Título original en francés:

Ce cauchemar qui n’en finit pas, Pierre Dardot y Christian Laval

© Éditions La Découverte, Paris, 2016

9 bis, rue Abel Hovelacque

75013 Paris

© De la traducción: Alfonso Díez

Corrección: Marta Beltrán Bahón

Diseño de cubierta: Juan Pablo Venditti

Primera edición: abril de 2017, Barcelona

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eISBN: 978-84-16919-49-9

Esta obra se benefició del apoyo de los Programas de ayuda a la publicación del Institut français.

Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.

Índice

Introducción. A peor

1 Gobernar mediante la crisis

Oligarquía contra democracia

La radicalización del neoliberalismo

La crisis como forma de gobierno

La crisis como arma de guerra

2 El proyecto neoliberal, un proyecto antidemocrático

Contra la «soberanía del pueblo»

La superioridad del derecho privado sobre el gobierno y el Estado

La «demarquía» o la constitucionalización del derecho privado

La idea ordoliberal de una «constitución económica»

3 Sistema neoliberaly capitalismo

El sistema disciplinario de la competencia

Sistema neoliberal y «leyes» del capital

Hacer retroceder cada vez más las fronteras de la apropiación de la naturaleza

La ilimitación como régimen de la subjetividad

4 La Unión Europea o el Imperio de las normas

El «proyecto europeo»: del relato de los orígenes a la realidad histórica

La construcción del gran mercado

La gobernanza expertocrática de la Unión Europea

El presupuesto y la moneda como instrumentos de disciplina

¿De qué manera es «social» la Unión Europea?

5 El nudo corredizo de la deuda

La deuda como instrumento de gobierno

Una nueva concepción de soberanía

Todo vale

Una lógica de guerra política

La «deudocracia» o el poder soberano de los acreedores

Sociedades esclavizadas por la deuda

6 El bloque oligárquiconeoliberal

Los actores de la radicalización

La política profesional y la dominación neoliberal

La corrupción sistémica

La era del corporate power

La ósmosis de la banca y de la alta administración

Los expertos en economía y el modelaje mediático de la realidad

El bloque oligárquico y la izquierda de derechas

Conclusión La democracia como experimentación de lo común

Una crisis histórica de la izquierda

El experimento de lo común contra la expertocracia

La estrategia del bloque democrático

Introducción.
A peor1

Escribimos este libro con cierto sentimiento de urgencia. La carrera ya ha empezado. Estamos viviendo una aceleración decisiva de los procesos económicos y securitarios que transforman en profundidad nuestras sociedades, así como las relaciones políticas entre gobernados y gobernantes. Aunque este cambio de ritmo también se alimenta de la crisis financiera, de la crisis de la deuda en Europa, de la llegada de refugiados sirios, de los atentados terroristas o del auge electoral de la extrema derecha, su dirección dominante no se modifica. Se trata de una aceleración de la salida de la democracia. Esta salida tiene dos aspectos complementarios: por una parte, el poder renovado de la ofensiva oligárquica contra los derechos sociales y económicos de los ciudadanos; por otra, la multiplicación de los dispositivos securitarios dirigidos contra los derechos civiles de los mismos ciudadanos. Estos dos aspectos no corresponden a dos «políticas», una política «liberal» por un lado y una política «securitaria» por otro, entre las cuales los gobiernos podrían elegir según las circunstancias y las citas electorales. ¿Hay que recordarlo? La fórmula, hoy tan repetida, «la seguridad es la primera de las libertades» figura en el informe Respuestas a la violencia de 1977, publicado por el Comité de estudios sobre la violencia presidido por Alain Peyrefitte, informe que constituye el fundamento de la ley de Seguridad y libertad de febrero de 1981, elaborada por el mismo Peyrefitte que luego sería Ministro de Justicia. Con la derecha giscardiana, el neoliberalismo francés hizo muy pronto el papel de pionero al articular «liberalismo avanzado» con securitarismo de Estado.

La fórmula de Peyrefitte tiene la ventaja de ocultar la naturaleza de esta articulación identificando sin ninguna otra clase de proceso la seguridad con una de las libertades. En realidad, es la «libertad» de competencia, la competición encarnizada sin límites entre los actores, la que exige el reforzamiento de la «seguridad», o más aún, ella misma produce lo «securitario» como condición indispensable de su despliegue.2 Ya que es preciso distinguir entre la seguridad y lo securitario,3 promovido por su propia lógica. Si la seguridad es uno de los derechos fundamentales reconocidos en la Declaración de 1789, es porque es una garantía destinada a proteger al ciudadano de lo arbitrario, en primer lugar de lo arbitrario del Estado. Y si Montesquieu y Rousseau pueden identificar la «libertad política» con la «seguridad»4 es precisamente porque no hacen de ella una libertad, tampoco la primera de ellas. Así, no es en absoluto irrelevante que sea lo securitario lo que triunfa con el neoliberalismo: mientras que la seguridad protege a las personas de los abusos de la autoridad del Estado, lo securitario corresponde al arbitraje exclusivo del Estado.5 Se trata en realidad de una orientación fundamental que prevalece desde hace más de tres décadas y que se acelera con el encadenamiento cada vez más rápido de las «crisis». Esta orientación surge de una única racionalidad: el neoliberalismo. En su principio mismo, al concentrar la realidad del poder en manos de los actores económicos más poderosos en detrimento de la masa de los ciudadanos, la razón política neoliberal somete a la población a la inseguridad y procede a disciplinarla, desactiva la democracia y fragmenta la sociedad.

Por «neoliberalismo», nosotros entendemos algo muy distinto de la acepción corriente del término. No el conjunto de las doctrinas, las corrientes o los actores más diversos —y en ciertos puntos, opuestos— que la historia política y económica gusta de poner bajo esta enseña, demasiado amplia. Tampoco políticas económicas que resultarían de la voluntad de debilitar el Estado en favor del mercado. Sino más bien lo que hemos analizado como una «razón-mundo», cuya característica es extender e imponer la lógica del capital a todas las relaciones sociales, hasta hacer de ella la forma misma de nuestras vidas.6 Las ideologías más diversas se acomodan perfectamente a esta lógica, más aún, la secundan activamente. El ejemplo del gobierno del AKP en Turquía es a este respecto muy revelador. Es bien conocida la reislamización de la sociedad llevada a cabo con tenacidad por Erdogan desde hace algunos años. Ahora bien, este mismo dirigente declaraba en 2015: «Me gustaría dirigir este país como si fuera una gran empresa».7 Ese mismo año hizo votar una ley de educación superior que reorganizaba por completo las universidades de acuerdo con los principios de la competencia y del rendimiento, y reestructuró el sistema sanitario favoreciendo a los hospitales privados. No es que el neoliberalismo sea «islamo-compatible», o que el islam haya reformado conscientemente su contenido para adaptarse a la globalización, sino que el neoliberalismo es capaz de atrapar en su lógica al conservadurismo islámico, así como a otras ideologías que compiten con él en el mercado de las «identidades culturales». Es esta capacidad lo que constituye la principal fuerza de una racionalidad mundial.

En consecuencia, es importante que nos preguntemos aquí, a la luz de todo lo ocurrido desde la crisis de 2008, por el carácter sistémico del dispositivo neoliberal, que hace que cualquier cambio en las políticas que se llevan a cabo resulte difícil, incluso imposible, puesto que ellas mismas mantienen activos los factores de crisis y agravan la situación social. En realidad, ya no nos enfrentamos a un marco abierto en el que puedan tomar posición «opciones políticas» diferentes, por ejemplo socialdemócratas en el sentido más tradicional del término. Nos enfrentamos a un sistema neoliberal mundial que ya no tolera desvío alguno respecto al establecimiento de un programa de transformación radical de la sociedad y de los individuos. Ciertamente, no es un sistema de partido único, pero es con toda seguridad un sistema de razón política única. Y a esta razón deben someterse tanto la competencia entre los partidos como la alternancia de la derecha y la izquierda. He aquí lo que es preciso empezar a pensar, para poner freno a este movimiento infernal y librarnos de la «jaula de acero» en la que estamos encerrados.

La situación está plagada de peligros, y no solamente en Francia. Ya no hay nada en común entre aquello que viven, sienten y piensan la mayoría de la gente y lo que perciben y entienden de la misma situación los poderosos, aislados en su «caja sensorial» hermética, ni tan sólo el mínimo que hace posible compartir una experiencia. Éste es el mayor de los peligros. Ninguna campaña de comunicación «pedagógica» es capaz, hoy en día, de devolver una legitimidad a los grupos oligárquicos. A falta de una respuesta alternativa creíble, surgida de la base de la sociedad y resultante de las luchas, se está formando y acumulando un enorme resentimiento, que se expresa en las ganas de «romper el tablero», la retirada indiferente o la xenofobia. Los éxitos electorales de los partidos de extrema derecha, como el Frente Nacional, son consecuencia tanto del consenso neoliberal «de arriba» como de su rechazo «desde abajo». La austeridad en Europa conduce a una catástrofe política ya hoy perfectamente previsible. La victoria del neofascismo se ha convertido en una posibilidad a tener en cuenta. Nadie podrá decir: «No lo sabíamos».

Las autoridades políticas parecen estar presas de la sinrazón. Frente a los profundos efectos del sistema neoliberal sobre la sociedad, ante las «guerras de las identidades» que la dividen más y más y exacerban la lógica de la competencia, parecen no poder imaginar otra respuesta más que reforzar los poderes de la policía, los encarcelamientos arbitrarios o la vigilancia generalizada, en resumen, la erosión del Estado de derecho.8 La historia no les ha enseñado nada. Sin embargo, es muy peligroso que los Estados que se autodenominan «democracias» proporcionen su arsenal jurídico a las tiranías que se anuncian. Pero lo que es aún más inquietante —si ello es posible— es el «furor nacionalista» que recorre Europa y Francia, y que contamina tanto a la derecha como a la izquierda. La rabies nationalis de la que Nietzsche hablaba en julio de 1888 es todavía «esa última enfermedad de la razón europea» que ha provocado en el siglo XX todas las desgracias que ya conocemos.9 Pero, circunstancia agravante, mientras que el nacionalismo de los años 1880 se inscribía en un contexto de afirmación de la soberanía de las naciones jóvenes tras las insurrecciones de 1848, el nacionalismo actual es animado, ante todo, por el deseo de restaurar una soberanía perdida, con la que se fantasea de un modo nostálgico y reactivo.

Sabemos que hay resistencias, hemos analizado las prácticas alternativas, hemos extraído el principio todavía activo de las luchas y de los experimentos portadores de la promesa de «otro mundo».10 Para nosotros la neoliberalización acelerada de las sociedades no es un destino fatal. Tiene sus razones inmediatas en la actual desproporción de las fuerzas entre una lógica dominante y una lógica minoritaria. La lógica dominante se nutre a su vez de «fenómenos mórbidos», de «monstruos» aterradores y despiadados que someten a la sociedad a principios etno-identitarios.11 Estos «monstruos» son tanto más inquietantes cuanto que crecen con la cólera social y se alimentan entre ellos con su odio mutuo. Por otro lado, la lógica minoritaria de lo común aún no ha encontrado su expresión de masas, sus marcos institucionales o su gramática política. Tan sólo estamos al principio de una nueva configuración revolucionaria. Y este retraso nos inquieta. La izquierda llamada «radical» o «crítica» tropieza y a veces recula. También sucede que capitula frente al adversario, como Syriza, en Grecia, en 2015.

