OPERACIÓN ANTIDROGA

                                                                      Cristina Amanda Tur (CAT)

                                                                       territoriocat.wordpress.com

     –INTRODUCCIÓN

     –COCAÍNA

*Historia

*Pablo Escobar. El cartel de Medellín

*El clan Ochoa

*El cartel de Cali y la Operación Green Ice

*El paso a Europa. Nombres propios

                               +Sito Miñanco

                               +Laureano Oubiña

                               +Los Charlines

*Incautaciones

                             –Las operaciones más importantes

                                                                +Operación Nécora

                                           +Operación Temple

                                           +Operación Milenio

                                           +Operación Grumete

                                           +Operación Candil

                                           +Operación Retro/Fornos

                                           +Operación Destello

*Las rutas de la cocaína

     –ÉXTASIS Y DERIVADOS

*Historia

*Cuestión de marketing

*Las variantes del invento

*Decomisos

                     +Operación Pastilán

                     +Operación Salamandra

                     +Operación Scorpio

*La ruta de las pastillas

*La alternativa natural

     –HEROÍNA

*Historia

*Incautaciones

                     +Operación Carro

                     +El enlace turco.

*Las rutas

                -El triángulo de oro

                -La media luna dorada

     –HACHÍS

*Historia. Los haschichiens

*Incautaciones

                -Operación Pitón

                -Operación Victoria

                -Operación Semilla

                -Operación Elianto

*Las rutas

              -El canal de chocolate

     –OTRAS DROGAS

*GHB

*Ketamina

*Popper

*Mefedrona

*LSD

*Mescalina

*CAT

     –ESCONDITES DE LA DROGA

     –LAS DROGAS ANTE LOS TRIBUNALES.

*La prueba

*La cuestión de la notoria importancia

*Contrabando y tráfico. Concurso de leyes

*La primera sentencia del éxtasis. La conexión ibicenca.

*Blanqueo de dinero.

*Precursores

*La Ley del Fondo de Bienes Decomisados por el Tráfico de Drogas

     –SICARIOS

*El narcoabogado

INTRODUCCIÓN

El tema de las drogas es extremadamente amplio, tanto que intentar profundizar en todos sus aspectos en un solo libro no es que sea muy difícil; es imposible, además de una estupidez suicida. Así que este libro no pretende, ni mucho menos, abarcar todos los aspectos de la materia. Aquí, básicamente, interesan las drogas a un nivel judicial y policial: su evolución ante los tribunales, sentencias curiosas o que pueden incluso considerarse injustas, decisiones judiciales importantes y polémicas, los mayores alijos, las investigaciones más relevantes, los traficantes más conocidos, los más poderosos...

En estas cuestiones sí interesa profundizar, por lo que también se han incluido apartados sobre el blanqueo del dinero procedente del narcotráfico, los precursores o las principales rutas usadas por los delincuentes.

No interesan aquí las pautas de consumo ni sus efectos, ni todas las variantes químicas de algunas sustancias, aunque en más de una ocasión se introduzca algún dato relevante o curioso en estos aspectos.

Tampoco se pretende relatar la historia de cada droga desde su aparición, aunque al inicio de cada capítulo se incluye un breve repaso de su evolución, añadiendo algunas anécdotas y curiosidades.

Y muy lejos de la intención de entrar en polémicas sobre la legalización o la ilegalización, sí habrá casos en los que se haga evidente cierta crítica, por ejemplo, a decisiones radicales en cualquier sentido, como la de incluir alguna sustancia en una catalogación que impide o dificulta su investigación científica, pero nada más allá. Tampoco se hará apología de ningún tipo, con la idea de que, si bien cada cual puede hacer lo que quiera con su vida, no seremos nosotros quienes promocionemos el consumo bajo ningún concepto y de ningún tipo de sustancia, sea café o sea heroína. En este sentido, las intenciones más o menos morales del libro se reducen a destacar decisiones judiciales discutibles y polémicas, contradicciones injustas o, por otro lado, a mostrar el respeto más sincero al trabajo y al esfuerzo de ciertos jueces, policías, guardias civiles... Sin olvidar que los casos se individualizan como si se tratara de un procedimiento judicial.

No son infrecuentes los párrafos literalmente copiados de sentencias judiciales, de diligencias policiales o de cualquier folio de una causa. Y las intenciones al hacerlo –hay que decirlo– son claras: en primer lugar el juego que ofrece la posibilidad de que el lector sepa lo que se quiere expresar con intercalaciones del propio texto de un fallo judicial o de la manera en que lo relata el instructor policial de un informe; el segundo es el mero ego del autor, que quiere mostrar que dispone de esos papeles, sin más, y que ha conseguido recuperar, por ejemplo, aquella sentencia sobre el primer juicio del éxtasis que a ninguno de los abogados se le ocurrió guardar a pesar de que estaban haciendo historia; el tercer motivo, no menos importante, aunque lo pueda parecer, es la intención de enseñar a los lectores los rollos –en el sentido popular de la palabra– que debemos descifrar los que nos dedicamos a estas cosas...

Y, por cierto, es imposible escribir un libro de estas características sin citar al juez Baltasar Garzón. Imposible. Su nombre aparece en más de 50 ocasiones a lo largo de las siguientes páginas. Si a alguien hay que dedicarle este libro es a él. Se puede estar de acuerdo o no con algunas de sus actuaciones, por supuesto, y, sobre todo, con su fugaz paso por la política, pero nadie puede negar el trabajo realizado en la lucha antidroga, que es, en definitiva, de lo que trata este libro.

Tras dedicar un capítulo a cada una de las cuatro drogas de mayor trascendencia; cocaína, éxtasis, heroína y hachís, con sus variantes, sus personajes, sus intervenciones importantes, sus rutas y sus anécdotas, el quinto está dedicado a realizar un somero repaso a otras sustancias de abuso menos conocidas pero con cierta incidencia.

El sexto es, en definitiva, una relación más o menos cronológica de casos curiosos por la forma empleada por los traficantes para ocultar la droga. No hay gran análisis en este capítulo, pero se comentan, además de los casos curiosos por su diferencia, las formas popularizadas de pasar droga que no se han visto en los capítulos anteriores.

Hay que señalar que buena parte de la información se ha extraído de archivos periodísticos, dando por buenos casi todos los datos publicados pero intentando, sin embargo, corroborar y ampliar la información en aquellos casos en los que más nos hemos extendido, más problemáticos, más dudosos o en los que existieran informaciones contradictorias. Por ello se ha acudido a fuentes como la Policía, Guardia Civil, abogados, fiscales... Así se ha podido en ocasiones entresacar detalles, principalmente de la investigación, que en su día no se conocieron y que ofrecen una nueva visión del caso. Eso es así, principalmente, en algunos casos de Ibiza, como la ya lejana intervención del primer alijo de éxtasis, la Operación Israel o la Operación Salamandra.

El séptimo capítulo analiza algunos aspectos muy concretos de las drogas ante los tribunales, desde aquellos relacionados con la obtención de pruebas para condenar a los delincuentes hasta la Ley del Fondo de bienes decomisados al narcotráfico, destacando la evolución de la consideración de determinadas sustancias como el éxtasis ante la Justicia. Hay un apartado dedicado al blanqueo de capitales y a la importancia de su investigación para luchar contra el narcotráfico, por ejemplo.

En el último capítulo, titulado Sicarios, se alude a la conexión colombiana de los ajustes de cuentas que se cometen en España y se citan algunos datos sobre el aumento, en ciudades como Madrid, de la violencia relacionada con las mafias de la droga, con algunos años dramáticos. Hay casos tan conocidos como el asesinato de Manuel Baúlo, en el que estaba implicado el clan de los Charlines, y el plan frustrado del narcoabogado Pablo Vioque para asesinar al teniente fiscal antidrogas.

COCAÍNA

HISTORIA

No hay que confundir la coca con la cocaína. Las hojas de la planta de coca han sido mascadas desde hace milenios por los indígenas de los Andes para extraer los efectos estimulantes del alcaloide conocido como ecgonina, pero el alcaloide principal, la cocaína, no sería aislado por el científico alemán Albert Niemann hasta el año 1859.

Como ha ocurrido con casi todas las drogas, primero se comercializó por sus efectos beneficiosos sobre el organismo: calmaba los nervios, curaba la tristeza y los cantantes lo usaban porque decían que templaba las cuerdas vocales. Su uso se hizo común como anestesia local y Sigmund Freud ensayó su empleo en 1880 para el tratamiento de la neurastenia.

Al principio fue una bendición del cielo para acabar convirtiéndose en una de las plagas de Egipto. Hasta el propio Papa León XIII prestó su imagen para la etiqueta de un vino que contenía cocaína –Vin Mariani– del que se decía que prevenía enfermedades tan dispares como la malaria o la gripe. Un vaso de ese vino podía contener entre 35 y 70 miligramos de cocaína, igual que una raya o línea en la actualidad.

Las compañías farmacéuticas Parke Davis y Merck comercializaban clorhidrato de cocaína incluso en cigarrillos para las infecciones de garganta, y las pastillas Bonald, con cocaína, heroína y codeína, se vendieron en todas las farmacias españolas hasta 1918.

El caso de la Coca-Cola es sobradamente conocido; fue una de las 69 bebidas con cocaína que salieron al mercado en el último tercio del siglo XIX y que, por supuesto, se comercializaba como remedio para algún mal: dolor de cabeza, histeria o depresión. Hasta 1909 no se sustituyó la cocaína por cafeína, aunque siguió conteniendo hojas de coca con el resto de los alcaloides de esta planta.

A principios del siglo XX todas las drogas conocidas hasta el momento podían encontrarse en farmacias y droguerías de España y de prácticamente medio mundo. Pero ya en 1907, Nueva York restringió el uso de la cocaína y lo supeditó al control médico. En 1914, el acta Harrison ilegalizó esta droga en Estados Unidos. El mercado negro se reveló entonces como un negocio extraordinariamente rentable.

El resto de las naciones secundó la iniciativa. La Convención de la Haya –tres días antes de la Guerra Mundial– propuso el control de la preparación y distribución de opio, morfina y cocaína en el mundo. Y ante ello –con la ayuda de una campaña del periódico El Diluvio sobre los estragos de la cocaína en Barcelona–, en 1918 se toman las primeras medidas de control de drogas en España.

En los años 30, la cocaína sólo se usaba ya como anestésico tópico, además de los usos recreativos que permitía un cada vez mayor mercado negro. Y con el control surge una nueva delincuencia que se especializa en asaltar farmacias, falsificar recetas o traficar con drogas. El Código Penal español de 1944 ya tipifica los delitos de tráfico de cocaína. Entonces, aunque eso es otra historia, muchos se pasan al consumo de anfetaminas, que todavía podían encontrarse sin problemas legales.

En los años 50 se suceden en Estados Unidos las actas, leyes y comités que condenan el consumo de drogas y destacan la adicción que provocan. La cocaína, que hasta ha sido empleada para estimular a los combatientes en las guerras, pasa, como ocurre con la mayoría de estas sustancias, de panacea universal a jinete del Apocalipsis.

En 1961, y ya a un nivel internacional, la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes establece una guía de drogas ilegales. En 1971, se redacta el Convenio de Sustancias Psicotrópicas.

Durante medio siglo, el consumo ilícito de cocaína queda relegado a ciertos sectores de la población, pero a partir de los 70 los grandes carteles de narcotraficantes que se están conformando en Sudamérica comienzan a promocionar su consumo generalizado tanto en Estados Unidos como en Europa. El declive de la heroína, que en esos años muestra sus devastadores efectos, contribuye a la rapidez del proceso. También lo hacen sus propiedades estimulantes, frente a las depresoras de la marihuana y el hachís.

En esos momentos, la mayoría cree aún que la cocaína no es adictiva.

En los 80 es una droga muy cara y por ello se mantiene como la preferida de determinadas élites, pero su extensión a todas las capas sociales ya no tiene marcha atrás.

Y a mediados de la citada década, las calles de algunos de los más famosos barrios de Estados Unidos ven extenderse una variedad cocaínica que producirá verdaderos estragos. Se trata del crack, una forma obtenida tratando la cocaína con  amoníaco o bicarbonato sódico. Esta droga, a pesar de su escasa incidencia en España, no puede dejar de citarse aquí por su incidencia en el aumento de la violencia juvenil en aquellas ciudades a las que infecta. Criminólogos y sociólogos consideran que no es casual que la escalada de homicidios por arma de fuego protagonizados por adolescentes en Estados Unidos se iniciara en el mismo momento en que surgió el mercado del crack en el 85.

El tráfico de crack es una de las actividades principales, junto al tráfico de armas y el secuestro, de las mafias jamaicanas, quizás no tan conocidas como la Camorra o las tríadas pero con más de 22.000 miembros sólo en Estados Unidos. Las bandas de jamaicanos, conocidos como yardies, han controlado durante años el tráfico de crack en Reino Unido.

Y en su informe de 2010, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes muestra su preocupación por la extensión de su consumo en Brasil.

PABLO ESCOBAR. EL HOMBRE DE MEDELLÍN

Pablo Emilio Escobar Gaviria es el mito de Medellín; Robin Hood para unos y Jack el Destripador para otros. Mucho se ha escrito sobre él. Éste es sólo un resumen de una vida forjada con una mezcla de cocaína y plomo y de una leyenda sin precedentes en el mundo de la droga. Hay quien todavía dice haber visto a Pablo en algún lugar de Antioquía, que no ha muerto, como Elvis...

Pablo Escobar nació el 1 de diciembre de 1949 en Envigado, hijo de un granjero y una profesora. En un contexto de miseria generalizada, en un país de profundas injusticias y contradicciones, Pablo se convierte en un adolescente ladrón de lápidas y luego de coches y es detenido por primera vez en 1974, acusado como jalador de carros (ladrón de coches). Sale libre porque los dos testigos de cargo aparecen muertos. Su rápida ascensión en el mundo de la delincuencia coincide con la extensión del tráfico de cocaína en los países andinos, y es de los que saben aprovechar la ocasión. De gatillero (sicario) pasará a jefe.

A finales de los 60 y principios de los70, un simple puñado de campesinos sembraba plantas de marihuana en lugares como la Sierra Nevada de Santa Marta. Y en lugar de proponerles un cultivo alternativo, el Gobierno norteamericano los duchó con paraquat para contaminar y acabar con las plantas, provocando, de paso, un desastre ecológico considerable, igual que ocurrió con las plantaciones de México en los 60. De hecho, Colombia se convirtió en el principal proveedor de marihuana de Estados Unidos precisamente cuando se estaban erradicando los grandes cultivos mexicanos con la misma técnica de la fumigación.

También ha que decir que el uso del herbicida paraquat se ha relacionado con el nacimiento de niños con malformaciones en los pueblos colombianos rociados por los aviones norteamericanos.

La represión y sus riesgos aumentaron los beneficios que podía aportar el negocio y llamaron la atención de cuantos buscaban dinero fácil, entre ellos contrabandistas de esmeraldas de Boyacá que no dudaban en ampliar su negocio. Las plantaciones de marihuana pronto dejaron paso a las de Erytroxylon coca; el mercado manda y el clorhidrato de cocaína pasaba a ser la droga preferida por los consumidores de Estados Unidos y la que aportaba más beneficios. En un principio, los pioneros del narcotráfico en Antioquía, departamento del que Medellín es la capital, compraban los grandes cargamentos de hoja de coca y pasta a Bolivia, Perú y Ecuador para procesarla en los laboratorios colombianos. Escobar, por ejemplo, compraba directamente a productores de Ecuador y transportaba las hojas a Medellín a través de una extensa red de camiones.

El consumo de coca estaba profundamente arraigado en la cultura andina, pero entonces se empezaron a instalar laboratorios donde procesar la droga tal y como era consumida ritualmente hasta convertirla en la forma preferida en las ciudades de Estados Unidos.

No había negocio en el mundo más rentable. Y los narcodólares compraban jueces y policías –y si no, los mataban– y apoyaron grupos armados. El narcotráfico se convirtió en narcoterrorismo. En una década, los carteles de la droga eliminaron a dos ministros de Justicia, un procurador, más de 250 jueces, más de 35 periodistas, tres candidatos a la presidencia y centenares de policías y militares. Las bombas se llevaron por delante a miles de personas.

El periodo comprendido entre 1984 y 1992 es considerado, en esencia, el periodo del narcoterrorismo. El Robin Hood Escobar llegó incluso a hacer explotar un avión de pasajeros, un Avianca en el que murió más de un centenar de personas, en noviembre de 1989. Un mes más tarde, un camión-bomba contra la sede de la Policía de Bogotá causó 64 muertos y medio millar de heridos. Sólo en Medellín fueron asesinados 250 policías en menos de siete meses, entre octubre de 1989 y abril de 1990. Bancos, periódicos, centros comerciales, cuarteles y sedes políticas volaban por los aires en todo el país. Escobar y los suyos preferían los camiones-bomba a los coches; cabe más dinamita.

Escobar crea su propio imperio. Abogados, contables y sus propias fuerzas armadas, verdaderos escuadrones de la muerte con nombres tan evidentes como los nazis o los escorpiones, son parte del tinglado. Como a los curas o a los gángsteres, se le confiere el tratamiento de Don. Los chicos quieren trabajar para él y los más mayores le agradecen que favorezca a los barrios pobres con su dinero sucio; no importa demasiado lo manchados que estén los billetes cuando vivir significa sobrevivir.

Pero este Robin Hood no vive escondido en los bosques. Su Hacienda Nápoles tiene 3.000 hectáreas y cuenta con su propio zoológico, una plaza de toros y una pista de aterrizaje. En la entrada de la hacienda y convertida en simbólico monumento, la avioneta con la que trasladó a Estados Unidos su primer cargamento de droga (o al menos una réplica, no está muy claro) recibe a los visitantes. El cartel llegó a fabricar sus propias bolsas de embalaje usando los excrementos de tigres, elefantes o hipopótamos del zoológico, para asustar o despistar con su olor a los perros antidroga.

En 1982 prueba la política. Consigue ser elegido diputado en el Congreso con Renovación Liberal y como “defensor de los recursos naturales” (según un cartel de campaña), así que tiene inmunidad parlamentaria. Un año después es forzado a dejar el escaño; el tráfico de drogas es una buena arma en manos de la oposición.

El cartel es su vida y los que la amenazan son el cada vez más poderoso cartel de Cali y el Gobierno, que se propone una lucha abierta contra el narcotráfico. Lo cierto es que los carteles de Cali y Medellín llegaron a hacer negocios juntos, pero no podía funcionar; los de Cali acusaron a los de Escobar de entrometerse demasiado en sus mercados de Estados Unidos.

En enero de 1990, el grupo denominado los extraditables, los nueve principales responsables del cartel de Medellín, anuncia su rendición. En un documento que los traficantes entregaron a dos secuestradas liberadas, los delincuentes aseguran: “Hemos decidido suspender el envío de drogas y entregar las armas, los explosivos, los laboratorios, los rehenes, las pistas clandestinas y demás elementos propios de nuestras actividades en el momento en que se nos den garantías constitucionales y legales”.

En realidad, la garantía que quieren –y que tendrán– es no ser extraditados a Estados Unidos. De hecho, a esta posibilidad debe su nombre el grupo de los extraditables, que hizo famoso el lema “mejor una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos”.

El 19 de junio de 1991, Pablo Escobar se entrega a la Justicia sabiendo que no será entregado a los yanquis; la Asamblea Nacional Constituyente aprueba la no extradición de colombianos, una medida que fue frecuente en la década anterior. En realidad, ha sido una rendición negociada, en la que incluso se establecen las condiciones de vida en prisión.

El patrón Escobar y sus lugartenientes, que también han claudicado, son encerrados en la cárcel de La Catedral, en Envigado, donde viven con todos los lujos y desde donde el jefe sigue controlando su organización, con la mediación de once líneas telefónicas, teléfonos inalámbricos, tres sistemas de radiotelefonía, nueve emisores de señales de urgencia, aparatos de fax y una legión de palomas mensajeras provistas de chips y que el capo emplea cuando no se fía de la tecnología. La propia prisión ha sido construida con el dinero del cartel. Pablo Escobar sí sabe negociar.

En su habitación –es lo menos parecido a una celda– el jefe del cartel de Medellín tiene cinco Biblias, 37 camisas a medida y nueve pares idénticos de zapatillas Nike. Tiene jacuzzi, una imagen de la Virgen María sobre la cama y un montón de fotos suyas vestido de gángster tipo Al Capone. El esparcimiento de los internos está asegurado con un campo de fútbol y un salón de juegos con mesas de billar. Hay libros de Graham Greene y de Gabriel García Márquez.

Durante meses, Estados Unidos presiona para que Escobar y sus sicarios sean trasladados a una prisión de verdad, a una prisión seria que pueda llamarse cárcel. En junio de 1992, finalmente, el presidente César Gaviria decide enviar a los narcotraficantes a una cárcel en una base militar de Bogotá, pero a Pablo y sus secuaces la idea no les hace ninguna gracia y el día en que está previsto su traslado, el 22 de julio, se fugan sin complicaciones.

Empieza la caza.

Gaviria pide ayuda a Estados Unidos, que pone a trabajar en el asunto a unas cuantas unidades de élite. Algunas ya estuvieron en Colombia buscando a Pablo Escobar y los suyos antes de que se entregaran. Tienen nombres tan llamativos como la antiterrorista Delta Force o Centra Spike, un grupo secreto de la Armada especializado en localizar a las personas a través de sus comunicaciones.

El Gobierno colombiano crea el denominado Bloque de búsqueda, formado por militares, policías y agentes secretos.

El 28 de octubre de 1992 cae en un tiroteo Brances Muñoz Mosquera, Tyson, algo así como el jefe del aparato militar que protegía a Escobar, el encargado de contratar a los sicarios. El Gobierno ofrecía por él una recompensa de 100 millones de pesos y le consideraba responsable de más de 500 muertes (incluidas las de 200 policías). Tyson fue el que hizo estallar aquel avión con 107 personas a bordo en 1989.

El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar acaba de celebrar su 44 cumpleaños. Una llamada a su hijo Juan Pablo sirve para situar su ubicación en una casa del barrio América de Medellín. Cuatro agentes especiales entran en la vivienda y matan al guardaespaldas, conocido como el Limón. Pablo Escobar escapa por una ventana y accede al tejado, pero lo siguen de cerca. Es herido en un brazo... Otro disparo en la cabeza acaba con su vida. Nunca ha quedado muy claro si fue necesario matarlo o si esa fue la fórmula sumaria de acabar con un problema.

Su epitafio es casi tan famoso como el de Oscar Wilde o el de Groucho Marx: “Mientras el cielo exista, existirán tus monumentos y tu nombre sobrevivirá como el firmamento”. Toda una predicción. Cada año, miles de personas visitan su tumba, en la que nunca faltan las flores, y los vecinos del barrio que él levantó con el dinero de las drogas en el plan Medellín sin Tugurios siguen llamándolo barrio Pablo Escobar. Y aún se celebran misas por Don Pablo en la iglesia; ya juzgará Dios si era bueno o malo. A fin de cuentas, para ellos tenía que ser un santo quien les dio un sitio en el que poder vivir y campos de fútbol en los que jugar sus chavales.

Los hipopótamos del Nilo que formaron parte del zoo particular de la Hacienda Nápoles se han adaptaron al clima de Medellín tras la desaparición de Pablo Escobar y convirtieron una laguna cercana a la antigua residencia en su hábitat. Gracias a Don Pablo, podían verse hipopótamos en el río Magdalena. Algo así como encontrárselos en el Tajo, más o menos. A principios de 2012, más veinte hipopótamos, descendientes de la pareja que compró Escobar, viven en el río. La Hacienda Nápoles es hoy una especie de parque de atracciones con zoológico.

EL CLAN OCHOA

En 1982, algunas de las más poderosas organizaciones de traficantes colombianas se unen para crear una gran red para la producción y distribución de cocaína, un cartel tal y como técnicamente se conoce en Economía. Así se crea definitivamente el denominado cartel de Medellín. En su cúpula destacan Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa Vásquez y José Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano.

En realidad, la asociación de los grandes capos se inicia como una forma de autodefensa ante los frecuentes secuestros que sufrían por parte de grupos terroristas como el M-19, que acababa de secuestrar a una hermana de los Ochoa. Los terroristas necesitaban financiarse y los traficantes eran ricos... Los secuestrables pactaron una tregua entre ellos, crearon el grupo MAS (Muerte a Secuestradores) y acabaron por organizar un cartel.

En esas reuniones incluso se acordó dar un color distintivo a cada grupo: El azul para el clan Ochoa, el amarillo para Escobar... Así se distribuían el mercado de la droga; con marca de fábrica.

El cartel instala un gigantesco laboratorio de cocaína, al que llamará Tranquilandia, en la provincia selvática del Caquetá y establece una división del trabajo y unas jerarquías  al estilo de cualquier gran empresa; Rodríguez Gacha coordinará los pedidos de pasta de coca en Bolivia y Perú, Pablo Escobar supervisará la producción y el Clan Ochoa se encargará del transporte y distribución en Estados Unidos y en otros mercados internacionales en expansión. Para América del Norte, los Ochoa entraron en contacto con la mafia italoamericana y las dos mafias iniciaron una fructífera relación de negocios.

Jorge Luis y dos de sus hermanos menores, Juan David y Fabio, ya eran narcotraficantes de éxito antes de unirse a Pablo, pero nunca fueron tan fuertes como cuando pasaron a formar parte de la jefatura de uno de los dos carteles de la droga más importantes –o al menos más famosos– que jamás han existido. En realidad, ellos contribuyeron en gran medida a convertir a la organización en lo que fue.

Los hermanos Ochoa, al igual que Pablo Escobar, aprovecharon la política de sometimiento a la Justicia del Gobierno y se entregaron en 1990 y 1991 sabiendo que no serían extraditados a Estados Unidos.

Jorge Luis cumplió algo más de cinco años de cárcel, al igual que Juan David. Y no era la primera vez que Jorge cumplía pena privativa de libertad. Fabio, el menor, estuvo preso casi seis años, pero fue detenido de nuevo en octubre de 1999 durante la Operación Milenio, una de las más importantes llevadas a cabo en toda la historia de la lucha contra la cocaína en el mundo, y, en esta ocasión, Fabio no se libró de la extradición; la Corte Suprema colombiana decidió autorizar la entrega a la corte judicial de Florida que lo reclamaba para juzgarlo. Se convirtió así en el primer capo de la droga entregado a los norteamericanos desde que, en 1997, el Gobierno colombiano anuló la prohibición constitucional de extradición, forzada por los Extraditables seis años antes.

Los Ochoa, una familia de ganaderos y caballistas, tenían amplios vínculos en España, lo que facilitó la entrada del cartel en Europa y es el motivo por el cual Jorge Luis escogió ese país cuando tuvo que abandonar temporalmente Colombia, en un momento en el que se recrudecía la lucha contra los traficantes. En 1984, cuando la DEA acababa de estrenar oficina en Madrid, Ochoa llegó a España como Moisés Moreno Miranda, supuestamente panameño, y con una operación de cirugía estética gracias a la que esperaba no ser reconocido, aunque, eso sí, estaba tan gordo como siempre. En Madrid se reunió con el jefe del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, que usaba documentos venezolanos a nombre de Gilberto González Linares.

En noviembre, la brigada de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía detuvo a los dos capos y a sus esposas.  Ochoa y Orejuela, acusados de ser los más altos jefes del cartel de Medellín y el de Cali, respectivamente, fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional.

Los agentes hallaron en poder de Rodríguez Orejuela, el Ajedrecista, una libreta de contabilidad en la que figuraba el tráfico de más de 4.000 kilos de cocaína a Estados Unidos en un periodo de dos años. En otros papeles se mencionaban otras transacciones millonarias de cocaína desde Colombia.

En 1986, Jorge Luis Ochoa y Rodríguez Orejuela fueron extraditados a Colombia. A pesar de que Estados Unidos también quería a los traficantes, la Audiencia Nacional española, eludiendo presiones políticas, dio preferencia a la petición colombiana.

Confinado en una cárcel de Cartagena de Indias, el mayor de los hermanos Ochoa no tardó en salir en libertad para dedicarse a subir escalones en el mundo de la droga, hasta que se entregó a la justicia en el 91. Dos años más tarde, el cartel de Medellín empezó a desmoronarse al morir su auténtico creador y líder, Pablo Escobar.

Hay un capítulo en la historia de los carteles que vale la pena citar aquí. Y es que la presencia del cartel de Medellín en Europa se hizo dramáticamente patente en agosto de 1989, en una pequeña zona de la isla de Ibiza llamada Benimussa. Entre la noche del 23 y la madrugada del 24 fueron amordazados, torturados y estrangulados con alambres el alemán Richard Schmitz, su compañera Beathe Werner y las hijas de la pareja, Alexandra y Bianca, de 6 y 4 años. Dos días después, los cadáveres fueron hallados bajo una capa de hormigón en las obras de la construcción anexa a la vivienda de la familia.

Semanas después del crimen, la comisaría ibicenca recibió una carta desde Alemania. En ella se explicaba que Schmitz trabajaba para el capo Jorge Luis Ochoa. Además, se señalaba que “un fallo” –tal vez un chivatazo– del alemán había permitido a la Policía alemana intervenir casi 1.000 kilos de cocaína en Múnich, así que calificaba su asesinato como “un acto de venganza”. No fueron las únicas ejecuciones; un año antes del crimen de Benimussa, otro presunto miembro del cartel es asesinado en una urbanización de Marbella por haber fallado a sus jefes.

La investigación desarrollada inmediatamente después del hallazgo de los cadáveres reveló que Ochoa –considerado entonces por la DEA como el máximo responsable de los negocios del cartel en el sur de Europa– poseía propiedades en la isla desde las que tal vez se coordinaron operaciones de narcotráfico a escala internacional.

Los Ochoa tenían una hacienda llamada Veracruz, entre Barranquilla y Cartagena de Indias. La hacienda tenía su propia pista de aterrizaje, un lago y era sede de uno de los zoológicos más exóticos de Colombia. Los Ochoa, como Pablo Escobar, querían vivir en su propio Xanadú.

EL CARTEL DE CALI Y LA OPERACIÓN GREEN ICE

La Drug Enforcement Administration, la DEA, siempre lo ha tenido claro; el cartel de Cali superó al de Medellín, desgastado en su enfrentamiento directo contra el Estado. A finales de los 80, el de Escobar suministraba el 60 por ciento de la cocaína que se consumía en Estados Unidos, pero a partir de ese momento, los narcos de Cali se impusieron y, para cuando Pablo Escobar murió, habían logrado ya hacerse con el 80 por ciento del mercado de la droga que llegaba a Norteamérica y también a Europa.

Los nombres del cartel de Cali son los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Recordemos que el primero de ellos, mayor que su hermano, fue detenido en España en el año 1984 junto a uno de los Ochoa del cartel de Medellín y que los dos fueron extraditados a Colombia. Ninguno de los dos pasó mucho tiempo en prisión.

El mayor de los Rodríguez Orejuela ya tenía antecedentes; en el 69 fue absuelto de un delito de secuestro y el 27 de febrero de 1981 fue apresado en Perú después de que la avioneta en la que transportaban pasta de coca sufriera un accidente. Años después montó la cadena de droguerías Drogas el Barato, a las que Escobar declaró la guerra, mientras seguía traficando con cocaína y, al igual que su rival, utilizaba el deporte para lavar los narcodólares; los hermanos Gilberto y Miguel tenían su propio equipo de fútbol y controlaron dos circuitos de carreras de coches y el Hipódromo del Valle.

Los hermanos protagonizaron un episodio de soborno que en Colombia se popularizó como el caso de la maleta de Fonseca; los capos pagaron 250.000 dólares para comprar el resultado de un partido de la Copa Libertadores de América. Y regalaron un apartamento al jugador Cabañas a cambio de un gol de final de campeonato. Debe ser uno de los goles más caros de la historia...

Pablo Escobar financió en más de una ocasión a las delegaciones colombianas que participaban en el tour de Francia, mientras los corredores de los autódromos de la familia Rodríguez Orejuela transportaban cocaína en sus coches de carreras cuando iban a competir a Miami. Todo vale.

Los narcos de Cali incluso fueron acusados de financiar la campaña del que fuera presidente Ernesto Samper. ¿Qué mejor manera de comprar a un político que financiando su campaña a la presidencia?

La diferencia fundamental entre Escobar y los Rodríguez Orejuela es que los últimos preferían comprar las conciencias a matarlas...

El cartel de Cali controló gran parte del negocio entre 1980 y 1995, hasta que todos sus dirigentes fueron detenidos o se entregaron. Gilberto, que empezó pasando droga con  un ciclomotor cuando era mensajero de farmacias, y Miguel confesaron su implicación en el tráfico de drogas y fueron sentenciados a penas de 15 y 17 años de prisión, culpables del envío de más de 27 toneladas de cocaína a Estados Unidos en unas 120 operaciones desarrolladas durante dos décadas.

Lo cierto es que el cartel ya había sido herido de consideración en 1992, cuando la Operación Green Ice lo golpeó por debajo de la línea de flotación. La Operación Hielo Verde tal vez no fue el fin de la organización, pero, en palabras del entonces viceministro americano de Justicia, George Terwigiller, “sí hemos puesto una bonita bomba en la base de sus operaciones financieras”.

Efectivamente, la bomba iba dirigida a los circuitos de blanqueo de dinero del narcotráfico. Para ello, dos años antes, la DEA creó ex profeso una empresa en la que el cartel pudiera lavar su dinero negro; la Trans Americas Ventures Associates. Una trampa perfecta. La investigación se extendió a España, Suiza, Italia, Reino Unido, Colombia, Islas Cayman, Canadá y Costa Rica. Más de 200 personas fueron detenidas, entre ellas importantes traficantes de las redes colombianas, se intervinieron 7.000 millones (cantidad en pesetas) y más de 500 cuentas bancarias fueron bloqueadas. Se alijaron varios miles de kilos de cocaína en distintos lugares del mundo y, en un búnker en el subsuelo de un garaje de Londres, la Policía halló 20 metros cúbicos de billetes grandes de dólares y libras esterlinas.

En Holanda se identificó a una mujer que movía la mayor parte del dinero en Europa y que condujo a los investigadores hasta la mismísima Mafia italiana. Los italianos recibían la droga de sus socios colombianos y la distribuían a través de pescaderías, como las de la empresa Brancangel, tapadera del clan de los corleoneses. “El olor de la merluza es capaz de marcar a los perros mejor entrenados”, aseguró Buscetta, un arrepentido de la Mafia, ante los tribunales.

Los colombianos podían hacer llegar a Italia hasta 500 kilos de cocaína cada mes. En junio de 1992, por ejemplo, un barco procedente de Colombia trasladó 526 kilos en un doble fondo de dos contenedores de pescado. El pescado –y el resto de la mercancía, por supuesto– había sido comprado por Brancangel. En Roma, uno de los hombres de Ospina Valdez, por aquel entonces uno de los encargados del cartel de Cali, esperaba el cargamento.

La Policía llegó hasta una jubilada a la que conocían como la abuelita de Mantua, Vera Romagnoli, que resultó ser una de las piezas fundamentales en el blanqueo de dinero. Sociedades de la Camorra (la mafia propia de Campania) ingresaban millones de liras en las cuentas de la anciana y ella se encargaba, cada tres o cuatro días, de transferirlos, convertidos en dólares, a las cuentas de sus nietos, propietarios de la Rotary Corporation de Nueva York. Para poder hacerlo tranquilamente contaba con una colaboradora, empleada en la Banca Nazionale del Lavoro.

Las redes estaban muy bien extendidas entre los continentes. En Colombia, estaba implicado un alto cargo de la Superintendencia Bancaria del país y miembro de los servicios secretos, que pagaba a dos agentes de aduanas para que hicieran lo que se llama la vista gorda en los aeropuertos, y a dos empleados del banco estatal.

En España, Baltasar Garzón, titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, ordenaba la detención de un agente de la brigada de Estupefacientes de Ceuta como sospechoso de haber alertado a un miembro de la trama narcotraficante. La investigación en este país, iniciada en noviembre de 1991, reveló que la organización utilizaba entidades bancarias de Ceuta, sobre todo, para cambiar el dinero por cheques bancarios que podían ser cobrados como dinero en efectivo en cualquier país, preferiblemente en dólares. Una sucursal del Banco Popular era una de las oficinas más usadas.

El juez autorizó la circulación controlada de dinero y la intervención de un agente encubierto de la DEA, infiltrado en el  circuito de la lavandería. El agente, bajo la identidad de Frank Fernández, se introdujo en la organización y fue recopilando datos sobre los intermediarios. Informaba puntualmente a la Policía española y anotaba los números de serie de los billetes y cheques que pasaban por sus manos para poder seguirles la pista.

El jefe colombiano Carlos Urquijo Yllera entregaba a otras personas los billetes sucios en pesetas de la venta de la droga para que se los pasaran a dos marroquíes que, a su vez, lo daban al blanqueador final, que en España resultó ser Arjandas Bhagwandas Lalwani, paquistaní dueño de unos almacenes de Ceuta. Él transformaba el dinero, reflotándolo en dólares, y lo hacía llegar a los colombianos transfiriendo las cantidades a una serie de cuentas distribuidas por varios países. El cambista de pesetas a dólares era Amar Mizzian Amar. Una increíble y eficiente tela de araña.

El Día D de la operación fue el 28 de septiembre de 1992. El día en el que nueve países se sincronizaron para detener a más de 200 personas.

Entre los arrestados, uno de los más importantes es el narco colombiano José Durán, apoderado del cartel de Pereira, que estaba en Roma negociando con los Corleonessi la exclusiva de la compra de cocaína a su cartel.

En España, quince personas fueron procesadas; diez fueron condenadas y cinco absueltas. El policía Hamido Sedik Rivera, de la brigada de Estupefacientes, fue condenado por revelación de secretos. Otro de los implicados es José Ramón Vega Mirabet, el Niño, que, en 1997, tras salir de la cárcel, se alía con la banda de Cásper –la que robó los cuadros de la empresaria Esther Koplowitz– para montar un laboratorio de éxtasis en Madrid con el material robado en enero en la Inspección de Farmacia del Servicio Exterior de Sanidad del puerto de Valencia. Los ladrones hicieron un butrón para llevarse 106 kilos de cocaína y 50 litros de piperonal con el que puede fabricarse MDMA y MDA. Cuando en el laboratorio se acabó el material para conseguir derivados anfetamínicos, se dedicaron a fabricar pastillas de talco y cafeína. Hasta 100.000...

Por las mismas fechas en las que se ejecuta Green Ice, la DEA inicia una operación similar que da sus frutos a finales de 1994. La Operación Dinero empieza a ser algo más que un plan cuando varios agentes consiguen infiltrarse en el cartel de Cali hasta tal punto que convencen a los traficantes de que deben usar, para blanquear fondos, una discreta entidad financiera llamada RHM Trust ubicada en Anguilla, en las Antillas Británicas. El banco es una peculiar planta carnívora con aspecto de flor con intereses bajos a largo plazo, es una trampa; ha sido creado expresamente para atrapar narcos como si fueran insectos.

El falso banco es una mina. Por un lado, contribuye a la desarticulación de la banda de la Magliana (o parte de ella), dirigida por el romano Roberto Severa y que blanqueaba el dinero de la cocaína en una cadena de supermercados llamada Papillón. La mariposa cayó en la atrapamoscas. Por otro lado, el banco ficticio contribuye a desmantelar una red en la que destaca la figura de Pascuale Claudio Locatelli, alias Mario, afincado en Marbella y que ya había llamado la atención de los estupas malagueños, que habían pedido informes a Interpol para descubrir que se dedicaba al tráfico de drogas, blanqueo, depósito de armas y tráfico de obras de arte.

La Policía española se reunió en Madrid con agentes de la DEA y de la Policía italiana para coordinar las investigaciones sobre la organización internacional de Mario. El 6 de septiembre, la posibilidad de que el traficante intentara huir de España, precipitó la intervención policial. Ese día, Locatelli y unos cuantos secuaces salieron en coche de Marbella con destino a Madrid, aunque dando un sorprendente rodeo por Almería y Alicante a gran velocidad. No lograron deshacerse de los agentes, que les pisaban las ruedas y que, ya en Madrid, los arrestaron.

Era sólo una pequeña parte de la Operación Dinero. Un centenar de personas fueron detenidas en España, Italia y Estados Unidos, y entre los delitos imputables están el transporte de 5.000 kilos de cocaína intervenidos en las costas de Canadá el 22 de febrero de 1993, la tenencia de 7.000 kilos de hachís incautados en Inglaterra en noviembre, el tráfico de diversas cantidades de droga entre España e Italia, incluido un alijo de 800 kilos intervenido en noviembre de ese año 94, y diversas operaciones de blanqueo.

En 1996, la opinión pública supo que los narcotraficantes Miguel hermanos Jotica y Gilberto el Ajedrecista aún dirigían sus negocios desde la cárcel gracias a varios sistemas de comunicación, entre ellos internet. Así recibían informes permanentes de sus negocios. A pesar de estar recluidos en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de La Picota, en Bogotá, ellos seguían teniendo el control. Como Pablo en su autoconstruida cárcel de La Catedral.

El ministerio de Justicia gastó muchos millones para dotar de la máxima seguridad al centro y abrió la puerta a las cámaras de televisión para mostrar que La Picota no era La Catedral. Pero lo que no se veía a simple vista era cómo el dinero entraba en la cárcel para sobornar a algunos funcionarios; por una cantidad que correspondería a 50 euros, cualquiera de los traficantes encarcelados podía contar con un teléfono móvil para comunicarse con el resto del mundo. Poder conectarse a la Red costaría un poco más... El tercer capo del cartel de Cali, José Santacruz Londoño, el Estudiante, logró fugarse el 11 de enero de 1996 gracias a un soborno.

El 13 de septiembre de 2002, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela fueron trasladados a la cárcel de alta seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá. Ese mismo día, sus abogados tramitaron una solicitud de libertad condicional alegando que ya habían cumplido las tres cuartas partes de la condena y que habían mostrado una conducta ejemplar en la cárcel, estudiado y trabajado. La verdad es que los dos hermanos estudiaron inglés, administración y filosofía, tocaron el violín y el violonchelo, fabricaron muñecos de peluche y cajas de cartón y, durante su estancia en La Picota, abrieron lo que se llama un caspete, una cafetería en prisión. De esta forma, a los siete años de condena, en noviembre de 2002, una polémica decisión judicial pone a Gilberto en la calle. Miguel, sin embargo, tenía pendiente una acusación por intentar sobornar a un juez que ahora es recuperada por el Gobierno de Álvaro Uribe para evitar su salida de prisión. Cuatro años más.

Cuatro meses después de recuperar la libertad, Gilberto, que tiene ya más de 60 años, es detenido de nuevo en marzo de 2003. Esta vez es apresado por un envío de 150 kilos de cocaína a Tampa, Estados Unidos, por Costa Rica en 1990. Su hermano fue condenado antes por ese asunto porque en su día se declaró culpable.

Mientras tanto, la DEA ha bloqueado más de 50 empresas españolas y colombianas en las que están implicadas los Rodríguez Orejuela y que en España, al parecer, controlan Humberto y Jaime Rodríguez Mondragón, hijos de Gilberto.

Los grandes carteles de Cali y Medellín sobrevivieron a Pablo Escobar, pero tocados de muerte. Las guerras, internas y externas, y la cada vez más coordinada represión internacional contribuyeron a destruir el de Medellín, y es la muerte de Escobar la que suele marcarse como el principio del fin. El de Cali pierde su poder en el 95, con el arresto de sus dirigentes.

En la segunda mitad de los 90, el narcotráfico cambia de forma; las grandes organizaciones, con cabezas visibles megalómanas dispuestas a enfrentarse al Estado, han dado paso a múltiples redes más pequeñas y, sobre todo, más discretas. Es lo mismo que ha ocurrido con la Camorra napolitana; las grandes operaciones policiales y el apresamiento de los grandes padrinos han provocado el desmembramiento de la red en diversas bandas.

No obstante, Colombia sigue siendo, en el siglo XXI, un país en armas, un país en que ser sacerdote es una profesión de riesgo y el dinero de la droga mueve montañas y santifica a delincuentes; en marzo de 2002, el arzobispo de Cali, Isaías Duarte, es asesinado en el mismísimo atrio de la iglesia tras celebrar un matrimonio múltiple. El arzobispo había denunciado que las campañas de ciertos candidatos a las elecciones parlamentarias se financiaban con dinero del narcotráfico.

Eso sí, México ha cobrado protagonismo por encima de Colombia. La caída de los capos colombianos fue aprovechada por los mexicanos para hacerse fuertes en el mercado de abastecimiento a Estados Unidos, sin olvidar que en los 90 los carteles de Colombia ya se asociaron con traficantes mexicanos. El de Cali se alió con el poderoso cartel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, en 1992, y realizó negocios con el de Sinaloa del Chapo Guzmán; las casi seis toneladas decomisadas en julio de 1993 por la Policía de El Salvador y la DEA en las bodegas del San Jorge habían sido vendidas al mexicano cartel por los de Cali.

El Chapo Guzmán fue arrestado en ese mismo año 1993, dos meses después de que mataran al cardenal Posadas en el aeropuerto de Guadalajara –el 24 de mayo– en un extraño crimen en el que al parecer se confundió a la víctima con el narco de Sinaloa. En enero de 2001 se fugó de la cárcel de máxima seguridad Puente Grande y entonces se descubrió que tenía en nómina a varios funcionarios del centro. El diario mexicano Reforma reveló que el 90 por ciento de los trabajadores recibían entre 250 y 450.000 pesos mensuales, en función de su cargo, de manos de los narcos Chapo Guzmán, Héctor Luis el Güero Palma y Arturo el Texas Martínez.

El Chapo había propagado en la cárcel un extraño cuento sobre un viejo maestro preso que quería sacar un kilo de oro de Puente Grande. El día 19 de enero, el traficante burló la vigilancia y escapó ocultó en un carrito de ropa sucia en el que muchos creían que se escondía ese kilo de oro inexistente. Sólo le quedaban siete meses de condena en México, pero temía ser entregado a Estados Unidos, donde aún tenía causas pendientes.

Desde que el 18 de enero la Suprema Corte de Justicia aprobara la extradición de narcos mexicanos a Estados Unidos, como ocurrió en Colombia, se sucedieron las fugas en las prisiones de todo el país. No es casualidad.

El jefe del cartel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, que murió en una extraña y larga intervención de cirugía estética, fue el primer narco mexicano que utilizó aviones Boeing 727 para trasladar sus alijos. Entonces le adjudicaron el sobrenombre de el Señor de los Cielos.

Tras la caída, en enero de 1996, del líder del cartel del Golfo, Juan García Abrego, Carrillo ya no tiene rival en su país. Es el número 1, y el FBI, la DEA e Interpol lo sitúan en la lista de los diez delincuentes más buscados. Todo un honor que durará poco; un año y medio después, en julio de 1997, se queda en el quirófano. Hay quien, sin embargo, asegura que sigue vivo. Como Elvis. Como Pablo Escobar.

Con Abrego condenado a once años de cárcel en Houston y Amado Carrillo muerto, Osiel Cárdenas se hace fuerte en el cartel del Golfo y se alía con el de Juárez, negociando con Vicente Carrillo, hermano de Amado. Pero Cárdenas es detenido en marzo de 2003 tras un tiroteo en la ciudad fronteriza de Matamoros.

En México, en resumen, ya iniciado el siglo XXI, mandan cinco carteles: el de Guadalajara, el de Sinaloa, el de Tijuana, el de Juárez y el del Golfo, que no sólo hacen negocios con la cocaína sudamericana sino que también mantienen relaciones con las tríadas chinas –el crimen organizado chino– para dominar el mercado de heroína hacia Estados Unidos.

En el búnker del Ministerio de Defensa existe un Museo del Narco, oficialmente Museo de Enervantes de Ciudad de México, fundado en 1985 para instruir a los soldados que participan en la lucha contra el tráfico de drogas. En ese peculiar museo se encuentra la pistola Colt 38 con cachas bañadas en oro y las iniciales A.F.C. que perteneció al narcotraficante conocido como el Señor de los Cielos y el rifle automático R-15 con una palmera grabada que empleó Héctor Luis el Güero Palma, de la banda del Chapo.

Hay CDs de narcocorridos, las canciones que ensalzan las correrías de los capos convertidas en himnos populares, y un maniquí con el narcoatuendo: sombrero tejano, gafas de sol, cadena y esclava de oro, cinturón con hebilla XL, vaqueros y botas de piel de avestruz. También hay una copia reducida de la capilla de Jesús Malverde, santo no oficial de los sicarios de la droga, un bandido de principios del siglo XX que dicen que robaba a los ricos para dar a los pobres; un José María el Tempranillo a la mexicana. La capilla original se halla en Culiacán, capital del Estado de Sinaloa.

Tampoco hay que olvidar en el narcotráfico sudamericano el caso del capo hondureño José Ramón Matta Ballesteros, nacido en Tegucigalpa en enero de 1945, que cumple tres condenas de cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad estadounidense.

Matta se instaló en España en 1981 mientras el FBI y la DEA lo buscaban y él trabajaba en colaboración con dos carteles mexicanos. El juez Garzón lo implicó en la Operación Nécora porque el arrepentido que facilitó la investigación declaró que entregó a Matta un maletín con dinero como pago de un alijo de cocaína.

El hondureño se marchó de España en 1983 y se instaló en Colombia. Fue arrestado por el asesinato de un agente de la DEA y posteriormente se fugó de la cárcel de La Picota, aunque dijo que Dios le abrió la puerta, se instaló en Honduras y fue de nuevo detenido y extraditado a Estados Unidos, donde ya se encontraba cuando Garzón lo implica en su investigación.

El rastro en España fue descubierto en julio de 1992, cuando una circunstancia más o menos casual dio inicio al denominado caso Matta.

Era julio de 1992. Una mujer colombiana llamada Elena Forero acude a una oficina de Banesto en Madrid y pide retirar de su cuenta un millón y medio de dólares. Los responsables de la entidad sospechan de la mujer e informan a la Policía antes de entregar el dinero, aunque sin saber que Ramón Matta Ballesteros estaba detrás. De hecho, Elena había sido empleada de su servicio doméstico durante su estancia en España y el narcotraficante figuraba en la cuenta bancaria con el nombre supuesto de José López Rojas.

Se inicia un rastreo de cuentas que llevan al mayor depósito de dinero descubierto hasta entonces en un banco español a un narcotraficante. Siete años de investigaciones permiten localizar e intervenir 870 millones de pesetas.

Ramón Matta Ballesteros, que se hizo un nombre en México y con los carteles mexicanos, viene a ser en Honduras lo que Escobar en Colombia, aunque a él no le gusta que lo comparen con Don Pablo; despreciando a los muertos de la droga, incluyendo los ajustes de cuentas, algunos hondureños lo consideran un Robin Hood porque parte del dinero de la droga lo empleaba para los pobres y regalaba juguetes a los niños en Navidad. El discurso populista funciona.

EL PASO A EUROPA. NOMBRES PROPIOS

A finales de los 70 y principios de los 80, cuando se potencia el mercado europeo, España se convierte en un punto estratégico. Hay que tener en cuenta que existe ya una red de contrabando organizada en torno al tabaco, lo que permite la rápida instauración de las redes de la cocaína, sobre todo en Galicia.

Los nombres más conocidos del tráfico de drogas en España tienen acento gallego.

Laureano Oubiña, Manuel Charlín o Sito Miñanco nunca han llegado a ser como Pablo Escobar, aunque, a decir verdad, Sito Miñanco también fue comparado con Robin Hood por su generosidad con sus paisanos de la ría de Arousa; hacía donaciones al Ayuntamiento de su tierra natal y, aficionado al fútbol como el colombiano, llegó a presidir el Cambados Club de Fútbol, aunque dimitió en julio de 1989 cuando se hizo evidente que tan humilde club manejaba un presupuesto de escándalo. Con Sito Miñanco el Cambados ascendió a Segunda B y el tráfico de drogas a negocio organizado.

Utilizaremos estos nombres, sus historias, para explicar el proceso de conversión de los contrabandistas de tabaco a los traficantes de cocaína y las alianzas con los colombianos.

Sito Miñanco

Su verdadero nombre es José Ramón Prado Bugallo, nacido en Cambados el 23 de septiembre de 1955, aunque a él siempre le ha gustado –gajes de su oficio– circular con nombres inventados y documentación falsa.

Es uno de los que entraron en el negocio casi en sus inicios, cuando todo se reducía a matutear algunas cajetillas de tabaco rubio, lo que se popularizó como rubio de batea. Empezó con el mejor de la ría de Arousa, Manuel Carballo, que desde sus comienzos, a principios de los 60, controlaba el comercio clandestino de tabaco, electrodomésticos y todo aquello susceptible de arancel.

Desde el año 1978 hasta 1982, el contrabando fue en España una simple falta administrativa y los contrabandistas sólo se arriesgaban así a tener que pagar una multa si eran descubiertos. En esos años de gloria, Sito Miñanco, perteneciente a una humilde familia de marineros conocida como los Miñancos, se hace un hueco –bastante grande– en el negocio. Pronto es considerado el más hábil, el más veloz conduciendo lanchas rápidas, algo muy importante si se quiere pasar tabaco o droga por vía marítima. También se valora su capacidad organizativa. El jefe, Carballo, lo convierte en su lugarteniente, al lado mismo de su hijo Daniel Carballo Conde, Danielito.

Junto a dos socios, Ramiro Martínez y Olegario Falcón, crea la organización con las siglas ROS, las iniciales de los tres, para dedicarse al contrabando de tabaco.

En el año 1982, el mismo en que el PSOE sube al poder y el del Mundial del Naranjito, el contrabando vuelve al Código Penal y muchos de los traficantes se echan atrás. Otros son relevados por sus hijos o sus más destacados aprendices; en Galicia, todo tiene su toque familiar.

Es entonces cuando José Ramón Prado Bugallo es detenido en la gran redada contra el tráfico de tabaco que lleva a cabo la Guardia Civil entre diciembre y principios de 1983, y en la que un centenar de vecinos de la ría es arrestado. No hay calabozos suficientes, pero Sito Miñanco es uno de los que los conocen por dentro, y pasa siete meses en la prisión de Pontevedra, quince días en Carabanchel (donde al parecer conoció a miembros del cartel de Medellín) y queda en libertad tras pagar una fianza de 20 millones de pesetas. Es su primera gran experiencia con la Justicia. Al salir reorganiza la red. ROS desaparece y Sito levanta su propia compañía. Mientras, su abogado, Pablo Vioque, –otro nombre que no hay que olvidar y del que se tratara en el último apartado de este libro– se dedica a torpedear el proceso del tabaco, prolongándolo una y otra vez a la espera de que sea archivado.

En 1986 ya no tiene jefes. Sito llega a tener su propia flota, compuesta por una veintena de barcos, entre ellos algunas patrulleras de la Armada compradas en subastas. Identificadas con el anagrama Sipra (Sito Prado), sus planeadoras son las más famosas de la ría.

En mayo de 1988, el día 12, es detenido de nuevo, esta vez en el puerto de Barcelona, en una operación en la que se intervienen 2.000 cajetillas de tabaco rubio americano. Nunca se demostró fehacientemente su implicación en el caso.

El 13 de junio de 1990, en la primera fase de la Operación Nécora contra los traficantes de la ría, el juez Garzón dicta orden de detención contra él, pero un chivatazo de alguno de sus informadores le ha permitido darse a la fuga. Se le relaciona nada menos que con los traficantes del cartel de Medellín. No hay que olvidar que en esos momentos, Pablo Escobar sigue vivo y, sobre todo, coleando. Lo cierto es que dicen de Sito Miñanco que es el gallego que siempre ha mantenido mejores contactos colombianos.

Días antes de que se inicien las detenciones de Nécora, uno de los barcos de los astilleros de Sito es apresado con más de un millón de cajetillas de tabaco. Es el Smith Lloyd Cairo, que llevaba en cubierta seis lanchas dispuestas para el desembarco, en una especie de asalto anfibio en versión civil e ilegal.

No es arrestado hasta el 19 de enero de 1991, en Las Acacias de Pozuelo de Alarcón. Acaba de regresar de Panamá para dirigir la llegada de un importante cargamento de cocaína. Se ha afeitado el bigote. Parece otro. Ya no tiene aquel encanto del lado oscuro. Parece un delincuente más; hasta los Ferrari Testarossa a los que es aficionado han perdido su poder, relegados a imagen del lujo hortera del hombre en plena crisis de edad que como no puede mirarse el ombligo quiere que se lo miren otros.

Es una mañana de sábado ajetreada. Sito Miñanco realiza una llamada a través del aparato número 16602 de la Compañía Telemensaje para informar al colombiano Jorge Isaac de la hora en la que debe acudir al restaurante La Era; las 14:30. El cambadés envía a sus amigos y socios Juan y José para que entreguen al colombiano una cantidad ya convenida de cocaína guardada en dos maletas y en dos bolsos que están en una nave industrial de la localidad madrileña de Ajalvir.

Jorge Isaac acude acompañado de su novia, Isabel Cristina, quien conduce el Renault 18 que utilizan. Juan y José han pasado primero por la nave en un Seat Ibiza y han recogido la mercancía, sin sospechar que varios policías observan sus movimientos a una distancia prudencial. Llegan al lugar de la cita antes de la hora prevista. Y, puntual a la cita, el Renault 18 arriba a la explanada que hay frente al establecimiento. La pareja sale del vehículo, intercambia las llaves de los coches con los dos españoles y se larga en el Seat Ibiza.

Un coche camuflado de la Nacional sigue al Seat Ibiza por la autovía de Aragón hacia Madrid y por  la M-30. A las 15.45, los agentes interceptan su marcha en la calle Real de Las Rozas. En las bolsas hay 92 paquetes envueltos en venda engomada. Más de 113 kilos de cocaína, envasada con las marcas Yen A, Centavo G y Gen F y más de un 85 por ciento de pureza.

A las diez de la noche, la Policía entra en el chalet de Pozuelo y arresta a Sito Miñanco y a su colaborador Juan. José es capturado al día siguiente en Arousa.

En mayo de 1993 se celebra el juicio. Hay doce procesados. El día 11 declaran seis de sus colaboradores, que dicen que no saben de qué les están hablando; no son traficantes ni blanquean dinero y justifican evasivas y contradicciones diciendo que la Policía y el juez Garzón los han presionado.

Entre todo el tinglado aparece una sociedad, Thalassa Repairs and Tradings, de Amberes, que gestionaba una quincena de barcos que, según la investigación, transportaban la cocaína desde Colombia. Los procesados dicen que la empresa reparaba barcos, pero la verdad es que no hay ningún astillero. ¿Se llevaban el trabajo a casa?

El tercer día de juicio declara el propio Sito Miñanco. Sólo reconoce que ese es su alias, y la única importación que admite haber intentado es la de una vacuna que curase el cáncer porque “sería buena para España”. Esa es una aventura suya en busca de la piedra filosofal en Hungría, a la que mandó a un médico y a un periodista años atrás.

Al fiscal eso no le interesa. Le pregunta sobre sus sociedades en Panamá, pero no parecen suyas, porque sabe más bien poco de ellas, a juzgar por sus respuestas.

–¿Conoce usted la Sociedad Try Investiment Corporation?

–Sí. Me suena...

–¿No es usted su presidente?

–Puede ser, no lo sé. En Panamá, la mayoría de las personas hacen una sociedad hasta para comprar un coche de segunda mano, porque así pagan menos impuestos.

Luego toca Inversiones Pontevedra-Panamá.

–Pero primero hay que ver si lavaron dinero o algo...

–Todavía no le he preguntado eso –le espeta el fiscal.

Insiste en varias ocasiones, trajeado y tranquilo, en que fue arrestado cuando estaba a punto de entregarse a la Justicia. Quizás sea cierto; un conocido suyo actuó de mediador de una entrevista entre Sito y el coronel Arsenio Ayuso, entonces responsable de la Guardia Civil en la lucha antidroga y conocido en todo el país porque fue implicado posteriormente en el denominado Caso Ucifa, el del pago con droga a confidentes.

Ayuso dijo que el juez de la Audiencia Baltasar Garzón había autorizado la entrevista, pero el magistrado llegó a negarlo. También dijo que la autorizó el director general del instituto armado, Luis Roldán, lo que no supondría ninguna garantía si tenemos en cuenta quién y qué resultó ser el tal Luis Roldán.

Sito Miñanco reconoce que le intervinieron 23.000 dólares y un montón de llaves, pero niega que una de esas llaves, con el número 24601, fuera de la nave de Ajalvir en la que dos de sus cómplices recogieron los 113 kilos de cocaína para entregarlos a los colombianos, horas antes de la detención de Sito. En esa nave, al día siguiente, se decomisó un remolque de camión “en cuya techumbre se apreciaron veinticuatro compartimentos de idónea habilitación para transporte camuflado”, según se explica en la sentencia.

–A mí no se me coge esa llave, que no consta en el registro.

–¿Y cómo aparece esa llave?

–La Policía sabrá...

En sus conclusiones, el fiscal afirma que Prado Bugallo había trasladado su residencia a Madrid “para poder controlar y supervisar personalmente la distribución de unos 2.500 kilos de cocaína que habían sido introducidos en nuestro país por miembros no identificados de su organización”.

Sito, por su parte, asegura que la orden de busca y captura contra él “no tenía ni base ni fundamento, por eso se separó este caso del sumario de la Operación Nécora. Portabales (el arrepentido que hizo posible el caso Nécora) dijo que fue a Panamá a comprar droga acompañado por un tal Sito Bugallo, pero cuando le enseñaron mi foto no la reconoció”.

Portabales, mientras tanto, escucha desde la última fila del público.

La Audiencia Nacional, sentencia 2/1993, de 26 de junio, condena a Sito Miñanco a 20 años de reclusión menor y 209 millones de multa por tráfico de drogas, evasión de divisas (delito monetario de exportación dineraria no autorizada) y falsedad de documento de identidad. Sus dos cómplices más cercanos se llevan 17 años de reclusión cada uno. El Supremo y hasta el Constitucional ratifican la sentencia, aunque el primero aumenta las penas de los colombianos. El cambadés recurre al tribunal de Estrasburgo, y  consigue que los magistrados europeos pidan a España que extreme los controles de las escuchas telefónicas para garantizar que se llevan a cabo sin dañar el derecho a la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones (Ampliaremos este tema en el capítulo de las drogas ante los tribunales).

Mientras está en prisión ocurre algo curioso que vale la pena comentar. Una banda de extraños delincuentes le quieren organizar la fuga a cambio de 500 millones de pesetas. Un tal Manolo el Alemán, carnicero de Vilanova, es el intermediario entre dos individuos de Madrid, supuestos cerebros del plan, y dos antiguos colaboradores de Sito. La idea es aprovechar las estancias del capo en el hospital penitenciario de Carabanchel –sufre una dolencia hepática– para secuestrarlo en la enfermería. Después sería trasladado en avión a algún país extranjero. Y hay un plan B, claro, tan sencillo como tocar a algunos miembros del tribunal para que lo dejen libre casi a la fuerza. Sito Miñanco no lo ve nada claro. Piensa que es la estafa del siglo, así que no hay negocio.

A los siete años de prisión comienza a disfrutar del tercer grado penitenciario, lo que en la práctica significa que está en la calle; en diciembre de 1998 obtiene la condicional tras cumplir las tres cuartas partes de la condena y con el beneficio de las redenciones por buena conducta que recogía el Código Penal vigente.

En el 99 es implicado en un alijo de seis toneladas de hachís introducido a través de la ría de Vigo en el 97, en un caso en el que también se relaciona a su amigo Laureano Oubiña. Es la Operación Amanecer. En este caso, un chivatazo alertó al capo de que la juez Teresa Palacios investigaba su relación con el alijo. Advertido, en el mes de septiembre se presentó con su abogado en el Juzgado Central número 3 y preguntó por unas diligencias secretas que se instruían contra él...

Se supone que Sito ha dirigido el desembarco mientras se encontraba preso en Alcalá Meco, con la ayuda de un teléfono móvil. Sin embargo, no pudo probarse que la voz de cuatro de las llamadas interceptadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) con autorización judicial fuera la suya. Y él, por supuesto, se negó a someterse a ninguna prueba acústica. Se llevó a cabo una comparación de estas grabaciones con las que siete años atrás le llevaron a la cárcel, y la Policía Científica consideró que el resultado era de un alto nivel de similitud, pero, como es lógico, no podían dar la fiabilidad del cien por cien que al parecer pedía el tribunal.

Un policía que ha analizado las grabaciones lo tiene bastante claro:

–A mí no me cabe ninguna duda, pero mi certeza o la de mis compañeros no es nada científica... A veces piden demasiado y la perfección no existe.

Los otros ocho procesados son condenados, pero hay un ausente; en esos momentos Oubiña anda fugado por tierras griegas, un episodio que ampliaremos en el siguiente apartado.

En el año 2003, José Ramón Prado Bugallo está en prisión. La Policía sospecha que sigue en el negocio; en mayo, los de Aduanas han requisado los barcos Cork y Goana con 3.600 y 500 kilos de cocaína y que se sospecha que pertenecían al capo. La última detención, por su vinculación a un alijo de cinco toneladas de cocaína (Operación Grumete), fue en agosto de 2001, y entonces estaba en libertad condicional porque el Tribunal de Estrasburgo hizo caso a sus reclamaciones contras las escuchas telefónicas del caso Nécora.

En mayo de 2011, cuando le quedan siete años por cumplir de una condena de 16 y 10 meses y en contra del criterio de la Fiscalía Antidroga, del educador de la prisión y del juez central de Vigilancia Penitenciaria, la Audiencia Nacional concede el primer permiso penitenciario al traficante. “Cabe empezar a prepararle para la vida en libertad”, señala la Audiencia, que cuenta con el apoyo de la junta de tratamiento de la cárcel de Huelva, donde Sito Miñanco ha pasado los últimos meses y que recuerda también que ha cumplido las tres cuartas partes de la condena de 16 años y 10 meses. 

Así, en junio de 2011, Sito Miñanco disfruta de sus tres primeros día libres. Meses más tarde, el director de la cárcel de Huelva, Francisco Sanz, es destituido. Instituciones Penitenciarias asegura que ha recibido regalos de narcotraficantes –entre ellos dos coches Mercedes– a cambio de mejorar sus condiciones de vida en la cárcel.

Laureano Oubiña

Laureano Oubiña Piñeiro, el Pajarito, también nació en Cambados, en 1946. Siempre ha preferido el contrabando de hachís al de cocaína y se hizo famoso por exportar a España hachís libanés, el más valorado, junto al afgano, por los que saben distinguir una simple piedra de un producto doble cero.

Cuando su nombre ya no tiene el mismo gancho periodístico que años atrás, la Operación Ocaso, en la que se aprehenden quince toneladas de hachís en el barco hondureño Regina Maris vuelve a implicarle en el tráfico de drogas. Para hacer más interesante el asunto, el gallego huye de España.

El 19 de febrero de 2000, la Policía alemana lo detiene en el puesto fronterizo de Lörrach por llevar un pasaporte falso. Pasa 15 días en prisión sin que los alemanes sepan que tienen ahí a uno de los hombres más buscados de España y, tras pagar una multa, es puesto en libertad en la frontera suiza de Basilea. Es detenido de nuevo por llevar papeles falsos, portugueses por más señas, pero de nuevo queda en libertad y huye hacia Italia. Se aloja en un hotel de Milán y allí olvida una agenda que será muy útil a la Policía. Hasta el día 23, la Audiencia Nacional no emite una orden internacional de búsqueda y captura.

Tras trece meses en paradero desconocido, Interpol localiza al traficante en Grecia gracias a la información de la Policía de ese país. El 30 de octubre, una docena de policías irrumpe en el hotel Pelagos, a las afueras de Halkida, en la isla de Eubea, y se lleva a Oubiña –el señor Romeu según el registro del establecimiento– y a su hijastro David Pérez Lago (que en años posteriores se verá implicado en importantes alijos de cocaína).

El día que pasa a disposición del juez de Atenas no parece muy preocupado. Todavía fanfarronea con su particular modo de hacerlo. Pero el viernes 3 de noviembre ya no está tan contento; le cuenta a su esposa por teléfono que su celda es pequeña y está habitada, además de por tres reclusos griegos, por un ejército de chinches. Es la cárcel de Koridalós, la misma en la que dos presos protagonizaron, nueve años más tarde, una espectacular evasión a bordo de un helicóptero desde el que sus cómplices habían lanzado una escalera de cuerda hasta el patio de la cárcel. Habían secuestrado al piloto tras contratar sus servicios para un vuelo corto

Esther Lago, la esposa de Oubiña, y su hijo también fueron arrestados en la Operación Ocaso, una investigación llevada a cabo por Aduanas y que se prolongó durante un año. A la medianoche del 1 de octubre de 1999, los marineros del Petrel, el buque insignia del SVA, inician la fase final abordando el Regina Maris cerca de Cádiz. Se dirige desde Cabo Verde a Galicia y Asturias para desembarcar los 456 bultos que lleva en la bodega y los camarotes. El seguimiento del barco comenzó semanas atrás, en Saint Louis (Estados Unidos). Y todo indica –como curiosidad– que es el mismo barco, rebautizado, que ya emplearon los traficantes para desembarcar 6.000 kilos de hachís en julio de 1997.

En tierra se suceden las detenciones, pero falta Oubiña.

Y ahí hay un fallo en la Operación Ocaso; el Pajarito no habría volado si a alguien se le hubiera ocurrido que estaba en libertad provisional por otra causa y que dos días al mes debía ir a firmar a un juzgado, comisaría o cuartel para mostrar que seguía localizable. Pues el día 1, mientras los de Aduanas ejecutan la última fase y el juez García Castellón ordena su captura, Laureano va a firmar tranquilamente. Ni la Policía ni la Guardia Civil sabían nada del dispositivo –eso es normal para evitar filtraciones– pero los de Vigilancia Aduanera y el juez podrían haber pensado que tal vez el capo cumpliría con el trámite judicial.

La historia del señor del Pazo Baión empieza muchos años antes de la Operación Ocaso, y está plagada de detenciones, acusaciones, juicios... A los 17 años empezó con su tío en el contrabando de gasoil, pero no tardó en descubrir el estraperlo de tabaco.

En 1978 es indultado de un delito de cohecho, acusado de sobornar a unos guardias civiles.

En 1983, Esther Lago y él son arrestados por un alijo de tabaco de contrabando interceptado en Platja d'Aro, Girona, en el yate Vilasana. El caso es sobreseído.

En 1984, tras la redada en la que cayeron los grandes jefes del contrabando en Galicia, perdió toda su flota de camiones, formada por cien vehículos, y su último barco, el Virgen de Gijón. Ese mismo año fue juzgado junto a Sito Miñanco y Luis Falcón, Falconetti, entre otros.

En 1986 fue acusado de hundir un mercante después de haberse quedado con el hachís que transportaba, cerca de diez toneladas. Y en el 88 se le implica en la Operación Medusa, un ataque directo al entramado financiero del tráfico gallego y cuyo sumario será rescatado en la Operación Nécora. La Guardia Civil interviene sus tres empresas.

El 6 de julio del año 1989, la Policía registra el Pazo Baión, la emblemática finca del matrimonio –símbolo español del dinero de la droga– y Oubiña insulta y golpea a un capitán. Acaba por ello en la cárcel, acusado de contrabando, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas. En enero paga una fianza de un millón de pesetas –la fijación de la cuantía de las fianzas ha sido siempre un tema controvertido– y sale en libertad. En abril, se celebra juicio y sólo es condenado por atacar al agente. No ingresa en prisión porque se le conmuta el tiempo que ya pasó en preventiva.

Dos meses después, el 12 de junio, es detenido en la primera fase de la Operación Nécora por orden del juez Baltasar Garzón. En la segunda fase, un año después, su esposa, Esther Lago, es arrestada por blanqueo de dinero.

Esther Lago no es la sombra de su marido. Es algo más. Los que conocen a la pareja destacan que ella mantiene la cabeza más fría que ese Laureano nervioso que fue conducido a calabozos por insultar y pegar a un capitán de la Guardia Civil. Ella es la que se ocupaba de blanquear el dinero. Comenzó su carrera en 1981, cuando trabajaba en Pontevedra como secretaria del transportista Oubiña, entonces casado con otra mujer.

Laureano y Esther son de esa generación de traficantes que sueñan con su Xanadú, de esos que no conocen la discreción. Esther y Laureano no dudan en hacer ostentación de riqueza y poder; él sigue considerándose un benefactor, de los de la época en la que el contrabando de tabaco llevó el dinero a los pueblos marineros, y a ella eso no le preocupa, pero le gusta recorrer en todoterreno, con su cazadora de ante y flecos y sus botas de cow-boy civilizado las 35 hectáreas de terreno que rodean el Pazo Baión, su propia versión del cuento de hadas. Laureano fue el primer narco en abrir su página web para contar las cosas a su modo.

En una decisión judicial sin precedentes en lo relativo al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, la Audiencia Nacional embarga preventivamente el pazo en el 94, después de que, en el registro, se hallaran acciones al portador que podían probar que Esther y Laureano eran los propietarios de la finca.

Finalmente, en octubre de 1999, mientras Laureano está en busca y captura, Baltasar Garzón firma el auto en el que despoja a la pareja de todos sus títulos sobre el entramado de empresas y sociedades propietarias del magnífico pazo, valorado en 1.500 millones de pesetas. La idea es ejecutar así parte de la deuda de 2.560 millones de pesetas que Esther y Laureano arrastran con la Justicia por el caso Nécora.

En realidad, la hermana de Esther y el marido figuran como titulares del 40 por ciento de las acciones de la sociedad propietaria del Pazo Baión, pero el juez asegura que son “meros testaferros para ocultar la propiedad real y única existente, que corresponde a Laureano Oubiña y Esther Lago”. El embargo responde a una petición expresa del fiscal antidroga Javier Zaragoza. 

“El matrimonio Oubiña-Lago ha diseñado todo un entramado de sociedades para disimular un único designio criminal: disimular su patrimonio real”, destaca del auto.

Desde el embargo preventivo del 94, Freixenet comercializó el vino albariño con la marca Pazo Baión y Vionta. Y en febrero de 2004, el Tribunal Supremo confirma la definitiva incautación del Pazo, confirmando otra sentencia de la Audiencia Nacional de 2002.

En las navidades de 1994, Oubiña sale de prisión. Pero sólo dos años después es relacionado con otro alijo de hachís. Esta vez la operación se llama Amanecer, y el SVA  detiene al traficante cerca del estadio de fútbol de Balaídos –es el 8 de julio de 1997– por 6.000 kilos de hachís llegados a la ría de Vigo.

–Mi mujer me va a matar –es lo primero que dice a los funcionarios. Ella sólo lleva tres meses en libertad, así que no han estado mucho tiempo juntos en los últimos años. Sólo han pasado siete meses desde que el Supremo les redujera la condena por el caso Nécora (caso que ampliaremos más adelante).

También implican a Eugenio Prado, hermano de Sito Miñanco, y, posteriormente al propio Sito. El alijo de hachís formaba parte de un cargamento de 12 toneladas que transportó el mercante Juagarón y que llegó a tierras españolas en dos fases; los primeros 6.000 kilos fueron hallados en Martorell el 21 de junio. Los agentes interceptaron el camión cargado con seis toneladas en la intersección de la A-2 con la N-II. En las inmediaciones fue localizado el coche que hacía las funciones de explorador o guía, encargado de alertar de posibles controles o seguimientos. En ese vehículo viajaban dos sorpresas con antecedentes: Jacques Cannavaggio, el Corso, vinculado a la mafia corsa y a la marsellesa y que sólo hacía seis meses que había salido de prisión, y Jordi Pascual, que salió en el 92.

Jacques Cannavaggio fue uno de los traficantes más buscados del mundo en los años 80. Usó nombres supuestos como André Monnet, Jean Chaude, Yves Passot o Robert Dupont hasta que fue arrestado por la Policía española a finales de julio de 1988 junto a otras ocho personas entre las que también se encontraba Jordi Pascual. En esa ocasión se intervinieron seis metralletas y 17 toneladas de hachís ocultas en una especie de búnker excavado en la Costa Brava. Cuando sale de prisión no se le ocurre otra cosa que aliarse a Laureano Oubiña.

La Operación Ocaso, por la que Laureano huye de España, se realiza precisamente en vísperas de que la sección cuarta de la Audiencia Nacional dé a conocer la sentencia por los 6.000 kilos de Martorell. Y supone, aunque parezca increíble, la primera condena por delito de tráfico de drogas para Oubiña, en octubre de 1999: cuatro años y cuatro meses de prisión y multa de 2.400 millones de pesetas. El fallo judicial es la primera condena, pero no es gran cosa; el tribunal se ha negado a aplicar el criterio de extrema gravedad a la conducta de Laureano. La Fiscalía quería que la pena se atuviera al artículo 370 del Código Penal, redactado con la idea de castigar especialmente a los jefes de las organizaciones, a los de arriba. Pero el tribunal dice que “habrá de aplicarse esta agravación solamente cuando el comportamiento del sujeto concretamente acusado pueda calificarse como reprochable en grado extremo, es decir, como situado al borde o casi al borde de aquello que la experiencia nos ofrece como ejemplo de lo que la sociedad al respecto considera como más dañoso o peligroso”... Pues ignoramos cuál es la experiencia de los magistrados en esta materia, pero si le hubieran preguntado a los ciudadanos de la sociedad en cuestión es más que probable que les hubiera parecido de extrema gravedad que a Laureano Oubiña no le cayeran algo más de cuatro años de cárcel como jefe de una organización que coordinó la descarga de 6.000 toneladas. Lo más sorprendente del caso es que, a pesar de negar la gravedad de la conducta del capo, en la sentencia puede leerse: “Oubiña llamó desde su móvil para dar instrucciones a los expedicionarios (los transportistas) y recibir noticias de ellos”, y añade que tenía “la posición preeminente en el grupo” y “efectuó llamadas encaminadas a coordinar movimientos, dar instrucciones y recibir y dar noticias a los desplazados”. ¿Era un jefe o no era un jefe? Hasta Jacques Cannavagio parecía estar a sus órdenes...

Uno de sus abogados, Gerardo Gayoso, es condenado a cuatro años de prisión y multa de 1.400 millones por participar en el traslado de droga desde Galicia a Barcelona. El destino final era Holanda. La misma pena que a Cannavagio.

Jordi Pascual y Juan Gras, considerados simples transportistas o expedicionarios, reciben la misma condena que el gran jefe Oubiña. En julio de 2001, el Supremo confirma la sentencia.

La huida del gran jefe, dos días antes de que se emitiese el veredicto, retrasó además el juicio por el segundo cargamento de seis toneladas.

Laureano estaba en libertad desde el 10 de diciembre de 1998, tras un año y medio en Soto del Real; un auto de la sección segunda acordaba su libertad con fianza de 15 millones. La Sala estimó en sus razonamientos jurídicos que era “posible asegurar el buen fin del proceso mediante la fijación de una alta fianza, al alcance económico del solicitante, con rigurosas medidas cautelares que propicien su permanente localización y eviten riesgos de fuga”. Y sin embargo se fugó cuando vio que, además de estar pendiente de la Operación Amanecer le caía encima también la Operación Ocaso...

Grecia y el hotel Pelagos quedan ya muy lejos.

En febrero de 2001, Esther Lago, que estaba en libertad bajo fianza desde noviembre, muere en un accidente de tráfico. El juez de la Audiencia Nacional permite a Laureano, esposado y escoltado, asistir al funeral, el 1 de marzo, en Vilagarcía. El narco cumple condena en Alcalá-Meco en esos momentos.

En octubre, Laureano es absuelto de un delito de alzamiento de bienes; el fiscal retira los cargos ante la dificultad de probarlos sin la presencia de Esther, la principal implicada. El embargo del Pazo Baión queda aquí en suspenso.

Entre diciembre de 2001 y febrero de 2002, Oubiña vuelve a encontrarse en el banquillo en un proceloso y varias veces suspendido juicio del que no dejan de desaparecer procesados e incluso abogados.

–¡Con Franco se respetaba la presunción de inocencia! –afirma con su especial percepción de la realidad antes de que el juicio quede visto para sentencia. Cuatro meses después, rota la presunción de su pretendida inocencia, la sección segunda de la Audiencia Nacional condena a Oubiña a otros seis años y nueve meses de prisión y a pagar una indemnización de 45 millones de euros por dirigir un desembarco de seis toneladas de hachís en Vigo junto a otras siete personas. Es su segunda sentencia condenatoria por tráfico de drogas, y es el caso de uno de esos dos alijos que llegaron en un mismo buque nodriza y que entraron en España en dos fases; La Operación Amanecer. La causa de la que fue absuelto Sito Miñanco porque los jueces no reconocieron su voz en unas escuchas telefónicas. Recordemos que Laureano no fue juzgado en su día porque, como buen inocente, se había fugado del país.

La sala admite como prueba suficiente para una condena las intervenciones ordenadas por la juez Teresa Palacios, en el contexto de una investigación por contrabando de tabaco que llevaba a cabo la agencia tributaria. En realidad, el hallazgo de los fardos de hachís fue más o menos casual, ya que creían que el cargamento era de tabaco.

En las grabaciones se escucha a Laureano identificarse como “el de los puros” en una conversación con un colaborador, José Ramón Vázquez, el Piturro. Este personaje no hay que olvidarlo, surgirá de nuevo en capítulos posteriores. De esta forma, su afición a los Montecristo resulta funesta para Oubiña. Ya lo dice Sanidad: fumar perjudica la salud.

El teléfono del Piturro no llevaba ni 24 horas pinchado cuando salió “el de los puros” por sorpresa.

La sala condena también al empresario asturiano Francisco Miranda Velasco a siete años y siete meses de cárcel y a una multa de 26 millones de euros por adquirir el mercante que transportó la droga y falsificar papeles. Miranda Velasco tal vez no es tan conocido como Sito o Laureano, pero es considerado uno de los principales suministradores de barcos para los cargamentos de droga de los gallegos. Cuando es juzgado con Oubiña, un juez de Vilagarcía de Arousa tiene su nombre en distintos casos en marcha y está implicado en el asunto del alijo del Rapanui, en noviembre del año anterior, pero está en la calle, así que ni siquiera se presenta a su propio juicio, hasta que es detenido por su relación con una operación que se llevaba a cabo por esas fechas, los primeros días de enero de 2002.

En octubre de 2003, el Tribunal Supremo confirma la condena por la Operación Amanecer en una sentencia en la que, por primera vez, se declara que el Departamento de Aduanas, dependiente del Ministerio de Hacienda, no tiene la condición de policía judicial, pero rechaza la pretensión de Oubiña de que se declare la nulidad de las actuaciones porque fue detenido por agentes aduaneros.

Laureano Oubiña negó siempre ser un traficante de drogas, porque, para él, el hachís no podía ser considerado droga. Pero en diciembre de 2011, se arrepiente de haber traficado y la Audiencia Nacional le concede el tercer grado penitenciario; tiene posibilidades de trabajar, ha cumplido más de las tres cuartas partes de la condena y ha asumido la responsabilidad, lo que la Audiencia valora para dejarlo libre.

Eso sí, Laureano Oubiña, que entonces tiene 65 años, es obligado a acudir a una organización de asistencia a personas desfavorecidas o con problemas de drogodependencia para continuar “el proceso de introspección personal y de la asunción del daño” ocasionado, según se señala en el auto.

En su página web, laureanooubiña.es, pueden conocerse sus vicisitudes judiciales, sus respuestas a la prensa e incluso leer una carta, fechada en noviembre de 2010, en la que se solidariza con Garzón y le propone que sea su abogado si deja la judicatura (no hay que olvidar que el juez que llevó la Operación Nécora será procesado por las escuchas del caso Gürtel y por prevaricación por declararse competente para juzgar los crímenes del franquismo).

El clan de los Charlines

Manuel Charlín Gama, el Patriarca, fue absuelto, en septiembre de 1994, en el macroproceso de la Operación Nécora, pero la Policía, que sabe que, a efectos prácticos, eso no significa que uno sea inocente, decide seguir pisándole los talones. Siempre le ha pisado los talones...

Charlín es otro de esos matuteros que pasaron con una facilidad pasmosa del tabaco al hachís y a la cocaína. Implicó a toda su familia y creó un eficiente entramado de empresas que blanqueaban el dinero con celeridad y ante los ojos incrédulos de la mitad de los habitantes de Vilanova de Arousa. La conservera Charpo era, a finales de los 80, la principal máquina de lavar dinero del clan.

Entre octubre y noviembre de 1995 se asesta el primer gran golpe a los Charlines, el más importante porque apunta directamente y atina al corazón del dinero. Manuel es arrestado mientras la Brigada de Delitos Económicos pega donde más duele; Garzón embarga a la familia bienes valorados en más de 600 millones de pesetas. Otros miembros de la red son implicados: su esposa (Josefa Pomares), cinco hijos, tres yernos o ex yernos y una nieta, hija de Josefa Charlín Pomares.

Todos son acusados de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

La operación continúa. El juez embarga más de un centenar de cuentas bancarias e interviene trece empresas y sociedades de la familia, entre las que se encuentra Charpo.

Con media familia en prisión, los hermanos Melchor y Manuel Charlín, Manolito, en busca y captura los dos, se hallan al mando. Sin embargo, ellos no parecen tener auténtica vocación de capos, al contrario que su hermana Josefa.

Manuel padre es el principio, aquel que metió a todos los miembros de su familia de cabeza en el tráfico de drogas, pero sólo uno de ellos se ha situado a su altura; el orgullo de papá. Es Josefa Charlín Pomares, la hija primogénita. Desde pequeña, papá le ha enseñado bien el negocio y la ha convertido en una versión distinta de la mujer en el tráfico de drogas; si Esther Lago adoraba la vida pública y gastaba dinero a espuertas en joyas,  maquillajes y ostentación, Josefa es discreta, no le gusta demasiado la vida social y nunca se maquilla. En el año 1998 es señalada por la Fiscalía Antidroga, que sigue investigando cuentas, como la “responsable última” de la gestión económica del clan familiar.

Desde el año 1993 se encuentra huida de la Justicia y contra ella pesa una orden de búsqueda y captura internacional. Dicen que se esconde en Portugal... Dicen que algunas veces aparece por la comarca de Arousa, que va disfrazada, que incluso la han visto salir del maletero de un coche  con una peluca puesta.

La reclamación internacional, en realidad, es de mayo de 1994, año en el que Garzón volvió a la judicatura tras su paso por la política. Antes de irse con Felipe González, en el 93, el juez interesó la captura de Josefa, pero en diciembre de ese año el juez Manuel García Castellón dejó libre a la mujer con una fianza de tres millones de pesetas. Cuando Garzón regresó, la puso de nuevo en busca y captura, porque, por supuesto, había vuelto a desaparecer del mapa.

El resto de la familia se queda en España. Las investigaciones continúan. En junio de 1997, el barco Duanas, un antiguo guardacostas británico con pabellón de Belice y comprado por un ex compañero de celda de Charlín, sufre una avería frente a las costas de Rabat. Lleva 6.000 kilos de cocaína en fardos y el capitán decide fondearlos, pero un temporal rompe amarras y los arrastra a las playas de Casablanca y Kenitra. El barco llega a Agadir y su tripulación es arrestada. Garzón, que investigaba la implicación de los Charlines en el asunto viaja a Marruecos en comisión rogatoria y toma declaración a los testigos, que confiesan que Charlín lo organizó todo. Sin embargo, el caso se viene abajo por la falta de colaboración de las autoridades de Marruecos, que, una vez iniciado el juicio contra el Patriarca, no autorizó el desplazamiento del tribunal español para interrogar a los tripulantes detenidos y condenados en el caso, y tampoco los dejó viajar a España. El 24 de septiembre de 2001, Charlín, que tiene 69 años, es absuelto en una sentencia en la que la sección cuarta de la Audiencia Nacional señala esa falta de colaboración marroquí; las pruebas sin las declaraciones de los tripulantes no son suficientes. Sí es condenado, a nueve años de cárcel y al pago de una multa de 25.000 millones (en pesetas), el marinero gallego Vicente Alves Dieste, colaborador de Charlín; la Policía Científica halló una huella de un dedo pulgar de Alves en un ejemplar de la Revista de El Mundo del 16 de marzo de 1997 que se encontró a bordo del buque. Así que estuvo allí y esa es la prueba.

Mientras, en febrero de 1999, la sección tercera de la Audiencia Nacional había condenado a Manuel Charlín a 20 años de cárcel y a pagar una multa de 225 millones de pesetas por haber organizado el transporte de 600 kilos de cocaína en el Halcón II, así que recibe la noticia de la absolución por el caso del Duanas ya en prisión.

La trama del Halcón II empezó a gestarse en la primavera de 1989, mientras Manuel cumplía una condena de tres años de cárcel por un secuestro cometido para cobrar una deuda de drogas, sumada a otra de cuatro por tráfico. Aprovechó un permiso carcelario para organizar un trabajo con Manuel Baúlo Trigo, del clan de os Caneos, cuyo nombre hay que recordar porque los Charlines son de los que guardan cadáveres auténticos en los armarios...

Según la sentencia, Charlín encarga a Baúlo que viaje a México para recoger el Halcón II, que acaba de comprar, y, de paso, para que se acerque un poco más al sur y lo cargue con un buen regalo para Galicia. En junio, Baúlo regresa con unos bidones repletos de droga que ha recogido en algún punto entre Colombia y Venezuela. En la madrugada del 22 de julio de 1989 llega a las costas gallegas y, frente a Muxía, traslada su preciada carga a una planeadora.

Manuel Charlín negará siempre su intervención en todo esto, pero el tribunal otorga total credibilidad al arrepentido del caso, que no es otro que Manuel Baúlo, que conoce todos los detalles de primerísima mano. 

