El capitalismo proporciona a todo el mundo más riqueza y mayores oportunidades, mientras que el socialismo y el intervencionismo fracasan sistemáticamente y empobrecen a quienes los padecen. El intervencionismo, con su afán igualitario, lo único que consigue es igualar a la baja, creando un número mayor de pobres. Siendo esto un hecho contrastado, hay que reconocer, sin embargo, que en muchas partes del mundo occidental las clases medias están perdiendo la fe en el capitalismo. Por suerte, estamos a tiempo de cambiar eso.

En su nuevo libro, Daniel Lacalle, uno de los economistas más reputados del mundo, explica las claves y virtudes de la economía de mercado de una manera directa, moderna y global, y subraya las virtudes del ahorro, la inversión y la innovación. Y, al mismo tiempo, plantea cómo el capitalismo puede mejorar el bienestar general de los ciudadanos.

Daniel Lacalle

Libertad o igualdad

Por qué el desarrollo del capitalismo social es la única solución a los retos del nuevo milenio

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Titivillus 08.09.2020

Daniel Lacalle, 2020

Traducción: Jorge Paredes

Editor digital: Titivillus

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A mi familia: Patricia, el amor de mi vida; nuestros hijos, Daniel, Jaime y Pablo; nuestra querida Kilda y todos nuestros familiares. (La familia es el agente económico más social. Su fortaleza no está en la igualdad de resultados, sino en la igualdad de oportunidades, en el amor y en la confianza; mientras que su éxito económico está basado en la austeridad, la inversión prudente, el ahorro y la búsqueda del máximo potencial de cada miembro, no en el gasto, la deuda y la uniformidad).

Agradecimientos también a Jeff Wurio,
Tirso Lizarraga, Yanire Guillén.

«La economía global no es de suma cero; sin embargo, los economistas continúan estudiando el mundo a través de una lente desfasada de poder y desigualdad. Daniel Lacalle presenta un enfoque novedoso, impulsado por un profundo conocimiento de la teoría económica, pero, al mismo tiempo, respaldado por la historia, los datos y por su propio excelente análisis. Los mercados son la gran fuerza liberadora de la época moderna, y Lacalle los explica hábilmente como los mecanismos no aprovechados para una profunda cooperación social. El “capitalismo social”, no la redistribución estatal, es el camino que conduce a un futuro prometedor. Libertad o igualdad es un libro optimista, y nos ofrece una pauta para una economía dinámica, innovadora y, sobre todo, colaboradora».

JEFF DEIST, presidente del Mises Institute (EE. UU.).

«Daniel Lacalle es uno de los economistas más juiciosos del mundo actual. Este libro es una exposición magistral de uno de los temas principales que subyacen bajo los actuales debates sobre política económica y monetaria. Todo aquel que esté interesado en temas de libertad e igualdad en el ámbito de la economía debería leer este libro».

SAMUEL GREGG, director de investigación
del Acton Institute, y autor de Reason, Faith,
and the Struggle for Western Civilization.

«¡Los planificadores centrales se encuentran con la gravedad económica! Si lo que buscas es un análisis independiente y fundamentado que explique la desigualdad, la última obra de Daniel Lacalle es de lectura obligada. ¡Se ha convertido en uno de los mejores del mundo!».

KEITH R. MCCULLOUGH, consejero delegado
de Hedgeye Risk Management.

«Aunque los economistas han desacreditado por completo la principal afirmación de Thomas Piketty —que la desigualdad de la riqueza continuará aumentando a menos que el mundo acepte sus soluciones marxistas recalentadas—, el relato de la desigualdad sigue resonando entre los ingenuos y desinformados. Solo las políticas de libertad económica generarán prosperidad real y duradera y nadie está más cualificado para argumentarlo que Daniel Lacalle, el cual ha prestado un gran servicio al mundo escribiendo este libro».

JAMES M. ROBERTS, investigador y coeditor
del Index of Economic Freedom, de The Heritage Foundation.

«Libertad o igualdad plantea argumentos contundentes y aporta numerosos datos para respaldar los logros de una economía libre y abierta que agradecerán tanto los lectores ocasionales como los expertos. En lugar de acusar, Daniel expone hechos y aporta nuevas ideas sobre cómo mejorar nuestra sociedad y aumentar el bienestar y la libertad».

RYAN FOLAND, conferenciante internacional, socio
gerente de InfluenceTree y coautor de Ditch the act (2019).

«Daniel Lacalle ofrece una argumentación convincente, clara y persuasiva en Libertad o igualdad. No se me ocurre ningún economista más completo y reflexivo para escribir y hablar sobre estos temas. Todas sus obras, incluida esta, plantean ideas que los occidentales debemos tener en cuenta si queremos gozar de una sociedad estable y próspera, sostenida por una economía sólida ahora y en el futuro».

TREY DIMSDALE, director de alianzas estratégicas
del First Liberty Institute, en Dallas (Texas), y socio
del Centre for Enterprise, Markets and Ethics,
en Oxford (Reino Unido).

Introducción

Han pasado seis años desde que Thomas Piketty publicó El capital en el siglo XXI, libro que suscitó un importante debate sobre la desigualdad. Esta introducción a Libertad o igualdad no es el lugar adecuado para abordar la importancia de los temas planteados por Piketty ni los errores en su análisis. Sin embargo, sí ofrece una oportunidad para plantear la necesidad de que los economistas realicen aportaciones que, sin olvidar el tema de la desigualdad, ofrezcan soluciones basadas en métodos probados y que contribuyan a crear riqueza que llegue a la mayoría de los sectores sociales.

Una de las consecuencias positivas del mencionado libro de Piketty es que concienció a los economistas de que el análisis de la igualdad tenía que matizarse más en lo tocante a su planteamiento de nuevas situaciones y desafíos. Este libro de Daniel Lacalle es una de las obras que hacen ese tipo de matizaciones.

Indicadores del cumplimiento del principio de legalidad y de la transparencia, como el índice de Estado de derecho (del World Justice Project, WJP) y el índice de percepción de la corrupción (de Transparencia Internacional, TI), muestran que, en la actualidad, la mayoría de los países suspenden en lo tocante al respeto a la igualdad ante la ley. Si las reglas del juego no son justas, resulta difícil argumentar que los resultados del juego son justos, o incluso que no deberíamos preocuparnos por los resultados de la distribución. El aumento de la tiranía reguladora, término que me gusta más que el de «Estado administrativo», ha provocado el aumento de la corrupción y del amiguismo. Esto ha traído consigo desigualdades injustas, las cuales no deberían ser consideradas una consecuencia del libre mercado, sino el resultado de una distribución desigual de la libertad económica.

En diversas partes de Libertad o igualdad, Lacalle hace referencia a cómo el amiguismo priva al capitalismo de algunas de sus mejores propiedades. Para él, «el amiguismo no tiene nada que ver con el capitalismo, y menos aún con el libre mercado». La red de normas —la ciénaga de intervenciones por parte del gobierno— es de tal calibre y el poder de los intereses que se aprovechan de ello es tan importante que, para revertir el proceso, la estrategia a seguir tiene que ser multifacética. Lacalle recomienda algunas reformas específicas, y dedica un espacio considerable a exponer argumentos instructivos para convencer al público y a los «creadores de opinión» de que lo que hace realmente el sistema actual es perjudicar a los que falsamente afirma ayudar.

Cualquier observador honesto sabe lo diferentes y desiguales que son todos los seres humanos en lo que se refiere a la productividad. Lacalle nos ahorra tiempo al no extenderse demasiado sobre ello. Habitualmente, a mis colegas les recuerdo que incluso Stalin arremetió contra los socialistas que reclamaban «igualar, nivelar los requisitos y las vidas individuales de los miembros de la sociedad». Para Marx, Engels e incluso Lenin, la igualdad equivalía a la abolición de las clases. La «exigencia de igualdad que va más allá de lo necesario desemboca en el absurdo», escribió Engels. Lenin afirmó que «afirmar que queremos que todos los hombres sean iguales entre sí es una frase vacía y una estúpida invención de intelectuales».

Lacalle no elude el análisis de clase. Muestra cómo el intervencionismo económico en las economías occidentales ha debilitado a la clase media y cómo la tendencia a crear más incentivos mercantiles en China y otros países en vías de desarrollo ha contribuido al aumento de la clase media en dichos Estados. En su opinión: «Reconstruir la clase media es una parte clave del futuro». Y añade: «Eso no sucederá con políticas que han fracasado repetidamente. El proteccionismo, la tributación confiscatoria y la penalización de los sectores de mayor productividad para subvencionar a los clientelistas y obsoletos mediante deuda masiva y gasto deficitario son la receta para el estancamiento».

En diversas partes de este libro, el autor explica algunas de las paradojas y mitos relativos a los países escandinavos. En dichos países, la desigualdad de ingresos, medida con el método típico empleado por los economistas (que compara cuánto gana el estrato superior de la sociedad con lo que ganan los inferiores), es, de hecho, menor que en otros países occidentales, como Estados Unidos y el Reino Unido. No obstante, el sistema escandinavo, el cual penaliza a aquellos con mayores ingresos, ha provocado una gran desigualdad en cuanto a riqueza.

Lacalle no es partidario de un gran Estado del Bienestar. Hace hincapié en el hecho de que las economías europeas representan el 23,8 por ciento de la economía mundial, pero sus gobiernos son responsables del 58 por ciento del gasto mundial en asistencia social. Eso ha debilitado las perspectivas de crecimiento. Está en contra del establecimiento de una renta básica universal (RBU), o al menos de los tipos de RBU que se han propuesto recientemente; y afirma: «La RBU únicamente fortalece al gobierno y crea una subclase de clientes zombis dependientes». Lacalle prefiere la propuesta del impuesto negativo sobre la renta según lo planteó Milton Friedman, es decir, un impuesto que proporciona créditos reembolsables a las personas cuyos ingresos se sitúan por debajo de un umbral determinado.

Libertad o igualdad aborda muchos de los temas económicos más relevantes en la actualidad. Las primeras páginas se centran en la educación, en su primera escuela verdadera, su familia, y en cómo aprendió en casa sobre libertad y responsabilidad. Cree que «para reducir la desigualdad, la educación tiene que fortalecer al individuo, no someter a la persona al control de los gobiernos».

Lacalle concluye reclamando una nueva clase de capitalismo, o un capitalismo mejor entendido. Algunos de nosotros, a los que nos encanta la «economía libre», casi hemos perdido la fe en ese concepto. Si por capitalismo entendemos «el sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción», el sistema en el que esos propietarios privados reciben privilegios de gobiernos y reguladores también puede denominarse capitalismo, aunque sea un «capitalismo de amiguetes». Cuando Lacalle escribe que «el amiguismo no tiene nada que ver con el capitalismo, y menos aún con el libre mercado», parece estar de acuerdo en que los mercados libres o una economía libre difieren del capitalismo.

A pesar de estos matices sobre el término, está claro que las opiniones de Lacalle sobre el capitalismo son parecidas a las del papa Juan Pablo II, actualmente san Juan Pablo II el Grande. En la encíclica Centessimus annus, Juan Pablo se mostró partidario del «capitalismo», al cual definió como «un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de las empresas, el mercado, la propiedad privada y la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, así como de la libre creatividad humana en el sector de la economía». A esto añade que el capitalismo bien entendido debe «circunscribirse a un marco jurídico sólido que lo ponga en su totalidad al servicio de la libertad humana y que lo considere un aspecto concreto de dicha libertad, cuyo núcleo es ético y religioso».

Lacalle reconoce que existen diferentes tipos de capitalismo y, a la hora de definir el tipo de capitalismo por el que aboga actualmente, opta por el capitalismo «social». Se trata de una elección arriesgada para alguien que ha leído y admirado las aportaciones del premio Nobel F. A. Hayek. Este desaprobaba la palabra «social». Hayek estaba de acuerdo en que había un uso adecuado del término, pero, debido al abuso de la palabra «social», la describió como «ese hongo parásito del léxico». Su predecesor y compañero en la causa del libre mercado, Ludwig von Mises, era mucho más propenso a utilizar la palabra «social», y llegó incluso a definir el principio rector de la sociedad libre como el principio de la «cooperación social». Lacalle sustenta partes de su análisis de la igualdad con las opiniones de grandes economistas como Hayek y Mises, pero sigue siendo necesaria y admirablemente él mismo.

Destacados economistas favorables a la propiedad privada y a los mercados han utilizado el término «social» al desarrollar la idea de «economías sociales de mercado». Estaban abiertos a intervenciones gubernamentales tales como la legislación antimonopolio, que reformaría el mercado e, idealmente, haría que funcionara mejor. Los métodos propuestos por Lacalle para lograr el «capitalismo social» se centran más en los incentivos que en las nuevas administraciones «a favor del mercado». Según el autor, para lograr un capitalismo social, se debería promover «la competencia mediante la eliminación de las subvenciones y las barreras comerciales injustas». Y añade: «El capitalismo social no está construido sobre los débiles cimientos de la deuda y el gasto deficitario. El capitalismo social entiende que la clave de la prosperidad son los ahorros que promueven inversiones saludables, no el exceso de deuda». Lacalle sostiene que «a la élite le encantan los déficits»; y su apreciación me parece correcta.

Por esa razón, según el autor, los gobiernos deberían contribuir a garantizar dinero sólido, es decir, que el medio de intercambio no sea una herramienta que pueda ser manipulada por el Estado, sino el instrumento más útil para la cooperación social. En otros libros y a lo largo de su carrera, Lacalle se ha centrado exclusivamente en el daño causado a la economía y a la sociedad en su conjunto por los bancos centrales actuales. En 2017 publicó La gran trampa: por qué los bancos centrales están abonando el terreno para la próxima crisis (Deusto), y la idea del título podría entenderse como una mezcla entre «estafa» y «trampa». El dinero sólido es una condición inherente para alcanzar la libertad en un marco de igualdad ante la ley.

A diferencia de muchos economistas libertarios, Lacalle no es tibio en cuanto a las cuestiones de defensa. Considera que los Estados también deberían garantizar que quienes viven en ellos estén seguros frente a ataques locales e internacionales contra sus vidas y su propiedad. Como nos dijo en 2019 en una presentación en la Philadelphia Society, no existe necesariamente una correlación entre el crecimiento del Estado del Bienestar y un gasto en defensa elevado. La mayoría de los países de Europa gastan menos del 2 por ciento en defensa y, a pesar de ello, cuentan con el mayor Estado del Bienestar de la historia.

Los gobiernos tienen que asegurarse de que sus actividades permitan la prosperidad de la comunidad, no que la obstaculicen. «Devolver el control a la sociedad civil» debería ser una parte clave de la agenda de un modelo de capitalismo social, y Lacalle recomienda hacerlo «poniendo límites al poder de los gobiernos y de las corporaciones mediante el mecanismo más poderoso y exitoso que existe, el de la competencia y el libre mercado, así como limitando las decisiones políticas discrecionales sobre financiación y subvenciones y maximizando la transparencia». En su opinión, la verdadera responsabilidad social tiene lugar cuando las corporaciones actúan según las reglas de un capitalismo social bien definido. Es entonces cuando contribuyen a desarrollar la confianza social, la cual considera esencial para el capitalismo social.

Algunos, especialmente aquellos economistas habituados a las complejas teorías y fórmulas de los ingenieros sociales, afirmarán que este libro es simplista. No estoy de acuerdo. Incluso cuando al hacer frente a la compleja situación y al difícil escenario de la década de 1980 Ronald Reagan y Margaret Thatcher aplicaron políticas parecidas a las recomendadas en Libertad o igualdad, estas provocaron un cambio enorme en las tendencias económicas y en la psicología de Occidente. Resulta difícil crear confianza social en un entorno de estancamiento, cuando a grandes sectores de la población se les pide que se sometan al inexorable destino de un futuro menos próspero.

Quienes lean este libro se darán cuenta de que está escrito por alguien seguro de sus opiniones. Su confianza no se basa en la arrogancia ni en la ingenuidad, sino en el conocimiento y la experiencia. Se trata, asimismo, de un libro lleno de lógica económica, la misma que ha llevado a su autor, Daniel Lacalle, a convertirse en uno de los economistas más escuchados y valorados del mundo desarrollado. Lacalle no cita a demasiados autores, pero no porque no los haya leído, sino porque ha interiorizado sus opiniones. Al leer Libertad o igualdad, uno se convence más que nunca de la veracidad de la afirmación de Milton Friedman: «Una sociedad que priorice la igualdad por encima de la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas».

ALEJANDRO A. CHAFUEN,
director general internacional del Acton Institute

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Cómo hemos llegado hasta aquí

Hay una enorme diferencia entre tratar a las personas de manera igualitaria y tratar de hacer que sean iguales. Lo primero es la condición para una sociedad libre, mientras que lo segundo implica una nueva forma de servidumbre.

FRIEDRICH A. HAYEK

«Nunca hemos estado peor. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres». «El capitalismo es culpable de todos los males». Hemos escuchado frases similares a estas en innumerables ocasiones. Aunque son frases que exponen algo empíricamente incorrecto, como tantos «mantras» tan repetidos como equivocados, sí recogen un descontento real de una parte relevante de la población ante el exceso de políticas intervencionistas. Estas, buscando inflación a cualquier precio, han erosionado el poder adquisitivo del pilar de nuestra sociedad, la clase media. El problema es que esa parte de la población achaque ese exceso al sistema de libre mercado, cuando la causa son las medidas intervencionistas de planificación centralizada promovidas desde los gobiernos.

En este libro vamos a desgranar muchas de las falacias que se repiten constantemente, pero, sobre todo, vamos a hablar de soluciones. Espero que este viaje hacia la libertad y la responsabilidad sirva al lector para conseguir tres objetivos: acumular argumentos y datos que desmonten las falacias que se nos repiten, conocer los riesgos de los cantos de sirena provenientes del socialismo y, finalmente, ofrecer —como siempre hago en mis libros— propuestas y soluciones reales.

A pesar de lo que los intervencionistas pretenden hacer creer, nunca la humanidad había vivido mejor que ahora. El año 2019 fue «el mejor año de la humanidad», según apunta Nicholas Kristof en un estudio reflejado por The New York Times. Hacia 1950, el 27 por ciento de todos los niños del mundo morían durante la infancia (hasta los quince años); en 2019, esa cifra ha caído al 4 por ciento. Cada día, 325 000 personas obtienen acceso a la electricidad por vez primera, y 200 000, al agua potable. En ese mismo período (1950-2019), la pobreza mundial se ha reducido al nivel más bajo de la historia.

Las cifras desmontan el catastrofismo que algunos pretenden imponer por la vía de la repetición. En los últimos 25 años, más de mil millones de personas lograron salir de la pobreza extrema, y actualmente la tasa mundial de pobreza es la más baja desde que se tienen registros. En 2015, la tasa de pobreza era del 10 por ciento de la población mundial, y aproximadamente la mitad de los países del planeta registraban tasas de pobreza por debajo del 3 por ciento.

Estamos hablando de un sistema económico, el capitalismo, que ha permitido reducir un punto porcentual al año la pobreza mundial desde 1990. Estos son verdaderos logros sociales de las últimas décadas. Y hay que identificar la pobreza, y no la desigualdad, como el verdadero enemigo a batir.

Probablemente nos sorprenda leer que la desigualdad en España cayó en 2017 al nivel más bajo en una década, con un coeficiente de Gini de 33,2 (en una escala de cero a 100), según el Instituto Nacional de Estadística[1]. En Latinoamérica, y según datos del Banco Mundial, 16 de 17 países redujeron su desigualdad en más de 6 puntos desde 2002[2]. Pocos medios de comunicación lo habrán comentado. Un coeficiente de Gini de cero significa igualdad perfecta (todos los ciudadanos reciben la misma renta), y uno de 100 significa desigualdad total (un ciudadano recibe toda la renta, y el resto, nada). Un coeficiente de desigualdad de 30 o 40, por lo tanto, significa una altísima igualdad. Además, el nivel de pobreza también cae y la economía crece de manera más sostenible.

Si bien son datos alentadores, no debemos dejarnos llevar por la complacencia. El hecho de que, de forma global, el mundo haya mejorado significativamente en los últimos setenta años debe ser el acicate para que nuestra sociedad tome consciencia de los retos del futuro y los afronte con decisión y optimismo.

En este sentido, el acceso a la información, las nuevas tecnologías, las noticias y las redes sociales nos permiten conocer en tiempo real los problemas globales y nos llevan, y eso es bueno, a querer una mejora constante, rápida y duradera. Pero también tienen un lado oscuro, que es la utilización de información descontextualizada y el alarmismo, cuya finalidad es pervertir las decisiones de los ciudadanos, persuadiéndolos de entregar su libertad a cambio de una inexistente seguridad.

Solo así se puede entender que un político diga que su país tiene millones de pobres confundiendo, a sabiendas, pobreza real con «riesgo de pobreza y exclusión», que no son la misma cosa de ninguna manera. El baremo para medir el riesgo de pobreza y exclusión, como debe ser, se sitúa de manera relativa a la renta media, referida al propio país y asumiendo las mejoras de calidad de vida generalizadas (en el caso de un hogar español, una renta de 18 629 euros anuales). Por ello, por ejemplo, una persona que esté hoy en el umbral de pobreza sería comparable, en términos reales, a una persona de clase alta en la década de 1930; y también, una persona que esté en el umbral de pobreza en Estados Unidos tendría una renta real (ajustada por inflación y transferencias) superior a la renta media en países como Portugal o Grecia, y muy cercana a la de España. Este índice es una herramienta importante y necesaria para avanzar en inclusión y desarrollar el país, pero no puede ser considerado como un indicador fiable del número de personas en situación de pobreza real y, por lo tanto, no debería utilizarse para crear alarma social que justifique medidas políticas destinadas a aumentar el intervencionismo y exigir más poder y más fondos.

Desde el alarmismo populista no se busca la prosperidad, sino el control, y eliminar la libertad individual y el mérito. La libertad individual es, con mucha diferencia, nuestro principal don y nuestra principal responsabilidad. Nos permite crecer, aprender, desarrollarnos y desplegar todo nuestro potencial, es algo precioso. Es esta libertad individual lo que Santo Tomás de Aquino define como libre albedrío, el cual se asemeja a «un poder por el cual el ser humano puede juzgar libremente[3]», poder que él mismo sitúa como centro de la capacidad de raciocinio. Un ser humano que no usa la razón no tiene libertad individual. No existe libre albedrío sin razón y, por lo tanto, esta libertad de elección se orienta conscientemente hacia el bien.

Así entendido, no es de extrañar que los totalitarios e intervencionistas del mundo teman la libertad individual más que cualquier otra cosa. La libertad individual, tener la capacidad de decidir qué deseamos hacer con responsabilidad, es la esencia del ser humano, y la esencia de la libertad misma. En la introducción a la edición de 1986 de su novela La naranja mecánica, de 1962, Anthony Burgess explica que «el ser humano está dotado de libre albedrío, y puede elegir entre el bien y el mal. Si solo puede actuar bien o solo puede actuar mal, no será más que una naranja mecánica, lo que quiere decir que en apariencia será un hermoso organismo con color y zumo, pero de hecho no será más que un juguete mecánico[4]», y un juguete en manos del poder. ¿Y no sería mejor hacer siempre el bien? Se trata de un engaño para limitar nuestra libertad, porque la mera idea de que un sujeto o grupo de poder pueda querer moldear un ser humano infalible y virtuoso, y, con ese ser humano, toda una comunidad uniforme e intrínsecamente virtuosa, es simplemente una falacia, y una que lleva a la dictadura.

C. S. Lewis, en su obra Mero cristianismo[5], de 1952 (que reúne tres textos escritos en la década de 1940), nos dice: «Si una persona es libre de ser buena, también es libre de ser mala […]. ¿Por qué, entonces, Dios nos dio libre albedrío? Porque el libre albedrío, aunque hace posible el mal, también es lo único que hace posible cualquier amor, bondad o alegría que valga la pena tener. No valdría la pena crear un mundo de autómatas, de criaturas que funcionaran como máquinas». ¿Lleva el libre albedrío al egoísmo y la falta de cooperación y caridad? Todo lo contrario. John Stuart Mill, en su ensayo Sobre la libertad[6], de 1859, nos explica que el verdadero genio humano solo surge en libertad. El ser humano libre mayoritariamente tiene un sincero interés por el bien público. Si pensamos que el ser humano y la iniciativa individual tienden al mal, ¿sinceramente podemos creer que suprimir la iniciativa individual y la libertad y supeditarlas a un grupo de seres humanos poderosos por tener liderazgo político va a hacer a la sociedad buena? La maldad no se elimina desde el control, al contrario, se incentiva. Una cosa es que los seres humanos libres, por acuerdo, pongan en común reglas para defender el bien y castigar al mal —de ahí la importancia de las instituciones independientes—, y otra cosa es que un grupo de seres humanos intenten controlar al resto para imponer su idea de lo que es correcto. Siempre será un político mesiánico el que pretenda imponer su modelo de ficción, y, para que una parte de la población acepte entregar su futuro y el de sus seres queridos, el líder autocrático ofrece a cambio «seguridad».

Por otra parte, aquellos que prometen seguridad rara vez disponen, si es que disponen alguna vez, de los medios o del poder para garantizarla. Cuando caemos en la trampa de renunciar a la libertad, únicamente recibimos lo que realmente nos ofrece el intercambio: servidumbre. Como señaló Benjamin Franklin: «Aquellos que renuncian a la libertad a cambio de seguridad no obtienen ni merecen ninguna de las dos».

De hecho, la historia nos muestra, en los países que han sufrido y siguen padeciendo dictaduras, que aquellos que ofrecen seguridad por libertad aspiran únicamente a destruir derechos colectivos que se han logrado gracias a la libertad y las acciones individuales, no gracias a la «generosidad» de un gobernante. La dictadura cubana, la de Corea del Norte o tantas teocracias de Oriente Próximo basan su opresión en la falsa figura paternalista del poder.

La iniciativa individual alcanza su máxima expresión en un entorno de libertad con responsabilidad. Eso nos permite contribuir al mayor bien de la sociedad creando un ejemplo de éxito (y también una lección, en caso de que fracasemos), así como avanzar como sociedad. Y no hay avances sin errores. Nuestro objetivo debe ser minimizarlos y aprender de ellos, porque nadie, ninguna persona o institución tiene la capacidad de eliminarlos. Aquellos que quieren que renuncies a tu libre albedrío resaltarán los riesgos, fomentando el miedo y la inseguridad para hacerte creer que eres incapaz de funcionar sin su ayuda.

Las prácticas totalitarias siempre prometen seguridad y una falsa libertad sin responsabilidad, por eso se alimentan del miedo y de la envidia. La promesa de libertad sin responsabilidad es, en realidad, una trampa de la que no hay escapatoria. Creemos que hacemos lo que queremos cuando, en realidad, hacemos lo que nos mandan.

La envidia y el miedo se convierten en las herramientas más poderosas para convencernos de que renunciemos, insisto, a nuestro don más preciado como seres humanos: el libre albedrío. Por eso, no es una casualidad que los que desean acabar con la libertad y el mérito pongan al capitalismo como el culpable de todos los males.

La inestabilidad financiera se argumenta como una de las debilidades del capitalismo. Como si pudiésemos olvidar que todos los regímenes socialistas y planificados han colapsado por quiebra y desastre económico. La inestabilidad financiera es siempre el resultado del socialismo y el estatismo, la intromisión constante y creciente del Estado en la economía. Al introducir la idea de que los ciclos económicos son anomalías y al presentarse el Estado o el ente supranacional como «salvador» que cambia y maneja los ciclos por diseño, se nos vende la falacia de la inexistencia de riesgo, y eso lleva a períodos de crisis, que no dejan de ser la consecuencia de un exceso previo que explota. El estatismo, que pone como centro de la economía al sector público y sus empresas rentistas, nos intenta convencer de que el riesgo y la destrucción creativa, esenciales para el desarrollo, son anomalías y no parte del proceso de mejora mundial. Cuando el pensamiento estatista lanza el mensaje de que no hay riesgo, disfrazándolo con tipos de interés artificialmente bajos, liquidez desproporcionada, gasto superfluo para aumentar el PIB y déficits constantes, también nos intenta hacer creer que los recortes de mañana no son el resultado de los excesos de hoy, y que los desequilibrios de hoy no generarán la crisis del futuro.

Es curioso, de nuevo, que se llame debilidad del capitalismo a políticas causadas por la planificación central. La enorme bajada de tipos de interés y el aumento artificial de liquidez, que infla burbujas y crea períodos de exceso y posterior pinchazo, vienen directamente causados por políticas de planificación central orientadas a beneficiar a los Estados que se financian a tipos artificialmente baratos. En mi libro La gran trampa (Deusto, 2017) explico que los bancos centrales no pueden seguir ignorando las burbujas y los excesos que crean con sus políticas. Lo que me parece sorprendente —e intelectualmente deshonesto— es achacar eso a problemas de capitalismo y libre mercado, cuando se debe a las políticas estatistas de planificación central.

Han sido los bancos centrales y las organizaciones supranacionales las que han roto los mecanismos de oferta, demanda y libre comercio bajo la mágica idea de que iban a controlar y gestionar los ciclos económicos desde el poder. Hemos vivido un período de exceso de políticas de demanda en el que, además, los Estados que se autodenominan defensores del libre comercio han introducido importantes barreras al comercio con todo tipo de excusas, la Unión Europea y China incluidos. Eso es mercantilismo. En realidad, estamos viviendo un período de nacionalización encubierta gradual de la economía vía política fiscal y monetaria, más parecido al socialismo que al capitalismo.

No es, por lo tanto, una sorpresa que el ciudadano medio se sienta en parte expulsado del crecimiento económico. Si la renta y el ahorro de la clase media se diluye y confisca vía políticas monetaria y fiscal, es perfectamente lógico que una parte de la población piense que el mundo está mucho peor. Lo peligroso es pensar que lo que tenemos es gratis y darlo por hecho, y aún más peligroso es pensar que la solución va a ser implementar ideologías fracasadas como el socialismo y el comunismo.

El economista de la Reserva Federal W. Michael Cox explica que «el sistema capitalista literalmente creó la clase media, y la mejor manera de mantener y mejorar nuestros niveles de vida es mantenerlo funcionando con la máxima eficiencia. La generosidad del gobierno, no importa cuán alta mentalidad o buenas intenciones tenga, no va a hacer mucho por la mayoría de las familias de clase media[7]».

El capitalismo es la causa del crecimiento de la clase media. Ningún otro sistema fortalece a las capas medias, incentiva el mérito y permite la evolución de pequeños comercios a grandes empresas. La clase media no está perdiendo peso aún de manera alarmante, y si pierde algo de peso no es por culpa del capitalismo, sino por políticas de planificación central orientadas a penalizar el ahorro y extraer rentas vía represión fiscal. La clase media siempre pierde cuando los gobiernos mundiales introducen represión fiscal y financiera desde medidas que son más socialistas que capitalistas, como disparar los déficits, aumentar impuestos y subvencionar a sectores de baja productividad mientras se destruye el ahorro vía bajadas de tipos e inyecciones de liquidez.

A la clase media se la está diluyendo con exceso de socialismo, no de capitalismo. Las políticas más repetidas desde hace dos décadas son claramente socialistas: beneficiar el exceso del sector público incentivando el endeudamiento y penalizando el ahorro, disparar el gasto público y, después, llamar a unos recortes mínimos «austeridad».

Esa clase media se ha visto golpeada por una crisis, la de 2008, negada por el poder político que la calificó como pesimismo injustificado y que, en realidad, no era más que el estallido de la burbuja previa, promovida legislativamente y desde la política monetaria por esas mismas instancias de poder. Ante ese golpe de realidad, el chivo expiatorio fue el capitalismo en general y el sistema financiero en particular. Sin embargo, la fragilidad del sistema financiero siempre ha existido, incluso antes de lo que hoy llamamos capitalismo. En mi libro La gran trampa muestro que las crisis financieras eran mucho más largas y abruptas en épocas anteriores a la llegada del sistema capitalista. Es cierto que, desde la ruptura del patrón oro, las crisis se han hecho relativamente frecuentes, pero también son menos severas. En el libro explicaremos el aspecto monetario de muchos de los descontentos actuales. No deja de ser interesante que el ciudadano medio achaque las crisis al capitalismo y caiga en la trampa de favorecer a políticos que defienden diluir y destruir el poder adquisitivo de la moneda, una medida claramente estatista encaminada a imponer desde el gobierno el monopolio de la creación de dinero por interés gubernamental.

Lo que cambió en la época de las sucesivas burbujas es la percepción del riesgo. No es culpa del capitalismo que muchos ciudadanos decidan conscientemente ignorar que toda inversión conlleva un riesgo. La pregunta es: ¿quién introduce en la mente del ciudadano la idea de que una inversión no tiene riesgo o que no pasa nada y hay que subirse a las burbujas? Y la respuesta es: los bancos centrales, que son los que buscan activamente que el ahorrador tome más riesgo por menor rentabilidad.

El ciudadano medio, tradicionalmente cauto y prudente en sus decisiones, ha recibido estímulos constantes para abandonar su propensión al ahorro y tomar riesgos excesivos con la promesa encubierta de que los Estados o los bancos centrales siempre iban a poner un colchón ante problemas graves. La sana prudencia ante los cantos de sirena se convertía en un clamor desde las entidades planificadoras centrales, los entes supranacionales y sus entidades cercanas: no ahorre, tome riesgo. La crisis de 2008 fue importante porque rompió definitivamente la confianza de los agentes económicos en los mensajes de seguridad de las entidades supranacionales. Y, ante esa pérdida de fe, ocurrieron dos cosas. La primera es que la solución de los Estados y los bancos centrales a una crisis creada por una toma de riesgo excesiva, incentivada por bajos tipos y alta liquidez, fue la de bajar los tipos y aumentar la liquidez. Los ganadores de esta nueva locura volvieron a ser los gobiernos y sus sectores cercanos. La segunda es que, con ello, y a pesar de la recuperación, se acabó la relación de confianza por parte de un amplio segmento de la ciudadanía. El estatismo monetario y fiscal perdía sus principales clientes. ¿Cómo está intentando el estatismo supranacional recuperar ahora la confianza de los ciudadanos? Comprando erróneamente el argumento populista. Muchos gobiernos de todo el mundo y varios de los sectores más rentistas han decidido abrazar las ideas populistas que les amenazaban, esperando así perpetuarse en el poder. Al blanquear ese populismo, no lo combaten, lo perpetúan.

El asistencialismo promete redención sin responsabilidad, pero nos convierte en dependientes. Alguien del gobierno nos dirá que no nos preocupemos, que ellos están ahí para solucionar la situación —con nuestro dinero—, pero, al hacerlo, nos cortan las alas, haciendo que nos resulte más difícil conseguir nuestros objetivos por nosotros mismos. Ponen más trabas a la libertad, y nos convencen de que no podemos funcionar adecuadamente sin ellos.

Se trata de algo parecido a la forma de actuar de las personas opresoras. «Solo no eres nada, no puedes hacerlo sin mí», dicen, afirmando al mismo tiempo que «nadie te querrá más que yo». Esa es la actitud paternalista opresora. Nos convertimos en clientes y rehenes de la supuesta generosidad que recibimos.

Un individuo verdaderamente libre es aquel que es plenamente consciente de las consecuencias de sus actos y que tiene capacidad para elegir qué acciones emprender. Un auténtico esclavo es aquel que rechaza la responsabilidad y se siente libre cuando se le permite alimentarse con las migajas que le dejan. Aunque, como hemos dicho, el miedo y la envidia son herramientas esenciales para destruir la libertad, la auténtica puntilla es suprimir la responsabilidad. Los promotores del totalitarismo nos presentan esta servidumbre como necesaria por nuestro propio bien, y utilizan palabras como social, solidaridad, justicia e igualdad para lograr todo lo contrario. Pero, cuando fracasan, cosa que siempre sucede, ya están en el poder y, lo que es más importante, recurren a un socorrido chivo expiatorio: el enemigo exterior.

El totalitarismo que se nos vende como lo mejor «para el bien común» y como la solución «social, justa e igualitaria» tiene que hacer que nos sintamos mal por nuestro deseo natural de desarrollarnos, mejorar y alcanzar nuestro potencial individual. Lo llaman avaricia.

Sin embargo, avaricia es acumular cantidades crecientes del fruto del trabajo, del ahorro y de la inversión de los ciudadanos para las arcas del administrador gubernamental, que se presenta como un salvador con el dinero ajeno y como un libertador con la libertad ajena. No existe nada más avaro, además, que el concepto de «justicia social», porque parte de una falacia para justificar una inmoralidad. La falacia es que el crecimiento económico, la generación de riqueza, es un juego de suma cero y que para que unos ganen, otros tienen que perder. Es decir, que si alguien se ha hecho rico es porque ha hecho pobres a otros. Por ejemplo, en algunas ocasiones he escuchado que Steve Jobs se hizo multimillonario a costa de hacer pobres a los ciudadanos chinos que construyen los dispositivos que él diseñó. Quienes opinan así se olvidan de que, gracias a inversiones como las de Jobs en China, esos ciudadanos son hoy más ricos y prósperos, como también lo son los trabajadores de Apple que se han multiplicado y beneficiado de la revalorización de las acciones con las que les entregan parte de su remuneración. Tampoco tienen en cuenta el beneficio para terceros: usted y yo compramos dispositivos móviles de una calidad, unas prestaciones y un precio que hace veinte años no podríamos haber soñado. ¿Suma cero? Esto es simplemente una falsedad.

El crecimiento económico no solo no ha sido una suma cero, sino que la mejora de condiciones de vida, de riqueza y de acceso a salud, educación y bienes y servicios se han multiplicado para miles de millones de ciudadanos. En este libro explicaremos cómo el desarrollo económico, la productividad y la eficiencia benefician a la inmensa mayoría. La inmoralidad es llamar justicia social al robo, y que un grupo de políticos y mal llamados intelectuales, que jamás han creado una empresa ni un empleo, se arroguen la facultad de determinar cuánto debe usted ganar y cuánto merece. Estas personas deciden que hay que redistribuir el fruto del éxito de Steve Jobs, por ejemplo, y dárselo a gente que, como ellos, no han tomado riesgo ni creado nada ni generado bienestar. Eso no es justicia, es una inmoralidad. Porque la justicia y la fiscalidad progresiva ya existen, la redistribución ya existe. Cuando hablan de «justicia social», hablan de la mayor inmoralidad posible: la confiscación de los frutos del progreso para beneficio del poder político. Penalizar el mérito y el éxito para premiar la mediocridad no es justicia social, es inmoralidad política. La gran conquista del capitalismo es que no solo premia el genio de alguien como Steve Jobs, sino que su éxito permite a su vez que millones de personas accedan a puestos de trabajo de mayor calidad y mejoren sus condiciones de vida.

El socialismo no solo penaliza el mérito, sino que supedita a la población a ser dependientes del poder político. La promesa de igualdad de un gobierno intervencionista es la receta para el estancamiento, ya que los gobiernos solamente pueden igualar por abajo; solo pueden empobrecer a los ricos, nunca enriquecer a los pobres, de modo que perjudican a todo el mundo. Ninguna nación ha hecho más ricos a los pobres haciendo pobres a los ricos.

Defender la libertad individual no significa que ignoremos a la sociedad. La sociedad es el resultado de una elección personal y consciente por la cual unimos por iniciativa propia nuestras necesidades y objetivos individuales y decidimos invertir en una forma de mejorar nuestras vidas. En última instancia, esto proporciona mejores resultados a la inmensa mayoría de la gente.

El Estado no es el gobierno, y la sociedad no es lo que decidan los políticos. El Estado, que debe ser una comunidad de seres humanos libres que conforma una base de reglas de conducta y políticas encaminadas al bien común y a fortalecer la libertad y la capacidad de cada individuo de conseguir su desarrollo personal y familiar, se ha convertido en una especie de religión que impone la voluntad de una minoría sobre los demás. Estamos ante el Estado como nuevo Dios, «la nueva divinidad ante la cual se protesta y se pide reparación cuando no satisface las expectativas que ha creado», según explica Hayek[8], o como un Rey Mago, no como un instrumento de convivencia.

Como explicaba Frédéric Bastiat en su breve ensayo La ley[9], de 1850, «la sociedad es el conjunto de servicios que los ciudadanos prestan, servicios públicos y privados […]. Ninguna sociedad puede existir si en ella no reinan las leyes en alguna medida; pero lo más seguro para que las leyes sean respetadas es que sean respetables. Cuando la ley y la moral se contradicen, el ciudadano se encuentra ante la cruel alternativa de perder la noción de moral o perder el respeto a la ley. Dos desgracias igualmente grandes entre las cuales es difícil elegir».

La sociedad no trata de hacer que las personas sean iguales, exigiendo que renunciemos a nuestros derechos individuales. La sociedad no ha sido creada para eso, sino para que todos seamos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. La sociedad y el libre albedrío no son enemigos. La sociedad y el poder absoluto sí lo son.

En los próximos capítulos repasaremos todos los conceptos antes descritos, desmontaremos mitos falsos y desvelaremos trampas utilizadas para arrebatarnos la libertad.

Cómo crear la máxima transferencia de riqueza al Estado

Probablemente habrás oído o leído en incontables ocasiones que «el Estado no es como una familia o una empresa».

Estoy seguro de que, de diferentes formas, habrás escuchado que «el Estado tiene que gastar cuando otros ahorran», que «los déficits no importan porque la deuda pública no se tiene que pagar» y que «los Estados pueden incrementar su deuda tanto como deseen porque pueden imprimir todo el dinero que quieran».

Si te dijera cualquiera de esas frases refiriéndome a un amigo, una familia o una empresa, te reirías a carcajadas. Esos mensajes son tan ilógicos que la única manera de hacer que suenen remotamente aceptables es partiendo de una premisa falsa: el Estado no es como tu familia.

¿No lo es? La familia es el agente económico más social que existe. Nosotros, como padres, sacrificamos voluntariamente una parte de nuestras vidas, de nuestra riqueza y de nuestro tiempo para ayudar a nuestros hijos y a nuestros mayores.

¿Cómo lo hacemos? Ahorrando y siendo austeros, tomando decisiones difíciles…, y no despilfarrando y endeudándonos. Por eso, formar una familia no significa perder oportunidades de hacer lo que queremos; es una inversión que, en muchas ocasiones, aporta más alegría y satisfacción personal que cualquier entretenimiento o placer individual. Es una decisión personal adoptada desde la libertad con responsabilidad.

¿Cómo una familia, en la que al menos una tercera parte de sus miembros no son contribuyentes desde un punto de vista económico, logra el éxito y permite que todos avancen y mejoren? Ahorrando.

Ahora, imagina por un segundo que los padres —el «gobierno» del agente más social que existe, la familia— deciden gastar todo lo que quieren porque saben que su hijo o sus hijos lo pagarán algún día. Cualquiera de nosotros consideraría a esos padres irresponsables, ineptos o incapaces.

Sin embargo, para hacer que la gente acepte la falacia de que un agente económico no tiene que ahorrar ni pagar sus deudas porque puede pasarle la factura a la siguiente generación, tenemos que fomentar la idea absolutamente ilógica de que «el gobierno es diferente».

El llamado «contrato social», gastado por quienes lo firmaron y pagado por quienes no lo hicieron

La existencia de un contrato social que realmente funciona es muy evidente en las comunidades pequeñas y familias. La inversión en asistencia social y educación se considera una forma de prosperar y sobrevivir. Sin embargo, para hacer que esa comunidad o familia se desarrolle y sobreviva, las inversiones en asistencia social tienen que hacerse a partir de los ahorros o, de lo contrario, todo el agente económico acabará desplomándose tarde o temprano.

El hecho de que el gobierno esté «gestionando» una comunidad mucho mayor no hace que esté aislado de la lógica económica; más bien al contrario.

La falacia del intervencionismo se basa en el argumento de que los gobiernos o los Estados no son iguales que las familias porque son mucho más grandes y complejos. Eso indicaría que los gobiernos tendrían que ser más prudentes y económicamente equilibrados que las familias, no al contrario. Deberían ser incluso más responsables y austeros.

Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno gaste y se endeude sin cesar? Porque tiene el control y el monopolio de gravar con impuestos a sus ciudadanos y destruir el poder adquisitivo de la moneda.

Muchos dirían que los impuestos son el precio de la civilización. Del mismo modo que una familia invierte en asistencia social, educación y defensa al ahorrar y ser eficiente, el gobierno, si quiere promover la civilización y defender una sociedad libre y justa, tiene que tener un sistema tributario que sea aceptable por todos los agentes económicos a los que sirve. Además, requiere un nivel de gasto aceptable por todos como inversión para crear una sociedad mejor.

La cantidad de gasto no deberían decidirla los gobiernos ni los expertos que, a menudo, viven del gasto público. Deberían decidirla los propios ciudadanos, analizando si dicho gasto favorece u obstaculiza el crecimiento. Sin ese análisis y esa toma de decisiones, se trata únicamente de confiscación.

La razón es que el sector público no existe sin un sector privado pujante y fuerte. En consecuencia, el gasto público no debería decidirlo quien gasta, sino el cliente, el contribuyente.

Cuando el gasto público sobrepasa el servicio público solamente para perpetuarse, entonces es confiscatorio y no hace más que alimentar la administración pública. Como dijo el autor Dale Dauten: «La burocracia es un monstruo que se da a luz a sí mismo y exige la baja por maternidad[10]».

Dos medios de confiscación

La represión tiene lugar a través de la confiscación. En primer lugar, mediante impuestos que sobrepasan los servicios que proporcionan los gobiernos; y en segundo término, mediante la política monetaria.

Mientras que una familia ahorra para cubrir sus necesidades sociales, un gobierno intervencionista en realidad confisca para cubrir sus necesidades políticas y burocráticas. Eso se lleva a cabo imprimiendo dinero y con una fiscalidad extractiva. Cuando un gobierno tiene el monopolio de la emisión de moneda, se trata simplemente de una forma de transferir riqueza de los ahorradores al gobierno. De hecho, si imprimir dinero fuera bueno para la economía, la falsificación de billetes sería legal. Pero, evidentemente, no lo es.

¿Por qué es legal imprimir más moneda (aumentar la masa monetaria) de la que se demanda si lo hace el Estado y no si lo hace usted en su impresora doméstica? Porque el que se beneficia de la destrucción del poder adquisitivo de la moneda es el primer receptor de esa moneda: el gobierno. Por eso exige el monopolio de la emisión de dinero.

Así que, en esencia, el gobierno sigue la misma lógica económica que una familia o una empresa, solo que tiene la capacidad de confiscar rentas futuras y actuales mediante la represión monetaria o fiscal para financiar su gasto. Esto, a su vez, funciona únicamente hasta que los hijos de esta familia extractiva —los ciudadanos— dicen: «¡Basta ya!».

Además, al fomentar la deuda e ignorar la responsabilidad fiscal, el gobierno promueve la idea de que la falta de responsabilidad no es un problema. Se demoniza el ahorro, se penaliza el mérito y se premia el despilfarro. Mediante la irresponsabilidad fiscal y monetaria, el gobierno crea gradualmente herramientas capaces de esclavizar. Porque, como en cualquier intento de lograr el control absoluto, será el gobierno el que se presentará como el salvador a cambio de otra porción más de libertad y libre albedrío.

Destrucción de la clase media

Planes de estímulo…, con tu dinero.

«Estabilizadores automáticos»…, con tu dinero.

«Programas» sociales…, con tu dinero.

Al creer que la solución al fuerte endeudamiento es más endeudamiento y la receta contra el malgasto es más gasto, las sociedades se vuelven más frágiles y menos prósperas, y se destruye su clase media.

¿Por qué es la clase media el objetivo de los gobiernos extractores? Porque supone el grueso de la población, representa al sector de los ciudadanos que tiene propensión al ahorro, para cubrir las necesidades de sus hijos y mayores; en definitiva porque es el «cliente cautivo». No puede escapar de la represión financiera rápidamente como lo puede hacer un multimillonario. La clase media es la que, ante una mayor represión fiscal y monetaria, solo puede defenderse trabajando más duramente. Esto no es lo que sucede con una parte del segmento de los más ricos, que son también habitualmente los más endeudados y, en ocasiones, cómplices de la irresponsabilidad fiscal del gobierno, ni con los pobres, que a menudo no disponen de medios para ahorrar. La alegoría de «los ricos» es la excusa con la que se convence a la clase media para subirles los impuestos a todos.

El cuento de demonizar las rentas altas empieza por el lenguaje. «Rentas altas». ¿Quién define «altas»? El concepto parte de hacer creer al que lo lee o escucha que es una renta injusta o desproporcionada. No dicen «las rentas más productivas» o «las rentas mejor remuneradas», no. Dicen «rentas altas»; para que pienses que son malvados explotadores.

Piensa, por ejemplo, en Amancio Ortega, creador y accionista principal de Inditex y uno de los hombres más ricos del mundo. Nace, y para el populismo es clase trabajadora y pueblo. Empieza a trabajar duramente, y todavía es clase trabajadora y pueblo. Empieza a tener éxito, y es «renta alta». Ya no es clase trabajadora, vaya por Dios, ni pueblo. Tiene un enorme éxito y ha dejado de ser clase trabajadora, pueblo o renta alta para convertirse en malvado demonio del populismo. ¿Qué ha cambiado? Nada. Solo la demonización del mérito y el éxito. El señor Ortega es tan clase trabajadora y pueblo como usted y yo. La razón por la que se odia a quien tiene éxito es porque demuestra que no necesita al intervencionista para que le solucione la vida.

El contribuyente medio paga en España un poco más de 12 000 euros al año en impuestos, de modo que, en 2018, destinó 177 días a cumplir con Hacienda. Sin embargo, la factura de las rentas altas es muy superior. Si partimos de un contribuyente soltero y sin hijos que gana 150 000 euros brutos al año, vemos que paga 84 000 euros al año, 180 días destinados a cumplir con Hacienda, una «cuña fiscal» del 48,25 por ciento en las comunidades autónomas de régimen común, y que asciende al 50,43 por ciento en el País Vasco y al 53,11 por ciento en Navarra. El término «cuña fiscal» hace referencia exclusivamente al pago del IRPF y de las cotizaciones sociales (incluyendo las cuotas del trabajador y de la empresa), no a todos los otros impuestos que se pagan por inmuebles, patrimonio, etc., ni a los indirectos, como el impuesto sobre el valor añadido (IVA[11]).

En España, el número total de contribuyentes que ganan más de 150 000 euros al año asciende a solo 99 582 (el 0,5 por ciento del total[12]). Con menos de 9500 contribuyentes que ganan más de 600 000 euros al año, y con menos de 7000 ciudadanos considerados «grandes patrimonios», España es uno de los países con menos ricos —y estos con menos patrimonio neto total— de entre los Estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE[13]). Y, sin embargo, los populistas nos quieren convencer de que 99 582 personas van a pagar miles de millones adicionales y anuales para cubrir los excesos presupuestarios prometidos en campaña electoral.

Según el Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos, el 10 por ciento superior de todos los contribuyentes norteamericanos paga el 71 por ciento del total de los impuestos sobre la renta, mientras que solamente percibe el 43 por ciento del total de los ingresos[14].

Unos 1500 ciudadanos norteamericanos pagaron más en impuesto de la renta que los 71,6 millones que conforman el 50 por ciento inferior. En 2017, el 0,001 por ciento pagó más de 61 800 millones, y el 50 por ciento inferior, unos 50 000 millones de dólares[15].

Estamos ante una guerra de odio al mérito, al éxito y a la prosperidad. El odio populista a la gran empresa o a los salarios superiores no es la defensa del pueblo o el pequeño empresario. Es la constatación de la envidia al éxito. Porque la definición de «rico» y gran empresa se va rebajando hasta que tú mismo puedes parecer un Onassis y un kiosco de barrio puede parecer la empresa ExxonMobil.

En España tenemos aproximadamente 600 000 personas que ganan más de 60 000 euros, y a esos les llaman «ricos». El número de contribuyentes que ganan más de 150 000 euros al año en España es solo de 99 582, según datos de la Agenica Tributaria en 2018 (el 0,5 por ciento del total); y ese año solo hubo 9344 personas que ganaron más de 600 000 euros al año. Esas personas ya pagan un impuesto de la renta marginal cercano al 49 por ciento, incluidos tramos autonómicos, impuestos sobre el patrimonio, inmuebles, directos e indirectos. Las grandes empresas son menos del 0,17 por ciento del total (solo 4864 empresas), según datos del Ministerio de Trabajo, en abril de 2019, y pagan una media de impuesto de sociedades sobre su base imponible del 19 por ciento. Y unas 750 empresas contribuyen a la inmensa mayoría del impuesto sobre sociedades. En tamaño, esas empresas son hasta un 30 por ciento más pequeñas que la media de los grandes grupos de nuestros países comparables, pero las llaman «grandes empresas». Las empresas españolas son fundamentalmente pequeñas y medianas y, encima, más pequeñas que la media de las economías comparables a la nuestra.

El que piense que el 0,5 por ciento de los contribuyentes y el 0,1 por ciento de las empresas va a sufragar decenas de miles de millones de euros anuales y adicionales a lo que ya pagan, y a sostener al 99 por ciento y pico restante, tiene un problema con la estadística, las matemáticas y la historia. Lo vas a pagar tú.

La fiscalidad confiscatoria es devastadora para el Estado del Bienestar, el crecimiento y el empleo. Porque los impuestos confiscatorios generan un efecto depresor, y estamos sobrepasando ese nivel con el cuento de que «hay margen».

Cuando los impuestos son demasiado elevados para las personas con mayores ingresos, la recaudacion del gobierno se resiente porque se recaudan menos impuestos sobre sociedades y sobre el consumo. Además, la falta de crédito perjudica el sistema financiero. Las clases baja y media son las que más sufren, porque tanto las inversiones —la asunción de riesgos por parte de las empresas— como la creación de empleo disminuyen[16].

Sin embargo, resulta políticamente ventajoso acusar a los ricos de ser malvados y carecer de conciencia social. Nada resulta más rentable políticamente que mantener a los pobres alejados de la escala social y echarles la culpa a los ricos. Mientras tanto, el gobierno subvenciona a las empresas que considera que son «estratégicas»; es decir, próximas al gobierno, las cuales apenas pagan impuestos. Fijémonos en las compañías industriales semiestatales que se mantienen con vida por «razones estratégicas». Muchas compañías «estratégicas» reciben más dinero en subvenciones del que pagan en impuestos. No son las únicas que reciben exenciones tributarias.

Pensemos por un momento por qué en el debate económico los políticos demonizan constantemente a las grandes empresas y sin embargo no se discuten las enormes subvenciones a los mal llamados sectores estratégicos. Nadie dice «se pierden decenas de miles de millones en ingresos fiscales por subvencionar al automóvil alemán, la agricultura francesa o las empresas semiestatales ineficientes[17]». Es más fácil culpar al enemigo exterior y acusar a las empresas norteamericanas de tecnología.

El lector podría argumentar que esas subvenciones son importantes para crear empleo y mantener industria. Aceptemos el argumento. Si es así, ¿por qué le parece al lector mal que empresas que crean mucho más empleo, tecnología e industria tengan una fiscalidad competitiva?

¿Por qué prefieren dar subvenciones a bajar impuestos? Porque la rebaja fiscal da poder a la sociedad civil y las subvenciones dan poder al Estado.

El mensaje de cobrar impuestos a los ricos para resolver los problemas del gasto de miles de millones no es más que una forma de avanzar en pos del control total, creando clientes entre los votantes con ingresos bajos y creando un grupo de empresas que se beneficien por ser próximas al gobierno; dicho de otro modo: amiguismo. Por eso, los gobiernos recurren siempre a la falacia de cobrar más impuestos a los ricos y a las empresas que no son de su «cuerda» para hacerse con el control total y destruir la libertad[18].

Esto no significa que quienes obtengan ingresos elevados no tengan que pagar en su justa medida. Significa que el truco de magia que nos hacen a todos consiste en que nos fijemos en una mano (los ricos) cuando el truco está en la otra (el exceso de gasto y el aumento del intervencionisno y del control por parte del gobierno).

Cualquiera que haga el cálculo sabrá que es imposible recaudar cientos de miles de millones de unos cuantos miles de personas. El subterfugio funciona del siguiente modo:

En primer lugar, dices que vas a cobrar impuestos a los ricos para generar miles de millones que gastarás en «economía social» y redistribuirás entre los pobres.

En segundo lugar, gastas miles de millones en programas de corte político y administración burocrática.

En tercer lugar, anuncias que las estimaciones iniciales de ingresos fiscales no se han cumplido (utilizando como excusa la «evasión fiscal», no que las previsiones hubieran sido sacadas de la manga).

En cuarto lugar, observas cómo aumenta el déficit; aunque bajes los tipos e imprimas dinero, la deuda se multiplica.

En quinto lugar, subes los impuestos a la clase media.

En sexto lugar, te presentas de nuevo como el salvador. ¡Vas a subir de nuevo los impuestos a los ricos!

Por último, el gobierno sigue sin asumir la responsabilidad y los contribuyentes pagan. (Repetir la secuencia.)

Es simplemente perfecto; el mejor truco de magia que se ha realizado nunca.

Si cobrar impuestos a los ricos fuese la solución al endeudamiento elevado, la desigualdad y el exceso de gasto, a estas alturas, el mundo ya no tendría esos problemas[19].

Además, es bastante irónico que los políticos mencionen países como Dinamarca como modelo de conducta para España o Estados Unidos. Comparar un país con unos seis millones de personas con otro con una población de 47 millones o de 320 millones no tiene sentido. Irónicamente también, los mismos políticos que dicen que Estonia o Irlanda no pueden ser un ejemplo de impuestos bajos y crecimiento para Estados Unidos porque son demasiado pequeños, siguen manteniendo a Dinamarca como ejemplo en materia de impuestos y gasto en asistencia sanitaria (olvidando, a su vez, que Dinamarca es uno de los primeros países en cuanto a libertad económica[20] y uno de los que ocupan los primeros puestos en cuanto a desigualdad de la riqueza[21])..

La excusa de la desigualdad: una oportunidad para el intervencionismo

Nadie ha muerto nunca por causa de la desigualdad. Sin embargo, muchos han perecido a causa de la pobreza.

La igualdad no debería ser un objetivo, sino un resultado. El intervencionsimo, con sus aspiraciones totalitarias, nos ha hecho creer que los resultados son objetivos de política pública, desde la inflación hasta la igualdad. Sin embargo, el resultado de las políticas de igualdad impuestas es justamente el contrario.

Como concluye un estudio sobre «la paradoja de las políticas de redistribución[22]» realizado por profesores del Instituto Sueco de Investigaciones Sociales, «cuanto más nos centramos en los beneficios de los pobres y más nos preocupamos por conseguir la igualdad a través de transferencias públicas iguales para todos, menos probabilidades tenemos de reducir la pobreza y la desigualdad».

Este análisis sí que indica que algunas políticas de redistribución son positivas, como una inversión para ayudar a los desfavorecidos a mejorar su situación y salir de la pobreza. Sin embargo, las que perpetúan la pobreza simplemente crean clientes rehenes.

El economista estadounidense Thomas Sowell lo explicó muy bien en un artículo aparecido en diversos medios:

Incluso cuando tienen potencial para convertirse en miembros productivos de la sociedad, la pérdida de prestaciones sociales en caso de que lo intenten es un «impuesto» implícito sobre lo que ganarían que, a menudo, supera el impuesto explícito que se aplica a un millonario. Si aumentar tus ingresos en 10 000 dólares te provocase una pérdida de 15 000 dólares en prestaciones públicas, ¿lo harías? En pocas palabras, el Estado del Bienestar de las políticas de izquierda hace que la pobreza resulte más cómoda, penalizando al mismo tiempo los intentos de salir de ella[23].

En Europa, la desigualdad se usa a menudo como excusa para promover el intervencionismo más rancio y el dirigismo político. De hecho, la Unión Europea (UE) es un ejemplo de medidas asistenciales y subsidios que no reducen la desigualdad, sino que hacen que se perpetúe el principal problema a la hora de reducir la desigualdad, concretamente el desempleo.

La desigualdad (medida por el coeficiente de Gini, una fórmula que calcula los niveles de distribución en una escala de 100 puntos, donde 0 es la igualdad perfecta) se situaba en 30,6 en los 27 países de la UE, mientras que se gastaba el 1 por ciento anual del producto interior bruto (PIB) en políticas sociales, según Eurostat.

Entre 2004 y 2011, la desigualdad no mejoró, mientras que el gasto en proyectos sociales, planes de estímulo y toda clase de medidas «proteccionistas» se disparó. Mientras tanto, el nivel de desempleo fue el doble que en las economías principales, como Estados Unidos, Reino Unido y Japón.

Gráfico 1 Un alto grado de libertad económica significa mayor igualdad

FUENTE: The Heritage Foundation.

La solución al desempleo no es hacer que la pobreza resulte llevadera, con políticas que solamente pretenden crear clientes cautivos —votantes—, sino permitir el crecimiento. En lugar de gastar miles de millones de fondos públicos para reducir la desigualdad, lo que necesitamos es un millón de empresas más y la libertad para permitirles crecer.

Quienes creen que más impuestos y más gasto público reducirán la desigualdad se enfrentan a dos problemas: la historia y la estadística.

La desigualdad en España no crece, está en el nivel más bajo desde 2008.

En 2004, la desigualdad en España medida por el coeficiente de Gini (de 0 a 100) estaba en 32,9 (siendo 100 la desigualdad absoluta), la media de la UE. Aumentó hasta el 34,6 en 2011, con miles de millones gastados en planes «sociales», y está cayendo desde 2014. Para los amnésicos que dicen que la desigualdad ha aumentado en España, hay que señalar que, en 2017, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el informe Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), la desigualdad cayó hasta un coeficiente de Gini de 33,2[24], el valor más bajo desde 2008.

La UE, a pesar de gastar casi el 1 por ciento del PIB en «políticas de empleo», no ha conseguido reducir su nivel de desempleo hasta situarlo al nivel de los estándares de las principales economías. Por otra parte, países que son considerados «modelos» de gasto público y redistribución presentan niveles de desigualdad más elevados. Los países europeos con mayor desigualdad en lo que se refiere a la riqueza total son Dinamarca (0,89), Suecia (0,81), Austria (0,78) y Alemania (0,78[25]).

El economista escocés Angus Deaton, galardonado con el Premio Nobel en 2015, lo explicó en un artículo muy provocativo en The Economist, cuyo título traducido sería: «Si el Estado abandonara el negocio de la redistribución: sin gobiernos, ¿los países tendrían más desigualdad o menos?»[26]. Deaton dice en él: «La OCDE calcula que, como media, entre sus miembros, los programas de impuestos y transferencias reducen el coeficiente de ingresos de Gini (un índice de la desigualdad) en una cuarta parte»; pero la realidad es que, debido a la búsqueda de rentas y la ineficiencia, la redistribución se detiene. Y Deaton concluye: «Es posible que la democracia estadounidense actual se haya visto dañada hasta el punto de redistribuir por arriba, no por abajo. El argumento libertario en favor de menos intervencionismo por parte del Estado no debería considerarse necesariamente un argumento a favor de los ricos».

Gráfico 2 Libertad económica e ingresos: la libertad económica genera mayores ingresos para todos

NOTA: las cifras per cápita no estaban disponibles para Armenia, Bahamas, Baréin, Bosnia-Herzegovina, República Democrática del Congo, Cuba, Yibuti, Irak, Corea del Norte, Kuwait, Líbano, Libia, Malta, Omán, Catar, Surinam, Taiwán, Tayikistán, Emiratos Árabes Unidos y Yugoslavia. Las cifras de PIB per cápita están en dólares internacionales de 2000, y son de 1999.

FUENTE: indicadores del desarrollo mundial, Banco Mundial, 2001.

Además, la desigualdad y la pobreza no se encuentran en su máximo histórico[27]. El mundo es más rico y más equitativo[28], tal como muestra Max Roser en su excelente estudio. Así que, ¿por qué nos preocupamos por la desigualdad? Muchos intervencionistas hacen referencia a la «desigualdad dentro del propio país» —es decir, en qué medida es desigual un país comparado consigo mismo—. No solo se trata de un concepto con poca visión de futuro, sino también completamente xenófobo, por no mencionar que se trata también de un concepto muy intervencionista que tiende a ocultar los programas proteccionistas. El objetivo debe ser continuar con la reducción de la pobreza y el aumento de la prosperidad mundial y especialmente en los países pobres. La desigualdad se reduce con mayor empleo y más crecimiento, no olvidando a los pobres del mundo para buscar un igualitarismo imposible en los países desarrollados.

Los datos muestran claramente que el capitalismo y la competencia reducen la desigualdad. Un excelente estudio realizado por Tomas Hellbrandt, del Banco de Inglaterra, y Paolo Mauro, del Fondo Monetario Internacional, demuestra cómo la desigualdad global está reduciéndose rápidamente, a medida que los países emergentes reducen sus índices de pobreza mucho más rápido que las economías desarrolladas[29].

Si alguien no tiene trabajo, no hay ninguna política de redistribución que saque a esa persona de la pobreza. Por tanto, la herramienta más clara de redistribución y de estabilización de la igualdad es el empleo.

Sin embargo, no podemos hablar simplemente de la igualdad como un concepto único. Venezuela es aparentemente muy igualitaria, pero uniformemente pobre. Dicho país es un desastre económico. Cuba es aparentemente muy igualitaria, y el salario medio allí es de unos 21 dólares mensuales. El socialismo crea igualdad a través de la pobreza. Sin embargo, los ciudadanos chinos son hoy claramente más ricos y prósperos, pero China es ligeramente más desigual que hace una década.

Por el contrario, Estados Unidos ha sido históricamente un claro ejemplo de desigualdad positiva. «Imitar la desigualdad» —donde quieres dar lo mejor de ti y hacer que a los demás les parezca que «lo has conseguido»— es una fuerza positiva. Es lo que llamamos el sueño americano. La razón por la cual millones de personas emigran a Estados Unidos es la promesa de igualdad de oportunidades, no de igualdad. Muy pocos emigran alguna vez a países socialistas. De hecho, los gobiernos de esos regímenes gastan grandes sumas de dinero para tratar de impedir que los ciudadanos huyan.

Es cierto que la sociedad de Estados Unidos es más desigual que la de la UE. No mucho más, tan solo alrededor de ocho puntos medidos según el coeficiente de Gini. De hecho, si consideramos que un coeficiente de Gini de 100 indicaría una desigualdad absoluta, Estados Unidos, con 41,5 sobre 100, sería una sociedad bastante equitativa.

Pero, sobre todo, la desigualdad de Estados Unidos se ha exagerado históricamente[30]. A medida que analizamos los datos más profundamente, vemos que la sociedad estadounidense es más igualitaria de lo que podríamos pensar y mucho más próxima —e incluso más igualitaria— que la de algunos países de la UE en términos de ingresos de mercado (ingresos antes de impuestos directos y transferencias[31]). Y, lo que es más importante, la medida de la desigualdad después de impuestos y después de beneficios en Estados Unidos también está sobredimensionada. ¿Por qué? Porque la UE incluye transferencias que proceden directamente de la redistribución por parte del gobierno, mientras que los datos de Estados Unidos no incluyen el efectivo que reciben los ciudadanos pobres para aliviar su pobreza ni las ayudas en especie, como Medicaid (de cobertura médica), Section 8 (de asistencia al alquiler) o el programa de cupones para alimentos SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program).

El revolucionario artículo académico de investigación «Measuring income and wealth at the top using administrative and survey data[32]», de Jesse Bricker, Alice Henriques y John Sabelhaus, de la Junta de la Reserva Federal, y Jacob Krimmel, de la Universidad de Pensilvania, explica: «Un cálculo profusamente citado de Saez y Zucman (2016) estima que la proporción de riqueza en manos del 1 por ciento superior se incrementó en 13 puntos porcentuales, pasando del 29 por ciento en 1992 al 42 por ciento en 2013. El nuevo y más concluyente estudio de Bricker et al. muestra que la proporción de ingresos aumenta únicamente 6 puntos a lo largo de ese mismo período, hasta situarse justo por debajo del 34 por ciento en 2012. En la misma línea, Piketty y Saez (2003, actualizado) estiman que la proporción de ingresos en manos del 1 por ciento superior aumentó 10 puntos, pasando del 13 por ciento, en 1991, al 23 por ciento, en 2012, mientras que el nuevo estudio de Bricker et al. muestra únicamente un incremento de 7 puntos porcentuales hasta el 18 por ciento en 2012[33]».

La pregunta, por tanto, es: ¿por qué habría alguien de exagerar las acusaciones de desigualdad de ingresos? Respuesta: para imponer el intervencionismo, no para reducir la pobreza. El objetivo, a menudo, es crear un discurso retórico y público que señala la creación de riqueza, a los ricos y al capitalismo como los enemigos. La «solución» es la intervención del gobierno. Para lograr ese objetivo es esencial exponer datos exagerados.

