Claudio R. Negrete - Juan Carlos Iglesias

La profanación

El robo de las manos de Perón
El secreto mejor guardado de la Argentina

EDICIÓN DEFINITIVA

Sudamericana

Agradecemos la colaboración de todos aquellos que desinteresadamente aportaron sus testimonios, documentos, análisis y críticas para la elaboración de este libro: abogados, jueces, policías, militares, peritos, historiadores, periodistas, legisladores, dirigentes políticos, empleados municipales, amigos y familiares de los protagonistas. Muchos de ellos prefirieron mantener su anonimato. Hacemos una mención especial para la profesora María Cecilia Alegre por su valioso aporte de información histórica y la corrección de este texto; y también a Hugo Chumbita por los consejos dados para perfeccionar este trabajo. Asimismo, queremos expresar nuestro reconocimiento a María de las Mercedes Iglesias, Antonella Gianolini y Laura Rivas. A nuestros seres queridos que con gran paciencia supieron acompañarnos durante todo el tiempo que llevó esta investigación, en especial a la familia de Juan Carlos Iglesias que aprobó esta segunda edición, seguramente, como un merecido homenaje póstumo. Y, por último, a la gente que sigue recordando y preguntando con genuina curiosidad y asombro qué pasó con las manos de Perón.

A lo largo de los años de la investigación fuimos conociendo, esencialmente, a buenas personas con quienes coincidimos en la importancia de buscar y encontrar la verdad de este hecho, aún impune, que conmocionó a la sociedad argentina por la brutalidad que significa siempre violar la paz de los muertos, cualesquiera que sean éstos. Incluso hasta la de los propios profanadores del cuerpo de Perón cuando les toque la suerte de todo mortal.

Prólogo

Con el nombre La profanación, el robo de las manos de Perón, la primera edición de esta investigación periodística se conoció en julio de 2002, a quince años de la violación del cuerpo del ex presidente argentino. Todo comenzó siete años antes, el 23 de febrero de 1995, cuando el diario La Nación publicó una nota con un testimonio revelador. El doctor Juan Carlos Iglesias, abogado en los juicios políticos y amigo personal del juez de la causa Jaime Far Suau, reveló un hecho de la investigación judicial desconocido hasta entonces. Contó la propuesta recibida por el magistrado por parte de altos funcionarios del gobierno radical de Raúl Alfonsín para cerrar la investigación y a cambio prometían que iban a aparecer las manos de Perón. El día siguiente del artículo, el doctor Iglesias fue invitado a los estudios de Crónica TV para que le hiciera una entrevista en vivo que duró más de una hora. Ese primer contacto se extendió en otras conversaciones posteriores y en una cena en un restaurante de la calle Suipacha y Marcelo T. de Alvear fue donde acordamos escribir este libro. Se unían así un antiguo afiliado al radicalismo conmovido por el asesinato de su amigo el juez que se había comprometido a ir hasta las últimas consecuencias en la investigación, y quien había vivido como periodista el impacto social y político que produjo la profanación del cuerpo de Perón en junio de 1987.

Los dos coincidimos en que podíamos continuar el trabajo trunco de Far Suau, retomar su línea de investigación, cruzar y analizar la información reunida en el expediente, hurgar en nuevas pistas, profundizar datos, volver a interrogar a los principales protagonistas, entrevistar a otros, analizar declaraciones, interpretarlas, cruzarlas entre sí, encargar pericias técnicas, buscar datos fuera del país y armar el mapa de quienes se movieron para impedir conocer la verdad. En suma, procesar toda la documentación obtenida y confeccionar el rompecabezas de un misterio que ya lleva tres décadas.

El primer paso fue estudiar a fondo el expediente. Luego organizar el argumento judicial, detenernos en los detalles y los nombres que aparecían relacionados con la profanación. Después vinieron los tiempos de seguir las distintas líneas exploradas por el magistrado y agregar las propias, con una ronda de nuevas entrevistas y un segundo cruce y ordenamiento de la documentación. Con estos elementos pudimos armar la estrategia para orientar nuevas líneas de investigación, un viaje a Zurich para averiguar si en los años 70 existía en Suiza un sistema de apertura de cajas de seguridad mediante huellas dactilares. Otro a Washington para conversar con un ex agente de la CIA. Un intento infructuoso de entrevista a Licio Gelli en su casa italiana de Arezzo. Y un viaje a Asunción del Paraguay, donde se pudo escuchar la misma versión que circuló aquí acerca de que las manos robadas habían salido de la Argentina por esa vía. Tenía lógica: fuera del país ya no hay prueba y el delito no es judiciable.

Se hicieron más de cien entrevistas y se analizaron alrededor de ciento cincuenta documentos. Isabel Perón nunca respondió al pedido por escrito que se le formuló a través de su abogado defensor Atilio Neira. Tampoco quiso hablar su otro abogado Humberto Linares Fontaine, quien llevó adelante el acuerdo económico entre la viuda de Perón y el gobierno de Carlos Menem y el caso de Martha Holgado, la supuesta hija de Perón. Tampoco dieron testimonio Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Hugo Anzorreguy y Emilio Eduardo Massera, entre otros. Y un último intento fallido se hizo para esta edición con Eduardo Duhalde y con las estructuras de inteligencia del nuevo gobierno de Mauricio Macri: el Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia (la antigua SIDE). Todos sin resultados.

Juan Carlos Iglesias, además de su labor profesional como abogado penalista, fue una persona de máxima confianza, confidente y amigo del juez Far Suau. Desde su muerte tuvo siempre el valor de denunciar públicamente que lo habían asesinado y que detrás de ello había una trama oscura de intereses políticos vinculados con la profanación. Su condición de antiguo afiliado a la Unión Cívica Radical no le impidió indignarse y comprometerse para saber quiénes habían robado las manos de Perón y quiénes habían matado a su amigo. Por el contrario, fue para este libro una garantía de imparcialidad. Eso nos unió en los largos siete años que trabajamos juntos sin horarios ni días libres. Él ya no está más, falleció el 8 de octubre de 2007, casualmente la fecha del natalicio de Perón, pero aquel compromiso que asumimos, sigue intacto. Por eso, se publica esta nueva edición actualizada a tres décadas de un hecho que conmocionó a todos sin excepción.

Cuando salió al mercado por primera vez esta investigación al inicio del nuevo siglo, el país se encontraba en el momento más álgido de la crisis institucional, económica y social que había tenido hasta entonces la Argentina contemporánea. Puede parecer una interpretación extrema, pero el atentado político a los restos mortales de Perón es un punto de inflexión del inicio de un proceso que derivó en sucesivas crisis y cambios producidos en los años noventa y que terminaron en el estallido del gobierno de la Alianza. La crisis de 2002 la condujo el peronismo que empezó a preparar las condiciones para regresar al poder a través de las urnas surgidas de la emergencia. Entonces, se abría una nueva posibilidad de que una decisión en el más alto nivel político del partido que creó Juan Perón impulsara la investigación judicial para saber quiénes y por qué habían atentado contra sus restos mortales. Pero no fue así. Ahora que se cumplen treinta años de impunidad, tanto del robo de las manos como de los cuatro asesinatos de la causa, se confirma la nula voluntad del poder político y de los sucesivos gobiernos democráticos de querer encontrar la verdad de la profanación. Existe una sospechosa continuidad de mantener una deliberada inacción y un silencio absoluto como si se escondiera una maldición o un pacto inconfensable. La Justicia no ha hecho más que trámites menores y administrativos para mantener latente un expediente cuyo destino inexorable parece ser la languidez hasta su final. Mientras tanto, quienes dicen ser los herederos eternos de Perón explotan ese simbolismo y su recuerdo aún vigente disputándose cargos en una Argentina enferma de corrupción y pobreza.

Hasta hoy, la historia del robo de las manos de Perón tiene un final abierto y misterioso. Se puede afirmar que el inexplicable y permanente silencio de estos largos años ha desplazado a la lógica curiosidad de saber dónde están las extremidades desaparecidas. ¿Por qué se calla? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué se sigue negando lo ocurrido? ¿Qué lleva a que el peronismo, en cualquiera de sus versiones pragmáticas del poder, se haya transformado en cómplice de los profanadores al garantizar impunidad y olvido? Estas preguntas respondidas con silencios son las que dan vigencia al misterio.

De vez en cuando los medios de comunicación desempolvan el tema con la certeza de que cualquier noticia vinculada a Perón siempre convocará la atención social. Las que sí mantienen cierta perseverancia son las editoriales de libros. Desde que se conoció la profanación se publicaron en el país cinco libros con distintos enfoques y hasta con posturas contrapuestas. El primero se llamó Las manos de Perón. (¿Y por qué, señor Alfonsín…?), escrito por Jorge Boimvaser. Un relato novelado que planteó una versión conspirativa del atentado con centro en el gobierno radical de Raúl Alfonsín, en conexión con integrantes del mundo árabe. El segundo trabajo apareció en 1997 con motivo del décimo aniversario y se tituló Perón, la otra muerte. El robo de las manos del General, de los periodistas David Cox y Damián Nabot. Con formato periodístico, los autores describieron distintos escenarios que rodearon el hecho aportando un aspecto hasta ese momento poco explorado como la posible intervención de un sector de inteligencia del Ejército vinculado a la dictadura. La tercera obra fue la primera edición de este libro, una investigación periodística que tomó como fuente primaria de estudio la causa judicial analizándose las distintas hipótesis instaladas y desarrollando nuevas líneas de investigación. En 2003, y sin difusión, apareció en las librerías Las manos de Perón. De la profanación a las cuentas suizas y el oro nazi, con la firma de Adrián del Busto. La obra se presentó como ficción argumentándose que se hacía para no dejar en evidencia a los verdaderos protagonistas de la trama. Según el relato del propio autor, quien habría estado vinculado a los servicios de inteligencia, el robo de las manos fue para apropiarse de una fortuna de Perón guardada en los años 40 en un banco suizo y para ello eran necesarias las manos y sus huellas dactilares para abrir una caja de seguridad. Lo más increíble fue que una vez obtenidas las extremidades y para activar el supuesto mecanismo de identificación dactilar, una persona ocultó de las cámaras de seguridad una de las manos de Perón apretándola bajo una de sus axilas al tiempo que operaba con la otra. Como era previsible, todos los protagonistas de la novela mueren más tarde. El texto de Del Busto sí se encargó de despolitizar la historia al tiempo que desvinculó explícitamente del hecho a importantes dirigentes ligados al gobierno de entonces.

Finalmente, en diciembre de 2006, después de los escandalosos sucesos ocurridos en octubre de 2006 durante el traslado del cuerpo de Perón a la quinta de San Vicente, aparece un nuevo libro de David Cox y Damián Nabot que, en principio, pareció ser una reedición del anterior. Se conoció con el título La segunda muerte. Quiénes, cómo y por qué robaron las manos de Perón. El trabajo más voluminoso que poco tuvo que ver con el anterior. Se presentó como un thriller político y en el último capítulo con estilo periodístico y analítico se afirma que el robo fue una venganza de la logia masónica Propaganda Due. Los autores investigaron la extraña firma “IAE y Los 13” que los profanadores escribieron al final de la carta con la que notificaron a dirigentes peronistas que habían violado el cuerpo de Perón. Según esta interpretación, se trató de un crimen ritual inspirado por Licio Gelli. Estos dos últimos libros coincidieron en algo: no hubo participación política local en el hecho más allá de personajes provenientes de servicios de inteligencia.

Esta segunda edición de La profanación se propone rescatar de un silencio inducido un hecho repugnante desde donde se lo observe. Se reedita en una versión actualizada que preserva la investigación original. Se optó por mantener el valor documental, informativo y testimonial por la increíble vigencia que tiene y permite recordar, poner en evidencia una vez más, que en la Argentina de 2017 conviven múltiples estructuras mafiosas asociadas a sectores de la política como las que robaron las manos de Perón en los inicios de esta etapa democrática. Ya no llama la atención de los argentinos escuchar la existencia de zonas liberadas, vínculos políticos con el crimen organizado, involucramiento de estructuras del Estado con la impunidad, todas realidades que se reconocen en la violación del cuerpo del ex presidente Perón y también en los sucesivos casos irresueltos ocurridos después y hasta el presente. Todos tienen un denominador común: los criminales resultan ser exitosos y el fracaso queda en la sociedad y en sus instituciones democráticas. De alguna manera perdemos todos y la resistencia a esa derrota es, al menos, evitar el olvido. Es el aporte que intenta hacer este libro.

CLAUDIO R. NEGRETE

Introducción

Un profundo hedor salía de ese frasco que empujaba la curiosidad de los que participaban de ese acto extraño pero ineludible. Parecían contemplar la ceremonia previa a un truco mágico, como si de esa galera de vidrio fueran a salir las verdades ocultas del mito. Sabían que no era cosa buena lo que estaban haciendo, que violaban un mandato divino: los muertos son sagrados.

La culpa flotaba en ese cuarto pobre, chico, irrespirable por el intenso calor. El mal ya se había consumado y se debía seguir con el operativo pautado paso a paso y sin memoria. No había tiempo de arrepentimientos ni era un momento para cobardes. Los que estaban allí entendían que esas debilidades no cabían. Había que convivir con la muerte de la misma manera en que el cuidador del cementerio de la Chacarita se sienta a comer su vianda rodeado de huesos, pelos secos, tumbas malolientes, flores que se pudren y se marchitan en horas. Como la carne enterrada.

Las manos estaban guardadas perfectamente seccionadas por las muñecas, casi simétricas, sin desgarros, apoyadas en el fondo de ese cofre improvisado, apuntando hacia arriba como si quisieran salir. El corte se había hecho con prolijidad de cirujano. A través del formol que las conservaba tenían un color blanco pálido. Eran las manos del muerto más temido, del hombre que desató pasiones y odios profundos, al que nadie se hubiese animado a tocar con tanta osadía. Todos querían estar seguros de que eran ésas, las ahora más buscadas, luego del secreto y exitoso operativo de su secuestro. Las miraban con curiosidad macabra y sus yemas eran estudiadas sin piedad, dando vuelta su carne, como si alguna verdad se escondiera en su profunda frialdad.

Era octubre de 1967 en Bolivia. Las manos cortadas del argentino-cubano Ernesto “Che” Guevara estaban listas para que miembros de la Policía Federal Argentina comenzaran el trabajo: identificar si correspondían al líder guerrillero. Al cuerpo se le inyectó formol para conservarlo unos días más. Sus asesinos no sabían qué hacer con él. Sin quererlo, y en el mismo instante en que lo ejecutaron, habían transformado al enemigo marxista en un mito para siempre. Una vez terminada la exposición pública del cuerpo muerto del “Che”, decidieron cortarle las manos. Más tarde el ministro del Interior de Bolivia, Antonio Arguedas, logró robarlas y las hizo llegar a Cuba, vía Moscú, junto con el microfilme del diario personal del guerrillero.

Treinta años después, en el pueblo boliviano de Vallegrande, se encontraron sus huesos y los de sus compañeros guerrilleros asesinados y enterrados a unos seiscientos metros de la pista de aterrizaje. Todos fueron a una fosa común que los puso en la misma puerta del infierno. En el hospital de Santa Cruz de la Sierra, los especialistas reconocieron en esos huesos mezclados los restos del “Che”. Hubo tres puntos de coincidencia con la información que se tenía de él: dos protuberancias en el cráneo sobre los ojos, la ficha dentaria y la falta de sus manos. En una sórdida escena repetida intencionalmente, el esqueleto armado del “Che” fue mostrado al mundo, en una bandeja de aluminio, en la misma posición de aquella foto histórica tomada por el fotógrafo Freddy Alborta, de United Press International, cuando se lo conoció con su torso desnudo y sus ojos abiertos mirando el cielo. Ahora, millones de personas vieron por televisión los huesos del Cristo del comunismo. Una forma de desmitificarlo.

Las coincidencias entre los destinos de las desaparecidas manos del “Che” y las de Juan Domingo Perón son parte de la trama de una historia signada por manipulaciones de muertos e intrigas de poder. Ambos casos muestran esa pasión tan humana de jugar con los cadáveres. Los muertos, y sus cuerpos, son utilizados como instrumentos de guerra y venganza, como trofeos que simbolizan el ejercicio de un poder que se cree divino pero que, en esencia, quizás esconda miedo, el terror a morirse.

El ritual de la profanación de cadáveres también forma parte del patrimonio de la Argentina. Muchos lo llaman la “necrofilia” nacional aunque, para ser justos con su definición etimológica, ésta se refiere a los que mantienen relaciones sexuales con los muertos. La enfermedad social practicada por muchos argentinos y comprobada a lo largo de la historia es “necromanía”, es decir, la manía por los muertos que lleva a la locura de profanar cuerpos en forma permanente. En esa línea, además, se practica la “necrodulia”, que es el culto por los muertos, a la que se debería agregar “necrolatría”, que es el culto exagerado a la memoria de los muertos.

Como en otros tantos temas, en la Argentina se hizo un cóctel de todas estas deformaciones. Los antecedentes delatan nuestra condición de necrómanos, y contamos con una historia jalonada por robos de cadáveres o de sus vísceras; mutilaciones varias; disputas de cabezas, manos y corazones; huesos en exilios permanentes; escondites secretos donde el trozo de un muerto pudo valer más que el oro mismo. Cuando murió Fray Mamerto Esquiú, el 10 de enero de 1883, su cuerpo debió recorrer kilómetros de calores insoportables mientras se lo veneraba. Después de décadas, abrieron el féretro. No quedaba nada de él excepto su corazón intacto. Un milagro, creyeron. Y lo llevaron a Catamarca, a una capilla lateral del templo de San Francisco.

Permaneció allí durante 107 años, hasta que en octubre de 1990 fue robado poco después del asesinato de la adolescente María Soledad Morales, que conmocionó a la sociedad. El corazón del fraile terminó siendo una prenda de canje: lo robó el hijo del dueño de la clínica donde estuvo la joven moribunda y misteriosamente regresó a su lugar sagrado cuando dejaron de inculparlo. Posteriormente fue sustraído por un demente que lo tiró a un tacho de basura de la vía pública catamarqueña.

Sobre la muerte del general Juan Lavalle y el destino de su cadáver se escribió infinidad de historias. Para evitar que fuera robado por el enemigo, sus partidarios lo llevaron bajo un sol implacable hasta la frontera boliviana. Fue envuelto en un poncho y depositado sobre su caballo, que encabezó el cortejo. Al día siguiente, el olor nauseabundo se volvió insoportable. Entonces, le sacaron las vísceras y las enterraron. La cabalgata siguió por catorce días más. Cuando llegaron a Potosí depositaron lo que quedaba de sus despojos en la Catedral.

La necromanía argentina no se detuvo ante nadie. Se practica desde todos los sectores. Parece ser una enfermedad de difícil extinción y asombroso perfeccionamiento. En marzo de 1988, en plena investigación judicial por el asesinato de la modelo Alicia Muñiz a manos del ex campeón mundial de boxeo Carlos Monzón, los médicos forenses denunciaron que se habían quitado los músculos del cuello y “la carótida primitiva y la yugular interna”. En esas piezas anatómicas faltantes estaban las huellas y las evidencias de que el acusado la habría estrangulado antes de arrojarla por el balcón de su casa.

En 1990 el gobierno de Carlos Menem decidió meterse con un muerto ilustre. Había que repatriar los restos de Juan Manuel de Rosas, sepultados en el cementerio de Southampton, Inglaterra, desde 1877. Era un pesado ataúd de plomo de 400 kilos. El féretro estaba envuelto con la misma bandera argentina que había sido arriada de la embajada en Londres el día en que estalló el conflicto armado por las islas Malvinas. Lo destaparon y vieron que, en lugar de aquel temido Rosas, en el interior había un fango espeso, sólo se hallaron el cráneo y los huesos grandes de su esqueleto. Un crucifijo de madera que apenas fue tomado se partió, un plato de porcelana blanca, que podría haber sido usado en el velorio para poner agua bendita, y su dentadura postiza. Los restos fueron prolijamente limpiados y puestos en otro ataúd. La dentadura la tomó uno de sus descendientes y se la guardó en el bolsillo.

La última dictadura militar argentina llevó al extremo esta manía de vengarse de los muertos con la forma más brutal: hacerlos desaparecer. Previo a esto, tiros en las muñecas y corte de manos fue algo de todos los días. Laura Bonaparte es madre de un desaparecido. De acuerdo con lo que le relataron los sepultureros del cementerio de Avellaneda, en aquellos tiempos violentos llegaban camiones del Ejército cargados de muertos y prisioneros aún vivos. Los remataban ahí mismo, mientras cavaban sus tumbas. El Equipo Argentino de Antropología Forense comprobó que muchos de los cuerpos hallados habían sido mutilados a nivel del antebrazo y tenían las manos seccionadas. Los cortes fueron hechos con sierras quirúrgicas, como las que se usaron después con el cadáver de Perón.

En esta larga lista de historias necrómanas de la Argentina, la de Eva Perón es, quizá, la más emblemática. Insumió más de dos décadas, con una travesía de miles de kilómetros por el mundo. Fue santificada antes de morirse; después, su cuerpo se transformó en una obsesión de varias generaciones de argentinos. Fue orinado por los golpistas del 55 y cuando se lo devolvieron a su ex marido el viernes 3 de septiembre de 1971 (los militares se lo dejaron en el jardín de su casaquinta en España), el informe médico de Isidro Ventura Mayoral afirmó que tenía un corte importante en el cuello, hundimiento y fractura del tabique nasal, una cicatriz que abarcaba la mejilla y el pómulo izquierdo abriendo un colgajo de carne, cuatro cortes en ambos senos de 16 milímetros cada uno, otro en el brazo izquierdo a la altura del húmero, fractura de ambas piernas producida por presión o por un cuerpo pesado colocado sobre ellas, y los dedos de los pies aplastados y encimados.

Muerto Perón en 1974, la necromanía se ensañó una vez más con el cadáver de Evita. Para asegurarse de que el gobierno de Isabel Perón lo repatriaría desde España, el grupo guerrillero Montoneros se robó del cementerio de la Recoleta el féretro con el cuerpo del general Pedro Eugenio Aramburu, símbolo del golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955. Tres horas antes de que aterrizara en el aeropuerto de Ezeiza el avión con los restos embalsamados de Evita, Aramburu apareció dentro de una camioneta en una de las calles laterales de la Recoleta.

El cuerpo de Juan Perón no iba a escapar a esta serie de manipulaciones y violaciones de cadáveres. Algunas señales de lo que ocurriría con él pareció recibirlas durante su exilio madrileño. Cada vez que entraba en la cocina y en el comedor diario de la quinta “17 de Octubre”, se topaba con una imagen que el destino transformaría en estigma. En cuatro azulejos con fondo celeste se reproducía una pintura con dos manos juntas, en posición de rezo, perfectas, con los detalles de sus venas y finos perfiles. La figura se cortaba en el exacto lugar donde comenzaban las muñecas. La obra origina es de 1508 y se llama Manos que oran, del célebre artista alemán Alberto Durero.

Muchos años después, en un día de junio de 1987, ese estigma se concretó gracias a los profanadores que entraron en la tumba de Perón y seccionaron sus extremidades con prolijidad. Los brazos quedaron mutilados al nivel de las mangas de su uniforme militar. Se habían robado las manos de un ex presidente, símbolo de toda una época de la Argentina. Las que practicaron box siendo cadete; escribieron el diccionario mapuche; despidieron a su primera esposa cuando murió; acariciaron con amor a Evita; dieron esperanzas a millones de pobres al firmar las leyes sociales y la ley que permitió votar a la mujer; escribieron libros y miles de cartas desde su exilio, acompañaron discursos encendidos, sellaron acuerdos políticos, apadrinaron candidaturas y se apretaron con las de líderes mundiales. Las que se unieron a las de Ricardo Balbín, tratando de pacificar la política argentina en los años 70.

Para otros, las manos de Perón pueden simbolizar historias oscuras. Verán en ellas el instrumento con el que se aprobaron decretos para encarcelar opositores; ofrecieron la bienvenida a López Rega; bendijeron el accionar de grupos guerrilleros. Pero cualquiera que sea el caso, representan un símbolo difícil de reemplazar, el atributo que marcó los días de gloria y ocaso de Perón. Ya no están en el cuerpo. Fueron secuestradas, escondidas y usadas para otros fines hasta ahora inconfesables.

La profanación de la bóveda y el robo de las manos de Perón conmocionaron a la sociedad argentina. Fue una operación política de alto nivel. Faltaban algo más de dos meses para las cruciales elecciones de gobernadores, y el país estaba inmerso en un clima polarizado entre el gobierno radical, cada día más débil, y un peronismo que renacía, dispuesto a recuperar su lugar. Los comicios cambiaron la relación de poder en el país y fueron la antesala de un profundo cambio que se consumó en la década siguiente. La derrota electoral del gobierno presidido por Raúl Alfonsín sepultó su proyecto de reforma constitucional. El peronismo regresó y poco tiempo después nació su propia contrarrevolución: el menemismo, que cumplió con éxito el proyecto alfonsinista de quedarse en la presidencia por una década.

Desde que se conoció la profanación, todos creyeron encontrar la primera parte de la verdad en el agujero del Blindex de seguridad que protegía el ataúd presidencial del viejo general. Se llegó a decir que los violadores habían logrado penetrar en el interior del féretro para cortar las manos y sacarlas de su oscuro letargo. Fue otra de las decenas de pistas falsas y dudas sembradas a propósito. ¿Qué seguridad hubo en la bóveda de Perón durante los diez años previos a su violación? Ninguna. Los profanadores entraron en el lugar utilizando una copia del juego de llaves que abría el Blindex para llevar adelante un operativo de varios días.

Aquel hombre que manejó el poder a su antojo por décadas quedó mutilado dando lugar a uno de los más grandes y extraños misterios de los últimos tiempos. Una trama que se alimenta de una rara mezcla de policial negro con prácticas esotéricas, fortunas escondidas, donde aparecen políticos y operadores de los gobiernos de turno, personajes de la farándula local, policías, militares y un grupo variado de personajes marginales. Una triste secuencia de hechos que se reconstruyen en este libro y que describe a los argentinos en su propio masoquismo histórico: utilizar a los muertos como macabros trofeos en las disputas terrenas.

Esta historia no es más que la última de una serie de hechos que superan la capacidad imaginativa de cualquier escritor. Se asemejan a una sucesión interminable de estertores de una sociedad enferma de pasiones y depresiones profundas. Que no conoce términos medios. O es bárbara o es utópica. Insiste en una obsesión de querer rescatar cada minuto de la historia o la invade un tenaz olvido.

Éste es el gran escenario del relato que sigue. La necromanía argentina en el poder, o esa costumbre nacional de manosear la paz de los muertos.

UNO
El escenario político

El ex presidente constitucional Arturo Frondizi había decidido salir de su ostracismo político y pasar a una activa ofensiva. A mediados de la década del 80 se había transformado en uno de los referentes más importantes de los nacionalistas criollos, espantados por lo que suponían que era el desembarco de la socialdemocracia desde el gobierno de Raúl Alfonsín y también en una parte importante del peronismo, sobre todo en los llamados renovadores. Las pocas veces en que el ex jefe de Estado, derrocado en 1962, poco tiempo después de su reunión con el “Che” Guevara, se refería a la situación del país lo hacía en forma muy crítica y reclamaba un brusco cambio de la política exterior argentina planteando el claro alineamiento con los Estados Unidos.

En Córdoba, Frondizi había denunciado al dirigente radical Carlos Becerra por darle apoyo económico al guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, en el exilio, que a la postre fue el líder de la nueva organización de izquierda Movimiento Todos por la Patria, que desapareció después del fallido intento de copamiento del cuartel militar de La Tablada en enero de 1989. En aquellos años de debilidad democrática se alertaba que el país podía caer en una suerte de “libanización”, una anarquía interna producto del funcionamiento frágil de las instituciones y las luchas internas por el poder.

Decidido a romper el círculo de las complicidades, Frondizi resolvió convocar a una conferencia de prensa para el 20 de noviembre de 1988, en la sede del Centro Argentino de Ingenieros. Quería denunciar y mostrar las pruebas de los casos de corrupción que había reunido contra el gobierno radical. Pero el ex presidente nunca llegó al clásico edificio del CAI en la calle Cerrito, a pocas cuadras del Obelisco. Alguien llamó dos días antes para decir que no esperasen al ex presidente porque no iría a la convocatoria. Lo cierto es que Arturo Frondizi desapareció y nadie supo dónde estuvo durante más de veinte días hasta que fue encontrado en un hogar de ancianos de la provincia de Buenos Aires, bajo los efectos de una fuerte medicación y atado a la cama. Su médico personal lo rescató de esa situación misteriosa, inexplicable horas antes.

Los tiempos políticos en los años de la profanación fueron traumáticos en esos primeros años de la recuperación de la democracia en la Argentina. Fueron el preámbulo de hechos que marcaron un antes y un después de profundos cambios que se produjeron antes del fin de siglo XX en las estructuras políticas, económicas y sociales del país, y en su posicionamiento en el escenario internacional. Un momento de transición denso, clave, en medio de los resabios dejados por la dictadura militar y la primera experiencia de recambio democrático.

No parece casualidad, entonces, que la mutilación del cuerpo de Perón y el impacto que el hecho produjo en la sociedad ocurrieran en ese escenario, con instituciones de la democracia anémicas, en un momento de fuertes incertidumbres e importantes decisiones políticas para el futuro país. Desde el gobierno se salió rápidamente al cruce de las críticas que se venían como avalancha, y sin mayores pruebas, diciendo que se había tratado de un hecho de naturaleza perversa y que había sido, en esencia, una provocación política al peronismo.

El primer gobierno democrático de los 80 había intentado enfrentar a las principales corporaciones tradicionales del país, como son las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y la dirigencia sindical. Además irritó a la banca financiera nacional e internacional cuando el primer ministro de Economía radical, Bernardo Grinspun, decidió unilateralmente y de hecho una moratoria de la deuda externa.

A estos problemas había que sumarles el progresivo distanciamiento de la oposición peronista a raíz de las elecciones de septiembre del 87 y una mala relación con la prensa privada por no haber cumplido con la promesa de privatizar los medios estatales. Comenzaba a profundizarse un proceso de paulatino aislamiento de la sociedad, que ya sentía la incipiente sensación de decepción.

A pesar de que el poder militar había quedado muy debilitado después de su frustrado paso por el gobierno, con la violación sistemática de los derechos humanos, la derrota en la guerra por la recuperación de las islas Malvinas, un desprestigio internacional irreversible y el posterior juicio y condena a las Juntas, seguía siendo el fiel de la balanza de la estabilidad democrática. No era menor lo que ocurría en el interior de las Fuerzas Armadas, qué hacían sus hombres más representativos, qué actitud había con relación a los juicios, qué pensaba la gran mayoría de la oficialidad ante una sociedad que los descalificaba a medida que se enteraba de lo que habían hecho en el pasado reciente.

Pero lo más preocupante era una importante fractura interna. La cúpula de las Fuerzas Armadas recibía duras críticas de los cuadros medios y bajos por no defender a sus subordinados en las denuncias judiciales por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Había un estado deliberativo que aumentaba las presiones contra el gobierno. Las relaciones con el presidente Alfonsín se tensaban día a día. Los militares argentinos, moldeados en la Guerra Fría para cazar izquierdistas en todas partes, veían con recelo cómo el radicalismo era apoyado por los sectores políticos de centroizquierda y se alarmaban porque creían que el supuesto desembarco de la socialdemocracia en el país era un nuevo capítulo de oleada comunista, similar a la de los 70.

Ese año 1987 comenzó muy mal para la estabilidad institucional de la Argentina. Se produjo la primera rebelión militar de los llamados “carapintadas”, que duró los cuatro días de la Semana Santa y que pudo haber terminado en un baño de sangre. Los rebeldes se amotinaron en la guarnición militar de Campo de Mayo y reclamaron el fin de lo que ellos definían como una persecución política a los miembros de las Fuerzas Armadas. También pidieron el relevo de la conducción del Ejército, a la que calificaban de traidora. Del otro lado de la alambrada del campo militar se empezaron a reunir miles de personas, conducidas por movimientos de izquierda, para enfrentar a los oficiales revoltosos.

Alfonsín negoció y llegó a un acuerdo con los sublevados. El tiempo demostró que se trató de una inoportuna concesión, en este caso de la democracia, al aceptar las condiciones de los rebeldes. Como consecuencia, el gobierno y la oposición peronista amnistiaron de hecho a gran parte de los responsables de la última dictadura. Fue a través de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por las cuales se delimitaron las responsabilidades del pasado y se puso un cerrojo para impedir que la Justicia siguiera investigando.

Este episodio dejó en evidencia la profunda debilidad que todavía tenían las instituciones democráticas y la creciente ingobernabilidad de las Fuerzas Armadas. Si algo faltaba a la tensa relación entre la sociedad y los hombres castrenses fue la provocación del jefe del Ejército, Dante Caridi, cuando el 1º de junio reivindicó la lucha antisubversiva en un nuevo aniversario de la muerte del general Pedro Eugenio Aramburu ocurrida en 1970 a manos de la guerrilla montonera. Para completar el cuadro, mientras tenía lugar el discurso de Caridi, se desbarató una célula de ultraderecha integrada por miembros de inteligencia de la Fuerza Aérea.

Así, por debajo de odios, prejuicios y desconfianzas mutuas entre civiles y militares, se siguieron moviendo los ex represores, grupos operativos que se habían formado durante la dictadura y que, sin la cobertura política que tenían antes, se habían especializado en extorsionar y en realizar operaciones políticas para quien las pagara. La nueva democracia se había mostrado impotente para desactivarlos y después se transformaron en bandas “profesionales” a todo servicio, algunas de las cuales terminaron, incluso, cobijándose o siendo usadas por sectores políticos del propio radicalismo gobernante.

El gobierno de Alfonsín comprobó que el servicio oficial de inteligencia seguía formado por los cuadros de la época anterior y, por lo tanto, se mostraban incapaces para controlar los movimientos de estos grupos operativos. Por entonces, el jefe de inteligencia de la Casa de Gobierno era el capitán Adolfo Scilingo, quien cobró notoriedad en 1996 cuando relató en el libro El vuelo, de Horacio Verbitsky, cómo se arrojaban desde aviones al Río de la Plata a los secuestrados de la dictadura. Scilingo tuvo la misión de armar un nuevo grupo de inteligencia para el gobierno radical que, finalmente, quedó formado por jóvenes oficiales de la Marina bajo la conducción de un civil con experiencia en estos temas oscuros: Raúl Guglielminetti, un agente de importante prontuario y buenas vinculaciones con las policías de Buenos Aires y Federal, que apareció después relacionado con la causa de las manos de Perón. Así se formó el llamado “Grupo Alem”, que tomó ese nombre pues funcionaba en oficinas ubicadas en la avenida Leandro N. Alem, a pasos de la Casa Rosada. El grupo fue desmantelado cuando se comprobó que hacía trabajos extorsivos para ganar dinero.

En ese contexto de incertidumbre e inestabilidad institucional, los argentinos se habían acostumbrado a convivir en medio de fuertes pujas políticas. En los primeros dos años, el gobierno radical había logrado consolidar el apoyo de la sociedad todavía influenciada por el clima festivo de la nueva vida democrática. Pero se sabía que llegar indemne hasta las elecciones presidenciales de 1989 era un largo y sinuoso camino. El alfonsinismo más puro empezaba a dibujar los pasos que se debían dar para conseguir la reelección de Alfonsín, previa reforma constitucional.

En 1985 se elaboró un paper que explicaba la estrategia que debería cumplir el radicalismo para no perder espacios de poder en las sucesivas elecciones de 1985 y 1987. Tenía el membrete de Ratto S.A., la agencia de publicidad que ideó la exitosa campaña electoral de 1983. Allí se detallaban operaciones políticas tendientes a dividir toda oposición al gobierno y aparecían por primera vez nombrados los GAC y GPC, esto es, “Grupos de Asalto de la Coordinadora” y “Grupos de Propaganda de la Coordinadora”, que son señalados como los instrumentos centrales de la estrategia política. Vale tener en cuenta esta propuesta a la luz de lo que sucederá en los años sucesivos.

El documento no tiene firma, como ocurre casi siempre con los informes reservados. Pero es parte del material que está en poder de la Justicia. Su contenido sirve para entender muchas de las cosas que sucedieron en la Argentina durante su primer turno democrático. Es un largo instructivo que recomienda acciones de campaña y comunicación, en el sentido amplio de la palabra.

Se recomienda, por ejemplo,

replantear como opción electoral, las alternativas:

Democracia o golpismo = Radicalismo o fascismo.

Alfonsín o proceso = Alfonsín o el pacto sindical-militar. 

Radicalismo o Fuerzas Armadas = UCR o caos.

Mayoría radical o golpe militar = Vuelta a la democracia o vuelta al Proceso.

Para que estas opciones se volvieran viables, había que “generar en la ciudadanía un estado de ‘alarma psicológica’ ante la eventualidad de un supuesto ‘golpe’ (objetivo de máxima) y la inseguridad de un rebrote terrorista indiscriminado (objetivo de mínima)”.

Ya en un plano partidario, la misión era “polarizar a los ciudadanos ‘alarmados’, levantando la figura de Alfonsín como única garantía de democracia”. Esto implicaba instalar ciertos temas, como el golpismo. En esa dirección se recomienda una “denuncia de Alfonsín entre el 19 y 22 de octubre. La situación ideal sería algún hecho anormal en el seno del Ejército y de la Armada, por ejemplo, impedir que algún oficial citado concurra a algún juzgado o promover alguna declaración (cierta o no) de algún oficial superior en actividad. De no ser factible lo anterior, reflotar el tema de la ‘fuerza saliente’ de Aníbal Gordon, haciendo detonar en una sola noche varios artefactos en locales de la UCR, PI, PC, etcétera. Producir de inmediato una amplia repercusión en los medios escritos, orales y televisivos procurando generar el clima para una intervención presidencial que llame a ‘derrotar en las urnas al fascismo que pretenda resurgir de las cenizas’”.

En el capítulo dedicado a la campaña electoral, se aconsejaba usar algunas ideas fuerza. Una de ellas es que “la doctrina de la seguridad nacional ha sido erradicada y sólo quedan ‘nostálgicos del poder’ y los actores que fueron derrotados por ella, actualmente neutralizando el disponer de un instrumento legal que la desecha”. Su complemento ideal es recordar que “la inseguridad social imperante es producida por el tradicional golpismo y por sus no tan tradicionales aliados. Hoy el pacto golpista sindical-militar es la conjunción de los ‘resabios del Proceso’ con la ‘burocracia sindical’ derrotada en el 83”.

Esto, en la práctica, debería materializarse a lo largo de la campaña electoral. El documento la divide en varias etapas. En la “preparatoria”, el propósito es “preparar el clima electoral generando un espectro político confuso e ininteligible. En especial inducir a la confusión en el peronismo y en los distintos frentes que se pueden conformar. Atomizar el electorado independiente, captar parte y el resto orientarlo hacia los partidos de izquierda. Uno de los ejes es dispersar el electorado de centro y exacerbar las fracturas del peronismo. Hay que identificar al peronismo con el golpismo”. Las acciones de apoyo para lograrlo obligan a incorporar grupos operativos, los mencionados GAC y los GPC, que accionarán “bajo control exclusivo de la Secretaría General en coordinación con la SIDE, SIP y ministerios o secretarios de Gobierno, no pudiendo en ningún caso descender de ese nivel”.

Ambos equipos tendrían que funcionar con cobertura oficial, ya que “no pueden ser detenidos ni identificados y por ello requieren la coordinación a niveles de ministerios o secretarios de Estado”. Y para que el efecto fuera el deseado, “toda acción de los GAC o GPC debe ser acompañada de una inmediata explotación a nivel de los medios de comunicación, ya sea mediante el repudio, la atribución del hecho a sectores de interés, etcétera”.

¿Cuáles serían estas acciones? Las siguientes: “Atentados sobre blancos que trasladen la responsabilidad a sectores golpistas civiles o de las Fuerzas Armadas”, hechos intimidatorios en “templos judíos, jueces, ex militares, barrios militares, colegios primarios, secundarios y universitarios”, actos de propaganda no partidaria “procurando enfrentar a sectores opositores, ya sea por el contenido de los volantes, el texto de las pintadas o bien por el terror de las consignas”. Como actividad secundaria, “amenazas telefónicas sobre establecimientos educacionales, edificios públicos, testigos del proceso a las juntas militares, a jueces y camaristas”. El documento destaca que debe tenerse en cuenta “que los primeros GPC ya fueron empleados con éxito en el enfrentamiento con las Madres de Plaza de Mayo”.

Se recomienda además que se haga un “uso intensivo de los términos calificativos y a la vez descalificativos del enemigo inducido”, que podrían ser caracterizados como “mano de obra desocupada, resabios del proceso, resaca de los servicios, nostálgicos del poder, generales de la violencia, comandos de la muerte, delincuentes sociales, matones de las tinieblas, cobardes de la vida, ultraderecha”.

Por último, no se descartan “atentados a legisladores nacionales, provinciales y ediles; atentados a servicios públicos y tiroteos a guardias policiales y comisarías; atentados a medios de comunicación, amenazas selectivas a funcionarios, periodistas, directores de escuelas, candidatos de la UCR, organismos de derechos humanos, jueces, militares democráticos, etcétera”, y se sugiere “comenzar a identificar la autoría mediante la asignación de nombres a los supuestos ‘comandos’”, por ejemplo, “Comando Rucci”, “Comando Paula Lambruschini”, “Comando Aramburu”, etcétera.

El final es optimista y promete también un largo trabajo: “Finalizamos esta campaña el 5 de noviembre. Esperamos hacerlo brindis por medio”.

Con la inminencia de las elecciones de medio término previstas para septiembre de 1987, los distintos grupos de poder iniciaron presiones a través de operaciones políticas de fuerte impacto social: bombas a locales partidarios, amenazas de explosivos en organismos defensores de los derechos humanos, escuelas y reparticiones públicas. Las sospechas y los fantasmas se ubicaron rápidamente en los extremos ideológicos: una derecha activa y reaccionaria que seguía viendo izquierdistas en todas partes; y una izquierda tentada siempre de recuperar la utopía de las armas y obsesionada por denunciar los resabios que aún quedaban de la dictadura.

Dos diarios expresaron bien estas posiciones enfrentadas e irreconciliables. Fueron el tradicional y liberal diario La Prensa y el joven y progresista Página/12. Para el primero, la Argentina estaba viviendo un rebrote subversivo de izquierda y sostenía que estos grupos violentos estaban escudados dentro del alfonsinismo gobernante. Agitando la paranoia, el lunes 1º de junio de 1987 un editorial anunció que durante ese mes se pondrían en marcha las estructuras subversivas con sus bases en los partidos de izquierda, el Partido Humanista, la agrupación universitaria Franja Morada, la corriente interna radical conocida como la Coordinadora. El diario tenía entre sus columnistas a prominentes personajes de la última dictadura, militares y civiles, entre ellos el ex jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Ramón Camps, cuyo hijo Patricio había sido acusado de integrar una organización desestabilizadora autora de varios atentados y se había fugado para ser detenido luego el 7 de junio. La Prensa fue aún más lejos. Anunció que se había sistematizado la entrega de armas mediante un esquema regional, provincial y barrial, y que parte de este plan era el control de “todos los medios periodísticos”, versión de la que también se hizo eco el diario Ámbito Financiero.

En ese mes de junio de 1987 hubo una seguidilla de atentados y sabotajes. El día 2 un cartucho de dinamita cayó dentro de un auto de una dirigente radical de la provincia de Tucumán. Luego, tres panes de trotyl explotaron en una torre eléctrica y aparecieron panfletos de la ex organización guerrillera Montoneros. Casualmente, La Prensa había publicado cuatro días antes que entre los objetivos de la ultraizquierda estaba el sabotaje de redes eléctricas. Días más tarde, el periódico siguió con su estrategia de agitar la conspiración izquierdista y anunció una reunión de las organizaciones guerrilleras Tupamaros, de Uruguay, Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo, de la Argentina, y el MIR, de Chile. El encuentro sería en la provincia de Entre Ríos.

En la vereda de enfrente de La Prensa también circuló una profusa información sobre los movimientos de la muy activa derecha argentina. El día en que se confirmó la profanación del cuerpo de Perón, el 30 de junio, el diario Página/12 publicó una nota que, después del macabro hallazgo, llamó la atención. En la página 4 el entonces director y fundador del diario, Jorge Lanata, anunció que entre los planes inmediatos de los rebeldes fundamentalistas del Ejército estaba el de atentar contra un militar en actividad en forma deliberada, para justificar después una represalia contra políticos, periodistas y sindicalistas, y que eso se produciría durante julio.

Según esa información, el objetivo central era mostrar una imagen de lucha entre la ultraizquierda y la ultraderecha argentinas. Esta actitud de denunciar las actividades de la ultraderecha coincidía con la opinión del propio ministro del Interior, Antonio Tróccoli. En la sesión de la interpelación en el Congreso, a raíz de la situación de inseguridad que vivía el país, admitió que no podía desarticular la organización de derecha porque no sabía dónde estaba el centro operativo.

Desde la recuperación de la democracia hasta junio de 1987 se habían colocado más de 150 bombas de distintas potencias, incluidas una en el avión que llevaba de regreso a España a Isabel Perón, y otra en el del propio presidente Alfonsín. Ninguna de las dos explotó. Otras sí lo hicieron: el 24 de junio estallaron cinco artefactos en distintos comités radicales de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires; el 2 de julio, el frente de la casa de Jorge Barraguirre, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, quedó destrozado a causa de una bomba de trotyl de medio kilo. El mismo día, Antonio González Macías, integrante de la Cámara Federal de Mendoza, sufrió un atentado similar; una semana antes el blanco elegido había sido la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En un solo día, esto es el 24 de julio de 1987, se hicieron estallar en cadena quince bombas en distintos comités radicales de todo el país.

En esos movidos días se registraron más de 200 amenazas de muerte dirigidas a políticos, periodistas, dirigentes sindicales, estudiantes y militantes de derechos humanos.

Pero, además, entre los meses de junio y julio, hubo otros hechos que sacudieron a la opinión pública argentina. Como consecuencia del levantamiento militar de los “carapintadas” y de la sanción de la Ley de Obediencia Debida, ratificada por la Corte Suprema de Justicia, 150 militares y algunos civiles recuperaron su libertad. Entre ellos figuraron personajes de la dictadura de probados antecedentes: Alfredo Astiz, Aníbal Gordon, Miguel Etchecolatz, Jorge Bergés, Antonio Pernías, Eduardo Ruffo y el mismo Raúl Guglielminetti.

Como si faltaran problemas, la situación socioeconómica había empeorado notablemente, la cotización del dólar se disparó y los productos de la canasta familiar subieron el 20 por ciento. Todo en medio de permanentes protestas gremiales lideradas por la CGT. Por último, para enervar más a la sociedad, a cincuenta días de las elecciones se declaró la emergencia económica, que fue acompañada con un nuevo ajuste. Así, los productos de primera necesidad aumentaron un 30 por ciento. El humor social se volvió intratable.

Paradójicamente, en esos días reapareció en el horizonte del país una figura que sería clave en lo que sucedió años después en el país. Era Domingo Cavallo, que anunciaba su ambición de ingresar a la política activa, con la intención de sumarse como candidato a diputado nacional en la lista del PJ de Córdoba que encabezaba José Manuel de la Sota. Y así sucedió, previo aporte a la campaña de 500 mil dólares.

De esta manera, 1987 fue un año difícil para el gobierno radical. Se habían evaporado los días felices del Plan Austral, que consiguió estabilidad y crecimiento económico, y la crisis socioeconómica se instaló con fuerza e impregnó toda la vida del país. De las elecciones de septiembre dependía el proyecto ideado por los hombres más cercanos al presidente Alfonsín. Sus estrategas habían impulsado la idea de que el presidente, que había logrado hasta esos años un importante apoyo social y era el símbolo de la recuperación de la vida democrática, encabezara una nueva etapa histórica en la Argentina a la que llamaron “Tercer Movimiento Histórico”, una suerte de nueva alianza político-social superadora de las que habían fundado el yrigoyenismo, en las primeras décadas del siglo XX, y después el peronismo en los años 40 y 50.

Los sueños de estos colaboradores decían que la nueva revolución debía ser conducida por el alfonsinismo en alianza con un importante sector del justicialismo. Incluso había tomado fuerza la idea de que ese nuevo movimiento podría ser encabezado por una fórmula presidencial compuesta por Raúl Alfonsín y el carismático gobernador peronista de La Rioja, Carlos Menem, a quien el gobierno radical siempre apoyó con fondos especiales de la Nación para que pudiera sostener sus descalabros presupuestarios. Faltaban dos años para que Alfonsín y Menem compartieran algo menos que un lugar en una dupla electoral. Así se presentaban los meses del año de la profanación.

DOS
El destino de los cuerpos

El juez Far Suau tenía sensaciones contradictorias que le revolvían el espíritu. Por momentos se sentía aturdido, molesto, con ganas de dejar todo. Al rato, lo ganaban la indignación y una bronca que debía contener para no gritar a los cuatro vientos que había sido traicionado por todos los políticos, los del gobierno radical y los del peronismo, que lo habían dejado solo en la busca de una verdad que ellos mismos se empecinaban en esconder. Se sentía estafado por los servicios de inteligencia estatales que le negaban apoyo mientras trabajaban para otros, y por muchos jueces que empezaron a alejarse de él como si una rara peste lo hubiese invadido. Ya no podía engañarse más creyendo que su causa era colectiva, que estaba obligado a llegar hasta el final porque así se lo exigía la historia. Existía una sola evidencia y acababa de descubrirla en ese momento, sentado en el sillón, mirando la pila de hojas de la causa: lo habían aislado. Al único policía que le era fiel casi lo matan. Él y su familia estaban amenazados en forma permanente. No dejaba de investigar cada pista que se le presentaba a pesar de que, en su intimidad, estaba convencido de que eran falsas y no conducían a ningún lado, de que jugaban con él a las escondidas haciéndolo recorrer la ciudad detrás de informaciones inventadas.

Muchas incógnitas rodeaban la misteriosa profanación de la bóveda y el posterior robo de las manos de Juan Domingo Perón, esas que el juez había estrechado muchos años atrás, cuando lo conoció en su casa de Puerta de Hierro. ¿Fue un acto de fanatismo? ¿Una brujería? ¿Una venganza esotérica? ¿Se quiso robar el anillo para acceder a una fortuna celosamente guardada durante décadas? ¿Tuvo como objetivo enfrentar a la sociedad para desestabilizar a la joven democracia? ¿Fue una operación de alguno de los grupos internos del gobierno radical para no perder las estratégicas elecciones del 6 de septiembre de ese año? ¿O un mensaje claro de que el poder en la Argentina debía cambiar y sería con condicionamientos? ¿Significó un aviso directo dirigido al futuro gobierno peronista? ¿Fue un oscuro mensaje de alguna organización secreta a ciertos hombres del gobierno radical y del justicialismo para resguardar sus intereses ante la profunda crisis de entonces y los inevitables cambios por venir? ¿Significó un atentado ideado desde el exterior y destinado a golpear al peronismo en la figura de su fundador?

El juez aceptó el desafío de meterse en este pesado enigma, de peligrosa resolución, a pesar de que cruzaba intereses poderosos. Pero dieciséis meses después lo mataron. La dirigencia política miró para otro lado. Fue claro que lo único que los movilizaba no era saber la verdad sino la lucha desaforada por mantenerse en el poder. Y treinta años después esa ambición se mantiene intacta.

En realidad, esta historia comenzó diez años antes de la profanación, en la Quinta Presidencial de Olivos, cuando los militares golpistas tuvieron que enfrentar el dilema de qué hacer con los cadáveres de Perón y de Evita. La paz de esa cripta transformada en santuario peronista no había alcanzado entonces para calmar los ánimos de un país fagocitado por rencores y violencia. En los finales del gobierno de Isabel Perón los cuerpos irredentos hallaron su descanso final en la residencia presidencial, en la Capilla Nuestra Señora de la Merced que se había construido especialmente a un costado de la casa principal. Habían sido ubicados allí en 1974. Por día desfilaban miles de simpatizantes que querían estar cerca de sus mitos muertos. Evita embalsamada a la vista. Perón con el féretro cerrado. La exhibición pública sirvió, en aquellos años después de la muerte del general, para darle un nuevo aliento al gobierno de su esposa, cada vez más débil. Pero un proceso de autodestrucción se movía sin pausa en el movimiento que había creado el General, como también en las bases de la sociedad y en las instituciones de la república.

En los días del golpe, otra vez el ruido de los motores gasoleros de los camiones militares retumbaba con fuerza por las calles de Buenos Aires ganadas por el miedo y la incertidumbre. Las recorrían de una punta a la otra, zumbaban anunciando muerte y terror. Isabel Perón no volvería a ver el cuerpo de su esposo como tampoco el de Evita que ella misma había limpiado en España después de su devolución. Esa madrugada del 24 de marzo de 1976, el helicóptero presidencial cambió su rutina. En vez de llevar a la presidenta desde la Casa de Gobierno hasta Olivos, se dirigió al Aeroparque. Allí le anunciaron el golpe militar y la intimaron, pistola en mano, a que firmara su renuncia como jefa de Estado. La acefalía justificaría así la toma del gobierno por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esa mujer diminuta y de voz finita se negó. Pensaron en matarla pero prevaleció la postura de dejarla presa, incomunicada. Fueron los primeros minutos de la dictadura militar más cruenta de la historia argentina.

Mientras el asalto al poder se consumaba, los cadáveres de Perón y Evita fueron momentáneamente olvidados. Pero a los militares se les presentó el mismo dilema que 21 años atrás, pero ahora duplicado: ¿qué hacer con los dos muertos más poderosos del país, capaces de simbolizar la nueva resistencia contra la inaugurada dictadura? El tema se transformó en una cuestión de Estado.

La decisión quedó bajo la órbita de la Junta militar, que concentraba el máximo poder en el país. La sombra de la historia del cadáver de Evita los perseguía y asustaba. Eso sí, sabían que en esa cuestión de manipular cuerpos muertos no se podían cometer los mismos errores que antaño terminaron por descalificarlos y condenarlos en su barbarie ante la opinión pública local e internacional. Igual se trataba de circunstancias distintas. Ahora eran dueños absolutos de la Argentina, utilizaban la fuerza del aparato estatal para controlar a toda la sociedad a fuerza de listas negras, espionaje, balas, secuestros, torturas, asesinatos clandestinos. Y a pesar del extraordinario poder del que disponía, la dictadura sabía que otros peligros se instalarían si usaban los restos de Evita y Perón para sus fines políticos.

Decidieron eludir problemas. Luego de varias reuniones secretas con la familia Duarte, acordaron devolverles el cuerpo embalsamado de Evita. Con la más absoluta discreción, el ataúd fue retirado de Olivos y llevado a la bóveda familiar en el cementerio aristocrático de la Recoleta, donde descansa hoy.

Pero ¿qué hacer con el de Perón? ¿Esconderlo como el de Evita como lo hizo la Revolución Libertadora? Era demasiado riesgo. En la sociedad todavía estaban intactos los recuerdos de un Perón vivo, que arengaba a las masas desde el balcón de la Casa Rosada, su imponente funeral y los días de duelo, los homenajes y su legado político. Los militares temían que el ocultamiento del cuerpo del líder justicialista pudiera lanzar a una nueva resistencia peronista como la de los años 60, más violenta; o que quisieran secuestrarlo para usarlo como instrumento algunos de esos grupos o los que directamente habían pasado a la clandestinidad y eran perseguidos por el nuevo régimen.

Los militares prefirieron evitar otro escándalo. Fue así que, con la autorización de la familia de Perón y de Isabel, entonces detenida en la residencia de Villa La Angostura en la provincia de Neuquén, llevaron el cuerpo de Perón a la bóveda familiar en el cementerio de la Chacarita.

Había que realizar la “operación devolución” en estricto secreto y acondicionar especialmente el lugar para impedir que fuera profanado. La Casa Militar de la Presidencia de la Nación se encargó de la misión especial. El trabajo fue encomendado a su jefe, el teniente coronel Carlos H. Cerdá, quien, a su vez, llamó al ingeniero Jorge Oscar Tarelli, por entonces jefe del Departamento Técnico, para que elaborara los planos y supervisara la remodelación de la bóveda de los Perón. Tarelli entregó los planos de las modificaciones con la instrucción precisa de que los trabajos tendrían que hacerse con las empresas vinculadas a la Presidencia y que serían financiados con fondos de los gastos reservados. Los pagos los haría Cerdá en forma personal.

Coincidencias del destino, o consecuencias de la tumultuosa vida institucional del país, el ingeniero Tarelli se encargó de sepultar al cadáver del hombre que había marcado sus días en la Casa Rosada. Había ingresado como funcionario de la Presidencia de la Nación en 1955, luego del derrocamiento de Perón, y cumplido sus tareas fielmente durante más de dos décadas, hasta 1977. Su última misión antes de retirarse fue, precisamente, llevar los restos a la Chacarita.

Para hacer las remodelaciones, Tarelli se había conectado con Roberto García, casado con la sobrina de Perón, Lía Vicenta Perón, hija de su hermano Mario. Era el responsable del cuidado y mantenimiento del panteón. Sólo tenía las llaves de la puerta principal. Pero cuando quisieron entrar no pudieron hacerlo porque las cerraduras no funcionaban. Estaban trabadas y debieron llamar a un cerrajero.

La bóveda estaba repleta de muertos. Para hacer lugar al cuerpo se debieron cremar quince restos de familiares que ocupaban el primer subsuelo de la bóveda. Las cenizas fueron puestas en urnas metálicas y se ubicaron luego en la planta baja.

La firma Antonelli-Balestieri Empresa Constructora S.R.L. armó una caja de seguridad que fue empotrada en la pared para poner en su interior el féretro del ex presidente. Un marco metálico con cuatro cerraduras sujetó el vidrio transparente de nueve centímetros de espesor y ciento setenta kilos de peso. Las cerraduras con el juego de llaves fueron la única compra personal que realizó el ingeniero Tarelli. Lo hizo en Casa Borges, donde le sugirieron instalar un modelo especialmente seguro, conocido como Regipas Triple Paso, con caja de bronce, que suele usarse en los tesoros de los bancos. El resto del trabajo en la bóveda consistió en reparar filtraciones, fijar y arreglar revestimientos internos, cambiar la tapa del piso de planta baja, colocar una malla metálica en la parte inferior de la claraboya, reparar la puerta de acceso y realizar una pintura general.

Los trabajos tardaron dos meses. Finalmente, el jueves 13 de enero de 1977 se terminó la misión secreta de la dictadura. Fueron muchos y largos días dentro de la bóveda de los Perón. Las personas que tuvieron a su cargo la obra conocieron en detalle el lugar, sus accesos, la distribución interna, dónde y cómo sería puesto el ataúd presidencial de Perón, las medidas de seguridad tomadas.

Días antes de esa fecha habían llevado el féretro hasta la bóveda en una ambulancia. El acta de entrega fue labrada por la Escribanía General de Gobierno y lleva fecha 11 de enero de 1977. Pero no se suscribió en el mismo acto de entrega a su familia. El documento existe y curiosamente tampoco hace referencia a la forma en que se cerró el nicho. Sí dejó constancia de la recepción de los restos de Perón por parte de sus deudos. Estaban presentes el escribano de Presidencia, Eduardo Acosta, Lía Vicenta Perón de García, autorizada por Isabel Perón, y el teniente coronel José Alberto Calabretta, entonces jefe de la residencia presidencial de Olivos, en representación del presidente de facto, el general Jorge Videla. El acto fue protocolizado el martes 18 de enero de 1977.

Una vez colocado Perón en el primer subsuelo, Roberto García puso sobre el ataúd la bandera argentina, el sable y su gorra militar. Después se colocó el vidrio de seguridad del nicho y luego la tapa del piso de la planta baja, rellenándose con hormigón el marco, bajo la mirada del teniente coronel Cerdá y de personal de la Casa Militar, cuatro empleados del cementerio y el mismo Tarelli. Finalmente, se cerraron las cuatro cerraduras. Tarelli accionó las dos de la derecha y García las restantes. Todas las llaves fueron entregadas a Cerdá ese 11 de enero de 1977, a las 10.30 de la mañana.

Pero no hubo constancia actuarial de la ceremonia, y la cúpula de la dictadura militar retuvo las llaves por más de un año, hasta que las sobrinas de Perón las exigieron, mediante un acta realizada ante la misma Escribanía de Gobierno: “Para una mayor seguridad y para preservar el ataúd de cualquier eventualidad, en el carácter invocado, expresa la voluntad de depositar las llaves que cierran el nicho en el tesoro existente en la Escribanía General de Gobierno de la Nación, las que actualmente obran en poder de las autoridades nacionales”, dice el escrito.

El acta fue respondida por el encargado de la Quinta Presidencial: “Siguiendo expresas instrucciones de la Presidencia de la Nación, accede al pedido formulado, entregando al escribano general de Gobierno de la Nación las cuatro llaves y disponiendo que las mismas no podrán ser retiradas del tesoro de la Escribanía General de Gobierno de la Nación, ni entregadas a persona alguna sin orden emanada de la Presidencia de la Nación y solicita que la presente acta sea protocolizada”, escribió el coronel retirado Calabretta. José María Allende, como escribano general, la rubricó el jueves 20 de abril de 1978.

Es decir que las doce llaves del Blindex de seguridad que preservaba los restos de Perón fueron guardadas por el teniente coronel Cerdá, escondidas en algún lugar durante quince meses, hasta que se depositaron en la Escribanía General de Gobierno.

¿Dónde estuvieron las llaves durante ese tiempo? ¿Quiénes tuvieron acceso a ellas? ¿Las retuvo el entonces teniente coronel Cerdá, responsable de hacer cumplir las órdenes del general Videla?

Lo cierto es que desde principios de 1977 hasta abril de 1978 el juego de llaves estuvo en poder de los militares que profesaban un antiperonismo visceral. ¿Es ilógico pensar que, teniendo en cuenta la especial atracción que siempre produjo en la Argentina tener dominio y control sobre los muertos, se hayan realizado copias de las llaves? Y de ser así, ¿cuántos juegos hubo en circulación hasta que se descubrió la profanación en 1987? ¿Por qué vericuetos de poder de la dictadura militar circuló el manojo de llaves?

Los protagonistas de aquellos hechos prefieren hacer silencio, como si un pacto especial existiera entre ellos. A condición de preservar su anonimato, uno de los máximos responsables del traslado del cuerpo de Perón a la Chacarita reconoció a los autores de este libro que, efectivamente, se habían hecho varias copias de las llaves del Blindex de seguridad y que éstas pudieron llegar a manos de cualquiera. En los años siguientes fue imposible seguirles el rastro. Así se comprueba que, por entonces, unos pocos supieron de la existencia de esas copias, alguna de las cuales permitió a los profanadores acceder a la tumba de Perón para violar su cuerpo.

El juez Jaime Far Suau estaba convencido de que el robo de las manos se debió realizar a “cajón abierto”. Sólo había quince centímetros de distancia entre el féretro y el techo del nicho, poco espacio para poder levantar la tapa y proceder a la profanación. Cuando el magistrado tuvo que inspeccionar el cuerpo, una vez conocida la noticia, se vio obligado a quitar por completo el vidrio de seguridad y esquinar el cajón para extraerlo del lugar. Después sacó la tapa de madera, desoldó con un soplete la tapa de metal que habían cortado los profanadores, para recién poder ver el cuerpo. Todo tuvo que hacerse en el subsuelo, sin espacio, conmocionado por lo que le tocaba vivir.

La versión oficial es que el grupo profanador entró por la claraboya del techo de la bóveda, pero también pudo hacerlo directamente por la puerta de entrada, abrir el Blindex de seguridad con uno de los juegos gemelos de llaves. Retiraron el féretro del nicho para trabajar con comodidad. Luego de cortar las manos armaron un escenario de confusión para despistar la investigación: hicieron los boquetes en la cerradura del ataúd y en el Blindex, rompieron el hierro protector y el vidrio de la claraboya, desordenaron todo y se marcharon.

Pero no repararon, cuando agujerearon la caja de aluminio del interior del féretro, que los dobleces del metal cortados quedarían hacia arriba, lo que demuestra que su abertura se hizo de adentro hacia fuera y con espacio suficiente para la maniobra. Y eso es imposible hacerlo con el ataúd cerrado. Es obvio que de no haber armado el escenario adecuado los profanadores habrían aportado la mejor de las pistas del crimen, esto es, el apoyo logístico que tuvieron dentro del cementerio y fuera de él, y esto podría haber complicado al entonces gobierno radical, que era el custodio de las llaves depositadas en Presidencia.

Cuando se produjo el hecho, en junio de 1987, el juez Far Suau dispuso de inmediato el cambio de las cerraduras. El trabajo lo hizo el Ministerio del Interior y las nuevas llaves se guardaron en la caja de seguridad del magistrado. Luego, para que no hubiera sospechas de posibles manipulaciones, futura pérdida o robo, Far Suau entregó medio juego a la familia de Perón y la otra mitad quedó en la caja de seguridad de la Comisaría 29. Sólo los protagonistas supieron de esta estrategia.

A mediados de los años 90, el sobrino nieto de Perón, Alejandro Rodríguez Perón, se hizo cargo de la administración de la bóveda desplazando a su tío político Roberto García, con quien quedó enfrentado. Le informó al nuevo juez que entendía en la causa, Alberto Baños, que habían aparecido llaves del Blindex sin identificar. El magistrado les pidió a las autoridades de la comisaría la mitad del juego de llaves que estaba allí. Al principio dijeron que no las tenían, pero después aparecieron gracias a la ayuda de una antigua empleada que recordó haber visto un sobre con llaves en la caja de seguridad empotrada detrás del escritorio del comisario.

Ante este desorden de llaves que aparecían por todos lados y la posibilidad de que alguien hubiera entrado nuevamente a la tumba, Baños resolvió hacer una inspección a la bóveda y al cuerpo de Perón. Se hizo el 10 de enero de 1995 en presencia del escribano general de Gobierno, Natalio Etchegaray. En el mismo lugar y con el mismo cerrajero se cambiaron nuevamente las cerraduras y se destruyeron todos los juegos existentes. Quedó uno solo, que fue depositado en la mencionada Escribanía. Todo el operativo fue fotografiado y filmado para que no quedaran dudas.

Es claro que durante más de dos décadas no existió control alguno sobre las llaves originales del Blindex que protegía el ataúd de Perón y, menos aún, de los duplicados que se hicieron. Creer que la profanación y el robo de las manos fue obra de delincuentes especializados, que lograron entrar por la claraboya y realizaron un trabajo cinematográfico perforando primero el vidrio, luego forzando la cerradura para abrir un boquete en la madera del féretro por demás insuficiente para semejante operación, y en ese poco espacio cortar la lámina de aluminio de su interior, para luego seccionar, a distancia y con precisión de cirujano, las manos de Perón con mínima visión, es por lo menos una ingenuidad.

Pero bastó esta historia de que la operación fue hecha por un grupo con asombrosa capacidad técnica y logística para que la opinión pública, investigadores, periodistas y políticos de turno creyeran encontrar la clave en el agujero de la claraboya, sofisticados equipos y un soplete prendido durante horas en un espacio donde apenas se puede respirar.

La historia puede explicarse con mayor sencillez. Alguien suministró al grupo operativo uno de los juegos de llaves que se hicieron a partir de 1977. Bien pudieron llegar a las manos de algunos de los grupos ilegales que el ministro del Interior, Antonio Tróccoli, llamó “mano de obra desocupada”.

Quienes realizaron el operativo en la Chacarita lo hicieron con total libertad de acceso a la bóveda y al cuerpo de Perón. Tuvieron un importante apoyo político externo y también dentro del cementerio para llevar adelante un plan previamente elaborado. Tranquilos porque la cobertura les garantizaba impunidad, armaron las primeras pistas falsas con el objeto de distraer la investigación judicial. El tiempo completaría el trabajo de diluir todo camino que condujera a la verdad.

La herencia de la dictadura militar caló hondo en la sociedad argentina. De la represión surgieron los embriones de organizaciones mafiosas tanto en lo político como en lo económico, y el Estado argentino y los distintos servicios de inteligencia quedaron sembrados de la resaca de la dictadura. Ese país paralelo continuó funcionando y se perfeccionó en los años de esta reciente democracia. El robo de las manos de Perón se consumó gracias a la existencia de estas estructuras ilegales que se fueron multiplicando con el tiempo. Entender la génesis y la forma en que se manejaron los autores intelectuales y los profanadores permite comprender, también, por qué la Argentina llegó al actual estado de corrupción sistémica, una cultura que terminó impregnando a toda la sociedad.

TRES
La solución política

En los días del robo de las manos de Perón nadie podía asegurar con certeza la caída del radicalismo como tampoco el regreso del peronismo al poder. Eran tiempos de especulación. El partido fundado por Perón no se había recuperado completamente de la derrota electoral de 1983 y continuaba inmerso en pujas internas entre la vieja guardia ortodoxa y la llamada renovación, que quería democratizar las prácticas partidarias. Las elecciones legislativas del 85 marcaron un cambio en la tendencia del electorado. Si bien ganó el radicalismo, se notó una importante recuperación de votos por parte del justicialismo, atraídos por los candidatos más moderados impulsores del cambio y que habían comenzado a conquistar espacio dentro del partido.

La dirigencia peronista estaba concentrada en las elecciones del 6 de septiembre. Era la prueba de fuego que necesitaba: vencer al radicalismo para iniciar el camino definitivo de su regreso al poder. Los días 22 y 23 de junio se realizó en Bariloche una cumbre del peronismo. La novedad fue que, después de muchas dudas, finalmente se hizo presente el gobernador riojano Carlos Menem. Hacía mucho tiempo que no se sumaba a estas reuniones del PJ formal como tampoco a las convocadas por la renovación. Menem, quien en todo momento jugaba con los movimientos políticos que le permitieran ser el candidato presidencial, tenía un escaso poder real dentro de la estructura del peronismo y su futuro dependía de las alianzas internas que hiciera para poder ganarles a los renovadores encolumnados detrás de dirigente histórico Antonio Cafiero. Incluso, el líder riojano con notorios pelos en la cara había estudiado la posibilidad de romper con el peronismo e ir “por afuera” con otro partido.

En Bariloche los seguidores del general Perón analizaron la estrategia electoral por seguir, cómo asegurar la realización de los comicios y la relación que debían mantener con el gobierno de Alfonsín en ese contexto de inestabilidad institucional. La UCR no contribuía mucho a la gobernabilidad. El 23 de junio le propuso al PJ que a partir del 1º de julio, precisamente el día en que se conoció la mutilación del cadáver de Perón, se suspendiera la actividad del Congreso, iniciativa que fue, obviamente, rechazada. Las encuestas electorales eran favorables al peronismo. La pelea electoral más dura se daba en la provincia de Buenos Aires, un bastión que el radicalismo le había arrebatado en 1983 y que era clave recuperar para asegurarse las elecciones presidenciales de 1989. El candidato a gobernador era Antonio Cafiero quien había logrado una síntesis política interna que potenció sus chances electorales. Dirigente histórico y uno de los impulsores de la renovación del partido se transformó, de hecho, en la locomotora capaz de arrastrar los vagones de los candidatos justicialistas que en todo el país estaban ganando la simpatía del electorado. Evitar rupturas internas, ampliar su base de apoyo social y mantener la gobernabilidad de un precario sistema democrático lo obligaban a realizar un difícil equilibrio para potenciar sus energías en la reconquista del poder.

Apenas Cafiero se enteró del corte de las manos de Perón, disparó munición gruesa contra los radicales en un acto que encabezó en las céntricas calles Florida y Perón. Ese 1º de julio dijo que el atentado había sido “una maniobra electoralista equivocada por parte del gobierno”. Pero también tenía información de que la situación del país se iba agravando día a día y que los grupos tradicionalmente golpistas habían aumentado su presión sobre el gobierno de Alfonsín. A tal punto preocupaba a la dirigencia peronista el clima reinante en el país que, después de su ataque verbal, Cafiero se manifestó públicamente a favor de concretar un acuerdo político amplio, un pacto entre las distintas fuerzas políticas para garantizar la continuidad de la democracia.

Sin embargo, las sospechas políticas se dirigieron hacia todos los rincones. Desde el gobierno se dijo que la profanación quería empujar un enfrentamiento entre los dos partidos mayoritarios. Y también se lanzó una idea, no menos provocadora, de que había sido una operación o venganza hecha por un grupo interno del mismo peronismo. Fue el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Facundo Suárez, quien más hincapié hizo en esta teoría, señalando al grupo Montoneros, de activa militancia en los años 70, como uno de los posibles responsables de la mutilación del ex presidente, argumentando que los 8 millones de dólares que se pedían de rescate estaban relacionados con una vieja deuda que habría contraído Perón con ellos.