La defensa del narco alegó que el caso ya se había juzgado dentro del proceso Nécora, y lo cierto es que en Nécora –recuerda el tribunal– se vio lo relativo a la descarga de los 600 kilos en tierra, pero ahora se ha condenado a personas distintas por participar, no en la ejecución sino en la preparación inicial, en el proceso de planificación.

Nos extenderemos más en el asunto al tratar el caso Nécora en el siguiente apartado, pero hay que señalar que Charlín –es curioso– es ahora condenado con pruebas y testimonios que, sin embargo, no valieron en la gran operación del 90.

En el 99 también es condenado su hijo Melchor. Veinte años de cárcel. 

Queda Josefa. Siete años fugitiva, aunque no inactiva. El 14 de diciembre de 2000 se acaba la buena vida; inspectores de la Policía Judiciaria portuguesa arrestan a la mujer en la Avenida República, en la localidad de Vilanova de Gaia, un kilómetro al sur de Oporto. Llevaba documentación falsa –por supuesto– y se dirigía a una notaría para registrar la compra de un apartamento. Con ella se encontraba su compañero, Manuel Santorum Paz, que a pesar de vivir a la sombra del nombre de ella también es un histórico del narcotráfico gallego. El nombre de Santorum aparece en más de un sumario y sobre él pesa una orden de detención, pero no una reclamación internacional como la de Josefa, así que queda en libertad. Los Santorum, conocidos como os Canes, constituyen otro de los clanes que empezaron con el Winston de batea y se pasaron a la cocaína. Uno de los más conocidos es José Santorum Viñas, condenado a 20 años de prisión en septiembre de 2003 junto a su socio el ex guardia civil José Luis Orbáiz Picos. Fueron detenidos siete años antes en la Operación Santo, en noviembre del 96, en la que se apresó un barco con casi una tonelada de cocaína. Los dos vuelven al banquillo de la Audiencia en marzo de 2004, junto a Ventura Santorum Viñas, para ser juzgados por un alijo de 3.500 kilos de hachís de 1996.

Lo cierto es que hace años que la Policía sospechaba que la más fuerte de los Charlines se escondía con uno de los Santorum en Portugal, donde el clan tiene intereses económicos y cuya costa ha utilizado de vez en cuando para el desembarco de cocaína y hachís.

Los hermanos Manuel, José Luis y José Benito ya estaban entre rejas. Sólo faltaba ella. Con la familia procesada y gran parte del emporio familiar embargado parece cerrarse un capítulo importante del tráfico gallego.

La dura del clan, por cierto, llora como un cocodrilo ante el tribunal y se define como “una trabajadora honrada” que “nunca” ha traficado con drogas. “Mi único problema es que trabajé como una negra”, y añade que tuvo que dejar de estudiar para ponerse al frente del cocedero de mejillones de su padre. Y acaba pidiendo que no se juzgue a su familia “por el apellido”.

En febrero de 2003 se hace pública por fin la sentencia por la mayor investigación de blanqueo de capitales llevada a cabo en el país contra un clan gallego. Un total de 14 miembros de los Charlines son condenados a penas que oscilan entre los 15 y los cuatro años, dos meses y un día de prisión.

Las penas mayores, por supuesto, son para Manuel y su hija Josefa, condenados a 15 años de cárcel cada uno como jefes indiscutibles del grupo. Multa de 3,15 millones de euros para él y 5,7 millones para ella. Para la esposa y su hijo Óscar Felipe, la pena es de ocho años cada uno. Adelaida y Manuel hijo, seis años por cabeza, igual que Manuel Santorum, que también está en este proceso.

Teresa Charlín Pomares, enemistada con la familia, es absuelta.

Casas, empresas, dinero... son decomisados y pasan a engrosar las arcas del Plan Nacional Sobre Drogas. Las sociedades son disueltas.

En la sentencia se señala que uno de los instrumentos empleados por el clan entre 1992 y 1995 para ocultar la ilícita procedencia de sus bienes era la compra de boletos de lotería premiados; hasta 86 participaciones de lotería por importe de 445 millones de pesetas, de los que 105 fueron a una cuenta bancaria de la hija Josefa.

–Mi marido siempre ha tenido mucha suerte en los negocios –justificó la esposa de Manuel Charlín en una de sus declaraciones judiciales.

En la madrugada del sábado 6 de marzo de 2004, Manuel Charlín Pomares, Manolito, es detenido de nuevo, esta vez por un alijo de más de cinco toneladas de hachís interceptado poco antes en dos embarcaciones en una cala cercana a la central nuclear de Vandellós, Tarragona. Es la Operación Delta, dirigida desde el juzgado número 3 de Cambados. Manolito y otros dos sospechosos arousanos fueron arrestados en Pontevedra, en un puesto de peaje de la autopista del Atlántico. En Murcia, dos guardias civiles de Tráfico son implicados en la red, acusados de planificar los traslados. Manolito tiene tres juicios aún pendientes.

A principios del siglo XXI, sin embargo, las cosas han cambiado. La familia de los Charlines ya no controla el mercado y los históricos clanes prácticamente han desaparecido. Los González Padín, Oubiña, Paz Carballo, os Caneos, los Falcón, los Santorum... están retirados o en prisión. Hay nuevas y más pequeñas organizaciones, al igual que ha ocurrido con los colombianos, aunque la Policía considera que personajes como Sito Miñanco siguen controlando gran parte del negocio desde la cárcel; en mayo de 2003, el SVA intervino dos barcos, el Cork, un torpedero de la II Guerra Mundial reconvertido, y el Goana, con 3.600 y 500 kilos de cocaína, cuyo cargamento era de la red del capo gallego encarcelado.

Los lazos entre los gallegos y los colombianos siguen siendo evidentes, aunque con cambios relevantes; la desaparición de los clanes ha favorecido el asalto al poder en Galicia de las violentas redes colombianas. Ahora, ellas son las que mandan. El traficante gallego ha quedado relegado a transportista de las organizaciones sudamericanas, a cambio de una parte del cargamento, entre un 30 y un 50 por ciento.

En cuanto al hachís, la Policía destaca la entrada en el negocio de organizaciones holandesas que contactan directamente con los distribuidores marroquíes y emplean a los gallegos para hacer el transporte marítimo de la droga que abastecerá Europa. El gallego también se lleva aquí un porcentaje por kilo. Los traficantes han aplicado el sistema outsourcing para hacer negocios, lo que significa que los encargados de la distribución trabajan a comisión, sea en droga o en dinero.

Los agentes colombianos y españoles, así como la DEA, consideran que las redes sudamericanas que más trabajan en España iniciado el siglo XXI son las controladas por Alberto Flórez Henao; la de los Mellizos, los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Munera; la del jefe paramilitar Carlos Castaño y la de Jairo Sánchez, conocido como Milquinientos porque, al parecer, nunca fleta alijos de menos de esa cantidad.

Sus nombres ya no tienen la aureola de leyenda que rodeaba a Escobar o a los Ochoa. Ahora son más de 40 grupos de narcotraficantes y ya no quieren ser dioses en Xanadú, sólo millonarios en el mundo real. La oferta, resumen los agentes antidroga, “se ha atomizado”.

Eso no significa, sin embargo, que no sigan destacándose algunos nombres propios. En el negocio internacional resaltan los denominados siete magníficos. Las autoridades colombianas aseguran que estos (algunos ya han sido citados) son los traficantes más importantes que han controlado todo el ciclo de cultivo, procesamiento y distribución de la coca a finales de los 90 y principios del siglo XXI: Diego Montoya Sánchez (acusado por la guerrilla de las FARC del asesinato del arzobispo de Cali en marzo de 2002), Ever Villafañe Martínez, los hermanos Mejía Munera (los mellizos), David Vélez Cárdenas, Carlos Alberto Flórez Henao, Paulo Andrés Hoyos Herrera y Carlos Castaño.

A principios de 2004 cae el jefe de uno de los carteles más activos, el del Norte del Valle de Cali; Arcángel Jesús Henao Montoya fue apresado en la frontera por la Policía panameña. Y en julio de 2008 es detenido en México Ever Villafañe, considerado el principal proveedor colombiano de cocaína del cartel de los hermanos Beltrán Leyva. Era buscado por la Interpol después de que, en 2001, se escapara de una cárcel colombiana de máxima seguridad, tras conocer que iba a ser extraditado a Estados Unidos. Villafañe fue arrestado en la operación internacional denominada Milenio, llevada a cabo en 1999 y que se ampliará más adelante.

La Policía afirma que cada uno de esos grupos colombianos cuenta con una delegación en España. Sus delegados cierran los acuerdos con los socios españoles y usan como tapadera negocios legales como restaurantes, hoteles, locutorios y casas de cambio. Ocurre lo mismo con los mexicanos, que a partir de 2009 cobran protagonismo en el negocio hasta el punto de que agentes antidroga a uno y otro lado del Atlántico señalan que son ellos los que controlan buena parte de las rutas; también hay que señalar que algunos traficantes colombianos se han trasladado a México para operar desde allí y que, cuando España comenzó a solicitar visado para los ciudadanos colombianos, muchos se instalaron en el país europeo haciéndose pasar por mexicanos.

También puede comentarse el caso de otro conocido narcotraficante que además ha formado parte de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia y que fue arrestado en abril de 2009, cuando se había convertido en el más buscado del país, entre otros factores porque había prometido 1.000 dólares a sus hombres por cada policía muerto. Se trata de Don Mario, Daniel Rendón Herrera. Su nombre destaca por el elevado nivel de violencia usado para dominar las rutas de la droga; se le considera responsable, de una u otra forma, de casi 3.000 homicidios en los 18 meses anteriores a su detención y de las guerras de bandas registradas en barrios marginales de Medellín y Bogotá.

INCAUTACIONES

El informe del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías del año 2000 señala que las incautaciones de cocaína en la Unión Europea han ido en aumento desde el año 1998 y destaca que España es uno de los países dónde más decomisos se llevan a cabo, lo cual no deja de ser lógico dada la estratégica situación del país como portaaviones del narcotráfico sudamericano, donde los traficantes no necesitan aprender otro idioma para abrir delegaciones y hacer contactos. A nivel mundial, España se disputa el tercer puesto en número de incautaciones con México, detrás de Estados Unidos y Colombia.

En el año 1969 se incautaron en toda Europa escasamente 100 gramos de cocaína; 19 años después, sólo en España, la Policía intervino 3.461 kilos. En el 89 se confiscaron 1.852 kilos, y 5.382 en 1990.

El volumen de intervenciones de cocaína sigue una línea ascendente. Los datos de las incautaciones resultan un índice interesante, pero hay que tener en cuenta que varía en función de motivos que a veces poco tienen que ver con las fluctuaciones de la oferta y la demanda. Hay otras muchas variables; una mayor efectividad policial, mejores medios en la lucha contra el narcotráfico e incluso en la labor estadística, incremento de la vigilancia en una zona determinada y, no menos importantes, factores como la suerte y la casualidad.

En 1989 se intervinieron en territorio español 1.852 kilos, lo cual es poco en comparación con los 13.742 que se cogieron ya en 1996. Un año después, los agentes se incautaron de 18.418 kilos; 11.688 en 1998 y casi 18.300 en 1999.

En el año 2000 las incautaciones de cocaína sumaron un total de 6.165 kilos, similar a lo registrado en 1995, pero notablemente inferior a los 18.298 kilos de 1999, año en el que sólo con la Operación Temple y el apresamiento del Tammsaare, al que nos referiremos más adelante, ya se consiguieron más de 7.000 kilos.

En el 2001, la Policía supera todas las cifras; 33.661 kilos decomisados, según consta en la memoria de la Fiscalía General del Estado (33.680 según el PNSD). En Canarias se intervienen 9.570 de esos kilos, y en Galicia se interceptan 6.653 kilos. Es el año en el que los agentes intervienen 12 toneladas sólo en cuatro barcos: Abrente, Barthon Queen, Rapanui y Kalill.

En el Abrente, el Servicio de Vigilancia Aduanera intervino, en el mes de febrero, 4.450 kilos de cocaína en aguas cercanas a Canarias. En septiembre de 2003 el barco arde en el puerto de Vilagarcía tras casi tres años intervenido y abandonado sin que nadie adopte una decisión sobre su destino.

Especialmente relevante es la operación del buque Barthon Queen, que llevaba casi 3.000 kilos de cocaína. Lo especial es que, por primera vez, las autoridades británicas invocaron el artículo 17 de la Convención de Naciones Unidas de 1988 para pedir apoyo español en una operación antidroga en altamar.

En el año 2002 se decomisaron algo más de 17 toneladas y media de cocaína, una cifra considerablemente inferior a las más de 33 toneladas de 2001. Sin embargo, en 2003 se baten récords de nuevo; 45.199 kilos de cocaína decomisados suponen casi el triple del año anterior y el 60 por ciento de la droga incautada en la Unión Europea. Nueve de las grandes operaciones de 2003 han sido coordinadas desde Vilagarcía de Arousa y entre el 70 y el 80 por ciento de las intervenciones son el resultado de abordajes en mar abierto.

España es así, con diferencia, el país europeo en el que más cocaína se interviene, seguido por Holanda –donde, por citar uno de los años más fructíferos, en 1998 se intervinieron 11.452 kilos, y 7.900 en 2002–, Reino Unido y Portugal.

Los datos no son nada sorprendentes, teniendo en cuenta la situación de España como puente entre Latinoamérica y Europa. Sin embargo, también hay que destacar que la intensa labor policial de finales de los 90, con históricas incautaciones de clorhidrato de cocaína, han obligado a los traficantes a buscar nuevas rutas de distribución y a desplazar muchos de sus envíos marítimos a puertos europeos no españoles. Además, para minimizar riesgos, los cargamentos ya no son tan grandes como en los años anteriores.

Un caso que puede utilizarse como ejemplo de la situación es el de la Operación Transatlántico, llevada a cabo entre 1998 y 1999 por la Policía Nacional colombiana con ayuda de la DEA y de agentes de unos cuantos países más. La operación desmanteló una red que permitió descubrir que los traficantes colaboraban con grupos de Panamá, República Dominicana, Venezuela y Grecia. El centro de operaciones estaba en Barranquilla y recibía droga desde diversas capitales para desde allí coordinar su envío a las costas colombianas y venezolanas y repartir los cargamentos en barcos de bandera extranjera que se descargaban en altamar antes de la llegada al puerto de destino.

El 16 de octubre de 1998, la Policía española se incautó, a 200 millas de las costas de Portugal, de 2.100 kilos de esta red que viajaban escondidos en un contenedor a bordo del Miami Express, con bandera de Antigua y Barbuda. En Estados Unidos se aprehendieron cinco toneladas en el Cannes, con bandera griega, y 3.880 kilos en el China Breeze, que enarbolaba bandera de Panamá.

La Operación Transatlántico es utilizada por Interpol como ejemplo prototípico del tráfico por mar y como muestra, también, del compromiso de las autoridades colombianas en la lucha contra el narcotráfico.

El informe anual de la Organización Mundial de Aduanas del año 2001 destaca que en esos doce meses Europa batió récords en alijos de cocaína, tanto en número de incautaciones como en cantidades de droga decomisada. Y en la lista de las diez operaciones más importantes figuran seis españolas. Las cuatro mayores también son españolas: la primera se llevó a cabo en Pontevedra, donde la Policía se incautó de 4.500 kilos; la segunda, en Bilbao, obtuvo una recompensa de 3.126 kilos; en tercer lugar se encuentra una operación realizada a 2.400 millas de las costas de Canarias, con un resultado de 2.990 kilos intervenidos, y en cuarto, de nuevo en Pontevedra, se logró interceptar un alijo de 2.580 kilos de cocaína.

En cuanto a la pureza de la cocaína en su venta minorista, ésta se sitúa entre el 50 y el 60 por ciento, según el ya citado informe europeo.

Los datos ofrecidos por la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, indican que los consumidores pagan, por lo general, 13 euros por una dosis al 45 por ciento de pureza y un peso de 0,165 gramos, mientras que el precio para el gramo al 55 por ciento de pureza se ha establecido en 57 euros. Un kilo con una pureza de un 73 por ciento se paga a 35.685 euros.

Los fríos datos cobran una nueva dimensión cuando se tratan los casos concretos.

Desde el año 1984, las incautaciones, aunque en cantidades que veinte años más tarde parecerán casi ridículas, se hacen frecuentes. Si al principio se usan correos, mulas, por vía aérea, a partir de ese momento se hace habitual la vía marítima. Sin que jamás hayan dejado, sin embargo, de usarse las mulas en vuelos comerciales.

Es en diciembre de 1984 cuando se destapa el caso de la narcovalija. Es la primera gran alarma en Europa. Las autoridades madrileñas descubren que la valija diplomática de la embajada colombiana en Madrid se usa para enviar cocaína desde el país sudamericano. El punto de embarque de estos despachos es la oficina de prensa de la Presidencia de la República, en Bogotá. La cocaína viaja en latas de película enviadas desde la capital colombiana por un supuesto periodista español.

De esos años 80 puede destacarse, por ejemplo, el caso de los bidones de glicerina; el 12 de mayo de 1985 se decomisaron en Madrid 11 kilos de cocaína camuflados en dos bidones procedentes de Bogotá. Los traficantes habían recubierto los dos recipientes con varias capas de pintura emplomada para evitar que la droga fuera detectada por los aparatos de Rayos X o por los perros. Su precaución resultó inútil.

De esa época, exactamente de 1983, es la primera gran operación mundial para desmantelar un laboratorio de droga. El caso es bien conocido por el nombre que se dio a las espectaculares instalaciones encontradas por la Policía norteamericana en un lugar de la selva: Tranquilandia. Los agentes, alertados por el aumento del consumo de cocaína en Estados Unidos, colocaron transmisores al envío de una exportación de éter –necesario para fabricar clorhidrato de cocaína– hacia Colombia. Las señales de esos transmisores –algo así como la araña metálica que Spiderman engancha a aquellos que quiere seguir– llevaron a un lugar a orillas del río Yarí. Así se descubrió un laboratorio capaz de procesar 14 toneladas de cocaína al mes. Fue por aquel entonces cuando empezó a hablarse de carteles de la droga.

Tal vez la primera gran operación destacable en España fue la que se realizó con el nombre de Operación Ecu, en marzo de 1988. El día 24 arribó al puerto de Barcelona el mercante Cuzco I, que trasladaba desde Ecuador el material necesario para levantar una casa prefabricada. Tras la llegada del contenedor, uno de los sospechosos, que ya era vigilado por la Policía, fue a las oficinas de la empresa transportadora para cambiar la dirección del destino final del cargamento y dirigirlo a una nave industrial en el 84 de la carretera de Fuenlabrada a Móstoles. Aduanas dejó pasar el envío y la Policía, con ayuda de helicópteros, siguió el camión que llevaba las piezas de la casa hasta la nave.

Los agentes entraron en el local y descubrieron que en las planchas de madera de algunas de las piezas de la casa se habían sustituido los rellenos de material aislante por bolsas de cocaína, que es más rentable aunque no proteja igual de las inclemencias del tiempo. Se sacaron 325 kilos de droga, la mayor incautación de cocaína que las fuerzas de seguridad tenían registrada en Europa. Hasta entonces, el récord lo ostentaba Gran Bretaña, con un decomiso de 225 kilos.

La operación de Fuenlabrada resultó ser, además, sólo una primera fase, aunque la segunda se llevó a cabo muy lejos de las fronteras españolas; tras las detenciones de Madrid, los contactos de la organización en Ecuador intentaron retirar de la terminal de carga del puerto de Guayaquil otro pedido, esta vez de 312 kilos. No llegaron a tiempo y el barco Isla de Malta zarpó con la carga. La DEA, advertida por las autoridades españolas, lo esperaba en el Canal de Panamá.

El 23 de abril, tan sólo un mes después, la cifra de la Operación Ecu era superada; en una playa de Barcelona se decomisaron 562 kilos. La droga, de una pureza del 90 por ciento, estaba escondida en un búnker abandonado de la guerra civil.

Y en mayo se intervino la primera tonelada aprehendida en Europa en un solo golpe. En esta ocasión la droga fue transportada por mar hasta el puerto de Fuenterrabía para luego ser trasladada a Irún, donde fue interceptada por los agentes, el 7 de mayo de 1988. Fueron detenidos un colombiano, un español y un agente de aduanas que era el propietario de la lonja en la que fueron hallados los 1.000 kilos de cocaína, de elevada pureza. España despuntaba ya como el país europeo donde se llevaban a cabo las mayores incautaciones de clorhidrato de cocaína.

Si en 2003, la cantidad de cocaína intervenida alcanzó los 45.199, tres años más tarde se decomisó una cifra superior en unas cinco toneladas, pero en 2009 se redujo a 25.000 kilos.

Un caso peculiar, muy poco conocido, es el de la llamada cocaína negra, aprehendida por primera vez en España en abril de 1999. En la elaboración de este tipo de estupefaciente se utilizan sustancias químicas derivadas del óxido de cobre que ennegrecen el polvo originalmente blanco. Lo más curioso es que resulta difícil detectar que se trata de cocaína con el empleo de reactivos tan comunes como el narcotest, y los perros tampoco parecen notarla.

La primera incautación, propiciada por un chivatazo a la Policía colombiana, tuvo lugar en Madrid y cuatro colombianos fueron a parar a los calabozos. La red enviaba la droga por paquete postal y urgente desde Miami en forma de unas velas ornamentales de unos diez centímetros con unas peanas de madera adornadas con los signos del zodíaco. Tan sólo eran 25 kilos –mucho o poco, según se mire– pero no era cocaína normal y eso da mayor importancia al decomiso. La cocaína negra no es una droga distinta, sólo cambia de color y de olor mezclándola con tiocinato de cobalto y cloruro férrico.

El alijo pudo ser identificado mediante un análisis de cromatografía de gases.

Desde el golpe de Fuenterrabía, pero sobre todo desde la segunda mitad de los 90, se han sucedido las intervenciones policiales en las que la cocaína se cuenta por toneladas. A principios de los 90, los decomisos ya eran sorprendentes en México o Sudamérica, pero en España empezaron a serlo algo más tarde.

Un ejemplo mexicano es el de las siete toneladas y media de gran pureza que la Policía Judicial interceptó en la carretera, cerca de Tecate, estado fronterizo de Baja California, en abril de 1993. La droga estaba oculta en el interior de ocho mil latas de chiles jalapeños transportados desde el puerto de Veracruz y destinados a Estados Unidos. Fue la captura de droga más importante en años, teniendo en cuenta, además, que las aprehensiones de cocaína por toneladas suelen producirse en el mar.

A pesar de todo, lo más habitual siguen siendo los alijos de cinco kilos y por vía aérea. La cifra de cinco es sólo una media; cinco kilos y 200 gramos es lo que portaba un estudiante español de 22 años, natural de Ibiza, que fue arrestado en el aeropuerto de Barajas el 20 de noviembre de 1995. El viajero llegó a las 6 de la mañana procedente de Puerto Plata, República Dominicana, en un vuelo chárter y con cinco bolsas de cocaína repartidas en la caja de un teléfono móvil y en otra que también contenía un fax.

Un año después, un italiano que se dirigía a Ibiza se atrevió con una cantidad algo mayor: ocho kilos que había escondido en un doble fondo de dos maletas. Un clásico que no le dio resultado; fue arrestado en Barajas después de que un perro policía detectara la droga en su equipaje. El italiano llegaba de Caracas.

Repasando las hemerotecas, descubrimos que, en su edición del martes 14 de julio de 1981, el periódico de Copenhague Berlingske Tidende publicaba que la Policía danesa había intervenido el que era considerado hasta el momento el mayor alijo de Europa, y con las características de los alijos de cinco que pasan por Barajas, aunque éste era de seis y el aeropuerto era el de Copenhague... El envío se escondía en  el doble fondo de la maleta de una mujer chilena.

Más allá de estas cantidades, los grandes alijos son intervenidos en alta mar o en los contenedores que llegan por vía marítima. El verano de 2001 fue especialmente productivo en España en este sentido. Todo el año lo fue; ya hemos visto que se baten récords europeos con más de 33 toneladas intervenidas.

Ya en el mes de febrero, Aduanas lleva a cabo una de las mayores operaciones registradas en Europa en los últimos años. El Petrel aborda el día 19 el buque Abrente, al que ya hemos hecho referencia anteriormente, a 350 millas de Canarias, y decomisa casi cinco toneladas de cocaína que se encaminaban a las costas gallegas. Entre los arrestados, los más importantes son José Manuel Padín, Manolo el Catalán; Joaquín Agra, el Panarro, que está en libertad condicional, y Manuel Díaz Vázquez, de los Piturros. Padín fue condenado en el proceso de Nécora y es considerado un importante intermediario con los carteles colombianos.

Al percatarse de que estaban allí los aduaneros, los traficantes intentaron deshacerse de su carga, pero los de Aduanas habían dispuesto un sistema de flotadores para impedir que el alijo se hundiera. Los delincuentes opusieron resistencia y dos funcionarios resultaron heridos leves.

El 3 de agosto, la Guardia Civil encontró 3.126 kilos de cocaína de una pureza del 70 por ciento en los dobles fondos de los contenedores que llegaron al puerto vizcaíno de Santurce a bordo de un carguero procedente de Sudamérica. Los agentes llevaban ya un tiempo inspeccionando las cargas ante la sospecha de que una red afincada en Sevilla usaba el puerto vasco para alijar cocaína. Era el alijo más grande del País Vasco.

Diez días después, la Policía interceptó en Valencia 4.447 kilos de cocaína camuflados en latas de sardinas y almacenados en un local de La Malvarrosa. La droga, que tenía el logotipo Cartier como marca del productor o cartel responsable, procedía de Ecuador y cinco españoles fueron detenidos. Seguramente eran quienes proporcionaban la infraestructura a alguna organización sudamericana, según la Guardia Civil, que sospecha que la cocaína estaba lista para distribuirse en Valencia, Barcelona e Ibiza.

El verano de 2001 también es muy productivo en Ibiza si hablamos de alijos de droga. En cuanto a la cocaína, destaca la Operación Flecha, aunque los agentes de la isla la conocen preferentemente como el caso del Lorena, el barco en el que estuvieron sacando droga durante dos días. Lo de Flecha se lo habían puesto en Madrid, desde donde se dirigió una investigación que extendió sus tentáculos a Barcelona, Tarragona y Vizcaya, aunque en los inicios del caso, en el País Vasco, se conocía como Operación Hielo.

El Lorena fue izado al varadero del muelle de Ibiza al mediodía del 25 de julio. Desde entonces, los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Ibiza, ayudados por policías adscritos a otros grupos, estuvieron buscando fardos de cocaína en su interior hasta encontrar 949 kilos de droga, lo que suponía el alijo más grande decomisado jamás en las islas.

En Bilbao, la Policía intervino 650 kilos a la misma red y 17 personas fueron arrestadas en distintos lugares, dos de ellas en Ibiza.

El registro del Lorena, de dos mástiles y bandera gibraltareña, se prolongó hasta el día 27. Se llevó a cabo con un minucioso orden y los agentes no encontraron los planos del barco hasta el día 26. Con ellos se pudo conocer la estructura exacta de los compartimentos y comprobar que, destrozando el velero desde el interior a mazazos y con una sierra eléctrica, habían llegado ya a todos los recovecos posibles que pudieran esconder cocaína.

El capitán del barco, un argentino llamado Jorge Alberto, negó en principio cualquier relación con la droga, pero finalmente reconoció que transportaba cocaína desde Sudamérica para una red de traficantes española. Cuando los policías hallaron los últimos fardos, Jorge Alberto ya advirtió que no había más, pero continuaron el registro hasta el final. Se sospecha que los traficantes transportaron hasta la isla una tonelada de droga y que algunos miembros de la red robaron parte del material o alguien había cogido ya una comisión.

Junto al capitán, que había sido médico pediatra en Ibiza, se arrestó a un hombre natural de Getxo, Juan Vicente, que al parecer se encontraba en la isla para encargarse de la distribución. Su misión era coordinar el desembarco de los fardos, que debían trasladarse a coches preparados para esconderlos y enviarlos en los ferrys que realizan trayectos a Barcelona, Palma o Alicante.

Disponer de coches o barcos preparados con dobles fondos y escondites constituye por sí solo un delito en la legislación estadounidense, por cierto.

En el año 2007, el Supremo decretó la absolución de catorce de los implicados porque consideró ilegítima la obtención de los números de los dos primeros teléfonos con tarjetas prepago con los que se sustentó la investigación. El problema fue que esos números fueron obtenidos por medios técnicos que permiten registrar los teléfonos marcados por un terminal y tres de los cinco magistrados que vieron la causa, especialmente garantistas, desde luego, consideraron que la técnica vulneraba el secreto de las comunicaciones, aunque haberse enterado por un confidente, sin embargo, no hubiera supuesto problema alguno.

La historia de las incautaciones de cocaína en Ibiza se inicia en los 70. En esa década, las cantidades que se intervienen suelen ser los escasos gramos que llevan encima consumidores que también portan grifa, heroína o LSD. En esos momentos, el tráfico de hachís en las islas parece ya consolidado, pero no así el de cocaína. Durante el año 1979, los agentes intervinieron poco más de 100 gramos de ésta última, mientras que la cantidad decomisada de derivados cannábicos ascendió a más de una tonelada y media de hachís, casi 15 kilos de kiffi, 22 kilos y medio de grifa y casi cinco kilos más de aceite de hachís (diversas presentaciones de la misma droga). Se decomisó el doble de heroína que de cocaína.

Sólo en 1982 se detecta que el tráfico de esta droga en las Pitiusas cobra relevancia. Y el 3 de diciembre, Diario de Ibiza incluso publica que “traficantes y especuladores buscan que se incremente el consumo de droga dura en la isla” con el sistema de disminuir la disponibilidad de hachís y marihuana para promocionar cocaína y heroína a bajo coste. La noticia tal vez no fuera muy exacta, teniendo en cuenta que ya entonces el tráfico de las distintas drogas iba por circuitos diferentes, pero demuestra la importancia que cobran las denominadas drogas duras.

En marzo de 1983 se registra la primera intervención de importancia. Policías de Ibiza, con la ayuda de agentes de la Brigada Central de Estupefacientes, detienen a cinco traficantes a los que se decomisan 360 gramos de cocaína y 40 de heroína de elevada pureza. La operación se llevó a cabo en el bar La Barraca, en Talamanca.

En 1985 se registra uno de los casos más conocidos del tráfico de cocaína en la isla, relacionado además con un laboratorio desmantelado en Palamós, en unos años en los que los cristalizaderos eran una novedad en España. Es la primera gran operación policial contra la cocaína en Ibiza.

La pasta base era transportada desde Perú hasta Palamós en botes de champú y similares, y los suministradores eran un tal Percyalonso Lazo Rondón, comandante en excedencia de la Guardia Civil peruana, y Fernando Acosta Cisneros, detenidos en la operación. Ya en España, por vía aérea y escala habitual en Fránkfurt, un gestor privado de aduanas llamado Rafael Molins se encargaba, según la investigación policial, de pasar la pasta de coca sin problemas. Cuando lo detuvieron llevaba encima un millón de pesetas.

En el laboratorio, situado concretamente en una casa de Sant Feliu de Guixols, la Policía encontró más de 200 litros de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, acetona y éter, comprados por uno de los sospechosos en una farmacia. El propietario de la casa, Francisco Balcázar, fue considerado el máximo responsable de todo el tinglado.

La investigación la inicia el grupo de Estupefacientes de Ibiza meses antes, tras la incautación de dos kilos de cocaína. Tirar del hilo llevó hasta un grupo de personas muy conocidas en la isla que parecía que hacía negocios con gente de Barcelona, así que se avisó a la Policía catalana.

En Ibiza se detuvo a Vicente Riera Riera, más conocido como Vicent de sa Ratjola y propietario del restaurante y hostal Mar y Sal de Ses Salines; Juanito Planells Tur, propietario de la discoteca Xaloc; Sixto Ferrer, también propietario de establecimientos nocturnos; Luis Muñoz Bastida, Marisol Requejo y otras tres personas, dos mujeres y un hombre de origen libanés, que luego fueron puestas en libertad sin fianza. La cantidad de cocaína decomisada fue de unos 300 gramos, además de cuatro balanzas de precisión, un mezclador automático, glucosa para cortar la droga, productos antihumedad y medio millón de pesetas.

Los primeros volvieron a ser detenidos en años posteriores, también por traficar con cocaína, y el hostal Mar y Sal ha sido objeto de varios registros como el que, en ese mes de octubre de 1985, permitió la intervención de dinero y joyas supuestamente obtenidos con el tráfico de cocaína.

Uno de los sospechosos intentó una desesperada huida que incluía el secuestro de un policía. Un inspector de Policía Judicial pidió al hombre que le acompañase a comisaría conduciendo su propio vehículo, un Ford Granada. Un vehículo policial los seguía. A pesar de ello, el traficante decidió que no quería ir a comisaría y enfiló el coche por otra carretera a gran velocidad. El agente que estaba a su lado tuvo que sacar la pistola y advertirle de que se vería obligado a pegarle un tiro en el caso de que no obedeciera.

–Entonces, moriremos los dos –contestó a la amenaza, frenando bruscamente con el pedal y el freno de mano y provocando que el coche policial que iba detrás de ellos los embistiera. Nadie resultó herido y el sospechoso fue engrilletado después de que, aprovechando la que había liado, intentara deshacerse de unas papelinas de cocaína arrojándolas fuera del coche.

Días después de los ocho primeros arrestos, los estupas localizaban al más buscado, al que consideraban el jefe, Juan Escandell Darías, Josepet. Llevaba una papelina de cocaína. Ingresó en prisión incondicional, sin fianza, al igual que Sixto, Vicente Riera y Luis Muñoz.

El sumario es remitido al juzgado central de instrucción número 1, Madrid, que deja salir a Sixto en diciembre con una fianza de 200.000 pesetas.

En 1996 se inicia en Ibiza otra investigación importante. Los de Estupefacientes se enteran de que un tal Luis Miguel Casaseca, ya condenado a ocho años de cárcel por tráfico cuatro años atrás, está introduciendo importantes cantidades de droga en la isla. “Esta persona llevaba un tren de vida que no se correspondía con su trabajo y se relacionaba con individuos que sabíamos que estaban metidos en el mundo de la droga”, declarará posteriormente en el juicio uno de los policías citados como testigos.

Los investigadores solicitaron una intervención telefónica por la que pudieron saber cuándo se iba a producir un encuentro entre el sospechoso y una segunda persona procedente de Madrid que debía traerle droga y que se llamaba Rafael Fernando Romero Heredia. Los agentes controlaron ese encuentro el 23 de agosto de 1997, siguieron a los sospechosos hasta el restaurante donde trabajaba Casaseca, en Santa Gertrudis y, cuando abandonaron el local, iniciaron una persecución que finalizó con la detención de los dos hombres, después de disparar varios tiros al aire como medida disuasoria. Llevaban casi nueve millones de pesetas en una bolsa y algo de cocaína. El resto, hasta un kilo sin cortar, fue hallado en la oficina del restaurante, en un paquete abierto sobre una mesa.

Luis Miguel asegura que el paquete era de un italiano amigo suyo que se lo había dejado para que lo guardara mientras se encontraba de viaje, y que no supo lo que había dentro hasta que decidió abrirlo, por curiosidad.

El caso fue polémico porque la juez sustituta Loreto Arroyo decretó la libertad de los dos hombres a los pocos días de ingresar en el centro penitenciario. Rafael, sin embargo, tenía que pernoctar en prisión porque al ser detenido estaba en libertad condicional tras haber sido condenado (en sentencia firme de 1991) a 26 años de cárcel por un robo con homicidio cometido en Madrid nueve años atrás. Y la pregunta es: si tenía una condena de 26 años por un caso de hacía sólo nueve, ¿qué hacía en la calle? ¿Y qué hacía Luis Miguel, condenado a ocho tan sólo cuatro años atrás? ¿Cómo se deja en libertad a dos hombres con condenas previas por delitos graves?

El fiscal Manolo Campoy recurrió la decisión de la juez sustituta y a principios de septiembre el titular del número 4, Pedro Luis Viguer, de regreso a su puesto, resolvió imponer una fianza a Luis Miguel pero le mantuvo la libertad provisional porque todos los días había acudido al juzgado a firmar.

Luis Miguel Casaseca fue condenado, en octubre de 1998, a doce años de prisión con el agravante de reincidencia después de que la Audiencia Provincial considerara probado que se dedicaba a distribuir droga en el restaurante en el que trabajaba. La condena para Rafael Fernando Romero fue de nueve años de prisión. La principal prueba de cargo fueron las grabaciones telefónicas, cuya validez puso en duda la defensa, como táctica clásica, y en la que Casaseca mantenía diversas conversaciones en las que se hablaba de traslados de cocaína a Ibiza, aunque literalmente se hacía referencia a cosas tan diversas como el precio de la madera, los reyes magos o estanterías.

En una de las conversaciones, una persona desconocida pregunta a Luis Miguel (aunque él niega que sea su voz): “¿No te acuerdas del peso de lo que me diste a probar?”, y en otra ocasión, el acusado señala que aún no sabe nada de la llegada del “serrín” y añade riendo: “Estoy más sano últimamente”.

En otras llamadas, habla con personas que le preguntan si ya ha recibido “algo” o si ha venido “el carpintero”, a lo que él responde que “no encuentra el martillo”, por ejemplo, o que “mañana me confirmarán”. También habla de armarios que tienen que colocarle, de “aparatos que son muy difíciles de encontrar” o de once carpetas que otra persona no identificada le dice que “quedaron en la oficina de salida”. Además, en una de las grabaciones, una persona que se identifica como Fernando le pide que llame desde una cabina porque el teléfono que usan no es seguro. ¿Quién necesita seguridad para hablar de colocar unas estanterías si realmente se refiere a eso?

En una de las cintas puede identificarse claramente la voz de una mujer muy conocida en España, político por más señas, que al parecer era cliente del traficante.

La colaboración de la comisaría de Ibiza con la Policía italiana es una de las más consolidadas y frecuentes, en comparación con otros grupos policiales extranjeros. El motivo principal son las relaciones del tráfico de drogas, además del hecho de que algunos mafiosos italianos se han escondido en la isla. Y como decía el juez Giovanni Falcone, asesinado por la Mafia en el 92, “los mafiosos nunca van de vacaciones, así que si hay alguno en España es que trama algo”.

Agentes italianos se han trasladado con frecuencia a Ibiza siguiendo investigaciones como la que en junio de 2001 permitió la detención en Turín de una quincena de personas, entre ellas un ex terrorista de extrema izquierda, que integraban una red que importaba a Italia cocaína y éxtasis procedente de España, principalmente desde Ibiza.

Las pesquisas se iniciaron tras el decomiso, en diciembre de 1999, en Turín Caselle aeropuerto, de un correo que llevaba medio kilo de cocaína. Lo había comprado en la isla.

Las constantes relaciones entre las autoridades españolas e italianas se hacen necesarias a la vista de las relaciones que, a su vez, mantiene la Mafia italiana con los colombianos para introducir droga en Europa a través de España y la frecuencia con la que este país es el lugar de destino –Baleares es un buen ejemplo– de mafiosos y demás delincuentes huidos de la justicia italiana. En marzo de 2002 se creó incluso un Equipo Conjunto de Investigación entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Polizia di Stato italiana con el objetivo de perseguir eficazmente a los delincuentes italianos escondidos en España.

El año 2004 se inicia  con otro buen ejemplo de la conexión italiana en el tráfico de droga en la Operación Despegue contra –concretamente– la 'Ndrangheta, la Mafia calabresa. Los carabinieri, en colaboración con la Policía española y de otros países, detuvieron a un centenar de personas y se firmaron doce órdenes de búsqueda y captura contra españoles, en una gran operación antidroga que permitió la incautación de 5.000 kilos de cocaína: 1.700 kilos se encontraban en un cargamento de latas de atún en el puerto de Vigo y el resto fue hallado en el puerto de Gioia Tauro (Calabria), camuflado en cilindros introducidos en bloques de mármol.

También puede citarse aquí la Operación Dragone, llevada a cabo en el verano de 2011 por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil en Ibiza. Para llevarla a cabo, representantes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de las islas se reunieron en Roma con agentes de la Polizia di Stato para crear un equipo conjunto y poner sobre la mesa la información de la que ambos Cuerpos dispusieran y que pudiera ayudar al EDOA ibicenco a desarticular la banda sobre la que en aquellos momentos estaban recopilando datos. Se estaba gestando la Operación Dragone saldada con 60 detenidos, sobre todo genoveses y napolitanos y de los que, finalmente, solo 33 pasaron a disposición judicial, y la aprehensión de diversas cantidades de droga (éxtasis, hachís, cocaína, speed, cristal y ketamina), dinero y vehículos. Los policías italianos consideran que algunos de los napolitanos detenidos mantienen vínculos con clanes de la Camorra. Y la operación se realizó sólo una semana después de que el Equipo de Huidos de la Justicia de la Guardia Civil detuviera en Estepona a Salvatore D’Avino, del clan Giuliano de Nápoles.

La Camorra, de Campania, y la 'Ndrangheta, calabresa, son las mafias europeas más fuertes en el tráfico de drogas, después de que los sicilianos perdieran la confianza de los proveedores de cocaína colombianos cuando se produjo el fenómeno del pentitismo, la cadena de arrepentidos que decidieron colaborar con la Justicia sobre todo ya en los 90. La investigación del EDOA puso de nuevo de relieve la importancia de Ibiza como objetivo italiano.

Antes de finalizar este apartado vale la pena explicar un ejemplo muy interesante de como influencias externas pueden afectar al mercado. La vida es una continua reacción en cadena.

En noviembre de 2002, el petrolero Prestige se hunde al Oeste de Finisterre, provocando una marea negra como no se recordaba otra desde que el petrolero griego Mar Egeo se partió en dos y pintó de negro alquitrán la Torre de Hércules, en 1992.

El desastre ambiental también lo fue para los traficantes gallegos; la constante presencia de voluntarios, patrullas de vigilancia y militares en la costa durante los meses que duró la limpieza del fuel puso realmente difícil el desembarco de droga. Durante todo ese tiempo apenas se registran en Galicia llegadas de grandes alijos.

El Romios, con 1.400 kilos de gran pureza escondidos en un doble fondo de la cubierta, tenía previsto desalijar en las costas gallegas. Estaba de camino cuando sucedió lo del Prestige y tuvo que buscar una alternativa más segura; el 1 de diciembre, el Romios atraca en el puerto del Musel de Gijón, donde es recibido por el amplio dispositivo policial ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Las aguas comienzan a volver a su cauce a mediados de 2003; cuatro golpes sucesivos en la zona caliente en un plazo de dos meses son prueba de ello. Las dos primeras operaciones, bautizadas como Richi y Pescam, y las dos que permiten interceptar los barcos Poseidón –Operación Masturrón– y Caridad C –Operación Faro– son coordinadas por el juez de Vilagarcía de Arousa José Antonio Vázquez Taín, conocido azote de narcos en Galicia. Antes de su llegada al juzgado número 1 de Vilagarcía nadie parecía querer hacerse cargo de los expedientes por temas de narcotráfico, que pasaban casi sin excepción a la Audiencia de Pontevedra o a la Nacional. Pero desde su llegada en 1999, y en tan solo cuatro años, Taín estuvo detrás del decomiso de cerca de 20.000 kilos de cocaína y otros tantos de hachís. Fue el ejecutor de casos como el del Rapanui, Abrente, Kalil o Chad band. En el último caso, el barco llegaba cargado con tres toneladas de hachís y tres agentes del SVA –rebautizado como Departamento de Aduanas– y un guardia civil fueron arrestados por pasar información a los traficantes, como las listas de las embarcaciones que figuraban como sospechosas en los ordenadores de Aduanas o la derrota que debían tomar los barcos cargados para no ser avistados por los aviones aduaneros. Uno de los arrestados era nada menos que el jefe de la base marítima del SVA en A Coruña.

Sólo en los tres primeros casos, de 2003, se decomisan más de ocho toneladas de cocaína, y destaca que la mayor parte de los arrestados son venezolanos.

Hasta ahora, hemos hecho referencia básicamente a los alijos de clorhidrato de cocaína, que es la forma más usual de consumo de los derivados de la coca en los países occidentales. Ya se señaló que la forma conocida como crack ha tenido poca incidencia en España a pesar de causar estragos en algunos barrios americanos.

Los primeros decomisos de crack de los que la Policía española guarda constancia tuvieron lugar en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1988. Dos años después, agentes de la Guardia Civil descubrieron en Valencia un laboratorio de transformación de cocaína en el que los traficantes también elaboraban crack. Se intervinieron 150 dosis de esta forma de la droga. En el 91 se desmanteló un centro parecido en Arrecife, Lanzarote.

LAS OPERACIONES MÁS IMPORTANTES

Operación Nécora

Es inevitable hablar del proceso del caso Nécora. Ya se ha hecho referencia a él en diversas y separadas pinceladas al tratar a los personajes del paso a Europa. Ahora se ofrecerá una visión de conjunto.

Ricardo Portabales es el inicio de esta historia. Es el primer arrepentido de la Justicia española en un caso de tráfico de drogas, con todo lo que ello conlleva para la instrucción de la causa; abrir caminos es, en temas judiciales, aún más difícil que en cualquier otra materia.

No es un simple confidente policial sino algo distinto; un traficante que confiesa ante el juez, colabora, da nombres, datos y su firma para que su testimonio vaya a juicio, con el riesgo que supone para él; en la cárcel de A Parda, tres o cuatro reclusos entraron en su celda y lo apalearon tras taparle la cara con una toalla. Y durante el proceso por el crimen de Nigrán, Manuel Lorenzo, uno de los dos policías que mataron al empresario David Fernández, a su esposa, a su hija y a una sirvienta en enero de 1994, declara que había ofrecido sus servicios a los traficantes para deshacerse de Portabales.

Todo ello fue después de que el traficante arrepentido, detenido y condenado a cuatro años de cárcel, relatara ante el juez de Pontevedra Luciano Varela diversas operaciones de tráfico de cocaína. El juez eleva el caso a la Audiencia Nacional y, mira por donde, le toca al número 5, el de Baltasar Garzón.

Ricardo Portabales empieza a contar su historia ante el magistrado y el fiscal antidrogas Javier Zaragoza, y la Policía va comprobando todos aquellos datos que puede corroborar sin levantar la liebre. Es agosto de 1989.

El instructor cree al arrepentido, y el fiscal también, así que deciden planificar una gran operación contra el tráfico gallego, una como nunca se ha visto otra antes. En el sumario, Garzón llega a implicar incluso al capo colombiano Fabio Ochoa.

En la primera fase, Manuel Charlín no se toca; los policías se lo han pedido a Garzón porque le tienen vigilado y a la espera de recibir un cargamento. Un total de 326 agentes participan en Nécora, pero no cuentan, en un primer momento, con agentes gallegos; los que intervienen son de Madrid, y la mayoría no sabe el motivo de su viaje a Galicia.

Una operación semejante necesita un nombre, y a algún gracioso se le ocurre llamarla Mago, como referencia al rey mago Baltasar, pero al juez no le hace gracia y finalmente acaba como Nécora, que tiene un toque más gallego.

El 13 de junio de 1990 es el día elegido. La operación se inicia a las seis de la madrugada y no finaliza hasta media tarde. Pero es sólo el principio.

En esa primera fase no se interviene ni un gramo de droga, aunque son detenidos personajes como Oubiña, José Manuel Padín y José Paz Carballo. En una segunda fase, un mes después, se decomisan casi dos toneladas de cocaína y se detiene a Manuel Charlín y a Alfredo Cordero, Engarellas.

Oubiña es detenido el 12 de julio. Manuel Charlín cae ese mismo mes. En noviembre se eleva el sumario a la sala que debe juzgar, después de que el fiscal pida el procesamiento de 48 detenidos. Garzón procesará a 51. Parece un proceso rápido, pero entonces algunos abogados de la defensa se esfuerzan en dinamitarlo bombardeándolo a recursos para retrasar los plazos.

En enero del 91 es detenido José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Parece que no falta ninguno.

Septiembre, 20. 1993. Se inicia el juicio. Se prolongará hasta el 24 de mayo de 1994. La vista oral fue un circo y Laureano Oubiña fue su payaso. El hombre se empeña en hacerse pasar por analfabeto e incluso se presenta ante el tribunal calzando las típicas zuecas gallegas. Ejerce de víctima sin un centavo y, humilde, explica que, como buen gallego, es de los que esconden los cuatro chavos que poseen “en el colchón, en la viga” y que para ir a tomarse unos vinos tenía que pedirle la calderilla a su esposa.

–Es mi mujer quien lo controla todo. Si quiero mil pesetas para beber una botella de albariño con los amigos, se las pido, y si no me las da, entonces me quedo en casa.

–Mi marido ignora cualquier detalle relacionado con sociedades; el sólo sabe de labores agrícolas –declara Esther.

–¡Soy la gran cabeza de todos los turcos! –llega a declarar Laureano, al tiempo que anuncia que se querellará contra Portabales, al que él, muy agudo, llama Portamales.

El gran narcoproceso se convirtió, finalmente, en una gran decepción para todos aquellos que creían que se había asestado el más duro golpe de la historia a la droga. Fue uno de esos ejemplos en los que una estupenda intervención policial es premiada con una justicia cuanto menos pusilánime, aunque, eso sí, técnicamente intachable.

Hasta el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, que no estaba para tirar la primera piedra y menos para suscitar dudas sobre la independencia del poder judicial, compartió la decepción por una sentencia que absolvía a algunos de los traficantes que se consideraban más importantes; Manuel Charlín Gama, el Patriarca, su lugarteniente Alfredo Cordero y Gómez Ayala, por ejemplo, fueron absueltos. Otros como Laureano Oubiña, Esther Lago, Paz Carballo o Padín Gestoso fueron condenados por delitos menores como simple conspiración para el tráfico o delitos contra la Hacienda Pública.

Los famosos Carlos Goyanes y el empresario Celso Barreiros fueron absueltos por falta de pruebas, aunque el segundo sí cae por tenencia de armas y fraude fiscal. El juez Baltasar Garzón sigue creyendo en la culpabilidad de ambos. En su biografía señala: “Y lo cierto es que se comprobó –con muchos elementos– que Portabales y Goyanes se conocían y habían estado juntos en los sitios concretos que Portabales mencionó”. Pero la única prueba eran las declaraciones de Portabales y el tribunal juzgador no lo creyó.

El arrepentido afirmó que él había sido el hombre de confianza del naviero Celso Barreiros, que le encargaba llevar maletines con dinero al narco José Ramón Matta Ballesteros en Costa Rica. Es el caso que ya se comentó al explicar quién es este traficante sudamericano.

En cuanto a Goyanes, presentó un pasaje a Ibiza para probar que no podía estar en una reunión en Valencia en las fechas que aseguraban los arrepentidos del caso.

La sensación generalizada era –y sigue siendo– que los grandes capos quedaban libres y sólo pagaban con duras penas los camellos de poca monta. Y no nos referimos a los casos de Barreiros y Goyanes donde hay que reconocer que sólo las declaraciones del arrepentido, sin datos que las apoyaran, les incriminaban.

Los más de 600 folios de sentencia justifican parte del resultado en una mala instrucción del juez Garzón, pero también muestran el poco valor dado a las declaraciones del arrepentido Portabales y a unas escuchas telefónicas que parecieron más que evidentes para todos menos para el tribunal. Los jueces –la ponente es la magistrada Ángela Murillo– creen que Portabales no miente y no actúa movido por la venganza, pero afirman que sus declaraciones no son suficientemente concretas y que “puede saber todas las cosas que de forma tan prolija relató, pero, desde luego, las menos por ciencia propia, las más por referencias de otras personas y buen número de ellas por comentarios”. Es decir, consideran que hablaba de oídas, así que “sus solas declaraciones inculpatorias de otros procesados no van a suponer un pronunciamiento condenatorio”.

Una treintena de procesados, exactamente 31 de 47, son condenados a un total conjunto de 304 años de cárcel y 5.400 millones de pesetas en multas, pero algunos de los que más pagan son los últimos monos del entramado. Diecisiete acusados son absueltos.

El 2 de julio de 1994, antes de que se dicte sentencia, Manuel Charlín ya estaba en libertad sin fianza. A los seis días de la libertad, Garzón lo envía de nuevo a la cárcel por otro delito de tráfico, de un caso que se desprende del mismo sumario de Nécora.

Y en febrero de 1999, como se ha explicado en el apartado sobre los Charlines, Manuel es condenado por una pieza desglosada del caso Nécora y con las declaraciones de los arrepentidos del clan de Os Caneos, los Baúlo. Curiosamente, se le condena nueve años después por hechos ya instruidos en el 90 y con la misma base de las declaraciones de arrepentidos.

La sentencia de Nécora es notificada el 27 de septiembre de 1994. Cuatro días antes la Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de once procesados que se hallaban en libertad provisional. Uno de ellos ya ha escapado. Es Francisco Javier Martínez Sanmillán, Franky, del que volveremos a oír hablar más adelante.

Esther Lago es arrestada en el locutorio de Alcalá-Meco, mientras visitaba a su marido encarcelado, así que su abogado pone el grito en el cielo por las formas, como si el fondo fuera lo de menos.

Y también volveremos a oír hablar del absuelto Alfredo Cordero años después de Nécora. Cordero ha sido arrestado en unas cuantas ocasiones más. En uno de los casos protagoniza un enfrentamiento entre dos jueces con muchas tablas; el 28 de junio de 2000, en Arousa, Cordero es detenido por una decisión de Garzón con la que revocaba la libertad bajo fianza de 25 millones que había acordado el también magistrado de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco el día 12.

Garzón dice que ahora es asunto suyo, que Ruiz Polanco acabó la instrucción del sumario el 2 de junio y a partir de ahí ya no tenía nada que decir en el asunto. Alfredo Cordero pasó dos años en paradero desconocido y cuando fue hallado, en febrero, vivía con una identidad falsa. Se le relaciona con un alijo de 4.728 kilos de cocaína desembarcado en septiembre de 1997 en una playa de Tapia de Casariego (Asturias). Ruiz Polanco ordena la prisión del gallego, pero, curiosamente, lo pone en libertad cuando el sumario ha finalizado y el imputado ha cambiado de abogado. El fiscal antidroga Zaragoza recusa al magistrado porque ve cierta amistad o familiaridad con el nuevo abogado defensor.

En julio de 2001, Cordero es condenado a 18 años y cuatro meses de prisión y multa de 50.000 millones de pesetas por el alijo de Tapia de Casariego.

La mayor condena impuesta por los jueces Francisco Castro Meije, Fernando García Nicolás y la ponente Ángela Murillo en el caso Nécora es para el colombiano Alberto Vargas Vera, con 23 años de prisión, que une un delito continuado de tráfico de drogas en concurso con otro de contrabando. La menor es para el arrepentido Manuel Fernández Padín, con ocho meses, que no ingresará en la cárcel. Padín contribuyó, junto a Ricardo Portabales, a que Nécora fuera posible. Fue el segundo arrepentido, el que corroboraba las declaraciones del primero sin haber podido conchabarse con él.

Y 23 años era también lo que se pedía para Manuel Charlín y Alfredo Cordero, pero salen absueltos.

Y diez años de cárcel era lo que Javier Zaragoza pedía para el colombiano Hernando Gómez Ayala, pero tampoco es condenado. Este tipo, por cierto, está en esos momentos preso por su supuesta implicación en el asesinato de Manuel Baúlo, cuyo caso se explicará en el apartado sobre los ajustes de cuentas. Pocos días antes de que se haga pública la sentencia, otro de los procesados, Eulogio Rodríguez, es encausado por el crimen.

La pena para Portabales es de un año y dos meses de cárcel, con la circunstancia atenuante de arrepentimiento.

A Laureano Oubiña y a Esther Lago se les imponen doce años de cárcel y multa de 1.280 millones cada uno por receptación –en relación con el blanqueo del dinero de la droga, hachís, en su caso– y por dos delitos fiscales. El fiscal pedía para Laureano 31 años de prisión. El Tribunal Supremo le absolverá posteriormente de haberse aprovechado de los beneficios de la venta de droga y sólo dejará al capo y a su ambiciosa esposa con las penas por delito fiscal; la mitad de la condena inicial de 12 años. Ni siquiera considera probado que las bolsas llenas de florines holandeses que ella depositaba con regularidad en la sucursal del BBV en Vilagarcia procediesen del contrabando y fueran blanqueados, pese a reconocer el origen ilícito. “Podemos llegar a la convicción segura de que el dinero que Lago llevó al banco tenía una procedencia ilícita... pero no podemos afirmar que tal procedencia fuera precisamente la del tráfico de drogas”. Es decir, no han hecho ni caso a las declaraciones de Portamales, y eso que se jugó la vida para hacerlas.

Y además, analizando en profundidad, lo cierto es que era más fácil ver el delito de tráfico o de blanqueo que el delito fiscal, porque, a decir verdad, se condena a Oubiña y Lago por engañar al fisco, pero el dinero ilegal no paga impuestos... Es como si se pidiera a un atracador que declarase a Hacienda el dinero robado y, sin embargo, no se le condenara por los atracos.

Oubiña será excarcelado el 7 de diciembre de 1994. Y en el 2003, el Tribunal Supremo reconoce que estuvo en la cárcel 251 días más de la cuenta por el caso Nécora y ordena a la Audiencia Nacional que se le descuenten de la condena que cumple en ese momento. Esther ingresó en la cárcel en septiembre de 1994. Estuvo tres años escasos en el talego, pero tuvo tiempo de conocer siete centros penitenciarios y fue clasificada en el FIES (Fichero de internos de especial seguimiento) en el que suelen encontrarse los más peligrosos y los más problemáticos.

Nécora, sin embargo, deja a la pareja con deudas millonarias que arrastrarán durante mucho tiempo y que provocarán el embargo de su emblemático castillo.

El mismo día en que se da a conocer el fallo del proceso Nécora, la Policía detiene en Barcelona, por tráfico de drogas, a un inspector jefe de policía de baja psicológica desde el 92 y a un agente de la escala básica de la brigada de seguridad ciudadana. Según la acusación, el primero era el jefe de una banda y el segundo un correo de la misma. A veces hay que hacer limpieza en casa.

Más de 100.000 personas se manifiestan en Vigo contra la sentencia del caso Nécora.

El fiscal antidroga de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, tampoco está contento con el resultado. Pide que se revoque la absolución de Charlín y Cordero, que se aumenten las penas a nueve narcos y que se tengan en cuenta las escuchas telefónicas ordenadas por Garzón. El tribunal de la Audiencia Nacional consideró que no eran ni nulas ni ilícitas, pero determinó que carecían de completo valor probatorio. De hecho, el recurso de casación se basa en la polémica validez acusatoria de esas pruebas; el Ministerio Fiscal aclara: la Audiencia “no ponderó la realidad de que los traficantes de droga no hablaban nunca de droga ni de kilos por teléfono”. No son estúpidos.

La historia de las grabaciones telefónicas es bastante simple, y muy interesante y significativa; en unas conversaciones, desde una taberna de Meaño, Charlín habla con otro traficante llamado Antonio Cebollero sobre el envío de unos cuantos miles de kilos de atún: “Yo tengo aquí ahora el atún blanco para vender... estamos hablando de la misma cosa, ¿no?... lo tengo aquí en mi fábrica: diez toneladas para Italia, que el atún blanco en Italia lo pagan bien, el atún negro se paga peor”. Los juzgadores quisieron creer que hablaban de pesca, aunque los atunes son azules, con una variedad roja. En realidad, es cocaína con mayor o menor pureza.

En este mismo punto, el tribunal cree irregulares las intervenciones de teléfonos de uso público como el de la taberna, dado el “indefinido número de personas que han podido ser afectadas en su derecho fundamental” y que “ni siquiera se han enterado”.

Había interminables horas de grabación y los investigadores seleccionaron los fragmentos de mayor interés para entregarlos al juez. Esa selección fue considerada por el tribunal una manipulación de las pruebas, así que no las tuvo en cuenta. También consideró una manipulación el hecho de que las conversaciones que estaban en gallego fueran traducidas por los policías “por su cuenta y riesgo”, sin intervención de perito y sin constancia de que las voces fueran identificadas.

El juez instructor ordenó la intervención de un centenar de líneas telefónicas y dictó más de 120 autorizaciones para prorrogarlas, lo que para el tribunal, para empezar, es “algo espectacular y, de principio, difícilmente controlable”.

Las intervenciones se inician el 9 de octubre del 89, pero el tribunal se basa en la doctrina del Supremo de 18 de junio de 1992, en el famoso auto del caso Naseiro, que exige rigurosos controles judiciales sobre las escuchas telefónicas.

La sentencia de la Audiencia Nacional señala que el juez instructor autorizó las escuchas, pero no motivó suficientemente los autos que las permitían ni las prórrogas. Tampoco controló cada paso. En el caso de los absueltos Charlín y Cordero, éstos se negaron a someterse a una prueba para comparar sus voces con las grabaciones. Pasaron 1.460  días en prisión preventiva.

En 1999, Manuel Charlín es condenado a 20 años por los mismos hechos instruidos en 1990, por esa disección de Nécora, con las mismas pruebas y los mismos testimonios con los que antes salió absuelto. Curiosidades de la Justicia.

Uno de los condenados –a dos años de prisión– es Ramón Longa Vidal, Chito de Carril, cuyo nombre volverá a aparecer en la crónica antidrogas el 6 de enero de 2000. Chito de Carril es detenido por su implicación en un alijo de 1.000 kilos decomisado en Portugal, en el contenedor de un barco atracado en el puerto de Leixoes y que procedía de Brasil con escala en Algeciras. Además, la Policía le cree aliado de Francisco Javier Martínez San Millán, Franky, en busca y captura por su implicación en varios sumarios, como el de la Operación Temple.

Asimismo, es condenado, a 20 años de cárcel que no cumplirá, el yerno de Charlín, Jorge Outón Caamaño, casado con la primogénita Josefa Charlín, la dura del clan. ¿Nadie se ha preguntado alguna vez por qué se imponen condenas tan desorbitadas que asustan –20 años, 30, 260 años– si luego no hay quien las cumpla? ¿no sería más lógico –y ayudaría bastante a que la sociedad se reconciliara con la Justicia– determinar una pena que pareciera real? No es tan difícil; cómo mínimo puede hacerse estableciendo en la sentencia que, si bien el fallo es de tantos años de prisión, el reo deberá cumplir al menos determinado tiempo mínimo. ¿Y no valdría la pena establecer penas más realistas para que no pareciera un cachondeo cada vez que un individuo condenado a 20 años obtiene permisos de salida a los seis, sin más? Por supuesto, ésta es una visión reduccionista de cómo funciona el sistema, pero lo cierto es que hacerlo críptico no ayuda a acercar la Justicia al ciudadano lego.

En el futuro se verá a estos y a otros procesados en la Operación Nécora reincidir en el tráfico de drogas. 

Operación Temple

Es una de las mayores operaciones policiales de la historia contra el tráfico de cocaína, pero se la recordará porque los jueces dejaron escapar a uno de los principales acusados. ¿Quién no recuerda al Negro? Y, en una cadena de despropósitos, también huyó un segundo procesado, apodado el Rubio.

Viernes, 2 de julio de 1999. El Petrel localiza al Tammsaare –un buque arrastrero con bandera de San Vicente y Granadinas– mientras navega hacia Galicia con un cargamento que se supone de alrededor de 10 toneladas de cocaína y una tripulación contratada en Rusia y Estonia. El barco zarpó de Panamá el 18 de junio y su estela en el mar es una promesa. No es casual; es una operación muy estudiada en la que participarán hasta los servicios secretos británicos.

La gran mole del Tammsaare navega sólo a nueve nudos; va cargado.

La Operación Temple nada tiene que envidiar a Nécora. A 900 millas de Canarias, de madrugada, miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de Vigilancia Aduanera abordan el Tammsaare y encuentran en la popa 329 fardos con 7.620 kilos de droga detrás de un tabique levantado con ladrillos y cemento. Los 16 piratas del Este que conforman la tripulación no oponen resistencia, aunque para uno de ellos el abordaje es un golpe demasiado duro. No irá a la cárcel; muere de un infarto mientras los agentes engrilletan a sus compañeros. Su cadáver no se moverá en siete días, hasta que el barco llegue al puerto de Las Palmas y se ordene el levantamiento del cadáver.

Miércoles, 7 de julio de 1999. La Policía interviene 208 kilos de heroína turca y otros 97 kilos de cocaína en un chalet de la localidad madrileña de Arroyomolinos, una de las bases de operaciones de la red del Tammsaare. No es todo; la llamada Operación Temple finaliza con la detención de un total de 53 personas, entre ellas el Negro, embajador o agente del cartel de Cali. La heroína, por cierto, ha sido una auténtica sorpresa, y es también uno de los mayores alijos de esta droga en años.

No es todo. El interrogatorio de los responsables del clan de Boiro gallego, que esperaba al Tammsaare, permite localizar otras cinco toneladas de droga en los falsos suelos de un chalet en construcción en Galicia. En la madrugada del 9 de julio, Baltasar Garzón interroga a José Manuel Vila Sieira, un jefe gallego. Sospecha que tiene unos 4.000 kilos de droga escondidos en alguna parte y pertenecientes a la red de el Negro. El juez usa una estrategia habitual que, además, suele funcionar: Garzón advierte al del clan de Boiro que su socio está dispuesto a rebanarle el pescuezo porque cree que lo ha vendido y que le ha robado esa cocaína.

–Yo sólo le pido, señor juez, protección para mi familia... –y señala dónde está el alijo–. Ahí, en A Pobra do Caramiñal, hay una casa grande en obras, que ya tiene puestas las puertas de madera. Ahí metimos la droga, en el primer piso... y también en el segundo.

Es la operación más importante de los últimos años, la partida de cocaína más grande intervenida en Europa.

Todo empezó tiempo atrás, cuando los agentes antidroga del Cuerpo Nacional de Policía empezaron a vigilar a Alfonso León, de nacionalidad colombiana y alias el Antonio, un enlace con 16 teléfonos móviles que organizaba reuniones entre traficantes de su país y las organizaciones del denominado clan de los madereros y del clan de Boiro (en las rías de A Coruña). A uno de los agentes se le ocurrió bautizar una operación que ya prometía con el nombre de un hotel de Ponferrada en el que el intermediario mantenía la mayoría de sus contactos, el hotel Temple.

Según desveló la investigación, los clanes gallegos se encargaban de facilitar la entrada de los cargamentos que los colombianos distribuían por toda Europa. A cambio, se quedaban con el 30 o el 40 por cierto del material, que era lo que se quedaba en España. Los gallegos recogían en altamar los alijos que llegaban en los barcos nodriza.

Los policías averiguaron que antes del cargamento del Tammsaare, Alfonso León y sus socios gallegos habían entrado, con estas condiciones, al menos otras diez toneladas de cocaína, repartidas en dos alijos; uno en abril que entró por las costas portuguesas y otro en mayo, que llegó hasta Galicia, en los barcos Salamar y Koei Maru 7, con 3.000 y 6.700 kilos de cocaína respectivamente.

Más de 50 personas son detenidas en A Coruña, Pontevedra, Madrid y Alicante, además de la tripulación rusa del arrastrero.

Todo un golpe.

La Operación Temple revela algunas cuestiones importantes: los clanes gallegos, que tradicionalmente trabajaban de forma autónoma en el negocio, han sido desplazados por los colombianos y se han convertido en algo así como los portadores y los distribuidores en España de las redes sudamericanas, y como destacó el director de Europol, Jürgen Storbeck, la operación es un buen ejemplo de lo que son las nuevas redes, multiétnicas y multinacionales (destacando la presencia, en muchas ocasiones, de mercenarios rusos). El alijo imprevisto de heroína, por otra parte, pone al descubierto una relación entre los negocios de las mafias turcas y los colombianos.

La operación también marca el principio de la colaboración de las Fuerzas Armadas en la lucha antidroga; en el asalto participa la patrullera Centinela, además del barco Petrel del SVA, toda una insignia de la lucha antidrogas.

Viernes, 21 de diciembre de 2001. Sólo cuatro semanas antes de que se inicie el juicio, la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional permite la excarcelación de Carlos Núñez Santamaría, el Negro, considerado el delegado de los carteles de Bogotá y de la Costa y un individuo peligroso, con una fianza de 30.050 euros (cinco millones de pesetas) y ante una petición fiscal de 60 años de cárcel con multa de 415 millones de euros (69.000 millones de pesetas). La excusa es un informe psiquiátrico del médico de la cárcel de Valdemoro que asegura que padece un “trastorno bipolar, maníaco depresivo, con tendencias suicidas”. Ni siquiera se sabe su verdadera nacionalidad; ante el juez Baltasar Garzón dijo que era mexicano, pero la Policía de ese país asegura que esa identidad es falsa. La UCE (Unidad Central de Estupefacientes) sospecha que es colombiano.

El informe en que se basan los jueces para dejarle en libertad informa que el Negro, también apodado Pelopincho ha tenido un episodio de trastorno bipolar, “con mezcla de síntomas de manía y depresión, implicado en esta última sentimientos de grave desesperación”. Relata el psiquiatra que el preso ha perdido 15 kilos y tiene cambios de conducta, “evidentes en la falta de ilusión de su reciente matrimonio y la proximidad de tener un hijo”. El matrimonio, por cierto, se cree que fue un contrato de conveniencia para alegar arraigo familiar.

Añade que tiene “ideas repetitivas negativas y de ideación suicida”. Y aquí es donde se aferraron los jueces para justificar su excarcelación, porque, además, en el informe pone que “el encarcelamiento va a tener un efecto negativo en la evolución de la enfermedad” y recomienda “un tratamiento ambulatorio, dada la relación de estrés actual y la vulnerabilidad para prevenir nuevas crisis y para impedir las principales complicaciones de la enfermedad, la más grave de todas; el suicidio”. Pues es curioso, porque el hombre lleva 30 meses en la cárcel y a nadie en Instituciones Penitenciarias se le ha ocurrido aplicarle el protocolo de suicidios que existe en todas las prisiones y que se pone en marcha cuando se aprecian riesgos de que el interno intentará matarse.

Posteriormente, el psiquiatra, el único que ha visto intenciones suicidas, se defenderá alegando que él no pidió a los jueces que dejaran libre al preso. No, no lo hizo; el informe no es vinculante para los magistrados. Es decir, que no están obligados ni a creérselo ni a obrar en consecuencia. Sin embargo, no sólo obran sino que en el auto en el que se justifica la libertad se asegura incluso que “la enfermedad aparece como elemento neutralizador del riesgo de fuga”. 

Hay más; la decisión se produce como consecuencia de un recurso de súplica, lo que significa que meses antes los mismos magistrados ya habían denegado la libertad al interno sin que nadie hubiera alegado enfermedad ninguna. De hecho, se le ha denegado la libertad provisional hasta en cinco ocasiones con el argumento del riesgo de fuga y la gravedad de las imputaciones, entre otras cuestiones. Y, de repente, alguien le encuentra una enfermedad y ya no hay riesgo de fuga que valga.

El 29 de octubre, a requerimiento del abogado de el Negro, la Sala pide el informe psiquiátrico. El médico lo envía el 21 de noviembre... Y a pesar de esa supuesta gravedad de la enfermedad y del riesgo de suicidio, los jueces tardan un mes en decidirse.

El día 26 de diciembre, tras publicarse en los medios de comunicación la excarcelación del procesado en una de las causas más grandes desde Nécora, parece ser que el presidente del tribunal, Carlos Cezón, llamó por teléfono a Luis Carmona, uno de los letrados del narco para decirle que quería a su cliente al pie del cañón en la Audiencia Nacional en un par de horas. El abogado llamó al Negro, y a éste, según declaró luego el letrado, le entró pánico. Temía, afirmó, que le revocaran la libertad por el escándalo que se había montado y creía que ya estaba condenado sin juicio. El letrado y él, sin embargo, se citaron en una cafetería al día siguiente. El excarcelado no fue a la cita. Todo ello según la versión de Carmona.

Ese mismo día, jueves 27, la Fiscalía Antidroga pide a la sección cuarta que rectifique. Ya es tarde; Carlos el Negro ha aprovechado la ocasión, lo que haría cualquiera para quien pidieran una condena de 60 años de cárcel. A las cinco de la tarde del 22 abandonó Valdemoro sin intención de volver.

La sección cuarta, para contribuir a que el asunto sea aún más sospechoso, notifica el auto de libertad provisional a Valdemoro un día antes de que los abogados depositen la fianza.

Los mismos jueces, por cierto, son también los responsables de controvertidas excarcelaciones de presuntos etarras; los tres revocaron anteriormente numerosos autos de prisión que Baltasar Garzón dictó contra supuestos responsables del llamado complejo ETA-KAS-Ekin. De hecho, entre jueces, abogados y funcionarios se comentó esa sistemática oposición a las decisiones de Garzón.

También fueron ellos los que dejaron en libertad al periodista Pepe Rei, que Garzón mandó arrestar acusado de señalar objetivos de ETA. Hasta tal punto llegó la sospecha que la Asociación Víctimas del Terrorismo pidió que se investigara a los dos jueces “por si su capacidad para juzgar delitos terroristas estuviese viciada por el miedo”.

Viernes, 28. A los magistrados no les queda otro remedio que dictar orden de busca y captura del Negro. La fuga es el tema más comentado del país.

Jueves, 17 de enero de 2002. La Sala de lo Penal del Supremo, en un auto de la causa especial número 4/2002 y teniendo como ponente al magistrado Enrique Bacigalupo Zapater, admite a trámite la querella interpuesta por el Ministerio Fiscal contra los tres jueces Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero por un delito de prevaricación. El fiscal –igual que el resto del país– pone en duda los motivos por los que los magistrados permitieron la excarcelación del procesado, pero lo cierto es que la Fiscalía general ha escogido la posibilidad más difícil de probar; la prevaricación dolosa del artículo 446.3 del Código Penal, o sea que atribuye una intención, una voluntad deliberada, al tribunal. Podría haber optado por acusar por negligencia o ignorancia, según el 447, pero apuesta fuerte; la Fiscalía recela de aquel fax en el que se comunicaba el mandamiento de libertad antes de que se acreditara el pago de la fianza.

El Consejo General del Poder Judicial abre una investigación.

El caso de los tres jueces se prolongará durante meses. De momento, no serán ellos los que prosigan el juicio de la Operación Temple. Se retiran cuando ya se ha iniciado la vista oral.

En abril, el Supremo decide ya archivar la causa contra los magistrados afirmando que no hay indicios de prevaricación ni cohecho. El juez del Supremo Julián Sánchez Melgar zanja el asunto sin encontrar tampoco ningún indicio de una presunta connivencia entre el psiquiatra que realizó aquel informe sobre el trastorno del Negro y los tres jueces. En su auto de conclusión del sumario, Sánchez Melgar señala que la decisión de liberar al narco fue “injusta y desacertada” en cuanto que la fianza impuesta fue “muy exigua” y no se tomaron medidas para evitar la fuga, pero añade que la resolución no reúne los requisitos de la prevaricación, ni dolosa (intencionada) ni culposa (con ignorancia inexcusable). En julio, la causa es sobreseída por la Sala del Supremo compuesta por el presidente Luis Román Puerta, Manuel Soriano, Joaquín Delgado, Perfecto Andrés Ibañez y el ponente, Enrique Bacigalupo, confirmando los argumentos del instructor Melgar; no hay delito en la conducta de los tres magistrados en la picota. Pero fueron injustos.

Lo del psiquiatra es otra historia. Ángel Hebrero, psiquiatra de Valdemoro, es acusado de inventarse informes para facilitar la excarcelación de sujetos como el Negro. Hasta su abogado, Roberto Rodríguez, es imputado en la llamada ‘trama para la realización de informes periciales a conveniencia con objeto de obtener libertades provisionales’. Podría ser más directo: trama de los informes falsos para liberar a delincuentes.

En el registro del domicilio aparecen los primeros indicios de que el psiquiatra gana más dinero del que parecería normal: los agentes se extrañan de la cantidad de relojes caros que hay en la casa: dos Rolex, un Dunhill, un Tag Tauer y un Rohtar, por ejemplo. Un agente destinado a la Unidad Central de Estupefacientes explica que el día del registro se descubrió gran parte de la fortuna que tenía en la casa.

–Porque bastaba verle la cara para saber que había más –así que los policías insistieron. En los registros siempre es aconsejable echar de vez en cuando un vistazo al detenido para ver qué cara pone ¿No está incluido en los manuales del buen policía?

En el mes de febrero, una carta anónima enviada al Alto Tribunal desde la estación sevillana de Santa Justa aseguraba que el narcotraficante había pagado al psiquiatra y a otras personas relacionadas con él unos dos millones de dólares.

Mientras tanto, el 4 de marzo, el juicio, que realmente comenzó el 14 de enero, se inicia de nuevo con otros jueces después de que la Fiscalía antidroga recuse al primer equipo y éste decida abstenerse y retirarse.

Y el juicio se prolonga con toda la normalidad que aún es posible hasta el lunes 24 de junio. Ese día José Manuel Rodríguez Sanisidro, el Rubio, no se presenta a la vista oral. Tenía la provisional y hasta ese día no había faltado a las sesiones, pero lo hace precisamente al final, cuando a su abogado le tocaba informar. Y también resulta curioso que estuviera en libertad provisional, teniendo en cuenta que ya fue condenado en marzo de 1996 a ocho años y un día de prisión por narcotráfico. Disfrutaba de libertad desde el 1 de octubre de 2001.

El abogado se ve obligado a decir al tribunal que no tiene ni idea de dónde está su cliente. Hay un tiempo de espera, por si, simplemente, se ha retrasado, ya que tenía que viajar desde su casa en Galicia, pero no se presenta.

El juicio sigue con los informes de los otros abogados. La Sala, después de que, por supuesto, lo pida la Fiscalía, ha optado por encarcelar preventivamente a los otros diez imputados que permanecían en libertad bajo fianza. Se cursa orden de busca y captura y prisión incondicional contra el Rubio. Un poco tarde. Quedan tres días de juicio.

La segunda fuga también puede achacarse a los jueces Cezón, Ollero y Ortega y no a su relevo: Ángela Murillo, José Ricardo de Prada y Elizabeth Cardona. Según se señala en una nota de prensa de la Fiscalía Antidroga: “la situación de libertad provisional con fianza de cinco millones de pesetas fue adoptada respecto del citado procesado por la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en auto de fecha 2 de octubre de 2001 en contra del informe del fiscal encargado de la causa”. Es un caso similar al de el Negro, sólo que éste decidió huir antes del juicio y su colaborador esperó a ver cómo marchaban las cosas y lo hizo en el último momento.

Por cierto, tan llamativo como las fugas es la baja fianza impuesta a personas acusadas de delitos graves, con peticiones fiscales muy elevadas y que se supone que han ganado muchos millones en sus negocios sucios.

28 de junio. Finaliza el juicio. Visto para sentencia.

29 de julio. El Consejo General del Poder Judicial, por primera vez en su historia, sanciona a todos los miembros de un tribunal por una falta muy grave de desatención en la resolución de un asunto: siete meses de suspensión para Cezón, que fue el ponente de la resolución que excarceló al Negro, y seis para los otros dos.

Según el CGPJ, el ponente vio “de una manera somera” el informe del psiquiatra, mientras que los otros dos magistrados “no vieron ni examinaron tal informe”. La sanción apunta que “no tuvieron en cuenta el impacto sociológico que puede suponer la libertad de un implicado en un caso muy grave de narcotráfico, lógicamente dispuesto a rehuir la acción de la Justicia” y se destaca que la libertad se acordó “pocos días antes del juicio oral”. También señala que la cuantía de la fianza “no fue objeto de discusión o valoración” por parte de los jueces.

La puntualización de que la libertad se concedió a pocos días de la vista oral es importante; hay un principio sobre fugas que dice que a menor número de días restantes para la celebración de juicio, mayor riesgo de que el imputado escape. Es lógico. Y más cuando ya sabe que le piden 60 años de cárcel... 

Jueves, 17 de octubre de 2002.

La Audiencia Nacional hace pública su sentencia. Las condenas van desde los ocho a los 34 años de cárcel para más de 30 traficantes. Sólo dos de los acusados son absueltos. Sin contar, claro está, a los otros dos que se encuentran en paradero desconocido.

La magistrada ponente, Ángela Murillo, lee las penas a los acusados en la sala de vistas. La mayor recae contra el enlace de la red y posteriormente arrepentido –el primer enlace colombiano en España que asume este papel colaborador con la Justicia–, Alfonso León, sentenciado a 34 años y 10 meses de prisión y al pago de una multa de 416 millones de euros. Y hay que tener en cuenta que le restan algunos años porque se le aplica la atenuante analógica de arrepentimiento.

En el llamado turno de última palabra de la vista oral, León aseguró que “a pesar de las amenazas de muerte” que ha recibido “por tres vías: la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico”, está “completamente satisfecho de haber decidido colaborar con la Justicia”. Añadió que “esta decisión ha servido para tranquilizar mi conciencia, para aclarar los hechos, desmembrar el cartel de Bogotá y la entrada de droga en el continente europeo”.

El tribunal considera probado que la red del cartel de Bogotá en España comenzó a hacerse un hueco en Galicia a mediados de 1997 a través de Alfonso León y con la ayuda de Ana Garrido Álvarez, condenada a 33 años y nueve meses de cárcel y multa de 412 millones de pesetas. Los colombianos enviaron a España más de 1.000 kilos de cocaína cada quince días desde el citado año hasta mayo de 1999.

Ana Garrido también empleó su turno de algo más que decir cuando los jueces se lo permitieron al final de la vista. Seguía declarándose inocente. “¿Dónde está mi amplia red de distribución, los pazos y las mansiones en Marbella?”, preguntó, y aseguró que el relato de León sobre el camino que recorría la droga hasta llegar a España es algo que “puede saber cualquiera que vea en la televisión un documental sobre Colombia”.

En el caso de José Manuel Vilas Sieira, el que confesó a Garzón donde estaban ocultos 4.500 kilos en Pobra do Caramiñal, se reconoce la circunstancia atenuante de arrepentimiento cualificado. En la calificación final del fiscal se indica ya que dos de los acusados no llegaron a cometer el delito porque Alfonso de León, tras mantener varios contactos con ellos, decidió encargar el trabajo al grupo liderado por el prófugo Francisco Javier Martínez San Millán, Franky, el mismo que fue condenado en el caso Nécora. La calificación para esos dos es de conspiración para delinquir, pero no tráfico de drogas.

La sentencia de la Operación Temple tiene 391 folios y en ellos se califica al fugado Carlos el Negro como el jefe de todo el tinglado. Carlos había llegado a España un año y medio antes de su detención, efectuada el 4 de julio de 1999, y, desde entonces había movido unas 52 toneladas de cocaína, según la investigación policial. José Manuel Rodríguez Sanisidro, el Rubio, es condenado en rebeldía a 17 años de cárcel y multa de 163 millones de pesetas, pero, claro, no está ahí para escuchar la sentencia.

Esto tal vez hay que explicarlo; el tribunal ha podido condenar al Rubio en rebeldía porque tuvo la posibilidad de defenderse durante el tiempo que sí asistió a juicio, pero el Negro no tuvo esa posibilidad porque se fugó antes de que empezara la vista oral, así que no es condenado.

La Policía se lo toma con paciencia. Tiempo al tiempo. Y así, en febrero de 2004, José Manuel Rodríguez Sanisidro,  que ha seguido con sus negocios, es arrestado en la Operación Teja, en la que es interceptado el camaronero Lugo a mil millas al suroeste de Cabo Verde y con cinco toneladas de cocaína. Es el jueves 12 de febrero, y entre la quincena de detenidos se encuentra también Guillermo Falcón Fontán, el Músico, del conocido clan de los Falcón de Vilanova y con una condena pendiente por un alijo de 637 kilos de cocaína intervenido el año antes.

La polémica puesta en libertad del Negro no debería sorprender demasiado a nadie; se dan demasiados casos similares para ello. Lo que no es tan frecuente es que un fiscal se enfrente con querella incluida a todo un tribunal. El precedente más conocido se remonta a 1984, cuando el tráfico de droga  empieza a ser una realidad cercana en España y dos jueces son investigados por el famoso caso Bardellino. Antonio Bardellino, Tonino, al parecer perteneciente a la Camorra, buscado por Interpol y acusado de distribuir cocaína, fue puesto en libertad de forma similar al Negro y no se quedó en el país a esperar su juicio, por supuesto. El entonces fiscal Cándido Conde-Pumpido se querelló contra los magistrados Ricardo Váron Cobos y Jaime Rodríguez Hermida por cohecho y prevaricación por dejar en la calle al acusado con una fianza ridícula. En sentencia de mayo de 1986, el Tribunal Supremo absolvió de prevaricación a los magistrados con el argumento de que podían elegir libremente entre la libertad y la prisión; hicieran lo que hicieran estaba bien, pero el Consejo General del Poder Judicial los sancionó. El Tribunal Supremo ha seguido después una línea bien distinta; la única posibilidad es la justa, a pesar de la libertad de elección de los jueces. Y si no que se lo pregunten al ex juez Estevill.

¿Y qué pasa con el Tammsaare? En 2001, el juez confía el depósito a la Fundación Costa Galicia, que proyecta convertirlo en un buque-escuela destinado a formar a toxicómanos y delincuentes.

En cuanto a la evolución de la sección cuarta de la Audiencia, hay que decir que no tarda en volver a meter la pata, aunque de los tres jueces implicados en el caso del Negro sólo queda Carlos Ollero en ese tribunal. En esta ocasión, el beneficiado por la negligencia judicial es Juan Manuel Candela Sapieha, Sapo, el segundo de la banda del delincuente  Cásper, la que robó 17 cuadros –Goya, Sorolla, Gris, Foujita– a la empresaria Esther Koplowitz el 8 de agosto de 2001.

El 15 de octubre de 2002, la polémica sección acuerda la ejecución de una sentencia firme del Tribunal Supremo que condena a Sapo a cinco años de prisión por el tráfico de varias toneladas de hachís. En ese momento, el delincuente se encuentra en Soto del Real, en preventiva tras haber sido detenido en una trampa policial cuando intentaba vender los cuadros de Koplowitz.

Sin embargo, la sección cuarta tardó un mes, nada menos, en remitir al director de la prisión el oficio, la orden de retención, para que mantuviera al interno a recaudo. Cuando el 15 de noviembre de 2002 Soto del Real recibió tal requerimiento, Sapo ya estaba en libertad por decisión de la juez del Juzgado de Instrucción 17, instructora de la causa de los cuadros y que nada sabía de la condena del Supremo por drogas. Nadie la avisó, aunque hay que decir que los medios de comunicación habían informado ampliamente de la situación del hombre. Sapieha, que también estaba en busca y captura por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, había abandonado la cárcel cuatro días antes.

La instructora obligaba al Sapo a presentarse los días 7 y 21 de cada mes en los juzgados, y, sorprendentemente, apareció a finales de diciembre en un juzgado de Valencia. No quería perder los 80.000 euros de fianza ni la libertad y decidió actuar como si nada supiera de su condena por tráfico de hachís. Los funcionarios le dejaron firmar sin comprobar su situación y luego se marchó sin problemas.

No es arrestado de nuevo hasta febrero de 2004, cuando preparaba una operación de tráfico de drogas junto a dos ciudadanos bosnios. Llevaba documentación falsa francesa.

Operación Milenio.

“Fue una operación perfecta, con cero corrupción y cero filtración”. Las palabras son del director de la Policía de Colombia, el general José Serrano, durante la rueda de prensa celebrada en Bogotá el 13 de octubre de 1999.

Los colombianos y la DEA acaban de finalizar la denominada Operación Milenio, destinada a echar abajo el cartel de la droga conocido con ese mismo nombre y considerado “el más importante distribuidor de cocaína del mundo”, o por lo menos de Norteamérica. Treinta personas son detenidas. Todas son colombianas.

En América, la secretaria de Justicia, la ya mítica fiscal Janet Reno, declara: “La Operación Milenio ha desmantelado un consorcio de las mayores redes de tráfico de droga de Colombia, y no podríamos haber logrado este éxito sin una cooperación nacional e internacional sin precedentes”. También se pide la colaboración de México y Ecuador. De hecho, en Quito y en Tulcán, limítrofe con Colombia, se han decomisado más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína. Media tonelada, camuflada en tornos industriales que se enviaban a reparar, fue intervenida cuando estaba dispuesta para embarcar con destino al puerto mexicano de Manzanillo, lo que ofrece una idea de cuáles eran las rutas de los traficantes.

Entre los arrestados destacan los nombres de Alejandro Bernal Madrigal –que, por cierto, fue procesado por Garzón en Temple, aunque no pudo sentarlo en el banquillo– y Fabio Ochoa, capturado mientras dormía en su casa de Medellín. De pronto, saltaron las alarmas de la vivienda y sus guardaespaldas le dijeron que la tenía llena de tipos encapuchados y vestidos de negro. Fabio es uno de los Ochoa del extinto cartel de Medellín y el primer aludido es Juvenal, al que la DEA considera uno de los jefes, vinculado al cartel de Juárez.

Fue una de esas intervenciones que finalizan con una gran traca final; antes del amanecer del 13 de octubre y a un mismo tiempo, 14 sospechosos fueron apresados en Bogotá, otro en Cali, 15 en Medellín y dos en México, y se practicaron casi 50 registros en domicilios y locales. Y todo empezó cuando, un año atrás, DEA y FBI detuvieron a algunos colombianos, traficantes de los últimos escalones, que revelaron su pertenencia a una gran red que operaba en Colombia, Ecuador y México.

En diversas intervenciones desde mediados del verano se intervinieron en Florida, catorce toneladas de cocaína de la red. Se supone que el cartel del Milenio transportaba hacia Estados Unidos la tercera parte de la droga que llega a ese país. La DEA asegura que enviaba entre 20 y 30 toneladas de cocaína al mes, valiéndose para ello de su asociación con los mexicanos del cartel de Juárez. Y lo hacía usando barcos atuneros.

