El golpe
posmoderno

15 lecciones para el futuro
de la democracia

DANIEL GASCÓN

INTRODUCCIÓN

Un golpe posmoderno

La deriva ilegal del independentismo catalán ha sido el mayor desafío que ha tenido que afrontar la democracia española contemporánea. Es un fenómeno complejo, emparentado con casos como el Brexit, que se desarrolla en un contexto de repliegue identitario y de rechazo al establishment. Combina muchos elementos e inspira visiones polarizadas e inevitablemente simplificadoras.

Como escribió Miguel Aguilar en la revista Letras Libres, existía un malentendido en la cuestión catalana:[1] consistía en la confusión entre dos problemas diferentes. Por un lado, estaba el asunto de la financiación y el encaje de Cataluña en España. Por otro, la aventura ilegal en la que se metió el Gobierno catalán. Esa aventura ilegal y sus consecuencias son el tema de este libro.

Ya hemos podido ver algunos efectos de la deriva anticonstitucional: la quiebra de la convivencia, las pérdidas económicas, la tensión política y social, un grave desgaste de las instituciones autonómicas y estatales. Todavía no podemos calcular con precisión la gravedad de los hechos, ni sabemos lo fácil —o posible— que será recomponer lo que se ha roto, apagar las pasiones que se han alzado o gestionar la frustración de muchas personas que creyeron honestamente en las bondades de una mercancía averiada, pero parece claro que el episodio ha sido muy negativo para Cataluña y para España.

En este descalabro se han cometido muchos errores, a lo largo de mucho tiempo. Quizá el Gobierno español ha hecho demasiado poco y demasiado tarde, tras desdeñar el problema durante años. Posiblemente José Luis Rodríguez Zapatero sobreestimó, como sucedió en otras ocasiones, la capacidad de las buenas intenciones para arreglar problemas complejos, e infravaloró el daño que pueden causar las consecuencias inesperadas. El Gobierno del Partido Popular reaccionó en el último momento y dio a veces la sensación de minusvalorar el conflicto o de abordarlo con una rigidez excesiva: lo de Cataluña, parecían pensar algunos, era una algarada. Ha habido en España líderes irresponsables, declaraciones imprudentes y campañas estúpidas. Pero que los errores estén repartidos no significa que todos los implicados tengan la misma responsabilidad: quienes rompieron la legalidad fueron las autoridades independentistas catalanas. Hablar de esa vulneración de la ley no es defender el statu quo o parapetarse en el inmovilismo: esa ruptura entrañaba la violación de los derechos de quienes no pensaban como ellos.

Con todos sus efectos negativos, lo que ocurrió en los últimos meses de 2017 también tiene un aspecto pedagógico y casi fascinante. Era algo inédito: una rebelión contra una democracia liberal en una región donde la renta per cápita supera los 25.000 euros. Fue un curso de política en tiempo real, un experimento en el que se debatía quién tiene la autoridad legítima y en el cual se enfrentaban dos concepciones de la democracia: una liberal pluralista, la otra iliberal y plebiscitaria. Una apelaba a la separación de poderes; la otra, a la voluntad general de «un solo pueblo». Se discutía qué es un golpe de Estado, cuál es la comunidad política y de solidaridad, quién tiene el monopolio de la violencia legítima. ¿Una revuelta posmoderna, líquida, sería capaz de vencer a un Estado moderno?

Hemos visto la rebelión, revestida de todas las convenciones y la retórica de la lucha por la dignidad de los pueblos oprimidos, de una minoría rica contra una democracia liberal. El desafío es abierto, claro, pero en apariencia pacífico. Se quebraron las leyes, se denunció a los críticos en las redes sociales y se atacaron sedes de partidos contrarios a la independencia, pero no hubo violencia física explícita. Esto a menudo contrastaba con un lenguaje extremadamente inflamado y emocional.

Las revoluciones de los ricos no son infrecuentes, pero una particularidad de esta rebelión es que a mucha gente le parecía que poseía un componente progresista, aunque por medio del procés los ricos trataban de librarse de los pobres. Algunos factores tienen que ver con la historia de la península, así como con la mitología nacionalista, pero, del mismo modo que presentar este fenómeno como una discusión entre Cataluña y España es falaz porque oculta el conflicto entre catalanes, también sería un error verlo en coordenadas meramente hispánicas. En su génesis y en su resolución confluyen asimismo factores globales, como la crisis económica, el debilitamiento de la soberanía política y la pérdida de confianza en el futuro que han experimentado muchas sociedades occidentales. A su vez han desempeñado un papel importante el rechazo a las instancias mediadoras, la importancia de la identidad, la promesa demagógica y una visión maniquea potenciada por los mecanismos de la conversación digital. En muchos sentidos —desde las apelaciones a la democracia directa y el rechazo a la mediación, desde el uso fraudulento de los datos, hasta la demonización de las normas que vienen de otro lugar, pasando por la esperanza en una combinación de aislamiento y globalización— el procés recuerda al Brexit, y ambos acontecimientos comparten la paradoja de que una población alabada por su sensatez y su rechazo al aventurismo se transforma de pronto en romántica.

El episodio, que alcanzó su punto culminante en el otoño de 2017 tras cinco años de proceso, con la declaración de una República que no llegó a ser, ha sido un golpe posmoderno. Para Hans Kelsen, un golpe de Estado se produce cuando un orden legal es anulado y sustituido de forma ilegítima, es decir, de una manera no prescrita por el primer orden. Eso es lo que ocurrió en el Parlament el 6 y el 7 de septiembre.

Pero el golpe, o el intento, también ha sido ambiguo, no declaradamente violento, siempre negable. La forma de cruzar una línea roja es hacerlo muy despacio, de manera que no se sabe exactamente cuándo la has atravesado: ¿el 6 y el 7 de septiembre, cuando la escuálida mayoría secesionista pasó por encima del Estatut, de la Constitución, de los derechos de los diputados de la oposición y del propio reglamento parlamentario, aprobando una Ley de Transitoriedad y una Ley del Referéndum con menos del 48 por ciento del voto popular y poco más de la mitad de los escaños, menos de lo necesario para una reforma de menor importancia como una modificación del Estatut, o simplemente cambiar al Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo)? ¿El 1 de octubre, con la celebración (o no) de una votación ilegal, obstaculizada por la policía? ¿El 10, cuando el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont declaró la independencia y la suspendió ocho segundos después? ¿Esa madrugada, cuando los diputados secesionistas firmaron una carta sin membrete que proclamaba la independencia? ¿El lunes siguiente, cuando ante el requerimiento del Gobierno español para que confirmase si había habido declaración unilateral o no, Puigdemont evitó dar una contestación clara, sabiendo que todo lo que no fuera un «no» se entendería como una admisión? ¿El 19, cuando el president escribió a Mariano Rajoy que si no había diálogo el Parlament podía votar la declaración de independencia, lo que daba a entender que no se había declarado nueve días antes, y al mismo tiempo era una forma de amenazar al Estado? ¿O cuando los secesionistas la votaron el día 27, de nuevo sin la oposición en la sala, de manera secreta y contra los criterios de los letrados de la cámara, lo que inevitablemente provocaba la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a fin de restaurar la legalidad en Cataluña?

Durante buena parte del procés existía la percepción de que solo era una especie de declaración de intenciones, una cosa expresiva, «posmoderna». Esa táctica buscaba que, en cierto momento, esa transgresión fuera para el Estado una cuestión seria, y provocara una respuesta. La respuesta del Estado, pensaban los independentistas, tendría que ser moderna, y la opinión pública y el mundo no podrían aceptarla. Siempre se vería como algo desproporcionado, y permitiría que quienes habían asaltado el Estado de derecho se presentaran como mártires democráticos y lograran los apoyos necesarios, internos y externos, para alcanzar sus objetivos.

En estos meses, quizá los más tensos de la política española en decenios, era fácil hartarse de la gente que decía que estaba harta de hablar de Cataluña. El asunto monopolizó el debate nacional, e impidió que se trataran otros asuntos urgentes e importantes. Pero no creo que sea solo una cuestión de banderas, o algo que podamos pasar por alto. Lo que se discutía eran cosas muy importantes, como qué es el demos o el tipo de democracia que queremos tener. Hemos visto un cuestionamiento de las instituciones intermedias, un asalto a la democracia realizado en nombre de la democracia. Hemos visto también la capacidad de reacción que tiene un Estado frente a un asalto de estas características. La idea de que estábamos ante un proceso de abajo arriba y casi espontáneo era falsa, pero se utilizó como argumento para violar las garantías de la democracia liberal: este es un conflicto que se repite, con variantes, en nuestro mundo moderno, inmerso en una crisis de la mediación y, por tanto, de la democracia representativa. La inmensa mayoría de estos ataques —la presión a los tribunales, las concentraciones que a sabiendas o no exigen la retirada de la presunción de inocencia en el tipo de crimen que más nos preocupa, la petición de que un programa ofensivo sea eliminado de la parrilla o el despido de columnistas demasiado conservadores o demasiado izquierdistas— se realizan en nombre del bien, y quizá sin pensar en las consecuencias negativas. Con la idea de que ese armazón liberal, para lo privado o lo público, solo debe proteger a los buenos y únicamente debe sostener a las buenas causas.

A lo largo del procés se ha hablado mucho de la batalla por el relato. Hemos visto una producción extraordinaria de análisis: estudios empíricos, reflexiones sobre la organización y la función de los medios o de la educación, polémicas y visiones enfrentadas. Todo ello ha formado parte del aprendizaje de muchos ciudadanos y ha sido útil para escribir este libro. La crisis catalana colocaba a muchos comentaristas en una posición incómoda: tenían que defender el sistema. Eso no significa que debieran negar sus defectos, o que uno fuera necesariamente defensor de que la articulación entre Cataluña y España permaneciera en los términos actuales. Algunos eran partidarios de más o menos autonomía, de opciones como el referéndum o una reforma constitucional. Entre ellos había federalistas y centralistas, y personas que ocupan espacios muy distintos del espectro ideológico. Pero, para gente cuyo negocio es la diferencia, producir miradas levemente dispares, esa posición no dejaba de ser un chasco. Algo que vas descubriendo a medida que envejeces es que no eres tan especial: en cierta medida, eso es hacerse adulto. Pero un columnista o un comentarista quiere ser siempre joven. Y posiblemente lo necesite.

Christopher Hitchens decía en sus memorias que la tarea del intelectual es mostrar la complejidad de las cosas, atender a la gama de grises, encontrar los elementos que quizá se habían pasado por alto pero que ayudan a entender la situación. Sin embargo hay casos, decía Hitchens, en los que el trabajo consiste en trazar una línea entre los grises, en hacer distinciones esenciales y sencillas. Creo que algo así sucedió en la deriva ilegal del procés.

El objetivo puede parecer contradictorio: impugnar el relato simplificador que han intentado imponer los independentistas, por fidelidad a la realidad y en defensa de una democracia más compleja.

Como eran dos problemas diferentes, el fracaso del procés, que se derritiera al entrar en contacto con la realidad, no supone el final del problema. Para encontrar soluciones se necesitarán inteligencia, firmeza, flexibilidad, generosidad, pragmatismo y una buena dosis de suerte.

El separatismo viene del pasado, y nos ha puesto frente a cosas que ya no creíamos que fueran a suceder: la discusión por las fronteras, el conflicto étnico, la posibilidad real de violencia. Pero quizá también anuncia el futuro.

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Cómo combinar lo viejo y lo nuevo

Lo que hemos visto en Cataluña es algo muy moderno: el asalto al Estado de derecho por medio de un procedimiento no abiertamente violento, transmitido y transformado en la cacofonía de las redes sociales. Se ha servido de técnicas contemporáneas y viejos trampantojos, de una sensibilidad antiestablishment y del cambio en la economía de la comunicación: las persecuciones a los críticos en Twitter, la sustitución de la argumentación por el sarcasmo, la proliferación de noticias e imágenes falsas.

Entre los logros del independentismo está convencer de que se trataba de adquirir un derecho —el derecho a decidir, un eufemismo afortunado de la autodeterminación—, cuando en realidad se intentaba quitar un derecho a los demás. Para lograr el objetivo de la independencia, se pretendía sustituir la democracia liberal pluralista por una concepción plebiscitaria que permitiría la imposición de la voluntad de una minoría de catalanes. Una sociedad diversa quedaba reducida a una cuestión binaria: el deseo de un pueblo y los que querían coartar su libertad.

Los dirigentes y comentaristas que defendían la secesión han mentido sobre el pasado, el presente y el futuro: en el terreno económico, por ejemplo, se falsearon las cifras de la contribución de Cataluña al resto del Estado, se inventaron balanzas fiscales en otros países y se dijo que la salida de Cataluña de España no tendría efectos económicos negativos.

Hay también una especie de vaciado de las palabras. Se habla de más democracia, pero no se sabe exactamente qué significa eso. La declaración de independencia dejó al comentarista indeciso: ¿era un ejemplo de astucia o una muestra de incompetencia? El lenguaje es incendiario o conciliador, pero a la vez no quiere decir exactamente lo que dice. Los conceptos se han convertido en metáforas, que pueden designar lo que a uno le parezca mejor. El clamor de la calle es más importante que las instituciones, la representación y la mediación. Es una estrategia de movilización populista.

El populismo contemporáneo es un estilo político, una ideología vaporosa que suele combinarse con otras ideologías. Fernando Vallespín y Máriam Martínez-Bascuñán señalan que es una lógica de acción política que responde a procesos de brusco cambio social frente a los que reacciona por medio de una descripción dramática que combina la indignación con la esperanza de restaurar el orden a través de un pueblo. Para ello es crucial la búsqueda de un antagonista: «no hay populismo sin una construcción discursiva del enemigo», escribió Laclau. Reniega de la visión pluralista de la sociedad, recurre a la emocionalidad de un discurso simplificador que actúa en una guerra de representaciones.[1] José Luis Villacañas lo ha definido como «Carl Schmitt atravesado por los estudios culturales». Su concepción del lenguaje es sofisticada; su idea de la democracia se reduce a lo plebiscitario.

Lo que vimos en Cataluña es algo muy antiguo: la activación de las ideas de la tribu y de la exclusión, la imposición de la visión del campo sobre la visión de la ciudad, la idea de la importancia del origen por encima de la ciudadanía, la creencia de que quienes han nacido en un lugar son mejores que los que han nacido en otro, el énfasis en un elemento distintivo —en este caso la lengua—, un agravio histórico —una derrota honrosa, a la cual siguió un periodo oscuro de supresión de libertades: 1714, 1939, la sentencia del Estatut— que en el fondo nos ha hecho más fuertes porque nos brinda la oportunidad de corregirlo en el futuro, y finalmente, el uso de los medios de comunicación en un proyecto de construcción nacional. Se propone crear una nueva frontera y en algunas versiones tiene tentaciones expansionistas. Es el contenido del nacionalismo.

El secesionismo catalán ha unido nacionalismo y populismo. Esto permitió que el nacionalismo ampliara su base tradicional: la ideología rural y burguesa sumaba a jóvenes urbanos, en un momento en el que también estallaba el sistema de partidos español y en el que el proyecto estatal parecía agotado en términos representativos y asfixiado por la crisis económica. Cada uno podía imaginar en la independencia su utopía particular, la solución a su descontento favorito. Es un proyecto contra el sistema y contra unas élites, pero también es un proyecto del sistema y de las élites, en el que reivindicaciones tradicionales, como un acuerdo fiscal más ventajoso, compartían protagonismo con una idea de radicalidad democrática.

La asociación entre nacionalismo y populismo ha sido históricamente frecuente. En El asedio a la modernidad,[2] Juan José Sebreli señala a Rousseau y sobre todo a Herder como inspiradores del populismo. El filósofo alemán, a quien se atribuye el concepto del Volksgeist o «espíritu del pueblo», también sería una de las fuentes del nacionalismo. Gramsci lamentaba que, a diferencia de lo que ocurría con el alemán y el ruso (Volk, narod), la palabra que servía en italiano para designar al pueblo y la nación no fuera la misma, y empleaba el sintagma «lo-nacional-y-lo-popular», aunque alertó de que «la aproximación al pueblo significaría, por consiguiente, una continuación del pensamiento burgués que no quiere perder su hegemonía sobre las clases populares». Sebreli explica que los posmarxistas de la segunda mitad del siglo XX transformaron el concepto «concreto, económico y social» de clase marxista en el concepto «vago, metafísico de “pueblo”». Pero antes otra idea del pueblo estuvo presente en algunos de los regímenes más siniestros del siglo XX: «Puesto que el sistema totalitario se consideraba la expresión misma del pueblo, la manifestación de su ser ontológico, todo lo opuesto, toda crítica, no podía ser sino un error o una perversión. Así pues, el disidente había de ser un extranjero o un miembro de una minoría étnica y constituía para el pueblo un enemigo y un traidor», escribe Sebreli. El ensayista argentino señala una contradicción en esta idea totalitaria de pueblo: se proclama una unidad indisoluble y compacta del pueblo, pero esta solo puede afirmarse en una sociedad totalmente dividida. Esta concepción está muy lejos de ser una idea democrática, pues la democracia no postula la unidad sino la pluralidad, valora el conflicto, los distintos intereses y el acuerdo.

El término «nacional-populismo» se utilizó para designar algunas dictaduras latinoamericanas de mediados de siglo: Gino Germani lo aplicaba al peronismo. Más tarde, en 1984, lo usó Pierre-André Taguieff para describir al Frente Nacional. En 2012, Taguieff enumeraba en Le nouveau national-populisme algunas características comunes a los nacional-populismos contemporáneos, entre los que citaba a Oskar Freysinger (Suiza), la Lega Nord (Italia), Ataka (Bulgaria), Jobbik (Hungría) o Los Verdaderos Finlandeses: «1) el llamamiento perpetuo al pueblo lanzado por el líder; 2) el llamamiento al pueblo en su conjunto contra las élites ilegítimas; 3) el llamamiento directo al pueblo auténtico, que es “sano”, “sencillo” y “él mismo”; 4) el llamamiento al cambio, que implica una ruptura con el presente (“el sistema”, supuestamente “corrupto”), inseparable de una protesta antifiscal (en ocasiones ligada a la exigencia de referéndums de iniciativa popular); 5) el llamamiento a “limpiar” el país de elementos supuestamente “inasimilables” (nacionalismo excluyente, contrario a la inmigración)».[3]

Ha habido intentos de combinar el populismo con una idea nacional desde la izquierda: «Si la nación es una construcción artificial, ¿por qué no puede la izquierda construirse una a su medida?», decía Ernesto Laclau. Un ejemplo reciente es el de Íñigo Errejón en Podemos. Su derrota dificulta saber si las connotaciones derechistas de los símbolos nacionales debilitaban su eficacia para movilizar al electorado de izquierda.

Conocemos algunas de las consecuencias del populismo: el desgaste de las instituciones, la polarización que convierte al adversario en enemigo, la fractura social, la perpetuación de los problemas (porque son precisamente los que lo alimentan), la degradación del debate público. También conocemos las consecuencias del nacionalismo, y entre ellas está una peligrosa reacción especular. Hay muchas variedades: algunos reivindican un nacionalismo cívico, que suele ser el propio; otros defienden su eficacia como elemento de cohesión social y estímulo para la solidaridad; también se ha señalado que obedece a razones biológicas. Existen versiones domesticadas y diluidas. Pero, como hemos visto una y otra vez, es una forma de ver el mundo que fácilmente se vuelve tóxica.

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Cómo se diseña una revolución

El procés es un golpe de diseño. Entre sus aspectos más admirables están su intensidad y eficacia propagandística. Contrastó con la lentitud del Gobierno español, que parecía pensar que bastaba con tener la ley y a los estados de su parte. Esas dos batallas fueron centrales, pero también hubo otras que pareció no disputar, o que disputó demasiado tarde.

Jordi Amat, en La conjura de los irresponsables, define el procés como «la asunción progresiva por la corriente principal de la ciudadanía de Cataluña de una mutación del catalanismo. Una mutación, reforzada por una movilización popular creciente, que al mismo tiempo que consolidaba una nueva idea de soberanía ha terminado agrietando, como difícilmente podía ser de otra manera, la arquitectura institucional española». Se trata, dice, de «una evolución lógica de la naturaleza anfibia del pujolismo».[1]

Se ha evitado la palabra «revolución», pero contenía elementos revolucionarios. Un componente inédito era que fuese una revolución contra una democracia liberal, y que se diera en condiciones de relativa prosperidad. Compartía con otras revoluciones una combinación clásica: la promesa de la novedad, con la importancia de lo que cambiará a partir del momento decisivo, de lo que nos podremos quitar por fin de encima, de la negación de lo que ahora está vigente; y simultáneamente, la reivindicación del nexo con el pasado: con un pasado oculto, traicionado. Era un movimiento hacia delante, pero también un regreso que permitiría aprovechar una oportunidad perdida.

Como muchos nacionalismos, el catalán parte de un relato victimista que refleja al mismo tiempo sentimientos de inferioridad y superioridad: somos un poco mejores que los demás pero nos tratan mucho peor que a ellos; somos una minoría perseguida pero a la vez somos la mayoría. Como las mejores mentiras, contiene elementos de verdad. También distorsiona y magnifica muchos de ellos o suprime otros. Una síntesis podría ser algo así: Cataluña es una nación antigua, con un pasado de esplendor y una vieja tradición de autogobierno sofocada desde hace siglos por el autoritarismo centralista castellano. Cataluña ha sido el motor económico y cultural de España, y ha contribuido de manera decisiva a su modernización, pero ha chocado con la incomprensión y el desprecio a su identidad. Los dos grandes episodios de esa asfixia son 1714, cuando Felipe V suprimió los fueros, y la dictadura franquista, que reprimió la lengua y la cultura catalanas. La Constitución de 1978 reconocía las nacionalidades históricas, pero derivó en una subasta donde todas las autonomías pugnaban por tener las mayores competencias posibles, lo que diluyó la singularidad catalana. Un nuevo Estatuto de Autonomía, votado por tres instancias representativas (el Parlament, el Congreso y el Senado) y aprobado en referéndum por los catalanes, intentaba mejorar el encaje de Cataluña en España, pero un Tribunal Constitucional deslegitimado y politizado lo mutiló, tras un recurso del Partido Popular, que había realizado una campaña agresiva en su contra. La ciudadanía reaccionó espontáneamente contra esa sentencia que cercenaba la voluntad popular. El Gobierno de Artur Mas intentó después solucionar uno de los elementos nucleares del problema: Cataluña, una región rica, industrial, integrada en Europa, paga más impuestos de los que le corresponden y sufraga a regiones ineficientes. Sin embargo, su propuesta de pacto fiscal fue rechazada, en un momento en el que el Gobierno central, acuciado por la crisis, imponía recortes a las autonomías. Estos dos fracasos convencieron a los catalanes de que reformar España es imposible: para muchos, la convivencia con el Estado se volvió insoportable, y lo demostraron en manifestaciones masivas y pacíficas. La cerrazón del Partido Popular, aliada a los intereses mediáticos centralistas, no dejó otra opción que la vía unilateral.

El relato favorecía la imagen de Convergència: había buscado un pacto fiscal, de manera responsable y práctica, para canalizar ese malestar, antes de emprender el asalto a la legalidad. Había un componente económico, que combinaba el agravio y la promesa: se podría condensar en el eslogan electoral de CiU sobre la Cataluña productiva y la España subsidiada, o en la formulación más tersa de López Tena: «España nos roba». Hay que hacer algunos esfuerzos para entrar en ese debate: por ejemplo, hay que aceptar la personificación y la generalización, pasar por alto el tono insultante y dar por buena la idea de que quienes pagan y tienen derechos son los territorios y no las personas. Aun así, discutiendo en sus propios términos, había una buena cantidad de manipulación y pensamiento ilusorio, como mostraron Josep Borrell y Joan Llorach en Las cuentas y los cuentos de la independencia: a la hora de presentar «el mayor expolio fiscal del mundo» se escamotearon elementos de inversión estatal y se buscó siempre la opción más gravosa para Cataluña, hablando de un déficit permanente e inmutable, independiente de la coyuntura económica, que se debía a la falta de inversión del Estado en Cataluña. Estas tergiversaciones estaban también en las comparaciones con la situación de otros países —se hablaba de las balanzas fiscales alemanas, que nunca existieron— o en los cálculos de los beneficios que supondría la independencia: unos 16.000 millones más cada año, un superávit del sistema de pensiones catalán, una electricidad más barata... No habría consecuencias negativas: la Unión Europea obligaría a que Cataluña siguiera en el euro, los bancos podrían financiarse a través del BCE con sus filiales en el exterior de Cataluña y no pasaría nada porque tuvieran el negocio fuera; la creación de una nueva frontera tampoco desalentaría la inversión internacional. Por otra parte, no se contaban servicios como consulados, embajadas o gastos en defensa, y la mayor parte de esos 16.000 millones de euros eran una estimación de impuestos futuros que se tendrían que pagar para devolver la parte que correspondiera a Cataluña del déficit del Estado. Borrell y Llorach mostraban que esos cálculos eran erróneos: «La cifra mítica de los 16.000 millones de euros está calculada por un método muy particular que la sobrevalora de forma injustificada, está basada en supuestos nada realistas y confunde a la opinión pública de su significado». Los gobiernos centrales no calculan balanzas fiscales; Cataluña tiene un déficit fiscal superior que «se puede justificar por un razonable efecto redistributivo» con el resto del país, pero, a juicio de los autores, la diferencia estaría en el peor de los casos en un 1,5 por ciento del PIB y no en un 8,5: serían unos 3.000 millones.[2]

Había también un componente identitario, potenciado por una política que aspiraba a obtener, de manera gramsciana, una hegemonía sobre el discurso. Jordi Amat escribe en el El llarg procés: «La capilarización del pujolismo —con sus virtudes y sus defectos— fue infinitamente más determinante que cualquier sentencia del Constitucional. Su influencia es tan enorme que no hace falta ni subrayarla. Es una presencia real. Omnipresente. Su triunfo es la construcción de Cataluña como comunidad nacional plena y exigía, en último término, la liquidación de Cobi en la medida que aquella mascota simbolizaba una vivencia de la ciudad laica, jovial y cosmopolita».[3]

Había también un componente plebiscitario, de rechazo al establishment (encabezado por partidos que lo encarnaban, pero eso no debería sorprender a nadie: el populismo es un elitismo), con una reivindicación de la democracia directa y la radicalidad democrática.

Todo esto no habría sido posible sin otros ingredientes como la crisis del euro, con sus efectos para España —lo que incluye la victoria del Partido Popular, y la sensación de que no había ningún proyecto ilusionante para el país— y para Cataluña, y la lucha por el liderazgo en el campo nacionalista entre Esquerra Republicana y Convergència. Este último fue uno de los pocos partidos europeos que consiguió ganar las elecciones tras haber impuesto recortes.

Algunos vieron el momento que llevaban esperando mucho tiempo. Para otros, el procés fue una opción más táctica que estratégica. Una parte del nacionalismo había tenido una actitud que recordaba la frase de Maimónides: «El Mesías vendrá, pero podría retrasarse». Hoy paciencia, mañana independencia. Las promesas de futuro funcionan mejor cuanto más inconcretas son. Situar la secesión en un momento concreto desencadenó algo que quienes lo impulsaron no estaban en condiciones de manejar. El resultado —sin entrar en las consecuencias para el Estado, que también han sido serias y cuyo alcance total no conocemos todavía— ha sido un terremoto en el sistema político catalán, pérdidas económicas y de prestigio en Cataluña, la división de la sociedad, una disminución del autogobierno y un descrédito del catalanismo.

Pero, aunque activaron un mecanismo que luego no supieron dominar, sí controlaron muy bien algunos elementos de su relato desde el principio. Pasqual Maragall no logró gestionar con solvencia la puesta en escena de la redacción del Estatut; Artur Mas manejó la del pacto fiscal. Fue a reunirse con Mariano Rajoy tras una manifestación masiva por la Diada. A su regreso a Barcelona tras la reunión fracasada sobre el pacto fiscal, la Assemblea Nacional Catalana y Convergència lo recibieron en la plaza de Sant Jaume con una concentración, que ya incluyó una photo op con intelectuales soberanistas, canto de «Els Segadors» y peticiones de independencia.

Hay otros factores imprescindibles: ha sido un movimiento enfáticamente emocional, hiperbólico, en una época en la que las tecnologías de la comunicación facilitan la expansión de un lenguaje polarizado y la sentimentalización de la política. Ha contado con el uso desleal de instituciones del Estado, y con la hábil actividad de asociaciones como la ANC y Òmnium Cultural. Ha mostrado una formidable capacidad de reciclar conceptos y de imponerlos incluso a los críticos. Los medios de comunicación públicos o privados fuertemente subvencionados han extendido sus mensajes, y el independentismo ha intensificado su hegemonía discursiva con una forma de entender la identidad catalana formulada ya en tiempo de Jordi Pujol. A diferencia de otros golpes, no fue necesario tomar los medios de comunicación: ya estaban bajo su control. En algunos casos, formaban parte de esas instituciones del Estado que se habían empleado para debilitar al propio Estado.

Se presentaba también como un nacionalismo cívico y abierto, y al mismo tiempo como un movimiento sentimental y espectacular: era moralmente superior. Se desarrolló con unos conceptos sencillos de entender, instantáneos. Uno de los más destacados es el «derecho a decidir», un eufemismo del derecho de autodeterminación. La situación de Cataluña, una comunidad autónoma con altos niveles de autogobierno, con competencias en educación o sanidad, no le permite acogerse a este derecho según la legalidad internacional. No es un caso de colonización, opresión u ocupación. El sintagma, sin embargo, es imbatible: ¿cómo no vamos a estar a favor de que los ciudadanos decidan? ¿No es exactamente la promesa de la democracia, de la autonomía? Muchos expertos tienen prevenciones ante la utilidad del referéndum para resolver este tipo de cuestiones. En general, se señala la conveniencia de buscar mayorías cualificadas, porque son decisiones muchas veces trascendentales que van a afectar también a generaciones futuras. Sin embargo, se reclamaba a Rajoy que permitiera un referéndum. Daba igual que no pudiera convocar uno vinculante sin una reforma o una violación de la Constitución, o la sospecha más que probable de que un referéndum consultivo sirviera para exigir de inmediato un referéndum vinculante.

Era una maniobra de distracción: en vez de hablar de independencia, que era el fin del proceso, se hablaba de democracia. Quien se oponía a la independencia no solo estaba contra Cataluña (porque, de alguna manera, se pensaba que quienes se sintieran catalanes y españoles eran menos catalanes que quienes solo se sintieran catalanes): estaba en contra de la democracia.

La concepción de democracia que hay implícita es muy discutible: una democracia por aclamación, vinculada a la volonté générale de Rousseau, que solo respeta los procedimientos si le convienen, que niega el pluralismo. Pero la idea es clara, económica, fácil de entender. El derecho a emitir el voto —«la fiesta de la democracia», como se dice en las noches electorales— es algo que se comprende instantáneamente. Cuestiones como el respeto a los procedimientos legales, a la jerarquía normativa y a las minorías son igual de importantes, pero no tienen la misma claridad simbólica.

Esa maniobra de distracción ocultaba un fracaso y una incomodidad. El fracaso es que, tras décadas de política nacionalista, la independencia seguía sin ser la opción mayoritaria. Había dos grupos de tamaño relativamente similar. Como escriben Josep Borrell y Joan Llorach, obtener la hegemonía no significa que tengas la mayoría. Las posiciones nacionalistas, y luego favorables a la independencia, cuando una parte del catalanismo giró hacia la secesión, gozaban de una gran visibilidad en el debate, pero no eran claramente mayoritarias.

La incomodidad la provocaba esa fracción importante de catalanes que no era partidaria de la independencia. El secesionismo podía ser, en palabras de Amat, «la corriente principal», la más articulada, pero no era una mayoría clara. No obstante, aunque existían grupos y asociaciones al margen del discurso hegemónico —y un partido político, Ciudadanos, que nació del rechazo al nacionalismo—, estos eran menos visibles y estaban más desunidos que los de los partidarios a la independencia. Los defensores del secesionismo apelaban al unanimismo de un solo pueblo.

El derecho a decidir y los intentos de presentar la situación como un conflicto entre «Madrid» y «Cataluña» que escenificaba la tensión entre un viejo centralismo y un nacionalismo cívico, entre dos tradiciones casi metafísicamente enfrentadas, contribuían a ocultar un aspecto esencial: había una división profunda entre los propios catalanes, estrechamente relacionada con aspectos económicos, geográficos y etnolingüísticos. Como escribió Kiko Llaneras en El País, a partir de los datos del CEO, el centro de estudios de opinión de la Generalitat de Cataluña, eran las personas de rentas más altas las que más apoyaban la independencia. Si solo el 32 por ciento de quienes tenían ingresos mensuales familiares inferiores a 900 euros al mes era partidario de la separación de España, a partir de los 1.800 la independencia se convertía en la opción mayoritaria, y alcanzaba un 54 por ciento entre quienes superaban los 4.000. Solo un tercio de quienes tenían problemas para llegar a fin de mes eran partidarios de la independencia.

Otro factor, aún más decisivo, es el origen. Entre los catalanes de tercera generación (dos padres y cuatro abuelos nacidos en Cataluña) el apoyo a la independencia estaba en el 75 por ciento. Bajaba al 49 por ciento entre los hijos con un padre o una madre de fuera de Cataluña; descendía hasta el 29 por ciento para los hijos de dos inmigrantes, escribía Llaneras, que añadía que «de los doce apellidos más frecuentes, ninguno es autóctono». «La independencia es menos popular entre las familias pobres y entre las que llevan menos tiempo en Cataluña, que a menudo son las mismas. La sociedad catalana está dividida por la independencia, pero esa fractura es también de origen y renta», resumía.[4]

En «De los apellidos de los catalanes», una entrada del blog Nada es gratis, Maia Güell y Sevi Rodríguez-Mora señalaban que la heterogeneidad etnolingüística catalana no se reflejaba en la política. Para los autores, el estudio de los apellidos revelaba la existencia «de profundas y crecientes divisiones socioeconómicas asociadas a la diversidad etnolingüística», donde el emparejamiento selectivo desempeñaba un papel importante. Y también, la existencia simultánea de «estructuras políticas que, por el motivo que fuere, resultan en una masiva sobrerrepresentación del grupo social dominante».[5]

Tras las elecciones de 2015, el sociólogo Pau Marí-Klose señalaba en El País que en municipios y barrios de renta baja como L’Hospitalet, Santa Coloma, Sant Boi o Nou Barris, el independentismo tenía un apoyo inferior al 30 por ciento, mientras que el voto secesionista se centraba en zonas rurales y barrios de renta alta, donde alcanzaba el 60 por ciento (aunque en Sarrià Ciudadanos ganaría en 2017).[6]

También parece que algunos catalanes encontraron más dificultades a la hora de manifestar su opinión que otros. Una encuesta de GESOP para El Periódico de Catalunya, publicada en octubre de 2017, señalaba que un 58,4 por ciento de los catalanes creía que el debate independentista había dañado la convivencia. Pero había una disparidad entre los partidarios de la independencia que no se sentían cómodos hablando del asunto (18 por ciento) y los contrarios a la independencia (49 por ciento). Los unionistas también eran más reacios a hablar de política en general.[7]

Es desconcertante que tantas personas hayan pensado en Cataluña y en el resto de España que un movimiento del campo contra la ciudad, que correlaciona fuertemente factores de clase y etnia —siempre con alguna coartada con que pudiera disimularlo un poco—, era una causa progresista, y que un movimiento que propugnaba la exclusión era integrador.

Esa maniobra de distracción centraba la atención sobre un proyecto rupturista. Otras cuestiones políticas —sobre la educación, el sistema sanitario más privatizado de España o la crisis económica, pero también sobre la naturaleza etnolingüística y sociocultural de la escisión— pasaban a segundo plano ante una decisión existencial. Y, al mismo tiempo, permitía eludir la ausencia de un proyecto verosímil para la República catalana: la coalición independentista que gobernó Cataluña tras las elecciones de 2015 presentaba preferencias muy distintas. El enemigo era uno solo, pero las utopías con las que se soñaban eran muy diferentes.

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La apuesta por el plebiscito

«No va de independencia, va de democracia» era un eslogan repetido a menudo por los independentistas. Y en cierto modo es así. Pero no en el sentido en el que ellos lo decían.

El argumento principal contra la vía unilateral e ilegal hacia la independencia no es la unidad de España. El Tribunal Constitucional ha reconocido que la independencia es una opción legítima. La razón principal es el respeto al Estado de derecho. Como ha escrito Manuel Toscano, «el imperio de la ley es un valor moral; mejor dicho, es un ideal ético-político acerca de cómo los hombres libres deben gobernarse».[1]

«Si España es una democracia avanzada, permitirá el referéndum», dijo Raül Romeva, conseller de Exteriores de la Generalitat.[2] «¿Desde cuándo los referéndums son inconstitucionales? —se preguntaba Oriol Junqueras en TV3—. Si una constitución prohíbe la democracia, debe ser que es una constitución antidemocrática. [...] la democracia de los ciudadanos de Cataluña está por encima de cualquier ley que el Estado español nos quiera imponer.»[3]

No queda muy claro qué distingue a una democracia avanzada o funcional, más allá del hecho de que permita hacer a los independentistas lo que quieran. Italia, Francia o Estados Unidos no permiten los referéndums de secesión y en algunos casos los han impedido: según Junqueras, sus constituciones no serían democráticas.

Es una visión que podría ser ignorante o deshonesta. Pero también deja ver otra idea de la democracia, en que la voluntad general está por encima de las leyes, al menos hasta que, amparado en esa voluntad general, uno pueda diseñar una nueva legalidad.

En Populismos, Fernando Vallespín y Máriam Martínez-Bascuñán escriben acerca de la «democracia electoral» que ha estudiado Larry Diamond, «en la que un pueblo aritmético que representa una porción electoral se sitúa por encima de un cuerpo constitucional que cumple con una función representativa esencial sin la cual no podemos hablar de democracia propiamente dicha: proteger valores, derechos individuales y velar por el equilibrio de poderes intermedios. Esa dimensión popular o populista es instrumentalizada por líderes arteros como subterfugio para esconder el simple afán de poder, o para debilitar los poderes neutros que protegen las democracias garantizando el pluralismo. Se rompe así con un axioma hoy olvidado: en democracia no es posible escindir los elementos propiamente electorales de los que facilitan su funcionamiento electoral, aunque muchos líderes se empeñen en identificar democracia con el puro plebiscito».[4] O, por usar las palabras de Donald Trump, «The only important thing is the unification of the people, because the other people don’t mean anything».[5]

Los defensores del procés pueden justificar las vulneraciones de la ley de varias maneras. La más frecuente, en línea con la frase de Trump, ha sido no reconocer la existencia de catalanes que se oponen a la independencia: a fin de cuentas, solo son más o menos la mitad. Otra es justificar la ruptura de la legalidad en la excepcionalidad de las circunstancias. Frente a un Estado que es al mismo tiempo estúpido y perverso, frente a las trabas del Gobierno y ante la eclosión pacífica e ilusionante de un movimiento democrático, no queda otro remedio que romper la ley. Este argumento es peligroso: en cuanto usamos la carta de la excepcionalidad cualquier otro puede volver a emplearla.