Cabría pensar que exagerar los datos sobre desigualdad no es algo malo si despierta conciencias y si, además, las políticas de redistribución se miden en términos de beneficios, no de costes. Sin embargo, cuando el objetivo del debate sobre la desigualdad es demonizar a los ricos, culpar al sistema de libre mercado y situar el control gubernamental en los primeros puntos del orden del día, uno empieza a entender que el verdadero objetivo no es reducir la pobreza, sino perpetuarla, creando más ciudadanos dependientes de la asistencia pública.

Los beneficios de los programas de asistencia social adecuados son innegables. Las medidas que decidimos colectivamente para aliviar la pobreza y ayudar a los desfavorecidos son una buena inversión en la sociedad. Genera menos costes en seguridad, mejores oportunidades para todos y una sociedad más próspera. El problema es el exceso de intervención.

Con todo, a pesar de la percepción de desigualdad, hay más personas que quieren emigrar a Estados Unidos que a Europa[34].

La sociedad de Estados Unidos es una sociedad más próspera, ampliamente considerada como una fuente de oportunidades más atractiva. Según un informe sobre emigración mundial de las Naciones Unidas de octubre de 2013, Estados Unidos es el país que atrae el mayor número de emigrantes, un 20 por ciento del total:

Estados Unidos ha sido considerada durante mucho tiempo «la tierra de las oportunidades», el seno del sueño americano. Tratándose de la principal economía del mundo, con sus infraestructuras bien desarrolladas y su elevada movilidad educativa y social, no es difícil apreciar su atractivo. Acoge a casi el 20 por ciento de los emigrantes de todo el mundo y cuenta con una enorme mezcla de razas, culturas y tradiciones. A pesar de las políticas públicas drásticas en contra de la inmigración ilegal, sigue aceptando muchos más inmigrantes internacionales que cualquier otro lugar del mundo, y parece que la tendencia continuará[35].

La mayor desigualdad es la que existe entre los contribuyentes y el gobierno

Con un aumento del gasto público que absorbe el 40 por ciento del PIB en la OCDE, según el Banco Mundial, y una carga impositiva en su máximo histórico[36], el gasto gubernamental ha pasado de ser un medio de creación de tejido social y de apoyo a los más desfavorecidos a convertirse en una carga para el crecimiento y una herramienta confiscatoria que impide que las empresas y la clase media prosperen. La desmesurada proporción del tiempo de trabajo que dedican los contribuyentes a pagar impuestos es un claro ejemplo de ello. En 2019, en Estados Unidos, el tax freedom day (o «día libre de impuestos»), que representa la fecha en que se estima que los trabajadores, en su conjunto y en media, habrán pagado la carga fiscal global de la nación, fue el 16 de abril (en 2017 fue el 21 de abril[37]). Eso significa que el contribuyente estadounidense medio pasa 105 días trabajando para cumplir con sus obligaciones fiscales (110 en 2017). Cualquier análisis de los servicios recibidos muestra claramente que la carga es asfixiante, no un servicio público. En la Unión Europea (UE), de media, el día libre de impuestos es en junio, mientras que algunos países, como Bélgica, trabajan para pagar impuestos hasta agosto, entre seis y ocho meses del año, solo para hacer frente a la factura impositiva.

Todos queremos gozar de igualdad de oportunidades. Sin embargo, copiar a la UE únicamente llevará a Estados Unidos a caer en la misma trampa de deuda y escaso crecimiento[38].

Los «verdaderos» datos de la Unión Europea

La canciller alemana Angela Merkel solía decir que «la Unión Europea se compone del 5 por ciento de la población mundial, el 25 por ciento de su PIB y el 50 por ciento del gasto en prestaciones sociales[39]».

Los verdaderos datos son aún más preocupantes.

Según el Banco Mundial y la OCDE, en 2016 la Unión Europea (UE) representaba:

el 7,2 por ciento de la población mundial,

el 23,8 por ciento del PIB mundial,

y el 58 por ciento del gasto en prestaciones sociales del mundo.

Es insostenible.

La carga fiscal media sobre los trabajadores fue del 44,9 por ciento en 2016, según Eurostat. Como hemos apuntado, el trabajador medio de la UE trabaja medio año para el recaudador de impuestos. En cambio, en Estados Unidos, la carga fiscal es del 31,7 por ciento[40]. Los impuestos representan el 41 por ciento del PIB de la eurozona[41]; en Estados Unidos, el 26 por ciento[42].

La facilidad para hacer negocios en la UE sigue siendo menor que en las principales economías del mundo, según el Banco Mundial. La burocracia es asfixiante. Por término medio, la UE aprueba 80 directivas, 1200 regulaciones y 700 decisiones al año[43].

Las principales economías de la UE siguen estando considerablemente por debajo de Estados Unidos en lo que respecta a libertad económica, según la Fundación Heritage. Al mismo tiempo, a pesar de la enorme carga fiscal y la constante confiscación de la riqueza, la deuda media respecto al PIB de la UE es del 90 por ciento (Eurostat, 2016).

La invención constante de estimaciones de ciencia ficción de evasión fiscal y los llamamientos a cobrar impuestos a los ricos han provocado unos niveles insostenibles de carga gubernamental sobre la economía real. Esto obstaculiza la inversión ya que las políticas están encaminadas cada vez más a cobrar impuestos a quienes producen para subvencionar a los improductivos. El uso de estimaciones poco realistas de los ingresos tributarios realizadas por los políticos —las cuales son siempre erróneas— para gastos muy reales —se sitúa constantemente por encima del presupuesto— ha hecho que la UE se equivoque también en sus expectativas de reducción de deuda.

El coste de la hiperregulación y los impuestos excesivos sobre la creación de empleo, la inversión y la innovación son evidentes. La UE tiene un índice de desempleo que prácticamente duplica al de los principales países con el mismo grado de desarrollo económico. Los impuestos dificultan el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales presentan un índice de desarrollo que es casi la mitad que el de Estados Unidos, según la OCDE.

Sin embargo, muchos comentaristas sostienen que los ciudadanos europeos reciben más gracias a sus transferencias sociales. No es correcto. En un análisis muy interesante, el economista Ryan McMaken demuestra que los pobres de Estados Unidos son más ricos que la clase media de la mayoría de los países europeos. «Incluyendo las prestaciones sociales, comparados con otros países, los estadounidenses reciben ingresos más elevados, tanto por lo que respecta al nivel medio como al nivel de la pobreza. Asimismo, los ingresos necesarios para ser considerados por debajo del nivel de la pobreza en Estados Unidos siguen siendo mayores que el nivel medio de ingresos de numerosos países europeos[44]».

La UE tiene muchos aspectos positivos, pero no se puede tolerar que la burocracia y los impuestos confiscatorios se adueñen de un proyecto que merece la pena. Ignorar esos riesgos haría que la UE se desplomara.

Estados Unidos, simplemente, no puede permitirse copiar los desequilibrios de la UE[45]. El gasto social no puede ser un subterfugio para hacer que la economía sea más insostenible y menos productiva. Más adelante se abordarán en este libro diferentes soluciones para la sanidad y la educación, pero Estados Unidos no puede poner a la UE como ejemplo de asistencia sanitaria universal cuando prácticamente todos los programas de seguridad social de sus países miembros presentan un déficit enorme.

Según Eurostat, en la Unión Europea el gasto general de las administraciones públicas aumentó en 747 000 millones de euros entre 2009 y 2016. Las aportaciones a la seguridad social representaron la mayor parte del gasto público. En la UE, un empleador destina hasta el 30 por ciento de un salario bruto a aportaciones sociales…, y, aun así, sigue habiendo recortes presupuestarios y déficits.

Lo mismo sucede en Canadá, un país que se compara a menudo con Estados Unidos. El sistema sanitario de Canadá tiene una brecha de financiación de alrededor de 537 000 millones de dólares y cuesta casi 11 000 dólares por familia y año.

Ten cuidado con lo que deseas.

A menos que los políticos modifiquen su querencia por un modelo basado en una tributación y una administración sobredimensionada y empiecen a dar prioridad a la bajada de impuestos, a reducir las trabas burocráticas, a fomentar más negocios y más libertad económica y a centrarse en la creación de empleo y en la atracción de capital, el Estado del Bienestar acabará desmoronándose.

El Estado del Bienestar solamente puede protegerse fomentando el crecimiento, la inversión y la creación de empleo. Esa es la única forma de hacer que el gasto social sea asequible y sostenible. Sin embargo, eso probablemente será destruido por los mismos que afirman defender «el sector público», porque ignorar los grandes desequilibrios fiscales provoca decisiones mucho más duras cuando, inevitablemente, se produce una crisis. Al hacer que el gasto público sea insostenible, las crisis de deuda generan grandes y obligatorios recortes presupuestarios; pasos que se evitarían si el gasto público se mantuviera bajo control en los períodos de crecimiento.

Otro caso es el del Reino Unido. Según la medida del coeficiente de Gini, la desigualdad de ingresos se situó en 2017 en el nivel más bajo de los últimos 30 años, y bajando. Curiosamente, dicha desigualdad fue más elevada entre 1997 y 2010, durante los gobiernos laboristas, los mismos que predican la política de la igualdad.

Desigualdad en España y Latinoamérica

Escuchamos constantemente que la desigualdad se dispara. Sin embargo, en 2017, la sociedad española alcanzó los menores niveles de desigualdad de renta desde el comienzo de la crisis, como hemos mostrado antes[46].

Estos son titulares que raramente leeréis en los periódicos:

«La desigualdad de la riqueza en España está entre las más bajas del mundo».

«La desigualdad de la renta en España ha bajado a niveles de 2008 y se halla en la media europea, una vez se ajusta por transferencias».

«El aumento de la desigualdad experimentado durante la crisis se debe esencialmente al desempleo, no a las diferencias salariales».

«La desigualdad del bienestar real de los españoles se ubica entre las más reducidas de Europa».

La realidad es que España, además de haber reducido el índice de desigualdad de renta a niveles de 2008, es uno de los países de Europa con menor desigualdad de riqueza. El índice de Gini[47] de desigualdad de la riqueza en 2015 para España es 0,67 (siendo 1 la máxima desigualdad), uno de los menores de Europa, junto con Bélgica (0,63) e Italia (0,67), y muy lejos de los países europeos con mayor desigualdad en la riqueza que, como ya mencionamos, son Dinamarca (0,89), Suecia (0,81), Austria (0,78) o Alemania (0,78). A las mismas conclusiones se llega si se analizan otras métricas habituales para medir la desigualdad de la riqueza, como el porcentaje de riqueza en manos del 10 por ciento más rico del país o la ratio de la riqueza del 20 por ciento más rico frente al 80 por ciento menos rico. El motivo principal por el que España es uno de los países más igualitarios en riqueza es que la propiedad inmobiliaria está más extendida que en la mayoría de los países europeos.

Además, las mediciones habituales de distribución de la riqueza, por diversos motivos, no contabilizan algunos de los activos más importantes de la sociedad, y ello introduce un importante sesgo al alza en los resultados de desigualdad. Los principales son el valor capitalizado de las pensiones públicas, el valor actual de los seguros y los servicios estatales (sanidad, desempleo y otras rentas o servicios) y el valor del capital humano. La contabilización de estos activos muestra que, en la realidad, la desigualdad en la riqueza es sustancialmente menor de lo que las métricas muestran[48].

La misma falacia se repite en Latinoamérica, con la excusa de la desigualdad que se utiliza para derrocar democracias e intentar instaurar regímenes autoritarios socialistas.

En Venezuela no solo ha aumentado la pobreza, que alcanzaba un 90 por ciento en 2017, sino que, además, con sus supuestas políticas igualitarias, es el país más desigual de Latinoamérica. El coeficiente de Gini de Venezuela se situaba en 68,1 en 2017, el más alto de la región[49]. El coeficiente de Gini de Haití era ese año de 60,8[50].

Chile es un ejemplo claro de manipulación política. Con un índice de pobreza, según el Banco Mundial, del 6 por ciento, y con un 57 por ciento de ciudadanos que se consideran a sí mismos clase media y con condiciones mejores que las de sus padres[51], se ha generado una enorme demagogia por la desigualdad. La desigualdad en Chile se ha reducido al 46,6 por ciento, mientras que su PIB per cápita crecía más que la media de la región y su pobreza se reducía más que en las economías comparables de Latinoamérica. Chile tiene un menor índice de desigualdad que la mayoría de los países de Latinoamérica, incluidos Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, Panamá o Guatemala. En el período 2008-2014, la desigualdad cayó en todos los países excepto en Venezuela y Costa Rica. En todos los períodos observados por el Banco Interamericano de Desarrollo (1996-2002, 2002-2008 y 2008-2014), Chile se encuentra entre los cinco primeros países en reducción de la desigualdad de la región. Latinoamérica en general lleva veinte años reduciendo la desigualdad, excepto en los casos de totalitarismo bolivariano.

Países como Colombia y Chile han reducido más la pobreza y generado mayor crecimiento mientras se reducía la desigualdad. Esos tres factores juntos son esenciales. La desigualdad, por separado, puede ser engañosa. Argentina, por ejemplo, con su política fiscal y monetaria extractiva y confiscatoria, es un caso claro de reducción de desigualdad con un nivel de pobreza inaceptable para un país rico.

Oportunidad, no intervención

El debate sobre la desigualdad es a menudo una excusa para intervenir. Muchos políticos no quieren que los pobres sean menos pobres, siempre y cuando las clases media y alta sean menos ricas. Eso se debe a que el intervencionismo asume que la desigualdad es un efecto perverso que debe solucionarse mediante la intervención del Estado. Sin embargo, lo cierto es que el intervencionismo perpetúa la desigualdad negativa: la desigualdad de oportunidades, de disponibilidad de empleos y de acceso a una vida mejor. De hecho, la acentúa, porque elimina el mérito a favor de la peor desigualdad. La desigualdad por favoritismo político. Lo que nos importa a nosotros es la igualdad de oportunidades, y en eso es en lo que tiene que centrarse el Estado, no en penalizar el éxito.

Pero la igualdad de oportunidades no equivale a gasto en prestaciones sociales. Igualdad de oportunidades significa que la sociedad le ofrece a cada individuo los medios para lograr lo que merece con su esfuerzo, no la promesa de que conseguirá más de lo que se merece o de aquello por lo que ha trabajado.

Existe una importante distinción entre una política redistributiva orientada al crecimiento y otra que fomenta la burocratización y el amiguismo. La primera funciona cuando las políticas están encaminadas a facilitar el crecimiento y las oportunidades para todos, pero intentar conseguir la igualdad mediante el derecho a recibir transferencias de dinero público no reduce la pobreza ni la desigualdad.

¿Por qué tanta obsesión por la igualdad? No es para aumentar la riqueza, sino para impedir que los ciudadanos se liberen de la necesidad de mendigar al Estado. A los intervencionistas les preocupan mucho los pobres, por eso crean millones de ellos cada año. Sin embargo, la mayor desigualdad no es entre ricos y pobres, sino entre contribuyentes y burócratas.

Esta obsesión alcanza tal nivel de locura que los intervencionistas llegan incluso a aplaudir los niveles de «desigualdad» en Afganistán o Cuba, mientras el conjunto de la población se empobrece. Eso es igualdad de miseria. Pero la igualdad y el Estado del Bienestar no se crean por arte de magia. Son el resultado del crecimiento económico y de la creación de empleo.

Olvidamos que el sector público no tiene recursos si debilita y arrasa al sector privado y que la base de la prosperidad es el ahorro y la inversión productiva, no el gasto.

Si los estudios sobre desigualdad dejan algo claro es que las prestaciones sociales no la reducen tanto como el crecimiento y el empleo y que la prosperidad es un objetivo mucho más beneficioso y eficaz para reducir la desigualdad y la pobreza.

El apoyo gubernamental debería centrarse en un sistema de asistencia social que fomente el crecimiento y la competencia, no un sistema que reparta las sobras de la debacle intervencionista[52].

Quienes buscan la igualdad a cualquier precio no quieren prosperidad, sino gestionar crecientes fondos sociales públicos para crear comités, colocar a amigos en administraciones públicas y crear votantes rehenes. Sin embargo, esas políticas asistenciales siempre acaban aniquilando lo que pretenden proteger: el Estado del Bienestar. La protección y la asistencia básica desaparecen con el estancamiento, la deuda y la quiebra. Entonces, cuando suceda eso, los intervencionistas le echarán la culpa a algún enemigo exterior y se limitarán a insistir en la necesidad de una mayor intervención como solución.

Lo que ha demostrado este último período es que, ante la crisis, las políticas redistributivas intervencionistas solamente consiguen perpetuar los desequilibrios y agudizar la injusticia, centrándose en confiscar lo que queda del desastre en lugar de favorecer una recuperación sostenible.

La mejor política social es crear empleos, no repartir las migajas de la asistencia social.

2

La definición de capitalismo social

Si quieres lograr algo en el mundo, el idealismo no es suficiente; tienes que elegir un método que funcione para lograr el objetivo.

RICHARD STALLMAN

La calidad de vida en términos generales ha mejorado drásticamente con el capitalismo, lo que no significa que no se pueda seguir avanzando en estas mejoras. El capitalismo obtiene su poder —y ha provocado el mayor aumento del bienestar social en la historia— gracias al ingenio humano y a las fuerzas positivas de la innovación, los mercados abiertos y la competencia. Tal vez la mayor fuerza de los mercados libres sea su capacidad de adaptarse hábilmente a ideas y situaciones nuevas y a encontrar el sistema más eficiente. La innovación y el mercado libre en competencia tienen como objetivo proporcionar la mejor solución a los problemas y necesidades de la inmensa mayoría. Podemos aplicar la misma lógica del capitalismo para fortalecerlo, de manera que pueda proporcionar un bienestar social aún mayor[53].

Aunque el capitalismo ha tenido un éxito indiscutible a la hora de reducir la pobreza global y reforzar el avance del progreso y, por tanto, debe defenderse, la sociedad sigue teniendo que enfrentarse a problemas importantes. Desde un punto de vista global, la pobreza está disminuyendo, pero sigue siendo un hecho cotidiano en la vida de muchas personas de todo el planeta. La clase media, a pesar de haber sido creada por el capitalismo, crece menos rápidamente por los retos de la globalización y el aumento de políticas intervencionistas. Incluso entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde la pobreza multidimensional ha sido en gran medida eliminada, los miembros más ricos, como Estados Unidos, siguen teniendo dificultades a la hora de proporcionar asistencia sanitaria universal y una educación sólida a muchos de sus ciudadanos.

Gráfico 3 El capitalismo ha ayudado al mundo a vencer la pobreza

FUENTE: Our World in Data.

Estos son solamente algunos de los retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Las soluciones reales no vendrán del intervencionismo populista, que ofrece únicamente promesas mágicas que crean más pobreza que luego requieren una reparación permanente. Por el contrario, dichas soluciones vendrán de empresarios, emprendedores e innovadores, de una comunidad empresarial ágil y de mentalidad abierta y de ciudadanos que utilicen el dinero que tanto les ha costado ganar para fortalecer la sociedad. El capitalismo ha generado el mayor aumento de bienestar social que el mundo ha conocido jamás, y continuará haciéndolo en todos los campos. Simplemente tenemos que aplicar el poder del libre mercado para resolver los desafíos de la sociedad. Hay soluciones basadas en el mercado para todos nuestros problemas sociales. El mercado sin duda invertirá en ellas, siempre y cuando tengan sentido desde un punto de vista socioeconómico; y lo tienen.

Esta es la premisa fundamental del capitalismo social, una vía que ya representa un alejamiento de los extremos intervencionistas del proteccionismo y el socialismo. El capitalismo social, como su nombre indica, no aboga por acabar con el capitalismo como lo conocemos ni aboga por la intervención del gobierno en todos los aspectos de la economía. El capitalismo social, simplemente, aplica la habilidad del libre mercado y la competencia para resolver problemas sociales. Bajo ese sistema, el sector privado, no el gobierno, realiza inversiones directas en bienestar social. Esto permite abordar los retos sociales, no mediante la intervención del gobierno, la cual provoca ineficiencias y una inadecuada asignación de recursos (por no hablar de la explotación política), sino mediante soluciones de mercado, intrínsecamente eficientes y sostenibles. Por eso, el sector privado tiene que señalar el camino. Las empresas privadas, en conjunto, son capaces de generar bienestar social de manera más eficiente que cualquier agencia o administración pública.

Por supuesto, esto plantea la siguiente pregunta: ¿por qué habrían de invertir las empresas privadas en bienestar social? Por la misma razón por la que las empresas invierten en cualquier cosa: es una buena oportunidad para desarrollar y fortalecer la economía y, con ello, la vida de las empresas.

El capitalismo siempre ha tenido como objetivo satisfacer las necesidades de los consumidores, es decir, el público y la sociedad. Las empresas estarán encantadas de realizar inversiones socialmente responsables que beneficien a la sociedad si dichas inversiones generan rendimientos socioeconómicos, cosa que indudablemente hacen. Y es que ya se ha demostrado que las inversiones socialmente responsables tienen sentido desde un punto de vista económico.

Las soluciones a los problemas tienen que tener sentido económicamente hablando o nunca serán sostenibles. Cualquier solución que sea ruinosa a corto, medio o largo plazo solo generará mayores crisis y recortes. Si confiamos en que el gobierno pague por soluciones «ineficientes» que no tienen sentido económicamente hablando, todos nos quedaremos en la estacada cuando se agote el dinero ajeno. Y se agota. El capitalismo social, que consiste en la inversión privada en el bien público, es el mejor sistema para crear soluciones sostenibles que produzcan el máximo bienestar para todos.

Esto no es una teoría descabellada. La inversión en empresas socialmente responsables se está produciendo ahora mismo, y lleva décadas creciendo. Las empresas se han dado cuenta del hecho de que los consumidores se sienten atraídos por empresas socialmente responsables. La década de 1990 marcó el inicio de una nueva era de consumidores concienciados por el medio ambiente e interesados en apoyar al sector de las energías renovables, de la agricultura sostenible y ecológica y de los productos respetuosos con el medio ambiente, así como a las empresas que defienden los derechos humanos y las prácticas laborales éticas. Nada de esto vino por empuje o decisión política, sino por demanda social. Los consumidores quieren dar su apoyo a empresas que toman decisiones y elaboran productos socialmente responsables. Las empresas tomaron nota, y actualmente atienden a esos consumidores.

Los inversores también han tomado nota. La inversión en empresas socialmente responsables ha aumentado espectacularmente en las últimas décadas. Estamos viviendo un aumento de los fondos de inversión de renta fija que hacen hincapié en las acciones de compañías sostenibles y socialmente responsables. Desde 2007, los fondos gestionados en el mercado socialmente responsable solamente en Europa se han multiplicado por seis, hasta alcanzar los 11 000 millones de euros; y en Estados Unidos, esa cifra es superior a 20 000 millones de euros. Estamos viendo un aumento en los fondos de bonos que solamente invierten en empresas con un historial comprobado de responsabilidad social corporativa. Los inversores exigen cada vez más que las empresas adopten políticas, culturas y prácticas corporativas que respeten el medio ambiente, los derechos laborales y los derechos humanos.

Las empresas no pueden limitarse a fingir tener en cuenta estas preocupaciones de sus clientes para dar una imagen pública socialmente responsable, porque los índices realizan un seguimiento cada vez más detallado de las actuaciones específicas que realizan. Actualmente, las empresas se clasifican según el grado de responsabilidad de sus actuaciones. Cumplir una serie de requisitos básicos ya no es suficiente para destacar. De hecho, las empresas tienen que competir —la competencia es la faceta básica del libre mercado— por ser las más responsables desde un punto de vista social.

Hay mucho en juego. Las grandes multinacionales son conscientes de que no pueden permitirse quedar excluidas de los fondos de inversión socialmente responsable (fondos SRI) o ser etiquetadas como socialmente irresponsables. Son conscientes de que los inversores valoran cada vez más la sostenibilidad y las prácticas corporativas socialmente responsables. Las empresas más pequeñas compiten también por ser líderes en responsabilidad social porque quieren convertirse en corporaciones de mayor tamaño. Las empresas grandes, pequeñas y medianas son conscientes de que, económicamente, tiene sentido invertir en acciones sociales y medioambientales porque ello les permite alcanzar una cifra de crecimiento anual superior. El valor de las acciones, además, mejora. El interés de la inversión aumenta. La opinión de los consumidores mejora. Las empresas y los inversores que realizan esas inversiones se benefician tanto como el conjunto de la sociedad, si no más.

Innegablemente, estas son algunas buenas razones para invertir en bienestar social. Sin embargo, el capitalismo social debería ir incluso más allá. Normalmente, la inversión socialmente responsable se centra en los desafíos del momento. Esto se debe a que las empresas habitualmente realizan inversiones socialmente responsables que tienen un impacto inmediato en las operaciones diarias y en los beneficios a corto y medio plazo. La mayoría de las inversiones socialmente responsables realizadas hoy en día tienen que ver con el bienestar de los empleados y los stakeholders[54] y con la adopción de protocolos empresariales socialmente concienciados.

Todo esto está muy bien, y es incluso necesario, pero, de la misma manera que las corporaciones no deberían permitir que los beneficios trimestrales desbaraten los objetivos empresariales a largo plazo ni la sostenibilidad de la empresa, el capitalismo social tiene que ver con los beneficios económicos de invertir en los retos del mañana. Se puede ganar dinero resolviendo los problemas que se prolongan más allá del empleado o del stakeholder. Las empresas ya han empezado a realizar inversiones socialmente responsables y a encontrar soluciones de mercado a los grandes problemas que acechan en el horizonte y que van más allá de su objeto de negocio. Esto significa tratar de lograr la asistencia sanitaria universal, una educación asequible y el tipo de investigación y desarrollo que beneficie a todo el mundo, no solamente a los empleados actuales y a otras partes interesadas.

Pensemos, por ejemplo, en el impacto de una empresa que invierta en soluciones de mercado exitosas para evitar el abismo fiscal al que se enfrenta la sociedad debido a la longevidad de la población. No solo se beneficiará la sociedad, sino también la empresa, tanto porque aumentará sus beneficios y el valor de sus acciones como porque tendrá acceso a más y mejores clientes y accionistas al haber contribuido a evitar una crisis económica inminente. Este no es más que un ejemplo de los muchos que analizaremos en este libro.

El dinero para esas inversiones ya está ahí. A lo largo de la última década, las empresas del índice bursátil Standard & Poor’s 500 (S&P 500) han llevado a cabo una recompra bruta de acciones que asciende, como media, a unos 500 000 millones de dólares anuales, con un 85 por ciento del total de las empresas implicadas en algún tipo de recompra. En conjunto, las empresas del S&P 500 invierten más de 150 000 millones de dólares por trimestre en recompras, marketing y publicidad. Si añadimos compañías de menor tamaño y pequeñas y medianas empresas, la cifra es mucho más elevada. Parte de ese dinero podría redirigirse fácilmente a inversiones socialmente responsables en la comunidad si se dieran los incentivos para ello y no se penalizaran (fiscalmente).

Aquí, la cuestión no es decirles a las empresas cómo invertir. No me refiero a que haya que demonizar las recompras de acciones. Las empresas se involucran en esas recompras porque la práctica beneficia a los accionistas cuando la empresa no puede encontrar mejores alternativas de inversión. Aparte de los beneficios de los accionistas, las recompras de acciones protegen a las empresas frente a un futuro incierto; y que una empresa fuerte invierta en sí misma no es un error.

Sin embargo, las recompras de acciones no siempre son la mejor inversión que puede hacer una empresa en su propio futuro. Las empresas también fortalecen su reputación corporativa si reservan una parte de sus beneficios para invertirla en las comunidades —local, nacional e internacional— en las que operan. Esas comunidades están compuestas por clientes, empleados y otras partes interesadas, así como por futuras partes interesadas de todo tipo. Invertir en esas partes interesadas potenciales no es solamente invertir en la comunidad, sino en el futuro de la propia empresa. Ello mejorará la reputación de la empresa, creando al mismo tiempo un mejor entorno operativo. La empresa está invirtiendo literalmente en sus propios clientes y consumidores futuros. Al reservar algo de la caja excedentaria para invertir en asistencia sanitaria y educación, las empresas se protegen frente a futuras consecuencias negativas provocadas por la actual brecha fiscal a la que se enfrentan Estados Unidos y otros países. En realidad, es invertir en prevenir el más que probable hachazo fiscal que cercenará los beneficios futuros de la empresa. Una especie de inversión en prevención de riesgo político.

Este concepto no es nuevo. Reservar un porcentaje de los beneficios para invertir en la educación y la asistencia sanitaria de la comunidad es algo parecido a las inversiones que realizan las compañías eléctricas y energéticas en las zonas en las que operan. Las compañías energéticas llevan décadas invirtiendo en infraestructuras y bienestar para la comunidad, y grandes grupos eléctricos españoles incluyen en su inversión áreas que están aparentemente fuera de su objeto social, como dependencia, igualdad y formación. Realizan dichas inversiones porque quieren mejorar las condiciones de los trabajadores locales y sus familias, aunque no sean sus empleados, mejorando al mismo tiempo su reputación. Invierten tanto en el presente como en el futuro. Los beneficios son tangibles. Las empresas que realizan esas inversiones tienden a obtener más oportunidades globalmente, lo cual proporciona una importante rentabilidad de la inversión. De hecho, esas inversiones en bienestar social generan incluso más rentabilidad de la que muchas empresas creen: cuando las compañías energéticas invierten en las comunidades en las que operan, están contribuyendo al crecimiento de la economía y a la demanda de más energía. Están incrementando su propia base de clientes, no solo mejorando su reputación.

Discutiendo este tema con mis hijos, uno de ellos me preguntó: «¿Entonces, si es tan lógico, por qué hoy en día no lo hacen?».

«En primer lugar —respondí—, sí que lo hacen». El problema es que no lo leemos en grandes titulares. La inversión en asistencia sanitaria y educación, así como en programas de asistencia a las comunidades y para construir infraestructuras, se ha multiplicado varias veces a lo largo de los últimos veinte años, y a un ritmo cada vez más acelerado. La industria energética es solo un ejemplo. El ejemplo de la industria tecnológica es muy claro también, y evidente en los miles de centros de tecnología y startups que financian.

Pero las empresas no están invirtiendo lo suficiente ni con suficiente rapidez en bienestar social. Necesitamos más inversión, especialmente en los problemas a los que se enfrentará la sociedad en un futuro próximo, y necesitamos esa inversión ya.

Por tanto, una pregunta mejor sería: ¿por qué las empresas no invierten más en esto? Aquí la respuesta es más compleja, pero uno de los principales escollos es la excesiva tributación y carga burocrática con la que se carga a las empresas cuando hacen labor social. La cuña fiscal sobre las corporaciones, la presión total de los impuestos directos e indirectos, ha aumentado hasta su máximo histórico en los últimos cincuenta años. En este sentido, las empresas son como las personas. Los líderes empresariales siempre piensan que sus empresas pagan demasiados impuestos, especialmente en comparación con los servicios que reciben por parte del gobierno, y que otras pagan demasiados pocos impuestos. Esto representa un elemento disuasorio a la hora de destinar más dinero a problemas sociales pensando que, a la larga, se amortizará.

Otra razón del aparentemente lento movimiento del sector privado en este ámbito es que es posible que las empresas duden a la hora de adentrarse en áreas consideradas habitualmente dentro del ámbito del gobierno. La regulación a menudo les impide hacerlo, e incluso se penaliza el mecenazgo o se amenaza directamente.

Por último, la mentalidad tradicional acerca de la inversión del sector privado en bienestar social, como la inversión directa en asistencia sanitaria comunitaria o educación, ha sido que las empresas únicamente llevan a cabo dichas inversiones en beneficio de los empleados o como un sacrificio que realizan en favor de la sociedad. En el mejor de los casos, esa clase de inversiones se consideraban estrategias de relaciones públicas. Por lo general, no se las consideraba inversiones, sino beneficencia. No se tomaban como decisiones empresariales y, desde luego, no estaban pensadas para generar ningún rendimiento más allá de una mejora de la reputación; vale la pena hacerlas, pero no son una inversión importante.

Gráfico 4 La cuña fiscal media de la OCDE se encuentra en su nivel máximo histórico

FUENTE: OCDE.

Sin embargo, las cosas están cambiando. En 1950, el número de empresas que invirtieron en el bienestar de sus stakeholders era casi insignificante. Hoy en día, dichas inversiones se han disparado hasta el 2 por ciento de sus beneficios en bienestar social directo[55]. Este crecimiento está impulsado por la convicción de que las inversiones en la sociedad benefician tanto a los ciudadanos como a las empresas que las llevan a cabo. Invertir en educación, asistencia sanitaria y en un mayor bienestar social en todos los ámbitos de la sociedad amplía la clase media y crea una base de clientes más sostenible, evidencias de las que cada vez más empresas van siendo conscientes, y que influyen en las inversiones y decisiones empresariales.

En muchos sentidos, el sector de la tecnología está marcando el camino. Muchos de los gigantes tecnológicos actuales (así como los gigantes de industrias tradicionales) están haciendo contribuciones excepcionales a las comunidades en que viven y trabajan. Amazon, Berkshire Hathaway y J. P. Morgan están tanteando la asistencia sanitaria. Facebook se ha planteado implicarse directamente en la educación pública y otras iniciativas. Bill y Melinda Gates han utilizado su fortuna para crear una de las mayores organizaciones benéficas del mundo, abordando todo tipo de asuntos, desde la malaria hasta el sida o la pobreza. Son líderes en la llamada «filantropía empresarial». Elon Musk ha fabricado algunos de los primeros coches eléctricos comercialmente populares, y ahora está intentando enviar al hombre al espacio gracias a la capacidad creativa del sector privado. Silicon Valley es consciente de la importancia de la utilización adecuada de su dinero, y muchos de los gigantes y líderes tecnológicos actuales están invirtiendo miles de millones de dólares en temas de bienestar social.

Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos y sus buenas intenciones, algunos de los líderes tecnológicos continúan defendiendo planteamientos intervencionistas caducos para aumentar el bienestar social. Tanto Bill Gates como Mark Zuckerberg han hecho declaraciones a favor de los impuestos a la riqueza, de una renta básica universal, de impuestos sobre los robots y la automatización y de otros planteamientos que reprimirían el progreso en nombre de la igualdad. Esas posturas son bienintencionadas —la mayoría de los errores políticos lo son—, pero equivocadas. Silicon Valley encabeza la solución a muchos de los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad a través de sus innovaciones, las cuales están transformando radicalmente la sociedad. Del mismo modo que el sector energético nos ha proporcionado una rápida industrialización, el sector tecnológico trae consigo tanto avances prometedores como los supuestos peligros de la automatización. Es comprensible que Gates o Zuckerberg quieran «hacer algo» y que ese algo suene bien al oído popular.

Los parches y las políticas intervencionistas no compensarán el avance de la desinflación provocada por la tecnología ni los desafíos fiscales creados por la eficiencia tecnológica y la automatización. Las medidas intervencionistas simplemente tendrían como consecuencia que el gobierno confiscara y asignara erróneamente el capital que innovadores como estos podrían destinar a soluciones reales de mercado. Gates, Zuckerberg y otros por el estilo tienen una extraordinaria oportunidad de invertir masivamente en soluciones mercantiles a problemas sociales y de aumentar el bienestar social. El ingenio que nos proporcionó Microsoft y Facebook puede aprovecharse para resolver los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad colectiva.

Todos queremos lo mismo, un mayor bienestar para todos, pero no deberíamos adoptar políticas intervencionistas contraproducentes. Necesitamos soluciones de mercado, no más pensamiento mágico por parte del gobierno. Deberían dejar de abogar para que el gobierno confisque el resultado del mérito y, en lugar de ello, limitarse a invertir directamente su dinero, su tiempo y su experiencia. El gobierno no hará más que desperdiciar y asignar erróneamente una gran parte del dinero. A esos líderes empresariales no les gustaría que el gobierno tomara decisiones empresariales sobre Facebook o Microsoft; ¿por qué habrían de querer que el gobierno decidiese cómo llevar a cabo inversiones socialmente responsables ante la evidencia de malgasto actual?

La humanidad no resolverá los principales desafíos a los que nos enfrentamos cediendo más dinero y poder al mismo gobierno que nos ha fallado en el pasado. La solución es que líderes como Zuckerberg, Gates y compañía afronten el reto del futuro e inviertan directamente en bienestar, tal como ellos y otros como ellos han invertido en la protección del medio ambiente.

Las soluciones de mercado son intrínsecamente valiosas y sostenibles. Dar más poder a los gobiernos no lo es.

El concepto de capitalismo social no tiene nada que ver con el socialismo. El socialismo aboga por que los medios de producción, distribución e intercambio pertenezcan al Estado o sean regulados por él, con el Estado como aparente representante de la comunidad.

El problema con el que siempre nos encontramos es el errado concepto de «público», que el ciudadano equipara a «gratuito», cuando no lo es. En muchos casos, las empresas públicas son empresas políticas. La evidencia de ello es clara en la Unión Europea, donde las empresas manufactureras y de servicios estatales son menos eficientes, rentables y transparentes que las privadas[56].

El socialismo sitúa el poder político por encima del individual. El capitalismo social niega la naturaleza monopolística del gobierno y aspira a maximizar la contribución de los individuos y su deseo de crecer y mejorar, promoviendo y recompensando el mérito, mostrando al mismo tiempo los beneficios de invertir en el tejido social de la ciudadanía. En esencia, el capitalismo social es solamente un ajuste del capitalismo a los cada vez más numerosos desafíos de la sociedad moderna.

La razón por la cual el capitalismo ha triunfado allí donde el socialismo y el comunismo han fracasado es que el capitalismo no se basa en dogmas incuestionables y no niega la naturaleza humana. El capitalismo no trata de diseñar una sociedad basada en la utopía y crear nuevos seres humanos con aspiraciones colectivistas. El capitalismo busca las mejores maneras de solucionar los desafíos de la sociedad, optimizando recursos y generando los mejores resultados posibles para todo el mundo. Por definición, el capitalismo no tiene dogmas, evoluciona constantemente, mientras que el comunismo y el socialismo simplemente están anclados en el pasado. El socialismo no es progresista, es regresivo. Trata desesperadamente de recrear un pasado que existe únicamente en la mente de los burócratas y de algunos ideólogos.

Para que la sociedad crezca y prospere, tenemos que acoger los beneficios del capitalismo y, al mismo tiempo, combatir los riesgos del mercantilismo y el amiguismo. Pensemos, por ejemplo, en el importante riesgo de los monopolios u oligopolios privados, y cómo pueden existir con sus políticas dañinas para el mercado y los consumidores si no es porque son mantenidos y perpetuados por el poder del Estado.

Representar a los ciudadanos y servir al país no tiene nada de malo. El problema es cuando los gobiernos creen que son la solución, porque los políticos tienden a creer que, cuando las cosas no salen como las han planeado, la culpa es de los agentes económicos que no se han comportado como querían los planificadores centrales o como indicaban sus hojas de cálculo.

El capitalismo social entiende la complejidad de la economía y los beneficios de una sociedad basada en el efecto positivo del ánimo de lucro y la meritocracia. No hay nada más social que el desarrollo económico en una sociedad basada en el beneficio económico. Como tal, el capitalismo social no tiene que centrarse en la igualdad, sino en la prosperidad. La historia nos enseña que la igualdad es consecuencia de la prosperidad sostenible, de una sociedad civil fuerte y de unas instituciones independientes, donde los controles y contrapesos limitan el exceso de gobierno de la misma manera que limitan el mal comportamiento de las corporaciones.

Lo último que deberíamos hacer si queremos una sociedad más sostenible y próspera para nuestros hijos es divinizar al Estado como si fuese un Rey Mago, porque hacerlo es la receta para el totalitarismo. Un Estado fuerte no tiene que ser grande. Esa es una analogía falsa. Un Estado fuerte es precisamente aquel en el que el gobierno tiene poderes limitados, las instituciones son independientes y la sociedad civil dispone de herramientas para frenar los inevitables deseos intervencionistas de algunos políticos. Del mismo modo que una regulación y un sistema legal fuertes y realmente independientes crean las bases para la prosperidad y limitan el exceso de corporaciones mal informadas, el capitalismo social admite y está de acuerdo con muchos de los desafíos sobre los que los comentaristas políticos tratan en los medios de comunicación. Lo que no debería hacer nunca el capitalismo social es caer en la trampa de creer que esos desafíos se van a resolver concediendo aún más poder a los políticos.

Al fin y al cabo, se trata de incentivos y desincentivos. Tenemos que entender que los políticos no son extraterrestres malvados que vienen de un planeta lejano a destruirlo todo. Los políticos, simplemente, responden al estímulo que reciben de sus votantes. Parte de la frustración de muchos ciudadanos con los servidores públicos viene de concederles anteriormente unas cualidades y capacidades que no tienen nada que ver con su cometido. Los políticos facilitan o entorpecen. Si su labor es facilitar, buscarán el mínimo de burocracia y el máximo de participación real de los agentes privados. Si su objetivo es entorpecer, se escudarán en miles de páginas de regulaciones, porque su objetivo no es el progreso, sino el control.

Sin embargo, un buen político escuchará las inquietudes de la sociedad civil y colaborará con ella y con los agentes económicos para encontrar la mejor solución, la más sostenible y beneficiosa. El riesgo es que, si hacen promesas vacías y proponen soluciones rápidas y fáciles, fracasarán inevitablemente. Pero existe un riesgo aún mayor. Cuando los totalitarios populistas hacen promesas vacías y reciben una reacción negativa por parte de sus votantes, casi siempre reaccionan violentamente contra las mismas personas a las que fingen defender. ¡Qué votantes más desagradecidos! Después de todos los sacrificios realizados por los populistas, los votantes no responden positivamente. El resultado es prácticamente seguro: dinamitar la sociedad civil y las instituciones y, en última instancia, actuar contra el pueblo que fingen representar. El capitalismo social es lo contrario. Para crear soluciones al creciente descontento con los políticos, necesitamos dar más poder a la sociedad civil, más independencia a las instituciones y más libertad a los agentes económicos. Para hacer lo mejor por el colectivo de individuos al que denominamos sociedad, tenemos que situar a cada persona como el objetivo principal.

Es posible que el lector piense que es intrínsecamente peligroso permitir a las empresas con ánimo de lucro proporcionar soluciones asistenciales, ya que su objetivo principal es la obtención de beneficios. Tendemos a olvidar que el gobierno también recibe un beneficio económico. El poder político refleja su ánimo de lucro en el ánimo de despilfarro, para maximizar los presupuestos y exigir siempre más. La competencia y los mercados abiertos eliminan el riesgo de la especulación oligopolística. Una sociedad civil fuerte elimina el riesgo de exceso de intervención. Únicamente el capitalismo puede eliminar el riesgo de la avaricia monopolística de un gobierno intervencionista. Una economía basada en la obtención de beneficios siempre proporcionará soluciones mejores y más sostenibles que una basada en el gasto. Analizaremos estos temas en detalle en los capítulos siguientes.

Necesitamos soluciones de mercado a los problemas de asistencia social. Necesitamos un capitalismo socialmente responsable, en el cual las empresas inviertan en su propio futuro y en los mercados de consumo, y no más intervencionismo.

3

Hacia una economía colaborativa

Todo lo realmente grande e inspirador es creado por el individuo que puede trabajar en libertad.

ALBERT EINSTEIN

Los gobiernos no tienen que intervenir para obligar a las empresas a realizar inversiones socialmente responsables, ni tampoco deberían hacerlo, ya que el intervencionismo no hará más que guiar a las empresas hacia las inversiones equivocadas en «elefantes blancos[57]» o las inversiones políticamente motivadas. Las inversiones mediocres (malas inversiones) son típicas de administraciones con clientes cautivos o sectores clientelistas que son objeto de protección y favoritismo por parte del gobierno, pero no de empresas que compiten en el libre mercado. Los mercados tienen que ser libres y abiertos para que el sector privado pueda ofrecer soluciones sostenibles a los problemas sociales.

El gobierno no está a la altura del desafío ni puede estarlo, porque sus objetivos y competencias son otros. La historia lo confirma. El gobierno no tiene más ni mejor información sobre lo que necesita la economía o la sociedad que los individuos o las empresas.

El capitalismo y los mercados abiertos han generado mayor bienestar social, año tras año, durante décadas, e incluso siglos, reduciendo la pobreza y aumentando la prosperidad. El intervencionismo no ha sido más que una carga en esta transformación global. Es cierto que, a pesar de ello, algunas sociedades han conseguido avanzar, pero han perdido crecimiento, empleo y productividad potencial en el camino. Los mercados abiertos crean prosperidad, la cual es fundamental para reducir la desigualdad, pero los gobiernos ignoran ese hecho en favor de concesiones y contraproducentes medidas de «reducción de la desigualdad» que únicamente logran su objetivo igualando a la baja, no aumentando la prosperidad. Un gobierno no puede reducir la desigualdad al alza. Solo puede igualar a la baja. La reducción de la desigualdad, por lo tanto, no puede ser el objetivo primordial, sino una segunda derivada de dos objetivos ineludibles: el crecimiento y el empleo.

La preocupante realidad para los partidarios del libre mercado es que el gobierno controla hasta un tercio de la economía en Estados Unidos. La situación es aún peor en la Unión Europea, donde el gobierno controla directamente el 50 por ciento de la economía y más del 70 por ciento a través de una regulación entorpecedora.

Muchas veces confundimos regulación, facilitadora y necesaria, con normativización. En España, el Estado central y las autonomías aprobaron 681 nuevas normas y 895 820 páginas de regulación solamente en 2016. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó más de 1,6 millones de páginas de regulación desde 2009, que, sumadas, a los más de 6 millones emitidas por las comunidades autónomas, hacen un total de 7,7 millones de folios de nueva normativa entre 2009 y 2017. Una media de 960 000 páginas al año[58]. El Estado, vía consumo público, regulación y control directo e indirecto, controla casi un 50 por ciento del PIB anual. La participación del Estado español en el capital de empresas es el doble que en Dinamarca[59].

Teniendo en cuenta estos hechos, es muy probable que los problemas que muchos ciudadanos atribuyen al capitalismo en realidad sean problemas de estatismo y, como tales, seguirán aumentando si aumentamos el control político. Al fin y al cabo, esos problemas tienen muy poco que ver con el capitalismo y aún menos con el libre mercado. De hecho, muchos de ellos son el resultado directo del intervencionismo. El intervencionismo es, en realidad, un veneno. Más veneno no va a mejorar nuestras vidas. El bienestar social únicamente aumentará con la prosperidad, que nunca aumentará bajo la creciente influencia del gobierno.

Gráfico 5 Reducir el tamaño del gobierno para aumentar el crecimiento

FUENTE: OCDE.

Los gobiernos, simplemente, no están equipados para afrontar muchos de los desafíos a los que se enfrenta actualmente la sociedad —desde luego no tan bien como un sistema basado en el capitalismo social—. Los gobiernos afrontan los desafíos de manera equivocada porque, por definición, siempre ven los problemas económicos como problemas de demanda. En el mejor de los casos, afrontan esos desafíos como oportunidades para subsidiar, y en muchas ocasiones es una visión equivocada. En el peor de los casos, el gobierno no hace verdaderos esfuerzos por resolver el problema, confiando, en cambio, en soluciones mágicas que no funcionan; porque los problemas constantes le proporcionan una excusa para crecer y expandirse y así poder hacer frente al nuevo problema resultante. La labor del buen gobierno debe ser facilitar que el proceso creativo, innovador y competitivo sea sencillo, riguroso y eficaz.

Los agentes económicos en un mercado abierto no ven los desafíos como problemas, sino como oportunidades, y el proceso competitivo es el que hace que el beneficio para la sociedad sea mayor y más extendido. El gobierno no tiene esta preocupación porque tiene el poder de imponer leyes que obligan a mantener mercados cautivos, e incluso nacionalizan industrias. Para los gobiernos, el problema es la oportunidad, una posibilidad de ampliar más el presupuesto y subir los impuestos. Por tanto, el problema se tiene que mantener, lo cual es bastante fácil cuando tus soluciones mágicas se basan en fantasías que nunca se cumplirán. Por otra parte, las empresas privadas ven la solución, no el problema literal, como la verdadera oportunidad, ya que las auténticas soluciones crean prosperidad económica.

Cuando las empresas fracasan, la destrucción creativa impulsa la innovación y unas mejores soluciones óptimas. Cuando fracasan los gobiernos, repiten, porque el objetivo de los burócratas no es el resultado, sino el proceso.

Esta es la razón por la cual las soluciones del libre mercado son sostenibles, mientras que las soluciones mágicas intervencionistas no lo son. Los actores económicos del sector privado solamente prosperan cuando ofrecen soluciones reales que son aceptables para la sociedad. Los gobiernos y la administración pueden ofrecer soluciones que no funcionan y, de hecho, prosperan haciéndolo. Además, irrita al público cuando se culpa de los problemas existentes a enemigos políticos y exteriores.

Analizaremos más detalladamente algunos de los mayores retos a los que se enfrentará la sociedad en las próximas décadas, entre los que se incluyen:

El envejecimiento de la población en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La desinflación provocada por la tecnología y la inteligencia artificial.

El aumento de la clase media en las economías emergentes.

La democratización de la información y el acceso al conocimiento.

La desaparición de fronteras a causa del comercio global y la tecnología.

La acumulación masiva de deuda.

Lo cierto es que la mayor parte de esos retos es resultado del aumento de la rentabilidad económica, de la mejora de la calidad de vida y de una economía pujante. Y otros, como la acumulación de deuda, son el resultado de la obstinación por sostener la vieja economía y los sectores obsoletos a toda costa. Esos son desafíos actuales, y en el futuro se plantearán más, sí, pero también son consecuencia de que las personas disfrutan del crecimiento económico, del progreso tecnológico y de la prosperidad que proporciona la rentabilidad económica. Eso no es malo. ¿Quién no quiere vivir más tiempo? ¿Por qué van a ser malas la tecnología, la inteligencia artificial (IA) y la automatización si aumentan la rentabilidad y nos permiten conseguir más con menos esfuerzo? ¿Por qué va a ser malo que las personas puedan acceder más fácilmente al conocimiento y al intercambio de ideas con cualquier persona del planeta? Para todo el mundo, salvo para el gobierno intervencionista, la mayoría de esos desafíos son oportunidades.

Esto es especialmente cierto en el caso de las empresas que pueden ofrecer soluciones viables. Sin embargo, el gobierno no se dedica a encontrar soluciones; porque ese no es su cometido, solamente las empresas se dedican a ese negocio, por esa razón, no identifica esas oportunidades como lo que son.

Es más, los gobiernos tienden a emprender acciones legislativas para mantener el modelo económico existente. No disponen de más ni de mejor información que el sector privado sobre las necesidades de la economía real, y, con el objetivo a veces bienintencionado de «sostener el empleo», también impiden el avance de tecnologías disruptivas y el cambio de patrón de crecimiento. El sector privado cambia constantemente; algunos fracasan, otros triunfan, y ese proceso impulsa el crecimiento y la innovación. Los gobiernos tienden a decidir quiénes son los ganadores y los perdedores desde una perspectiva política, de antemano y sin el objetivo del rendimiento económico. En ese sentido, cuando un sector subvencionado fracasa, los gobiernos tienden a considerar que se trata de un problema de falta de más subvenciones. Lo mismo sucede con los programas de asistencia social; si no triunfan casi siempre se deberá, según los políticos, a la falta de financiación. Como tiende a ignorar tanto el beneficio económico como la destrucción creativa y la competitividad, el gobierno está destinado a fracasar. Por definición, deberían centrarse en el papel de facilitar los resultados económicos, no en el de decidirlos.

Irónicamente, el único de los desafíos mencionados anteriormente que el gobierno sí que reconoce es el que es negativo para todos los demás: el aumento de la deuda pública. Esto no debería sorprendernos. El gobierno depende de la deuda pública para ampliar y perpetuar su poder. Puede utilizar la deuda pública para dominar a sus ciudadanos. Sus acreedores respaldarán la ampliación del poder de este para que pueda subir los impuestos para pagar esa deuda. Los pensionistas y los poseedores de bonos del Estado no quieren que el gobierno quiebre o se debilite, así que también defienden una mayor expansión. Los beneficiarios de ayudas sociales siempre defenderán la capacidad del gobierno de mantener y ampliar esos programas a cualquier precio, porque son los beneficiarios de los mismos (los contribuyentes son los perdedores). Por último, los gobiernos señalan a la enorme deuda que han creado como la razón para aplicar aún más soluciones mágicas al problema de la deuda, utilizándolo para obtener ventaja desde el punto de vista político y como excusa para ampliar el gobierno y subir los impuestos, lo cual eleva aún más la deuda nacional y provoca una reacción de retroalimentación que beneficia a la clase política.

Como tal, la deuda es una herramienta poderosa de control gubernamental. Ningún gobierno que aspire a incrementar el sector público, cosa que hace la mayoría de ellos, reducirá voluntariamente la deuda pública. La deuda es tanto el alma del gobierno como un arma fundamental para mantener su existencia. Sin deuda pública, los políticos se quedarían sin trabajo cuando los ciudadanos se cansaran de su manera de gestionar la economía. La deuda los mantiene en el poder a pesar del descontento. Esto anima a asumir una deuda cada vez más grande, incluso aunque los políticos se quejen de la deuda cuando hacerlo es conveniente o ventajoso desde un punto de vista político.

De modo que cabe esperar que los gobiernos sigan agravando el problema de la deuda pública al proponer medidas contraproducentes que elevan la cuantía de la deuda para hacer frente a la misma. Sin embargo, no deberíamos esperar que actúen sobre otros asuntos de manera significativa, ya que perciben esos desafíos como riesgos y problemas, no como oportunidades. Para el gobierno, la desinflación es negativa para una economía basada en la deuda, aunque suene de maravilla para los ahorradores y los trabajadores. La tecnología moderna y la democratización de la información van también en contra de los gobiernos que quieren controlar al público. Lo mismo puede decirse de la desaparición de fronteras. Los gobiernos quieren poder imponer barreras al comercio, a la circulación y al capital, de manera que puedan controlar la circulación de dinero y de personas.

Por esta razón, un sector privado socialmente responsable es nuestra mejor fuente de esperanza de alcanzar un bienestar social real y sostenible, como ha sido el caso desde los albores del capitalismo. Necesitamos un gobierno poco invasivo, que facilite el crecimiento económico, no uno que lo absorba. El libre mercado asume los desafíos como oportunidades, porque solucionando problemas es como el sector privado genera beneficios y aprovecha los cambios, y el gobierno facilita el crecimiento manteniéndose como gestor prudente de servicios acordados con la sociedad civil. La tecnología y la automatización hacen que las empresas sean más eficientes. La supresión de fronteras y el aumento de la clase media en otros países permiten el acceso a nuevos mercados alcistas. La libre circulación de información es un activo para las compañías tecnológicas que comercian con datos, así como para cualquier empresa que haga uso de esos datos. El envejecimiento de la población hará necesario que haya empresas que puedan cubrir sus necesidades. Todos esos desafíos sociales proporcionan oportunidades a las empresas innovadoras dispuestas a invertir en la búsqueda y la aportación de soluciones a esos problemas, que es precisamente la razón por la cual las empresas han aumentado las inversiones en bienestar social, como vimos en el capítulo anterior, y seguirán haciéndolo en el futuro. Algunas fracasarán, otras triunfarán. El resultado es el desarrollo.

Las empresas no consideran las inversiones en reputación, publicidad y satisfacción de los interesados como simples gastos o costes operativos. Esas inversiones se realizan porque proporcionan una rentabilidad real, de lo contrario, los actores económicos libres no realizarían nunca tales inversiones. Y está claro que las realizan.

De lo que las empresas se están dando cada vez más cuenta es de que la definición de stakeholder debería ampliarse para incluir a gran parte de la comunidad en la que opera una empresa, porque la comunidad está compuesta de stakeholders o partes interesadas futuras potenciales. Invertir en bienestar social en favor de la sociedad significa invertir en tus clientes, en tus futuros clientes y, en definitiva, en ti mismo. Esto es cierto para todas las empresas, pero especialmente para las grandes corporaciones cuyas acciones tienen un impacto considerable en la economía y la sociedad. Además, las inversiones en la protección del medio ambiente y en el respeto por los derechos humanos también tienen sentido desde un punto de vista económico, porque, una vez más, esas acciones protegen y animan a los accionistas. Las inversiones que benefician a tus stakeholders tienen sentido desde el punto de vista económico.

La forma más eficiente de que las empresas realicen esas inversiones es de manera directa. El gobierno no debería ser el vehículo principal para realizar esas inversiones porque es intrínsecamente ineficiente y no debería asumir esa carga. Obtener fondos de las empresas y las familias a través de los impuestos, enviar el dinero a un organismo gubernamental, hacer circular el dinero entre más organismos, cada uno de ellos con sus propios costes, y a continuación repartir lo que sobre en función de intereses políticos es altamente ineficiente y siempre conduce a una asignación errónea y a la corrupción. Según Transparencia Internacional, hasta el 20 por ciento del gasto de algunos gobiernos en países como el Reino Unido no está justificado[60].

No se trata necesariamente de fraude o robo, aunque no cabe duda de que, en ocasiones, lo es, pero siempre hay despilfarro o ineficiencia cuando se permite liderar al gobierno. Hay menos responsabilidad y transparencia en la administración porque el dinero de los contribuyentes siempre es el dinero «de otros». Naturalmente, las empresas se preocupan más de dónde ponen sus propios euros que las administraciones de dónde colocan los fondos de los contribuyentes. Además, el secretismo y la falta de transparencia tienden a incentivar la corrupción y el fraude y, lo que es más importante, hacen que haya muchas probabilidades de que los fondos no se asignen de manera adecuada. Esta es la razón por la cual las inversiones en bienestar social siempre serán ineficientes cuando sean gestionadas por gobiernos y administraciones.

El objetivo del gobierno debe limitarse a actuaciones encaminadas a facilitar el empleo y el crecimiento económico y gestionar de manera prudente los recursos públicos para atender aquellos servicios acordados de manera general con la sociedad civil, especialmente la defensa y seguridad. Más adelante hablaremos también de otros servicios que no tienen por qué ser exclusivamente gestionados desde el sector público y, sobre todo, diferenciaremos un servicio público como la sanidad y la educación, de su gestión. La titularidad pública no significa que la gestión, el mantenimiento y el pago deban ser además exclusivamente estatales. A veces confundimos educación o sanidad pública con educación o sanidad política y de gestor único estatal, y no deberíamos hacerlo.

En el sector privado, la transparencia y la responsabilidad son esenciales para la supervivencia de las empresas y las corporaciones. El sector público tiene un mercado cautivo y poco que perder. El sector privado tiene mucho que ganar y todo que perder. Las empresas cesan en su actividad constantemente. Empleados y ejecutivos son despedidos. El bajo rendimiento tiene consecuencias inmediatas, y no pueden justificarse simplemente en vísperas del día de las elecciones. Los inversores y los consumidores castigarán a las empresas privadas por sus errores, y lo harán de manera inmediata. Esta presión hace del sector privado el mejor vehículo para invertir en solidaridad, incluyendo inversiones en investigación y desarrollo, educación y asistencia sanitaria. Mientras que el gobierno invertirá en cualquier cosa que dicte el presupuesto del Congreso o un decreto ley, el sector privado invertirá únicamente en ámbitos y aspectos que tengan sentido desde el punto de vista económico.

La principal diferencia entre los gobiernos intervencionistas y los mercados abiertos es que el principal objetivo del gobierno es maximizar el presupuesto, mientras que los mercados abiertos maximizan el beneficio económico y social. En ese sentido, los gobiernos que facilitan el crecimiento económico y el desarrollo prosperan, mientras que los que tienen el control como objetivo principal fracasan. Del mismo modo, las corporaciones buscadoras de rentas y clientelistas acaban como empresas zombis y, en última instancia, desaparecen.

Por otra parte, las corporaciones y las empresas tienen una reputación que mantener. Las corporaciones están sometidas al escrutinio público y a la presión de los stakeholders, lo cual se traduce en una presión del mercado a la que los gobiernos y las administraciones públicas no se tienen que enfrentar. Por esa razón, a las empresas les interesa resolver los problemas de manera rápida y eficiente. El gobierno únicamente tiene interés en obtener más fondos, con independencia de si su utilización resuelve el problema para el que se dotó.

Así, el capitalismo social tiene potencial para proporcionar más bienestar social que el socialismo y otras formas de intervencionismo público. El lucro es una motivación a la hora de resolver problemas sociales e invertir en el bienestar de la sociedad en su conjunto. No cabe duda de que el capitalismo puede tener más conciencia social que el socialismo. El socialismo se basa en la coerción y, por tanto, se presta al pensamiento autoritario, al igual que la intervención del gobierno en los mercados en sentido más amplio. Incluso una intervención leve en los mercados por parte del gobierno da como resultado que este favorezca al sector de sus «amiguetes» en lugar de a aquellas empresas que aportan soluciones nuevas e innovadoras. Para solucionar los problemas actuales necesitamos que el sector privado busque soluciones que las masas asuman de manera voluntaria, no soluciones mágicas de las que se les tiene que convencer para que las apoyen y por las cuales se les obliga a pagar a través de los impuestos.

El papel del gobierno en el capitalismo social

El capitalismo social será impulsado por innovadores y empresarios, no por gobiernos y políticos. Sin embargo, el gobierno tiene un importante papel secundario. El capitalismo prospera especialmente en un entorno político y de regulación que fomenta que las empresas grandes y pequeñas trabajen juntas para construir una economía, un mundo y unas sociedades mejores, aumentando el bienestar de todos.

Los gobiernos pueden ayudar a crear ese entorno, sobre todo no interponiéndose en el camino del sector privado, pero también proporcionando un contexto estable y claro para que las empresas y el público inviertan en bienestar social. En un sistema regido por el capitalismo social, el gobierno tiene que volver a hacer lo que siempre se suponía que debía hacer: prestar servicios al sector privado de los cuales obtener beneficios y, además, favorecer la innovación y la prosperidad.

Hay un papel secundario en el cual el gobierno puede ayudar a construir una economía más sostenible favoreciendo al sector privado y colaborando con él, en lugar de tratar de ampliar el sector público a expensas de los contribuyentes y las empresas. Cualquier impacto positivo que pueda tener el gobierno en la economía favoreciendo y sirviendo a las familias y las empresas queda invalidado cuando se le permite tratar de lograr su objetivo perverso de maximizar los presupuestos y perpetuar la burocracia. La expansión del gobierno siempre se factura en el balance de las grandes corporaciones y los bancos, así como a los contribuyentes.

Sin embargo, los gobiernos pueden tomar medidas que no son solamente formas intervencionistas de asumir el poder, y pueden colaborar con el sector privado para crear soluciones de mercado a grandes desafíos sociales que aumentan el bienestar social sin incrementar la deuda pública. De esta manera, podemos construir una economía realmente colaborativa en la cual el gobierno ayude a potenciar y alentar al sector privado en lugar de aplastarlo con regulaciones, impuestos o, lo peor de todo, nacionalizaciones. Debemos abandonar el colectivismo y el proteccionismo para construir una economía realmente colaborativa. La colaboración en pos de soluciones de libre mercado es la única respuesta sostenible.

Si bien esto tiene que ser dirigido por el sector privado, el gobierno puede ayudar a respaldar la colaboración entre empresas privadas. No les pueden decir a las empresas qué tienen que hacer, pero pueden animarlas a realizar inversiones responsables que las beneficien a ellas y al conjunto de la sociedad. El gobierno tiene que crear un entorno libre de regulaciones excesivas o de amiguismo que permita a las empresas llevar a cabo esas inversiones. Por último, puede ayudar al sector privado y mostrar a las empresas que las inversiones socialmente responsables son en su propio interés.

Un gran ejemplo del mundo real de esta clase de colaboración es el de Israel, donde diferentes empresas, el gobierno, la comunidad inversora y el sector de los servicios financieros colaboran en pos de un objetivo común. Hay cumbres que contribuyen a poner en contacto a empresas con financieros y a emprendedores con inversores. Los emprendedores de startups pueden reunirse con miembros del gobierno. Las empresas se polinizan mutuamente, aunque sean competencia. Son conscientes de que, a pesar de competir en el mercado, todas trabajan para lograr el mismo objetivo: una sociedad mejor, una economía próspera y un futuro más sostenible. Cuando los clientes en general son más ricos y gozan de mayor bienestar, toda la comunidad sale beneficiada, lo mismo que los inversores y el gobierno.

La situación de Israel se describe en el libro de Dan Senor y Saul Singer publicado en 2011, Start-up nation: the story of Israel’s economic miracle[61], que señala a la inmigración y al servicio militar en las fuerzas armadas israelíes como las fuerzas impulsoras del fuerte crecimiento económico del país. En realidad, Israel es un caso de éxito porque el gobierno ha ayudado a crear una cultura favorable a los negocios con una visión común. La nación tiene un espíritu colaborativo y un objetivo unificado, quizá por razones históricas, pero eso no altera el hecho. No hay ninguna razón por la cual cualquier otra nación no pueda fomentar también una economía colaborativa. Cualquier nación y cualquier economía estable debería tener un objetivo común parecido. Estados Unidos prosperó en el siglo XIX bajo la idea del Destino Manifiesto. Actualmente vemos que eso sucede también en otros lugares, como Noruega, donde el gobierno y la comunidad empresarial colaboran para mejorar la economía y el bienestar de todo el mundo, no mediante la intervención, sino mediante políticas de mercado abierto[62]. Los países pueden decidir evitar la intervención para fomentar entornos favorables a las empresas y al crecimiento. Las empresas pueden decidir realizar inversiones socialmente responsables con el objetivo común de beneficiar a todos, simplemente porque benefician a todos, incluyendo a la empresa y a los inversores.

Este tipo de colaboración es la mejor manera de avanzar; tal vez la única manera real de avanzar. El gobierno debe abandonar sus planes intervencionistas, cosa que solamente hará bajo la presión de un público bien informado, ya que nunca renunciará voluntariamente a su poder. Sin embargo, el gobierno puede, por supuesto, desempeñar un papel importante a la hora de apoyar al sector privado, fomentando inversiones con conciencia social, ayudando incluso a planificar los ciclos económicos siempre y cuando dé prioridad al rendimiento económico y al mérito y se mantenga bajo control. El gobierno debería ser un moderador, no un ejecutor, del bienestar social.

La colaboración en soluciones de mercado que proporcionan un mayor bienestar para todos no es únicamente un asunto nacional, sino también internacional. La mayor parte de la pobreza severa se da fuera de la OCDE. Para eliminar la pobreza y asegurarse de que todas las personas, independientemente de su nación de origen, se beneficien de una economía próspera, las naciones del mundo tienen que colaborar más allá de sus fronteras. No solo los gobiernos del mundo, sino también el sector privado. Actualmente, vivimos en una economía globalizada, y los gobiernos y las empresas de la OCDE tienen una gran oportunidad de hacer negocios con el mundo en vías de desarrollo.

Desde la perspectiva del capitalismo social, esto significa que las empresas de los países ricos desarrollados tienen interés en el bienestar social de los países pobres. Los mismos principios son de aplicación tanto en la colaboración internacional como en la nacional. Cuanto mejor les vaya a las personas de los países en vías de desarrollo en su país, mejores clientes serán en los mercados internacionales de Estados Unidos, de Europa y del resto del mundo. Las empresas tienen un gran incentivo mercantil para invertir en los países pobres, uno más sostenible que las razones meramente humanitarias.

Este es precisamente el cambio de paradigma. Tradicionalmente, la colaboración y la cooperación interna han representado poco más que beneficencia pública que implica que los países ricos donan dinero y bienes a los países pobres y sus ciudadanos, manteniendo al mismo tiempo barreras proteccionistas a nivel nacional que les impiden desarrollarse. Esto va bien para atenuar la pobreza, hasta que deja de ir bien. El plan se viene abajo cuando el donante ya no puede financiar a los necesitados y los necesitados se quedan en la estacada, pasando a depender de la beneficencia y, en ocasiones, encontrándose en peor situación que si nunca hubieran recibido asistencia. Eso es el socialismo internacional, y siempre acaba fracasando y creando países que dependen de la ayuda internacional. Un cambio en la dirección del viento de la política o en los resultados económicos del país donante puede dejar colgado al país receptor. Por lo tanto, si la colaboración no es sostenible, tampoco es humanitaria, es un subterfugio.

Los países ricos del mundo deberían dejar de dar dinero gratis y, en lugar de eso, animar al sector privado para que invierta en países más pobres. De esta forma, se crea una relación sostenible que beneficia a todas las partes. Las empresas de los países desarrollados se ven beneficiadas cuando invierten en regiones subdesarrolladas, porque al adentrarse en nuevos mercados internacionales amplían su base de clientes. Realizar inversiones que sacan a la gente de la pobreza puede ayudar a las empresas a encontrar nuevos clientes fieles, mejorando al mismo tiempo su reputación.