El 22 de agosto de 2001, la Corte Suprema de Justicia colombiana aprueba la extradición de Fabio Ochoa a Estados Unidos. Juvenal también es entregado. Los distintos gobiernos colombianos no habían extraditado a ningún narco desde que, en 1990, fue entregado Joaquín Oswaldo Gallo, jefe del cartel de la Costa Caribe.

Ochoa está acusado del asesinato de un agente federal y de delitos cometidos en la década de los 70, mientras estuvo residiendo en Miami, y, ahora, una corte judicial de Florida lo reclama por el delito de ‘concierto para distribuir y posesión con la intención de distribuir cocaína y asociación para importar narcóticos’. La base de toda la Operación Milenio es una colección de cintas grabadas en el transcurso de casi un año de trabajo. La Policía también logró infiltrarse en las comunicaciones que los traficantes establecían a través de internet y que controlaba un tal Orlando desde el sur de Florida.

El futuro de Fabio, con 46 años, se resuelve el 28 de mayo de 2003. El jurado federal de Miami que le juzgaba le declara culpable de participar en dos conspiraciones de tráfico de drogas y se enfrenta a la perpetua. El principal testigo de cargo, por cierto, es su socio Alejandro Bernal, que al parecer grabó una reunión celebrada el 16 de junio de 1999 en la que Ochoa da instrucciones para distribuir cocaína a gran escala con la ayuda de los asociados mexicanos. La defensa negó que la voz que se escuchaba dando órdenes fuera la de Ochoa, pero el jurado no lo duda

Tras pactar una reducción de condena por testificar contra Ochoa, Juvenal es condenado a 14 años de prisión. La pena para su ex socio es de 30 años.

Durante el juicio, Bernal testificó que entre los años 1997 y 1999 –cuando la organización hispano-colombiana desarticulada en España en la Operación Temple estaba en pleno apogeo–, en colaboración con Fabio Ochoa y la organización liderada por el mexicano Amando Carrillo (cartel de Juárez), introdujeron en Estados Unidos 30 toneladas de cocaína al mes.

Juvenal explicó que sus desavenencias con su ex-amigo Fabio Ochoa se originaron por la pérdida de nueve toneladas de cocaína incautadas por las autoridades estadounidenses en Texas, lo que originó una deuda de 4,8 millones de dólares con su proveedor colombiano.

Pero la Operación Milenio no descabeza el cartel de la droga. Habrá que esperar cuatro años para que se llegue al cartel de Juárez, los socios fuertes de Ochoa y Juvenal. Directamente al que se considera el jefe. No está muy claro cómo escapó a Milenio, pero las autoridades norteamericanas pidieron ya entonces a las mexicanas su detención. El viernes 15 de agosto de 2003, el Ejército mexicano detiene a Armando Valencia Cornelio, alias El Juanito, al que sorprende almorzando con siete colaboradores en una localidad cercana a Guadalajara. Entre los arrestados aparece también el nombre de Eloy Treviño, considerado el segundo de a bordo y, en todo caso, el jefe de los sicarios de la banda, los encargados del trabajo sucio, es decir, de los ajustes de cuentas y de las amenazas a funcionarios públicos para frustrar investigaciones.

El Juanito Valencia empezó a trabajar con la organización de Amado Carrillo, el señor de los Cielos, ese cuya pistola se encuentra en aquel curioso museo que ya hemos comentado, en el año 1985. Los hermanos Luis y Armando Valencia se establecieron en la zona metropolitana de Guadalajara y crearon un negocio tapadera de exportación de aguacates. Tras la muerte de su mentor, Armando decidió crear su propio grupo; ya sabía cómo funcionaba el negocio.

En el 99, tras la Operación Milenio, Estados Unidos lo acusa de narcotráfico y lo pone en búsqueda internacional. Reclama su extradición.

El cartel de los Valencia o cartel del Milenio, nacido en los 70, se encontraba en guerra con otros carteles por el control de determinados territorios estratégicos. En octubre de 2002, cuatro sicarios de Guadalajara confesaron, tras ser detenidos, que habían sido contratados para asesinar a Luis Valencia. Y en abril de 2007, su hermano, Ventura Valencia Valencia, fue asesinado por una banda rival.

La red, que trafica también con marihuana y heroína (promovió cultivos en México) y que se considera aliada del cartel de Sinaloa, es considerada peligrosa, de las más sangrientas, tanto como para tener a su servicio a los sicarios de Treviño. Un buen ejemplo de su violencia es la matanza perpetrada el 21 de abril, cuando seis personas salían de una pelea de gallos con un millón de dólares en los bolsillos y fueron acribillados a balazos. Los asesinos no se llevaron el dinero. Los muertos tenían relaciones con el cartel, que al parecer sufría en esos momentos una especie de guerra interna; eran familiares de Luis y Armando.

En la Operación Milenio también fueron apresados Gabriel Usuaga y Óscar Eduardo Campuzano Zapata, considerados dirigentes de un nuevo cartel de Medellín y que, tras ser extraditados, decidieron confesar y explicaron una interesante historia: los dos hombres contaron que el príncipe saudí Naef Bin Fawwaz al-Chaalan, casado con una hija del hermano del heredero al trono saudí, había transportado en su avión privado y con pasaporte diplomático, un alijo de 2.000 kilos de cocaína desde Venezuela a París vía Ryad en mayo de 1999. En 2004, el juez Baltasar Garzón decreta el procesamiento del príncipe farlopero y de su supuesto socio español, el financiero catalán y coleccionista de obras de arte José María Clemente Marcet, al que también implicaron los de Medellín y que montó un espectacular entramado financiero para blanquear dinero negro. Según el auto de procesamiento, Clemente Marcet también participó en las reuniones en las que se acordó el uso del avión privado de la realeza saudí. Según el plan trazado, el 13 de mayo de 1999, el Boeing 727 VP BNA fue cargado en el aeropuerto de Maquetía-Caracas con 150 maletas de droga. El avión hizo escala en Djedda (Arabia Saudí) y aterrizó en París –en Le Bourget– el 16 de mayo, con el príncipe y otros miembros de su familia a bordo.

La valija diplomática es, desde luego, una buena cobertura. 220 kilos de ese alijo fueron interceptados el día 30 en una furgoneta con matrícula de Barcelona que iba a cruzar La Jonquera. Cinco días después, la policía francesa intervino otros 804 kilos en un almacén de las afueras de París.

Por si fuera poco, los responsables de la investigación están convencidos de que el dinero que obtenía la parte saudí por trasladar droga por valija diplomática tenía como destino la financiación de grupos terroristas islámicos.

Operación Grumete

Es algo así como la demostración de que los viejos rockeros nunca mueren en versión traficante. Y es que el protagonista de la Operación Grumete es de nuevo el incombustible Sito Miñanco, aquel que ya estaba pasando tabaco de contrabando a finales de los 70.

Es una de las operaciones más importantes llevadas a cabo contra el tráfico de cocaína, pero además tiene algunas circunstancias especiales que la hacen interesante: la Policía contaba con dos infiltrados que participaron directamente en el transporte del alijo y se descubrió que Sito Miñanco disponía de un maletín de comunicación vía satélite para estar en contacto con los miembros de su red. Quién se lo iba a decir a él cuando era un pardillo que tenía que echar monedas en alguna cabina cuando quería llamar a su jefe.

Sito estaba en libertad condicional tras cumplir siete de los más de veinte años de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional. Además, permanecía a la espera de conocer la sentencia por el desembarco de seis toneladas de hachís en la ría de Vigo en 1997.

Diciembre 2002. Reunión en La Habana. Una organización colombiana quiere hacer llegar a España un gran alijo de cocaína y pide a un libanés que participa en la reunión que se encargue de buscar un mercante apropiado y una carga legal que sirva de tapadera al tinglado. El hombre lo cuenta todo a la DEA y los agentes deciden dejar que el juego continúe.

Cuando los colombianos llegan a Madrid, ya en enero, para concretar detalles con los españoles con los que van a trabajar, la Policía les sigue los pasos. La primera sorpresa para los agentes llega cuando el interlocutor que acude a las citas con los sudamericanos es nada menos que Luis Enrique García Arango, Quique, un sudamericano afincado en Madrid y que trabaja para el cambadés más popular del sector.

–Si está Quique, está Sito –llegan a la conclusión los policías que vigilan. Esto se pone interesante.

Los días pasan. Sito no aparece por ningún lado y ya casi lo dan por perdido cuando, mientras controlaban una reunión en el Meliá América de Madrid a través de las cámaras de seguridad del hotel, salta la liebre.

–Mirad a ese –señala un agente– ¿No es Sito?

–Es él. Lo tenemos.

Avisan a la central.

Mientras tanto, el mercante Agios Constandinos ha zarpado de Ecuador con unas cuantas toneladas de cocaína colombiana. Dos miembros de su tripulación –uno es el capitán– son colaboradores de la DEA.

Durante casi dos semanas, el barco sigue su ruta hacia Galicia como si nada pasara, pero la verdad es que los geos y un inspector de Estupefacientes ya están a bordo. Se han hecho con el barco el día 2 de agosto, aprovechando que tenían al mismísimo capitán de su parte. La cocaína puede considerarse decomisada y la tripulación arrestada, pero hay que continuar. Y no es nada fácil controlar a los tripulantes durante tantos días para que no envíen algún tipo de señal de alerta que permita abortar la operación.

Una de la madrugada del jueves 16 de agosto de 2001. Atlántico sur. Mil millas al noroeste de la Guyana francesa. El buque nodriza se acerca a un pesquero con nombre de gran duquesa rusa. Es el Tatiana, al que teóricamente va a trasvasarse la carga estupefaciente del Agios Constandinos. A pesar del temporal.

Los geos saltan al Tatiana.

En tierra, al mismo tiempo, en Villaviciosa de Odón, un equipo policial entra sin llamar en un chalet de la calle Tajo 32 de la urbanización El Bosque, una casa blanca de dos aguas y perros guardianes en el jardín. Sobre una mesa están las cartas de navegación del barco de la droga. Prueba directa. Sito Miñanco y otras seis personas quedan arrestadas.

Sito se muestra desconcertado.

–¿Cómo es posible? ...si el Petrel no ha salido del puerto –¿Qué quiere decir? ¿Acaso lo controla?

Esta vez, la Policía española ha prescindido de Aduanas y del Petrel, el buque insignia del servicio, por miedo a las filtraciones; Sito se ha jactado de tener pinchado el barco, y algunos de sus cercanos colaboradores dicen que tiene al menos a dos marineros tocados, que le facilitan en clave sus movimientos a través de las llamadas que realizan a sus familias. El grupo de Estupefacientes excluye al Petrel, pero cuenta con la colaboración de una patrullera americana.

Mientras le ponen las esposas, Sito Miñanco ve a un policía al que conoce.

–Hombre, Eloy, de ésta te hacen comisario...

–Sito, yo ya soy comisario.

–Bueno, pues te van a llenar de medallas.

La droga del mercante, que ondea bandera de Camboya, estaba en una bodega totalmente soldada y preparada en bolsas de goma para poder tirarla al mar y luego recuperarla si los tripulantes se sentían amenazados por la Policía. Pero no tuvieron ocasión de deshacerse de uno solo de los 186 fardos en los que se reparten cerca de 4.000 kilos de cocaína de una pureza del 80 por ciento. La estimación final de la droga será de 3.699 kilos.

Entre la veintena de detenidos hay gallegos, colombianos, chilenos, griegos, nicaragüenses y libaneses; parece una reunión de Naciones Unidas. Y hay un detalle que debemos resaltar, la presencia de griegos. En una lectura atenta se detecta una velada conexión griega del tráfico de drogas. Es decir, Grecia y sus ciudadanos aparecen en un buen número de operaciones contra el narcotráfico. Las tripulaciones de los buques nodrizas –como en esta ocasión– son no raras veces de origen griego. Y es Grecia el lugar que escogió Laureano Oubiña para esconderse tras fugarse de España. ¿Es una casualidad?

En el caso del Agios Constandinos, fue en el país helénico donde se inició la travesía, con una carga legal destinada a Paramaribo (Surinam).

En cuanto a los colombianos, son supervisores del cartel que facilita la droga.

La forma de trabajar era la siguiente: los gallegos acordaban el negocio y el cartel vendedor enviaba la droga en un barco nodriza a un punto determinado de altamar, donde un navío enviado por los españoles acudía a recoger el cargamento. El mayor riesgo era para los gallegos, que se quedaban el 60 ó 70 por ciento de los beneficios de la venta y empleaban el resto para pagar la mercancía al cartel. En pocas ocasiones se paga la mercancía al contado, así que los colombianos supervisan las operaciones.

En 2003, la Fiscalía solicita 19 años de cárcel para el traficante cambadés y el pago de una multa de 750 millones de pesetas por el caso de la Operación Grumete. El juez Juan del Olmo imputa también a uno de los abogados de Sito; Manuel Pérez Lorenzo es acusado de intentar sobornar a las autoridades de Togo para lograr la nulidad del abordaje del barco que transportaba la droga, abanderado en ese país africano. Todo vale.

La República de Togo, de hecho, reclama sin éxito una cesión de jurisdicción y pide que los detenidos en el Tatiana sean juzgados en su país porque abanderaba el barco. Y tal reclamación, por cierto, la presentó el abogado Rafael Mendizábal, ex presidente de la Audiencia Nacional.

El 2 de febrero de 2004, Sito Miñanco es excarcelado para ser juzgado de nuevo. Tiene un extraño aspecto con el pelo largo, barba, gorro de lana y más gordo que de costumbre. Junto a él se sienta el ex policía ahora abogado Manuel Jesús Pérez Lorenzo y le defiende Luis Fernando Martínez, abogado del despacho del ex presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial Federico Sáiz de Robles, en el que también trabaja Rafael Mendizábal. La participación de este tipo de letrados en casos así es siempre sospechosa y está mal vista por colegas jueces y fiscales.

Y no es para menos. Pérez Lorenzo, ex miembro de la UCE, formaba parte del equipo de letrados de Sito Miñanco hasta que el fiscal pidió también su imputación. Es condenado a un año y diez meses de cárcel por encubrimiento.

La acusación pública tiene claro que Sito no era un simple eslabón de la cadena, sino un jefe; no es de los que dejan que sean los colombianos los que tengan el control. Según consta en el sumario, Sito hizo llegar a Colombia unos 2.600.000 dólares como pago de 2.500 de los 3.699 kilos de cocaína después confiscados.

Como de costumbre, José Ramón Prado Bugallo lo niega todo. Admite haber acudido a la cita que fue controlada por la Policía en el Meliá América de Madrid, pero dice que fue una reunión con su amigo Quique, que le había pedido prestados diez millones para “un negocio legal”. Había colombianos, es cierto, pero según él sólo hablaron con Quique, y como lo hicieron en inglés él no se enteró de nada... ¿Para qué iban a hablar en inglés si Quique también es sudamericano?

La acusación, no obstante, mantiene que tal cita fue para saldar algunas diferencias económicas para que la tripulación del Agios, capitaneada por uno de los dos testigos protegidos del caso y que llevaba a bordo un equipo de los GEO, entregase el cargamento al Tatiana.

La defensa de los procesados aboga por la estrategia del delito provocado; la Policía, afirman, lo montó todo. Los tripulantes del Tatiana declaran que fueron contratados para llevar el pesquero desde Togo hasta Santo Domingo para el desguace. Pararon en Cabo Verde por una avería y, de camino, recibieron el encargo de suministrar víveres y combustible al Agios Constandinos. Una vez abarloados los barcos, empezaron a arrojarles fardos a la cubierta del pesquero. Dicen que cuando habían lanzado media docena, saltaron los geos, quienes, por cierto, eran los mismos que les tiraban los fardos.

El fiscal dice que ya había al menos 40 fardos en el pesquero cuando fue abordado.

No hay delito provocado. La Audiencia Nacional condena a Sito Miñanco a 16 años y diez meses de cárcel y a una multa de 390 millones de euros como jefe del entramado.

Operación Candil. El relevo.

Meniat es el nombre de un pesquero apresado el 30 de marzo de 2002 al norte de Cabo Verde. Los GEOS lo abordaron a 1.700 millas de Galicia, a donde se dirigía con algo menos de dos toneladas de cocaína (1.833,64 kilos). Un buque de la Armada lo arrastró hacia Las Palmas de Gran Canaria, donde llegó poco después del mediodía del 7 de abril.

Mientras tanto, la Policía seguía rellenando las diligencias de una investigación iniciada un año antes y en las que, entre las 19 personas detenidas, figuraba Manuel González Crujeiras, alias O Carallán, considerado algo así como el relevo de Laureano Oubiña. También está Manolo el de Ourense, Manuel Rodríguez Conde, un hostelero ourensano conocido también como Tocayo, Rodri y Afilador.

Era el alijo más grande del año, aunque, a pesar de la elevada pureza de la droga (del 80 por ciento), su importancia no radica en esos 77 fardos hallados en la cubierta, sino más allá; la denominada Operación Candil era especial porque algunos de sus detenidos eran –utilizando terminología de la lucha antiterrorista– históricos del narcotráfico, como José Carlos Pombar Cameán y Ramón Santo Lorenzo.

La mayor parte de los detenidos era de lugares como Pobra, Ribeira y Boiro, de la comarca de Barbanza, donde la presunta implicación de personas como las citadas no era ninguna sorpresa. Siete eran los venezolanos que tripulaban el pesquero.

La operación, asimismo, fue importante porque supuso la primera intervención directa de la Armada en un caso de relevancia después del acuerdo firmado el año anterior para que los militares colaboraran con las fuerzas de seguridad en la lucha antidrogas.

En el año 2003, Garzón procesa a trece gallegos y siete venezolanos. La instrucción considera que Manolo el de Ourense era el encargado directo del transporte desde el barco nodriza hasta las costas gallegas.

La Operación Candil propició asimismo que se llevara a cabo la Operación Javillo, en la que se desmantelaron dos organizaciones dedicadas a la distribución de heroína en los últimos escalones. Se intervinieron cinco kilos de esta droga y una treintena de personas fueron  arrestadas, entre ellas dos guardias de Ourense y un funcionario de prisiones.

Operación Retro/Fornos

Esta operación es tal vez la más importante llevada a cabo por España en altamar y sólo puede compararse a la Temple. La operación tiene dos nombres porque al inicio eran dos investigaciones distintas iniciadas por diferentes equipos: Fornos era la de la Policía y Retro, de Vigilancia Aduanera. Acaba por denominarse Retro-Fornos.

De nuevo, los clanes gallegos negocian con los colombianos. Esta vez cinco grupos distintos –dos encargados del tráfico y de la distribución en Europa, dos especializados en el transporte y uno en el blanqueo– se alían para alijar clorhidrato de cocaína en las costas españolas.

El sábado 11 de octubre de 2003 el South Sea, un buque congelador de 50 metros de eslora, bandera de Senegal  y bastante deteriorado, navega a unas 80 millas de Lisboa. El barco ha incrementado su cantidad de droga porque ha tenido que auxiliar a otra embarcación cargada que ha sufrido una avería. Tres aviones, dos patrulleras de Aduanas y un buque de la Armada, el Centinela, le salen al paso. Los geos saltan a bordo y engrilletan a la tripulación.

Hay que señalar que un barco siempre es territorio judicial de la nación cuya bandera ondee, aunque se encuentre en otro hemisferio, así que las autoridades españolas han consultado a las senegalesas para abordar la nave. Ningún problema.

Ni rastro de la droga, pero ya habrá tiempo de buscarla una vez atracado el barco en Vilagarcía de Arousa. La búsqueda se prolonga durante todo un día, con los obvios temores de haber metido la pata, o de que los traficantes hayan tenido ocasión de deshacerse de la prueba del delito en el mar. Es el síndrome Privilege; se dio una situación similar tres años atrás en la Operación Ostra; los agentes no encontraron un gramo de droga, aunque la confiscación del barco se vendió como una espectacular operación policial.

Tal vez lo fue, en realidad; dos años después del apresamiento del Privilege, en julio de 2002, un arrepentido narco colombiano, Jorge Enrique García Molinares, detenido en Barcelona por petición de la DEA, que le implica en la Operación Orinoco 2000, con diez toneladas decomisadas, declara ante Garzón que el barco estaba destinado a entrar droga en Europa a través de Albania. El juez Vázquez Taín acaba incluyendo en el sumario a más de una treintena de narcos y dos paramilitares, entre ellos el conocido jefe Carlos Castaño, todos ellos de la red de los también procesados Víctor y Miguel Ángel Mejía Munera, los Mellizos, en busca y captura y que en alguna ocasión han trabajado con Sito Miñanco, como en el caso del China Breeze.

El arrepentido participó en la compra del Privilege y de otro buque, el Suerte I, apresado en la Operación Orinoco 2000. Los dos mercantes debían inaugurar la ruta a Albania en agosto de ese año. Entre el 13 y el 19 estaba previsto que los primeros cargamentos embarcaran en el delta del río Orinoco, donde los Mellizos habían almacenado más de 13 toneladas de cocaína lanzadas desde aviones. Sin embargo, una filtración hizo saber a la red que las autoridades europeas esperaban al Privilege, así que lo enviaron con una carga legal de tres mil toneladas de cable de acero y dos mil toneladas de alquitrán para Italia. Ni un gramo de droga. Los Mellizos querían montar un ejército propio instruido por rusos e incluso negociaron la compra de un avión Antonov para transportar droga hasta Albania.

Volviendo al South sea, los agentes –perros y hombres– no cesan la búsqueda, hasta que una microcámara introducida en una fisura de la proa por policías del GOIT (Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas) descubre el tesoro del barco pirata; bajo las cadenas hay un compartimento en el que se han ocultado 283 fardos de entre 25 y 30 kilos cada uno. En total, se  calcularán inicialmente más de 7.500 kilos.

Una treintena de personas es arrestada en la operación, cinco son los tripulantes del barco (capitán armenio y marineros ucranianos) y el más conocido por la Policía es Carlos Somoza Miguéns, de Vilanova de Arousa. Fue yerno de Manuel Charlín y trabajó para él años atrás. Sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura precisamente por no haberse presentado en febrero de ese año 2003 en el proceso contra los Charlines por blanqueo de dinero.

También está entre los detenidos José Joaquín Agra, del clan de os Panarros y que ya había sido detenido en febrero de 2001 por el alijo del Abrente. Entonces estaba en libertad condicional con una pena de 12 años de cárcel por los 2.000 kilos de cocaína del Martere en 1993 ¿Cómo es posible que estuviera en la calle para poder implicarse en lo del South sea?

El avance de la investigación y las declaraciones de los arrestados llevan ante el juez a Marcial Dorado Baúlde, que fue implicado en Nécora en el 90 pero que finalmente no fue procesado. En los meses posteriores, la Audiencia de Pontevedra dejará en libertad a estos dos últimos sospechosos, con el consiguiente descontento de los policías y de los jueces instructores.

La Policía calcula que las sociedades que legalizaban los beneficios ilícitos ya habían blanqueado más de 138 millones de euros mediante transferencias bancarias. Dos semanas después del asalto al South Sea, la Udyco irrumpía en las oficinas centrales del Banco Popular, división de Banca Privada, y se llevaba copias de seguridad de algunos documentos y a uno de sus ejecutivos, Gonzalo Cantarela del Castillo, apoderado de Banca Privada y acusado de participar en el blanqueo de capitales de la red criminal.

El día 28, cuatro furgonetas custodiadas por policías y agentes aduaneros  trasladan los 283 fardos de droga hasta la central térmica Endesa, en As Pontes, donde son incinerados en menos de dos horas. El alijo pesaba en el último recuento 6.500 kilos, aunque inicialmente se estimara ese peso en 7.500, y de él, antes de echarlo al fuego, se extrajeron muestras por triplicado y de forma aleatoria de los distintos fardos: una para el análisis inicial, otra para el análisis contradictorio, por si los abogados defensores no están de acuerdo con los iniciales, y una tercera para el análisis dirimente, que sería utilizado en caso de que las dos primeras no sean coincidentes.

Las muestras quedan almacenadas en las dependencias de Sanidad y sus técnicos remiten al juez una certificación con la identificación de la sustancia, cantidad, grado de pureza y a veces las sustancias adulterantes que también puedan considerarse peligrosas.

Utilizamos este caso cómo excusa para explicar cómo funciona porque es un ejemplo bastante excepcional; el proceso no suele ser tan rápido. En la última memoria anual de la Fiscalía se recogía el modelo gallego de actuación en materia de destrucción de droga como un ejemplo a seguir, y se destacaba que este asunto es un grave problema pendiente de resolver en el país.

A finales del año 2002, había 322 toneladas de droga pendientes de su incineración, y de ellas 250 precisaban aún la autorización judicial para ello.

Algo menos de dos meses después del abordaje del South sea, el sábado 6 de diciembre, la Operación Playa pone de nuevo en evidencia el protagonismo de las redes de Vilagarcía de Arousa. Un barco de la Agencia Tributaria intercepta, a 80 millas al oeste del Cabo Vilán, frente a la Costa da Morte, al pesquero Playa de Arbeyal, con 2.800 kilos de cocaína en 107 fardos que ya estaban descargándose en una lancha planeadora para ser trasladados a tierra. El barco tenía base en Gijón, pero el patrón era de Vilagarcía y los agentes detienen a un venezolano que debía ser el enlace con los traficantes sudamericanos; las relaciones acostumbradas, además de estar implicado Juan Carlos Vázquez, hijo de Manuel Vázquez Vázquez, del clan de los Piturros. Y José Antonio Vázquez Taín es de nuevo el juez que dirige el asunto.

En esta ocasión, han participado en el operativo miembros de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Aduanas, y tal entente tripartita no se da todos los días.

Operación Destello

Una operación sumamente compleja en la que se intervinieron 1.800 kilos de cocaína y se evitó la introducción de otros 4.000 en el yate Zénith. Y en el que aparecen nombres de familias históricas del narcotráfico gallego como los Charlines, Baúlos, Oubiñas y Viriatos.

La droga intervenida es, desde luego, lo menos destacable de esta operación, que se desarrolló entre 2006 y 2007 y en la que la Udyco central detuvo a Jorge Isaac Vélez Garzón, natural de Cali, que en esos momentos era considerado por los agentes el principal delegado de los carteles colombianos en España, el que más cocaína estaba entrando en el país. Intentaban arrestarlo desde el año 2003 y junto a él fueron detenidos más de treinta sospechosos, entre ellos un sobrino del patriarca de los Charlines y el que se sospechaba que era el jefe del clan gallego de os Caneos.

     Antes de seguir con los detalles, vale la pena detenerse en la figura de Jorge Isaac Vélez, apodado el Jefe o Papá. Empezó su carrera en España con Sito Miñanco y, como parte de la banda del gallego, fue detenido por primera vez en 1991, por un alijo de 2.000 kilos de cocaína. Fue condenado a once años de prisión, aunque el Supremo aumentó la pena a veinte y luego el Constitucional lo hizo bajar a 15 años. En la calle en el año 2001, ya se le considera alguien importante en el narcotráfico, alguien que, lo que no es habitual, trabaja como intermediario de los colombianos pero como freelance, es decir, que organiza los envíos de varios carteles de la droga, sin exclusividad con ninguno de ellos. Organiza el transporte y representa a los carteles.

     En 2003, la Policía intenta vincularlo sin éxito a un alijo de tres toneladas de cocaína. En 2005 y 2006 se le sigue de cerca esperando un error. Y en agosto de ese último año, los agentes escuchan una conversación, en un teléfono pinchado, en el que ordena a los tripulantes de un narcoyate deshacerse de los casi 4.000 kilos de cocaína que portaba. Es el Zénith.

      Fue detenido en Sevilla y junto a él también fue arrestado el cambadés Daniel Baúlo Carballo (su padre fue asesinado por sicarios colombianos tras haber confesado un delito de narcotráfico para denunciar a la familia Charlín. Ampliaremos este caso más adelante). Baúlo Carballo, para sorpresa e indignación de la Policía, fue absuelto en el juicio, celebrado a finales del año 2010.

    Para el jefe, Jorge Isaac Vélez Garzón, la Audiencia Nacional determinó una pena de 18 años de cárcel y multa de 80 millones de pesetas (el fiscal pedía 57 años). En total, de los 36 procesados, cinco fueron absueltos y el resto salió con penas que sumaban 222 años de cárcel. Todas las penas impuestas eran muy inferiores a las solicitadas por la Fiscalía y entre los absueltos había algún ‘histórico’ considerado muy importante por la Policía, como es el caso de Daniel Baúlo, del clan de os Caneos, que al ser arrestado estaba en libertad condicional. La sentencia dice que, a pesar de haber asistido a las reuniones, quizás no tenía constancia de que se estaban organizando desembarcos de droga.

     Según el entramado descubierto por los agentes antidroga, Baúlo formaba parte de la logística en alta mar, junto a José Benito Charlín Paz (sobrino del patriarca Charlín y cuñado de Daniel Baúlo), que fue condenado a nueve años de cárcel y 12 millones de multa. A él se le aplicó la atenuante de confesión tardía.

     Además de la cocaína incautada, hay que destacar que en la Operación Destello se intervino un patrimonio valorado en más de 50 millones de euros y también 28 sociedades, algunas radicadas en el extranjero. Se embargaron 65 inmuebles.

     En cuanto a la droga, los 1.800 kilos de cocaína incautados son los de los 60 fardos recuperados tras ser arrojados al mar por los tripulantes de una embarcación que iba a ser abordada. También se desbarató la llegada a Galicia, desde Casablanca, de un yate, el Zéith, cargado con 4.000 kilos. La tripulación recibió la orden de Jorge Isaac Vélez (grabada en las intervenciones telefónicas) de deshacerse de la carga. En las semanas posteriores, más de 40 fardos de droga fueron apareciendo en las costas de Galicia y también de Portugal.

LAS RUTAS DE LA COCAÍNA

Resulta evidente que las rutas de entrada de la droga en los grandes mercados consumidores están supeditadas a la situación geográfica de los países productores, por un lado, y de los consumidores, por otro. De esta forma, las rutas principales de la cocaína se establecen, básicamente, desde los países andinos a Estados Unidos y a Europa. Si el destino es Estados Unidos, las redes colombianas trabajan con las mexicanas, y si es Europa, lo hacen con las gallegas. Es un principio básico del entramado del narcotráfico.

El cultivo de coca es tradicional y prácticamente monopolio de tres países: Perú, Bolivia y Colombia, seguidos de lejos por Ecuador y Brasil. En Bolivia, un informe elaborado por la Embajada americana en ese país en 2002 aseguraba que los cultivos de coca crecían de forma espectacular. Según sus datos, obtenidos a partir de imágenes por satélite, existían 24.400 hectáreas de coca en el país, aunque la Ley de Coca y Sustancias Controladas, de 1988, sólo autoriza el cultivo de 12.000.

En su informe de 2010, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes asegura que la superficie cultivada ha aumentado en Perú. “Si sigue sin frenarse la tendencia actual del cultivo ilícito, el Perú podría superar a Colombia en superficie de cultivo ilícito de arbusto de coca y producción ilícita de hoja de coca en los próximos años, y recuperar la posición de principal productor mundial de cocaína que mantuvo hasta 1996”.

Pero es Colombia –casi sinónimo de narcotráfico– el mayor proveedor de clorhidrato de cocaína del mundo. A pesar de que también tiene importantes cultivos de la planta de coca, es el que tradicionalmente procesa las hojas y la pasta base procedentes de Bolivia y Perú, ya que es un país relativamente más industrializado y mejor situado geográficamente, lo que facilita la tarea de conseguir las sustancias necesarias para el proceso químico de la droga.

Sin embargo, desde el recrudecimiento de la guerra contra los traficantes colombianos se establecieron nuevos laboratorios en Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Panamá e incluso Estados Unidos. Ecuador es una importante ruta de tránsito de drogas y precursores y sus principales puertos, al igual que los de Venezuela, son plataformas para los contenedores comerciales en los que, en muchas ocasiones, viaja la droga hacia Europa.

En 2000, un informe del Gobierno colombiano aseguraba que este país ya tenía tantos cultivos de coca como Bolivia o Perú, a pesar de la fumigación con herbicidas financiada por Estados Unidos en el denominado Plan Colombia. El informe también indicaba que aumentaban los cultivos de la amapola para producir opio y heroína.

Otro informe, pero esta vez norteamericano, el de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de Estados (2002) apunta en la misma línea: Colombia encabeza la lista tanto de productores  como de distribuidores y grupos terroristas como las FARC se financian con el negocio, sin olvidar los dividendos que ofrecen los secuestros que se registran a diario. Según este informe, Perú ocupaba entonces un segundo lugar y en Bolivia había la mitad de cultivos que en 1995.

La Erythroxylon coca precisa una altitud y unas condiciones de cultivo que la hacen casi exclusivamente adecuada a los países andinos, aunque también se cultiva en algunas áreas de Indonesia y en ciertos países africanos. No es lo mismo.

Desde Colombia, el primer objetivo es el mercado de Estados Unidos. A mediados de 1945, los antioqueños, que ya tenían rutas para el contrabando de otras mercancías, recibieron el encargo de las mafias norteamericanas de llevar cocaína a Estados Unidos al terminar la segunda Guerra Mundial. Los colombianos se encargarían de viajar a Bolivia, Perú y Ecuador para abastecerse de las materias primas, y la Cosa Nostra ofrecería los medios para su transformación, incluyendo algunos químicos para los laboratorios. El primer paso estaba dado para que, en los 70, aparecieran los grandes carteles que hicieron del narcotráfico una forma de vida y que establecieron canales comerciales más sólidos que la ruta de la Seda.

Tierra, mar o aire. Todo vale. En los 90, ya se prefería el mar. Hoy los barcos siguen bordeando la costa hacia el norte con cargamentos de clorhidrato de cocaína. En el Caribe, los paquetes son arrojados desde aviones y recogidos por embarcaciones que las esperan. Un buen ejemplo, y medio español, es el caso del Rand, que en octubre de 1991 recogió cerca de Tobago 1.117 kilos de cocaína que un avión lanzó en fardos y que había comprado el clan de los Charlines. El Rand, que zarpó de Venezuela llamándose Strande, fue abordado en una noche de mediados de octubre de 1991. Era la primera vez que un juez español –el caso era de Garzón– ordenaba interceptar un barco que navegaba en aguas internacionales.

En los 70, Pablo Escobar y los Ochoa se valieron de la capacidad de estratega del narcotraficante Carlos Enrique Lehder Rivas para esquivar a las autoridades. Él montó las rutas y revolucionó el narcotráfico. Antes de Lehder, los camellos pasaban la droga por tierra o camuflaban los alijos en la mercancía que se transportaba en los vuelos comerciales con Miami, pero Lehder recuperó el sistema de contrabando por avión fletado, que algunos traficantes mexicanos ya habían empleado en los lejanos años 20. En los 80, en Colombia no podía comprarse una avioneta sin un certificado de carencia de antecedentes de narcotráfico.

Importaba cuantiosos cargamentos de cocaína que llegaban a Cayo Norman, en las Bahamas, procedentes de Colombia a bordo de aeronaves DC-4. Lehder cobraba a los traficantes un flete por el uso de la pista y por el posterior reembarque de los alijos en avionetas que, en menos de una hora, aterrizaban en aeropuertos privados del sur de Florida. Todo un lujo.

Lehder, que de adolescente tenía una especie de santuario con una veintena de fotos de Hitler, editaba un periódico en tinta verde como símbolo de la cultura de la marihuana. Fue sentenciado a cadena perpetua en Jacksonville, Florida, a mediados de 1988.

Escobar llegó a tener su propia flota de aviones para transportar droga y su Ejército de seguridad privada, llamado seguridad Nutibara, autorizado por el Ministerio de Defensa. El sistema de los aviones tuvo éxito, y lo demuestra que en Colombia, en 2001, se incautaron más de 1.500 laboratorios y se destruyeron 55 pistas de aterrizaje clandestinas usadas por los traficantes. Asimismo se descubrieron diez laboratorios de fabricación de permanganato potásico. Es decir, los aviones tenían éxito, pero la lucha antidroga también tenía los suyos.

La entrada por Miami ha sido profusamente utilizada, y una buena demostración  de cómo se han empleado las líneas comerciales es la operación que las autoridades aduaneras llevaron a cabo en agosto de 1999 y que propició la detención de 58 empleados de tierra de American Airlines que se habían organizado en una banda que concertaba envíos de cocaína con redes latinoamericanas. Cuando las partidas llegaban en maletas a Miami, los operarios, simplemente, las trasladaban a las cintas de equipaje de los vuelos locales, no controladas por los de aduanas. La organización incluso se ofrecía para traficar con armas.

Agentes secretos se hicieron pasar por narcos que querían pasar cocaína y heroína para poder desarticular esta banda.

El volumen de las exportaciones creció con los años y los traficantes transportaron su valiosa mercancía oculta en contenedores de grandes navíos de carga. Ese es también un sistema común en el tráfico hacia Europa. Es una cuestión práctica; en uno de esos barcos cabe más droga.

Pero todavía cabe más en un submarino; Mafias rusas y colombianas se unieron en el año 2000 para construir uno de 30 metros de eslora con tecnología rusa y dinero colombiano. La Policía del país sudamericano creía que ya lo había visto todo hasta que encontró, a sólo 30 metros de Bogotá y a 600 de la costa, la fábrica donde se construía el sumergible. Los traficantes se las prometían muy felices y tenían previsto llevar el submarino hasta el mar desmontado en tres partes y en contenedores. Podría sacar del país partidas de entre 150 y 200 toneladas de droga y tendría la capacidad de sumergirse a 100 metros.

Este caso y otros que le han seguido han popularizado el término narcosubmarino. La primera vez que la Armada de los Estados Unidos capturó uno fue en 2006, a 145 kilómetros de Costa Rica. Y lo llamaron Big Foot porque, al igual que del Yeti, oían hablar de ellos pero no habían visto ninguno. Hay que explicar que el narcosubmarino no suele tratarse de un submarino auténtico, sino de naves semisumergibles construidas para navegar justo por debajo de la superficie, con la cabina sobre el agua, con el único objetivo de no ser avistados.

En febrero de 2011, cuando el Ejército intervino un narcosubmarino en la costa suroeste colombiana del Océano Pacífico, en las selvas de Timbiquí, departamento del Cauca, la autoridades destacaron que aquel aparato en concreto podía trasladar hasta ocho toneladas de cocaína y que se estimaba que los narcosubmarinos podían estar transportando el 70 por ciento del tráfico desde Colombia a Estados Unidos. Además, hasta aquel narcosubmarino, capaz de sumergirse a nueve metros, todos los que habían sido intervenidos por las autoridades eran semisumergibles como los que habíamos descrito en el párrafo anterior.

Hay un caso español bastante interesante. El narcosubmarino de Vigo. En agosto de 2006, fue localizado en la ría de Vigo, semihundido y echando humo, por la Guardia Civil del Mar. Los agentes antidroga (fue una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía) ya lo habían visto y llevaban meses vigilando a la red que pensaba usarlo. De hecho, la primera vez que la Guardia Civil lo vio fue en la carretera, cuando era trasladado del lugar en el que se construyó, Gondomar, hasta Vigo. Uno de los agentes lo explicó así durante el juicio: “Vimos un artefacto raro, muy raro, con una turbina detrás y medio tapado con una lona”.

Era bastante artesanal (una chapuza) y había sido construido para alijar cocaína desde un barco nodriza a Galicia. Al parecer, el ensayo de trasladar el sistema a España fue un fracaso y los gallegos que se ocupaban de la construcción engañaron a los socios sudamericanos que financiaban el proyecto. Este aparato semisumergible no llegó a navegar porque era un desastre de embarcación, aunque estaba previsto que introdujera en España 750 kilos de cocaína pura.

Y, mucho más relevante que esta primera parte de la historia, es la segunda. Y es que a pesar de las vigilancias y las pruebas, de las horas invertidas, de que hablamos de cocaína y de que la Fiscalía pedía inicialmente 10 y hasta 13 de cárcel para casi todos ellos, y de que los procesados reconocieron el delito, la sección quinta de la Audiencia, con sede en Vigo, condenó a los seis que pudieron juzgarse (otros dos, delegados del cartel, estaban en rebeldía) a tan sólo dos años de cárcel (a uno de ellos se le sumaron tres meses por reincidencia).

Destaca que los acusados estuvieron conformes con el relato de los hechos de la Fiscalía Antidroga, lo que implicaba toda la planificación de un desembarco de cocaína de un cartel colombiano. Sin embargo, los jueces no aceptaron las agravantes propuestas por el fiscal; la de formar parte de un grupo organizado y la de usar un buque para transportar droga. ¿No eran un grupo organizado? Los jueces afirman en la sentencia que “no consta estuviesen bajo una sujeción jerárquica, ni que se tratara de una estructura normalizada con vocación de permanencia en el tiempo”. Y, respecto al tema de la embarcación, “carece de la condición de buque”. Pero es que además del narcosubmarino chapuza, la Policía intervino el narcovelero Nadir III.

Al menos se les podría haber pedido que, a cambio de tal increíble reducción de pena, dieran nombre y datos del dueño de la mercancía en Suramérica, del que los investigadores sólo pudieron averiguar su nombre de pila; José Luis.

Por cierto, uno de los condenados a dos años de cárcel es Francisco Omil Nazara, que ya había sido condenado, en 1996, en la Operación Nécora, y era el enlace en Galicia de los narcos colombianos. Fue arrestado de nuevo en 2010 como parte de una operación del GRECO Galicia (Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado) contra la conexión gallega de una organización que trasladaba droga desde Venezuela.

Los mismos nombres se repiten una y otra vez a lo largo de este libro.

Por tierra no hay que olvidar la especial situación geográfica de México, que ha pasado de simple conductor a productor y traficante. La debilidad de los carteles colombianos hizo posible que se hicieran fuertes los mexicanos.

Las organizaciones de traficantes de la zona fronteriza ya tenían experiencia en el transporte de marihuana cuando, en los 80, los carteles colombianos recurrieron a sus alianzas para llegar a lugares como Nueva York o Chicago. Los mexicanos tenían los contactos con la mafia ítaloamericana que los colombianos ambicionaban.

Al principio, los mexicanos cobraban por sus servicios de transporte y por establecer las relaciones con el Norte, y una parte de la droga se quedaba en México. Sin embargo, en una segunda etapa, entraron en el juego capos como el Señor de los Cielos y carteles como el de Juárez y el Golfo, que quisieron mandar en el negocio y ser sus propios jefes; pasaron de ser intermediarios a comprar la droga a los colombianos pagándoles con las armas con las que se abastecieron las narcoguerrillas.

El método más curioso para cruzar la frontera mexicana es el de los conocidos como narcotúneles. En la edición del 18 de abril de 2002 del periódico La voz de Galicia se informaba de que el Servicio de Aduanas había hallado “otro narcotúnel cerca de la frontera entre Nogales (EEUU) y México, en un estacionamiento utilizado por esa agencia federal. Mide 26 metros de largo y sus paredes habían sido reforzadas. Es el décimo narcotúnel descubierto en Nogales, el segundo en cruzar completamente la línea fronteriza, y está a tan sólo 30 metros de otro descubierto en diciembre”.

Uno de los más largos es el que la Policía encontró en junio de 1993. Medía 433 metros y los traficantes lo usaban para pasar droga a Estados Unidos y también inmigrantes. El túnel fue hallado en el transcurso de las investigaciones iniciadas tras el asesinato del cardenal Juan Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, el 24 de mayo, al que ya hemos hecho referencia anteriormente.

Dicen que el cardenal fue confundido con Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, al que querían matar los hermanos Arellano Félix, cabecillas del cartel rival de Tijuana y que se consideraban herederos del cartel de Guadalajara. En el tiroteo que acabó con el arzobispo, en el aeropuerto de la capital de Jalisco, murieron otras seis personas. Tres gatilleros armados con fusiles AK-47, que allí llaman cuernos de chivo, armaron, como suele decirse, un auténtico Cristo.

El narcotúnel descubierto tras el crimen era empleado por El Chapo Guzmán y pasaba por debajo de la frontera de Tijuana a una profundidad de 25 metros, con un metro y medio de diámetro.

Europa es el segundo objetivo. La ruta del Caribe también se emplea para recoger cargamentos destinados a países europeos; el 13 de octubre de 1998, durante la Operación Concierto, los GEO abordaron a más de 200 millas del cabo de San Vicente el mercante Miami Express, con 2.100 kilos de cocaína embarcada en la isla de Aruba. Es sólo un ejemplo.

En España, hasta principios de los 80, los traficantes de cocaína sudamericanos se valían del aeropuerto de Barajas, donde, durante años, ni siquiera se contó con la ayuda técnica de un aparato de Rayos X.

Los alijos aéreos llegan por las denominadas rutas calientes, procedentes de Bogotá, Caracas, Río de Janeiro, Sao Paulo o Buenos Aires y con destino Barajas, Barcelona, Santiago de Compostela, Tenerife, Las Palmas o Málaga. 

Los informes de Interpol señalan que “el 65 por ciento del contrabando pasa desde Colombia por países de tránsito en América del Sur y, en especial, el Caribe, ya sea por vía marítima o aérea” usando correos que pueden llegar a su destino en perdigonada, que es la expresión que usa la Policía para la técnica de colocar a varios camellos en un mismo vuelo, reduciendo la cantidad de droga que transporta cada uno y reduciendo también los riesgos de que no llegue ni un gramo a su destino.

Los 80 es la época de los alijos de cinco kilos. Hoy sigue siendo muy habitual para introducir cantidades más o menos pequeñas, pero al mismo tiempo que llegan por mar los cargamentos que se cuentan por toneladas. Es la ruta del Atlántico, la que se estableció férreamente cuando los gallegos abandonaron el contrabando de tabaco para hacer negocios con los colombianos.

Los grandes alijos salen de Colombia o Venezuela, sobre todo, o desde Brasil y Surinam, y pasan por aguas de las Islas Canarias, Azores, Cabo Verde o Madeira hacia las costas españolas o portuguesas. Los puertos colombianos de Barranquilla, Cartagena o Santa Marta, antiguos puntos de partida de la droga, están muy vigilados con la política antidroga del gobierno del país, así que importantes cantidades de cocaína inician ya en el siglo XXI el viaje desde aguas venezolanas. Galicia es el principal punto de destino, básicamente porque ahí se encuentran los contactos de los traficantes colombianos, los que distribuirán la mercancía. Los buques nodrizas se acercan hasta el Oeste de Cabo Verde, zona conocida por la Policía como la autopista, y allí esperan a los pesqueros gallegos que simulan salir a faenar cerca de Mauritania pero que no buscan precisamente peces. Están conectados por radio y teléfonos vía satélite y los colombianos controlan todo el proceso; sus enlaces en España reciben el mensaje con la información sobre qué barco gallego recogerá el alijo, las coordenadas donde se encontrarán, la frecuencia de radio y una clave, y lo comunican a la organización. Los pesqueros conducen la droga hasta 200 millas de las costas gallegas y la descargan en aguas internacionales en las lanchas rápidas que la trasladarán a tierra.

Como muestra de la importancia de esta ruta pueden destacarse los abordajes llevados a cabo en el Atlántico en el año 2003: el 8 de mayo se interceptaron en un barco 3.600 kilos de cocaína, sólo un día después se decomisaron otros 4.100, el 3 de junio los agentes hallaron 2.500 y un mes después, el 4 de julio, otros 3.000. El 31 de agosto, los geos y Vigilancia Aduanera abordaron el pesquero Nonga, con otros 2.800 kilos. La Operación Retro/Fornos, con más de seis toneladas decomisadas, se registra en octubre.

En el 2003, precisamente, los expertos reunidos en el foro sobre estrategias integradas en la lucha contra el tráfico de cocaína que se celebra en Santiago en el mes de julio afirman que Galicia ha perdido parte de su protagonismo como puerta de entrada de la cocaína a Europa. El uso de contenedores de mercancías en las principales vías comerciales para traficar con la droga ha hecho que puertos como los de Valencia, Bilbao, Barcelona, Leixoes y Rotterdam sean también destinos habituales.

Además, destaca el auge de una nueva ruta marítima hacia Albania –la que querían emplear los Mellizos con el barco Privilege– que abastece los crecientes mercados de los países del Este. En definitiva, las tres principales puertas son, iniciado el siglo XXI, la Península Ibérica, Holanda y Albania.

Los narcos gallegos también han modernizado sus flotas y emplean ahora lanchas semirrígidas que alcanzan los 40 y 50 nudos de velocidad. Son lanchas fabricadas por encargo en astilleros británicos y que cuestan entre 200.000 y 800.000 euros. La empresa que las fabrica anuncia en internet que son ideales para servicios de rescate y operaciones entre plataformas petrolíferas, por ejemplo, pero también son estupendas para trasladar la droga directamente desde los buques nodriza a la costa. La empresa, la Crompton Marine, ha estado durante años bajo sospecha, y en marzo de 2004, su responsable, afincado en Estepona, es arrestado por delitos de tráfico de droga y blanqueo de capitales. Resultaba curioso que tantos traficantes usaran la misma marca. La Operación Náutica, desarrollada en la Costa del Sol, permitió la intervención de 7.000 kilos de hachís y de 12 embarcaciones Crompton, seis de ellas en Ibiza.

En un informe elaborado por la Unidad Central de Estupefacientes en 1995 se resumía así la situación de la Península Ibérica en el tráfico de cocaína: “En España, por los lazos históricos y lingüísticos que nos unen, los carteles sudamericanos de la cocaína cuentan con una amplia infraestructura, lo que motiva que, junto con Portugal, sea la principal puerta de entrada de esta droga para el resto de Europa”.

Así es. Igual que España, Portugal ha sido utilizada como puente entre los países productores y los consumidores. Portugal no está muy vigilado, los gallegos cuentan con buenos contactos en el país y Lisboa es una alternativa a los controles del aeropuerto de Barajas. La historia no ha cambiado mucho.

En agosto de 1998, la Policía portuguesa detuvo en el aeropuerto lisboeta a un joven ibicenco llamado Damián que llevaba casi cinco kilos de cocaína escondidos en su equipaje. El chico, además, era investigado por los agentes de la isla por su participación en el atraco a un banco. A principios de mes había viajado hasta Caracas, donde recogió la droga para, días después, volar hasta Lisboa, en lugar de escoger la ruta desde la capital venezolana a Ibiza vía Madrid.

Probablemente, él o los posibles traficantes para los que trabajara consideraron que la escala en Lisboa era más segura que la de Barajas; en el aeropuerto madrileño el control sobre los vuelos de las rutas calientes es especialmente intenso en verano y hay menos posibilidades de burlar la vigilancia.

Para avalar la hipótesis, los datos apuntan esos años a que Portugal es, junto a Estados Unidos y Francia, uno de los tres países que detienen a más españoles por tráfico de drogas. El puerto holandés de Rotterdam es la segunda puerta de entrada de la cocaína, pero la puerta de servicio es Portugal.

Y hay otra ruta alternativa a las hasta ahora mencionadas, la de Singapur y Hong Kong, a través del Pacífico. Es más larga, pero a veces más segura porque sus orígenes y destinos no se consideran rutas calientes. La cocaína sale de Ecuador, por ejemplo, y se lleva a Asia para allí distribuirla. Las mayores cantidades llegan hasta Europa dando la vuelta al globo terráqueo.

En este sentido, la DEA ha detectado que grupos delictivos de la antigua Unión Soviética han buscado alianzas con redes sudamericanas para hacer llegar la cocaína a Europa occidental a través de los países de la Europa oriental. Los señores de la droga rusos también se alían con grupos de Oriente Medio para pasar heroína.

Una ruta curiosa, empleada también por la heroína asiática, es la que pasa por Nigeria. La ruta enlaza, vía aérea, Colombia, Brasil y Nigeria. En el país africano, bandas de traficantes ghanesas o guineanas completan la ruta hacia España y el resto de Europa. Mauritania, Senegal y Ghana también son habitualmente lugares de paso de los alijos. Lo cierto es que tanto la DEA como Interpol destacan que las redes de Nigeria están escalando posiciones en el negocio de la droga y añaden que desde la década de los 90 aumenta el empleo de africanos para transportar cocaína de América del sur a través de África occidental y septentrional hacia Europa.

En zonas como Mauritania hay muchos barcos de pesca cuyas entradas y salidas no son controladas y un elevado nivel de corrupción en las administraciones. Además, los policías antidrogas europeos y americanos tienen dificultades para mantener relaciones cooperativas con las autoridades de esos países africanos. Los clanes nigerianos son los protagonistas del mercado y cobran una comisión por distribuir la droga; algo así como el sistema del outsourcing del mercado financiero.

Ya en el año 1992, el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) destacaba que varios países africanos e incluso El Líbano se estaban convirtiendo en plataformas de entrada de cocaína latinoamericana al mercado europeo, y apuntaba que la cantidad total de cocaína aprehendida en 1991 en el continente africano fue seis veces mayor que en 1990.

En ese mismo informe se revela que los carteles habían desplazado algunos laboratorios a Brasil y a Argentina porque en esos dos países algunos de los reactivos químicos necesarios en la transformación de la pasta de coca se fabricaban legalmente.

Y en el informe de 2010, la JIFE, al respecto de la ruta africana, señala lo siguiente:

“En los últimos años, los traficantes de drogas han utilizado los países del África occidental como zonas de reexpedición de grandes cantidades de cocaína procedentes de América del Sur y destinadas a Europa y América del Norte. El tráfico en gran escala de cocaína que canalizan las organizaciones delictivas a través del África occidental alcanzó, al parecer, su punto más alto en 2007; en 2008 y 2009 el número de incautaciones comunicadas en la subregión disminuyó debido tal vez a que la mayor sensibilidad internacional ante la amenaza que representa el tráfico de drogas dificultó dicho tráfico a través de la subregión. Últimamente, sin embargo, parece haberse reanudado el contrabando a gran escala de cocaína a través del África occidental, como lo demuestran varias incautaciones de grandes cantidades de cocaína efectuadas en 2010”.

Cualquier ruta, desde luego, es posible, pero estas son las más habituales y las más conocidas. Interpol, además, conoce a varias organizaciones que se dedican a lo que llaman tráfico de ida y vuelta. O sea, que la ruta y la infraestructura que se usa para llevar cocaína a Europa se emplea para, de regreso, trasladar drogas de diseño a América.

En los años 90 se descubrieron innovadoras formas de entrar la droga en Europa. Los colombianos inventaron un práctico sistema de pactos con empresas europeas dedicadas a la importación de cualquier producto y en maltrecha situación económica. Ellos se ofrecían a solucionar sus problemas a cambio de su colaboración –un pacto con el diablo– en la importación de considerables cantidades de cocaína por mar. En 1997, la Policía descubrió que una familia de Catarroja (Valencia) dedicada al transporte de madera camuflaba cocaína colombiana en el material que importaba. Entonces los medios de comunicación vendieron la noticia como una gran novedad; hoy es práctica habitual.

Por otra parte, y por lo que afecta al cambio en las rutas, no hay que olvidar señalar que el número de laboratorios de fabricación de cocaína –cristalizaderos– está aumentando en Europa de una forma que la Policía considera alarmante. En el año 1992, Alemania, Italia y España informaron del desmantelamiento de laboratorios ilegales, aunque ya hemos visto el caso del que, ya en el año 1985, fue desmantelado en Palamós, del que se abastecía una banda de traficantes de Ibiza.

En Francia y Reino Unido se registraron decomisos de cocaína base –destinados a completar el proceso para fabricar clorhidrato de cocaína–, enviada a través de Brasil hacia los laboratorios europeos. En marzo de 1993, en Fuente Álamo, Murcia, se desmanteló un laboratorio en el que, cuando entró la Policía, se acababan de preparar cuatro kilos de clorhidrato de cocaína. Trece personas –bolivianos, argentinos, españoles y un italiano buscado por la Interpol– fueron arrestadas en Alicante y Murcia. En febrero de 2000, en Holanda, 14 personas fueron acusadas de organizar, un año antes, el transporte de 1.200 kilos de pasta de coca entre Panamá e Italia.

En junio de 2001, la Policía localiza el mayor laboratorio clandestino de elaboración de cocaína sintética de España en una granja de la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra llamada Los Quiñones. La cantidad de productos e instrumentos que tenían los cocineros –dos colombianos trasladados por la organización desde su país para tal tarea– es impresionante: más de 5.000 litros y 1.200 kilos en estado sólido de precursores químicos como ácido clorhídrico, éter, metanol, ácido sulfúrico, metiletilcetona, tolueno, amoniaco, isopropanol, bicarbonato, hidroxilamina y todas las balanzas y herramientas necesarias. La UCE (Unidad Central de Estupefacientes) detiene a cuatro colombianos tras medio año de investigación. En un cuaderno tenían anotado, minuciosamente, todo el material de laboratorio que empleaban y las fases del proceso químico.

Sólo habían pasado cinco meses desde que, en enero, finalizara otra gran operación coordinada desde la UCE y que permitió localizar una tonelada de cocaína base en una nave de Vinaroz, Castellón, y cientos de millones de pesetas en una casa de Nogueruelas, Teruel. La droga viajaba desde Sudamérica en contenedores y mezclada con un producto conocido como granulado de pómez. Ya en el mes de noviembre la Policía colombiana decomisó 1.100 kilos de base destinados a esta red, formada por colombianos, ecuatorianos y españoles.

Junto al de Guadalix de la Sierra, el laboratorio de transformación de pasta base de cocaína desmantelado a principios de abril de 2003 por la UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) de Las Palmas se considera, junto al de Guadalix de la Sierra, uno de los más grandes y preparados laboratorios descubierto en España. Los policías detuvieron a sus tres responsables, entre ellos un alicantino con antecedentes y con una orden de búsqueda y captura pendiente. La investigación –Operación Fraile– se puso en marcha cuando los agentes que realizan controles regulares a las empresas que venden o compran precursores se dieron cuenta de que la empresa Cristoplas había comprado una cantidad que podía considerarse excesiva de bidones de acetona, sustancia que además de encontrarse en los quitaesmaltes está incluida en la lista de precursores de la Convención de Naciones Unidas de 1988.

Los agentes hallaron, en un almacén, 310 kilos de cocaína y todos los instrumentos necesarios para el proceso. En el laboratorio había 15 bidones metálicos con unos 3.000 litros de acetona, que junto con otros mil litros que esperaban recibir en próximos días hubiera permitido a los traficantes elaborar más de 2.000 kilos de clorhidrato. La cocina de cocaína fue desmantelada antes de que hubiera comercializado ni un solo kilo.

ÉXTASIS Y DERIVADOS

HISTORIA

“Planifique su experiencia con Adam cuando se encuentre libre de expectativas, obligaciones, tareas o interrupciones. Para una persona que trabaje un promedio de 40 horas semanales, el mejor momento para la experiencia es el sábado por la mañana. Por ello, aíslese durante todo el día y procure evitar cualquier trabajo con maquinaria o conducir vehículos durante el día de la experiencia. Estas precauciones son usualmente innecesarias, pero en las experiencias iniciales los efectos pueden ser muy fuertes, por lo que se recomiendan estas prevenciones.

Adam es potencialmente capaz de provocar un cambio verdadero en la vida del individuo, siendo su experiencia totalmente distinta a la producida por cualquier otra sustancia que haya probado hasta la fecha”.

Adam es el éxtasis y lo hasta aquí leído es un pequeño extracto de La experiencia de Adam, una especie de manual, una guía en inglés, que los vendedores de las décadas de los 70 y 80 ofrecían a los consumidores con las pastillas que compraban. La traducción es de un ejemplar facilitado por dos policías de Ibiza que lo encontraron durante una intervención en el año 1987.

“El éxtasis sirve para descubrir y tocar a los otros en alma y espíritu. Si se utiliza con responsabilidad fuertes lazos de unidad y amor forjarán y acercarán a todas las personas involucradas en la experiencia”.

Los párrafos con ideas similares se repiten a lo largo de la guía. Como puede observarse, bien distinto es este ritual de consumo pseudomístico de la forma actual de tomarse un cacharro o una pirula en plena vorágine discotequera.

Además de las consideraciones de tipo místico, estas guías ofrecen recomendaciones con fórmula de prospecto de medicamento:

“Como con cualquier droga, deben abstenerse de ellas las mujeres embarazadas o las madres lactantes” y “los diabéticos y los hipoglucémicos no deben tomarla en dosis completas, salvo bajo supervisión médica”.

Y más adelante:

“Experimentar con Adam es un privilegio especial. Comparta la experiencia conscientemente. Cree el amor y la confianza y conseguiremos un mundo nuevo y una nueva era para explorar las maravillas del Universo”.

De nuevo en el planeta Tierra, la estructura original de la anfetamina de la que derivan MDMA, MDA y todas esas pastillas que se venden con el sugerente nombre de éxtasis se sintetizó en 1887, aunque sus efectos psicoestimulantes no se describieron hasta 1933, cuando se buscaba un sustituto de la efedrina contra el asma.

Dos años después, la anfetamina, como bencedrina, se usaba en el tratamiento de la narcolepsia.

Es a las anfetaminas y sus análogos como el MDMA a los que se hace referencia al hablar de drogas de diseño o drogas de síntesis (sustancias sintéticas químicamente relacionadas con las anfetaminas), aunque técnicamente también lo son la fenciclidina y análogos como el PCP e incluso derivados sintéticos de los opiáceos. El crack, pasta de cocaína mezclada con amoniaco, podría considerarse también una droga de síntesis.

En realidad, las sustancias de las que suele hablarse al referirse a las drogas de síntesis o de diseño son tal vez más características por su presentación, frente a las formas de consumo de otras clásicas como la heroína, el hachís o la cocaína, por lo que genéricamente se hace referencia a pastillas, y eso es al menos más descriptivo que hablar de drogas de síntesis, aunque en ocasiones se vendan en cápsulas y esa fuera su presentación más característica en los 70 y 80, y a partir del año 2000 sea algo más habitual la metanfetamina cristalizada. Y más correcto sería hablar de derivados anfetamínicos de anillo sustituido, pero es una descripción demasiado química y vende mal en titulares de periódico.

Parece ser que la primera vez que las anfetaminas fueron utilizadas de forma no médica fue en la guerra civil española, en los barcos de avituallamiento. En esas fechas también se suministró a las tropas de paracaidistas alemanes.

Su utilización como droga de abuso recreativa se detectó por primera vez en el West End londinense, donde las anfetaminas tomaron el nombre más comercial de purple hearts (corazones púrpuras).

Así que primero fue la anfetamina en 1887 y en 1912 fue descubierto el MDMA (metilendioximetanfetamina). Patentado en 1914 por la compañía Merck como anorexígeno, no llegó a comercializarse como tal pero sí se usó en la II Guerra Mundial para mantener despiertos a los soldados y vencer cansancio y apetito. Todo un recorrido hasta convertirse en la droga de las noches de fiesta. Cuentan que hasta la CIA investigó sus efectos a la búsqueda del suero de la verdad.

En los años 60, a alguien se le ocurre recuperar la vieja síntesis del MDMA y se inicia su uso como droga psicoactiva.

El hombre que recuperó el éxtasis de entre todas aquellas sustancias con las que los laboratorios experimentan y a veces abandonan es Alexander Shulgin, un investigador químico de California que se cansa un buen día de fabricar insecticidas y se dedica a producir éxtasis en su laboratorio para probar sus efectos él mismo.

En los años 70, los psiquiatras californianos utilizan la droga en las psicoterapias, para favorecer la comunicación con el paciente, y un grupo de científicos instala un laboratorio en California para comercializar el MDMA con el nombre de empathy. Pronto pasaría a llamarse éxtasis. Es la época en la que se vende con instrucciones de uso.

La primera vez que la DEA ve una muestra de MDMA –por lo menos la primera de la que se tenga constancia– es en 1972. Era un éxtasis comprado en Chicago.

En los 80 su uso recreativo se extiende en Europa, precedido y ya siempre acompañado por una campaña de márketing que ya querría cualquier empresa para su próximo producto; el éxtasis cobra fama como una droga inocua, capaz de curar a los heroinómanos, arreglar matrimonios rotos, tener efectos afrodisíacos o hasta lograr la paz mundial. En esos momentos todavía no hay estudios rigurosos sobre sus efectos.

Todavía es legal.

La demanda es tal que la oferta se adultera. Es decir, empieza a mezclarse con otras sustancias y, al tiempo, se producen los primeros ingresos hospitalarios. Finalmente, el 1 de julio de 1985, el MDMA es prohibido por las autoridades estadounidenses. La DEA, con un procedimiento de urgencia, la incluye en las listas de sustancias prohibidas por la ley de 1970, la Controlled Substances Act, aunque la verdad es que dos años después el procedimiento de inclusión por la vía rápida se declaró algo incorrecto y la sustancia tuvo que volver a prohibirse en el 88.

El procedimiento de urgencia por el que se ilegalizó la sustancia tiene una historia curiosa. Y dramática. El año anterior, 1984, Estados Unidos promulgó el Comprehensive Crime Control Act o Emergency Schedulling Act para acortar el tiempo entre la aparición de una nueva droga y su ilegalización. Esta legislación de emergencia fue una medida adoptada tras los graves efectos provocados a principios de la década por una droga de síntesis llamada MPTP, un análogo de la meperidina (opiáceo sintético), que se vendió como heroína sintética MPPP y con errores de fabricación que produjeron que decenas de consumidores ingresaran en los hospitales con un cuadro similar al parkinsonismo, inducido por lesiones cerebrales graves e irreversibles.

Tres años después, la poderosa DEA consigue que se apruebe también la Controlled Substances Analogs Act que permite la persecución de los traficantes de cualquier droga de síntesis aunque no esté incluida en las listas pero tenga una estructura parecida a las que sí lo están. Por analogía.

En 1986, la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, en el mes de febrero, acuerda incluir el MDMA y cinco análogos más en la Lista I del Convenio de sustancias psicotrópicas. Entra directamente en la lista de las más peligrosas; la Schedule I, junto a la heroína y el LSD. Tan drástica medida supone que el éxtasis no puede ser usado ni siquiera para investigación médica, cuando aún no se había demostrado que fuera especialmente perniciosa para la salud.

España ratifica el acuerdo por orden ministerial de 30 de mayo de 1986, publicada en el BOE número 135, viernes 6 de junio de 1986. Al mismo tiempo que el MDMA, entran en la lista derivados anfetamínicos como el PMA o el TMA. 

La variante MDA, la que protagonizó el primer juicio de España, quedó ilegalizada un año antes por orden ministerial de 12 de julio de 1985, publicada en el BOE de 25 de julio. La misma orden incluyó la variante DOB en la lista I del Anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, que regula las sustancias psicotrópicas (es la fórmula que utiliza España para ratificar el convenio internacional de Viena del 71).

En 1986 se intervienen las dos primeras cápsulas de éxtasis en España, concretamente en Ibiza y sin que los policías sospechen qué es lo que han enviado a analizar. Y en 1987 se decomisa el primer alijo de MDA; 120 cápsulas y pastillas.

Uno de los agentes del entonces Grupo de Investigación de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la comisaría que participaron en los atestados por el hallazgo de esa sustancia misteriosa recuerda que oyó hablar por primera vez del éxtasis en la discoteca Angel’s. Alguien le comentó que era “una pasada”. El resto ya es historia.

Entre 1989, 1990 y 1991 el éxtasis y sus análogos se popularizan en España al mismo tiempo –y es una apreciación importante– que se produce un rechazo social a la heroína y los yonquis se convierten en marginados. La crisis de la heroína es el momento perfecto para la entrada de una nueva droga; más limpia, sin sucios rituales, supuestamente inocua y con fama de divertida. El éxtasis no tendrá esa estética de lumpen, marginalidad y delincuencia que otras drogas sí arrastran consigo. De hecho, los camellos de éxtasis no suelen considerarse como tales, sólo son trapicheros, dealers (hasta los españoles suelen usar la palabra inglesa; camello es una palabra que sólo relacionan con los vendedores de heroína o hachís.

CUESTIÓN DE MARKETING

Nunca antes una droga se había promocionado de forma tan efectiva como cuando aparecieron en el mercado las llamadas drogas de diseño o de síntesis. Ni siquiera cuando la heroína era legal y la empresa Bayer la anunciaba junto a las aspirinas.

La fabricación y distribución de éxtasis –y de los derivados anfetamínicos en general– muestra mejor que ningún otro ejemplo la aplicación de las técnicas de mercado al tráfico ilegal de estupefacientes. Aparte de su sugerente nombre, muchos jóvenes se han visto atraídos a su consumo a través de los rostros de sus personajes de cómic favoritos, y algunos consumidores buscan los nuevos modelos que salen cada año como quien colecciona cromos de los bichos de Pokemon.

Pero es que, además, no todas las pastillas contienen la misma cantidad de principio activo ni las mismas sustancias, por lo que, al final, ya nadie las llama éxtasis, sino palomas, fido-didos, mitsubishis o tréboles, por ejemplo.

Los grupos antidroga del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil deben informar de cualquier nuevo tipo de éxtasis o análogo que aparezca en el mercado y del que hayan podido intervenir alguna pastilla. La información pasa a engrosar las listas de la Europol, con las que trabajan grupos policiales de toda Europa y en las que se incluyen las fotografías de las pastillas por los dos lados. En estas listas, iniciadas en la segunda mitad de los 90 dentro del programa LOGOS de Europol, aparecen más de un millar de ejemplares clasificados.

En verano de 2000, la Policía ibicenca intervino algunos tipos de pastillas poco usuales, como las de color azul con la cara de una especie de dios decomisadas por la Unidad de Drogas de la comisaría, las que llevaban el anagrama Y2K –que es como llaman los británicos al conocido como efecto 2000– o las pastillas blancas que presentan dos corazones entrelazados grabados (de las más buscadas ese año por los coleccionistas).

La Policía asegura que los éxtasis que más podían encontrarse en esos momentos en el mercado de la isla eran modelos producidos directamente en Amsterdam o en otros puntos de Holanda, ya que en Ibiza no hay producción y los laboratorios clandestinos holandeses los venden muy baratos a traficantes británicos que luego los distribuyen en las islas. Los mitsubishis –que llevan el anagrama tridiamantino de esta marca de vehículos– han sido, durante muchos años, los más comunes. Pueden encontrarse en dos versiones; la de color blanco y la marrón rosada, que al parecer es más potente.

También fueron muy conocidos los snoopys –con el dibujo del famoso perro creado por Schulz–, las pastillas que llevan una corona dibujada, las estrellas de cinco puntas y las que presentan el emblema de la marca Versace. Las píldoras con el personaje de Snoopy fueron detectadas por primera vez en Ibiza por la Guardia Civil en 1998, cuando se intervinieron algo más de 14.000 éxtasis en un bosque de Sant Josep. 

El principio activo del MDMA (auténtico éxtasis) que suelen contener las pastillas que se intervienen, según revelan los análisis de Sanidad, oscilan desde un 3 hasta un 36 por ciento. Lo habitual es que el porcentaje supere el 10 y no llegue a 30. Esto quiere decir que una pastilla, que pesa alrededor de 300 miligramos, presenta como mucho una tercera parte de éxtasis. El resto son sustancias como lactosa, cafeína, manitol, aspirina o vainilla. En ocasiones incluso se adultera con comida para peces, detergente en polvo, yeso, quinina y hasta otras drogas como heroína. A partir de 2008, la calidad de los éxtasis descendió considerablemente y en 2010 la ketamina estaba ganando terreno en las noches de fiesta.

La explicación de que haya menos éxtasis de buena calidad en el mercado hay que buscarla en China. Si hay menos pastillas en el mercado y, las que hay, se encuentran más adulteradas, es porque las autoridades pequinesas endurecieron sus controles fronterizos con motivo de los Juegos Olímpicos de Pekín, en 2008. Y es que, hasta ese momento, la producción mundial de éxtasis se abastecía principalmente de una sustancia, el safrol, que se importaba en grandes cantidades desde el país asiático y que es el precursor del éxtasis más usado por los traficantes de drogas. Hoy, a su pesar, es más difícil sacar del país esta sustancia, extraída de la raíz de una planta, sino es en cantidades mucho menores. El mayor control provocó, primero, un aumentó del precio de las pastillas y, finalmente, se ha reducido la calidad; en ocasiones esta última solución puede conllevar mayores riesgos para el consumidor y en otras, por el contrario, ha hecho que el mercado se inunde de comprimidos fabricados con medicamentos que no tienen las mismas propiedades que el éxtasis y que suelen ser inocuos.

Y respecto a lo apuntado sobre la adulteración con heroína, hay que señalar que es inusual, aunque se produce. El grupo de Drogas de la Policía ibicenca, por ejemplo, no había detectado esta adictiva forma de éxtasis hasta que los agentes de la comisaría no llevaron a cabo unas pruebas preliminares con narcotest a un alijo de 353 gramos de éxtasis en polvo intervenido en la madrugada del miércoles 28 de agosto de 2002 a tres holandeses con nombres árabes. Los agentes consideran que la mezcla podría realizarse con el objetivo de crear adictos a las cápsulas en las que la fórmula se presenta. Hay que destacar que tampoco es habitual que el éxtasis se distribuya en cápsulas.

En el mismo sentido, el Instituto Nacional de Toxicología informó en enero de 2004 de la detección de partidas de cocaína adulteradas con heroína en dosis muy bajas para que no fuera detectada. ¿Nuevas estrategias para volver a vender un producto en decadencia?

En agosto de 2004, la Policía del aeropuerto colombiano de El Dorado detuvo a un español con una novedosa mezcla de cocaína y éxtasis; el compuesto se presentaba en estado líquido y en cápsulas que el traficante escondía en su cuerpo.

Hay que tener en cuenta que no todas las pastillas que se venden con el nombre de éxtasis son MDMA. También pueden encontrarse otro tipo de anfetaminas (feniletilaminas normalmente) como el MDEA –a la que se bautizó como Eva y que tiene ciertas propiedades alucinógenas– y el MDA, muy parecido al éxtasis pero más potente. Pero se usa la palabra éxtasis para abarcar todo el campo de las metanfetaminas o derivados de anillo sustituido, así que aquí también se usará de esta forma generalizada aunque en algunos casos se concrete un poco más.

Habitualmente, cuando la Policía decomisa un alijo de pastillas no puede saber sin un análisis si se trata específicamente de MDMA o de alguna variante que también pueda ser considerada éxtasis sin serlo técnicamente. Y es que ni siquiera lo sabe el traficante al que se las pillan.

En las listas elaboradas por Europol con los datos aportados por las intervenciones de Policía y Guardia Civil aparecen pastillas curiosas. Existe todo un capítulo dedicado a los personajes de la Warner, de Disney o de distintos cómics. Así, se han decomisado pastillas de Bugs Bunny, Tom y Jerry, Piolín, el diablo de Tasmania, el Correcaminos, el Pájaro Loco, el Rey León, Chip y Chop, la Pantera Rosa o hasta el increíble Hulk, y los emblemas de Superman y Batman son muy conocidos entre los consumidores. Las posibilidades son tantas como las preferencias de traficantes y compradores.

Los fabricantes suelen cambiar regularmente las matrices que emplean en sus máquinas para comprimir y recurren a personas especializadas para que las fabriquen, aunque también hay laboratorios que prefieren tener siempre su propia marca de fábrica.

En el verano de 1988, cuando las rulas se hicieron populares en Londres o Manchester con el Acid house, se empezaron a ver las ya clásicas pastillas Smiley, con el simplificado rostro de la sonrisa que se convirtió en símbolo del movimiento musical. Más de dos décadas después, siguen fabricándose.

Las pastillas de éxtasis normalmente son redondas, como tabletas, aunque también las hay romboidales, triangulares o incluso hay un modelo en forma de corazón y otro como un trébol de cuatro hojas. Las hay de muchos colores, aunque con predominio del blanco y arena. En Ibiza se han encontrado algunas tan atrayentes como las que tienen grabado el rostro del ratón Speedy González, las del anagrama de Rolls Royce, las mariposas de varios modelos, el caballo de Ferrari, los delfines o el pittbull.

Incluso hay una pastilla en la que aparece el dibujo grabado de una bomba con la mecha encendida y que pone TNT, similar a las de la marca Acme de los dibujos del Coyote y el Correcaminos, y otra con el rostro de un indio mohicano. También hay otra con una calavera y dos tibias; a este tipo se la llama killer (asesino). En un alijo de éxtasis intervenido en Mallorca en agosto de 2000 se decomisaron comprimidos con el dibujo de un teléfono móvil, además de los ya conocidos mitsubishis. Las principales marcas del mercado tampoco se libran de ser plasmadas en esta droga; hay pastillas de McDonald's, Harley Davidson o Chanel y también de los Chicago Bulls.

“Hoy me he tomado media estrella”. “Alguien sabe si es cierto que las love en forma de rombo de color rosa tienen MDMA?”. Comentarios y preguntas como éstas pueden encontrarse en los foros de Internet que utilizan los consumidores de droga.

En uno de esos foros, una persona que firma como la hechicera asegura que le da “mal rollo” tomar una pastilla “sin recomendaciones” y resume la situación: “Lejos quedan esos tiempos en los que sabías exactamente que pastis rulaban y qué calidad tenían”.

LAS VARIANTES DEL INVENTO

OTRAS DROGAS DE DISEÑO

El éxtasis más auténtico –ya se ha señalado– es el que contiene MDMA, aunque en el mercado se conocen por tal sugestivo nombre una serie de derivados anfetamínicos como el MDA, el primero que motivó una sentencia por tráfico de drogas de síntesis en España y el primero que en Estados Unidos se conoció con el nombre de éxtasis, el MDEA o el MBDB. Estas son las variantes más conocidas:

–MDA

Su embrollado nombre científico es 3,4-metilendioxianfetamina (o sea, le falta el meta del MDMA) y fue sintetizada por los químicos alemanes Mannish y Jacobson en 1910, antes que el MDMA. La empresa Merck, una vez más, se encargó de probarla para su comercialización como anorexígeno y como tratamiento de la depresión neurótica hasta su ilegalización. Llamada en sus inicios la píldora del amor o también Adán, en los 90, en España, se encontró en pastillas con la cabeza de un dinosaurio dibujado y en otras divididas por una franja y sin anagrama. El MDMA es realmente el sucesor de esta droga del amor.

Es más tóxica y más alucinógena que el MDMA. A pesar de que se dio a conocer en España en los 80, antes que el verdadero éxtasis, su uso estaba muy extendido en Estados Unidos a finales de los 60 y principios de los 70. Entonces era conocida como la droga suave de América, la suave o la dulce. En 1973 se le atribuyeron varias muertes y cayó en desuso.

–MDEA y MBDB

La 3,4-metilenedioxi-n-etilanfetamina y la 3,4-metilenedioxi-fenil-butano son, tal vez, las más similares al MDMA. La primera de estas sustancias es la que se conoció como Eva, y se detectó por primera vez en Ibiza en 1988. Sus efectos son más rápidos pero más cortos y suaves que en el caso de la MDMA. La mayoría de las pastillas que contienen esta sustancia van marcadas con la palabra EVA en una cara y la cantidad 130 mg en la otra, señalando la dosis activa. Es la más parecida a la anfetamina y la que más a menudo solía hallarse en los análisis de las pastillas que se intervenían a finales de los 80 y principios de los 90.

En España se ha encontrado la variante MDEA en las pastillas conocidas como Expediente X, 125 mg, Elefante, Pajarito, Ovni, Fantasma, Corazón, Sol o Trébol (formado en realidad por cuatro corazones), por ser estos los anagramas que presentan, mientras que son características las MBDB con el símbolo del dólar y con la calavera con las tibias cruzadas debajo, igual que en una bandera pirata.

–DOM y DOB

La 2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina (DOM) fue sintetizada en 1963 por Alexander Shulgin, el mismo del MDMA. A finales de esa década ya había pasado al consumo en las calles con las siglas STP (serenidad, tranquilidad y paz). En enero de 1997, en el primer festival Human Be-In de San Francisco, se distribuyeron gratuitamente unas 5.000 pastillas de STP y cientos de asistentes al concierto tuvieron que ser atendidos por los servicios de urgencias. Una idea fantástica.

La DOB, por su parte, es 2,5-dimetiloxi-4-bromoanfetamina, es la bromo-DOM o águila dorada, que se sintetizó por primera vez en 1967. No ha prosperado como el MDMA, aunque todavía puede encontrarse en pastillas marcadas con la cara de un indio o con el trébol de cuatro hojas formadas por cuatro corazones. Es uno de los compuestos más potentes del grupo y uno de los pocos que se ha vendido impregnado en papel secante como el LSD.

Tanto la DOB como la DOM son feniletilaminas diseñadas a partir de las estructuras químicas de la mescalina y la anfetamina. Son drogas más peligrosas que el auténtico éxtasis, incluso en dosis inferiores. Son, como la TMA-2 y la PMA, alucinógenos con efectos similares a la mescalina.

–DOI.

Dioxometilyodo anfetamina. Entra en el grupo de las anfetaminas alucinógenas, como las anteriores.

–DMT.

Dimetiltriptamina. El prototipo de las triptaminas. Los consumidores rebautizaron esta droga con nombres como viaje del ejecutivo o viaje rápido. Fue localizada por primera vez en España en la isla de Mallorca. El alcaloide puede aislarse de plantas como la mimosa o la ayahuasca; son muchas las plantas que lo contienen. A diferencia de la mayoría de los derivados relacionados en este apartado, el DMT se consume habitualmente fumado o por vía nasal.

La DMT tiene una historia curiosa que vale la pena contar. En Oriente hay un árbol cuyas semillas tienen DMT y con las que se prepara un tinte rojo empleado durante siglos para colorear las famosas alfombras persas. Dicen que las propiedades visionarias del DMT de las semillas puede ser el origen de las leyendas de las alfombras voladoras.

–PMA y PMMA

Parametoxianfetamina. Es más fácil y barata de fabricar que la MDMA, y las muestras que se han encontrado en el mercado han sido vendidas como si fueran éxtasis, igual que ocurre con muchas de las variantes de esta lista. Pero la PMA es bastante más peligrosa que cualquiera de ellas y se le atribuyen muertes en Estados Unidos, Australia y Alemania. La primera de ellas en Alemania, el 17 de abril de 2000. La PMA es la más peligrosa de las drogas de esta lista, y el mayor peligro es que su dosis activa está muy cerca de su dosis letal. O sea, que el margen de seguridad es más bien escaso. Es la droga de la muerte.

Parece ser que las primeras muestras se hallaron en los 80, pero apenas si se volvieron a ver hasta que se decomisaron algunas pastillas en septiembre de 2000 en Austria. Presentaban un logotipo muy común en las pastillas de éxtasis; eran mitsubishis en color rojo y con 40 miligramos de Parametoxianfetamina. En octubre de ese año, también en Austria, se decomisaron pirulas de PMA con una E troquelada en una de sus caras. La cantidad de principio activo era de 20 miligramos, y tenía otros 40 de la variante PMMA. Y en abril de 2001, se intervino en Francia una partida de pastillas triangulares con la famosa S del uniforme de Superman. Esas pastillas –triangulares– tenían tanto PMA como MDMA. Europol sospecha que estas partidas están fabricadas en laboratorios de Alemania y Dinamarca.

Otra variante es la PMMA, que reapareció en 2010 en Europa, relacionada con una veintena de muertes, en países como Holanda, Noruega, y Dinamarca, y que fue detectada en España en 2011.

“Tenemos noticias de que se está distribuyendo en Ibiza y es muy peligrosa”. Lo aseguraba el Plan Nacional sobre Drogas y fue la organización Energy Control la que dio la voz de alarma después de que en sus laboratorios se detectara que algunas muestras procedentes de las islas contenían Parametoximetanfetamina (PMMA).

           Los más curioso del caso es que la PMMA fue detectada en unas pastillas comercializadas como Doves red, un producto que podía encontrarse en internet dentro del mercado de las llamadas legal highs, una ya larga lista de sustancias que evitan los controles sanitarios y legales promocionándose como productos no aptos para el consumo humano  –sales de baño, fertilizantes o incienso– pero que sus compradores saben que, en realidad, se esnifan, beben o fuman, y que imitan los efectos psicoactivos de drogas como el MDMA (éxtasis). En concreto, hemos comprobado que existen Red doves como fertilizante para plantas, pero también como sales de baño, y en su promoción se asegura que “combina euforia y energía en tu baño”.

           Las pastillas Doves red  o Red doves analizadas por Energy Control contenían, concretamente, MDPPP, 4-MEC, PMMA, una sustancia no identificada y un diluyente, y existe la posibilidad de que esta mezcla específica pudiera aumentar los efectos adversos de la Parametoximetanfetamina. Energy Control consideraba, sin embargo, que es probable que productores y distribuidores hubieran usado la sustancia por desconocimiento de su peligrosidad.

           Esta droga existe desde los años 80, y, por las siglas y por la zona en la que se detectó por primera vez, también es conocida como Palma de Mallorca metanfetamina. Fue incluida en las listas de de sustancias ilegales en el año 2002, y apenas se había oído hablar de ella hasta que, en 2010, Dinamarca y Holanda advirtieron de su reaparición y empezara a relacionarse con muertes por consumo de pastillas, atribuidas tanto a la PMA como a la PMMA, y que, en el caso de Dinamarca, se vendía como speed. En 2011, Noruega, Bélgica y Escocia informaron también de haber detectado muestras de pastillas que contenían PMMA y PMA (o las dos al mismo tiempo), lo que mantiene en alerta al Observatorio de las Drogas y las Toxicomanías.

–SPEED

Es metanfetamina, sulfato de metanfetamina, concretamente, derivado químico de la feniletilamina. También llamado hielo, shabu, meth o shalk, se presenta como un polvo blanco, cristalino, sin olor y con un sabor amargo.

En la década de los 80, la metanfetamina empezó a consumirse inhalada. El clorhidrato de D-metanfetamina (cristal o hielo) es la metanfetamina en forma de base libre y usualmente se consume fumada.

Las unidades antidroga de Ibiza detectaron desde 2001 la venta en la isla de una droga a la que los consumidores denominan cristal y que se presenta, como su nombre indica, en cristales transparentes con un ligero color marrón. También se le llama ice o hielo por esa forma cristalina. Parece ser que ese primer cristal se trataba, concretamente, de clorhidrato de metanfetamina, lo que significa que era una variación del conocido y extendido speed; “un speed a lo bestia”, dicen sus consumidores. Se la conoce como la droga de los navegantes porque muchos chicos, que la disuelven en refrescos, la usan para pasarse horas delante del ordenador.

Hasta principios del siglo XXI no se había detectado en Ibiza el consumo de cristales de clorhidrato de metanfetamina, ni en el resto de España, aunque ya era habitual en otros países, como en México, donde en el año 2001 efectivos militares intervinieron casi cinco kilos de esta droga que eran transportados a Tijuana.

El nombre de cristal puede crear cierta confusión, ya que también se usa para varias formas cristalizadas de las metanfetaminas, hay una forma de éxtasis en cristales (el más extendido en España) y también se usa el nombre para la fenciclidina popularizada como polvo de ángel o PCP (un depresivo utilizado en el pasado como anestésico y no un estimulante).  

El speed que se encuentra en España suele estar fabricado fuera de sus fronteras, como ocurre con todas las drogas de síntesis citadas, pero siempre hay excepciones; en septiembre de 2002 hay uno remarcable, que además vale la pena comentar porque hasta ahora no se ha citado ninguna operación llevada a cabo por los Mossos d’Esquadra y éste es un buen momento. El SVA también intervino en el desmantelamiento, el domingo 8 de septiembre, de un laboratorio para fabricar speed en una urbanización de Girona. Los agentes decomisaron una buena cantidad: nueve kilos de speed en estado puro –lo que podría suponer unas 400.000 dosis– y 200 kilos de hachís.

Los traficantes, además, se dedicaban a falsificar documentos. El principal acusado fue Joaquín Gimeno, conocido como el Químico y que ya había sido arrestado por la Policía en enero de 2001 por un laboratorio de speed similar hallado en su ático de la calle Sant Pere de Girona. Él mismo dijo a los agentes que había aprendido a sintetizar drogas a través de Internet. Pero que no se engañe nadie; no es tan fácil. Entonces fue condenado a nueve años de cárcel, pero no llegó a cumplir la pena; se fugó y se creó una identidad falsa, austríaca concretamente, con la que fue arrestado casi dos años después.

En febrero de 2001, la Policía intervino en Benidorm 62.000 pastillas de esta droga a una pareja que iba armada con un revólver. Y en diciembre de 2002, la Policía de Cantabria detenía a la banda del pinchadiscos apodado Tamagochi con 18 kilos de sulfato de anfetamina.

En octubre de 2003, la Unidad Central de Investigación de la Ertzaintza desmanteló en Bilbao una de las bandas internacionales más poderosas en España, compuesta por ocho españoles y un holandés y que recibía cada semana desde los laboratorios de Holanda alrededor de 50 kilos de speed. En la operación se intervinieron 62 kilos.

El País Vasco es, por cierto, una de las zonas de mayor consumo de esta droga, que en algunos ambientes incluso es conocida como la droga del norte por esta circunstancia.

–POLVO DE ÁNGEL

Fenciclidina o PCP. Al contrario que las sustancias vistas hasta ahora, ésta no es análoga de la anfetamina, más bien es similar a la ketamina, pero se incluye aquí porque en la práctica se ha promocionado como una droga de diseño similar. En los 50 era un anestésico intravenoso que en los 60 se aparcó porque provocaba delirios a los pacientes, pero los hippies lo rescataron para sus propios fines y lo bautizaron como polvo de ángel o la píldora de la paz. Tiene efectos alucinógenos y siguió usándose como anestésico animal, principalmente en el tratamiento de algunos primates.

El polvo de ángel es la droga conocida por haber provocado unos cuantos breves y mortales vuelos sin motor en sus años de apogeo, ya que, al parecer, produce en el consumidor una sensación de ligereza que le hace creer que puede volar. Psicodelia en estado puro...