Desde el peronismo se respondió de manera airada, aunque con una importante dosis de especulación electoral. Acusaron al gobierno radical de querer provocar un enfrentamiento social para suspender las elecciones de septiembre y dijeron que en esa maniobra estaría involucrado un sector interno del oficialismo. Si no se podían evitar los comicios, la profanación serviría para descalificar al peronismo, asociándolo nuevamente con la violencia, la muerte y la barbarie, y sacar así un rédito político para mejorar su posición ante el electorado. Este análisis se basó en un hecho que había tenido fuerte impacto en las elecciones de 1983. En el acto de cierre de campaña el entonces candidato peronista a la gobernación de Buenos Aires, Herminio Iglesias, quemó ante cientos de miles de personas y la televisión del país un féretro con los colores de la Unión Cívica Radical. Esa última imagen de violencia y muerte, dijeron los especialistas en comunicación política, fue determinante en el posterior triunfo de Raúl Alfonsín.

La investigación se politizó una vez que Enrique “Coti” Nosiglia desembarcó en el Ministerio del Interior. Su carrera formal hacia el gobierno la inició el 27 de julio de 1987, cuando asumió la conducción de la Unión Cívica Radical de la Capital Federal. Y llegó al ministerio político el 16 de septiembre de 1987, diez días después de la derrota electoral, a un poco más de tres meses de que la profanación había sido descubierta y ante el descrédito generalizado del ministro Tróccoli por la inseguridad reinante.

Nadie creyó a ciencia cierta que Nosiglia llegara al gobierno para corregir las ineficiencias de su antecesor. Este discípulo e íntimo colaborador del presidente Alfonsín se sentó en el gabinete para capear y encauzar los temporales políticos que soplaban y comprometían el futuro del gobierno. Apenas el Coti llegó al ministerio le dio al caso del robo de las manos una impronta que no había tenido antes. Tróccoli había dejado que la Justicia funcionara sin interferencias, sin politizar el tema. Con el nuevo ministro del Interior, y jefe natural de la Policía Federal, las cosas no serían igual, sobre todo para la investigación judicial. Durante su gestión consolidó algo que marcó un antes y un después dentro de la Policía Federal. Logró “desperonizar” a la fuerza organizando una línea interna y grupos operativos que le serían fieles. Dentro de la Federal se sostenía que Nosiglia consiguió que el radicalismo tuviera una “pata” en la institución, uno de los poderes clave y determinantes en la ciudad de Buenos Aires. Y comenzó a trabajar muy cerca del jefe de la fuerza, comisario general Juan Ángel Pirker, quien se involucró decididamente en la investigación judicial del robo de las manos iniciando incluso una investigación propia, paralela, para ir más allá de lo que hacían el juez y su equipo. Entre quienes operaban para la dupla Nosiglia-Pirker en estos “trabajos especiales” había tres “pesos pesados”: el comisario Carlos “Rufián” Gómez; un tal “Pan de Leche” Rodríguez Peñalba, hijo de un coronel; y el comisario inspector Carlos Gallone, un oficial que logró fama por aparecer en una fotografía abrazando a una de las Madres de Plaza de Mayo después de uno de sus tradicionales actos de los días jueves en la histórica plaza.

Por sugerencia de Nosiglia, el comisario Pirker intentó sumar al equipo de Far Suau a su colega Gallone. Pero el magistrado se había enterado del objetivo de la maniobra y lo sacó de su despacho advirtiéndole que no apareciera más por allí, y que si se metía en la causa lo iba a procesar. El juez desconfiaba del Coti y estaba convencido de que quería meterse en la investigación para intentar manipularla. Además, tenía la íntima sospecha de que estaba relacionado de alguna manera con la profanación.

Todos los días Pirker recibía un informe del comisario Carlos Zunino, asignado al juez, con la actualización del estado de la causa. A las 8 de la mañana lo llamaba por teléfono su jefe para saber cómo iba la marcha de la investigación, contacto que muchas veces solía hacer el comisario inspector Basso, con quien intercambiaban opiniones acerca de las nuevas estrategias. Pirker tenía dos obsesiones simultáneas que lo preocupaban hasta el día de su sospechosa muerte, tiempo después. Ambas estaban impregnadas de tufo político: esclarecer el robo de las manos de Perón y el ataque guerrillero al regimiento militar de La Tablada ocurrido el 23 de enero de 1989. Todo el material informativo que había reunido de estos dos casos mientras fue el jefe de la policía lo guardaba celosamente en la caja fuerte de su despacho, a la que sólo él tenía acceso. Cada informe relacionado con la profanación engrosaba una carpeta; y entre los documentos reservados estaban las primeras grabaciones con las voces de los que habían atacado el cuartel militar y en las que aparecían revelaciones de que detrás de la acción guerrillera había políticos vinculados al gobierno. Después de la muerte de Pirker, el ministro Nosiglia fue en forma personal a su despacho y se llevó la información confidencial que había guardado el policía. Nunca antes en la historia de la Policía Federal un ministro del Interior había entrado con tanta impunidad al despacho de la jefatura policial.

El panorama político de la Argentina era más que preocupante: inseguridad, crisis militar, debilitamiento del gobierno y una creciente insatisfacción popular producto de los problemas económicos. Y es seguro que a los autores intelectuales del atentado contra Perón no les pasó inadvertido el estado de convulsión que se vivía. Incluso la estrategia de hacer coincidir la fecha de las noticias de la profanación con un nuevo aniversario de la muerte del General, es decir, el 1º de julio, no pareció algo casual. Con buen cálculo los profanadores enviaron las cartas el 26 de junio, y los familiares de Perón, los principales dirigentes del peronismo, el gobierno, la Justicia y la policía se enteraron del hecho pocas horas antes de que trascendiera a la opinión pública. Fue, precisamente, el 1º de julio, la fecha elegida y planificada para provocar, seguramente, un impacto político que condujera a una esperada reacción social.

En marzo de 1995, cuando comenzamos esta investigación, lo primero que decidimos fue ir a la escena del crimen, el lugar donde habían ocurrido los hechos, donde se guardaba el secreto de la profanación. Aprovechamos la fecha de un nuevo aniversario y ese 1º de julio quisimos observar la actitud de la gente que seguía concurriendo a la Chacarita para rendirle homenaje a un Perón mutilado. Fue un sábado despejado, con un sol brillante que atenuaba los efectos de un frío invierno. A las nueve de la mañana entramos en el cementerio por la puerta principal e hicimos una rápida recorrida por las distintas puertas de acceso más cercanas a la bóveda de la familia Perón. A partir de las diez, silenciosos militantes peronistas iban ganando las pequeñas calles hasta la misma puerta. Allí se apilaban flores, carteles y panfletos de los distintos grupos internos del peronismo que recreaban el clásico folclore partidario. Uno de ellos estaba firmado por la Fundación Evita y hacía referencia a lo que llamaron “radiografía de una profanación”. Allí culpaban al ya ex presidente Raúl Alfonsín por no investigar el caso; al primer jefe de la SIDE menemista, el “Tata” Yofre, y al gobierno menemista por desviación esotérica; al propio presidente Menem también por no investigar, y al Partido Justicialista por omisión.

En un espacio muy reducido, la gente se acomodaba para el ritual de cada año. Muchos de esos seguidores de Perón, morochos y retacones, resabio de aquellos “cabecitas negras” que lo vivaron en la Plaza de Mayo, recorrían los pasillos que separan las distintas hileras de bóvedas. Desfilaban frente a la tumba como si fuera un altar inalcanzable. Luego de estar varios minutos allí comprobamos muchas de las cosas que habíamos imaginado o conocido a través de la documentación del expediente judicial: la cercanía de los lugares que fueron testigos privilegiados del hecho: el monumento a Evita; las tumbas de los líderes asesinados de la Confederación General del Trabajo, José Rucci y el dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Vandor; el edificio de serenos a pocos metros. Pudimos armar visualmente el escenario del crimen. Todo estaba muy cerca, hasta la salida a la Avenida Elcano a menos de cien metros.

Los oradores de ese día esquivaron el tema de las manos, exaltaron al líder político y hasta aprovecharon para criticar la gestión del gobierno menemista. Pero llamativamente ninguno hizo referencia a la mutilación. La excepción fue el vicecomodoro retirado Horacio Ricciardelli, presidente de la Comunidad Nativa de Organizaciones Regionales (CONDOR), quien, emocionado, recordó la situación del cuerpo de Perón sin manos.

El gobierno peronista de entonces había ahondado más la convicción del gobierno radical en el sentido de que “de eso no se habla”, como apostando a que el tiempo borraría la atrocidad del delito y se perdería definitivamente el impulso de averiguar los secretos que se escondían en la Chacarita.

En los años siguientes repetimos la costumbre de asistir cada 1º de julio al cementerio. Era una especie de termómetro peronista que nos permitía medir el interés de los seguidores de Perón sobre el misterio de sus manos. Entre resignación y discursos encendidos, en el fondo, el pueblo peronista rumiaba bronca frente a una realidad que les recordaba, una vez más, que Perón estaba bien muerto y vejado, y que el gobierno justicialista transformado en poder menemista se empeñaba en desarmar lo que quedaba de esa Argentina que había construido el peronismo en su historia. Su dirigencia callaba, elaboraba el olvido.

CUATRO
Otra vez Perón

La historia del cadáver de Perón profanado comenzó cuando el sobrino político del ex presidente fue a visitar la bóveda. Roberto García solía ir a la Chacarita para comprobar si todo estaba en orden, una tarea que compartía con su concuñado, Osvaldo Ramón Rodríguez, casado con Alicia Dora Perón, la otra hija de Mario Perón, hermano del ex presidente. Como todos los meses, García fue al cementerio para limpiar el mausoleo. Aquel 29 de junio repitió la ceremonia de costumbre, abrir la pesada puerta, volver a oler el encierro y las flores secas, meterse en ese mundo sin tiempos y a la vez tan íntimo.

Algo raro percibió en la penumbra de la bóveda. Lo sorprendió encontrar cruzada en el altar una escalerilla de hierro portátil. Los tres floreros estaban volcados, además de los candelabros y los ornamentos. Al mirar hacia la cúpula de la bóveda, comprobó que la reja superior estaba colgando, las grampas se veían forzadas, los vidrios rotos y esparcidos por todos lados. Bajó al primer subsuelo y vio azorado que el vidrio blindado, por donde se podía ver el féretro de Perón, tenía un agujero de unos veinticinco centímetros con sus bordes oscuros que, a primera vista, parecían haber sido marcados por fuego. No estaban la bandera nacional de ceremonia, ni la gorra del general ni el sable que reposaban sobre el ataúd. También faltaba un poema manuscrito firmado por Isabel, dedicado a la memoria de su esposo, y que había sido puesto allí en 1983. Impactado por la violación de la bóveda, de inmediato García se dirigió a la Comisaría 29 para hacer la denuncia policial. Empezó a correr el rumor cierto de que habían violado la tumba del general Perón.

A las siete de la mañana del martes 30 de junio el doctor Jaime Far Suau, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 27, entró en su despacho con la espantosa novedad. Hasta ese momento los diarios y las radios se ocupaban de otros temas: una mujer que había ganado un millón de dólares en el Prode, el viaje del presidente Alfonsín a Houston y la participación de la Selección argentina de fútbol en la Copa América. La preocupación era Diego Maradona, tenía angina y no podía intervenir en las prácticas previas al partido contra Ecuador.

Para la sociedad era un día normal. Pero para el juez fue el primero de una historia increíble, angustiante. La orden fue hacia sus dos secretarios, los doctores Daniel Emilio Parodi y Gustavo Bobio. Debían encargarse del operativo para que ese mismo día se hiciera la inspección en el cementerio con la presencia de dos médicos legistas, un equipo de peritos y un experto en ataúdes. Se comunicó de inmediato con el comisario Carlos Zunino, jefe de la Comisaría 29, y le dio la orden de que iniciara los trabajos una vez que el cementerio hubiera cerrado sus puertas al público, aproximadamente a las seis de la tarde, para evitar así que la noticia trascendiera. Poco después de las cinco, dos patrulleros montaron guardia en la puerta de la necrópolis. Llegaron los familiares de Perón; representantes y colaboradores del magistrado; el superintendente de Interior de la Policía Federal, comisario José Scopa, y el jefe de la fuerza, comisario general Juan Ángel Pirker. Nadie quería hablar. Sólo el ruido de los grupos electrógenos contrastaba con el silencio penetrante del lugar.

Far Suau fue ganado por una mala sensación que le invadió el cuerpo como una tromba. Un escozor recorrió sus nervios, dio vuelta por la cabeza, cerró la garganta y lo desarmó. No había más incógnitas, sospechas o palabras ante esa realidad. Empezó a sentir una especial angustia apenas bajó la estrecha escalera caracol de mármol blanco que conducía a los subsuelos de la bóveda. Había tres urnas colocadas sobre una estantería al lado de la escalera, las viejas fotos familiares y las distintas placas recordatorias que, aparentemente, no habían sido tocadas. El presagio de lo peor apareció cuando comprobó que el vidrio blindado tenía alrededor muchos golpes y un agujero en la parte central. Abrió las cuatro cerraduras de triple combinación del nicho blindado y, cuando eran las nueve y media de la noche, comenzó la apertura del ataúd. A primera vista dio la impresión de que estaba cerrado, aunque se comprobó de inmediato que también había sido agujereado.

La maniobra para retirarlo no fue fácil. El Blindex parecía infranqueable. Los técnicos constataron que los profanadores debieron realizar un gran esfuerzo para remover el vidrio de protección. Habían roto el mecanismo de los cerrojos, probablemente con palancas y para dar la impresión de que la única forma de acceder a Perón era haciendo un boquete. Los colaboradores de Far Suau debieron retirar por completo el marco metálico con el Blindex y, finalmente, lograron sacar el ataúd apoyándolo en dos caballetes. El cuerpo estaba dentro de un cofre de cobre sellado con estaño. Abrieron la tapa de madera pero les fue imposible desoldar la parte interior de metal. No había espacio para trabajar; en un costado se veía el orificio en el vidrio hecho por los profanadores, irregularmente ovalado, de unos treinta centímetros de diámetro en su parte mayor y con sus bordes desflecados hacia afuera. La primera impresión de los médicos forenses fue que las manos pudieron haber sido cortadas con una hoja sierra o directamente con una sierra eléctrica de mucha precisión.

El juez lloró en medio del silencio y la semioscuridad. El viejo general había sido mutilado sin piedad y estaba ahí frente a sus ojos, sin intermediarios. Al juez le aparecieron como un rayo aquellas imágenes del encuentro que había tenido con Perón durante su exilio español. A principios de los años 70, siendo un joven abogado, acompañó a un amigo hasta la quinta 17 de Octubre, en Madrid, para conocer al caudillo que seguía siendo el gran protagonista de la vida política argentina. Escuchó con atención el largo monólogo, esa retórica imparable que solía practicar con sus visitas hablando de historia, política y anécdotas del poder. Y después recibió de su mano una foto autografiada que guardó como un trofeo único. Pero ahora, quince años más tarde, la realidad era otra, contradictoria con su memoria. El cuerpo de Perón, el hombre que los había marcado por décadas, estaba frente a él en un juego raro del destino, como si el tiempo no hubiese pasado. Estaba igual que en aquellos días de julio de 1974, cuando el país se había enmudecido viendo por televisión al ilustre muerto velado en un Congreso transformado en una gigantesca casa mortuoria. El recuerdo de lo que había representado el muerto golpeó las mentes de todos los que estaban apiñados en esa diminuta bóveda para comprobar lo que, hasta ese momento, era una verdad a medias, pero siniestra. Allí estaba luciendo otra vez sus galas de teniente general con colores azules, rojos y dorados, y la banda presidencial cruzada en su pecho unida al cinturón. Pero ese instante, que pareció durar una eternidad, se rompió cuando las miradas absortas vieron que era un cuerpo sin manos. Las muñecas de Perón estaban al descubierto, mochas, y el polvillo de los huesos, esparcido entre el cuerpo y el cajón. Su cara y su cuerpo estaban increíblemente intactos, como momificados. Su piel tenía un color marrón verdoso, el pelo negro pegado al cráneo, su característica nariz aguileña. Dentro del ataúd se veía la gorra de oficial, pero no estaba el sable. La bandera argentina, que antes cubría el féretro por fuera, apareció en su interior. Sobre su pecho se descubrió el rosario de piedras color jade que antes recorría sus dedos entrelazados.

El brazo izquierdo estaba cortado en el límite inferior de su muñeca, mientras que al derecho lo habían seccionado en la parte superior. Ambos estaban en posición paralela al cuerpo en vez de cruzados sobre el pecho como se los había visto por última vez hacía 13 años. Far Suau prefirió no manosear el cadáver, darlo vuelta, sacarlo para revisarlo, y evitó moverlo para comprobar si había sido violado en otras partes. Sólo se animó, con ayuda de quienes lo acompañaban, a desabrochar el pantalón, bajarlo con sumo cuidado hasta donde pudieran comprobar que sus genitales estuvieran completos y que no hubiesen sido mutilados, un rito de venganza que suelen practicar muchas logias esotéricas.

Finalmente, se acomodó todo, se puso la bandera argentina a los pies de Perón y se soldó la caja metálica y se cerró el ataúd. El magistrado hizo tomar fotos de todo lo realizado, escenas que jamás olvidó; y decidió quedarse con las llaves del Blindex de seguridad. Había sido un día difícil. Se guardaron partículas de piel que habían quedado en el ataúd para determinar la fecha exacta en que las manos habían sido seccionadas. Se realizó una pericia tanatológica con el objetivo de determinar el estado de momificación de los tejidos, en especial en la zona de la amputación. Se quería saber el estado de los muñones, si estaban arcillosos, porosos o húmedos, ya sea por el tiempo transcurrido, la momificación o su posible descomposición natural. También se sacaron radiografías para establecer el estado de los huesos, su tamaño y conservación, y se hicieron peritajes en la Chacarita para detectar si había huellas dactilares. Habían empezado a las seis y cuarenta de la tarde y terminado a las once y media de la noche de ese 30 de junio. Se firmó el acta judicial que llevó como fecha el 1º de julio de 1987. La bóveda quedó clausurada. Y Perón mutilado.

Pero la operación política de la profanación del cuerpo del general Perón había comenzado mucho antes de ese fatídico 1º de julio. De acuerdo con lo que informaron los propios profanadores, las manos fueron amputadas muchos días antes. Por lo menos, así lo dieron a conocer en las tres cartas que enviaron a prominentes dirigentes peronistas. El viernes 26 de junio se encontró en un buzón de la Casa de Catamarca, en avenida Córdoba 2080, una de las tres misivas escritas por los profanadores y dirigida al entonces titular del Partido Justicialista, Vicente Leónidas Saadi.

Ese día su yerno, Julio Dentone, comenzó a clasificar la correspondencia que había recibido el senador catamarqueño que entonces había viajado a su provincia. Después de tirar varias cartas al cesto y de separar otras, se detuvo en una con un membrete extraño: “Dr. Hermes IAI, La Pampa 2086, Capital”. Estaba fechada el 21 y sellada por el correo el día 23. La nota le reclamaba a Saadi el pago de 8 millones de dólares por las manos del general Perón que habían sido robadas, según la misiva, el 10 de junio. El texto completo fue el siguiente:

Por la presente llevo a su conocimiento que con fecha 10 del corriente mes y año el grupo al cual represento procedió a retirar o amputar las manos de los restos de quien en vida fuera el teniente general Juan Domingo Perón, en la bóveda ubicada en el Cementerio de la Chacarita sito en ésta, por ahora, Capital Federal, hallándose mano, anillo y sable del nombrado a buen recaudo y por ende en nuestro poder.

Trataré de ser breve y explicar los motivos de dicha acción. En el año 1973 el general Perón contrajo por servicios que posteriormente le fueron prestados la deuda de ocho millones ($ 8.000.000 USA), la cual posteriormente nunca abonó al igual que sus posteriores sucesores políticos, por lo tanto ésa es la suma que exigimos por la restitución de sus manos.

Somos conscientes de que nos enfrentamos a todo el país, a todas las fuerzas de seguridad, policiales y diversos organismos de inteligencia con los que cuenta el Estado, como también lo somos que de no cumplirse con lo reclamado o ante cualquier eventualidad desfavorable a nuestros intereses dichos restos serán destruidos o pulverizados lo que dejará a tal ilustre prócer incompleto para toda la eternidad, al igual que el museo que piensan erigirle. Si tanto el movimiento como el gobierno quieren aprovechar dicha circunstancia para hacer política no nos incumbe, sólo hay una realidad y es que si en el lapso de 15 días a partir del primero de julio del corriente año no fue finiquitada la siguiente operación, manos y sable correrán la suerte anteriormente mencionada, de usted depende el final de esta historia o mejor dicho la responsabilidad histórica de los acontecimientos.

Como muestra de veracidad de lo expresado, se adjunta a la presente la mitad de la carta escrita por la viuda del general, señora María Estela de Perón, la cual se encontraba en un marco sobre el “ex nicho blindado” que guardaba los restos del extinto.

Como primera medida, y para saber si nuestras exigencias fueron comprendidas o aceptadas, el día primero de julio (miércoles) colgar ante las ventanas del primer piso de esa sede partidaria dos banderas justicialistas. De no ocurrir así, interpretaremos que no existe interés por lo que no esperaremos los días mencionados y procederemos de resultancias. Se deja constancia que nuestra comunicación será por este medio. Lo saluda a usted muy atentamente.

HERMES IAI y los 13

Dentone pensó que era una broma y estuvo a punto de tirar la carta. Pero observó que en su interior había un trozo de papel amarillento con parte de un texto que resultó ser un fragmento de un poema. La misiva fue guardada hasta que regresara Saadi. Pero la noticia de la profanación de la tumba de Perón ya había trascendido a los medios periodísticos. El primero en publicar la primicia fue el diario Clarín el martes 30 de junio con el título “Roban el sable, la gorra y la bandera de la bóveda de Perón”. El matutino informó que en las primeras horas del lunes 29 de junio personal del cementerio de la Chacarita detectó el boquete y que la gravedad del hecho podría “superar las estimaciones iniciales”.

Ese último día de junio, el senador Saadi fue hasta el cuarto piso del Congreso para reunirse con el entonces diputado Carlos Grosso, presidente del Partido Justicialista de la Capital Federal, y con el titular de la Confederación General del Trabajo, Saúl Ubaldini. Ambos también habían recibido copias de la carta de los profanadores y en el caso de Grosso la otra mitad del poema faltante. Al juntarlas se pudo leer el texto completo.

Pensamiento del alma.

Cuando plantaba el jazmín

y otrora su flor me entregaba

llega tu mano de amor

como mariposas blancas.

Los pájaros trajeron tu voz

confundida con sus trinos

haciéndome recordar

tu dulce y triste mirada.

Contemplando desde el cielo

mi figura en tu figura

tomados de nuestras manos

con dulzura no olvidada.

El poema tenía fecha de octubre de 1977 y, si bien no tenía firma, se supo después por las pericias caligráficas que la autora había sido Isabel Perón. Lo redactó cuando estaba en prisión y fue llevado a la tumba de Perón por una de sus sobrinas el día 8, el mismo en que el general hubiese cumplido 82 años.

En las horas que transcurrieron entre la inspección judicial y la confirmación oficial, el gobierno radical empezó a sentir la presión de los rumores que circularon en todos los medios de que la bóveda del ex presidente Juan Domingo Perón había sido profanada al igual que su cadáver. En esos primeros momentos había mucha confusión. El entonces ministro del Interior, Antonio Tróccoli, recibió una llamada con la novedad cuando estaba en la ciudad de La Plata. Era el comisario general Juan Bossero, secretario general de la Policía Federal, para desmentir las noticias y le negó que el cuerpo hubiese sido violado. Vanamente, el gobierno intentó descomprimir el creciente malestar. Las sospechas aumentaron y nadie tenía pruebas ciertas de lo que había sucedido. El senador Saadi y diputado Grosso se reunieron con el ministro Tróccoli al día siguiente y entregaron a la policía las cartas de los profanadores y los fragmentos del poema.

El ministro les confirmó que, según la información de que disponía, el cuerpo de Perón no había sido tocado. Tróccoli se basó en los comentarios de los policías que habían estado en la bóveda y que le dijeron que no había en su interior los típicos olores fuertes de cuando un ataúd se abre. Grosso pareció aceptar la explicación, pero Saadi retrucó diciendo que después de trece años ya no había olores. Creía más en las palabras escritas por los profanadores. Entonces, le reclamó a Tróccoli que la única forma de saber la verdad era que el juez abriera el féretro para saber qué había pasado, lo cual ocurrió ese mismo día.

Mientras en el poder empezaban los primeros pasos para contener el escándalo que provocaría la confirmación de las versiones, en la sociedad argentina ya estaba la sensación de estupor y miedo. La noticia no ratificada paralizó al país. La primera sensación fue que la profanación de la tumba había sido un trabajo perfectamente coordinado y ejecutado. No había otro tema de conversación en las calles mientras los medios periodísticos intentaban reconstruir la trama sobre la base de informaciones parciales e hipótesis. Finalmente, el misterio se develó el jueves 2 de julio, cuando el comisario Juan Ángel Pirker y el juez Far Suau ofrecieron una conferencia de prensa confirmando el robo de las manos de Perón. “Lo hicieron sin dejar rastros”, describieron.

El gobierno puso a disposición la cadena nacional de radio y televisión para que el Partido Justicialista diera su mensaje al país y en especial a los militantes peronistas. La imagen patética la brindó el senador Saadi al hablar arrastrando las palabras, con voz pausada como si proviniera de la ultratumba, condenando el ataque al cadáver de Perón y llamando a sus partidarios a que no respondieran con la violencia. Al principio, la dirigencia peronista se había conmocionado. No entendía a qué respondía semejante ataque. Después empezó a desconfiar del gobierno. Saadi se manejaba solo, al margen de la estructura formal del partido, en gran parte dominada por sus adversarios renovadores. Su conducta era misteriosa, se sabía que tenía información de la Armada que no revelaría nunca.

Con rapidez, la Unión Cívica Radical repudió la profanación y buscó tender un puente de diálogo con un peronismo irritado y tentado de golpear duramente al radicalismo en vísperas de las elecciones.

El viernes 3 de julio se reunió la cúpula del movimiento fundado por Perón. Fue en la sede de la Confederación General del Trabajo, en la calle Azopardo y la avenida Independencia, donde confluyeron las tres corrientes sindicales del peronismo que venían disputando importantes espacios de poder interno: la tradicional “62 Organizaciones Peronistas”, liderada por el histórico dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel y principal soporte del líder cegetista Saúl Ubaldini, a su vez apoyada por la ortodoxia del partido representada por Saadi; “Los 25”, fracción aliada a la línea renovadora del peronismo en crecimiento, y “Los 15”, agrupamiento gremial siempre tendiente a llegar a acuerdos con el gobierno de turno. En el de Alfonsín había logrado ubicar a uno de los suyos, Carlos Alderete, al frente del Ministerio de Trabajo. A primera hora de la tarde llegaron Saadi y sus seguidores. Más tarde lo hicieron los renovadores encabezados por el candidato a gobernador Antonio Cafiero. A pesar de que el atentado contra Perón los había unido, las pujas entre ortodoxos y renovadores crearon suspicacias y toda clase de especulaciones. Los políticos se opusieron a la movilización pública promovida por la CGT. Temían que un desborde de violencia afectara sus chances electorales. Para contrarrestar la protesta cegetista, propusieron la realización de una jornada de 24 horas de duelo y desagravio. Fueron cerca de diez horas de duras negociaciones. Los líderes sindicales definieron las posturas. Fumaron la pipa de la paz y acordaron realizar el lunes 6 un cese de actividades a partir de las dos de la tarde, con movilización y misa a las cuatro en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Belgrano.

Ese día llegaron hasta el lugar más de 50 mil personas. La invitación decía con claridad que se trataba de una misa, con un palco ornamentado con banderas argentinas y presidido por una foto de Perón. Desde unos potentes parlantes se intentó instalar un clima de recogimiento y de oración. Pero la multitud prefirió manifestarse como si fuera un acto político. “Perdónalos, General, no saben lo que hacen”, decía una bandera del Sindicato de la Administración General de Puertos ubicada en lo alto de un edificio. El agrupamiento peronista de derecha Guardia de Hierro tenía una pancarta que advertía: “Guay del día en que toquen a Perón”, y sus simpatizantes gritaban: “Paredón, paredón, para los radicales que cortaron las manos de Perón”. Y otra enorme colocada frente a un palco donde había peronistas, democristianos, intransigentes, socialistas y hasta radicales decía: “Alfonsín, robás las manos de Perón y das miseria”.

Las diferencias entre las organizaciones convocantes y los asistentes se notaron con claridad cuando se empezó a arengar a la multitud al grito de “Levanten los pañuelos al aire para recibir a la patrona de los argentinos: la Virgen de Luján”. Pocos respondieron a la invitación y la mayoría prefirió cantar la Marcha Peronista o gritar: “El que no salta es radical”. A las cinco de la tarde se produjo un gran tumulto en cercanías al palco. Llegaba el candidato radical a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Casella. Esquivó varias trompadas y escuchó los gritos que decían: “Ésta es una misa peronista y no queremos judíos mentirosos”. En un mismo micro arribaron, entre otros dirigentes, Vicente Saadi, Saúl Ubaldini, el presidente del radicalismo, Edison Otero, y Enrique “Coti” Nosiglia. El público silbó el mensaje de monseñor Carlos Aramburu y al ministro de Trabajo Alderete. Al finalizar la misa, Ubaldini tomó el micrófono y rindió homenaje a Perón y a todos los muertos de la resistencia peronista. Para ese momento, los dirigentes radicales ya habían abandonado el lugar. El encono entre peronistas y radicales había crecido después de que desde el gobierno se dijo que la operación del robo de las manos podía haber sido consecuencia de la interna del peronismo, dejando la sospecha sobre los Montoneros. Consultado para este libro, Roberto Perdía, uno de los conductores del grupo guerrillero, dio su versión de aquel momento:

Cuando nos enteramos del robo de las manos de Perón, quedamos muy sorprendidos. No entendíamos el porqué de tamaña provocación, ni los intereses a los que podía responder. No me extraña que el gobierno radical de entonces nos haya intentado relacionar con ese macabro hecho. En aquellos años del gobierno de Alfonsín, franjas del gobierno —aguijoneadas por la Junta Coordinadora— nos atribuyeron varias provocaciones montadas desde diversos servicios de inteligencia. Antes de que Alfonsín asumiera, Carlos Kunkel tuvo una reunión con Antonio Tróccoli y acordaron políticamente que los integrantes de la conducción de Montoneros podíamos regresar al país una vez que asumiera el nuevo gobierno y pidió que hiciéramos una solicitada en los diarios explicando el porqué de nuestro regreso. Y así fue. En los días que asumía Alfonsín publicamos una solicitada que se tituló “La responsabilidad de todos”, que fue firmada por Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, los ex gobernadores de Buenos Aires y Córdoba, Oscar Bidegain, Ricardo Obregón Cano, respectivamente, y yo. Allí expusimos nuestras razones en el sentido de que volvíamos para sumarnos al nuevo proceso institucional. Pero poco después Obregón Cano y yo recibimos en Río de Janeiro un llamado de Vicente Saadi, para decirnos que no volviéramos porque el gobierno radical había firmado el decreto de persecución penal y detención. Nos iban a poner presos. Era una manera de compensar la persecución a los jefes militares de la dictadura. Ése fue el fundamento de lo que después se reconocería como la “Teoría de los dos demonios”. Discutimos qué hacer. Finalmente, Obregón Cano y Bidegain deciden viajar y en Ezeiza detienen a Obregón pero Bidegain logra zafar, hasta que pudo salir clandestinamente del país. A los dirigentes más tradicionales de la UCR como Tróccoli no les parecía mal que volviéramos para sumarnos a la nueva situación institucional. Otros sectores radicales se opusieron, con el Coti Nosiglia y la Coordinadora a la cabeza. De esa manera —asociándonos, en la persecución, con los jefes de aquella dictadura— nos sacaban del medio y procuraban nuestro aislamiento político.

Saadi estaba sentado en un ampuloso sillón de su piso ubicado en la avenida Callao y Paraguay. Acababa de llegar de la misa organizada por la CGT y se disponía a dar su primera entrevista. Era con periodistas de la revista La Semana.

“Acuérdese de lo que pasó con Evita... es la segunda vez que somos víctimas. Nos han querido provocar y deshonrar... no se ha tratado de un robo, ha sido una mutilación... Es una provocación para generar un clima de rencor, con otros fines...”, disparó el viejo caudillo catamarqueño.

—Doctor Saadi, en los últimos días circuló una versión según la cual la amputación de las manos de Perón no se habría hecho el 10 de junio como afirman los presuntos responsables, sino en 1976, en ocasión del traslado de los restos desde la quinta de Olivos hasta el cementerio de la Chacarita, a cargo del gobierno militar de aquel entonces. ¿Qué veracidad tiene, para usted, esa versión? —le preguntaron.

—Con toda sinceridad, no creo en la especie esa de la que le cortaron las manos en el 76. Yo estoy convencido de que fue el 10 de junio.

—Tal como afirma la carta que le enviaron dándole cuenta del hecho y solicitando el rescate de ocho millones de dólares.

—Sí, exactamente. Creo en lo que dicen respecto de la fecha.

—¿Por qué está tan convencido de eso?

—Porque en los primeros días de junio, el sobrino que visita la bóveda cada quince días había ido al lugar y no había observado irregularidad alguna.

—¿Qué fue lo que observó, concretamente, en la última visita, que motivó la denuncia policial?

—Lo único que advirtió fue que el Blindex que cubría el ataúd estaba astillado, y que se había hecho un agujero con un soplete. Fíjese que la policía sostenía que el cadáver no había sido violado, y que si se hubiera abierto el cajón, los ácidos hubieran producido una fetidez tan repugnante que por años no se hubiera podido entrar a la bóveda, lo que es totalmente equivocado, de acuerdo con mi opinión. Ellos dijeron esto reiteradamente, cuando se tuvieron las primeras noticias del robo. Pero yo, junto con Grosso, fui a hablar con Tróccoli y le manifesté que lo que correspondía era constatar fehacientemente si el ataúd había sido violentado. Y, cuando se hizo la pericia, resultó que hasta la cerradura de ataúd se habían llevado.

—¿Qué medidas de seguridad se habían implantado en la bóveda?

—Bueno, el Blindex tenía veinticinco llaves. ¿Quién las tenía? Estaban depositadas en la Escribanía General de Gobierno. La puerta de entrada a la bóveda tenía también una buena seguridad. Todas las llaves fueron hechas con un sistema de seguridad especial. Tengo entendido que se cambiaron todas las cerraduras cuando se trasladó el cuerpo de Perón, aunque yo no fui convocado entonces: fue un traslado hecho casi subrepticiamente en época del último gobierno militar. Tampoco sé si entonces se comunicaron con los familiares. La última vez que estuve en contacto con los restos fue durante el velatorio, de guardia, en mi carácter de senador.

—En las últimas horas circuló la versión de que quienes profanaron la tumba no habrían entrado por la claraboya —como se dijo en un principio— sino que habrían ingresado directamente por la puerta de la bóveda. Queda claro, sin embargo, que ésta no tenía una cerradura simple.

—Simple, en esta bóveda no había nada (...)

—(...)

—Para la técnica nada es imposible. Se advierte que en el procedimiento los delincuentes han usado una técnica muy sofisticada y que no ha sido una cosa rápida.

—Entre las divergencias registradas en estos días respecto de lo sucedido surgió una relacionada con el estado del cuerpo del general Perón. Algunos hablaban de embalsamamiento, otros lo desmentían totalmente.

—Todas esas versiones sobre la preparación del cuerpo del general Perón corren por cuenta de la fantasía de quienes las dicen. El general Perón no fue embalsamado por expreso pedido de él en vida. Únicamente se le inyectó una cantidad aconsejada de formol, y eso es lo que ha conservado la parte sana, que es la cara, que hasta está maquillada. Lo que más se conservó, y muy bien, es la cara y la cabellera. El estado del cuerpo, después de trece años, imagínese... Lo que se comprobó fehacientemente, por el juez, por los familiares y por el jefe de policía, es que se trata efectivamente del general Perón, y que le fueron cortadas, al parecer, con una sierra de cirujano, las dos manos a la altura de las muñecas.

—Una última pregunta, doctor. ¿Qué significan para un peronista las manos de Perón?

—Una cosa muy importante, el símbolo más querido... Qué quiere que le diga... nos han herido el alma...

El clima político estaba muy tenso. El ministro del Interior había rechazado el pedido urgente de la Cámara de Diputados para que el mismo viernes 3 de julio fuera al Congreso a dar explicaciones. No quería ser el “pato de la boda” de los cuestionamientos que se hacían desde todos los sectores políticos por la falta de seguridad en el país. Desde la oposición peronista lo acusaban de que ni siquiera era capaz de garantizar la paz de los cementerios. Pero no pudo evitar una nueva interpelación, la tercera desde que había asumido, que se hizo el martes 7, el mismo día en que la bóveda del líder radical Ricardo Balbín era baleada. Tróccoli denunció el “funcionamiento de un centro estratégico de desestabilización impulsado por la extrema derecha para producir antinomias entre los argentinos”. Dijo que el gobierno se mantenía atento ante las actividades de la extrema izquierda, aunque aclaró que no tenía indicios de acciones violentas de ese sector porque la metodología utilizada en los recientes hechos era propia de la extrema derecha. Rechazó la formación de una comisión investigadora y propuso la posibilidad de crear un sistema informativo entre el Congreso, el gobierno y los organismos de inteligencia.

En esas horas de incertidumbre, el apoderado de la viuda de Perón, Juan Gabriel Labaké, se comunicó con Tróccoli, su antiguo compañero de banca en la Cámara de Diputados hasta el golpe de 1976.

—Antonio, tenemos que reunirnos en forma urgente con el presidente para analizar la situación —le dijo al ministro Tróccoli.

El encuentro con Alfonsín se hizo en la Casa de Gobierno con la presencia del titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Facundo Suárez.

—Creo, señor presidente, que para avanzar en el esclarecimiento del hecho es necesario tomar algunas medidas urgentes como iniciar un sumario administrativo a todos los trabajadores del cementerio, investigar el tema dentro del Ejército, en la SIDE y también a los Montoneros.

—¿Por qué? —le salió al cruce Alfonsín, enojado.

—Porque a la SIDE la estuvieron asesorando integrantes de los servicios de inteligencia de Israel y Francia —contestó sin que se entendiera bien a qué se refería.

Nada de lo que pidió Labaké hizo el gobierno.

Apenas se comprobó la noticia de la profanación, Labaké se comunicó por teléfono con Isabel Perón en España. La viuda del General le pidió detalles de lo que había ocurrido y cómo había quedado el cuerpo de su marido. A la semana siguiente, Labaké viajó a Madrid para darle un informe completo. Isabel no aguantó el relato minucioso de lo que habían hecho en el cuerpo de Perón. Se sintió mal, tuvo un ataque de hipertiroidismo y estuvo una semana encerrada en su departamento.

—Entonces me lo van a hacer a mí, a mí también —le dijo Isabel.

—¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Cuándo, señora? —interrogó su apoderado.

Isabel hizo silencio.

CINCO
La investigación:
Chacarita, tierra de nadie

Buenos Aires heredó de su época colonial la costumbre de enterrar a los muertos en las iglesias. En las criptas, debajo del altar mayor, se les daba cristiana sepultura a funcionarios, religiosos o vecinos adinerados. El otro lugar que se ocupaba eran los cementerios populares, hechos a campo abierto o alrededor de los templos. Pero las autoridades debieron reglamentar los entierros porque los pobres de entonces se desprendían de sus cadáveres, ya descompuestos, a la intemperie, en cualquier zona de las afueras de la ciudad y terminaban comiéndolos las aves de rapiña.

Prohibidos los entierros en las iglesias por razones de higiene pública, fue habilitado en 1822 el cementerio de Miserere, llamado más tarde del Norte o de la Recoleta. Se utilizó el predio que entonces ocupaba el huerto que rodeaba a la iglesia del Pilar. Después fue inaugurado el Cementerio Público del Sud, en la Nochebuena de 1867. Estaba en la calle Caseros, donde hoy está el Parque Florentino Ameghino en el barrio de Parque Patricios.

La epidemia de fiebre amarilla que se produjo a comienzos de la década del 70 cambió de raíz el sistema fúnebre de la ciudad. La muerte de miles de personas saturó los cementerios. Muchos cuerpos fueron dejados en la Recoleta. La emergencia obligó a crear otro que se inauguró en un terreno fiscal en la Chacarita de los Colegiales. Para llegar hasta ahí funcionaba un tren fúnebre que era arrastrado por la locomotora La Porteña. Salía de la estación Bermejo, en las avenidas Corrientes y Pueyrredón. Allí se cargaban los ataúdes y había paradas intermedias en Corrientes y Medrano, y una segunda en la hoy avenida Scalabrini Ortiz. El encuentro con el dolor era a pocos metros del cementerio, en el almacén de campaña La Rapera. Ahí solían reunirse a llorar los deudos después de los entierros.

Los cementerios de Buenos Aires son silenciosos testigos de la historia y del destino de los habitantes de la metrópoli. Cada uno expresa el sentir y el vivir de los porteños. El de la Recoleta es el aristocrático, donde están los hombres y mujeres de la clase alta argentina, los personajes más destacados de la historia argentina. En la Chacarita descansan los muertos de la clase media, y el de Flores es el más popular.

En la actualidad el de la Chacarita abarca 116 hectáreas distribuidas en 242 manzanas, de las cuales se destinan a bóvedas familiares solamente 36 hectáreas. Otras doce son ocupadas por las galerías de los nichos con subsuelos y tres pisos. Un centenar de trabajadores pasan muchas horas por día transitando este lugar espacioso. Hay 14 puertas de acceso al público en todo su perímetro. Los serenos, con la paciencia propia de los sepultureros, se encargan de ponerle el candado una a una, y lo hacen caminando.

Es un gigante verde y tranquilo donde yacen los cuerpos de muchos personajes de la Argentina: Carlos Gardel, José Ignacio Rucci, Aníbal Troilo, Augusto Timoteo Vandor, Alberto Olmedo, Osvaldo Pugliese, Irineo Leguisamo, Enrique Cadícamo, Alfonsina Storni y Juan Perón hasta su traslado en 2006, entre otras figuras instaladas en el recuerdo colectivo. La Chacarita es un mundo sigiloso, con vida propia, difícil de penetrar. Una organización con códigos y costumbres sólo practicadas en ese misterioso camposanto, que es una isla en la ciudad. Allí se desarrollan historias fantásticas protagonizadas por fantasmas de imposible comprobación. Funcionan organizaciones paralelas a la administración oficial que manejan el destino de vivos y muertos. También existen florecientes negocios ilegales alrededor de los 20 mil cadáveres que ingresan por año.

Cuando se profanó el cuerpo de Perón, la seguridad de la necrópolis era mínima. Escasos serenos y controles por la noche, sin luz, a excepción de la entrada principal de la calle Guzmán, donde algunas lámparas se encienden para iluminar el edificio de la Dirección General de Cementerios. El acto de la profanación ocurrió en un escenario reducido, en dos manzanas que están muy cerca del acceso principal, a metros de la calle por donde pasan miles de personas todos los días, y donde trabajan los cuidadores de bóvedas y nichos.

La bóveda de los Perón está a escasos setenta metros, en línea recta, de los más importantes accesos al cementerio que dan a la estación terminal Federico Lacroze del Ferrocarril General Urquiza. A unos cincuenta metros se encuentra la administración y dos construcciones más que suelen usar los obreros y serenos. Dos calles internas que bordean estas manzanas salen en forma directa al exterior. El portón más cercano a la bóveda es el que da a la calle Guzmán 840, lugar clave en esta misteriosa historia. De un lado y del otro de sus pesadas rejas se sucedieron una serie de hechos como muertes, situaciones confusas que nunca fueron aclaradas.

La bóveda profanada es una de las más chicas y comunes que hay en la Chacarita. Es rectangular y en la parte superior y con letras grandes caladas en la piedra se puede leer el nombre de Tomás Perón, abuelo del ex presidente. Hay un entresuelo de sesenta centímetros de profundidad. Debajo del altar principal se encuentran los restos de la madre de Perón, Juana Sosa. Para llegar al féretro del general Perón había que descender por una escalera angosta de mármol y pasamanos de bronce de no más de 60 centímetros de ancho. Allí también están los restos de sus hermanos Alberto y Mario, y los de su padre Mario Tomás. El segundo subsuelo estaba vacío en aquellos años de la profanación. Al pie de la bóveda aparecen sus constructores: “P. Bruzzone Construcciones-Canning 456”. Siempre hay flores que adornan su pesada y hermética puerta de bronce. A su derecha está la bóveda de la familia Bonorino Cuenca. A la izquierda, la de Vicente Landolfi. La de atrás, por donde habrían trepado los profanadores ya que es la más baja, con sólo 2,5 metros de altura, es la de Miguel Sabelli y familia.

De las placas de bronce, la más antigua corresponde a Juan Carlos Dutey, del 13 de septiembre de 1913; y también se puede ver la de “Doña Juana Sosa Toledo de Canosa”, fallecida el 30 de julio de 1953. Hay otras recordatorias. Por ejemplo, la del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de 1952, que recuerda el 62º aniversario del nacimiento del doctor Tomás Perón. En 1999 los diputados y senadores de la Nación pusieron una en conmemoración de los 104 años del natalicio del ex presidente. También las Fuerzas Armadas de la República del Paraguay homenajearon al “General del Ejército Paraguayo” Juan Perón.

Llegar hasta allí es fácil, no hay obstáculos, es un camino directo. En ese lugar, sobre todo desde el techo de cualquier bóveda, se puede controlar sin dificultades qué ocurre en la Dirección del cementerio, si los serenos cierran los portones, si las luces se apagan, si se escuchan los pasos de los últimos visitantes, o el motor de algún auto que todavía queda en el interior. De igual manera, desde cualquiera de los techos de los edificios municipales es posible dominar con total comodidad lo que pasa en el corazón del cementerio y en el exterior. Es fácil vigilar los movimientos que se pueden producir en la bóveda de la familia Perón: las permanentes visitas de militantes y fanáticos del general muerto dispuestos a introducirse en el mausoleo (si los dejaran) o posiblemente las oscuras actividades de los profanadores.

Una verdad es incontrastable: el cementerio de la Chacarita nunca fue un lugar seguro. Se supone que es un sitio intocable, una especie de santuario público con especial protección. Pero no es así. Los robos han sido una constante. Saqueos a tumbas y bóvedas donde se llegaron a destruir féretros para robar dientes de oro y anillos, como también placas de bronce, candelabros, o manijas de los ataúdes. Existe una economía negra que funciona basada en propinas especiales, arreglos extra administración para reparar tumbas, reventa de féretros, portacoronas y parcelas, actividades irregulares que nunca fueron investigadas. Un sistema aceptado y consentido por los responsables de turno, de imposible desmantelamiento.

Por ejemplo, es vox populi que desde la administración central de la necrópolis se maneja la venta en negro de nichos y su valor depende de la ubicación y la preferencia. El “negocio” de la recuperación y venta de ataúdes corresponde históricamente a quienes manejan el sector del crematorio. Los cadáveres deberían ser incinerados dentro de ellos. Sin embargo, cuando llega el momento de ingresar al horno, el féretro desaparece. Lo mismo ocurre con las coronas de los entierros. Todo este gigantesco comercio diario se hace en combinación con las casas fúnebres de Buenos Aires, que son las que se encargan de tramitar la obtención de un nicho o parcela de tierra, comprar los ataúdes para revenderlos después y recuperar las coronas de PVC, el elemento más caro de la ofrenda floral, para reciclarlas y volver a cobrarlas como si fueran nuevas.

Otra de las industrias prósperas es el entierro sin papeles. Esta práctica es común en las distintas comunidades de inmigrantes asiáticos. Cuando muere uno, alguien de la comunidad se pone de acuerdo con la cochería, y ésta con las autoridades del cementerio para enterrar a la persona pero sin que quede registro de ello. Así pueden recuperar los documentos que, a su vez, son utilizados para permitir la llegada de otros inmigrantes al país.

Por último, está el negocio de las “bóvedas” que controlan algunos estudios de arquitectura, generalmente vinculados a su reparación. Hacen relevamientos permanentes de la situación legal de las que parecen estar abandonadas o que no se reconoce a sus titulares. Entonces, comienza el trabajo legal para que se las declare “sin dueño” y después las venden.

Dada esta realidad, la profanación y el robo de las manos de Perón se produjeron en un escenario repleto de zonas oscuras. Y por eso las sospechas, las conjeturas y las conspiraciones solapadas empezaron a ser moneda corriente. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Dónde están las manos?, eran las preguntas explosivas. Nadie se animaba a dar una respuesta convincente.

Los políticos, asombrados por lo que había ocurrido, trataban de encontrar alguna explicación desde su lógica de poder. Prácticamente, la sociedad quedó a la deriva en el mismo momento de conocida la noticia de la profanación. Todos pusieron su confianza en que sólo la Justicia podría averiguar algo sobre el siniestro operativo. Pero el desencanto no tardó en llegar.

En esos primeros años de la democracia argentina la Justicia también pasaba por una profunda crisis, que se agravó con el tiempo, producto del descrédito y el intento de reacomodamiento después del autoritarismo militar que había reinado en el país. El Código Penal argentino no prevé penas por la mutilación de un cadáver. El artículo 171 contempla la siguiente figura: “Sufrirá prisión de un mes a seis años el que sustrajere un cadáver para hacerle pagar una devolución”.

Esta norma se sancionó a raíz de un hecho ocurrido en 1881, cuando se debió dejar en libertad a los integrantes de una banda autodenominada “Los caballeros de la noche”, que se supo luego estaba dirigida por Alfonso Kerchowen de Peñaranda, un belga de origen noble que se dedicaba a robar cadáveres de los cementerios y exigir rescate a sus herederos. Así, el juez Far Suau se encontró con que no había legislación para encuadrar el hecho más allá de los delitos por violación de la propiedad privada y robo del sable y de la gorra. Además, su juzgado no tenía la estructura necesaria para llevar adelante semejante investigación, rodeada de una fuerte presión de la opinión pública y también de la política, aunque por otros motivos.

Con un panorama que se le presentaba desalentador desde el primer minuto, el juez tomó la iniciativa y dio señales claras de que iba a investigar en profundidad. A los tres días de conocida la noticia, tres helicópteros de la Policía Federal con el jefe de la fuerza y el mismo juez se trasladaron a la madrugada hasta la costa ribereña del norte de la provincia de Buenos Aires. La investigación seguía un primer dato de dónde podrían estar las manos de Perón. El operativo se hizo en San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Zárate y Campana. Se realizaron allanamientos, inspecciones. Fueron cuatro horas sin resultados. Después hubo más operativos en la zona de Pilar, con el mismo final. Se empezaba a sembrar pistas falsas.

No había duda de que la trama principal, el secreto más importante, tendría que estar en el propio cementerio. Pasadas las actuaciones en la bóveda, comenzó la investigación del juez que duró hasta noviembre de 1988, cuando fue asesinado. El magistrado empezó como correspondía por el escenario del crimen: sus medidas iniciales fueron para obtener toda la información posible que hubiera dentro de la Chacarita.

El 4 de julio les tomó declaración a los serenos que habían estado trabajando ese fin de semana: Alberto Font, por entonces de 37 años, y Abelardo Fermín Arraigada, de 28. El primero llevaba 13 años como empleado de la Municipalidad aunque había tenido algunas interrupciones. Tras haber quedado cesante por problemas de salud en 1984, había sido reincorporado y destinado al cementerio como sereno en el horario de las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Empezó trabajando durante los días de semana, y a partir de febrero de 1987, los sábados y domingos exclusivamente, con su compañero Arraigada.

Su función específica era cuidar (de acuerdo con lo que marcaba el reglamento) los accesos al cementerio y vigilar las instalaciones dos o tres veces por la noche. Antiguamente ese trabajo se hacía a caballo, y después se utilizó una camioneta. Pero en aquellos años 80 la Chacarita se había quedado sin vehículo, sin armas y estaba casi a oscuras.

En los días previos a la profanación hubo una serie de movimientos sospechosos que pudieron estar vinculados con el robo de las manos. Font le dijo al juez que, a las seis de la tarde del domingo 21 de junio de 1987, en coincidencia con el Día del Padre, y como lo hacía siempre con Arraigada, cerró todos los portones del cementerio. A las siete y media se dirigió hacia uno de los que dan a la calle Guzmán para esperar la salida de dos autos que aún estaban dentro. Uno salió sin problemas y el segundo, un Citroën Ami 8, se dirigió hacia esa puerta pero repentinamente dobló y se perdió en la oscuridad. Recordó que a las nueve de la noche hicieron una segunda ronda de control y descubrieron que el portón de La Paternal, que da sobre la calle Garmendia, había sido violado, lo cual permitía que las dos hojas pudieran abrirse. Y todo se hizo sin que hubieran tocado el candado. Frente al portón encontraron la escalera alta que se usaba para acceder a los nichos. Arraigada, quien trabajaba a la noche desde marzo, ratificó los dichos de su compañero Font. La denuncia de la violación del portón fue constatada luego por la policía el 5 de julio con intervención del oficial perito cerrajero Julio José Derito.

El 6 de julio la Justicia le tomó declaración al capataz Miguel Antonio Zanassi. Trabajaba desde el mediodía hasta las seis de la tarde. Le explicó al juez quiénes eran los responsables de las distintas puertas de la Chacarita: la entrada de la calle Guzmán estaba a cargo de Soria; la salida principal era responsabilidad de Baltix, y la de los cortejos fúnebres de la calle Jorge Newbery, de Rinaldi. En el portón La Paternal, la tarea la cumplía Golberg. Aclaró que las cinco puertas restantes no se cubrían por falta de personal.

En relación con la profanación de la tumba de Perón, Zanassi interpretó que debió realizarse durante la noche. Dio un dato que llamó la atención del juez: la noche del lunes 29 alguien había violentado la oficina del sereno Alfonso Lagana, donde están las llaves de muchas bóvedas. Nuevamente apareció el tema de la seguridad del cementerio. Un antecedente que se tomó en cuenta: en agosto de 1986, Lagana había dejado de hacer los recorridos nocturnos por falta de personal, auto y armas.

Luego el juez tomó testimonio al sereno José Luis Mañano. Tenía un puesto clave: ocupaba la casilla que da a la salida de la calle Guzmán 840, la más cercana a la bóveda de Perón. Su exclusiva tarea era controlar si las puertas estaban cerradas. Durante el día trabajaba en la gomería de su hermano, y a la noche aprovechaba sus horas en el cementerio para recuperar el sueño perdido. La policía detectó que tenía antecedentes. Cuando era menor de edad había sido detenido por desorden, y a los 17 años repitió la entrada al calabozo por robarle a una pareja. Lo internaron cinco meses en el Instituto José Manuel Estrada. En 1984 ingresó en la Municipalidad como empleado por los contactos que tenía la unidad básica peronista de Gregorio de Laferrère donde militaba haciendo pegatinas y pintadas. Lo trasladaron a la Chacarita, cuando la directora era Lucía Alberti, una dirigente radical de la Coordinadora que respondía a Enrique “Coti” Nosiglia y que en 1975 había formado parte del Comité Capital de la Juventud Radical Revolucionaria. Durante su gestión en el cementerio logró ubicar a muchos militantes radicales en puestos clave, hecho que la enfrentó a los empleados de carrera del lugar. Durante toda la investigación judicial, Alberti estuvo bajo sospecha de estar relacionada directa o indirectamente con el grupo que hizo la profanación. Nunca se le pudo tomar declaración testimonial.

Su reemplazante, el arquitecto Juan Iriart, le cambió el puesto a Mañano poniéndolo como sereno de la noche, día por medio y de lunes a viernes. Era compañero de Luis Paulino Lavagno, quien murió dos meses y medio antes de la profanación en circunstancias muy confusas. Se cree que se trató de la eliminación de un testigo clave.

Haciendo memoria de lo ocurrido en esos días, Mañano coincidió con el relato del sereno Zanassi: recordó que el 29 de junio, aproximadamente a las ocho de la noche, había salido del cementerio para comprar comida y que cuando volvió, veinte minutos más tarde, vio que la puerta de ingreso a la oficina del sereno Lagana había sido violada y estaba abierta.

Pero los testimonios más reveladores de lo que había ocurrido en la Chacarita los dieron los serenos Carlos Alberto Rubino y Alfredo Inocencio Espósito. El primero había trabajado antes en el cementerio de Flores. Después lo trasladaron a la Dirección General de Cementerios, edificio que custodiaba desde las ocho de la noche hasta las seis de la mañana. En cambio, Espósito se encargaba de vigilar el edificio del Registro Civil. Hacía siete años que trabajaba en la Dirección de Seguridad de la Municipalidad de Buenos Aires y en los últimos tres años lo había hecho en la Chacarita. Compartía largas horas de su trabajo con su amigo Rubino, en un horario por demás tedioso como era el de la noche. El 15 de junio de 1987 ambos estaban dentro del edificio de la dirección del cementerio, cuando a las cuatro de la mañana oyeron golpes de metal que se repetían cada diez minutos. Provenían de donde se halla la capilla, en el mismo sentido de donde está la bóveda de Perón. Una semana después, el lunes 22 de junio a las doce menos cuarto de la noche, Rubino comprobó que el portón de Guzmán estaba sin candado. Entonces, le colocó otro y se quedó con la llave. A las seis de la mañana de ese 23 de junio, Espósito le contó que en el interior del cementerio había estacionado un Ford Sierra frente al portón de salida, que el conductor había descendido y que, al comprobar que la puerta estaba cerrada, fue hasta el edificio del Registro Civil y le preguntó por dónde podía salir. Finalmente, lo hizo por el portón que lleva el número 780 de la misma calle Guzmán.

Cuando Espósito declaró ante la Justicia el 17 de julio de 1987 coincidió con lo explicado por Rubino. Contó que en los días previos a la profanación de la bóveda de Perón la única entrada de vehículos habilitada de la calle Guzmán era la que tenía el número 784 y que a unos diez metros de ahí estaba el cuarto que ocupaban los serenos Alfonso Lagana y José Luis Mañano. Esa larga noche del 22 al 23 de junio, fecha que coincide con las cartas enviadas por los profanadores, sintió que golpeaban la puerta del Registro Civil donde él estaba. Salió y se encontró con un hombre desconocido de unos 60 años, con traje oscuro y chaleco, cutis blanco y pelado, de baja estatura y algo gordo, quien le preguntó a qué hora abrían el portón de salida. Cerca de esta escena estaba detenido el Ford Sierra verde al que había hecho referencia Rubino, con las luces encendidas en dirección al portón con el número 780. Espósito le dijo que se dirigiera a donde estaban los serenos. Entonces, el auto dio marcha atrás como para dirigirse al portón de Guzmán 784, pero Espósito nunca pudo comprobar si el Sierra, finalmente, salió del cementerio por esa puerta. Estos testimonios le sirvieron al juez para empezar a armar la escena del crimen. Información suelta, a veces imprecisa, que empezaba a hilvanar y a relacionar con la intención de reconstruir los momentos previos a la profanación.

La primera pista que encontró estuvo relacionada con las misteriosas muertes ocurridas en la Chacarita antes y después del robo de las manos. Far Suau recibió en su despacho una llamada telefónica anónima por la cual se enteró del deceso del sereno nocturno de la bóveda de Perón, Luis Paulino Lavagno, ocurrida exactamente el 18 de abril, cuando tenía 65 años. El juez ordenó de inmediato al comisario Carlos Zunino que investigara.

Lavagno había nacido el 19 de junio de 1921. En 1980 fue trasladado de la Dirección General de Limpieza de la Municipalidad al cementerio. Según sus compañeros de trabajo y los pocos amigos que tenía, era una persona sumisa, respetuosa, de buen trato y alcohólico. Su muerte fue caratulada como dudosa por el juez Luis Méndez Villafañe, entonces a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal Nº 13. Y los hechos que describen su muerte ocurrieron así.

En la madrugada del 17 de abril, Lavagno había aparecido tirado en el piso del cementerio, golpeado y mojado, con sus ropas desarregladas, como si lo hubiesen linchado. Murió horas después en Olaya 1639, Capital Federal, un inquilinato donde vivía desde 1980. El único testigo directo del fallecimiento fue Carlos Norberto Núñez, encargado de ese lugar. Según se pudo reconstruir, todo empezó en la zona donde está el llamado “chapero”, un cuarto en el que los serenos suelen guardar las chapas de identificación personal que eran retiradas a la entrada y devueltas al salir, y también las llaves de las bóvedas que cuidaban.

Cuando fue encontrado Lavagno, el chapero estaba abierto y desordenado, las llaves tiradas por todas partes, el armario revuelto y el portón de salida de Guzmán 840 abierto. Ese viernes 17 de abril a las 11 de la mañana, Núñez se encontró con Lavagno cuando llegaba a su casa en pésimas condiciones. La ropa desencajada, el pantalón manchado. Apenas podía balbucear algunas palabras. Le preguntó qué le había pasado y el sereno le contó que durante la noche había perdido el conocimiento y que había quedado tirado bajo la llovizna, y que sus compañeros lo habían llevado a su casa en un camión. Elvira, la concubina de Núñez, le preparó un té. Estaba muy congestionado. Lavagno repetía que no quería quedarse solo; por momentos decía que echaran a unos hombres que él imaginaba que estaban sobre el ropero de su cuarto, quizá recordando alguna imagen similar que habría visto sobre una de las bóvedas que cuidaba todos los días. En un primer momento pudo parecer un delirio, pero Lavagno no dejó dudas de que estaba consciente: había reconocido a todos los que estaban junto con él, es decir, al matrimonio Núñez y a sus hijos.

El cuadro empeoró horas después. Tenía fiebre y dificultades para respirar. A pesar de su mal estado, a las cinco de la tarde se presentó en la Chacarita para cumplir con su trabajo. A las ocho debió retirarse. No podía sostenerse en pie y volaba de fiebre. A la mañana siguiente, al comprobar que estaba peor, Núñez llamó de urgencia a una ambulancia del Hospital Durand. El diagnóstico fue un cuadro de bronquitis aguda, por lo que el médico le recetó antibióticos, jarabe y reposo. Pero no aconsejó su internación. Hacia las seis de la tarde, Núñez debió llamar nuevamente al hospital. Una hora después llegó la ambulancia con el doctor Vicente Calabró, el mismo que lo había atendido por la mañana. Ya era tarde, la salud de Lavagno había empeorado mucho y finalmente murió acompañado de su amigo Núñez. Lo enterraron en la Chacarita, en el mismo lugar donde había pasado los últimos años de su vida y donde, posiblemente, fue testigo de algo que le costó la vida.

Pero Núñez no se quedó quieto. Intentó reconstruir la historia de lo que le había pasado a su amigo. Se contactó con el capataz que había encontrado a Lavagno tirado en el suelo de la Chacarita. Era Víctor Perna, que entonces tenía 64 años y llevaba 37 trabajando en el cementerio. Se desempeñaba como jefe de turno durante los fines de semana y feriados. Fue el primero en tomar contacto con Lavagno el día en que sufrió el ataque. Le contó que, pasadas las cinco de la mañana y cuando iba a tomar el servicio, vio con sorpresa que el portón que da a la calle Guzmán estaba abierto de par en par. Entró y vio a Lavagno tirado en el piso bajo el efecto de un shock.

—Estaba temblando, mojado, muy maltrecho. No podía hablar, solamente balbuceaba mi nombre. Lo llevé al chapero y lo coloqué sobre un banco. En el interior estaba todo tirado, yerba desparramada por todas partes. Después me fui media hora y cuando volví ya no estaba —comentó Perna, a quien todo le había parecido muy extraño. Recién fue llamado a declarar después de un año de ocurridos los hechos.

Esta muerte sospechosa hizo que el juez Far Suau decidiera pedir la exhumación del cadáver de Lavagno el 2 de mayo de 1988. Y dispuso que “el Dr. Macagno, decano del cuerpo médico de la justicia nacional, y los doctores Perea y Liciaga, y otros cuatro médicos forenses que deberán designar, reconozcan nuevamente el cadáver de Lavagno y se informe a la Justicia sobre la causa primera de su muerte, lesiones que presente con especial referencia al presunto mecanismo de producción, y especialmente si se observan lesiones provocadas por ataduras. Dar intervención al médico legista de la Policía Federal, doctor Cristian Quijano Guesaloga, y los peritos bioquímicos doctores Juan Carlos García Fernández y Manuel A. Guatelli, y el informe analítico toxicológico del doctor Vicente Bernardo Calabró y los doctores Mario Sebastián Rosenfeld y Antonio José Maya, médicos forenses de ese cuerpo que suscribieron el informe de fecha 10 de julio de 1987”.

La orden del magistrado se cumplió el jueves 5 de mayo. Los trabajos comenzaron faltando cinco minutos para las once de la mañana. Cincuenta y cinco minutos más tarde el cuerpo de Lavagno, en estado de total descomposición, ingresaba en la Morgue Judicial. Demasiado tarde. Fue imposible extraer alguna información de esa masa putrefacta para averiguar las causas de su fallecimiento. Así, su muerte quedó con un gran signo de interrogación. La mayoría de quienes estuvieron cerca de él, en sus últimos momentos, nunca creyeron que se debió a una simple bronquitis. Todos llegaron a la conclusión de que había sido golpeado y no que se había caído, probablemente borracho, como se intentó hacer creer. Far Suau tuvo grandes dudas acerca de la actitud de los médicos que lo atendieron porque, ante la gravedad de su estado, lo dejaron en su casa en vez de internarlo. Tiempo después los compañeros de Lavagno le habían comentado que antes de que se conociera la profanación les contó que había visto movimientos sospechosos en la tumba de Perón. Que durante varias noches entraron al cementerio dos Ford Falcon, uno de ellos verde, una pick up Ford F-100 con lona, y que se escuchaban golpes dentro de la bóveda. Lavagno se transformó en la primera víctima ligada a la profanación.

Otra muerte no menos sospechosa vinculada a la Chacarita fue la de María del Carmen Melo, o Carmencita, como la llamaban en el cementerio con cariño. Tenía 67 años y había nacido en la localidad bonaerense de Dolores. Era una asidua visitante, concurría todos los días para llevarles flores a la tumba de Perón y a un busto de Evita, que está cerca del mausoleo del ex presidente. El cuidador Emilio Pascual Pérez, que hacía 27 años trabajaba allí, recordó que Carmencita cumplía con ese ritual desde hacía dieciocho años.

En la Chacarita todos la trataban con simpatía. Era uno de esos personajes raros, pintorescos, que sólo se encuentran en lugares tan particulares como un cementerio. Se sabía que estaba sola en la vida, a pesar de tener una hija natural de 42 años que llevaba su mismo nombre y de la que se había distanciado desde hacía más de un año. Carmencita vivía desde 1981 en el edificio de la calle Juncal 4535, en el departamento de un ambiente del quinto piso A.

El 4 de julio de 1988, un año después de la profanación, el comisario Zunino recibió una información confidencial: le dijeron que ella había sido golpeada por un grupo de desconocidos el pasado 6 de marzo. Ese día Carmencita fue trasladada a la sala de guardia del Hospital Durand (el mismo que recibió a Lavagno), donde se dejó constancia en el libro de actas de que había tenido una hemorragia cerebral como consecuencia de una supuesta caída, y que eso derivó en una crisis de hipertensión. El doctor Enrique Frajewiki, médico del sector de residentes, dijo a la Justicia que antes la paciente había tenido varios intentos de suicidio que motivaron internaciones por cuadros depresivos.

Pero este caso era distinto. Ese mismo 6 de marzo, una vecina le avisó a la portera que la puerta de entrada del departamento de Carmencita estaba abierta, aunque la cerradura no había sido violentada. Con dos testigos más, decidieron entrar para averiguar qué había pasado. Estaba todo revuelto; quienes entraron no se habían llevado el dinero que ella guardaba en una caja de zapatos dentro del placard, ni siquiera un equipo de música que recién había comprado. Al parecer, estaban buscando algo especial. En un primer momento se creyó que se habían robado el teléfono porque no lo encontraban; después se supo que Carmencita lo había llevado a arreglar porque había dejado de funcionar.

El ingreso a su domicilio de desconocidos y la golpiza que recibió en la Chacarita no dejan dudas de que ambos hechos estaban íntimamente vinculados. Es probable que lo que les molestaba de ella, lo que intranquilizaba a sus atacantes, fuera que públicamente había amenazado varias veces con decir qué había pasado con las manos de Perón y quién había profanado su tumba; y que cuando fuera necesario iba a contar todo lo que sabía.

Muchas noches Carmencita no iba a dormir a su casa y se decía que era porque se quedaba en el propio cementerio. Por su forma de ser había quienes sostenían que se trataba de una mujer con alteraciones psíquicas, otros decían que era una “bocona”. Igual se sabía que era muy amiga de todos los cuidadores. Tenía como costumbre hacer reuniones en su departamento con sus amigos de la Chacarita. Algunos, incluso, disponían de la llave de su casa, en especial los días en que iban a visitarla. Uno de sus invitados preferidos, y con quien más intimó, era Oscar Martínez Ortega, más conocido como el “Paraguayo”, un hombre morocho, grandote y de bigotes. Otro asiduo visitante era un comisario, que no era del grupo del cementerio, pero que había logrado ganar su confianza, y que después fue acusado de participar en el atentado a Carmencita. También había otra persona a quien relacionaron con su muerte. Era el quinielero que levantaba juego clandestino en la zona. En los últimos tiempos, Carmencita había tenido encontronazos con él, y éste la había amenazado diciéndole: “Te voy a hacer desaparecer”. Pero ella se defendía con el tema de la profanación de Perón: “Los tengo a todos amenazados”.

La vida de Carmencita fue bastante traumática. Vivía de lo que le pasaba el padre de su hija, uno de los mayoristas más importantes en el antiguo Mercado del Abasto. En los tiempos en que era pareja de ella, se enamoró de una empleada doméstica y terminó la relación. Pero Carmencita estaba embarazada. Entonces decidió parir y criar a su hija en absoluta soledad. Cuentan que cuando el padre no le pasaba el dinero que le había prometido, tomaba a su hija en brazos y se paseaba frente a su domicilio hasta que finalmente la atendía. La última vez que sus vecinas la vieron salir del departamento fue ese fatídico domingo 6 de marzo, entre las ocho y las ocho y media de la mañana, el mismo día de la golpiza que la llevó a la muerte. Se había vestido especialmente para asistir al entierro del cómico Alberto Olmedo. Lucía de luto con un vestido negro, una chalina y un sombrero del tipo capelina, botas y cartera. Nunca volvió por la calle Juncal. Pasaron diez días hasta que pudieron localizar a su hija para avisarle que su madre había desaparecido. La estuvo buscando durante dos semanas hasta que la encontró internada en el Hospital Pirovano, después de pasar por el Rivadavia y el Durand. Cuando agonizaba, Carmencita reconoció varias veces a su hija y le dijo: “Me la dieron los que conozco”.

Ella creyó que se trataba de una confusión de su madre, producto del estado de shock. Sin embargo, se sorprendió cuando comprobó que efectivamente había sido golpeada, que tenía marcas y moretones en sus piernas y espalda. Los médicos del Pirovano lo atribuyeron al tiempo que había estado en cama. Coincidieron en que había tenido un problema de hipertensión. El doctor Martín Gortari, quien la recogió con la ambulancia en la Chacarita y la llevó al Hospital Durand, sostuvo que no tenía golpes y que había sufrido un pico de hipertensión arterial. La doctora Claudia Marcela Husni, del mismo hospital, recordó que María del Carmen llegó a la guardia con un cuadro de “accidente cerebrovascular” y que la llevaron a cardiología con una “encefalopatía hipertensiva”. El 11 de marzo de 1988 fue trasladada a clínica médica. Cinco días después la derivaron a la sala de neurología del Rivadavia, porque en el Durand no tenían ese servicio. Pero la investigación judicial detectó que habían desaparecido la documentación de lo que había ocurrido ese día y las hojas de las historias clínicas de los distintos hospitales. El 5 de septiembre de 1988 fue pedida esa información faltante a los hospitales: del Durand, la hoja de guardia del 6 de marzo y la historia clínica de los servicios de cardiología y clínica médica; del Pirovano, el resultado del examen del líquido cefalorraquídeo que le habían extraído y de la tomografía computarizada. Pero ninguno de los datos volcados ahí pudo echar luz sobre la verdadera situación que había vivido y los porqués de su fallecimiento.