Tanto a nivel nacional como internacional, este tipo de colaboración es la manera de avanzar. El gobierno y el sector privado tienen que trabajar conjuntamente, incluso aunque el papel principal del gobierno durante la transición sea no interponerse en el camino. Sin embargo, el capitalismo social funcionará mejor con una colaboración entre los sectores público y privado diseñada para conseguir un mayor bienestar social para todos. Ninguno de ellos está equipado para hacerlo solo, ni siquiera el sector privado si el gobierno no lo permite.

En estos tiempos cada vez más complicados, los gobiernos fracasarán —tanto a la hora de mejorar el bienestar social como a la de ser una nación solvente— si insisten en financiar el bienestar social a través de unos impuestos insostenibles y una administración ineficiente[63]. Deben, por el contrario, apoyar al sector privado para encontrar soluciones de mercado. Las corporaciones y las empresas fracasarán, tanto como organizaciones como en su intento de mejorar la sociedad, si ignoran su interés en el crecimiento de la economía a largo plazo y se niegan a invertir en educación, asistencia sanitaria e investigación y desarrollo. El sector privado o, como mínimo, las empresas que esperan sobrevivir deben salir a la palestra e invertir en las soluciones que todos necesitamos.

Si lo hacen, obtendrán una gran recompensa. El capitalismo social no es más que un capitalismo que reconoce que lo que es bueno para la sociedad es, a menudo, bueno para los negocios.

4

Parecía una gran idea en su momento

Es difícil imaginar una forma más estúpida o más peligrosa de tomar decisiones que dejar esas decisiones en manos de personas que no pagan ningún precio por equivocarse.

THOMAS SOWELL

Recuerdo una conversación que mantuve con mis hijos no hace mucho. Les acababan de dar una lección básica sobre economía y uno de ellos no entendía por qué Keynes recomienda «cavar agujeros para volverlos a tapar[64]». «No tiene sentido», dijo. Intenté explicárselo: «Significa básicamente que el gobierno puede estimular el crecimiento y crear empleos y, posteriormente, la economía se beneficia de ello, creando más empleos y más crecimiento».

Mi hijo me miró con incredulidad. «Qué tontería. ¿Y qué pasa cuando has llenado los agujeros? La gente ya no tiene nada que hacer».

Le intenté explicar que lo que Keynes quería decir era que es más lógico tener a la gente trabajando en algo que en paro. Jaime insistió: «Pero sigue siendo inútil. ¿Qué sentido tiene?».

Así que volví a intentarlo. Le expliqué que cuando las empresas no encuentran oportunidades para invertir, el gobierno puede invertir en la reparación de infraestructuras y crear empleos.

Continuamos por el mismo camino durante un par de minutos, tras lo cual Jaime me volvió a mirar y dijo: «Papá, ¿por qué decidiría alguien no invertir si iba a ganar mucho dinero?».

Exacto. Lo que mis hijos podían entender claramente es que crear empleos con una finalidad inútil no es más que una medida cosmética que acaba siendo mucho más perjudicial. En realidad no se trata de creación de empleo, sino de ocupación subvencionada.

He mencionado que Friedrich von Hayek había advertido contra la creación de empleos innecesarios con fines políticos utilizando fondos públicos. En Full employment at any price?[65] demostró que esa política es contraproducente. El efecto placebo temporal crea mayores desequilibrios en la economía, y, cuando acaba el estímulo, el impacto sobre el desempleo es mayor que antes de que se aplicara el plan del gobierno, dejando tras de sí incluso más deuda.

Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos hoy se producen precisamente porque nosotros, como ciudadanos, exigimos que el gobierno «haga algo» ante una crisis o una recesión. Y lo hace. Entonces, le echamos la culpa al gobierno anterior.

Es posible que el ciudadano medio no entienda qué son las políticas de demanda, pero son bastante fáciles de explicar. Son acciones gubernamentales encaminadas a crear un aumento de la demanda centralizado para ayudar a impulsar la economía.

Los planes de estímulo económico, los programas industriales, los planes de protección, el incremento de la oferta monetaria y la bajada de tipos de interés son políticas de demanda. Y siempre van acompañadas de palabras que suenan realmente atractivas: social, crecimiento, empleos…

El problema, como todo en la vida, es el exceso y la saturación.

Las crisis de las que hemos sido testigos en las últimas décadas no han sido provocadas por falta de estimulación de la demanda, sino por exceso de la misma.

La analogía del deporte

Siempre utilizo una analogía deportiva para explicarles a mis alumnos cómo funcionan las políticas de demanda y los planes de estímulo.

Imaginemos que la economía es un atleta. Un entrenamiento adecuado y asesoramiento sobre alimentación y preparación son esenciales para que el atleta alcance su pleno potencial. Ese asesoramiento es proporcionado por entrenadores y médicos que tienen las mejores intenciones y que están en total sintonía con los objetivos de mejora y sostenibilidad del atleta. No solo quieren que el atleta gane, sino que lo haga tan a menudo y durante todo el tiempo que sea posible. Eso es el equivalente de una política de demanda alineada con los mejores intereses de la sociedad y sus ciudadanos. El entrenador y los médicos no tienen mejor ni más información que el atleta sobre cómo se siente este al competir; lo que hacen es apoyarlo.

Ahora, pensemos por un momento en lo que pasaría si el entrenador estuviera interesado únicamente en los honorarios que recibiría por el calendario deportivo de la temporada de este año. O si los médicos y los expertos en nutrición no estuvieran interesados exclusivamente en los mejores programas para hacer que la carrera deportiva del atleta fuera exitosa y sostenible, sino en los honorarios que recibirían por utilizar drogas agresivas y esteroides. ¿Qué sucede? Los intereses del entrenador y los médicos están completamente desalineados con el bienestar del atleta y su éxito a largo plazo. Y si el atleta accede a dañar su salud para obtener un beneficio a corto plazo, obviamente acabará en peor forma, con una carrera insatisfactoria y, posiblemente con enormes problemas de salud a largo plazo.

La saturación de planes de estímulo que hemos vivido en el pasado es algo muy parecido.

Piensa en Lance Armstrong y la economía. Igual que el ciclista que echó a perder su reputación, su salud y su carrera utilizando drogas para mejorar su rendimiento, los incesantes planes de estímulo destruyen las perspectivas a largo plazo de una economía con impulsos a corto plazo que la perjudican continuamente. Cercenan el crecimiento potencial perpetuando la sobrecapacidad, incentivando la deuda y disfrazando el riesgo.

Recordemos la analogía deportiva: alineación de intereses. Los gobiernos tienen que demostrar que, en cuatro años o menos, pueden mejorar la economía. El esteroide más fácil es utilizar el dinero de los contribuyentes y la deuda para impulsar el rendimiento a corto plazo. Inflar el PIB con unos cuantos elefantes blancos y más deuda. Las consecuencias de esas políticas a largo plazo no afectarán al gobierno que las aplica durante cuatro u ocho años, sino a todos los ciudadanos en las décadas posteriores de impuestos elevados, más recortes, inflación y peores condiciones laborales. Además, el mismo político que aplique ese placebo alimentado por la deuda a corto plazo podría reaparecer algunos años después presentándose como el salvador. Solo tiene que culpar al gobierno saliente de los recortes que generaron las políticas placebo de su gobierno y volver a aplicarlas como «nuevas ideas».

La evidencia de esta «saturación de estímulo» en todo el mundo es muy clara.

La deuda global se disparó hasta el 325 por ciento del PIB mundial en 2016[66], encabezada por el aumento de la deuda pública precisamente en los países que pusieron en práctica grandes planes de estímulo y ningún tipo de programa de austeridad. La deuda pública, en particular, se multiplicó por dos en Estados Unidos y China entre 2006 y 2016, aumentó el 50 por ciento en Japón hasta alcanzar el 250 por ciento del PIB, con un incremento parecido del 50 por ciento en la eurozona, hasta llegar al 90 por ciento del PIB.

El exceso de inversión en infraestructuras puede ser perjudicial. Se calcula que el 55 por ciento de los proyectos de infraestructuras chinos destruyen valor económico y que nueve de cada diez grandes proyectos de infraestructuras están un 45 por ciento por encima del presupuesto, según Daniel Mahoney et al[67].

Los principales factores que hacen que los planes de infraestructuras públicas no alcancen los niveles de crecimiento deseados son:

Falta de planificación prudente. Sobreestimar la demanda —lo cual es un rasgo típico del sector público— y subestimar la carga de la deuda.

Precipitarse a gastar. La mayoría de los planes de infraestructuras se convierten en una carrera para ver quién gasta más y antes, con el fin de aprovechar al máximo el presupuesto —otro rasgo típico del sector público.

La creencia de que construir algo genera crecimiento pase lo que pase. Ignora el coste del capital, el capital de trabajo y el aumento de la deuda.

Es curioso, o un síntoma de demagogia partidista, que a los mismos partidos políticos que exigen más estímulo y gasto deficitario —más deuda— les preocupe que las políticas del gobierno anterior hayan provocado un aumento de la deuda. Lo que parece casi un chiste es que los economistas de la corriente dominante planteen proyectos de infraestructuras aún mayores —elefantes blancos— y más gasto público, para acabar fracasando. Y, una vez fracasado, proponen volver a hacerlo.

La definición de elefante blanco

¿Qué es un elefante blanco? El equivalente al ejemplo de mis hijos de «cavar un agujero para volverlo a llenar»; un enorme proyecto de infraestructuras pagado por el gobierno —es decir, por los contribuyentes— sin un uso o rendimiento apreciable. El único objetivo real es «construir algo».

Pensemos, por ejemplo, en las ciudades fantasmas de China que están totalmente vacías. ¿Y qué decir de los numerosos aeropuertos innecesarios de España, construidos y diseñados como equivalentes a la Estrella de la Muerte de La guerra de las galaxias sin reparar en gastos[68]? ¿O los miles de kilómetros de autopistas sin utilizar, o los paneles solares no conectados a la red, o los gigantescos pabellones públicos edificados por toda Europa? ¿Y los proyectos faraónicos de infraestructuras de Brasil[69]? Todos ellos son elefantes blancos.

Entre 1991 y finales de 2008, Japón gastó 6,3 billones de dólares en «inversiones públicas relacionadas con la construcción», lo cual contribuyó de manera significativa a su estancamiento, elevada deuda y escaso crecimiento de la productividad[70].

El New Deal Verde, no es nuevo, ni verde, ni es un acuerdo

¿Qué sucede cuando los políticos constatan que la utilización de desorbitados estímulos no ha dado resultado? Sacan otro conejo del sombrero. Necesitan otro nombre y una nueva solución mágica para hacer que los ciudadanos vuelvan a creer en las políticas de demanda, a pesar del constante fracaso de esos mismos planes.

El ejemplo de la eurozona es evidente.

Un enorme estímulo en 2008 con un «plan de empleo y crecimiento[71]». Un estímulo del 1,5 por ciento del PIB para crear «millones de empleos en infraestructuras, obras civiles, interconexiones y sectores estratégicos» destruyó millones de empleos, y el déficit prácticamente se multiplicó por dos. La eurozona ha sido una cadena de estímulos desde el primer día.

Lo mismo sucedió con el llamado «Plan Juncker», o Plan de Inversiones para Europa, acogido como la «solución» a la falta de crecimiento de la Unión Europea. Movilizó 420 000 millones de euros[72], muchos de ellos para elefantes blancos. Los cálculos de crecimiento de la eurozona se redujeron drásticamente, el crecimiento de la productividad se detuvo y la producción industrial cayó en la primera mitad de 2019 a los niveles más bajos de los últimos cinco años.

El masivo plan de política «verde[73]» ha hecho que las facturas de electricidad y gas natural de los hogares de la Unión Europea sea más del doble que las de los de Estados Unidos. Y el desempleo sigue siendo el doble que el de Estados Unidos, mientras que el crecimiento se ha estancado. En 2016, los precios de la electricidad de los hogares fueron, como media, de 26,6 céntimos de euro por kWh (c/kWh) en la eurozona y de 12,7 c/kWh en Estados Unidos[74].

El New Deal Verde planteado ahora en Estados Unidos no es un New Deal y no debería serlo.

Cuando Franklin D. Roosevelt introdujo el New Deal, el tamaño del gobierno, el gasto y la deuda públicos no eran ni por asomo tan elevados como los actuales. En el apogeo del New Deal, el gasto federal no superó nunca el nivel de 1934 del 10,7 por ciento del PIB. Incluso teniendo en cuenta el extraordinario coste del período de la segunda guerra mundial, el gasto público pasó de un máximo del 43,6 por ciento al 11,6 por ciento del PIB en 1948[75].

Y eso no es todo. El sector público tenía muy poca deuda, un máximo del 45 por ciento del PIB. Comparémoslo con un déficit anual ya insostenible que no se sitúa por debajo de medio billón de dólares y una deuda respecto al PIB próxima al ciento por ciento.

El estudio titulado «New Deal policies and the persistence of the Great Depression: a general equilibrium analysis[76]» determinó que las políticas anticompetitivas y proteccionistas del New Deal destruyeron las posibilidades de una recuperación económica rápida. El estudio llegó a la conclusión de que, si esas políticas no se hubieran aplicado, la depresión habría acabado en 1936 en lugar de en 1943.

En la década de 1930, la tasa de desempleo no se situó nunca por debajo del 15 por ciento. Cinco años después de poner en marcha su New Deal, las políticas económicas de Roosevelt habían provocado que uno de cada cinco estadounidenses en edad laboral estuviera sin empleo. En 1937 había 6 millones de desempleados, y en 1938 la cifra ascendía a 10 millones de personas. Estados Unidos salió de la crisis cuando, al final de la guerra, redujo súbitamente los impuestos, abrió la economía y empezó a eliminar medidas proteccionistas.

El New Deal Verde que nos proponen hoy no es más que otro grupo de elefantes blancos disfrazados, porque la verdadera revolución verde ya está teniendo lugar sin medidas intervencionistas por parte del gobierno.

Estados Unidos ya es el segundo mercado principal para la inversión en energías renovables, según Ernst and Young[77]. De hecho, está invirtiendo más de 48 000 millones de dólares anuales en energías renovables, según BloombergNEF[78], y, si a ello le añadimos las infraestructuras y la eficiencia energética, sigue siendo el principal destino mundial de inversión productiva en energía verde, tecnología e infraestructuras.

Estados Unidos ha logrado más en el desarrollo de energías renovables, tecnología y eficiencia energética que la eurozona sin enormes aumentos del gasto público, de los impuestos y de las facturas[79]. La decisión de un planificador central de inflar el PIB mediante el gasto público no tiene nada de «verde», sino todo lo contrario. Aumenta artificialmente la utilización de energía y de capital para crear falsas señales de demanda que acaban convirtiéndose en burbujas que perjudican a la economía y la hacen menos dinámica.

No hay ninguna necesidad de un New Deal Verde. Ya estamos viviendo una época de elevado gasto público, déficits demasiado altos y deuda. La innovación, la competencia y la tecnología disruptiva están reduciendo la intensidad energética del PIB más rápido de lo que cualquier gobierno puede decidir.

Los gobiernos de cualquier color o ideología raramente se benefician de la innovación tecnológica, la eficiencia energética y la sustitución. ¿Por qué? Porque son factores desinflacionistas y su efecto a corto plazo es siempre la destrucción creativa de industrias obsoletas; aquellas que los Estados aspiran a preservar a toda costa. Si los gobiernos se preocupasen realmente por el clima y el medio ambiente, clausurarían las industrias más contaminantes, las cuales son, en su mayoría, de propiedad estatal o concesiones públicas.

Volvamos al tema de los incentivos. ¿Qué efectos inmediatos tienen las tecnologías disruptivas y la eficiencia energética? Caída de empleo en sectores altamente sindicalizados, desinflación y menores ingresos fiscales (las tecnologías disruptivas necesitan menos capital, menos empleo y menos uso de inmuebles, por eso generan menos ingresos fiscales). ¿Cuál de esos resultados le gusta ver al gobierno en su mandato? Ninguno. Por eso es imposible que un programa verde gubernamental sea realmente eficaz. Porque ningún gobierno va a promover algo que destruye lo que ese mismo gobierno quiere mantener.

El único New Deal Verde que se necesita es dejar competir al sector privado y proporcionar la tecnología y la innovación requeridas. Eso ya sucede.

El tema del gasto público en proyectos masivos que prometen un rendimiento extraordinario plantea una pregunta: si esos proyectos son necesarios, ¿por qué no los financia el sector privado? Como la de mi hijo, esta es también una pregunta recurrente entre mis alumnos. Esa es exactamente la cuestión.

Con el tiempo, hemos llegado a creer que, si el sector público no hubiera construido infraestructuras, hoy viviríamos todos rodeados de carreteras polvorientas y sin instalaciones. Sin embargo, eso no es verdad. Es una falacia para hacernos creer que tenemos que dar voluntariamente más dinero a los políticos por nuestro propio bien.

En Suecia, dos tercios de las carreteras están financiadas de forma privada[80]. Eso puede parecer sorprendente, pero indica que la colaboración entre los sectores público y privado es esencial para evitar el gasto excesivo, la corrupción y los incentivos perversos de gastar por gastar. En Reino Unido, Estados Unidos y otros países líderes, esa colaboración público-privada es el centro de la política de infraestructuras.

Podría argumentarse que es posible que algunos proyectos de infraestructuras no añadan valor, pero son necesarios y, por tanto, contribuyen al crecimiento económico y al comercio, y es aceptable. Entonces, el gobierno, desde la administración prudente de recursos escasos, puede fortalecer la red de infraestructuras de manera similar a lo que la propia España está haciendo en el sector ferroviario, financiando parte de la red con la inversión que llega del sector privado vía pago de concesiones. Pero la realidad es que dotar al gobierno de fondos ilimitados para construir conduce de manera inevitable a un gasto ineficiente y excesivo. Es muy sencillo. Cuando los fondos son entregados a entidades que rechazan por principio y explícitamente un «rendimiento económico real» y justifican cualquier ejemplo de gasto excesivo basándose en el «interés social», los controles y contrapesos necesarios desaparecen. Cuando el gasto público descontrolado se comparte con los sectores clientelistas, las raíces de la corrupción se refuerzan.

El amiguismo no tiene nada que ver con el capitalismo, y menos aún con el libre mercado. Más bien es el estatismo llevado al extremo; creando simplemente un brazo del gobierno en el sector privado que aportará su balance para financiar proyectos públicos a cambio de un margen y una comisión. ¿Quién sale beneficiado? El gobierno les dice a los votantes que está haciendo mucho para que haya «crecimiento», utilizando el balance de una empresa externa, de manera parecida a la financiación fuera de balance de las multinacionales fuertemente endeudadas. Esas empresas clientelistas tienden a apropiarse de la definición de «estratégicas» de los mismos gobiernos que se benefician al utilizar el músculo financiero ajeno para llevar a cabo su actividad monopolística; todo ello a cambio de una comisión.

La empresa clientelista vivirá a costa del gobierno del mismo modo que el gobierno vive a costa de la empresa. Y, al final, cuando los dos generen un endeudamiento masivo y un agujero financiero que los contribuyentes tendrán que pagar, los gobiernos y los políticos le echarán la culpa al «capitalismo», mientras que las empresas culparán a los políticos de la quiebra en la que se ven sumidos cuando los ingresos públicos se agotan.

Es un plan hermosamente maquiavélico. Los socialistas culpan al capitalismo y exigen más gasto público, reclamando más control empresarial. ¿Y qué sucede? Los economistas de la corriente dominante dicen que no es un problema de gasto, sino de calidad del gasto, y que la próxima vez será diferente. Lo repiten una y otra vez.

La realidad de los incentivos

El incentivo del amiguismo es utilizar tu dinero para aumentar el poder y la riqueza del gobierno y de aquellos próximos a él, diciéndote que es por tu propio bien.

Se podría decir que todo esto sucede porque los ambiciosos capitalistas controlan las acciones del gobierno. Sin embargo, eso es simplemente ridículo. En una economía socialista, el incentivo recae en los dirigentes y los líderes de los partidos igual que en el capitalismo. Recordemos la Rusia comunista, toda la Unión Soviética y el poder y la riqueza extremos acumulados por los oligarcas y los líderes del partido; o los «boliburgueses» (los multimillonarios venezolanos nacidos a la sombra del gobierno de Chávez); o la extrema riqueza acumulada por líderes socialistas y comunistas como los hermanos Castro.

Pero centrémonos en la saturación de estímulo, habrá quien piense que todo esto no es un problema cuando el gobierno y el sector público tienen margen fiscal (capacidad de gasto). Sin embargo, se convierte en un gran problema cuando dejas atrás deuda, exceso de capacidad y una gran factura de impuestos que tienen que pagar los ciudadanos.

El Adam Smith Institute (ASI) calcula un «coste del día de gobierno» para mostrar el alcance del impacto de la deuda pública sobre los ciudadanos. La deuda tendrá que pagarse, haciéndose los contribuyentes cargo de la factura. Según este cálculo, el contribuyente medio estadounidense trabajaría durante más de medio año para pagar la deuda de Estados Unidos.

Algunos pensarán que también hay un problema con la deuda privada, no con la deuda pública, ya que la deuda pública se sitúa en torno al 90 por ciento del PIB, pero la deuda privada es mayor, casi el doble que esa cifra. Ese argumento es una absoluta falacia.

En primer lugar, la deuda pública la tiene que pagar el sector privado. Por tanto, la deuda pública se suma a la deuda privada, no está separada de ella. Se trata de una obligación que será pagada por el sector privado, además de su propia deuda.

Uno de mis alumnos lo resumió en una ocasión: «Es como si comparas mi deuda con la tuya, pero yo tengo que pagar las dos. Y, sin embargo, me echas la culpa por no poder endeudarme más». Los gobiernos culpan al sector privado por no ser capaz de gastar y financiar más la deuda, acusándolo de no ayudar, pero, a pesar de todo, es el sector privado el que tiene que pagar su propia deuda y la del gobierno. Curioso acuerdo.

En segundo lugar, comparar la deuda pública respecto al PIB con la deuda privada respecto al PIB es absurdo y engañoso, ya que es un cálculo que favorece al gobierno. Cuando el gobierno controla el 40 por ciento del PIB, relacionar los cálculos relativos a la deuda y la solvencia con el PIB es simplemente una trampa. Si el mayor componente individual del gasto en el PIB es el gobierno, resulta que el gasto público financiado a través de deuda diluye la proporción, aunque debilite la economía real y el sector privado.

Pero la principal razón por la cual no tiene sentido comparar la deuda pública con la privada en términos de PIB es que prácticamente ninguna empresa o familia gasta entre el 15 por ciento y el 20 por ciento más de lo que gana. La situación financiera del sector público debería comparar gastos con ingresos y activos, que son medidas de solvencia más correctas.

Lo que resulta exasperante es que la cuestión de la división entre gasto público y privado se ve como un tema del bien contra el mal; por no mencionar el hecho de que se critique al sector privado porque busca un verdadero rendimiento económico y tiene ánimo de lucro.

No hay ningún agente económico que tenga más ánimo de lucro que el Estado. Todos sus gastos son financiados por otros agentes económicos, y su poder aumenta cuanto más consume un presupuesto creciente. Como decía Margaret Thatcher, no existe el dinero público, es dinero de los contribuyentes.

Yo añadiría que no existe la deuda pública. Es deuda de los contribuyentes.

¿Por qué gastar? Aumentar la deuda

Décadas de estímulo tras estímulo y de «gastar para crecer» han dado como resultado «gastar para multiplicar la deuda».

Comentábamos antes que los gobiernos siempre perciben los ciclos económicos como problemas de demanda. Si el crecimiento de la economía y la inversión no es el que sus cálculos estimaban, no lo achacarán a un error de estimación, sino a falta de demanda. Y no es porque no haya inversión o crecimiento, sino porque no es el que ellos quisieran. Entonces te echan la culpa a ti y a mí y dicen que «si el sector privado no gasta, que gaste el gobierno». Y se lanzan a anunciar enormes proyectos para estimular la demanda que, a menudo, fracasan.

La razón por la cual los economistas recomiendan esos proyectos es doble. Por un lado, no prevén un gasto involuntario inútil. Puede sonar ingenuo, pero la glorificación del gasto público a toda costa hace que muchos crean que, cuando los expertos y los inversores no ven oportunidades, dar cientos de miles de millones a los políticos funcionará.

No es casualidad que muchos economistas tiendan a sobreestimar los efectos de las políticas de demanda e infraestimar sus riesgos. La idea de que un agente económico tan poderoso como el gobierno va a solucionar problemas complejos con un solo golpe de talonario presupuestario es relativamente atractiva, aunque fallida en su raíz. Asume que la complejidad de la economía y de las decisiones de los millones de agentes económicos van a desaparecer por orden ministerial.

Pero ¿acaso tiene el gobierno más o mejor información sobre lo que es una buena inversión? Está claro que no. Entonces, ¿qué es lo que le hace decidir realizar una inversión rechazada por el sector privado? El hecho es que tú pagarás por ella, tanto si es una decisión acertada como si no. La segunda razón es porque se percibe que el daño colateral de un gasto excesivo e innecesario es bajo porque el gobierno siempre podrá subir los impuestos.

Sin embargo, es aún más ingenuo creer que si el gobierno gasta un euro creará un valor de más de un euro en la economía. Esto es lo que los keynesianos denominan «multiplicadores fiscales», especialmente bajos o negativos en economías abiertas y diversificadas. En la práctica, el milagro bíblico de la multiplicación de los panes y los peces ha sido sustituido por el milagro del nuevo Dios…, el gobierno —no de Jesucristo.

La verdad es que el espejismo de los multiplicadores del gasto público ha demostrado una y otra vez ser una falacia. El incremento de la deuda pública en Estados Unidos, China y los países emergentes que decidieron «gastar para crecer» después de la crisis supera con creces el crecimiento del PIB. Esto ha sido así al menos desde 2006.

La conclusión real es que los multiplicadores son muy bajos o negativos en las economías abiertas y endeudadas, precisamente porque proceden de excesos anteriores creados por esos mismos planes de «estímulo».

Las políticas de expansión propuestas por muchos economistas han sido una decisión equivocada a la vista de la evidente saturación de deuda. ¿Por qué? Porque lo que estamos experimentando es una conmoción de exceso de oferta que conduce a la bajada de los precios, no a una deficiencia de demanda agregada. No es que el gasto público esté satisfaciendo una demanda no cubierta por el sector privado; simplemente incorpora más capacidad para una estimación de la demanda que es excesivamente optimista y que ignora el efecto positivo de la tecnología y la eficiencia. Estamos en un entorno de exceso de capacidad después de dos décadas de expansión agresiva y de afrontar unas expectativas de crecimiento que no se han hecho realidad. El exceso de capacidad es evidente en todas las economías principales con niveles entre el 20 por ciento en Estados Unidos y el 38 por ciento en China[81].

De hecho, se ha demostrado que, en una economía abierta con un comercio globalizado y tipos de cambio flexible, la efectividad de la expansión fiscal es extremadamente limitada[82]. La historia de más de 44 países demuestra que el efecto multiplicador es muy escaso en las economías abiertas y negativo en las fuertemente endeudadas.

La evidencia empírica de los últimos 15 años muestra un nivel que, cuando es positivo, apenas oscila entre 0,5 y 1 como máximo; en la mayoría de los países ha sido negativo. Lo que esto significa es que un dólar de gasto público ha creado un dólar o menos en la economía, porque el coste de deuda añadida y de subida de impuestos para financiarlo tiene un impacto negativo en la economía real.

¿Es necesaria la inversión pública? Sí, en el caso de que, como la privada, tenga una rentabilidad socioeconómica y se trate de una necesidad evidente. De no ser así, no se trata de una inversión, sino simplemente de un gasto para «impulsar el PIB».

Incluso estudios que analizan un efecto positivo del gasto público advierten de que las economías avanzadas y endeudadas han sobrepasado sus límites fiscales. En consecuencia, sus estimaciones pierden credibilidad. La promesa de crecimiento impulsada por el gobierno tenía cierta lógica en una época de depresión, cuando el gobierno ahorraba mucho y su peso en la economía era inferior al 15 por ciento. Hoy, con casi el 50 por ciento del PIB, es claramente una carga[83].

Los defensores de los enormes planes de estímulo ignoran la importancia de la rentabilidad real en favor de «mantener el PIB» como sea. Un estudio realizado por Deepak Lal, profesor de desarrollo internacional en la Universidad de California-Los Ángeles (UCLA), analiza el devastador impacto en el crecimiento potencial y la deuda de los planes de estímulo en China[84]. Además, el análisis de Edward L. Glaeser titulado «If you build it[85]» («Si lo construyes») destroza el mito ampliamente repetido de los efectos multiplicadores positivos de las infraestructuras públicas. El 55 por ciento de los proyectos analizados generó una relación coste-beneficio inferior a uno; es decir, provocaron auténticas pérdidas. Pero, del resto, solamente seis proyectos de los analizados mostraron un rendimiento positivo. Los restantes no generaron nada. En consecuencia, esos países no crecen y sus economías se debilitan.

Los defensores del gasto en infraestructuras ignoran los análisis más básicos del coste-beneficio, subestimando el coste y magnificando el beneficio estimado a través de multiplicadores de ciencia ficción. Y, lo que es más importante, esos planes mal llamados de estímulo se convierten en una herramienta para la dependencia. La deuda que dejan tras ellos hace que las sociedades paguen la factura y sean menos dinámicas y, a medida que aumenta el peso del gobierno en la economía, las sociedades dependen más de la capacidad de endeudamiento del gobierno para sobrevivir.

Los gobiernos presentan esos planes descomunales como positivos para el crecimiento; las empresas clientelistas los acogen encantadas; y los economistas de la corriente dominante los defienden. En última instancia, se transforman en palos en las ruedas, y el gobierno se postula para solucionar la situación que él mismo ha creado.

El incentivo perverso de gastar el dinero ajeno para cubrir los excesos del pasado genera una asignación de capital cada vez mayor a sectores de baja productividad. En consecuencia, los gastos actuales se financian con impuestos más elevados a las clases medias y a las industrias de alta productividad. Esas, así llamadas, políticas expansionistas se transforman en enormes transferencias de riqueza de los sectores productivos a los improductivos y, como no podría ser de otro modo, se limita el crecimiento potencial y no se cumplen las estimaciones multiplicadoras.

Esto siempre acaba en crisis. Por eso se producen shocks de deuda en muchos países; no solo debido a su elevado endeudamiento, sino al continuo deterioro de sus cuentas públicas.

Los países pasan de desaceleración a crisis con mucha frecuencia precisamente cuando se presenta el gobierno a «incentivar la demanda interna» ante una moderación del crecimiento. Entonces, se infla el PIB vía gasto público y deuda, y después, cuando el efecto placebo se disipa, el impacto es mayor al saltar la sobrecapacidad y el exceso de deuda acumulado.

Lo peor es el mensaje dominante: gastar más reducirá la deuda. Por eso se utilizan los multiplicadores de ciencia ficción en las estimaciones; para hacerte creer que un país asolado por la deuda superará sus problemas gastando más. Nadie en su sano juicio se lo creería.

Un amigo y yo teníamos un bar a finales de la década de 1990. Servíamos bebidas y comida, pero, a pesar de su ubicación envidiable y un magnífico ambiente, no ganábamos dinero. Nuestros costes eran demasiado elevados. Teníamos buenas ventas y una clientela fiel, y la marca era conocida, así que fuimos al banco a pedir un préstamo.

Mi socio se dirigió al director del banco con un concepto novedoso. «No tenemos problemas con los costes; tenemos problemas con los ingresos», dijo. Y añadió: «Mi plan es duplicar el número de trabajadores, gastar más en decoración y subir los precios». El director del banco hizo una única pregunta: «¿Cómo van a pagar todo eso?». Mi amigo respondió: «Obviamente, con más ventas». El director insistió: «¿Y si venden lo mismo?». Silencio. Tras unos breves momentos de duda, mi amigo respondió: «No creo que eso suceda». A lo que el director repuso irónicamente: «Tienen ustedes un gran plan, ¿verdad?».

No hace falta decir que no nos concedieron el préstamo. La fantasía keynesiana no está permitida en la realidad.

Las preguntas que nadie hace al presentar esas inmensas políticas de demanda y esos inmensos planes de infraestructuras son: «¿Y si no funciona?, ¿cuál es el plan B? O ¿qué partidas presupuestarias se reducirán si el plan supera el presupuesto?». ¿Por qué? Porque el Estado tiene el monopolio de los impuestos y puede apretarte las tuercas un poco más cuando fracasa. Esto probablemente lo llevará a cabo alguien que tenga que lidiar con los errores del pasado, el cual decidirá solucionarlos subiendo los impuestos y estableciendo un nuevo estímulo. Por supuesto, para justificar esas medidas, los gobiernos y los economistas se basarán en estimaciones de crecimiento y de inflación que raramente se cumplen, si es que se cumplen alguna vez. Posteriormente, cuando el gasto público se dispare y se produzca una crisis, un pequeño recorte presupuestario se denominará «austeridad».

Un análisis más detallado de la austeridad

Mucho se ha escrito acerca de la devastadora «austeridad» que ha paralizado a la Unión Europea (UE). Veamos algunos ejemplos.

Austeridad significa que el gasto público en relación al PIB ha ascendido como media al 48,2 por ciento entre 1995 y 2016 y que ha aumentado más de 4 puntos porcentuales desde 2000. De manera que la «austeridad» ha reducido el gasto público desde un máximo histórico del 52,7 por ciento hasta el 48 por ciento en 2016; casi el 50 por ciento del producto interior bruto anual[86]. Traducido: no ha habido «austeridad», sino simplemente un poco de moderación en un gasto que ya era excesivo.

El ciudadano ha leído en varias ocasiones que todo esto se debe a que los gobiernos tuvieron que rescatar a los bancos. En primer lugar, eso es incorrecto. El rescate bancario no representa ni siquiera el 10 por ciento del aumento del gasto público.

Pero, lo que es más importante: ¿por qué los gobiernos rescatan a los bancos? En realidad, lo que rescatan son los depósitos de los ciudadanos, no a los bancos. Esos depósitos desaparecerían si quebrasen unos cuantos bancos a la vez y el espejismo del fondo de garantía de depósitos se desvaneciera. Sin embargo, los rescates también crean un incentivo perverso para repetir los mismos errores.

¿Quién compra la mayor parte de la deuda pública y financia los monstruosos planes de estímulo a un coste muy inferior al que paga cualquier empresa? Según las normativas de la UE, prestar dinero a las administraciones públicas «tiene menos riesgo» y requiere menos capital que prestar a familias y empresas. Entonces, ¿quién aprovecha la ocasión para prestar a los gobiernos? Los bancos. ¿A quién rescatan realmente los gobiernos cuando rescatan a los bancos? A sí mismos.

El debate entre el gran gobierno y los grandes bancos es otro de los trucos de magia que nos hace la economía dominante para justificar más intervencionismo. Los gobiernos y los bancos están muy unidos e interrelacionados.

Fijémonos en Estados Unidos. El gigantesco estímulo aplicado en dicho país en 2009 para «afrontar la crisis» fue el mayor de la historia de la economía. La Casa Blanca predijo un crecimiento medio de la economía de entre el 4 por ciento y el 4,5 por ciento, un descenso del desempleo al 5 por ciento y una reducción del déficit presupuestario que lo situaría hasta en el 3,5 por ciento del PIB.

Durante la administración de Obama y las políticas expansionistas masivas, con tres planes de estímulo de la Reserva Federal mediante QE (quantitative easing, o expansión cuantitativa) y unos tipos de interés extremadamente bajos, el crecimiento anual se situó en una media del 1,4 por ciento (el 2,1 por ciento si excluimos 2009). Esto contrasta con una media del 3,5 por ciento durante el mandato de Reagan, del 3,9 por ciento durante el de Clinton y del 2,1 por ciento durante el de George W. Bush.

La economía ha crecido mucho más lentamente que en cualquiera de las 10 recuperaciones económicas anteriores desde la segunda guerra mundial. Eso significa que, comparada con otras recuperaciones desde 1960, la brecha de recuperación se ha situado en 1,67 billones de dólares[87], una recuperación débil si la comparamos con la historia reciente, y que el crecimiento económico se ha estancado alrededor de la mitad de lo previsto.

Gráfico 6 Las políticas de los bancos centrales no han provocado los efectos deseados

FUENTE: ISM, HIS Markit, Nikkei, SVME, Bloomberg Finance LP, Haver Analytics, DB Global Market Research (elaborado por Deutsche Bank Research).

NOTA: índice manufacturero ISM utilizado para Estados Unidos, e índice manufacturero PMI para el resto de países.

(*) Quantitative easing (o expansión cuantitativa).

Todo esto tuvo lugar tras un estímulo monetario masivo de 4,7 billones de dólares y de una nueva deuda de 10 billones de dólares y un aumento del déficit fiscal de 13 billones de dólares a nivel estatal, local y federal. La deuda pública se disparó del 48 por ciento al 75 por ciento del PIB. El déficit medio anual fue del 5,2 por ciento; en 2016 fue del 3,2 por ciento.

Si bien el desempleo sí descendió a los niveles esperados, la tasa de participación laboral, la cual se calcula como la fuerza laboral dividida entre toda la población en edad laboral, descendió a los niveles de 1978. Algunos lo atribuyen a un efecto demográfico, lo cual significa que más personas decidieron jubilarse antes, mientras que más personas decidieron empezar a trabajar más tarde. Sin embargo, esa explicación no tiene sentido.

La tasa de participación en la fuerza laboral en el Reino Unido, con una demografía similar a la de Estados Unidos, era del 78,5 por ciento. En la UE era del 72,9 por ciento, mientras que en Estados Unidos era del 62,8 por ciento en el final del mandato de Obama. La demografía no explica esa diferencia tan grande, especialmente cuando la tasa de participación en Estados Unidos descendió en todos los segmentos[88].

Nadie puede negar la recuperación de Estados Unidos, pero tampoco que fue claramente insuficiente y decepcionante comparada con el enorme estímulo implementado. Los salarios reales, estancados, y la mala excusa de la participación laboral fueron dos de las razones por las que los republicanos consiguieron convencer de que el mercado laboral era «anémico» a pesar del bajo paro. La realidad es que las cifras fueron buenas fundamentalmente por dos razones: la revolución energética, que hizo que Estados Unidos pasara de ser uno de los mayores importadores a ser uno de los mayores productores de petróleo del mundo[89], y el dinamismo de las multinacionales norteamericanas, particularmente el despegue de los gigantes tecnológicos, que llevó a que la propiedad intelectual suponga el 36 por ciento del PIB de Estados Unidos[90]. Los dos mayores estímulos, petróleo y tecnología, no tenían nada que ver con la acción del gobierno, el cual, además, fue claramente hostil con el sector energético.

La respuesta a la pregunta «¿por qué el estímulo de la Fed funcionó y el del BCE no?», es que los datos de Estados Unidos mejoraron fundamentalmente por sectores que la Unión Europea ataca, limita o prohíbe.

No es posible criticar estas cifras sin entender la crisis que las precedió y su origen. El problema fue el resultado de estímulos masivos. Entre 2001 y 2003, los tipos de interés bajaron doce veces del 6,5 por ciento al 1 por ciento para «impulsar la economía[91]». Además, el gobierno elevó la capacidad crediticia de las entidades públicas Freddie Mac y Fannie Mae a niveles inimaginables, lo cual condujo a lo que ahora denominamos «crisis de las subprime». Freddie Mac y Fannie Mae, públicas, llegaron a originar el 60 por ciento de los prestamos basura (subprime).

La autora Kimberly Amadeo explica los pros y los contras de los planes de estímulo de Bush y sus efectos secundarios en la economía: «El programa de estímulo ascendió a alrededor del 1 por ciento del PIB. Los defensores de la medida dijeron que era lo suficientemente importante para influir en la economía de 14 billones de dólares. La mayoría de los economistas coincidieron en que las bajadas de impuestos elevarían inmediatamente el gasto de los consumidores. Esto es especialmente cierto si las bonificaciones fiscales van dirigidas a familias con ingresos bajos con más probabilidades de que se las gasten que de ahorrarlas[92]».

Según Alesina et al.: «Por ejemplo, los cheques de reembolso de 2001 hicieron que el consumo total aumentase un 0,8 por ciento en el trimestre en el que se recibieron y un 0,6 por ciento en el trimestre siguiente. La desgravación fiscal de las empresas proporcionó a estas un incentivo para expandirse ese año. Normalmente, eso se había utilizado para crear nuevos empleos. Según los cálculos de economy.com, cada dólar bonificado gastado generó 1,19 dólares en PIB adicional. Los recortes fiscales generaron 59 centavos en PIB adicional por dólar gastado. Los recortes fiscales no fueron compensados por una reducción del gasto público. Esto condujo a un déficit presupuestario de 500 000 millones de dólares. Cuando Bush concluyó su mandato, la deuda federal ya era de alrededor de 10 billones de dólares[93]».

Sin embargo, existe una importante diferencia entre gasto y recortes fiscales. El gasto crea desequilibrios inmediatamente y genera una señal de demanda artificial. Los recortes fiscales al menos impiden algunos de esos desequilibrios porque el impacto económico —menos ingresos fiscales— solamente tiene lugar si la demanda es real y el aumento esperado del crecimiento compensa la reducción nominal de los ingresos. Una empresa o una familia no pueden beneficiarse de un recorte fiscal a menos que la demanda y la actividad estén ahí. El gasto genera una señal de demanda falsa.

Hay numerosos artículos que demuestran que los recortes fiscales son más eficaces que los aumentos de gasto[94]; la evidencia fue monitorizada en 17 economías avanzadas entre 1978 y 2009.

El estudio de Alesina, Favero y Giavazzi concluye que la diferencia entre las correcciones basadas en los impuestos y las basadas en el gasto se debe a la inversión. Si bien el consumo privado se comporta de manera parecida en ambos casos, la inversión se reduce mucho más como reacción a la corrección basada en los impuestos. Un análisis de más de 200 ajustes fiscales en 21 países muestra que la disciplina en el gasto y los recortes fiscales son las mejores maneras de estimular el crecimiento económico[95].

Salim Furth explica: «¿Por qué la inversión reacciona de manera tan diferente en los dos casos? Según la teoría económica del crowding out, o efecto desplazamiento, el endeudamiento público se reduce como consecuencia de una corrección fiscal, liberando más fondos para la inversión. Sin embargo, en una corrección basada en los impuestos, este efecto se ve compensado por el aumento de la tributación, lo cual hace que las oportunidades de inversión sean menos atractivas, desincentiva la competencia e induce a los inversores a llevarse su dinero al extranjero[96]».

No obstante, el ciudadano estadounidense puede ver en los ejemplos anteriores que ninguno de ellos funciona si los desequilibrios provocados por el exceso de gasto se mantienen.

Lo que podemos ver es que, con un estímulo tras otro, el impacto en la economía es crear un mayor desequilibrio que habitualmente se manifiesta con una deuda más elevada, lo cual desemboca inevitablemente en más impuestos y menos crecimiento. Un estímulo hizo que la deuda se disparase porque el gasto público no se redujo, y el otro —el de Obama— incrementó la deuda a más del doble, porque se aumentó el gasto público. Precioso.

Es fácil culpar de la crisis o sus efectos a tal agente económico o a tal otro. Encontrar excusas y enemigos externos es muy cómodo y simplista. Pero no podemos entender las consecuencias a largo plazo de las políticas que defendemos a menos que entendamos claramente los incentivos negativos que generan. Este es el problema del estímulo. Los analistas pueden culpar de la débil recuperación del período del mandato de Obama al legado de las administraciones anteriores. Puede que otros digan que un estímulo tan masivo sin precedentes debería haber sido más que suficiente para impulsar un crecimiento superior a la media histórica y la productividad; ambos empeoraron durante los ocho años de la administración Obama. Sin embargo, tenemos que ser más conscientes del riesgo-retorno negativo de esas soluciones aparentemente mágicas que provienen de desequilibrios masivos cada vez mayores.

Tanto si nos gusta una u otra administración como si preferimos determinadas medidas por razones sociales o políticas, no puede negarse que las medidas rápidas y «eficaces», por muy bienintencionadas que fueran, contribuyeron a reducir los ingresos y la riqueza disponible de la clase media y a aumentar los desequilibrios a largo plazo.

De manera parecida a la Unión Europea, Estados Unidos se encuentra inmerso en un encendido debate sobre si tiene sentido llevar a cabo recortes presupuestarios o impulsar el gasto, sin analizar la eficacia, la sostenibilidad a largo plazo y los excesos anteriores.

No se puede criticar el aumento de la deuda pública y exigir más déficits al mismo tiempo. Es como criticar la embriaguez y proponer curarla con vodka.

Por otro lado, algunos países —Alemania, Irlanda y Estonia, pero no muchos más— han puesto en práctica medidas reales para reducir la deuda pública en términos absolutos para fortalecer la economía antes de la saturación de la deuda y de la resaca de los estímulos. El resto, ya sea moderada o agresivamente, hacen planes dando por sentados los ingresos de ciencia ficción calculados por personas que saben que la media de error en las estimaciones de ingresos futuros ha sido históricamente vergonzosa y, por supuesto, sin planes de contingencia.

Los shocks de deuda que vienen

Debemos pensar en el riesgo de shocks de deuda cuando el mundo afronta necesidades de refinanciación de más de un billón de dólares anuales entre 2020 y 2023.

Si los países deciden frenar este aumento de la deuda gastando aún más, entraremos en esa crisis con mucha menos capacidad de reacción.

Los shocks de deuda se producen incluso cuando los bancos centrales aplican condiciones monetarias flexibles. Durante la crisis del euro, el Banco Central Europeo (BCE) compró miles de millones de bonos[97]. La rentabilidad exigida siguió aumentando debido a la falta de confianza en la solvencia y la integridad del euro, la cual fue puesta en entredicho por los partidos políticos en alza dentro de la eurozona. Los bancos centrales decidieron pasar a tipos de interés negativos e impulsar los rendimientos de la deuda soberana a niveles insosteniblemente bajos, en lugar de incentivar reformas estructurales. La política de los bancos centrales se convirtió en una política propiciadora de burbujas. En un mundo en el que los bonos de rendimiento negativo han aumentado espectacularmente[98], el riesgo es que una mínima subida de los tipos de interés pueda provocar una crisis mayor que antes.

Lo más asombroso es que los llamamientos a la intervención del gobierno continúan siendo la norma en el mundo político y económico. ¿No es extraño que tengamos que hacernos cargo de la factura de interminables planes de estímulo y acciones gubernamentales y sigamos pidiendo más? Nuestra economía moderna está repleta de ejemplos de soluciones mágicas que son evidentemente ridículas, como la «falacia de la ventana rota[99]» que nos hace creer que una guerra o una gran crisis puede ser positiva para la economía porque destinaremos fondos a solucionarla, impulsando así la actividad económica. Eso es simplemente un error. No hace falta ser economista para entender la ley del rendimiento decreciente y la saturación de excesos.

En Europa, ante la evidencia del fracaso de los estímulos, surge una nueva exigencia: que Alemania gaste. Sin embargo, no existe evidencia de que el gasto en inversión de Alemania sea menor al necesario. Todo lo contrario. A tenor de la evolución de inventarios y de la deuda, la evidencia es que gasta bastante más de lo que realmente necesita. La deuda privada alemana superaba el 147 por ciento del PIB en 2018, y el gasto público era del 44,5 por ciento, con una deuda del 60,9 por ciento. La capacidad excedentaria es del 18 por ciento en 2018, y los inventarios superan los 1800 millones de euros en el segundo trimestre de 2019[100]. Esto nos dice que Alemania está un poco mejor que otras economías hiperendeudadas de Europa, no que tenga margen para gastar más. Lo único que conseguiría es lanzarse al mismo agujero en el que se han metido otros socios comunitarios.

Para concluir con un apunte anecdótico, en una ocasión me encontraba en un acto en Londres cuando un funcionario del gobierno se me acercó y se quejó de mis constantes advertencias sobre los planes de estímulo masivos. Mencioné la evidencia de la rentabilidad negativa de muchos de esos planes. Él me respondió: «Que no haya funcionado en el pasado no significa que no vaya a funcionar en el futuro, ¿no es así?». Asombrado, respondí: «Bueno, por supuesto que sí».

Por lo menos, los planes de estímulo y los programas de «crecimiento» a gran escala deberían ir acompañados de un plan de contingencia para el caso de que no funcionen. Sin embargo, nadie en el gobierno hará eso. Los presupuestos están ahí únicamente para aumentarlos. Como dice el viejo chiste: «Te daré un presupuesto ilimitado y espero que lo superes».

Puede que el ciudadano medio no entienda las políticas gubernamentales. Puede que no sea consciente de cosas como la saturación de deuda y la rentabilidad económica real. Pero hay una cosa que las familias y las empresas sí que entienden: el agujero en sus bolsillos a causa de la subida de impuestos, la depreciación de la moneda y la inflación.

El fracaso del estímulo no puede ser una excusa para hacer más de lo mismo.

5

Las soluciones mágicas no funcionan

Si imprimir dinero ayudase a la economía, la falsificación debería ser legal.

BRIAN WESBURY

«¡Necesito una dieta que funcione, y rápido!».

Todos hemos dicho u oído algo así muchas veces. Ansiamos soluciones rápidas y milagrosas para los problemas que se han ido desarrollando a lo largo de muchos meses o años.

Yo entrenaba en un gimnasio del barrio que tenía los típicos pósteres de culturistas y modelos en las paredes. Un día, llegó un cliente nuevo y preguntó: «¿Podría ponerme así en un mes?». El monitor, sin ni siquiera mirar al cliente a la cara, respondió: «Ni en tus sueños».

Me sorprendió bastante. Pensaba que la mayoría de los propietarios de gimnasios harían lo que fuera por conseguir un nuevo cliente. Este monitor no lo hizo. Como era de esperar, la persona se marchó y nunca volvió.

Ya sabemos que los abonados a gimnasios habitualmente dejan de entrenar al cabo de tres meses, pero continúan pagando la cuota de abonados, probablemente porque se sienten culpables por abandonar.

A veces pienso que el negocio de un gimnasio de éxito debería centrarse en tener una pequeña pero fiel comunidad de usuarios que entrenasen duro, los cuales actuarían como publicidad para maximizar el número de abonados que se sienten culpables y se quedan en casa. La falta de voluntad a la hora de entrenar duro y hacer el trabajo difícil hace que se centre más la atención en soluciones mágicas; la creencia de que, a pesar de que sabemos que se trata de expectativas poco realistas, podremos conseguirlas rápidamente y sin esfuerzo.

En política y economía sucede algo parecido. Los desequilibrios y los desafíos estructurales se crean lentamente, a lo largo de muchos años, y los problemas a los que se enfrenta una economía son siempre complejos, con diferentes piezas. Sin embargo, cada vez que nos encontramos ante unas nuevas elecciones o un nuevo debate político, alguien promete soluciones «innovadoras», «radicales» y «rápidas» a los temas que son objeto de discusión. Esas supuestas grandes novedades son las mismas de siempre: gastar más.

No es de extrañar que, al igual que en esos gimnasios «milagrosos», la tendencia actual sea ofrecer soluciones políticas y económicas mágicas que son tan extravagantes que dan pie a que los votantes piensen: «Puede que funcione» o «Alguien lo habrá pensado detenidamente» o, mi preferida, «¡Esta vez es distinto!».

Las soluciones rápidas y mágicas nunca funcionan. Sin embargo, como pasa con los propósitos de Año Nuevo, la próxima vez que alguien promete una solución rápida y drástica, tendemos a tenerla en cuenta.

¿Qué tiene de malo intentarlo? Desde luego, la diferencia entre estar abonado a un gimnasio o a un programa de adelgazamiento rápido y las medidas económicas o políticas es que podemos darnos de baja del gimnasio en cualquier momento y que la cuota mensual de socio suele ser muy asequible. Con las soluciones económicas mágicas sucede lo contrario. El daño que provoca intentar llevarlas a la práctica es enorme[101].

La mayoría de los problemas provocados por las soluciones mágicas provienen de la frase «algo hay que hacer». Y ese «algo» tiene que ser importante; y se hace con nuestro dinero.

Nombres diferentes, ideas antiguas

En muchos casos, tendemos a pensar que los gobiernos han de emprender planes agresivos. Que tendrían que hacer algo, sin darnos cuenta de que las soluciones son parte del problema; las mismas soluciones con nombres diferentes.

Entonces, ¿cuáles son las diferentes soluciones mágicas que nos están vendiendo?

Devaluación, impago, impresión de dinero, proteccionismo, gasto masivo y, ahora, para acabarlo de arreglar, socialismo. Como decía Thomas Sowell: «El socialismo en general tiene un historial de fracasos tan evidente que solo un intelectual puede ignorarlo». Sin embargo, cada pocos años aparece un grupo de personas que creen que la razón por la cual el colectivismo no ha funcionado es que no eran ellas las que lo aplicaron. Cuando menciones la interminable lista de países en los que ha fracasado estrepitosamente, oirás cosas como: «No era verdadero socialismo». Es igual.

O, lo que es peor, leerás que los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia e Islandia han puesto en práctica el socialismo y ha funcionado. Solo hay un problema. Es mentira. No lo han hecho.

Los países nórdicos no son socialistas

Los países nórdicos se encuentran entre los diez que gozan de un mayor nivel de libertad económica[102]. También se clasifican en los primeros puestos en términos de facilidad para hacer negocios[103]. La cuña fiscal total en las economías nórdicas también es más baja que en muchos países de la OCDE[104]. De hecho, la fiscalidad de esos países, para empresas y patrimonio, es más competitiva que la española, por ejemplo[105].

Las economías nórdicas tratan a sus empresas mejor que la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por lo que respecta a los impuestos. Dinamarca (25 por ciento), Noruega (39,5 por ciento) y Finlandia (38,1 por ciento) se sitúan por debajo de la media de la tasa impositiva total del 40,6 por ciento a los ingresos totales empresariales. Esto contrasta con un enorme 44 por ciento en Estados Unidos y una media del 40,3 por ciento en los países de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC[106]).

Por otra parte, los tipos impositivos individuales de las economías nórdicas tampoco son más elevados que la media de los países miembros de la OCDE. Según Tax Foundation:

El máximo tipo impositivo marginal de Estados Unidos es más alto que el de Noruega y solamente un 18 por ciento inferior al de Suecia. Los impuestos sobre la renta escandinavos recaudan muchos ingresos porque, en realidad, son bastante planos. Dicho de otro modo, a la mayoría de la gente se le aplican tipos impositivos altos, no solo a los contribuyentes con ingresos elevados. En Dinamarca, el tipo impositivo máximo del 60 por ciento se aplica a todos los ingresos que superan 1,2 veces la renta media del país. Desde la perspectiva estadounidense, esto significa que todas las rentas superiores a 60 000 dólares (1,2 veces la renta media de Estados Unidos, que se sitúa alrededor de los 50 000 dólares) tributarían al 60 por ciento[107].

Así que, básicamente, el modelo nórdico no es cobrar impuestos a los ricos, cuyos tipos marginales son muy parecidos a los de Estados Unidos y la Unión Europea, sino imponer una gran presión fiscal a la clase media. Y lo que también tienen es un IVA (impuesto sobre el valor añadido, un impuesto indirecto sobre el consumo) mucho más elevado.

En Suecia, el IVA oscila entre el 6 por ciento y el 25 por ciento y en Finlandia entre el 10 por ciento y el 24 por ciento. Esto significa que en las economías nórdicas el IVA es hasta cuatro puntos porcentuales más alto que en las economías medias de la OCDE.

La asistencia sanitaria no es gratis, como afirman algunos. Aparte de lo que recauda a través de impuestos, Suecia incluye el copago en la atención primaria (entre 11 y 22 euros por visita), especialistas (entre 25 y 44 euros por visita), asistencia hospitalaria (hasta 8,7 euros por día), urgencias (entre 11 y 44 euros por visita) y medicación (un porcentaje variable dependiendo del gasto farmacéutico). El copago sanitario de Finlandia es parecido. En Dinamarca, el copago incluye un copago farmacéutico (un gasto de hasta 478 euros anuales).

El mercado laboral en esos países es uno de los más flexibles y abiertos del mundo. La indemnización por despido en Suecia, en ausencia de un acuerdo extrajudicial, es de hasta seis meses si llevas trabajando más de diez años. En Finlandia, la indemnización por despido es de hasta seis meses si llevas trabajando más de doce años, y en Dinamarca es de hasta tres meses si llevas en la empresa más de dieciocho años[108].

Como explica Nima Sanandaji[109]:

La era de la tercera vía de la socialdemocracia radical escandinava, muy admirada por la izquierda, solamente duró desde principios de la década de 1970 hasta principios de la de 1990. La tasa de creación de empresas durante la era de la tercera vía[110] fue espantosa. En 2004, 38 de las cien empresas con mayores ingresos de Suecia habían empezado siendo negocios de titularidad privada en el país. De esas sociedades, solo dos se habían constituido después de 1970. Ninguna de las cien empresas más importantes por número de empleados se había fundado en Suecia después de 1970. Además, entre 1950 y 2000, a pesar de que la población sueca aumentó de 7 millones a casi 9 millones, la creación neta de empleo en el sector privado fue próxima a cero.

Por lo que respecta a la desigualdad de la riqueza, de hecho, los países nórdicos se encuentran entre los que presentan una mayor desigualdad[111]. El principal 10 por ciento de los poseedores de riqueza de tres países nórdicos (Noruega, Suecia y Dinamarca) ostenta entre el 65 por ciento y el 69 por ciento de la riqueza de dichas naciones. Según Credit Suisse, la explicación es sencilla. El Estado del Bienestar reduce la necesidad de ahorrar e invertir. «Los grupos principales continúan acumulando dinero con fines empresariales y de inversión, mientras que las clases media y baja no tienen una necesidad apremiante de ahorro personal[112]».

Sin embargo, esta benévola explicación contradice por completo el mensaje de aquellos que exigen la confiscación de riqueza e impuestos más elevados como una solución mágica. Los países nórdicos demuestran que si quieres tener un sistema de bienestar sólido tienes que apoyar y fomentar el libre mercado, el ahorro y la creación de riqueza. Sin ellos, el sistema se vuelve insostenible.

Además, como he señalado anteriormente, resulta bastante ridículo tratar de aplicar modelos de países pequeños y con una población reducida a países mucho más poblados. Estados Unidos es 228 veces más grande que Dinamarca. Curiosamente, economistas como Paul Krugman, columnista de The New York Times, niegan la posibilidad de aplicar el sistema abierto, de impuestos bajos e impulsado por la austeridad de Estonia porque el país es demasiado pequeño; sin embargo, los intervencionistas creen que Dinamarca es un modelo perfectamente aceptable para Estados Unidos.

Al hablar de bienestar, sistemas sociales y tributación, la parte que olvidan políticos como Bernie Sanders o economistas como Thomas Piketty es que los países nórdicos no son en absoluto como el modelo que defienden. Son exactamente lo contrario. De hecho, el éxito de las economías nórdicas fue dejar atrás la era de la «tercera vía» socialista y adoptar una economía abierta, flexible y orientada al libre mercado.

Investigación y desarrollo: «la vía surcoreana»

Siempre me ha hecho gracia la afirmación de que «Europa, España o Estados Unidos deberían seguir el ejemplo de Corea del Sur».

Corea del Sur tiene un gasto público del 21 por ciento del PIB, lo cual contrasta con el 34 por ciento de Estados Unidos o el 40 por ciento de la Unión Europea, con un 12,5 por ciento adicional dedicado a la defensa. Corea del Sur tiene un tipo del impuesto de sociedades del 24,4 por ciento, el cual ha disminuido desde casi el 28 por ciento que tenía en 2007.

Gráfico 7 Las naciones más desarrolladas son las que más invierten en investigación y desarrollo privado

FUENTE: Eurostat, datos de 2016.

En Corea del Sur, el gasto en investigación y desarrollo se encuentra entre los más importantes del mundo, con un 3 por ciento del PIB. De manera significativa, el 50 por ciento se destina a la tecnología. Corea del Sur es también el cuarto país del mundo en número de patentes registradas. Lo que los intervencionistas no dicen es que la mayor parte de dicho gasto es privado. Solamente las veinte principales empresas del país representan el 52 por ciento; en general, el 75 por ciento del gasto en investigación y desarrollo es privado. Lo mismo sucede en los países nórdicos. Por ejemplo, en Finlandia, entre el 67 por ciento y el 74 por ciento del gasto en investigación y desarrollo es privado[113].

Según la Oficina Europea de Patentes[114], solamente el 7 por ciento de las solicitudes de patentes proceden de organismos públicos o gubernamentales.

Los principales países en cuanto a registro de patentes son Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Alemania, Austria y Bélgica. En esos países, más del 67 por ciento de la investigación y desarrollo procede del sector privado[115].

En resumen, los países nórdicos y Corea del Sur no tienen nada que ver con el socialismo, y aún menos con las soluciones mágicas propuestas por los intervencionistas.

Por qué el socialismo no es la respuesta; el desplome del socialismo latinoamericano en el siglo XXI

El programa socialista e intervencionista siempre disfraza sus fracasos diciendo que «eso no era socialismo real».

En 2011, casi me caí de la silla al leer un artículo de Bernie Sanders que acababa con esta frase: «En estos días, el sueño americano es más probable que se cumpla en Sudamérica, en lugares como Ecuador, Venezuela y Argentina, donde, de hecho, los ingresos son hoy más iguales que en la tierra de Horatio Alger. ¿Cuál es ahora la república bananera?»[116]. Durante años, Sanders, Noam Chomsky, Jeremy Corbyn y Owen Jones entre otros no pararon de alabar el maravilloso modelo venezolano para sus países. Luego, ante el fracaso, miraron hacia otro lado, y nos dijeron que el problema no es el socialismo, sino la corrupción. Como si la corrupción a escala masiva no fuera intrínseca al modelo totalitario socialista, sea bolivariano, soviético o cubano.

Como ciudadano español que ha viajado por Sudamérica y ha sido testigo del devastador efecto de lo que se ha llamado «socialismo del siglo XXI», me quedé totalmente estupefacto. Pero me parecía realmente increíble que un ciudadano estadounidense, que gozaba de los beneficios de vivir en una sociedad libre, abierta y próspera, pudiera decir esas palabras en serio.

También se me ocurrió que las políticas populistas que algunos quieren aplicar han demostrado tres cosas cuando los intervencionistas llegan al poder.

Cuando afirman que las cosas no pueden empeorar, ellos las empeoran todavía más, hasta niveles extremos.

Los populistas siempre culpan a un «enemigo exterior» de los resultados de su incompetencia, y recurren a la represión para mantener como rehén a la población.

Una vez en el poder, asumen el control de las instituciones para perpetuarse en él por todos los medios necesarios.

En Venezuela, uno de los países más ricos del mundo y poseedor de las segundas mayores reservas de petróleo del planeta, el socialismo ha demostrado que cualquier país puede ser destruido por las políticas equivocadas. Experimentar con el socialismo en la creencia de que «no somos como Cuba» se convirtió en un lamentable error una vez que los totalitarios alcanzaron el poder. El empobrecimiento del país no fue debido al bajo precio del crudo —no olvidemos que México o Perú crecieron a pesar de la caída del precio del petróleo al igual que otros países de la OPEP—, sino debido a las deplorables políticas que provocaron pobreza, escasez de alimentos y medicinas e hiperinflación.

En 2019, Venezuela era el país con la inflación más elevada del mundo[117] y el más corrupto de América Latina[118], con una economía que registró un descenso hasta llegar a niveles de 2009. La receta populista resultó ser uno de los fracasos más dramáticos de la historia económica.

Fue Hugo Chávez, el líder socialista de Venezuela durante una década, quien dijo en 2009: «Póngame el precio del petróleo a cero y Venezuela no entrará en una crisis[119]». Tenía razón. La economía de Venezuela se desplomó mucho antes de que cayeran los precios del petróleo. Después de desperdiciar más de 360 000 millones de dólares en ingresos procedentes del petróleo durante el boom de las materias primas, la pesadilla económica y monetaria se desató más rápidamente de lo que nadie habría previsto.

¿Qué hizo el socialismo del siglo XXI? Más o menos lo que hace el socialismo de cualquier siglo. Expropiar, intervenir y destruir la economía.

Imprimir dinero sin control para pagar el exorbitante coste del sector público provocó una tasa de inflación por encima del 780 por ciento en 2017, y ya en 2019, hiperinflación. Como decía un amigo mío de Caracas, «lo único fuerte del bolívar fuerte [el irónico nombre de la moneda local] es su devaluación».

En 2019, el índice de pobreza era del 90 por ciento[120] y el salario mínimo era inferior a 12 dólares mensuales, el segundo más bajo del mundo después de Cuba.

Lo peor de esta salvaje política monetaria consistente en devaluar y generar inflación es que Venezuela también desperdició una década de precios del petróleo elevados y enorme riqueza con el intervencionismo más brutal. Más de 1500 empresas fueron expropiadas y, tras la expropiación, el 90 por ciento de las mismas perdieron dinero, cerraron o vieron reducida su producción a la mitad de lo que producían antes de la intervención[121].

Lo más ofensivo es que los defensores del régimen socialista hablan de «reducción de la desigualdad» como si se tratase de un logro. Por supuesto, la aparente mayor igualdad se consiguió empobreciendo a toda la población. Y es que para ellos, la igualdad en la miseria sigue siendo una forma de igualdad.

La economía de Argentina también fue destruida por el llamado «socialismo del siglo XXI». El legado de Cristina Fernández de Kirchner es, en el mejor de los casos, un fracaso, teniendo en cuenta la riqueza y el potencial de ese gran país. Al cabo de 12 años, la economía del país estaba estancada, con una inflación anual de más del 30 por ciento y con más del 28 por ciento de la población viviendo en la pobreza, con las tasas de participación laboral al mismo nivel que en 1960.

Entre 2008 y 2014, la inflación oficial en Argentina era del 106,7 por ciento, pero, según analistas del Congreso e independientes era del 354,6 por ciento[122]. Al imprimir dinero sin control porque, según el ministro de Economía de Argentina entre 2013 y 2015, Axel Kicillof, «crear dinero no genera inflación»; la inflación anual superó el 30 por ciento.

Con el socialismo, la fórmula es igual en todas partes. Inflar el sector público, intervenir, estrangular al sector privado e imprimir dinero temerariamente. En Argentina, el empleo público se multiplicó por dos entre 2003 y 2015 hasta representar casi el 27 por ciento del total de los trabajadores; más del doble que el sector privado en variación neta según OJF (Orlando J. Ferreres & Asociados) y el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo).

Mientras tanto, el sector privado se ahogaba en impuestos. Argentina tenía la mayor carga fiscal de América Latina, intervención en los precios, controles de capital y destrucción de cambio de divisas para pagar a los proveedores.

¿Cómo lo financiaron? Imprimiendo dinero. La base monetaria creció al 37 por ciento año tras año y a un promedio del 20 por ciento durante diez años. A pesar de la masiva devaluación, las exportaciones en millones de dólares eran inferiores a las de Chile, México, Uruguay o Paraguay. En consecuencia, desde 2008, la economía solo mostró estanflación o recesión.

A pesar de más de una década de precios altos de las materias primas, Venezuela, igual que Argentina, empeoró en términos de productividad, diversificación de la economía, salarios reales, reservas de divisas y crecimiento respecto a cualquiera de sus países vecinos y socios de la OPEP. Otros países como Chile, Perú y Colombia alcanzaron niveles de bienestar de la población mucho mayores.

Lo peor de «probar» estas políticas para ver cómo funcionan es que dejan la economía tan dañada que es casi imposible revertirlas a medio plazo. Los años perdidos no se pueden recuperar fácilmente.

Sobre el papel, todo parece bastante atractivo: redistribuir la riqueza para ayudar a los más desfavorecidos. Sin embargo, el socialismo parte de unas premisas contrarias a la naturaleza humana y a la lógica económica. La primera es negar el deseo natural de prosperar y mejorar, así como de dejar un legado a tu familia. El socialismo ataca el deseo de mejorar y competir porque desincentiva la meritocracia, el ahorro y la competitividad mediante el intervencionismo, los impuestos y la falta de recompensa por el éxito. Económicamente es aún peor, porque parte de una premisa totalmente equivocada, según la cual la propiedad de los factores productivos determina una distribución óptima. Asumir que el gobierno pueda decidir en un comité cuánto dinero, cuánta producción y cuánta riqueza se tiene que crear simplemente niega la lógica económica de la productividad.

La productividad se desploma a medida que el gobierno derrocha un dinero que no tiene en inversiones con motivaciones políticas sin rentabilidad económica real. El suministro de bienes y servicios no aumenta conjuntamente con la oferta monetaria. Con el control de los precios y el intervencionismo aparece la escasez; con la nacionalización, la producción se estanca y disminuye y la inflación masiva destruye los mismos sectores que el socialismo pretende defender: los pobres.

En lugar de emularlo, aprendamos de los devastadores efectos del represor populismo marxista.

Amiguismo no es capitalismo ni libre mercado, es estatismo

Recuerden que la máxima desigualdad es la que existe entre los contribuyentes y el gobierno.