Otro argumento frecuente señala los numerosos errores españoles: la corrupción del Partido Popular, las investigaciones entorpecidas, los rasgos horteras, un presidente del Tribunal Constitucional que fue militante del partido en el Gobierno, la patrimonialización partidista de las instituciones. Son problemas que indican negligencia, cinismo y fallos estructurales. No siempre con la misma fortuna, el Estado combate esos errores, como vemos con las detenciones y los procesos judiciales en curso. Hay razones para la indignación y la preocupación, así como para la búsqueda de mejores mecanismos institucionales destinados a reducir la corrupción o mejorar la rendición de cuentas.

España es un país donde uno puede decir tranquilamente que vive en un Estado autoritario, en una democracia de baja calidad o incluso que todos los catalanes están en un campo de concentración: para ahorrar tiempo, si puedes decir esas cosas sin que te pase nada, quizá no estás en un Estado autoritario. En Agenda pública, el sociólogo Pau Marí-Klose ha comparado evaluaciones de la calidad democrática española de Freedom House, de la Intelligence Unit de la revista The Economist y de los World Governance Indicators del Banco Mundial, correspondientes a 2016. Freedom House, que mediante la combinación de dos índices de siete tramos divide los países entre tres categorías —Libres, Parcialmente libres y No libres—, sitúa a España en la primera, con una puntuación agregada de 94 puntos sobre cien. Está un punto por debajo del Reino Unido, Bélgica o Alemania, tres por debajo de Portugal y Dinamarca, y por encima de Italia, Francia, Estados Unidos o Polonia. (A Hungría y a Turquía, dos invitados habituales en las comparaciones de los independentistas, les saca 18 y 56 puntos.) En 2016, The Economist también emplazaba a España entre los países que tienen una «democracia completa». Aparecía por debajo de los países escandinavos, de Nueva Zelanda, Australia, Países Bajos, Austria o Alemania, y por encima de Estados Unidos, Francia, Bélgica o Portugal. El Banco Mundial evalúa seis categorías. España aparece en el quintil más alto en todas —«voz y rendición de cuentas», «efectividad regulatoria», «imperio de la ley» y «efectividad de gobierno»— salvo en «estabilidad política y ausencia de violencia» y «control de la corrupción».[6]

Si España debe muchos éxitos a Cataluña, también sería cínico negar la responsabilidad de Cataluña en sus fallos y fracasos. Tras la restauración de la democracia, los nacionalistas gobernaron Cataluña durante largos periodos de tiempo: Jordi Pujol estuvo veintitrés años en el poder. A lo largo de todo ese tiempo, desarrolló una red clientelar. Los partidos catalanes han tenido también responsabilidad en el Gobierno de España: han votado casi la mitad de los presupuestos nacionales, tanto con el PSOE como con el PP, y alcanzado unos dieciséis años de acuerdo de gobierno efectivo en Madrid. Jordi Pujol renunció a entrar en los gobiernos de Felipe González y José María Aznar cuando estos se lo ofrecieron, pues eso habría debilitado su posición en Cataluña. Cuando los independentistas hablan de la corrupción española deberían tener en cuenta que también están hablando de su propia corrupción. Si hablamos de un atraso, las comunidades que han tenido mayor influencia en el Gobierno deberían asumir una mayor responsabilidad.

Pero todos esos fallos, estructurales o accidentales, no parecen preocupar especialmente a los secesionistas. De hecho, algunos de los problemas que podemos advertir en España estarían ya en el diseño de la República catalana. Además, hay ejemplos de poca claridad o desprecio a la ley y la palabra. Por ejemplo, el hecho de que Convergència i Unió, en sus diferentes programas electorales, nunca incluyera la independencia entre sus objetivos, pero avanzase hacia ella una vez en el Gobierno. En el año 2015 se celebraron unas elecciones autonómicas que los independentistas quisieron plantear como plebiscitarias: Convergència y Esquerra Republicana, dos formaciones teóricamente muy distintas, se unieron en la misma candidatura. Obtuvieron un 47,8 por ciento de los sufragios, lo que, gracias a la ley electoral, les permitió tener una mayoría de escaños en el Parlament. Primero, interpretaron de manera tramposa unas elecciones autonómicas como plebiscitarias; más tarde, dijeron extraer un mandato para la celebración del referéndum aunque habían obtenido menos votos: es decir, volvieron a cambiar la interpretación. Como se ha visto en la hoja de ruta, incautada por la Guardia Civil, el objetivo nunca fue el referéndum, sino una independencia declarada de manera unilateral. La convocatoria de un referéndum ilegal, que el Estado no podía autorizar de ningún modo, buscaba mostrar la intransigencia de «Madrid», la idea de que «no nos ha quedado otro remedio».

Pero la señal más clara se produjo los días 6 y 7 de septiembre, cuando el parlamento catalán aprobó, en ausencia de la oposición y contra la opinión de los letrados de la cámara, la Ley de Transitoriedad y la Ley del Referéndum. Se vulneraron el Estatuto de Autonomía y la Constitución, así como el reglamento de la cámara. Cataluña se situó fuera de la ley, con una mayoría que no habría sido suficiente para modificar el Estatut o la ley electoral. Por mucho que se hablara de principios democráticos, lo que hacía el secesionismo se parecía más a instaurar una dictadura soberana siguiendo la doctrina de Carl Schmitt.

La eficacia propagandística del concepto del derecho a decidir dejaba para más tarde preguntas obvias: por ejemplo, quiénes tenían ese derecho y sobre qué. Como explicó Manuel Toscano en la revista Jot Down, en una democracia constitucional los derechos no son nunca irrestrictos.[7] Hay cuestiones sobre las que no se debe y no se puede decidir. Ese es el objetivo de una Constitución: fijar límites al poder, venga de donde venga. Las objeciones sobre el derecho a decidir en general resultan pertinentes para un caso como el catalán, donde el concepto ha sido utilizado para justificar un asunto nada menor: la recomposición del demos. O, por decirlo de otra manera, la transformación de los conciudadanos en extranjeros.

La Ley del Referéndum se aprobó mediante un trámite de urgencia, que fue posible gracias a una modificación del reglamento cuyo objetivo era precisamente aprobar esa ley. Esta tramitación, ha escrito la profesora de derecho constitucional Argelia Queralt, «supuso la práctica eliminación del debate entre los grupos y de la posibilidad de la oposición de plantear sus puntos de vista ante un texto que no podía aprobarse con las reglas de juego existentes, como habían puesto de manifiesto el secretario general y el letrado mayor del Parlament».[8]

La norma, argumentaba Xavier Vidal-Folch en el diario El País, era ilegal «desde el primero hasta el último artículo». «Pretende apelar a un dictamen del Tribunal de La Haya que validó la independencia de Kosovo porque eso era lo que permitía su marco constitucional —lo contrario de lo que sucede en este caso— y lo que proponía Naciones Unidas.» En su artículo 1, la ley decía regular «la celebración del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña». Cataluña no cumple, según las resoluciones de la ONU, las condiciones necesarias para acogerse a este derecho. La ley menciona a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, que forman expertos independientes en el terreno del derecho constitucional. El código de buenas prácticas sobre referéndums de la Comisión de Venecia estipula que «el uso de los referendos debe cumplir con el sistema legal en su totalidad» y respetar la jerarquía normativa. La ley se aprobó a menos de un mes de la celebración del referéndum, mientras que la Comisión de Venecia señalaba que los aspectos fundamentales «no deben estar en posibilidad de modificarse en el año previo a la realización del referéndum».

La Ley del Referéndum proclamaba la soberanía del pueblo de Cataluña, en contraposición a lo que dice la Constitución española, y afirmaba su prevalencia jerárquica sobre cualquier otra ley con la que pudiera entrar en conflicto. El referéndum era vinculante y la mayoría no requería cualificación: que hubiera más votos positivos que negativos «implicaba» una declaración de independencia. La Constitución dice en su artículo 92 que pueden convocarse referéndums consultivos para todos los ciudadanos sobre asuntos de especial trascendencia, autorizados por el Congreso, propuestos por el presidente del Gobierno y convocados por el rey, pero a esas alturas otra vulneración constitucional quizá no importaba demasiado. De nuevo, para elegir a la sindicatura electoral bastaba con la mayoría absoluta, frente a los dos tercios necesarios para reformar el Estatut o la ley electoral (Cataluña, a diferencia del resto de comunidades autónomas, no ha encontrado el consenso necesario para aprobar una ley electoral propia en todo el tiempo que ha durado la democracia, y la que está en vigor favorece a los nacionalistas).

La Comisión de Venecia estipula también que debe prohibirse el uso de fondos públicos con fines de campaña y reclama de los gobiernos, si no neutralidad, al menos «evitar una excesiva unilateralidad». En el caso de referéndums de secesión aceptados por la Constitución, como el de Montenegro, recomienda la existencia de un cuórum.[9]

Para Argelia Queralt, «se aprobó finalmente una ley sin encaje en ninguna legalidad vigente (ni siquiera la pretendida nueva legalidad catalana: la Ley de Transitoriedad fue aprobada dos días después), sin amparo en ninguna de las normas que cita en su preámbulo (ni en la Constitución ni en los tratados internacionales que son válidos por estar ratificados por España), que cuenta con el respaldo mayoritario del Parlament pero no de la mayoría social».

La Ley de Transitoriedad, que pretendía ser la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán hasta la aprobación de la nueva constitución, también presentaba características preocupantes, en especial desde el punto de vista de la separación de poderes. El presidente de la República «de derecho, democrática y social» sería al mismo tiempo jefe de Estado y primer ministro: asumiría la más alta representación y dirigiría la acción de gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertiría en el Tribunal Supremo, aunque tendría algunas funciones propias de un tribunal constitucional. El presidente de la República nombraría al presidente del tribunal. Según el artículo 70, el sistema judicial lo organizaría una comisión mixta paritaria. Pero esta comisión, encargada de proponer los nombres de todos los cargos judiciales y de los procesos selectivos, no sería paritaria en realidad: en ella habría cuatro miembros de la sala de gobierno (jueces) y cuatro «personas designadas por el Gobierno», pero también estaría el presidente (designado por el presidente de la República) y el consejero de justicia del Gobierno, que ejercería las funciones de vicepresidente (artículo 72). El ejecutivo tendría bajo su control al poder judicial.

Soledad Gallego-Díaz alertó de ese control en El País, y criticó otros elementos de la Ley de Transitoriedad. Por ejemplo, señaló su falta de contenido social, menor que en la Constitución española. Ocupaba mucho más espacio la sindicatura electoral, elegida por la mitad más uno, sin consensos reforzados; con una novedad: aunque la mayoría debería pertenecer a la judicatura, también habría politólogos. Denunciaba otro ejemplo de «falta de pulcritud democrática» con respecto al «régimen de integración de personal», que garantizaba el mantenimiento del puesto de trabajo y del salario, pero todos los artículos incluían la apostilla de «sin perjuicio de las adaptaciones que resulten necesarias en razón de las funciones a desempeñar».[10]

El catedrático de derecho constitucional Xavier Arbós señalaba una incoherencia de la ley. Si esta especie de constitución provisional parecía presentar un esquema clásico —el pueblo soberano escoge una asamblea que redacta una Constitución posteriormente ratificada por el pueblo en un referéndum—, había aspectos desconcertantes. Para Arbós, la ley «parece querer condicionar la voluntad del pueblo soberano». El artículo 87 habla de un proceso participativo, anterior a la asamblea constituyente, con tres fases: un proceso deliberativo a escala sectorial y territorial, la convocatoria de un foro social constituyente compuesto por «representantes de la sociedad civil y de los partidos políticos», sin que se supiera de qué partidos estábamos hablando, y un proceso de participación ciudadana. El resultado de este proceso es un «mandato que vincula políticamente a la asamblea constituyente». No queda claro quiénes son los representantes de la sociedad civil que formarían parte de ese foro. El proceso presentaba problemas teóricos y prácticos: la asamblea constituyente, elegida por ese pueblo soberano, podría no obedecer al mandato «vinculante». Arbós también sostiene que «si entendemos que la Ley de Transitoriedad es una constitución provisional, no encontramos un sistema de control efectivo de esa constitucionalidad». «Podría concluirse que la Ley de Transitoriedad no ha querido o no ha sabido formularse en consonancia con los solemnes principios con que se inicia, afirmando que la soberanía nacional reside en el pueblo de Catalunya y que ella misma, la Ley de Transitoriedad, es superior a cualquier otra ley. A la Asamblea constituyente elegida por el pueblo soberano la encorsetan las actuaciones de un foro social constituyente con protagonistas de perfiles poco definidos. Si el Parlament decide legislar contra la Ley de Transitoriedad, burlando la exigencia de la mayoría absoluta para reformarla, no existe control de la subordinación de la legislación ordinaria a la Ley de Transitoriedad», añadía.[11]

El 25 de septiembre, Arbós defendía en La Vanguardia una razón distinta para suspender el referéndum. Por un lado, estaba la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la normativa que lo amparaba y la prohibición de tomar las medidas necesarias para llevarlo a cabo. Desde el punto de vista de la Ley del Referéndum de Autodeterminación, esto no era decisivo, porque la propia norma afirmaba que era jerárquicamente superior a cualquier ley que la contradijera. Pero dentro de ese marco jurídico el referéndum también presentaba defectos de forma. Las garantías para la consulta reposaban en la sindicatura electoral, un órgano independiente e imparcial, adscrito al Parlament. Debía efectuar el escrutinio general y certificar los resultados oficiales, así como determinar quién componía las mesas. Tras la amenaza de multas por parte del Tribunal Constitucional, la sindicatura electoral dimitió, y con ella «desaparece la pieza fundamental e irremplazable del mecanismo de garantías con el que la Ley del Referéndum de Autodeterminación pretende dar credibilidad al referéndum».[12]

Poco antes de que empezara la votación del 1-O, la Generalitat anunció que el censo sería universal. Se pudo votar varias veces. No había sobres y se podían emplear papeletas impresas en casa. La misión de observadores internacionales que dirigía el embajador holandés Daan Everts, que condenó el uso de la fuerza por parte del Estado español, concluyó que «el referéndum no cumplió con los estándares internacionales». El recuento no fue fiable y, antes de que se conociese el resultado, el presidente Puigdemont anunció que la consulta legitimaba la independencia.

El episodio se repitió varias veces a lo largo del procés: las normas aprobadas por los independentistas quebrantaban el ordenamiento jurídico existente. Se situaban fuera de la ley; después, como el hombre que comete un asesinato y pierde las normas más elementales de educación, rompían también las leyes que ellos mismos habían establecido.

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La independencia no es de izquierdas

Tiene cierto mérito defender el procés desde una posición de izquierdas. Cataluña no es una región oprimida. Representa una quinta parte del PIB español, en torno al 16 por ciento de la población, y sus índices de renta y desempleo son mejores que la media. Una de las razones que mueven al independentismo se relacionan con la redistribución: se opone al traslado de recursos a regiones más pobres de España. También, como hemos visto, dentro de Cataluña los partidarios de la independencia suelen estar en mejor posición económica que los que se oponen. De media, quienes se oponen tienen menor nivel educativo y están menos implicados en política.

La izquierda ha pasado mucho tiempo intentando definir su relación con el nacionalismo. Ha sido objeto de debates intensos. Todavía hoy leemos sobre su supuesta incompatibilidad teórica, pero la izquierda se ha hecho nacionalista cuando ha servido a sus intereses. En Cataluña, durante un tiempo, todas las fuerzas políticas aceptaron una versión más o menos intensa del nacionalismo: para unos, era una aspiración a la independencia; para otros, una especie de reconocimiento simbólico, una protección y promoción de la lengua y una cultura que no tardaría en transformarse en una «manera de ser».

Quizá esa manera de ser, como veremos más adelante, ha sido un tanto de trazo grueso: hay muchas maneras de ser catalán, como muchas de ser español, y, a lo mejor, unas cuantas en las que ser catalán o ser español ni siquiera sea tan determinante en el conjunto personal.

En la actitud comprensiva y a veces cómplice de la izquierda española hacia los nacionalismos periféricos se puede detectar una herencia incómoda del franquismo. Durante la dictadura hubo una alianza entre la oposición de izquierda y los nacionalismos: ambos se enfrentaban a la idea de España que había impuesto el franquismo. La apropiación de lo español por parte del régimen contribuyó a que la izquierda desconfiara de los símbolos nacionales.

En el otoño caliente de 2017 se observaba la posición incómoda de una parte de la izquierda. Se notaba en las frecuentes apelaciones al diálogo, en la necesidad de abrir un debate porque, a fin de cuentas, hablando se entiende la gente. Las fuerzas políticas tienen que jugar con lo que hay, y en Cataluña el PSC o los comunes lo han tenido muy difícil: ocupaban un espacio intermedio, una triangulación constante. Si hay dos millones de partidarios de la independencia y la independencia se muestra inviable, algunas de esas personas deberían tener a quién votar y un espacio en el que sentirse representados. Esa era la idea de Miquel Iceta, que en las elecciones del 21 de diciembre intentó atraer el voto catalanista moderado de Unió: la estrategia, en esa ocasión, no funcionó.

Pero no deja de resultar llamativa la paradoja de quienes recomiendan siempre el diálogo, el acuerdo, y están dispuestos a negociar (aunque no les guste esa palabra) con cualquiera, por extremista o violento que sea, pero no soportan la idea de que les hagan una foto cerca de alguien que pueda ser asociado con la derecha española.

Todos sus análisis culpabilizan, de una manera u otra, al Partido Popular. La actuación de los demás es básicamente reactiva: el origen está de ese lado. Aquí hay un componente que tiene que ver con el posicionamiento político, y por eso las alianzas en el espacio constitucionalista son trabajosas y frágiles: su solidez depende de la credibilidad y la inminencia de la amenaza. Que el Gobierno sea del PP contribuye a la confusión interesada entre Estado y derecha: un estudio de Eric Guntermann mostraba la importancia del rechazo al PP como motor del independentismo.[1] La manera en que el Partido Popular ha tratado a las instituciones no ayuda a aclarar las cosas. En la oposición, la derecha española no observa la lealtad que exige a los otros partidos cuando está en el poder. Ha sido a menudo irresponsable. Lo fue, por ejemplo, tras la derrota electoral de 2004, cuando se apuntó a una teoría de la conspiración del 11-M, o cuando montó una campaña de firmas contra el Estatut. En el poder se parapeta tras las instituciones, y su gestión contribuye a degradar espacios comunes que debe proteger. Se vio por ejemplo cuando el diario Público transcribió las conversaciones entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de la Oficina Antifraude en Cataluña: una fuerza anticorrupción se convertía en un foco de corrupción. O en la campaña de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, cuando, tras reivindicar durante meses la importancia del Estado de derecho y la separación de poderes, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quizá alarmada por la pujanza de Ciudadanos en las encuestas, alardeó de que el PP había descabezado al Gobierno de la Generalitat. Era una mentira que nos afectaba a todos. En Con la muerte en los talones, Cary Grant le dice a Eva Marie Saint: «Podrías matar a un hombre casi sin proponértelo. Así que deja de proponértelo». Algo así ocurre a menudo con el PP y las instituciones que debe defender.

En España, la asociación histórica de la derecha con el centralismo hace que se identifique a la izquierda con las reivindicaciones periféricas. Esto parece algo casi natural, pero no es así: en Estados Unidos, por ejemplo, los derechos de los estados son una preocupación habitual del Partido Republicano. Es posible que esta situación se relacione con el hecho de que los catalanes se consideren más de izquierdas que los españoles, pero que sean al mismo tiempo más reacios a las subidas de impuestos que mejorarían los servicios públicos.[2] Otra consecuencia es que amplios sectores de la izquierda española, frívolos ante ataques a la solidaridad o la igualdad de los ciudadanos, han aceptado premisas nacionalistas o al menos planteamientos compatibles con un nacionalismo moderado. Posiblemente, el sistema autonómico da incentivos para que sea así: autoridades no nacionalistas de otras comunidades, tanto de derechas como de izquierdas, han planteado reivindicaciones fiscales y han intentado aumentar su autogobierno. La política siempre exige moldear los principios. O aceptar, a veces, las visiones de quien no piensa como tú: igual hay una injusticia que no veías antes, o simplemente te interesa para ganar. Así, la ordinalidad —una manera de organizar las relaciones entre el Estado y las regiones que impide que la posición en las balanzas fiscales se vea alterada por las transferencias— es un principio que se ha defendido desde el centroizquierda. Es también un principio que se respeta en Alemania, como una decisión federal, no vinculada al nacionalismo. Desde un punto de vista liberal tiene sentido; desde un punto de vista socialdemócrata, como ha escrito Luis Abenza en Politikon, no se puede presentar como una victoria.[3] Es una concesión.

Los economistas Manuel Hidalgo y Jorge Díaz Lanchas publicaron en Agenda pública un artículo titulado «No digas robar cuando te refieras al Estado de bienestar».[4] Estudiando resultados entre 1980 y 2013, explicaban que consideraban erróneo pensar que Cataluña había sufrido un trato peor que los demás. Gran parte de la prosperidad de Cataluña tenía que ver con su integración económica con el resto del país, así como con la capacidad de aprovechar condiciones como el nivel educativo, la dotación factorial (capital humano, empresarial e incluso institucional) o las ventajas geográficas. «Cataluña, junto con Baleares y Madrid, son las regiones que más contribuyen en neto al resto de España. Por el contrario, Extremadura, Canarias y Asturias son las que más reciben en neto. En cuanto a la razón de la balanza negativa, vemos que el déficit fiscal catalán no se debe tanto al gasto sino a los ingresos dada su elevada renta per cápita», explicaban los autores. «Si Cataluña se ha convertido en una de las grandes regiones aportadoras al fisco español, es gracias a los mecanismos creados por el Estado del Bienestar para los ciudadanos y no para los territorios.»

En cuanto a Podemos, la crisis catalana ha exacerbado una contradicción que ya había asomado anteriormente. La formación había jugado en campañas anteriores con activar un cierto nacionalismo español: había hablado del Dos de Mayo, presentado como una revuelta popular contra un invasor extranjero, y había tratado de llenar de contenido nacional símbolos como «pueblo». La nación es una construcción, pero eso no significaba que no pudiera utilizarse. Era la tesis de uno de los líderes de Podemos, Íñigo Errejón: un nacionalismo de inspiración populista, combinado con una alianza con las fuerzas periféricas. Dejaba abiertas varias incógnitas, como la carga connotativa de los significantes: quizá estaban menos vacíos de lo conveniente, demasiado asociados a la derecha. En todo caso, la estrategia no pudo desplegarse. Pablo Iglesias ganó la batalla interna y Errejón pasó a un segundo plano.

Después hemos visto nuevas vacilaciones en Podemos. Tras propiciar una «alianza dialéctica» con el secesionismo, como ha escrito Aurora Nacarino-Brabo en Letras Libres, Iglesias defendió un nuevo patriotismo y luego, refiriéndose a la manifestación antindependentista del 29 de octubre, convocada bajo el lema «Tots som Catalunya. Per la convivència, seny», habló del «fascismo que ha salido a la calle a defender a los corruptos». También denominó «presos políticos» a los líderes independentistas encarcelados preventivamente por sus actos, no por sus ideas.[5]

A bastantes de sus compañeros de partido y simpatizantes no parecía gustarles esa posición. Carolina Bescansa, tras ser relegada por Pablo Iglesias de la Comisión Constitucional del Congreso, declaró que Podemos debía tener un proyecto para toda España y no solo para los independentistas catalanes. Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida —ahora sumada a Podemos—, se ha distanciado del independentismo: «Cuando el derecho de autodeterminación lo exigen las partes más ricas hay que sospechar», declaró.[6] Para buena parte de la izquierda a la izquierda del PSOE resulta cada vez más difícil ver con simpatía al independentismo: pese a la alianza histórica entre reivindicaciones periféricas e izquierda, exige mucha voluntad entender el secesionismo como un movimiento progresista. Tampoco termina de ayudar el tono despectivo que este muestra a veces hacia los desfavorecidos de otras partes de España. El 29 de octubre, uno de los discursos más poderosos de la manifestación contra la independencia fue el que pronunció Francisco Frutos, secretario general del Partido Comunista de España entre 1998 y 2009.

Al mismo tiempo, en las fuerzas surgidas tras el 15-M existía otra lectura. Pablo Iglesias señalaba que el procés era «una referencia para nosotros. A muchísimos niveles, precisamente, por esa capacidad de incorporar a sectores muy plurales, desde un discurso de la decencia y del sentido común, encontrar a gente que venía de las izquierdas, pero también a gente que no se identifica con etiquetas ideológicas».[7] El nacionalismo catalán ha sido el experimento populista más exitoso de la España democrática. Ha obtenido una hegemonía discursiva y ha logrado imponer sus marcos, ayudado por un aparato mediático y paraestatal. Fernando Vallespín y Máriam Martínez-Bascuñán han descrito su lógica: «Esta confrontación entre el “poder” de los unos cumple la función de escindir el campo político en dos, crea una frontera —en este caso, casi de forma literal— entre la “comunidad auténtica”, “democrática” —el polo positivo— y el antagonista, el “poder” del Estado español que impide su realización. Y evoca a la vez una “ausencia”, la que anida tanto en el concepto de “libertad” —la autonomía del poder— como en el de “democracia plena”, significante vacío que se ocupa mediante el nombre de “independencia”».[8]

En los últimos tiempos el secesionismo ha buscado una estrategia, aparentemente hiperdemocrática, de radicalidad y participación. Jorge San Miguel ha llamado el derecho a decidir «el macguffin catalán». Su utilidad residía en «que permitía estirar el chicle del proceso de construcción nacional incluso si la mayoría nacionalista por la independencia se hacía esperar más de lo planeado. Para ello, se pusieron en circulación discursos que anteponían la democracia, entendida en sentido plebiscitario, a la nación; y figuras visiblemente ajenas a las élites catalanas tradicionales que, como hemos visto antes, estadísticamente no son sino tokens promocionados en el intento de representar y atraer a unas clases notablemente ausentes de los sucesivos gobiernos nacionalistas y del gobierno nacionalista. La paradoja es que, precisamente porque no daban los números para una declaración de independencia, se inventó el “derecho a decidir”: si el viaje hacia Ítaca era más importante que el lugar de llegada, el voto se convertía en el objeto perseguido para ocultar la realidad del proyecto secesionista, ganar tiempo y sumar voluntades».[9] Para designar esta concepción plebiscitaria de la democracia, Jorge San Miguel emplea el término de origen schmittiano «decisionismo».

En Ctxt, Jorge Lago, próximo a las ideas de Errejón, ha lamentado el fracaso del procés y ha mostrado, desde una posición crítica, una cierta admiración por su intento de articular un «nosotros».[10] Por un lado, la cuestión territorial siempre ha puesto en apuros al PSOE. Por otro, el procés representaba la posibilidad de acabar con el régimen del 78. Podemos fracasó en sus intentos de promover el cambio, primero en la calle y más tarde en las elecciones. Posteriormente, no ha sabido o no ha querido posibilitar cambios graduales: Iglesias, frente al criterio de Errejón, rechazó formar un gobierno presidido por Pedro Sánchez. La crisis catalana permitía otra forma de ataque: asaltar la Constitución por el flanco del Estado de las Autonomías; conseguir, como ha escrito José Ignacio Torreblanca, dos repúblicas por el precio de una.[11] Esa era la idea que parecía apoyar también, por ejemplo, Jaume Asens, de Barcelona en Comú, en una entrevista en el diario Público, donde declaraba que el golpe mortal al régimen debía venir de la periferia.[12] En una carta abierta a la militancia de finales de octubre, Pablo Iglesias decía que «es necesario defender España asumiendo el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro en un referéndum y, a partir de ahí, discutir en Catalunya y en España un modelo de Estado plurinacional que no solo reconozca a Catalunya como nación, sino que apueste por una configuración estatal que acepte de una vez la realidad plurinacional de nuestra patria y construya un proyecto de país asociado a la justicia social y a la soberanía popular».[13]

En el blog Piedras de papel, Alberto Penadés ha argumentado que a la izquierda no le interesaba demasiado entrar en un debate territorial. Aunque los partidos más a la izquierda eran más favorables al autogobierno, estaban muy lejos de los nacionalistas. Podían llegar a acuerdos con facilidad en políticas no territoriales, pero una ruptura del consenso territorial hubiera encontrado dificultades. La tensión por la crisis catalana oscurecía otros problemas, como la corrupción del PP, y era una preocupación que se agudizaba más entre los votantes de derecha. Penadés señalaba también que quienes se mostraban más contentos con el funcionamiento de la democracia en España eran los más partidarios de recortar el Estado de las Autonomías.[14]

El procés ha generado un buen número de paradojas. Entre ellas está que la Generalitat tuviera que impedir unos referéndums convocados en 2014 por varios municipios catalanes, o que Podemos comenzase a defender los pactos y a alertar de actuaciones como la activación del artículo 155, con el argumento de que podían romper «el consenso alcanzado en 1978». La apuesta por la independencia de Cataluña puede acabar provocando, finalmente, una renacionalización en España. Y su salida probablemente pase por una reforma constitucional de la que, por el momento, Podemos parece haber decidido excluirse.

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La responsabilidad de las élites

Los independentistas suelen presentar su movimiento como algo que se ha producido de abajo arriba, como una corriente grassroots. A lo largo de estos años hemos visto manifestaciones masivas de apoyo a una mayor autonomía o a la independencia. En estas manifestaciones, de manera sorprendente, no se han producido actos de violencia.

Sin embargo, no es del todo convincente que este sea un fenómeno popular. El independentismo andaba entre el 15 y el 20 por ciento hasta el año 2012. Desde 1999 el nacionalismo catalán ha estado siempre entre el 47 y el 49 por ciento de los votos. Lo que cambió es que los políticos se volvieron independentistas. Este viraje fue especialmente espectacular en Convergència i Unió. Entre 2006 y 2011 el apoyo al independentismo entre sus votantes pasó del 18 al 25 por ciento. Entre 2011 y 2013 ascendió hasta el 69 por ciento (podría ser también que la posición del partido hubiera frenado el sentimiento secesionista hasta entonces). Entre los factores que se citan más a menudo para explicar este aumento está la sentencia del Estatut, la primera manifestación masiva en la Diada y, sobre todo, el giro independentista de Artur Mas.[1]

La sentencia del Estatut se suele mencionar como factor decisivo, la humillación que habría convencido a muchos catalanes —siempre se dice así, porque de alguna manera los que se sintieron menos ofendidos eran menos catalanes—. Como ha dicho Josep Borrell, la historia del Estatut fue una desgracia de principio a fin. La reforma obedecía más a razones tácticas que a una necesidad real: en un momento en el que Pujol gobernaba con el PP, apostar por ella beneficiaba a Pasqual Maragall, pero podría haberse incrementado el autogobierno catalán a base de pactos bilaterales, como había ocurrido hasta entonces. José Luis Rodríguez Zapatero, que en la época era el secretario general del Partido Socialista, se comprometió en la campaña de las elecciones catalanas de 2003 a aprobar cualquier Estatut que saliera del Parlament. El Estatut acabó siendo un intento de cambiar la Constitución por la puerta de atrás. Aunque Convergencia i Unió fue el partido más votado en esas elecciones, su ventaja no era suficiente, ni siquiera pactando con el PP. Se formó entonces una coalición de gobierno entre el PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds. Sus líderes, Pasqual Maragall, Josep-Lluís Carod-Rovira y Joan Saura firmaron el llamado Pacto del Tinell, mediante el cual se comprometían a sacar adelante la nueva ley autonómica. En el anexo se incluía una cláusula que excluía la posibilidad de llegar a ningún acuerdo de gobierno con el Partido Popular. Aunque más adelante el PP se sumó a la discusión sobre el Estatut, en un primer momento esta formación estaba marginada. La redacción y sus trámites fueron trabajosos y tensos; finalmente el Estatut fue votado en el Parlament con 120 votos a favor y 15 en contra, los del PP, en septiembre de 2005.

En junio de 2006 los catalanes aprobaron el Estatut en referéndum, con un 73,9 por ciento de votos a favor y una participación del 48 por ciento del censo. Antes había sido votado también en las Cortes Generales, que lo habían modificado. El Partido Popular había lanzado una campaña de firmas para que no se admitiera a trámite en las Cortes. La Comisión Constitucional lo había revisado: en palabras de su presidente, Alfonso Guerra, había cepillado el texto como un carpintero.[2] El pacto entre Zapatero y Artur Mas fue decisivo para la tramitación. En el referéndum, el Partido Popular y Esquerra Republicana pidieron el no por razones opuestas.

Después de su entrada en vigor en 2006, se presentaron recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Lo hicieron, por motivos distintos, el PP, el Defensor del Pueblo, los gobiernos de Aragón, Murcia, La Rioja, Valencia e Islas Baleares. En junio de 2010 el tribunal emitió una sentencia donde declaraba inconstitucionales 14 artículos de los 223 que tenía el texto legal. La mayoría de los artículos modificados o suprimidos estaban relacionados con el poder judicial: se impedía la creación de un poder judicial autónomo de Cataluña. También se eliminó el carácter exclusivo de la vigilancia del Síndic de Greuges sobre la administración catalana; el tribunal argumentaba que esto habría imposibilitado que el Defensor del Pueblo actuara ante la administración de la comunidad. Se tocaron artículos sobre cajas de ahorros y la comisión de garantías estatutarias.

Se modificó un artículo sobre la lengua: «el catalán es la lengua de uso normal y preferente» se convertía en «el catalán es la lengua de uso normal». El Tribunal Constitucional invalidó dos puntos relacionados con asuntos fiscales. Uno era un artículo que reclamaba de otras comunidades un esfuerzo fiscal similar al de Cataluña: no corresponde a una comunidad decir cuánto tienen que pagar las otras, sino al Estado. El otro hablaba de la creación de tributos locales: la Constitución estipula que la potestad de regularlos es «exclusiva y excluyente del Estado».

Además, el tribunal avalaba la constitucionalidad de otros 23 artículos y cuatro disposiciones, pero señalaba cómo debían interpretarse. A menudo se dice que se anuló el reconocimiento de Cataluña como nación. En realidad, el tribunal estableció únicamente que, al estar en el preámbulo, la definición de Cataluña como nación carecía de valor jurídico. (Esto era previsible: por eso se había colocado, a propuesta del PSOE, en el preámbulo.)

Antes de la sentencia, doce diarios catalanes habían publicado un editorial conjunto, titulado «La dignidad de Catalunya».[3] En la pieza, redactada por el periodista Enric Juliana y el notario López Burniol, se decía que «hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española». El dilema real era modernidad (aceptar el Estatut) o atraso (modificarlo). Reprochaba al PP que se acercara ahora con actitudes «zalameras» y se decía que los «catalanes» sufrían hartazgo: pagaban impuestos sin régimen foral, hablaban una lengua importante, contribuían «con su esfuerzo a la transferencia de cuentas a la España más pobre» y afrontaban la internacionalización económica sin las ventajas de la capitalidad: ahí estaba toda la colección de reproches nacionalista. El editorial decía que «no estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad» y concluía anunciando que «si es necesario, la sociedad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable».

La sentencia provocó una manifestación multitudinaria de protesta, con el lema «Som una nació, nosaltres decidim», convocada por Òmnium Cultural, una asociación decisiva en el desarrollo del independentismo. Participaron todos los partidos salvo el PPC y Ciudadanos, y en la cabecera estuvieron los presidentes y expresidentes de la Generalitat y el Parlament. Era un choque de legitimidades: por un lado, la Constitución y su interpretación; por otro, la que derivaba del referéndum. Según el eslogan en la manifestación, el tribunal había maltratado la voluntad de los catalanes. Pero este tipo de conflictos entre poderes, y entre instituciones nacionales y regionales, se producen en otros países y se han producido entre el Estado español y otras comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional ha anulado los artículos del Estatuto de Autonomía de Aragón relativos a la gestión de los recursos hídricos, porque considera que invaden competencias estatales. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo tiene que resolver a menudo los conflictos entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Así, se revisó la reforma sanitaria de Obama, lanzada por un presidente elegido democráticamente y apoyada por dos cámaras, o se han rechazado leyes de voto estatales que discriminaban a las minorías, y que contaban con el apoyo de los votantes. En el caso Hollingsworth contra Perry, el Supremo canceló la prohibición del matrimonio homosexual, que se había votado en referéndum. Por mencionar un momento histórico que a los independentistas les gusta citar, en 1965 el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy emitió la orden 3542, que obligaba al gobernador George Wallace a cumplir la orden de los tribunales federales que permitía que dos estudiantes negros se matricularan en las clases de verano en la Universidad de Alabama.

La sentencia del Tribunal Constitucional, un mal final para algo que nunca fue bien, no era una humillación a Cataluña, ni una imposición autoritaria, ni una aberración antidemocrática: el sometimiento de los políticos a las leyes es un principio básico en la democracia constitucional.

No parece tampoco que parte del nacionalismo catalán considerase que la sentencia suponía una ruptura total, la revelación de que no había nada que hacer con una España cerrada a las reformas y, en especial, con un Partido Popular que representaba una idea monolítica de España y que odiaba a Cataluña. Como ha escrito Víctor Saura, en el relato que señala que el secesionismo da un salto enorme por la indignación que produce la sentencia del Estatut nos han escamoteado un año entero: el 2011, el año del 15-M. Tras la manifestación multitudinaria contra el Estatut, la Diada de ese año no tuvo una participación superior a la habitual. En noviembre de 2010, se celebraron elecciones autonómicas. Mas fue investido presidente con la abstención del PSC y los votos en contra de todos los demás partidos. Las crónicas de la manifestación del 11 de septiembre de 2011 hablan de unos diez mil asistentes.

En mayo se habían celebrado elecciones municipales. El PP ayudó a que Xavier Trias ocupara, con CiU, la alcaldía de Barcelona; CiU apoyó la candidatura de Albiol en Badalona. La alianza también llegó a la Diputación de Barcelona. El Gobierno de Mas aprobó los presupuestos de los recortes con el apoyo del PP. Las cosas empezaron a cambiar tras las elecciones generales de 2011, que los conservadores ganaron por mayoría absoluta. El apoyo de Convergència ya no era tan necesario para la estabilidad parlamentaria en Madrid, mientras que Convergència seguía necesitando a los populares en Cataluña.[4]

La politóloga Eloísa del Pino ha explicado que en torno a 2010 se produce un mayor descontento con el Estado Autonómico en Cataluña. Pero también se produjo en toda España, de forma menos acusada aunque no muy distinta. La crisis económica y las críticas al despilfarro en los años de bonanza contribuyeron al desgaste de ese modelo. Ocurrió también en otros países afectados por la crisis. La creciente desconfianza perjudicó a otras instituciones del Estado, e hizo aumentar la percepción de que se pagaban demasiados impuestos y que era necesario un drástico recorte del gasto público. El incremento más relevante se produce, explica Eloísa del Pino, en 2012, cuando aumenta el número de catalanes partidarios de que una comunidad autónoma pueda ser reconocida como Estado independiente y también el número de personas que dicen sentirse solo catalanas. La crisis no afectó a los sentimientos de pertenencia en otras comunidades, como Madrid, Andalucía o el País Vasco. En términos de organización territorial, creció hasta el 40 por ciento el número de personas que consideraban preferible una recentralización (el porcentaje había bajado hasta el 27 por ciento en marzo de 2017).