Sea como sea, no podemos contentarnos con eslóganes. Una de las debilidades de la izquierda crítica es que se conforma demasiado con fórmulas prefabricadas, denuncias superficiales e invocaciones estériles. El «ultraliberalismo», el «totalitarismo neoliberal» o el «capitalismo» reducido a un único sistema de producción son conceptos totalmente impropios para designar una madeja de procesos de autorrefuerzo que reclaman análisis más detallados. Las viejas recetas del estatalismo nacional son inoperantes, cuando no se reducen a tomar prestada la retórica de la derecha en un deslizamiento peligroso.12 De lo que se trata aquí es de tener en cuenta la radicalización neoliberal en toda la diversidad y complejidad de sus aspectos. Se trata de entender de qué modo la crisis multiforme que estamos viviendo, lejos de ser un freno, se ha vuelto un medio para gobernar. El neoliberalismo no cesa, mediante los efectos de inseguridad y destrucción que él mismo engendra, de autoalimentarse y autorreforzarse. Intentar entender cómo lo hace es la ambición del presente ensayo.

Notas:

1. N. del T.: Juego intraducible sobre la homofonía de en pire (como en la expresión de pire en pire: «cada vez peor», y empire: «imperio»).

2. Foucault lo mostró muy bien: las estrategias de seguridad son «el reverso de la condición» de la gobernabilidad liberal (Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979, Gallimard-Seuil, París, 2004, pág. 67. [Trad. cast.: Nacimiento de la biopolítica. Curso del Collège de France (1978-1979), Akal, Madrid, 2009]). Lo que es válido para el liberalismo, que promueve la libertad del comercio y del mercado, lo es aún más para el neoliberalismo, que promueve la libertad de la competencia. Existe por tanto todo un «juego seguridad/libertad» mediante el cual se trata de arbitrar la seguridad y la libertad en función de los peligros que nacen de la divergencia de los intereses.

3. N. del T.: Sureté/sécurité: en español no existe esta diferencia, pero el uso del término «securitario» empieza a extenderse.

4. Montesquieu en el capítulo II del libro XII de El espíritu de las leyes, Rousseau en el capítulo IV del libro II del Contrato social.

5. Desde este punto de vista, la constitucionalización del estado de urgencia o la inserción de su contenido en una ley ordinaria, al elevar el imperativo de la seguridad por encima del control judicial, atentan gravemente contra la protección de los ciudadanos.

6. Véase Pierre Dardot y Christian Laval, La nueva razón del mundo, Gedisa, Barcelona, 2013. Éste es el corazón de la «ley trabajo» de El Khomry (2016): se trata, ni más ni menos, de subordinar los derechos de las personas a las sacrosantas «necesidades de las empresas» y de este modo disciplinar la vida de los individuos en función de dichas necesidades.

7. Declaración del 15 de marzo de 2015.

8. Éste, hay que recordarlo en tiempos de confusión, es menos una forma particular de Estado que una limitación del Estado, sea cual sea su forma, mediante la autoridad superior del derecho.

9. Friedrich Nietzsche, Oeuvres complètes, tomo XIV, Fragments posthumes, Gallimard, París, 1977, pág. 280. [Trad. cast.: Obras completas, Tecnos, Madrid, 2011]. Rabies nationalis significa «rabia nacionalista».

10. Véase Pierre Dardot y Christian Laval, Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI, Gedisa, Barcelona, 2015.

11. Véase Antonio Gramsci, Cahiers de prison, nº 3, pág. 34, Gallimard, París, pág. 283. [Trad. cast.: Cuadernos desde la cárcel, Veintisiete Letras, Madrid, 2010].

12. Véase sobre este punto la aclaración aportada por Luc Boltanski y Arnaud Esquerre, Vers l’extrême. Extension des domaines de la droite, Dehors, París, 2014.

1
Gobernar mediante la crisis

Es una historia griega. Una historia que arroja una luz singularmente viva sobre nuestro presente. En concreto, una comedia de Aristófanes representada en el año 388 a.C. cuyo título es Pluto. El designado con este nombre no es sino el dios de la riqueza y del dinero, el «dios de la pasta».13 Se presenta aquí como un viejo harapiento, cegado por Zeus, que vaga por los caminos. Mientras que a menudo Pluto es representado como ciego porque reparte la riqueza al azar, tanto a los ricos como a los pobres, el personaje de la obra reserva sus favores a la gente rica, cuando no directamente a timadores y malhechores. Curado de su enfermedad gracias a los cuidados del dios Esculapio, promete la abundancia para todos. Penía (la Pobreza) objeta que si todos los pobres se convierten en ricos ya nadie querrá trabajar, al prevalecer la promesa de la riqueza universal. Todos festejan la curación de Pluto. La obra se termina en forma de una «apoteosis inversa»:14 una solemne procesión se dirige a la Acrópolis, al ritmo de una danza e iluminada por antorchas, para instalar a Pluto en la sala posterior del templo de Atenea y de la Ciudad.

Oligarquía contra democracia

La comedia revela con este triunfo de Pluto un verdadero «mundo al revés».15 Que el dios del dinero sea consagrado como guardián del santuario de la diosa, he aquí algo que mina los fundamentos mismos de la Ciudad (polis). En efecto, esta última se basa en la consagración de la supremacía de Atenea sobre los poderes privados, los de las grandes familias aristocráticas sometidas a la terrible ley de la sangre. Son precisamente estas potencias las que quedan relegadas a un altar situado al pie de la Acrópolis. Basta con decir que la diosa mantiene con la Ciudad una relación muy estrecha. No se trata de una divinidad entre otras. Como dice Hegel, Atenea, la diosa, es Atenas, la Ciudad, o sea, el espíritu real de los ciudadanos que vive a través de las instituciones de la democracia.16 La inversión escenificada por Aristófanes (Pluto instalado en lo alto de la Acrópolis) muestra así que lo que ha sido infectado por el culto del dinero y el deseo desenfrenado de riqueza es el corazón mismo de la democracia política. Si todos acaban cediendo, es porque se ha prometido a los pobres una riqueza universalmente extendida, y ya no ciegamente reservada a los ricos y a los pícaros.

Leyendo estas páginas escritas hace 2.600 años, es difícil no pensar en la situación de la Grecia de hoy. Desde hace algunos años, los gobiernos, sometidos de buen grado o intentando resistir antes de inclinarse, intentan calmar la sed insaciable del dios de los mercados financieros, un Pluto completamente liberado desde hace tiempo de los límites de la cultura de la tierra, así como de los de cualquier producción real, y dedicado exclusivamente a acrecentar de forma indefinida los costes de su propio mantenimiento. Ello hasta tal punto que algunos de los artífices de los planes de privatización de la Troika han llegado a imaginar la subasta del mismísimo Partenón.17 En este sentido, el neoliberalismo es ciertamente la inversión hecha realidad, el verdadero «mundo al revés» del que habla Aristófanes. La financiarización de la economía es el resultado directo de las políticas neoliberales. Los fondos de inversión y los grandes bancos sistémicos acaparan mediante la renta financiera una parte cada vez mayor de la riqueza producida por la economía «real». Este hecho, lejos de ser el resultado de una perversión y de un funcionamiento parasitario, debe entenderse como un conjunto de relaciones de poder mediante las cuales las sociedades y sus instituciones, así como también la naturaleza y las subjetividades, son sometidas a la ley de la acumulación del capital financiero.

Pero, se objetará, ¿por qué esta autonomización del dinero abandonado a su propia desmesura (hybris) sería una amenaza para la democracia? ¿Y por qué debería morir la democracia a causa de la promesa de una riqueza universal con la que Pluto deslumbra a los pobres? ¿Es ello debido a la corrupción universal que inevitablemente genera? ¿Qué hay que entender entonces por «democracia», es decir, el poder (kratos) del pueblo (demos)? El término kratos significa muy prosaicamente la superioridad o la victoria en una guerra contra enemigos tanto interiores como exteriores. También puede significar la victoria de una opinión en una asamblea. Pero se trata siempre de una victoria conseguida en una confrontación. Por eso es, en la ciudad, una «palabra con mala fama», tanto es así que los mismos demócratas se niegan a utilizarla, pues da a entender que el poder del pueblo no es el poder ejercido por el pueblo como un todo, sino que procede de una victoria conseguida por el «partido» popular contra el «partido» oligárquico.18 Si esto es así, es porque los mismos demócratas, una vez llegados al poder, ceden a la «fantasía de una ciudad una e indivisible» y se esfuerzan en reprimir la guerra interior a la que, sin embargo, deben su propia posición. Esta guerra recibe, con razón, el nombre de stasis, palabra que en griego significa tanto «posición» o «mantenerse en pie» como la insurrección violenta, la «sedición». Que el sentido peyorativo de «sedición», incluso de guerra civil abierta, haya acabado por consolidarse no nos autoriza de ningún modo a ignorar que, en una ciudad basada en la participación popular, toda posición política u otra —la política en su totalidad— era en cierto sentido «sediciosa».19 Por eso es importante, hoy en día, hacer resonar este sentido original de la palabra «democracia»: no la gestión pacificada de los conflictos mediante el consenso, sino el poder conquistado por una parte de la ciudad en una guerra contra el enemigo oligárquico.

¿Define este poder acaso un régimen político específico? Si nos remitimos a la historia constitucional de Atenas, tal régimen se impuso en el año 403 a.C. y desde entonces «el pueblo se hizo él mismo dueño (kyrion) de todo, todos los asuntos se administraron mediante decretos y en tribunales en los cuales el pueblo (ho demos) detenta el poder (ho kraton)».20 En un sentido más conceptual, demokratia es el nombre de un régimen en el que el poder es ejercido por la masa de los pobres, en oposición a la oligarquía, en la cual el poder está en manos de la minoría de los ricos: «Hay una oligarquía cuando los que tienen la riqueza son soberanos en la constitución. La democracia, al contrario, es cuando lo son aquéllos que no tienen mucha riqueza (aporoi) y son gente modesta».21 Esta notable definición de la democracia, generalmente omitida de la lista de las acepciones eruditas del término,22 eleva a la categoría de criterio esencial, más que el número, el contenido social. Que Pluto sea instalado en lo alto de la Acrópolis por la mayoría de ciudadanos, como en la comedia de Aristófanes, no cambia nada y no metamorfosea una oligarquía en una democracia. Un régimen en el que una mayoría de ricos ejerciera el poder no debería ser designado como una democracia, como tampoco un régimen en el que gobierne una minoría de pobres debería ser llamado una oligarquía.

El pueblo o demos no es identificado aquí con la mayoría, ni tampoco con la totalidad de los ciudadanos, sino con la masa de los pobres, de tal modo que la democracia consiste en esencia en el poder de los pobres. De la misma forma, la oligarquía no consiste en el poder de unos pocos («algunos» u oligoi), sino esencialmente en el de los ricos (poroi). A todo ello hay que añadir que «democracia» designa una constitución «desviada»: los pobres gobiernan en favor de sus intereses como pobres y no del interés general. Así, solo el gobierno de los pobres para los pobres puede tener esta denominación.

El mérito irremplazable de esta oposición entre la democracia y la oligarquía a partir de los intereses sociales es, ante todo, el de mostrar crudamente, aunque sólo sea en negativo, la esencia oligárquica de la «gobernanza neoliberal» y su oposición feroz a la democracia entendida como «soberanía de las masas»: esta forma de gobernanza no constituye en sí misma un nuevo «régimen político» que se pueda añadir a la clasificación tradicional, sino un modelo híbrido de ejercicio del poder que es a la vez un gobierno de unos pocos o de la elite, en el sentido de una expertocracia, y un gobierno para los ricos, en cuanto a su finalidad social. Esta modalidad es la que queremos analizar con el fin de hacer inteligible la extrañeza de nuestra propia situación.