Cada vez que leo que el mundo está sufriendo debido al «neoliberalismo», me echo a reír. Lo que la mayoría de los comentaristas consideran «neoliberalismo» es simple y llanamente estatismo; la defensa y el aumento del poder del gobierno a toda costa y a expensas de los contribuyentes.

El gobierno utiliza su enorme poder para crear todo un ecosistema cuyo principal objetivo es perpetuar e incrementar el control de los políticos a cambio de un apoyo lucrativo, aunque débil. Es débil porque al sector privado que cae en la trampa del estatismo se le suele dejar respirar, pero casi nada.

Recuerdo una reunión con una empresa fuertemente subvencionada en un sector regulado en la que el consejero delegado se quejaba de la caída del precio de las acciones a causa de los cambios normativos y el riesgo político. «El mercado no entiende a la empresa», dijo. Respondí: «El mercado entiende muy bien su empresa; son ustedes los que no entienden que el valor de su empresa no viene determinado por la directiva, sino por un modelo de negocio apalancado a la necesidad de favores políticos».

Esto es un importante factor de amiguismo. El supuesto beneficio de estar próximo al gobierno es, al mismo tiempo, una maldición. Como podemos ver en los conglomerados empresariales europeos, esas empresas están constantemente amenazadas por la misma mano que les da de comer. Por un lado, obtienen contratos lucrativos y subvenciones, pero, por otro, cuando las cosas se complican, sufren controles de precios, impagos, riesgos y cambios normativos y políticos que los usan como chivos expiatorios para sus decisiones equivocadas. ¿Que el gobierno ha gastado demasiado dinero en proyectos de infraestructuras inútiles? Es culpa de las empresas constructoras. ¿Que el gobierno ve a los ciudadanos quejarse de la subida de la factura de la electricidad a causa de las subvenciones y la mala planificación? Es culpa de las compañías eléctricas.

En medio de la crisis europea, en 2009, un grupo de colegas y yo visitamos un país del sur de Europa. El representante del gobierno nos dijo bruscamente: «Hemos celebrado reuniones con los principales emprendedores del país, y todos coinciden en que los fondos de cobertura como los suyos están exagerando los riesgos de nuestra economía». Uno de mis colegas levantó la mirada de su cuaderno de notas y dijo: «Eso es porque ustedes no tienen empresarios; tienen empleados VIP del gobierno». Nos expulsaron de la reunión.

Las empresas nacionalizadas y de titularidad pública se convierten en una reserva de poder para los políticos. Los organismos internacionales, teóricamente independientes, se convierten en herramientas sencillas para perpetuar el poder y los desequilibrios creados por los gobiernos. No es de extrañar que siempre reclamen subidas de impuestos y «planes de estímulo».

Las empresas privadas que dependen de subvenciones y tienen enormes vínculos con el gobierno no son ejemplos de «libre mercado»; son simplemente diferentes brazos del mismo cuerpo.

Por esta razón, a los sectores amiguistas también se les llama «buscadores de rentas». Como explica Anne Krueger: «En muchas economías orientadas al mercado, las restricciones gubernamentales a la actividad económica son hechos generalizados de la vida. Esas restricciones dan lugar a rentas de diferentes tipos, y la gente a menudo compite por las rentas[123]».

Es muy importante entender este factor. Los oligopolios y los monopolios solamente pueden existir gracias a la represión gubernamental del libre mercado y la competencia. La razón por la cual sucede esto es que el gobierno se beneficia de ello. Aumenta su poder. El nacionalismo se utiliza a menudo como una excusa, igual que el proteccionismo, pero son simples subterfugios para cimentar y aplicar la represión política. En un mercado libre, un monopolio sería imposible. La competencia y la tecnología destruirían a una empresa ineficiente o a una que tratase de imponer precios caros o productos de mala calidad. El margen de «buscador de rentas» desaparecería, ya que siempre habría una empresa dispuesta a hacerlo mejor y de manera más eficiente a un precio más bajo por un margen decente, pero no impuesto por el gobierno.

Esto lo entienden todos los inversores del mundo. Los conglomerados amiguistas cotizan a descuento en múltiplos de mercado en relación con sus homólogos de la empresa libre porque, como reza el dicho: «Un gobierno lo bastante grande para darte todo lo que quieres es también lo bastante grande para quitarte todo lo que tienes».

Los partidarios de la nacionalización y el intervencionismo no son ideólogos de derechas o izquierdas, son ideólogos de la divinización del Estado. Los defensores de la represión financiera —imprimir dinero y bajar masivamente los tipos— son exactamente eso: partidarios de la glorificación del gobierno como si se tratara de una divinidad.

Imprimir dinero no es la respuesta: desmontando la teoría monetaria moderna

Una de las soluciones mágicas más publicitadas es creer que resolveremos todos nuestros problemas imprimiendo dinero; es la frase: «Si no tenemos suficiente dinero, creemos más. ¿Cuál es el problema?».

El problema es que imprimir dinero no redistribuye hacia abajo. Se trata de una transferencia de la clase media y los ahorradores al gobierno y a los sectores amiguistas. La creencia de que, a continuación, el gobierno lo redistribuirá entre todos los demás es tan inverosímil como creer que lo harán los bancos.

La creación artificial de dinero nunca es neutral. Siempre beneficia de manera desproporcionada a los primeros receptores de ese dinero y perjudica de manera mucho mayor a los últimos receptores. Cuando el gobierno infla la base monetaria para engordar el sector burocrático utiliza la creación de dinero para extraer rentas del sector privado, y está destruyendo el poder adquisitivo de salarios y ahorros para sostener el gasto político. Esa política extractiva siempre expropia los salarios y ahorros para perpetuarse en el poder y culpar a otro «enemigo exterior» del desastre económico.

Es muy triste ver que, ante la evidencia del fracaso de las políticas de demanda y de imprimir dinero, muchos comentaristas proponen algunas de las políticas más obsoletas y fallidas de la historia económica moderna.

Hay toda una serie de economistas que siguen lo que actualmente se denomina «política monetaria moderna». Esta escuela dice básicamente que se limita a enunciar cómo funciona el sistema monetario actual. Dicen que únicamente explican cómo se ejecuta la creación de dinero en los sistemas económicos modernos. El dinero fiat[124], nuestro sistema actual, significa que podemos crear dinero sin ningún tipo de respaldo. Su valor deriva de su aceptación como medio para pagar impuestos. Básicamente, el gobierno puede imprimir todo el dinero que quiera sin problemas, siempre y cuando se acepte para pagar impuestos.

La teoría monetaria moderna (TMM) afirma que solamente muestra cómo funciona el sistema. En un sistema de «moneda fiat» con soberanía monetaria, el gobierno puede emitir todo el dinero que necesite.

Los partidarios de esta teoría sostienen que no plantean ni defienden políticas o ideologías concretas[125]. Y aquí es donde está el truco. La inmensa mayoría de los defensores de la TMM son, como es lógico, socialistas y comunistas o, como mínimo, defensores de un masivo control de la economía por parte del Estado.

A lo largo de mi vida como economista, he aprendido que cada vez que un economista te dice que es simplemente un científico y no está ideologizado, está mintiendo. La economía es una ciencia social, y todos los economistas mantienen una postura ideológica sobre cuál es la manera óptima de organizar la sociedad. Siempre hay una ideología en la economía. La mía es la defensa del libre mercado y el libre albedrío.

Al decir que los gobiernos no son hogares y que pueden imprimir todo el dinero que quieran, los partidarios de la TMM no están enunciando hechos. Si ese fuera el caso, Zimbabue, Argentina o Venezuela serían los países más ricos del mundo. Pero, lo que es peor, al «enunciar» el hecho de que los gobiernos no se quedan sin dinero porque pueden «imprimirlo», defienden básicamente el gasto deficitario y el despilfarro público mientras que se olvidan de la balanza financiera y de la deuda.

Mike Shedlock[126] lo explica sucintamente:

La TMM, el keynesianismo y el monetarismo padecen el mismo defecto fatal: prometen algo a cambio de nada de maneras diversas. La TMM dice que el gobierno es diferente. Se debe el dinero a sí mismo y la deuda puede cancelarse a voluntad. En la TMM, un gobierno benevolente se gastaría el dinero sabiamente, cancelaría la deuda o se pagaría intereses a sí mismo y, básicamente, todos vivirían felices y comerían perdices.

Así que, fundamentalmente, la inmensa mayoría de los seguidores de la TMM creen que el gobierno gasta demasiado poco, no demasiado, y que preocuparse por el gasto deficitario es una trama organizada por «neoliberales» para frenar el aparentemente ilimitado potencial del gobierno para crear riqueza, empleos y crecimiento.

Por supuesto, con un nivel del 40 por ciento del gasto público del PIB de la OCDE en 2017, decir que el gobierno gasta «demasiado poco» es un insulto tanto para los contribuyentes como para los organismos públicos eficientes.

Básicamente, al conceder al gobierno un crédito incesante y una capacidad de gasto ilimitada, los defensores de la TMM defienden la extracción continuada de rentas del sector privado, creando la mayor transferencia de riqueza de los ahorradores y los contribuyentes al gobierno jamás diseñada. La llaman la «QE del pueblo» (quantitative easing, o expansión cuantitativa).

La QE fue una política aplicada por los monetaristas y los bancos centrales para salir de la crisis de 2008. Básicamente, se trataba de hacer que los bancos centrales incrementaran masivamente su balance (creando dinero) para comprar bonos soberanos y valores respaldados por hipotecas a los bancos y al sistema financiero. Esto, a su vez, liberaría los balances obstruidos e inflados de los bancos, los cuales eran incapaces de conceder créditos debido a la naturaleza arriesgada de la gran cantidad de bonos e hipotecas que poseían. Eso, a su vez, les permitiría conceder créditos a la economía real. Básicamente, el banco central se endeudaría para comprar esos activos, y el mecanismo de transmisión haría que se recuperasen las acciones, los bonos y los precios de la vivienda, haciendo atractivos los activos considerados tóxicos. Conceder créditos a la economía real impulsaría la creación de empleo y el crecimiento. El resultado ha sido estancamiento y más deuda, lo cual deja claro que esa teoría del efecto multiplicador del mecanismo de transmisión de la política monetaria simplemente es incorrecta en economías muy intervenidas, endeudadas y con sobrecapacidad.

Sin embargo, ante la evidencia de que crear dinero de la nada genera enormes desequilibrios, la nueva ola de economistas dice que la creación de dinero debería ser un monopolio casi exclusivo del gobierno para financiar sus decisiones políticas de gasto.

Como todas las teorías socialistas, esta siempre emplea palabras que suenan bien, como «social» y «pueblo». Tiene un doble propósito. La QE del pueblo es, por lo tanto, bienintencionada, social y mágica…, infalible. Pero esas palabras, cuidadosamente escogidas, aspiran también a hacer que el votante piense que la QE actual va «contra el pueblo». Si ellos defienden la QE social y del pueblo, ¿qué es lo que defiende el resto? La QE antisocial y contraria al pueblo.

En Europa ya están acostumbrados a los desvaríos de las soluciones mágicas de los partidos populistas. Syriza en Grecia y Podemos en España, entre otros, salen siempre con ideas «mágicas» y supuestamente «sencillas» para resolver grandes y complejos problemas económicos; soluciones que siempre acaban fracasando cuando se impone la realidad. Sin embargo, hay algunas que coinciden con la monumental tontería de la mal llamada QE del pueblo. En realidad, se trata de la «QE del gobierno».

El análisis parte de la premisa correcta. La expansión cuantitativa, tal como la conocemos, no funciona y crea desequilibrios enormes, correcto. Entonces, ¿qué proponen? ¿Política monetaria sólida? ¿Eliminar los incentivos perversos de imprimir dinero y de tipos injustificablemente bajos? No. Hacer exactamente lo mismo, pero trasladando el terrible incentivo de la depreciación de la moneda a los políticos, los cuales, como todos sabemos, no tienen ningún incentivo perverso para gastar en exceso (nótese la ironía).

La política keynesiana del incremento de la oferta monetaria en el pasado se ha basado siempre en dos premisas para evitar la hiperinflación y la destrucción de la moneda: la independencia del banco central como un pilar central de la política monetaria y la constante esterilización de las compras de activos. Lo que se compra también se vende para controlar la demanda real del mercado.

Esta mal llamada «QE del pueblo» significa que el banco central perderá por completo su independencia y se convertirá en una agencia gubernamental que imprime dinero siempre que el gobierno quiera. Y el gobierno siempre quiere. Sin embargo, el incremento de la oferta monetaria no se convierte en parte del mecanismo de transmisión que llega a los creadores de empleo y a los ciudadanos en la economía real. Todo el dinero nuevo es para el gobierno y el banco central se ve obligado a comprar toda la deuda emitida por un llamado «banco de inversión pública».

El primer problema es evidente. Al dotar al banco de inversión pública de financiación ilimitada, el riesgo de gasto irresponsable está garantizado. En un país en el que los ciudadanos son conscientes de la existencia de infraestructuras públicas ineficientes, no se trata de un riesgo desdeñable. Además, los desequilibrios monetarios creados por esta política generan un efecto masivo de «exclusión» e incentivan el amiguismo, ya que el sector privado sufriría las consecuencias de las presiones inflacionistas y fiscales, así como la competencia por parte del gobierno y sus sectores amiguistas.

El truco es el siguiente, el gobierno crea dinero, el gobierno lo despilfarra, el gobierno desplaza y extrae las rentas del sector privado, ahorradores y salarios y, si genera una enorme inflación, decide subir los impuestos para contenerla. ¿No es maravilloso? Extrae rentas del sector productivo antes y después de la creación de dinero y del proceso inflacionario. No es nada más que una expropiación acelerada de la economía.

Se trata de una nacionalización de facto mediante la depreciación de la moneda y la competencia desleal del gobierno, el cual obtiene financiación ilimitada y sin coste, mientras que los ciudadanos y el sector privado sufren la inflación y el acceso limitado al capital… y el aumento de impuestos posterior.

Planteémonos lo siguiente: si el gobierno puede gastar y obtener crédito de manera ilimitada y sin riesgo, ¿quién va a conceder crédito al sector privado y a qué coste? Eso es excluir.

El segundo problema es que aumentar la deuda pública, aunque se «monetice» (oculta en el balance del banco de inversión), paraliza la economía, incluso con una QE permanente. Imprimir dinero no reduce los desequilibrios, los aumenta, como hemos visto en todo el mundo.

Sí, el gobierno no se queda sin dinero, pero el valor de ese dinero se destruye por sus propias actuaciones. El exceso de capacidad y la baja productividad destruyen la economía y el poder adquisitivo de la moneda se desploma.

El dinero no es la moneda, y el valor del dinero no es el que decide el gobierno. El economista Frank Shostak analiza por qué el gobierno no puede decidir cuál es el valor del dinero:

La demanda de dinero de hoy viene determinada por el poder adquisitivo del dinero de ayer. Por consiguiente, para una oferta monetaria determinada, se establece a su vez el poder adquisitivo de hoy. La demanda monetaria de ayer la fijó el poder adquisitivo del dinero del día anterior. De modo que, para una oferta monetaria determinada, se fijó el precio del dinero de ayer. El mismo procedimiento es aplicable a períodos anteriores. Si nos remontamos en el tiempo, acabaremos llegando a un punto en el que el dinero no era más que un producto corriente en el que la oferta y la demanda determinaban su precio. El producto tenía un valor de cambio en relación con otros productos; es decir, su valor de cambio se determinaba mediante un intercambio.

Por decirlo de manera sencilla, el día que un producto se convierte en dinero ya tiene un poder adquisitivo o un precio en relación con otros bienes. Ese poder adquisitivo nos permite fijar la demanda de ese producto como dinero. Esto, a su vez, para una oferta determinada, fija su poder adquisitivo el día que ese producto empieza a funcionar como dinero[127].

El economista Murray Rothbard también lo explica:

A diferencia de los bienes de los consumidores o los productores utilizados directamente, el dinero tiene que tener precios preexistentes en los que basar la oferta. Pero esto solo puede suceder empezando por un producto útil bajo trueque, y luego agregar la demanda de un medio a la demanda previa de uso directo (p. ej, para adornos, en el caso del oro). Así, el gobierno es incapaz de crear dinero para la economía; el proceso del libre mercado solo puede desarrollarlo[128].

El error de la TMM parte de la premisa de que todos los problemas económicos proceden de la ausencia de demanda, y de que el sector privado no cubre dicha demanda. En consecuencia, el gobierno tiene que ocupar su lugar. La idea de construir proyectos, como puentes y aeropuertos, por todas partes para «crear» empleos tendría cierta gracia si no hubiera fracasado una y otra vez; por no mencionar el coste de gestionar esos proyectos de infraestructuras una vez construidos y contraída la deuda. Todos ellos pagados por el contribuyente, el cual garantiza el capital del banco de inversión pública.

El tercer problema es que la inflación creada por esos proyectos es pagada por los sospechosos habituales: el sector privado y los ciudadanos, los cuales no se benefician de ese gasto, como demuestran las leyes de los rendimientos decrecientes y la saturación de la deuda.

¿Cómo responde la TMM?:

La inflación se produce cuando tienes más dinero para la misma o menor cantidad de bienes y servicios. Si tienes más creación de dinero que aumenta la productividad, sí, tienes más dinero, pero también tienes más bienes y servicios…, la oferta de ambos aumenta al unísono, de modo que no tiene que haber necesariamente inflación[129].

La idea socialista de que la creación artificial de dinero por parte de los gobiernos no provocará inflación porque la oferta monetaria aumentará conjuntamente con la demanda de bienes y servicios es simplemente ciencia ficción, solo se le puede ocurrir a un burócrata. Como he mencionado anteriormente, el gobierno no tiene un conocimiento mejor o más exacto de las necesidades y la demanda de bienes y servicios o de la capacidad productiva de la economía. De hecho, tiene todos los incentivos para gastar en exceso y transferir sus ineficiencias a todos los demás. Como tal, como cualquier incentivo perverso bajo la falacia del llamado «estímulo de la demanda interna», el gobierno simplemente crea mayores desequilibrios monetarios para disfrazar el déficit fiscal provocado por gastar y prestar dinero sin una rentabilidad económica real. El resultado es una inflación descomunal y un estancamiento a medida que la productividad se desploma. Todo el mundo se empobrece, excepto el propio gobierno.

Un defensor de la TMM me dijo recientemente en Twitter: «Si el gobierno gasta excesivamente y crea una inflación masiva, perderá poder porque los ciudadanos lo desalojarán en las próximas elecciones». Ese comentario es tan ingenuo que resulta casi peligroso. Si el gobierno ostenta el monopolio de la creación de dinero, así como las fuerzas represoras fiscales y políticas, hará todo lo necesario para perpetuarse en el poder. Es más, se defenderá, como vimos en Venezuela, utilizando la represión contra el mismo pueblo al que empobrece con su política monetaria, diciendo que la devaluación y la inflación se deben a los «especuladores», las «empresas» y la «guerra económica». De nuevo aparece el «enemigo exterior».

Esas peligrosas políticas que proponen soluciones mágicas ya se han aplicado en el pasado y no han hecho más que provocar estanflación. El gobierno tiene todos los incentivos para crear dinero con el fin de gastarlo en partidas con motivaciones políticas y pasar el desequilibrio mediante la inflación y la devaluación de la moneda a los sectores productivos. Recordemos que los únicos objetivos de los gobiernos son maximizar el gasto presupuestario y aumentar su control; y, si no lo consiguen, presentarse como la solución con más intervencionismo. Poca gente vive mejor que un gobernante en un país con hiperinflación. Ellos disfrutan de la extracción de riqueza y acumulan los dólares o el oro que extraen de la economía, mientras empobrecen a los demás.

Al menos, cuando los bancos privados crean dinero, tienen un incentivo para conceder créditos con una verdadera rentabilidad económica e intentar recuperar el capital con intereses. Adicionalmente, no pueden maximizar el uso y la creación de dinero si no hay demanda solvente por parte de los agentes económicos. Eso diferencia la creación de dinero vía transmisión de crédito de la creación de dinero vía financiación directa del gasto del gobierno por el banco central. La primera tiene mecanismos de parada de los excesos cometidos, y la segunda no tiene ninguno. Por supuesto, los bancos pueden fallar y por eso soy tan crítico con todas las formas de expansión cuantitativa y monetarismo[130] y defiendo un mínimo coeficiente de caja y dinero sólido. Pero los errores de la expansión monetaria no se solucionan con mayor expansión y todavía mayor exceso.

Cuando los bancos privados crean dinero mediante préstamos, ese dinero está siempre respaldado por una garantía en bienes, servicios o activos. Estos últimos pueden perder valor y dejar de ser rentables, pero el sistema de crédito no crea dinero por arte de magia. Ese no es el caso de los gobiernos.

En esta era de ficción monetaria, uno acostumbra a leer toda clase de opiniones indocumentadas y erróneas sobre política monetaria. Uno de los principios fundamentales de la TMM se basa en una falacia: «Un país con soberanía monetaria puede emitir toda la deuda que necesite sin riesgo de impago».

En primer lugar, no es cierto. Un informe de David Beers, del Banco de Canadá, ha identificado 27 economías soberanas implicadas en incumplimientos de moneda local entre 1960 y 2016[131].

David Beers explica:

Una opinión sostenida desde hace mucho tiempo por algunos inversores es que los gobiernos raramente incurren en impago de la deuda soberana en moneda nacional o local. Al fin y al cabo, dicen, los gobiernos pueden cubrir la deuda imprimiendo dinero, lo cual, a su vez, puede reducir la carga real de la deuda mediante la inflación, en ocasiones de manera drástica, como en los casos de Alemania en 1923 y Yugoslavia en 1993-1994. Por supuesto, es cierto que una inflación elevada puede ser una forma de impago de facto de la deuda en moneda local. No obstante, los incumplimientos contractuales y las reestructuraciones ocurren, y son más habituales de lo que se suele suponer.

No, un país sin soberanía monetaria no puede emitir toda la deuda que necesite sin riesgo de impago. Tienen que emitirla en divisas precisamente porque pocos de ellos confían en sus políticas monetarias. La mayoría de los ciudadanos nacionales son los primeros en evitar la exposición de la moneda local y compran dólares de Estados Unidos, oro o (actualmente) criptomonedas, ya que se temen lo inevitable.

La mayoría de los gobiernos tratarán de cubrir sus desequilibrios fiscales y comerciales mediante la devaluación, empobreciendo a todos los ahorradores.

La idea de que «un país con soberanía monetaria puede emitir toda la moneda que necesite», también es una falacia.

La soberanía monetaria no es algo que decide el gobierno. La confianza y el uso de una moneda fiat no viene determinada por el gobierno ni concede a dicho gobierno el poder de hacer lo que quiera con las políticas monetarias.

Hay 152 monedas fiat que han quebrado debido al exceso de inflación. De hecho, 82 de esas monedas duraron menos de una década y 15 de ellas duraron menos de un año[132].

Dado que el mundo de las monedas es relativo, el ciudadano medio del mundo preferirá el oro, las criptomonedas, los dólares estadounidenses, los euros o los yenes, a pesar de sus propios desequilibrios, antes que la moneda de su propio país.

¿Por qué? Cuando los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo intentan aplicar la misma política monetaria equivocada de Estados Unidos, Europa y Japón, pero sin su seguridad a la hora de invertir, sus instituciones y su libertad de capital, caen en su propia trampa. Debilitan la confianza de sus propios ciudadanos en el poder adquisitivo de la moneda.

La respuesta de la teoría monetaria moderna (TMM) sería que lo único que se necesita son instituciones estables y de confianza. Bien, eso tampoco funciona, porque el propio gobierno las dinamita al tomar el poder absoluto monetario, político y represor. La primera grieta en esa confianza es precisamente la manipulación de la moneda para financiar un gasto público desmesurado. Puede que el ciudadano medio no entienda la devaluación monetaria, pero sin duda entiende que su moneda no es una reserva de valor ni un sistema de pago válido, porque el valor de la moneda no viene determinado por el gobierno, sino por los últimos acuerdos de compra realizados con dicho medio de pago.

No es casualidad que los países pidan préstamos en moneda extranjera, tampoco es porque ignoren la ciencia ficción de la TMM, es simple y llanamente porque los ahorradores, sus ciudadanos, no aceptan el riesgo de devaluación de la moneda gubernamental, independientemente de su rendimiento. Los primeros en evitar la deuda en moneda local suelen ser los ahorradores e inversores nacionales, debido precisamente a que son conscientes de la historia de destrucción del poder adquisitivo de las políticas gubernamentales de sus gobiernos. Por lo tanto, los gobiernos no pueden decidir unilateralmente emitir «toda la deuda que necesitan en moneda local», precisamente debido a la falta de confianza generalizada en el banco central o al incentivo perverso de los gobiernos de devaluar a voluntad.

A medida que se agotan las reservas y los ciudadanos ven que el gobierno está destruyendo el poder adquisitivo de la moneda, los ahorradores locales leen que los ministros hablan de «guerra económica» e «interferencia extranjera», pero saben qué es lo que sucede en realidad. Los desequilibrios monetarios están aumentando espectacularmente. Y salen huyendo.

Muchos defensores de la TMM resuelven esta ecuación de la inflación causada por el exceso monetario negando que la inflación sea siempre un fenómeno monetario y diciendo que la inflación se solucionaría mediante la tributación. ¿No es fantástico?

El gobierno es el primero en beneficiarse de la nueva creación de dinero, aumenta extraordinariamente sus desequilibrios y culpa de la inflación a los últimos receptores del nuevo dinero creado, a los ahorradores y al sector privado, de manera que «soluciona» la inflación creada por él mismo cobrando de nuevo impuestos a los ciudadanos. Como dijo Milton Friedman, la inflación es un impuesto sin legislación. Expropiación directa e indirecta.

En primer lugar, la política del gobierno transfiere riqueza de los ahorradores al sector político y, a continuación, sube los impuestos para «solucionar» la inflación que ha creado. Doble imposición.

¿Cómo funcionó eso en Argentina? Ese mecanismo es exactamente el que implementaron sus gobiernos durante décadas, lo cual sirvió únicamente para destruir la moneda, crear más inflación y llevar la economía a la estanflación.

Esos dos factores, la inflación y los impuestos elevados, influyen negativamente en la competencia y en la facilidad para atraer capital, invertir y crear empleo, postergando la prosperidad de una nación, que, en el caso de Argentina, es una nación con un potencial enorme.

La idea de que la deuda de un país no es un pasivo, sino simplemente un activo que será absorbido por los ahorradores pase lo que pase, es incorrecta, ya que no tiene en cuenta algunos factores.

Ninguna deuda es un activo porque el gobierno lo diga, sino porque hay una demanda real de la misma. El gobierno no decide la demanda de un bono o un instrumento de crédito, son los ahorradores quienes lo hacen. Y los ahorros no son ilimitados, por lo cual el gasto deficitario tampoco es infinito.

Ningún instrumento de deuda es un activo atractivo si se impone a los ahorradores mediante la represión. Aunque el gobierno imponga la confiscación de ahorros para cubrir sus desequilibrios, la fuga de capital se intensifica. Es, literalmente, como hacer que un cuerpo humano deje de respirar para conservar el oxígeno.

Esa deuda es simplemente imposible de asumir cuando el inversor y el ahorrador saben que el gobierno destruirá el poder adquisitivo a cualquier precio para poder «salir de la deuda mediante la inflación». La reacción es inmediata.

Como hemos explicado, la idea socialista de que el hecho de que los gobiernos creen dinero artificialmente no provocará inflación porque la oferta monetaria aumentará en consonancia con la oferta y la demanda de bienes y servicios es, simplemente, ciencia ficción.

La realidad es que la fortaleza de la moneda y la verdadera demanda de la misma y de los bonos a largo plazo son los indicadores definitivos de la salud del sistema monetario. Cuando todo el mundo quiere ser como la Reserva Federal, pero sin la libertad económica, la apertura de mercado y las instituciones de Estados Unidos, lo único que hacen es el loco. Puede que la ilusión monetaria retrase lo inevitable: una crisis; pero esta será más rápida y más dura si se ignoran los desequilibrios.

Los estatistas se olvidan de que el sector público no puede existir sin los ingresos del sector privado. Imprimir dinero no crea prosperidad, sino que la diluye, ya sea mediante las medidas monetarias actuales u otras extremas.

La «QE de pueblo» es una expansión cuantitativa como cualquier otra, un desequilibrio masivo para hoy bajo la promesa de solucionarlo en el futuro. Las QE actuales probablemente acabarán en una crisis financiera. La «QE del pueblo» haría lo mismo, solo que el «supuesto» beneficiario, «el pueblo», probablemente se ahogue en la inflación cuando el espejismo de la oferta monetaria y los bienes y servicios creciendo al unísono resulte tan falso como en los programas de QE actuales.

Los desequilibrios monetarios siempre crean inflación. Tanto si se trata de una inflación de precios de activos financieros como de bienes, son un síntoma de un problema mayor. Ello se debe a que todos los desequilibrios monetarios acaban en una crisis financiera, una inflación masiva o un desempleo masivo en cuanto desaparece el efecto placebo monetario.

La creación artificial de dinero sin ningún respaldo está siempre detrás de toda crisis. La «QE del pueblo» ha fracasado cada vez que se ha puesto en práctica. Esta vez no sería diferente[133].

Además, recordemos al «enemigo exterior» y a las poderosas fuerzas de miedo y control, porque la siguiente solución mágica es el «proteccionismo»; una solución tan generalizada que merece especial atención.

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Proteccionismo: una falsa protección que nos perjudica más

La filosofía del proteccionismo es la filosofía de la guerra.

LUDWIG VON MISES

«La tecnología va a destruir nuestros empleos». «Los países extranjeros nos están robando los empleos». «Tenemos que proteger nuestras industrias». A diario oímos frases como esas.

Cada vez que lo dice un político, sonríe. El miedo es la oportunidad para apretar el lazo alrededor de nuestro cuello.

El economista estadounidense del siglo XIX Henry George dijo:

El libre comercio consiste simplemente en que la gente compre y venda como quiera comprar y vender. Lo que se tiene que imponer es su protección, ya que se trata de evitar que la gente haga lo que quiere hacer. Los aranceles proteccionistas son tanto aplicaciones de fuerza como escuadrones de bloqueo, y su objetivo es el mismo: impedir el comercio. La diferencia entre los dos es que los escuadrones de bloqueo son un medio por el cual las naciones pretenden evitar que sus enemigos participen en el comercio; los aranceles proteccionistas son un medio por el cual las naciones tratan de impedir que sus propios ciudadanos participen en el comercio. Lo que nos enseña el proteccionismo es a hacernos a nosotros en tiempos de paz lo que los enemigos quieren hacernos en tiempos de guerra[134].

El resurgimiento del proteccionismo como solución mágica no es ninguna novedad. Desde 2008, Estados Unidos ha establecido el mayor número de medidas proteccionistas de todas las naciones con mucha diferencia, según el Servicio de Inteligencia Geopolítica[135]. Entre 2010 y 2015, se aplicaron entre 50 y 100 medidas proteccionistas durante los cuatro primeros meses de cada año. En 2016, la cifra se disparó a más de 150.

Al mismo tiempo, han aparecido falsos defensores del libre comercio. En la OCDE, países como China y Francia se han presentado como abanderados del libre comercio, mientras que, de puertas para adentro, levantan cada vez más barreras directas e indirectas al mismo. Tenemos que entender que la excesiva regulación, los impuestos elevados, los complejos procedimientos burocráticos y las interrelaciones entre el gobierno y las empresas de titularidad semiestatal, funcionan como importantes barreras comerciales, en algunos casos más que los aranceles.

Resulta como mínimo divertido que los medios de comunicación ensalcen las palabras del primer ministro chino sobre globalización y apertura en el Foro Económico Mundial de 2017 celebrado en Davos (Suiza[136]), cuando China es una de las naciones más proteccionistas del mundo.

Una forma de fomentar el proteccionismo es mediante la subvención de empresas ineficientes de titularidad estatal. Un sencillo análisis de los grandes conglomerados empresariales públicos chinos demuestra que más de un tercio de los mismos llevan años sumidos en pérdidas e incrementando el exceso de capacidad mientras son mantenidos con vida por los bancos y el dinero público. Este exceso de capacidad, que alcanza al 40 por ciento[137], los lleva a vender el exceso de producción a precios que no generan un margen real y con ganancias muy por debajo del coste del capital.

Lo triste de esta ola proteccionista es que llega a todas partes, desde Japón hasta India. Cincuenta y cinco países han aumentado las medidas proteccionistas en el período comprendido entre 2008 y 2016, según Global Trade Alert[138].

Gráfico 8 Las políticas proteccionistas aumentaron espectacularmente entre 2009 y 2016

FUENTE: Global Trade Alert.

El resultado de estas políticas erróneas es evidente. El mundo fue testigo del desplome del comercio internacional, de los peores datos de crecimiento en 2016 desde 2008 y de un aumento de la deuda.

Frente a las prácticas contrarias al libre comercio y competencia que ha implementado China a lo largo de los años, y que ha resultado en el mayor superávit comercial del mundo con Estados Unidos, el resto de países no ha reaccionado con contundencia. Al contrario, se han limitado a tratar de contener la entrada de bienes y servicios que llegaban desde China a precios por debajo de su coste. La razón de esta permisividad era que el beneficio económico esperado del elevado crecimiento de China justificaba hacer la vista gorda ante sus políticas proteccionistas, como las relativas a los paneles solares, a controles de capitales, en seguridad jurídica, falta de división de poderes o incumplimiento de protección de propiedad intelectual. Sin embargo, esa política de defender el libre comercio en público mientras se aumentaban las medidas proteccionistas a escondidas no funcionó.

En 2018, las exportaciones de China a Estados Unidos ascendían a alrededor de 539 000 millones de dólares[139], mientras que Estados Unidos enviaba únicamente 120 000 millones de dólares al gigante asiático. Muchos atribuyen ese desequilibrio bruto al triángulo formado por las autoridades reguladoras, las empresas estatales y el gobierno chino, que funciona como una única entidad. Sin embargo, una parte considerable de esas importaciones de Estados Unidos son productos electrónicos, maquinaria y ropa que las propias empresas estadounidenses fabrican en China y reenvían a Estados Unidos.

Es incorrecto creer que, si Estados Unidos impusiera medidas proteccionistas, esos empleos y productos se desplazarían y se fabricarían localmente. La razón por la cual el consumo crece y podemos encontrar productos más baratos se debe al libre comercio. Una vez entra en juego el proteccionismo, muchas de esas empresas y muchos de esos empleos simplemente desaparecen. No pueden existir sin una economía abierta.

Los principales desequilibrios entre China y Estados Unidos no se solucionan equiparando el proteccionismo norteamericano con el de China, sino derribando barreras y obligando a China a igualarse al resto de la OCDE. Es la oportunidad de atraer a China al mundo, no el mundo a China.

Una discordancia comercial entre China y Estados Unidos no justifica la tentación del mercantilismo y el proteccionismo. La terrible sombra de esas medidas intervencionistas nos recuerda los errores cometidos por algunos presidentes de Estados Unidos, como, por ejemplo, Jimmy Carter[140], o los de Japón entre la década de 1960 y principios de la de 1990[141]. Las decisiones adoptadas por los gobiernos para proteger artificialmente a sus «campeones nacionales» no han hecho más que debilitar y hacer menos competitivos a esos conglomerados.

Ya comentamos en capítulos anteriores que los populismos recurren al «enemigo exterior» como justificación a los fracasos de sus medidas políticas, este es también el perfecto chivo expiatorio que utilizan los proteccionistas.

La primera mentira es que las industrias de baja productividad, que hoy no son competitivas, serán más rentables si decidimos limitar el comercio con países cuyos costes son menores. Según Lawrence et al.: «Mientras nuestro déficit comercial aumentó rápidamente durante el período comprendido entre 1981 y 1985, los países en vías de desarrollo fuera de la OPEP solamente aumentaron ligeramente su participación en importaciones fabricadas en Estados Unidos. Además, en la actualidad, Estados Unidos importa mucho menos de países con salarios bajos de lo que lo hacía en 1960[142]».

Las pruebas demuestran que el argumento de «la pérdida de empleos y fabricación por culpa de los extranjeros» también es empíricamente falso. Tampoco aumenta el porcentaje de importaciones de países con «costes competitivos», como México o India, ni se disparan los empleos en el sector de la fabricación, ni aumenta la producción local cuando eliminas el comercio[143]. Los empleos relacionados con la fabricación se pierden a causa de la eficiencia y la tecnología, pero son sustituidos por empleos más seguros y de más calidad en el sector servicios. Esta es la razón por la cual, a pesar del supuesto «desplazamiento» de industrias, el desempleo en Estados Unidos alcanzó su cifra mínima en 20 años en mayo de 2018.

La segunda mentira es que se crearán más empleos y mejor pagados.

El único efecto real es que los precios a los consumidores suben al aumentar los aranceles, mientras que las industrias obsoletas se desploman de todas formas, no como resultado de la competencia extranjera, sino de la tecnología, la eficiencia y los cambios en los patrones de consumo. La industria del carbón no está sufriendo a causa de la competencia desleal, sino a causa del aumento de alternativas más limpias, eficientes y baratas, incluyendo el gas natural y las energías renovables de bajo coste.

El empleo no mejora y los salarios no aumentan en términos reales porque se perpetúa el exceso de capacidad. Las medidas proteccionistas impulsan la inflación más que los salarios reales. De hecho, en un mundo con el actual nivel de endeudamiento del 325 por ciento del PIB[144], un efecto secundario añadido es que se perjudica especialmente a los sectores de baja productividad debido al aumento de sus costes financieros aunque los tipos sean bajos. Ser incapaces de exportar algo del exceso de capacidad acumulada en el pasado y, al mismo tiempo, soportar precios más altos, es devastador para las industrias existentes.

La tercera mentira es que una empresa situará su producción en mi ciudad porque así lo diga un comité gubernamental. Por supuesto, las soluciones mágicas de los defensores del proteccionismo, de la derecha y de la izquierda, son respaldadas por la ridícula idea de que las empresas que ahora contratan y fabrican en India o México se trasladarían a Virginia o a Míchigan. Eso no pasa.

Pensar que una industria que hoy no es competitiva será rentable si imponemos unos aranceles del 35 por ciento a sus competidoras es simplemente falso. El negocio cerrará y los países más pobres serán los que más sufrirán, con el efecto agravado de la inflación y de disminución del comercio.

Es una falacia pensar que las fábricas de automóviles, por ejemplo, van a producir y vender más porque Le Pen les diga que lo hagan en Francia. Todo su crecimiento procede de las exportaciones, y los países que sufren medidas proteccionistas también imponen límites a los países exportadores como represalia. Todos pierden. En una industria que ya tiene hasta un 30 por ciento de exceso de capacidad en 2016, según McKinsey, el efecto dominó de cierres de capacidad de producción y menos empleos es inevitable.

La última mentira es pensar que en las economías abiertas y en las empresas es posible la autarquía. Renault es una compañía francesa, pero también global, de la misma manera que la inmensa mayoría de las grandes empresas fabricantes de automóviles de Estados Unidos no son exclusivamente «estadounidenses». La llegada del intervencionismo mercantilista solo gusta a los sectores buscadores de rentas, los cuales ni crean empleo ni mejoran la productividad.

La falacia del proteccionismo no hace más que promover el intervencionismo. De hecho, no se trata de proteger a los países frente a los chinos, sino de copiarlos.

Mientras tanto, el gobierno que te promete que te irá mejor al empobrecer a tus vecinos, se beneficia de un mayor control sobre la economía. Aunque fracase, siempre parecerá que el «protector» era el que lo intentó. Lo hicieron por nosotros. No obstante, el único protegido por el proteccionismo es el gobierno que lo impone. Los demás pagan la factura.

En una guerra comercial nadie gana y los aranceles siempre son una mala idea, pero no olvidemos que son solamente un arma. Durante muchos años, a China se le ha permitido mantener una dictadura mercantilista y un modelo proteccionista con la excusa de que su elevado crecimiento la hacía atractiva. Poco antes de que Estados Unidos introdujera su conjunto de aranceles, el gobierno chino aceleró dos políticas peligrosas que no podemos ignorar: la intensificación de los controles a los movimientos de capital, limitando el flujo de salida de dólares del país, y el aumento de las prohibiciones de empresas y cierres de páginas webs. Dos medidas que demostraban que era poco probable que el gobierno chino abriese su economía, sino más bien todo lo contrario[145]. Otros dos factores demuestran que China ha decidido frenar la apertura de su sistema: el «Plan Made in China 2025» y la supresión del límite de dos mandatos presidenciales que, en la práctica, permiten a Xi Jinping perpetuarse en el poder. Ello, sumado a la intensificación del control de capitales, la inexistencia de la separación de poderes y la violación de la propiedad intelectual son factores esenciales a la hora de entender la mal llamada «guerra comercial».

Entre 2004 y 2018, Estados Unidos presentó 41 quejas contra China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), las cuales se centraban en 27 ámbitos diferentes. La inmensa mayoría de las resoluciones de la OMC al respecto no se han ejecutado[146]. La antigua estrategia de mirar para otro lado y esperar que la economía china se fuera abriendo poco a poco se ha topado con la realidad de un intervencionismo cada vez mayor.

Hay otro factor que se suma al elevado superávit comercial, a los controles de capital y a la falta de seguridad legal y de derechos de propiedad: la batalla tecnológica.

El 70 por ciento del software utilizado en China es pirateado de Estados Unidos. Se calcula que el impacto negativo para la economía norteamericana solamente en el campo de la propiedad intelectual es de 600 000 millones de dólares anuales[147].

No se trata simplemente de una batalla por el control de la tecnología, sino de la seguridad. Los gigantes tecnológicos estadounidenses son empresas privadas, y la mayoría de sus líderes son críticos con la administración de la Casa Blanca. Los gigantes tecnológicos de China son, o de titularidad estatal, o bien de titularidad semiestatal, o concesiones a miembros del Partido Comunista.

La mal llamada guerra comercial va mucho más allá de los aranceles. Hay muchas formas adicionales de proteccionismo y los controles de capital, las restricciones sobre la moneda, la falta de separación de poderes y de respeto a la propiedad intelectual son también formas de proteccionismo.

La fuerza de Estados Unidos radica en tener una economía más segura y abierta en la que la moneda es una reserva mundial, no gracias a su poder militar, sino a que el resto de las monedas caen en la trampa de sufrir los mismos desequilibrios que Estados Unidos, pero sin su libre mercado, su apertura y su demanda real de moneda.

Estados Unidos es consciente de que esta guerra tiene importantes consecuencias económicas negativas internas. Los aranceles no son una solución, sino solo un arma, porque si China no empieza a abrir su economía real, el problema será más grave a largo plazo.

China y sus ciudadanos se beneficiarían enormemente de la eliminación de barreras. Además, si lo hace y se convierte realmente en una moneda de reserva por méritos propios, será magnífico para Estados Unidos, porque se contrarrestará el incentivo perverso de los bancos centrales.

El proteccionismo no se soluciona con más proteccionismo, pero, cuando el oponente no quiere utilizar el comercio como una herramienta de progreso mutuo, sino como un caballo de Troya para asumir el control, nos encontramos ante mucho más que una guerra comercial. Una lucha entre dos modelos de sociedad.

Estados Unidos y China empezaron a llegar a acuerdos en 2019 y llegarán a algún tipo de negociación de calado, aunque este no se producirá cerrando los ojos ante los riesgos del sistema chino.

Pero nuestro viaje al centro de las soluciones mágicas no puede concluir sin dos mantras también proteccionistas: «No paguemos nuestra deuda» y «cobremos impuestos a los ricos».

No paguemos nuestra deuda

Siempre que los populistas hablan del impago de la deuda, tienden a vendérselo a sus seguidores como si pudieran dejar de pagar y, al mismo tiempo, gastar más y, por supuesto a bajo coste.

Pues bien, no es así. Según el estudio de 275 casos de impago de deuda soberana realizado por los profesores Borensztein y Panizza[148], las consecuencias son:

Un impacto negativo en el crecimiento del país del 0,6 por ciento al 1,2 por ciento, como mínimo.

Una caída en picado del crédito a la economía real de un 40 por ciento como media, que da como resultado una pérdida de la confianza internacional.

Un descenso del comercio exterior del país de un 8 por ciento como media.

Quiebra generalizada de pequeñas y medianas empresas a causa del desplome del crédito. La pérdida de acceso a los mercados internacionales es inmediata. No solo el Estado, sino también las empresas y las familias se enfrentan a costes financieros más elevados y vencimientos más cortos, si es que logran obtener financiación.

El 90 por ciento de los fondos de seguridad social y las pensiones se invierten en deuda soberana. En cuanto un país entra en impago, dichos fondos quiebran, llevándose con ellos los ahorros de los ciudadanos. Los países no pueden «desconectar» el impago y referirlo «únicamente a los extranjeros».

El «impago técnico» provocaría, como ha sucedido en todos los países que han incurrido en él, el hundimiento de su capacidad crediticia privada y estatal.

Curiosamente, los partidarios de impagos masivos son los mismos que exigen el final de la austeridad. Los odiados recortes presupuestarios serían inmediatos y más bruscos porque el país no tendría acceso a déficits financieros. En consecuencia, los ingresos fiscales se reducirían una media del 10 por ciento según el estudio mencionado anteriormente.

Por supuesto, algunos defensores de la solución mágica hablan de impago selectivo, lo que equivale a socavar la seguridad jurídica y a destruir las inversiones y la confianza empresarial.

Aunque solamente incurran en impago por lo que respecta a la deuda del FMI, como propugnan algunos, la cosa no funciona.

Pensemos en los países que han incurrido en impago con el FMI —Sierra Leona, Zimbabue, Cuba y Somalia, por nombrar solo algunos—. El resultado es más sufrimiento y más dificultades tanto para las familias como para las empresas, así como un amplio período de entre siete y ocho años hasta que estas se empiezan a recuperar.

«¡Pero seremos libres!», proclaman esos países.

Ya hemos mencionado a Ecuador anteriormente. El presidente Correa supervisó el impago de 3200 millones de dólares y acabó dependiendo de China a un coste mucho mayor (7,5 por ciento) con un vencimiento más corto (ocho años) que el de los créditos impagados (vencimiento a 10 años al 6,5 por ciento[149]). Ecuador acabó teniendo que pedir ayuda al FMI, y tardó años en volver a financiarse en el mercado, pagando intereses más altos.

Pensemos, también, en el caso de Argentina, donde, en 2005, Kirchner rechazó al FMI, pidiendo créditos a Venezuela por el doble de interés y llevando el riesgo país de Argentina al nivel más alto de su historia reciente.

El país mágico que no cumple con sus obligaciones pero puede gastar más y financiarse barato es un unicornio que enseguida se transforma en una pesadilla. Por supuesto, hay restructuraciones de deuda en muchos países y sectores privados, pero ninguna ha implicado jamás reestructurar, gastar más y, además, financiarse a tipos baratos.

Al final, las soluciones mágicas son muy caras, y aquellos a quienes los populistas dicen querer ayudar son los que más sufren: las familias y las clases bajas.

El impago no tiene nada de social. Lo que hace es enviar al público el mensaje de que no somos de fiar. Y eso siempre sale muy caro. Siempre.

Todas estas soluciones mágicas no solo no mejoran la economía, el empleo y el crecimiento. Al contrario, aumentan desproporcionalmente la desigualdad de la que se alimentan los gobiernos para poner más barreras al comercio.

Piketty está equivocado y la historia lo demuestra. Un impuesto global sobre la riqueza nunca ha funcionado ni puede funcionar

Existen pocas soluciones mágicas tan rentables políticamente como «subir impuestos a los ricos». Es un mensaje que apela a la envidia, a la creencia de que el éxito es inmerecido y a la esperanza de que alguien solucionará nuestros problemas dándonos el dinero de otros. Pero las promesas de quitarles dinero a los demás para dárselo a muchos nunca se cumplen.

Hace algunos años, el economista Thomas Piketty escribió un libro polémico, aunque popular, titulado El capital en el siglo XXI[150], el cual llegaba a la conclusión de que la riqueza se acumulaba exponencialmente casi de manera automática. De hecho, daba una fórmula según la cual la riqueza simplemente aumentaba, independientemente de cualquier factor. Por consiguiente, para solucionar los problemas del mundo, Piketty defendía que había que imponer un impuesto sobre la riqueza.

Como en los ejemplos mencionados anteriormente al hablar de la teoría monetaria moderna (TMM), se utilizó un análisis y un estudio correcto de algunos desequilibrios creados por la expansión monetaria en la sociedad moderna para defender una solución incorrecta a la desigualdad: subir impuestos.

Si la riqueza de los individuos se multiplica exponencialmente de manera automática, ¿cómo es que Estados que acumulan y gestionan hasta un 50 por ciento de la riqueza anual de sus países no son exponencialmente más ricos?, ¿cómo es que las industrias nacionalizadas y los recursos controlados por los Estados no multiplican su valor exponencialmente? Porque es una premisa falsa.

En el caso de Piketty se trata de algo parecido. Nadie niega la validez de parte de los datos (ojo, aunque muchos han encontrado errores en las series), pero la conclusión política se desarma de manera radical a causa de su conclusión forzada, retorcida y desconectada de los mismos. Su recomendación de que la riqueza debería expropiarse y confiscarse parcialmente no deriva de la información recogida —la cual es valiosa—, sino de su filosofía personal y de su percepción política: que la acumulación de riqueza no está justificada y debe ser redistribuida, por supuesto, por un solo agente, el Estado.

Desgraciadamente, Piketty pasa por alto el factor de riesgo y el esfuerzo en la generación de riqueza, e ignora las ineficiencias y los obstáculos creados por el Estado. Todavía más preocupante, Piketty ignora conscientemente el efecto desplazamiento del Estado en financiación y uso de recursos, y ni siquiera estudia por qué la riqueza gestionada por los Estados no crece de la manera en que, según él, aumenta la riqueza de los individuos.

La primera afirmación, completamente desmentida, es que Piketty da por sentado que la acumulación de riqueza es uniforme y constante, a pesar de mostrar, en sus propios datos, enormes caídas y fluctuaciones —hasta el 78 por ciento— en períodos recesivos. Para él, la riqueza es simplemente acumulativa, cuando el análisis de las mayores fortunas de los últimos 30 años muestra quiebras y variaciones muy relevantes. No hay más que mirar la lista de los ciudadanos más ricos de hace 30 años y ver dónde están hoy una gran parte de ellos. Muchos simplemente han desaparecido de las listas, y sus fortunas son una fracción de lo que «tenían» entonces.

Además, al calcular la riqueza del 1 por ciento más rico de la población, un factor esencial, Piketty olvida cuál es el riesgo y la deuda contraída. En lugar de analizar el rendimiento sobre el capital empleado, el apalancamiento operativo, el grado de liquidez de esa «riqueza» (mucha parte de ella son activos que sus propietarios no pueden vender) o de diferentes segmentos de la población, asume que la persona que ha recibido un préstamo, ha creado una empresa y ha ganado una fortuna no merece los frutos de ese riesgo y ese esfuerzo, a diferencia de la persona que se ha limitado a trabajar a cambio de un salario. Y, lo que es peor, el libro parece asumir que ese esfuerzo es irrelevante, que su éxito es un fruto inmerecido que tiene que entregarse al Estado para que lo redistribuya.

Probablemente, la parte más alucinante de la exposición de Piketty es la de ignorar los activos ilíquidos o cautivos. Por ejemplo, la «riqueza» del dueño de Amazon o de Inditex está fundamentalmente en las acciones que posee de esa empresa multiplicado por su precio de mercado. Sin embargo, esas acciones ni las ha vendido ni probablemente pueda. Es decir, si el dueño de Amazon o Inditex pusiera su cartera de acciones a la venta, ¿qué pasaría con el valor de dichas acciones? Te lo digo yo, se desplomaría. Lo mismo con activos ilíquidos valorados con estimaciones, no por transacción. Imaginad que se aplican las teorías confiscatorias y extractivas y esos multibillonarios tienen que vender sus acciones. ¿Cuál es su verdadera riqueza? Bajaría dramáticamente en horas al desplomarse la acción en bolsa. Mi querido Ken Griffin, dueño de Citadel y antiguo jefe mío, siempre decía «paper wealth goes to the bin» («la riqueza de papel siempre va a la papelera»), y en el cálculo de los intervencionistas de riqueza acumulada hay mucha estimación falaz.

Otra falacia es la de equiparar activos ilíquidos e irrealizables con activos líquidos. Según su teoría, tú tienes que pagar en dinero líquido un impuesto sobre una riqueza que ni has vendido ni es vendible y ni siquiera ha sido realizada. Es decir, expropia el valor de los activos vía impuestos sin tener evidencia de su valor liquidativo.

Asimismo, Piketty no analiza en ningún momento si las políticas redistributivas aplicadas en su país, Francia, han sido eficaces. Está claro que no, ya que los datos muestran una desigualdad en Francia parecida a la de los países orientados al libre mercado, mientras que su economía se ha estancado durante dos décadas y el desempleo es superior a cualquiera de las economías equiparables, como Alemania, Estados Unidos o el Reino Unido. Ni que decir tiene que también ignora el creciente descontento de los ciudadanos expresado en miles de manifestaciones de chalecos amarillos en el «paraíso de la redistribución».

Piketty también pasa por alto el enorme aumento de la riqueza de las clases bajas que él mismo demuestra con sus datos —un éxito del capitalismo—, aunque lo hace desde la perspectiva de un recaudador de impuestos. Las clases más bajas han aumentado su riqueza gracias a los depósitos y al valor de los bienes inmuebles, con un porcentaje de la deuda resultante muy inferior al de las clases medias o altas. Por lo tanto, Piketty ignora el riesgo y la inversión, y únicamente se fija en el resultado estimado (recuerda, estimado, no realizado), y lo hace con objetivo extractivo y en términos absolutos. Los sectores pobres, según sus propios datos, han acumulado más riqueza con menos riesgo que el porcentaje de beneficios de la inversión de los sectores mejor clasificados.

Ignorar el riesgo y el esfuerzo asumidos para acceder a la riqueza desincentiva el aumento del crecimiento. En efecto, ¿para qué molestarse?

Algún lector podrá pensar que un heredero rico no ha tenido que esforzarse en conseguir su fortuna, y que esta le ha permitido seguir enriqueciéndose sin esfuerzo. Craso error. Todos conocemos una enorme cantidad de casos de hijos que han acabado con la riqueza de sus padres. En cambio, son muy pocos los que, con esfuerzo e inteligencia, además de con buen asesoramiento, siguen aumentando esa riqueza y creando empleo y bienestar para más gente.

El 70 por ciento de las familias ricas pierden toda su riqueza en la segunda generación[151]. Eso desmonta totalmente la teoría de la riqueza de crecimiento mágico de Piketty.

Al asumir que la riqueza en los países avanzados es una anomalía injusta, casi gratuita y automática, Piketty comete un grave error. Esto lo demuestra el hecho de que pasa totalmente por alto el impacto negativo sobre el crecimiento y la desigualdad de países con un alto nivel de intervencionismo estatal.

No es de extrañar, porque Piketty no cuestiona el papel de los Estados ni su nivel de intervención en las economías. En cambio, lo justifica al analizar la riqueza desde el punto de vista de un recaudador de impuestos, sin analizar el riesgo ni la creación de valor. El único objetivo es la redistribución, basada siempre, por supuesto, en el hecho de que tu dinero no es tuyo y tu éxito es inmerecido.

Si se puede extraer algo de los datos del libro de Piketty, aunque le presta poca atención —y lo confirma Angus Deaton en su excelente libro El gran escape: salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad—,[152] es que el mundo actual ha logrado reducir la pobreza y la desigualdad de manera radical y mejorar la calidad de vida de la mayoría de la gente[153].

Lo que Piketty olvida es dónde se crea el auténtico problema de la pobreza y la desigualdad: no en Estados Unidos, Suecia o Reino Unido, países a los que gran parte de los ciudadanos del mundo quieren emigrar debido a sus oportunidades y a su libertad económica, sino en países con un alto grado de intervencionismo. Sorprendentemente, el libro de Piketty apenas menciona el fracaso de las economías intervenidas ni del masivo control por parte del gobierno.

El propio Kenneth Rogoff lo mencionó en un excelente artículo titulado «Where is the inequality problem?»[154]. El capitalismo ha conseguido reducir más la pobreza global y la desigualdad en los últimos 30 años que durante todo el período analizado por Piketty en su libro.

Piketty pierde la perspectiva de los grandes problemas, que son el intervencionismo y la corrupción. La falta de libertad, de instituciones independientes y de transparencia influyen más en la desigualdad, la pobreza y el crecimiento de todos los ciudadanos que la acumulación de riqueza, como se mencionó anteriormente al hablar de los países nórdicos, los cuales tienen economías más sociales, pero con mayor desigualdad en términos de riqueza.

Piketty asume incorrectamente que los actuales niveles de desigualdad están, en sus puntos más elevados, cerca de los registrados antes de graves conflictos o guerras y que, por tanto, los gobiernos tienen que impedir un supuesto levantamiento popular mediante una fuerte subida de impuestos. Curiosamente, no apreció ese riesgo en las políticas de redistribución como las de Venezuela o cualquiera de las economías intervenidas masivamente que acabaron en conflictos y disturbios.

Este análisis apocalíptico se desmonta cuando los datos muestran que los niveles de desigualdad no se acercan ni siquiera remotamente a los de épocas de preguerra y, teniendo en cuenta el hecho que el mayor incremento de la riqueza de las clases medias y bajas tuvo lugar entre 1980 y 1995, la época del «malvado mercado libre» de Thatcher y Reagan. Ello dio como resultado un aumento de los ingresos reales per cápita de las clases más pobres del 34 por ciento en el Reino Unido y del 39 por ciento en Estados Unidos.

Los principales errores del libro de Piketty se encuentran en las conclusiones acerca del Reino Unido, donde la diferencia entre sus datos y los del Financial Times conducen a conclusiones diametralmente opuestas, tal como muestra The Economist[155] y, en el caso de Estados Unidos, John Cassidy en The New Yorker[156]. Una vez más, eso demuestra cómo los cálculos incorrectos sobre la desigualdad pueden estar impulsados por motivaciones políticas.

La desigualdad no solo no ha aumentado hasta niveles de preguerra, sino que, en el caso del Reino Unido, se ha moderado. Por lo que respecta a Estados Unidos, el porcentaje total de riqueza del primer percentil después de impuestos y transferencias no ha aumentado de manera relevante[157].

Muchos artículos desmontan el vínculo causal que plantea Piketty entre riqueza y desigualdad, demostrando que no existen pruebas empíricas al respecto, como el del economista Carlos Góes[158], que demuestra que no existe una relación causal entre riqueza y desigualdad: «No existen pruebas empíricas que respalden la afirmación de Piketty. La desigualdad no tiene nada que ver con el comportamiento de los ingresos del 1 por ciento más rico». Tras analizar 19 economías ricas a lo largo de tres décadas, no solo no halla pruebas que respalden la tesis de Piketty, sino que aprecia exactamente lo contrario; en tres de cuatro casos, la desigualdad se redujo, mientras que el rendimiento de capital aumentó más rápidamente que el PIB. Es decir, cuanto mayor es el rendimiento del capital, mayor es la igualdad económica en la sociedad, no a la inversa.

Acemoglu y Robinson no solo aprecian muy poca correlación utilizando la misma técnica[159], sino que también les parece ilógico que la fórmula de Piketty diga dónde y cómo surge la desigualdad[160]. Utilizando datos reales de 19 países a lo largo de 30 años, en el 75 por ciento de los casos se ha demostrado que la tesis de Piketty estaba equivocada.

Según Góes: «Algunos años después de publicar El capital en el siglo XXI, el mismo Piketty reconocio que “el aumento de la desigualdad de los ingresos laborales en las últimas décadas tiene evidentemente poco que ver con la fórmula r – g[161], y es claramente un avance histórico muy importante[162]”»; pero Piketty no lo tiene en cuenta en su conclusión sobre el impuesto a la riqueza porque cree que podría ser un verdadero problema en el futuro.

A Piketty no parece importarle que el Estado distribuya bien o mal, que derroche o incluso que confisque hasta el 50 por ciento de la riqueza. Sin embargo, plantea algo que es simplemente imposible de poner en práctica: un impuesto global sobre la riqueza. Es imposible asumir que todos los países del mundo vayan a adoptar esa medida, y lo sabe, pero su propuesta será recibida con los brazos abiertos por gobiernos y partidos de muchos países. Y ese es el objetivo: proporcionar una justificación aparentemente «científica» a una intervención gubernamental masiva.

Buscar la igualdad a toda costa conlleva desincentivar la creación de riqueza y empobrecer a todo el mundo. Pretender que un impuesto distribuirá adecuadamente la riqueza equivale a despreciar el esfuerzo y el riesgo y el efecto positivo del progreso. Pensar que las medidas confiscatorias no influyen en el crecimiento y el progreso es más que arriesgado. Piketty no hace ningún comentario, y no menciona que el período en el cual la desigualdad ha aumentado más en Europa, según sus propios datos, coincidió con un gasto público masivo y con la subida de impuestos en países con grandes sectores públicos.

Además, según estudios recientes, hay un «importante respaldo para la opinión popular de que los impuestos a la riqueza reducen el crecimiento económico[163]».

Los impuestos a la riqueza ya existen bajo muchas formas, desde impuestos sobre la propiedad hasta impuestos sobre las ganancias de capital, entre otros. Otro impuesto sobre la riqueza tendría graves consecuencias que ya se han hecho evidentes en muchos países. El impuesto sobre la riqueza ha fracasado en la mayoría de los países en que se ha aplicado. En 1990, 12 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tenían impuestos sobre la riqueza. En 2017, esa cifra se había reducido a tan solo cuatro. Entre las consecuencias económicas se incluyen «menos inversiones en capital humano y creación de nuevas empresas. Es posible que un impuesto sobre la riqueza no haga caer inmediatamente los indicadores económicos, pero la economía estadounidense se volvería menos dinámica y competitiva como resultado de dicho impuesto[164]».

Atraer capital y crear riqueza, aumentando los ingresos disponibles para todos, genera más oportunidades y crecimiento. La desigualdad no se reduce con políticas confiscatorias, sino con incentivos para crear riqueza.

Nuestro objetivo principal debería ser garantizar la libertad, la cual permite el crecimiento y el desarrollo. Como me dijo una vez un taxista en Londres: «Volver a 1973 puede parecerle muy bien a alguien que no vivió en 1973, o a un loco».

El ganador del premio Pulitzer Charles Krauthammer dijo: «Hay una razón por la que en el puerto de Nueva York tenemos la Estatua de la Libertad, y no la Estatua de la Igualdad».

La historia de la humanidad es la historia de la competencia entre diferentes grupos que quieren controlar y administrar los impuestos recaudados a las personas. El hecho de que ciertos políticos ofrezcan soluciones mágicas, las que hemos tratado en esta primera parte del libro, son la prueba de que su objetivo no es el bien de la sociedad sino lograr el control absoluto. También hemos visto como la manera de hacerlas atractivas a los votantes es la de disfrazarlas con etiquetas atractivas «justicia social», «bien común»…

Hay una razón por la cual los ciudadanos están cada vez más desencantados con la clase política, se están empezando a dar cuenta de que las soluciones mágicas planteadas en el pasado solamente han dado como resultado lo que ya era evidente en primer lugar: escaso crecimiento, más impuestos y menos libertad. El conflicto no es entre trabajo y capital, los cuales tienen intereses comunes, ni entre los segmentos de la población de los contribuyentes y los creadores de riqueza. El conflicto existe únicamente entre los creadores de riqueza y los consumidores de riqueza.

La solución, como explicaremos en la siguiente parte de este libro, no consiste en creer en otra propuesta ilusoria de los intervencionistas ni en caer en la trampa de los totalitarios disfrazados de defensores de la justicia social.

El capitalismo es socialmente más justo e igualitario que el socialismo o el mercantilismo. Tan solo tenemos que dejarlo crecer. La solución es más libertad, no una igualdad impuesta por el gobierno.

Empecemos.

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La solución es el capitalismo social, no la igualdad: ¿por qué el capitalismo es más social que el intervencionismo?

El vicio inherente del capitalismo es el desigual reparto de los bienes; la virtud inherente del socialismo es el reparto equitativo de la miseria.

WINSTON CHURCHILL

Conviene recordarlo: el libre mercado, las economías abiertas y el comercio global han hecho más por reducir la pobreza que cualquier política gubernamental. En 1820, tan solo 60 millones de personas vivían fuera de la pobreza extrema. Hoy en día, lo hacen más de 6500 millones de personas[165]. Según el Banco Mundial, la pobreza extrema ha descendido a un mínimo histórico, a pesar de que la cifra del salario diario que la determina se ha elevado sistemáticamente y la población ha aumentado.

El profesor Mark Perry[166] señala que «a la mayoría de las familias estadounidenses les va mejor de lo que habrían podido pensar según la opinión dominante. Tras ajustarlos a la inflación, resulta que los ingresos medios de las familias alcanzaron su máximo nivel en 2015, el último año del que la Oficina del Censo de Estados Unidos dispone de datos[167]». De hecho, en el caso de las parejas casadas en las que los dos cónyuges trabajan, los ingresos familiares reales alcanzaron la cifra récord de 103 700 dólares en 2015.

Human Progress[168] es una increíble página web de recursos y datos que ayuda a desmentir los mitos que nos rodean. Las cosas han mejorado drásticamente, pero eso no significa que debamos caer en la autocomplacencia. O, lo que es peor, no significa que debamos sentarnos a esperar a que el gobierno nos solucione la vida. Lo que nos ha permitido experimentar la máxima mejora del bienestar social de la historia han sido el ingenio humano y las fuerzas positivas de la innovación, los mercados abiertos y la competencia.

El intervencionsimo, por otro lado, ha sido en su mayor parte una carga para el progreso y la reducción de la pobreza. La prosperidad, la clave para reducir la desigualdad, ha sido ignorada en favor de los subsidios.

Nadie cuestiona la fuerza positiva de los programas de asistencia social cuando están diseñados adecuadamente[169], pero no debemos olvidar que el objetivo tiene que ser promover el progreso y la prosperidad. Como decía Ronald Reagan: «Deberíamos medir el éxito del Estado del Bienestar en función de cuántas personas abandonan los programas de asistencia social, no en función de cuántas se incorporan a ellos».

Anteriormente, hemos citado el estudio de Korpi y Palme[170] en el cual nos advierten acerca de las políticas que consideran erróneamente la redistribución como el objetivo principal y cómo eso tiende a provocar el efecto contrario al que pretende lograr. Al centrar toda su atención en la redistribución, no reducen la pobreza ni la desigualdad.

La desigualdad no puede reducirse creando una subclase de millones de ciudadanos que dependen de lo que el Estado pueda proporcionarles utilizando los fondos de los contribuyentes. Eso no es reducir la desigualdad, sino subvencionar la pobreza.

Un individuo muy rico que trata de preservar su posición de privilegio probablemente estará encantado de pagar para que los demás permanezcan apaciguados y callados. Subvencionar la pobreza no reduce la desigualdad; la incrementa.

Si nos fijamos en la Unión Europea (UE), este incentivo perverso es bastante evidente. En algunos casos, el sistema de asistencia social actúa como un desincentivo para trabajar, formar parte de la población activa y alcanzar los propios objetivos. No es casualidad que, a pesar de representar casi el 50 por ciento del gasto social del mundo, la UE sufra más desempleo que sus economías comparables.

Hace poco, mantuve una agradable conversación con un grupo de amigos durante una cena. Surgió el tema de la necesidad de aumentar el gasto público. Uno de mis amigos habló de las consecuencias negativas de la austeridad.

«¿Austeridad?», pregunté. «¿A incrementar el gasto público cada año durante una década hasta casi el 50 por ciento de la economía y luego reducirlo un 5 por ciento lo llamas “austeridad”?». Cuando llegaron los postres, señalé la espectacular tarta de tres chocolates que había sobre la mesa. «Sería como comerse una de estas cada día durante un mes y decir que si solo te comes cinco porciones estás a dieta». Por otro lado, ¿desde cuándo es la austeridad algo malo? Austeridad es prudencia. Lo opuesto es el despilfarro.

El creciente descontento con los políticos, casi como si se tratara de una clase social propia, apareció al mismo tiempo que el gasto público alcanzaba su máximo histórico en tiempos de paz. No es de extrañar. Lo que me sorprende es que los ciudadanos crean que los errores cometidos por los políticos en años anteriores se solucionarán dándoles más dinero a otros políticos.

La cena que acabo de mencionar continuó, y la discusión pasó a versar sobre los males de las megacorporaciones y del capitalismo. «¿Así que te disgustan los monopolios?», le pregunté a mi amigo. Y él dijo: «Profundamente… Se aprovechan de su fuerza para asumir el control, subir los precios y manipular a los clientes».

«¿Como el monopolio del gobierno?», repuse.

