiar bienes y servicios en redes de ayuda. Encerrado en la habitación durante los disturbios, escuché una frase en un debate en televisión que nunca olvidaré. Una escritora local dijo: «Hace cincuenta años la Argentina pudo decidir entre parecer y ser, y lo que escogió fue parecer».

Un país de gente extremadamente bien preparada, innovador, con una cultura rica y un nivel educativo fabuloso, había sido fagocitado por una clase política clientelista y liberticida, que mantenía secuestrada la actividad económica con políticas proteccionistas. «Nos siguen pegando abajo» cantaba el gran Charly García, icono del rock argentino, y no le faltaba razón. El sector público y político se comportaba de manera muy similar a la mafia. No solo cercenando la libertad, sino amenazando con que «sin mí no puedes sobrevivir». ¿Cómo se llegó a esta situación?

Argentina siempre había tenido un problema de inflación excesiva. Una enorme parte de la responsabilidad de ese problema recae sobre la política populista llamada «peronismo», en honor al mandatario Juan Domingo Perón. Profundamente liberticida, su visión política «solo se diferenciaba de cualquier fascista por la forma democrática en la que alcanzó el poder, si bien sus políticas de satisfacer a todo el mundo —obreros, empresarios— no hicieron más que coartar la libertad de empresa introduciendo los clásicos aranceles proteccionistas que no hacían más que mantener estructuras industriales obsoletas y aumentar la inflación» (The Ascent of Money, Niall Ferguson, 2008). Entre 1975 y 1990, la inflación superó cualquier cifra razonable, con valores de tres y cuatro dígitos. En 1989 alcanzó el 5000 %, con la inflación mensual en junio superior al ciento por ciento, y la deuda externa por encima de los 65 000 millones de dólares, frente a los 46 000 millones de seis años antes.

Intentar controlar dicha inflación era esencial para el país, pero la decisión de introducir un mecanismo incorrecto de convertibilidad entre el dólar y el peso desembocó en una crisis mayor.

Sí, la crisis de Argentina en 2001 se manifestó como todas las crisis: con un shock financiero. Pero igual que otras anteriores, eso era solo la manifestación externa de varios males internos, derivados de la ley de Convertibilidad de 1991.

Ante un problema de inflación desbocada, el peso se convirtió en la moneda nacional de Argentina, sustituyendo al austral. Cada peso era convertible frente al dólar. Solo había un problema. La sobrevaloración de partida del tipo cambiario generó una bola de nieve de riesgo que estalló en una crisis de enorme calado, que produjo devaluación e impago, y una economía que más de una década después aún no ha solucionado sus distorsiones y se enfrenta a la hiperinflación de nuevo, igual que en 1991.

La creación del peso convertible en 1991 hizo que Argentina estrenase su sexta moneda en el siglo XX. Si bien la medida permitió un control de la inflación, la acumulación de déficits tanto del Estado como de las provincias provocó que la deuda pública pasase del 35 % del PIB en 1994 al 64 % en 2001. Tras una reducción de la renta per cápita del 12 % en solo un año, Argentina suspendió pagos el 23 de diciembre de 2001, la mayor quiebra de la historia (Ferguson, The Ascent of Money).

El trienio 2001-2003 fue una época muy difícil, con manifestaciones de muy lógica indignación en las que se podía oír una y otra vez el famoso «¡Que se vayan todos!», mencionando a los políticos, que según la población habían creado tal desastre económico. La pérdida de los ahorros y la miseria para una sociedad donde la clase media había florecido de manera espectacular.

Se creaban las condiciones de rebeldía e indignación para escapar de modelos dictatoriales y mal llamados liberales, profundamente liberticidas, a uno intervencionista sin máscara. El peronismo populista al extremo, el kirchnerismo, que comentaremos a continuación.

Jorge Schvarzer, en ¿Qué rumbo toma Argentina? La crisis como oportunidad (Fundación Friedrich Ebert, Bonn), explica el principio del problema:

La estrategia de generar divisas a través de un saldo positivo en el comercio exterior estaba amenazada desde el inicio por el tipo de cambio fijado para la convertibilidad. La ley estableció un valor muy alto para el peso, en relación con el dólar, y decidió mantenerlo fijo a lo largo del tiempo, independientemente de la evolución de cualquier otra variable. La sobrevaluación de la moneda local convalidó la entrada masiva de mercancías del exterior, mientras alentaba la salida, no menos masiva, de turistas argentinos hacia todos los rincones del planeta. Ambas demandas reclamaban divisas adicionales que debían obtenerse por medio de mayores exportaciones. Pero el esperado aumento de la venta de bienes al exterior resultó difícil por la sobrevaloración de la moneda; de hecho, el monto total de las exportaciones permaneció estable durante varios años cruciales.

Cuando al acabarse la ola de privatizaciones de empresas públicas el déficit de divisas dejó de cubrirse, se acentuaron los problemas:

El gobierno estimuló el depósito de dólares en el mercado financiero local, que ofrecía tasas atractivas a los ahorradores. Esos depósitos se volcaban al mercado como préstamos en dólares, debido a las normas del Banco Central, y alentaban un proceso de «dolarización» muy marcado. En pocos años, los depósitos en dólares eran superiores a los depósitos en pesos y, a través del multiplicador bancario, se imponían en las transacciones locales. Irónicamente, el Banco Central, que tenía por función «cuidar el valor de la moneda local», contribuía a forjar un sistema monetario basado en el dólar.

Lo que saltó por los aires en 2001 no fue solo una crisis financiera, sino la acumulación de distorsiones creadas por esa sobrevaloración de la moneda, tan grave como la devaluación que comentábamos en Venezuela. Y un problema de modelo productivo. Una economía en la que los recursos naturales, que hicieron del país uno de los más ricos en los cincuenta, dejaban de crear las divisas y las exportaciones necesarias. El granero del mundo pasaba de exportar a importar, aupado por un crecimiento en la economía de servicios que atendía a una demanda interna y a un sector público simplemente inasumible.

Las similitudes con la burbuja española y periférica no son pequeñas. Y precisamente las similitudes en el problema deberían alertarnos a la hora de intentar buscar la solución en las mismas recetas argentinas: la devaluación, el impago, el estímulo artificial de la demanda interna y la inflación excesiva.

Sí, los argentinos «percibían riqueza», aunque se basaba en un Estado y regiones hipertrofiados, una demanda interna que, igual que hemos vivido en los países de la periferia europea, simplemente no era sostenible, y un explosivo aumento del endeudamiento privado y público. El país exportaba menos y el sistema financiero cargaba con un riesgo que se iba acumulando como una bola de nieve hasta hacerse inasumible.

¿Qué implicaba esto? Una percepción de riqueza artificial provocada por la percepción de estabilidad, no de la economía argentina, sino de la norteamericana, y una explosión de crédito y consumo derivado de dicho «sentimiento de riqueza». Lo que ocurría era que para mantener esa paridad de manera real, el país tenía que ingresar divisas al menos en proporción con la creación de dinero y crédito, y eso no ocurrió.

La paridad de un peso igual a un dólar se mantuvo hasta el 7 de enero de 2002, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde derogó la ley de Convertibilidad y devaluó el peso.

FIGURA 13.

Devaluación del peso, 2003-2011.

Fuente: La Nación.

No solo se ha realizado una devaluación monstruosa, sino que en 2013 ya existe un dólar paralelo al dólar paralelo; es decir, hay tres tipos de cambio para tres mercados de divisas. También hay un mercado negro de los títulos públicos nominados en dólares, denunciado en muchas ocasiones por Clarín y La Nación, los principales medios. Se negocian a un precio en bolsa y luego se liquida la diferencia pagando con dinero negro.

Y de nuevo, en nuestro viaje, ante errores de política intervencionista, encontramos otro ejemplo de entrega a un modelo de mayor intervención: el kirchnerismo.

El kirchnerismo nace en Argentina en 2003 para denominar la ideología y la política implementadas por el matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ambos presidentes de Argentina. Se trata de una ideología enmarcada en el «peronismo combativo», antiliberal, profundamente intervencionista y con fuertes lazos con la ideología del «socialismo del siglo XXI» que comentábamos en el capítulo anterior. Sin embargo, cabe diferenciar claramente entre el modelo de Néstor y el de Cristina. El de Néstor permitía a las empresas hacer negocio y le preocupaba el pago de la deuda. El de Cristina es mucho más popular-nacionalista, sin criterio económico y con políticas, como las expropiaciones forzosas de empresas, inimaginables con Néstor.

Igual que el bolivarianismo, puede considerarse como una alternativa intervencionista y antiamericana a los regímenes supuestamente liberales que existieron en los países correspondientes a finales de los noventa. Y digo supuestamente liberales porque los gobiernos previos en dichos países llevaron a cabo políticas económicas que no tenían nada que ver con el liberalismo, sino más bien con el corporativismo, que es la defensa a toda costa de los intereses empresariales de oligopolios. Es importante diferenciar esa política del liberalismo, porque al no introducir competencia, libre mercado y cerrar las puertas a la liberalización de los sectores estratégicos, simplemente muestra una imagen de apertura, que no concuerda con la realidad.

Cuando Néstor Kirchner asumió el poder, el dólar no llegaba a los tres pesos. En 2013 es cercano a 6,10. Solo unas pocas monedas han perdido más valor que el que perdió el peso entre 2003 y 2013: las de Guinea, Venezuela, Bielorrusia, Seychelles y Congo. Argentina ocupa el sexto lugar en cuanto a destrucción monetaria, seguido de Etiopía.

En la actualidad, la cantidad de billetes de 100 pesos que hay en circulación suma más de la mitad de la masa monetaria total. Así lo confirma el Banco Central, de cuyo informe para 2011 podemos deducir que el número de billetes circulantes de 100 pesos se ha multiplicado por tres en el último lustro. Según ha publicado Bloomberg, este aumento equivale a casi el 40 %, por encima incluso del elevado ritmo del 30 % al que venía aumentando la masa monetaria en los años anteriores.

En 2011, año de elecciones presidenciales, el 52 % de los nuevos pesos disponibles en la economía argentina se fueron directamente a financiar programas de gasto gubernamental. Así se explica, por ejemplo, que en los meses anteriores a los comicios la propaganda oficial del gobierno pudiese aumentar un 84 %. Mientras tanto, los argentinos van perdiendo poder adquisitivo de forma acelerada.

Foto tomada en supermercado de Buenos Aires con racionamiento de comida.

En los últimos años se ha hablado mucho sobre el supuesto éxito económico de Argentina. Economistas como Paul Krugman o Joseph Stiglitz se lanzaron a defender el modelo del país latinoamericano, sobre todo como ejemplo para Europa, por el crecimiento del PIB y el bajo desempleo, pero su postura ha chocado con la realidad de la hiperinflación y las cifras maquilladas. En el ámbito internacional, las alarmas empezaron a saltar cuando el semanario The Economist anunció que dejaría de publicar los datos oficiales de inflación de Argentina, debido a la generalizada sospecha de que estas cifras están siendo manipuladas, al dar una cifra de 9,7 % oficial cuando los datos son cercanos al 30 %.

Las cifras oficiales de desempleo, un 7-9 %, también esconden un paro que se estima muy superior al oficial, y un empleo subvencionado. De acuerdo a un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), en los últimos quince años el empleo público en Argentina creció cinco veces más que la población. La tasa de crecimiento promedio del empleo público fue del 5 % anual, mientras que los habitantes crecieron a razón del 1 % anual. En 1997, los empleados del sector público eran 720 mil. En 2011, tras ocho años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, alcanzaron la cifra de 1,5 millones, más del doble. El Estado es el mayor empleador, y La Cámpora, agrupación política kirchnerista, maneja hoy la bolsa de trabajo más grande del país, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y Urgente 24.

Esto es importante porque el aumento indefinido del empleo público tiene un alto impacto inflacionario, ya que es financiado mayormente con emisión monetaria del Banco Central de la República Argentina. Imprimiendo moneda. Y ese dinero se evapora de la economía, que sufre de desinversión crónica y desabastecimiento.

¿Quién paga esos empleados públicos? Imprimir moneda y una economía masivamente subvencionada. Un 5 % del PIB son subsidios, con un gasto público que solo se dirige a pagar una casta política hipertrofiada y a enmascarar el coste real de los bienes y servicios con tarifas injustificablemente bajas, sin invertir un peso en infraestructuras, para tapar el agujero que hace sobre el bolsillo del ciudadano una moneda en devaluación constante y una inflación desbocada, que las cifras oficiales estiman en un 9,7 %, pero que los analistas internacionales, PriceStats, por ejemplo, estiman en un 30 %.

En numerosas ocasiones, Cristina Fernández de Kirchner ha rechazado la necesidad de «enfriar la economía». Según la mandataria argentina, contener la inflación «solo conduce a la miseria y al desempleo, como ocurrió durante décadas».

Y a pesar del enorme gasto público (político), el país no invierte en infraestructuras, que están en estado ruinoso, carreteras, oleoductos y trenes tienen accidentes constantes con víctimas mortales.

Y a medida que el paso del tiempo empeora la situación económica, las reacciones son más desmesuradas. La persecución a los medios críticos, el proteccionismo comercial y las nacionalizaciones de empresas son los últimos trucos. Argentina no es un experimento keynesiano exitoso. Es perpetuar un modelo que lleva fallando demasiados años.

El economista Rubén Darío Pérez Llopis comenta que en el período 1998-2010 Argentina creció un 2,3 % anual, por debajo de las tasas de Brasil —3,4 % en el mismo período— y del promedio de Latinoamérica, 3 %. El país lleva los últimos ocho años en estanflación, en la década de los mejores términos de intercambio de la historia y un dólar debilitado que debería haber ayudado a mejorar la competitividad. Hoy, según Expert & Asociados, la economía bucea en torno al 1,5 % con inflación del 30 % y acelerando.

Además, gran parte de ese crecimiento ha sido a costa del consumo de ahorros (confiscación de fondos de pensión privados) y del stock de capital (menos infraestructura, o descapitalización de empresas públicas, hoy con patrimonio neto negativo, como las empresas eléctricas). En toda esta década, la descapitalización por pérdida de activos ha sido altísima. Según Montamat & Asociados, solo contabilizando la caída del stock de reservas energéticas, la cifra asciende a 180 000 millones de dólares.

Argentina repite su historia, y el problema principal es el mismo, un problema fiscal. Crecimiento del gasto público muy por encima de la recaudación, a pesar de una presión fiscal históricamente alta.

En los últimos 10 años, la recaudación de impuestos creció un 10 % del PIB. A pesar de eso, el déficit fiscal es el tercero más grande de los últimos 25 años (4 % del PIB).

«Argentina es una historia notable de éxito».

PAUL KRUGMAN.

«La manera en que la Argentina lo hizo [su solución de deuda] llevó a un período de mucho crecimiento después de la reestructuración, por lo que debemos reconocer que la reestructuración tuvo un impacto positivo en su economía, lo hicieron bien, hubo una reestructuración profunda, lo cual yo apoyé».

STIGLITZ.

Según un análisis de Expert & Asociados, desde 2002, el gasto público creció más del 13 % del PIB, y también ha crecido el déficit fiscal a una tasa promedio del 30 %.

Dicho gasto público consolidado es del 47 % del PIB con presión impositiva casi del 50 % del PIB, si se considera que el 35-40 % de la economía es sumergida. Pero aun así, no es suficiente, y el gasto se financia vía una emisión monetaria cercana al 35 % anual.

Así, una economía muy subvencionada, excepto en la actividad agropecuaria, genera menos oferta de bienes, por eso la inflación está desbocada, en especial la de alimentos.

No es extraño que sin haber reformado la economía hacia sectores de alta productividad, y manteniendo una política de destrucción de la moneda en un entorno en el que el país es importador neto de las mismas materias primas que antes exportaba, la inflación sea casi del 3 % mensual, y se mantenga un control de capitales que recuerda a los años setenta, lo que se llama «cepo cambiario». Además, las empresas no pueden producir por falta de materias primas porque el gobierno cierra importaciones dado que no tiene dólares para pagarlas. Mis amigos médicos argentinos me cuentan que también hay escasez de medicamentos oncológicos, prótesis cardíacas y traumatológicas, leche especial para bebés con problemas intestinales y cantidades de insumos médicos porque el gobierno no permite la importación dado que no hay divisas.

A este proteccionismo se le llama eufemísticamente «modelo de sustitución», y lo que ha generado no es más que una economía cada vez más atrasada, ineficiente y deficitaria en dólares, que de nuevo se acerca al impago al desplomarse las reservas en divisas que se usan para repagar la deuda a mínimos de seis años, menos de 37 000 millones de dólares. Repetir.

En definitiva, el ejemplo clásico de una política populista. Como dice el economista José Luis Espert: «El populismo es el poder político que se sirve de la gente con fines de acumular poder y riqueza personal en vez de las democracias republicanas en las cuales la política es servir a la gente. Y el dispositivo fundamental del populismo es el gasto público y el crecimiento sin límites del tamaño del Estado».

Lo que me aterra es que ese modelo que les he descrito lo defiende para España algún expresidente autonómico, a quien no le importa la hiperinflación y la inseguridad jurídica, sino la oportunidad de secuestrar al país con intervencionismo político.

Salimos de Buenos Aires con esperanza, porque el argentino es un pueblo maravilloso que se sobrepone incluso a este secuestro, y comentamos: «Bien, todo muy interesante, pero aparte de Alemania, Reino Unido, o Estados Unidos, ¿qué países con cultura de protección social han salido de una crisis sin estas medidas que tú llamas unicornios?».

Despegamos hacia Suecia.

21
La lección sueca: Liberalizar y eliminar la «tasa Tontín»

«Me encanta Suecia. El mundo entero debería ser como Suecia.

Les gusta beber, desnudarse y la gente es guapísima.

No se me ocurre mejor nación en el planeta».

DREW CURTIS.

«¿Qué queremos?». «¡Liberalismo!». «¿Cuándo lo queremos?». «¡Ahora!». «¿Y cuando lleguemos al poder?». «¡Decimos que no es el momento!».

En nuestro viaje llegamos a Estocolmo. Una ciudad donde el primer ministro no viaja con enormes coches oficiales y escoltas de millonario, se plancha su propia ropa, los parlamentarios acuden al trabajo en sus propios vehículos o, en verano, andando. Donde el respeto al dinero público es casi religión.

Austeridad y libre mercado es algo que se percibe en cada rincón de este país. Un espíritu emprendedor, generoso y a la vez profundamente social. El éxito de Suecia no es una casualidad. Es parte de la cultura de superación y sacrificio que también impregnaba las políticas que comentábamos de Alemania. Prepararse para el invierno. La cigarra no. La hormiga.

Sin embargo, en muchos medios, el ejemplo de Suecia suele explicarse desde el lado del gasto, de las políticas de intervención, no como ejemplo de reforma para salir de la crisis bajando impuestos. Hagamos un poco de historia.

Entre 1850 y 1950, Suecia fue el segundo país del mundo que más expandió su economía, solamente superado por Suiza. El éxito del reino escandinavo estuvo marcado por lo que Mauricio Rojas ha descrito como un «capitalismo pujante y abierto al mundo, con una economía de mercado libre e industrias de primera clase». No obstante, la socialdemocracia sueca decidió lanzar una agenda económica cada vez más intervencionista. Y muchos vieron en Suecia un ejemplo para seguir, pero los suecos no opinan lo mismo.

Hasta 1950, la socialdemocracia sueca abrazó el libre comercio como eje de desarrollo económico para el país. Hasta entonces, el tamaño del Estado se mantenía por debajo del 20 % del PIB. Sin embargo, desde los años sesenta hasta finales de los ochenta, el programa de los gobiernos fue volviéndose cada vez más intervencionista.

Aunque el Partido Socialdemócrata ocupó el poder de forma casi ininterrumpida desde 1932 hasta 1991, hasta los años sesenta sus diferentes líderes manejaron la economía con un nivel de prudencia admirable. Desde entonces comenzó una deriva en la que las medidas económicas de corte intervencionista dispararon el gasto público del 30 % al 60 % y multiplicaron por tres la plantilla de empleados públicos.

Entre 1960 y 1989, la carga tributaria soportada por los suecos saltó del 28 % al 56 % del PIB. Entre 1965 y 1985 se perdieron cerca de 300 000 empleos en el sector privado, pero el desempleo no aumentó significativamente por el continuo aumento del número de funcionarios (que creció en 850 000), que a finales de los años ochenta doblaba la media de la OCDE. A comienzos de los años noventa, el modelo ya no se sostenía. La tasa de paro se disparó al 14 %, el déficit público saltó al 11 % del PIB y el gasto público llegó a rondar el 70 % del PIB.

A finales de los años ochenta, este sistema saltó por los aires cuando el país sufrió una grave crisis financiera, muy similar a la de los países de la periferia europea. Una enorme burbuja inmobiliaria creada por la expansión del crédito, otra burbuja generada en un mercado extremadamente regulado e intervenido por el Estado.

Entre 1987 y 1990, los precios de la vivienda se duplicaron y el endeudamiento se disparó del 90 % al 140 % del PIB. En 1993, la tasa de morosidad en préstamos alcanzó el 11 %. Un problema muy similar al español de 2004-2011.

A la hora de atacar la crisis, el reconocimiento inmediato de las pérdidas bancarias y el registro adecuado de las pérdidas, el tratamiento de los activos tóxicos y la recapitalización del sistema fueron elementos importantes, pero no únicos.

La única forma de mantener el modelo económico pasaba por endeudarse masivamente o adoptar reformas.

Con el primer ministro Carl Bildt, Suecia escogió una reforma liberal. Redujeron impuestos, disminuyeron las pensiones estatales y las privatizaron parcialmente, crearon los bonos escolares y permitieron la participación privada en el sector de la salud y la educación. Se introdujo el «cheque escolar» y «cheque sanitario», se modificó el sistema de pensiones y el tipo máximo del impuesto de sociedades acumula varias rebajas y se sitúa en el 27 %, más bajo que en Reino Unido (28 %), Alemania (29 %), España (30 %) o Francia (34,4 %). Siendo una nación líder en servicios médicos, gasta en sanidad más o menos lo mismo que España, un 9,7 % del PIB, y fomenta una amplia gestión privada tanto en la atención primaria como en la especializada, sin excluir entidades con ánimo de lucro.

Mediante este profundo cambio en el Estado de bienestar, Suecia ha podido salir de la crisis sin caer en el endeudamiento. El presupuesto prácticamente no tiene déficit, la deuda pública es inferior al 40 % del PIB, mientras la economía genera un crecimiento superior a la media de los países escandinavos.

Pero siempre que hablo de reducir el abuso del Estado, me dicen: ¿Y quién construye las carreteras? Pues bien, en Suecia dos tercios de todas las carreteras del país son privadas ‹http://www.transport-links.org/transport_links/filearea/documents tore/322_Swedish %20Private %20Roads %20Associations.pdf›.

Gracias a la liberación de numerosos sectores, como transporte o telecomunicaciones, la creación de empleo privado se ha revertido. El desempleo se mantiene por debajo del 8 %.

Además, en los últimos años los impuestos no han parado de bajar. Desde que en 2006 la Alianza por Suecia llegó al poder, se han producido ya cuatro diferentes rebajas de impuestos. A pesar de la fama de alta fiscalidad, según datos de la Unión Europea, en Suecia (42,69 %) o en los países escandinavos (40,8 %) el esfuerzo fiscal es solo ligeramente superior que en España (40,5 %).

Suecia también fue un buen campo para experimentar el error de la tasa a las transacciones financieras: la llamada tasa Tobin. Pobre James Tobin, premio Nobel de Economía, le han puesto su nombre a un impuesto que él jamás habría aprobado. En 2002, poco antes de morir, el economista denunció que los «activistas antiglobalización han secuestrado mi nombre» al pedir un impuesto a todas las transacciones, de mayor calado e intervencionismo que cualquier propuesta que él hiciera. Porque su tasa estaba orientada solamente a un punto específico, las transacciones en moneda, para reducir volatilidad, y no a todo tipo de movimientos financieros.

Así que, por respeto a James Tobin, yo a ese impuesto lo llamo la «tasa Tontín», porque como casi todas las ideas de los iluminados de la antiglobalización, cuyo sueño parece ser volver a la Edad Media pero con ellos de señores feudales, tiene enormes consecuencias negativas.

Profundicemos en la «tasa Tontín», que todos los países consideran una gran idea hasta que la implementan. En principio, la idea de esta imposición suena muy bien. Apliquemos una tasa a las operaciones financieras, que no pasa nada, y recaudaremos mucho dinero de los malvados especuladores.

Sin embargo, no sirve para nada y tiene efectos contrarios a los deseados. Es otra medida más típica de Estados confiscatorios. Lo hemos comprobado en todos los países donde se ha introducido. Primero, se recauda mucho menos de lo que se estima —como siempre—. En Suecia se recaudó 15 veces menos de lo previsto. Querían ingresar 1500 millones de coronas, no llegó a 100 millones y, encima, cayó la recaudación por plusvalías. Segundo, los efectos de esta medida los pagan los inversores minoritarios, ya que los grandes clientes pueden evitarla al deducirse la tasa de las comisiones que pagan a los bancos, o simplemente dejan de invertir en el país. Tercero, la tasa magnifica la volatilidad del mercado, porque hay menos operaciones y se reduce la liquidez.

Suecia introdujo la tasa en 1984, «con dos objetivos: reducir la especulación y aumentar la recaudación». No ocurrió ni una cosa ni la otra. Además, a pesar de contar con medidas de control de capital, la introducción del gravamen no evitó la fuga de capitales.

La medida tuvo efectos secundarios que acabaron anulando este escaso efecto recaudatorio. Así, el hundimiento de la actividad financiera redujo notablemente los ingresos generados por el impuesto de capitales, de modo que el saldo final para el fisco no arrojó ninguna ventaja.

Muchos inversores minoritarios suecos sufrieron enormemente las consecuencias de este impuesto. En los 30 días previos a la aplicación del gravamen, la bolsa cayó más de un 5 %, a lo que se le suma una caída del 2 % apreciado el día en que entró en vigor el impuesto.

Además, el capital simplemente se fue a otras plazas financieras, en 1990, el 50 % de las transacciones financieras de renta variable que se llevaban a cabo en Suecia se había movido a Londres. En el mercado de bonos, la caída alcanzó el 85 %. En el de futuros, el hundimiento llegó al 98 %.

Sin embargo, los defensores de la tasa suelen argumentar que el caso sueco «es diferente», que, como hemos visto durante nuestro viaje, es la mejor excusa para hacer lo mismo que no ha funcionado en otro lugar, con resultados igualmente desastrosos. Pero podemos comprobar el impacto en Italia, donde se ha aplicado una tasa similar.

En marzo de 2013, el gobierno italiano aplicó un impuesto «limitado» a acciones, derivados y trading de alta velocidad, pero que eximía a los grandes creadores de mercado, los bancos italianos, y las pequeñas empresas.

Como no podía ser de otra manera, a pesar de la implementación gradual propuesta, el impacto fue muy severo. La caída de transacciones en la bolsa italiana fue del 9,1 % (datos de Borsa Italiana). En el mercado de acciones específicamente, la caída en liquidez y operaciones se desplomó un 18 %, poniendo en peligro las salidas a bolsa y opciones de captar capital de más de veinte empresas que planeaban acudir a los mercados.

Sin embargo, en vez de aprender del error sueco e italiano, en Europa quieren hacer lo mismo. Con un enorme agravante. Los Estados europeos están mucho más endeudados de lo que lo estaba Suecia en aquellos años, y el efecto sobre el mercado de bonos, que los países de la Unión Europea emiten en cantidades superiores a los 20 000 millones semanales, sería devastador, al reducir enormemente la demanda por parte de inversores, y con ello, disparar las primas de riesgo y agrandar el problema financiero por una decisión mal analizada y confiscatoria.

Pero además tiene un efecto letal sobre los valores de renta variable, poniendo en peligro las posibilidades de hacer ampliaciones de capital, algo extremadamente importante en una Europa en la que las empresas están muy endeudadas con respecto a sus comparables. Al introducirse la tasa Tobin y reducirse los volúmenes de intermediación, no solo caen las acciones, sino que el apetito inversor ante nuevas emisiones de capital se desvanece. Recordemos siempre que un inversor puede comprar, vender o no hacer nada e irse a otro mercado.

Según las estimaciones de la propia Comisión Europea, si se aplicase una tasa del 0,01 % en las mismas condiciones que lo hace Francia, la recaudación sería mínima.

En la propuesta del 14 de febrero de 2013, la Comisión proyectaba una recaudación de 4600 millones gravando con una tasa del 0,1 % todas las transacciones en acciones listadas en los 11 países del ámbito de la cooperación reforzada. Por lo tanto, si se gravase al 0,01 %, la recaudación sería de 460 millones. En principio, Alemania recaudaría 141 millones, Francia 104 millones, Italia 87 millones y España 67 millones.

Y según estudios de Axa y el Financial Times, y la propia Comisión Europea lo ha reconocido, los países europeos perderían, siendo conservadores, 13 500 millones en el mercado de deuda por primas de riesgo superiores y pérdida de liquidez en las emisiones de bonos. Por eso, ante el miedo al impacto en la incontenible emisión de nueva deuda europea, los países se están pensando dos veces caer en la tentación de pegarse un tiro en el pie, como hicieron los suecos, por recaudar unas migajas.

Nuestro viaje por Suecia nos pone de nuevo de manifiesto que las tasas «extraordinarias» suelen ser un tiro por la culata. Y dejamos en Estocolmo los unicornios «lo van a pagar los especuladores» y «el Estado de bienestar se pone en peligro si se liberaliza». Nuestro equipaje ya es más ligero, y nos preparamos a volver a España y proponer un modelo destilado de patadas hacia delante. Pero antes haremos un viaje por los países que no se pueden nombrar. Los países bálticos. Silencio. El éxito de las políticas liberales de estos países es una de las grandes frustraciones de algunos economistas. «No vale el ejemplo», decía Paul Krugman en la BBC. No vale, porque no se ajusta a su visión ideal de un Estado.

22
Estonia no existe

«De todo lo que he perdido, lo que más echo de menos es mi cabeza».

OZZY OSBOURNE.

«El que no da las gracias por un poco nunca dará las gracias por mucho».

PROVERBIO ESTONIO.

«¿Qué queremos?». «¡Un referéndum!». «¿Para qué?». «¡Para limitar los salarios!». «¿Los vuestros?». «¡No, los suyos, los suyos!».