Después de 46 días de internación, María del Carmen Melo murió a raíz de un derrame cerebral. A su hija sólo le devolvieron la dentadura inferior y no pudo encontrar ni su ropa, ni su cartera, ni sus documentos. Después supo que su madre había declarado como testigo de la profanación de la bóveda de Perón ante la Policía Federal, junto con el taxista Osvaldo Antonio Méndez, antes de que el juez Far Suau inspeccionara el lugar ese 30 de junio de 1987.

Carmencita quizás había visto algo. Sus asesinos presumieron que, a pesar de sus incoherencias, tenía información sobre el robo de las manos, y esto pudo causarle su trágico final. Según la información que tuvo después la policía, Carmencita había sido también testigo de un secuestro en el interior del cementerio ocurrido durante la investigación por la profanación de la bóveda de Perón. Fue sepultada el 25 de abril de 1988.

Por las extrañas circunstancias que rodearon la muerte de Carmencita, el 19 de julio de ese año su hija pidió a la Justicia la autopsia del cadáver. Con fecha 22 de julio, el juez ordenó al cuerpo médico forense que realizara la autopsia y que informara al tribunal acerca de “cuál fue la causa primera de su muerte, lesiones que presente, con especial referencia al presunto mecanismo de producción (golpes de puños, instrumentos, indicando tipo, etcétera)”. La respuesta fue la misma que en el caso de Lavagno. El tiempo transcurrido impidió conocer la verdad.

Hay un hecho que echa por tierra la versión de que murió por un problema de salud. Siete meses después, el miércoles 2 de noviembre de 1988, pasadas las dos de la tarde, el comisario Zunino recibió un llamado anónimo de una mujer que le dijo que en la pizzería de avenida Córdoba 5202 había una carta que se refería a la muerte de María del Carmen Melo. A las cuatro y cuarto de la tarde se hizo el operativo policial y en el baño de damas apareció la carta escrita en un papel de agenda con letra clara, de tipo escolar, y con deliberadas faltas de ortografía. Decía textualmente:

Senior comisario. Hace unos cuantos meses una persona muy amiga mia y gran companiera la gopeó un atorrante matón que trabajaba en el sementerio de la chacarita. Sabe senior comisario que la persona golpiada fue la querida Carmencita Melo que en pas descanse y el tipo que la golpio esta libre y trabajando en el sementerio como si fuera que no paso nada. Le voi a desir senior comisario a ese tipo le disen el paraguayo y se llama Oscar Ortega Martínez y es cuidador de las bóvedas del sementerio de la asociacion de turf lo que quiero es que se aga justicia y que lo pongan preso senior comisario soi una persona que tiene fe en uste pero no le puedo decir quien soi porque tengo que cuidar a mi familia. Yo se que uste sospechaba de el paraguayo porque se esta cuidando.

Ese mismo día, a las siete de la tarde, la policía logró identificar a Martínez Ortega y lo detuvo en la avenida Corrientes y Federico Lacroze, frente al cementerio, a la salida de su trabajo. Tenía 33 años y había llegado al país en enero de 1973 con apenas 17 años. Se radicó en la Argentina el 30 de diciembre de 1974, y ese mismo año había ingresado como peón a la Chacarita. Pero en 1978 fue despedido por haber perdido un llavero con 45 llaves de distintas bóvedas.

Fue durante dos años mozo en un bar de la estación del Ferrocarril General Urquiza y más tarde trabajó en una fábrica de gaseosas que estaba en la avenida Márquez, en el Gran Buenos Aires. Regresó al cementerio de la Chacarita en 1983, y a partir de julio de 1987, apenas descubierta la profanación de la tumba de Perón, fue relevado del panteón de la Asociación Argentina de Turf Profesional, donde venía cumpliendo sus tareas como cuidador.

Martínez Ortega admitió que conocía a Carmencita desde principios de 1987 y que la solía ver todos los días cuando ella llevaba flores a la sepultura de los artistas, a la del general Perón y al monumento de Evita, lugar que siempre limpiaba. ¿Cuál era la relación del paraguayo con Carmencita? Eran muy amigos, ella siempre decía que tenía un afecto muy particular hacia él. Dos meses antes de la golpiza, había estado en su casa tomando mate. Pero la investigación no obtuvo información que pudiera vincularlo en forma directa con su muerte. Estuvo detenido dos días y recuperó la libertad. Los investigadores pensaron que la imputación contra el paraguayo pudo provenir del grupo autor de la golpiza a Carmencita para que se lo hiciera responsable de la muerte de la mujer.

Las sospechas dentro del cementerio se multiplicaron a medida que avanzaron los primeros meses de la investigación. Es seguro que la profanación debió hacerse con complicidad de gente de la Chacarita. Pero ¿hasta qué punto toda la verdad podría estar en el cementerio? La mayoría de esas sospechas recaía en principio sobre los mismos empleados. Y dudas no menores sobre quienes dirigían el lugar. Apenas iniciada la actuación judicial se inauguraron los operativos de distracción contra la investigación, la estrategia de sembrar pistas falsas, de hacer aparecer información mentirosa, involucrar a gente inocente, ocupar en todo momento al juez y a su equipo para alejarlos de los caminos que conducían al grupo profanador. Un día apareció una persona apodada “Cepillo”. Era el sobrenombre del enterrador Julio Dino Banegas, de 21 años, de quien había trascendido que, de un día para el otro, había empezado a manejar mucho dinero, algo difícil de justificar con el sueldo de empleado municipal que tenía.

Se decía que “Cepillo” había pasado de vivir en una tapera a una casa de dos plantas que se construyó en su pueblo natal Vilmer, en Santiago del Estero. Personal judicial viajó hasta allí y comprobó que efectivamente la casa existía pero que no tenía el valor que se le había dado. “Cepillo” era poco querido por sus compañeros porque les pedía plata que no devolvía y les robaba cosas que después vendía. Nunca se pudo constatar si tuvo alguna vinculación con el robo de las manos. Se llegó a la conclusión de que su sospechosa ausencia de la Chacarita, luego de la profanación, se debió al miedo que tenía por el escándalo nacional que se había producido y porque, además, se había quedado con el cobro de algunos nichos y había robado un pasacasete del auto del hijo de su jefe.

En estas historias cruzadas de la Chacarita también apareció el nombre de otro santiagueño, Raúl Díaz, que casualmente vivía en Villa Robles, a pocos kilómetros de Vilmer. Este personaje estaba muy vinculado con la custodia de la ex directora de la Chacarita, Lucía Alberti. Llamó la atención a los investigadores que su detención en la causa provocó una revuelta espectacular tanto en el cementerio como en el mundo político, haciendo que muchos personajes y funcionarios se movieran por su libertad. Al cabo, todas las investigaciones realizadas en la Chacarita tuvieron algún punto de vinculación con Lucía Alberti.

También se supo que Carmencita Melo había estado muy enfrentada con ella cuando manejó el cementerio. En su casa se encontraron panfletos de la época que decían: “Mandate a mudar Lucía”. Al momento de la profanación, Alberti era diputada nacional y nunca pudo ser interrogada a raíz de los fueros especiales. El juez Far Suau y el comisario Zunino compartían la idea de que sería un testimonio importante para la investigación. Sin embargo, el jefe de la Policía Federal, Juan A. Pirker, siempre hizo desistir a Far Suau de ese propósito alegando presiones políticas del más alto nivel. Se argumentó que no existían pruebas suficientes como para solicitar la suspensión de su inmunidad parlamentaria. El armado del rompecabezas de la profanación se empezaba a complicar día a día.

SEIS
La máquina de distraer

Las cartas enviadas por los profanadores eran la única pista concreta que se tenía. Primero fue necesario saber desde dónde habían sido despachadas. El policía Daniel Rodríguez pudo averiguar que la dirigida a Saúl Ubaldini había sido recibida por el Correo Central el 29 de junio en el horario pico de las tres de la tarde, sin lograr identificar en cuál de las ventanillas. También se pudo determinar que esa carta era certificada, mientras que las enviadas a Saadi y Grosso, con fecha 26 de junio, simples.

Ofrecían pocos datos que sirvieran para seguir una pista en concreto. Los ocho millones de rescate, una dirección en el remitente, la instrucción de poner dos banderas justicialistas en la sede partidaria de la Capital Federal si se quería pagar el rescate, y la misteriosa firma de “Hermes IAI y los 13”, que podía ser otra clave por descifrar o una firma simbólica que referenciaba supuestas prácticas esotéricas o herméticas del grupo operativo, eran los datos más evidentes. Todas hipótesis y análisis de difícil comprobación.

El mismo día en que se conoció públicamente la violación del cuerpo de Perón, el doctor Nicolás Hermes intentó partir al mediodía de su casa en la calle La Pampa 2086, donde vivía desde hacía quince años. Un grupo de periodistas lo estaba esperando. El móvil de Radio del Plata lo interceptó al salir del garaje, cuya dirección coincidía con la del remitente de la carta de los profanadores, al igual que su nombre. Sorprendido por el inesperado protagonismo que tenía, el médico no tuvo inconvenientes en desmentir cualquier participación en el hecho. Según él, se habría tratado de una broma de mal gusto. “No tengo nada que ver”, fue el título del diario Crónica, con la foto del matrimonio Hermes rodeado por los periodistas. Igual, el sorprendido doctor Hermes, jubilado del Hospital Fernández, debió presentarse ante la Justicia el 3 de julio para aclarar su situación. Ni siquiera le pudieron comprobar alguna actividad política. De esta manera, los investigadores pisaron en falso en su primera intentona de indagar las posibles pistas que condujeran al misterioso “Hermes” que firmaba la carta extorsiva.

Los policías detectaron que una empresa de mensajería llevaba el mismo nombre. Estaba ubicada en Tucumán 2227, noveno piso “A”, donde funcionaba la inmobiliaria Barbos Propiedades y cuyo titular era Raúl Horacio Bosc. Creyeron encontrar una coincidencia interesante que podría ser una clave importante. La suma de los números de la dirección (2227) daba justo el número 13, que coincidía con el misterio de “Hermes IAI y los 13”.

Raúl Bosc se presentó espontáneamente a la policía. Dijo que la inmobiliaria era compartida con su primo Cristian Mareck. Explicó que en noviembre de 1986 su sobrino, Ricardo Kaperkast, de 20 años, le había pedido que le prestara parte de su oficina para montar la mensajería Hermes. Le propuso asociarlo al nuevo negocio y además se encargaría de pagar los impuestos del local. Esa oficina fue explotada finalmente por dos socios de su sobrino, Marcelo Costa y Gustavo Cruz, ambos de 23 años. Bosc les comentó a los policías que entonces le había parecido extraña la actividad de su sobrino y su amigo Marcelo, quienes habían viajado al Paraguay llevando paquetes sospechosos que, dio a entender, bien podrían haber contenido las manos de Perón que estaban buscando.

La policía le encomendó al inspector Rodríguez averiguar sobre los integrantes de la mensajería. Se entrevistó con Marcelo Costa y Gustavo Cruz y, telefónicamente, con Ricardo Kaperkast. Cruz confirmó que había viajado al Paraguay junto con Kaperkast para comprar ropa y una videofilmadora que le había encargado Bosc. Así, dos días después de la profanación habían salido en tren desde Buenos Aires rumbo a Posadas y después, por balsa, habían pasado a Encarnación, la ciudad fronteriza del Paraguay. Gustavo llevaba una mochila de nailon y todos coincidieron en que nunca salieron con cajas ni bultos de la oficina de la calle Tucumán.

Gustavo volvió el día 10 de julio, Ricardo lo hizo al siguiente porque prefirió quedarse con un amigo. En ese momento se enteró de que Bosc había dicho que ambos estaban detenidos en Posadas por el robo de las manos de Perón.

A todo esto el tercero de los socios, Marcelo Costa, quien se había quedado en Buenos Aires, había contado antes que todo era un invento. En su testimonio judicial, Ricardo afirmó que Bosc tenía una conducta rara “o, para mejor definirla, extraña”, y reveló que había trabajado en la sección dactiloscopia del antiguo Ministerio de Guerra. El joven, asombrado, se enteró el sábado a la tarde de la acusación que le había hecho Bosc, calificándola directamente de una fábula inexplicable. Finalmente, la policía decidió dejar de lado esta pista porque llegó a la conclusión de que no conducía a nada y que se había perdido demasiado tiempo.

Igual tenían otras investigaciones en marcha. Desde el 10 de julio habían empezado a realizar un trabajo de inteligencia sobre la publicación de los avisos clasificados que tenían la palabra Hermes. Uno de ellos decía: “Profesor Hermes Tarot-Videncia. Trabajos efectivos”, y otro más abajo: “Ser humano te ofrezco mi mano humana. José”. Constataron que el profesor Hermes tenía su dirección en el quinto piso de la calle Viamonte 2114. Una habitación de ese departamento era alquilada por Daniel Alberto Sáenz, diplomado en el Universal Esoteric Center. Había hecho un curso de tarot en 1983 y completado estudios en el Instituto Argentino de Enseñanza Parapsicológica. En cuanto al aviso del “Hermano José” se supo que su nombre era José Pedro Moiguer, que atendía en el edificio de la calle Paraguay 5485, segundo piso “B”, y hacía una actividad de apoyo espiritual basada en sus conocimientos antropológicos. No se le conocieron clientes puntuales, con excepción de algunas personas que, según la inteligencia policial, eran homosexuales. Como antecedente, citaron que Moiguer había sido detenido en 1986 por regentear prostitutas.

Otra línea de investigación se desarrolló con relación a las máquinas de escribir “Hermes”. Abraham Herman llevaba 35 años en la Argentina como representante y propietario de la firma Hermany Pilnik S.A. Hacía veinte que importaba esas máquinas y la policía intentó vincular el tipo de letra de la carta de los profanadores con las máquinas que vendía Pilnik. Pero el comerciante le dijo a la Justicia, el 13 de julio, que había muchas marcas con ese mismo tipo de letras y que podían corresponder tanto a una Hermes Baby como a una Shure, Olympia, Traveler o Lettera 82.

La pista “Hermes” se agotó en sí misma y fue cerrada, aunque no perdió vigencia en las especulaciones de que el robo de las manos de Perón fue hecho por un grupo esotérico. La investigación judicial siguió operando con otras fuentes. Desde el primer día se había hecho un seguimiento de todas las informaciones, versiones, trascendidos y datos sobre el robo de las manos. Es verdad que ante un hecho de estas características los medios periodísticos se transforman en devoradores de noticias vinculadas al caso, ya sean propias o ajenas: tienen que cubrir páginas o espacio en radio y televisión para mantener viva la atención de sus audiencias. En esta vorágine de las noticias se suelen colar con facilidad operaciones de desinformación, y es común también que algunos medios, en forma directa, sean parte y funcionales de las operaciones de distracción.

El 10 de julio, el semanario de derecha El Informador Público, que se caracterizaba por tener como fuentes informativas a distintas “cuevas” de los servicios de inteligencia militar, estatales o paraestatales, publicó una nota en la que sostuvo que el dirigente justicialista Herminio Iglesias había tenido contacto con los profanadores y que éstos pondrían a su disposición una serie de documentos que probarían la deuda de 8 millones de dólares que el grupo, supuestamente, habría invertido en el peronismo con fines electorales en las campañas de los años 1983 y 1985.

De acuerdo con esta versión, los profanadores tenían la intención de hacerle llegar a Isabel Perón, que estaba en España, información política que comprometería a dirigentes del cafierismo con intereses ingleses. Ese mismo día, Herminio Iglesias se comunicó con el comisario Carlos Zunino para informarle que se iba a presentar a declarar. Lo hizo el 13 de julio y sólo aportó como novedad que el día 6 de ese mes había recibido en su domicilio una escueta carta escrita a máquina en la que se le decía que querían hablar con él por “el problema del general Perón”, pero que el contacto no pasó de ese mensaje.

En medio de la búsqueda de indicios que sirvieran a la instrucción, surgió en escena un personaje muy particular: Mario Agustín Aguilar. Era un desinformante y ex servicio de inteligencia vinculado al Ejército que había sido detenido por extorsionar a la familia del empresario Osvaldo Sivak, secuestrado y asesinado a mitad de la década del 80. Años después apareció operando en los casos de la sospechosa muerte del hijo del presidente Carlos Menem y también en el atentado a la sede de la AMIA. El accionar de Aguilar demuestra bien cómo funcionaban las estructuras extorsivas surgidas muchas de ellas al amparo de la última dictadura militar.

En su momento, el ministro del Interior, Antonio Tróccoli, había formado un grupo especial de investigación para resolver el caso Sivak. Aguilar, que había recalado ahí, pidió 300 mil dólares para financiarlo. En medio de la desesperación, la familia decidió pagar el dinero ante la negativa del gobierno radical, que argumentaba que no tenía fondos. En realidad, todo resultó una extorsión. Aguilar repartió la plata entre su gente y, descubierta la maniobra, fue detenido y condenado.

A pesar de estar detenido en la Unidad 16 de Caseros, durante ese mes de julio de 1987 Aguilar reapareció en escena misteriosamente, o no tanto, para sumarse al coro de oportunos desinformantes. Le hizo saber al juez Far Suau que tenía datos importantes vinculados a la profanación de la tumba de Perón. La primera entrevista se realizó el 17 de julio en la cárcel. Mostró tres carpetas con distintos informes de inteligencia que había realizado en el pasado cuando se había desempeñado en el Ministerio de Defensa. También exhibió una declaración del 8 de junio de 1986, ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, con una serie de informes políticos generados en esos centros paralelos de “inteligencia” argentina. Abrió la boca y su incontinencia verbal derivó en una catarata de denuncias, conspiraciones mafiosas y datos imposibles de constatar.

En uno de esos informes alertaba que, en 1986, la ultraderecha y la ultraizquierda estaban trabajando juntas, haciendo negocios con droga y tráfico de armas, pero que tenían un objetivo común: la desestabilización del país. Agregaba que a Antonio Tróccoli le convenía más hablar de la ultraderecha porque todavía no era el tiempo para desacreditar a la ultraizquierda. Y siguió con sus teorías disparatadas, como que había un plan en marcha para libanizar el país. En el escrito se hablaba de la existencia de grupos de tareas como el llamado “Omega”, que operaba desde Miami y estaba integrado, entre otros, por el ex general de la dictadura y jefe masón Guillermo Suárez Mason. También de la participación de grupos del servicio de inteligencia británico “perfectamente aliados con el narcotráfico”.

Según Aguilar, a ese grupo había que enviarle los ocho millones de dólares para el general panameño Manuel Noriega. Ese dinero nunca llegó a destino porque alguien “se quedó con el vuelto”. Además, dijo que en la relación Noriega-Suárez Mason servía de enlace en Panamá una persona de apellido Tato, junto con un general boliviano que también estaba involucrado en el tráfico de armas. Vinculó a un montonero de apellido Vázquez con gente de la ultraderecha como los casos de Carlos Orellana y “el turco Julián”, que eran integrantes del grupo denominado “Jesucristo”, cuya finalidad era dinamitar sinagogas. También, en aquel año 1986, el ex servicio había denunciado que gente conectada a la P2 estaría planeando el asesinato en la Argentina del presidente Alfonsín y que esa información había sido publicada en el semanario El Informador Público.

En su recorrido verborrágico de conspiraciones que provenían de todas partes, Aguilar agregó que una organización italiana habría participado en el asesinato del empresario Emilio Naum ocurrido en 1984, si bien el crimen había sido consumado por el Clan Puccio. Recordó que según la declaración indagatoria presentada por él en abril de 1986, el empresario Osvaldo Sivak había sido traído en una avioneta desde el Paraguay hasta Monte Grande porque no pudieron soportar las presiones norteamericanas, y hubo que sacarlo de ese país. Aguilar avanzó más en su testimonio increíble, delirante, que intentaba vincular al caso de las manos de Perón para negociar su situación carcelaria. Dijo que había mantenido varias entrevistas con el entonces diputado radical César Jaroslavsky, a quien le había anticipado de la existencia de tres planes desestabilizadores: “Anillo”, “Tres ojos” y “Andes” o “Tumba”.

Por el primero se intentaría la fuga del almirante Emilio Massera para declararlo presidente en el exilio o en la clandestinidad. El segundo sería para exhumar el cadáver del ex ministro de Defensa Roque Carranza y dar una comunicación a los medios sobre la causa de su muerte (se sospechaba entonces que lo habían asesinado de un tiro en la cabeza). Y, finalmente, el tercer plan estaba dirigido a robar el cadáver del general Perón. Insistió en que estas denuncias las había realizado en ese mes de julio de 1986. “Las manos del presidente Perón aparecerán en Madrid por intermedio de quien es un doble agente de inteligencia, el general croata Milo Bogetich; o en Uruguay, donde puede tener participación una persona de apellido Martín, quien trabajó en la embajada inglesa en la Argentina”, subrayó.

Hasta aquí este primer relato de Mario Aguilar ante la investigación judicial. Datos plagados de historias fantásticas que, de haber sido ciertas, hubiesen hundido al juez en una montaña de investigaciones paralelas que, probablemente, habrían conducido a la nada.

Pero no se conformó con la indiferencia mostrada por los investigadores. Insistió con su argumento y dijo que tenía más información que todavía no había dado a conocer. Su estrategia era negociar, de algún modo, su salida de la prisión. El 21 de julio de 1987 volvió a declarar en la cárcel a su pedido, argumentando que estaba seguro de quién podría ser el misterioso Hermes. Esta vez relató que cuando había trabajado en el último gobierno de Perón para el ex ministro de Defensa Adolfo Mario Savino, mencionado como uno de los principales miembros de la P2 en el país, solía conectarse con una persona que se hacía llamar “Capitán Hermes”, vinculado al terrorismo internacional y a grupos del llamado “terrorismo negro” que estaban en contacto con el general boliviano Luis García Meza.

En 1987 ese “Capitán Hermes” tendría 52 años, era delgado pero robusto, de un metro ochenta y cinco de altura, y unos ochenta kilos. Estaba ligado con la Triple A y tenía como nexo en Bolivia a un abogado argentino de apellido Catardelli, máximo responsable de la P2 en la Argentina, siempre según la declaración de Aguilar. Insistió en que en el Ministerio de Defensa del gobierno de Alfonsín el teniente coronel Sacco debía tener un informe suyo realizado en 1986 sobre la base de datos de la policía brasileña y otro del servicio de inteligencia de ese país. Ahí se citaba a un grupo creado por el “Capitán Hermes” para la desestabilización de la Argentina.

Siguiendo con su testimonio interminable, Sacco tenía, a su vez, documentos y la confirmación de la policía brasileña de una reunión que hizo un grupo de “derecha” con una línea de los Montoneros en San Pablo, “Capitán Hermes” incluido, donde se entregaron 500 mil dólares para actuar dentro de la Argentina. El “Capitán Hermes” era íntimo amigo de Savino y de Sacco, quien, para ese año 87, ya no estaba en la cartera de Defensa.

Aguilar aprovechó su nuevo protagonismo judicial y pidió que se lo trasladara al juzgado del doctor Martín Irurzun, porque entre las carpetas que le habían secuestrado en el momento de su detención había más información, y citó como ejemplo datos de la reunión en San Pablo, apuntes que sólo él podía descifrar porque estaban en clave.

Agregó que otro informe del servicio de inteligencia brasileño había sido entregado a Bettino Craxi, el jefe del gobierno italiano hasta hacía pocos meses. Ahí se informó —siempre según el relato de Aguilar— de una reunión entre Ortolani, Licio Gelli, Suárez Mason y un representante de los Montoneros, cuyo apellido no recordó. El cónclave se habría hecho en la calle João Manuel 620, Jardín Osiris de São Paulo, el 4 de julio de 1986, donde se tramaron la desestabilización de la democracia argentina así como también un atentado contra el presidente peruano Alan García durante su visita a la Argentina y el robo del cadáver de Perón a través del “operativo anillo”.

Aguilar reiteró que todo esto se lo había dicho al diputado César Jaroslavsky. Entonces, el juez le preguntó sobre las siglas “Hermes IAI y los 13”, que firmaba la carta de los profanadores, y dijo que “los 13” podría ser un mensaje para Vicente Saadi. “Yo sé que Saadi tenía relaciones con este Hermes y su grupo en la época de 1973 y hasta 1976 inclusive. Yo sé que con López Rega no se podía ver.” Cuando se le preguntó con quiénes el “Capitán Hermes” podría negociar 8 millones de dólares, Aguilar dijo que la cuestión no se trataba simplemente de dinero, sino que abarcaba un plan de desestabilización de las próximas elecciones para gobernadores.

En su locura por seguir abarrotando de denuncias su testimonio, fue más allá y anunció que se iban a producir más atentados y que esto se lo había hecho saber en sus últimos informes al ministro de Defensa, Roque Carranza, con precisiones tales como teléfonos, direcciones y nombres de los implicados, pero que habían desaparecido del juzgado igual que unas casetes relacionadas con el caso Naum y el agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, de quien dijo que podría dar datos valiosos. Le dijo al juez que había que averiguar con personas históricas del peronismo porque —agregó— el “Capitán Hermes” había actuado entre 1973 y 1976 reapareciendo en la citada reunión de San Pablo.

En Montevideo —continuó— tenía un contacto para obtener más información: era Julián Safi, administrador del Hotel Victoria Plaza, ubicado en pleno centro de la capital uruguaya. Los departamentos de Registros e Informes de Seguridad Federal debían tener datos de “Hermes” porque así se había registrado en el hotel.

Agregó que en Francia tenía otro contacto con una persona de apellido Padilla, a quien creía que en la Argentina el peronismo le había dado una vivienda, que este individuo era muy amigo del diputado Rodolfo Arce, ya muerto, y que mantenía relación con Vicente Saadi. Según su opinión, el tal “Capitán Hermes” seguía trabajando y era localizable. En su andanada de interpretaciones cruzadas, Aguilar descartó que el nombre “Hermes” estuviera vinculado al portaaviones inglés del mismo nombre, pero afirmó que podría tratarse de un mensaje en clave para el peronismo, específicamente para Saadi.

Y agregó que lo publicado en ese tiempo por el semanario El Informador Público era verdad en cuanto a que Herminio Iglesias pudo haber hecho contacto con los profanadores como también haber viajado a España para entrevistarse con Isabel Perón y su apoderado Juan Labaké, porque tenía vinculación con los grupos árabes que pudieron financiar su campaña dentro del peronismo. Volvió a referirse al plan de desestabilización y afirmó que en la profanación pudieron tener también participación una alianza entre la secta Moon, los Montoneros y la P2; reiteró que el juez Irurzun tendría datos sobre el operativo denominado “Manos” y que sería conveniente ver con detalle esos papeles para saber cómo se los podía asociar al hecho y establecer qué vinculaciones podrían tener el general panameño Manuel Noriega y el “Capitán Hermes”, de quien dijo que era un hombre capaz de emprender acciones propias sin vinculación a otros grupos, y recordó el desvío de un avión que transportaba armamentos a España.

Finalizada esta increíble y fantástica declaración, Aguilar insistió en que tanto el diputado Jaroslavsky como el ministro Tróccoli sabían todo esto porque él mismo les había contado. Por último, sostuvo que los servicios de algún país limítrofe debían saber de los posibles autores de la profanación del ataúd de Perón. “Yo creo que las manos las sacaron del país.”

No conforme con sus agotadoras declaraciones, Mario Aguilar volvió a la carga con sus inimaginables teorías, siempre con el objetivo de negociar su salida de la cárcel. Una nueva declaración le fue tomada el 7 de agosto. En la entrevista comenzó atacando al juez Far Suau por no querer dar la cara ante sus permanentes pedidos de que relacionara los supuestos informes en poder del juez Irurzun y la profanación del cuerpo de Perón. “El tema de las manos es un tema político y la policía no lo puede resolver sola.” Se le preguntó si conocía a un tal “Capitán Segundo”, integrante del denominado Ejército Guerrillero del Pueblo, muerto en la zona norte del país en 1964. “Ésos son dos que pierden en Tucumán y eran de la Compañía Ramón Padilla Giménez, y no tiene nada que ver con el que yo refiero. El Hermes que yo digo vive en la actualidad. Es una persona que existe, tiene vinculación con la ultraderecha y con la P2.” Agregó que en la policía tenían que existir archivos; y refiriéndose a la relación que tenía con el “Capitán Hermes”, contestó que estaba preocupado por lo que había declarado Guglielminetti en la causa. “Él quiere mantener su postura de hombre de derecha y está bien, es como yo, no vendemos nuestra ideología aun trabajando para el gobierno.”

—¿La Policía Federal tiene interés en resolver el caso de las manos de Perón? —le preguntó al policía que lo estaba entrevistando.

—Claro que sí —fue la respuesta.

Entonces, volvió a insistir con la necesidad de buscar al “Capitán Hermes” y recomendó que por intermedio de Interpol pidiera a la policía de Brasil el expediente de un tal Jobo Martins, donde figuraba “Hermes”. Y se puso nervioso. “Hermes existe y la firma de la misiva es un anuncio para gente del peronismo a la cual se quiere llegar”, y agregó que la deuda de 8 millones de dólares que reclamaban los profanadores era por un trabajo que se había cumplido y que antes de hacerlo se había realizado la reunión de San Pablo con gente de Montoneros y Propaganda 2, a la que ya había hecho referencia. En forma de intimación le dijo al policía: “Yo, después del 6 de septiembre, tengo que estar en libertad porque si gana el peronismo en la provincia de Buenos Aires me van a necesitar más los radicales; aparte yo ya me estoy moviendo con los peronistas, porque yo hago la mía y me tengo que mover a dos puntas”.

Reiteró que quería hablar con el entonces secretario de Justicia, Ideler Tonelli, que si querían descubrir quién robó las manos de Perón debían dejarlo en libertad, y que El Informador Público estaba diciendo toda la verdad que había adelantado acerca de la actividad de la P2, de los Montoneros y de un sector político que quería desestabilizar a la democracia, acción dirigida especialmente contra el radicalismo y parte del peronismo porque, complicando a los dos partidos grandes de la Argentina, se atacaba a todo el sistema. “El país es un quilombo y lo de las manos es un peldaño. Far Suau me tiene que llamar el lunes porque si no lo hace diré: ‘Bueno doctor, me olvidé’. Yo lo que quiero es que venga Tonelli a charlar conmigo, que ponga la cara como la puse yo. Yo quiero negociar mi inocencia, que está en todos los papeles. Y yo, estando en libertad con mis contactos, en poco tiempo puedo esclarecer el caso.”

Durante los primeros meses de la investigación el doctor Atilio Carlos Neira, representante legal de Isabel Perón en la causa, había recibido decenas de anónimos, algunos de los cuales pedían dinero a cambio de información y otros, sencillamente, respondían a las operaciones de desinformación montada para que el juez no averiguara la verdad. En la segunda semana de julio de 1988 apareció en su estudio un hombre de unos 55 años, bajo y canoso, con acento extranjero, quien dijo llamarse Juan Emde. Se presentó como investigador privado y anunció que tenía datos importantes para aportar. Entregó una fotocopia de una foto de uno de los profanadores, que sería integrante de la SIDE, y dos artículos de Clarín referidos a la falsificación de dólares. También acompañó la copia de un acta judicial realizada en la bóveda de Tomás Perón el día en que se conoció el hecho. Neira fue derecho al grano, le preguntó qué buscaba, y Emde le dijo que no pensaba trabajar gratis y prometió más datos la semana entrante. Dos días después, más precisamente el 16 de julio, insistió en ver a Neira pero lo atendió un empleado de su estudio. Entonces, Emde le advirtió que iba a haber un atentado, tal cual constaba en el memo de la SIDE que le había entregado, y que Neira debía dirigirse en lo sucesivo a las autoridades correspondientes.

La policía comenzó a investigar la “pista Emde”. Según un informe elaborado por la Superintendencia de Interior de la Policía Federal, y firmado por el comisario inspector Carlos Máximo Quinteros, se pudo comprobar que las llamadas que Neira había denunciado fueron realizadas desde una cabina telefónica ubicada en Perú y Rivadavia, y que también había llamado a otra persona para informarle acerca de un posible atentado contra el presidente Alfonsín. Había dado el número telefónico 797-7566, que correspondía a la dirección José María Paz 2577, Olivos.

En efecto, allí vivía Juan Jürgen Emde, “que se lo conoce por tratarse de una persona que frecuentemente se acerca a distintos organismos nacionales, de seguridad e inteligencia, pretendiendo aportar informaciones”. Fueron a su domicilio y lo llevaron para interrogarlo en el Departamento de Asuntos Nacionales de la Policía Federal. Dijo ser alemán, nacido el 25 de noviembre de 1940 en Hessen, y que su ocupación era investigador independiente. Citó como fuente de sus denuncias a las notas publicadas por El Informador Público en las que se había dicho que la DINA chilena (Dirección de Inteligencia Nacional, el servicio de inteligencia de Chile) había intervenido en la profanación y que a partir de estas evidencias había comenzado su investigación. Recordó que en la primera quincena de enero de ese año 88 había llegado una delegación de narcotraficantes colombianos y brasileños. Uno de ellos se comunicó telefónicamente. Era Melocotón Villegas, que en realidad se llamaba —según Emde— Jacobo Basserman y había sido detenido en una operación denominada Piscis, realizada por la DEA en mayo de 1987 en Panamá. Agregó que pertenecía a la banda internacional de narcotraficantes cuyo jefe era César Luis Menotti, ex director técnico de la Selección argentina de fútbol campeona en 1978.

Emde agregó que Villegas-Basserman lo había amenazado de muerte porque en 1985 le había roto el negocio que tenía armado Menotti y que durante quince días estuvo recibiendo llamados de una persona que se identificó como Papaya González, quien le ofreció entrar en la organización para hacer de correo, a lo que se negó. Siguiendo con el testimonio de Emde, su informante era el doctor Marcelo García Reynoso, secretario del Juzgado de Instrucción Nº 21 de la Capital Federal, a cargo entonces de Héctor Grieben, quien era además miembro de la CIA, del Servicio de Inteligencia británico, y de la logia masónica Saint James, según su declaración. Reynoso le había dicho que la delegación de los narcotraficantes que había llegado de Colombia estaba alojada en la Tower del Hotel Sheraton, planeando el futuro político de la Argentina y su relación con el narcotráfico y la mafia internacionales. El complot incluía el asesinato del presidente Alfonsín cuando se encontrara con su colega brasileño José Sarney durante una visita a la planta de la empresa Swizer.

Y dio más datos: el atentado ocurriría en el momento en que el vicepresidente argentino, Víctor Martínez, integrante del plan, se separara de la comitiva oficial, y que participaría un pelotón de fusilamiento que haría estallar, desde una distancia prudencial y a control remoto, un vehículo cargado de explosivos, la fuga sería en un helicóptero de la Fuerza Aérea chilena que los llevaría a ese país. Luego asumiría como presidente Víctor Martínez, quien prepararía el país para el narcotráfico. A su vez se crearía un nuevo partido político denominado Nueva América, detrás del cual estaría el líder libio Muhamar Kadafi.

En su desopilante relato, Emde agregó que este plan estaba relacionado con la profanación y el robo de las manos de Perón, ya que los 8 millones de dólares estarían destinados al pago del grupo encargado del asesinato. Además, llevaría un porcentaje Roberto Julio Marconi, quien habría cortado las manos de Perón y permitido su robo del cementerio de la Chacarita facilitando las llaves del Blindex. Marconi sería —siempre por lo expresado por Emde— pariente del sobrino político de Perón, Roberto García.

Insistió con que en ambos temas estaban ligados el diputado César Jaroslavsky; el ministro de la Corte Suprema, Augusto César Belluscio; el empresario César Blaquier; el entonces subsecretario de Defensa, doctor Mosso; César Barreiro, financista de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y un tal Piraghi, con domicilio comercial en Uspallata 2735 y Lavardén 529, en Capital Federal. También estarían relacionados el general Otto Paladino; los ex agentes de inteligencia Juan Ruffo y Aníbal Gordon; el general Guillermo Suárez Mason; el brigadier Lacabane; el presidente de Perú, Alan García —cuya esposa era sobrina del vicepresidente Martínez—; el canciller argentino Dante Caputo; el ex oficial primero del Juzgado de Instrucción Nº 21, Raúl Carolla; el almirante Emilio Eduardo Massera; el general Trimarco; el dirigente radical Enrique Nosiglia; el jefe de la Policía de Córdoba, Roberto Samon, detenido a disposición del juez de Morón, Ramos Padilla; el comisario general Ignacio Felipe Wassensan, y un coronel retirado de apellido Bucheinore. En su relato plagado de nombres famosos y situaciones inimaginables, agregó que, no obstante este complot internacional, pilotos de la Fuerza Aérea Argentina estarían preparados para una posible interceptación del helicóptero que transportaría a Chile al insólito “pelotón de aniquilamiento”.

Emde reconoció que había llamado a Neira para contarle los pormenores del atentado y que la llamada la había hecho desde la cabina de Perú y Rivadavia. Indicó que había elaborado un documento con todo lo que sabía y que se lo iba a enviar al comisario Pedregosa, integrante de la custodia presidencial.

También involucró en el tema de las manos de Perón a Alberto Espalo, asesor de Salvador Salvatierra, padre de Graciela Salvatierra, casada con César Luis Menotti en 1963. Emde realizó la declaración policial el 17 de julio de 1987 al inspector Cerutti, del Departamento de Asuntos de la Nación. La investigación tomó nota de todos sus dichos, pero no le dio importancia. De ser así todo lo que había relatado, la Argentina hubiese estado al borde de una guerra civil por el asesinato del presidente de la Nación a manos de una banda mafiosa internacional de narcotraficantes asociada al gobierno chileno y al vicepresidente de la República. Las dudas sobre la salud mental de Emde aparecieron enseguida. Entonces se solicitó una pericia psiquiátrica. El informe fue esclarecedor: “Es incoherente y, aunque orientado en tiempo y espacio, muestra durante su interrogatorio ideas delirantes y persecutorias. Su juicio está conservado y su memoria es prodigiosa”. Todo muy insólito. De no creer.

Siguiendo con las distintas pistas falsas que se sembraron en los primeros tiempos de la investigación reaparecieron varios desinformantes, habituales colaboradores de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas argentinas, en especial el Ejército. Uno de ellos fue Juan Alberto Imbesi, delincuente con frondoso prontuario y gran “buchón”, como él mismo se definió. Su nombre ya figuraba en una de las fabulosas declaraciones que había hecho su colega Mario Aguilar. Su historial como delincuente comenzó a los 29 años, cuando el 7 de enero de 1983 fue detenido y luego condenado a seis años de prisión por robo, recuperando su libertad el 30 de septiembre de 1986. Fue vinculado al asesinato de la diplomática Elena Holmberg y a la desaparición del ex senador Dardo Francisco Molina. Posteriormente, conoció en la cárcel a otro ex servicio del Ejército, Aníbal Gordon. En abril de 1987, Imbesi vivía con su mujer y tres hijos en el tercer piso departamento “B” del edificio de Rivadavia 848.

El 22 de agosto, la policía allanó su casa. Imbesi fue detenido y le secuestraron bastante documentación. Declaró durante horas ante la investigación y era obvio que sus argumentos fueron coincidentes con las teorías conspirativas, planes desestabilizadores y asesinatos a manos de grupos mafiosos. Con relación al robo de las manos de Perón, Imbesi dijo que podrían estar vinculados al hecho Estanislao Oreste Vaello (transcripción fonética) y Héctor Sendón, con quienes había compartido su tiempo en la cárcel. Ambos eran conocidos de Poroto, un allegado al dirigente sindical metalúrgico Lorenzo Miguel, y estaban al tanto de los planes desestabilizadores.

Después fueron detenidos Bruno Lorusso y Patricio Cifuentes, amigo de Imbesi desde la infancia. Cifuentes dijo que el 20 de enero de 1987 Imbesi y Lorusso, con otros cómplices, fueron capturados por la Policía Bonaerense a raíz del robo de un camión que transportaba latas de tomates y telas. Confesó que mientras él estuvo preso había dado distintas pistas e informaciones falsas para mejorar su condición de reo, una costumbre que también practicaba Imbesi. El 23 de agosto todos recuperaron la libertad.

Otra historia increíble fue la de “El Andaluz”. A las 10.20 de la mañana del 21 de agosto de 1988 fue hasta los Tribunales de la Capital Federal donde intentó llegar hasta el despacho del juez Far Suau. Pero se equivocó de secretaría. Igual insistió y siguió caminando por el pasillo y al llegar al despacho del magistrado lo atendió un sargento de la Policía Federal que estaba de guardia.

—El juez no está —le dijo en forma cortante.

Entonces, “El Andaluz” salió y se dirigió a un café donde escribió una carta al juez para relatarle todo lo que, supuestamente, sabía sobre el robo de las manos de Perón:

El día 28 de junio de 1987 a las 5.50 de la mañana, salía yo de la oficina del chapero y desde arriba observé que de la calle que da a la bóveda del general Perón salían 5 personas y se dirigieron a la tumba de José Ignacio Rucci, en la cual estas personas pintaron todo el frente y costados con palabras de la CGT y vivas a su secretario general. Todo esto era visto por mí que los seguía a cierta distancia; después se dirigieron al busto de Eva Perón y también hicieron lo mismo. En estos dos actos arrojaron volantes pertenecientes a la CGT, se retiraron por el lado del panteón del Centro Gallego al llegar al panteón de la municipalidad (empleados) los esperaban 2 (dos) coches Ford Falcon, el primero de mi lado, borravino techo negro, y el guardabarros trasero izquierdo chocado chapa B 1.789.502, y el otro Ford más moderno azul, cuyos 3 últimos números de la chapa son 621, más no pude ver por la oscuridad y el miedo de que se dieran cuenta de que los seguía. Por su accionar eran policías, al parecer el que daba las órdenes a los demás que lo seguían era un hombre de 42 o 45 años, de más de 2 metros de altura, botas color beige y pelo crespo; y otro de ellos, un gordo de más de 200 kilos que al parecer hacía de campana porque miraba hacia todos lados y era mucho más bajo y joven que el que mandaba. Yo quisiera saber qué hacían en el lado de la tumba del general Perón y por qué pintaron la bóveda de José Rucci y el monumento a Eva Perón...

Con estos datos la investigación se orientó a detectar algunos de los autos. El del número de la patente lo encontraron en la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, en Monseñor Piaggio 44, en Avellaneda. Era de color bordó con techo vinílico negro y con su guardabarros trasero izquierdo chocado, tal cual lo había descripto “El Andaluz”.

El auto era utilizado por el secretario general del gremio, Gerónimo Izetta, y su chofer era Carlos Domingo Ledesma, un hombre de 170 kilos, realmente voluminoso como el que también había descrito el anónimo. Pero Ledesma desmintió la denuncia. En su testimonio realizado el 14 de octubre de 1987 aclaró que en la madrugada del 28 de junio del mismo año había estado en su casa festejando el cumpleaños de su hijastra por lo que era imposible que estuviera en la Chacarita al mismo tiempo, y que el choque del guardabarros fue por un accidente ocurrido el 30 de julio —un mes después del descubrimiento de la profanación—, cuando se dirigía de la Federación a la CGT, acompañado del dirigente Izetta. Por esta vía no se pudo avanzar y “El Andaluz” nunca más apareció.

Después vio la luz otra pista falsa plantada a la investigación, que resultó ser de muy mal gusto. Tomás Romano Toara, un boliviano de 35 años, era el encargado de la playa de estacionamiento ubicada debajo de Plaza Francia, Recoleta. Un día detectó una caja sospechosa en el lugar, con un sobre pegado en la parte superior que decía: “Aquí devolvemos las manos de mi general”. Asustado, llamó inmediatamente a la policía. En su interior había una carta con membrete de la CGT firmada por el “Comando 26 de julio” con tres firmas ilegibles:

Al pueblo argentino: acá dejamos las manos del general. Hemos recapacitado en nuestra actitud macabra. Si en vida el general no valía ni cinco guita, menos ahora “sus manos” pueden valer 8 millones de dólares. Que así también cesen los versos del oficialismo (don Raúl, etc.) y también de nuestros compañeros, ¡cierren el asunto!

¡Descanse en paz mi general!

A las cinco y media de la tarde del 28 de julio de 1988, personal del cuerpo de policía montada destacado en el cementerio de la Recoleta llamó al departamento de explosivos de la Superintendencia de Bomberos. Abrieron el sospechoso paquete. La escena fue patética: las supuestas manos de Perón eran, en realidad, dos patas de cerdo que después fueron quemadas.

A fines de octubre de ese año la investigación comenzó a seguir otro dato que había llegado hasta el escritorio del juez. La información decía que el propietario del taller mecánico ubicado en Oliden y Zuviría, Capital Federal, tendría información valiosa para la causa. Integraba un grupo de la interna radical que, a su vez, estaba vinculado a un comité cercano que habría estado relacionado con la profanación. Pero nada se pudo comprobar. Otra vez se perdió un tiempo valioso distrayendo personal y los escasos recursos de que se disponían. Fue la última pista falsa que se cruzó en la investigación antes de que se cerrara la causa.

Un mes más tarde moría el juez Far Suau.

Y se acabaron los operativos de distracción, las pistas armadas para que el magistrado y su equipo perdieran tiempo y se alejaran de la posibilidad de encontrar la verdad. Pero dejaron datos que tiempo después fueron importantes. La mayoría de los personajes que se movieron detrás de estas pistas falsas habían estado relacionados con distintos servicios de inteligencia, en especial del Ejército. Y había algo que los delataba: la información estaba basada en las mismas argumentaciones. Esto es, que la profanación habría sido parte de distintos planes desestabilizadores con asesinatos de presidentes, la participación de la masonería, la P2, mafiosos, narcotraficantes, grupos que operaban desde Brasil y Paraguay.

SIETE
La hipótesis esotérica

Hermes, entre los romanos Mercurio, era el mensajero e intérprete de los dioses. El nombre proviene de Hermes Trimegisto, conocido en la literatura ocultista como el sabio egipcio, paralelo al dios Tot, también egipcio, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas conocido como hermetismo. En los últimos momentos antes de la muerte de Juan Domingo Perón, su secretario, sirviente y astrólogo, José López Rega, le dijo: “No se vaya, faraón...”.

El “Brujo” o “Hermano Daniel”, como se lo llamaba a Lopecito, consiguió introducir las prácticas esotéricas a la vida cotidiana del matrimonio Perón. Integró también la Logia Anael, una organización espiritual no ortodoxa y política que tuvo un importante protagonismo en los años 50. Habría sido fundada en 1954 por el propio Perón y el presidente de Brasil, Getúlio Vargas, según contó uno de sus creadores, el dirigente ortodoxo Julio César Urien. Pretendía ser similar a la poderosa Rosa Cruz, de origen masón, fundadora de los Estados Unidos como país independiente, que hoy sigue teniendo gran influencia desde su sede en California.

La Logia Anael dio impulso al proyecto de integración entre Argentina, Brasil y Chile conocido como el Tratado ABC. Fue la única vez en que Brasil estuvo subordinado a la conducción política argentina, ya que Perón tenía más jerarquía que Getúlio Vargas en la organización y, por lo tanto, conducía el proceso. La idea era construir un nuevo orden sudamericano, poner en marcha el Tratado ABC y avanzar hacia el norte en la integración. A pesar de que el acuerdo se firmó, finalmente el proyecto se diluyó y la logia perdió todo protagonismo.

Pero Anael fue relanzada en los primeros años de la década del 60, momento en el que apareció en escena López Rega, a quien Urien utilizó para tender un nuevo puente hacia Perón. En 1965, el Brujo editó la Astroagenda en Suministros Gráficos del Estado, donde era coadministrador. En sus talleres, al final de la calle Salguero, pegados al Aeroparque de la ciudad, se convocaban las reuniones de la logia. Según escribió el historiador norteamericano Joseph Page en su biografía sobre Perón, durante los años de exilio, López Rega le preparaba a su jefe mapas astrológicos de los líderes militares más importantes del mundo. En 1974 el Brujo publicó el volumen Astrología esotérica, de 775 páginas, con 36 láminas a todo color. Eran cuatro libros en uno, con los títulos Zodíaco multicolor, Zodíaco vegetal, Zodíaco musical y Sistema abreviado de astrología. Y también el libro Alpha y Omega, con evocaciones a los ritos Umbanda, Brahma, Vishnú y otros exotismos, y que proponía ingresar “en el terreno de los misterios masónicos propiamente dichos”.

Quienes conocieron al general Perón en la intimidad reconocieron que era una persona muy espiritual. Había tenido sus primeras influencias siendo niño a través de la cultura de su madre indígena, quien experimentó los ritos indios de los chamanes y curanderos de campo. Perón creía en el poder de la energía humana. Le gustaba estudiar el origen de las corrientes espirituales y religiosas. Decía que el mundo giraba sobre la creencia de un nuevo orden mundial poderoso, que no sería sólo político sino también espiritual y religioso.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, el General entendió que ese nuevo orden mundial iba a tener como eje la hegemonía de los Estados Unidos, y que ese poder nacido en el mundo sajón calvinista iba a ser esencialmente económico y no espiritual como mejor representaba la corriente luterana. También tuvo una estrecha relación con Andreaux Barbauld, un reconocido espiritualista que marcó época y que se había especializado en astrología política.

Cuando, finalmente, los militares argentinos le devolvieron en España el cuerpo de Evita, gracias a la intermediación de jefe de la P2, Licio Gelli, haciendo uso de sus supuestos poderes esotéricos y espiritistas, López Rega mandó a ponerlo en el segundo piso de la residencia madrileña. Algunos testimonios de la época contaron que allí El Brujo hacía acostar a Isabel Perón sobre el ataúd y entre velas encendidas intentaba que recibiera los flujos espirituales de Evita, para cargarse con la energía karmática de la mujer más famosa de la historia argentina. Una vez muerto Perón en 1974, Lopecito siguió insistiendo en intentar encarnar el espíritu de Evita en el cuerpo de la última esposa del General que, quisieron el destino y las fuerzas celestiales, quedó al mando de un país que empezaba a prenderse fuego.

No era el único funcionario del gobierno de Isabel Perón que frecuentaba las asociaciones secretas. Tal es el caso de su ministro de Economía, Celestino Rodrigo, un masón de origen como su par de Defensa, Adolfo Savino, que formaba parte de la logia los Caballeros Americanos del Fuego (Cafh), donde uno de los libros de cabecera que se leía con gran fruición era Arbolada del hombre nuevo, escrito, precisamente, por Rodrigo. Desembarcó en Economía gracias a su relación con López Rega y pasó a la historia por el mal recordado “Rodrigazo”, una devaluación de la moneda feroz que produjo un descalabro en la economía y la evaporación de los ahorros de cientos de miles de argentinos.

La logia Cafh fue fundada en la Argentina en 1937 por el italiano Santiago Bovisio y fue conducida durante décadas por Isaac Waxemberg. La misión de “Los Caballeros” es formar hombres nuevos que puedan dominar el mundo. Toman elementos de las órdenes de caballeros y de templarios medievales. Uno de los colaboradores principales del ministro Rodrigo fue Pedro Pou, el ex presidente del Banco Central de la República Argentina durante los últimos años del gobierno de Menem y el primero que tuvo el ex presidente Fernando de la Rúa, quien sucedió al riojano peronista.

Muchas de estas asociaciones o logias desde siempre se insertaron y operaron en distintos niveles en el poder de la Argentina. Los tres gobiernos peronistas no estuvieron exentos. Sin embargo, nada demuestra que el presidente Perón hubiese pertenecido orgánicamente a alguna de ellas. Antes que nada era un oficial militar, tenía una estricta formación castrense basada en el modelo del ejército prusiano. Aunque el verticalismo de los hombres de las Fuerzas Armadas argentinas no excluye a las organizaciones autónomas, como los grupos de tareas y otras estructuras cerradas que se expresan a través del funcionamiento de distintas “logias” internas de poder.

Llevó más de un siglo que se aceptase finalmente que los grandes héroes militares no fueron más que el resultado del accionar de algún grupo de poder extrainstitucional. Desde la logia masónica “Lautaro”, que dio soporte a la campaña libertadora del general José de San Martín, pasando por la determinante influencia de la masonería inglesa en la Argentina, que fue la creadora de la Armada, hasta el frustrado movimiento nacionalista de los llamados “carapintadas”, la historia del país está plagada de casos vinculados a una trastienda cuyos límites misteriosos dieron lugar a mil versiones. Perón tuvo su propia logia operativa. Se trató del GOU (Grupo de Oficiales Unidos), el instrumento que organizó un sector del Ejército para llevar adelante un proyecto de poder y de país que tuvo al general Perón como su mejor intérprete.

¿Perón fue masón? ¿Fue miembro activo de otra logia masónica, la llamada Propaganda Due? ¿Formó parte de un grupo espiritista o ultracatólico? ¿Fue atrapado por las prácticas esotéricas de su secretario y sirviente José López Rega? Una vez el dirigente peronista Vicente Saadi comentó que había visto en la casa de Perón en Madrid una foto de una ceremonia que realizó en Puerta de Hierro el grupo ultracatólico “Los Templarios”, en la que se veía al general participando. ¿Es prueba de algo?

Hasta el presente no existen documentos testimoniales de que haya sido un miembro activo de secta, logia, organización ilegal, asociación secreta o grupo lobbista, durante los años en que ejerció un poder omnímodo en el país. Por su forma de ser, es difícil imaginar a un Perón subordinado a una conducción superior a él y a la que ni siquiera pudiera manejar o controlar. A la luz de la historia y de las estrategias políticas que desarrolló, es una realidad palpable que Perón mantuvo vinculaciones políticas con cuanto grupo de poder se le acercara, llámese masonería, P2, católico, judío, árabe, esotérico, militar, sindical o económico. Pero también es cierto que en esos sistemas cerrados se suelen manejar otro tipo de intereses que son operados por organizaciones irregulares o paralelas.

Por eso no extrañó la versión que se disparó cuando se conoció el robo de las manos: se dijo que había sido obra de una logia o una venganza del tipo masónico. La idea prendió de inmediato. El simbolismo de las manos, la forma en que fueron seccionadas, el cuidado que se tuvo en los detalles de la operación y el misterioso nombre “Hermes” al pie de la carta dan sustento a las ideas de que detrás de la profanación hubo un mensaje oscurantista. ¿Fue un castigo? ¿Por qué fueron precisamente las manos y no otra parte del cuerpo? La firma de “Hermes IAI y los 13” pareció dar una pista importante, una rúbrica misteriosa e indescifrable y un número que coincidía también misteriosamente con los años que hacía que el general Perón había fallecido. Según consigan los periodistas David Cox y Damián Nabot, “fue la forma de advertirle a Perón que había sido juzgado en su tránsito al más allá, que poderes ocultos lo habían diseccionado para someterlo a una nueva agonía”, escribieron argumentando, además, que para que un cuerpo pase a la eternidad tiene que estar completo si no, el alma se destruye. La “Segunda Muerte” a la que hacen referencia los autores es la espiritual y el responsable de la profanación del cuerpo de Perón fue Licio Gelli, que tenía un rencor personal contra él y que en aquellos años 80 encabezaba un proceso de desestabilización a la naciente democracia.

Después de la profanación de la tumba hubo un aluvión de interpretaciones esotéricas. El entonces profesor Julio Fernández Bernades intentó dar una explicación de toda la simbología que rodeó el hecho. Antecedentes para opinar no le faltaban: tenía cátedras de Griego y Latín en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también era doctor en Letras de la Universidad de Toulouse, Francia, además de experto en simbolismo mitológico. Según él, primero había que detenerse en la palabra Hermes, mensajero de los dioses, cuya función es conectar lo divino con lo profano. “Es el conductor de las almas divinas, una especie de custodio de cómo son las cosas de un lado y del otro. Del conocimiento hermético descienden el conocimiento gnóstico, la línea cristiana, la cábala y, por supuesto, toda la alquimia europea. De ahí que muchas veces se lo relacione con el ocultismo, palabra que recién surge con el Renacimiento. Las ciencias tradicionales están simbolizadas en tres portarles de las catedrales góticas, tres portales para entrar a la zona sagrada. Tres caminos: la astrología, la alquimia y la magia. Estoy seguro de que de esa magia salen los símbolos de la profanación”, aclaró.

Para Fernández Bernades el mensaje más claro, el que más simbolismo tiene, es el “13”:

Es el final de todo, es la muerte. Lo representa una de las cartas del tarot con una calavera y varias manos surgiendo de la tierra, a modo de saludo. Son trece también las personas reunidas en el cenáculo para realizar sesiones de tipo espiritual. En realidad los “13” pueden juntarse operativamente para un ceremonial mágico y eso depende del tipo de trabajo. Las hay del tipo caballeresco, alquímico o litúrgico. Nadie puede descartar que se persigan otros fines y se reúnan para llegar más allá. Muchos se juntan para lograr el surgimiento de lo divino dentro de lo profano. Creo que la participación de un grupo aparentemente hermético en la escena política, cortando las manos de Perón, no corresponde a la obra de auténticos iniciadores. Gente con verdaderos conocimientos espirituales no hace esto. Esto estuvo en manos de muchos que utilizan conocimientos tradicionales. Aquí se quiso disfrazar, despistar, desviar la mirada. Pero hay algo que me llama la atención: ¿por qué se cortan las manos? En términos de la masonería es el típico castigo al traidor, eso es la ley en todas las órdenes. A una orden se entra sólo por un juramento. Cualquier persona que utilice en contra de ella o de algunos de los otros miembros sus fuerzas, será castigada. Cercenar las manos a quien las utilizó en contra de sus hermanos. En el tarot el arcano 13, la muerte, tiene las manos cortadas sobre la tierra.

Algunas de las logias o asociaciones secretas que operan en el poder real pudieron mutilar el cuerpo de Perón como una señal inequívoca de su presencia. Desde el propio peronismo se aceptó que el corte de las manos de su líder pudo haber respondido a una venganza o castigo de una logia, masónica o de otros orígenes. Una interpretación muy particular la brindó el doctor Julio González, secretario técnico de las presidencias de Héctor J. Cámpora, Juan Perón y secretario privado de Isabel Perón. Así entendió el mensaje oculto y político, detrás de la profanación:

Las cuestiones más complejas y enigmáticas tienen la explicación más simple. La mano es herramienta elemental para realizar cualquier obra o trabajo. Desde dactilografía hasta neurocirugía. La mano es también un arma elemental de defensa. Si nos agreden, extendemos la mano para impedir que nos lesionen. El corte de las manos que nigrománticamente se hizo sobre el cadáver de Perón puede tener esta significación: un mensaje que expresa que quien quiera construir un Estado independiente sobre una tierra que nos pertenece, habrá de tener el destino de este hombre. Quedan advertidos quienes intenten hacer lo mismo.

El entonces apoderado de Isabel Perón, Juan Gabriel Labaké, fue directo al tema. Para él, católico practicante, detrás del robo de las manos se había movido el poder masón. Fue el primero en ver en la autoría intelectual de la mutilación a la masonería inglesa. En una nota que publicó la revista Gente explicó lo siguiente:

—Creo que de entrada hay que descartar el móvil económico. Dos veces se siguieron los pasos que los criminales habían pedido. La primera vez fue cuando hicieron llegar una nota a la CGT. Allí se pedía que se publicara un aviso “codificado” en un diario para informar que estaban de acuerdo con la operación. Así se hizo, pero los profanadores nunca mostraron la cara ni se volvieron a poner en contacto. La segunda vez, los criminales se pusieron en contacto conmigo. Me pidieron que fuera a Montevideo y que allí recibiría nuevas instrucciones. Nos pusimos de acuerdo con Far Suau y me fui para Uruguay. Los secuestradores nunca aparecieron. Tomando como base estas dos actitudes, es obvio que el móvil de la cuestión no era económico. Porque si no, se hubieran mantenido los contactos hasta que los criminales pudieran conseguir algún dinero. Pero, sin embargo, siempre que tuvieron la posibilidad de hacerlo, desaparecieron de la escena.

—Correcto, con esto queda la tesis de delito económico descartada. Pero ¿qué hay acerca de los móviles políticos?

—Tampoco creo que el tema pase por ahí. Las manos de Perón son (o eran) una bomba de tiempo en el aspecto político. Si se las pensaba utilizar para armar un escándalo, para lograr que el partido se resquebrajase o que hubiera peleas internas, se tendrían que haber utilizado a lo largo de estos años, y sin embargo nunca pasó nada. Nunca apareció una caja con las manos destruidas o sanas o algo que motivara que se agitara la clase política del país. Si los motivos eran políticos, los fines por los cuales habrían hecho esto no habrían sido cumplidos. Todo el asunto hubiera sido un desperdicio.

—En un momento se habló de un posible “ajuste de cuentas” por parte de los montoneros...

—Sí. Escuché algo de eso. Estoy en condiciones de asegurar que nada de eso es cierto. Nunca hubo tal reunión en Madrid ni nada que se le parezca. Aparte, si tomábamos en cuenta la actitud de Montoneros desde el momento de la profanación hasta ahora, no es una actitud beligerante ni de odio; por el contrario, es más bien pacificadora (con respecto a la clase política o su pasado histórico). No tendría sentido que Montoneros hubiera hecho algo así. No tendría razón de ser.

—¿Y simplemente el odio político?

—El grupo o los grupos que odiaran la figura del general Perón de esa manera, y quisieran destruir su imagen u ofender sus restos, no se hubieran tomado el trabajo de hacer lo que hicieron y profanar el cadáver cortándole las manos. Directamente ponen un kilo de trotyl en la puerta del nicho y asunto terminado. Por lo que tampoco creo que la tesis del odio político sea válida.

En 1999 volvimos a entrevistar a Labaké. Reforzó su teoría de que el robo de las manos fue una venganza de una secta internacional, más precisamente de la masonería. “No tengo motivos que me hagan cambiar el pensamiento acerca de que se trató de un rito o venganza de tipo masónica. Hubo un ritual en lo que hicieron. Y sé que el corte de las manos es un ritual masónico.” Dijo que eso se lo había comentado José Patricio McGuire, un estudioso y archienemigo de la masonería en los peores momentos de enfrentamientos entre la logia y el catolicismo. “A los traidores, como a Calvi, los cuelgan y les ponen una piedra en el bolsillo. El corte de las manos es para los enemigos mortales. Y Perón había sido un enemigo de la masonería inglesa. No había hecho una alianza porque prefirió los Estados Unidos a Gran Bretaña. Perón quería liberar al país de los ingleses”, insistió Labaké. Años después, en declaraciones periodísticas realizadas en 2014, Labaké volvió a hablar del tema diciendo que cuando habló con Isabel, ella le dijo que habían sido los que estaban resentidos con Perón y mencionó a la Logia P2; a la masonería inglesa; a la “mano de obra” desocupada de la dictadura militar; a los Montoneros, y algunos sectores de la SIDE que en 1987 aún respondían a grupos militares. “De todas las conversaciones que tuve con ella llegué a la conclusión de que estaba convencida de que la profanación tenía una raíz esotérica. Aunque yo creo que también hubo móvil político”, insistió.

En el libro La masonería, política y sociedades secretas, del historiador y periodista Emilio Corbière, se confirma que la masonería argentina niega que el general Perón haya sido un miembro formal y activo de la logia. La única vinculación que encuentra el autor entre la masonería y Perón está relacionada con un documento que publicó la revista Noticias el 12 de julio de 1997 acerca de los bienes y los archivos que había dejado Perón y que quedaron bajo la custodia del dirigente peronista Mario Rotundo. Se trata de una carta de la Massonera Universale del Rito Scozzese Ant. e Acc. Supremo Consiglio del 33° de ultimo grado. Unico regolare legittimo, per l’Italia e sue dipendenze, firmada por el Soberano Gran Comendador Gaetano Taranto y otros nombres del Gran Secretario y del Gran Guardasellos ilegibles. El texto fue dirigido a Perón cuando estaba exiliado en República Dominicana, y Corbière, que era masón, dice que el documento tiene poca trascendencia. Se relatan aspectos de los comicios electorales en la Italia de aquellos años y le solicitan a Perón colaboración financiera para la campaña de candidatos presuntamente masones.

El historiador averiguó sobre esta logia en la masonería de Buenos Aires, pero le fue negado cualquier tipo de vinculación. Del texto se desprende que el “Grado 33” es honorífico y que se le pudo haber dado a Perón en su calidad de presidente argentino, sin ceremonias ni cumplimiento de ritual alguno. En la misma carta italiana figura junto con otros presidentes de la época: el salvadoreño José María Lemus y los dictadores Anastasio Somoza, de Nicaragua, y Carlos Castillo Armas, de Guatemala. Corbière consultó en Italia los orígenes de esta logia. Le explicaron que en 1908 se separó del Gran Oriente un pequeño núcleo para apoyar la enseñanza religiosa en las escuelas. De este grupo, irregular y espurio, según el Gran Oriente Italiano, procedería la logia que le habría dado estado masónico a Perón.

Siguiendo la hipótesis de que detrás del robo de las manos se movieron fuerzas masónicos, decidimos contactarnos con los jefes de la masonería criolla. El encuentro tuvo lugar en una tarde fría y ventosa, el viernes 5 de julio de 1996, en un edificio ubicado en la calle, paradójicamente, Perón, entre Libertad y Talcahuano. Es una construcción de principios de siglo, tantas veces sospechada de esconder entre sus paredes a gran parte del poder a lo largo de la historia argentina, el bunker que por años sólo dio lugar a elucubraciones y silencios cómplices con los gobiernos de turno. Su nombre legal es la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, nacida el 11 de diciembre de 1857 por iniciativa de Roque Pérez.

En la Argentina existen alrededor de 20 mil masones distribuidos en 150 logias registradas —que suelen practicar el Rito Escocés Antiguo y Aceptado— y otros 150 grupos que operan secretamente. Las logias se dividen en históricas, que se dedican a investigar el pasado, racionalistas —orientadas a explorar los caminos de la razón para alcanzar el conocimiento— y simbólicas, que buscan el crecimiento espiritual a través de la interpretación de los símbolos. Asimismo, figuran las logias políticas y operativas. Funcionan con objetivos concretos y una vez que los consiguen, se desarman. A la masonería se ingresa por invitación de un masón o por iniciativa propia. Al que quiere entrar se le hacen tres entrevistas, funciona un sistema de votación interna y en una ceremonia secreta se hace la “iniciación”.

Son muchos los nombres de la historia nacional que formaron parte de la gran masonería argentina, que fueron grandes protagonistas de la etapa fundacional del país y manejaron sus destinos. Apenas se ingresa en el edificio uno se choca con el busto de Domingo Faustino Sarmiento. En el hall de entrada una escalera conduce a los pisos superiores; a la derecha hay un bar y en la pared un cuadro del general San Martín, ya anciano y pensativo. Mientras esperábamos que nos atendieran nos pusimos a leer las placas de bronce con los nombres de los grandes maestres, ubicadas en cuadros especiales. Ahí figuraban Leandro N. Alem, Bartolomé Mitre y Agustín P. Justo, entre otros. La lista de los argentinos masones y célebres es amplia: José Hernández, Miguel Cané, José Mármol, José Ingenieros, Manuel Ugarte, Leopoldo Lugones, Evaristo Carriego, Joaquín V. González y Arturo Jauretche. También el músico de tango Francisco Canaro y el actor Enrique Muiño. Entre los políticos, fueron masones reconocidos Mariano Moreno, los socialistas Alfredo Palacios y Simón Lázara, el demoprogresista Lisando de la Torre y el justicialista Alberto Teisaire, que presidía el partido cuando se registraron los enfrentamientos entre el peronismo y la Iglesia Católica en los años cincuenta.

Entre los militares están los nombres de Álvaro Alsogaray y Rosendo Fraga; de los marinos hay que citar al almirante Isaac Rojas, que encabezó el golpe de Estado contra Perón en 1955, y al capitán Francisco Manrique, otro declarado antiperonista que intervino en el secuestro del cadáver de Eva Perón.

Con la mala fama que había cosechado en décadas, y gracias al abierto enfrentamiento con la Iglesia Católica, en 1994 la masonería argentina decidió salir de su ostracismo e inició una política de apertura hacia la sociedad. Seguramente, en el marco del acercamiento entre el catolicismo de Juan Pablo II y el mundo protestante, la masonería criolla se reunió en la Casa de Gobierno con el presidente Carlos Menem y salió en los diarios contando la entrevista. Esta apertura nos permitió, sin obstáculos, visitar a Alberto Peláez, Gran Secretario de la Gran Logia de la Argentina, para hablar del tema de las manos de Perón. El encuentro se concertó gracias a la gestión de Juan José Ashworth, un ex miembro de la logia. En una oficina pequeña junto al hall de entrada, el secretario de la organización nos estaba esperando. A la vista estaba la lista completa de los presidentes argentinos fallecidos que fueron masones hasta ese año: Bernardino Rivadavia, Vicente López y Planes, Justo José de Urquiza, Santiago Derqui, Bartolomé Mitre, Domingo F. Sarmiento, Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini, Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, Hipólito Yrigoyen y Agustín P. Justo. En el ambiente había un primer gran misterio que podía ser clave para nuestra investigación.

—¿Juan Domingo Perón fue un masón más en la Argentina?

—La masonería no tuvo ni buenas ni malas relaciones con el general Perón. Se puede decir que, directamente, no las tuvo de ningún tipo durante sus gobiernos. Yo diría que desde la Revolución del 30 la masonería argentina se encerró en sí misma, se encapsuló. Dejó de tener hombres públicos de importancia como los que había tenido a lo largo de la historia. Con el peronismo no hubo relación. Que algunos masones estuvieran en el gobierno es otra cosa. Por ejemplo, el almirante Teisaire era uno; otro fue el ex ministro Antonio Benítez. Que yo tenga información, Perón no intentó tener contacto institucional con la masonería argentina en los años 40. Sucede que aquí no queda ningún registro de ese tipo de actividades o de relaciones.

—Perón pudo ser iniciado en el extranjero, en Italia por ejemplo.

—En este caso es lo mismo si Perón fue o no iniciado en Italia. La masonería regular italiana no tiene antecedentes. Pero Perón pudo ser iniciado por una logia irregular que son las que trabajan al margen de la masonería regular. Con las logias irregulares nosotros no mantenemos relaciones.

—¿Qué son las logias masónicas regulares?

—La regularidad está dada por la forma en que funciona. Para nosotros la regularidad pasa, por ejemplo, por el hecho de no admitir mujeres en la organización. Hay otras masonerías de mujeres y otras mixtas. También la regularidad pasa por acatar algunas normas que forman parte de nuestra tradición que ni siquiera están escritas, pero que la masonería regular las acepta. En Brasil hay varias potencias masónicas que trabajan dentro de la regularidad; sin embargo, con unas tenemos relaciones y con otras no. No podemos tener con más de una.

—¿Cuántas masonerías formales existieron en la Argentina?

—En su momento existieron dos. Entre 1935 y 1957 funcionó en este edificio la Gran Logia de la Masonería Argentina. Y en la calle Sarmiento, la Masonería Gran Oriente Federal Argentino. La diferencia surgió a fines de la década del 20 y a principios de los años 30, cuando se perfilaba el avance del nazismo y del fascismo. Había masones que consideraban que la masonería debía tomar posición y enfrentar esa situación, y otros que debía ocuparse de otras cosas. La situación empeoró cuando en España el franquismo prohibió la actividad de la masonería. Todos los que tomaron partido se fueron de la Gran Logia de la Masonería Argentina y formaron el Gran Oriente Federal Argentino, donde participaron muchos españoles republicanos que no tuvieron relación con la Gran Logia de la Masonería Argentina y con las grandes logias que, a su vez, mantenían relaciones con nosotros. En 1957 todo se unió a la Gran Logia de la Masonería Argentina.

—¿Cómo fue la relación de la Gran Logia con Perón?

—Que yo conozca, en las primeras presidencias no hubo contacto o relación. Lo que existió fueron relaciones de algunos masones con el que fue el Gran Maestre, el doctor César de la Vega, quien llegó a ser embajador argentino en Francia. Si Perón tuvo contacto, pudo ser con la masonería italiana, durante su estada en Europa.

—¿Y la relación de Perón con la logia Propaganda 2?

—La P2 es una logia cuyo nombre deriva de la logia que fundó Garibaldi en Sicilia, cuando su campaña se llamaba “Propaganda 1”, una logia que en esa época estaba relacionada con la masonería mundial. El problema es que después la P2 se termina uniendo a la mafia y, entonces, el Gran Oriente de Italia la separa. Estaba muy penetrada por la mafia. Así la P2 se conformó con una sociedad de tres partes. Una de masones, una mafiosa y el Vaticano. A lo mejor, Perón pudo vincularse por ese lado. La P2 era una logia que no pertenecía a una gran logia mundial.