–NEXUS 2CB

Tal vez no sea una palabra muy conocida, pero casi nadie sabía tampoco que eran las drogas de síntesis química cuando se incautaron las primeras cápsulas en Ibiza en 1986. El consumo de esta droga se ha detectado en lugares como Ibiza, combinada con el uso de éxtasis, para complementar sus efectos.

Nexus, Special cake, Venus o 2CB es como vulgarmente se conoce al producto químico 4-bromo-2,5-dimethoxifeniletilamina, un alucinógeno con propiedades similares al LSD que se popularizó en los 60 y similar en su estructura a la mescalina. El 2CB se presenta en forma de un polvo blanco y brillante.

El 2CB fue descubierto en 1974 en uno de los experimentos de Alexander Shulgin, un químico que juega en una posición preferente en esto de las drogas de diseño.

Por cierto, en las grow shops podían encontrarse unas cápsulas que se comerciaban con el nombre de nexus, aunque nada tienen que ver con la droga que aquí se ha descrito, y se promocionan como alternativas naturales al Valium o el Prozac. Es la era de las pastillas.

Al mismo  tiempo que el Nexus, se ha dejado notar en España la presencia de una droga llamada 4-MTA 4-metiltioanfetamina, aunque como este tipo de siglas no venden mucho ya se ha bautizado en la calle como MK, flatliner –en referencia a la línea plana que dibuja el corazón muerto– o the one and only denominator. Hay que imaginar a alguien pidiéndole a su camello de cabecera que le pase un The one and only denominator...

Informes de Reino Unido y de Irlanda del Norte indican que su uso no es raro en las discotecas y se le atribuyen varias muertes. El Consejo de la Unión Europea definió la 4-MTA como “una nueva droga sintética que debe estar sujeta a las medidas necesarias de control y sanciones penales” el 13 de septiembre de 1999 (Diario Oficial número L244 de 16/09/1999). Así inició el camino para su inclusión en la lista de psicotrópicos ilegales.

DECOMISOS

En 1997, en todo el mundo, se requisaron 3.295.000 pastillas de éxtasis. En el año 2000 se alcanzó la cifra de 30.532.000. En España, en 1988 se incautaron 259 pastillas, y un año después ya eran 4.325. En 1993 se interceptaron 274.422; en 1995, 739.511, y en 1999, 357.649. Un año después las incautaciones aumentaron hasta las 891.562. Ese mismo año, Reino Unido destacaba en las estadísticas por el decomiso de un alijo de casi un millón de comprimidos de MDMA, una de las mayores partidas interceptadas en el mundo.

En 2001, en España, el Ministerio de Interior contabilizó 823.825 pastillas (además de 18.000 anfetaminas básicas). En los seis primeros meses de 2002 ya se habían superado las 800.000 pastillas aprehendidas, y el año finalizó con 1.430.000 comprimidos confiscados. Las cantidades han disminuido mientras nuevas drogas han ido tomando posiciones, acabando con el reinado del éxtasis... En 2010, según los datos del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), se intervinieron 634.628 éxtasis, mientras que el año anterior la cifra fue de 404.334

A pesar de las lógicas fluctuaciones, lo cierto es que no hay droga en Europa cuyas incautaciones aumentaran de forma tan espectacular en la década de los 90. En 1985, una aprehensión de 50 pastillas de éxtasis era considerada un buen alijo y era noticia de al menos dos columnas en cualquier periódico. En 2003, 50 pastillas sólo dan para un breve en la mayoría de los medios, excepto cuando hay que rellenar páginas porque no hay nada mejor.

Ya no es como en el caso de la cocaína; España no registra los decomisos más importantes de éxtasis. Según datos del boletín de la OIPC-Interpol, en 1991 ya se intervinieron 365.000 pastillas de éxtasis en Gran Bretaña, año en el que en España se intervinieron poco más de 22.000. De hecho, las incautaciones en esa nación fueron las más alarmantes de Europa en la década de los 80. Y dos años antes, en 1989, fueron intervenidas casi un millón de pastillas en un almacén de Amsterdam. Un año después, la ciudad se ha convertido en el centro de distribución de Europa.

Holanda es, tradicionalmente, el epicentro del tráfico de éxtasis en el mundo, aunque otros países están ya por arrebatarle tal honor. De una primera observación de estadísticas e informaciones de detenciones destaca la cantidad de individuos de nacionalidad holandesa que son arrestados por trasladar pastillas a España. Se verán algunos ejemplos. La Policía española considera que en las principales rutas internacionales que pasan por España compiten redes de origen holandés, magrebí e israelí.

La Policía alemana, por su parte, cree que, aunque la producción y distribución de las drogas de diseño está en manos de organizaciones europeas, el envío de grandes alijos a Estados Unidos y Australia está bajo control de redes criminales integradas por israelíes y rusos.

El caso es que  al menos el traficante de éxtasis más buscado del mundo, sobre todo por Estados Unidos, a finales de los 90, no era holandés, sino precisamente israelí. Le llaman Oded Tuito (Oded Nissim Twito), aunque su nombre original es Eliyahu Mamo y era considerado el mayor traficante de MDMA entre Europa, Israel y Estados Unidos hasta que la Udyco de Barcelona lo localizó en el hotel Bel Air de Castelldefels y lo puso a disposición de la Audiencia Nacional para su extradición. Era el 18 de mayo de 2001. Tanto Israel como Estados Unidos tenían causas pendientes contra este individuo, que también usaba los nombres de Daniel Tuito y Simón Revivo.

La DEA lo acusaba de haber introducido millones de pastillas en Estados Unidos al menos desde el año 1997. Los alijos procedían de París, Bruselas y Fránkfurt y viajaban hasta las ciudades de Nueva York, Miami y Los Ángeles.

Al parecer, Tuito reclutaba personalmente a los correos, que trasladaban por avión cargamentos de entre 30.000 y 60.000 pastillas. Esos correos regresaban a Europa con dinero para blanquear. En noviembre de 1999 y en marzo de 2000, jurados de Brooklyn procesaron en ausencia a Twito por tráfico de éxtasis, falsificación de moneda y evasión de impuestos, algo que no podría haber sucedido en España, donde los juicios en rebeldía sólo son posibles en causas menores con una petición de condena inferior a un año de prisión o cuando el acusado huye iniciado el proceso.

Mientras tanto, en enero de 2000, Tuito fue arrestado cerca de Niza, en la localidad francesa de Fresnes, y Estados Unidos solicitó la extradición. Sin embargo, el traficante logró un certificado de nacionalidad francesa alegando que su padre tenía la ciudadanía argelina antes de que, en 1959, Argelia se independizara de Francia. Bonito truco. Su extradición fue así denegada porque Francia no puede entregar a un francés. De este modo quedó en libertad hasta su detención en Castelldefels, año y medio después. España lo ha entregado a Estados Unidos.

También es israelí el traficante de pastillas Viki Itzhak, reclamado internacionalmente por un tribunal federal de Nueva York  y localizado en Barcelona el 6 de febrero de 2002.

El mismo año 2002, en Castellón, se produjo una curiosa incautación; un accidente de tráfico permitió el decomiso de uno de los mayores alijo de drogas de diseño. En la madrugada del jueves 28 de marzo, en la Autopista A-7, a su paso por Benicássim, un camión colisionó contra un turismo que circulaba en sentido a Barcelona. Tras el choque, los ocupantes del coche, inexplicablemente, huyeron. La razón de tal actitud se descubrió poco después; los agentes encontraron en el maletero un doble fondo con 123.000 pastillas en varios paquetes. La casualidad es un factor importante en la lucha contra el tráfico de drogas. Como en cualquier otra cosa.

Posiblemente era el alijo más grande hasta el momento, aunque hay que recordar el caso de las 155.000 pastillas decomisadas en diciembre de 1993 en La Roda, Albacete, y que, en principio, sería el alijo mayor, según la extensión que demos al término éxtasis. Eran pastillas de color rosa importadas de Amsterdam por un italiano, un argentino y cuatro españoles para venderlas en las discotecas de la ruta del bakalao. Los análisis de los laboratorios de la Policía revelaron que no contenían MDMA ni ningún análogo, sino anfetamina y cafeína en dosis muy pequeñas... Era en todo caso el mayor alijo de pastillas, pero no de MDMA. El fin, sin embargo, y las características de su tráfico eran las mismas que si se hubiera tratado de auténtico éxtasis. Quienes pretendían revenderlas en las discotecas, desde luego, creían que eran éxtasis.

La verdad es que, a lo largo de la historia de estas drogas no son pocos los casos en los que los análisis han revelado que las pastillas eran anfetamina y cafeína o sólo anfetamina, sin ningún derivado de anillo sustituido.

El internacional aeropuerto de Barajas es la principal lanzadera de las drogas de diseño destinadas a América, su  Cabo Cañaveral, por lo que no es extraño que sea también el escenario de algunos de los más importantes decomisos y principal campo de batalla de las operaciones policiales de vigilancia. Las operaciones o campañas de control exhaustivo sobre pasaje y equipajes son frecuentes, como es lógico, aunque luego las circunstancias de la vida juegan con los elementos de los que disponen; uno de los mayores alijos de pastillas decomisados en Europa en el año 2000 fue posible no gracias a un control antidroga, sino a la Operación Kilate, que tenía como objetivo principal vigilar la posible salida del país de joyas sustraídas en robos y atracos perpetrados en la capital española. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que tenían encomendada tal tarea se toparon, a mediados de febrero, con más de 115.000 éxtasis con los anagramas de Ferrari y Mitsubishi, las más clásicas.

Lo cierto es que pocos días antes, la DEA y la Comisaría General de Policía Judicial habían alertado a los aeropuertos de importantes movimientos de drogas sintéticas con destino a Estados Unidos, y el aumento del control sirve tanto para vigilar la salida de joyas como de droga, o de armas si hace falta.

La intervención resultó fácil y hasta absurdamente divertida para los agentes que la realizaron. Habían llegado algunos vuelos de Holanda y se dirigían a la zona donde se encontraban los mostradores de facturación para los vuelos con destino a Estados Unidos. El de la compañía US Airways a Filadelfia no tardaría mucho en salir. Los policías observaron a dos chicos y dos chicas con unos andares algo extraños, “como si fueran ancianos débiles o tuvieran alguna enfermedad”; los cuatro iban enfundados en pastillas de éxtasis y a duras penas podían andar. Tenían extraños abultamientos por todo el cuerpo, producidos por varias fajas bajo las que escondían bolsas de plástico con pastillas, incluso en las piernas. En el equipaje había unas cuantas bolsas de droga más. La avaricia rompe el saco.

Los cuatro detenidos eran residentes en Buenos Aires.

Los decomisos en Barajas no cesan.

El 19 de mayo de 2001, la Policía detiene a un jiennense con antecedentes por robo cuando pretendía viajar a Nueva York con 50.000 pastillas de MDMA en un doble fondo de su maleta. Las pastillas estaban catalogadas en las listas de Europol como Delfín 4 y X-1, por sus logotipos. Dos días después, otras nueve personas, seis de Nigeria, dos de Ghana y otra de Francia, fueron arrestadas en el mismo aeropuerto por intentar pasar diversas cantidades de droga. Todos ellos llegaron a España en el mismo vuelo de Amsterdam.

Menos de tres meses más tarde, en agosto, la Guardia Civil se incautó en Barajas de 23.000 pastillas en los dobles fondos de dos maletas. Los propietarios, como no, habían llegado en vuelos procedentes de Holanda. Todas las pastillas parecían tener un mismo origen; eran de color naranja y tenían dibujado un delfín.

El 18 de junio de 2002, tres chicos pretendían viajar a Miami desde Barajas con 42.000 pastillas. Llevaban el alijo escondido en unos pantalones cortos como un bañador con una doble tela.

El aeropuerto de Madrid-Barajas es, ya se ve, un buen lugar para ver pasar los alijos de éxtasis holandés que se desvían hacia América. En 2002 –otro ejemplo– la Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, llevó a cabo en la terminal la Operación Pasión, que logró la detención de 19 personas y la aprehensión de 49.500 pastillas. En el control de los equipajes de un vuelo procedente de Amsterdam se localizaron 27.000 pastillas de color blanco, naranja y azul, con distintos símbolos. Dos mujeres, una española y una dominicana, fueron detenidas. Pocos días después, en otra maleta, se hallaron 22.500 pastillas con el anagrama de un molino.

En mayo, un dominicano residente en Alicante intentaba introducir en España, en dobles fondos de dos maletas, 50.800 pastillas. La ruta era la misma; el alijo llegó a Barajas en un vuelo de Amsterdam.

En julio de ese mismo año, la Guardia Civil se incautó de 26.000 pastillas en el citado aeropuerto madrileño. El alijo iba en los equipajes de una pareja de españoles que se dirigían a Miami. Las pastillas estaban ocultas en dos maletas forradas con unas láminas de cuerpos circulares. Con pocos días de diferencia con el anterior caso, un holandés y un alemán fueron arrestados en la capital, en la plaza de los Cubos, cuando llevaban en una bolsa 54.000 pastillas que querían vender a un árabe que escapó del cerco policial.

A muchos kilómetros de Barajas, la zona de Levante es otro punto importante. De hecho, el consumo de pastillas está desde el inicio del problema muy vinculado a la denominada ruta del bakalao, la de las discotecas y after-hours de la zona. Por ello, una de las operaciones más importantes de finales de los 90 se llevó a cabo en Valencia con el gráfico nombre de Operación Marcha. En una semana, en noviembre de 1999, la Udyco decomisó 131.000 pastillas, y 86.000 de ellas eran de un solo alijo hallado en Castellón en el compartimento del combustible de un monovolumen con matrícula holandesa, en 16 botellas. Siete personas –pinchadiscos, tiqueteros, encargados de discotecas– fueron arrestadas. También tenían un revólver y algo de cocaína y LSD.

En Tailandia parece ser que las incautaciones de pastillas son algo más conflictivas que en España o en cualquier otro país europeo. Bueno, en ese país también te ametrallan en la cárcel si te declaran culpable de tráfico de drogas... En una de las mayores intervenciones, de 900.000 pastillas, las fuerzas de seguridad tailandesas mataron a seis presuntos narcotraficantes birmanos, combatientes de la guerrilla Wa, en un tiroteo cerca de la frontera con Myanmar. Ocurrió el 29 de agosto de 2002.

Ese mismo día, precisamente, la Policía intervino en la terminal de correos del aeropuerto madrileño de Barajas 10.000 pastillas de éxtasis con el logotipo WY, camufladas en un paquete postal remitido con nombre supuesto que contenía repuestos para bicicletas y que procedía de Bangkok (Tailandia). Era el primer envío de estas características y procedente de Oriente que intervenía la Policía española. Su destino era Santa Cruz de Tenerife.

Las redes de las denominadas drogas sintéticas prueban nuevos mercados y nuevas rutas. El triángulo de oro de la heroína, como se verá en el próximo capítulo, se ha subido al carro de las drogas de diseño, lo que prueban esos alijos de éxtasis procedentes de Oriente que se interceptan en Europa.

Desde el año 2000, las incautaciones en Birmania y Tailandia han sufrido un notable aumento.

Hay que insistir en que habitualmente se usa la denominación éxtasis aunque algunos de los alijos sean de algún otro tipo de derivado anfetamínico. Y puede ocurrir que, en realidad, las pastillas sean un timo. En este sector de la delincuencia también se da la estafa; en 1999, por ejemplo, la sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid juzgó el interesante caso de tres individuos que tenían en una nave de Fuenlabrada 100.000 pastillas que no contenían principio activo ninguno. Sólo estaban hechas de polvos de talco y cafeína. Así no hace falta saber de Química... En abril de 2002, la Guardia Civil desmanteló un laboratorio en Sevilla en el que se pretendía fabricar lidocaína (anestésico usado en odontología) para venderlo como cocaína, y en octubre de 2003, en Madrid, era apresada una banda de narcos de medio pelo que pretendían estafar a sus compradores con paquetes de arroz en lugar de cocaína.

Una de las operaciones más espectaculares ni ha sido en Barajas ni se contó por pastillas. Fue en mayo de 1998. En una casa de la localidad de Churriana, Málaga, la Policía halló 67 kilos de anfetamina en polvo en el interior de dos maletas en un cuarto trastero. Ese polvo es la base para fabricar las pastillas, aunque es difícil calcular cuántas podrían haber salido de ahí. En todo caso, posiblemente más de las que hay en cualquiera de los alijos citados. En la operación, los agentes detuvieron a un conocido traficante holandés, a su novia estoniana, a un español y a un croata.

No era la primera vez que el alijo se presentaba en polvo. Ya en marzo de 1995, se confiscaron 21 kilos de metildiamina, un compuesto que hubiera permitido fabricar al menos 84.000 pastillas, en L’Hospitalet de l’Infant, Tarragona. Los portaban dos correos procedentes de Amsterdam.

Los intermediarios que van a buscar el éxtasis a Holanda también pueden optar por adquirir la droga en polvo, lo que después permitirá su corte con otras sustancias y su prensado y troquelado con las formas que interesen al mercado español. Sin embargo, eso supone la necesidad de contar con las máquinas para hacerlo. En el año 2002 se descubrieron en España dos laboratorios de éxtasis, y los dos se dedicaban en realidad a encapsular la sustancia que les llegaba en polvo desde Holanda, no a fabricarla.

En el verano de 2004, la Operación Garaje puso de nuevo en evidencia esta modalidad de tráfico. En el mes de julio, la Policía intervino en Algete, Madrid, nueve kilos de éxtasis en polvo con una pureza del 90 por ciento. La cantidad es de las más espectaculares que se han visto y se verán aún en este capítulo, pero la operación es importante también porque se detuvo al jefe de la red, un hombre apodado el Lechugo y que en los 90 ya era uno de los líderes de la organización conocida como los Miami, y se había convertido en una de las más importantes que distribuían drogas de síntesis en Madrid y la costa levantina. Y además se detuvo a otras ocho personas, cuatro de ellas en la isla de Ibiza.

Los dos primeros kilos fueron decomisados cuando eran entregados, cerca del hospital de Móstoles, al correo que debía trasladarlos a Ibiza, para ser distribuidos principalmente en la localidad de Sant Antoni. En un domicilio de Algete fueron localizados los otros siete kilos.

La elevada pureza de la droga permite suponer que el número de pastillas o cápsulas que podrían haberse preparado es elevado. Podrían haber sido alrededor de 200.000 con una pureza de poco más del 40 por ciento, por ejemplo.

Ya en el siglo XXI varias operaciones han superado aquellas cifras de 150.000, 123.000 y 115.000 pastillas que se vieron en Albacete, el caso del accidente de coche y en la Operación Kilate.

En mayo de 2002, la Policía requisó 297.000 pastillas a una misma banda, aunque en días diferentes y pertenecientes a distintos alijos, a juzgar por el diferente logotipo que mostraban.

Desde finales de marzo, la Policía seguía la pista de un iraní al que llamaban Toni, Philip o Vali y que en verdad se llamaba Vafakhah. Era un histórico traficante de heroína detenido en 1986, 1990 y 1992 y del que ya se sospechaba que había modernizado su negocio. Un mes y medio de seguimiento bastó para que los investigadores se convencieran de lo acertado de sus sospechas. El 1 de mayo en La Jonquera decomisaron 85.000 pastillas con los logotipos de un corazón y los populares mitsubishis.

Doce días más tarde, en Málaga, se decomisaron otras 82.000, con el logo de la marca Mercedes. El 17 de mayo, un sevillano que era el contacto del iraní en España fue arrestado en una gasolinera de Vizcaya cuando regresaba de Francia y se dirigía a Madrid cargado con 80.000 pastillas con una mariquita grabada. Horas más tarde, los agentes arrestaban a Vafakhah y, el día 20, cayeron en Barajas dos chicos que iban a volar a Miami con unas 50.000 pirulas en unos pantalones deportivos. Éstas tenían la marca W@Tdelfin. Esta banda, desde luego, no tenía su propia marca de fábrica, posiblemente porque no disponía de laboratorio propio sino que trabajaría con varios de los existentes en Holanda. No es que un mismo laboratorio no produzca distintos colores y dibujos, lo hace en función de algunos personajes de moda, como es el caso de Harry Potter o Fido Dido, pero no es normal que en tan corto espacio de tiempo salgan de un mismo centro de producción cinco tipos diferentes.

Esta intervención y tan importante cantidad de droga decomisada fue aprovechada  por la Dirección General de la Policía para anunciar la creación de una unidad especializada en la lucha contra el tráfico de éxtasis, entendiendo éxtasis como todas las variantes del invento. Era la primera vez que se creaba un grupo para una droga específica.

Pero la más importante, hasta 2003,  tal vez sea la denominada Operación Pastilán, por el número de pastillas y también, una vez más, por otras circunstancias especiales, principalmente la cooperación entre distintos países para echar abajo una organizada y eficiente red de delincuentes.

Madrid, 23 de Enero de 2003. El ministro de Interior, Ángel Acebes, da una rueda de prensa. Son buenas noticias, así que muestra su mejor sonrisa. El ministro empieza a cantar datos: 67 detenidos, 28 de ellos españoles, 644.174 pastillas requisadas, tres kilos y medio de cocaína y 250 gramos de heroína, 10.000 dólares, 9.000 euros (dinero en metálico) y cuatro vehículos decomisados. Es el balance de la Operación Pastilán.

El asunto, desarrollado, es más interesante. Las 67 personas ahora arrestadas habían organizado una ruta en línea regular entre Holanda y Estados Unidos con escala en España y con trayecto de ida y vuelta. El éxtasis se fabricaba en el país de los tulipanes, desde donde los correos, habitualmente españoles, lo transportaban a España, unas veces por vía aérea y otras por tierra, para desde allí ser relanzado a Nueva York o Boston, preferentemente. Algunos envíos llegaron a España a través de una empresa de correo urgente. Otros eran trasladados por correos drogodependientes o al menos reclutados de los ambientes marginales. Parte de los alijos, por supuesto, se quedaba en España.

Pero hay más. De regreso a Europa, los traficantes se daban un paseo poco turístico por los países andinos y aprovechaban para llevarse un par de kilos de cocaína.

Los jefes, en esta ocasión, eran mayoritariamente de origen dominicano, aunque con residencia en los Países Bajos y con buenos contactos en Norteamérica.

La Operación Pastilán fue coordinada en España desde el PNSD (dependiente entonces de Interior) y participaron agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Francia, Bélgica, Estados Unidos y México también se implicaron activamente en el asunto. Del total de pastillas intervenidas, 240.081 fueron confiscadas en territorio español. El resto, en los distintos países citados. En Barajas se detuvo a quince correos.

Las pastillas estaban decoradas con imágenes de Harry Potter y de otros personajes más o menos infantiles. No hay nada intocable.

La cooperación internacional también fue determinante para intervenir, el 1 de mayo de 2002, un alijo de 93.000 éxtasis y 14 kilos de MDMA y anfetamina en polvo en la frontera catalana. La Policía recibió un fax de Interpol en el que se alertaba del paso hacia España de un coche sospechoso y con matrícula extranjera. Los agentes aumentaron los controles, aunque ya se habían incrementado en los puestos fronterizos tras los últimos atentados terroristas que se habían producido, y dieron con el vehículo. Su conductor era un tipo muy nervioso, con antecedentes por usurpación de funciones, robo con violencia e intimidación, detención ilegal, hurto, receptación y falsificación documental. En un primer registro no se encontró nada, pero el sospechoso se ponía cada vez más nervioso. Y eso que ya debía tener experiencia con la Policía. Finalmente, al desmontar el coche en un taller, se halló la droga en un depósito del vehículo.

Las rulas tenían logotipos que ya se han visto anteriormente: corazón y Mitsubishi. Además, la Policía calculó que con los 14 kilos de polvo de anfetamina y MDMA se podrían haber fabricado más de 55.000 pastillas. Un cálculo muy relativo pero al menos aproximado.

En el coche también había un subfusil y dos granadas de mano.

Un mes más tarde, el 19 de julio, la Guardia Civil de Alicante detenía a un holandés, aunque nacido en Surinam, que pretendía colar 40.000 pastillas en el barco de Denia a Ibiza para distribuirlas en las discotecas de la isla. Un caso clásico. Las pastillas, procedentes de Amsterdam, llevaban el anagrama de X files, y los guardias aseguraron que registraron al tipo porque “su itinerario era sospechoso”; un holandés en viaje a Ibiza.

Y hasta ahora la Ertzaintza no ha sido de las más citadas en estas páginas, pero fue esta fuerza policial la que, en junio de 1999, decomisó el mayor alijo de análogos anfetamínicos de Euskadi y uno de los más relevantes hallados en la Península. Los ertzainas sorprendieron a unos individuos que estaban pasándose droga en el interior de un coche estacionado en el aparcamiento de un centro comercial de Basauri y siguieron la pista. Así llegaron hasta 100.000 pastillas con los logotipos de Mitsubishi y el euro, 70 kilos de speed y menores cantidades de hachís, cocaína, LSD y hasta Viagra. La mayor cantidad de droga estaba oculta en una lonja de la barriada de Deusto, y un kilo de sulfato de anfetamina se guardaba en el congelador de la casa de una pareja arrestada. Los individuos se abastecían en Holanda; tenían un mapa del país y unos cuantos florines guardados. En julio de 2003, tres de los arrestados por este alijo son condenados a once años y medio, diez  años  y nueve años de cárcel, respectivamente, por un delito contra la salud pública.

Otra operación importante que queremos añadir aquí es la Operación Errante, que comenzó en mayo de 2008 y consiguió detenciones y alijo en julio. La Policía intervino 120.000 pastillas de éxtasis en Boadilla del Monte (Madrid), que iban a ser distribuidas en macroconciertos de verano como el Festival Summercase.

Y en Ibiza, en octubre de 2010, un vecino de la zona de Sant Agustí halló enterrado y bajo piedras, en bolsas de basura precintadas, un alijo de 113.000 pastillas de éxtasis que pertenecían a una red de traficantes británicos desarticulada en agosto (denominada Operación Flecha).

En octubre de 2011, el Cuerpo Nacional de Policía lleva a cabo otra operación destacable. En esta ocasión, se decomisa la máquina entabletadora de pastillas con mayor capacidad de producción jamás localizada por los agentes. Según fuentes policiales, la máquina, instalada en un laboratorio de Madrid, podía elaborar hasta 7.000 pastillas por hora. Cinco personas fueron arrestadas y se intervinieron 15 kilos en materia prima para elaborar unas 100.000 pastillas, además de 6.500 comprimidos ya listos de 2C-1 (psicotrópico, una fenetilamina psicodélica que suele venderse como éxtasis) con el logotipo de la manzana de Apple. La banda funcionaba con toda una red de contratados que recibían envíos postales de China y Brasil con las sustancias que debían usarse para fabricar la droga. Era el tercer laboratorio que se desmontaba en Madrid en una semana, aunque los otros dos eran de transformación de cocaína.

Por otra parte, además de las llamativas incautaciones, las operaciones contra los narcotraficantes también tienen su reflejo en otro tipo de investigaciones o detenciones que, sin suponer decomisos de grandes cantidades de pastillas, no dejan de ser importantes. De hecho, la desarticulación de una red de traficantes, aunque ninguno de sus miembros tenga mucho material encima, puede ser más importante que un simple alijo, tenga las pastillas que tenga. Esta claro que no es lo mismo pillar a un irresponsable que ha querido marcarse un tanto y se ha traído de Holanda, metidas en los calzones, 25.000 pastillas, aunque no lo había hecho nunca ni sabe bien cómo hacerlo, que desmantelar a un grupo que se lo ha montado para establecer una ruta periódica de entrada de éxtasis, aunque en la detención se requisen menos de 25.000 comprimidos. No es lo mismo.

Es el caso de la banda desarticulada por la Unidad Central de Estupefacientes en septiembre de 2000. Los traficantes compraban grandes partidas de comprimidos en Holanda y Bélgica y las transportaban hacia España. Había un encargado de comprar la droga, que vivía en Bruselas, y de preparar el transporte en el interior de la estructura de vehículos. Otro individuo los recogía y se encargaba de desmontarlos en un taller. Ocho personas fueron detenidas y se encontraron 10.000 pastillas en el parachoques trasero de un Clio y otras 5.000 en el interior de la puerta trasera derecha. Tenían un logotipo de los Teletubbies.

Es el caso, también, de la detención en Ibiza de uno de los traficantes de éxtasis más buscados de Europa. En agosto de 1998, las autoridades holandesas confirmaron la presencia en la isla de Herbert Pierre Maria de Wit, supuesto capo de una de las más importantes redes que se dedicaban a la fabricación y distribución de éxtasis en Europa. La Policía ibicenca ya estaba detrás de su pista y detuvo al sospechoso el último día del mes de septiembre, en la urbanización Roca Llisa.

La Udyco considera que con esta detención se evitó la implantación en la isla de la organización que dirigía el holandés, que había llegado hacía un año con la intención de asentarse en ella. Según la investigación, la red podía estar utilizando Ibiza para blanquear el dinero procedente del negocio de la droga, una información que no revela novedad alguna sobre las actividades delictivas más frecuentes en las islas y otras zonas eminentemente turísticas de España. De hecho, Herbert Pierre había comprado una lujosa casa valorada en algo más de mil millones de pesetas en la zona de Porroig, en Sant Josep.

Las autoridades holandesas acusaban a su compatriota de haber coordinado múltiples operaciones de tráfico de anfetaminas desde su país. Y aunque se desconoce el número exacto de ventas en las que podía haber intervenido, la acusación se centró en la entrega de aproximadamente cien litros de materia base, como efedrina, para la fabricación de drogas de síntesis, más de 145.000 unidades de éxtasis y 400 kilos de anfetaminas intervenidos en varias operaciones distintas. Hay que tener en cuenta que estos últimos 400 kilos de anfetamina constituyen la materia principal para la fabricación de éxtasis o de sustancias análogas variando su estructura molecular para crear o diseñar cualquiera de las denominadas drogas de diseño: MDMA, MDA, DOM o MDEA, por ejemplo.

La importancia de la red, precisamente, queda probada por la intervención de materia base; normalmente, sólo las organizaciones muy poderosas intervienen en todo el proceso y fabrican sus propias pastillas en grandes cantidades porque ya tienen un gran mercado en el que colocarlas, aunque cada vez son más las pequeñas organizaciones que, con la ayuda de algún químico, se deciden a fabricar sus propias pastillas en lugar de ir a buscarlas a Holanda. Las cantidades, sin embargo, no suelen ser tan elevadas.

Un caso similar es el del alemán que huyó a Ibiza tras una operación realizada en su país el 14 de junio de 2001. Los alemanes lograron interceptar dos kilos de anfetaminas, dos de cocaína, 174 de hachís y 72.000 pastillas y detener a seis correos. Pero Joachim Mentzel, más conocido como Joe M., uno de los presuntos jefes, escapó. Interpol cursó una requisitoria internacional y la Policía de Ibiza lo detuvo en el aeropuerto de la isla el 24 de junio.

Joachim ya había sido detenido en Ibiza en 1979 por un delito de tráfico de drogas. Tras su nueva detención, el departamento K 64-GER (Grupo de Investigación Conjunto de Drogas y Aduanas) de la Policía de Fránkfurt intentaba reconstruir los pasos del sospechoso en la isla y los contactos que en ella tenía. Los agentes sospechaban que también podría estar implicado en la muerte, el 18 de febrero de 1999, de Nenad Vuckovic. La Policía afirma que Mentzel y Vuckovic habían llevado a cabo juntos algunas operaciones de tráfico de drogas y que el último murió en un ajuste de cuentas. La Fiscalía alemana llegó incluso a ofrecer una recompensa a quien pudiera aportar alguna información útil para la investigación.

Más recientemente, en noviembre de 2003, la Udyco de Marbella detuvo a otro buscado traficante internacional. De nuevo era holandés. Se llamaba Henk Orlando. Estados Unidos lo reclamaba, con orden de captura para extradición, por considerarlo el cabecilla de una de las más importantes bandas que en ese momento introducían pastillas en Norteamérica desde Europa. Afirman que pudo pasar millones de píldoras a través del Atlántico. Los agentes le localizaron poco después de la tarde del miércoles 12 de noviembre en un lujoso hotel marbellí.

Operación Snoopy

La detención del buscado Herbert Pierre en agosto de 1998 coincidió con el arresto, pocos días antes, de otro holandés responsable de un alijo de 14.000 pastillas. Las dos detenciones no estaban relacionadas, aunque, sabiendo que la Guardia Civil tenía en sus calabozos al de las 14.000, la Policía se puso en contacto con el instituto armado para comprobarlo. El alijo fue el mayor intervenido en Ibiza desde la primera incautación de drogas de diseño en el año 1986.

La Guardia Civil de Sant Antoni, consciente de la importancia de la intervención, quiso apuntarse un tanto y estrenar el recién creado Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) con una investigación en toda regla. Sin pensar que, más tarde o más temprano, la verdad se sabría, los agentes enviaron al entonces delegado del Gobierno de las Pitiusas, Luis Carlos Fernández Tejerina, una nota de prensa en la que se decía que desde agosto “se viene haciendo un seguimiento de personas relacionadas con supuestas actividades de drogas. En un primer resultado de estas investigaciones, se localizan a primeros de septiembre 14.060 pastillas enterradas en una zona boscosa de Sant Josep”.

Cierto fue que algunos agentes hicieron horas extra apostados en la zona esperando a que llegara alguien a buscar las pastillas para detenerlo in fraganti. De hecho, alguno hasta tuvo que dormir ahí e incluso montó una tienda de campaña y se llevó un rapapolvo.

En realidad, lo de la investigación era, como suele decirse en el argot periodístico, una moto muy bien vendida. No hubo tal investigación previa sobre ese alijo en concreto. La verdad es que un vecino encontró accidentalmente la bolsa de la droga junto al camino de Cala Jondal, el 16 de septiembre. Este vecino, José Luis, avisó a un policía local, que llevó el alijo al retén de Sant Josep. Los agentes guardaron las pastillas en la caja fuerte e, incomprensiblemente, sólo al día siguiente las entregaron a la Guardia Civil. Así que el alijo les cayó del cielo, por así decirlo, y sólo tuvieron que montar el dispositivo de vigilancia, unas cuantas tronchas, y detener a quien se encargara de recogerlo, que fue el holandés Marcel Helmich.

En las diligencias firmadas por el entonces teniente Juan Antonio Muñoz Tovar y un secretario se relata cómo “una vez localizada la sustancia estupefaciente, se procedió a extraer la misma de su ubicación original y a colocar en su lugar una bolsa del mismo color, de forma que aparentemente fuera imposible apreciar que se hubiera extraído la bolsa original.” Era el cebo, y el holandés lo mordió.

Los agentes sumaron inicialmente 14.060 pastillas, pero el Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno de Baleares apunta, en el acta de recepción del decomiso, que la descripción del alijo según el oficio que le enviaron era de 13.924, aunque finalmente era de 13.973 comprimidos y algunos trocitos. Interesa saber que en el reverso de las pastillas aparecía el famoso perro Snoopy creado por el dibujante Schulz, un modelo que hasta ese momento no se había detectado en la isla. Cada pastilla contenía un 26 por ciento del principio activo MDMA.

La Audiencia Provincial, que siguió en su sentencia la jurisprudencia del Supremo para considerar al éxtasis droga que causa grave daño a la salud, condenó a Marcel Helmich a nueve años de cárcel y a pagar una multa de cien millones de pesetas.

Operación Israel

El grupo de Drogas del Cuerpo Nacional de Policía superó la cifra en una entrega vigilada realizada en julio de 2001. Los agentes hallaron 28.000 pastillas en el interior de los anchos marcos de madera de dos cuadros que llegaron al aeropuerto de Ibiza a través de una agencia de transportes y procedentes de Múnich, donde la droga ya había sido detectada por la Policía alemana.

Las pastillas eran de color verde azulado y con una bomba grabada en una de sus caras. Las listas de derivados anfetamínicos que realiza Europol con las informaciones que les facilitan los distintos grupos policiales incluyen este tipo de pastillas con el nombre de Bomb-balloon 2, en el número 130-2 de la lista, aunque hay que tener en cuenta que existen, a su vez, diversas variedades con anagramas de bombas. Incluso hay algunas en las que los dibujos muestran a estos artefactos encendidos ya para explotar.

Las Bomb-balloon 2 no se habían localizado en la isla anteriormente.

El ingenioso sistema empleado en esta ocasión para esconder la droga tenía como objetivo prioritario evitar que las pastillas fueran descubiertas al pasar el paquete por el sistema de rayos X; los traficantes habían escondido las 28 bolsas de pastillas en el interior de los marcos de unos cuadros que representaban un paisaje y un retrato de una mujer de otra época, pero lo más curioso era que, antes de colocar estas bolsas metódicamente entre los listones del marco, tuvieron la precaución de envolverlas en papel de calco azul para intentar impedir el paso de los rayos X.

La intervención en Ibiza formaba parte de la Operación Israel, contra la organización del ya entonces detenido Oded Twito, al que hemos hecho referencia unas páginas antes. La Policía afirma que la banda, una rama del denominado clan de Haifa (una región de Israel), intentaba hacerse un hueco en el mercado ibicenco, pero la cooperación policial internacional frustró sus planes.

Twito fue sustituido al mando de la red por su lugarteniente Michel Elkaiam, pero la detención del primero puso en manos de la Brigada Central de Estupefacientes valiosa información sobre la estructura de la red que pudo ser aprovechada en la Operación Israel. La banda estaba asentada en Barcelona, desde donde dirigía traslados de éxtasis a distintos lugares del mundo usando correos captados en España o paquetes postales. En total, con colaboración de la DEA, la BKA alemana, Holanda, Canadá e Israel, se intervinieron 252.000 éxtasis, contando los de Ibiza. La red de Twito, que siguió ejerciendo el control desde la prisión de Valdemoro mientras esperaba su extradición, fue la que inundó el país de las pastillas con el logo de la estrella de David, símbolo judío del Estado de Israel y que hizo famosa la pirula de Tweety (nombre original del amarillo canario Piolín), personaje por el que Oded Twito sentía especial predilección debido a la similitud del nombre del canario con su propio apellido.

Sólo un mes después del caso de los cuadros, la Policía ibicenca se apuntó otro tanto arrestando a tres británicos con 10.140 éxtasis.

Operación Salamandra

En la misma isla de Ibiza se llevó a cabo la Operación Salamandra, una de las más importantes registradas en el país, no sólo por la cantidad intervenida sino también por los sujetos que fueron arrestados.

Dos policías del grupo de Drogas, pistola en mano y por supuesto sin uniforme, entran en una de las habitaciones de la casa en la que viven los sospechosos. En ella duerme un italiano que, sorprendido, con escasas opciones, al ver a esos tipos armados se arrincona casi sollozando. Difícilmente puede estar más asustado de lo que parece.

Cuando se entera de que los dos tipos son policías, el hombre se tranquiliza, aunque se sabe perdido.

–¡Creí que erais kosovares que veníais a robarnos! –les explica.

Visto así, prefería que fuera la pasma, claro.

Y visto desde el otro lado, uno de esos agentes lo resume de esta forma: “¡Ha sido la operación más emocionante en la que he participado!”

La operación se lleva a cabo en julio de 2003, aunque sus antecedentes se encuentran menos de dos meses antes, cuando la Policía Judicial sigue la pista a una banda de delincuentes posiblemente italianos que se ha especializado hasta tal punto que sólo se dedica a robar relojes de la marca Rolex con el método tan poco elaborado del asalto en la calle, el forcejeo y la huida en moto. O eso parece en un principio, porque los agentes de la Udyco ibicenca pronto relacionan a los sospechosos con el tráfico de drogas, aunque creen que son sólo unos cuantos camellos más que trapichean por las zonas de fiesta. 

Los seguimientos conducen hasta una casa de la carretera vieja de Ibiza a Santa Eulària. Es toda una mansión por la que los italianos pagan 5.000 euros al mes y que está situada a un nivel elevado, desde el que pueden observar cualquier vehículo que se acerque. Además de manejar dinero, los sospechosos parecen preparados; es difícil controlarlos porque toman medidas como cambios bruscos de sentido al conducir o paros imprevistos junto a la carretera para observar los coches que pasan por su lado e intentar detectar un seguimiento. Alguno de los policías ya empieza a verlo claro: “Estos no son cuatro traficantes más”.

De día y de noche, los agentes vigilan la casa, escondidos a una distancia prudencial.  Una de esas noches observan a dos o tres hombres que se acercan al huerto de naranjos de la finca. No llevan linternas, pero sí herramientas para cavar. La operación comienza a ponerse realmente interesante. Se oye un sonido metálico, pero los policías que en ese momento están de troncha no pueden acercarse lo suficiente como para enterarse de qué tienen ahí enterrado.

El 28 de julio de 2003, cuando, con mandamiento de entrada y registro, los agentes deciden entrar a saco en la casa y llevarse a todo aquel que esté en ella, hay cierta prisa por salir a cavar bajo los naranjos. El sonido metálico no defrauda la expectación suscitada; los policías desentierran dos arcones color granate –los cofres del tesoro pirata– que esconden en su interior más pastillas de éxtasis de las que cualquiera de los del grupo de Drogas ha visto juntas en su vida. En total, se decomisan 235.000 éxtasis con el dibujo de unos labios, 2.600 gramos de metanfetamina cristalizada y medio kilo de cocaína.

Uno de los sospechosos es trasladado al hospital. Asegura que tiene problemas cardíacos y  el día ha sido demasiado intenso, aunque los policías sospechan que finge; en un momento dado, siempre es más fácil escapar de un hospital que de los calabozos de una comisaría.

Diez hombres y una mujer –diez italianos y un español– son arrestados, aunque, finalmente, sólo cinco hombres italianos serán imputados. Utilizaban documentos de identidad falsificados y, comprobando sus identidades verdaderas, la Policía relaciona a algunos de ellos con la Camorra. En las fichas encuentran antecedentes policiales e investigaciones por tráfico de drogas, extorsión, blanqueo de capitales o implicaciones en ajustes de cuentas. El que se hace llamar Vicenzo es el jefe, según la Policía, y está en busca y captura internacional para cumplir una condena de más de diez años de cárcel por tráfico de drogas en Italia. También tiene orden de no volver a pisar las islas de Ischia y Capri, y antecedentes por secuestro, robo y tenencia ilícita de armas. 

Para el final, premeditadamente, hemos dejado las primeras intervenciones de éxtasis que se efectuaron en España, cuando empezaron a sonar campanas allá por la discoteca Angel’s de Ibiza y todavía era la droga del amor.

Septiembre de 1986. Un coche robado. Dos cápsulas sospechosas. Los policías las envían a analizar y descubren que se encuentran ante las dos primeras muestras de MDMA del país, pero ni siquiera saben que en Estados Unidos lo llaman éxtasis. Son sólo dos cápsulas y una casualidad, pero es la primera referencia obligada.

Un año después, el 22 de agosto de 1987, los policías consiguen el primer alijo y cuando ya han oído hablar del éxtasis y saben, más o menos, lo que andan buscando: intervienen 120 cápsulas y comprimidos y detienen a doce personas.

Pocos meses antes, se ha desmantelado en el oeste de la ciudad de Londres un laboratorio de MDMA.

Los agentes del Grupo de Investigación de la Brigada de Seguridad Ciudadana (GIBSC) llevan todo el verano detrás de esa droga nueva a la que llaman éxtasis. Y tienen un sospechoso... En la comisaría ibicenca ya existe un grupo de estupefacientes, pero la verdad es que los siete u ocho hombres del GIBSC realizan casi todas las intervenciones. No tienen muchos medios –como es costumbre– y trabajan con un Seat Panda prestado por la Seat.

El sospechoso es Johan Devos, al que apodan el holandés, aunque al parecer es belga, de Lieja. Se pasea por la isla con su novia Taja, una mediocre actriz alemana, y un chimpancé. Muy discreto.

El procedimiento está claro; hay que seguirlo y vigilarlo. Así los agentes son testigos de sus frecuentes excursiones en yate a Formentera, de sus entradas y salidas de las discotecas Ku y Amnesia y, sobre todo, de las continuas y breves visitas que recibe en su casa.

Devos tiene alquilado el chalet Las Brisas, en la urbanización Club San Rafael, muy cerca de Ku, y ha realquilado algunas de las habitaciones.

–Nos dispusimos alrededor de la casa y vigilábamos las entradas y salidas de personas –recuerda uno de los agentes que participó en el dispositivo, al que le tocó pasar una noche, desde las diez hasta las seis de la mañana, subido a un gran árbol que hay junto a la vivienda para vigilar a sus moradores e informar puntualmente a sus compañeros de lo que podía avistar desde su puesto de observación.

El 22 de agosto es el día elegido. Esa noche hay lluvia de estrellas, de meteoros para ser más exactos, y decenas de estrellas fugaces traspasan el claro cielo de agosto ibicenco mientras los policías inician la última fase de su operación de seguimiento. Primero es interceptado John Devos y luego se entra a registrar la casa, donde otras once personas son arrestadas. Los comprimidos y cápsulas no estaban en un único lugar, sino distribuidos entre algunos de los que allí vivían.

Durante el registro, uno de los agentes encuentra unas pastillas que podrían ser de cualquier medicamento. No les hace ni caso –como si viera aspirinas– hasta que, momentos después, encuentran otras similares en el cacheo de los sospechosos que acaban de llegar a la casa. El agente, entonces, se percata de que ha pasado algo por alto y regresa a buscar las que vio primero. Uno tarda en acostumbrarse a que la droga no venga en las tradicionales papelinas...

–Cada uno tenía las suyas –relata uno de sus compañeros– Fue fácil. Nadie se resistió y hubo plena colaboración por parte de los detenidos. En ese momento no había la misma conciencia que hay ahora de su ilegalidad, así que las pastillas casi ni se escondían.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Ibiza, Juan Carlos Torres, envía a prisión a seis de los arrestados, pero no estarán mucho tiempo entre rejas; pagarán una fianza de un millón de pesetas y saldrán en libertad provisional.

Cuatro años después, los mismos agentes del GIBSC, en colaboración con los de estupefacientes, vuelven a detener a Devos en la isla. Es el 9 de marzo de 1991. Él y su novia duermen tranquilamente en su casa de Dalt Vila, la ciudad tras las murallas, mientras los policías arrastran hasta allí una escalera. Tienen orden de entrada y registro, pero no quieren llamar a la aldaba como cualquier visitante, sino dar una sorpresa a los moradores de la casa.

–Ese es el balcón –señala uno de los agentes. Quieren entrar directamente en la habitación donde duerme el sospechoso.

Un compañero coloca la escalera.

–Así está bien.

Uno detrás de otro suben hasta las barandas. Ha habido un error de cálculo...

–Esto no es la habitación... –No. Es un baño.

No importa.

En esta ocasión, en la casa en la que vive Devos hay 3.000 pastillas, camufladas en el interior de un bote de zumo de tomate y otro de espuma de afeitar que han sido modificados ara tener un doble fondo. Esto ya es otra cosa; es un buen alijo para la época. También decomisan dos papelinas de heroína de gran pureza.

Devos, además, se ha visto relacionado en estos años con dos alijos de 3.000 y 1.223 pastillas decomisados en Milán y por los que las autoridades italianas habían solicitado su extradición.

Otro de los implicados en el caso del chalet Las Brisas, Massimo Giovenzana, fue detenido por traficar con éxtasis en Venecia a mediados de febrero de 1988, ocho días antes del juicio que se celebró en Palma por ese primer alijo de Ibiza. Massimo, delgado y de rostro afilado, lleva el pelo echado hacia atrás en una tensa coleta. Es la viva imagen del mafioso italiano de cualquier película, como lo recuerda el que fue su abogado en el caso de Ibiza, Javier Mariño.

Desde el caso Johan Devos, las incautaciones de pastillas –aunque la droga, en sus inicios, suele presentarse en cápsulas– aumentan año tras año en todo el país. Ibiza, sin embargo, no pierde su protagonismo en este asunto.

En noviembre del mismo año 1987, el GIBSC decomisa 300 dosis en un ático de Vara de Rey. Igor, el chico tuerto que las vendía, era seguido desde hacía días. Es en esa casa en la que los agentes encuentran las guías para consumir éxtasis con las que en sus inicios se comercializaban las cápsulas. En el ático encuentran también los equipos musicales robados en un bar de Sant Antoni. Junto a Igor son detenidos un chico danés y una madrileña.

A finales de marzo de 1989, el mismo grupo de investigación interviene en la isla lo que en esos momentos es considerado un gran alijo, el segundo de Europa, afirman los agentes después de que en Madrid busquen un poco en sus reducidos archivos sobre eso que llaman píldoras del amor. La cantidad decomisada es de 1.500 dosis. Un par de meses de investigación y el seguimiento de un sospechoso conducen hasta una agencia de servicios llamada Top service, una tapadera. Sus responsables, el suizo Jean Michel Fueter y su esposa Irene son arrestados. Él tiene antecedentes en su país por tráfico de hachís. Los agentes intervinieron droga en polvo y cápsulas de medicamentos ya rellenadas con la sustancia, además de algunos más de esos manuales de Adam experience.

En agosto son detenidos dos holandeses que transportaban 6.000. Esta vez es el GIFA (Grupo de Investigación Fiscal y Antidrogas) de la Guardia Civil quien lleva a cabo la operación, en la localidad de Sant Antoni.

Los dos holandeses llegaron a la isla el martes 22 de agosto a bordo del buque de Barcelona Ciudad de Badajoz. Pocas horas después eran arrestados con 6.000 pastillas escondidas en la tapicería de un Chrysler y en una bolsa amarilla. Esas pastillas eran más grandes de lo normal por lo que se creyó que estaban hechas para partirse en cuatro dosis cada una.

En la investigación que llevó al arresto participaron agentes de Valencia, y, posteriormente, ya en los calabozos del retén municipal, tuvo que intervenir media plantilla de Ibiza; circularon rumores en Sant Antoni de que la banda a la que pertenecían los traficantes había ofrecido un millón de florines holandeses para liberar a uno de los apresados, así que la Guardia Civil pasó la madrugada custodiando el retén, hasta que, a las once de la mañana del jueves, los dos holandeses fueron puestos a disposición judicial. Ingresaron en prisión incondicional.

La última gran aprehensión de pastillas de Europa se había registrado en Italia: 3.000 éxtasis.  

Operación Scorpio

La Operación Scorpio se inicia ese mismo año, aunque sus resultados son patentes dos años después. El GIBSC de Ibiza, de nuevo, muestra que, en el tema del éxtasis, lleva la delantera a cualquier equipo del país. El día 19 de abril de 1991 se inicia el seguimiento de un francés que utiliza un jeep Cherokee. En las vigilancias queda patente que se relaciona con una norteamericana que desde dos años atrás también es sospechosa de traficar con droga, según consta en las diligencias policiales 4.164/91. De hecho, la mujer ya había sido implicada en el caso de una plantación de marihuana hallada en Santa Gertrudis.

El 9 de mayo, a las 9 de la mañana, los dos desembarcan del buque procedente de Barcelona. Wallis Williams McCharles –ella– desciende primero. Luego Jean Paul Luc Millenbanch –él– desciende por la rampa en su Cherokee.

Ahora mejor que nunca.

–Había un rottweiler en el vehículo y no podíamos entrar... –pero lo logran. En una maleta hay 10.000 pastillas de éxtasis–. No pudimos ponerle los grilletes al tío porque no le cabían. Nunca me había pasado.

Según el informe de control de estupefacientes de Sanidad, del 3 de julio, la droga incautada suma 34 gramos de heroína de una riqueza aproximada del 73 por ciento; otros dos y medio de una pureza del 38; 55 comprimidos blancos de metadona y 57,35 gramos de MDMA puro (del total de 9.725 pastillas intervenidas). Parte de la droga estaba alojada en la tripa de un oso de peluche.

Wallis pasará cinco años en la cárcel y el 15 de diciembre de 1998 será arrestada de nuevo, esta vez por agentes de la Guardia Civil de Santa Eulària, con una bolsa de seis gramos de cocaína, 89.000 pesetas y 300 marcos alemanes en el suelo de su coche. La mujer conducía en sentido contrario por la calle de la iglesia de la citada localidad y por eso la pararon los agentes. Ella aseguró que la droga era para pasar las fiestas de Navidad.

Ese mismo año 1991, se decomisan en Ibiza 22 gramos de una sustancia que resulta ser PMMA (parametoximetanfetamina). En esos primeros años, normalmente, y tal vez influidos por el primer alijo del caso Devos, los medios de comunicación se refieren al MDA al hablar de decomisos de éxtasis, pero no suelen seguir el tema cuando las pastillas ya han sido analizadas en los laboratorios y ofrecen sorpresas como ésta. La PMMA había sido detectada anteriormente en Baleares en la primavera del año anterior, en una partida procedente de Barcelona.

LA RUTA DE LAS PASTILLAS

Manchester, Londres, Liverpool, Ibiza son las zonas europeas en las que, a partir  sobre todo del 88, empiezan a encontrarse partidas de éxtasis habitualmente importadas de laboratorios de Estados Unidos. La droga llega a través de Holanda y Alemania. Ámsterdam se convierte en el centro europeo; primero es el exportador de las pastillas que llegan de América y luego se convierte en productor. En ese momento, los éxtasis se venden a precios que oscilan entre las 3.000 y 6.000 pesetas, e incluso se llega a las 8.000 en las calles de España en el 89, aunque en Ibiza ya se venden a 2.000 ó 3.000. En el año 2003 se venden mayoritariamente a 6 euros (unas mil pesetas).

Alemania e Inglaterra se suben al carro de la producción, como prueba, ya en julio de 1993, el desmantelamiento cerca de Maidstone (Kent) de uno de los más grandes laboratorios clandestinos de síntesis de anfetaminas. La Policía decomisó una tonelada de ácido fenilacético y otra de formato de amonio para fabricar las drogas.

Sin olvidar la importancia de estos centros productores, se ha registrado un fenómeno importante de cambio de negocio. Ya se vio en el apartado sobre los decomisos que en Europa se han intervenido alijos de éxtasis procedentes de Tailandia donde, además, las autoridades interceptan envíos en cantidades de más de medio millón de pastillas que en Europa son extraordinarios. Más del 70 por ciento de las intervenciones mundiales de anfetamina se registran en Asia oriental y sudoriental, principalmente en China y Tailandia, a pesar de ser dos de los países con la legislación antidrogas más dura del mundo; en 1996, China celebró el Día contra la Droga condenando a más de 1.700 personas –769 condenas a muerte o perpetua– en toda la nación y ejecutando sumariamente a cientos de ellas.

El fenómeno apuntado es que los países del Triángulo de Oro están sustituyendo los cultivos de opio por la producción de drogas de síntesis. Siguen siendo los nombres de la heroína pero ya fabrican, a lo largo de la frontera entre Myanmar (Birmania) y Tailandia, más pastillas que en cualquier otro lugar del mundo. Sin desmerecer los esfuerzos de los países del Este por obtener una cuota de mercado; una parte de las pastillas que se incauta en España procede de Polonia y la República Checa.

China y Filipinas, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), también se han subido al tren de la fabricación y el tráfico. Y la Yakuza –el crimen organizado japonés– se ha especializado en la comercialización de anfetaminas.

Sin embargo, las drogas de síntesis que llegan a España siguen siendo, en un porcentaje que la Policía sitúa en casi un 80 por ciento, producto made in Holland.

Además, en España se produce un tránsito de ida y vuelta al que ya habíamos hecho referencia con anterioridad; a España llega cocaína y hachís para Europa y salen pastillas para América. Se han visto múltiples ejemplos a lo largo de este capítulo sobre el éxtasis y sus análogos.

En los últimos años se ha desarrollado asimismo el tráfico directo de MDMA desde Holanda y Bélgica a América central y el Caribe. Las Antillas neerlandesas, con estrechos vínculos económicos con los Países Bajos, Aruba y República Dominicana parecen ser los principales puntos de reexpedición hacia América del Norte. También lo son en el caso de la cocaína procedente de Colombia y Venezuela.

No hay que olvidar, a pesar del protagonismo holandés, que Estados Unidos fabrica grandes cantidades de metanfetaminas y que empezó primero; en enero de 2002 se desmantelaron nueve grandes plantas de fabricación clandestina.

La pseudoefedrina y la efedrina con las que se fabrican son desviadas del mercado legal, de las remesas de empresas que las importan legalmente de Canadá.

En junio de 2002, Aduanas intervino en Estados Unidos una partida de cinco toneladas de pseudoefedrina.

En España no existen tantos laboratorios de éxtasis como suele decirse porque, contrariamente a la opinión generalizada, su fabricación no es tan sencilla como hacerse un batido de frutas y no resulta rentable; las máquinas y el material pueden resultar caros y los precursores químicos difíciles de conseguir. Otra cosa es que se manipulen las pastillas, que se muelan y se les añada alguna sustancia, algún excipiente.

A pesar de ello, se han desmantelado algunos. Uno de los primeros laboratorios de anfetaminas descubierto en el país fue desmantelado en marzo de 1992 en un chalet de Mijas, Málaga. Dos británicos, químicos por más señas, eran los responsables.

Un hombre con conocimientos de Química era el encargado de otras instalaciones similares halladas en Elche por el Grupo de Estupefacientes de la comisaría de Alicante en agosto de 1993. Dicen que podía fabricar 5.000 pastillas diarias.

En julio de 1994, en Lleida, la Policía desmantela otro que todavía no había empezado a funcionar pero ya tenía listo el material para ello. Uno de los implicados se gastó de un tirón más de un millón de pesetas en productos químicos y eso llamó la atención de los agentes. Hay que ser más discreto.

En noviembre de 1996 se descubría uno de los más grandes en un chalet de la localidad valenciana de Macastre.

La investigación se había iniciado seis meses atrás, tras un decomiso de éxtasis cerca de una discoteca de la ruta del bakalao. Uno de los sospechosos, en paro, había adquirido dos chalets en Valencia, tres locales comerciales, dos plazas de aparcamiento en Almansa, Albacete, y dos vehículos con un dinero que aparentemente obtenía en partidas clandestinas de cartas. Un buen día, el hombre compró un matraz de laboratorio y los policías lo siguieron hasta la casa de Macastre.

En la vivienda había un completo laboratorio con gran cantidad de productos para obtener metanfetaminas, entre ellos piperonal y sasafrás, ocho kilos de drogas sintéticas ya preparadas y unos cuantos manuales de química.

La Policía aseguró que el laboratorio podía sacar dos mil pastillas de éxtasis y speed cada hora.

Otro caso interesante es el de los tres jóvenes, un licenciado en Químicas, otro en Farmacia y un estudiante, que en el 2002 montaron un laboratorio en un piso de La Malvarrosa (Valencia) y empezaron a perfeccionar su técnica como cocineros, usando como cobayas a consumidores de Ibiza y de algunas zonas de fiesta valenciana. Cuando fueron arrestados, el sábado 27 de septiembre de 2003, aún seguían probando para obtener una síntesis suficientemente buena, aunque sólo les faltaba, prácticamente, introducir su logotipo en las pastillas. También querían comercializar una versión en cápsulas verdes, en polvo. La Policía no ha encontrado ni en sus archivos ni en su memoria ningún otro caso anterior de laboratorio español en el que el producto final fuera MDMA en polvo y en cápsulas. En el piso, los cocineros tenían unos 45 litros de líquidos precursores y de cada uno de ellos se podrían haber obtenido hasta 3.000 pastillas.

La Udyco central estuvo un año con esta investigación, iniciada con el rastro de un intento de importación de un derivado que contenía safrol, uno de los 23 precursores sometidos a fiscalización por Naciones Unidas en esos momentos.

Cada año se desmantela en Europa una media de 70 laboratorios de éxtasis, y el 80 por ciento están situados en Holanda, aunque en las cifras se incluyen laboratorios en los que únicamente se corta o prepara el polvo creado por otros. En ese país fueron descubiertos 37 en el año 2002, el mismo año en el que se intervinieron ocho millones de pastillas, frente a los tres millones intervenidos en Alemania, los dos de Francia o el poco más de un millón decomisado en España. En 2009, en todo el mundo se registraron 52 laboratorios de producción, de síntesis, en todo el mundo, la mayoría en Australia, Indonesia y Canadá.

Respecto a las anfetaminas, la producción mundial se concentra en Europa. Países Bajos, Polonia, Bélgica, Bulgaria y Turquía son, y por este orden, los países de mayor producción. Según Europol, en 2009 se descubrieron en la Unión Europea 19 laboratorios de anfetamina. Y en cuanto a la metanfetamina, el número de laboratorios detectados aumentó en 2009, y aunque el mayor incrementó se registró en Estados Unidos, estos laboratorios siguen aumentando sobre todo en el Este y el Sudeste asiático.

En ese año, se incautaron 31 toneladas de metanfetamina en el mundo, la mayor parte en América del Norte. En Europa, la producción ilegal se concentró en la República Checa.

La Unidad de Drogas de Europol cuenta con una amplia base de datos con fotografías y muestras analíticas que permiten trazar conexiones y relaciones entre laboratorios y redes de tráfico. Los miembros de esta unidad aseguran que existen auténticas mafias paralelas desvinculadas del tráfico de la droga y que se dedican exclusivamente a obtener maquinaria de avanzada tecnología de la industria química y farmacéutica y a eliminar las pistas que enlazan la producción legal –normalmente de Alemania e Inglaterra– y su desvío a laboratorios ilegales. Europol también alerta a las autoridades policiales y sanitarias de posibles partidas de éxtasis adulterado. Para todo este trabajo, la colaboración y el continuo trasvase de información es fundamental.

Disponer de la base de datos de Europol puede ser muy práctico, como descubrieron los agentes australianos que a finales de 2002 intervinieron un alijo de 750.000 pastillas y que lograron adjudicarlo a una banda holandesa gracias a un troquel determinado que los traficantes tenían en su poder. La conexión estaba en las bases de datos de Europol.

Volviendo a las rutas comerciales, “el servicio postal se utiliza cada vez más para el contrabando de metilendioximetanfetamina (MDMA) de los Países Bajos y países vecinos a muchos otros lugares”, se asegura en el informe de la JIFE de 2002.

Sin embargo, un elevado porcentaje de las drogas de diseño que entran en España lo hace por la frontera catalana, en coche, autobús o tren. La supresión de aduanas y pasos fronterizos tras la entrada en vigor del tratado de Schengen se lo ha puesto más fácil a los traficantes.

Existen rutas tan férreas que la Policía conoce alguna organización que ha alquilado o vendido una de sus rutas a otra red. Claro está que se trata de rutas muy consolidadas y con una eficaz infraestructura, sino, sería el timo del siglo, como vender el camino de Santiago, más o menos.

LA ALTERNATIVA NATURAL

Las llamadas drogas naturales han intentado ser la auténtica alternativa supuestamente no dañina de las drogas clásicas, sobre todo desde finales de los 90, cuando proliferan las smart y grow shops y todas esas ecotiendas que usan la recurrida hoja de marihuana como logotipo.

Ya en el verano del 96 una nueva sustancia de este tipo intentaba tomar el relevo al éxtasis empleando su sugerente nombre, a pesar de que no tenía nada que ver con el MDMA, ni con ninguno de sus derivados. Su equívoco nombre es herbal ecstacy o éxtasis vegetal y era completamente legal –por omisión– hasta que el Plan Nacional sobre Drogas supo que se estaba vendiendo en tiendas de ropa y mercadillos de Ibiza y que se comercializaba por correo desde una asociación de San Sebastián. Entonces, Sanidad la calificó como medicamento no autorizado y prohibió su venta y el Plan pidió a la Fiscalía Antidrogas su ilegalización.

El ecstacy se vendía en una tienda de ropa del paseo de Vara de Rey y en mercadillos como el pseudohippy de Es Canar, pero un reportaje periodístico enviado por un policía de la isla al PNSD llamó la atención de sus responsables, que decidieron conseguir algunas pastillas para analizarlas y posteriormente retirarlas del mercado alegando que su composición incluía elevadas cantidades de efedrina. La efedrina es una sustancia que se halla en el ma huang chino, una hierba que tomada en infusión tiene propiedades curativas pero que ingerida en exceso puede provocar taquicardia, aumento de la presión arterial e incluso el colapso. La efedrina es, además, una de las sustancias que se usan en la fabricación de anfetaminas.

El éxtasis vegetal, de hecho, es un combinado de diferentes productos naturales con propiedades estimulantes como ginseng negro, guaraná, goku kola, gingko biloba, té verde, nuez moscada y ma huang.

Además de utilizar el reclamo del equívoco nombre del éxtasis, las pastillas del éxtasis vegetal o éxtasis verde se presentaban en colores tan atrayentes como el azul turquesa y en una de las caras tenían una ‘e’ grabada, y una mariposa en relieve en el reverso. Su consumo se inició en Estados Unidos tres años antes de su comercialización en Ibiza.

Tras el revuelo levantado por el herbal ecstacy, la Policía inició la persecución de todas aquellas sustancias que a pesar de ser vendidas como productos naturales podían resultar peligrosas. Así se halló en Ibiza el denominado éxtasis líquido o Pau d’indio, un extracto de hierbas, cachaza y alcohol. Esta droga nada tiene que ver tampoco con el MDMA ni el GHB, otra sustancia líquida que empezó a dejarse notar en la isla en ese mismo año 1996 y que utiliza el nombre del éxtasis gratuitamente (Ampliaremos la información sobre el GHB más adelante).

El éxtasis vegetal marcó la entrada en la isla, y en el resto de España, de los nuevos combinados naturales consumidos como alternativa supuestamente sana a las anfetaminas. Muchas sustancias han seguido el camino abierto. Son la nueva generación psicotrópica.

“Druids fantasy te llevará de viaje a una tierra mística y psicodélica. Contiene un alucinógeno parecido a los hongos que, unido a embriagadores extractos herbales, te harán conseguir una experiencia realmente visionaria”. “La experiencia más auténtica legal de XTC disponible en el mercado. A través de combinaciones de estimulantes conseguirás euforia, subidones y un placentero sentido de embriaguez”. Son ejemplos de dos de los productos naturales que pueden encontrarse en diversas tiendas, y no exclusivamente en las denominadas smart shops. Son legales (al menos la mayoría) y están compuestos  de plantas como el ma huang, yohimbe, guaraná, gingko biloba, kava-kava, cálamo, salvia divinorum u otras de conocidas propiedades estimulantes. O taurina (ingrediente también del Red Bull). Tratan de imitar los efectos psicoactivos de las drogas prohibidas como el MDMA.

Ya hemos visto que muchas de estas drogas legales aprovechan el equívoco nombre de la droga ilegal y química denominada éxtasis para promocionarse; podemos encontrar coloridos paquetes o botes de cápsulas llamadas Sexstacy, Bliss eXtra (herbal ecstacy) o Smart XXX. Casi todos los productos proceden de empresas de Amsterdam.

Las smart shops no sólo comercializan productos que pueden calificarse más o menos como naturales: entre las también llamadas drogas inteligentes pueden incluirse las bebidas energizantes, con vitaminas, aminoácidos y antioxidantes, y fármacos como el piracepam, que puede suponer un serio riesgo para individuos con problemas cardiovasculares.

Y si bien buena parte de estas sustancias no son más que estimulantes sugerentemente envasados y que no producen mayor estimulación que un café, una Coca-Cola o cualquier energy drink, sus detractores o los más prudentes como los responsables del PNSD destacan que lo natural no es sinónimo de sano. Es cierto. Un buen ejemplo es el de dos hermanos –un chico y una chica que no habían cumplido los 18– que en mayo de 2001 acabaron en el hospital del Insalud ibicenco tras haberse preparado una infusión de estramonio (trompetas de ángel), una planta alucinógena muy habitual en estado silvestre en la isla y en muchos otros lugares del mundo. En el barrio de El Carmen de Valencia, un traficante vestido como un druida intoxicó a buen número de imprudentes en junio de 2004 con un preparado similar que ofrecía en la calle como el “líquido de las brujas que os dará la vida eterna”.

Las denominadas drogas naturales pasean en una desdibujada frontera entre la legalidad y la ilegalidad, y entre lo saludable y el lavado de estómago. Aprovechan la gran cantidad de plantas y compuestos naturales que existen y que, por el momento, a nadie se le ha ocurrido ilegalizar, aunque tal vez sólo sea cuestión de tiempo.

Y no todo lo que se vende puede considerarse legal, ya que varios de los productos que pueden comprarse contienen la efedrina que ya contenía el éxtasis vegetal de las mariposas y, junto a tanta naturalidad, en algunos comercios se vende popper, nitrato de amilo, un inhalante que sólo puede comercializarse como fármaco y que es tan natural como puede serlo el amoníaco.

HEROÍNA

HISTORIA

Fue el principio, la droga con la que nacieron términos como drogadicto o yonqui y mono y que hizo que los paraísos artificiales se convirtieran en infiernos naturales mientras el mundo entero era testigo de cómo iban cayendo sin tregua todos aquellos que se apuntaron a la intravenosa en los 70 compartiendo rito y muerte con Jim Morrison, Janis Joplin o Sid Vicious.

No hay duda, la heroína es la DROGA por excelencia, la reina canalla que engañó a todos prometiendo paraísos y vendiendo infiernos, la que ha hecho que el consumo de estupefacientes o psicotrópicos esté ya para siempre relacionada con la delincuencia más marginal.

La heroína fue descubierta en 1874, obteniéndola a partir de la morfina por acetilación y buscando una alternativa analgésica no adictiva. La heroína –todo un éxito– es mucho más adictiva, y más rápidamente que la morfina. Se necesitan 10 kilos de opio para obtener un kilo de morfina, de la que se podrá extraer un kilo de diacetilmorfina, el auténtico nombre de la droga.

Antes de la heroína, los traficantes hicieron negocio con el opio y la morfina. De hecho, un Gobierno en pleno se convirtió en traficante y provocó dos guerras para no quedarse sin el negocio. Y ni fue Colombia ni fue Pakistán...

El Gobierno narco era el de la Gran Bretaña colonial, que forzó a China por las armas a abrir sus mercados al opio de Bengala, lo que suponía para China un aumento espectacular del número de adictos a la sustancia, un aumento que no podía afrontar sin consecuencias. La avaricia de Gran Bretaña provocó las Guerras del Opio, en 1839 y 1856, por las que China perdió Hong Kong.

En Oriente Medio, potencias al borde de la ruina por diversos conflictos usaron el opio para poder pagar a sus acreedores europeos. Las exportaciones de opio iraní pasaron de 19 toneladas en 1889 a 327 en 1914, y a 513 en 1925. Turquía exportó 401 toneladas en 1933. El coste social fue enorme: se ha calculado que a finales del siglo XIX nueve personas de cada diez consumían un mínimo de un gramo diario en Irán.

El caso de Irán es importante, porque esos inicios explican la situación ya en el siglo XXI. En 1955, el gobierno iraní prohíbe el cultivo de adormidera, y las amapolas que hacían esplendorosos los campos del país desaparecen en gran parte del territorio. Una política condenada al fracaso; el opio podía desaparecer casi de la noche a la mañana, pero no todos aquellos que se habían enganchado a su consumo. Afganistán, Pakistán y Turquía se pusieron las botas abasteciendo ese mercado huérfano. Pakistán y Afganistán, que apenas producían cien toneladas al año triplicaron su producción.

En 1969, Irán autorizó un cultivo limitado de adormidera para el autoconsumo.

Centrándonos en la heroína, la empresa Bayer se convirtió en el gigante farmacéutico que hoy es gracias no sólo a la aspirina, sino también a la heroína. Las dos se promocionaron juntas durante décadas.

En el prospecto de la diacetilmorfina podía leerse:

“1.Al revés que la morfina, esta nueva sustancia produce un aumento de la actividad.

2.Adormece todo sentimiento de temor.

3.Incluso dosis mínimas hacen desaparecer todo tipo de tos, hasta en los enfermos de tuberculosis.

4.Los morfinómanos tratados con esta sustancia pierden de inmediato cualquier interés por la morfina”.

La morfina, sintetizada en 1803, había enganchado a toda una generación y la heroína se comercializó como un remedio, sin que se sospechara que aún era más adictiva que su madre.

Antes del año 1977, el consumo y comercio de heroína era prácticamente desconocido en España, pero ya había morfinómanos yatrogénicos, que quiere decir que se hicieron adictos a los opiáceos, a la morfina, tras un tratamiento médico. Y conocieron la heroína.

De 1979 a 1982 se registra lo que se ha dado en llamar la segunda fase de la expansión de la heroína. El consumo alcanza ya niveles epidémicos; se registran decenas de miles de heroinómanos en un creciente mercado negro, y yonqui se vuelve una palabra habitual en las calles y acaba por incluirse en el diccionario de la Real Academia Española.

En 1987 se produce un punto de inflexión: la generación de los primeros adictos empieza a caer. Uno detrás de otro. Sida pasa a ser una palabra familiar y la droga se convierte en maldita. En esa época se extiende el uso de la heroína fumada, mezclada a menudo con cocaína.

En 1991, el consumo de heroína empieza a descender; cada año hay menos consumidores nuevos y el problema se centra en los históricos, aquellos que se engancharon en los inicios y aún siguen ahí. Con el descenso del consumo, descienden las incautaciones, como se comprobará en los siguientes apartados.

El descenso del número de nuevos consumidores y la presión policial ha hecho que los traficantes busquen nuevas fórmulas de venta que nunca antes se vieron en una droga que se vendía sola, sin necesidad de que nadie le hiciera publicidad alguna. Sin llegar a los éxitos de márketing de los derivados anfetamínicos, ya hemos visto que la heroína ha aparecido mezclada con otras drogas como el éxtasis, cuyo consumo se encuentra en auge.

Un caso curioso de oferta de droga es la promoción llevada a cabo por algunos traficantes de Penamoa (A Coruña), que ofrecen una dosis gratis a sus clientes en caso de ser sorprendidos por la Policía en el momento de abandonar el poblado. El yonqui debe regresar a la chabola donde compró la droga y presentar el acta policial de aprehensión para conseguir una nueva papelina.

En realidad, lo que intentan así los vendedores es no ser delatados por los compradores cuando son interceptados a la salida del poblado.

INCAUTACIONES

          En los años 50, los alijos de opio que se decomisan en Asia llaman ya la atención de los medios de comunicación europeos. Mientras en España apenas hay otro tráfico que el matuteo de tabaco rubio americano, las incautaciones de opio y morfina se hacen frecuentes en Ceylan, por ejemplo, donde en julio de 1955 se intervinieron 490 kilos. Una cantidad importante.

En el Canal de Suez, en el mes de enero del año siguiente, 17 beduinos fueron apresados, tras un tiroteo en el Mar Rojo, con un cargamento de opio.

En los 60 también se hacen habituales los alijos de morfina, como el de 39 kilos que la Policía turca decomisó en Balikessir en septiembre de 1963.

Turquía se dedicó pronto a convertir el opio en morfina base para exportarla a Francia, donde era transformada en heroína y trasladada a Estados Unidos. Este tráfico en escala se bautizó como French Connection, y uno de los alijos de esta conexión es el que la Policía Montada de Canadá intervino en marzo de 1965 y que fue considerado el mayor alijo del país; 28 kilos de heroína trasladada desde Francia en avión y que, probablemente, tenían que llegar hasta algún gang de Estados Unidos. Fueron arrestados dos empleados de una compañía aérea y un camionero.

Ocho meses después, la Policía detuvo en París, en un avión que iba a despegar hacia Nueva York, a dos hombres que llevaban casi dos kilos de heroína sujetos a sus cuerpos con cinta adhesiva.

En la misma Gran Manzana, el 25 de septiembre de 1971, tres hombres de origen italiano fueron arrestados con cien kilos de heroína pura, un alijo que podía considerarse espectacular. La droga viajó desde Génova en el trasatlántico Rafaello. Una semana antes, los agentes de aduanas norteamericanos habían encontrado otros cien gramos en un coche llegado también en barco, esta vez directamente desde El Havre, Francia.

En las ciudades americanas, los gangs se habían hecho cargo ya del tráfico de heroína, en una lógica evolución desde el contrabando de alcohol cuando se aprobó la Ley Volstead, más conocida como la Ley Seca; la imagen idealizada de los gángsteres sigue mostrando a los mafiosos más auténticos, hombres de honor sicilianos que no tocan la droga, pero lo cierto es que la pequeña Sicilia en Chicago o las bandas de Nueva York hicieron de la heroína su producto estrella.

En los 60, Joe Pecci, uno de los hombres de Lucky Luciano (fallecido en el 62), estuvo en Madrid y también en Ibiza, donde aseguran que pretendía crear un enlace de distribución de drogas. Antes de eso, Luciano se había aliado con una organización francesa, y la detención de uno de sus miembros en Estados Unidos dio paso a una de las más importantes operaciones antidroga llevada a cabo en el mundo hasta la fecha y a la constatación de que los gángsteres ya querían dar el paso a España que años más tarde darían los carteles colombianos.

El miembro detenido era Jacques Angevil, un presentador de televisión que iba a conducir a la detención en España de tres hombres de Luciano, la aprehensión de 40 kilos de heroína en Nueva York, la resolución de un doble crimen en Marsella y el desmantelamiento de un importante laboratorio de transformación de morfina en heroína en Francia, dirigido por un coronel retirado del ejército nazi. 

En 1967 en La Jonquera se intervinieron 13 kilos que también se relacionaron con los intentos de la mafia siciliana por usar España para el tráfico. La Mafia empezó a tener refinerías de heroína en territorio siciliano en los 70. Casi todas las que existieron se instalaron en 1977.

Las presiones y promesas económicas de Estados Unidos decidieron al gobierno turco a suspender el cultivo, tras la cosecha del 72, y la adormidera no creció durante dos años en los que técnicos agrónomos y autoridades norteamericanas intentaron alternativas para los labriegos. En 1974, el país decidió reanudar la producción, pero había perdido el tren del opio que cogieron con tiempo Afganistán y Pakistán. En 1979, con la revolución islámica, los traficantes paquistaníes y afganos deciden empezar a transformar el opio en heroína para vender a Europa y Estados Unidos, donde el mercado está creciendo, y lo hacen con químicos franceses y de Hong Kong.

De esta forma, si en el 79 la OIPC-Interpol registraba que se habían requisado 995 gramos, en 1980 se decomisaron algo más de 31 kilos. Más de seis toneladas en 1991. Los turcos se especializan en el tráfico de la droga, sea producida en su país o en cualquier otro de Oriente.

Cuando se explican los diversos intentos de erradicación de los cultivos de adormidera no hay que olvidar que con la planta se elaboran también medicamentos, por lo que la erradicación suele ser, más bien, su disminución y control. En España,  principalmente en Andalucía, también existen cultivos controlados de amapola Papaver para fabricación de medicinas como la morfina.

En octubre de 1972, agentes antinarcóticos turcos y norteamericanos llevan a cabo una operación que permite la aprehensión de más de una tonelada de opio en bruto –1.200 kilos– en Estambul y Malatya. No todos los días se consiguen cantidades como esa.

La heroína es un caso especial en muchos sentidos. Los decomisos, al contrario que lo que ha sucedido con drogas como la cocaína, han ido en descenso, o por lo menos se han estancado, tras alcanzar un punto de inflexión.

El primer alijo importante que se registra en España y que no es fruto de la casualidad tiene fecha de 3 de junio de 1971. La Guardia Civil detuvo en Silla, Valencia, a dos franceses que escondían 113 kilos de heroína en bolsas de medio kilo en un Citroen Tiburón. Los sospechosos, un hombre y una mujer, habían llegado a Alicante a bordo del buque Virginia de Churruca, que tenía como destino final Veracruz, en México. Los traficantes desembarcaron porque fueron advertidos de que los agentes iban tras ellos. En ese mismo año, en la isla de Formentera se intervinieron ya los primeros gramos, pero, a pesar de los temores de que hubiera un mercado, no dejó de ser una intervención anecdótica.

En España, los alijos de heroína nunca han sido tan espectaculares como los de cocaína, entre otras razones porque el país ha sido sobre todo zona de consumo, pero no lo es, habitualmente, de tránsito, aunque haya habido intentos de que lo fuera.

En 1977, el año en el que los primeros yonquis empezaron a hacerse notar en el país, un tailandés fue arrestado en Barajas con siete kilos, que representaba el 99 por 100 del total requisado ese año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, al parecer, esa droga sí estaba sólo de paso por España.

En el año 1990 se intervinieron 886 kilos en doce meses, la cantidad más elevada hasta la fecha, pero a partir de ahí las cifras ya no revelan aumentos importantes: 741, 672, 604, 824, 545... en los años consecutivos. El año 1999, con más de una tonelada confiscada, fue una excepción.

Prácticamente el 50 por ciento de la heroína decomisada en España en el año 2001 lo fue en Madrid, según la memoria de la Fiscalía General del Estado. Del total de casi 630 kilos, en la comunidad del oso y el madroño se interceptaron casi 300, incluidos los 32 kilos de la Operación Conquist, que permitió detener a los siete responsables de la principal distribuidora de heroína en los barrios marginales madrileños. El turco que les proporcionaba la mercancía la facilitaba casi pura, pero los clanes la rebajaban hasta el 50 por ciento usando cafeína, paracetamol o ácido acetilsalicílico. Mezclaban los componentes en un molinillo, los batían, humedecían la sustancia, la prensaban para darle la apariencia original de roca y la secaban con focos. Lista para pasar a los camellos del último escalón.

Galicia ocupa ese año el segundo lugar, con 118 kilos interceptados.

Los barrios marginales de Madrid –Las Barranquillas ha sido el más famoso– son los principales mercados de la heroína que llega al país y los barómetros que la Policía mide para conocer qué material se está pasando y cómo van las ventas. La guerra de Afganistán y algunas operaciones policiales importantes dejaron desabastecidos esos mercados hasta el punto de servir como el mejor ejemplo de los efectos secundarios de la lucha antidroga.

La guerra puso difíciles las cosas para los traficantes que pasaban la droga afgana desde Turquía, aunque algunos lograron salvar los obstáculos y hacer la ruta de los Balcanes hasta Holanda y Alemania para seguir desde allí a España. A finales de marzo de 2002, la Policía seguía la pista a un matrimonio del que sospechaban que trabajaba para una red espabilada a la que no afectaba el conflicto bélico. Los traficantes disponían de un piso en la calle Hermanos Grimm de Móstoles y de un chalet en Ventas de la Retamosa (Toledo), donde habían montado un laboratorio para adulterar la heroína y embalarla para su venta.

El último sábado de marzo, los agentes siguieron a los sospechosos hasta un centro comercial donde se realizó un intercambio de droga, pero no pudieron arrestarlos; cuando eran seguidos por la Nacional V lograron escapar. Posteriormente, una vigilancia paralela en dos casas controladas permitió la detención de la pareja. Él arremetió con su BMW contra los vehículos policiales para intentar evitar, sin éxito, que encontraran los 52 kilos de heroína en paquetes de medio kilo y con una pureza de entre un 70 y un 80 por ciento que escondía en el maletero.

En el laboratorio desmantelado había 40 kilos de paracetamol y cafeína para adulterar el estupefaciente.

“El chute se va a poner por las nubes”, afirma un heroinómano tras conocer la noticia, pero lo cierto es que ese detalle es sólo uno de esos efectos secundarios; un mercado desabastecido significa que la droga que llega a los poblados marginales no sólo es más cara sino que está cortada hasta el límite, lo que obliga a inyectarse más a menudo a quienes no quieren pasar por el síndrome de abstinencia. Y también obliga a muchos a conseguir más dinero para pagar su adicción, lo que probablemente harán atracando alguna tienda.

Otro fenómeno derivado de la ínfima calidad de la sustancia es que vuelve a aumentar el uso de heroína inyectada; en los últimos tiempos ha disminuido esa forma de consumo y se prefiere la heroína fumada, pero si es de baja calidad, fumarla apenas produce efectos, hay que inyectársela directamente en vena.

Y, por otro lado, también existe el peligro de que traficantes sin escrúpulos corten la sustancia con lo que pillen más a mano y que eso sea un auténtico veneno. Los laboratorios de Sanidad han llegado a encontrar estricnina en muestras de heroína.

Estos efectos secundarios sólo prueban que un decomiso de droga no significa gran cosa si la lucha contra el tráfico no se afronta desde todos los niveles posibles.

El primer gran traficante golpeado en España fue el libanés Mohamed Hassan Sulh, más conocido como Abu Faisal. El 21 de octubre de 1991 se desmanteló la refinería de heroína que dirigía en Villaviciosa y el 26 de noviembre fue capturado en un hotel de Puerto Banús.

Y la primera gran aprehensión se produjo el 12 de febrero de 1993 en una casa no muy lejos, en Málaga. La Policía encontró 128 kilos de heroína turca, ocho kilos más que los 120 localizados en el depósito de combustible de un camión sólo un año antes, el 15 de marzo de 1992, en La Jonquera.

Los 128 kilos de Málaga fueron considerados, durante muchos años, el mayor alijo de España.

En junio de 1996 vendría el segundo en importancia, y con una curiosidad destacable; unos traficantes graciosos habían marcado sus paquetes con la frase “Esta es la mejor para la salud” y, bajo ella, el nombre Baldazar Garsón.

La incautación es toda una historia que se inició en marzo, cuando los agentes empezaron a vigilar los movimientos de un matrimonio de Porriño (Pontevedra) del que sospechaban que tenía previsto ir a por droga fuera del país. El 28 de mayo, Patricia Beltrán y Rafael Rodríguez alquilaron una autocaravana y el día 30 se marcharon a Turquía. Atravesaron Francia y llegaron a Italia, hasta el puerto de Brindisi. Continuaron hacia Oriente, cruzaron Grecia y entraron en Turquía por Ipsala con destino a Estambul. En la ciudad entre dos continentes la pareja recogió su regalo de bodas y regresó a España por el mismo camino. Rafael y Patricia cruzaron el paso de La Jonquera el día 9 de junio, durmieron en Barcelona y al día siguiente se encaminaron a su destino, Madrid.

Los agentes de la UCE encontraron 115 paquetes de heroína con 121 kilos y una FN nueve milímetros parabellum en un doble fondo del suelo de la caravana. Y, por si alguien se lo pregunta, hay que señalar que precisaron de autorización judicial para registrar tal vehículo. Los policías detuvieron a la pareja y al padre de ella, en una operación que propició también la detención de un turco relacionado con las redes internacionales de su país.

En 2000 y 2001, la Guardia Civil realiza dos operaciones que se saldan con la cantidad de 113 kilos de heroína decomisados cada una. La primera es casual y tuvo lugar el 20 de julio en la frontera de La Jonquera, en un control sobre los vehículos que cruzaban el paso. La segunda es la Operación Ardilla, llevada a cabo en Madrid y Guadalajara desde julio a diciembre de 2001 e iniciada tras el arresto de un iraní que portaba 12 millones de pesetas en un coche y que despertó sospechas al realizar una maniobra evasiva a 200 por hora; nadie huye así al ver uniformes si no es por un motivo... La pista llevó a un chalet de Cabanillas del Campo donde se adulteraba heroína y dónde se hallaron los primeros 88 kilos de un 80 por ciento de pureza y acompañados de 20 kilos de sustancias de corte. Posteriores registros permitieron el decomiso de otros 25 kilos, acompañados de un revólver y una máquina contadora de biletes. Los siete detenidos, de nacionalidades iraní, polaca y colombiana, tenían antecedentes por hurto, robo o tráfico.

En el año 2002 se intervinieron 274 kilos de esta droga en todo el país. En 2003, la cantidad fue de 273 kilos, según los datos del PNSD. La excepción al descenso de incautaciones desde 1990 la marca el año 1999, el año de la Operación Carro y en el que se sumaron 1.170 kilos.

Operación Carro

En abril de 1999, la UCE se marcó un buen tanto al detener al Enano, al Chistoso, al Gordito y al Cojo. No son cuatro de los Siete Enanitos, sino los arrestados en el transcurso de la primera fase de la Operación Carro, en la que, en ese mes de abril, la Policía se incautó del que fue calificado como el mayor alijo de Europa en dos años y el mayor de España: 319 kilos que al final de la investigación se elevarían a 800, conseguidos en tres fases operativas, además de más de medio centenar de kilos de cocaína.

El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, muy hábil, relacionó la primera  incautación con la conocida como Operación Mezquita, en la que poco antes, el día 14 de ese mes, la Policía colombiana había aprehendido doce toneladas de permanganato de potasio, sustancia química utilizada para elaborar cocaína, gracias a la información de la española. El alijo de precursores, destinados a fabricar más de sesenta toneladas de clorhidrato de cocaína, representó el mayor golpe de la historia a una red de tráfico de estas sustancias. Y era la primera vez que el ministro con más tirón popular del momento presidía una rueda de prensa por un asunto de narcotráfico, así que había que aprovecharlo todo.

La Operación Carro, iniciada en 1998 y dirigida por el juez Manuel García Castellón, es algo más que una operación, es una investigación a gran escala y a medio plazo con el objetivo de acabar –aunque sea a pequeños golpes– con la organización más férreamente establecida en España. El centro de la diana es el turco Urfi Çetinkaya.

En el momento en que se llevó a cabo esta investigación, la Policía ya había tomado conciencia de que para atacar con eficacia a las grandes organizaciones hay que darles donde más les duele, así que la segunda fase de la operación se centró en la inmovilización y seguimiento de las grandes cantidades de dinero generadas por el negocio y en las formas de su blanqueo.

Desde 1998 hasta el primer asalto de la Operación Carro, en abril del 99, las investigaciones de este carácter se duplicaron debido a la creación de los Grupos de Blanqueo en las Udyco de la Policía. A partir de entonces no es extraordinario el bloqueo de cuentas bancarias en el transcurso de las operaciones policiales.

La ramificación del grupo de el Enano, que apenas llevaba dos años en funcionamiento, creaba compañías mercantiles en sectores como el inmobiliario, la compraventa de vehículos o la importación de maquinaría agrícola para blanquear sus ganancias ilícitas. A la cabeza siempre había testaferros.