Aterrizamos en el aeropuerto de Tallin (Estonia). Es un lugar modesto, donde el hilo musical nos recuerda los éxitos más rabiosos de los primeros noventa. No es casualidad que en el país báltico los grupos de grunge, el estilo de rock de los noventa, capitaneado por Nirvana y Pearl Jam, sigan siendo muy populares, junto con la música de baile Hi-NRG, energética, de aquellos años. El año 1990 fue el de la independencia del país del yugo soviético. Y la apertura que ello supuso se siente en cada esquina del país. El taxista, el camarero, el oficial de policía, todo el mundo habla de sus negocios actuales o posibles, de sus oportunidades.

En Estonia cuentan un chiste muy revelador sobre la liberación del país. Un norteamericano, un ruso y un estonio viajan en un vagón de tren. El norteamericano saca un cartón de tabaco, abre una cajetilla, enciende un pitillo y tira todo lo demás. Los otros dos le preguntan: «¿Por qué hace eso?». A lo que el hombre contesta: «En América tenemos tanto tabaco que podemos permitirnos tirar lo que no queremos». Así, ni corto ni perezoso, el ruso saca una caja de botellas de vodka y, dando un trago a una, tira por la ventana todas las demás. «En Rusia tenemos tanto vodka que podemos permitirnos tirar lo que tenemos». El estadounidense y el ruso se quedan mirando al estonio, que, tras mirar su maleta y pensar, tira por la ventana al ruso.

El modelo de austeridad de Estonia y los países bálticos es, además, ejemplar. Mientras los países de la eurozona registraban cifras agregadas de 3,7 % de déficit y su deuda pública superaba el 90 % del PIB, Estonia, con un déficit de solo 0,3 %, Suecia (0,5 %), Luxemburgo (0,8 %) y Alemania, con 0,2 % de superávit, destacaban por su rigor presupuestario.

Además, Estonia crecía a un ritmo del 3,2 %, mientras la Unión Europea seguía en recesión y mostraba unas cifras de paro del 8,3 %. De hecho, desde que se separó de la Unión Soviética, Estonia ha liderado el desarrollo socioeconómico en el Báltico, con un crecimiento muy superior a la media de la eurozona, llegando al 10 % anual, y en PIB per cápita ha alcanzado al 65 % de los países de la Europa de los 15. Con una inflación del 3,3 %, menos del 17 % de la población en niveles de pobreza y un coeficiente de igualdad de Gini de 31,3, Estonia es, con mucha diferencia, un éxito de moderación presupuestaria, control de gasto y crecimiento.

Con una política de austeridad y libertad, en solo dos décadas ha alcanzado a sus socios más avanzados. En 2013, Estonia se situaba en el puesto 13 de libertad económica (España en el 46) y, según el Banco Mundial, en el puesto 21 de países en los que es más fácil hacer negocios (España en el 44).

La historia del éxito de Estonia incluye un pinchazo de burbuja inmobiliaria que al lector ya le sonará familiar. Excepto que en vez de hacer planes de estímulo a la española e intentar enmascarar el problema, redujo el gasto público en más de un 10 % del PIB.

Estonia aprobó una subida del IVA del 18 % al 20 %, pero el peso de la austeridad pública en su plan de ajuste fue mucho más significativo que esta medida recaudatoria. De hecho, el resto de los impuestos se mantuvo en los niveles anteriores a la crisis.

Tampoco cayó en la tentación de subir impuestos «a la francesa». Tiene un sistema tributario basado en un impuesto de tipo único flat tax. El impuesto sobre la renta está gravado en un 21 % a partir de un mínimo exento, y el impuesto de sociedades también es del 21 % pero solamente afecta al reparto de beneficios.

Según Javier Ortiz de Artiñano, secretario general de la Cámara de Comercio Hispano-Estonia, «El sistema fiscal estonio busca gravar antes el consumo que el beneficio. El impuesto de sociedades se paga solo sobre las plusvalías repartidas. Esto reduce la dependencia de los bancos, sin necesidad de líneas de crédito». Esto es extremadamente importante, así como la utilización de financiación privada y capital riesgo cuando el sistema bancario necesita reducir riesgo.

Gracias a las medidas de recorte severo, apertura y bajos impuestos, y a evitar los cantos de sirena de «estimular la demanda interna», Estonia no solamente no entró en una espiral de déficit y endeudamiento público, sino que ha registrado saldos presupuestarios positivos y ha mantenido la ratio de deuda pública sobre el PIB por debajo del 10 %. Y es importante resaltar que su crecimiento no depende de exportar a los países de la Unión Europea en dificultades, sino a Suecia, Finlandia, Letonia y Lituania.

En los años de superávits presupuestarios, Estonia acumuló hasta un 10 % del PIB en un fondo de reserva que luego ayudó a evitar problemas de liquidez y endeudamiento excesivo. ¿Recuerdan las recomendaciones de Keynes de ahorrar, que pocos aplican? Pues este es el ejemplo de cómo hacerlo adecuadamente. En los únicos años en que el país entró en déficit, no superaron el límite del 3 % del Pacto de Estabilidad de la eurozona.

Según Juhan Parts, ex primer ministro y posteriormente ministro de Economía de Estonia:

El estímulo de Estonia fue cortar costes, el gobierno hizo más eficientes los servicios públicos, redujo la burocracia y gastos innecesarios y recortó de forma generalizada todas las demás partidas, sin excepciones […]. Tras afrontar decisiones difíciles de forma clara y rápida, hemos tenido una recuperación muy veloz. Nuestra economía es hoy más fuerte que antes de la crisis porque se hecho más ligera, más adaptable y más flexible.

La receta de la consolidación exige que el gobierno «gaste de acuerdo a los ingresos, ajustándose al ciclo económico para promover el equilibrio presupuestario».

Es decir, el gran acierto de Estonia fue reconocer lo que nuestro país y muchos socios europeos se niegan a reconocer: que sus economías son cíclicas y por ello necesitan un gasto fijo —público— muy controlado para contar con flexibilidad ante las épocas de dificultades, que en economías orientadas a servicios, no pueden subestimarse. En muchas ocasiones se habla de economías cíclicas, pero a los políticos no les interesa entender esa característica de sus países. Porque prefieren suponer que todo gasto es «necesario» y esperar que en su legislatura les toque vivir expansión económica. Otros tendrán que lidiar con los errores. Cuando no hay un claro castigo y penalización por el exceso, se hace lo que Steven Tyler, cantante de Aerosmith, llama «tocar el límite del barranco». Como el drogadicto, siempre le podemos echar la culpa a alguien que no seamos nosotros, y alguien nos rescatará.

Pero hay que reconocer, además, que Estonia llevó a cabo todas las medidas antes mencionadas en un entorno en el que las recomendaciones del FMI y los ejemplos de la Unión Europea eran hacer exactamente lo contrario. ¿Por qué no cayeron en esa tentación? Hay muchas explicaciones, pero mis amigos en el país dicen que en un pueblo tan orgulloso, haber vivido el desastre planificador y colectivista de la Unión Soviética y la servidumbre de pedir prestado y negociar les llevó a no ceder. «Los estonios somos lentos pero convencidos, seguros y orgullosos». Como dice el chiste: «Le dije a unos estonios que son lentos». «¿Y qué te contestaron?». «Nada, pero al día siguiente me dieron una paliza».

Pese a una caída del PIB del 14 % en 2009, y un paro del 20 % por la crisis, el país recuperó el crecimiento, con tasas positivas del 3,4 %, 8,3 % y 2,6 % entre 2010 y 2012, y el paro que se redujo al 8,3 %. Es decir, en dos años había cubierto el impacto de toda la crisis. Reconocer un mal año, ponerse colorado una vez y no ciento amarillo, y solucionar la crisis. Y no tratar de esconder y extender el problema, pidiendo prestado, para luego debilitar aún más la economía.

El dinamismo y apertura de la economía produce también efectos positivos en la población emprendedora. En vez de entregarse a repetir el modelo inmobiliario y constructor, Estonia se ha transformado en una economía altamente tecnológica. El Silicon Valley europeo. Su desarrollo en este ámbito es tal que la programación informática es parte del plan de estudios de las escuelas primarias. En sus fronteras se creó Skype, por ejemplo. El país ostenta además el récord mundial de creación de empresas por persona.

Ver que un Estado es capaz de reconocer sus errores y de autolimitarse, y que no recurre a políticas confiscatorias para su supervivencia, incentiva a emprender. Cuando los inversores ven un entorno favorable y abierto a dejar crecer sin enormes trabas burocráticas, genera optimismo inversor. Es un círculo virtuoso que prueba que de las peores crisis se sale cuando se incentiva la libertad y la iniciativa individual.

Estonia es un país pequeño, pero no por ello es menos importante su ejemplo. Porque no es un modelo para endeudarse más y seguir cometiendo los mismos errores. Cuando en el capítulo «¡No paguemos las deudas!» hablábamos del ejemplo islandés, comentaba que Islandia es más pequeño que Bilbao y sus necesidades de financiación mínimas porque para lo que siempre se menciona a dicho país es para prolongar el modelo de endeudamiento y gasto. Es una enorme diferencia con los países bálticos. Para gastar y endeudarte como Estados Unidos hay que ser tan poderoso y dinámico como el país norteamericano. Para ahorrar y ser eficiente, el tamaño no es condición necesaria.

Efectivamente, Estonia podría haber caído en las tentaciones de estímulo, deuda y déficit del resto de los países, podía haber hecho lo que Eslovenia, por ejemplo, con una deuda pública sobre el PIB de 54 %, y un problema de burbuja inmobiliaria y bancaria similar, pero menos rigor y control presupuestario. Tanto que el éxito de Estonia ha inspirado a sus dos vecinos bálticos, Letonia y Lituania, cuyos planes anticrisis también han dado un importante peso a las políticas de austeridad pública.

Pero la gran lección es que la austeridad de verdad, el control presupuestario y reconocer la verdadera estructura de una economía cíclica, funcionan.

Un lector me decía una vez que «poner a Estonia como ejemplo de austeridad expansiva es como poner al milagro de los panes y los peces como modelo de productividad». Me pareció una frase divertida e interesante. Pero profundamente errónea. Estonia y los países bálticos son casos reales, que han funcionado y que, además, pueden verse en otros países como Chile, Uruguay, Singapur o la propia Alemania. Que pueden verse, incluso hoy, en Estados Unidos o Reino Unido, con sus errores y diferencias.

Por supuesto que ningún modelo económico es perfecto. En mis viajes por el mundo he podido comprobar todo tipo de dificultades. Pero lo importante no es buscar la perfección, sino la prosperidad. Un modelo liberal, de Estado pequeño y libertad económica, puede tener errores, pero estos no se acumulan y prolongan las ineficiencias. Recordemos, una y otra vez, que la política de rescatar industrias ineficientes no es liberal.

Los errores de un modelo liberal se solventan en el mercado, de una manera rápida, y eso permite que los sectores de alta productividad se desarrollen con mayor velocidad, facilitando la sustitución de los sectores obsoletos y la transición de los trabajadores a nuevas especialidades. Aumentar la renta disponible de las familias, incentivar el ahorro, la creación de empresas, premiar al que lo hace bien y castigar al ineficiente y crear una clase media potente son elementos esenciales de los ejemplos que me han marcado en mi viaje personal. Y comprobar que como modelo es mucho más social, crea más riqueza, protección y prosperidad para todos.

Los errores de un modelo estatista intervencionista se pagan con el dinero del contribuyente, y además no se solucionan, se enmascaran, generando el incentivo perverso de «arrimarse al gobierno» para prosperar. El clientelismo, que mantiene a empresas ineficientes al calor de los favores del Estado.

Sin embargo, el modelo de libertad y control del gasto libera y genera más prosperidad y, por lo tanto, bienestar social que el asistencialismo pagado con deuda destructiva, que esclaviza.

Estos países no son ejemplos de austeridad expansiva, sino de sentido común, de moderación presupuestaria y de evitar la política de patada hacia delante, que hace a los países más débiles. Tenemos que hablar de la deuda destructiva, porque es muy importante entender que el peso del Estado es un coste fijo que puede detraer crecimiento y capacidad de recuperación.

Salimos del aeropuerto de Tallin, donde la música sigue recordando los noventa, acompañados por la sorpresa de mis compañeros de viaje al ver que se puede recortar y crecer, que no es una quimera inexistente. Según Jürgen Ligi, ministro de Finanzas, «La receta de Estonia es sencilla: un Estado pequeño e impuestos bajos».

Poco a poco, nuestro viaje nos ha traído a ejemplos de verdadera austeridad y libertad económica.

Y hablamos de la importancia de entender los ciclos económicos, de no fiarlo todo a la carta de «el año que viene todo sube», «tenemos menos deuda que Japón», «en 2007 teníamos superávit», «la culpa es de los bancos», «hay que aumentar el déficit» y el riesgo de la deuda destructiva. Todas esas frases repetidas por el intervencionismo para justificar… más intervención.

23
Deuda destructiva y burbuja de bonos

«Es difícil hacer que alguien entienda algo cuando su salario depende de no entender».

UPTON SINCLAIR.

«Cuando era joven pensaba que el dinero era lo más importante.

Ahora que soy mayor, tengo la certeza».

OSCAR WILDE.

«¿Qué queremos?». «¡Acabar con los mercados!». «¿Cuándo lo queremos?». «¡Ahora!». «Un momento, tenemos que emitir 50 000 millones de deuda». «¡Ejem, mañana!».

Nuestros compañeros de viaje me comentan que gracias a su decisión de tomar prestado pudieron crear negocios exitosos. Mientras tomamos un taxi de vuelta desde el aeropuerto de Heathrow (Londres), el conductor, iraní, me explica que gracias a que asumió riesgo en 1979, cuando escapó de su país dejando todo su capital y posesiones, hoy tiene una próspera empresa de transporte de personas y mercancías.

«Señor —me dice muy educadamente—, la deuda es buena». Y le contesto: «Es que hay distintos tipos de deuda, y usted confunde la que tomó para crear riqueza y prosperidad, con la que se toma para gastar sin sentido».

«Pues no lo entiendo —comentan en el coche—. Al fin y al cabo, no todo puede valorarse por criterios económicos, también hay razones sociales para endeudarse».

Mi respuesta no va a ser breve, así que me acomodo.

«Imagine su familia. Igual que el Estado, usted incurre en una serie de gastos que son “sociales”. El cuidado de sus hijos, la comida, el mantenimiento de la casa, etc. Esos gastos los asume de su renta disponible, de los ingresos que le quedan cada mes después de pagar facturas e impuestos. Pero nunca aceptaría que esos gastos “sociales” fueran el 50 % de sus ingresos brutos totales, ¿verdad?».

«Claro que no», asegura casi enfadado.

«Bien. Porque eso es lo que hace un Estado que gasta el 50 % de su PIB —continúo—. Además, de esos gastos, muchos crean actividad económica positiva porque son ingresos para otros, con lo cual producen un círculo virtuoso en el que su gasto genera mejores ingresos a los que le proveen de servicios, y estos consumen. Eso es el efecto multiplicador».

«Lo que yo digo, el gasto social es bueno». Repite.

«Suponga ahora que su gasto “social” que mencionábamos antes, lo consume en tener tres personas cuidando a sus hijos, tres preparando la comida, tres manteniendo la casa. Esos gastos ya no generan un efecto positivo, porque la actividad se está dividiendo de manera ineficiente y, además, al sumar mucho más que en el primer ejemplo, ya no los asume usted de su renta disponible. Para ello tendrá que pedir prestado o tirar de ahorros. Suponga, además, que las personas a su servicio, viendo su tren de vida, también deciden comprarse unos caprichos de más».

«Sí, pero se sigue creando actividad económica». Replica.

Pero yo no cejo. «Entonces, cuando se han acabado sus ahorros, y toma deuda, la tarjeta de crédito se añade al coste. Aunque usted puede decir que sus gastos, si no cuenta el coste de la tarjeta, no han subido».

«¿Cómo voy a hacer eso? La tarjeta me cuesta dinero». Ya le he pillado. «Como el coste de la deuda».

Así que ahora, además de gastar más y consumir deuda, su capacidad de recuperar sus finanzas se reduce drásticamente. Tanto que cada vez agranda su agujero, eso es deuda destructiva. «¿Qué haría?», le pregunto.

«Reducir personal de ayuda». Contesta.

«¿Por qué?».

«Porque si no, pongo en peligro a mis hijos y su futuro». Responde de manera casi agresiva.

Es entonces cuando le digo: «Pues ese es el problema de la deuda destructiva y el endeudamiento eterno de los Estados multiplicando el gasto público. A partir de un umbral, crean efecto divisor, no multiplicador, en la economía».

Como mi amigo es una persona inteligente, afirma: «Pero el Estado puede endeudarse indefinidamente y todo lo que quiera». Y tiene razón, a lo que le respondo: «Imagínese que le doy una tarjeta platino. Ya no tiene que preocuparse por los gastos, puede pedir prestado ilimitadamente».

Mi amigo iraní me dice inmediatamente: «Ah, no, a mí me ofrecieron una tarjeta platino una vez, son un timo, cuestan muchísimo en comisiones y cada vez aumenta más el saldo y no hay quien la repague, con lo que terminas arruinado». De hecho, como hombre sabio e informado, me recuerda los casos de Mick Fleetwood, batería de Fleetwood Mac, o el dúo Bros, o East 17, grupitos pop de adolescentes que se arruinaron y cayeron en la más absoluta miseria tirando de la tarjeta platino que les «regalaba» la casa discográfica.

«Bienvenido al problema de deuda estatal —le digo—. Es exactamente lo mismo. Cuando los gastos improductivos se disparan, y se financian con deuda, no solo no se sale del agujero, sino que se cava más, y entonces hay que buscar más ingresos, sus impuestos, pero no es suficiente porque el problema es que el porcentaje de gasto improductivo es demasiado alto con relación a la inversión que genera riqueza».

Mi buen amigo iraní entiende ahora por qué el proceso de deuda destructiva está generando recortes y subidas de impuestos incluso cuando se dispone de «la tarjeta platino». Pero le queda una duda: «¿Y por qué bajan las primas de riesgo, que serían el equivalente al coste de la tarjeta de crédito, por encima de los tipos oficiales, cuando los gobiernos se están gastando más y aumentando la deuda?».

Le contesto: «Querido amigo, ¿recuerda lo que hacían los estadounidenses en 2007-2008 cuando se maximizaba el límite de su tarjeta de crédito?». Y responde: «Sí, claro, unos locos, pedían otra para seguir gastando». «Pues exactamente lo mismo ocurre ahora, hay crédito a mansalva». Pero, claro, ya no le convence, y me espeta: «Pero eso es una locura, ¿y cuando llegue otra crisis como en 2008, es decir, que no tenga otra tarjeta más de la que disponer?».

Mi respuesta, porque ya vamos llegando a casa, es: «¿Ve usted esos anuncios en televisión que prometen “consolidar todas sus deudas en un pago mensual cómodo y fácil”? La deuda es la misma, de hecho aumenta, pero el coste es ópticamente menor y con facilidades, pero el agujero no se reduce. Es una reestructuración de deuda, como Grecia». Mi amigo iraní se preocupa, porque acaba de oír en la radio que la deuda de Grecia ha vuelto a sobrepasar el 160 % del PIB a pesar de dos rescates y una quita, y que el ministro de Finanzas alemán, Schäuble, anuncia una tercera ronda de rescates al país heleno.

Lo explica muy bien Hans Fredrik Hansen en un artículo titulado «Exceso de deuda y el proceso de liquidación». («Debt excess and the liquidation process in a historical context»):

La deuda improductiva consume capital sin tener ninguna perspectiva de producir una rentabilidad futura. Cuando esa deuda se convierte en excesiva respecto a la capacidad productiva del país, desata una reasignación masiva de recursos. Absorbe capital de la economía real, forzando a familias y empresas a vender activos y recortar gastos para atender a obligaciones corrientes. Si el acaparamiento de recursos se ataja rápidamente, y se toman las medidas necesarias de ajuste, el proceso durará un máximo de dos años. Pero si el gobierno se mete en medio y toma medidas extraordinarias de gasto para evitar reconocer la inevitable crisis, la consecuencia serán décadas de estancamiento económico, como hemos visto en Japón, y en el peor caso, a un colapso similar al de la Unión Soviética.

Por eso conviene alertar sobre las burbujas que no son justificadas por fundamentales. Que es lo que ocurre cuando bajan las primas de riesgo, aunque la situación crediticia y de deuda no mejore.

Las generalizadas bajadas de las primas de riesgo vistas en 2013 no son consecuencia de las exitosas políticas de nuestros gobiernos. Hemos visto que todas las estimaciones económicas han ido revisándose a la baja. Es la «fiebre del bono», que ocurre en todo el mundo.

A pesar de la necesidad de un tercer rescate, la rentabilidad a diez años del bono griego cayó a niveles precrisis, Portugal acudió al mercado de capitales, Ruanda emitió a 6,8 %, los bonos basura cotizaron a tipos históricamente bajos, empresas en riesgo de quiebra colocaron deuda a 3 %. Todo esto no fue por casualidad. Se debió a la percepción de que los tipos de interés artificialmente bajos y la liquidez extrema van a continuar.

Los tipos bajos crean una carrera ciega a «buscar rentabilidad», que siempre acaba mal. Porque incentiva a los emisores a descuidarse y a pensar que todo va bien y, a su vez, anima a los bancos e inversores a cerrar los ojos y aceptar riesgos antes inaceptables. Luego, el destrozo lo paga usted. Porque vuelven los rescates y los «demasiado grande para caer» (too big to fail). Cortesía de los bancos centrales y sus políticas expansivas.

Da la impresión de que nuestros bancos centrales y Estados no quieren evitar otra burbuja. Quieren replicarla.

Esto lleva a acumular riesgo, aumentando el apalancamiento —deuda— y aceptando activos de peor calidad a cambio de rentabilidades inferiores.

La cuestión no es «cómo termina», que ya lo hemos visto en 2001 y 2007, sino «cuándo».

Es como los dibujos animados del Correcaminos. El Coyote sube por el precipicio hasta que sobrepasa el borde, sigue corriendo y se encuentra que debajo de sus pies no hay nada. El riesgo hoy es muy similar.

En julio de 2013, el índice de bonos basura estadounidenses alcanzó los tipos más bajos de los últimos treinta años. Es decir, la rentabilidad exigida a la deuda de alto riesgo se ha reducido a mínimos históricos mientras la situación financiera de dichas empresas ha seguido deteriorándose.

Además, la deuda de los fondos de inversión volvió a alcanzar niveles históricos, duplicándose en dos años mientras los activos bajo gestión han crecido menos de un 15 %. De hecho, según GaveKal, en 2012 se vendieron más paquetes de deuda hipotecaria de alto riesgo que en el período 2005-2007.

Sin embargo, como no podía ser de otra forma, en vez de preocuparse y tomar medidas urgentes, nuestros líderes en toda la OCDE se apropiaron de la exigida bajada de tipos como «recuperación de la confianza». ¿Y qué piden? En lugar de limitar la burbuja, que se eche más leña al fuego bajando más los tipos e imprimiendo.

No olvidemos que en 2001 y 2007, mientras las economías se lanzaban al precipicio, las bolsas y primas de riesgo también alcanzaban niveles de euforia.

En 2013, el nivel de riesgo acumulado en los mercados volvió a ser desproporcionado con respecto a la calidad de los activos.

¿Cómo se crea una burbuja?

Los pasos son los siguientes:

Desde el año 2007, los bancos centrales han bajado los tipos 511 veces. Hoy la mayoría de los bonos de países con alta calidad crediticia cotizan con rentabilidades bajísimas, del 1 % o 1,5 %.

Mientras tanto, la calidad crediticia de la deuda soberana y corporativa se resiente, porque las perspectivas económicas no mejoran. Durante la crisis se ha perdido más de un billón de dólares en activos de máxima garantía (triple A).

El índice de impagos y mora también ha ido aumentando gradualmente, aunque a niveles bajos por el enchufe de liquidez. Los bonos basura tienen un índice de impago cercano al 3,5 %, y recientemente el riesgo de impago de varios países europeos también ha repuntado un 12 %.

En ese entorno, los fondos de pensiones son incapaces de generar los dividendos que necesitan sus clientes comprando solamente bonos de alta calidad, con lo cual van aceptando mayor riesgo. Lo más grave es que aceptan activos con condicional baja, es decir, con requisitos crediticios muy suaves.

Al generarse esa demanda, los países y empresas con problemas emiten deuda como locos, sin mejorar sus fundamentales, pero a tipos de interés más bajos.

¿Y si no fuera una burbuja?

Moody’s, la agencia de calificación, y algunos bancos se apresuraron a decir que «no ven señales de burbuja en los bonos». Desafortunadamente, sus predicciones pasadas no han sido de lo más acertadas.

Los argumentos en contra de la burbuja son:

Los diferenciales con la deuda de calidad no se han modificado. Es decir, aunque el tipo de interés absoluto exigido a los bonos de alto riesgo ha bajado, también ha caído proporcionalmente el de la deuda de alta calidad. El problema que yo le veo a este argumento es que no deja de enmascarar una situación global de precios manipulados, altísimo endeudamiento y crecimiento endeble.

Las economías occidentales se están recuperando. Sin embargo, no hay datos sólidos que lo corroboren. El crecimiento de Europa, incluido Reino Unido, es atroz y el de Estados Unidos sigue siendo anémico, y la deuda sigue creciendo mientras se revisan a la baja las estimaciones de crecimiento global (de 4 % a 3,3 %).

Mientras sea necesario, los bancos centrales seguirán imprimiendo y bajando tipos. Solo tienen un problema. En las anteriores burbujas, los tipos no estaban al 0,5 % ni los depósitos al 0 %. Y las economías, privadas y públicas, no estaban tan endeudadas… ni los inversores tan expuestos al mercado. El efecto placebo del gas de la risa monetario ya no dura lo que duraba antes.

Mientras tanto, la bola de bonos de alto riesgo sigue creciendo. Unos y otros se enzarzan en el debate sobre la baja inflación. Olvidando la monstruosa inflación de activos que se está generando, e ignorando que la política monetaria de «a ver quién suspende antes», al ir acompañada de subidas de impuestos y represión financiera, hace que el consumo caiga.

¿Y si hay burbuja? Aprovechar la relajación de las condiciones que los inversores piden y el entorno de política monetaria agresiva y salvaje me parece bien, si se prepara uno para el invierno y se toman medidas drásticas de reducción de las necesidades de financiación.

Si pincha esta burbuja, nos vamos a encontrar con Estados, bancos centrales, empresas y fondos muy endeudados; es decir, con muy baja capacidad de absorber un shock de ventas. Y si las necesidades de refinanciación siguen acumulándose, ese efecto «aspiradora» puede llevar a enormes problemas.

Recordemos que durante la época de la «expansión monetaria eterna» siempre hemos salido de las explosiones de burbujas creadas con gobiernos, empresas y familias más endeudadas que cuando empezó dicha burbuja. Y que hoy, ese nivel de apalancamiento sigue siendo claramente inaceptable incluso si creemos que las economías van a crecer como dice el FMI.

Demasiado riesgo por poca rentabilidad: Los inversores y los bancos están tomando demasiado riesgo. Los paquetes de hipotecas y activos de alto riesgo vuelven a venderse a niveles históricos, los balances no se están limpiando; y si esta burbuja es real, volveremos a la espiral de rescates, que paga usted.

Si esta pirámide de cartas sufre el menor shock, volveremos a repetir el 2007. Pero, mientras tanto, nadie quiebra, no se limpia la economía de sectores improductivos y no se hacen las reformas necesarias para asegurar un crecimiento sostenible. Solo se empaqueta y esconde.

Las burbujas son relativamente fáciles de identificar, especialmente cuando se crean con tanta rapidez. El momento de pincharse, no. La apuesta de muchos fondos y bancos es que los bancos centrales van a sostener los activos de riesgo porque no «ven riesgo de burbuja».

Y ahí está el problema. Lo peor de estas burbujas es que se tiñen de un velo «social». «Reducir el paro», «que fluya el crédito», «apoyar el crecimiento», cuando lo único que hacen es sostener a bancos y Estados endeudados y empujar a los inversores supuestamente más cautelosos, los fondos de pensiones, a conductas de alto riesgo. Usted, de toda esta fiesta, no ve un duro. Pero alégrese, le dan «percepción de riqueza» y «confianza».

Hay muchos inversores alertando de esta situación. Podemos estar equivocados. Pero los Estados, agencias de rating y bancos centrales nunca ven burbujas. Recuerden la tecnológica o la inmobiliaria. Pasaban más tiempo justificándolas que analizando cómo salir.

Y mientras charlamos sobre las burbujas de bonos, nos hemos olvidado de la burbuja de gasto público, creada durante la época de bonanza económica, y que los gobiernos se niegan a pinchar. Como nuestro viaje ya ha llegado a España, nos disponemos a aligerar a nuestro país de unicornios y ofrecer una solución a la economía que aproveche los errores del pasado y pase de un círculo vicioso de estancamiento a uno virtuoso de atraer capital y crecimiento sostenible.

24
Europa. Bienestar del Estado y desindustrialización.
El «Depardieu silencioso»

«El proteccionismo nos enseña a hacernos a nosotros mismos en época de paz lo que nuestros enemigos nos quieren hacer en tiempo de guerra».

HENRY GEORGE.

«¿Qué queremos?». «¡Proteccionismo!». «¿Cuándo lo queremos?». «¡Ahora!». «¿Para qué?». «¿Para qué va a ser?, para exportar más!».

A mediados de 2013 me invitaron a dar una charla en la London Business School y un alumno me preguntó cuál era el mayor error de la política europea. «La decisión consciente de incentivar de manera masiva a sectores obsoletos, caros e ineficientes, en vez de promover un proceso de sustitución por calidad, precio y competitividad». Porque el dinero público «no es de nadie», los gobiernos creen que la demanda crecerá en 2020 y, por lo tanto, el coste no importa… Mientras, echamos hasta al inversor más paciente. Yo lo llamo el «Depardieu silencioso».

Admiro a Gerard Depardieu, un excelente actor. Tras años de contribuir con decenas de millones en impuestos, decidió libremente abandonar su país ante la asfixia impositiva. Era su derecho. Pues bien, utilizo el término «Depardieu silencioso» para ilustrar el proceso de desindustrialización europeo, que es esencial para entender el entorno económico en el que estamos y, por la pérdida del PIB potencial, hacia dónde podemos ir.

Para ilustrar este contexto, no debemos olvidar las tentaciones proteccionistas. Según la Organización de Comercio Mundial, durante los últimos siete años la Unión Europea ha multiplicado por cuatro sus medidas restrictivas al comercio.

Con la crisis, la gente se asusta, pone demasiada fe en unos Estados obesos e incompetentes y espera soluciones milagrosas.