—¿Cuál fue la posición de la masonería argentina cuando se decidió el regreso de Perón en los años 70?

—Nosotros con los gobiernos no tenemos relaciones. Ni con el de Perón, ni con el de Videla, ni con el de Alfonsín. A Menem lo fuimos a saludar, pero esto no quiere decir que no tengamos masones en el gobierno. Muchas veces el propio Menem nos preguntó quiénes eran los masones que estaban con él. Pero la masonería nunca se manifiesta a nivel institucional sino a través de sus integrantes.

—¿Hay algún código de castigos masónicos para quienes no cumplan con las normas de la logia como, por ejemplo, amputar parte del cuerpo de alguno de sus miembros fallecidos? Por lo menos, es lo que contó Juan Gabriel Labaké.

—Aquí los castigos son morales, no físicos. Podemos expulsar a un miembro. Hay muchas versiones disparatadas acerca de la masonería, pero en parte es culpa nuestra porque estuvimos muy encerrados.

—¿Recuerda los nombres de los masones que participaron en el último gobierno de Perón?

—No puedo darle el nombre de masones vivos. Sólo hablamos de los muertos.

—Está bien, entonces hablemos de los muertos. ¿Vicente Saadi era masón?

—No.

—¿Y el comisario general Ángel Pirker?

—No.

—¿El ex ministro del Interior Antonio Tróccoli?

—Tampoco.

—¿El juez Jaime Far Suau?

—No.

—¿Los ex ministros del gobierno de Alfonsín Germán López y Roque Carranza?

—Tampoco.

—¿Dónde tuvo más hombres la Masonería Argentina, en el Ejército o en la Marina?

—Más o menos igual, pero posiblemente en los últimos cincuenta años más en la Marina. Antes era en el Ejército.

—¿En el GOU de Perón había masones?

—No, porque estaba prohibido el acceso de masones al GOU, pues tenían ideas totalmente opuestas.

—¿Cuántos presidentes argentinos fueron masones?

—Tuvimos catorce. El último fue Agustín P. Justo.

—Siempre hablando de los muertos...

—Le repito, el último presidente argentino masón fue Justo, el número catorce.

—¿Por qué no dan los nombres de los vivos? ¿No es que quieren abrirse a la comunidad?

—En algunos casos puede ser que no convenga que se sepa que tal persona es masón, entre otras cosas porque podría correr el riesgo de perder su trabajo. Esto no quiere decir que si la persona quiere decirlo, lo diga. En años anteriores era peor.

—¿Por qué no se dio ese contacto directo con Perón?

—Yo me pregunto si Perón tenía interés.

—Se podía esperar de él por las formas en que negociaba con los poderes reales del país.

—Los gobiernos argentinos, mucho más que en el resto de los países latinoamericanos, se preocuparon por estar bien con la Iglesia Católica antes que con nosotros. Y lo incluyo a Perón. Quiere decir que quizás a Perón no le interesaba vincularse a la masonería argentina para evitar, en ese entonces, un conflicto con la Iglesia. Aunque la actitud de la Iglesia con la masonería hoy no es la misma de antes. El 90 por ciento de los masones son católicos. Antes del Concilio Vaticano, los católicos que solían participar en la masonería quedaban automáticamente excomulgados porque se consideraba que la masonería atacaba a la Iglesia.

La masonería ha sido uno de los grandes misterios del poder mundial. Tuvo su origen en la Edad Media. Guillermo III, estatúder de Holanda y rey de Inglaterra entre 1689 y 1702, había presidido varias reuniones logiales. Por orden real, en 1694 se redactaron los antiguos deberes y estatutos que fueron la base de la célebre constitución masónica de 1723. Muchos miembros de la nobleza se inscribieron en la Gran Logia de Londres de Inglaterra. Entre 1723 y 1725 se fundaron más de cincuenta logias y en 1737 el príncipe de Gales ya había ingresado en la nueva orden. Tanto en Inglaterra como después en los Estados Unidos fue práctica común que los gobernantes, funcionarios públicos, altos jefes de las Fuerzas Armadas y obispos protestantes pertenecieran a la masonería. También se multiplicaron en Alemania, Francia, España e Italia, y fueron consiguiendo su objetivo: tener poder y preservar sus intereses dondequiera sea que fuera.

Y llegaron al Río de la Plata. Aprovechando el derrumbe del Imperio español, el Imperio británico hizo pie en estas tierras. Su primera acción se produjo con las invasiones de 1806 y 1807. No lograron conquistar militarmente Buenos Aires. Más tarde, en cambio, desembarcaron con éxito en el comercio y la economía local. El 2 de febrero de 1825 se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y las Provincias Unidas. Se suscribió primero en Buenos Aires y luego se sumaron los gobiernos de Chile, Perú, Gran Colombia (actualmente Colombia y Venezuela) y México.

Ese acuerdo fue ratificado el 1º de mayo de 1933 con el Tratado Roca-Runciman (con sus polémicas disposiciones sobre el mercado de las carnes). En su encabezamiento dice que este acuerdo “mantiene”, “perfecciona” y “complementa” el de 1825. En el artículo 4º aclara que “ninguna disposición de la presente convención afectará los derechos y obligaciones emergentes del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación firmado en Buenos Aires el 2 de febrero de 1825”. Y en el artículo 2º los dos gobiernos establecieron una acción conjunta para organizar la “estructura económica y financiera” de la Argentina. Fue en virtud de esa disposición del Tratado Roca-Runciman que se transformó la Caja de Conversión de la República Argentina en el Banco Central de la República Argentina mediante la ley 12.155, pasando a ser una entidad mixta con mayoría del sector bancario privado.

Éstos son los hitos de cómo en su historia la Argentina había pasado de ser una colonia española a un satélite más del Imperio inglés-masón, por entonces la potencia dominante en el mundo. Las generaciones liberales que manejaron la Argentina durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX habían adherido con gran entusiasmo al liderazgo de Londres, integrando, en los hechos, parte del Commonwealth británico.

Las bases de esta alianza empezaron a cambiar en la década del 40. Con el golpe de Estado nacionalista del 4 de junio de 1943 empezó a decaer la influencia británica. Desgastada Gran Bretaña por la Segunda Guerra Mundial, Argentina ingresó en una etapa de duros conflictos y pujas de poder que derivaron en la llegada del peronismo al gobierno y entonces las relaciones con la masonería inglesa fueron más que complicadas.

Las corrientes nacionalistas, civiles y militares, accedieron al gobierno con Perón. Se puso en marcha un plan de estatización de las empresas de servicios públicos que estaban en manos de capitales extranjeros, en gran parte ingleses. La competencia por el poder mundial de posguerra se trasladó a la vida argentina. Entraron en un choque frontal las fuerzas tradicionales del catolicismo por un lado, heredadas de España, y los grupos masones con base en el mundo sajón y protestante, que tenían en el liberalismo y el socialismo europeo a sus aliados naturales.

Es comprensible que la exacerbación de un nacionalismo antibritánico en el Río de la Plata haya preocupado al poder inglés. Desde Gran Bretaña se dio a conocer la siguiente instrucción en aquellos tiempos en que Perón manejaba el país: “La Real y Soberana Logia de Londres, por medio de su gran maestre, ordena a los hermanos argentinos del Gran Oriente de Buenos Aires adoptar una línea de conducta particular en el debate sobre la ley de enseñanza religiosa y de la no menos importante del divorcio. Es indispensable insistir en la campaña contra la Iglesia Católica y sus prelados, con el fin de llegar cuanto antes a la total separación entre el organismo religioso y el Estado. Es necesario, por otra parte, evitar que las fuerzas trabajadoras se alíen con los católicos. Toda tendencia nacionalista debe ser combatida y sofocada, y también en el seno del Ejército es indispensable que se formen corrientes de opinión similares a las que existen en la Marina. En la cuestión del petróleo la fuerza masónica debe actuar de manera de sustraer la administración de los yacimientos al Estado; debe ser declarada toda participación en el desarrollo de la industria nacional y, en cuanto a la radicación de capitales americanos, conviene facilitar la intervención de capitales europeos”.

El catolicismo argentino siguió pegando fuerte a su viejo adversario. En el libro La Iglesia frente al peronismo, el autor Ludovico García de Loydi criticó la doble personalidad de Perón en este juego de intereses de grupos de poder paraestatales. Dijo que por un lado llegó al poder defendiendo un nacionalismo católico y por el otro se apoyó en el liberalismo internacional “integrado por las fuerzas liberales masónicas y marxistas”.

El momento de mayor debilidad en el poder de la masonería argentina fue entre 1943 y 1945. Luego la logia comenzó a recuperar el espacio perdido. El jefe de la Casa Militar de la primera presidencia de Perón fue el contraalmirante Guillermo Plater. Escribió un libro que tituló La gran lección, donde relató que en el gobierno había masones muy conocidos y otros que actuaban en el Parlamento. Dijo que al gobierno de la provincia de Mendoza se lo acusaba de estar completamente dominado por la masonería.

Entre otros destacados masones estaban el vicepresidente de la Nación y presidente del Partido Justicialista, almirante Alberto Teisaire; el ministro de Educación, Armando Méndez San Martín; el poderoso Subsecretario de Prensa y Difusión, Raúl Apold, y el ministro de Salud Pública, Raúl Bevacqua (sucesor del primer ministro del área, Ramón Carrillo). Este último fue acusado de ser uno de los impulsores del enfrentamiento del gobierno peronista con la Iglesia Católica entre 1954 y 1955. Desde el edificio del ministerio se había dado el apoyo logístico, camiones y nafta, a los grupos que atacaron y quemaron iglesias en supuesta defensa del gobierno peronista.

Después de que se instaló la persecución al catolicismo, desde distintas partes del mundo llegaron felicitaciones de encumbrados masones al presidente Perón. El 30 de mayo de 1955 la Gran Logia Valle de Méjico expresó su apoyo. Con la firma de su gran maestre Eugenio Maldonado, envió una carta a los diputados y senadores de la Argentina en la que manifestaba: “Les hacemos presente nuestra cordial simpatía hacia la actitud que se ha adoptado frente a una clerecía disolvente; hacia una actitud que es congruente con los desiderata de los masones... Los masones estimamos que la República Argentina está realizando una labor de auténtica liberación y está contribuyendo a que la educación del pueblo no continúe en manos de un clero que ha formado y seguirá formando fanáticos... La Nación Argentina se está liberando de una pesada carga económica como es la de sostener al clero parasitario”.

El catolicismo no se quedó atrás con las denuncias contra la masonería. Sus críticos sostuvieron que los masones alcanzaron su momento de gloria entre 1954 y 1955, cuando se legalizó la prostitución, aumentó la influencia judía en el poder, se multiplicaron los centros espiritistas, se avanzó contra los templos católicos con “sus profanaciones y sacrilegios” y los más de trescientos sacerdotes que fueron encarcelados. Otros datos de la época sostienen que el general español Francisco Franco ya había alertado a Perón sobre la creciente influencia masónica en su gobierno. “Dígale que no se preocupe, pues cuento con un equipo que me tiene al tanto de todo”, dicen que le respondió el presidente argentino.

En 1948 Gran Bretaña se preparó para declarar la guerra a la Argentina por el conflicto de la soberanía de las islas Malvinas, reclamadas por Buenos Aires desde 1833, después de la invasión británica. El entonces canciller británico, Ernest Bevin, advirtió seriamente al gobierno que evitara realizar cualquier acto para apropiarse de las Malvinas so pena de tener que enfrentar una guerra.

Tras estas expresiones de Bevin, en la Argentina se produjeron varias manifestaciones antibritánicas. Los diplomáticos ingleses interpretaron que eran una forma de presión para reivindicar finalmente la soberanía sobre las islas y otras posesiones de la Corona en el Atlántico Sur. Creyeron que era la antesala de una acción mayor, que el gobierno argentino preparaba el terreno para una eventual invasión.

El peronismo consiguió distanciarse del poder inglés en el país, y a comienzos de los años cincuenta comenzó un acercamiento económico con los Estados Unidos, como lo muestran los convenios petroleros con la firma norteamericana Standard Oil a fines de su segundo e inconcluso gobierno: en 1955 se produjo el golpe de Estado que echó a Perón. El general Eduardo Lonardi, un católico practicante, asumió la presidencia.

Pero el golpe fue fogoneado por la Marina argentina, conducida por el almirante Isaac Francisco Rojas, uno de los más importantes referentes masones del país, con gran influencia en la Armada hasta su muerte. La posición de Lonardi de democratizar el país sin barrer al peronismo decidió a Rojas a sacarlo del gobierno y lo hizo reemplazar por el general Pedro E. Aramburu. Así se instaló un poder de mano dura contra todo lo que tuviera que ver con Perón y el peronismo.

Está demostrado que los grupos vinculados a la masonería inglesa en el país tuvieron en Perón a uno de sus enemigos históricos. Una interpretación de esta conflictiva relación la aporta el escritor nacionalista Adrián Salbuchi en su libro Colonialismo financiero mundial: vampiros y buitres. Dice en la página 177 que cuando el primer ministro británico Winston Churchill, de quien afirma era masón, se enteró del golpe de Estado contra Perón de 1955, habría afirmado que “la caída del tirano Perón en Argentina es la mejor reparación al orgullo del Imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la Segunda Guerra Mundial, y las fuerzas del Imperio inglés no le darán tregua, cuartel, ni descanso (a Perón) en vida ni tampoco después de muerto”. En igual sentido escribió Enrique Pavón Pereyra en su libro Coloquios con Perón. Pero para Salbuchi, estas expresiones podrían explicar la profanación. Y vincula las expresiones del Churchill con lo expresado por el presidente Perón el 1º de mayo de 1950 con motivo del Día del Trabajo en el Congreso Nacional: “He afirmado que me cortaré las manos antes que poner mi firma en el acta de ninguna cosa que signifique un préstamo al país”. Finalmente, Salbuchi se pregunta con relación al corte de las manos: “¿rito masónico a la Roberto Calvi?”.

Fue sobre la base de esta historia de enfrentamientos que se especuló que el robo de sus manos había sido una venganza masónica. Y no por una venganza en sí misma sino como, probablemente, una forma de advertir al poder de la Argentina de 1987, y al que lo sucedería luego, que no se iban a tolerar decisiones políticas contrarias a sus intereses. Entonces, las relaciones con Inglaterra no pasaban por su mejor momento, tras la guerra de Malvinas, en 1982, quedaron definitivamente rotas. También se resintieron los vínculos con los Estados Unidos, aliados a los británicos en el enfrentamiento armado. La paradoja es que fue precisamente un gobierno de origen peronista el que normalizó esos vínculos, como no había registro desde principios de siglo.

Los momentos previos al regreso del peronismo al gobierno en 1989 habían alertado al poder británico. El entonces candidato justicialista Carlos Menem gritó en su campaña electoral que la Argentina recuperaría la soberanía sobre las Islas Malvinas y que si era necesario lo haría con sangre. Después, como en tantos otros temas de la agenda política de ese momento, todo cambió abruptamente. Las raíces de este giro se pueden encontrar en una conversación reveladora que tuvo Menem, ya electo presidente y sin mucha experiencia en el manejo de secretos de Estado, con su esposa Zulema Yoma, quien lo reveló para este libro:

Menem: —¿Sabés por qué lo derrocaron a Perón? Porque se enfrentó con la Iglesia, con el capital nacional y extranjero, con los Estados Unidos y con Inglaterra. Yo no voy a cometer el mismo error. ¿Qué voy a hacer? Voy a arreglar con todos esos poderes.

Zulema: —¿Pero eso no es traición?

Menem: —No. Es pragmatismo.

Los detalles legales y políticos del acuerdo entre el gobierno argentino y la Corona británica fueron publicados en el libro Los tratados de paz por la guerra de las Malvinas, escrito por Julio González y editado en España. El trabajo mereció el reconocimiento público del Ejército español. Según se relata allí, las conversaciones bilaterales empezaron en Madrid, casualmente, un 17 de octubre de 1989. En septiembre, la reina de Inglaterra Isabel II recibió en audiencia especial y secreta al entonces senador Eduardo Menem. Dos meses más tarde, en sus palabras de apertura de las sesiones del Parlamento británico, ofreció —en un hecho sin precedentes— un discurso que hizo referencia al inmediato restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Argentina. Destacó, fundamentalmente, las ventajas económicas que esto traería para su país.

En noviembre, una misión comercial de Gran Bretaña, presidida por Lord Montgomery, viajó a la Argentina para conocer in situ las empresas del Estado que se ponían a la venta. Así se llegó al 15 de febrero de 1990, siendo el canciller Domingo Cavallo, cuando se firmó en España la que se llamó Declaración Conjunta de las delegaciones de la Argentina y el Reino Unido, aunque en los hechos fue un tratado con compromisos concretos y obligaciones recíprocas. Se lo tituló “Declaración” para evitar su ratificación por el Congreso de la Nación, que sí debe hacerlo cuando es un “Tratado”.

Por este acuerdo Gran Bretaña dejó sin efecto la zona de exclusión en el Atlántico Sur y se estableció un sistema de control en la zona del conflicto sobre el movimiento de las Fuerzas Armadas argentinas, sobre la navegación marítima y aérea y las flotas pesqueras.

En el libro se señala que esta declaración estipuló una soberanía en la Patagonia de hecho compartida. La bilateralidad de las relaciones excluyó al Ejército, a terceros países y a organismos internacionales. El gobierno de Menem concedió y aceptó que “la Argentina marítima y aérea quede en su parte austral bloqueada, vigilada y asilada por la hegemonía de una potencia extracontinental que usurpa un archipiélago de su territorio y que además es árbitro permanente de sus fronteras con Chile”, se señala en la publicación.

La declaración de febrero de 1990 se complementó con un acuerdo económico. Se firmó en Londres el 11 de diciembre de 1990 y se conoció con el nombre de “Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la Promoción y Protección de Inversiones”.

Los beneficios fueron múltiples. Se permitió transferir sin restricciones las ganancias hacia el país de origen de las inversiones, cláusula extensiva a todos los territorios que estaban bajo responsabilidad del Reino Unido de Gran Bretaña, es decir, el Commonwealth. En el artículo 4º, los británicos se aseguraron el resarcimiento de los bienes ingleses que se perdieran o se pudieran deteriorar a causa de “conflictos armados”, “quemas”, “revoluciones”, “insurgencias” o “motines”. Y en el 5º se acordó que los bienes no podrán ser nacionalizados ni expropiados salvo por razones de utilidad pública relacionadas con las necesidades internas de esa parte contratante.

Normalizadas las relaciones diplomáticas, y con este instrumento legal de amparo a las inversiones, el poder británico desembarcó aprovechando la apertura económica y las privatizaciones de empresas públicas argentinas. Y lo hizo en áreas como gas, petróleo, pesca, servicio de agua potable, ferrocarriles, finanzas, comunicaciones, etcétera. El 16 de enero de 1995 el diario Clarín publicó una nota con el título “La Tercera Invasión Inglesa”. En su parte más importante, el texto dice: “Después de Malvinas los ingleses invirtieron unos 800 millones y se asociaron con empresas de punta. Desde 1990 cuando se restablecieron los vínculos diplomáticos los negocios bilaterales crecieron un espectacular 400%. Londres ayuda otorgando créditos para que sus exportaciones a la Argentina sean más competitivas. Los británicos supieron aprovechar las lecciones que les dio en su propio terruño Margaret Thatcher y aquí hicieron punta con las privatizaciones”.

Coronando su estrategia de eliminar todo conflicto con Gran Bretaña, en 1998 el presidente Menem fue recibido con todos los honores por el gobierno y la Corona inglesa, agasajado con galas monárquicas y elogios del poder británico como una demostración de una amistad impensable poco tiempo atrás.

La conclusión de Julio González en su trabajo es que los acuerdos bilaterales firmados por Menem y Cavallo con Gran Bretaña significan cesiones de derechos territoriales y económicos que representan una sumisión a la ley del “Vencedor” de la guerra de Malvinas, un “Tratado de Versalles” que se le impuso a la Argentina y que representó un reingreso del país en la órbita británica.

Este acuerdo abrió el camino a la nueva relación entre la Argentina y el poder sajón que comanda el bloque occidental, hablando en términos de los tiempos de la post Guerra Fría. El 14 de noviembre de 1991, durante la primera visita que hizo el presidente Menem a Washington y ya con Cavallo como ministro de Economía, el gobierno firmó otro convenio trascendente, inspirado en los concretados con Gran Bretaña. Se llamó “Tratado entre la República Argentina y los Estados Unidos de Norteamérica sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”. La prensa norteamericana destacó que ese tratado era el único de esas características que Estados Unidos había conseguido en el mundo. A través de este instrumento se autorizó a las empresas norteamericanas a comprar bienes del Estado pagándolos con títulos de la deuda externa y con quita. También se reconoció la vigencia del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, suscrito en 1854 entre la Confederación Argentina y Estados Unidos. La misma situación se planteó con Gran Bretaña. Según González, el establecimiento de la “protección recíproca” entre la Argentina y Gran Bretaña para las inversiones privadas ratificó el Tratado Anglo-Argentino del 2 de enero de 1825 que en su artículo 9º adjudica a los intereses británicos “la cláusula de la Nación más favorecida”.

Cumpliendo con aquella confesión de Zulema Yoma, en octubre de 1989, mientras comenzaban las conversaciones en Madrid, el presidente Menem emprendía en Buenos Aires otra reconciliación. Esta vez con el máximo exponente del antiperonismo en el país y masón. Fue a visitar al Hospital Naval al almirante Isaac Francisco Rojas, internado por una afección cardíaca. El viejo marino todavía ejercía un fuerte liderazgo en la institución y era el más conspicuo representante de sectores sociales que siempre vieron en Perón, y en el peronismo, el mal de todos los males del país.

—Almirante, vengo a ver cómo está. Es una visita amistosa —le dijo Menem. Entonces, lo abrazó y le dio un beso en la mejilla.

—Señor presidente: déjeme que lo mire a los ojos —le contestó Rojas, y después se acercó y le devolvió el beso.

A partir de ese instante se declararon la amistad y se expresaron públicamente saludos, respetos y consideraciones especiales. El 18 de enero de 1990 Rojas le devolvió la visita. Se acercó a la Casa de Gobierno con un pedido muy especial para su nuevo amigo: que liberara a los ex comandantes de las juntas militares de la dictadura que habían sido condenados por la Justicia por violación de los derechos humanos. La solicitud fue bien recibida y se resolvió en diciembre, cuando el presidente firmó los indultos.

También en ese año, Rojas se incorporó a la gestión de gobierno. Menem le encomendó la tarea de coordinar los estudios sobre los temas centrales, en especial los geopolíticos y económicos, para la construcción de la represa hidroeléctrica Corpus, proyecto compartido con Brasil y Paraguay. Al año siguiente, volvió a reunirse con él en el hospital a raíz de una nueva complicación cardíaca del marino. En esa oportunidad insistió en remarcar a los medios periodísticos que se sentía amigo de Rojas. En abril de 1993, el viejo almirante antiperonista de 86 años murió. El presidente estuvo diez minutos junto a su ataúd, solo y en absoluto silencio. Se despidió con otro beso, pero en la frente.

Tampoco parece casualidad que en esos tiempos se haya decidido resolver uno de los tabúes más enquistados en la historia local. La repatriación desde Inglaterra de los restos mortales del brigadier general Juan Manuel de Rosas, uno de los íconos del nacionalismo criollo, recordado por haber gestado en 1845 la expulsión del Río de la Plata de una flota anglo-francesa que reclamaba la libre navegación de los ríos internos. Después de aquel episodio militar conocido como la Vuelta de Obligado, los franceses regresaron a Europa derrotados, pero Inglaterra mantuvo intactas sus influencias económicas y comerciales por estos lugares. El 24 de noviembre de 1849 fue Rosas quien firmó el Tratado Arana-Southern de Paz y Amistad con Gran Bretaña, por el cual se puso fin al bloqueo. A pesar de que fue considerado como un símbolo de la lucha contra el poder imperial británico, el caudillo federal vivió su exilio en Londres y murió allí con total tranquilidad en 1877. Nunca se pudo comprobar si había sido parte del poder masón británico, como sí ocurrió con muchos de los integrantes de la generación de políticos que lo expulsó del poder en 1852. En la práctica, para Gran Bretaña, resultó ser más fiel y confiable de lo que se suponía. La buena relación de Rosas con el Imperio se podía comprobar en que el caudillo llegó a imponer el luto obligatorio a civiles y militares ante la muerte de miembros de la familia real británica.

Así fue como el primer gesto inglés en el proceso de normalización de las relaciones con la Argentina fue autorizar la exhumación y repatriación de los restos de Rosas. Era un reclamo que tenía décadas. Durante el gobierno peronista de 1974, el Congreso sancionó la ley 20.769, a través de la cual se nombró una comisión para traerlos al país. Otra iniciativa se impulsó en 1984. Pero recién el gobierno de Menem lo logró.

A los cincuenta días de haber asumido como presidente, Carlos Menem trató por primera vez el tema en una reunión de gabinete nacional. El 1º de octubre de 1989, dieciséis días antes de que se iniciaran las primeras conversaciones informales con Gran Bretaña, regresaron al país definitivamente los restos mortales de Rosas. Y un representante de la monarquía inglesa se ocupó de allanar todos los obstáculos —a pesar de los impedimentos legales producto de la guerra— para que se cumpliera el histórico regreso, después de 137 años. Fue el duque de Kent, reconocido alto miembro de la masonería británica.

Luego de la caída del gobierno de la Alianza tras la crisis de 2001, el peronismo tradicional volvió al poder primero con Eduardo Duhalde como un presidente de transición hasta que asumió Néstor Kirchner la presidencia en mayo de 2003. Se repitió la secuencia que había protagonizdo en 1989 el gobierno peronista de Menem. A los dos meses de haber asumido, el primer viaje al exterior de Kirchner fue a Londres para participar de la cumbre de gobiernos progresistas presidida por Gran Bretaña. En una charla informal, fuera de agenda, se reunió con el primer ministro británico Tony Blair. El presidente argentino habló del tema de la soberanía de las islas y también se conversó sobre el mejoramiento de las relaciones bilaterales. Durante los 12 años durante los cuales gobernó el kirchnerismo los vínculos con Inglaterra y Estados Unidos no fueron de confianza pero eso no impidió que se mantuvieran los contactos económicos, financieros y comerciales. Con el pasar de los años, la posición internacional de los gobiernos del matrimonio Kirchner se centró en las relaciones con Latinoamérica, y luego China y Rusia. En el tema Malvinas, la posición fue un progresivo endurecimiento del discurso público y hasta se aprobaron leyes que impusieron sanciones económicas a los que tuvieran actividades con las islas.

Lo cierto fue que la postura antibritánica del kirchnerismo fue absolutamente funcional a consolidar la posición de fuerza de los ingleses en el Atlántico Sur al congelar la situación de enfrentamiento bilateral impidiendo todo diálogo y negociación política. Así, para el Foreign Office, el autoaislamiento de la Argentina de los países centrales, sin los cuales es difícil que haya una solución al conflicto de la soberanía, fue aprovechado para producir hechos jurídicos de valor diplomático. El primero de ellos, y quizá más significativo, fue incluir a un nuevo y decisivo actor en la mesa de las negociaciones: los isleños. Y lo hizo al reconocerles autonomía a través de la sanción de la Constitución del Territorio Británico de Ultramar de las Islas Malvinas, aprobada el 5 de noviembre de 2008 por la reina Isabel II en una reunión del Consejo Privado en el Palacio de Buckingham. La Constitución se convirtió en ley el 1º de enero de 2009, sustituyendo a la versión de 1985 (que había sido modificada en 1997). En el primer capítulo de los 22 que tiene, se establecen los derechos y libertades fundamentales de los isleños poniendo énfasis en el derecho a la libre determinación. Luego, Gran Bretaña declaró en diciembre de 2012 que “el territorio antártico británico es parte importante y única de los 14 territorios que el Reino Unido tiene en ultramar”, entre los cuales se encuentran las Falkland/Malvinas. Y lo hizo con motivo del anuncio de que 271.000 kilómetros cuadrados de territorio antártico eran bautizados como la “Tierra de la Reina Isabel” como un regalo en honor a los 60 años de la soberana en el trono. Área que también asumen como propias Chile y la Argentina. La zona en disputa, que hasta el momento no tenía nombre, aparecerá en adelante marcada como Tierra de la Reina Isabel en todos los mapas referenciales británicos y de los países europeos. “Es un gran honor asociar de forma permanente a la Antártida con su Majestad y de esta forma reconocer el compromiso que el Reino Unido tiene con este territorio”, explicó el Foreign Office.

Hace siglos que la masonería es un actor local e internacional de poder permanente. Por eso, después de más de veinte años volvimos a la gran logia masónica argentina para corroborar datos a la luz de que su presidente había dicho en una entrevista televisiva que Juan Perón, finalmente, había sido iniciado en España, información de la que Alberto Peláez no había hecho referencia en la entrevista mantenida a mediados de los años noventa. Fue así que el miércoles 8 de marzo de 2017 se prestó al diálogo el doctor Nicolás Orlando Breglia, Gran Maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, para ratificar sus dichos y corroborar lo conversado años atrás. Estaba sentado en un sillón de madera labrada con el escudo nacional al igual que el escritorio que nos separaba. Ambos muebles habían pertenecido a Hortensio Quijano, vicepresidente de la Nación de Juan Perón en su primer mandato. Lo primero que dijo fue que “el problema que hay con los hombres públicos es que muchas veces no figuran en los registros formales de la masonería y es para protegerlos. Eso no significa que no hayan sido masones. Las fuentes historiográficas, en una institución que es discreta en las democracias y secretas en las dictaduras, son mucho más amplias. Está el documento escrito pero también la tradición oral. Por ejemplo, poco se sabe de la participación clave de la masonería argentina en la Hora del Pueblo a través de León Patlis, un diputado demócrata progresista que presidió la Logia Unión Nacional, y que después integró el Consejo de Consolidación de la Democracia del gobierno de Alfonsín”.

—Hace quince años Alberto Peláez nos dijo que la relación de la masonería con Perón no había sido ni buena ni mala. ¿Cómo fue para usted?

—Para mí fue muy buena. De hecho, sus dos vicepresidentes fueron masones: Hortensio Quijano y el almirante Alberto Teisaire. También lo fueron el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Atilio Bramuglia. En la segunda presidencia estaba José Constantino Barro, ministro de Industria y fundador de FORJA. En realidad, todos los miembros de FORJA, menos Raúl Scalabrini Ortiz, fueron masones: Gabriel del Mazo, Homero Manzi, Luis Dellepiane, Arturo Jauretche.

—¿También Arturo Jauretche?

—Sí, con una particularidad: perteneció a la Logia Bernardino Rivadavia, pero después se reivindica cuando todos ellos juntamente con Silvano Santander, forman la Logia Leando N. Alem, que fue nuestro Gran Maestre.

—¿Por qué no Scalabrini Ortiz?

—Siempre se mantuvo aparte.

—¿Del tercer gobierno de Perón quienes fueron masones?

—Cuando regresó al país, Perón pidió que el canciller fuera masón. Entonces, lo nombra a Alberto Vignes, pero antes se lo introdujo en la masonería. También formaban parte de la masonería el ministro del Interior, Benito Llambí, y el ministro de Defensa de Isabel, Adolfo Savino, entre otros.

—¿Tuvieron contacto con Isabel Perón?

—No.

—¿Y López Rega?

—Tampoco. Pertenecía a una organización esotérica llamada Logia Anael que no está dentro de la masonería. Leí los escritos de él y eran muy extraños. Decía, por ejemplo, que en el futuro nos íbamos a alimentar oliendo el asado. Algo muy raro.

—¿El almirante Isaac Rojas fue masón?

—No lo tenemos registrado. Puede ser que sea de otra logia masónica. También se dijo de Aramburu que era masón, pero tampoco lo tenemos registrado. Siempre me refiero a nuestra logia formal. Lo que pasa es que cuando cae el peronismo en 1955, por haber adoptado una actitud contemplativa, a nuestra masonería se la consideró pro peronista; pero había otra gran logia que era Gran Oriente Federal Argentino, dirigida por los republicanos españoles, que directamente combatió al peronismo y formó eje con la Gran Logia del Uruguay.

—¿Francisco Manrique fue masón?

—Sí.

—A la Armada Argentina siempre se la vinculó con la masonería.

—Sí, la masonería tenía mucha influencia en la Marina y en el Ejército. Pero ahora no hay tanta. A nosotros nos fue mal en 1976. Después intentamos levantar en 1983 y ahora nuevamente aparecemos en la superficie.

—¿La apertura comenzó cuando se reúnen públicamente con el presidente Carlos Menem a mediados de los 90?

—Efectivamente, ahí empieza la apertura. Se sintió muy interesado.

—¿Quedaron masones dentro del gobierno de la dictadura?

—No. Cuando cae el gobierno de Isabel Perón, se retiran todos los masones regulares.

—¿Perón fue masón como usted lo afirma?

—Hay testimonios que dicen que Perón fue, finalmente, regularizado en España —no quiere revelar la fuente—. En el libro La fuga del Brujo, del periodista Juan Gasparini, se hace referencia a una reunión muy interesante, que constaté con gente que participó, de que antes del regreso de Perón hubo una gran encuentro a principios de los 70 donde se firmó un acuerdo para la salida democrática de 1973. Estuvieron militares de alta graduación como Osvaldo Cacciatore, Roberto Viola y Carlos Guillermo Suárez Mason, y por la Armada, Emilio Eduardo Massera. Tanto Gasparini como Licio Gelli dicen que fue en el edificio de la Gran Logia de la Argentina, pero en realidad fue en la casa de nuestro Gran Maestre, César de la Vega. Ahí se inicia todo. Y después De la Vega se incorpora al gobierno de Perón primero como secretario del Menor y la Familia, y después como embajador en Francia y Dinamarca.

—¿Venganzas físicas como el corte de manos, es un castigo propio de logias como la masonería?

—No tiene nada que ver con nuestra organización. No tenemos castigos físicos. Existen otras organizaciones masónicas, que denominamos irregulares. Las regulares son las que sirven a determinados principios y valores, con la creencia del gran arquitecto del Universo. Las irregulares son las que se apartan de esos lineamientos, se denominan liberales adogmáticos. Nosotros aceptamos hasta a los agnósticos. Pero las otras van más allá, aceptan hasta a los ateos. Son tremendamente laicos. Puede ocurrir que haya algún tipo de organización esotérica que no sea de la masonería formal como la nuestra, son las denominadas irregulares, pero desconocemos si tienen algún tipo de prácticas vengativas. Nosotros nos ocupamos del hombre desde que nace hasta que muere y después de la muerte cada uno con su consciencia. Ir al cielo o no. De eso se ocupa el esoterismo.

—¿Las irregulares pueden tener sus propios códigos de castigo?

—Pueden tenerlos, pero los desconocemos.

—¿Y se pueden reconocer en las irregulares venganzas físicas?

—No tenemos conocimiento. Eso tiene más que ver con práctica esotérica que son ajenas a las logias; son organizaciones que creen en cosas extrañas como la energía, que nosotros no creemos ni practicamos.

—¿Qué pasó en la masonería argentina cuando se enteró del robo de las manos de Perón?

—Para nosotros fue una sorpresa muy grande. Nadie sabía nada. Provocó un gran impacto, desconcierto. Nos preguntaban a nosotros a pesar de que no teníamos nada que ver. Y tampoco nos dimos cuenta de qué podía ocurrir. Nunca pudimos llegar a tener un análisis claro y concreto de por qué se hizo. Muchos decían que era por las huellas digitales de Perón para acceder a una cuenta con dinero en Suiza, pero tampoco se demostró.

—¿Pudieron preguntar entre sus contactos del gobierno radical de entonces?

—Hicimos contactos. Nadie entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Que a un cadáver se lo profane así con todas las medidas de seguridad que tenía? Es una cosa insólita. Se ve que allí estuvieron trabajando mucho tiempo.

—¿Llegó a hablar con Alfonsín del tema de las manos de Perón?

—No. Sí hablamos mucho del Partido Radical chileno que es el partido de la masonería en Chile, y cuando estuve allá me confirmaron que Alfonsín los visitaba mucho, que iba a sus reuniones. Ellos están convencidos de que era masón, pero no lo puedo decir porque no tengo la documentación que lo acredite. No tenemos las pruebas. Sí era un hombre proclive a nuestras ideas.

—¿Para usted, el presidente Alfonsín fue masón?

—No tenemos datos de su incorporación, pero hay algunos hermanos que dicen que trabajó en la Logia Independencia, un grupo interno de nuestra masonería presidido por el socialista Simón Lázara, que fue su vocero. Averiguamos pero no figura, quizá no figure con ese nombre y puede estar con un nombre simbólico que desconocemos. Realmente, Alfonsín tenía valores de la masonería. Era republicano y un laico militante y también un hombre de fe. Tuve la oportunidad de conocerlo. Pidió la ayuda de la masonería argentina para el Mercosur y se la dimos. Todo lo que él pidió se lo hicimos.

—¿Qué otros ministros de Alfonsín eran masones?

—Por ejemplo, el ministro de Defensa, Germán López; el secretario de la Función Pública de la Presidencia de la Nación, Jorge “Yuyo” Roulet; y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Roque Carranza.

—Se sabe que la masonería sólo responde acerca de los masones que ya fallecieron. ¿Todavía hay masones vivos de aquel gobierno de Alfonsín?

—Sí. Alfonsín tenía un equipo muy importante. Por ejemplo, los miembros de la Fundación Plural eran todos masones. Alfonsín me habló siempre de la ética de las convicciones y de la ética de la solidaridad, ambas definiciones las sacó de la masonería.

La sospecha de que la logia masónica Propaganda Due castigó a Perón cortándole las manos por una deuda impaga a raíz de la Operación Retorno fue la hipótesis que sostuvo desde el primer momento el historiador peronista Enrique Pavón Pereyra. Hasta 1976 la P2 era una logia formal interna de la masonería internacional hasta que es separada por los desvíos y abusos comprobados en sus manejos con el poder económico y político. Según Gabriel Labaké, la versión de que fue la P2 fue un argumento de distracción y que, en todo caso, reforzaba su teoría de que había sido la masonería inglesa. Pero ¿por qué Pavón Pereyra acusó en forma directa a la logia P2 de Licio Gelli de haber sido la autora de la profanación de Perón? Labaké trató de explicarlo en una entrevista que publicó la revista Gente después de conocerse la violación del cuerpo del ex presidente.

—¿Quiénes fueron los encargados de hacer el trabajo de preservación del cadáver de Perón?

—Lo trataron unos médicos japoneses que vivían aquí en la

Argentina. Eran expertos en la materia, pero ese trabajo debió haber estado a cargo de médicos argentinos. Todo estuvo plagado de anomalías. Por ejemplo, cuando Perón murió, López Rega le arrancó el anillo militar. Dijo que era un recuerdo, e Isabel lo obligó a dejarlo.

—Al cadáver se le inyectaron tres litros de formol. ¿Eso fue por voluntad de Perón?

—No, en absoluto. Las dos únicas voluntades de Perón no fueron respetadas. Él quería que lo enterraran en el territorio de la provincia de Buenos Aires y al lado de Eva Perón. Era una obsesión suya la de permanecer al lado de la mujer a la que había amado. Sin embargo, sus restos están en la Chacarita, es decir, en la Capital Federal, y lejos de Evita, que está en la Recoleta.

—Después de la profanación surgieron varias versiones sobre los presuntos delincuentes. ¿Cuál es la suya?

—Para mí fue un crimen ritual. Esto me hace acordar mucho a la muerte del famoso banquero (lo dice por Roberto Calvi) que se llevó el dinero de la P2. Lo mataron y sus zapatos aparecieron en el Támesis. Esto tiene un significado dentro de la mafia internacional. Es el castigo para el que se lleva la plata ajena. A Perón le correspondió otra clase de castigo. Él produjo gastos en su viaje a Roma y Madrid. López Rega le había hecho creer que Alitalia subvencionaba ese viaje para propaganda. Le dijo que el pasaje era gratis, y lo convenció de que no viajara ni por Iberia ni por Varig. Después la P2 trató de cobrarle ocho millones de dólares, sin embargo Perón dijo que él nunca había firmado nada. Y es evidente que alguien firmó por él, si no, la P2 no se hubiera movido. Es muy probable que la única firma fuera la de López Rega. En realidad los gastos no habían sido mayores a dos millones de dólares. Pero como todo gasto en política se multiplica por cuatro, la P2 también lo hizo. El que intentó cobrarle fue Licio Gelli. Perón le dijo que no tenía esa suma. Luego, López Rega se hizo el tonto y la P2 tomó medidas. Esta sospecha que yo tengo corrobora el tenor de las cartas que aparecieron posteriormente en nombre de esa organización, que reclamaban ocho millones de dólares para devolver las manos.

—Si fue por un problema económico, ¿por qué los miembros de la P2 no aparecieron en los lugares que ellos mismos indicaron para negociar?

—Es que poco después Gelli cayó preso en la cárcel de mayor seguridad del mundo, la de Suiza. Pero cuando se le ocurrió a su jefe directo, que es nada menos que el presidente italiano Giulio Andreotti, quedó en libertad. Salió por la puerta principal en una limusina rumbo a Italia, y los guardias dijeron que se habían quedado dormidos. Así fue como después de un tiempo se lo vio en Italia. Es un personaje singular que opera a nivel mundial. Y nunca le pasó que las deudas contraídas por él no se cobraran. Entonces, para mí, esto tiene las características de una operación, un castigo ritual, que no tiene ninguna otra explicación. La operación se hizo a 25 metros de la guardia permanente de la Chacarita, que es donde está el director. ¿Y estos guardias cómo se anulan? Mediante dinero. Para mí todo esto es un capricho. Pero para el idioma de ellos, no.

Es un hecho incontrastable la relación directa que tuvo el general Perón con el commendatore y mandamás de la logia Propaganda Due, Licio Gelli. Este personaje, que llegó a tener una gran influencia en la Argentina, se encumbró en el poder mundial en la segunda mitad del siglo XX. Nacido en 1919 en Pistoia, Italia, a los 17 años había actuado como voluntario en la Guerra Civil Española en las filas del general Francisco Franco. Después colaboró con Benito Mussolini y los nazis. Asociado a una rica familia de industriales toscanos, se convirtió en el propietario de la empresa textil Permaflex. En 1971 la masonería italiana le encargó reorganizar una vieja y olvidada \logia llamada “Propaganda Due”, que llegó a tener alrededor de mil integrantes, y que se quería impulsar como un nuevo factor de poder en Europa.

Gelli, a través de esta nueva organización, afianzó sus contactos con Latinoamérica. Convirtió a P2 en un formidable instrumento de negocios económicos y, por lo tanto, de poder político. A fines de los años 70, ya dominaba completamente la logia y, de hecho, a la masonería italiana, que había sido prohibida y perseguida por el fascismo. Para Claudio Celani, historiador y experto en geopolíticia italiano, Gelli pasó de ser un nazifascista a transformarse en un agente de información occidental, básicamente de Estados Unidos, pero que era controlado por el poder británico.

El principio de su ocaso comenzó en 1976, cuando el Gran Oriente de Italia denunció las actividades antidemocráticas del “venerable” Gelli, quien había creado la Organización Mundial de Asistencia Masónica (OMAM). Detrás de la P2 y de la OMAM se ocultaban las ramificaciones de “Ordine Nuovo”, una organización fascista italiana declarada ilegal en 1973.

Según Emilio Corbière, para entender la lógica del funcionamiento de la P2 hay que recordar el proceso político de la Italia de posguerra cuando quedaron excluidos los dos extremos del arco político del país: el Partido Comunista y la ultraderecha. La coalición formada entre democristianos y socialistas dominó el poder en el país y la P2 creció bajo ese paraguas. La ideología de la logia era que Roma sería el centro del mundo con una Europa unida y anticomunista.

Ese nuevo centro de poder mundial pudo ser funcional a la estrategia de Perón. Corbière agregó que en la década del 70 el ex presidente argentino había quedado muy enfrentado con los Estados Unidos y, entonces, la estrategia para conseguir apoyo financiero para su futuro gobierno debía provenir de Europa. De esta manera, la P2 representó una pieza importante para conseguir capitales que le permitieran oxigenar su regreso al poder.

Fue Giancarlo Elia Valori quien presentó al general Perón a Licio Gelli en aquellos primeros años de la década del 70 y también recomendó a Gelli al ex presidente argentino Arturo Frondizi. Este personaje era además jefe de Relaciones Públicas de la RAI italiana. Pero el mejor contacto de Gelli en el peronismo fue López Rega, que alcanzó el máximo grado en su organización (número 0591, grupo G, código H 15.77). Según cuenta Gelli en su libro La verdad, él organizó el regreso de Perón a la Argentina. Relata que comenzó a reunirse con Perón en enero de 1973 en su residencia “17 de Octubre”. Entonces, Gelli le había ofrecido interceder para normalizar las relaciones con el Vaticano, los Estados Unidos, y establecer contactos con el poder económico europeo. Y lo más importante, conseguir la devolución de los restos mortales de Evita. De los sucesivos encuentros participaron Isabel y López Rega. Así, en plena campaña presidencial, Gelli viajó por primera vez a la Argentina el 5 de febrero de 1973. Llevaba una carta de presentación de López Rega para su hija Beatriz, casada con Raúl Lastiri, con quien el jefe de la P2 mantenía una estrecha amistad.

Dice Gelli que “por práctica y secreto habíamos dado al plan el nombre en clave de Operación Gianoglio”, que según investigadores italianos contaba con el apoyo de la CIA y la derecha italiana, en aquel mundo de la Guerra Fría. También le entregó al candidato justicialista Héctor Cámpora una carta manuscrita de Perón. Pero fue la hija de López Rega la que dio el principal soporte para la Operación Retorno del viejo general. “Junto a López Rega logré convencer a todos los generales masones de la oportunidad del retorno de Perón a la Argentina, incluso con recalcitrantes como Osvaldo Cacciatore y Guillermo Suárez Mason.”

La operación debía ser apoyada por la masonería argentina y para eso había que convencer al gran maestre, César de la Vega. Un gesto de acercamiento entre ambas logias se comprobó la medianoche del 1º de junio de 1973, cuando el presidente electo Cámpora se abrazó con el jefe de la masonería argentina, en presencia del mismo Licio Gelli, con motivo de un acto recordatorio de la figura de Garibaldi, otro masón, en Plaza Italia.

El 17 del mismo mes se selló el acuerdo Cámpora-Gelli-De la Vega, que representó el respaldo definitivo para el operativo retorno de Perón al país, que se produjo tres días después. Como agradecimiento a su gesto, De la Vega fue nombrado, primero, subsecretario del Ministerio de Bienestar Social a cargo de Minoridad y Familia, después representante argentino ante la UNESCO y, finalmente, en las embajadas de Francia y Dinamarca. En su libro, Gelli confirmó que fueron muchos los masones que ocuparon cargos de importancia en el último gobierno peronista. “En la Casa Rosada hicimos una reunión histórica de todos los grandes maestros de toda América. La presidió Cámpora. Yo, por supuesto, estuve presente. Había grandes maestros de Argentina, Chile, de Uruguay, de Venezuela, de Brasil. Habían venido todos a la conferencia reservada realizada en los salones de la Casa Rosada”, confirmó Gelli muchos años después.

Cuando Perón se embarcó en el aeropuerto español de Barajas, el general Francisco Franco lo despidió y reconoció a Licio Gelli entre las personas que estaban con el ex presidente argentino. El dictador español aprovechó la oportunidad y le agradeció su colaboración en la Guerra Civil Española. La salida de la capital española estuvo determinada por el mayor secreto. En el avión privado que bajó en el aeropuerto italiano de Ciampino viajaban Isabel, López Rega y seis personas más, entre las que estaba Gelli. La “Operación Retorno” debía pasar por Italia, corazón de las operaciones de la poderosa P2. Perón fue recibido oficialmente por funcionarios del gobierno italiano y tuvo un encuentro privado con el primer ministro Giulio Andreotti. Una de las reuniones que más expectativas habían despertado era el encuentro entre Perón y el papa Pablo VI. Un contacto clave para el ex presidente: la posibilidad de un acercamiento definitivo con la Iglesia, seriamente afectada después de los enfrentamientos de 1955. El Vaticano estaba cumpliendo también importantes gestiones para acercar las posiciones entre Perón y el gobierno argentino. Sin embargo, la entrevista con el Papa fracasó. Finalmente, se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, monseñor Agostino Casaroli.

Gracias a la gestión de los hombres de la P2, Perón se reconcilió con la Iglesia Católica. Por el éxito de la “Operación”, Gelli recibió también su reconocimiento, como había ocurrido con el jefe de la masonería argentina. Una vez que Perón volvió a la presidencia del país, lo condecoró con la máxima distinción de la Argentina, la Gran Cruz del Libertador General San Martín, y lo nombró consejero económico honorario de la embajada argentina en Roma, cargo que utilizó desde 1973 hasta 1982 con la dictadura militar.

Está claro que detrás del regreso de Perón se movieron las fuerzas de la masonería y la P2. Esto demuestra una vez más el pragmatismo con que se conducía el viejo general en su estrategia de acumulación de poder. Hablaba con todos, de derechas y de izquierdas, aprovechó la ola mundial antinorteamericana y alentó las acciones armadas independentistas. Trató a la masonería y a la P2, que era una pieza clave de poder del capitalismo occidental en su lucha contra el comunismo y de la que nunca fue miembro formal. Con algo de broma y reproche, un miembro de la P2 comentó para este libro que Gelli siempre se quejó en privado de que nunca había podido convencer a Perón de que firmara su inscripción formal a la logia, a pesar de que muchos de sus colaboradores más cercanos eran activos miembros. Pero en 2008, a los 89 años, Gelli le reveló al periodista Damián Nabot que él había iniciado a Perón en la masonería. “Perón era masón, yo lo inicié en Madrid, en Puerta de Hierro en junio de 1973”, dijo cortante.

“¿Cómo fue la ceremonia?”, volvió a preguntar Nabot.

“Fue una ceremonia simple. No era difícil. Era un rito llamado al orecchio del maestro (al oído del maestro)”, agregó Gelli.

Así, de acuerdo con la versión del propio Gelli, el ingreso de Perón a la logia habría sido verbal porque hasta ahora no se conocen documentos que avalen su pertenencia formal. Quizás esto tenga que ver con lo explicado por el jefe masón Nicolás Breglia en el sentido de que los hombres públicos podían no figurar en los registros y era para protegerlos, y que eso forma parte de la historia oral de la logia. La aceptación “al oído del maestro” se puede entender en el contexto del regreso definitivo de Perón al país ocurrido pocos días después, para luego hacerse cargo del gobierno argentino. Pero su ingreso sólo duró un año al morir el 1º de julio de 1974.

Fueron distintas las hipótesis de que la logia de Gelli habría estado detrás del misterioso y oscuro robo de las manos. Una de las sospechas se relacionó con una visita que habría hecho a la Argentina el “gran jefe” Gelli poco tiempo antes de que se descubriera la mutilación. Estaba prófugo de la justicia europea, que lo había detenido en 1982 por el caso del vaciamiento del Banco Ambrosiano y que no logró impedir que escapara después. Gelli habría estado en la Argentina cuando se produjo la profanación del cuerpo de Perón. Entonces, se comentó que en abril de 1987 habría venido con el nombre falso de José Antonio López Gil y que el motivo de su viaje había sido supervisar el estado de sus campos “Las Acacias” y “Don Alberto”, en la provincia de Buenos Aires, y otro que tenía en Córdoba llamado “El Trébol”. En total, alrededor de 40 mil hectáreas. Un dato a tener en cuenta es que durante su prisión hasta la fuga en agosto de 1983 había compartido la cárcel de máxima seguridad en Suiza con Leandro Sánchez Reisse, un ex integrante del servicio de Inteligencia del Ejército durante la dictadura argentina, quien también logró escapar del presidio. Años después se atrevió a decir que la mutilación del cuerpo de Perón había sido un “crimen ritual” cuyo responsable fue su ex socio Rubén Bufano.

Pero el 21 de septiembre, después de la profanación, Gelli terminó con su huida mundial y, finalmente, se entregó a la justicia suiza que lo procesó por soborno al guardiacárcel. Estaba enfermo del corazón y fue alojado en la cárcel de Champ Dolion. Después le permitieron, debido a su edad avanzada, cumplir arresto domiciliario en su espléndida mansión en Arezzo, en la Toscana, a una hora y media de tren de Roma. En otra conversación mantenida con Nabot aquel año 2008, dio algunas pistas más certeras:

—¿Usted sabe lo que sucedió al cuerpo de Perón? Fue verdaderamente extraño —preguntó Nabot.

—Lo sé —respondió Gelli.

—¿Quién lo hizo?

—No lo sé. No lo sé.

Gelli falleció el 15 de diciembre de 2015.

OCHO
La señora da los nombres

Isabel Perón es la viuda del general Perón y la única heredera legal de su cuerpo. Cuando se produjo la profanación de la bóveda, estaba viviendo en España. Lo hacía desde 1981, porque después de varios años de detención por parte de la dictadura militar se le permitió la libertad a cambio de que se fuera del país. Tenía vedado volver, y menos hacer política. Esa prohibición le fue levantada una vez que el Partido Justicialista consagró la fórmula Ítalo Luder-Deolindo Bittel para las elecciones de octubre de 1983.

Ella transmitía un doble mensaje. Por un lado, que era prescindente del proceso político; por el otro, en cada contacto que mantenía con un dirigente peronista daba a entender que no era tan prescindente como se creía, quizás empujada por quienes especulaban con alcanzar nuevas cuotas de poder a su lado. Su reaparición pública más impactante fue cuando, como ex jefa de Estado, se mostró junto a Arturo Frondizi, otro presidente constitucional argentino derrocado, en la ceremonia de asunción del presidente Raúl Alfonsín en diciembre de 1983.

Por entonces, la preocupación principal de Isabel Perón era solucionar el grave problema que tenía con la familia Duarte a raíz de la sucesión de Perón. El proceso judicial se había paralizado durante su detención. La realidad ahora indicaba que el juicio seguía, y entonces Isabel debía afrontar deudas por millones de dólares que no tenía.

Por eso, la clave para revertir su situación pasaba por el reclamo judicial que le había iniciado al Estado nacional por los daños y perjuicios derivados de su detención. Y mantener una buena relación con el gobierno radical era central. Además, el naciente y aún débil gobierno del presidente Alfonsín prefería tener a Isabel Perón de su lado y con bajo perfil antes de que agitara la interna del justicialismo o se lanzara en su contra envuelta en la inercia de un peronismo herido por la derrota electoral.

Isabel Perón recibió en Madrid la noticia del robo de las manos de su esposo a través de su apoderado Juan Gabriel Labaké. Apenas se confirmó la profanación, el presidente Alfonsín se comunicó con ella para decirle que se iban a tomar todas las medidas necesarias para esclarecer el hecho. A pesar del shock que se produjo en la Argentina, Isabel Perón prefirió quedarse en España. Se refugió en su departamento de Madrid y mantuvo contacto directo sólo con el gobierno argentino y las personas de mayor confianza que tenía en el peronismo. Una vez más el silencio fue su estrategia más efectiva.

Diez meses después, la viuda de Perón tomó la iniciativa y decidió hablar con el juez Far Suau. Así se lo hizo saber el 2 de mayo de 1988 a través de su apoderado: deseaba ser escuchada por la Justicia y por la policía que investigaba el hecho. No se trataba de una declaración testimonial. Isabel quería hablar de la profanación en forma extraoficial. Éste fue el primer problema que debió superar el juez porque se trataba de un trámite que no tendría validez legal en la causa. Igual, estaba convencido de que era necesario hablar con ella. Primero gestionó la autorización correspondiente ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y después lo hizo en la Corte Suprema de Justicia. En los dos lugares le negaron el permiso. Tampoco le dieron una licencia especial ni dinero para que pudiera cubrir los gastos del viaje. El juez no quería dejar pasar la oportunidad para recoger el testimonio clave de la viuda de la víctima. Obstinado como era en esta causa, Far Suau decidió tomarse licencia a cuenta de sus vacaciones para ir a Madrid y también se pagó el viaje. Lo acompañó el comisario Carlos Zunino, quien sí recibió el respaldo de la Policía Federal. De esta manera, el sábado 21 de mayo de 1988, ambos viajaron a España para entrevistarse con la ex presidenta. Cuando se hizo cargo de la investigación, el juez le había enviado un mensaje personal a Isabel Perón: se ponía en forma incondicional al servicio de la causa y, aun sin ser peronista, tenía una responsabilidad histórica que había decidido asumir.

Far Suau esperaba conseguir información clave. La organización de la visita había quedado en manos de Juan Labaké. Como el magistrado había viajado en forma privada, también debió procurarse un lugar donde hospedarse. El doctor Daniel Parodi, uno de sus secretarios del tribunal, consiguió un departamento gracias a un primo suyo que era, por esos años, secretario del embajador argentino en España. Así fue que se instalaron en uno de tres ambientes ubicado en la calle Vázquez de Meliá Nº 2, piso tercero, pegado a Plaza España, un barrio no muy aristocrático de la capital española. El lugar se veía aceptable, con habitaciones amplias. El dueño era Abdón Adur, a quien la prensa había vinculado con el traficante de armas Monzer Al Kassar. Esta supuesta relación y la coincidencia de que Al Kassar también tenía una casa cerca del lugar fueron utilizadas con mala intención para intentar vincularlo a Far Suau. Años después, el 19 de octubre de 1992 y una vez muerto el juez, el diario El Cronista se hizo eco de esa versión, nunca probada, de que habría existido una importante vinculación entre Far Suau y Al Kassar ya que el juez se había alojado en una mansión de Adur en la Avenida de la Castellana. Un disparate.

Finalmente, la reunión con Isabel Perón se realizó el domingo 22 de mayo de 1988 a las nueve de la mañana en su departamento de Madrid ubicado en la calle Moreto 3. La idea de la visita era buscar información sobre las situaciones vividas por Perón antes de su regreso definitivo a la Argentina en 1973 y las circunstancias que habían rodeado su última gestión como presidente hasta su muerte en 1974.

Isabel mostró especial preocupación por la llegada del juez y el comisario. Es que, según se quejaba a sus íntimos, se sentía permanentemente presionada y vigilada. Por orden del gobierno argentino, agentes de inteligencia seguían sus movimientos ante la incertidumbre permanente que provocaba su silencio político. Far Suau y Zunino también estaban persuadidos de ese riesgo, temían ser vigilados, más aún teniendo en cuenta que sus viajes habían tenido resistencia judicial y política, y que prácticamente lo habían hecho en secreto. Cada vez que ambos salían o llegaban a la casa de Isabel, prestaban especial atención. A pesar de los recaudos, los servicios de inteligencia no les perdieron pisada. Hasta lograron tomarles una foto en la que aparecieron Labaké, Far Suau y Zunino caminando por los alrededores del domicilio de Isabel. Esa foto fue después publicada por los diarios de la Argentina.

En la primera entrevista, Isabel estaba muy bien vestida, y se la notaba distante, poco cálida ante la presencia del juez y el policía. Con el correr de los días se fue soltando y se mostró más comunicativa. Su único acompañante en las reuniones era Labaké. El ritual se repetía en cada uno de los encuentros. Isabel no quería que las conversaciones fueran grabadas ni que se tomaran notas. Entonces, después de cada entrevista, Far Suau y Zunino regresaban de inmediato al departamento. El policía se sentaba ante la máquina y redactaba de un tirón lo conversado. Luego el juez, a veces sorprendido por la memoria del comisario, corregía el borrador y así quedaba la versión final con lo que Isabel había dicho.

La vivienda de la viuda de Perón era mantenida por la CGT, según lo confesó ella misma. Cuidaba mucho sus apariencias. A tal punto que estacionaba su moderno automóvil marca Volvo a tres cuadras de la casa para que no la vieran llegar en él.

—La señora me invitó a hospedarme en su departamento pero, hablando con Zunino, lo descartamos —le confesó Far Suau a Iglesias al regreso del viaje—. Era muy riesgoso, no iba a ser bien visto que el juez de la causa se quedara a dormir en la casa de una testigo clave —agregó el magistrado.

Antes de entrar en el tema, Isabel les informó que frente a su departamento vivían unos religiosos pertenecientes a una congregación llamada Basílica de los Jerónimos, y ella creía que, junto con un almacenero vecino, eran la fuente de información permanente de los servicios de inteligencia que la vigilaban. Luego les relató que, antes de las elecciones del 6 de septiembre de 1987, había recibido la visita de un grupo de funcionarios del proceso militar acompañados de algunos políticos y que, en nombre de la jerarquía eclesiástica de Buenos Aires, buscaron su apoyo para desestabilizar al gobierno constitucional de Raúl Alfonsín y evitar, según le expresaron, la perpetuación de un gobierno socialdemócrata en el país. También fue visitada por los militares nacionalistas conocidos como “carapintadas”, que ya habían producido el primer alzamiento contra la conducción del Ejército y el gobierno nacional.

Pero ella no aceptó los ofrecimientos y prefirió defender el orden constitucional del país. Por eso siempre mantuvo una muy buena relación con el entonces presidente Alfonsín. Tanto fue presionada por distintos intereses políticos que, después de las elecciones de septiembre de 1987 y hasta enero de 1988, optó por dejar su departamento y se recluyó en una estancia cerca de Madrid. Sólo volvió una vez sofocado el levantamiento carapintada de Monte Caseros, ocurrido el 18 de enero de 1988.

En cuanto a los asuntos y personas que pudieron relacionarse con la profanación y el robo de las manos de su esposo, Isabel contó curiosos y llamativos detalles de personajes y situaciones políticas que rodearon la vida de Perón. A tal punto fueron sus críticas, acusaciones y definiciones, a veces desopilantes, que el propio juez cambió muchas de las palabras textuales que había escrito en su resumen, sin por ello modificar lo esencial de sus dichos, para evitar comprometer a Isabel más de lo necesario por posibles acciones judiciales en su contra. Para mantener el valor documental de lo conversado entre Isabel, el juez Far Suau y el comisario Zunino, se transcribe el texto final y, entre paréntesis, se incluyen las palabras que el juez excluyó de la primera versión por considerar que eran muy duras:

Isabel Perón comenzó su testimonio diciendo que a su entender los autores de la profanación bajo ningún concepto tenían intereses reales de rédito económico sino que eran de esencia política e incluso desestabilizadora. Así realiza una tipificación (de los presuntos), integrándolos a sectores bien diferenciados. Aportando una de las posibilidades en autoría de los hechos investigados, refirió la señora de Perón distintos personajes adversarios (enemigos) manifiestos o encubiertos, con motivaciones bastantes para encarar cualquier empresa semejante. Así, aparece en las conversaciones la figura de Jorge Antonio. Lo describe como una persona (voraz), con apetencia de progresar (de enriquecimiento), a través de la figura del general Perón.

Aún más, sus pretensiones políticas llegaron a punto tal de autotitularse futuro presidente de los argentinos, durante un brindis en Francia, realizado poco tiempo antes de materializarse el retorno del ex primer mandatario a nuestro país. Graficando la (siniestra) personalidad de quien se autotitulara, además, jefe de las finanzas de su ex marido, recordó un episodio ocurrido durante los años 1965 y 1966, cuando el nombrado Jorge Antonio le requirió su firma para remover supuestas sumas de dinero depositadas en diversos bancos suizos, a nombre del general Perón y a oscuras de su conocimiento. Ante su negativa, y sospechando que algo irregular mediaba en este requerimiento, dado que no tenía conocimiento de la existencia de fondos, solicitó el asesoramiento del señor Vicente L. Saadi, quien la acompañó a Suiza con el fin de certificar la veracidad de cuentas y depósitos. Resultó Saadi una persona evasiva ante su requisitoria, no obstante lo cual la acompañó a recorrer bancos, sin obtener resultado alguno en su búsqueda. Lo que es más, nunca se pudo determinar la existencia de cuenta alguna a nombre del general Perón, o de Eva Perón, pero sí pudo deducir, por el accionar de Saadi y Antonio, que pretendían contar con su firma para obtener ante esa importante banca una línea de créditos abierta, instrumentando por su intermedio a la figura del ex primer mandatario. Un par de años después de este episodio, residiendo ya en Puerta de Hierro, Jorge Antonio se apersonó (en un descampado con agentes de la central de inteligencia de Estados Unidos), so pretexto de un supuesto beneficio para el movimiento peronista. A través de un espejo, ubicado de modo tal que quien entrevistaba al general no pudiera verla, pudo percibir que esta propuesta no era nada beneficiosa para su esposo. Informes posteriores recibidos por ella ratificaron esta circunstancia. Es así que antes de que el visitante se retirara, trató de disuadirlo para que desistiera de llevar a cabo esta reunión secreta —con agentes extranjeros— logrando, en un primer momento, su anuencia a la no realización. Al poco tiempo, Jorge Antonio retoma el camino propuesto y vuelve sobre la persona del general. En conocimiento de ello, la señora de Perón informó que se fraguaba algo (un atentado) contra (la vida de) su esposo. En un acceso de ira, se munió de un arma (de fuego), lanzando a Jorge Antonio fuera de Puerta de Hierro, siendo ésta la última vez que éste pisara aquel sitio. Isabel describió la personalidad de Jorge Antonio como la de una persona aventurada (peligrosa), por cuanto lo que no puede conseguir lo compra. Jorge Antonio llegó por pujas con Saadi a efectuar (un disparo de arma de fuego) una agresión, en una pierna, estando ambos en Paraguay. Isabel dijo en ese momento que Antonio lo tenía a Saadi como abogado, en cuestiones judiciales de su particular interés, y, lo que es más, en las últimas elecciones para gobernadores provinciales de entonces viajó a la provincia de Catamarca para brindarle su apoyo en campaña, con la comunidad siriolibanesa radicada en esa provincia. A lo largo de la conversación la señora de Perón calificó como curiosa (sospechosa la denuncia de) la sustracción de cartas del general Perón, obrantes en poder de Jorge Antonio. Destacó que este personaje tuvo relaciones en los años 1968, 1969 y 1970, con la actividad del grupo contrario al movimiento (Montoneros) en nuestro país, y su punto culminante fue una reunión realizada en Montevideo en 1972, que motivó la ruptura definitiva de relaciones con Jorge Antonio.

Según Isabel, el general Perón sabía que en esa fecha Antonio tenía reuniones con políticos y militares en una quinta de su propiedad, en la zona de Ezeiza, dado su permanente interés en la sucesión política del peronismo, lo cual lo llevó no sólo a un encono contra ella (a odiarla) sino al mismo general Perón.

Al describir a Vicente Leónidas Saadi, también lo ubicó en el rubro de adversarios (enemigos) de su esposo, por ser persona de ilimitados apetitos personales con contactos extrapartidarios, sin ninguna clase de límites (escrúpulos). A punto tal estos detalles son así, que a ella le constaba que Antonio tuvo contactos con sectores contrarios al movimiento (Montoneros) y negoció con ellos durante la interna de la provincia de Buenos Aires de 1985-1986, para lograr la inclusión de 45 congresales (miembros de la OPM, suponemos Organización Peronista Montoneros). Fue este mismo personaje sometido varias veces a procesos judiciales durante el gobierno del general Perón, por numerosos delitos, entre los años 1943-1945. Concluye diciendo con relación a Saadi la siguiente frase: “Dime de lo que presumes y te diré de qué padeces”. Otro de los hombres a los que califica en los mismos términos (de siniestro) es Héctor Villalón, quien padecía de una rara enfermedad tratada sin éxito en Cuba. Ante ello, fue traído a la presencia de Eva Duarte, quien lo envió a Estados Unidos, donde le salvaron la vida. Pasados los años, Villalón, ya casado y con hijos, se presentó ante el general y en agradecimiento pidió que éste junto a ella misma fueran padrinos de uno de sus hijos. Estando en el exilio, Villalón le solicita al general, cuya situación no era de lo más propicia, que lo tome para el traslado de noticias a Cuba.

A Perón, según la señora, esta plaza no le agradaba; empero accede. En una oportunidad Villalón pide una fuerte suma de dinero a Fidel Castro, en nombre del general. Castro accede pero, al enterarse de ello, Perón lo desautoriza ante el propio Castro, quien expulsa a Villalón del país. Pese a ello, no pudo bloquearle los fondos obtenidos, dado que estaban a resguardo en un banco extranjero. Con su disposición Villalón adquiere una casa en los límites de Francia y Suiza. (Sabe que éste, junto con un tal Aristi, nacido en la República Dominicana, jefe continental de los grupos subversivos americanos, participa en el secuestro de un tal Revelli.) En los últimos años, Villalón fue visto en España con Jorge Antonio, antes que éste viajara a la Argentina y junto al doctor Ventura Mayoral, abogado de Jorge Antonio y de la familia de Eva Duarte. Sintetizó a Villalón como un hombre (deshonesto) de poco fiar, vinculado a Jorge Antonio, que pone precio a sus trabajos (sucios) y es conocido bajo el apodo de ‘el Pájaro’. A lo largo de la entrevista, la señora de Perón sindica entre los hostiles a su marido (enemigos de su marido) al ex presidente Héctor J. Cámpora, su familia y a los personajes que lo han rodeado (toda vez que el nombrado formó un gobierno de zurdos y homosexuales a punto tal que el ministro político de su gestión, Esteban Righi, era “el marido” de uno de sus hijos, y el otro, Mario Cámpora, era el monje negro de la presidencia). Con la ayuda de Jorge Antonio, Cámpora empieza a conectarse con el grupo de adversarios y hostiles al movimiento (Montoneros) hasta que luego viene su última jugada en falso. Recibe la noticia del reagravamiento del general Perón y prestamente (con entusiasmo) concurre desde México, donde era embajador, a hacerse cargo del gobierno o a manejarlo en forma encubierta. Esto le vale que Perón lo rotule de traidor y le exija su inmediata renuncia. El núcleo que rodeaba a Cámpora, incluyendo a Jorge Antonio, nunca le perdonó al general tal medida segregativa. Por último, fueron abordados por la señora de Perón los juicios pendientes con la familia Duarte. Según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, Isabel dijo ser la víctima de una cadena de injusticias. Recibe 8.400.000 dólares como indemnización del Estado al general Perón por los distintos bienes que le fueron expropiados al exiliarse. En vida su marido no tenía cuenta en banco alguno para efectuar depósito en cuenta propia. Es así que esta suma la ingresa por la cuenta de la Cruzada de la Solidaridad y depositan 31.000.000 de pesos de la moneda vigente en aquella fecha para la sucesión de los Duarte. Esto era el equivalente a la cifra referida en moneda extranjera. De los 8.400.000 primitivos se retiran 5.200.000 y se depositan en un banco de Zurich, en una cuenta numerada y certificada. Por efectos de la devaluación del signo monetario y los escasos intereses devengados por los depósitos de los 31.000.000 de pesos en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, y que a la fecha de su comentario era algo así como 40.000 australes, tal suma fue confiscada por la CONAREPA en el año 1976. Enterados los Duarte de la resolución de la Corte, reclaman los 3.200.000 dólares originales, no el importe en que éstos se habían transformado. Ello se ve agravado ya que al no contar con la disponibilidad monetaria suficiente, los bienes de la señora de Perón, las casas de Gaspar Campos, Puerta de Hierro, calle Madero y finca San Vicente fueron embargados por los Duarte. Esto se debe a que cuando estuvo detenida, luego de 1976, el abogado Julio Arriola, actualmente residente en la provincia de Neuquén, fue quien mediante un poder extendido por ella para la transferencia de sus fondos de Zurich a Luxemburgo (al “Banque Générale de Luxemburgo”) se apoderó ilegítimamente de los mismos ignorando el destino que les diera. Manifestó Isabel entonces que en ese momento estaba en juicio con Arriola con el objeto de recuperar una suma que, actualizada a la fecha, sería del orden de los 5.618.416 dólares, en la cual fuera defraudada por el abogado. Contra este abogado tiene otro juicio, por el apoderamiento ilegítimo de joyas que como apoderado le fueran entregadas en depósito mediante recibos rubricados y sellos aclaratorios de Arriola. Siguiendo el curso de las conversaciones con Isabel Perón, el último tema abordado fue la profanación del cadáver de Eva Duarte. Según sus propios dichos, el cuerpo fue obtenido a través de Fautario, Anaya y Agosti (y violado dos veces por Manrique y el coronel Cabanillas, no sin antes propinarle un golpe a la altura de la nariz, lo que le desfiguró el rostro). Al tomar contacto con el cuerpo de Eva Duarte, fue ella quien habilitó una habitación apropiada en Puerta de Hierro para efectuar sobre el cadáver los trabajos de recomposición. En vida del general Perón, López Rega fue quien trajo la noticia de que un grupo comando (Montoneros) quería sustraer el cadáver, cosa que intentó pero con resultado negativo, toda vez que al arribo del grupo comando, los restos ya habían sido protegidos.