La droga viajaba desde Turquía a través de la ruta de los Balcanes, en camiones contratados por la empresa tapadera holandesa P.P.Leferink Track, escondida en tractores y maquinaria agrícola. En España, una empresa de maquinaria de este tipo ubicada en Villacastín (Segovia), y de la familia Carracedo, daba cobertura legal a las importaciones.

Toda la operación se precipitó cuando los agentes averiguaron que entre el 18 y el miércoles 21 de abril iba a llegar un alijo en un camión procedente de Holanda y con destino a una nave del polígono industrial Jumapi, en Alcalá de Henares. La nave la había alquilado el Chistoso.

El Enano, sobre el que pesaba orden de detención e ingreso en prisión para su extradición, se reunió con otros cinco individuos en un restaurante de la carretera de Barcelona para ultimar el plan.

Efectivamente, el camión llegó. Los agentes que vigilaban la nave observaron que llevaba matrícula holandesa, aunque también se percataron de que el Enano había apostado a siete hombres presumiblemente armados fuera del almacén. Era el momento de intervenir, a pesar de la proteccción que los traficantes estaban dando al cargamento.

El camión transportaba un compresor de grandes dimensiones. En su interior habían escondido 297 paquetes de heroína de aproximadamente un kilo cada uno.

El Enano, su hija adoptiva, el Chistoso y el Gordito fueron arrestados en un bar. En Móstoles lo fueron el Cojo, su esposa y su hijo, acusados de blanquear el dinero del narcotráfico. En la casa de Móstoles se intervino un revólver Astra, una máquina para contar dinero, un kilo de heroína listo para distribuir, 29,5 millones de pesetas en metálico y 44.000 francos.

La investigación también condujo a los policías hasta un bosque de la localidad toledana de Maqueda que curiosamente frecuentaban los vigilados. Thena, Shila, Zello y Loa –son perros policía– descubrieron cuatro escondrijos con 21 kilos de heroína en bidones, 52 de cocaína y un subfusil tipo Uzi. Algunos árboles estaban marcados para indicar los escondites.

Finalmente, en la madrugada del 24 de abril, se interceptaron en Pancorbo (Burgos) tres camiones del grupo de transportistas Carracedo, especializados, al parecer, en el transporte de heroína. Cuatro detenidos más.

La Guardia Civil siguió rastreando donde lo dejaron los de la UCE, en Toledo. Los perros encontraron otros 104 kilos de heroína y otros 20 de cocaína.

La Operación Carro, denominada así por el segundo apellido de uno de los sospechosos, fue un gran golpe. Un éxito. Pero –parece que siempre hay un 'pero'– cuatro años después, en abril de 2003, la Audiencia Nacional libera a cuatro de los arrestados porque ha finalizado el plazo máximo de prisión preventiva permitido y todavía no hay juicio. La Justicia, de nuevo, ha sido demasiado lenta para ser justa. La verdad es que la prolongada instrucción judicial terminó en diciembre de 2002, cuando el juez Juan del Olmo concluyó el sumario, pero en abril de 2003 todavía no se ha celebrado la vista oral. Los abogados, que para eso les pagan, se apresuran a solicitar la excarcelación de los implicados. Y les habrán pagado bien, porque parece ser que han sido los múltiples recursos de alguno de ellos los que han prolongado el proceso, además de las múltiples comisiones rogatorias al extranjero que se han tenido que llevar a cabo durante la investigación. No es mala estrategia: si sospechas que a tu defendido le van a caer un buen número de años de cárcel, prolonga el proceso –bombardea al tribunal a recursos– hasta que pasen cuatro años y tengan que ponerlo en libertad. Luego no tiene mas que largarse a otro país. Eso ya es cosa suya.

El que la Policía considera el jefe de la red, el portugués José Gómes Pires Coelho, el Enano, también debe ser excarcelado, pero la justicia lusa pide su extradición, así que es entregado al país vecino el 16 de abril para ver si así hay garantías de que no escape a la acción de la Justicia. El Enano era, desde 1976, el responsable en Europa de los negocios del Emir de la heroína, el turco Çetinkaya. De hecho, parte de la heroína intervenida en la Operación Carro llevaba su marca de fábrica; un lazo azul en el embalaje. Sin embargo, es posible que distribuyera para dos vendedores distintos, porque otra parte del cargamento estaba marcada con el logotipo de una compañía de hamburguesas que era desconocido para la Policía.

La UCE, por cierto, cuenta con policías que saben el idioma turco, lo que resulta bastante práctico cuando hay que intervenir teléfonos.

–Si no tuviéramos agentes que hablan turco no haríamos nada en asuntos de tráfico de heroína –destaca un policía del grupo.

La Audiencia Nacional impone ciertas medidas de seguridad para evitar la fuga, pero no puede impedir que uno de los transportistas de Çetinkaya, huya. Es Johannes Wijnants, el holandés que llevaba el camión del compresor con trampa. Orden de búsqueda y captura. Todos están acusados por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

Los jueces, ante el nuevo escándalo, deciden reforzar las medidas para evitar que los otros tres que salieron de la cárcel al mismo tiempo que el holandés se les escapen. Gregorio Fernández Antón, el Cojo, Miguel Rui Teixeira, el Gordito, y Manuel Alberto Pavía García, el Chistoso, deben comparecer mañana y tarde, todos los días, a firmar a la comisaría más cercana a su domicilio. La Policía informa de cada comparecencia enviando un fax a la Audiencia.

El 12 de junio, la Policía holandesa detiene a Wijnants y, en julio, la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional presenta al Ministerio de Justicia la petición de extradición. Tiene que estar en España en noviembre, mes en el que, por fin, está previsto el juicio.

Otros procesados cumplen su tiempo reglamentario en prisión entre octubre y noviembre. Entre ellos está Loghman Ghodsi Mahboob Alam, responsable máximo del blanqueo, para el que el fiscal pide 20 años de cárcel.

La historia se repite una vez más; en octubre se celebra el juicio y, por supuesto, no están todos los que deberían estar. El primer día, lunes 27, la Audiencia ya ha de dictar seis órdenes de búsqueda y captura, entre ellas la de el Enano... Exactamente, ese que fue entregado a Portugal para ver si así había garantías de que se llevara su justo castigo. El caso no tiene desperdicio; la Justicia española agotó el plazo de cuatro años, límite de la prisión preventiva, y eso impidió emplear una fórmula de entrega temporal a Portugal que hubiera obligado al país vecino a devolver al acusado a las autoridades españolas tras ser juzgado allí. El caso es que, al agotar el límite de prisión, la entrega se hizo como una extradición, simplemente. Nadie contaba con que el tribunal portugués de Vila Real de Santo Antonio con el que tenía una causa pendiente lo fuera a absolver... Pues fue absuelto en el verano de 2003, salió tan tranquilo y se perdió. A los portugueses tampoco se les ocurrió que España querría echar cuentas con él. Los portugueses aseguran que no tenían obligación de custodiarlo y la Audiencia Nacional española afirma que había un compromiso de hacerlo. En definitiva, otro que se ha escapado. ¿A quién hay que echar la culpa?

El asunto es de tal calibre que el presidente del tribunal, el magistrado Siro García, máximo representante de la Sala de lo Penal y único juez de la Audiencia con categoría de magistrado del Supremo, convoca una rueda de prensa –algo sin precedentes en la Audiencia Nacional– para explicar, básicamente, que ellos no son los culpables. El magistrado destaca “la avalancha de recursos e incidentes procesales, que no han terminado hasta días antes de iniciarse el juicio”.

El fiscal del caso, Pablo Contreras, apunta algo importante: en un escrito para la sala destaca el “abuso” de recursos presentados por las defensas en un determinado periodo del proceso –al finalizar el sumario– y recuerda que el tribunal está facultado para descontar del tiempo de prisión provisional esos meses de más obtenidos con trampas por los abogados. ¿Por qué no se hace uso de esta facultad más a menudo?

De hecho, tal posibilidad está recogida en el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala los límites de la prisión provisional y que permite descontar de los cuatro años de preventiva máxima las dilaciones sufridas en la causa “no imputables a la Administración de Justicia”. Esa cláusula, precisamente, está pensada para casos como el de la Operación Carro, sumario 10/99.

El primer día de juicio tampoco está el Chistoso. Estaba hospitalizado en Jerez de la Frontera, pero lo trasladaron a otro centro y el tribunal no pudo encontrarlo. Finalmente, es detenido y comparece a la fuerza ante la Audiencia. A pesar de que ya cumplió los cuatro años de preventiva reglamentarios, el tribunal acepta la puntualización del fiscal y hace cálculos para descontar días de retraso en la causa imputables al procesado, dilaciones registradas desde diciembre de 2002 a abril de 2003, fecha en la que fue puesto en libertad. Y así, lo encierra de nuevo, al menos mientras se celebra el juicio.

En enero de 2004 se dicta sentencia. La Audiencia Nacional impone condenas de entre dos y 20 años de cárcel para 15 de los 22 detenidos. En total suman 110 años. La sentencia resume: la actividad principal de la red era “hacer llegar el opiáceo desde Turquía hasta España, vía Países Bajos, escondido en la carga de camiones”. La mayor condena es para Loghman Ghodsi Mahboom Alam por narcotráfico, blanqueo y  falsificación de documento oficial. A su hombre de confianza, Michael Fraser, también de origen iraní, se le condena a 18 años y dos meses de prisión. El Enano, el jefe, sigue en paradero desconocido.

La sentencia explica el caso del fugado y dice que “había sido entregado temporalmente (...) en régimen de extradición, bajo la condición de ser devuelto a España tan pronto fuera ello necesario”, y añade que “se había librado despacho a Portugal para la inmediata devolución de Gomes (...) y las autoridades no habían contestado”. Finalmente, se pudo saber “oficiosamente”, que había sido puesto en libertad y se ignoraba su paradero.

En noviembre de 1999 se produce un nuevo éxito policial que, judicialmente, se sumará a la causa de la Operación Carro y que se ha iniciado con la información que se obtuvo en ella. Este año las fuerzas de seguridad decomisan más de una tonelada de heroína; tres grandes golpes rompen las estadísticas.

El primero es la Operación Lokman, más o menos como se lee el nombre del iraní procesado en Carro al que ya nos hemos referido anteriormente, que se sospecha lidera un tentáculo de una red mayor; el tentáculo que se enreda en España. El iraní abastecía a una organización de distribuidores gallegos que presuntamente lideraba el conocido narco vigués Antonio Yáñez Vázquez.

Desde hace casi un año, el juzgado 6 de la Audiencia Nacional dirige la investigación que llevan a cabo agentes de la UCE y de las Udycos de Madrid y Vigo tirando del hilo que en el otro lado sostiene Loghman Ghodsi Maboob Alam, el iraní en cuestión, un viejo conocido de la Policía. Su seguimiento lleva a un grupo de gallegos que distribuyen la droga en su comunidad.

El miércoles 3 de noviembre los agentes son testigos de la cita entre dos de los gallegos, un guineano y un ghanés en los aparcamientos de un centro comercial de Pozuelo de Alarcón. Parece que no son de los que hacen negocios en el cuarto de atrás del casino o en una habitación de hotel. Los gallegos entregan una maleta con más de cien millones de pesetas a los que son sus proveedores. Horas más tarde, en un segundo encuentro, los gallegos reciben 96 kilos de heroína. La Policía decomisa la mercancía y, posteriormente, en un piso de San Blas, usado por los africanos, encuentra otros 105 kilos. Suman 201 kilos. También se intervienen 300 millones de pesetas en efectivo.

En un chalet de La Moraleja utilizado por colaboradores de Lokman se decomisan varios cientos de millones en moneda española y divisas. Los policías necesitarán seis maletas para llevarse el botín.

Otros tres iraníes, con pasaportes falsos, son arrestados. En cuanto a la droga, era heroína que, por su empaquetado, procedía de Afganistán o Turquía (o de Afganistán pasando por Turquía). Se sospecha que la poderosa organización de Çetinkaya está detrás, aunque la droga no lleva el lazo azul en el embalaje que distingue su mercancía.

A Carro y Lokman se suma la investigación por la canalización de beneficios desde España a Turquía por medio de correos de países árabes de Oriente Próximo, que entre julio y octubre de 1999 enviaron el equivalente a 250 millones de euros en distintas divisas.

En definitiva, la Operación Carro se convierte en un macroproceso con 22 imputados de nueve nacionalidades distintas y que consta de 11.358 folios en 39 tomos, a los que habría que añadir los 5.000 de los 10 tomos del rollo de Sala y alrededor de 3.000 en piezas separadas, sobre la situación y el patrimonio de los encausados. Más de 125 testigos han declarado y se han necesitado traductores de farsi (persa), kurdo, turco, sueco, holandés y árabe para 280 grabaciones telefónicas y un montón de papeles.

Sólo el abogado de Logman Ghodsi, Fernando Pamos, presentó 23 recursos o incidentes para bombardear un proceso ya de por sí complicado.

La información obtenida en Carro permitió a la Policía portuguesa, por otra parte, poner en marcha, en el año 2000, la Operación Turhan. El resultado fueron 132 kilos de heroína intervenidos y el desmembramiento de la trama portuguesa de la red. En diciembre cayó, en la Operación española Ufo, lo que quedaba de esa rama lusa en España.

Un año después, en 2001, le toca caer a Levent Ilter, otro turco que vive de introducir heroína de su país en Europa. Levent se fugó del centro penitenciario de Teruel en el año 1994, aprovechando un permiso de fin de semana. Escapó a su país, pasó algún tiempo en una prisión turca y en 1999 regresó a España, donde aún tenía pendiente una orden de detención del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Teruel por quebrantamiento de condena.

En el 2001 pasea por Sevilla su Mercedes 320 cabrio, hasta que la Policía lo detiene el 23 de junio, cuando se había citado con un checo que le traía heroína en un camión por la ruta de la República Checa y Alemania. Levent Ilter llevaba un revólver del 22 North American Arms, con la numeración borrada, y un pasaporte falso holandés.

En el camión, en el interior de las vigas del chasis, se encontraron 36 kilos de heroína de gran pureza. En la guantera, una semiautomática CZ-75 nueve milímetros parabellum con la numeración de serie también borrada.

Levent Ilter se había convertido, desde su regreso a España, en enlace de las redes turcas en Andalucía y Portugal, un gran territorio en el que él, según la Policía, era el mayor distribuidor. En su casa, los agentes confiscaron 20 millones de pesetas en billetes usados y una pistola semiautomática de Astra, que también tenía la numeración borrada.

Es la Operación Lobo.

A ésta le siguen la Operación Limonero y la Operación Liebre, que la Policía considera aún ramificaciones de la Operación Carro porque se desarrollan con algunos datos de aquella investigación.

La primera se ejecuta el 29 de junio de 2001, con el resultado de 30 kilos de droga intervenida en Madrid y una buena cantidad de productos químicos para elaborar y adulterar droga. Seis españoles son detenidos. Algunos son quinquis de etnia gitana con antecedentes.

El 2 de julio se desarrolla la Operación Liebre. Otros 29 kilos confiscados y dos detenidos por distribuir droga en Madrid y la Costa del Sol, y uno de ellos es un turco en libertad provisional relacionado con Levent y con la investigación por blanqueo de capitales en la que fue procesado el entonces alcalde de Estepona en noviembre del año anterior.

El enlace turco

Turquía es un país que mantiene una especial relación con la heroína; es el eje de la ruta de los Balcanes, cuna de algunos de los narcos más famosos y origen de los mayores alijos que se decomisan en España.

En marzo de 1999, la Policía española llevó a cabo una operación que impidió la llegada al mercado europeo de unos 900 kilos de heroína. En la intervención colaboraron la Policía turca y la de Reino Unido, lugar al que iba destinada la droga. Los jefes de la banda, de nacionalidad turca, habían establecido su sede en Barcelona y habían creado un entramado de empresas para camuflar sus negocios con supuestas importaciones y exportaciones de género textil. El sistema era el siguiente: la heroína llegaba al puerto de la ciudad condal en el interior de cajas de productos textiles importados legalmente. Las cajas de droga eran transportadas por vía terrestre hasta los puertos de Bilbao y Santander, en camiones cuyos conductores ignoraban lo que portaban. Desde esos puertos, la droga era enviada a Reino Unido, Francia o Bélgica.

La Policía turca intervino 878 kilos de heroína en ese país. En Barcelona fueron interceptados 17.

Las empresas Glutoban y Nasitrade, dedicadas a la importación y exportación de productos textiles y radicadas en Mataró, daban cobertura legal a las importaciones de toallas turcas y heroína. Al frente de la red en España figuraba un turco con residencia legal en el país.

Sólo un mes después, la anteriormente citada Operación Carro de la Udyco consiguió decomisar el mayor alijo de heroína interceptado en España: 800 kilos. La red, vinculada de nuevo a organizaciones turcas, traía la droga de Turquía a España a través de Holanda. Un curioso recorrido por vía terrestre.

En el año 1992, las autoridades turcas lograron dos grandes decomisos de morfina base que sumaron tres toneladas y media. Dos de esas toneladas fueron halladas en un barco mercante que cruzaba el Mediterráneo procedente de Pakistán y por la ruta del Canal de Suez. Las aprehensiones de morfina base muestran la existencia en Europa de laboratorios en los que pueda transformarse esa morfina en la heroína que se consume en Occidente.

Si los que dominan el mercado de la cocaína son los colombianos, los de la heroína, desde luego, son los turcos. Los siguientes casos se suman a la muestra.

La organización Baybasin, que lleva el apellido de un clan familiar, es originaria de Lice-Diyarbakir, el Kurdistán turco, y es de esas para las que los asesinatos y las extorsiones no son más que los medios que justifican el fin, que no es otro que enriquecerse con el tráfico de heroína y morfina, y esporádicamente con el comercio ilegal de armas. Los Baybasin fueron el objetivo, en el año 1998, de una operación policial en la que participaron cinco países –esta vez no estaba España– y que acabó con la detención del jefe de la red, Hüseyin Baybasin, y algunos de sus compinches.

La Policía española no participó, pero sospechaba que algunos integrantes de la organización ya vivían en España, donde habían abierto negocios supuestamente legales. Hasta entonces, los Baybasin, que dominaban el mercado en Reino Unido y Holanda, se habían valido de otros grupos menores, también turcos, para hacer llegar su heroína a España. De uno de esos grupos secundarios formaban parte dos hermanos kurdos que en julio de ese mismo año fueron asesinados en Estambul.

Los agentes creen que la red quiere asentarse en España. Dos años después hay confirmación; tras meses de investigar las conexiones turcas del tráfico de heroína, agentes de Estupefacientes arrestan, el 17 de mayo de 2000, en Majadahonda a Mahmut (o Mahmoud) Baybasin, que es tío de Hüseyin y sobre el que pesaba una orden de búsqueda para su extradición cursada en 1998 por la Audiencia Nacional. Los franceses son quienes piden su cabeza. El hombre, con numerosos antecedentes policiales, llevaba diversos documentos falsificados; un DNI portugués, un pasaporte turco, otro holandés...

También es detenido un supuesto sobrino del capo, Ensar Tasdemir, y dos gallegos que distribuían partidas de heroína suministradas por los Baybasin. Los gallegos acababan de recibir de los turcos, tras una entrevista vigilada por la Policía, un Audi 100 en el que, en un agujero en los asientos traseros y el maletero, se habían escondido cinco kilos de heroína prensada y dispuesta en cinco paquetes de cinta aislante.

En un cuarto trastero, en el garaje del edificio donde vivían los turcos, se descubren otros diez kilos. Además de la droga se decomisan tres coches, 69 millones de pesetas, 106.000 francos franceses, 7.800 marcos alemanes y más de 5.000 florines holandeses.

Y en diciembre de 2003, en una operación centrada en la Costa del Sol, cae otro turco con historia. Es Nejat Das, nacido en Savur/Mardin 37 años atrás y afincado en Alcobendas con su esposa, Hanife. En 1994 fue detenido por la Policía turca por su implicación en dos alijos de 3.500 y 2.560 kilos de morfina que eran enviados en barco a Europa desde Pakistán por la ya citada ruta del Canal de Suez. Las aprehensiones de estas partidas provocaron que otros clanes mafiosos asesinaran a su padre y a dos de sus abogados. Ese mismo año se fugó de una prisión turca y en 1997 fue arrestado en España para ser extraditado a su país.

En 2003 está de nuevo en España, y en periodo de hiperactividad. Tras un año de investigación, la Udyco de la Costa del Sol y la Brigada Central de Estupefacientes logran detenerle a él y a otras seis personas en la Operación Nemo, desarrollada en Málaga, Alcobendas y Aranjuez. Das abastecía a algunos clanes gitanos de la heroína, una relación turco-gitana que también se verá más adelante al hablar de la droga en Ibiza.

La Operación Nemo propiciará, en 2004, la detención del responsable del blanqueo de dinero, el paquistaní Mahmoud Faisal, alias Arif, que actuaba como una especie de banquero hawala que recibía el dinero de los traficantes ofreciéndoles una dirección o teléfono donde recuperarlo. Testaferros de Holanda, Dubai o Reino Unido blanqueaban las ganancias.

El 29 de marzo de 2004, ocho búlgaros, turcos y gitanos españoles de la red son arrestados en Madrid por un alijo de 70 kilos ocultos en el doble fondo de un autobús procedente de Bulgaria, una de las partidas más importantes de los últimos años. Los españoles se disponían a comprar la droga por 200.000 euros.

Sólo cuatro meses después, en julio, la Policía decomisa otros 70 kilos de heroína a una red gitana que la encargaba a grupos turcos. La droga estaba en una casa de Casarrubios del Monte (Toledo), junto a 60 kilos de cafeína y paracetamol para adulterarla.

Pero el turco más famoso de todos es Urfi Çetinkaya, el Paralítico, paralítico, por cierto, desde que le incrustaron dos balas en la columna en un tiroteo con la Policía de Estambul en 1988. “El mayor traficante de heroína de Europa”, asegura la Policía el 14 de agosto de 2000, fecha de una de sus detenciones.

A la red de este individuo pertenecía, como ya se comentó, la heroína decomisada en la Operación Carro. El Enano trabajaba para él. En esa ocasión, el Paralítico se libró de nuevo; vivía en Estambul tranquilamente después de que, años antes, se escapara de España aprovechando la libertad condicional que le ofrecieron unos jueces. Pero se estaba preparando su caída; la Policía turca, con información de la española, creaba su unidad de caza particular.

Garzón sabe de sus andanzas desde 1989. Ese mismo año, es arrestado en Turquía por su relación con 300 kilos de heroína, pero queda en libertad. Realiza frecuentes viajes a España y en una ocasión la Policía consigue instalar micros en la habitación del hotel en el que se aloja. De esta forma, los agentes escuchan cómo el narco encarga dar el pasaporte a un turco que reside en Alemania. Le salvan la vida, pero no pueden evitar que la organización mate en Madrid a uno de sus miembros, Ekrem Turumus, porque creen que ha cantado.

Urfi fue detenido en Madrid a mediados de septiembre de 1991 por un alijo de 45 kilos ocultos en una furgoneta localizada en un cámping. El Servicio Central de Estupefacientes arresta también al hermano de Urfi, Erdoga, al que mantenía en España como contacto, a otros cuatro turcos, cuatro yugoslavos y un español.

Cuatro años después, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le deja en libertad a cambio de una fianza de 25 millones de pesetas. Lo cierto es que los cuatro años, ya lo hemos visto, son el máximo permitido, pero la cuestión, en realidad, es que el proceso no debía prolongarse tantos años antes de abrir la fase de vista oral. Se largó a su país sin esperar juicio, por supuesto.

El fiscal pedía para él 23 años de prisión y se quedó con el escrito de acusación en la mano. Y por si fuera poco, los cuatro años de encarcelamiento sirven al turco para establecer útiles contactos y convertir a España en uno de los destinos favoritos para su heroína.

En la madrugada del lunes 14 de agosto de 2000, el Paralítico es detenido en su país por ese grupo especial de Intocables de la Unidad de Narcóticos del KCM (Policía turca), que había bautizado el tinglado como Operación Matador, como tópico homenaje a la Policía española, y que había hecho varias visitas a España para sacar datos a los de la Unidad Central de Estupefacientes.

La Fiscalía antidroga española se plantea pedir su extradición, aunque, al menos, la mayor parte de las pruebas con las que se le juzgará han sido facilitadas por el Ministerio Público español a los representantes de la Fiscalía de la Corte de Seguridad del Estado de Turquía, incluyendo cuatro grabaciones telefónicas que pueden probar que Urfi interviene directamente en operaciones de narcotráfico.

Junto a Çetinkaya es arrestado su lugarteniente Cemal Nayir, quien había trabajado en estrecha colaboración con el Enano y que es, para la Policía, tan importante como su jefe; últimamente delegaba mucho en él. Nayir también estuvo preso en España.

También detienen a su esposa y al conocido como el Chino, su médico particular, que le acompaña a todas partes.

La red de Çetinkaya deja una docena de causas pendientes en la Audiencia Nacional. En tres de ellas, el emir de la heroína está imputado directamente. Se considera responsable de haber introducido en España doce toneladas de droga.

Concretamente, las averiguaciones de la UCE señalan su relación con los siguientes alijos:

–El primer tropiezo importante de la red en España desde la huida de Urfi fue el 10 de junio de 1996 en Madrid, donde se interceptó una auto-caravana procedente de Turquía con 121 kilos de heroína. Fue la Operación Burux.

–60 kilos de heroína que fueron decomisados el 9 de junio de 1997 en Fuentidueña de Tajo (Madrid). Fueron detenidos un kurdo nacionalizado español y otras tres personas. Ese mismo mes fueron arrestadas otras siete personas supuestamente dirigidas por Çetinkaya y con 70 kilos más. Cinco meses después, la continuación de la investigación permitió desmantelar un entramado de blanqueo de dinero que usaba la sociedad mercantil Mercados Internacionales SL, radicada en Madrid, y una ONG llamada Xenofilia Asociació Voluntariat de Barcelona, que decía promover los derechos de minorías étnicas como la kurda y en realidad era usada para efectuar transferencias de dinero negro a Siria y Turquía, desde donde Çetinkaya y otro de los llamados emperadores de la heroína, Ismail Kizmaz, lo dirigían todo.

–80 kilos de heroína interceptados en Barcelona el 29 de octubre de 1997. Once detenidos; españoles, nigerianos y turcos.

–147 kilos en Madrid a finales de septiembre de 1998. Es el caso de Susi, Jesús García Freire. Un alijo importante, aunque hay que tener en cuenta que cien de los 146 kilos estaban ya cortados para la distribución, con una mezcla de paracetamol y cafeína. La mayor parte de la droga se halló en un chalet de Cienpozuelos, en varias cajas fuertes y en la caseta del perro. Era la primera vez –y éste es un detalle interesante– que un español aparecía como máximo responsable de una red de tráfico de heroína, máximo responsable por lo menos en su rama española.

Susi ya tenía antecedentes policiales en Bélgica, Alemania y España, según la Policía, y controlaba a un grupo de turcos expertos manipuladores de este estupefaciente. Entre ellos se encontraba Ali Ihsan Korkmaz, Alex, arrestado el 15 de septiembre en el distrito de San Blas. Y desde Alex se llegó a Susi.

–39 kilos el 16 de octubre de 1998. Cinco detenidos.

–Los kilos de la Operación Carro en el 99. A partir de esta operación, por cierto, la Policía asegura que se estableció un estrecho contacto entre las unidades centrales de estupefacientes turcas, portuguesas y españolas; siempre une encontrar un enemigo común.

–201 kilos el 7 de noviembre. También Madrid. Nueve detenidos. Es el caso Lokman.

–25 kilos de heroína en Madrid el 5 de enero de 2000. Un arrestado.

–Entre los meses de mayo y junio, una operación conjunta de las policías española y portuguesa logró la interceptación de un total de 211 kilos en Madrid y Lisboa (24 en la capital española) y la detención de veinte individuos. La droga intervenida había sido introducida en la Península Ibérica por las redes de los turcos Ismail Kizmaz y Çetinkaya, según las sospechas de la Policía.

–132 kilos en Lisboa el 2 de febrero de 2000. Doce arrestados.

Urfi Çetinkaya, que empezó vendiendo tabaco de contrabando en los 80, es otro de esos personajes que no pueden verse como si fueran planos, como Pablo Escobar o Sito Miñanco; Çetinkaya quería inundar Europa de heroína, pero había comprado un terreno en su país para construir un colegio público al que pensaba poner el nombre de su hijo muerto.

Es condenado a 200 años de cárcel, pero a pesar de ello ya está en la calle a mediados de 2003. Otra operación, esta vez bautizada como Operación Último Tango va de nuevo a por él...

En el tráfico de heroína encontramos también, en alianza con otro turco, al hijo de un histórico del narcotráfico gallego. Se trata, de nuevo, de Daniel Baúlo Carballo, hijo de Manuel Baúlo Trigo y que, recordamos, lo encontramos en la operación Destello en 2006.

A principios de julio de 2003, Daniel Baúlo Carballo es arrestado en Galicia, con otros cuatro individuos, en una operación en la que se intervienen 12 kilos de heroína turca pura. Entre los arrestados se encuentra el turco Mehmet Karcija, quien, según las sospechas policiales, se encargaba de los traslados de la droga desde Estambul, en maletas y en partidas de cinco o seis kilos.

La heroína en Ibiza. El último escalón

En Ibiza también se intervino opio antes que heroína. En octubre de 1969, por citar uno de los primeros casos y uno de los más importantes, el grupo de información de la Guardia Civil arrestó a siete alemanes cuando se disponían a embarcar a Formentera con tres kilos y medio de opio.

En junio de 1978, el rastro de la heroína lleva ya a los callejones del barrio de sa Penya y se inicia esa relación que aún perdura entre esta droga y los clanes gitanos. Una investigación de agentes de la comisaría ibicenca lleva a la detención de un traficante que portaba encima ocho gramos de heroína pura. El seguimiento de un segundo sospechoso conduce a una casa de la calle de la Virgen, la principal del citado barrio. En el registro se encuentran 200 gramos de heroína, también de gran pureza, en cinco cajetillas de tabaco Marlboro.

Desde esas fechas, un repaso por las diligencias policiales o procesos judiciales de la isla permite adivinar, con pocas probabilidades de error, que la droga de la que se trata es heroína tan sólo con leer los apellidos de los implicados: Moreno, Cortés, Muñoz, Jiménez, Navarro, Heredia, Cuenca... La misma relación que encontramos en muchos otros lugares de España. Si turcos son los que conforman las grandes redes que introducen la heroína en Europa, de etnia gitana son los clanes del último eslabón de la cadena, los que se ensucian las manos y las venas de forma bastante literal. 

Uno de esos Moreno, Manuel Moreno Cardeslanas, concretamente, fue implicado por la Policía belga en una red más o menos internacional de tráfico de heroína mediante el empleo de boleros o mulas, que transportan la droga en el interior de su cuerpo, un método que todavía era bastante nuevo para las fuerzas de seguridad europeas. Era septiembre de 1980. Este Manuel Moreno vivía en Ibiza pero viajaba con frecuencia a Bruselas. La droga volaba desde Bangkok hasta el norte de España vía Bélgica, así que, al detectar el movimiento, la Policía belga aumentó los controles aeroportuarios y el empleo de los rayos X. De esta forma se interceptaron unos cuatro kilos de heroína, se detuvo a más de veinte personas y se descubrió el método del bolero, que los agentes de Bruselas no conocían.

En esas fechas se detecta una conexión belga del tráfico de heroína; en febrero de 1981, mientras en Bruselas continúa la instrucción del caso antes citado, el Grupo Antidroga de la Guardia Civil de Ibiza detiene a un decorador natural de esa ciudad belga por tráfico de heroína. En su apartamento se incautaron de un revólver del 44, otro del 22, 20 gramos de heroína pura, un mezclador para cortar la sustancia, una balanza, un cuchillo, una jeringuilla y dinero en metálico. Llevaba diez meses en la isla.

En agosto de 1982 se bate un récord; medio kilo de heroína decomisado, oculto en tarros de cosméticos, y 20 gramos de opio. El grupo de Estupefacientes del Cuerpo Superior de Policía (aún no existe el Cuerpo Nacional de Policía como tal) detuvo el lunes día 23, en Caló d’en Real, Sant Josep, al alemán Martin Kilzer, al que los agentes ya habían detenido anteriormente con 27 gramos de la misma droga. Se sospechaba que medio kilo procedía de la India.

En noviembre del 83, la Guardia Civil arresta en la isla a un actor portugués llamado Daniel Gonzalo que adquiría en Barcelona heroína para vender en Ibiza. En uno de esos viajes, en el que fue seguido de cerca por los agentes, se le incautaron 350 gramos de heroína pura a su llegada a la isla. Los agentes creían que la droga procedía de Pakistán. También tenía diez gramos de cocaína, un rifle de avantcarga Winchester, cuatro revólveres y una pistola y diversas armas blancas. Tan importante como el alijo de heroína era el de armas.

No pasa ni un mes cuando la Policía de Ibiza bate un nuevo récord y consigue uno de los más grandes alijos de heroína no sólo de la década sino del siglo; 1.221 gramos de brown sugar, una especialidad también llamada heroína número 3.

La operación que permitió tal decomiso la iniciaron funcionarios de la Brigada Operativa de la comisaría del Cuerpo Superior de Policía de Atarazanas, Barcelona. El seguimiento llevó hasta Ibiza, donde una dotación Z del 091 esperaba al sospechoso a su llegada al aeropuerto de uno de sus frecuentes viajes, el 10 de diciembre. La droga viajaba escondida en los altavoces de un equipo de música. También llevaba un buen alijo de piedras preciosas.

El arrestado era Morgan Stanley Watts, de nacionalidad norteamericana, que ingresó en prisión un lunes –no era una prisión, realmente, sino un Depósito Municipal de Detenidos– y que desde ese momento insistió en que le llevaran a la celda su desodorante. Lo tenía en el equipaje. Y tanto insistió que un policía fue a por el bote, lo abrió y encontró en su interior 21 gramos más de heroína y 82 de hachís. 

Estos primeros casos importantes, sin contar a Manuel Moreno, llevan nombre extranjero, pero en el último escalón de la distribución ya están los clanes gitanos. A mediados de los 80 ya son ellos los que transportan la heroína hasta Ibiza y ahí la distribuyen, pero es en los 90 cuando la sociedad de la isla parece tomar conciencia real y generalizada del submundo que existe en lo que antaño fue un barrio de pescadores. Es el momento de las grandes operaciones policiales contra los clanes gitanos. Alias como la Rula, el Pirriqui, el Cojo, la Amalia se hacen famosos en la comisaría y en los juzgados.

En junio de 1992, los estupas de la Brigada de Policía Judicial ejecutan simultáneamente doce mandamientos de entrada y registro en sa Penya. Es la segunda fase de una operación iniciada catorce meses atrás y que, a finales del 91, facilitó el decomiso de 237 gramos de diacetilmorfina y el arresto de cinco personas ya en mayo. En junio sólo se interviene un gramo, pero en los domicilios se hallan pruebas del tráfico que permiten a los agentes llevarse a los calabozos a doce personas, casi todas pertenecientes a la misma familia.

El clan estaba estructurado como una empresa y tenía un comité directivo, integrado por aquellas personas que con carácter de socios tenían voto para tomar decisiones y del que dependía la financiación de la compra de las sustancias en la Península. Otro grupo tenía por tarea la ocultación de la droga y la captación de los camellos que se encargarían de la venta directa a los consumidores.

El Grupo de Seguridad Ciudadana detiene el 21 de agosto de ese mismo año a un matrimonio gitano con 200 gramos de heroína y 200 de cocaína, trasladados a la isla en avión desde Alicante y escondidos en el equipaje, en las ropas de un niño. 

Los golpes a los clanes gitanos de la droga se suceden uno tras otro.

Mientras tanto, los de Estupefacientes tienen abierta otra investigación que da resultados en junio de 1993. Los policías detienen a un matrimonio gitano y malagueño con un kilo de heroína –otra cantidad importante– destinada a las calles de sa Penya. Es el mayor alijo en diez años, desde aquel del norteamericano Morgan Stanley, y procedía de Andalucía, donde lo habían introducido las mafias turcas.

Esta ruta se repite; la mayor parte de la heroína que los clanes de sa Penya distribuyen procede del sur de España y es trasladada a Ibiza desde Alicante, en avión o, preferiblemente, en el barco de Denia.

El miércoles 24 de agosto de 1994, los policías intervienen medio kilo de heroína en una operación enlazada con otras muchas que en esos años tienen como objetivo conocidos personajes del barrio. El 25 de octubre, una mujer alicantina es detenida en el aeropuerto de Ibiza con otro medio kilo para los clanes gitanos, exactamente 499,920 gramos de heroína con un 24 por ciento de pureza. El matrimonio que debía distribuir el material también es arrestado. La droga, de nuevo, procedía de la Costa del Sol, pasando por Alicante, y era del tipo brown sugar, la que en esos momentos introducen en el sur las mafias de Turquía.

Este caso fue muy conocido en Mallorca porque una de las arrestadas, Antonia Martínez Arnau, protagonizó una huelga de hambre en la cárcel de Palma en noviembre de 1996, 17 meses después de que la Audiencia Provincial la condenara a nueve años de cárcel y multa de 110 millones de pesetas basándose principalmente en las declaraciones de Natalia Pérez García, que era la que portaba la droga y que manifestó que las bolsas de heroína se las había entregado Antonia, que viajó en el mismo vuelo, a cambio de 200.000 pesetas. La interna decía que todo era un montaje.

El siguiente caso tuvo un proceso lento y cuando, tras varios intentos frustrados, la Audiencia pudo juzgar por fin a los acusados, la heroína ya había condenado a uno de ellos; murió más de un año antes de que se dictara sentencia.

Todo empieza en mayo de 1996. En la noche del miércoles día 8, José Jiménez Borrell se adentra en el barrio de sa Penya con un kilo de heroína escondido entre las ropas. Es un delincuente habitual y los policías lo conocen. Tropieza con una patrulla, intenta esquivarla, pero los agentes se han percatado de su nerviosismo.

–¿Dónde vas con tanta prisa?

Pues iba a entregar el kilo de heroína y el dinamómetro que le han pasado tres traficantes para que lo lleve a los distribuidores del barrio, pero termina en los calabozos y sin la mercancía confiada. Gajes del oficio.

El grupo de Estupefacientes ya tiene trabajo; hay que averiguar a quién iba destinada la droga y quién la introducía en la isla.

José Jiménez Borrell no parece dispuesto a cantar... Y el clan quiere asegurarse. Hay muchas maneras de hacerlo. Ésta es una: dos o tres días después del arresto, un hombre y una mujer visitan a la madre del detenido y le dan 2.000 pesetas, y una semana después le dan otras 2.000... El hombre le explica que ofreció a José hacer de correo y que acordaron que si alguno de los dos era detenido, el otro lo ayudaría. Así que la pareja asegura a la madre que cada semana tendrá 2.000 ó 3.000 pesetas para que se las lleve a su hijo encarcelado. Una historia muy romántica.

Una historia de agujas. El hermano menor, Francisco Jiménez Borrell, fue condenado a un año y medio de cárcel posteriormente, en el 97, porque envió a José un paquete, con dos papelinas de heroína, que fue interceptado por el servicio de control de la cárcel de Ibiza. Fue en agosto del 96, cuando José estaba en preventiva por el caso que ahora estamos viendo. Se le aplicaron, como circunstancias atenuantes su propia drogadicción y el parentesco. Y lo cierto es que probablemente bastantes jueces hubieran absuelto a ese hermano menor dispuesto a jugársela por llevar heroína a su hermano enganchado y enchironado. En las recopilaciones de jurisprudencia pueden encontrarse casos de madres absueltas de tráfico de drogas tras haber introducido alguna sustancia en la cárcel para su hijo drogadicto. A fin de cuentas, no puede considerarse que promuevan el consumo de drogas; el fin es únicamente paliar la necesidad de quien ya es drogadicto.

Francisco Jiménez Borrell ni siquiera llegó a declarar ante el tribunal. Hubo un acuerdo entre el fiscal y la abogada de la defensa y ni entró en la sala. Suele ser una manera eficaz para que los letrados se quiten juicios de encima, pero a veces deja la sensación de que no se ha impartido justicia. ¿Los jueces habrían absuelto a Francisco por llevar dos papelinas de heroína a su hermano enfermo?

El correo José Jiménez Borrell es pronto relacionado con personas ya investigadas y vigiladas desde diciembre del 95. Los policías detienen, en otras dos intervenciones relacionadas con el caso, a ocho personas más y decomisan otros 750 gramos de heroína. Tres de los sospechosos son apresados cuando descienden del barco de Denia. Seguían la ruta habitual de la heroína turca; desde la Costa del Sol hasta Denia por vía terrestre, y en el barco de línea hasta Ibiza.

La pureza de la droga oscila entre el 45 y el 64 por ciento. En total, teniendo en cuenta sólo la sustancia pura, la cantidad decomisada asciende a 817.621, según consta en la sentencia, lo que supera en más de diez veces el límite jurisprudencial para agravar la pena.

Seis años después de las intervenciones policiales, los ocho traficantes son condenados a penas de nueve a doce años de cárcel. La sentencia está firmada el 22 de octubre de 2001. Las mayores condenas son para Octavio Fernández Moreno, Manuela González Contreras, Ángel Escudero Jiménez y Pilar Garzón Rivas: once años de prisión y 20 millones de pesetas de multa. Los otros cuatro coacusados son Miguel Jorge Olaya Linares, Sandra Jiménez García, Antonio Campos Rodríguez y su hija Yolanda. Todos ellos son penados con nueve años de prisión, aunque el primero debe pagar una multa de nueve millones y los tres restantes sólo cuatro millones y medio.

La sentencia destaca “la importancia, nada despreciable”, de la cantidad intervenida y que los ocho acusados tenían el tráfico de drogas como dedicación exclusiva. Sin embargo, el tribunal no ha aplicado las penas en su grado máximo, tal y como solicitaba la Fiscalía, por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos hasta la sentencia. “Los sucesivos contratiempos resultan difícilmente atribuibles a actitudes obstruccionistas de las partes”, indica el tribunal, por lo que aplica una atenuante por dilación indebida.

El fallo pone fin a una de las más importantes operaciones policiales llevadas a cabo por la Policía contra el tráfico de heroína en sa Penya, en la época en la que se dieron los grandes golpes contra los clanes del narcotráfico.

En los fundamentos de derecho de la sentencia se destacan las especiales características de sa Penya, que califica como “un barrio emblemático por lo intrincado de sus callejuelas y destacado por las transacciones con estupefacientes”.

Sa Penya es, aunque con un pasado histórico y marinero, algo así como las Barranquillas en Madrid o Penamoa en A Coruña, un asentamiento gitano en el que la heroína lo condiciona todo y lo explica todo.

Ya a finales de los 90, los alijos importantes de heroína empiezan a ser raros en la isla, aunque hay excepciones destacables. La primera es el kilo de droga intervenido por la Guardia Civil en mayo de 2000. La droga fue interceptada al arribar al puerto de Sant Antoni el barco de Denia.

El segundo es otro kilo, decomisado también en el barco que llegaba de Denia, el 13 de agosto de 2001. Isabel se dispone a embarcar hacia Ibiza cuando una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía, en un control rutinario, apunta sus datos, al igual que los de otros pasajeros. Al consultar las filiaciones por ordenador, los agentes descubren que pende sobre ella una orden de búsqueda y captura. El barco ya ha zarpado...

La Policía de Denia avisa a la comisaría de Ibiza para que esperen la llegada del buque  Isla de Ibiza y detengan a la mujer, que viaja con un niño de dos años.

No parece nada importante, así que los agentes informan a la Guardia Civil –es su demarcación– para que hagan el trabajo. Los responsables del cuerpo armado dicen que tienen pocos efectivos y delegan en la Policía Local. Al final, son un par de agentes de la Unidad Nocturna de este equipo los que acuden al puerto a esperar la llegada del barco. En el registro del equipaje encuentran una bolsa del Corte Inglés que contiene un paquete con embalaje marrón. Es un kilo de heroína sin cortar.

En el 2002, los traficantes de sa Penya se alían con los nigerianos. La Udyco ha observado que un grupo de personas de origen africano frecuenta el barrio y se relaciona con los clanes gitanos que lo habitan. Dime con quién andas y te diré quién eres. En abril, en un domicilio de sa Penya, es detenido un matrimonio al que se interviene cierta cantidad de droga y dinero. Un individuo negro acaba de abandonar la casa cuando se lleva a cabo la operación. Hay que seguir investigando. Los agentes sospechan que varias mujeres nigerianas son los correos de la droga. No están fichadas.

A principios del mes de julio, la Udyco vuelve a la misma casa  donde ya estuvo en abril al sospechar que una de las nigerianas acaba de hacer una entrega. En el domicilio se decomisan ciertas cantidades de cocaína, heroína y hachís. En este punto, hay que señalar que sa Penya ha sido tradicionalmente el reducto de la heroína –prácticamente el único lugar de distribución de la isla– pero las variaciones del mercado y el descenso de sus ventas han motivado que los traficantes incluyan la cocaína, el hachís e incluso el éxtasis en su oferta. La especialidad de la casa, sin embargo, sigue siendo la diacetilmorfina turca.

La entrada de los policías en la casa no hace ninguna gracia a los traficantes, que inmediatamente planean un nuevo envío. Los nigerianos están vigilados, así que los policías observan como, el 16 de julio, uno de ellos contacta con una mujer negra que acaba de llegar a la isla. Siguen sus desplazamientos a sa Penya y a la pensión en la que ella se hospeda.

El día 18, deciden intervenir. Interceptan a la mujer cuando se dirige al barrio. Creen que transporta la mercancía, pero no es así. Sin embargo, se niega a decir dónde se aloja, así que es posible que ahí sí haya material, y ya saben dónde es porque la han estado siguiendo. En la habitación, efectivamente, hay droga; medio kilo de heroína sin cortar.

En febrero de 2009, y en una investigación iniciada en noviembre del año anterior, la unidad del GRECO (Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado) en Ibiza obtiene el alijo más grande de heroína de la isla. Los agentes intervienen 1.620 gramos, además de 1.400 de hachís, 33 de cocaína y 23.000 euros a una red del mismo barrio de sa Penya.

El año anterior, en el mes de mayo, el GRECO de Ibiza había participado en la desarticulación de una banda compuesta por alemanes y españoles a la que se intervinieron, en total, nada menos que cuatro kilos y medio de heroína de gran pureza. Los detenidos se abastecían en Madrid y llevaban la droga hasta la isla adherida al cuerpo de las mulas del grupo. Medio kilo fue decomisado al llegar a la isla y el resto fue localizado en un piso de Madrid.

Pocos meses más tarde, en Sitges, la Policía intervino 316 kilos que  llegaron en velero al puerto deportivo. Fue la Operación Teide. El sospechoso que inició esta investigación era un holandés de origen turco que ya había sido arrestado en 1994 en relación con un alijo de 118 kilos de heroína.

También en 2008, un año bastante bueno, en septiembre y en una investigación llevada a cabo en varias fases, la Udyco de Las Palmas sumó cuatro kilos de heroína turca en una operación en la que también había implicados ciudadanos nigerianos. La droga se vendía en un locutorio.

En septiembre de 2011, en la Aduana de Algeciras, se intervienen 150 kilos en un contenedor de barco, procedente de Pakistán y con destino a Costa de Marfil. La heroína estaba camuflada en 300 cilindros, entre la mercancía declarada, polvo de óxido de hierro.

Para finalizar este apartado, haremos referencia a otras formas de tráfico y consumo de opiáceos diferentes a la clásica diacetilmorfina y al opio. Tal vez la más conocida, aunque sólo sea por que a muchos les suena el nombre, es la China White, detectada por primera vez en el mercado negro en 1979, en California. Actualmente, muchos denominan  China White a un tipo de heroína de gran pureza, pero en realidad la original CW se trata de polvo de fentanilo, un opiáceo sintético cuyo nombre completo es alfa-metilfentanilo. No es nada usual en España.

Otra forma poco usual es la heroína denominada Red Rum (ron rojo o murder, asesinato, leído al revés), la que –al parecer mezclada con alcohol– mató al teclista de los Smashing Pumpkins en julio de 1996. El Red Rum es una potente mezcla que originariamente incluye heroína, barbital, e incluso estricnina y cafeína.

LAS RUTAS

La heroína del sureste asiático inicia su recorrido hasta el mercado europeo occidental en la frontera entre Afganistán y Pakistán, atraviesa Irán y llega a los centros del sureste de Turquía, desde donde viaja a Estambul. Así comienza, básicamente, la ruta de los Balcanes. Las poderosas mafias turcas se encargan de hacer llegar los envíos hasta Europa, principalmente en compartimentos secretos de camiones de la clase TIR, autocares y coches privados. Los siete países de destino fundamentales son Alemania, Países Bajos, Italia, Bélgica, España, Francia y Holanda.

Respecto a esta ruta, la más conocida, hay que destacar que la guerra de Yugoslavia la interrumpió durante un tiempo, y la vía se desplazó hacia el norte, atravesando Hungría y la República Checa hasta Alemania. Según los datos policiales, uno de los itinerarios de la ruta pasa por Turquía, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Alemania; otro utiliza Hungría, Austria y Alemania. Y Holanda, como se vio en el caso de la Operación Carro, es un importante país tanto de paso como de destino. Una tercera posibilidad frecuente es la de usar los transbordadores que salen de los puertos de Grecia y Albania para trasladar la droga a Italia o a España. De hecho, en el año 2001, Macedonia y Albania son, para los expertos de Interpol, los países de paso del 80 por ciento de los narcóticos que se dirigen a Europa occidental.

En el informe del año 2010 de la JIFE, la situación, que apenas ha cambiado en muchos años, se resume así: “Casi toda la heroína disponible en los mercados de droga ilícita de Europa procede de Afganistán. Llega principalmente por la ruta de los Balcanes, que va desde Turquía a Bulgaria o Grecia y desde allí pasa a Albania o Serbia. Además, continúa el tráfico de heroína en la llamada ruta de la seda, que pasa por el Asia central a la Federación de Rusia, a fin de vender la droga en el mercado ilícito en ese país o, en menor medida, pasarla de contrabando hacia países de Europa occidental”.

Siempre existen rutas alternativas. Es el caso de Ghana, en África, que en la década de los 90 se convierte en un importante centro de tránsito para la heroína del sudeste asiático y también, de vez en cuando, para la cocaína sudamericana. Las ciudades ghanesas son además reservas de mano de obra para las redes que reclutan mulas para el tráfico internacional. Según señala la JIFE ya en los 90, “las redes delictivas del África Occidental siguen controlando el tráfico de heroína en esa subregión y fuera de ella. La heroína proveniente del Asia sudoriental y sudoccidental es pasada de contrabando por correos que viajan en vuelos comerciales a América del Norte y Europa con escala en países africanos. También se utilizan servicios postales y de mensajería expresa”.

Algo más lejos, China es ruta de paso de la heroína del Triángulo de Oro y la Media Luna de Oro, al igual que ocurre con las pastillas. Y Hong Kong es zona de almacenamiento de los cargamentos destinados a Estados Unidos. Grandes cantidades de heroína pasan por China, Camboya, Laos y Vietnam con destino a Australia y a América cruzando el Pacífico.

Es el momento de describir los dos centros de producción de amapola Papaver somniferum más importantes del mundo. El Triángulo de Oro es algo más que un nombre sugerente; es una franja de unos 600 por 250 kilómetros entre las fronteras de Tailandia, Laos y Myanmar (Birmania) que, según los informes del Observatorio Geopolítico de las Drogas ya en 1994 producía 2.800 toneladas de opio. En 2001, la antigua Birmania es considerada el segundo productor de opio ilegal del mundo, aunque durante años ha ocupado el primer puesto. El Triángulo de Oro, principalmente en la zona correspondiente a Tailandia, tal vez ya no produce tanta droga como a principios de los 90, pero el lugar no ha perdido su aura de mito del opio. Los dragones de las tríadas chinas, como la 14 K, controlan la producción de la zona.

La Media Luna de Oro o Creciente Dorado –el cuerno de oro– es la principal proveedora de opio para su transformación en heroína. Es un área comprendida entre Afganistán, Pakistán y una menor parte de Irán.

Irán es un histórico productor de adormidera, tal vez la más importante ruta de paso de Oriente y un país en el que los problemas del tráfico de drogas se viven con una especial violencia, aunque su particular guerra no haya tenido la aureola legendaria de Colombia. En noviembre de 1999, veinte traficantes resultaron muertos al enfrentarse con la Policía, que decomisó casi tres toneladas y media de opio y morfina en el Este y el Sur del país. En un enfrentamiento anterior, murieron 36 policías. Las mafias iraníes, junto con las turcas, son las que han cobrado mayor importancia en el tráfico de heroína.

Respecto a Pakistán, en la década de los 80 se convirtió en proveedor del 70 por ciento del suministro mundial de heroína, pero su influencia disminuyó en los 90.

Afganistán, por su parte, es también un caso particular de la producción de droga; el rival de Myanmar desde casi los inicios de esta historia. A comienzos del decenio de los 90, un espectacular aumento de la producción situó al país a la cabeza de los países productores. Entre 1992 y 1995 produjo entre 2.200 y 2.400 toneladas de opio al año. Sin embargo, el régimen ultraintegrista islámico de los talibán, que gobernó Afganistán desde 1996 hasta noviembre de 2001, prohibió el cultivo de opio durante los dos últimos años de su mandato y las plantaciones se redujeron de una forma considerable. La prohibición dictada en julio de 2000 por el régimen del mulá Omar logró erradicar el 90 por ciento de las plantaciones de su territorio. La producción de opio se situó hasta las 185 toneladas frente a las 3.276 que se registraron en 2000 o las 4.500 de 1999.

Pero tras el conflicto, en 2002, los señores de la guerra se convirtieron en los gobernantes de las regiones periféricas y no sólo permitieron sino que promovieron el espectacular resurgimiento de los campos de amapolas. Afganistán recuperaba así su lugar como primer productor mundial de opio, llegando ya a alcanzar ese año las 3.400 toneladas de heroína (de unas 340 de opio). En 2003 la cantidad alcanzó las 3.600 toneladas de diacetilmorfina. El semanario The economist califica a Afganistán de narcoestado en su informe El Mundo en 2004.

La situación es complicada; miles de campesinos afganos tienen en esta droga su único medio de subsistencia, aunque también sea el medio de financiación más fácil para los ejércitos privados de los señores de la guerra. Es una situación similar a la de algunos campos de marihuana de Marruecos o bancales de planta de coca en Perú, Bolivia, Ecuador...

Al Quaeda, considerado el más peligroso movimiento terrorista del mundo, se financia también con el opio afgano.

El informe del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 2011 confirma que Afganistán “sigue siendo el principal productor mundial de opio ilegal”. Eso sí, el mismo informe destaca una reducción importante de la producción: “Se estima que las 3.600 toneladas de producción de opio en Afganistán en 2010 representan una reducción de casi la mitad respecto al nivel alcanzado el año anterior”. Entre las causas se encuentran condiciones climáticas desfavorables y también la extensión de la roya de la amapola, una infección fúngica que afectó a los campos de amapolas en las principales provincias cultivadoras. La escasez provocó el aumento de los precios

En los últimos años, el paso de droga afgana por la frontera con Tayikistán, al Norte, ha aumentado de forma considerable. En julio de 2002, las tropas ruso-tayikas intervinieron ahí 215 kilos de heroína destinada a Europa. Sólo en los siete primeros meses de ese año se aprehendió en la frontera una tonelada y media de narcóticos, principalmente heroína. Así, la ruta de la droga afgana se inicia por el norte debido a las mayores dificultades existentes en las fronteras de Irán y Pakistán.

En 1996, cuando los integristas talibanes tomaron el poder en Kabul, fueron interceptados seis kilos de heroína, mientras que en 1999 se aprehendieron 700 y en el 2001 fueron ya cuatro las toneladas de esa droga retenidas en Tayikistán.

Las incautaciones en Asia aumentan año tras año, aumenta el grado de pureza de las remesas y los pagos en especie a intermediarios y transportistas provoca también un aumento del consumo en los países de tránsito.

El opio que se produce en estos lugares se refina y transforma, normalmente en laboratorios chinos y paquistaníes, para seguir su camino hacia los grandes mercados.

Desde puertos de China, Vietnam y Camboya, la diacetilmorfina se traslada a América cruzando el Pacífico; es la ruta asiática tradicional. Desde Malasia e Indonesia llega hasta Australia por la ruta indonesia, y sigue hacia el oeste por la ruta india para encontrarse con el mercado europeo. Hong Kong y Macao eran ya en el 92 dos importantes ciudades de tránsito, según señalaba el informe de la JIFE de ese año.

Y aquí puede observarse un nuevo caso en el que se aprecia con claridad la influencia de la situación política en el lugar que le toca ocupar a un país en el tráfico de drogas. El país es Sri Lanka, donde los terroristas llamados Tigres de Liberación del Eelam Tamil no dejan descanso a las fuerzas militares y policiales. Con tal problema y con todos los efectivos al servicio de la lucha antiterrorista, los 1.800 kilómetros de franja costera son un lujo para los traficantes, que desembarcan sus cargamentos tranquilamente en pequeñas embarcaciones de pescadores. Pero la antigua Ceylán no es el mercado, sólo centro de reexpedición, con la misma posición que ocupaban en el juego las Antillas neerlandesas, por ejemplo.

La cocaína comparte con la heroína algunas rutas, como la asiática y la indonesia.

El Líbano es otro importante productor de adormidera, aunque en Europa se valora más el cannabis que produce en el Valle de Bekaa que su opio. Antes de 1975 era un importante proveedor de cannabis a Europa y Norteamérica, pero la demanda de heroína estaba en auge entonces y el Líbano necesitaba dinero para comprar armas y continuar su guerra civil, así que en el famoso valle empezó a cultivarse opio; es más rentable. 

No hay que olvidar, por otra parte, que, en el otro lado, México y Colombia son también importantes productores de amapolas, aunque el último lo sea tradicionalmente de cocaína, y abastecen principalmente a Estados Unidos. El cultivo de adormidera aumenta en México desde el año 2000.

En los años 20, gángsteres como Johnny Torrio y su discípulo Al Capone vieron en el opio que se cultivaba en México una alternativa si la Ley Seca se derogaba y había que cambiar de negocio. De hecho, ya a finales de esa década bandas americanas tenían contactos con traficantes de Ciudad Juárez, cerca de la frontera, para pasar a Estados Unidos opio y cocaína. Y ya entonces se usaron avionetas para ese traslado.

En México había poblados exclusivamente habitados por emigrantes chinos que vivían del cultivo de amapola. El opio era trasladado en las albardas de burros y caballos desde esos pueblos hasta Ciudad Juárez.

En este apartado, hay que citar al homólogo colombiano de Urfi Çetinkaya. Su nombre es Jaime Orlando Lara Naussa, considerado por la DEA el rey colombiano de la heroína y que, en noviembre de 1999, se convirtió en el primer ciudadano de ese país extraditado a Estados Unidos en nueve años, según aseguraba la prensa.

El 8 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia aceptó la solicitud de extradición. No se tardó en decidir su entrega, aunque la explosión de un coche-bomba en Bogotá, el mismo día en que el presidente Andrés Pastrana firmaba la orden, hizo renacer en el país el temor al narcoterrorismo, al chantaje de los narcos para evitar la extradición que doblegó al Gobierno en la época de Pablo Escobar.

A Orlando Lara le seguirían en su camino hacia los tribunales estadounidenses algunos de los arrestados en la Operación Milenio, que se vio en el capítulo sobre la cocaína.

Los satélites con los que se controla la extensión de los cultivos en Colombia señalaron a finales de 1999 que en el país había 6.500 hectáreas de amapola. Esa superficie ha ido aumentando con los años, y la ONU considera que en el 2002 ya había más de 15.000 hectáreas de este cultivo. Las guerrillas de las FARC promueven esos cultivos para financiar sus actividades.

Los planes de fumigación han continuado sobre los cultivos de coca y amapola, a pesar de las críticas sobre sus efectos secundarios, aunque en 2007 se redujeron esas fumigaciones y se cambiaron por métodos de erradicación manual.

A España, la heroína entra en coches o camiones, por Irún y la Jonquera y, vía aérea, por los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Málaga en vuelos procedentes de Zúrich, Fránkfurt, Ginebra o Roma. A estos aeropuertos, los alijos han llegado a su vez desde Estambul, Ankara, Líbano o Nigeria. La práctica totalidad de la heroína que entra en España procede de Turquía y llega por vía terrestre.

HACHÍS

HISTORIA

Lo más curioso de la historia del hachís no es la extensión de su consumo por parte de los árabes ni su uso ritual en muchas culturas. Lo mejor es conocer como la palabra hachís dio origen a la de asesino; asesino proviene del árabe hassasin o haschaschin, que es como se conocía a los miembros de una secta de fanáticos ismaelitas que tenían por principales actividades matar y consumir hachís. Hassasin significa adicto al hachís.

La palabra asesino se utilizó por primera vez en las crónicas de las Cruzadas, en un tratado escrito por un sacerdote alemán en el que se cita a los ismaelitas como hombres “sedientos de sangre humana”.

En el siglo XII, la palabra era común para designar a los asesinos profesionales a sueldo y en el XIV denominaba ya al homicida, sin relación alguna con una secta musulmana ya olvidada.

Es interesante conocer un poco más de la orden religiosa que construyó su mundo a finales del Siglo XI en torno a la figura del misterioso personaje de Hasan Ibn Sabbah y del consumo de hachís. El Gran Maestre Ibn Sabbah instaló su pequeño imperio en Alamut, que significa nido de águilas, a 1.800 metros de altitud al sur del Mar Caspio, en lo que era Persia.

Hasan, hijo de Sabbah, hizo de la lucha contra los turcos invasores y contra los traidores que los secundaban su causa. Sus conocimientos y estudios le dieron primero un puesto como consejero en el palacio de Ispahan, hasta que su exaltación política lo condujo a errar por Oriente seguido de su grupo de adeptos y logrando nuevo afiliados cada día. Por fin encontró el lugar apropiado en el que establecerse y, desde allí, organizar y formar su banda de terroristas. Hasan era un exaltado que pretendía tener una misión para la que había sido escogido nada menos que por el profeta Zaratustra, el que Nietzsche hizo protagonista de su obra más conocida, en forma de visión.

–Convoca tu alma a la línea de fuego –se supone que le dijo Zaratustra para animarlo a combatir contra los traidores de la causa iraní.

Los miembros de una secta extremista que ansiaban la desaparición del Islam y el restablecimiento de una monarquía irania lo iniciaron en sus ideas y le dieron a conocer una hierba que, según le dijeron, se convertiría en su arma, “más poderosa que todas las cimitarras de Oriente”. Era, por supuesto, el hachís.

Con los brebajes que preparaba con la planta convertía en fieles adeptos a los mejores guerreros y luego los enviaba en misiones homicidas, entregándoles puñales curvos de oro similares al cris usado en Filipinas y píldoras de hachís que debían tomar antes de clavar el puñal. Llegaron a matar a tres sultanes y buen número de gobernadores, visires, generales...

Marco Polo describe la secta en una página de su diario de viaje.

Una de las conclusiones que pueden extraerse de todo esto es que el hachís, desde luego, no lo descubrieron los traficantes de los 60.

DECOMISOS

Sólo en el puerto marroquí de Tánger se intervinieron en el año 2000 más de 82 toneladas de hachís. Hay que resaltar que la mayoría de las incautaciones que se registran en Marruecos se realizan en este puerto. 

De Tánger, precisamente, había llegado a Algeciras el buque en el que la Guardia Civil, en la noche entre el 28 y el 29 de abril de 2003, halló un alijo de algo más de once toneladas de hachís. Quien lo encontró fue Reno, un pastor alemán que hasta ese mismo día y desde principios de año había localizado ya 12.231 kilos de hachís en 44 intervenciones. El año anterior encontró diez toneladas y media en 47 operaciones. En esta ocasión, Reno olfateó el hachís que se encontraba en un remolque de camión británico que acababa de desembarcar del Ciudad de Málaga. Oficialmente, el camión transportaba ropa de las tiendas Stradivarius, del grupo Inditex.

El olfato de los perros adiestrados es un arma muy útil contra el tráfico de drogas, sobre todo de hachís. Su eficacia es tal que en 1992 los narcos sudamericanos llegaron a ofrecer una recompensa de 25.000 dólares para quien matara a Marco, una mezcla de pastor alemán al que no se le escapaba nada. En sus entrenamientos demostraba que era capaz de descubrir una botella cerrada, con marihuana en su interior, oculta en el tubo de escape de un autobús.

En el mes de junio de 2003, en la aduana de Algeciras, se intercepta un camión frigorífico que bate récords: 25.709 kilos de hachís ocultos entre cajas de pescado congelado. Nunca se había decomisado un camión con tal cantidad de droga. Es Dago, un perro de la Guardia Civil, quien consigue tal intervención, la segunda de España en cantidad de droga después de las 36 toneladas intervenidas en el barco Volga I en 1996. Y Dago es también el artífice del tercer decomiso de hachís de España, el 16 de enero de 2004 y en el mismo puerto de Algeciras que es su territorio. El perro encuentra 17.500 kilos camuflados dentro de unos palés encajonados tras unas cajas de tomates.

Uno de los primeros alijos de más de una tonelada de los que se tiene constancia en España es el del Cynosure, un yate apresado a principios de marzo de 1977 en Palma con un cargamento de 1.607 kilos en las tripas. El barco había permanecido en el puerto deportivo de Ibiza Nueva durante tres meses, en los que ya estaba sometido a vigilancia, y su propietario lo había sido también de un famoso taller artesanal de objetos de vidrio conocido como Castell des Puig. A bordo del Cynosure fueron  arrestados dos franceses que tomaban el sol cuando llegaron los agentes. El barco ya había transportado droga en otras ocasiones y su ruta iba desde Marruecos a las costas francesas con escala en Baleares.

En los 70, Algeciras y Ceuta son ya las entradas principales y donde se llevarán a cabo las más importantes operaciones.

En 1980, los datos que se conservan apuntan a una cantidad total de 11.400 kilos de hachís decomisados en España. En 1990, fueron 70.076, y 197.024 en 1995.

En el año 2001, la cantidad interceptada en territorio español fue de 513.381 kilos según el Plan Nacional Sobre Drogas (aunque la memoria de la Fiscalía apunta exactamente 514.180 kilos). Andalucía, como parece lógico, acaparó 410.356 de ellos; un año antes, la memoria de la Fiscalía General del Estado revelaba que el 80 por ciento del hachís intervenido en el país era interceptado en Andalucía. En 2002, se decomisaron en España 551 (565 según  el PNSD) de las 735 toneladas de hachís marroquí intervenidas en Europa. En Holanda se intervinieron 32. En el año 2003, la cantidad española decomisada se elevó a algo más de 727 toneladas, todo un récord, según los datos del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO). En 2008, la cifra es de 682.672 kilos. En 2010, sin embargo, la cifra descendió a 384.315 kilos, según los datos del CICO, que incluyen las intervenciones de Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Servicio de Vigilancia Aduanera. De hecho, desde 2008, la tendencia ha ido a la baja.

En el país se aprehende el 57 por ciento del total mundial de hachís y el 75 por ciento del total europeo, según una investigación conjunta del gobierno marroquí y Naciones Unidas.

El 2 de enero de 1996, una operación encabezada por el juez Carlos Bueren logra el decomiso del que será el mayor alijo de esta droga interceptado en Europa. La cantidad, más de 36.000 kilos, será difícil de superar.

El SVA descubrió la droga en la bodega del buque Volga I, de bandera panameña y atracado en el puerto de Marín, Pontevedra. Los ocho tripulantes del barco, de origen ruso y ucraniano, fueron arrestados, así como otros seis individuos, cuatro en Vigo y dos en Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los esposados es bien conocido por las fuerzas policiales; es Jacinto Santos Viñas, de Cambados, como Sito Miñanco, aunque reside en Vigo. Tiene antecedentes por tráfico de droga y se considera el jefe de la banda. La droga estaba oculta en unos sacos de harina de pescado. Otro detenido conocido por los agentes es Juan Carlos González Martínez,  Culebras.

El Volga I, un mercante de 49 metros de eslora, había zarpado de Agadir, Marruecos, con un  cargamento oficial de harina destinado a la empresa Harinas del Atlántico, con sede en A Pobra do Caramiñal. Es curioso como se repiten en este libro los nombres de determinadas localidades. Al igual que los nombres de determinadas personas.

Cinco meses después del alijo, Santos Viñas y Culebras ya pasean a bordo de un Sureker de 18 metros de eslora por la Ría de Arousa. Jacinto Santos es condenado por el caso del Volga I y en julio de 2004 será arrestado en la Operación Íbero, en la que se decomisaron alrededor de tres toneladas de cocaína en el pesquero Pitea.

Los alijos de más de 5.000 kilos de hachís se hacen frecuentes a partir de los 90.

En marzo de 1997 fue capturado en Cabo de Palos, Cartagena, el yate Odysseas II, alquilado en Mallorca por una banda que lo cargó con 8.000 kilos de droga en Marruecos y lo conducía hacia Tarragona. Se contabilizaron 16 detenciones en Málaga, Tarragona y en el propio barco. En el mismo Cabo de Palos, dos años después, fue apresado el velero Simbad, que, aunque llevaba menos de 3.000 kilos, vale la pena citar para señalar que casi tres toneladas en un velero de 16 metros de eslora puede resultar poco conveniente; el barco iba inclinado de proa debido al peso, y eso llama la atención.

En el interior había un gran número de fardos cubiertos con tela de saco de plástico azul o con tela de saco de yute, que es como se presentan típicamente los paquetes de hachís.

El 26 de junio de 1998, una avería en un yate en el Golfo de Cádiz permitió decomisar un alijo de 14.820 kilos. La tripulación del Guerrero, ante el riesgo inminente de hundimiento, había pedido ayuda. Un helicóptero de la Armada holandesa y la patrullera Tjerk Hiddes, que participaban en unas maniobras militares en el Estrecho, rescataron a los tripulantes y la embarcación fue remolcada hasta el puerto deportivo de Puerto América en Cádiz. Los militares holandeses descubrieron varios fardos de droga flotando en el interior del yate semihundido, así que avisaron a la Policía. Tardaron más de cuatro horas en sacar 444 fardos de droga de la embarcación. Ninguno de los que participaron en tal tarea había visto tanta droga en un barco tan pequeño. Tres holandeses y un belga reclamados por Holanda a través de Interpol fueron arrestados.

Holanda mantiene una actividad frenética en la lucha contra la droga. El mismo mes del caso del Guerrero, policías holandeses e ingleses interceptan el Spirit of Shamrock con cinco toneladas de hachís y que se dirigía a Reino Unido. Dos años después, los holandeses interceptan, y a la misma banda, el Red Scorpion, con ocho toneladas para Holanda, y en Portugal es apresado el Hanna Laura, con otras ocho toneladas. En octubre de 2003, por fin, los tres holandeses responsables de la organización son arrestados en su país y Tarragona a instancias de la Fiscalía de Haarlem y con información de las comisarías de Lleida y de Ibiza. Los dos detenidos en Tarragona eran representantes de varias empresas españolas del sector inmobiliario, tapaderas muy recurridas para blanquear dinero; en una de ellas llegó a registrarse un ingreso de tres millones de euros poco después de detectarse una operación de tráfico de hachís.

La Guardia Civil de Tarragona, en agosto de 1999, intervino 5.400 kilos de hachís en un barco y en un chalet y detuvo a seis personas en una de esas intervenciones fruto del azar y la suerte que no por ello son menos importantes. Una patrullera del Servicio Marítimo Provincial avanzaba por el puerto deportivo de San Carles de la Ràpita cuando los agentes observaron a unos tipos que bajaban con macutos por la pasarela de un barco atracado. Nada extraordinario. Pero al ver a los agentes que se acercaban y que seguramente sólo pretendían saludarlos, los tipos mostraron una actitud nerviosa y se apresuraron a alcanzar su coche. Otro individuo que se quedó a bordo de la embarcación todavía parecía más nervioso... Y ya se sabe que los que tiran de placa y uniforme siempre sospechan de los que se muestran nerviosos en su presencia. Acertaron. El barco estaba cargado de hachís.

También ese año finalizó la Operación Delfín Alí, prolongada durante dos años y que se saldó con casi un centenar de detenidos y 54 toneladas de hachís decomisadas en diversas fases. El centro de la red era la empresa Campoamor de Orihuela (Alicante), dirigida por un inglés.

Vemos en la mayoría de estas operaciones que un grupo policial antidroga apenas puede hacer gran cosa si no cuenta con apoyo de otros equipos que dispongan de patrulleras para abordar los barcos sospechosos. Destaca así la frecuente colaboración entre las Udyco de la Policía y las patrulleras del servicio de Aduanas. El barco de la Agencia Tributaria Petrel –citado en varias ocasiones a lo largo de este libro– se ha convertido en todo un símbolo de la lucha antidroga.

La Guardia Civil, por su parte, cuenta con un servicio marítimo que fue inaugurado con ocasión de la Expo de Sevilla del 92 y que desde entonces se ha ido extendiendo a diversas zonas costeras del país, dando importantes resultados no sólo en la lucha contra el tráfico de drogas sino también, por ejemplo, en el control del tráfico ilegal de inmigrantes en el Estrecho.

Por poner un ejemplo con datos, en los cinco primeros años de su entrada en servicio, la Guardia Civil del Mar intervino más de 51 toneladas de hachís y casi tres de cocaína. Más de 500 embarcaciones fueron confiscadas a los delincuentes.

Los 90, como se ha resaltado, es la década clave para empezar a ver con frecuencia como policías, guardias civiles y agentes de la Agencia Tributaria descargan fardos de droga en los puertos españoles. Sin embargo, el primer alijo de 5.000 se intervino en una época en la que las intervenciones grandes eran raras y el tráfico de hachís todavía competía con el contrabando de tabaco.

El sábado 6 de octubre de 1979, en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, se descubrieron 5.330 kilos de hachís en el yate Algora, en el que viajaban cinco extranjeros, de nacionalidad italiana y estadounidense. En esos momentos, se consideró el alijo más importante decomisado en Europa, en unas fechas en las que la heroína vivía su época de esplendor y se extendía en España alcanzando carácter de epidemia.

En toda Europa, es en España, al igual que en el caso de la cocaína, donde habitualmente se registran las mayores y más espectaculares operaciones contra el tráfico de hachís. En todo caso, la Policía de este país suele aparecer implicada de alguna forma en las pesquisas.

En noviembre de 2000 se puso fin a una de las mayores investigaciones de este tipo que se han llevado a cabo en Europa. Es un caso complejo en el que, en total, se decomisaron 12 toneladas de polen de hachís, una variedad que puede alcanzar en el mercado un precio cinco veces superior al de la forma habitual, y otras 12 de resina de hachís.

En esta ocasión, la Unidad Central de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía precisa de la colaboración de las Udyco de Ibiza, Málaga, Estepona, Ceuta, Alicante y Barcelona, además de la ayuda de la Policía británica, la holandesa  y la Guarda de Finanzas de Italia. Todo un ejemplo de cooperación que da como resultado la desarticulación de la red internacional de tráfico de hachís más importante de Europa. O una de las más importantes, al menos. En total, el despliegue policial logra la detención de más de 30 personas y el decomiso de la cantidad ya citada de hachís, además de 150 kilos de cocaína y 100 pastillas de éxtasis. Entre los arrestados se encuentra el magrebí Rachid Tensamani, pieza clave del caso y detenido el viernes día de Todos los Santos.

Pero antes de eso la investigación llega a Ibiza, donde, el 7 de octubre, la Udyco de la isla detiene a dos italianos y a un bosnio con un importante cargamento. Los dos italianos son de postal romana, a pesar de estar esposados a la espalda: sudaderas bicolor sobre polos Lacoste y shorts blancos de marinero. Uno de ellos completa el cuadro con unas caras gafas de sol.

Los tres conforman la tripulación del barco Reef I, al que los agentes seguían la pista tras localizarlo, a mediados de septiembre, en el puerto de Ibiza Nueva. En realidad, su pista no era el barco, sino el italiano que lo patroneaba.

El día 16, el Reef I se dirigió hacia Marruecos y, desde entonces, la Policía se mantuvo atenta a su posible regreso a la isla. En la mañana del 7 de octubre, la embarcación fue localizada.

El objetivo en cuestión está fondeado en s’Espalmador, entre Ibiza y Formentera. Se avisa a la comisaría ibicenca. Está previsto que llegue una lancha del SVA para colaborar en el abordaje del Reef I, pero el comisario, Ángel Marí, muy suyo para estas cosas, decide hacerlo a su modo y, sin esperar ayuda, reúne a cuatro agentes de la Udyco en Cala Vedella y los cinco se embarcan en la lancha semirrígida del comisario y enfilan hacia s’Espalmador. Una operación un tanto irregular. “Menos mal que salió bien...”

Tres agentes están escondidos bajo una lona en la proa. El comisario, con su chubasquero amarillo, parece un simple pescador, y sólo él y el inspector jefe de Policía Judicial parecen navegar en la lancha, que se acerca hacia el Reef I a plena luz del día. La línea de flotación del barco está muy baja. Cuando llegan junto a él, se enganchan y saltan. Así de rápido y sencillo. Los han pillado por sorpresa.

Los agentes han saltado a mano armada; los tripulantes eran considerados traficantes muy peligrosos y existía la posibilidad de que también llevaran armas a bordo.

–Se suponía que en el barco había cinco tíos armados –señala uno de los agentes que estuvieron allí.

–Siempre hay que pensar que van armados –puntualiza otro de los policías que participaron en el abordaje, que recuerda, aún sorprendido, que tras reducir y detener a la tripulación del barco cargado de droga, las personas que había en otros barcos fondeados en la cala empezaron a aplaudirles... Excepto los que, lo más discretamente posible, se largaron de la zona por si acaso, añade el primer agente.

–¿Cómo sabían que estábamos aquí? –pregunta uno de los arrestados dirigiéndose al comisario. Éste por toda contestación, se toca la nariz para indicar que los habían olido... A ellos o a los 1.950 kilos de hachís y 600 de polen de hachís que había en el interior de la embarcación.

Al día siguiente, los italianos David Bartoli, Luciano Miglio y el bosnio Haris Fiso ingresaban en prisión incondicional, sin fianza. A Miglio le constaban antecedentes por tráfico de estupefacientes, posesión de armas de fuego y asociación para delinquir, mientras que Bartoli los tenía por estafa, atraco y posesión de armas de fuego. Dos días después del arresto llega a la isla un conocido abogado de Marbella para hacerse cargo del asunto... Es habitual en estos casos; las organizaciones de traficantes suelen tener sus propios y caros abogados. De hecho, para los agentes, que aparezca en escena un abogado de fuera es un indicio más.

El alijo de hachís del Reef I era el más importante interceptado en la última década en las Pitiusas –el mayor desde que en 1988 fueron decomisados 3.850 kilos de esta droga en el islote de sa Conillera– y con la circunstancia especial de que 600 kilos eran de polen de hachís.

El cargamento iba destinado a Italia, donde posteriormente la Guarda de Finanzas detuvo a quince personas cerca del puerto turístico de la isla de Capo Rizzuto. Los agentes aprehendieron más de 3.000 kilos de hachís a bordo del yate Tiride, y se intervino el carguero Gueta, en el que había sido transportada la droga desde Marruecos. Asimismo, en Trieste se incautaron a la red otros 150 kilos de cocaína que se hallaban en un contenedor.

La compleja investigación se inicia un año antes, cuando la Policía empieza a ver clara la posibilidad de entregar a la Justicia a Rachid Tensamani, localizado en la Costa del Sol. El traficante escapó seis años atrás de una gran redada de la Policía marroquí contra los traficantes que actuaban en el norte del país. Él y su colega Abdelhuajed Mizzian, que representan en el tráfico de hachís algo así como lo que representan Çetinkaya en la heroína y Oded Tuito en el tráfico de drogas de diseño, se refugiaron en España, pero Abdelhuajed fue arrestado en septiembre de 1997, aunque antes ya había escapado de la famosa Operación Pitón, que se verá más adelante. Tensamani, que fue presidente de un club de fútbol local en Tetuán, es otro de esos casos de traficante mecenas del deporte en su tierra natal, al estilo de un Sito Miñanco o un Pablo Escobar.

Los agentes ponen la operación en manos del juzgado de instrucción número 6 de Fuengirola y se inicia la caza. A las diez de la mañana del 1 de noviembre de 2000, Rachid Tensamani es arrestado en Barcelona cuando ya ha visto irse a pique las sólidas estructuras de su organización.

Uno de los detalles más interesantes del caso es, precisamente, el funcionamiento de la red de Tensamani. Él era el jefe y el intermediario entre su grupo de proveedores de Nador, Marruecos, y los compradores. Él recibía personalmente los pedidos de sus clientes europeos y llamaba por teléfono inmediatamente a los marroquíes para preparar el viaje, del que se llevaba siempre el 30 por ciento del valor de la mercancía. Lo más curioso es que trabajaba siempre con los mismos clientes, en los que confiaba –se supone que hasta cierto punto– y a los que no cobraba hasta que la droga era distribuida en el lugar de destino.

Los suministradores de la droga en Nador tenían como principal misión que jamás tuvieran que decir ‘no’ a un encargo, así que, en previsión de buenas ventas, además de cultivar su propio cáñamo, compraban a otros para tener siempre stock disponible.

La banda usaba fundamentalmente dos rutas: una terrestre, en la que la droga se llevaba en camiones hasta Holanda, donde se guardaba en un almacén para distribuirla desde allí a otros países de Centroeuropa, y otra marítima de entrega directa en el país de destino, como en el caso del Reef I. Los grandes cargamentos pasaban, normalmente, por Málaga y Cádiz.

Según la investigación policial, la red de Tensamani movió más de 400.000 kilos de hachís. Algunos envíos fueron detectados sin que los agentes pudieran hacer nada; unas veces se les escaparon y en alguna otra ocasión intervenir podía dar al traste con el conjunto de la operación. Los investigadores comprobaron que algunas noches se cargaron en el puerto de Nador hasta tres barcos, pero hacerles un seguimiento era difícil ya que los aviones de Aduanas no podían acercarse a la ciudad sin violar los tratados internacionales y poner en peligro las relaciones bilaterales.

Al igual que ocurre con la cocaína, la mayoría de los grandes alijos de hachís son descubiertos en el mar, en el interior de embarcaciones, y sólo ocasionalmente la operación culmina en el almacén donde los traficantes guardan la droga. Al lugar de almacenaje lo llaman caleta y es donde, a finales de diciembre de 1998 la Guardia Civil halló uno de los mayores alijos en tierra de su historia: 9.300 kilos.

La caleta, en esta ocasión, era un sótano en la localidad de El Campello, Alicante, usado por una red que alijaba en la costa alicantina. Los 9.300 kilos habían sido desembarcados en zodiacs entre el 19 y 20 de ese mes.

Los equipos antidroga de Alicante detuvieron a 34 individuos, todos hombres, de diversas nacionalidades: había marroquíes, argelinos, argentinos, libaneses, polacos y españoles. Uno de ellos tenía una pistola robada a un guardia civil.

El procedimiento abreviado 54/98 se retrasa tanto que se cumplen cuatro años sin juicio y los procesados son puestos en libertad provisional sin remedio, que es como podría denominarse a este tipo de libertades ya habituales en la Justicia española... ¿Por qué lo llamarán abreviado?

En una caleta fueron halladas también, el 1 de marzo de 2001, las casi seis toneladas de hachís –5.755 kilos– que la Guardia Civil de Tarragona intervino durante la Operación Mediterráneo a un argentino con domicilio en Ibiza y a otras cuatro personas residentes en Andalucía. La droga estaba escondida en una masía en ruinas de l’Ametlla de Mar y había llegado por vía marítima desde Marruecos. Los barcos de la organización utilizaban la costa tarraconense para el desembarco de los alijos, que posteriormente eran distribuidos por toda Cataluña.

En la Operación Zodiac, en Ibiza y Málaga, se encontró uno de los mayores alijos intervenidos en dique seco. Es un caso interesante. En la primera fase, en 2006, fueron arrestadas 27 personas, 15 de ellas en la localidad de Sant Antoni y cinco meses después de localiza en Estepona al libanés nacionalizado británico que dirigía la red. Un año después y tras seguir la investigación por blanqueo del dinero, ocho más fueron detenidas en Marbella y Estepona.

Paciencia, dicen los agentes, es lo que hay que tener para dejar que los teléfonos pinchados proporcionen resultados positivos, y perseverancia para que las operaciones no finalicen con unas cuantas detenciones y unos cuantos kilos de droga, sino que se prolonguen hasta donde lleve la pista del dinero. Y en la Operación Zodiac, el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO) de la Costa del Sol –el primero que se creó en España, en enero de 2005– y el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil hicieron un prolongado ejercicio de cooperación policial para llegar desde los 10.740 kilos de hachís aprehendidos en junio de 2006 en una nave industrial de Ibiza, en 358 fardos, hasta la sección de la red encargada de blanquear las ganancias de la droga. Ocho personas fueron detenidas en las localidades malagueñas de Estepona y Marbella en un operativo en el que también se intervinieron catorce propiedades valoradas en 3,5 millones de euros, tres embarcaciones y varios vehículos por un valor aproximado de 900.000 euros. Además, se bloquearon cuentas corrientes con un capital superior a 100.000 euros y se confirmó la introducción  en el circuito financiero legal de un capital de tres millones. De ellos, un millón y medio fueron transferidos a una sociedad instrumental situada en la Isla de Man.

Los responsables de la organización, como es habitual, usaban testaferros para ocultar su relación con las empresas que creaban para lavar el dinero, invertido con la compra de fincas en la Costa del Sol. La droga era trasladada desde Marruecos usando gomas (lanchas neumáticas semirrígidas) de gran potencia  y capaces de transportar cinco toneladas. Ibiza era el lugar escogido para esconderla, después de que llegara a la isla aprovechando calas discretas. Desde ahí, era distribuida a otras zonas de Europa.

Nombres propios

En mayo de 1998 fue detenido en Andalucía otro de esos personajes que, como Tensamani, ofrecen nombres propios al tráfico de hachís. Era el cabecilla de una organización a la que la Udyco de Sevilla, en colaboración con la UCE y el SVA, intervino un total de 10 toneladas de hachís en distintos golpes. El personaje es Giovanni Gandola, alias el Padrino, un delincuente considerado peligroso y que era buscado por la justicia francesa desde hacía una década. Gandola, localizado en la malagueña localidad de San Pedro de Alcántara formaba parte de la organización delictiva conocida como Gandola-Repetto-Benjimhon. Sus socios Aldo Repetto y Michael Benjimhon ya habían sido arrestados en Francia y Portugal, pero Gandola escapó. Al parecer se refugió en España, donde se dedicaba a supervisar traslados de droga desde Marruecos a distintos puntos de la costa mediterránea, entre ellos puertos de Francia e Italia.

Durante nueve meses, los agentes siguieron la pista de la banda y fueron dándole golpes en diversos puntos. Al final, el balance fue de 13 detenidos en San Pedro de Alcántara, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Lebrija (Sevilla).

En la primera fase se interceptó, en Sanlúcar de Barrameda, una localidad gaditana cuyo nombre no hay que olvidar, el barco Ciudad de Lepe, con 4.500 kilos de hachís. Posteriormente, cayeron 1.700 kilos en un camión en Alicante, otra tonelada en un camión en Lebrija y 2.000 kilos en el Estrella de mar, en las costas de Cádiz. Otros 800 kilos fueron recuperados del agua.

En una segunda fase se apresó la embarcación Edux, que transportaba 58 fardos con 1.300 kilos de polen de hachís y 200 de resina de hachís. En la última fase fue detenido el Padrino, que usaba pasaporte falso a nombre de Kennet Victor Jaser.

En Sanlúcar de Barrameda fueron arrestados el mecánico que preparaba las embarcaciones para esconder droga, el propietario del Edux y su esposa, que blanqueaba el dinero, y un colaborador de la familia. 

Otro nombre propio es el de Mohamed Taieb Ahmed, el Nene, un ceutí que desde los 17 años ha sido detenido una vez tras otra, casi siempre por su manía de arremeter sobre cualquiera que lleve uniforme; en marzo de 1996 se le señala en un informe como líder de una banda que se abalanzó contra un grupo de militares y lesionó a dos de ellos. En junio de 1997 golpea a un guardia civil y en agosto del 99 otro agente lo sorprende conduciendo sin tener el permiso. Se da a la fuga, pero, curiosamente, da media vuelta, se entrega y se disculpa. La suma de varios de estos hechos lo conducen a una condena de más de tres años de cárcel.

Huérfano desde muy joven ha sido criado por un familiar líder de la organización musulmana Luna Blanca. La Policía considera que a los 15 años ya podía estar implicado en las redes del tráfico de hachís, y cuentan que cuando sopla poniente y nadie se atreve a cruzar el Estrecho él mismo pilota las planeadoras, con cargamentos de entre 800 y 1.000 kilos de hachís.

El Nene parece el típico joven al que se le va la cabeza porque gana mucho dinero ¿Quién no conoce algún caso, aunque sea en otro sector? Se pasea por Ceuta con una docena de guardaespaldas, compra coches y casas lujosas y de vez en cuando se permite la gracia de llamar a la Guardia Civil para decir estupideces como la siguiente:

–Tratarle bien porque es un hombre del Nene –como se supondrá, habían arrestado a uno de los suyos.

Hay que destacar, sin embargo, que tenía el negocio bien montado. En abril y mayo del 98 se da el primer gran golpe contra su organización y la Policía considera que llegó a introducir más de 50 toneladas de hachís en España, distribuidos por pisos de seguridad alquilados en la Costa del Sol y Almería, usando habitualmente el islote de Perejil para cargar la droga.

