España ha conseguido salir de la crisis con un ajuste cercano a 15 puntos del PIB. Y lo ha hecho exportando más, a pesar de la ralentización de sus socios comerciales, y creando medio millón de puestos de trabajo, a pesar del estancamiento del empleo en la eurozona. Crecemos a un ritmo del 3 % anual, lo cual supera las expectativas de consenso, pero es evidente que todavía queda mucho por hacer. En el presente ensayo, el economista Daniel Lacalle analiza la situación económica actual, describe los errores más habituales en la percepción subjetiva de la realidad y desmiente los mitos más repetidos por algunos economistas, al tiempo que aborda las reformas que a su juicio resultan cruciales para consolidar esta recuperación y evitar entrar nuevamente en recesión. Las propuestas del autor, ya adoptadas con éxito en otros países, pasan por una reforma del sistema de pensiones, de la Administración Pública, del sistema educativo, de las políticas fiscales, del sistema energético y de la deuda pública. Otras medidas están encaminadas a la creación de empleo y al incremento de la productividad, a una regeneración democrática y al fomento de la competitividad, la investigación y el comercio exterior. Y, para finalizar, Lacalle dedica un capítulo a la situación en Europa y a su política monetaria, estudiando el comportamiento de aquellos países que pueden marcar la agenda de futuras reformas. Una obra, en resumen, imprescindible para entender los retos a los que se enfrenta la economía española y las reformas necesarias para alcanzar los niveles de competitividad y bienestar de nuestros socios europeos.

Daniel Lacalle

La pizarra de Daniel Lacalle

Las 10 reformas económicas imprescindibles para una España de futuro

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Titivillus 01-12-2019

Daniel Lacalle, 2016

Editor digital: Titivillus

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A Patricia, mi vida, y a mis tres hijos, Jaime,
Daniel y Pablo, que han heredado de sus padres
el amor por el debate y la discusión inteligente.

Y a Kilda, Blinky y Ravioli, nuestras mascotas.

Introducción
Las 10 reformas económicas imprescindibles para
una España de futuro

Cuando España lo hace bien, se sale.

El hecho de acudir al plató de La Sexta para discutir sobre temas económicos es un reto apasionante. El formato de «la pizarra» ha sido todo un éxito porque conjuga elementos muy importantes. Síntesis a la hora de presentar las ideas y claridad visual a la hora de profundizar en la respuesta.

Pocos programas de televisión permiten a un economista dedicar treinta minutos o más a analizar cuestiones de actualidad. En un país donde la economía se ha convertido en una de las preocupaciones más importantes para los ciudadanos, La Sexta contribuye al debate permitiendo que economistas con distintas sensibilidades discutan, propongan, y que el ciudadano elija lo que le parece más adecuado. Eso es educación financiera.

Pero el formato tiene sus límites, como no puede ser de otra manera. Los tertulianos ofrecen su punto de vista y, a veces, cuando el debate se vuelve más intenso, se pierde la oportunidad, por parte de todos, de profundizar en datos e ideas.

Esta serie de libros, que complementan el programa, es una gran oportunidad para ofrecer mayor detalle y claridad sobre algunos de los temas más relevantes que hemos discutido, y seguiremos comentando, en el plató.

No quisiera empezar sin antes felicitar a La Sexta Noche por tres años de éxito y de debate abierto, plural, donde siempre me he sentido como en casa y he disfrutado de un entorno de absoluta libertad. Y un recuerdo especial a Iñaki López, Andrea Ropero e Hilario Pino. La labor de moderador, presentador o conductor del programa es mucho más difícil de lo que los televidentes imaginamos.

A lo largo de este «libro-pizarra», si me permiten la expresión, nos adentraremos en las diez reformas que yo considero esenciales para que nuestro país no solo se consolide en la recuperación, sino que, además, siente las bases para un futuro próspero a largo plazo. Nuestro país tiene un enorme potencial que se ha visto cercenado por políticas erróneas que no le permitían crecer. España necesita que la dejemos crecer.

Las fórmulas aquí expresadas han llevado a la prosperidad a muchos países; el eje central de todas ellas es la apertura y la flexibilidad. Disminuir el intervencionismo y dejar que la sociedad, a través de los mecanismos que ofrece una economía de mercado en libre competencia y una administración pública eficiente, pueda alcanzar sus objetivos de bienestar.

Empecemos por detallar qué reformas propongo:

Pensiones

Nuestro sistema de pensiones padece graves problemas y deficiencias. Es urgente reformarlo para hacerlo sostenible evolucionando hacia un sistema mixto público-privado.

Administración 2.0

La administración pública española es cara, ineficiente, está hipertrofiada y entorpece de manera más que evidente el crecimiento económico y la libre actuación de sus ciudadanos. Es necesaria una reforma profunda que reduzca el exceso de gasto político, la desmesurada burocracia y facilite las iniciativas privadas de familias y empresas.

Empleo

Es un momento crucial, España ha batido récords de creación de empleo en el año 2015 gracias a una reforma laboral que flexibilizaba las relaciones laborales y que daba instrumentos a las pymes para crecer. No debemos cejar en el empeño de seguir avanzando en la buena dirección, mejorando la productividad y la creación empresarial.

Regeneración democrática

Ahora más que nunca la política española debe abrirse en canal y detectar sus graves errores y corregirlos. Es necesario atajar la corrupción con medidas contundentes y prevenirla con sistemas transparentes propios de una democracia avanzada.

Deuda pública

Tenemos un problema de deuda. La tendencia de seguir por la senda del endeudamiento no soluciona nada, sino al contrario: nos esclaviza y nos ata al suelo. Es imprescindible que desmontemos el mito de que la deuda pública crea riqueza porque no es verdad. La riqueza la crea la sociedad en su conjunto y no puede hacerlo si su país le arrebata gran parte de la renta para pagar el enorme gasto público.

Educación

Uno de los principales problemas de nuestro país es el mal funcionamiento de su sistema educativo. Es más que deseable que juntos reivindiquemos una mejor educación para nuestros hijos, que les proporcione los recursos que necesitarán en su futuro profesional y donde las familias podamos tener mayor responsabilidad y libertad para elegir.

Así como también considero importantísimo que en España se eduque para el emprendimiento, no podemos permitirnos seguir siendo el país con menores índices de emprendimiento juvenil, ni seguir preparando a nuestros jóvenes para un mercado laboral que ya no existe, ya que ha cambiado por completo.

Fiscalidad

Un sistema fiscal para el crecimiento. España tiene una presión fiscal enorme e intolerable. Empresas, autónomos y familias pagan impuestos altísimos que les impiden crecer y prosperar. Hay que apoyar los nuevos proyectos empresariales con la clara intención de que tengan éxito en primer lugar, y, una vez conseguido, cumplan con sus obligaciones fiscales.

El fraude fiscal se combate con impuestos bajos, no podemos hacer emerger a sectores sumergidos ante una fiscalidad voraz que impediría su supervivencia.

Debemos quitarnos de encima esa falsa creencia de que subiendo los impuestos a los ricos vamos a solucionar nuestro problema de ingresos, primero porque nuestro problema no es de ingresos, sino de gastos; y segundo, porque no es de recibo que nos empeñemos en castigar la riqueza, cuando es esta la que crea empleo.

Competitividad, innovación y comercio exterior

Es fundamental que nuestro país evolucione a un sistema que no sea hostil a la competitividad. Nuestras empresas necesitan tener capacidad para innovar porque solo podremos competir en un mundo globalizado mediante el valor añadido. España invierte poco y mal en I + D, y existe además la convicción de que es el Estado quien debe financiar y planificar la investigación. Esta idea va en contra del propio principio de la palabra innovación. No se puede innovar y crear valor añadido desde un Consejo de Ministros; lo hacen las empresas, las universidades, el talento de un país.

Si queremos mejorar nuestras exportaciones, debemos dejar de poner obstáculos.

Energía

La reforma energética es vital. Ganar en competitividad, eficiencia, menor regulación de los costes, mayor diversificación y sustitución de modelos ineficientes, haría que nuestras familias vieran reducidas sus facturas y que nuestras empresas ganaran competitividad. El sistema energético español está demasiado intervenido y esta es la causa de los muchos daños que hace a nuestra economía.

Europa y política monetaria

Estudiaremos el comportamiento de relevantes países de la Unión Europea que pueden marcar la agenda de reformas en Europa por el buen camino, que hagan recuperar los principios con los que nació la UE.

Analizaremos con detalle la política monetaria de los bancos centrales desde la máxima de que los bancos no pueden imprimir el crecimiento porque lo decida un comité, del efecto perverso de los estímulos monetarios adicionales (QE), así como de las alertas de Mario Draghi sobre la necesidad de que los Estados lleven a cabo reformas estructurales.

Vamos a ello.

1
Dónde estamos. Contextualización de
los últimos años y el presente

En 2011 escribí un artículo en The Wall Street Journal titulado «Receta para la recuperación de España». («Recipe for a Spanish Comeback»). La tarea que se presentaba hacía difícil predecir un cambio rápido. Dicha recuperación se ha dado, y de manera más sólida de lo que los economistas estimábamos. Tanto el consenso como los organismos internacionales han tenido que revisar al alza sus previsiones sobre España más de seis veces en dos años. Standard and Poor’s ha revisado al alza la calificación de la deuda española y el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea han pasado de estimar que no iba a haber creación de empleo a reconocer que nuestro país liderará la misma en la OCDE. Desde Bloomberg al Financial Times, la prensa internacional ha alabado la recuperación española y la importancia de continuar las reformas.

Conviene recordar de dónde venimos. En 2011, España mostraba un déficit público del 9,4 % y un déficit comercial de 46 338 millones de euros. Un desequilibrio de la economía cercano al 15 % del PIB. El paro subió en 577 000 personas ese año, hasta el 22,85 %. Tres millones y medio de empleos destruidos negando la crisis.

El año 2015 se ha cerrado para la economía española con cifras récord en un entorno complejo. El PIB crecía un 3,2 %, más de lo estimado por varios organismos internacionales, mientras se confirmaba que el crecimiento anualizado global se ralentizaba.

Adicionalmente, la EPA mostraba una bajada histórica del paro, que se situaba en el 20,9 %. El número de parados en 2015 se ha reducido en 678 200. España crea medio millón de puestos de trabajo y recupera los niveles de empleo de 2011. De esta forma, 2015 cerró con 18 094 200 ocupados, su nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2011, y con 4 779 500 parados, su cifra más baja desde finales de 2010. Mucho que hacer, pero mucho conseguido.

La creación de empleo es, además, más sólida de lo esperado. En Estados Unidos, por ejemplo, aún no se han recuperado los ingresos de la seguridad social de 2009. España, ya en 2015, es el segundo país de la Unión Europea en creación de empleo indefinido. Ha bajado ligeramente el número de ocupados, pero viene fundamentalmente de emigración que vuelve a sus países. Normal en un país donde se recibió a casi cinco millones de emigrantes durante la burbuja inmobiliaria.

Se habla con frecuencia de precariedad y temporalidad, pero ninguna economía de la OCDE se ha recuperado con contratación fija, sea Reino Unido, Alemania o Estados Unidos. A pesar de ello, el empleo fijo crece en España un 15 % en 2015 y un 75 % de los contratos totales son indefinidos. España, durante el pasado año, ha sido el único país de la Unión Europea que ha aumentado empleo fijo a tiempo completo (+13,8 %) por encima de su PIB nominal. No solo eso, sino que ha caído el desempleo juvenil un 11,8 %. Recordemos que en países como Francia y Bélgica ha caído el empleo fijo de nuevo en 2015.

Ante esta situación, cuando hemos salido de una crisis tan grave en la que se llegaron a destruir 1500 trabajos diarios, solo cabe una política: seguir con las reformas y avanzar por la senda adecuada. Sin embargo, lo que se nos plantea a los ciudadanos desde los mal llamados «pactos de progreso» es repetir los errores de 2008. Pactos de retroceso.

Durante el proceso de negociación de gobierno, Podemos exigía desde las páginas de un diario económico «retrasar la reducción del déficit», subir impuestos y aumentar gastos y subvenciones. Cualquier persona en su sano juicio se sorprendería de que, precisamente en nuestro país, se proponga repetir paso a paso la política económica de 2008, que nos llevó a crear un agujero fiscal anual de casi 100 000 millones de euros y destruir 3,5 millones de puestos de trabajo. Muy social.

Esa es la oferta. Repetir las políticas económicas que han hecho de Andalucía, tras 35 años de gestión asistencialista socialista, la región con más paro de la Unión Europea y haber dilapidado décadas sin cambiar el patrón de crecimiento. En contraposición encontramos Madrid, liderando la creación de empleo y con una de las tasas de paro más bajas de España.

Se dice que la deuda pública ha crecido entre 2011 y 2014, y es cierto, pero se olvida que esa cifra incluye el rescate a las comunidades autónomas, facturas impagadas dejadas en 2011 y el rescate a las cajas públicas, que supone casi un tercio del aumento. De hecho, si analizamos el aumento de deuda, casi un 35 % se explica por atender a los desajustes de los años anteriores.

En estos años se ha recuperado el pago a proveedores, reducido la economía sumergida un 3 %, se han aflorado 124 000 millones de euros en la lucha contra el fraude fiscal, cerrado 2300 entes públicos deficitarios con un ahorro de 30 000 millones de euros y ha caído la deuda de familias y empresas a niveles de 2006. La riqueza neta total de las familias ya supera el billón de euros.

Algunos economistas suelen achacar la recuperación a factores externos: el bajo precio del crudo, la devaluación del euro o el plan de recompra del Banco Central Europeo. Sin embargo, es fácilmente rebatible. España ya crecía más que la media de la UE con el petróleo a 113 dólares el barril y sin compras del BCE, y crece más que Italia, Bélgica o Portugal, con similar exposición a esos factores.

Se ha recuperado la confianza inversora y el empleo con reformas tan importantes como la financiera, laboral y la ley de emprendedores, y se debe profundizar en la bajada de impuestos, facilitar la creación de empresas y apoyar a autónomos.

Aún queda mucho por hacer. El paro es alto y las reformas deben continuar para que el crecimiento sea sostenible. Debemos bajar impuestos y convertir a España en líder de creación de empresas de Europa. Es innegable que en todo el mundo se valora que España ha llevado a cabo un ajuste de casi 15 puntos del PIB, creando empleo y creciendo.

El riesgo de caer en los errores de 2008 y deshacer lo conseguido es alto. Seguir avanzando es esencial para convertir la recuperación en crecimiento estable.

Pero en definitiva, el 2015 ha sido un año espectacular, sobre todo si tenemos en cuenta que teníamos el viento de frente, con nuestros principales socios en estancamiento. Hemos hecho muchas cosas bien. Ha sido un enorme esfuerzo colectivo, aumentando nuestras empresas exportadoras, las pequeñas empresas han empezado a contratar y el consumo repunta, por una parte porque las familias habían comenzado a ahorrar desde el año 2008, y, por otra, porque tienen mejores expectativas.

En el libro Hablando se entiende la gente, junto con los economistas Emilio Ontiveros y Juan Torres, yo explicaba que los españoles tendemos a olvidarnos del espectacular progreso alcanzado en los últimos 30 años. Y esto hace que, desafortunadamente los mensajes rupturistas y agoreros calen en la población, que incluso llega a pensar que no se puede estar peor.

A qué nos enfrentamos

Ahora toca mirar al futuro.

El día siguiente a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, escribí un artículo en el que advertía de que los inversores tardarían un tiempo en mirar a España. ¿De verdad alguno de vosotros invertiría a largo plazo y creando empleo con un escenario de derogaciones de reformas, cambios constitucionales e incluso ruptura de país?

El impacto de un escenario de difícil gobernabilidad y de parón de inversiones se ha cifrado, según varios bancos de inversión, en un 0,5-0,7 % del PIB y ninguna creación de empleo si se deroga la reforma laboral y se aumenta la rigidez del mercado laboral. Algunos análisis van más lejos y estiman una destrucción de 300 000 empleos si se lleva a cabo un cambio completo del Estatuto de los Trabajadores y un aumento de impuestos a las empresas como los anunciados por algunas formaciones. El escenario más negativo llevaría a un 1 % de impacto sobre el PIB potencial.

En España hemos vivido un proceso de recuperación que ha sido alabado por la comunidad internacional y los principales organismos. Ahora no podemos poner palos a las ruedas pensando que los inversores se tendrán que aguantar. Simplemente irán a otro país. No es una casualidad que los principales países inversores del mundo, Estados Unidos, China, Japón, Gran Bretaña, Singapur, sean a su vez países líderes en atracción de capital. Nadie regala nada.

Las coaliciones de perdedores siempre son débiles y negativas para la economía porque, históricamente, solo se ponen de acuerdo en gastar. En la Unión Europea más de 20 países tienen gobiernos de grandes coaliciones con la fuerza más votada, y entre socialdemócratas y conservadores.

El ministro De Guindos cuantificaba el impacto en el crecimiento de la economía de una posible coalición de perdedores. Comentaba que supondría un 1,5 % del PIB más o menos. ¿De dónde viene esa cifra? ¿Es creíble? La cifra viene de asumir que se revierten todas las reformas que se han implementado en España, y que han generado el diferencial de crecimiento de nuestro país con respecto a otros países con sensibilidades macroeconómicas similares. Y es creíble. Aumentar la rigidez del mercado, gastar en elefantes blancos, intervenir aún más en los sectores y asfixiar con más impuestos es la receta que nos llevó a prolongar la crisis más que ningún otro país de nuestro entorno y que ha llevado a Brasil a la estanflación.

Existe un riesgo en Europa y España que es perfectamente cuantificable, y que puede hacer mucho más que reducir a la mitad el crecimiento: volver a 2008 y «estimular la demanda interna» gastando en proyectos estatales, es decir, los elefantes blancos que antes mencionábamos. Escuchar a uno de los gurús económicos de la izquierda española, Eduardo Garzón, decir cosas como: «Le he preguntado a la alta funcionaria de la Comisión Europea que por qué el BCE no crea dinero para hacer inversiones. La he dejado en shock», es como poco para echarse las manos a la cabeza, y, como bien dice él, para entrar en shock.

El 26 de noviembre de 2008 se lanzó a bombo y platillo el «plan para el empleo y el crecimiento», el ambicioso proyecto para «relanzar la economía» y crear «millones» de puestos de trabajo desde la inversión pública. «Combatir la crisis». «Un estímulo del 1,5 % del PIB». Millones de empleos en infraestructuras, obra civil, interconexiones y sectores estratégicos. Llegaban los Reyes Magos del Superestado redentor.

En mi opinión, 200 000 millones de euros eran, sin lugar a duda, más que suficientes para que Europa saliera de una crisis «extranjera», que no tenía «nada que ver» con nosotros, que era de los malvados americanos y sus hipotecas. Europa sí que sabía salir de la crisis, desde el sector público, «porque el privado no responde» y la crisis no era del angelical Estado, sino de «deuda privada».

El 26 de noviembre de 2008 la sobrecapacidad industrial en la eurozona era ya del 20 %. De hecho, era ya muy similar en 2006, antes de la crisis. Pero el problema no era ese, ni de exceso de inversión en elefantes blancos, conglomerados semiestatales y sectores estratégicos como se habían dado durante una década de planes industriales. No era que el balance del Banco Central Europeo hubiera aumentado en 1,5 billones de euros ni que el sector financiero mejor regulado y público, cajas, casse, landesbanks, etc. estuviese endeudado en 25-30 veces sus activos. Era de «incentivar la demanda». Había que sustituir elefantes blancos con… elefantes blancos.

España gastó 90 000 millones en proyectos de infraestructuras y obra civil con un impacto negativo tanto en PIB como en empleo, además de disparar la deuda.

La Unión Europea se lanzó a gastar 200 000 millones y en el camino destruyó 4,5 millones de puestos de trabajo, disparando el déficit al 4,1 % del PIB. Si la respuesta «hubiera sido peor», ¿realmente creemos que se habrían destruido más?

La media, según el Tribunal de Cuentas, de desviación en el gasto previsto fue del 20 %.

Los únicos países que redujeron impuestos como estímulo fueron Holanda y Reino Unido.

Dicho plan de estímulo aún se siente en toda Europa. Autopistas una al lado de otra, aeropuertos vacíos, «centros tecnológicos» desiertos con edificios tipo Disneylandia, plantas que no sirven ni para discoteca…

El 4 de noviembre de 2015, la Unión Europea presentaba una sobrecapacidad industrial del 25 % (superior, si incluimos puertos).

Existen muchos análisis sobre el efecto embudo de estos planes. El impacto positivo a corto disfraza los problemas estructurales y se convierte en mucho peor a medio plazo. Por supuesto que aumenta el PIB a corto plazo (el PIB, no lo olvidemos, también se aumenta gastando y endeudándose, aunque sea tirando el dinero por la ventana), pero el coste y deuda que deja detrás acaban paralizando la economía porque con ellos vienen las subidas de impuestos para cubrir los agujeros. Nosotros analizamos los grandes proyectos de inversión pública en la Unión Europea (de los que teníamos datos transparentes) en mi anterior fondo y no encontramos uno solo que hubiera generado rentabilidad real. ¿Recuerdan a Keynes? Especificaba «rentabilidad real». Recomiendo leer «lo que Keynes realmente decía sobre el gasto con déficit» de Elba K. Brown-Collier y Bruce E. Collier o los artículos que desmontan el papel de la inversión pública en Europa como motor de crecimiento (The EU Stalinesque 4 year plan for public spending[1]).

El riesgo político es inmenso. El Ibex perdió con respecto a sus índices comparables europeos y la prima de riesgo española se disparó comparada con la italiana. La incertidumbre ha pesado mucho sobre un índice que ha visto cómo se desinflaban las perspectivas de revalorización ante posibles cambios rupturistas, ataques a la seguridad jurídica y amenazas. Es cierto que más del 50 % de los beneficios del Ibex vienen del extranjero, pero lo que se llama el «riesgo sede social» (headquarter risk) pesa mucho. El riesgo político afecta, por ejemplo, si se da la circunstancia por la que los inversores decidan no participar en emisiones de bonos ante amenazas legislativas o regulatorias.

Las soluciones no van a venir de las mismas políticas de gasto inútil e intervencionismo que destruyeron millones de puestos de trabajo.

De momento, mientras escribo estas líneas, la prensa económica se hace eco de la balanza de pagos del Banco de España que revela que los inversores sacaron de España 41 400 millones de euros entre enero y octubre de 2015. Esta cifra supone un aumento considerable que llega al 140 % en comparación con el mismo período del ejercicio anterior (17 100 millones). Lo que significa que los ahorradores españoles han adquirido unos 41 000 millones de euros más de activos extranjeros que los préstamos recibidos desde el exterior, evidenciando así que España ha perdido atractivo inversor, coincidiendo con el auge político de la extrema izquierda y del separatismo catalán. (Fuente: Libre Mercado).

En el contexto de la economía global, hablamos de ralentización. El desplome de las bolsas en este nuevo año no es sorprendente cuando se analizan tres factores:

La ralentización global. El Banco Mundial reducía un 14 % sus expectativas de crecimiento global para 2016 hasta un 2,9 %. Esto ha ocurrido a la vez que se publicaban indicadores adelantados pobres tanto en India —el último bastión del espejismo emergente—, como en Estados Unidos o China.

El impacto de China, en especial sobre los precios. El efecto deflacionista de la situación china era muy claro. The Economist hablaba de lowflation pero hacía un análisis sorprendentemente benigno de la política china. La realidad es que, como hemos comentado en El Confidencial, China no es la única causa, sino un síntoma más de una economía global enferma por exceso de estímulos. Estados Unidos, tras inyectar billones en la economía, ha vuelto a ver como la Reserva Federal de Atlanta revisaba a la baja sus estimaciones de crecimiento del cuarto trimestre.

El riesgo de impago de los sectores cíclicos. Vencen más de 10 billones de dólares entre 2016 y 2020 antes de incluir la deuda soberana. Y que la capacidad de repago se ha reducido a niveles de 2001 porque los ingresos caen.

Tras más de seiscientas bajadas de tipos, 20 billones de dólares de estímulos monetarios globales y nueve años de tipos bajos se ha generado un mercado incapaz de sobrevivir a una subida de tipos al 0,25 %. ¡Señores, 0,25 %! Que haya economistas que le echen la culpa a la Reserva Federal del desaguisado por subir tipos de 0 a 0,25 % y no por haberlos bajado de 5 a 0 % y crear y mantener burbujas de deuda de alto riesgo es, cuando menos, alucinante.

Lo he venido repitiendo una y otra vez, los bancos centrales no nos van a proteger de la próxima recesión, y los planes de estímulo no están funcionando. La política de los bancos centrales de expandir la masa monetaria y bajar tipos de interés, la represión financiera, no ha reducido la deuda global, la ha aumentado en más de 60 billones desde 2008, mientras se ha reducido el crecimiento potencial de la economía a menos de la mitad (en el caso de Estados Unidos, crecer un 2-2,5 % tras crear más de la mitad de la masa monetaria de su historia en ocho años es francamente desalentador).

Ante todo este panorama, ¿podemos caer de nuevo en la recesión?

Claro. Tirando de los mismos errores de 2008, pensando que ya no hay que hacer más reformas y fiándolo todo a la política monetaria como han hecho otros países. De ahí mi preocupación por los pactos de perdedores en diciembre. Porque son pactos de gasto.

Podemos caer en una de las recesiones más graves porque ocurre en medio de una recuperación frágil. Derogar reformas que se encuentran en el acuerdo con la Unión Europea puede afectar a la capacidad de financiarse de nuestro país. Pero además, un repunte agresivo de la prima de riesgo supondrá revertir lo que se ha conseguido en estos años. España pagaba en intereses en 2015 menos, respecto al PIB, que en 2007.

Un escenario de riesgo político puede reducir de manera drástica el acceso a financiación, y con toda seguridad lo encarecerá. En algunos casos se estima que hasta en 300 puntos básicos. No se trata de miedo. Es prudencia. Los inversores no tienen por qué arriesgar dinero en España o cualquier otro país si no se dan condiciones de seguridad, o hacer quinielas para saber por dónde va a venir el siguiente disparate de propuesta. ¿Invertiríais ante una incertidumbre constitucional, legislativa e impositiva monumental? Lo que es irresponsable es poner en peligro la recuperación con soflamas guerracivilistas y justificarlas bajo el subterfugio de que «es la democracia». Y al que no acepte el dislate, decir que «va contra la democracia».

Algunos economistas han dicho que «el dinero es miedoso», que los extranjeros exageran. Con todo el respeto, se equivocan. Todos los estudios sobre riesgo político muestran que lo primero que sufre es la decisión de inversión y propensión al consumo doméstico. Somos nosotros, los ciudadanos españoles que escuchamos a los políticos apelar a la ruptura y a las soluciones mágicas inútiles, los que decidimos dejar de invertir, consumir y contratar ante «la que se avecina».

Siempre que hablo con inversores de todo el mundo consideran a España un país de oportunidades, pero de alto riesgo político. No pongamos el cartel de «Imposible invertir aquí».

Si pensamos que se podía haber hecho mucho más y nos hubiera ido mejor y que se han perdido oportunidades de hacer reformas más contundentes, no queráis saber lo que es un pacto de expertos en redistribuir la nada.

2
Mitos sobre la economía española

Tengo que reconocerlo, estamos mejorando.

PAUL MCCARTNEY Y JOHN LENNON.

Hemos comentado antes brevemente algunos de los errores en la percepción de la economía española. Creo que merece la pena profundizar en los mitos más repetidos por algunos economistas.

1. La recuperación es inexistente porque viene de aumentar el endeudamiento

Es cierto que la deuda pública ha crecido y eso hay que atajarlo atacando el gasto inútil, creciendo y creando empleo, y de esta manera se reduce el gasto por desempleo y subsidios. Pero también es cierto que en el aumento de la deuda debemos incluir el rescate de las comunidades autónomas, las facturas impagadas a proveedores pendientes en 2011 y el rescate de las cajas públicas. Casi un tercio del aumento del endeudamiento estatal viene de esos conceptos. Es una buena noticia que España haya reducido sus necesidades netas de financiación a casi la mitad en cuatro años, pero aún es deficitaria.

No obstante, a la hora de analizar el crecimiento de la economía no es la deuda pública la única que cuenta. La deuda privada debe analizarse. La deuda total de España ha bajado de 2,8 billones de euros en 2011 a 2,72 billones. Por lo tanto, no; el crecimiento no viene del endeudamiento.

Adicionalmente, aunque aumenta de nuevo el crédito, el total concedido de la economía española se ha reducido en los últimos cuatro años.

2. La recuperación es gracias a Draghi y el plan de recompra del BCE

El banco central te puede acercar al río pero no obligarte a beber.

Vosotros que me leéis desde hace años sabéis que ya en 2013 comentábamos que tocamos fondo y empezábamos a crecer. España ya crecía más que la media de la UE antes de que Draghi comprase un solo bono. Además, es difícil que la recuperación venga de la expansión monetaria cuando el crédito concedido no sube, sino que se reduce, como acabo de señalar anteriormente.

Olvidamos a su vez que el BCE se hinchó a comprar bonos españoles en 2008 y no parábamos de destruir empleo y aumentar desequilibrios. Por supuesto, si fuese Draghi y su varita mágica el responsable, Italia o Francia estarían creciendo como locos, y, sin embargo, es lo contrario.

El plan de Draghi no iba a funcionar sin reformas estructurales, y en el balance de la gestión del presidente del Banco Central Europeo también mostramos su buen proceder alertando de los errores de los países que se acomodan a la política monetaria como única medida de salida de la crisis. El banco central no imprime crecimiento (lo repetiremos una y otra vez). Es cierto que las primas de riesgo han caído a mínimos históricos y países como Alemania se financian con tipos negativos en hasta un 67 % de su deuda, mientras España tiene un 17 % aproximado con rentabilidad negativa, pero ese «efecto positivo» ha llevado también al incentivo perverso de relajarse y volver a caer, por parte de una gran parte de los países europeos, en la tentación de aumentar el déficit.

El objetivo de «inflación» que se plantea cuando se hace una recompra de la magnitud de la que estamos hablando es simplemente inalcanzable. Porque no depende de la política monetaria, sino del crecimiento global y la ralentización de China y los países emergentes.

La tendencia a pensar que con política monetaria se va a crear «inflación por decreto» cuando un 40 % del PIB de Latinoamérica está en recesión y un 20 % del PIB global en estancamiento es, como mínimo, inútil.

Draghi pone las herramientas, pero la realidad de Europa no es que haya un desajuste injustificado en la financiación de Estados y regiones —que emiten bonos con tipos a mínimos de la serie histórica— o por falta de liquidez. Es de hipertrofia tras décadas de exceso. Draghi no solucionará con más azúcar un problema de obesidad.