Esto fue todo lo que dijo Isabel Perón y que el juez después agregó a la causa como información adicional. En ese momento la relación entre la señora y sus visitantes fue excelente. Incluso ella misma, en ocasión de los festejos de la Revolución de Mayo del día 25, había hecho gestiones ante la embajada argentina para que los invitaran a la ceremonia programada. El juez desistió de concurrir al encuentro. Muestra de esa buena relación fue la visita que organizó Isabel Perón a la quinta de Puerta de Hierro. En ese lugar les obsequió como recuerdo efectos personales del ex presidente Perón. Medias, corbatas y fotografías fueron algunos de los souvenirs que se llevaron de la histórica casa madrileña.

A medida que pasaron los días, el juez llegó a la conclusión de que la viuda de Perón tenía interés en colaborar con la causa y había aportado elementos útiles a la instrucción. Sentía que aparentaba saber más de lo que decía. Pero al mismo tiempo advirtió que la iniciativa de Isabel Perón que motivó su viaje a España se había transformado en un hecho público y político y que por ello era seguido de cerca por los servicios de informaciones del gobierno. También creyó que ese contacto personal era funcional a la disputa que Isabel mantenía con el gobierno por la indemnización que le correspondía por los años que había estado presa. Ella le confesó a Far Suau que tenía miedo de que todo lo que tenía se lo terminara llevando la familia Duarte, como luego sucedió. Quizás, en este sentido, se puedan entender las opiniones del apoderado Labaké publicadas después en varios medios, y que muestran la presión política que ejerció Isabel en función de su situación: “No puedo adelantar nombres, pero el juez va a citar a personas de aparente conducta intachable y notoria actuación política, las que en su momento no habrían dicho la verdad en sus declaraciones judiciales”. En ningún momento el juez habló de citar a algunos de los hombres que Isabel le había nombrado. Aparentemente éste fue un tiro por elevación a los sectores políticos preocupados por la marcha de la investigación, y menos por la situación patrimonial de la viuda de Perón.

Interesado por el viaje del juez a España, a los dos días, el entonces ministro del Interior, Enrique Nosiglia, fue de incógnito a Madrid. El semanario Prensa Confidencial, también dedicado a hurgar en las fuentes de los servicios de inteligencia, civiles o militares, volvió a tratar el tema diciendo que el viaje del hombre fuerte del gobierno de Alfonsín había sido para pedirle una tregua a Isabel Perón en el tema de las manos.

Desde el Ministerio del Interior se hacía trascender que el gobierno no pensaba pagarle a Isabel dinero alguno con relación a la apelación judicial hecha, porque el Estado ya había “liquidado” el depósito judicial a favor de la familia Duarte. En ese tema, de permanente negociación con el gobierno radical, se buscaba una salida política que, finalmente, nunca se produjo. “Es el monje negro del momento”, era la entonces opinión de Isabel sobre Nosiglia.

A su regreso de España, el juez Far Suau tuvo una extensa conversación con el doctor Juan Carlos Iglesias para analizar el resultado del periplo. Finalmente, llegó a la conclusión de que no había traído información que fuera útil para la investigación, a pesar de que Labaké le había dicho, en forma reiterada antes del viaje a España, que Isabel tenía datos que iban a ser claves.

—El viaje no sirvió. Estoy decepcionado porque no pude hacer mi tarea como juez actuante sino como un investigador privado, como un juez sin poder —le comentó Far Suau a Iglesias.

—No pude tomarle declaración a la señora, sino que simplemente la escuché junto a Zunino porque no quería que grabáramos las conversaciones. Igual tengo esta carpeta con información importante que traje de allá —agregó.

Esa carpeta negra desapareció de su despacho apenas el magistrado murió tras sufrir un atentado a su auto. Años más tarde el juez interino en la causa, Remigio González Moreno, citó a Isabel Perón para que ratificara o no la información con sus opiniones anexada al expediente. Pero ella negó el contenido de todas las conversaciones resumidas por Fau Suau y Zunino.

NUEVE
Las manos de la fortuna

La supuesta fortuna de Perón ha sido siempre objeto de debates, fábulas e investigaciones. Comenzó cuando llegó al poder y siguió más allá de su muerte. Cuentas bancarias, cajas de seguridad secretas en Europa y acciones de empresas forman parte del menú de opciones con el que se intentó explicar dónde estaba el dinero que el ex presidente reunió en su paso por el poder.

Sin embargo, hasta el presente nadie pudo demostrarlo y menos aún encontrarlo. La famosa fortuna parece ser parte del imaginario argentino, una historia que se ha manejado con tiempos potenciales, una dosis generosa de fantasía y muchos intereses políticos. Un tema que hoy puede quedar quizá minimizado a la luz de una corrupción generalizada que atraviesa a toda la sociedad como pauta cultural y que impregnó los estamentos del Estado y la dirigencia política y social.

La idea de que el robo de las manos de Perón estaba relacionado con cuestiones de dinero alimentó la morbosidad del misterio. Una vez cortadas, los profanadores pidieron la recompensa para devolverlas. Quizás, el pedido de rescate haya sido la primera pista falsa que sembraron, al hacer creer que el hecho respondió a una sola cuestión: cobrarse deudas económicas no saldadas en el pasado.

Surgieron cataratas de versiones, a veces alocadas, sobre el secreto que escondían las manos y que llevarían a un circuito financiero oculto por décadas. En un primer momento fue el propio gobierno radical el que especuló con que se trataba de una extorsión relacionada con “cuentas pendientes” dentro del peronismo. Y circuló la versión de que había sido la P2, en reclamo por los gastos desembolsados en el operativo del regreso de Perón al país, un tour que, a la luz del pago de más de 8 millones de dólares, parece un poco caro.

A pesar del furioso antiperonismo que prevaleció en la Argentina por décadas, las sucesivas dictaduras militares que lo investigaron y le confiscaron todos sus bienes personales no tuvieron ni una pista de la supuesta fortuna. De existir, se convertiría en uno de los secretos mejor guardados de la historia del país. La sucesión de Perón es el único testimonio documental que registró cuán rico fue. Esta historia comienza en aquellos años cuarenta, cuando Perón asumió su primera presidencia. Ante un Congreso colmado de legisladores y funcionarios, un día después de su jura como jefe de Estado, leyó su declaración de bienes a los presentes:

En la ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de junio de 1946, declaro bajo juramento a los fines de establecer mis bienes al día de la fecha, que no poseo sino lo que a continuación detallo: a) Bienes personales. Una quinta con casa habitación en el pueblo de San Vicente, provincia de Buenos Aires, en total dieciocho hectáreas. Un automóvil Packard. Efectos personales. b) Bienes testamentarios indivisos. Parte correspondiente a la testamentaría de mi padre Mario Tomás Perón que comprende en forma indivisa y bajo la administración de mi madre lo siguiente: un establecimiento de campo en Sierra Cuadrada, Comodoro Rivadavia, Chubut, correspondiendo campo, instalaciones y hacienda. Una bóveda en el cementerio de la Chacarita. Un terreno en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. Es cuanto poseo y en este acto declaro no deber ni haber debido nada a nadie. Juan Perón. General.

Firmaron como testigos los corresponsales en el país del diario norteamericano The New York Times y de la agencia noticiosa United Press International. Ese día, también, Perón dio a conocer la declaración de bienes de su esposa, María Eva Duarte de Perón. Cuenta la crónica que después de esa ceremonia oficial participó en un acto en la Unión Ferroviaria. Entonces, con relación a sus bienes personales, les dijo a los dirigentes gremiales: “Y les voy a decir a todos los que me acusan que, si además de eso que poseía antes de asumir el mando, me encuentran algo nuevo, yo se los regalo”. Ampliando su declaración, el 30 de noviembre de 1949 Perón dio a conocer un certificado del Banco Hipotecario Nacional en el que figuraba como deudor de 50 mil pesos con garantía hipotecaria sobre la quinta de San Vicente.

Posteriormente el patrimonio económico del General quedó ligado a los bienes que tuvo Evita. Antes del casamiento, ella había comprado una casa en la calle Teodoro García 2102, y aumentó su capital gracias a los derechos de autor que cobró por sus libros La razón de mi vida y Mi mensaje. El 15 de octubre de 1952 su madre, Juana Ibarguren de Duarte, cedió a Perón todos los derechos hereditarios de su hija, cumpliendo así con la voluntad expresada por ella en el testamento escrito veintiocho días antes de morir.

También había dejado los bienes de la fundación que llevaba su nombre: el edificio de ocho pisos ubicado en la céntrica avenida Callao 1944, donado por el empresario Alberto Dodero, y otro estilo petit-hôtel de tres pisos en la calle Gelly y Obes 2297, que luego pasó a depender del Ministerio de Justicia. Esa herencia fue calculada, entonces, en 6 millones de dólares. Se supone, además, que cuantiosos fondos de la fundación quedaron depositados en Europa, sin que pudieran ser rescatados. Pero fueron y son hasta hoy especulaciones.

Pocos años después, en 1955, se produce el golpe de Estado que derrocó a Perón y asume el poder la llamada Revolución Libertadora. Según relató el empresario peronista Jorge Antonio, cuando el ex presidente se exilió en Paraguay se llevó un maletín con 200 mil pesos en efectivo que había cobrado de Editorial Peuser por los últimos derechos de autor de La razón de mi vida. Lo acompañó el mayor del Ejército Ignacio Jesús Cialceta, sobrino de su primera esposa, María Aurelia Tizón. Al día siguiente de su llegada a la capital paraguaya discutió con Cialceta, y éste, enojado, tomó el maletín con el dinero y se volvió a Buenos Aires dejando a Perón sin un centavo.

Los militares golpistas investigaron sus bienes y los de los hombres de su gobierno para demostrar “el caos y la corrupción administrativa” que, según decían, habían existido durante sus años de gobierno. Con el argumento de “restituir los bienes adquiridos ilícitamente”, se confiscó todo lo que pudo haber estado en poder o vinculado al presidente depuesto.

La fama de millonario de Perón llegó hasta los países en los que buscó ayuda, donde se esperaba ver la fortuna que llevaría consigo. Mientras, Perón aseguraba que vivía gracias a la ayuda de algunos amigos. Uno de ellos habría sido el propio Jorge Antonio, quien luego del golpe del 55 fue detenido en la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras, hoy demolida, en pleno barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Cuando estaba en la cárcel, Perón mandó un emisario para solicitarle ayuda económica. A través de un hombre de su confianza, Antonio logró enviarle, sin que el gobierno se enterara, 70 mil dólares. Y durante esos años de exilio el empresario se encargó de hacerle llegar 5 mil dólares mensuales. Hasta que un día el general le mandó un mensaje bien claro: que le remitiera el dinero cada dos meses porque sus secretarios e intermediarios se lo terminaban gastando. En realidad, la ayuda económica de Antonio bien puede tener su explicación en que había sido el testaferro de Juan Duarte, hermano de Evita, y cuándo éste se suicidó, quedó como único administrador.

En su persecución a Perón, la dictadura que lo sucedió dictó el decreto presidencial Nº 5.148, firmado por el general Pedro Eugenio Aramburu, que estableció un régimen especial para ciertas causas de enriquecimiento ilícito. La medida apuntaba, obviamente, a sus bienes y a los de la sucesión de Evita. A través de otro decreto presidencial, que llevaba el número 6.712, se disolvió la Fundación Eva Perón. Un testigo de lo hecho por la dictadura con los bienes del matrimonio fue Vidal Taquín, quien comentó que la Revolución Libertadora realizó un inventario de todos los bienes: unos pasaron al Estado y otros simplemente desaparecieron. Se refería a joyas que pertenecieron a Evita y a otros objetos de valor. Algunos habrían sido puestos en el entonces Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el inventario, los objetos perdidos que pertenecieron a Evita o a su fundación fueron los siguientes: 1.200 plaquetas de oro y plata; 766 objetos de platería y orfebrería; 650 alhajas; 144 piezas de marfil; 211 motocicletas y motonetas; 19 automóviles; 1 avión; 2 lanchas; 349 objetos de arte; 430 armas antiguas y modernas, y otros valores. Todo se esfumó.

La lucha judicial posterior fue encarnizada. Los apoderados del General argumentaron la legitimidad de los bienes del ex presidente. En cambio, la Corte Suprema de Justicia, en obvia sintonía política con la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial de la dictadura, sentenció en forma arbitraria y sin fundamentos que todos sus bienes eran directamente ilegítimos.

Durante los primeros años de su exilio, Perón cambió varias veces su residencia en distintos países latinoamericanos hasta que se radicó definitivamente en España. Antes de salir de Venezuela, el general dominicano Rafael Trujillo le entregó 10 mil dólares para que se pudiera instalar en Madrid, aunque ese dinero Perón tuvo que usarlo para pagar el viaje. Se mudó a un departamento en el mismo edificio donde vivía la actriz norteamericana Ava Gardner.

Al tiempo, un militar amigo le ofreció adquirir unos lotes de terreno en una zona alejada de la capital española. Perón le propuso el negocio a Jorge Antonio con la condición de que uno fuera para él. El empresario compró uno a un millón de pesetas a pagar en diez meses y con 600 mil pesetas construyó la casa que fue luego la mítica e histórica residencia de Perón en Puerta de Hierro, bautizada “17 de Octubre”. Fue el propio General el que dibujó los planos y supervisó el desarrollo de las obras. En ese tiempo también recibió, como ayuda, fondos de la Unión Obrera Metalúrgica, y hasta el propio gobierno de Arturo Frondizi, quien había llegado al poder en 1958 gracias a un acuerdo político con el peronismo, se encargó de reforzar el auxilio económico.

A pesar de estas pruebas sobre el dinero de que habría dispuesto Perón durante sus años de exilio, la leyenda de su fortuna siguió viva. Varias de esas versiones giraron alrededor del oro nazi que se había desparramado al final de la Segunda Guerra Mundial y que habría tenido a la Argentina como uno de sus destinos. El sustento de estos rumores era un pacto político de la Argentina con la Cruz Roja, Estados Unidos, Rusia, Alemania y el Vaticano para recibir, como ocurrió en otras partes del mundo, a nazis en su territorio.

Una de esas historias cuenta que, una vez concluida la guerra en 1945, dos submarinos alemanes llegaron hasta las costas de Buenos Aires para rendirse en la ciudad de Mar del Plata. El hecho fue cierto, y la versión de trastienda que circuló afirmaba que pocos días antes habían descargado en la bahía de Samborombón cajas que contenían 200 millones de dólares en oro. Nunca se pudo comprobar, pero la idea quedó instalada. Otra de las historias vinculadas a Perón y los nazis fue el viaje que hizo Eva Perón a Europa en agosto de 1947. Según el relato, desde Buenos Aires habrían partido dos aviones: en uno iba la comitiva oficial y en el otro, cajones con barras de oro. La gira de Eva Perón abarcó España, Italia, Portugal y Francia; estuvo tres meses en el Viejo Continente y, en su libro La enviada, Jorge Camarasa afirma que mantuvo reuniones fuera de agenda con ex jerarcas nazis.

Durante su visita a Portugal, el depuesto rey de Italia, Humberto II de Saboya, la invitó a almorzar junto con su hermano Juan Duarte y algunos acompañantes. La cita fue en la hostería La Barraca, sobre la playa de Guincho, al oeste de Lisboa. El rey estaba acompañado por su esposa María José y dos personas más. Una de ellas era el mariscal Rodolfo Graziani, uno de los jefes del estado mayor de Benito Mussolini. Y, según Camarasa, en esa reunión se habría acordado depositar en un banco portugués un cofre con joyas. También relató que en 1956, ya sin Perón en el gobierno, el embajador argentino en Portugal, Conrado Traverso, y el cónsul Jorge Pochat habrían recuperado el cofre que tendría, según estimaron, valores por unos 100 millones de dólares.

En el mismo libro se sostiene que Evita se habría reunido con el commendatore Giovanni Maggio, alcalde de Rapallo, y que habría iniciado contactos para depositar en Suiza un cargamento de oro llegado por barco al puerto de Génova. Camarasa sostiene que Eva habría hecho trámites para abrir una caja de seguridad en el más importante banco de Suiza. La prueba de ello sería que el propio Perón procuró una media docena de veces acceder a esas cajas antes de su regreso definitivo a la Argentina.

Perón estaba convencido de que el depósito se había hecho y tres años después de su derrocamiento hizo una serie de gestiones secretas, que fracasaron. La primera —relata Camarasa—, a través del periodista Américo Barrios en 1958, cuando Perón estaba asilado en la República Dominicana y tenía problemas económicos. A principios de 1960, Isabel Perón realizó otro intento, sin resultados. Luego lo hicieron Jorge Antonio y Vicente Saadi.

Antonio confirmó la versión. Contó que a principios de los años 60, en virtud de sus vinculaciones con amigos alemanes y sus buenos contactos en Suiza, Perón le pidió que averiguara si existían en bancos suizos tres cajas de seguridad que estarían a nombre de Evita. Antonio se comunicó con Ludwig Erhard y con el presidente de la Société de Crédit Suisse. Los banqueros suizos investigaron y detectaron que, efectivamente, había una caja de seguridad ya vencida. Lo invitaron para abrirla y comprobar qué había dentro. Pero en su interior sólo encontró una bolsita de tela con monedas. “Volví a Madrid y le dije al general: ‘Tengo que desilusionarlo con la noticia que le traigo, el tesoro nazi no existe’.”

Un documento de inteligencia de Estados Unidos de la Central Intelligence Agency (CIA), fechado el 23 de marzo de 1972, en el momento de mayor conflicto con ese país, sostuvo que Perón estaría “maniobrando para apropiarse de millones de dólares depositados en un banco suizo” y que existían pruebas de que dichos fondos habían sido entregados por fugitivos nazis. También circuló otra interpretación del oro que, supuestamente, estaba buscando Perón: serían fondos que la Fundación Eva Perón habría depositado en Europa como inversión y que después del golpe de Estado de 1955, fueron bloqueados por el Club de París y, finalmente, nadie pudo rescatarlos.

No es ninguna novedad que Suiza fue refugio de capitales europeos, en realidad de todo el mundo, que encontraron en ese pequeño territorio la seguridad perdida en los países que luchaban en la Segunda Guerra. ¿Qué otro lugar era tan seguro y encima con secreto bancario? Como país neutral, se convirtió en un cofre donde se preservaron miles de millones de dólares, que estaban en peligro de perderse en medio de las bombas. De hecho, funcionó un implícito acuerdo político y económico interncional para que fuera una especie de santuario monetario intocable.

A mediados de la década del 90 se confirmó oficialmente lo que todos sabían: la banca helvética había recibido y guardado oro de los nazis. Esto surgió después de una investigación realizada por más de 400 entidades financieras de ese país. En 1996 el banquero suizo Hans Peter Haeni descubrió 1.300.000 dólares que habían pertenecido a once personas, entre ellas, judíos asesinados. Ése fue el punto inicial de una reacción mundial que reclamó investigar a fondo el origen del dinero depositado durante los años treinta y cuarenta. De inmediato, el Parlamento suizo constituyó una comisión especial investigadora. Un informe norteamericano agregó que, hacia fines de la guerra, los Estados Unidos ya tenían información del ingreso de fondos secretos de los alemanes a esa banca. El entonces cónsul general norteamericano en Suiza, Walter Sholes, llegó a decir que los bienes del Tercer Reich en Suiza ascendían a más de 116 mil millones de dólares.

Y así como se supo de la ruta del dinero en Suiza, apareció también la pista argentina. En 1996 se conoció otro documento diplomático de los Estados Unidos, con fecha original de abril de 1945. Decía que, un mes antes de finalizada la guerra, los nazis habían enviado secretamente a bancos argentinos, aseguradoras y firmas comerciales mas de mil millones de dólares. Según ese dossier, la cifra surgía de “conjeturas e informes financieros”. Es decir, especulaciones.

El escándalo del oro nazi en Suiza se extendió por todo el planeta. El Vaticano, Brasil, Argentina e Italia, entre otros países, se comprometieron a poner la lupa en los archivos de sus sistemas financieros. El Banco Central de la República Argentina permitió conocer los movimientos de aquella época. La televisión suiza informó que parte del oro, alrededor de 250 kg, había salido de Italia con destino a Suiza y que el tema estaba relacionado con las actividades de Licio Gelli.

En los primeros días de marzo de 1997, Claudio Negrete tuvo la posibilidad de visitar Suiza como periodista. Mantuvo distintas reuniones con altos funcionarios del gobierno y banqueros del país. La tarde del 5 de marzo fue recibido en la sede central del Crédit Suisse por tres importantes directivos de la entidad: André-Lou Sugar, Fritz Stahel y Paul Rhyn. Fue una reunión de más de tres horas en un aristocrático edificio, en ese entonces en reparación, ubicado en el corazón financiero de Zurich. Los banqueros se concentraron en contar las bondades del sistema, la posición del banco en el mercado, los objetivos que tenían en América Latina, en especial en la Argentina, donde reside la comunidad suiza más importante en la región.

La conversación continuó a la noche en un refinado restaurante de la ciudad. En un salón privado del primer piso, iluminado por una imponente araña y paredes revestidas en madera y espesas cortinas de terciopelo que adornaban las ventanas, se generó un espacio más distendido para hablar de otros temas, entre ellos los crecientes cuestionamientos internacionales por el oro nazi depositado en Suiza. Los directivos del Crédit Suisse relataron cómo familias judías perseguidas por los nazis habían utilizado la banca suiza atraídas por el secreto bancario, depositando valores de todo tipo para evitar que los alemanes los secuestraran. Muchos de esos depósitos se hicieron bajo otros nombres para preservar las identidades originales. Y agregaron que ya en la década del 60, Suiza había hecho un informe sobre la existencia de dinero ingresado durante la Segunda Guerra Mundial y que entonces se hizo una convocatoria pública para que aquellos que tuviesen derechos hereditarios acreditados se presentasen a retirar esos valores. Muy pocos lo hicieron y muchas cuentas quedaron sin ser reclamadas. Suponen que esta situación se debió a que, al ser abiertas las cuentas con otros nombres, los herederos naturales desconocían la existencia de esos depósitos o carecían de la documentación correspondiente para acreditar y reclamar sus derechos.

—¿Cualquier persona puede acceder a una cuenta secreta con sólo tener el número? —preguntó Negrete.

Los banqueros coincidieron en que las cuentas son secretas, es decir, el sistema está obligado a no revelar a quiénes pertenecen. Sin embargo, esto no significa que sean anónimas. Explicaron que el secreto se circunscribe a no brindar la información de quién o quiénes son los titulares, pero la apertura de una cuenta es personal, en forma directa o, eventualmente, a través de un apoderado. Tienen número, nombre y apellido, y esa información es absolutamente confidencial. De a poco, Negrete fue llevando la conversación a otra de las incógnitas. Si existía en la banca suiza un sistema de seguridad que utilizara huellas digitales, como se decía en Buenos Aires para justificar que las manos de Perón fueron robadas para acceder a una cuenta secreta. Negaron que alguna vez algo así hubiera funcionado en la banca suiza, especialmente antes de la muerte del General, de quien se supone debería en persona haber registrado sus huellas. Luego, ese sistema de identificación se desarrolló con éxito y hoy es común ver cómo se usa para múltiples funciones, entre ellas la de abrir una puerta o registrar el ingreso de un empleado. Pero, además de leer las huellas dactilares, necesita reconocer el calor de la mano para que funcione.

Más allá de las sospechas recurrentes, la fortuna personal de Perón no ha sido todavía hallada. La única referencia concreta es la sucesión definitiva de sus bienes, realizada después de su muerte en 1974, que incluía la deuda que el Estado había reconocido por los salarios no abonados como presidente de la Nación y oficial del Ejército Argentino durante los años de exilio. En el proceso judicial actuó como administrador de la herencia el doctor Atilio Neira, quien años después fue el abogado de la viuda de Perón en la causa de la profanación. La suma total de la deuda del Estado con Perón alcanzó a 84.000.000 de pesos ley de entonces, equivalente a 8.400.000 dólares, paradójicamente la misma cifra que reclamaban los profanadores.

No obstante, la situación no era idéntica a la de años atrás. La familia Duarte accionó judicialmente contra Perón en 1955, luego de ser derrocado, cuando la madre de Evita, Juana Ibarguren, demandó la revocatoria de la cesión de los derechos sucesorios de Evita que ella misma había hecho a favor de Perón. Recién en 1973, mediante la ley 20.530 del Congreso Nacional, se hizo lugar a la reparación histórica de Perón, se pagó la indemnización restituyéndose las condecoraciones y los bienes: la quinta de San Vicente, comprada por Perón antes de 1943, la casa de Gaspar Campos y la contigua con entrada por la calle Madero, ambas adquiridas a principios de los 70, y que eran bienes gananciales del matrimonio con Isabel Perón. Y por último, la quinta madrileña “17 de Octubre”, que estaba a nombre de su última esposa.

Fue entonces cuando las hermanas de Evita retomaron el reclamo de su madre e insistieron en que se les reconocieran sus derechos hereditarios. El eje de la discusión fue si los derechos sucesorios del matrimonio de Evita con Perón correspondían hasta su muerte o hasta la del General. Evita murió tres años antes de la caída del gobierno de su marido. La sucesión interpretó que el aumento patrimonial de Perón se había registrado antes de ser expulsado del poder. A eso le sumó las indemnizaciones por los haberes no pagos de presidente y oficial del Ejército. Una vez fallecido Perón, la conclusión de Isabel fue que, sumando todos los bienes y los fondos recibidos por su esposo, en realidad a las herederas de Evita les correspondía el 37 por ciento de la herencia en vez del 50 por ciento del total que exigían al extender los reclamos hasta 1974.

Las Duarte rechazaron ese argumento. Isabel ya se había hecho cargo de la presidencia del país en medio de una violencia política descontrolada y desestabilización institucional que duró 20 meses hasta el golpe militar. Para darle continuidad al trámite judicial por la herencia, la viuda de Perón depositó en sede judicial el 37,5 por ciento del total del monto correspondiente a la sucesión, alrededor de 31 millones de pesos ley de entonces. Mientras la Justicia intentaba dirimir este conflicto con las Duarte, se produjo el golpe de Estado en 1976. La causa se paralizó.

Vuelta la democracia, en diciembre de 1986 la Corte Suprema de Justicia falló a favor de las hermanas de Evita en su reclamo del 50 por ciento, calificando a Isabel de “deudora de mala fe” y, por lo tanto, le imputó la indexación, los intereses y costas del juicio. La deuda total sumó 10 millones de dólares. Para solucionar el conflicto definitivamente, Isabel pagó con la cesión de todos los bienes que había heredado de su esposo, esto es, la quinta de San Vicente y las casas de Vicente López. Tras numerosas gestiones para que el gobierno de Menem comprara la quinta “17 de Octubre” y fuera conservada por el Estado como un lugar histórico, finalmente Isabel tuvo que vendérsela al grupo Compudisk en 4 millones de dólares. El cheque lo recibió Erminda Luján Duarte de Álvarez Rodríguez, una de las hermanas de Evita. Después, la casa fue demolida y en el amplio terreno se construyó un complejo de departamentos bajos. En cuanto a la quinta de San Vicente y las casas de Vicente López, fueron compradas por el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires.

Existió otro tema conflictivo en relación con los bienes y la herencia de Perón. De aquellos 84 millones de pesos ley que se habían reconocido como deuda del Estado argentino a Perón en su tercera presidencia, sólo se abonaron 53 millones —algo más de 5 millones de dólares—, que fueron depositados en Suiza en una cuenta personal a nombre de Perón e Isabel. Después del golpe de Estado del 76, la dictadura aceptó que el doctor Julio Isaac Arriola fuera el apoderado de Isabel. En 1981, la ex presidenta recuperó su libertad y obligada a abandonar la Argentina, se radicó en España. Pero una semana antes el doctor Arriola se adelantó y fue hasta Suiza para sacar el dinero depositado. Haciendo uso de esa facultad, consiguió que el banco suizo le transfiriera 5 millones 600 mil dólares. Los giró a nombre de Isabel, tal fue la exigencia del banco como medida de seguridad, a una entidad en Luxemburgo. El viernes 17 de julio el dinero se acreditó en el Banco General de Luxemburgo, y dos días después Arriola completó la maniobra transfiriendo los fondos de la siguiente manera:

1.300.000 dólares al Banco Crédit Suisse, de Ginebra, a nombre de Bernard Giauque.

100 mil dólares a un banco de Madrid y a nombre del abogado Collantes, nombrado por Arriola para gestionar la radicación de Isabel en España.

1.618.000 dólares al Banco Leumi, en Ginebra, a nombre de Martín Godschmidt.

300 mil dólares a una cuenta familiar de Isabel en Madrid (después Arriola informó que fueron utilizados para pagar los gastos de Isabel en España).

2.299.478 dólares los retiró en efectivo en forma personal.

El Banco de Luxemburgo cobró 955,58 dólares en concepto de comisiones. La cuenta quedó prácticamente en cero. Además, Arriola, quien había sido el depositario de las joyas de Isabel, nunca se las devolvió.

Desde que la viuda de Perón quedó en libertad, todos sus problemas judiciales pendientes estuvieron barnizados por intereses políticos. El regreso de la democracia no significó que el sistema judicial recuperara su independencia y se limpiaran las huellas funestas de la dictadura en el sistema. Durante el gobierno de Alfonsín, los reclamos de Isabel también se enfrentaron a obstáculos y trabas de una Justicia que empezaba a sintonizar con las necesidades y los beneficios que reportaba estar cerca del nuevo poder, el de los políticos.

Regresando a los supuestos motivos económicos que habría detrás del robo de las manos de Perón, otra de las hipótesis sostuvo que, en realidad, el objetivo de los profanadores fue robar el anillo que Perón tenía en su mano izquierda donde, supuestamente, estaría grabado el número de la famosa cuenta bancaria secreta. En la suposición de que se pudiera acceder, cosa que sólo hubiera podido hacer un heredero directo, bastaba con llevarse el anillo o, si era necesario, el dedo también, pero no resiste lógica alguna las dos manos.

Varias versiones del cuento del anillo circularon desde aquellos años. Una sostenía que se lo había quedado Isabel cuando falleció su esposo. Otra surgió de la frondosa imaginación del ex agente del Ejército Mario Aguilar, quien relató una historia que echaría por tierra la hipótesis de que el robo de las manos fue para hacerse del anillo. Contó que después de la muerte de Perón, él fue trasladado de su lugar de trabajo en la Presidencia de la Nación al Ministerio de Defensa para ponerse a las órdenes del ministro Adolfo Savino, quien era, según Aguilar, “el quinto hombre de la P2” en la Argentina. Savino le habría dado a él dos valijas con importante documentación y algo muy especial que le puso en la mano recomendándole un particular cuidado: el anillo de Perón que tenía —según su relato— el número de una caja de seguridad en Suiza. Aguilar viajó a Montevideo para encontrarse con el hijo de Humberto Ortolani, uno de los hombres clave de la P2 a nivel internacional. Finalmente, el anillo fue llevado en forma secreta a Italia para entregárselo al jefe máximo, Licio Gelli. Al parecer —siempre de acuerdo con los dichos de Aguilar—, la P2 necesitaba tener ese anillo para acceder a la caja de seguridad porque Perón había sido el depositario de un certificado de bonos emitido por el INRI italiano (en los 90 el INRI fue denunciado por corrupción, y muchos políticos de Italia, como el ex primer ministro Bettino Craxi y su ministro Gianni De Michelis, fueron encontrados culpables de realizar negociados con los créditos) para promocionar inversiones por un total de 4 millones de dólares. El tenedor de esos bonos habría sido el Banco Ambrosiano, y los papeles pertenecerían a una sociedad argentino-panameña, un negocio en el que la mafia italiana y la P2 estaban comprometidas. Savino le habría dicho a Aguilar que él mismo le había recomendado a la P2 que ese título lo guardara Perón porque era la mejor garantía. Como para certificar sus dichos, Aguilar recordó un escándalo ocurrido en 1990 cuando un banquero cayó preso en Venezuela por una defraudación internacional, hecho que estuvo vinculado a los supuestos bonos que Perón habría guardado en garantía y que habrían comprometido seriamente al Vaticano.

A medida que fue pasando el tiempo, las distintas hipótesis de que las manos de Perón fueron robadas por cuestiones económicas se debilitaron hasta desaparecer. Los mismos profanadores dieron los primeros indicios de que ése no había sido el objetivo central, a pesar del rescate que solicitaron. Nunca insistieron en reclamarlo.

También se habló de que las huellas digitales servirían para falsificar un documento o un poder que permitiera acceder a las supuestas cuentas secretas. Esta idea fue más descabellada aún porque en una operación de estas características las autoridades bancarias tendrían que haber contado con la certificación de la Policía Federal Argentina para determinar si efectivamente correspondían a Perón. La pista de los objetivos económicos que hubo detrás del robo de las manos se diluyó con rapidez. Se usó para distraer.

DIEZ
Operación canje

Un año después de la profanación de la bóveda de Perón y de la violación de su cuerpo, la investigación judicial entraba en un callejón sin salida. Las pocas pistas creíbles que se siguieron empezaban a confundirse en un laberinto que casi siempre conducía a la nada. No obstante, Far Suau mantenía la actitud de agotar todas las instancias y estaba convencido de que el robo de las manos no podía pasar a la larga lista de hechos impunes de la historia argentina.

A pesar de ciertas expresiones de apoyo, en realidad el gobierno de Alfonsín miraba con algún recelo la forma en que el juez se manejaba en forma independiente, decían que se “cortaba” solo en la investigación, notaban los radicales que había poco espacio para encauzar políticamente el tema. Far Suau aplicaba los instrumentos jurídicos a su alcance y no quería moverse de esa línea de acción. Quizás apostaba a que la resolución de un caso tan complicado significaría también un triunfo de un sistema judicial cuestionado por la complicidad que había tenido con la pasada dictadura militar y por su ineficiencia burocrática. El juez fue aumentando los cuerpos de la causa con miles de hojas que aportaban un cúmulo de información que hasta ese momento era difícil de analizar y vincular entre sí como para empezar a armar el complejo rompecabezas de la profanación.

Un día, Juan Carlos Iglesias tuvo la idea de organizar un asado en su quinta del Barrio CUBA, en Villa de Mayo, para intentar fortalecer la relación del grupo y crear nuevos lazos de compromiso entre funcionarios, policías y los colaboradores más directos del juez. Fueron unas veinte personas que, en forma directa o indirecta, estaban trabajando en la investigación. Era un domingo soleado de septiembre de 1988. Nadie faltó: estaban el juez Far Suau, que llegó en su Ford Sierra blanco, que conducía con maestría, los comisarios Basso y Zunino, el personal del juzgado y algunos de los amigos directos del magistrado. Un poco más tarde apareció el jefe de la Federal, comisario general Juan Pirker. Estaba solo, sin custodia, manejando su propio coche y traía en sus manos un paquete de “empanadas por si no alcanzaba la comida”, según comentó en tono de broma, aunque en realidad había llevado un postre.

Poco tiempo después de ese almuerzo, el comisario Zunino fue víctima de un atentado, del que salió malherido; salvó su vida en forma milagrosa. Este hecho perturbó a Far Suau, porque mostraba hasta dónde estaban dispuestos a llegar quienes se oponían a la investigación judicial. El ataque a su principal colaborador se produjo en el momento de mayor presión sobre la causa y cuando más aislado se sentía el magistrado. Después de visitar a Zunino, convaleciente en el Hospital Churruca, solía repetir a sus amigos y ayudantes que el próximo blanco de ataque iba a ser él. En esas circunstancias, desde el poder se armó una propuesta para convencer a Far Suau de aplicar una solución política y así cerrar la causa. El magistrado se negó. Prefirió no denunciar públicamente la oferta que había recibido de altos funcionarios del gobierno radical.

La inquietud por el accionar solitario del juez disparó en el gobierno la decisión de buscar información propia por fuera de la investigación judicial. A principios de 1988, Pirker convocó a su despacho a un grupo de elite de la Federal que había trabajado con éxito en la resolución de casos de gran impacto en la opinión pública, como el secuestro y asesinato del empresario Osvaldo Sivak, cuyo cuerpo fue encontrado casualmente en noviembre de 1987, y también en el del llamado “Clan Puccio”, dedicado a secuestros extorsivos y asesinato de sus víctimas.

El grupo, de no más de seis policías, tenía una característica particular: se especializaba en operar al margen de las estructuras formales de la fuerza de seguridad. Estaba capacitado para realizar acciones rápidas que cumplía por “izquierda”, aunque lo hacía siguiendo órdenes precisas de sus superiores. Investigaban a su manera, sin respetar las leyes, usaban identidades falsas, se infiltraban entre delincuentes, realizaban allanamientos clandestinos, si era necesario secuestraban a personas. Una vez que resolvían el caso, avisaban a sus jefes y así aparecía después la “policía formal” y legalizaba todo lo que se había hecho.

En 1999 los autores de este libro mantuvieron tres reuniones secretas con ex integrantes de ese grupo comando. El primer contacto fue en el tradicional bar Suárez, en la esquina de Maipú y Avenida Corrientes; el segundo se hizo en la clásica confitería Richmond de la calle Florida 468; y el tercero en un campo de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a cien kilómetros al oeste de la Capital Federal. Quizá debido a la confianza que nos habíamos ganado, esta última entrevista fue la más larga de las tres y la más rica en información y detalles, en medio del campo, bajo árboles de frondosa copa, en un atardecer soleado y muy frío.

Nos relataron la historia que probablemente estuvo más cerca de descubrir la verdad sobre la trama secreta que se ocultó detrás de la profanación. Tras ser convocados por Pirker, los federales comenzaron cruzando toda la información que tenía la policía con la idea de definir las principales líneas de investigación por seguir. Primero intentaron descifrar el misterioso nombre “Hermes” que aparecía firmando la carta de los profanadores. Alguien recordó el nombre de un ex servicio de inteligencia de la Policía Federal que se había hecho famoso en la institución por su conocimiento de todos los temas relacionados con el hermetismo y sus símbolos, y en especial los de la cultura griega. Un experto que la policía utilizaba cada vez que tenía que resolver algún hecho que tenía como pistas principales esta clase de simbologías. Era un personaje muy particular, un policía que siempre trabajó en el límite del delito, hasta que lo echaron de la fuerza. Uno de esos tipos pesados, de buena preparación y mucho oficio, pero que había sido dado de baja en los años 70 por vender información secreta.

Tenía una oscura historia que alimentó la sospecha de que algo sabría sobre el enigmático “Hermes” de las manos de Perón. A principios de aquella década había logrado infiltrarse en el peronismo gracias a que su mujer era militante justicialista. Su personalidad extravertida le permitió ganar espacios en el partido y ascendió rápidamente entre los cuadros políticos. Un día llegó hasta la misma quinta “17 de Octubre” para entrevistarse con el viejo general. Perón lo recibió. Iba a participar en La Habana en la reunión de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), a la que solían concurrir gran parte de los grupos guerrilleros de entonces y Perón le entregó una carta para que se la diera en su nombre a Fidel Castro. El policía fue a Cuba y, finalmente, debió quedarse dos meses por una enfermedad que contrajo. El informe secreto que hizo sobre la reunión de OLAS en Cuba, y que tenía como destino la Policía Federal, lo vendió después a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en manos del gobierno militar. La jefatura policial se enteró de la traición y le inició un sumario administrativo que terminó con la baja de la fuerza. Se radicó en la provincia de Catamarca y nunca más se supo de él.

Habían pasado muchos años de aquellos episodios, pero los datos que tenían en la Federal confirmaban que seguía viviendo allí. Los policías lograron intervenir su teléfono particular. Las primeras pistas fueron exitosas. Detectaron llamadas en las que hablaban de encuentros en la Chacarita. En un primer momento este dato pareció una clave importante, después se descubrió que se trataba de conversaciones con una amante y que la cita en la Chacarita se refería en realidad a un cruce de la ruta que va hacia La Rioja, donde se reunían para ir después a un hotel que estaba muy cerca de allí.

No conformes, decidieron ir hasta Catamarca y tratar de secuestrarlo para sacarle verdad o mentira de su supuesta vinculación con la profanación. Seis policías viajaron de incógnito haciéndose pasar por turistas. Fueron en un Ford Falcon y una camioneta del tipo motorhome. En la capital provincial pudieron averiguar que el ex federal estaba viviendo a unos 15 kilómetros fuera de la ciudad, precisamente en la misma ruta del famoso “encuentro en la Chacarita” de las llamadas telefónicas. De paso, desde la jefatura de Buenos Aires se les pidió que averiguaran otros datos sobre hechos que preocupaban a los mandos, como el robo de autos y el tráfico de drogas.

En pocas horas detectaron cuarenta autos con pedido de captura que circulaban normalmente sin que nadie los revisara. También obtuvieron información sobre operaciones raras que se hacían en el aeroclub de Catamarca; se detectó que tenía más movimiento aéreo que el propio aeropuerto provincial. Los federales estudiaron al aeroclub desde una colina cercana. Vieron cómo aterrizaban las avionetas y eran inmediatamente rodeadas por varios vehículos oficiales en los que se empezaba a descargar paquetes de la nave. De repente, un patrullero de la policía provincial ingresó en la pista, un oficial impartió órdenes que eran imposibles de descifrar a la distancia y, finalmente, la avioneta levantó vuelo y se perdió entre las montañas.

Los federales tomaron la ruta sin que los demás se dieran cuenta. Lograron alcanzar a uno de los autos que había estado en el aeroclub. Simularon chocarlo. La idea era tomar contacto personal con los sujetos. Actuando como viajeros sorprendidos, se bajaron a discutir y después de los insultos y gritos del caso, finalmente solucionaron el problema: les dieron el dinero para arreglar el choque y acordaron reunirse más tarde en un restaurante de la ciudad para descomprimir la situación. En esa cena supieron que las personas eran policías catamarqueños y que lo visto horas antes en el aeroclub era en realidad uno de los tantos embarques de droga que pasaban por Catamarca.

Camuflados como turistas, retomaron la senda del ex servicio de inteligencia. Pirker les había dicho que si era necesario se despejarían mil metros de ruta para que una avioneta de Buenos Aires pudiera bajar y, eventualmente, sacarlo de allí. Pero desestimaron esa posibilidad porque habían detectado que las policías de Catamarca y La Rioja estaban intercomunicadas por radio. Si tenían que escapar con el secuestrado, preferían hacerlo por tierra hasta otra provincia con menos riesgos.

Cada dos días el grupo se comunicaba con Pirker para darle todas las novedades y seguir con la operación. Decidieron ir a buscarlo a su casa de las afueras. El jefe del grupo prefirió encarar solo la misión. Dejó el auto en un camino que pasaba por un cerro. Bajó a pie hasta que se encontró con un rancho donde se vendía dulce de chañá. Unos perros mal cuidados y flacos aparecieron a puro ladrido y, detrás, una señora mayor con rasgos de india.

—Bueeenas... ¿Qué anda buscando? —preguntó con tonada provinciana—. ¿Quiere un poco de dulce de chañá?

El policía le siguió la corriente. Probó el dulce y, en un descuido de la mujer, lo escupió. Era horrible.

—Vengo de Buenos Aires, quiero comprar limones y estoy buscando a un amigo porteño que me dijeron que vive por aquí.

—Ah... busca al porteño, que le dicen. Siga por ahí, derechito, y se va a encontrar con la casa a unos 150 metros.

La casa era humilde y estaba rodeada de limoneros. Unos gansos le salieron al paso, atrás pudo ver estacionado un Peugeot 404 verde. Golpeó las manos. Nadie contestó ni salió. Un vecino se acercó y le dijo:

—Si busca al porteño, no está. Se fue a Córdoba pa’ operarse. No anda bien del corazón.

—¿Y ése no es su auto? —le preguntó lleno de sospechas.

—El porteño tiene dos autos igualitos, dos Peugeot 404 del mismo color y con la misma patente —respondió el viejo catamarqueño.

El policía hizo como que se retiraba y regresó por un costado. Abrió la tranquera, dejó escapar a los gansos para que no gritaran más. Forzó una ventana y logró entrar en la casa. Revisó todo, pero no encontró ni un solo elemento o documento que pudiera tener relación con el robo de las manos de Perón.

Los federales habían averiguado que “el porteño” estaba muy vinculado a los Saadi y solía publicar notas periodísticas en los diarios locales. Se instalaron en la confitería Jockey Club, tradicional lugar de encuentro que está justo frente a la Plaza 25 de Mayo, la principal de la ciudad. Era cuestión de detectar a una de las amantes que tenía el ex policía. Después de varias averiguaciones y horas de vigilia encontraron a una, siempre haciéndose pasar por turistas amigos de él. Se enteraron de que tiempo atrás “el porteño” le había dado una máquina de escribir para que la guardara en su departamento. Siguieron en contacto con la mujer: un día la entretuvieron mientras uno de ellos se las ingenió e ingresó en su casa.

Ahí estaba la máquina de escribir que tanto trabajo les había dado encontrar. No se sabía si era la que usaron los profanadores, pero era algo concreto, un elemento quizá clave. La llevaron a Buenos Aires clandestinamente y la entregaron a los técnicos de la Policía Federal que hicieron las pericias con el original de la carta de los profanadores. Se confirmó que la máquina coincidía con la usada para escribir la carta firmada por “Hermes”. Era la primera prueba concreta que se había tenido, y esta información la conocían sólo los policías que intervinieron en el operativo y el comisario Pirker. Pero lamentablemente no pudieron avanzar más: al único sospechoso le falló el corazón, “el porteño” había fallecido en Córdoba. Esta pista, quizá la más concreta, también se esfumó.

El grupo especial de la Federal estuvo trabajando alrededor de dos meses. Había sido convocado a instancias del entonces ministro del Interior, Enrique “Coti” Nosiglia, que había iniciado su propia investigación, quería tener información propia más allá de la que manejaba Far Suau. Pretendía resultados concretos. Cuando el comisario Pirker les transmitió las órdenes a los policías del grupo de operaciones, les dijo claramente que debían encontrar sí o sí las manos de Perón y que no importaba tanto quiénes habían sido los autores materiales de la profanación.

Ya se vislumbraba una fuerte separación entre el gobierno radical y el accionar de la Justicia. Se acercaban las elecciones presidenciales de 1989, y el peronismo estaba lanzado como la única alternativa electoral de triunfo. Para el gobierno radical, acusado de ser incapaz de manejar la seguridad de los argentinos en medio de levantamientos militares y bombas, develar el destino de las manos de Perón sería, al menos, un golpe de efecto muy fuerte ante una opinión pública adversa.

Además, resolver políticamente el hecho, sin la lógica judicial de llegar hasta las últimas consecuencias, pondría un límite a la investigación en cuanto a quiénes habían sido los autores intelectuales, algunos de los cuales podrían, incluso, estar vinculados al propio gobierno. Estas sospechas, que se movían detrás de la trama del proceso judicial, volvieron a salir a la luz cuando el domingo 23 de octubre de 1994 el diario La Nación publicó una nota titulada “Puntos secretos de un crimen”, firmada por el periodista Ricardo Larrondo, donde se relataron en forma minuciosa los pormenores de la investigación. A Iglesias le llamó la atención que el caso volviera a los medios después de años de silencio.

Leyendo la nota recordó todo lo que le había tocado vivir junto con el juez Far Suau, la última vez que estuvieron juntos, lo conversado en su despacho sobre la causa, sus sospechas, sus problemas personales y familiares, el viaje relámpago a Bariloche para visitar a su hijo que le costaría la vida. Acostado en su cama, Iglesias releyó la nota varias veces y clavó sus ojos en la foto que acompañaba el texto: el juez Far Suau junto al comisario Pirker con el epígrafe que decía: “Contacto. En 1988 Jaime Far Suau y Juan Ángel Pirker tuvieron una reunión con un alto operador del radicalismo que prometió el esclarecimiento del robo de las manos de Perón. Los participantes de la entrevista se llevaron el dato a la tumba”.

Iglesias era uno de los pocos colaboradores de Far Suau que sabía los detalles de lo ocurrido en esa reunión de alto nivel. Podía recitar palabra por palabra la versión que el juez les dio a sus colaboradores de la negociación planteada desde el gobierno. Fue a mediados de 1988, cuando el comisario Pirker lo convocó a él solo al despacho del ministro del Interior, Enrique “Coti” Nosiglia, con la excusa de analizar la marcha de la investigación. Tanto el juez como el comisario Zunino confiaban plenamente en la honradez y profesionalidad del jefe de la Policía Federal, aunque abrigaban reservas en cuanto a la expresa subordinación que tenía con el ministro.

Al principio del encuentro, el juez informó las últimas novedades. Pero enseguida Nosiglia tomó la iniciativa y fue al grano. Lo miró de frente y le propuso sin más dilaciones lo que venía pensando desde hacía largo tiempo: buscar una solución política a la investigación, resolver el caso lo más rápido posible y con el menor costo. Far Suau se quedó duro. El silencio se instaló y una sensación de incomodidad general invadió el despacho. El ministro comprendió que no tenía margen para avanzar en la negociación. Entonces, insistió como jugando su última carta: le dijo que las manos de Perón iban a aparecer, pero que primero se debía resolver políticamente la situación judicial y determinar hasta dónde llegaría la Justicia en su acción represora. Se refería a limitar los cargos contra los autores materiales de la profanación, obviando la culpabilidad de los autores intelectuales.

No del todo convencido con la propuesta que había hecho Nosiglia, el jefe de la Policía Federal intercedió y trató de persuadir a Far Suau con otros argumentos. Usando con cuidado sus palabras, le aconsejó flexibilizar la forma en que encaraba la investigación. Indignado y con una bronca sólo comprobable en sus gestos, Far Suau dejó el despacho y, todavía algo confundido, buscó un refugio en el comisario Zunino. Se dirigió a la Comisaría 29, desde donde se comunicó con sus colaboradores para concertar una reunión urgente al día siguiente. Se quedó en la comisaría hasta la una de la madrugada descargando su indignación. No salía de su asombro por la oferta que, entendía, había recibido de un gobierno democrático que se había comprometido a respaldar su trabajo como juez. Finalmente, consiguió comunicarse con Juan Carlos Iglesias y lo convocó a una reunión a solas.

Iglesias pensó que iba a ser una más de las que realizaban habitualmente para analizar el seguimiento de los distintos pedidos de juicio político que estaban en trámite legislativo. Pero otra sería la novedad que lo esperaba. Llegó cerca del mediodía. Fue hasta el tercer piso del Palacio de Tribunales, entró en el despacho, siempre muy ordenado, con la fotografía de su familia en el escritorio, el agua caliente lista para servir un mate, té o café. Lo sorprendió lo desilusionado que estaba Far Suau, quien relató con detalles lo sucedido la noche anterior en la Casa de Gobierno.

—Y usted, doctor, ¿qué le contestó? —preguntó Iglesias.

—Le dije a Nosiglia: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

—¿Y entonces?

—Nosiglia se retiró por unos minutos del despacho. Me quedé solo con Pirker. Me pareció que él tampoco estaba muy convencido de lo que había dicho Nosiglia. Igual intentó convencerme diciendo que tenía que modificar mi posición y eso iba a permitir encontrar una solución a la causa, un corte definitivo que resultara razonable para mí y para el gobierno. A los pocos minutos volvió Nosiglia y me preguntó si había repensado la propuesta que me había hecho antes.

—¿Qué le contestó?

—Lo mismo: “Dentro de la ley todo, ministro; fuera de la ley nada”. Me levanté y sin saludar a Nosiglia me retiré del despacho enojadísimo. Pirker me alcanzó en la puerta de la Casa Rosada, pero seguí mi camino. Cuando le dije a Nosiglia: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, se molestó por mi intransigencia. No me importó, Iglesias. Me levanté y me fui, no aguanté más estar en ese lugar. No quise hablar más; con una propuesta así, el ministro no merece más mi respeto.

—¿Por qué rompió el diálogo, doctor? ¿No era conveniente para la investigación seguirlo para tener más datos? —insistió Iglesias.

—Me molestó tanto que no lo pude tolerar. No estuve lúcido para eso que usted dice, la bronca me bloqueó. Igual no voy a bajar la guardia, voy a seguir adelante. Lo único que me queda es Zunino y usted.

Tras un prolongado silencio, el juez reaccionó y le preguntó:

—¿Usted qué hubiese hecho en mi lugar?

—Es muy difícil ponerse en su lugar pero yo, quizá, con toda frialdad hubiera seguido el diálogo hasta el final para conocer en detalle hasta dónde llegaba la propuesta del gobierno, cuál era el plan, qué sabían sobre las manos de Perón, qué estaban ocultando. Después hubiera hecho lo que correspondía, como lo hizo usted.

Perturbado aún, Far Suau no supo explicar el motivo o la razón del ofrecimiento de Nosiglia. Se trató de lo que algunos llamaron después “operación canje”, es decir, cambiar las manos que aparecerían por impunidad judicial, ya que el caso se cerraría tras completar las formalidades. Cualquiera que fuera la situación, la propuesta de Nosiglia hubiese dejado en evidencia la vinculación de fuertes hombres del gobierno radical con la profanación y el robo. Y si, eventualmente, se trataba de hacer pasar otras manos como si fueran las de Perón, se habría estado frente a un fraude procesal grosero, porque cabía suponer que serían periciadas para hacerlas aparecer como las originales. Eso se tendría que llevar adelante con la complicidad del gobierno, la Policía Federal y el juez.

Tiempo después, el comisario Zunino confirmó por boca del propio Pirker todo lo que le había relatado el juez Far Suau la noche de la reunión con Nosiglia. Durante todo ese lapso, el jefe de la Policía Federal mantuvo activo al grupo de operaciones especiales que había encontrado la máquina de escribir. Quizá los policías esperaron la orden final del ministro Nosiglia para que siguieran avanzando en la investigación paralela. Pero esa orden nunca llegó y el grupo fue desarmado.

Tras el encuentro con Nosiglia y Pirker, Far Suau comprendió que esta vez sí estaba solo. No tenía otro camino que seguir con su trabajo: prefirió ser juez a prestarse a un arreglo político. Tomó una prudente distancia del gobierno y, con las pocas herramientas de que disponía, retomó con su equipo la investigación. Ahora se le sumaba el desafío de averiguar cuál era la trama política que se movía detrás del caso. Mientras, sus enemigos comenzaron a preparar el momento de su caída.

ONCE
Los atentados

El domingo 14 de agosto de 1988 intentaron asesinar al comisario Carlos Zunino, el policía que había hecho causa común con el juez. La maquinaria de intimidación se había puesto nuevamente en marcha ante la insistencia judicial en seguir investigando. Ahora el círculo se cerraba en torno a los más cercanos a Far Suau.

Ese domingo, a las once de la mañana, el policía salió de su casa de la calle Gabriela Mistral en la Capital Federal. Estaba con su esposa, Ana, y su hija Mónica. Iban al cementerio de la Chacarita, como lo hacían todos los domingos, para llevarle flores a la tumba de su pequeño hijo que había fallecido el 20 de octubre del año anterior, cuando sólo tenía cinco meses. Después, tenía previsto pasar por la Comisaría 29, de la que era titular, para dar el parte diario, y luego almorzar con su familia en un restaurante.

Pero ese mediodía un hecho fortuito lo obligó a regresar a su domicilio: se había olvidado la tarjeta de crédito. Era la una de la tarde cuando estacionó el auto frente a su casa. Al llegar vio movimientos sospechosos y su hija escuchó ruidos extraños dentro de la casa que había quedado sola. Zunino bajó del auto empuñando su arma y vio que desde el zaguán de la vivienda vecina salía un joven con jeans y pulóver rojo. No se detuvo en lo que había visto ni le llamó la atención, era habitual en lo de su vecino.

Cuando entró en la casa se encontró con otro panorama, desolador. Desde la cocina hasta el patio interno estaba amontonada una larga hilera de cosas, preparadas como para una mudanza, embaladas con gran prolijidad. Los tres televisores con sus cables recogidos en la parte de atrás, la ropa personal envuelta en sábanas atadas en sus puntas, los pequeños muebles unidos con exactitud. La documentación de sus portafolios había sido colocada en forma escalonada sobre la mesa de la cocina. Los cajones vaciados y sus cosas puestas también en sábanas. Aparentemente habían entrado con la intención de saquear la casa, pero por la forma en que habían ordenado todo era evidente que detrás del operativo se ocultaba un mensaje especial de tipo mafioso, una demostración de fuerza que dejaba en claro la impunidad de sus operadores.

Era inconcebible que a un comisario en actividad, y con la exposición pública que tenía Zunino, le entraran tan fácilmente en su casa y se la dieran vuelta de esa manera y en poco tiempo. El policía, siempre con su arma en mano, salió con el auto por Mistral hasta Campana en busca de algún indicio. Le vino a la memoria la persona que había visto minutos antes en lo de su vecino.

Con esa imagen en la cabeza recorrió las calles hacia Vallejos y al llegar a Cuenca vio a alguien con características similares al sospechoso, aunque sin el pulóver rojo. Le dio la voz de alto, pero salió corriendo. Lo persiguió en el auto. Tomó por Vallejos hasta Helguera y media cuadra antes de la esquina giró su cabeza hacia la izquierda justo en línea a un pasillo de un departamento tipo PH, que estaba con la puerta abierta y donde creyó que se había metido.

Zunino volvió a recorrer con su mirada las formas de ese pasillo que daba a un conjunto de casas viejas. Mientras intentaba descifrar si por ahí se había escapado el sujeto, en la vereda de enfrente apareció otra persona detrás de un árbol frondoso. Dio un paso al costado y con una gran frialdad y movimientos precisos se puso en posición de tiro, sostuvo con pericia el arma con las dos manos y le disparó. La bala pegó en el parabrisas y después se le incrustó en el tabique nasal, entre los ojos, hiriéndolo en el llamado triángulo de la muerte.

El impacto frenó a Zunino, que entró en confusión. Su cara se llenó de sangre tibia que empezaba a manchar su ropa. Curiosamente, el instinto se mantuvo y abrió un boquete en el vidrio astillado para responder. No tuvo tiempo: el agresor huyó por la calle Helguera hacia Cubas. Herido y caído en el interior del auto, pudo ver en ese mismo instante cómo un Ford Falcon claro, con tres personas, pasaba lentamente junto a él intentando verificar si había muerto. A mitad de cuadra, por Helguera, comprobó lo que sospechaba: la persona que le había disparado se subía al Falcon para escapar. Regresó como pudo a su casa en el mismo momento en que lo hacía su hija, quien lo había seguido en la persecución. Inmediatamente, fue llevado al Hospital Sirio Libanés, ubicado en la avenida General Mosconi 3346, y desde allí al Hospital Churruca, donde quedó internado por diez días.

La investigación realizada por la Policía Federal sobre el intento de asesinato arrojó pocos resultados. Pasada una semana, el único testimonio que aportó alguna información fue el de Miguel Ángel Ferrari, amigo de Carlos Bello, dueño de una verdulería ubicada en Helguera 4483. Según contó, Bello le había relatado que luego de los disparos vio a un individuo correr y meterse en un Falcon crema, con más personas adentro, que se alejó del lugar rápidamente.

Cuando le tocó declarar a Bello, simplemente se refirió a un auto que pasó velozmente, nada más. Después fue el turno del dueño del local donde funcionaba una carnicería, Jorge Eduardo Sarden, quien confirmó haber visto el auto y aclaró que, cuando salió a la calle para ver hacia dónde iba la persona que había pasado corriendo, la observó subiendo al auto con un arma en la mano.

El atentado contra el comisario Zunino tuvo zonas oscuras, difíciles de entender y explicar. Ocurrió en la jurisdicción de la Comisaría 47, que brilló por su ausencia. Tanto es así que el primer policía que llegó a la guardia del Hospital Sirio Libanés fue uno de la comisaría de Zunino, que está bastante lejos de allí. Y que había escuchado la información emitida por el Comando Radioeléctrico, a pedido del propio Zunino, por los médicos.

Además, una vez que su hija lo dejó herido en el Hospital Sirio Libanés, tomó el arma de su padre para intentar buscar a los agresores. Antes pasó por la Comisaría 47, en Nazca 4254, alertando sobre lo que había ocurrido. A pesar de ser la hija de un comisario en actividad, de llevar un arma reglamentaria y de encontrarse en estado de shock, no le dieron importancia. La dejaron seguir sola en su irresponsable decisión de encontrar a los atacantes.

Cinco horas después del disparo, el titular de la Comisaría 47 visitó a Zunino en el Churruca. Aunque le tocaba estar de guardia, el colega se disculpó argumentando que no había podido llegar antes porque se encontraba en un campo de caza. Sin pelos en la lengua, Zunino lo echó del lugar. No justificó que un comisario estuviera al mismo tiempo de servicio y cazando. A las pocas horas fue a visitarlo Enrique “Coti” Nosiglia, de quien Zunino ya sabía la propuesta que le había hecho al juez para solucionar políticamente el tema de la profanación.

—Pero, Zunino, déjese de joder, mire qué deformado está. Cuando viene al ministerio siempre está pintón, y fíjese cómo quedó ahora. Encima si se muere, ¿quién sabe algo de las manos? Tenemos que cerrar la persiana —le dijo el “Coti”.

—Ministro, esto es a lo que se expone todo policía —le contestó Zunino.

—Nosotros también corremos riesgo —le replicó el ministro.

—Lo de ustedes es circunstancial. Al policía se lo pone en la línea de fuego las veinticuatro horas y todo el año, y aun después de retirado.

—Bueno —insistió Nosiglia—, mejórese que hay que seguir con la investigación.

—Mire, ministro, el tema de las manos es netamente político. El juez Far Suau y yo investigamos con un Cessna a mil o mil quinientos metros de altura y por más que queremos subir, no podemos. El caso anda en los seis mil metros de altura. Es imposible alcanzarlo.

Se hizo un profundo silencio, sólo roto cuando se empezó a hablar de Racing, equipo del que Zunino era hincha.

El juez Far Suau no quería encontrarse con Nosiglia y entonces fue a visitar a Zunino al día siguiente, a pesar de haber sido invitado por el jefe de la Policía Federal para que lo acompañara el mismo día del ataque. La situación le produjo tal shock que quedó bajo tratamiento psicológico y medicado. El día en que fue le comentó al comisario herido que estaba en el “aire” por las pastillas que tomaba. Le dio un fuerte abrazo y le comentó en voz baja, con un gesto que transmitió culpa y complicidad:

—Zunino, pienso que en esto yo también soy un poco culpable.

—Doctor, dijimos que seguíamos juntos hasta morir y creo que de ésta salgo vivo con la ayuda de Dios y de mi hijito muerto. Como para no seguir dando tregua.

A pesar de la buena relación de Far Suau y Zunino con Pirker, la realidad indicaba que ya no era lo mismo que antes. La confianza se había desgastado entre sospechas y aislamientos. Far Suau y Zunino coincidían en el objetivo de encontrar la verdad de la profanación y llegar a una sentencia firme. A Pirker lo consideraban encerrado entre las pretensiones del ministro y el respeto al juez y a su subordinado.

La última vez que se vieron Zunino y Far Suau fue precisamente en el Hospital Churruca. Fue en ese momento cuando el juez le comunicó que pensaba viajar a Bariloche. Pero el acecho sobre Zunino continuó. Policías que lo conocían bien, y que trabajaban cerca de Pirker, le aconsejaron que dejara la causa porque corría muchos riesgos y eran más importantes su familia y su vida que seguir metiéndose con los intereses relacionados con la profanación.

No era la primera vez que recibía mensajes amenazadores. Desde que había empezado la investigación, se terminó la tranquilidad en su hogar. Los llamados telefónicos se transformaron en una cadena de intimidaciones. “Decile que se deje de joder”. “Decile que no investigue más”. “Decile que esta vez fallamos, pero la próxima no”. Este último fue recibido el día después del intento de asesinato. Otro hecho llamó la atención. Dentro de su garaje, le robaron las cuatro ruedas de su Renault 11. Cambió el auto por un Falcon blanco, pero se repitieron los mensajes. “Estás muerto” y “Borrate, hijo de puta”, decían inscripciones escritas en las calles. Encontró portafolios sospechosos en la puerta de su casa, que simulaban tener bombas, y que él mismo desactivaba para no alarmar a los demás. Durante el tiempo en que trabajó para la investigación judicial, varios Ford Falcon se estacionaron en la esquina de su casa para controlar sus movimientos. A pesar de ser el modelo identificatorio de las fuerzas de seguridad de la Argentina, los Falcon que lo seguían no eran autos oficiales. Por la versión de sus vecinos, pudo averiguar que las personas que estaban en ellos portaban armas largas y que se escuchaban con nitidez las comunicaciones de los tradicionales radiotransmisores que suele usar la policía. Cada vez que Zunino regresaba, tenía que avisar al comando y, entonces, misteriosamente los Falcon desaparecían, con seguridad después de escuchar la llamada. Esto ocurría todos los días. Fue evidente que quienes intentaron asesinarlo tuvieron a su disposición una zona liberada y sin control policial, que les permitió armar el operativo y escapar sin riesgos. Después de eso, la Policía Federal dispuso una guardia especial que duró hasta que pasó a retiro a fines de 1992. Fue la única vez que Zunino se sintió ciertamente protegido. La investigación por el atentado contra su vida se ahogó en la nada, como tantas causas judiciales. El delito quedó impune, las esquirlas de bala en su rostro. Fue paulatinamente relegado en su carrera policial y pasado a retiro contra su voluntad.

En ese año 1988 las amenazas se multiplicaron, se volvieron usuales a todos los que estaban vinculados a la investigación. El juez Far Suau y su equipo de colaboradores fueron los principales objetivos de estas maniobras. Antes del atentado contra Zunino, más precisamente el 5 de agosto, la esposa del juez fue víctima de una operación intimidatoria. Primero un hombre que se acercó hasta su consultorio ubicado en la calle Amenábar 2048, piso 23 “C”, y por el portero eléctrico preguntó por la “Licenciada Far Suau”. A ella le llamó la atención porque en su actividad profesional se la conocía por el apellido de soltera. La llamada se repitió después. Una vez hecha la denuncia, intervino el juez Rawson Paz, quien sólo pudo averiguar que la persona había utilizado un radio-taxi. También se detuvo a Ernesto Francisco González, con antecedentes de privación ilegítima de la libertad y extorsión. Pero inmediatamente se lo liberó porque el juez entendió que no tenía vinculación alguna con el hecho. Rawson Paz nunca tuvo en cuenta las sugerencias que le hizo Far Suau para avanzar más en la investigación de las intimidaciones.

Sin embargo, lo que terminó de instalar el temor en la familia del juez fue el intento de secuestro de su mujer. Al poco tiempo de las llamadas por el portero eléctrico, otra voz apareció por el aparato diciendo que Far Suau había sufrido un accidente y que bajara de inmediato porque la iban a llevar en un taxi hasta donde él estaba. La señora supuso que podía ser otra maniobra y se comunicó por teléfono con su marido, que estaba en el juzgado. Far Suau le dijo que se quedara tranquila, que era una trampa y que no se moviera del lugar hasta que él le avisara. Con ayuda de la policía se logró detener al sujeto. El mismo Far Suau lo enfrentó en la comisaría para saber quién lo había mandado, pero se negó a hablar. Más tarde el juez actuante, el doctor Barbaroch, amigo de Vicente Saadi, dispuso su libertad por falta de mérito.

El propio Far Suau fue atacado y presionado por distintas vías. Una amiga suya, Susana Guaita, quien luego murió junto a él, tiempo antes fue intimidada. Desconocidos pasaron por su casa de la calle 12 de Octubre 750, en Moreno, y dispararon contra el frente de la vivienda. Lo único que se pudo tener como prueba fueron las cápsulas del ataque; nunca se llegó a determinar de dónde provino ni quiénes fueron los autores.

Otro de sus colaboradores, el doctor Alberto Baños, por entonces secretario del juzgado, sufrió persecuciones. Empezaron a dejarle papeles anónimos en el interior de su auto. Solía estacionarlo en la puerta de la comisaría de Vicente López. Un día encontró en el parabrisas una nota confeccionada con letras de diarios, con amenazas. Antes de que pasara una semana, la nota se la dejaron dentro del auto. Finalmente, una mañana fue perseguido por un Falcon celeste cuando se trasladaba desde su casa en Vicente López hasta los tribunales de la Capital Federal. En la avenida Lugones el auto se le puso pegado al paragolpes y lo siguió a toda velocidad. Baños se metió entre un camión y el guardrail y prendió las luces traseras para neblina. El Falcon pensó que iba a detenerse de golpe y clavó sus frenos. El automóvil se desacomodó y chocó contra el camión. Baños dobló por la salida de la calle La Pampa y escapó. Se imaginó que esas amenazas eran por una investigación que estaba realizando y que involucraba a policías de la Comisaría 19, vinculados a la muerte de una persona en un tiroteo. Pero lo llamativo de todos estos hechos es que en uno de los tantos mensajes que recibió le dijeron directamente: “Vas a terminar como Far Suau”.

Quiso el destino que, años después, Baños ocupara el mismo sillón que dejó vacante el juez por su asesinato y decidiera reabrir la causa por el robo de las manos de Perón que había sido clausurada.

DOCE
Apunten al juez

Una de las estrategias para frenar al juez Fau Suau fue impulsar juicios políticos en su contra. Comenzaron con un irrelevante incidente callejero entre varios magistrados ocurrido el 6 de septiembre de 1986. Los hechos fueron así: luego de una comida entre amigos y colegas, y una larga sobremesa, el magistrado acompañó hasta su casa al juez Miguel Ángel Pincirolli, quien manejaba su propio auto. Todo empezó cuando chocó a un Renault 11 manejado por el hijo del ex juez Eduardo Adrián Louge. Entonces, comenzaron las agresiones y los insultos. Far Suau fue a buscar ayuda policial para evitar que las cosas pasaran a mayores. Pero ya era tarde. Se trenzaron a golpes y en la refriega el más afectado fue su amigo Pincirolli.

El 12 de septiembre, los diputados nacionales José Alberto Furque y Jorge Reinaldo Vanossi solicitaron el juicio político de ambos jueces. El fundamento se había basado sólo en la información periodística. El pedido ingresó en la Cámara de Diputados con el número 02218 y fecha del 23 de septiembre. Eduardo Adrián Louge, padre de Beltrán Fernando, inició por vía de “particulares” otro pedido de juicio político contra los jueces Pincirolli y Far Suau, presentación que ratificó ante la comisión parlamentaria el 9 de octubre. Los dos pedidos, aunque sin posibilidad cierta de prosperar, inquietaron a Far Suau por el estado público que habían tomado a través de la prensa.

Un nuevo impulso tomaron los juicios políticos, una vez iniciada la investigación por el robo de las manos de Perón. Le siguió uno llevado adelante por Guillermo Patricio Kelly, un personaje de oscuros antecedentes, provocador público y operador político con fuertes vinculaciones a grupos que actuaron desde siempre en el poder de la Argentina, ya fueran militares o civiles. A modo de ejemplo, hay que recordar cuando en 1989 culpó, desde un programa televisivo que conducía en el canal estatal, al entonces candidato presidencial justicialista Carlos Menem de pegarle a su mujer Zulema Yoma cuando estaba embarazada motivándole un aborto. Pero después se convirtió en un entusiasta menemista y continuó descalificando a otros dirigentes. La aparición de Kelly en escena en 1987 respondía a alguna de las estrategias políticas tendientes a presionar al juez Far Suau para que frenara el ímpetu de su investigación. Fue en ese momento cuando el doctor Juan Carlos Iglesias se sumó al equipo del magistrado para hacerse cargo de su defensa en los juicios políticos.

Far Suau, diez años menor, se conocía con Iglesias desde hacía muchos años. Fue en la década del 60 cuando los fueros judiciales eran más pequeños y, por lo tanto, existía otra relación entre jueces, abogados y empleados. De ese trato cotidiano en el mundo judicial había nacido una amistad que se mantuvo en el tiempo. En su juventud Far, como algunos le decían, era un estudiante inteligente, dinámico, trabajador, buen amigo y solidario. De voz aplomada, quienes lo conocieron bien coincidieron en que era un gran seductor, atraía su estilo de conversación. Desde que lo habían nombrado defensor oficial solían verse con frecuencia. Una vez que fue juez, era común que se reunieran para discutir temas de la profesión.

Una noche de 1987 con la investigación judicial ya en marcha, se volvieron a encontraron en una cena de amigos que se hizo en Barracas. Se sentaron uno frente al otro. Hacía tiempo que Far Suau no pasaba un momento de distracción, tan agradable, que le permitiera olvidarse por un rato de su trabajo diario. Pero, en realidad, se notaba que estaba preocupado. En un momento, le confesó a Iglesias:

—Mire, la verdad es que estoy agotado y me siento muy solo en la investigación. La prensa me presiona en forma permanente y, usted sabe, no puede haber resultados rápidamente.