El gobierno actúa en ocasiones exactamente igual que un monopolio. En primer lugar, te obliga a creer que sus servicios no pueden ser prestados por nadie más. Para ello, debe deshacerse de la «competencia». El gobierno hará todo lo posible por eliminar la competencia en la asistencia sanitaria, la educación, la seguridad y los suministros básicos como la energía. Entonces, cuando ya no haya nadie que le haga la competencia, ofrecerá esos servicios a un coste político y de manera cada vez menos eficiente, porque sus prioridades son sacar el máximo partido al presupuesto, no prestar servicios mejores y más económicos. Como, además, controla la máquina de ingresos y siempre puede imponer más represión fiscal, vemos que la falacia de los servicios públicos se convierte en la realidad del despilfarro público.

Mi amigo negó mi última pregunta: «No, porque los gobiernos se eligen cada cuatro años, y los ciudadanos pueden expulsarlos del poder si actúan mal».

Eso es así si hay democracia y, de haberla, si los partidos competidores no tienen el mismo objetivo rentista que el incumbente. Si vives en una teocracia o una dictadura, tu capacidad como ciudadano se limita a obedecer. Pero, incluso en una democracia, como hemos visto en Europa con algunas grandes empresas públicas, cambiar de partido no hace más que traer consigo nuevos funcionarios que gestionan los sectores «estratégicos» con el mismo objetivo: aprovechar al máximo el presupuesto y contratar a tantos amigos y colegas como sea posible.

Los monopolios o los oligopolios no pueden existir a menos que el gobierno los controle o los permita. Por definición, un monopolio sería destruido por competidores más eficientes y dinámicos en un mercado libre. Wal-Mart, por grande que fuera, no pudo evitar el auge de Amazon, del mismo modo que BP o Exxon no pudieron frenar el avance de empresas productoras energéticas independientes.

Tenemos que afrontar la realidad. Con el gobierno controlando hasta un tercio de la economía de Estados Unidos y cerca del 50 por ciento en la UE, y decidiendo mediante la legislación el destino de más del 70 por ciento de la economía, hay muchas probabilidades de que los errores que, como ciudadanos, percibimos en el capitalismo, sigan existiendo. Porque no tienen nada que ver con el capitalismo, y aún menos con el libre mercado.

El bienestar social y la prosperidad son imposibles de lograr bajo la creciente influencia del gobierno. El efecto positivo del gobierno en la economía cuando su función es ayudar y atender a las familias y a las empresas se pierde por completo cuando se hace demasiado grande y su objetivo se transforma en aprovechar al máximo los presupuestos y perpetuar la burocracia, utilizando para ello el balance de grandes corporaciones y bancos.

La auténtica competencia y los crecientes beneficios para todas las partes interesadas también son imposibles bajo una fuerte influencia del gobierno. Los gobiernos siempre favorecerán a los sectores amiguistas llamados «estratégicos».

El gobierno, como tal, no tiene que desaparecer. Tiene que volver a hacer lo que siempre se supuso que tenía que hacer: prestar servicios al sector privado del cual recauda ingresos y, adicionalmente, contribuir a la innovación y la prosperidad.

Pero es extremadamente importante entender que el capitalismo social y el auténtico bienestar no existirán con más gobierno. Muchos gobiernos odian la idea de no ser capaces de poner barreras al comercio, al movimiento de personas y de capital.

En 2017, cuando estaba en Washington, un amigo se quejó de que las corporaciones recurrían a los «inversion deals», o emigración fiscal. Un inversion deal es el proceso por el cual una compañía traslada su sede fiscal y legal a otro país por razones fiscales, legales o estratégicas. Mi amigo decía que era injusto que las empresas decidieran abandonar Estados Unidos y trasladarse a Canadá o a Irlanda. En lugar de pensar qué es lo que las haría quedarse, sus ideas giraban básicamente en torno a la represión. «El gobierno debería imponer sanciones y confiscar activos a las empresas que recurran a la emigración fiscal», dijo.

Le mencioné el impacto negativo que tendrían en el resto de empresas el riesgo de confiscación y la subida de impuestos, así como en la seguridad jurídica, en la inversión y en la actividad económica. «Quizá sea el precio que hay que pagar», respondió.

«¿Qué tal mejorar el sistema fiscal de Estados Unidos y reducir la burocracia para que esas empresas y las que se queden se beneficien de una mayor actividad y el país logre más inversiones y más empleo?», sugerí.

Estuvo de acuerdo.

La repatriación de capitales conseguida en 2017 y 2018 con una moderada simplificación de la tributación a los capitales importados de otros países fue simplemente espectacular. Más de 450 000 millones de dólares de corporaciones norteamericanas depositados en el extranjero volvieron a Estados Unidos, simplemente con una reducción de la fiscalidad excesiva que penalizaba la repatriación de capitales[171].

Nos hemos acostumbrado tanto al hecho de que el gobierno tiene que hacer algo y que ese algo tiene que provenir de la represión fiscal, que nuestro primer pensamiento, incluso en una discusión bien argumentada, es que el gobierno debería emplear la fuerza y la represión para resolver los problemas creados por la represión, la burocracia y la tributación injusta.

Estamos tan acostumbrados a la idea de que el gobierno tiene que recibir financiación ilimitada y jamás cuestionada a cambio de la promesa de algunos fondos de subvenciones o de asistencia social que acabamos aceptando impuestos inmorales, como el impuesto de sucesiones, o el «impuesto sobre la muerte» (conocido en el Reino Unido como «el impuesto de los pobres», porque los ricos no lo pagan).

El impuesto sobre la muerte

No hay ejemplo más claro de injerencia gubernamental que el atroz «impuesto sobre la muerte». Como la mayoría de los impuestos, se nos vende empleando dos argumentos contundentes, la envidia y la codicia; envidia porque el gobierno dice que cobrará impuestos a los aparentemente ricos y poderosos porque heredan inmensas fortunas, y avaricia porque ese mismo gobierno nos dirá que recibiremos miles de millones que nos beneficiarán a todos. Ninguno de los dos argumentos es cierto.

Por un lado, el impuesto sobre la muerte es inmoral porque grava los ahorros procedentes de actividades por las cuales ya se han pagado impuestos en numerosas ocasiones anteriores, como sobre los beneficios empresariales, los ingresos y el capital. Lo que queda después de pagar todos esos impuestos tributa de nuevo cuando alguien muere. Increíble.

Además, el efecto redistributivo es inexistente. En el Reino Unido, el impuesto sobre la muerte recauda menos del 0,5 por ciento de los ingresos[172], lo cual apenas cubre los aumentos de los gastos administrativos. Sin embargo, aumenta la desigualdad. Los ricos pueden evitar el impuesto sobre la muerte creando empresas o fondos que gestionan sus inmuebles, mientras que los pobres tienen que renunciar a sus propiedades heredadas y cedérselas al gobierno porque no pueden pagar los impuestos. Y, ¿quiénes compran la propiedad cuando el gobierno subasta su cartera de propiedades? Los ricos. Se convierte en una redistribución negativa absoluta.

Desde un punto de vista jurídico, el impuesto de sucesiones y donaciones es injusto, viola el principio de igualdad, viola el principio de capacidad económica, viola el principio de equitativa distribución de la carga tributaria y, para colmo, tiene alcance confiscatorio.

España aplica el segundo tipo más alto en sucesiones de la eurozona. Aunque hay diferencias entre comunidades autónomas, en España se tributa hasta el 34 por ciento de la herencia; en la eurozona, el 12 por ciento[173]. En la mayor parte de Europa es un impuesto residual o inexistente. En 10 de los 19 Estados que comparten el euro no se exige ningún tipo de tasa a la hora de heredar.

No solo es así, sino que, por lo que se refiere a los inmuebles, el sistema de valoración en España (inflando al valor catastral muy por encima del valor de mercado) lleva a pagar unos impuestos exagerados sobre una cantidad completamente desligada del valor de mercado real.

En el caso de tributar por el impuesto de transmisiones patrimoniales o el de sucesiones, el impuesto a pagar puede llegar a estar «inflado» entre un 20 por ciento y un 30 por ciento, según la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI).

Hace diez años se renunciaba a 3,4 herencias de cada cien. En 2017, la cifra aumentó a 10 de cada cien, según datos del Colegio de Notarios. «Una de las principales causas es, precisamente, la imposibilidad de los herederos de afrontar el pago de los gastos», según la letrada Guadalupe Fernández-Blanco.

En nueve meses de 2017, de enero a septiembre —últimas estadísticas disponibles hasta la fecha—, el número de renuncias creció un 11,7 por ciento en comparación con el mismo período de 2016. El incremento es relevante, y más aún si se tiene en cuenta que entre 2007 y 2016 el número de renuncias a herencias ya había acumulado un aumento del 250 por ciento.

En 2011 fueron unas 11 000 las renuncias. En 2010 se superaron las 16 000, tres años después se rozaron las 29 000, en 2016 se contabilizaron casi 39 000, y en 2017 se superaron las 40 000 renuncias a herencias.

No es igual el porcentaje de renuncias en todas las comunidades autónomas. Desde 2015, una media del 9 por ciento de los herederos en Madrid rechazan percibir la transmisión de bienes. A nivel nacional, la media es el 10,5 por ciento para los mismos años y en las comunidades con Impuesto de Sucesiones es un 60 por ciento superior a Madrid. El abandono de herencias es mayor cuanto mayor es el impuesto y mayor el diferencial catastral mencionado: tres puntos más en Andalucía y hasta cinco puntos más en Asturias[174].

Ello convierte a las comunidades autónomas en enormes agentes inmobiliarios. Se quedan los inmuebles en los que las familias no pueden sufragar los impuestos calculados con un valor catastral inflado, y luego los subastan a descuento sobre precio de mercado. ¿Quién compra esos inmuebles expropiados? Los ricos, que son los que pueden comprar paquetes de inmuebles por decenas de millones de euros. Es un impuesto profundamente antirredistributivo y regresivo.

España es el segundo país que más castiga el patrimonio en la UE. Hacer referencia en el debate «solo» al impuesto de sucesiones esconde la lista de impuestos adicionales que penalizan el patrimonio. Si sumamos el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de actos jurídicos documentados y el impuesto de plusvalía municipal, encontramos que España recauda el 1,5 por ciento del PIB por este concepto (según datos de Eurostat, 2016). La media comunitaria es mucho más baja: no llega al 1 por ciento del PIB. Y en 2019 se aprobó eliminar el impuesto sobre el patrimonio en Francia, con lo cual España será el único país de la UE que mantenga dicho anacrónico impuesto.

Recordemos que los defensores del impuesto de sucesiones no tienen ninguna intención de bajar ningún impuesto, solo de subirlos.

No tiene nada de redistributivo. La recaudación por sucesiones no sufraga la sanidad o la educación, sino la enorme red de gasto clientelar de las comunidades autónomas que cuesta decenas de miles de millones de euros anuales en España. En Andalucía se ha aumentado esa red clientelar[175] mientras se recortaba en sanidad y se expoliaba a los herederos.

El impuesto de sucesiones no tiene nada de liberal como dicen muchos políticos de izquierda. Adam Smith o John Stuart Mill defendían un impuesto a las herencias cuando no existía la inmensa cantidad de impuestos que paga una renta o un patrimonio actuales, un impuesto sobre bienes inmuebles, una plusvalía municipal, unos impuestos sobre el ahorro, el patrimonio, las transmisiones jurídicas, la renta y el valor añadido, así como toda la enorme cantidad de impuestos que existen hoy en día, que dejan el ahorro en un acto de heroicidad.

El «impuesto sobre la muerte» se sitúa en el primer puesto de la lista de impuestos radicalmente injustos y confiscatorios del Reino Unido, según Yougov[176]. A continuación está el impuesto sobre actos jurídicos documentados, o el impuesto sobre el precio de los inmuebles, el cual limita el acceso de la clase media a la propiedad y no hace más que inflar la burbuja inmobiliaria. A esto le sigue el air passenger duty (impuesto que se carga a los vuelos comerciales del Reino Unido) y el de la BBC; este último es un ejemplo de la obligación de pagar por una red de comunicación que puede que muchos decidan no utilizar.

En Estados Unidos, las cosas son parecidas. ¿Qué ciudad tiene el sistema tributario más injusto de todos? Sí, Washington, D. C.[177] No es ninguna sorpresa. El código tributario se establece de manera que los ingresos se recaudan fundamentalmente de las clases medias y bajas que no tienen acceso a deducciones políticas. De modo que los impuestos no promueven el crecimiento y la actividad, sino que se vuelven cada vez más confiscatorios de la riqueza de los ahorradores y de los ingresos de la clase media.

Más del 50 por ciento de los entrevistados en una encuesta realizada por Pew Research en diciembre de 2017[178] dijeron que pensaban que el sistema tributario es injusto, y el 57 por ciento de ellos dijeron que lo que más les molesta es la sensación de que los ricos no pagan lo que les corresponde. Ahí es donde está el truco.

Los ciudadanos empiezan aceptando la cifra de gasto como algo inmutable. A continuación, ven los impuestos que pagan y les parece injusto. Luego se les hace creer que el problema son los ricos, no el gasto.

¿Cómo es posible que la promesa de subir los impuestos a los ricos acabe siempre con impuestos más elevados para la clase media?

Intervención y exceso de optimismo

Los intervencionistas prometen muchos fondos y planes de inversión para todo tipo de proyectos que pretenden financiar «subiendo los impuestos a los ricos». Esos gastos, por supuesto, son reales. Sin embargo, sus cálculos de ingresos son simplemente excesivamente optimistas.

Durante la administración de Obama, por ejemplo, el tipo impositivo federal medio pagado por el 1 por ciento de los hogares aumentó más de 6 puntos porcentuales hasta un 33,8 por ciento aproximadamente, según el Tax Policy Center[179]. En Estados Unidos, el 1 por ciento más rico paga alrededor del 50 por ciento de la totalidad de los impuestos federales sobre la renta. El 20 por ciento más rico paga el 87 por ciento. Sin embargo, el 40 por ciento más rico paga el 105 por ciento[180]. ¿Los más ricos pagan más del ciento por ciento de los impuestos? ¿Por qué? Porque los que menos ganan no pagan impuestos o reciben más de lo que pagan. Y eso no es un problema, el problema es que nos engañen diciendo que los ricos no pagan.

Lo que vino a continuación fue que el endeudamiento y los déficits siguieron disparándose y que la clase media sufrió aún más subidas de impuestos[181].

¿Cómo sucede esto?

En primer lugar, se gasta más. La media histórica del exceso de gasto sobre el presupuesto es del 10 por ciento durante los últimos 20 años[182]. Las inversiones federales superaron con creces los planes y cálculos del gobierno, elevando el techo de deuda en varias ocasiones. Esto ha sido un problema en prácticamente todas las administraciones durante los últimos 20 años. Entre 2008 y 2009, el gasto federal se disparó un 17,9 por ciento, alcanzando los 3,5 billones de dólares en 2009 y 3,9 trillones de dólares en 2016.

En segundo lugar, las estimaciones de ingresos no son ni remotamente suficientes para cubrir el aumento del gasto. Los ingresos fiscales aumentaron en términos absolutos y en relación al PIB. No obstante, el gasto aumentó aún más.

Cuando anunció su plan de recuperación en 2008, la Casa Blanca predijo un crecimiento medio de la economía del 4 al 4,5 por ciento, mientras que el déficit presupuestario se reduciría hasta el 3,5 por ciento del PIB. En cambio, la deuda pública se disparó del 48 por ciento al 75 por ciento del PIB, y el déficit medio anual fue del 5,2 por ciento. Los ingresos totales, a pesar de la recuperación, el bajo desempleo y los estímulos masivos, no cumplieron las previsiones, con una diferencia de casi 110 000 millones de dólares solo en 2016[183].

Tras 1,5 billones de dólares en nuevos impuestos, la deuda aumentó en 10 billones de dólares durante los ocho años de la administración de Obama. Además, en 2013, aumentar el IRPF de los trabajadores del 4,2 por ciento al 6,2 por ciento hizo que un trabajador medio que ganaba 50 000 dólares al año pagase 1000 dólares más en impuestos[184].

Esto no es un problema exclusivo de Estados Unidos. Hay que recordar que la media de error en los cálculos de nuevos ingresos fiscales en la OCDE ha oscilado entre el 20 por ciento y el 50 por ciento[185].

En España ha sido muy similar. Durante la época de bonanza se dispara el gasto porque hay «margen», se consume el aumento de ingresos con gastos consolidables, crecientes y con aumento de compromisos de pago futuros; y, cuando cambia el ciclo, el gasto se dispara por los «estabilizadores automáticos» (pago de subsidios de paro, etc.), mientras se desploman los ingresos, se lanza el déficit a niveles estratosféricos y a una bajada de gasto mínima la denominan austeridad.

Entre 2004 y 2009, España aumentó el gasto público casi un 49 por ciento, la mayor subida de entre todos los países de la UE. Ese crecimiento del gasto se realizó acompasado a unos ingresos extraordinarios por la burbuja inmobiliaria —que suponían unos 40 000 millones de euros anuales, según el propio Ministerio de Economía y Competitividad—, y se acomodaron los gastos crecientes vinculados a ese evento puntual y perecedero. Con el pinchazo de la burbuja, llegaron los «recortes». Sin embargo, esa palabra es incorrecta cuando lo único que se ha dado es una moderación en el aumento del gasto, que a cierre de 2018 se encontraba por encima del nivel del cénit de la burbuja inmobiliaria.

Entre 2007 y 2016, años denominados «de austeridad», el gasto público aumentó un 11,9 por ciento: sanidad, una subida del 13,5 por ciento; educación, un aumento del 9,3 por ciento; protección social, un crecimiento del 37,2 por ciento…, según la Contabilidad Nacional. Si consideramos el período 2007-2017, se dio un aumento del gasto total de más del 13 por ciento. ¿Austeridad?, ¿qué austeridad?

¿Presupuestos restrictivos? ¿Dónde? España ha tenido presupuestos expansivos desde 2008. El déficit acumulado desde la mal llamada «crisis» —el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de gasto— supera los 759 114 millones de euros. España no ha visto nada más que presupuestos expansivos. La deuda en términos relativos cayó desde el 2014 hasta el 98,3 por ciento del PIB en 2017, gracias al crecimiento, no por el menor gasto.

Lo más alucinante es que el gobierno de España hizo todo lo posible y más por mantener el gasto público, y parece que hubiera hecho lo contrario. No se puede negar que el objetivo de sostener y perpetuar el gasto público y aumentar el gasto social han sido los pilares centrales de la acción de gobierno. Pero, aunque sea así, y es evidente, siempre se le pondrá la etiqueta de «recortes» (inexistentes) y «austeridad» (inapreciable).

Las estimaciones de aumentos de ingresos son realizadas por los mismos funcionarios públicos que se benefician del aumento de la inversión federal o estatal, porque ello hace que aumente su poder. Cuando esos ingresos no cumplen las expectativas mágicas e inimaginables, tú pagas. Ellos ganan.

No se pueden financiar decenas de miles de millones subiendo los impuestos a unos cuantos miles de personas, por muy ricas que sean. Las promesas de inversiones de miles de millones financiadas por los ricos se convierten en realidad en más endeudamiento e impuestos más elevados para todos.

Los gastos muy reales, los aumentos de la deuda muy reales y las estimaciones de ingresos fiscales muy optimistas forman una ecuación que siempre da como resultado «subida de impuestos a todo el mundo». Así que, la próxima vez que leas que los ricos financiarán miles de millones de gasto público, recuerda que, en última instancia, serás tú quien pague.

Por cierto, la solidaridad no es monopolio del gobierno.

Se nos dice que no podemos permitirnos gestionar nuestros propios asuntos y ser generosos con nuestros ciudadanos más pobres; sin embargo, por alguna razón, creemos que nos lo podremos permitir si lo gestiona un grupo de funcionarios tras deducir sus cada vez mayores honorarios y su creciente contratación de más «apoyo».

La ineficiencia de los subsidios solo es comparable con la carga que suponen.

El coste anual de los programas asistenciales de Estados Unidos es actualmente de 7500 dólares por ciudadano, lo que significa que la cifra por contribuyente es de más del doble (16 000 dólares). El gasto asistencial constituye, con mucha diferencia, la mayor parte del gasto público de Estados Unidos, el cual asciende al 13 por ciento del PIB del país[186]. Si no se hace nada, esos costes continuarán aumentando a lo largo de la próxima década.

En el caso español y europeo es mucho mayor. Mucho más del doble.

Hablaremos en detalle sobre la crisis de la asistencia sanitaria más adelante, pero no deberíamos olvidar que los estadounidenses dedican casi el 20 por ciento del gasto en consumo personal a la asistencia sanitaria, cifra que tiende a aumentar a medida que la población va envejeciendo. En el caso europeo, al creciente aumento del coste mensual en nómina de la sanidad (seguridad social) debemos añadir el aumento de las necesidades de contratar un seguro privado adicional a lo que ya contribuimos en impuestos anualmente. Tampoco debemos olvidar que una parte no desdeñable de la sanidad en Europa se financia vía déficit. Más adelante hablaremos sobre el problema de Estados Unidos, pero debemos evitar poner como ejemplo (sin quitar sus méritos evidentes) algunos sistemas deficitarios.

El sentido del capitalismo

Retos como la longevidad, la tecnología o la sostenibilidad son oportunidades, no problemas. El hecho de que vivamos más tiempo tiene que ser motivo de celebración, no una excusa para una mayor intervención por parte del gobierno.

La solución a este problema fiscal no es la tributación, sino el capitalismo social.

Invertir en reputación empresarial, publicidad, satisfacción de las partes interesadas, protección medioambiental y respeto a los derechos humanos no es un gasto, sino que tiene sentido desde un punto de vista económico.

Obtener fondos de las empresas y las familias, enviarlos a un organismo administrativo del gobierno, hacerlos pasar por más organismos, cada uno con sus propios costes y empleados, y luego distribuir lo poco que quede en función de intereses políticos es muy ineficiente.

Según Transparencia Internacional, hasta el 20 por ciento del gasto de algunos gobiernos, como el del Reino Unido, no se contabiliza[187].

Puede que el secretismo y la falta de transparencia no signifiquen que los fondos se desperdicien, pero sí que existe el riesgo de que incentiven la corrupción y, lo que es más importante, que haya muchas probabilidades de que los fondos no se asignen adecuadamente.

Ahora, pensemos en las empresas y las corporaciones. La transparencia y la responsabilidad son esenciales para su supervivencia, de modo que sería mucho más eficiente canalizar la solidaridad, la inversión en investigación y desarrollo, en educación y en asistencia sanitaria a través de programas privados en los que invierten las empresas y los ciudadanos porque tiene sentido económicamente hablando y les da prestigio. El lector podrá pensar que no solo los gobiernos, sino también las corporaciones, cometen toda clase de errores. La diferencia es que a las corporaciones, cada vez más sometidas al escrutinio público y a la presión por parte de los stakeholders, les interesa corregirlos de manera rápida y eficaz.

Esta es la razón por la cual la cooperación pública y privada es tan importante. Los gobiernos fracasarán si insisten en un sistema imposible de financiar y cuyo desenlace es otra crisis. Las corporaciones fracasarán si ignoran su peso en el crecimiento de la economía a largo plazo y no invierten en educación, sanidad e investigación y desarrollo.

Aquí es donde el capitalismo social proporciona las respuestas que el socialismo no puede dar. Si fortalecemos una sociedad basada en el beneficio como ejemplo de mérito, en la competencia y en la innovación, superaremos esos retos con holgura.

El primer paso es descentralizar y pensar de manera global. La colaboración pública y privada solo puede producirse cuando el uso de los fondos es el adecuado. Así es como las empresas privadas y los ciudadanos pueden beneficiarse del aumento del prestigio empresarial. Las inversiones socialmente responsables no solo están aumentando, se están disparando. Si pensamos menos en un país o región, y más en las oportunidades globales, la solución es más clara.

Desde 2007, los fondos gestionados en el mercado socialmente responsable se han multiplicado por seis hasta alcanzar los 11 billones de euros solo en Europa; en Estados Unidos la cifra asciende a más de 20 billones de dólares. El mercado de bonos y los fondos que invierten solamente en empresas con los más exigentes requisitos de responsabilidad social corporativa están aumentando a medida que los inversores exigen que las empresas tomen más medidas en favor del medio ambiente, los derechos laborales y el respeto a los derechos humanos.

Esta es la razón por la cual hoy en día es fundamental para una empresa asumir la responsabilidad corporativa. Ya no basta con cumplir una serie de requisitos básicos; los índices llevan a cabo un seguimiento cada vez más detallado de acciones específicas de las empresas.

Ya lo hemos adelantado antes. Para las empresas, invertir en mejorar sus procesos y respetar el medio ambiente y los derechos sociales es rentable, lo mismo que para los inversores. Se calcula que los fondos de inversiones socialmente responsables, o fondos ISR (SRI, por sus siglas en inglés), generan un rendimiento medio que supera el de los fondos generales. Según Bloomberg y MarketWatch, entre 1990 y 2016, el índice de responsabilidad social (MSCI KLD 400) ha generado un rendimiento medio anual del 10,46 por ciento, mientras que el de S&P 500 ha sido del 9,93 por ciento.

Eso es más que económicamente rentable en términos del mercado de valores. Cada día hay más fondos de inversión de renta fija que ponen condiciones de sostenibilidad a la hora de decidir sus inversiones. Asimismo, se estima que las empresas líderes en índices de sostenibilidad se financian en los mercados de bonos a tipos por debajo de la media de sus sectores y con una mayor demanda de sus emisiones de deuda y de bonos híbridos.

No es casualidad. Los inversores saben que invertir en empresas con un alto grado de responsabilidad social reduce considerablemente el riesgo, mientras que un simple análisis de los líderes del índice Dow Jones muestra que también gozan de mejores márgenes y de una mayor fidelidad por parte de sus clientes.

Una gran multinacional no puede permitirse quedar fuera de esta categoría. Además, saben que los inversores le dan cada vez más valor. Para empresas más pequeñas, es realmente esencial ser líderes en el ámbito de la responsabilidad social, porque es una magnífica manera de convertirse en grandes corporaciones. Este sentido económico es el que ha llevado a que la inversión en acciones sociales y medioambientales crezca dos dígitos anualmente. La sociedad se beneficia, y todo el mundo, desde los inversores hasta las empresas, aprecia los resultados con efectos multiplicadores evidentes.

Pero el capitalismo social va a ir más allá. La inversión socialmente responsable se centra en los desafíos actuales y en el impacto diario en las operaciones y beneficios. El capitalismo social tiene que basarse en los beneficios económicos de invertir en los desafíos de mañana. Eso significa asistencia sanitaria, educación e investigación y desarrollo, que benefician a todo el mundo, no solamente a los empleados o accionistas actuales.

El precipicio fiscal que conlleva el envejecimiento de la población y el aumento de los costes puede superarse utilizando la lógica económica. Las empresas y los ciudadanos se beneficiarán de tener más y mejores clientes y stakeholders.

Anteriormente, hemos mencionado que la desinflación tecnológica es una amenaza para el gasto social del gobierno, pero no tiene por qué serlo para el bienestar social general. Los gigantes tecnológicos han sido capaces de lograr algo increíblemente prometedor a pesar de sus enormes inversiones y su excepcional alcance global. Muchos de esos gigantes tecnológicos están realizando aportaciones excepcionales a las comunidades en las que viven y trabajan porque tiene sentido económicamente hablando. Dotar de más poder a la burocracia extractiva pensando que el resultado va a ser diferente no lo tiene.

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Capitalismo social: por qué el precio y los beneficios son esenciales para aumentar el bienestar

La democracia y el socialismo no tienen nada en común excepto una palabra: igualdad. Pero nótese la diferencia: mientras que la democracia busca la igualdad en la libertad, el socialismo busca la igualdad en la restricción y la servidumbre.

ALEXIS DE TOCQUEVILLE

¿Por qué el socialismo se considera moralmente aceptable? Cada vez que les pido a mis alumnos que me den un solo ejemplo de un régimen socialista que no haya acabado en la absoluta pobreza y siendo un desastre económico, no pueden responder.

«Pero, señor, eso no era socialismo real. El socialismo real nunca se ha puesto en práctica», me dijo uno de mis alumnos. Mira qué bonito. Si nunca se ha puesto en práctica, a pesar de los enormes recursos políticos y militares, es simplemente ciencia ficción. El término «socialismo real» es un oxímoron, una contradicción en términos. Pero un oxímoron muy peligroso.

«El socialismo es una buena idea que se ha aplicado de manera equivocada», dijo otro. Eso es aún más bonito, y se repite con bastante frecuencia.

Pues no. Es una mala idea que se ha aplicado a la perfección y que ha fracasado, como es lógico. Es una ideología totalitaria que utiliza el cebo de palabras como justicia social y redistribución para aumentar el control político de todos los aspectos de la sociedad.

En cada generación hay alguien que piensa que la razón por la cual la política intervencionista no ha funcionado es que no ha sido aplicada por él o por ella. La realidad es que el socialismo es una idea realmente mala que se ha aplicado perfectamente y que, como tal, nunca ha funcionado. El socialismo siempre fracasa porque decide ignorar la naturaleza humana y los principios económicos más básicos, basándose en la creencia de que un grupo de supuestos intelectuales, que nunca han creado un empleo o una empresa, saben mejor que nadie lo que hay que hacer.

«Eso es injusto», dijo uno de los profesores de mis hijos. «El socialismo no aspira a darle a todo el mundo lo mismo, sino a darle a cada uno lo que se merece». Interesante. ¿Y desde cuándo es el gobierno el mejor agente para decidir qué es lo que merece cada persona? Su objetivo siempre será beneficiar por afinidad política, ni siquiera por maldad, sino por definición, porque el principal objetivo del poder político es perpetuarse. ¿Por qué todos los regímenes socialistas han creado hambre y depresión y empeorado las condiciones de partida? Y, lo que es más importante, si es tan buena idea, ¿por qué hay que imponerla por la fuerza? ¿Por qué tiene que recurrir a la violencia y prohibir a sus ciudadanos abandonar el paraíso socialista?

Una de las ironías de nuestra época es que la llamada «nueva política» rescata las políticas comunistas y socialistas —algunas de las ideas económicas más desastrosas— del cajón de donde nunca deberían haber salido. Por supuesto, para presentar estas opiniones intervencionistas como algo nuevo, gente como Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Frente Amplio en Chile, Podemos en España o Syriza en Grecia utilizan el subterfugio del «modelo escandinavo». Es prácticamente imposible ganar unas elecciones diciendo que tu política es la misma que ha fracasado en Venezuela, Argentina o la Unión Soviética; a pesar de las numerosas ocasiones en que los líderes mencionados anteriormente han ensalzado y defendido los regímenes socialistas de esos países, limitándose a mirar para otro lado cuando, como cualquiera podía prever, dichos regímenes fracasaban. De modo que tienen que poner un ejemplo que no tenga nada que ver con su política pero parezca atractivo. Pongamos por caso Escandinavia.

¿Países escandinavos socialistas? Ya hemos desmontado unos cuantos mitos, pero los más claros no son simplemente que los países escandinavos ocupen los primeros puestos de la clasificación por lo que respecta a libertad económica[188] y facilidad para hacer negocios[189]. El modelo escandinavo es un modelo de libre mercado que pone en el centro de la toma de decisiones y de la gestión de recursos a los ciudadanos, no al gobierno. Aunque la sanidad y la educación sean públicas, no significa que sean gestionadas y decididas por el gobierno y el sector público. El cheque escolar, por ejemplo, empodera a los ciudadanos para elegir la mejor educación, no impone educación política.

«En los países escandinavos, como en el resto de naciones desarrolladas, los medios de producción son principalmente propiedad de individuos privados, no de la comunidad o del gobierno, y los recursos son asignados a sus respectivos usos por el mercado, no por la planificación del gobierno o de la comunidad», dice Corey Iacono en su artículo titulado «El mito del socialismo escandinavo[190]». Por esa razón:

Los trabajadores del sector público no tienen un empleo garantizado de por vida ni son escogidos por su afiliación política.

El salario mínimo no está establecido por ley.

Existe un mercado laboral completamente flexible.

El tipo del impuesto de sociedades es inferior al de la mayoría de los países de la OCDE y de la Unión Europea.

Los países nórdicos tienen una fiscalidad más competitiva para empresas, patrimonio y empleo que España y que muchos países de la Unión Europea.

Los estudiantes reciben préstamos, no subvenciones o becas.

La asistencia sanitaria funciona con un sistema de copago.

Son defensores del libre comercio sin obstrucciones ni proteccionismo.

¿Y qué pasa con la educación pública? Los países escandinavos, como Suecia, han puesto en práctica un sistema de elección de escuelas universal, según el cual el gobierno local permite a las familias utilizar fondos procedentes de los contribuyentes, en forma de bonos, para financiar la educación de sus hijos en escuelas privadas o públicas según las familias deseen. De hecho, como probablemente pensarán muchos lectores, esto se aproxima más a la idea libertaria del papel del gobierno en la educación —proporcionar fondos que permitan la libre elección y fomentar la mejor educación independiente—, en lugar de al sistema socialista controlado por el gobierno y financiado por los contribuyentes, que tan a menudo incurre en el adoctrinamiento político.

El sector público en los países nórdicos está formado desde la sociedad civil, no desde el poder político. Por eso tienen un porcentaje tan bajo de empresas, fundaciones, observatorios y entidades públicas[191].

Si algo se puede decir del modelo escandinavo es que no tiene nada que ver con el socialismo, y sí todo con el capitalismo social. Los ciudadanos de Noruega, Suecia y Dinamarca entienden la importancia del precio y el beneficio como claves del éxito. El Estado del Bienestar no se construye de la nada, sino de la prosperidad. La redistribución tiene lugar porque el pilar principal es la prosperidad, no la administración.

Si eliminamos el beneficio como factor de prosperidad, solo conseguimos miseria.

En el sistema de asistencia sanitaria es muy evidente. A los ciudadanos se les exige pagar por la medicina, para que entiendan que no hay nada gratis y para que todo el mundo sea consciente de la necesidad de actuar con mesura.

En Dinamarca, si el gasto anual en medicamentos de una persona es de entre 119 y 190 euros, el copago es del 50 por ciento; si es de entre 190 y 410 euros, el copago es del 75 por ciento, y si supera los 410 euros, del 85 por ciento, con un límite máximo de 478 euros anuales. En Suecia y Finlandia, el sistema de copago sanitario es similar.

Entender que los servicios tienen un coste es esencial para hacer que sean sostenibles.

Lo mismo sucede con los presupuestos públicos. Los países escandinavos no están repletos de miles de entidades «de titularidad estatal». El uso de los fondos de los contribuyentes se analiza y se detalla sistemáticamente.

El precio es un concepto clave que tiene que entenderse en una sociedad capitalista sostenible, social, consciente y próspera. Nada es gratis. Y los ciudadanos y las empresas no tienen que ser tratados como cajeros automáticos para sostener un gobierno y un sistema administrativo pujante. Por eso, la mayor diferencia en cuanto a la carga fiscal entre los países nórdicos y Estados Unidos o la mayoría de los países europeos es el IVA, un impuesto sobre el consumo. Cuando nos dicen que los países nórdicos recaudan más, es fundamentalmente por un IVA muy superior.

Si nos fijamos en los tipos del impuesto de sociedades, estos son más bajos en los países nórdicos que en la mayoría de los europeos. Mientras que en la mayor parte de Europa es del 25 por ciento, el tipo nominal en los países nórdicos oscila entre el 24,5 por ciento y el 22 por ciento. Pero si añadimos el resto de impuestos que sufren las empresas, la cuña fiscal es mucho menor en los países nórdicos que en España, por ejemplo[192].

En 2017, Dinamarca anunció que su gobierno bajaría los impuestos y gravámenes sobre los salarios, los coches, los servicios domésticos y las pensiones en 23 000 millones de coronas danesas (unos 3100 millones de euros) anuales gradualmente hasta 2025[193]. Con esta medida, Dinamarca redujo la carga fiscal de los ciudadanos. El trabajador danés medio tenía que hacer frente a un tipo impositivo neto del 36 por ciento en 2016, cifra muy superior a la media del 25,5 por ciento de la OCDE. Esta reducción sitúa la carga fiscal en el 44 por ciento, por debajo de Francia, Bélgica, Finlandia y Suecia.

Gráfico 9 Cuña fiscal media en los países de la OCDE

NOTA: persona individual sin hijos y con nivel de ingresos del trabajador promedio. Incluye nómina cuando procede.

FUENTE: OCDE (2018), Impuestos sobre los salarios 2018 (fig. 1.1).

España no recauda poco. Recauda un 11 por ciento menos que la media de la Unión Europea (2017) porque tiene casi el doble de paro, empresas mucho más pequeñas y débiles y más economía sumergida.

Al calcular la «presión fiscal» (ingresos fiscales sobre PIB) se lleva a cabo un error porque se incluye en el PIB la economía sumergida, que no contribuye, y se ignora el enorme diferencial de paro y de tejido empresarial con otras economías. Así, el esfuerzo fiscal de ciudadanos y empresas que contribuyen se dispara, mientras los políticos nos repiten que se recauda «poco». Y en vez de atacar la economía sumergida y el paro, atacan a los creadores de empleo y a los ciudadanos, creando una espiral descendente en la que siempre nos suben los impuestos y luego dicen que se recauda poco.

El estudio de 2019 publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Tax Foundation como parte del índice de competitividad fiscal (ICF) elaborado por dicha fundación muestra claramente la realidad de una fiscalidad en España que está muy lejos de ser competitiva y que, además, es muy superior a la media de la UE y de la OCDE. En una presentación de dicho informe realizada por Gregorio Izquierdo, director general del IEE, se mostraban unas conclusiones francamente desalentadoras:

La mayoría de los países nórdicos (Finlandia, Noruega, Suecia) tienen una fiscalidad más competitiva que la española en cuanto a empresas, a creación de empleo y capital y a fiscalidad de la propiedad. Lo que siempre nos ocultan de los países nórdicos es que recaudan más fundamentalmente porque tienen un IVA más alto y homogéneo.

El impuesto sobre sociedades en España supera los promedios observados en la OCDE, la UE-28 y el conjunto de las economías del mundo. La falacia de que las grandes empresas no pagan impuestos viene de sumar a los beneficios en España los generados —y tributados— en el resto del mundo, lo cual arroja un resultado falso. La realidad es que los grandes grupos pagan un 18,96 por ciento, y las entidades financieras en su conjunto, un 22,43 por ciento sobre su base imponible, según datos de la Agencia Tributaria en 2018. Los seis grandes bancos pagaron un 31 por ciento a Hacienda en 2018. El Banco Santander tuvo un tipo del 35,4 por ciento, seguido de BBVA, con un 27,2 por ciento, Bankinter, con un 27 por ciento, CaixaBank, con un 25,4 por ciento, Bankia, con un 24,2 por ciento, y Banco Sabadell, con un 20 por ciento, según datos de sus informes anuales.

En impuestos directos e indirectos, España está en el puesto 14.o de la lista de competitividad fiscal, mientras que los impuestos a la propiedad la sitúan en el puesto 32.

La presión fiscal que soportan las empresas en España es 1,2 puntos porcentuales superior a la de la media de la Unión Europea. La presión fiscal normativa derivada de la carga del impuesto sobre sociedades es un 16 por ciento superior a la media de la Unión Europea.

España tiene una presión fiscal normativa que es un 8,1 por ciento superior a la media de la Unión Europea y muy superior a la media de la OCDE[194].

Frecuentemente, leemos que la desigualdad es menor en los países nórdicos, pero ese no es el caso por lo que respecta a la desigualdad en cuanto a la riqueza. Según el informe Global Wealth Report 2014 de Credit Suisse, el principal 10 por ciento de los poseedores de riqueza de los países nórdicos (Noruega, Suecia y Dinamarca) posee entre el 65 por ciento y el 69 por ciento de la riqueza de esas naciones.

¿Por qué es así? Los países nórdicos no son socialistas en absoluto, ni se centran en la confiscación de la riqueza, como plantea Thomas Piketty. Se centran en la prosperidad. Los beneficios crean bienestar, no lo contrario.

¿Por qué la carga fiscal es mayor sobre el consumo que sobre los beneficios? Precisamente porque se trata de un modelo basado en los beneficios. Las subvenciones a sectores no productivos, clientelistas o promovidos por el gobierno son muy escasas y la carga fiscal sobre la generación de beneficios es menor que en Estados Unidos. El objetivo es fomentar un modelo en el que la clara mayoría de los ciudadanos y las empresas generen beneficios para poder compartir una parte de los mismos con la gente. Todo el mundo tiene la obligación moral de contribuir y generar riqueza para garantizar el bienestar.

Los ahorros y las plusvalías tienen menos impuestos y menos elementos disuasorios, lo cual lleva a una sociedad basada en el libre comercio y el ahorro que genera rentabilidad económica real, no basada en el derecho a subvenciones. Esas sociedades se basan en obligaciones, no en derechos.

Si queremos un Estado del Bienestar, tenemos que cambiar nuestros objetivos:

Ahorro y creación de riqueza, no gasto y subvenciones.

Obligaciones, no solo derechos.

Precio y beneficios, no deuda e impuestos.

El capitalismo de libre mercado es más social que el socialismo impuesto por el gobierno. El precio y la sostenibilidad también son factores esenciales en la sanidad, cosa que analizaremos en el capítulo siguiente.

Esta es la razón por la cual el copago es un factor tan fundamental en una economía de mercado de base social. Si no sabemos cuánto cuesta algo y no estamos obligados a pagar por ello, nunca lo valoraremos.

No es casualidad que el despilfarro sea algo habitual en países en los que existe la percepción de que el gasto público es gratis. De repente, surgen dos conceptos: «no es tan caro» y «alguien lo pagará».

Cada vez que doy discursos de apertura o imparto clases en Europa oigo esos dos conceptos constantemente. Cuando pregunto sobre gastos presupuestarios sorprendentes que parecen salir de la nada y no tienen sentido, la respuesta es «tampoco es tan caro». Y cuando los partidos políticos prometen un gasto de miles de millones lo hacen siempre con la excusa de que «alguien lo pagará»: «los ricos» o «Europa». En resumidas cuentas, se trata de ser generosos con el dinero ajeno.

Según Transparencia Internacional[195], en la UE, entre el 10 por ciento y el 20 por ciento de la totalidad de los contratos públicos se pierden a causa de la corrupción. Asimismo, hasta el 5 por ciento del presupuesto anual de la UE no está justificado. No es de extrañar que tres de cada cuatro ciudadanos europeos tengan la impresión de que la corrupción se ha disparado en los últimos cuatro años. Pero, por encima de todo, el gasto público inútil significa más impuestos y peores servicios en el futuro, por no hablar de menos inversión y menos empleos.

Una ministra española dijo en una ocasión: «El dinero público no es de nadie[196]». El «dinero público» no existe. Es dinero de los contribuyentes. Y cada vez que algún político afirma que el exceso de gasto es «insignificante» o que alguien lo pagará, esa persona está insultando a los creadores de empleo y a las familias que trabajan duramente para pagar esos impuestos, además de estar mintiendo. No lo pagarán otros; lo pagarás tú.

Tampoco existe la dicotomía entre deuda privada y deuda pública. Es deuda de los contribuyentes. La deuda privada la paga el sector privado. La deuda pública la pagan los impuestos.

Grecia es un ejemplo clásico de políticas socialistas antisociales. Poner el gasto y el gobierno por delante y por encima de los beneficios y los ciudadanos ha destruido su economía. Grecia se sitúa en el puesto número 59 en el ranking del índice de competitividad global elaborado por el Foro Económico Mundial, lo cual contrasta con España (puesto 23), Portugal (34), o Italia (30). De hecho, tiene el nivel de competitividad de Argelia o Irán, no el propio de un país la OCDE[197].

Por si eso fuera poco, Grecia tiene uno de los sistemas tributarios más agresivos, el cual limita la creación de empleo debido a una combinación de impuestos elevados sobre las pequeñas y medianas empresas y una importante burocracia, y concede al mismo tiempo enormes subvenciones a sectores no productivos. Grecia se sitúa entre los países más pobres de la OCDE por lo que respecta a la facilidad para hacer negocios (Doing Business, Banco Mundial), ocupando el puesto número 79, muy por debajo de España, Italia o Portugal.

El déficit medio anual de Grecia en la década anterior a su entrada en el euro ya era del 6 por ciento y, en ese mismo período, su economía creció de manera significativa por debajo de la media de los países de la UE y de la Europa periférica.

Entre 1976 y 2012, el número de funcionarios se multiplicó por tres, mientras que los trabajadores del sector privado aumentaron solamente el 25 por ciento[198]. Esto, sumado a la existencia de más de 70 empresas públicas con pérdidas y a una cifra de gasto público en relación al PIB que se disparó hasta el 59 por ciento, totalizando una media del 49 por ciento entre 2004 y 2016, es el auténtico drama griego, un drama que no se resolverá fácilmente.

Las sociedades nórdicas han cometido muchos errores, y esa es la razón por la cual evolucionaron a partir del mal llamado «socialismo de la tercera vía[199]», un modelo socialista que es una especie de híbrido entre el marxismo y el capitalismo. La evolución se produjo porque el socialismo de la tercera vía era insostenible. Esos países han evolucionado y se han convertido en líderes del libre mercado y del comercio abierto, están regidos por la meritocracia y aún tienen margen para mejorar, tal como ha demostrado el ejemplo danés. «Estamos incrementando las ganancias asociadas al trabajo, estamos haciendo que trabajar más sea más atractivo y nos estamos asegurando de que valga la pena ahorrar para la jubilación», dijo Kristian Jensen, ministro de economía de Dinamarca, en 2017[200].

No, el modelo de Piketty, Sanders y Corbyn no es Escandinavia, un sistema de libre mercado social que dota de poder a los ciudadanos, promueve la libre elección y el libre mercado y reduce el poder del gobierno hasta convertirlo en un simple administrador de fondos públicos. Su modelo es más bien el de Venezuela, un modelo que capacita al gobierno para decidir sobre las vidas de los ciudadanos particulares.

Y la lucha por desmontar los mitos del socialismo es interminable. Porque siempre habrá alguien que te dirá: «Esta vez es distinto».

En muchos debates a los que he asistido, algunos políticos presentan estas viejas ideas socialistas como una novedad para abordar el desempleo y la desigualdad. Y, en muchos casos, estamos siendo testigos del blanqueamiento de regímenes comunistas y economías de planificación central.

Posiblemente hayas oído decir que «los países comunistas tenían empleo y prestaciones sociales para todos». Sin embargo, eso no es cierto.

Henry Kissinger decía que, habitualmente, el comunismo es muy popular allá donde no lo han sufrido. Parece que en épocas recientes algunas personas le otorgan esa cualidad mágica que las ha llevado a blanquearlo denominándolo política socialdemócrata al referirse al comunismo más intervencionista y retrógrado.

Los efectos de la economía de planificación central son siempre los mismos:

La asignación errónea del capital se perpetúa por la decisión de un comité y por afiliación política.

Se despilfarran recursos y se ignora por decreto la productividad y los incentivos para mejorar e innovar (la competencia, la remuneración del mérito y el beneficio).

Y, lo que es más importante, los efectos negativos permanecen durante décadas.

Por consiguiente, siempre es bueno analizar los errores de las economías de planificación central al fijarse en culturas parecidas. O, en definitiva, dentro del mismo país.

Veamos, por ejemplo, el caso de Alemania. El comunismo es un sistema tan malo que ni siquiera los alemanes lograron que funcionara.

The New York Times[201] mostró que, a pesar de haberse invertido más de un billón de euros en la reunificación alemana y de hacer que el PIB per cápita de la ex Alemania Oriental se duplicase durante los 25 años anteriores a 2015, seguía habiendo una brecha acumulada. Ello se debía al régimen comunista, el cual hizo que el PIB per cápita de Alemania Oriental fuera menos de una tercera parte del de Alemania Occidental. En consecuencia, la economía de Alemania Oriental se desplomó bajo el peso de su industria obsoleta y de la delirante acumulación de stock para «incrementar el PIB» aunque no se vendiera. El régimen quebró debido al peso de una deuda imposible de pagar contraída con la URSS y otros países.

¿Cómo se abordó el problema? Con más planes de crecimiento estatal, más gasto y más deuda. En Von Plan zu Plan: eine Wirtschaftsgeschichte der DDR[202] («De plan a plan: una historia económica de la RDA»), André Steiner describió cómo el planificador estatal agrandó el agujero económico negándose a reconocer los evidentes problemas de productividad y obsolescencia con el único objetivo de «producir». Recurrir a la represión militar cuando su «paraíso» generó un descontento generalizado exacerbó la situación.

Y ese es el problema: los desequilibrios y la decadencia generados durante el período comunista tardan décadas en corregirse. Cuando alguno de mis alumnos dice «¿por qué no probar?», está cayendo en la trampa.

La primera parte de la trampa intervencionista es creer que no hay nada que perder, que todo lo demás continuará igual. Gran error. Renunciar a la libertad por una falsa seguridad prometida por los políticos no deja las cosas igual. Las sociedades se empobrecen muy rápidamente cuando el precio y el beneficio se eliminan de la ecuación del crecimiento económico. Los ciudadanos de Argentina, Bolivia o Ecuador también creían que no tenían nada que perder. Se equivocaron.

A pesar del posterior esfuerzo de generosidad realizado por todos los alemanes, equiparando la moneda de un lado con la del otro (con un enorme coste para la parte occidental) y creando una entidad, la Treuhandanstalt, que gastó miles de millones tratando de recapitalizar y mantener con vida la zombificada industria de la ex Alemania Oriental, el plan fracasó.

He tenido ocasión de leer dos estudios magníficos, Economic growth in Europe since 1945[203], y Planning ahead and falling behind[204], y es sorprendente ver que, aunque utilicemos las cifras manipuladas del PIB del régimen comunista, la brecha fue tan brutal que, en 1990, el PIB per cápita en Alemania Occidental era de 22 000 euros, mientras que en Alemania Oriental era de 9400 euros.

En Economic growth in Europe since 1945 se explica que, si las cifras de crecimiento del PIB de Alemania Oriental hubieran sido reales, habrían igualado a las de Alemania Occidental en cuanto a productividad y calidad de vida, y no se habría producido la revolución de 1989. Sin embargo, los ciudadanos huían en una sola dirección. Pero, aunque nos creamos las cifras falsas, la diferencia es abrumadora.

En The rise and fall of the Soviet economy[205], un exhaustivo estudio de la URSS, se nos presentan más pruebas; concretamente, por qué un régimen que es una potencia militar global y un gigante de las materias primas se desploma y se convierte en un importador neto de petróleo y otros productos básicos.

Décadas de mala gestión económica, unidas a un régimen corrupto y decadente, llevaron a la URSS a desintegrarse por sí sola.

Algunos repiten una y otra vez que el Estado debe gestionar la economía y no tener criterios «económicos». Lo que acaba pasando cuando el sector público pierde los objetivos económicos más elementales es que los problemas que crea se acumulan y acaban hundiendo todo el sistema.

La planificación no es algo malo cuando tienes en cuenta los cambios de ciclo, cuando no se destruyen la meritocracia ni el beneficio. La planificación es válida cuando no es un objetivo, sino un medio para cambiar y adaptarse. El socialismo no se adapta a los cambios y ciclos económicos, porque los niega. Y esa es la razón por la cual siempre fracasa. No cuestiona las decisiones de la planificación central, así que todo lo demás tiene que estar mal.

Adaptarse a los ciclos y mejorar son ejemplos de planificación que funcionan. Esta forma de planificación mira hacia el futuro en lugar de intentar inventárselo. Cuando la planificación se convierte en un dogma para perpetuar el control político a expensas de todo lo demás, no solo se pierde prosperidad y calidad de vida, sino que los efectos negativos perduran durante décadas.

Lo que nunca ha funcionado —dejar el control de la actividad económica en manos de los políticos— no va a funcionar ahora. El capitalismo tiene muchos defectos, pero también una clara virtud. Se adapta a la realidad cambiante y acepta el cambio para generar el máximo beneficio para el mayor número de personas.

Entre 1960 y 2015, la población mundial aumentó un 142 por ciento, pasando de 3035 millones a 7350 millones. Los ingresos per cápita ajustados a la inflación aumentaron un 177 por ciento, pasando de 3680 dólares a 10 194 dólares. Y la inmensa mayoría de los productos básicos son más baratos, tanto en términos absolutos como en relación a los ingresos[206]. El capitalismo y el libre mercado han hecho más por la prosperidad y por la reducción de la pobreza que cualquier sistema intervencionista.

El socialismo ignora los cambios y persevera en lo que los burócratas deciden que es correcto. Cuando, indefectiblemente, no funciona, utiliza la represión sobre sus ciudadanos en lugar de adaptarse. Esta es la razón por la cual tiene que imponer su sistema, primero utilizando la excusa de la democracia y luego implantando una dictadura.

9

El funcionamiento del capitalismo social

Sanidad abierta en un modelo sostenible

No hay conflicto entre el Estado del Bienestar y los mercados abiertos.

GERHARD SCHRÖDER

En el tiempo en el que una persona tarda en leerse este capítulo, unas 700 personas de todo el mundo habrán escapado de la pobreza.

En 1990, el 35 por ciento de la población mundial vivía en la pobreza extrema. Actualmente, esa cifra ha descendido hasta el 10,7 por ciento, según el Banco Mundial[207].

En 1987, había 660 millones de pobres en China. Después de su apertura económica, esa cifra descendió a solo 25 millones. Durante ese mismo período, en India, el número de ciudadanos pobres se ha reducido en más de 100 millones.

En 1999, el 58 por ciento de los africanos vivían en condiciones de pobreza extrema. En 2012, esa cifra cayó hasta el 43 por ciento al mismo tiempo que la población africana aumentaba un 53 por ciento[208]. Los ingresos medios per cápita en África, ajustados a la inflación y a la paridad de poder adquisitivo, aumentaron más del 50 por ciento, y la tasa media de crecimiento de África ha sido de casi el 5 por ciento anual[209]. ¿Qué países han lastrado el crecimiento de África? Aquellos que se lanzaron a la trampa del socialismo[210].

El número de personas que sufren desnutrición en el mundo ha descendido más del 20 por ciento desde 1992, lo que equivale a 216 millones menos que en 1990-1992[211].

Asimismo, 140 millones de personas entran cada año a formar parte de la clase media[212].

A pesar de estos avances, estamos viviendo en una época en la que esta excelente noticia es ignorada para centrarnos en mensajes intervencionistas sobre la riqueza. Leemos que «el 1 por ciento del mundo controla el 87 por ciento de la riqueza» y que «si las 10 personas más ricas del mundo donaran su riqueza no habría pobreza[213]». No leemos que el 99 por ciento tiene mejores condiciones de vida que nunca[214] y que la pobreza no se elimina confiscando a los ricos.

Me temo que los 635 millones de chinos que han escapado de la pobreza en los últimos 30 años no están de acuerdo con los dogmas sobre la desigualdad. Probablemente están encantados de saber que China es un país que crea millonarios cada día y donde crece la clase media. Gracias a la prosperidad, hay una desigualdad que no es en absoluto negativa, sino positiva.

El índice de Gini de desigualdad era del 30 cuando China se moría de hambre, hoy, cuando esta situación ha mejorado de forma sustancial es de 50. Teniendo en cuenta que el índice indica mayor igualdad cuanto más se acerca a cero, la pregunta sería evidente: ¿qué ventaja aporta la mayor igualdad en la miseria y el hambre? ¿No es preferible cierto grado de desigualdad si ello supone una mejora de las condiciones de la mayoría? Actualmente, la clara mayoría de los ciudadanos chinos son más ricos y están en mejor situación. A lo largo de los últimos 30 años, la renta disponible en áreas urbanas per cápita en China crecieron un impresionante 13,2 por ciento anual, mientras que el porcentaje de la población que vive en zonas urbanas aumentó del 22 al 53 por ciento[215].

¿Por qué se centra la atención en la desigualdad?

Gracias a la liberalización, a la apertura económica y al capitalismo, millones de personas escapan de la pobreza, millones entran a formar parte de la clase media y unas cuantas, gracias al progreso, se hacen millonarias. Nada que objetar.

Pero los intervencionistas no se centran en los modelos de éxito que nos han conducido a un descenso de la pobreza sin precedentes. Por el contrario, se centran en la desigualdad. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Si el mundo erradica la pobreza, los burócratas se quedan sin empleo. Peor aún, se trata de una idea de ingeniería social que pone la uniformidad como objetivo.

El capitalismo y el libre mercado han demostrado ser las formas mejores y más eficaces de reducir la pobreza. Las sociedades capitalistas prosperan reduciendo la pobreza y haciendo que aumente la clase media. Ello significa más y mejores consumidores, mejores y más sostenibles productos y más desarrollo y, con ello, más beneficios y mejores servicios públicos. Quienes sufren como consecuencia de la reducción de la pobreza son los intervencionistas, los «redistribuidores de nada».

Contrariamente a lo que dicen los partidarios de la represión fiscal, el capitalismo no se beneficia de la pobreza. Quienes se benefician de que la gente siga siendo pobre son la burocracia y el intervencionismo. Crean clientes rehenes involuntarios mediante su «solidaridad con el dinero ajeno». Así refuerzan el mensaje de «sin mí no puedes».

Pensar que confiscar la riqueza de los ricos acabará con la pobreza es ridículo. Parece increíble que en nuestros días tengamos que recordar el aumento exponencial de la pobreza provocado al expropiar a los ricos desde la época de los assignats (el papel moneda utilizado durante la Revolución francesa)[216] hasta los recientes ejemplos de Grecia, Argentina, Zimbabue, Venezuela, etc. La lista es interminable.

En el mundo hay 1600 millones de personas que viven en la pobreza, lo que supone un descenso extraordinario respecto a las cifras del pasado, como hemos mencionado anteriormente. Expropiar la riqueza de los más ricos ni siquiera sacaría a esos 1600 millones de la pobreza durante un año. ¿Qué sucede a continuación? La expropiación de la riqueza destruye el incentivo a invertir y prosperar, crea más pobreza, más desempleo y destruye las posibilidades de esos 1600 millones de unirse a quienes han escapado de la pobreza.

Cuando se ha llevado a cabo, la expropiación de la riqueza no ha hecho más que generar pobreza, desincentivos y crear peores condiciones para todo el mundo. Además, es mentira. Una vez expropias la riqueza de los ciudadanos más ricos, además de destruir los empleos de miles de personas, la situación de los pobres no mejora. ¿Qué sucede el año siguiente? Ya no hay más ricos a los que saquear. Los pobres aumentan y la miseria se multiplica demostrando que, si penalizas el éxito, compartes el fracaso.

Por esta razón, es frustrante ver que la evidencia del pasado sigue conduciendo a la glorificación del intervencionismo como solución de los problemas provocados por ese mismo intervencionismo.

No se debe a la estupidez ni a la falta de datos. La transferencia de la riqueza de los ahorradores y triunfadores a los gobiernos es un gran negocio para algunos. Cuando falla, siempre se achaca a una intervención insuficiente. Sin embargo, existen pruebas fehacientes del desastre económico que se produce cuando los gobiernos priorizan la redistribución y el igualitarismo forzoso como objetivos principales, porque la igualdad y la redistribución son consecuencia de la prosperidad, el crecimiento y el empleo. Sin prosperidad, no hay nada que redistribuir.

Desigualdad no es lo mismo que injusticia, como explica el ganador del Premio Nobel de Economía en 2015, Angus Deaton[217]. No es de extrañar que los intervencionistas insistan en situar la igualdad por delante de la reducción de la pobreza como objetivo principal y que se olviden de la clase media. La clase media es la que paga los excesos estatales con más impuestos. La realidad es que un coeficiente de Gini de 40 es, de hecho, un nivel de igualdad muy elevado.

No es casualidad que las sociedades con mayor libertad económica tengan también mayores ingresos y mejores prestaciones sociales[218], cosa que saben incluso quienes predican el socialismo. Recolectan donaciones y establecen su sede en el exitoso y rico Occidente.

Los recipientes vacíos son los que hacen más ruido. En Estados Unidos, el programa político de «redistribución» de California ha dado como resultado una desigualdad en cuanto a ingresos peor que la de México, así como al nivel de pobreza más elevado del país[219].

El capitalismo y el libre comercio han hecho más por reducir la pobreza que todos los comités gubernamentales juntos. Pero recuerda que, para el burócrata, el objetivo fundamental es mantener todo el aparato, no hacer que sea innecesario.

El debate sobre la pobreza y la desigualdad se ha convertido en una excusa para intervenir, no para decidir una manera de seguir mejorando. Los intervencionistas no quieren que los pobres sean menos pobres, solamente quieren que las clases media y alta sean menos ricas.

El intervencionismo da por sentado que la desigualdad es un efecto negativo, no una consecuencia de la prosperidad. Sin embargo, algunas desigualdades son positivas. Que mis compañeros de trabajo tengan más éxito que yo es un incentivo para que yo trabaje mejor. Las sociedades avanzan, y el bienestar de todo el mundo mejora únicamente cuando existe desigualdad generada por el éxito.

No hay mayor desigualdad e injusticia que el igualitarismo, el cual elimina el mérito y los incentivos para mejorar. El igualitarismo no solo no reduce la pobreza, sino que la incrementa.

Tal vez, como se dijo en un blog de Oxfam en elogio de Venezuela en 2010: «[…] la desigualdad se reduce[220]» empobreciendo a todo el mundo, salvo a los «redistribuidores políticos». Esos se hacen millonarios.

Si la pobreza y la desigualdad se solucionasen mediante intervención pública y redistribución, la URSS y la Alemania comunista, actualmente desaparecidas, habrían sido las naciones más ricas del mundo. Cuba, Venezuela y Corea del Norte serían actualmente los países más ricos del mundo. El hecho de que no lo sean demuestra que el intervencionismo y el control gubernamental destruyen la riqueza y hacen aumentar la pobreza.

Los mercados libres y las sociedades capitalistas no son perfectas. Pueden seguir mejorando para beneficiar a más personas. El libre mercado es un buen sistema, pero no es perfecto, así que mejorémoslo.

¿Una igualdad «mala»?

La desigualdad económica puede haber aumentado ligeramente en Estados Unidos y Reino Unido, pero, a nivel mundial, hay menos desigualdad[221].

Lo que a muchos ciudadanos les parece preocupante es que la desigualdad mimética y meritocrática —la desigualdad buena— no va en aumento, mientras que la desigualdad «privilegiada» —la desigualdad mala— tal vez sí lo haga.

¿Qué significa esto? Muy poca gente está en contra de la idea de ver a sus conciudadanos hacerse ricos gracias al esfuerzo y al trabajo duro. Ese sistema, «el sueño americano», es algo que la mayoría de la gente valora y una de las razones por las cuales millones de personas sueñan con emigrar a Estados Unidos. Las oportunidades marcan la diferencia.

Sin embargo, cuando las políticas erróneas del gobierno crean más deuda y mayores déficits, la clase media sufre la carga de más impuestos. Si, a la vez, los bancos centrales nos repiten constantemente que «no hay inflación» mientras los gastos de la clase media crecen, se genera la raíz del descontento.

La clase media paga los daños y perjuicios de un gobierno que promete prosperidad mediante endeudamiento, impresión de moneda y gasto. La promesa de riqueza se convierte en la pesadilla de una escalera más empinada.

Las políticas artificiales para impulsar la inflación siempre debilitan a la clase media. Los precios de las acciones y de las viviendas, de los activos no replicables en general, se disparan, pero la capacidad de pago se ve perjudicada al destruir el poder adquisitivo de los salarios «imprimiendo» dinero y subiendo impuestos. Los mal llamados planes de «estímulo» acaban siendo una enorme transferencia de riqueza de la clase media al gobierno.

Tipos bajos, liquidez elevada, planes de inversión pública masivos, todo ello equivale a una mano gigantesca en el bolsillo del ciudadano. Además, es una mano gigantesca en los aún inexistentes bolsillos de nuestros hijos y de nuestros nietos.

Nos han dicho que todo es por nuestro bien. Sin embargo, el ciudadano medio no ve los beneficios. Todas las cosas positivas que he mencionado anteriormente han sido borradas de las mentes de muchas personas porque, con razón, no han visto muchas de las mejoras de la década pasada. Y ello se debe a que la palabra «social» se ha desvirtuado. Por un lado se infravalora todo lo que se ha conseguido, y por otro lado se exagera lo que pensamos que son derechos adquiridos.

Aumentar la oferta monetaria y destruir el poder adquisitivo de la moneda, elevando los impuestos para beneficiar a los gobiernos que despilfarran dinero no es una política social. Es confiscación.

Los impuestos han subido hasta niveles extremos, muy por encima de los servicios demandados por los ciudadanos. Y los intervencionistas quieren que suban más. Se supone que todos tenemos que aplicar la eficiencia y la tecnología excepto los gobiernos. Todos tenemos que llegar a fin de mes y equilibrar nuestros propios presupuestos, así que, ¿por qué no cabría esperar también lo mismo del gobierno? Porque algunos han dicho que el gobierno no tiene que hacer ninguna de las cosas que sabemos que son lógicas, porque siempre puede pedir más dinero prestado e imprimir más efectivo.

Entonces, ¿por qué el gobierno puede hacer cosas que ninguno de nosotros, como individuos, podemos hacer? Porque el gobierno puede subir nuestros impuestos o imponernos eterna e incesantemente la inflación. Milton Friedman decía: «La inflación es un impuesto sin legislación». Pagas tú.

Esta incesante política consistente en meter la mano en los bolsillos de los ahorradores y penalizar el éxito para pagar subsidios funciona, siempre y cuando las familias y los ciudadanos sigan trabajando duro y prosperando. Pero esta parte del contrato social se ha incumplido. Sigues teniendo que pagar, pero sin ninguno de los beneficios resultantes.

La parte «social» del contrato se ha convertido en el paraíso administrativo. ¿Por qué permitir que los ciudadanos ahorren cuando yo, el gobierno, puedo gastar mejor ese dinero? De ahí la demonización del ahorro.

El primer error gigantesco de épocas recientes en muchas economías del mundo —incluyendo Estados Unidos— fue negar el «sueño americano», poner escollos a las opciones del ciudadano medio de convertirse en esa persona que «lo consigue» haciendo que le resulte cada vez más difícil lograrlo, vía impuestos y represión financiera.

¿Quién accede al exceso de crédito? No los más eficientes, sino los más endeudados.

¿Quién se beneficia de tipos bajos? No los ahorradores, sino los despilfarradores.

¿Quién paga los impuestos para intentar cuadrar presupuestos imposibles? Los que ahorran y no pueden escaparse. Los activos cautivos.

La represión financiera mediante la bajada de los tipos de interés y el incremento de la oferta monetaria beneficia principalmente a quienes ya están endeudados masivamente y tienen acceso a los mercados de valores y bonos. La clase media soporta la carga de la tributación porque el gobierno implanta un plan de «estímulo» con tu dinero, que no genera ni el crecimiento ni los ingresos que estimaban. ¿Quién se beneficia? El gobierno y sus sectores amigos.

Como tales, las políticas de demanda, las políticas de estímulo público, o como quieras llamarlas, se convierten en enormes transferencias de riqueza de la clase media y de los eficientes a los ineficientes y endeudados.

No es de extrañar que haya multimillonarios que exijan que no se bajen los impuestos. Se benefician más de las subvenciones y de la elevada inversión del gobierno en contratos públicos y pueden contratar a los mejores abogados y asesores para reducir su cuña fiscal. Eso no lo puede hacer el ciudadano medio.

¿Por qué esos multimillonarios que «rechazan» públicamente las bajadas de impuestos no renuncian a sus deducciones y ventajas? Pueden hacer una transferencia a Hacienda cuando quieran. Porque es un subterfugio.

Por eso a la élite le encantan los déficits —cuando proceden de inversión y crédito público— y odia las bajadas de impuestos.

Y cuando los impuestos están diseñados como una carga, no como un mecanismo de crecimiento, solamente se usan para perpetuar los desequilibrios.

No resulta sorprendente que durante la recuperación de 2009-2016, la clase media de Estados Unidos viera cómo se disminuía la renta disponible y cómo surgían más obstáculos a la creación de riqueza. Fue expropiada mediante impuestos, mientras el «estímulo» perpetuaba los desequilibrios y la deuda se duplicaba y hacía que el crecimiento de la productividad se estancase.

El capitalismo social, como tal, debe centrarse en hacer lo contrario de lo que se ha hecho tradicionalmente. Dotar de más poder y fondos al gobierno no es una política social. Las auténticas obras del capitalismo social no proceden de más gobierno, más déficit, más desequilibrios y más incentivos perversos para el aumento de la deuda y para una deficiente asignación de capital.

El capitalismo social debería promover el ahorro, la inversión prudente y la creación de ingresos disponibles reales.

Un gobierno centrado en el capitalismo real no debería pensar «¿cuánto necesito recaudar para equilibrar lo que quiero gastar?», sino «¿cuánto podemos ahorrarles a los contribuyentes siendo más eficientes, para que nuestros servicios sean sostenibles y asequibles?».

Los gobiernos deberían pensar en el bienestar, no en el mal llamado Estado del Bienestar, que se convierte, en realidad, en el bienestar del Estado.