La radicalización del neoliberalismo

Podemos sorprendernos ante el hecho de que ya no cause sorpresa el fortalecimiento de las lógicas que engendraron una de las peores crisis desde la de 1929. Contrariamente a esta última, que condujo a un cuestionamiento bastante profundo de las políticas y doctrinas de la época, la de 2008 no ha provocado nada semejante. En un célebre artículo de julio de 2008 sobre el «final del neoliberalismo», Stiglitz hacía referencia al famoso texto de Keynes sobre el «final del laisser-faire» escrito en 1926.23 Desde esta perspectiva, daba a entender que los hechos de los años 1930 se estaban repitiendo. Ya sabemos lo que acabó pasando en realidad. El neoliberalismo, que estaba ampliamente desacreditado en sectores cada vez más amplios de la sociedad y provocaba resistencias multiformes, se radicalizó aprovechando la crisis. Mostró una capacidad de resiliencia única. Frustrando los pronósticos más optimistas, no se hundió, no cedió para dar paso a un nuevo modo de regulación. Lo único que hizo fue sobrevivirse a sí mismo, se reforzó radicalizándose. La crisis de 2008, que en la imaginación de muchos debería haber inaugurado una moderación posneoliberal, permitió una radicalización neoliberal. En un ensayo muy notable titulado La extraña no-muerte del neoliberalismo, el sociólogo británico Colin Crouch planteó la pregunta definitiva: ¿por qué el neoliberalismo salió reforzado de la crisis?24 La radicalización neoliberal es uno de los fenómenos más importantes del período en el que vivimos. Su máxima: cuanto peor vaya más debe continuar. Que las bajadas de impuestos favorables a los más ricos —y su contrapartida, las subidas para la mayoría— no hayan dado los resultados prometidos no supone que los gobiernos deban renunciar a ellas. Al contrario. Como estas bajadas y subidas no han sido lo suficientemente importantes, hay que continuar por el mismo camino.

Recordemos brevemente algunos hechos. La crisis financiera de 2008 detuvo el crecimiento, hizo aumentar el desempleo, supuso una considerable pérdida de riqueza: el 23% del PIB de la zona euro, el 10% del PIB mundial. Engendró un crecimiento espectacular de la deuda pública. Ésta pasó del 64% del PIB en 2007 en Francia al 82% en 2010, y en Estados Unidos del 65 al 93%. A escala mundial, se pasó del 53% del PIB al 70%, o sea, un aumento del 54% entre 2007 y 2011. Los Estados de la Unión Europea tuvieron que movilizar 4,5 billones de euros, es decir, el 37% del PIB, para evitar el hundimiento del sistema bancario.25 Aunque el coste final del rescate fue menor, se aprecia la magnitud de las sumas que fue preciso poner en juego para evitar el abismo.

Ocho años después del comienzo de la crisis, las desigualdades crecen, la volatilidad del capital es aún igual de fuerte, los sacrificios pedidos a los más modestos se multiplican, la situación del mercado de trabajo sigue degradándose, los sindicatos están debilitados y la izquierda hecha migas, lo que queda de la socialdemocracia agoniza en numerosos países y la extrema derecha va viento en popa. Europa se fragmenta, se desgarra, se desacredita. La xenofobia se expande, los refugiados políticos y climáticos mueren en el mar y en las carreteras, las vidas rotas por el desempleo son incontables. Los corredores de Bolsa, por su parte, han roto muchos techos para luego volver a caer, los productos derivados proliferan, los bonus se reparten al alza, el shadow banking, que lleva a cabo operaciones de crédito en la más completa opacidad, ha tomado el relevo de los bancos clásicos, mientras que los hedge funds, al acecho de todas las ocasiones de beneficio rápido en los mercados, han conseguido hacerse con un lugar cómodo al lado de los inversores institucionales.

El sistema financiero mundial sigue bajo la amenaza de la explosión de burbujas financieras perfectamente previsibles: las «armas de destrucción masiva» (Warren Buffett) que son los productos financieros derivados están circulando libremente, los bancos centrales han inyectado trece billones sin otra consecuencia que el enriquecimiento de los bancos privados y la creación de nuevas burbujas.26 Los paraísos fiscales, donde están congelados entre 20.000 y 30.000 billones de dólares que escapan a toda fiscalidad, prosperan como nunca, evitando las supervisiones y los controles, hasta los más tímidos. Las finanzas, los negocios inmobiliarios y el mundo político continúan viviendo en estrecha simbiosis: nunca desde el siglo XIX, con sus banqueros corruptos y sus magnates ladrones, el dinero ha sometido tanto la política de los gobernantes a su ley. Las oligarquías políticas y económicas han impuesto la solución a la crisis: hacer pagar a la gran masa de asalariados y de jubilados las sumas desembolsadas para salvar de la quiebra al sistema financiero y disparar, con más fuerza aún si cabe, la acumulación de capital. De este modo, un gigantesco expolio obliga a las poblaciones a devolver una deuda que no han contraído. Es el verdadero «mundo al revés» del que hablaba Aristófanes. Pero el mundo al revés convertido en sistema.

La crisis como forma de gobierno

En estas condiciones, la crisis alimenta a la crisis en una espiral sin fin. La radicalización del neoliberalismo se sostiene en gran medida gracias a esta lógica de autoalimentación, o mejor dicho de autoagravamiento de la crisis. Si las economías capitalistas del «centro» se han vuelto a la vez más inestables y menos dinámicas, es porque las desigualdades y la precariedad creciente, relacionadas con la intensificación de la competencia y con la acumulación financiera improductiva, bloquean el crecimiento e impiden cualquier reabsorción del desempleo masivo. Hasta los economistas del FMI han acabado admitiendo que las crecientes desigualdades perjudican al crecimiento económico.27 En lugar de poner en práctica políticas activas más igualitarias y más ecológicas que sostengan la demanda popular, los gobiernos, presionados por las grandes empresas y los bancos, continúan llevando a cabo, cada uno en su rincón y en contra de los otros, «políticas de competitividad» que reducen la parte que corresponde a los salarios en el valor añadido, deprimen la demanda y debilitan al asalariado organizado. Ya que si algo se hace evidente es la destrucción de todo contrapeso, de toda oposición, de todo agente estabilizador.

Cuanto más se despliega la lógica dominante, más destruye todo aquello que podría contenerla y más se refuerza ella misma de acuerdo con una lógica propiamente infernal. Dicha lógica ha debilitado la fuerza colectiva de los asalariados, que ya no tienen el «poder de negociación» que haría posible defender las instituciones de protección social, su poder adquisitivo y el derecho del trabajo. Se ha aprovechado de la adhesión de la izquierda gubernamental para desacreditar a todas las fuerzas auxiliares que podrían llegar a acuerdos con esta «izquierda» (una parte de los ecologistas, las partes «conciliadoras» y oportunistas de los viejos partidos comunistas). Ha conseguido incluso comprometer a fuerzas jóvenes como Syriza en Grecia. Pero, sobre todo, está minando por todas partes los fundamentos mismos de las democracias liberales, también la legitimidad electoral. Y todo ello, no ya organizando un golpe de Estado «a la chilena», sino mediante la amenaza de la destrucción de los bancos y de la economía y el chantaje con las condiciones de vida de la población.

Un golpe de fuerza simbólico y político dirigido con maestría por las huestes de economistas y periodistas que comparten esta línea, que ha consistido en trasladar la responsabilidad de la crisis desde las finanzas privadas hasta el Estado: éste ha sido acusado de ser la causa de las quiebras bancarias, de los déficits públicos y de la crisis del euro, cuando en realidad fue el Estado mismo el que creó el mercado de las finanzas durante los años 1980 y contribuyó luego, en condición de socio, a precipitar la crisis de las mismas. Con el crecimiento de la deuda pública, se encontró el pretexto ideal para culpar de todo a un exceso de reivindicaciones salariales, de funcionarios públicos y a un estado del bienestar insoportablemente grande. En cuanto a los desastres de la especulación financiera, no siguió hablando mucho de ellos. El hot money aún circula con la misma libertad y provoca desestabilizaciones cada vez más graves. Los bancos sistémicos han vuelto a tomar el control, especialmente en Francia bajo un gobierno pretendidamente «socialista» y muy complaciente, hinchando sus márgenes de beneficio gracias al grifo abierto al máximo de las políticas de facilidad monetaria, que preparan las crisis venideras. La reacción en caliente de los gobiernos para salvar un sistema tóxico se ha aprovechado como un nuevo argumento para reducir la protección social, bajar los salarios y reforzar el poder del capital.

La crisis se ha convertido en una verdadera forma de gobierno y ha sido asumida como tal. Ya a finales de los años 1970, los «tiempos difíciles» anunciados por los gobernantes de la época sirvieron como pretexto para establecer lo que llamaron «políticas valientes». La consigna de este neoliberalismo conquistador era golpear al adversario sin darle respiro alguno: «La clave es hacer cosas escandalosas una detrás de otra. No hay que dejar que los otros reflexionen después de aprobar una ley indignante. Cuanto antes, hay que aprobar alguna cosa peor antes de que el público pueda reaccionar».28 Desde entonces la receta se ha puesto a prueba reiteradamente. Pero el periodo de ensayo de la gobernanza neoliberal, retomando la expresión de Foucault, ha terminado. A partir de ahora, la experimentación ya se ha convertido en sistema y la crisis se ha convertido en la principal palanca para reforzar las políticas neoliberales. Podríamos decir que para el neoliberalismo, parafraseando a Churchill, todos los obstáculos son oportunidades. Las armas disciplinarias de los mercados financieros han permitido castigar sin piedad a todos contraventores de los programas de deflación salarial, de flexibilización del mercado de trabajo, de privatización de las empresas y de disminución del gasto público. En caso de que un gobierno se atreviera a tomar “malas decisiones”, sería inmediatamente sancionado mediante la denegación de préstamos o un descenso en el rating de las agencias de calificación, cosa que elevaría ipso facto las tasas de interés a devolver a los acreedores. La Grecia de Syriza es el mejor ejemplo de ello.

Por su parte, los gobiernos no han ocultado en absoluto su sumisión a esas «agencias de calificación» que hasta hace poco decían querer someter a criterios de transparencia y de honestidad. Muy al contrario, no han dejado de gratificar a estos actores del mundo de las finanzas que, con la connivencia de los Estados, han tenido un papel muy importante en la mundialización de una fuerza aterradora. Les han concedido incluso un poder absoluto para dar más pruebas de su incapacidad para resistírseles. Estaba en juego la credibilidad de los Estados frente a esos «mercados» erigidos, a través de las «agencias de calificación», en jueces supremos. Más aún, los Estados europeos se han convertido en agentes directos de la represión financiera contra los Estados que no siguen la vía de la sumisión absoluta a las exigencias de los acreedores. La crisis ha mostrado que el gobierno no es más que el factótum del capitalismo financiero. Después de que en los años 1980 los Estados, como mostró Rawi Abdelal, devolvieran el poder al capital instaurando las reglas de la liberalización más total, ahora es el capital el que debe ser protegido por el Estado, no las poblaciones.29 La forma de gobernar mediante la crisis consiste en darle la vuelta a la crisis en favor de las clases que, de una forma u otra, viven del capital. Unas quieren mantener y sobre todo mejorar las condiciones favorables para las rentas financieras a escala mundial, otras quieren aumentar la presión directa sobre los asalariados en las empresas que controlan.

En cuanto al «milagro» de la deuda pública, éste ha permitido transferir recursos de los más pobres hacia los más ricos gracias a medidas de austeridad establecidas por los Estados. Es la consecuencia lógica de la política que consiste en financiar al Estado mediante préstamos en los mercados financieros. Transferir financieramente el coste de la crisis de los accionistas privados a los contribuyentes, o dicho de otro modo, pasar de una crisis de la deuda privada a una crisis de las «deudas soberanas», ha sido la jugada maestra de este gobernar mediante la crisis. Esta forma de gobierno se ha sistematizado y perfeccionado. El horizonte del neoliberalismo es desde hace tiempo el «impuesto cero» para las grandes empresas, compensado mediante la transferencia de la totalidad de la carga fiscal a los hogares pobres y de clase media. A su vez, este mecanismo ha tenido sus consecuencias más importantes en la aceleración de la financiarización de la economía y su inestabilidad crónica. La baja demanda de los hogares ha sido enmascarada por la deuda privada y el gasto suntuario de las clases ricas (inmobiliario residencial, obras de arte, productos de lujo, coches de gran cilindrada, yates, etc.), alimentando otras tantas burbujas especulativas que hinchan artificialmente el PIB en detrimento del gasto público realmente útil para todos.