—Era algo previsible. Usted tiene la causa más importante de este momento. Yo creo que la sociedad lo acompaña bien y que tanto los colegas como sus amigos confían y saben que es capaz de llevar esta investigación adelante. Doctor, no se preocupe. Cuente conmigo en lo que necesite —le contestó Iglesias.

Sumada a las preocupaciones lógicas de su trabajo para descubrir quiénes habían profanado el cuerpo de Perón, Far Suau sentía también la presión sobre su familia, amenazada permanentemente. Al final de la cena, le propuso a Iglesias encontrarse al día siguiente en su despacho de Tribunales para seguir conversando. Tenía más para contarle, a pesar de que era remiso a dar información. Incluso no lo hacía con sus colaboradores porque quería evitar que sufrieran también presiones o represalias como le estaba sucediendo a él. No obstante, la relación con su equipo de trabajo se fue consolidando a medida que avanzó la investigación, especialmente una vez que hubieron comprobado que los estaban dejando solos.

Sentados en el pequeño living que tenía el juez en su oficina, Far Suau e Iglesias volvieron a reunirse.

—Me siento muy solo —confesó nuevamente el juez.

Iglesias percibió que delante de él tenía a un hombre que empezaba a sentir el peso del aislamiento y las presiones políticas. Además, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados le había dado curso al pedido impulsado por Kelly.

—Es increíble, pero se empecinan en complicarme la investigación. Todos los días me meten datos falsos para desinformarme. Pero no los puedo dejar a un lado; debo saber si hay algo detrás de ellos, aunque pierda mucho tiempo y energía.

Con el pedido de juicio político de Kelly empezaron a publicarse distintas y antojadizas versiones de lo que había ocurrido. Las noticias se potenciaron y se instaló una polémica escandalosa porque dos jueces nacionales habían terminado a las trompadas y con juicios cruzados. Es seguro que no fue casualidad que los juicios políticos se activaran después de que Far Suau se hizo cargo de la investigación por el robo de las manos de Perón. El 3 de noviembre de 1987, Kelly y su letrada Ana María Cucurullo pidieron un nuevo juicio político, cuyo expediente fue el número 300. El escrito presentado por Kelly amontonó una serie de acusaciones e intentó involucrar a Far Suau, como responsable de varios hechos. La maniobra la completó haciendo trascender a los medios que el magistrado estaba dispuesto a renunciar a su cargo para evitar su enjuiciamiento, una versión totalmente infundada y malintencionada. Kelly advirtió también que la sensación en Tribunales era un creciente descreimiento en cuanto a que estos pedidos de “jury” finalmente prosperaran. Y respecto al incidente automovilístico de 1986, dijo que esa noche el juez Pincirolli había estado ebrio. Para completar su embestida contra Fau Suau, sacó a la luz la participación que había tenido en la causa del asesinato del sindicalista Raúl Cuervo ocurrido en 1973. En esa investigación también habían metido sus narices Kelly y su abogada Cucurullo, quien fue apercibida varias veces por el juzgado porque deliberadamente creaba situaciones de choque para forzar el apartamiento del juez hasta que, finalmente, éste se excusó de seguir actuando.

Asimismo, incluyeron en su pedido la investigación por la causa 28.115, “Dubchak, Jorge Hugo, su muerte”, en la que intervino Far Suau, quien había denegado, en su momento, las pruebas sugeridas por la querella. Pero ocurrió que el fiscal en este caso, Carlos María Andina Allende, opinó que, en realidad, el juzgado debía citar a Kelly y oír testimonialmente al ex servicio de inteligencia del Ejército, Aníbal Gordon. Más de lo mismo. Como si no le alcanzaran las municiones que había disparado contra Far Suau, Kelly aprovechó la oportunidad y lo hizo responsable de violar los derechos humanos cuando realizó un allanamiento en el barrio humilde de Ciudad Oculta.

Fue tan claro el sentido de querer crear las condiciones para apartar al juez de la investigación que directamente lo acusó de no haber resuelto la causa del robo de las manos de Perón y hasta lo cuestionó por haber cerrado el cementerio de la Chacarita una vez que se conoció la profanación. Utilizó los argumentos de uno de los tantos “testigos desinformantes” en la causa, como fue Juan Alberto Imbesi. Kelly afirmó que Far Suau amenazó a Imbesi con pudrirse en el calabozo si no contaba toda la verdad.

Este amontonamiento de acusaciones agarradas de los pelos que fundamentaban los juicios políticos era difícil que prosperaran, más aún teniendo en cuenta quién era su promotor. En ese momento, tanto Kelly como Cucurullo estaban bajo proceso por el delito de desacato (causa 21.202, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Letra “J”, Secretaría Nº 65). Igual, el proceso siguió su trámite, logrando el objetivo principal que era perturbar al juez. Cuando le llegó la primera citación de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Far Suau comprobó que el respaldo que la dirigencia política le había dado en público empezaba a diluirse. No obstante su ánimo deprimido, respondió al requerimiento de la comisión y le envió los elementos que consideraba necesarios para el trámite parlamentario.

Pero el 2 de mayo de 1988, el doctor Eduardo Louge, padre de quien había tenido el original accidente de autos en 1986, reiteró su pedido de juicio político contra Far Suau y Pincirolli. En esa solicitud se hizo referencia a unas lesiones denunciadas contra Pincirolli por Fabiana Beatriz Nigro, novia y acompañante del hijo de Louge. Y luego de un sobreseimiento definitivo, dictado por la jueza María Servini de Cubría, la Cámara lo sobreseyó en forma provisional. Louge no se conformó con la decisión judicial y el 30 de mayo de 1988 promovió otro juicio político contra Pincirolli y Far Suau, fundado en el aquel accidente de 1986.

Durante un año y cinco meses Far Suau no sólo vivió pendiente de las alternativas de una investigación compleja y peligrosa como era la de las manos de Perón, sino que debió someterse a la investigación del Congreso y fue blanco de agresiones, amenazas y agravios. No lo dejaron trabajar en paz, le pusieron toda clase de trabas para que dejara la investigación e, incluso, intentaron sobornarlo.

Debido a su intransigencia, todo indicaba que el único camino sería eliminarlo, sacarlo en forma violenta del medio para que se acabara su investigación que se había escapado de los controles políticos. Una vez muerto, vinieron los reconocimientos hacia su honestidad y su vocación de magistrado; se escucharon los lamentos de quienes, hasta hacía poco, habían intentado doblegar su voluntad, hostigándolo hasta el cansancio. Lo mataron para imponer el silencio y el olvido.

TRECE
Viaje sin regreso

El cuerpo del juez estaba sobre una de las frías mesadas de la morgue del hospital. Seguía vestido con su camisa de mangas cortas a rayas verticales verde, blanca, beige y marrón, pantalón gris, mocasines marrones y medias amarillas. Impresionaba ver su cabeza rota y ensangrentada, desencajada de la columna; sus ojos grandes y marrones abiertos, vidriosos. Bajo el pelo negro, entrecano, se podían percibir las heridas mortales. De la nariz y los oídos todavía salía sangre con restos de masa encefálica; la oreja izquierda estaba cortada en varias partes y era fácil comprobar las múltiples fracturas en la mandíbula, la espalda y la columna. Tenía rotas las costillas, la clavícula izquierda y ambos brazos. Estaba partido en mil pedazos después del inesperado vuelco de su auto en la ruta 3, cuando volvía a Buenos Aires. Apenas podía ser identificado. Daba pena observarlo en ese estado deplorable. Los análisis aseguraron que tanto él como su acompañante, Susana Guaita, también fallecida, no tenían restos de alcohol ni drogas en la sangre. Se había salvado Maximiliano, el hijo de cinco años de Guaita, que iba con ellos en el largo viaje.

Al juez le apasionaban los autos. Conocía al detalle modelos y marcas, se animaba a echar mano en la mecánica. Sus coches siempre estaban perfectos. Manejaba con la habilidad de un piloto de rally y gozaba con ello. Para él, manejar era una descarga ante la tensión de su profesión.

Después de casi diecisiete meses de trabajar en la causa por el robo de las manos de Perón, exhausto, Far Suau había decidido en aquellos días de noviembre de 1988 hacer un paréntesis y visitar a su hijo Santiago, radicado en Bariloche.

El viernes 18, antes de iniciar el viaje, conversó durante tres horas con Iglesias para analizar la marcha de la investigación y de los juicios políticos, aunque, como de costumbre, terminaron hablando de ellos. Far Suau estaba mal anímicamente por la falta de apoyo, las traiciones, tantos embates y manoseos. Confesó que se iba a Bariloche porque extrañaba a su hijo y, además, porque estaba muy nervioso por lo que estaba viviendo, las resistencias y obstáculos permanentes en su tarea. Se lo notaba muy sensible, con las defensas bajas, a tal punto que en esa última reunión, no aguantó, se quebró y lloró con angustia.

Cuando Iglesias se enteró de que iría a Bariloche en auto, y viendo su estado anímico, le aconsejó tomar un avión. Pero Far Suau no le hizo caso. “Para mí manejar es un placer”, fueron sus palabras. Pensaba partir al día siguiente, pero un asado a la noche del sábado 19 lo obligó a cambiar los planes. Imprevistamente, decidió salir a la madrugada de ese domingo 20 de noviembre, sin dormir y de un solo tirón se fue hasta Bariloche. Lo acompañaron Susana Guaita y su hijo Maximiliano, y también logró subirse al vehículo Solano Francisco “Pancho” Granillo Fernández, un amigo de la infancia de su hijo que también vivía en Bariloche.

El viaje de ida fue sin inconvenientes. Pero al regreso debió hacer una parada en Bahía Blanca, donde pasó la noche. En la tarde de ese fatídico martes 22 de noviembre, Far Suau encaró el último tramo de 700 kilómetros hacia Buenos Aires después de haber vivido unos días inolvidables en familia y con amigos. No había mucho tránsito en la ruta. Estaba cayendo el sol, y Far Suau conducía su Ford Sierra Ghia blanco deportivo, en impecable estado, con dos rompenieblas debajo del paragolpes delantero. Algunos testigos que declararon después del accidente dijeron que habían notado que a la altura del kilómetro 590, unos 30 kilómetros antes del lugar del accidente, cerca del paraje La Manuelita, en una curva amplia, el auto se desplazaba por el centro de la ruta a gran velocidad, balanceándose, con poca estabilidad, como dando panzazos. Nunca se pudo comprobar si fue cierto o no.

Todo sucedió en instantes. Eran las siete menos diez de la tarde cuando el horror se anunció con un estruendo, que fue seguido de una nube de polvo interminable. El fuego se transformó en una bola gigante y el humo negro tapó el metal de la carrocería. El auto dio varias vueltas sobre sí a lo largo de cincuenta metros y quedó tumbado con las ruedas apuntando al cielo, perpendicular a la ruta, envuelto en llamas, las cuatro puertas cerradas y el techo arrancado de cuajo. Más de treinta vehículos pararon para contemplar la pavorosa escena. Los bomberos de Coronel Dorrego llegaron con rapidez y atacaron el fuego que ya devoraba los pastos secos de la banquina. Los cuerpos habían salido despedidos y quedaron esparcidos en un radio de treinta metros sin ser alcanzados por las llamas. El juez estaba boca abajo con el cráneo aplastado. Susana Guaita sufrió tantos golpes que nunca salió de su inconsciencia: murió una hora después en el hospital del pueblo. Su hijo sobrevivió milagrosamente luego de ser atendido en el Hospital Leónidas Lucero, en Bahía Blanca. Las patentes celeste y blanca de juez con el número 2679 fueron encontradas en el suelo entre los restos del auto. También aparecieron una pistola Browning calibre 6.35 (número 230.920), con cargador y cinco cartuchos, y un revólver Smith & Wesson calibre 30 (653.578), ambos con la documentación correspondiente para su portación.

El auto calcinado quedó en la banquina izquierda, como mudo testigo del fin de una historia: la de las muertes vinculadas a la profanación. No hubo espectadores directos del accidente. Las investigaciones se basaron en las pocas pruebas que se pudieron recoger, en presunciones e hipótesis, en deducciones con escasos fundamentos. La reconstrucción de los hechos realizada por la Policía Bonaerense y la justicia de Bahía Blanca no tuvo otro destino que llegar a conclusiones parciales, cuando no falsas: el auto se habría pasado de mano, probablemente, por haber mordido con la cubierta delantera derecha la banquina, se cruzó hacia el otro lado, chocó y volcó contra una gran piedra que salía de la tierra para incendiarse unos metros más adelante, después de varios tumbos. Pero no hubo marcas en la ruta que pudieran demostrar esa hipótesis, aunque sí se vieron las huellas que dejó en su paso descontrolado por la tierra y el pasto. Este relato fue repetido por los pocos testimonios recogidos por los periódicos locales, aunque esos testigos nunca fueron ubicados y citados para que declararan ante la investigación judicial.

Los restos del auto se sacaron del lugar en forma inmediata, como lo informó Carlos Regente, el empleado de la estación de servicio Agro Esso, cercana al lugar. Al día siguiente se realizó la primera inspección del vehículo, que había sido estacionado en la seccional policial de Coronel Dorrego. El Juzgado en lo Penal Nº 1, a cargo del doctor Hugo Alberto de Rosa, de Bahía Blanca, designó al perito mecánico del Departamento Judicial de Bahía Blanca, ingeniero Oscar Hugo Páez, y al perito fotógrafo Luis Cristian Rivas, quienes documentaron el estado en que había quedado el vehículo. Luego de revisar el casco destruido del Ford Sierra, se dirigieron, junto con el comisario José Antonio Alberó y el oficial inspector Javier Armando Yezzi, hasta el lugar del hecho para examinar las partes que todavía estaban allí, hacer otra inspección ocular y tomar nuevas fotos.

A las dos y media de la tarde del 23 de noviembre la comisión regresó a la seccional policial, hizo otra revisión del auto y finalizó su misión: fue toda la tarea que hicieron la policía y la Justicia en el lugar. Ese mismo día los despojos del Ford Sierra fueron entregados al hermano del juez, Juan José Far Suau, y cuatro meses más tarde un camión de la empresa El Mosquito lo llevó a la Capital Federal y lo dejó en un taller de chapa y pintura de Domingo Alvaro, en la calle Centenera al 1500. Lo único que se pudo recuperar fueron el motor y los papeles. Una semana después del accidente se habían analizado ciertas partes que fueron extraídas del auto: el sistema de dirección, los discos de frenos delanteros y las puntas de eje. Las piezas se enviaron a la oficina pericial de los tribunales de Bahía Blanca para realizar una “exhaustiva pericia”, tal como se solicitó.

El testimonio de uno de los bomberos que intervinieron en los primeros momentos del hecho sembró la primera duda acerca del origen del incendio. Ese miércoles 23, el jefe de Bomberos Voluntarios de Coronel Dorrego, Vicente Nomuedeu, explicó que cuando llegó al lugar el auto estaba totalmente quemado. Creyó, como ocurre en tantos casos similares, que se había incendiado a consecuencia del derrame de nafta o por la explosión del tanque. Con el motor encendido, el combustible derramado y todas las partes plásticas, era previsible que eso se transformara en una gran fogata. No fue así: contó que el tanque de nafta fue encontrado a diez metros del automóvil. Estaba intacto, sin haberse quemado y sin tener signos de explosión. También se supo que la carrocería no mostraba eventuales impactos de balas ni otras evidencias de que pudiera haber sido golpeada antes del vuelco, aunque era casi imposible comprobar esas marcas teniendo en cuenta el estado en que había quedado. De todos modos, el bombero explicó que no pudo determinar fehacientemente cuál había sido el origen del incendio.

A pocas horas de ocurrido el trágico accidente comenzaron a circular las primeras versiones, todas basadas en conjeturas y supuestos. Por ejemplo, el comisario de Coronel Dorrego había llegado a la conclusión de que la causa del accidente habría sido la alta velocidad y que por eso había mordido la banquina con su rueda delantera derecha, lo cual provocó el vuelco. Pero su colega de Tres Arroyos, comisario Jorge Fondevilla, lo descalificó diciendo que era poco probable que las pericias pudieran indicar exactamente las causas del vuelco. Quince días después, más precisamente el 6 de diciembre de 1988, el perito Oscar Páez presentó la pericia mecánica con fotografías del auto y de las partes examinadas. Las conclusiones fueron las siguientes: el extremo de dirección derecho se encontraba roto en la rosca y deformado en su parte anterior; las piezas del sector izquierdo estaban dobladas aunque no rotas, y la boca de entrada del tanque de nafta no tenía roturas ni deformaciones. La investigación judicial pudo determinar que, efectivamente, el tanque había quedado a diez metros del auto y sin explotar; no había rastros de neumáticos en la ruta, o de las llantas arrastradas en el pavimento. Según las mismas pericias, el auto se había desplazado por los pastos de la banquina opuesta sin que pudiera constatarse la marca de las ruedas sobre el pavimento. Las dudas no pudieron ser disipadas con facilidad.

No conforme con los resultados de la investigación judicial, un amigo del juez Far Suau, el doctor Ricardo José Galli, entonces juez nacional en lo criminal de sentencia de la Capital Federal, fue hasta la escena del accidente, imaginó el recorrido del auto, buscó evidencias y lo reconstruyó a su manera. Sus conclusiones no coincidieron con las de los expertos. Elaboró un escrito que después presentó a la investigación en forma espontánea: “La curva es amplia, con cierto desnivel y peralte hacia afuera, es decir, incorrecta. En ese lado de afuera la banquina está descalzada desde la iniciación de la curva y por unos 100 metros aproximadamente, terminando con un desnivel respecto al pavimento. Es decir, prácticamente un pozo de 25 cm con un borde en el concreto asfáltico. En ese lugar había más de un roce entre el pavimento y la banquina que podían haberse originado por el automóvil de Far Suau, máxime si se tiene en cuenta que allí aparecen los primeros restos plásticos del vehículo. Del lugar de circulación el rodado se desvía violentamente al costado opuesto, existiendo marcas que lo confirman, no siendo extraño que la caída en la descalzada banquina ya citada haya producido daños a cubiertas, sistema de frenos y aun a la dirección del vehículo. Sería prudente verificar las correspondientes al lado derecho y todo el sistema de dirección. Empleados de una empresa que está en el lugar manifestaron que en el último tiempo se habían producido varios accidentes en esa curva”.

Sin embargo, un informe de Vialidad Nacional del 10 de febrero de 1989 sostuvo que la ruta estaba perfectamente señalizada, que no existía tal peralte en la curva, como ya lo había indicado un informe policial, y que no había llovido el día del accidente. Para ellos, el pavimento estaba en buen estado.

El perito mecánico oficial de la Justicia, ingeniero Oscar Páez, elaboró otro informe. Su conclusión acerca de las causas de lo que él llamaba un accidente era obvia, igual que muchas que la antecedieron: “La mecánica del accidente ocurrió con el desplazamiento hacia la banquina izquierda por parte del vehículo, el posterior choque oblicuo del mismo contra una piedra, luego el vuelco, con probabilidad de dos giros, posteriormente el derrame de combustibles y, como consecuencia, el incendio de la unidad; las causas habrían sido la probable pisada de la banquina derecha por parte del automóvil y es muy probable un violento giro del volante hacia la izquierda por parte del conductor”.

Las únicas piezas que utilizó fueron los discos de freno con los portapastillas, sistema de dirección y un brazo de dirección fracturado, elementos que se devolvieron el 18 de abril de 1989. Nada más.

El médico policial dijo, oficialmente, que Far Suau y Guaita murieron como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, con fractura en la base del cráneo. El comisario Alberó no pidió la autopsia de ambos cadáveres, y hasta el mismo juez Galli había solicitado especialmente por escrito que no se la hicieran a Far Suau, quizá creyendo que con eso resguardaría el cuerpo de su amigo del descuartizamiento médico, sin considerar que ese examen hubiese podido aportar datos importantes.

Tres horas después del accidente, los médicos de la morgue del hospital de Coronel Dorrego elaboraron un informe de rutina, sobre la base de la simple observación de los cuerpos. Pasado un mes, el juez de Bahía Blanca dispuso exhumar el cadáver sepultado en el cementerio de Pilar. Fue el día anterior a la Nochebuena de 1988. En las primeras horas de la mañana se hicieron presentes el subcomisario Julio Ulloa, los peritos forenses Angélica Beatriz Chapero y Abel Salvador Azuzese, el médico policial Federico Pazzi Pla y el fotógrafo José María Chaud. Con mucho trabajo se desenterró el ataúd, el cuerpo del juez fue sacado y apoyado en el suelo. Así, en una forma improvisada y tétrica, comenzaron a cortar lo que quedaba de una masa corpórea irreconocible. La autopsia se hizo a cielo abierto, y se llevaron las vísceras para que fueran analizadas. No se pudo determinar con precisión si ése era, en realidad, el cadáver putrefacto de Far Suau. Los técnicos del cementerio dejaron constancia del avanzado estado de descomposición del cuerpo y que “no se constatan signos que evidencien autopsia previa”. Ningún familiar estuvo presente, ni quiso firmar después el acta correspondiente.

Aquí también se desvanecieron las pistas que pudieron haber conducido a la verdad de la causa de la muerte del juez, como tantas otras que él mismo había seguido en su investigación judicial. El sistema funcionó negando procedimientos y exámenes, no investigó a fondo, borró evidencias y desechó testigos. Habitual en la Argentina: otra muerte sospechosa había quedado en la nada.

Al poco tiempo la causa fue cerrada porque para la investigación había sido un simple accidente de ruta. En este caso, sin embargo, se había tratado de un juez de la Nación amenazado, que llevaba adelante la causa judicial más importante y delicada del país en ese momento. Esto solo hubiera justificado una investigación más profunda, contemplando la hipótesis de un atentado, y no conformarse con un simple trámite procesal plagado de conjeturas sin sustento, opiniones superficiales y subjetivas, con escasos elementos de prueba.

A pesar de este punto final, la opinión pública y muchas de las personas allegadas al magistrado siempre sospecharon que Far Suau aumentó la lista de las personas que habían muerto como consecuencia del robo de las manos de Perón, que había sido también víctima de un atentado que le costó la vida y que eso tuvo como objetivo paralizar la tarea judicial y dejar un claro mensaje: había que abandonar la investigación.

Además, los antecedentes de muertes sospechosas y atentados relacionados con la causa, las amenazas recibidas por él y su familia, aportaban más evidencias de que podía no tratarse de un accidente lamentable. La idea del atentado seguido de muerte no era, en todo caso, una suposición alocada, si se tiene en cuenta la historia de violencia política que, por décadas y hasta entrados los años ochenta, había caracterizado la vida pública del país.

Cuando analizamos la investigación judicial del accidente de Far Suau, comprobamos que había muchas incógnitas e imprecisiones que daban sustento a las sospechas sobre los motivos de su muerte. Decidimos pedir la colaboración de distintos técnicos y expertos en accidentología, varios de ellos pertenecientes a la Policía Federal, y llevamos adelante una investigación paralela a la de 1988. Se confrontaron análisis técnicos y opiniones de especialistas. Un perito de la Policía Federal escribió lo siguiente:

De la primera lectura de las actuaciones consideramos que, desde la óptica de la accidentología vial, es posible deducir que el accidente de marras es perfectamente compatible con la totalidad de los rastros encontrados, guardando relación con los dichos de los testigos, que si bien no presenciaron el accidente in situ lo manifestado armoniza con el suceso acaecido.

No obstante eso y a tenor de la declaración de los testigos Ipilar y Nicolao, el rodado Sierra de Far Suau efectuaba en los virajes un movimiento de rolido presumiblemente por alguna anomalía en la amortiguación y/o suspensión o bien por falta de compensación entre amortiguación y velocidad del mismo. Lo lógico es que el juez, de haber advertido esos problemas, hubiera investigado el motivo y tratado de subsanarlo. De no poder hacerlo, hubiera disminuido la velocidad.

Es decir que, de haber habido un problema en el auto y dados los conocimientos de mecánica que tenía Far Suau, es muy probable que hubiese parado de inmediato antes de seguir con un vehículo inmanejable. Del análisis del accidente en sí, a los expertos les surgieron varias dudas que nunca fueron investigadas: ¿qué obligó a Far Suau a salir de la ruta mordiendo la banquina derecha para luego intentar enderezarlo en un lugar con un importante desnivel con relación al pavimento y en una curva suave? Cualquier persona con experiencia en el volante sabe que en una situación similar —cuando el auto muerde la banquina en el sentido que va— conviene mantener el mismo rumbo con la rueda fuera de la ruta hasta que el auto disminuya la velocidad o se detenga. Esto es, precisamente, para evitar un brusco cambio de dirección que puede terminar en el cruce de la ruta o directamente en un vuelco.

Nuestros técnicos detectaron que la investigación oficial no hizo las pericias necesarias donde, presumiblemente, se inició el cruce a la mano contraria para intentar localizar en el asfalto restos de neumáticos aunque no se hayan podido detectar a simple vista. ¿Qué hizo que el auto se catapultara de su posición hasta la banquina izquierda? Pudo ser un problema mecánico en el tren delantero o en el sistema de dirección. Las conclusiones judiciales se basan en los rastros encontrados en el auto y sus alrededores. Las fotos, los testigos presenciales y los policiales son solamente ilustrativos, y no se pudieron reunir pruebas concretas que permitieran armar el rompecabezas del vuelco.

Los interrogantes se multiplicaron a medida que se avanzaba en el análisis de la causa. ¿Dónde fue estacionado el automóvil las dos noches anteriores al accidente, cuando estuvo en Bariloche? ¿Hicieron escalas durante su regreso? La noche anterior al accidente la pasó en Bahía Blanca. ¿En qué lugar? ¿Dónde fue guardado el auto? ¿Le hizo Far Suau algún tipo de mantenimiento? Nada de esto se averiguó. Asimismo, en una investigación más seria lo lógico hubiera sido que el análisis técnico del auto se hubiese hecho sobre la totalidad del vehículo y no con algunas de sus partes o piezas.

Los especialistas coincidieron en que el incendio era otro de los puntos oscuros. ¿Cómo se explica que el tanque apareciera lejos e intacto, mientras que el vehículo sufrió una quemadura de altísimo grado? Los peritos de la Federal no descartaron, por las características del incendio, que pudiera ser consecuencia de un atentado o sabotaje más que del vuelco en sí. El hecho de que la pintura y el motor tuvieran quemaduras como si hubiesen sido hechas con un soplete no es normal en incendios que se producen por derrame de nafta. Además, no se indagó si en el automóvil había eventualmente bidones de combustible que pudieran haber alimentado semejante fuego. Otro dato que resulta sospechoso es el hecho de que no haya aparecido rastro alguno de los neumáticos en el pavimento o en el lugar donde quedó volcado el vehículo. Sus cuatro cubiertas fueron totalmente destruidas en el siniestro. Sólo quedaron las llantas calcinadas.

A la luz de la información que surge del mismo sumario siguieron apareciendo más dudas: ¿Por qué hay plásticos del vehículo en la ruta antes del lugar donde se cruzó de banquina? ¿Pudo recibir el auto algún impacto desde atrás? ¿Dónde está la constatación de los varios accidentes que se habrían producido en ese mismo lugar, según informó la Policía Bonaerense? ¿Por qué no se identificó y se le tomó declaración a la persona que pidió un matafuego para apagar el incendio? Una información recogida en la causa sostuvo que el juez venía corriendo con otro auto. ¿Por qué no se investigó al supuesto testigo? ¿Y si se trató de una persecución para atentar contra el juez? ¿Por qué no se buscó a otro sujeto que dijo haber observado explosiones dentro del auto? ¿Pudieron ser aerosoles o algún artefacto explosivo?

Preparar un atentado en un auto no ocurre sólo en las películas. La muerte de monseñor Enrique Angelelli, ocurrida en agosto de 1976 a manos de la dictadura militar, lo demuestra: pareció un accidente y fue un crimen. En el caso de Far Suau quizá se haya tratado de lo mismo. Su vehículo pudo haber sido saboteado ya sea en Bariloche o en algún lugar de escala durante el trayecto de regreso, utilizando técnicas conocidas por la policía por su eficiencia como, por ejemplo, realizar cortes a las cubiertas para que a cierta velocidad, y una vez que tomaron temperatura, se desarmen como una flor y se produzca un accidente. O inflarlas con gas butano para que exploten a alta velocidad.

Está claro que la investigación oficial nunca trabajó la hipótesis más obvia de que el magistrado haya sido víctima de un atentado. Una sucesión de errores, voluntarios o no, sirvieron, como si fueran pistas falsas, para impedir conocer los reales motivos de la muerte del juez. No se realizó la autopsia y no se estudió en detalle el lugar del accidente. Un apuro injustificable, o la necesidad de cerrar rápidamente el caso, llevó a que se devolviera el Ford Sierra a la familia a sólo 24 horas de acaecido el siniestro. Es decir que en sólo un día la Policía Bonaerense y el juez actuante consideraron que tenían todas las pruebas necesarias.

Con fecha 3 de octubre de 1989 el juez en lo penal de Bahía Blanca, Hugo Alberto de Rosa, dictó el sobreseimiento con carácter provisional en la causa. Con relación al homicidio culposo en perjuicio de Susana Beatriz Guaita, declaró extinguida la acción penal por la muerte de Far Suau.

¿Un final previsible? A la luz de los hechos que se venían sucediendo alrededor de la causa de las manos de Perón, la desaparición del juez sembró sospechas y, de hecho, representó el fin de la investigación. Además, se produjo en medio de grandes tensiones sociales, económicas y políticas en el país. Estaba en marcha el cambio de poder en la Argentina, faltaban pocos meses para las cruciales elecciones de 1989. Y por esos días la atención de los medios periodísticos estaba localizada en la conmoción mundial que había producido la no menos sospechosa muerte de Cristina Onassis en la Argentina, ocurrida tres días antes.

El entonces presidente Raúl Alfonsín se reunía con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano y las pujas con los militares tendrían un nuevo capítulo en los primeros días de diciembre, cuando los rebeldes carapintadas del Ejército, al mando del coronel Mohamed Seineldín, tomaban la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Mientras tanto, los gobernadores peronistas mostraban su preocupación por conseguir ayuda financiera del gobierno radical a través de negociaciones con el ministro Nosiglia.

Por su parte, la investigación sobre el robo de las manos de Perón entraba definitivamente en un cono de sombras. Sólo los diputados nacionales Juan Antonio Martínez y Juan Gabriel Labaké pidieron al gobierno que investigara a fondo el accidente que había matado al magistrado. Las dudas nunca se despejaron. Uno de los custodios del juez le reclamó al abogado de Isabel Perón: “Usted que puede, averigüe por qué lo mataron”.

El 29 de enero de 1995, el diario La Nación publicó una entrevista a Juan Carlos Iglesias, quien volvió a poner en duda las causas de la muerte de Far Suau. A la semana siguiente, recibió en su estudio un llamado telefónico anónimo que le dijo: “Soy un oficial del Ejército que me desempeño en el servicio de inteligencia. Por ahora no le puedo dar mi nombre, pero quiero que sepa que su opinión acerca de la muerte dudosa de Far Suau tiene fundamento. Fue víctima de un atentado con una bomba de combustible plástico”.

Esta información coincidía con la que habían recibido los colaboradores de Far Suau pocas horas después de que éste murió. El juez Luis Enrique Velazco los reunió para decirles que de acuerdo con los datos que le habían brindado los servicios de informaciones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, al auto de Far Suau le habían puesto una bomba plástica cuando hizo una parada en Bahía Blanca.

En 2013, el diario Perfil localizó a Maximiliano Guaita, que para entonces estaba viviendo en Bariloche. Los periodistas David Cox y Damián Nabot le realizaron la siguiente entrevista, en la que el único sobreviviente del atentado que le costó la vida al juez y a su madre certifica que fue un asesinato.

—¿Cuáles son los recuerdos más viejos que tenés del tiempo compartido con tu mamá y el juez?

—Recuerdo, por ejemplo, el día en que llegábamos a casa, en Moreno, y yo tenía la sensación de que iba a pasar algo malo. Los chicos tienen la percepción más a flor de piel, me parece. Era de noche. Y de pronto se escucharon unos tiroteos, hubo corridas, veía a los custodios del juez que bajaban y subían las escaleras, mi hermano gritando, mi hermana llorando y yo, que era un chiquito, asustado. Me pasó una bala por al lado de la oreja. Yo tenía cuatro años. Recuerdo que Teresita, que era la niñera, me escondió en el baño de la cocina y nos quedamos ahí esperando que todo pasara. Todavía hoy, cuando lo cuento, se me pone la piel de gallina y tiemblo.

—¿Eso ocurría en la quinta que tenían en Moreno?

—Sí. Ahí quisieron matar a Jaime, que era la pareja de mi mamá. El juez vivía en la Capital Federal, pero pasaba la mayor parte del tiempo con nosotros en Moreno, en la calle Martín Fierro al 400. Ahí empezó a ocurrir todo, porque cuando estuvo con mi mamá, Jaime se encontraba en plena investigación por el robo de las manos de Perón.

—¿Y qué supiste? ¿Quiénes disparaban?

—Recuerdo que la puerta de la casa estaba abierta, había sido forzada. Estaban esperándonos. Fue un instante. Empezaron los tiros en la entrada. Y mi hermano me agarró y me hizo entrar por la puerta de atrás.

—¿Qué recordás del juez?

—Estaba siempre a las corridas. Lo custodiaban policías permanentemente. Me acuerdo de un Ford Falcon que pasaba a cada rato por delante de la casa. Llamaban a la casa para amenazarlo de muerte.

—¿Y del día de su muerte?

—Me acuerdo que veníamos por la ruta. Yo iba atrás. Adelante iban Jaime y mi mamá. Ella me estaba cantando para que me duerma. Y al instante en que me dormí se puso todo negro. Escuché una explosión. No sé cómo explicarlo. Como si explotara un calefón en tu casa. Y ahí no recuerdo nada más hasta que desperté en la clínica de Bahía Blanca.

—Es importante tu recuerdo de la explosión, porque la Justicia en su momento descartó el atentado y lo consideró un accidente, a pesar de las pistas que indicaban que las ruedas del automóvil habían sido alteradas para que reventaran.

—Sí, yo escuché una explosión.

—Hubo quienes dijeron que habían cargado con gas los neumáticos.

—Sí, está comprobado. Cuando crecí, me puse a investigar, a revisar cómo fueron las cosas. El tanque de combustible lo encontraron intacto. El auto había volcado. Jaime y mi mamá murieron. Yo me salvé, pero nadie me nombra.

—¿Qué sentís tanto tiempo después?

—No me quiero vengar de nadie. Pero se siente mucha impotencia y bronca. Yo no debería estar así. A mí me mataron a mi mamá. Quedé traumado. Todavía ahora tengo pesadillas. Me siento mal y me la agarro con mi mujer y mis hijos.

—Para vos, la muerte del juez y de tu mamá fue producto de un atentado. No te quedan dudas.

—Ninguna duda. En absoluto. ¿Qué accidente? ¿Gas en las cubiertas? Y toda la mafia que se movía detrás del robo de las manos de Perón. Jaime era una persona que sabía demasiado y lo querían hacer boleta. Yo era un chico. No tenía nada que ver, pero pagué los platos rotos con mi vida.

—Vos te despertaste en un hospital de Bahía Blanca. ¿Y qué ocurrió después?

—Mucha gente que me vio en el hospital y que veo ahora en Villa La Angostura me dice: “No puedo creer que estés vivo”. Estuve internado varios meses. No me podían mover. Me quedaron las dos rodillas para afuera. Los médicos me dicen que es por el tiempo que pasé acostado. La verdad es que estoy vivo de milagro. Durante mucho tiempo fui al psiquiatra. Pegaba fotos de mi mamá por todos lados. A mí me decían que estaba enterrada. Pero yo la buscaba. Prendía velas. Pedía por favor que volviera.

—¿Por qué decidiste que ahora querías hacer pública tu historia?

—Porque leo en internet sobre Far Suau, sobre nosotros, y veo un montón de mentiras. Cosas que nunca pasaron. Mucha manipulación. Para empezar, que digan que mi mamá murió en un accidente. Me da bronca. Mis hijos no tienen a su abuela. Casi no me quedaron fotos porque entraron y revolvieron todo.

—¿Violentaron la casa de tu mamá?

—Sí, varias veces. Se llevaron todo. Y eso que el juez había decidido abandonar la investigación antes del viaje porque no daba más. Nos dejaban amenazas en el buzón.

—¿Eso pasó incluso después de la muerte del juez?

—Después de eso, mi hermano se quiso poner a investigar. Y empezó a recibir amenazas. Mi familia le pidió que dejara todo porque si no, nos iban a matar a todos. Hoy no quiere ni hablar del tema.

—¿Quiénes creés que estaban detrás de todo esto?

—Creo que fue una gran mafia. Inteligencia militar. Licio Gelli. Los servicios. Yo no sé por qué se lo hicieron a Perón. Pero sé que a quienes les pagaron por hacer volar el auto fueron y lo hicieron. Y yo lo pagué.

—¿Por qué le escribiste una carta a Cristina Kirchner?

—Para que se entere de todo esto. Y para ver si tiene el corazón para darme la mano que me hubiera dado mi mamá si estuviera conmigo.

CATORCE
El pacto de silencio

De pronto el silencio lo invadió todo. Los tribunales de Buenos Aires enmudecieron, entraron en una larga letanía. El presidente Alfonsín, sus hombres de gobierno y los herederos políticos del general Perón fueron ganados por otros discursos, empezaron a esquivar el tema de la profanación. Gestos de incomodidad se instalaron en sus rostros cada vez que aparecían las tres palabras malditas: “manos de Perón”.

El juez Jaime Far Suau murió en un momento clave del proceso judicial. Empezaba a cruzar la información conseguida en esos largos y difíciles dieciséis meses, los testimonios y las pruebas, a pesar de las decenas de pistas falsas sembradas durante su trabajo. En síntesis, poner blanco sobre negro los datos de los trece cuerpos que sumaba la causa.

La desidia prevaleció en la Justicia después de su desaparición. Empezaban las fiestas de fin de año, y después la feria judicial de verano. Para colmo de males, el país ya estaba lanzado a las elecciones presidenciales de mayo de 1989 y otros hechos no menos impactantes, como fue el ataque al cuartel militar de La Tablada, desviaron la atención de la sociedad. Se terminaba la primera etapa democrática presidida por Raúl Alfonsín, una gestión que dejaba grandes temas sin resolver: la grave crisis económica y social, la debilidad institucional y un estado de rebelión militar.

La dirigencia se metió de lleno en la campaña presidencial de ese año, plagada de acusaciones y enfrentamientos cruzados entre radicales y peronistas. La tradicional derecha golpista seguía con sus prácticas desestabilizadoras y se dedicaba a enturbiar el proceso cada vez que podía con amenazas, presiones y alentando fantasmas del pasado. Los llamados grupos progresistas agitaban otro fantasma, el de los militares asesinos sueltos por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final sancionadas luego de las rebeliones de los “carapintadas” durante el gobierno de Alfonsín, y la posibilidad cierta de que el justicialismo regresara al poder de la mano de una alianza entre Carlos Menem y los nacionalistas del Ejército que se habían sublevado contra el gobierno que se terminaba.

A pesar del empeño que puso Far Suau, su muerte significó, de hecho, el fin de la investigación judicial. Durante mucho tiempo nadie lo reemplazó al frente del Juzgado Nº 27. Quedó vacante como si no hubiera más tarea que cumplir. Y la información secreta que había conseguido y guardado con celo desapareció de su despacho sin que nadie se enterara. Lo mismo sucedió más tarde con la guardada por el jefe de la Policía Federal comisario general Juan Ángel Pirker. Las únicas directivas que recibió el comisario Carlos Zunino fueron que enviara a la superioridad, esto es, al comisario Pirker y al ministro Nosiglia, un resumen informativo de lo realizado hasta ese momento. Y quedó desafectado del tema.

El juzgado tuvo varios jueces interinos. Primero, y por unos pocos días, fue el doctor Luis Velazco, quien por entonces era el titular del Juzgado de Instrucción Nº 8. Después lo reemplazó la doctora Silvia Ardoy de Sívori, del Juzgado de Instrucción Nº 4, hasta el 1º de febrero de 1989. La sucedió, entre marzo y abril, el titular del Juzgado de Instrucción Nº 6, doctor Roberto Hornos. Durante mayo y junio se hizo cargo el doctor Remigio González Moreno, que presidía el Juzgado de Instrucción Nº 18. También le tocó, entre julio y agosto, al doctor Hipólito Saá, del Juzgado de Instrucción Nº 25. Luego el juez Armando Chamot, del Juzgado de Instrucción Nº 28, lo tuvo entre septiembre y octubre, y el doctor Emilio García Méndez, del Juzgado de Instrucción Nº 7, estuvo hasta el 10 de octubre de 1989, cuando, por último, fue designado como nuevo juez titular el doctor Carlos María Andina Allende, quien se desempeñó hasta febrero de 1993. Es decir que hubo siete jueces transitorios en diez meses.

Casi todos coincidieron en un hecho: no movieron una sola hoja del expediente tendiente a continuar la tarea de Far Suau y su equipo. Cumplieron sólo con la formalidad de cubrir el puesto hasta que se nombrara a alguien en forma definitiva.

La excepción fue Remigio González Moreno, quien ocupó el cargo en tiempos en que Carlos Menem ganaba las elecciones presidenciales y se aprestaba a tomar el poder en forma adelantada. El juez, que se quería acomodar al nuevo orden político del país en manos de un peronismo regresado al poder, aceptó enviar todos los cuerpos de la causa al lugar donde estaba el equipo político del flamante presidente, que seguía operando con la supervisión de Eduardo Menem desde las oficinas de la campaña electoral ubicadas en Suipacha 942, sede de la Fundación La Rioja Argentina. El que se encargó de fotocopiar las miles de páginas de la causa, y quedarse con una copia, fue el coronel Carlos Bosch.

Fue en ese contexto cuando González Moreno le pidió a Menem el respaldo político para impulsar la investigación de la profanación del cuerpo de Perón. Pero éste nunca le contestó el pedido. A pesar de ello, González Moreno no quiso dejar pasar la oportunidad. Con buenos y oportunistas reflejos, el 31 de mayo de 1989 citó a declarar por primera vez a la viuda del general Perón. En realidad, su movida pareció estar más dirigida a mostrarse junto a Isabel Perón, especulando con un posible rédito político, que a intentar averiguar algo más sobre el robo de las manos de su esposo. Se sabía que, en esos primeros tiempos de auge menemista, el magistrado tenía confesas intenciones de iniciar una carrera política dentro del peronismo y esperaba algún guiño del gobierno para sumarse al nuevo tinglado político, probablemente, ascendiendo posiciones en el sistema judicial. La citación de Isabel se tomó como una estrategia de González Moreno para ganar espacio entre la dirigencia triunfante.

Pero la viuda de Perón no agregó nada nuevo. Eso sí: aprovechó el momento para desvincularse y no quedar comprometida con toda la información que les había dado a Far Suau y Zunino en forma espontánea cuando fue entrevistada en Madrid. El informe del juez muerto pasó a engrosar las páginas de los anexos de la causa. No se volcó oficialmente al expediente porque había viajado a España en forma particular. Precisamente, antes de que González Moreno se hiciera cargo interinamente del juzgado y decidiera la citación judicial a Isabel Perón, su colega, el juez Roberto Hornos, le solicitó al comisario Carlos Zunino que ratificara o no el contenido del informe de Far Suau. El policía dijo que reflejaba absolutamente toda la verdad de lo que había sucedido en el encuentro con Isabel y que, además, daba ese testimonio porque había trabajado el texto junto con Far Suau. Pero Isabel después se desdijo, como si hubiese sido otra la persona que se entrevistó amablemente con el magistrado y el policía. “Con relación a la síntesis escrita de la entrevista que la dicente mantuvo con el comisario Zunino el año pasado en la ciudad de Madrid y que en este acto toma conocimiento, manifiesta que lo desconoce en absoluto ya que lo allí relatado no coincide con las manifestaciones vertidas en dicha oportunidad. Que con relación a la profanación de la tumba del teniente general Perón y la sustracción de sus restos mortales y demás elementos, manifiesta que desconoce en absoluto toda circunstancia”, constó en el escrito judicial firmado por Isabel y González Moreno, una síntesis algo pobre de una conversación de varias horas con la principal damnificada por la mutilación de su esposo.

Otra fue la historia cuando se nombró como titular del juzgado al juez Andina Allende. Este abogado de ascendencia peronista había trabajado en la Presidencia de la Nación en épocas del gobierno de Isabel y consiguió ubicarse cerca del nuevo poder menemista. Era íntimo amigo de César Arias, operador político clave del presidente Menem y designado luego secretario de Justicia, desde donde manejaba las operaciones en el Poder Judicial. Al comienzo, Andina Allende pareció comprometido en darle un nuevo impulso a la investigación. Resultó ser todo lo contrario. Al mes de llegar al juzgado dictó el sobreseimiento de los únicos procesados en la causa: Daniel Alberto Giardino, Juan Triviño, Ramón Modesto Juárez, Yesildepe Sigarán y Rodolfo Oreste Cianciarelli. Todos estuvieron relacionados con la investigación por las incriminaciones realizadas contra ellos por Juan Alberto Imbesi, que también fue sobreseído. Finalmente, Andina Allende cerró la causa el 11 de octubre de 1990, decisión que fue ratificada por la Cámara el 15 de febrero de 1991. En su fallo escribió: “Con la esperanza de que algún día la reconstrucción histórica de este hecho criminal pueda finalizar con la detención de sus autores y la recuperación de las manos seccionadas, para que éstas puedan descansar finalmente junto a los restos de quien fuera Presidente de la Nación Argentina, teniente general Juan Domingo Perón, y cerrar así este siniestro y aberrante capítulo de la historia”. Con esa esperanza de justicia cerró la investigación y la causa judicial, resolviendo: “Sobreseer provisionalmente en el presente sumario N° 54.248, en el que no se encuentra procesada persona alguna y en orden de los delitos materia de investigación”.

El juez después fue ascendido al Tribunal Oral Federal de la Capital Federal.

En 1999 los autores de este libro lo entrevistaron para que explicara su versión de lo que había hecho en la causa de las manos de Perón. La conversación tuvo lugar en su despacho del séptimo piso de los Tribunales ubicados en la avenida Comodoro Py, en la zona de Retiro. Para aventar sospechas, aclaró que había llegado a juez antes de que Carlos Menem asumiera como presidente. Y agregó que durante los primeros meses de 1989 había sido nombrado al frente del Juzgado Nº 10 y que, en cambio, el designado en el Nº 27 había sido el juez Roberto Marquevich. Sin que haya una explicación, los nombramientos quedaron sin efecto. Misteriosamente, la historia fue al revés. Andina Allende fue al Juzgado Nº 27 y Marquevich al Nº 10.

—¿Qué hizo en relación con la causa de las manos de Perón?

—La leí por completo y después solicité a los organismos de seguridad como la SIDE, Seguridad Interior de la Policía Federal, Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior, que me enviaran toda la información que tenían acerca del caso. Pero me contestaron que no había nuevos elementos, es decir, no tenían información.

—¿Por qué archivó la causa en vez de investigar?

—Me encontré con que no tenía posibilidades de seguir. Un juez depende de la información que le den los organismos de seguridad del Estado, y no había información. Lo único que hice fue tomarle declaración a Imbesi, por pedido de él. Lo recibí en el despacho acompañado de tres peritos médicos. Y en ese acto preguntó quiénes eran esos tipos. Le dije que eran médicos del cuerpo forense y que, si iba a hablar, que lo hiciera delante de ellos. Al principio se negó, pero después empezó a declarar diciendo que sabía quiénes habían sido y dónde estaban las manos y contando historias incoherentes. Los médicos hicieron un informe que está en el expediente en el que consta que Imbesi era un fabulador y un mitómano. Hasta nos hizo ir al cementerio de la Chacarita porque dijo que las manos habían sido escondidas en una bóveda. Fue el 26 de julio de 1989, aniversario de la muerte de Evita. Nos acompañaron médicos forenses y personal de la Policía Federal. En el sector de bóvedas, Imbesi dijo que “las manos están por acá”. Le pedí que dijera exactamente dónde. “No sé, si no tenemos las llaves de las bóvedas no podemos averiguar”, me contestó. Y nos fuimos.

—¿Por qué no hubo apoyo a la investigación?

—Mire, la verdad, faltó decisión política. Nadie me llamó dándome apoyo, ni siquiera para preguntar qué pasaba. Entonces hice el sobreseimiento provisional de la causa, con el que estuvo de acuerdo Isabel Perón. Eso consta en el expediente.

Molesto por el fin de la investigación judicial, el 11 de diciembre de 1990 el abogado de Isabel Perón, doctor Atilio Neira, presentó un escrito muy crítico ante la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal, donde dejó constancia de lo que, a su entender, había pasado con la causa en los últimos tiempos. Denunció sin vueltas los manejos políticos detrás del caso: “Desgraciadamente, en una causa penal de la magnitud y consecuencia de la presente hubiera resultado imprescindible contar con otros medios investigativos, ajenos al Poder Judicial, aunque puestos al incondicional servicio de éste. Pero esto no sólo no ha sucedido sino que son muchos los testimonios obrantes en autos de la obstaculización sistemática y la desviación sumarial a las que, desde diversos ángulos, se ha sometido a los mismos. Detrás de esa densa y elaborada trama de confusión se esconde la falta de voluntad política de esclarecimiento. Preguntarse cuál es la causa última de ello es interrogarse por los siniestros móviles de los autores —materiales e intelectuales— del más grande crimen político de nuestra historia”. Y agregó: “Lo que hay que investigar son las motivaciones y los poderes políticos que han intervenido. Sería preciso investigar ahora no los dichos, que era justamente lo que ellos querían, sino a las personas mismas de todos los que ‘espontáneamente’ han comparecido ante el Tribunal para suministrarle información manifiestamente falsa o de todos los que han llevado a cabo, en los medios masivos de difusión, maniobras tendientes a confundir al Tribunal y a la opinión pública, a los fines de determinar quién o quiénes los han impulsado a tales tareas. Es una regla elemental de buena criminalística que detrás de los encubridores están los autores y detrás de éstos los instigadores”.

Sin embargo, a pesar de la progresiva amnesia de los principales protagonistas, las permanentes manipulaciones y especulaciones políticas y el pacto de silencio que iba fraguando con el correr de los años, el cuerpo mutilado del General irrumpió nuevamente en escena con la fuerza de un fantasma que se creía haber ahuyentado. Fue cuando el juez Alberto Baños reemplazó a Andina Allende el 27 de julio de 1993 y decidió después reabrir la causa y también el féretro exponiendo nuevamente la cara de Perón a los ojos de los vivos.

Baños había sido uno de los secretarios del juez Far Suau. Lo había conocido en 1982 cuando tenía 23 años. Era empleado del Juzgado con funciones de auxiliar y cuatro años de antigüedad. Por entonces, Far Suau era una persona irónica, con un gran sentido del humor y con salidas inesperadas que sorprendían a todos. En ese verano de 1982 fue hasta el juzgado y se presentó con toda pomposidad como defensor oficial, que por otra parte lo era. “Por mal camino va”, le dijo el joven Baños porque pensó que era una broma. El chiste lo dejó muy mal parado y cuando Far Suau fue designado en 1984 al frente de su juzgado, Baños prefirió retirarse y pidió su traslado al Juzgado Nº 33.

En 1988 se abrió el concurso para ocupar una de las secretarías del Juzgado Nº 27. Sin mucho optimismo, Baños se presentó. Contra todos sus pronósticos, Far Suau lo eligió como uno de sus dos secretarios. A partir de ese momento empezaron a construir una respetuosa relación. El juez solía desayunar todas las mañanas con sus secretarios para repasar los temas del día, entre ellos el infaltable: las manos de Perón. Ya había perdido la ironía que lo caracterizaba antes. Siempre les decía en relación con la profanación: “Muchachos, mejor que no sepan nada, y que no sepan que ustedes pueden saber algo. Que yo lo sepa, suficiente”. Eran los tiempos en que estaba amenazado y se había ido a vivir a su quinta de Pilar.

La muerte del juez paralizó a sus colaboradores. Baños escuchó por casualidad la noticia anunciada en un flash informativo de la televisión. De inmediato pensó que había sido un atentado. Ahora, cinco años después, estaba sentado en el sillón de aquel hombre corpulento que le había confiado secretos. Había regresado al mismo despacho, todo estaba allí, junto con sus mejores sensaciones. Las pilas de papeles. Las mismas sillas y escritorios. La caja fuerte donde Far Suau había guardado la información confidencial que misteriosamente había desaparecido. Las paredes cubiertas de madera. La tenue luz.

Quizás ayudado por esos recuerdos tan vivos, Baños rescató la causa del ostracismo y al principio le impuso un ritmo sólo comparable al de los primeros tiempos. Un hecho fortuito fue suficiente justificación para retomar la senda en abril de 1994: la misteriosa aparición en la Comisaría 29 de 18 llaves del Blindex de seguridad del nicho donde aún descansaba el cuerpo mutilado de Perón. El nuevo juez temió otro ataque contra la tumba e, incluso, sospechó de una nueva profanación. Dispuso de inmediato la inspección a la bóveda. Llamó al escribano general de Gobierno de la Nación, Natalio Etchegaray, a peritos químicos y a un cerrajero. La macabra escena volvió a repetirse: la tumba de granito y mármol negro de la Chacarita, la oscuridad de su interior, el olor a encierro que debieron soportar durante más de diez horas entre la apertura del vidrio blindado, el corrimiento hacia fuera del ataúd, la nueva inspección del cuerpo. Ahí estaba Perón al descubierto con sus brazos mochos, sus muñecas al aire, observado por el grupo de personas con asombro, con la curiosidad atemporal de poder mirar a quien había convulsionado la vida pública del país por más de medio siglo.

Sorprendió una vez más el perfecto estado de conservación. Su tez amarronada y pálida, ganada por una colonia de hongos que desde el lado derecho de la cara se extendía en forma de espuma blanca hacia su uniforme militar. Para evitar alguna reacción química, los peritos prefirieron limpiar a mano esa espuma irreverente. Con delicadeza fueron sacándola del rostro momificado de Perón, a veces ayudados por pequeños pinceles que complementaban el trabajo, como si fueran arqueólogos. El susto había pasado. El juez constató que no había habido otra profanación. Se cerró el féretro, se cambiaron las cerraduras del nicho blindado, se destruyeron todas las llaves que había y las nuevas fueron depositadas una vez más en la Escribanía General de Gobierno.

Parece un absurdo, pero recién en ese año 1994 se modificó la carátula del expediente que hasta ese instante llevaba el nombre de Imbesi. Desde ese año se llamó “Juan Domingo Perón, sobre profanación de su tumba”, y los cuerpos de la causa dejaron de estar en la Comisaría 29 para quedarse en el juzgado. El juez se había metido otra vez y por esos designios del destino en la tenebrosa historia que lo había marcado de joven. Siguió revisando página por página tratando de encontrar algún dato, una pista cierta que surgiera de alguna de las declaraciones testimoniales recogidas por Far Suau y que pudieron haber pasado inadvertidas. Mal que mal, y a pesar de que se había perdido información valiosa, en esa pila de carpetas arrumbadas por años podía aparecer alguna señal que le mostrara el camino por dónde seguir. Alberto Baños rearmó la lista de los testigos y personas clave. Pidió a los distintos servicios de inteligencia del Estado que le remitieran toda la información que tenían. Parte de su táctica fue citar a quienes habían tenido relación con la investigación judicial. Empezó su tarea intentando descifrar algunas dudas e hipótesis que se habían manejado al principio. Por ejemplo, la que decía que las manos fueron robadas porque las necesitaban, ya sea por su anillo o huellas digitales, para abrir una caja de seguridad en Suiza, donde se escondería la misteriosa fortuna de Perón. El juez le solicitó por escrito a Interpol que le informara si existían esos sistemas. En septiembre de 1995, Interpol Suiza le contestó que “los bancos suizos no tienen la capacidad de recurrir a sistemas que impliquen el uso de huellas digitales de sus clientes”, aunque no pudo averiguar si ese método, de existir, es utilizado en otros países. También pudo saber que allí las cuentas “secretas” son alfanuméricas y no existía ninguna que estuviera a nombre de María Estela Martínez de Perón.

Avanzó un paso más. Por primera vez citó a declarar al ex presidente Raúl Alfonsín. Fue el miércoles 28 de febrero de 1996. Se combino que el encuentro se realizaría en el más estricto secreto y alejado de los medios periodísticos. El auto del ex presidente entró en el Palacio de Tribunales por el portón que da a la calle Lavalle, donde suelen ingresar los detenidos, y lo dejó estacionado en el patio interno. Era media tarde, el momento en que el edificio suele estar vacío y desaparecen las guardias periodísticas. El ascensor lo condujo hasta el tercer piso, donde estaba el despacho del juez. Alfonsín estuvo acompañado por Ricardo Gil Lavedra, aunque ningún testigo puede ser asistido en su declaración por abogado alguno. También estuvo presente Atilio Neira, en representación de la única querellante, Isabel Perón.

La entrevista fue cordial, como cumpliendo un trámite formal. Alfonsín no suministró datos importantes ni posibles pistas. Repitió lo que ya se sabía. Dijo haber dado instrucciones a los servicios de inteligencia para que colaborasen con la Justicia, y que cuando supo la novedad se había comunicado con la viuda de Perón para darle garantías de que iba a hacer todo lo que estaba a su alcance para esclarecer el caso. Algo que, de hecho, no ocurrió. Encaminó su declaración a la cuestión política. Le contó al juez que, según la primera hipótesis que elaboró la SIDE, la profanación y el robo de las manos de Perón habían sido consecuencia de la interna peronista. Citó expresiones de Isabel, que, cuando se enteró del hecho, afirmó que eran los mismos de siempre.

También recordó, vagamente, que el antiguo edecán de Perón, Fernández Sanjurjo, le había comentado que los brazos de Perón no estaban en la misma posición que cuando fue velado en 1974. En el tiempo que estuvo ante el juez el líder radical demostró tener muy poca memoria para un tema que casi pudo llevar a un enfrentamiento social durante su gobierno e incluso desestabilizarlo. En esa amnesia temporal no recordó en qué circunstancias se había enterado del hecho, a quiénes les había dado las órdenes en la SIDE, en el Ministerio del Interior y en la Justicia; si el tema había merecido una reunión de gabinete y quién lo mantenía al tanto de las novedades de la investigación. “Han pasado muchos años”, se excusó.

El juez fue derecho al asunto.

—¿Supo de los comentarios que involucraban a funcionarios de su gobierno en la trama del asunto? —le preguntó.

—No, de lo contrario lo tendría presente.

—¿Supo de una reunión que mantuvieron el entonces ministro del Interior, Enrique Nosiglia, y el entonces jefe de la Policía Federal, comisario general Juan Ángel Pirker, con el entonces juez de la causa?

—Desconozco —dijo a secas Alfonsín, y se dio por terminada la declaración.

Le recomendó al juez que citara a Facundo Suárez, titular de la SIDE en 1987. Antes de la entrevista con el ex presidente, el magistrado le había solicitado a la SIDE que le remitiera toda información acerca de lo actuado en el caso. En una escueta carta, el organismo de inteligencia estatal le informó que no tenía registro de actuación alguna porque ningún organismo del Estado se lo había solicitado. Así, quedaba en claro que el robo de las manos de Perón no había tenido estado al tope de la agenda oficial de la SIDE durante el gobierno de Alfonsín como tampoco en el de Menem.

Poco tiempo después de la declaración judicial del ex presidente radicial llegó hasta el despacho del juez Baños Facundo Suárez, quien explicó que en aquellos años el presidente intentó cambiar la estructura operativa de la SIDE y separar a gran parte del personal heredado de la dictadura. Cambiaron personal militar por policial e incorporaron nuevos profesionales para la tarea de inteligencia. En relación con el robo de las manos de Perón, dijo que el caso lo había afectado personalmente porque su familia y él lo habían conocido en la provincia de Mendoza. Relató que, una vez enterado de la profanación, el presidente Alfonsín se comunicó con él y con Isabel Perón, y que se había comprometido a investigar y esclarecer el caso más allá de las connotaciones políticas que pudiera tener. Indicó que la orden del presidente fue que quería total transparencia en la investigación y que, si el magistrado no lo pedía expresamente, la SIDE no interviniera. “A mí nadie me pidió que pusiera a los agentes de inteligencia a realizar tareas investigativas”, explicó al juez para agregar que entonces había una gran confusión por los datos que iban surgiendo. “Se trató de profesionales altamente equipados, no hubo improvisación. Descartado el famoso tema del anillo con el número de cuenta bancaria, los agentes hicieron averiguaciones para determinar el modo en que se había sepultado el cadáver de Perón, fundamentalmente la ubicación de los brazos, y obviamente sus manos en relación con el cuerpo, y el tratamiento de conservación a que había sido sometido. Con toda esa información se llegó a la conclusión de que quienes cometieron el hecho tenían información sólida y confiable. En segundo lugar llegamos a la conclusión de que la rotura del vidrio de la cúpula de la bóveda, como la del Blindex protector, podría tratarse de una maniobra meramente distractiva, dejada por los delincuentes para confundir a las pesquisas. Sospechamos que ingresaron a la bóveda directamente por la puerta. En tercer lugar, y lo que más le interesaba a la secretaría a mi cargo, era tratar de desentrañar el móvil por las consecuencias que ello podría traer aparejadas”.

En realidad, Suárez sospechaba de los grupos de derecha que buscaban desestabilizar a la democracia y creía que la extrema izquierda no tenía capacidad para semejante operativo. “La extrema derecha estaba dando signos inequívocos de insubordinación constitucional a partir de los juicios a militares por los excesos cometidos durante la represión del gobierno militar”, agregó. Y llegó a la conclusión de que la profanación del cuerpo de Perón en plena época electoral perjudicaba tanto al radicalismo como al peronismo, que los profanadores buscaron instalar en la sociedad la idea de que con un gobierno democrático no había seguridad y que las instituciones no eran competentes para esclarecer hechos de esa magnitud. Esto traería más confusión en un peronismo que tenía sus energías puestas en llegar al poder. “Recuerdo que Vicente Saadi me transmitió personalmente que quería evitar que se hiciera un manejo del tema que perjudicara al justicialismo. Creo que en el fondo hasta dudaba de si no era una jugada nuestra para perjudicarlos. Pero era una creencia falsa. Ahora he leído que algunos periodistas manejan la hipótesis de la intervención de la P2 o de la masonería, cosa que en mi época también se barajó como posibilidad.” Finalmente, le aclaró a Baños que no solicitó la colaboración de servicios de inteligencia extranjeros y que le había llamado la atención que en todos esos años la Justicia no lo hubiera convocado para dar su testimonio. Y concluyó: “No ha dejado de llamarme la atención que funcionarios vinculados con la investigación hayan fallecido”.

Fuera de la formalidad del despacho del juez, unos meses después pudimos reunirnos con Facundo Suárez en su oficina de la calle Alsina al 900, en pleno centro de la Capital Federal y a pocas cuadras de la Plaza de Mayo. Era la mañana del jueves 8 de agosto de 1996. Un día complicado. Empezaba uno de los pocos paros generales que le hizo la CGT peronista al gobierno de Menem.

Allí volvió a insistir en la forma en que los profanadores simularon destruir la tumba para poner pistas falsas. Había llegado a la conclusión de que los sujetos entraron con una indudable ayuda externa.

—¿Qué información manejó de la profanación?

—La gente que participó en la primera inspección de la bóveda me informó que se encontraron con un escenario de pistas falsas. Después, de acuerdo con los datos que analicé, llegué a la conclusión de que los profanadores habían entrado por la puerta con alguna complicidad. Cuando un perro ladra mucho la gente se levanta para saber qué pasa. Cuando ladra una vez y se calla es porque conoce al de la casa, el que viene es amigo. Alguien entregó esas llaves. Nunca fueron mantenidas como un secreto de Estado. Por eso le sigo dando al hecho una connotación política, probablemente un ajuste de cuentas entre las mismas líneas en que estaba dividido el justicialismo. Incluso por las palabras de la viuda de Perón se desprende esta idea cuando sostuvo que habían sido los mismos de siempre.

—¿De la derecha reaccionaria o de la ultraizquierda?

—Siempre sostuve que no fue la izquierda porque la izquierda quería heredar la presencia de Perón como caudillo de multitudes, a pesar de que tuvo discrepancias de fondo con Perón, que era un hombre de derecha.

—Entonces, si Perón era un hombre de derecha, ¿por qué el ataque habría venido desde la derecha?

—Siempre pensé que había sido un golpe de doble mano. Un producto del peronismo de derecha y de algunos grupos de extrema derecha que estaban jugando al desprestigio del gobierno radical para dejar claramente establecido que había sido incapaz de preservar la tumba de Perón. En honor a la verdad, nunca el gobierno consideró que la tumba de Perón iba a ser atacada. Pensábamos que esas cosas representaban una etapa superada en la Argentina, que el gorilismo no iba a tener una actitud de violencia como ésa. Era un absurdo.

—Si acepta que el gorilismo, es decir, el antiperonismo actualizado, pudo haber hecho la profanación, ¿cómo se entiende que a la vez diga que fue realizada por un grupo interno del peronismo?

—Lo que digo es que pudo haber sido una operación de pase de cuentas a los incumplimientos del peronismo. Y lo digo porque Vicente Saadi estaba muy preocupado de que en algún momento saliera algo que lo comprometiera políticamente. Pero también manejo la otra tesis, que había un grupo de gente que quería desprestigiar al sistema y romper toda conexión del gobierno con la sociedad. Le aclaro que nunca tuvimos a Saadi como sospechoso, pero que él sabía quiénes fueron, sí. Lo teníamos un poco como destinatario del hecho. Personalmente, me negó que él tuviera información sobre la profanación antes que el juez. Se sentía preocupado porque lo afectaba directamente. Igual quería que se resolviera por el mejor camino.

—¿De dónde podría venir ese grupo operativo de derecha?

—La mano de obra desocupada del régimen militar estaba preparada para eso. Quienes pensaron la profanación sabían cómo se hacía un operativo impactante de esas características. Estoy seguro de que fue personal civil de extrema derecha de esa mano de obra desocupada. En la fantasía se decía que habían sido los carapintadas. Un absurdo. Otra idea que se discutía sostenía que había una lucha por dinero que involucraba a un banquero que había muerto y que había ido a parar a Cuba —(se refería a David Graiver, el banquero de los montoneros y de los 60 millones de dólares del secuestro de los hermanos Born, que habrían ido a Cuba.

—Pero ¿quiénes son los hombres de la mano de obra desocupada?

—Y... podrían consultar al coronel Solís, hermano de otro militar llamado el Chino Solís, que perteneció a la estructura de inteligencia de la SIDE en tiempos de la dictadura. Yo lo separé de la secretaría porque no le tenía confianza. El Tata Yofre lo volvió a convocar, pero también terminaron por separarlo.

—Se nota que usted manejó buena información. ¿Por qué, entonces, la SIDE dijo que no tenía información alguna sobre el tema?

—Nosotros no hicimos inteligencia desde la SIDE. Alfonsín estaba muy impactado. Tenía muchos deseos de que se supiera quiénes habían hecho eso. Y me encargó que nos pusiéramos a disposición del juez y que le diéramos todo el apoyo a la Policía Federal. Yo recibí instrucciones de ponerme a disposición del juez Far Suau y del comisario Pirker. Y a mí jamás la Justicia me llamó para hablar de este tema, a excepción del actual juez Baños, que lo hizo después de nueve años de la profanación. Tampoco me pidieron que interviniera teléfonos o que siguiera alguna pista.

—Entonces, ¿qué hicieron?

—Nuestra inteligencia fue seguir todo lo que ocurría, pusimos gente a trabajar en ese seguimiento, y también recurrimos a la Policía Federal para obtener información para el presidente. Estudiamos cómo había quedado el cadáver de Perón, y todo nos demostró claramente que el hecho no era posible sino entrando francamente a la bóveda y al nicho. Cuando murió Perón le pusieron las manos a los costados porque su cuerpo se hinchó por el tiempo que duró el velatorio y no se podía cerrar el cajón. Entonces, que le movieron las manos hacia los costados en 1974 es un hecho. Con las manos en esa posición tenían que ir y abrir el cajón para hacer lo que hicieron.

—¿La SIDE investigó la pista del rescate de 8 millones de dólares?

—No, nunca apareció alguien reclamando. El pedido de rescate formó parte de una operación muy bien realizada. Si hubiese hecho caso a todo lo que se nos decía, hubiera librado un oficio para allanar el Batallón 601 del Ejército, y creo que eso era para hacernos equivocar.

Así, el jefe de los espías del gobierno de Alfonsín sintetizó la versión oficial de los hechos. Para él fue una operación política realizada por resabios de los servicios de inteligencia de la dictadura o algún grupo interno del peronismo que bien podrían ser los Montoneros. Es evidente que Facundo Suárez se manejó con información fina de lo que se creyó en aquellos años y que, en ese contexto, el gobierno radical quedaba como la víctima de una maniobra de la ultraderecha.

En esos años de la profanación, y desde su puesto de senador nacional, Vicente Saadi había conducido con astucia y mucha muñeca los distintos espacios de poder dentro del Partido Justicialista. A pesar del avance del sector renovador contra la línea ortodoxa, que había quedado como la gran responsable de la derrota del 83, el viejo dirigente catamarqueño consiguió ubicarse en la presidencia del partido. Y desde allí fogoneó el ascenso de uno de sus ahijados políticos, Carlos Menem.

Don Vicente tenía relaciones con todos los sectores del movimiento, y resultó ser funcional a los intereses de la ortodoxia venidos a menos, a los renovadores que necesitaban contar con el partido como un instrumento para llegar al poder y a los resabios de los montoneros, que lo tenían como un aliado preferencial. Saadi era muy particular. Solía repetir una frase que lo pintaba de pies a cabeza: “El día que me entere de que mi almohada sabe algún secreto mío, ese día duermo sin almohada”. Claro, plagiaba una frase que repetía el general José de San Martín: “El día que mi almohada sepa mi estrategia, la quemo”. Era una persona muy hermética. Manejaba sus temas políticos en compartimientos estancos. Tenía un interlocutor en cada lugar y los demás no lo sabían. No compartía la información con el resto de sus fuentes.

Es verdad que él supo primero que el juez que a Perón le habían cortado las manos: recibió la carta de los profanadores con la novedad días antes de que trascendiera. Pero también es cierto que tenía más información que el resto de sus compañeros. Enfermo, cerca de la muerte, en terapia intensiva, lo fue a visitar un empresario, íntimo amigo. Entre cables y cánulas, en un momento, su visitante se animó y le preguntó:

—Leoni, no te lleves el secreto. Decime la verdad, ¿qué pasó con las manos de Perón? ¿Dónde están?

—Preguntale al Monje Negro —atinó a decir Saadi en voz muy baja. El Monje Negro era Coti Nosiglia.

El juez Baños también decidió citar a declarar al enigmático Enrique “Coti” Nosiglia. Fue a raíz de la denuncia pública efectuada por Juan Carlos Iglesias en el diario La Nación sobre el pacto secreto que Nosiglia le había propuesto al juez Far Suau como condición para que aparecieran las manos de Perón. Era quizás el testimonio más esperado en el juzgado, la palabra del funcionario del gobierno radical sospechado de haber operado políticamente en el caso.

Nosiglia concurrió al despacho del juez en noviembre de 1995. En enero de ese año el magistrado ya le había tomado declaración testimonial a Iglesias, quien ratificó sus declaraciones públicas. Nosiglia era el único protagonista vivo de aquel momento que tanto irritó a Far Suau. Y a pesar de que la propuesta del ex ministro del Interior fue informada a los hombres de mayor confianza del jefe policial y del juez, Nosiglia volvió a negar el hecho ante la Justicia, desacreditó la versión de Iglesias y dejó constancia en el expediente de que esas declaraciones eran un disparate. No obstante su enojo por los dichos públicos de Iglesias, nunca inició un juicio para aclarar la situación. Finalmente, tampoco aportó datos de interés que sirvieran para seguir investigando: su declaración judicial apenas ocupó una página en el expediente. Se retiró del juzgado prometiendo volver con más información. Nunca regresó. Siguió operando desde las oficinas ubicadas en la esquina de las avenidas Corrientes y Callao. En ese búnker manejó los hilos del radicalismo como uno de sus principales recaudadores de fondos, y más tarde se encumbró entre los hombres más influyentes en el poder del presidente Fernando de la Rúa, hasta su caída. Y ahora opera en las sombras en la construcción del poder radical dentro de la alianza Cambiemos que llevó a la presidencia a Mauricio Macri en 2015.