Para Del Pino, hubo varios elementos implicados. Los gobiernos encargados de realizar los recortes de la crisis realizaron un «traspaso de la culpa»: responsabilizaron de las medidas impopulares al Gobierno central. Los mayores recortes que se hicieron en España los realizó el Gobierno Mas: se podría defender que tenían más culpa que transferir. Muchas veces, los gobiernos nacionales hacen algo parecido cuando se excusan diciendo que los ajustes son imposiciones de Bruselas, y que lo bueno es cosa suya. En todas partes había ciudadanos dispuestos a responsabilizar del empeoramiento de la situación al Gobierno central, y más cuando no le habían votado. Lo que diferencia, a juicio de la autora, el caso catalán es lo exitoso de ese «traspaso de la culpa»: enraizó en un suelo bien abonado de agravios y descontento que no era privativo de los independentistas.

En marzo de 2012 se constituyó la Assemblea Nacional Catalana, presidida por Carmen Forcadell, que más tarde sería presidenta del Parlament de Cataluña. En septiembre de ese mismo año se produce otro de los momentos decisivos, apenas unos días después de la multitudinaria manifestación independentista, Artur Mas se reúne con Mariano Rajoy para negociar un pacto fiscal. Fue un fracaso. Se trataba de una reivindicación histórica del nacionalismo catalán, pero, aunque fuera injusto sospechar de la buena fe del president, y aunque el PP ha mostrado en numerosas ocasiones insensibilidad y falta de reflejos en torno a esta cuestión, cabe preguntarse si el momento era el más oportuno. España estaba al borde de la bancarrota, y el proyecto europeo se encontraba en una situación muy frágil.

Enric Juliana ha contado cómo la decisión de Artur Mas estaba tomada antes incluso de la reunión para pedir un concierto fiscal. El 19, en una terraza del Ritz, Francesc Homs, Mas y una o dos personas más, convencidos de que la conversación con Rajoy no llegaría a ninguna parte, acordaron un adelanto electoral bajo la promesa soberanista. Había signos que parecían alentadores, como la celebración de un referéndum de autodeterminación o la Diada multitudinaria. «Tres motivaciones empujaban a Mas hacia las elecciones anticipadas. La voluntad de poder —el fuerte instinto de poder que siempre ha caracterizado al gen convergente—, el miedo a que las protestas sociales por los recortes acabasen propiciando otra mayoría de izquierdas en Catalunya, y la alargada sombra del caso Palau, en fase de lenta instrucción judicial. Algunas encuestas daban por hecha la mayoría absoluta aquel mes de septiembre. La consulta soberanista partía por la mitad al PSC, disminuyendo al cincuenta por ciento las posibilidades de una alianza de las izquierdas a medio plazo. Y la pasión soberanista podía sedar los efectos del caso Palau», según Juliana.[5] Ese mecanismo luego se les fue de las manos, como le ocurrió al propio Rajoy.

Parte del giro se podría explicar pensando más en términos de fidelidad e identificación que de ideología: hay un componente de tribalismo. Ezra Klein escribió en Vox sobre el estudio Neither Liberal nor Conservative. Ideological Innocence in the American Public, de Donald R. Kinder y Nathan P. Kalmoe.[6] Se basan en un trabajo clásico de Philip Converse sobre la naturaleza de los sistemas de creencias entre la población. Una de las ideas principales es que, aunque las élites políticas están obsesionadas con la ideología, los votantes no lo están tanto. Tienen opiniones y lealtades, pero estas no suelen encajar en un conjunto (semi)coherente de ideas. Un descubrimiento repetido es que la identificación con un partido es superior a la identificación ideológica. Aunque hay casos en los que se cambia el sentido del voto, es más fácil cambiar de posición sobre un asunto cuando tu partido altera su valoración que cambiar de partido porque has cambiado de idea. La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2016 es un ejemplo particularmente ilustrativo. En muchos terrenos, Trump representaba valores opuestos a los tradicionales del Partido Republicano. Si su organización había estado a favor de los mercados y de la reducción del Estado, él defendía un programa de nacionalismo económico y el cierre de fronteras. En elecciones recientes los republicanos habían reivindicado los valores familiares, pero Trump presumía en público de ser un predador sexual. Si durante años la Unión Soviética había sido un enemigo, y Rusia una potencia con tendencia a incordiar y desestabilizar, él mostraba cierta admiración hacia Putin y desdibujaba líneas estratégicas tradicionales de la política estadounidense, como la OTAN. Sin embargo, Trump ganó las elecciones, en buena medida por la fidelidad del voto republicano.

Klein añadía en su artículo que a veces lo que une mejor es una forma particular de odiar al enemigo. Trump no era un conservador convincente: había sido demócrata, se había declarado a favor del aborto legal. Sin embargo, era muy eficaz a la hora de transmitir su rechazo hacia los valores de los demócratas, hacia los mexicanos, hacia el presidente Obama.

El descontento con la crisis, el malestar con la sentencia del Estatut y la sensación de agravio fueron juntos. Al lado de élites insatisfechas habría una parte de políticos sorprendidos por la intensidad de la respuesta: soy su líder, tengo que seguirlos. Y, cuando ganó el PP las elecciones generales a finales de 2011, los que llevaban tiempo deseando la independencia vieron una ventana de oportunidad: era entonces o nunca.[7]

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La identidad la carga el diablo

En un texto dedicado al humor somarda, José Luis Cano contaba la anécdota de un funcionario del ayuntamiento de Calanda, Teruel, que le indicaba a una señora: «Aquí tendrá que firmar alguien de la familia». «¿Y quién de la familia?», contestaba ella. «No sé, cualquiera, su marido mismo.» «¡Uy, mi marido de la familia, si ni siquiera es del pueblo!»[1]

Las bromas las carga el diablo, y lo que ocurre en Cataluña puede verse como una farsa que se repite en forma de tragedia: como si demasiada gente al mismo tiempo se hubiera tomado en serio el chiste.

Hay investigadores que señalan que existe un componente biológico en el nacionalismo, además de elementos de construcción cultural y de intereses de las élites. No está claro que eso lo haga irremediable: hay otros impulsos biológicos que hemos conseguido domesticar y, en buena parte de nuestro continente, estas últimas décadas, hemos conseguido acallar o tener una versión relativamente suave de algo que, como dijo François Mitterrand en un discurso inolvidable en el Parlamento europeo, es la guerra.[2]

El nacionalismo ha disimulado (aunque, a decir verdad, tampoco disimula tanto) sus elementos anacrónicos, un poco decimonónicos y rancios, y su sustrato supremacista, en una época que mostraba una actitud comprensiva hacia el discurso de las identidades, y en particular hacia sentimientos de pertenencia reprimidos durante la dictadura franquista.

La identidad es compleja, cambiante y azarosa. No somos el mismo todo el tiempo ni con todas las personas, y todos tenemos múltiples lealtades y esferas de reconocimiento. Muchas veces establecemos una complicidad con alguien porque nos identificamos con él o ella en un área que, de entrada, no nos habría parecido tan importante. La gente que vamos encontrando y que vamos queriendo modifica nuestros vínculos, al igual que lo hacen las creaciones artísticas o los lugares donde vivimos. Y una circunstancia concreta puede hacer que prime una parte, a veces de manera sorprendente. Puedes emocionarte escuchando una canción que te había parecido ridícula, porque te recuerda a un lugar o una persona. Un día, te descubres apoyando a la selección del país de tu exmujer, con la que acabaste mal.

La identidad no siempre tiene articulación política, y la identificación con un territorio tampoco presenta necesariamente una relación conflictiva con el sentimiento de pertenencia a una unidad mayor. Sin embargo, el nacionalismo privilegia una sola variedad homogénea y esencialista por encima de las demás. Los nacionalistas periféricos españoles tienden a hablar de la asignatura de Formación de Espíritu Nacional. Pero al observar sus acciones no es difícil detectar cierta admiración: parece que lo que les molesta no es el adoctrinamiento en sí, sino que este se hiciera en los mitos y símbolos equivocados.

La identidad facilita el paso a una implicación emocional. La crítica a una identidad colectiva, a su parafernalia hortera o sus mecanismos de propaganda se convertía en una agresión a las personas. Si es un sentimiento íntimo, todo ataque es una ofensa: la nación (o la pertenencia regional) ya no se ve como una idea sino como una parte del sujeto, y se olvida que las tradiciones culturales son en buena medida una mezcla de falsificación y robo: en su texto sobre el humor aragonés, Cano cita como ejemplos de él a Zhuang Zi y Buster Keaton. En los casos extremos, la discusión se desliza hacia lo religioso y todo desacuerdo se vuelve blasfemia.

Otra de sus características es que propicia el desarrollo de lo que podríamos llamar una «política del agravio». Este no es un elemento despreciable. Todos nos sentimos ofendidos, de una manera u otra, y el deseo de reconocimiento es una poderosa fuerza política.

Existen injusticias mensurables que se pueden rectificar. Hay reparaciones y gestos simbólicos que pueden ser útiles, y pueden hacerse por buena voluntad o por cuestiones más pragmáticas. Pero esta política tiene sus límites y problemas.

Entre ellos está el regreso constante al pasado. Una de sus tentaciones más frecuentes es proyectarlo en el futuro, como ha escrito Manuel Arias Maldonado: a ver si esta vez sale bien. Quienes no conocen la historia, escribió Christopher Hitchens, están condenados a recrearla.

Otro es que el agraviado, en ese repositorio cambiante del pasado, tiene siempre motivos para sentirse herido. «Nadie quiere ser víctima, pero todos quieren haberlo sido», escribía Todorov. Así, por ejemplo, cuando un novelista que escribe en castellano, con propósito conciliador, publicó un artículo explicando lo importante que era para él la cultura catalana, un narrador en catalán le reprochó que los nombres que citaba en su artículo fueran clásicos: eso demostraba, a su juicio, su falta de interés por la cultura catalana contemporánea. Hay un momento en el que la sensación de ofensa es irrefutable: existe porque alguien la percibe como tal.

Aunque Cataluña no es una colonia española, el secesionismo ha adoptado más de una vez el discurso de una colonia. Puede resultar útil la advertencia de Amartya Sen en Identidad y violencia:

Los limitados horizontes de la mente colonizada y su fijación con Occidente —tanto en resentimiento como en admiración— deben ser superados. No tiene sentido verse a uno mismo como alguien que (o alguien cuyos ancestros) ha sido mal representado, o maltratado, por los colonialistas: no importa lo que esta identificación tenga de verdadero.

Hay sin duda ocasiones en las que este diagnóstico puede ser bastante relevante. [...] Pero vivir una vida en la que el resentimiento contra una inferioridad impuesta en una historia que ya ha pasado viene a dominar las prioridades de hoy no puede sino ser injusto con uno mismo. También puede desviar la atención de otros objetivos que quienes emergen de las antiguas colonias tienen razones para valorar y perseguir en el mundo contemporáneo.

En realidad, la mente colonizada tiene una obsesión parasitaria con su relación con los poderes coloniales.[3]

Otro problema de la política del agravio es que, cuando uno está muy preocupado por las ofensas reales e imaginarias que recibe, tiene menos capacidad para detectar las ofensas reales e imaginarias que produce. Es bastante frecuente leer u oír a gente que muestra una extraordinaria sensibilidad para lo propio y una espeluznante falta de sensibilidad hacia los demás.

El énfasis en la identidad y los agravios produce un discurso emocional que dificulta llegar a acuerdos. No creo que haya que despreciar las emociones ni pasarlas por alto, pero conviene mantenerlas a raya antes de la discusión. No porque no sean importantes, sino, entre otras cosas, por respeto a su poder y relevancia.

Otra de las consecuencias del énfasis en la identidad es que alimenta el tribalismo. Autores como Jonathan Haidt han escrito sobre las tribus morales. Nuestra manera de pensar está llena de trucos y heurísticos, de sesgos y mecanismos que potencian la cohesión dentro del grupo y que dificultan la relación con los otros grupos. El resultado, para muchos observadores de la política estadounidense, es una mayor polarización, la fragmentación de la esfera pública. «Ocurre una cosa curiosa —ha argumentado Haidt— cuando coges a unos humanos jóvenes, cuyas mentes evolucionaron para la guerra tribal y una manera de pensar que distingue entre ellos y nosotros, y llenas esas mentes de dimensiones binarias. Le dices a cada lado que un lado es bueno y el otro malo. Enciendes viejos circuitos tribales, preparándolos para la batalla. Para muchos estudiantes esto es emocionante; los llena de una sensación de significado y propósito.»[4]

En una columna sobre el regreso del tribalismo, David Brooks señalaba que en 1994 un 16 por ciento de los demócratas tenían una opinión muy desfavorable del Partido Republicano; en 2017 alcanzaba el 38 por ciento. En 1994, un 17 por ciento de los votantes republicanos tenía una opinión muy desfavorable del Partido Demócrata. En 2017 la cifra había subido al 43 por ciento.[5]

El discurso identitario acaba por negar lo que tenemos en común: la idea de que nuestras experiencias son comunicables, de que podemos entender la alegría o el dolor de los demás. En la mentalidad identitaria no juzgamos a las personas por lo que hacen sino por lo que son. Así, nos parece que alguien no merece un castigo porque piensa como nosotros, desconfiamos de quien intenta ayudarnos si no comparte nuestra autodefinición o desdeñamos el sufrimiento de aquel a quien designamos como diferente. Es un error perceptivo y moral encerrar a los demás en una sola identidad. Pero también es un error dejarnos atrapar en una sola identidad, en una única dimensión.

Un poco de ironía —en el sentido de tener conciencia de la propia contingencia— puede resultar útil. No significa renunciar a los propios principios; al contrario, puede ayudarnos a distinguir lo que de verdad importa.

7

El nacionalismo es una novela histórica

El escritor Félix Romeo decía que no le gustaba la novela histórica porque era como las reencarnaciones. Todo el mundo fue Cleopatra y nadie era el tipo que había construido las pirámides. De vez en cuando, en la redacción de un periódico aparece todavía alguien que ha encontrado el diario de Anastasia; con un poco de suerte, llega alguien que dice ser Anastasia.

Cuando este fenómeno afecta a una sola persona suele considerarse un problema psicológico o un intento de obtener un beneficio de manera fraudulenta. Cuando el fenómeno afecta a una colectividad, y sin que sea incompatible con las dos explicaciones anteriores, se clasifica como sentimiento nacionalista.

El nacionalismo suele destacar las diferencias, y quizá por eso resulta llamativo comprobar hasta qué punto se parecen sus variedades, incluidas las que más se enfrentan entre sí. La mitología nacionalista tiene unos elementos comunes, y muy a menudo un imaginario similar, como en los cuentos de hadas que analizaba Vladímir Propp o en los relatos heroicos que estudiaba Joseph Campbell. Buena parte de lo que se presenta como algo natural y eterno proviene de unas ideas que nacieron en Europa hace unos doscientos años, en unas circunstancias económicas, políticas y culturales determinadas. Los sentimientos patrióticos y de pertenencia son anteriores, y la adhesión al grupo y el rechazo al otro tienen razones vinculadas a la evolución. Pero ese cruce de demandas políticas y estéticas, una de cuyas ideas impracticables es que toda nación merece un Estado, no es algo dado ni eterno. El hecho de que nos parezca de sentido común es una muestra de su éxito y de su capacidad para transformarse y aliarse con otras ideologías, así como de su eficacia a la hora de configurar una comunidad política y de su desarrollo en paralelo con el Estado-nación moderno. También es un recordatorio de lo que puede conseguir el resentimiento de los poetas: en parte, el nacionalismo es una reivindicación de intelectuales alemanes acomplejados por el dominio lingüístico y cultural de la lengua francesa.

El estudioso Elie Kedourie vinculó la idea de la autodeterminación con el concepto de autonomía del filósofo Immanuel Kant.[1] Isaiah Berlin también apuntó algo similar, incidiendo en una contradicción.[2] Normalmente, asociamos a Kant con una visión del mundo universalista, ilustrada, liberal, por lo que resulta sorprendente que diera lugar a una filosofía particularista, cerrada y romántica. Más que en los textos políticos, la clave estaría en su filosofía moral, con su énfasis en la libertad y en la responsabilidad, en la denuncia del gobierno despótico y en la lectura que hizo de ella Fichte, «el infiel discípulo de Kant, el padre verdadero del romanticismo», y junto a Görres, Müller y Arndt uno de los creadores del nacionalismo alemán y europeo. En la base de su pensamiento estaría la idea de la autodeterminación. Para Kant quien elige «es todavía el individuo, aunque atribuya a la voluntad moral una condición trascendente, fuera del espacio y del tiempo, fuera del reino inferior de la necesidad ciega, causal». El autogobierno es mejor que el buen gobierno. Heine decía que Kant era mucho más revolucionario que Robespierre porque dejaba en el centro del universo al individuo. Lo que hacen Fichte y otros discípulos es extrapolar esa convicción sobre la moral individual a una visión social; para Fichte, «el yo verdadero no es el individuo en absoluto: es el grupo, la nación. Pronto empezó a identificarlo con el Estado político. El individuo no es sino un elemento del Estado, y si se separara de él, es un miembro carente de cuerpo, un fragmento insignificante que únicamente recibe su significado de la asociación con el sistema». Según Kedourie,

La doctrina del yo libre con la que Kant intentó superar lo que él sentía como el peligro para la libertad moral proveniente de la aceptación de un universo mecánico, impersonal, determinado, en el que la elección era ilusoria, se magnificó, y, de hecho, se pervirtió en la doctrina de la historia casi personalizada de la voluntad colectiva, la voluntad de desarrollo, de poder, de esplendor, una concepción medio biológica, medio estética, en el centro de la cual está la idea del interés y el propósito de la nación o el Estado-nación como una especie de obra de arte creativa, que se desarrolla por sí sola.

La raza humana estaría dividida en naciones, y los hombres tienen la obligación de preservar esa división: deben conservar los elementos que le dan identidad y hacer frente a las tendencias que amenazan con diluirla. «El corazón inundado del cosmopolita ocioso no es albergue para nadie», escribía Herder.

Uno de los elementos que dan sentido a la comunidad nacional es la lengua. Kedourie señalaba un elemento de francofobia en algunos autores nacionalistas o protonacionalistas: como ha pasado en otras ocasiones, una postura poética se transforma en un movimiento político. Herder, de nuevo, escribía: «Solo tú, alemán, volviendo del extranjero, ¿saludarás a tu madre en francés? / Escúpelo, escupe ante tu puerta el feo lodo del Sena, ¡habla alemán, oh, alemán!». La definición que da Fichte de pueblo era lingüística: son «los hombres que viven juntos y desarrollan un idioma en continua comunicación recíproca». Quizá no es sorprendente que desaconsejara el uso de palabras de origen extranjero, que mancillarían la pureza del idioma (según él, el alemán, frente al francés, que es una lengua neolatina, es una lengua original). «La prueba, entonces, por la que se reconoce la existencia de una nación es la del idioma. Un grupo que habla el mismo idioma es reconocido como una nación, y una nación debería constituir un Estado», escribe Kedourie. La lengua se convierte en algo que había sido pocas veces antes: un asunto político de tal envergadura que justifica morir y matar. Se presentan muchos problemas añadidos: por ejemplo, el conflicto en lugares donde se hablan varias lenguas, la naturaleza un tanto indefinida y especulativa de la distinción lingüística. Estos son resultados inevitables, dice Kedourie, de una teoría inventada por hombres que nunca habían ejercido el poder. «Los nacionalistas deben operar en una región confusa, a medio camino entre la fábula y la realidad, en la que los estados, fronteras y pactos son a la vez reales e irreales», escribía.

A menudo, la distinción lingüística se convierte en una distinción racial: Maurras, por ejemplo, diría que un judío no podía apreciar los versos de Racine. Para Kedourie, estas palabras de Schleiermacher resumen buena parte de la doctrina nacionalista:

¡Qué poco merecedor de respeto es el hombre que vaga aquí y acullá sin propósito fijo, sin el ancla de la idea nacional y el amor a la patria; qué pobre es la amistad que descansa solo en semejanzas personales, en el carácter e inclinaciones, y no en el sentimiento de una comunidad superior por cuya causa se puede sacrificar la propia vida; cómo pierde la mejor fuente de orgullo la mujer que no es capaz de sentir que ella también pare hijos para la patria y los cría para ella, que su hogar y todas las pequeñas cosas que ocupan la mayor parte de su tiempo pertenecen a un todo mayor y ocupan un lugar en la unión de su pueblo!

La demanda que hace el nacionalismo del ciudadano es total. Por eso, sus primeros defensores enfatizaron el control sobre la educación. Así, Fichte escribía: «La nueva educación ha de consistir esencialmente en esto, la destrucción completa del libre albedrío en el terreno que pretende cultivar, determinando estrictamente las decisiones de la voluntad, de modo que se haga imposible una conducta contraria».

Otra virtud del nacionalismo es que da algo que hacer a los intelectuales. Irlanda hubiera querido ser un país de santos y poetas; en los Balcanes el nacionalismo permitió que los escritores, que habían tenido gran importancia durante el régimen de Tito, conservaran un ascendiente. El procés necesitaba intelectuales y ha utilizado los medios y las voces a su alcance: nunca es difícil encontrarlos. «Por medio de palabras de alta filosofía los gobernantes pueden controlar mejor a los gobernados, que son cogidos en la trampa de su capacidad de leer y escribir, obteniendo así su apoyo activo o su aquiescencia pasiva», escribe Kedourie.

La visión nacionalista interpreta toda la historia de manera anacrónica, al servicio de la intención de transformar el presente: los almogávares eran guerreros catalanes, Moisés era un líder nacional del pueblo judío, los numantinos eran patriotas españoles. Muchos de estos episodios mitificados designan una cierta esencia nacional: Numancia o Sagunto o Gerona (¡o Masada!) representarían una resistencia hasta el final; Zaragoza, como recordaba la cita galdosiana de los billetes de mil pesetas, no se rinde. Una consecuencia divertida es que convertimos en héroes nacionales a gente que no tenía demasiada idea ni interés en pertenecer a esa nación. Incluso la geografía se transforma en portadora de un destino.

Cualquiera que haya observado un tiempo los fenómenos nacionalistas verá que requieren un enemigo exterior, pero también un enemigo interior: lo primero que hace un buen patriota es señalar a los que no lo son. Kedourie cita un pasquín de los independentistas armenios, que tranquilizaba a los turcos explicando que sus víctimas siempre habían sido principalmente armenios. El problema lo plantea normalmente quien es sospechoso de una inclinación al compromiso.

Con la historia sucede algo similar: se magnifican y distorsionan algunos elementos, se toman de otras tradiciones y se ocultan o dejan de reconocerse hechos que han sucedido. El inexpugnable Reino Unido sufrió más invasiones de las que prefiere reconocer. La inquebrantable resistencia española permitió que los musulmanes conquistaran el territorio con bastante facilidad. Ni siquiera el carácter nacional es inmutable: el Reino Unido fue un país revolucionario antes de convertirse en el modelo del parlamentarismo y las reformas graduales, el referente de la flema antes de volverse, esperemos que temporalmente, en sede de una particular histeria xenófoba. Francia fue el prototipo de la estabilidad monárquica antes de convertirse en el paradigma revolucionario. Los países escandinavos, ahora un referente de la democracia avanzada, fueron el lugar de origen de guerreros y tratantes de esclavos que asolaron todo el continente. Tras la Segunda Guerra Mundial, incluso los europeos, que habían dedicado asombrosas cantidades de tiempo y energía a exterminarse, tomaron, como decía Borges, «la extraña resolución de ser razonables».

Fernando Savater ha comparado el nacionalismo con el relato La línea de sombra de Joseph Conrad:

Un barco ha sufrido una tempestad en su viaje anterior y el capitán anterior murió arrastrado por una ola. Empieza y todo va muy bien. De pronto, el nuevo capitán ve que no hay viento, no hay aire, y es que desde el fondo del mar el capitán impide que haga la travesía. [...] Todos tenemos que lidiar con el peso de los muertos. Los demógrafos dicen que al final de este siglo habrá más seres humanos vivos de los que han nacido y muerto a lo largo de toda la historia. Hasta ahora siempre ha habido más muertos. De hecho, los romanos decían que cuando alguien moría se iba con la mayoría. Por tanto, según dicen, a finales de este siglo, nacer será irse con la mayoría. Los vivos serán más que los muertos y quizá puedan vencer esa inercia de los muertos que lleva a los nacionalismos, los prejuicios raciales: eso es todo el peso de los muertos que tiran desde abajo para que el barco no avance.[3]

Isaiah Berlin sostenía que la época romántica fue «el primer momento, sin duda en la historia de Occidente, en el que las artes dominaron otros aspectos de la vida, cuando hubo una tiranía del arte sobre la vida».[4] Esa sería «la esencia del movimiento romántico». Uno de sus ejemplos más destacados es el nacionalismo, que según Kedourie se puede definir como una forma de «bovarismo» político: «el estilo romántico ciertamente tiende a desdibujar y a veces a borrar enteramente el límite entre la literatura y la vida, entre sueños y realidad. La tragedia de Madame Bovary de Flaubert, habrá que recordarlo, se originó en su excesiva lectura de novelas. Madame Bovary puede valer no solo como un arquetipo del amor romántico, sino también como un símbolo de la política romántica».

Esa enajenación romántica permite idealizar el pasado y convertir a los muertos en gobernantes de los vivos. Con frecuencia no se trata solo de reivindicar la tradición, sino de trasladarse desde un pasado idílico hasta un futuro esperanzador, saltándonos todo lo que haya en medio.

Ese pasado idílico —o inventado, por usar el título del libro de Miguel-Anxo Murado sobre verdad y ficción en la historia de España— no siempre resulta muy creíble, entre otras cosas porque no todo el mundo fue Cleopatra. Cuando los nacionalistas catalanes reivindican la tradición pactista de la Corona de Aragón, reivindican unos privilegios del Antiguo Régimen, mucho más restringidos que los derechos de las sociedades modernas.

Según esta concepción, la nación emerge de la historia. Pero las élites que inventan la nación reconstruyen la historia a su medida. Para que esa versión del pasado funcione bien hay que eliminar muchos matices, y a veces es necesario falsificar directamente. David Fernández, de la CUP, dijo que quería independizarse de España, pero sin renunciar a Machado, Lorca ni Rosalía de Castro. Como respondió Ignacio Martínez de Pisón, si te quedas con ellos, al menos debería corresponderte la parte alícuota de Jacinto Benavente. «No vale —decía el autor de La buena reputación— eso de coger lo que nos gusta y dejar a los demás lo que no. Las pinturas de Goya, la poesía de Miguel Hernández y las victorias de Rafa Nadal para mí. El Tribunal de la Inquisición, la expulsión de los judíos y el desastre de Annual para ti.»[5] Para mí Cervantes, Miguel Servet, la Constitución de Cádiz; para ti la censura, el pucherazo, el franquismo. Para mí el Dos de Mayo; para ti Fernando VII. El mecanismo es sencillo: como el propio Pisón ha escrito, «lo que es mío es mío y lo que es tuyo es de los dos».

Es una operación tosca, pero halaga al oyente, que de pronto forma parte de un grupo selecto, directamente vinculado a los grandes logros de la humanidad. Y a todos nos cuesta creer que alguien que nos considera listos esté totalmente equivocado.

Se necesita un enemigo. Se puede admitir la presencia de traidores, que quizá sea incluso necesaria, pero no la ambigüedad, y se tolera con dificultades a la gente que no termina de encajar en esa versión, o para la que la cuestión nacional no ha sido el eje de su vida.

Casi siempre es necesaria una afrenta. Idealmente, la ofensa es imprecisa y gravísima, para que la compensación sea elástica e inagotable.

James Joyce parodió en Ulises la mitología del nacionalismo:

De su cinturón le colgaba una ristra de piedras marinas que cascabeleaban a cada movimiento de su portentosa figura y en ellas estaban talladas con rudo aunque admirable arte las efigies tribales de muchos héroes y heroínas irlandeses de la antigüedad, Cuchulin, Conn el de las cien batallas, Niall el de los nueve rehenes, Brian de Kincora, el gran rey Malachi, Art MacMurragh, Shane O’Neill, el Padre John Murphy, Owen Roe, Patrick Sarsfield, Red Hugh O’Donnell, Red Jim MacDermott, el Sacerdote Eoghan O’Growney, Michael Dwyer, Francy Higgins, Henry Joy M’Cracken, Goliat, Horace Wheatley, Thomas Conneff, Peg Woffington, el Herrero del Pueblo, el Capitán Clarodeluna, el Capitán Boicot, Dante Alighieri, Cristóbal Colón, San Fursa, San Brendano, Marshal MacMahon, Carlomagno, Theobald Wolfe Tone, la Madre de los Macabeos, el último de los Mohicanos, la Rosa de Castilla, el Hombre para todo, el Hombre que hizo saltar la banca en Monte Carlo, el Héroe de la Portería, La mujer que no quiso, Benjamin Franklin, Napoleón Bonaparte, John L. Sullivan, Cleopatra, Savourneen Deelish, Julio César, Paracelso, Sir Thomas Lipton, Guillermo Tell, Miguel Ángel Hayes, Mahoma, La Novia de Lammermoor, Pedro el ermitaño, Pedro el empaquetador, Rousaleen la Tostada, Patrick W. Shakespeare, Brian Confucio, Murtagh Gutenberg, Patricio Velasquez, el Capitán Nemo, Tristán e Isolda, el primer príncipe de Gales, Thomas Cook e Hijo, el Valiente Soldadito, el Besucón, Dick Turpin, Ludwig Beethoven, la Chica Rubia, Naneador Healy, Angus el anacoreta, Dolly Mount, Sidney Paradae, Ben Howth, Valentine Greatrakes, Adán y Eva, Arthur Wellesley, el Jefe Croker, Heródoto, Jack el de las habichuelas, Gautama Buda, Lady Godiva, Lily of Killarney, Balor el del ojo a la virulé, la Reina de Saba, Acky Nagle, Joe Nagle, Alessandro Volta, Jeremiah O’Donovan Rossa, Don Philip O’Sullivan Beare.[6]

No podía faltar Cleopatra.

8

La fuerza de lo kitsch

El independentismo es un movimiento esencialmente narcisista. En pocos fenómenos contemporáneos se ha visto el kitsch con tanta claridad como en el procés, que se ajusta perfectamente a la observación de Milan Kundera en El arte de la novela sobre «La necesidad de kitsch del “hombre kitsch” (Kitschmensch): es la necesidad de mirarse en el espejo del engaño embellecedor y reconocerse en él con emocionada satisfacción».[1] La cita sería un pie de página adecuado para muchas de las imágenes de las manifestaciones y celebraciones por la independencia, y ayuda a entender el tono exacerbadamente sentimental que ha sido el preferido del procés.

Kundera escribe que el kitsch está vinculado al romanticismo, y no es extraño que surja a menudo en una ideología romántica. En 2006 Artur Mas se arrodillaba ante la tumba de Wifredo el Velloso, y prometía al caudillo medieval trabajar por una patria más libre. (La transformación de Wifredo el Velloso, un señor de la guerra que se aseguró un dominio territorial, en un protosecesionista catalán que habría sido, según se ha dicho este otoño, autor de la primera DUI, es un ejemplo de las falsificaciones de variable grado de ridiculez que componen las mitologías nacionalistas.) Los diputados cantan «Els Segadors» con la mano en el corazón. Y también fueron de un kitsch subido las conmemoraciones de la derrota de 1714.

En La gran ilusión, Guillem Martínez apuntaba algunas de las iniciativas en apoyo del procés.[2] Una feria itinerante vendía alimentos, productos textiles, sanitarios y decorativos elaborados con la estelada. Se buscaba el récord en competiciones asociadas a los símbolos independentistas: «Un pueblo elabora la estelada más grande del mundo. Otro, la estelada más grande del mundo fabricada con velas», cuenta Martínez. Uno de los momentos más destacados fue la Via Catalana per la Independència, una cadena que el 11 de septiembre de 2013 abarcó desde la frontera francesa hasta la Comunidad Valenciana. Era la culminación en ese momento, pero su destino era verse superada. Un senador estadounidense le preguntó a Alfons López Tena: «¿El pueblo catalán quiere la independencia, o quiere manifestarse por ella?».[3]

En La insoportable levedad del ser, Sabina siente que su primera rebelión contra el comunismo tiene un carácter estético. Lo que le produce rechazo no es la fealdad del mundo comunista sino su máscara de belleza, el kitsch comunista, cuyo modelo de festividad son las manifestaciones del Primero de Mayo. Escribe Kundera:

[Sabina] había visto las manifestaciones del Primero de Mayo en la época en que la gente aún estaba entusiasmada o aún fingía plenamente el entusiasmo. Las mujeres vestían camisas rojas, azules, blancas, de modo que, vistas desde los balcones y las ventanas, formaban diversas figuras: estrellas de cinco puntas, corazones, letras. En medio de las distintas partes de la manifestación iban pequeñas orquestas que tocaban marchas. Cuando los manifestantes se acercaban a la tribuna, hasta las caras más aburridas se iluminaban con una sonrisa, como si quisiesen demostrar que se alegraban convenientemente o, más exactamente, que estaban convenientemente de acuerdo. Y no se trataba de un mero acuerdo político con el comunismo, sino de un acuerdo con el ser en cuanto tal. La festividad del primero de mayo bebía de la profunda fuente del acuerdo categórico con el ser. La consigna tácita, implícita, de la manifestación, no era el «¡viva el comunismo!» sino «¡viva la vida!». La fuerza y la astucia de la política comunista consistían precisamente en haberse apoderado de esta consigna. Era precisamente esta estúpida tautología («¡viva la vida!») la que atraía a la manifestación comunista incluso a aquellos que eran indiferentes a las tesis comunistas.[4]

El personaje de Kundera no acepta la interpretación convencional, según la cual el imaginario del kitsch comunista mostraba un ideal hermoso, mientras que la realidad era peor. A su juicio, ese sueño resultaba más pavoroso que la realidad: «Cuando se imaginaba que el mundo del kitsch soviético tuviera que hacerse realidad y que a ella pudiera tocarle vivir en él, sentía escalofríos». Prefería la realidad comunista, por áspera que fuese: «En el mundo del ideal comunista hecho realidad, en ese mundo de idiotas sonrientes, con los que no sería capaz de intercambiar ni una palabra, moriría de horror en una semana». El kitsch, sostiene Kundera, es un biombo que oculta la muerte; «el verdadero enemigo del kitsch totalitario es el hombre que pregunta».[5]

Ramón González Férriz publicó en El Confidencial una «Autobiografía cultural catalana», sobre el prestigio y la vitalidad que tenía la cultura catalana en los años noventa, impulsada por una alianza entre el nacionalismo y el progresismo.[6] Surgieron grandes escritores en catalán, como Quim Monzó o Sergi Pàmies, grupos musicales como Sopa de Cabra o Umpah-pah, y Barcelona mantenía su centralidad como capital editorial de la lengua española. «Convergència no tenía ningún interés en la modernidad, pero la conocía y sabía utilizarla en su empeño cultural: el de crear una cultura moderna para lo que esperaba que fuera una lengua, por decirlo con sus palabras, normal; es decir, hegemónica en su territorio», escribía González Férriz.

Esta rara y compleja hegemonía cultural acababa desembocando en una inequívoca sensación de superioridad. Aunque nunca nada era explícito, eso estaba implícito en los inacabables discursos de Pujol, que eran paternalistas, omnipresentes y moralistas; Pujol iba a los conciertos de rock, a las presentaciones de libros y a las escuelas para dar discursos y recordárnoslo, quería que la prensa no lo olvidara nunca: siempre tenían por fin sugerir que todo eso era mejor que lo que había en España. Quizá Maragall nunca lo habría dicho así, pero bueno, a fin de cuentas Barcelona no era Madrid y eso saltaba a la vista (yo estaba convencido de ello, a pesar de que nunca había estado en Madrid). Pero en última instancia, para un progre no nacionalista como yo, era tolerable: éramos modernos, y la derecha catalana hacía indecibles esfuerzos culturales para ocultar que en cuestiones de economía, moral o ideas sobre la sociedad, no había una derecha más a la derecha que ellos. Lo hacían con un empeño sutil y machacón al mismo tiempo, lo que tiene mérito: repetían soterradamente pero con frecuencia que ellos eran muy buenos, porque, al fin y al cabo, no estaban marginando a alguien como yo, que era hijo de gente de fuera. ¿No era eso un gesto de profunda superioridad?

Los libros no son peores, argumentaba González Férriz, ni la música, y en los últimos años el cine producido en Cataluña ha cosechado grandes éxitos. Pero sí ha empeorado la conversación: se ha vuelto «más enconada, más monotemática, más vengativa», y eso ha sido en parte responsabilidad del nacionalismo. El tiempo revelaba que «no éramos mejores, solo más narcisistas».

Esa mentalidad narcisista quedó un tanto perpleja al ver que la interlocución de los dirigentes catalanes con Bruselas no era tan fluida como se esperaba, y en sus momentos más extremos hace pensar en la cercanía de los catalanes con los aragoneses, quienes, en palabras de David Trueba, son surrealistas sin saberlo. Después de que se decretase la prisión preventiva para los líderes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, en la plaza mayor de Vic se instaló una jaula, construida a partir del contenedor de un camión recortado donde se soldaron unos barrotes, en solidaridad con los dirigentes que estaban en prisión preventiva. El objetivo era que siempre hubiera alguien en el interior de aquella prisión simulada. Para hacerlo, era necesario reservar turno en la página web <http://unpobleempresonat.cat/> —un pueblo encarcelado—, que aclaraba que su objetivo era mostrar el déficit democrático que vive España y denunciar la privación de libertades de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Joaquim Forn. La web advierte de que las personas que participan voluntariamente en esta acción realizan turnos de dos horas, tanto de día como de noche, a temperaturas muy severas y frente a cualquier inclemencia del tiempo. Se aconseja llevar ropa adecuada. Se recomienda cerrar con llave «para experimentar al máximo lo que nuestros presos políticos están viviendo». «Y es que vivimos momentos excepcionales que requieren acciones, también, excepcionales», añade la web.[7]

Hay un tono comunitarista y religioso, compatible con la idea de la adquisición y preservación de una experiencia, de manera similar a lo que ocurre con el turismo. Se intuye un anhelo de uniformidad: el periodista Miguel Ángel Aguilar se preguntaba una vez, viendo una manifestación favorable a la independencia: ¿por qué van todos iguales? Lo religioso se combina con lo mercantil, como sucede a menudo, y como puede verse en la tienda online de Òmnium, que anuncia que «las urnas del 1 de octubre serán siempre nuestras» (solo hay que pagar 9,95 euros para llevarse una a casa). También se pueden adquirir banderas, una camiseta «pequeñas luchas», la historia de Òmnium Cultural («medio siglo haciendo país»), un DVD sobre «forjadores de la Diada» o una almohadilla para el ratón del ordenador.