Se trata indudablemente de un sistema de intereses oligárquico que produce y reproduce la crisis, porque ella es su alimento y constituye también el mecanismo de su extensión. En un mundo así, todos los recursos políticos, todas las estrategias de las clases dominantes se centran en aumentar la capacidad competitiva regida por la razón del capital, que es, como Marx lo demostró, la del más de. Tal acumulación de valor en uno de los polos de la sociedad supone un menos de en el otro polo. Esta polarización no siempre ha sido tan fuerte en la historia de las formas del capitalismo, sobre todo gracias a la movilización y a la organización de los dominados. Hoy en día, esta polarización se ha convertido en la seña de identidad de las sociedades neoliberales. Las lógicas que predominan en el proceso de competencia generalizada son las del menor común denominador. Menor común denominador para los asalariados, menor común denominador fiscal, reglamentario y jurídico para las empresas. Éstas, con el apoyo de los bancos y de los Estados, están luchando por el «atractivo fiscal», la «competitividad» y la «flexibilidad». Tras estos términos se encuentra la gran victoria de las empresas multinacionales, que presionan constantemente a las autoridades políticas nacionales o locales para conseguir ventajas fiscales, subvenciones, derogaciones normativas y una deflación salarial prolongada. Todo ello tiene como consecuencia la devastación social, ambiental y subjetiva que alimenta la rabia, la desesperación y la resignación, las cuales anuncian para mañana formas políticas más o menos modernizadas del fascismo, acordes con el sentimiento de abandono de la población empobrecida.

Dicho sentimiento de abandono tiene sus razones. El neoliberalismo es un gran proceso de neoproletarización de las poblaciones. Pasa, entre otras cosas, por la subordinación de las empresas a los accionistas, que imponen nuevas condiciones de empleo y mayores obligaciones laborales mediante la sumisión de las poblaciones a los bancos que financiarizan la vivienda, el «capital de salud», la «inversión educativa», el «riesgo de la vejez» y, por supuesto, el consumo. Asistimos pues a una nueva etapa de disciplinarización. Esta última no pasa ya solamente por el secuestro de la fuerza de trabajo en las fábricas a la manera del viejo capitalismo industrial —secuestro obrero que continúa extendiéndose de forma dramática en los países emergentes—, también pasa por el chantaje en el empleo, las presiones financieras, por el temor completamente justificado a carecer de recursos para curarse o educarse, etcétera, en un clima de miedo social generalizado. Lo que se ha llamado la «sociedad del riesgo» es más bien una «sociedad disciplinada mediante el riesgo».

La crisis como arma de guerra

Entonces entendemos lo que tiene de problemático este léxico de la «crisis». El término se emplea para describir y analizar los efectos desastrosos de una política de competencia generalizada, pero también se utiliza para justificar esta misma política. No cabe duda de que existe una verdadera crisis sistémica. Se dice con razón que el término «crisis» ha perdido su sentido original, el de ser un momento de desequilibrio y de desconcierto que reclama una decisión o un juicio, ya que ha pasado a significar un estado permanente, una regularidad, en vez de la ruptura de un equilibrio.30 Pero todo esto sigue siendo demasiado genérico. Hay que distinguir dos cosas. Por supuesto, el sistema está en crisis y su crisis es tan crónica como total, se extiende a todos los aspectos de la realidad puesto que la lógica neoliberal no deja a salvo ninguna dimensión de la existencia humana. Pero la fórmula significa también que el sistema se alimenta de la crisis y que se refuerza mediante la crisis. Es preciso recordar, en efecto, que las políticas neoliberales no son adaptaciones a lógicas objetivas impuestas desde el exterior como lo hacen las leyes naturales, aunque así es como las presentan. Estas políticas se las ingenian más bien para construir situaciones y reforzar dinámicas que, mediante un efecto indirecto, obligan a los gobiernos a someterse a las consecuencias de las políticas anteriores que ellos mismos han llevado a cabo. Y es esta lógica literalmente infernal la que conduce a seguir políticas que agravan la situación aún más si cabe. La hipótesis de una «estrategia del shock» propuesta por Naomi Klein31 no es más que una aproximación a esta realidad: es cierto que toda catástrofe natural, crisis económica, conflicto militar o atentado terrorista es sistemáticamente instrumentalizado por parte de los gobiernos neoliberales para ahondar y acelerar la transformación de economías, sistemas sociales y aparatos estatales. Pero esta estrategia no es tanto el fruto de una conspiración mundial como el desarrollo, mediante el autosostenimiento y el autorrefuerzo, de una lógica normativa que ha modelado irreversiblemente las conductas y las mentes de todos los «responsables» políticos y económicos, además de debilitar sistemáticamente las fuerzas contrarias capaces de oponérsele.

Lo que es neoliberal no es sólo la ideología o una política determinada. Una vez que el proceso de neoliberalización de las sociedades y de las mentes ha superado cierto punto, es la misma realidad social la que se convierte en neoliberal. Marx lo repite constantemente: no es la representación lo que le da la vuelta a la realidad, es la realidad la que se da la vuelta a sí misma. La realidad adquiere la forma de un sistema de obligaciones que ejerce presión sobre los individuos, que doblega a todos los supuestos «realistas» y «pragmáticos» bajo su ley de acero. Así se ha ido a pique la «izquierda socialdemócrata» en los últimos treinta años. No sólo ha sido víctima de una realidad que se le ha impuesto llevándola a ceder en su antigua ambición de redistribución e igualdad. Desde los años 1980, se encuentra en la vanguardia del establecimiento de la lógica neoliberal. Fue la «socialdemocracia» francesa la que tuvo un papel decisivo en la liberalización de las finanzas y del comercio, favoreciendo el tránsito hacia una nueva fase económica y política, la de las capital rules.32

Esta «izquierda» ha tomado prestado prácticamente todo del «programa» de la derecha: el fetichismo de la moneda estable, la voluntad de reducir los impuestos y el gasto social, la flexibilidad del mercado de trabajo y, por encima de todo, la primacía casi constitucional del principio de competitividad. Presa de esta lógica de la libertad de circulación de capitales y de la competencia, ha acabado dando siempre la razón a las reivindicaciones del capital y rechazando las de los trabajadores. Clinton, Blair, Bérégovoy, Prodi, Jospin, Schröder y hoy día Hollande o Renzi han sido y siguen siendo celosos fabricantes de la sociedad neoliberal. Por otra parte, este nuevo papel de la «izquierda» explica su hundimiento en numerosos países, a veces hasta la desaparición de su representación parlamentaria (como en Polonia en octubre de 2015) y el auge simultáneo, en todas partes, de nuevas fuerzas conservadoras y nacionalistas, en algunos casos abiertamente fascistas.

Las políticas neoliberales son sistemáticamente favorables al capital. La competencia entre capitales a escala mundial supone la generalización de la política de la competitividad. Y una política así supone a su vez una guerra continua contra todo obstáculo que se oponga a la libertad de los capitalistas y a la valorización del capital. El objetivo de la «guerra de los ricos» es el conjunto de dispositivos, normas y mecanismos que los asalariados organizados habían conseguido imponer mediante sus luchas y gracias a su fuerza. Guste o no guste, esta «guerra» se libra a iniciativa de las fuerzas de la oligarquía y es, por lo tanto, asimétrica. El término «crisis», empleado desde hace treinta o cuarenta años para designar un mecanismo objetivo independiente de la acción de las personas, enmascara en realidad una guerra política, con múltiples actores, privados y públicos, nacionales y mundiales. Desde este punto de vista, la política en tanto que ejercicio del poder no es más que la forma bajo la cual la oligarquía político-financiera libra incansablemente la guerra de clases. Lo que está en juego en esta guerra es la organización de la sociedad y el medio para llevarla a cabo es la economía. Su objetivo es transformar, a veces destruir, las instituciones sociales que aseguraban una relativa autonomía individual, familiar y, más generalmente, colectiva frente al mercado de trabajo y la subordinación al capital. Los argumentos moralizantes sobre la «virtud» de la austeridad esconden mal su principal objetivo: debilitar hasta hacer desaparecer todo aquello que había permitido a los individuos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, no depender por completo del capital y del mercado. El efecto más general de esta guerra es desactivar toda capacidad de acción colectiva autónoma de la sociedad.

El neoliberalismo trabaja activamente para derrotar a la democracia. Pieza a pieza, impone un marco normativo global que arrastra a individuos e instituciones en una lógica implacable, anulando su capacidad de resistencia y de combate. Y esta lógica no se debilita, se refuerza con el tiempo. Esta naturaleza antidemocrática del sistema neoliberal explica en gran medida la espiral de la crisis. El cuestionamiento de la democracia toma caminos diversos, relacionados en gran medida con lo que Wendy Brown llamó precisamente un proceso general de «des-democratización», que consiste en vaciar la democracia de su sustancia sin suprimirla formalmente. Por supuesto, el parlamento de Atenas vota las medidas de austeridad que destruyen la economía griega y hacen de la deuda un nudo corredizo que estrangula a la sociedad. En ausencia de margen de maniobra, el enfrentamiento político con el sistema neoliberal se vuelve inevitable. Una vez más, se trata de aprender del caso de Grecia. No es que debamos saber si hay que dulcificar políticas demasiado duras, ni si Grecia, o éste o aquel país, debe salir o no del euro. Lo que está en juego es mucho más y es más universal. La lucha que ha comenzado tiene como objetivo recuperar la iniciativa en la guerra de clases, con el fin de derrotar a la oligarquía e imponer la democracia. Este enfrentamiento reclama, sin duda, un análisis estratégico, pero este mismo análisis implica analizar de nuevo el proyecto neoliberal y la forma en que el neoliberalismo se ha impuesto como sistema.

Notas:

13. Según la expresión de Michel Host, a quien debemos la traducción de esta obra en las ediciones Mille et une nuits (2012) bajo el título Ploutos dieu du fric.

14. Ibid. pág. 125.

15. Ibid. pág. 108.

16. G.W.F. Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, Vrin, París, 1967, pág. 194. [Trad. cast.: Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Alianza Editorial, Madrid, 2012].

17. Véase Ploutos dieu du fric, op. cit., pág. 132.

18. Nicole Loraux, La Cité divisée, Payot, París, 2005, págs. 67-68. [Trad. cast.: La ciudad dividida, el olvido en la en la memoria de Atenas, Katz Editores, Madrid, 2008]. El término «partido» no tiene aquí el sentido moderno de un partido político estructurado, sino que designa una parte o un campo en el interior de la ciudad.

19. Moses Finley, L’Invention de la politique, Flammarion, París, 1985, pág. 156. [Trad. cast.: El nacimiento de la política, Crítica, Barcelona, 1986]; Nicole Loraux, La Cité divisée, op. cit., pág. 22.

20. Aristóteles, «Constitution d’Athènes», en Oeuvres, «La Pléiade», Gallimard, París, 2014, pág. 668. [Trad. cast.: Obras de Aristóteles, Gredos, Madrid, 2002].

21. Aristóteles, Les Politiques, libro III, 8, GF, París, 1993, pág. 231.

22. Con la notable excepción de Wendy Brown, quien recuerda que para Aristóteles la democracia es un rule by the poor (gobierno de los pobres) (Undoing the Demos, Zone Books, Nueva York, 2015, pág. 19).