En julio de 2000, Nosiglia recibió a Claudio Negrete para conversar sobre el tema de las manos de Perón. Negrete lo esperó más de una hora en una oficina donde se podían ver fotos del ex presidente radical Arturo Illia y una gran cantidad de recuerdos y plaquetas. Después una secretaria lo hizo pasar a la oficina de Nosiglia, quien apareció a los pocos minutos hablando por un teléfono celular. En un momento de la charla, Negrete le preguntó:

—Usted, ¿cuándo y cómo se enteró del robo de las manos?

—Por los diarios —respondió a secas.

—¿Por los diarios? —volvió a preguntar sorprendido.

—Sí, así de simple.

—Cuando fue ministro del Interior, ¿qué hizo?

—Dejamos que siguiera interviniendo la Justicia.

—¿No tomaron ninguna iniciativa para ayudar al juez?

—Era un tema que se manejaba allí, y había que respetarlo.

Durante la larga hora de conversación, Nosiglia repitió el argumento del gobierno alfonsinista: la profanación había sido obra de la ultraderecha ligada a la dictadura militar y a un sector del peronismo. Cada diez minutos atendía un llamado. Se notaba que allí funcionaba una de las oficinas del gobierno delarruista, aunque, por lo desorganizado, parecía más una unidad básica peronista que un comité radical.

Cuando la entrevista empezaba a transitar temas puntuales de su intervención en el caso, dijo que no tenía más tiempo pero que no habría inconveniente en volver a conversar. Antes de despedirse, hizo una confesión de alguien que sabe cómo funciona el poder en la ciudad de Buenos Aires: “Nada importante ocurre aquí sin que lo sepa la Policía Federal”. De alguna manera reconoció que la mutilación del cadáver de Perón no pudo haberse hecho sin conocimiento alguno de las personas que manejaban el poder institucional en el país. Antes de terminar este libro, se intentó una segunda entrevista con el “Coti” Nosiglia, habiéndose ya reunido toda la información que lo vinculaba en forma directa al hecho. Hubo no menos de diez contactos con su secretaria. Nunca contestó.

Y el destino que suele ser impredecible cruzó coordenadas imprevistamente tras cinco años de investigación para este libro. Diez días después de la entrevista, a Negrete le robaron parte de los archivos digitales que tenía en su portafolio, una operación que se hizo una noche en medio de una fiesta de despedida realizada en San Telmo. Misteriosa concidencia.

De los distintos informes e interpretaciones surgidos en todos estos años aparece como denominador común la probable participación de ex miembros de las fuerzas de seguridad, uniformados y civiles, en la profanación. Y no es una conclusión política antojadiza. Algún antecedente daba crédito a esta hipótesis. El 23 de diciembre de 1975 el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) llevó a cabo un intento de copamiento al Batallón Depósito de Arsenales 601 “Domingo Viejobueno”, ubicado en Monte Chingolo, Lanús, provincia de Buenos Aires, con acciones periféricas de la guerrilla que abarcaron desde La Plata hasta La Matanza, y desde el Río de la Plata hasta Camino de Cintura, Esteban Echeverría. Fue la mayor operación de la guerrilla en la Argentina y al mismo tiempo el mayor de sus fracasos, y el inicio de la debacle del Partido Revolucionario de los Trabajadores y su brazo armado el ERP.

El fracaso de esa operación guerrillera se atribuyó a la delación de Jesús Ramés Ranier, “el Oso”, un agente del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, que se había infiltrado en el aparato logístico del ERP y que luego terminó siendo ajusticiado por la organización. Pocos días después del ataque al batallón, el 28 de diciembre, los guerrilleros muertos fueron sepultados en el Cementerio de Avellaneda. Eran 53 cuerpos pertenecientes a los caídos en combate y también a los que fueron fusilados. Todos tenían las manos amputadas. De esos 53 pares de manos mantenidas en frascos de formol, 8 nunca fueron identificados ni por las Fuerzas Armadas y policiales, ni por la justicia. Recién en 1999 se lo pudo hacer gracias al trabajo del Equipo de Antropología Forense a pesar de que sus cuerpos permanecían desaparecidos.

Ya en los años 80, la banda que secuestró y mató al empresario Osvaldo Sivak a mediados de esa década estaba integrada por oficiales y suboficiales de la Policía Federal y la Policía Bonaerense, además de oficiales del Ejército Argentino. La mayoría de ellos había pasado por el famoso Batallón 601 de Inteligencia de Campo de Mayo, donde el Ejército tuvo durante la dictadura uno de sus centros de detención.

Otro caso que muestra cómo se reprodujeron estas bandas delictivas al amparo de su condición de integrantes de las fuerzas de seguridad argentinas es la famosa “Banda de los Comisarios”. Fue desbaratada entre 1991 y 1992, después del secuestro extorsivo del entonces joven empresario Mauricio Macri. La investigación posterior determinó que ése había sido el núcleo operativo autor además de los secuestros de Roberto Apstein y Karina Werthein, en 1979; Julio Ducdoc, en 1980; Sergio Meller, en 1985; y Rodolfo Clutterbuck un mes antes del asesinato del juez Far Suau en 1988. Una organización delictiva integrada por comisarios y subcomisarios de la Policía Federal que llegó a cobrar más de 12 millones de dólares por sus operaciones.

En el caso del robo de las manos de Perón, muchos de estos personajes ligados a aparatos de inteligencia aparecieron bajo la sospecha de haber tenido intervención en el hecho o en la investigación judicial, sembrando pistas falsas. Sugestivamente, se mezclaron ex policías y ex agentes de inteligencia del Ejército especializados en realizar “trabajos sucios de desinformación”.

Con esos datos objetivos en la mano, el defensor de la viuda de Perón presentó formalmente ante el juez Baños un pedido para que investigara lo que se llamó a partir de ese momento la “pista militar”. Para eso pidió que se reunieran los antecedentes y toda la información vinculada a quienes habían realizado operaciones o declaraciones públicas con el único objetivo de desviar el trabajo de la investigación judicial. Nadie dudaba ya de que detrás de la profanación había algo más que una banda de delincuentes movida por el dinero.

Neira había llegado a esa conclusión al estudiar el movimiento de quienes aparecían, de un día para el otro, en la causa de las manos. Las sospechosas actividades de los supuestos testigos desinformantes como Mario Aguilar y Juan Alberto Imbesi; el papel del teniente coronel Juan Carlos Sacco; la supuesta hija de Perón, Martha Susana Holgado, eran sólo algunos ejemplos de las personas a las que se relacionaba con alguna estructura de inteligencia.

Las extrañas muertes del juez Far Suau y Susana Guaita, del sereno Luis Paulino Lavagno y de Carmencita Melo; el atentado contra el comisario Carlos Zunino; las amenazas permanentes, y la amputación de las manos a imágenes religiosas que Isabel tenía en España, son acciones propias de grupos bien organizados, mafiosos, en los cuales sólo personas acostumbradas a esos trabajos sucios, como quienes pasaron por las estructuras de inteligencia, pueden llevar a cabo esa clase de operaciones. A estos antecedentes se les sumaban los datos de la propia historia argentina del rechazo visceral y político hacia la figura de Perón de importantes sectores de las Fuerzas Armadas y de seguridad de la Argentina.

Para Neira, la presunción de que integrantes o ex integrantes de los distintos aparatos de inteligencia de las fuerzas de seguridad habrán estado involucrados en el robo de las manos de Perón era más que una hipótesis por investigar. Para él significaba una pista segura si se tomaba como referencia lo ocurrido con el cadáver de Eva Perón: la historia demostró que fue inteligencia del Ejército la que lo secuestró y escondió.

Otro de los argumentos en los cuales basó su sospecha estaba en la carta enviada por los profanadores. En ella se escribió en una parte: “María Estela de Perón”, cuando siempre se la había llamado “María Estela Martínez de Perón” o “Isabel Perón”. Lo curioso de esta sutil diferencia es que hacía poco tiempo que la viuda había cambiado la forma en que confeccionaba su reservada papelería personal. Casualmente, la nueva se había impreso con el nombre que utilizaron los profanadores: “María Estela de Perón”. Además, en la misiva se amenazaba con destruir las manos de Perón y el museo que se pensaba construir en su nombre. El proyecto del museo había permanecido en absoluta reserva entre la viuda y la poca gente que lo sabía. Por último, le llamó la atención la utilización de términos propios de militares o policías. Cuando se dice “procedió”, “sito en ésta” —por la ubicación de la Chacarita en la Capital Federal—, o “del nombrado” o “procederemos de resultancias”. Todos términos propios del lenguaje que usan en sus escritos los uniformados locales.

Las sospechas del abogado de Isabel se alimentaron aún más con las conclusiones de Facundo Suárez, que se complementaban con las evidencias que tenía el gobierno de Alfonsín de los intentos desestabilizadores de la extrema derecha que se oponía a los juicios contra los militares de la dictadura. Neira puso como ejemplo la citada nota del periodista Jorge Lanata en el diario Página/12 del 30 de junio de 1987, el mismo día en que se conocía la profanación, donde se alertaba acerca de un supuesto plan de inteligencia militar que se iniciaría, precisamente, con el atentado contra un militar. En el pedido al juez, sembró más sospechas sobre el Ejército. Recordó que después del robo de las manos de Perón no hubo desde el Ejército Argentino un solo acto de desagravio, como tampoco ninguna declaración oficial que condenara el brutal atentado. Asimismo destacó que, ante los pedidos de la investigación judicial, se limitaron a responder con un escueto: “En el ámbito de la Fuerza no existen antecedentes sobre el particular”. Este cúmulo de argumentos sustentó su pedido para que se avanzara en esta línea de investigación. Pero había más datos. Unos años antes, el 18 de mayo de 1991, el diario La Nación publicó la nota titulada “Un profanador de tumbas y la extorsión a los Sivak”. Allí se explicó la participación de profanadores de tumbas en un grupo de tareas de inteligencia del Ejército, cuyos integrantes, además, habían estado vinculados a distintos secuestros extorsivos. Uno de ellos se llamaba Horacio Antonio Carrondi, cuyo nombre de inteligencia era Héctor Alberto Carranza, y había cumplido funciones precisamente en el Batallón 601 entre abril de 1982 y 1983. Fue acusado de profanar tumbas en el cementerio judío de Berazategui y de participar en 1985 en el secuestro y asesinato del empresario Osvaldo Sivak. También pasaron por esa repartición militar Aguilar, Imbesi y Sacco. Otro ex integrante del famoso Batallón 601 era Carlos Alberto Di Caro, quien formó parte entre 1973 y 1996 del grupo de inteligencia del Ejército, y que se volvería clave para la investigación.

De hecho, el detonante para que el juez Baños tomara la decisión de investigar por primera vez la “pista militar” fue que el abogado Méndez Carrera, patrocinante de los familiares de las monjas francesas secuestradas y asesinadas por la dictadura militar, entregó en su juzgado una carta anónima que habría sido dirigida a la representación argentina de Amnesty International. Allí se responsabilizaba a Carlos Alberto Di Caro por la profanación de la tumba del general Perón. La escueta misiva decía: “Responsables: Caso Sivak/manos Perón entre otros... Carlos Alberto Di Caro-652-2233 Partic. Y Tel. 42-0063 ofci. ‘C R I M’ ex 601”.

Los números teléfonicos eran correctos, pertenecían al militar. Con esta denuncia, el magistrado solicitó más información a la conducción del Ejército Argentino. En principio, toda la que tuvieran en relación con la profanación y el secuestro del cuerpo de Eva Perón. Curiosamente, la respuesta fue que no había información en la institución. De esta manera, para el Ejército, la desaparición del cadáver de Evita nunca existió.

El 31 de julio de 1998, Baños cursó otro pedido al entonces jefe de la fuerza, el teniente general Martín Balza, para que le remitiera toda la información sobre los ex servicios de inteligencia Di Caro y Carrondi, quienes ya habían sido reconocidos como integrantes permanentes de la fuerza. Balza eludió con cintura la requisitoria judicial. A pesar de que estaba dirigida a su persona, derivó el tema a su secretario privado. De lo solicitado por el juez, llegaron algunos papeles sin mayor importancia.

Ante el silencio del jefe del Ejército, Baños especificó más la convocatoria. Citó por cédula al responsable del Servicio de Inteligencia del Ejército, general de brigada Jorge Pedro Miná, para que declarara en sede judicial. En septiembre de 1998 Miná se presentó en el juzgado como “imputado no procesado” en compañía de su abogado, Luis María Hércules Casín. El responsable de los espías militares había desarrollado toda su carrera en el área de inteligencia. Ingresó en el Ejército el 3 de diciembre de 1963. Entre 1989 y 1990 fue jefe del Departamento de Inteligencia de Córdoba; en 1991 y 1992 cumplió funciones como segundo jefe de la Central de Reunión de Inteligencia Militar (CRIM), ex Batallón de Inteligencia 601, donde permaneció hasta 1993 para pasar luego a ser jefe del Área II de Inteligencia desde 1993. Aportó poco y nada. El juez lo interrogó sobre los sospechosos, la mayoría de los cuales había formado parte de esa repartición militar y estado involucrada en distintos casos delictivos. Sin embargo, no se obtuvo información que ayudara a develar para quiénes operaban cuando trabajaban por fuera de la institución.

En este sinuoso camino de personajes vinculados a operaciones de inteligencia del Ejército, sin duda uno de los más impactantes fue el de una mujer que decía ser la única hija natural del General, la ya mencionada Martha Susana Holgado, o Lucía Virginia Perón, como se llamaba cuando componía el personaje de hija. Hacía 15 años que vivía en los Estados Unidos y el 2 de julio de 1993 apareció ante la Justicia y la opinión pública reclamando la paternidad del General. Toda la energía la puso en conseguir de la Justicia la exhumación del cadáver para realizar un examen de ADN, previo montaje de un show mediático que reactivó la histórica polémica de si Perón podía o no tener hijos.

En el fondo, su reclamo escondía una gran especulación: si finalmente era reconocida como la hija de Perón, automáticamente accedería al reclamo legal de su herencia. La reentreé en la Argentina de “La Gorda”, como le decían, fue a principios de los noventa. Venía de California y con su historia cautivó a más de uno. Al poco tiempo regresó a los Estados Unidos y después viajó a España. Allí se alojó con su hijo en el Colegio Manyanet, junto a los Viveros de Nazaret, dirigido por el sacerdote Vicente Mundina Balaguer. La estadía fue breve. Pasó a Italia, regresó a Estados Unidos, viajó después a Barcelona, donde contó su historia en un programa de televisión, y se volvió a instalar en lo del cura Mundina Balaguer. Se quedó viviendo por un año con su hijo, con la promesa de que algo les iban a dar de la herencia de Perón o de los depósitos en Suiza, que, según decía, había detectado tras viajar varias veces a ese país. Finalmente, fue desalojada de los Viveros de Nazaret por mentirosa.

Pero el pedido ante la justicia argentina y las presiones para exhumar el cadáver de Perón no fueron casualidad. Mientras Martha Holgado exigía que le reconocieran que era la hija de Perón, por el otro lado no había forma de demostrar lo contrario, que era la hija de Eugenio Holgado y María Cecilia Demarchi. Sucedió que ambos habían muerto en 1975 y sus cuerpos fueron cremados, lo que hacía imposible realizarles un ADN. En esas circunstancias, era el cuerpo de Perón el que debía demostrar que no era el padre.

Todo al revés. El 12 de abril de 1994, su abogado Escalante Echagüe consiguió de la Justicia un pedido de no innovar para impedir cualquier movimiento del cadáver de Perón ante las supuestas evidencias que tenía su defendida de que se habían retirado los restos mortuorios de Mario Perón y Tomás Perón. Tal cual se planteaban las cosas, Isabel Perón y Martha Holgado quedaron enfrentadas desde el primer momento. En abril de 1996 la viuda de Perón presentó un documento para frenar la avanzada. Se trató del primer testamento de Perón, donde dice que no tiene descendientes ni ascendientes. Fue redactado en Madrid el 17 de mayo de 1968 ante el notario Juan Antonio González Gallo. Siempre con la argucia de que sería finalmente la heredera, Holgado consiguió en 1996 sumar a su proyecto a dos abogados de reconocida trayectoria pública: Ricardo Monner Sans y Eduardo Barcesat. Intentaron destrabar el trámite de la causa. Pidieron la prueba anticipada de ADN basándose en el aparente estado de momificación del cadáver de Perón y su supuesto deterioro, que impedirían, de avanzar, la realización del examen; y en la salud de Martha Holgado, de quien se argumentaba “tenía cierta obesidad y anomalías cardíacas”. Además, en la presentación pidieron que se hiciera el ADN sobre algunos de los huesos duros de Perón, esto es, fémur, húmero, cúbito o radio.

El 30 junio de 1998, justo a 11 años de la profanación, la jueza civil Irene Martínez Alcorta hizo lugar al pedido y ordenó la exhumación del cuerpo de Perón, decisión que comunicó al juez Baños. Pero no se pudo llevar a cabo porque su viuda, la única responsable legal sobre el muerto, se opuso a que se tocara el cuerpo mutilado del General. La defensa de la viuda en este tema de la supuesta paternidad, a cargo del doctor Humberto Linares, fundamentó su posición ante la Justicia sosteniendo que Perón no estaba embalsamado y pidió que también se le hicieran los mismos exámenes al padre histórico de Martha Holgado. Y planteó una duda de la documentación presentada por Monner Sans y Barcesat. Un fax enviado aparentemente por el hijo de Martha Holgado decía: “Nos pusimos manos a la obra para realizar las averiguaciones pertinentes para dejar en depósito y custodia una muestra de sangre de mi madre”. El remitente era de Viveros de Nazaret. Linares exigió que, en caso de realizarse un ADN, se hiciera en el país y con muestras sacadas aquí, no sólo de sangre sino también de otros tejidos.

Pero había otra historia oculta detrás de la misteriosa y supuesta hija de Perón. Martha Holgado había participado en el operativo montado por el servicio de inteligencia del Ejército para secuestrar el cadáver de Evita, aunque ella lo justificó después argumentando que lo había hecho en nombre del peronismo. Tanto al juez Baños como al abogado Neira no les pareció una mera casualidad que apareciera ahora en escena intentando exhumar al muerto. Algo olía raro en esa insistencia de querer abrir el ataúd, extraer una muestra del cuerpo para hacer un ADN y transformarse en heredera. Neira entendió que la aparición de la supuesta hija de Perón no era más que parte de la maniobra política de distracción. Intuyó detrás de esta movida la existencia de otra mano oculta de operadores de inteligencia militar.

También le llamaron la atención las precisiones que había proporcionado Martha Holgado en sus notas periodísticas sobre ciertos aspectos del cuerpo de Perón. Ella se jactaba de tener los mismos lunares del ex presidente, dando detalles de la medida de su circunferencia. “Tenía un lunar tipo verruga ovalado de 5 milímetros, localizado en la espalda a 11 centímetros del límite del cuello y un segundo lunar tipo verruga, ovalado, de 4 milímetros de tamaño, localizado en la espalda a 40 centímetros del límite con el cuello”, fue la descripción de Holgado. Para saber esas características tan precisas era necesario haber conocido el cuerpo de Perón y tomado las medidas. El abogado de Isabel estaba convencido de que esos datos solamente podían haber salido de una ficha antropométrica de Perón, que sólo se podía haber encontrado en los archivos del Ejército.

Finalmente, y ante tanta sospecha, el 31 de octubre de 1996 el juez Baños la citó a declarar. La idea era averiguar si existía algún tipo de vinculación entre las causas judiciales de la paternidad y el robo de las manos. En la indagatoria, el abogado de Isabel Perón la increpó duramente. La acusó de haber actuado en el pasado con el nombre de María Magis de Magistris, la identidad que se había usado para sacar el cadáver de Evita del país y enterrarlo en Italia.

—¿Qué sabe del robo de las manos del general Perón? —le preguntó el juez a Martha Susana Holgado.

—Lo que he sabido por la prensa, por la revista Gente, aunque me enteré un poco más tarde porque mi hijo, para protegerme, me lo ocultó; son todas cosas muy extrañas y exóticas.

—¿Cuándo toma conciencia del hecho?

—Creo que me enteré en el 88 o en el 89, más o menos.

—¿En esa época mantenía contactos con la Argentina?

—No.

—¿Recibía publicaciones del país?

—Sí, de vez en cuando mi hijo compraba o recibía alguna revista pero me la escondía. Recién cuando se empezó a excavar un poco en el tema de la filiación me fui enterando de algunos pormenores que, por supuesto, no son agradables.

—¿Tenía amigos en el país?

—Ninguno. Sí tengo algún ex empleado mío, con el que me carteo de vez en cuando.

—¿Nunca le dijeron nada de lo que había pasado con Perón?

—No.

—¿Cómo toma conocimiento?

—Me lo dice mi hijo de a poco.

—¿Intentó averiguar algo por su cuenta?

—No, no estaba a mi alcance. Me limité a leer alguno que otro periódico, mejor dicho revistas, porque periódicos no he leído. La revista Gente sí; creo que se trataba de un ejemplar que tenía una foto de Cacho Fontana y otra que tenía a mi papá (sic) en el féretro y sin las manos.

—¿Cómo explica los detalles que usted dio de cómo entraron los profanadores a la tumba de Perón?

—Salió publicado en la revista Gente.

—¿Usted repitió lo que dijo la revista o le consta en forma personal que fue así?

—¿De qué manera? Esto salió en la revista Gente creo, le repito, que era la que tenía en la tapa a Cacho Fontana.

—¿Alguna vez ingresó a la bóveda?

—Jamás, no sé cómo es, me han contado, me han dicho cómo estaba el Blindex, lo que habían hecho. Aparte salió en todas partes. Me remití a lo que publicó Gente.

—¿Alguna vez vio el cadáver de Perón?

—Nunca, ni quiero.

—¿Alguna vez vio el cuerpo desnudo de Perón?

—No. Sé por él que tenemos los lunares a que yo hago mención y creo que está allí en el escrito.

—¿Cuándo tomó conocimiento del supuesto primer lunar tipo verruga, ovalado, de 5 milímetros de tamaño, localizado en la espalda a 11 centímetros del límite con el cuello y un segundo lunar tipo verruga, ovalado, de 4 milímetros de tamaño, localizado en la espalda a 40 centímetros del límite con el cuello, que usted describió?

—El conocimiento de esto ya se lo dije. Las medidas que se aportan son las de mis lunares y se le pide a la Justicia que compare, son marcas antropométricas. No me voy a olvidar, mi papá (sic) me dijo señalándome el cuello que teníamos los mismos lunares, son marcas de fábrica, nunca me voy a olvidar.

—¿De qué modo se contactó con el doctor Gustavo Penacino?

—De eso se encargó mi hijo. Estuvo viendo a varios, consultando, y después de cotejar con otros decidimos que ése era el que nos convenía.

—¿Tenía conocimiento en el momento de decidir la contratación de que el doctor Penacino había tenido intervención profesional en la causa?

—No lo sabía. Pero quiero aclararle que el doctor Penacino es conocido internacionalmente tanto en España como en los Estados Unidos. Conocí su currículum, sus antecedentes profesionales y no sabía que había intervenido en esta causa.

—¿Alguna persona le acercó alguna hipótesis sobre la profanación o sus opiniones públicas fueron a partir de lo que ha leído?

—Son conclusiones a las que yo arribé de las cosas que he leído.

Neira había reunido una documentación que le había parecido sospechosa. Entonces preguntó lo siguiente:

—¿Qué vinculación la une a Viveros de Nazaret?

—Soy amiga de los curitas. Paso mucho tiempo en el seminario, me invitan a comer, paso mucho tiempo allí.

—¿Qué quiso decir cuando en un fax dirigido a Viveros de Nazaret puso “manos a la obra”?

—Simplemente eso, que nos pusiéramos manos a la obra. Ellos tienen mi sangre por si a mí me pasa algo.

—¿Su hijo también mantiene relación con los sacerdotes?

—Sí, sí, claro que sí.

—¿Sabe si en Viveros de Nazaret se practican estudios de genética?

—Que yo sepa, no. Viveros de Nazaret es un vivero de venta de plantas.

Neira le solicita al juez que le pregunte a Martha Holgado si es verdad lo que había afirmado en diversos programas televisivos, donde manifestó haber participado, con el nombre de María Magis de Magistris, en el operativo del secuestro y ocultamiento del cadáver de Eva Perón.

—Sí lo he dicho y está en mi libro. No entiendo a qué se quiere llegar con esto, pero no tengo nada que esconder. Cuando nosotros tomamos intervención, el cadáver ya había sido profanado con el trato que se le había dado.

—¿Por qué participó en ese operativo y a las órdenes de quién? —volvió a preguntar Neira.

—Llevamos el cadáver de Eva Perón a Milán, integrando el Comando Peronista.

—¿Quién comandó el operativo?

—Un señor al que conocía como señor Yáñiz; pertenecía a Inteligencia, a Inteligencia peronista de la época, a eso respondía.

—¿Ese operativo contó con algún aval del gobierno de entonces?

—¿De los Libertadores? No señor, fue una operación clandestina. Sucedió hace 41 años.

—¿Por ese carácter de clandestinidad es que tuvo que usar una identidad falsa?

—Sí, señor.

—¿En alguna oportunidad pudo ver la ficha antropométrica de Perón perteneciente al Ejército Argentino?

—Jamás.

Para corroborar esta versión de la participación de Martha Holgado en la desaparición del cadáver de Evita, el juez Baños entrevistó al coronel retirado Héctor Cabanillas, protagonista directo del secuestro del cuerpo de la segunda esposa de Perón. “De ninguna manera participó un comando peronista. Yo participé exclusivamente tanto en el procedimiento de evasión como en la entrega del cadáver, cumpliendo así con la orden que me dio en su momento el general Aramburu.”

—¿Conoce a Martha Susana Holgado? —le preguntó el juez.

—¿Cuál? ¿La que dice ser la hija de Perón? Es una fabuladora, es una patraña, una mentira total, un invento. La historia es la oficial y la que he contado en el resumen que le acerqué —respondió en referencia a un informe que él había elaborado en forma privada titulado “La verdadera historia sobre los restos mortales de María Eva Duarte de Perón”.

Más allá de las quejas y reclamos que se fueron apagando hasta la amnesia, Isabel Perón era y es la única damnificada y querellante que podía y puede seguir presionando para buscar la verdad. Pero ella también fue ganada por el miedo y, como dijo el juez Andina Allende, había avalado la decisión de cerrar la causa. De hecho, nunca más se refirió en público al tema de las manos robadas del General.

La viuda de Perón había presentado una demanda judicial contra el Estado en 1983, apenas regresada la democracia. Era por el perjuicio económico que le había ocasionado la dictadura militar durante el tiempo de su detención. Sumaban alrededor de 10 millones de dólares entre bienes expropiados, dinero, joyas y condecoraciones incautadas o desaparecidas, amén del daño moral.

En la Argentina la clásica división de poderes que hace a una República siempre estuvo cerca de ser una quimera. Todo está teñido por la política, en el más amplio y deformado sentido del término: confundir las instituciones republicanas y las cuestiones públicas como parte de intereses privados, del partido de gobierno e, incluso, de la oposición. Con un peronismo en la diáspora durante aquellos primeros años de la democracia, el gobierno de Alfonsín siempre estuvo muy pendiente de los movimientos de Isabel Perón y de cómo éstos podían influir en la vida política del país.

Por eso, la demanda judicial de la viuda fue una cuestión de permanente negociación que se extendió, incluso, durante el primer mandato de Menem. Tras el fallo de la Corte Suprema que en 1986 condenó a Isabel a abonarles la parte correspondiente a las herederas de Evita, las tratativas se dirigieron en una nueva dirección: lograr que el Estado le devolviera, actualizado, el dinero que había depositado en 1975 en sede judicial a cuenta de la sucesión de Evita. En 1988, la Procuración General de la Nación estimó que el Estado debía devolverle 2.700.000 dólares.

Isabel rechazó la propuesta. No quería que la devolución fuera a modo de una dádiva. Pero, como no tenía el dinero en efectivo, tuvo que entregar, como ya se explicó, todas sus propiedades a la familia Duarte, hecho que la llevó a perder todos sus bienes heredados. El Estado en democracia le había reconocido el pago de las pensiones de su marido y la propia sumando ingresos mensuales de 5.200 dólares. Sin embargo, se quedó sin bienes y más de una vez tuvo que recibir ayuda de amigos y de dirigentes gremiales. Estaba en España, protegida por su amistad con los reyes y una muy buena relación con el entonces gobierno socialista de Felipe González. A la distancia esperaba infructuosamente novedades sobre una investigación judicial paralizada y a punto de cerrarse tras la muerte del juez Far Suau. No fueron tiempos tranquilos. Además de seguir sintiendo que sus movimientos eran controlados por servicios de inteligencia, el fantasma de la profanación continuaba rondando su vida cotidiana. Dos semanas antes de las elecciones del 14 de mayo de 1989, cuando triunfó Carlos Menem, le llegó un mensaje mafioso que la volvió a alterar. Como había ocurrido en 1987 con la bóveda de su esposo, un grupo de personas logró ingresar sin que nadie se diera cuenta a uno de los lugares “sagrados” para el folclore peronista: la quinta madrileña “17 de Octubre”. Los sujetos saltaron el tapial del jardín, rompieron el vidrio de la galería de atrás de la casa, forzaron una persiana y una puerta-ventana, rompieron otro vidrio y accedieron a la llave que estaba puesta. El primer dato que llamó la atención fue que la puerta metálica del garaje, con cerraduras en ambos costados siempre cerradas, aparecieron abiertas y sin signos de haber sido violadas. Dentro de la casa había decenas de cajas y paquetes cuidadosamente armados. Hacía poco tiempo que habían realizado trabajos de reparación y mantenimiento. La empresa Transporte S.I.T. llevó todas las cosas que había en la quinta a un depósito hasta que se terminara la obra, y después los bultos regresaron al mismo lugar. No se habían abierto todavía.

Las personas que ingresaron en la casa abrieron todo lo que encontraron a su paso y revolvieron cada uno de los paquetes. Llamativamente, no se llevaron nada. Después se comprobó que el objetivo del asalto había sido otro. Aparecieron la imágenes de una Virgen y un Cristo con una particularidad: les habían cortado las manos. También se hallaron estampitas religiosas dañadas con cortes similares, al igual que objetos, muebles y fotografías. El mensaje estaba ahí. A pesar de que la policía española detectó huellas digitales en el dormitorio de Isabel en la planta superior, en una de las puertas de un placard espejado y en una caja fuerte empotrada en la pared detrás de un cuadro que arrancaron de cuajo, nunca se supo quiénes habían entrado en la quinta de Puerta de Hierro. La viuda de Perón no pudo dejar de relacionar este raro hecho con lo que había vivido tiempo atrás en su departamente de Madrid. Cuatro sujetos que habían descendido de un auto con la aparente intención de asaltarla, la terminaron agrediendo y se golpeó contra su auto fracturándose el brazo izquierdo.

Mientras tanto, en la Argentina se había producido lo que ya se esperaba. El peronismo ganaba las elecciones presidenciales y regresaba al poder después de trece años. Se cerraba la primera etapa de la restauración de la democracia y se abría una gran incógnita alrededor de lo que haría el nuevo presidente, supuesto heredero del general mutilado. Isabel Perón y Carlos Menem nunca fueron amigos. Ella sabía que el ex presidente no le había tenido mucha simpatía al entonces joven gobernador riojano de largas patillas, mal vestido, que le gustaba imitar al caudillo federal Facundo Quiroga y mantenía relaciones con la guerrilla montonera. Una anécdota describe bien qué simbolizaba Menem en el peronismo de aquellos años 70. En una reunión de gobernadores del partido realizada en la quinta de Olivos en 1974, se acercó Perón y, viendo al riojano, en voz baja le preguntó a uno de sus colaboradores: “¿Quién es ese payaso?”.

Después de la muerte del General, el entonces gobernador Menem había mejorado su relación con María Estela Martínez de Perón, la nueva presidenta. Varios factores contribuyeron al acercamiento. Ambos eran riojanos; Menem había dado en el Congreso Nacional el discurso de despedida a los restos de Perón en representación de los gobernadores; y tres meses después la invitó a La Rioja y la llevó a conocer la casa donde habían vivido sus padres, Carmelo Martínez y Elisa Morini, hasta que la pequeña María Estela cumplió tres años y su padre, empleado del Banco Hipotecario, fue trasladado.

En esos tiempos, Menem ya se había vuelto “isabelista” a tal punto que el sábado 9 de agosto de 1975 lanzó en San Juan la reelección de Isabel Perón para los comicios que se pensaba adelantar a 1977. “Si no es Isabelita, entonces ¿quién?”, explicaba a sus compañeros políticos. Claro, detrás de esa aparente ingenua deducción se escondía la intención de que la fórmula completa fuera Isabel Perón-Carlos Menem. Antes del golpe de Estado de 1976, el pintoresco gobernador lanzó un desafío propio del siglo XIX: “Si hace falta, iremos con la caballería riojana a defender a la presidenta”.

Menem nunca quiso distanciarse del todo de ella especulando con que su apoyo político le arrimara para su candidatura a importantes sectores del movimiento fundado por Perón y todavía cautivo por místicas herencias. Cuando lanzó el proyecto Menem Presidente, en el ocaso de la dictadura, buscó como muchos dirigentes el respaldo político de Isabelita, portadora de un apellido de indudable peso simbólico. Era una necesidad imperiosa en medio de la acéfala conducción que padecía el justicialismo. Por años, Menem no había tenido inserción en las estructuras del partido, su único antecedente era haber gobernado una provincia pobre, con escaso peso político. Tampoco había conseguido el aval de la poderosa dirigencia gremial. Su única esperanza de alcanzar un protagonismo importante en el peronismo se recostaba en la figura de Isabel, que lo podía ungir públicamente como el sucesor de Perón. El 13 de agosto de 1983 Menem marchó rumbo a Madrid dispuesto a entrevistarse con ella y seducirla. El objetivo era conseguir su respaldo ante el Congreso Nacional Justicialista, que debía proclamar la fórmula presidencial una semana más tarde. Quedó en el anecdotario su promocionada visita portando un ramo de rosas, forzando a la viuda de Perón a que lo recibiera para su bendición. Pero ella lo rechazó con indiferencia. Las flores quedaron en la entrada del departamento, y Menen tuvo que regresar al país después de un papelón que registraron los medios periodísticos que lo habían acompañado. Un plantón no se olvida fácilmente.

A pesar del tiempo transcurrido, la desconfianza no se disipó del todo. La resurgente estrella de Menem como candidato, y después como presidente de la Nación en 1989, sólo podía ser eclipsada dentro del peronismo por ella, portadora del emblemático apellido Perón y conocedora de muchos de los secretos de los dirigentes del movimiento. Isabel tuvo una muy respetuosa relación con el presidente Alfonsín desde que asistió a su jura como jefe de Estado y lo respaldó en su misión de recuperar las instituciones democráticas. A diferencia de aquella vez, no hizo lo propio cuando asumió Menem. Se quedó en su casa española a la espera de comprobar cómo se conformaba el nuevo poder peronista. El presidente riojano sabía que iba a ser difícil dominar a la dirigencia peronista con una Isabel Perón crítica de su gobierno, que se caracterizaba en aquellos iniciales años de su primer mandato por desarticular la Argentina del bienestar armada en los años 50 por el peronismo. Los pasos que seguía la señora le preocupaban, y más aún cuando llegaba a la Argentina. Prefería que no estuviese en el país. En pleno auge del Plan de Convertibilidad de estabilidad y transformación económica, la viuda de Perón disparó con munición gruesa desde Madrid al presidente Menem: “El general Perón nunca hubiera hecho lo que hace el gobierno argentino”, sentenció, irritando al menemismo, que empezaba a dominar todos los espacios de poder. Se vio en esas críticas la posibilidad de que se reavivara la interna partidaria sobre la base de “lealtades” o “traiciones” a los principios doctrinarios. Y todo en medio de un proceso de desperonización del país: privatizaciones de empresas públicas, negación de la historia del peronismo y su folclore, alianza política con el antiperonismo representado en la familia Alsogaray, y hasta el postrer beso en la frente al cadáver del almirante Isaac Rojas. Todos estos hechos no hicieron más que reafirmar la implícita voluntad del presidente de desplazar del centro de la escena política la imagen histórica de Perón por una suya, ascendente. Eso sí, le ofreció a Isabel ser la embajadora en el Vaticano, donde ella tenía excelentes relaciones. La viuda nunca le contestó la propuesta.

Sepultado el tema de las manos de Perón en el olvido, el punto de negociación política se centraba en el reclamo económico. Y la iniciativa la tuvo la propia Isabel. En ese año 1989 arremetió y volvió a plantear su pedido, que fue canalizado a través de César Arias, entonces secretario de Justicia y uno de los hombres de mayor confianza del nuevo presidente. Pero el reclamo original había prescrito. A pesar de que Isabel interpuso un recurso de reconsideración, éste fue rechazado el 2 de febrero de 1990 a través del decreto 245, firmado, precisamente, por el presidente Menem y el ministro del Interior Julio Mera Figueroa, ex operador político de Vicente Saadi. Nueva tensión en la relación.

Otra salida que se había analizado para el problema planteado por Isabel era que el Congreso aprobara una ley de donación con igual cantidad que la reclamada. Pero no encontraron voluntarios para firmar un anteproyecto de esas características; y encima, en la condición de resarcimiento económico como presa de la dictadura, le iban a corresponder 70 dólares por día de detención, es decir, 150.000 dólares.

Entonces, la ex presidenta cambió de estrategia y de abogado defensor. El 1º de octubre de 1990 le otorgó un poder general al doctor Humberto Linares Fontaine para que reiniciara la demanda contra el Estado. Ahora se planteó una cuestión de fondo: “la nulidad absoluta e inconstitucional del proceso de interdicción de bienes que fuera iniciado a mi representada por la ex Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial (CONAREPA)”. El expediente N° 7993-1 se tramitó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo del doctor Ernesto Martinelli. Esta vez se le dio lugar al reclamo de la viuda de Perón y no tuvo obstáculos para llegar a un acuerdo definitivo.

La nueva demanda presentada llegó primero al secretario general de la Presidencia, Eduardo Bauzá. A través de otro decreto, en 1991, el presidente Menem instruyó a la Procuración General del Tesoro que asumiera la defensa del Estado y dio amplias facultades al Ministerio del Interior para que solucionara el problema planteado por la viuda de Perón.

Así, en septiembre de 1992, el abogado Linares solicitó al juez que convocara a una audiencia de conciliación. Inesperadamente, Isabel regresó a la Argentina en febrero de 1993 y, como había ocurrido en ocasiones anteriores, se produjo un gran alboroto con su presencia en el país. El contexto político del gobierno era especial. Estaba viviendo el mejor momento del plan económico de estabilidad del ministro Domingo Cavallo, y comenzaba a tomar cuerpo la idea de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, es decir, retomar la idea de Alfonsín.

Con ese escenario político e institucional, la presencia de Isabel en el país no pasó inadvertida. Tuvo una intensa agenda de entrevistas que le permitió incursionar otra vez en política, marcando diferencias con el presidente: “Menem puede ser un alumno aventajado del general Perón, pero yo era su alumna preferida”, disparó la viuda cuando se le planteó si el nuevo presidente peronista era la continuación de Perón. “Menem tiene una deuda con los niños y la debe cumplir. Hay miseria, dolor, desgracias humanas, falta de sonrisas en los niños que, pobres, ¿de qué se van a reír?”, dijo sin anestesia en una conferencia de prensa.

Pero sus críticas solapadas nunca dejaron lugar a un enfrentamiento abierto con el gobierno de Menem. “Se quiere que tengamos roces con el presidente. Le guste a quien le guste o disguste, con el presidente tenemos una amistad. Somos viejos amigos”, aclaró. En 1993 tuvieron un acercamiento inusual. Efectivamente, se comportaron como dos grandes amigos y sintonizaron políticamente. En el momento indicado, Isabel Perón le dio un importante respaldo al proyecto de reforma constitucional que impulsaba el gobierno. Aceptó la idea de la reforma, pero aclaró que no debía depender sólo de la reelección presidencial, tal cual sucedió después. En ese verano caliente —el viernes 5 de febrero—, la viuda de Perón se reunió con Menem en la Casa de Gobierno y aceptó la oferta que le hizo de pasar el fin de semana en la residencia presidencial de veraneo de Chapadmalal. El miércoles siguiente Isabel ofreció una conferencia de prensa que duró 90 minutos. Durante esos días que estuvo en el país deslizó su intención de volver a la política activa, probablemente a través de un cargo en el gobierno o interviniendo en una lista de candidatos a legisladores para las elecciones de ese año. El viernes fue invitada a cenar en la quinta presidencial de Olivos, encuentro en el que participó también el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Hugo Anzorreguy, entre otros. Comieron un asado criollo con vino tinto de las Bodegas Menem, todo un desafío para los paladares. En un mitin político realizado horas antes en Lanús, Isabel justificó la intención del presidente de tener la posibilidad de ser reelegido en las elecciones de 1995. Dijo: “Hay veces que se inician políticas en un gobierno para solucionar las cuestiones importantes de un país y no es bueno que estos planes queden truncos”. Antes de regresar a España, recorrió algunos barrios de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y anunció que en mayo volvería para radicarse definitivamente en la Argentina.

De esta manera hacía su reentrée y no descuidaba su reclamo económico contra el Estado. La reunión de conciliación citada por la Justicia debió ser suspendida en dos oportunidades. Necesitaban más tiempo para llegar a un acuerdo previo que pudiera presentarse al juzgado como algo definitivo. El 28 de abril de 1993, el abogado de Isabel informó al juez que las conversaciones entre las partes habían progresado muy bien y que, por tal motivo, presentaba una propuesta que había sido consensuada. Entonces decidieron suspender el proceso judicial y, ahora sí, darle lugar a la instancia conciliatoria. Para apuntalar la gestión que había llevado Linares con éxito, el 18 de junio de 1993 Isabel Perón escribió desde Madrid una carta al doctor Alberto García Lema, entonces presidente de la Comisión de Asesoramiento de Transacciones. En el texto le hizo referencia al proceso de conciliación en marcha y a su condición de ex presidenta de los argentinos y viuda del general Perón, y elogió una vez más al presidente Menem:

Que los padecimientos, persecuciones que he sufrido, la cárcel, el confinamiento, los infundios, la difamación y la pérdida de todos mis bienes no inhiben sino que aumentan mi disposición a encontrar una solución ecuánime y generosa. En la amplia perspectiva de nuestra historia patria, será una nueva demostración y prueba de la unidad de todos los argentinos y la superación de antiguos enconos y desencuentros por cuya consecución, a través de tantos gestos trascendentes, viene bregando el gobierno constitucional que preside el Dr. Carlos Saúl Menem. Fueron en su momento golpes muy duros, que abrieron heridas muy profundas, la pérdida de la propiedad de Puerta de Hierro, en Madrid, donde compartí con el teniente general Perón los prolongados y amargos años de exilio, la pérdida de la casa de Gaspar Campos, testigo de los años felices de su retorno y reconciliación histórica, la pérdida de la quinta de San Vicente en la que el teniente general Perón viviera años de lucha y gloria junto a Eva Perón, que fue luego convertida en mi propia cárcel por quienes se alzaron en armas contra el gobierno constitucional que entonces yo presidía; la pérdida de tantos objetos y muebles amados, que desaparecieron durante la ocupación de esas propiedades por agentes del odio y la persecución. Todo eso debe quedar atrás en la nueva Argentina democrática y unida que todos los argentinos estamos construyendo. Con ese espíritu saludo al señor presidente y miembros de esa comisión con mi más alta estima y respeto.

El 28 de junio de 1993, Linares eleva un escrito a Alberto García Lema por el cual precisa los detalles del monto reclamado por Isabel Perón:

1. Quinta de Puerta de Hierro: $ 4.500.000

Quinta de San Vicente: $ 500.000

Casa de la calle Gaspar Campos: $ 550.000

Casa de la calle Madero: $ 200.000

2. Condecoraciones, joyas, etcétera: $ 1.000

3. Daño moral simbólico: $ 1

4. Dinero en efectivo

Banco Nación: $ 5.206.016

Santander: $ 1.052.721

El 3 de febrero de 1994, Linares le solicitó al juzgado que le entregara el expediente completo porque tenía una reunión en el Ministerio del Interior durante la cual analizaría en detalle la causa. Como un rayo, el juez dio su consentimiento y las páginas de la causa pasaron a los escritorios oficiales. Finalmente, la propuesta de conciliación tomó forma. El gobierno de Menem y la viuda del general Perón llegaron a un acuerdo integral, legal y económico, que fue presentado por su abogado al juzgado. Los puntos centrales fueron los siguientes:

Las partes coincidieron en que el proceso de interdicción de bienes era nulo de nulidad absoluta.

Acordaron que los procesos penales contra María Estela Martínez de Perón eran también nulos de nulidad absoluta.

María Estela Martínez de Perón, por sí y por representar sucesión de Perón, desistía de todos los reclamos formulados en juicio contra el Estado por el cobro del valor equivalente de las propiedades que integraron la herencia de Perón: a) Quinta de Puerta de Hierro; b) Quinta de San Vicente; c) Casa de la calle Gaspar Campos; y d) Casa de la calle Madero. También se incluyó la renuncia a todas las acciones y derechos que le podían corresponder a Isabel por los archivos de Perón, correspondencia, libros, documentos personales, mobiliarios, joyas, condecoraciones, plaquetas, y obras de arte, que hayan desaparecido en los procedimientos militares y civiles en poder del Estado Nacional, y todo reclamo de daño y perjuicios contra el Estado por los procedimientos de interdicción de sus bienes y de carácter penal sufridos.

El Estado nacional reintegraría como única compensación los fondos de sus propiedades que ella depositó originalmente en el Banco Nación de la República Argentina, sucursal Tribunales, y en sus cuentas personales del Banco Santander, casa central de la ciudad de Buenos Aires, que quedaron inmovilizados a causa de la interdicción y el embargo ordenados por la dictadura militar. Los depósitos bancarios serían reintegrados actualizados de acuerdo con los índices del INDEC correspondientes a mayoristas nivel general con un interés anual del 8% desde su depósito y hasta el 1º de abril de 1991. A partir de esa fecha se tomaría la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina para depósitos de 30 días.

El pago sería de una sola vez y en efectivo siempre que esté incluido en la Ley de Presupuesto de 1994. Si no se llegaba a sancionarla a tiempo se pagaría con títulos de la deuda pública por su valor, que se entregará antes del 31 de enero de 1994.

Así, el monto reclamado por Isabel ascendía a $ 12.010.747, de los cuales desistía de $ 5.752.000, correspondientes a las indemnizaciones por las propiedades perdidas y el daño moral causado. Es decir que la cifra final fue de $ 6.258.747 que era igual monto en dólares por efectos de la paridad uno a uno de la Convertibilidad vigente.

Sin embargo, Isabel no regresó en mayo de 1993 para radicarse en el país como había prometido. Guardó una vez más silencio en España y volvió a reaparecer en forma sorpresiva en marzo de 1994 con la novedad de que estaba escribiendo sus memorias. Anunció que esperaba reunirse nuevamente con el presidente Menem y defendió a su gobierno: “Estoy segura de que el país va a salir adelante. El presidente Menem está luchando por eso. Detractores siempre hay. No se puede conformar a todo el mundo, eso es evidente. Además, la función pública tiene cosas inevitables, siempre hay alguien disconforme cuando uno hace cosas. Lamentablemente, para arreglar una cosa hay que desarreglar otra. Yo digo que hay que ajustarse el cinturón. Siempre hay períodos de vacas flacas y uno no debe dar ni un paso más de lo que puede”, sostuvo en declaraciones a la prensa. Después, se acordó de su esposo: “Sería bueno que aquellos que han llegado a algo por Perón, aquellos que tienen tanto que agradecerle a Perón, se acordaran de orar por su alma alguna vez y hacerle alguna misa”. Nada dijo de las manos.

Algunos de esos días se vio su figura menuda caminando por los salones del Hotel Alvear donde se hospedó. Ahí solía tomar el té en compañía de amigas no vinculadas al mundo político. Después se mudó al décimo piso del edificio ubicado en la Avenida del Libertador 2423 esquina San Martín de Tours en Palermo Chico, donde vivían también el almirante Emilio Massera y el presidente de la Casa de Moneda, Armando Gostanian. El piso era de la familia Nocetti, un matrimonio mayor que había residido ahí hasta hacía dos meses. Contaba con cinco dormitorios, baño privado y toilette. Tenía 500 metros cuadrados y fue alquilado por 10 mil dólares mensuales. También se supo que, para evitar problemas con ella, el gobierno decidió, con fondos reservados de la Presidencia, pagar puntualmente todos sus gastos. La mantenían tranquila y evitaban que opinara sobre temas de actualidad que pudieran incomodar al presidente.

En esos días sobraron los mensajes de confraternidad entre ambos. Otra vez se deslizó la posibilidad de que la viuda pudiera ocupar un cargo público en el gobierno, e incluso se hizo trascender que hasta podría acompañar a Menem en una futura fórmula presidencial para los comicios de 1995. En el menemismo se sabía que eso era imposible, pero para la interna del movimiento el mensaje tenía otra llegada. Es que Isabel también había apoyado públicamente el Pacto de Olivos sellado entre el gobierno peronista y el radicalismo conducido por Alfonsín. “Todo lo que sea para la unificación de los argentinos es bueno para la Nación. Es hora de que los radicales y los peronistas se dejen de mirar como enemigos”, había dicho a la revista Noticias en los primeros días de marzo. Durante el tiempo que estuvo en el país volvió a encontrarse en un almuerzo en Olivos con el presidente Menem y el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Hugo Anzorreguy. A la tarde fue incesante el desfile de dirigentes que querían saludarla, entre ellos, el entonces gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, y el ministro del Interior, Carlos Ruckauf, quien meses más tarde fue el encargado de firmar el arreglo definitivo con Isabel por su reclamo judicial.

En julio de ese año, 1994, la viuda de Perón fue a la Casa de Gobierno con un numeroso grupo de dirigentes peronistas para asistir a la firma del decreto 1.034, rubricado por Menem y Ruckauf, por el cual se constituyó la comisión de homenaje por el vigésimo aniversario de la muerte del general Perón, que se financiaría con recursos de la Secretaría General. Algo inusual en ella, bajó a la Sala de Periodistas y aprovechó la oportunidad para congraciarse una vez más con Menem: “Es la continuación del justicialismo. Yo diría que es un discípulo del general Perón y también un poco hijo”.

Mientras tanto, la causa por el resarcimiento económico seguía un curso favorable. Claudio Bonadío, entonces subsecretario de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y luego ascendido a Juez Federal, pidió la opinión del Ministerio del Interior para saber si convenía o no aceptar la propuesta de conciliación presentada por el abogado de la viuda. Carlos Ruckauf aconsejó su aprobación, pero objetó el monto reclamado. Otra vez Isabel Perón intervino en forma directa en la negociación y defendió los más de 6 millones de dólares que reclamaba. El 30 de septiembre de 1994 le escribió la siguiente carta a Ruckauf, quien había sido su ministro de Trabajo en 1975:

Vengo a ratificar las manifestaciones y la reducción del monto transaccional que mi apoderado ha presentado en mi representación. La conclusión de esta transacción configurará una expresión y prueba del espíritu de pacificación, concordia y unión nacional que preside los actos de gobierno del señor presidente de la Nación Dr. Carlos Saúl Menem. Hasta los más enconados adversarios, incluidos quienes se alzaron en armas contra el gobierno constitucional que entonces yo presidía, han recibido una demostración de ese espíritu y no han vacilado en aceptarla. Confío en que la aprobación de esta transacción contribuya a concluir definitivamente una época en que el honor y los bienes de los gobernantes constitucionales de la Nación estuvieron a merced de quienes creyeron que las crisis y los problemas de la Nación Argentina se solucionan por la fuerza de las armas y no por los medios que sabiamente prescribe la Constitución Nacional. En este aspecto, destaco que encuentro protección no sólo en la firmeza democrática del señor ministro y el señor presidente, sino también en el nuevo artículo 36 de la Constitución Nacional, incorporado en su reciente reforma, cuya aplicación al caso ha solicitado mi letrado. (Se refiere a la defensa del sistema democrático ante eventuales golpes de Estado y el derecho a resistirse.)

En mayo de 1995 la fórmula Menem-Ruckauf triunfó ampliamente en las elecciones presidenciales. Carlos Corach asumió como nuevo ministro del Interior y heredó el todavía irresuelto reclamo judicial. De hecho, el trámite se había estancado, y esto cambió el humor de Isabel. En marzo de ese año electoral, y ante la inactividad del gobierno, su abogado le había pedido al juez que librara un oficio al Ministerio del Interior para que informara sobre el estado del trámite de conciliación. En los primeros días de junio, después de las elecciones, Isabel Perón puso nuevamente sus pies en la Argentina en coincidencia con el 21º aniversario de la muerte de su esposo y los ocho años del robo de sus manos. Al salir de una misa en la Catedral Metropolitana la viuda metió sus opiniones en el corazón de la polémica política que había caracterizado a la puja político-electoral de esos días y pareció tomar distancia del romance político con el presidente Menem. Criticó duramente la situación social del país y le recordó al gobierno que lo único que importaba era cómo estaba la gente.

Su posición dura pareció destrabar el conflicto económico. Después de cinco años de gestiones políticas y un sinnúmero de trámites técnicos que involucraron a las direcciones Nacional de Asuntos Judiciales y Fiscales de la Procuración del Tesoro de la Nación; General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General y Técnica de la Presidencia de la Nación; General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior; y la Gerencia de Asuntos Jurídicos Legales de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), finalmente el gobierno de Menem y la viuda de Perón llegaron a un acuerdo definitivo. Ambas partes aceptaron hacer una quita del 20 por ciento al monto reclamado y se pactó un pago de pesos/dólar de 4.331.175. Así, el 6 de junio de 1995 Carlos Corach, como nuevo ministro del Interior, firmó la resolución por la cual se aprobó.

Logrado el objetivo y antes de regresar a España, Isabel Perón volvió a endurecer su discurso contra Menem. En octubre dijo que esperaba reunirse con el presidente para decirle “unas cuantas cosas” sobre el peronismo y la marcha del país, mientras simpatizantes peronistas reunidos en la Chacarita por un nuevo aniversario del natalicio de Perón le gritaban en los angostos pasillos del cementerio: “Al Turco tenemos que voltearlo, Isabel”.

Jamás reclamó públicamente que se investigara el robo de las manos. Sí lo hizo en forma privada cuando se reunió por última vez a solas con el presidente. Entonces le reprochó que no hubiera hecho nada para averiguar quiénes habían profanado el cuerpo de Perón y que, de esta manera, lo que había hecho era ofender su memoria. Y le dijo que muchas veces pensaba cuál era el mejor destino y definitivo para el cadáver de Perón. Quizá cumplir el deseo del propio Perón: ser cremado. Amagó, incluso, con llevarse el cuerpo a España y le hizo saber las reacciones negativas que produciría en el pueblo, amenaza que puso muy nervioso a Menem por el escándalo político que traería.

Por si no quedaran dudas de la distancia que volvía a separarlos, la viuda embistió otra vez contra la política del gobierno a la que calificó directamente y sin eufemismos como antiperonista. Menem quedó sorprendido y preocupado por las duras palabras de Isabel. Algo raro pasó después. Ella había alquilado un departamento en la calle Posadas frente al que tenía la familia Menem. A las pocas horas de aquel encuentro, hizo sus valijas y se marchó a España para no volver nunca más. Las dos veces en que el presidente argentino visitó España y la embajada argentina la invitó a participar de las ceremonias oficiales, prefirió no concurrir. El diálogo quedó roto. En seis años la viuda de Perón había pasado de las primeras críticas al menemismo a tiempos de conciliación y negociación y, finalmente, a un nuevo exilio voluntario en España. Desde 1995 se hundió en un silencio inexpugnable que hasta hoy se mantiene.

Objetivamente, el gobierno de Menem no se interesó por el tema del robo de las manos de Perón. Era previsible. Cuando se produjo la profanación en 1987, Carlos Menem fue un ausente en todas las condenas públicas que se hicieron. No extrañó luego su falta de voluntad para intentar, al menos, averiguar algo sobre lo ocurrido. El abogado de Isabel nunca recibió una llamada telefónica de alguno de los funcionarios o ministros que podrían tener injerencia en el tema. Lo mismo le pasó al juez Baños, a pesar de haber reabierto la investigación judicial.

En los primeros meses de 1995 hubo otro intento de manipulación política del cuerpo de Perón. Su sobrino nieto, Alejandro Rodríguez Perón, a cargo del cuidado de la bóveda, había informado que en una de sus visitas observó pérdida de líquidos del féretro. Fue entonces cuando intervino desde el gobierno el secretario de Ciencia y Técnica y ex médico personal de Perón, Domingo Liotta, quien realizó una inspección a la bóveda y elevó el siguiente informe a la Presidencia de la Nación:

Existe alrededor de la bóveda, alrededor del féretro del teniente general Perón, un depósito de líquido biológico que sólo puede provenir desde el interior de la caja y del féretro. El líquido de referencia, que seguramente insistimos es originado por el cuerpo del teniente general Perón, está integrado con algunas formaciones de crecimiento de hongos. Las anteriores observaciones han sido resultado de una inspección ocular a través de un vidrio de grueso cristal que cierra la bóveda.

Es aconsejable el tratamiento a corto plazo de esta situación anómala que, sin duda, responde a aperturas del féretro y vejaciones del cadáver del teniente general Perón por todos conocidas.

La semana pasada he mantenido una entrevista con el teniente general Martín Balza y le pedí la cooperación en cuanto a la seguridad operativa para realizar el procedimiento de cambio de caja metálica y de féretro. Al respecto, también mantuve una entrevista con el coronel Martín, director del Hospital Central Militar. El señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, fue informado por el que suscribe de la situación en que se encontraba la bóveda del teniente general Perón y de los pasos en los cuales solicitaríamos la responsabilidad del Ejército Argentino desde el punto de vista de la seguridad operativa, en caso de proceder a solucionar la situación.

El escrito termina con un agregado a mano que dice: “En resumen, aconsejamos finalmente el tratamiento lo antes posible del lamentable estado en que se encuentran el féretro y bóveda donde se encuentran los restos del teniente general Perón”.

Así, la idea del Gobierno, con el visto bueno del presidente y el jefe del Ejército, era retirar el cadáver de Perón de la bóveda y llevarlo al Hospital Militar para limpiarlo. No era difícil imaginar el revuelo que hubiese producido el operativo militar. Los móviles de televisión en vivo transmitiendo cómo salía de la bóveda de la Chacarita el féretro con los restos del ex presidente, el seguimiento de la caravana, su exhumación. Un espectáculo que el periodismo se encargaría de mostrar con lujo de detalles.

Liotta inició las gestiones con Isabel Perón para cumplir con el operativo. Pero la viuda negó el permiso. Entre otras motivaciones, su decisión se basó en la reunión informativa que mantuvo el juez Baños con los peritos que habían inspeccionado el cuerpo en la última apertura del cajón. La conclusión fue que era imposible que del cuerpo de Perón goteara algún tipo de líquido porque está, de hecho, como momificado. El cuerpo es una masa seca de tejidos superficiales. Lo interesante del caso es que todas estas conclusiones a las que llegó Liotta se elaboraron sin abrir el ataúd. Se hicieron mirando a través del vidrio de seguridad del nicho.

Dos años después, en 1997, un hecho inesperado con relación a la profanación casi desarma la estrategia del silencio que se había instalado en lo más alto del poder. Fue a raíz de una reunión que se realizó en la Casa de Gobierno. Estuvieron presentes el presidente Menem, su ministro del Interior Carlos Corach y parte de la cúpula de la Policía Federal. El motivo era analizar la situación del misterioso secuestro y desaparición del empresario Rodolfo Clutterbuck, ocurrido en 1988, un mes antes del asesinato del juez Far Suau. El gobierno quería información detallada de cómo estaba el caso y analizar si existía alguna posibilidad de resolverlo con la intención de dar un golpe de efecto en una sociedad ganada por la sensación de inseguridad permanente.

Se le planteó al entonces jefe de la Federal, comisario general Pablo Baltazar García, que impulsara una investigación sobre la suerte del caso Clutterbuck y avanzara hasta donde se pudiera. Entonces fue cuando la Federal volvió a convocar a parte de los oficiales que habían integrado el grupo de elite de trabajos especiales que había intervenido en el tema de las manos de Perón. En esa reunión se cruzaron informaciones de las pistas seguidas sobre la suerte del empresario.

Y entre los documentos que se analizaron apareció el nombre de un tal Juan Carlos Alberto Chirico. De inmediato, un suboficial recordó que esa persona había estado relacionada también con la investigación hecha por la profanación de la tumba de Perón. Otro de los policías agregó que cuando Chirico estuvo preso por última vez había contado a sus compañeros de celda que sabía detalles de la mutilación del cadáver del ex presidente. Los oficiales del ex grupo de elite siguieron explicando los pasos de la investigación que habían conducido casi una década atrás.

—Si se toma la decisión, podemos retomar la investigación del robo de las manos de Perón con los datos que ya tenemos y que todavía sirven —comentaron los policías.

—Fabuloso, avancen con lo de Clutterbuck y las manos de Perón. Tenemos que dar un gran golpe. Me gustaría anunciar en una conferencia de prensa que hemos resuelto los dos casos —les dijo entusiasmado Baltazar García.

Así, los federales comenzaron a trabajar en los dos misterios pero ya no operando “por izquierda” como lo habían hecho en el pasado. Ahora el papel que cumplían era como asesores de la cúpula de la Federal. Buscando datos de los casos Clutterbuck y manos de Perón, los policías tomaron contacto con un “buchón” de la institución que solía dar buena información. “El Viejo”, como le decían, vivía en la zona más tanguera de Buenos Aires, la esquina de las avenidas San Juan y Boedo. Su especialidad delictiva era cobrar rescates de secuestros extorsivos. Era un genio en armar trucos para poder escapar con el botín sin que se dieran cuenta. Un caso que describe fielmente sus habilidades fue cuando le pidió a la familia de un secuestrado que dejara el dinero del rescate dentro de uno de esos clásicos buzones de la esquina de la cuadra. La policía había estado trabajando en el caso durante días para apresar a los delincuentes. Entonces armó un operativo especial para capturarlos en el momento de cobrar la recompensa. Los pasos se fueron cumpliendo uno por uno, como si se tratara de una película. La plata se depositó en el buzón, y todos los que integraban el operativo esperaron, bien escondidos, que apareciera el cobrador para detenerlo. Pero la película parecía interminable. Nadie se hizo presente. La policía aguardó un poco más hasta que decidió inspeccionar: habían caído en una trampa propia del Superagente 86. El dinero no estaba, “El Viejo” se lo había llevado por un túnel que había construido y que comunicaba el buzón con una casa de la cuadra. Ése sí que fue el operativo perfecto.

“El Viejo” conocía bien a Chirico, al que le decían “El Nene”, “Chirilo” o “El Ingeniero” por la habilidad que tenía para abrir cajas fuertes y de seguridad. Los policías recordaron que en 1982, en plena guerra de Malvinas, la policía no tuvo otra alternativa que recurrir a su servicio profesional. Necesitaba saber cómo se debía abrir la caja fuerte que tenía el gobernador inglés en su despacho de Puerto Argentino. Tomaron nota de uno por uno de los consejos que el experto abridor les dio. La operación resultó un éxito.

“El Viejo” reveló que Chirico le había confesado que tiempo antes de la profanación de la bóveda de Perón lo habían contactado los profanadores para que los ayudara a abrir el Blindex de seguridad del nicho. Agregó que, después de analizar en detalle el plan, les recomendó que no se tomaran el trabajo de abrir las cerraduras porque era difícil y problemático, y que era preferible hacer un agujero con un soplete de acetileno. En aquel año 1998, la policía comenzó a reunir información sobre la pista de Chirico. Detectó que estaba vinculado a una banda especializada en robar cuadros de colección y que estaba integrada, entre otros, por Alejandro Omar Huss, alias “Alex”, hermano de Margarita Huss, de quien los policías informaron que se trataba de la esposa de Juan Alemann, y por José Celeste, alias “Pipo”. Los prontuarios policiales los vincularon a muchos delitos cometidos en los últimos veinte años. Huss, Chirico y su concubina Paulina Bustamante habían intervenido en reiterados robos y en un secuestro extorsivo en 1975. Según los informes de inteligencia de la Policía Federal, realizados a partir de datos brindados por presos, Huss y Chirico habrían participado en el secuestro de los hermanos Born, y Chirico habría sido mencionado como testigo por la defensa de jefe montonero Mario Firmenich. Los policías tenían otro dato interesante. Mientras Huss estuvo detenido en la U-1 de Caseros, había recibido en dos oportunidades la visita del cura colombiano José Bentancour, máximo referente latinoamericano de la Orden Carismática de la Iglesia Católica. Los policías descubrieron dónde estaban Chirico y Huss. Por los datos que obtuvieron, trabajaban en el área de seguridad del ministro del Interior menemista Carlos Corach.

Y en esta segunda investigación realizada por los ex policías del grupo de elite que había actuado en Catamarca apareció el nombre del teniente coronel Miguel del Pino. Tenía una historia común y una estrecha relación con Enrique “Coti” Nosiglia. El ex militar había salvado a uno de sus hermanos durante la dictadura, que ya había secuestrado a otro de los hermanos del “Coti”. Desde aquella experiencia, se volvieron inseparables. Del Pino, quien también había pasado por el tenebroso Batallón 601 de inteligencia militar, fue separado del Ejército por integrar una de las bandas surgidas de las fuerzas de seguridad.

Cuando Nosiglia fue ministro del Interior, Miguel del Pino se transformó en una de las personas de su extrema confianza y lo ubicó en la SIDE a cargo de un grupo operativo. Ya en tiempos de Menem, siguió cumpliendo funciones allí y fue un importante operador político entre grupos cercanos a Raúl Alfonsín, su sucesor y se mantuvo allí hasta los primeros años del nuevo milenio.

La Policía Federal detectó que varias de las pistas conducían a Del Pino. Confirmadas las relaciones entre éste y Nosiglia, los policías creyeron que presionando, o mejor dicho “apretando” a Del Pino, se podía conseguir la confesión directa del “Coti” acerca de lo que sabía sobre el robo de las manos de Perón y que había guardado en secreto hasta ese momento. Con estos datos de que disponían, y los hechos vinculados a la profanación, le plantearon al comisario Pablo Baltazar García que, para poder obtener información del ex militar, era necesario secuestrarlo, es decir, “chuparlo” y forzarlo a que contara todo, y que eso sería suficiente para que Nosiglia saliera en su defensa y se decidiera a decir lo que sabía sobre la profanación de Perón.

Pero el jefe de la Policía Federal nunca dio la autorización para “chupar” a Del Pino, convencido, probablemente, de que era una operación altamente riesgosa que conduciría a un inmediato enfrentamiento con la SIDE. Tiempo después, algunos de los policías reconocieron a los autores de este libro que el secuestro de Del Pino iba a terminar con su asesinato, porque quedaría al descubierto quiénes lo habían secuestrado.

La Federal desplegó al margen de la Justicia distintas líneas de investigación. Una se basó en el trabajo de informantes infiltrados en distintos grupos sospechosos siguiendo una pista relacionada con integrantes del Ejército. Había logrado detectar cierto movimiento de grupos ultranacionalistas que solían reunirse y que estaban organizando un operativo de acción política. Llamó la atención que cuando se produjo la profanación dejaron de encontrarse, y dos de sus integrantes salieron del país durante una semana con destino al Paraguay.

Uno de los informantes fue un policía de apellido Chilento, cuyo nombre de guerra era “Cisneros”. Ya retirado, fue una de las personas de confianza de César Arias, ex ministro de de Justicia de Carlos Menem. El documento elaborado por los policías fue guardado en el piso 7 del edificio de Moreno 1417 de la Policía Federal. No se habló más de él.

A pesar del inmovilismo judicial que hubo en los siguientes seis años después de la muerte del juez Far Suau y de la decisión política de desentenderse del tema, lo cierto es que fue casi imposible que el tema del robo de las manos de Perón desapareciera como muchos deseaban. Siempre regresa. En 1997, el diputado nacional peronista Lorenzo Pepe presentó en el Congreso un proyecto de resolución pidiéndole informes al Poder Ejecutivo acerca del estado de la investigación. Nunca hubo respuesta. Fue otra demostración clara de que no se quería hacer nada desde el gobierno de Menem. Años después, Pepe insistió con su reclamo desde su lugar de presidente del Instituto Histórico Juan Domingo Perón. Pero no pasó de eso, de un reclamo que fue seguido de un nuevo olvido.

QUINCE
30 años de impunidad

A la largo de estas tres décadas, la primera pregunta, obligada y hasta obvia, que nos hicieron y hacen es: ¿dónde están las manos de Perón? La respuesta continúa siendo uno de los misterios y secretos mejor guardados de la Argentina. La palabra que define con exactitud la situación es que están desaparecidas al igual que miles de restos y cuerpos de ciudadanos argentinos asesinados y ocultos por la última dictadura militar. Como las desapariciones que siguen sucediendo de mujeres y niños a manos de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico humano. En la Argentina, la desaparición es una figura política macabra y siniestra que delata la perversión de la venganza hacia el muerto y el mensaje de que no hay final, de que el dolor será permanente. Sentencia que quien conoce ese secreto sigue ejerciendo un poder sobre sus víctimas, sean éstas personas, sociedad o grupo político. En el caso de la violación del cuerpo de Perón hay un hecho que deja en un segundo plano el destino último de sus extremidades y que, al mismo tiempo, le da una llamativa y sorprendente vigencia: son los treinta años de un silencio inexpugnable, de un pacto implícito de olvido deliberado que como una última pieza de un rompecabezas imaginario termina cerrando la exitosa operación de los profanadores. Y lo más increíble aún es que este trabajo sucio de impunidad se hizo con la complicidad del propio peronismo, de los herederos del General Perón.

Los diez años del gobierno de Carlos Menem, los dieciséis meses de la presidencia de Eduardo Duhalde y los doce años de Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández ejerciendo el máximo poder del país, sellaron casi veinticinco años de un poder absoluto en manos del peronismo y al mismo tiempo de un pacto de olvido y ocultamiento sobre quienes profanaron el cuerpo del creador del movimiento que les abrió las puertas a los privilegios. Con la llegada a la presidencia en 1999 del radical Fernando de la Rúa, a través de la Alianza como instrumento electoral, muchos de los radicales que habían participado en el gobierno de Raúl Alfonsín reaparecieron. Era de esperar, entonces, que el tema del robo de las manos se mantuviera oculto en medio de una traumática coyuntura marcada por la crisis económica, un conflicto social en aumento, crecientes denuncias por corrupción y la implosión de la Convertibilidad y de la moneda nacional.

En marzo de 2003, los autores de este libro volvieron a tomar contacto con uno de los informantes de la Policía Federal que había trabajado en el tema de las manos. El encuentro fue una tarde en la Confitería Richmond de la calle Florida. Luego de un rato de haber comenzado la charla, nos confesó que en octubre de 2002 lo habían convocado de la jefatura de la fuerza para reactivar la investigación porque “había sí o sí decisión política de hacerlo”. Pero nunca se concretó. El policía insistió en que era necesario interrogar a Lucía Alberti y a Miguel del Pino, este último había dejado poco tiempo atrás su puesto en la SIDE. También reafirmó en que en la Federal seguía fuerte la idea de que las manos habían sido escondidas en un templo carismático y que ya se había trabajado en esa hipótesis. Recordó que un grupo de uniformados disfrazados de curas estuvo en un templo sospechado y que después de tres horas de buscar alguna evidencia se fue. Contó, además, que un marino retirado, integrante de la masonería, le había aconsejado que todavía no era tiempo de volver sobre el tema de las manos, y dejó sus dudas acerca de la oportunidad del momento político: temía que todo terminara desvirtuado por la interna peronista, que a raíz de la campaña para las elecciones presidenciales de 2003 que luego consagraron a Néstor Kirchner como presidente.