Queremos proteccionismo en casa, defender nuestros derechos adquiridos y salir de nuestra crisis exportando a los mismos países a los que les negamos acceso («Protect at home, stay open abroad», Organización Mundial del Comercio). Primero entregamos el futuro de nuestras economías al crecimiento chino y brasileño, proteccionistas donde los haya, y ahora estamos en el callejón sin salida. Hemos caído en la trampa, y queremos ser China, pero con sueldos y privilegios americanos. Y no funciona.

Según el instituto Nielsen, el 40 % de la población europea pide medidas que restrinjan las importaciones del extranjero para salir de la crisis. Hasta el cantante Bertin Osborne, un hombre de mundo y con negocios globales, salió en televisión exigiendo no comprar productos extranjeros. Todos sabemos cómo termina esa carrera, pero la población asustada pide repetir los mismos errores del pasado. Devaluaciones competitivas, proteccionismo, acusaciones mutuas…, 1930.

Todo esto enmascara el problema de unos países que van perdiendo competitividad a medida que el peso del Estado fagocita más del 50 % de la economía y, como consecuencia de ello, el endeudamiento se dispara. No es casualidad que los más endeudados y con más gasto público «exijan» que su modelo se financie gratis.

En vez de entender que creamos estructuras que consumen más de lo que producen, y cuya productividad marginal empeora, buscamos poner puertas al campo para proteger el bienestar del Estado, que no el Estado de bienestar. Directos a 1930 con el aplauso del pueblo, sin el pueblo.

Proteccionismo es negar la realidad. Una economía de alta productividad sobrevive en un mercado globalizado y genera sectores ganadores que venden incluso en países «proteccionistas». Las empresas de alta tecnología y fuerte valor añadido —no dependientes de subvenciones y favores estatales— no se preocupan por las restricciones de algunos países. Pero seguimos empeñados en sacar la última gota de sangre a un modelo industrial global obsoleto.

Si todos los Estados quieren pelearse por defender las migajas de una tarta decreciente, por fabricar coches baratos, planchas de aluminio, ladrillos, molinillos o tubos de plástico, la carrera es hacia cero. Nunca se gana. Se enmascara la realidad. Pero lo pagan los ciudadanos empobreciéndose. El que no se empobrece es el monstruo estatal, que crea más y más comités para regular.

Intentar proteger industrias y sectores indefendibles no solo niega la realidad, sino que imposibilita que los países en vías de desarrollo crezcan. Somos tan arrogantes y avariciosos que endeudándonos, o subvencionando a granjeros para que no produzcan, dejamos que la inflación y la pobreza hundan a nuestros vecinos. Fastidiar a tus clientes. Luego mandamos unas ONG a estudiar el problema. Pero eso sí, queremos «exportar para salir de la crisis».

El proteccionismo y la intervención son parte del problema. Gobiernos miopes que solo saben parar y entorpecer, no facilitar. Y ese proteccionismo, añadido a los costes del aparato burocrático y los errores de planificación, nos lleva a la desindustrialización.

El proceso de desindustrialización de Europa no puede achacarse a políticas liberales. De hecho, si por algo se caracteriza es por la implementación de «políticas industriales», planes semisoviéticos de gasto público en infraestructuras y por el apoyo gubernamental a campeones nacionales-dinosaurio en sectores «estratégicos». Lo que nuestros políticos llaman «planes de crecimiento». Centenares de miles de millones de deuda.

El problema es que se ha generado un gasto que se paga en impuestos y tarifas excesivos, y un efecto «retirada» de las empresas, porque los costes se disparan y se penaliza a las empresas nacientes. Ahora piden más. Nada como repetir lo que no funciona.

Patalear echándole la culpa a China o a la India, maldecir la globalización o promover el proteccionismo nos lleva a donde estamos. Estancamiento, y rezar para que el año que viene «mejore».

Los gobiernos tienen un papel en la transformación económica de los países, claro. Pero su misión no debe ser mantener sea como sea a los decadentes sectores de baja productividad. Su trabajo es entender un mundo globalizado y facilitar la transición a modelos de alta productividad, incentivar la innovación, no subvencionarla, y promover la educación. El problema es que todo esto no gusta, porque no da oportunidades de foto inaugurando puentes.

El modelo actual de «intervenir-subvencionar-error-deuda-empobrecimiento-subvención» nos lleva a competir solo por devaluación interna. Ese es nuestro gran éxito. Ya podemos fabricar coches baratos para otro.

Cuando el modelo productivo es la política del avestruz de esconder la cabeza y esperar a que vuelva 2005, que el mundo nos reconozca nuestros privilegios adquiridos —que les negamos a otros países—, el resultado es recesión y devaluación. Empobrecimiento.

Maquilar —producir para otros—, construcción y servicios de baja productividad, buscar la competitividad por el lado del coste solo pone un parche, pero empobrece. Siempre habrá un país dispuesto a producir el mismo bien por un precio menor. La cuestión es que la producción de ese bien no solo tenga un coste monetario adecuado, sino una ventaja tecnológica y logística. Crecimiento por margen. Hay que aprovechar un modelo en decadencia para promover un cambio, que no es volver a 1977.

Los planes industriales promovidos por España y la Unión Europea se han caracterizado por:

Un enorme coste para las arcas públicas. En su mayoría siempre se han hecho a través del gasto, pagado con deuda y no con deducciones de impuestos. Casi toda Europa por encima del 90 % de deuda sobre el PIB.

Decisión caprichosa —política y no económica— de «qué sectores son los ganadores». Incentivar industrias no competitivas y caras.

Defender sectores decadentes para «sostener el empleo» y mantener vivo al zombi donde se conceden subvenciones, para luego quitarlas, con lo que ni se fortalece a los «campeones nacionales» ni se crea riqueza o empleo. Crear empresas gordas, no fuertes, como digo siempre, crea «funcionarios privados» y clientelismo.

Cuando el dinero fluye, los Estados gastan en sectores de baja productividad y se olvidan de invertir en I+D real, no en informes sobre el sexo de los ángeles para financiar partidos por la puerta de atrás. Cuando deja de fluir, se olvidan también. Mejor que no gasten, solo que den incentivos fiscales.

Todo esto no sería grave si la deuda no se disparase, y la política impositiva y los costes para las empresas fueran asumibles. Sin embargo, al cargar las arcas públicas con cantidades que superan el 5-10 % del PIB de Europa en subvenciones y gastos inútiles, la presión fiscal se multiplica junto a los costes —energéticos, por ejemplo.

«Planes de crecimiento» que luego no crean empleo, los subvencionan durante un período cortísimo…, dejando la deuda detrás. Según nuestras estimaciones, desde 2006 por cada euro invertido, 1,25 euros de deuda y creación de empleo neto imperceptible. «Hubiera sido peor», dicen. No cuando hemos creado semejante agujero de deuda.

Un sistema que en recesión aumenta en cinco puntos la presión fiscal y, además, hace que las tarifas energéticas (Alemania, España) se disparen un 30 % por encima de cualquier materia prima, es inaceptable para una empresa, sobre todo las pequeñas y medianas, que en nuestro país suponen el 70 % del valor añadido. Cierran o se van.

Una Unión Europea parasitaria donde hay mucho «supervisor» y poco «creador» hacen que el «Depardieu silencioso» siga tirando la toalla ante la agresión al emprendedor, que es el que crea riqueza y empleo. Los demás consumen.

No es solo el dinero que se gasta en mantener sectores en decadencia, es la deuda acumulada y el coste de oportunidad de seguir perdiendo la carrera de la innovación.

Es por eso que hay que bajar impuestos, garantizar seguridad jurídica y reducir el tamaño del sector público. Esos tres problemas están fagocitando cualquier opción de recuperación real y de inversión productiva a largo plazo.

Lo han alertado en varias ocasiones el instituto IFO y el informe The Vicious Cycle for Europe, de Natixis. En el caso de España, cuando no permitimos el acceso a nuestros recursos naturales, ni somos punteros en tecnología y el modelo productivo es la subvención y la maquila, nuestra competencia son los países de mano de obra barata.

Es por eso que la única salida a un modelo de baja productividad termina siendo contraer.

No es casualidad que el círculo vicioso lo acaparen los países periféricos, empeñados en sostener mediante subvenciones monstruosas sectores en decadencia y en promocionar sectores no competitivos.

La solución es, y siempre ha sido, atraer capital, no echarlo.

El nuevo modelo productivo no se va a crear en un comité ni en una cumbre. Lo pondrán en marcha inversores privados. El Estado solo debe facilitar la transición invirtiendo en educación de verdad —no en títulos universitarios sin valor—, bajando impuestos a emprendedores, reduciendo trabas y, sobre todo, no subvencionando lo caro e ineficiente.

Porque el problema de la Europa que se está construyendo no es Alemania, sino Francia. Un modelo «dirigido» —como lo llaman los propios franceses— en el que la planificación excesiva lleva a un estancamiento preocupante.

Mi colega Jean Hugues de Lamaze, economista, es francés y vive en Reino Unido desde 1996. Como tantos profesionales franceses que trabajan fuera, ve con preocupación la deriva intervencionista del país y sus efectos negativos. Jean Hugues participa en París en todo tipo de debates para alertar sobre la situación económica y política, y, como a mí, le preocupa que se modele una Unión Europea siguiendo los mismos principios que llevan a su país al estancamiento.

Jean Hugues comenta que aunque Francia sigue en la lista de los países más ricos del mundo, desde hace treinta años lleva perdiendo puestos en los rankings internacionales, y la espiral descendente parece haberse acelerado en la última década.

Inicialmente reacios a admitir los problemas estructurales, los ciudadanos franceses empiezan a reconocerlos; de hecho, se encuentran entre los más pesimistas del mundo occidental. Este desánimo podría ser una gran oportunidad para llevar a cabo reformas estructurales, pero pocos políticos parecen dispuestos a enfrentarse a una opinión pública que sufre los problemas pero rechaza soluciones liberalizadoras.

Francia ha construido uno de los sistemas de bienestar público más asistencialistas y protector, y los ciudadanos franceses perciben cualquier reforma como un riesgo de perder esas aparentes comodidades. Parece más fácil echarle la culpa de los problemas del país a «la globalización» y «la crisis del euro». La paradoja es que mientras los políticos y medios hablan constantemente de la necesidad de «reformar», todo permanece intocable, estático, con un crecimiento anémico y un paro estructural alto, del 10,6 %.

La economía francesa sufre de dos problemas esenciales, que a los ciudadanos españoles no les resultarán desconocidos: una deuda sofocante y un problema de competitividad.

La altísima deuda es un problema común a muchos países de la Unión Europea, y se debe a los déficits estructurales que Francia ha acumulado desde los años setenta. La última vez que Francia tuvo un presupuesto equilibrado fue en 1980, y desde 1974 nunca ha generado superávit. La deuda pública acumulada en los últimos cuarenta años alcanza un ciento por ciento del PIB. Mucho más preocupante es el hecho de que la solución del problema se considera prácticamente imposible. En 2013, Francia generará un déficit adicional del 4 % del PIB, mientras Alemania genera superávit. Es interesante, porque hace solo diez años, Alemania y Francia tenían déficits y deudas similares. Alemania tomó el camino de las reformas y Francia el de «aguantar y esperar».

En Francia se repite una y otra vez que con tipos bajos, la deuda no es un problema. Se percibe la lucha contra el déficit como «atentar contra el crecimiento», aunque ese crecimiento no aparezca.

Esta falta de acción a la hora de atacar las ineficiencias de la economía genera un «factor de bloqueo» adicional: la dificultad de reducir el coste de una administración pública enorme. Más de 5,5 millones de personas trabajan para el Estado, administraciones locales y hospitales públicos, el 22 % de la población activa. Estas personas se benefician del estatus de fonctionnaires (funcionarios públicos) en unas condiciones extremadamente favorables pagadas por el Estado. A esos 5,5 millones se añaden 2 millones de empleados públicos sin categoría de «funcionario». Estos empleados suman el 48 % del presupuesto nacional anual, casi un 15,5 % del PIB.

Muy pocos gobiernos han querido tomar medidas contra este enorme coste, fundamentalmente porque la población se siente muy orgullosa de los servicios civiles sin pensar en si el coste es razonable, ni en su eficiencia. Cada cierre de una oficina local de correos o juzgado municipal se encuentra con el enfrentamiento de prensa, radio y población local. El plan de Nicolas Sarkozy de reducir el número de funcionarios le hizo extremadamente impopular. Sin embargo, la propuesta de François Hollande de contratar 60 000 nuevos funcionarios encontró el apoyo del 86 % de los jóvenes votantes. No es de extrañar que, según un estudio de 2012 del Ipsos Institute, el 73 % de los jóvenes franceses aspiran a trabajar para la administración.

Es un problema que crece y gana poder. El poder de los empleados estatales es muy alto y los funcionarios representan un porcentaje muy relevante de los votantes. Mientras los sindicatos representan a menos del 10 % de los trabajadores de Francia, en la administración y empresas públicas como EDF o SNCF alcanzan el 30-40 %. Esto lleva a que casi ninguna reforma pueda hacerse sin el apoyo implícito de sindicatos, que amenazan con huelgas constantes, como se vio en la pasada década.

Esa es la razón por la que los gobiernos siempre han recurrido a subir impuestos. Una medida injusta para sostener un Estado hipertrofiado. Con una presión fiscal cercana al 45 % del PIB en 2012, Francia se sitúa entre los países fiscalmente más onerosos de la OCDE. Sin embargo, el límite de las subidas de impuestos se ha sobrepasado y los costes de la administración crecen. Tarde o temprano, el problema de un Estado hipertrofiado debe atacarse, y en Francia siempre ha ocurrido con una grave crisis política.

El problema de la competitividad es igualmente serio y está relacionado con esa hipertrofia estatal. Una enorme cantidad de empresas semiestatales que actúan como «seguridades sociales encubiertas» y una fiscalidad onerosa y control sindical que hace que los empresarios no tengan incentivos para crecer por encima de 50 empleados, porque deben contar, por obligación, con representación sindical. Internamente, siempre se ha achacado esta falta de competitividad a la llegada del euro, pero Alemania, Finlandia o España han mejorado competitividad dentro de la misma moneda.

Todo ello ha hecho que la balanza comercial de Francia se haya ido deteriorando gradualmente. De superávit en 2003, Francia sufrirá el mayor déficit comercial de la eurozona, 67 000 millones, en 2012. Tampoco en este terreno la comparación con Alemania es baladí. En los noventa, los dos países tenían superávits similares y Alemania cuenta con superávit también en 2013, cercano a los 200 000 millones de euros.

La ralentización de la economía se hace evidente en las exportaciones. Según el FMI, las exportaciones francesas suponen el 3 % de la cifra global, cuando a mediados de los noventa era del 6 %. En el mismo período, las exportaciones alemanas se han mantenido alrededor del 8-9 %, las españolas han llegado a ser el 2 %. Por ejemplo, las exportaciones alemanas a China se han multiplicado por diez, desde 8000 millones de dólares en 2000 a 80 000 en 2013. El problema francés es doble: costes laborales altos e inversiones privadas insuficientes.

La desindustrialización que comentábamos antes. Prácticamente la capacidad productiva en Francia no ha cambiado en veinte años. Eso no sería un problema si no tuviera que alimentar una carga estatal tan enorme o si adaptase el Estado a la nueva realidad, pero parece ignorar ese cambio en la estructura global.

Unos costes salariales y de producción excesivos son un problema que ha sido repetido una y otra vez por empresarios, economistas y expertos, pero las medidas liberalizadoras no se implementan. Cerrar una refinería en pérdidas es un calvario hasta para una gran empresa como Total. Arcelor Mittal recibió todo tipo de amenazas por intentar optimizar costes en sus plantas.

Desde 2003, los costes laborales en Francia han aumentado un 10 % (fuente INSEE, Natixis), mientras los precios industriales han caído un 5 %, creando un «agujero» de competitividad del 15 %, difícil de recuperar.

Al mismo tiempo, aunque en el país los políticos y economistas están de acuerdo en que se debe incentivar la inversión, los impuestos a las empresas solo han crecido, hasta alcanzar el 33,3 % de los beneficios, e incluyendo todos los impuestos y tributos llega al 50 % (fuente KPMG).

Francia es un país rico que vive de las glorias del pasado dando la impresión de «paraíso eterno», comenta Jean Hugues. El mayor riesgo del país hoy es la pasividad e inmovilismo. Todo el mundo reconoce el problema, pero nadie se atreve a cambiarlo. Hasta que, como dice mi colega, explote.

En muchos casos, este problema de Francia no se percibe como tal: es el «coste del Estado de bienestar». Más bien el coste del «bienestar del Estado». Y más tarde o más temprano, explota, afectando a todos. Jean Hugues me recuerda que la historia del país es la de una eterna lucha entre los que pagan y los que cobran. Por ello, crear una Unión Europea a medida de este modelo de Estado es un peligro que profundiza la desindustrialización y pérdida de competitividad. Pero, sobre todo, es económicamente inviable. Se lo recuerdo a mi audiencia en la conferencia: «Crear un modelo europeo en el que la mayoría seamos funcionarios dependiendo del dinero de los demás hace que los demás simplemente se vayan». Y replicarlo en España, con una economía cíclica y orientada a servicios y turismo, es aún peor.

Al final de la charla en Londres, un chico me preguntó: «¿Por qué en España no se crea un Spotify, un Apple, un Google o un Core Labs?». Es estudiante de Ingeniería Tecnológica y está preparando una startup, una empresa.

Le pregunté: «¿Dónde vas a crear tu empresa cuando termines los estudios, aquí o en España?».

Me dijo: «En Westminster me han dicho que no pago impuestos durante los tres primeros años, así que probablemente aquí. ¿Por qué?».

«Ya te has contestado solo».

Tercera parte

España

Como el de cualquier español, mi recorrido personal desde los dogmas establecidos en la economía y un sistema estatista hacia la defensa del liberalismo y la apertura ha estado plagado de dudas y escepticismo. Es normal, porque cuando vivía en España, la familia, las noticias, el entorno laboral, estudiantil, casi todo lo que me rodeaba era un mensaje constante de «es imposible, aquí es distinto». «No se puede». Mi frase favorita es: «En España, con este nivel de paro no se pueden cambiar las cosas». Llevo oyéndola desde 1991.

Es curioso que se use la excusa del paro para mantener estructuras anquilosadas y un modelo económico centrado en la construcción y la obra civil, que son parte integral de la razón por la cual en nuestro país el paro estructural siempre se ha movido entre el 10 % y el 15 %. Con una educación que orienta al estudiante hacia la administración, la mayoría de los jóvenes aspira a trabajar para el sector público o los grandes conglomerados, y no a crear y emprender; y una estructura económica y empresarial extremadamente dependiente de subvenciones, ayudas y contratos estatales. Hasta tal punto que un día leí que una asociación de jóvenes empresarios prefería que se dieran más ayudas a reducir la estructura burocrática. Casi me desmayo.

Siempre que me hablan de derechos, exigencias y trabajos «confortables» recuerdo mis visitas a Beirut (Líbano) durante la guerra. Solía quedarme en un hotel rodeado de tanques sirios y aprovechar los fines de semana para visitar la magnífica arquitectura de Biblos o los viñedos de Zahlé.

Hay pocas cosas que nos bajen de nuestro pedestal de privilegiados exigentes como conocer Beirut en medio de un conflicto que duró más de una década. Siempre me inspiraba pasear por Verdun y ver los edificios reconstruidos una y otra vez, y hablar con sus habitantes, siempre dispuestos a crear un nuevo negocio, a asentarse en otra parte donde no estén bombardeando, a prosperar a pesar de ataques sirios, o iraníes. Un pueblo que se sobreponía a todo tipo de calamidades y tragedias para crear, para vencer la injusticia y alcanzar el éxito desde la adversidad. Siempre que me dicen que la culpa de los males de España es de Merkel, del Banco Central Europeo o de otro ente extranjero, pienso en mis amigos libaneses, que al ver su negocio en Zahlé arrasado por las tropas sirias, se sentaron ante una de esas maravillosas mesas repletas de manjares libaneses, que siempre ponen a disposición del viajero, y me dijeron: «Esta tarde empezamos de nuevo». El cambio somos nosotros.

Y si esperamos que las cosas cambien por ciencia infusa, no cambian.

Tener una familia con opiniones políticas y sociales orientadas al colectivismo, pero defensora a ultranza de pensar por uno mismo, me ha servido para discutir durante horas sobre política económica y social, cuestionando no solo lo que me enseñaban, sino lo que yo creía por mis propios medios. Así, cada vez que charlaba con mi padre sobre políticas liberales y economía, contaba siempre con la opinión seria, madura y dada desde el cariño de alguien que piensa lo contrario. Ese diálogo ha sido esencial para mí, porque me ha ayudado a defender los principios liberales desde el realismo, siempre teniendo en mente la protección y seguridad, y criticando por encima de todo, y más que nada, el sistema clientelista y estatista que muchas veces nos venden como «capitalismo», sobre todo el politburó de la Unión Europea.

Salir de mi país fue muy importante en este viaje intelectual. Sobre todo para comprobar que «con este nivel de paro» se pueden cambiar los países, abrir las ventanas, dejar que corra el aire y crear naciones más libres y abiertas.

Desde pequeño, cuando visitaba una nueva ciudad, un entorno diferente, siempre me imaginaba cómo sería vivir en aquel lugar, en qué podría trabajar, qué cosas buenas o malas me encontraría, los pros y los contras. Fuera el país que fuera. Vivir en Estados Unidos y Reino Unido han sido experiencias muy reveladoras, al estar rodeado de personas que valoran el esfuerzo, la libertad individual, y ver que cuando te sientes dueño de tu destino, con toda la responsabilidad y riesgo que conlleva, no lo cambiarías por nada del mundo. Entre trabajar en empresas extremadamente conservadoras y con puestos de trabajo con toda la seguridad imaginable, que lo he vivido y disfrutado enormemente, y contar con libertad y oportunidades de hacer lo que considere adecuado en un entorno más incierto e inseguro, me quedo, sin duda, con lo segundo.

Muchos me contestan que todo esto lo digo porque me ha ido bien. Y es cierto. Pero también ha sido un camino lleno de fracasos y baches de los que aprendí todo lo que pude. Cuando decidí tomar un camino arriesgado, desconocía qué iba a pasar, pero estaba dispuesto a hacer lo posible por extraer lo mejor de mí mismo, apostaba por el trabajo duro y un entorno que premia el talento y el esfuerzo. Y mis amigos que en la vida han sufrido reveses muy importantes, dicen lo mismo. Ninguno se arrepiente.

Solo leer los casos de treinta y cinco suicidios en France Telecom, la panacea del «trabajo seguro y tranquilo, colocado para toda la vida», o recordar los casos desesperados de gente buscando comida en los supermercados desabastecidos de Caracas, o viajar por regiones de España con índices de paro del 36 % en comunidades donde se han aplicado los modelos más intervencionistas, me hace recordar la frustración de no tener oportunidades, y rendirse. Jamás cambiaría libertad por seguridad.

Hace casi diez años que vivo en el Reino Unido y he tenido la suerte de viajar por todo el mundo, países de los que podemos aprender para lo bueno y para lo malo.

Tenemos que compararnos con los mejores, siempre, y compararnos en los aspectos positivos, no en justificar los negativos con un «ellos también». No unirnos al rebaño de los mediocres y felicitarnos por sufrir los mismos problemas. No entregarnos a un sistema liberticida.

Ese es el propósito de este viaje que concluye en España, pero que no termina, porque el Viaje a la Libertad Económica no acaba nunca. Siempre hay alguien que busca arrebatárnosla.

Y sin libertad económica no hay libertad. Si no salimos a conquistar una economía globalizada, que es una maravilla, continentes llenos de oportunidades, simplemente estamos condenados a derretirnos en la nada.

En un encuentro digital con lectores de El Mundo, me preguntaron: «¿Qué recomendaría a todos esos estudiantes de empresariales que no ven un futuro esperanzador en un país como España?». Mi respuesta fue: «Os vais a comer el mundo. No temáis el futuro. Sois de lo mejor, y podéis triunfar. Estudiad, podéis equivocaros, sois jóvenes, aprended y volved a aprender. Estudiar, estudiar, equivocarse y levantarse…, y a triunfar, que podéis».

Comprobar que existen otros modelos, en los que la meritocracia y la libertad individual crean verdadero progreso y riqueza, me llevó a escribir este libro, que concluye con las políticas que me gustaría ver desarrollarse en mi país. Un modelo realista para España.

25
Gasto político

«Cada medida implementada para generar estabilidad económica artificialmente multiplica exponencialmente la fragilidad del sistema».

NASSIM TALEB.

«¿Qué queremos?». «¡Déficit!». «¿Cuándo lo queremos?». «¡Ahora!». «¿Quién lo paga?». «¡El siguiente!».

Al llegar a España y hablar de políticas liberales, la reacción es furibundamente negativa.

Posiblemente, España es el país europeo en el que más se espera del Estado y de «lo público». Según un estudio comparado llevado a cabo por la Fundación BBVA en diez países occidentales, el porcentaje de españoles que pide a las instituciones públicas amparo y protección es, en promedio, casi 25 puntos más elevado que en el conjunto de los demás países de la Unión Europea. Un 62 % cree que la economía funciona mejor cuando el Estado supervisa su funcionamiento y un 65 % afirma que es el Estado el que, en primer lugar y ante todo, tiene la obligación de proteger y ayudar a las personas más necesitadas. Curiosamente, según Demoscopia, más del 60 % de la población achaca a «los políticos» los problemas del país. Pero no parece que nos demos cuenta de que entregar tal cantidad de nuestro destino al Estado es precisamente lo que hace que el abuso del Estado sea más fácil y tolerado.

La convicción de que son los poderes públicos los que deben velar por los que viven en situación precaria es un claro elemento distintivo de nuestra cultura actual, y no era así en la España que salió de todo tipo de crisis pasadas. Es una característica creada en muy poco tiempo, en menos de dos décadas. La sopa boba. Según datos del Pew Research Center, comparado con Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, España es el país donde una mayor proporción de ciudadanos (67 %) llega incluso a considerar más importante que los poderes públicos garanticen que nadie viva desprotegido que garantizar su capacidad personal de organizar, libremente, su propia vida (30 %). En Estados Unidos se registra la situación opuesta, donde estos porcentajes son, respectivamente, 35 % y 58 %.

Así, no es de extrañar que en nuestro viaje mis compatriotas me repitan una y otra vez: «¿Cómo puede crecer una economía sin gasto público? ¿Quién hace los puentes? ¿No gastamos menos que Finlandia? ¿No tenemos menos deuda que Japón? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por la deuda y el gasto?».

Por el umbral de saturación de deuda. Es decir, el punto a partir del cual una unidad adicional de endeudamiento no genera un efecto positivo, sino neutral o negativo. Lo comentábamos en el capítulo «Estímulos no, gracias». Pero la explicación no es suficientemente convincente, porque agrega todo ese gasto y deuda acumulada y compara peras con manzanas. ¿Es lo mismo gastar 30 000 millones en obras civiles innecesarias o gastarlo en un proyecto que generará recursos superiores al capital invertido? ¿Es lo mismo gastarlo en investigación real, que genere rentabilidad, o sumar funcionarios y administrativos, como hemos visto en Argentina o en España? Bienvenidos al gasto político.

Desde el punto de vista del mal llamado keynesiano (que al pobre John Maynard Keynes no hay que culparle de nuestros excesos), todo gasto es válido porque mueve la actividad económica, es lo que se llama la demanda agregada, y presupone que el efecto positivo en la economía es superior al negativo del despilfarro. No será la primera vez que ustedes oyen a un amigo o conocido decir que «la crisis no es culpa del despilfarro, porque al menos eso crea empleo y actividad económica». O mi frase favorita, muy típica de los adictos al ladrillo y a la construcción como símbolo de «economía real» solo porque es tangible, «si se construye algo, al menos está ahí, ya se le dará uso». Como en muchos de los países en los que se tiende a echar la culpa de todo al extranjero, en España, donde los gastos siempre son «el chocolate del loro» y los problemas siempre los crea algún unicornio extranjero, tendemos a ignorar o perdonar los enormes desvaríos presupuestarios.

«Todo aquello que merece hacerse, merece la pena excederse».

STEVEN TYLER, antes de pasar años en rehabilitación.

La locura de obra civil que arrasó a España, y llegó a suponer junto a la burbuja del ladrillo un 16 % del PIB, nos llevó a construir más kilómetros de líneas de alta velocidad que Japón, Francia, Alemania o Italia. A aprobar más de cincuenta aeropuertos con costes desorbitados. Regiones en las que hay tres aeropuertos en un radio de 150 kilómetros, que no solo son una ruina, sino que fagocitan la recuperación del número de pasajeros de uno a otro. En agosto de 2013 se publicaron las cifras de 10 aeropuertos que no sumaron 1000 pasajeros en julio de ese año ‹http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/5 077 184/08/13/Diez-aeropuertos-espanoles-no-llegan-a-los-mil-pasajeros-en-plena-temporada-estival.html›.

Les recomiendo que lean «AVE, aeropuertos, autopistas y tranvías: La cleptocracia arruina España» ‹http://dfc-economia historia.blogspot.com/2011/08/aves-aeropuertos-autopistas-y-tranvias.html#ixzz2cbRQ8O9p›. Ciudades de la cultura, del circo, etcétera.

El problema de los que justifican los gastos excesivos es que cualquier ciudadano español que se dé un paseo por su ciudad o alrededores va visitando ejemplos del cheque en blanco en cada rincón de la geografía. Y mientras lo hace, ve que sus hijos nacen con 22 000 euros de deuda y sus amigos o familiares se encuentran en paro o sufriendo recortes. Ese es el legado del despilfarro, que siempre toleramos, pero cuesta mucho.

Este gasto político se presenta como algo necesario y útil para empujar la economía de nuestra comunidad o región, por eso no lo consideramos negativo. ¿Cómo va a ser malo tener un aeropuerto en nuestra ciudad o una estación del AVE? El problema es que se desconoce cuánto ha costado, cuánto cuesta y cuánto costará, y a qué hemos renunciado en términos de inversiones reales y renta disponible en impuestos para construir obras megalómanas que asustan por su extravagancia a cualquier extranjero que las vea.

Ese desastre se ve ejemplificado en el informe del Tribunal de Cuentas sobre el atroz plan de estímulo llamado «Plan E», que muestra que no solo no se creó empleo, sino que contribuyó a agrandar el agujero económico de España en otros 12 000 millones. Según el Tribunal de Cuentas, cada empleo temporal que se creó costó más de 13 000 euros al mes en obras innecesarias.

Pero el Plan E es un ejemplo muy pequeño. Es mucho más aterrador comprobar que el Tribunal de Cuentas, europeo y nacional, estima que en el coste de las obras públicas licitadas existe una desviación media sobre lo presupuestado cercana al 20 %. Nos parece normal leer que un hospital en Toledo, presupuestado en 299 millones, lleva gastados 362 millones con un 34 % de la obra ejecutada.