23. Entre otros, James Galbraith mantuvo que la doctrina gubernamental de los reaganianos se había hundido con la crisis financiera y que había desaparecido incluso de la escena universitaria y política (véase L’État prédateur. Comment la droite a renoncé au marché libre et pourquoi la gauche devrait en faire autant, Seuil, París, 2009).

24. Colin Crouch, The Strange Non-Death of Neoliberalism, Polity, Cambridge, 2011. Toma prestado el título de su escrito de un libro publicado en 1936 por George Dangerfield, The Strange Death of Liberal England, que trataba de la crisis de las ideas y las doctrinas liberales clásicas en los años 1920.

25. ATTAC y Basta!, Livre noir des banques, Les liens qui libèrent, París, 2015, pág. 21.

26. El quantitavie easing que pone a disposición de los bancos miles de millones de dólares y de euros, les ha permitido rehacerse de sus propias derivas e hinchar sus beneficios de la forma más cínica posible.

27. Claire Guélaud, «Les inégalités de revenus nuisent à la croissance», Le Monde, 15 de junio de 2015, http://urlz.fr/25MK.

28. Jonathan Coe, Testament à l’anglaise, Gallimard, París, 1995, pág. 433 (son frases prestadas del personaje de Henry Winshaw, político laborista convertido al thatcherismo en los años 1980).

29. Véase Rawi Abdelal, Capital Rules. The Construction of Global Finance, Harvard University Press, Cambridge, 2007. Capital Rules puede ser traducido como «las normas del capital» o «el capital manda». Según el autor hemos pasado, debido a la presión del celo europeo y francés, de una situación del ruled capital a otra de ruling capital («capital gobernado»/«capital gobernante»).

30. Myriam Revault d’Allonnes, La Crise sans fin. Essai sur l’expérience moderne du temps, Seuil, París, 2012.

31. Naomi Klein, La Stratégie du choc. La montée d’un capitalisme du désastre, Actes Sud, Arlés, 2008. [Trad. cast.: La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre, Paidós Ibérica, Barcelona, 2012].

32. Véase Rawi Abdelal, Capital Rules, op. cit.

2
El proyecto neoliberal, un proyecto antidemocrático

Antes de adquirir la dimensión de un sistema político-institucional, el neoliberalismo fue de entrada un ambicioso proyecto de renovación del liberalismo, concebido antes de la Segunda Guerra Mundial. Del proyecto al sistema institucional no hay una continuidad pura y simple: muchos elementos que pertenecían al proyecto original han sido relegados, incluso abandonados por el camino, de modo que el sistema difícilmente puede entenderse como la realización íntegra y fiel del proyecto, tampoco como su aplicación extraviada. No obstante, una cosa está clara: desde el origen, en el corazón del proyecto hay un antidemocratismo natural que procede de una voluntad deliberada de sustraer las reglas del mercado a la orientación política de los gobiernos, consagrándolas como normas inviolables que se imponen a todo gobierno, sea cual sea la mayoría electoral de la que proceda. Lo más destacable es que esta hostilidad de principio contra la democracia tiene a bien legitimarse a sí misma, al menos en el caso de algunos doctrinarios neoliberales, recurriendo a cierta idea de la «democracia».

Así pues, cuando la crisis griega estaba en su punto álgido, tuvimos que oír a ciertos dirigentes políticos recordar solemnemente que la democracia consistía en que un gobierno salido de una mayoría electoral debía cumplir, cueste lo que cueste, los compromisos con las instituciones europeas e internacionales. Pero, al mismo tiempo, era la democracia lo que se invocaba «con el fin de que los ciudadanos se identifiquen con su gobierno» y hacerles así corresponsables de las deudas contraídas por este último.33 De modo que esta misma noción, la de democracia, sirvió para afirmar tanto la responsabilidad de los ciudadanos que eligen a unos gobernantes como la responsabilidad de estos mismos gobernantes hacia las instituciones que nadie había elegido. En ambos casos se hace desaparecer la responsabilidad de los gobernantes para con sus propios electores, y todo ello en favor de la responsabilidad de los ciudadanos electores y de sus gobernantes, que deben ser leales a instituciones no elegidas. Podemos preguntarnos si de estas observaciones, aparte del contexto político particular en las que se hicieron, es posible extraer una concepción singular de la democracia de la que ya era portador el proyecto neoliberal en su mismo nacimiento. Por eso es importante hoy en día llevar a cabo un breve examen de la sustancia de este proyecto: ya que si éste fue, de entrada, profundamente hostil a la democracia, el sistema institucional neoliberal, tal y como funciona en la actualidad, es un sistema inflexible y metódico de vaciamiento de la democracia, y de ningún modo una forma inédita y original de democracia, como algunos se empeñan en hacernos creer.

Contra la «soberanía del pueblo»

No obstante, la «democracia» objeto de los ataques del neoliberalismo sólo tiene una relación lejana con la concepción original de este término, la del gobierno ejercido por la masa de los pobres. Se trata sobre todo de cierta combinación entre un modo de selección de dirigentes y una política de redistribución en favor de los más desfavorecidos, combinación que se impuso en la posguerra bajo el nombre de «Estado social» o «Estado del bienestar». Así, entendemos por «democracia»: «un régimen que interviene, en nombre de los ciudadanos, con la autoridad del poder público, en la repartición de los bienes económicos resultantes de la actividad del mercado».34 Si hay «participación» como tal, es por tanto la de los ciudadanos, no en el ejercicio del poder sino, de un modo mucho más restringido, en la elección de sus dirigentes. Para los partidarios de este tipo de Estado, no importa tanto esta elección en sí misma como la finalidad social de la intervención del gobierno: elegidos por la mayoría del pueblo, los dirigentes deben gobernar en favor de esta mayoría y de sus intereses, lo cual les autoriza a intervenir en nombre de la justicia social para corregir las desigualdades generadas por el mercado. La capacidad del Estado para garantizar los derechos sociales es considerada entonces como el fundamento de la democracia entendida como «democracia social» o «democracia de masas».

De un modo inverso, un neoliberal como Hayek se apresura a reducir la «democracia» a un simple procedimiento técnico de designación de gobernantes: estos últimos son elegidos por la mayoría de los ciudadanos y no impuestos autoritariamente. La función de esta reducción es devaluar radicalmente la democracia negándole todo contenido sustancial. Lejos de ser un bien en sí misma, la democracia no es nada más que un medio o un procedimiento que puede utilizarse con fines perversos.35 De lo que se trata aquí es del rechazo a identificar la democracia con la «soberanía popular», entendida no como ejercicio directo del poder legislativo por el pueblo, sino como la promoción de la voluntad del pueblo a la categoría de fuente única de legitimidad para la acción de los gobernantes. A lo que se apunta aquí bajo esta expresión es al «poder absoluto» que la mayoría electoral tiene supuestamente sobre la minoría mediante la influencia directa que ejerce sobre los gobernantes. Así, en la práctica, la «soberanía popular» no puede significar otra cosa más que la sumisión de los gobernantes a la voluntad de la mayoría, aunque sólo sea mediante el control ejercido sobre ellos por los representantes de dicha mayoría en el parlamento.

A decir verdad, el argumento no es del todo nuevo. Fue concebido por uno de los fundadores del neoliberalismo, el periodista estadounidense Walter Lippmann, en sus escritos sobre la opinión pública, mucho antes de la reunión de 1938 que llevaría su nombre. La debilidad e inestabilidad de las democracias se origina, según él, en el hecho de que los gobernantes se creen obligados a seguir la voluntad de la mayoría. Para poner remedio a este problema, conviene restringir el poder del pueblo para elegir gobernantes en vez de permitir que les dicten su conducta. Con espíritu sistemático, Hayek llega a culpar del problema a la lógica misma de la representación tal y como ésta se ejerce al nivel legislativo. Como los representantes de la mayoría hacen leyes que sólo les benefician a ellos, la minoría acaba siendo oprimida por la mayoría a causa de la «omnipotencia del poder legislativo». No podemos estar más lejos de un John Locke, quien hacía del poder legislativo el «poder supremo».36 Para Hayek, un poder así es la marca de una «democracia ilimitada» que puede degenerar en «democracia totalitaria». De este modo la oposición tan admitida entre la «democracia» y el «totalitarismo» es recusada en su mismo principio: el origen —la elección del pueblo— no garantiza en absoluto el buen uso del poder conferido, que depende ante todo de la limitación del campo de acción de los gobernantes. Esta crítica procede de una desconfianza visceral hacia la democracia representativa, la misma que por el contrario contaba con el favor del liberalismo clásico. En definitiva, se trata de establecer límites no negociables a la democracia representativa.

La superioridad del derecho privado sobre el gobierno y el Estado

La cuestión es determinar la naturaleza de estos límites. Son las reglas de derecho las que valen ante todo por su generalidad. Basta con remitirse al momento inaugural del Coloquio Walter Lippmann para darse cuenta de que la afirmación de la superioridad de las reglas de derecho sobre el gobierno es ampliamente compartida por los partidarios de una refundación del liberalismo. Como es sabido, la analogía entre estas reglas y el código de circulación fue retomada por los primeros pensadores neoliberales, de Louis Rougier a Hayek pasando por Walter Lippmann.37 Pero rara vez es interrogada esta analogía en sí misma. Como la función de este código consiste en regular la circulación de los coches por las carreteras, sería absurdo querer cambiarlo cada cuatro o cinco años con la excusa de mejorarlo. La estabilidad de estas normas es esencial para la función del código. Si las normas cambian periódicamente en función de las condiciones particulares de circulación, los conductores serán incapaces de orientarse, lo cual provocará un desorden aún más grande. Lo mismo debe ocurrir con las normas de derecho que se deben imponer a todos los gobiernos independientemente de la alternancia electoral. Son literalmente «normas de conducción» destinadas a individuos y, por este motivo, tienen que valer para todos en todas las circunstancias.

¿Pero de qué clase de reglas de derecho estamos hablando? No habría nada que objetar a un simple recuerdo de la obligación que tienen los Estados de respetar los derechos humanos fundamentales. Pero esta referencia a los «derechos humanos» está muy lejos de lo que se requiere. Las reglas de derecho cuya supremacía afirma el neoliberalismo son exclusivamente las normas del derecho privado o penal. Un derecho tal sólo tiene validez en la esfera de la propiedad privada y del intercambio comercial, en la que el contrato hace prevalecer su propia lógica. La generalidad de estas normas de derecho no es puramente formal. Como dice el mismo Hayek, «para que un sistema de libertad funcione convenientemente no basta con que las normas de derecho que le sirven de marco sean generales: su contenido tiene que ser uno determinado que deje al mercado operar correctamente».38 Por este motivo, las normas del derecho privado son completamente diferentes de las normas del derecho público que definen la organización particular del Estado. Ahora bien, siempre según Hayek, «el individuo tan sólo puede ser obligado a obedecer las normas del derecho privado y penal».39 Esto tiene una consecuencia fundamental: la única coerción legítima que el Estado puede ejercer es la que obliga a los individuos a respetar las normas del derecho privado. Pero no se entendería cómo puede el Estado cumplir esta función salvo que empiece él mismo por dar ejemplo, es decir, imponiéndose estas mismas reglas, de tal suerte que «el Estado debería estar sometido a las mismas normas que las personas privadas».40 Aunque el Estado no se reduce simple y llanamente a una persona privada, tiene que comportarse como una persona privada aplicándose a sí mismo las normas que debe imponer a las personas privadas. De esta forma obtenemos la definición neoliberal del «Estado de derecho» o del «imperio de la ley» (rule of law): este último no se define por la obligación de respetar los derechos humanos en general,41 sino por el límite a priori que el derecho privado impone tanto a toda legislación como a todo gobierno.