El procés ha estado lleno de días históricos. «El fascismo consiste sobre todo en no limitarse a hacer política y pretender sobre todo hacer historia», escribió Rafael Sánchez Ferlosio. El secesionismo no es un movimiento fascista. Pero comparte con él y otras ideologías esa intención estetizante. No está de más recordar la poca actividad legislativa del Parlament entre 2015 y 2017, un periodo dedicado a la pugna por la independencia. Algunas de las leyes que se aprobaron buscaban ser anuladas por el Tribunal Constitucional: el exsecretario de Hacienda Josep Lluís Salvadó escribía acerca de un impuesto sobre vehículos contaminantes que se había hecho sin el censo y era por tanto inaplicable. «Espero que el Constitucional lo suspenda», dijo.[8] El objetivo no era resolver un problema concreto, sino sufrir un nuevo agravio, cargarse de razones que justificaran el momento de hacer historia: hacer historia, en un momento de aceleración y de obsesión con batir récords, puede convertirse en algo adictivo.

El procés es una experiencia, y también tiene mucho que ver, tanto en la mentalidad como en las formas, con el deporte. También aquí se trata de mejorar la marca. Algunos —entre ellos, Enric Juliana— encuentran entre los motivos inspiradores del procés los Juegos Olímpicos de Barcelona: allí muchos catalanes sintieron que podían organizar algo espectacular, de manera colectiva, y ser el centro de atención de todo el mundo. Era un sueño y se consiguió (también era una presentación global de la joven democracia española), y habría generado una especie de autoenamoramiento, acompañado de esa necesidad constante de superar logros. A esta mentalidad deportiva —que no es exclusiva del nacionalismo catalán, como tampoco lo es el sueño— ha ayudado también una fetichización de los símbolos, entre los que destaca el Fútbol Club Barcelona, que Manuel Vázquez Montalbán denominó «el ejército desarmado de Cataluña». Figuras importantes del equipo —desde el expresidente Joan Laporta a jugadores y exjugadores— han apoyado el independentismo, y se ha empleado la rivalidad con el Real Madrid como alegoría del enfrentamiento entre la administración central y la administración autonómica. La identificación ha funcionado durante mucho tiempo tanto dentro como fuera de Cataluña: en muchas partes de España, había gente de izquierdas que se sentía más próxima al Barcelona, porque lo percibía como un equipo más progresista que el Real Madrid. En los últimos años, el exjugador y exentrenador del Barça Josep Guardiola ha encarnado una suerte de modelo: un profesional exitoso, responsable de una de las mejores rachas que haya vivido un equipo de fútbol y estratega de un juego ofensivo y estimulante, amante de la cultura y con amigos dedicados a profesiones artísticas, más refinado que otros y partidario y defensor público de la independencia. Asistía a concentraciones a favor del referéndum, denunciaba a España como Estado autoritario, decía como entrenador del Barça que su país y su equipo se habían caído y levantado muchas veces. Esta cercanía entre el fútbol y la política ha podido verse también en algunos periodistas, que han pasado de contar acontecimientos deportivos a contar los pasos hacia la independencia. Como en las retransmisiones deportivas, hemos visto pericia técnica, eficacia narrativa y un esfuerzo por recabar información, pero al servicio de una sola causa: tiene que ganar nuestro equipo. Es, en palabras de Lluís Bassets, «el periodismo de camiseta», gracias a cuya influencia nos hemos adentrado en la futbolización de la política. El fútbol es un juego de suma cero, donde se premia la polarización: «traducido a la política, es un juego que radicaliza y premia a los extremos e interpreta la realidad en términos binarios: o amigo o enemigo, nada de terceras vías», escribe Bassets. Frente a una politización del fútbol que dejaba unos días de descanso, la futbolización de la política es una receta para el sectarismo, que se dedica «desde primeras horas de la mañana a jalear sin vergüenza alguna al partido ideológico al que pertenece».[9]

La relación entre la prensa, el deporte y el procés ha sido incestuosa más de una vez. Jordi Pérez Colomé publicó una serie de reportajes en El Español que explicaban cómo Jordi Pujol —a quien Arcadi Espada bautizó en su momento como el «nuevo redactor jefe de Cataluña»— había conseguido crear una prensa cómplice: a veces, por simpatías; otras, seduciendo a los periodistas críticos.[10] Podrían escribirse reportajes similares sobre las relaciones entre el poder y la prensa en Madrid, y en muchas comunidades autónomas, aunque normalmente una mayor escala permite más pluralidad y fiscalización. La prensa deportiva ha aportado una manera de transmitir la información política. Esto, de nuevo, no es exclusivo de Cataluña: uno de los periodistas más conocidos de España, Antonio García Ferreras, dirigió el canal del Real Madrid antes de convertirse en un referente de una forma de hacer televisión en La Sexta. La televisión convierte en televisión todo lo que muestra, y en ella el filósofo más sofisticado o el politólogo más versátil solo pueden vencer al tertuliano siendo mejores tertulianos que él. En la televisión deportiva esto es todavía más acusado.

En Cataluña hay casos como el de Vicent Sanchis, actual director de TV3. Nacido en Valencia —ya Hitchens advierte que el nacionalismo es a menudo más fuerte en la periferia—, ha sido profesor de comunicación audiovisual. Tras dirigir varias publicaciones —entre ellas El temps o Setze, el suplemento catalán de Diario 16, y el diario Avui, de cuyo grupo editor fue nombrado presidente—, dirigió la televisión del Barcelona entre 2009 y 2010. Antes había firmado el manifiesto Basset-Bausset, de 2007, que reclamaba la anulación de los Decretos de Nueva Planta como paso para alcanzar la secesión de los Países Catalanes. Es vicepresidente de Òmnium Cultural y, desde marzo de 2017, está al frente de la televisión pública de Cataluña (su nombramiento fue reprobado por todos los grupos parlamentarios salvo Junts pel Sí, que consideró una «cacicada» esta reprobación y la injerencia política más grande que se había realizado contra los medios catalanes).

La trayectoria de Eduard Pujol, anterior director de RAC1, la emisora radiofónica en catalán del Grupo Godó, tiene alguna coincidencia con la de Sanchis. Fue subdirector del programa de fútbol de referencia en Catalunya Ràdio y director de contenidos, a partir de la presidencia de Laporta, de la televisión del Fútbol Club Barcelona entre 2006 y 2010. Ese año se convirtió en director de contenidos de RAC1 (sería su máximo responsable en 2012). Logró que la emisora fuese líder de audiencia y apoyó desde ella la apuesta independentista. En noviembre de 2017 dejó el puesto para presentarse a las elecciones autonómicas en la candidatura de Carles Puigdemont. Resultó elegido diputado.

También, por ejemplo, venía del periodismo deportivo Jordi Basté. Trabajó con Eduard Pujol en Catalunya Ràdio y presenta El món a RAC1, el matinal más escuchado. De simpatías independentistas, y galardonado con el Premio Rey de España de Radio por la cobertura de los atentados de París en noviembre de 2015, pocos días después del 1-O realizó en su programa llamamientos a la calma —a un entendimiento entre catalanes, acompañado de la recomendación de no escuchar a las voces que llegasen de fuera— y se mostró contrario a una DUI que, a su juicio, solo provocaría más sufrimiento.

El procés ha tenido algo de gigantesco selfie favorecedor, donde el ángulo escogido permitía entre otras cosas no ver a la otra mitad de la población catalana, y puede considerarse un ejemplo de lo que Johan Huizinga definió como «puerilismo», o «la actitud de una comunidad cuyo comportamiento es más inmaduro de lo que garantizarían sus facultades críticas e intelectuales, que en vez de hacer del niño un hombre adopta conductas propias de la adolescencia».[11] Pero, si hemos visto un comportamiento a veces pueril en muchos catalanes, a un espectador que llegase de fuera también le sorprendería el uso que el procés ha hecho de los niños en ámbitos que corresponderían a los adultos. Los hemos visto en las manifestaciones, en el fin de semana del 1 de octubre, en las noticias y polémicas sobre el modelo cultural, en la indignación que suscitan las críticas a la «escuela catalana», en programas de TV3 que aleccionaban a los menores y presentaban una España opresora, en carreteras cortadas durante la huelga general convocada en protesta por la aplicación del artículo 155. Esta sobreactuación sentimental se manifestaba también en el llanto frecuente de los independentistas: Junqueras lloraba, como Marta Rovira, como lo ha hecho Pilar Rahola, al recordar las humillaciones y ofensas que ha sufrido el pueblo catalán. «El kitsch es la traducción de la necedad de las ideas preconcebidas al lenguaje de la belleza y de la emoción. Nos arranca lágrimas de enternecimiento por nosotros mismos, por las trivialidades que pensamos o sentimos»,[12] escribe Kundera, y eso nos lleva a otra de sus observaciones: «No hay nada más insensible que un hombre sentimental».

9

El discreto encanto del supremacismo

La República catalana será un lugar más justo y más feliz. Será inclusivo. Será más feminista y tendrá mecanismos hiperdemocráticos que alentarán la participación ciudadana. Será ecologista. Será global, pero en el buen sentido, porque no caerá en las redes del capitalismo internacional y protegerá los pequeños negocios, los sabores de la tierra, la lengua ancestral. Muchos de esos objetivos pueden ser loables, pero sería más tranquilizador si tras ese lado amable no se vislumbrara una desagradable pulsión de superioridad y rechazo hacia el otro.

Una parte, sin duda, se debe a la polarización y al clima de tensión. Los discursos se endurecieron. La lógica del enfrentamiento, las formas de comunicación contemporáneas y la sucesión de campañas electorales contribuyeron a ello. Es tentador pensar que ese incómodo elemento supremacista se debe a la inflamación del lenguaje. Pero hay razones para creer que, en algunos casos, el supremacismo es lo que informa el independentismo: no es la guinda, sino la base de la receta.

Para entender el tipo de ideología que hay detrás, resulta útil leer las palabras que Tony Judt dedicaba a los movimientos secesionistas en ¿Una gran ilusión?, su ensayo sobre la Unión Europea:

El rasgo común de la reivindicación separatista en estos casos es que «nosotros» somos «europeos» —ciudadanos del norte modernos, prósperos, que pagamos impuestos, mejor formados, lingüística o culturalmente diferentes— mientras que «ellos» —el rural, atrasado, perezoso, mediterráneo y subvencionado «sur»— de alguna forma lo son menos. El imperativo lógico de una identidad «europea» que se distingue de unos vecinos indeseables con quienes se comparte un Estado supone mirar hacia una instancia de autoridad alternativa, elegir «Bruselas» antes que Roma, Madrid, Belgrado o incluso la propia Bruselas. El atractivo de la «Unión Europea» en estas circunstancias es el de la modernidad cosmopolita frente a las anticuadas, restrictivas (y, también se sugiere, artificiales e impuestas) limitaciones nacionales.[1]

Seguramente muchas de las personas que emplean este discurso no justifican el racismo, el clasismo o la exclusión de la comunidad política, y vinculan estos elementos a ideologías que rechazan. Sin embargo, la identidad amenazada, y la excusa de una España incapaz de comprender, con algunos apóstrofes y hombres de paja, ofrecen un salvoconducto para estas maneras de pensar.

El nacionalismo catalán no es abiertamente racista. De hecho, explicarán, es abierto: es integrador y cívico, y muchos inmigrantes se muestran partidarios de la independencia. Esos inmigrantes a menudo vienen de otros países, un poco como algún festival literario catalán que invitaba a autores locales y extranjeros, pero no a autores españoles de fuera de Cataluña. Hay intentos de cooptar a algunos «charnegos». Como escribía Jordi Cabré en un artículo inolvidable, una de las pruebas de que «somos mejores» es que tenemos un nacionalismo inclusivo...[2]

Pero para algunos hay un límite a esa inclusividad: como decía el actor y cómico Toni Albà, se dará a los catalanes que no sean independentistas la posibilidad de adaptarse. Si no, siempre pueden irse. Inés Arrimadas, dijo una expresidenta del Parlament, puede marcharse si no le gusta la política catalana. Para algunos, la situación del que critica al nacionalismo es siempre provisional: corre uno el riesgo de convertirse en un traidor; en ciertos casos, quizá no sea un catalán de verdad, y en cualquier momento puede ser un extranjero. Los «españoles», escribía Jordi Galves, son esa minoría que no se sabe adaptar a las costumbres: «el colectivo castellanohablante es el único colectivo inmigrante que tiene la arrogancia de vivir en Cornellà como vivía Chiquito de la Calzada en Tokio, prácticamente como si no se hubiera movido de casa, de la casa de los orígenes de España y olé, una tierra mítica que no se puede dejar de venerar como en una religión extraña».[3] Los españoles son uno de los últimos reductos libres de corrección política, como las mujeres de derechas.

El racialismo ha sido un elemento común a muchos nacionalismos. Se intentaba justificar la diferencia entre comunidades con teorías supuestamente científicas sobre la desigualdad de las razas. La experiencia del siglo XX no ha sido benévola con estas teorías, en boga a finales del siglo XIX y comienzos del XX, aunque una parte del nacionalismo catalán recibió su influjo. Si la lengua ha sido el gran elemento identificador, también se incorporó un énfasis sobre la diferencia cultural.

En paralelo, es interesante recordar una observación de Kenan Malik sobre diversidad y unidad en las democracias. Aunque somos conscientes de la diversidad de nuestras sociedades, tendemos a imaginar que las sociedades del pasado eran más homogéneas de lo que realmente eran. En el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, dice Malik, muchos veían a la clase trabajadora y a los pobres rurales como radicalmente distintos. Como ejemplo, cita el apoyo a la represión cruel de una rebelión en Jamaica, basado no en que los rebeldes fueran negros, sino en que se parecían a los obreros ingleses. Menciona un artículo de The Saturday Review, según el cual los pobres eran «una raza de la que no sabemos nada, cuyas vidas son de una complexión muy diferente a las nuestras, personas con las que no tenemos ningún punto de contacto». Para Malik, lo que hemos visto en las últimas décadas es la transformación de ese conflicto de clase en un conflicto entre culturas.[4]

La llegada de población de otras partes de España ha hecho que la cultura en Cataluña sea más rica que en otros lugares. Hay obras literarias —desde Últimas tardes con Teresa de Juan Marsé a La buena reputación de Ignacio Martínez de Pisón— y estilos musicales que retratan esa mezcla. En Los castellanos, Jordi Puntí describe una combinación de atracción y extrañeza hacia el otro:

El caso es que los catalanes llegábamos a la piscina hacia las diez y media y la disfrutábamos toda la mañana. Un feudo inexpugnable. Tres horas más tarde, a eso de las dos, cuando apurábamos los últimos minutos de baño antes de ir a comer, aparecían ya los primeros niños castellanos. Ellos se bañaban por la tarde porque por la mañana habían trabajado en algún taller, fábrica o tienda, como aprendices de verano. En lugar de ir acompañados de sus madres, que estarían también trabajando, les vigilaban una hermana mayor, una prima, y siempre eran más permisivas. Como mínimo durante ese raro tiempo en que coincidíamos, los castellanos dejaban las toallas en las gradas, buscando el sol lejos de las nuestras, y ponían un radiocasete donde sonaban canciones españolas, rumbas veraniegas de Peret, los Amaya o los Chichos.

[...]

Entretanto, durante los primeros minutos, se sentaban en círculo y se comían unos bocadillos como los que soñaba Carpanta. Luego se tiraban al agua sin esperar a hacer la digestión. Nosotros lo contábamos a nuestras madres con un dejo de envidia y ellas les censuraban con la mirada. Aunque ya estábamos a punto de marcharnos, otra cosa que los castellanos hacían enseguida era tomar posesión de los trampolines. Había dos, uno muy cerca del agua para los gallinas (como yo) y otro más alto, muy alto, de unos tres metros, para los estetas del salto del ángel. Teníamos diez, once años y subir al trampolín alto —aventurarse hasta el extremo cimbreante— nos agitaba los sentidos con una sensación de riesgo y de poder. Nos acercábamos a la punta dando unos pasitos cortos, por miedo a resbalar, y una vez en el extremo, cuando notábamos que la palanca se doblegaba un poco, mirábamos a un lado y al otro buscando la admiración de las madres, de los amigos, y luego dábamos un salto hacia delante, con el cuerpo encogido, como si pidiéramos permiso al mundo para agitar brevemente la superficie del agua.

Los castellanos, en cambio, subían con un desparpajo que nos dejaba en ridículo. Entonces empezaba su festival diario de saltos. Unos y otros ensayaban posturitas imposibles, mirándonos de reojo, entrando y saliendo todo el rato del agua, ajustándose con un gesto mecánico los bañadores de mercado, sencillos, mientras sus hermanas mayores —maquilladas, fumadoras, escandalosas— desde la tribuna les reían las gracias y les vitoreaban. Saltaban como si bailaran las canciones que se oían en el radiocasete; saltaban de dos en dos, uno encima del otro; saltaban de espaldas, cayendo entre convulsiones porque alguien les había disparado una bala imaginaria.

—És que són com micos —murmurábamos nosotros buscando una excusa.

—Són uns esverats —les criticaban nuestras madres.

—Només tenen ganes de fer el merda.

Desde el otro extremo de la piscina, mientras nos vestíamos, les observábamos con enojo. ¡Esa chulería innata! Cuando nos íbamos, al pasar a su lado, nuestras madres comentaban:

—Quina sort! Es posen morenos com si res. Negres. Són com els gitanos.[5]

Ahora las apelaciones a la raza son anacrónicas, y su lado ridículo eclipsa su tono siniestro. Es célebre un artículo de 2008 donde Oriol Junqueras citaba una información de The New York Times sobre la composición genética de los europeos. Según el político, un estudio de la Universidad de Rotterdam mostraba que el ADN de los catalanes era distinto al de los españoles. «Hay tres estados (¡solo tres!), donde ha sido imposible agrupar a toda la población en un único grupo genético». Tenían, decía Junqueras, más parecidos con los franceses que con los españoles, más con los italianos que con los portugueses, un poco con los suizos.[6] Junqueras, llevado por el entusiasmo, hacía decir al estudio cosas que no estaban en los datos. El trabajo, según explicaba uno de sus autores a El País, mostraba que las diferencias genéticas entre los europeos eran más bien pocas y aumentaban gradualmente con la distancia. Si se tomaban muestras de solo dos poblaciones, se veían esas diferencias mínimas, y eso era lo que había ocurrido con España. «Si hubiésemos analizado más, se vería el cambio gradual. No hay fronteras ni delimitaciones genéticas», decía el biólogo Jaume Bertranpetit.[7]

En una entrevista con Pilar Rahola, el entonces president Artur Mas dijo que España tenía la cabeza muy grande y el cuerpo pequeño. Le fallaba «esa anatomía dispersa que es el tejido asociativo, las pymes, la gente con iniciativa... No lo puedo contextualizar, pero, por ejemplo, cuando vas a los premios nacionales de investigación del 2011 y ves que el 50 por ciento de las ayudas de la UE a proyectos de excelencia para España se quedan en Cataluña, dices: esto es otra historia. Y hablo de investigación, pero podríamos hablar del maratón de TV3, y de cómo los catalanes se movilizan por las causas justas. Esto en España no pasa con la misma intensidad». Se lamentaba de las limitaciones autonómicas, que no le habían permitido hacer la reforma del mercado laboral que deseaba, ni una privatización más intensa de la sanidad, y reprochaba a comunidades como Andalucía que fueran «pasotas». «El que recibe debe estar agradecido de recibir», sentenció. Cuando Rahola le preguntó si era «un calvinista en un mundo católico», Mas respondió: «Más luterano que calvinista. Quizás el ADN cultural catalán está mezclado con nuestra larga pertenencia al mundo franco-germánico. En definitiva, Cataluña, doce siglos atrás, pertenecía a la marca hispánica y la capital era Aquisgrán, el corazón del imperio de Carlomagno. Algo debe de quedar en nuestro ADN, porque los catalanes tenemos un cordón umbilical que nos hace más germánicos y menos romanos».[8]

Deslizarse del nacionalismo cívico al étnico es más fácil de lo que parece. Por absurdos que nos parezcan, estos argumentos buscan subrayar una diferencia. Y a veces funcionan en un nivel u otro, porque recurren a un arma frente al que todos somos vulnerables: adular al destinatario.

El ensayista Juan Claudio de Ramón ha recopilado una lista de expresiones vinculadas al odio a España. Existen abundantes ejemplos de declaraciones hirientes y casos de catalonofobia, o ejemplos de personas que creen que la identidad de los demás amenaza la suya: «Estuvimos en Gerona y qué bonita es, y además tuvimos mucha suerte porque nadie nos habló en catalán», me dijo una vecina en una ocasión, y yo fui incapaz de descubrir qué peligro habría supuesto que le hablaran en esa lengua. Un delegado del Gobierno en Sevilla, Antonio Sanz, dijo que no quería ser gobernado por alguien que se llamara Albert. Y, sin duda, mis propios sesgos hacen que me resulten más llamativos los exabruptos de un lado que de otro: un sesgo que tiene que ver con las preferencias, pero también con la exposición a la información. A veces puedes evitar oír las idioteces de gente de «tu bando», pero en cambio los que son de tu bando —gente a la que consideras sensata— reproducen las peores idioteces de los otros para denunciarlas: eso contribuye a una escalada que no lleva a ningún sitio. Con todo, creo que no sería fácil recopilar una lista comparable, tanto por el contenido como por la posición de los emisores, a esta breve antología compuesta por De Ramón:

«España nos roba» (Alfons López Tena, Solidaritat per la Independència), «El Estado nos veja» (Carme Forcadell, Asamblea Nacional Catalana, luego presidenta del Parlament), «La España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva» (Jordi Turull, CiU), «España nos robará todo» (Josep Maria Vila d’Abadal, CiU), «En Andalucía no paga impuestos ni Dios» (Joan Puigcercós, ERC), «La corrupción en Cataluña es consecuencia de la españolización del país en las últimas décadas» (Salvador Cardús, Consell Nacional per a la Transició Nacional), «Esos padres [que desean una educación bilingüe] maltratan a sus hijos» (Muriel Casals, Òmnium Cultural), «Los españoles son españoles, y por el hecho de ser españoles, unos chorizos» (Joan Oliver, exdirector de TV3), «Los españoles solo saben robar» (Joaquim Torra, director del Born Cultural, más tarde director de Òmnium), «Muera el Borbón» (Joan Tardà, ERC), «Cataluña sufre un genocidio cultural» (Josep Maria Terricabras, ERC), «España es una anomalía histórica, de espíritu autoritario» (Ferran Mascarell, PSC), «Apadrina a un niño extremeño; un 8,7 por ciento del PIB catalán no le es suficiente» (Lluís Sunyé, ICV), «El PP y Ciutadans quieren liquidar Cataluña con mentalidad imperialista» (Francesc Homs, CiU), «Nuestro gran aliado es el ADN español, porque ellos no pueden evitar la actitud dictatorial, impositora, de mala leche, de guardia civil» (Xavier Sala i Martín, economista), «Los castellanos llevan en sus genes la aceptación natural de ser unos mandados: eso no ha cambiado y nunca cambiará» (Josep Manel Ximenis, candidato de la CUP a la alcaldía de Arenys de Munt), «Animar a los padres a reclamar bilingüismo es un acto de guerra» (Francesc-Marc Álvaro, columnista en La Vanguardia), «Nos quieren partir las piernas» (Artur Mas, president de la Generalitat).

En los últimos años se ha puesto de moda reprochar a los andaluces su indolencia, especialmente en campaña electoral. Pero no es nada nuevo: «El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico. Es un hombre destruido [...], es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de comunidad. A menudo da pruebas de una excelente madera humana, pero de entrada constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España. Ya lo he dicho antes: es un hombre destruido y anárquico. Si por la fuerza del número llegase a dominar, sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña. Introduciría en ella su mentalidad anárquica y pobrísima, es decir su falta de mentalidad», escribió Jordi Pujol.[9] (Cuando Ciudadanos utilizó esas frases en una campaña electoral, Pujol matizó, según La Vanguardia: «Creía que esa gente no se saldría con la suya, porque había llegado a un grado de decaimiento muy importante, desde el punto de vista de la moral y de sus ganas de tirar hacia adelante», añadió. Pujol ha celebrado, sin embargo, «la política que hemos hecho, a nivel catalán, español y evidentemente en Andalucía y Extremadura». En este sentido, el expresidente constató que Cataluña está «llena de gente que vino de Andalucía y Extremadura y que, afortunadamente, están muy integrados». A pesar de los propios andaluces y los extremeños, Cataluña los integró.[10]) Montserrat Nebrera, diputada del PP en el Parlament, dimitió tras burlarse del acento andaluz de la entonces ministra de fomento Magdalena Álvarez. El expresidente Mas dijo que los niños de Sevilla, Málaga o A Coruña hablan castellano, pero que a veces no se les entiende (más tarde pidió disculpas).[11] Por supuesto, los políticos rivales utilizan estas declaraciones para debilitar a su adversario.

El escritor Miquel de Palol contaba que «este cronista estuvo viviendo 14 años en la más profunda de las Castillas, la que los informados saben que es la matriz de España, hasta el punto de que a menudo tiramos de sinécdoque y decimos castellanos para referirnos a los españoles en su conjunto. Los castellanos son muy sofisticados en las manifestaciones filosóficas y artísticas de la mística y la ascética, en la elaboración del vino tinto, en el estudio y la práctica de la retórica clásica. En otras materias parecen preadolescentes en el patio del cole. ¿En cuáles? En el contraste de opiniones. Hay quien dice que les viene de los tiempos en que expulsaron a los judíos y los moros: el solo hecho es que si no les obliga una fuerza superior a la suya, los castellanos se muestran incapacitados para admitir las razones de los otros. Ni siquiera para admitir que alguien pueda tener una opinión diferente de la suya y no ser un perturbado o un criminal asediado por el más deliberado afán destructivo».[12]

Los castellanos lo tienen mal, por no hablar de los murcianos (¿qué son, en todo caso?), los extremeños (subvencionados) o los riojanos (¿cómo pueden tener un parlamento, igual que Cataluña?). Los aragoneses también podemos ser igual de malos, proverbialmente empecinados en que se respeten las sentencias judiciales que piden el retorno de bienes sacros a su lugar original. Y en los últimos meses hemos visto que se emplean expresiones duras contra los catalanes no independentistas, a quienes se acusa de ser «colonos».

Con todo, lo más común es una estrategia que Jorge Galindo comparó en El País con la llamada dog whistle politics, una técnica que se hizo popular en Estados Unidos en los años sesenta, cuando fue adoptada por el Partido Republicano para vencer en los estados del Sur.[13] Lo que decían los republicanos no era abiertamente racista, pero del mismo modo que un perro es capaz de percibir un sonido inaudible para los humanos, alguien con el oído lo suficientemente entrenado podía detectar alusiones raciales que expresadas de manera explícita habrían resultado polémicas. De este modo, se hablaba del problema de la droga, de los conflictos en los centros de las ciudades, de ley y orden, pero no se decía «afroamericanos». Hay también una dog whistle politics en España sobre Cataluña. Pero, decía Galindo, mientras que el nacionalismo español no ha brillado nunca por su sutileza, y es propenso a la interpelación abrupta, en el nacionalismo catalán se ha tendido a hablar de un mejor desempeño económico y de un espíritu más democrático e integrador, frente al supuesto autoritarismo castellano: el fragmento que aparece antes de Artur Mas podría estar cerca del género.

Para Galindo, la combinación más eficaz era la que unía el ideal democrático de un pueblo oprimido con una aspiración nacionalista a la supremacía: «Porque unos lo oían como llamada a defender la libertad. Pero para los otros era el supremacismo implícito que anhelaban». Sin embargo, según Galindo, la polarización y el escrutinio más intenso de los mensajes hace que la dog whistle politics pierda eficacia. Y pone en situación incómoda a los soberanistas de izquierda, obligados a elegir entre los valores que predican —la apertura, la inclusión— o seguir apoyándose en los valores de un nacionalismo excluyente. O, como ha escrito Miguel Aguilar, «mientras sigan cantando “Els Segadors” en vez de “Shiny Happy People”, resulta difícil aceptar que no es un movimiento identitario y supremacista que excluye a todos los que no se sienten catalanes de la manera adecuada».[14]

10

La declaración de independencia no ha tenido lugar

El procés nos ha tenido a todos tan ocupados que no está claro que haya tenido lugar. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, dijo ante el juez que la declaración de independencia había sido simbólica. Oriol Güell ha señalado en Ctxt los defectos formales de la declaración votada el 27 de octubre: no habría sido una declaración de independencia, sino un truco de trileros, un intento de contentar a los radicales y al mismo tiempo una estratagema que intentaba evitar consecuencias penales más graves.[1] Y, por otra parte, si algo hemos visto tras las elecciones, es que el procés no se acaba nunca.

Esta ambivalencia —«la astucia»— ha estado presente en muchos otros momentos del procés. Lluís Bassets ha descrito su funcionamiento:

Toda la historia del proceso independentista responde al mismo mecanismo, el de un doble tablero, que ha sido de una eficacia prodigiosa en momentos cruciales como la consulta del 9-N, hace tres años. Cuando conviene se trata de realizar meramente gestos simbólicos, consultas no vinculantes o procesos participativos sin más valor que el de una consulta. Pero en caso de contar con suficiente participación y un buen resultado se intenta traducir los símbolos en hechos. Así han ido avanzando, sigilosamente, en un gradualismo rupturista con el que querían llegar hasta la secesión.[2]

Artur Mas había hablado de la importancia de «colar goles al Estado». Este engaño o juego es el recurso del débil y, como señala Bassets, ha tenido momentos de eficacia extraordinaria. Pero era inevitable engañar también a los catalanes, incluyendo a los que apoyaban la secesión.

Veamos algunos ejemplos de ese doble tablero. El independentismo planteó las elecciones del 27 de septiembre de 2015 como un plebiscito. Perdió en votos, aunque ganó en escaños, y ahí cambió las reglas: en vez de considerar el resultado un fracaso, decidió que esa mayoría parlamentaria era suficiente para impulsar la independencia. (Los partidos antindependentistas también parecieron menos contrarios a la interpretación plebiscitaria después de ganar en votos.)

En esa campaña, Raül Romeva, cabeza de la lista de Junts pel Sí y posterior responsable de asuntos exteriores de la Generalitat, afirmó: «Empieza el viaje a un lugar donde no hemos ido nunca; iremos una sola vez y no volveremos nunca». Poco antes, había señalado que cambiar el estatus jurídico de Cataluña con una secesión «no supondría prácticamente nada» a nivel «personal» y «práctico». Añadía: «Si usted quiere seguir siendo español viviendo en Cataluña, o incluso si me apuras seguir estando vinculado al régimen fiscal o las pensiones a nivel del Estado español, lo podría seguir haciendo». La nueva República, por una parte, sería la solución a muchos problemas, la condición necesaria para la realización de muchas utopías. Por otra, si no te gustaba, tampoco te afectaría en nada. La independencia era todo y nada al mismo tiempo.

La justificación es a priori y a posteriori. El 1 de octubre se celebró un seudorreferéndum de autodeterminación, contrario al ordenamiento jurídico, y antes de conocer los resultados, Carles Puigdemont anunció que de él derivaba un mandato para declarar la independencia. Pero no obedecía al resultado de la votación. Era un derecho que se habían ganado los catalanes bajo los golpes de la policía: de pronto, ya no eran los votos, sino la represión, el elemento decisivo. El argumento más fuerte es la reacción del Estado español, que siempre se percibe como exagerada. Lo que legitima la desobediencia anterior es el castigo posterior a esa desobediencia.

Con todo, quizá el ejemplo más claro de esta ambigüedad fue la de la propia declaración de independencia que el entonces presidente de la Generalitat pronunció ocho segundos antes de dejarla en suspenso: fue, como han dicho algunos, la DUI de Schrödinger, una secesión cuántica. Los diputados independentistas firmaron una declaración que parecía una declaración en toda regla, pero no tenía más que un valor simbólico. En ella se definían como «los representantes legítimos del pueblo de Cataluña». El requerimiento con el que el Gobierno de Mariano Rajoy inició la aplicación del artículo 155 de la Constitución española pedía al dirigente catalán que explicara si había declarado o no la independencia. No era fácil decidir si el propio Puigdemont lo tenía claro; parecía cambiar según lo que resultara más conveniente.

Unos días más tarde, en una carta a Rajoy, el propio Puigdemont parecía considerar que la declaración no había sido tal y amenazaba con pedir que el Parlament la votara. La falta de claridad de la correspondencia recordaba a El castillo de la carta cifrada, de Javier Tomeo; el espíritu del truco casi hacía pensar en La princesa prometida, donde, en su duelo de ingenio con Westley, Vizzini aporta una serie de argumentos enrevesados sobre cuál es la copa envenenada, para luego cambiar el vaso cuando su contrincante no mira (spoiler: el contrincante —y héroe de la película— se salva porque había echado en las dos copas un veneno contra el que estaba inmunizado). Cuando se votó la independencia en el Parlament, quizá con la esperanza de que la aplicación del artículo 155 supusiera una salida al impasse, no se descolgó la bandera española. Pero en Gerona y otros lugares sí.

En la batalla por el «relato», los espejos en los que se miraba el procés también han ido cambiando. Xavier Vidal-Folch selecciona algunas de estas analogías en Cataluña ante España, y las atribuye a una conjunción de factores: deseo de emulación, inseguridad, simple oportunismo.[3] «Cataluña es como Lituania, pero España no es como la URSS», dijo Jordi Pujol en 1991. Los modelos han sido estados coloniales, regiones o estados federados. La Vía Báltica de 1989 inspiró la cadena humana que los partidarios de la secesión de Cataluña realizaron en 2013. Se han trazado paralelismos entre Cataluña y Estonia, Letonia y Lituania, que la Unión Soviética invadió en 1939, tras el pacto Ribbentrop-Mólotov, aunque líderes de estos países han subrayado las diferencias. La antigua Yugoslavia ha proporcionado paralelismos: no solo con Eslovenia y Kosovo, sino también con Montenegro, cuyo referéndum (legal) de independencia de 2006, según argumentó Josep-Lluís Carod-Rovira, era «el que más claramente puede dibujar el horizonte de lo que conviene a Cataluña». El independentismo padano, que también se quejaba del expolio del sur («Roma ladra»), ha sido otro modelo, pero a veces ha generado incomodidades. Àngel Colom, de Convergència, celebró la proclamación de independencia de Padania en 1996, mientras que el líder xenófobo de la Lega, Roberto Maroni, apoyaba la independencia catalana y visitaba clandestinamente la sede de la Generalitat. Ucrania ha servido también como ejemplo. Un documento de trabajo de la Generalitat titulado «Estrechar lazos en libertad» señalaba en 2014 que «a veces, para bien o para mal, algunas sospechosas Verdades Eternas políticas duran meses. Si, además, el debate se cierra en falso, puede desembocar en una situación como la que vive justamente Ucrania en estos momentos».[4]

En otras circunstancias, Cataluña avanzaba hacia un modelo nórdico, a menudo escandinavo. Países pequeños, con espíritu comercial y buenas instituciones, podían competir con éxito en el mundo globalizado. ¿Acaso no era el mismo caso que Cataluña? Así, un poco como todo el mundo, los independentistas querían llegar al norte o al centro de Europa: «¿Han ido a la quiebra países como Dinamarca, Finlandia, Suiza o Noruega?», se preguntaba Artur Mas. Pero quizá de lo que se trataba era de plantearse ser «Dinamarca o Austria». Otras veces, se reivindicaba Cataluña como «la Holanda del sur de Europa». «La diferencia es que Holanda tiene de vecina a Alemania y nosotros a España, y no es exactamente lo mismo», explicaba en 2012 en Estados Unidos el consejero de Economía del Gobierno Mas, Andreu Mas-Colell.

Todo tiene sus contrapartidas y en 2006 Jordi Pujol lamentó la laicización de la Cataluña gobernada por el tripartito: era tan grave, explicó en la Universitat Catalana d’Estiu, que «nos llaman la Holanda del sur». Durante un tiempo, los modelos preferidos fueron regiones con fuerte sentimiento identitario en estados unitarios de diferente articulación: Escocia, Flandes, Lombardía o Quebec. Pero los modelos también se van agotando, y la deriva del nacionalismo moderado hacia el independentismo y la unilateralidad hizo inservibles algunos de ellos.

El nacionalismo catalán ha hablado con admiración de Quebec, donde se habían celebrado dos referéndums. «Me siento quebequés», llegó a decir Pujol; para Mas, «las razones de fondo de los nacionalismos catalán y quebequés son las mismas, aunque no las finalidades». La Ley de Claridad se presentaba como el modelo para el referéndum pactado, aunque en realidad era una ley destinada a desincentivar la celebración de este tipo de consultas y los independentistas de Quebec siempre habían estado en contra de ella. Se citaba ese deseable modelo canadiense, pero se hablaba menos del coste económico que tuvo el proceso independentista para la zona o el fracaso definitivo de la opción separatista. Como suele suceder —y esto no es exclusivo de los secesionistas—, solo se empleaban los ejemplos de manera ventajosa para el discurso. Y, tras perder dos referéndums, en 1980 y 1995, y aplazar sin fecha el tercero, no parecía tampoco una referencia tan favorable.

Escocia también fue un referente, especialmente tras la convocatoria del referéndum de 2012. Xavier Vidal-Folch señala diferencias importantes, como la estructura constitucional del Reino Unido y España, el peso demográfico (Escocia representa un 8 por ciento de la población del Reino Unido, Cataluña un 16 por ciento), el diferente papel histórico de sus élites (las escocesas habrían tenido más protagonismo en la política británica que las catalanas en la española), y un diferente desarrollo competencial: Cataluña, de hecho, tenía mucha más autonomía que Escocia, que no recuperó su parlamento hasta 1998, pero paradójicamente la propuesta del referéndum estaba menos desarrollada. Había también diferencias económicas: eran dos regiones prósperas, aunque la catalana más en comparación con el resto del Estado; la inversión del Estado en Cataluña era en proporción más baja que la de Escocia. Vidal-Folch señalaba también como diferencias las actitudes del Gobierno de Londres y el de Madrid, y criticaba el déficit democrático del procés: se planteaba un referéndum «sobre la independencia» cuando Convergència no incluía la independencia en su programa, a diferencia de lo que había hecho el SNP.

El ejemplo tiene otras contraindicaciones: la derrota de la independencia, la petición de un nuevo referéndum, y el añadido del posterior resultado del Brexit. Por otra parte, en noviembre, tras entrevistar a Carles Puigdemont en la cadena rusa RT, el líder independentista escocés Alex Salmond dejó claro que nunca había pedido la independencia de Cataluña, y subrayó la diferencia entre los dos casos.

En los últimos meses del procés se aceleró esa rotación de referentes: pocos años antes, el nuevo ejemplo hubiera sido considerado tabú, el recordatorio, reciente y a la puerta de casa, de los peligros del nacionalismo: la descomposición de Yugoslavia. Se comenzó a hablar de la vía eslovena, y Junts pel Sí se inspiró en la coalición Demos. La más rica de las regiones de la antigua república yugoslava celebró un referéndum de independencia en diciembre de 1990. Obtuvo una participación del 88 por ciento y el 94,8 por ciento de los participantes apoyaron el «sí». Belgrado no reconoció el referéndum, y la coalición que gobernaba en Eslovaquia decidió suspender los efectos del referéndum durante seis meses. Finalmente, declaró la independencia en junio de 1991, al mismo tiempo que Croacia. Aunque fue un proceso mucho menos cruento que el de otras repúblicas, aproximadamente cien personas murieron en los diez días de guerra.