Lo cierto es que a raíz del caos producido por la renuncia de De la Rúa, apareció nuevamente el peronismo como salvador de la gobernabilidad del país como si nada tuviera que ver con las causas originales de su crisis terminal. Con Eduardo Duhalde como presidente interino asumido en 2002 volvió el folclore partidario y sus míticos símbolos irreemplazables de Perón y Evita. Ex vicepresidente de Carlos Menem y gobernador de la provincia de Buenos Aires, no resistió a la tentación de manipular los restos del General para lograr algún protagonismo partidario en el instante de mayor descrédito de la clase política. Puso en marcha el proyecto de construir un mausoleo en la Quinta de San Vicente para llevar los restos mortales de ambos. A partir de ese momento, comenzaron los trámites para acondicionar el lugar, conseguir el financiamiento de la obra y, lo más difícil, las autorizaciones de la familia Duarte, de Isabel Perón, con poder legal sobre el cadáver del ex presidente, y de Alejandro Rodríguez Perón, quien atesoraba las llaves para abrir la bóveda familiar de Chacarita.

Mientras la comisión de homenaje tramitaba las autorizaciones para el traslado de los cuerpos a la quinta de San Vicente que el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires había comprado a los Duarte, volvió a la escena pública el reclamo de la supuesta hija de Perón. Regresaba el circo mediático. El cadáver del ex presidente estaba lejos de conseguir la paz de los sepulcros. Finalmente, y por intervención directa de Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos del gobierno de Néstor Kirchner, la Justicia ordenó hacer el ADN para terminar de develar el misterio. Y la oportunidad para extraer las muestras era, precisamente, en el preciso momento de sacar el cuerpo de Perón de la bóveda familiar de la Chacarita.

El traslado estaba programado para el 17 de octubre de 2006. Pero pocos días antes Martha Holgado, la autoproclamada hija, interpuso un recurso judicial que impidió sacar el ataúd y además valló el área de la bóveda para evitar cualquier movimiento. Gerónimo “Momo” Venegas, titular de las históricas 62 Organizaciones Peronistas y organizador del traslado, le dijo en la misma Chacarita al abogado de la ex presidenta, Humberto Linares Fontaine, que había que destrabar la situación llamando directamente a Isabel a España para que autorizara el traslado y la extracción de las muestras del cuerpo de Perón. Se comunicaron inmediatamente, le plantearon la situación y la viuda de Perón cedió y le dio la orden a su abogado para que efectuara la presentación judicial. La jueza Mirta Ilundain autorizó la extracción de material genético. En el interior de la bóveda se repitió la escena tétrica como en aquel 30 de junio de 1987 y luego en 1995. Después de varias horas de trabajar para remover el vidrio de seguridad y abrir el ataúd, peritos judiciales y abogados quedaron impactados frente al cuerpo descubierto y mutilado de Perón. Ya no impresionó su cara. El deterioro era notable. Sólo podían reconocerlo aquellos que tenían en la memoria la imagen de su rostro, entre ellos Aníbal Fernández, el entonces ministro del Interior. La degradación se había profundizado, el color marrón pétreo de sus escasos tejidos disecados decía todo. Como un carnicero y como los profanadores, el perito sacó la sierra eléctrica y tras abrir con un cortante el uniforme militar, serruchó el húmero del brazo derecho y el fémur del mismo lado. Luego seccionó cada una de las partes en cuatro para guardarlas en recipientes separados. Con el cadáver de Perón aún más despedazado, cerraron el féretro y lo subieron del sótano en forma vertical con un aparejo. Linares Fontaine graficó de manera cruda la escena vivida: “¿Viste un puchero, la parte del caracú? Bueno, con eso me encontré. Yo había imaginado que sacarían una muestra pequeña, pero me di cuenta de que habían serruchado los huesos. Lo despedazaron, le dieron a serrucho limpio. Me pareció una brutalidad. Ya le faltaban las manos, así que imaginate ahora: lo tocás y se deshace todo”.

Días antes de consumarse la nueva profanación del cuerpo violado de Perón, más precisamente el viernes 6 de octubre de 2006, Claudio Negrete publicó una columna de opinión en el diario La Nación con el título “La segunda profanación”. Terminó siendo un triste presagio de lo que vendría después. Decía el texto:

La necrolatría, que es el culto exagerado a los muertos, reaparece cada tanto en la realidad mutante del peronismo. Ahora se quiere resucitar el cadáver del fundador del movimiento y velarlo por segunda vez, como si nada hubiera pasado en el país y en el peronismo en más de tres décadas, desde aquel 1° de julio de 1974. El objetivo es sacarlo de su sepulcro de la Chacarita y entronarlo en la CGT, en un altar político, para después llevarlo a la quinta de San Vicente. Una vez más los argentinos asistiremos a esa macabra costumbre de manipular muertos, removerlos de sus tumbas y pasearlos como trofeos, buscando, quizás, una inmortalidad prestada.

Los antecedentes delatan esta condición de necrómanos. Una sucesión de fúnebres hechos precedidos por torturas, robo de cadáveres y vísceras, mutilaciones, disputas por cabezas, manos y corazones y huesos en exilios permanentes. Así ocurrió en el siglo XIX con las peregrinaciones de los cadáveres de fray Mamerto Esquiú y el general Juan Lavalle. Después, el culto al embalsamamiento de Eva Perón. Su cuerpo profanado y desaparecido fue canjeado en medio de la violencia política de los años 70 por el cadáver de Aramburu, también robado. A fin de la década siguiente, removieron el cuerpo de Perón, cortaron sus manos y se las llevaron, con total impunidad. Pocos años después, se le rindió homenaje público a un puñado de huesos y a la dentadura de Juan Manuel de Rosas, tras recorrer miles de kilómetros desde Gran Bretaña. En agosto de 1991, un grupo de personas tuvo el extraño privilegio de conocer lo que quedaba del rostro anguloso de Juan Bautista Alberdi antes de que fuera llevado desde la Recoleta hasta la tierra natal del autor de Las Bases, Tucumán. Eso sí: la ceremonia política debía realizarse días antes de las elecciones de gobernador que ganaría, finalmente, Palito Ortega. Éstos son sólo algunos ejemplos de la obstinación argentina en maltratar muertos y castigarlos. La expresión más perversa de esta enfermedad social es, sin dudas, la desmaterialización de miles de cuerpos durante la última dictadura cívico-militar, que nos legó la figura del desaparecido.

La última vez que el cadáver de Perón estuvo visible fue en enero de 1995, cuando, a raíz de la sospechosa aparición de algunas llaves de seguridad, el juez Alberto Baños decidió abrir el cajón ante la posibilidad de una nueva violación. Una colonia de hongos con forma de espuma blanca se había expandido sobre la cara. Impresionaron sus facciones intactas. La nariz aguileña y el pelo negro bien pegado a la cabeza. Esa frágil momia mantenía sus formas por un entramado seco de tejidos superficiales unidos por el uniforme militar, que servía, y aún sirve, de único envase a su evidente vacío interior. Poco tiempo después, el intento de manipularlo provino del presidente Carlos Menem y de su jefe del Ejército, Martín Balza. El plan era sacarlo del sarcófago y reacondicionarlo en el Hospital Militar. Todo se haría con un impresionante operativo de seguridad para la curiosidad mediática. No es difícil imaginar el revuelo que hubiera producido la exhibición del cuerpo desnudo de Perón ante una frívola dirigencia política que no hubiera reparado en límites con tal de mostrarse junto a él. En esos años 90 se agregó a la escena pública Martha Holgado, autoproclamada hija de Perón, pujando por un pedazo de él para un ADN. Así, el muerto fue condenado a demostrar que no era el padre, a pesar de que en el expediente judicial consta un estudio hecho con el hermano de Holgado que dio positivo.

La idea de remover el cadáver de Perón tuvo nuevo impulso durante el gobierno de Eduardo Duhalde, cuando se puso en marcha el proyecto del mausoleo en San Vicente. Entonces, los restos del General iban a ser llevados a la Facultad de Medicina para ser reacondicionados por un equipo de tanatólogos. Se habló, incluso, de que se armarían artificialmente un par de manos y hasta se propuso hacerlo con tierra de todas las provincias.

A diferencia de Evita, que antes de morir dijo expresamente a sus íntimos que quería descansar en la CGT, no existe prueba documental fehaciente que sustente el argumento de que Perón deseaba ser enterrado en San Vicente. Entonces, ¿a quién le sirve esta nueva manipulación, justificada como homenaje? ¿Al muerto o a los vivos que dicen admirarlo, pero parecen estar necesitados del mito para justificar su presente político? ¿Qué ceremonia puede honrar a un muerto ilustre cuyos restos fueron violados sin que nadie lo recuerde? ¿Qué extraña sensación recorrerá a quienes paseen por las calles de Buenos Aires el cuerpo del General mutilado, con los brazos mochos?

En términos de sentimiento peronista, ¿no sería cristiano, máxima expresión de lealtad, concentrar esta energía y vocación política en impulsar la investigación judicial —la causa sigue abierta— para saber dónde están las manos, quiénes y por qué las robaron? Es decir, averiguar el oscuro sistema de complicidades que hubo, y aún hoy existe, detrás de la operación política del cadáver del hombre que les abrió las puertas del poder. En 2007 se cumplirán veinte años del robo de las manos. El compromiso del peronismo con la búsqueda de la verdad fue y sigue siendo bajo: silencio e indiferencia. La planeada peregrinación del cajón por más de 60 kilómetros terminará por desarmar lo que queda del endeble cuerpo. Se resquebrajará como una hoja seca, en múltiples pedazos. Así se producirá la segunda profanación. Pero esta vez, paradójicamente, la escena será montada por sus herederos.

La respuesta no se hizo esperar. Con el título “El cuerpo de Perón” el domingo 15, a dos días del traslado, en la sección cartas de lectores del mismo diario, el senador provincial Antonio Arcuri, esposo de la intendente de San Vicente, Brígida Malacrida de Arcuri, replicó la columna de Negrete:

En el artículo titulado “La segunda profanación”, publicado el 6 de octubre pasado, el periodista Claudio Negrete realiza una serie de consideraciones acerca del proyectado traslado de los restos de Perón a su mausoleo en San Vicente.

Negrete, que curiosamente o no tanto, es también el autor del libro La profanación. El robo de las manos de Perón, le asigna al peronismo un culto exagerado a sus muertos, se extiende en una minuciosa y necrofílica descripción del estado del cuerpo y se empeña en denostar la intención de depositar los restos mortales en un sitio adecuado a la trascendencia del ex presidente de la Nación.

Vale la pena preguntarse si llevar los restos de Perón a un mausoleo situado en la quinta de San Vicente, que fue propiedad de Perón y Evita, donde probablemente pasaron sus momentos más felices —hoy convertida en museo provincial—, para que descansen dignamente, puede ser tachado de oportunista. Son muchos los países en el mundo que les otorgan un lugar honroso de recordación a las figuras que han contribuido a forjar su historia. Hoy el cuerpo se encuentra en una bóveda del cementerio de la Chacarita, vulnerable al deterioro que provocan las malas condiciones de preservación y expuesto al vandalismo de una nueva profanación.

Mezclar un hecho delictivo como el robo de las manos con el traslado de sus restos pareciera ser un intento forzado, oportunista y promocional del señor Negrete para hacer referencia al tema tratado por su libro.

El descanso definitivo del ex presidente Perón en San Vicente, decisión que apoyan la viuda de Perón, el movimiento obrero, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, no constituye una profanación sino un justo homenaje a quien en sus aciertos y errores fue un protagonista central de la Argentina del siglo XX.

La carta confirmó la constante actitud de la dirigencia peronista. Nada dijo y menos aún reclamó acerca de las manos robadas y desaparecidas, como tampoco de la impunidad de sus autores. Los escandalosos hechos ocurridos luego en la quinta de San Vicente certificaron la idea de la nueva profanación. Lejos estaba Perón del descanso definitivo y en paz que decía el senador. Hugo Moyano, como secretario general de la CGT, y el “Momo” Venegas, por las 62 Organizaciones, tuvieron una reunión personal con el entonces presidente Néstor Kirchner para invitarlo al acto central. El Jefe de Estado aceptó, pero después su ministro Aníbal Fernández, el que quiso ver el rostro de Perón muerto y mutilado, los llamó para advertirles que desactivaran todo. “Néstor no quiere que hagan la movilización para llevar a Perón a San Vicente”, les dijo.

Una vez más asomaba una nueva interna en el movimiento creado por el General. Muy temprano en la mañana del martes 17 de octubre el féretro del ex presidente fue puesto dentro de otro mayor, sacado de la bóveda de la Chacarita en un operativo secreto y llevado hasta el edificio de la CGT. Allí estuvo hasta el mediodía, cuando comenzó la ceremonia oficial de traslado que sería transmitida en vivo y en directo por la televisión del país. El itinerario comenzó en el garaje de la central obrera, donde el ataúd esperaba sobre una cureña militar. Así, el cuerpo de Perón mutilado en varias partes iniciaba un recorrido de más de 60 kilómetros. Afuera, cerca de veinte mil personas se habían reunido en la calle para manifestar su emocionada y nostálgica devoción al líder muerto. Un Eduardo Duhalde casi efusivo encabezaba el acto. La caravana debería llegar a San Vicente alrededor de las tres de la tarde. Pero a mitad de camino se detuvo por las noticias que llegaban desde la quinta de que había enfrentamientos entre militantes peronistas. El lugar fue copado por organizaciones gremiales y políticas. Manifestantes de la filial La Plata de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) se enfrentaron con sus pares del Sindicato de Camioneros, leales a Moyano, en la primera de una serie de fuertes encontronazos que se repitieron a lo largo de la jornada. A poco de llegar la cureña con el ataúd, el lugar ya se había transformado en un campo de batalla, los contendientes dirimieron su “derecho” de proximidad al muerto y al palco principal a puro pedradas y palazos, y una balacera en una suerte de segunda versión, devaluada por supuesto, de la violenta concentración de Ezeiza cuando Perón regresó definitivamente al país en junio de 1973. Treinta y tres años después de aquella tragedia conocida como la matanza de Ezeiza, la pantalla de la televisión mostraba a toda la Argentina y al mundo una imagen escalofriante: un joven retacón, con una pistola en su mano derecha, disparando a mansalva. Horas después fue identificado: Emilio Quiroz, alias “Madonna”, chofer de Pablo Moyano, hijo del líder cegetista del gremio de los camioneros. Hugo Moyano, uno de los escasos oradores, habló de “idiotas útiles”, mientras junto a gobernadores del peronismo y el histórico dirigente Antonio Cafiero, esquivaban las piedras y palos que el gentío tiraba al palco. Los enemigos del poderoso líder de la CGT, alineado con el kirchnerismo gobernante, se relamían pensando que el escándalo llevaría a su final político. Con el tiempo, se comprobó que el gobierno del matrimonio Kirchner no le soltaría la mano, convencido de que domesticaría aún más a la conducción cegetista como ocurrió por muchos años más.

Con gritos, insultos, corridas y escenas de pánico como telón de fondo, los numerosos simpatizantes peronistas observaban azorados la falta de presencia policial y la saña con la que los bandos en pugna se atacaban ferozmente. Ni siquiera el costoso mausoleo salió indemne de la batalla, como tampoco el museo, la finca de los caseros y hasta el histórico Fiat 130 de Perón, cuyos cristales fueron reducidos a astillas. Hubo serios cuestionamientos al matrimonio Arcuri. Las críticas de los principales organizadores del acto se centraron en la falta de seguridad. Se habló de que San Vicente había sido una zona liberada para las distintas barras del peronismo bonaerense. Mientras tanto, la comitiva que transportaba por la autopista los restos de Perón se detuvo a la espera de saber el fin de la batahola. Eran las 15.45. Se discutió si era conveniente continuar con el viaje. Nadie sabía cómo iban a terminar los enfrentamientos. Corrió, incluso, el rumor de que el féretro sería escondido para evitar que algún grupo lo pudiera robar. Por último, se impuso el criterio de continuar con la caravana y cumplir con el plan original. “Yo iba en la cureña pegado al féretro junto con un empleado de la cochería para protegerlo y recibimos golpes por todos lados por frenar a los manifestantes, pues todos querían tocar el féretro. Incluso me fisuraron una costilla. Es más: tuve que guardar la gorra y el sable del general (eran réplicas, porque las originales fueron robadas en la profanación) porque un par de vivos intentaron llevárselos”, dijo el tanatólogo Daniel Carunchio, sobrino de Alfredo Péculo.

Millones de personas veían azoradas por televisión la patética ceremonia. También lo hacían el presidente Néstor Kirchner y el gobernador bonaerense Felipe Solá, quienes habían desistido de concurrir al lugar tras especular al principio con ir al acto con la intención de reencontrarse con las bases peronistas. Luego de las seis de la tarde, y en medio de un gran desorden, quienes encabezaban esta segunda versión del cortejo fúnebre de Perón, intentaron depositarlo en el mausoleo. El caos era de tal magnitud que ni las estrofas del Himno Nacional, como tampoco las apelaciones del “Momo” Venegas a “la unidad del movimiento obrero”, consiguieron pacificar la escena. Mientras el ataúd con los restos mutilados de Perón esperaba que lo pusieran en el mausoleo, a su alrededor los grupos de choque volvían a enfrentarse. La declamada paz cristiana de los muertos se negaba una vez más a lo que quedaba del General. Un momento de precario armisticio fue aprovechado por el entonces obispo de Lomas de Zamora, Agustín Radrizzani (vinculado luego en 2016 como obispo de Mercedes al escándalo de los bolsos de casi 9 millones de dólares que José López intentó ocultar en un convento de General Rodríguez) para bendecir el ataúd antes que un grupo de jóvenes disidentes del gremio de la construcción se acercara con cánticos hostiles. Oficialmente se reportó más de sesenta heridos. “Néstor Kichner nos saboteó el acto de San Vicente. Había dos mil policías en la quinta, pero liberaron la zona para que 22 tipos del Batallón Militante provocaran a la multitud que fue hasta allí pacíficamente. Los pudimos identificar. Todos con prontuarios”, comentó después el “Momo” Venegas.

Antes de que las sombras de la noche cayeran sobre San Vicente, el ex presidente muerto hacía 32 años fue depositado en la que es su morada final. Así terminaron el homenaje y el reconocimiento histórico a un General Perón sin sus manos, casi descuartizado.

En los días posteriores, un rumor impensable corrió con la fuerza de una conspiración política, del que se hizo eco el periodista Joaquín Morales Solá en una columna suya publicada en La Nación. La versión puso dudas de que los restos de Perón depositados en San Vicente fueran auténticos. Otros dijeron, incluso, que lo habían escondido cuando fueron sacados de la Chacarita. La versión creció al saberse que la casa funeraria de los hermanos Péculo había llevado dos féretros a la CGT y que en ese momento, se especuló, se habría producido la maniobra de ocultamiento. ¿Cuál fue la mejor manera de averiguar qué había sucedido? Se decidió abrir nuevamente el ataúd para saber si Perón estaba allí. Finalmente, se develó el misterio. Se sacó la tapa de madera y a través del vidrio que ahora se había colocado para ver su interior, se comprobó que Perón seguía en el mismo lugar. Una vez hecho el reconocimiento y luego de tomarse fotografías, el escribano general de la provincia de Buenos Aires, Ramón González Fernández, firmó el acta correspondiente. Todos quedaron tranquilos. Estuvieron presentes el abogado de Isabel, Linares Fontaine, el sobrino nieto del ex presidente, Alejandro Rodríguez Perón y los dirigentes peronistas Dante Gullo y Alfredo Péculo, dirigente peronista y dueño de la casa mortuoria. Antes de que se conocieran los resultados, Linares Fontaine había cuestionado la nueva apertura. “No me cabe ninguna duda de que es el cadáver de Perón. Este procedimiento fue absolutamente innecesario y se decidió porque no se hizo en el momento debido. Las autoridades tendrían que haber estado presentes en la quinta el martes pasado, pero como brillaron por su ausencia se vieron obligados a hacer esto.” Era la cuarta vez en diecinueve años que se había abierto el féretro para ver a Perón muerto.

Paralelamente al escandaloso traslado, se habían iniciado los exámenes de ADN a los huesos seccionados del cuerpo para descubrir otro de los misterios de esos años: si Martha Holgado era Lucía Virginia Perón. Los peritos oficiales confiaron el estudio al Primer Centro Argentino de Inmunogenética (Pricai), perteneciente a la Fundación Favaloro. Los representantes de Isabel Perón eligieron el Instituto Ceprocor de la provincia de Córdoba, mientras que Martha Holgado dejó la tarea en manos del doctor Gustavo Adolfo Penacino, director de análisis de ADN del Colegio de Farmacéuticos de la Capital Federal. En medio de aquellas febriles jornadas, Penacino confirmó lo que comenzó como otro rumor: “Cada una de las partes alcanzan a su vez para hacer tres o cuatro estudios. Yo envié una parte a un laboratorio europeo para que también haga el estudio. Lo hice por seguridad”. El médico calló el nombre del laboratorio y su ubicación geográfica. Pese a que las suspicacias abundaban, una cuarta muestra bajo custodia fue camino a la Morgue Judicial.

Aquietado el maremágnum de presunciones, la espera fue acompañada por historias de todo tipo sobre la capacidad de Perón de tener hijos o no tenerlos, impulsadas por la prensa y por intenciones políticas, como un juego de adivinanzas. Desde la esterilidad de Perón, pasando por un hipotético accidente en un gimnasio que afectó su capacidad reproductiva, hasta la caída de un caballo que motivó su impotencia. Con la misma ligereza y falta de sustento, se deslizó que la supuesta fertilidad del General no solamente derivó en el nacimiento de Holgado; otra hija en Italia, alumbrada en 1941, llevaría la sangre de Perón. Hay quienes fueron más osados, asegurando que Evita perdió un embarazo en 1950, y que lo mismo ocurrió con Isabel, aunque en este caso no se mencionó una fecha precisa.

Fuera de estas distracciones, lo cierto es que sobrevolaban dudas sobre los resultados del ADN más allá de que ofrecieran un 99,9 por ciento de certeza y —según especialistas— la imposibilidad de adulterarlos. Las doctoras Viviana Bernath y Mariana Herrera, titulares del centro especializado Genta, no participaron de las pericias pero expresaron su opinión pública. “El tiempo transcurrido desde la muerte es uno de los problemas, aunque hoy existe la tecnología para lograr buenos resultados”, señalaron. Y advirtieron: “Pero uno de los principales factores degradantes del ADN genómico —el que hay que analizar para comprobar la filiación— es el formol, y el cuerpo de Perón fue bastante formolizado para poder velarlo varios días”, concluyeron las especialistas. La doctora Primarosa Chieri, directora del centro Primagen, mencionó un punto de posible controversia: “Otro hecho que puede llegar a perturbar los estudios es la profanación de 1987. Cuando los delincuentes abrieron el cajón para cortarle las manos, el cuerpo entró en contacto con muchas bacterias y sobre todo humedad, gran enemiga del ADN”.

El martes 14 de noviembre de 2006 el Instituto Ceprocor de Córdoba informó que el resultado había sido negativo; y al día siguiente, el director general de la Fundación Favaloro, Eduardo Raimondi, sepultó especulaciones y suspicacias. Anunció, amparándose en que los estudios realizados arrojan “un cien por ciento de certeza”, que Martha Holgado no era la hija de Perón. Holgado tuvo que salir a replicar la contundencia de los dos exámenes, el oficial de la Justicia y el de la viuda de Perón, diciendo: “es un chiste mediático”, dando a entender que no aceptaría fácilmente los resultados. Varios meses después, en febrero de 2007, la mujer informó a modo de excusa que su pericia, encargada al Forensic Science Service, que trabaja para la británica Scotland Yard, no se pudo realizar por la presencia de formol en las muestras genéticas. La reticencia de ella en aceptar los resultados científicos contrastaba con otra verdad irrefutable: años atrás, otro ADN ordenado por la Justicia con su hermano Holgado había confirmado que genéticamente era descendiente del matrimonio Holgado. Habían pasado 13 años para que se confirmara lo que era obvio ante la ausencia de pruebas documentales: que no era hija de Perón. Fue el cadáver del ex presidente el que tuvo que demostrarlo. Y para ello debió ser profanado y mutilado nuevamente. Quiso el destino que cuatro meses más tarde un cáncer de hígado la hiciera figurar en su partida de defunción como Martha Susana Holgado. El ADN terminó con una mentira. En España, Isabel lloró, probablemente con culpa, por la nueva mutilación de su esposo.

Poco tiempo después, una peronista histórica le planteó, aunque con ingenua esperanza, el problema de la inacción en el tema del robo de las manos de Perón al entonces presidente Néstor Kirchner y a su esposa Cristina. Como todo buen político, prometió ocuparse manteniendo viva una ilusión que después defraudó. Fue en una larga conversación mantenida con Inés Valerga de Delú, una de las principales colaboradoras de Evita que compartió el exilio venezolano con Perón. Fueron amigos de confianza. En Caracas, el General fue padrino de su casamiento postergado con el mayor Marcelo Delú, a quien había conocido en la Casa de Gobierno en el segundo gobierno del General, y también de bautismo de su hija Laura. Tal era la carga emotiva de Inés con la violación del cuerpo de Perón que un día, en una reunión realizada en la Quinta Presidencial de Olivos, le planteó al matrimonio Kirchner que algo había que hacer para resolver el caso todavía impune y encontrar las manos y a los profanadores. Les entregó un ejemplar de este libro para que se informaran de los detalles. Nada hicieron, a pesar de las promesas de rigor.

Ese mismo año 2007, el juez de la causa Alberto Baños tomó la iniciativa y le envió un escrito el presidente Kirchner solicitándole los antecedentes de más de cincuenta personas, entre civiles y miliares, con fundadas sospechas y oscuros pasados con la dictadura, que tenían algún grado de vinculación con la profanación. La lista en orden alfabético, y muchos de cuyos nombres fueron aportados por este libro, estaba compuesta de la siguiente manera: Aguilar, Mario Agustín; Arce, Jesús Roberto; Avile, Matías C.; Barreiro, Hipólito; Barrionuevo, Rubén Roberto, alias Roberto Belén; Basserman, Jacobo; Bufano, Rubén; Carranza, Héctor Alberto; Carrolla, Raúl; Carrondi, Horacio Antonio; Carrondi, Jorge Ignacio; Celeste, José, alias “Pipo”; Chellmast, Carlos; Chilento —Policía—, alias “Cisneros”; Chirico, Juan Carlos Alberto, alias “El Nene Chirilo” o “El ingeniero”; Del Pino, Miguel —Teniente Coronel—; Del Je Chiaie, Stefano; Di Caro, Carlos Alberto; Emde, Juan, alias “Jürgen”; Gallone, Carlos; Gelli, Licio; Giardino, Daniel Alberto; Gómez, Carlos, alias “Rufián”; Gordon, Aníbal; Guglielminetti, Raúl; Herrador, Oscar Miguel; Holgado, Martha Susana; Huss, Alejandro Omar, alias “Alex”; Imbesi, Juan Alberto; Juárez, Román Modesto; Kesseler, Luis Enrique; Lacabane —Brigadier—; Marconi, Roberto Julio; Moreno, Carmen; Ortiz, Horacio Alfredo; Ortolani, Humberto; Paladino, Otto; Ribeiro, José Osvaldo, alias “Balita”; Rodríguez Peñalba, Horacio J., alias “Pan de leche”; Rotundo, Mario; Ruffo, Eduardo; Sacco, Juan Carlos —teniente Coronel—; Salvia, Pedro Osvaldo; Sánchez Reisse, Leandro, alias “Lenny”; Savino, Adolfo; Scutella, Francisco Alejandro; Sendón, Héctor; Sigarán, Yesildepe; Suárez Mason, Guillermo; Trimarco —General—; Triviño, Juan, alias “Tucu”; Vaello, Estanislao Oreste; Valori, Giancarlo Elia; Vigues, Alberto. El magistrado solicitó al gobierno toda la información clasificada disponible en el Estado, como también de las actividades desarrolladas por la denominada “Orden de la Rosa Mística”.

Pero dos años después recibió de Jefatura de Gabinete, con la firma de su titular Aníbal Fernández, una lastimosa carilla, obvia e inservible, con un par de párrafos de sólo uno de los nombrados. En los archivos periodísticos hay más información acumulada de la mayoría de esos sujetos que la brindada por el propio Estado.

La inesperada muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010 reavivó el fantasma de la profanación del cuerpo de un ex presidente. Al menos en su núcleo familiar. A su viuda y por entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernandez, la invadió la horrible sensación de que a su esposo le pudiera pasar lo mismo que al cuerpo de Perón. Empezó a obsesionarse con la seguridad del cadáver. Fue el empresario, socio y amigo de la familia Kirchner, Lázaro Báez, quien se encargó de construir y financiar un imponente mausoleo de dos pisos y 625 metros cuadrados. Allí montó extremas medidas de seguridad con vigilancia las veinticuatro horas y cámaras que transmitían imágenes hasta el propio despacho presidencial. Dicen testigos directos que Cristina tenía miedo de que le robaran el cuerpo de su esposo y, especialmente, que se llevasen sus manos.

Un año antes, el actual juez Baños soportó presiones y persecuciones. En 2009 un comando entró en su domicilio de Adrogué en un operativo de pocos minutos, los que demandaba ir hasta la casa de su suegra distante a pocas cuadras. Los supuestos ladrones sólo se llevaron los últimos dos cuerpos del expediente, el teléfono celular, su agenda electrónica y la computadora portátil. No robaron nada más. Lo hicieron sólo en doce minutos tras desactivar en cuatro segundos los sensores de la alarma de la vivienda de la empresa Prosegur. Testigos afirmaron que una semana antes se había visto un sospechoso auto estacionarse por horas cerca de las vías del tren y de una plaza que está a poca distancia del domicilio del juez. Para Baños, fue un “operativo de inteligencia y de intimidación psicológica”. Y parece que no fue casualidad. El magistrado había llevado esa información a su casa con la intención de preparar un nuevo escrito reiterando el pedido, ahora al gobierno de Cristina Kirchner, de que dispusiera el levantamiento del secreto de los organismos de inteligencia del Estado. El día del robo, un cuñado de Baños que lo había acompañado a revisar el lugar después de la intrusión, recibió varios llamados teléfonicos que con una voz simulada le preguntaron por un tal “Justino Valentino”. Analistas de inteligencia afirmaron después que el nombre era una clara referencia a quien “hace justicia” y a quien “se hace el valiente”. Al año siguiente el magistrado recibió una carta con un pequeño ataúd de madera donde había una bala y una foto de él con un punto rojo en la frente. Por lo visto, mientras el Estado y los gobiernos miran para otro lado, hay gente que se mantiene atenta, dispuesta a que no se hable del tema y, menos aún, se investigue y se sepa la verdad.

Años después, Atilio Neira fue informado por el periodista David Cox, radicado en los Estados Unidos, de que la CIA tenía documentación clasificada sobre la profanación del cuerpo de Perón, pero que se la había denegado. La respuesta oficial llegó mediante una carta fechada en agosto de 2012 y firmada por el Secretario Ejecutivo de la Central de Inteligencia Americana, Michael Meeks. Allí se contestó que esa información seguirá protegida de su publicación y que no se pondrá a disposición al menos que lo solicite la justicia norteamericana. El abogado de Isabel Perón puso en conocimiento de la novedad al juez, quien luego elevó un pedido oficial a través de la Cancillería argentina para que la CIA desclasificara esa información con la intención de ser sumada a la causa. Al no haber respuesta, en 2016 reiteró la solicitud amparado en convenios bilaterales de intercambio de información cuando se trata de causas judiciales. Silencio. Un nuevo misterio en torno a la CIA que aporta más intriga con su negativa.

Epílogo

¿Fue el robo de las manos un hecho delictivo y extorsivo que buscó una recompensa económica? Ésta es la pista más débil de todas a pesar de que fueron los propios profanadores los que exigieron públicamente el pago de ocho millones de dólares para devolverlas. Se supone que para cobrar un rescate o quedarse con una fortuna, una de las premisas más elementales es mantener discreción, operar sigilosamente, que nadie se entere. Pero los delincuentes premeditaron todo de tal manera de que se produjera un escándalo y una conmoción pública nacional y mundial. Además, jamás reclamaron el dinero que habían pedido en sus cartas enviadas a los líderes del peronismo de entonces.

¿Se trató de una venganza esotérica, realizada por una logia con poder para vengarse de Perón? Si bien las propias organizaciones nunca lo han confirmado, se sabe que con las logias, como las citadas Masonería y P2, suelen convivir otras irregulares que tienen códigos internos que contemplan represalias si sus miembros no cumplen con los pactos asumidos o cometen traición, según explican distintas investigaciones. Como se caracterizó la última dictadura militar en cuanto a que los trabajos más sucios se realizaron con sistemas paralelos a la estructura de las Fuerzas Armadas, las venganzas de ciertas logias también suelen hacerse desde la informalidad. Además, y más allá de que Perón tuviera relaciones políticas con ambas grandes logias, lo cierto es que no hay pruebas documentales que acrediten que haya sido miembro activo y formal de ellas como para merecer luego un castigo. Si el objetivo fue vengarse por algún supuesto compromiso no cumplido, al menos llama la atención por qué no se hizo antes de 1987. Por ejemplo, durante la propia dictadura, cuando la masonería, y especialmente la P2, estuvieron fuertemente ligadas a los más altos funcionarios del régimen. Si fue un atentado sólo por un motivo económico o de castigo esotérico o de logia, entonces, ¿cómo se explica semejante operación de profanar una bóveda y un cadáver robando sus manos, ejecutando cuatro asesinatos, montando acciones de inteligencia para desviar la atención del juez y amedrentar en España a la viuda de Perón, manteniendo aún hoy presiones y amenazas sobre la Justicia?

Todos los análisis y las interpretaciones desarrollados en estos treinta años implican manejarse, casi en forma obligada, con especulaciones, atar cabos sueltos, ligar hechos y personajes en un juego de conspiraciones cruzadas, y permitir así construir una argumentación creíble y razonable. Este libro está plagado de información, de todos los actores que intervinieron en el hecho ocurrido en 1987 y en los años posteriores, y de los diversos contextos políticos. Por momentos, es un sistema de laberintos interminables que no conducen a nada más que a nuevas especulaciones y a nuevos laberintos. Pero vale detenerse en datos objetivos e incontrastables que permiten aproximarnos a la verdad buscada, separando el humo impuesto para ocultar y distraer.

Veamos:

El robo de las manos se produjo en un momento político bisagra para el país.

La operación tuvo apoyo político interno desde un sector del Estado.

El gobierno radical sabía más de lo que aportó a la causa.

Al juez Far Suau lo mataron.

Vinculados al caso hubo un total de cuatro asesinatos y un atentado que casi le cuesta la vida al comisario que trabajaba con el magistrado.

Se sembraron más de 50 pistas falsas para distraer a la investigación.

Se impulsaron 5 juicios políticos para sacar al juez de la causa.

Todos los encubridores que obstaculizaron la investigación, fueron ex integrantes de servicios de inteligencia militar, especialmente del Batallón 601.

Muertos el juez Far Suau y el comisario Pirker, la causa se cerró rápidamente.

No había cuentas secretas en Suiza que pudieran abrirse con las huellas dactiloscópicas de Perón.

Nadie insistió en cobrar la recompensa solicitada en la carta de los profanadores.

La masonería, en su versión tradicional y la P2, tuvo una activa presencia en el último gobierno de Perón y, especialmente, durante la dictadura. Y lo hicieron como actores políticos internacionales.

Poder y logias, regulares e irregulares, son desde hace siglos parte de un mismo sistema de intereses.

Todavía permanecen activos grupos que quieren evitar que se investigue.

Existe de hecho un pacto de silencio de tres décadas que nadie se atreve a romper.

El peronismo se desentendió de la violación del cuerpo de su fundador.

Muy lejos de ser un simple caso delictivo o esotérico, las evidencias probadas están en que el robo de las manos fue una operación de alta política que buscó desestabilizar al país, condicionar a la dirigencia y a la sociedad en su conjunto en un contexto de transición y de redefinición del poder real de la Argentina. Y este hecho inauguró una serie de atentados similares en los que, si bien separados en el tiempo y con grupos y objetivos distintos, reconocen una misma matriz e iguales resultados finales: zonas liberadas, apoyo de un sector político ligado a la estructura estatal, ensuciamiento de la escena del crimen, trabas a la investigación y garantía de impunidad judicial y política.

Los autores intelectuales de la profanación definieron con precisión la operación, buscaron producir conmoción en un momento político clave, a pocos días de las cruciales elecciones de 1987, cuando se decidía si continuaba el proyecto reeleccionista alfonsinista de quedarse en el poder largos años o si regresaba el peronismo a la Casa Rosada. Un país aún sensible e inestable por las secuelas de la última dictadura, con parte de los antiguos represores volcados al delito en la marginalidad del sistema y en medio de la ebullición de las Fuerzas Armadas por los juicios.

Los profanadores dieron un mensaje que, sin duda, llegó a destino; de ahí el éxito que se confirma con el silencio cómplice de todos estos años. Hicieron sentir su poder e influencia política. El caso alteró en esos años el escenario político argentino y fue determinante en una sucesión de acontecimientos políticos, económicos y sociales que condujeron a cambios abruptos que derivaron en el quiebre del país a fines de ese siglo.

Esta siniestra historia de la que es una trama entrecruzada de episodios oscuros e intereses que se han movido, y aún lo hacen, alrededor de la desaparición de las manos de Perón. Se pudo hacer mediante una organización que funcionó en tres niveles: el más alto, donde estuvieron los autores intelectualespolíticos que idearon el plan y financiaron su ejecución; el segundo, el de organización e inteligencia que conformó al tercero, el ejecutor, que se encargó de realizar el trabajo sucio y entregar el botín. Son niveles escalonados, que a su vez suelen tener objetivos propios y compartimentados que suman al objetivo final, pero que pueden ser diferentes al interés del núcleo intelectual. Esto construye un sistema de complicidades que garantiza silencios. Sólo un grupo mafioso con apoyo político pudo planificar los tiempos de la operación y hacerlos coincidir con el aniversario del fallecimiento de Perón; cortar sus manos y luego hacer lo propio, simbólicamente, con las figuras que estaban en el departamento madrileño que habitaba Isabel Perón y también en la quinta 17 de Octubre; matar al juez y a testigos; intentar asesinar al comisario que lo ayudaba, hacer desaparecer documentación, terminar con la investigación y conseguir la inacción y un silencio cómplice de todos los gobiernos que se sucedieron hasta hoy.

Durante la investigación de este libro se detectaron tres claras actitudes de los protagonistas y dirigentes que se entrevistaron, en especial del peronismo: los que dicen que el robo de las manos de Perón es un hecho del pasado y que forma parte de esas historias sin final; los que sintetizan el tema afirmando “de eso no conviene hablar”, negando lo ocurrido; y unos pocos que prefieren esquivarlo porque saben fehacientemente que detrás de la profanación hay importantes intereses de poder involucrados.

Un antiguo comisario de la Policía Federal, experto en organizaciones mafiosas, entendió el problema desde otro lugar. Dijo que era muy probable que el silencio imperante fuera la clara comprobación de que el operativo había salido perfecto, exitoso para todos: el objetivo se cumplió y el aviso llegó a quienes debía llegar. Pero también es cierto que el aún hoy vigente “pacto de silencio” puede significar que el robo de las manos sigue siendo un tema peligroso, intocable, y que lo mejor que puede ocurrir es que pase el tiempo y todo termine en el olvido, prescripto, y así evitar que se conozca la red de complicidades.

Recordarles a quienes manejaron el Estado argentino, especialmente a los herederos de Perón, la impunidad de estos treinta años de la que todavía gozan los autores intelectuales y materiales del robo de sus manos puede parecer hoy un tema del pasado, necrómano, esotérico, clausurado por el olvido o porque la investigación judicial está, de hecho, en un limbo. Todas justificaciones que no hacen más que confirmar la desidia de quienes tuvieron la responsabilidad y obligación de buscar la verdad. Porque llama la atención que en un país donde la Justicia siempre funcionó bajo control, presiones, influencia y manoseos del poder político de turno, en este tema todos los gobiernos que se sucedieron desde 1987 hayan hecho un acto de profunda fe de independencia de los poderes de la República dejando a su suerte la investigación judicial, sin involucrar al Congreso y prescindiendo de los organismos de inteligencia que maneja el Poder Ejecutivo.

El deliberado olvido peronista se muestra como una increíble constante. Es evidente, entonces, que los profanadores y sus jefes intelectuales son más consecuentes con sus lealtades y compromisos que los propios sucesores de Perón con su líder político. Por poner un ejemplo de negación, Antonio Cafiero, uno de los principales afectados por la operación profanación, escribió sus memorias de más de 700 páginas que tituló Militancia sin tiempo, en cuya tapa hay una foto de él con Perón. Sin embargo, ni una línea puso del robo de las manos y la conmoción que hubo en el país a pocos días de ser elegido gobernador de Buenos Aires. Eso sí, el prefacio termina con un “¡Viva Perón!”.

En las conversaciones mantenidas con dirigentes peronistas hasta 2017, la mayoría reconoció que nada se había hecho para descifrar el misterio a pesar de que desde 1989 el peronismo gobernó el país, en todas sus vertientes y facciones, durante casi 25 años manejando los principales resortes del poder estatal. Y no obstante la contundente hegemonía ejercida, su dirigencia y militancia no tuvo la más mínima intención ni decisión política de averiguar quiénes fueron los autores de la mutilación, por qué lo hicieron y dónde escondieron las manos. Presidentes, ministros, secretarios de Estado, gobernadores, intendentes, legisladores, dirigentes sindicales y tres generaciones de militantes que conviven en el universo partidario, coinciden en una extraña y hasta sospechosa inacción a pesar de tener de todos los instrumentos disponibles para desarmar el ocultamiento. El principal de ellos: las estructuras de inteligencia del Estado, a las que se deben sumar las de las fuerzas de seguridad, el sistema judicial, los fiscales del Estado, por citar algunos de los actores decisorios. Sus seguidores aceptaron mansamente, y aceptan aún hoy, la mutilación de Perón como algo inmodificable. Ortodoxos, renovadores, progresistas, menemistas, cafieristas, rodriguezsaaístas, duhaldistas, kirchneristas, sciolistas, duhaldistas devenidos kirchneristas, peronistas del Frepaso, disidentes y federales, de la Coalición Cívica y macristas, los históricos y los jóvenes maravillosos, moyanistas y gordistas, los custodios doctrinarios de las 62 Organizaciones, intelectuales y periodistas militantes, tienen en común la negación permanente de la profanación. Aquí, también, la verdad perdió frente al pragmatismo y al oportunismo de la política. La absoluta impunidad de los ejecutores es, en los hechos, la clara comprobación de que la dirigencia peronista le ha dado la espalda a la tan declamada lealtad a Perón. Probablemente, los instigadores de tamaña vejación discurran hoy con tranquilidad y hasta sean escuchados con atención por los espacios de poder del país.

La exitosa operación de la profanación de Perón y la impunidad vigente representan, en el fondo, una contundente derrota de la democracia argentina y sus instituciones. El silencio mantenido todas estas décadas no hace más que ratificar el claro triunfo de los profanadores y su comando intelectual. Y una vergonzosa derrota política de los herederos de Perón. Mientras la impunidad continúe burlando el Estado de Derecho, no cabe duda alguna de que será más fácil y funcional a ella que el peronismo evada su responsabilidad y, en su lugar, siga usando políticamente el recuerdo y el valor simbólico de Perón para conquistar o mantenerse en el poder.

Sucede que la cuestión de fondo es la ausencia de verdad y justicia. Y esto sí excede al propio peronismo porque, en definitiva, fue la violación del cuerpo de quien en vida ocupo la Presidencia de la Nación elegido democráticamente en tres oportunidades, más allá de la valoración histórica y personal que se tenga de su figura. Este antecedente deja una peligrosa puerta abierta. ¿Quién puede asegurar que no pase lo mismo con los restos mortales de otros presidentes de la historia argentina, como Bartolome Mitre, Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, Arturo Frondizi, Arturo Illia, Raúl Alfonsín, Héctor Campora o Néstor Kirchner? Y lo mismo vale para los que en el futuro se sumarán a esta lista de ilustres. Y si el cuerpo de un ex presidente de la Nación es profanado en la intimidad de su tumba, ¿qué le queda, entonces, al ciudadano común?

El Estado, y los gobiernos que lo administran, tiene en este sentido una responsabilidad y obligación indelegable frente a la sociedad: investigar hasta las últimas consecuencias. Porque alguien fue, ¿no?, pregunta que bien puede caber a otros casos impunes. Ahí están como ejemplos las voladuras de la Embajada de Israel y del edificio de la AMIA; la desaparición forzada de Julio Jorge López luego de testimoniar judicialmente contra el ex comisario de la dictadura Miguel Etchecolatz; la sospechosa muerte del hijo de Carlos Menem; el asesinato del Fiscal Federal Alberto Nisman. Operaciones mafiosas que van de Perón a Nisman. Una matriz delictiva que se reconoce también en el narcotráfico y la trata de mujeres y niños. En definitiva, todos casos con un denominador común: nada se sabe, nadie fue. Así, los instigadores y autores de los atentados logran imponer una falsa creencia de que tienen un poder superior al del propio Estado Nacional, a la República, y que por eso las instituciones de la democracia no se animan a enfrentarlos. Dejan una amarga sensación de indefensión.

¿De qué sirvió atentar contra el cadáver de Perón? ¿A quién benefició? Mutilar el cuerpo del ex presidente y mantener el misterio sobre el destino de sus manos y sus autores, quizá no haya sido un objetivo en sí mismo. Probablemente, fue y es un medio para recordar que existen, en determinadas instancias del poder, pactos implícitos que están obligados a cumplir quienes lo habitan circunstancialmente.

Resolver el misterio de la profanación y el robo de las manos del ex presidente Juan Domingo Perón debería ser considerado una cuestión de Estado por lo que representa en la saga histórica de hechos impunes, por la institucionalidad del cargo que ocupó y por el derecho que tiene la sociedad argentina a saber la verdad, cualquiera que sea.

Fuentes consultadas

Documentos

Causa Judicial Nº 54.248 “Juan Domingo Perón sobre profanación de su tumba”.

Expediente Nº 60.977/1988. Muerte del Juez Far Suau. Juzgado en lo Penal Nº 1, doctor Hugo Alberto de Rosa.

Causa Nº 25.856 “Menem Carlos Saúl y Oltra Silvio. Sus muertes por accidente aéreo”.

Causa Nº 33.136 “Profanación de la tumba de Rubén Perón, Chaco”.

Cámara de Diputados de la Nación. Proyecto de Resolución Nº 3811/97. Dip. Lorenzo Pepe.

Informe Interpol sobre sistemas de las cajas bancarias de seguridad.

Informe de Cerrajería Casa Borges.

Documentación de la Dirección General de Cementerios, Secretaría de Servicios. Departamento de Planos y Obras.

Testamento abierto otorgado por Juan Domingo Perón Sosa (Nº 692-15/10/68).

Expediente Nº 7.993-1 Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal Nº 1. Causa “Isabel Perón c/Estado Nacional”.

Congreso Nacional: Pedido de Informes 3811/97.

Causa Nº 198.422. “Martha Susana Holgado contra María Estela Martínez de Perón”.

Congreso Nacional: Juicios Políticos 1986/1989.

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Libros

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Artículos periodísticos

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“¿Qué hiciste en la guerra, Calvi?” (Somos, 16/07/1982).

“Anularon el veredicto que ‘suicidó’ a Calvi” (La Voz, 30/03/1983).

“El jurado del Caso Calvi se declaró incapaz de decidir si se suicidó o fue víctima de asesinato” (La Razón, 28/06/1983).

“Gelli y la conexión argentina” (Diario Popular, 11/08/1983).

“El regreso de Licio Gelli” (Somos, 16/08/1983).

“Apareció el misterioso maletín de Roberto Calvi” (Clarín, 03/04/1986).

“Historias de la conexión entre los militares argentinos, la logia P-2 y el coronel Khadafy” (Tiempo Argentino, 16/05/1986).

“Quince bombas en la madrugada que sólo cosecharon repudio” (Página/12, 25/06/1987).

“El discreto plan de los comandos” (Página/12, 01/07/1987).

“Investigan la profanación de la tumba de Juan Perón” (Clarín, 01/07/1987).

“Verifica el juez si resultó profanado el ataúd de Perón” (Clarín, 02/07/1987).

“Decidirían hoy la fecha de una marcha de repudio” (Clarín, 03/07/1987).

“El peronismo llamará a una movilización” (Página/12, 03/07/1987).

“Fuerte conmoción política al confirmarse la profanación del cadáver del general Perón” (Clarín, 03/07/1987).

“Hubo profanación, las manos no están” (Página/12, 03/07/1987).

“Un minúsculo grupo golpista” (Página/12, 03/07/1987).

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“En el peronismo hay polémica por Tróccoli y la movilización” (Página/12, 04/07/1987).

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“Por Perón, el lunes misa y paro” (Página/12, 04/07/1987).

“Caridi repudió la profanación” (Página/12, 07/07/1987).

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“Fue obra de la ultraderecha” (Página/12, 08/07/1987).

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“Isabel se repondría en dos meses” (Página/12, 11/07/1987).

“Todo está bien para Patricio Camps” (Página/12, 11/07/1987).

“El peronismo no pagará rescate” (Página/12, 15/07/1987).

“Confirman que las manos de Perón fueron amputadas recientemente” (Clarín, 17/07/1987).

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“Isabel no habló con Suárez” (Página/12, 29/07/1987).

“Sivak instó a terminar con los delincuentes en los servicios” (Página/12, 29/07/1987).

“Hay detenidos por las manos de Perón” (Clarín, 28/08/1987).

“Será reclamada la extradición de Licio Gelli” (La Razón, 22/09/1987).

“Se entregó Licio Gelli, Gran Maestre de la P-2” (Diario Popular, 22/09/1987).

“Licio Gelli, capo mafia de la temible P-2, deberá responder, entre otros cargos, sobre el atentado dinamitero en Bologna que causó 85 muertos” (Casos Policiales, 8/10/1987).

“Hallaron el cadáver de Osvaldo Sivak” (Diario Popular, 06/11/1987).

“Confesó el autor del crimen del empresario Osvaldo Sivak” (Diario Popular, 09/11/1987).

“Declaraciones de Labaké” (Crónica, 27/05/1988 y Prensa Confidencial, 02/06/1988).

“La trama secreta del retorno de Perón” (Diario Popular, 19/05/1989).

“A los besos con la reforma” (Página/12, 12/06/1993).

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“Hoy, pacto a la radical” (El País, 03/12/1993).

“De la convención quedó con heridas” (Clarín, 06/12/1993).

“Los dos temas que se discuten” (Clarín, 06/12/1993).

“Reabrieron la causa de las manos de Perón” (La Nación, 17/09/1994).

“Puntos secretos de un crimen” (La Nación, 23/10/1994).

“Temieron una nueva profanación del mausoleo de Perón” (La Nación, 11/01/1995).

“Las manos de Perón, un enigma que sólo puede develar un tercer hombre” (La Nación, 29/01/1995).

“La amputación de las manos de Perón tuvo fines económicos” (Diario Popular, 30/01/1995).

“Las manos de Perón encierran algunos secretos indescifrables” (La Nación, 02/02/1995).

“Nosiglia citado por la Justicia” (Cuarto Poder, 07/03/1995).

“¿Qué misterio ocultan las manos de Perón?” (La Nación, 06/04/1995).

“El misterio de la fortuna de Perón” (La Prensa, 04/06/1995).

“El misterio de la fortuna de Perón” (La Prensa, 05/06/1995).

“La fortuna de Perón alienta tantas fantasías como celos” (Prensa Confidencial, 29/06/1995).

“Perón, sinfonía del sentimiento” (Cuarto Poder, 16/07/1995).

“Perón, ¿podía o no tener hijos?” (Diario Popular, 16/07/1995).

“A 50 años del día que cambió la Historia. El 17” (Página/12, 17/10/1995).

“Las manos del Che” (El País, 03/12/1995).

“Un ex agente asegura que a Carlitos Menem lo mataron” (Página/12, 12/12/1995).

“Zulema Yoma denunció que su hijo murió en un atentado” (Clarín, 12/12/1995).

“El capítulo secreto en la causa de las manos de Perón” (La Nación, 24/12/1995).

“Nuevas pistas por las manos de Perón” (Clarín, 24/12/1995).

“Alfonsín declaró ante el juez y dio algunas pistas” (Clarín, 01/04/1996).

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“Para Facundo Suárez la profanación fue obra de la extrema derecha” (La Nación, 16/06/1996).

“¿Quién cortó las manos de Perón?” (Diario Popular, 23/06/1996).

“Perón, el líder” (Diario Popular, 01/07/1996).

“Necrofilias argentinas” (Página/12, 28/07/1996).

“Admiten que Perón pudo haber tenido un hijo” (Diario Popular, 08/09/1996).

“Comienza la batalla por la herencia de Perón” (Diario Popular, 08/09/1996).

“Oscuridad del fin de siglo” (La Nación, 28/09/1996).

“La supuesta hija del general” (Clarín, 06/10/1996).

“Presunta hija de Perón rechazó ‘sospechas’ de Isabel sobre profanación de restos” (Crónica, 22/10/1996).

“Esto pasó un 21 de noviembre...” (Clarín, 21/11/1996).

“Argentina era centro de las finanzas nazis” (Clarín, 04/12/1996).

“El extenso programa nazi de Juan Perón” (La Nación, 31/01/1997).

“A Perón lo seguimos añorando” (Crónica, 01/07/1997).

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“Querella a Perón” (Crónica, 21/08/1997).

“Evita entre la espada y la cruz” (Clarín, 21/12/1997).

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“Exhumarían a Perón y a Evita ante reclamos de dos presuntas hijas” (Crónica, 02/07/1998).

“Santucho no está, el certificado sí” (El País, 29/07/1998).

“Citan a un general por el robo de las manos de Perón” (Clarín, 28/09/1998).

“Glenda no perdona nada de Thatcher” (Clarín, 29/10/1998).

“Inglaterra preparó en 1948 guerra contra la Argentina” (Ámbito Financiero, 05/01/1999).

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“Posse encontró la ‘pata peronista’: Martha Holgado, la ‘hija’ de Perón” (Ámbito Financiero, 10/09/1999).

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“Otro saldo del Proceso: pagaron 200 millones en indemnizaciones” (Clarín, 26/03/2001).

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“¿Licio Gelli: detrás del robo de las manos de Perón?” (Clarín, 03/12/2006).

“La segunda profanación” (La Nación, 06/10/2006).

“Después de 13 años le harán el estudio de ADN a Perón” (La Nación, 11/10/2006).

“Tomaron la muestra de ADN de Perón y se hará traslado” (Clarín, 14/10/2006).

“Volvió la violencia sindical en traslado de los restos de Perón” (Ámbito Financiero, 18/10/2006).

“El homenaje por el traslado de los restos de Perón terminó con peleas, balazos y heridos” (Clarín, 18/10/2006).

“Violencia en el traslado de Perón” (La Nación, 18/10/2006).

“Dudas, intrigas y polémica en la batalla por el ADN de Perón” (Clarín, 05/11/2006).

“El día que Isabel volvió a llorar por Perón” (La Nación, 12/11/2006).

“Difunden la primera de las pruebas de ADN. Holgado no es hija de Perón” (Clarín, 15/11/2006).

“Perón fue masón” (Perfil, 2008).

“Un grupo comando robó el expediente de las manos de Perón” (La Nación, 11/07/2008).

“Lo que queda de Perón” (La Nación, 02/07/2012).

“El Poder de la Logia Masónica P2” (Actualidad RT.com, octubre de 2013).

“Robo de las manos de Perón: habla la última víctima” (Perfil, 04/01/2015).

“Manos olvidadas: sigue el misterio de la profanación de la tumba de Perón” (La Nación, julio de 2015).

Programas de televisión

A dos voces (Canal 13, 01/07/1997).

Diversos noticieros emitidos por Todo Noticias, Crónica TV, América 24 y Canal 26 (octubre de 2006).

El Gran Titiritero Siniestro. Masonería y poder (Todo Noticias, 15/12/2012).

Dónde están las manos de Perón. El enigma de la profanación (C5N, agosto de 2014).

Índice onomástico

Acosta, Eduardo

Adur, Abdón

Aguilar, Mario Agustín

Alberdi, Juan Bautista

Alberti, Lucía

Alborta, Freddy

Alem, Leandro N.

Alemann, Juan (esposa)

Alfonsín, Raúl Ricardo

Al Kassar, Monzer

Allende, José María

Alsogaray, Álvaro

Ámbito Financiero (diario)

AMIA

Andina Allende, Carlos María

Andreotti, Giulio

Antonelli-Balestieri

Antonio, Jorge

Anzorreguy, Hugo

Apold, Raúl

Apstein, Roberto

Aramburu, Carlos

Aramburu, Pedro Eugenio

Arce, Jesús Roberto

Arcuri, Antonio

Ardoy de Sívori, Silvia

Arguedas, Antonio

Arias, César

Arraigada, Abelardo Fermín

Arriola, Julio Isaac

Ashworth, Juan José

Asociación Argentina de Turf Profesional

Astiz, Alfredo

Austral, Plan

Avile, Matías C.

Azuzese, Abel Salvador

Báez, Lázaro

Balbín, Ricardo

Balza, Martín

Banegas, Julio Dino

Baños, Alberto

Barbauld, Andreaux

Barcesat, Eduardo

Barraguirre, Jorge

Barreiro, Hipólito

Barrionuevo, Rubén Roberto

Barrios, Américo

Barro, José Constantino

Basserman, Jacobo

Becerra, Carlos

Bauzá, Eduardo

Bello, Carlos

Benítez, Antonio

Bergés, Jorge

Bernath, Viviana

Bevacqua, Raúl

Bittel, Deolindo

Bobio, Gustavo

Bonadío, Claudio

Bonaparte, Laura

Bonorino Cuenca, familia

Bosc, Raúl Horacio

Bossero, Juan

Bovisio, Santiago

Bufano, Rubén

Bustamante, Paulina

Caballeros Americanos del Fuego, Los

Cabanillas, Héctor

Cacciatore, Osvaldo

Cadícamo, Enrique

Cafiero, Antonio

Calabretta, José Alberto

Calabró, Vicente Bernardo

Calvi, Roberto

Canaro, Francisco

Cané, Miguel

Capitán Hermes

Carapintadas

Caridi, Dante

Carranza, Héctor Alberto

Carranza, Roque

Carriego, Evaristo

Carrolla, Raúl

Carrondi, Horacio Antonio

Carrondi, Jorge Ignacio

Casella, Juan Manuel

Casín, Luis María

Castillo Armas, Carlos

Castro, Fidel

Cavallo, Domingo

Celani, Claudio

Celeste, José

Cerdá, Carlos H.

CGT (Confederación General del Trabajo)

Chapero, Angélica Beatriz

Chamot, Armando

Chaud, José María

Chellmast, Carlos

Chieri, Primarosa

Chilento, policía

Chirico, Juan Carlos Alberto

Cianciarelli, Rodolfo Oreste

Clarín (diario)

Clutterbuck, Rodolfo

Comando Aramburu

Comando Paula Lambruschini

Corach, Carlos

Corbière, Emilio J.

Costa, Marcelo

Craxi, Bettino

Crónica (diario)

Crónica TV

Cruz, Gustavo

Cucurullo, Ana María

Cuervo, Raúl

De la Rúa, Fernando

De la Sota, José Manuel

De la Torre, Lisandro

De la Vega, César

Del Busto, Adrián

Del Je Chiaie, Stefano

Del Pino, Miguel

Delú, Laura

Delú, Marcelo

Demarchi, María Cecilia

Dentone, Julio

Derito, Juan José

Díaz, Raúl

Di Caro, Carlos Alberto

Dirección General de Cementerios

Dodero, Alberto

Duarte, familia

Duarte, Juan

Duarte de Álvarez Rodríguez, Erminda Luján

Durero, Alberto

Dutey, Juan Carlos

Duhalde, Eduardo

Duhalde, Eduardo Luis

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)

El Cronista (diario)

El Informador Público (diario)

Emde, Juan Jürgen

Escalante Echagüe (abogado)

Espalo, Alberto

Espósito, Alfredo Inocencio

Esquiú, Mamerto (fray)

Etchecolatz, Miguel

Etchegaray, Natalio

Far Suau, Jaime

Far Suau, Juan José

Fernández, Aníbal

Fernández Bernades, Julio

Ferrari, Miguel Ángel

Fiebre amarilla

Firmenich, Mario Eduardo

Fondevilla, Jorge

Font, Alberto

Fraga, Rosendo

Frajewiki, Enrique

Franco, Francisco

Franja Morada

Frondizi, Arturo

Fuerzas Armadas

Fundación Eva Perón

Furque, José Alberto

GAC (Grupos de Asalto de la Coordinadora)

Galli, Ricardo José

Gallone, Carlos

García, Alan

García, Pablo Baltazar

García, Roberto

García de Loydi, Ludovico

García Fernández, Juan Carlos

García Lema, Alberto

García Méndez, Emilio

García Meza, Luis

Gardel, Carlos

Gasparini, Juan

Gelli, Licio

Gente (revista)

Giardino, Daniel Alberto

Gómez, Carlos

González, Ernesto Francisco

González, Felipe

González, Joaquín V.

González, Julio

Gonzalez Fernández, Ramón

González Gallo, Juan Antonio

González Macías, Antonio

González Moreno, Remigio

Gordon, Aníbal

Gorriarán Merlo, Enrique

Gortari, Martín

Gostanian, Armando

GOU (Grupo de Oficiales Unidos)

GPC (Grupos de Propaganda de la Coordinadora)

Graiver, David

Granillo Fernández, Solano Francisco

Graziani, Rodolfo

Grinspun, Bernardo

Grosso, Carlos

Grupo Alem

Grupo Jesucristo

Grupo Omega

Guaita, Maximiliano

Guaita, Susana Beatriz

Guatelli, Manuel A.

Guevara, Ernesto “Che”

Guglielminetti, Raúl

Gullo, Dante

Herman, Abraham

Hermano Daniel

Hermano José

Hermany Pilnik S.A.

Hermes (máquinas de escribir)

Hermes (mensajería)

Hermes, Nicolás

Hermes (profesor)

Hermes IAI y los

Hernández, José

Herrera, Mariana

Holgado, Martha Susana

Holmberg, Elena

Hornos, Roberto

Hospital Durand

Hospital Fernández

Hospital Pirovano

Hospital Rivadavia

Husni, Claudia Marcela

Huss, Alejandro Omar

Huss, Margarita

Ibarguren, Juana

Iglesias, Herminio

Iglesias, Juan Carlos

Ingenieros, José

Imbesi, Juan Alberto

Iriart, Juan

Izetta, Gerónimo

Jaroslavsky, César

Jauretche, Arturo

Juárez, Román Modesto

Justino, Valentino

Justo, Agustín P.

Kadafi, Muhamar

Kaperkast, Ricardo

Kelly, Guillermo Patricio

Kerchowen de Peñaranda, Alfonso

Kesseler, Luis Enrique

Kirchner, Néstor

Kirchner, Cristina Fernández de

Labaké, Juan Gabriel

Lacabane, brigadier

Lagana, Alfonso

La Nación (diario)

Lanata, Jorge

Landolfi, Vicente

La Porteña

La Prensa (diario)

La Rapera

La Semana (revista)

Lavagno, Luis Paulino

Lavalle, Juan

Lázara, Simón

Ledesma, Carlos Domingo

Leguisamo, Irineo

Lemus, José María

Liciaga (doctor)

Linares Fontaine, Humberto

Liotta, Domingo

Llambí, Benito

Logia Anael

Logia Lautaro

Lonardi, Eduardo

López, Germán

López, José

López Rega, José

Luder, Ítalo

Lugones, Leopoldo

Macagno (doctor)

Macri, Mauricio

Madres de Plaza de Mayo

Maggio, Giovanni

Malacrida de Arcuri, Brígida

Maldonado, Eugenio

Manrique, Francisco

Mañano, José Luis

Maradona, Diego Armando

Marconi, Roberto Julio

Mareck, Cristian

Martinelli, Ernesto

Martínez, Juan Antonio

Mármol, José

Massera, Emilio Eduardo

Maya, Antonio José

McGuire, José Patricio

Meeks, Michael

Melo, María del Carmen

Méndez, Osvaldo Antonio

Méndez San Martín, Armando

Méndez Villafañe, Luis

Menem, Carlos Saúl

Menem, Eduardo

Menotti, César Luis

Miguel, Lorenzo

Miná, Jorge Pedro

Mitre, Bartolomé

Moiguer, José Pedro

Molina, Dardo Francisco

Monner Sans, Ricardo

Montoneros

Monzón, Carlos

Morales, María Soledad

Morales Solá, Joaquín

Moreno, Carmen

Movimiento Todos por la Patria (MTP)

Moyano, Hugo

Muiño, Enrique

Mundina Balaguer, Vicente

Muñiz, Alicia

Mussolini, Benito

Negrete, Claudio

Neira, Atilio Carlos

Noriega, Manuel

Nosiglia, Enrique

Noticias (revista)

Núñez, Carlos Norberto

Obediencia Debida, ley de

Olmedo, Alberto

Orellana, Carlos

Ortega, Ramón

Ortiz, Horacio Alfredo

Ortolani, Humberto

Otero, Edison

P2 (Propaganda Due)

Páez, Oscar Hugo

Page, Joseph

Página/12 (diario)

Palacios, Alfredo

Paladino, Otto

Parodi, Daniel Emilio

Partido Comunista (PC)

Partido Humanista (PH)

Partido Intransigente (PI)

Partido Justicialista (PJ)

Pavón Pereyra, Enrique

Péculo, Alfredo

Peláez, Alberto

Penacino, Gustavo Adolfo

Pepe, Lorenzo

Perea (doctor)

Pérez, Emilio Pascual

Pérez, Roque

Perfil (diario)

Perna, Víctor

Pernías, Antonio

Perón, Alicia Dora

Perón, Lía Vicenta

Perón, Lucía Virginia

Perón, María Estela Martínez de (Isabel)

Perón, María Eva Duarte de

Perón, Mario

Perón, Tomás

Pincirolli, Miguel Ángel

Pirker, Juan Ángel

Plater, Guillermo

Policía Federal Argentina

Pugliese, Osvaldo

Punto Final, ley de

Quijano, Hortensio

Quijano Guesaloga, Cristian

Quince, Los (“Los 15”)

Quinteros, Carlos Máximo

Quiroz, Emilio

Radrizzani, Agustín

Raimondi, Eduardo

Ratto S.A.

Revolución Libertadora

Ribeiro, José Osvaldo

Ricciardelli, Horacio

Rodríguez Peñalba, Horacio

Rodríguez Perón, Alejandro

Rosas, Juan Manuel de

Rotundo, Mario

Ruckauf, Carlos

Ruffo, Eduardo

62 Organizaciones Peronistas

Saadi, Vicente Leónidas

Sabelli, Miguel y familia

Sacco, Juan Carlos

Sáenz, Daniel Alberto

Safi, Julián

Salbuchi, Adrián

Salvatierra, Graciela

Salvatierra, Salvador

Salvia, Pedro Osvaldo

Sánchez Reisse, Leandro

San Martín, José de

Sarden, Jorge Eduardo

Sarmiento, Domingo Faustino

Savino, Adolfo Mario

Scalabrini Ortiz, Raúl

Scilingo, Adolfo

Scopa, José

Scutella, Francisco Alejandro

Sendón, Héctor

Servini de Cubría, María Romilda

SIDE

SIP

Sigarán, Yesildepe

Sivak, Osvaldo

Solá, Felipe

Solís, Chino

Somoza, Anastasio

Sosa, Juana

Storni, Alfonsina

Suárez, Facundo

Suárez Mason, Carlos Guillermo

Taranto, Gaetano

Tarelli, Jorge Oscar

Teisaire, Alberto

Tizón, María Aurelia

Tonelli, Ideler

Tratado Roca-Runciman

Trimarco, general

Triple A

Triviño, Juan

Tróccoli, Antonio

Troilo, Aníbal

Ubaldini, Saúl

Ugarte, Manuel

Unión Cívica Radical (UCR)

Unión Obrera Metalúrgica (UOM)

Urien, Julio César

Vaello, Estanislao Oreste

Valerga de Delú, Inés

Valori, Giancarlo Elia

Vandor, Augusto Timoteo

Vargas, Getúlio

Veinticinco, Los (“Los 25”)

Venegas, Gerónimo “Momo”

Ventura Mayoral, Isidro

Verbitsky, Horacio

Videla, Jorge Rafael

Vigues, Alberto

Villalón, Héctor

Wassensan, Ignacio Felipe

Yofre, Juan Bautista “Tata”

Yoma, Zulema

Zanassi, Miguel Antonio

Zunino, Carlos

El 1 de julio de 1987 la Argentina fue sacudida por la noticia de la mutilación del cadáver de Perón en el Cementerio de la Chacarita: sus manos habían sido robadas. Al estupor le siguieron las hipótesis: se las habían llevado para cobrar un rescate millonario o para acceder con sus huellas digitales a cuentas en Suiza; el ultraje había sido parte de un rito masónico en venganza por pactos no cumplidos por el ex presidente, o un mensaje de la poderosa logia Propaganda Due de Licio Gelli o una ceremonia esotérica de otro origen.

El gobierno de Alfonsín sostuvo que se trataba de un ajuste de cuentas entre líneas internas del peronismo, y éste contraatacó diciendo que era una campaña del radicalismo para perjudicarlo en las elecciones de gobernadores de ese año. Pero el hecho no quedó ahí: el juez del caso, Jaime Far Suau, fue asesinado, y dos testigos clave fallecieron en circunstancias sospechosas; además, el comisario a cargo de la investigación sobrevivió milagrosamente a un disparo a quemarropa y al poco tiempo fue pasado a retiro sin justificación.

Claudio R. Negrete —periodista— y Juan Carlos Iglesias —abogado que integró el equipo de Far Suau— investigaron durante años para escribir este libro, que sigue a fondo cada una de las pistas y reconstruye la historia completa de un hecho impune que la ficción más descabellada no se hubiera atrevido a imaginar, y cuya conclusión, a tres décadas de sucedido, es “nadie sabe; nadie fue”.

CLAUDIO R. NEGRETE

Nació en Buenos Aires el 22 de enero de 1958. Es egresado de la Escuela de Periodismo del Círculo de la Prensa de Buenos Aires, realizó un máster en Relaciones Internacionales en FLACSO, y estudió en la Universidad de Nueva York la conformación de los grandes grupos mediáticos de los Estados Unidos, la vinculación de la ética periodística con el interés público, y el futuro de la globalización desde los medios de comunicación de masas y la cultura.
Tiene una extensa trayectoria profesional. En los ochenta trabajó en el diario Tiempo Argentino; fue redactor jefe de la revista Noticias durante diez años, y jefe de Redacción de la revista Veintitrés. Entre otros medios gráficos, publicó notas en el periódico mexicano El Día Latinoamericano y en la revista Casa Tomada de Nueva York. Integró el grupo fundador del canal de noticias Crónica Televisión; también desarrolló su profesión en América TV y en las radios Aspen, Cultura y América.
Fue distinguido en dos oportunidades por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Actualmente, forma parte del ámbito de la comunicación institucional y colabora en distintos medios, como La Nación y Perfil. Integra el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y es autor del libro Necromanía. Historia de una pasión argentina.

JUAN CARLOS IGLESIAS

Nació en Buenos Aires el 12 de octubre de 1928 y falleció el 8 de octubre de 2007. En 1953 se recibió de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue profesor de la UBA entre 1958 y 1961, y en agosto de 1974 pasó a integrar la Jefatura de abogados del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Por razones políticas, la dictadura militar lo separó de la institución en agosto de 1976, a partir de lo cual se dedicó con exclusividad al ejercicio privado de su profesión. Una vez reinstalada la democracia, no aceptó volver a su puesto en el banco, y en 1984 se le entregó la Medalla de Oro al “Leal Colaborador”. Afiliado radical de toda la vida, en 1962 conoció al entonces joven abogado Jaime Far Suau, quien luego sería el primer juez en investigar el robo de las manos del ex presidente Juan Domingo Perón, y que en 1988 lo designó su abogado defensor en los siete juicios políticos que le habían iniciado para apartarlo de la causa. Desde ese momento se incorporó a su equipo íntimo y fue su confidente hasta que el magistrado fue asesinado.

Otro título de Claudio Negrete en megustaleer.com.ar

Negrete, Claudio R.

La profanación / Claudio R. Negrete; Juan Carlos Iglesias. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Sudamericana, 2017.

(Investigación Periodística)

Libro digital, EPUB.

Archivo Digital: descarga y online.

ISBN 978-950-07-5922-9

1. Investigación Periodística. I. Iglesias, Juan Carlos. II. Título.

CDD 070.4

Diseño de cubierta: Peter Tjebbes

Edición en formato digital: julio de 2017

© 2017, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A.

Humberto I 555, Buenos Aires

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ISBN 978-950-07-5922-9

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