¿Pero cómo se pueden elevar las normas del derecho privado por encima de las de estos dos poderes? En el pensamiento jurídico moderno en Occidente, tal y como se construyó a partir del siglo XVIII, la constitución es la «ley fundamental», o norma jurídica suprema, cuya misión es delimitar los distintos poderes establecidos o constituidos en el interior del Estado. Según el principio de la «separación de poderes», las distintas competencias del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) deben ser distribuidas entre instancias diferentes para evitar su concentración en las mismas manos. En el pensamiento político de Montesquieu, este principio adquiere un sentido de «equilibrio» mediante el cual «el poder frena al poder».42 Sea como fuere, un principio así no prejuzga el lugar que deba ocupar el derecho privado, simplemente porque no le corresponde a la Constitución de un Estado fijar a priori la relación de los diferentes poderes con el derecho privado. Sí puede reconocer, en su preámbulo, el derecho de la propiedad privada como un derecho fundamental, pero no se pronuncia sobre el derecho privado como tal. Éste no tiene su lugar en el interior de una constitución política.

La «demarquía» o la constitucionalización del derecho privado

El neoliberalismo rompe con esta concepción de la Constitución. Con él, se les reconoce a las normas del derecho privado un estatuto singular y completamente inédito, el de normas constitucionales de pleno derecho. En esto consiste en esencia el proyecto de una «Constitución de la libertad» tal y como es elaborado en la obra de Hayek que lleva este mismo título. Según él, el fracaso de todas las constituciones existentes en garantizar la libertad individual proviene principalmente de la ineficacia de la división de poderes para impedir la confusión entre el poder gubernamental y el poder legislativo.43 Por eso propone un complejo andamiaje combinando tres órganos: un tribunal constitucional, una asamblea legislativa, una asamblea gubernamental. Formalmente, estos tres órganos corresponden a los tres poderes inscritos en toda Constitución.

No obstante, están muy lejos de ser equivalentes: la «soberanía» recae en el tribunal constitucional, en el sentido de que ningún poder está por encima de él.44 La autoridad suprema la posee entonces un poder judicial sobre el cual ni el poder ejecutivo ni el legislativo pueden ejercer el menor control. Es cierto que el tribunal constitucional no tiene el poder de «hacer» las leyes, porque se limita a juzgar la constitucionalidad de las leyes hechas por el legislativo. Pero no se ve «frenado», «detenido» o «contrarrestado» en el ejercicio de sus prerrogativas propias por las acciones de las dos otras asambleas. De lo que se trata ante todo es de impedir la supremacía del poder legislativo. En definitiva, el principio liberal del «equilibrio» de poderes es lo sacrificado en el altar de la constitucionalización del derecho privado. De este modo se consigue un doble sometimiento: por una parte, del poder gubernamental al poder legislativo, y por otra, del poder legislativo a la instancia superior que vela por la constitucionalidad de las nuevas leyes. El ideal es aquí la sustitución del gobierno de las personas por el gobierno de las leyes.

En sí misma, esta fórmula no es nueva. Rousseau deseaba «poner la ley por encima del hombre» y «sustituir al hombre por la ley». Pero él no pensaba en la ley como un acto del legislativo sino como un acto de la voluntad del pueblo. Justo al contrario que él, Hayek desea separar la «ley» de la voluntad del pueblo para elevarla por encima de este último. Para él, la verdadera ley no es nunca obra del legislativo sino que se le impone bajo la forma de unas costumbres preexistentes que los jueces se limitan a ratificar. Puesto que las leyes no están «hechas» por nadie, tenemos aquí una nomocracia o «poder de las leyes». Esto indica que gobernar «con» las leyes no debe entenderse en el sentido de gobernar «mediante» leyes: para la acción de gobierno, las leyes así entendidas no son medios, sino exclusivamente límites. Esto es precisamente lo que establece la distinción hayekeniana entre la «demarquía» y de la «democracia»: mientras que la palabra democracia ha acabado significando el poder absoluto del pueblo, la palabra demarquía tiene la función de limitar la voluntad del pueblo mediante las normas del derecho privado. Que en el término «demarquía» se sustituya kratos por arché no tiene nada de inocente: arché es el nombre del poder legítimo, mientras que kratos es, como hemos visto, el nombre del poder conquistado mediante la victoria sobre adversarios, poder este último considerado ilegítimo por la oligarquía.45 Es decir que, en la demarquía, el arché pertenece menos al pueblo que a las «leyes», cuyo poder supremo es protegido por el Estado. Pero todo el mundo sabe que las leyes no pueden gobernar por sí mismas y que siempre son las personas quienes deben gobernar, aunque sea «mediante» las leyes.

La llamada «demarquía» es en realidad un kratos ejercido por una minoría de ricos y expertos (oligarquía) sobre la masa de pobres (el demos) en nombre de la soberanía de las leyes. Puesto que, si bien se mira, lejos de ser una simple codificación de las costumbres, las «leyes» de la demarquía son seleccionadas por jueces y expertos consagrados a la propiedad privada, y son ellos quienes poseen el verdadero poder.46 Contrariamente a la demarquía, la democracia puramente representativa tiende inevitablemente a favorecer los «intereses particulares» de una mayoría electoral circunstancial y por este motivo el «interés general» debe ser constitucionalmente consagrado en forma de normas generales intangibles. El neoliberalismo, al menos en su versión hayekiana, considera que la democracia social es una tendencia irresistible de la democracia representativa: si desafía a la segunda es porque conduce a la primera. Esto no impide de ningún modo que el Estado hayekiano, como ya lo vio Foucault, practique un «intervencionismo judicial»:47 pero si interviene activamente es para limitar todas las asociaciones de intereses particulares (entre los cuales debemos incluir a las mayorías electorales) con el fin salvaguardar el derecho privado. En este sentido preciso podemos hablar de un «Estado fuerte».

La idea ordoliberal de una «constitución económica»

Pero, ¿podemos confiar la definición del «interés general» a un proceso espontáneo, hasta el punto de identificar, como hace Hayek, la nomocracia con un «orden espontáneo»?48 Constitucionalizar el derecho privado, ¿no requiere acaso, por el contrario, una construcción jurídica activa cuyo agente debe ser el propio Estado? Tal es la tesis que hay en corazón del ordoliberalismo (del latín ordo, «orden») o neoliberalismo alemán. El orden del mercado, o de la competencia, lejos de ser un «orden espontáneo», como pensaba Hayek, es el efecto de una «política de orden» (Ordnungspolitik), expresión que debe entenderse en el sentido fuerte como el establecimiento de un orden. En el corazón de esta doctrina hay un antinaturalismo asumido:49 la libre competencia tan sólo puede proceder de una elección política fundamental de los dirigentes del Estado, y de ninguna forma de un «curso natural de las cosas». El Estado ordoliberal no tiene nada de Estado mínimo reducido a las funciones de regalía, debe proteger la economía de mercado de los abusos de poderes de todo tipo, tanto públicos como privados, construyendo un marco institucional destinado a favorecer la competencia. De ahí la importancia de lo que el fundador del ordoliberalismo, Walter Eucken, llama una «constitución económica».

En primer lugar, hay que precisar que esta constitución, formada por un conjunto de normas jurídicas fundamentales, es concebida estrictamente por analogía con una constitución política. Así como una constitución política tiene por función garantizar, mediante cierto número de normas básicas, la compatibilidad de los derechos individuales reconocidos a los ciudadanos con el interés político general, una constitución económica debe definir las normas económicas básicas que permitan conciliar las libertades económicas individuales con el interés económico general.50 Entre los principios constitucionales fundadores de estas libertades económicas, se cuentan la propiedad privada, la libertad de los contratos y la libre competencia. No obstante, son precisas acciones públicas con el fin de hacer efectivo el ejercicio de estas libertades individuales: por ejemplo, el compromiso del Estado de garantizar la estabilidad monetaria, compromiso que debe estar inscrito como tal en la constitución económica. Hay un punto especialmente sensible para los ordoliberales: el fenómeno de la inflación les parece, ante todo, efecto de la influencia funesta ejercida por grupos de presión diversos que defienden intereses particulares (bancos privados, lobbies, monopolios sindicales) frente a los responsables políticos. Estos últimos pueden sentirse tentados a establecer políticas monetarias a corto plazo, especialmente en vísperas de contiendas electorales, que favorezcan a uno u otro grupo de interés. El objetivo del control de la inflación debe valer por tanto como un compromiso constitucional para todo gobierno, con el fin de que sea independiente del estrecho horizonte de los ciclos electorales.

De esto se desprende, en segundo lugar, una consecuencia fundamental que concierne al estatuto del banco central. En efecto, que éste se erija como un órgano independiente permite que la política monetaria resista a las presiones de los intereses particulares. La analogía entre orden monetario y orden jurídico es muy oportuna para justificar esta independencia. Toma este concepto del vocabulario del constitucionalismo más clásico, invocando el principio de la separación de poderes. Siguiendo con este argumento, puesto que la democracia impide por principio que el poder político sea juez y parte, es decir, que un mismo órgano sea competente para definir el derecho y aplicarlo, esta prohibición debe valer también para la moneda: «Un mismo órgano no puede disponer al mismo tiempo de los derechos de regalía, definir la unidad monetaria u otorgar el privilegio de emisión, y del poder de decidir qué cantidad de moneda se pone en circulación y en provecho de quién».51 Con el objetivo de evitar la concentración de todos los poderes en manos del ejecutivo, se reconoce a los gobiernos los llamados «derechos de regalía», pero otorgando el poder de decidir la cantidad de moneda a un banco central independiente. Así, la existencia misma de esta institución será un obstáculo para una «política monetaria arbitraria». Aquí tenemos un argumento teórico central: a quienes replican diciendo que esta independencia choca con el principio de la democracia, los ordoliberales les responden que es la única forma de introducir el principio democrático de la separación de poderes en la regulación de la economía. Vemos que aquí se enfrentan dos ideas diferentes de la democracia: por un lado, se afirma que la expresión electoral de la voluntad del pueblo debe prevalecer en última instancia, también en materia de política monetaria; por otro, se hace del principio de la separación de poderes el principio fundamental que debe aplicarse hasta en el sistema económico.

El punto clave es que, en esta última concepción, la independencia del banco central respecto al poder ejecutivo significa necesariamente su independencia respecto a la expresión electoral de la voluntad del pueblo. En efecto, como hemos visto, el poder ejecutivo siempre es sospechoso de parcialidad y de favorecer preferencias partidistas, en la medida en que procede, más o menos directamente, de una mayoría electoral. Naturalmente esta dependencia vale igual, quizás más incluso, para el poder legislativo. Esta última precisión nos sirve para entender el verdadero alcance de la analogía ordoliberal entre constitución política y constitución económica: el poder monetario es análogo en el orden económico al poder judicial en un orden político, de modo que la independencia del banco central coincide con la independencia de la justicia.52 En este sentido, analizar el discurso del Bundesbank acerca de ciertos procedimientos judiciales es muy revelador de una concepción constitucionalista de la independencia del banco central de inspiración netamente ordoliberal: así, en 1965 y en 1979, el Tribunal Constitucional federal pidió al banco central que desempeñara el papel de un experto neutro, aunque había sido cuestionado, entre otras instituciones, por las demandas de varios contribuyentes. En estos casos se aprecia la singularidad de la relación que el banco federal mantiene con la justicia en Alemania. En efecto, mientras que en Estados Unidos el banco central independiente tiene que justificarse ante la justicia por los medios que utiliza para luchar contra la inflación, «el Bundesbank parece tener por el contrario un papel de árbitro cercano al de un tribunal constitucional».53 En los casos mencionados esto se pone aún más de relieve, ya que es el propio Tribunal Constitucional el que solicita la opinión del banco central sobre un punto que concierne el corazón de la Constitución alemana, a saber, la estabilidad monetaria. El banco es el encargado, por la «ley fundamental», de asegurar la estabilidad de la moneda, pero este objetivo constitucional compromete como tal a toda la sociedad y a los poderes que en ella se ejercen. Se trata, por lo tanto, de una verdadera responsabilidad colectiva y no de la responsabilidad exclusiva de un banco central al que bastaría con pedirle cuentas por los resultados de su política monetaria. Es responsabilidad del banco central recordar esta responsabilidad colectiva y señalar los agentes económicos que representan un obstáculo para alcanzar este objetivo común.54 Gracias a este papel de árbitro que se le concede, el banco central tiene una posición, si no de acusador, al menos de guardián vigilante de la constitucionalidad de la política monetaria.