Otro de los modelos propuestos, y una de las opciones exploradas, fue la «vía Kosovo». La independencia unilateral se produjo en 2008. Aunque hay cinco países de la Unión Europea (entre ellos España) que no reconocen a Kosovo independiente, en 2010 una sentencia del Tribunal de La Haya la admitía y la justificaba como remedial secession o «secesión terapéutica», prevista para casos en los que una región sufre un abuso de fuerza o violaciones de las normas internacionales. Las cargas policiales del 1 de octubre serían suficientes para legitimar esta vía en el caso de Cataluña, creían quienes la propugnaban.

Una parte del nacionalismo admiraba Israel. El sionismo había sido capaz de recuperar un idioma, de crear un Estado en un ambiente hostil, de ser una referencia tecnológica y militar. Era un pueblo industrioso y comercial, trabajador y demócrata, que había logrado fundar un Estado propio tras siglos de opresión. También era más avanzado que sus vecinos —y que parte de los ciudadanos que lo habitaban—. Había una grave incomprensión en el exterior. Sectores del catalanismo conservador establecían también una conexión con el legado judío en Cataluña. Pero, al mismo tiempo, otra corriente del secesionismo, que incluye a la CUP, sentía una simpatía sentimental por la causa palestina, como le ocurre a buena parte de la izquierda española. Y Cataluña, desde ese punto de vista, también era un pueblo oprimido, dominado por un Estado militarmente más poderoso y brutal. Cataluña es, al mismo tiempo, Israel y Palestina.

Todo lo que ocurría beneficiaba al procés. Las pérdidas económicas que se anunciaban antes de la independencia eran solo un discurso del miedo. Cuando las empresas comenzaron a marcharse, algunos sostenían que no era algo tan malo. Además, dijo Carod-Rovira, se van a los Países Catalanes. Se iban menos y las que se iban era por culpa del Gobierno: porque lo alentaba o por la violencia de las cargas.

El programa de retórica es de máximos, pero luego, cuando las cosas vienen mal dadas, se convierte en algo de mínimos. En la parte final del procés la situación continuaba: Carles Puigdemont se reclamaba como presidente legítimo de Cataluña y decía que el suyo era un Gobierno en exilio. Pero al mismo tiempo, como otras fuerzas partidarias de la independencia, se presentaba a las elecciones del 21-D.

11

Nada es verdad ni mentira

Una de las características del procés fue la ambigüedad. Pero esa ambivalencia o juego con dos tableros no era la única violación de la honestidad comunicativa. Hemos visto falsedades y también un uso de la posverdad, o al menos de un pariente cercano, que trata los hechos como si fueran opiniones. La prioridad es que los hechos concuerden con lo que pensábamos de antemano, no que contengan una descripción relativamente fiel de la realidad. Produce placer ver nuestras ideas confirmadas y, sin duda, los separatistas catalanes no han sido los únicos en aprovechar esta tendencia. Todas las fuerzas políticas lo hacen y todos lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Pero el grado en que se ha mentido en el procés ha sido desacomplejado y en cierta manera admirable.

Algunos intelectuales que conocieron los totalitarismos alertaron de los peligros de la confusión entre opinión y factualidad. George Orwell, escribiendo sobre la Guerra Civil española, decía temer que desapareciera el concepto de verdad objetiva. Hannah Arendt vinculaba el triunfo del totalitarismo a la desaparición de la distinción entre hechos y opiniones. Existen enormes diferencias entre esos regímenes y sociedades y los nuestros. El mundo que retrató Orwell en 1984 es un ecosistema vertical de información, donde el Partido controla la versión oficial. Las nuevas formas de comunicación, la discusión libre y el debilitamiento de las jerarquías y la autoridad generan una conversación muy diferente, una especie de cacofonía, pero que al final también borra la distinción entre lo que sucede y la opinión. Si se debilita el concepto de verdad factual, la tendencia será escoger la verdad que más nos guste. Un ejemplo particularmente curioso es el que protagonizó, tras los atentados de Barcelona, el economista y eurodiputado Ramón Tremosa, que citó en Twitter unas palabras de Orwell contra la tergiversación de la prensa... por supuesto, tergiversando por completo las palabras del autor de Rebelión en la granja, para convertirlas en una crítica a la prensa española.[1]

Desmentir una falsedad exige más energía que propagarla: en este caso, el engaño ha sido tan masivo que solo enumerar las distorsiones que se han extendido con el procés haría que este libro fuera infinito. Pero sí puede trazarse una tipología; los argumentos muchas veces eran muy parecidos.

Se distorsionaba la historia de la Corona de Aragón, de la Guerra de Sucesión y de la Guerra Civil, convertida en una guerra contra Cataluña. Se exageraba la aportación de Cataluña al Estado, se magnifican las críticas y los exabruptos de sectores marginales como si representaran el mainstream, se falseaba la cifra de heridas del 1-O y se decía que la violencia policial no había conocido parangón en Europa occidental. Se inflaban a sabiendas las expectativas sobre el reconocimiento internacional, sobre los resultados económicos, sobre las consecuencias sociales. Conforme avanzaban las cosas, lo único que cambiaba era que las falsedades se hacían más evidentes, y que había que encontrar más rápido argumentos sustitutorios.

Algunas de estas mentiras pretendían exaltar los ánimos independentistas, crear una especie de estado de ánimo colectivo. Otras veces se buscaba la simpatía de la comunidad internacional, y se presentaba a una Cataluña moderna, culta, vocacionalmente europea, frente a un poder español áspero, agreste y neofranquista.

Uno de estos mensajes destinados al público exterior y, por tanto, a la internacionalización del conflicto, es la entrevista con la editora y escritora Carme Arenas y el editor Jordi Arrufat que publicaba la revista lituana Kultūros Barai en noviembre, disponible en inglés en Eurozine.[2] Allí, por ejemplo, Jordi Arrufat comparaba el independentismo catalán con la lucha por la libertad que encabezó Solidaridad en Polonia. Carme Arenas admitía que España es una democracia, pero no una democracia consolidada. Cataluña era «maltratada» por España, y su idioma amenazado por el Estado. Seguramente no hace falta recordar que la Constitución reconoce la cooficialidad del catalán, que es la lengua vehicular de la educación en Cataluña y una de las lenguas de la administración, que en democracia ha vivido un tiempo de extraordinaria fertilidad cultural. De hecho, quienes han tenido problemas han sido los que querían estudiar en castellano, que serían pocos, pero reclamaban un derecho constitucional.

Las decisiones judiciales se presentan como decisiones del Gobierno, y elementos habituales en cualquier democracia —incluso casos en los que España ha sido más laxa que otros países de su entorno como Francia— como excepcionales, herencia de una dictadura que no se ha marchado del todo. Jordi Arrufat, por ejemplo, presentaba el artículo 2 de la Constitución, que declara la indivisibilidad del territorio, como una anomalía española, impuesta por el ejército leal a Franco y vinculada a la admonición que le hizo el propio dictador al futuro Juan Carlos I de mantener al país unido. Además de que, al margen de su ideología, es posible que un jefe de Estado considere oportuno conservar el territorio sobre el que tiene jurisdicción, el principio de integridad territorial no es algo tan extravagante. Aparece por ejemplo en las constituciones de Francia, Italia, Alemania, Lituania, Noruega, Estonia o Brasil, y también en la jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense.

Que el Gobierno activara el 155 para detener la deriva ilegal no significa que terminaran las mentiras. Carles Puigdemont huyó a Bruselas con la intención de encabezar un Gobierno en el exilio, argumentando que en España no tenía garantías judiciales (más tarde, entre otras cosas, responsabilizó a los servicios secretos de los atentados cometidos en Barcelona y Cambrils en agosto). Tras su destitución, Oriol Junqueras publicó un artículo en el New York Times donde se presentaba todavía como vicepresidente de Cataluña. Repetía parte del argumentario habitual: la voluntad de los catalanes que habían votado por la independencia (con la mentira metonímica de costumbre: menos del 48 por ciento de los votos no son todos los catalanes), el mandato del referéndum (un referéndum que, según los observadores llamados por la propia Generalitat, carecía de garantías), la asfixia estatal a la identidad catalana (?), la represión del 1-O (siempre exagerada). Añadía la amenaza de la extrema derecha: este es sin duda un temor paradójico. Por fortuna, hasta el momento la extrema derecha en España es marginal, carece de representación parlamentaria y sus agresiones han sido perseguidas y castigadas por la ley. Si a Junqueras le preocupa la extrema derecha, debería prestar atención a los aliados europeos del separatismo catalán: a Theo Francken, el secretario de Asilo e Inmigración belga que especuló con ofrecer refugio a Puigdemont en su país y es célebre por su vínculo con el colaboracionista nazi Bob Maes; a los miembros de la Lega Nord que han ondeado esteladas y anunciado que lo que hoy pasaba en Cataluña pasaría después en la Padania; al partido flamenco de ultraderecha Vlaams Belang, que pidió el voto para los partidos independentistas y se manifestó con ellos en Bruselas; o al diputado finlandés Jussi Halla-aho, condenado por sus comentarios racistas contra los somalíes.

La candidata por ERC Marta Rovira dijo, sin aportar prueba alguna, que el Gobierno español amenazó con que habría muertos en la calle. Después declaró que la vía unilateral había sido una invención del Estado: como si no hubieran existido las leyes de Transitoriedad y el Referéndum o los plenos donde se vulneraron los derechos de la oposición. Se dice que en España se persigue a gente por sus ideas, cuando hay dos millones de personas de ideas independentistas a las que no les supone ningún problema tenerlas y defenderlas públicamente.

Estas mentiras han demostrado su eficacia pero también pueden resultar contraproducentes para su emisor. Hannah Arendt escribía en Verdad y mentira en la política:

Un centinela montaba guardia para advertir a la población en caso de que apareciese el enemigo. El hombre era amigo de las bromas, así que, para divertirse, dio una falsa voz de alarma. Sin embargo, después corrió a las murallas para defender la ciudad de los enemigos que él mismo había inventado. De ello se sigue que cuanto más éxito tenga un embustero y mayor sea el número de los convencidos, más probable es que acabe por creer sus propias mentiras.[3]

Entre esas alteraciones hay distorsiones, cambios de foco o exageraciones. Hay falsedades grotescas pero también observaciones con algo de verdad, descontextualizaciones, metáforas o falsas equivalencias que mojan como una lluvia fina: se convierten en opinión común no porque haya pruebas empíricas o un armazón racional, sino porque hemos oído la idea demasiadas veces como para enfrentarnos sistemáticamente a ella. Es así como vamos aceptando, sin querer, planteamientos que son en buena medida míticos.

En los debates con los independentistas es común acabar en una especie de colección de ofensas. Aquí uno puede apreciar los mismos sesgos que en otros terrenos. Pero hay algo que se ha repetido con una frecuencia descorazonadora: una especie de igualación o, como me decía un escritor, de «intercambio de cromos». Por un lado, el reproche que se hace al «unionista» es que es indulgente con el Gobierno y ciego a los defectos de la (admitamos el término, for the sake of argument) democracia en España. Esto, probablemente, supone no haber prestado mucha atención o no haber hablado con muchos antindependentistas. Entre ellos ha habido mucha variedad de opiniones, y se podría argumentar que la descoordinación ha contribuido a la tardanza de su respuesta. Algunos pedían una reacción más rápida por parte del Gobierno. Ciertos analistas pensaban que el 155 se debería haber activado antes, en los días 6 y 7 de septiembre. Aunque compartan el deseo de que Cataluña continúe siendo parte de España, las formas de articulación deseada son distintas. Muchos han criticado la actuación policial del 1 de octubre, y a lo largo de este tiempo, hasta que el procés alcanzó su velocidad terminal, habían sido frecuentes los disensos entre las fuerzas constitucionalistas. Muchas veces, se han entretenido criticándose los unos a los otros.

En cambio, con algunas y meritorias excepciones de independentistas que manifestaban su desconfianza hacia el procés, era frecuente encontrar entre ellos una actitud comprensiva. Las diferencias ideológicas se minimizaban en aras de un objetivo superior y las violaciones de la democracia se percibían como un «daño colateral» ante la «guerra sucia» del Estado. No era algo nuevo, y formaba parte de la misma sinécdoque que presenta a los independentistas como todos los catalanes: una suerte de unanimismo profundamente antidemocrático. En 2013, la ANC celebró un megaconcierto reivindicativo en el Camp Nou, retransmitido en directo por TV3. Todos los cantantes decían antes de actuar unas palabras sobre la independencia. Solo una, Lídia Pujol, aludió a los recortes del Gobierno Mas. Después, cuenta Guillem Martínez en La gran ilusión, «el jefe de la seguridad del acto llegó a manifestar por escrito que declaraciones como esas iban en contra del espíritu de unidad».[4] Es un truco viejo pero eficaz: la crítica a la gestión se convierte en una crítica al conjunto, la defensa de la causa superior elimina la posibilidad de todo cuestionamiento. Uno de los ejemplos más claros es el caso de Banca Catalana en los ochenta, cuando Jordi Pujol presentó una investigación por estafa como un ataque a Cataluña.

Esa mentalidad facilita la equivalencia. Así, por ejemplo, si se habla de TV3, donde Empar Moliner quemó un ejemplar de la Constitución española, donde tras la proclamación de la República catalana se dio paso a un periodista en Madrid diciendo que era una conexión con el extranjero, donde se ha adoptado una postura claramente próxima a la defendida por la Generalitat, los secesionistas por su parte pueden explayarse con Televisión Española, que ha ofrecido una cobertura sesgada, producto de la apropiación de las instituciones a la que ha sido tan propenso en Partido Popular. (Hay una sentencia reciente del TC negativa con respecto de la reforma que el PP realizó del ente público en 2012, una reforma que ya no está en vigor. Siempre resulta entretenido ver cómo, para denunciar la poca calidad de la democracia española, los partidarios de la independencia señalan la opinión del mismo tribunal que es una antigualla franquista y antidemocrática cuando falla contra sus intereses.) Hay una diferencia de grado, puesto que no hemos visto ejemplos equivalentes en TVE, pero también hay una distinción llamativa: los periodistas de TVE manifestaron su desacuerdo con las violaciones de la neutralidad informativa. Puede que los trabajadores de TV3 no emitieran protestas porque no hubiera ninguna violación de la neutralidad. Puede que haya otras razones. Si alguien cita una declaración xenófoba de algún líder u opinador independentista, lo habitual es contraponer una idiotez que alguien ha pronunciado en 13TV, una cadena con poca audiencia y menos prestigio. Ha habido en el mainstream nacionalista manifestaciones abiertamente xenófobas; existe un anticatalanismo en España, pero para encontrar a quien lo defienda públicamente hay que buscar en el lunatic fringe. Esa franja lunática, en el bando secesionista, ha ocupado parte de la corriente principal.

Pero en el procés también ha sido frecuente otro fenómeno. En el Arte nuevo de hacer comedias, Lope de Vega lo llamó «engañar con la verdad». Es el artificio que describía el chiste de un marido infiel que, antes de regresar a casa tras una juerga, se ponía un boli encima de la oreja. «¿Dónde has estado?», le pregunta su mujer. «¿Dónde va a ser? —responde él—. De putas.» «Tú a mí no me engañas —contesta la esposa—, ¡tú has estado en el bingo!»

En La función política de la mentira moderna, el filósofo e historiador de la ciencia Alexandre Koyré describía los regímenes totalitarios como conspiraciones que operan a plena luz del día: «En lugar de querer encerrarse y levantar una barrera entre ellos y los otros, su meta, reconocida y pública, es precisamente absorber a todos los “otros”, englobar y abarcar a la nación (o a la raza) entera». Los nazis hicieron público su programa de acción. Hitler podía permitírselo, según Koyré, «porque sabía que no sería creído por los “otros” y que sus declaraciones no serían tomadas en serio por los no iniciados; precisamente así, diciéndoles la verdad, estaba seguro de adormecer y engañar a sus adversarios. Se trata de la vieja táctica maquiavélica de la mentira en segundo grado, técnica perversa como pocas, gracias a la cual la verdad misma se convierte en puro y simple instrumento del engaño».[5] En el prólogo a la traducción en castellano de la obra de Koyré, Fernando Sánchez Pintado habla de la mentira colosal de Hitler, que «consiste en anunciar una verdad tan desmesurada que se puede tener la certeza de que no será creída».

La sociedad no es secreta pero es de secretos; necesita atraer la atención, el foco, sobre sus propios líderes. Para Koyré, este uso de la mentira encierra una concepción antropológica: una idea elitista, en la que una suerte de aristocracia conocería la verdad y podría manipular a las masas. Al mismo tiempo que reivindica el sentimiento, la emoción y la acción sobre la razón, es consciente del poder de la razón discursiva, que considera escasamente repartida en el mundo. Según esa concepción,

las masas creen todo lo que se les dice, a condición de que se halaguen sus pasiones, su odio, su miedo. Es, pues, inútil no traspasar los límites de lo verosímil. Todo lo contrario, cuanto más burdas, descaradas y crudas sean las mentiras, más fácilmente serán creídas y seguidas. De igual manera es inútil tratar de evitar las contradicciones: la masa no las percibirá nunca; también es inútil esforzarse en coordinar un discurso dirigido a unos con el dirigido a otros: nadie creerá lo que se dice a los demás y, sin embargo, todo el mundo creerá lo que se le dice a él. Es inútil buscar la coherencia: la masa no tiene memoria; es inútil ocultar la verdad: la masa es radicalmente incapaz de percibirla; es inútil incluso aparentar que no se la engaña: no comprenderá nunca que tiene que ver con ella, que tiene que ver con el tratamiento al que se la somete.

Muchos analistas han hablado de unos dirigentes que mintieron a dos millones de catalanes. Es por ejemplo la tesis de Lluís Bassets, a la que Arcadi Espada daba la vuelta: dos millones de catalanes habrían conseguido engañar a un puñado de dirigentes. La independencia, decía, era la solución a todos los problemas, pero nadie parecía dispuesto a perder por ella una hora de trabajo.

Posiblemente hay muchos independentistas que creían en ese proyecto político y que lo hacían con buena voluntad. También ha habido muchos independentistas de primera hora que han señalado que esto era una estafa. Sería el caso, por ejemplo, de Alfons López Tena, que según cuenta Guillem Martínez en La gran ilusión ya advirtió a Artur Mas de la irrealidad de sus planes.

Seguramente en esos dos millones había unos cuantos deseosos de dejarse engañar. No hay nada de lo que ha ocurrido que no se hubiera advertido antes: la Unión Europea había avisado de la situación en que quedaría una Cataluña independiente, se había apuntado la posibilidad de una fuga de empresas, y podía resultar perdonable que alguien fuera escéptico ante la viabilidad de una alianza entre actores políticos que tenían visiones completamente diferentes de lo que es una sociedad justa. Pero también hay ginecólogos católicos, convencidos de la virginidad de María.

En ambos extremos se pueden observar casos del estilo paranoide que describió Richard Hofstadter en 1964, un estilo que encuentra en cada error y acto de incompetencia un acto de traición, y que vive siempre en un momento decisivo, en el que se produce «un conflicto entre el bien absoluto y el mal absoluto, en el que lo que se necesita no es un acuerdo sino la voluntad de luchar hasta el final». «El enemigo está claramente delineado: es un modelo perfecto de maldad, una especie de superhombre amoral: siniestro, ubicuo, poderoso, cruel, sensual, amante del lujo [...]. Crea crisis, causa pánicos bancarios, produce depresiones, fabrica desastres y luego disfruta con la miseria que ha producido», escribe Hofstadter. Quien tiene esta forma de ver el mundo tiende a encerrarse y reforzar su visión: «Aunque el paranoico no parece tener muchas esperanzas de convencer al mundo hostil, puede acumular pruebas para proteger sus convicciones de este».[6]

Muchos observadores detectaron ejemplos de posverdad en el procés. Para Kenan Malik, la etiqueta no es del todo adecuada: no es tanto que haya una posverdad; lo que hay son demasiadas verdades. Vivimos en una era saturada de «verdades», pero estas son básicamente lo que consideramos cierto o lo que creemos que debería ser cierto. Para Malik, uno de los motivos es el relativismo epistémico, «la convicción de que la distinción entre verdad y falsedad no se basa en la realidad objetiva sino en distintas convenciones sociales, y que hay muchas maneras distintas, incompatibles y correctas de ver el mundo». El posmodernismo, una categoría difícil de definir, pero que combate el proyecto ilustrado de crear una perspectiva común para entender la experiencia, ha sido uno de sus impulsores. Esta forma de ver el mundo salió de los departamentos universitarios y ha acabado por determinar buena parte de la cultura en su sentido más amplio: está detrás de las terapias alternativas, por ejemplo, o de la idea de que hay rasgos distintivos en los modos de pensar de hombres y mujeres.[7] La izquierda abrazó este relativismo, y el universalismo empezó a ser considerado una visión eurocéntrica que no debía imponerse a los demás. Para Malik, no hay nada progresista en el relativismo, que se desarrolló de manera simultánea a unas políticas de identidad que ahora también reivindica la derecha, ni en el rechazo al universalismo o la sustitución de lo objetivo por lo subjetivo.

Tampoco hay en todo ello nada muy bueno para la propia democracia. Se produce una sustitución de la política por la identidad: si la lucha política fragmenta en torno a líneas ideológicas pero une divisiones étnicas y culturales, la lucha identitaria solo fragmenta. A juicio de Malik, «las noticias falsas, los hechos alternativos y una idea de mundo posfactual son síntomas de una enfermedad más profunda, y se unen a un mundo más fragmentado en el que los fragmentos están menos dispuestos a tratarse unos a otros. Hasta que empecemos a abordar los problemas más fundamentales inherentes a la erosión del universalismo, al ascenso de la política de la identidad y a la creación de sociedades más fragmentadas, es probable que cualquier solución que busque detener los síntomas solo sirva para empeorar las cosas».

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La traición de los clérigos

La campaña por la secesión de Cataluña se ha comparado muchas veces con la de los partidarios del Brexit: en las dos había una apuesta por saltar una instancia intermedia demonizada (Bruselas, Madrid) para alcanzar un mercado global, en ambas había un desprecio total por la evidencia, en las dos se produjo polarización, en ambas había un componente xenófobo y en las dos la separación es muy complicada.

Una diferencia notable radica en que, si uno de los episodios más comentados del camino hacia el Brexit fue la frase del secretario de Estado de Justicia, Michael Gove, según la cual Gran Bretaña estaba harta de los expertos, el secesionismo catalán no ha necesitado despreciarlos. Numerosos expertos e intelectuales apoyaron la opción separatista. Lo más llamativo no es que defendieran la independencia o que contribuyeran a la construcción del argumentario, sino que se alinearan acríticamente con el procés.

Jordi Amat comienza su ensayo El llarg procés con la manifestación que celebró el regreso de Artur Mas tras la negociación fallida sobre el pacto fiscal en 2012. En la plaza de Sant Jaume, entre clamores a favor de la independencia, intelectuales como los sociólogos Salvador Cardús y Salvador Giner, el politólogo Ferran Requejo y el filósofo Xavier Rubert de Ventós fueron a apoyar al president, con foto incluida. La campaña de Mas, pionero del populismo en la España moderna, incluía elementos de caudillismo, que más adelante Carles Puigdemont llevó mucho más lejos en su exilio autoimpuesto.

En diciembre de 2013, en el marco de los actos vinculados al trescientos aniversario de 1714, se celebró en el Centre d’Història Contemporània de Catalunya el simposio Espanya contra Catalunya, en el que participaron algunos de estos intelectuales, como Cardús (que leyó la ponencia de clausura), Jaume Sobrequés, que lo dirigía, y Requejo, que presidía una mesa. A esas alturas Cardús y Requejo ya eran asesores del Consell Assessor per a la Transició Nacional, un organismo adscrito al Departamento de la Presidencia de la Generalitat, coordinado por Francesc Homs y presidido por el magistrado y exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, cuya función era asesorar en el proceso de independencia. Viver, que fue uno de los impulsores del Estatut, había optado por el independentismo tras convencerse de que la vía autonómica estaba agotada. En 2015 fue nombrado Comisionado para la Transición Nacional; después de que el Tribunal Constitucional suspendiera ese organismo, la Generalitat lo designó director del Instituto de Estudios del Autogobierno, un nuevo avatar del Instituto de Estudios Autonómicos que dirigía desde 2004, en la época de Maragall. Ha sido el jurista del procés, responsable de la arquitectura legal destinada a hacer viable la República catalana. Viver cobraba 110.000 euros al año por su cargo. El independentismo podía ser una vocación bien recompensada. El profesor de la Universidad Pompeu Fabra Marc Sanjaume compaginaba su trabajo académico con el de asesor en materia de políticas comparadas de autogobierno, por el que cobraba casi 63.000 euros anuales. El director de la Oficina para la Mejora de las Instituciones de Autogobierno cobraba más de 80.000 euros al año.[1] El delegado de Gobierno de la Generalitat en Madrid cobraba 85.000 euros al año, mientras que la delegada en Dinamarca, 80.000. Las remuneraciones de siete delegados del Gobierno de la Generalitat en siete zonas catalanas superaban los 80.000 euros anuales; el responsable de su oficina cobraba algo más de 65.000 al año.[2] El community manager de Puigdemont ganaba 3.000 euros brutos al mes. Después de la aplicación del 155 conservaron sus cargos, por tener un perfil técnico, personas de la confianza de Carles Puigdemont como Víctor Cullell (secretario de Desarrollo, algo más de 84.000 euros al año), Elsa Artadi (directora general de Coordinación Interdepartamental, unos 82.000 euros al año) o Damià Calvet (director del Incasòl, más de 100.000 euros anuales).[3]

La consulta que llevaría a la independencia se legitimaba en la historia, en el fracaso después de tres siglos intentando llegar a acuerdos con Castilla. En aquel congreso, Jaume Sobrequés lanzaba un viva por la «historia rigurosa y científica que nos da apoyo y nos marca el camino hacia la independencia». El proyecto de construcción nacional del pujolismo ha servido de humus y, como apunta Amat, «el poder siempre encuentra quien escriba su relato», pero también ha habido otros discursos supuestamente rupturistas que han contribuido.

En julio de 2010 el sociólogo y profesor en Berkeley Manuel Castells publicaba en La Vanguardia el artículo «¿Independencia?». Una encuesta situaba el sentimiento favorable a la independencia en un 47 por ciento frente a un 36 por ciento (dos meses después, las cifras según el mismo Institut Noxa habrían pasado al 40 y 45 por ciento, respectivamente). El «realismo ramplón» sorprendido ante ese impulso nacionalista no entendía que los cambios se producen en las mentes de las personas, y que «la psicología política y la experiencia histórica coinciden en señalar que cuando una mayoría social piensa algo contrario a lo proclamado en los frontispicios institucionales y cuando este pensar se hace práctica, son las instituciones las que cambian». Artur Mas, decía, «tendrá la responsabilidad de canalizar institucionalmente el vuelco ideológico producido en Catalunya». Se enfrentaría con dos peligros: el primero, «una fractura ideológica en Catalunya si se radicaliza el españolismo de un sector minoritario pero amplio de la ciudadanía»; el segundo, la tentación de negociar más autonomía, un camino que no llevaba ya a ninguna parte. Recurriendo a los argumentos supremacistas de los nacionalismos de ricos, concluía Castells:

Se habla estos días en Barcelona de pagar los impuestos en una cuenta propia de Catalunya sustrayéndolos al Estado español, de bloquear el Parlamento español en votos clave mediante la ausencia en bloque de los diputados catalanes, de cursar miles de querellas legales contra las decisiones de la administración central, de boicotear la prensa de Madrid que miente sobre Catalunya, de boicotear Iberia, y otras formas imaginativas de expresar la determinación pacífica de los catalanes de que a las malas no van a poder con ellos. Porque no es solo una cuestión de identidad sino de bienestar económico y social, como Flandes en Bélgica. Catalunya sabe que puede ser, en el marco europeo, un país productivo y competitivo hoy lastrado por una España montada, en buena medida, en una economía especulativa de la finanza y el ladrillo, eslabón débil de la economía europea. La necesaria solidaridad económica y social de Catalunya hacia una España en crisis requiere como contrapartida un respeto a valores fundamentales de una nación hoy en día negada y vilipendiada por quienes, en parte, viven a su costa. Así no, señores o señoritos. Pasó el tiempo del ordeno y mando.[4]

A lo largo de estos años, Castells ha seguido ejerciendo de cheerleader de la secesión, reivindicando «la amplia gama de instrumentos de resistencia del independentismo», con un planteamiento de «patria o muerte, esperando que sea solo una metáfora», hablando de «represión indiscriminada», de «políticos asediados por cientos de nazis en Zaragoza» o publicando bulos desmentidos hace mucho sobre Albert Rivera («pasado falangista, evidenciado fotográficamente»). También ha alertado del peligro de que un «desmadre» de la policía deje muertos, o sugerido que España —donde, según él, hay legalidad pero no legitimidad, porque la ley no «pervive en la mente de los ciudadanos»— funciona como una dictadura.

Otras veces, el argumento era una nueva forma de democracia, una economía más solidaria. Lo ha explicado la socióloga Marina Subirats, que alterna diagnósticos lúcidos con otros que producen cierta perplejidad. Afirmaba que la independencia era una «utopía de recambio»,[5] y señalaba un elemento que podía ser tanto una fuerza como una debilidad: estaba vacía de contenido porque los proyectos de sus partidarios eran muy diferentes. Al mismo tiempo, subrayaba que en el movimiento hay muy pocos elementos de ruralismo, y que no es una reivindicación histórica ni étnica, unos análisis que, como hemos visto, son matizables. A su juicio, Cataluña es un posible laboratorio donde ver las líneas de cambio del siglo XXI; reivindica una Unión Europea de los pueblos y no de los estados, y una suerte de aplazamiento de la independencia. Desaconsejaba la DUI y una resistencia que solo podía llevar a la decepción y la desgracia.[6]

En diciembre de 2012 se formó el Col·lectiu Wilson, que alude a la autodeterminación defendida por el presidente Woodrow Wilson. De él formaban parte los catedráticos de economía Pol Antràs, Jordi Galí, Gerard Padró, Xavier Sala i Martín y Jaume Ventura, así como el catedrático de ciencias políticas y experto en administración pública Carles Boix. Algunos eran figuras de primera fila en sus campos. Pero en su defensa de la apuesta secesionista y de las acciones del Gobierno catalán fueron menos respetuosos con los principios de su disciplina. Ellos, que tenían autoridad, dijeron que una Cataluña independiente seguiría dentro de la Unión Europea, o que la secesión sería un problema político pero no económico. En su página web, Sala i Martín explicaba en septiembre de 2017 que la salida de Cataluña de España —una cuestión de capacidad de decisión, de hacer las cosas a su manera— presentaba incertidumbres, ya que una Cataluña independiente podría parecerse a Suiza pero también a Portugal, aunque prefería señalar los beneficios económicos que supondría: habría más dinero para pensiones, Cataluña podría pagar parte de la deuda española a cambio de que España le permitiera entrar en la Unión Europea y Cataluña dejara pasar los productos españoles hacia el resto del continente.[7] Más tarde, meditaba: «¡Ante el silencio de la Comisión ante las violaciones de derechos humanos en España, Catalunya debe plantearse si formar parte de esta UE!».[8] Cuando se le señalaba la fuga de empresas, Sala i Martín dijo que lo que se iban eran sedes y no empresas, y que en todo caso era cosa de Rajoy. Culpar al Gobierno catalán de la huida de empresas era como culpar a una víctima de violación por llevar minifalda, decía.[9]

Ha habido otros casos de economistas y politólogos que han asumido los postulados del separatismo (no digamos ya los escritores y los filólogos, pero de nosotros no se puede esperar nada bueno). No era solo que defendieran una opción legítima como es la independencia, o algunos elementos del proceso, sino que parecían caer víctimas de su propia propaganda. Así, mientras que muchos de sus colegas intentaban aportar datos y serenidad al debate, y recibían por eso críticas de ambos bandos, economistas prestigiosos han relativizado —o imputado a España— unos costes económicos evidentes; politólogos de indudable competencia han minimizado la importancia de la transgresión del imperio de la ley, o han enviado cartas buscando la adhesión de colegas extranjeros a su causa y a la denuncia de la actuación del Estado.

Ha habido columnistas que han defendido la vía unilateral hasta el final, y que lo siguen haciendo. También ha habido medios y articulistas que tomaban una actitud ambigua pero que, en octubre, alertaban de que este camino no llevaba a ninguna parte, un poco como quien se queda bailando al borde del precipicio. Ha habido también quienes tenían un discurso levemente distinto cuando hablaban en Cataluña y cuando hablaban en el resto de España. O quienes, dotados de una gran capacidad analítica, instintos antipopulistas y conocimientos sobre los procesos decisionistas, parecían adoptar una actitud frívola al abordar la crisis catalana. Josep Ramoneda, filósofo y director de la revista La maleta de Portbou, analizaba así las votaciones de septiembre en el Parlament:

De todo lo ocurrido desde que el miércoles el parlamento catalán aprobó, en infausta sesión, las leyes que habrían de posibilitar el referéndum de autodeterminación, quiero destacar dos cosas. Una concerniente a la acción y otra a la reacción. La acción de la mayoría parlamentaria soberanista catalana es importante para la historia política española porque, independientemente de cómo termine este episodio, significa el final del consenso del régimen del 78. Se ha roto lo que entonces se tejió. Durante los años de la indiferencia la esclerosis del régimen pasó desapercibida. Pero al final del zapaterismo el gripaje era ya manifiesto. Ni PP ni PSOE, sus copropietarios, habían sido capaces de anticiparse y provocar su renovación. Ahora, un parlamento autonómico acaba de hacer saltar por los aires el pacto constitucional. Para el soberanismo es un éxito. Otra cosa es hasta qué punto, dadas las relaciones de fuerzas, podrá capitalizarlo.

[...]

¿A qué viene entonces el dramatismo? ¿A qué responde el despliegue de palabras gruesas de los últimos días: golpe de Estado, totalitarismo, usurpación de soberanía, miseria moral, sediciosos sin ética, secuestradores de la voluntad popular y un largo etcétera de expresiones que han poblado discursos, editoriales y artículos de opinión? A dos cosas: al impacto de ver la ruptura del consenso constitucional hecha realidad y a la voluntad de disimular lo que no deja de ser un fracaso de las instituciones y del orden establecido español que no han encontrado la manera de manejar el problema catalán.[10]

El independentismo comete errores, pero se deben ante todo a un fracaso de España. Quien tiene la responsabilidad es el más fuerte; el independentismo cometió el error de acelerar las cosas; sus acciones no merecen juicio moral sino valoración de resultados, mientras que, al hablar de la estrategia de gobierno Ramoneda emplea términos como «autoritarismo posdemocrático» y, partidario de la prudencia, recomendaba a Puigdemont que convocara elecciones para impedir la «ocupación» (la aplicación del 155).

Ricardo Dudda ha escrito en Letras Libres sobre «los intelectuales “finos” del catalanismo».[11] Algunos son brillantes y leerlos es indispensable para entender el conflicto, pero, señalaba Dudda, están imbuidos de una cierta superioridad moral. No apoyan la táctica del procés pero sí comparten su relato del agravio. Como ejemplo, Dudda citaba una columna de Antoni Puigverd en La Vanguardia, que «hablaba de que la cultura catalana puede ayudar a España a aceptar la diversidad: “Incluso la cultura española, tradicionalmente reticente a aceptar la diversidad, tendrá que acostumbrarse a ello”». Según Dudda, «después de años de una tolerancia implícita con el procés, de negar que el nacionalismo estaba fracturando la sociedad catalana, el catalanismo “fino” debería reflexionar sobre su corresponsabilidad en el discurso nacionalista. Tan bien no ha debido gestionar la diversidad si se ha convertido en muchas ocasiones en aliado de un proyecto que buscaba acabar con la diversidad interna de Cataluña». Otro de los autores que citaba era Enric Juliana, un gran creador de ideas-marco y un analista interesante, que a veces tiende al adorno y que embellece con su sofisticación asuntos más bien simples y sórdidos.

Dudda reprochaba al catalanismo que mirase con condescendencia hacia otras regiones de España, y que recurriera a una estrategia de chantaje, presentándose como la bisagra entre un golpe de Estado y un pacto fiscal. Reclamaba una autocrítica —como, desde una posición y con un tono distintos, hace Jordi Amat en La conjura de los irresponsables—, que quizá tarde en llegar por culpa de la polarización.

Ha habido irresponsables y también traicionados: muchas personas que apreciaban la cultura catalana, que creían en la importancia de la lengua y en una reivindicación de la historia y lo cercano, que apoyaban la inmersión lingüística porque consideraban que era un elemento imprescindible para la movilidad social, que quizá creían en la existencia de una identidad catalana fuerte y vinculada a una tradición de autogobierno. Todos ellos han visto que, sin embargo, esas ideas y buenos propósitos se emplean en un proyecto divisivo y que la diversidad era más declarada que aceptada. Ha habido muchos ciudadanos que han sido partícipes del espejismo. Pero también ha habido otros que han sido traicionados, y causas nobles que se han pervertido.

Ha habido intelectuales que han alentado el nacionalismo y sus tópicos, que han reproducido sus reivindicaciones sin examinarlas, que han creado marcos y un tejido para que prosperaran; ha habido gente que lo hacía por convencimiento, aunque con frecuencia ha sido un convencimiento bien remunerado. Y también ha habido algunos que han convivido apaciblemente con el nacionalismo y sus peores derivas. Otros en público se burlaban de la tesis de la espiral del silencio, pero no se atrevían a manifestar su opinión contraria al procés para no enojar a amigos, familiares o colegas, o por temor a que sus palabras fueran instrumentalizadas por «la caverna». También ha habido personas que, a veces desde una perspectiva catalanista, se han enfrentado a la deriva ilegal de la Generalitat y a su pulsión populista. El procés obligó a mucha gente a tomar posiciones, y generó una gran cantidad de literatura valiosa, en prensa y en libros, en papel y en la web.