Imaginad que se presenta otra gran crisis, ¿qué van a hacer los alquimistas de los bancos centrales? Permitidme pensar. Oh, esperad. Ya lo tengo. Bajar tipos y aumentar la masa monetaria. Seguro que funciona. Ya veo a las empresas que no se han lanzado a gastar como locas con los tipos al 0 % preparándose para invertir e invertir y no parar si bajan a –0,2 %. Y a las familias tirándose de cabeza a comprar porque lo diga un comité mientras les suben los impuestos. Seguro.

3. Crecemos porque el petróleo ha caído y, cuando suba, volveremos a la crisis

De nuevo, el petróleo barato ayuda, pero ya crecíamos más que la media de la UE con el petróleo a 113 dólares por barril y, si fuese el crudo barato la panacea de nuestra economía, Italia —que tiene una sensibilidad similar al barril— crecería espectacularmente.

4. Las exportaciones no crecen

Es curioso que al sector exterior siempre lo miremos por el lado de las exportaciones. En la época de «estimular la demanda interna» que nos costó 3 millones de puestos de trabajo y casi quebrar, en 2008-2010, crecían mucho las exportaciones y casi nos hunden las importaciones. Olvidamos que llegamos a tener un déficit comercial del 10 % del PIB.

Es por eso que siempre hay que analizar la contribución al PIB del sector exterior. Si Brasil o China se ralentizan, y ya llevan años haciéndolo, debemos ver las dos caras de la moneda. Exportaciones e importaciones. Mientras la diferencia entre primeras y segundas sea positiva.

Es muy importante resaltar que salimos de la crisis con superávit comercial.

Según la balanza de pagos (noviembre de 2015) se mantiene la tónica positiva del saldo exterior.

Pese a la reducción del superávit por cuenta corriente registrado en noviembre de 2015 (−19,8 % interanual), el dato (2110 millones de euros) es el segundo mejor en dicho mes de toda la serie, que arranca en 1993. En términos anualizados el superávit se mantiene en torno al 1,5 % del PIB desde el pasado verano (1 % en 2014).

La prolongada corrección del déficit energético y la notable mejoría del superávit de turismo fueron más que compensadas por el deterioro de las balanzas de bienes no energéticos y, sobre todo, de rentas.

Por lo que respecta a la balanza financiera, si bien acumuló en enero-noviembre del pasado año salidas netas de capitales por 51 210 millones de euros, ello se explica por las elevadas inversiones de españoles en el exterior (más de 120 000 millones), que superaron ampliamente a las inversiones recibidas (casi 68 000 millones).

Un superávit por cuenta corriente conlleva lo siguiente:

El país tiene un nivel de ahorro nacional superior a la inversión nacional o, lo que es lo mismo, tiene capacidad de financiación.

El país va a exportar capital (saldo deficitario en la cuenta financiera) y, en consecuencia, se producirá un incremento en los activos netos frente al exterior.

Las exportaciones de bienes y servicios son mayores que las importaciones de bienes y servicios.

En términos acumulados de los últimos 12 meses, el superávit corriente asciende a 16 439 millones de euros, cantidad que supera en un 60,6 % la registrada en el conjunto de 2014 (1,5 % del PIB vs 1 %).

Si, además, las exportaciones alcanzan un nivel récord, como lo han hecho, y ganamos cuota de mercado, como ha ocurrido, podemos pensar en un sector exterior mucho más fuerte de lo que ha sido en el pasado.

5. El empleo es precario y temporal

El porcentaje de contratos de menos de tres meses es menos de un 3 % del total. Un porcentaje menor a finales de 2007, que era un 4 %, y a finales de 2011, también un 4 %. Los contratos de menos de un mes no llegan al 0,95 % del total.

Ninguna economía a las que alabamos constantemente ha salido de la crisis desde el empleo fijo. Especialmente Estados Unidos que, por razones que aún no llego a entender, es el ejemplo repetido por una izquierda que jamás aceptaría la flexibilidad y dinamismo del mercado laboral estadounidense.

Esta es la primera vez que salimos de una crisis aumentando la contratación indefinida. En el año 1993, se tuvo que esperar más de un año y medio para que el crecimiento se tradujera en un ligero aumento de la contratación indefinida. Durante los «brotes verdes» de 2010 hubo un ligero repunte económico, pero se siguió destruyendo empleo indefinido.

Desde finales de 2011, han aumentado un 19 % los trabajadores con contrato indefinido. Desde ese mismo año, los trabajadores afectados por ERE («expediente de regulación de empleo») se han reducido en un tercio. Un dato muy relevante, además, es que 3 de cada 4 contratos en España son indefinidos.

No es para sentarse y relajarse. Hay mucho que hacer, y la recuperación es frágil. Pero parte de la forma de seguir mejorando es tener la honestidad intelectual de reconocer que la enorme mayoría de los economistas nos equivocamos al estimar el crecimiento de 2013 a 2015, y que dos años revisando al alza estimaciones en porcentajes del 50 al 80 % es algo que debemos valorar.

6. España es uno de los países con menor desigualdad real de Europa

A finales de enero, se publicaba en España un informe esencial. El Instituto Juan de Mariana desmontaba, con datos, la falacia de la desigualdad que se usa en nuestro país como excusa para promover el intervencionismo más rancio y el dirigismo político.

Las principales conclusiones son las siguientes:

La desigualdad de la riqueza en España está entre las más bajas del mundo.

La desigualdad de la renta en nuestro país se halla en la media europea, una vez se corrigen los sesgos del indicador.

El aumento de la desigualdad experimentado durante la crisis se debe esencialmente al desempleo, no a las diferencias salariales.

La desigualdad del bienestar real de los españoles se ubica entre las más reducidas de Europa.

Uno de los elementos más reveladores que hemos comprobado es cómo la batería de medidas asistencialistas y subvenciones no solo no reduce la desigualdad, sino que perpetúa el mayor problema a la hora de reducir la misma: el desempleo.

La desigualdad en España (coeficiente de Gini) se situaba en el 30,7 en 2004 comparado con el 30,6 de los 27 países de la Unión Europea. Entre 2004 y 2011, la desigualdad aumentó un 11 % mientras gastábamos en planes sociales, de estímulo, cheques y todo tipo de gastos «protectores». Mientras tanto, en la Unión Europea (UE 27) se mantuvo a los mismos niveles de 2004. El que parte, reparte y se lleva la mejor parte.

El que piense que tirando de mayores impuestos y mayor gasto público va a reducir la desigualdad se encuentra con dos problemas: la historia y la estadística. La Unión Europea, a pesar de gastar casi un 1 % del PIB en «políticas de empleo», no ha conseguido reducir su nivel de paro a los estándares de las economías líderes. Por otro lado, países que se consideran «modelo» de gasto público y redistribución por parte de los intervencionistas, tienen mayores niveles de desigualdad. Los países europeos con mayor desigualdad en la riqueza son Dinamarca (0,89), Suecia (0,81), Austria (0,78) y Alemania (0,78). A las mismas conclusiones se llega si se analizan otras métricas habituales para medir la desigualdad de riqueza, como el porcentaje de riqueza en manos del 10 % más rico del país. El motivo principal por el que España es uno de los países más igualitarios en riqueza es que la propiedad inmobiliaria está más extendida que en la mayoría de los países europeos.

El informe elaborado por Ignacio Moncada y Juan Ramón Rallo desmonta otro mito muy extendido en nuestro país: España es uno de los países de Europa con mayor desigualdad en el bienestar real de su población. Múltiples autores afirman que la forma más adecuada de medir el bienestar real de la población no es midiendo la desigualdad de la renta, sino la del consumo. El análisis de los datos de la desigualdad en el consumo arroja una conclusión clara: España se encuentra entre los países europeos con una menor desigualdad en el consumo. El índice Gini de consumo (2010) es de 0,22 para España, al nivel de Suecia o Bélgica.

Es imprescindible distinguir entre desigualdad de riqueza, de ingresos y de consumo: tener, ganar, gastar.

JUAN RAMÓN RALLO.

Índice Gini de renta incorporando los alquileres imputados en 2010

Fuente: The distributional impact of imputed rent in EU-SILC 2007-2010 (Eurostat).

El índice GINI no tomaba el alquiler imputado como variable para medir las rentas. De tal forma que una persona que ganara 10 000 euros pero no tuviera propiedad y pagara un alquiler, se considera más rica que otra que gane 9500 euros pero viva en su propiedad. Desde el 2010 el índice GINI sí tiene en cuenta esta variable, que en la realidad española es fundamental dado que tenemos un altísimo índice de propietarios de inmuebles. En este gráfico vemos cómo varían los porcentajes.

En definitiva, España es uno de los países con mayor igualdad en la riqueza y el consumo, y tiene una desigualdad de la renta intermedia una vez se tienen en cuenta los alquileres imputados y la movilidad social. España, por tanto, no es un país con una desigualdad económica tan alta como suele afirmarse.

El socialista prefiere que los pobres sean más pobres con tal de que los ricos sean menos ricos y disminuya la desigualdad.

MARGARET THATCHER.

Las políticas redistributivas donde se niega el exceso de gasto público para sostener administraciones injustificables no están creando ni prosperidad ni riqueza, ni combaten la desigualdad. Solo la perpetúan. Porque son una zancadilla a las oportunidades para que la población salga adelante.

Lo sabían Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Por eso, durante sus mandatos, la política de mejorar la renta disponible reduciendo impuestos aumentó en Reino Unido un 34 % la renta per cápita real para las clases más pobres y un 39 % en Estados Unidos. No buscaban la igualdad, buscaban la prosperidad. Entre 1979 y 2007, la renta en Estados Unidos para las clases bajas subió un 18 % y para las clases medias, un 40 % (Congressional Budget Office). Desde 2008, esas cifras no han aumentado y, para los pobres, ha caído.

Existen estudios académicos, como el de Korpi y Palme del Instituto Sueco de Análisis Social («The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality») que llegan a la conclusión evidente: «Cuanto más nos fijamos en dar beneficios y crear igualdad vía transferencias de dinero público a todos, es menos probable que se reduzcan la pobreza y la desigualdad».

¿Por qué la obsesión por la igualdad? No para aumentar la riqueza, sino por evitar que los ciudadanos sean libres de la necesidad de mendigar al Estado. Los intervencionistas se preocupan mucho por los pobres, por eso crean millones de ellos cada año. Se llega a tal nivel de locura que hasta se aplaude que baje «la desigualdad» en Afganistán o Venezuela mientras se empobrece a toda la población. Miseria para todos.

Hemos llegado a tal nivel de locura intervencionista que olvidamos que la igualdad y el Estado del bienestar no son causas, sino resultados del crecimiento económico y la creación de empleo. Olvidamos que el sector público no tiene recursos si depreda y arrasa al sector privado, y que el ahorro es la base de la prosperidad, no el gasto. Recomiendo leer el fantástico libro del chileno Axel Káiser, La tiranía de la igualdad.

La libertad económica ha hecho más por reducir la pobreza que ninguna otra política. Si seguimos pidiendo políticas de igualdad, solo conseguiremos más de lo que tenemos. Mediocridad.

3
Reformas para la sostenibilidad
del Estado del bienestar
y el crecimiento

El éxito de los programas de protección social no debe medirse por cuánto se gasta, sino por el número de personas que no los necesitan.

RONALD REAGAN.

Todos sabemos que los servicios públicos no son gratuitos, se pagan por adelantado en impuestos. Por lo tanto, no son un favor que nos hace la Administración, son servicios que nos prestan porque los pagamos.

En el análisis de los servicios públicos de bienestar social incurrimos frecuentemente en un error, que es valorarlos por su «accionariado», cuando en realidad tendríamos que verlos desde el punto de vista de si nos ofrece lo que queremos, al coste que necesitamos y que además sean sostenibles.

Hay tres cifras que debemos tener siempre en cuenta a la hora de estudiar nuestro Estado del bienestar. La Unión Europea supone el 7 % de la población mundial (cifra que se reduce), el 25 % de la riqueza global y el 50 % del gasto social (cifra que aumenta). Algo no funciona, y ahora les doy una cuarta cifra: 26 millones de parados. Un Estado del bienestar que se gasta el 1 % del PIB en políticas de empleo y destruye 4 millones y medio de empleos en dos años, no funciona. Y debemos saberlo. Un Estado del bienestar que supone el 50 % del gasto social del mundo y en el que percibimos que los servicios que nos están prestando no son satisfactorios dado el dinero que pagamos, no funciona.

Y es que el gasto en sí mismo no significa absolutamente nada. El mayor ejemplo lo tenemos en la educación, donde nos gastamos aproximadamente la media de la OCDE, pero tenemos los peores resultados en los informes internacionales. Atender al gasto, exclusivamente, cuando se trata de fortalecer el Estado del bienestar, solo consigue que se destruya aquello que se pretende proteger.

La protección social estatal tiene un gran inconveniente, la existencia del intermediario, el burócrata. Lo que la hace sumamente ineficiente. En un contexto de crisis económica en el que los recortes del gasto son inevitables, vemos como la calidad de nuestros servicios merman, pero lo que nunca disminuye es el intermediario.

Los servicios públicos, que yo defiendo, deben funcionar como cualquier empresa, buscando constantemente la eficiencia y la satisfacción del cliente.

Aquí establezco una clara diferencia entre asistencialismo y asistencia. El asistencialismo pretende proteger a todos a base de gastar más. Aunque la experiencia demuestre una y otra vez que esto no mejora los problemas. El asistencialismo no genera incentivos para salir de la pobreza, al contrario, la hace confortable. Por supuesto, debe existir un mínimo de protección (asistencia), pero no un sistema que cree rehenes.

¿Cómo conseguimos que los servicios públicos sean eficientes? Con competencia. Creando sistemas liberales donde las empresas puedan competir con la Administración, dándose una tensión positiva entre los servicios que presta el Estado y los mecanismos que el mercado, en libertad, pueda crear para satisfacer a la población, que es quien elige.

Reivindicamos constantemente el modelo social de los países nórdicos, pero no queremos entender que antes que el contrato social, siempre viene la prosperidad. Y esta viene a su vez de la libertad económica, en la que los países nórdicos son campeones mundiales. Como he comentado en varias ocasiones, los países con gran libertad económica son los más prósperos y con mayor riqueza entre las clases más desfavorecidas. Y aquí cabe hacer una importante aclaración sobre la enorme diferencia que hay entre capitalismo real y «socialcapitalismo de amiguetes» que es lo que algunos denominan erróneamente en Europa «neoliberalismo» y que no es más que una manifestación perfecta del estatismo absoluto, perfectamente comparable a los boliburgueses venezolanos o los oligarcas de la URSS.

El capitalismo real se sustenta en el libre mercado, las instituciones independientes, la seguridad jurídica, la competencia y la meritocracia. Ese capitalismo ha llevado a que la pobreza mundial se reduzca como nunca, a que las oportunidades para todos hayan mejorado y a que la clase media florezca, aunque hoy nos parezca que no es así porque estamos muy acostumbrados a los frutos que nos ha dado la riqueza generada en las últimas décadas de libertad.

El problema es que en Europa, en particular la Europa creada a imagen y semejanza de Francia, que tiene mucho de socialismo intervencionista y bastante poco de liberalismo, nos parece «neoliberal» que el Estado se dispare a un 46 % del PIB, que el gasto público y el déficit se descontrolen y que se implementen una y otra vez planes de inversión estatales en sectores moribundos. La Unión Europea del gasto y el despilfarro es al liberalismo lo que Justin Bieber al rock.

El capitalismo y el liberalismo son una lucha eterna de las fuerzas que empujan contra las que entorpecen.

Por último, remarco que solo en una democracia liberal, con sistemas liberales de bienestar social, el ciudadano puede exigir un servicio eficiente, de calidad y a buen precio. Es pues, el liberalismo, más social que el asistencialismo.

1
Las pensiones

Una cosa os digo a los jóvenes: ¡Ahorrad! Y mucho.

MANUEL LLAMAS.

El estado del sistema de pensiones público español exige no negar la evidencia de los cambios demográficos y la necesidad de reformarlo para que sea sostenible, o se terminaría por llevar las pensiones por delante.

Tener un sistema de pensiones estructurado para una población joven (vean la pirámide de 1950) en un país que envejece de manera rápida era irresponsable. Reformar el sistema para adaptarlo a la evolución de la economía y la estructura de población no es atacarlo, es hacerlo sostenible. Vean la pirámide de 2014 de la OCDE.

Pirámide de población de España, año 1950

Fuente: The distributional impact of imputed rent in EU-SILC 2007-2010 (Eurostat).

Pirámide de población de España, año 2014

En una ocasión comenté en un programa de televisión que España tiene un problema demográfico y que debemos tomar medidas para garantizar las pensiones, tras las noticias de que el Estado había tenido que acudir al Fondo de Reserva. La reacción fue furibunda, pero la más curiosa fue cuando Pablo Iglesias me dijo que las pensiones son «una decisión política» y como tal se podía —y cito— «poner un impuesto a las grandes fortunas y empresas para pagarlas». El mismo cuento de siempre de las «grandes fortunas y empresas» que se usa para justificar cualquier gasto y después a correr. Luego, cuando no recaudamos ni una fracción de lo esperado, declaramos la deuda ilegítima, que no pasa nada. Hace unos meses conocíamos que el gobierno griego dirigido por el socio de Iglesias, Alexis Tsipras, bajaba las nuevas pensiones un 35 % y privatizaba 14 aeropuertos. El populista no falla, hace quebrar todo lo que dice proteger, y luego le echa la culpa a otro. Da mucha tranquilidad.

Un sistema de pensiones «de reparto» consiste en que son los trabajadores actuales los que pagan las pensiones de los jubilados de hoy. A cambio, ellos esperan cobrar la suya cuando se jubilen, con la contribución de los trabajadores de ese momento. De manera que al jubilarnos no cobramos un dinero que hayamos acumulado a lo largo de nuestra vida laboral, sino que dependemos de que haya suficientes cotizantes en el momento de nuestra jubilación. Este «contrato social» es muy vulnerable a la marcha de la economía y la demografía, sin crecimiento económico y demográfico, el sistema de reparto tiene un gran problema.

El problema demográfico

Los últimos datos demográficos de España merecen analizarse con detalle. España ha perdido 395 192 habitantes desde enero de 2012, pero no podemos olvidar que la población había crecido constantemente y habíamos recibido a casi 5 millones de inmigrantes durante una década. Esa ligera caída, por lo tanto, no es un grave problema cuando se pone en el contexto histórico y europeo. En Alemania la población lleva estancada desde 1997, mientras que en España ha crecido un 15 % en el mismo período. Un dato importante de nuestra demografía es el envejecimiento de la población. El peso de la población de más de 64 años ha crecido de manera notable en los últimos años y supone ya el 18,5 % de la población total. La población pensionista supone el 47,5 % de la población ocupada, una tasa que ha mejorado ligeramente en los últimos meses gracias al aumento del empleo.

La demografía es uno de los factores que afectan al potencial de crecimiento de la economía. El envejecimiento y el descenso de la población tienen impacto en los ingresos del Estado a través de la menor recaudación de impuestos, dificulta la financiación de la seguridad social, aumenta el gasto sanitario y afecta a los hábitos de consumo. Es una maravilla que las personas vivan más y disfruten de una pensión tras cotizar durante años, pero debemos redoblar los esfuerzos para hacer el sistema sostenible. No se va a hacer desde políticas intervencionistas, sino como se hizo en Alemania, adecuando el sistema de pensiones al crecimiento de la economía y la longevidad y potenciando la actividad económica para generar mayores ingresos. Y continuar avanzando hacia un sistema dual de pensiones de reparto y de capitalización.

Alemania y Japón han demostrado cuáles son las políticas adecuadas y erróneas para afrontar este reto. Alemania decidió incentivar el crecimiento y reformar el sistema para hacerlo sostenible. Japón decidió endeudarse y aumentar impuestos. Alemania hoy crece sin déficit y Japón lleva dos décadas estancado y con una deuda del 230 % del PIB.

Para combatir el impacto demográfico debemos potenciar de manera muy relevante la actividad económica, atrayendo mayores bases imponibles, y muchas más empresas que creen empleo intensamente. No introduciendo impuestos entorpecedores, como pretende el PSOE.

Lo único que va a garantizar nuestras prestaciones sociales es atraer capital, inversión, mejorar la riqueza y entender nuestra pirámide de población.

Qué es y cómo funcionaría un sistema dual de reparto (público) y de capitalización (privado).

Milton Friedman decía que si los individuos, en lugar de haber dedicado sus cotizaciones sociales a financiar la seguridad social, las hubiesen ahorrado, ese ahorro se habría invertido de maneras muy diversas, bien siguiendo el criterio de sus propietarios o de sus asesores. El resultado final habría sido una mayor inversión productiva, un mayor flujo de renta y una sociedad más libre, más responsable y más próspera.

Uno de los países pioneros en reformar su sistema de pensiones fue Suecia. Sus finanzas estaban al límite, su evolución demográfica no era esperanzadora, y hubo un gran acuerdo entre la mayoría de los grandes partidos para acometer la reforma necesaria. Mientras en España, como bien remarca Domingo Soriano, los partidos se refugian en el Pacto de Toledo para llevar a cabo minirreformas, de manera que «todo se hace en nombre de la sostenibilidad de un sistema tan “sostenible” que hay que ajustar cada poco tiempo para que no quiebre».

Domingo Soriano realizó un magnífico análisis sobre el modelo sueco[2].

Las claves:

Lo primero que hay que decir es que el modelo sueco no es de capitalización como el chileno. En el país escandinavo, solo un pequeño porcentaje de cada pensión se gestiona de forma similar a como se hace en este tipo de sistemas. Y ni siquiera para esta parte se cumple con todos los requisitos normalmente asociados a la capitalización.

Mínimo garantizado: corresponde a lo que en España son las pensiones no contributivas. El Estado sueco reconoce a todos aquellos que lleguen a la edad de jubilación (y hayan vivido en su territorio durante al menos cuarenta años) unos ingresos mínimos. En 2012, para un soltero o viudo, la prestación mensual sería de unos 870 euros. Esta cantidad solo se recibe si no hay otras fuentes de ingresos, pero también hay complementos para aquellos con pensiones muy bajas. Es decir, alguien que tenga derecho a una pensión contributiva de (por ejemplo) 700 euros, tendrá derecho también a un sueldo suplementario, para que al menos llegue a esos 870 euros, aunque normalmente superará ligeramente esa cantidad, con el objetivo de que el que ha sido cotizante tenga algún tipo de beneficio.

El límite para tener derecho a alguna paga de este mínimo garantizado era en el último ejercicio de unos 1250 euros mensuales. Alguien que gane menos con su pensión normal tendrá un complemento no contributivo. Un aspecto muy importante de esta herramienta es que se financia año a año vía impuestos, lo que quiere decir que está al margen del resto del sistema.

Cuentas nocionales. Este es el corazón del sistema sueco. Las cotizaciones sociales en el país escandinavo se dividen en dos partes: un 16 % va al inkomstpension (cuentas nocionales) y un 2,5 % al Premium Pension Scheme (el modelo de capitalización que explicamos en el siguiente epígrafe).

En España, un grupo de expertos convocados por Unespa (la patronal de los seguros) y presidido por el exministro socialista José Manuel Equiagaray abogó por un cambio en la dirección de las cuentas nocionales. La clave reside en que el trabajador tiene derecho a recibir durante su jubilación el equivalente (más o menos) a lo que ha cotizado. Es decir, se acaba el período de cálculo, los años de cotización para cobrar el máximo y los demás indicadores.

Así, cuando un trabajador alcanza los 65 años y decide retirarse, se calcula cuántos años le quedan de vida. Se suma cuánto ha contribuido al sistema. Y se le calcula su paga en función de ambas variables. Es un modelo totalmente de reparto, pero con dos importantes matices respecto a lo vigente en España. Por un lado, existe una cierta justicia en que todo lo cotizado cuente. No hay efectos frontera por haber trabajado un mes más o menos; ni la mala suerte de quedar en paro en los últimos años de la vida activa acaba con las expectativas del jubilado.

Pero además, el modelo sueco incluye un sistema de revalorización constante. El incremento anual en las pensiones se establece en relación con la subida de los salarios, en una especie de equilibrio intergeneracional: si suben los ingresos de los cotizantes, también lo harán los de aquellos que viven de sus cotizaciones (y a la inversa).

Por último, existe un mecanismo de ajuste automático. Se calcula cuánto debe el sistema (valor actualizado de las pensiones) y se compara con sus activos (cotizaciones más los fondos de salvaguarda que ha acumulado el Estado sueco). En el caso de que la relación sea negativa, se ajustan las pensiones inmediatamente a esta circunstancia, con recortes en las prestaciones. Desde 2001, esta circunstancia solo se ha producido en dos ocasiones, 2010 y 2011, y en ambos casos el gobierno aprobó mecanismos extraordinarios de compensación.

Cuentas individuales: es la tercera pata del modelo y posiblemente la más novedosa. El 2,5 % del salario de los trabajadores suecos va destinado a estas cuentas. Con esa cantidad, pueden invertir en los centenares de fondos (hasta 800) que existen en el país. O, si lo prefieren, en un fondo público, gestionado por el gobierno y que invierte con criterios más conservadores.

Las posibilidades son infinitas. Cada persona puede distribuir su dinero entre varios fondos y cambiar a lo largo del año. Las compañías tienen la obligación de informar a sus clientes de sus tarifas y comisiones, así como de su filosofía de inversión. Y los fondos están divididos en categorías, en función del riesgo de sus inversiones.

A partir de los 61 años, los suecos pueden empezar a cobrar el dinero acumulado. Y se permite asociar los beneficios a una tercera persona (cónyuge o hijos) o unirlos a los de la pareja para que, en caso de fallecimiento, el otro siga cobrando del dinero ahorrado. En esencia es un modelo de capitalización, con algunas restricciones en cuanto a retirada de fondos o beneficiarios.

El «sobre naranja»: es la cuarta pata del sistema. No implica otro fondo ni nada parecido. El sobre naranja que todos los suecos reciben al comienzo de cada año les informa de cómo van sus fondos. De esta manera, indica por una parte cuánto hay en su cuenta nocional ficticia (puesto que hay que recordar que este dinero lo pagan los actuales cotizantes, con los riesgos que eso implica). Y también les dice cómo va su fondo de ahorro individual.

Con esta información, el trabajador sabe con bastante precisión qué pensión le quedaría, en función también de a qué edad elige retirarse. Porque esta es otra característica del modelo: al tener información detallada, es el trabajador el que decide, dentro de unos parámetros muy amplios, si prefiere jubilarse antes con una pensión más reducida o ahorrar algo más y retrasar el fin de su vida activa.

Los matices:

Evidentemente, un cambio de esta magnitud es complicado de hacer. Para empezar, un modelo de cuentas nocionales implicaría un recorte en las prestaciones prometidas con los actuales requisitos de acceso al sistema (tras la última reforma, 37 años de cotización requeridos para cobrar el 100 % y 25 años período de cálculo).

Por lo tanto, sería imprescindible un período de transición para que aquellos que están cercanos a la edad de jubilación, y no tienen margen de maniobra, no se vean perjudicados.

Además, hay que tener en cuenta que la situación del mercado laboral en España dista mucho de la sueca. Con un 27 % de paro, el número de trabajadores que sustenta con su cotización a los pensionistas es muy reducido. Eso sí, al menos hay mucho margen de mejora, para sostener el sistema durante el período de transición. Y está la famosa hucha de las pensiones, que se podría utilizar como colchón de seguridad. El baby boom en España fue algo más tardío que en otros países, al igual que la incorporación de la mujer al mercado laboral, por lo que hay cierto margen hasta 2025-2030 para ir preparando el sistema (hasta ese momento seguirá creciendo, en teoría, la fuerza laboral).

En cualquier caso, no parece que este vaya a ser el camino seguido por los políticos españoles. En 1996, durante la primera legislatura de Aznar, se habló mucho de que el gobierno tenía un informe sobre la mesa para pasar al modelo chileno de pensiones. Ahora, 17 años después, durante los que se podía haber avanzado mucho, eso se da políticamente por imposible (aunque son muchos los expertos que creen que sería una solución factible). El ejemplo de Suecia es un paso intermedio, con un modelo de reparto más sostenible y algo de capitalización. Además, en el país escandinavo, las pensiones de la gran mayoría de los trabajadores se complementan con planes empleado-empresa, un camino que en España está por recorrer.

Nada de esto parece que vaya a impulsarse en nuestro país. El gobierno ya ha dicho que su reforma de pensiones es la que está sobre la mesa. Y los fundamentos no cambian, por falta de ambición o de convicción. El factor de sostenibilidad introduce un cierto componente de equilibrio financiero, pero le faltan algunos elementos clave del sistema de cuentas nocionales. Los jubilados españoles, presentes y futuros, ya saben a qué atenerse.

La capitalización

En este sistema, cada individuo o contribuyente cotiza para sí mismo, por lo que en este caso las prestaciones guardan una relación directa con las aportaciones que se han ido realizando, además de con la evolución financiera y temporal de las mismas (cómo y cuándo se hayan invertido).

Javier Gaite es un joven emprendedor, coach financiero y asesor de Bolsa. «Mi misión es enseñar a particulares a formar un patrimonio que les permita vivir en el futuro de las rentas». En su blog nos habla de las ventajas de crearte tu propia jubilación anticipada[3].

La buena noticia es que no tienes porqué esperar a que el Estado actúe; tú mismo puedes (y deberías) empezar a crear ya mismo tu propia jubilación, tengas la edad que tengas.

Existen muchas alternativas a las pensiones del Estado, pero las más populares son las siguientes:

Planes de pensiones: son la alternativa más popular, aunque a mí personalmente no me gustan, pues su rentabilidad, liquidez y otros factores dejan mucho que desear.

Fondos de inversión: ideales para personas con pocos conocimientos o poco tiempo para gestionar sus inversiones. Si es tu caso, te aconsejo optar por un fondo índice, un ETF (ambos, gestionados por una firma de prestigio y con un buen historial de rentabilidades) o un fondo de inversión de prestigio que siga una estrategia basada en el value investing. Todo esto que te digo es muy importante, porque aquí no vale cualquier fondo de inversión (muchos son escandalosamente malos).

Inversión directa en Bolsa: ideal para inversores con amplios conocimientos. En mi opinión, es la mejor forma de diseñarse la jubilación. Por supuesto hablamos aquí de inversión, no de Trading y especulación (con el dinero de la jubilación no se juega).

En mi caso, yo elegí la opción de invertir directamente en Bolsa. En su día decidí que no iba a depender de la pensión del Estado, pues sé perfectamente que yo mismo gestiono el dinero para mi jubilación mucho mejor que el gobierno, el cual ha demostrado a lo largo de la historia ser un pésimo gestor del mismo (sea el gobierno que sea).