El modelo de capitalismo social no puede ir contra sus ciudadanos imponiendo una carga sobre el éxito cada vez mayor. En ese caso, se convierte en un sistema socialista en el que se recompensa el fracaso.

Los presupuestos cada vez mayores no son una política social. Acaban siempre en una crisis profunda que empobrece a la mayoría de los ciudadanos.

La idea de que un sistema administrado por el gobierno es barato y carente de avaricia es ridícula. Si damos más recursos a aquellos que no tienen que hacer frente a ninguna penalización por asignar erróneamente y despilfarrar fondos, y cuyo objetivo no es obtener beneficio económico, sino maximizar el presupuesto, el único resultado es el fracaso.

La asistencia sanitaria es un ejemplo. Cualquier ciudadano de Estados Unidos oirá muchas ideas equivocadas acerca de los sistemas sanitarios del mundo, y el más típico es que otros países tienen sistemas sanitarios mejores y más baratos. Lo que pasa es que no es verdad. En primer lugar, no son más baratos. Están subvencionados. Y todos los de la UE son deficitarios y están financiados con una deuda cada vez mayor[222]. En segundo lugar, no son mejores. Esa es la razón por la cual cientos de miles de ciudadanos de todo el mundo acuden a Estados Unidos en busca de tratamiento cuando se lo pueden permitir.

El coste de la asistencia sanitaria en otros países de la UE y la OCDE no es menor. Simplemente lo pagan otros, y por adelantado. Además, el ciudadano estadounidense es el que subvenciona la investigación y el desarrollo de la medicina en el resto del mundo. Según un informe de 2018 realizado por el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, el mercado de Estados Unidos financia prácticamente la mitad de la investigación y el desarrollo médicos del mundo. De hecho, si sumamos el coste de la asistencia sanitaria pública en Europa al de la sanidad privada que la mayoría de los ciudadanos de clase media tienen que pagar de todas formas, el coste por persona es parecido, ajustado en función de los ingresos[223].

En Estados Unidos, según un estudio del Deutsche Bank, los ciudadanos pagan alrededor de 6000 dólares al año en primas de seguros de salud para unos ingresos familiares medios de 60 000 dólares anuales. La prima media de seguros de salud representa entre el 10 por ciento y el 23 por ciento de los ingresos familiares, dependiendo del nivel de ingresos.

En un país medio de la eurozona, el coste de la sanidad pública se incluye en el coste de la Seguridad Social y se resta del salario de cada persona, que oscila entre el 10 por ciento y el 15 por ciento. A eso hay que añadirle la contribución obligatoria de cada empleado, otro 10-15 por ciento, así como el seguro privado que una gran parte de ciudadanos tienen que contratar para complementar la cobertura de la asistencia sanitaria pública. Como media, un ciudadano europeo gasta una parte mayor de sus ingresos brutos en seguridad social y primas de seguros privados que el ciudadano medio estadounidense.

¿Por qué no se quejan esos ciudadanos? Porque la mayoría de los costes —impuestos— están ocultos. Se descuentan anticipadamente de la nómina. En muchos países ni siquiera se muestra la aportación del empleado, la cual es en realidad un impuesto sobre el trabajo y parte del salario bruto real. Además, en la mayoría de los países europeos existe el copago. ¿Qué es el copago? Una tarifa adicional por el servicio que el paciente paga directamente al médico o al centro sanitario. Pagas la seguridad social por adelantado mediante tu nómina y, por si eso fuera poco, si utilizas los servicios de un hospital público es posible que ello también comporte gastos adicionales[224].

La razón por la cual Bernie Sanders y muchos intervencionistas dicen que el sistema sanitario público universal y de pagador único es más barato y mejor es que los gobiernos hacen que resulte prácticamente imposible calcular cuánto pagas realmente. Y no olvidemos que todos los sistemas de pago único gestionados por el gobierno se financian mediante deuda. No podemos negar los aspectos positivos, pero tampoco debemos ignorar los importantes retos. No son baratos, y desde luego no son gratuitos, y debemos ser conscientes de que deben ser sostenibles. Si sumamos el coste de los empleadores, el trabajador, el copago y el casi indispensable seguro privado adicional, no es tan distinto del coste medio de las primas del trabajador medio de Estados Unidos en comparación con sus ingresos brutos. De hecho, en algunos países europeos, la cuña fiscal antes de los copagos y del seguro privado es superior al 25 por ciento de sus ingresos brutos únicamente por lo que respecta a la seguridad social.

Esta es una decisión consciente de los ciudadanos europeos. Valoramos la sanidad universal y lo hacemos con un sistema que ya es mixto. La colaboración público-privada y la diferenciación entre servicio público, titularidad y gestión es la clave de la mejora de la calidad, el servicio y la sostenibilidad de los sistemas.

Los ciudadanos de Estados Unidos tienen que entender esto. El sistema sanitario de Estados Unidos no es privado y no es malo. Es muy bueno[225]. Lo que ocurre es que hay que hacerlo mejor. Cuenta con algunos de los mejores médicos, las mejores tecnologías y las mejores medicinas. La principal razón de esto es que todos esos elementos están bien pagados. Los médicos ganan sueldos elevados, las inversiones en nuevas tecnologías se consideran una necesidad, y la industria farmacéutica obtiene grandes beneficios. Lo mismo ocurre con el coste de la investigación y del desarrollo. De manera que no podemos decidir acabar con los beneficios del sistema basándonos en la falacia de que tiene que ser gestionado por el gobierno. Primero, porque ya lo es. No es un sistema de libre mercado. Y porque los ejemplos en todo el mundo demuestran que los sistemas gestionados exclusivamente por el gobierno corren el riesgo de perder la batalla de la innovación, la tecnología y la calidad.

Ahora, veamos por qué el sistema norteamericano todavía no es tan universal o tan asequible como debería serlo y cómo solucionarlo.

Viajo regularmente por todo Estados Unidos. Recuerdo un viaje en tren de Nueva York a Boston en el que disfruté enormemente mirando por la ventanilla y contemplando la belleza del país. Durante ese viaje, conté más de ochenta anuncios de abogados especializados en indemnizaciones por lesiones dentro del tren. Sí, una de las razones por las cuales el sistema sanitario de Estados Unidos es más caro que otros es el coste de las demandas y de los seguros que conllevan, que eleva el coste. Eso no ocurre en Europa. Demandar a un médico por millones de euros en Francia por cuestiones mínimas…, eso no sucede.

Un estudio de la Harvard School of Public Health[226] reveló que el coste de las demandas médicas en Estados Unidos es superior a 55 600 millones de dólares anuales, de los cuales 45 600 millones son destinados a la parte defensiva practicada por médicos que intentan evitar demandas. Ese importe representa el 2,4 por ciento del gasto sanitario total de la nación[227].

El sistema sanitario de Estados Unidos tiene otro problema: el desequilibrio entre primas y costes al usarlo; es decir, cómo hacer que sea realmente universal y asequible. Es como tener un sistema de primas de seguro de automóvil donde cualquier usuario debe pagar por seguro obligatorio a terceros el equivalente a lo que cuesta el seguro de un Ferrari aunque su vehículo sea un utilitario medio.

Los sistemas de pago a terceros se convierten en una carga inflacionaria no intencionada sobre los costes.

A medida que el gobierno asume una porción cada vez mayor de los gastos del pago a terceros, el incentivo para gestionar los costes se reduce, y el número cada vez mayor de ciudadanos objeto de cobertura incrementa los gastos, en lugar de reducirlos o hacer que el sistema sea más rentable[228]. Esta es la razón por la cual la falacia de comparar los países nórdicos con Estados Unidos no funciona. Los costes per cápita de un sistema de sanidad pública en un país con menos habitantes que Nueva York no son los mismos que los de gestionar un sistema para 327 millones de personas. Aumenta, tanto en términos nominales como comparativos. No es casualidad que la puesta en marcha de Medicare y Medicaid en 1966 generase una espiral inflacionista en cuanto a los costes que podrían haberse gestionado incrementando la competencia, no reduciéndola concentrando el reembolso a terceros.

Tenemos que entender que el truco empleado por personas como Bernie Sanders es comparar manzanas y naranjas. Puede decir «Medicare para todos» y «como Dinamarca[229]». Sin embargo, recordemos que Sanders creía que Venezuela —sí, Venezuela— era el auténtico sueño americano, y también veía a Argentina o Ecuador como ejemplos a seguir[230].

No obstante, Dinamarca es el país que todos los socialistas utilizan como ejemplo cuando sus verdaderos modelos socialistas fracasan.

Como hemos mencionado anteriormente, Dinamarca tiene menos de 6 millones de habitantes. Por supuesto, decir que su sistema sanitario puede reproducirse en Estados Unidos, con 327 millones de habitantes, demuestra lo poco que entienden algunos socialistas de demografía y economía. Dinamarca, como hemos dicho, no tiene nada que ver con el socialismo, y sí tiene todo que ver con promover el libre mercado y la libre empresa. La sanidad se financia principalmente mediante impuestos, sí, pero es un modelo de gestión mixto, público-privado, y no de gestor y administrador único. Por supuesto, el consumidor realiza un copago adicional[231].

¿Los impuestos de sociedades son más elevados en Dinamarca que en Estados Unidos para sufragar la sanidad, como dice Sanders? No, ni los tipos impositivos nominales ni los reales son especialmente elevados. Como ya hemos explicado, lo que hay en Dinamarca es un IVA muy alto, algo que los estadounidenses no aceptarían nunca y que paralizaría a las pequeñas y medianas empresas de un país tan grande. ¿Es más barata la sanidad? Los costes de la asistencia sanitaria como porcentaje del PIB están en los primeros puestos de la OCDE. Sí, es más barata que en Estados Unidos, pero no debido al control del gobierno, sino al control de costes llevado a cabo por entes independientes. Dinamarca tiene un control de costes espectacular, y lo tiene, precisamente, gracias a que no es un sistema monopolizado por el Estado.

¿Sería aplicable el sistema danés en Estados Unidos? No. No se puede administrar a 327 millones de personas con un sistema diseñado para un país más pequeño que la ciudad de Nueva York. Ni siquiera la ciudad de Nueva York podría adoptar el modelo danés a menor coste, porque la estructura poblacional y la demografía tienen una enorme influencia en los sistemas de pago único.

En 2017, Medicare gastó casi 11 000 dólares por beneficiario para pagar la asistencia médica. Los planes de salud privados gastaron alrededor de 4600 dólares por asegurado. En ese sentido, los costes de asistencia sanitaria privada en Estados Unidos son más competitivos que en la media de los principales sistemas públicos europeos[232], y más que el coste medio en asistencia sanitaria per cápita en Estados Unidos. El sistema «Medicare para todos», aunque sus costes fueran reducidos por arte de magia por la misma administración que nunca ha reducido costes, duplicaría, en el mejor de los casos[233], las primas pagadas por los contribuyentes estadounidenses. Y seguiría teniendo que haber un sistema de copago, así como la necesidad de financiar el sistema con más deuda. Todo ello sin analizar las tendencias demográficas. Con un envejecimiento de la población como el de Estados Unidos y el de las principales economías de la OCDE, los costes de la seguridad social se dispararían hasta niveles insostenibles en un futuro ya difícil de financiar[234].

Cuando el senador Sanders menciona ideas como «cancelar 81 000 millones de dólares de deuda médica[235]», ello significa pasarles la factura a los contribuyentes, más impuestos y más deuda. Hay mejores soluciones, como negociar acuerdos de reestructuración, ajustando los tipos y el vencimiento, que podrían servir para beneficiar a millones de ciudadanos en el futuro.

Y luego está Canadá. La asistencia sanitaria «gratuita» de Canadá tiene dos problemas principales:

No es gratuita.

Tiene un déficit de financiación de 537 000 millones de dólares[236].

Nadeem Esmail, del Fraser Institute, explicó en el Huffpost que «en 2013, una familia típica canadiense de cuatro miembros podía esperar pagar 11 320 dólares estadounidenses en sanidad pública. Para la familia media compuesta por una pareja con un hijo, la factura sería de 10 989 dólares estadounidenses, y para la familia media formada por dos adultos (sin hijos), la factura ascendería a 11 381 dólares estadounidenses. Como consecuencia de unos menores ingresos medios y de las diferencias en cuanto a tributación, las facturas serían inferiores para una persona soltera media (3780 dólares), para una familia media monoparental con un hijo (3905 dólares) y una familia media monoparental con dos hijos (3387 dólares). Pero, sea cual sea el tipo de familia, la factura no es barata, y mucho menos gratuita. Y, con el tiempo, se va haciendo más grande. Antes de la inflación, el coste del seguro de salud pública aumentó el 53,3 por ciento durante la última década[237]».

Lo que Bernie Sanders nunca dice es que adoptar el sistema europeo o canadiense en Estados Unidos aumentaría enormemente las primas. Nada es gratis. No puedes hacer que un sistema sea a la vez universal y más barato. Sin embargo, sí que hay una forma de mejorarlo y aumentar su cobertura tomando lo bueno de todos los sistemas.

Usa lo mejor y deja el resto

Toma lo mejor del sistema de asistencia sanitaria de Estados Unidos y cambia lo que no funciona. Los problemas del sistema de Estados Unidos no se deben a la falta de intervención pública, sino a su exceso.

La excesiva regulación y los agresivos requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) también perjudican a la competencia y a un mejor servicio. El célebre caso de la subida de los precios de la insulina se explicó en un detallado estudio científico, que señalaba: «Según algunos analistas, la falta de competencia de precios en el mercado de la insulina en Estados Unidos contribuye al elevado coste de este fármaco vital[238]».

Lo que Estados Unidos no ha probado nunca es la verdadera competencia. El sistema de asistencia sanitaria estadounidense no es un sistema de libre mercado, es un sistema mal gestionado con un nivel muy elevado de intervención pública en toda la cadena.

La primera falacia que venderán los intervencionistas es que solamente hay dos opciones: un sistema privado o un sistema con un único pagador gestionado por el gobierno. Ahí es donde está el truco. Porque no hay más que ver las partidas de Seguridad Social, Medicare y Medicaid para desmontar la sandez de que en Estados Unidos no hay sanidad pública. La Seguridad Social consume el 33 por ciento del presupuesto, y la sanidad pública el 27,5 por ciento, según datos de 2019. Los problemas solucionables del actual sistema de asistencia sanitaria estadounidense se achacan exclusivamente al hecho de que el gobierno no lo controla. Y eso no es verdad. Puedes tener un sistema de colaboración público-privada, universal y de pagador múltiple.

El sistema no tiene que ser de un único pagador (un único recaudador), y mucho menos gestionado por el gobierno. ¿Por qué hay algunos estados del país en los que solamente hay dos proveedores de asistencia sanitaria? Porque el gobierno estadounidense ha decidido limitar la competencia. Ese fue uno de los muchos errores de la Affordable Care Act (ley llamada «Obamacare»), que limitó la competencia y a la vez forzó una mayor cobertura, lo cual hizo que las primas subieran espectacularmente[239]. Mientras que las primas aumentaron casi un 75 por ciento con el Obamacare, los sistemas basados en seguros laborales permanecieron estables en su mayoría[240], demostrando las ventajas de los sistemas negociados y gestionados de manera privada.

Lo que el sistema sanitario de Estados Unidos tiene que mejorar es ser más de libre mercado, no menos[241].

Eso es exactamente lo que propusieron J. P. Morgan, Amazon y Berkshire Hathaway en enero de 2018, un sistema capitalista de libre mercado separado del gobierno y que sea capaz de proporcionar una asistencia sanitaria más barata y de mayor calidad a sus ciudadanos poniendo a los clientes —ellos mismos— en primer plano.

Lo que están demostrando estas empresas es que pueden superar los retos de la economía y desarrollar un sistema de asistencia sanitaria basado en la competencia, que preserve lo mejor de la tecnología, la innovación y la profesionalidad, recortando al mismo tiempo los costes generados por factores innecesarios como los límites gubernamentales a la competencia y reduciendo los mecanismos de suministro. Con ello, empresas de todo el mundo están innovando en asistencia sanitaria y haciendo que sus empleados se sientan más implicados y seguros. Tiene sentido, tanto desde un punto de vista empresarial como social.

Ahora bien, ¿cómo hacemos para que sea universal?

El capitalismo social tiene que ver con saber qué entienden exactamente las multinacionales y las pequeñas empresas acerca del medio ambiente y la responsabilidad social. Ya lo hemos dicho: tiene sentido económicamente hablando.

Cuando viajamos a muchos países de África, Latinoamérica o Asia, podemos comprobar que las empresas concesionarias que invierten en dichos países incorporan inversiones y gasto social en su actividad, desde la construcción de carreteras, escuelas, hospitales y centros de salud hasta centros de ocio. Esa actividad, además, suele ir acompañada de un porcentaje o cuota de «contenido local» en su inversión, es decir, una parte debe ser contratada a empresas locales y trabajadores autóctonos. Esta práctica ha ayudado a acelerar el progreso en países que tradicionalmente han malgastado o dilapidado las subvenciones y ayudas estatales o supranacionales al desarrollo. Es una forma eficaz de fortalecer el desarrollo económico y social de las comunidades. Se trata de invertir una parte de la cantidad destinada al proyecto en los stakeholders, la sociedad en su conjunto y el bienestar. En un país como Estados Unidos, donde las empresas dedican casi medio billón de dólares anual a recomprar acciones para remunerar a sus empleados y la inversión en gobierno corporativo, responsabilidad social y medio ambiente es creciente, se puede canalizar la inversión social en educación y sanidad a través de sociedades independientes, que combinen la labor de ONG (organizaciones no gubernamentales) con actividades comerciales, participadas por empresas y organizaciones empresariales que ofrezcan servicios competitivos y eficientes no solo a clientes pagadores, sino también a un porcentaje de la población más desprotegida y canalicen el gasto social de manera unificada y enfocada a objetivos específicos en distintas comunidades. En definitiva, se trata de sumar en distintos grupos de sociedades no gubernamentales la combinación de servicio de calidad, eficiente y competitivo que sea realmente universal sin obligar a que sea de pagador único y que, a la vez, compita en excelencia y oferta de productos con otras entidades para mejorar el bienestar de todos. No significa que los estados tengan que dejar de ofrecer una sanidad y educación pública si sus ciudadanos lo desean, sino que el capitalismo muestre el efecto multiplicador positivo de la innovación, competencia y gestión que, a su vez, beneficiará al servicio público que adoptará las mejores prácticas. Ya existe, pero al agregarlo en entidades más fuertes, el efecto positivo es exponencial. Se trata de entender que un servicio público no tiene por qué ser de gestión estatal o política, y que debemos evitar caer en la trampa de los intervencionistas que nos intentan convencer de que un servicio público solo puede ser de titularidad y gestión política. Porque las empresas públicas no son del pueblo, son de los políticos. En Europa y Asia no se dedica una cantidad similar a recompras, pero, sin embargo, las empresas invierten de manera constante en marketing, responsabilidad y obra social. Hacerlo uniendo los recursos de grandes líderes como Amazon, Berkshire Hathaway y JP Morgan han iniciado en la empresa Haven[242] es el comienzo de una gran oportunidad para afrontar los retos del futuro, incluyendo la eliminación de la pobreza, la sanidad universal sostenible, la educación universal no estatalizada ni politizada y la lucha contra el cambio climático. No por imposición y control político, sino porque es una buena idea que merece llevarse a cabo como parte de lo que ya es una tendencia creciente de inversión en el bienestar social de clientes, empleados, comunidades y países. Estoy convencido de que, dentro de unos años, veremos crecer el número de cooperativas, empresas y organizaciones participadas por empresas líderes a las que se podrán unir como contribución voluntaria aquellas pequeñas y medianas empresas que pueden multiplicar su aportación gracias a la unión de esfuerzos con los innovadores y creadores del futuro, que son precisamente los que están poniendo en marcha ya las soluciones tecnológicas y empresariales a esos retos mundiales.

La diferencia entre garantizar la mejor asistencia sanitaria para tus empleados y hacer aportaciones a programas de salud para los desempleados y los que no disponen de seguro es pequeña, pero extraordinariamente importante por lo que respecta al prestigio empresarial. Se trata de una inversión en la clase media, lo que significa una inversión en más y mejores consumidores y comunidades más sólidas con sociedades civiles poderosas. Es mucho más eficiente y genera mejores resultados que enviar miles de millones en impuestos a los gobiernos, que harían que el sistema fuera insostenible de todas formas.

Puede que algunas empresas crean que esto lo tiene que hacer el sector público. Se equivocan. La reciente —y probablemente injustificada— reacción contra las multinacionales y las corporaciones proviene, al menos parcialmente, de la percepción de que últimamente se ha pasado por alto el servicio a la comunidad y el desarrollo de relaciones sólidas con los empleados y stakeholders.

Los proveedores de asistencia sanitaria no son malvados. Innovarán y prestarán mejores servicios como han hecho cuando existen incentivos. Está sucediendo ante nuestros propios ojos. Los programas de seguros laborales se están volviendo más eficientes y baratos. Ofreciendo mejor cobertura y mayor calidad. Esa es la respuesta, no conceder a la administración el monopolio de manera que pueda crear votantes cautivos que dependan de su «solidaridad con el dinero ajeno».

Los incentivos perversos para mantener la ineficiencia solamente pueden existir cuando hay monopolios. Los monopolios y los oligopolios solo pueden existir si el gobierno los impone y se beneficia de ellos. Solo es posible salir de la espiral de incentivos perversos con una mayor competencia. Más competencia e innovación destruyen los incentivos para aumentar los costes. Es imposible elevar los costes innecesariamente si hay una tecnología potente y un mercado competitivo. Los clientes desaparecen. Y no, la asistencia sanitaria no tiene una elasticidad de demanda diferente. Lo mismo se decía de la energía, las telecomunicaciones y la banca. Y la tecnología, la competencia y el libre mercado están derribando barreras en todo el mundo en beneficio de los consumidores. Lo mismo pasa con la sanidad.

Que las corporaciones innoven en servicios de asistencia sanitaria —y en educación, como veremos en capítulos posteriores— y superen los errores de las antiguas formas de hacer las cosas es a la vez perturbador y magnífico para el bienestar de todos. Perturbación significa progreso, algo tan importante como lo han sido la tecnología y la eficiencia a la hora de permitir a miles de millones de personas tener acceso a agua potable, a una alimentación asequible y de calidad, a ropa, vivienda y bienes y servicios más baratos. Cuando las corporaciones se den cuenta de que son la llave para desbloquear los beneficios de una asistencia sanitaria asequible, competitiva y universal, también se darán cuenta de que eso es más poderoso que cualquier campaña publicitaria y más rentable que la mayoría de las inversiones corporativas en la satisfacción de los clientes.

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El presupuesto del capitalismo social

Educación y Defensa en un modelo sostenible

El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado, y hay que poner en práctica la prudencia y la austeridad.

CICERÓN

Uno de los factores clave para reducir la desigualdad es la educación. Sin embargo, la desigualdad ha aumentado también en los países en los que la educación es pública desde la escuela elemental hasta la universidad.

Si nos fijamos en el modelo de educación pública de la Unión Europea, por ejemplo, nos encontramos con algunos factores interesantes. En países como España, a pesar de tener más de 50 universidades públicas, ninguna de ellas se sitúa entre las 100 mejores del mundo. Los títulos universitarios pierden su valor al ser otorgados con relativa facilidad. Hay «exámenes de selectividad» como parte del proceso de acceso a la universidad, en los que aprueba el 90 por ciento. A pesar de sus cualidades positivas, esta educación «gratuita» acaba saliendo muy cara si no fortalece las oportunidades de los individuos y se centra en diferenciar el mérito. Si un estudiante quiere que su currículo destaque, tendrá que realizar másteres y cursos de especialización después de obtener el título.

¿Aprender o algo más? Educación para el progreso

También existe una diferencia entre educación y adoctrinamiento. La educación supuestamente gratuita no tiene sentido cuando la calidad y el tipo de educación proceden de un único sistema, en el que las familias no tienen libertad de elección. Por eso es tan importante un sistema de libre elección como el nórdico. Cuando la educación es monopolizada por los políticos, el adoctrinamiento se convierte más que en un riesgo en una probabilidad muy elevada[243].

Es aterrador ver libros en los colegios en los que se cuenta a los niños las perversiones del capitalismo, cómo «el neoliberalismo destruye el planeta» y cosas por el estilo. La educación gratuita puede convertirse de nuevo en «adoctrinamiento forzoso», algo que habíamos olvidado los que lo sufrimos en nuestra infancia antes de la etapa democrática.

La educación universal administrada por el Estado no tiene que ser necesariamente una fuente de adoctrinamiento y de formación de baja calidad, pero el incentivo perverso de igualar a la baja, aprobar por decreto, hacer lavados de cerebro e imponer programas académicos obsoletos puede ser demasiado fuerte cuando el Estado dirige un monopolio —cualquier monopolio.

La educación es una magnífica herramienta para reducir la desigualdad cuando no se utiliza como un subterfugio para crear ciudadanos de «segunda clase» que acumulan títulos y diplomas que no tienen una utilidad real en la vida a causa del bajo nivel académico. Y ello porque genera enorme frustración en generaciones a las que se les dice que son «las más preparadas de la historia», cuando esa frase es completamente incorrecta si hacemos comparaciones con la excelencia que llega de todo el mundo por medio de alumnos de otros países.

Además, cuando controla el monopolio de la educación, el gobierno tiene muchos incentivos para gastar en exceso. Y, lo que es más importante, cuando los estudiantes se enfrentan al mundo y descubren que sus títulos de la universidad no tienen valor real en el mercado laboral o en otros países, el gobierno —el mismo que ha creado el exceso de oferta de títulos inútiles y de formación obsoleta o de pobre calidad— tiene todos los incentivos para culpar de ello a la desigualdad, al neoliberalismo o al clima. Y se presenta a sí mismo como la solución.

Sin embargo, la educación útil y de calidad no tiene que ser necesariamente privada, como hemos mostrado al hablar de la sanidad. La colaboración público-privada funciona de manera muy positiva en la mejora de la calidad y en defender una atención sanitaria y una educación que sea realmente de valor añadido. Lo que tiene que garantizarse es la libertad de elección y la competencia, de manera que las escuelas y las universidades, sea cual sea su titularidad, se esfuercen por destacar.

¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre una educación universal de calidad y, al mismo tiempo, evitar los riesgos del adoctrinamiento? Con cheques escolares y más capacidad de elección, unidos a un sistema de exámenes y de calificación nacional e independiente.

Esa es una combinación de dos modelos. Por un lado está el modelo del Reino Unido, el cual garantiza que la evaluación final de los estudiantes es la misma, con independencia de si han estudiado en un colegio de pago o uno estatal. Esto se logra haciendo dos reválidas, a los dieciséis y a los dieciocho años, por tribunales independientes de los colegios, y asegura que un buen estudiante tendrá las mismas oportunidades de entrar en una excelente universidad con independencia del nivel de renta de su familia o su lugar de procedencia. Además, el modelo del Reino Unido fomenta la innovación y la competencia entre la educación pública y privada. La educación pública busca la excelencia académica y la adecuación de los currículums a las necesidades cambiantes de las nuevas profesiones. Fijémonos en el ejemplo de las Grammer Schools y Academies en el Reino Unido. Los Grammer Schools son colegios estatales de enseñanza secundaria que seleccionan a los mejores alumnos con un examen de ingreso a los once años. Son colegios de gran prestigio que compiten directamente con la educación privada de más alto nivel. Cuando vivía con mi familia en Londres, tuvimos la oportunidad de conocer el Kingston Grammer School, situado, según ellos publican en su web, entre el 1 por ciento de los mejores colegios del Reino Unido por resultado de los exámenes oficiales IGCSE y A-Levels. Esa misma zona del sur de Londres es famosa por tener varios de los más prestigiosos colegios de pago con los que compite directamente el Kingston Grammer School, como por ejemplo el King’s College. Para que os hagáis una idea del esfuerzo económico que le supone a una familia escolarizar a un hijo en un colegio privado, dependiendo de la edad del estudiante, el coste anual por alumno en King’s es de entre 18 000-22 000 libras (21 000-26 000 euros). No es de extrañar que para cualquier familia, la preferencia sea llevar a sus hijos a un Grammer School, reputados por su alto nivel académico y accesible a todos los mejores estudiantes con independencia del nivel de renta familiar. También es interesante estudiar el caso de los Academies Schools, colegios públicos que se hacen independientes de las autoridades locales, que son las que los rigen normalmente, y pasan a ser financiados directamente por el Ministerio de Educación. Estos colegios disfrutan de una libertad casi total a la hora de diseñar su propio currículum, métodos de enseñanza o de elegir una especialización por materias, por ejemplo un colegio que quiera especializarse en artes. Los Academies también tienen la facultad de seleccionar a los alumnos. El propósito de su creación fue rescatar colegios públicos con pobres resultados y también incentivar la innovación de la enseñanza dando margen y libertad a cada institución. Hoy en día, casi todas los Grammer Schools se han convertido en Academies.

Por otro lado, el modelo del cheque escolar de Suecia, en el cual se proporciona educación universal sin concederle el monopolio al Estado. Cada persona o familia recibe un cheque del presupuesto para educación que puede gastar en la escuela o la universidad que desee, sea privada o pública. La libertad de elección y la libre competencia están aseguradas, mientras que las escuelas públicas y privadas hacen todo lo posible por lograr los mejores resultados y atraer a los mejores estudiantes.

No podemos olvidar la importancia de fomentar la colaboración de las empresas en la educación. Ya sea en los programas de Formación Profesional ya sea por becas de investigación o programas que ofrezcan trabajo durante los estudios universitarios.

Merece la pena hacer mención al sistema de Educación Profesional Dual alemán como forma de colaboración público (formación)/ privado (formación práctica y empleo). El sistema consiste en ir intercalando durante la duración de la formación del alumno, períodos de estudio con períodos de prácticas en una empresa. El resultado es un elevado porcentaje de estudiantes que son contratados nada más acabar su formación por la misma empresa en la que realizaron las prácticas. La ventaja para el estudiante es que cobra (unos 800 euros al mes) y tiene la oportunidad de formarse en una empresa previamente seleccionada por él mismo. A la empresa, este sistema le asegura tener acceso a personal altamente cualificado para desempeñar las funciones específicas que requiera. Este sistema es una de las razones por las que el paro juvenil en Alemania está muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea. No hay mejor «política social» que lograr, gracias al esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado, que los jóvenes accedan a una formación académica o profesional de calidad, facilitándoles un futuro que ellos mismos habrán elegido y se habrán labrado. Y no hay mayor beneficio para el conjunto de la sociedad que tener a sus jóvenes trabajando y aportando a la prosperidad del país.

El capitalismo social, como la asistencia sanitaria, demostraría los beneficios de conceder cheques escolares y universitarios a los empleados y stakeholders de las corporaciones como una decisión empresarial segura que consolidaría el prestigio corporativo y construiría sociedades más sostenibles y fuertes.

Y que no hay necesidad de demonizar un sistema debido a la propiedad del capital. Lo que tenemos que garantizar es que la educación haga lo que tiene que hacer: formar ciudadanos para que sean libres, independientes y triunfadores.

La educación nunca reducirá la desigualdad si se convierte en una excusa para manipular o en un subsidio fantástico para que los pobres se queden abajo del todo. Piénsalo. Si soy un multimillonario elitista o un político que aspira a tener votantes clientes cautivos, no hay nada mejor que gastar un poco de dinero en «educación gratuita» obsoleta y anticompetitiva que mantenga a millones de personas alejadas de la escala social y que haga que sean incapaces de administrarse por sí mismas. Financiar una educación pública mala y adoctrinadora, de hecho, fortalece la máxima desigualdad, al relegar a la inmensa mayoría a unos conocimientos inútiles, mientras los hijos y familiares de los políticos en el poder disfrutan de colegios y universidades líderes de verdad.

La educación es una magnífica manera de reducir la desigualdad, pero únicamente si proporciona las herramientas necesarias para que los niños y los adolescentes se esfuercen por alcanzar su máximo potencial. Si no, es tan peligrosa como un padre sobreprotector. Se convierte en una forma de propagar miedo, frustración y debilidad.

Uno de los problemas de la educación estatista ha sido el de trasladar la adolescencia a la edad adulta. Ante la evidencia de títulos sin valor real, baja formación o pobres resultados, la propia educación monopolizada se justifica a sí misma diciéndole al alumno que su falta de éxito es culpa del sistema, no de la obsoleta educación recibida. Algo parecido ocurre con los idiomas. En España, millones de jóvenes se autodenominan bilingües sin tener un verdadero manejo de la segunda lengua.

Para reducir la desigualdad, la educación tiene que fortalecer al individuo, no someter a la persona al control de los gobiernos.

Sin libertad no hay prosperidad. Sin libertad no hay igualdad. Sin libertad y sin prosperidad no hay bienestar.

No podemos olvidar la importancia de fomentar la colaboración de las empresas en la educación. Ya sea en los programas de Formacion Profesional, como en el ejemplo que ya hemos mencionado de Alemania, ya sea por becas de investigación o programas que ofrezcan trabajo como parte y durante los estudios universitarios. Esto hace que la educación universitaria esté alineada con las necesidades de la economía real. De lo que se beneficiarían las empresas al contratar a personal altamente cualificado y preparado específicamente para los problemas a los que la empresa se enfrenta en la actualidad y previsiblemente en el futuro.

Hemos analizado la asistencia sanitaria, la educación y la investigación y desarrollo. El capitalismo social nos ayuda a entender los beneficios de invertir en nuestra sociedad como parte de las inversiones de capital de las corporaciones y los crecientes beneficios de incrementar la libertad de elección y la competencia sana a través de una asociación entre el sector público y el privado. Es cuestión de dar poder a los ciudadanos, no a los gobiernos ni a las empresas.

La mejor manera de evitar una crisis presupuestaria es apostar por el ingenio humano, desarrollar la eficiencia y destruir los incentivos perversos.

Pero ¿qué pasa con la enorme inversión en defensa?

En 2016, Estados Unidos gastó más en su defensa nacional (611 000 millones de dólares) que la suma de los ocho países siguientes, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.

El presupuesto bipartidista incluye 716 000 millones de dólares para gastos militares en 2019. El incremento procede de la eliminación de los límites impuestos por los recortes de 2013 y por la financiación adicional de «emergencia» clasificada como «operaciones de contingencia en el extranjero». El aumento del gasto en 2018 es superior al presupuesto militar anual total de cualquier otro país, a excepción de China.

Nuestra primera idea podría ser que la solución consiste en reducir el gasto militar de Estados Unidos y destinarlo a educación y sanidad. Sin embargo, eso sería un error. La cosa no funciona así. Una de las razones por las cuales el presupuesto militar de Estados Unidos es tan elevado es que subvenciona la defensa de muchos de sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), igual que vimos con el alto coste de la sanidad y la subvención por el ciudadano norteamericano de la investigación del resto del mundo. De modo que el primer problema es que Estados Unidos no está gastando en exceso, está gastando por otros. Pero otro hecho real es que recortar los presupuestos militares nunca ha aumentado los de la educación o la sanidad, y aún menos en la medida que quieren algunos. Muchos creen que se trata de un juego de suma cero, y no lo es; pero, lo que es más importante, quienes están a favor de enormes recortes en gastos militares ignoran los riesgos que ello comporta para la seguridad y los gastos adicionales en caso de ataques o guerra. No obstante, lo que es más importante aún es que la mayoría de los políticos esperan aumentos en los presupuestos de sanidad y educación que serían varias veces superiores a los recortes en defensa a los que hacen referencia. Y es tan importante porque debilitar la seguridad de una nación no ha sido nunca una buena inversión. Durante sus ocho años de mandato, la administración de Obama empezó a reducir el gasto militar y a retirarse de países, lo cual solamente le hizo darse cuenta de que las consecuencias eran más negativas para Estados Unidos y sus aliados. Por consiguiente, el gasto militar se incrementó de nuevo durante su administración.

Es dentro del capitalismo social como se logra que la educación, la investigación, la sanidad y la protección medioambiental sean buenas inversiones para las corporaciones. La seguridad y la defensa son casos diferentes. El modelo de asociación pública y privada que hemos mencionado se ha aplicado durante décadas con tanto éxito que, cuando se calculan las cifras, el gasto de defensa ha sido pagado completamente por las ventas y el valor añadido que genera.

En ese sentido, para crear un sistema que invierta conjuntamente, que promueva una mayor cooperación entre los sectores público y privado y en el que la libertad y la elección se conviertan en los objetivos principales, es necesario reforzar el pilar de la seguridad.

El ejército de Estados Unidos prácticamente se paga solo, si tenemos en cuenta la aportación anual de riqueza, empleos e innovación generada por la industria.

La contribución total de la industria de defensa y aeroespacial de Estados Unidos a la economía es de más de 2,7 millones de empleos. En 2015, la industria de defensa y aeroespacial estadounidense generó ventas por valor de 604 700 millones de dólares, lo que representa un valor añadido para la economía de Estados Unidos de 301 000 millones, el cual equivale al 1,8 por ciento anual de su PIB y a 62 000 millones de dólares en ingresos fiscales[244].

Algunos dicen que esto significa que los contribuyentes pagan los beneficios sociales y que el gasto social beneficia a las corporaciones. La realidad es que cuando el gasto militar está monopolizado por completo por empresas estatales de titularidad pública, los beneficios para la economía no solo son menores, sino que, en algunos casos, son negativos[245]. Como siempre, los monopolios no logran crear un círculo virtuoso de innovación y valor añadido para el resto de la economía.

Curiosamente, el presupuesto militar de Estados Unidos es —como la sanidad y la educación— una buena inversión que se paga sola. Es arriesgado recortarlo o ignorarlo. Hay que mejorar la colaboración público-privada. Y la sanidad y la educación pueden beneficiarse de la incorporación de algunas de las lecciones del gasto en defensa. La incorporación de asociaciones con industrias competitivas incrementa enormemente la investigación y el desarrollo, así como la innovación, creando líderes mundiales que posteriormente benefician a la economía mediante patentes y tecnología.

Israel, como Estados Unidos, ha aprendido que un modelo de defensa con asociaciones sólidas entre el Estado y empresas orientadas al valor añadido es una buena inversión.

Podemos extender este modelo a la asistencia sanitaria, la educación y el medio ambiente.

El presupuesto del capitalismo social tiene que ser equilibrado y centrarse en una política monetaria prudente, porque el gasto deficitario eterno significa más impuestos en el futuro y una carga de deuda que se traspasa a nuestros nietos.

La solución histórica de aumentar la oferta monetaria y bajar los tipos de interés ha provocado crisis económicas constantes y más frecuentes, así como ciclos de auge y decadencia en los cuales los consumidores y las familias se encuentran en el bando perdedor.

El techo de deuda en Estados Unidos, que fue introducido en 1917, se ha elevado más de 90 veces en los 40 años anteriores a 2017.

Los tipos bajos son un incentivo para el gasto, no para el desapalancamiento. El gasto público de Estados Unidos casi se multiplicó por diez en los últimos 30 años[246], mientras que los tipos a largo plazo bajaron un 73 por ciento durante ese mismo período.

En Estados Unidos, la deuda de 20 billones de dólares es una crisis nacional. Con un déficit de más de 500 000 millones de dólares al año, el riesgo para la economía aumenta, y la probabilidad de que suban los impuestos se dispara. Mientras tanto, las políticas fallidas del pasado han reducido el crecimiento potencial, los empleos y la riqueza de la clase media.

La expansión cuantitativa (o flexibilización cuantitativa), el proceso de aumentar el balance de la Reserva Federal para comprar deuda pública y activos de los bancos, se puso en marcha con cuatro objetivos: proporcionar liquidez para reducir el riesgo de contagio después de la crisis financiera y aumentar los empleos, la inflación y el crecimiento.

El primer objetivo estaba claro y se cumplió. Desgraciadamente, pasó de resolver un problema de liquidez a crear la mayor burbuja financiera de la historia económica; bonos de gran rentabilidad a los tipos de interés más bajos de los últimos 35 años y acciones en su máximo histórico, superando las valoraciones fundamentales y el crecimiento real de los beneficios.

La creación de empleo fue positiva, aunque débil, con un desempleo del 4,6 por ciento y la creación de 9,3 millones de puestos de trabajo. A pesar de ser positivas, las cifras de empleo distaban mucho de las que se esperaban de la principal economía mundial después de un estímulo monetario de 24,7 billones de dólares. Con Reagan se crearon 12,6 millones de empleos; con Clinton, 21 millones. Incluso sobreviniendo la enorme crisis financiera al final de su mandato, con George W. Bush se crearon 5,7 millones de empleos.

Por un lado, más de 11 millones de personas quedaron fuera del mercado laboral, lo cual situaba el índice de participación laboral a niveles de 1978. Esto no lo explica la demografía. La pirámide demográfica de Estados Unidos se parece al Reino Unido, y el índice de participación en el mercado laboral se redujo en prácticamente todos los segmentos de edad (siendo especialmente importante entre los veinticinco y los cincuenta y cuatro años de edad).

El empleo temporal, es decir, el de menos de 35 horas semanales, se situó en 2016 en el 18,2 por ciento lo cual se considera un nivel recesivo. En épocas de crecimiento, Estados Unidos había tenido un índice de ocupación temporal igual o inferior al 16,6 por ciento. Durante la recesión de 2001, fue del 17 por ciento, y en 2008 el máximo fue del 20 por ciento. Con el mayor estímulo de la historia, solo se redujo ligeramente al 18,2 por ciento.

Desde 2009, al duplicarse la deuda, los ingresos familiares medios en Estados Unidos se redujeron en todos los segmentos (la mediana, de 55 000 dólares a 54 000 dólares, y en el segmento más pobre de 13 000 dólares a 12 000 dólares) y los salarios reales seguían estando a niveles de 2008 a finales de 2016.

Por si eso fuera poco, durante el período de la «recuperación», entre 2010 y 2016, el crecimiento anual de la productividad en Estados Unidos fue como media del 0,6 por ciento, el peor desde 1978.

Las expectativas de inflación fueron revisadas constantemente a la baja durante ese período. Lo que resulta más interesante es que la expansión cuantitativa ha sido desinflacionaria, ya que la velocidad de circulación del dinero[247] se ha desplomado y la utilización de la capacidad sigue siendo de tan solo el 75 por ciento.

La masiva creación de dinero crea una enorme inflación en los activos financieros y desinflación en la economía real, allanando el terreno para uno de los más dramáticos desequilibrios entre clases de activos, industria y consumo vividos desde la década de 1970.

Los argumentos en contra de todo esto es que «habría sido peor» sin la QE y que la crisis era demasiado grande. Ninguno de los dos funciona, y suenan más bien a excusas, ya que Estados Unidos ya había pasado por otras crisis profundas.

Estados Unidos creó más de la mitad de la oferta monetaria de su historia entre 2009 y 2016, el período más largo con tipos de interés extraordinariamente bajos.

En resumen, la política de la Reserva Federal ha generado resultados que van desde decepcionantes —liquidez— hasta un completo fracaso —crecimiento, e inflación—, pero deja tras de sí una enorme burbuja de activos financieros que no se solucionará fácilmente. Subir los tipos tan lentamente no hace más que perpetuar la burbuja.

La administración de Obama duplicó la deuda del país a pesar del mayor estímulo monetario de la historia.

Curiosamente, en 2008, el propio Obama dijo que aumentar la deuda en 4 billones de dólares en ocho años era «irresponsable» y «antipatriótico». Tenía razón.

La administración de Trump ha seguido un camino diferente: recortes fiscales para impulsar la economía e ignorar el aumento del gasto deficitario teniendo en cuenta que la demanda mundial de bonos del tesoro está aumentando y el coste de la deuda es pequeño.

Es un enfoque muy diferente, pero sigue siendo keynesiano. Un enorme estímulo fiscal por lo que respecta al gasto y a los impuestos.

Es fácil echar la culpa del déficit a los recortes fiscales, pero no es correcto. Se debe exclusivamente al aumento del gasto. Sin embargo, deberíamos recordar que los ingresos tributarios estaban disminuyendo antes de la Tax Cuts and Jobs Act (Ley de Reducción de Impuestos y Empleo), y con uno de los tipos de impuesto de sociedades más altos del mundo[248].

El estímulo al crecimiento sí que funcionó. El crecimiento cercano al 2 por ciento del PIB en 2019 después del mayor período de expansión de la historia de Estados Unidos es un elemento positivo, ya que tanto la administración de Obama como la administración de Trump reconocieron, con razón, el dinamismo, la fuerza y la apertura del sector privado de Estados Unidos y la importancia del consumidor. La administración de Trump también generó el muy esperado crecimiento salarial anual del 2,8 por ciento[249], que había sido uno de los puntos débiles de la recuperación.

Asimismo, debemos tener en cuenta la tendencia del ciclo tardío. Después de una larga recuperación, se esperaba que la creación de empleo descendiese rápidamente, e incluso que condujese a la economía a la recesión en 2017. Sin embargo, el desempleo descendió a su nivel mínimo desde 1969. La creación de empleo superó las expectativas, con más de seis millones de puestos de trabajo creados durante la administración de Trump hasta octubre de 2019[250], alrededor de 194 000 al mes, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Se trata de una cifra muy positiva teniendo en cuenta que los análisis mayoritarios esperaban que la economía de Estados Unidos se debilitara y que la creación de empleo se ralentizara drásticamente en 2017; y aún más porque la participación laboral y los salarios subían, algo que no ocurría en la etapa anterior.

La historia de Estados Unidos demuestra que abordar los déficits con más impuestos no funciona. El gobierno siempre gasta más de lo que recauda, independientemente de a cuánto ascienda la cifra de ingresos y la deuda. Con unos ingresos tributarios que ascienden como media al 17,4 por ciento del PIB en los últimos 50 años, los gobiernos gastan sistemáticamente por encima de esa cifra. Solamente los años de la burbuja de las puntocom generaron superávit.

En el año fiscal 2018, los ingresos tributarios de Estados Unidos alcanzaron un récord, aumentaron en 14 000 millones de dólares, por encima del presupuesto, pero el gasto aumentó en 127 000 millones, y solo los intereses de la deuda aumentaron en 65 000 millones de dólares[251]. Insisto, los recortes fiscales no hicieron aumentar el déficit de Estados Unidos; lo hizo el gasto. Los recortes fiscales ayudaron a la economía a crecer por encima de las previsiones, y los empleos aumentaron. Las subidas habrían reducido el crecimiento, los empleos y los ingresos, tal como sucedió anteriormente, pero, aunque asumiéramos las fantasiosas previsiones de ingresos que hacen algunos, el déficit habría aumentado espectacularmente de todos modos. Ninguna medida sobre los ingresos habría absorbido casi 200 000 millones de dólares adicionales de gasto.

Las subidas de impuestos no resolverán el problema del aumento de la deuda; y menos aún si se supone que han de financiar todavía más gastos. El gobierno de Estados Unidos realmente tiene que recortar el gasto. A pesar de unos ingresos tributarios en su máximo histórico y del crecimiento económico, los déficits aumentan extraordinariamente debido al aumento de los gastos obligatorios, los cuales se espera que asciendan a 3,3 billones de dólares en 2022. El gasto discrecional se ha mantenido prácticamente sin variaciones alrededor de 1,2 billones de dólares desde 2017, y se prevé que se mantenga al mismo nivel. Es imposible equilibrar el presupuesto mediante medidas de ingresos que logran un aumento de 2 billones de dólares en ingresos tributarios más una cifra adicional parecida para reducir la deuda.

Las administraciones del capitalismo social tienen que tomar decisiones complicadas. De entrada, reducir drásticamente las administraciones paralelas y recortar el gasto político.

¿Qué es el gasto político? Todos esos programas que siguen un plan ideológico o político, así como programas que podrían ser financiados completamente por el sector privado, pero que los políticos prefieren gestionar para acumular poder. Muchos de esos aspectos se ocultan bajo ámbitos supuestamente «irrenunciables», como la educación o la sanidad.

Los principios que informan un plan presupuestario del capitalismo social son «dinero sólido» y «eficiencia».

En ese sentido, ante otra crisis de la deuda, las administraciones futuras deberían llevar a cabo recortes presupuestarios, manteniendo al mismo tiempo los servicios fundamentales. Los planes presupuestarios deberían tratar de lograr esos objetivos sin aumentar el déficit y empezando con un presupuesto de base cero. Es decir, si se arrastran déficits del año anterior, deberían deducirse del gasto del año siguiente.

Los programas que pueden financiarse mediante la iniciativa privada deberían ser asumidos por el sector privado, y habría que evitar recurrir a la subida de impuestos.

Otra estrategia consiste en reducir las subvenciones en favor de deducciones fiscales. Las subvenciones crean incentivos perversos y señales de demanda falsas, mientras que las deducciones fiscales apoyan a las empresas en posición de crecimiento.

El objetivo del presupuesto debería ser eliminar las subvenciones y reducir el gasto discrecional. Eliminar las subvenciones limita el poder de los políticos, los cuales tienen que buscar otras alternativas para financiar dichos programas sin asaltar los bolsillos de los contribuyentes.

El presupuesto debería tratar de mantener la calidad y el servicio, manteniendo al mismo tiempo el gasto obligatorio.

La idea de que los impuestos no pueden bajarse porque hay un déficit es simplemente una falacia. Los déficits son el resultado de un exceso de gasto. Cuando aumentan los ingresos, los gobiernos gastan aún más.

Durante la administración de Obama, los gastos federales aumentaron en más de un billón de dólares, mientras que hubo más de 1,5 billones de dólares en nuevos impuestos. El presupuesto del capitalismo social pretende eliminar el gasto injustificado, las administraciones paralelas, los programas de subvenciones innecesarias y la burocracia en favor de un gasto eficiente orientado a ayudar a prosperar a las comunidades, no a perpetuar la burocracia.

Reducir la burocracia y las regulaciones innecesarias, limitar el poder político y eliminar los gastos duplicados o políticos son medidas que introducen más dinero en los bolsillos de los ciudadanos, y deberían ser el objetivo del presupuesto del capitalismo social.

Ahorrar en duplicidades y subvenciones inútiles, eliminar programas sin contenido efectivo y poner fin a las redes clientelares son cosas que deberían llevarse a cabo sin reducir los gastos fundamentales, manteniendo el servicio público y aumentando el presupuesto para las cosas esenciales.

En el mundo actual, hay dos formas de ver un presupuesto gubernamental: como algo en permanente expansión que requiere constantemente una mayor presión fiscal o como un plan prioritario para utilizar menos fondos de los contribuyentes. Dicho de otro modo, sacar dinero de los bolsillos de los contribuyentes o permitir a la gente conservar más parte de su dinero.

Recurrir a volver a imprimir dinero y al gasto deficitario masivo solamente perjudicaría a los ciudadanos más de lo que lo ha perjudicado ya.

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Los resultados: la libertad es mejor que la igualdad forzosa

El conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento.

JOHN F. KENNEDY

La igualdad no es una política ni un objetivo. Es el resultado del progreso y el desarrollo. Es una segunda derivada del crecimiento y del empleo. Sin estos dos factores, no hay igualdad ni progreso.

Cuando los gobiernos sitúan la igualdad en el centro de su política, ello provoca inevitablemente menos crecimiento, menos progreso y una disminución de la igualdad. Como ya explicamos, «cuanto más orientamos los beneficios a los pobres y más nos preocupamos por crear igualdad mediante transferencias públicas iguales para todos, menos probabilidades tenemos de reducir la pobreza y la desigualdad[252]».

Esto no significa que no vaya a haber ninguna forma de política de protección social. Significa, por el contrario, que los incentivos perversos del gobierno deberían ser supervisados y controlados por la sociedad civil tanto como el gobierno corporativo. Y los gobiernos también tienen incentivos perversos, el primero de los cuales es que al utilizar muchos fondos públicos con la excusa de la «redistribución» y la «igualdad» pretenden, en realidad, crear una subclase de votantes dependientes.

¿Por qué?

El gobierno se beneficia de un creciente porcentaje de la población que depende de los subsidios. En Europa, cuando se habla del elevado índice de desempleo en comparación con Estados Unidos —casi el doble—, muchos acostumbran a responder: «Pero en Europa tenemos un nivel de protección más alto». Como si un desempleo elevado fuera aceptable por el hecho de haber muchos subsidios.

Pero eso no es cierto. Los crecientes subsidios y el gasto público de Europa no han mejorado las cifras de desempleo. La supuesta protección solamente protege a los gobiernos que la administran. Muchos populistas en Europa utilizan el subterfugio de la «austeridad» y los «recortes presupuestarios» para justificar los malos datos relativos al empleo y subempleo en general, pero eso no es más que una excusa. Con un gasto público medio de casi el 46 por ciento del PIB, y con un gasto deficitario respaldado por un Banco Central Europeo cuyo balance superó el 40 por ciento del PIB de la eurozona en 2017, hablar de austeridad en Europa es incorrecto. El control presupuestario ha sido muy moderado.

La eurozona ha sido un plan de estímulo público continuo desde su creación. Y la economía europea no está «en forma».

Según el Banco de Pagos Internacionales y Merrill Lynch, Europa tenía más empresas zombi en 2018 que antes de la crisis, con el 9 por ciento de las grandes corporaciones clasificadas como no financieras consideradas «muertas vivientes[253]», es decir, generando beneficios operativos que no cubren sus costes financieros, a pesar de los tipos de interés en su mínimo histórico y de un estímulo monetario sin precedentes.

El daño causado por los impuestos

De hecho, si algo puede decirse del tejido empresarial europeo, es que ha sido arrasado por los impuestos. La Unión Europea (UE) ha seguido obstaculizando los sectores muy productivos para apoyar a los llamados «campeones nacionales» y «zombis»: la gran cantidad de conglomerados de escaso valor añadido, plagados de deudas y con escasos márgenes. Mientras Estados Unidos era testigo del astronómico despegue de los gigantes tecnológicos y de cómo los beneficios corporativos aumentaban a un ritmo de dos dígitos, la UE decidió poner obstáculos al crecimiento, y, en 2018, en el índice del rendimiento de las empresas más grandes de Europa, el Euro Stoxx 50[254], el lector puede encontrar la misma colección de dinosaurios que existía hace una década.

A finales de 2016, los bancos europeos tenían más de un billón de euros en préstamos de difícil cobro, una cifra que representa el 5,1 por ciento de los créditos totales, frente al 1,5 por ciento en Estados Unidos o Japón[255]. Europa ha pasado de una crisis económica a otra sin poner en entredicho una regulación que considera que prestar dinero a los gobiernos y al sector público carece de riesgo.

La UE, que, en noviembre de 2008, alardeaba de tener el sistema bancario más regulado y solvente del mundo, demostró ser un monstruo normativo e hiperregulador incapaz de impedir ninguna crisis. Mientras que en Estados Unidos los bancos devolvieron su rescate (el Troubled Asset Relief Program, TARP) con intereses, dejando en la hacienda estadounidense unos beneficios de más de 15 000 millones de dólares, Europa continuó manteniendo un sistema bancario hipertrofiado y seminacionalizado con activos por valor de más del 300 por ciento del PIB de la eurozona[256]. Además, el sistema tiene unos márgenes muy pequeños y está completamente subordinado a las autoridades públicas mediante regulaciones que penalizan la concesión de créditos a las empresas privadas con muchos más requisitos de capital, sin exigir ninguno a la financiación pública.

La UE «certificó» la salida de la crisis con una tasa de desempleo del 9,1 por ciento, manteniendo todas sus rigideces en el mercado laboral, una tasa que es de más del doble que la de países con legislaciones laborales flexibles y entornos empresariales dinámicos, como Estados Unidos o el Reino Unido. ¿Y qué pasa con la deuda financiera? Que supone más del 80 por ciento del PIB.

Muchos culpan a la austeridad.

¿Austeridad? El gran vencedor de la crisis en Europa ha sido el sistema burocrático.

Con el gasto público promediando más del 46 por ciento del PIB, un déficit anual medio de más del 1,7 por ciento y una deuda del 90 por ciento, hablar de austeridad es como ir a la cocina a buscar más refrescos azucarados y cosas grasientas para picar y decir que estás haciendo ejercicio. Es irónico, como hemos dicho anteriormente.

La carga fiscal durante 2018-2019 ha aumentado a lo largo y ancho de la UE (con honrosas excepciones, como Irlanda), con una brecha fiscal media del 45 por ciento sobre los trabajadores y del 40 por ciento sobre las empresas.

Estados Unidos, en el momento álgido de su crisis, gastó el 43 por ciento de su PIB (la UE, el 50 por ciento) y redujo la cuña fiscal al 34 por ciento, y ello sucedió con el 21 por ciento del presupuesto de 2009 destinado a la defensa.

¿Falta de estímulo? La UE ya ha sido anteriormente un dinosaurio keynesiano, durante y después de la crisis. Recordemos que todo este supuesto éxito de la «acción decisiva[257]» de la UE se ha logrado con:

Un enorme estímulo en 2008 en un «plan de crecimiento y empleo[258]». Un estímulo del 1,5 por ciento del PIB para crear «millones de empleos en infraestructuras, obras civiles, interconexiones y sectores estratégicos». Cuatro millones y medio de empleos fueron destruidos, y el déficit público prácticamente se duplicó. Eso después de la crisis, porque entre 2001 y 2008 la oferta monetaria de la eurozona también se duplicó.

Dos enormes programas de recompra de bonos soberanos con Jean-Claude Trichet como presidente del BCE, y una reducción de los tipos de interés del 4,25 por ciento al 1 por ciento desde 2008. Pobre Trichet. El BCE compró más de 115 000 millones de euros en bonos soberanos.

Un extraordinario estímulo adicional del BCE de 2 billones de euros con un balance del BCE del 40 por ciento del PIB de la eurozona[259], además de los programas de liquidez de operaciones de refinanciación a más largo plazo (TLTRO[260]), los cuales provocaron que los bonos soberanos generasen el rendimiento más bajo de la historia y adquirieron hasta el 20 por ciento del total de la deuda de los principales Estados.

El Plan de Inversiones para Europa de 2014, del cual se han movilizado más de 424 000 millones de euros y se han aprobado 77 000 millones[261]. Este plan iba a «aumentar el PIB de la Unión Europea un 1,3 por ciento hasta 2020». Sin embargo, el PIB de la Unión Europea se ha revisado a la baja.

Una directiva energética con el objetivo de destinar decenas de miles de millones de euros a inversiones en energía y redes ecológicas y crear «millones de empleos».

El problema de la UE no ha sido nunca la falta de estímulos, sino el exceso de los mismos. Repito, la UE ha sido un plan de estímulo gubernamental tras otro desde su creación. A medida que los gastos y las inversiones improductivas se multiplicaban, el exceso de capacidad se mantuvo al 20 por ciento. Los constantes errores de planificación estatal dejaron más impuestos y más obstáculos a los sectores productivos, así como cargas adicionales a los ciudadanos. Esto, hasta que llegó la saturación. Entonces, todo estalló.

Gráfico 10 Aumentar el gasto público no hace más que proteger a la administración

FUENTE: Eurostat, 2017.

¿Contribuyeron todas estas medidas a paliar la desigualdad y el desempleo? No especialmente. El desempleo y el consiguiente descenso de los ingresos laborales han sido identificados como la principal razón del surgimiento de la desigualdad. Los niveles de ingresos reales se redujeron, y las clases medias fueron exprimidas desde el inicio de la crisis en la mayoría de los países europeos[262].

El problema de los subsidios y la creciente rigidez explica una parte considerable de la persistencia del desempleo en Europa[263]. Más gasto en programas sociales no ha hecho más que aumentar la burocracia.

La UE destina casi el 1,97 por ciento de su PIB anual en «programas de empleo» públicos. ¿El resultado? No gran cosa. Casi 16 millones de desempleados a finales de 2016[264].

En las décadas recientes, el desempleo en Europa ha sido considerablemente mayor que en Estados Unidos. Ello se debe a diversos factores.

Un elemento es la rigidez del mercado laboral. En la mayoría de los países europeos, contratar es extremadamente caro debido a las aportaciones sociales, a los impuestos sobre la mano de obra y a otros impuestos sobre el trabajo que representan hasta el 45 por ciento del salario total de un trabajador[265]. Despedir trabajadores también es extremadamente costoso, incluso cuando las empresas sufren pérdidas o están a punto de cerrar. A todo ello hay que añadir aspectos legales e institucionales, como el salario mínimo establecido por el gobierno y las prestaciones por desempleo, entre otros. En toda Europa existe un sistema de seguro de desempleo claramente generoso. El porcentaje de prestaciones por desempleo dividido por el salario neto es, por lo general, bastante elevado, a lo que hay que añadir la larga duración de la prestación. Los efectos económicos por el alto coste son evidentes. Asimismo, se produce un probable efecto desincentivador en la búsqueda de empleo y un efecto muy claramente negativo en el proceso de contratación debido al elevado coste por empleado para los empleadores.

Además, los salarios son bajos. De hecho, en 2016, el salario medio en la UE era de 16 561 euros anuales (alrededor de 20 360 dólares[266]). Entre 2015 y 2016, los ingresos familiares medios en Estados Unidos subieron un 3,2 por ciento, pasando de 57 230 a 59 039 dólares, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. El salario medio de los trabajadores de Estados Unidos durante el cuarto trimestre de 2017 fue, según la Oficina de Estadísticas Laborales, de 857 dólares semanales, o 44 564 dólares anuales para una semana de 40 horas laborales, más del doble que la media europea, con un coste de la vida parecido.

Al mismo tiempo, el índice de pobreza de Estados Unidos se redujo al 12,7 por ciento en 2016. En la UE, el índice de pobreza, incluso después de las transferencias sociales, supera el 17 por ciento[267]. El umbral de la pobreza es también el doble en Estados Unidos[268] que en la UE[269]..

El resumen es sencillo. El gasto público masivo y las «políticas sociales» no han hecho que los ciudadanos de la UE sean más ricos, más acomodados, o estén más protegidos.

Como hemos destacado anteriormente, en Estados Unidos los pobres son, por término medio, más ricos que los miembros de la clase media de muchos países de la UE-28, donde el salario medio era de 17 409 euros anuales en 2018.

En relación con el coste de la vida, los ingresos medios de Estados Unidos son mucho más elevados que los ingresos medios en gran parte de Europa. Así que, incluso alguien que gana menos del 60 por ciento de los ingresos medios en Estados Unidos tendrá, en muchos casos, mayores ingresos que alguien que reciba los ingresos medios de la mayoría de los países europeos[270].

Esta «protección gubernamental» no está generando mayor crecimiento, menor desempleo, salarios más elevados ni menos desigualdad. Entonces, ¿quién se beneficia? La maquinaria administrativa.

Cuando los gobiernos sitúan la igualdad y la redistribución como el pilar principal de sus políticas, el ciudadano medio sale perdiendo. ¿Por qué? Porque es más fácil y más gratificante políticamente igualar «hacia abajo» al mínimo común denominador, y resulta casi imposible hacerlo hacia arriba. Es más fácil empobrecer a los ricos que enriquecer a los pobres.

Como hemos explicado, es relativamente fácil proporcionar una educación pública universal. Lo que no es tan fácil es ofrecer una educación de calidad y diferenciada. No resulta sorprendente ver que la mayoría de las universidades públicas «gratuitas» de Europa ni siquiera figuran en las clasificaciones de las mejores universidades.

Es más fácil ofrecer subsidios y conceder a todo el mundo unos supuestos derechos que incentivar la meritocracia y alcanzar el pleno potencial de cada persona. Cuando se fracasa, los políticos recurren a cualquier chivo expiatorio: los mercados, el neoliberalismo, el capitalismo, los empleadores, los americanos, los alemanes… También es políticamente gratificante. Cuando fracasen, los políticos encontrarán nuevas y originales maneras de resolver la situación que ellos mismos han creado.

En primer lugar, los políticos pondrán toda clase de obstáculos en el camino de quienes tratan de perseverar y prosperar como individuos, incluyendo la presión por parte de aquellos que creen que se beneficiarán de una mediocridad generalizada.

En segundo lugar, desincentivarán el progreso mediante la tributación y los subsidios a los improductivos.

En tercer lugar, se presentarán como salvadores.

Mediante impuestos elevados y desincentivos administrativos para trabajar, crear empleos e invertir, los gobiernos reducen efectivamente la desigualdad…, empobreciendo a todo el mundo. Lo más importante es que el sistema de prestaciones sociales que los populistas se comprometen a defender es puesto en riesgo y es destruido precisamente por poner trabas al crecimiento, al empleo y a la productividad. No hay sector público sin un sector privado próspero.

Los políticos siempre creen que ganas demasiado dinero y que ellos gastan muy poco. La mayor parte de los líderes europeos no entienden por qué tener una gran brecha fiscal en el trabajo y la inversión obstaculiza el crecimiento y pone en peligro tanto la economía como el Estado del Bienestar, porque ponen la redistribución por delante del progreso. Aunque se autodenominan progresistas, muchos rechazan la tecnología, la automatización, la competencia, la flexibilidad y la meritocracia. Eso es simplemente regresivo.

Los políticos negarán que estén creando desincentivos al trabajo y la inversión, pero los hechos son claros. Si no ponemos el crecimiento y la creación de empleo por delante de la redistribución, destruiremos cualquier Estado del Bienestar al negar los principios económicos básicos.

Un caso claro de ideas equivocadas parapetadas bajo la excusa de la igualdad social es la renta básica universal (RBU). La renta básica universal es un pago en efectivo periódico que se realiza incondicionalmente a todo el mundo de manera individual sin requisito de prueba o trabajo. La definición de RBU del Citizen’s Basic Income Earth Network, del Reino Unido, es «un ingreso incondicional y no retirable pagado a cada individuo[271]». La razón por la cual la gente puede sentirse atraída por ella es sencillamente porque suena a dinero gratis, como un regalo, como una recompensa por haber nacido en nuestro país. Y, sobre todo, porque creemos que alguien lo pagará y no afectará a nuestro nivel de vida.

Hay muchos argumentos en contra[272], pero yo los resumiría en unas cuantas frases.

Gráfico 11. La libertad económica y la igualdad de género van de la mano

FUENTE: Extraído de James Gwartney, Robert Lawson, Joshua Hall et al., Economic Freedom of the World: 2017. Annual Report, Fraser Institute, 2017. (Gráfico elaborado por Rosemarie Fike.). Véase: https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/economic-freedom-of-the-world-2017.pdf.

LA RBU es un subterfugio de las élites para crear una subclase zombi dependiente. Piénsalo. Para algunos multimillonarios y gobiernos, la RBU es la manera perfecta de mantener a la gente tranquila y sumisa por una propina escasa y cada vez más devaluada. Es un subsidio a la obediencia. Es un desincentivo al trabajo y una medida proteccionista y xenófoba. No es universal. Es para los privilegiados de un país. De modo que deja atrás a millones de ciudadanos de los países pobres. En ese sentido, es una medida proteccionista tan atroz como conceder un subsidio por motivos de raza o de género.

La RBU no es básica. Es la promesa de una renta que se pagará en monedas cada vez más devaluadas con poder adquisitivo menguante. De modo que nosotros, como ciudadanos, renunciamos a nuestra libertad a cambio de una pequeña paga que no valdrá nada dentro de algunos años, cuando la inflación se la coma.

Por último, no es una renta. Es un subsidio, lo cual significa más impuestos a los productivos y menor crecimiento.

El problema subyacente de la renta básica universal

En 2018, Finlandia eliminó su programa de renta básica universal y decidió adoptar nuevas medidas para recortar las prestaciones de aquellos que no buscasen empleo activamente.

El programa empezó con 2000 familias y sustituyó otros programas asistenciales por una, así llamada, «renta básica». Los resultados fueron muy malos, ya que los beneficiarios no utilizaban el período del subsidio para buscar trabajo. Además, los críticos con el sistema explicaron que habría sido necesaria una subida de impuestos del 30 por ciento (a una población ya sometida a una excesiva presión fiscal) para que fuera viable.

Existía la preocupación de que los ciudadanos desempleados no se sentirían motivados para buscar empleo si recibían una renta fija, aunque fuera pequeña. Y la historia demuestra que eso es lo que sucede. En España, Andalucía estableció un plan de renta básica (PER) en 1986 para ayudar a los desempleados del sector agrícola y que recibieran una renta mínima mientras buscaban nuevas oportunidades y se desplazaban a otros sectores. Treinta años más tarde, el programa sigue existiendo, y Andalucía sigue siendo la región con más desempleo de la Unión Europea: un 20,8 por ciento en 2019[273].

Suiza rechazó también la aplicación de una renta básica universal por mayoría absoluta del 77 por ciento en una votación de 2016[274].

¿Qué podía salir mal al dar dinero sin exigir una búsqueda continuada de empleo? Todo. Heikki Hiilamo, profesor de la Universidad de Helsinki, dijo: «Existe el temor de que, si reciben una renta básica, se queden [los jóvenes desempleados] en casa jugando con el ordenador[275]».