El Puente de Castilla la Mancha, en Talavera de la Reina, es uno de mis hitos burbujeros preferidos. Menos de 90 000 habitantes, pero el segundo puente más alto de Europa, con un coste presupuestado de 60 millones que ha superado los 200 millones de euros y un coste de mantenimiento anual que se va triplicando cada tres años, debido a las inspecciones técnicas que deben realizarse, algunas en Suiza.

Leemos que desde el año 2004 ninguna obra civil se ha terminado dentro de lo presupuestado, o por debajo, y nadie se rasga las vestiduras. El sobrecoste no es problema. Que lo pague otro.

«No existe la figura delictiva del derroche de dinero público».

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. ESPAÑA.

Como tantos otros ejemplos de exceso de gasto, me comentaban una vez: «No es un despilfarro, es un gasto». Y esa opinión, de que los gastos en elementos tangibles siempre son justificables, persiste aun cuando leemos en informes de la Unión Europea que España gasta 4 veces más que Alemania por kilómetro construido de carretera. El día que se publicó dicho análisis, las respuestas en las redes sociales eran cuando menos pintorescas: «Es por la orografía». Sin embargo, además de este estudio del Tribunal de Cuentas Europeo se han presentado otros resultados en los que se han eliminado los elementos relativos a la adaptación del trazado al terreno para poder hacer comparables las carreteras de los distintos países a pesar de tener perfiles orográficos muy diferentes. El resultado sigue siendo negativo para España: 160 694 euros cuesta asfaltar 1000 metros cuadrados, comparado con 87 217 euros que cuesta en Alemania.

Sin embargo, el puente o la obra inútil, cuestan, y mucho. No solo la obra, sino el gasto en mantenimiento.

Solo ocho de los 52 aeropuertos españoles no presentan déficit. Los 44 restantes nos cuestan cientos de millones al año. En 2013, según el BBVA, mantener los aeropuertos cerrados y las infraestructuras de la locura de obra civil tendrá un coste de 720 millones de euros. Sin embargo, siempre que comentamos el abuso de dinero público nos dicen: «¿Y quién hace las carreteras si no?». Pues bien, en Suecia, como hemos comentado, dos tercios de las carreteras son privadas. Una cifra equivalente en Reino Unido.

Pero el gasto político no es solo obras civiles innecesarias, también es el coste de propaganda para fomentar las ideas que el gobierno de turno busca difundir.

El gasto anual en televisiones públicas autonómicas es de 1200 millones. Según un informe de Deloitte para UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), las televisiones públicas, incluida RTVE, cuestan 187 euros al año a cada familia española.

Lo mismo ocurre con el gasto en administración. Cuántas veces hemos oído la frase «el gasto público no se puede recortar porque se destina fundamentalmente a educación y sanidad», como si esas dos partidas fueran un tótum revolútum donde todo es justificable.

Desde que se transfirieron a las comunidades autónomas, los gastos en sanidad se han duplicado, sin embargo, esa cifra, que a cualquier persona consciente del coste le escandalizaría, se justifica en cuanto se introduce el término «sanidad» o «educación». Como si no existiese el despilfarro.

La sanidad pública no es gratuita. La pagamos por adelantado en impuestos. Y es esencial profundizar en la transición a un modelo de elección libre, en el que la gestión privada y la pública prueben los beneficios para todos y agilicen y mejoren el servicio compitiendo en calidad. La competencia de la gestión privada pone de manifiesto el despilfarro en aquellas áreas públicas incapaces de utilizar el dinero eficazmente, y viceversa, también pone de manifiesto si el sector público lo hace mejor. Lo importante es que haya una concesión —y retirada— de las licencias por parte del gobierno que sea absolutamente rigurosa. Como comentábamos en Suecia.

Según Eurostat, España gasta en sanidad 1463 euros por habitante, 631 menos que la media de la eurozona, que se sitúa en 2094 euros. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud alerta que «entre el 20 % y el 40 % del gasto sanitario se pierde por la ineficiencia del sistema de salud». Los principales problemas son el excesivo gasto en fármacos caros, la mala utilización de los sistemas hospitalarios y el exceso de pruebas médicas.

De hecho, el informe bienal de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, elaborado por 56 médicos, defiende que aportar más financiación no es la solución. En 2011, Juan Oliva, editor del informe, comentaba al diario El País que «los servicios sanitarios viven inmersos en la cultura del despilfarro». Se da prioridad a la construcción de nuevos hospitales y se abusa del uso de pruebas médicas y nuevas tecnologías —que además no son inocuas— obviando los auténticos determinantes de la salud: las condiciones de vida.

El 17 % del coste en farmacia se dedica a medicamentos contra la hipertensión y el colesterol, es decir, casi un 5 % del gasto corriente en sanidad, a pesar de que solo el 40 % de la población cumple el tratamiento. Además, en muchos casos son enfermedades prevenibles con buenas políticas de concienciación de la salud pública, a la que España, sin embargo, dedica solo el 1,3 % de su gasto en sanidad.

Este aspecto me parece de una enorme relevancia por la importancia de desagregar y analizar dónde y por qué se gasta mal, no solucionarlo de una manera errónea, dando más fondos.

Merece la pena entender que cualquier tipo de asistencia pública no es justificable por definición. Suiza, por ejemplo, rechazó en referéndum, con algo más del 70 % de los votos, la creación de un sistema de seguridad social nacional y se decantaron por mantener la situación actual de seguros médicos particulares. Es la segunda ocasión en cuatro años en que los suizos se muestran a favor de un sistema de sanidad privado, con verdadera competencia —87 empresas—, porque el coste es menor y la asistencia, a todos, de mayor calidad. La legislación suiza establece que toda persona, incluidos los recién nacidos, debe contar con un seguro médico, que cubre al individuo, no a la familia. En el caso español, es un modelo perfectamente compatible con una seguridad social pública, e incentiva a ser más eficaces.

¿Qué vamos a decir de las plantillas de funcionarios y trabajadores del Estado? El 22 % de los trabajadores españoles son funcionarios. Durante la crisis, las comunidades autónomas y la administración central han incrementado sus plantillas un 3,7 % y un 3,2 %, respectivamente. De cada 100 empleados públicos, 51 trabajan para los gobiernos regionales, que sumaban, en enero de 2013, 1 307 343 personas. Las universidades, que cuentan como otro escalón de la administración, suman 148 905 empleados.

Tenemos un gasto en salarios públicos superior a la media de la Unión Europea, pero un número de funcionarios por ciudadano menor (Eurostat). Mucho patrón, poco marinero.

Continuamente nos dicen que España tiene menos funcionarios por habitante que Alemania o la media europea. En Alemania hay 13,8 habitantes por empleado público, mientras que en España hay 16,6. Estupendo. ¿Y los asesores externos y las empresas públicas? Añadiendo las dos partidas cambia la cosa.

En España hay 2,5 millones de personas trabajando para el sector público, sin contar empleados de empresas públicas. Eso convierte al país en el quinto socio con más funcionarios. Esta cifra solo es superada por Francia, con 5,2 millones, Alemania con 4,5 millones, Polonia e Italia, 3,4 millones cada una.

La masa salarial del personal público le cuesta al Estado 116 087 millones de euros. Una cifra que sigue siendo superior a lo que gastaba en 2007, que era de 107 835 millones. Mientras, los salarios del sector privado han caído entre un 15 % y un 20 %.

Desde el año 2000, en España el gasto público por habitante ha crecido en un 58,5 %, cuando en Alemania lo ha hecho un 17,7 % y en la UE-27 un 36,2 %, lo que lleva a que hoy, en un país con economía cíclica, orientada a servicios y muy necesitada de competitividad, la administración pública le cuesta de media anual a cada español 9816 euros. En una economía dinámica y sujeta a ciclos muy importantes como la nuestra, eso es un coste fijo simplemente inasumible.

¿Por qué lo aceptamos? Según un estudio del BBVA y la consultora Monster, el 70 % de la población quiere un trabajo en la administración. Tenemos que mirarnos al espejo y ver el verdadero problema. Hemos dado a los políticos el poder de decidir como si fueran reyes de pequeños feudos con la esperanza de que algo nos cayera a nosotros, olvidando lo que decía Frédéric Bastiat: «Todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado. Se olvidan de que el Estado quiere vivir a expensas de todo el mundo».

Fernando del Pino Calvo-Sotelo, en un magnífico artículo publicado en Expansión titulado «La reforma de la administración», decía algo extremadamente importante:

Queda ya meridianamente claro que el gobierno cree que el gasto público no puede ni debe ser reducido. A modo de ejemplo, en la administración central, el Instituto Cervantes tiene más de 1100 empleados; el Instituto Nacional de Estadística (en la era de los ordenadores) tiene 4400; las nueve Confederaciones Hidrográficas, casi 5000; el INEM emplea a 10 700 personas, y la Agencia Tributaria a 28 000 (con relación a la población, el doble que su comparable estadounidense, por ejemplo). Aunque a usted y a mí, querido lector, que somos quienes mantenemos estas plantillas mediante nuestros impuestos, nos choquen estas cifras, el gobierno las considera perfectamente adecuadas.

Yo añadiría algo más. A muchos de los lectores tampoco les chocan estas cifras. Porque no valoran el coste de oportunidad de gastar ese dinero en algo productivo.

El coste de oportunidad es el beneficio perdido por haber gastado una cantidad en algo fallido o improductivo, y que podríamos haber utilizado para una inversión de auténtica validez. Aunque sea ahorrar. Si gastamos en algo que genera pérdidas, simplemente hubiera sido mejor no hacerlo.

Según el Círculo de Empresarios, las diputaciones, cabildos y consejos insulares acumulan un coste anual de 22 000 millones. Solo los consejos comarcales cuestan más de 550 millones de euros al año. ¿Se busca una solución para atacar ese coste? Claro, justificarlo dándole más competencias.

¿Qué ocurre con este gasto y esta cantidad de empleados? Que gastan aún más, porque disponen de un presupuesto que, como decía un conocido, «hay que consumir». Y van por el mundo dando subvenciones como país rico que somos, porque nos sobra el dinero. Nada menos que 10 000 millones anuales, contabilizados como subvenciones.

Todo se justifica. Pero todo suma. Y todo cuesta.

Entre 2007 y 2012, la Junta de Andalucía, que cuenta con un 32 % de paro, ha gastado en cooperación internacional más de 500 millones de euros, una media de 230 000 euros al día, incluyendo «promover la igualdad de género en Mali», «reformar una playa en El Salvador», «promoción turística en Nicaragua», o «rehabilitar y digitalizar películas cubanas». Obviamente, estos proyectos «esenciales» necesitan de viajes, convenciones y comités. «Austeridad». Y en 2013 ese presupuesto ha aumentado.

FIGURA 14.

Destino de los gastos de las comunidades autónomas.

Fuente: Absolutexe.

Pasemos a otro ejemplo muy llamativo. España cuenta con 1228 diputados en decenas de parlamentos, que generan un coste de 390 millones de euros anuales. Las comunidades autónomas gastan 200 millones anuales en promoción exterior —excluyendo turismo— y 70 millones anuales en «consejos consultivos».

Los cargos de confianza o, lo que es lo mismo, los asesores. Según el Sindicato de Funcionarios (CSIF), en España hay cerca de 20 000. Si cada uno de ellos cobra de media 50 000 euros, cuesta a las arcas públicas un total de 1000 millones de euros.

En España, a la hora de hablar de gasto político tenemos grandes maneras de disfrazarlo. Las empresas públicas, por ejemplo, son en muchos casos entes «alfombra» para esconder gasto y deuda creados fuera del control de la Unión Europea o del Tribunal de Cuentas. En España hay más de 4000, incluyendo compañías, consorcios y fundaciones. En Reino Unido no llegan a 50. En el Programa Nacional de Reformas 2013, el gobierno español se comprometía a reducir drásticamente este problema, buscando ahorrar 1500 millones.

Sin embargo, según los datos oficiales de la EPA de junio de 2013 publicados por Expansión, las empresas y otras instituciones públicas incrementaron en 11 600 su número de empleados, un 7,8 % más, contando en la actualidad con alrededor de 159 000 personas, 13 700 más que a comienzos de la crisis.

Uno de los ejemplos más sorprendentes de esta práctica es lo que se denomina «administración paralela andaluza», una red de entidades que, según los sindicatos de funcionarios, emplea a unas 26 000 personas de «confianza», más que en todo el resto del Estado. Esta «administración encubierta», que no aparece como gasto contabilizado en el capítulo 1 de presupuestos, el que revisa la Unión Europea, cuesta 3300 millones anuales en transferencias. Sin embargo, ante el masivo abuso de nuestro dinero, no se ven manifestaciones ni indignación.

FIGURA 15.

Evolución coste del personal del Estado, 2002-2012. Administración central, comunidades autónomas y entidades locales.

Fuente: Absolutexe.

En España hay más asesores de confianza que cargos públicos, mientras que en la Unión Europea hay una limitación. Por ley, en París hay un tope de 40 asesores y ni siquiera lo alcanzan, igual que en Downing Street (Reino Unido).

Esperanza Aguirre, presidenta del Partido Popular de Madrid, ha comentado en varias ocasiones que «se podría prescindir de muchos altos cargos, conductores, asesores, y ahorrar 48 000 millones de euros».

Según El Mundo y El Economista, en 2011 España era el sexto país del mundo con más coches oficiales, compuesto por un parque móvil con más de 35 000 vehículos. Solo su mantenimiento superaba los 60 millones de euros al año.

El despilfarro en educación también se justifica siempre. España destina 9608 dólares al año de gasto público por alumno en la educación pública, un 15 % más que la media de los países de la OCDE, que es de 8382 dólares, y también está por encima de la media de la UE-21 (8348 dólares). El gasto en educación pública en España ha pasado de representar el 1,8 % del PIB en 1975 a más del 5 % en 2012. Pero a pesar de ello, los resultados educativos dejan mucho que desear. La universidad pública española no cuenta con ninguna de ellas entre las mejores del mundo. Es un modelo de réplica y copia. Cada año produce más abogados que Reino Unido y Francia juntos, y multiplica en cada una de las regiones los mismos modelos, carreras… En un país donde hay casi cuatro universidades públicas por cada región, acumulan edificios de campus universitario, cuando la mayoría de los universitarios estudia a menos de 5 kilómetros de su casa. No es de extrañar que sume una deuda de 1398,1 millones de euros; y lo que es curioso, como tantos elementos del gasto excesivo en España, es que la desagregación en 17 comunidades autónomas hace que se esconda la información y no se disponga de cifras totales oficiales, lo que incentiva al gasto excesivo.

Además, la saturación de universitarios, la «titulitis», diluye el valor de la educación en el mercado laboral, y genera frustración en generaciones a las que les dicen que «son las más preparadas» y, sin embargo, se encuentran, estupefactos, que no tienen oportunidades. Les hablan de derechos y se encuentran con el muro de la realidad. No nos damos cuenta de que la hemorragia de títulos inservibles, de aprobados generalizados, solo genera empleados destinados a cubrir puestos de trabajo de bajo nivel en un mercado laboral rígido e intervenido, donde no se generan prácticamente incentivos para crear empresas y desarrollar la iniciativa individual. La educación debe estar orientada a crear líderes, innovadores, gestores y profesionales que puedan comerse el mundo allá donde vayan. No una fábrica de parados frustrados pensando que se han esforzado mucho para aprobar exámenes.

Igual que la sanidad, la educación pública no es gratuita. Es extremadamente onerosa, carísima, cuando supone que nuestros jóvenes pierdan años en tener un título que no les ha dado experiencia, ni capacidad para abrirse puertas, o directamente no vale para nada porque tienen que pasar otros cuatro años haciendo másteres u oposiciones, a ver si el currículum vítae sirve de algo.

Mucho deberíamos reflexionar cuando tenemos decenas de universidades públicas y ninguna entre las mejores del mundo, y, sin embargo, nuestras escuelas privadas de negocios, IESE o IE y otras, aparecen año tras año en los rankings de las más valoradas del planeta.

Otra bolsa de gasto e ineficiencia es la justicia. Según el ministro de Justicia, en 2013 se acumulan 20 000 millones de euros en procesos judiciales pendientes de resolver, unos tres millones de casos. España es uno de los países con mayor cantidad de litigios, ingresando 9,5 millones de asuntos entre particulares, cuando en Francia, con más habitantes, no llega a 6,5 millones. Esa lentitud e ineficiencia, añadida al «pleiteo», hace que un pilar básico para atajar todos los males de corrupción y gasto no se dedique con todos los recursos necesarios a instaurar un sistema justo, rápido y eficaz, perdiéndose en millones de pleitos inútiles y retrasos inaceptables. En España, «los procedimientos de menor cuantía, que no deberían durar más de 100 días de acuerdo con los plazos legalmente establecidos, duran de media 436 días». Al mismo tiempo, «los procedimientos de ejecución de las sentencias requieren una media de 9,16 meses». (La economía de la administración de justicia, de Francisco Cabrillo y Sean Fitzpatrick). Una administración de justicia lenta, y además cara. Cuesta unos 3900 millones de euros anuales, el tercer país de la Unión Europea en coste, suponiendo un 0,36 % del PIB, solo por detrás de Portugal y Alemania, comparado con la media europea de 0,30 %, y desde 2006 ha crecido a un ritmo anual del 16 % ‹http: // www.fundacionurjc.es / cursos_verano / ponencias2012 / justiciayeconomial.pdf›. Pero al coste público, hay que añadirle el coste en abogados y procuradores, que eleva el coste de la justicia hasta 12 000 millones de euros, un 1,2 % del PIB. La combinación de lentitud y onerosidad es muy peligrosa para toda la economía, porque pone en cuestión la percepción de los inversores potenciales sobre seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada.

Todos estos gastos superfluos no son el chocolate del loro. Estamos hablando de cifras que superan los 48 000 millones anuales solo en aparato burocrático excesivo y los 80 000 millones incluyendo gastos operativos, desvíos presupuestarios y sobrecargas. El presupuesto total de «asuntos económicos» del Estado central y las comunidades autónomas, la partida fantasma que yo llamo «mis abalorios», es de 35 000 millones.

Para una economía cíclica y orientada a servicios, en la que ha pinchado una burbuja —la inmobiliaria, infraestructuras y obra civil— que suponía el 16 % del PIB, son inaceptables 493 000 millones de gasto y 110 000 millones de déficit, 70 000 estructurales.

Además, medir el déficit con relación al PIB engaña. Por ejemplo, hasta julio de 2013, las administraciones públicas del Estado central han gastado un 74 % más de lo que han ingresado. Ingresos: 60 685 millones. Gastos: 105 818 millones, subiendo un 5,7 % en medio de la llamada «austeridad». Insostenible. ¿Creemos sinceramente que el país podría ingresar un 74 % más para cuadrar las cuentas?

Las subvenciones, que superan los 10 000 millones anuales, son otro enorme agujero de gasto político. Fíjense en los gráficos, cortesía de Absolutexe, sorprende no solo la cantidad, en un país en crisis, sino el enorme crecimiento del gasto en subvenciones en el último trimestre. Es el efecto «hay que consumir todo el presupuesto antes de acabar el año».

Si el Estado reconociera una economía de «crisis» y quisiera, podría cercenar 10 000 millones en subvenciones, 35 000 millones en «actividades económicas» —la caja negra del gasto de comunidades autónomas y Estado—, 22 000 millones en administraciones duplicadas, cerrar embajadas regionales que cuestan 150 millones anuales, 1000 millones en asesores, etcétera.

En su libro Una alternativa liberal para salir de la crisis: Más mercado y menos Estado (Deusto, 2012), Juan Rallo enumera hasta 130 000 millones anuales de ahorros, sin desmantelar el Estado ni dejar a los niños y abuelos indefensos.

Para hacernos una idea, 80 000 millones anuales de «grasa», suponen más que el déficit de un año. Pero siempre que lo comento me dicen que recortar más es imposible. Sin embargo, son mucho más graves las consecuencias de no hacer el ajuste de la burbuja de gasto político creada al calor de la década del despilfarro.

En España, ni en el pico del bum del ladrillo se recaudaban 410 000 millones de euros. Sin embargo, el gasto «inamovible» que nos quieren vender como esencial supera esa cifra, incluso si quitamos el coste de la deuda. Por lo tanto, sí es un problema de gastos. Un enorme problema, que crece cada año que pasa sin atajarse. Pero nos invade la resignación. El problema es enorme pero seguimos adelante y no pasa nada. Nos convencemos de que «antes o después se soluciona, cuando crezcamos o, quizá, la Unión Europea nos preste indefinidamente». Hasta que, como sucedió en Argentina, Portugal o Grecia, explota. Y entonces es demasiado tarde para decir «¡que se vayan todos!». Tolerar el abuso del Estado es grave, porque lo queramos o no, lo acabaremos pagando.

¿Por qué no cambia esta situación? Porque el gasto sigue siendo un potente instrumento para obtener el consenso electoral. Nadie se queja cuando se usa el dinero público para gastos innecesarios porque se percibe que «algo cae» a todos. Sin embargo, como con el helicóptero monetario de los primeros capítulos, lo poco que le cae al contribuyente en la época de bonanza lo paga, con creces, en la crisis.

En mi libro Nosotros, los mercados hablaba de la importancia de aplicar el «lápiz rojo» al gasto político, porque tiene un doble componente negativo.

Por un lado, detrae recursos de la economía productiva a través de mayores impuestos. Por otro, y sobre todo, al acumularse, como una bola de nieve, y aumentar la deuda viva del país, termina generando recortes y ajustes muy severos también en los servicios que la población valora como esenciales. Eso es precisamente lo que sabía Schröder en Alemania o Thatcher en Reino Unido, o lo que comentábamos del caso de Suecia. Para preservar el Estado de bienestar, hay que atacar el gasto inútil, porque a medio plazo, ante una reestructuración de deuda, una quita o un rescate con condiciones severas, se pierde tanto el gasto útil y la inversión como el inútil.

Todos estos gastos no son el «chocolate del loro», no ocurren en todos los países y no son aceptables. Además, es tirar el dinero de unos impuestos que cuestan muchísimo esfuerzo a empresas y familias, genera una deuda que es exponencial, en cada una de las regiones y el Estado central. Cada año, 70 000 millones que se suman a la bola de nieve. Y parte de la falacia del dispendio público es, precisamente, esa manía de asignar todos los gastos al PIB en vez de a los ingresos. Nos dicen: «Solo es un cero coma equis del PIB». Y ya nos han dejado otro agujero de cientos de millones.

Esa bola de deuda es deuda destructiva, porque no genera ningún efecto positivo, es gasto corriente improductivo, y perpetúa un sistema que confisca y fagocita la actividad económica real, detrayendo inversión y consumo.

En contraposición, la deuda constructiva es inversión que genera un beneficio continuado, que produce un efecto multiplicador. El problema con el que solemos encontrarnos es que en los planes de inversión en el papel todo se justifica. Recordarán ustedes que todos estos monumentos al despilfarro y todos estos gastos superfluos se justificaban con dos premisas: genera riqueza para «nuestro pueblo» y «puestos de trabajo». Cuando no ocurre, los que lo han aprobado no solo no sufren las consecuencias, sino que si pasan a la oposición, pasan a criticar a los nuevos gobernantes por «la situación económica». ¿Cómo se evita esta espiral? Con un sistema de penalización exponencial, y muy severo. De tal manera que el abuso del Estado no tenga un beneficio, aunque nos pillen, sino que sea objeto de graves consecuencias profesionales y personales. Si los incentivos se dan para «consumir el presupuesto» o, aún peor, «a sobrepasarlo», simplemente no tenemos solución. Y acabaremos pagándolo todos los ciudadanos.

Es por ello que el rigor presupuestario y la penalización son elementos esenciales, pero también debe cercenarse la tentación a tirar del gasto. En esta administración hay mucho patrón para muy poco marinero, y mucha gente con la llave de la caja. Desde el momento en que todos nos demos cuenta de que es nuestro dinero el que se está despilfarrando, reduciendo drásticamente esa enorme cantidad de presupuesto en manos de los gobiernos los obligaremos a priorizar en los servicios básicos.

Comparar cualquier gasto con el PIB, agregarlo y olvidarlo es un mal servicio al dinero de todos. Se trata de maximizar la eficacia, no de tapar y dar excusas a una corrupción que impregna demasiadas áreas del sector público.

Hace unos años, en Italia, en medio de un escándalo por corrupción, le preguntaron a un político local sobre un apartamento en Roma que le habían regalado ilegalmente, y contestó: «Como me entere de quién ha sido el que me ha pagado el piso, le denuncio». La corrupción y sus justificaciones, por parte de unos y otros, me recuerdan aquel episodio.

Según el Banco Mundial, la corrupción puede recortar hasta un 0,5 % del PIB de un país. Estudios de la misma entidad valoran el impacto de dicha corrupción —en todas sus escalas— hasta en un 2 % del PIB de los países de la OCDE, incluido el nuestro. En junio de 2013, en un encuentro organizado por Transparency International en Lisboa, comentaban que:

En la Unión Europea, entre un 10 % y hasta un 20 % del monto total de los contratos públicos se pierde en corrupción.

El 5 % del presupuesto anual de la Unión Europea no se justifica.

Tres de cada cuatro ciudadanos europeos perciben que la corrupción se ha disparado en los últimos cuatro años.

Demasiado gobierno, demasiado poder, demasiada corrupción. Por ello, como parte de la solución, hace falta transparencia absoluta, liderazgo, anteponer los principios a cualquier consenso, y cercenar el acceso desproporcionado del Estado a la caja. Precisamente porque esa es la única manera de garantizar los servicios esenciales que la gente valora. Si no, con la quiebra se hundirá todo, lo superfluo y lo necesario.

¿Es casualidad que esa percepción de corrupción creciente coincida con la crisis? No. ¿Y que se genere con el aumento del intervencionismo y el gasto público, a niveles del 49 % del PIB de la Unión Europea, que se supone que era precisamente para combatir dicha crisis? Tampoco. Tras gastar cientos de miles de millones, la población sufre las consecuencias de lo que parecía un sistema muy atractivo, el asistencialismo clientelista, hasta que hay que pagarlo. «El socialismo es una idea estupenda hasta que se acaba el dinero de los demás», decía Margaret Thatcher.

La corrupción se tolera —incluso se incentiva— mientras a la mayoría le caiga algo de la misma. Pero cuando se acaba el sobre para la base de la pirámide —PER, subvenciones, ayudas, primas, enchufes, contratos, amiguismo—, nos entra la indignación. Por eso hay que recuperar los principios de austeridad, meritocracia y esfuerzo, y dejar de pensar que volverá 2005 y la fiesta.

Porque nunca hemos vivido períodos de mayor prosperidad que cuando la libertad económica estaba en máximos y el intervencionismo en mínimos. En las economías más intervenidas, la renta media es hasta ocho veces menor que en las economías con alta libertad económica. Desde que en las grandes economías se han instalado el intervencionismo y las políticas de gasto público, la desigualdad —que se había conseguido reducir a mínimos históricos gracias a la mejora de la libertad económica— no solo no se ha reducido, sino que se ha disparado a los niveles más altos de la democracia.

Sin embargo, nos llevamos las manos a la cabeza cuando algunos proponen reducir gasto y bajar impuestos, que han sido las políticas que han creado riqueza y prosperidad. Como si el dinero que se despilfarra no fuera nuestro. Creer que un problema de mala gestión se solucionará con más dinero público, no solo es ingenuo, es peligroso. Y creer que un problema de corrupción que parte de una sociedad acostumbrada al paternalismo asistencial se soluciona con «otros políticos», cuyos incentivos son los mismos, es suicida.

Hay que desprenderse de las manzanas podridas para que no ocurra lo que con la banca, que al esconder a los malos entre los buenos y pretender salvar a todos, se acaba igualando a la baja y todos, los eficientes y los insolventes, sufren el estigma.

La corrupción y su impunidad producen incertidumbre y miedo. Aumenta la inseguridad jurídica para alimentar al Leviatán del Estado depredador, que sostiene esa corrupción, que siempre nos parece «bajísima» e «irrelevante» o, peor aún, que «existe en todos lados». Por eso, es en estos casos en los que hay que poner por encima de todo los principios de libertad y honestidad, demostrar que no «ocurre igual en todos los casos». Liderazgo y contundencia, no consenso y política de avestruz. Aprovechar que ahora el riesgo percibido es bajo para una catarsis real.

El problema de la corrupción —y sus consecuencias— es que se convierte en un gravísimo problema financiero. Cuesta dinero cuando se pierde la confianza institucional y entonces, como en un país emergente, afecta a las primas de riesgo, que la Universidad de Cornell estima puede costar entre 300 y 350 puntos básicos de coste adicional de deuda. También cuesta por la huida de capital y caída de la inversión financiera directa, dos elementos que nuestro país necesita como el agua.

Y no es un problema causado por unos políticos, como si fueran extraterrestres. Son el reflejo de una sociedad, no una casualidad. Es el problema de un sistema económico que tolera e incentiva el clientelismo como modo de evitar el libre mercado, la meritocracia y la competencia.

Los no corruptos deben saber que tolerando el destrozo están empañando su prestigio, que todos estamos financiando a los malos gestores, que además están expulsándonos del crédito, de la toma de decisiones, y apartando a los buenos de las instituciones. Eso no puede ser. Que la imagen de España no sea la del lugar donde no se puede invertir.

Abandonar los principios, pensando que escondiendo el problema todo se olvida, ha funcionado a veces, no lo neguemos. Pero se acabó el dinero gratis. Ahora toca demostrar liderazgo, fortaleza y contundencia. Por el bien de todos.

El hecho de que queramos una organización estatal no justifica tolerar el abuso del Estado.

Queremos una administración eficaz, ágil y rigurosa. No un ente que busca perpetuar el «bienestar del Estado», no el Estado de bienestar.

Es una obligación patriótica criticar el abuso del Estado, los errores que cometemos. Y ofrecer soluciones prácticas, factibles y realistas. Vamos a hablar de algunas.

Fuentes:

1.

Secretaría de Estado Presupuestos y Gastos, gobierno de España:

‹http://www.pap.minhap.gob.es/sitios/pap/es-ES/Paginas/Inicio.aspx›.

2.

Banco Central. España-Europa:

BCE: Composición funcional del gasto público en la Unión Europea.

‹http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicacio nes/PublicacionesBCE/BoletinMensualBCE/09/bm0904-5.pdf›.

3.

Banco Mundial.

Gasto público del gobierno en educación:

‹http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GB.ZS›.

4.

Fedea:

La ley de Economía Sostenible y las reformas estructurales: 25 propuestas.

‹http://www.reformasestructurales.es/›.