Hasta la Guardia Civil y la Policía quedaron asombrados por los medios de los que disfrutaba y la perfectamente organizada red de informadores de la que disponía a lo largo de la costa andaluza. Equipos de escucha y de barrido de las frecuencias policiales completaban su infraestructura.

El también llamado Rey de las lanchas cayó con todo el equipo en abril de 1998. En este negocio los que sobreviven son los que no llaman demasiado la atención.

Junto a Taieb son detenidos dos sobrinos de otro conocido traficante ceutí; Mizzian Amar, capturado en 1997. Abdelhuajed Mizzian Amar fue puesto en búsqueda y captura en la Operación Pitón en el 92. Garzón lo consideraba el máximo responsable de la red desarticulada en la operación más famosa contra el tráfico de hachís.

También es arrestado el lugarteniente del Nene, William Andrew Bonfante, experto piloto de lanchas rápidas. Un hermano de William logró escapar tras tirar al mar la droga que llevaba cuando los agentes le dieron el alto.

Pero como de costumbre, la historia no acaba ahí. El Nene está en libertad cuando es de nuevo arrestado en abril de 1999. Esta vez la Policía lo acusa de haber participado en un tiroteo en el barrio de El Príncipe, donde parece que estas escenas son más o menos habituales. En la primera quincena de ese mes de abril se registran cinco escaramuzas a tiros entre bandas. Y varios testigos han visto al Nene en el escenario, el día 3. Iba subido a una moto desde la que dispararon contra un coche e hirieron a sus tres ocupantes.

El día 11 fue arrestado y a las 24 horas ya estaba libre.

La Policía guarda un informe en el que destaca la impunidad con la que varios traficantes, entre ellos el Nene, trabajan en Ceuta. Se afirma que la mayoría de los casos son resueltos policialmente, pero no así judicialmente. O sea, los delincuentes, como se dice vulgarmente, entran por una puerta y salen por otra. Entran por la puerta de la Policía y salen por la de la Justicia.

El 31 de agosto de 1999, tras otro tiroteo, acaba en los calabozos. Ingresa en prisión, pero en el 2000 ya tiene permisos de salida y en el 2001 está en uno de los mejores centros del país, el Victoria Kent, y sólo va a dormir. En octubre, en uno de esos permisos, se larga a Tánger y ya no regresa. A todo esto, el traficante estaba pendiente de que el Supremo confirmara una sentencia condenatoria por homicidio y de la resolución de otras siete causas por tráfico de drogas y homicidio en grado de tentativa. Parece evidente que cualquier desgraciado al que han pillado con unos cuantos gramos en la calle cumple más condena que él.

En el año 2004 vuelve a estar en la cárcel de Marruecos. Tiene 28 años. Osama Darra, uno de los procesados por Garzón en la Operación Dátil por su presunta vinculación con el terrorismo de Al Quaeda, mantenía contactos con el Nene. Es un dato más que apunta al tráfico de drogas como una de las fuentes de financiación del terrorismo islamista.

Esta relación se ha revelado en España en el transcurso de las investigaciones por el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que han llegado a la conclusión de que los autores de la matanza compraron los explosivos con una partida de 30 kilos de hachís.

Y todavía citaremos a cuatro conocidos traficantes más. Uno de ellos es el Marco Polo del hachís, Dennis Howard Marks, reconvertido en emblema del activismo por la legalización de la marihuana y ocasional discjockey en fiestas de discoteca de Ibiza.

Howard Marks, MrNice, fue arrestado a fines de julio de 1988, en 48 horas triunfales en las que la Policía española, en colaboración con la de otros países, logró acabar con la carrera de dos importantes traficantes: el propio Marks y el corso Antoine Cannavaggio.

Marks, que trabajó un tiempo como una especie de agente de los servicios secretos británicos, tuvo su sede de operaciones en Mallorca durante muchos años y se convirtió en la pesadilla de la DEA, que lo acusaba de controlar un 15 por ciento del hachís que entraba en Estados Unidos en la década de los 80. Siempre resulta extraño imaginar cómo se realizan este tipo de porcentajes.

Pasó siete años en una cárcel de máxima seguridad y cuando salió no se le ocurrió otra cosa que escribir unas memorias en las que califica a los productos del cannabis de “hierbas benéficas” que él trasladaba de un lugar a otro, sin más. Apoya la legalización sin apuntar, sin embargo, que quizás él no hubiera ganado el dinero que ganó si las hierbas benéficas hubieran sido legales. Legalizar las drogas es una cosa, y hacer apología de su consumo, es otra distinta. El tabaco es legal y cada vez son más las restricciones a su publicidad...

Tampoco hay que olvidar al traficante Bruno Mazzer, alias Gigi, al que utilizaremos más adelante para explicar una de las rutas más importantes del hachís marroquí. Gigi era el más buscado por los italianos y fue detenido en España.

En este país fue arrestado, asimismo, concretamente en Valencia en 2000, el más buscado por la BKA, la Policía alemana. Ryszard Habryka, alemán de origen polaco, cayó en la denominada Operación Fermat, cuando se había trasladado a Valencia para supervisar la llegada de casi cinco toneladas de hachís. Habryka llevaba una veintena de años traficando con hachís, aunque últimamente también lo hacía con éxtasis.

En agosto de 1999, una comisión rogatoria integrada por agentes de la BKA viajó a Madrid para pedir la colaboración de la UCE en la captura del traficante. Sabían que Habryka usaba España como zona de paso de cargamentos de hachís destinados a Alemania y Holanda.

La investigación se centró en uno de los proveedores del alemán y se intervinieron las comunicaciones de varios teléfonos. Finalmente, logró señalarse el camión en el que se iba a realizar un traslado de droga y el lugar dónde iba a almacenarse; una nave industrial de Rafelbunyol (Valencia). Los agentes alemanes y españoles se las ingeniaron para instalar allí un sistema de grabación.

El 16 de junio, la organización cargó, cerca de Cabo de Agua, en Marruecos, unas cuatro toneladas de droga en un velero alquilado en Italia poco antes. El velero bordeó la costa levantina y se alejó hacia Baleares para pasar por el canal entre Ibiza y Mallorca y desde allí llegar a las costas castellonenses. Un temporal retrasó la llegada hasta el 22 de junio.

Mientras, la Policía ya había localizado a Habrynka; estaba en España, pero hasta que lo vieron en una gasolinera cercana a la nave no estuvieron seguros de que aparecería. La llegada de un camión trailer puso a los policías en estado de máxima alerta. A las dos horas, el vehículo salió de la nave y entonces se decidieron a intervenir. En su interior había 4.581 kilos de hachís, además de cebollas y sandías. Habryka fue arrestado mientras esperaba en un bar la salida del camión.

La Operación Fermat continuó con diversas detenciones, y la BKA intervino en bancos alemanes marcos por valor de más de 95 millones de pesetas.

Como ha podido comprobarse hasta ahora, los grandes cargamentos, a excepción de la sorpresa del  Guerrero, son trasladados en grandes barcos, mientras que los alijos de menos de 2.000 kilos pueden hacerlo en planeadoras o incluso en lanchas neumáticas tipo Zodiac que algunos traficantes marroquíes manejan mejor de lo que lo hacía Sito Miñanco en sus inicios.

Tal habilidad no salvó la vida a un indocumentado marroquí que en enero de 2000 prefirió jugársela perseguido por una patrullera que entregarse con exactamente dos mil kilos de droga. En la madrugada del día 14, la Policía vigilaba la playa del Veledín de Estepona esperando un desembarco. Los agentes vieron acercarse una lancha neumática semirrígida Nauthius en la que viajaban cinco personas y pilotada por un chico marroquí que, al darse cuenta de que una lancha del SVA los perseguía, intentó huir, iniciando una serie de bruscos virajes que sólo consiguieron que el volante se rompiera. La tripulación se arrojó al mar, pero el piloto perdió el control y sufrió heridas que provocaron que ingresara cadáver en el Hospital de la Costa del Sol.

La estructura del grupo era la habitual en muchos de estos casos de bandas de pequeño calado que usan lanchas neumáticas: los españoles dirigían y facilitaban un almacén para la droga y los marroquíes la trasladaban y también la custodiaban hasta que fuera entregada a los compradores.

Y otra particularidad de este caso es que, tal vez no fue un gran alijo de 36.000 kilos, pero los agentes detuvieron a once personas y les intervinieron nada menos que 21 coches, entre ellos algunos Mercedes y BMW, además de tres motos de gran cilindrada, una pistola y diversas cantidades de dinero.

A pesar de la muerte del joven marroquí indocumentado, los casos más sangrantes en el tráfico de hachís son los de esas mafias vampiro que utilizan a los inmigrantes que cruzan el Estrecho en patera para pasar droga. Tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía han descubierto desde mediados de los 90 múltiples casos de este tipo. Uno de ellos es el de la red más o menos desarticulada en enero de 2000 en Algeciras, en las mismas fechas en las que el marroquí se mataba por dos mil kilos de droga.

Los responsables –o irresponsables– de la banda utilizaban a ciudadanos de cualquier país de África sin medios económicos que querían viajar a Europa y a los que ofrecían viajes en patera a cambio de alijar algunas partidas de hachís en playas como Conil de la Frontera o Caños de Meca. En esa ocasión, la Policía decomisó 1.050 kilos de hachís, siete millones de pesetas y dos coches. De los catorce detenidos, seis eran los magrebíes que habían trasladado la tonelada de droga.

La primera operación de gran envergadura que la Guardia Civil llevó a cabo en aguas internacionales estaba relacionada con una red que introducía en España en un mismo viaje drogas e inmigrantes ilegales, aunque no en pateras. La parte más espectacular de la operación se llevó a cabo a 60 millas al sur de la isla de Cabrera, en la madrugada del 16 de septiembre de 1999. La Guardia Civil del Mar abordó la embarcación Raquel, en la que eran trasladados inmigrantes marroquíes  y más de 2.000 kilos de resina de hachís.

Y es que todo vale en los negocios. Y si no que se lo digan a los agentes que en ese mismo año participaron en la Operación Aro. En ella se detuvo a un industrial de la Costa del Sol que para camuflar sus importaciones de hachís marroquí se había inventado nada menos que un rally de motocicletas por el desierto al estilo del Granada-Dakar.

Para darle credibilidad a tal prueba deportiva, la organización usaba los logotipos publicitarios de Movistar, Telefónica o Castrol, cuyas letras pintaba en los laterales del camión que transportaba algunas motos, como si fueran sponsors, aunque no era así. El camión tenía un doble fondo para cargar droga. La banda fue desarticulada en el mes de julio y se decomisaron tonelada y media de hachís, las motos, el camión y unos cuantos millones en efectivo.

Igual de llamativo es el caso de los 800 kilos que, en noviembre de 2002, se encontraron en el interior de un camión del Regimiento número 8 de Ingenieros de Melilla. El transporte militar formaba parte del convoy destinado a participar en unas maniobras en Almería.

Pero ninguno de todos estos alijos de hachís, memorables por diversas causas, alcanza esa cifra de 36 toneladas del Volga I. Hay que esperar hasta 2003 para que otro gran cargamento destaque sobre todos los demás por la cantidad de droga intervenida.

En junio de 2003 es la Guardia Civil quien decomisa, entre calamares y pulpos congelados, un total de 25.709 kilos de hachís. La droga fue hallada en el puerto de Algeciras, en un camión que procedía de Tánger. Lo cierto es que intentar pasar droga por esa ruta en esas fechas era una misión algo arriesgada, teniendo en cuenta los exhaustivos controles que la Guardia Civil había establecido desde hacía algo más de un año. Pero es la ruta clásica. El PNSD aseguró que este alijo era el segundo en importancia detrás del caso del Volga I en el 96.

En noviembre de 2010 tenemos otra operación similar. Operación Teleno. Aduanas decomisó 20 toneladas en la embarcación Nancy II, de pabellón holandés. El Nancy II, un barco pesquero de uno 40 metros de eslora, zarpó de Galicia con destino a Marruecos a principios de mes, y regresaba cargado de droga cuando fue interceptado, a 70 millas de la costa marroquí y con el conocimiento de las autoridades holandesas.

Operación Pitón

Es, probablemente, la operación más conocida contra el tráfico de hachís en España. Una de las razones es la cantidad de droga intervenida y de traficantes arrestados, y la otra es el largo proceso que se inició con ella y que llevó el caso ante el Supremo cuando ya habían pasado once años desde el principio. En sus inicios, la operación recibió el nombre del revólver Colt Python, pero se quedó sólo con la serpiente.

Se desarrolló en cinco fases, aunque la más conocida fue la segunda, en 1993, tal vez porque el juez Garzón estaba a punto de ser la superestrella en cartel de la campaña electoral del PSOE e interesaba resaltar el trabajo del superjuez ante la opinión pública... Y no es que la operación no fuera importante, desde luego, pero también lo fueron aquellas fases en las que el juez no tenía interés político.

Todo empieza el 23 de noviembre de 1991, cuando la Policía Municipal de Mairena de Alcor (Sevilla) decomisa 110 kilos de hachís. Detrás de ese alijo se oculta una red que  podría controlar casi el 80 por ciento del chocolate que sale de Marruecos. Poco a poco, las pesquisas se centran en el Manco de Bellavista, Jaime González García, al que falta un brazo desde que, de niño, se electrocutó al subirse a un poste. La Guardia Civil lo considera uno de los cinco principales jefes, junto a Francisco Verdún Gómez, el Doberman; Alfonso Monge Castro, el Cazoleta; Juan Manuel Vargas Tejero, el Cagalera, y Rafael Cañastro Madrid, ex guardia civil y sin otro alias conocido.

Al ser arrestado, el Manco dijo: “Llevo 20 años en este negocio y ahora estoy dispuesto a colaborar”.

Son para los investigadores los cinco grandes transportistas de la costa andaluza. Jaime abastece a la mafia calabresa de los conocidos Emilio y Guglielmo di Giovine y los demás tienen relaciones con la Camorra. Di Giovine, por cierto, fue capturado en agosto del 92 en Portugal, tras escapar de un intento de atraparlo en Mallorca.

Al otro lado del mar, controlando el negocio desde otra dimensión, por encima de todos, está Abdelhuajed Mizzian. Vive en Tetuán y allí, de vez en cuando, reúne a todos los transportistas, sobre todo cuando hay problemas. Nadie le conoce por ese largo nombre; hasta Garzón, que ordena su búsqueda y captura, lo llama Pepe.

Pepe ya estuvo implicado, en 1988, en un sumario de la Audiencia Nacional por tráfico de drogas, pero fue absuelto porque el tribunal no vio pruebas contra él. Un hermano suyo, implicado en la trama de la Operación Hielo Verde, que vimos al hablar de la cocaína, también se esconde en Tetuán.

La Operación Pitón continúa.

El Servicio de Vigilancia Aduanera aprehende en 1991 el pesquero 2 Paco Inne con una carga de 9.870 kilos de resina de hachís

Entre enero y junio de 1992 fueron intervenidas 1.012.500.000 pesetas destinadas a ser blanqueadas y otros casi 350 millones en cuentas corrientes.

En Cabo de Palos se aprehendió al pesquero Enric Manuel, con 1570 kilos de resina de hachís.

Octubre de 1992. Segunda fase. Dos policías y cinco guardias arrestados, entre ellos el teniente jefe de Puerto de Santa María. La Operación acabó con las organizaciones denominadas Mufa, Everest y Ova. Los investigadores consideran que sólo los camellos de Ova transportaron en tres años más de 200.000 kilos de derivados cannábicos. Es en esta fase en la que se descabeza el clan de los Di Giovine, con la colaboración de la Policía Portuguesa, y se acaba con la red de los hermanos Mizzian Amar.

La operación que desarticuló estas organizaciones en Cádiz y Sevilla fue dirigida por los jueces Garzón y Carlos Bueren. El segundo, titular del juzgado número 1, sustituye al del 5 en su ausencia, y al revés. Había implicados policías, guardias y el torero José Luis Parada, que posteriormente quedó en libertad sin cargos.

En una tercera fase, en marzo y abril de 1993, dos años después de la primera detención, fueron arrestadas más de treinta personas. La operación se extendió a Italia y Portugal y un total de 150 guardias participaron, en Huelva, Sevilla y Cádiz. El objetivo de esta nueva fase era no dejar ningún cabo suelto en la organización Everest, que trabajaba con la mafia calabresa y que se sospecha que en tres años importó más de 100.000 kilos de hachís.

Garzón dicta 35 órdenes de detención, y los mismos mandamientos de entrada y registro, para la noche del 25 de abril.

La droga era transportada en camiones que aparentemente llevaban flores y cuyo paso era permitido por las fronteras por guardias civiles sobornados. Uno de los puntos calientes de la investigación es Sanlúcar de Barrameda, considerada por muchos la principal entrada de hachís de España, un pueblo gaditano en el que en 2002 desaparecieron prácticamente todos los contenedores de basura porque los traficantes habían descubierto que eran muy prácticos para enterrarlos en los invernaderos y guardar allí la droga.

Pitón se salda con 150 personas detenidas en España, Italia y Portugal.

El 16 de junio de 1994, Holanda concede a España la extradición del holandés Piet Bakker, implicado por Garzón en la operación y quien, a través de las costas españolas, había introducido en Europa más de 25.000 kilos de hachís. Había huido a Holanda cuando la operación estaba en su apogeo. Es, por cierto, la primera vez que Holanda entrega a un nacional a la jurisdicción española para ser juzgado por tráfico de drogas.

En julio de 2000, la Audiencia Nacional condena a 19 procesados a penas de entre tres y seis años y nueve meses de prisión por su intervención en la introducción de hachís en España, Holanda e Italia. Durante tres horas, el fiscal negocia con los abogados de la defensa fuera de la sala de vistas. Se muestra dispuesto a rebajar las penas con tal de lograr una conformidad, uno de esos acuerdos que evitan horas de juicios pero que no suelen contentar demasiado a los policías que efectuaron las detenciones.

La Fiscalía Antidroga solicitaba penas de entre cinco años y nueve meses y 13 años y tres meses de cárcel en el principal procedimiento de los múltiples en los que se ha dividido la Operación Pitón. Sin embargo, las condenas se adaptan al más benévolo nuevo Código Penal, que prevé penas más bajas para el hachís que la anterior normativa.

Operación Victoria

Las cifras son datos indiscutibles para valorar esta operación llevada a cabo principalmente en la Costa del Sol, Sevilla y Madrid y contra una organización que ocasionalmente incluso usaba avionetas privadas para transportar hachís.

En total, los agentes ejecutaron 79 registros y detuvieron a 118 personas. Se intervinieron once toneladas y media de hachís, kilo y cuarto de cocaína, 12.050 pastillas, cierta cantidad de precursores, cuatro ametralladoras, una metralleta, 15 pistolas, cuatro fusiles de asalto, tres revólveres, dos rifles, dos escopetas, una pistola bolígrafo, una pistola de gas, dos pistolas de fogueo, cartuchos y explosivos. Asimismo, se confiscaron veinte millones de pesetas, 28 vehículos, tres yates, dos zodiacs, una moto acuática, cinco ordenadores, 60 teléfonos móviles, un fax...

La investigación se inicia en Sevilla en el 96. La Policía pisa los talones a un español y a dos británicos residentes en Gibraltar. Ellos tres parecen los jefes; ellos controlan a varios grupos de distribuidores y ellos llaman a los proveedores de Marruecos para hacer los pedidos.

Entre 1996 y 1997 se registran en la Costa del Sol y en Francia varios asesinatos por ajustes de cuentas que la Policía atribuye a la red de los tres sospechosos. Tras tomar conciencia del peligro, los golpes policiales a la organización se suceden:

–Marzo de 1997. Decomiso de 580 kilogramos de hachís en Barbate (Cádiz).

–Agosto de 1997. Aprehensión de 614 kilos en Carmona (Sevilla), camuflados en el interior de puertas de madera transportadas en un camión inglés. En Reino Unido, los agentes de ese país decomisan 1.500 kilos.

–Enero de 1998. Intervención de 4.650 kilogramos de hachís en San Pedro del Pinatar (Murcia).

–Marzo de 1998. Se descubren 340 kilos de hachís y un arsenal de armas y explosivos en Versalles (Francia); la red maleante no repara en medios para defender sus posiciones.

–Mayo de 1998. Se intercepta en un control aduanero en Francia un camión de la organización que transportaba 122 kilos de hachís entre 22 toneladas de remolacha.

–Julio de 1998. Se intervienen 2.840 kilos de hachís en el yate Tramontana, con punto de atraque en Palma de Mallorca.

–Agosto de 1998. Recuperados 20 fardos de arpillera con 726 kilos en la Playa de Camposoto en San Fernando (Cádiz). Intervenidos en Vigo dos fardos de hachís con un peso de 85 kilos enviados a través de una empresa de transportes.

Y por si todo ello no bastara, los agentes descubren que los traficantes están ampliando el negocio: La UCE, la Udyco de Sevilla y ahora también Murcia desmantelan en un chalet de la localidad de Lo Pagán un laboratorio de éxtasis que funcionaba desde septiembre. Aquí se incautan de 10.000 cápsulas de color verde, precursores, documentos con fórmulas químicas y material diverso. Tres hombres son arrestados.

Mientras tanto, varios correos y distribuidores son detenidos en Alcorcón, Alcalá de Henares y San Agustín de Guadalix.

La fase final de la Operación Victoria se desarrolla los días 27 y 28 de octubre de 1998. De los 79 registros ya mencionados, 72 se ejecutan en esta fase. 

Operación Semilla

Ya hemos dicho que el 80 por ciento del hachís que es decomisado es interceptado en Andalucía, donde, por ello, vale la pena destacar dos operaciones como Victoria y Semilla, que consiguieron no sólo el decomiso de importantes cantidades de droga sino que, sobre todo, dieron de lleno en las organizaciones que las portaban.

La Operación Semilla se saldó en abril de 2002 con casi un centenar de detenidos en Sevilla y Cádiz y dos toneladas de hachís, 19 kilos de cocaína y casi seis millones de euros en bienes aprehendidos. El centro de la red se encontraba en el pueblo sevillano de Dos Hermanas, donde un individuo apodado el Enano regenta una semillería que no es más que la tapadera y epicentro de todo un tinglado de conexiones con carteles sudamericanos y bandas de Marruecos. Tal circunstancia, como puede deducirse, da nombre a la operación policial. El principal cómplice de el Enano, por cierto, es el Canijo, y los dos tenían antecedentes penales.

La organización blanqueaba el dinero procedente del tráfico de hachís y cocaína con la compra de bienes inmuebles a través de pequeñas sociedades anónimas, cuyos titulares eran familiares de los detenidos. Sólo en la provincia de Cádiz se detectan 14 de estas empresas familiares.

El Cuerpo Nacional de Policía, encargado de las pesquisas, inició la operación en El Puerto de Santa María a finales de octubre de 2000 por un detalle tan llamativo como una serie de niñatos fardando de coches caros. Algunos ya tenían más de 30 pero todos conformaban la típica pandilla de jóvenes que no parece que haga nada útil en su vida pero en la que todos usan gafas de sol de marca y el que menos tiene un Golf con algún alerón ridículo y cristales ahumados. No hay más que sumar dos más dos. Esos grupos suelen ser el primer escalón, los que son captados para mover la droga entre los más jóvenes y que son tan estúpidos como para hacer ostentación de ello.

En este apartado vale la pena resumir también la conocida como Operación Manzanilla, llevada a cabo a principios de 2002 y que puso patas arriba todo un pueblo; Sanlúcar de Barrameda. La operación se dirigió desde El Puerto de Santa María y sin contar con las fuerzas de seguridad de Sanlúcar; no era para menos, teniendo en cuenta que se implicó en el tráfico de hachís a un 10 por ciento de la plantilla de la comisaría, incluido el comisario. Se contabilizaron 140 detenciones y se desmantelaron unas 14 pequeñas redes de traficantes.

Operación Elianto

En España no se intervino droga, pero sí se decomisaron 1.384 kilos de hachís en Italia. La operación la ejecutaron la Policía española y el grupo antimafia italiano, y precisamente su interés radica en el motivo por el cual el equipo de apoyo era el denominado antimafia; once miembros de la 'Ndrangheta, la famosa Mafia calabresa, fueron arrestados en Barcelona y Torremolinos acusados de intentar establecer en España su red de tráfico de hachís usando como tapadera las tiendas de ropa interior Carocuore, una franquicia. Carocuore tenía establecimientos en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Barcelona y estaba en proceso de expansión.

La operación, iniciada por agentes de Barcelona, se llevó a cabo en julio de 1997, ocho meses después de que la 'Ndrangheta sufriera otro golpe en la piel de toro.

El grupo, según la información de la Policía, facilitada por los colegas romanos, formaba parte del clan Domenico Paviglianiti, uno de los cien, aproximadamente, en que se agrupan los 5.000 miembros de la Mafia calabresa que siguen en activo. En la intervención también se aprehendieron armas; suele pasar cuando se topa con la Mafia.

La 'Ndrangheta, por cierto, tiene importantes inversiones en la industria hotelera de la costa española, incluidas las islas, que utiliza para lavar dinero del narcotráfico.

La conexión de la Mafia italiana, sea la Camorra, la 'Ndrangheta o cualquier otra, no es nueva, como hemos visto ya antes en unos cuantos ejemplos. De hecho, se sospecha su implicación hasta tal nivel que en el 2002 se inicia una investigación sobre la relación de la Camorra con la banda terrorista ETA. Un arrepentido del clan Genovese declaró ante la Fiscalía de Nápoles que los etarras intentaron comprar lanzamisiles y explosivos al clan haciendo el pago en cocaína y hachís. “Querían armamento pesado, explosivos, dinamita, no sólo kalashnikovs”, declaró el arrepentido Raffaele Spinello. El 27 de marzo de 2003, en un acto que tuvo lugar en la División Nacional Antimafia, en Roma, Spinello reconoció fotográficamente a los etarras José Miguel Arrieta Llopis, alias Kócteles, y Gracia Morcillo Torres como los enlaces de la banda terrorista con el clan Genovese. Arrieta está en esos momentos en prisión por asesinato, mientras que su compañera se encuentra en paradero desconocido.

Y es la misma ETA que a finales de los 80 y principios de los 90 justificó algunos de sus atentados en una inaudita campaña contra los traficantes de droga, la misma que mató, el 19 de enero del 93, al industrial José Antonio Santamaría, ex propietario de la discoteca Ku de Ibiza, al que un informe fiscal –el famoso informe Navajas– y diversas noticias del diario Egin señalaban como narcotraficante.

Ya en 1997, en una visita a Ibiza, el entonces director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, aseguró que cierta documentación recientemente incautada a la banda había llevado a los agentes a investigar la relación de ETA y el narcotráfico como fuente de financiación, junto a la extorsión del impuesto revolucionario y los secuestros.

La documentación intervenida ponía de manifiesto una posible relación entre el etarra Emilio Arrizabalaga, encarcelado tras el rescate del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, y un supuesto capo del narcotráfico detenido en el 96 y con el que el etarra realizó una operación inmobiliaria que podría encubrir un caso de blanqueo de dinero negro.

La Policía sospechó durante años de esta vinculación etarra con las drogas, a pesar del anterior discurso de limpieza antidrogas de la banda terrorista, pero ninguna de las investigaciones hasta ese momento confirmaron tal extremo como lo hicieron las incautaciones de documentación en 1997.

No sólo ETA se apunta a la financiación de sus actividades mediante el tráfico de drogas; Interpol es consciente de que la mayor parte de las organizaciones terroristas –sea cual sea su discurso populista– tienen en el narcotráfico una buena fuente de financiación. Las otras son los atracos, la extorsión, el secuestro y el tráfico de armas.

LA RUTA DEL HACHÍS

En un precipitado resumen, el hachís entra a España básicamente por cuatro rutas: la del Estrecho de Gibraltar, camuflado en turismos o camiones de mercancía o navegando en pateras o planeadoras; la ruta de los yates y barcos de pesca que parten de las playas entre Cabo Negro y Alhucemas, y la que, desde el cabo Espartel, se encamina a Portugal y Galicia son las tres primeras. La cuarta ruta pone rumbo a las costas de Castellón, Valencia y el Delta del Ebro, utilizando en muchas ocasiones el canal entre Ibiza y Mallorca.

El principal mercado europeo, y por tanto principal destino, es Holanda.

Al igual que la cocaína está irremisiblemente asociada a Colombia, el hachís lo está a Marruecos. El calor seco del noroeste africano es perfecto para la planta de la que se extrae, que se siembra entre abril y mayo y se recolecta en septiembre, lo que ayuda bastante a esa asociación. La cadena del Rif, al norte del país, producía a principios de los 90 algo más de 70.000 hectáreas de cannabis, con un rendimiento anual de entre 2.000 y 2.400 toneladas de hachís.

En Egipto, en la península del Sinaí, la hierba del cannabis se cultiva con profusión, y las incautaciones en este país han aumentado de siete toneladas en 1996 a más de 50 en 2001. Egipto es, además, el único país de África del que se conoce el cultivo de adormidera para el tráfico ilícito de opio y heroína.

Un estudio conjunto –el primero– de la Agencia del Norte, organismo marroquí, y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen dado a conocer a finales de 2003 señala que 134.000 hectáreas de las cinco provincias septentrionales de Marruecos –el 27 por ciento de la superficie agrícola– están dedicadas al cultivo del cannabis, del que producen 47.000 toneladas brutas. De ellas, unas 3.080 toneladas son de hachís.

El 66 por ciento de las explotaciones agrícolas del Rif están dedicadas al cannabis. Lógico; una hectárea de esta planta es al menos ocho veces más rentable que una de cebada, por ejemplo, así que no están por la labor de propiciar los cultivos alternativos.

Es el gran mercado de Europa, aunque lo cierto es que mucho consumidores aprecian más la calidad del hachís libanés. El Líbano, a pesar de que su producción ha sufrido importantes disminuciones desde finales del siglo XX, es el segundo productor en importancia de esta droga, y, como ya se vio, también dispone de cultivos de adormidera.

En la década de los 90, los países del antiguo bloque soviético se aprestaron a entrar en uno de los mayores negocios del mundo. Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Bielorrusia y Ucrania tienen plantaciones cada vez más importantes de cannabis. Sin embargo, la producción abastece básicamente la demanda local.

África, Nigeria, Ghana, Senegal, Zimbabwe o Angola también son productores de marihuana. Sudáfrica es su principal mercado y, según informes de la OIPC/Interpol también se ha convertido en un importante productor, aunque sobre todo para un consumo interno muy elevado. Los países africanos son preferentemente ruta de tránsito de drogas de todo tipo y no son raras las organizaciones que usan a ciudadanos africanos como correos. Interpol tiene registrado en sus archivos un alijo de 40 toneladas de resina de hachís en Mozambique, en 1995. Lo curioso es que la droga procedía de Asia.

México, Colombia y Jamaica son los productores de Iberoamérica, para consumo propio y de Estados Unidos. Se considera que la producción y el tráfico de cannabis constituye la fuente más importante de ingresos de los carteles mexicanos.

En el caso del hachís, la situación de España es especialmente importante para el paso a los mercados europeos, por su estratégica situación geográfica en relación con el principal país productor. Las rutas, de nuevo, se muestran muy bien en algunas de las incautaciones a las que ya se ha hecho referencia. Las playas de Cádiz y Málaga, por su cercanía, han sido tradicionalmente los destinos preferidos de los alijos llegados por mar a través del Estrecho, pero la presión de las lanchas de la Guardia Civil del Mar y el Servicio de Vigilancia Aduanera han obligado a los traficantes a elegir rutas hacia Galicia, Murcia, Levante o Baleares. A ello ha contribuido la implantación en 2002 del llamado Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil que supone un control con radares por satélite y cámaras de visión nocturna.

Lo que no ha cambiado es la preferencia por el uso de embarcaciones privadas para el traslado de los cargamentos. El hachís es una droga relativamente barata que sale rentable a sus traficantes si se exporta en grandes cantidades. No son lo mismo cinco kilos de heroína que cinco de hachís... Esta circunstancia y el factor geográfico dificultan el uso de rutas aéreas o terrestres, aunque hay que señalar que, una vez en la Península, sí se emplean vías por tierra, principalmente en camiones, para su distribución por toda Europa.

En septiembre de 1989, un ajuste de cuentas permitió conocer que el parque de Doñana se estaba convirtiendo en ruta de paso de la droga. Manuel Sánchez Robledo, el Portugués, fue abatido a tiros con las escopetas que portaban dos encapuchados que entraron tras él en su casa de Huelva. Quienes conocían al Portugués aseguraron entonces que fue uno de los pioneros en usar la costa del parque natural y la entrada del Guadalquivir para alijar droga, y que lo mataron porque molestaba a algunos traficantes con mayor poder que querían el coto para ellos.

En ese año y en los primeros de los 90 no fueron raras las recogidas de fardos de hachís perdidos o fondeados en el mar, o camuflados en los cañaverales del Guadalquivir. Para situarse en el mapa y conectar las informaciones, hay que tener en cuenta también que en esa desembocadura del río se encuentra la localidad de Sanlúcar de Barrameda, de la que ya se ha destacado anteriormente su estrecha relación con el tráfico de drogas.

En 1992, la Operación Pitón desveló el uso habitual de la costa y el lecho del río. El cartel indicador del desvío al centro de información del parque nacional de Doñana y de la población de El Rocío amaneció uno de esos días con pintadas como Coto: droga.

En ese mismo año, sin embargo, las lanchas de la Guardia Civil del Mar, coincidiendo con la Expo de Sevilla, comenzaron a patrullar el Guadalquivir. Pero, a pesar de ello, en el año 2003 la red de un viejo conocido de los servicios antidroga gallegos, el cambadés Jesús Martínez González, Susito el Loro, emplea esa entrada, hasta que, en octubre, uno de sus barcos es interceptado con dos toneladas de aceite concentrado de hachís. Susito el Loro estaba en busca y captura desde febrero por su supuesta implicación en el tráfico de cocaína en Galicia. Con él es arrestado uno de los Falcón, Diego Lores Falcón, también de Cambados.

En 1994, Susito fue arrestado por primera vez en la Operación Lamprea, en la que se decomisaron seis toneladas de hachís en el pesquero Lamy. En la operación también fue implicado su primo Susito Picón –que, en realidad, tiene su mismo nombre y apellidos–, condenado a nueve años de cárcel por ser uno de los tripulantes del Dobell, en cuyo caso nos extenderemos en el apartado sobre los ajustes de cuentas.

Susito el Loro fue procesado anteriormente por el caso del Rapanui, con 2.000 kilos de cocaína.

Murcia, Alicante y el Delta del Ebro son destinos en pleno auge. En luna nueva y mar en calma, las potentes lanchas semirrígidas de la marca Crompton, de entre 12 y 15 metros de eslora,  son capaces de cruzar en menos de cuatro horas desde las playas del cabo de Tres Forcas, junto a Melilla, hasta las costas del Este español. La tripulación suele estar compuesta por sin papeles que se costean su viaje a Europa pasando droga. En Murcia, hay negocios hortofrutícolas que no son sino tapaderas para almacenar drogas y dar empleo a los porteadores mientras se espera otro desembarco, normalmente tras las cosechas de abril y octubre.

En el Delta del Ebro, concretamente, las incautaciones –barómetros de la situación– han ido en aumento. A finales del mes de octubre de 2003, dos barcos de arrastre pescaron con sus redes 32 fardos con un total de 960 kilos de hachís mientras faenaban en el cabo de Tortosa. Los fardos debían ser parte de la carga de una embarcación abandonada que el día 5 encalló en la playa del Garxal, en la misma desembocadura del Ebro. Desde ese día fueron apareciendo fardos. Se recogieron casi 3.000 kilos de droga.

Según datos de la Guardia Civil, desde 1999 hasta diciembre de 2003 se han descubierto casi 25 toneladas de hachís sólo en la zona del delta.

Un informe del Plan Nacional Sobre Drogas asegura que las lanchas rápidas –las llamadas planeadoras– que con frecuencia utilizan los traficantes tienen su base en Gibraltar y que desde allí salen hacia Marruecos, “donde cargan la droga, principalmente en los puertos de Ferdiva, El Hauma y Cabo Cires. Luego, y antes de que amanezca, transportan el alijo hasta la costa española, descargándolo en las playas de Atunara, Santa Margarita y Punta Mala”.

La ruta alternativa hacia Galicia, por otra parte, es la misma que la antigua vía de contrabando de tabaco.

Además, otra de las formas utilizadas por los traficantes de Marruecos es la de trasladar la droga en los camiones de transporte de mercancías que embarcan para cruzar el Estrecho hacia Algeciras. En el año 1999 se hicieron conocidos los casos de camioneros españoles que llevaban hachís entre su mercancía y eran interceptados en los puertos. Muchos de ellos afirman que son engañados por los patrones, que los envían a por una carga legal y luego allí les cuelan el chocolate.

El 17 de enero de 2000, un camionero malagueño fue detenido en Tánger después de que la Policía encontrara en su camión casi una tonelada de hachís. La sustancia iba escondida entre 25 toneladas de patatas cargadas en Casablanca. Ocho días después, otro camionero español era detenido en Tánger, esta vez con 3.300 kilos.

Un tercer camionero español pasó cuatro años –salió en julio de 2002– en una cárcel francesa por transportar 700 kilos de hachís. El hombre, de Murcia, explicó que era habitual que las mafias de la droga tanteasen a los camioneros que llevan mercancía a Europa para que escondan droga entre ella. A él le iban a dar 12 millones de pesetas para llevar el cargamento desde Sevilla a Rotterdam.

Las fuerzas de seguridad marroquíes sospechan que existe una elaborada red que utiliza el trayecto de mercancías que circulan en camiones entre España y el país magrebí. Las detenciones de transportistas extranjeros en Tánger se multiplicaron desde que en marzo de 1999 fuera condenado a nueve años de cárcel un conductor italiano por un suceso de este tipo. Ya antes, entre 1995 y 1998, fueron decomisados 26.000 kilos de hachís en el citado puerto.

En la mayor operación, en junio de 1995, un padre y su hijo fueron arrestados en el comercial puerto marroquí cuando intentaban embarcar hacia Algeciras un camión de mercancías.

–¿Qué lleváis?

–Naranjas.

Y era verdad. Llevaban naranjas, además de 12.000 kilos de hachís, el mayor alijo descubierto en Tánger.

Ellos insistían en que querían embarcar a Algeciras, pero la línea estaba cerrada y las autoridades los obligaban a embarcar hacia puertos franceses para evitar que llegaran a la costa española productos procedentes de Marruecos, en pleno conflicto pesquero.

Ellos insistieron, y sólo consiguieron que registraran su camión.

Otro caso curioso, que muestra las diferentes formas de introducir la droga en Europa se desveló en abril de 1996; una avioneta se estrelló en la sierra de Granada con cien kilos de hachís en cabina. Cuando despegó de Málaga no llevaba droga, y la Guardia Civil explicó que el avión voló a algún lugar de Marruecos, cargó la sustancia y volvió a la Península con destino a Alemania.

Un segundo caso con avioneta es el de la Operación Juliana, llevada a buen término en febrero de 2000, y que permitió descubrir a una banda que quería imitar a los carteles colombianos en una versión con hachís y utilizaba una avioneta para cargar droga en Marruecos y llevarla hasta una rudimentaria pista de aterrizaje de Cádiz. El aparato despegaba del aeródromo de La Juliana, en Sevilla, y en ocasiones aprovechaba la noche para descargar en Cádiz; aterrizaba prácticamente a oscuras en la pista. La Guardia Civil arrestó a nueve personas y decomisó 639 kilos de polen de hachís, además de la avioneta, por supuesto, varios coches y 40 millones de pesetas en efectivo.

Los agentes pudieron llegar a la Operación Juliana tras otra investigación llevada  a cabo entre septiembre y noviembre del año anterior en Ciudad Real, Tarragona, Huelva y Cádiz. Y es que el negocio del tráfico de drogas tiene un complejo entramado de relaciones que permiten a menudo seguir tirando del hilo hasta obtener resultados sorprendentes. En realidad, en la mayoría de las ocasiones en las que se informa que se ha desarticulado una organización, suelen quedar cabos sueltos. Si se detiene a un grupo de traficantes de hachís en tierra española, hay que suponer que esos tienen uno o varios grupos de proveedores de hachís en Marruecos que a su vez venden a otras bandas. Las organizaciones se interrelacionan porque muchas comparten unos mismos proveedores; son pocas las que dominan el mercado desde la producción hasta la distribución última en las calles.

Al igual que la guerra en Afganistán afectó a la producción de opio y la guerra de los Balcanes trastocó las rutas de la droga, el –en comparación– anecdótico conflicto de Perejil que enfrentó a Marruecos y España por el pequeño islote de tan singular nombre, en julio de 2002, también provocó un revés a los traficantes de hachís marroquí; la presencia constante de fuerzas militares en la zona interrumpió el tráfico en el Estrecho. En una conversación interceptada por la Policía en un teléfono móvil pinchado, un narco asegura a un colega: “Estamos esperando a que pase la tormenta”.

En cuanto se difundió la noticia de que había acuerdo entre los dos países y la Legión abandonaba Perejil, volvió a detectarse movimiento y los teléfonos intervenidos de los traficantes volvieron a ser útiles para la Policía. 

El canal de chocolate

La presión policial ejercida durante años en el paso del Estrecho ha obligado a los traficantes a buscar alternativas a la ruta más fácil y lógica. De esta forma, el tráfico por vía marítima se ha desplazado, por una parte, hacia el Oeste, aprovechando las antiguas rutas de contrabando de tabaco, y, por otra, hacia el Este, para alijar en el Levante español y en el Delta del Ebro. Ibiza y Formentera, al igual que el resto de las islas Baleares, no suelen ser, en realidad, el destino de los cargamentos de hachís, pero sus aguas, en las que un velero o cualquier otro tipo de barco puede pasar fácilmente desapercibido, son una ruta de paso importante. Los barcos cargados de droga procedentes de Marruecos no siempre van directamente a las costas levantinas o catalanas, sino que pasan por el canal de Mallorca, entre esta isla y las Pitiusas. Así, parece que regresan de una inocente excursión por aguas baleares.

El Ramón de Faba es uno de esos barcos que eligieron la ruta del canal. El 21 de marzo de 1999 fue abordado cerca de Cabrera por la patrullera VA-4, con base en Ibiza, en una operación coordinada por la Udyco de Barcelona y con participación de la de Palma. En él había 4.813 kilos de hachís, un aparato GPS y un mapa marítimo en el que estaba trazada a lápiz la ruta seguida por la embarcación. El Ramón de Faba, amarrado inicialmente en el puerto de Javea, se había dirigido a un punto situado entre las islas Chafarinas y Melilla, donde esperaban cuatro lanchas marroquíes dispuestas para entregar la mercancía. El barco, ya cargado, puso proa a Baleares, donde acabó su periplo.

La Operación Estrecho marca una misma pauta. Es el mes de febrero de 2000. Exactamente el día 11. El Magallón II, una lancha pesquera no demasiado llamativa, navega a 30 millas de Ibiza, en el canal de Mallorca. Son las cinco de la madrugada y el Halcón I, la lancha del Servicio de Vigilancia Aduanera, ha avistado su objetivo. Los cuatro tripulantes del Magallón II –dos marroquíes, un portugués y un castellonense–, al verse atrapados, intentan deshacerse de la carga, pero el dispositivo especial para que los fardos vayan cayendo al mar en cadena se rompe. No consiguen desprenderse de 1.750 kilos con los que la Unidad Central de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con la Udyco ibicenca, se marca un buen tanto en la isla.

Los cuatro tripulantes del Magallón II ingresan en prisión, mientras en la localidad de Castellón –donde se halla la base de la organización– son detenidos en la misma operación tres importantes sospechosos. Uno de ellos, Mohamed Kaddouri, conocido como el Hach, es hermano de los dos marroquíes arrestados en Ibiza y la Policía le considera el proveedor de la droga, desplazado hasta Castellón para supervisar la llegada del cargamento. Junto a él son detenidos el marroquí que hace de intermediario entre los proveedores y compradores y delegado de la red en Castellón, Mohamed Hadri, y Manuel Sineiro López, que es, según la Policía, uno de los traficantes más activos de Galicia.

Curiosamente, los agentes pudieron seguir los pasos de la organización en Castellón porque Hadri acosaba día y noche a su ex novia, panadera de un pueblo de la provincia.

Un mes antes de la intervención, la Udyco de Málaga detuvo en Rincón de la Victoria a Bruno Mazzer, alias Gigi, considerado por la Policía italiana el capo de una red criminal con base en Roma y ligada a la Camorra. Era el 13 de enero. Su organización utilizaba la ruta de las islas para introducir hachís en España y posteriormente distribuirlo en Europa. Gigi fue localizado después de que fuera apresado, cuando llegaba a Mallorca, un velero con 5.190 kilos de droga en la bodega. El barco, el Michelle y Louise, había salido del puerto de Benalmádena, cargado en Marruecos e iba a ser descargado en el Levante.

También el traficante Ryszard Habryka, el más buscado por los alemanes y al que se ha hecho referencia en el apartado anterior, usaba la ruta del canal de chocolate.

Cinco meses después del Michelle y Louise, otro barco es interceptado cuando intentaba cruzar el canal entre Ibiza y Mallorca con un cargamento de chocolate marroquí, esta vez de 1.710 kilos. Fue un caso de la Guardia Civil y la operación se denominó Jaume.

El servicio marítimo de la Guardia Civil y el Grupo de Investigación Fiscal y Antidrogas (GIFA) abordaron el velero Boogie a 70 millas al sur de Formentera. El alijo fue desembarcado en el puerto ibicenco, aunque se dirigía a Cataluña, según la investigación policial.

La Operación Jaume es también un buen ejemplo de cómo funcionan normalmente estas organizaciones de traficantes de hachís; barcos alquilados, que cambian cada mes, contactos en los principales puertos malagueños y alijos formados por cantidades comprendidas entre los 1.500 y los 5.000 kilos de hachís, según el tamaño de la embarcación, entre otras cuestiones. Cifras inferiores no son suficientemente rentables para los traficantes, que deben costear el alquiler de los barcos y los patrones, pagar porteadores y otros gastos.

Estos dos alijos de 1.750 y 1.710 kilos de hachís de las operaciones Estrecho y Jaume representan dos de las mayores intervenciones de esta droga registradas hasta ese momento en las Pitiusas, y tan sólo con cinco meses de diferencia entre una y otra aprehensión. Más de diez años antes, el 27 de noviembre de 1988, se desarrolló en el islote de sa Conillera una de las más espectaculares operaciones contra el tráfico de drogas en las islas. Entonces se decomisaron 3.850 kilos de hachís que iban destinados a Menorca, donde serían almacenados para posteriormente ser trasladados, en cantidades más pequeñas, a la Península. Un temporal dañó el casco y el motor del barco, que tuvo que dirigirse al islote y descargar la mercancía. Al verse sorprendidos por los agentes, que esperaban el barco en Menorca, los traficantes echaron por la borda 250 kilos de hachís, pero no pudieron deshacerse del resto.

Más recientemente, en febrero del 94, el SVA decomisó algo más de 1.500 kilos de resina de hachís al sur de Formentera.

Y a 50 millas de esta isla, el lunes 12 de febrero de 2001, Aduanas apresó un barco que transportaba hacia el canal una cantidad similar a la que se decomisó en sa Conillera trece años antes. La embarcación, tipo catamarán, alquilada en Castellón y bautizada Miki Uno, fue avistada por el SVA a la una de la madrugada, en aguas internacionales. Las patrulleras Halcón I –la misma que participó en Ibiza en la operación en la que la Udyco intervino 1.750 kilos en febrero del año anterior– y Halcón III, con base en Alicante y Valencia, respectivamente, así como una unidad aérea de Aduanas, se dirigieron hacia el barco y lo siguieron hasta abordarlo a 120 millas de Alicante, y 50 al sur de Formentera. Los tripulantes intentaron deshacerse de la droga arrojándola por la borda, como es costumbre, pero sólo pudieron tirar alrededor de una docena de fardos. No disponían de ningún sofisticado sistema de lanzamiento y posterior recuperación similar a los que suelen emplear los gallegos, que han usado hasta compuestos de cianuro reflectantes a profundidad para marcar los envoltorios de plástico de la droga y poder recuperarlos.

Los funcionarios de Vigilancia Aduanera saltaron al barco, detuvieron a los dos andaluces y siete magrebíes que viajaban en él y aún pudieron recuperar del agua dos fardos con polen de hachís que no se habían hundido.

El SVA contabilizó 124 fardos, con una cantidad total de 3.700 kilos de resina y polen de hachís. El Miki Uno fue trasladado al puerto de Alicante.

El primer alijo que podía considerarse importante de esta droga en las Pitiusas fue aprehendido en febrero de 1974 por agentes de lo que entonces era el Cuerpo General de Policía. El alijo era de 32 kilos. En el 82, el grupo antidrogas de la Guardia Civil intervino 800 kilos y, en 1979, la comisaría, en colaboración con la Interpol y la Policía francesa, halló 1.600 kilos de esta droga en un lugar inaccesible desde tierra, en la costa de Sant Josep, la misma en la que a finales de 1990 un marinero escondía 100 kilos de hachís. Estaban en una cueva frente a es Vedranell, en un acantilado de difícil acceso desde tierra firme. En Ibiza pasó algo similar a lo que ocurrió en Galicia con las rutas de entrada de droga; las grutas, cuevas y calas de la costa ibicenca fueron primero escondrijos del tabaco de contrabando.

Los ejemplos de sa Conillera, Jaume o Estrecho ponen de manifiesto la importancia de las islas en el tráfico de drogas, como ruta de paso o incluso como lugar de almacenamiento. Era inevitable. La situación geográfica de Ibiza y Formentera y la imposibilidad de controlar el paso o la llegada de los miles de barcos de recreo que surcan sus aguas las hace un lugar privilegiado. Es una pura cuestión de estrategia en la lucha continua entre traficantes y policías.

Por el canal entre las islas entra en España más del 70 por ciento del hachís marroquí que posteriormente es trasladado en camiones a otras partes de Europa, según las estimaciones de la Policía. En algunos círculos policiales, el canal de Mallorca se conoce, ya desde los 90, como el canal de chocolate. Es una de las rutas preferidas del hachís pero también una de las zonas de España donde es mayor el tráfico de embarcaciones. El control, por tanto, es prácticamente imposible.

Desde principios de los 90, los servicios aduaneros de España, Francia e Italia han llevado a cabo una serie de operaciones, más o menos secretas, de barrido de la zona marítima comprendida entre el Estrecho de Gibraltar y Baleares, en virtud de un acuerdo firmado en el 90. En septiembre de 1992, en unas maniobras internacionales de este tipo, la Operación Nápoles, se interceptó el barco de bandera alemana Empress II, matriculado en Hamburgo y que navegaba frente al cabo de Palos con un cargamento de 3.500 kilos de hachís. El barco, que realizaba frecuentes viajes al norte de África, ya era objetivo de las patrulleras.

En la operación de vigilancia, descrita como maniobras internacionales, participaban en esa ocasión una patrullera y un avión italianos, dos barcos y un avión franceses y cinco patrulleras y un avión españoles.

Las islas son normalmente lugar de paso de la droga a través del canal de Mallorca, pero diversas operaciones llevadas a cabo por los grupos policiales han confirmado que determinadas organizaciones usan Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera como almacenes de la sustancia. En diciembre de 1997, un juicio celebrado en Ibiza contra tres acusados de tráfico de drogas reveló que la isla era una base de distribución de hachís hacia Europa. Los tres procesados habían sido detenidos un año antes por el grupo de drogas de la comisaría cuando intentaban sacar de la isla 350 kilos de hachís, 1.500 éxtasis y 25 gramos de cocaína con destino a Barcelona. La organización a la que pertenecían introducía el hachís en Ibiza por vía marítima, almacenaba los fardos en la casa de un contacto en la isla y, posteriormente, la droga, en cantidades menores, abandonaba Ibiza en los barcos de línea. Los detenidos fueron interceptados en un barco de Trasmediterránea, en el que embarcaron un remolque con una lancha. En ella, en un doble fondo, se encontraba la droga.

Miembros del International Criminal Service, un grupo policial británico con un equipo destinado en Madrid, afirmaron ya entonces que los barcos de línea que salen de los puertos de Ibiza y Sant Antoni son utilizados para trasladar importantes cantidades de hachís. La Policía británica iba detrás de la organización a la que pertenecían los tres detenidos. Su información revelaba que los máximos responsables de la red estuvieron en la isla poco antes de la operación policial, pero lograron escapar.

Siete años después, el 15 de agosto de 2004, inspectores de Vigilancia Aduanera interceptaron en el puerto de Ibiza un camión con 2.100 kilos de hachís, dispuestos para embarcar en el barco de línea a Denia. La investigación determinó que el hachís había llegado a la isla una semana antes y que los traficantes tenían previsto trasladarla a un almacén de Alicante.

Una prueba más del paso de cargamentos de hachís por el Canal de Mallorca son algunos de los fardos que en ocasiones son hallados flotando en la costa Este de Ibiza y Formentera, la que conforma, junto con el suroeste mallorquín, el famoso canal. El 20 de julio de 2001, el mar arrastró un paquete sorpresa hasta la playa de Migjorn de Formentera. Contenía 27 kilos de hachís marroquí. En agosto, en un mismo fin de semana, se encontraron otros tres fardos en la costa de Santa Eulària. Dos de ellos pesaban 14 kilos cada uno y el tercero, nueve.

Las pesquisas por el hallazgo de los fardos pasaron al Grupo de Investigación Fiscal y Antidrogas (GIFA), que sospechaba que habían sido arrojados al mar por algunos traficantes nerviosos que observaran la presencia de alguna patrullera del SVA o del instituto armado o, simplemente, los hubieran perdido torpemente. Menos probable era que se tratara de alijos que alguien esperaba en la costa. Ya se vieron otros ejemplos de estas peculiares mareas de hachís en la ruta por el Guadalquivir.

En el informe anual de la Organización Mundial de Aduanas de 2001, España y Marruecos figuran como los dos países en los que se registran más alijos de resina de cannabis. “El patrón de tráfico de resina de cannabis continúa siendo la distribución por barco desde Marruecos y, después, a través de España y Francia, por carretera, normalmente en camiones no muy grandes, hacia el resto de Europa”, señala dicho informe.

Al otro lado del Atlántico, el mercado norteamericano intenta abastecerse más cerca. Y Jamaica es una gran fuente de suministro de cannabis.

Incluso Canadá produce hachís para exportar a Estados Unidos, aunque también recibe fuertes entradas de otros lugares del mundo; en 1994, las autoridades canadienses se incautaron de 26 toneladas de resina de hachís de origen pakistaní, embalado en tres contenedores que habían sido enviados por la ruta africana y pasado por Kenya, Mozambique, Sudáfrica y Uganda.

OTRAS DROGAS

Las siguientes páginas no pretenden ser una relación de las cientos de drogas o sustancias que pueden llamarse así que existen en el mundo, pero sí se incluyen las que han cobrado mayor relevancia en el mercado ilegal del placer inmediato. Algunas de ellas son lo que se llama drogas de síntesis, pero no son derivados anfetamínicos de sustitución por lo que no se han descrito en el capítulo sobre el éxtasis para diferenciar los análogos de la anfetamina de estas otras drogas de diversa procedencia.

GHB

Las importantes intervenciones de GHB, conocido erróneamente como éxtasis líquido, realizadas en diversos lugares de España y la constatación de la expansión de su consumo en zonas como Ibiza aceleraron el proceso de inclusión de esta sustancia en las listas de drogas ilegales. Así, el GHB (ácido gamma hidroxibutirato) ya es ilegal y sus vendedores pueden ser procesados por tráfico de drogas. Además, hay que destacar que junto al GHB se ilegalizó la droga conocida como nexus (2CB), de la que ya hablamos en la lista de drogas de diseño.

Quienes traficaban con esta sustancia antes de la prohibición quedaban libres porque la sustancia no estaba fiscalizada. En realidad, sus distribuidores ilegales podrían haber sido juzgados aplicando el artículo 359 del Código Penal, que establece penas de hasta tres años y medio de prisión para quien “sin hallarse debidamente autorizado elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos que pueden causar estragos, o los despache o suministre, o comercie con ellos”. Pero lo cierto es que, al no ser técnicamente una droga al nivel de la cocaína o el éxtasis, los traficantes ni siquiera han llegado a ser juzgados. Incluso se les ha devuelto la mercancía confiscada por la Policía, o sea, las botellas del peligroso líquido que en los veranos de finales de los 90 provocaron múltiples casos de coma en zonas turísticas como Ibiza. Fue, por ejemplo, el caso del alijo de los 2.300 frascos intervenidos en diciembre de 2000 en Barcelona, que se consideró el decomiso más importante hasta ese momento. Fue en el mes de diciembre. El Cuerpo Nacional de Policía se incautó de 2.300 frascos de tres centilitros cada uno con GHB y de 2.800 pastillas de éxtasis y detuvo a cinco personas, acusadas de distribuir la droga en bares y discotecas de Barcelona y las comarcas del Vallès y El Maresme. Los arrestados aseguraron que las drogas eran para su propio consumo.

Esta situación no tiene porque repetirse. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas, responsable de la inclusión de nuevas drogas en las listas, propuso a mediados de junio de 2001 que el GHB fuera introducido en la Lista IV de sustancias psicotrópicas, la lista verde, para que, por fin, la Policía pudiera intervenir contra sus traficantes con plenas garantías. Tras esta propuesta, se dio un plazo de seis meses por si algún país quería presentar alegaciones. Al cumplirse ese periodo en diciembre, automáticamente, el ácido gamma hidroxibutirato quedó incluido en las listas de drogas. El 20 de febrero de 2002, el Gobierno español incluyó formalmente la ilegalización en su ordenamiento, con su publicación, el día anterior, en el Boletín Oficial del Estado.

De esta forma, ha podido acusarse directamente por tráfico de drogas, por ejemplo, a la pareja arrestada en  el puerto olímpico de Barcelona en diciembre de 2002 con 77 frascos de GHB de 5 mililitros, dos botes de 15 y una botella de 240, además de dos pastillas de éxtasis.

Lo cierto es que ya antes de la ilegalización, los traficantes habían ideado una nueva fórmula para burlar a la Justicia. En el 2000, cuando el GHB ya era tan conocido como para prever su próxima ilegalización, se detectó en Ibiza el consumo de una droga similar, el 1,4 Butanediol, que es un precursor del GHB.

Los tres primeros detenidos con una cantidad importante de GHB en España fueron juzgados porque también llevaban cocaína, marihuana y hachís. David, Alejandro y Pedro  fueron arrestados en septiembre de 1997 con dos botellas de un litro cada una de gama hidroxibutirato o hidroxibutírico, además de las otras drogas. Fueron juzgados en el año 2000 y los magistrados de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid los absolvieron porque consideraron que los pinchazos telefónicos que había realizado la Policía habían sido ilegales. El fiscal recurrió la sentencia ante el Supremo y la Sala Segunda anuló la vista oral y fijó fecha para un nuevo juicio; junio de 2002. El fiscal solicitó seis años de cárcel para Pedro y cuatro años para los otros dos encausados. Ellos aseguraban que las sustancias eran para su propio consumo.

En Ibiza, la Policía y la Guardia Civil detectaron la presencia de esta droga –oyeron hablar de ella– en el verano de 1996, pero sólo un año después, en octubre, agentes de la comisaría ibicenca hallaron un bote de GHB durante un cacheo y lo remitieron a los laboratorios de la Jefatura en Madrid.

El pequeño bote de cristal en el que normalmente se comercializa esta sustancia, usada hace años como coadyuvante de la anestesia e incluso como alternativa a los esteroides para deportistas, se conoce como biberón y suele contener una dosis de 30 mililitros. Su precio puede oscilar entre los 12 euros y 50, aunque suele situarse en los 15, según las leyes de la oferta y la demanda, y se toma disuelta en agua, aunque a muchos les va el riesgo y prefieren combinarla con alcohol. A mediados de los 90, cuando se introdujo en España, la droga se vendía con un prospecto que imitaba los farmacéuticos y que ensalzaba los efectos de la sustancia, aunque nada decía de su composición.

Como anécdota, vale la pena comentar que en el verano de 2002 podía encontrarse en internet una página web a través de la que se vendía GHB por correspondencia. En la web, correspondiente a una empresa ubicada en Isla Mauricio, se ofrecía la posibilidad de recibir en el domicilio seis dosis por 35 dólares americanos o un kilo entero por 1025. Unos precios similares a los que se encuentran en una discoteca. En la página se afirmaba que la droga no tiene efectos secundarios e incluso que ayudaba a disminuir el colesterol. Como un anuncio de mantequilla...

Ese año, precisamente, la Internacional Narcotics Control Board, organismo de Naciones Unidas, advertía en su informe anual de un preocupante aumento del uso de internet para comerciar con drogas. Aunque la verdad es que el GHB de Isla Mauricio también podría ser un timo... En el mismo sentido, el informe de 2003 de la JIFE alertaba de un alarmante aumento del tráfico de sustancias psicotrópicas a través de la Red.

La casualidad fue determinante en el decomiso de uno de los más importantes alijos de esta droga. El viernes 18 de julio de 2003, un pequeño incendio en el número 15 de la plaza Tirso de Molina, en Madrid, puso al descubierto un casero laboratorio de GHB. Los agentes se llevaron una sorpresa al encontrar, mientras se sofocaban las llamas, seis botellas de litro y medio cada una de ácido gamma hidroxibutirato, otros 50 botes de dosis ya preparadas de la misma droga, 2.500 éxtasis, 200 gramos de cocaína y algunos utensilios y productos para fabricar el GHB.

KETAMINA

Special K, K, Vitamina K, Super K, Valium Cat.

Sus nombres comerciales son Imalgene, Ketaset y Ketolar. En su presentación original es un medicamento anestésico usado en veterinaria y en estado líquido, pero se cocina a elevadas temperaturas hasta que se transforma en polvo. Así, su presentación en el mercado ilegal es habitualmente la de un polvo blanco similar a la cocaína o pastillas claras como el éxtasis.

La ketamina ya era utilizada como anestésico animal en los 60 y se empleó por primera vez en humanos para el tratamiento de los heridos de guerra de Vietnam. Con ella se intentó reducir el consumo de morfina, que estaba provocando numerosos casos de toxicomanía. En los 70, la ketamina resurgió como alucinógeno, aunque con escaso éxito, y en los 90 se convirtió en una droga popular en los ambientes gays de Nueva York, donde su uso llegó a ser tan habitual que los expertos hablaban de una Generación K.

Cuando, en mayo de 1999, el GIFA de la Guardia Civil de Ibiza intervino 14 gramos de Special K, el Plan Nacional Sobre Drogas todavía no tenía constancia de su introducción en el país, aunque el año anterior, en julio de 1998, una patrulla que realizaba un control en una discoteca ibicenca intervino tres papelinas a un alemán que explicó que se trataba de Special K.

Sin embargo, la primera muestra fue intervenida por la Guardia Civil de Sant Antoni (Ibiza) en el verano de 1995. Entonces se conocía también como Super K o Kavarrosa. El inglés que la portaba explicó al entonces teniente del puesto, Isidoro Turrión, que aquello era “un éxtasis potenciado, más fuerte”.

En Ibiza, la Policía ha decomisado comprimidos supuestamente de éxtasis que, una vez analizados, se ha descubierto que estaban compuestos por una mezcla de efedrina y ketamina. Las pastillas eran blancas y tenían marcado el dibujo de un pájaro. En el año 2004 era difícil encontrar ketamina pura en la isla; todo lo que llegaba se vendía mezclado con MDMA, según confirmaban los análisis de los laboratorios. Pero en 2010 y 2011, en las zonas turísticas, se vendía más ketamina que éxtasis. Se mezcla con cocaína (CK Calvin Klein) y se considera que esta mezcla está detrás de muchas caídas de turistas desde los balcones (balconning). También se ha encontrado mezclada con mefedrona (ketadrone).

En la India, la ketamina puede encontrarse en farmacias, pero su control sanitario es realmente deficiente por lo que también puede hallarse en otro tipo de tiendas que no son estrictamente farmacias. Además, es mucho más barata que en Europa. Estas circunstancias fueron aprovechadas por un grupo de individuos que encontraron su negocio adquiriendo la sustancia en ese país para venderla ilegalmente en España. La investigación se inició a finales de febrero de 2003, cuando un par de agentes de la Guardia Civil detectó en el aeropuerto de Barajas cuatro envíos con 44 litros de clorhidrato de ketamina procedentes de Nueva Delhi y dirigidos a distintos destinos de Álava, Navarra, La Rioja y Vizcaya.

Sólo había que seguir las baldosas amarillas y ver a dónde llevaban. Así, los agentes se hicieron con un total de 157 litros de ketamina, una cantidad más que importante, y una decena de individuos fueron acusados por un delito contra la salud pública. La Guardia Civil asegura que con esa cantidad se podrían haber obtenido 60.000 dosis, 120.000 si se mezclaba con cocaína.

En Europa suele consumirse transformada en polvo. A veces ese polvo se mezcla con cocaína y esta mezcla se conoce como avispas o Especial CK.

En el año 2010, la ONU alertó del aumento de drogas como la ketamina, el GHB, el GBL y el Rohypnol (flunitrazepam) para cometer agresiones sexuales y también robos. Todas ellas son sustancias que reducen la resistencia de las víctimas y causan amnesia.

Ese mismo año, la ketamina fue ilegalizada; hacía cinco años que Naciones Unidas pedían esta medida. El 21 de octubre se publicó en el BOE la orden del 13 de octubre por la que se incluía la ketamina en el real decreto 2829/1977, que es el ratificaba la inclusión de España en la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971.

Interpol asegura que la ketamina es el mayor motivo de preocupación. Su “uso indebido es cada vez mayor en los países de Europa, en particular en España y el Reino Unido”, destaca la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que asegura que en estos países disminuye el consumo de cocaína al tiempo que aumenta el de ketamina. “El tráfico de ketamina interesa a los grupos delictivos organizados debido a su alta rentabilidad”. Por ello, la JIFE, órgano independiente dentro de Naciones Unidas, ha exhortado a todos los países miembros a “someter la sustancia a su legislación nacional” y a realizar estudios sobre la población consumidora para poder evaluar su inclusión en los tratados de fiscalización internacional de drogas y poder condenar a sus traficantes.

POPPER

En julio de 2002, la Guardia Civil de Ibiza se incautó de unas cuantas botellas de popper que se vendían nada menos que en el guardarropa de una de las grandes discotecas de Ibiza, junto a los paquetes de tabaco. Los agentes redactaron un informe para el juzgado en el que recordaban que no hacía falta que esta droga se encontrara en las mismas listas de fiscalización que la cocaína o el éxtasis para poder considerarla una sustancia nociva y que, por tanto, sus responsables pueden ir a la cárcel. El tema es bueno. El titular sería algo así: “La Guardia Civil denuncia a una discoteca por vender droga en el guardarropa”. Lo que se dice una noticia de página 3. Pues bien, la noticia se ofreció a algunos medios de comunicación de la isla que decidieron no publicarla porque la discoteca en cuestión hubiera quitado la publicidad de los periódicos que se atrevieran a hacerlo.

Lo que se conoce como popper es nitrito de amilo, aunque también pueden encontrarse nitritos como el nitrito de butilo o el nitrito de isobutilo. La primera composición, el nitrito de amilo, tiene usos como fármaco (en intoxicaciones por cianuro, por ejemplo). Son líquidos y sin olor ni color. Se presentan en botes de cristal y se inhalan. El popper es un potente vasodilatador que ha tenido gran predicamento en determinados ambientes homosexuales.

En septiembre de 2006, el Cuerpo Nacional de Policía llevó a cabo en las islas Baleares la más amplia operación nacional por tráfico de esta sustancia, vendida con etiquetas de 'ambientador' o 'limpiador de cabezales'. Fue la Operación Popeye, iniciada después de que una mujer denunciara que su hijo de 16 años había comprado una botella en Palma. Se llevaron a cabo 21 registros con 623 frascos intervenidos. De ellos, 59 fueron hallados en la tienda de productos relacionados con la marihuana que regentaba en Ibiza un ex guardia civil.

MEFEDRONA

Cierto es que esta lista de 'otras drogas' podría ser mucho más extensa, pero hemos querido citar las que han adquirido mayor relevancia al iniciarse ya el siglo XXI, o que nos resultan curiosas e interesantes por algún aspecto concreto.

Y en esta lista queríamos incluir la mefedrona, M-Cat, meph, que apareció en Francia en 2007 y fue identificada por primera vez en 2008. En el año 2010, mientras diversos países registraban muertes sospechosas de ser inducidas por esta droga, la mefe, llamada en las calles miau miau, se extendía a España. Ya era conocida en Madrid y era objeto de consulta en foros de consumidores de drogas en internet desde hacía un par de años, pero en 2010 es la preferida de los clubbers británicos que veranean en zonas turísticas como la isla de Ibiza. Y los primeros que se daban por enterados eran los psiquiatras del área de Salud Mental; turistas británicos ingresaban en los servicios hospitalarios con brotes psicóticos y manifestaban haber consumido una droga llamada mefedrona. Uno de estos casos era el de un irlandés que aseguraba haber visto ovnis, y otro fue rescatado en medio del campo con un episodio de paranoia importante. Y es que esta droga tiene un margen de seguridad muy estrecho, lo que significa que es muy fácil pasarse con la dosis y, de la euforia buscada, pasar a enloquecer, al brote psicótico. Ese es el mayor riesgo de esta sustancia que se presenta en forma de polvo blanco y que algunos consumen mezclándola con alcohol o como si fuera cocaína.

La primera muerte con la M-Cat (0 4-MMCAT) como sospechosa se produjo en Estocolmo a finales de 2008 y en este caso sí se considera que, sin lugar a dudas, la mefedrona (2-methylamino-1-p-tolylpropano-1-uno) causó la muerte. Así lo determinaban los análisis forenses.

              Es un estimulante de la familia de las catinonas. La formulación química de la sustancia conocida como mefedrona es 2-methylamino-1-p-tolylpropano-1-uno. Lo que primero llama la atención es la semejanza del nombre con la efedrina, principio activo (alcaloide) de la planta Ephedra vulgaris y conocida como Ma huang, usada en la medicina tradicional china y cuyo uso se extendió, a mediados de los 90, como droga legal y alternativa al éxtasis, con el que comparte sus efectos estimulantes. La efedrina natural se convierte, de forma sintética, en efedrona (Methcatinone, metcatinona y, más popularmente cat). Y la mefedrona es apócope de metil-efedrona, o, lo que es lo mismo, metil-metcat, de ahí que sea también conocida como M-CAT o MM-CAT. Formulado de otra manera, para poder ver de dónde salen los nombres con los que la sustancia es conocida, la mefedrona es 4-methylmethcathinone, 4-MMC.

            Por lo que se refiere a las incautaciones, entre los primeros alijos de España, más allá de algunas intervenciones menores, se encuentra el que se produjo en Zaragoza dos meses después de que se hiciera efectiva la ilegalización de la sustancia. En abril de 2011, el Cuerpo Nacional de Policía intervino más de un kilo de mefedrona que había sido enviada desde Asia a Zaragoza por correo.

           Ya a finales de diciembre, Aduanas había localizado mefedrona en el aeropuerto de L'Altet. También procedía de Asia y entonces el producto ya estaba prohibido por la Unión Europea, prohibición que se hacía extensiva a sus 27 países miembros. Éste es considerado el primer alijo de mefedrona de España.

LSD 25

Es la ya legendaria droga del movimiento hippy de los años 60, esa a la que los Beatles, en un arrebato de inspiración psicodélica, dedicaron su Lucy in the Sky with Diamonds. Una interpretación del acróstico no muy afortunada pero que caló en las masas de incondicionales seguidores. Es, químicamente, Dietilamida del Ácido Lisérgico, un alucinógeno semisintético, fabricado al sintetizar el ácido lisérgico que se encuentra en un hongo conocido como el cornezuelo del centeno, aunque en realidad parasita también otras gramíneas. El 25 indica que es el vigesimoquinto compuesto de este género sintetizado por los laboratorios suizos Sandoz en una serie de experimentos. Su descubridor fue el químico Albert  Hofmann, al que hizo más popular que si hubiera descubierto la penicilina. Sandoz puso el alucinógeno a disposición de institutos de investigación en 1947, como preparado experimental y con el nombre de Delysid, y, años más tarde, la CIA creó el proyecto MKultra para investigar el potencial de la droga como manipuladora de la conducta humana.

En 1970, sirva como ejemplo para ilustrar los peligros de la adulteración, la Brigada de Investigación Criminal de Basilea pidió a Sandoz que analizara un polvo que pretendía ser LSD y que había causado la muerte a un joven y el ingreso en el hospital de un amigo con el que había compartido la droga. El polvo que les habían vendido como LSD era estricnina.  Pero el LSD ya no es lo que era. Las incautaciones fueron en descenso a partir de los 80 y ninguna de ellas fue muy espectacular. Sin embargo, en abril de 1998 hay una excepción en Valencia; la Udyco detuvo a dos chicos con 2.300 dosis de esta sustancia, es decir, 2.300 de esos pequeños cuadrados de papel secante en los que se presenta esta droga, con personajes de dibujos animados.

Hay que tener en cuenta, para poder valorar esta cantidad, que en todo el año anterior, 1997, el Cuerpo Nacional de Policía había decomisado en todo el país 8.349 dosis. En 1996, 9.156 dosis, aunque en 1995 la cantidad había superado las 15.000 unidades.

Los arrestados también tenían 250 gramos de cocaína, y un Volswagen Golf, una Honda, un velero en el puerto de Vigo y más de cuatro millones y medio de pesetas en efectivo.

Holanda es a principios del siglo XXI el principal productor de LSD.

En 2001 se intervienen 25.000 dosis en Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Un buen alijo, teniendo en cuenta el bajo consumo de esta droga en la era del éxtasis. La Policía detuvo a siete españoles y a un colombiano reclamado por la Interpol, que tenían además cuatro kilos de cocaína y algo de hachís. De hecho, la investigación se inició por tráfico de cocaína; el LSD fue una sorpresa.

Este cargamento hizo pensar a los agentes que algunos interesados intentaban volver a poner de moda esta sustancia en Barcelona.

Ya lo habíamos señalado al hablar del Nexus, esa droga de síntesis que suele combinarse con MDMA; vuelven los alucinógenos. La constatación del uso del Nexus y del LSD junto a la consolidación en el mercado del GHB y la ketamina revelan un nuevo auge de las drogas con unas propiedades alucinógenas que el éxtasis no alcanza.

La tendencia se muestra también en el hecho de que, en ese mismo año de las 25.000 dosis, el servicio de Urgencias del Insalud en Ibiza registró varios casos de intoxicación por dietilamida del ácido lisérgico, lo que no ocurría desde hacía más de una década.

También se dio el caso de dos menores adolescentes que se intoxicaron al tomar una infusión de estramonio (Datura stramonium), una planta con efectos alucinógenos que ya empleaba la brujería en la Edad Media.

En este mismo sentido, en el verano de 2002 se detectó un importante consumo de Polvo de ángel, al que hemos hecho referencia en el capítulo sobre las drogas de diseño, principalmente en Barcelona, según informaciones del Instituto Nacional de Toxicología, que recibió una treintena de consultas sobre esta sustancia, que también tiene efectos visionarios. De hecho, se dejó de usar como anestésico por ese motivo.

Y ese mismo verano, el INT detectó asimismo un consumo mayor de lo habitual de setas alucinógenas como la Psylocibe o la Stropharia Cubensis.

Durante el año 2000, todos los cuerpos policiales de España se incautaron de 7.500 dosis de LSD. El alijo de 25.000, el más grande, rompió la estadística del año 2001, en el que se decomisaron 26.530 dosis.

Pero todo es mejorable, y en febrero de 2003, la Ertzaintza decomisa 38.000 sellos de papel de LSD y tres kilos y medio de cocaína en la casa de dos chicos de Barakaldo que eran buscados por ser sospechosos de haber apuñalado a un marinero panameño para robarle.

En octubre, la Guardia Civil detiene en Barajas a un argentino con 29.934 dosis de ácido. El hombre se disponía a embarcar en un vuelo con destino a Buenos Aires cuando fue cacheado. Los agentes encontraron, oculto por un calcetín, un papel secante impregnado con la droga.

En el verano del mismo año, las fuerzas de seguridad de Ibiza –como ejemplo– intervinieron algunas cantidades de LSD, no muy grandes pero que demuestran al menos que sigue consumiéndose. El 22 de julio, la Guardia Civil de la localidad de Sant Antoni decomisó 30 tripis a un británico. Los periódicos han vuelto a titular a dos columnas una aprehensión de 30 dosis.

En los 70, las informaciones sobre alijos de este tipo de sustancia, incluida como droga ilegal en España en 1967, son más habituales. Algunos ejemplos de Diario de Ibiza:

–18 de junio de 1970. Drogas en Sant Antoni. Dos alemanes detenidos con 990 gramos de hachís y 80 cápsulas de LSD.

–28 de junio de 1973. Dos franceses arrestados con 168 dosis de LSD.

–21 de septiembre de 1974. 158 dosis. Las tenía un italiano que dijo que las había comprado en Amsterdam.

–15 de junio de 1976. 335 dosis. Dos austriacos y dos holandeses detenidos.

–20 de octubre del 78. Un alemán arrestado cuando iba a vender 80 dosis de LSD. Posteriormente, la Guardia Civil halló otras 120 dosis. En Formentera se decomisan otras 200.

Pocos días después, el grupo antidroga del citado Cuerpo se hacía con el alijo más grande que se recordaba en Baleares; 455 tripis, aunque en marzo de 1981 el récord se supera cuando encuentran en el aeropuerto una bolsa con 700 ácidos, y en junio se intervienen otros 678 en Formentera.

–1 de marzo de 1979. Un alemán detenido en Santa Eulària con 300 dosis.

Ese año 79 finalizó con la incautación en Ibiza de 760 dosis de LSD, frente a 212 gramos de heroína y 100 de cocaína.

–27 de junio de 1981. Un holandés y dos belgas arrestados en Formentera con 678 sellos de LSD con el dibujo de una estrella de cinco puntas, uno de los más habituales.

–4 de junio de 1983. Nuevo récord. Aprehendidas 1.500 dosis de LSD a un yugoslavo.

La Dietilamida del Ácido Lisérgico es ilegal en España desde la orden ministerial de 31 de julio de 1967, que incluyó en las listas de sustancias alucinógenas ilegales, al mismo tiempo, a la mescalina y la psilocibina (principio de algunas setas y hongos).

MESCALINA

Ya no es lo que todavía era cuando Los Rebeldes le dedicaron una de sus canciones más populares. Le ha ocurrido como al LSD; se ha convertido en un clásico.

En los 80 su uso se extiende en Valencia hasta el punto de que, para el resto de España, la ciudad del murciélago queda asociada irremisiblemente a esta droga. Esa relación es evidente en la canción de Los Rebeldes, que también debió ayudar un poco a extender la leyenda: “En la luna de Valencia, yo me enamoré de ti... Mescalina mi amor”.

Sin embargo, algunos indicios apuntan a que buena parte de aquello que circuló por la noche valenciana como mescalina en el 87 y el 88 eran en realidad cápsulas o comprimidos de MDA y algún otro análogo fabricados en Norteamérica. De hecho, muchas de las muestras que se remitían a los laboratorios como supuestas mescalinas, eran metanfetaminas. Ya en 1985, antes de las intervenciones de éxtasis en Ibiza, los laboratorios de Sanidad de Barcelona registran pequeñas cantidades de MDA que posiblemente fueran halladas en la composición de lo que se llamaban mescalinas.

La mescalina se extrae del peyote, un hermoso cactus mexicano redondo y relativamente pequeño del que se cortan lo que se denominan brotes de mescal, que se secan y se rebanan para su consumo.

Tiene efectos alucinógenos y su fórmula es 3,4,5-trimetoxifeniletilamina, una estructura muy parecida a la de la adrenalina.

CAT

Es una de las drogas más potentes que se conocen y parece ser que también es una de las más adictivas. Es un estimulante del que se han intervenido algunas muestras en discotecas españolas desde los años 90, y que también podríamos haber incluido en el apartado sobre las drogas de diseño, pero hemos preferido destacarlo en este capítulo sobre sustancias a las que hay que prestar una especial atención.

Se conoce como cat a la metcatinona, un psicotrópico estimulante similar a la metanfetamina muy extendido en los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), donde lo conocen como efedrona. Su jeroglífico es 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ona y se incluye en la lista I de sustancias psicotrópicas sometidas a fiscalización. Se fabrica fácilmente a partir de la efedrina, que se extrae de la ephedra, una planta que crece abundantemente en Kirguistán y en las regiones montañosas de Kazakstán.

Su uso se populariza en el lumpen norteamericano.

Aquí hay que señalar que la mefedrona (MM-CAT), a la que hemos hecho referencia anteriormente, tiene una formulación análoga.

También se conoce como cat a la planta Catha edulis, preferiblemente escrita como qat, kat o khat y cuyos principios activos son los alcaloides catina y catinona. Es la droga del África oriental, tradicional en Somalia, Etiopía y Yemen. En Etiopía, los cultivos de café están dando paso a los de coca o kat, que es más rentable; en cinco años, de 1998 a 2003, las exportaciones de kat aumentaron un 13 por ciento en el tercer país más pobre del mundo. Su consumo en Europa ha sido puramente anecdótico durante el siglo XX, pero en Estados Unidos se han duplicado las incautaciones entre 1996 y 2001. Su uso se ha limitado normalmente a las comunidades africanas en Norteamérica.

En África, una de las drogas más consumidas es también la metacualona, que suele conocerse como madrax cuando se combina con algún antihistamínico o se fuma con cannabis. Pasa de contrabando a África desde China y la India, aunque también se fabrica en lugares como Sudáfrica, el país de mayor consumo.

En los 80, Colombia, con laboratorios en Pereira y Cali, también fabricaba grandes cantidades de pastillas de metacualona, que importaba en polvo desde Alemania y Holanda.

En julio de 2002 se incautaron en dos operaciones cerca de Johannesburgo más de 100 toneladas de sustancias químicas procedentes de la India que hubieran permitido la fabricación de 90 millones de tabletas de metacualona. El laboratorio fue desmantelado antes de que comenzara a funcionar.

Interpol asegura que el comercio de metacualona es en África aún más rentable que el de heroína. En 1994, en la India, se intervinieron más de 43 toneladas de metacualona y se destruyeron siete laboratorios clandestinos.

ESCONDITES DE LA DROGA

En ocasiones, la lucha entre los traficantes y las fuerzas de seguridad es básicamente una prueba de ingenio; los primeros para esconder la droga y los segundos para encontrarla.

Los mayores cargamentos, que suelen viajar en barco, se encuentran simplemente empaquetados en las bodegas o bajo lonas en cubierta. Las etiquetas del embalaje tal vez indican que se trata de un producto distinto al que realmente contienen. Otras veces, esas embarcaciones –así se ha descubierto en algunos yates– llevan un doble fondo o una pared de fibra falsa detrás de la que se esconden los paquetes de droga; la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Ibiza tardó tres días en desmontar el Lorena para hallar los 949 kilos de cocaína que portaba, en la Operación Flecha.

En alijos más pequeños –cinco kilos de cocaína, por ejemplo– las posibilidades de imaginar un escondite se multiplican, aunque los dobles fondos son un clásico muy recurrido. Estos son sólo algunos ejemplos curiosos de las innumerables opciones.

–El 21 de marzo de 1988, un colombiano y un alemán fueron detenidos en Alicante con medio kilo de cocaína. El alcaloide se hallaba oculto entre las dos capas de vinilo de los 15 discos intervenidos, la mayoría de música folclórica sudamericana. Cada uno escondía 30 gramos prensados. Era la primera vez que se detectaba este método, y la información transmitida a la Policía británica permitió, poco después, que se confiscaran en Londres otros 15 kilos camuflados en discos.

–El último día de marzo de 1988 se descubrió en Barcelona una práctica forma de transformar la droga para que no fuera descubierta. La cocaína es una sustancia soluble, y cristaliza convirtiéndose en una especie de plástico o metacrilato. Con el material así transformado, usando ácido clorhídrico, gasolina y acetona, los traficantes construían unas cajas en las que colocaban estatuillas de barro, que exportaban a España. En estos casos, los policías solían inspeccionar las figuras, pero no las urnas transparentes.

–En la Navidad de 1988, la Policía intervino en el aeropuerto de Barajas un portal de Belén elaborado por completo, desde San José hasta el burro, con tres kilos de cocaína prensada y procedente de Colombia.

En un caso similar, la Policía ha guardado en sus dependencias de Barajas durante años  un enorme jarrón enteramente fabricado con hachís.

–20 de marzo de 1991. Un argentino viaja de su país hasta Ibiza con una perra doberman. En la jaula del animal se escondían cinco kilos de cocaína.

–En 1992, The Independent publica que una mujer ha sido arrestada por traficar con droga utilizando para ello el cuerpo de un bebé muerto.

–Ese mismo año, en agosto, el grupo de estupefacientes de la comisaría de Ibiza detiene a un portugués al que se le intervinieron 344 gramos de cocaína camuflada y plastificada sobre las tapas de cartón de una libreta de tamaño grande. El plástico, además, había sido impregnado con café molido para despistar a los perros policía.

–El 3 de julio de 1993, un individuo era detenido en Vitoria en el momento que recogía una ensaimada enviada desde Ibiza con 40 pastillas de éxtasis como condimento.

–Cuatro meses antes, en Las Barranquillas, un matrimonio ocultaba tres kilos de heroína en una bombona de gas vacía en el patio de su chabola. Los repartidores la cambiaron por otra sin saber que se llevaban un alijo de droga.

–A alguien se le ocurrió fabricar una maleta casi entera de cocaína, pero la Policía de Barcelona la descubrió. Era marzo de 1994.

–En agosto de 1996 se detectó en Barcelona una original y trabajada forma de introducir cocaína en España; por carta certificada. Con un sistema de prensa hidráulica, una organización colombiana fabricaba folios de cocaína con un peso de unos 75 gramos cada uno. El original papel era introducido en sobres que se sellaban térmicamente. Primero viajaban a Venezuela y, desde allí, las cartas eran enviadas a los apartados de correos alquilados por los contactos de Barcelona.

La Policía descubrió la trama por la denuncia de un empresario que, debido al error de un funcionario de Correos, recibió por sorpresa una carta de cocaína.

–En julio de 1998, La Policía antinarcóticos colombiana localizó, en el puerto de Cartagena de Indias, un cargamento de 6.720 kilos de cocaína que se habían ocultado en 192 tubos recubiertos de plomo y envueltos en hilaza de nylon. No aparecían ante la pantalla de rayos X ni se apreciaban con láser.

–Una red desmantelada en noviembre de 1998 ocultaba cocaína en limones y limas fabricados de goma pintada de verde y exportados desde Venezuela por una sociedad instrumental de Madrid que se había creado para importar fruta sudamericana. O eso decían sus responsables. Parecerá increíble pero se han dado bastantes casos de traficantes que intentan colar fruta falsa. Incluso ya se atribuye al capo siciliano Lucky Luciano la invención de unas naranjas de cera inyectadas con heroína para trasladarlas desde Sicilia hasta Estados Unidos. Otro ejemplo fue el alijo de 50 kilos de cocaína confiscado en marzo de 2003 en Barajas; la droga estaba oculta en mangos falsos, trasladados desde Perú con destino a Barcelona.

–En noviembre de 1999, dos españolas fueron arrestadas en Lima con diez kilos de cocaína en estado líquido que habían sido vertidos en bolsas selladas y colocadas dentro de botellas de vino.

–Tras más de cuatro semanas de espera, los estupas de Ibiza lograron detener en la oficina de Correos, el 13 de diciembre de 1999, al responsable de un alijo de tres kilos de resina de hachís que llegó a la isla procedente de India y que fue descubierto en un control de los envíos procedentes de las denominadas rutas calientes de la droga. Lo más destacable de la intervención es la forma en la que la resina había sido camuflada; la placa de tres kilos se encontraba entre la madera de la mesa que sostenía un juego de ajedrez y el tablero de mármol del mismo. Había que desmontar la mesa para recuperar la droga.

El envío llamó la atención no sólo por el lugar del que procedía, sino también porque los datos del destinatario no estaban muy claros –eran falsos– y el precio de enviar el paquete era bastante superior a lo que podía valer el juego.

En mayo del año anterior, los agentes del mismo grupo hallaron un kilo y medio de hachís en el marco de un juego de billar artesanal hindú. En esa ocasión, el paquete llegó a través de una empresa de transportes y también procedía de la India.

–Agosto de 2000. Tres británicos fueron detenidos en la localidad ibicenca de Sant Antoni con 1.000 pastillas de éxtasis en una bolsa de patatas fritas chips con sabor a queso.

–Los botes de artículos como el champú o los refrescos pueden estar preparados para ocultar ciertas cantidades de droga. Un caso singular fue el del traficante italiano que ocultaba medio kilo de cocaína en una botella de champú. Durante un registro, un par de policías de Roma sospecharon del bote porque su propietario era completamente calvo. Muy observadores. Era el 19 de febrero de 2001.

En botes de champú llevaba también la cocaína una mujer arrestada en septiembre de 1996 en el aeropuerto de El Prat, Barcelona. Con una peculiaridad: en el interior del tapón se había adherido un preservativo lleno de verdadero champú para que saliera al presionar. El resto, sin embargo, era cocaína diluida en alcohol y colorante.

–La Operación Aceite es uno de los casos más interesantes, aunque la cantidad de cocaína intervenida era de poco más de tres kilos. La particularidad es que esos tres kilos, procedentes de Caracas, iban en varias garrafas, disueltos en esencia aromática de pino y mezclada con cafeína. La Guardia Civil sabía que tal alijo llegaba a Sevilla y los agentes, a pesar de no tenerlo muy claro, decidieron hacer la prueba con el narcotest. Positivo. Fue en agosto de 2001.