Pero, se podría preguntar, aparte de la inscripción del principio de la división de poderes en el sistema económico, ¿cuál es la justificación definitiva de esta constitucionalización de los objetivos económicos? En la doctrina ordoliberal, la constitución económica, que debe quedar transcrita en el derecho constitucional positivo del Estado, corresponde supuestamente a una especie de contrato entre el Estado y los ciudadanos electores. Puede considerarse que el capitalismo, al no ser un estado natural sino más bien un orden social que lucha por su autolegitimización, siempre implica un contrato social bajo la forma de una «constitución» económica formal o informal, cuyos términos pueden ser renegociados en función de las relaciones de fuerza.55 Sin lugar a dudas, el acierto del ordoliberalismo fue insistir en la necesidad de una constitución económica formal que defina las normas de derecho no negociables que todas las partes deben comprometerse, por adelantado, a obedecer. Este contractualismo tan particular presupone que los individuos económicos tienen «preferencias constitucionales» comunes, es decir, un interés común en elegir el mismo sistema de normas, a saber, las de la economía de mercado. A esto podríamos replicar que los individuos tienen en realidad intereses económicos irreductiblemente divergentes. Los ordoliberales superan esta objeción distinguiendo entre los intereses de los individuos en tanto que productores y los intereses de los individuos en tanto que consumidores. Los productores no pueden tener «intereses constitucionales» comunes, pues lo que ellos quieren no son normas uniformemente válidas, sino privilegios de tipo proteccionista. En cambio, los consumidores como tales tienen un interés constitucional común, sea cual sea el mercado al que pertenezcan. En términos ordoliberales, se puede decir que tienen una misma «preferencia constitucional» por el proceso de la competencia. Es precisamente esta preferencia común la que define un «interés general constitucional» y que permite un contrato entre el consumidor-elector y el gobierno.56

Se comprende entonces que la constitución económica, consagrando el orden de la competencia, consagre igualmente la soberanía del consumidor: los ciudadanos electores no son nada más que ciudadanos consumidores. Desde esta perspectiva, la célebre fórmula de la «economía social de mercado» muestra su verdadero sentido. No el mistificador sentido de una corrección social en forma de repartición, sino el que su inventor, A. Müller-Armack, le había dado de entrada: constituir una «democracia del consumo» mediante la competencia.57 Concebido desde este mismo punto de vista, el hecho de sustraer la política monetaria de las funciones de gobierno para confiársela a un banco central independiente adquiere su pleno significado. En efecto, se trata de facilitar el control de la acción del gobierno por parte de los ciudadanos consumidores. Como dice Franz Böhm, una independencia así «hace posible que los individuos ejerzan eficazmente su soberanía y controlen al gobierno lo suficiente como para que no se forme ningún grupo de presión en el seno de las organizaciones gubernamentales».58

¿Qué hay que destacar, a fin de cuentas, de este examen del proyecto neoliberal en sus dos versiones principales? En la primera versión, la de Hayek, la constitucionalización del derecho privado adquiere la forma de una preeminencia de un tribunal constitucional sobre los poderes legislativos y gubernamentales, sometidos a su control e incapaces de compensar sus poderes. En la segunda, la de los ordoliberales, esta misma constitucionalización adquiere la forma de una constitución económica formal que consagra la independencia de un banco central, el cual funciona como una especie de «tribunal constitucional económico». La verdadera «soberanía» pertenece a la constitución misma, puesto que incorpora y consagra las normas del derecho privado. Así, el ordoliberalismo renueva de algún modo la vieja idea de una «soberanía de la Constitución» defendida por los «doctrinarios» de la época de la Restauración y de la Monarquía de Julio. Así, Royer-Collard abogaba por la soberanía de la «Carta». Como señala Carl Schmitt, esta curiosa personificación de una norma jurídica tenía por función «elevar la ley, con sus garantías de la libertad burguesa y de la propiedad privada, por encima de toda política».59 La cuestión del sujeto efectivo de la soberanía (el pueblo o el monarca) se evitaba cuidadosamente.

No obstante, en la práctica, la soberanía pertenece menos a la Constitución tomada in abstracto que a las personas concretas designadas como sus guardianes. La originalidad del ordoliberalismo consiste en no conformarse con la invocación de los grandes principios del derecho (libertad y propiedad privada) sino constitucionalizar los principios de toda política económica (estabilidad monetaria, equilibrio presupuestario, etc.). Pero también en este caso, la soberanía de la Constitución legitima la soberanía de facto de los guardianes no elegidos de la Constitución. De todos modos, sea cual sea la forma de la constitución, lo importante está en otra parte. Aun cuando se invoque su principio a modo de legitimización, la división de poderes propia de la democracia liberal queda vaciada de su sustancia en provecho exclusivo de un «poder judicial» sin ningún «freno» que lo limite. En ambos casos, por vías diferentes, se trata de «destronar la política».60 En efecto, el derecho privado elude el escrutinio público y la elección política para imponerse como ultima ratio del orden político y social.

Notas:

33. Wolfgang Streeck, Du temps acheté, Gallimard, París, 2014, pág. 137.

34. Ibid., pág. 91.

35. Gilles Dostaler, Le Libéralisme de Hayek, La Découverte, París, 2001, pág. 97.

36. Pierre Dardot y Christian Laval, La Nouvelle Raison du monde, op. cit., pág. 267. [Trad. cast.: La nueva razón del mundo, Gedisa, Barcelona, 2013].

37. Ibid., pág. 166.

38. Friedrich A. Hayek, La Constitution de la liberté, Litec, París, 1994, pág. 229. [Trad. cast.: Los fundamentos de la libertad, Ediciones Folio, Barcelona, 1997].

39. Friedrich A. Hayek, Essais de philosophie, de science politique et d’économie, Les Belles Lettres, París, 2007, pág. 258.

40. Ibid., pág. 267.

41. Es en este sentido positivo que tomamos la expresión en la introducción de este libro (véase nota 5).

42. Vemos que este principio tiene como objetivo asegurar la protección de los ciudadanos frente a la arbitrariedad.

43. Gilles Dostaler, Le Libéralisme de Hayek, op. cit., pág. 99.

44. Ibid., pág. 100.

45. Nicole Loraux, La Cité divisée, op. cit., pág. 68. [Trad. cast.: La ciudad dividida, el olvido en la en la memoria de Atenas, Katz Editores, Madrid, 2008].

46. Pierre Dardot y Christian Laval, Commun, op. cit., págs. 322-323.

47. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit., págs. 180-181.

48. Friedrich Hayek, Essais de philosophie, de science politique et d’économie, op. cit., págs. 251.

49. La afirmación de Jean-Luc Mélenchon (entrevista en la revista Politis, n° 1352, pág. 6), según la cual el ordoliberalismo toma las leyes de la economía como «leyes naturales» y el capitalismo como un «orden natural» muestra una contradicción flagrante.

50. Éric Dehay, «L’indépendance de la banque centrale en Allemagne. Des principes ordolibéraux à la pratique de la Bundesbank», en Patricia Commun (dir.), L’Ordolibéralisme allemand. Aux sources de l’économie sociale de marché, CIRAC/CICC, Cergy-Pontoise, 2003, pág. 246.

51. Ibid., pág. 247.

52. Ibid.

53. Ibid., pág. 254 (la cursiva es nuestra).

54. Ibid.

55. Wolfgang Streeck, Du temps acheté, op. cit.

56. Sobre este punto, véase Laurence Simonin, «Le choix des règles constitutionnelles de la concurrence. Ordolibéralisme et théorie contractualiste de l’État», en Patricia Commun (dir.), L’Ordolibéralisme allemand, op. cit., pág. 68-72.

57. Pierre Dardot y Christian Laval, La Nouvelle Raison du monde, op. cit., pág. 206. [Trad. cast.: La nueva razón del mundo, Gedisa, Barcelona, 2013].

58. Franz Böhm, «Rule of law in a market economy», citado en Éric Dehay, «L’indépendance de la banque centrale en Allemagne», loc. cit., pág. 247-248.

59. Carl Schmitt, Théorie de la Constitution, PUF, París, 1993, pág. 136.

60. Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté, vol. 3, pág. 153 y sigs. (citado por Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres, Fayard, París, 2015, pág. 312).

3
Sistema neoliberal
y capitalismo

Hay que dejar de pensar en el advenimiento del neoliberalismo de una forma exclusivamente negativa, como en un desmantelamiento de normas existentes, un estrechamiento del margen de acción de los Estados, una disminución de la soberanía nacional-estatal reducida a escoria, o también como un disfuncionamiento de la democracia liberal. Hay que analizar el funcionamiento efectivo de un modo de poder positivo y original. En efecto, el gobierno neoliberal ha engendrado un sistema de poder, compuesto por instituciones políticas y financieras, dotado de medios legislativos y de dispositivos administrativos. Este sistema cumple la función de coordinación entre espacios nacionales, constituye una palanca de transformación de las sociedades y asegura cierto mantenimiento del orden público a escala mundial. Lo que caracteriza la economía política del neoliberalismo no es la pasividad de la esfera política, su carácter mínimo, su encogimiento; más bien al contrario, se trata de la constancia de un intervencionismo gubernamental productor de un orden nuevo. Este intervencionismo especial debe ser entendido como lo que es: un conjunto de políticas condicionadas y condicionantes, dependientes y creadoras de un sistema.

El sistema disciplinario de la competencia

El neoliberalismo se ha convertido en un sistema institucional y normativo en el que la iniciativa gubernamental y la lógica disciplinaria se apoyan la una a la otra. Este sistema neoliberal mundial es inseparable de la «mundialización». Como conjunto de reglas, instituciones y normas, ha permitido intensificar los intercambios, la internacionalización de la producción y la liberación de los flujos de capital. Este conjunto normativo y reglamentario se ha construido a lo largo de sucesivos tratados, pactos y acuerdos internacionales de derecho comercial internacional, con el apoyo y la vigilancia de organismos internacionales (OMC, OCDE, FMI, Banco Mundial, Comisión Europea, etc.) y de agencias de calificación privadas cuya función de policía económica no ha cesado de reforzarse durante los últimos años.61

Esta «globalización de los mercados» no es para nada una especie de caos o de anarquía generalizada, cuyas características serían exclusivamente negativas respecto al orden público mundial precedente, estructurado mediante el derecho estatal de la soberanía. Las reglas y normas que organizan la mundialización crean un espacio particular en el que se practica un juego que ejerce sus propias fuerzas sobre los actores. Concretamente, hay que señalar el lugar estratégico que han ocupado las empresas multinacionales, que han sido los principales actores de la mundialización. En efecto, estas empresas establecen a gran escala una fragmentación mundial de los procesos de producción que hoy en día requieren formas singularmente complejas: hipermundialización de las finanzas, extensión de las deslocalizaciones al sector de los servicios, relocalización parcial de ciertas actividades productivas cerca de los mercados.62

Las reglas y normas del espacio mundializado son, más precisamente, las de la competencia entre empresas financieras y productivas de gran tamaño. La competencia real es una lucha feroz por el poder de mercado que se disputan los oligopolios mundiales. Hay que recordar que la competencia puede adoptar dos formas: la competencia mediante los precios y la competencia mediante la innovación.63 El capitalismo neoliberal se caracteriza por la primacía que se otorga a la competencia mediante la innovación, jugando con la complementariedad de ambos tipos de competencia. Esta precisión tiene su importancia ya que, como se sabe, estas dos modalidades determinan dos lógicas en la organización de la producción que hoy se encuentran profundamente imbricadas.64 La primera es la de la «división cognitiva» del trabajo, que predomina en los sectores punteros (biotecnología, farmacia, electrónica, informática, etc.). Entonces, la producción se organiza en función de la división de bloques de saberes relativamente homogéneos (por ejemplo, la investigación-desarrollo o el marketing). La segunda es la de la «división tayloriana» del trabajo, que no ha sido abolida sino reactivada por la primera. Esta última se caracteriza por la fragmentación del proceso de producción de acuerdo con una exigencia de minimización de los costes y de plazos que permita hacer frente a la competencia mediante los precios.