26
Con este paro «sí» se puede

«Si pedir prestado y gastar creara puestos de trabajo, tendríamos pleno empleo desde hace décadas».

PAUL RYAN.

«¿Qué queremos?». «¡Trabajo!». «¿Cuándo lo queremos?». «¡Ahora!». «¿Nos hacemos empresarios?». «¡Muerte al empresario, el empleo lo crea el viento!».

En este viaje he conocido casos dramáticos de personas que por una causa u otra han perdido su trabajo. La situación creada por el estadillo de la burbuja inmobiliaria y la falta de reacción, prolongando el error con más gasto y obra civil, añadida a las subidas de impuestos en una economía cíclica, ha llevado al país a un paro del 26 %. Paseando por Badajoz, un amigo que lleva varios años en paro me cuenta un chiste. Un hombre le dice a otro: «¿Sabes lo que vi ayer al salir del curro? Un elefante rosa con alas». Y el otro le contesta: «¡No me digas que tienes curro!».

Mi amigo sabe que como ingeniero de caminos no tiene oportunidades, porque la expansión alocada de infraestructuras se ha acabado, y probablemente no volverá jamás. Pero es una persona apasionada y con ganas de superar los problemas. Se plantea crear una empresa. «Me parece una gran idea», le digo. Pero me cuenta que teme que funcione, y afirma que los costes por hacerse autónomo y montar un negocio son astronómicos. Le aterra buscar trabajo en el extranjero, porque teme el cambio, el impacto sobre la familia y un entorno laboral demasiado flexible, donde puedan despedirle rápidamente.

Entiendo su preocupación. Le comento que aunque mi caso no es el mismo, llegué a la City de Londres con treinta y seis años, no era ningún chaval. Tomar la decisión no fue fácil. Pasaba de ser director en una buena empresa, en un entorno estable, un puesto seguro y de poco riesgo, a un sector extremadamente competitivo y con gran parte del sueldo dependiendo de la consecución de objetivos. Además, para ahorrar y por si no funcionaba el proyecto, tuve que dejar a mi familia en España.

Todo mi entorno comentó que era un error, que tomaba una decisión arriesgada, que no tenía que dejar lo conocido por lo desconocido, toda la serie de frases típicas. Hoy, casi diez años después, me dicen que hemos tenido mucha suerte y que fue una buena decisión.

Desde que comenzó la crisis más de 100 000 españoles han emigrado a Reino Unido. Gracias a la actividad de la embajada, he conocido a muchos de ellos, y en su mayoría han valorado positivamente la decisión. ¿Fuga de cerebros? No. En un mercado laboral global, las oportunidades aparecen donde hay demanda. Y eso es lo que debemos entender, que el mercado laboral al que debemos aspirar, sea cual sea nuestra cualificación, es la aldea global.

Además, buscar oportunidades donde se encuentren es importante para reciclarnos de manera constante. Los conocimientos y especializaciones de hace dos o diez años pierden validez y tenemos que renovarlos continuamente. Trabajar en el extranjero es una de las mejores formas de adaptarnos a un mundo que cambia cada día.

Las familias que emigran vuelven a su país periódicamente, traen divisas, se adaptan a nuevas culturas, expanden la mente y conviven en entornos multiculturales, con distintas prioridades y valores. Todo eso es una experiencia y un bagaje que enriquece, no un fracaso. Algunos de los pueblos más prósperos del mundo son naciones de emigrantes.

Aunque sea por circunstancias no deseadas, arriesgar es esencial. Y el talento se reconoce. No debemos dudarlo. Siempre me comentan que España tiene la «generación mejor preparada de la historia». Pues si es así, trabajo no le va a faltar en cualquier maravilloso país del mundo. Autolimitarse a esperar que cambien las cosas en un país en crisis es, además de frustrante, no reconocer las fantásticas posibilidades que ofrece el mundo.

La otra opción es reciclarse hacia sectores de alta productividad, y cambiar el chip hacia fuera de los trabajos en los que hay enorme sobreoferta. Es muy difícil reconocer que tras años de estudiar una carrera, o de hacer un trabajo, existe exceso de oferta en ese campo específico. Por eso es esencial la formación constante y adaptarse y reciclarse a nuevos sectores, porque en cualquier momento, lo que consideramos una ventaja competitiva puede ser simplemente más del montón. Lo hemos visto con los másteres, con los títulos universitarios. Hoy, tras la saturación, lo que se valora es la experiencia y los resultados obtenidos.

A menos que creemos nuestro propio trabajo.

«Tal y como lo quieres, así es como lo necesitas».

(Any way you want it, that’s the way you need it).

JOURNEY.

El miedo a crear nuestro propio trabajo y emprender suele venir de una cultura en la que a veces se desprecia y ridiculiza el fracaso, y además se desdeña y ataca el éxito. Tantos años escuchando que «hay que buscar un puesto donde colocarse» no nos ayuda. En Estados Unidos, el 65 % de los jóvenes se autoemplea, en Europa es un 40 %, sin embargo, en España es un 3 %. No es una casualidad, porque el sistema educativo y familiar inculca más miedo que esperanza, pero eso no implica que no pueda cambiar.

Sorprende leer el informe de la Fundación BBVA Values and Worldviews y enterarse de que en un país en el que se achacan todos los males a «los políticos», como si fueran extraterrestres de Ganímedes, y nos llevamos las manos a la cabeza ante el despilfarro de dinero público, un 60 % exige más intervención estatal y más gasto. Cavar aún más el agujero. En España hay un paro estructural del 10-15 %. Mientras tanto, Estados Unidos es donde se encuentra Silicon Valley, decenas de miles de startups (empresas iniciando actividad) y la cultura emprendedora más aplaudida del mundo. Se valora asumir riesgos y fracasar, a la vez que se celebra el éxito personal mucho más que cualquier otro país. Es el tercer país del mundo en educación y prácticas de trabajo. Su paro estructural no llega al 4 % de la población activa.

Tampoco nos ayuda un entorno en el que pasamos más tiempo criticando casos de éxito empresarial que aprendiendo de ellos. Además, aprender de los errores es esencial. En Estados Unidos y Reino Unido he asistido a muchas conferencias de emprendedores contando sus equivocaciones. Se aprende tanto o más que de las grandes conquistas y hazañas. Y tampoco se ridiculiza esas experiencias.

Merece hacer referencia a los emprendedores que fracasan, porque como pueblo no somos muy comprensivos con ellos. Aparte de ser un deber moral, que es lo fundamental, se aprende muchísimo de ellos, y se les incentiva a no rendirse.

Le comento que el fracaso en un proyecto empresarial no debe ser causa de preocupación. He conocido muchos amigos que han trabajado duro en proyectos de distinta magnitud, y he visto pocos fracasos. Tal vez no se hayan hecho ricos, o cumplido todas sus expectativas, pero poco a poco han salido adelante.

Mi mejor amigo, Luis, se encontró en la difícil situación que tantas personas han vivido en España. Perder su trabajo, ver que su mujer también perdía el suyo y enfrentarse a una hipoteca, el cuidado de un niño pequeño y otro por llegar. El hecho de que se dedicara a la publicidad hacía aún más difícil la solución, porque todas las empresas estaban recortando presupuesto de promoción, y las agencias reduciendo personal. Montarse por su cuenta parecía un error y una apuesta muy arriesgada. Al igual que me ocurrió cuando me fui a Londres, Luis recibió todo tipo de recomendaciones de no asumir ese riesgo, incluso propuestas de buscar algún enchufe en alguna empresa estatal, para encontrar «algo seguro».

Junto a un socio, Luis luchó, y con voluntad, tesón, perseverancia, atendiendo a las necesidades del cliente, orientándose a los sectores en los que aún había negocio, enfocándose en las nuevas tecnologías y las redes sociales, creó un negocio que hoy le remunera igual, a veces mejor, que el trabajo que había perdido. Pero ahora es dueño de su destino y disfruta de libertad y responsabilidad.

No es difícil cambiar una mentalidad de «encontrar un trabajo» por la de «crear tu trabajo». No es complicado cambiar el chip de empleado a empleador. Pero hace falta que se facilite con una legislación abierta. En realidad, no hace falta que se facilite, alcanza con no entorpecer.

Las crisis no son más que oportunidades. Y si lo vemos como una gran posibilidad de cambio, mejoraremos.

Un gran amigo y excelente analista compartía conmigo los elementos esenciales para que «con este paro» se lleven a cabo los cambios que funcionan, que ayudan a crear riqueza. Se puede y se debe, precisamente porque el desempleo es estructuralmente alto.

El mercado de trabajo es, ante todo, un mercado, en el que se compra y vende la capacidad laboral. Este activo en compra y venta es el más importante de la clase media. Se contrata para producir y consumir, no al revés, por lo que lo importante es fomentar la producción y el consumo, no el trabajo como tal.

El empresario busca legítimamente hacer rentable su inversión y para eso contrata, asumiendo un riesgo. Como todo mercado, el laboral, cuando se le permite desarrollarse, tiende a encontrar un equilibrio, a maximizar la riqueza generada y, lo más importante en este caso, a utilizar el máximo de capacidad, es decir, a crear el máximo de trabajo. Así se encuentran las verdaderas soluciones al desempleo. Y así las encontraron países que «no podían» y se encontraban en situaciones similares de estancamiento estructural, como el Reino Unido de finales de los setenta o la Alemania de 2003.

La intervención de la administración perjudica al trabajo. A base de regular constantemente el mercado de trabajo, contribuye a hacerlo más ineficiente y, por lo tanto, a crear paro. José Daniel Lacalle Sousa, en su documento Las reformas laborales en España, un balance, comentaba que:

En los últimos 18 años se han llevado a cabo ocho reformas del mercado de trabajo, incluyendo la actual. Una reforma cada 2 años y 3 meses no es un buen indicador de la estabilidad de algo tan fundamental, más bien parece que estamos metidos en un proceso de improvisación continua. En lo que realmente ha desembocado esta acumulación de reformas laborales, y no parece que se vaya a corregir en la actualmente en curso, es en la consolidación de un mercado de trabajo dual (por un lado, trabajadores integrados, con contrato fijo y plenitud de derechos; y, por el otro, trabajadores precarios y sumergidos, con contratos-basura de uno u otro tipo, sin derechos o bien sin la posibilidad real de ejercerlos), una dualidad que se superpone a una enorme fragmentación del conjunto salarial y a un conjunto de dualidades secundarias pero nada despreciables (por género, por edad, por etnia-nacionalidad, por sector-rama de actividad, por cualificación-formación, por comunidad autónoma).

Es imposible que alguien sepa cuáles van a ser los trabajos del futuro y planifique eficientemente; el mercado solo lo decide, no la administración. Al discriminar positivamente a un segmento de la población, o a un sector subvencionado, lo que hace es cargar con los costes del mismo al resto de la sociedad, llevando a otros segmentos a perder su empleo, pues las empresas en las que trabajan dejan de ser rentables. La labor de la administración debe ser el mejorar la «empleabilidad» de toda la población a la vez. Tristemente, hoy en España hay una industria del paro que es, y va a ser, refractaria a todo cambio de la regulación actual. Puede comprobarse en el rechazo numantino al contrato único, que quita poder y beneficios a abogados, gestores y empresarios; en un empresariado liderado por sectores altamente subvencionados; o en los sindicatos, que reciben cientos de millones en subvenciones por dar cursos a parados, entrando en la dinámica perversa de beneficiarse del aumento de dichos desempleados.

En la actualidad, el mayor peligro para el empleo es la decisión de subir impuestos, particularmente los impuestos sobre el trabajo, el IRPF. El mero anuncio de la subida de impuestos lleva a los ciudadanos a reducir su consumo, que provoca un aumento del paro. Este incremento diferencial alcanzaría a 286 000 personas para el conjunto del período 2013-2015. Por cada euro recaudado, se destruye otro de riqueza de los españoles.

Las cotizaciones a la seguridad social son, en la práctica, un impuesto al empleo, en especial las pagadas por los empresarios. Este importe está muy por encima del existente en otros países europeos, siendo, además, regresivo en su naturaleza. Sobre 27 países, España es el número 21 en cobro de impuestos, pero el séptimo en cotizaciones empresariales. Bajar linealmente el importe potenciaría, a la vez, la empleabilidad de los más vulnerables y la competitividad de las empresas frente al exterior.

El salario mínimo es una medida que discrimina al trabajador, condenando al paro a quienes no están en condiciones, por capacidad propia o por la situación puntual de un mercado complicado o saturado, sobre la base de un error conceptual clásico en el keynesianismo: la caída del salario agregado reduce la demanda agregada. Es un error, pues, considerar que el ajuste no se hará por la vía del desempleo, sino que el mercado absorberá cualquier subida salarial sin modificar sus niveles de empleo. De ser cierto, ¿por qué no fijar el salario mínimo en 1000, 1500 o 2500 euros? Si dicho salario mínimo fuera una garantía de seguridad o empleo, ¿por qué no produce ningún efecto positivo?

Nuevamente, buscando la protección social, el Estado condena al desempleo a miles de personas que de otro modo podrían estar trabajando. Por otro lado, el importe del salario mínimo impide que el resto de precios se ajusten a la baja en situaciones de sobrecapacidad, como la actual. Es una medida absolutamente injusta y antisocial.

Se habla constantemente de «la renta mínima básica», y se fija en una cantidad arbitraria. Lo que olvidan los que la proponen es el efecto depresor de la actividad económica de dicha cantidad, que es un coste enorme para las arcas públicas, mayores impuestos, inflación, puesto que no se producirá por debajo de un coste, la inflación se dispara, haciendo inútil la cifra «básica», que se convierte en insuficiente. Todo lo que se garantice por ley desde al asistencialismo se paga en mayores impuestos, y las rentas que pagan esos tributos terminan por irse. El dinero no sale de la nada. O viene de crear inflación a la argentina, con lo cual la cifra que proponen es irrelevante, o de la distribución injusta de la renta disponible de los trabajadores y empresas, que cercena la actividad, hasta que las empresas se van.

La importancia de los minijobs para salir del agujero del paro estructural. En España se escuchan muchas voces contra los minijobs, cuando tenemos más de 6 millones de «nada-jobs». La estructura actual de salario y contratación impide a los menos favorecidos vender su capacidad de trabajo y reciclarse a nuevos sectores, a la vez que supone para el empresario tener que pagar la seguridad social y las indemnizaciones de despido. Los minijobs supondrían mitigar estos inconvenientes, permitiendo a muchas personas, jóvenes y veteranas, acceder al empleo. Lo más importante de estos puestos de trabajo, que son temporales, es que permiten la transición del trabajador desde sectores en sobrecapacidad y baja productividad a otros sectores mejor posicionados desde la experiencia, trabajando, no haciendo cursos inútiles. Ya han sido implementados en Alemania, que ha conseguido bajar el paro al nivel más bajo de los últimos 20 años, el 5,3 %.

Muchos que podrían trabajar con un minijob y acumular experiencia en nuevos sectores, reciclándose y formándose, se quedan parados porque aquellos que «vigilan» no permiten esa posibilidad. Porque piensan que con los minijobs los empresarios se aprovecharían de los trabajadores. Nada más incorrecto. Es un modelo de transición, que funciona a la hora de sustituir trabajadores cuya experiencia es en sectores ineficientes o decadentes —construcción, por ejemplo— por experiencia en otros segmentos de mayor futuro.

Contrato único. Ayudaría a terminar con la maraña administrativa de contratos actuales. La supuesta inconstitucionalidad del contrato se evitaría con dos escalas de indemnizaciones, una para despidos procedentes y otra para improcedentes. El contrato para emprendedores no cuaja porque las indemnizaciones se disparan a partir del segundo año, cosa que con el contrato único no pasaría.

España ocupa el puesto 133 del mundo en facilidad de creación de un negocio, muy por debajo que países de nuestro entorno. El número de trámites —diez— es el doble que en Portugal o Reino Unido; se tarda 28 días en fundar un negocio frente a cinco en el caso portugués o dos en Reino Unido. El problema parece estar en los trámites en el Registro Mercantil, que duran 24 días. La cantidad mínima de 3000 euros de capital es un serio impedimento, en especial en tiempos de alto paro y crédito de difícil obtención.

Todas estas medidas suenan a imposible simplemente porque nos repiten que son malísimas y antisociales. No hay nada más antisocial que un paro estructural del 10-15 %, y seguir en el mundo de «nadajobs» esperando que el gobierno solucione lo que jamás ha solucionado.

El paseo por Badajoz es agradable, a pesar de los edificios vacíos, los pisos en venta y varias tiendas cerradas, es una ciudad magnífica. Nos encontramos una pintada que dice «Trabajo para todos». Nos da mucho que pensar. Pero, sobre todo, nos recuerda algo muy importante. El futuro lo creamos nosotros, esperar que nos lo den hecho solo genera frustración.

27
Crear empleo y atraer capital

«El crecimiento es una consecuencia, no una política».

JEFFREY SACHS.

«¿Qué queremos?». «¡Inversión!». «¿Cuándo la queremos?». «¡Ahora!». «¡Y luego les confiscamos, que se fastidien por confiar en nosotros!».

Durante la gran depresión, Roosevelt comentaba que «había que hacer algo». El problema que nos hemos encontrado en nuestro viaje a la libertad económica es que siempre se presupone que «algo» es intervenir y gastar. Y de ahí el error de las mal llamadas políticas de «crecimiento». La inutilidad de las «políticas de crecimiento» la vivimos en España entre 2008 y 2011, destruyendo tres millones de puestos de trabajo mientras hundíamos la economía con gastos «sociales», obra civil y estímulos.

«¿Usted qué prefiere, superávit o empleo?», me preguntaba un lector en Twitter, como si fueran opciones excluyentes. Pero la resistencia al cambio, el miedo a la libertad, nos lleva a aceptar sistemas que simplemente no funcionan, como hemos visto en el proceso de decadencia de Francia. La negativa a reconocer los problemas y actuar sobre ellos nos lleva a estancarnos.

Olvidar que el gasto y la deuda nos esclavizan, no nos libera.

En su libro Colapso: Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen (Debolsillo, 2007), Jared Diamond nos explica esa tendencia a evitar el cambio.

Destaca las razones que explican la conducta irracional que lleva a que los individuos no tomen medidas para solucionar un problema grave, definiendo la conducta irracional como un comportamiento que es perjudicial para todo el mundo. A menudo, este tipo de conducta se produce cuando estamos aquejados por un conflicto de valores: podemos ignorar una mala situación si está desencadenada por algún valor del que estamos profundamente convencidos y al que nos aferremos con fuerza. En nuestro caso sería el papel del Estado y el gasto público como intocables, algo que no merece escrutinio ni reforma, sino solo expansión. «Persistencia en el error», «estupidez», «negativa a hacer inferencias a partir de los indicios negativos» y «parálisis mental o estancamiento» son algunas de las expresiones que se aplican a este rasgo humano habitual.

Los psicólogos utilizan el concepto «efecto de costes irrecuperables» para referirse a una característica similar: somos reacios a abandonar una política o un activo en los que ya hemos invertido más de la cuenta. «Total, ya está montada la estructura administrativa, lo que hay que hacer es dotarla de más competencias». También está relacionado con la desconfianza que la sociedad tenga a quienes denuncian el problema. Argumentando vagos intereses ocultos, se «demoniza» al que critica o busca soluciones diferentes.

Al defender medidas que «mitiguen el error» o lo enmascaren, nos condenamos a crear una sociedad aún más frágil, sujeta a enormes shocks ante cualquier problema global. Percibimos el creciente control estatal como paternal, protector, y simplemente no lo es. Cargarlo de costes fijos solo profundiza la fragilidad de un sistema económico débil.

Es curioso que mientras la población se queja de los políticos y de la falta de libertad, reniega a la vez del liberalismo. ¿Por qué? Porque lo confunden con el clientelismo corporativo, que es lo que han vivido en las épocas que erróneamente se han denominado «liberales». Y ante ese error, se reacciona abrazando la política contraria, la más intervencionista. Como el hijo que se lanza a los brazos de un padre maltratador esperando que cambie. Y llegamos a la terrible percepción de que tener más libertades, tener más responsabilidad sobre tus decisiones y elecciones es algo casi inhumano y que hay que evitar como la plaga.

Pero el estatismo, el proteccionismo y las regulaciones infinitas han creado más pobreza, y no se le concede al liberalismo la oportunidad de demostrar su validez. Cuando funciona, se ignora —«Estonia no existe», «Chile no vale como ejemplo»—, porque cuando se demuestra que funciona, caen muchas parcelas de poder, muchos puestos, muchas posiciones de privilegio, creadas gracias al miedo y a la inseguridad que se inculca en la población.

Desde el estallido de la crisis se ha discutido mucho sobre posibles soluciones y modelos, pero casi todas las propuestas que he escuchado van en la misma dirección: más intervención.

Sin embargo, necesitamos inversión y capital. Por ello, en los próximos capítulos detallaré las propuestas de un informe que hice llegar al partido del gobierno tras conversaciones con algunos de sus dirigentes, con mis ideas para desbloquear y atraer capital. Ideas que además funcionan en países de nuestro entorno.

«Podemos conseguirlo».

(We Can Make It). BOSTON.

Empezamos:

En España, el problema de deuda, que supera el 300 % del PIB si sumamos endeudamiento público y privado, no puede enfocarse desde un punto de vista bancario ni de crédito adicional.

La deuda excesiva es un error financiero que ahoga al sistema económico y retrasa y entorpece la recuperación, y solo puede solucionarse de una manera.

No será con más crédito, que agranda el agujero. No debemos olvidar que España traspasó el umbral de saturación de deuda en 2007.

Tampoco será aumentando impuestos, cuando según Asefiget el 30,6 % de la población sostiene al 69,4 %.

Un déficit del 7 % no es un derecho. Es deuda que ahoga al sistema y retrasa la recuperación. Por ello, la solución no es dar más crédito. Tampoco será aumentando impuestos, cuando el esfuerzo fiscal es de los mayores de la OCDE. Se arregla atrayendo inversores y facilitando la conversión de deuda en capital.

Aparte de aplicar el «lápiz rojo» en el gasto político, que cada vez es más urgente, debemos estimular la demanda interna desde la fiscalidad, no desde el gasto, y cercenar la burocracia desde los principios de buen gobierno.

Son soluciones para un Estado que debe perder el miedo al inversor extranjero, y que reconozca la oportunidad de generar más ingresos fiscales futuros facilitando una mayor actividad económica, evitando políticas confiscatorias y de recaudación inmediata, que son «pan para hoy y hambre para mañana».

La recuperación empezará el día que entendamos que no importa tanto la propiedad como la gestión, el valor creado, el empleo y la calidad del mismo. Con capital nuevo y un proyecto de comunicación agresivo y eficiente.

Un problema financiero se arregla con soluciones financieras: atraer inversión y facilitar la conversión de deuda en capital. Aquí explico algunas posibilidades para atraer hasta 500 000 millones de inversión.

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Bajar impuestos para recaudar más

«Demos gracias a Dios que no tenemos la cantidad de gobierno que pagamos».

WILL ROGERS.

«¿Qué queremos?». «¡Más ingresos!». «¿Cuándo los queremos?». «¡Ahora!». «¿A quién subimos los impuestos?». «¡A ti!».

En el capítulo «Bajar impuestos, ya» mostraba el problema del esfuerzo fiscal, la losa que supone para el crecimiento y casos muy relevantes de éxito en mejorar la recaudación reduciendo la carga impositiva. Sin embargo, en España se repite constantemente el mensaje de «no se puede», «si no, no se pagan los hospitales», o peor aún, «la Union Europea lo exige». Es curioso, porque países como Irlanda aplican las medidas que propongo sin que nadie lo critique, y países como Reino Unido bajaron impuestos a las empresas y recaudan más; mientras, los que los suben, han visto estancarse sus ingresos.

Para salir del agujero del estancamiento, el aspecto más importante es bajar impuestos. Un tipo fijo por el que todas las compañías comerciales paguen una tasa del 12,5 % real, simple, igual para todos.

El principal problema de nuestro sistema impositivo —además de ser muy oneroso— es su altísima complejidad.

Un tipo real del 12,5 % reduciría la administración del impuesto, sus costes asociados, y no requeriría de una legión de fiscalistas en busca de deducciones.

Eliminaría la necesidad de gran cantidad de procesos burocráticos para controlar que la enorme cantidad de papeles sean correctos. Además, si hay menos complejidad, también hay menos maneras de interpretar las normas. Muchas veces, no se producen tantas normas para que se cumplan, sino para que sea imposible cumplirlas y tener el control para que las personas sigan pensando que han hecho algo mal y sean más débiles.

Un régimen de autónomos en el que se pague una cuota de 25 euros —todos, no solamente los jóvenes— y se deduzcan impuestos si se crea empleo estable.

Para ayudar al país a recuperarse es esencial un entorno impositivo atractivo y bajo, tanto a nivel corporativo como personal, y predecible a largo plazo. Lo hemos visto en Rusia, en Estonia, en Reino Unido o en Irlanda.

Únicamente se atraen grandes cantidades de capital siendo el más transparente. El capital mundial busca oportunidades que solo serán a largo plazo mediante la apertura. Los países de alto riesgo atraen especulación a corto plazo, que se va antes de generar riqueza.

El informe del Banco Mundial The World Bank, Ease of Doing Business Index, que mide la facilidad para hacer negocios en diferentes países del mundo, colocó en 2012 a España en la posición 44. El informe calificó a otros países europeos considerados un ejemplo a la hora de atraer inversores como Irlanda y Países Bajos en las posiciones 15 y 31, respectivamente. Países como Chile, Colombia o México, que históricamente han sido conocidos por su burocracia, están mejor colocados o casi igual que España, lo cual resulta verdaderamente preocupante.

Durante los últimos años, Irlanda ha sido el ejemplo de la Unión Europea en cuanto a facilidad para los extranjeros para hacer negocios, y Deloitte, experto en este tema, lo define como un país «siempre abierto para hacer negocios». También resalta que alrededor de 1000 compañías multinacionales han escogido Irlanda como base estratégica europea. Destaca además que tras la grave crisis financiera internacional, Irlanda sigue atrayendo inversiones extranjeras directas, en las que el país alcanzó un nuevo nivel récord en 2012.

Marc Vidal, emprendedor y autor que reside en Irlanda, comenta que:

Al contrario de lo que ha pasado en otros países rescatados pública (Grecia) o privadamente (España), con caída de la economía, bajada de salarios y recortes administrativos, se ha hecho de Irlanda un lugar más atractivo para inversores extranjeros. En los últimos dos años ha llegado a niveles récords.

A pesar de que no todo es de color de rosa, y la dureza de la situación global es la que es, por las calles de Dublín puede disfrutarse de una vitalidad similar a la que siento cuando voy a Miami o a San Francisco. Miles de trabajadores de Google, eBay, Facebook, Amazon, Citibank, Price o IDODI Irlanda se reparten por las calles de Temple Bar o en bodegas del nuevo Docklands, y permiten ver las cosas de otra manera. Uno de los directivos de nuestra empresa en República Dominicana, que este verano hizo un curso en la Complutense, me describió la depresión socioeconómica en España: «A los españoles se os ha apagado el alma, qué pena da todo y cuánta queja». ¿Qué hacen aquí? A nivel privado, innovan, son pragmáticos y arriesgan. A nivel público, ordenan, estimulan y generan modelos de apoyo. Sobre todo, hablan poco y hacen mucho ‹http://marcvidal.net/2013/08/el-tigre-digital.html›.

Bajar los impuestos atrae el capital de empresas, pero no es solo eso, sino que atrae a emprendedores, creatividad, sangre nueva y un círculo virtuoso de inversión y sustitución de modelos obsoletos.

Analizando el caso de Irlanda con más detalle, queda muy claro que el aspecto más importante para atraer capital extranjero es el marco legal de impuestos corporativos. A diferencia de otros países europeos que solo ofrecen este tipo de tasas favorables a ciertos sectores, en Irlanda todas las compañías comerciales pagan una tasa del 12,5 %.

El gobierno irlandés se ha comprometido a mantener esta tasa a largo plazo, y a seguir cobijando a todos los sectores comerciales bajo esta regulación, algo que ha llevado a miles de corporaciones a establecer sus operaciones europeas en Irlanda.

Todo esto, dentro de la Unión Europea. Irlanda sigue cumpliendo y se rige por todos los requerimientos de la Corte de Justicia Europea, como el resto de los miembros, lo cual genera tranquilidad a los inversores extranjeros.

Al igual que las domiciliadas en otros países de Europa, las compañías con sede en Irlanda están sujetas a capital gains tax (impuesto sobre ganancia de capital) y pagan el impuesto al valor añadido, por lo tanto, Irlanda no es considerado un paraíso fiscal. Esto ha sido muy relevante a la hora de atraer fondos de inversión, por ejemplo.

Irlanda se caracteriza también por tener tratados impositivos con decenas de países, lo cual significa que si una compañía de alguno de estos países establece una operación en Irlanda, tendrá beneficios impositivos. Las compañías con sede en Irlanda están sujetas además a generosas exenciones cuando pagan dividendos, lo que les motiva a distribuir beneficios a sus accionistas. Por supuesto, no existen limitaciones de voto, y gracias a un regulador y gobierno firmes, no pone en peligro la «nacionalidad» de sus empresas.

Es muy importante entender que un gran aumento de inversión financiera directa y de empleo siempre va a venir de la mano de grandes corporaciones, y luego de las pymes.

En España hemos tenido el acierto de no asfixiar a las grandes corporaciones, muy endeudadas tras las adquisiciones y movimientos estratégicos en el extranjero. Gracias a ello, un tejido empresarial multinacional, muy intensivo en trabajo y capital, ha mantenido el empleo y sostenido gran parte de las cuentas públicas. Cuando a veces se critica que las grandes empresas pagan pocos impuestos, no se paran a pensar por qué, ni en los beneficios, muy importantes, que han traído al país. La internacionalización y expansión de las 26 grandes empresas españolas ha generado más de 90 000 puestos de trabajo, directos e indirectos, ha hecho de nuestras empresas grandes multinacionales globales, y ahora que están pasando una época complicada por el nivel de deuda, asfixiarlas a impuestos habría supuesto un hachazo al empleo y a las inversiones en España. No olvidemos que en algunas comunidades autónomas, muchas de las grandes corporaciones son casi «seguridades sociales paralelas», y que la inversión de estas empresas supone más de un 6 % del PIB.

Las grandes empresas dan empleo a más de un millón de personas, pagan seis de cada cien nóminas que se abonan mensualmente en España, las cotizaciones que liquidan constituyen la principal garantía de la sostenibilidad financiera de la seguridad social y solo sus gastos de personal y compras generan el 10 % del PIB nacional.