Si aún no lo has pensado, te invito a la reflexión, pero ten en cuenta una cosa, yo no dejaría en manos del azar (y del Estado) un tema tan importante como la jubilación. Mejor ocuparse de este tema ahora que verse desnudo en el futuro, justo cuando pensábamos que íbamos a poder disfrutar de nuestro retiro dorado.

A este respecto, me gustaría hacer un paréntesis y comentar algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de invertir en el contexto actual. El mal llamado «estancamiento secular» es, en realidad, normalización del crecimiento. Bajos tipos de interés, baja inflación y bajo crecimiento. Más de una década de exceso ha creado una amplia sobrecapacidad, y los tipos bajos y la enorme liquidez la perpetúan.

Vivimos en un período que se recordará en los libros de historia como la mayor locura monetaria. Los tres grandes bancos centrales (EE. UU., Japón, Reino Unido y Europa) han creado la mitad de la masa monetaria de toda su historia en los últimos ocho años, y llevamos con tipos de interés ultrabajos desde 2002. Ante la falta de impacto en la economía global, que ha visto cómo se reducía su crecimiento potencial a la mitad (de 6 % al 3 %), es francamente sorprendente que no se analice el enorme riesgo acumulado en activos financieros tras ver subidas de más del 110 % en bolsas (S & P) y la rentabilidad exigida a los bonos de alto riesgo a mínimos de 30 años. Como no funciona, dos tazas. El estratega de uno de los bancos más importantes del mundo recomendaba la semana pasada «expansión cuantitativa, tipos negativos y más devaluación». Empobrecer al vecino.

El inversor, ante ese escenario, se encuentra con tres opciones:

Tomar más riesgo esperando una cierta rentabilidad. Desafortunadamente, la combinación de rentabilidad comparada con riesgo se encuentra completamente nublada por la política monetaria. Buscar rentabilidades del 4 % en bonos supone, en muchas ocasiones, cerrar los ojos y rezar porque algunos emisores tienen ratios de liquidez y solvencia peores que en 2008. Fiar la renta variable a una rentabilidad por dividendo que probablemente se pague en acciones o con deuda, o lo que es peor, termine en recortes de dividendo, es un alto riesgo.

Aceptar menores rentabilidades a cambio de mayor seguridad. Como decía Mark Twain, «the return of my money is more important than the return on my money» (me preocupa más que me devuelvan mi dinero a la rentabilidad del mismo). Muchos inversores aceptan rentabilidades ligeramente negativas en bonos siempre que sean de muy bajo riesgo.

Apostar por la llegada de la inflación. No son pocos los que cuentan con una explosión inflacionista desbocada. El problema de apostar a ese evento desde la inversión en activos de riesgo es el ejemplo de Brasil. La estanflación —estancamiento con alta inflación—, viniendo acompañada de medidas devaluadoras, genera enorme volatilidad, pero es una mina para el inversor a largo plazo.

Morgan Stanley ha mostrado en «The Falling Efficient Frontier» cómo ha ido cayendo la rentabilidad esperada para el ahorrador desde 1990. Sus expectativas para 2016 se sitúan entre el 2,2 % y el 3,5 % asumiendo la máxima eficacia como gestor.

La represión financiera —bajar tipos y devaluar— no solo perpetúa la sobrecapacidad y reduce la demanda potencial, sino que ataca al ahorrador.

El inversor en Europa al menos encuentra refugio en la entrada de capitales que salen de mercados emergentes. Hemos visto varias semanas consecutivas de salida de dinero de fondos dedicados a mercados emergentes. Con ello ya son tres años de salidas netas de fondos de emergentes y 2015 sería el primero en el que la mayor parte de esa caída de activos venga de inversores locales.

Por lo tanto, el inversor que no apueste por recuperaciones «sorpresa» se encuentra con una expectativa de rentabilidad mucho menor a la histórica, pero una excepcional oportunidad de elegir valores o bonos de verdadero valor cuya caja no dependa de rezar para que cambie el ciclo y cuyo balance no requiera expansión de crédito eterna para mantenerse a flote.

Llevamos demasiado tiempo acostumbrados a que las noticias de desaceleración son «buenas para la bolsa» porque entonces se harán más estímulos. La política inversora de «cuanto peor, mejor» puede funcionar mientras los niños creen en la magia, pero se desvanece cuando se pilla el truco, y hace tiempo que sabemos que el gas de la risa monetario no soluciona problemas estructurales.

Países como Chile o Australia implantaron sistemas de pensiones de capitalización y han demostrado recuperarse de las crisis en apenas un año, tanto en 2008 como en 2011, no provocando ninguna pérdida irreparable de valor de los activos. El sistema chileno consiste en la inversión de un 10 % del salario de un trabajador en activos financieros a través de una red de aseguradoras privadas reguladas por el sector público del gobierno.

Lo que debe quedarnos muy claro es que mantener un sistema de pensiones desconectado de la realidad económica y poblacional tiene tres problemas:

Se intenta sostener con incrementos constantes de impuestos, que llevan a menor empleo, menor recaudación, menores cotizaciones y menor actividad económica. Pero incluso si se sostiene a corto plazo, a medio plazo no funciona. España jamás ha tenido más de 20 millones de cotizantes, y hoy tiene más de 9 millones de pensionistas. Cuando superasen los 10 millones, el sistema sería insostenible (se considera muy difícil de financiar cuando supera 2 pensionistas por cotizante). Las pensiones ya suponen más del 11 % del PIB y la Unión Europea estima que subirán al 15,7 % en 2050.

Se intenta sufragar con impresión de moneda —aumento de la masa monetaria— constante, lo que lleva a enormes pérdidas del poder adquisitivo de las pensiones que se pagan en una moneda devaluada que nadie quiere y sin cubrir la inflación. Países como Argentina o Venezuela.

Se cubre con una enorme deuda. En Grecia el gasto en pensiones suponía el 16,2 % del PIB, y se ha ido endeudando sin control año tras año.

En Japón se ha disparado la deuda al 240 % del PIB y el país gasta un 29 % del presupuesto en seguridad social, además de un 22 % en intereses de la deuda. Más del 52 % del presupuesto se va en pagar intereses de la deuda y seguridad social. Eso a pesar de que tiene un bajísimo coste de dicha deuda, una población rica, alta presión fiscal y bajo paro. El envejecimiento de la población es mucho más poderoso como factor negativo en la sostenibilidad de las pensiones que los altos salarios, cotizaciones y bajo paro.

En España

No es cierto que el sistema de pensiones se haya empobrecido. España ha mejorado el dato de importe medio de las pensiones de jubilación contributivas mensual desde diciembre de 2011 hasta julio de 2015, pasando de 923,06 euros a 1022,09 euros, un aumento del +10,73 %. Es hilarante escuchar a ciertos economistas alarmarse diciendo que estamos en deflación y a la vez decir que, a pesar de esa subida, las pensiones pierden poder adquisitivo. Ajustado por el coste de vida que publica la OCDE, las pensiones contributivas y no contributivas mejoran.

El déficit de las pensiones, que se estima en poco más de 6000 millones de euros en 2016, no va a «vaciar la hucha» si España sigue creciendo y creando empleo. Los sistemas públicos de pensiones siempre sufren unos años de déficit mientras se recupera la economía.

El impacto de la crisis en dicha hucha, por definición, siempre se percibe con unos años de retraso. Como se vacía la hucha es destruyendo millones de puestos de trabajo. Como se hunde la hucha de las pensiones es introduciendo más escollos al crecimiento, a la creación de empleo y a la entrada de capital.

Reino Unido y Estados Unidos han tardado ocho años en recuperar los ingresos de la seguridad social a pesar del bajo paro. No existe una sola economía de la OCDE que haya salido de la recesión con empleo fijo y subiendo salarios.

Es de cajón, si no crece la economía y el capital que entra en el país, no se puede repartir. Pero aquí, los genios de la redistribución olvidan la primera regla que siguen todos los países con sistemas de pensión generosos como Finlandia, Dinamarca, Japón o Suecia. Atraer capital y ser modelos globales en facilidad para crear empresas.

Es francamente divertido también escuchar a personas que dicen que los ciudadanos no pueden permitirse su propio plan de pensiones, y a la vez asumen que se pueden permitir uno público deficitario, sumada una burocracia que lo gestione y las subidas de impuestos necesarias para cubrir el agujero.

Pasos para hundir un sistema de pensiones, cortesía del buenismo populista:

Subir salarios por decreto y aumentar la rigidez del mercado laboral en un país donde el 90 % de las empresas son pymes y dos tercios de ellas siguen en pérdidas según el FMI. Enhorabuena, se reduce el empleo, la inversión y recaudan menos. Adiós recaudación.

Subir los gastos pensando que vas a recaudar muchísimo a «lorricos» y, cuando te quedas a menos de la mitad —con suerte— disparas la deuda, el déficit y la insostenibilidad del sistema.

Seguir poniendo palos a las ruedas del sector privado, espantar la inversión y el empleo, y subir más impuestos para sostener un Estado hipertrofiado, el modelo Grecia.

Hacer impago de la deuda. Como la hucha de las pensiones está invertida en bonos del Estado, adiós hucha.

Salirte del euro, y pagar pensiones devaluadas un 50 % con inflación del 10 % —con suerte—. Adiós pensiones.

Imprimir moneda a la venezolana, y conseguir que el poder adquisitivo de las pensiones caiga un 90 %. Adiós pensiones.

Un aspecto importante que se debe tener muy en cuenta para hablar de pensiones es el que concierne a aquellos trabajadores que extiendan su vida laboral más allá de la edad de jubilación. En España se cometen auténticos despropósitos fiscales contra estas personas. Es por ello que considero esencial eliminar el IRPF a trabajadores de más de 65 años que extiendan su vida laboral. Profundizaremos sobre esta medida en la propuesta de reforma fiscal.

La defensa de un sistema de pensiones público que tenga en cuenta la evolución de la economía, la natalidad y la longevidad de la población es simplemente cordura. Lo ha hecho Alemania, Francia, etc. Apoyar un sistema mixto de reparto (el actual) y de capitalización (donde cada persona vaya sabiendo lo que aporta y gana individualmente), es prudencia.

2
Administración 2.0

Una de las reformas más importantes: la administración pública.

Seguimos teniendo una administración que no solo es extremadamente cara, sino monstruosamente entorpecedora de la actividad económica, muy burocratizada, nada orientada a facilitar, sino a entorpecer. Una regulación y unas leyes y normativas locales, regionales y nacionales que complican la actividad económica. Todo eso hay que cambiarlo ya. Durante la pasada legislatura se han llevado a cabo algunas medidas orientadas a reformar la administración y a disminuir el gasto, tales como el Portal de Transparencia, el impulso de la administración electrónica, el cierre de varias empresas públicas deficitarias e innecesarias, la estabilidad presupuestaria, la integración de las bases de datos en el ámbito estatal. Pero sigue siendo insuficiente.

Me sorprende, al leer los datos anuales y el presupuesto, que algunos lo llamen «austericidio». En 2015, el gasto público siguió muy por encima del pico de la burbuja inmobiliaria, y se han sostenido todas las partidas de gasto social, a pesar de la caída de renta disponible, sueldos y beneficios empresariales. El gasto público sobre Producto Interior Bruto (PIB) seguirá por encima del 46 %, eso sin contar a las empresas públicas. ¿Dónde está, pues, la austeridad? Si bien es cierto que ha habido una mejoría con respecto a la legislatura 2008/2011, se podía haber hecho mucho más. Atrás quedan las propuestas de cerrar las empresas públicas deficitarias (menos de un 20 % se han liquidado), observatorios, diputaciones (se han ampliado «competencias»), asesorías, administraciones duplicadas y cabildos, o las subvenciones anuales de nuevo rico. Volvemos a gastar. Y con la fragilidad de la recuperación, un Estado que se carga de costes fijos se expone a que cualquier vaivén de las economías globales tumbe el castillo.

La mejora de empleo, de un paro del 25,7 % al 20,9 % en 2015, sigue siendo insuficiente. Algo más de 620 000 puestos de trabajo creados es un dato muy positivo, pero se debe hacer mucho más. Aumentar el empleo público, como se ha anunciado, es agrandar el agujero de ese déficit estructural, además de suponer, a medio plazo, mayores impuestos.

Subir impuestos ha supuesto menos ingresos de lo estimado. Aunque se deduzcan 2000 millones de devolver el céntimo sanitario, nos muestra de nuevo que las estimaciones de ingresos siempre resultan menores a lo esperado, a pesar de la mejora de la actividad económica.

Otro riesgo hoy en día es recuperar la «inversión» pública aumentándola un 6 %. El historial de creación de riqueza y empleo de la inversión pública en España en los últimos diez años es demasiado pobre —pérdidas netas, deuda y desempleo— como para sacar la chequera cuando los gestores son prácticamente los mismos y aún estamos digiriendo el 25 % de sobrecapacidad productiva.

Manuel Llamas[4] analiza un nuevo estudio, elaborado por Fundación BBVA y el Ivie, que vuelve a ratificar esta realidad, demostrando, una vez más, que el Estado del bienestar se ha mantenido intacto durante la crisis. El documento en cuestión, presentado bajo el título «Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades», analiza la evolución del gasto en los «servicios públicos fundamentales (educación, salud y protección social) en España y sus comunidades autónomas desde 2002 a 2013».

Lo primero que llama la atención es que, pese a la reducción de gasto acometida durante la crisis, el peso de los principales servicios públicos sobre el PIB ha crecido del 23 % en 2007 al 28 % en 2013. De hecho, crece en sanidad, en educación y, sobre todo, en protección social (pensiones, desempleo, dependencia, servicios sociales…).

Es decir, a pesar de las manidas quejas sobre los recortes, lo cierto es que el gasto total dedicado al Estado del bienestar (sanidad, educación, pensiones, desempleo, servicios sociales…) se mantiene en niveles de burbuja a pesar de la crisis, y, aunque sanidad y educación han experimentado ciertos ajustes en términos reales, el gasto es similar al de hace una década, momento «en el que no parece que hubiera excesivas quejas sobre la calidad de los servicios públicos fundamentales en nuestro país», tal y como advertían los expertos de Fedea, y, en todo caso, su peso sobre el PIB se ha mantenido intacto durante la crisis.

Las reformas, que siempre tendemos a ignorar, han sido muy relevantes y han ayudado a que la economía saliese del agujero y empiece a crecer, pero no debemos olvidar que el problema de España era, y continúa siendo, un enorme gasto público disparado al calor de los ingresos fiscales extraordinarios de la burbuja inmobiliaria (unos 40 000 millones de euros anuales).

El déficit y la deuda como mejor se reducen es con crecimiento. Ese crecimiento solo va a llegar de manera sólida de las pymes, que generan el 70 % del valor añadido y empleo del país, autónomos y familias. Los que han sobrevivido admirablemente a la crisis no deben pagar la decisión de sostener las administraciones duplicadas, las subvenciones y el gasto improductivo.

La Administración 2.0 consiste en: «La inclusión de las TIC en la Administración para facilitar los trámites y gestiones de los ciudadanos con los servicios públicos». Todo ello con la finalidad de hacer más ágil, eficiente, accesible y sencillas las relaciones entre ciudadano y administración, y, además, reducir las duplicidades. Y eso conlleva grandes esfuerzos, reformas valientes y madurez ciudadana, todo ello debe hacerse sobre el diagnóstico adecuado.

Una administración que perfile un horizonte legal claro, con máximo respeto a la propiedad privada, una fiscalidad baja, simple y clara para todos. Reformas orientadas a aumentar la credibilidad y la trasparencia, con verdadera responsabilidad crediticia.

En Alemania, Gerhard Schröder lanzó el programa Agenda 2010 de profundas reformas del modelo. Hoy nadie duda de que el país germano ha sobrevivido mejor a la crisis y su sistema de protección social es adecuado, garantizando la sostenibilidad y no obstinándose en mantener el coste.

Cuando Alemania lanzó el plan en 2003, muchos lo criticaron diciendo «Schröder lanza una bomba al Estado del bienestar» (El País, 2003). Fue tan criticado que la coalición de gobierno presidida por Schröder —formada por el partido socialdemócrata SPD y Los Verdes— empezó a perder una elección regional tras otra.

Las medidas fueron muy duras, incluyendo enormes recortes a las subvenciones por desempleo, limitando el subsidio hasta 345 euros mensuales en algunos casos, la creación de los minijobs, puestos de trabajo temporales de bajo coste para el empresario, introducir el copago sanitario y rebajar las pensiones con un coeficiente de sostenibilidad.

Además, bajó los impuestos desde el 19,9 % al 15 % para las rentas bajas y desde el 48,5 % al 42 % para los tramos altos.

En 2003, cuando se hicieron las reformas, la cuota de desempleo en Alemania era del 10,5 % y el número de parados rozaba los cuatro millones y medio, y las pensiones y seguridad social eran «insostenibles».

Sin embargo, ya en 2005 las cifras de desempleo empezaron a bajar, hasta llegar a los tres millones de parados actuales y una cuota del 5,1 %. Además, las pensiones y seguridad social ya no están en peligro, con un superávit de 6000 millones de euros. La renta per cápita aumentaba un 12 % en términos reales. El índice Gini, que mide la desigualdad, se sitúa en 0,30, uno de los mas bajos del mundo, similar a Francia y muy inferior a España, Reino Unido, Italia o Estados Unidos.

En 2007, a la mitad de su primera legislatura, Angela Merkel pudo decir en un debate parlamentario que Alemania tenía las mejores cifras de empleo desde la reunificación de 1990 y reconoció que esto era en parte fruto de la agenda impulsada por su antecesor y su rival en las elecciones de 2005.

Otro país ejemplar en su reforma de la administración pública es Estonia. De repente, se podía votar en las elecciones desde el propio móvil, un negocio se inscribía en la red en cuestión de minutos y se habían acabado las recetas en papel del médico. La declaración de la renta se podía hacer con cuatro clics en internet y el dinero te lo devolvían ¡en cinco días!

Se podría decir que Estonia dijo adiós a la burocracia el año en que se dio la bienvenida al nuevo siglo.

Estonia se convertía en el primer país del mundo en conceder la residencia digital. Con menos de un millón y medio de habitantes, es la nación con más startups per cápita del planeta.

En 2012, el gobierno dio un gran salto, al empezar a enseñar programación, 3D y robótica en los colegios desde los siete años[5].

Estonia tiene además el modelo fiscal más competitivo del mundo, de acuerdo con la Tax Foundation. Por poner un ejemplo, en Estonia no existe el Impuesto de Sociedades aplicado a los beneficios, sino simplemente al reparto de los mismos. A esto se suman generosas deducciones que aligeran la carga de un gravamen que solamente tiene un tipo único del 21 %, siguiendo el modelo teórico del flat tax.

Mientras, en España, tal y como conté en Viaje a la libertad económica, el 22 % de los trabajadores españoles son funcionarios. Durante la crisis, las comunidades autónomas y la administración central han incrementado sus plantillas un 3,7 % y un 3,2 %, respectivamente. De cada 100 empleados públicos, 51 trabajan para los gobiernos regionales, que sumaban, en enero de 2013, 1 307 343 personas. Las universidades, que cuentan como otro escalón de la administración, suman 148 905 empleados.

Tenemos un gasto en salarios públicos superior a la media de la Unión Europea, pero un número de funcionarios por ciudadano menor (Eurostat). Mucho patrón, poco marinero. Continuamente nos dicen que España tiene menos funcionarios por habitante que Alemania o la media europea. En Alemania hay 13,8 habitantes por empleado público, mientras que en España hay 16,6. Estupendo. ¿Y los asesores externos y las empresas públicas? Añadiendo las dos partidas cambia la cosa.

Los asesores externos suponen otros mil millones anuales. Desde el CSI-F (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) apuntan que existen alrededor de 20 000 cargos elegidos a dedo.

Los salarios del sector privado han caído entre un 15 % y un 20 %. Desde el año 2000, en España el gasto público por habitante ha crecido en un 58,5 %, cuando en Alemania lo ha hecho un 17,7 % y en la UE27 un 36,2 %, lo que lleva a que hoy, en un país con economía cíclica, orientada a servicios y muy necesitada de competitividad, la Administración pública le cuesta de media anual a cada español 9816 euros. En una economía dinámica y sujeta a ciclos muy importantes como la nuestra, eso es un coste fijo simplemente inasumible.

¿Por qué lo aceptamos? Según un estudio del BBVA y la consultora Monster, el 70 % de la población quiere un trabajo en la administración. Tenemos que mirarnos al espejo y ver el verdadero problema. Hemos dado a los políticos el poder de decidir como si fueran reyes de pequeños feudos con la esperanza de que algo nos cayera a nosotros, olvidando lo que decía Frédéric Bastiat: «Todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado. Se olvidan de que el Estado quiere vivir a expensas de todo el mundo».

Queremos una administración eficaz, ágil y rigurosa. No un ente que busca perpetuar el «bienestar del Estado», sino el Estado del bienestar. Es una obligación patriótica criticar el abuso del Estado, los errores que cometemos. Y ofrecer soluciones prácticas, factibles y realistas.

Las propuestas de reformas deben partir de un buen diagnóstico, yo propongo tres líneas que considero fundamentales a la hora de transformar nuestra administración en un conjunto de instituciones facilitadoras: menos barreras al crecimiento empresarial, mayor transición de pequeña a gran empresa y aumentar las tasas de emprendimiento juvenil.

Hay que hacer un replanteamiento en la retribución de los funcionarios y personal de la administración, vinculándolo a la productividad y a la labor facilitadora para la creación de empleo. Al igual que el acceso a financiación de las comunidades autónomas debe estar condicionado por la actividad económica que hayan sido capaces de generar, no por cuánto han aumentado su gasto corriente en crear más comités.

La financiación autonómica es una gran asignatura pendiente

Un sistema autonómico como el español tiene un problema fundamental: la falta de responsabilidad crediticia. El informe sobre las balanzas fiscales elaborado por el Ministerio de Hacienda arroja una realidad insoportable: Madrid aporta 19 015 millones de euros más de lo que recibe. Es decir, un saldo fiscal negativo 2,5 veces superior al de Cataluña con 7439 millones de euros. Los mayores saldos fiscales negativos corresponden a Madrid, Cataluña, Valencia (1450 millones) y Baleares (1330).

Por el lado contrario, el resto de comunidades autónomas presentan saldos fiscales positivos, es decir, reciben más de lo que aportan. Liderando la lista, Andalucía, con un saldo positivo de 8531 millones de euros. Cabe resaltar:

Los que pagan son los mismos desde hace décadas.

Los que reciben, en especial los que más reciben, también son los mismos.

Esa «redistribución» no ha llevado a que esas comunidades autónomas de saldo positivo hayan cambiado y mejorado en facilidad para crear empresas y empleo. Las comunidades autónomas campeonas en Europa en desempleo e intervencionismo son, no por casualidad, las mismas de hace décadas y las que más reciben del resto.

El modelo autonómico, donde las comunidades tienen muchas más competencias reales que estados federales como Alemania, ha pasado, tras décadas de funcionamiento, a ser un modelo de incentivos perversos. Cuanto peor lo haces, más recibes. El rescate de las comunidades autónomas deficitarias en 2011-2012 fue responsable de gran parte del aumento de la deuda de España de la pasada legislatura. Si añadimos las facturas pendientes que se tuvieron que afrontar, nos acercamos a casi el 30 % del incremento de endeudamiento de 2011 a 2014. No se ha generado ninguna responsabilidad política ni crediticia del agujero dejado por muchas. Hasta el punto de que en las últimas elecciones autonómicas se volvió a nombrar a algún presidente de comunidad autónoma que dejó hasta 1000 millones de facturas sin pagar en su momento.

Tras décadas recibiendo transferencias y fondos, apelar al victimismo («es la capital», «a los catalanes les regalaron la industria», «los vascos son un paraíso fiscal» y cosas de esas) es, cuando menos, infantil. No solo ha habido tiempo y dinero para salir de la desventaja inicial —si existía—, sino que se ha contado con la mayor época de crédito e inversión financiera directa para acelerar el avance.

Un sistema federal o autonómico no puede sustentarse en la falta de responsabilidad crediticia ni en el rescate eterno. En Estados Unidos, Texas no rescata a Detroit. Ni siquiera Michigan rescata a Detroit. En Alemania, los Lander tienen prohibido incurrir en déficit, mientras en nuestras autonomías hablan del «derecho al déficit» como si endeudarse fuera nuestra exigencia legítima.

Siempre nos cuentan que las comunidades autónomas no gastan mucho porque el 70 % va a sanidad y educación, sin hablar de las duplicidades e ineficiencias inaceptables que supone tener decenas de administraciones paralelas, y sin comentar los desastrosos resultados en informe PISA y la multiplicación de gasto desde que se transfirieron esas competencias.

La necesaria responsabilidad crediticia implica que el Fondo de Liquidez Autonómico no se convierta en un premio para el alumno que suspende. Significa que los errores de unos no se cubran con el bolsillo de otros. Una cosa es la solidaridad y otra la donación. Significa competencia fiscal saber que si hundimos la autonomía con costes fijos burocráticos e impuestos confiscatorios, otros atraerán a nuestras empresas y ciudadanos. Es, en definitiva, asegurarnos de que un modelo de relación abierta entre regiones sea sostenible y no se convierta en un incentivo a cavar el agujero tanto como el menos eficiente. Es decir, que sea progresar como el mejor, no justificar como el peor.

Gracias al think tank Civismo, que elabora periódicamente un informe sobre la libertad económica de las diferentes comunidades autónomas, podemos apreciar la diferencia de resultados entre la política económica de unas y otras. Este estudio mide el grado de regulación de los diferentes sectores de la economía y el peso del sector público en la misma.

Nos lleva a las siguientes conclusiones. En primer lugar, aquellas comunidades autónomas donde se goza de mayor libertad económica (como Madrid, Baleares o Navarra) tienen también asociadas las tasas de empleo más elevadas. Tampoco parece casual, atendiendo a los datos, que las regiones con más regulaciones estatales e intervencionismo registren los niveles de empleo más deteriorados.

Tasa de empleo según índice de libertad económica

Fuente: think tank Civismo

Yo estoy convencido de que la fiscalidad debe estar cerca del ciudadano. Estoy convencido de que una comunidad autónoma tiene muchos elementos positivos, tanto en cercanía a los ciudadanos como en fuente de promoción de las características únicas y especiales de esa región. Para crear riqueza, empleo y oportunidades, no comités y observatorios. Porque entonces no estamos buscando un modelo territorial eficaz, sino la argentinización de España, llenar cada subdivisión territorial del máximo de entes burocráticos para que nada cambie.

Concluyendo, nuestra administración pública está hipertrofiada, es altamente ineficiente y cara. Sin recortar el gasto público y reformarla, el resto de reformas no resultarán efectivas. Es imperativo tener un Estado sostenible. Una administración que garantice seguridad jurídica, sencillez normativa, respeto a la propiedad privada, al tiempo y al dinero de sus ciudadanos, que incorpore las nuevas tecnologías para que los ciudadanos y las empresas podamos interactuar con ella sin que nos suponga grandes inconvenientes. De nada nos sirve tener mil oficinas de apoyo al emprendedor, si este debe seguir pagando altos impuestos para financiar, entre otras cosas, esas mismas oficinas. Debemos aprender de los países que lo hacen bien, aquellos en los que realizar cualquier trámite burocrático no es una pesadilla (como sí lo es en España), países en los que montar una empresa es una tarea sencilla y barata. Tenemos muchos ejemplos, tenemos la tecnología a nuestro alcance. Hagámoslo posible. Un Estado moderno no es aquel que confisca la renta de sus ciudadanos para agrandarse cada vez más, un Estado moderno debe ser eficiente, competente y sostenible. Debe dejar a sus ciudadanos disfrutar de la libertad económica y de su capacidad para generar riqueza.

3
Empleo

Si gastar y endeudar fuera la solución al paro,
tendríamos pleno empleo desde hace décadas.

RON PAUL.

Recientemente publiqué un artículo[6] donde advertía de que la creación de empleo estaba en peligro. Existen numerosos estudios que demuestran el impacto en el empleo de aumentar la rigidez, la burocracia y los impuestos. Autores como Gali y Blanchard lo han analizado en detalle desde 1997.

El diferencial de desempleo en la Unión Europea comparado con países líderes como Estados Unidos no ha existido siempre. Los cuatro mayores países de la Europa continental tenían tasas de paro inferiores a la de Estados Unidos en la década de 1960, cerca del 2-3 %. Hoy, esos países tienen niveles de desempleo sensiblemente superiores. Se ha disparado, sobre todo, desde los años ochenta con una visión política e intervencionista del mercado de trabajo que ha confundido la palabra «derechos» con «dirigismo». El primer derecho es el trabajo y la mayor política social es crear empleo.

España ha conseguido pasar de generar la mitad de los parados de la eurozona en 2011 a crear un tercio de todo el empleo de los países de la zona euro en 2015, reduciendo el paro en 2,3 puntos, más del doble de lo conseguido en el resto de los países de nuestro entorno. Nuestro país lleva 22 meses creando empleo, desestacionalizado, sostenidamente.

España es, a su vez, el único país de la OCDE que está saliendo de una enorme crisis aumentando el empleo indefinido. El porcentaje de contratos indefinidos sobre el total se ha situado por encima del nivel de 2004 o 2011 todos los años desde 2012. En 2004, antes de la crisis, el 8,4 % eran indefinidos, en 2011 el 7,7 %. La media del período 20 122 014 lo supera. Se suele mentir mucho sobre la temporalidad y la precariedad. En 2004, el 68,5 % de los contratos totales eran fijos. En 2015, es el 75 %. Menos de un 1 % de los trabajadores tienen contratos inferiores a un mes.

Esta mejora debe ser la base para seguir avanzando, ya que el desempleo sigue siendo elevado. No podemos volver a las recetas regresivas de aumentar la rigidez y revertir las reformas eficaces porque ponemos en peligro la inversión productiva y la creación de empleo.

A nadie se le escapa que, ante los mensajes rupturistas, posibles pactos de perdedores y las promesas de derogar la reforma laboral, que ha sido esencial para acabar con la sangría de empleo y recuperar el dinamismo en la contratación, muchas empresas simplemente no están contratando de la misma manera que lo han hecho en la primera mitad del año.

Piensa por un momento que tú eres un empresario o una corporación, o que te estás planteando lanzarte como emprendedor, y que enciendes la televisión, escuchas la radio o lees los periódicos. La retahíla de mensajes anticrecimiento y antiempleo es, como poco, imposible de evitar. Subidas de impuestos, derogación de la reforma laboral, introducción de mayores medidas intervencionistas, separatismos. ¿Invertirías a largo plazo? ¿Te lanzarías a contratar trabajadores fijos con sueldos altos? Pues no. Las llamadas a redistribuir la nada y a caer en los errores de 2008 son extremadamente dañinas, y esas propuestas que demonizan al empresario no caen en saco roto. Los inversores internacionales se lo piensan, y mucho.