Lo que me parece más interesante del fracaso del plan finlandés de renta básica universal no es solo que el gobierno lo eliminase, sino el hecho de que, además, se endurecieran los requisitos para poder recibir un subsidio de desempleo. Está claro que el desenlace no solo mostró unos resultados poco positivos, sino también una preocupante reacción negativa por parte de los ciudadanos a la hora de buscar trabajo.

El fallido experimento de la renta básica universal de Finlandia, así como los numerosos ejemplos de programas parecidos en Europa, deberían servir de lección a Estados Unidos. Si te pagan por estar desempleado, permanecerás sin trabajo. La falacia de que la renta básica no desincentiva el trabajo se desmorona bajo el peso de la realidad de lo poco con lo que la mayoría de la gente se conformaría con tal de seguir viviendo de las prestaciones sociales.

La renta básica universal es un desincentivo para el trabajo y un desastre económico.

El plan de empleo garantizado

¿Puede el gobierno garantizar los empleos?

Aparte de la renta básica universal (RBU), otra solución mágica que nos venden los populistas y que, de hecho, va de la mano con la RBU, es el llamado plan de «empleo garantizado».

Esta propuesta utiliza al gobierno como empleador de último recurso, dando empleo a cualquiera que esté dispuesto a trabajar, siempre y cuando el sector privado no responda creando suficientes vacantes para garantizar el pleno empleo. De ese modo, el gobierno se asegura de que los ciudadanos puedan seguir pagando y consumiendo y de que se eliminen los riesgos de que el desempleo vaya en aumento. Suena muy bien, pero, como toda solución mágica, oculta un incentivo perverso y un coste enorme.

El primer problema es cómo se financia. En realidad, el gobierno no garantiza los empleos. Lo que hace es subvencionarlos con fondos de los sectores productivos e imprimiendo dinero. Básicamente, el gobierno utiliza su acceso ilimitado al crédito, la competencia desleal mediante la tributación y el endeudamiento para generar una subvención que oculta el desempleo creando empleos en la administración que no son ni necesarios ni productivos. En ese sentido, se convierte en una política de extracción masiva, sacando ingresos de los sectores productivos y de los contribuyentes para crear un gigantesco ejército de clientes políticos cautivos.

Esto no es nada nuevo. Argentina decidió hacer lo mismo hace unos años. Lo denominó «política de inclusión social». Iba a garantizar el pleno empleo sin crear inflación porque una mayor actividad económica absorbería el efecto inflacionista de imprimir dinero para pagar la subida de los salarios del sector público.

El economista y legislador francés del siglo XIX Frédéric Bastiat decía: «Todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado, y se olvida de que el Estado vive a expensas de todo el mundo».

Según el Ministerio de Trabajo de Argentina, en 2018, el empleo público representaba más del 11 por ciento del presupuesto. En Argentina, solamente dos provincias tienen un porcentaje de empleo público por debajo del 30 por ciento del total. Si tenemos en cuenta todas las provincias, en siete de ellas el personal empleado en el sector público es superior al 51 por ciento, pudiendo llegar al 69 por ciento. Más del 65 por ciento de las provincias cuenta con un porcentaje de empleo público superior al 40 por ciento del total. El ministro de Trabajo calcula que más de 3,5 millones de empleos son pagados mediante impuestos de las administraciones nacional, provincial y municipal, cifra que ha aumentado más del 60 por ciento desde 2002.

Según un estudio realizado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), ¡el empleo público en Argentina aumentó cinco veces más rápido que la población entre 2000 y 2015! La tasa media de crecimiento del empleo público fue del 5 por ciento anual, mientras que la población aumentó a un ritmo del 1 por ciento. El número de empleados del sector público aumentó más del doble entre 2000 y 2014.

¿Mejoró este gigantesco «plan de empleo público» la economía? No. Obviamente, trajo consigo la estanflación[276]. Imprimir dinero para pagar salarios provocó una enorme inflación, cercana al 30 por ciento anual, y la economía del país se deterioró rápidamente.

Adivina qué otro país probó el programa de «empleo público garantizado».

Sí, Grecia.

Entre 1976 y 2012, el número de funcionarios griegos se multiplicó por tres, mientras que la mano de obra del sector privado aumentó solamente el 25 por ciento. Esto, sumado a las más de 70 empresas públicas que presentaban pérdidas y a una cifra de gasto público con relación al PIB que ascendió al 59 por ciento y promedió un 49 por ciento desde 2004[277], sentó las bases del drama griego. Deuda masiva, pérdida de competitividad y desplome económico.

John Carney[278], en un artículo de 2011, explicó:

Hay al menos tres razones por las cuales el empleo garantizado no puede funcionar.

Es extremadamente inflacionista. Si bien emplear a los desempleados puede no crear una presión al alza sobre los salarios, sí que aumenta drásticamente la demanda. La renta nacional se incrementa por la cantidad pagada por el gobierno a aquellos que trabajan en empleos garantizados. Esa renta procede enteramente de dinero de nueva creación, de modo que la oferta de empleo se expande. Sin embargo, esa demanda adicional no se corresponde con una oferta adicional.

Las personas que trabajan en empleos garantizados no producen los bienes que el mercado necesita. El producto de su trabajo es en gran medida estéril, lo que significa que la demanda aumenta sin que aumente la oferta de los bienes deseados. El resultado: inflación.

Administrativamente es una pesadilla. Actualmente [2011] hay más de 13,5 millones de personas desempleadas en Estados Unidos. Crear empleos que valgan la pena para cada una de ellas es imposible. Incluso aunque hoy tuviéramos 13,5 millones de empleos listos para ponerse manos a la obra, nos quedaríamos enseguida sin ellos el año que viene o el otro.

Cullen Roche describe el programa del siguiente modo: «En 2011, había 13,5 millones de personas desempleadas. El gobierno federal emplea en la actualidad a 2 millones de personas. Walmart emplea actualmente a 1,8 millones de personas y es el mayor empleador del sector privado. No se está hablando simplemente de un programa de empleo público. Se está hablando de superar a Walmart más de cinco veces. Un plan de empleos garantizados implicaría el mayor programa gubernamental jamás aplicado en la historia del mundo».

Provoca estancamiento económico. El gobierno compraría el trabajo de personas cuyas habilidades no son demandadas por el mercado, impidiendo que dichas personas traten de adquirir nuevas habilidades. El capital humano estancado, simplemente, continuará estancado.

El verdadero riesgo de este «empleador de último recurso» es que perpetúa el exceso de capacidad, subvenciona a los improductivos utilizando los fondos de los productivos y desincentiva el cambio, la innovación y la mejora del capital humano.

El gobierno utiliza su enorme ventaja para mantener el pasado a expensas del futuro, destruyendo las posibilidades de progreso mediante subsidios masivos.

Al final, el gobierno no garantiza ni crea empleos; simplemente oculta el desempleo creando una clase dependiente. A medida que los sectores productivos e innovadores desaparecen a causa de la tributación y la inflación, lo único que garantiza el gobierno es el estancamiento y la pobreza masiva mediante la destrucción del poder adquisitivo de la moneda.

Es muy sencillo. ¿Por qué los partidarios de la RBU rechazan de plano un impuesto negativo que logra lo mismo sin los incentivos perversos[279]? Porque, de hecho, un impuesto negativo funciona como un incentivo para trabajar y fortalece la sociedad civil. La RBU únicamente fortalece al gobierno y crea una subclase de clientes zombis dependientes.

¿Por qué esa obsesión por la igualdad? No es para aumentar la riqueza, sino para impedir a los ciudadanos librarse de la necesidad de mendigar al Estado. Siempre suelo decir que los intervencionistas se preocupan mucho por los pobres, por eso crean millones de ellos cada año. La obsesión por la igualdad alcanza tal nivel de locura que, como mencionamos anteriormente, algunos han llegado incluso a aplaudir que la «desigualdad» se haya reducido en Afganistán o en Venezuela mientras que la población se ha empobrecido. Se trata, simplemente, de miseria para todos.

Hemos llegado a tal nivel de delirio intervencionista que olvidamos que la igualdad y el Estado del Bienestar no son la causa sino el resultado del crecimiento económico y de la creación de empleo. Olvidamos que el sector público no dispone de recursos si agota y arrasa el sector privado, y que la base de la prosperidad es el ahorro, no el gasto.

Desgraciadamente, un supuesto experto siempre convencerá a un político de que nunca se trata de un problema de derecho a subvención, y no digamos de gasto, y de que todo lo que tiene que hacer el gobierno es imprimir dinero y aumentar la deuda. ¿Qué nos dirán esos expertos cuando les informemos de que no ha funcionado en el pasado y de que los desequilibrios no hacen más que aumentar? Nos dirán que «esta vez es distinto» y «no entiendes el dinero». Mientras tanto, tú y yo solamente vemos cómo el dinero sale de nuestros bolsillos.

La importancia de la confianza social es crítica cuando se trata de los servicios públicos[280]. Si creemos que cualquier gobierno hará siempre uso de fondos públicos de la manera más conveniente para su gente, caeremos en un error tras otro. La responsabilidad y el control de la sociedad civil son esenciales para evitar la corrupción y las malas inversiones.

«Las personas son las creadoras de la prosperidad. Sin el ingenio y la innovación humanos seguiríamos viviendo en cuevas y tendríamos una esperanza de vida de 25 años. Más personas, en un entorno de libertad y libre mercado, significan más prosperidad», dijo Steve Forbes[281].

Confianza social y capitalismo social

La confianza social es parte integrante del capitalismo social; no solo la confianza en el sistema y la ciudadanía, sino la confianza en la manera en que los gobiernos y las administraciones públicas gestionan los ingresos tributarios. Cuando los ciudadanos perciben que el sistema está lleno de incentivos perversos, la confianza social disminuye. La clave de la confianza social es la igualdad de oportunidades, no la igualdad forzosa de resultados. Las sociedades más igualitarias no están necesariamente más cohesionadas, de modo que debemos considerar la igualdad como un resultado, como una parte de un rompecabezas más complejo, no como un objetivo político[282].

Como señala la economista Deirdre N. McCloskey: «La igualdad económica no tiene, como tal, una especial importancia moral. En cambio, deberíamos ayudar a los pobres hasta que alcanzaran un nivel suficiente para funcionar en una sociedad democrática y llevar una vida plena[283]».

El beneficio del capitalismo social es que los incentivos perversos creados por la corrupción, el clientelismo y la excesiva concentración de poder desaparecen porque la administración no es un poder en sí misma, sino un servicio.

A diferencia del estatismo, que promueve la creación de oligopolios y monopolios en torno al gobierno, el capitalismo social promueve la competencia mediante la eliminación de las subvenciones y las barreras comerciales injustas.

El capitalismo social no está construido sobre los débiles cimientos de la deuda y el gasto deficitario. El capitalismo social entiende que la clave de la prosperidad son los ahorros que promueven inversiones saludables, no el exceso de deuda.

Penalizar el ahorro y cobrar impuestos al éxito es lo contrario a ser progresista.

Reconstruir la clase media es una parte clave del futuro. Eso no sucederá con políticas que han fracasado repetidamente. El proteccionismo, la tributación confiscatoria y la penalización de los sectores de mayor productividad para subvencionar a los clientelistas y obsoletos mediante una deuda masiva y gasto deficitario son la receta para el estancamiento.

El capitalismo social tiene que ver con devolver el control a la sociedad civil, poniendo límites al poder de los gobiernos y de las corporaciones mediante el mecanismo más poderoso y exitoso que existe, el de la competencia y el libre mercado, así como limitando las decisiones políticas discrecionales sobre financiación y subvenciones y maximizando la transparencia.

La capacidad de los ciudadanos para alcanzar el capitalismo social es mucho mayor en Estados Unidos que en muchos otros países, incluidos los de la eurozona. Una actitud verdaderamente progresista ante el futuro consiste en asumir y liderar el cambio tecnológico, no en tratar de detenerlo. Consiste en reforzar la competencia y limitar los incentivos perversos, no en insistir en las políticas fallidas.

El fortalecimiento de la clase media no vendrá de la devaluación de las monedas ni de la perpetuación de los desequilibrios. La solución no es más gobierno. Ni más gasto. Es gastar mejor. La administración debería consistir en gestionar los recursos existentes para proporcionar el mejor servicio, no en elaborar una lista de deseos de las necesidades de gasto del gobierno y exigir a los ciudadanos que la cumplan.

Para construir un capitalismo social tenemos que empezar por preservar y defender la esencia del libre mercado, la meritocracia y la iniciativa individual. A partir de ahí, tan solo es cuestión de desengrasar un sistema que ha depositado demasiadas esperanzas en la inexistente varita mágica de los gobiernos y en soluciones mágicas que nunca funcionan.

12

Nuestros hijos y nietos vivirán mejor que nosotros: el argumento moral a favor del capitalismo social

Crea tu futuro desde tu futuro, no desde tu pasado.

WERNER ERHARD

El miedo es una herramienta muy poderosa. Al decirnos constantemente que los robots nos quitarán el trabajo, que la próxima crisis será devastadora y que la vida será peor, los intervencionistas implantan en nuestra mente una idea muy peligrosa: que es indispensable que renunciemos a nuestra libertad y a nuestros derechos individuales a cambio de una seguridad y una protección que dichos intervencionistas no pueden ni van a proporcionarnos.

Predecir futuros distópicos es muy rentable políticamente. Nos hace creer que no hay más alternativa que la servidumbre y que entregarnos al intervencionismo mendigando una seguridad que nunca se nos va a dar.

Lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos es ser muy conscientes de los incentivos perversos de las predicciones catastrofistas, especialmente cuando proceden de los políticos y de los expertos que les rodean. Lo segundo es recordar la realidad de los hechos.

Por ejemplo, si tenemos en cuenta las predicciones de expertos de mediados de la década de 1980, haría más de 19 años que nos habríamos quedado sin petróleo, sin agua y sin empleos[284].

Recuerdo una mesa redonda muy interesante en la Philadelphia Society Summit, en abril de 2018, en la cual Mark Mills, coautor de The bottomless well[285], explicó cómo las predicciones negativas sobre el futuro se basan siempre en importantes errores de diagnóstico. Si recordamos el grupo de «expertos» del Club de Roma y sus «límites al crecimiento» o las estimaciones malthusianas[286], veremos que estaban absolutamente equivocadas por lo que respecta al bienestar y la disponibilidad de recursos.

De hecho, en 2018, la pobreza no solo no había aumentado, sino que había descendido al nivel más bajo en siglos, como hemos explicado anteriormente. Cada vez más ciudadanos del mundo tienen más acceso que nunca a una vida de calidad, al agua potable y a las medicinas.

Nunca ha existido una época mejor en la que vivir, pero los intervencionistas nos tienen que hacer creer que es la peor y, lo que es más importante, que la implementación de sus medidas políticas, incluso las más extravagantes, no van a empeorar la situación. Y es así como se entiende que una gran parte de los ciudadanos acepten que en los programas políticos de partidos de extrema izquierda y derecha se incluyan medidas radicales como la salida del euro, impago de la deuda, proteccionismo… Pero esto es falso. Las cosas pueden ir mucho peor.

Esto favorece la aparición del populismo. Si caemos en la trampa de creernos la propaganda falsa de que «las cosas no pueden ir peor» tenderemos a votar soluciones mágicas, políticas radicales e ideologías como el comunismo y el fascismo. Pero las cosas pueden empeorar, lo hacen y mucho, como han podido comprobar los ciudadanos de Venezuela, Grecia y Zimbabue.

Si creemos que el sistema actual es el peor y no apreciamos sus aspectos positivos, a los populistas radicales les resultará muy fácil vendernos la idea de que todo el sistema tiene que cambiar. Y siempre se trata de un programa para promover un sistema totalitarista disfrazado con palabras como «social» y «pueblo».

¿Cuáles son los errores que cometen los intervencionistas y algunos expertos a la hora de debatir acerca de estimaciones futuras? Podríamos decir que son estos:

«Presentismo»: exagerar lo que percibimos en el presente como algo que solo va a empeorar.

Nostalgia: edulcorar el pasado como algo falsamente idílico.

Distopía: el exagerar el presente y estimar enormes catástrofes para el futuro.

El primer error lo denomino «presentismo», es decir, exagerar la situación actual. Puede verse en muchas ocasiones en los debates celebrados en la radio o la televisión. Cualquier dato positivo o fáctico es negado mediante un ejemplo aleatorio —probablemente inventado o sacado de contexto— de la «realidad». Por ejemplo, el desempleo se encuentra en su mínimo histórico a nivel global[287]. Una respuesta típica sería: «Eso es falso. Mi tía gana 300 euros al mes y trabaja “50 horas al día”». La lupa del populismo siempre recurrirá a algún ejemplo aleatorio —real o inventado— para negar la realidad en su conjunto.

No se trata de fake news, es algo peor. La idea es negar los hechos y las cifras como marco de referencia. Al eliminar los hechos del debate, todo el debate pasa a tratar sobre emociones personales, y entonces la maquinaria propagandística puede crear realidades alternativas para promover su programa intervencionista. Nadie que haya defendido alguna vez la libertad ha tenido miedo de debatir con datos y cifras, porque la búsqueda de la libertad incluye un debate abierto acerca de las ideas y las políticas. Los totalitarios tienen que negar los hechos para vender su programa, en primer lugar para alcanzar el poder, y a continuación para mantenerse en él cuando sus políticas fracasen.

El segundo error, intencionado o no, en las predicciones de futuro procede de la «nostalgia» y del famoso mensaje que dice que «esta vez es distinto[288]». Es muy típico edulcorar el pasado con mensajes falsos sobre lo fácil que era la vida para nuestros padres o abuelos, y también exagerar los retos del presente e ignorar por qué las predicciones negativas no se cumplieron en el pasado, especialmente por lo que respecta a la tecnología, los empleos y los recursos. Hay muy pocos que tengan en cuenta los errores del pasado cuando dichos errores fueron debidos a la intervención del gobierno y que digan: «No funcionó, no lo volvamos a probar». La mayoría de los populistas recurrirán siempre al subterfugio de decir que esta vez las cosas son totalmente diferentes y que, por tanto, las políticas fallidas del pasado sí que funcionarán.

La mayor falacia procede del socialismo, como hemos explicado anteriormente. Los socialistas y los comunistas siempre dicen que los regímenes de las naciones fallidas no eran realmente socialistas y que, por tanto, hay que volver a probar.

El argumento de «esta vez es distinto» es muy contundente a la hora de promover la supuesta amenaza de la tecnología sobre la creación de empleo. Los intervencionistas tienen que hacernos creer que nuestro futuro está en peligro. La única manera de que lo creamos es considerando que las cosas que más valoramos están en riesgo. Sin embargo, los ciudadanos desconfían de la futura amenaza distópica si no va acompañada de la falacia de la «red de seguridad». Las cosas no pueden ir peor y esta vez es distinto. Es decir, lo que tenemos es seguro, pero tenemos que renunciar a nuestra libertad para protegerlo.

Obviamente, ninguno de los mensajes anteriores funciona a menos que añadamos el tercer y más fundamental error.

El tercer error de las predicciones de futuro es el que sustenta el éxito del populismo en su objetivo de lograr el control absoluto. La distopía: un futuro que se ve como catastrófico y de emergencia y contra el que «no podemos hacer nada». Este error subestima el ingenio humano, la innovación, la iniciativa y el potencial de la sociedad civil. De hecho, este mensaje niega por completo cualquiera de esos factores. Anular a los individuos es fundamental para promover la igualdad forzosa, aniquilar la libertad e imponer el control totalitario. Rechazar la posibilidad de la innovación y del mérito es lo que, como ciudadanos, nos hace pasar de ser saludablemente pesimistas o cautelosos a sucumbir directamente al totalitarismo.

Es fácil creer que el sistema de controles y contrapesos del Estado impide el auge del totalitarismo, pero debemos recordar que el constante debilitamiento de las instituciones, sumado al blanqueo de las ideologías extremistas, crea el terreno perfecto para que las masas ataquen una sociedad abierta y libre.

Nuestros hijos y nietos vivirán mejor que nosotros, siempre y cuando aprecien los logros de las sociedades libres modernas y rechacen las premisas del «presentismo» y la exageración de los aspectos negativos.

Deberíamos valorar el progreso mundial y seguir avanzando, no retrocediendo. La tasa mundial de adultos alfabetizados era del 86 por ciento en 2016, mientras que la de alfabetización de los jóvenes era del 91 por ciento. Hace tan solo 50 años, casi una cuarta parte de los jóvenes carecía de conocimientos básicos de lectoescritura, mientras que en 2016 la cifra era inferior al 10 por ciento.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esperanza de vida mundial se ha multiplicado durante los últimos 50 años y ha aumentado en cinco años solamente entre 2000 y 2015[289]. La esperanza de vida en Estados Unidos ha aumentado en 13 años entre 1970 y 2015, llegando el índice de desarrollo humano (IDH) a 0,92 en 2015[290]. El PIB per cápita se ha duplicado entre 1990 y 2015, y el coeficiente de Gini, indicador de la desigualdad, presenta un importante nivel de igualdad[291].

Cuando se produjo la fundación de Estados Unidos en 1776, con su Declaración de Independencia, el 80 por ciento de los empleos correspondían a la ganadería y la agricultura. Actualmente, esos empleos representan menos del 2 por ciento, debido a la tecnología y la innovación. Gracias al aumento de la productividad y al progreso, el 78 por ciento restante corresponde actualmente a empleos de personas que trabajan en industrias más desarrolladas y especializadas, con mayor remuneración y mejor calidad de vida.

Los mensajes distópicos son erróneos[292].

La tecnología, el capitalismo y la libertad económica son mejores impulsores del aumento de la igualdad y del bienestar que el intervencionismo.

El capitalismo no necesita una defensa moral porque ha demostrado ser el mejor sistema para toda la humanidad. Sin embargo, en una época de populismo y bajo la peligrosa amenaza del totalitarismo, vale la pena recordar un artículo muy concluyente de Joel F. Wade[293]. He aquí un extracto destacable:

El capitalismo anima al hombre ambicioso a pensar: «¿Qué puedo crear y/o producir que tenga valor y beneficie a los demás hasta el punto de que estén dispuestos a intercambiar gustosamente por ello el dinero que tanto les ha costado ganar? ¿Cómo podría comunicarme con ellos y persuadirles de ese valor? ¿Cuál sería la mejor manera de utilizarlo?».

El estatismo anima al hombre ambicioso a pensar: «¿Cómo puedo obtener más poder para hacer mi voluntad, utilizando la fuerza para imponer mis ideales —bienintencionados o malintencionados— a los demás?».

En la búsqueda honrada de la autoridad moral entre el capitalismo y cualquier otra forma de estatismo no hay discusión. El capitalismo es lo que nos hace humanos.

El capitalismo es lo que nos anima a sacar lo mejor de nuestra naturaleza, a tener en cuenta las experiencias de los demás y a colaborar pacíficamente para hacer que las cosas sucedan.

La escritora Ayn Rand también lo explicó claramente:

El capitalismo, por naturaleza, conlleva un proceso de movimiento, crecimiento y progreso constante. Crea las condiciones sociales óptimas para que el hombre responda a los desafíos de la naturaleza de la mejor manera para avanzar en su vida. Actúa en beneficio de todos aquellos que deciden participar activamente en el proceso productivo, sea cual sea su nivel de habilidad[294].

No es de extrañar que las sociedades más progresistas, más prósperas y más sociales sean todos sistemas capitalistas sin excepción. El capitalismo es lo que hace que el bienestar sea sostenible y que las sucesivas generaciones sean más ricas y productivas.

El capitalismo es el mejor sistema para crear un crecimiento económico, social y respetuoso con el medio ambiente que sea sostenible. Ello se debe a que asigna recursos de la mejor manera para proporcionar bienes y servicios mejores y más abundantes a la población.

La prosperidad y la igualdad son imposibles sin el capitalismo. Cualquier otro sistema ha generado constantemente pobreza y escasez. De la única manera que han generado igualdad ha sido empobreciendo a todo el mundo, excepto a los oligarcas próximos al poder.

El capitalismo no solo es el mejor sistema para generar un crecimiento sostenible, sino que todo el resto de sistemas que nos venden fracasan porque pervierten las normas económicas y morales más básicas.

Al decidir desde un punto de vista administrativo quiénes son los ganadores y los perdedores, a menudo los políticos escogen a los ganadores incorrectos y convierten en perdedores a todo el mundo. En su libro Faith and liberty: the economic thought of the late scholastics, Alejandro A. Chafuen muestra cómo los pensadores cristianos entendieron la importancia del libre mercado para ofrecer prosperidad. El cristianismo y el libre mercado no solo son compatibles, sino que el capitalismo ha sido influido por el pensamiento cristiano desde sus inicios[295].

El papa Benedicto XVI explicó claramente los riesgos del estatismo:

El papel del Estado no es ejercer el poder, sino proteger los derechos del individuo y el bienestar de todos. El papel del Estado no es crear felicidad para la humanidad. Su cometido no es crear hombres nuevos. El cometido del Estado no es convertir el mundo en un paraíso y, de todas formas, no puede hacerlo. Por eso, cuando intenta hacer todas esas cosas, se vuelve absolutista y se excede en sus deberes. El Estado se comporta como si fuera Dios y se convierte en un monstruo del abismo[296].

La tecnología y el capitalismo actúan formando un círculo virtuoso que genera más crecimiento. Estudios realizados por Robert Atkinson, presidente de la Fundación para la Tecnología de la Información y la Innovación (Information Technology & Innovation Foundation, ITIF) muestran que el crecimiento económico mejora en un punto porcentual gracias a la tecnología.

La tecnología y el capitalismo contribuyen al aumento de la clase media a nivel global y, al mismo tiempo, incrementan el acceso a la información y la cultura, aumentando exponencialmente el nivel educativo de los ciudadanos de todo el mundo.

Asimismo, la tecnología y el capitalismo aumentan drásticamente el poder adquisitivo de los ciudadanos, democratizando el acceso a bienes y servicios.

El capitalismo es la mejor forma de lograr la igualdad real. Nuestro objetivo es preservar grandes logros y desarrollar sociedades para lograr una mayor prosperidad. No existe ningún contrato social intergeneracional si destruimos los cimientos de la libertad y la prosperidad y les endosamos la factura a nuestros nietos.

Nadie ha avanzado jamás mirando hacia atrás.

La igualdad no es una política.

La igualdad es el resultado de la prosperidad.

No hay prosperidad sin libertad económica.

La alternativa es sencilla. ¿Libertad o igualdad?

La respuesta está muy clara. Libertad para lograr la igualdad real a través del progreso. El intervencionismo y el populismo son lo contrario al pensamiento progresista. Son regresivos.

La respuesta es el capitalismo social.

Epílogo

Una nueva mentalidad capitalista y un futuro más brillante

Standing on top of the world / gonna give it all we got.

(«En la cima del mundo, / vamos a darlo todo»).

Letra de la canción «Top of the world»,
de VAN HALEN

Los nuevos populistas, como todos los intervencionistas, se aprovechan de los temores de la ciudadanía. Efectivamente, la sociedad se enfrenta a algunos retos, especialmente al riesgo sistémico de las políticas intervencionistas, pero ni el presente ni el futuro son pesimistas. De hecho, como veremos, es de esperar que la economía mundial se dispare. Las posiciones políticas extremistas a ambos lados del espectro únicamente hacen que el futuro parezca sombrío para promover un programa intervencionista que les ceda poder.

Debemos impedir que los populistas nos manipulen para que abandonemos lo que funciona. El intervencionismo, en todas sus formas —el proteccionismo, la política monetaria consistente en dar algo a cambio de nada, el socialismo o cualquier otra solución mágica que se ofrezca—, no funciona. Lo que funciona es el libre mercado y la libre competencia. El capitalismo ha impulsado la innovación tecnológica y el crecimiento económico durante siglos, sacando de la pobreza a millones de personas que han entrado a formar parte de la clase media. A nivel mundial, alguien entra a formar parte de la clase media cada segundo. El futuro es cada vez más prometedor.

Sin embargo, sería negligente no llevar el capitalismo al siguiente nivel. En el siglo XXI, la sociedad se enfrenta a muchos problemas que ya hemos detallado. No debemos abandonar el capitalismo ni el libre mercado, pero sí que deberíamos ajustar nuestras inversiones a la nueva realidad mundial. El crecimiento futuro no será impulsado exclusivamente por el aumento del consumo de los productos básicos, el cual se está estabilizando a medida que más parte de la población se incorpora a la clase media.

Esto puede observarse en el paso de las economías industriales a economías de servicios en el mundo desarrollado. El mundo desarrollado sigue consumiendo materias primas, desde luego, pero el nuevo crecimiento es impulsado por la innovación tecnológica, no por un mayor consumo de las materias primas. Y, dado que la innovación tecnológica permite realizar más trabajo con menos recursos, la economía se vuelve más sostenible al necesitar menos inputs para cada unidad de producción. Pensemos, por ejemplo, en la eficiencia del combustible de los coches, la cual ha ido mejorando desde el principio y seguirá haciéndolo. Los coches del futuro, si es que necesitamos coches, utilizarán solamente una fracción de la energía que utilizan hoy en día.

Esas tendencias continuarán, ya que el nuevo crecimiento es impulsado por la tecnología, la educación, la economía del conocimiento y la mejora del bienestar social, no debiendo confundirse esto último con los programas públicos de prestaciones sociales. La mejor manera de lograr el bienestar social y la igualdad de oportunidades no es mediante programas gubernamentales, sino más bien mediante un modelo económico capitalista que, por un lado, promueva la innovación, la iniciativa, el crecimiento económico y la creación de riqueza y, al mismo tiempo, atienda a las necesidades de la sociedad. Eso es el capitalismo social. Queremos construir una economía sólida que no solo proporcione bienes y servicios a una clase media cada vez más grande, sino también educación, asistencia sanitaria y unos niveles mínimos de bienestar social. Esto se ha intentado lograr en el pasado obstruyendo el buen funcionamiento del modelo capitalista con un Estado del Bienestar parásito, y ha fracasado. Ello explica por qué gran parte del mundo sufre dificultades, mientras que a Estados Unidos y a los países nórdicos, con sus mercados abiertos y competitivos, les va mejor.

Debemos adoptar una nueva mentalidad capitalista que reconozca que las inversiones en bienestar social son inversiones seguras que resultan mutuamente beneficiosas, tanto para los agentes económicos como para el resto de partes interesadas en el mismo sistema global. Invertir en medio ambiente, educación, asistencia sanitaria y bienestar social es beneficioso, no solo para la sociedad sino también para el inversor. Esto no es una nueva clase de capitalismo, ya que seguimos hablando de competencia y libre mercado, sino una nueva mentalidad capitalista que reconoce que invertir en el bien público tiene sentido desde el punto de vista empresarial.

Tenemos que rechazar las ideologías intervencionistas populistas.

Si bien, objetivamente, la sociedad está mejorando, no todo el mundo lo percibe de ese modo. El ciudadano medio tiene la impresión de que algo no va bien; no le parece que las cosas le vayan mejor.

Y no se equivoca al ignorar parte del actual ciclo de prosperidad. La política de demanda crea un ciclo constante de prosperidad y depresión en el que únicamente determinados grupos disfrutan de la prosperidad, mientras que las masas encajan el golpe cuando estalla la burbuja. Durante los años de prosperidad, la mayor parte de la creación de riqueza recae en el gobierno y sus sectores amiguistas, mientras que los ciclos de depresión desencadenan la socialización de las pérdidas bajo la forma de rescates y expansión de la oferta monetaria, lo cual provoca inflación. Tal vez el mayor sector amiguista de todos sea el sector financiero, el cual está más o menos en connivencia con los banqueros centrales para transferir riqueza a los propietarios de activos devaluando la moneda e inflando los activos.

A pesar de la reacción negativa ante la «globalización», a ninguna persona razonable le debería parecer mal la globalización real, la cual, originalmente, tenía que ver con el libre comercio y el acceso a los mercados internacionales. Todos hemos cosechado los beneficios. En el mundo en vías de desarrollo, la globalización ha creado una nueva clase media, sacando de la pobreza a millones de chinos, indios y personas de otros países. Estados Unidos y otras economías desarrolladas, por su parte, han disfrutado de mejores productos y servicios procedentes de todo el mundo.

Con lo que la gente no está satisfecha es con el exceso de los planificadores centrales cuando toman decisiones sobre la economía mundial que dejan a millones fuera de la solución. Los planificadores centrales de organismos supranacionales están tomando las decisiones importantes sobre política monetaria y comercial, aunque no son elegidos y la mayoría de las personas ni siquiera conocen sus nombres. Esos planificadores centrales intentan corregir los desequilibrios económicos desde la buena voluntad creando artificialmente señales de demanda, pero ignorando el exceso de oferta. Eso es lo que provocó los ciclos de prosperidad y depresión que han dejado insatisfechos a los ciudadanos corrientes y a gran parte del mundo desarrollado que percibe que no ve los beneficios del crecimiento económico. El ciudadano medio se siente excluido de los beneficios de la globalización.

Los gobiernos tienden a interpretar los problemas económicos como problemas de demanda, deciden incentivarla creando señales falsas que conducen a un aumento de la deuda y debilitan la productividad. La política de bajar los tipos de interés y ampliar la oferta monetaria perjudica a la clase media, la cual ve mermados sus ahorros y su poder adquisitivo a causa de la inflación, pero beneficia a los propietarios de activos.

Al perpetuar los desequilibrios a expensas de los ahorradores y los contribuyentes como parte de las políticas de demanda fiscal y monetaria, los gobiernos transfieren riqueza involuntariamente de los ciudadanos medios a los subvencionados e improductivos.

Cuando los populistas afirman que los gobiernos están perjudicando a la clase media, no están del todo equivocados en el diagnóstico. Sin embargo, su error está en que, en vez de corregir el problema del intervencionismo, promueven como solución acumular más intervencionismo. ¡Su «cura» consiste en administrar más del mismo veneno! Por supuesto, cada extremo político tiene su propio chivo expiatorio. Los socialistas culpan al capitalismo y al inexistente neoliberalismo. Los proteccionistas culpan al libre comercio, a la inmigración y a la globalización. Ambos están equivocados. El propio intervencionismo que propugnan es lo que está destruyendo a la clase media. Porque vivimos en una época de auge de las políticas socialistas y proteccionistas, no de mercados libres.

El daño infligido por los ciclos de prosperidad y depresión intervencionistas también ha provocado que mucha gente sea susceptible de asumir ideologías peligrosas que manipulan a los ciudadanos para que voten a favor de más intervencionismo echándole la culpa a un enemigo exterior. ¿Por qué? Porque dan la impresión de firmeza e ideas claras. «Al menos este va a hacer algo en lo que cree», pensará alguno. Como si esa firmeza en la equivocación no fuera extremadamente peligrosa y el germen del totalitarismo. Esto lo vemos en toda Europa, donde tanto los peligrosos partidos de extrema derecha como los de extrema izquierda están adquiriendo poder y protagonismo. Hay que rechazar la peligrosa manipulación de esas ideologías extremistas.

En cierto modo, el capitalismo social debería ser del agrado tanto del centroderecha como de la izquierda. Ambos lados del espectro político quieren lograr más bienestar social para más personas, simplemente tienen ideas diferentes sobre cómo conseguirlo.

La izquierda radical pone al gobierno en el lugar de Dios. Cree que el mercado es una fuerza negativa y que debe ser limitado por un gobierno cada vez más poderoso, el cual creen que no solamente debería asumir el control de la distribución, sino también de la producción real. Quieren abandonar el capitalismo en favor de un Estado paternalista, intervenido y dictatorial. Sin embargo, paradójicamente, la falacia de su Estado paternal reduce el bienestar social, como hemos visto, al estrangular a los mercados que proporcionan bienes y servicios. Necesitamos soluciones de mercado a nuestros problemas sociales, no más intervencionismo público contraproducente. La izquierda tiene que abandonar sus métodos preferidos, los cuales son soluciones mágicas que no funcionan, para lograr los objetivos reales de asistencia sanitaria universal, educación asequible de calidad y más bienestar social para todos. Se trata de objetivos nobles que vale la pena tratar de alcanzar mediante el mérito, la competencia y la innovación; pero los métodos intervencionistas de la izquierda están saboteando el esfuerzo. Por ejemplo, la fijación en la asistencia sanitaria de pagador único es errónea. Los sistemas de pagador único son solo una forma de lograr la asistencia sanitaria universal, pero no necesariamente la mejor y, desde luego, no la más adecuada para los ciudadanos.

Mientras que la derecha populista europea finge defender el capitalismo como el impulsor del bienestar social, muchos partidos de esa misma ideología rechazan el libre mercado y exigen la intervención estatal. El mercantilismo estatista es tan erróneo como el socialismo. El centro y la derecha tienen que abandonar el intervencionismo y comprometerse de nuevo con la competencia y el libre mercado.

Debemos ampliar nuestras ideas acerca de lo que es una buena inversión. Las inversiones en bienestar social, educación, asistencia sanitaria universal y medio ambiente son inversiones rentables que impulsarán el crecimiento, la obtención de mejores bienes y servicios y mayores beneficios.

No tenemos por qué rechazar lo que deberían ser nuestros objetivos sociales comunes por el simple hecho de que la izquierda radical se haya apropiado del lenguaje y de esos objetivos con fines políticos. Puedes oponerte a los fallos en detalles del Acuerdo de París, una iniciativa ineficaz no vinculante para regular las emisiones de carbono, sin rechazar los beneficios de esa misma iniciativa, proteger el medio ambiente y querer encontrar soluciones de mercado. Puedes estar en contra de la redistribución intervencionista y del asistencialismo y seguir queriendo invertir en una asistencia sanitaria ampliamente disponible y asequible y en el bienestar de la comunidad.

Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha están ancladas en el pasado. En vez de mirar hacia fuera y hacia el futuro, miran hacia dentro y hacia el pasado. La extrema izquierda está comprometida con modelos político-económicos fallidos, modelos de control estatal que han demostrado ser ineficaces y peligrosos. La extrema derecha ha adoptado el proteccionismo e incluso ideas socialistas para proteger sectores obsoletos subvencionados o controlados por el Estado. No deberíamos fijarnos en el pasado, sino mirar hacia el futuro, el cual puede ser muy prometedor si adoptamos el capitalismo social e invertimos en el bien común.

¿Por qué se han alejado tanto los partidos políticos de sus raíces? ¿Por qué tantos jóvenes son partidarios del socialismo o el totalitarismo de derechas? En primer lugar, porque la prosperidad trae consigo la autocomplacencia. La inmensa mayoría cree que las cosas no pueden empeorar, cuando lo cierto es que sí pueden y lo hacen, pero, principalmente, porque damos por sentadas las conquistas de la prosperidad.

La clase media del país más importante del mundo sigue sufriendo dificultades en medio de una recuperación, porque continúa recuperándose. Culpar a los gobiernos puede ser parcialmente correcto; reclamar más gobierno está claro que no es la solución.

La intervención gubernamental a través del mercantilismo o el proteccionismo es tan peligrosa y contraproducente como cualquier otra forma de socialismo.

Nadie debería defender los modelos intervencionistas aunque he oído a algunos conservadores estadounidenses hacer precisamente eso. Afirman que China ha avanzado enormemente, y eso es algo que todos debemos reconocer, pero dista mucho de estar «en el camino» hacia una sociedad plenamente libre y democrática. Tenemos que ayudar a China a entender que adoptar el mercantilismo con controles de capitales y civiles estrictos no es el camino adecuado. El Partido Comunista de China ha permitido los mercados, pero esos mercados no son libres. Se enfrentan a un control y un intervencionismo extremos por parte del gobierno, y ahora estamos viendo los resultados predecibles a medida que la economía china se tambalea debido a los excesos de capacidad, deuda e intervencionismo. El gobierno chino tiene que ser consciente de los peligros de utilizar modelos que siempre fracasan y abrir sus ventanas. Por el bien de sus ciudadanos.

Las medidas intervencionistas siempre acaban creando más manipulación por parte del gobierno, como controles de los precios, intervención en las operaciones empresariales e incluso la nacionalización de las industrias. Ello provoca pobreza, estancamiento y recuperaciones más débiles.

La historia demuestra que esto no es la falacia de la pendiente resbaladiza. La pendiente es real y bastante resbaladiza. Los venezolanos decían que Hugo Chávez no llegaría nunca al punto de empezar a nacionalizar las industrias, hasta que lo hizo. Todas las sociedades piensan que el autoritarismo «no llegará aquí», hasta que lo hace, y entonces cambia el relato, y la maquinaria de la propaganda gubernamental insiste en que las cosas fueron siempre así. La «nueva» normalidad se convierte en la normalidad.

Construir una economía sostenible

Una economía verdaderamente sostenible debe centrarse en la posteridad. Todos queremos dejarles un mundo mejor a nuestros hijos y nietos. Cada generación trabaja para la siguiente. Deberíamos dejar el planeta en buen estado, no hundir nuestras perspectivas de crecimiento. Deberíamos construir una economía más fuerte para nuestros hijos, no endosarles una deuda generacional, y la manera de hacerlo es centrándonos en el individuo, en permitir que la excelencia triunfe y prospere.

El capitalismo social se basa en pasar el testigo de generación en generación, no en entregarles una hipoteca. La familia es la unidad más fundamental de la sociedad, así como el agente económico más social que existe. La unidad familiar se compone de trabajadores (padres) y de quienes reciben el beneficio social por ese trabajo (hijos). Los padres trabajan para proporcionar prestaciones sociales a la siguiente generación, la cual, a su vez, pagará a la siguiente. El capitalismo social es una extensión de la organización familiar, aplicada al conjunto de la población, en el sentido de que las generaciones actuales están trabajando para generar riqueza y una vida mejor para las generaciones futuras. Debemos invertir en las generaciones futuras.

Las empresas innovadoras ya entienden que estas inversiones tienen sentido desde un punto de vista empresarial, razón por la cual están invirtiendo en bienestar social y sostenibilidad. Del mismo modo que es lógico que inviertas en tus empleados, también lo es invertir en la sociedad, la cual comprende todos los stakeholders potenciales. Invertir en los clientes crea una base de consumidores más valiosa, lo que, en última instancia, se traduce en mejores márgenes y mayores beneficios. Todo el mundo gana, tanto las empresas que llevan a acabo las inversiones como la comunidad en su conjunto. Por tanto, invertir en el bienestar de la comunidad es una inversión segura.

Invertir en la comunidad no es invertir solamente en tus clientes, sino también en tus futuros clientes. Una economía sostenible es aquella que es saludable, estable y que se perpetúa a sí misma, sin sobrecargar el medio ambiente. El mundo ha construido una economía global fuerte que crece año tras año, pero podemos hacer más para proteger el medio ambiente e invertir en el futuro. Para entender los verdaderos desafíos del futuro, no podemos caer en previsiones distópicas y exageradas. La protección medioambiental nunca ha sido mejor. Sigamos mejorando.

En un modelo capitalista social en el que evitamos la intervención gubernamental y los subsidios y en el que favorecemos las soluciones de mercado, el gobierno ya no se hará cargo de la cuenta de sus propios errores con los dólares de los contribuyentes. Queremos que las empresas inviertan en soluciones de mercado a los problemas sociales, cosa que no harán mientras el gobierno y sus administraciones creen desincentivos mediante una tributación errónea y un exceso de regulación. Necesitamos un terreno de juego nivelado si queremos que los actores innovadores participen.

Así funcionaría el mercado de manera natural si el sector privado no considerase al gobierno responsable de todo lo relacionado con el bienestar social. Las empresas privadas se adentrarían en territorios considerados competencia del gobierno, tal como hicieron al asumir las reclamaciones ecologistas, para cubrir las demandas sociales. Las empresas saben que proteger el medio ambiente es un buen negocio. No se trata de un «maquillaje verde» ni de fingir ser sostenible, sino de invertir realmente en energía verde, en productos elaborados de manera responsable y en mantener limpio el entorno. Esa misma mentalidad también proporcionará soluciones a otros problemas sociales, solo con que permitamos al sector privado invertir sin la intervención del gobierno. La motivación de los beneficios impulsa la innovación. Necesitamos personas y empresas que busquen soluciones de mercado a los grandes problemas actuales. Solamente las soluciones de mercado pueden ser verdaderamente sostenibles. Cualquier solución gubernamental se agotará cuando se agote el dinero de los contribuyentes o cuando una nueva administración modifique el programa de gobierno.

La verdadera sostenibilidad no puede imponerse políticamente. La verdadera sostenibilidad se logra cuando el mercado descubre la manera más eficiente de cubrir la demanda de una forma que beneficie a la mayoría. Esto nos permitirá dejarles un mundo mejor a nuestros hijos y también una economía más fuerte, lo que significa una mejor calidad de vida para todos.

Una vez asumamos estas realidades, podremos empezar a construir un mañana más sostenible. Tendremos que reestructurar nuestras economías y ciudades. Ya disponemos de las herramientas, solamente tenemos que adoptar una perspectiva capitalista social y aplicarla a la hora de invertir en infraestructuras y servicios que cubran mejor las necesidades de los ciudadanos.

Durante siglos, las ciudades del mundo se construyeron como un mosaico. Son todavía ineficientes porque las diferentes partes no funcionan de manera conjunta. Los barrios y los suburbios se construyeron individualmente, según las necesidades del momento, y trasladarse de unos a otros es lento, penoso e ineficiente. Poseemos coches que se pasan la mayor parte del tiempo aparcados en casa o en el trabajo. Crear ciudades más inteligentes requerirá redefinir muchas de nuestras decisiones, las cuales, en realidad, no fueron nunca decisiones, sino tan solo el resultado de un crecimiento sostenido durante siglos a medida que la tecnología y las necesidades seguían evolucionando. Los diseños de las viviendas, las infraestructuras y los barrios se concibieron para la época en que fueron construidos, no para la actual, y tendremos que mejorar mucho de lo que se ha hecho para que sean más sostenibles.

Normalmente, esta tarea les correspondería a los planificadores civiles del gobierno, pero esas personas fueron las que nos llevaron a muchas de las ineficiencias actuales. No harían más que darnos más de lo mismo. No podemos regular, legislar ni acotar nuestro camino hacia la sostenibilidad. Necesitamos empresas que inviertan en soluciones innovadoras a nuestras ineficiencias y gobiernos municipales y estatales que no dificulten la innovación, sino que, por el contrario, colaboren y compitan con el sector privado para proporcionar soluciones.

Ya vemos al sector privado proporcionar esas soluciones. Por ejemplo, el auge de la economía colaborativa está haciendo nuestras ciudades más sostenibles. La tecnología de los vehículos compartidos permite a las personas renunciar a poseer un automóvil privado, permite que una flota más pequeña sirva a mucha más gente y ha eliminado la presión de los sobrecargados sistemas de tráfico.

Nuestras ciudades también están cambiando de otras maneras, por supuesto. El teletrabajo saca a la gente de las autopistas y del tráfico. Las nuevas construcciones están mejor aisladas. La iluminación es más eficiente. El internet de alta velocidad, incluso sin cables por toda la ciudad, se está volviendo cada vez más habitual. Nuestro entorno está cambiando a causa de las inversiones. Miremos donde miremos, nuestras ciudades se están volviendo más inteligentes y más eficientes, y cubren mejor nuestras necesidades. Las próximas grandes innovaciones no pueden más que intuirse, pero podemos estar seguros de que expertos, ingenieros, programadores y científicos innovadores están buscando en estos momentos soluciones a los problemas de mañana. Muchos están invirtiendo en tecnologías que aumentarán el bienestar social y harán que más bienes y servicios sean asequibles para la gente.

El gobierno no ha necesitado subvencionar las empresas de economía compartida. Estas han surgido para dar soluciones de mercado a problemas reales, y esto es precisamente lo que las hace intrínsecamente sostenibles.

Es un gran cambio de mentalidad. Históricamente, la sostenibilidad se consideraba un tema regulador o legislativo. Remitimos la responsabilidad de la protección medioambiental y de la red de seguridad social al gobierno. El problema de esto es que el gobierno, a menudo, trata de controlar las emisiones y la contaminación imponiendo restricciones a las empresas y limitando su actividad. La solución «intervencionista» para reducir la contaminación es limitar la actividad económica. Si bien es cierto que menos actividad empresarial implica menos contaminación y menos consumo de recursos, restringir el sector privado no es sostenible porque los que más sufren son los pobres y desfavorecidos. La solución a la contaminación no es destruir la economía, eso es como decir que la solución a la superpoblación sería empezar a matar gente.

En cambio, necesitamos que las empresas innoven para solucionar problemas. Cerrar fábricas para reducir las emisiones de carbono no es una solución. Es rendirse. Una solución ha sido pasar a utilizar gas natural, más limpio, y energías renovables impulsadas por el mercado, así como realizar un uso más eficiente de los recursos. La sostenibilidad no debería considerarse incompatible con la industria. Desde luego, no es así como los innovadores de hoy están encarando la sostenibilidad. Están buscando soluciones a esos problemas que se puedan vender para obtener beneficios.

El mejor sistema para gestionar los recursos es el capitalismo, no la intervención del gobierno. El capitalismo distribuye los recursos de manera más eficaz y eficiente, y lo hace de manera más justa y con más éxito que cualquier otro sistema. Los mercados competitivos siempre extraen la máxima cantidad de bienes y servicios de los recursos para el mayor número de personas. La obtención de beneficios motiva a las empresas para que reduzcan los inputs y maximicen la producción, haciendo así que sean eficientes. Ser más eficientes con los recursos y hallar formas innovadoras de conseguir más con menos es una estrategia empresarial ganadora, lo que hace que la sostenibilidad sea un resultado natural del libre mercado.

La innovación está creando gradualmente un mundo mejor y más sostenible.

Tal vez el mayor desafío de la sostenibilidad al que nos enfrentamos sea cómo proporcionar bienestar social sin que la sociedad quiebre. El coste de los programas de prestaciones sociales públicas solamente va en una dirección: hacia arriba. Es así por diseño. Los programas asistenciales son evaluados y dirigidos por funcionarios interesados en que aumente el presupuesto y así poder obtener más dinero de los contribuyentes. Está claro que esto no es sostenible. Tenemos que contemplar los servicios sociales desde una perspectiva empresarial, en la cual nos centremos en la eficiencia, la reducción de costes, la mejora de la calidad y las inversiones sólidas, como hacen las empresas. Si contemplas el sistema de prestaciones sociales como un burócrata, determinarás su valor en función de cuánto dinero destinamos a él. ¡Eso es un pensamiento retrógrado! Deberíamos tratar de gastar menos, no más, pero, sobre todo, gastar mejor. «Ahorro» y «eficiencia» no deberían ser palabras prohibidas en la actividad pública. El objetivo debería ser que la gente no tuviera que recurrir a las prestaciones sociales. Un buen sistema de prestaciones sociales no es el que concede más ayudas, sino el que apenas se utiliza. Queremos que haya menos personas que necesiten cheques de desempleo, asistencia y subsidios, no que haya más.

Ningún gobierno debería alardear del número de personas que reciben prestaciones por desempleo. Los gobiernos deberían crear una economía más sólida, no un programa de desempleo más sólido. El sistema de prestaciones sociales de Estados Unidos es criticado a menudo por ser menos proteccionista, pero la verdad es que en Estados Unidos el desempleo es inferior, y la economía es más fuerte que en la mayoría de los países. Esto se debe a que el mercado laboral de Estados Unidos, como el de los países nórdicos, es flexible y adaptable. A diferencia de países con mercados laborales proteccionistas, como Francia, Grecia y España, el mercado de Estados Unidos facilita la contratación y el despido de trabajadores sin trabas administrativas. Además, el sistema económico estadounidense fomenta el trabajo y la innovación, no es un incentivo perverso para vivir de las ayudas gubernamentales ni expandir los presupuestos y los programas laborales.

No hay nada peor para el empleo y para una economía eficiente que un programa de empleo. Como decíamos en el capítulo 11, en Argentina hay muchas provincias con más personas empleadas en el sector público que en el sector privado. Esto es difícil de imaginar en Estados Unidos, donde el sistema de controles y contrapesos impide el gasto político. Sin embargo, es habitual en otros países, donde se incentiva a los sistemas parlamentarios para que creen administraciones cuyo objetivo principal es emplear a personas que votarán a favor de la línea del partido. Muchas de esas administraciones no tienen más propósito real que obtener votos, convirtiendo a sus empleados en votantes cautivos. Dale a un hombre un empleo, cualquier empleo, por inútil que sea, y será muy poco probable que vote en tu contra.

Si bien el gasto político es poco común en Estados Unidos, Bernie Sanders está hablando ahora de un programa de «empleos para todos» que garantizaría el empleo político y las redes clientelares. Este es el modelo argentino, en el cual la mayoría de las personas trabajan para el gobierno si es que encuentran trabajo. ¡Hubo un tiempo, hace unos pocos años, en que la izquierda llegó a señalar a Argentina como modelo para Estados Unidos y Europa! Esa postura no ha envejecido bien, ya que Argentina es un absoluto desastre.

Para que quede claro, no deberíamos confundir gasto público con gasto político. En Estados Unidos, Medicare y Medicaid no son gasto político. Prestan servicios reales, no se limitan a conceder subsidios. Es posible que el gasto público se centre plenamente en prestar servicios. El coste y la eficiencia pueden y deben criticarse, ya que determinan la sostenibilidad, pero el gasto público ineficiente es distinto del gasto político.

Cuando el gasto público es ineficiente y pasa de asistir al asistencialismo, genera los mismos problemas que la ausencia de competencia. Demasiado gasto público destinado a aumentar el bienestar social, como hemos visto en capítulos anteriores, se destina a programas de prestaciones sociales que nunca podrían competir con el libre mercado. El problema es que no tienen que hacerlo; en un modelo capitalista social sí lo harían.

Hacia un futuro más próspero

El capitalismo social es simplemente una extensión del capitalismo en la que aplicamos la ideología del libre mercado a problemas y sectores que han sido considerados durante mucho tiempo competencia del gobierno. Sugerir hacer eso no debería ser una idea radical. Solamente pensamos que la privatización de soluciones a necesidades sociales es radical porque el gobierno ha invadido durante tanto tiempo esas áreas —asistencia sanitaria, educación, protección medioambiental, la red de seguridad social y otras áreas consideradas como tarea del gobierno— que se nos han hecho creer, de forma incuestionable, que son de su exclusiva competencia.

Pero no es natural, ni normal ni necesario. A muchos abanderados del transporte público en Estados Unidos les sorprendería saber que la mayoría de los sistemas de transporte público de todo el mundo son de titularidad privada. Japón y el Reino Unido privatizaron sus sistemas de transporte, incluyendo parte de los de Tokio y Londres, con magníficos resultados. Muy poca gente entiende que los países nórdicos no son utopías socialistas, como hemos visto, sino economías colaborativas que son eficientes porque fomentan la competencia. El sector público produce mejores resultados cuando se ve obligado a competir con empresas privadas.

La economía colaborativa, que es un modelo capitalista social que permite la competencia privada con el sector público, puede rebajar el precio de bienes y servicios y, al mismo tiempo, aumentar su accesibilidad. La economía colaborativa contribuye a garantizar la universalidad de los servicios al mismo tiempo que reduce el poder de los sectores clientelistas, las prácticas oligárquicas y el favoritismo mercantilista. La economía colaborativa es la respuesta a un gobierno ineficiente y a los monopolios clientelistas que pueden desestabilizar la sociedad si se vuelven «demasiado grandes para caer».

Las próximas décadas estarán marcadas por grandes cambios en la economía. No deberíamos temer a la tecnología y a la innovación. Los medios de comunicación tienden a hablar solamente de cómo tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial y la automatización están destruyendo empleos, lo cual es cierto a corto plazo, pero lo mismo podría decirse de cualquier tecnología transformadora. El ordenador personal creó un número exponencial de nuevos empleos por cada puesto de secretario o contable que destruyó.

Las tecnologías disruptivas no solo impulsan la creación de empleo, sino que también mejoran el bienestar social. La clase media es más numerosa que nunca, e incluso los pobres tienen acceso a bienes y servicios que habrían sido inimaginables hace tan solo algunas décadas. Las nuevas tecnologías están reduciendo los costes sanitarios y mejorando los resultados; aumentando el acceso a una educación mejor y más asequible, como mediante el aprendizaje online; están mejorando la eficiencia tanto del gobierno como de las empresas, y están reduciendo el coste de los servicios prestados por el Estado y los bienes de consumo.

Por supuesto, siempre ha sido así, ya que la tecnología es simplemente innovación aplicada. La innovación siempre ha impulsado la economía. La tecnología está acelerándola a toda velocidad. La tecnología es el principal motor del nuevo crecimiento económico, no de la expansión industrial o manufacturera. Estamos al borde de otra gran expansión de progreso, bienestar social y crecimiento económico. Esta nueva era de crecimiento económico está impulsada por la tecnología y por un mayor acceso a la información. La tecnología ha ayudado a democratizar el acceso a la información, lo cual está contribuyendo a que muchas personas entren a formar parte de la clase media y a reducir la pobreza. Vivimos en una época en la que todo el mundo puede adquirir gratuitamente conocimientos STEM[297] simplemente conectándose a internet.

La educación es solo uno de los tipos de inversiones en bienestar social que están llevando a cabo muchas empresas y organizaciones. Esto sucede también en otras áreas, como hemos tratado en capítulos anteriores, y el siguiente paso para adoptar una mentalidad capitalista social es redoblar esos éxitos. Tenemos que invertir más en bienestar social. Tenemos que buscar soluciones de mercado a todos los problemas sociales. Tenemos que invertir más en gobierno corporativo, en transparencia, en derechos humanos, en medio ambiente, en asistencia sanitaria, en educación y en bienestar social en general.

Esto no deberíamos hacerlo solo porque el gobierno nos obligue a ello o porque yo lo diga, sino porque hacerlo tiene sentido desde una perspectiva empresarial. Ese es el quid del capitalismo social y la razón por la cual el modelo es tan eficaz y está adquiriendo tanta importancia. Son buenas inversiones. Los consumidores quieren bienestar social, y lo importante es que puedan elegir.

El sector público y el privado necesitan libertad para competir, innovar y distribuir. Así es como se construye una economía colaborativa. Y los consumidores y los ciudadanos han de tener derecho a elegir lo que les vaya mejor. Asumir la libertad de elección individual nos proporcionará mejores sistemas de prestaciones sociales. No se trata solo de libertad económica, aunque la libertad individual empieza por la libertad económica. La libertad individual tiene que ver también con la libertad de expresión, con la libertad de elección en lo tocante a la educación y la sanidad y la libertad para administrar tu vida sin arruinarte a causa de una operación de riñón. La libertad individual es libertad individual en todos los sentidos. Los populistas intervencionistas quieren que renunciemos a la libertad a cambio del crecimiento económico. Eso sería un mal negocio, incluso en caso de que funcionase, cosa que no ocurre. Adoptar sistemas intervencionistas requiere que renunciemos a la libertad a cambio de un menor crecimiento económico. Ello se debe a que el mercado no necesita que nadie le diga qué es una buena inversión. Los inversores realizarán buenas inversiones. Los consumidores comprarán soluciones de mercado que funcionen, tanto si proceden de una empresa como si proceden de una administración pública.

No deberíamos demonizar al sector privado ni al Estado, sino que, por el contrario, deberíamos hacer que colaborasen y compitiesen para que el sistema en su conjunto fuera mejor y más eficiente. Aparte de reafirmar la ideología, favorecer al sector público o al privado no tiene ninguna ventaja. El sector privado tiene sus evidentes virtudes, pero, mientras el sector público pueda competir, no deberíamos tener ningún problema con su participación en la economía. En un modelo capitalista social, el sector público utilizaría las mismas mejores prácticas que las corporaciones, buscando la eficiencia a la hora de gestionar recursos y personal. Las decisiones se tomarían en función de un análisis coste-beneficio, como en el sector privado.

Una economía colaborativa es la única forma de hacer que los sistemas de prestaciones sociales sean sostenibles. El sector público puede seguir siendo eficiente, garantizando al mismo tiempo un servicio universal, pero solo mediante la competencia. Por supuesto, esto cambiaría enormemente la imagen del sector público en la mayoría de los países, incluido Estados Unidos. Las administraciones públicas se verían obligadas a cambiar. Las que no lograran ser eficientes y competitivas desaparecerían. Las futuras generaciones no tendrán los mismos sistemas de prestaciones públicas que tenemos en la actualidad, y deberíamos alegrarnos por ello. Pueden construir sistemas mejores que sean realmente sostenibles.

Recordemos que los programas intervencionistas no están diseñados para producir resultados, sino solo para obtener votos y consolidar su poder. No tenemos que aceptar encantados sus mentiras. No tienen nada que ofrecer, salvo más soluciones mágicas que no funcionan.

El mundo se enfrenta a problemas sociales, ahora y en el futuro, cosa que no debemos ignorar. Debemos enfrentarnos al reto medioambiental. Debemos enfrentarnos a los desafíos de la robótica y la automatización. Debemos descubrir formas de ofrecer una educación y una sanidad universales y asequibles. Y lo haremos. Confiemos en que el ingenio humano y la innovación del mercado resuelvan esos problemas. Lo hace. Siempre.

Pero no lo haremos mediante modelos fallidos de control estatal. El capitalismo no es el problema. Es la solución a décadas de soluciones mágicas equivocadas. Invertiremos en bienestar social y en un futuro mejor. Invertiremos en las futuras generaciones. Invertiremos en todas las partes de la sociedad, en todos y cada uno de nosotros, porque juntos formamos la economía mundial. Es absolutamente lógico desde el punto de vista económico invertir en crear sociedades más fuertes, centrándonos en el individuo y en promover el mérito, la recompensa y la responsabilidad.

Deberíamos hacerlo siempre que tengamos ocasión.

Apéndice

Lecturas complementarias

AFONSO, ANTÓNIO, Y JOÃO TOVAR JALLE, «Economic performance and government size», documento de trabajo n.º 1399, Banco Central Europeo, noviembre de 2011.

Resumen:

Mayor tamaño de gobierno, menor crecimiento. Evidencia de 108 países muestra el efecto negativo en el crecimiento del mayor tamaño y consumo gubernamental.

ALBERT, JUAN FRANCISCO, NEREA GÓMEZ-FERNÁNDEZ Y CARLOS OCHANDO, «Effects of unconventional monetary policy on income and wealth distribution: evidence from United States and eurozone», Panoeconomicus, vol. 66, n.º 5, 2018, pp. 535-558. Disponible en: https://panoeconomicus.org/index.php/jorunal/article/view/407/565. [Consulta: 13/12/2019].

Cita:

«Los resultados sugieren que las políticas monetarias no convencionales aplicadas por la Reserva Federal (FED) en Estados Unidos podrían aumentar la desigualdad de riqueza e ingresos a través del canal de cartera. Sin embargo, esos mismos resultados no se observaron en la eurozona, pero deberíamos ser cautelosos con esta conclusión, ya que una explicación plausible de este fenómeno podría ser la excesiva actividad bancaria y el papel menor del canal de cartera en la eurozona. A través del canal de cartera podría deducirse que hay una menor efectividad en la transmisión de la política monetaria a la economía real».

ALESINA, ALBERTO, CARLO A. FAVERO Y FRANCESCO GIAVAZZI, «Austerity: when it works and when it doesn’t», Princeton University Press, Princeton, 2019. [Trad. al castellano (Deusto, 2020)].

Cita:

«Viendo los miles de medidas fiscales adoptadas por dieciséis economías avanzadas desde finales de la década de 1970. La austeridad evalúa la eficacia relativa de las subidas de impuestos y los recortes de gasto a la hora de reducir la deuda. Muestra que los recortes de gasto tienen costes mucho menores por lo que respecta a las pérdidas de producción que las subidas de impuestos. Los recortes de gastos pueden estar relacionados en ocasiones con incrementos de producción en el caso de austeridad expansiva y tienen mucho más éxito que las subidas de impuestos para reducir el aumento de la deuda. Asimismo, los autores demuestran que la austeridad no es necesariamente el beso de Judas de las carreras políticas, como muchas veces se cree, y aportan nuevas perspectivas sobre los recientes casos de austeridad europea después de la crisis financiera».

APERGIS, NICHOLAS, «Economic freedom and income inequality: further evidence from 58 countries in the long-run», Financial Theory and Practice, vol. 39, n.º 4, 2015, pp. 349-370. Disponible en: http://fintp.ijf.hr/upload/files/ftp/2015/4/apergis.pdf. [Consulta: 13/12/2019].

Citas:

«Los países que proporcionan los entornos más propicios para el progreso social también adoptan en gran medida la libertad económica. Los países que mejoran su competitividad y abren sus sociedades a nuevas ideas, productos e innovaciones han logrado en gran medida los altos niveles de progreso social que demandan sus ciudadanos. También es notable que las naciones con niveles más altos de libertad económica tienen una tendencia hacia una distribución más uniforme del ingreso.

»No son las redistribuciones masivas de riqueza o los dictados del gobierno sobre salarios o precios los que producen los resultados sociales más positivos. En cambio, la movilidad y el progreso requieren menos barreras de entrada, libertad para relacionarse con el mundo y menos intrusión del gobierno».

«Una vez que se supera el umbral, la libertad económica promueve una mayor igualdad en la distribución del ingreso. El movimiento de la fase baja de libertad económica a la fase alta no ocurrirá automáticamente. Reducir el tamaño del gobierno y aumentar la acumulación de capital humano permitirá avanzar a la siguiente fase».

«Los resultados también sugieren que los países enfrentan una compensación entre un mayor ingreso per cápita y la igualdad de ingresos, y el desempleo y la desigualdad de ingresos».

«La naturaleza y el alcance de la “compensación” percibida entre desempleo y desigualdad también están sujetos a intervenciones políticas».

AUTEN, GERALD, Y DAVID SPLINTER, «Income inequality in the United States: using tax data to measure long-term trends», documento. Disponible en: http://davidsplinter.com/AutenSplinter-Tax_Data_and_Inequality.pdf. [Consulta: 13/12/2019].

Cita:

«El porcentaje de acumulación de renta del 1 por ciento usando solo los ingresos, como hacen Piketty y Saez (2003), está sesgado por los cambios impositivos y de transferencias. Nuestros resultados muestran que la riqueza en manos de los más ricos no ha cambiado sustancialmente desde los años 60, al incrementar las transferencias y la progresividad del sistema tributario. El resultado es un cambio muy pequeño de la desigualdad después de impuestos y transferencias y del porcentaje de riqueza en manos de los más ricos».

BERGGREN, NICLAS, «Economic freedom and equality: friends or foes?», Public Choice, vol. 100, n.º 3-4, 1999, pp. 203-223.

Cita:

«Los resultados empíricos revelan que existe una relación positiva entre los cambios en libertad económica y la igualdad: cuanto más aumenta un país su libertad económica entre 1975 y 1985, mayor es el nivel de igualdad alrededor de 1985. Lo más importante a este respecto es la liberalización comercial».

BUNN, PHILIP, ALICE PUGH Y CHRIS YEATES, «The distributional impact of monetary policy easing in the UK between 2008 and 2014», documento de trabajo n.º 720, Banco de Inglaterra, 2018. Disponible en: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2018/the-distributional-impactof-monetary-policy-easing-in-the-uk-between-2008-and-2014.pdf. [Consulta: 13/12/2019].

Cita:

«El efecto general de la política monetaria sobre las medidas estándar relativas de la desigualdad de ingresos y riqueza ha sido pequeño. Dadas las disparidades preexistentes en cuanto a ingresos y riqueza, calculamos que el impacto en cada hogar varió sustancialmente entre las distribuciones de ingresos y riqueza en términos de efectivo, pero en términos porcentuales los efectos fueron considerablemente parecidos. Calculamos que los hogares próximos a la edad de jubilación fueron los que más se beneficiaron del apoyo a la riqueza, pero que el apoyo a los ingresos benefició a los jóvenes de manera desproporcionada».

CHULIANG, LUO, LI SHI Y TERRY SICULAR, «The long-term evolution of income inequality and poverty in China», documento de trabajo n.º 153, United Nations University-World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), diciembre de 2018. Disponible en: https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2018-153.pdf. [Consulta: 13/12/2019].

Cita:

«La desigualdad de ingresos aumentó antes de 2007 y, a continuación, se redujo ligeramente. La principal razón del aumento de la desigualdad de ingresos fue que los percentiles de ingresos elevados presentaron un crecimiento más rápido que los bajos. Estimaciones basadas en datos del China Household Income Project (CHIP) indican que el índice de Gini de desigualdad de ingresos en el conjunto de China aumentó de 0,39 a 0,43 entre 1988 y 1995, y luego pasó de 0,45 a 0,47 entre 2002 y 2007. Las estimaciones indican también que el índice de Gini de desigualdad de ingresos disminuyó casi en dos puntos porcentuales entre 2007 y 2013».

«[…] Este documento de trabajo aporta pruebas fehacientes de que la reducción de la pobreza ha progresado considerablemente en China. La incidencia de la pobreza rural disminuyó del 75 por ciento en 1988 al 10 por ciento en 2013».

HELLEBRANDT, TOMAS, Y PAOLO MAURO, «The future of worldwide income distribution», documento de trabajo n.º 15-7, Peterson Institute for International Economics (PIIE), abril de 2015. Disponible en: https://www.piie.com/publications/working-papers/future-worldwide-income-distribution. [Consulta: 13/12/2019].