–El 7 de febrero de 2002, fue arrestado un curioso grupo de supuestos aficionados al vuelo con parapente que decía practicar tal deporte tanto en España como en Sudamérica. En realidad, usaban los aparatos para trasladar cocaína oculta en sus asientos. Un año antes, la Guardia Civil de Ceuta rescató cerca de Perejil un ultraligero que había caído al mar y que transportaba fardos de hachís amarrados en las alas.

–En junio de 2002, la Policía de Barcelona desarticuló la banda del plástico. Un grupo liderado por un español introdujo en el país un cargamento de cocaína pura impregnada en sacos de policloruro de polivinilo (PVC). Hasta el director general de la Policía, Juan Cotino, dijo que el sistema era de lo más sofisticado que se había visto jamás; precisaba de una costosa elaboración química en España para recuperar la cocaína.

Cuatro personas fueron detenidas y se desmanteló el laboratorio que tenían montado en un chalet, donde había unos 100 kilos de cocaína. Este caso es similar al del laboratorio desmantelado en febrero de 1999 en Barcelona, en el que se extraía la droga de prendas impregnadas previamente en Colombia.

–El 21 de abril de 2003, la Policía detuvo en la estación madrileña de la Avenida de América a una colombiana de 33 años que había escondido 2.245 gramos de cocaína en la mochila de su hijo pequeño, con el que pretendía viajar hasta Burgos.

–Uno de los casos que más han llamado la atención en los últimos años es el del alijo de cocaína que llegó en el interior de un enorme bloque de granito importado de Sudamérica. La organización había establecido un sistema de importación en mármol y granito a través de una empresa legal instalada en Amberes. Pero la Policía controlaba a los traficantes y se llevó a cabo una entrega vigilada en la que se logró interceptar, en Reus, Tarragona, un alijo de 294 kilos de clorhidrato de cocaína en un bloque de 15 toneladas. Fue a finales de mayo de 2003.

–Junio de 2003. Nerón, un rottwailer de la Policía se convirtió en protagonista del mes al abalanzarse sobre un palé en un polígono industrial de Coslada. Su olfato, a pesar de la prudencia de los traficantes, había descubierto 1.400 kilos de hachís en botes manipulados de aceitunas malagueñas. Estaban destinados a Reino Unido. El decomiso permitió a la Guardia Civil desmantelar el entramado de la organización en el sur de España.

–Julio de 2003. Unos supuestos empresarios vizcaínos importaban palés de limones con la particularidad de que en algunos palés –en los que tenían el sello colocado al revés– se habían practicado agujeros e introducido en ellos tubos de plástico, de los que se emplean en fontanería, cargados de cocaína. El método fue descubierto en el cargamento de limones y 38 kilos de droga que llegó al puerto de Santurtzi desde Guayaquil (Ecuador)  el día 28.

Los traficantes no han dudado en emplear las nuevas técnicas para ocultar heroína, cocaína, hachís o cualquier otra sustancia que en el mercado ilegal les proporcione elevados ingresos. Así, la prensa hidráulica ha reducido el espacio que ocupa un kilo de cocaína en un 75 por ciento, y un kilo de heroína pura en algo más de un 60 por ciento.

Algunas redes de traficantes cuentan incluso con la colaboración de químicos para hallar nuevas formas de burlar a los agentes. A veces, la sustancia llega formando parte de la composición de otro producto, por lo que se necesita a un experto para tratar la droga y posteriormente recuperarla.

Lo más usual es la impregnación de soluciones con droga disuelta en ropas o mantas, así que los agentes ya han aprendido a detectar este método; las prendas se encuentran anormalmente tiesas, pesadas y algo húmedas. Además, presentan un característico olor químico.

En diciembre de 2003, un médico español importaba cocaína en barro terapéutico. La Policía boliviana interceptó tres toneladas de este barro destinados a la Asociación Española de Medicina Natural y Terapéutica Física, en la que el principal acusado figuraba como director médico.

Y para trasladar pequeñas cantidades, en tiendas de Holanda, por ejemplo, era fácil encontrar botes de todo tipo –champú, latas de conserva o refrescos, incluso pilas y mecheros– con dobles compartimentos para esconder droga. Hemos visto algún ejemplo.

Por otra parte, hay que destacar que para evitar a la Policía, tan importante como la forma de esconder la droga es, en ocasiones, la estrategia basada en el uso de personajes tradicionalmente poco sospechosos, así que no es inusual que los traficantes vistan a sus camellos con hábitos religiosos o uniformes militares. Una conocida traficante colombiana llamada Rosalita hizo, en la segunda mitad de los 70 y primera de los 80, bastantes viajes vestida de monja y con la cocaína escondida en un ostentoso crucifijo que portaba consigo. Y ese es uno de los motivos por los que los traficantes también utilizan a las madres acompañadas de bebés que ocultan alijos entre sus ropas.

Por esa misma razón, los niños y sus juguetes son muy apropiados. En 1991, fue hallado en el puerto de Ibiza, en el interior de un jeep, un oso de peluche relleno de droga. Y en noviembre de 2001, el GIFA de la isla detenía a tres colombianos y un español que usaban casi exclusivamente el sistema de los inocentes osos de trapo para introducir droga en Baleares. Los agentes intervinieron a la banda algo más de un kilo de cocaína y 830 gramos de hachís, además de tres millones de pesetas.

El 10 de julio de 2002, El Norte de Castilla publica otro caso interesante. El conductor de una ambulancia usaba los traslados de enfermos o heridos desde Segovia a Madrid para, de regreso, introducir cocaína, éxtasis y hachís. Y en agosto de 2003 la Guardia Civil detuvo en Barajas a un boliviano que escondía un kilo de cocaína en su pierna ortopédica.

Y todo ello sin contar a los clásicos mulas o boleros que llevan la droga escondida entre su ropa, pegada a su cuerpo, o peligrosamente en el interior de él.

El 30 de junio de 2002, un vecino de Barcelona encontró detrás del castillo de Montjuic un cadáver mutilado; las piernas estaban en una maleta y el resto en una bolsa de basura. El cadáver era de un correo que había muerto de una sobredosis tras reventarle una de las bolas con la droga en su interior. Los miembros de la organización para los que trabajaba lo rajaron, lo abrieron y lo mutilaron con una sierra eléctrica. Luego se deshicieron del cadáver. Para los policías que se hicieron cargo del caso, era un tema nuevo, pero en Madrid, por ejemplo, ya se habían encontrado cadáveres de correos colombianos en circunstancias similares. Es lo que se denomina muerte blanca.

Los Ochoa de Medellín usaban con frecuencia a sus caballos, a los que hacían tragar la droga con comida y bien envuelta.

En octubre de 1995, en un plazo de horas, un colombiano y un alemán murieron tras reventarles su peligroso cargamento de cocaína envuelta en el fino látex de un preservativo.

En Ibiza, directamente desde el aeropuerto, un colombiano acudió al hospital tras notar los síntomas de la cocaína; llevaba 19 preservativos en el estómago con unos diez gramos cada uno y uno de ellos perdía droga. Ingresó en la UVI, aunque se salvó. La Policía custodió la puerta hasta que expulsó toda la droga, se recuperó y pudo ser puesto a disposición judicial. Era septiembre de 2003.

En mayo de 2009, en la localidad de Sant Antoni, en Ibiza, apareció, no lejos del retén de la Policía Local, el cadáver de un hombre con más de 700 gramos de cocaína en el estómago.

LAS DROGAS ANTE LOS TRIBUNALES

Los convenios supranacionales suscritos por España obligan a castigar penalmente el tráfico de todas las drogas que se incluyen en las listas internacionales. Esta es la regla básica del delito de tráfico de drogas. Pero en este tema, jurídicamente hablando, la principal característica española siempre ha sido, por un lado, la multiplicidad y los cambios en las leyes y normas y, por otro, y paradójicamente, las lagunas existentes en algunas cuestiones relativas a la materia. Por esto último, la jurisprudencia, como veremos a lo largo de las siguientes páginas, es especialmente importante.

En el Código Penal de 1995, que en quince años ha sufrido hasta siete reformas, la regulación del tráfico se encuadra en los delitos contra la salud pública, artículos 368 a 378. El 368 sanciona a quienes “ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines”. Destaca en la ley la diferenciación entre drogas que causan grave daño a la salud y aquellas que no, lo que antes se conocían como drogas duras y drogas blandas y cuya distinción fue introducida en la reforma del Código de 1983. Las primeras conllevaban penas que oscilaban entre los 3 y los 9 años de cárcel hasta la reforma de 2010 (LO 5/2010), que redujo el tope máximo a 6 años e introdujo así una diferencia esencial por la relación de este límite con la formación de los subtipos agravados del delito. Es decir, la notoria importancia de la cantidad intervenida, por ejemplo, ha pasado a aplicarse en un margen de 6 a 9 años de cárcel (en lugar de ser de 9 a 13). Con esta medida se ha tenido en cuenta la actividad de los muleros y simples correos, que se enfrentaban a penas similares a los homicidas cuando, a veces, el traslado del alijo ha sido un hecho aislado e incluso determinado por la necesidad.  Por otro lado, la pertenencia a una organización pasa a ser una figura agravada con penalidad específica y se castiga, desde esta reforma, con pena de entre 9 y 12 años (antes llegaba a 13), y, aún más significativo, la reforma reduce el tramo, desde el límite mínimo, de la condena posible para el jefe de la red narcotraficante, que pasa a ser de entre 12 y 18 años de cárcel, en lugar de 9 a 18 años y medio.

Mientras, para las drogas menos graves, básicamente la marihuana y todas sus modalidades, las penas previstas se hallan entre 1 y 3 años de privación de libertad.

Hay que destacar en este punto que el Código no define qué sustancias deben considerarse drogas, para lo que hay que dirigirse a los convenios internacionales, las famosas listas de drogas, concretamente la Convención Única de Nueva York sobre estupefacientes de 1961, ratificada por España en 1966, y el Convenio de Viena sobre sustancias psicotrópicas de 1971, ratificado en el 73 pero que no entró en vigor hasta el 77.

El legislador tampoco ha determinado qué sustancias son “gravemente dañinas”. La jurisprudencia ha solventado igualmente esta segunda laguna; el Tribunal Supremo ha sido prácticamente unánime al calificar la cocaína, la heroína y el LSD como sustancias gravemente nocivas y al delimitar que en la categoría de drogas menos dañinas figuran casi exclusivamente hachís y variedades de la misma planta: marihuana, grifa y aceite de hachís.

Pero no ha sido tan fácil clasificar determinados preparados farmacéuticos que son desviados al tráfico ilícito, como la metadona o el flunitrazepan (Rohypnol), o sustancias como el éxtasis y sus análogos, lo que se verá en un capítulo aparte.

A la condena de prisión se suma una multa que depende del valor de la droga y el artículo 369 tipifica los supuestos agravados en los que las penas que se impongan serán superiores en un grado a las ya citadas. Estos supuestos revelan conductas que causan cierta alarma social; parece lógico considerar más grave la conducta de quienes faciliten la droga a menores o disminuidos o la distribuyan en escuelas, cárceles o cuarteles, por ejemplo. Igualmente se considera en el subtipo agravado la venta en un local público y por parte de sus responsables, el facilitar la droga a alguien que está en tratamiento de desintoxicación, la adulteración con sustancias más nocivas que la propia droga, la pertenencia a una red organizada y aprovecharse de un puesto como educador, funcionario público, médico o trabajador social. Finalmente, se incluye el hecho de que el culpable participe en otras actividades delictivas que se vean facilitadas por el delito juzgado, que se utilice a menores de 16 años para vender y que la cantidad de droga incautada exceda de determinadas cantidades.

La Convención Única incluye en su Lista I el opio, la heroína, la morfina, metadona, cocaína y cannabis. El Convenio de 1971 incluye en el primero de sus dos anexos alucinógenos como el LSD, DMT, STP o DOM, anfetaminas y barbitúricos. El segundo anexo se refiere a sustancias similares a los psicotrópicos, como las benzodiazepinas. Estas listas son periódicamente actualizadas, como se ha mostrado páginas atrás con el caso del GHB y la ketamina.

El otro gran texto supranacional que hay que tener en consideración es el Convenio de la ONU contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas aprobado en Viena el 19 de diciembre de 1988, firmado por 153 países. Trata a la vez sobre la producción y venta de drogas, sobre la confiscación de los bienes de los narcotraficantes y sobre su extradición. El objetivo va más allá de los dos primeros convenios ya aludidos, y es “privar del fruto de sus actividades a los que se dedican al tráfico de estupefacientes”;  en el texto se incrimina el blanqueo. Tras él hay que destacar el convenio de la ONU de 1990, que pretende armonizar las legislaciones y facilitar la cooperación en el trasvase de información de los ingresos procedentes del delito.

El consumo de drogas y la tenencia para ese consumo nunca han sido considerados delito en España, a excepción de su uso para navegar, pilotar o en la carrera militar, pero en 1992 la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la Ley Corcuera, tipificó como infracción grave el consumo de drogas en lugares públicos y la tolerancia del consumo en establecimientos, con multa entre las 50.000 y los cinco millones de pesetas. También se pueden clausurar los locales que permitan a sus clientes consumir drogas.

Y el consumo, aunque no esté penado, sí puede tener consecuencias penales: el Código Penal del 95 regula como circunstancia eximente general de la responsabilidad penal (artículo 20.2) la intoxicación plena por consumo de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y como mera atenuante el hallarse bajo el síndrome de abstinencia en el momento de cometer el delito (artículo 21.2). Puede acordarse, sin embargo, la medida de internamiento en un centro de desintoxicación.

LA PRUEBA

El hecho de que la tenencia para el consumo propio no sea delito y sí lo sea la tenencia destinada al tráfico –es un delito de los que se llaman de peligro abstracto– es el origen de la mayoría de las controversias que se producen en los procesos penales por el decomiso de más o menos pequeñas cantidades de droga. Es habitual –y lógico– que la estrategia de defensa se base en ese autoconsumo, sobre el que disertan miles de sentencias. Si a un individuo le intervienen cinco gramos de cocaína, alega que es consumidor, dice que eran para él y sale absuelto. No es tan sencillo; en primer lugar, deberá acreditar que es consumidor, y eso no siempre es fácil, y ofrecer una cifra de ese consumo diario para compararlo con la cantidad decomisada. La jurisprudencia resulta oscilante a la hora de delimitar la cantidad de droga y los días de consumo que pueden marcar el límite con el tráfico. Como siempre, hay que analizar el supuesto concreto. Siempre hay circunstancias aleatorias, como el caso de dos chicos de un pueblo que aprovechan una visita a la ciudad para hacer acopio de la droga de la que son consumidores y a los que detienen de regreso a casa. Es normal que la cantidad que lleven sea relativamente mayor a la que podría destinarse a un consumo de pocos días; no van a viajar cada dos por tres a buscar más. Y si, además, ningún otro indicio les relaciona con la actividad delictiva, tal vez se salven.

En todo caso, el Supremo establece como límite el acopio de droga para un periodo que suele ser de cinco días, aunque algunas sentencias llegan hasta diez. Para la cocaína, la barrera suele llegar a cantidades no superiores a los diez gramos, de seis a ocho para la heroína, 50 gramos el hachís... No hay una regla fija.

No puede haberla.

Hay que valorar una serie de indicios que suelen repetirse intervención tras intervención y que revelan que la droga, sea en la cantidad que sea, está destinada al tráfico.

–La distribución en papelinas, en dosis ya preparadas, suele indicar que van a venderse, aunque también puede acabarlas de comprar...

–El hecho de que el acusado no sea consumidor.

–La tenencia de instrumentos para adulterar la droga es signo evidente de que el individuo se dedica a traficar. Dinamómetros, balanzas de precisión, cuchillos recalentados para cortar el hachís, pajitas de plástico para cocaína, recortes para papelinas, botes de lactosa u otros adulterantes habituales son clásicos en los registros.

–Los policías también encuentran a menudo libretas o agendas con anotaciones que se refieren a compraventas de droga. Por supuesto, no suelen encontrarse indicaciones del tipo “un kilo de cocaína al Cholo, con descuento, x euros”, pero hay que saber leer entre líneas; un traficante de Ibiza intentó hacer creer a la Policía y al tribunal que las anotaciones de cantidades en su libreta eran de las compras de la leche en polvo para el biberón de su hijo, que a juzgar por las cifras debía ser un bebé supervitaminado. 

–Otro indicio del destino de la droga hallada es la incautación de cantidades notables de dinero en efectivo sin procedencia lícita que pueda justificarse.

–También puede ser indicativa la pureza de la droga, ya que si es muy elevada puede sospecharse, con lógica, que aún debe cortarse para su distribución, y los consumidores no la adquieren pura para ellos mismos rebajarla.

–Finalmente hay otra serie de circunstancias delatoras que tienen que ver con la investigación policial: que la vigilancia determinara que en la casa del individuo entraban y salían personas, tal vez conocidos toxicómanos, continuamente; grabaciones telefónicas o la actitud del tipo ante la presencia policial.

Este último aspecto de la actitud de la persona ante los agentes es muy discutible, y, de hecho, se ha discutido bastantes veces. La jurisprudencia del Supremo ha admitido que es lógico y normal que cualquiera que lleva algo de droga intente esconderla, tanto si es para venderla como si para él, porque, en cualquier caso, se la van a quitar.

En cuanto a la anfetamina y derivados, la Fiscalía General del Estado emitió la circular 1/1984 para intentar aclarar cuál podía ser la barrera entre el consumo propio y el tráfico. Hay que destacar que, en teoría, las circulares fiscales no son fuente de derecho, pero al ser obligatorias para todos los miembros del Ministerio Fiscal marcan las directrices de la acusación pública en todos los procesos del país. Y eso, en la práctica, es tan importante como cualquier fuente de derecho.

En la circular del 84, la Fiscalía considera como dosis normal de un consumidor la comprendida entre 10 y 20 miligramos por vía oral y 5 por vía parenteral. Un consumidor moderado, según el texto, puede consumir al día unos 150 miligramos por vía oral, como mucho puede tomarse 600 si es un gran consumidor, reduciéndose a la mitad si la droga se administra en vena.

Poniendo todo esto en relación con el plazo de cinco días en el que se fija el máximo de acopio para el consumo propio, el resultado permite considerar que la barrera entre el consumo propio y el tráfico se encuentra en cantidades de anfetamina que no superan los 2 ó 3 gramos. Sin embargo, son barómetros muy relativos; se ha considerado para el autoconsumo  incluso una cantidad de 47 pastillas y seis trozos de anfetaminas con un peso de 50,5 gramos de principio activo, por ejemplo (sentencia del Supremo de 19 de octubre de 1996).

En la práctica y por pastillas –que es más fácil de entender– el repaso de múltiples sentencias permite apuntar que la cantidad por la que uno se puede librar de la condena por tráfico es de un máximo de 20 pastillas (4 diarias en plazo de cinco días). Al menos si no existen otros indicios probatorios como aquellos a los que ya hemos hecho referencia.

En la citada circular de la Fiscalía, hay que tenerlo en cuenta, se calcula la cantidad de derivados anfetamínicos que puede considerarse para el autoconsumo, cuando aún no se había intervenido una sola cápsula de MDA o MDMA y ni siquiera figuraba en la ya famosa Lista I. Según la Fiscalía, la dosis oscila entre los 50 y los 100 miligramos para un consumo diario moderado. El alto consumo podría alcanzar 300 miligramos diarios, la mitad que en el caso de las anfetaminas de las que deriva.

La donación gratuita de droga, por otra parte, constituye, en general, una forma tipificada del delito de tráfico, ya que lo que se pena no es el lucro sino la promoción del consumo. Sin embargo, se ha abierto camino una línea jurisprudencial que considera que no son sancionables penalmente casos especiales de entrega de droga a una persona que ya es adicta y para evitar, por ejemplo, el síndrome de abstinencia.

Es el curioso caso, por ejemplo, de un exrecluso que envió a su esposa, a la cárcel de Villanubla (Valladolid), dos cartas con 0,03 gramos de heroína y 0,10 de cocaína. La droga iba oculta bajo los sellos y aun así los funcionarios –que se las saben todas– la localizaron. La Audiencia condenó al hombre, pero el Supremo, en una sentencia de finales del año 2000, lo absolvió por considerar que el suministro de droga a una persona allegada y ya adicta no vulnera el bien jurídico que se pretende proteger y no promociona el consumo. Tampoco es delictivo el consumo compartido, es decir, los actos de compra colectiva de alguna sustancia destinada al consumo de un reducido grupo.

Paradojas de la ley

A pesar de la teoría y de los intentos de crear una doctrina unificada, siempre hay sentencias que resultan cuanto menos curiosas si se las compara con otras. La ley tiene paradojas crueles.

Hemos elegido dos sentencias redactadas en octubre de 1998, con pocos días de diferencia y por el mismo tribunal, y que muestran bien a qué nos referimos.

En las dos sentencias hay dos condenados por tráfico de drogas; uno a seis años de prisión y otro a cuatro años y medio. Un año y medio puede ser una gran diferencia. Se llaman Francisco y Julián. Y son sus nombres verdaderos.

Los dos tenían hachís y cocaína cuando fueron detenidos por la Guardia Civil y por el Cuerpo Nacional de Policía en Ibiza, pero mientras que a Francisco le fueron intervenidos algo menos de seis gramos y medio de cocaína y casi siete gramos de hachís, en la finca alquilada por el segundo condenado, Julián, los  de estupefacientes encontraron, en marzo del 98, más de 250 gramos de cocaína y cinco kilos de hachís. La operación, además, fue la primera que llevaban a cabo los de drogas como Udyco, ya que este grupo se había constituido en la isla sólo dos semanas antes.

La diferencia de las cantidades es evidente, pero el primer reo tiene antecedentes penales, y eso marca mucho. La Audiencia Provincial de Palma le aplicó la circunstancia agravante de reincidencia y le impuso casi un año por cada gramo de cocaína.

Al segundo traficante, sin embargo, no le constan antecedentes –aunque en esos momentos tenía pendiente otro juicio por tráfico de drogas– por lo que, a pesar de la mayor cantidad intervenida, los jueces le impusieron una condena un año inferior a la de Francisco.

Aplicando con rigor el Código Penal, la condena de Francisco no podía ser inferior a los seis años que le tocan, ya que es el mínimo establecido en la mitad superior de las penas para el tráfico de drogas –de seis a nueve años– y este margen es el único permitido si se aplica una circunstancia agravante. En la propia sentencia se señala esta obligatoriedad impuesta por el Código y se añade que “habrá que acudir a las medidas de gracia para obtener una reducción al margen de las reglas de individualización de la pena”.

En el caso de Julián, sin embargo, no se aplica ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad penal. Y esta diferencia entre uno y otro caso se acrecienta además porque en la sentencia de Julián se destaca la “notoria importancia” de la cantidad de droga intervenida y se considera probado que la finca por él alquilada, donde se encontró la droga, “no se trata de un simple depósito, sino de un pequeño laboratorio destinado a la manipulación del alcaloide, como lo demuestra la existencia de un molinillo y un colador con restos de cocaína”. Además, la droga era distribuida en un bar. El fiscal había solicitado para este procesado una condena de once años de cárcel basándose, precisamente, en la importancia de estos detalles.

En cambio, para Francisco la acusación pública solicitó la misma pena de seis años que finalmente impuso el tribunal. El propio abogado defensor, Manuel Pereira, que fue capitán de la Guardia Civil pitiusa, ya pidió durante el juicio que se tuviera en cuenta el carácter del tráfico de drogas llevado a cabo por su defendido: “un tráfico miserable y pobretón, que los que se dedican a él son más merecedores de tratamiento que de represión”. El tráfico de drogas llevado a cabo por Julián, en el punto de mira de la Policía durante mucho tiempo, no puede ser calificado de la misma forma.

Ninguna de las dos sentencias es jurídicamente incorrecta, pero cualquiera, desde luego, puede hacerse la pregunta: ¿Es justo?

Es sólo un ejemplo.

El mismo Julián, Julián Barragán, y otros tres implicados se sientan en el banquillo el 28 de marzo de 2000 por un alijo de octubre de 1995, anterior al que ya hemos citado; 300 gramos de cocaína, cinco kilos de hachís y 26 éxtasis. Y menos de un mes antes de que se celebre este juicio Julián y su compañera han sido arrestados otra vez, por un alijo de 250 gramos de cocaína y 37 éxtasis. Algunos no aprenden.

Lo que aquí interesa es el juicio del 28. El fiscal había pedido inicialmente doce años de cárcel para el principal acusado, teniendo en cuenta que la droga se vendía en el bar que regentaba, Es Pati, que la cantidad es notoria y que son sustancias de las que causan grave daño a la salud, y, por otro lado, la adicción a la droga del procesado.

Pues bien, en el mismo acto del juicio oral, el fiscal cambia su escrito de acusación y rebaja hasta el límite las penas de prisión solicitadas, teniendo en cuenta la más reciente jurisprudencia del Supremo, que considera como circunstancia atenuante las dilaciones indebidas en el proceso que se deban exclusivamente al funcionamiento de la Justicia. En definitiva, Julián se queda con los cuatro años de cárcel que le ofrece la acusación ante el hecho de que el juzgado de instrucción número 5 tardó cinco años en acabar la instrucción del caso.

El seguimiento de las pistas de Julián Barragán en el 98 permitió la detención de los Granadinos –padre e hijo– cuando desembarcaban en el puerto de Ibiza con cuatro kilos de cocaína –4.390 gramos según la balanza de la comisaría– en el coche, el 17 de abril de 1998. Era el alijo más grande de clorhidrato de cocaína intervenido hasta ese momento en la isla.

El padre, Francisco López Álvarez, figuraba entre las personas que mantenían negocios de tráfico de drogas con Julián Barragán, según explican los agentes de la Udyco; los policías encontraron una agenda en la que había anotaciones contables de diversas drogas y nombres –algunos en clave o con apodos– de suministradores de cocaína y hachís. 

Los Granadinos lo negaron todo ante el tribunal el 12 de febrero de 1999. El fiscal preguntó a Francisco hijo:

–¿Cómo se explica que aparecieran los paquetes en su coche?

–La Policía se llevó el coche desde el barco hasta la comisaría y tardó media hora en llegar... –es decir, insinúa que la droga se la metieron los agentes en el coche porque tenían ganas de detener a alguien que, además, no conocían de nada, y como si tuvieran siempre a mano unos cuantos kilos de cocaína para meterlos en el maletero de cualquiera. Si fuera por las poco originales excusas que plantean los procesados ante un tribunal podría decirse que, efectivamente, es habitual que la Policía, cuando se aburre y necesita cuadrar estadísticas, va por ahí inventándose delitos. La Audiencia condena a diez años de cárcel y 150 millones de multa al padre y a ocho y 100 millones al hijo. El Supremo confirma las penas.

Las intervenciones telefónicas

A lo largo de todas estas páginas se ha podido comprobar que los pinchazos telefónicos son pruebas aportadas en muchos casos instruidos por delitos de tráfico de drogas. Son esenciales para la investigación del narcotráfico. Y son, a menudo, objeto de controversia, como se vio en la Operación Nécora, en la que la polémica se basa en la interpretación de las palabras de los interlocutores y en la selección de los párrafos interesantes, y en la condena de Sito Miñanco de 1993, cuyas consecuencias se ampliarán en este apartado.

En primer lugar, la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge la posibilidad de intervenir teléfonos en su artículo 579, con la condición de que el juez lo acuerde “en resolución motivada”, y siempre que existan “indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa”.

Las grabaciones telefónicas como prueba entran en directo enfrentamiento con el secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad, lo que, evidentemente, es usado no pocas veces por la defensa para intentar echar abajo la prueba obtenida. Es como echar abajo un pilar maestro; si cae la prueba de las grabaciones el resto –fruta del árbol podrido, que diría un jurista– suele caer en efecto dominó.

En el caso del traficante Sito Miñanco, éste fue condenado a 20 años de prisión en 1993 gracias a unas cuantas pruebas entre las que se cuentan las grabaciones de las conversaciones de sus teléfonos, intervenidos por Garzón desde el 28 de septiembre de 1990 al 24 de octubre y luego en diciembre y en enero de 1991. El Supremo y el Constitucional avalaron la sentencia y las pruebas en octubre de 1994 y en diciembre de 1999, y Prado Bugallo recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que optó por dar un toque de atención a España, cuestionando la legislación que los jueces penales españoles aplican en las intervenciones por considerarla poco garantista con un derecho fundamental como es el derecho al secreto de las comunicaciones.

Pero es que el TEDH se declara aquí, como suele decirse, más papista que el Papa. El traficante tuvo intervenidas las comunicaciones un periodo de tiempo que el tribunal considera demasiado largo y pone en duda las condiciones de la consignación en acta de las conversaciones interceptadas y las precauciones que, en general, se adoptan en España para que las grabaciones sean sometidas “intactas y completas” al control judicial y de la defensa. Es lo mismo que ocurrió en el caso Nécora. La ley española no prevé nada a este respecto, pero eso no quiere decir que los funcionarios encargados transcriban las cintas como les dé la gana y hagan con los pedazos un remix que favorezca a la acusación. Lo que se hace, simplemente, es consignar sólo las conversaciones que tienen interés para la causa ¿Interesa que el juez, fiscal y vete a saber cuántos funcionarios judiciales escuchen a la esposa de un narcotraficante recordando al marido que suba el pan cuando llegue a casa, si ya lo han hecho los policías y han descartado su importancia para la investigación? ¿Preserva eso mejor la privacidad de la persona, que es, en definitiva, el derecho en cuestión?

En todo caso, la defensa podrá ver el resto de las conversaciones si cree que se la han jugado. Y puede pedir que se escuchen durante la vista oral, que es pública, y así los periodistas y el resto de los asistentes podrán enterarse también de algunos trapos sucios que no tienen que ver con la causa... Durante un juicio por tráfico de drogas en Ibiza, la defensa insistió en que se pasaran en la sala las grabaciones originales y, de esta forma, los presentes pudieron escuchar, entre otras cosas, la nítida voz de una conocida diputada y abogada haciendo un pedido al traficante que se juzgaba. Muy aleccionador.

Volviendo al caso concreto de Sito Miñanco, el traficante interpuso ante el tribunal europeo, el 9 de mayo de 2000, una demanda individual que entró con el número 58496/00 y en la que se alegaba, en resumen, que se había violado el derecho al respeto a la vida privada que consagra el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y los jueces europeos le dieron parte de razón en febrero de 2003, proponiendo a España la reforma legal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y pidiendo una indemnización de 7.000 euros para el traficante de Cambados.

Las lagunas en la ley que ve el tribunal de Estrasburgo, demasiado acostumbrado a ver violaciones de derechos humanos, aluden principalmente a la falta de control judicial de los pinchazos a la que ya se ha hecho referencia dos párrafos más arriba y a la selección de las conversaciones más interesantes por parte de la Policía. En realidad, la apreciación de tales lagunas no deja de ser una ofensa para la Policía, a la que se le presupone mala fe manipuladora a la hora de valorar las pruebas. El tribunal insinúa que la Policía puede manipular la prueba para que las frases, fuera de su contexto, digan lo que les apetece oír... Puede pasar, claro que sí, pero poniéndose a malas el juez instructor también podría hacer lo mismo. Para el tribunal europeo la Policía española aún debe vivir a la sombra de Franco.

Baltasar Garzón, hablando sobre la controversia de las grabaciones, lo expresa muy bien en una frase que recoge Pilar Urbano en su biografía del juez: “No sé por qué regla de tres tengo que fiarme de los policías cuando me traen datos de matrículas de coches, trayectos, entradas y salidas de un sospechoso a quien yo no he visto; y no puedo fiarme de esos mismos policías cuando me traen una conversación telefónica grabada con mi autorización y seleccionada entre miles de horas de chácharas sin interés”. Pues eso.

Lo cierto es que el Tribunal Constitucional español también considera insuficientes y subsanables las deficiencias del artículo 579, y en octubre de 2003 ya se plantea pedir al legislador una reforma de los preceptos que regulan las escuchas, que ya ha costado a España dos rapapolvos de Estrasburgo.

En resumen, el TEDH pone en cuestión la legislación española por no concretar la naturaleza de las infracciones que pueden investigarse por escuchas telefónicas, por no fijar un límite temporal a las intervenciones y por la falta de precauciones para que las grabaciones policiales se sometan intactas y completas al control del juez y de la defensa.

En la sentencia del Supremo en la que se analiza el tema de las intervenciones telefónicas de José Ramón Prado Bugallo se explican, punto por punto, los problemas del caso.

El traficante intenta echar abajo la prueba alegando, en primer lugar, que el perito nombrado por el juez instructor realizó sus comprobaciones de las cintas en las dependencias policiales y no en el juzgado. El Supremo aclara que fue una simple cuestión práctica, sin más: “Si sus comprobaciones se efectuaron en los locales policiales se debió a hallarse allí los aparatos de audición o grabación. Ello no excluye el control jurisdiccional más escrupuloso y la entrega de las cintas en su momento, así como la contrastación del material por el señor secretario”.

Se suceden lo que el Supremo califica de “reproches a la actuación sumarial” de menor trascendencia, como el referido a que el secretario no hace mención en las diligencias a que existen conversaciones en francés, catalán, gallego y griego, aunque las transcripciones están en castellano...

También hay alusiones a datos erróneos que no son más que eso; errores materiales en los escritos o en la ordenación de los folios y que la defensa habrá añadido en el recurso para hacer bulto, porque resulta imposible ver mala fe o vulneraciones de derechos en esos simples errores; por dos veces, el tribunal debe aclarar que el hecho de que “estén mal colocados los folios no significa la falta de veracidad de las diligencias secretariales”.

“Se aduce la nulidad de la diligencia porque cinco teléfonos se autorizan por plazo superior, con lamentable olvido que el artículo 579.3 señala un plazo de hasta tres meses. Se dice que no están las cintas grabadas, en contra de lo expresado por la fe judicial que ha procedido a su audición y cotejo con las transcripciones y lo afirmado por la propia sentencia, y se introduce un requisito nuevo que ninguna de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Constitucional y de esta Sala exigen, y es que el secretario deba firmar todas y cada una de las transcripciones”.

Dejando todos esos detalles a un lado, pasemos a los puntos más relevantes, donde el objeto de debate sí es realmente importante y no sólo ganas de hacer perder el tiempo al tribunal.

En el recurso de la defensa se asegura que las resoluciones que permitieron las intervenciones telefónicas no están suficientemente motivadas. Sin embargo, el Supremo señala que se producen en una investigación ya en marcha –y no antes– y que en ellas se especifica el plazo de los pinchazos y se razonan “aunque sea de forma breve, los motivos de dicha restricción”. Ya anteriormente, en la sentencia del Alto Tribunal se deja clara la postura que solventa cualquier duda previa sobre la adecuación de una medida que vulnera un derecho fundamental: “La proporcionalidad de la medida en este caso aparece justificada por afectar a un delito de gran trascendencia social, como es el tráfico de drogas, pero en la alta escala del tráfico al por mayor y con organización para su más fácil comisión”.

La defensa alega que no consta qué cintas o bobinas se han escuchado, pero la Sala le contesta que si hubiera examinado detalladamente la “voluminosa instrucción” hubiera obtenido la respuesta, y cita los folios en los que figuran las ocasiones en las que por cuestiones técnicas no se ha producido la intervención, cuando carece de interés y por ello no se ha transcrito y cuando no ha existido conversación que transcribir. “Salvo estos tres supuestos, todas las conversaciones intervenidas se han transcrito”.

En lo referente a la nulidad de la prueba que se pide en el recurso de casación por no haberse escuchado las cintas en el plenario, que conforma otro apartado de la sentencia, se señala que la representación de Prado Bugallo pidió que se reprodujeran las bobinas originales grabadas por la Policía, no la reproducción en casetes de cuya transcripción dio fe el secretario, y otro de los acusados solicitó expresamente que fueran las grabaciones de la totalidad de las conversaciones, con independencia de lo transcrito.

La sala juzgadora negó la audición de todas las cintas originales. El juzgado instructor había enviado 40 bobinas y 19 casetes con las etiquetas con las fechas, personas que intervenían y números de teléfono afectados. No se consideró necesario escucharlas todas y menos aquellas referentes a personas que no estaban procesadas en la causa. “Por un principio de economía procedimental y racionalidad operativa”.

El Supremo, por su parte, dice que las partes interesadas tampoco hicieron todo lo que debían  para conseguir lo que querían; no reiteraron en su momento la petición de la prueba.

La cuestión de las intervenciones telefónicas es, cuanto menos, un tema polémico. Entre los casos de tráfico de drogas que han quedado impunes porque un tribunal juzgador ha considerado que se ha vulnerado el secreto de las comunicaciones figura el de uno de los alijos de LSD más grandes de los últimos años, al que hemos hecho referencia en el apartado sobre esta droga. En marzo de 2003, la Audiencia Provincial de Barcelona invalida las pruebas obtenidas de las intervenciones telefónicas y absuelve a los traficantes, a pesar de que algunos se habían autoinculpado por la tenencia de 25.000 sellos de LSD y cuatro kilos de cocaína.

La Audiencia mantuvo que la juez instructora no cotejo ni prestó suficiente atención a las cintas grabadas por la Policía durante un año de investigación. En resumen, no hubo un control judicial efectivo.

No son pocos los casos que llegan al Supremo con el argumento de la vulneración del secreto de las comunicaciones.

Y casos peculiares son aquellos en los que el recurso de casación es motivado por el hecho de haberse empleado como prueba un listado de números telefónicos marcados desde un determinado teléfono y con la especificación de los titulares, sin que ningún teléfono esté intervenido. La doctrina del Supremo es clara: la simple petición de listados de llamadas no afecta al contenido propio del derecho fundamental reconocido en la Constitución. “No hay equiparación posible entre una conversación intervenida y la mera indicación del teléfono y titular al que se efectuó la llamada”, asegura, por ejemplo, la sentencia 2384/2001, de 7 de diciembre, con Joaquín Giménez García como ponente.

En otra sentencia del Supremo, de octubre de 2003, se señala que la obtención del listado de llamadas, que sirvió como prueba contra un traficante de cocaína, “no supone ninguna intromisión en el derecho a la intimidad, ya que ha sido obtenido en legal forma y sólo sirve para acreditar los usuarios de los teléfonos intercomunicados, sin entrar en el contenido de las conversaciones”.

Existe incluso un artificio técnico llamado comptage que permite a la Policía registrar cuáles han sido los números marcados pero no el contenido de la conversación.

Fuentes del Ministerio de Interior calculan que cada año se pinchan en España 50.000 teléfonos, casi todos en investigaciones de droga y la mayoría son teléfonos móviles. Y, preferentemente, tarjetas prepago, que hasta el año 2007 eran anónimas y, por tanto, las favoritas de los delincuentes.

En realidad, en 2007 se aprobó un proyecto de ley para acabar con el anonimato de las tarjetas, pero no ha obtenido los resultados esperados.

"Se ha creado un submundo de tráfico de tarjetas prepago de teléfonos; es decir, el delincuente compra las tarjetas a otros que se dedican especialmente a eso y que muchas veces son senegaleses o del África subsahariana, a los que no podrás encontrar y que tampoco te va a servir de nada hacerlo". Lo explica un agente de la Guardia Civil, que concreta que es habitual que en las investigaciones por tráfico de drogas en las que los sospechosos son españoles o colombianos acaben apareciendo nombres senegaleses o nigerianos cuando se solicita a la empresa de telefonía que identifique a los usuarios de esas tarjetas.

          Además de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía también ha detectado este fenómeno en las investigaciones por narcotráfico, y sus agentes también hacen referencia a nombres nigerianos, incluso pakistaníes y camboyanos, detrás de las tarjetas que usan los traficantes y cuyas conversaciones son intervenidas. "Encontrarte con un nombre senegalés detrás del teléfono que usa un traficante español me sirve como un indicio más, para señalarle al juez lo sospechoso que es que una persona use un teléfono que ha comprado un africano, pero para nada más", explica un agente de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía.

          Un agente del Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO) asegura que ocurre en todos los lugares del país. De hecho, la Policía ha llegado a informar al Ministerio de Interior de la ineficacia de la ley y del hecho de que las compañías de telefonía venden grandes cantidades de tarjetas prepago a los locutorios sin llevar ningún control y que, desde los locutorios, se venden sin adoptar las medidas que exige la ley o sin comprobar identidades ni anotar los datos necesarios de los compradores de tarjetas (nombre, apellido y dirección deben quedar anotados en un libro-registro). La Policía incluso ha intentado acusar a varios locutorios, "al menos por cooperación necesaria para que los traficantes puedan llevar a cabo sus delitos", sin conseguir que la Fiscalía secundara la iniciativa para acabar con esta impunidad. Estos locutorios, aseguran los agentes, incluso venden las SIM telefónicas con los datos falsos incluidos en el precio.

     "Igual que con la ley de blanqueo de capitales, los bancos tienen que informar de movimientos grandes de dinero, las empresas de teléfonos deberían informar de ventas de 500 tarjetas a una misma persona, porque es sospechoso", señala el agente de la Guardia Civil.

        En 2007, al menos teóricamente y con varios plazos para adaptarse que se prolongaron dos años, las tarjetas prepago dejaron de ser anónimas para evitar que los delincuentes las emplearan para sus fines y facilitar las investigaciones policiales. Hay que recordar que, además de ser las preferidas de los traficantes de droga, con tarjetas prepago anónimas se activaron las bombas de los atentados del 11-M, en 2004. La ley obligó a las empresas de telefonía a guardar registros de los compradores de estas tarjetas por si los agentes pudieran necesitarlas, pero "esto no sirve de nada si con identificarse con cualquier documento que incluso puede ser falso cualquiera puede comprar por ejemplo 500 tarjetas para después revenderlas".  Esas compras excesivas, y sospechosas, no son comunicadas a las autoridades. Y, además, añade este agente, "las compañías pueden tardar cinco meses en facilitar los datos que se les piden, por lo que es posible que luego no sirvan para nada".

       La ley, que en 2009 originó una intensa campaña del Ministerio de Interior, en aquellos momentos dirigido por Rubalcaba, para recordar a los usarios de todas las tarjetas prepago adquiridas antes de noviembre de 2007 que debían darse a conocer, llegó con cierta polémica, ya que algunos sectores consideraban que identificar a estos usuarios no garantizaba la protección de datos y era una intromisión del Estado en las libertades individuales. Sin embargo, desde el Ministerio se consideró que era necesario dar facilidades a los agentes que luchan contra las redes del crimen organizado y ponérselo más difícil a los delincuentes. De hecho, debido a la polémica y a las reticencias de las compañías telefónicas, la ley tardó casi dos años en ser realidad desde que se anunció. Y tuvo que ampliarse tres veces el plazo dado a las compañías para que se adaptaran, de modo que en octubre de 2007 se aprobaba el proyecto de ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones y en agosto de 2009 aún se daba un nuevo plazo de tres meses a las telefónicas para que identificaran a sus clientes. Sin embargo ahora, aseguran los agentes, no se les está reclamando que "colaboren para evitar las trampas". Hay que tener en cuenta que la intervención de los teléfonos de los sospechosos es una de las herramientas más empleadas por los agentes destinados a la investigación del crimen organizado, por lo que llegar a identificar a los usuarios de los números de teléfono es sumamente importante para poder aportar pruebas ante la Justicia.

Hay otros temas interesantes de debate sobre la obtención de pruebas en casos de tráfico de drogas. Uno de ellos es la problemática de la entrada y registro. La inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional y sólo hay tres excepciones para los agentes: consentimiento del titular, resolución judicial y el supuesto de flagrante delito. En este último reside la cuestión que aquí queremos destacar: la jurisprudencia ha establecido que en los delitos de tráfico de drogas no se da el carácter de urgencia que permitiría a los policías entrar a saco y sin orden judicial. En definitiva, que no hay peligro inmediato para nadie.

Asociaciones antidroga y otros colectivos similares critican esta consideración restrictiva de la flagrancia del delito porque entienden que limita la actuación policial en situaciones graves como el almacenamiento de drogas; mientras se realizan gestiones para conseguir una orden judicial de entrada y registro se corre el riesgo de que las pruebas desaparezcan. El tema es complicado, porque, de nuevo, la persecución del tráfico se enfrenta a un derecho fundamental.

Relacionado con este punto, no podemos dejar de señalar el cambio jurisprudencial que se ha detectado ya desde finales de los 90 en el denominado principio de especialidad. Años atrás, el hallazgo en un registro de pruebas de delito distinto al investigado podía ser frustrante porque tales pruebas podían quedar invalidadas. Es decir, si se pedía una orden de entrada y registro buscando pruebas de una serie de robos con violencia y luego en la casa se encontraba droga, cabía la posibilidad de que esa sustancia no pudiera ser usada como prueba. Sin embargo, ya en los 90, diversas sentencias del Tribunal Supremo muestran una tendencia distinta; el delito nuevo se añade a las diligencias sin mayor problema y por “simple adicción”.

El agente encubierto y las entregas vigiladas

Son instrumentos muy útiles en la lucha contra la droga pero cuya regulación e inclusión en el ordenamiento español es relativamente reciente. Lo cierto, sin embargo, es que ya se usaban antes de incluirse en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero sin unas garantías que hacían que la investigación y los agentes que participaban en ella caminaran en la cuerda floja. Hay que ser realistas, las fuerzas policiales de medio mundo han utilizado infiltrados en no pocas ocasiones.

El Tratado Schengen, el que suprime fronteras europeas, incluye estas dos figuras en su artículo 73. Y, en 1999, se modifica por ley orgánica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para extender la posibilidad de las entregas controladas y proporcionar habilitación legal a los agentes encubiertos.

La Ley Orgánica 5/99 justifica las reformas por la “insuficiencia de las técnicas de investigación tradicionales en la lucha contra este tipo de criminalidad organizada, que generalmente actúa en ámbitos transnacionales y con abundancia de medios conducentes a la perpetración de los delitos”. Es decir, su objetivo es la delincuencia organizada frente a la que podríamos llamar común.

De hecho, la ley añade un apartado al artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, regulador de las atribuciones de la Policía Judicial, que resume bien qué es un agente encubierto y destaca esa circunscripción de su trabajo a cierta delincuencia:

“1. A los fines previstos en el artículo anterior –se refiere a la persecución del delito y recogida de pruebas, aunque en realidad no es un artículo distinto sino al enunciado principal del mismo– y cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el juez de instrucción competente o el Ministerio Fiscal, dando cuenta inmediata al juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos”.

En la propia Ley 5/99 se define lo que debe considerarse delincuencia organizada; la asociación de tres o más personas para realizar, “de forma permanente y reiterada”, una serie de delitos como tráfico de drogas y de armas, secuestros, delitos contra el patrimonio, tráfico de especies de flora y fauna, tráfico de material nuclear y radioactivo, falsificación de moneda, terrorismo...

Se plantea entonces una pregunta fundamental; ¿La figura del agente encubierto no puede utilizarse para averiguar un homicidio o un asesinato? ¿No puede infiltrarse a un policía con todas las garantías del agente encubierto en una pandilla de amigos –nada de delincuencia organizada– de la que se sospecha que dos de sus miembros han matado a un chico en una pelea, por ejemplo?

Hay que tener en cuenta que el avance de la Ley 5/99 es que el agente encubierto hace el trabajo con una serie de garantías que no existían con los infiltrados que antes de ella se introducían en las asociaciones delictivas.

El agente interviene con una identidad supuesta que podrá seguir usando si acaba testificando en un proceso, y está incluso exento de responsabilidad criminal por “las actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación”. Es evidente que, si hablamos de tráfico de droga, el policía infiltrado deberá ‘ensuciarse las manos’ y sería aberrante acusarle por ello. Siempre hay unos límites, por supuesto.

El agente encubierto, no hay que olvidarlo, es sólo un instrumento más en la lucha contra la delincuencia, pero no hay que olvidar tampoco que no es una prerrogativa que justifique los medios por el fin; en abril de 2003, la sección 16 de la Audiencia de Madrid absolvió a cuatro acusados de vender 30.000 pastillas porque un agente infiltrado que se hacía pasar por un empresario valenciano les propuso –a través de un confidente-intermediario– comprar 100.000 pirulas, y eso es un delito provocado.

La sentencia considera probado que el 17 de junio de 2002, un tal Babi presentó a un agente de la Brigada Central de Estupefacientes, supuesto empresario, al iraní Alí. El agente encubierto mostró interés en comprar 100.000 pastillas pagando 250 pesetas por cada una. Hubo trato y quedaron horas después en una cafetería. Alí fue a buscar a otro sospechoso y consiguieron las primeras 30.000, momento en el que intervinieron los policías y detuvieron a los vendedores.

La operación fue considerada ilegal porque “es patente, a la vista del resultado de la prueba practicada en el juicio oral, que la actividad de los acusados fue motivada por la actuación del agente provocador, un funcionario de policía que a través de un tal Babi propone comprar sustancias estupefacientes que no consta acreditado que aquel tuviera”.

La sentencia destaca que no hubo investigación previa, ni seguimientos ni sospechas, que permitieran deducir previamente que el iraní y los demás se dedicaran al tráfico. Y ahí estaba el error.

La entrega vigilada es otro instrumento. Tal figura se recoge en el artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y consiste en permitir que alijos de droga ya descubiertos lleguen a su destino con el objetivo de identificar a sus destinatarios.

Un ejemplo de cómo podría haberse hecho y no se hizo es el de una residente en Ibiza llamada Noemí que el 20 de noviembre de 1995 fue detenida en Barajas con 5.200 gramos de cocaína en su equipaje; uno de esos típicos alijos de cinco kilos que pasan por el aeropuerto de Madrid. Procedía de Puerto Plata, República Dominicana, y se dirigía a Ibiza, donde debía entregar la droga a quien se encargara de distribuirla. El GIFA de Ibiza ya quisiera haber sabido quién esperaba el alijo, pero no pudo averiguarlo. Hubiera sido fácil si sus compañeros de Barajas hubieran echado mano de la figura de la entrega controlada, que les hubiera permitido dejar pasar la droga hasta Ibiza, avisar al GIFA de su llegada y que este grupo se encargara de decomisarla y detener tanto a quien la transportaba como a quien la esperaba.

Los agentes de Madrid ni siquiera llamaron a los de Ibiza para comunicarles lo que la arrestada había declarado. Aseguró que la droga le fue entregada en República Dominicana por un amigo que no le explicó qué contenían las bolsas y con instrucciones de entregarla a una tercera persona. Los del GIFA ibicenco se enteraron por el abogado de la detenida, al que conocían y que viajó a Madrid horas después de la detención.

A pesar de las circunstancias, los guardias continuaron el caso y averiguaron que también estaba en el asunto un ex novio de la mujer, que había llegado a Ibiza en otro vuelo de Madrid el mismo día, y un chico llamado Juan Carlos que estaba implicado en un accidente con heridos ocurrido el año anterior cuando conducía un Golf GTI. No era la primera vez que Noemí transportaba cocaína y la droga iba a ser distribuida en Santa Eulària. Pero estos detalles no llegaron a constar en diligencia alguna y los dos chicos no fueron arrestados.

Como se puede ver, las entregas controladas o vigiladas ya existían antes de la Ley 5/99. De hecho, se habían incluido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 8/92. La del 99 extiende la posibilidad de usar tal instrumento a la criminalidad organizada que no se dedica al tráfico de drogas. Incluye las ganancias de los delitos, cualquier equipo o instrumental que se use para cometerlos así como especies de flora y fauna protegidas, moneda falsificada, armas, armas químicas, explosivos o municiones.

Un ejemplo de cómo funciona con éxito una entrega vigilada es el que se explica en una sentencia de 22 de abril de 2000 del Tribunal Supremo. El caso fue recurrido en casación porque la defensa del condenado alegó que se habían conculcado sus derechos constitucionales al abrir el paquete en el que se encontraba la droga.

El alijo, consistente en casi medio kilo de cocaína, fue enviado por paquete postal desde Bolivia y con destino a una dirección de Santa Eulària, Ibiza, y a nombre de un tal Javier Rodrigo, que realmente existía. El paquete pasó por Alemania, por Fránkfurt, donde las autoridades aduaneras sospecharon que su contenido no era el que ponía en las etiquetas, lo pasaron por el control de rayos X y finalmente lo abrieron. Contenía varias bolsas de cocaína. Entonces se inicia la entrega controlada. Se informa a las autoridades del país de destino y se permite que el envío siga su camino para pillar al que tiene que recogerlo.

La Audiencia Provincial de Palma condenó a Javier a diez años de prisión en diciembre de 1998. “En fecha 6 de febrero de 1998, en el control aduanero del aeropuerto de Fránkfurt, fue detectado el envío certificado número 1252 que tenía adherida etiqueta verde modelo C-1 que procedía vía correo aéreo de Santa Cruz (Bolivia), sin remitente ni declaración de contenido”, aunque con un claro destinatario, explica la sentencia número 308/98 de la Audiencia Provincial, que continúa: “Aperturado y sometido a RX las latas que contenía, las radiografías evidenciaron un doble fondo en ellas, de suerte que efectuada perforación en una de ellas y sometido a test de reacción su contenido, resultó ser cocaína, hecho del que el jefe de Aduanas señor Schalling dio inmediata cuenta a la Fiscalía y al Servicio de Vigilancia Aduanera de Madrid y ésta, a su vez, a la jefatura provincial adjunta de Ibiza, quien solicitó y obtuvo de la Fiscalía de Ibiza autorización para la realización de la entrega vigilada del envío”. Un ejemplo clásico de entrega controlada.

“Remitidos a las autoridades alemanas los antecedentes necesarios, el envío viajó en fecha 13-2-98 en el vuelo LT 1280 Fránkfurt-Palma de Mallorca bajo la custodia del comandante, siendo entregado a inspectores del SVA con nrp 0535896646 y 1232412968, desplazado el primero desde Ibiza ex profeso a Palma y quien lo trasladó bajo su custodia a la isla de Ibiza, quedando depositado en una caja de seguridad de dependencias del SVA”. Finalmente, se entregó al jefe de la oficina de Correos de Santa Eulària, donde se depósito en la caja fuerte a la espera de que su destinatario fuera a recogerlo. Cuando lo hizo, y tras haber firmado en el libro de recogida de envíos, fue arrestado por los agentes que le esperaban. En el registro en casa del arrestado se halló una carta  remitida por Andrés Reyeros desde Colombia en la que informaba a Javier sobre un contacto para negocios de droga: “Ahora queda que hables tu con él del precio y de todos los datos necesarios para que no haiga (textual) ningún problema y para eso es muy importante que pongas tu teléfono a funcionar si no no hacemos nada, ese señor se llama Gustavo y es un hombre serio y me ha inspirado confianza, así que ya sabes nuestro futuro depende de ti... un abrazo de tu gran amigo y socio Andrés”. También tenía Javier una relación de nombres y teléfonos de colombianos. Aún así, se declaró inocente y aseguró que desconocía quién le enviaba el paquete y por qué.

Otro ejemplo es el de los 4,750 kilos de cocaína que la Udyco de Ibiza decomisó en agosto de 1998 en un original envío. Vale la pena comentar este caso por tres motivos: el método empleado para esconder la droga, el hecho de que era el alijo más importante decomisado hasta ese momento por la Policía de la isla y era también el primer caso de envergadura de la recién creada Unidad de Drogas y Crimen Organizado, sin desmerecer otras operaciones anteriores como la ya citada de Julián Barragán.

Los agentes sabían que el envío tenía que llegar a la isla; de no haber sido así, difícilmente habrían podido interceptar los 4.750 gramos de cocaína que viajaban herméticamente encerradas entre la fibra de vidrio que componía 19 jarras con unos gallos pintados y diversos motivos sudamericanos. Las jarras se habían cerrado alrededor de las bolsas de 250 gramos droga; para sacarla, había que romperlas. Hay que destacar que el resultado de 4.750 gramos era el del pesaje realizado por los agentes, que suele ser más bien estimativo; los laboratorios, con medios más precisos, establecieron un peso de cuatro kilos, 805 gramos y 150 miligramos.

La droga salió de Caracas y pasó por Roma, donde fue detectada por las autoridades, que la dejaron pasar hacia Barajas para posteriormente aterrizar en Ibiza. Las autoridades italianas, a través de Europol, advirtieron a la UCE de Madrid y a la unidad de drogas ibicenca. Un policía se hizo pasar por funcionario de Correos y entregó la droga al francés que regentaba un herbolario de la Avenida de España –la dirección que se señalaba en el paquete– y que fue detenido en ese mismo momento.

–Correos puso a nuestra disposición una furgoneta y un uniforme y fui a entregar el paquete. Cuando se hizo cargo de él, me identifiqué –explica con posterioridad el agente al que le tocó disfrazarse.

La sección primera de la Audiencia Provincial impuso a Paul Armand Michel Marie Bernardo una de las mayores condenas señaladas en la isla por un delito de tráfico de drogas; once años de cárcel y 200 millones de multa.

La defensa había intentado anular la prueba fundamental aduciendo que la entrega vigilada se había efectuado vulnerando “la especial protección” de los paquetes postales. El tribunal, en este sentido, cita en la sentencia la doctrina jurisprudencial para defender que “tal rigor cede cuando se trata de envíos sometidos al régimen de etiqueta verde”, como era el caso. Esos envíos especifican su contenido, y éste puede comprobarse.

La abogada de la defensa llegó incluso a alegar, como alternativa, que en todo caso se trataba de un delito intentado porque no llegó a traficarse con la droga intervenida. No obstante, los jueces recuerdan que el delito de tráfico de drogas es una infracción “de peligro abstracto y consumación anticipada”. Lo contrario resultaría absurdo.

La entrega vigilada de droga es un buen ejemplo de la cooperación internacional contra la delincuencia. En el artículo 73 del Tratado de Schengen se señala que “de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico nacional, las partes contratantes (los países miembros) se comprometen a tomar medidas que permitan las entregas vigiladas en el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. Es decir, insta a todas las naciones firmantes a regular la figura de la entrega controlada.

Otro tema interesante y objeto de debate en casos de tráfico de drogas es el de la complicidad. También aquí aprovecharemos un ejemplo ibicenco.

Es el caso del colombiano Freddy Mora, al que contrataron en Madrid para transportar hasta la isla un kilo de cocaína, aunque él aseguró en el juicio que no sabía lo que había en el interior de la bolsa que le entregaron para trasladarla en el barco de Denia a Ibiza. “Ya imaginaba lo que había en el paquete. Me ofrecieron dinero para llevarlo. Si era harina, cemento o qué, realmente no lo sé porque no lo vi” declaró en el juicio, en el que explicó que quien le entregó el paquete viajó con él en el barco, pero como si no se conocieran.

La abogada de la defensa reclamó que, alternativamente, fuera considerado cómplice del delito. La sección primera de la Audiencia de Palma, sin embargo, se alineó con la jurisprudencia mayoritaria y rechazó en la sentencia condenatoria la aplicación de la complicidad como forma de autoría en este tipo de delitos contra la salud pública. “La redacción del tipo adopta un concepto extensivo de autor que excluye en principio las formas accesorias de participación, sólo excepcionalmente admitidas en casos de colaboración mínima”.

Es decir, sólo se acepta la complicidad en lo que la Justicia ha denominado, con su peculiar estilo de complicar la comprensión del idioma, “conducta de favorecimiento al favorecedor del tráfico” y que supone una simple ayuda como puede ser el acompañamiento del traficante o la ocultación ocasional de una pequeña cantidad de sustancia.

En el caso concreto de Freddy, el tribunal le condena a nueve años de cárcel –lo que solicitaba la Fiscalía– y a veinte millones de multa. El colombiano, sin antecedentes penales y al que se aplicó la circunstancia agravatoria que supone la cantidad de droga intervenida, fue detenido el 25 de agosto de 1999 por una patrulla de la Policía Local de Sant Antoni. Los agentes decidieron identificarle porque se mostró nervioso al observar su presencia. En una bolsa, con varios panecillos, llevaba el kilo de cocaína.

LA CUESTIÓN DE LA NOTORIA IMPORTANCIA

Determinadas circunstancias pueden agravar el delito y, por tanto, la condena que merece el infractor. Uno de esos casos, el que más se aplica, por cierto, es el de la notoria importancia; a partir de cierta cantidad de sustancia, la condena aumenta sustancialmente. Pero el Código Penal, una vez más, recoge una ley en blanco y no dice nada sobre cuáles deben ser esos límites entre lo poco y lo mucho, y es el Supremo el que suple la laguna.

En octubre de 2001, el Tribunal Supremo acuerda un importante cambio que ha modificado el criterio de lo que debe entenderse por notoria importancia y ha abierto el camino a la anulación, de paso, de un buen montón de sentencias que han llegado al Alto Tribunal con una circunstancia agravante aplicada con un criterio ahora considerado obsoleto.

Para explicar los motivos del cambio, concretado por la Sala General no jurisdiccional de 19 de octubre, se cita la versión de la sentencia 185/2002, de 11 de febrero, que reduce una pena de nueve años de cárcel a cinco al restar la agravación de la notoria importancia. El ponente es José Jiménez Villarejo:

“Desde el punto de vista de la cambiante realidad social, es más que probable que el notable incremento que, con el curso del tiempo, han experimentado por desgracia las cantidades que son objeto de tráfico y consumo, se haya reflejado en la definición más generalizada del concepto de notoria importancia, siendo de subrayar a estos efectos que lo notorio es lo público y sabido por todos. A estas alturas, resulta altamente problemático que la doctrina que veníamos manteniendo sobre la interpretación que debe hacerse del número 3 del artículo 369 sea coincidente con el concepto público de la notoria importancia que depende, a su vez, de la percepción social del fenómeno criminal en sus actuales dimensiones. Desde el punto de vista de la finalidad de la norma, que hoy debe entenderse primordialmente orientada a prevenir y reprimir la delincuencia de este tipo que tiene como responsables a las grandes organizaciones –aunque ello no significa que haya dejado de ser necesario combatir el tráfico de droga en todos sus niveles– es claro que unos topes excesivamente bajos, a partir de los cuales se agrava el delito en función de la cantidad de droga poseída o difundida, puede tener el efecto, contrario a la política criminal orientadora de la norma, de igualar en las consecuencias punitivas de su conducta a los pequeños y a los grandes traficantes”.

“Son estas razones las que han llevado a la Sala a fijar la notoria importancia de la cantidad de droga en la que puede servir para el consumo diario de 500 personas, cantidad que en el caso del clorhidrato de cocaína se eleva a 750 gramos”.

El Consejo General del Poder Judicial expone en un informe la propuesta de revisar el criterio de aplicación de penas: “La tenencia de una papelina de cocaína o heroína o de una pastilla de éxtasis es de tres a nueve años de prisión. La tenencia de unos centenares de gramos de cocaína se castiga con penas de nueve a trece años y medio de prisión. Pero la aprehensión de un barco cargado con miles de kilos de hachís daría lugar a la imposición de penas, en el peor de los casos, de cuatro años y seis meses a seis años y nueve meses de prisión, es decir, bastante menos que una pastilla de éxtasis”. Hay que tener en cuenta que el hachís no es considerada una droga de las que causan grave daño a la salud, por lo que las penas son más reducidas por esta circunstancia.

Y hay que recordar que el informe se refiere a las penas antes de la reforma del Código Penal de 2010.

Tras la decisión del Supremo, algunos abogados empezaron a revisar casos de clientes condenados por tráfico de drogas. El acuerdo no contemplaba la revisión de las sentencias impuestas hasta la fecha, ya que la Sala de lo Penal decidió que un cambio de criterios jurisprudenciales no obligaba a revisar condenas. Evidentemente. No obstante, el Supremo propuso que la diferencia de penas se dejara extinguir a través de indultos particulares en casos de condenados a más de nueve años de prisión.

La posibilidad de solicitar un indulto para no cumplir más de nueve años de cárcel afecta sólo a aquellos reos que portaban cantidades de droga que no excedan los 300 gramos de heroína, los 750 de cocaína o los dos kilos y medio de hachís, 500 dosis de LSD o de cualquier anfetamina o metanfetamina. Es decir, las cantidades que marcan el límite de la agravante de notoria importancia tras el cambio del Supremo.

Hasta entonces, la cantidad que suponía un agravamiento era de entre 60 y 80 gramos de heroína, 120 gramos de cocaína, 1.500 de hachís, 200 dosis de LSD de unos 50 microgramos cada una. Unas 200 dosis medias de cada tipo de droga, en definitiva.

La cantidad, para explicarlo, se ha fijado en atención a la cantidad de droga que permite abastecer un mercado importante (50 consumidores) durante un periodo relevante de tiempo (diez días). Se obtiene así la cifra de 500 dosis de consumo diario aplicable a todas las drogas. Las quinientas dosis equivalen a 750 gramos de cocaína, 300 de heroína y 2.500 de hachís.

Y hay algo más que tener en cuenta, y es que para concretar la agravante, se mantiene el criterio de valorar únicamente la sustancia base, o sea la pureza, sin los excipientes con los que ha sido cortada o adulterada. Es decir, que si alguien es detenido con 800 gramos de cocaína pura le caerán como mínimo nueve años, pero si esos 800 gramos tienen una pureza del 60 por ciento, se contabilizarán sólo 480 gramos, lo que quiere decir que no alcanza los 750 y no se aplica la agravante.

Una importante representación de policías y expertos duda de la validez del criterio porque considera que quien lleva 800 gramos venderá 800 gramos o tal vez más, pero nunca menos, sin importar el grado de pureza. La mayoría de los traficantes de las escalas inferiores no tiene ni idea de la pureza de lo que vende.

La cocaína puede estar cortada con lactosa, talco, monitol o anticolinérgicos, que impiden la transmisión nerviosa de un neurotransmisor llamado colina, y eso es tan grave como suena... La memoria de 2002 del Instituto Nacional de Toxicología señala que el grado de adulteración de la cocaína es cada vez mayor y que hasta un 55,4 por ciento de la sustancia que se vende no es esta droga, sino habitualmente analgésicos, anestésicos o cafeína. La heroína puede llevar quinina, cafeína, azúcar, estricnina, levadura, lactosa. ¿Se trata de intervenir contra las sustancias que realmente causan grave daño a la salud o sólo es una cuestión de formas y hay que hacerlo contra esas que alguien ha incluido en una lista y cuyos nombres causan cierta alarma social?

Siguiendo el ejemplo anterior: dos correos son arrestados en Barajas cuando los agentes les intervienen 800 gramos de cocaína a cada uno en sus respectivos equipajes. A ningún policía se le ocurre, pero si les preguntan sobre la pureza de la droga que portaban no tendrán ni idea. Pues bien, al primer correo le han endosado 800 gramos de ala de mosca (la de mejor calidad), sin cortar. Se la tenía que entregar a unos tipos muy listos que ya se encargarían de ello. Al segundo, afortunado ignorante, le han entregado 800 gramos con una pureza del 60 por ciento... ¿De verdad uno de ellos merece una condena mayor que el otro? Es, cuanto menos, discutible.

Veamos ahora el caso de las anfetaminas y metanfetaminas como el éxtasis, que no ha quedado suficientemente aclarado. Hay que prestar atención para seguir el razonamiento:

Antes de que el Supremo cambiara su criterio, el límite de la notoria importancia quedaba establecido en 200 dosis, calculadas de un mínimo de 30 miligramos y un máximo de 100 miligramos cada una. Teniendo siempre en cuenta que las cantidades se calculan de la parte de principio activo, restando excipientes y adulterantes. De esta forma, la cantidad considerada de notoria importancia sería al menos superior a 20 gramos de sustancia pura (al máximo de 100 miligramos la dosis). Sin embargo, en un rápido repaso de las sentencias del Supremo dictadas en esta materia se comprueba que el tipo agravado se aplica habitualmente a cantidades muy superiores.

Con el nuevo criterio de la notoria importancia, hay que cambiar donde pone 200 dosis por 500. Simplemente.

La cantidad también es importante en el otro extremo; la mínima. Muchos pequeños camellos han salido libres en aplicación del llamado principio de insignificancia, que quiere decir que la cantidad de droga que les intervinieron era tan pequeña que se considera “incapaz de dañar la salud de la persona”. Pero el Supremo, en sentencia de 5 de diciembre de 2003, revoca la absolución de un camello guineano que el 27 de febrero de 2001 fue sorprendido cuando entregaba una papelina de 31 miligramos de pureza en heroína en un bar de Bilbao y abre la puerta a una nueva interpretación, condenando al hombre a tres años de cárcel. En esta sentencia, el Supremo señala que el comercio con cualquier cantidad superior a 0,75 miligramos puros excede la dosis mínima psicoactiva (una dosis habitual de un adicto podría ser de al menos 23 miligramos de droga pura).

Los jueces señalan que la posibilidad de que la cantidad de 31 miligramos sea o no perjudicial es relativa, aunque el argumento más interesante es que “aunque las dosis ingeridas afecten mínima o imperceptiblemente a la salud, el propósito de los vendedores podría estar dirigido a iniciar a los neófitos en el consumo, consiguiendo, a medio plazo, un cierto grado de dependencia y consiguiente tolerancia a dichas sustancias tóxicas”.

Además, la sentencia destaca que hay indicios de que la venta no fue un hecho aislado, ya que el acusado llevaba 4.000 pesetas obtenidas de otras ventas.

El 13 de enero, para intentar zanjar la cuestión, el presidente de la Sala Penal, Luis Román Puerta, envió a todos los magistrados un cuadro de dosis mínimas psicoactivas para que lo apliquen: 0,66 miligramos de heroína, 50 miligramos de cocaína, 10 miligramos de hachís y 20 de MDMA.

Es sólo una referencia, pero bastante polémica porque, en realidad, como ya se reconoce en la sentencia de diciembre, la psicoactividad es muy relativa.

CONTRABANDO Y TRÁFICO

La sentencia 1.360 de febrero de 1997, del Tribunal Supremo, muestra cual ha sido durante muchos años la tendencia de la Justicia ante la tesitura entre el contrabando y el tráfico de drogas.

“Es reiterada la doctrina de esta Sala que aprecia un concurso ideal entre el delito contra la salud pública y el delito de contrabando que debe ser resuelto conforme a las reglas del artículo 71 del Código Penal. Quien introduce drogas tóxicas o estupefacientes en territorio español con destino al tráfico, vulnera la salud pública y además los intereses supraestatales plasmados en convenios internacionales que comprometen a los Estados signatarios, lo que implica un plus de antijuricidad que justifica la doble sanción”. El ponente de la sentencia es el magistrado Carlos Granados Pérez.

Pero lo cierto es que en el 97 esta doble sanción ya es una norma en vías de extinción. Finalmente, vence la opinión de que en el caso de los delitos contra la salud pública, el contrabando y el tráfico de drogas pueden ser una misma cosa. A este cambio ha contribuido la aplicación del Código Penal del 95, que aumentó las penas por narcotráfico.

Así, el 24 de noviembre de 1997, la Sala General establece criterio en el que estima “subsumida la ilicitud del contrabando, en la tipificación más amplia y completa del tráfico de drogas”. Tal criterio se exteriorizó en la sentencia del Supremo de 1 de diciembre de 1997. Desde entonces, el Alto Tribunal ha absuelto de contrabando, en segunda instancia, a aquellos a quienes alguna Audiencia Provincial ha tenido en cuenta el obsoleto concurso de leyes.

Hasta el año 1999, las resoluciones en este sentido se suceden, incluso se plantea al Gobierno que indulte a quienes tienen pena por contrabando cuando traficaban con drogas. Pero como no hay indulto, tribunales como la sección quinta de la Audiencia de Madrid, presidida por José Luis Calvo Cabello, cogen al toro por los cuernos y deciden suprimir de oficio las penas impuestas por el delito de contrabando a los correos de la droga, lo que supone una reducción de hasta dos años de reclusión. Es decir, no se tocan los hasta nueve años de cárcel a los que habían sido condenados por narcotráfico, pero sí se suprimen los otros dos como máximo que se sumaban a la condena.

LA PRIMERA SENTENCIA DEL ÉXTASIS. LA CONEXIÓN IBICENCA

“Conviene la Delegación Provincial del Ministerio de Sanidad y Consumo de las Baleares que la metilendioxianfetamina es químicamente similar a la anfetamina y a la mescalina, relacionada con las sustancias conocidas por DOM y STP (dimetoximetilanfetamina) concluyendo que los grupos metoxilo confieren propiedades alucinatorias a la anfetamina, calificándola de alucinógeno de estrecho margen de seguridad de uso, dada su escasa dosis letal. Por su parte, el dictamen médico-forense destaca que se trata de una anfetamina, más propiamente de una anfetamina potenciada, colocada entre los euforizantes y alucinógenos puros, aunque no le otorgue propiedades alucinógenas, situándola, por su peligrosidad, entre la dietilamida del ácido lisérgico (LSD) y los derivados del cannabis”.

El 23 de febrero de 1988, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca celebra el primer juicio por drogas de diseño de España. Es el caso de Ibiza que se vio en el capítulo sobre el éxtasis. El sumario número 13 de 1987 del juzgado número 1. Sólo dos de los seis procesados acuden a su cita con las togas. Johan Devos no ha venido.

La fiscal, en sus conclusiones definitivas, solicita un año de prisión menor –hay que recordar que se juzga con el Código del 73– y una multa de 100.000 pesetas para cada uno de ellos. La defensa, ejercida por los abogados Javier Mariño y Ascensión Joaniquet, intentará que el éxtasis sea calificado como una droga de las que no causan grave daño a la salud y que, en todo caso, las dosis intervenidas a sus clientes sean consideradas para consumo propio. Esas son sus principales bazas y hay que jugarlas. Y es importante porque el resultado marcará la pauta.

Mariño recuerda que sus defendidos eran un tanto peculiares. La novia de uno de ellos llevaba siempre a su despacho un mono... de los de verdad. Un chimpancé.

–Siempre me quitaba los bolígrafos de la mesa –rememora. 

El debate esencial de la vista se centra en la cuestión de la peligrosidad de la sustancia, como no podía ser de otra manera. ¿Es una droga dura o es blanda? La distinción es fundamental desde la reforma del Código Penal del 73 introducida por la LO 8/1983, de 25 de junio, que trasladó a la Penología lo que siempre ha sido evidente a efectos médicos; no todas las drogas son iguales. Hay que aclarar que la sustancia de las cápsulas y comprimidos intervenidos no era lo que hasta ahora hemos definido como auténtico éxtasis (MDMA), sino la variante MDA, más potente.

Los peritos declaran que el (o la) metilendioxianfetamina produce tolerancia –exige dosis mayores ante un uso continuado– en un plazo de seis semanas a tres meses y que produce dependencia psíquica. El médico forense de Ibiza, Juan Ramón Sancho Jaraiz, explica ante el tribunal que la dosis letal se sitúa entre los 500 miligramos y un gramo de la sustancia, lo que equivale a entre cinco y diez de las pastillas intervenidas. Ante ello, los jueces de la sección primera lo tienen bastante claro:

“Esta Sala concluye que la sustancia psicotrópica llamada metilendioxianfetamina debe ser encuadrada dentro de las que causan  grave daño a la salud. Ciertamente no tiene parangón con la droga que es paradigma de las de esta clase (heroína), mas este argumento comparativo no desvirtúa la conclusión, aunque permite entrar en juego la cierta facultad discrecional concedida a los tribunales en punto a fijar la medida de la pena a imponer”.

En los fundamentos de derecho, y ante la imposibilidad de hacer referencia a jurisprudencia alguna sobre el MDA, el tribunal sí alude a la jurisprudencia del Supremo en casos de tráfico de anfetaminas: “Si ésta es la solución que se alcanza atendiendo a los parámetros indicados, no otra parece ser la dirección jurisprudencial en las no abundantes ocasiones en que ha tenido que pronunciarse al respecto, casi siempre a propósito de preparados farmacéuticos con contenido anfetamínico”.

En este sentido, se señala la sentencia de 8 de julio de 1985, en relación con la aprehensión de 100 frascos de un producto denominado Bustaid, compuesto por clorhidrato de anfetamina e incluido en las listas II y III del Convenio de Viena de 1971. “Es evidente que el producto psicotrópico causa grave daño a la salud”, afirma el fallo del Supremo.

La MDA está incluida en la Lista I del citado convenio, lo que implica su sometimiento a medidas de control más estrictas que las que corresponden a las sustancias de las listas II, III y IV.

“Parece lógico pensar –continúa la sentencia 68/88– que la comunidad internacional al instalar la metilendioxianfetamina en el listado mencionado, descartando otros menos rigurosos, le otorgó la máxima sanción posible a un psicotrópico, equiparándolo a la mescalina, al LSD, a la psilocibina, etc... Las resoluciones judiciales que conceptúan el ácido lisérgico como gravemente perjudicial para la salud pública son abundantísimas, hasta el punto de conformar una jurisprudencia constante y uniforme”.

Y finaliza: “Por ello, la conceptuación internacional de la MDA, demostrada por su inclusión en la Lista I, con la equiparación que ello supone, parece concluir irremisiblemente a la misma solución que las sustancias que merecen la misma consideración”.

En este punto, procede señalar que la primera vez que el Supremo tuvo que plantearse la clasificación de las anfetaminas como drogas duras o blandas fue en la sentencia de 12 de julio de 1984. Las sustancias en cuestión eran Bustaid, Minilip (resinato de anfetamina) y Dexedrina (sulfato de dextroanfetamina) y el tribunal se decanta por calificarlas como drogas blandas. Pero hasta 1990, la jurisprudencia es muy oscilante, y sólo a partir de 1990 se instaura la línea más o menos uniforme que cataloga a las sustancias anfetamínicas como gravemente nocivas.

Los imputados del caso del primer juicio por éxtasis aseguran que las 47 pastillas que tenían entre los dos eran para su propio consumo; el alijo fue de 120, pero el resto pertenecía a los que no se han presentado al juicio, así que quedan fuera de juego.

–Se las compré a una persona a mil pesetas la unidad, tomé una y pensaba tomarme otra después –declara Eric Marcel Dagnart, al que la Policía decomisó las 31 pastillas y ocho cápsulas que llevaba en un bolsillo del pantalón. Declara con intérprete.

–Cuando la tomas (la pastilla), es algo muy difícil de explicar; sientes una gran afinidad –continúa.

Su compañero de banquillo, Carlo, tenía siete cápsulas amarillas y un comprimido blanco cuando los policías lo cachearon. No utiliza intérprete.

–Me las dio una alemana. Eran para mí.

Ninguno de los dos tiene antecedentes penales.

El 29 de febrero –es año bisiesto– ya hay sentencia. La 68/88. Está firmada por el presidente de la Audiencia, Guillermo Vidal, y los magistrados Miguel Ángel Monjo y Francisco Iñigo Martorell el 26 de febrero, pero se hace pública tres días después. Los procesados, el francés Eric Marcel Dargnat y el italiano Carlo Crestoni, son condenados a seis meses y un día de prisión menor y a una multa de 50.000 pesetas cada uno, la mitad de lo que pedía la fiscal Rosa Cosmellis. Una condena anecdótica si la comparamos con las que se imponen en los tribunales de los 90 o de principios del siglo XXI.

Aclarada la nocividad de la droga, el otro caballo del tablero es la posibilidad de que las pastillas fueran para consumo propio, pues, a decir verdad, la cantidad intervenida no es muy elevada.

Negras juegan y ganan. Los jueces se comen el caballo con dos fulminantes argumentos que, encima, no son ni nuevos ni imprevisibles ni rebuscados. Son los de siempre:

“Resulta oportuno recordar que las actuaciones se inician por constancia policial de desmedida difusión en la isla de Ibiza en el verano de 1987 de una sustancia, popularmente conocida con el nombre de éxtasis, en determinados centros y ambientes, concretándose las sospechas, esto es cierto, en una pareja que no coincide con ninguna de las personas ahora enjuiciadas, más también resulta acreditado que las investigaciones policiales se fijaron en torno a un inmueble, denominado chalet Las Brisas, ocupado por varios ciudadanos de nacionalidad extranjera. Sometida la vivienda a vigilancia se pudo conocer que era constantemente visitada por individuos cuya permanencia en el domicilio era casi instantánea y que, por tanto, no parecía corresponder por el número de visitantes y brevedad de la estancia, con personas relacionadas con los moradores por motivos de amistad o simple conocimiento. Todos estos extremos fueron ratificados testificalmente por varios de los agentes actuantes y por consiguiente, su valor probatorio rebasa el de la denuncia”.

La vigilancia reveló frecuentes entradas y salidas de la vivienda, con el tiempo preciso para comprar droga. Por otro lado, detrás de ciertas consideraciones sobre el favorecimiento del consumo que muestran que al ponente de la sentencia, el magistrado Miguel Ángel Aguiló Monjo, no se le escapaba una, hallamos el segundo argumento típico:

“En el caso del procesado Eric Marcel Dargnat resulta relevante la declaración de Fabienne Mely, quien asegura que las cápsulas y comprimidos aprehendidos en su habitación eran de la exclusiva propiedad de su acompañante Eric, habiéndolas consumido los dos, lo que ya evidencia el favorecimiento del consumo de sustancias psicotrópicas, aunque sea por la vía de la donación, también típica, según reiterada jurisprudencia. Pero es que no se debe olvidar que en poder del señor Dargnat se intervinieron 9.750 francos franceses, doscientos dólares USA, un cheque de viaje por valor de 100 dólares y 78.000 pesetas, además de la cantidad de sustancia consignada en el primer antecedente de hecho de la presente resolución. Asimismo al enjuiciado Carlo Crestoni se le ocuparon 175.000 pesetas, 660 francos franceses y 919.000 liras italianas, habiendo confesado que llegó a Ibiza, con el objetivo de pasar unas vacaciones con un millón de liras, si bien manteniendo con el Banco Abel Matutes una cuenta de la que sacó casi otros cuatro millones de liras”.

“En suma, si a los razonamientos que preceden se les añade la tenencia de cantidades de metálico relativamente importantes, de procedencia injustificada, inexplicable en personas que se encuentran en período vacacional y sin ocupación laboral y repartidas en distintas divisas, lo que indica una adquisición de personas diversas y plurales, sin evidente conexión entre ellas, fácilmente se confirmará lo que en la presente resolución se mantiene”. Esas cantidades de dinero las habían conseguido vendiendo éxtasis. Y aceptaban el pago en cualquier tipo de moneda.

Seis meses de prisión no parece una pena muy elevada, pero es que en el momento de la detención las condenas por tráfico de drogas eran de seis meses a doce. Sin embargo, el mismo año de la sentencia 68/88 el Código Penal es reformado para que los traficantes sean condenados a un mínimo de dos años y cuatro meses de prisión.

El endurecimiento de las penas en casos de tráfico de drogas ha sido imparable hasta la modificación de 2010 .

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de 30 de noviembre de 1999 condena a un detenido en Ibiza con 46 pastillas –las mismas que en el alijo de 1987– a tres años de cárcel; dos años y medio más que la pena impuesta a los dos traficantes de la primera sentencia española.

Pero es que, además, el caso de 1999 muestra una desproporción entre algunas sentencias de la misma época. Un total de 46 pastillas costaron a un joven tres años de cárcel, mientras que sólo dos supusieron para otro tres años y tres meses. El tribunal –el mismo en las dos ocasiones– justifica el último caso alegando que el procesado fue sorprendido en el momento de venderlas y, por tanto, impone una condena mayor para evitar “situaciones de agravio comparativo respecto de casos de mera tenencia preordenada al tráfico”. Es una solución algo rebuscada, pues no hay que olvidar que lo que se penaliza –en todos los casos– es el tráfico de drogas y que no existe ninguna circunstancia agravante o atenuante especificada en las leyes que diferencie entre la venta o el tener las pastillas para vender, ya que el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos es un delito de peligro abstracto para el que no hace falta la consumación. A estos efectos, es exactamente lo mismo tener éxtasis para la venta que la propia acción de venderlos.

Lo único que podría marcar la diferencia es que el acusado que sólo tiene en su poder las pastillas en el momento de ser detenido pueda alegar convincentemente que eran para su propio consumo. Pero en ese caso, el tribunal tendrá que absolverlo, ya que la mera tenencia para uso propio no es un acto delictivo, y no existe un término medio entre esa tenencia y el tráfico.

El fallo del primer juicio del éxtasis, a pesar de ser el primero, no tuvo la virtud de zanjar la cuestión de la nocividad de la sustancia. Aunque pudo solucionar la papeleta a otros tribunales que posteriormente tuvieron que juzgar casos similares, lo cierto es que ya en 1994 pueden encontrarse voces discordantes.

El propio creador del invento, el científico Alexander Shulgin, fue citado a declarar por un abogado que tenía a su cliente en prisión desde hacía dos años y que primero pidió a Shulgin su opinión por escrito y recibió como contestación:

“La MDMA es una de las drogas más seguras que he encontrado”.

Pero retrocedamos y sigamos un mínimo orden cronológico.

El Supremo registra sus dos primeras resoluciones por éxtasis en 1993. Un año después, la cantidad es de una decena de fallos y en 1995 ya se cuentan por docenas.

La primera sentencia es del 15 de julio, y en ella se resuelve un recurso de dos condenados extranjeros que tenían algunas dosis de LSD y trozos de comprimidos blancos con un peso de 774,2 miligramos de MDA. El tribunal usa la denominación genérica de éxtasis; eso será lo habitual. Y no se pronuncia sobre la gravedad de la sustancia porque no es necesario hacerlo, ya que también hay LSD y la calificación de ésta como dura ya no permite discusiones.

El 11 de octubre de ese año 1993, la segunda sentencia sí trata concretamente sobre el MDMA. Al acusado se le intervinieron siete comprimidos, además de 0,3 gramos de anfetamina. Para dilucidar la cuestión de la gravedad de la sustancia, el tribunal recurre a las sentencias existentes sobre anfetaminas como el compuesto comercial Bustaid. Es decir, concluye que es una sustancia de las que causan grave daño a la salud.

Al año siguiente, una sentencia del Supremo de 9 de diciembre es especialmente interesante, no porque cambie en nada el criterio mantenido hasta el momento sobre la nocividad de la droga, sino porque aplica una exención parcial de la responsabilidad penal no muy fácil de ver:

Es el caso de un individuo que fue detenido cuando vendía una pastilla en una discoteca de Mataró, en enero de 1992. La Audiencia Provincial lo condenó por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, pero le aplicó la exención parcial por algo que se denomina error de tipo sobre un elemento agravatorio de la infracción penal, que entonces se describía en el artículo 6 del Código Penal de 1973. Eso quiere decir que se consideró que el traficante no sabía que la droga era gravemente nociva para la salud y que su conducta no era tan grave como si lo hubiera sabido. Así se le impone una pena menor.

El fiscal recurre la aplicación de ese error de tipo, pero el Supremo confirma el fallo de la Audiencia, destacando que en la fecha de los hechos no existe “un criterio decidido y perfectamente caracterizado sobre la nocividad de dicho psicotrópico”.

Para quien se le haya encendido una bombilla, hay que añadir que, al mismo tiempo, el Alto Tribunal cierra esa puerta a la defensa para cualquier caso posterior:

“No debe abrir un portillo a la impunidad en la represión del tráfico de drogas, porque la invocación del error será de todo punto inane cuando, abstracción de opiniones o apreciaciones subjetivas, se trate de sustancias o productos que tienen acreditada y reconocida nocividad en la experiencia clínica, y tal consideración en las resoluciones de los tribunales, con notoriedad en la comunidad social”.

El 12 de enero de 1994, la Audiencia Nacional decide hacer la guerra por su cuenta y se desmarca con una sentencia en la que el MDMA es considerado droga blanda. Es ese proceso en el que intervino Alexander Shulgin, padre adoptivo de la criatura.

“Los efectos actualmente conocidos del MDMA son distintos y en gran medida opuestos a los de las anfetaminas, son menos fuertes que los del MDA y no son claramente alucinógenos”. Esa es la conclusión de la Audiencia ante la declaración pericial de Shulgin, que no dudó en asegurar que era la droga menos nociva que él mismo había probado.

El fiscal no se muestra de acuerdo y recurre al Supremo. Un año más tarde, el Alto Tribunal revoca el fallo de los magistrados díscolos y califica al MDMA como gravemente nociva, señalando, además, que “la cantidad ocupada, 129 cápsulas de éxtasis, excede en mucho de lo que pudiera considerarse como destinada a un hipotético consumo”.

Y esta dicotomía entre el bien y el mal que aquí es sólo un debate implica años de cárcel para los acusados; el Supremo eleva de cinco a ocho años de prisión la pena de tres de ellos, y de seis meses a cuatro años para el cuarto.

Audiencias provinciales como la  de Barcelona, por ejemplo, también dictan en estos años sentencias en las que el éxtasis se sitúa junto al hachís y derivados cannábicos. No serán grandes victorias; el Supremo suele optar por revocarlas si los casos llegan hasta él por la vía del recurso.

Se impone la calificación del éxtasis y análogos como MDEA, MBDB o MDA como sustancias de las que causan grave daño a la salud.

BLANQUEO DE CAPITALES

La expresión blanqueo o lavado de dinero fue creada por los medios de comunicación norteamericanos en los años 20 para describir las prácticas contables de Meyer Lansky, financiero de Al Capone, que usaba estaciones de lavado de coches para ocultar los beneficios de los gángsteres.

Una gran parte del dinero negro que crea el comercio de la droga se reinvierte en ese mismo negocio, incluyendo los sobornos y cualquier otro tipo de pago similar. Ese dinero reinvertido, por supuesto, no necesita ser lavado; las actividades ilegales no necesitan apariencia de legalidad. Incluso se paga con dinero negro a los abogados que se utilizan para crear sociedades fantasma para usarlas de lavanderías.