Si prestamos más atención a las reformas estructurales que a las políticas de bancos centrales, diferenciaremos entre el éxito y un simple placebo.

Es necesario no torpedear el autoempleo con políticas confiscatorias y atacar a los creadores de empleo cuando se están recuperando de la crisis. No es de extrañar que la desigualdad se dispare con las políticas monetarias agresivas, ya que el dinero «creado» se queda en el sistema financiero, el Estado y su deuda. La decisión de invertir en la economía productiva y la velocidad del dinero se desploman cuando se imprime y reprime. No hay confianza real. Solo burbujas financieras.

La solución al empleo precario no se va a dar con más subidas de impuestos y represión financiera, bajar tipos o imprimir. Se dará el día que por fin se den cuenta de que la máquina de exprimir y endeudar no da más de sí. Además, debemos tener una cosa clara: nadie sale de una crisis creando empleo fijo y de calidad.

Los buenos datos sobre empleo de la pasada EPA son muy relevantes porque han ocurrido en un escenario incierto:

Con la mayoría de nuestros socios comerciales en estancamiento o recesión (Francia, Brasil).

En un entorno de ralentización global, con el comercio global muy por debajo de las expectativas, hemos exportado más y ganado cuota de mercado. Eso con China y los emergentes en proceso de frenada.

Ante un período político y electoral complejo.

No es correcto que la creación de empleo venga de bajos precios del petróleo y ayuda del BCE. Ya creábamos más empleo y crecimiento que la media de la Unión Europea con el petróleo por encima de los 110 dólares y antes del programa de estímulos del BCE.

Es importante resaltar que la caída de la población ha sido prácticamente insignificante en un país que recibió millones de ciudadanos en el período de bonanza. España ha perdido 395 192 habitantes desde enero de 2012, pero no podemos olvidar que la población había crecido constantemente y habíamos recibido a casi cinco millones de inmigrantes durante una década. Esa ligera caída, por lo tanto, no es un grave problema cuando se pone en el contexto histórico y europeo. En Alemania, la población lleva estancada desde 1997, mientras en España ha crecido un 15 % en el mismo período.

¿Son cifras para sentirse completamente satisfecho? No. Hay mucho que debemos seguir haciendo. Continuar con las reformas, reducir la burocracia y los palos en las ruedas a la creación de empleo. España ha recuperado algunos puestos en el ranking de facilidad para crear empresas del Banco Mundial, pero aún está en el puesto 33 y eso es inaceptable en una economía moderna y avanzada. Cualquier partido que realmente esté preocupado por el empleo, debería tener como principal objetivo avanzar 30 puestos en este ranking.

Crear empleo de manera intensa es posible. Lo explico en Acabemos con el paro (Deusto) y en mis artículos. Hay que hacer lo siguiente:

Fomentar el autoempleo. España sigue teniendo una de las tasas más bajas de emprendimiento de la OCDE. Crear empresas en 24 horas, como en tantos países, no ser uno de los países donde es más caro y lento montar una empresa. El tiempo necesario para poner en marcha un negocio en España es el doble que la media de la OCDE.

Incentivar a las pymes. Seguir bajando impuestos de sociedades y cuotas sociales, que aún son de los más altos de la OCDE.

Seguir bajando cuotas a autónomos.

Cercenar de manera drástica las trabas burocráticas y la extremada complejidad legislativa de un país de 17 regímenes que se autojustifican creando centenares de normas entorpecedoras cada año. Cambiar los incentivos. Menos capataces para «parar y fiscalizar» y más facilitadores.

Cortar gasto político y superfluo, subvenciones y excesos de burbuja.

El riesgo que suponen las amenazas de revertir las reformas, cambiar la Constitución, subir impuestos y cambiar todo el Estatuto de los Trabajadores para el empleo es enorme.

Los que dicen que la incertidumbre política y la inestabilidad no afectan al empleo no solo mienten, sino que autores como Blanchard han mostrado cómo aumentar la rigidez explica una enorme parte del diferencial de desempleo entre Europa y Estados Unidos. Y Fitzpatrick y Kobrin afirman que el riesgo político reduce el crecimiento del PIB potencial, la calidad del empleo, el coste de financiación y hace que las inversiones se frenen o se limiten al muy corto plazo.

Por tanto, que algunos tilden de «políticas de cambio» a aumentar el gasto y subir los impuestos es una broma. Escuchar hablar de «programa por el empleo» a quienes con esas políticas destruyeron 3,5 millones de puestos de trabajo y que han convertido a Grecia en campeona de la Unión Europea de paro es insultante.

Las soluciones no van a venir de las mismas políticas de gasto inútil e intervencionismo que destruyeron millones de puestos de trabajo.

Autónomos, la clave del empleo

En el año 2015 en España se dieron de alta alrededor de 2000 autónomos cada día. En los últimos tres años el número de autónomos ha crecido en 150 000, y con ello se ha recuperado casi la mitad de los 350 000 perdidos en la crisis.

La figura del autónomo es esencial para una sociedad moderna, una economía flexible y para dar valor añadido al factor trabajo. Es una pieza esencial de la cultura de emprendimiento que vuelve a recuperarse en nuestro país. No obstante, queda mucho por hacer aún, y es urgente disponer de medidas facilitadoras para el emprendimiento.

Ser autónomo tiene importantes ventajas a la hora de crear valor para nuestra experiencia que no se encuentran en trabajos por cuenta ajena. Al mostrar iniciativa, capacidad de resolución de problemas, gestión de entornos difíciles, el autónomo se convierte en un todoterreno que demuestra que sus capacidades van mucho más allá de su título o especialidad. Esa experiencia como emprendedor es extremadamente valiosa tanto si se continúa con un negocio propio como si se busca después un trabajo en una empresa. Y esa diferencia es esencial para garantizar derechos. En los países líderes, los trabajadores preservan y mejoran sus derechos no porque lo decida un sindicato, sino porque las empresas tienen que competir por el valor añadido y el trabajador puede optar por montar su propio negocio.

La productividad

Los hombres de ciencia, expertos en productividad, los ingenieros, técnicos, etc., lo han resuelto. Podrían producir todo lo imaginable, en enormes cantidades, pero ¡ay!, el mundo no está gobernado por ingenieros.

HENRY HAZLITT.

Las causas del paro en Europa y España no provienen de presiones inflacionarias ni falta de estímulos, sino de desequilibrios estructurales en la legislación laboral, salario mínimo y altos niveles de subsidios, impuestos y trabas burocráticas que desincentivan el autoempleo, la creación de empresas y la transición de sectores de baja productividad a alta productividad.

En nuestro país nos encanta hablar de «cambiar el modelo productivo», como si algo así se pudiera hacer a golpe de varita mágica y de repente un día nos despertamos siendo Dinamarca. Por otra parte, parecemos empeñados en tener los resultados de Dinamarca aplicando las medidas de Grecia. Somos muy daneses en el gasto, pero muy griegos en productividad.

El modelo productivo se cambia como lo hemos empezado a hacer: exportando más gracias al valor añadido, aumentando la productividad y dando peso al sector servicios. No obstante, necesitamos atraer mayor inversión productiva, pues todavía estamos por debajo de lo deseable.

Desde luego con lo que no se cambia el modelo productivo es con propuestas como la del «salario complementario» de Ciudadanos (como comentaba hace unos meses en mi columna de La Razón), puesto que traslada la falta de productividad de algunos sectores a los que sí lo son y al contribuyente. Entendamos que un sector ineficiente que recibe una subvención para compensar dicha ineficiencia, no buscará la manera de sobrevivir en el entorno por su propio pie, generando valor añadido, modernizándose.

Desde el ámbito político se habla muchas veces de crear empleo y planes industriales y, muy pocas, del impacto desincentivador de las amenazas electorales. Las elecciones de Cataluña fueron un claro ejemplo del efecto «divisor» —como contrapartida a «multiplicador»— de los mensajes rupturistas. De hecho, 700 empresas han abandonado Cataluña a lo largo del 2015 y unas 3839 desde diciembre de 2010.

La inversión financiera directa es un motor esencial para nuestra recuperación. Entre 2014 y 2015 España vivió un aumento muy relevante de la inversión financiera directa. De hecho, llevamos ya dos años con cifras superiores a la media histórica de 16 914 millones de euros. La importancia de la inversión productiva no se nos debe pasar por alto. Es el motor de estabilidad y creación de empleo de calidad y a largo plazo.

Sin embargo, me preocupa que la mayoría de los partidos tengan muy poco interés por hacer de nuestro país un referente global para atraer capital e inversiones.

Especialmente dolorosa y desastrosa es la gestión de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, materializada, en una de tantas, en el abandono del proyecto de Plaza de España y el cierre de oficina del grupo Wanda.

No se trata solo de la pérdida de inversiones y puestos de trabajo. Total, entre ricos que más nos da una inversión inicial de 265 millones de euros, no. No les importa perder 6500 puestos de trabajo adicionales e inversiones hasta 3000 millones de euros en el proyecto. Es que la salida del grupo Wanda deja en el aire una inversión total en España de 5000 millones de euros y 35 000 puestos de trabajo.

Nuestros totalitarios, que piensan que el dinero sale del aire y la riqueza y el empleo los generan los okupas, olvidan que estas noticias tienen un efecto desincentivador en todo el mundo. Wanda no es un caso aislado, «da igual, ya vendrán otros», porque los inversores de todo el mundo hablan entre ellos y se cuentan sus experiencias a la hora de llevar a cabo proyectos. La facilidad para crear empresas y empleo es esencial. Y cuando se echa de una ciudad con cientos de edificios vacíos a un grupo inversor internacional que lleva a cabo proyectos en Estados Unidos, Australia o el Reino Unido, se extiende el mensaje de que «en Madrid no se puede invertir».

Que Carmena diga que «las inversiones son importantes, pero también lo es el patrimonio» es una obviedad y una perogrullada, pero indica que la alcaldesa piensa que son conceptos contrarios, incluso antagónicos.

Ya nos advertía Bastiat acerca de la obsesión del socialista e intervencionista por buscar antagonismo por todas partes, por no considerar los intereses legítimos como algo armónico y compatible. De ahí que anden en búsqueda permanente de medidas coactivas que puedan «arreglar» lo que ellos consideran un problema social. La realidad es que nunca lo consiguen. Lo único que logran es desplomar el crecimiento y la prosperidad.

Un objetivo esencial debe ser que los políticos no espanten la inversión con sus amenazas. No solamente empaña la convivencia, sino que tiene un impacto económico tangible. Entre un 1 % y un 1,5 % del PIB se puede llegar a perder por percepción de riesgo político. No es una cifra irrelevante en un país que empieza a salir de la crisis.

Productividad y energía

Nuestra productividad mejora accediendo a energía barata, mediante un mix energético diversificado y competitivo. Nuestro error histórico ha sido siempre subvencionar en lugar de incentivar desde la política fiscal y aumentar la competencia. Las empresas europeas son algunas de las que más pagan por electricidad y gas de la OCDE. La media del sector industrial español paga más de dos veces lo que sus comparables norteamericanas. Las políticas «verdes» y el desarrollo de las renovables han permitido que el precio de la electricidad mayorista baje; pero entre primas, costes fijos y subvenciones, los precios a los consumidores se han disparado. Por ejemplo, en Alemania los precios de generación han bajado casi un 38 % desde 2005 y la factura eléctrica media ha subido un 60 %. Un error que destruye empleos y empresas y que hay que atajar. En países como España hay que distinguir, por ejemplo, entre eólica, que supone un 20 % de la energía generada en 2013 y un 19 % del coste, y las solares, que suponen solo un 5 % de la energía producida y un 20 % del coste total de generación.

La Unión Europea supone menos de un 14 % de las emisiones de CO₂ del mundo, pero el 100 % del coste.

Todos estos problemas redundan en una menor producción industrial, mayor deslocalización, dificultades para competir y, por supuesto, menor empleo.

Por estos motivos, la política energética debe atender a los principios de seguridad, diversificación y competitividad. Por un lado, seguir apostando por renovables sin pasarle la factura a empresas y familias. Las subvenciones deben acabarse, y cambiar un sistema de primas —coste inmediato— por uno de incentivos fiscales —solo se genera beneficio fiscal cuando hay demanda y es solvente—, como en Estados Unidos. Así se evitan los errores de planificación a la hora de estimar demanda, primas y costes, y no hay que pasarlo a los sufridos bolsillos de los consumidores.

Se debe atender el problema de sobrecapacidad. España no puede querer ser la más verde y a la vez subvencionar carbón ineficiente, sostener tecnologías con pagos de capacidad innecesarios, pagos por interrumpibilidad injustificados o mantener subsidios al exceso de capacidad productiva, con márgenes de reserva superiores al 40 % en España.

Sustitución, no acumulación. No se puede permitir nueva capacidad de generación cuando los consumidores pagan los excesos acumulados. La nueva generación debe venir por sustitución, y dicho cambio se debe hacer por menores costes. Sustituir energía barata por cara aludiendo a la excusa de las «externalidades» nos ha llevado a hundir nuestra capacidad de competir. Mientras tanto, los costes reales, los de la acumulación de subvenciones y gastos, nos llevan a destruir tejido productivo y empleos.

Solucionar el problema de la seguridad de suministro, desarrollando las fuentes de energía autóctonas —gas pizarra, petróleo, renovables—, además de profundizar en la interconexión que permita que países como España, que son hubs —centros de concentración de diversidad de suministro— puedan contribuir a reducir la dependencia de Rusia u otros países, a través de los distintos centros de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado.

No demonizar tecnologías de manera regional e ideológica. El ciudadano debe saber que sustituir la energía nuclear y el gas por renovables supondría, como comentaba el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), un aumento de la factura eléctrica descomunal. Recordemos que la media de precio de generación con renovables se encuentra hoy en 68 euros/mwh, «solamente» el 36 % más que el precio mayorista español. En España más del 62 % son costes regulados, impuestos y subvenciones.

Cualquier zancadilla que le pongamos a la productividad, se la estamos poniendo al empleo. Nos quejamos constantemente de los bajos salarios, y en el debate casi nunca se atiende a la productividad. Cuantos más bienes y servicios produzcamos, cuanto más valor añadido seamos capaces de verter al mercado, cuanto más eficientes seamos como empresarios y trabajadores, cuanto mejor formados estemos…, más riqueza generaremos a nuestra comunidad. Más valiosos nos volveremos ante nuestros consumidores, y por ende ante nuestros empleadores. De manera que subir los salarios y mejorar la calidad del empleo sin atender a la productividad es, como se dice coloquialmente, «pan para hoy y hambre para mañana». Y va en detrimento de todos, al aumentar el coste de producción, se perjudica al consumidor, al sector y al trabajador.

Una vez más reivindicamos flexibilidad en el mercado laboral para que los sectores productivos prosperen.

4
Regeneración democrática, corrupción
y transparencia

A pesar del revuelo mediático tras las elecciones por la fuerte irrupción del populismo en el Congreso de los Diputados, los resultados demuestran que el votante español es moderado, de centro y quiere avanzar en una democracia plural y una economía abierta. Ahora bien, la incertidumbre ante la dificultad de formar un gobierno estable nos está pasando factura.

La regeneración democrática en nuestro país, en mi opinión, debería tener como piedra angular la necesidad de estabilidad política y la exposición de ánimos reformistas que continúen por la senda del crecimiento, y no debe pasar por mensajes rupturistas, que hacen todo menos generar confianza. Es por ello que desde mi punto de vista se presentan tres retos esenciales que no se han divulgado durante una campaña centrada en aspectos más impactantes a nivel mediático.

El primer reto tras las elecciones es recuperar el ritmo de crecimiento de inversión financiera directa. Como ya comentamos antes, la incertidumbre por Cataluña y las elecciones ha llevado a que se frenase. El aumento de las inversiones productivas en 2014 fue del 9,8 %, ascendiendo a 17 626 millones de euros, y llevamos ya dos años con cifras superiores a la media histórica de 16 914 millones de euros. Es importante reforzar un entorno de certidumbre, seguridad jurídica y atractivo para la inversión por su impacto directo en el empleo y la riqueza, además de reforzar el cambio del patrón de crecimiento.

El segundo reto es recuperar y superar los diez puntos perdidos desde 2007 en el ranking global de facilidad para crear empresas y empleo del Banco Mundial. La mejora de 2014-2015 no puede truncarse y debemos recuperar los puestos de liderazgo que afiancen la creación intensa de empleo.

El tercer reto es comunicar al exterior como lo hacen los mejores. El esfuerzo realizado por el Ministerio de Economía y Competitividad suele pasar desapercibido en nuestras fronteras, pero tener una política de comunicación ante inversores y entidades internacionales constante y detallada es esencial. Comunicar con transparencia, hacer un esfuerzo continuado y no pensar que los inversores «no se van a enterar» o que da igual.

Estos tres pilares suelen resentirse ante una coalición de perdedores que solamente se ponen de acuerdo en gastar. Es por ello que es tan importante que se permita la gobernabilidad y la estabilidad desde el objetivo de crear mayor prosperidad y oportunidades para todos. Los ciudadanos han apostado claramente por la moderación y avanzar en las reformas. Nuestros políticos deben mostrar responsabilidad para facilitarlo.

Es curioso que en un país que ha empezado a salir de la crisis no se imponga una opción de consenso como en Alemania y permitir gobernar al ganador. ¿Preferiremos, como hicimos en 2008, cerrar los ojos ante la realidad y los riesgos económicos y volver a lanzarnos a las soluciones mágicas que siempre fallan?

¿Era esta la regeneración democrática que buscábamos? ¿Acaso no sería una verdadera regeneración democrática que los partidos políticos españoles dejaran sus diferencias a un lado, estuvieran a la altura y antepusieran los intereses del país, como por otra parte ocurre en la mayoría de los países europeos? ¿De verdad pensamos que partidos populistas que reivindican políticas fallidas, avalados por regímenes comunistas, son la regeneración que necesita España?

El problema de la corrupción

Según el Banco Mundial, la corrupción puede recortar hasta un 0,5 % del PIB de un país. Estudios de la misma entidad valoran el impacto de dicha corrupción —en todas sus escalas— hasta en un 2 % del PIB de los países de la OCDE, incluido el nuestro. En un encuentro organizado por Transparency International en Lisboa, en junio de 2013, se comentaba lo siguiente:

En la Unión Europea, entre un 10 % y hasta un 20 % del total de los contratos públicos se pierde en corrupción.

El 5 % del presupuesto anual de la UE no se justifica.

Tres de cada cuatro ciudadanos europeos perciben que la corrupción se ha disparado en los últimos cuatro años.

Pero, sobre todo, supone una pérdida de casi un billón de inversión y capital anual.

A escala global, el 55 % de los ciudadanos de 107 países encuestados percibe una influencia excesiva de los gobiernos en la economía.

No es de extrañar que ante semejante situación, el capital se escape.

Demasiado gobierno, demasiado poder, demasiada corrupción

Por ello hace falta transparencia absoluta, anteponer los principios a cualquier consenso, liderazgo y cercenar el acceso desproporcionado del Estado a la caja como parte de la solución. Precisamente porque esa es la única manera de garantizar los servicios esenciales que la gente valora. Si no, con la quiebra se hundirá todo, lo superfluo y lo necesario.

¿Es casualidad que esa percepción de corrupción creciente coincida con la crisis? No. ¿Y que se genere con el aumento del intervencionismo y el gasto público, a niveles el 49 % del PIB de la UE, que se supone que es precisamente para combatir dicha crisis? Tampoco. Tras gastar cientos de miles de millones, la población sufre las consecuencias de lo que parecía un sistema muy atractivo, el asistencialismo clientelista, hasta que hay que pagarlo. «El socialismo es una idea estupenda hasta que se acaba el dinero de los demás», decía Margaret Thatcher.

Creer que un problema de mala gestión se va a solucionar con más dinero público, no solo es ingenuo. Es peligroso. Y creer que un problema de corrupción que parte de una sociedad acostumbrada al paternalismo asistencial se soluciona con «otros políticos», cuyos incentivos son los mismos, es suicida.

La corrupción no afecta a todos los países por igual, tener unas instituciones estables y sólidas hacen que la percepción del riesgo sea menor. ¿Sube la prima de riesgo por un caso u otro de corrupción? No en la OCDE, aunque sí en los mercados emergentes. La razón es que en los países emergentes no se parte de la base de una estabilidad institucional que se da por garantizada en la OCDE. Por tanto, la prima de riesgo solo se ve afectada cuando se pone en peligro el Estado que la ha tolerado. Es decir, no se dispara el riesgo crediticio por los escándalos. Son solo síntomas, pero muy relevantes porque son causa directa del gasto inútil, la falta de responsabilidad presupuestaria y el resultado final, el sobreendeudamiento, la debilidad y la posible quiebra.

Y no es un problema causado por unos políticos, como si fueran extraterrestres que han caído de Ganímedes. Son el reflejo de una sociedad, no una casualidad. Es un problema de un sistema económico que tolera e incentiva el clientelismo como modo de evitar el libre mercado, la meritocracia y la competencia.

La corrupción nos cuesta dinero, mucho. Desde Roldán (2,6 millones de euros más o menos) a los últimos casos (ciento treinta y seis millones de ERE, que podrían ser hasta setecientos millones, y cuarenta y siete, hasta ahora, de Bárcenas) las cantidades se han multiplicado de manera exponencial. De hecho, son las cantidades astronómicas las que diferencian a nuestro país de muchos otros donde también se dan esas corruptelas. En el Reino Unido el escándalo de las dietas de los parlamentarios le costó no volver a poder presentarse a las elecciones a un 30 % de ellos, por una cantidad acumulada de un millón cien mil libras (1 320 000 euros).

Solo el caso Edu + ERE, los mayores casos de corrupción de la UE, suponen un coste acumulado cercano al 0,4 % del PIB.

Pese a todo, y aunque a algunos les parezca que España es el país más corrupto del mundo, el índice de Transparencia Internacional (2014) indica que es todo lo contrario.

Es curioso, sin embargo, que algunos se indignen con la corrupción en España en el puesto 40 de 177 del ranking mundial (cuanto mayor el puesto, más corrupto) y sin embargo alaben o asesoren a los regímenes más corruptos del mundo (Venezuela, el 160 de 177).

¿Cómo se debería combatir la corrupción? Con transparencia y justicia. La manera más fácil es con un sistema judicial que sea agresivo, eficiente y rápido a la hora de castigar. En el instante en el que el despilfarro público entre en el Código Penal como un delito, tendremos el principio de la solución. En el momento en el que los gobernantes que hayan incurrido en ese delito no puedan volver a presentarse a las elecciones o a tener un cargo público, se acabó gran parte del problema.

No se debería permitir que ningún político que haya dejado facturas sin pagar pueda volver a presentarse a unas elecciones. Se debe introducir en el Código Penal el concepto de «Abuso y Despilfarro de dinero público». Asimismo, se debería cambiar el nombramiento de consejeros y directivos por parte de partidos políticos por un sistema de elección mediante examen técnico.

Además, debería hacerse con transparencia, para que cada euro del contribuyente esté debidamente justificado. Y estar sometidos a auditorías independientes permanentemente. La medida de Manuela Carmena de evitar el gasto en agencias de rating, no es sino un ejercicio de opacidad que puede costarle muy caro al Ayuntamiento de Madrid, por poner un ejemplo de que la «nueva política» no por ser nueva, es regeneradora y mucho menos transparente.

Desde Adam Smith en su maravillosa obra La riqueza de las naciones hasta los autores Daron Acemoglu y James A. Robinson en Por qué fracasan los países, se ha destacado que el principal componente que determina la prosperidad de un país son sus instituciones. Siendo aquellos que tienen instituciones inclusivas que respeten la propiedad privada, administren justicia con transparencia y valores democráticos, defiendan al agredido y permitan el libre intercambio y la generación de riqueza sin obstáculos a sus ciudadanos, los que prosperan y se convierten en naciones ricas.

5
Deuda pública

La deuda sí es el problema

El argumento a favor de olvidar el problema de deuda lo escuchamos cada día. Lo que importa es crecer. Mientras se consiga salir de la recesión, y el coste de dicha deuda sea bajo, poco a poco se irá reduciendo el endeudamiento por la parte del denominador, el PIB. No nos preocupemos.

Solo tiene tres inconvenientes: el umbral de saturación, la deuda destructiva y el coste de la deuda.

El umbral de saturación. El punto a partir del cual una unidad adicional de deuda no genera PIB, sino que simplemente estanca aún más la economía. Umbral que sobrepasamos en 2006 y en la OCDE, entre 2005 y 2007.

La deuda destructiva. Aquella generada por gasto corriente improductivo, que no produce ningún efecto positivo y perpetúa un sistema que confisca y fagocita la actividad económica a través de impuestos, detrayendo inversión y consumo. En nuestro caso, un gasto público que supera en casi 35 000 millones los niveles de ingresos del pico de burbuja. En la Unión Europea, un déficit estructural de casi el 4 % del PIB.

El coste de la deuda. ¿Qué nos hace pensar que el coste de la deuda se va a mantener bajo eternamente? Ya hemos visto subir la rentabilidad del bono americano un 64 % en lo que va de año y el alemán dispararse un 49 %. Por supuesto, desde un nivel muy bajo. Como dice mi colega Matt, «cuando tu hijo cumple dos años no le felicitas por hacerse un 100 % más viejo que el año anterior». Pero la realidad es que el coste de la deuda no se puede mantener artificialmente bajo para siempre. Y ahí es donde se generan los shocks, ante la acumulación de deuda viva cuando el coste bajo es insostenible.

La deuda pública «barata» no es una panacea. De hecho barato es un término erróneo donde los haya, puesto que asume que no existe coste de oportunidad privada de invertir o ahorrar.

Toda esa deuda, barata o no, se tiene que refinanciar en un futuro. La liquidez extrema y la euforia crediticia no duran eternamente. No es correcto decir que no importa el total de la deuda mientras el coste sea bajo. Japón, con casi un 240 % de deuda sobre el PIB, se gasta un 22 % de su presupuesto anual en pagar los intereses de esa deuda, a pesar de pagar solo un 0,6 % de los bonos a 10 años.

Cualquiera que se dé un paseo por su ciudad y vea la cantidad de obras públicas inútiles va siendo testigo de los cheques en blanco de nuestros gobiernos en la inversión pública así como de los 22 000 euros de deuda con los que nace cada uno de sus hijos. Todos recordamos esos monumentos del despilfarro y todos esos gastos superfluos que se justificaban con dos premisas: genera riqueza y puestos de trabajo. ¿Cómo evitamos esa espiral? Con un sistema de penalización exponencial y muy severo. De lo contrario, los incentivos que se dan a los gobiernos son los de consumir los presupuestos o incluso sobrepasarlos, no tendremos solución. Uno de los problemas del sector público y en particular de las comunidades autónomas en España es lo que yo llamo el «efecto Navidades». Entre septiembre y diciembre se dispara el gasto público. Durante el año vamos cumpliendo con las previsiones, incluso mejor de lo esperado, y en el tercer trimestre empieza el desajuste.

Lo repito muy a menudo, no se sale de una crisis de la mano de las mismas medidas que la crearon: un endeudamiento excesivo y gasto muy por encima de las posibilidades de la economía bajo el mantra de «invertir en la recuperación». Si la crisis de endeudamiento saltaba hace siete años con una OCDE que superaba el 300 % del PIB de deuda total —pública y privada—, estamos saliendo de ella con un 350 %. Y, además, estamos trasladando riesgo a unos bancos centrales descapitalizados, como si la expansión de los bancos centrales no se pagase. La pagamos todos, sea con impuestos, inflación, perdiendo el valor de nuestros ahorros en devaluaciones o todo junto.

La deuda pública a coste cero, ¿bendición o maldición?

El 67 % de la deuda alemana y el 17 % de la española ya cuentan con tipos negativos. Es decir, los inversores pagan por prestar a los países.

Existe una doble razón por la que los inversores aceptan tipos negativos. Quieren un activo donde se le garantice el 99 % de su capital ante la incertidumbre en otras inversiones, donde piensan que pueden perder más. Adicionalmente, pueden esperar que la moneda en la que se denomina dicha deuda, el euro, vaya a revalorizarse comparado con la moneda de sus ahorros. Teniendo en cuenta que ya hemos visto 480 000 millones de dólares de salida de capitales de mercados emergentes y que yo estimo que esa ola continuará durante un tiempo, es normal que el flight to safety —vuelo hacia la seguridad— sea hacia una Europa donde el riesgo sistémico y de ruptura se ha reducido a mínimos.

Si un inversor compra un bono en un mercado emergente donde percibe que puede devaluarse la moneda o hacer impago, el riesgo es doble. Recordemos que la capacidad de repago de intereses en el mercado de deuda de varios emergentes, sobre todo los ligados a materias primas, se ha reducido a niveles de 2009. Europa se convierte en el activo de bajo riesgo.

Pero ese bajo riesgo viene, por un lado, de las mejoras evidentes en las economías (en el caso español, mayor crecimiento, menor déficit, mejores ratios de solvencia y liquidez), pero también de la política del Banco Central Europeo, que recompra 60 000 millones de euros mensuales, beneficiando de manera muy pronunciada a la deuda soberana. El BCE ha comprado 33 515 millones de euros de deuda pública española, de un total de 301 447 millones de deuda total europea. Con todo y con ello, la liquidez excesiva del BCE supera los 480 000 millones de euros. En algunos casos el BCE supone más del 100 % de la demanda en emisiones de deuda pública.

El riesgo de que se utilice el balance del BCE como la «pirámide de Wall-E», donde se acumula basura sin control, es moderado. Mario Draghi y su equipo han llevado a cabo siempre un proceso modélico de esterilización (vender en el mercado lo que compran, gradualmente). Y eso permitió que se redujese el balance del BCE de manera muy relevante antes de lanzar este programa de recompras.

El riesgo, que el propio Draghi comenta en tantas ocasiones, es que los Estados se relajen y aprovechen esos menores costes de endeudamiento para parar las reformas estructurales, entregarse a gastar más y aumentar los déficits.

«Imprimir dinero para inversión pública», se lo escuchamos decir constantemente a algunos economistas. Volvemos a los incentivos perversos y los elefantes blancos. Sacar dinero del bolsillo del eficiente y del ahorrador para entregárselo al siguiente «Museo del Circo», aeropuerto, puente, etc. Pagas tú.

Debemos entender que la monetización de deuda no es gratis ni evita los recortes y subidas de impuestos. La línea entre una moneda y un sistema que genera confianza y Argentina o Zimbabue es delgada. La política monetaria no es una panacea y, mucho menos, si lo que lleva es a una competencia desleal de los sectores que generan gasto improductivo, que se convierten en los que reciben financiación más barata y mayor dinero.