Cuando los márgenes son tan bajos que las diez primeras empresas del Ibex no generan rentabilidades superiores a su coste de capital en nuestro país, atacar aún más y debilitar con impuestos adicionales solo genera efectos negativos. Falta de inversión, despidos, y que no reduzcan su deuda. Gracias a una política prudente, en dos años se ha conseguido bajar el nivel de deuda a niveles de 2006, un beneficio mucho mayor para el país que recaudar mil o dos mil millones más.

Pero esas ventajas deben extenderse a toda la economía. En un país donde las pymes crean casi el 70 % de los puestos de trabajo y valor añadido, la carga impositiva de estas empresas no puede dispararse al 35 %.

Así es como se puede atraer capital de manera relevante y continuada. Un régimen impositivo amigable, predecible a largo plazo y bien diseñado puede ayudar a un país a atraer capital sin que sea considerado un «paraíso fiscal». Así recauda más y se crea empleo real.

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Más facilitadores, menos obstructores

«La burocracia se da luz a sí misma y después exige baja por maternidad».

DALE DAUTEN.

«¿Qué queremos?». «¡Gestión pública!». «¿Cuándo la queremos?». «¡Ahora!». «¿Me ayudan?». «¡Vuelva usted mañana!».

«Yo no estoy aquí para ayudarle, estoy aquí para que se cumplan los requisitos». Mi amigo Ángel escuchó esta frase el día en que montamos nuestro primer negocio, cuando fuimos a cumplimentar los papeles y permisos necesarios. Tardamos casi dos meses en crear la empresa. A muchos kilómetros de allí, en Londres, al lado del Parlamento, un enorme edificio mostraba la pancarta «Business is Great». Por el precio de dos Big Mac y en 24 horas se conseguía el permiso para abrir un negocio.

Después de Francia, España es el país de la Unión Europea en el que es más caro establecerse, y esto, añadido a la burocracia, hace que sea aún más difícil crear puestos de trabajo. En vez de penalizar al emprendedor con más regulación y coste, es absolutamente esencial facilitar la transición eliminando trabas, no «suavizándolas».

Según Morgan Stanley, España vería aumentar su PIB un 15 % si adoptase las medidas flexibilizadoras anglosajonas. Esto no significa restringir derechos, sino cercenar un aparato burocrático que existe solo para autojustificarse.

En agosto de 2013 tuve la oportunidad de participar en un programa en Telecinco en el que una mujer, valiente y luchadora, comentaba desesperada la imposibilidad de conseguir un permiso para vender sus productos en un mercadillo dominical porque llevaba más de seis meses esperando el permiso. Me indignó escuchar que los mandatarios y funcionarios locales simplemente ignoraban y miraban con desprecio a esta mujer. Todos hemos vivido en algún momento la displicencia de una parte de los empleados públicos, que se supone que sirven a los ciudadanos, pero que sufren una especie de complejo de Zeus por tener la llave de un permiso.

No hay que generalizar, pero la realidad es que en España el proceso burocrático para montar una empresa o un negocio es simplemente inaceptable.

Nuestro país se beneficiaría de un entorno menos asfixiante y restrictivo, con una regulación eficaz, no confiscatoria.

Utilizar nuestro capital humano, que hoy está desaprovechado en funciones burocráticas, para facilitar y asesorar a las empresas a crear valor, con un sistema de remuneración basado en beneficios generados, no en papeles acumulados.

La reforma laboral española acometida en 2012 es uno de los pilares fundamentales para recuperar la inversión internacional, y un paso decisivo que ha permitido que los costes laborales unitarios —comparado con el PIB— se hayan equiparado en muy poco tiempo a los de Alemania. Pero la devaluación interna solo reduce la carga y frena la destrucción de empleo. Pero no lo crea. Bajar costes es solamente una batalla perdida porque siempre habrá un país que baje salarios más rápido.

Si en España vamos a solucionar el problema del paro, debemos atacar el monstruo de la burocracia inútil. El empleo que debe crearse en España tiene que ser adecuado a la formación de su población, que en universitarios es de las más altas de Europa, y debe estar menos expuesta al ciclo inversor del Estado, ya que promueve sectores de baja productividad —concesiones, construcción, infraestructuras— que, por definición, han alcanzado un máximo imposible de recuperar, cuando España ya supera a China en infraestructuras (por kilómetro equivalente).

Así, la creación de empleo debe venir de dos áreas:

Sector financiero y servicios. Aprovechando el capital humano creado con el desarrollo de nuestro sector bancario, contamos con profesionales de muy alta cualificación que han participado en infinidad de proyectos relevantes, y que, por la reestructuración del sector financiero, pueden perder su trabajo o lo han perdido. Estamos hablando de más de 250 000 personas, casi medio millón incluyendo servicios adicionales, que serían de inmenso valor para crear rápidamente un entorno de financiación privada similar al británico o sueco, como comentaremos después.

Creación de pymes. En España, el 70 % del valor añadido y el empleo lo crean las pymes. Sin embargo, la transición de pyme a gran empresa es una de las más bajas de Europa. Puede facilitarse esta transición a la vez que se crea un nuevo tejido empresarial. El desempleado debe tener facilidades para crear su propia empresa sin que el riesgo de no tener éxito —que siempre es alto— le imposibilite llevar a cabo su proyecto.

Sin embargo, la complejidad del proceso de contratación, los innumerables entes reguladores y la lentitud y coste del proceso de crear empresas en España, hacen que sea aún muy laborioso y costoso crear puestos de trabajo.

¿Por qué las pymes no pasan el umbral a gran empresa de la misma manera que en otros países? Es el efecto «legislación Francia», donde a partir de 50 empleados se exige representación sindical, lo que lleva a muchos empresarios a evitar esa cifra de trabajadores. La excesiva intervención de los entes regionales y los sindicatos hacen que el riesgo para el creador de empleo sea demasiado alto, y prefiera quedarse «pequeño y lejos del radar». Todo esto no es fácil de cambiar en un año, pero sería muy provechosa una sencilla revisión del marco legal e impositivo que incentive el salto a gran empresa.

Se debe cercenar la cantidad de regulaciones para establecer o comenzar un negocio, lo cual se traduce en bajos costos de «establecimiento» o startup. Yo propondría para un Estado con un problema estructural de alto paro y baja capitalización de las empresas un plan 100-100-100. Unos beneficios fiscales progresivos a medida que la empresa crece, con dichos beneficios mejorando de manera espectacular —un 100 % sobre el tramo anterior— al saltar de 100 millones de beneficio y más de 100 empleados fijos.

Si los políticos y empresarios locales, los asesores y «fuerzas vivas» tienen un beneficio personal en ser «atracción de capital» y penalizaciones por no conseguir los objetivos fijados, convertimos a una parte de la estructura económica en «facilitadora» en vez de «preventiva». Si en España logramos que la enorme cantidad de entes reguladores y políticos tengan como objetivo —y su remuneración dependa de ello— facilitar y acelerar la creación y asentamiento de capital extranjero, no solo no tenemos que recortar, sino que usamos una desventaja actual como un ariete de crecimiento.

Esto hace también que se deje de percibir el capital extranjero y los nuevos emprendedores como «peligrosos». Ocurrió en muchos de los países de la antigua Unión Soviética, que se vieron desamparados tras el fin de la época de la oligarquía planificadora.

Invertir en España se percibe como un ejercicio tedioso y complejo que necesita de favores de los políticos locales. Debemos convertir estas estructuras en «facilitadoras» en vez de «obstructoras». Debemos disminuir drásticamente las barreras de entrada eliminando limitaciones proteccionistas.

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Menos gasto público, más apoyo sin coste

«De todas las malas artes del gobierno, la de solucionar todos los problemas metiendo la mano en el bolsillo de la gente es la más ilusoria y despreciable».

ROBERT PEEL.

«¿Qué queremos?». «¡Ayudas!». «¿Cuándo las queremos?». «¡Ahora!». «¿Y dentro de dos años?». «¡Más ayudas todavía!».

Debemos partir de una realidad. La acumulación de deuda y déficit ralentizan la recuperación económica. Recordemos el capítulo «Deuda destructiva y burbuja de bonos».

El gasto improductivo nos esclaviza, nos lleva a una situación insostenible, que solo acaba dañando a familias y empresas, sea a través de mayores impuestos o de quitas, devaluaciones e inflación, todas consecuencias que hunden a la clase media y a los trabajadores asalariados.

El Estado no ha conseguido reducir su deuda, que ha superado el 90 % del PIB, y la presión fiscal hunde las posibilidades de consumo, y solo con un aumento del consumo, que beneficia a empresas, comercios y particulares, conseguiremos relanzar la economía. Un verdadero estímulo de la demanda interna.

La demanda interna debe estimularse de nuevo, porque el espectacular aumento de exportaciones no es suficiente. Pero dicho estímulo no debe ser a través de gasto público, que ha demostrado ser ineficiente y caro —planes E, economía «verde», AVE, etcétera.

España sigue sufriendo un problema de competitividad y las reformas estructurales tienen que atajar la sangría de empresas, la rigidez y la erosión de márgenes empresariales por voracidad recaudatoria.

Si no se crean empresas, si las pymes no ganan, los bancos no financian, la deuda aumenta, los beneficios se deterioran más, y las empresas no contratan. Y los parados no consumen.

Si impedimos a nuestras empresas y trabajadores ser más ricos, empobrecemos al país.

Goldman Sachs, en un informe inusualmente duro para un banco tan diplomático, llamaba a los presupuestos de 2013 «Running to Stand Still» —refiriéndose la canción de U2 sobre la drogadicción, «correr para quedarse en el mismo sitio»—. Lo que preocupa al emprendedor e inversor es que se den unas expectativas de ingresos fiscales (+4,4 %) a todas luces optimistas. Porque los gastos no bajan, pero los ingresos, con mucha seguridad, caerán por debajo del objetivo.

Un Estado que gasta un 25 % más de lo que ingresa tiene un problema de gastos. No de ingresos. Ya lo decíamos antes, España jamás ha ingresado más de 410 000 millones de euros, ni en el pico de la burbuja. Gastar por encima de esas cifras y esperar que mejoren los ingresos es engañarse.

El objetivo debe ser de gasto máximo, no de «déficit», y menos aún «sobre el PIB». Evitemos suspicacias sobre las estimaciones de ingresos. Si el Estado diese un objetivo máximo de gasto y cada vez que se desviase se pusieran en marcha las medidas de corrección, veríamos resurgir la confianza. Si el objetivo es de «déficit sobre el PIB», se enmascara la mala ejecución presupuestaria con ratios manipulables, y se cae en el riesgo de que nos vean como a Grecia o Portugal.

La única solución es la reducción de la deuda, no del déficit. Y eso solo se hace desde el gasto. O lo harán por nosotros, pero lo harán injustamente y mal.

España sufre el mismo problema que Rusia o Japón, una población que envejece y una masa laboral bien preparada y educada pero con pocas salidas. Con un 69 % de la población sostenida por el 31 % que paga impuestos, es muy importante atraer capital que estimule la demanda interna y absorba fuerza laboral ociosa sin entrar de nuevo en la espiral de deuda.

No confundamos episodios pasajeros de rebaja en la prima de riesgo y apetito inversor en deuda pública con el fin del problema. Lo hemos visto en Reino Unido y otros países que olvidaron la acumulación de deuda porque el coste era bajo y la demanda estaba disponible. Los recortes no se evitaron.

Como pudimos ver en los casos de Estados Unidos y del Reino Unido, a pesar de la enorme compra de bonos por parte de sus bancos centrales, estos Estados se han visto obligados a reducir sus gastos masivamente. No olvidemos que si no se reactiva la economía y vuelve a crecer de manera sostenible, la acumulación de deuda hará que esos bonos que se compran cada vez que el tesoro emite se terminen pagando en impuestos e inflación futura.

En España, lo veamos como lo veamos, el gasto es demasiado alto. No reconocerlo nos llevará a ajustes más agresivos en el futuro. Y el recorte no ha sido lo suficientemente profundo ni lo suficientemente agresivo. El trabajo ha sido duro al ser 2012 el primer ejercicio de la democracia que reduce el número de empleados públicos, pero una parte nada desdeñable de esas reducciones se ha ido a aumentar personal en empresas públicas. Por eso los eurodiputados finlandeses o alemanes se llevan las manos a la cabeza al ver que en España los gastos por salarios públicos no bajan de acuerdo a las cifras anunciadas, como mostramos en el capítulo «Gasto político».

Hay que evitar la muy dañina política de «ganar» tiempo y evitar las medidas estructurales, esperando que la economía se recupere y así no pasar a la historia como el partido político que hizo los mayores recortes. Tomar decisiones o no con el objetivo de no estropear posibles campañas es lo que nos lleva a la constante patada hacia delante.

Pero la revisión de los gastos no es un ejercicio estático. Debe ser un análisis dinámico, y además tener en cuenta la naturaleza cíclica de la economía. Cargar con costes fijos y personal en la era de los ordenadores y la ofimática es más que peligroso, es suicida. Y cuanto más se tarda en reconocer el problema, como vimos en el capítulo sobre Europa, más compleja y dolorosa es la solución.

Tarde o temprano, es una medida que tendrá que ser adoptada, ya que ni el posible rescate por el Banco Central Europeo ni la compra de bonos evitarán que España, al igual que Reino Unido, Portugal o incluso Estados Unidos, lleve a cabo el ajuste necesario. Lo importante es hacer una política de shock para atraer capital y masa inversora mientras se lleva a cabo, para evitar que el paro se estanque en el 26 % o, peor aún, que suba.

La comunidad de inversores internacionales es consciente de que sostener el PIB con deuda solo agranda el agujero. Al mismo tiempo entienden que el gobierno sea reacio a hacer recortes en educación y salud, pero entonces los tiene que hacer en gasto político.

La economía española necesita urgentemente crecer, y tener superávit de balanza financiera además de cuenta corriente, pero no por la destrucción de la demanda interna, sino por el crecimiento real. Es importante reducir la posición deudora internacional. Por eso España necesita inversores extranjeros que acepten convertir deuda en capital.

A pesar de los rumores de prensa y episodios puntuales de corrupción, la credibilidad de las instituciones es muy alta. No la desaprovechemos. Tenemos una posibilidad de mejorar en transparencia y apoyo al capital extranjero, pero no hace falta un cambio monstruoso, ni hundir las instituciones, solo cambiar el chip del gasto a la atracción de inversión.

Una expansión desde la inversión solo necesita de un entorno predecible, seguro, no oneroso y en el que las administraciones entiendan que atraer capital es una obligación de todos. No se trata de gastar en proyectos megalómanos o subvencionar, sino de no entorpecer. Y por eso los objetivos y la remuneración del personal deben venir precisamente de la consecución de resultados en inversión real, no de consumir presupuestos.

Si además de credibilidad y transparencia añadimos un esfuerzo de contención del gasto que el mercado aprecie como real y sostenible, se reducirá de manera exponencial el miedo a que los beneficios de los emprendedores se confisquen en más impuestos.

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Capital riesgo y financiación privada

«Intento no pedir prestado. Primero se pide, luego se mendiga».

ERNEST HEMINGWAY.

«¿Qué queremos?». «¡Banca pública!». «¿Cuándo la queremos?». «¡Ahora!». «¿Y qué era una caja?». «¡La que sube y baja!».

Recuerdo un viaje por una comunidad autónoma en el que charlando con un empresario, le explicaba el problema que se vivió en Reino Unido cuando se secó el crédito en la crisis de las negative equities (hipotecas que de repente no cubrían el precio real de las casas). Me comentó: «Aquí no tenemos ese problema, bajas a ver al director de la caja de la esquina y si no te da crédito, hay otras seis cajas encantadas de dártelo». Era el año 2007. Le expliqué que en Estados Unidos y Reino Unido contaban con una amplia cantidad de fondos de inversión y de capital riesgo que mitigaban el peligro de una parada del crédito bancario. Como tantas otras veces, oí la frase «eso en España es imposible, aquí todo se hace en el banco». Solo unos meses después, el desplome de las cajas de ahorro —máquinas de gasto político— y la crisis inmobiliaria hicieron que el impacto de la caída del crédito para pymes y familias fuera enorme.

Precisamente, durante la burbuja, la política agresiva de concesión de cualquier crédito de las cajas de ahorros hizo que la inversión por parte de fondos de capital riesgo cayera significativamente entre 2005 y 2012. De hecho, en España el porcentaje de financiación privada es el más bajo de la Unión Europea. Y el riesgo de que el crédito simplemente no vuelva es muy alto. Si se crea un entorno favorable, se generará una fuerte inyección de capital, creación de empresas y reducción del paro. Desde el extranjero siempre se ha visto a España como una oportunidad de inversión, pero hay que preparar un terreno fértil para que el dinero vuelva de verdad. Si esperamos a que vuelva el mismo crédito bancario que disfrutaba mi amigo empresario, la deuda zombi y soberana fagocitará cualquier posibilidad de crecer. Pero se puede solucionar.

Casi toda la liquidez que inunda Europa con las políticas del Banco Central Europeo se queda en dos sectores zombis: empresas semiquebradas, que se mantienen vivas artificialmente, y deuda soberana insostenible de Estados muy endeudados. La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero, en versión financiera. Un problema de 600 000 millones de euros en Europa y que algunos estiman en más de un billón. En una banca que supera el 300 % del PIB de la eurozona.

¿Qué son los préstamos zombis? Piensen en una empresa o una administración pública, grande y muy endeudada, que en la época del «a crecer a crecer» pide un enorme préstamo para un proyecto público o empresarial megalómano, y cuando llega la recesión, no puede pagar. Al banco le sale a cuenta refinanciar el crédito, porque anotar en sus cuentas la pérdida por impago es demasiado duro, y por lo tanto espera y reza para que mejoren las cosas.

¿Qué ocurre? Que las cosas no mejoran, sino que empeoran. Pero como los tipos son bajos y siguen bajando, al banco le viene mejor, de nuevo, refinanciar. El incentivo perverso de copiar a Japón, en lo malo, y esperar. El país nipón lleva desde 1997 con tipos cero y el riesgo zombi solo aumenta. La bola se va haciendo mayor. La empresa o administración de nuestro ejemplo, ni que decir tiene, no mejora…, la bola se hace aún mayor. Y cuando pasan seis años de crisis, con todos aguantando la respiración para ver si el año que viene crecemos, ocurren cuatro cosas:

El índice de morosidad de la banca se dispara y, además, se disfraza. En España, es del 11 %. En Europa, también sigue creciendo.

El balance de la banca y de las empresas zombis mantenidas vivas artificialmente no mejora; de hecho, empeora. En España, según Eurostat, el 40 % de las empresas cotizadas tiene demasiada deuda y caja libre negativa. El tercer país de Europa con peor capacidad de repago de deuda.

Como el balance se deteriora y la calidad de la cartera de crédito empeora a medida que crecen esos préstamos zombis, los bancos no pueden prestar a buenas empresas y familias.

Entonces, para rematar, como los tipos de interés siguen bajando, los bancos buscan un poco de rentabilidad y «seguridad» inundando sus carteras de deuda soberana, por la que aceptan cada vez menos interés, aunque el riesgo aumente. La banca española acumula 244 000 millones de euros de deuda soberana.

El efecto «acaparador» de las administraciones públicas es muy evidente. Mientras la financiación a entes públicos ha crecido un 11 %, el crédito a empresas y familias se ha desplomado en 2012 un 7 %. Los bancos agrandan el agujero de riesgo, los balances de empresas problemáticas no se limpian, los Estados se endeudan más y el riesgo en el sector financiero aumenta. Mientras, siguen sufriendo los empresarios y las familias.

Si no solucionamos el problema de la baja capitalización bancaria, no mejorará la economía ni fluirá el crédito a las familias y a las pymes que no se entregaron a la fiesta del crecimiento por adquisiciones (deuda excesiva).

El Banco de España calcula unos 160 000 millones de créditos «refinanciados» que esconden préstamos de difícil pago, es decir, posible morosidad oculta. Por eso, es muy bienvenida su iniciativa de analizar esos créditos refinanciados.

No se soluciona introduciendo más relajación de las regulaciones (Basilea III). Ni escondiendo y mirando hacia otro lado con uniones bancarias para crear un FROB europeo en el que nadie sabe qué hay en las cuentas. Además, la unión bancaria es un proceso que llevaría a años de negociaciones, burocracia y análisis, ya que pocos en el sector financiero se fían de lo que tienen los bancos en sus balances. Mientras tanto, la casa sin barrer y las pymes y familias ahogándose, porque —ojo— la unión bancaria y los rescates que conllevaría el deterioro paulatino, suponen más gasto, impuestos y más presión sobre la economía.

Tampoco se soluciona mirando hacia otro lado y pidiendo que el Banco Central Europeo preste directamente a las empresas. Crea un riesgo sistémico enorme. ¿Para qué tenemos bancos? ¿Para qué hemos gastado centenares de miles de millones en rescatarlos?

Lo curioso de los incentivos perversos es que los bancos españoles que no han recibido un duro de rescate son los que están prestando el 70 % de los créditos a pymes y familias. Y muchas cajas públicas, rescatadas, no solo no han solucionado su modelo de negocio, sino que casi no prestan. Solo son máquinas de comprar bonos del Estado.

¿Cómo solucionarlo? Las ampliaciones de capital, la conversión de deuda en capital (debt to equity swaps), son esenciales. Se trata de ofrecer a los inversores la posibilidad de convertir deuda en acciones, así se aligera la carga financiera, pero debe ser en condiciones atractivas de participación en los órganos gestores. Debe hacerse rápido, pero de manera ordenada. Hay que evitar otro Chipre y aprovechar la enorme liquidez para recapitalizarse, porque el agujero solo aumenta, y la deuda soberana que los bancos están acumulando aceptando mayores riesgos por menores rentabilidades es el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar.

Hay que atraer financiación privada, capital riesgo y desbancarizar. Eso no se consigue manteniendo los sectores zombis ni con fiscalidad represiva.

En Estados Unidos, más del 50 % de los créditos a la economía real provienen de instituciones financieras no bancarias, fondos que se dedican a prestar dinero. Tras la crisis, los bancos europeos se han visto obligados a mejorar sus ratios de capitalización y reducir su deuda, lo que lleva a que se cierre el crédito para las empresas, y una economía con pymes débiles está condenada al fracaso. España podría ser líder en financiación privada por sus infraestructuras modernas, aprovechando el despilfarro del pasado, y sus profesionales cualificados, dando oportunidades a los afectados por la reestructuración del sector financiero. Es esencial promover la creación de fondos privados dedicados al crédito, y la forma más fácil de motivar a un inversor es reduciendo los impuestos a las ganancias obtenidas.

Los grandes fondos de capital riesgo (private equity) entienden que muchas veces las mejores oportunidades se presentan cuando hay dificultades y un entorno mejorable. Muchos de estos fondos ya han terminado, o están próximos a terminar, su ciclo de inversiones en economías emergentes, ya que los múltiplos de compra han aumentado considerablemente y algunos lugares ya son muy caros. La transición de ciclos de inversión es una oportunidad perfecta para demostrarles que España necesita y le da la bienvenida a su capital, pero para demostrarlo hay que implementar varias reformas.

Antes que nada, hay que terminar con una regulación demasiado proteccionista —y poco atractiva— hacia el capital extranjero. En 2004, 2005 y 2006, varios fondos trataron de entrar en España y se enfrentaron a complejas y restrictivas regulaciones, y al poco tiempo decidieron cerrar sus oficinas y marcharse. La inestabilidad regulatoria que caracterizó al Ejecutivo socialista fue uno de los principales motivos que obligó a dichos fondos a dejar el país y olvidarse de invertir.

Una solución para restaurar el crédito a las pymes es promover la creación de fondos privados dedicados al crédito. Estos fondos funcionan de una manera simple: captan dinero y lo prestan a las pymes, de esta manera obtienen rendimientos anuales sólidos y están expuestos a riesgos relativamente bajos. Las pymes tienen unos niveles de impago muy bajos. La razón principal es que estas empresas saben que incumplirle a su único proveedor de crédito significa una condena de muerte inmediata.

El gobierno podría promover este tipo de fondos motivando a invertir en ellos. La forma más fácil de motivar a un inversor es reduciendo los impuestos a las ganancias obtenidas por invertir. Desde el punto de vista de los ahorradores sería muy beneficioso, ya que estos fondos generan rentabilidades diversificadas y estables. En otros países de Europa, este tipo de fondos se están volviendo cada día más populares, y los gigantes del mundo crediticio no bancario ya han creado las estructuras para operar en Inglaterra, Alemania, Países Bajos e incluso Bélgica. Promover este tipo de industria en España y abrirles las puertas a los gigantes del mundo del crédito no bancario, como KKR, Temasek o Ares, sería un paso enormemente positivo.

Es importante entender que estos fondos no serán competencia para los bancos, porque los bancos simplemente no están en condiciones de prestarle dinero a las pymes.

Es más, en otras partes de Europa donde los fondos de crédito ya tienen presencia, en muchas ocasiones sus principales aliados en originario (sourcing) han sido los mismos bancos. Al no poder prestarle a las compañías medias (middle market), los bancos han sido los que han puesto en contacto a estas empresas con los fondos de crédito. Obviamente, los bancos están interesados en ayudar a sus clientes, lo último que quieren es que quiebren. Si esto ocurre, los bancos van a terminar viéndose afectados de una u otra forma, con sus ratios de morosidad a niveles inaceptables.

Atraer capital riesgo no supone entregar la españolidad de nuestras empresas. Como vemos todos los días en Reino Unido, la gestión y defensa de los intereses nacionales es perfectamente compatible con la entrada de capital extranjero.

En España existen empresas muy interesantes para la industria de capital privado, ya que hay compañías que venden gran parte de sus productos fuera del país y otras que tienen exposición a América Latina —en este momento, una de las regiones con mayor atractivo—. La economía española es una economía fuerte en los sectores de prestación de servicios, turismo y construcción, esto es mundialmente conocido y puede ser utilizado para atraer el capital.

Muchas veces las empresas que tienen potencial no lo están aprovechando, ya que se percibe un entorno complejo de gobierno e imagen corporativa, en los que en muchos casos los consejeros independientes no son tales, o simplemente no ejercen proactivamente. Sería muy beneficioso para estas empresas tener en su accionariado a fondos de capital privado que apoyen a los gestores para mejorar la empresa desde dentro, para que alcance su productividad óptima. El progreso de estas empresas de negocios locales y medianos a grandes empresas internacionalizadas crea empleo, mejora la percepción del país, atrae capital, reduce deuda y sería tremendamente favorable para la economía. Traer a estos fondos sería un primer paso muy positivo para motivar a otros inversores a venir.

Una parte importante y costosa de la operación de los fondos de private equity es la parte del back office (administración). Para contrarrestar este punto, podría sacarse provecho de la población joven española que habla inglés. Por lo general, el back office de los fondos de private equity se encarga de llevar la contabilidad y de ejecutar la parte operacional. El caso de Irlanda es un ejemplo muy relevante. Los grandes proveedores de servicios para fondos, como Citco, GlobeOp, UBS o Ernst & Young, se dieron cuenta de que Irlanda tenía una cantidad considerable de profesionales expertos en el área operacional (contabilidad, etc.) y decidieron establecer sus bases europeas allí. Teniendo en cuenta que en España hay cientos de miles de jóvenes expertos en áreas operacionales que tienen un buen nivel de inglés, se puede motivar a los grandes proveedores de servicios a establecer operaciones en España. Además, al ver a private equity establecer operaciones en España, otras industrias la seguirán, como la legal y la gestión de servicios familiares —que siempre va añadida a los gestores.

España tiene una ventaja competitiva en cuanto a su fuerza laboral, ya que tiene un alto nivel de productividad por hora trabajada y los costes laborales son bajos en comparación con el resto de la Unión Europea.

En España, los costes laborales son menores que en Irlanda, y un 30 % inferiores al resto de la zona euro. Por lo general, los españoles trabajan más que la mayoría de sus socios comerciales, y hay que recordar que después de la reforma laboral los incrementos salariales no dependen de la inflación. Sin duda, estas características del ambiente laboral español le parecerán muy interesantes a los fondos de private equity. Sin embargo, aún no entran.

Es importante recordar que el capital de estos fondos no es de corto plazo. Lo más habitual es que un fondo de private equity tenga una vida de entre 7 y 10 años, lo cual significa que por lo menos van a estar en el país 5 años. Normalmente, si los resultados del fondo son buenos se lanza un segundo fondo, y así sucesivamente. Si se crea un ambiente favorable para que este tipo de fondos inviertan en España y se genera una industria paralela de proveedores de servicios, es probable que se establezcan en España para el muy largo plazo.

Uno de los aspectos que llama la atención de los fondos de capital riesgo es la innovación y la creación de nuevas empresas. En este aspecto, España ha progresado muchísimo, y en el país se están creando más de 80 000 empresas al año. Esto es algo muy positivo para resaltar ante los fondos de private equity, ya que representa oportunidades de inversión en empresas jóvenes con potencial de crecimiento y de creación de valor.

En España, ante las dificultades de la banca para conceder créditos, la reducción de la dependencia bancaria se ha intentado con la creación de un mercado de renta fija alternativo que facilite la financiación de las empresas. Un mercado en el que las pymes puedan emitir bonos en mejores condiciones que las que ofrece el sector financiero tradicional. El problema es el de siempre: es complicado y de bajo volumen, y los grandes fondos de inversión no acceden a dicho mercado por estar acaparado por instituciones nacionales y reglamentos excesivos.

En cuanto a la renta variable y las ampliaciones de capital, aún hay que potenciar vías alternativas de financiación para empresas de menor dimensión, ya que hasta ahora solo cuentan con el Mercado Alternativo Bursátil, en el que cotizan nada más que veintidós empresas. Existen ejemplos de mercados alternativos que han sido todo un éxito, como en Alemania, donde desde 2010 se han emitido casi tres mil millones de euros para medianas empresas.

Si España logra abrir sus puertas a fondos de capital privado con una oficina que facilite y acelere la creación de empresas, ayudará a cambiar la percepción de que los negocios importantes se hacen solo entre amigos y con favores debidos. Menos gente «parando cosas» y entorpeciendo, más gente haciendo cosas y facilitando.

32
Acceso a la propiedad

«Me aburro, soy el presidente del Consejo».

(I’m bored, I’m the Chairman of the Board).

IGGY POP.

«¿Qué queremos?». «¡Blindar nuestras empresas!». «¿Cuándo lo queremos?». «¡Ahora!». «¿Para qué?». «¡Para que compren otras por el mundo!».

«No me importa que esta organización tenga inútiles, lo que me preocupa es que sean inútiles proactivos». La frase es de un alto ejecutivo con el que tuve la suerte de trabajar hace muchos años. «Tenemos que defender la españolidad de nuestra empresa», es otro comentario muy típico escuchado a gente que aplaude las compras de activos de nuestras multinacionales en el extranjero como «conquistas» y ve cualquier movimiento corporativo en nuestras fronteras como «amenaza».