Cita:

«El coeficiente de desigualdad global bajó de 69 en 2003 a 65 en 2013, y pensamos que bajará a 61 en 2035, gracias a la rápida expansión de las economías emergentes».

HERRADI, MEHDI EL, Y AURÉLIEN LEROY, «Monetary policy and the top one percent: Evidence from a century of modern economic history», documento de trabajo n.º 632, Banco Central de los Países Bajos, abril de 2019. Disponible en: https://www.dnb.nl/en/binaries/Working%20paper%20No.%20632_tcm47383.633.pdf. [Consulta: 13/12/2019].

Cita:

«La política monetaria expansiva incrementa notablemente el porcentaje de los ingresos nacionales en manos del 1 por ciento superior».

HOFFMANN, ANDREAS, Y GUNTHER SCHNABL, «Adverse effects of unconventional monetary policy», Cato Journal, vol. 36, n.º 3, 2016, pp. 449-484. Disponible en: https://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2016/9/cj-v36n3-full.pdf. [Consulta: 13/12/2019].

Citas:

«Las políticas monetarias no convencionales, especialmente los tipos de interés extraordinariamente bajos, en los grandes países avanzados pueden desincentivar la inversión y provocar efectos distributivos adversos».

«Las políticas de tipos de interés bajos pueden, por ejemplo, favorecer a los grupos con ingresos más elevados, porque la liquidez extra creada por los bancos centrales está inicialmente a disposición de los bancos y otras instituciones financieras (los llamados primary dealers) (Efecto Cantillon). Siguiendo a Cantillon (1931), los bancos no se benefician solamente de un aumento de su negocio de crédito bajo condiciones de refinanciación favorables. También pueden adquirir acciones, inmuebles y valores a precios más bajos».

«Además, ha habido una clara correlación entre las tendencias de los precios en los mercados de valores de Estados Unidos y Japón (NYSE y Nikkei, respectivamente) y la parte del 1 por ciento superior de los ingresos como proporción de los ingresos totales de la economía de Estados Unidos (incluyendo los ingresos del capital). El desarrollo del índice bursátil japonés sugiere que lo efectos redistributivos de las oleadas especulativas en los mercados financieros globalizados no se detienen necesariamente en las fronteras nacionales».

«Los grupos con mayores ingresos de Estados Unidos parecen haberse beneficiado de la burbuja especulativa del mercado de valores de Japón a finales de la década de 1980. Desde 1987, cuando Alan Greenspan asumió el cargo de presidente de la Reserva Federal y puso en marcha una política monetaria destinada principalmente a estabilizar los mercados financieros, la parte del 1 por ciento superior de los ingresos en Estados Unidos ha pasado de alrededor del 13 por ciento a casi el 22 por ciento de los ingresos totales. Evoluciones parecidas pueden observarse en otros países industrializados».

ILZETZKI, ETHAN, ENRIQUE G. MENDOZA Y CARLOS A. VÉGH, «How big (small?) are fiscal multipliers?», documento de trabajo n.º 11/52, Fondo Monetario Internacional, marzo de 2011. Disponible en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1152.pdf. [Consulta: 13/12/2019].

Resumen:

La historia de más de 44 países demuestra que el efecto multiplicador del gasto público es muy escaso en las economías abiertas y negativo en las altamente endeudadas.

JONES, DAMON, Y IOANA MARINESCU, «The labor market impacts of universal and permanente cash transfers: evidence from the Alaska Permanent Fund», documento de trabajo n.º 24 312, National Bureau of Economic Research, febrero de 2018.

Cita:

«¿Cuáles son los efectos de las trasferencias de efectivo universales y permanentes en el mercado laboral? Desde 1982, todos los residentes en Alaska tienen derecho a un dividendo en efectivo anual del Alaska Permanent Fund. El artículo muestra que el dividendo no tuvo ningún efecto sobre el empleo e incrementó el trabajo a tiempo parcial en 1,8 puntos porcentuales (17 por ciento). Aunque la teoría y las investigaciones empíricas anteriores sugieren que las transferencias individuales de efectivo disminuyen la oferta laboral de los hogares, interpretamos nuestros resultados como una evidencia de que los efectos equilibradores generales de las transferencias generalizadas y permanentes tienden a contrarrestar este efecto, al menos en el margen extensivo. De acuerdo con lo expuesto, mostramos pruebas sugerentes de que los sectores del ámbito del comercio experimentan reducciones de empleo, mientras que el resto no».

KANBUR, RAVI, «Inequality in a global perspective», documento de trabajo n.º 2019-3, Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management, Cornell University, Ithaca (Nueva York), febrero de 2019.

Cita:

«La desigualdad entre Estados nación ha disminuido a lo largo de las tres últimas décadas, a medida que países pobres como China e India han crecido más rápidamente que Europa y que países ricos como Estados Unidos y Japón. La desigualdad entre Estados nación ha aumentado en general, pero se compone de un patrón complejo en el que la desigualdad aumenta en algunos países, especialmente en grandes economías asiáticas como China e India, y disminuye en grandes economías latinoamericanas como Brasil, México y Argentina».

KANGAS, OLLI, SIGNE JAUHIAINEN, MISKA SIMANAINEN Y MINNA YLIKÄNNÖ, «The basic income experiment 2017-2018 in Finland: preliminary results», informe n.º 9, Ministerio de Asuntos Sociales y Salud de Finlandia, 2019. Disponible en: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161361/Report_The%20Basic%20I​ncome%20Expe​riment%2020172.018%20in%20Finland.pdf. [Consulta: 13/12/2019].

Citas:

«Los individuos que recibieron una renta básica no tuvieron más probabilidades de encontrar trabajo que quienes no la recibieron, según los resultados del primer año del experimento. Averiguar el porqué y cuáles son las dinámicas en juego formarán parte de una investigación más amplia que se publicará en 2020».

«De modo que el objetivo del gobierno de “promover una participación más activa” y “proporcionar un incentivo más poderoso para trabajar” no parece haberse cumplido».

«No existen diferencias estadísticas significativas entre los grupos por lo que respecta al empleo».

LAKNER, CHRISTOPH, Y BRANKO MILANOVIC, «Global income distribution: from the fall of the Berlin Wall to the great recession (English)», documento de trabajo n.º 6719, Banco Mundial, 2013. Disponible en: http://documents.worldbank.org/curated/en/914431468162277879/pdf/WPS6719.pdf. [Consulta: 13/12/2019].

Citas:

«La forma de la distribución global de los ingresos también ha cambiado durante los 20 años que nos ocupan […] En 1988, la distribución global de los ingresos presentaba una forma de picos gemelos, la cual, desde entonces, ha desaparecido».

Tabla 3 Desigualdad mundial y regional

«El período también ha sido testigo de un aumento considerable de lo que podría denominarse una “clase media global”, con unos ingresos que van de $PPA 2 per cápita por día a $PPA 16 per cápita por día: el porcentaje de la población mundial que pertenece a ese grupo ha aumentado del 23 por ciento al 40 por ciento».

LI, SHI, Y HAIYUAN WAN, «Evolution of wealth inequality in China», China Economic Journal, vol. 8, n.º 3, 2015, pp. 264-287.

Citas:

«Entre 2002 y 2013, la riqueza neta (real) per cápita de los hogares en China aumentó un 17 por ciento anual, y la riqueza neta de la vivienda aumentó no menos del 20 por ciento anual. Nuestra comparación de la desigualdad de la riqueza per cápita de los hogares de China muestra que esta desigualdad aumentó rápidamente en el siglo XXI».

«Un desglose de las fuentes de desigualdad de la riqueza muestra la inmensa importancia del valor neto de la vivienda como parte de la riqueza y como aportación a la desigualdad de la riqueza y al aumento de la misma con el paso del tiempo: la proporción pasó del 53 por ciento al 73 por ciento, y la aportación, del 64 por ciento al 79 por ciento. El aumento de los valores relativos de la vivienda desempeñaron un papel fundamental en la ampliación de la distribución de la riqueza».

MILLER, TERRY, ANTHONY B. KIM Y JAMES M. ROBERTS, «The power of economic freedom», capítulo 4 de 2019 Index for Economic Freedom, The Heritage Foundation, 2019. Disponible en: https://www.heritage.org/index/pdf/2019/book/chapter4.pdf. [Consulta: 13/12/2019].

O’FARRELL, RORY, ŁUKASZ RAWDANOWICZ Y KEI-ICHIRO INABA, «Monetary policy and inequality», documento de trabajo n.º 1281, OCDE, 23 de febrero de 2016. Disponible en: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP(2016)5&docLanguage=En. [Consulta: 13/12/2019].

Cita:

«Si bien la flexibilización de la política monetaria tiene a priori efectos ambiguos sobre los ingresos y la desigualdad de la riqueza neta, en la práctica se estima que dichos efectos son pequeños».

PALME, JOAKIM, Y WALTER KORPI, «The paradox of redistribution and strategies of equality: welfare state institutions, inequality and poverty in the western countries», documento de trabajo n.º 174, Luxembourg Income Study (LIS), 1998.

Cita:

«Cuanto más orientemos los beneficios a los pobres y más nos preocupemos por crear igualdad mediante transferencias públicas iguales para todos, menos probabilidades tendremos de reducir la pobreza y la desigualdad».

RAVALLION, MARTIN, «Inequality and globalization: a review essay», Journal of Economic Literature, vol. 56, n.º 2, 2018, pp. 620-642. Disponible en: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.20171419. [Consulta: 13/12/2019].

Citas:

«Las dos características clave de cómo la desigualdad ha ido cambiando a lo largo de las últimas décadas son el descenso del componente internacional junto al aumento del componente intranacional. Si bien no puede haber demasiadas dudas de que la apertura comercial y la movilidad de capital han tenido influencia por lo que respecta a la distribución, tanto vertical como horizontal, todavía no hay unanimidad en cuanto a la tesis de ambos libros[298] (de acuerdo con las opiniones ampliamente sostenidas hoy) de que la globalización haya sido la principal fuerza en la creación de ambas características».

«La globalización ha traído consigo más integración a los mercados de bienes y servicios y a los mercados de capital que a los mercados laborales. Sigue habiendo enormes diferencias en productos marginales de trabajo entre países. Esto sugiere que una mayor integración de los mercados laborales mediante la migración reduciría la desigualdad y la pobreza mundiales y promovería el crecimiento a nivel mundial».

«Otra de las preocupaciones que se oyen es que (parafraseando) “la globalización impulsa la desigualdad, lo cual socava el Estado del Bienestar, puesto que los ricos quieren desvincularse”. Esto también es simplista. Como he dicho, no está claro que la globalización esté aumentando (o tenga que aumentar) la desigualdad».

«El cambio tecnológico en escenarios desiguales podría ser una fuerza mucho más poderosa que la expansión comercial. Las políticas han sido importantes tanto para las crecientes economías pobres como para corregir las desigualdades dentro de los países. Es muy probable que se esté dando demasiado crédito a la globalización y que se le eche la culpa de demasiadas cosas».

ROBERTS, JAMES, Y RYAN OLSON, «How economic freedom promotes better health care, education, and environmental quality», The Heritage Foundation, 11 de septiembre de 2013. Disponible en: https://www.heritage.org/international-economies/report/how-economic-freedom-promotes-better-health-careeducation-and. [Consulta: 13/12/2019].

Cita:

«Los principios de libertad económica han demostrado ser más eficientes y efectivos que los enfoques estatistas para la provisión de bienes sociales».

SAIKI, AYAKO, Y JON FROST, «Japan’s unconventional monetary policy and income distribution: revisited», documento de trabajo n.º E-126, Tokyo Center for Economic Research, mayo de 2018. Disponible en: http://tcer.or.jp/wp/pdf/e126.pdf. [Consulta: 13/12/2019].

Citas:

«Nuestro estudio aporta nuevas evidencias de que las políticas monetarias no convencionales (PMNC) han sido asociadas con una mayor desigualdad de ingresos en Japón en la última década. Sin tener en cuenta la segmentación del mercado laboral y la desigualdad de los ingresos laborales, las causas monetarias óptimas de los bancos centrales pueden provocar pérdidas de bienestar considerables. Estas son especialmente relevantes en el caso de Japón».

«Los salarios japoneses siguieron bajando tanto en términos nominales como reales, mientras que en Estados Unidos, el Reino Unido y la eurozona ha habido un aumento de aproximadamente el 10 por ciento después de la crisis, además de un descenso del desempleo. Dado que los salarios son la principal fuente de ingresos de la mayoría de las personas, especialmente por lo que se refiere a los hogares de clase media, la mayor desigualdad de ingresos por las ganancias de capital podría haberse contrarrestado por el aumento de los salarios en muchos países avanzados. Asimismo, el crecimiento del PIB ha sido el menor entre esas economías».

SCHNEIDER, GUILLERMINA S., «Economic freedom and gender equality go hand in hand», Economics 21 (Manhattan Institute for Policy Research), 3 de octubre de 2017. Disponible en: https://economics21.org/html/economic-freedom-and-gender-equalitygo-hand-hand-2607.html. [Consulta: 13/12/2019].

Cita:

«Los países en el cuartil inferior en libertad económica tienen una puntuación más baja en el índice de disparidad de género (IDG), un promedio de 76. A medida que uno se mueve a cuartiles más altos, las puntuaciones de IDG aumentan, y el cuartil económicamente más libre tuvo una puntuación promedio de IDG de 95.

»La igualdad de género bajo la ley mejora a medida que los países se vuelven más libres económicamente. Los países que aún restringen los derechos económicos de las mujeres pagan costes económicos más altos. Tratar a las mujeres y a los hombres por igual ante la ley brinda más libertad económica y aumenta el crecimiento potencial de la sociedad».

DANIEL LACALLE. Es economista y gestor de fondos de inversión. Casado y con tres hijos, reside en Londres.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, posee el título de analista financiero internacional CIIA (Certified International Investment Analyst), máster en Investigación Económica (UCV) y posgrado (PDD) por el IESE (Universidad de Navarra).

Su carrera en gestión de carteras e inversión comenzó en Estados Unidos y continuó en Londres (en Citadel y Ecofin Limited), abarcando renta variable, fija, capital riesgo y materias primas.

Ha sido votado durante cinco años consecutivos en el Top 3 de los mejores gestores del Extel Survey, el ranking de Thomson Reuters, en las categorías Estrategia General, Petroleo y Eléctricas.

Previa a su etapa como gestor, trabajó como analista financiero en ABN Amro (hoy RBS), y llevó a cabo distintas responsabilidades en Repsol y Enagas, donde recibió el premio a la mejor OPV (IR Awards 2002).

Daniel Lacalle es autor de Nosotros, los Mercados (2013). También es autor del bestseller Viaje a la Libertad Económica (2013) y La Madre de Todas las Batallas (2014, junto a Diego Parrilla), publicado originalmente en inglés como The Energy World Is Flat.

Sus dos obras más recientes son Acabemos con el Paro (2015) y Hablando se Entiende la Gente (con Juan Torres y Emilio Ontiveros).

Escribe una columna diaria en El Confidencial, y colabora habitualmente en La Razón, Inversión, la CNBC, BBC, El Mundo, Intereconomía, 13TV, Espejo Público, La Sexta, The Commentator y The Wall Street Journal.

Daniel Lacalle ha dado clases en la London School of Economics (verano 2013, 2014 y 2015), Instituto de Empresa (Economía para Inversores), Escuela AFI (2012) y en el master MEMFI de la UNED (2013 y 2014).

Notas

[1] Datos de 2017, del informe Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), del Instituto Nacional de Estadística (INE). <<

[2] Según el Banco Mundial, el coeficiente de Gini en Latinoamérica era de 41 en 2017. <<

[3] Juan Manuel Díaz Torres, Filosofía de la libertad: el acto libre según Santo Tomás de Aquino, Editorial Club Universitario, San Vicente del Raspeig (Alicante), 2006. <<

[4] Anthony Burgess, La naranja mecánica, Minotauro, Barcelona, 2015. <<

[5] C. S. Lewis, Mere Christianity, HarperCollins, Nueva York, 2001. Versión castellana de Verónica Fernández Muro, Mero cristianismo, 8.ª ed., Rialp, Madrid, 2005. <<

[6] John Stuart Mill, Sobre la libertad, Biblioteca Nueva, Madrid, 2017. <<

[7] W. Michael Cox, «The middle class still has it pretty good». Hay disponible un extracto de este artículo en: https://www.aei.org/carpe-diem/capitalism-created-the-middle-class-and-they-still-have-it-pretty-good/. Consulta: [13/12/2019]. <<

[8] Friedrich A. Hayek, The road to serfdom, Routledge, Londres, 1944. Versión castellana de José Vergara, Camino de servidumbre, 3.ª ed., Alianza Editorial, Madrid, 2011. <<

[9] Frédéric Bastiat, La ley, Alianza Editorial, Madrid, 2005. <<

[10] «Bureaucracy gives birth to itself and then expects maternity benefits». Dale Dauten es autor y orador sobre gestión empresarial. La cita está extraída de la página web BrainyQuote.com. Disponible en: https://www.brainyquote.com/quotes/dale_dauten_102584. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[11] Datos desprendidos del informe Día de la Liberación Fiscal 2018, del laboratorio de ideas (o think tank). Civismo. Disponible en: https://civismo.org/es/dia-de-la-liberacion-fiscal-2018/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[12] Datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), 2018. <<

[13] Datos del think tank Tax Foundation. <<

[14] Datos del IRS, 2016. Disponible en: https://www.irs.gov/uac/soitax-stats-individual-income-tax-returns-publication-1304-complete-report#_IndReturns. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[15] El 0,001 por ciento de los contribuyentes de Estados Unidos pagaron casi el doble con respecto a su porcentaje de la riqueza total. (Datos del IRS, 2017). <<

[16] Lectura complementaria: Thomas Sowell, «Tax Cuts To The Rich», mayo de 2017. Disponible en: https://www.creators.com/read/thomassowell/04/17/tax-cuts-for-the-rich. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[17] La Unión Europea y Estados Unidos subvencionan a industrias estratégicas en cantidades que superan de manera amplia las cifras estimadas de ingresos fiscales supuestamente «perdidos». <<

[18] Lecturas complementarias: Fondo Monetario Internacional, «Will it hurt? Macroeconomic effects of fiscal consolidation», en World Economic Outlook: recovery, risk, and rebalancing, Washington D. C., octubre de 2010. Disponible en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/pdf/c3.pdf. [Consulta: 13/12/2019]. Karel Mertens y Morten O. Ravn, «The dynamic effects of personal and corporate income tax changes in the United States», American Economic Review, vol. 103, n.º 4, junio de 2013, pp. 1212-1247. Åsa Johansson, Christopher Heady, Jens Arnold, Bert Brys, Cyrille Schwellnus y Laura Vartia, «Tax and economic growth», documento de trabajo n.º 620, Departamento de Economía de la OCDE, 2008. Jens Arnold, Bert Brys, Christopher Heady, Åsa Johansson, Cyrille Schwellnus y Laura Vartia, «Tax policy for economic recovery and growth», Economic Journal, vol. 121, n.º 550, 2011, pp. 59-80. Alberto Alesina y Silvia Ardagna, «Large changes in fiscal policy: taxes versus spending», Tax Policy and the Economy, vol. 24, 2010, pp. 35-68. David S. Logan, «The proper role of taxes in deficit and debt reductions», documento (Fiscal Fact) de Tax Foundation, n.º 278, 28 de julio de 2011. Disponible en: https://taxfoundation.ºrg/proper-role-taxes-deficit-and-debt-reduction/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[19] Véase: Daniel Lacalle, «The “tax the rich” fallacy always means more taxes to everyone; here is why». Disponible en: https://www.dlacalle.com/en/the-tax-the-rich-fallacy-always-means-tax-everyone-here-is-why/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[20] Bryan Riley y Terry Miller, «2017 index of economic freedom: trade and prosperity at risk», documento de The Heritage Foundation, en Backgrounder, n.º 3168, 26 de noviembre de 2016. Disponible en: http://www.heritage.org/international-economies/report/2017-index-economic-freedomtrade-and-prosperity-risk. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[21] Véase: Mike Bird, «Why socialist Scandinavia has some of the highest inequality in Europa», Business Insider, 14 de octubre de 2014. Disponible en: https://www.businessinsider.com/why-socialist-scandinavia-has-some-ofthe-highest-inequality-in-europe-2014-10?IR=T. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[22] Walter Korpi y Joakim Palme, «The paradox of redistribution and strategies of equality: welfare state institutions, inequality and poverty in the western countries», American Sociological Review, vol. 63, n.º 5, octubre de 1998, pp. 661-687. <<

[23] Thomas Sowell, «The mindset of the left, part II», Townhall, 3 de julio de 2013. Disponible en: https://townhall.com/columnists/thomassowell/2013/07/03/the-mindset-of-the-left-part-ii-n1631805. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[24] Coeficiente de Gini, según datos del INE. <<

[25] «Global wealth report 2018», Research Institute, Credit Suisse, 2018. <<

[26] Angus Deaton, «If the state got out of the redistribution business: without governments, would countries have more inequality, or less?», The Economist, 13 de julio de 2017. Disponible en: https://www.economist.com/the-world-if/2017/07/13/without-governments-would-countries-have-moreinequality-or-less. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[27] Ravi Kanbur, «Inequality in a global perspective», documento de trabajo n.º 2019-3, Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management, Cornell University, Ithaca (Nueva York), febrero de 2019. Disponible en: https://dyson.cornell.edu/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/CornellDyson-wp1903.pdf. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[28] Max Roser y Esteban Ortiz-Ospina, «Income Inequality», Our World in Data, diciembre de 2013 (actualizado en octubre de 2016). Disponible en: https://ourworldindata.org/income-inequality/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[29] Tomas Hellbrandt y Paolo Mauro, «The future of worldwide income distribution», documento de trabajo n.º 15-7, Peterson Institute for International Economics, octubre de 2015. <<

[30] «Is rising inequality in America exaggerated?», The Economist, 17 de septiembre de 2010. Disponible en: https://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2010/09/inequality_myth. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[31] Véase: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[32] Jesse Bricker, Alice Henriques, Jakob Krimmel y John Sabelhaus, «Measuring income and wealth at the top using administrative and survey data», Brookings Papers on Economic Activity, vol. 47, n.º 1 (primavera de 2016), pp. 261-331. <<

[33] Véase: https://www.brookings.edu/bpea-articles/measuring-income-andwealth-at-the-top-using-administrative-and-survey-data/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[34] Kayla Marye Walsh, «10 most popular countries for immigration», The Richest, 27 de marzo de 2014. Disponible en: http://www.therichest.com/rich-list/most-popular/10-most-popular-countries-for-immigration/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[35] Kayla Marye Walsh, «10 Most Popular Countries For Immigration», art. cit. <<

[36] «New OECD data shows growing global tax burden and continued government focus on consumption taxes», Global Tax Alert, Ernst and Young, 12 de diciembre de 2016. Disponible en: https://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--new-oecd-data-shows-growing-globaltax-burden-and-continued-government-focus-on-consumption-taxes. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[37] Véase Tax Foundation: https://taxfoundation.ºrg/publications/taxfreedom-day/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[38] James Roberts y Daniel Lacalle, «To avoid European and Japanese economic stagnation, U.S. should adopt more disciplined fiscal and monetary policies», The Heritage Foundation, 2019. La sinopsis del artículo dice: «Desde la creación de la Unión Europea (UE), sus políticas económicas se han definido por una interminable serie de medidas de estimulación fiscal acompañadas de políticas monetarias adaptables. Actualmente, en Estados Unidos, algunos políticos de izquierda están exigiendo que el gobierno estadounidense aplique políticas parecidas. Es importante analizar los riesgos para la economía de Estados Unidos inherentes a esas políticas». <<

[39] «Merkel warns on cost of welfare», Financial Times, Quentin Peel 16/ 12/2012 <<

[40] Tax Foundation (datos de la OCDE): https://taxfoundation.ºrg/comparison-tax-burden-labor-oecd-2016/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[41] Eurostat, 2016. <<

[42] http://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/how-do-us-taxescompare-internationallyDatos de la OCDE, 2018. <<

[43] Dimiter Toshkov, «50 years of European legislation»: http://www.dimiter.eu/Eurlex.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[44] Ryan McMaken, «The poor in the US are richer than the middle class in much of Europe», Mises Wire (Mises Institute), 2015. <<

[45] Daniel Lacalle, «Europe tried its own “Green New Deal”; it was a disaster», Mises Wire (Mises Institute), 2019. <<

[46] Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), del Instituto Nacional de Estadística, en 2017, España presentaba un coeficiente de Gini de 33,2 (siendo 0 la igualdad perfecta y 100 la desigualdad absoluta). Juan Ramón Rallo lo comenta así en su artículo «La desigualdad cae en España a mínimos de una década» (El Confidencial, 28 de junio de 2019): «A conclusiones similares llegamos si, en lugar de usar el índice Gini, recurrimos a la ratio S80/S20 (esto es, cuántas veces la renta media del 20 por ciento más rico supera la renta media del 20 por ciento más pobre) […], hoy esa ratio ha caído hasta 6, solo una décima por encima de 2008 y cuatro por encima de 2007. Si, a su vez, incluimos el alquiler imputado en la definición de renta, este diferencial disminuye hasta 5,1, únicamente tres décimas por encima de 2007». <<

[47] El índice Gini es equivalente al coeficiente Gini, pero expresado en valor decimal; es decir, sus valores se miden entre 0 y 1 (donde 1 es la desigualdad absoluta). <<

[48] Ignacio Moncada y Juan Ramón Rallo, «Mitos y realidades sobre la desigualdad en España: ¿realmente es España uno de los países más desiguales de Europa?», Instituto Juan de Mariana. <<

[49] Según la Encuesta de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB), el índice de Gini en Venezuela es el más alto de todos los de los países de la región. <<

[50] Base de datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Disponible en: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/HTI. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[51] Encuesta Nacional Bicentenario, Universidad Católica, Chile, 2019. La cifra es del 65 por ciento según el estudio «Hacia una definición y caracterización de la clase media en Chile», Instituto Libertad y Desarrollo, 2019. <<

[52] Lectura complementaria: James Bartholomew, The welfare of nations, Biteback Publishing, Londres, 2015. Bartholomew dice: «Hay menos pobreza que la que parecen indicar las cifras oficiales, especialmente donde los beneficios son medios probados y hay un fuerte incentivo para mantener en secreto los ingresos». <<

[53] Lecturas complementarias: Johan Norberg, Progress: ten reasons to look forward to the future, Oneworld Publications, Londres, 2016; versión castellana de Diego Sánchez de la Cruz, Progreso: 10 razones para mirar al futuro con optimismo, Deusto, Barcelona, 2017. Hans Rosling, Factfulness: ten reasons we’re wrong about the world —and why things are better than you think, Sceptre, Londres, 2018; versión castellana de Jorge Paredes, Factfulness: diez razones por las que estamos equivocados sobre el mundo. Y por qué las cosas están mejor de lo que piensas, Deusto, Barcelona, 2018. <<

[54] Stakeholders: todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa, sean o no empleados o estén o no relacionados con la actividad principal de la empresa. <<

[55] Global Corporate Spending Survey, Standard and Poor’s, https://www.spratings.com/documents/20184/1481001/Global+Corp​orate+Capex+​Study+2019+Cur​bed+Enthusiasm/086812c1-e10f-e2e7-2be0-89c7e34d8bc7, junio de 2019. <<

[56] Comisión Europea, «State-oewned enterprises in the EU: lessons learnt and ways forward in a post-crisis context», documento institucional, n.º 31, 2016. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip031_en_2.pdf. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[57] Enormes proyectos de construcción sin utilidad real diseñados para inflar el PIB. (Se dice que algo es un elefante blanco cuando es costoso de mantener y no produce utilidad alguna). <<

[58] «La producción normativa en 2016», CEOE. <<

[59] Comisión Europea, «State-oewned enterprises in the EU», documento cit., gráfico I.2.1, «Government’s participation in the capital of corporations, % of GDP (2014 or latest)». <<

[60] Adam Lusher, «“Secrecy” over public spending exposed by Transparency International report», Independent, 25 de septiembre de 2016. Disponible en: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/secrecy-over-publicspending-exposed-taxpayers-money-government-corruption-where-istaxpayers-money-a7327186.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[61] Dan Senor y Saul Singer, Start-up nation: the story of Israel’s economic miracle, Twelve, Nueva York, 2011. Versión castellana Start-up Nation: la historia del milagro económico de Israel, Toy Story, Alcobendas (Madrid), 2012. <<

[62] Noruega es una de las naciones líderes mundiales en facilidad para hacer negocios y en libertad económica. <<

[63] Mayor tamaño de gobierno, menor crecimiento. Evidencia de 108 países muestra el efecto negativo en el crecimiento del mayor tamaño y consumo gubernamental. António Afonso y João Tovar Jalle, «Economic performance and government size», documento de trabajo n.º 1399, Banco Central Europeo, noviembre de 2011. <<

[64] En alusión a John Maynard Keynes, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, libro 3, capítulo 10, sección 6, p. 119 (versión castellana de Eduardo Hornedo, Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, 1980): «Si la Tesorería se pusiera a llenar botellas viejas con billetes de banco, las enterrara a profundidad conveniente en minas de carbón abandonadas, que luego se cubrieran con escombros de la ciudad, y dejara a la iniciativa privada, de conformidad con los bien experimentados principios del laissez faire, el cuidado de desenterrar nuevamente los billetes (naturalmente obteniendo el derecho de hacerlo por medio de concesiones sobre el suelo donde se encuentran), no se necesitaría que hubiera más desocupación y, con ayuda de las repercusiones, el ingreso real de la comunidad y también su riqueza de capital probablemente rebasarían en buena medida su nivel actual. Claro está que sería más sensato; construir casas o algo semejante; pero si existen dificultades políticas y prácticas para realizarlo, el procedimiento anterior sería mejor que no hacer nada». <<

[65] Friedrich A. von Hayek, Full employment at any price?, Institute of Economic Affairs, Londres, 1975. <<

[66] Banco de Pagos Internacionales, 2017. <<

[67] Daniel Mahoney, Tim Knox y George Trefgarne, «Infrastructure can be a bad investment», Centre for Policy Studies, Economic Bulletin, n.º 86, 18 de noviembre de 2016. Disponible en: https://www.cps.org.uk/research/infrastructure-can-be-a-bad-investment/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[68] Según la Comisión de la Competencia de España, el montante desperdiciado en proyectos de construcción de financiación pública ascendió a 45 000 millones de euros anuales entre 2006 y 2010. <<

[69] Hasta el 57 por ciento de los proyectos de infraestructuras en Brasil en 2013-2014 representaron un gasto sin valor añadido. Véase: http://leanconstructionblog.com/The-ratio-of-value-vs-waste-in-Brazilianinfrastructure-projects.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[70] Edward L. Glaeser, «If you build it: myths and realities about America’s infrastructure spending», City Journal, verano de 2016. <<

[71] Banco Central Europeo, «Commission adopts European economic recovery plan», 6 de julio de 2009. Disponible en: http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/article13502_en.htm. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[72] Véase: https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-andinvestment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[73] Consejo de la Unión Europea, «Directiva 2009/28/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y de derogan las Directivas 2001/77/EC y 2003/30/EC», 23 de abril de 2009. Véase: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0028. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[74] Roger Andrews, «The causes of the differences between European and US residential electricity rates», Energy Matters, 30 de abril de 2018. Disponible en: http://euanmearns.com/the-causes-of-the-differences-betweeneuropean-and-us-residential-electricity-rates/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[75] Oficina Federal de Estadística de Estados Unidos. <<

[76] Harold L. Cole y Lee E. Ohanian, «New Deal policies and the persistence of the Great Depression: a general equilibrium analysis», Journal of Political Economy, vol. 112, n.º 4, agosto de 2004, pp. 779-816. Disponible en: https://ssrn.com/abstract=562405. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[77] Ernst and Young, Renewable Energy Country Attractiveness Index, 2018. <<

[78] BloombergNEF (BNEF), REN21 Renewables 2019 Global Status Report. <<

[79] IEA, Global Energy & CO₂ Status Report, 2018. Cita: «Las emisiones en Estados Unidos se mantienen en torno a los niveles de 1990, 14 % y 800 Mt de CO₂ por debajo de su máximo en 2000. Este es el mayor descenso en términos absolutos de cualquier país desde 2000». <<

[80] Véase: https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/private-publicpartnership-for-low-volume-roads-the-swedish-private-roads-associations. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[81] El exceso de capacidad se mide como la diferencia entre el ciento por ciento, que se consideraría plena capacidad, y el porcentaje actual de utilización industrial; y los datos proceden de la OCDE y el Banco Mundial, 2016. <<

[82] Ethan Ilzetzki, Enrique G. Mendoza y Carlos A. Végh, «How big (small?) are fiscal multipliers?», Journal of Monetary Economics, vol. 60, n.º 2, marzo de 2013, pp. 239-254. <<

[83] Afonso y Tovar, «Economic performance and government size», documento cit. <<

[84] Deepak Lal, «China’s growth gamble isn’t paying off», CapX, octubre de 2016. <<

[85] Glaeser, «If you build it», art. cit. <<

[86] Datos de Eurostat. <<

[87] Según algunos cálculos asciende a 2,2 billones de dólares. Los cálculos se basan en la media de recuperaciones anteriores y actuales en términos de dólares reales. <<

[88] Departamento de estadísticas laborales, Banco Mundial. <<

[89] Richard W Rahn, «How fracking saved Obama», The Washington Times, 2 de junio de 2014. Cita: «Los productores no convencionales de petróleo y gas, incluidos los proveedores de equipos y materiales, y la producción química relacionada con la energía, representan ya alrededor de 2,5 millones de nuevos empleos, lo que equivale a aproximadamente el 1,8 por ciento de la población activa». <<

[90] «Las industrias que conllevan un alto nivel de desarrollo de la propiedad intelectual proporcionan al menos 45 millones de empleos en EE. UU y aportan más de 6 billones de dólares (el 38,2 por ciento) al producto interior bruto de EE. UU.». Disponible en: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPandtheUSEco​nomySept2016.pdf. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[91] Marc Labonte y Gail E. Makinen, «Federal Reserve interest rate changes: 2000-2008», Government and Finance Division, 19 de marzo de 2008. <<

[92] Kimberly Amadeo, «Did the Bush economic stimulus package work?», The Balance, julio de 2019. Disponible en: https://www.thebalance.com/bush-economic-stimulus-package-3305782. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[93] Alberto Alesina, Carlo Favero y Francesco Giavazzi, «The output effect of fiscal consolidations», documento de trabajo n.º 18 336, National Bureau of Economic Research, agosto de 2012. Disponible en: http://www.nber.org/papers/w18336. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[94] Pete Devries, Jaime Guajardo, Daniel Leigh y Andrea Pescatori, «A new action-based dataset of fiscal consolidation», Fondo Monetario Internacional, document de trabajo n.º 11/128, junio de 2011. Disponible en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11128.pdf. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[95] Véase: https://www.wsj.com/articles/SB10001424052​748704271804575405​311447498820. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[96] Véase: http://www.heritage.org/budget-and-spending/report/researchreview-spending-cuts-are-better-tax-increases#_ftn4. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[97] Programas 1 y 2 de compra de bonos por el BCE. Disponibles en: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2010/html/pr100630.en.html y https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr121031_1.en.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[98] La cantidad de bonos con rendimiento negativo ascendió a más de 16 billones de dólares, según Bloomberg, a mediados de 2019. Un bono de rendimiento negativo es aquel en el que el acreedor recibe menos dinero del que ha invertido, lo que, en la práctica, equivale a pagar por prestar, en la esperanza de que el bono subirá por encima del coste del préstamo. <<

[99] Véase: https://mises.org/library/broken-window-fallacy. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[100] Todos los datos de Alemania son de la Oficina Federal de Estadística (Statistisches Bundesam), 2018 y 2019. <<

[101] Recomiendo la lectura siguiente: Meg Sullivan, «FDR’s policies prolonged Depression by 7 years, UCLA economists calculate», UCLA Newsroom, 10 de agosto de 2004. Disponible en: http://newsroom.ucla.edu/releases/FDR-s-Policies-Prolonged-Depression-5409. [Consulta: 13/12/2019]. Benjamin Powell, «Explaining Japan’s Recession», Mises Daily Articles (Mises Institute), 19 de noviembre de 2002. Disponible en: https://mises.org/library/explaining-japans-recession. [Consulta: 13/12/2019]. Chong-En Bai, ChangTai Hsieh y Zheng Michael Song, «Why China’s 4 trillion yuan fiscal stimulus resulted in a permanent damage to GDP growth. The long shadow of a fiscal expansion», documento de trabajo n.º 22 801, National Bureau of Economic Research, noviembre de 2016. Disponible en: http://www.nber.org/papers/w22801. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[102] Índice de libertad económica. Véase: http://www.heritage.org/international-economies/report/2017-index-economic-freedom-trade-andprosperity-risk. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[103] Banco Mundial. Véase: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[104] Informe Paying Taxes 2019, elaborado por PricewaterhouseCoopers (PwC). Véase: https://www.pwc.es/es/publicaciones/legal-fiscal/assets/pwcpaying-taxes-2019.pdf. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[105] International Tax Competitiveness Index 2019, Tax Foundation. Véase: https://taxfoundation.ºrg/2019-international-index/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[106] Paying Taxes Report 2017, PricewaterhouseCoopers (PwC). Véase: https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2017.pdf. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[107] Kyle Pomerleau, «How Scandinavian countries pay for their government spending», Tax Foundation, 10 de junio, 2015. <<

[108] Datos oficiales de 2016. Nils Elvander, «The labor market regimes in the Nordic countries: a comparative analysis», Financing of Health Care in the Nordic Countries, Nordico Medico Statistical Committee, 2013. <<

[109] Nina Sanandaji, «Scandinavian unexceptionalism: culture, markets and the failure of third-way socialism», Institute of Economic Affairs, junio de 2015. Véase: https://iea.org.uk/publications/research/scandinav​ianunexceptionalism-culture-markets-and-the-failure-of-third-way-soc. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[110] El período socialista de la tercera vía, el cual se prolongó desde principios de la década de 1970 a principios de la de 1990, fue el período en el que los países nórdicos trataron de aplicar políticas estatistas y socialistas. <<

[111] Mike Bird, «Why socialist Scandinavia has some of the highest inequality in Europa», Business Insider, 14 de octubre de 2014. <<

[112] Credit Suisse Global Wealth Report 2014. <<

[113] Datos estadísticos de Finlandia y Corea del Sur. Disponibles en: http://www.stat.fi/til/tkke/2015/tkke_2015_2016-10-27_tie_001_en.html y https://qz.com/223543/korea-is-the-current-world-champion-of-rd-spending/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[114] Informe de 2017. Véase: https://www.epo.org/about-us/annualreports-statistics/annual-report/2017.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[115] Informe estadístico anual de la Oficina Europea de Patentes, 2017. <<

[116] Consejo editorial, «Close the gaps: disparities that threaten America», Valley News, viernes 5 de agosto de 2011. Disponible en: https://www.sanders.senate.gov/newsroom/must-read/close-the-gaps-disparities-that-threaten-america. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[117] Del 780 por ciento, según cálculos del FMI. <<

[118] Según el Índice de Transparencia Internacional de 2016. <<

[119] Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9IMoSZi2J1c. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[120] Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi). <<

[121] Véase: https://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=16322. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[122] Congreso argentino, Credit Suisse, Merrill Lynch. IPC-Congreso. Https://www.agrositio.com.ar/noticia/163489-evolucion-del-nivel-generalde-precios-en-argentina-periodo-2008-2014. <<

[123] Anne O. Krueger, «The political economy of the rent-seeking society», The American Economic Review, vol. 64, n.º 3, junio de 1974, pp. 291-303. <<

[124] El dinero fiat, o dinero fiduciario, es una moneda sin valor intrínseco que se ha establecido como dinero, a menudo a través de la regulación del gobierno. El dinero fiat no tiene valor de uso, y si tiene valor es solamente porque un gobierno mantiene dicho valor o porque las partes implicadas en el intercambio se ponen de acuerdo sobre su valor. <<

[125] Erik Zimerman, «Debunking Modern Monetary Theory (MMT) & understanding it first», The Lighthouse.net, 21 de abril de 2014. Disponible en: http://www.the-lighthouse.net/debunking-modern-monetary-theorymmt-understanding-it-first/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[126] Mike Shedlock, «Debunking MMT, Keynesianism, Monetarism: reader asks “What theories do you believe?”», Mish Talk, 5 de agosto de 2017. <<

[127] Frank Shostak, «Is money created by government decree?», Mises Wire (Mises Institute), 31 de julio de 2017. Véase: https://mises.org/blog/money-created-government-decree. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[128] Murray N. Rothbard, What has government done to our money?, Mises Institute, Auburn (Alabama), 2015. <<

[129] Véase: http://positivemoney.org/2015/11/peoples-quantitativeeasing-what-on-earth-is-it/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[130] Daniel Lacalle, Escape from the central bank trap, Business Expert Press, Nueva York, 2017. Versión castellana de Jorge Paredes, La gran trampa, Deusto, Barcelona, 2017. <<

[131] Bank of Canada Sovereign Default Database 2018, David Beers, https://www.bankofcanada.ca/2018/07/staff-working-paper-2018-30/. Lectura adicional: Marlene Amstad, Frank Packer y Jimmy Shek, «Does sovereign risk in local and foreign currency differ?», documento de trabajo n.º 709, Banco de Pagos Internacionales, marzo de 2018. <<

[132] Véase: «How fiat dies»; http://howfiatdies.blogspot.com/2012/10/faq-for-hyperinflation-skeptics.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[133] Lacalle, La gran trampa, op. cit. <<

[134] Henry George, Protection or free trade: an examination of the tariff question, with especial regard to the interests of free trade, 1885. <<

[135] Véase: https://www.gisreportsonline.com/protectionisms-scaryrise,expert-view,1935.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[136] Keith Bradsher, «China’s premier, Li Keqiang, praises free trade, in contrast to Trump», The New York Times, 27 de junio de 2017. Disponible en: https://www.nytimes.com/2017/06/27/business/china-li-keqiang-summerdavos-trade.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[137] Capacidad productiva contra utilización industrial, 2017. <<

[138] Global Trade Alert: http://www.globaltradealert.org/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[139] Official Bureau of Statistics, 2018. <<

[140] Robert W. Merry, «America’s history of protectionism», The National Interest, 18 de octubre de 2016. <<

[141] Ian Fletcher, «Japan, the forgotten protectionist threat», HuffPost, 17 de junio de 2011. Disponible en: http://www.huffingtonpost.com/ian-fletcher/japan-the-forgotten-prote_b_850269.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[142] Robert Z. Lawrence, Robert E. Litan, «Why protectionism doesn’t pay», Harvard Business Review, mayo de 1987. <<

[143] Mark J Perry, «25 reasons why protectionism is taken seriously when it’s actually a form of economic suicide», American Enterprise Institute (AEI), 9 de febrero de 2017. Disponible en http://www.aei.org/publication/25reasons-why-protectionism-is-taken-seriously-when-its-actually-a-form-ofeconomic-suicide/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[144] Banco de Pagos Internacionales (BPI), 2017. <<

[145] Kai Strittmatter, We have been harmonised: life in China’s surveillance state, Old Street Publishing, Londres, 2019. <<

[146] Timothy Webster, «Paper compliance: how China implements WTO decisions», Michigan Journal of International Law, vol. 35, n.º 3, 2014, pp. 525-578. <<

[147] «China: effect of intellectual property infringement and indigenous innovation policies on the US economy», U.S. International Trade Commission, 2011. Véase: https://www.usitc.gov/publications/332/pub4226.pdf. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[148] Eduardo Borensztein y Ugo Panizza, «The costs of sovereign default», documento de trabajo n.º 08/238, Fondo Monetario Internacional, octubre de 2008. <<

[149] Ecuador incurrió en impago en diciembre de 2008, a pesar e disponer de efectivo. Se interrumpieron los pagos de los bonos Global 2012 y Global 2030, los cuales ascendían a 321 000 millones de dólares (alrededor del 30 por ciento de las obligaciones), y en 2012 el gobierno de Ecuador gastó 900 millones de dólares en recomprar el 91 por ciento de los bonos impagados de Global 2012 y Global 2030. <<

[150] Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, Seuil, París, 2013. Versión castellana de Eliane Cazenave-Tapie Isoard y Guillermina Cuevas Mesa, El capital en el siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2014. <<

[151] Chris Taylor (Reuters), «70 % of rich families lose their wealth by the second generation», Money, 17 de junio de 2015. Véase: http://money.com/money/3925308/rich-families-lose-wealth/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[152] Angus Deaton, The great escape: health, wealth, and the origins of inequality, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2013. Versión castellana de Ignacio Perrotini, El gran escape: salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad, Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, 2015. <<

[153] Max Roser y Esteban Ortiz-Ospina, «Global extreme poverty», Our World in Data, 2013 (actualizado en 2017 y 2019). Véase: https://ourworldindata.org/extreme-poverty. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[154] «¿Dónde está el problema de la desigualdad?». Disponible en: http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ502/tesfatsion/WhereIsInequalityProblem.KRogoff2014.pdf. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[155] «Picking holes in Piketty», The Economist, 31 de mayo de 2014. Disponible (con registro) en: https://www.economist.com/news/financeand-economics/21603022-latest-controversy-around-thomas-pikettysblockbuster-book-concerns-its. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[156] John Cassidy, «Parsing Piketty: is wealth inequality rising in the US?», The New Yorker, 26 de mayo de 2014. Disponible en: http://www.newyorker.com/news/john-cassidy/parsing-piketty-is-wealth-inequality-rising-in-theu-s. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[157] Gerald Auten y David Splinter, «Income inequality in the United States: using tax data to measure long-term trends». Véase:http://davidsplinter.com/AutenSplinter-Tax_Data_and_Inequality.pdf. <<

[158] Carlos Góes, «Testing Piketty’s hypothesis on the drivers of income inequality: evidence from panel VARs with heterogeneous dynamics», documento de trabajo n.º 16/160, Fondo Monetario Internacional, 3 de agosto de 2016. <<

[159] Daron Acemoglu, Suresh Naidu, Pascual Restrepo y James A. Robinson, «Democracy, redistribution, and inequality», documento de trabajo n.º 19 746, National Bureau of Economic Research, diciembre de 2013. <<

[160] Daron Acemoglu y James A. Robinson, «The rise and decline of general laws of capitalism», documento de trabajo n.º 20 766, National Bureau of Economic Research, diciembre de 2014. <<

[161] La diferencia entre el rendimiento del capital (r) y el crecimiento generado (g). <<

[162] Según Carlos Góes, Piketty sostiene que, si el resto de factores permanecen constantes, siempre que la diferencia entre el rendimiento del capital (r) y el índice de crecimiento (g) aumenten, el porcentaje del capital en los ingresos nacionales aumenta. Además, dado que los ingresos de capital tienden a distribuirse de manera más desigual que los laborales, un incremento del porcentaje de capital probablemente conduciría a un aumento de la desigualdad en los ingresos generales (y, con el tiempo, en la riqueza). <<

[163] Åsa Hansson, «The wealth tax and economic growth», Departamento de Economía, Universidad de Lund, octubre de 2002. <<

[164] Andrea O’Sullivan, «The economic effects of an “ultrarich” wealth tax», The Bridge, Mercatus Center (Universidad George Mason), 13 de febrero de 2019. <<

[165] Banco Mundial, 2017. <<

[166] Profesor de economía y finanzas del campus Flint, de la Universidad de Míchigan. <<

[167] Chelsea Follett, «American family income reaches record high», Human Progress, 16 de marzo de 2017. Véase: http://humanprogress.org/blog/american-family-incomes-reach-record-high. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[168] HumanProgress.org. <<

[169] Lane Kenworthy, «Do social-welfare policies reduce poverty?: a cross-national assessment», documento de trabajo n.º 188, Luxembourg Income Study (LIS),1998. <<

[170] Korpi y Palme, «The paradox of redistribution and strategies of equality», art. cit. <<

[171] Datos de 2018, Deutsche Bank, «Repatriation of overseas earnings». <<

[172] Institute of Directors, cifras de 2015. <<

[173] Patricia del Águila Barbero, «España aplica el segundo tipo más alto en sucesiones de la eurozona», El Economista, 16 de agosto de 2017. Disponible en: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/8553777/08/17/Espana-aplica-el-segundo-tipo-mas-alto-en-Sucesiones-de-la-eurozona.html. [Consulta: 13/12/2019]. Cita: «[…] 10 de las 19 economías avanzadas de la eurozona ya han optado por su supresión. España sigue figurando entre los países que más impuestos cobra a las herencias, con una tarifa progresiva del 7,65 por ciento al 34 por ciento, solo por detrás de Francia, cuyo tributo llega al máximo del 45 por ciento, según un informe a nivel mundial de la asociación Tax Foundation». <<

[174] Datos del Colegio de Notarios, 2017. <<

[175] Agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles de participación mayoritaria, fundaciones, consorcios y demás entidades del sector público andaluz. Véase: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/planif_presup/presupuesto2015/IEF/ief-34.pdf. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[176] En el Reino Unido, más del 50 por ciento de la población considera injustos estos impuestos. Https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2015/03/19/inheritance-tax-most-unfair. <<

[177] Según un análisis distributivo del sistema tributario en los 50 estados. Véase: https://itep.org/washington/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[178] Véase: http://www.people-press.org/2017/04/14/top-frustrationswith-tax-system-sense-that-corporations-wealthy-dont-pay-fair-share/http://www.people-press.org/2011/12/20/tax-system-seen-as-unfair-in-needof-overhaul/?src=prc-number. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[179] Jeanne Sahadi, «Taxing the rich, the policy under Obama», CNN Money, 30 de enero de 2015. Dsiponible en: http://money.cnn.com/2015/01/30/pf/taxes/obama-taxes-rich/index.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[180] Jane Wells, «The rich do not pay the most taxes, they pay all the taxes», CNBC, 11 de diciembre de 2013. Disponible en: https://www.cnbc.com/2013/12/11/the-rich-do-not-pay-the-most-taxes-they-pay-all-the-taxes.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[181] Daniel Mitchell, «Obama promised not to raise taxes to the middle class, but his new budget suggests otherwise», CNS News, 9 de febrero de 2016. Disponible en: https://www.cnsnews.com/commentary/daniel-mitchell/obama-promised-never-raise-taxes-middle-class-his-new-budget-suggests. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[182] Oficina Presupuestaria del Congreso. <<

[183] Ingresos reales contra ingresos estimados, 2016. Véase: https://www.usgovernmentspending.com/federal_budget_estimate_vs_actual_2016_XXbs1n. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[184] Washington Post. «President Obama Raised Taxes on the Middle Class» https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/11/11/president-obama-raised-middle-class-taxes-and-lost-an-election/?utm_term=.d3e91d4f5ab0. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[185] ECB, Fiscal Forecasting Lessons from Literature and Challenges. Working Paper 843, December 2007. <<

[186] «A primer on tax reform and the upcoming budget debate», Deutsche Bank, septiembre de 2017. <<

[187] Véase: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/secrecyover-public-spending-exposed-taxpayers-money-government-corruptionwhere-is-taxpayers-money-a7327186.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[188] Véase: http://www.heritage.org/index/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[189] Véase: https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[190] Corey Iacono, «The myth of Scandinavian socialism: the Nordic model is far from socialist», Foundation for Economic Education (FEE), 25 de febrero de 2016. Disponible en: https://fee.org/articles/the-myth-of-scandinavian-socialism/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[191] El porcentaje de propiedad pública en empresas sobre el PIB es más bajo en Dinamarca (menos del 5 por ciento) que en España (casi el 10 por ciento), según datos de Eurostat de 2017. <<

[192] Informe Paying Taxes 2019, elaborado por PricewaterhouseCoopers (PwC). Véase: https://www.pwc.es/es/publicaciones/legal-fiscal/assets/pwcpaying-taxes-2019.pdf. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[193] https://www.reuters.com/article/Dinamarca-economy-tax/danishgovt-proposes-tax-cuts-to-extend-economic-upswing-idUSL8N1LE3PU. <<

[Consulta: 13/12/2019].

[194] «Índice de Competitividad Fiscal, 2019», Tax Foundation, publicado y divulgado en España por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). <<

[195] Véase: https://transparency.eu/project/clean-contracts/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[196] Entrevista a Carmen Calvo en ABC (29 de mayo de 2004): «Estamos manejando dinero púbico y el dinero público no es de nadie». <<

[197] The Global Competitiveness Report 2016, Foro Económico Mundial. <<

[198] Michael Mitsopoulos y Theodore Pelagidis, Understanding The Crisis in Greece: From Boom to Bust, 2.ª edición, Palgrave Macmillan, marzo de 2012. <<

[199] El período comprendido entre principios de la década de 1970 y principios de la de 1990, cuando algunos países nórdicos decidieron aplicar un modelo socialista que se situaba entre el marxismo y el capitalismo. <<

[200] Kristian Jensen, ministro de Economía danés, 2017. Libertad Digital. <<

[201] Véase: https://www.nytimes.com/interactive/2015/10/02/world/europe/germany-unification-anniversary.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[202] André Steiner, Von Plan zu Plan: eine Wirtschaftsgeschichte der DDR, Deutsche Verlags-Anstalt, Múnich, 2004. Versión inglesa de Ewald Osers, The plans that failed: an economic history of the GDR, Berghahn, Nueva York, 2013. <<

[203] Nicholas Crafts y Gianni Toniolo (eds.), Economic growth in Europe since 1945, Cambridge y Nueva York, Cambridge University Press, 1996. <<

[204] Jaap Sleifer, Planning ahead and falling behind: the East German economy in comparison with West Germany, 1936-2002, Akademie Verlag, Berlín, 2006. <<

[205] Philip Hanson, The rise and fall of the Soviet economy: an economic history of the USSR from 1945, Londres y Nueva York, Longman, 2003. <<

[206] Humanprogress.org. <<

[207] Monitoring global poverty, Banco Mundial, 2017. Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25141/9781464809613.pdf. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[208] Banco Mundial, Monitoring global poverty, ob. cit., 2017. <<

[209] Marian L. Tupy, «Africa is getting richer, thanks to capitalism», Foundation for Economic Education (FEE), 26 de julio de 2016. Véase: https://fee.org/articles/africa-is-getting-richer-thanks-to-capitalism/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[210] Germinal G. Van, «Africa’s socialism is keeping it poor», Mises Wire (Mises Institute), 11 de febrero de 2019. Véase: https://mises.org/wire/africas-socialism-keeping-it-poor. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[211] The Hunger Project, Banco Mundial, 2017. <<

[212] Homi Kharas, «The unprecedented expansion of the global middle class», documento de trabajo n.º 100, Global Economy & Development (Brooking Institute), febrero de 2017. Véase: https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2017/02/global_20170228_global-middle-class.pdf. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[213] Informe Oxfam 2017. <<

[214] Max Roser, «The short history of global living conditions and why it matters that we know it», Our World in Data, 2019 (actualización). Véase: https://ourworldindata.org/a-history-of-global-living-conditions-in-5charts. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[215] China’s economic development. Véase: https://www.researchgate.net/publication/286167662_China’s_Economic_Development_Institutions_Growth_and_Imbalances. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[216] En el año 1790, el Estado francés estaba arruinado y con una deuda disparada. Tras confiscar los bienes de la Iglesia y las tierras de los aristócratas, la inversión y la actividad económica privada se desploma, y el Estado decide emitir moneda respaldada con activos patrimoniales. Cuando se dispara la inflación, decide emitir mucha más, y con ello colapsa la economía vía más inflación y expropiación. <<

[217] Preeti Varathan, «A Nobel Prize-winning economist thinks we’re asking all the wrong questions about inequality», Quartz, 27 de diciembre de 2017. Véase: https://qz.com/1166356/nobel-prize-winning-economist-angusdeaton-thinks-were-asking-all-the-wrong-questions-about-inequality/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[218] «Economic freedom: policies for prosperity», Index of Economic Freedom 2018, The Heritage Foundation. <<

[219] National Economics’ Editorial. Véase: Spencer P. Morrison, «California’s income inequality now worse than Mexico’s», National Economics’ Editorial, 17 de enero de 2018. Https://nationalecono​micseditorial.com/2018/01/17/californian-income-inequality-tops-mexico/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[220] «Venezuela: Latin America’s inequality success story», Oxfam (blog), 2010 (actualizado en 2018). Véase: https://oxfamblogs.org/fp2p/venezuelalatin-americas-inequality-success-story/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[221] Paul Muggeridge, «Bill Gates: global inequality is falling faster than ever», Foro Económico Mundial (web). Véase: https://www.weforum.org/agenda/2016/04/bill-gates-global-inequality-is-falling-faster-than-ever/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[222] Rebecca Keller, «Health care: a universal problem without a universal solution», Stratfor, 8 de agosto de 2017. Véase: https://worldview.stratfor.com/article/health-care-universal-problem-without-universal-solution. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[223] American Science Institute, 2018. <<

[224] Steve Gold, «How European nations run health systems», The Guardian, 11 de mayo de 2011. Disponible en: https://www.theguardian.com/healthcare-network/2011/may/11/european-healthcare-services-belgiumfrance-germany-sweden. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[225] John Haughom, «What is good about U.S. healthcare», Health Catalyst (web), 29 de marzo de 2014. Véase: https://www.healthcatalyst.com/positive_healthcare_transformation/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[226] Michelle M. Mello, Amitabh Chandra, Atul A. Gawande y David M. Studdert, «National costs of the medical liability system», Health Affairs, vol. 29, n.º 9, septiembre de 2010. <<

[227] Ibídem. <<

[228] «Healthcare costs and the free market», The Heritage Foundation. Véase: https://www.heritage.org/social-security/report/health-care-costsand-the-free-market. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[229] Chris Moody, «Bernie Sanders’ american dream is in Denmark», CNN, 17 de febrero de 2016. Disponible en: https://edition.cnn.com/2016/02/17/politics/bernie-sanders-2016-denmark-democratic-socialism/index.html. <<

[Consulta: 13/12/2019].

[230] Consejo editorial, «Close the gaps: disparities that threaten America», Valley News, viernes 5 de agosto de 2011. Disponible en: https://www.sanders.senate.gov/newsroom/must-read/close-the-gaps-disparities-thatthreaten-america. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[231] Sobre el sistema de salud en Dinamarca, véase: http://www.jabfm.org/content/25/Suppl_1/S34.full. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[232] OCDE, Health at a glance 2015. Disponible en: http://www.oecdilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2015_health_glance-2015-en. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[233] John Holahan y Linda J. Blumberg, «Estimating the cost of a singlepayer plan», Urban Institute, octubre de 2018. Cita: «Sanders’s presidential proposal would increase federal health expenditures by $32.6 trillion dollars over 10 years» («La propuesta presidencial de Sanders aumentaría los gastos federales de salud en 32,6 billones de dólares en 10 años»). <<

[234] Jessica Banthin, «Health care spending today and in the future: impacts on federal deficits and debt: presentation to a conference organized by the Center for Sustainable Health Spending», Oficina de Presupuestos del Congreso, Washington, D. C., 18 de julio de 2017. <<

[235] Sean Sullivan, «Sen. Bernie Sanders teases plan to cancel $81 billion in Americans’ medical debt», The Washington Post, 31 de agosto de 2019. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destinat​ion=%2Fpolitics%2Fsen-bernie-sanders-teases-plan-to-cancel-81-billion-in-americansmedic​al-debt%2F2019%2F​08%2F30%2F35701e54-cb95-11e9-a4f3-c081a126de70_story.html%3Ftid%3Dsm_tw. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[236] Datos de 2016. <<

[237] Nadeem Esmail, «Free healthcare in Canada costs more than it’s worth», Huffpost, 8 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.huffingtonpost.ca/nadeem-esmail/canada-free-health-care_b_3733080.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[238] Judith A. Johnson, «Insulin products and the cost of diabetes treatment», Servicio de Investigación del Congreso, 19 de noviembre de 2018. Véase: https://fas.org/sgp/crs/misc/IF11026.pdf. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[239] En muchos estados, un único proveedor cubre todo el estado. Véase: https://www.cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/single-provider-5states-will-have-only-1-obamacare-insurance. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[240] Véase: https://www.nytimes.com/2017/09/19/health/healthinsurance-premiums-employer.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[241] En America’s healthcare crisis solved (Wiley, 2008), J. Patrick Rooney y Dan Perrin realizaron uno de los mejores análisis del sistema sanitario de Estados Unidos, identificando los principales retos. Recomiendo encarecidamente ese libro como una explicación concisa y detallada de las soluciones al problema. <<

[242] https://www.cnbc.com/2019/03/06/amazon-jp-morgan-berkshirehathaway-health-care-venture-named-haven.html. <<

[243] Mark Hodges. Textbook folly: bias and indoctrination in college textbooks, ed. de autor, 2017. <<

[244] «The strength to lift America: the state of the U.S. aerospace & defense industry», Aerospace Industries Association (AIA), diciembre de 2016. <<

[245] Defense Markets Report 2016. Véase: https://www.trade.gov/topmarkets/pdf/Defense_Executive_Summary.pdf. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[246] A finales de 2017. <<

[247] El número de veces que una unidad monetaria circula en la economía, una medida de la actividad económica. <<

[248] «Monthly Federal Tax Deposits year-on-year percentage change peaked in July 2012 and fell between 2014 and 2016». Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos. <<

[249] Dato de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. <<

[250] Datos de finales de julio de 2019. Fuente: ADP Research Institute y Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. <<

[251] Cifras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al final del año fiscal, 30 de septiembre de 2018. <<

[252] Korpi y Palme, «The paradox of redistribution and strategies of equality», art. cit. <<

[253] Holly Ellyatt, «BoAML says there are more “zombie” companies in Europe now than pre-Lehman times», CNBC, 25 de julio de 2017. Disponible en: https://www.cnbc.com/2017/07/25/boaml-says-there-are-morezombie-companies-in-europe-now-than-pre-lehman-times.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[254] Índice de las 100 mayores empresas europeas. <<

[255] Datos del BCE, diciembre de 2016. <<

[256] Datos del BCE, diciembre de 2018. <<

[257] Comisión Europea, «10 years since the start of the crisis: back to recovery thanks to decisive EU action», comunicado de prensa, 9 de agosto de 2017. Véase: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2401_en.htm. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[258] «A European Economic Recovery Plan», comunicado de la Comisión Europea, 26 de noviembre de 2008. Véase: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication13504_en.pdf. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[259] Véase: https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/balance/html/index.en.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[260] Los targeted longer-term refinancing operations (u operaciones de refinanciación a largo plazo con objetivo específico), son préstamos condicionados a largo plazo y con tipos de interés muy reducidos. <<

[261] Véase: https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growthand-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-planresults_en. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[262] Carlos Vacas-Soriano y Enrique Fernández-Macías, «Income inequalities and employment patterns in Europa before and after the Great Recession», Eurofound, 13 de marzo de 2017. Véase: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/income-inequalities-and-employment-patterns-ineurope-before-and-after-the-great-recession. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[263] Olivier Blanchard, «The Phillips curve, the natural rate of unemployment and inflation», capítulo 8 de Macroeconomics, 7.ª ed., Harlow (Reino Unido), Pearson, 2017. Versión castellana y revisión técnica de José Isidoro García de Paso, Macroeconomía, 7.ª ed., Pearson, Madrid, 2017. <<

[264] Estadísticas de desempleo de la Comisión Europea. Véase: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Unemployment_trends. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[265] Dato de Eurostat. <<

[266] Véase: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di04&lang=en. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[267] Véase: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[268] Véase: https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/incomepoverty/historical-poverty-thresholds.html. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[269] Véase: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europa_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[270] Ryan McMaken, «The poor in the US are richer than the middle class in much of Europa», Mises Wire (Mises Institute), 16 de octubre de 2015. Véase: https://mises.org/wire/poor-us-are-richer-middle-class-much-europe. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[271] Definición de la organización Basic Income Earth Network. <<

[272] Brittany Hunter, «The top three arguments against UBI», Foundation for Economic Education, 8 de septiembre de 2017. Véase: https://fee.org/articles/the-top-three-arguments-against-a-universal-basic-income/. <<

[Consulta: 13/12/2019]. Daniel Sage y Patrick Diamond, «The case against universal basic income», Policy Network, febrero de 2017. Véase: https://www.researchgate.net/publication/314401252_The_Case_Against_Universal_Basic_Income. [Consulta: 13/12/2019].

[273] Cifras de Eurostat, 2017. <<

[274] «Switzerland’s voters reject basic income plan», BBC News, 5 de junio de 2016. Disponible en: http://www.bbc.com/news/world-europe36454060. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[275] David Whitley, «Finland’s failed universal basic income experiment should be a lesson for U.S.», Orlando Sentinel, 24 de abril de 2018. <<

[276] Estancamiento económico con aumento del paro y de la inflación. <<

[277] M. Mitsopoulos, Understanding the crisis in Greece: from boom to bust, Palgrave Macmillan, Basingstoke (Reino Unido), 2011. <<

[278] John Carney, «Can the government guarantee everyone a job?», CNBC, 29 de diciembre de 2011. <<

[279] El impuesto negativo sobre la renta (INR) es una alternativa a las prestaciones sociales planteada, entre otros, por el economista Milton Friedman en su libro Capitalismo y libertad, de 1962. Los defensores del INR sostienen que todos los estadounidenses sin ingresos por encima del umbral de la obligación tributaria deberían tener una renta básica garantizada y que el INR es un medio para subvencionar a los necesitados con un coste menor que el sistema de prestaciones sociales. Los contribuyentes con ingresos por encima del umbral pagarían impuestos en una cantidad equivalente a la diferencia (impuestos positivos), y los contribuyentes con ingresos por debajo del umbral recibirían créditos reembolsables del INR en una cantidad equivalente a la diferencia (impuestos negativos). Véase: https://www.investopedia.com/terms/n/negativeincometax.asp#ixzz5BhdZrG2q. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[280] Bo Rothstein y Eric M. Uslaner, «All for all: equality, corruption and social trust», documento de debate n.º 15, London School of Economics and Political Science (Health and Social Care), julio de 2005. <<

[281] Steve Forbes es el editor jefe de la revista económica Forbes. <<

[282] Daniel Sage, «Are more equal societies the most cohesive?». International Journal of Sociology and Social Policy, vol. 33, n.º 11/12, 2013, pp. 640-657. <<

[283] Deirdre N. McCloskey, «Growth, not forced equality, saves the poor», The New York Times, 23 de diciembre de 2016. <<

[284] La inmensa mayoría de predicciones sobre recursos y tecnología estimaban que, en el año 2000, el mundo se enfrentaría a una enorme escasez de energía, agua y recursos, así como a un desempleo masivo. <<

[285] Peter Huber y Mark P. Mills, The bottomless well: the twilight of fuel, the virtue of waste, and why we will never run out of energy, Basic Books, Nueva York, 2005. <<

[286] Llamado así a partir de las teorías del erudito británico Thomas Malthus (1766-1834), el malthusianismo es la idea de que el crecimiento de la población es potencialmente exponencial, mientras que el aumento del abastecimiento de alimentos es, en el mejor de los casos, aritmético. <<

[287] Tasa de paro a nivel global, Banco Mundial. <<

[288] Un libro de lectura indispensable es: Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, Esta vez es distinto: ocho siglos de necedad financiera, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2011. <<

[289] Esperanza de la vida, según la OMS. Véase: http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/situation_trends_text/en/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[290] Elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el IDH se expresa con un valor entre 0 y 1, siendo 1 el mayor desarrollo. <<

[291] Datos de la OCDE, Naciones Unidas y coeficiente de Gini. <<

[292] Mikuláš Luptácik, Eduard Nežinský y Martin Lábaj, «Drivers of the change in social welfare», documento de trabajo n.º 105, Welfare, Wealth and Work for Europe, WIFO, julio de 2015. <<

[293] Joel F. Wade, «The moral defense of capitalism», The Daily Bell, 8 de agosto de 2011. Disponible en: https://www.thedailybell.com/all-articles/editorials/joel-f-wade-the-moral-defense-of-capitalism/. [Consulta: 13/12/2019]. <<

[294] Ayn Rand, Capitalism, the unknown ideal, con artículos adicionales por Nathaniel Branden, Alan Greenspan y Robert Hessen, New American Library, Nueva York, 1966. <<

[295] Alejandro A. Chafuen, Faith and liberty: the economic thought of the late scholastics, Lexington Books, Lanham (Maryland), 2003. <<

[296] Joseph Ratzinger (papa Benedicto XVI), Verdad, valores, poder, Ediciones Rialp, Madrid, 2013. <<

[297] STEM: science, technology, engineering and mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). <<

[298] Nota: se refiere a los dos libros materia de su análisis: Milanovic, Branko, Global inequality: a new approach for the age of globalization, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2016. Bourguignon, François, The globalization of inequality, Princeton University Press, Princeton y Oxford, 2016. <<