Una cosa es reducir el riesgo sistémico y poner en marcha la herramienta que permite que el mecanismo de transmisión a la economía real mejore, que es lo que pretende el BCE, y otra cosa es una máquina de privilegio estatal que incentiva la zombificación de las economías y la financiación de sobrecapacidad inútil.

El riesgo de caer en la autocomplacencia no es pequeño. En Europa lo vivimos hace nada, en 2009, y destruimos 4,5 millones de puestos de trabajo mientras llevábamos a cabo planes de estímulo que no han atajado la crisis, sino creado mayor sobrecapacidad.

Recordemos que no emitiremos a tipos de interés negativos toda la vida. Usar la estrategia de la cigarra de aprovechar el verano para vaguear y acostumbrarnos a la bonanza es un error. Porque el invierno llega. Vaya si llega. Que se lo pregunten a Brasil. Y la estanflación con exceso de deuda es un invierno muy frío… Y muy largo.

Un informe de Capital Economics señala unos datos y estimaciones que debemos tener en cuenta. Muchos gobiernos de economías avanzadas han progresado significativamente en la recuperación de los daños en sus finanzas públicas tras la crisis financiera global. Sin embargo, Japón y algunos países de la zona euro continúan con expectativas inciertas en cuanto a la reducción de su deuda. Una consecuencia de la crisis mundial ha sido la enorme acumulación de deuda de las economías más avanzadas, excepto Alemania y Suiza. Con una normalización de la política monetaria y reformas, la deuda se puede reducir. En todos los casos se evidencia la necesidad de reducir gasto y bajar impuestos, como ha señalado el presidente del BCE.

Partiendo de un objetivo deseable para el año 2030 de que las economías más desarrolladas alcancen una deuda del 50 % sobre el PIB. Nos encontramos ante la evidencia de que países como Japón, Grecia, Portugal o Italia necesitan tener un superávit primario mucho mayor que Estados Unidos, Reino Unido, España e Irlanda. En el caso de España, con menos del 0,5 de superávit primario en los próximos 15 años se alcanzaría el objetivo. Mientras que Grecia o Japón necesitan que esa cifra llegue al 6 y 8 % del PIB, respectivamente.

Tanto el FMI como los grandes organismos estiman que la deuda sobre PIB de España alcanzó un máximo en 2015 y se irá reduciendo en los próximos años a medida que los gastos por seguro de desempleo y las ayudas de 2011 y 2012 desaparezcan al fortalecerse el crecimiento.

Impago de la deuda y consecuencias de un rescate

Siempre que los populistas hablan de impago o reestructuración de la deuda, nos lo venden como si se pudiese hacer default a la vez que gastar más y, por supuesto, barato. Vamos, según como ellos lo cuentan parece un auténtico chollo, pero no es así, en absoluto.

Según el estudio de 275 casos de impago de los profesores Boreinstein, Panizza y Levi-Yeyati, las consecuencias son las siguientes:

Un impacto negativo en el crecimiento del país de un 0,6 % a un 1,2 % mínimo.

Un desplome del crédito concedido, al perder la confianza internacional, del 40 % de media.

Caída del comercio exterior del país del 8 % de media.

Quiebra generalizada de pymes porque se cierra el crédito. La pérdida de acceso a los mercados internacionales es inmediata y no solo el Estado, sino las empresas, encuentran costes más caros, plazos más cortos, en caso de hallar financiación.

Y lo menos importante, una pérdida en intención de voto al gobierno que hace impago del 17 %.

En el momento que un país comete impago, las huchas de la seguridad social y pensiones quiebran.

El 90 % de la hucha de la seguridad social y de las pensiones españolas o griegas está invertido en deuda soberana. En el momento en el que un país hace impago, quiebran ambas.

Hablar de «impago selectivo» es hundir la seguridad jurídica igual, autoconcederse la decisión de quién impaga y quién se queda de pagafantas y, además, no genera ninguna confianza. Es como decirle a alguien que le vas a pegar medio puñetazo.

Fijaos en la lista de países que han hecho impago al FMI. Sierra Leona, Zimbabue, Cuba, Somalia… Todos han visto más sufrimiento y dificultades para familias y empresas tras sus impagos y un período prolongado de entre siete y ocho años hasta empezar a ver la luz tras el default.

«¡Pero seremos libres!», nos dicen.

Recordemos a Ecuador, donde Correa hizo impago de 3200 millones de dólares para acabar dependiendo de China a un coste muy superior (7,5 %) a menor plazo (ocho años). Y Ecuador tiene petróleo… Bueno, lo tiene ahora China. O Argentina, donde en 2005 Kirchner rechazó al FMI para entregarse a préstamos de Venezuela al doble de interés.

El populista, además, una vez acontecido su fracaso, recurre a la más absurda de las excusas: «¡La culpa es del que me prestó por fiarse!». Magnífico. Gracias por decir que no es usted fiable y sus propias estimaciones de solvencia eran falsas, no te prestarán más. Adiós credibilidad y acceso a mercados.

En cualquier caso, lo veamos como lo veamos, lo que no ha existido nunca es el cuento que nos venden los aprendices de brujo totalitarios disfrazados de ángeles sociales: impago y mayor gasto público real. Nunca.

La Arcadia feliz de un país que no cumple sus compromisos, pero puede gastar más, es un unicornio que se convierte en pesadilla cuando se desploma la recaudación por falta de acceso a mercados, aunque se dedique a imprimir una moneda que nadie quiere, ya que solo crea hiperinflación y corralitos cada vez que las reservas de divisas se vacían.

Y ya el colmo es hablar de impago y aumentar el límite de déficit. ¿Quién va a financiar ese déficit?

Al final, las soluciones mágicas salen muy caras y a los que se pretende ayudar son a los que más sufren: las familias y las clases bajas.

El impago no tiene nada de social. Es la constatación mundial de que no somos fiables. Y eso se paga. Siempre.

Pedir rescate antes de hacer impago. ¿Sabemos qué es un rescate?

Un país pide un rescate ante la decisión de que no puede atender a sus vencimientos de deuda. La razón por la que lo pide en vez de hacer impago es porque percibe —con razón— que dicho impago mermaría de manera irreparable sus posibilidades de mantener un mínimo de gasto público y acceder a los mercados internacionales. De la misma manera, un rescate como el que se ha hecho a las cajas públicas en España es una ayuda para cubrir un agujero patrimonial, no un regalo. Si no se cumple, las condiciones son muy duras. Esto se tiende a olvidar. Un rescate no es una donación. Es un préstamo.

Algunas de las frases más repetidas sobre los rescates realizados a Grecia y a otros Estados son: «El dinero no se ha ido al pueblo, sino a los bancos y se ha beneficiado a la banca alemana y francesa». Como es ya habitual, dichas frases demuestran un profundo desconocimiento de lo que es un rescate y de los mecanismos de crédito.

Analicemos el rescate a Grecia para desmontar algunos mitos.

Grecia tenía contraídos préstamos con la banca francesa y alemana en 2011 de 138 000 millones de euros. Esos créditos tenían para Grecia un coste alto y una corta madurez (período de vencimiento) fruto del alto riesgo de la economía griega.

Ante el rescate, Grecia decide repagar esos préstamos «caros», ya que se le concede por parte del FMI, el BCE y la UE un dinero a menor coste y mayor período de madurez. Como el Estado griego es deficitario (gasta más de lo que ingresa), el dinero cubre las necesidades de refinanciación, no se reparte como aguinaldo.

Grecia, tras una quita y una reestructuración, pasó a tener un coste inferior a la media de la Unión Europea (2,4 % del PIB en intereses) y el período de repago —maduración— más alto (15,6 años) de los socios.

¿Los Estados europeos se quedaron con los bonos de los malvados bancos alemanes?

No se cambia de tenedor privado a público. Es un error enorme. Se cancelan préstamos y, como el Estado pretende seguir gastando más de lo que ingresa «para crecer» se renegocian nuevos con entidades internacionales (FMI, BCE, UE) con términos más favorables que los de mercado.

Los bancos franceses y alemanes no solo sufrieron la quita de los bonos griegos (un 70 % a bonistas privados), sino que el repago ni recapitaliza a dichos bancos ni les supone un beneficio (en el mejor de los casos, si no hubieran asumido la quita, cero). No tienes más que ver el impacto en los resultados publicados de los bancos de las provisiones (realización de pérdidas). Solo entre 2011 y 2012 los principales bancos alemanes elevaron a pérdidas hasta el 50 % de su cartera de bonos griegos.

Por supuesto, ante una quita y un gobierno poco fiable, pocos bonistas privados iban a financiar al Estado griego. Por eso los mayores acreedores son el BCE, el FMI y los socios de la UE.

No es que «se convierta deuda privada en pública» es que no te presta nadie más que los organismos socios.

La deuda griega, además, no supone mayor deuda pública para los países que decidieron unilateralmente participar en el rescate. Para el que presta es un activo, una inversión, y solo sería deuda pública si Grecia hace impago.

Entonces, ¿quién se beneficia del rescate? El país rescatado. Que se financia más barato, a más largo plazo. Ese es el gran beneficiado. No existe beneficio para un banco que sufre una quita en sus bonos ni para los Estados, FMI o BCE que ayudan a Grecia, o al país que sea, con condiciones mucho mejores a las que tendría si hiciese impago.

Un rescate, por lo tanto, no es un plan de estímulo, es una ayuda para cubrir necesidades de financiación con mayor crédito.

¿Por qué sube la deuda tras una quita y un rescate? Si un Estado sigue tirando de déficits (más deuda) anuales del 7-8 %, la bola vuelve a aumentar. Si no se reforma y se mantiene el Estado hipertrofiado, el crédito generado por el rescate se usa para cubrir gastos corrientes. Si no se incentiva el crecimiento, entonces la deuda se dispara igualmente.

Es curioso que se acuse a la austeridad del aumento de la deuda. Es como acusar a la dieta de que engorde.

Lo que ha hecho que el agujero griego volviese a máximos en pocos años es una reducción de gasto insuficiente y cosmética que no ha atacado los problemas de competitividad, intervencionismo y dificultad para crear empresas, que es lo que impide crecer a Grecia.

¿Si son insolventes por qué se les presta? Esta es la pregunta del millón. Es una decisión política y de solidaridad, pero efectivamente muestra el incentivo perverso del rescate. El que lo hace mal recibe una ayuda, mientras que el que lo hace bien se ve forzado a prestarle. Esa es la razón por la que la UE o tantos otros acreedores, ante un rescate, exige condiciones adicionales como venta de activos.

Por supuesto que el Estado puede decidir soberanamente no aceptar ni el rescate ni las condiciones… Y salir al mercado a ver a qué tipo y qué plazo se financia… Si accede.

¿Y el rescate a las personas? Esta es mi favorita. Esas personas no entienden que en estos rescates las personas son las más beneficiadas. Sin el FMI y el BCE, la seguridad social y las pensiones griegas habrían quebrado hace mucho tiempo. En un rescate precisamente se valora el impacto sobre las personas del desastre que viene tras el impago. Por eso se solicita crédito.

El concepto de que un rescate es un chollo para los acreedores es simplemente falso.

El problema es que nuestra progresía manirrota equipara los conceptos democracia y dignidad, con déficit y crédito. Y no lo son. Precisamente si lo que quieren es «no depender de los mercados» y liberarse del «yugo de los bancos» lo que deberían defender es la austeridad. Pero no, aquí estamos para que nos presten mucho y baratito y si no queremos, declaramos la deuda odiosa y no pagamos. Pero que nos presten más. La solidaridad con el dinero de los demás.

La solidaridad y el apoyo existen. Las donaciones eternas, no.

6
La educación

Un país no es rico por tener diamantes o petróeo. Es rico si tiene educación.

ANTONIO ESCOHOTADO.

En el año 2005 España se gastaba (excluidos los capítulos financieros) 39 732,8 millones de euros (un 4,27 % del PIB) en educación. En el año 2015 el gasto asciende a 46 003,6 millones de euros (un 4,19 % del PIB). El gasto anual por alumno en centros públicos fue de 7861 euros, cifra que supera la media de la Unión Europea[7]. (6829 euros).

Gasto público en educación y su realción con el PIB

Años | Incluidos capítulos financieros | Excluidos capítulos financieros
| Importe (millones €) | % PIB | Importe (millones €) | % PIB
2005 | 40 087,7 | 4,31 | 39 632,8 | 4,27
2006 | 43 441,3 | 4,31 | 43 209,5 | 4,29
2007 | 47 266,7 | 4,37 | 46 790,8 | 4,33
2008 | 51 716,0 | 4,63 | 51 122,9 | 4,58
2009 | 53 895,0 | 4,99 | 53 374,9 | 4,95
2010 | 53 099,3 | 4,91 | 52 557,7 | 4,86
2011 | 50 631,1 | 4,71 | 50 343,9 | 4,68
2012 | 46 476,4 | 4,40 | 46 215,9 | 4,38
2013 | 44 976,7 | 4,29 | 44 493,6 | 4,24
2014 | 44 933,7 | 4,25 | 44 002,4 | 4,16
2015 | 46 469,3 | 4,23 | 46,003,6 | 4,19

Fuente: Página web del Ministerio de Educación y Ciencia.

Como podemos ver, el gasto en educación durante la última década ha ido en aumento. Los resultados, sin embargo, no llevan la misma progresión. España sale mal parada en todos los informes internacionales ocupando sistemáticamente la trigésima posición de la OCDE (de un total de 44 países) en la clasificación PISA, especialmente en las materias de Matemáticas, Ciencias y Comprensión Lectora. También nos arroja la evidencia de que no tenemos el suficiente número de alumnos brillantes. Y todo ello pese a disponer de buenas infraestructuras, buenas ratios de alumnos por profesor (una media de 13 alumnos/profesor) y un gran presupuesto.

Debemos, además, percibir el gasto en educación como una inversión de la cual se espera un retorno. Si la educación pública no nos está garantizando grandes tasas de retorno y éxito profesional a nuestros hijos, hay que saber por qué.

La realidad es que a lo largo de la vida escolar, digamos entre 6 y 17 años, el Estado se gasta en cada alumno aproximadamente 76 000 euros. Parece una cantidad suficiente para poder emplearla en una educación de alta calidad. Si dispusiéramos de ese dinero, claro. Y es precisamente esta reflexión la que han seguido países como Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Dinamarca, Chile y algunos estados de Estados Unidos para implantar el sistema del cheque escolar.

El cheque escolar es un modelo de financiación directa a las familias a través del cual el Estado les entrega a cada una el coste de la enseñanza de sus hijos. Es un sistema distinto a la dinámica actual donde el Estado recauda vía impuestos el dinero que va a dedicar a la educación de nuestros hijos y le asigna los recursos a un tercero que nos provee del servicio. Las familias quedamos, pues, a expensas del uso que el Estado y su intermediario (el sistema educativo) hagan de nuestro dinero.

Fernando Nogales Lozano hace un buen análisis sobre las ventajas y los inconvenientes del cheque escolar. Y empieza por explicar el triángulo virtuoso que reproduce este sistema en la mayoría de los países donde se ha aplicado.

Visibilidad de los costes. Las familias, al disponer de un cheque para gastar en educación, son conscientes del coste de la misma.

Implicación de la familia. Los padres como responsables de la educación de sus hijos tratan de tomar las mejores decisiones y obtener los mejores resultados.

La diversificación educativa. Cada familia elige ámbitos educativos que se adapten a las necesidades y habilidades de sus hijos, por lo cual, la oferta se diversifica.

Ventajas del cheque escolar.

Introduce la competencia entre centros. Pues tendrán que lograr atraer al mayor número de alumnos posible para obtener una buena financiación.

Libertad de colegio. Las familias podrían elegir el colegio que quisieran, público o privado.

Más poder a los padres, que se convertirían en los verdaderos responsables de la educación de sus hijos.

Gestión más profesionalizada de los recursos escolares. Al tener un presupuesto fijado por el número de alumnos, los centros tendrán que optimizar sus recursos.

Reduce la burocracia.

Mayor integración social. Puesto que de esta manera una familia con escasos recursos podría permitirse un colegio que de no ser por el cheque escolar estaría fuera de sus posibilidades.

Los contribuyentes que ya hoy hayan elegido educación privada para sus hijos, no tendrían que pagar dos veces.

Inconvenientes del cheque escolar.

La demanda es gratuita, es decir, siempre va a existir y está garantizada. Pero la oferta queda descuidada. Es necesario, por tanto, observar cuidadosamente cómo se comporta la oferta educativa, que debe ir encaminada a buscar la excelencia.

Incluso puede suponer un aumento sustancial de los precios de aquellos colegios que quieran seguir prestando servicios más exclusivos y elitistas, para así superar la cobertura del cheque escolar.

Hay que reformar paralelamente la labor de los sindicatos educativos, la libre competencia no puede estar sometida al corporativismo.

La intervención del Estado en materia curricular debe estar bien fijada, en Suecia por ejemplo, el Estado fija el 50 % del proyecto curricular, mientras que el resto es de libre elección para cada centro. Si por el contrario, la administración fija la mayor parte del contenido académico que deben impartir los colegios, se acabaría con el objetivo de la libertad educativa, puesto que los centros no tendrían autonomía para impartir materias distintas, innovar y así competir entre ellos.

Se debe ser muy cauteloso con el abuso del cheque escolar. Inculcando a las familias la responsabilidad mediante un coste de oportunidad que incentive el éxito escolar.

Corre el riesgo de politizarse y convertirse en arma de propaganda. Al igual que ocurre con las pensiones, los partidos políticos podrían derivar en una escalada de aumento del importe del cheque escolar que no atienda a razones de eficiencia o retorno de inversión.

Por todo lo anterior, podemos concluir que el cheque escolar hace la educación más libre en la medida en que se pueda reducir el intervencionismo estatal. En la actualidad, los sistemas excesivamente planificados ya no dan respuesta a las necesidades educativas, esos sistemas fueron concebidos para la alfabetización masiva de una sociedad. Pero hoy en día, y en el futuro, nuestros hijos se enfrentarán a un mundo laboral en permanente cambio, que exige un sistema educativo elástico que se adapte al nuevo paradigma profesional.

Las áreas que un modelo educativo no puede dejar de lado para formar a los profesionales del futuro son las siguientes: creatividad, investigación, emprendimiento, trabajo en equipo y espíritu crítico. Así como atender al desarrollo de las inteligencias múltiples: lógico-matemática, lingüística-verbal, corporal cinestésica, espacial, musical, emocional, espiritual, naturalista, intrapersonal e interpersonal.

El problema del sistema público español no se resuelve con reformas constantes, derogaciones y más reformas. Se resuelve con una profunda revisión y cambio de modelo.

El sistema británico

Uno de los sistemas mejor valorados y con mejores resultados en la clasificación PISA es el sistema educativo británico, con bastante presencia de centros en nuestro país.

Muchos se preguntan cuál es la diferencia fundamental entre nuestro sistema y el británico: el hincapié que el currículum británico hace sobre el desarrollo de las habilidades frente a la memorización de datos. ¿Por qué es tan importante que aprendan a resolver cuestiones en la práctica más que memorizar datos? Porque en un mundo cambiante, los retos a los que se van a enfrentar cuando sean adultos, quizás no vayan a tener mucho que ver con lo que están estudiando hoy, pero sí con la toma de decisiones, con el saber abordar problemas y encontrar soluciones, con entender qué es el ensayo, el error y el volver a aproximarse a un problema desde un ángulo distinto. Todo esto lo da la práctica y no la teoría[8].

El sistema educativo británico posee un currículum nacional que establece el marco común de enseñanzas mínimas. Se trata de un sistema altamente flexible ya que permite a cada colegio adaptarlo según las necesidades de sus alumnos. Así pues, cada colegio, y dentro de él, cada profesor, adapta el marco general a las particularidades de su contexto.

Esto obliga al sistema a tener un profesorado altamente cualificado capaz de planificarlo todo y tutorizar y evaluar a los alumnos con un sistema complejo donde se priorizan las habilidades que desarrollan los niños.

Cuenta con algunas particularidades como el uso de targets: se trata de los objetivos específicos que cada alumno debe alcanzar a lo largo del curso. Se los escriben en la portada de su cuaderno. A veces también se exponen en la pared de la clase, como un elemento más. Estos objetivos o targets pueden lograrse a distintos niveles (level descriptors), y son ocho, más uno excepcional para aquellos alumnos que destaquen excepcionalmente.

El modelo educativo británico es uno de los que más fomentan la educación emprendedora y financiera, siendo pioneros y líderes en estas materias.

Exámenes externos. Una particularidad del sistema británico es que dispone de un número de instituciones acreditadas por la administración del Reino Unido para fijar y corregir los distintos tipos de exámenes que se realizan al alumnado. Cada colegio puede optar por una de estas instituciones.

Educación para el emprendimiento

Un país con altos índices de paro juvenil como el nuestro no puede retrasar más la necesidad de educar para el empleo y el emprendimiento, en lugar de dedicarnos a adoctrinar a los niños sobre valores para la ciudadanía donde se pone en cuestión cualquier sistema de libre comercio.

En otros países de nuestro entorno, no solo se ve normal que los niños y jóvenes entiendan los conceptos básicos de la economía, sino que además les incentivan a ser emprendedores asistiendo a seminarios y charlas de empresarios que cuentan su experiencia, tanto para aprender de los casos que fracasa como de los que tienen éxito.

Margarita Núñez Canal, en su tesis doctoral La educación emprendedora en la enseñanza escolar: medidas e indicadores de la situación de España en el contexto europeo (Madrid, 2015), hace un análisis muy interesante:

En las economías más avanzadas el emprendimiento está unido a la innovación, al desarrollo de la tecnología y al crecimiento económico… Frente a lo que ocurre en países menos desarrollados, en los que la tendencia del emprendimiento surge para cubrir una necesidad, por subsistencia o por falta de otras alternativas de empleo. En aquellas economías en las que se percibe un alto índice de emprendimiento, unido a una alta capacidad de innovación tecnológica, como el caso de Estados Unidos, Singapur, Reino Unido, Finlandia, Suecia o Dinamarca, las proyecciones de crecimiento económico son muy altas y se observa una relación entre la calidad del emprendimiento y el incremento del PIB per cápita.

La estabilidad institucional es un elemento imprescindible para que el espíritu emprendedor esté encaminado hacia actividades que proporcionen bienestar social y desarrollo económico… La libertad económica es también factor necesario y condicionante del emprendimiento productivo. La vinculación entre emprendimiento y libertad económica se encuentra en el fundamento del capitalismo y no se puede desvincular de él. De ahí que no sea lo mismo emprender en Kenia o Venezuela que en California o Alemania.

Muchos autores que han estudiado el fenómeno del emprendimiento destacan alguna característica distintiva de la persona emprendedora: compromiso total hacia su trabajo, necesidad de control, habilidad para manejar entornos inciertos, necesidad de logros, percepción de que los resultados dependen de su propio comportamiento, tolerancia a la incertidumbre, propensión moderada al riesgo, creatividad, autoconfianza, etcétera.

Actualmente la Comisión Europea tiene una agenda específica sobre educación emprendedora con el proyecto Education and training 2020 que forma parte del Plan de acción sobre emprendimiento 2020… Podemos destacar que a pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas, la situación actual nos coloca en una posición inferior con respecto a otras partes del mundo.

Según el Eurobarómetro 2012, en la UE a un 58 % de los europeos nunca se le ha «pasado por la cabeza montar un negocio», en España es un 75 %.

Dentro de la educación emprendedora en niveles escolares, queremos insistir en que es la iniciativa personal del individuo lo que tiene valor como forma de resolver los problemas de la sociedad. En la base de esta forma educativa, el papel de la acción humana ha de orientarse al crecimiento y desarrollo de la economía del conocimiento, sin limitaciones intelectuales… Las motivaciones para el emprendimiento son tantas como intereses tengan las personas e incluyen mejorar la educación, la sanidad, la cultura, el medio ambiente, la política.

El ser humano se concibe como un actor social y económico en colaboración con otros seres humanos en un proceso creativo de libertad y responsabilidad. El aspecto utilitarista de la educación como un medio para alcanzar bienes materiales no tiene por qué estar enfrentado o contraponerse a una formación que prepare a los individuos en el ejercicio responsable de la libertad en un mundo donde las posibilidades se han multiplicado.

La situación de la educación emprendedora en España

Aunque hay ciertas corrientes favorables, la cultura del emprendedor en España obedece a patrones de comportamiento muy arraigados en nuestra sociedad que consisten en una baja tolerancia al riesgo, una escasa capacidad para la percepción de oportunidades, poco espíritu competitivo y moderado apoyo a la clase empresarial. El principal problema que nos encontramos en España es que muchos de nuestros jóvenes no contemplan la posibilidad de empezar por ellos mismos una empresa. El entorno familiar tampoco ayuda, ya que se fomenta el buscar un trabajo fijo, preferiblemente funcionario. Una de las causas para que no se prefiera emprender que esgrimen los expertos es que en España no se reconoce que el emprendedor alcance un determinado estatus social y económico. También el miedo al fracaso, la aversión al riesgo, además de ser uno de los europeos que más cómodos se sienten con la intervención del Estado en la economía (según la Fundación BBVA, 2013).

Como novedad, la LOMCE/2013 recoge el espíritu emprendedor como objetivo específico y como elemento transversal de toda la etapa, junto con las tecnologías, la educación cívica y constitucional. De manera que el planteamiento legislativo en nuestro país abre una nueva etapa de la educación emprendedora. La implantación y los frutos dependerá de cómo se desarrolle en los centros y cómo se articule por los profesores. Y siendo estos los aspectos más novedosos de la nueva legislación educativa, no han tenido la repercusión ni el interés que cabría esperar.

La universidad en España

El informe entregado al ministro de Educación, Cultura y Deporte, don José Ignacio Wert Ortega, el pasado año 2013 por la comisión de expertos que redactaron las Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español, pone el foco en algunos temas muy relevantes:

La generación del conocimiento en España. Nuestro país no ha tenido un solo premio Nobel científico desde hace más de un siglo: el único lo obtuvo Santiago Ramón y Cajal en 1906. En el polo opuesto se puede situar al Trinity College, con 32 premios Nobel, pese a ser solo un college entre la treintena que tiene la Universidad de Cambridge (la universidad con más premios Nobel del mundo). Lo mismo sucede si examinamos el número de patentes: el sistema universitario público español tuvo 401 en 2010. Como comparación, un solo profesor del MIT, Robert Langer, tiene 811 patentes a su nombre, que han sido usadas por 250 empresas y han dado lugar a 25 nuevas empresas. No debe sorprender, por tanto, que el prestigioso Academic Ranking of World Universities (ARWU) de Shanghái de 2012, que hace especial énfasis en la investigación, siga sin incluir ninguna universidad española entre las 200 primeras del mundo.

Actualmente hay 50 universidades públicas y 31 privadas, que atienden a unos 1 490 000 estudiantes de los antiguos primero y segundo ciclo y de los grados, que progresivamente sustituyen a las antiguas y más largas licenciaturas. En el curso 2011-2012, había 1 469 653 estudiantes, un 3 % más que en el curso anterior; pese al aumento global es de reseñar, por lo que implica, el grave problema asociado a que el número de estudiantes de la rama de ciencias ha caído casi un 30 % (el 29,1 %) en el decenio 2001-2011.

Por otra parte, nuestras universidades poseen una estructura demasiado homogénea y, como es fácil concluir de los números anteriores, ofrecen una gran mayoría de estudios comunes, muchos de ellos repetidos un sinnúmero de veces y, con frecuencia, dentro de reducidísimas áreas geográficas o en la misma ciudad. Las universidades españolas están poco especializadas y reproducen casi exclusivamente el mismo modelo.

Una universidad vale, sobre todo, lo que vale su personal docente e investigador. Por tanto, la selección del profesorado es el aspecto más importante para dos de las funciones esenciales de la universidad, docencia e investigación. La adecuada selección de su profesorado, y en especial la captación de los jóvenes brillantes, es un aspecto fundamental del funcionamiento de las buenas universidades.

Una mejor selección del personal docente e investigador requiere, en primer lugar, que las comisiones que se encarguen de esa misión posean un elevado nivel académico y que esa selección sea pública y abierta a candidatos de cualquier nacionalidad.

Otra propuesta esencial es la evaluación externa de las universidades, así como que el resultado de esa evaluación sea público y fácilmente consultable por los alumnos y por la sociedad en su conjunto como, por otra parte, ya es rutina en muchos países. Como resultado, las universidades tendrán que competir más en la selección de su alumnado, que deberá estar exclusivamente basada en el mérito y asociada a un sistema de becas adecuado y suficiente que impida que ningún estudiante capacitado pueda quedarse en el camino por falta de recursos. Es necesario potenciar la movilidad geográfica del alumno español, que es muy baja, así como aumentar el número de alumnos extranjeros, que también es muy reducido, siendo estos dos elementos especialmente relevantes en la competitividad y colaboración interuniversitaria.

La investigación es una parte esencial de la actividad universitaria; es necesaria para el avance del conocimiento, para los desarrollos tecnológicos y, también, para que la docencia universitaria esté siempre al día. Las cifras no son alentadoras: el 37,6 % del personal docente e investigador funcionario (PDI) no tiene ningún sexenio, el 20 % solo posee uno y el 18,4 % tiene dos sexenios reconocidos. Por tanto, más de la mitad —el 57,6 %— del PDI funcionario tiene un sexenio reconocido o ninguno, es decir, tiene una actividad investigadora nula o casi inexistente.

Otras propuestas interesantes:

Impulsar y potenciar una nueva Ley del Mecenazgo que ayude e incentive a particulares y/o empresas a promover la financiación de actividades científicas y de investigación.

Los estudiantes universitarios que deseen simultanear estudios y trabajo puedan hacerlo con contratos de trabajo a tiempo parcial. Esta contratación, por una sola vez, estaría ligada a un adecuado rendimiento académico y estrictamente limitada en el tiempo a un plazo levemente superior al número de años correspondientes a los estudios seguidos.

Buscar acuerdos con entidades financieras para el sistema de becas-préstamo para el grado y posgrado, contemplando también la posibilidad de becar a estudiantes para el doctorado ya en su período de formación inmediatamente anterior a la tesis.

Revisar y simplificar la normativa que regula la firma de acuerdos entre el sector privado y las universidades con el propósito de facilitarlos.

Establecer cauces institucionales con el mundo empresarial con el fin de escuchar las necesidades formativas que requieren los futuros empleadores. El sistema alemán de diálogo permanente con el empresariado y las experiencias llevadas a cabo por otros países (por ejemplo, Suecia) pueden ser un buen modelo.

Incorporar, cuando proceda, a algún profesional de prestigio del mundo de la empresa a las comisiones encargadas de diseñar los planes de estudio de los títulos universitarios.