Ese proteccionismo y desconocimiento de los beneficios de la apertura de capital representan el riesgo más grande con el que se enfrenta España: la pérdida de ventajas competitivas que trae la globalización y el capital extranjero.

En Reino Unido, por ejemplo, se entiende perfectamente la diferencia entre propiedad de capital y empleo. Lo que importa no es quién es el dueño de la empresa, sea chino o americano, sino dónde invierte y dónde crea riqueza y empleo. Y la preocupación por la propiedad y su composición desaparece cuando existe un marco legal y regulatorio predecible, seguro e independiente, que garantice que los abusos van a ser penalizados.

En un mundo globalizado y competitivo, hay que agradecer que una empresa quiera invertir en España comprando empresas nacionales, del mismo que celebramos las compras de nuestras multinacionales. Tenemos que dejar atrás el miedo de niños pequeños que no quieren compartir el juguete, porque corremos el riesgo de acabar aislados y empobrecidos.

Sin embargo, en muchas ocasiones se defiende a toda costa el control de la propiedad, no por una razón patriótica ni por defender a las empresas, sino para sostener un sistema corporativo que en algunos casos específicos es clientelar y hasta corrupto, y no queremos que salga a la luz.

Cuando mis compatriotas me comentan que es injusta la imagen del país, siempre les digo que no saben la suerte que tenemos de que los escándalos que salen todos los días en la prensa nacional ni se mencionen en los medios internacionales.

Todas las apabullantes historias de corrupción y mal gobierno crean una oportunidad excelente para que el país lleve a cabo una auténtico cambio y aproveche estos períodos de euforia para limpiar esa imagen de «oligarquía sin petróleo» que tenemos, y que nos hemos labrado nosotros solos, con la aquiescencia o indiferencia de una gran mayoría, porque de la corrupción oligárquica siempre caía algo para los demás, y se toleraba. Lo llaman «cleptocracia», pero es mucho más que eso, porque permea a muchos entes, públicos y privados. Es una manera de entender la responsabilidad de cada uno, y que cada día reajusta al alza nuestro umbral de lo que «es aceptable» apelando a nuestra frase favorita: «Pues tú más». Hasta que explota.

De momento, contamos con cierto optimismo inversor, y esos son los entornos en los que hay que destruir el clientelismo y poner las bases de un cambio de mentalidad.

Meter el hacha y cercenar la corrupción es solo un paso. El riesgo político afecta a la credibilidad crediticia, a la inversión en el país y a los múltiplos a los que cotizan las empresas, porque nadie invierte a largo plazo.

Para atraer inversión se tiene que percibir un entorno inversor adecuado, fiable y predecible.

El gobierno corporativo es esencial para afianzar la recuperación de los valores.

El clientelismo, la inversión por comité, el endeudamiento y la falta de meritocracia hacen que los valores de cualquier país coticen a múltiplos bajos —siempre injustificados, claro—. Se llama «descuento de caja negra». Las empresas afectadas deberían acometer una reestructuración profunda y dejar de tener reinos de taifas en los que los directivos son consumidores de presupuesto, no generadores de valor. Un elemento diferenciador sería aumentar drásticamente la proporción de remuneración en acciones comparada con el fijo. Para ello, es esencial la participación en el capital de inversores y fondos extranjeros con verdadera capacidad de voto y acceso a la gestión.

La alineación entre los intereses de los gestores y los accionistas minoritarios, la transparencia y la internacionalización son pilares fundamentales del desarrollo de empresas potentes y con futuro. Y debe ocurrir en las empresas medianas, que hasta ahora disfrutaban de un entorno «cómodo», que era la participación accionarial de las cajas de ahorro, pero sin incentivo para crecer de manera sostenible. Ahora estas compañías se enfrentan a un futuro en el que tienen la posibilidad de convertirse en grandes multinacionales, y para eso abrir las puertas al capital y la gestión es absolutamente imperativo.

No vale con tener informes de responsabilidad empresarial huecos, con 200 páginas de obviedades que no se cumplen. La primera regla es no convertirse en agencias estatales. Si las empresas y el país —todos— superan sus objetivos, cortan radicalmente el clientelismo y crean valor, saldremos de esta espiral empobrecedora. No vale justificar los errores e incumplimientos como «pequeños», «ya descontados» o «no nos entienden». Toca cumplir. Lo hicimos tras el destrozo latinoamericano. No sé por qué no íbamos a hacerlo ahora.

La percepción de clientelismo y la falta de apertura provocan pérdida de inversiones. Es inútil quejarse de que es injusto y quedarse parado. Apertura real a la inversión. Demostremos que somos mejores, no comparándonos con los peores a ver quién es menos malo.

Para la inversión a largo plazo, el riesgo de inseguridad jurídica y de que no se penalicen las actividades delictivas es letal. En el Estado, la transparencia y la profesionalidad deben incluir la responsabilidad penal personal, el castigo ejemplar y la meritocracia. Un sistema que no solo genere consecuencias penales por la mala gestión, sino que imposibilite el «realojamiento» en el sector privado, así se evita el contagio de riesgo político a la industria.

Liquidar empresas públicas en pérdidas es parte de la solución, pero lo importante es que se facilite la transición de esos sectores a un modelo de gestión excelente y creador de valor. Nunca va a ocurrir desde la intervención. Debemos garantizar reguladores independientes con gestores profesionales, no políticos de carrera, cuyas recomendaciones sean vinculantes y no consultivas.

Desde las empresas, ampliar capital es la única manera para que muchas empresas y bancos salgan del agujero de deuda. Algunos lo han hecho muy tímidamente, pero debe llevarse a cabo de manera mucho más agresiva. En España hay puertas abiertas para endosar deuda y paquetes invendibles, pero sin voz ni voto. El paso definitivo es convertir deuda excesiva en capital con acceso a propiedad y gestión, porque la siguiente fase de crecimiento no va a ser financiada por cajas de ahorros y núcleos duros. En empresas, un mejor gobierno corporativo es esencial para afianzar la recuperación. Es crucial la alineación entre los intereses de los gestores y los inversores, y limitar y restringir el voto o el capital destruyen la confianza.

Abrir las puertas a los inversores de todo el mundo atrae no solo capital, sino confianza y empleo.

No es solo «permitirles» el privilegio de comprar bonos del Estado, es poner a su disposición un entorno institucional, jurídico y político transparente, abierto y predecible.

33
Eliminar subvenciones

«Dios dijo “hágase la luz”, y se hizo, pero el Consejo Regulador de la Electricidad decidió que hasta el jueves, nada de conexión».

SPIKE MILLIGAN.

«¿Qué queremos?». «¡Subvenciones!». «¿Cuándo las queremos?». «¡Ahora!». «¿Cómo las pagamos?». «¡Subiéndote las tarifas!».

Casi todas las actividades económicas sufren la lacra de las subvenciones-primas-ayudas. Nombres tenemos de sobra, que atacan al consumidor de forma doble: vía precio y vía impuestos. Mientras España siga siendo percibida como una economía intervenida por dichas subvenciones, los inversores seguirán buscando opciones en otros países, porque las economías en las que las ayudas gubernamentales sostienen a demasiados sectores están también sujetas a vaivenes regulatorios.

Es esencial cambiar pagos a costa del Estado por incentivos fiscales. Además de adecuar la demanda de inversión a la rentabilidad real, evitaría burbujas y «efectos llamada falsos».

El «efecto llamada» de las subvenciones es muy dañino: crea una burbuja y una percepción de demanda irreal; posteriormente, deja la sobrecapacidad y el coste de las operaciones de esos activos; y, finalmente, provoca la quiebra o la desaparición de las industrias que dependen de dichas ayudas y han crecido, en muchas ocasiones con una deuda desproporcionada, ante la idea de que el Boletín Oficial del Estado les garantiza el negocio. La misma mano que alimenta, el Estado, retira la comida y el efecto es similar al de las burbujas inmobiliarias. Saturación y pinchazo. Ni uno ni otro son positivos para la economía.

España gasta un poco más del equivalente del 5 % del PIB anual en ayudas y subsidios corporativos, que durante la crisis han sido reducidos muy poco. La cultura de los subsidios presente en España desde hace décadas ha convertido a muchas empresas en estructuras pesadas, ya que al contar con ayudas constantes, también se endeudan demasiado, y les ha impedido convertirse en compañías agiles e innovadoras. Las subvenciones suelen disfrazarse de innovación, y siempre se justifican, cuando suelen esconder modelos «constructor y promotor» que simplemente desaparecen cuando se acaba el cheque del Estado.

Además, las ayudas y subvenciones se convierten en parte del análisis de viabilidad del negocio, como un elemento más, y no debe ser así. En una gran empresa norteamericana una vez me comentaban que les sorprendía que en las valoraciones de ciertos proyectos que analizaban en nuestro país, se considerasen las subvenciones como inamovibles durante 20 o 25 años. «¡Pero si los gobiernos cambian las regulaciones siempre!», me decían.

Tal vez a lo que más pánico le tienen los inversores internacionales es a las economías que se rigen por regulaciones a favor de los subsidios. Los inversores entienden que un entorno muy afectado por ayudas gubernamentales se traduce de inmediato en baja competitividad, en dependencia política y en productividad reducida. Obviamente, cualquiera que busque invertir su dinero en España va a querer hacer rendir sus inversiones al máximo, y mientras la economía española siga siendo percibida como una economía intervenida, los inversores internacionales dudarán ante opciones en otros países.

Es esencial cambiar la política de subvenciones —gasto directo y deuda— por incentivos fiscales para evitar burbujas y «efectos llamada», que luego cuestan al Estado muchos miles de millones por acumulación de gasto.

Un sistema de créditos impositivos (tax credits) no solo no cuesta al Estado, sino que adecúa la demanda de inversión de las empresas con el apetito de poner capital a trabajar.

En energía, el ejemplo es muy claro. Si todo se subvenciona, los costes del sistema no pueden ir al consumidor, y si se ponen mecanismos de mercado que permitan que las tecnologías más baratas y eficientes desplacen y retiren a las caras —como ha pasado en Estados Unidos con el gas barato y el carbón caro, y con las renovables que no son rentables—, las buenas florecen.

En esos modelos, nuestras excelentes empresas de renovables están compitiendo excepcionalmente. No pidamos en casa lo que no necesitamos fuera. En el capítulo sobre energía profundizaremos sobre el tema de las subvenciones, primas o ayudas, que pueblan el sector.

Además, ante la acumulación de subvenciones, se genera la acumulación de impuestos y subidas de tarifas. Es el mismo efecto que quitarle ingresos al eficiente para dárselos a otro que no lo es. No arregla nada y, sobre todo, un par de años después también viene el gobierno con las rebajas a las ayudas insostenibles y a quitarle ingresos.

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Aprovechar el despilfarro en infraestructuras y vivienda

«El gasto en infraestructuras español ha sido el vuelo a ninguna parte».

ROGER BAETTIG.

«¿Qué queremos?». «¡Aeropuertos!». «¿Cuándo los queremos?». «¡Ahora!». «¿Cuántos viajeros estimamos?». «¡No me ande con tecnicismos!».

Dos mil kilómetros de líneas de alta velocidad, 48 aeropuertos construidos en pocos años, 43 de ellos internacionales. Solo 11 rentables. Autopistas vacías, 5000 kilómetros de carreteras al lado de otras… El lector no tiene que rascarse mucho la cabeza al recordar esos pabellones de deportes a todo plan en pueblos perdidos, esas fuentes y estatuas de dimensiones imposibles y gusto cuestionable, esos edificios ultramodernos en medio de plazas de arquitectura histórica, esos puentes al lado de otro puente, esas ciudades del circo, las artes, la cultura… Con mármoles de la jet set… Con dinero que no teníamos ni tenemos.

España tiene la obligación de aprovechar la locura de infraestructuras realizadas y tratar de ponerlas en valor, que es para lo que se hicieron. No debieron hacerse, de acuerdo, pero ahora que el mal está hecho deben ponerse todos los medios para sacarles rédito, siempre que no provoquen efecto excluyente (crowding-out) a través de dumping (precios inferiores a los costes).

A la hora de atraer capital, tener infraestructuras modernas es una cierta ventaja competitiva, pero solo si la región que las posee es receptiva y sus estructuras administrativas son facilitadoras, no obstructoras. Así se podrá reducir deuda vendiendo parte de dichas infraestructuras. No existe precio bajo cuando no hay demanda. Un aeropuerto tiene valor si se puede vender, y eso solo ocurre si se generan condiciones para que haya viajeros.

En los últimos años se ha visto que la falta de infraestructura moderna y desarrollada ha sido el cuello de botella para países como Colombia y Brasil. Afortunadamente, España no necesita hacer gigantescas inversiones para ser atractiva en este aspecto. La red debería ser aprovechada para promover focos de inversión y desarrollo.

El hecho de tener algunos de los mejores aeropuertos de Europa y una de las redes ferroviarias más avanzadas del mundo podría permitir al inversor internacional establecer a sus ejecutivos en España, ya que saben que el país les ofrece todas las comodidades para viajar constantemente. También puede ser utilizada para atraer cadenas hoteleras internacionales, ya que España es uno de los principales destinos turísticos europeos. Pero esa ventaja puede convertirse en nada si no existe un entorno impositivo y burocrático facilitador.

Sin embargo, esta infraestructura solo es válida cuando se atrae inversión de alta productividad. El reto es comunicar constantemente a los inversores internacionales los beneficios de establecerse no en Madrid o en Barcelona, eso ya lo saben, sino en Toledo, Jaén u otras ciudades. Ahí es donde entra la combinación de un equipo de comunicación, una asesoría facilitadora y un entorno impositivo mucho más atractivo.

Aprovechemos la enorme cantidad de infraestructuras aeroportuarias y AVE. España tiene la oportunidad de aprovechar la gran cantidad de vuelos directos diarios a muchos países del mundo y Estados Unidos, lo cual le resulta conveniente a compañías extranjeras que envían a expatriados a trabajar.

En cuanto al parque de viviendas, el porcentaje de propiedad en España es demasiado alto, casi el 80 %, y las familias no pueden comprar casas fácilmente con su renta disponible disminuyendo. Sin embargo, incentivar el alquiler con apoyos fiscales atrae a inversores hacia los edificios susceptibles de generar una renta mensual sólida. Para ello, la rentabilidad por alquiler debe ser superior a la del bono soberano, y menos arriesgada que hoy en términos de impagos y aumentos de impuestos (IBI). Si el Estado entiende que renunciar a algunos ingresos hoy implica mayor actividad en el futuro y hace que la rentabilidad-riesgo sea adecuada, el parque inmobiliario pasará de ser una carga a una oportunidad.

En España, la propiedad raíz por metro cuadrado alcanzó su punto más alto en 2008. Desde entonces, el precio promedio por metro cuadrado ha caído un 39 % y se espera que en 2013 caiga un 11 % más. El precio de la vivienda empezaría a subir si bajan los impuestos y aumenta la renta a disposición de familias, ya que los promedios históricos por metro cuadrado alcanzarán los niveles de renta disponible. Un sistema parecido al británico. Con subvenciones gubernamentales a la compra de vivienda se corre el peligro de crear de nuevo una burbuja inmobiliaria innecesaria. Lo que se pretende es estabilizar, no promover los mismos excesos que crearon el problema.

Otro aspecto importante para tener en cuenta es que no crezca el inventario medio, para eso es esencial que no se produzca un efecto «llamada» que haga que vuelva a crearse otro exceso constructor, que en cualquier caso sería inútil dado el altísimo porcentaje de propietarios.

Es el momento oportuno para resaltar las oportunidades en el sector inmobiliario español desde un punto de vista de rentabilidad por alquiler, para que los inversores extranjeros empiecen a analizarlas. Existen fondos de capital riesgo que se dedican a invertir exclusivamente en inmobiliario, pero tienen que percibir que el riesgo de impago se reduce y que los impuestos —IBI— no subirán. Hoy en día, los fondos de private equity real estate (capital privado inmobiliario) son los principales compradores de propiedades inmobiliarias en Estados Unidos, y lo llevan siendo desde hace varios años. Por ejemplo, en la actualidad, Blackstone destina cien millones de dólares semanales a la compra de activos inmobiliarios. Se debe ver una rentabilidad por alquiler atractiva, y hoy en día, de media aún no lo es, puesto que se mantiene muy inferior al bono soberano.

Hasta que la rentabilidad neta media por alquiler no sea al menos similar al bono soberano, y menos arriesgada que hoy en impagos y aumentos de impuestos, los inversores van a encontrar muy difícil realizar grandes apuestas en inmobiliario.

En el futuro, la infraestructura ayudará a que se valoren los activos inmobiliarios en el país, ya que las vías y aeropuertos de acceso están listos. Solo tienen que ser usados productivamente…, atrayendo capital e industria.

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Energía abundante y barata

«El petróleo sustituyó al aceite de ballena por ser abundante y barato, no porque lo decidiera un comité».

DANIEL YERGIN.

«¿Qué queremos?». «¡Energía!». «¿Cuándo la queremos?». «¡Ahora!». «¿Barata?». «¡No! Subvenciones mogollón.».

La energía es esencial para el crecimiento, pero debe ser competitiva, barata y abundante. En la Unión Europea lo de barata se ha olvidado, consiguiendo algo que parecería casi imposible: tener una energía más cara que otros países que importan más materias primas que nosotros. ¿Cómo? Hundiendo la competitividad con enormes subvenciones —casi un 1,5 % del PIB de la eurozona— a todo tipo de tecnologías, alcanzando el objetivo inimaginable de tener una sobrecapacidad cercana al 30 %, pero a la vez un coste inaceptable, ineficiente, caro y de baja competitividad.

Según Eurostat, en España el precio medio de la electricidad y del gas para los hogares se encuentra entre los seis más altos de la Unión Europea. Además de unos impuestos enormes, casi la mitad del total, la factura incluye grandes costes fijos por mantener tecnologías, tanto las obsoletas como las nacientes, creadoras de sobrecapacidad y costes regulados que solo suben.

Pero también, según el presidente de la Comisión Europea, Barroso, en Europa la electricidad es un 50 % más cara que en Estados Unidos, y el gas industrial, casi un 75 %.

La política energética española y de la Unión Europea de los últimos diez años pasará a la historia por ser uno de los peores ejercicios de planificación estatal y con mayor impacto sobre los bolsillos de los consumidores, destruyendo de paso la competitividad de la economía y generando un nivel de sobrecapacidad nunca antes visto. Una política energética que ha obviado el coste y exagerado las expectativas de crecimiento de demanda. Una política que refleja la adicción de los responsables políticos a las «hojas de ruta» que establecen la dirección futura del sector energético con precisión soviética con resultados desastrosos.

Autoproclamándose líder mundial de la economía verde, la Unión Europea planificó como si el mundo estuviera limitado a nuestros 27 países. Pero en conjunto suponen solo un 13 % del consumo mundial de carbón y un 16 % de gas natural, mientras que soporta el ciento por ciento del coste de CO2 y un 70 % del coste de las primas a las renovables mundiales. Por lo tanto, en un grupo de países tremendamente endeudados, el efecto de sus medidas se amplifica por la pérdida de competitividad europea a escala global.

No debemos olvidar el impacto de estas medidas, y su coste de implementación, en el déficit presupuestario y la maltrecha situación de deuda de los países europeos. Añadir un coste al sistema que suponga otro 1-1,5 % del PIB anual de subsidios en deuda con «supuestos» beneficios en 2050, tiene un gran impacto sobre el empleo. Al fin y al cabo, en la mayoría de las empresas, los cuatro costes más importantes son la energía, los impuestos, el coste de la deuda y los salarios. Si las tres primeras partes suben desproporcionadamente, la tercera sufre de manera inevitable.

La demanda de electricidad y gas europea alcanzó su máximo en 2007, y años después aún no se ha recuperado. Sin embargo, se ha instalado de manera irresponsable nueva capacidad. En este contexto, la sobrecapacidad de los sistemas eléctrico y gasista, que en España ya alcanza el 25 % de media (margen de reserva), no bajará, haciendo que el coste del sistema sea prohibitivo para los consumidores, empresas y familias. Europa anuncia varios incentivos para invertir en nueva capacidad, tanto nuclear (en Reino Unido, 10 GW [gigavatios]), eólica (7 GW/año) y solar (10 GW/año), incluso carbón (Alemania, lignito, 5 GW planeados). Una cantidad de inversiones que pueden ser muy válidas en un proceso de desplazamiento de otra tecnología, pero resulta que hasta ahora la política es subsidiar no solo a las tecnologías «nacientes», sino también a las «fallecientes».

En España, la liberalización del sistema eléctrico y gasista entre 1999 y 2004 introdujo el mayor período de inversiones, mejora de infraestructuras, calidad de servicio y coste desde la época negra de los recortes de suministro en los setenta. Pero en 2004, los gobiernos decidieron intervenir y empezó el problema. Cambiar las leyes a mitad de partido, subvencionar unas tecnologías sobre otras, restringir la libre circulación de capital, crear mercados ficticios (como el de CO2) y generar señales caprichosas de demanda y precio mediante subvenciones. Y lo peor es que sea a través de la tarifa o de los impuestos, los errores de planificación siempre los ha pagado el consumidor.

Este endiablado entramado de costes añadidos a la factura final hace que los precios finales no bajen, de hecho suben, aunque la demanda cae. Hemos cargado al sistema de infinitud de conceptos, que siempre empiezan por la presunción de ser «pequeños», pero que poco a poco van sumando al total.

Para rizar el rizo, no vaya a ser que alguien dude de nuestro historial intervencionista, en el que tenemos medallas como el decreto anti-E. On, el coste del CO2 eliminado del precio, etc., se conceden casi 1000 millones de euros en subsidios al carbón nacional para mantener a 7000 mineros. En el país campeón de la energía verde, carbón. Entre 600 y 1000 millones para mantener una industria ineficiente e innecesaria en un mercado energético en el que contamos con un exceso de capacidad de un 22-25 % (margen de reserva).

En consecuencia, no sorprende que estos gobiernos, a los que tanto les gusta ordenar y recomendar de manera paternalista al mundo, entreguen subsidios sin control, llegando a la situación, divertida cuando menos, de que en nuestro país, de una forma u otra, todas las tecnologías están subvencionadas (pagos de capacidad, etcétera).

La solución existe. Como bien dice el proverbio chino, la crisis significa oportunidad.

Si los partidos políticos dejan que el mercado y la industria solucionen los males endémicos de nuestro maltrecho sector energético, apoyándolo con una política no intervencionista, y con un marco regulatorio estable y sostenible, España podrá encarar los retos del futuro energético desde una posición de liderazgo y competitividad.

Más libertad de mercado y menos intervención: El primer mal del sector energético español es que la excesiva intervención estatal hace a las empresas más débiles y menos competitivas. La crisis actual no es una crisis de liberalismo excesivo, sino de intervencionismo endeudado, desde los precios de la energía hasta la planificación de capacidad por encima de las necesidades. Ya hablamos del déficit de tarifa, que debe solucionarse ya para que las empresas no estén eternamente en riesgo crediticio.

Otro problema enorme es el de la sobrecapacidad y la creación de señales falsas de demanda a través de subsidios innecesarios. Si una tecnología o una planta —sea de carbón, ciclo combinado de gas o un molino de viento—, sobre todo si está totalmente depreciada, no genera retornos aceptables, que la empresa que la gestiona la cierre o la mantenga con los retornos de sus otros negocios. ¿Cuántas plantas de generación con petróleo quedan? Casi ninguna. ¿Por qué? Porque fueron desplazadas por tecnologías más rentables y mejor posicionadas. Si a base de subsidios mantenemos tecnologías ineficientes y antieconómicas, no solo mantenemos una sobrecapacidad innecesaria en el sistema, sino que el consumidor no ve las ventajas de las partes bajas del ciclo económico.

Extender la vida de todas las nucleares por ley: Ya están construidas, funcionan estupendamente, tienen un coste asumido por las eléctricas y en el mundo la apuesta es clara, nada menos que 56 reactores en construcción, o 51 GW de capacidad. No rechacemos una energía barata y limpia dentro del mix energético…, sobre todo cuando ya la tiene.

Una homogénea y predecible regulación en distribución e infraestructuras: Por alguna razón que aún no sabemos, en España las inversiones en transmisión (redes de alta tensión y gasoductos) reciben una remuneración muy adecuada y estable, lo que nos ha llevado a contar con un sistema muy competitivo y flexible, pero las redes de distribución (minoristas) se remuneran por debajo del coste de capital, siendo un coste para las empresas eléctricas y gasistas, que se endeudan e invierten a pérdidas. Esta falta de remuneración competitiva debe subsanarse para que la inversión cubra el coste de capital, y la tarifa tiene que reflejarlo. Así se evitarán riesgos de apagones y fallos en el sistema.

España ha conseguido ser líder en renovables, pero el coste ha llevado a incrementar un déficit de tarifa ya de por sí monstruoso. Ahora es necesario encontrar un equilibrio entre un límite a los subsidios y un marco legal que garantice a los innovadores la rentabilidad a largo plazo.

Incentivar la eficiencia, no el consumo: Es un hecho que los precios artificialmente bajos de la energía incentivan el consumo. Mantener precios de gasolinas, electricidad y gas artificialmente bajos hace que aumente la factura energética de un país que importa al día 1,1 millones de barriles de crudo. Se ha demostrado, incluso con la crisis y el crecimiento de las renovables, que esas importaciones bajan muy poco. Por ello debe fomentarse el ahorro energético a través del precio adecuado, no de políticas cosméticas de bajo impacto. Dejar de esconder el coste real de la energía a través de un déficit acumulado anual es esencial para que el consumidor sepa lo que cuestan las diferentes tecnologías y que responda con un consumo responsable.

Más upstream: España tiene un déficit estructural de acceso a recursos naturales, con exposición a países como Argentina y Venezuela, pero muy baja o nula a África, Rusia, Canadá y Estados Unidos. Ahora, si los retornos lo justifican, las empresas energéticas pueden acceder a recursos naturales en gas y petróleo en áreas de menor riesgo. Posteriormente hablaremos de fracturación hidráulica y petróleo en Canarias.

Aprovechar la sobrecapacidad de regasificación: En España contamos con seis plantas de regasificación, un número a todas luces excesivo para la demanda del país. Sin embargo, esa sobrecapacidad puede utilizarse para crear un centro europeo de suministro, un hub, que permita maximizar el potencial de esas plantas y, combinado con la política antes mencionada de mayor acceso a recursos naturales, acumular gas natural barato que permita apoyar la competitividad del país.

Más competitividad: La quimera de «aumentar» competencia no ha demostrado mejorar los costes para el consumidor. Lo que genera beneficios a los consumidores es tener empresas energéticas de bajo coste. Si se incentiva la eficiencia y se reducen los subsidios, que premian a las políticas equivocadas o las rescatan, forzaremos a las empresas a ser más competitivas y ofrecer productos y servicios más atractivos para el consumidor. Como ejemplo, hemos visto más beneficios para el consumidor por las ofertas combinadas de gas y electricidad de las grandes empresas que en la creación de multitud de grupos subvencionados.

La solución es simple: Mercado sin intervención en los sectores liberalizados, y en los sectores regulados, un marco estable y predecible. Si la generación con carbón o con gasoil tiene que reducirse o desaparecer, que lo haga. Si el precio de la electricidad o sistema gasista que hemos aceptado es caro, el consumidor debe saberlo para tener claro qué está promoviendo. En el caso de España, mantener al consumidor engañado, creyendo que la energía que consumimos es barata a base de prolongar el déficit de tarifa o de recortar los retornos de otras tecnologías, es simplemente engañar.

En el terreno de las energías renovables, España es el país de la OCDE que más invierte en ayudas, casi el 1 % del PIB, y el país tiene la oportunidad de importar un modelo de bajo coste, sin subvenciones, aprovechando que contamos con empresas punteras en tecnología e implantadas internacionalmente, que compiten en países como Estados Unidos, donde los sistemas de incentivos no son un coste para el contribuyente, sino deducciones fiscales. Debemos aprovechar que desde 2007 el coste de los paneles solares totalmente instalados ha caído un 80 %, y que las turbinas de viento han reducido su coste un 30 % en el mismo período para trasladar esos beneficios a los consumidores y desarrollar las nuevas tecnologías desde una perspectiva de coste, no de megavatios instalados. Olvidar el modelo constructor-promotor para entrar en un modelo de gestión de capacidad. Para que la sustitución de las tecnologías desfallecientes se haga de manera adecuada, debe existir un diferencial de coste evidente hoy, no dentro de 20 años. Si atendemos a la mejora de eficiencia y aprovechamos la competencia entre suministradores, se puede llevar a cabo el proceso de cambio de tecnologías sin que le cueste al consumidor un aumento del 78 % en las tarifas, como ocurrió en Alemania. La fase de prueba y error de las tecnologías nacientes ya ha pasado, ahora toca la fase de sustituir compitiendo en coste total. No vale decir que los costes son bajos excluyendo las primas, se debe analizar el sistema energético en «gasto total», incluyendo todos los costes regulados incurridos.

En este contexto, nunca debemos olvidar que la sobrecapacidad es un coste que resta competitividad. Por eso, antes de poner los medios para el desarrollo del autoconsumo energético, debe permitirse que aquellas tecnologías que son obsoletas, masivamente endeudadas e ineficientes, desaparezcan con reglas de mercado. La quiebra. Como en Estados Unidos. Si no, convertimos un sistema caro en un sistema más caro aún. No vale inundar el país de ciclos combinados, carbón subvencionado, paneles solares y molinos de viento para luego quejarse del coste y crear un sistema paralelo. No vale crear un sistema de privilegios en el que se garantice por ley la compra de un tipo de energía y además se subvencione, para luego exigir «competencia». O se compite o no se compite.

Mientras los gobiernos sigan intentando planificar e intervenir en el mercado de la energía como si el resto del mundo no existiera, se verán abocados al fracaso. Y ya llevamos muchos años con atroces resultados. La economía verde, que me parece fenomenal si no la tienen que pagar nuestros nietos, solo triunfará si es competitiva. Los gobiernos solo deben crear un marco regulatorio razonable y estable para las tecnologías y que sea el mercado el que ofrezca soluciones. Compitiendo. Y evitar generar inseguridad jurídica, como ocurrió en España con las primas mal planificadas.

Analizando el acceso a recursos naturales, es esencial hablar de fracking (fractura hidráulica), la tecnología que permite extraer gas o petróleo atrapado en rocas usando agua a presión, o gas.

Estados Unidos es autosuficiente en gas e importa menos petróleo que en 2007, y va camino de autoabastecerse. Desde que comenzó la revolución del fracking, el precio del gas en el país cayó más de un 44 %, mientras que en Europa subió de media un 23 %. Eso es un estímulo de verdad. No es una cuestión irrelevante. En Europa, el coste de la energía supone casi el 30 % de los costes totales de las industrias.