Pero también había gente que alertaba de los peligros de ese proyecto de construcción nacional desde hace mucho. En 1981 Josep Tarradellas, el primer presidente de la Generalitat tras la Guerra Civil, escribía en una carta al director de La Vanguardia que las autoridades catalanas «están utilizando un truco muy conocido y muy desacreditado, es decir, el de convertirse en el perseguido, en la víctima. Y así hemos podido leer en ciertas declaraciones que España nos persigue, que nos boicotea, que nos recorta el Estatuto, que nos desprecia, que se deja llevar por antipatías hacia nosotros, que les sabe mal y se arrepienten de haber reconocido nuestros derechos e incluso, hace unos días, llegaron a afirmar que toda la campaña anticatalana que se realiza va encaminada a expulsarlos de la vida política. Es decir, según ellos, se hace una política “contra Cataluña”, olvidando que fueron ellos los que para ocultar su incapacidad política y la falta de ambición por hacer las cosas bien, hace ya diez meses que empezaron una acción que solamente nos podía llevar a la situación en que ahora nos hallamos». Félix de Azúa escribió hace más de treinta años «Barcelona es el Titanic», que concluía: «Dentro de poco esta ciudad parecerá un colegio de monjas, regentado por un seminarista con libreta de hule y cuadratín de madera, a menos que las capas más vivas de la ciudad salgan de su estupefacción. Jaime Gil, en un célebre poema, habla de “estos chavas nacidos en el Sur” despreciados por sus patronos. “Que la ciudad les pertenezca un día”, grita bíblicamente, con un gesto de horror hacia la patronal que él tan bien conoce. Pero la astucia de los poderosos nos está devolviendo la misa de doce en Pompeya, el paseo por la Diagonal, el verano en S’Agaró y la esquiva mirada de un proletariado tiznado de hollín espiritual».[12] El artículo parece más oportuno ahora que hace treinta y cinco años. En 1981, el manifiesto de los 2.300 denunciaba el propósito de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña; uno de sus impulsores, Federico Jiménez Losantos, sufrió un ataque terrorista. En 1997 Arcadi Espada publicó el libro Contra Catalunya, y ha atacado el lenguaje y las trampas del nacionalismo, como intelectual y también como activista: señaló la confusión interesada entre Pujol y Cataluña, la fetichización de la lengua, deconstruyó día a día el Estatut en su blog, hizo arqueología del supremacismo. Albert Boadella ridiculizó los mitos del catalanismo, como antes había hecho con el españolismo: no sentó bien a ninguno de los dos. Félix Ovejero ha criticado, desde una perspectiva socialdemócrata y republicana, ideas como el expolio fiscal o la legitimidad de la secesión. Algunas de estas personas estuvieron en la fundación de Ciutadans, un partido que nació con la intención de oponerse al nacionalismo. Cayetana Álvarez de Toledo ha recopilado extractos de textos sobre el nacionalismo catalán, publicados en los ochenta y en los noventa: son una lectura provechosa.[13] Hay otras personas, de ideas muy distintas —Francesc de Carreras, Laura Freixas, Gregorio Morán, Joaquim Coll, Ferran Toutain, Xavier Pericay, Ramón de España, Javier Cercas—, pero la lista no es muy larga.

Muchas veces, se decía que estas personas exageraban. Podrían tener algo de razón, pero estaban obsesionados, perdían la perspectiva, tenían una mentalidad de guerra fría. Han sido, por usar otro término de esa época, «antifascistas prematuros». La izquierda se sentía incómoda con ellos: aunque la crítica se articulara desde principios de redistribución o calidad democrática, o simple higiene institucional, se consideraba inmediatamente conservadora, como si estuvieran aguantando la puerta con el pie y por ella pasara el amenazante nacionalismo español. A veces, la izquierda los rechazaba directamente o les censuraba que se hubieran vuelto de derechas, o simplemente que las frecuentaran. En algunos casos, se les puede reprochar que hayan preferido tener razón a vencer: a fin de cuentas, algunos eran intelectuales. En otros, que, como se decía de Arthur Koestler, hayan tenido un don para desarrollar un buen argumento de la manera más ofensiva posible. O que hayan errado espectacularmente en otros análisis, anteriores y posteriores. Quizá, como Casandra, supieron ver la desgracia que se avecinaba, y no les escucharon cuando lo contaron. Eso no cancela su lucidez y valentía.

13

El relato es la batalla

Conforme pasa el tiempo, más inverosímil resulta que unas personas pretendieran lograr la independencia con menos de la mitad de los votos, y que todavía sigan empeñadas en ello. Pero también causa perplejidad que costara tanto tiempo evidenciar este hecho. Posiblemente tiene que ver con uno de los temas de los que más se hablaron en esos meses: la «batalla del relato». Una batalla que se ha producido en España pero también fuera. El separatismo buscaba desde el primer momento el impacto internacional, y más tarde el constitucionalismo también peleó por él.

En el caso de los contrarios a la independencia, era relativamente fácil mostrar que el Estado español tenía la legalidad de su parte. Era más difícil mostrar que el independentismo tampoco tenía legitimidad para hacer lo que estaba haciendo. Pero el Gobierno, con una de las políticas de comunicación menos afortunadas desde la de Cordelia en El rey Lear, parecía pensar que su tarea se limitaba a hacer cumplir la ley. Y eso era fundamental, pero no suficiente.

Mientras tanto, el independentismo llevaba años ejecutando un ingente trabajo de comunicación, a través de equipos paradiplomáticos, con el apoyo de una prensa pública o poderosamente subvencionada, en algunos casos convertida en órganos de propaganda. El Gobierno español mostraba hacia la prensa extranjera una indiferencia casi tan llamativa como la que deparaba a la prensa nacional, sin los ataques de desdén que ha manifestado en alguna ocasión hacia los medios autóctonos. Después, los organismos internacionales y los países no apoyaron la independencia de Cataluña, y Carles Puigdemont se marchó a Bruselas a hacer un papel inverosímil de exiliado. Es decir, en las cancillerías y en los tribunales se actuó con eficacia, pero el Gobierno tardó en disputar la batalla de la opinión pública, porque no la consideraba importante o porque creía que era imposible ganarla.

Como todas las disputas políticas, el procés ha sido una batalla por el lenguaje. En este terreno destacan dos aspectos. En primer lugar, durante mucho tiempo, el independentismo ha parecido más rápido y creativo. Ha impuesto sus palabras a sus contrarios, a veces por talento y a veces por incomparecencia del otro. Normalmente, esta terminología incluía unos enfoques que acababan más o menos adoptándose, que terminaban modificando la manera de ver las cosas y el umbral de lo aceptable. En segundo lugar, ha habido otros casos en los que se han utilizado palabras prácticamente desprovistas de contenido, o distorsionadas, un poco a la manera de esos críticos que hablan de la alta cultura y citan nombres respetables como si la mera mención produjese una elevación del discurso, a modo de un conjuro o encantamiento. Ese cambio de los contenidos de las palabras hace que sea difícil entenderse: es complicado llegar a un consenso cuando no hay voluntad de alcanzar un acuerdo sobre lo que significan las palabras. Quizá, más que una reforma constitucional, o por lo menos antes, necesitamos un diccionario.

Que el lenguaje crea realidad no es algo nuevo: lo saben todos los políticos, no solo los que defienden opciones que no nos gustan. Uno de los ejemplos más célebres de los tiempos recientes son las declaraciones de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, cuando anunció que haría lo que tuviera que hacer para evitar la ruptura del euro, y «créanme, será suficiente». Lo saben los enamorados: «Brenda y yo volvimos a las sillas y entonamos ditirambos dubitativos, ingeniosos, nerviosos y amables acerca de lo que empezábamos a sentir el uno por el otro. En realidad no teníamos los sentimientos que decíamos hasta que los nombrábamos, al menos yo no; pronunciarlos era inventarlos y poseerlos», escribe Philip Roth en Goodbye, Columbus, su primer libro.

Muchas veces, para que ese acto tenga la fuerza necesaria deben cumplirse unas condiciones. La verdad es la misma la diga Agamenón o su porquero, pero la validez del acto de habla no es la misma si habla Agamenón o su porquero. En La princesa prometida, cuando Buttercup le dice a Westley que se ha casado, él le pregunta si ha dicho «Sí, quiero». Como no lo ha dicho, la boda no es válida: el matrimonio no se ha producido. Las autoridades catalanas intentaron establecer una legalidad que permitiera la independencia de Cataluña, y para eso vulneraron las leyes existentes. Como han perdido, restaron después importancia a sus actos ilocucionarios y perlocucionarios: eran simbólicos, no se daban las condiciones. Si las cosas les hubieran salido bien, claro que habrían sido válidos. Como lo perlocucionario fracasa —los efectos deseados, es decir, que se reconociera la independencia, porque una declaración de independencia es una declaración de dependencia—, se niega lo ilocucionario.

Pero, sobre todo, la batalla del lenguaje es la batalla por nombrar las cosas, que siempre es una manera de presentarlas de una forma u otra. En LTI, el filólogo alemán Victor Klemperer, experto en la literatura francesa del siglo XVIII, estudió cómo funcionaba el lenguaje del nazismo. Sus observaciones y reflexiones son útiles para el análisis de cualquier forma de lenguaje político. Por una parte, explicaba, el lenguaje saca a la luz aquello que una persona quiere ocultar de forma deliberada, ante otros o ante sí misma, y aquello que lleva dentro inconscientemente. Es decir, hay usos que revelan. Y también está —y quizá esto es lo más importante— esa función de enmarque: «El nazismo se introducía más bien en la carne y en la sangre de las masas a través de palabras aisladas, de expresiones, de formas sintácticas que imponía repitiéndolas millones de veces y que eran adoptadas de forma mecánica e inconsciente». «Por aquel entonces lo considerábamos la adopción irreflexiva de un tópico. Pero los tópicos acaban apoderándose de nosotros.»[1]

Uno de los términos que han logrado imponer es «unionista»: presupone una cierta equivalencia entre dos opciones, como si hubiera una pelota en el tejado, que podría ir igual a un lado que a otro, y remite a otros conflictos (principalmente, al de Irlanda del Norte). El «derecho a decidir» es una versión más aceptable y menos agresiva del derecho de «autoderminación», cuyo potencial desestabilizador es bien conocido. Han escogido sintagmas y nociones que se entienden de manera instantánea: la «democracia» no es solo votar, pero también es votar, y otros aspectos imprescindibles, como el respeto a los derechos de la oposición y al imperio de la ley, no tienen ese carácter de comunicabilidad instantánea. «La ausencia de mecanismos viables para realizar el proyecto político independentista supone una vulneración de los “derechos políticos” de una porción muy significativa de la ciudadanía catalana», escribió el politólogo Jordi Muñoz en Ara.[2] Si la incapacidad de imponer tu opción política es una vulneración de tus derechos, habría muchas personas en España en esa situación, como por ejemplo los partidarios de la república o de la prohibición de los toros.

Arcadi Espada lleva décadas analizando estos procesos, y recientemente Manuel Arias Maldonado escribía sobre lo que denominaba «el asalto al lenguaje».[3] «Cataluña» se convierte en una sinécdoque: solo son catalanes de verdad los catalanes independentistas, la «democracia» restringe su significado a la democracia plebiscitaria (y el mal catalán es un mal demócrata). Los «derechos humanos» fueron violados por la policía, estamos ante un caso de «desobediencia civil», el «diálogo» (sobre lo que quieran los independentistas: por ejemplo, sobre cómo hacer la independencia), el «facha», la «opresión y la represión», el pueblo catalán con sus protestas pacíficas... Algunos términos se utilizan para señalar algo que no está: la desobediencia civil, por ejemplo, equipara la reivindicación de la independencia con la lucha de los negros estadounidenses por los derechos civiles a mediados del siglo XX, y a España con la segregación en el Sur norteamericano. Otras veces, en cambio, se utilizan para ocultar algo que está: el sintagma del pueblo catalán oculta que el separatismo nunca ha alcanzado siquiera la mitad de la población.

Hay otras dos tácticas que ha empleado con habilidad. Una es la apropiación de la terminología del adversario. Un ejemplo es el término «equidistante», que se empleaba a menudo para designar a aquellos que no se comprometían con ninguna de las dos tendencias, y que se había utilizado ya para hablar de ETA. Normalmente era un término negativo, pero a veces se reivindicaba. El secesionismo también lo ha utilizado, en ocasiones con tono denigratorio: por ejemplo, Súmate, una plataforma de castellanoparlantes a favor de la independencia, lo empleó contra el periodista Jordi Évole. El escritor Antonio Muñoz Molina escribió un artículo donde denunciaba la pervivencia de los estereotipos de la dictadura en el extranjero. En él, alguien le decía que España era todavía «Francoland».[4] Más tarde, los secesionistas comenzaron a utilizar el término: lo que Muñoz Molina reproducía críticamente ellos lo emplean en su sentido recto.

Naturalmente, esa conquista de las palabras del rival, que busca una hegemonía del discurso, no es exclusivo del secesionismo. La libertad era un símbolo de la izquierda del que la derecha supo apropiarse; no sería tan sorprendente que se terminase adueñando también de la igualdad. Donald Trump, cuya candidatura a la presidencia fue impulsada por las noticias falsas, y que ha alentado diversas teorías de la conspiración acerca de temas tan diversos como el lugar de nacimiento de Barack Obama o la eficacia de las vacunas, utiliza la etiqueta de fake news para denigrar la cobertura crítica con su presidencia. (Cuando el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español habló, con bastante torpeza, de los casos de fake news en torno a la actuación policial el 1-O, era fácil trazar el paralelismo: estaba haciendo lo mismo que Trump.)

En otros casos, han recurrido a una especie de blindaje. Algunos términos etiquetan a quien los utiliza. Por ejemplo, hablar de «adoctrinamiento» en las escuelas tiñe de inmediato a quien emplea la palabra: no es necesario rebatirle con datos, basta con asociarlo a una tendencia o a unas compañías consideradas poco recomendables. No es preciso refutar o desmentir sus declaraciones, basta con un leve sarcasmo, como ha explicado Ricardo Dudda en «Contra la ironía».[5] De nuevo, es algo que favorecen las nuevas formas de comunicación —le va muy bien el ingenio del zasca en Twitter, que más que convencer busca anular y ridiculizar la posición de quien no está de acuerdo contigo, en un código que entienden inmediatamente los que comparten tu posición— y no es en absoluto privativo del secesionismo. «Madre mía, la Dinamarca del sur» o «Sonrisas» son expresiones que a menudo se arrojan a los independentistas, volviendo contra ellos sus memes y sus eslóganes.

Todo nacionalismo parte de una victimización y se ve obligado a recurrir a la hipérbole. El lenguaje del procés ha sido casi siempre cursi, como señala Guillem Martínez, y a menudo impreciso, ambiguo, lleno de eufemismos. Al mismo tiempo ha sido exagerado, y fue subiendo de intensidad. Muchas de las expresiones citadas más arriba son exageraciones, al igual que lo es por ejemplo hablar de un Gobierno en el exilio, como ha hecho Puigdemont, de un genocidio cultural, o de que la situación de los catalanes en España es comparable a la de los gais en Marruecos, como escribió Empar Moliner. Las expresiones escogidas juegan con lo connotativo: cuando no exageran literalmente, exageran en lo que sugieren. Un ejemplo claro es la «represión policial», que hace pensar en algo mucho más duro, al igual que «presos políticos» (cuando en realidad son políticos presos, no procesados por sus ideas sino por sus actos): nunca fue tan barato ser un héroe. Como declaraba el ex conseller de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull: «La prisión es muy dura. [...] Me ha hecho sufrir mucho: salí con toda la boca llena de llagas. El comer era un comer muy flatulento, para entendernos, un cocido de aquellos intensos. Recuerdo que el primer día nos dieron unas hamburguesas que estaban tan quemadas que se me rompió el tenedor».[6]

El relato se vendía hacia dentro y hacia fuera. Conocemos los elementos básicos de la narrativa independentista: un pueblo unido, con una vieja tradición de autogobierno, que apostó durante mucho tiempo por la modernización de España, se da cuenta tras la sentencia del Estatut y la negativa a renegociar un pacto fiscal de que el país es irreformable, y de que es mejor caminar por su cuenta. Esta voluntad se manifiesta de manera espontánea, masiva y pacífica, en forma de reclamación democrática. Enfrente, el Estado, confundido con una derecha autoritaria y brutal, ofrece una resistencia meramente legal, amenazante. Es un relato que confunde deliberadamente la realidad con la ficción, que exagera o combina hechos con falsedades.

Hay muchos elementos matizables. Quizá uno de los grandes mitos es que el procés fuera un movimiento espontáneo. Existe una contradicción entre la idea del movimiento pacífico y la espontaneidad. Es admirable que se hayan articulado protestas masivas sin que se produjera violencia. Pero este es uno de los indicios de que el procés ha sido algo jerárquico: también lo ha sido tras la aplicación del 155. Ha sido la rebelión de los obedientes.

Por otro lado, el movimiento no ha sido explícitamente violento, y es asombroso que manifestaciones tan multitudinarias se hayan controlado de una manera tan eficaz. Pero ha habido un considerable nivel de violencia verbal y simbólica, impulsada por el lenguaje emotivo de las redes sociales. Es cierto que también la ha habido entre quienes defendían la permanencia de Cataluña en España. Pero las instancias desde las que se emitían no eran las mismas: no eran grupos en el gobierno, ni la prensa española ha publicado piezas abiertamente racistas, ni fuerzas políticas han colgado carteles llamando a señalar a cargos electos de las fuerzas que no estaban por la independencia. Carles Puigdemont pidió que los ciudadanos mirasen a sus alcaldes y les preguntaran si no les iban a dejar votar, ejemplificando un estilo de victimismo matón que ha sido muy habitual en el procés, una especie de acusación preventiva.

El relato también tiene unas metáforas, una especie de iconografía, y el procesismo ha sido muy ingenioso a la hora de reciclar el imaginario, al igual que el lenguaje. Un recurso común era la analogía con la mujer maltratada que quiere dejar a su marido machista y violento. Otra de las comparaciones habituales era con la lucha por los derechos civiles: el referéndum podría ser ilegal, pero ¿acaso no hacía algo ilegal Rosa Parks cuando no quiso ceder su asiento? ¿No lo habían hecho los insumisos que se negaban a hacer el servicio militar?

Es un paso del mito al meme. Ricardo Dudda estudió en Letras Libres algunos casos.[7] Analizaba por ejemplo el uso de las palabras del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, cuando un periodista abandonó la sala donde realizaba su rueda de prensa porque no entendía una respuesta en catalán. «Bueno, pues molt bé, pues adiós», había dicho el funcionario. Pronto se hicieron camisetas, tazas, pósters, banderas con esas palabras que revelaban un hartazgo: si los españoles se negaban a aceptar el catalán con naturalidad, quizá era hora ya de despedirse. (El periodista era holandés, pero eso no importaba demasiado.) Si se puso de moda hablar de los «tanques por la Diagonal», una imagen que aludía a una supuesta invasión de Cataluña, pronto, contaba Dudda, se creó una cuenta de Twitter que parodiaba la idea.

De hecho, el procés se puede ver en conjunto como un gran meme y no habría sido posible sin las nuevas tecnologías y formas de comunicación, que propician la extensión de argumentarios simplificados, la coordinación de mensajes, la expresión de las propias convicciones, la propagación de interpretaciones e imágenes. Hubo momentos en los que el independentismo parecía ganar claramente la batalla. A ello le ayudó, explica Javier Lesaca, una maquinaria rusa de propaganda interesada en desestabilizar la Unión Europea.[8] El 1 de octubre, la suma de Sputnik y RT, dos medios estatales rusos, superaron en retuits a la CNN o The Guardian, y a medios españoles como El Mundo o La Vanguardia. Según el investigador, el 87 por ciento de estos mensajes fueron compartidos por perfiles robotizados o automatizados. El objetivo ruso no es tanto lograr la independencia de Cataluña como promover la inestabilidad en Occidente. La causa secesionista encontró el apoyo del fundador de Wikileaks, Julian Assange (parece que bien pagado), y también de Edward Snowden y Anonymous.

Una extraordinaria sensibilidad para las ofensas convive con un lenguaje de dureza llamativa. Un presentador de TV3 llama a los españoles «sarnosos» y «cabrones», y se dice que los bienes de Sijena no deben regresar a su emplazamiento original porque los aragoneses no serían capaces de cuidarlos.

Una expresidenta del Parlament recomendó a Inés Arrimadas, jefa de la oposición en ese momento y más tarde cabeza de lista del partido con más votos en las autonómicas, que se fuera de la comunidad. Arrimadas, el rey, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría fueron declaradas personas non gratas en Llavaneras. Por poco no prosperó el intento, iniciado por la CUP, de declarar persona non grata en su pueblo, Sant Sadurní d’Anoia, a la ministra de Sanidad, Dolores Montserrat. Se han producido ataques a las sedes de los partidos no independentistas y pintadas en la tienda de los padres de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos. La expresidenta del Parlament reveló en Twitter el colegio en el que estudia la hija de Rivera. En la campaña de las elecciones del 21-D, aparecieron colgados de un puente muñecos con las siglas de los partidos no independentistas. Muchos de estos actos no han recibido tanta publicidad como la frase de Josep Borrell sobre desinfectar una herida, que rápidamente los secesionistas convirtieron en una declaración fascista.

También ha habido agresiones de extrema derecha, que se han castigado, pero han recibido una publicidad mucho mayor. Ha habido una campaña de boicot a los productos catalanes. Sus promotores no han entendido nada, lo que demuestra una vez más que el nacionalismo genera idioteces de manera especular: la campaña perjudicaba a los catalanes independentistas y no independentistas; tenía efectos negativos para España, porque las dos economías están totalmente interconectadas, como lo están las familias, las empresas, los afectos; y ese intento de castigo no parece la mejor manera de presentar las ventajas de la integración. Es contraproducente, pero también muestra una mentalidad que existe en España: una idea homogénea y uniforme del país. Cuando se habla de la pedagogía para derrotar al separatismo, hay que tener en cuenta que también se necesitará pedagogía para erradicar esa concepción minoritaria que no es fiel a la realidad española ni tampoco deseable como proyecto.

Al mismo tiempo, la propaganda secesionista ha buscado convertir en fascista o franquista a cualquiera que se opusiera a ella. En las manifestaciones por la unidad de España que se celebraron en Madrid, se centró en un puñado de personas de extrema derecha. En las manifestaciones constitucionalistas de Barcelona, se buscó con más empeño que fortuna banderas franquistas. Cuando el diputado popular Pablo Casado recordó cómo había acabado Lluís Companys, el presidente de la Generalitat que declaró la independencia en 1934 y fue fusilado en 1940, sus desafortunadas palabras se interpretaron como una amenaza de muerte. Un escritor me hablaba en un correo electrónico del nacionalismo exacerbado de Mariano Rajoy, cuando lo que parece más verosímil es que Rajoy no sea exacerbado en nada.

Con la velocidad que cogió el procés en su fase terminal, se fueron encontrando más fascistas. La directora de cine Isabel Coixet, una mujer progresista, contó en El País los insultos que recibía por la calle por haber criticado el independentismo. Joan Manuel Serrat, un símbolo de la izquierda española y un hombre que ha contribuido a popularizar la cultura catalana en el resto del país, recibió también críticas ásperas. A Javier Cercas lo acusó un amigo en un periódico de justificar la violencia policial del 1 de octubre. Se ha convertido en fascistas a personas que se jugaron la vida luchando contra el franquismo, y que pagaron con la cárcel su oposición a la dictadura, como Nicolás Sartorius, cofundador de Comisiones Obreras y actual vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, o Joan Coscubiela, portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot en el Parlament. Cuanto más amplias son estas acusaciones, menos creíbles son. Y el desgaste del término hace que resulte menos eficaz cuando haya de verdad un fascista.

El diputado por ERC en el Congreso de los Diputados Gabriel Rufián anunció, en un momento que habría divertido a los guionistas del Saturday Night Live de los setenta, que el referéndum del 1-O señalaría por fin la muerte de Franco. Lo que hemos visto más bien ha sido lo contrario: en el otoño de 2017 el dictador, que llevaba cuarenta y dos años gravemente muerto, ha tenido una presencia superior a la de muchos líderes en activo. Robert Redeker ha escrito que la reductio at Francorum es la versión española de la reductio ad Hitlerum; sin embargo, a menudo parece que, si cuando sacas a Hitler en un debate pierdes (¡ya nos estás comparando con los años treinta!), cuando sacas a Franco lo ganas. Miles de catalanes fueron a Bruselas para apoyar a Carles Puigdemont y los cuatro ex consellers huidos, y para propagar la idea de que Franco rige desde la tumba los destinos de los españoles.

Al leer algunas noticias, se diría que el dictador, desde la tumba, sigue rigiendo los destinos de España —el país que muestra mayor aceptación de la homosexualidad en todo el mundo—. Se ha convertido, como escribe Eduardo Mendoza, en una especie de superhéroe, con una capacidad de control que no podrían imaginar aquellos apologistas que decían que Franco había engañado a Hitler, o que el Estado de derecho, con libertades personales y políticas, reconocimiento de las autonomías y competición multipartidista era la evolución deseada por un líder que gobernó de forma autoritaria España durante cuarenta años.

Un elemento central de este relato es la falsificación histórica que, tras convertir la guerra de Sucesión (que concluyó con el ascenso al trono de España de la dinastía borbónica y con la abolición de los fueros) en una guerra de secesión, transforma la Guerra Civil en una guerra contra Cataluña y al franquismo en una dictadura básicamente anticatalana, en una invasión de Castilla a Cataluña. La guerra fue más sangrienta en muchos otros lugares de España. Algunas de las atrocidades más espeluznantes del franquismo se produjeron en Málaga, Badajoz, Guernica o Alcañiz. Madrid fue una ciudad sitiada durante toda la guerra; la represión inicial fue durísima en muchos otros lugares. Aunque parte de la batalla más importante de la guerra se produjo en tierras catalanas, la derrota final fue menos violenta que otros episodios, en parte por la proximidad de la frontera y por la debilidad del ejército republicano. La represión tampoco se limitó solamente a esta región. Y el franquismo no encontró allí tampoco un rechazo unánime: hubo una parte de la sociedad catalana que colaboró y prosperó durante el franquismo. Abundan los ejemplos. Uno de ellos, menos conocido que otros, lo presenta el bibliófilo José Luis Melero en Los libros de la guerra, donde reseña el Álbum-Códice de la Industria, Agricultura y Comercio Dedicado a S. E. El Generalísimo Franco, Salvador de España, una obra publicada durante la Guerra Civil en la que los comerciantes e industriales de los territorios de la antigua Corona de Aragón manifestaban su apoyo a Franco. En la ofrenda de Cataluña, se lee «Cataluña es una alta manifestación, universal, del genio de la raza española», y tiene una «inquebrantable vocación y anhelo de hispanidad». Acepta «de forma completa y sin rodeos la misión rectora de Castilla». En la parte final, cuenta Melero, aparecen los nombres de los comerciantes y empresarios que se adhieren al régimen. Si los nombres de Baleares, Levante y Aragón ocupan ocho páginas en total, los que corresponden a Cataluña se extienden a lo largo de veinte páginas.[9]

El carácter represivo del régimen (y la eficacia de esa represión) también se modificó con el tiempo. La actitud de exclusión del catalán tampoco fue la misma al principio que al final, sin que la lengua llegara a tener nunca el reconocimiento oficial que ha tenido en democracia. Aunque el catalán fue excluido como lengua pública, no llegó a estar prohibido. Al igual que ocurrió con el gallego, también se publicaron obras en catalán durante el franquismo. A veces se presenta la imagen de una Cataluña monolingüe, y hace algunos años una serie de escritores participaron en una campaña contra el bilingüismo. El castellano y el catalán llevan conviviendo siglos en Cataluña y en otras partes del país, como en la Comunidad Valenciana y algunas regiones de Aragón. En el siglo XVI, la lírica italiana llega a España en un libro publicado en Barcelona, con poemas de un autor catalán y un autor castellano, Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. En Barcelona, todavía hoy capital editorial de la lengua castellana, tiene lugar la batalla decisiva del Quijote, así como algunos de sus episodios más famosos.

Javier Cercas escribía en El impostor que muchos españoles se reinventaron durante la Transición. Personas que convivieron con el franquismo de manera más o menos tranquila adecentaron su pasado y exageraron su implicación política. Quizá Cataluña sea uno de los lugares donde esa operación fue más exitosa: entre otras razones, porque si el conservadurismo español todavía tiene problemas para alejar el estigma del franquismo, el conservadurismo catalán supo hacerlo con mayor habilidad. Una buena representación la encontramos en una escena de Derecho natural, de Ignacio Martínez de Pisón, que transcurre en la gran manifestación de la Diada en 1977. El narrador acude con su padre, y describe las «senyeres catalanas pero había también banderas rojas con la hoz y el martillo y banderas republicanas y banderas de otras partes de España. Entre las pancartas de las organizaciones políticas y sindicales predominaban asimismo las de contenido catalanista: ELECCIONS AL PARLAMENT, VOLEM L’ESTATUT, TOTS AMB EL PRESIDENT...». Suenan en la megafonía La Internacional y música tradicional catalana. Hay un momento en el que el padre se rezaga y «mira con aire perplejo a un grupito que avanzaba por el lateral del paseo. Llevaban banderas catalanas de diferentes tamaños y seguían una pancarta que en letras bien grandes decía: HEM LLUITAT - VENCEREM. No entendí la actitud de mi padre hasta que entre esa gente identifiqué la encorvada figura de mi abuelo, que agitaba con entusiasmo una pequeña senyera. Sí, el franquista de mi abuelo, el miembro de Acción Católica». Los dos personajes se encuentran: «Sus miradas se cruzaron solo un instante y mi memoria tiende a atribuir a esas miradas un matiz de reproche, como si cada uno de ellos (el izquierdista reciente, el nacionalista de última hora) se sintiera con más derecho que el otro a estar allí».[10]

Entre las herencias del franquismo, que existen, pueden quedar rastros inesperados y paradójicos. Eduardo Mendoza sugiere algunos en Qué está pasando en Cataluña.[11] Según Mendoza —uno de los grandes novelistas de Barcelona y premio Cervantes en 2017—, el franquismo propagó algunos estereotipos sobre caracteres regionales (tenían un origen previo): si existían el aragonés terco, el andaluz gracioso y haragán, el madrileño chulo, existía el catalán «laborioso, algo lerdo de expresión, bastante tacaño. Sus modelos son toscos. Su imagen es la de un hombre tripón, de mediana edad, calvo, risueño, devoto de la Moreneta, socio del Barça desde la cuna». El problema de este «remedo patético», sostiene Mendoza, es que en parte fue interiorizado por los catalanes. Para el autor de La verdad sobre el caso Savolta, esto ha tenido dos consecuencias: por un lado, «el desapego de la burguesía catalana por todo cuanto tenga que ver con una España cuyo estereotipo ha sido asumido por parte de los catalanes. Que los representantes de esta burguesía se alíen con sectores revolucionarios en cuyo programa está incluido el exterminio de la propia burguesía no se entiende si no se toma en consideración el factor del resentimiento». Por otro, «el deseo larvado de muchos sectores del independentismo de conservar el estereotipo franquista, más familiar y menos exigente, frente a una imagen más moderna, más cosmopolita y menos artificial». Lo que predomina, explica Mendoza, es una concepción de la realidad política impuesta por el franquismo y enquistada en la sociedad española (y catalana).

Quizá una de las cosas buenas del procés es que se han popularizado datos que muestran que España es una democracia avanzada, comparable a los países de su entorno (aunque sea deprimente haber tenido que aprenderlo así, y también que muchos no se hubieran dado por enterados). Un argumento frecuente desaconseja compararse con otros países, aunque no salgamos tan mal parados: puede conducir a la autocomplacencia. Esto sin duda es cierto, pero si uno es corredor de cien metros lisos, se mide con los atletas que cubren la misma distancia, y no solo con los guepardos o con su voluntad, aunque para correr más deprisa sea indispensable el deseo de superación: con alguna democracia real habrá que medirse. También es un argumento tramposo, porque la premisa suele ser el atraso de España frente a los otros.

La idea de que España no es una democracia consolidada, de que está permanentemente bajo sospecha, no solo es falsa sino que supone una pérdida de energías: la enmienda a la totalidad (siempre simbólica, infalsable, inagotable) aboca a interpretaciones esencialistas o culturalistas y al recurso a reformas grandiosas e inconcretas, y dificulta centrarse en mejoras graduales y prácticas, en la corrección de los abundantes defectos de la democracia española.

El trabajo de investigación y divulgación de esos datos ha sido meritorio, así como la tarea de refutación de tópicos que se adhieren como la suciedad bajo las uñas. Por supuesto, como dice Steven Pinker, la teoría de que la vida de la especie ha progresado en los últimos doscientos años se apoya en datos sólidos, pero solo se necesita un accidente nuclear para que se desmorone. Es muy improbable, pero podría darse una regresión autoritaria: en ese caso, se podría y debería demostrar que España no es una democracia. Pero, mientras tanto, debería llegar un momento en el que no fuera preciso refutar a quien diga lo contrario, igual que no discutimos con quien dice que la Tierra es plana o que el hombre no llegó a la Luna, y que todo aquello no fue más que una escena filmada en las Bardenas Reales: muestras de un prejuicio, que solo sirven para que quien las emite se desacredite como interlocutor.

Las manifestaciones del 8 y el 29 de octubre, convocadas por Sociedad Civil Catalana, una asociación contraria a la independencia fundada en 2014, hicieron ver que la «minoría agazapada», por usar la expresión que emplea Adolf Tobeña en La pasión secesionista,[12] estaba allí y podía articularse. Las manifestaciones mostraron que muchos catalanes pensaban de otra forma, que había otras maneras de sentirse catalán y español. Pero también evidenciaban que el secesionismo había negado o despreciado a esas personas. Si una de las grandes conquistas del secesionismo había sido lograr la hegemonía del discurso, ese componente antidemocrático y sus desagradables amigos europeos —los nativistas, la extrema derecha xenófoba, desde la Lega Nord al Vlaams Belang— revelaban un lado inquietante. En cierto modo, la caspa ha cambiado de bando.

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La mirada del mundo

Uno de los lugares donde resultó más encarnizada esta batalla por el relato fue la prensa extranjera. En numerosos casos, hemos visto un desconocimiento llamativo de lo que estaba sucediendo, no solo por parte de las redacciones sino por parte incluso de los corresponsales. Posiblemente, algo tiene que ver la desidia comunicativa del Gobierno de Mariano Rajoy.

Pero la torpeza del Gobierno no es el único motivo. En algunos corresponsales, especialmente de medios anglosajones, pervive una mirada perezosa y condescendiente. Y, como corresponsal, o como extranjero, uno siempre quiere que pasen cosas. Resulta más atractiva la causa de quienes quieren cambiar la situación, y los riesgos de inestabilidad parecen menos graves (en cuanto a los que se oponen, a veces es más sencillo pasarlos por alto o ni siquiera verlos): es una variante del kilómetro sentimental. A estas alturas, los occidentales deberíamos saber que es más fácil no ver el lado tenebroso de los supuestos movimientos de liberación que suceden a distancia.

También, en el lado del receptor, el estándar de verosimilitud cambia: esto sucede, por ejemplo, cuando los que venimos de las provincias leemos una noticia de nuestra ciudad en un periódico nacional. Es algo que se podría llamar «el síndrome de Astérix en Hispania». El politólogo Jorge San Miguel cuenta que, cuando hablaba con su padre sobre el irreductible galo, los dos mostraban admiración por la creación de Goscinny y Uderzo, pero coincidían en que el episodio que transcurría en Hispania era un poco menos gracioso. El suscriptor de The Economist, The New Yorker o The New York Times, que cree que tiene una información sintética pero fiable sobre lo que sucede en Oriente Medio o en el norte de Europa —y que quizá incluso se felicita por ello—, descubre una y otra vez que el retrato de los conflictos de su país le parece incompleto, discutible y a veces totalmente erróneo.

Esto no significa automáticamente que la cobertura sea mala. Muchas veces, el corresponsal puede aportar una mirada más neutral, más libre. Y el lector de otro sitio, el lector global, no necesita toda la información. Pero sí requiere una especie de mapa, y ese mapa debería guardar proporciones con la realidad. En la crisis catalana ha habido una cobertura seria en medios como Le Monde, con Sandrine Morel, Die Zeit, con Ulrich Ladurner, Libération y en buena parte de la prensa tanto de Francia como de Alemania. El Financial Times señaló en sus editoriales que no había un mandato para la secesión. The Guardian publicó artículos que eran prácticamente propaganda independentista, como un par del escritor irlandés Colm Tóibín (autor de otro en el London Review of Books),[1] y visiones afines de personajes como Owen Jones o Paul Mason, que estuvo el 1 de octubre en Barcelona, orwelliano. Como otros medios, ha publicado tribunas de políticos españoles partidarios de la independencia, pero también de sus críticos. Corrigió errores de su cobertura: su exdirector Peter Preston criticó que se hubieran aceptado las fraudulentas cifras de heridos del 1-O que había dado la Generalitat de Cataluña —en una era de fake news, decía, se habría necesitado un escrutinio más serio—,[2] y denunció el papel que había tenido la burbuja mediática catalana en la incubación del independentismo.[3] The Economist presentaba editoriales apresurados, que se alimentaban del sensacionalismo y lo generaban: «Cuando los antidisturbios van a pegar porrazos a ancianas [...] Si Mariano Rajoy pensaba que romper cabezas [...] La agresión contra masas de ciudadanos pacíficos puede funcionar en el Tíbet pero no en una democracia occidental». Estas líneas, llenas de hipérbole, contrastaban con el reportaje mucho más serio y riguroso, crítico con la actuación del Gobierno central, que iba en las páginas interiores, escrito por Michael Reid.[4]

Al final, los medios lo fueron entendiendo, como muestra la visión inteligente y matizada de la columna «Catalonia and the problem with separatism», que publicó Simon Kuper en el Financial Times: una defensa de las identidades múltiples.[5] Entre las razones del cambio se encuentran el esfuerzo de cabeceras nacionales que han traducido sus artículos, así como la actividad de intelectuales y corresponsales españoles en el extranjero, la mirada más atenta de medios internacionales e iniciativas de la sociedad civil como Voices from Spain, encabezada por Elena Alfaro y Verónica Puertollano.

El error más común de los medios internacionales era aceptar acríticamente, y quizá de manera casi inconsciente, los planteamientos independentistas: sobre todo, la idea de que era un conflicto entre Cataluña y Madrid, o en el mejor de los casos el resto de España. Así era como se presentaba el caso en el podcast que dirige en Cambridge el brillante politólogo David Runciman, Talking Politics, que dedicó una entrega a la cuestión catalana. Para explicar el marco legal del asunto, Runciman entrevistó a Mark Weller, experto en derecho internacional, defensor del derecho de autodeterminación para Cataluña y autor de un informe encargado por Esquerra Republicana al respecto. El historiador Brendan Simms, autor de Europe: The Struggle for Supremacy, 1453 to the Present y Britain’s Europe: A Thousand Years of Conflict and Cooperation, decía que Cataluña dejó de ser independiente en 1714, lo que, pasmosamente, lo hacía más independentista que los propios historiadores independentistas. Al final, defendía la idea de una Cataluña y una España en unos Estados Unidos de Europa. Como no se daban aún las condiciones, había que tener en cuenta que España se situaba dentro de un marco mental que la capacitaba para implementar la violencia de forma masiva y enérgica, lo que nos podría llevar a un conflicto que nos retrotraería a la Yugoslavia de los años noventa. Pero, decía Simms, uno se pregunta, como geopolítico, ¿cuál será la potencia que intervenga esta vez? ¿Estados Unidos o Gran Bretaña, que por supuesto está presente en el Mediterráneo?[6]

Con demasiada frecuencia los periódicos no parecían conocer el grado de descentralización en España. El marco básico del independentismo —el pueblo oprimido por el hegemón castellano; industriosos negociantes frente a hidalgos que se pasaban un palillo entre los dientes para simular que habían comido— entraba así más fácilmente. En septiembre John H. Elliott, uno de los grandes conocedores de la historia catalana y española, publicaba esta carta en el Times de Londres:

Señor:

Resulta iluminador comparar su reportaje (23 de septiembre) sobre la «campaña de odio» que llevan a cabo en Cataluña los defensores más extremistas del plan del Gobierno catalán para un referéndum sobre la independencia («Amenazas de muerte a medida que crece la tensión en el debate sobre el referéndum catalán») con algunas de las cartas que han publicado sobre el tema (23 de septiembre).