Facilitar a los estudiantes la realización de prácticas externas en empresas y/o instituciones públicas, acordes con sus estudios, como parte de su formación reglada.

Reconsideremos el concepto de título universitario. En definitiva, no es garantía de nada. Más cuando nuestro país no destaca precisamente por tener universidades entre las mejores del mundo, al contrario.

Asumamos que tenemos un excedente de titulados en carreras con difícil salida laboral (humanidades, arte, ciencias, etc.), que son además muy demandadas por los estudiantes, en detrimento de otras que, es cierto, son más complejas, pero tienen mayores posibilidades de ubicación en el mercado de trabajo.

Por otra parte, nuestro sistema universitario adolece de una escasa vinculación y cooperación con la empresa, con la innovación tecnológica, la investigación que responda a criterios de mercado, y no a esas temáticas míticas que suelen investigar en nuestras universidades.

Lo que desemboca en que tengamos muchos titulados en carreras sin salida, muchas personas con escasísima formación, y pocos técnicos de formación profesional. Ante este panorama educativo, no es de extrañar la alta tasa de desempleo juvenil.

Una reforma de la universidad, en definitiva, que tenga en cuenta los siguientes principios:

Recobrar el prestigio de la universidad y el título universitario como culminación de la vida académica y garantía de preparación para la incorporación al mundo laboral.

La admisión a la universidad referencia de la calidad y nivel de la educación previa. Actitud proactiva de la universidad en la búsqueda de talento durante la formación preuniversitaria. Becas 100 % (transporte, vivienda…) a la excelencia académica.

Formación universitaria orientada al emprendimiento. Incentivos fiscales y becas para crear empresas en la universidad.

Hemos incurrido en el grave error de hacer creer a nuestros jóvenes que son la «generación mejor preparada», y es frustrante aceptar la realidad cuando viajan a otros países en busca de trabajo y se dan cuenta de que deben competir con otras generaciones de jóvenes de otros países que tienen una formación que se adapta mejor a las necesidades del mercado. Si viajas a un país como Reino Unido, con una tasa de paro del 5,6 % y con inmigración neta, y no encuentras un buen puesto, es la demostración de que nos hemos autoengañado.

Irse a trabajar a otros países es enriquecedor para el trabajador y para su país, pues acumulará una experiencia que le permitirá acceder a mejores puestos si decide volver y crear valor añadido. Muchos lo consideran un drama, esta actitud es un síntoma inequívoco del carácter paternalista tan arraigado en nuestra sociedad. Algunos, en un ejercicio de populismo magnánimo, los llaman «exiliados». Sin comentarios.

Concluyendo, creo que cualquier reforma que se quiera hacer de la educación en España debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

Educación basada en el mérito del alumno, en la libertad de elección de centros educativos y en un programa de estudios individualizado que dé respuesta a los interesas, talentos y ritmos de estudio de cada uno.

Atención no solo al trabajo en equipo y vida en sociedad, evitar el adoctrinamiento.

Atención al desarrollo individual del alumno. Refuerzo de las asignaturas creativas y de artes para afianzar su singularidad, creatividad y crítica razonada de lo establecido. Literatura, música, teatro, artes plásticas y oratoria/debate son base para librepensadores y futuros emprendedores.

Educación plurilingüe de calidad. Sin desatender nuestro activo más valioso que es nuestro propio idioma. Educación primaria basada en la comprensión lectora, cimiento indispensable para cualquier estudio superior. La lectura como columna vertebral de esta primera etapa.

Recuperación del prestigio del maestro, activo principal de cada centro. Valoración e incentivos económicos a la dedicación y resultados.

Fomento de colegios independientes y privados en conjunto con la educación pública.

Cheque escolar para garantizar libertad de elección.

Especialización de los centros, diversificación de oferta educativa.

Reválida o examen estatal como título de enseñanza media, a la edad de referencia de 16 años.

Determinación de asignaturas obligatorias y un número mínimo de asignaturas optativas, el contenido de los exámenes será establecido a nivel estatal y corregido de forma independiente a los centros.

Los centros tendrán libertad para establecer su propio plan de estudios teniendo como referencia el contenido del examen, con libertad para elegir algunas de las asignaturas optativas que quieran ofertar.

Posibilidad de cursar asignaturas optativas fuera de los centros de enseñanza oficiales como, por ejemplo: Música, Teatro, Educación Física… por matriculación «libre». Estudio de posibles convalidaciones de títulos por otras instituciones: conservatorios de música o instituciones deportivas etc., para algunas de estas asignaturas optativas.

La matriculación al examen por asignaturas permite flexibilizar los ritmos de estudio de los alumnos y dar respuesta tanto a los alumnos que requieren más tiempo como a los aventajados.

Sistema muy flexible y dinámico que permite una rápida adecuación de la enseñanza al mundo empresarial.

Desarrollo y refuerzo de la Formación Profesional a partir de este grado medio. Refuerzo de la relación entre centros y empresas del sector o locales.

7
Fiscalidad

El populista siempre piensa que él gasta poco y usted gana demasiado.

Los españoles dedican medio año de trabajo a pagar impuestos.

El 1 de julio los españoles celebran el Día de la Liberación Fiscal.

El español medio tarda 182 días en trabajar para él mismo.

Por primera vez en los últimos cinco años este día se adelanta.

Un trabajador con un sueldo medio de 24 400 euros brutos al año dedica 182 días de trabajo al año al cumplimiento de sus obligaciones tributarias para sostener el estado del bienestar y empezar a generar ingresos para su propio disfrute. Así lo demuestra un estudio realizado por el think tank Civismo[9].

Así, este trabajador necesitaría 102 días de trabajo para pagar las cotizaciones a la seguridad social, 38 días para el IRPF, 25 para hacer frente al IVA, 11,5 para cubrir los impuestos especiales y, finalmente, 5,5 días para pagar otros impuestos. El Estado se lleva la mitad de la renta de los trabajadores, pero lo hace de una forma diseminada para que el contribuyente no se escandalice.

No obstante, no solo se contabiliza la renta bruta, sino el coste total del trabajador para la empresa, al sumar también las cotizaciones del empresario a la seguridad social. Así, para una renta de 24 400 euros, el coste laboral sería de 31 696 euros.

Para cimentar la recuperación económica en nuestro país, hay que olvidar el objetivo recaudatorio cortoplacista arrancando monedas al que sobrevive y apostar por el crecimiento y una mayor calidad y sostenibilidad de los ingresos fiscales. Todas las reformas fiscales que olvidan esos objetivos fracasan.

Ahora que la economía crece a tasas cercanas entre el 3,5 y el –4 %, hay que bajar impuestos. Como hizo Reino Unido, como hizo Irlanda. Ese enorme esfuerzo llevado a cabo por familias y empresas no puede suponer un nuevo nivel de presión fiscal sobre el cual lanzarse de nuevo al gasto.

Bajando los impuestos, ahora que la recuperación es un hecho y los riesgos de rescate y colapso están muy lejos, se cumplen los siguientes objetivos:

Mejorar la renta disponible de las personas, para apoyar el consumo.

Apoyar el crecimiento económico, para generar mejores ingresos fiscales futuros.

La política fiscal debe plantearse desde los pilares de mejora de renta disponible, facilidad para crear empresas y empleo y lanzadera de crecimiento desde el recorte del gasto superfluo.

Las soluciones a un exceso de endeudamiento público no son más gasto y más observatorios con el dinero de los demás. La solución es tener muchas más empresas, miles de ellas, que son las que crean empleo, riqueza e ingresos fiscales.

Los que dicen que bajando impuestos no se aumenta la recaudación, mienten. Países como Estados Unidos, Singapur, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Chile o Uruguay vieron aumentos de ingresos con bajadas de impuestos.

Es más, fue precisamente la política fiscal de España, permitiendo la deducción del fondo de comercio de adquisiciones internacionales y evitando la doble imposición en dividendos de filiales, la que permitió que nuestras grandes compañías, que tenían hasta un 70 % de sus ingresos en España, se convirtieran en multinacionales.

Una reforma fiscal confiscatoria, como la que plantean algunos partidos políticos, solo busca rebajar la línea que marca las rentas altas para aumentar el gasto improductivo y poner escollos a la creación de empleo y riqueza. Desde la presunción del que jamás ha gestionado una empresa ni creado riqueza o un solo puesto de trabajo, aseguran saber qué son beneficios buenos o malos y afirman gestionar mejor el dinero que los verdaderos creadores de empleo. Esto nos lleva de cabeza a repetir los mismos errores que ha cometido Grecia desde los años setenta. Intentar sostener sectores clientelares rascando ingresos de los que han sobrevivido al colapso.

Uno detrás de otro, los partidos más intervencionistas, Podemos, PSOE o IU, prometen ingentes cantidades de dinero para todo tipo de gastos que van a financiar «relajando el déficit», es decir, deuda (como si pudiesen saltarse aún más el pacto de estabilidad, que llevamos incumpliendo solo nueve años) y subiendo impuestos a los ricos. La promesa de subir los impuestos a los ricos siempre acaba por subírselos a los pobres.

Verdaderamente, no deja de sorprenderme la ingenuidad de pensar que el rico se va a quedar aquí a esperar el expolio. Nunca he visto una sola estimación de esas que refleje una posible pérdida de actividad económica. Todas parten de la base de que nada cambiaría. Y me consterna lo poco que miramos al exterior. No podemos poner puertas al campo. Pensar que vamos a evitar la internacionalización y optimización fiscal con represión es un enorme error. El fenómeno de migración fiscal (inversion deal) es inexorable. Es completamente lógico que las empresas que están bajo infiernos fiscales y burocráticos busquen fórmulas para escapar y refugiarse en contextos más amables.

Veamos el ejemplo de Estados Unidos, donde el impuesto sobre sociedades es uno de los más altos de la OCDE. En vez de reducirlo, se implementaron leyes para evitar las fusiones emigratorias, una en 1983 y otra, muy dura, en 2004. El congreso impuso su «Ley de creación de empleo americano» de 2004 (American Jobs Creation Act). Por supuesto, en poco tiempo se dispararon los inversion deals. Entre 2007 y 2014 se han llevado a cabo más «emigraciones» de empresas saliendo de Estados Unidos que en todo el período 1981-2003, según el Congressional Research Service. La represión legislativa y las llamadas al patriotismo, incluso proclamas inflamatorias de «boicot» a las empresas, no han funcionado. Sin embargo, en vez de facilitar una transición a un entorno fiscal y legislativo más competitivo, y solo una mejora de 5 puntos habría bastado, la solución que propuso la Administración Obama fue legislar de nuevo.

Los impuestos, queridos amigos, son el pago de un servicio, no el rescate de un secuestro. Algún día lo recordaremos.

La lucha contra el fraude

Las estimaciones de ingresos presentadas por Podemos en el capítulo de «lucha contra el fraude» ya han sido negadas públicamente por los inspectores de Hacienda (los de verdad), en enero de 2015, alertando sobre «propuestas inadecuadas e imposibles» basadas en informes inexistentes. («Algunos otros estudios, en su afán por aportar datos llamativos que calan con facilidad en la opinión pública y en medios de comunicación, realizan estimaciones desglosando las magnitudes del fraude por regiones, por tamaño de empresas o por tipologías. Sería, además, muy interesante que aquellos que hablan una y otra vez de esas llamativas cifras aportaran los estudios en los que se basan para poder contrastarlas. De unos estudios previos sin fundamento surgen propuestas inadecuadas e imposibles», inspectores de Hacienda, 2015).

Las estimaciones sobre recaudación por tasa a transacciones financieras e impuestos adicionales son igualmente optimistas. En los países europeos donde se instauró dicha tasa se recaudó mucho menos. En Suecia se recaudó 15 veces menos de lo previsto. Querían ingresar 1500 millones de coronas, no llegó a 100 millones y, encima, cayó la recaudación por plusvalías.

Recordad que la media de error en estimaciones de ingresos por nuevos impuestos de los últimos diez años ha sido del 50 %.

Un excelente estudio de los profesores Carvalho y Alfonso de la Universidad de Lisboa muestra que gran parte de las subidas de impuestos de la Unión Europea vienen por estimaciones de ingresos optimistas y exageradas (Revenue Forecast Errors in the European Union, 2014). La media de error (desviación estándar) en las estimaciones de ingresos en España ha sido de un 1 % del PIB en el primer año y, ¡atención!, el 1,6 %, el segundo y el 1,8 %, el tercero. Un país en donde todos los años observados se ha producido una desviación real entre ingresos estimados y reales.

Y es que la literatura sobre la historia de errores de estimación es aplastante, tanto desde el BCE como las universidades de Europa. Los políticos, ¡oh, sorpresa!, siempre se equivocan en los ingresos esperados y en las previsiones de déficit, con un efecto acelerador. Se equivocan más —en contra del ciudadano y del contribuyente— cada año adicional previsto.

Pero es que además de gastar más y subir los impuestos, los servicios empeoran, según análisis de Public Sector Trends (2014) o la Comisión Europea. Ya antes de la «crisis», en España el gasto público creció un 48 % en 5 años, del 2004 al 2009, y la percepción de calidad del sector público no mejoró (AEVAL). Mucho observatorio, mucho comité y mucha burocracia.

¿Cómo evitamos, como ciudadanos, este incentivo perverso a equivocarse en ingresos y acabar asaltando nuestro bolsillo mientras empeoran los servicios? Exigiendo desde la sociedad civil que los programas electorales no sean una carta a los Reyes Magos de un burócrata.

Si no aprendemos que las promesas de «relajar el déficit», «subir los impuestos a los ricos» y «retrasar el objetivo de estabilidad», «estimular la demanda interna con gasto público» terminan en mayores impuestos para todos, peores servicios y más asfixia burocrática, la culpa es nuestra.

Es necesario y vital que nos demos cuenta de que el déficit no se reduce gastando más, ni confiscando. Se reduce con crecimiento económico, prosperidad y prudencia presupuestaria. Los ingresos fiscales mejoran aumentando el porcentaje de clases medias y rentas altas, no aniquilándolas.

La reforma fiscal que España necesita

For a nation to try to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle.

WINSTON CHURCHILL.

Debemos alcanzar a los países de nuestro entorno en libertad económica y facilidad para crear empresas. ¿Cómo? Con un régimen fiscal para el crecimiento.

Reducir IRPF para aumentar ahorro y consumo. Sin ahorro, y consumo posterior, la economía no se pone en marcha.

Reducción de cuotas a los autónomos. A todos, no solamente a los jóvenes.

Bajar los impuestos a las pymes.

Que las pymes y autónomos no paguen impuestos hasta que tengan dos años de beneficios si contratan a tiempo indefinido.

Que las nuevas empresas creadas no paguen cuotas sociales e impuestos hasta tener dos años de beneficios.

Reducir de manera drástica las trabas burocráticas y la extremada complejidad legislativa.

Bajar el impuesto de sociedades y las cuotas sociales para crear empleo. Las empresas españolas dedican un total del 58,6 % de sus beneficios a pagar impuestos, según el Banco Mundial.

Fomentar el autoempleo. Crear empresas en 24 horas.

La tarifa plana para mejorar la transición a gran empresa. En España, el 70 % del valor añadido y el empleo lo crean las pequeñas y medianas empresas, pero la transición a gran empresa es una de las más bajas de Europa.

Reducir costes y trámites para crear empresas. España es aún el país de la UE donde es más caro establecerse después de Francia y esto, añadido a la burocracia, hace que sea aún muy laborioso crear puestos de trabajo (en el Reino Unido se tarda un día en crear una empresa).

Deducciones fiscales agresivas a la inversión privada productiva.

Promover la creación de fondos privados dedicados al crédito.

Reducción del gasto público.

Parte de la cultura financiera necesaria en España pasa por no demonizar figuras jurídicas de inversión y ahorro que hacen mucho bien. Es el caso de las denostadas sicavs, uno de los instrumentos de inversión más populares de Europa, y es igual que tantos fondos —mutual funds— similares. España no es el país donde más hay ni más dinero gestionan. Los mayores centros de sicavs de Europa continental son Luxemburgo, Francia e Italia. Tienen el mismo régimen que cualquier fondo de inversión. Tributan al 1 % y un 21-27 % sobre beneficios y dividendos cuando el inversor retira su dinero. La ganancia de capital tributa igual que la de cualquier inversor.

¿Son solamente para ricos? Cualquier persona puede invertir en una de las 3400 sicavs. Como en cualquier fondo del mundo, existen requisitos de capital mínimo. Para ahorradores con cantidades pequeñas, pueden suscribir cualquiera de los centenares de fondos específicos que invierten en sicavs comercializados por bancos y casas de inversión. ¿Es fraude fiscal? No. Es un instrumento legal y legitimo reconocido en todo el mundo.

Llamar al inversor minoritario «mariachis» o «comparsas» que esconden a una familia millonaria es, cuando menos, ignorar los conceptos de inversor minoritario, gestor y estrategia. ¿Si yo invierto unos ahorros en el fondo de Buffett o Paulson soy un «mariachi» porque ellos tengan su patrimonio en el fondo y yo una fracción infinitesimal de esa cifra? No.

La ejemplaridad o justicia no está en penalizar el ahorro y la inversión para sostener Estados hipertrofiados, sino en no atacar al resto de los ciudadanos. No es que las sicavs sean malas, es que, como dice Juan Ramón Rallo, debemos tener una sicav todos.

Ojo con la demagogia, que el mayor «paraíso fiscal» de la OCDE es Bruselas, donde los europarlamentarios y las agencias de la UE tributan entre el 8 y el 1 %. Ni en Caimán se encuentran esos tipos.

Durante la pasada campaña vimos como el Partido Popular hizo algunas propuestas en materia fiscal que iban en la buena dirección. Medidas con un doble componente positivo.

Por un lado, reconocen la realidad de la estructura empresarial y demográfica de España.

Por otro lado, tendrán que implementarse, un efecto expansivo en la economía y positivo en la recaudación.

Tras el agotamiento evidente de las políticas de demanda del pasado —gastar, endeudarse y subir impuestos—, esta es la primera batería seria de políticas de oferta que tanto reclamaba nuestra economía. Devolver el esfuerzo fiscal a los españoles, y mejorar la renta disponible. Son las recetas que hicieron que el Reino Unido pasase de estar en 1975 «condenado a pedir, mendigar o robar», en palabras de Henry Kissinger, a ser una potencia global en crecimiento y prosperidad.

Las principales propuestas eran estas:

Eliminar el IRPF a aquellos trabajadores que extiendan su vida laboral más allá de la edad de jubilación.

Los parados que encuentren un primer trabajo no tributen IRPF el primer año.

Bajada generalizada de cuotas sociales a las empresas que empleen a trabajadores indefinidos.

Son una auténtica revolución, que ha funcionado en el pasado en Estados Unidos o el Reino Unido. Son medidas que buscan continuar revitalizando la economía, al aumentar la renta disponible de las personas y reducir las trabas fiscales a la contratación, mejorar el consumo y el crecimiento y poner las bases para una segunda fase de mayor creación de empleo en España. Si atendemos a la experiencia de países similares, estas medidas podrían ayudar al crecimiento de la economía y reforzar el objetivo de crear dos millones de puestos de trabajo. Una bajada del esfuerzo fiscal que, por otro lado, tendría un efecto positivo que en casos similares ha sido cercano a un 0,2 % del PIB.

Eliminar el IRPF a trabajadores de más de 65 años que extiendan su vida laboral es un auténtico acierto y tiene un importantísimo efecto de incidencia económica. Por un lado «veteraniza» el emprendimiento, facilitando que las personas con más experiencia tomen el testigo de la creación de empresas. Adicionalmente, permite que esas personas, valiosísimas para nuestra economía, sigan creando valor si lo desean. Y no afecta al empleo juvenil, como critica alguno. Todo lo contrario, al aumentar la experiencia del ciudadano emprendedor, se refuerza la supervivencia de las nuevas empresas, ya que aumenta la vida media de las mismas, y se incentiva también la creación de empleo joven. Finalmente, reconoce la pirámide de población y una demografía donde el peso de la población de más de 64 años ha crecido de manera notable en los últimos años y supone ya el 18,5 % del total. Tiene un efecto muy importante, ya que, según varios estudios, más del 70 % de los ciudadanos de más de 65 años preferirían seguir trabajando. Mejora la sostenibilidad del sistema de pensiones, la actividad económica, la calidad y veteranía del emprendimiento y reconoce la realidad demográfica de España.

Propuestas como que los parados que encuentren un primer empleo no paguen IRPF durante el primer año es una clarísima medida expansiva orientada a lo que lleva reclamando la sociedad española desde hace tiempo. Mejorar la renta disponible. Más dinero en el bolsillo, permite consumir, afrontar lo que ha sido un período difícil y es devolver el enorme esfuerzo de haber sufrido una crisis tan grave.

La propuesta de reducir las cuotas sociales para el trabajo indefinido es otra medida de oferta esencial para seguir reduciendo la dualidad y temporalidad del mercado laboral. Al hacer más caro para el empleador contratar a tiempo parcial que hacerlo a tiempo indefinido se libera una de las trabas que tenía nuestro sistema laboral para crear empleo de calidad. ¿Por qué no se hizo antes? Porque antes no crecíamos al 3 %, teníamos demasiados agujeros que tapar y se impusieron las medidas urgentes, frenar la sangría del empleo y empezar a crearlo de manera intensa.

La única salvedad seria que he leído sobre las medidas alerta sobre bonificaciones temporales que crean un efecto positivo en el empleo a corto, pero negativo a largo plazo, cuando se retiran. La idea es que los impuestos al trabajo no deben reinstaurarse, sino avanzar en que esas bonificaciones se mantengan y se avance en el objetivo de adecuar la fiscalidad del trabajo —sobre todo las cuotas sociales—, de autónomos y emprendedores, a las mejores prácticas de los países líderes.

Estas medidas fueron criticadas aludiendo a las subidas de impuestos de principio de legislatura. Olvidan los críticos que en 2011 el gobierno tuvo que lidiar con 30 000 millones más de déficit de lo prometido, 75 000 millones de facturas impagadas y efectos, y 65 000 millones de agujero de las cajas públicas.

Pero lo más gracioso de los críticos es que ninguno llevaba en su programa devolver el esfuerzo a los ciudadanos.

Estas medidas reducen el esfuerzo fiscal de empresas y familias sin atacar la recaudación. Si se cumple el ejemplo visto en todas las economías donde se han implementado, la recaudación aumentará con la mayor actividad económica.

Resumiendo, España necesita urgentemente un marco institucional que incluya una fiscalidad propiciadora de crecimiento económico, seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, respeto al ahorro de los ciudadanos. Ninguna sociedad ha mejorado ingresos fiscales redistribuyendo la miseria, sino aumentando las oportunidades para prosperar y enriquecerse.

8
Competitividad, innovación y sector exterior

La competitividad

El gran reto de España si queremos mejores salarios y condiciones es lograr más valor añadido y más competitividad. Es decir, más empresas con capacidad para ser rentables en sus actividades productivas en mercados competitivos.

El modelo actual de «intervenir-subvencionar-error-deuda-empobrecimiento-subvención» lleva a competir solo por devaluación interna. Buscar la competitividad por el lado del coste pone un parche, pero empobrece. Siempre va a haber un país dispuesto a producir el mismo bien por un precio menor. La cuestión es que la producción de ese bien no solo tenga un coste monetario adecuado, sino una ventaja tecnológica y logística. Crecimiento por margen. Hay que aprovechar un modelo en decadencia para promover un cambio.

Los planes industriales promovidos por España y la Unión Europea se han caracterizado por lo siguiente:

Un enorme coste para las arcas públicas. Siempre se han hecho en su mayoría a través de gasto, pagado con deuda y no con deducciones de impuestos. Casi toda Europa tiene por encima del 90 % de deuda sobre el PIB.

Decisión caprichosa —política— y no económica de «qué sectores son los ganadores». Incentivar industrias no competitivas y caras.

Defender sectores decadentes para «sostener el empleo», con lo que ni se fortalece a los «campeones nacionales» ni se crea riqueza ni empleo.

Cuando fluye el dinero, los Estados gastan en sectores de baja productividad y se olvidan de invertir en I + D.

Es una importante lección para España, que suele acudir a mejorar sus índices de productividad aumentando el paro o bajando los salarios porque a su vez suele tirar con fastidiosa frecuencia de las políticas de demanda, planes industriales y gasto público endeudado, para crecer.

La productividad de las empresas españolas estaba creciendo ya entre 2014 y 2015 sin acudir a deuda y la competitividad ha aumentado gracias a la iniciativa exportadora y tecnológica. Esa es la salida que nos llevará a un crecimiento sostenible, y no la llamada a «crear demanda interna» artificialmente desde el gasto público.

El camino que ha seguido Alemania desde el proceso de reunificación se puede resumir en una mayor flexibilización y aumento de los trabajadores a tiempo parcial. A lo que habría que añadir una notable moderación salarial, otro tema «tabú» en España. No se sale de una crisis manteniendo los salarios «hinchados» de los tiempos de bonanza, básicamente de la burbuja inmobiliaria; fundamentalmente los salarios vuelven a los índices anteriores a la crisis en aras de ganar competitividad y mejorar la productividad.

El objetivo de los agentes sociales para garantizar derechos y mejores salarios no debe ser intervenir y fijar por decreto, sino buscar el aumento de la productividad y la competitividad para que la masa salarial y la estructura empresarial no estén tan sujetas al ciclo económico.

El mercado laboral español muestra las siguientes debilidades que conllevan una baja competitividad:

Inmovilidad territorial entre regiones.

Negociación colectiva que separa los salarios de forma dinámica de la productividad.

Inadecuada cualificación de la fuerza del trabajo.

No sostenibilidad de la seguridad social.

Tendencias centrífugas en la administración que magnifican el gasto público.

La baja competitividad coincide con los retos financieros, un exceso de regulación nacional con la competencia global y una crisis económica con inestabilidad institucional. Además, las características del mercado laboral suponen un lastre a la competitividad.

Conviene detenerse en uno de los mantras que repite la izquierda española una y otra vez: las empresas aumentan su competitividad y sus beneficios a costa de bajar los salarios hasta la miseria. Pero no es así, como podemos ver en el siguiente gráfico sobre la evolución de los ingresos empresariales, del valor añadido bruto y de los gastos de personal entre 2003 y 2013.

A simple vista vemos que la variable que menos ha bajado es la de gastos de personal, y lejos de confirmar la «explotación del malvado empresario» del que hablan algunos, lo que se demuestra es que España y sus empresas han vivido el drama de ver cómo sus ingresos se desplomaban de una manera abrupta, cómo les costaba generar valor añadido, mientras trataban de sostener el gasto en personal, que en proporción no ha sido tan demoledor.

El esfuerzo más titánico, el de las pymes. Sabemos que en las grandes empresas los salarios son mayores y el ajuste hecho en las plantillas durante la crisis ha sido menor. Por eso esta reforma laboral ha sido positiva, porque por primera vez se hacía una norma pensando en el tejido empresarial que más sufre en España, la pequeña y mediana empresa, que son, por otra parte, las que más se han acogido a la figuras de flexibilización que les brinda la reforma.

Ingresos, valor añadido y gasto en personal de las empresas españolas (2003=100).

Fuente: Central de Balances del Banco de España

Según el índice de competitividad global, Global Competitive Index del World Economic Forum[10], España está en la posición número 35 de todos los países del mundo en términos de competitividad general, lejos del top 10 europeo o global, liderado por las economías —oh, sorpresa—, con mayor libertad económica y facilidad para crear empresas ya mencionadas.

A pesar de la mejora de los últimos veinte años, España presenta resultados mejorables. En el apartado de «Instituciones» sorprende la mala calificación por desvío de fondos públicos (nota 2,8 de 7), confianza pública en políticos (nota 2,2), derroche del Estado (nota 2,5) y carga de regulación política (nota 2,8). Suspenso. En infraestructuras, sin embargo, España se encuentra en la posición número 9.

Se ha avanzado, pero queda mucho que mejorar. No contar con instituciones independientes cuesta dinero cuando se pierde la confianza institucional y entonces, como en un país emergente, afecta a las primas de riesgo, que la Universidad de Cornell estima puede suponer hasta 350 puntos básicos de coste adicional de deuda. También cuesta por la huida de capital y caída de la inversión financiera directa.

Analicemos la competitividad desde el punto de vista institucional y político

Una coalición cuyo único objetivo es desplazar al que ha ganado suele afectar negativamente al crecimiento y a la actividad económica cuando sus objetivos buscan eliminar las reformas para aumentar el intervencionismo, y solo se ponen de acuerdo en gastar. Si además añadimos la locura de lanzar un proceso constituyente y referéndums separatistas, el impacto puede ser mucho mayor.

Un posible escenario, ante varios meses de incertidumbre y ninguna mayoría clara, supondría el frenazo de la inversión financiera directa y de la creación de empleo. Ya se había ralentizado ante las elecciones catalanas y generales. Las estimaciones más moderadas asumen un impacto de 0,5-0,7 % en el crecimiento del PIB. Eso, sin considerar la secesión o cambiar todo el marco laboral, que supondría volver a un escenario de crisis.

La prima de riesgo ya se ha disparado comparada con la italiana ante el riesgo de una coalición con radicales. Teniendo en cuenta que aún contamos con el apoyo del Banco Central Europeo, no sería extraño que subiera mucho más si se aprueba un proceso rupturista.

Muchos piensan que el plan de estímulo del banco central elimina estos riesgos y que la política económica viene «dictada» desde Bruselas, y es incorrecto. Vean la política económica completamente opuesta en dos países rescatados, Grecia e Irlanda, uno en recesión y otro creciendo más que la media.

Es inasumible pensar que las inversiones crecerán y se contratará a largo plazo ante un entorno donde se cambia todo a peor. Según varias estimaciones, nos harían perder un 1 % de PIB potencial y hasta destruir unos 300 000 empleos.

La derogación de la reforma laboral e incluso del Estatuto de Trabajadores, un cambio de la Constitución y el planteamiento separatista supondrían una combinación letal para la confianza y la inversión, en un año especialmente difícil para la economía global.

El cálculo asume que, si se revierte la reforma laboral y las bonificaciones impositivas a la contratación implementadas en 2014 y 2015, alrededor de la mitad de los puestos de trabajo creados se destruirían por el encarecimiento de la contratación. Eso es antes de considerar ninguna ralentización de la actividad económica grave.

Los datos muestran que antes de la reforma laboral el empleo neto se creaba a partir de un crecimiento del PIB del 1,3 %. Ese umbral descendió a finales de 2012 hasta el 0,6 % y hoy se crea empleo neto a una tasa superior al doble de la correlación histórica.