Podemos rompernos la cabeza echando la culpa a las renovables, al carbón o a la nuclear, unos y otros, que la realidad del problema es que en Europa y España no se permiten la sustitución, la competencia y el desarrollo de fuentes de energía barata. No solo tenemos que dejar que funcione el mercado y que caigan las tecnologías obsoletas —como ha ocurrido en Estados Unidos con empresas ineficientes de carbón, solar o viento—, sino que tenemos que generar energía barata. Según Goldman Sachs, el fracking es la mayor fuente de mejora de competitividad de la economía estadounidense.

No vale decir que una tecnología «es barata» si no consideramos todos los costes que genera, incluidos los subsidios y primas, eso es engañar. Lo que importa es tener una factura final baja. Y el destrozo a la competitividad que estamos llevando a cabo mata las posibilidades de crecer y recuperar actividad industrial, puesto que las empresas se van a países más baratos.

Es suicida prohibir la fracturación hidráulica para extraer gas (fracking).

La tecnología está probada y se desarrolla de manera eficiente y segura en más de 10 000 pozos anuales en Estados Unidos.

Combinado con aquellas energías renovables que ya no necesitan subvención, ahorraría a Europa 900 000 millones en su objetivo de reducir importaciones y emisiones de CO2 a 2050.

En Estados Unidos ha creado 76 000 millones de PIB y 600 000 puestos de trabajo. En Europa se estiman reservas suficientes para cubrir 90 años de demanda (156 tcm [billones de metros cúbicos] de reservas de gas pizarra). En España, casi 40 años. Por supuesto, como hemos visto en Estados Unidos, esa cifra aumenta con las mejoras de productividad. Inversiones de decenas de miles de millones que no necesitan primas, subvenciones ni historias.

En invierno, Europa depende en gran parte del gas ruso, pero parece preferir el riesgo de desabastecimiento —si vuelve a enfadarse el Kremlin— que desarrollar sus reservas de gas pizarra.

España importa casi el 55 % de su gas de Argelia, y para tener flexibilidad, depende de países que cobran por su gas precios muy superiores a lo que costaría el gas pizarra. Incluso suponiendo un coste que duplicase al gas estadounidense, 8 dólares por MMBtu, el gas nacional seguiría siendo mucho más competitivo. Casi un 40 % inferior al gas licuado importado.

En España tenemos importantes reservas de gas pizarra, concentradas en regiones afectadas por un paro cercano al 20-30 %, y que necesitan como el agua recibir inversiones y crear empleo. La industria del petróleo no solo atrae inversiones sin subvenciones, sino que crea empleo cualificado, además de traer extranjeros expatriados de alto poder adquisitivo.

Hace poco un gestor dijo en una conferencia: «Europa decidió intentar importar menos gas y petróleo subvencionando energías que cuestan el equivalente a 180 dólares por barril, y hoy no solo importa más, sino que lo que produce es más caro». Y no me hablen de crear «industrias y tecnologías nacionales» cuando importamos la mayoría de los paneles solares y las turbinas de China, Alemania y Estados Unidos.

Sí, hay que monitorizar y regular los aspectos medioambientales, pero eso se hace desde la colaboración con la industria, permitiendo la innovación, no prohibiendo. Todo tiene riesgo, pero exagerarlo es ridículo. Sorprende, por ejemplo, la vehemencia antifracking de gente que defiende con uñas y dientes la minería de carbón. Si por ellos fuera, no tendríamos ninguna industria, que también tiene «riesgo». Y para ellos, el consumo de tierras raras para sus electrodomésticos no importa, porque si contaminase lo haría en China. En Estados Unidos, hoy ya hay empresas que ofrecen fracking sin agua —con gas—, y se usa agua reciclada de manera masiva. Los reguladores medioambientales norteamericano, polaco y británico lo certifican cada mes.

Hay que seguir apostando por las tecnologías punteras. Todas. Como hace Estados Unidos. Permitiendo la sustitución, no dando subvenciones y primas, sino deducciones fiscales (tax credits), haciendo que sea el mercado el que determine si una tecnología es válida o no, así se previenen los «efectos llamada falsos» de regulaciones excesivas y se evita la sobrecapacidad. Mostrando al consumidor el verdadero coste de la energía, no escondiéndolo en una tarifa que difiere los costes reales al infinito —como el déficit de tarifa español—. Y, por supuesto, dejando que quiebre el ineficiente.

Mientras se siguen desarrollando alternativas que no cuesten hoy los ahorros de dentro de cien años, tenemos la obligación de aprovechar nuestros recursos naturales, como hacen Reino Unido, China, Australia o Estados Unidos.

Pasando al petróleo, el gobierno canario sorprendió hace un tiempo con las siguientes declaraciones: «El petróleo es peligroso y contaminante». La industria petrolera traería inversiones de hasta 13 000 millones de euros a esa comunidad autónoma, donde hay casi un 30 % de desempleo. Los políticos canarios hacen este tipo de declaraciones irresponsables y sin fundamentos sobre unas exploraciones a 60 kilómetros de la costa canaria. Sin embargo, no dicen ni una palabra sobre las explotaciones en el mar del Norte, a pocas decenas de kilómetros de la bahía de Vizcaya. En el mundo hay 650 plataformas perforando anualmente en aguas de todo tipo, y en tres años solo se han producido dos incidentes. Estamos hablando de un riesgo menor al 0,3 %.

Es demagogia hablar de riesgos para las playas al perforar a 60 kilómetros de Fuerteventura y a 50 kilómetros del área volcánica, mientras que en Marruecos se perfora a pocos kilómetros de Canarias, o en Tarragona y otras áreas se explota con toda seguridad a 45 kilómetros, o menos.

Si se producen 140 000 barriles al día, el gobierno canario recaudaría en regalías, derechos e impuestos unos 3120 millones de euros, aproximadamente el 30 % de su presupuesto. El proyecto crearía sin problemas unos 5000 empleos, sin olvidar el dinero que se gastan los ingenieros que vayan a trabajar allí.

Las plataformas no tienen por qué afectar al turismo, sobre todo a 60 kilómetros de la costa, y la seguridad es máxima con los equipos que la industria utiliza, particularmente los de última generación, que son los que se van a utilizar.

España solo puede salir adelante si atrae capital y pone en marcha el desarrollo de sus recursos naturales, desde el gas pizarra en Cantabria al posible petróleo en Canarias. Y, por supuesto, todas las inversiones en renovables que no necesiten de primas que multipliquen el coste muy por encima del de la energía importada.

Son inversiones que se pagan con caja de las empresas involucradas, no subsidios, que no restan el PIB, como lo ha hecho la orgía subvencionadora y el estropicio inmobiliario, sino que lo crean; que no hunden la competitividad, sino que la incrementan, y que mejoran nuestra balanza comercial. Poder ahorrar un 10 % de nuestra factura petrolera merece la pena. Si queremos salir del atolladero, todo capital inversor es necesario. Estas inversiones, poniendo el máximo énfasis en seguridad y medio ambiente, también.

España necesita inversión y crear empleo ya. Rechazar capital es un lujo que no podemos permitirnos. Escondernos en el «no en mi jardín» subvencionando costes inaceptables, esperando que algún día la demanda crezca y nuestro bolsillo lo pague, solo nos hunde más en el agujero de desindustrialización y falta de competitividad en el que estamos. No nos dejemos llevar por historias de miedo. Tenemos soluciones en casa.

Conclusión

El gasto y el exceso de complacencia nos han esclavizado. No pasa un día en el que no se hable de la prima de riesgo o de las colocaciones del Tesoro.

La austeridad, que tanto se critica, nos ayuda a romper ese yugo. Sí, la austeridad fastidia, pero fastidia mucho más, y durante más tiempo, la quiebra.

La libertad económica, tomar nuestro propio destino y aprender de nuestros errores para mejorar, es esencial si queremos recuperar la senda de prosperidad que hizo que España fuera una tierra de grandes emprendedores, que ha creado multinacionales globales y que se situó entre los diez países más ricos del mundo. Sin libertad económica no hay libertad. Solo vasallaje ante un señor feudal, el Estado, que simplemente no puede ser asistencialista, porque es la política más antisocial de todas, pedir prestado de nuestros hijos y nietos, que no tienen la culpa de nuestros excesos.

Todos los puntos anteriores confluyen en una máxima: Debemos abrir más nuestra economía, aumentar la renta disponible y apoyar la inversión financiera directa.

Una cosa es salir de la recesión y otra crecer y mejorar. Para conseguir ese crecimiento debemos centrar la atención en el consumo, la deuda, y avanzar en la reforma del sistema público y financiero.

El consumo no puede seguir cayendo. Es esencial que el gobierno comprenda que la renta disponible debe mejorar, no por aumentos forzados de salarios —que llevarían a que el paro se mantenga a máximos al no incorporar a trabajadores potenciales, y prolongar la recesión—, sino por bajadas de impuestos. Es la única manera de mejorar el consumo y reactivar la economía.

Déficit y deuda siguen siendo excesivos. El hecho de que no haya presión para reducir el déficit por debajo del 6,5 % en 2013 y 5,8 % en 2014 no quita el riesgo de que tal cantidad de nueva deuda, más de 130 000 millones de euros, suponga un enorme lastre para una economía que ya supera el 90 % de deuda sobre el PIB. Y que en una economía globalizada, el entorno actual de tipos bajos, apetito inversor y primas de riesgo moderadas puede cambiar.

La reforma de la administración y los ajustes deben continuar. El gobierno resalta que el ajuste estructural ha sido de 4 puntos del PIB y que se han reducido 300 000 puestos públicos, pero eso no quita que el gasto en salarios no ha bajado significativamente y que el peso del gasto público es aún extremadamente alto (casi el 50 % del PIB incluyendo empresas públicas). En una economía tan frágil, relajar los ajustes manteniendo el coste estructural tiene un efecto negativo inmediato sobre la inversión, el consumo y el empleo.

La emisión bruta de deuda (136 000 millones de euros) y la neta (76 000 millones) sigue en máximos históricos, casi cuatro veces superior a la media de 2005-2007. Merece la pena vigilar este problema porque una bajada de calificación y se desmorona el castillo.

La mora bancaria sigue subiendo, hasta probablemente el 13 %, por el proceso de reconocimiento de préstamos refinanciados que son incobrables, lo cual seguirá dificultando el crédito, pero la banca española ya no es un peligro de caja negra en la que nadie sabe lo que se esconde. Se ha llevado a cabo un proceso de transparencia y exigencia de capitalización que no es comparable a otros países de Europa. Ahora debemos potenciar la financiación privada que sustituya a la bancaria.

España ha hecho avances, pero está lejos de la línea roja, y ha perdido 10 puestos en la clasificación de países con mayor libertad económica de la Fundación Heritage, fundamentalmente por las subidas de impuestos. Ahora toca profundizar en las reformas, bajar impuestos y liberalizar de verdad, y así recuperar esos diez puestos y otros tantos más.

En el mercado se percibe un interés genuino para que España demuestre ser el primer gran éxito de la mal llamada «austeridad» europea, que no es más que moderación presupuestaria. La prueba de que la solución más acertada y adecuada para corregir los excesos de la década de borrachera inmobiliaria y obra civil es el ajuste interno. Lo demostró Alemania con su exitosa «Agenda 2010» lanzada en 2003, un ajuste muy agresivo que garantizó que el empleo bajase a mínimos históricos, la seguridad social tenga hoy superávit y el país cercenase su déficit estructural.

Espero que no nos relajemos, no nos entreguemos al intervencionismo y proteccionismo, que entendamos que nunca se ha creado más prosperidad que en la época en que liberalizamos y abrimos la economía. Que no pensemos que lo hecho hasta ahora es suficiente, porque no lo es. Que demostremos lo que todo el mundo dice en Londres:

When Spain does well, it rocks («Cuando España lo hace bien, se sale»).

Capítulo final
Los unicornios más peligrosos

«El problema de este mundo es que no hay suficientes “solucionadores de problemas”, demasiada gente espera que el gobierno u otro les solucionen sus problemas».

ROBERT KIYOSAKI.

«¿Qué queremos?». «¡Subvenciones!». «¿Cuándo las queremos?». «¡Ahora!». «¿Cómo las pagamos?». «¡Quitándotelo a ti!».

Los unicornios, las soluciones mágicas, no existen. Las medidas «trampa» de efecto placebo, como comentábamos en los primeros capítulos, son como echar chocolate sobre un pimiento picante. Pica igual. Pero, sobre todo, lo peor de las frases que más se oyen sobre la crisis es que tienen graves consecuencias en términos de pérdida de libertad, de agrandar ese agujero en el que hemos caído al pensar que en manos del Estado vamos a estar protegidos, que el dolor que nos causan los errores de política económica se solucionan dando aún más poder y recursos a los gobiernos.

¿Y por qué pensamos que va a ser más fácil? Porque la propia estructura burocrática nos dice que «hay que hacer algo». Nos han convencido de que la iniciativa individual es inútil, que no hay otra posibilidad que «más Estado» y que debemos olvidar las ineficiencias y los despilfarros en aras del «futuro» entregando más poder. Y cuando falla, repetir.

Además, los errores del sector privado deben penalizarse con el arma de la responsabilidad crediticia y la quiebra. Limpiar el sistema es esencial. Rescatar es un enorme error que perpetúa las malas conductas. Y encima ofrece a los intervencionistas la justificación de que «como tuvimos que rescatar a las cajas o la minería, etcétera, deben ustedes aceptar el abuso del Estado».

Este libro ha sido un viaje por el mundo, y busca dar una respuesta a estas frases que se nos repiten constantemente.

El lector encontrará que estas frases le suenan. Se las dijeron en 1978, 1991, 2001 y, muy recientemente, en 2008. Hoy, mirando a su alrededor, probablemente pensará: «Un momento, que todo esto me suena, y mira cómo hemos terminado». Espero que, al menos, nos sirva para mirar la lista la próxima vez que nos lo repitan.

«El Estado tiene que gastar cuando las familias y empresas ahorran» (o «Que el Estado se endeude permite que las empresas y familias ahorren»).

Qué generosidad. En el capítulo «Estímulos no, gracias» muestro el efecto negativo y, además, acumulativo, de las políticas de gasto. España pasó de 3 % de superávit a 11 % de déficit «para combatir la desaceleración», y miren el resultado: 3 000 000 más de parados.

«La deuda no importa, solo importa el coste».

Este argumento lo repite en muchas ocasiones Joseph Stiglitz. Olvida el efecto dominó devastador que se genera sobre los países cuando se dispara la percepción de riesgo, la prima. Pretender que el riesgo podrá controlarse desde el Estado o el banco central es un error que hemos sufrido en muchos países. Se les otorga una disciplina y un rigor que no han demostrado.

«Si aumenta el déficit, saldremos de la crisis».

El gobierno que no valora el riesgo del gasto excesivo siempre asume que «el año que viene se soluciona», que «es un problema de ingresos» o que «lo pague Merkel». La patada hacia delante, endeudarse más, y además para pagar gastos corrientes, es la política suicida más común en economía. Se empieza diciendo que el gasto es poco y se acaba haciendo impago, con enormes consecuencias para los ciudadanos.

«Alemania se beneficia de nuestra crisis porque se financia a tipos muy bajos».

Alemania se ha dejado 122 000 millones de euros en apoyar rescates y la periferia debe más de un billón de euros al Bundesbank. A Alemania, como a toda la Unión Europea, le interesa tanto o más que a los propios españoles que a España le vaya bien, porque el impacto en su perfil de deuda es muy significativo. Y las exportaciones de España a Alemania se han disparado de 15 000 millones en 2000 a 25 000 millones en 2013. Nosotros también nos hemos beneficiado de la solidez alemana.

«España no tendría un problema de deuda si el BCE nos prestase a cero por ciento».

Olvidamos que todos los países pedirían lo mismo, las deficiencias de las economías empeorarían, los incentivos a tomar riesgo injustificado volverían a dispararse, y cuando el balance del Banco Central Europeo se dispare aún más de los casi tres billones actuales, los recortes y subidas de impuestos serían mucho más altos.

«Si los países de la Unión Europea pudiesen imprimir dinero se acababa la crisis».

Así cayó la Revolución francesa, así se hunde Zimbabue, Argentina o Venezuela. Y los países como Reino Unido y Estados Unidos siguen necesitando recortes muy severos.

«El mercado no existe sin Estado, y el Estado crea el mercado».

¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? La primera actividad social del homínido fue la caza y la recolección en grupo. Si evolucionó fue gracias al intercambio o comercio libre, sin necesidad de estructuras estatales. La visión más intervencionista da por sentado que el mercado necesita de un comité y un Estado que ponga en marcha las condiciones para que se cree dicho mercado. Sin embargo, eso es simplemente incorrecto, porque sin un mercado inicial, que ya se haya gestado en estado embrionario, toda intervención estatal es simplemente inútil. Un Estado eficiente puede facilitar el crecimiento del mercado, pero no inventarlo.

«Sin ayudas a la banca no tendríamos déficit».

Antes de ayudar a la banca, España ha estado generando desde 2008 un déficit primario —el déficit sin el coste de la deuda— cercano al 3 % del PIB. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y el comienzo de la crisis, España ha duplicado su deuda hasta 923 300 millones de euros en el primer trimestre de 2013. Las ayudas a la banca —las cajas, todas públicas— no superan los 62 000 millones. En total, 125 000 millones, eso incluyendo 50 000 millones transferidos al Banco Malo (Sareb), que no cuentan como deuda, y otros conceptos que no cuentan como endeudamiento estatal.

«Si aumenta el crédito salimos de la crisis».

La expansión de crédito nos llevó a la crisis. Aumentar el crédito cuando la deuda privada y pública supera el 260 % del PIB es simplemente imposible. La banca, endeudada en más de 25 veces sus activos, no puede «soplar y sorber» (reducir deuda y prestar), mientras a la vez la atiborramos de deuda soberana (244 000 millones). En un proceso de desapalancamiento, el crédito a pymes y familias debe venir de la financiación privada, como ocurrió en Reino Unido o Estados Unidos.

«El BCE no ahoga y no apoya».

El balance de la Reserva Federal es de 3,2 billones de dólares, el del Banco Central Europeo es de 3,5 billones, que con ayudas a los países se ha incrementado en 1,5 billones de dólares en cuatro años, incluyendo la friolera de 218 000 millones en compras de bonos de países con problemas.

«El despilfarro no es la causa de la crisis, porque también genera actividad económica, PIB e ingresos fiscales».

Lo comento en el capítulo «Gasto político» y «Deuda destructiva». Pensar que cualquier gasto es bueno nos llevó a despilfarrar decenas de miles de millones en «planes de crecimiento» para destruir 3 000 000 de puestos de trabajo.

«Reino Unido y Estados Unidos salieron de la crisis porque podían imprimir moneda».

Lo analizamos en detalle en los primeros capítulos, pero hemos visto que con una expansión monetaria absolutamente desproporcionada, Reino Unido se mantuvo en el estancamiento y Estados Unidos creció muy por debajo de la media histórica.

«La política de expansión monetaria es buena porque baja el paro».

Lean los primeros capítulos y el dedicado a Japón. En los países en que la expansión monetaria ha sido mayor, el empleo es, en palabras del propio Ben Bernanke, «decepcionante». Porque imprimir dinero no mejora la actividad económica, la velocidad del dinero se desploma, la confianza no aumenta. Es simplemente un subterfugio.

«Crear dinero no es problema mientras el PIB nominal crezca».

El PIB nominal no cuenta con la inflación. Olvidar el efecto pernicioso de la misma es lo que ha llevado a recomendar erróneamente el modelo argentino. Vean los casos que comentamos de inflación desbocada y los efectos negativos sobre sus economías. Pero, sobre todo, es realmente peligroso suponer que la excesiva expansión de dinero y crédito —al final es lo mismo— no crea distorsiones enormes.

«Bajar impuestos no mejora la recaudación».

Lo hemos visto en Estados Unidos, en Suecia, o en Reino Unido, donde en 2013 se ha reducido el tipo máximo del IRPF de 50 % a 45 % y la recaudación ha aumentado un 12 %, a 12 000 millones de libras. Un ejemplo espectacular fue Rusia, donde el flat tax (impuesto máximo) del 13 % aumentó la recaudación un 50 %.

«Países con alto gasto público son más prósperos (Finlandia)».

Es el error de agregar «gasto público» como si todo valiera. Para copiar a Finlandia también hay que tener su dinamismo económico, empresarial y su rigor en el gasto.

«Si el Estado no gasta no se crean infraestructuras».

Además de existir un eficiente sistema de infraestructuras privadas, como en Suecia y los países anglosajones, eso no justifica las enormes desviaciones presupuestarias que se producen en las licitaciones y contratos, que según el Tribunal de Cuentas Europeo alcanzan de media el 20 % en España. Pero, además, las primeras autopistas norteamericanas fueron financiadas de forma privada por los fabricantes de automóviles; las primeras infraestructuras de telecomunicaciones fueron creadas por las compañías telefónicas, privadas; y tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, el ferrocarril creció de forma privada. En los países anglosajones, también el desarrollo de las primeras redes eléctricas y de agua fue financiado por las empresas privadas.

«España no puede recortar más porque todo se gasta en sanidad, educación y servicios sociales esenciales».

De nuevo, la excusa de esconder administraciones excesivas, gasto y duplicidades o ineficiencias bajo el epígrafe «social», como si todo se justificara.

«Sin subvenciones no se innova».

España gasta más de 10 000 millones anuales en subvenciones y se encuentra muy lejos de los puestos principales en innovación. En Estados Unidos, la enorme mayoría del I+D es privado, sin contar Defensa. Empresas como Apple o Google o Amazon jamás recibieron subvenciones.

«La deuda pública no es el problema, es la privada, y socializar las pérdidas de la banca».

Rescatar bancos es un error. Pero en España se ha rescatado a la banca pública, las cajas. El sector privado no ha recibido ayudas. Hay comentaristas que cuentan los avales como rescates, algo que, cuando menos, me parece trampa.

Pero la deuda pública sí es el problema. Porque la deuda privada se paga con ampliaciones de capital, desinversiones o acudiendo a accionistas y bonistas. La deuda pública se repaga con más impuestos, más recortes y más represión financiera. Gran diferencia.

«El gasto público es esencial para salir de la crisis».

En 2008, la Unión Europea aprobó un plan de políticas de estímulo de 200 000 millones de euros —un 1,5 % de su PIB—, y el Banco Central Europeo aumentó su balance en 1,5 billones de euros, para casi quebrar a varios países, incluida España, y de paso destruir cuatro millones y medio de puestos de trabajo.

«Si se gasta en un puente o en un aeropuerto, al menos tienes un aeropuerto o un puente, no es inútil. Ya se usará».

Olvida el coste de oportunidad de usar ese dinero eficientemente, aunque sea para ahorrar, el impacto de añadir deuda al sistema y el coste de mantenimiento del puente inútil. Todo es parte de la deuda destructiva.

«Si no nos hubieran prestado barato, no tendríamos burbuja. Ellos también se beneficiaron».

Tampoco tendríamos un PIB de un billón de euros, una renta per cápita superior a los 30 000 dólares, un 80 % de propietarios de casas, un desarrollo sin precedentes de la economía. El mito de que la banca alemana financió nuestra burbuja se disipa buscando la deuda subordinada de las cajas y bancos durante el bum inmobiliario. De hecho, medios como Arte intentaron demostrar con cifras esa teoría de la malvada banca alemana, y se encontraron con que las cajas y bancos nacionales se sindicaban entre ellas una enorme proporción, más del 75 %, de los préstamos. Eludir la responsabilidad crediticia con el «no haberme prestado» nos lleva a conseguir lo que pedimos, que no vuelvan a prestarnos y no tener crédito.

«Tras la Segunda Guerra Mundial la deuda subió a 200 % del PIB y no pasó nada».

Tras la Segunda Guerra Mundial, más del 30 % de la población activa trabajaba en la reconstrucción después del desastre. La actividad económica privada estaba aniquilada por el conflicto. Es intelectualmente reprobable poner como ejemplo para la política de mantener nuestros privilegios y despilfarros una situación tan dramática y desesperada como una posguerra tras perder a millones de personas.

«Los liberales quieren aniquilar el Estado para acaparar ese poder».

Esta frase, que varias veces me transmitieron en Twitter, me encanta. Porque empieza por asumir, sin complejos, el poder controlador del que dispone el Estado. Pero, sobre todo, se equivoca. Los liberales no queremos la extinción del Estado, sino eliminar el abuso del mismo.

Despedida

El día que terminé este libro, me decían en un debate televisivo: «Nunca he estado en Alemania, pero estoy segura de que allí no viven mejor que en nuestro país». Unos minutos después, me comentaban que «no se puede hacer más, España no va a tener más empresas que habitantes», y pensé: «¿Por qué no?». ¿Por qué nos tenemos que conformar con ser un país de la órbita de Grecia? ¿Por qué no vamos a convertirnos en una potencia creadora de empresas y de innovación?

Un amigo me contó: «Lo he conseguido, tras gastar 350 euros, incluido el notario, varios días, incluidos cuatro desplazamientos, he conseguido los papeles para montar una sociedad limitada». Me habló de sus planes y sus sueños, y me sentí inspirado al ver que, entre tanta llamada a la represión, al asistencialismo y a que nos den la sopa boba, sigue latiendo un corazón fuerte y potente. Un país que ha conseguido alcanzar una cifra récord de exportaciones sin caer en hacer trampas al solitario devaluando, que poco a poco sale de la recesión sin acudir al gasto público y los estímulos, y que, «a pesar del gobierno», como dice el profesor Carlos Rodríguez Braun, alcanzará los objetivos que se proponga si se permite que los individuos desarrollen sus ideas y proyectos libremente, que los jóvenes reconozcan que el futuro son ellos por sí mismos, no el asistencialismo.

Él me preguntó qué sectores van a sacarnos de la crisis, y le comenté de algunos, pero que «nadie lo sabe». «Lo que tengo clarísimo es que los sectores que nos van a sacar de la crisis, las empresas que van a ser el próximo Inditex, Técnicas Reunidas, Viscofan, Grifols o Mercadona no las va a decidir un gobierno, no las va a crear un comité o una cumbre europea. Esas empresas y líderes ya existen, en alguna parte del país». Solo es preciso que les dejen desarrollar su potencial, que no les entorpezcamos.

Mientras escribía este libro, conocí el caso de dos hermanas valientes, inteligentes, emprendedoras, que perdieron a sus padres y hermana y se lanzaron, con 27 y 20 años, a la aventura de emprender y crear su propio destino a pesar de las enormes dificultades y vicisitudes con que se encontraron, con una de ellas pasando más de un mes y medio en el hospital por problemas de corazón. El fundador de PayPal, Peter Thiel, destacó que «la universidad simplemente no es suficiente en la edad de las startups». Se puede.

El camino de la libertad económica no es una utopía, no es imposible. Y es mucho más social y protector que el intervencionismo. No estamos condenados a esperar que el Estado reparta unas migajas entre los ciudadanos, ni tenemos por qué pensar que las soluciones van a venir de esos mismos sectores que nos han metido en la crisis. Repetir los errores solo nos lleva a empeorar.

Espero que hayan disfrutado este viaje. Y que, al menos, les sirva para discutir y cuestionar los dogmas económicos que todos mencionamos cada día. El debate está abierto.

Don’t Get Mad, Get Even.

Londres, 30 de agosto de 2013.

Agradecimientos especiales

Lorenzo Gianninoni y Diego Sánchez de la Cruz, cuyo apoyo en este libro ha sido esencial.

María Blanco.

Juan Manuel López-Zafra.

«El decálogo» de William Boetcker

William John Henry Boetcker (1873-1962) fue un gran orador estadounidense. Nació en Hamburgo, Alemania, y emigró a los Estados Unidos. Es autor de un documento titulado Los Diez Imposibles (Los diez «No puede» o «Ten Cannots») en el que enfatiza la libertad y responsabilidad del individuo sobre sí mismo. Fue publicado originalmente en 1916, y se atribuye a veces erróneamente a Abraham Lincoln.

Es imposible generar prosperidad desincentivando el ahorro.

Es imposible fortalecer al débil debilitando al fuerte.

Es imposible ayudar al pequeño derrumbando al grande.

Es imposible ayudar a los empleados vilipendiando a los empleadores.

Es imposible ayudar al pobre destruyendo al rico.

Es imposible crear estabilidad a base de dinero prestado.

Es imposible crear fraternidad entre las personas incitando al odio de clases.

Es imposible mantenerse alejado de los problemas gastando más de lo que tienes.

Es imposible que las personas se forjen un carácter y sean audaces destruyendo la iniciativa e independencia humana.

Y es imposible ayudar los hombres de forma permanente haciendo por ellos lo que ellos pueden y deberían hacer por sí mismos.

(Por W. J. H. Boetcker).

DANIEL LACALLE. Es economista y gestor de fondos de inversión. Casado y con tres hijos, reside en Londres.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, posee el título de analista financiero internacional CIIA (Certified International Investment Analyst), máster en Investigación Económica (UCV) y posgrado (PDD) por el IESE (Universidad de Navarra).

Su carrera en gestión de carteras e inversión comenzó en Estados Unidos y continuó en Londres (en Citadel y Ecofin Limited), abarcando renta variable, fija, capital riesgo y materias primas.

Ha sido votado durante cinco años consecutivos en el Top 3 de los mejores gestores del Extel Survey, el ranking de Thomson Reuters, en las categorías Estrategia General, Petroleo y Eléctricas.

Previa a su etapa como gestor, trabajó como analista financiero en ABN Amro (hoy RBS), y llevó a cabo distintas responsabilidades en Repsol y Enagas, donde recibió el premio a la mejor OPV (IR Awards 2002).

Daniel Lacalle es autor de Nosotros, los Mercados (2013). También es autor del bestseller Viaje a la Libertad Económica (2013) y La Madre de Todas las Batallas (2014, junto a Diego Parrilla), publicado originalmente en inglés como The Energy World Is Flat.

Sus dos obras más recientes son Acabemos con el Paro (2015) y Hablando se Entiende la Gente (con Juan Torres y Emilio Ontiveros).

Escribe una columna diaria en El Confidencial, y colabora habitualmente en La Razón, Inversión, la CNBC, BBC, El Mundo, Intereconomía, 13TV, Espejo Público, La Sexta, The Commentator y The Wall Street Journal.

Daniel Lacalle ha dado clases en la London School of Economics (verano 2013, 2014 y 2015), Instituto de Empresa (Economía para Inversores), Escuela AFI (2012) y en el master MEMFI de la UNED (2013 y 2014).