Ningún Estado europeo concede a sus territorios el derecho a la secesión sin que se produzca un proceso constitucional acordado, y el proyecto independentista orquestado por el president Puigdemont sobrepasa claramente los límites de la legalidad al desafiar la Constitución española de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Cataluña sufrió mucho tiempo bajo el régimen opresivo del general Franco, pero prosperó entre 1978 y 2008 como una región que disfrutaba de un alto grado de autogobierno.

Los defensores de la independencia hablan mucho de las medidas represivas que supuestamente habría tomado Madrid, pero los que vean con simpatía la celebración de un referéndum quizá no sean conscientes del modo en que el Gobierno catalán intenta desde hace años imponer su agenda radical a la sociedad catalana en su conjunto. A través de su control del sistema educativo, su influencia en los medios, su manipulación de la historia catalana para sus propios fines, y en algunos casos a través de la intimidación, ha intentado imponer en la población general la imagen de una Cataluña víctima de malignas fuerzas exteriores.

Aunque en el pasado pudo haber algunos elementos de verdad en esa imagen, que se remonta al menos a 1900, no es fiel a la situación actual o al lugar que ocupa Cataluña en una España democrática. Aunque el Gobierno de Rajoy ha mostrado una clara falta de comprensión y empatía en su trato a la región, de ningún modo es razonable hablar de un régimen represivo.

A estas alturas es claro que ha llegado el momento de una revisión de la Constitución española, y en su debido momento se debe intentar descubrir qué tipo de futuro quieren los catalanes para sí mismos. Esto solo será posible, sin embargo, si todas las partes entablan un diálogo civilizado que se desarrolle dentro de los confines de la ley.[7]

Pero la crisis también evidenció, para quien no fuera consciente de ello, el desconocimiento de personas que habían escrito sobre temas españoles durante mucho tiempo o que tenían vinculación con nuestro país. Uno de los casos más sonados fue el del periodista John Carlin, despedido de El País por un artículo que imputaba el caos a la arrogancia de Madrid y describía el conflicto entre los románticos catalanes y los fanáticos españoles. Tenemos «el absurdo cruel del Gobierno de Madrid actuando hacia los catalanes como un marido que odia a su esposa y la maltrata, negándose a contemplar como ella le abandona, gritando “¡Es mía!”», decía Carlin, que a la manera casi clásica resumía la historia moderna de Cataluña en dos momentos: el absolutismo de Felipe V, que abolió los decretos de Nueva Planta, y el absolutismo —casi un remake— de Francisco Franco. Carlin atribuía la secular intolerancia española a quinientos años de catolicismo absolutista y la ejemplificaba en la falta de traducción adecuada para la palabra compromise, que había señalado ya en alguna otra ocasión. De hecho, partes de su artículo son muy parecidas a fragmentos de otro aparecido en El País en 2016: «La única palabra en español a cuyo significado se aproxima es, precisamente, ‘pacto’ o ‘pactar’. Pero no llega. Compromise es más sutil, más amplio; envuelve una actitud generosa y práctica frente a la vida que posiblemente ayude a explicar por qué el Gobierno democrático ha funcionado con más eficacia, solidez y longevidad en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Canadá que en España, México, Venezuela o Argentina». Si en la primera parte Carlin utilizaba una versión un tanto degradada de Weber, en la segunda casi se acercaba a la desacreditada hipótesis Sapir-Whorf, olvidando quizá el Compromiso de Caspe, un pacto de 1412 entre las élites de los territorios que formaban la Corona de Aragón.[8]

Otro caso polémico fue el de Jon Lee Anderson. En el artículo «En Francoland», del que he hablado anteriormente, Antonio Muñoz Molina reprochaba al autor de La caída de Bagdad que hubiera utilizado el sintagma paramilitary police para referirse a la Guardia Civil. En realidad no lo es, aunque en ocasiones se emplee, y Anderson era probablemente consciente de las connotaciones. El periodista estadounidense se defendió con vehemencia, llamó «trol» a Muñoz Molina y lo responsabilizó de los ataques que recibía en las redes sociales. Pero el artículo de Anderson tiene muchos otros puntos discutibles. Entre ellos están la presentación de la crisis como una cuestión sobre el derecho de voto (los catalanes han votado casi cuarenta veces desde que llegó la democracia, en tres ocasiones en referéndums sobre su estatus en España), el lenguaje dramático («estremecedor despliegue de violencia pública»), el entrecomillado escéptico de algunas palabras (referéndum «ilegal»), la descripción del Partido Popular como heredero del franquismo o la repetición sin mucho cuestionamiento (ni comillas) de las cifras de heridos que proporcionaba la Generalitat, o de acusaciones que han resultado falsas, como la de que la policía había abusado sexualmente de manifestantes. Reducía la historia de Cataluña a dos momentos —1714 y 1939—, presentaba la represión del franquismo como algo especialmente anticatalán y se permitía piruetas que probablemente no se habría permitido en un artículo más riguroso: no solo la reducción de la rule of law a una especie de empecinamiento, cercana a la vintage Iberian obtuseness, sino el vínculo poético entre el Borbón que había abolido las constituciones catalanas y el discurso firme de Felipe VI el 3 de octubre. En un artículo posterior, Anderson hablaba de las votaciones en el Parlament durante la declaración de independencia y de las que se hicieron en el Senado para activar el artículo 155: 214 a favor, 47 en contra, una abstención, en la Cámara Alta; sobre el voto de la DUI, decía que era «setenta a favor, diez en contra, dos en blanco»; «un grupo considerable de políticos de la oposición boicoteó airadamente el voto»: con esa información, era difícil saber lo que representaba esa «considerable» porción de «airados». Comentaba que «una profunda inseguridad atraviesa el corazón del establishment político y mediático español sobre la profundidad de la cultura democrática española, y con buenas razones».[9]

Una entrevista con David Mejía publicada en Nueva Revista mostró que en algunas apreciaciones de Anderson había más prejuicios que conocimiento. Anderson, que considera que «España no ha logrado prescindir de su sombra franquista», sostenía que España no había tenido nunca un primer ministro catalán, que el franquismo era un tema tabú hasta hace poco o que era capaz de reconocer si los mensajes de apoyo o críticas a su artículo eran de catalanes o «españoles» por los apellidos, cuando los apellidos más comunes en Cataluña son los mismos que en el resto del país.[10]

Medios como The New York Times ofrecieron una visión que, aun pretendiendo ser objetiva, se deslizaba hacia los marcos independentistas. En junio, un editorial recomendaba que se permitiera la celebración del referéndum con la confianza de que ganaría el no, lo que básicamente mostraba que no habían entendido el propósito del referéndum, que era la independencia.[11] Esta ha sido la posición del diario y de numerosas piezas escritas por Raphael Minder, el cronista habitual de temas españoles y autor de un libro sobre el tema, The Struggle for Catalonia. Así, el periódico presentaba el 155 como una escalada del conflicto desde Madrid: como si quedaran muchas opciones tras la declaración de la independencia. La aplicación de este mecanismo constitucional, copiado del artículo 37 de la Constitución de Alemania y equiparable a otras cláusulas sobre lealtad federal, se calificaba allí y en otros medios de «opción nuclear». En The Struggle for Catalonia, Minder intenta dar una visión objetiva, aunque se deja fuera el conflicto entre dos comunidades catalanas. En un artículo publicado en Crónica Global, Ramón de España le reprochaba que no hubiera hablado con varias personas contrarias a la independencia que le había sugerido Isabel Coixet.[12] Raphael Minder respondió en una entrevista en Jot Down: quizá faltaban las personas que había sugerido, «pero si me puedes nombrar a personas más en contra que Aznar o Mayor Oreja en Madrid, o gente con la que he hablado aquí como Albert Rivera o Boadella...».[13] Hay voces contrarias al independentismo en su libro: no solo ellos, sino también la escritora Laura Freixas, que habla del franquismo en Cataluña, o el historiador José Álvarez Junco, que habla del proyecto de los Países Catalanes, pero también se echan de menos muchas otras voces, y en los aspectos históricos se siguen demasiado de cerca las tesis nacionalistas. Por otro lado, y aunque fuera un artículo de opinión, resulta sorprendente que un medio tan comprometido con la lucha contra la posverdad publicara una tribuna de Oriol Junqueras el 1 de noviembre, donde el ya depuesto dirigente se presentaba como vicepresidente de Cataluña e incurría en numerosas tergiversaciones y falsedades.[14]

Como contaba Andrea Aguilar en un artículo publicado en El País, muchas veces los problemas españoles se interpretan a partir de la Guerra Civil, el periodo más conocido internacionalmente de la historia contemporánea.[15] En el caso de Cataluña, la manera en que se trataba el asunto, sobre todo desde la prensa anglosajona, hacía pensar en que todavía andaban con modelos heredados de Hemingway: una España agreste, poblada por gente simpática y orgullosa, de un encanto primitivo, pero que a la mínima oportunidad volvía a las andadas románticas y autoritarias. Esa colección de tópicos se utiliza como explicación perezosa de casi todo. The New York Times recomendaba por ejemplo tres libros que exploraban la «lucha por la independencia en Cataluña». Los elegidos eran Homenaje a Cataluña, de George Orwell, que vino a luchar por la República española y contra el fascismo internacional, y que combatió en la provincia de Huesca; The Struggle for Catalonia, de Raphael Minder; y El cuaderno gris, de Josep Pla, una obra maestra, sin duda, pero que no trata de eso.[16] La selección decía más del periódico que de la crisis.

Es un ejercicio curioso buscar a Franco en las crónicas en inglés del otoño. Así, se puede leer en Slate: «Al menos un área en que se solapan el PP y los autoritarios del pasado es su inflexible posición hacia la idea de que las regiones tienen derecho a la secesión. La idea de que la naturaleza unitaria de España es intocable y debe defenderse cueste lo que cueste es una reacción instintiva de los conservadores españoles. Pero Rajoy ha insistido en que solo sigue la Constitución española, que no permite que una región se separe».[17] Cómo son los españoles, con sus instintos. Uno se pregunta qué haría un gobierno estadounidense si un estado declarase la secesión mañana, puesto que del pasado ya tenemos algún ejemplo.

El espectro del dictador tuvo un otoño intenso. Paseó en Foreign Affairs («El fantasma de Franco todavía atormenta a Cataluña»),[18] en el Times («El intento español de ahogar la campaña catalana despierta el fantasma de Franco»),[19] en el Herald of Scotland («El fantasma de Franco planea sobre la votación en Cataluña», escribía un periodista;[20] una activista por la independencia titulaba su artículo «Por qué un dictador fascista muerto aparece en el referéndum»),[21] en el Washington Post («Para algunos, la represión en Cataluña evoca recuerdos de la dictadura de Franco»),[22] en el New Statesman («Cómo España y Cataluña están reabriendo heridas de la época de Franco»),[23] en The Spectator («El fantasma de Franco está vivo y coleando»)[24] y en muchos otros medios. Owen Jones declaró que España estaba en guerra con la democracia y la BBC tituló un debate «¿Es España un Estado fascista?» (¿por qué esos interrogantes?, ¿a qué vienen tantos remilgos?). En Dissent, William Hunt escribía que el referéndum del 1-O trataba de Franco: «Franco fue especialmente cruel con Cataluña, y en muchos aspectos este referéndum era realmente un referéndum sobre el Gobierno de Franco, y por tanto sobre todo el legado de la Guerra Civil española. Visto desde un ángulo más amplio, el referéndum catalán es otro episodio en un conflicto que dura un siglo, del que la Guerra Civil fue el apogeo violento, pero que todavía debe ser resuelto»[25]. Lo hizo antes y después del referéndum, y la mayoría de las veces era más irritante la falta de originalidad que la imprecisión: resultó refrescante la comparación que hacía Natalie Nougayrède en el Guardian con las películas de Pedro Almodóvar.[26]

Por un lado, todos hablamos de lo que conocemos mejor, y casi nada de España ha alcanzado la notoriedad de la Guerra Civil. El creador de The Wire, David Simon, vino a España y expresó su deseo de rodar una serie sobre el conflicto; la prensa española reprodujo, interesada, sus declaraciones. Además, si eres un experto extranjero en la España contemporánea es probable que seas un experto en su periodo más interesante —la Guerra Civil— y que te lleves el ascua a tu sardina interpretativa.

Manuel Arias Maldonado ha definido en El Mundo esta tendencia como una forma de orientalismo a la que la mirada extranjera tiende de manera natural, y con la que contaba el discurso independentista como aliado.[27] En «Anglocondescencia», José Ignacio Torreblanca criticaba la superioridad con que los medios británicos y estadounidenses afrontaban la cuestión catalana, y señalaba la paradoja de que tras las victorias de Trump y el Brexit pretendieran dar lecciones de sensatez democrática.[28] (A manera de añadido, quizá los británicos podrían ser prudentes antes de hacer recomendaciones sobre la partición territorial, después de experiencias como la de la India y Pakistán, Afganistán y Pakistán, Israel y Palestina o Iraq e Irán.)

Hay algo de esa mirada orientalista. Pero esa visión se nutre muchas veces de tópicos que hemos generado o mantenido los propios españoles: esa mirada orientalista es a menudo nuestra propia mirada, la que sostiene que España se situó al margen del progreso, que perdió el tren con respecto a sus vecinos europeos y que nunca podrá recuperarlo del todo. El fin de la dictadura, la llegada de la democracia y la entrada en la Unión Europea fueron una manera de alcanzar esa esquiva modernidad que habríamos perdido de vista muchas veces: en la expulsión de los judíos y los moriscos, en la Contrarreforma y la imposición de un catolicismo dogmático y castrador, en la pervivencia de modelos económicos atrasados, en una Ilustración insatisfactoria, en una Guerra de la Independencia donde se luchó por un rey absolutista que derogó una Constitución liberal, en el arrebato melancólico que siguió a la pérdida de las colonias, en la industrialización y el reparto injusto de la tierra, en la dictadura franquista. Ese contacto redentor con la modernidad, sin embargo, es frágil y provisional: en esa imagen, España es un ciclista que hace la goma, que se esfuerza por mantenerse a la altura de corredores más fuertes. Pero si las cosas se ponen complicadas, será fácil ver su debilidad o su impostura.

Esta visión, aunque pueda tener algo de verdad, no deja de ser una simplificación. En ella, comparamos a España con los países más avanzados de Europa y con lo mejor de ellos. No es una valoración justa ni precisa, pero tiene sus ventajas, sobre todo si estimula la emulación: una de las corrientes más interesantes de la cultura española siempre ha sido la de los afrancesados, de Francisco de Goya a Fernando Trueba, pasando por Luis Buñuel. Pero, a medida que sabemos más, esta mirada orientalista comienza a resultar inverosímil: ahora mismo, un país lleno de imperfecciones como España puede mirar hacia atrás y señalar cuarenta años de éxitos en campos muy diversos. Sin embargo, funciona. Y una de sus consecuencias, vinculada a la falta de libertad y credibilidad de la prensa durante la dictadura, con unos medios al servicio del régimen, es el prestigio de la prensa extranjera, que siempre ha de ser la que venga a decirnos qué nos pasa. Esa extraña mezcla de complejo de inferioridad y narcisismo nos ha hecho especialmente sensibles a los encantos de ciertos autores extranjeros, que se han manejado con el ramillete de tópicos que les habíamos servido. Ha habido, hay y habrá aportaciones extraordinarias. Pero quizá una de las consecuencias de la dictadura es precisamente que durante mucho tiempo hayamos prestado tanta atención a algunos de estos escritores, que no se lo merecían.

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La violencia, la gran ausente

La violencia fue uno de los temas del procés. Resultaba interesante por su presencia pero sobre todo por su ausencia, un poco a la manera de Dulcinea del Toboso en el Quijote. Como Dulcinea, la violencia explícita estaba ausente en el procés y sin embargo estaba todo el rato presente.

Por un lado, la falta de una violencia explícita era una de las fortalezas del independentismo, la prueba de que se trataba de un movimiento cívico. La violencia, la fuerza, era en el procés como el vaciado en las esculturas de Pablo Gargallo. Buena parte de la apuesta secesionista se basaba en utilizar la violencia como el luchador que aprovecha el impulso del adversario para desequilibrarlo: pretendía poner al Estado en una situación en la que fuera inevitable el uso de la fuerza, con la esperanza de que la opinión pública, española y sobre todo internacional, no tolerase esos métodos y obligase a España a ceder ante los hechos consumados.

Era lo que se buscaba el 1 de octubre, cuando, después de que los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana, no cumplieran con su mandato judicial, intervinieron las fuerzas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. La cifra de heridos que proporcionó la Generalitat —más de mil personas— fue exagerada, e incluía a todos los atendidos. Se habló de una violencia sin precedentes en la Unión Europea. Al día siguiente había dos personas ingresadas: un hombre perdió la visión de un ojo. Otro sufrió un infarto. Según el Gobierno hubo tres heridos graves más, por traumatismos. A eso llegó la violencia inédita. Proliferaron fotos y vídeos de un áspero tratamiento policial. La maquinaria propagandística reprodujo estas imágenes, que circularon mezcladas con otras falsas. Entre ellas, había varias que correspondían a la actuación de la policía en Cataluña en protestas de los indignados y de los Mossos en manifestaciones contra los recortes. En otras ocasiones, se añadieron esteladas a las imágenes. Una chica declaró que le habían roto los dedos uno a uno, para después decir que tenía capsulitis y en la otra mano. Que la brutalidad policial se haya exagerado no significa que no se produjeran excesos: estos deben ser investigados y, si se demuestran, castigados.

En cualquier otro lugar, podría haber llamado la atención que los revolucionarios de orden utilizaran una acampada en los colegios —the great Catalan sleepover— para realizar el referéndum, y produce cierta curiosidad lo que le dirá dentro de unos años a su padre aquel niño que estaba subido a los hombros de su progenitor, mientras este increpaba a la policía de un Estado fascista: o en el fondo no pensaba que lo fuese, y por eso se permitía forcejear con un agente, o había realizado un acto estúpidamente temerario, o quizá las dos cosas al mismo tiempo. En algunas de las quejas se detecta cierto clasismo: es relativamente normal que la policía pegue de vez en cuando a los okupas, pero no a la gente de orden. Se volvió a ver con la prisión provisional de algunos líderes independentistas. Pertenecían, quizá, al tipo de gente que no debe ir a la cárcel. También se lo parecía a líderes de otros partidos, como Pablo Iglesias o Miquel Iceta, quien dijo en campaña que pediría un indulto antes de que hubiese siquiera condena.

El 1 de octubre, escribe Jordi Amat en La conjura de los irresponsables, fue «el éxtasis del procés», y el día más difícil para los constitucionalistas. Muchos de los contrarios a la independencia han lamentado la actuación del Gobierno. El fracaso fue doble. Por un lado, se votó. El Gobierno, que había dicho que no se produciría el referéndum, no logró impedirlo. Por otro, se pegó a la gente. La actuación policial parecía improvisada y un poco atropellada. Algunos han criticado que los servicios de inteligencia no se hubieran infiltrado de manera más eficaz en Òmnium y la ANC, que no hubieran interceptado las urnas, que no hubiesen obstaculizado la actuación de los Comités de Defensa del Referèndum (ahora de la República) o que no se hubiera intervenido antes en los colegios. ¿No era previsible la inhibición de los Mossos? Aun admitiendo el uso propagandístico de las imágenes, ¿no era eso también en cierto modo previsible, y por tanto lo que habría que haber evitado? Una de las lecciones obvias, parece, es que, si se recurre a la violencia, esta no debe ser física. La violencia administrativa es más eficaz. Incluso la violencia contra la legalidad o el atropello a los derechos de las minorías resulta tolerable, en ocasiones casi invisible. Pero no es el caso del uso de la fuerza contra los ciudadanos.

Los dos días siguientes al 1 de octubre fueron de verdadera tensión. Que hubiera un conflicto civil parecía una posibilidad cercana, y el escenario de dos fuerzas armadas enfrentadas, tras la traición de los Mossos y con el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no parecía totalmente inverosímil.

En las primeras horas, la imagen de España se vio muy dañada, en el exterior y en Cataluña. Es posible que, a medio o largo plazo, no fuera tan catastrófica. Evidenció la deslealtad de los Mossos y, aunque se votó, la consulta careció de toda garantía. Además, es posible que a la larga esa violencia, o ese uso de la fuerza, no solo afectara, en Cataluña, al Estado. Es decir, que aunque la violencia la ejerciera el Estado, no dejaba de ser una violencia vinculada al procés.

No creo que haya que menospreciar el miedo, ni pensar que la gente no tiene derecho a tenerlo. Es un síntoma inequívoco de progreso que vivamos en sociedades intolerantes con la violencia, que censuren la coerción del Estado sobre los ciudadanos. Pero el victimismo y la ingenuidad repentina provocan cierta perplejidad.

Sorprende por parte de las autoridades catalanas: su historial no está exento de paradojas. Así, en junio de 2011, después de que se votara en el Parlament la Llei Òmnibus, un paquete legal de medidas cuyo propósito era implementar la austeridad en Cataluña, el 15-M convocó el acto «Aturem el Parlament!»: los indignados rodearon la sede parlamentaria y los accesos acabaron convirtiéndose en una trampa. Algunos diputados fueron insultados, escupidos, incluso golpeados; a otros les pintaron la ropa con un spray. Artur Mas tuvo que entrar en helicóptero. El Govern y el Parlament se presentaron como acusación privada contra los detenidos de ese día, pero el Govern, que en aquel momento ya había iniciado el procés, pidió que el juicio se celebrara en Madrid. Según cuenta Guillem Martínez, una de las razones era que esperaban que así la sentencia fuera más severa. Los Mossos, que recibieron vítores y elogios por su inhibición, habían sido criticados en numerosas ocasiones por una excesiva contundencia. Seis personas perdieron un ojo a causa de actuaciones policiales durante los dos años en que Felip Puig fue conseller de Interior. La contundencia —no necesariamente sinónimo de eficiencia— se vio también en los atentados de agosto en Barcelona y Cambrils, donde nadie hizo demasiadas preguntas sobre si era inevitable abatir a todos los terroristas.

Otras razones están más vinculadas al propio procés. Por un lado, es hipócrita suponer que no iba a haber violencia: lo que buscaban los estrategas del procés era provocar la violencia del adversario.

En segundo lugar, el secesionismo catalán reivindica a menudo su naturaleza pacífica. Los líderes separatistas han llamado la atención sobre su sentido de la responsabilidad: ante la perspectiva de violencia, se retiraron e hicieron una apelación a la calma. Los independentistas y sus líderes habrían sacrificado su sueño para evitar un enfrentamiento. Por lo visto, la interpretación correcta es que debemos felicitarlos porque no intensificasen un conflicto que no se habría producido si no lo hubieran iniciado ellos mismos. Además, hay que agradecerles que no realizaran una acción violenta. Había dos explicaciones para esa renuncia. Una era estratégica: la legitimidad que proporcionaba. La otra se ha revelado más táctica: al final, no ha habido violencia real porque carecían de la fuerza necesaria, porque perdían.

El 6 y el 7 de septiembre, el secesionismo se situó fuera de la ley. Ahí, en un momento revolucionario, entran en el terreno de la correlación de fuerzas. Y el Estado español, que respetó sus propias leyes, demostró ser más fuerte. En los intentos de los independentistas, cada vez más desesperados, por activar el mecanismo, toda respuesta del Estado —intervención fiscal, uso de la fuerza por parte de la policía, 155— es violenta; pero la actuación de los secesionistas jamás puede serlo.

Esta maniobra oculta que la República catalana, de haber triunfado, se habría tenido que imponer sobre los ciudadanos. Es posible que hubiera tenido que doblegar focos de resistencia para lograr el «control del territorio». Habría tenido que utilizar la fuerza. A principios de octubre, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant llamó a analizar la forma de tomar los puertos y aeropuertos catalanes, a fin de hacer efectiva la independencia. Añadía que había que pensar también en el control del capital.[1]

Hay otros componentes que tienen que ver con la pacificación de las costumbres. Esto, como recordaba Jorge Galindo en un artículo publicado en El País, ha hecho que nos olvidemos de la fuerza.[2] Afortunadamente, nos hemos acostumbrado a que el conflicto sea dialéctico; el Estado es un elemento neutral y la fuerza queda fuera del debate. Sin embargo, también hay algo de trampantojo en eso. En palabras de Galindo, «el verdadero dilema es que sin la amenaza velada de la fuerza no hay democracia auténtica, pero sin democracia que la embride la fuerza se desboca». Es un equilibrio difícil, que solo se consigue cuando el «Estado se mantiene neutral y no es cuestionado». Pero, si es cuestionado, no puede mantenerse neutral, y la situación se vuelve peligrosa.

En este caso, del uso propagandístico de la violencia pasamos a una negación de la legitimidad. Toda actuación del Estado, simbólica o física, desde la intervención en las finanzas al uso de la fuerza el 1-O, pasando por la aplicación de una provisión para salvaguardar la lealtad institucional sobre autoridades que han empleado sus puestos deslealmente, es violenta, lo que significa ilegítima; toda actuación independentista, por ilegal o agresiva que sea, se considera no violenta, y por tanto legítima. Según eso, debemos creer que el Estado no va a intentar preservar su integridad territorial, ni los derechos de sus ciudadanos, y que, como España es una especie de anomalía histórica, un impostor que se ha colado en el baile de las organizaciones internacionales con un DNI prestado, nadie va a reconocer que tenga razones para hacerlo. Debemos creer, por alguna razón, que los intentos de sabotear un país —o la sedición, un delito que prácticamente puede definirse con las acciones atribuidas a Sànchez y Cuixart— han de ser menos graves si ese país es España, ya que las penas en otros lugares son comparables o más duras. Debemos creer, como tanta gente decente, progresista y de orden, que es aceptable que se persiga penalmente a un pequeño delincuente, pero no a quien desvía fondos públicos para crear un nuevo país, quien utiliza las estructuras del Estado contra el propio Estado o quien trabaja para destruir el orden constitucional mientras se burla de las advertencias de los tribunales.

Una parte del procés es la violación de las leyes, el salto a un lugar donde solo rige la fuerza. Ese salto era un simulacro: una apuesta siempre negable, salvo cuando sale bien. La gran violencia del procés no la ejerció el Estado. La ha ejercido la realidad.

EPÍLOGO

La realidad es terca

El simulacro se disuelve al entrar en contacto con la realidad. El gran encontronazo final del procés —que no resuelve el problema, ni significa que la aventura haya terminado— no fue el choque de trenes del que tantas veces se había hablado, sino un golpe contra un muro. Y quizá lo más llamativo es que quien quisiera sabía que ese muro estaba allí.

En el choque, me comentó en una conversación Lluís Bassets, se vieron tres cosas claras. Por una parte, el secesionismo no comprendió bien cómo funciona el Estado. Se pueden criticar sus ineficiencias y sus anquilosamientos, pero parece imprudente asumir que un Estado bajo asalto no va a defenderse. Su fuerza no es solo la fuerza de la porra: tiene otras herramientas, como mínimo igual de persuasivas. Entre ellas hay herramientas administrativas, hacia dentro, y ventajas de posición, hacia fuera. Se podría añadir otro dato: sabemos también, por los conflictos que hemos visto al menos desde la Segunda Guerra Mundial, que gana el Estado. Los secesionistas no solo fueron desleales con el Estado español (del que formaban parte) sino que, en parte por ignorancia, en parte por desdén y en parte por un pasado de incomparecencia habitual, lo subestimaron.

Desde Vicens Vives se ha repetido a menudo la idea de que Cataluña era ajena al funcionamiento del Estado, porque era una sociedad mercantil. Pero en este caso tampoco parece que el independentismo comprendiera muy bien el funcionamiento del mercado. Todavía hoy se extiende la idea de que la fuga de cientos de empresas en unas semanas se debió a la mala fe del Gobierno español. Lo argumenta gente que retiraba dinero de sus cuentas, un poco como una amiga que me decía que ella era partidaria de la independencia, pero que le preocupaba que un corralito afectara a sus ahorros, o como los independentistas ricos que cambiaron la sede social de sus empresas.

Finalmente, según Bassets, tampoco habría entendido el mecanismo de la identidad cultural. El énfasis en la identidad, en una comprensión única y excluyente de la identidad, puede provocar un refuerzo identitario en esa gente que se ha visto expulsada. Esta última idea se parece en parte a la tesis de El regreso liberal, donde Mark Lilla reprocha a la izquierda estadounidense haberse centrado en intereses de grupos particulares, a menudo no solo legítimos sino admirables, en vez de buscar coaliciones más amplias y abordar problemas comunes. De manera más enojosa para sus promotores, esa política identitaria podía generar una respuesta identitaria en sentido opuesto. Cuando uno intenta construir un muro hacia afuera, puede descubrir que acaba construyendo —o cuando menos visibilizando— también un muro en el interior de su país.

El fracaso ha mostrado otros fallos de planteamiento, como si los secesionistas hubieran cometido el error de creer su propia propaganda. Se sabía que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea, que tendría que solicitar el ingreso, y que este tendría que ser aceptado por todos los socios. Por si alguien no había estado atento, se había avisado reiteradamente de que el principio de legalidad es esencial para el club. Existía también una cuestión de poder y de intereses compartidos. La Unión Europea se basa en la cesión de soberanía de los estados, pero es un club de estados. El desmantelamiento de uno de ellos alentaría a otros movimientos secesionistas. A medio plazo, podría significar el fin de Europa.

Probablemente, muchos gobiernos creían que la gestión que el Gobierno español hizo de la crisis podría haber sido mejor, pero, a pesar de todo el esfuerzo por el apoyo internacional que ha realizado el independentismo, ningún país reconoció la República catalana proclamada el 27 de octubre. La Unión Europea y sus estados miembros apoyaban la posición de España. Al principio se oían expresiones de preocupación por la actuación policial del 1-O, pero se fueron haciendo cada vez más débiles. No solo se fracasaba en el intento de conseguir una mediación internacional, sino que la internacionalización del procés era contraproducente. La revuelta contra un país posfranquista imaginario podía funcionar, más o menos. Pero la perspectiva internacional, y el aumento de información, vincula el separatismo con compañías poco recomendables: sus reivindicaciones económicas recuerdan a las de otras regiones ricas; ese aire de familia hace más evidente el componente supremacista del secesionismo. Sus aliados son algunos de los grupos nacionalistas y populistas más siniestros del continente. Hay también grupos nacionalistas moderados que no quieren que se les asocie con un movimiento que ha recurrido a la vía unilateral y a la ruptura de la legalidad.

Los independentistas tampoco parecen haber calculado bien algo que explicó Pepe Fernández-Albertos: «Vivimos demasiado bien como para arriesgarlo por una causa». «Hoy ya tenemos demasiado que perder. En sociedades prósperas como la nuestra nadie quiere cruzar la línea roja de la violencia, por eso el independentismo ha hecho de la no violencia una seña de identidad que le ha granjeado el apoyo de casi la mitad de los catalanes», ha dicho el politólogo.[1] La prosperidad y el proceso de pacificación son factores que hicieron posible el éxito del procés. Pero nuestra mayor virtud siempre es nuestro mayor defecto, y también fueron decisivos en su fracaso.

Mariano Gistaín escribió en el Heraldo de Aragón sobre el «155 de los bancos», que se produjo después del discurso del rey del 3 de octubre, cuando, en un momento de gran tensión, el monarca defendió con claridad el Estado de derecho. Antes de la DUI, las empresas ya trasladaban sus sedes sociales fuera de Cataluña. Se volvía cada vez más difícil creer en la independencia low cost. No digamos en la independencia que iba a proporcionar tantos beneficios a los catalanes, una vez se hubieran librado de la España ineficiente. Según un informe elaborado por Fernando Trías de Bes y hecho público en diciembre de 2017, el 44 por ciento de los directivos catalanes había perdido clientes desde el comienzo del conflicto. Un 42 por ciento decía que se llevaría su empresa a otra parte si continuaba la DUI.[2] A esas alturas, más de 2500 empresas habían trasladado su sede central fuera de Cataluña.

En un sentido, la independencia era imposible, como en cierta manera lo es el Brexit, al menos el que querían los británicos deseosos de recuperar el control. Hay multitud de lazos familiares, empresariales, culturales, económicos. El mundo —su política, su economía— tiene una complejidad mayor de la que nunca ha tenido. Las redes son más enrevesadas y diversas: lo que vemos a nuestro alrededor, acaso de manera cada vez más clara, es una mayor interdependencia.

El economista Manuel Hidalgo ha abordado algunos de los posibles efectos de una prolongación del procés a largo y medio plazo. Por un lado, se produciría una caída de la inversión extranjera, lo que afectaría también a la creación de empleo. La construcción de nuevas instituciones tendría que empezar antes de la secesión, y vendría acompañada del fantasma de la doble imposición, que desanimaría a las empresas. El deseo de evitar el boicot en otros lugares de España impulsaría las deslocalizaciones; este deseo se vería incentivado por la necesidad de mantenerse dentro del territorio de la Unión. Las consecuencias de la independencia serían todavía más dramáticas. Supondrían la ruptura del mercado único para Cataluña, con España y con la Unión Europea. Cataluña tendría que traducir una legislación que aún no existe al entramado legal comunitario. Una salida del paraguas que es el Banco Central Europeo haría zozobrar a todo el sistema de la crisis de las finanzas.

Casos con un mandato más claro, con un mayor apoyo popular, con un entusiasmo mucho más indiscutible, no han logrado alcanzar sus objetivos.

El procés recuerda la anécdota que se cuenta sobre un matrimonio que discute en una ciudad española en los años sesenta, una tarde de lluvia. El marido, enfadado, hace la maleta y se va de casa: se va para siempre. Vuelve al cabo de media hora, empapado. «¡Has vuelto!», dice la mujer. «No pasaba un puto taxi», dice él.

Fin

No hemos llegado a Dinamarca. Hemos alcanzado un lugar indeterminado, inhóspito pero más parecido a una novela humorística de Evelyn Waugh que a Black Mirror. El paisaje que quedaba tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre no invitaba al optimismo. Habían sido unos comicios anómalos, tras una situación excepcional. Uno de los candidatos se reclamaba presidente legítimo y al mismo tiempo se presentaba a las elecciones desde otro país para eludir a la justicia. El otro cabeza de lista del independentismo estaba en la cárcel. Ciudadanos, un partido constitucionalista, nacido para combatir el nacionalismo, era la fuerza más votada, pero los independentistas de Junts per Catalunya, ERC y CUP alcanzaban la mayoría absoluta. Ni la vía unilateral, ni las cargas policiales, ni la fuga de empresas, ni las acciones judiciales y la prisión provisional hacían que el independentismo creciera. El camino ilegal y unilateral se había revelado impracticable. La tercera vía propuesta por el PSC había resultado menos seductora que la posición más clara de Ciudadanos. El Partido Popular se convertía en una fuerza casi irrelevante en Cataluña: la organización política que gobernaba en España pasaba a ser el último partido en la comunidad autónoma.

El objetivo de las elecciones, que el Gobierno central convocó nada más activar el 155, era restablecer la legalidad y volver a una cierta normalidad. Demostraba que no quería gobernar Cataluña desde Madrid, y fue uno de los pocos movimientos rápidos de una administración que se manifestó casi siempre reactiva y lenta en el mejor de los casos. Sin embargo, la lógica de la campaña no facilitaba la autocrítica ni la distensión. Propiciaba el enfrentamiento entre los dos grandes bloques, pero también dentro de ellos. Las medidas legales contra los líderes independentistas facilitaban que continuara la sentimentalización y constituían buen material propagandístico.

Si vemos el procés desde el punto de vista de un partidario de la independencia, ha sido un fracaso. La vía unilateral e ilegal no logró su objetivo. Se perdió, temporalmente, la autonomía. La internacionalización del conflicto no benefició los intereses separatistas. Hubo costes económicos, y probablemente no han sido más graves por el propio componente paródico del procés. Se ha hecho un daño a la reputación de Cataluña cuyas consecuencias todavía son difíciles de evaluar.

Los datos de encuestas y los resultados electorales muestran una comunidad dividida en dos. Esa fractura quizá estaba en cierto modo antes. Pero ahora se ha hecho más visible y más intensa, y parece que la polarización puede continuar antes de que se logren tender puentes. De esa fractura son responsables, antes que nadie, quienes impulsaron esta vía.

Tanto Esquerra como Junts per Catalunya adoptaron una política poco democrática. No solo por las violaciones de la legalidad. Carles Puigdemont, tras declarar la independencia, no se hizo responsable de sus palabras, sino que se exilió a otro país. Era el caudillo que, en vez de asumir las consecuencias de sus actos, y de permanecer junto a los suyos, huía. Su formación no felicitó a la candidata ganadora en las elecciones: esa falta de reconocimiento es antes que nada una falta de reconocimiento a los ciudadanos que no te votan.

Han llevado a una política hiperbólica. Propugnan el diálogo, pero solo en los términos que han decidido de antemano. Fuera de eso, la negociación es imposible, una traición. Toda su política depende de la percepción de vivir instalado en un momento excepcional, irrepetible. Aun así, es inevitable que se produzca cierta devaluación. En 2015, se pedía participar en el voto de tu vida; esta vez, había que votar para retirar el 155 o liberar a los presos políticos de la cárcel.

Esto tiene consecuencias negativas. Una, obvia, es la degradación de la conversación, y la democracia, como la cultura, es también una conversación, una manera de hablar y solucionar los problemas. La discusión se vuelve más áspera y enconada, y se habla de menos asuntos. Se pierden también tiempo, interlocutores y la capacidad de abordar otros problemas, de presentar propuestas viables. La identidad está por encima de las políticas; el desacuerdo es absoluto e impide encontrar arreglos concretos, relativos.

Otro de los damnificados del procés es el catalanismo. Una larga tradición política, comprometida con la modernización, se ha visto arrastrada hacia una apuesta inviable y excluyente. Quizá tenga que profundizar en su autocrítica y hacer una gestión de la frustración, pero va a ser necesario para reconstruir cualquier consenso.

La tercera vía, la solución intermedia, parece otra de las perdedoras en un contexto de polarización y fidelización. Sin embargo, serían deseables y probablemente imprescindibles gestos que permitiesen unir partes de los bloques.

El procés tampoco ha sido bueno para España. Aunque el Estado haya resultado más fuerte de lo que pensaban los independentistas, las instituciones han sufrido un desgaste brutal: desde el Tribunal Constitucional a la Corona, pasando por las fuerzas de seguridad. La independencia no se ha producido, pero décadas de política nacionalista han favorecido la desconexión emocional de parte de Cataluña hacia España. Uno de los ejemplos más claros se produjo tras los atentados yihadistas del verano de 2017.

Las movilizaciones contra la independencia hicieron visible a otra parte de la sociedad que hasta entonces estaba desarticulada y que había tenido menos presencia. En todo el país, mientras se reclamaba una reforma constitucional que a veces tiene un componente casi chamánico, se extendía cierta desconfianza hacia el modelo autonómico, a causa del uso desleal que se ha hecho de las instituciones. Eso, que no siempre coincide con lo que piensan las élites, tampoco beneficia al Estado.