El empleo ahora crece con mayor intensidad con menor crecimiento del PIB porque no viene de sectores endeudados y de baja productividad. Para un crecimiento del 1-2 %, se crearían anualmente en la actualidad más de 150 000 empleos comparado con el período previo a la reforma. El crecimiento interanual de las afiliaciones a la seguridad social tiene una correlación con el crecimiento interanual del PIB, que es casi del 99 %. Es por ello que la estimación de destrucción de empleo ante una caída del PIB potencial puede ser aún mayor si se elimina la reforma laboral.

España puede recaer en la recesión porque la recuperación precisa profundizar en las reformas para afianzarse.

Derogar reformas e introducir cambios radicales puede llegar a afectar a la capacidad de financiación del país.

Puede hasta reducir de manera drástica el acceso a crédito y, con toda seguridad, lo encarecerá. En algunos casos se ha visto que hasta en 300 puntos básicos.

Los inversores globales no tienen por qué arriesgar dinero en España o cualquier otro país si no se da estabilidad y confianza. No podemos correr el riesgo de que se considere un país donde es «imposible invertir».

En los últimos doce años, España ha perdido más de diez puestos en el índice de facilidad para crear empresas del Banco Mundial. Se ha recuperado parte en 2015. Debería ser una prioridad de gobierno alcanzar y superar la posición perdida. Una coalición de perdedores solo la empeoraría, al centrarse en aumentar la rigidez y subir impuestos.

¿Cuáles son los grandes retos de España en 2016? Claramente seguir creciendo y exportando más, reducir los desequilibrios —la deuda pública, en particular— y crear empleo.

Ya hemos demostrado que podemos conseguir esos objetivos en un entorno desfavorable. Nuestras exportaciones crecían y mejorábamos cuota de mercado a pesar de que nuestros principales socios comerciales se estancaban o entraban en recesión. Hemos reducido la balanza tecnológica a la mitad y cerramos 2015 con superávit comercial cuando hace cinco años el déficit comercial superaba un 9 % del PIB. Hemos conseguido ser una de las economías que más empleo creaba de la OCDE y el endeudamiento total —privado y público— no ha aumentado. El reto de 2016 es conseguir lo mismo y crear medio millón de empleos.

España seguirá beneficiándose como economía refugio si no colgamos el cartel de «imposible invertir» que pretenden algunos con cambios de la Constitución, normativos e impositivos radicales. En un entorno donde la salida de capitales de mercados emergentes es una oportunidad para las economías desarrolladas y de crecimiento moderado, donde más del 40 % del PIB de Latinoamérica está en recesión y casi el 30 % del global en ralentización; donde China es el gran protagonista de la ralentización global, que sigue digiriendo el exceso de capacidad, que llega al 80 % en cemento y 60 % en fletes, y una deuda que se ha disparado al 230 % del PIB. Brasil e India se encuentran con problemas similares y yo sería muy cauteloso con India, que va camino de sufrir desequilibrios similares a otras víctimas del gasto «para crecer».

¿Cómo hacerlo? Aprovechando nuestra ventaja competitiva en costes, infraestructura y clima empresarial, dando seguridad y atrayendo capital que busca salir de mercados de alto riesgo.

España se enfrenta a un escenario donde puede crecer hasta el 2,5 % y crear más de 500 000 empleos si se mantiene el impulso reformista y el aumento de la inversión financiera directa, o caer en el error de «incentivar la demanda interna» mientras pone más escollos y trabas al emprendimiento, lo que nos llevaría a perder hasta un 1 % de crecimiento potencial y no crear empleo, a la vez que disparar el déficit. El empleo y el crecimiento solo va a mejorar si creamos miles de empresas y atraemos capital, apoyando a pymes y autónomos.

No se reduce la deuda pública gastando más, parece obvio, pero en este país todavía hay gente que dice que no se reduce la deuda gastando, sino incrementando eficiencia y reduciendo gasto inútil.

¿En qué podría cambiar el escenario planteado? Es difícil ver un impacto realmente positivo de ninguna política anticíclica, porque ya estamos sufriendo el efecto negativo de la saturación de deuda y exceso de gasto. Un esfuerzo consciente, como el que se llevó a cabo en los años ochenta, de mejorar la renta disponible de familias y empresas es la única opción de afianzar la recuperación. Si volvemos a caer en el error de intentar suplir el efecto de la ralentización global gastando en elefantes blancos, caeremos en la misma trampa de 2007. Fiarlo todo al banco central y acrecentar el agujero de deuda. Aprendamos de los errores del pasado y afrontemos un año complejo desde nuestras fortalezas.

La innovación y el valor añadido

A ver si entendemos que el mercado no premia el esfuerzo. Premia el valor añadido. Entiendo que no es fácil, pero hay que interiorizarlo.

JUANMA L. ZAFRA.

El problema en nuestro país es, como en casi todo lo que pone palos en las ruedas de nuestra economía, el excesivo intervencionismo estatal. En el campo de la investigación, también. Recordaremos todos aquel episodio en el que se descubrió que Íñigo Errejón cobraba como investigador para la Universidad de Málaga en un proyecto, cuando menos, de utilidad cuestionable: «La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda», dotado con 284 604,10 euros. No es el único. La Junta de Andalucía destina fondos a proyectos de investigación tan «interesantes» como estos:

Movilidad Sostenible en Andalucía: Práctica y Discurso en el uso de la bicicleta, 358 841,59 euros.

Barrios en transición: 112 918,38 euros.

Kers-Bike (ECO-BICI): 302 341,49 euros.

Intervención en barriadas residenciales obsoletas: Manual de buenas prácticas, 221 641,99 euros.

El urbanismo de la no ciudad: de la clandestinidad vulnerable a la visibilidad sostenible: 298 657,51 euros.

Bicicleta TP: Metodología para la evaluación, análisis y desarrollo de la intermodalidad bicicleta transporte público en aglomeraciones urbanas: aplicación de área metropolitana de Sevilla: 130 972,82 euros.

Aun en las épocas en las que hemos gastado en I + D cifras similares a las de nuestro entorno, el número de patentes y empresas creadas era de los más bajos de la OCDE. El modelo de apoyo público debe enfocarse desde otra perspectiva: la del apoyo al tejido empresarial, incentivos fiscales, etc. Por lo tanto, lo que debe hacer la administración es evitar injerencias entorpecedoras con normativas y organismos que obstaculicen la investigación, la innovación y el libre desarrollo de la ciencia.

El problema radica en que el Estado no dispone de la información necesaria para saber qué y cuándo investigar o en qué y cuánto invertir. De ahí que pretender forzar la creatividad humana con las directrices de un organismo burocrático que responde a un mandato, no sea la solución.

Víctor Solana[11], España está en la posición número 35 de todos los países del mundo en términos de competitividad general, lejos del top 10 europeo o global, liderado por las economías —oh, sorpresa—, con mayor libertad económica y facilidad para crear empresas ya mencionadas.

La tecnología es la cristalización de la ciencia en bienes y servicios que podemos usar de forma práctica. Para que una idea pase del campo de la ciencia teórica al de la técnica hacen falta grandes inversiones en bienes de capital y de ingenio empresarial.

Vaya por delante que las tecnologías de la información son la excepción. Disfrutan (por ahora) del favor de la sociedad y sus gobernantes, avanzan a toda máquina y no están tan reguladas. Pero por muy entretenidos que estemos con nuestro iPhone, antes necesitamos energía, transporte, medicinas, vivienda y seguir extendiendo la revolución verde que nos alimenta cada vez mejor.

¿Pedir permiso para innovar? Imaginaos a los hermanos Wright esperando a que la Federal Aviation Administration aprobase su primitivo avión, a Louis Pasteur o a Alexander Fleming aguardando décadas el beneplácito de los reguladores mientras sus pacientes mueren…

Neomaltusianismo de salón. Parón nuclear, ataque a los combustibles fósiles, nada de organismos modificados genéticamente. Los insecticidas casi ilegales que salvaron a Occidente de la malaria, los nuevos antibióticos paralizados durante décadas para que el burócrata de turno estampe su firma permitiendo su uso. Ciento cincuenta años de desarrollo científico desbocado nos han dejado exhaustos, inapetentes. ¿Ya no queremos más?

Países como Israel son un ejemplo. Tel Aviv se consolida, después de Silicon Valley, como la principal área del mundo en inversión tecnológica e innovación, según Startup Genome. Por supuesto, hay un componente de gasto, Israel dedica el 4,3 % del PIB a I + D, más que Finlandia (3,9 %) o Corea del Sur (3,6 %). Y, al contrario que en la Unión Europea, no dedican más de dos tercios de su inversión en investigación a estudiar el cambio climático. El 90 % de la inversión es para aplicación empresarial real basada en analizar necesidades de los consumidores. Pero su balanza tecnológica tiene superávit, y casi el 50 % de sus exportaciones vienen de alta tecnología.

Pero no es solo gasto. La media de patentes por cada empleado en I + D es de 2,4, la más alta del mundo, por encima de Japón y Estados Unidos (con un 1,7 y un 0,3, respectivamente).

La innovación es uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico de un país. Como dicen los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson, «es un proceso transformador y desestabilizador asociado con una destrucción creativa generalizada. Por lo tanto, el movimiento solamente avanza si no queda bloqueado por los perdedores económicos, que prevén que perderán sus privilegios económicos, y por los perdedores políticos, que temen que se erosione su poder político».

El coste de oportunidad de España al seguir perdiendo en la carrera para la innovación es simplemente inasumible. Nuestras empresas necesitan aportar valor añadido y un desarrollo tecnológico que les permita adaptarse a entornos económicos complejos e inestables. Hay que invertir mejor, con criterios de eficiencia y necesidades de mercado, pensando en los consumidores y competidores. Hay que incentivar fiscalmente a las empresas para que destinen más fondos a la investigación.

El patrón de crecimiento va a cambiar cuando los inversores de todo el mundo perciban que España es una oportunidad para crear riqueza y empleo. No nos debemos conformar con una inversión a corto plazo o financiera, sino que debemos presentar nuestra mejor cara a la hora de asentar en nuestro país sectores de alto valor añadido. El hecho de que la balanza tecnológica, la diferencia entre exportaciones e importaciones se haya reducido a casi la mitad es una gran noticia, pero hay que hacer más.

Comercio exterior. Exportaciones

Las guerras de divisas «son para apoyar las exportaciones». Parece lógico, ¿no? Si nuestra moneda vale menos, nuestros productos son más baratos y exportamos más. Solo tiene un problema. Las importaciones se disparan. En Japón el déficit comercial se disparó con Abenomics. Japón tuvo superávit comercial entre 1980 y 2011, y se metió en un enorme déficit al comenzar la guerra de divisas. Además, las exportaciones no han llegado al máximo histórico de 2008.

En realidad no se busca «exportar más». Las exportaciones europeas han ralentizado su crecimiento tras la decisión del BCE de empezar a devaluar el euro contra sus monedas de referencia. Lo que se busca es sostener a los sectores obsoletos e ineficientes para que se perpetúen. Los sectores de alto valor añadido no necesitan devaluaciones. Los productos diferenciados y de alta calidad siempre encuentran mercado. Son los sectores endeudados y de bajo valor añadido los que necesitan una moneda más débil para dar otro coletazo antes de extinguirse.

Ni se hace la economía más competitiva ni se reduce el paro. Una devaluación no deja de ser empobrecer a todos para sostener a unos pocos.

Si devaluar fuera la panacea para exportar, Venezuela, Argentina y Zimbabue serían los reyes del comercio mundial.

Para exportar, lo que hace falta son buenos productos y valor añadido, no bajos costes.

Las exportaciones deben analizarse en tres términos:

El crecimiento mundial del comercio se ralentiza. No se puede exportar al aire. Si el comercio global aumenta menos de lo esperado, las exportaciones crecen menos. En ese contexto, que España siga registrando cifras récord y sus exportaciones crezcan es positivo, sobre todo cuando nuestro principal socio, Francia, se encuentra estancado. En Reino Unido y Francia las exportaciones han caído también.

Balanza Comercial. La diferencia entre lo que exportamos e importamos. A efectos del PIB y del crecimiento, lo importante es que la aportación exterior sea positiva, si no estaremos agrandando el agujero. Si exportamos «mucho» como en 2009, y tenemos un destrozo de 94 000 millones de euros en la balanza comercial, no solo no sirve para nada, sino que además es un enorme problema. Pero claro, en aquella época al déficit comercial se justificaba con la excusa de «estimular la demanda interna» y hoy, con un déficit comercial diez veces menor, escucho, alucinado, que está «disparado». Fíjense en la ironía.

Por ello, hablar de las exportaciones de Japón, por ejemplo, cuando registran un déficit comercial récord, es olvidar una cara importantísima de la moneda. Además, ese déficit comercial es fundamentalmente gasto corriente —por la subida del precio del gas, petróleo y carbón en yenes depreciados «gracias» a Abenomics—. Devaluar no es motor de exportaciones. Si no hay valor añadido y producto de calidad, lo que vendes se disipa con el aumento de precio de lo que compras.

El déficit comercial español hay que vigilarlo, ya que, como alerta Juan Ramón Rallo y otros expertos, siempre ha sido la antesala de una crisis. Sin embargo, de enero a junio de 2014, el 24 % de las importaciones fue de bienes de consumo, el 7 % de bienes de capital y el 70 % de bienes intermedios.

Es decir, el 77 % de las importaciones fue destinado a la inversión o a la producción, y solo el 23 % fue al consumo, una relación casi inversa comparada con los países de la expansión monetaria, Reino Unido o Japón. Aun así, es un dato a vigilar, ya que tenemos la tendencia de caer en la trampa de «estimular la demanda interna» con deuda y lanzarnos a otra crisis.

Es la diferencia entre el círculo vicioso de hundir la balanza comercial «estimulando», y el círculo virtuoso de exportar y controlar que el déficit sea bajo, o haya superávit. No es una fórmula mágica ni nueva, es la de los países líderes en exportaciones sostenibles.

Cuota de mercado global. Si el comercio se expande o se ralentiza depende de multitud de factores globales, como es normal. No podemos pensar que los problemas geopolíticos con Rusia (1,1 % de nuestras exportaciones) o las dificultades para crecer de Francia, Portugal o Italia, algunos de nuestros mayores socios comerciales, no van a afectar, pero también se reducen las importaciones (Rusia es un 2,6 % del total). Mientras mantengamos o aumentemos la cuota de mercado global mencionada antes y controlemos el déficit comercial, la aportación al crecimiento del sector exterior será, como debe ser, positiva, y el cambio de modelo será más sostenible.

Los presidentes no exportan, pero sí pueden apoyar al sector exterior. Los grandes escollos siguen siendo los mismos: unas trabas burocráticas y administrativas desproporcionadas, que hacen que los procesos sean lentos, caros y duplicados. Una fiscalidad restrictiva. Las empresas exportadoras siguen sufriendo de una fiscalidad nacional, local y regional depredadora y en numerosas encuestas preferirían ver incentivos fiscales y desgravaciones a grandes planes publicitarios de uno u otro ministerio.

El TTIP

Hace unos meses se firmó el acuerdo de comercio transpacífico entre Estados Unidos y once países, conocido como TPP. Abarca cerca del 40 % de la economía mundial y casi un 44 % del comercio global. Beneficia a 650 millones de personas. Un acuerdo de tal magnitud debe servir de ejemplo para que la Unión Europea acelere la aprobación del tratado bilateral con Estados Unidos, el TTIP. Supondría la oportunidad de dejar atrás la crisis y recuperar cuota de mercado en el comercio internacional. El PIB español crecería un 0,7 % adicional al año y se generarían hasta 335 000 nuevos empleos, además de aumentar las exportaciones a Estados Unidos. Sus críticos hablan de secretismo, de que solo beneficia a las multinacionales o incluso de que va en contra del medio ambiente (algo bastante absurdo puesto que no modifica ninguna normativa europea). Lo cierto es que la página web de la Unión Europea tiene decenas de documentos detallados sobre el acuerdo. Y es que, a menudo, se confunde democracia y transparencia con intervencionismo, por lo que todo lo que sea reducir burocracia, les aterra.

Beneficia principalmente a las pymes exportadoras, puesto que las multinacionales disponen de bastantes medios como para necesitar de estos acuerdos bilaterales. Los que se benefician de la armonización son, precisamente, los que no pueden permitirse un ejército de abogados y asesores.

José Manuel González-Páramo, consejero ejecutivo del BBVA, señala que este tratado ofrecerá muchas posibilidades a las pymes españolas puesto que reducirá las barreras al comercio y facilitará los flujos de la inversión. Abrirá grandes oportunidades de mercado y aumentará la productividad de las empresas.

A su parecer, es una oportunidad única e irrepetible, ahora que el centro de gravedad mundial se desplaza hacia el Pacífico, puesto que permitirá afrontar mejor los desafíos de un mundo cambiante y complejo, desde una triple perspectiva económica, geopolítica y de colaboración en materia de seguridad[12].

Nosotros mismos solemos ponernos los límites, pensando que hay mercados que no sirven para exportar —yo creo que lo que existen son malas estrategias—. O creyendo que sin créditos o mucho capital tampoco se exporta, y no tiene por qué ser así. Lo cierto es que justo cuando se acabaron las subvenciones en determinados sectores, es cuando hemos empezado a exportar tecnología.

Es admirable ver cómo las empresas han reaccionado encontrando nuevos mercados y reduciendo el déficit comercial que nos ahogaba, en un año y pocos meses, hasta alcanzar superávit. El fin del modelo de aeropuertos, puentes, carreteras y estatuas decorativas.

9
Energía

El petróleo Brent ha llegado a 33 dólares/barril, el nivel más bajo desde 2004. Esto ocurre en medio de la mayor concentración de eventos de riesgo geopolítico en muchas décadas. Siria, Yemen, Irak, ISIS, Nigeria, Rusia, Venezuela y, más recientemente, las tensiones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí. Si hay algo que demuestra lo bien suministrado que está el mercado es precisamente que en ese entorno siga cayendo el precio.

No se trata de un problema de demanda. La demanda en 2015 creció a niveles superiores a los de los últimos ocho años.

Es claramente una estrategia de oferta. La OPEP y Rusia producen hoy a niveles récord, más de 30 y 10 millones de barriles al día respectivamente. Estados Unidos sigue produciendo por encima de 9,5 millones de barriles al día. Hace mucho que la OPEP no tiene como objetivo subir precios y, desde luego, sería suicida atacar a sus propios clientes.

Asumir que el fracking en Estados Unidos va a desaparecer en este entorno es, cuando menos, ingenuo. Más del 90 % de la producción se encuentra en grandes megaempresas con muy poca deuda. Según Goldman Sachs, el coste de extracción se sitúa en 18 dólares/barril y, ahora, el gobierno ha permitido que se exporte. Que se haya levantado esa prohibición hace que Estados Unidos, que se ha convertido en seis años en el tercer productor de petróleo global, sea una amenaza no solo para el precio, sino para la cuota de mercado. Puede suponer hasta medio millón de barriles al día compitiendo por los clientes tradicionales de Rusia y la OPEP.

Por otro lado, Arabia Saudí e Irán no solo compiten entre ellos o con el fracking. Compiten contra las renovables, la diversificación y la eficiencia. Saben que es un error pensar en limitar la oferta. Continuar siendo el suministrador de bajo precio y más flexibles es esencial. Y, además, pueden. La guerra por la cuota de mercado se libra mostrando quién es más eficiente y sabiendo que la tecnología seguirá reduciendo la demanda potencial. La madre de todas las batallas está servida.

Europa debe afrontar la salida de la crisis desde la mejora de la competitividad y la seguridad de suministro, debe atajar y poner en orden una política energética que se ha olvidado de empresas y familias y que, ante el objetivo de «ser los más verdes de la clase», ha ignorado los costes y la competitividad.

Las empresas y familias europeas no pueden seguir cargando con los costes de los errores de planificación y la generosidad en subvenciones con el dinero de los demás, porque la situación es dramática.

La política energética española y de la Unión Europea de los últimos diez años pasará a la historia por ser uno de los peores ejercicios de planificación estatal y con mayor impacto sobre los bolsillos de los consumidores, destruyendo de paso la competitividad de la economía y generando un nivel de sobrecapacidad nunca antes visto.

En Europa, los costes de la electricidad son de media un 50 % más altos que en Estados Unidos y el gas industrial, casi un 75 %. Entre 2005 y 2012, gracias a la revolución del fracking, los precios del gas en Estados Unidos caían un 66 %, mientras en Europa subían un 35 %. A su vez, en Estados Unidos la electricidad bajaba un 4 % y en Europa se disparaba un 38 %. Es la diferencia entre una política energética que promueve la eficiencia y la sustitución por bajos costes, con unas medidas que promueven la sustitución forzada desde el subsidio.

Las empresas europeas son algunas de las que más pagan por electricidad y gas de la OCDE. Una empresa industrial alemana de tamaño medio paga el doble por la electricidad que una homóloga en Texas, según Ecofys. La media del sector industrial español paga más de dos veces lo que sus comparables americanas.

Las políticas «verdes» y el desarrollo de las renovables han permitido que el precio de la electricidad mayorista baje; pero entre primas, costes fijos y subvenciones, los precios a los consumidores se han disparado. Por ejemplo, en Alemania los precios de generación han bajado casi un 38 % desde 2005 y la factura eléctrica media ha subido un 60 %. Un error que destruye empleos y empresas y que hay que atajar. En países como España hay que distinguir, por ejemplo, entre eólica, que supone un 20 % de la energía generada en 2013 y un 19 % del coste, y las solares, que suponen solo un 5 % de la energía producida y un 20 % del coste total de generación.

La Unión Europea supone menos de un 14 % de las emisiones de CO₂ del mundo, pero el 100 % del coste. Curiosamente, y a pesar de las políticas verdes subvencionadas de la UE, en Estados Unidos se han reducido las emisiones de CO₂ desde 2005 un 12 %, hasta niveles de 1994, una reducción más relevante que la de Europa.

Todos estos problemas redundan en una menor producción industrial, mayor deslocalización, dificultades para competir y, por supuesto, menor empleo.

Por estos motivos, la política energética de la Unión Europea debe atender a los principios de seguridad, diversificación y competitividad:

Seguir apostando por renovables. Sin pasarle la factura a empresas y familias. Las subvenciones deben acabarse, y cambiar un sistema de primas —coste inmediato— por uno de incentivos fiscales —solo se genera beneficio fiscal cuando hay demanda y es solvente—, como en Estados Unidos. Así se evitan los errores de planificación a la hora de estimar demanda, primas y costes, y no hay que pasarlo a los sufridos bolsillos de los consumidores. Todos los años oigo que «el año que viene la tecnología X o Z va a ser competitiva». Y cada vez que lo oigo, sube la factura de la luz. Tras casi una década de subvenciones, las tecnologías solares y eólicas, promovidas por muchas empresas europeas punteras, son competitivas en algunos países, como Estados Unidos, sin subvenciones.

Atender el problema de sobrecapacidad. Europa no puede querer ser la más verde y a la vez subvencionar carbón ineficiente, sostener tecnologías con pagos de capacidad innecesarios, pagos por interrumpibilidad injustificados o mantener subsidios al exceso de capacidad productiva, con márgenes de reserva superiores al 17 %; o en España, los ricos somos así, del 40 %. Y todo ello pagado por los consumidores.

Sustitución, no acumulación. No se puede permitir nueva capacidad de generación cuando los consumidores pagan los excesos acumulados. La nueva generación debe venir por sustitución, y dicho cambio se debe hacer por menores costes. La política de nuevo rico de sustituir energía barata por cara aludiendo a la excusa de las «externalidades» nos ha llevado a hundir nuestra capacidad de competir. Vosotros ya sabéis que «externalidad» es todo aquel coste imaginado que nadie ve pero que justifique que me paguen subvenciones mayores… con el bolsillo de todos nosotros. Mientras tanto, los costes reales, los de la acumulación de subvenciones y gastos «por si acaso», nos llevan a destruir tejido productivo y empleos.

Solucionar el problema de la seguridad de suministro, desarrollando las fuentes de energía autóctonas —gas pizarra, petróleo, renovables—, además de profundizar en la interconexión que permita que países como España, que son hubs —centros de concentración de diversidad de suministro—, puedan contribuir a reducir la dependencia de Rusia u otros países, a través de los distintos centros de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado.

No demonizar tecnologías de manera regional e ideológica. El ciudadano debe saber que sustituir la energía nuclear y el gas por renovables supondría, como comentaba el presidente de la CNMC, un aumento de la factura eléctrica descomunal. Recordemos que la media de precio de generación con renovables se encuentra hoy en 68 euros/mwh, «solamente» el doble del precio mayorista en Alemania, y el 36 % más que el español.

Es ridículo echarle la culpa a los «oligopolios». En Europa todos los sistemas son marginalistas y gestionados por dos o cuatro grandes empresas. Los precios de la electricidad en 2003 eran de los más bajos de la OCDE con esas mismas empresas y hoy son de los más altos. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la factura final que tú y yo pagamos ha pasado a cargarse de todo tipo de conceptos fijos. En España más del 62 % son costes regulados, impuestos y subvenciones, todos controlados y decididos desde el Estado. La media en Europa es un 54 % de costes regulados, impuestos y subvenciones.

La política energética no puede ser de «mi jardín». Pretender eliminar las centrales nucleares cuando tenemos a pocos kilómetros, en Francia, decenas de reactores nucleares, es ridículo. Mientras la energía nuclear sea competitiva, eficiente y segura, hay que seguir aprovechándola —y no me pongáis casos de islas de alta actividad sísmica para criticar lo que no pasa en Alemania o España.

España, un problema de intervencionismo

La liberalización del sistema eléctrico y gasista entre 1999 y 2004 introdujo el mayor período de inversiones, mejora de infraestructuras, calidad de servicio y coste desde la época negra de los recortes de suministro de los setenta. Pero en 2004, los gobiernos decidieron intervenir y empezó el problema. Cambiar las leyes a mitad de partido, subvencionar unas tecnologías sobre otras, restringir la libre circulación de capital, crear mercados ficticios (como el de CO₂) y generar señales caprichosas de demanda y precio a través de subvenciones. Y lo peor es que sea a través de la tarifa o a través de los impuestos, los errores de planificación siempre los ha pagado el consumidor.

A este entramado endiablado de costes añadidos a la factura final debemos añadir la presión fiscal, que en España es de las más altas de la OCDE, lo que hace que los precios finales no bajen, de hecho suban, aunque la demanda cae. Hemos cargado al sistema de infinitud de conceptos, que siempre empiezan por la presunción de ser «pequeños», pero que poco a poco van sumando al total.

En España, se permitió instalar 5000 MW de solar fotovoltaica ante el efecto llamada de unas primas disparatadas, 40 veces superiores a las de la energía eólica cuando se planeaban 150 MW. Pero el problema es que aquí no se paga nada.

Y claro, se ha conseguido un nivel de sobrecapacidad en el sistema energético, que hace imposible sufragar la hemorragia de ayudas, primas, parches y dádivas sin subir la tarifa cada cuatro meses al menos. Y se necesitarán nada menos que subidas del 20 % anual durante cuatro años al menos para cubrir los excesos de costes generados.

Para rizar el rizo, no vaya a ser que alguien dude de nuestro historial intervencionista, en el que tenemos medallas como el decreto anti-E. On, el coste de CO₂ eliminado del precio, etc., se conceden casi 1000 millones de euros en subsidios al carbón nacional para mantener a 7000 mineros. En el país campeón de la energía verde, carbón. Casi seiscientos millones para mantener una industria ineficiente e innecesaria en un mercado energético en el que contamos con un exceso de capacidad de un 22-25 % (margen de reserva).

No sorprende, por tanto, que estos gobiernos a los que tanto les gusta ordenar y recomendar de manera paternalista al mundo entreguen subsidios sin control, llegando a la situación, divertida cuando menos, de que en nuestro país todas las tecnologías están subvencionadas de una manera u otra (pagos de capacidad, etc.).

La solución

Si me permitís ser optimista, os diré que la solución existe. La crisis significa oportunidad, como bien dice el proverbio chino.

Si los partidos políticos dejan que el mercado y la industria solucionen los males endémicos de nuestro maltrecho sector energético, apoyándolo con una política no intervencionista, y con un marco regulatorio estable y sostenible, España podrá encarar los retos del futuro energético desde una posición de liderazgo y de competitividad.

Más libertad de mercado y menos intervención. El primer mal del sector energético español es que la excesiva intervención estatal hace a las empresas más débiles y menos competitivas. La crisis actual no es una crisis de liberalismo excesivo, sino de intervencionismo endeudado, desde los precios de la energía hasta la planificación de capacidad por encima de las necesidades. El déficit de tarifa debe solucionarse ya para que las empresas no estén eternamente en riesgo crediticio.

Otro enorme problema es el de la sobrecapacidad y la creación de señales falsas de demanda a través de subsidios innecesarios. Si una tecnología o una planta, sea carbón, ciclo combinado de gas o un molino de viento, sobre todo si está totalmente depreciada, no genera retornos aceptables, que la empresa que la gestiona la cierre o la mantenga con los retornos de sus otros negocios. ¿Sabéis cuántas plantas de generación con petróleo quedan? Casi ninguna. ¿Por qué? Porque fueron desplazadas por tecnologías más rentables y mejor posicionadas. Si mantenemos a base de subsidios tecnologías ineficientes y antieconómicas, no solo mantenemos una sobrecapacidad innecesaria en el sistema, sino que el consumidor no ve las ventajas de las partes bajas del ciclo económico.

Extensión de la vida de todas las nucleares por ley. Ya están construidas, funcionan estupendamente, tienen un coste asumido por las eléctricas y en el mundo la apuesta es clara, nada menos que 56 reactores en construcción, o 51 gigavatios de capacidad. No rechacemos una energía barata y limpia dentro de su mix energético… sobre todo cuando ya la tiene.

Una regulación en distribución e infraestructuras homogénea y predecible. Por alguna razón que aún no sabemos, en España las inversiones en transmisión (redes de alta tensión y gasoductos) reciben una remuneración muy adecuada y estable, lo que nos ha llevado a contar con un sistema muy competitivo y flexible, pero las redes de distribución (minorista) se remuneran por debajo del coste de capital, siendo un coste para las empresas eléctricas y gasistas, que se endeudan e invierten a pérdidas. Esta falta de remuneración competitiva debe subsanarse para que la inversión cubra el coste de capital, y la tarifa debe reflejarlo. Así se evitarán riesgos de apagones y fallos en el sistema.

Promover innovación y limitar los subsidios a un 0,5 % del PIB. Todos los sectores se quejan de los subsidios de los otros. Los subsidios son necesarios para lanzar proyectos energéticos de largo plazo, pero en un sistema endeudado crean incertidumbre y riesgo crediticio. Aprovechemos para garantizar que no supongan una losa para la economía reduciendo el número máximo a un porcentaje del 0,5 % del PIB anual y totalmente reflejados en el precio final que paga el consumidor. España ha conseguido ser líder en renovables, pero el coste ha llevado a incrementar un déficit de tarifa ya de por sí monstruoso. Ahora es necesario encontrar un equilibrio entre un límite a los subsidios y un marco legal que garantice la rentabilidad a largo plazo para los innovadores.