Pero hay otra parte de los beneficios del negocio que sí precisa del blanqueo para entrar en los circuitos legales, y las formas para hacerlo son múltiples. Los mejores sistemas suelen ser aquellos que permiten convertir el dinero en bienes o negocios legítimos que conduzcan a la creación de cuentas bancarias, aunque también pueden abrirse directamente cuentas bancarias en los diversos paraísos fiscales.

En este sentido, hay que destacar que el sector de las finanzas y las bancas tiene especial y doble atractivo; no es sólo la lavandería adecuada al dinero sucio sino también una estupenda plataforma de poder, donde los corruptos se convierten en personas de influencia.

La lucha contra el blanqueo de capitales es en la actualidad una de las principales vías para atajar el tráfico de droga. Las fuerzas de seguridad, conscientes de que atacar por ese flanco es una buena estrategia, se están especializando en el lavado de dinero negro y realizando importantes operaciones en esta materia. Toda investigación por tráfico de drogas debe ir acompañada de una investigación patrimonial de los sospechosos y de blanqueo. Como dato relevante, sólo la Agencia Tributaria española requisó en el año 2003 más de 165 millones de euros del lavado procedente del narcotráfico.

Tal vez el mejor ejemplo del que disponemos es la operación Hielo Verde que se explicó en el capítulo sobre la cocaína y que implicó al menos a nueve países en el seguimiento de la pista del dinero. El método de blanqueo que empleaban los traficantes es usual, se conoce como smurfing o schtroumphage y podría resumirse así: el depositario de las cantidades que hay que lavar las divide en cantidades pequeñas que se entregan a cómplices llamados hormiguitas, encargados de colocar el dinero en sus cuentas y luego transferirlo a un tercero. Luego bastará con girar el capital a otra cuenta bancaria antes de devolverlo a la cuenta del propietario del dinero en el país de partida.

En España, el organismo que se encarga de luchar contra el lavado de dinero negro es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). El grupo operativo está formado por inspectores del Banco de España, de la Agencia Tributaria, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las fiscalías Antidroga y Anticorrupción, Guardia Civil y Policía. De hecho, la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios del Cuerpo Nacional de Policía está adscrita a este Servicio Ejecutivo.

El SEPBLAC se encuentra integrado en el más conocido GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es decir, el SEPBLAC es la Unidad de Inteligencia Financiera española. Este organismo cuenta con una subdivisión destinada a luchar contra el terrorismo por la vía de torpedear su financiación. El GAFI fue creado en 1989 por iniciativa de los países del entonces G-7 y con el objetivo de lograr la imprescindible cooperación internacional en materia de blanqueo del dinero de la delincuencia.

Un agente del equipo asegura que, a principios del siglo XXI, algunas de las principales formas de blanqueo son la creación de sociedades informáticas de importación y exportación y los locutorios, casas de cambio de divisas y empresas dedicadas al envío de dinero al extranjero. ¿Quién no se ha preguntado porque en los últimos años proliferan en su ciudad tantos locutorios, todos ellos dirigidos por inmigrantes? Los traficantes de las escalas superiores, sin embargo, usan sociedades anónimas o empresas fantasma que operan a través de entidades financieras y bancos y que se protegen a menudo detrás de una ONG. Es más complicado, pero se paga a unos cuantos abogados y a un buen experto y ya está. El dinero de la droga toma muchos caminos para entrar en el circuito financiero.

Los datos que maneja Interpol indican que muchas organizaciones criminales continúan exportando dinero en efectivo a través de algo tan simple como cualquier servicio postal o correos. El caso más típico es el de la delincuencia de origen albanés, con fuertes vínculos étnicos y familiares. Estos grupos prefieren enviar el dinero a su país, donde el sistema financiero no es muy transparente ni eficiente, y que sus compinches o familiares inviertan allí los beneficios del delito.

La implantación del euro también ha facilitado la exportación de capitales ilegales en efectivo entre los países europeos, es decir, el traslado entre fronteras de fajos de billetes en típicas maletas o en escondites algo más sofisticados. La denominación del billete de 500 euros permite ocultar incluso ocho millones de euros en una sola maleta. Una cantidad nada despreciable.

En las fronteras, la detección de los correos que viajan con estos botines es muy difícil debido a que circulan dentro de la zona de libre circulación de personas y capitales de la Unión Europea. Es una consecuencia de la desaparición de fronteras...

Es más fácil para las autoridades si el destino del dinero en maletas se encuentra fuera de la Unión Europea; en noviembre de 1995, el hallazgo de 35 millones de pesetas en el interior del equipaje de un viajero que pretendía llegar a Turquía propició en España la Operación Bengala. Hasta ese momento no había habido ninguna investigación de tamaña importancia sobre el blanqueo de capitales procedentes de la heroína. Cinco españoles, tres holandeses, tres turcos y un brasileño fueron arrestados en julio del 98, y la vigilancia prolongada durante tres años a varios turcos condujo a una trama de empresas creadas con la finalidad de blanquear dinero.

Tras tres años de investigación, el asesinato en Turquía de uno de los sospechosos, mientras se acordaba una compra de droga destinada a España, obligó a los agentes a intervenir antes de lo previsto. La Policía temía que la muerte del que se suponía que era uno de los jefes provocaría que sus colaboradores abandonaran Madrid.

Por otra parte, hay que tener siempre en cuenta que el blanqueo relacionado con la delincuencia organizada tiene, al igual que ésta, una dimensión internacional y, por tanto, no puede combatirse sin la cooperación mundial. Los delincuentes fragmentan sus operaciones en distintos países precisamente para aprovecharse de las limitaciones que existen en esa colaboración internacional policial y judicial. Además, las leyes pueden ser muy divergentes entre los distintos países, incluso dentro de la Unión Europea, lo que no ayuda demasiado.

En algunas naciones, la evasión fiscal, por ejemplo, no es un delito, así que hay escasa asistencia judicial para otros países que quieran seguir en esas naciones la pista del blanqueo; en Italia, sin ir más lejos, se ha constatado una importante conexión entre blanqueo de dinero, evasión fiscal y préstamos dinerarios.

Y los denominados paraísos fiscales, practicantes del secreto bancario y consejeros de derecho comercial internacional, siguen siendo muros para los investigadores que quieren seguir la pista al dinero sucio. Gibraltar ha vivido muchos años prácticamente del lavado de capitales de corruptos y narcotraficantes españoles, que domicilian allí sus cuentas y registran sus sociedades. Proliferan los bufetes de abogados fiscales dedicados a crear sociedades instrumentales y con catálogos de todo tipo de sociedades offshore, aunque las preferidas por los traficantes son las informáticas... Los políticos corruptos prefieren las inmobiliarias. Y todo ello convenientemente apoyado en la inmunidad jurídica que conlleva el secreto profesional para los abogados por su condición de tales, lo que los convierte en ideales gerentes de sociedades poco limpias. Algunos incluso usan sus propias cuentas profesionales para facilitar las transferencias ilícitas.

En Internet pueden encontrarse centros de creación de sociedades on-line que ofrecen a los clientes los servicios de un abogado gerente para garantizar “una mayor seguridad contra la investigación de la justicia” o diversas “ofertas personalizadas si prevé la necesidad de constituir diez o más sociedades en los próximos meses”.

Las sociedades offshore son algo increíble; son sociedades constituidas en un país para operar fuera de él. No pagan impuestos, sus accionistas son anónimos, no tienen control de las autoridades monetarias, no presentan cuentas, crearlas sólo cuesta unos 1.000 euros y su domicilio social puede estar constituido en cualquier lugar del mundo. En Gibraltar, con sólo 30.000 habitantes, ha llegado a haber más de 70.000 empresas de este tipo.

Y mencionar las Islas Cayman –otro ejemplo– resulta tan sospechoso como bajar continuamente a Ketama, a pesar del evidente atractivo del archipiélago más allá de sus facilidades financieras.

En el otro extremo, la legislación chipriota, por ejemplo, contempla incluso el blanqueo por negligencia, cuando el acusado “sabe o tendría que saber que el bien en cuestión procede del crimen”, incluye los regalos a terceros y prevé fórmulas de incautación de bienes aunque el delincuente haya fallecido. Asimismo, invierte la carga de la prueba durante la evaluación de las ganancias, lo que significa que el acusado debe justificar el origen lícito de sus bienes, y autoriza con garantías la infiltración de agentes encubiertos en las investigaciones.

Una forma curiosa de blanqueo es el sistema utilizado por delincuentes de países de la exURSS y que recogen múltiples informes policiales; estos delincuentes compran con dinero negro productos que escasean en sus países como zapatos, muebles o prendas de vestir, que exportan y venden en las repúblicas bálticas o Ucrania, según los ejemplos recogidos en los citados informes. Además de blanquear dinero se puede obtener un buen beneficio. 

Los carteles de la droga colombianos que importan a Estados Unidos, por su parte, usan el sistema del mercado negro del peso mexicano para hacer llegar los dólares de beneficio a tierras colombianas; los traficantes recurren a los agentes de cambio, les entregan el dinero y ellos expiden un cheque librado en pesos y expedido por el banco en Estados Unidos, cobrando, eso sí, una tasa de cambio superior a la habitual.

En Asia prefieren el sistema hawala/hundi, que surgió a principios del siglo XX para que los trabajadores analfabetos emigrados a Estados Unidos pudieran enviar con facilidad sus salarios a sus familiares. El sistema se basa en la confianza –es lo que significa hawala– que se otorga al banquero y es legal en algunos países.

El particular que quiera enviar dinero se dirige a un agente hawala y le entrega la cantidad en divisas del país de acogida, indicándole el destinatario. Mediante una comisión, el agente llama por teléfono a su homólogo en el país destino y le anuncia el importe de la operación para que entregue el dinero correspondiente al destinatario, en moneda local. Así de sencillo. La operación se lleva a cabo de manera bastante tradicional, y eso es aprovechado por las redes criminales que no tienen más que enmascarar la acción, por ejemplo, en una factura falsa por servicios no prestados. La organización que deba dinero a otra por algún cargamento de droga puede solicitar una compra falsa de equipos informáticos que nunca le serán enviados pero de los que tendrá una factura que, en realidad, es de heroína, aunque ponga ordenadores.

Pero a pesar de casos curiosos y sistemas realmente sorprendentes, lo cierto es que la mayoría del dinero negro que se blanquea en el mundo lo hace por métodos bastante sencillos y muy extendidos. El método que hasta los delincuentes menos organizados tienen siempre a mano es el de abrir un negocio tapadera, de esos que hay en todas las ciudades, que suelen tener pocos clientes y de los que algún vecino observador siempre se pregunta cómo demonios seguirá abierto ese restaurante de la esquina...

El sistema puede ser más refinado para la delincuencia de un nivel superior, que constituye sociedades instrumentales que no tienen ninguna actividad real, con sede en paraísos fiscales, con un marco legal que protege la confidencialidad de los propietarios y administradores. Las transferencias de capitales se justifican a través de transacciones ficticias con sociedades o sucursales situadas en otros países.

Otro sistema habitual es la utilización de personas físicas o sociedades testaferro que permiten ocultar la identidad del verdadero propietario de una sociedad o bien; lo que hizo Laureano Oubiña cuando se quedó el Pazo Baión.

La familia de los Rodríguez Orejuela –los de Cali– han usado, para complicarlo más, el sistema Operación Espejo, que consiste en crear una serie de sociedades que prácticamente no existen para cruzar entre ellas facturas, pagos, préstamos o cualquier posibilidad que sirva para blanquear el dinero y que cualquiera que intente averiguar su recorrido le pierda la pista, según se descubrió en la investigación de principios de 2003 en la que se bloquearon varias empresas de lo que quedaba del clan y sus tentáculos.

Una de las más relevantes operaciones de blanqueo de capitales culminó en enero de 2003 con la detención de 101 personas en España y Portugal. La denominada Operación Madre  propició la incautación de 542,5 kilos de cocaína y el decomiso de nueve millones y medio de euros. Y la Policía estima que el valor de los dólares adquiridos en operaciones fraudulentas ascendía a 237.859.944 euros.

La investigación, en la que se incluían las llamadas Operación Nilo y Equinoccio, se inició dos años atrás, tras analizar diversas operaciones que diariamente se llevaban a cabo en distintas oficinas de cambio de monedas, y que levantó desde un principio las sospechas de la Policía. Esta importante red, según las investigaciones policiales, adquiría grandes cantidades de dólares, llegando en ocasiones a comprar el equivalente a 600.000 euros diarios procedentes del narcotráfico, y los enviaba a Colombia. Para efectuar los cambios en las oficinas, los responsables reclutaban a gran número de toxicómanos o delincuentes habituales. El total de dólares comprados en Madrid y Lisboa asciende a casi 37 millones equivalente a 35 millones de euros.

El marco legal de operaciones como esa es la ley 19/1993 de 28 de diciembre sobre medidas de prevención del blanqueo que transfiere al ordenamiento jurídico español las directivas comunitarias sobre la materia y determina las competencias del SEPBLAC al que anteriormente hemos hecho referencia. En ella se regulan diversas obligaciones y actuaciones para prevenir la utilización del sistema financiero en el lavado de dinero procedente de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo o la delincuencia organizada: obliga a las entidades a comunicar las operaciones sospechosas en cualquier momento y, una vez al mes, todas las operaciones que, aunque no sean sospechosas, sean de un determinado tipo incluidas en una lista de 60 posibilidades. Entre ellas están las que tienen como destino los paraísos fiscales y tienen un valor superior a 30.000 euros.

La información se envía al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, que es algo así como el órgano práctico de la comisión y que debe analizar todos los casos. La Comisión, con representación de todas las fuerzas y organismos implicados, se limita a diseñar estrategias y coordinar esfuerzos, básicamente.

En 2010, la normativa referente a la materia es actualizada con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Entre las novedades destaca un mayor control a personas y entidades que pueden recibir cobros en efectivo de más de 15.000 euros y la recomendación a entidades financieras y algunas sociedades para que hagan mayores esfuerzos en la identificación de sus clientes y el análisis del riesgo de que sus operaciones escondan blanqueo de capitales.

El sistema de información podría parecer bastante efectivo, pero no lo es si tenemos en cuenta, entre otras cuestiones, que el delincuente puede estar en esas mismas entidades, incluso dirigirlas.

Si, efectivamente, el Servicio Ejecutivo considera que la operación es sospechosa, se traslada el caso a las unidades de Delincuencia Económica de Policía, Guardia Civil o Vigilancia Aduanera para que investigue.

En julio de 2003 se publicó en el BOE la Ley 19/2003 sobre el Régimen Jurídico de los Movimientos de los Capitales, que modificaba la ley 19/93 para adaptarla a la Directiva Comunitaria de 2001. A grandes rasgos, se ampliaba el ámbito de aplicación al dinero procedente de cualquier delito castigado con penas superiores a tres años, y se incluía a auditores, asesores fiscales, notarios, abogados o procuradores como profesionales sujetos a las medidas de prevención en determinados casos, como cuando participaran en operaciones inmobiliarias. .

La ley de blanqueo afecta a entidades de crédito, agencias de valores, aseguradoras, instituciones de inversiones, sociedades emisoras de tarjetas de crédito, oficinas de cambio, y también a actividades inmobiliarias y casinos de juego, pero, curiosamente, nada dice la ley sobre juegos de azar como la lotería y el sorteo de la ONCE, y, de hecho, hasta el 99 no se inician medidas de control sobre estos juegos a pesar de que se conoce su habitual uso para el blanqueo. Los Charlines fueron un buen ejemplo y no son nuevos  en el juego.

En 1994, pocos meses después de que entrara en vigor la ley de medidas de prevención del blanqueo, policías judiciales de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca, Tarragona, Huesca, Logroño, Soria y Ávila detuvieron a 22 personas por blanquear dinero negro por el sistema de los billetes de lotería premiados. Entre los arrestados había dos abogados, un asesor financiero, un agente de la propiedad inmobiliaria y el director de una sucursal de banco. Ellos eran los intermediarios entre los jefes y aquellos que tenían dinero que lavar. Entre los jefes estaba el titular de una administración de loterías de Manresa y un supuesto delegado comarcal de Loterías.

El dinero para blanquear era entregado a uno de los responsables de la red que se llevaba un 20 por ciento de comisión. Éste lo ingresaba en la cuenta que tenía uno de los jefes para tal fin y recibía un cheque por la cantidad total blanqueada. En el cheque se estampaba el sello de la delegación comarcal de loterías de Manresa y así parecía el importe de un premio.

En un segundo sistema usado por la red, el cliente recibía, a cambio del dinero que enviaba a la lavandería, un cheque a su nombre y un certificado en el que una delegación comarcal de loterías certificaba que le había tocado un premio.

Lo cierto es que el sistema de los boletos premiados es uno de los más interesantes y al mismo tiempo de los más empleados. En el mercado negro, un décimo premiado con unos 30 millones de pesetas se revaloriza hasta los 35 que paga quien necesita lavar su dinero. Es fácil. ¿Hay alguien que no haya oído hablar de una familia con suerte que ha obtenido varios premios seguidos jugando a la lotería, la ONCE o similares? A los Charlines les pasaba lo mismo; era una familia con suerte.

En noviembre de 1995, cuando media familia es detenida y Garzón embarga más de 600 millones de pesetas en bienes, la esposa y uno de los hijos de Manuel Charlín declaran que todas sus propiedades tienen su origen en un premio de lotería que les tocó doce años atrás.

No es que sea ni mucho menos habitual, pero no es tampoco demasiado extraño que algún empleado de banco se dirija a un agraciado en un sorteo para decirle, cuando le muestra el billete premiado en caja, que tiene un cliente muy interesado en comprarle el décimo con un sobreprecio.

Ante esta situación, el Gobierno dictó en el 99 un Real Decreto que obliga a Loterías y Apuestas del Estado, Cruz Roja y la ONCE a comunicar la identidad de los premiados con cantidades de dinero importantes para intentar evitar este tipo de blanqueo o por lo menos poder seguir su pista.

De modo similar, las ganancias en el juego y en las carreras de caballos son un medio muy empleado para justificar grandes sumas de dinero. Y también suelen requerir cómplices dentro de estos negocios.

En el Código Penal, los delitos de blanqueo de capitales se recogen en el artículo 301 y siguientes. Destaca que considera que el delito se agrava cuando el dinero procede de la droga y que incluye la responsabilidad penal por imprudencia, lo cual es una novedad en la legislación española.

Las medidas contra el blanqueo de dinero se han potenciado a partir de la década de los 90. Europol abrió un fichero de trabajo de análisis, una base de datos, bajo el nombre de Sustrans para recopilar las transacciones sospechosas identificadas en los Estados miembros.

OIPC-Interpol, adelantando acontecimientos, creó el grupo FOPAC (Fondos Procedentes de Actividades Criminales) en 1983. Sus funciones son las de recoger y analizar información sobre el blanqueo, formar policías, participar en conferencias y reuniones internacionales y elaborar estrategias de lucha. Cada año, en la secretaría general de Interpol, en Lyon, el grupo FOPAC organiza una conferencia a la que asisten representantes de los países miembros.

El blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas alcanza niveles tales capaces incluso de desestabilizar la economía de un país. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que anualmente se lavan en el mundo más de 600 mil millones de dólares del delito organizado. El GAFI calcula que cada año se blanquean más de 85.000 millones de dólares del tráfico de drogas.

Las formas más sencillas del blanqueo son a veces las más curiosas.

Barbate, en Cádiz, es una población a la que le ocurre lo mismo que, por ejemplo, Sanlúcar de Barrameda o Vilagarcía de Arousa; los asuntos de drogas son más que habituales y su nombre suele ir asociado con operaciones antidroga. En Barbate hay que ingeniárselas para lavar el dinero sucio; en algunas tiendas de la localidad pueden encontrarse prendas de vestir auténticas, de marca, u otros objetos caros a precios más que rebajados. A principios de 2003, circulaban en las calles unos panfletos sobre este particular:

“El comerciante sabe lo que cuesta mantener un negocio para que vengan unos narcotraficantes y con toda la facilidad del mundo monten un negocio para blanquear sus millones. Es por este motivo por lo que vemos necesario hacer este escrito, para que el pueblo sepa que los narcotraficantes están montando negocios a costa de la droga, así destruyendo al comerciante de toda la vida y la imagen de Barbate. Por eso os pedimos que si no queréis que desaparezca el comercio honrado y sólo quede el de los narcotraficantes no compréis en los comercios que están hechos de la droga”. Y algunos de esos establecimientos son citados en el texto.

Y algunos de los propietarios de estos negocios tapadera fueron arrestados en julio en la Operación Estela, la mayor batida llevada a cabo en el pueblo.

Resultado: 60 registros domiciliarios, más de veinte detenidos en una horas (además de otra veintena en intervenciones anteriores y posteriores) y joyas, dinero y armas confiscados. La operación se inició en septiembre con un alijo de 1.200 kilos de hachís interceptado en El Puerto de Santa María. Uno de los traficantes pertenecía a una red de Barbate y ahí empezó todo. El juez del caso, por cierto, fue el del número 3, Miguel Ángel López Marchena, conocido como el Garzón de El Puerto. Por algo será.

Sencillo y, sobre todo directo, es el sistema empleado por una banda detenida en las mismas fechas en Madrid y que se dedicaba al blanqueo a comisión del dinero de los colombianos. Los jefes, dos hermanos, ingeniero de Iberia uno y abogado el otro, tenían dos aviones con los que trasladaban ilegalmente el dinero a Bogotá, sin más complicaciones. Uno de los aparatos tenía capacidad para realizar el vuelo sin escalas.

Un medio clásico es la compra de oro, un valor mundialmente reconocido, aunque algunas organizaciones criminales de Europa Central prefieren adquirir diamantes, que tampoco está mal.

La inversión en obras de arte, por su parte, adquiere unas dimensiones curiosas; gracias al blanqueo de capitales, pseudoartistas con menos talento que una grapadora pueden vender sus tomaduras de pelo por precios millonarios gracias a la especulación para el blanqueo.

En principio, las verdaderas obras de arte son objeto de culto de traficantes que necesitan blanquear dinero. Si, por otra parte, se puede obtener una importante plusvalía en la cesión, la operación incita a la especulación. Eso explica que artistas sin talento descubiertos por algún marchante adquieran con rapidez una cotización que no merecen. La técnica consiste en hacer subir artificialmente el valor de un lienzo, una escultura o un montón de latas con vocación de obra de arte mediante el juego de compra/ventas sucesivas o de forma directa, para luego mandar a un hombre de paja a comprar la obra a su más alto precio.

El fútbol es también una fantástica máquina de blanquear. El dinero con el que algunos equipos fichan jugadores procede de las actividades del crimen organizado, entre ellas el tráfico de droga. El director de Europol, Jürgen Storbeck, lo destacó sin tapujos en el II Congreso de Policía Local que se celebró en Valencia en febrero de 2003. ¿Y quién no lo sabía? La pregunta, en realidad, es ¿por qué nadie hace limpieza? Storbeck aseguró que algunos equipos de Centroeuropa “están en el punto de mira de las investigaciones”.

PRECURSORES

En junio de 1999, la sala segunda del Tribunal Supremo dicta la primera sentencia condenatoria en España por un delito contra la salud pública por la tenencia de elementos químicos para fabricar droga y sin que se incautara a los acusados ni un gramo del producto ya elaborado.

El Supremo revoca con tal decisión una sentencia de la Audiencia de San Sebastián y condena a un hombre natural de Irún y a un colombiano a tres años de cárcel cada uno por la posesión de precursores, ante la convicción de que éstos iban a ser empleados para fabricar clorhidrato de cocaína.

La Policía intervino a los dos hombres sustancias como etanol y ácido clorhídrico, además de pesos electrónicos, vasos de medir y una plancha de lámparas infrarrojas en una caseta de la localidad guipuzcoana de Irún, donde habían instalado un laboratorio para trasformar la pasta de coca en cocaína.

La sección segunda de la Audiencia de San Sebastián absolvió a los acusados porque consideró “verosímil” que los materiales hallados se utilizaran para criar codornices o fabricar un nuevo disolvente que sirviera para quitar las manchas de prendas de ante. El Supremo, sin embargo, califica la sentencia de primera instancia de “contraria al criterio humano, a la lógica y a los principios de común experiencia”. Es decir, que creerse lo de la cría de codornices o lo del quitamanchas era absurdo.

El alto tribunal considera que el hecho de tener en su poder elementos químicos es motivo suficiente para condenar a los acusados, arrestados tras una investigación iniciada en 1996.

El mismo mes del mismo año 1999, los agentes de estupefacientes de Madrid finalizan una investigación iniciada un año antes al descubrir que los laboratorios Labortec S.L. no estaban inscritos en el Registro General de Operadores, en el que debían figurar por los elementos con los que trabajaban, y, lo cual resulta igualmente sospechoso, cambiaban con demasiada frecuencia de sede social.

La operación es muy interesante. Indagando un poco, los agentes vieron que el propietario de la empresa, un alemán llamado Wilfried, se relacionaba con ciertos colombianos que se dedicaban al tráfico de drogas. Sólo hacía falta, como suele decirse, sumar dos más dos.

El alemán facilitaba a los colombianos los productos químicos necesarios y la infraestructura para transformar en España cocaína base en clorhidrato de cocaína.

Cuando los policías se decidieron a actuar, el laboratorio clandestino, situado en un chalet llamado El mirador, en la calle del Lago número 2 de Navata-Galapagar (Madrid), todavía no había puesto a la venta su producto.

Y otro detalle relevante es la original forma en la que la base para la cocaína llegó a España; en el laboratorio, la Policía decomisó 263 kilos de viruta de madera, empleada para proteger de golpes varios objetos de cerámica. En la forma habitual, la droga se hubiera encontrado en esa cerámica, pero esta vez estaba impregnada en las propias virutas. Desde Colombia tuvieron que dictar a los traficantes el proceso para recuperar el estupefaciente tan hábilmente camuflado, y los agentes hallaron las anotaciones.

En el laboratorio se intervinieron, en cuanto a productos que pueden ser precursores de drogas o sustancias de adulteración, 350 litros de cloruro de metileno, 475 litros de acetona, 300 litros de éter etílico, 10 litros de ácido acético, siete litros de amoníaco, seis de ácido clorhídrico y dos kilos de silicato de aluminio. En la sede social de Labortec, en Becerril de la Sierra, se encontraron 25 kilos de permanganato potásico, 38 de ácido benzoico, un kilo de efedrina, 25 de carbón activo, 75 litros de metiletilcetona butanona, otros 51 litros de amoníaco, dos kilos de carbonato sódico, dos kilos de clorhidrato de xilocaína, dos kilos de manitol (frecuentemente empleado para cortar la cocaína), un kilo de cafeína, nueve litros de ácido clorhídrico, dos litros de etanol, un kilo de ácido bórico y recipientes con algunos disolventes.

Un equipo muy completo. Tanto como para abarcar hasta el último eslabón de la cadena; el principal detenido acababa de adquirir, en Guadarrama, una discoteca, el mejor lugar para distribuir la mercancía y blanquear dinero.

Lo cierto es que sólo desde la década de los 90 se ha dado a la cuestión de los precursores químicos la importancia que merece. Se ha intentado poner obstáculos a la producción de cocaína evitando que los países productores reciban las sustancias necesarias para ello como acetona o ácido clorhídrico. Pero, ante ello, los países productores han optado en ocasiones por exportar la pasta base a los países receptores para que ellos sigan el proceso de conversión a clorhidrato de cocaína por su cuenta. Por eso ahora la Policía puede encontrar laboratorios de procesamiento de cocaína donde antes era muy raro hallarlos.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ha promovido diversas campañas para impedir la desviación de precursores al mercado ilícito. En el informe del año 2002 se ofrece una valoración positiva de ese control:

“Han aumentado en forma sostenida los conocimientos acerca del comercio internacional lícito de anhídrido acético, sustancia química esencial para la fabricación de heroína, y de permanganato potásico, para la cocaína”. La vigilancia del comercio internacional de estas sustancias se ha llevado a cabo en el marco de la Operación Topacio (anhídrido acético) y de la Operación Púrpura (permanganato potásico).

En cuanto a la primera, iniciada en 1999, “se ha determinado que un gran número de remesas constituían intentos de desviación y posteriormente se han detenido, y las incautaciones mundiales de permanganato potásico notificadas anualmente a la Junta han disminuido en forma sostenida, lo que indica que los mecanismos de vigilancia han tenido éxito. Al mismo tiempo, el análisis de muestras de cocaína incautada por la policía revela que la cantidad de cocaína purificada utilizando permanganato potásico nunca ha sido tan baja y que, además, los traficantes de Colombia intentan fabricar permanganato potásico ilícitamente”. O sea, que se ha logrado restringir la disponibilidad de la sustancia para la fabricación de cocaína.

Sin embargo, en el informe de 2010, la Junta señala que el permanganato potásico sigue siendo el principal agente oxidante usado para fabricar cocaína en Colombia y que es probable que el país disponga del suficiente número de laboratorios clandestinos de esta sustancia para atender las necesidades del mercado. Entre 2004 y 2008 se desmantelaron 58 laboratorios ilegales de permanganato potásico.

Por lo que respecta a la Operación Topacio, puesta en marcha en 2001, destaca por la utilización de las entregas vigiladas para identificar y procesar a quienes participan en el contrabando de anhídrido acético. También se considera un éxito.

A pesar de todo ello, la Junta reconoce que se dispone de “escasa información” sobre el comercio de muchos otros precursores de drogas ilegales, sobre todo de los empleados para fabricar estimulantes de tipo anfetamínico.

En este aspecto, los gobiernos sólo han informado a la JIFE sobre el comercio de efedrina y seudoefedrina. Es la Operación Prisma. En el informe de 2002, “la Junta insta a todos los gobiernos a que reúnan información de manera sistemática sobre sus exportaciones e importaciones de esas sustancias y se la comuniquen para poder ayudar a descubrir transacciones sospechosas”.

Las autoridades chinas –como ejemplo del funcionamiento del sistema– pidieron a la Junta que verificara la legitimidad de un pedido de 5.000 kilos de diazepam realizado por Afganistán y supuestamente autorizado por las autoridades de ese país. Se daba la circunstancia de que las muestras tomadas en partidas de heroína incautadas en fechas recientes revelaban que se usaba diazepam para adulterar la droga, y anteriormente se había descubierto el intento de desviar de la misma forma fenobarbital, un barbitúrico usado para los mismos fines. La Junta pidió a las autoridades de Afganistán que investigaran esos casos.

Lo que se consideran precursores pueden ser sustancias legales usadas para otros fines, desde luego, por lo que hay que establecer un sistema capaz de abastecer el mercado legal evitando su desvío a la fabricación de drogas de abuso. Para ello, se aprobó en España la Ley 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas de control de sustancias catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de drogas, desarrollada en un reglamento al año siguiente.

España cuenta con dos registros de sustancias catalogadas a efectos de fiscalización, en el que las empresas legales de los sectores afectados han de estar inscritas. El primero es el registro general de operadores de sustancias químicas catalogadas y en él figuraban en 2003 un total de 382 empresas que se dedicaban a los precursores en España. El segundo, en la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) incluye a unas 140 empresas exportadoras de estos productos.

En agosto de 2002, la delegación del Gobierno para el PNSD impone la primera sanción contra una empresa por infracción de esta normativa. La compañía multada es Justesa Imagen S.A. y la sanción asciende a 90.151,82 euros. Esa multa, por cierto, pasa a la Ley del Fondo, de la que se hablará en el próximo apartado.

La falta, de carácter muy grave, incumple concretamente el artículo 14.3 de la Ley, que obliga a registrarse en la lista a cualquier empresa cuyo objetivo sea comerciar con alguna de las sustancias químicas que están catalogadas. La empresa adquirió de forma habitual diversas cantidades de anhídrido acético antes de darse de alta en el registro. Sin embargo, según se especifica en el expediente sancionador, no existen indicios de desvío ilegal de anhídrido acético para fines diferentes a los objetivos de la sociedad.

El anhídrido acético se encuentra catalogado en el anexo 1, categoría 2. En la primera categoría se encuentran, por ejemplo, el safrol y la efedrina, precursores de la anfetamina, o el ácido lisérgico, componente del alucinógeno LSD.

En cuanto a la efedrina, en diciembre de 2000 el grupo primero de Estupefacientes de Málaga intervino nada menos que 75.032 comprimidos de esta sustancia usada para elaborar drogas de diseño y detuvo a dos noruegos y a dos españoles. Además de efedrina, se decomisaron sustancias como Ventolase-combuterol, Stilnoz 10 o Testoviron, fármacos usados como estimulantes y potenciadores de energía y musculación. No en vano uno de los implicados era el dueño de un gimnasio de Arroyo de la Miel, que hacía de intermediario entre el gerente del Almacén de Medicamentos B. Morales S.A. y los dos noruegos.

En el capítulo sobre el éxtasis ya se comentó la existencia de mafias paralelas dedicadas al tráfico de la tecnología más moderna para fabricar pastillas, pero el control sobre los precursores y la necesidad de su uso para fabricar drogas también ha dado lugar a otra especialización; organizaciones criminales desvinculadas de las redes del tráfico de drogas se dedican en exclusiva a adquirir partidas de precursores en el mercado químico y farmacéutico para trasladarlas y revenderlas en otros países distintos al de la compra. El número de estas redes de precursores no deja de aumentar.

España produce permanganato de potasio, un objetivo muy codiciado por las redes de la cocaína. De hecho, ya se han localizado partidas compradas legalmente que han pasado desde sociedades ficticias a países sudamericanos de elaboración de clorhidrato de cocaína.

LA LEY DEL FONDO

En las operaciones antidroga no sólo se interviene droga. La Ley determina también que deben decomisarse los instrumentos de preparación y distribución de la sustancia y los bienes que puedan considerarse obtenidos con el negocio ilícito, así que también quedan confiscados los barcos, coches, aviones o camiones que las organizaciones puedan emplear para el tráfico, las armas que lleven, joyas, casas y el dinero que se suponga que tenga origen ilícito. Todos estos bienes son adjudicados al Estado en cuanto hay una sentencia condenatoria, aunque una modificación de la ley permite emplear y subastar, antes del fallo judicial, los barcos incautados para evitar que se pudran ocupando caros amarres en puertos como el de Vilagarcía.

Con sólo echar un vistazo a las más importantes operaciones antidroga realizadas en España en los últimos años resulta evidente que las ganancias decomisadas son tan importantes como la droga que de esta forma se retira del mercado. Y para gestionar estos bienes para que se reinviertan en la lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas se aprobó la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, por la que se creó el Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico Ilegal de Drogas, más conocida simplemente como la Ley del Fondo. En el 97 se aprueba el reglamento para regular “algunos aspectos fundamentales para el funcionamiento eficaz del Fondo creado” y destacando que en el ámbito internacional son escasos los ejemplos de regulación específica de los fines que deben darse a los bienes decomisados al narcotráfico.

La Ley del Fondo tiene como finalidades fundamentales los programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes, represión del narcotráfico y la cooperación internacional en estas materias. Por ejemplo, en el año 2002, el Fondo de Bienes Decomisados disponía de 7,7 millones de euros. De ellos, algo más de un millón y medio estaban destinados a los cuerpos y equipos encargados de luchar contra el tráfico, y el resto era para subvencionar programas de prevención de los ayuntamientos, ONG, comunidades autónomas o a los proyectos del propio PNSD.

Los bienes decomisados son subastados en cuanto el juez instructor lo permite. Paradójicamente, algunos traficantes consiguen en esas subastas embarcaciones que luego emplearán en su actividad ilícita.

Las cantidades decomisadas en procesos por delitos de narcotráfico se ingresan por orden del órgano sentenciador en la cuenta 7777, asociada a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales del BBV, que a su vez lo ingresa trimestralmente en el Tesoro Público para que lo gestione la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones. Sin embargo, algunos informes sobre la Gestión del Fondo –entre ellos ya el del 98– han detectado diversas irregularidades en estos ingresos, ya que en el banco muchas veces no se especifica que la aportación deriva de la incautación de bienes por delito de tráfico de drogas, ni se identifica con los números 99, como establece el Reglamento del Fondo. Por ello, esas cantidades van a parar a las cuentas de los juzgados pero sin beneficiar al Fondo del narcotráfico. De nuevo, la teoría no está mal pero la práctica deja mucho que desear.

Tan sólo el recuento de las cantidades y bienes decomisados que se han citado a lo largo de este libro ofrece cifras inabarcables con las que las fuerzas antidrogas españolas podrían ser las mejor preparadas del mundo y el país podría disponer de una red de prevención y reinserción inigualable. No obstante, no hace falta ser un experto para comprobar que se está muy lejos de tal utopía. Si existe el dinero, ¿por qué no existen los medios?

A todo ello, además, hay que sumar la partida que de los Presupuestos Generales del Estado se destina a la lucha antidroga. Y no es poco. En 2001, por ejemplo, el Gobierno destinó 5.277 millones de pesetas al PNSD y 1.362 millones a las actuaciones policiales en la materia.

En mayo de 2003, España firma un acuerdo con Naciones Unidas para pasar a este organismo fondos de la lucha antidroga. El PNSD español ha destinado 200.000 euros de los bienes decomisados para financiar dos programas contra la droga en Ecuador e Irán. Hay que decir que hasta ese momento sólo Luxemburgo colaboraba en proyectos internacionales de este tipo.

Y de la teoría a la práctica, el siguiente caso es un magnífico ejemplo de los fallos que tiene la aplicación de la Ley del Fondo.

    En la madrugada del 23 de septiembre de 2006, una patrullera de la Guardia Civil, con información de la DEA norteamericana, apresó en altamar un catamarán que transportaba más de 2.000 kilos de cocaína y que fue trasladado al puerto de Sant Antoni, en Ibiza. El catamarán, el Tatibat, valorado en más de 600.000 euros y que debería haber sido subastado y usado para financiar la lucha antidroga, seguí en el puerto cinco años después. Abandonado y roto, y ya sin valor, porque la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas dejó que se echara a perder en lugar de usarlo para financiar la lucha antidroga. Ésta es la verdad de cómo funciona y de cómo se tira el dinero, porque, como el Tatibat, muchos otros barcos decomisados han acabado igual en puertos de Galicia. Por ejemplo.

   Las operaciones antidroga no son sólo importantes por la cantidad de sustancia intervenida, aunque ese suela ser el parámetro usado por los medios de comunicación. Lo son también por las redes desmanteladas, los traficantes encarcelados y la lista de bienes y dinero intervenidos a las mafias. Todas las grandes operaciones van acompañadas de grandes decomisos más allá de la droga, empezando por los barcos que se usan para trasladar alijos y continuando por la intervención de cuentas millonarias en investigaciones paralelas por blanqueo de capitales.

   De ello podría colegirse que, en un país como España, la lucha contra el tráfico de drogas es capaz de autofinanciarse, teniendo en cuenta que se dispone de una ley pensada para gestionar estos decomisos más allá de la droga y que, por cierto, valió a España las felicitaciones de la comunidad internacional. La realidad, sin embargo, es la que revelan casos como el del Tatibat, un catamarán de lujo de 15 metros de eslora cuyo precio superaba los 600.000 euros y que se echó a perder en el muelle.

    Precisamente para evitar que embarcaciones y otros vehículos como coches y motos se deterioraran mientras se estaba a la espera de una sentencia, la denominada Ley del Fondo se modificó (un año después del decomiso del Tatibat) para permitir el empleo y subasta de los bienes incautados sin esperar juicio; si los acusados son absueltos, se le paga o devuelve el bien, sencillamente. Y esta es la fórmula que permite habitualmente a policías y guardias civiles disponer de coches decomisados para trabajar –en una forma de justicia poética– cuando no hay medios oficiales.

En el caso del Tatibat, además, existía ya una sentencia, ratificada por el Supremo. Y en ella se especificaba concretamente el decomiso de la embarcación, cuya documentación fue tramitada por la agencia Náutica Puerto Banús e inscrita en el registro de embarcaciones de Gran Bretaña. Pero el Gobierno no reparó en ella y, al final, en lugar de aportar dinero al fondo, deshacerse de él implica un gasto.

AJUSTES DE CUENTAS. SICARIOS DE LA DROGA

Dejando a un lado la innegable relación que tiene el consumo de drogas con la delincuencia fuera del capítulo de los delitos contra la salud pública, nos referimos ahora a otro tipo de criminalidad mucho más allá del toxicómano que atraca una gasolinera en pleno síndrome de abstinencia para conseguir una nueva dosis o del chaval que vende unos cuantos éxtasis en la discoteca para que la noche le salga gratis; son los ajustes de cuentas entre traficantes.

Las redes de la droga no dudan en intentar convertir ciudades como Madrid en pequeñas copias a escala de Cali, Medellín o Tijuana, por ejemplo, y asesinar en plena calle y sin escrúpulos a aquellos que se la han intentado jugar.

El número de homicidios que se registran en la capital de España ha aumentado de forma alarmante desde los años 90 debido, en gran medida, al establecimiento en la ciudad de delegaciones de los clanes de droga colombianos y a los grupos mafiosos provenientes de otros países. Las deudas de droga, las culebras, suelen ser la causa de la mayoría de los ajustes de cuentas de los colombianos; los traficantes-distribuidores suelen trabajar de fiado, sin pagar a su proveedor más que una parte del pedido a la espera de venderlo todo. Esa deuda que se contrae es la culebra.

La Policía, a pesar de la situación, rechaza hablar de mafias colombianas en España. Es una simple cuestión semántica; no existe un elemento esencial de lo que se denomina Mafia, ya que no son grupos poderosos y organizados que corrompen y compran estamentos políticos y policiales.

Entre enero y diciembre de 2001, 18 colombianos murieron asesinados en Madrid. Sus asesinos eran compatriotas que saldaban deudas. El número total de muertes conocidas en la región fue de 96.

En el año 2002, sólo en el mes de mayo, se registraron 13 homicidios en la capital.  En el mes de octubre, cuando la Policía iniciaba el Plan Focus para reforzar la presencia policial en determinados puntos conflictivos,  el número se elevó a seis. Y entre esos casos de octubre se encuentra el de una mujer colombiana con antecedentes por tráfico de drogas a la que dos sicarios en moto pegaron cuatro tiros en plena calle, en el distrito de Villaverde.  Fue un ajuste de cuentas. Un clásico, además.  El sistema de los dos matones en moto es el típico modus operandi de los sicarios del narcotráfico en las calles de las ciudades colombianas; uno conduce el vehículo y el de atrás mata. En Cali llegaron a prohibir que dos hombres fueran juntos en una misma moto... Y dicen que, subido a una Lambretta y acompañado de su primo, un Pablo Escobar casi adolescente cometió así su primer crimen. A principios de los 80, en Medellín, el judío Isaac Guttnan Esternbergel abrió una escuela de sicarios a los que enseñaba a mantener el equilibrio en la moto y disparar a blancos en movimiento. Escobar se sirvió de su cantera.

Una versión en Peugeot 405 fue el caso ocurrido en agosto de 2001 en la calle Manuel Noya, en el madrileño barrio de Usera. Un hombre y una mujer colombianos fueron acribillados desde un coche cuando circulaban en un Seat Ibiza. El copiloto del Peugeot llegó a descender del vehículo para rematar la faena. En el coche de las víctimas los policías hallaron varios recibos de envíos de correo a Colombia.

El conocido crimen múltiple de la calle de Historias de la Radio, en Vallecas, también es un ajuste de cuentas por cuestión de drogas. Ocurrió el 17 de septiembre de 2001. Un hombre bajó de un Renault 19 azul, llamó al telefonillo del segundo piso del portal número 3, subió, entró en la casa en la que vivían cuatro colombianos y disparó a bocajarro contra todos ellos. Dos mujeres murieron allí mismo y la tercera lo hizo camino del hospital. El hombre que estaba con ellas murió al día siguiente en el Gregorio Marañón con tres balazos en la cabeza.

En los cuatro casos el sicario apuntó a la cabeza, al estilo ejecución; las tres mujeres presentaban orificios de entrada por la zona frontal del cráneo y de salida por la zona occipital. Al hombre, un proyectil le entró por las placas superiores y salió por el maxilar. La Policía encontró diez casquillos de bala de pequeño calibre, un 6,35 milímetros, el que suelen emplear los sicarios colombianos; las armas son pequeñas y fáciles de esconder y para tirar a la cabeza a corta distancia no se necesita más.

En la casa, además del consiguiente desastre y dos caniches blancos velando a los muertos, los agentes encontraron una balanza de precisión, restos de cocaína e instrumentos para cortar la droga. Una vecina oyó los disparos, pero creyó que eran golpes o portazos...

A finales de febrero de 2003 encontraron el cadáver del colombiano José Arley Montejo en el kilómetro 35,9 de la N-III, término municipal de Perales de Tajuña. Tenía heridas de arma de fuego; el clásico tiro en la cabeza, de nuevo.  En su domicilio, la Guardia Civil encontró 760 gramos de cocaína e instrumentos y material para cortar la sustancia. No era difícil determinar en qué podía estar metido el muerto antes de estarlo.

Los agentes llegaron hasta otro colombiano del que se sospechaba que se encargaba de realizar las entregas de droga al fallecido y a un amigo suyo, aunque en cuestión de drogas no hay amigos. Al parecer, el hombre muerto de la N-III tenía una deuda con la organización cuya droga distribuía. La denominada Operación Cristalazo, destinada a solucionar el caso, culminó con la detención de nueve personas.

Pero no sólo las deudas pendientes motivan ajustes de cuentas; en octubre de 2002, la Operación Líbano acabó con una red de traficantes que para no pagar la cocaína encargada mató al mediador entre ellos y una organización colombiana. El hallazgo del cadáver del hombre, un libanés de 51 años, en Fuente el Saz del Jarama, Madrid, fue el inicio de la investigación. El caso fue resuelto cuando los traficantes ya tenían previsto acudir en breve a una nueva entrega de cocaína y asesinar de nuevo al portador.

El tráfico de drogas también estaba detrás del conocido como crimen de las maletas. El 26 de octubre de 2001, en un camino cercano al Palacio de Congresos de Torremolinos, se encontraron dos maletas a las que habían prendido fuego y que contenían la cabeza y extremidades de un hombre. Dos días después se localizó una tercera maleta en la urbanización Nueva Torrequebrada de Benalmádena. También tenía restos humanos; era lo que faltaba del cadáver del británico Scott Michael Bradfield, reclamado por la Interpol por un homicidio ocurrido un año antes en Reino Unido.

Un año después los agentes detuvieron a cuatro hombres y una mujer en una operación en la que intervinieron más de 40 agentes. Scott Bradfield trabajaba para una red de traficantes que lo ayudó a huir y esconderse en España. Sus jefes no confiaban en él y lo consideraban un peligro para la supervivencia de la organización por su carácter problemático y su adicción a cocaína y alcohol, así que decidieron eliminarle. Antes lo torturaron.

En este último caso, la diferencia es que se trataba de una organización británica y los colombianos no tuvieron nada que ver.

La tortura también fue empleada por los sicarios del anteriormente comentado crimen de Benimussa, en Ibiza, en 1989, al que se hacía referencia en el primer capítulo. El caso es especialmente demostrativo de la violencia que pueden emplear estos sicarios, que torturaron a dos niñas de cuatro y seis años en presencia de sus padres.

Son castigos ejemplares, como el que conllevó la muerte, el 14 de marzo de 1999, a los colombianos José Benigno el Negro y Jaime Marcelino Osorio en una vivienda del barrio de Tetuán de Madrid. Los dos fueron torturados previamente a ser degollados. Quizás querrían que cantaran, pero además consiguieron dar un escarmiento con mensaje: con nosotros no se juega.

La constatación de que los carteles de la droga envían a sus sicarios colombianos a España para ajustar cuentas se produjo también en 1990, un año después del crimen de Benimussa. Era el año de la Operación Nécora. El año en que toda España fue consciente, de repente, de que la droga no sólo era una cuestión que afectara sólo a las clases más marginadas de la sociedad.

Los chivatazos del caso Nécora llegaron a oídos del cartel de Medellín, según reveló una investigación llevada a cabo por el Servicio Central de Estupefacientes, que halló, en poder de unos colombianos detenidos, un sobre con una lista de delatores a los que eliminar, bajo el encabezado ‘Por una Colombia sin sapos’ (los sapos son confidentes de la Policía). En una segunda lista, hallada en el registro de una vivienda, figuraba el nombre del arrepentido Ricardo Portabales.

En la mayoría de los casos citados hasta ahora hay una vinculación colombiana, pero no hay que olvidar la violencia desatada por las mafias provenientes de los países del Este en este tipo de venganzas. De hecho, muchos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en Madrid consideran que los asesinatos de estos grupos son incluso más sangrientos que los que perpetran los sicarios colombianos que se desplazan a España para hacer su trabajo –infiltrados entre los miles de compatriotas que llegan a Barajas con billetes trampa de ida y vuelta– y luego, normalmente, regresan tranquilamente a su país.

En la tarde del miércoles 26 de febrero de 2003 dos búlgaros con falsos pasaportes eslovacos murieron acribillados a tiros en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, en la calle Jazmín. Los búlgaros habían bajado de su todoterreno para ver qué le ocurría a una de las ruedas –estaba pinchada– cuando dos hombres vestidos de oscuro se les acercaron. Uno de ellos iba armado con un fusil ametrallador, un Kalashnikov A-47, les disparó dos ráfagas y los remató con una tercera cuando ya estaban en el suelo y mientras su compañero le gritaba “¡Remátalos, remátalos, que aún están vivos”. Huyeron en un Audi A3 que les esperaba a pocos metros.

Los muertos eran Iván Dimitroiv, conocido como el Calvo y Miroslav Petrovich. La Policía llevaba meses detrás del primero. Fue, posiblemente, un ajuste entre bandas de Este o entre miembros del mismo grupo. Es un ejemplo. Sin embargo, hay que señalar que estas mafias búlgaras, rumanas, polacas, ucranianas, albano-kosovares, rusas y exyugoslavas suelen preferir los robos de coches de lujo, los atracos a joyerías o los robos por el procedimiento del butrón al tráfico de drogas. Cada uno tiene su especialidad. En el caso de los dos búlgaros asesinados en la calle Jazmín, se sospecha que estaban implicados en el mercado de coches robados, la especialidad búlgara.

En los ajustes de cuentas estrictamente por asuntos de tráfico de drogas, los colombianos siguen acaparando las estadísticas. La Policía ha detectado que los correos de la droga, además de cocaína, introducen en España armas de fuego envueltas en látex y papel de aluminio, aunque también es frecuente que los sicarios consigan las pistolas y la munición del 22 (5,6) y del 6,35 que prefieren en el mercado negro portugués.

Las organizaciones colombianas establecidas en España suelen tener un mismo esquema: un ex empleado de algún cartel de aquel país, de Cali, Medellín o Bogotá, principalmente, exporta el modelo y emigra con su familia para instalarse como trabajador autónomo. Contacta con algunos compatriotas que ya conocen el mercado español para que trabajen con ellos, mientras que los españoles serán sus clientes. En Colombia mantienen un enlace que les suministra la cocaína.

Cuando alguno de ellos se la juega al vendedor, no es difícil conseguir en Colombia a un sicario que viajará a España por medio millón de pesetas, hará su trabajo y al cabo de un par de días regresará a su país.

Los asesinatos en ajustes de cuentas no son algo nuevo en España. Lo que sí puede considerarse un auténtico fenómeno criminal es el aumento de los tiroteos entre bandas en las ciudades en los años 90 y, sobre todo, al inicio del nuevo siglo, y la aparición de cadáveres en el campo relacionados con las drogas; sean boleros a los que se rajó para extraerle la droga o que murieron intoxicados, o asesinados en ajustes de cuentas.

Hasta la proliferación de sicarios y bandas de todo tipo en ciudades como Madrid los ajustes de cuentas españoles tenían otro color. Una de las principales diferencias era que ocurrían por regla general en el interior de las viviendas, normalmente la de la víctima, o en zonas apartadas, y no en las calles, y parecían, sino más sutiles, sí más preparados, más planeados. Una impresión acrecentada, hay que reconocerlo, por el hecho de ser menos habituales, aunque recordamos el caso del crimen de Benimussa, perpetrado por sicarios del cartel de Medellín pero en una época en que los carteles de la droga parecían muy lejos de España, y muchos de los que se registran en la Costa del Sol, donde el ajuste de cuentas tiene un olor especial.

Es el caso del matrimonio francés asesinado el 5 de octubre de 1996 en su casa marbellí de la urbanización Las Lomas. Tres profesionales encapuchados, probablemente del clan de los lioneses, completamente vestidos de negro, entraron en la casa de Jacques Granjeon y Catherine Castagna armados con una ametralladora y dos pistolas semiautomáticas. En ese momento, la pareja estaba analizando una muestra de 500 gramos de hachís que acababa de recibir. Murieron sin acabar su cometido mientras resultaba gravemente herido un invitado que también se encontraba en la casa y la hija de 18 años de Catherine se escondía tras la puerta de su habitación.

Jacques Granjeon era sospechoso de haber participado en el atraco multimillonario al aeropuerto de Ibiza ocurrido en 1992 y en el robo de dinero en un avión francés en el aeropuerto de Perpignan ese mismo año 1996. Jacques era muy conocido en los círculos de la delincuencia de Marsella y Lyon, relacionado con grandes atracos y con el tráfico de drogas.

Pero el ajuste de cuentas que tal vez sea más conocido del país ocurrió en Galicia y entre traficantes gallegos, aunque con sicarios colombianos. Es el caso Manuel Baúlo, un buen ejemplo de cómo funciona el asunto.

Domingo, 11 de septiembre de 1994. El traficante arrepentido Manuel Baúlo Trigo, del clan de os Caneos y principal testigo de cargo de las andanzas de los Charlines, paga cara su traición. A las diez y cuarto de la mañana dos colombianos a cara descubierta entran en su casa de Cambados y lo acribillan a balazos. Un tercero vigila en la calle. Cuando la esposa, Carmen Carballo, les abre la puerta, intentan hacerse pasar por policías, pistola en mano. Manuel está desayunando. Al ver entrar a los sudamericanos intenta coger el teléfono anunciando que va a llamar a la Guardia Civil, pero cinco disparos a bocajarro le detienen para siempre.

El que no ha disparado mantiene agarrada a Carmen. Aprieta una pistola contra su mejilla mientras la amordaza. Ella forcejea y él dispara. El proyectil entra por la mandíbula y atraviesa el cuello y el tórax. Quedará tetrapléjica. Los sicarios usan munición del calibre 9 milímetros parabellum y de 7,65 milímetros.

El crimen se comete en medio de una investigación –es el sumario 10/94– del servicio central de estupefacientes que queda bastante mermada sin Baúlo. Y eso es lo que pretendían los asesinos, claro está, además de vengar las delaciones del de os Caneos ante el juez Garzón. Baúlo estaba encausado, junto a su hijo, en la denominada Operación Don José, en la que el SVA intervino, el 16 de octubre de 1991, un alijo de cocaína en el barco llamado Rand, como la moneda sudafricana. En el sumario, José Luis, hermano del patriarca del clan de los Charlines, figura como el jefe del tinglado. Lo cierto es que Garzón había pedido protección para Manuel Baúlo, pero el Ministerio de Interior no la consideró necesaria. Los cementerios están llenos de protecciones innecesarias.

El caso Baúlo es de lo más complejo, mezcla de amor, traición y muerte.

Os Caneos habían trabajado junto a los Charlines en los años del contrabando y siguieron, posteriormente, tripulando sus barcos de droga. Y hubo un tiempo en que Daniel Baúlo, hijo de Manuel, mantuvo una relación sentimental con Yolanda, una de las hijas de José Luis Charlín.

A principios de los 90, Daniel fue enviado a Colombia como mensajero para explicar al cartel de Bogotá por qué se había perdido en el mar uno de sus cargamentos. Los colombianos no creyeron una palabra y secuestraron al chico para asegurar la deuda, una medida típicamente colombiana.

Os Caneos tuvieron que pedir ayuda a otros clanes para reunir 50 millones de pesetas del rescate. Entre ellos estaban los conocidos Manuel Carballo y su hijo Danielito, con los que empezó Sito Miñanco y familia de la esposa de Manuel Baúlo. Danielito Carballo, por cierto, murió en un curioso ajuste de cuentas en Arousa en enero de 1993; el contrabandista Antonio Chantada, Tucho Ferreiro, le pegó un tiro en la cabeza en un bar, después fue a por otro socio, también lo abatió a tiros y luego se suicidó.

Volviendo a los Baúlo, el caso es que la relación entre Daniel y Yolanda acabó y él se sintió traicionado. Se encontraba en la cárcel cuando, un buen día, decidió enfrentarse al juez y a sus demonios y preguntó qué ventajas tenía eso de contarlo todo e implicar hasta al último gato caza-ratones del barco de la droga. Así, él y su padre se convierten en piezas claves de la acusación de Baltasar Garzón contra los Charlines en Nécora.

Es en julio de 1994 cuando los Baúlo comparecen en el juzgado y cuentan la adquisición y el flete de algunos barcos y alijos por parte de los Charlines. Se desglosa una parte de la investigación de Nécora como pieza separada.

Y Manuel Baúlo firma así su sentencia de muerte.

Tras el crimen, va cobrando fuerza la hipótesis de que la venganza que ha llevado a la muerte de Baúlo ha sido entre clanes gallegos, que la propia Josefa, la hija fuerte de Charlín, ha entregado las armas a los sicarios colombianos.

El sábado 17 de septiembre de 1994, la Policía detiene en Madrid, en el barrio de San Blas, a tres colombianos, sicarios del embajador Hernando Gómez Ayala, y los acusa de la muerte de Manuel Baúlo. Uno de ellos tiene una herida en un muslo, que al parecer se produjo accidentalmente en el momento del asesinato. Otro sospechoso fue localizado en Oporto y finalmente detenido en Pontevedra. Gómez Ayala confiesa que Josefa le pagó lo que hoy supondrían unos 300.000 euros por perpetrar el crimen. El caso, sin embargo, fue sobreseído provisionalmente por falta de pruebas.

Menos de un año después del asesinato de su padre, Daniel Baúlo Carballo declara en un juicio contra José Luis Charlín Gama, y lo implica en la Operación San José.

Cuando el fiscal Javier Zaragoza pregunta a Daniel por qué mataron a su padre, éste contesta:

–Pregúntele a Charlín.

Recordado es en Galicia, del mismo modo, el caso Cores Caldelas. En la noche del 24 de marzo de 1998, dos patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Caldas de Reis (Pontevedra) se acercan a una carretera secundaria en la que les han comunicado, con una llamada anónima, que hay un coche en llamas. Los agentes creen que se trata de un accidente de tráfico, pero al llegar encuentran el cadáver semicalcinado de un hombre con un balazo en la frente y otro en el pecho. Es Ramón Antonio Cores Caldelas, un conocido traficante en libertad provisional, pendiente de juicio por el caso del Alza; el desembarco de diez toneladas de hachís en la zona de Cabo Fisterra en el año 1994, y que fue implicado, aunque absuelto, en el proceso de Nécora. Al parecer, tuvo algo que ver con dos desembarcos fallidos en Portugal y la Costa da Morte y pagó por ellos. Dos meses después, la Guardia Civil detenía a cuatro sospechosos.

Las deudas contraídas con los capos, los chivatazos a la Policía,  quedarse con parte de la mercancía de una organización o invadir el territorio de otro son errores que suelen pagarse con la vida; la propia, la de algún familiar o la de una familia entera, como en el caso de Benimussa. De hecho, los grandes narcotraficantes –no suele pasar con las redes de menor entidad– tienen lo que se llaman garantías, y esas son informaciones útiles como dónde viven los familiares o cuántos hijos tiene aquella persona con la que hacen tratos. Si el trato no se cumple, siempre se puede recurrir a las garantías.

Y hay otra forma de coacción, empleada cuando los jefes todavía esperan poder cobrar esa deuda o recuperar su botín. Se trata del secuestro. Y también aquí son importantes las garantías.

En 1994 un cartel colombiano envió a España a cinco hombres para que secuestraran a dos de los hijos del sirio Mustafá Nasimi, implicado en el tráfico de drogas y uno de los testigos en el juicio contra el traficante de armas Monzer Al Kassar. El motivo de tal secuestro fue una deuda de Nasimi.

Los Geos (Grupo Especial de Operaciones) liberaron a los chicos, pero nadie pudo salvar al padre, que, cuatro años después, fue asesinado de un disparo en la cabeza a las puertas de su chalet en la urbanización madrileña Conde de Orgaz. Era el 21 de junio de 1998.

La invasión del territorio es otro de los motivos con los que se justifican los ajustes de cuentas. El ejemplo que escogemos está muy lejos de las grandes y violentas organizaciones colombianas y de sicarios que tiran de pistola. Y precisamente por eso se ha escogido, para ofrecer otra visión del tema, una muestra a pequeña escala. El lugar elegido es la localidad de Sant Antoni, Ibiza, a la que en este libro hemos hecho constantes referencias, frecuentada por un turismo británico que prefiere el éxtasis, la mefedrona o la ketamina a la cocaína. En 1995 se constató que muchos de los vendedores de derivados anfetamínicos eran enviados por grupos organizados de ciudades como Liverpool o Manchester y que se repartían la localidad ibicenca en pequeñas zonas de influencia. A mediados de julio, tres ingleses fueron arrestados tras un ajuste de cuentas sin víctimas mortales en el que uno de ellos fue apuñalado con una navaja automática. Al parecer, uno de los dealers (como llaman los británicos a los camellos) había invadido la zona marcada para otro traficante. Días después, otro británico fue agredido por unos compatriotas que querían cobrar 60.000 pesetas de una supuesta venta de éxtasis efectuada por el posteriormente herido en una zona que no le pertenecía.

En la madrugada del 31 de julio de 2006, el control del tráfico de drogas en Sant Antoni se dirimió en un tiroteo entre los ocupantes de dos coches que acabó con tres heridos en el hospital.

Las deudas entre traficantes españoles en las que no intervienen organizaciones extranjeras o grandes redes suelen resolverse de forma menos espectacular, aunque, por supuesto, con excepciones, como el siguiente caso gallego:

Es el conocido como el crimen del hostal La ría, en el pueblo pontevedrés de Paredes. El 27 de enero del año 1997, un hombre entró –le abrieron la puerta– en una de las habitaciones y abatió, con certeros disparos en la cabeza, a la toxicómana Mercedes Castaño, Merchy, a su compañero Jesús Joaquín Brea Blanco, Suso, con antecedentes por tráfico de droga, y a Eugenio Riobo Viruel. Una cuarta persona, Alberto Piñeiro, resultó herido grave.

Eugenio y Alberto sólo estaban allí para comprar droga a la pareja cuando alguien decidió que era el momento de ajustarle las cuentas por no haber pagado el material que vendía. Este tipo de deudas a pequeña escala con dos simples camellos como deudores no suelen acabar así. José Manuel Rodríguez, el Pulpo, fue detenido por los crímenes y acusado también de la muerte de Roberto Iglesias, el día antes del tiroteo en La ría.

Galicia, como en tantas otras cosas, es un caso especial, donde los negocios de drogas se dirimen a las bravas y de forma similar a la de la Sicilia de la omertà. De 1992 a 1998, una veintena de personas perdieron la vida tan sólo en la comarca de Arousa debido a cuentas pendientes con la droga. Son casos como los anteriormente citados de Manuel Baúlo, Daniel Carballo, Cores Caldelas o el de los crímenes de La Ría.

En el sur del país las cuentas por droga también están detrás de unos cuantos muertos. En 1999, la muerte de un camello de hachís ceutí fue el inicio de la conocida como Operación Fino, llevada a cabo por la Guardia Civil. La historia empezó en un encuentro entre compradores y vendedores de droga en la playa gaditana de La Jara, en Sanlúcar de Barrameda. La mercancía era de 500 kilos de hachís, y al parecer no se llegaba a un acuerdo, porque uno de los compradores sacó un arma y disparó contra un vendedor, se apoderó de la droga y se largó. Siguiendo su pista, los guardias desarticularon una red de introducción de hachís en la que se detuvo al Portugués, un individuo peligroso que había participado en la fuga de una prisión portuguesa en la que murieron tres funcionarios, y se sospechaba de su participación en cuatro homicidios, según explicaron a los españoles agentes de la Policía Judiciaria de Portugal.

Otro caso realmente espeluznante es el del traficante que fue enterrado vivo en Almería en abril de 2003. Unos excursionistas hallaron el cuerpo el día 16 en la Rambla de Tabernas tras observar las manos y los pies que sobresalían del terreno. Tenía tierra en los pulmones y heridas en las manos, lo que indicaba que lo habían sepultado cuando todavía estaba vivo. En dos meses fueron detenidas ocho personas, todas ellas españolas, por el crimen.

Los delincuentes españoles –traficantes o atracadores– ya no mandan en su propio reino. El crimen organizado y las mafias extranjeras los han relegado a un papel secundario. El Cuerpo Nacional de Policía considera que en España hay algo más de 200 organizaciones criminales en las que los delincuentes españoles intervienen normalmente como colaboradores pero no mandan.

Concretamente en el tráfico de hachís, en los 90 las redes estaban controladas por españoles que cooperaban con ciudadanos marroquíes. A finales de la década los magrebíes ya tienen la infraestructura y los contactos propios necesarios para dominar el negocio en suelo español. Algo similar ha ocurrido en el tráfico de cocaína. Los gallegos ya no son los jefes de las redes más grandes, sino que se han convertido en transportistas a comisión de los colombianos.

El narcoabogado

Para finalizar este apartado comentaremos un caso especial que lo tiene todo: tráfico de cocaína a gran escala, colombianos y españoles compinchados, una traición, un asesinato, más traiciones, unos cuantos crímenes más en grado de tentativa, unas cuantas detenciones y un abogado que quiso ser como algunos de sus clientes y llegó más lejos que ellos.

Ese abogado es Pablo Vioque. Quiso emular a su tocayo Escobar y planeó desde la cárcel el asesinato del teniente fiscal antidroga de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Y no sólo de él, sino también de un colega de profesión y de dos narcos arrepentidos.

El abogado en cuestión es un excelente ejemplo nacional del ajuste de cuentas. Esta historia podría haberse incluido en el capítulo de las operaciones más importantes contra el tráfico de cocaína, pero las circunstancias de este completo caso encajan mejor en este apartado.

La historia judicial de Vioque no tiene desperdicio, y no precisamente por su carrera profesional, durante la que defendió o asesoró a conocidos capos gallegos como Luis Falcón (Falconetti), Laureano Oubiña, Manuel Carballo y a unos cuantos del clan de los Charlines. Vioque Izquierdo fue citado por primera vez como imputado en la Audiencia Nacional en 1997, tras  las declaraciones del arrepentido Manuel Vázquez, de los Piturros, que le implicaban en el intento de introducir en España, seis años atrás, un cargamento de dos toneladas de cocaína. El Piturro se refería a lo que la Guardia Civil llamó Operación Dobell y que los traficantes sólo podían calificar de auténtico desastre. El caso del Dobell fue el inicio del fin para el abogado.

Los asuntos sucios de Vioque empiezan mucho antes. Comenzó en los 80 defendiendo a los que entonces eran contrabandistas de tabaco. Era uno de los mejores sacando traficantes de la cárcel, y, claro, para hacer algo así hay que pactar con el diablo o convertirse en él.  En 1983 la Policía apresó dos barcos, el Tessa y el Cedar, cargados con tabaco de contrabando de los clanes gallegos. Los tripulantes eran griegos, así que se solicitó la presencia de una intérprete. Según consta en unas diligencias policiales, Vioque pagó “una gratificación” a la mujer para que tradujera lo que a él le diera la gana. Es decir, que la compró para que las declaraciones de los griegos no pudieran implicar a sus clientes, los capos gallegos. Incluso se supone que llegó a comprar a un juez para que dejara en la calle nada menos que a Laureano Oubiña.

Un poco antes, a finales de 1982, una espectacular operación aduanera logró el procesamiento de 97 personas implicadas en el contrabando de tabaco. El despacho de Vioque defendía a la mayor parte de los acusados y escogió la estrategia de prolongar el proceso, retrasar el juicio hasta que la causa fuera archivada. En 1994, el día que empezaba la vista, el fiscal cerró el asunto reconociendo la prescripción del delito. José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, era una de las estrellas del proceso.

Pablo Vioque Izquierdo, nacido en Cáceres pero vecino de Vilagarcía desde los años 70, se hizo a principios de los 80 con la secretaría de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa, que con él se convirtió en centro de reunión de traficantes. También intentó –como Escobar– hacer carrera política, pero no llegó muy lejos.

El caso que nos ocupa, el del Dobell, se inicia a finales de 1990. Pablo Vioque, Manuel Carballo y algunos cómplices querían trabajar a lo grande y pensaron en importar un par de toneladas de cocaína de Sudamérica. Necesitaban un barco, así que recurrieron a los Piturros para que se encargaran de comprarlo y de contratar la tripulación necesaria.

Manuel Vázquez y Juan Carlos Sotelo, los Piturros, pagaron cinco millones de pesetas en liras por el Gaviota Pereira, al que cambiaron el nombre por el de Dobell y la bandera española por la panameña. Carballo y otros traficantes financiaron las reparaciones que precisaba una embarcación que, según declaró años después Manuel Vázquez, “estaba para desguace”, y el mercante Dobell zarpó del puerto de Vigo a finales de enero de 1991. Ya en febrero arribó a la localidad portuguesa de Portimao, donde embarcaron los tripulantes que faltaban, y desde allí se encaminó a Sudamérica.

A primeros de mayo, la embarcación regresaba a casa cargada de polvo blanco. Se aproximaba a la costa gallega cuando otro barco, el Reina de la Paz, salió a su encuentro para hacer el trasvase de la droga.

El transbordo se llevó a cabo a unas 40 millas de Estaca de Bares. El Dobell se marchó hacia Portugal y el Reina de la Paz se acercó a la costa para que una zodiac recogiera los fardos de droga, que la tripulación había unido por medio de boyas. Y ahí empezó a complicarse todo...

El mar estaba agitado. Había riesgo de naufragio. Los patrones del Reina de la Paz decidieron amarrar la mayor parte de los fardos en la entrada de la ría de Cedeira, A Coruña, para ir llevándolos a la playa poco a poco. Doce fardos con menos de media tonelada llegaron a tierra, pero el temporal rompió las amarras del resto del alijo y más de 1.500 kilos se perdieron en el mar y aparecieron flotando en las playas de Cedeira días más tarde. La Guardia Civil no tuvo mas que ir recogiendo los regalos.

Así las cosas, los gallegos decidieron pegársela a los colombianos diciéndoles que el cargamento entero estaba perdido y negándose a pagarles lo convenido, sin explicarles que había unos 300 kilos, que no es poco, a salvo. Los traficantes gallegos se repartieron esos kilos a espaldas de los colombianos y de colaboradores como los Piturros. Sin embargo, no hay que olvidar que las mafias de la droga marcan su propia mercancía y ésta no era una excepción. Los paquetes tenían el símbolo del dólar y del dracma griego, además de una pureza de entre el 80 y el 90 por ciento, lo que permitió identificar el decomiso de 15,3 kilos que posteriormente se realizó en Valencia el 11 de junio y el de 30 kilos que se efectuó en Madrid dos días después.

El caso propició, por cierto, una investigación paralela por blanqueo de dinero que llevó a la Policía tras unos 800 millones de pesetas obtenidos de la venta de esa cocaína salvada e ingresados en bancos portugueses de Valença do Minho y Madeira y de la Isla de Man, en el mar de Irlanda y famosa por tener su propia especie de gatos.

Los colombianos, que se dieron cuenta de que aquella era parte de su droga, no estaban nada contentos. Vioque lo sabía. Sabía que los miembros del cartel no le creían y querían cobrar, a toda costa, lo acordado. El 17 de marzo de 1992, Pablo Vioque envió a dos de sus hombres, José Manuel Vilas Martínez y su primo Luis Jueguen Vilas, tesorero y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Vilagarcía, respectivamente, a una reunión con los colombianos en la Plaza de la Mota de Benavente, Zamora, según desveló uno de los Piturros durante el proceso del Dobell. Vilas Martínez murió en ese encuentro de tres disparos a bocajarro en la cabeza. Las diligencias del crimen se incorporaron al sumario por narcotráfico. Manuel Vázquez, el Piturro, por cierto, es hermano de José Ramón Vázquez, quien fuera lugarteniente de Sito Miñanco y que fue detenido junto a Oubiña en el 97.

De esta forma se aclaraba el denominado crimen de Benavente; Vioque los envió al matadero.

José Manuel fue abatido a tiros –moría horas después en hospital Virgen Blanca de León– mientras Luis escapaba corriendo. En el sumario del caso Dobell existen diversas declaraciones que mencionan una reunión anterior en el Parador Puebla de Sanabria, también en Zamora, en diciembre de 1991, y a la que asistieron Vilas y Jueguen y representantes colombianos no identificados. El encuentro fue cualquier cosa menos amistoso, y Vilas le dijo a uno de los Piturros que “las pistolas estaban encima de la mesa”.

Luis Jueguen, el primo del asesinado, niega que se reuniera con algún colombiano en el parador, y explica que sólo estuvo allí de paso cuando volvía de Madrid de entregar a Irene Villa –aquella niña a la que una bomba de ETA segó las piernas– las postales y cartas que habían depositado para ella los niños de Arousa en la feria Galinfancia 91.

En febrero de 1995, Sotelo fue arrestado por el alijo del Dobell mientras Vázquez lograba huir. Ninguno de los dos había visto un duro por su trabajo y no habían recibido nada de la parte de la droga que se salvó de la tormenta, así que tampoco estaban muy contentos con Pablo Vioque, el Señorito. Finalmente, los Piturros deciden cantar de plano ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño.

En Semana Santa de 1997, Pablo Vioque fue detenido en Cáceres, en casa de su madre. Casi convenció al juez de que los Piturros le acusaban en falso y de que era víctima de oscuras venganzas y de la persecución de un magistrado llamado Baltasar Garzón que ya lo investigaba por blanqueo de capitales. Durante unas vacaciones de Liaño, Garzón lo sustituyó y tomó declaración al Piturro, algo que el anteriormente citado juez no se había tomado con muchas ganas, al parecer. Liaño, finalmente, se inhibió a favor de Garzón y éste se frotó las manos con las declaraciones de los narcos arrepentidos a los que su colega no pensaba hacer el menor caso.

El juez Garzón elevó la cifra de la fianza de cinco millones de pesetas a 150 y devolvió a Vioque, ya en libertad provisional, a prisión.

Durante la instrucción de la causa, Alfonso Guerra, oportunista político, decidió usar al narcoabogado a su manera y vinculó al PP al narcotráfico por el hecho de que Vioque entró en la política en los 80 como uno de los fundadores de Alianza Popular, luego Partido Popular, y otro de los acusados presidió Alianza Popular en Vilagarcía de Arousa.

Como de costumbre, la instrucción se prolonga y Vioque vuelve a la calle... aunque tras pagar una fianza. Y, como podrá comprobarse más adelante, las rejas no parecen impedimento para sus “tejemanejes”, una palabra que él emplea a menudo.

El lunes 30 de abril de 2001, pendiente de juicio, Vioque es implicado de nuevo en el tráfico de cocaína. En esta ocasión, la operación se denomina Más Madera, la instruye el juez Carlos Dívar y en ella la Policía decomisa, en Valdemoro, 1.800 kilos de droga con una pureza del 85 por ciento. Los paquetes de clorhidrato de cocaína iban perfectamente alineados en el interior de tablones de madera importados de Sudamérica. Salieron de Colombia en camiones que los llevaron a Brasil, desde donde zarparon hasta Valencia y unos transportistas autónomos contratados para ello los llevaron hasta Madrid.

La operación comenzó con el seguimiento de la colombiana Arinda Adalguiza Alean Ruiz, que la UCE creía que se dedicaba a almacenar cocaína. Los agentes sospechaban que la droga llegaba en contenedores de madera procedentes de Brasil, y, para corroborarlo, se produjo un oportuno chivatazo; el 23 de abril de 2001 se recibió una llamada, en la embajada española en Bogotá, informando de un cargamento que tenía que llegar a España a finales de mes y que se ocultaría en un polígono industrial de Valdemoro llamado Rompecubos.

Los seguimientos de la colombiana llevaron a Vioque. Entre el 7 y el 24 de abril mantuvieron cuatro entrevistas, una en el domicilio del abogado y las otras tres en un centro comercial de Las Rozas. En una de las citas, Vioque facilita a la mujer los números 39, 40, 41 y 42, supuestamente de zapatos, y ella los dicta por teléfono a otro sospechoso. Los números eran los que identificaban los palés de madera que tenían tablones rellenos de paquetes de cocaína. La Policía los localizó el 28 de abril .

En una semana, Vioque es detenido, puesto en libertad sin fianza y encarcelado incondicionalmente tras los divergentes autos de los jueces de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco y Carlos Dívar. El problema son las pruebas presentadas por la Policía contra el narcoabogado: escuchas telefónicas y fotografías realizadas en algunos seguimientos, básicamente. Ruiz Polanco, que está de guardia cuando pasan a los detenidos a disposición judicial, no lo cree suficiente para encarcelar a Vioque... aunque sí para mandar a prisión al resto de la banda. Dívar no tarda mas que unas horas en retomar su caso y hacer su trabajo; el 3 de mayo decreta prisión incondicional para el abogado. De vez en cuando tiene que haber algo que reconcilie a los ciudadanos con la Justicia.

La Operación Más Madera es un buen golpe, uno de los mayores alijos aprehendidos en tierra, y no hay que olvidar que mientras ésta se desarrollaba, Vioque estaba en libertad provisional por el tema Dobell.

El entonces jefe superior de Policía en Galicia, José García Losada, que posteriormente pasara a comisario general de Policía Judicial, declara en rueda de prensa: “Los herederos de los narcos son los colaboradores y los segundones de su entorno. La realidad es tozuda y muestra que el narcotráfico en Galicia sigue gozando de buena salud, aunque los capos de más fama están casi desactivados. La caída de los grandes clanes ha implicado un fraccionamiento del narcotráfico, pero las nuevas organizaciones son más débiles”.

Vioque está en Soto del Real. Es un preso con categoría FIES (Fichero de Internos en Especial Seguimiento). Es decir, de los considerados peligrosos. Y tanto. Ha intentado por todos los medios que los Piturros cambien su declaración: peloteo, amenazas, dinero... “Me visitó 20 ó 30 veces en la cárcel para hacerme la pelota y que no hablase”, afirma Juan Carlos Sotelo. Ellos no se vuelven atrás.

Curiosamente, Sotelo se ha visto influido por alguien que en otros tiempos fuera colaborador y cliente de Vioque. Es Falconetti, uno de los primeros nombres que se hicieron famosos con el contrabando de tabaco y luego de hachís.

Ese traficante con el apodo del malo de la serie Hombre rico, hombre pobre no debe de estar muy contento con la intervención de Vioque en su vida. Sotelo, detenido el 13 de febrero de 1995, se declaró primero inocente, pero coincidió en prisión con Falconetti, quien le vino a decir algo así como que no debía comerse aquello solo.

–Qué no te jodan esos hijos de puta, que a mí y a mi hermano nos fundieron –le dijo. Se refería a Pablo Vioque y a Manuel Carballo.

Así que Sotelo cambió su declaración y, como diría Luis Roldán, tiró de la manta.

El juez implica en Más Madera hasta a la madre de Vioque, su suegra, su cuñado y la novia de éste, que, según la investigación, figuraban como testaferros en el entramado del blanqueo “a sabiendas de que lo eran”. 

Operación Astilla

Pablo Vioque no olvida.

La Operación Astilla es una buena prueba de a qué dedica este hombre su tiempo libre en prisión.

A finales de 2002, la Guardia Civil investiga un caso de tráfico de drogas en la Comunidad de Madrid en el que aparece, como jefe de la red, un colombiano llamado Freddy que había salido de Soto del Real el 25 de noviembre con un permiso y nunca regresó. En el transcurso de la operación se identifica a un venezolano que quiere contratar a varias personas para perpetrar un asesinato... o varios.

Fuentes del instituto armado explican que en ese momento la investigación dio un giro imprevisto. Fue una gran sorpresa. Y todavía fue mayor cuando las pesquisas condujeron hasta Soto del Real, exactamente hasta Pablo Vioque Izquierdo, a punto de sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional.

–Él daba las instrucciones desde su celda. Tenía un contacto, un colombiano, que le servía de enlace con los miembros de una organización de traficantes. Y una mujer, también colombiana, fue la encargada de entregar al sicario fotografías e información sobre el fiscal antidroga Javier Zaragoza –explica un agente de la Guardia Civil.

Por otro lado, otro abogado implicado en la trama tiene encomendado pagar al sicario 2.000 euros para que compre una pistola. Tal pago se efectúa el 9 de enero de 2003. Tras el trabajito se le entregarían 50.000 euros.

Según el plan, el asesino debía ocultarse luego en una ciudad de la costa levantina y esperar instrucciones para trasladarse posteriormente a Galicia. Allí cobraría 100.000 dólares más, esta vez por matar a los Piturros y a un abogado también relacionado con el ya próximo juicio del Dobell.

La investigación lleva a la detención, en enero de 2003, de un total de ocho personas, cinco colombianos, dos venezolanos y el narcoabogado ya en prisión, y otras tres –una abogada y dos funcionarios de prisiones– son imputadas. El martes 10 de febrero de 2004, el juez dicta auto de procesamiento. Los tres últimos sospechosos no son encausados. Se decreta, asimismo, la búsqueda internacional del coimputado Camilo García, encargado, según la acusación, de indicar a los sicarios cuál era el objetivo.

La Guardia Civil cuenta con una nota en clave que la novia de uno de los acusados sacó de la cárcel tras un vis a vis y que debía entregar al encargado de ordenar los crímenes: “Espero que compres todas las fincas antes de mes”, dice, lo que significa que los asesinatos debían cometerse antes de que finalizara enero, según la interpretación de los agentes. Se advierte en la nota que no deben usarse los mismos picos y palos para trabajar las fincas. Y algo tan absurdo sólo puede interpretarse como la orden de no emplear las mismas armas en los cuatro crímenes.

Pablo sólo ha conseguido que el juicio del Dobell tenga más expectación de la que hubiera tenido sin sumar a la historia cuatro peculiares intentos de asesinato por recompensa. Eso siempre sube puntos en la audiencia. Él protagonista se declara inocente. Pues si es inocente de todas las acusaciones que pesan sobre él, las memorias que escribe desde la cárcel serán más bien aburridas...

El 4 de febrero se sienta en el banquillo de los acusados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para enfrentarse a un fiscal que le pide 20 años de cárcel y una multa de 360.000 euros. La acusación pública la ejerce Javier Zaragoza. Hay 16 procesados más en la causa, entre ellos Manuel Carballo, Francisco Fernández Tapias, Luis Jueguen y los Piturros.

–Cuando le dije a Vioque  lo que pasó con la coca, un poco más y me mata –afirma el traficante confeso Sotelo, tras explicar cómo se perdió la mayor parte del cargamento del barco Dobell.

En todo momento señala a Pablo Vioque como máximo responsable del asunto y le culpa también de haber enviado a José Manuel Vilas a morir a Benavente. Revela datos de las reuniones que se mantuvieron anteriormente con los colombianos; él mismo acudió a una de ellas, en el Parador Puebla de Sanabria, para hacerse pasar por el capitán del barco y explicar por qué se perdió la droga. Pero se fue de allí porque Vilas le advirtió de que aquello estaba “al rojo vivo”.

–Si llego a estar allí me matan por mentiroso.

El arrepentido explica cómo fue su participación en los hechos y cómo se reunía con Vioque en su despacho de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arosa para prepararlo todo.

–Allí yo era más conocido que el Lute, entrando todos los días...

El jueves y el viernes 6 y 7 de febrero de 2003, el principal encausado tiene ocasión de ofrecer su propia versión de los hechos; Vioque insiste en que los Piturros le acusan falsamente. Asegura que esos dos tenían los medios y los contactos para organizarlo todo sin ayuda de nadie.

–Yo sólo soy abogado y carezco de todo ello –el fiscal lo mira con interés y con cierto hastío, aunque ya ha oído de todo en su carrera.

Vioque, que se defiende a sí mismo y ha tenido que quitarse la toga para declarar, reconoce al fiscal que los Piturros estuvieron alguna vez en su chalet de O Rial, en Vilagarcia, pero no para preparar lo del Dobell, sino para llevarle lechugas y productos de su huerta...

Vioque reconoce que fue confidente policial desde septiembre de 1995 y explica que facilitó algunos teléfonos de clientes de su despacho –hay quienes, como mercenarios, no tienen escrúpulos para pasar de un bando a otro según la hora del día– e información de cuentas usadas para el blanqueo.

El informe final del fiscal Javier Zaragoza es implacable. Nada pasa por alto. Respecto a la teoría vioquiana de unos Piturros capaces de organizar el alijo del Dobell, afirma:

–Hay que ser un narcotraficante de reconocido prestigio para organizar una operación de ese calibre –y añade que las organizaciones gallegas capaces de hacerlo pueden contarse con los dedos de una mano. En este sentido, Zaragoza pone como ejemplo que redes importantes como la del clan de los Charlines efectuaron transportes de droga de menos de 1.000 kilos sólo un año antes del alijo del Dobell.

También hace referencia al crimen de Benavente y recuerda el testimonio de la esposa de José Manuel Vilas, que dijo que a su marido “lo enviaron al matadero” cuando fue a reunirse con los colombianos. El que le acompañaba, testigo presencial del crimen, no colaboró con la Guardia Civil cuando tuvo que declarar, y el fiscal asegura que es un indicio más, que no lo hizo porque el asesinato ocultaba un ajuste de cuentas entre traficantes de droga.

Uno de los letrados de la defensa hace un último intento pidiendo rebajas por dilaciones indebidas del proceso.

En junio se hace pública una sentencia previsible. Catorce de los implicados son condenados. La pena para Pablo Vioque Izquierdo es de 18 años de prisión y una multa de 1.350.000 euros. Tiene pendiente, junto al ex alcalde de O Grove José Alfredo Bea Gondar, una acusación de blanqueo de dinero de unos narcotraficantes colombianos afincados en Marbella, los Tuaty Conto. El lavado pasaba en ocasiones por el Banco Espíritu Santo de Burgos.

Para Manuel Carballo, la pena es de 17 años y multa de 1.200.000. Luis Jueguen Vilas, 15 años y 960.000 euros, los mismos años que José Padín Vieites. Las condenas del resto van desde los 14 años para Francisco Paz Rodríguez a los siete años de cárcel para cada uno de los dos arrepentidos o los tres de Gerardo Díaz, que también colaboró con la justicia. El empresario vigués Fernando Fernández Tapias, José Espiñeira y Juan Carlos Iglesias son absueltos porque el tribunal no considera que haya pruebas suficientes para una condena. En realidad, sí hay pruebas de la participación del tercero de los citados, pero se le exculpa porque el tribunal considera que iba borracho y no se enteró de lo que sucedía.

La historia no acaba aquí. No es tan fácil. Tres de los condenados, que se encontraban en libertad provisional bajo fianza, han huido justo antes de que la Audiencia Nacional hiciera público el fallo.

El 16 de junio, poco antes de notificarse la sentencia, los jueces Fernando Bermúdez de la Fuente, Alfonso Guevara y Carlos Ollero ordenan el ingreso en prisión por riesgo de fuga de Vioque –que ya está en la cárcel, en realidad–, Manuel Carballo, Luis Jueguen, Francisco Paz y José Antonio Padín Vieites. Por cierto, el juez Carlos Ollero es el mismo Carlos Ollero del caso de el Negro, de la Operación Temple.

Los tres últimos han huido. José Antonio Padín, condenado a 10 años, fue puesto en libertad el 9 de noviembre de 1996 con una fianza de medio millón de pesetas. Manuel Carballo, con 17 años de cárcel como condena, fue excarcelado el 2 de octubre de 1997 a cambio de una fianza de siete millones y medio. Jueguen, con 15 años, pagó cuatro millones de pesetas para salir libre el 7 de enero de 1998. Ninguno de los tres comparece para conocer cuántos años han caído.

Vioque no deja de escribir. Es incansable. Diariamente envía media docena de peticiones al juzgado, de un folio aproximado cada una, para pedir o quejarse de cualquier cosa. Nada le parece bien, y lo que le parece peor es que a él, el gran abogado, se le considere un delincuente cualquiera. En medio año envía más de un centenar de escritos. Y también escribe sus memorias.

Finalmente, Pablo Vioque Izquierdo abandonó la cárcel al agravarse el cáncer que sufría y murió en diciembre de 2008.

BIBLIOGRAFÍA

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‘Monografía cocaína 2001’. Editores Francisco Pascual, Meritxell  Torres y Amador Calafat, subvencionado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Madrid.

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OTRAS FUENTES CONSULTADAS

Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sentencias de diversos órganos judiciales.

Archivos de distintos periódicos

Informaciones e informes facilitados por el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Interpol y Plan Nacional sobre Drogas.

Informes anuales del Observatorio Geopolítico de las Drogas

Convención Única sobre Estupefacientes de 1961

Convenio de Psicotrópicos de 1971

Conferencias del Seminario ‘Blanqueo de capitales. Fuentes de dinero negro’, organizado por la Dirección General de Policía y la Fundación Policía, dentro de los cursos de verano de la Universidad Complutense y recogidas por la revista Ciencia Policial.

TRABAJOS

ÉXTASIS. Plato fuerte de las drogas a la carta. Luis Alfonso Ares Fernández y Francisco Antonio Madariaga Laguna. 1995. Cuerpo Nacional de Policía.

Aspectos farmacológicos de las anfetaminas. Utrilla P. Departamento de Farmacología. Facultad de Farmacia. Campus de Cartuja. Universidad de Granada.

Las rutas de la droga. C.A.T. Para Escuela de Criminología de Cataluña.

Plantas psicoactivas y alucinógenas. C.A.T. Escuela de Criminología de Cataluña.