Como dice Ramón González Férriz, para que el Estado de derecho pueda ser generoso, su victoria debe ser clara y reconocida.[1] Eso no se limita al diálogo dentro de la ley. Debería incluir una admisión de su legitimidad, que con mucha frecuencia hasta ahora, en la estrategia a dos bandas del independentismo, ha sido implícita pero no explícita. También, para llegar a acuerdos o zonas intermedias, convendría al menos aceptar que vivimos en una realidad relativamente similar. Es cierto que todos los debates son debates sobre lo que significan las palabras, pero hasta para discutir sobre eso ha de encontrarse cierto espacio común.

Un nuevo acuerdo, probablemente, tendrá que ser aprobado por las urnas. Pero no parece que un referéndum sea la herramienta adecuada para resolver una cuestión que enfrenta a dos grupos prácticamente iguales. El referéndum debería ser un instrumento para ratificar un consenso, no un procedimiento que propicie una victoria pírrica para unos y humillante para otros. Alcanzar ese consenso —imperfecto, revisable— será trabajoso y exigirá renuncias a todos. Para quienes creen que la lengua es solo un instrumento de diferenciación, y para quienes emplean la protección cultural como un caballo de Troya en un sueño de homogeneidad cultural, ningún reconocimiento será suficiente: enseguida encontrarán otra razón para el agravio. Pero esos esfuerzos por el reconocimiento de la diversidad no deben hacerse solo por ellos: también por quienes creen en una identidad común y variada, también porque forma parte de nosotros. Eso debe ir en la otra dirección: el Estado podría descentralizarse efectiva y simbólicamente, pero también debería estar más presente en lugares en los que ha parecido retirarse pudorosamente.

El procés también es un ejemplo de tendencias que han detectado y explicado psicólogos como Jonathan Haidt, que ha escrito en The Righteous Mind sobre el tribalismo, sobre el valor de cohesión que aporta el juicio moral o sobre nuestra costumbre de convencernos de que nuestras opiniones instintivas obedecen a decisiones racionales. Si una de las lecciones del procés es el efecto cascada, otra es la impermeabilidad hacia los argumentos de aquel al que consideras tu rival. A veces parece que hemos llegado al fin del debate racional: como en otros conflictos políticos actuales, da la sensación de que vivimos en realidades diferentes, expuestos a sistemas mediáticos enfrentados y empleando palabras parecidas que designan cosas muy dispares. El lenguaje emotivo, veloz y simplificador de las redes sociales contribuye a impulsar la polarización.

Una dosis de pesimismo es siempre algo bueno, pero en exceso puede ser tan tramposo como el optimismo. Cualquier debate tiene un momento descorazonador: los lugares de desencuentro se repiten, y parece que nadie convence a nadie de nada. Sin embargo, también tiene otros efectos: aunque cueste y no siempre nos guste admitirlo, cambiamos de opinión de vez en cuando. Y pensar que tu interlocutor tiene la capacidad de hacerlo es una forma de reconocimiento. Idealmente, va acompañada de una conciencia de tu propia posición, de una ironía que no hace que tus principios sean más débiles, sino que te da otra visión y permite no tener un conjunto demasiado grande de principios para así centrarte en lo esencial.

Algo que se le puede reprochar al «unionismo» es su sacralización de la Transición. Fue un éxito extraordinario, y a menudo quienes hemos nacido más tarde tenemos problemas para imaginar sus dificultades. Resulta más sencillo encontrar los defectos, las tareas que se dejaron a medias, las incongruencias. Pero cualquier valoración debe pasar por el hecho de que gente que tenía desacuerdos en casi todo logró al final llegar a un consenso. Quienes admiramos el espíritu del pacto y de la transacción que se dio entonces sabemos que los acuerdos que de verdad importan solo llegan cuando los firmamos con gente que piensa de manera muy distinta a nosotros. Esa quizá sea la lección más importante y menos obvia del golpe posmoderno.

Agradecimientos

Versiones anteriores de algunos fragmentos de El golpe posmoderno han aparecido en Letras Libres, y la primera versión de «La alianza nacional-populista» se publicó en El Mundo.

Este libro, que no habría podido escribir sin los ánimos de Mónica Carmona, es el producto de muchas lecturas y conversaciones. Entre ellas destacan las que he tenido con amigos y colaboradores de Letras Libres, como Aurora Nacarino-Brabo, Jorge San Miguel, Miguel Aguilar, Ignacio Martínez de Pisón, Paula Corroto, Juan Claudio de Ramón, Jonás Trueba y Borja Lasheras, y la aventura en varias lenguas que fue Voices from Spain, con Elena Alfaro y Verónica Puertollano, entre otros. La idea de la revolución de diseño es de Itsaso Arana. Las traducciones al inglés de Pippi Tetley de varios artículos que escribí sobre el procés me ayudaron a mejorarlos en castellano.

Ricardo Dudda, Aloma Rodríguez y Ramón González Férriz me acompañaron estos meses y fueron los primeros lectores de este libro, que escribí mientras Lola y Max crecían.

Notas

INTRODUCCIÓN

[1] Miguel Aguilar, «De problemas y soluciones», Letras Libres, n.º 192, septiembre de 2017, <http://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/problemas-y-soluciones-en-cataluna>.

1. CÓMO COMBINAR LO VIEJO Y LO NUEVO

[1] Fernando Vallespín y Máriam Martínez-Bascuñán, Populismos, Madrid, Alianza, 2017.

[2] Juan José Sebreli, El asedio a la modernidad. Crítica del relativismo cultural, Barcelona, Debate, 2013, especialmente caps. 5 y 6.

[3] Pierre-André Taguieff, Le nouveau national-populisme, París, CNRS Éditions, 2012, p. 62.

2. CÓMO SE DISEÑA UNA REVOLUCIÓN

[1] Jordi Amat, La conjura de los irresponsables, Barcelona, Anagrama, 2017.

[2] Josep Borrell y Joan Llorach, Las cuentas y los cuentos de la independencia, Madrid, Libros de la Catarata, 2015, especialmente pp. 36-39, 154-155.

[3] Jordi Amat, El llarg procés, Barcelona, Tusquets, 2015, edición electrónica.

[4] Kiko Llaneras, «El apoyo a la independencia tiene raíces económicas y de origen social», El País, 28-9-2017, <https://politica.el pais.com/politica/2017/09/28/ratio/1506601198_808440.html>.

[5] Maia Güell y Sevi Rodríguez-Mora, «De los apellidos de los catalanes», Nada es gratis, 22-9-2015, <http://nadaesgratis.es/admin/de-los-apellidos-catalanes>.

[6] Pau Marí-Klose, «¿Un solo pueblo?», El País, 6-10-2015, <https://elpais.com/elpais/2015/10/05/opinion/1444046875_755284.html>.

[7] Rafa Julve: «El 58 % de los catalanes opinan que el debate independentista ha dañado la convivencia», El Periódico, 23-10-2017, <http://www.elperiodico.com/es/politica/20171023/encuestagesop-catalanes-ven-danada-convivencia-por-debate-independencia-6373525>; Kiko Llaneras, «¿Hay una espiral del silencio en Cataluña?», El País, 19-11-2017, <https://politica.elpais.com/politica/2017/11/17/ratio/1510918962_413256.html>.

3. LA APUESTA POR EL PLEBISCITO

[1] Manuel Toscano, «El imperio de la ley y la democracia», Letras Libres, n.º 195, diciembre de 2017, <http://www.letraslibres.com/mexico/revista/el-imperio-la-ley-y-la-democracia>.

[2] «Romeva dice que si España es “democracia avanzada” permitirá el referéndum», La Vanguardia, 19/9/2017, <http://www.lavanguardia.com/politica/20170919/431412788626/romevadice-que-si-espana-es-democracia-avanzada-permitira-el-referendum.html>.

[3] <http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/JunquerasUn-possible-suport-als-pressupostos-implica-que-hi-hagi-una-agendanacional-clara/video/4241830/>.

[4] Fernando Vallespín y Máriam Martínez-Bascuñán, op. cit., pp. 190-191.

[5] Jan-Werner Müller, «Real Citizens», Boston Review, 26/10/2016, <https://bostonreview.net/politics/jan-wernermuller-populism>.

[6] Pau Marí-Klose, «La democracia española en perspectiva comparada», Agenda pública, 6-11-2017, <http://agendapublica.elperiodico.com/la-democracia-espanola-perspectiva-comparada/>.

[7] Manuel Toscano, «Democracia constitucional y referéndum de secesión en Cataluña», Jot Down, <http://www.jotdown.es/2017 /09/democracia-constitucional-y-referendum-de-secesion-en-cataluna/>.

[8] Argelia Queralt, «La democracia no es la ley del más fuerte», Agenda pública, 10-9-2017, <http://agendapublica.elperiodico.com/la-democracia-no-la-ley-del-mas-fuerte/>.

[9] Xavier Vidal-Folch, «La ley que viola todas las leyes», El País, 6-9-2017, <https://politica.elpais.com/politica/2017/09/05/actualidad/1504644573_282784.html>. El código de buenas prácticas de la Comisión de Venecia sobre referéndums está disponible aquí: <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-spa>. La ley del referéndum puede consultarse aquí: <http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7449A/1633376.pdf>.

[10] Soledad Gallego-Díaz, «Lo que conviene leer con lupa», El País, 10-9-2017, <https://elpais.com/elpais/2017/09/08/opinion/1504889891_979022.html>.

[11] Xavier Arbós, «Transitoriedad incoherente e indefensa», Agenda pública, 30-8-2017, <http://agendapublica.elperiodico.com/transitoriedad-incoherente-e-indefensa/>.

[12] Xavier Arbós, «Una razón para suspender el referéndum», La Vanguardia, 25-9-2017, <http://www.lavanguardia.com/politica/20170925/431550013263/una-razon-para-suspender-el-referendum.html>.

4. LA INDEPENDENCIA NO ES DE IZQUIERDAS

[1] Víctor Lapuente, «Antipeperismo», El País, 17-10-2017, <https://elpais.com/elpais/2017/10/16/opinion/1508156527_558475.html>. El estudio se puede leer aquí: <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354068817736756>.

[2] Kiko Llaneras, «¿Han girado los catalanes a la derecha?», El País, 27-12-2018, <https://politica.elpais.com/politica/2017/12/25/ratio/1514226578_313289.html>.

[3] Luis Abenza, «Nacionalismo fiscal y el discurso socialdemócrata», Politikon, 19-10-2017, <https://politikon.es/2017/10/19/nacionalismo-fiscal-y-el-discurso-socialdemocrata/>.

[4] Manuel Hidalgo y Jorge Díaz Lanchas, «No digas robar cuando te refieras al Estado de bienestar», Agenda pública, 15-10-2017, <http://agendapublica.elperiodico.com/no-digas-robar-cuando-te-refieras-al-estado-del-bienestar/>.

[5] Aurora Nacarino-Brabo, «Nacionalpopulismo catalán», Letras Libres, 5-9-2017, <http://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/nacionalpopulismo-catalan>. La autora ha desarrollado la tesis en otros artículos, como «La culminación populista», Letras Libres, 3-10-2017, <http://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/analisis-del-1-o-la-culminacion-populista>.

[6] Aitor Rivero, «Cuando el derecho de autodeterminación lo exigen las partes más ricas hay que sospechar», El Diario, 20-10-2017, <http://www.eldiario.es/politica/independencia-Catalunya-permitir-clases-populares_0_699230761.html>.

[7] Jacobo Rivero y Pablo Iglesias, Conversación con Pablo Iglesias, Madrid, Turpial, 2014, p. 65.

[8] Fernando Vallespín y Máriam Martínez-Bascuñán, op. cit, pp. 66-67.

[9] Jorge San Miguel, «El macguffin catalán», Letras Libres, n.º 194, noviembre de 2017, <http://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/el-macguffin-catalan>.

[10] Jorge Lago, «We the Poble», Ctxt, <http://ctxt.es/es/20171025/Firmas/15877/nacionalismo-catalu%C3%B1a-demos15M-jorge-lago-ctxt.htm>.

[11] José Ignacio Torreblanca, «Dos repúblicas por el precio de una», El País, <https://elpais.com/elpais/2017/09/20/opinion/1505900709_785115.htmll>.

[12] Marià de Delàs, «“El golpe mortal al régimen” hay que darlo desde la “periferia”», según Jaume Asens, Público, 1-11-2017, <http://www.publico.es/politica/golpe-mortal-al-regimen-hay.html>.

[13] Pablo Iglesias, «Siete consideraciones sobre la crisis catalana», 23-10-2017, <https://www.facebook.com/notes/pablo-iglesias/7-consideraciones-sobre-la-crisis-catalana/1712286848843714/>.

[14] Alberto Penadés, «El eje territorial, la ideología y el cambio», Piedras de papel, 27-11-2017, <http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Cuestion-territorial-ideologia-graficos_6_711188896.html>. Para una respuesta de Jorge San Miguel: <https://medium.com/@JorgeSMiguel/izquierda-ruptura-territorial-y-racionalidad-8166b902bd95>.

5. LA RESPONSABILIDAD DE LAS ÉLITES

[1] Kiko Llaneras, «El voto nacionalista (y luego independentista) no se ha movido en 18 años», El País, 25-10-2017, <https://politica.elpais.com/politica/2017/10/24/ratio/1508874686_602237.htmll>.

[2] <https://www.youtube.com/watch?v=xi7ihYLVNRI>.

[3] «La dignidad de Catalunya», La Vanguardia, 26-11-2017, <http://www.lavanguardia.com/politica/20091126/53831123016/la-dignidad-de-catalunya.html>.

[4] Víctor Saura, «Con el Constitucional no empezó todo», El Diario, 21-2-2016, <http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Constitucional-empezo_6_486861315.html>.

[5] Enric Juliana, «Aquella noche en el Ritz», La Vanguardia, 101-2018, <http://www.lavanguardia.com/politica/20180110/434191743506/artur-mas-dimision-pdecat-puigdemont.html>.

[6] Ezra Klein, «For Elites, Politics Is Driven by Ideology. For Voters, It’s Not», Vox, 9-11-2017, <https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/11/9/16614672/ideology-liberal-conservatives>.

[7] Eloísa del Pino, «Estaban un catalán, una madrileña y un andaluz... y llegó una terrible y sombría crisis», Agenda pública, 10-9-2017, <http://agendapublica.elperiodico.com/estaban-catalan-una-madrilena-andaluz-yllego-una-terrible-sombria-crisis/>.

6. LA IDENTIDAD LA CARGA EL DIABLO

[1] José Luis Cano, «El humor aragonés», De profesión incierta, 25-9-2008, <http://joseluiscano.blogia.com/2008/092501-el-humor-aragones.php>.

[2] <https://www.youtube.com/watch?v=qeoCp81QhKs>.

[3] Amartya Sen, Identity and Violence. The Illusion of Destiny, Nueva York y Londres, Norton, 2006, pp. 88-89. [Hay trad. cast.: Identidad y violencia. La ilusión del destino, trad. de Servanda María de Hagen y Verónica Inés Weinstabl, Madrid, Katz Editores, 2007.]

[4] Jonathan Haidt, «The Age of Outrage», City Journal, 17-10-2017, <https://www.city-journal.org/html/age-outrage-15608.html>.

[5] David Brooks, «The Retreat to Tribalism», The New York Times, 1-1-2018, <https://www.nytimes.com/2018/01/01/opinion/the-retreat-to-tribalism.html?_r=0>.

7. EL NACIONALISMO ES UNA NOVELA HISTÓRICA

[1] Las citas de Kedourie, y de los autores que menciona, están en Nacionalismo, presentación y traducción de Juan José Solozábal, Madrid, Alianza, 2015.

[2] Isaiah Berlin, «Kant como origen desconocido del nacionalismo», El sentido de la realidad, trad. de Pedro Cifuentes, Madrid, Taurus, 2000, 2017, pp. 331-355.

[3] Fernando Savater y Jonás Trueba, «Conversación en San Sebastián», Letras Libres, n.º 181, octubre de 2016, <http://www.letraslibres.com/mexico/cultura/conversacion-en-san-sebastian>.

[4] Isaiah Berlin, The Roots of Romanticism, Henry Hardy, ed., Londres, Pimlico, 2000, p. XI.

[5] <https://www.youtube.com/watch?v=yv5Z93J_YYs>.

[6] James Joyce, Ulises, trad. de Francisco García Tortosa y María Luisa Venegas Lagüéns, Madrid, Cátedra, 2004, pp. 340-341.

8. LA FUERZA DE LO KITSCH

[1] Milan Kundera, El arte de la novela, trad. de Fernando de Valenzuela y María Victoria Villaverde, Barcelona, Tusquets, 2000, p. 150.

[2] Guillem Martínez, La gran ilusión, Barcelona, Debate, 2016, p. 184.

[3] Ibid, pp. 160-161.

[4] Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, trad. de Fernando de Valenzuela, intro. de Joaquín Marco, Barcelona, Círculo de Lectores, 1987, pp. 254-255.

[5] Ibid, pp. 258-259.

[6] Ramón González Férriz, «Autobiografía cultural catalana: el fin de una hegemonía que parecía indestructible», El Confidencial, 5-9-2017, <https://blogs.elconfidencial.com/cultura/el-erizo-y-el-zorro/2017-09-05/autobiografia-cultural-catalana_1438256/>.

[7] David López Frías, «Siéntase como los Jordis: pase dos horas en la cárcel de juguete de la ANC y Òmnium», El Español, 2111-2017, <https://www.elespanol.com/reportajes/20171120/263474722_0.html>.

[8] Carlos Segovia, «Así gestionó Junts pel Sí: “Esto no se sostiene, vamos a mear sangre”», El Mundo, 12-11-2017, <http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/11/12/5a060689ca4741db038b458f.html>.

[9] Lluís Bassets, Lecciones españolas. Siete enseñanzas políticas de la secesión catalana y la crisis de la España constitucional, Barcelona, Edición Digital Libros, 2017, edición electrónica.

[10] Jordi Pérez Colomé, «El libro negro del periodismo en Cataluña», El Español, <http://blog.elespanol.com/libro-negro/>.

[11] Citado por John Lukacs, Democracy and Populism, New Haven y Londres, Yale University Press, 2005, p. 191.

[12] Milan Kundera, El arte de la novela, Barcelona, Tusquets, 2000, p. 180.

9. EL DISCRETO ENCANTO DEL SUPREMACISMO

[1] Tony Judt, ¿Una gran ilusión? Un ensayo sobre Europa, trad. de Victoria Gordo del Rey, Madrid, Taurus, 2013, p. 126.

[2] Jordi Cabré, «Som millors», El Punt Avui, 30-3-2015, <http://www.elpuntavui.cat/article/7-vista/8-articles/836456-som-millors.html>.

[3] Jordi Galves, «Cornellà no es como Catalunya», El Nacional, 17-11-2017, <https://www.elnacional.cat/es/opinion/jordi-galvescornella-no-como-catalunya_213324_102.html>.

[4] Kenan Malik, «Aferrarse a la diversidad, apropiarse de la democracia», Letras Libres, n.º 190, julio de 2017, <http://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/aferrarse-la-diversidad-apropiarse-la-democracia>.

[5] Jordi Puntí, «Los amos del fuego», Letras Libres, n.º 119, agosto de 2011, <http://www.letraslibres.com/mexico-espana/los-amos-del-fuego>. También en Los castellanos, Zaragoza, Xordica, 2013.

[6] Oriol Junqueras, «Proximitats genètiques», Avui, 27-8-2008. El artículo al que hacía referencia es: Nicholas Wade, «The Genetic Map of Europe», The New York Times, 13-8-2008: <http://www.nytimes.com/2008/08/13/science/13visual.html>. Aquí se puede consultar el estudio: <http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(08)00956-1>.

[7] Manuel Ansede, «Ramón y Cajal contra “la superioridad del cráneo catalán”», El País, 30-11-2017, <https://elpais.com/elpais/2017/11/30/ciencia/1512040611_706407.html>.

[8] Pilar Rahola: «Artur Mas: “Pienso más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones”», La Vanguardia, 24-2-2012, <http://www.lavanguardia.com/magazine/20120224/54258645650/artur-mas-generalitat-psoe-pp-cataluna.html>.

[9] Arcadi Espada, «Andaluces de Pujol», El Mundo por dentro y por fuera, 3-11-2012, El Mundo, <http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elmundopordentro/2012/11/03/andaluces-de-pujol.html>.

[10] «Jordi Pujol alaba el arraigo en Catalunya de los inmigrantes andaluces y extremeños», La Vanguardia, 2-11-2012, <http://www.lavanguardia.com/politica/elecciones-catalanas/20121102/54354132748/jordi-pujol-alaba-arraigo-catalunya-inmigrantes-andaluces-extremenos.html>.

[11] E. P., «Artur Mas: “En Sevilla, Málaga o Coruña hablan castellano, pero a veces no se les entiende”», 20 minutos, 30-9-2011.

[12] Miquel de Palol, «Si no et puc enviar els tancs...», El Punt Avui, 17-11-2014, <http://www.elpuntavui.cat/article/7-vista/8-articles/795478.html>.

[13] Jorge Galindo, «El silbato nacionalista», El País, 21-12-2017, <https://elpais.com/elpais/2017/12/19/opinion/1513706465_865245.html>.

[14] Miguel Aguilar, «Cataluña: Necesario y suficiente», Letras Libres, n. º 194, octubre de 2017, <http://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/cataluna-necesario-y-suficiente>.

10. LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA NO HA TENIDO LUGAR

[1] Oriol Güell i Puig, «Hilando una fake DUI», Ctxt, 15-11-2017, <http://ctxt.es/es/20171115/Politica/16165/catalunya-independencia-proces-fake-dui.htm>.

[2] Lluís Bassets, «The End», El País, 10-11-2017, <https://elpais.com/ccaa/2017/11/09/catalunya/1510264317_389628.html>.

[3] Xavier Vidal-Folch, Cataluña ante España, Madrid, Libros de la Catarata, 2014, especialmente el capítulo tercero, «Cataluña ante España».

[4] El documento se puede consultar aquí: <https://ep00.epimg.net/descargables/2014/04/07/7c72c8d869ad688cdfa2960b63fb90ac.pdf?rel=mas>.

11. NADA ES VERDAD NI MENTIRA

[1] <https://twitter.com/kikollan/status/899230835840348160>.

[2] Carme Arenas, Jordi Arrufat, Thomas Kavaliauskas, «Catalonia and Eastern Europe: A False Comparison?», Eurozine, 8-11-2017, <https://www.eurozine.com/catalonia-and-eastern-europe-a-false-comparison/>.

[3] Hannah Arendt, Verdad y mentira en la política, trad. de Roberto Ramos Fontecoba, Barcelona, Página Indómita, 2017, p. 126.

[4] Guillem Martínez, op. cit., p. 183.

[5] Alexandre Koyré, La función política de la mentira moderna, pról. y trad. de Fernando Sánchez Pintado, Madrid, Pasos Perdidos, 2015.

[6] Richard Hofstadter, «The Paranoid Style in American Politics», Harper’s, noviembre de 1964, <https://harpers.org/archive/1964/11/the-paranoid-style-in-american-politics/>.

[7] Kenan Malik, «Not Post-truth as Too Many Truths», <https://kenanmalik.wordpress.com/2017/02/05/not-post-truth-as-toomany-truths/>.

12. LA TRAICIÓN DE LOS CLÉRIGOS

[1] Paloma Esteban, «Altos cargos, sueldazos y organismos propios de un país: “arquitectos legales” del país», El Confidencial, 14-7-2017, <https://www.elconfidencial.com/espana/2017-07-14/independencia-cataluna-altos-cargos-arquitectos-legales-proces-leyes-desconexion_1414663/>.

[2] Carles Torrijos, «Desmontando parte del pesebre de sueldos públicos del autogobierno catalán», Sueldos públicos, <http://www.sueldospublicos.com/texto-diario/mostrar/922511/desmontandoparte-pesebre-sueldos-publicos-autogobierno-catalan>.

[3] Iva Anguera de Sojo, «El equipo de Puigdemont que sigue a sueldo de la Generalitat pese al 155», El Independiente,12-1-2018, <https://www.elindependiente.com/politica/2018/1/12/el-equipo-de-puigdemont-que-sigue-a-sueldo-de-la-generalitat/>.

[4] Manuel Castells, «¿Independencia?», La Vanguardia, 24-7-2010, <http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20100724/54058913801/independencia.html>.

[5] Siscu Baiges, «Marina Subirats: “Para muchos catalanes, la independencia es una utopía de recambio”», El Diario, 1-9-2014, <http://www.eldiario.es/catalunya/Marina-Subirats-catalanesindependencia-recambio_0_298520147.html>.

[6] Marina Subirats, «Catalunya, laboratori del segle XXI?», Ara, 24-10-2017, <https://www.ara.cat/opinio/marina-subirats-catalunya-laboratori-segle-xxi_0_1894010598.html>.

[7] <http://salaimartin.com/randomthoughts/item/774-por-qu%C3%A9-debemos-votar-s%C3%AD-en-el-refer%C3%A9ndumdel-1-de-octubre-los-argumentos.html>.

[8] <https://twitter.com/XSalaimartin/status/913600706120122368>.

[9] <https://twitter.com/XSalaimartin/status/922436247204913152?ref_src=twsrc%5Etfw>.

[10] Josep Ramoneda, «Una brecha en el régimen», El País, edición Cataluña, 8-9-2017, <https://elpais.com/ccaa/2017/09/08/catalunya/1504884427_061654.html>; idem, «Autoritarismo posdemocrático», El País, edición Cataluña, 16-9-2017, <https://elpais.com/ccaa/2017/09/15/catalunya/1505483687_536898.html>; idem, «Abans que arribi l’hòra sordida», Ara, 24-10-2017, <https://www.ara.cat/opinio/josep-ramoneda-abans-arribi-hora-sordida_0_1894010593.html>.

[11] Ricardo Dudda, «Los intelectuales “finos” del catalanismo», Letras Libres, 15-11-2017, <http://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/los-intelectuales-finos-del-catalanismo>.

[12] Félix de Azúa, «Barcelona es el Titanic», El País, 14-5-1982, <https://elpais.com/diario/1982/05/14/opinion/390175205_850215.html>.

[13] Cayetana Álvarez de Toledo, «Qué febril la mirada», El Mundo, 18-11-2017, <http://www.elmundo.es/espana/2017/11/18/5a0f530a268e3eb9138b467c.html>.

13. EL RELATO ES LA BATALLA

[1] Victor Klemperer, LTI, la lengua del Tercer Reich, trad. de Adan Kovacsis, Barcelona, Minúscula, 2001.

[2] Jordi Muñoz, «Legitimitat i poder polític a Catalunya avui», Ara, 30-11-2017, <https://www.ara.cat/opinio/Legitimitat-politicCatalunya-avui_0_1917408245.html>.

[3] Manuel Arias Maldonado, «Cataluña: el asalto al lenguaje», Revista de Libros, 25-10-2017, <http://www.revistadelibros.com/blogs/torre-de-marfil/cataluna-el-asalto-al-lenguaje>.

[4] Antonio Muñoz Molina, «En Francoland», El País, 13-10-2017, <https://elpais.com/cultura/2017/10/10/babelia/1507657374_425961.html>.

[5] Ricardo Dudda, «Contra la ironía», El País, 2-9-2017, <https://elpais.com/elpais/2017/08/23/opinion/1503490721_847189.html>.

[6] Lluís Pellicer, «Rull cuenta su vida en prisión», El País, 7-12-2017, <https://politica.elpais.com/politica/2017/12/06/actualidad/1512570271_564455.html>.

[7] Ricardo Dudda, «Los memes del procés», Letras Libres, 27-9-2017, <http://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/los-memes-del-proces>.

[8] Javier Lesaca, «La maquinaria rusa ganó la batalla ‘online’ del referéndum ilegal», El País, 13-11-2017, <https://politica.elpais.com/politica/2017/11/12/actualidad/1510500844_316723.html>.

[9] José Luis Melero, Los libros de la guerra. Bibliografía comentada de la Guerra Civil en Aragón (1936-1949), Zaragoza, Rolde, 2006.

[10] Ignacio Martínez de Pisón, Derecho natural, Barcelona, Seix Barral, 2017, pp. 138-139.

[11] Eduardo Mendoza, Qué está pasando en Cataluña, Barcelona, Seix Barral, 2017.

[12] Adolf Tobeña, La pasión secesionista, Barcelona, Edición Digital, 2017.

14. LA MIRADA DEL MUNDO

[1] Colm Tóibín, «Catalonia Is a Region in the Process of Reimagining Itself», The Guardian, 29-10-2017; idem, «Why Catalonia Shouldn’t Be an Independent State within Europe?», The Guardian, 3-11-2017, <https://www.theguardian.com/books/2017/sep/29/colm-toibin-point-of-view-madrid-catalan-separatism>. Ya el título parece indicar que una Cataluña independiente entraría automáticamente en Europa, lo que es falso. Aquí se puede leer mi respuesta: <http://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/why-colm-toibin-wrong-about-catalonia>. El de London Review of Books está aquí: <https://www.lrb.co.uk/v39/n17/colm-toibin/short-cuts>.

[2] Peter Preston, «Violence in Catalonia Needed Closer Scrutiny in an Age of Fake News», The Guardian, 8-12-2017, <https://www.theguardian.com/world/2017/oct/08/catalonia-demo-injuries-fact-checking>.

[3] Peter Preston, «Catalonia’s Dreams of Secession Were Incubated in a Media Cocoon», The Guardian, 15-10-2017, <https://www.theguardian.com/world/2017/oct/15/catalan-secession-incubated-media-cocoon>.

[4] The Economist, 7-10-2017.

[5] Simon Kuper, «Catalonia and the Problem with Separatism», Financial Times, 9-11-2017, <https://www.ft.com/content/5a8faf34-c411-11e7-a1d2-6786f39ef675>.

[6] «Catalonia», Talking Politics, <https://www.acast.com/talkingpolitics/catalonia>.

[7] John H. Elliott, The Times, 25-9-2017, <https://www.thetimes.co.uk/edition/comment/the-transition-deal-keeping-britain-in-the-eu-63ljqs7qx>. La traducción al castellano se puede leer en Voices from Spain, <https://voicesfromspain.com/2017/09/25/el-futuro-de-cataluna-sir-john-elliott/>.

[8] John Carlin, Sunday Times, «Catalan Independence: Arrogance of Madrid Explains this Chaos», 7-10-2017, <https://www.thetimes.co.uk/article/catalan-independence-arrogance-of-madrid-explainsthis-chaos-vmh7nnxsx>. El artículo de El País: «Una palabra elemental que no existe en español», 18-1-2016, <https://elpais.com/internacional/2016/01/17/actualidad/1453063126_868065.html>.

[9] Jon Lee Anderson, «The Increasingly Tense Standoff over Catalonia’s Independence Referendum», The New Yorker, 4-10-2017, <https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-increasingly-tense-standoff-over-catalonias-independence-referendum>. Teodoro León Gross publicó una respuesta en Letras Libres: <http://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/desmontando-jon-lee-anderson>. Otro artículo de Jon Lee Anderson: «Catalonia Declares Independence, and Spain Moves to Stop», The New Yorker, 27-10-2017, <https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-deepening-crisis-in-spain-over-catalonia>.

[10] David Mejía, «Franco, Cataluña y todo lo demás. Una conversación con Jon Lee Anderson», Nueva Revista, n.º 162, octubre, <http://www.nuevarevista.net/articulos/franco-cataluna-y-todo-lo-demas-una-conversacion-con-jon-lee-anderson>.

[11] «Catalonia’s Challenge to Spain», The New York Times, 23-6-2017, <https://www.nytimes.com/2017/06/23/opinion/catalonias-challenge-to-spain.html>.

[12] Ramón de España, «Lo del New York Times», Crónica Global, 24-6-2017, <https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/manicomio-catalan/the-new-york-times_75724_102.html>.

[13] Raphael Minder: «No descarto nada en un ambiente de altas expectativas y tanta tensión como hay en Barcelona», Jot Down, septiembre de 2017, <http://www.jotdown.es/2017/09/raphael-minder-no-descarto-nada-en-un-ambiente-de-altas-expectativas-y-tanta-tension-como-hay-en-barcelona/>.

[14] Oriol Junqueras, «Catalonia Will Not Retreat», The New York Times, 1-11-2017, <https://www.nytimes.com/2017/11/01/opinion/catalonia-independence-spain.html?_r=0>.

[15] Andrea Aguilar, «Francoland: Atrapados en el cliché español», El País, 29-10-2017, <https://politica.elpais.com/politica/2017/10/27/actualidad/1509134113_520608.html>.

[16] Concepción de León, «3 Books that Explore Catalonia’s Fight for Independence», The New York Times, 20-10-2017, <https://www.nytimes.com/2017/10/20/books/understanding-catalonia-independence.htmll>.

[17] Darren Loucaides, «The ghost of Franco», Slate, octubre de 2017, <http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2017/10/both_sides_in_the_standoff_over_catalonia_are_invoking_spain_s_authoritarian.html>.

[18] Omar Encarnación, «The Ghost of Franco Still Haunts Catalonia», Foreign Affairs, 5-10-2017, <http://foreignpolicy.com/2017/10/05/the-ghost-of-franco-still-haunts-catalonia/>.

[19] Matthew Campbell, «Spanish Bid to Snuff Out the Catalan Campaign Rouses Franco’s Ghost», The Times, 1-10-2017, <https://www.thetimes.co.uk/article/spanish-bid-to-snuff-out-catalancampaign-rouses-francos-ghost-2fd63fz2d>.

[20] Paul Hutcheon, «Ghost of Franco Hovers Over Catalan Vote», The Herald of Scotland, 1-10-2017, <http://www.heraldscotland.com/news/homenews/15568716.Ghost_of_Franco_hovers_over_Catalan_vote/>.

[21] Liz Castro, «Why a Dead Fascist Dictator Haunts Catalonia’s Independence Vote», The Herald of Scotland, 29-9-2017, <http://www.heraldscotland.com/opinion/15559307.Comment__The_ghosts_of_Franco_are_haunting_Catalonia_s_independence_vote/>.

[22] Michael Birnbaum, «For Some, Catalonia Crackdown Evokes Memories of the Dark Days of Spain’s Dictatorship», Washington Post, 9-11-2017, <https://www.washingtonpost.com/world/europe/spanish-crackdown-on-catalonia-independence-effort-promptsbitter-memories-of-franco-dictatorship/2017/11/08/b0ae6eac-bf14-11e7-9294-705f80164f6e_story.html?utm_term=.2b3fc86de6e0>.

[23] Gilles Tremlett, «How Spain and Catalonia Are Reopening the Wounds of the Franco Era», New Statesman, 19-10-2017, <https://www.newstatesman.com/culture/observations/2017/10/how-spain-and-catalonia-are-reopening-wounds-franco-era>.

[24] James Wallis Simons, «Franco’s Fascism Is Alive and Well and Kicking in Spain», The Spectator, 10-10-2017, <https://blogs.spectator.co.uk/2017/10/francos-fascism-is-alive-and-kicking-in-spain/>.

[25] William Hunt, «The Ghost in the Ballot Box», Dissent, 10-10-2017, <https://www.dissentmagazine.org/online_articles/catalonia-independence-referendum-crisis-history-franco>.

[26] Natalie Nougayrède, «The Catalan Case Is Persuasive. But that Way Lies Ruin», The Guardian, 20-10-2017, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/20/catalan-case-persuasive-ruin-separatists-nationalism>.

[27] Manuel Arias Maldonado, «Help Democracy», El Mundo, 2110-2017, <http://www.elmundo.es/opinion/2017/10/21/59ea41d7e2704e621e8b465d.html>.

[28] José Ignacio Torreblanca, «Anglocondescendencia», El País, 1-11-2017, <https://elpais.com/elpais/2017/11/01/opinion/1509540815_830256.html>.

15. LA VIOLENCIA, LA GRAN AUSENTE

[1] Ferran Casas y Roger Tugas, «Eulàlia Reguant: “Més que en la DUI, ara hem d’estar treballant en el control efectiu del territori”», Nació Digital, 4-10-2017, <https://www.naciodigital.cat/noticia/139813/eulalia/reguant/dui/ara/hem/estar/treballant/control/efectiu/territori>.

[2] Jorge Galindo, «Nos olvidamos de la fuerza», El País, 27-10-2017, <https://elpais.com/elpais/2017/10/26/opinion/1509027018_545308.html>.

EPÍLOGO

[1] Lluís Amiguet, «Vivimos demasiado bien como para arriesgarlo por una causa», La Vanguardia, 8-12-2017, <http://www.lavanguardia.com/lacontra/20171208/433482685935/vivimos-demasiado-bien-como-para-arriesgarlo-por-una-causa.html>.

[2] Efe, «El 42 % de los directivos catalanes aseguran que en caso de DUI sus empresas abandonarían la región», Expansión, 12-12-2017, <http://www.expansion.com/catalunya/2017/12/12/5a2fe552ca4741800a8b465f.html>.

FIN

[1] Ramón González Férriz, Rocío Martínez-Sampere, Rosa Paz y Pablo Simón, «El laberinto catalán», Letras Libres, n.º 194, noviembre de 2017, <http://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/el-laberinto-catalan>.

Del lenguaje a la política de la identidad, pasando por los mitos fundacionales del independentismo, sus utopías contradictorias o la dureza del encontronazo con la realidad, Daniel Gascón analiza un fenómeno que ha traído de regreso amenazas que creíamos superadas —la discusión por las fronteras, el conflicto étnico, la posibilidad de la violencia—, y que muestra las fragilidades y fortalezas de nuestra democracia.

CubiertaLa deriva ilegal del independentismo catalán es el mayor desafío al que se ha enfrentado la democracia española contemporánea. Un fenómeno local pero también global: puso en cuestión nuestra forma de convivencia, mostró una tentativa de repliegue en un mundo cada vez más interconectado, explotó la confusión entre hechos y opiniones, y empleó sin escrúpulos la mentira y la manipulación.

Un proceso inédito que podría considerarse incluso un curso de política en tiempo real, un experimento donde se enfrentan dos concepciones de la democracia: una liberal pluralista, la otra iliberal y plebiscitaria. El procés combina el énfasis en una identidad única con la percepción de que España es un proyecto agotado, el imaginario kitsch del nacionalismo con una apuesta aparentemente hiperdemocrática, la sentimentalización de la política con las nuevas formas de comunicación, la reivindicación de la condición de víctima con la sensación de superioridad.

Sobre el autor

Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) estudió filología inglesa e hispánica en la Universidad de Zaragoza. Ha publicado los libros de relatos La edad del pavo (Xordica, 2001), El fumador pasivo (Xordica, 2005) y La vida cotidiana (Alfabia, 2011), y una memoria familiar, Entresuelo (Literatura Random House, 2013). Ha traducido a autores como Mark Lilla, Saul Bellow y Christopher Hitchens. Es el responsable de la edición española de la revista Letras Libres.

Edición en formato digital: abril de 2018

© 2018, Daniel Gascón

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Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona

Diseño de la cubierta: Marc Cubillas

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ISBN: 978-84-9992-874-6

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