Incentivar la eficiencia, no el consumo. Los precios bajos de la energía incentivan el consumo. Es un hecho. Mantener precios de gasolinas, electricidad y gas artificialmente bajos hace que aumente la factura energética de un país que importa 1,1 millones de barriles al día de crudo. Se ha demostrado, incluso con la crisis y el crecimiento de las renovables, que esas importaciones bajan muy poco. Por ello debe fomentarse el ahorro energético a través del precio adecuado, no de políticas cosméticas de bajo impacto. Dejar de esconder el coste real de la energía a través de un déficit acumulado anual es esencial para que el consumidor sepa lo que cuestan las diferentes tecnologías y que responda con un consumo responsable.

Más upstream. España tiene un déficit estructural de acceso a recursos naturales, con exposición a países como Argentina y Venezuela, pero muy baja o nula a África, Rusia, Canadá y Estados Unidos. Las empresas energéticas pueden acceder ahora a recursos naturales en gas y petróleo en áreas de menor riesgo si los retornos lo justifican. Un pacto con Rusia o Noruega, que necesitan acceso al mercado final, por ejemplo, sería muy interesante y similar a lo acordado en los años ochenta con Argelia. Merece la pena tener visión global.

Aprovechar la sobrecapacidad de regasificación. En España contamos con seis plantas de regasificación, un número a todas luces excesivo para la demanda del país. Sin embargo, esa sobrecapacidad puede utilizarse para crear un centro europeo de suministro, un hub, que permita maximizar el potencial de esas plantas y, combinado con la política antes mencionada de mayor acceso a recursos naturales, acumular gas natural barato que permita apoyar la competitividad del país.

Más competitividad. La quimera de «aumentar» competencia no ha demostrado mejorar los costes para el consumidor, tal y como ha demostrado el modelo británico. Lo que genera beneficios a los consumidores es tener empresas energéticas de bajo coste. Si se incentiva la eficiencia y se reducen los subsidios que premian a las políticas equivocadas, o las rescatan, forzaremos a las empresas a ser más competitivas y ofrecer productos y servicios más atractivos para el consumidor. Como ejemplo, hemos visto más beneficios para el consumidor por las ofertas combinadas de gas + electricidad de las grandes empresas que en la creación de multitud de grupos subvencionados.

La solución es simple. Mercado sin intervención en los sectores liberalizados, y en los sectores regulados, un marco estable y predecible. Si la generación con carbón o con gasoil tiene que reducirse o desaparecer, que lo haga. Si el precio de la electricidad o sistema gasista que hemos aceptado es caro, el consumidor debe saberlo para tener claro qué es lo que está promoviendo. Mantener al consumidor engañado, en el caso de España, creyendo que la energía que consumimos es barata a base de prolongar el déficit de tarifa, o recortar los retornos de otras tecnologías, es simplemente engañar.

Mientras los gobiernos sigan intentando planificar e intervenir en el mercado de la energía como si el resto del mundo no existiera, se verán abocados al fracaso. Y ya llevamos muchos años con atroces resultados. La economía verde, que me parece fenomenal si no la tienen que pagar nuestros nietos, solo triunfará si es competitiva. Los gobiernos solo deben crear un marco regulatorio razonable y estable para las tecnologías y que sea el mercado el que ofrezca soluciones. Compitiendo. Y evitar generar inseguridad jurídica, como ocurrió en España con las primas mal planificadas.

El sol no es gratis

El decreto que regula el autoconsumo eléctrico ha sido recibido con todo tipo de críticas por parte de los sospechosos habituales, la oposición y grupos de presión. Los mismos que incentivaron una de las mayores burbujas de nuestra historia reciente, la solar fotovoltaica, quieren repetirla.

Recordemos que en España la energía solar supone menos del 6 % de la electricidad producida y más del 22 % de las subvenciones.

No, el sol no es gratis, pero no por culpa de un gobierno que ha tenido que legislar para evitar que las burbujas se repitan, que ha tenido que lidiar con una tarifa condenada a subir un 11 % anual por los excesos del pasado. El sol no es gratis porque lo pagamos cinco veces más caro que el petróleo por las subvenciones acumuladas.

Las energías renovables son esenciales. Los que intentan promover otra burbuja a costa del consumidor no las defienden. Solo se aprovechan.

Soy partidario del autoconsumo, por supuesto. Pero no de dejarle el facturón de nuestra caradura verde y negra-carbón a los que queden. Porque no se puede construir la casa por el tejado. Se tiene que racionalizar el mercado eléctrico, reducir costes fijos, impuestos y subvenciones y dejar que las empresas compitan, no subvencionar el exceso de capacidad. Permitir que se limpie el exceso cometido durante la época de «a crecer a crecer».

Y soy partidario de que se limpien los sectores ineficientes que se lanzaron a la burbuja, partidario de que se acaben ya las subvenciones al carbón —que no tienen nada de verde y todo de político— y, sobre todo, de que los errores de planificación no los paguen los consumidores. Que los que se benefician de las subvenciones no le echen la culpa a todo el mundo menos a ellos, mientras cobran el cheque todos los meses.

Quiero autoconsumo cuando tengamos un sistema donde haya verdadera competencia, donde nadie venda su electricidad garantizado por ley, donde no haya primas y sí deducciones fiscales, y donde todas las tecnologías, renovables o no, compitan sin «régimen especial» ni pagos especiales.

Quiero que el consumidor más desfavorecido, el que no tenga el lujo de disponer de varios miles de euros y un chalé individual para instalar un panel en el tejado, no tenga que pagar el exceso que dejaron los de «el coste, mientras sea verde, no importa».

Convertir el autoconsumo en una solución de privilegiados para el exceso creado desde la demagogia, la mala planificación y las subvenciones no es nada liberal. Primero, los cimientos, que si no la factura de la fiesta subvencionada 2004-2010 la van a pagar, como siempre, los pobres.

En definitiva, el reto de la política energética es apasionante. Tenemos los cimientos para convertir Europa en una potencia mundial competitiva, autosuficiente y con tecnologías eficientes. La sustitución se debe hacer igual que el petróleo acabó con el aceite de ballena. No porque lo decidió un comité, sino porque el coste era menor.

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Europa y política europea

La posición de España en Europa debe cumplir tres objetivos fundamentales:

Desligarse de las rémoras de los países mal llamados periféricos liderando un modelo de mejora de la competitividad desde el valor añadido, exportador y convirtiendo al país en un hub tecnológico y energético.

Separarse del modelo francés dirigista y acercarse al de los países líderes como Alemania, Holanda, Finlandia o Reino Unido, con el objetivo de ser uno de los principales en facilidad para crear empresas y atraer capital.

Fomentar el crecimiento desde el superávit comercial y la innovación, no desde el endeudamiento y esperando que Alemania rescate a todos.

En resumen, la posición de España no debe ser la de aglutinadora de las economías más ineficientes para buscar que nos financie nuestros desequilibrios Alemania, algo que nunca va a pasar, sino ser el ejemplo —como se ha demostrado en el período 2013-2015— de mejora de competitividad, cambio de patrón de crecimiento y moderación presupuestaria dentro de un entorno en el que Bruselas ha sido extremadamente generosa.

España lleva ocho años de expansión fiscal con un estímulo anual superior a los 60 000 millones. No podemos pensar que el endeudamiento va a seguir siendo nuestro comodín.

Si España se une a los líderes en competitividad y apertura no solo cambiará la percepción de la Unión Europea como un monstruo burocrático e ineficiente, sino que sería la fórmula ideal para que el Reino Unido decida mantenerse en la Unión.

España no puede conformarse con unirse a los malos de la clase para que nos aprueben a todos, porque no funciona. Debe unirse a los líderes para que Europa no sea un dinosaurio que crece menos de la mitad que el resto del mundo, sino una unidad de países abiertos y dinámicos.

El Brexit, ¿puede salvar a la Unión Europea?

La carta que presentó David Cameron a la Unión Europea buscando renegociar el tratado es extremadamente importante para el futuro de Europa. Fundamentalmente porque todo lo que pide es perfectamente razonable y, además, apoyaría el crecimiento y la competitividad de todos los estados miembros.

Conviene recordar que la última encuesta publicada en el Reino Unido muestra una caída importante del apoyo a permanecer en la Unión Europea —de un 61 % a un 52 %— y un aumento relevante de los que quieren salir —39 % comparado con un 27 % hace unos meses.

Los cuatro pilares de las peticiones de Cameron son: competitividad, gobernanza económica, soberanía e inmigración.

No son peticiones alocadas. Son perfectamente lógicas. Y, además, urgentes para cambiar una Unión Europea burocratizada, moldeada con el patrón del dirigismo francés y la intervención constante, que ha sido incapaz de mostrar patrones de crecimiento sólidos.

El Reino Unido ha creado más puestos de trabajo que toda la Unión Europea junta en cuatro años —y eso con una inmigración neta de más de 318 000 personas en 2014—, y crece más del doble con una política de apertura, bajos impuestos y defensa total de la propiedad privada. No solo el Reino Unido, Irlanda también crece más que algunos socios. No debemos ignorar los modelos que han funcionado y, lo que es más importante, ante el estancamiento secular de los modelos dirigistas, debemos rechazar urgentemente que se instaure ese anquilosamiento en toda Europa.

Es un soplo de aire fresco que un líder europeo demande, por fin, competitividad, libre comercio, apertura y soberanía para sacar lo mejor de cada país. Muchos se benefician de tener la moneda única y la valoran. Otros no lo ven así. El futuro no lo decide una integración que convierta a todos los Estados en réplicas de Francia.

El problema de la UE es que tienen 27 Washingtons y ninguna Texas.

DICK CHENEY
exvicepresidente estadounidense.

Algunas consideraciones a tener en cuenta:

El comercio con la UE supone alrededor del 42,5 % de las exportaciones de Reino Unido si descontamos lo que en Londres se llama el Rotterdam effect, es decir, la cifra que muchos incluyen por la utilización del puerto holandés, que es internacional y abierto.

La contribución neta del Reino Unido a la UE se ha disparado de 3300 millones de libras en 2008 a 9800 millones en 2014, el segundo mayor contribuyente neto, mientras que el porcentaje de exportaciones a los países de la Unión caía. Este es uno de los principales problemas de percepción pública, el coste. El segundo, la burocracia. En el Reino Unido se percibe que lo que se impone en Europa es profundizar en el modelo intervencionista fracasado y en el estatismo que solo ha generado estancamiento. No se le escapa al ciudadano británico que los populismos emergentes en algunos países tienen como objetivo esencial pagar su ansiada fiesta de despilfarro con el dinero de, entre otros, los ingleses.

Los estudios son muy dispares, pero desde el Institute of Economic Affairs estiman un coste de la permanencia cercano a un 3 % del PIB de las islas. Solo he leído un informe que estime un beneficio neto, del CBI, cercano al 4 % del PIB, pero dicho informe asume que todo el comercio entre Reino Unido y la UE es resultado de la pertenencia a la Unión. Se antoja difícil pensar que todo el flujo comercial es resultado de ser país miembro, pero aún más difícil asumir que gran parte o la mayoría de esas transacciones se desvanecerían estando fuera de la UE. El hecho de que Reino Unido tenga moneda propia es irrelevante. Hay muchos países de la UE que no están en el euro.

Una salida del Reino Unido tendría impacto en el sector financiero: un problema nada desdeñable de regulaciones y exigencias de capital distintas, así como impacto si algunos bancos y casas de inversión se ven forzadas a dejar el Reino Unido. El argumento contrario es que el flujo financiero aumentaría hacia las islas por la deriva intervencionista de una UE ex-UK. Se estiman tres millones de puestos de trabajo directos e indirectos por pertenencia a la UE. Podría darse un aumento del paro. También se argumenta que el Reino Unido crea más puestos de trabajo y no contaría con el flujo migratorio antes mencionado.

Comercio, un impacto para ambas partes, que sufrirían mientras se renegocian o firman tratados bilaterales. Sobre un total de 430 000 millones de libras, incluso porcentajes pequeños deben valorarse con cuidado.

Pero si la UE pierde a uno de sus contribuyentes netos, puede ser muy negativo, porque el porcentaje de «pagadores» comparado con «cobradores» convertiría a la Unión en un club de equilibrio mucho más inestable.

Los riesgos no se pueden delimitar fácilmente, aunque siendo cauteloso puede ser perfectamente de un 1-3 % del PIB de Reino Unido y un 0,5-0,7 % para el resto de la UE en el escenario negativo.

La carta de Cameron nos da a todos la oportunidad de acabar con un modelo de Europa que va contra los principios de libre mercado y apertura que inspiraron la construcción europea y que prefieren los ciudadanos no solamente del Reino Unido, sino de Finlandia, Holanda, Polonia y muchos otros.

A la UE le conviene tener un socio como el británico, que vele por los principios de libertad y apertura, y al Reino Unido le interesa mantenerse en una unión donde se recuperen los objetivos de libre comercio.

Intentar convencer a uno de los que pagan de que un modelo de estancamiento e impuestos crecientes es intocable resulta, cuando menos, peligroso.

El banco central no imprime crecimiento. La política monetaria europea.

El 1 de noviembre de 2011, Mario Draghi comenzó su mandato como presidente del BCE.

Desde entonces, la Unión Europea ha llevado a cabo un estímulo enorme con resultados más que decepcionantes. Sin embargo, no se puede criticar a Draghi su labor, que ha sido ejemplar a la hora de evitar riesgos, calmar los períodos de pánico y recordar con fastidiosa insistencia que «la política monetaria no funciona sin reformas».

Los datos muestran que el plan de estímulos no funciona. Ni siquiera ha dado la deseada «euforia por gas de la risa monetario», dejando a multitud de inversores atrapados ante la promesa de que «los bancos centrales apoyan».

Cuando se lanzó la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, el exceso de liquidez en el sistema era de unos 125 000 millones. A principios de este año, cuando las palabras de Draghi daban un respiro a las bolsas, superaba los 639 000 millones de euros.

Eso muestra que ni los tipos ultrabajos ni el chute de liquidez hacen que los agentes económicos inviertan o pidan más crédito.

Tras 720 000 millones de estímulos, el índice de producción manufacturera de enero de 2016 se situaba en 53,5 cayendo desde 54,3, el peor nivel desde febrero de 2015. Eso implica un crecimiento trimestral de un máximo de 0,3 %, niveles similares a los que se daban antes del plan de estímulo. Incluso si se eliminan los factores externos (importaciones, exportaciones) el índice de servicios también se ha ralentizado.

Y es que el problema de Europa no es de liquidez ni de acceso a crédito, sino de exceso de capacidad y endeudamiento soberano, que se financia con impuestos crecientes y represión financiera, reduciendo la capacidad marginal de consumo y de recuperación al perpetuar dicha sobrecapacidad y sostener a los sectores endeudados e ineficientes.

La mayor parte de la masa monetaria emitida por el BCE no encuentra lugar donde invertir. En el caso de algunas emisiones de bonos, el BCE supone ya más del 100 % de la demanda. La capacidad de compra supera a las necesidades netas de financiación de muchos países. No falta liquidez, sobra capacidad y falta crédito solvente, al menos falta demanda del mismo en la cantidad monstruosa que supone el estímulo mensual, 60 000 millones.

Se vuelve a demostrar lo que llevamos diciendo años. El banco central puede mitigar o poner parches a algunos problemas puntuales de pánico, pero no soluciona problemas estructurales. .

El banco central no puede imprimir crecimiento ni crear inflación porque lo decida un comité.

Si atendemos a las previsiones más optimistas de necesidades de inversión en Europa —y son muy exageradas—, el total —350 000 millones— es alrededor de la mitad de lo que «imprime» el BCE cada año. ¿Dónde invertimos el resto? Se va a inflar activos financieros y perpetuar burbujas.

El problema de Europa no es de falta de inversión tras dos décadas de planes industriales que han dejado una sobrecapacidad del 20 % y una enorme deuda. Es de exceso de gasto.

Estamos hablando de un crecimiento del PIB real inferior a la mitad del déficit incurrido ya desde 2007. Al finalizar 2015, la UE se encontró con que, desde 2011, ha necesitado dos unidades de deuda total adicional para crear una unidad de PIB.

Pero el mayor reto de Draghi va a ser cómo salir de una política expansiva.

Si la Reserva Federal, contando con el dólar como moneda de reserva global, es incapaz de subir los tipos de 0 a 0,25 %, imaginen lo complicado que va a ser salir de una política expansiva en una Europa donde los Estados se niegan a reconocer el problema de exceso de gasto.

Francia, el ejemplo de que el BCE no imprime crecimiento

El problema de Francia sigue siendo el mismo de siempre: anunciar reformas que solo se cumplen a medias y mantener unas rigideces que afectan a su patrón de crecimiento. Mientras los políticos y medios hablan constantemente de la necesidad de «reformar», todo permanece intocable, estático, con un crecimiento anémico y un paro estructural alto, del 10,5 %, del cual el desempleo juvenil es cercano al 26 %. Parte del problema es un sector público que supera el 22 % de la fuerza laboral y supone casi el 48 % del presupuesto, con uno de los mayores gastos públicos de la OCDE —el séptimo mayor del mundo— del 57 % del PIB.

El otro gran error es que para financiar ese enorme gasto público, se acude a subidas de impuestos, que ya suponen el 48 % del PIB, que afectan al crecimiento, la creación de empresas, empleo y la competitividad, lo que le ha llevado a ver sus exportaciones perder peso mundial, mientras su vecina Alemania se lanzaba a un récord histórico de superávit comercial y además reducía el desempleo a niveles de la considerada «tasa natural». Es decir, casi al pleno empleo.

Es impresionante ver la diferencia entre Alemania y Francia, que tenían similares estructuras a principios del año 2000.

Alemania ha pasado de déficit a superávit comercial de más de 240 000 millones, con déficit fiscal cero, un paro a mínimos históricos del 4,7 % y aumentando su cuota de mercado de exportaciones globales. Francia ha perdido cuota de mercado en exportaciones, según la OCDE y sigue con déficit fiscal y comercial superior a los objetivos fijados.

Cualquiera que viaje por Francia solo ve oportunidades. Es un país rico, educado y con enorme potencial que podría crecer al 2,5 % anual con una política de atracción de capital y flexibilización. Es una pena que, teniendo cerca modelos de flexibilidad y apertura de éxito, no los adopte.

Para España, que Francia vaya bien es esencial. Si Francia creciese al nivel de Alemania la aportación al PIB español por su parte de la balanza exterior se podría duplicar.

Recientemente en el Foro Económico Mundial (Davos, Suiza), Emmanuel Macron, ministro de Economía de Francia, anunció que el gobierno socialista francés prepara una reforma laboral «para eliminar rigideces» en línea con la realizada en España. Reconociendo así que la reforma laboral española ha tenido buenos resultados en la medida en que se ha basado en flexibilizar el mercado laboral.

Una de las medidas del Ejecutivo socialista francés (en total contraste con la posición del PSOE en España), es la descentralización de la negociación colectiva. «Se van a poder negociar convenios al nivel de la empresa, con lo que se va a crear más flexibilidad».

Europa quiere ayudar a Grecia, pero no en contra de su voluntad.

ANGELA MERKEL.

Debemos tener una cosa clara, la Unión Europea no puede evitar que un país miembro se busque la ruina. El ejemplo más cercano que tenemos es Grecia. Europa no interviene ni interfiere en las elecciones democráticas que hacen los Estados miembros y no se hace responsable de los resultados de las mismas. Europa pone unas condiciones que todos aceptamos, si un país no lo hace, tiene un gran problema. Pero el problema es fundamentalmente de ese país, por no haber adoptado las medidas adecuadas. Si incumplimos sistemáticamente con los objetivos de déficit y nos vemos obligados a revisar los presupuestos para compensar los ingresos con subidas de impuestos, entraremos en un bucle de autodestrucción porque frenaremos el crecimiento. Si queremos que la UE nos ayude, deberemos aceptar sus condiciones, y entonces será cuando las promesas del enorme gasto se convierten en la realidad de los peores recortes.

España consiguió en 2015 pagar menos intereses de la deuda —sobre PIB— que en 2007, a pesar del aumento del endeudamiento. El apoyo del Banco Central Europeo ha sido muy importante, pero no olvidemos que en 2008 ya compraba miles de millones de deuda y la prima de riesgo se disparaba. España ha reducido sus necesidades de financiación neta pública a la mitad y la deuda privada a niveles de 2006. Hemos pasado de ser casi un 30 % de las emisiones de deuda de la eurozona —una salvajada— a alrededor del 10 %.

Pero el apoyo del BCE no es incondicional ni eterno. Las propuestas que pretenden imponernos a todos, aquellos que representan un 20 % de los votos, son tan brutales, desde procesos constituyentes bolivarianos a planes rupturistas y gasto descontrolado, que pensar que el BCE va a financiar esa locura es pecar, cuando menos, de optimista. Porque detrás de todas esas promesas de gasto eterno está «que lo paguen los otros». Y eso no va a ocurrir.

En 2016 vencen más de 85 000 millones de euros de deuda y en 2017 otra cifra similar. Los genios de «los jardines de Atocha» y «arderéis como en el 36» y sus propuestas hilarantes, piensan que los inversores y Europa van a sacar la cartera para invertir en semejante fiesta. Este año vencen, a su vez, más de 65 000 millones de euros de deuda corporativa. Los iluminados piensan que van a ahogar a todas esas empresas a impuestos y que, además de financiarse barato, van a contratar indefinido y a pagar sueldazos, mientras se dispara la prima de riesgo.

Romper la fiabilidad e incentivar la incertidumbre es muy apetecible para el intervencionista. Se autoconcede el título de «el Pueblo» y, cuando se equivoca, traslada los errores y fracasos a un enemigo exterior. La culpa siempre es de otro porque «el Pueblo» no se equivoca y «la democracia» lo ha decidido. Aunque decida democráticamente tirarse todos a una por el barranco. La culpa es «del capital».

Podéis verlo como queráis, pero aunque pataleen, se quejen, lo nieguen o lo intenten intervenir, la realidad es que si rompemos la confianza y nos lanzamos a romper la baraja, volveremos a caer en los errores del pasado.

Creer, como hicieron Tsipras y Varoufakis, que porque eres la cuarta economía de la eurozona te van a tener que admitir cualquier disparate que desees es ridículo. Que además les dé igual porque el destrozo lo tendrá que solucionar otro o porque ya ocupan el poder, es muy triste.

Una Europa donde tres de cada cuatro partidos políticos piensan que la solución a un problema de deuda y gasto excesivo es gastar más, la labor del BCE va a ser muy dura.

Porque el exceso de déficit no viene de invertir y crear un entorno de crecimiento potencial mayor, viene de gasto corriente. Y por lo tanto, si no se revierte la ecuación y crecemos más y mejor, el problema no se va a solucionar con más estímulos.

Epílogo

En estos últimos años he asistido a numerosos debates en televisión, enfrente he tenido a defensores de todas las ideologías. Es realmente estimulante y considero esencial que participemos del debate económico y político de manera pública. Que contrapongamos nuestras ideas a las del consenso. Poco a poco, el espectador se va acostumbrando a recibir mensajes de otras escuelas económicas que en España siempre han sido ignoradas. Y de esta manera dispone de más recursos para conformarse su propia opinión.

Recuerdo como en las primeras tertulias me llamaban «provocador», simplemente por decir cosas como «los mercados somos todos». Y aunque aún hoy hay quien nos llama «neo (turbo) liberales», es cierto que el concepto de economista liberal se ha ido normalizando. No estoy solo en esto, muchos son los economistas y analistas liberales que están ocupando un lugar destacado en los medios de comunicación. Y es justo reconocer que La Sexta ha contado siempre con nosotros, proporcionando así un espacio plural a su espectador.

Empezamos a vernos y a leernos, vosotros y yo, cuando España estaba atravesando un momento muy difícil. Juntos hemos analizado cada dato, cada nueva medida, cada reforma acometida. Juntos hemos sido testigos de que España empezaba a curarse. Y no por ello hemos dejado de reivindicar más reformas para hacer de nuestro país el motor económico de Europa, para colocar a España en el liderazgo de la recuperación y como ejemplo para otros muchos países (como ya ha ocurrido).

En esta ocasión nuestro encuentro se produce en medio de una nueva encrucijada. España vive momentos de convulsión política tras los inéditos resultados electorales y, mientras escribo este libro, asistimos a un espectáculo donde cada día se anuncian posibles pactos que no llegan a consumarse por la dificultad de precisar de varias fuerzas políticas para los mismos. Y España, nuestro país, que con tanto esfuerzo ha logrado recuperarse y crecer de nuevo, ve como toda esa titánica labor pende de un hilo ante la inestabilidad institucional.

El reto ahora es mayor si cabe. Las fuerzas mayoritarias deben abrir un nuevo marco de relaciones y valores donde la capacidad para llegar a acuerdos son más que necesarios.

La batalla de las ideas es más importante que nunca en un entorno en el que un partido que se declara enemigo de la economía de libre mercado, de la soberanía nacional y que es heredero de políticas tan nefastas como las llevadas a cabo en Venezuela, ocupa una parte importante del Congreso de los Diputados, además de gobernar las principales ciudades del país, donde ya se advierten los primeros síntomas de sus políticas fallidas y abocadas al fracaso. Los demócratas españoles tenemos un gran reto por delante, defender nuestra libertad.

A lo largo de estas páginas he querido proponer una serie de reformas, que lejos de ser aventuradas, son reformas que otros países de nuestro entorno han adoptado con éxito. Porque eso es lo que repito una y otra vez, fijémonos en los campeones del crecimiento, en los países con altos índices de bienestar, veamos qué han hecho para lograr ese equilibrio que todos anhelamos. Ya se los digo yo, es la libertad económica. Siempre es primero el crecimiento económico y después el bienestar social, querer invertir este orden natural de las cosas es disparatado y muy peligroso. Así lo demuestra la historia.

Me peguntaron en una entrevista cuál era para mí la mayor lección que nos dejaba el año 2015. «Haber perdido la fe en la política mágica del Banco Central Europeo», respondí. En un entorno de políticas monetarias expansivas hasta el extremo, solo aquellos países que paralelamente han llevado a cabo reformas estructurales han podido revisar al alza su expectativa de crecimiento. Ojalá aprendamos de una vez la lección de que no se puede imprimir el crecimiento. Que las bases de una sociedad próspera son la apertura para atraer capital, la seguridad jurídica e institucional y el fomento del ahorro.

Espero de todo corazón, que tú, mi querido lector, compartas conmigo al menos una máxima que me ayuda a poner todo en perspectiva: pensar en la familia como la principal unidad económica de una sociedad.

Queramos, pues, para nuestro país, lo que queremos para nuestra familia.

29 de enero de 2016.

Agradecimientos

A Yanire Guillén Rojas por su inestimable ayuda en la elaboración de este libro.

A La Sexta Noche, Antena 3, Ediciones Deusto, El Confidencial, La Razón, Universidad Católica de Valencia, CNBC, The Wall Street Journal, Instituto Juan de Mariana y el think tank Civismo.

DANIEL LACALLE. Es economista y gestor de fondos de inversión. Casado y con tres hijos, reside en Londres.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, posee el título de analista financiero internacional CIIA (Certified International Investment Analyst), máster en Investigación Económica (UCV) y posgrado (PDD) por el IESE (Universidad de Navarra).

Su carrera en gestión de carteras e inversión comenzó en Estados Unidos y continuó en Londres (en Citadel y Ecofin Limited), abarcando renta variable, fija, capital riesgo y materias primas.

Ha sido votado durante cinco años consecutivos en el Top 3 de los mejores gestores del Extel Survey, el ranking de Thomson Reuters, en las categorías Estrategia General, Petroleo y Eléctricas.

Previa a su etapa como gestor, trabajó como analista financiero en ABN Amro (hoy RBS), y llevó a cabo distintas responsabilidades en Repsol y Enagas, donde recibió el premio a la mejor OPV (IR Awards 2002).

Daniel Lacalle es autor de Nosotros, los Mercados (2013). También es autor del bestseller Viaje a la Libertad Económica (2013) y La Madre de Todas las Batallas (2014, junto a Diego Parrilla), publicado originalmente en inglés como The Energy World Is Flat.

Sus dos obras más recientes son Acabemos con el Paro (2015) y Hablando se Entiende la Gente (con Juan Torres y Emilio Ontiveros).

Escribe una columna diaria en El Confidencial, y colabora habitualmente en La Razón, Inversión, la CNBC, BBC, El Mundo, Intereconomía, 13TV, Espejo Público, La Sexta, The Commentator y The Wall Street Journal.

Daniel Lacalle ha dado clases en la London School of Economics (verano 2013, 2014 y 2015), Instituto de Empresa (Economía para Inversores), Escuela AFI (2012) y en el master MEMFI de la UNED (2013 y 2014).

Notas

[1] http://david​stockmanscontr​acorner.com/the-eus-stalinesque4-year-plan-for-public-investment-boondoggles/ y EU Planning to spend money it doesn’t have http://www.acting-man.com/?p=34 229. <<

[2] http://www.libremercado.com/2013-09-07/pensiones-en-suecia-la-reforma-que-el-pp-no-se-atreve-a-hacer-1 276 498 823/. <<

[3] http://www.javiergaite.com/empieza-ya-mismo-crear-tu-propia-jubilacion-por-muy-joven-que-seas/. <<

[4] http://www.libremercado.com/2015-05-05/el-estado-del-bienestar-se-mantiene-intacto-durante-la-crisis-1 276 547 143/. <<

[5] http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-11-21/bienvenidos-al-silicon-valley-nordico-puedes-hasta-donar-organos-por-internet_500 029/. <<

[6] http://www.dlacalle.com/la-creacion-de-empleo-esta-en-peligro/. <<

[7] http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2013/09/ 20 130 916-datos-cifras.html. <<

[8] https://www.colegiobs.eu/Blog/El-desarrollo-de-las-habilidades-ventaja-fundamental-del-Curriculum-Britanico-frente-al-Sistema-Educativo-Espanol.html. <<

[9] http://www.civismo.org/es/investigaciones/informes/dia-de-la-liberacion-fiscal-2015. <<

[10] http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015. <<

[11] http://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diaio/stagnularity-puede-la-innovacion-sobrevivir-al-regulador. <<

[12] http://www.elconfidencial.com/economia/2016-01-15/el-ttip-generara-350-000-empleos-en-espana-en-cinco-anos-y-elevara-el-pib-cerca-del-1_1 135 744/. <<