En consecuencia, hay que deshacerse de la concepción idealizada de la competencia en la ortodoxia económica, la del juego de la oferta y la demanda que «naturalmente» beneficia al consumidor, que tiene la posibilidad de optar entre productores. Desde los años 1930, sabemos que la competencia entre grandes empresas en los mercados reales es «imperfecta». Contrariamente a lo que muchos críticos del neoliberalismo dicen, este no es, en la práctica, la aplicación de la visión neoclásica irreal del mercado atomístico (muchos ofertantes, muchos demandantes), sino más bien la aplicación de una teoría neoclásica revisada, según la cual la competencia limitada entre oligopolios, aun restringiendo la elección del consumidor, fomenta en última instancia su «bienestar global» gracias a las economías de escala que se llevan a cabo. Esta revisión no es un asunto menor, puesto que niega uno de los principios más fundamentales de la doctrina neoclásica, según el cual en el mercado la preferencia individual es racional.65 Así pues, no es tanto la doctrina de la competencia la que queda relegada a la categoría de accesorio ideológico, como dice Colin Crouch, sino la idea de que todos los mercados deberían ser atomísticos.66 La competencia pertinente y eficaz se ha desplazado, de algún modo, del nivel nacional al mundial.

Esta lucha no se detiene en las instituciones de la economía capitalista. También pasa por establecer la competencia entre los asalariados, los sistemas sociales y fiscales, las instituciones políticas y, finalmente, entre las sociedades mismas. Exige que no se controle al capital ni se le cobren impuestos, sino que se lo proteja mediante derechos de propiedad reforzados y ampliados, que reciba subvenciones, que sea «atraído» mediante mil y una estrategias de seducción. No es tanto el mercado en sí mismo el que debe ser libre, sino el capital, púdicamente llamado «ahorro». Esta es la base de las políticas de la oferta, adoptadas hoy en día por todos los gobiernos en el marco de la mundialización.

Pero lo que importa mucho más que la base doctrinal, es que este tipo de política se imponga por la situación misma, es decir, mediante el juego de la competencia entre capitales a escala mundial, y que beneficie a todos los capitalistas globalmente, sobre todo a los más ricos. Este «sistema» no es un conjunto cerrado de elementos, es el efecto global de un conjunto de prácticas, dispositivos e instituciones que han enmarcado y limitado progresivamente las posibilidades de elección y acción de los Estados, de las organizaciones económicas y sociales y de los individuos. Por tanto, no es sino un conjunto cristalizado de normas y reglas que ha acabado adquiriendo una coherencia tal, que los actores se ven llevados a actuar en conformidad con ellas. Esto es lo que en economía se suele llamar la «dependencia al sendero» (path dependence).

El sistema no se limita a reproducirse, se extiende y refuerza a sí mismo mediante las presiones que ejerce sobre actores privados y públicos, los cuales acaban normalizándolo, lo convierten en rutina, lo perfeccionan y amplían mediante crisis y desequilibrios repetidos. Ello no significa que este sistema de poder tienda a ser cada vez más armónico, que todo en él se convierta en «funcional», que absorba todas las diferencias y ahogue todos los conflictos. Sólo significa que los poderosos efectos del sistema que pesan sobre los actores (Estados, empresas, individuos, etc.) los llevan a reforzar, mediante sus propias conductas, el sistema en el que están atrapados. Es esto precisamente lo que se puede observar en el modo en que se va imponiendo el esquema de la competitividad, que en uno de los polos del poder se ha convertido en un principio casi constitucional de las instituciones públicas y, en el otro polo, en un modelo de conducta individual. La competitividad, convertida en principio oficioso del nuevo derecho público, en norma superior a la que se someten las leyes, las reformas, las disposiciones gubernamentales, conduce a transformar efectivamente los campos de actividad y las instituciones sometiéndolas a una lógica de la competencia que, se supone, es a su vez creadora de competencia en un círculo sin fin.

De forma más general, los actores privados y públicos enzarzados en la lucha por el poder económico han ido produciendo ellos mismos las normas de funcionamiento del sistema de competencia, normas que a su vez han acabado siendo un marco restrictivo más o menos normalizado para dichos actores. Cierto número de textos de referencia, como la célebre lista de las diez proposiciones del «consenso de Washington» a finales de los años 1980, han servido de referencia a las instituciones financieras y a los gobiernos para establecer una política orientada hacia las exportaciones, la apertura a los flujos de capitales extranjeros, la disminución de los servicios públicos y las privatizaciones. Lo que en un primer momento fue un resumen de las drásticas condiciones impuesta por el FMI para el acuerdo de préstamos de inversiones públicas y privadas (en el marco de los «planes de ajuste estructurales» durante la crisis de la deuda en los países del Sur), con el tiempo se convirtió en un marco normativo general que condiciona el acceso a los mercados financieros y la obtención de condiciones de préstamos más favorables para todos los países. Por cierto, precisamente este marco normativo nunca ha sido objeto de un «consenso» más allá del existente entre el FMI, el Banco mundial y la Reserva federal norteamericana. Aprovechando las crisis, los países más poderosos del «centro» se lo han impuesto a los de la «periferia», luego paulatinamente al conjunto de participantes en el juego de la competencia mundial y, en particular, a los países miembros de la Unión Europea.

Sistema neoliberal y «leyes» del capital

Así se entiende bien que tal sistema no puede deducirse fácilmente de un autodesarrollo del capital que produzca inexorablemente sus efectos a la manera de motor autónomo de la historia. La lógica normativa que ha acabado prevaleciendo se ha constituido a lo largo de batallas que al principio eran inciertas y de políticas a menudo titubeantes. La sociedad neoliberal en la que vivimos es fruto de un proceso histórico que no estaba completamente programado por sus pioneros. Los elementos que la componen se ensamblaron poco a poco, interactuando unos con otros y reforzándose mutuamente. Del mismo modo que no es el resultado directo de una doctrina homogénea, tampoco es el reflejo de una lógica del capital que suscite las formas sociales, culturales y políticas que más le convienen a medida que se expande. La explicación marxista clásica ignora que la crisis de acumulación a la que el neoliberalismo supuestamente responde, lejos de ser la crisis del capitalismo, tiene la especificidad de estar vinculada a las normas institucionales que enmarcaban hasta el momento cierto tipo de capitalismo. Ya que la originalidad del neoliberalismo es la de crear un nuevo conjunto de normas que definen, no solamente otro «régimen de acumulación», sino de forma más amplia otra sociedad. En la concepción marxista, el capitalismo es ante todo un «modo de producción» económico, que es como tal independiente del derecho y que engendra el orden jurídico-político que necesita en cada momento de su autodesarrollo. Ahora bien, lejos de corresponder a una «superestructura» condenada a expresar o a entorpecer la economía, lo jurídico pertenece de entrada a las relaciones de producción, ya que da forma a la economía desde el interior. El «inconsciente de los economistas», como dice Foucault, que es en realidad el de todo economista, ya sea liberal o marxista, es la institución —y a lo que el neoliberalismo, particularmente en su versión ordoliberal, quiere dar un lugar determinante es precisamente a la institución—.

Para el ordoliberalismo, se trata de determinar la posibilidad de la supervivencia del capitalismo más allá de sus crisis, posibilidad de la que se volvió a hablar en el punto álgido de la crisis de noviembre de 2008. Desde una perspectiva marxista, la lógica única y necesaria de la acumulación de capital determina la singularidad del capitalismo: «De hecho no hay más que un capitalismo porque no hay más que una lógica del capital», como señala Foucault.67 Las contradicciones que la sociedad capitalista manifiesta en todas sus épocas son contradicciones del capitalismo «sin más». Por ejemplo, si seguimos el análisis del Libro I del Capital, la ley general de la acumulación capitalista tiene como consecuencia una tendencia a la centralización de los capitales cuyo principal incentivo es, además del crédito, la competencia. Por tanto, la tendencia a la centralización se inscribe en la lógica de la competencia como una «ley natural», la de «la atracción del capital por el capital».68 Pero si pensamos, como lo hacen los ordoliberales, que la forma actual del capitalismo, lejos de poder deducirse directamente de la lógica del capital, no es más que «una forma económico-institucional» históricamente singular, entonces debemos admitir que la forma del capitalismo y los mecanismos de la crisis son el efecto contingente de ciertas normas jurídicas y no la consecuencia necesaria de las leyes de la acumulación capitalista. De entrada, estas normas pueden ser superadas mediante transformaciones jurídico-institucionales, lo cual justifica plenamente el intervencionismo jurídico reivindicado por el neoliberalismo. Dado que de lo que se trata es de un capitalismo singular, es posible intervenir en este conjunto de tal manera que se consiga inventar un capitalismo distinto del primero, que constituya a su vez una configuración singular determinada por un conjunto de normas jurídico-políticas. Más que un modo de producción económica cuyo desarrollo se regiría por una lógica que actuaría como una «ley natural» implacable, el capitalismo es un «complejo económico-jurídico» que admite una multiplicidad de figuras singulares. Por este mismo motivo debemos hablar de sociedad neoliberal, y no solamente de política neoliberal o economía neoliberal: aun siendo una sociedad indudablemente capitalista, esta sociedad va acompañada de una forma singular del capitalismo que requiere ser analizada en cuanto tal en su irreductible especificidad.

El análisis de Thomas Piketty en El Capital en el siglo XXI se parece en ciertos aspectos a la explicación marxista en su versión más mecanicista, aunque haya sido objeto de las críticas más apasionadas por parte de los economistas que se identifican como marxistas. El fuerte aumento de las desigualdades de patrimonio y de ingresos desde finales del siglo XX lo explica esencialmente por la divergencia entre las tasas de crecimiento del producto interior nacional y las tasas de rendimiento del capital. Factores espontáneos explicables mecánicamente e inevitables conllevarían esta tendencia de larga duración a la desigualdad. Los períodos de reducción de las desigualdades no se deben a las luchas sociales e ideológicas, aún menos a la acción pública, sino a los «choques exógenos» que son las guerras mundiales y las crisis. En definitiva, la mecánica predomina sobre la política. Ciertos pasajes son muy explícitos: «El regreso de la relación capital/producto interior a un nivel estructuralmente elevado en el siglo XXI, próximo al que se observaba en los siglos XVIII y XIX, se explica naturalmente por el retorno a un régimen de crecimiento débil. Es la disminución del crecimiento —por ejemplo, demográfico— lo que conduce al retorno del capital».69 Lo esencial se debe a «leyes históricas» en gran medida independientes de las relaciones sociales y políticas. La acción pública se considera como esencialmente reactiva y nunca creativa, de tal manera que la parte política «propositiva» final (como la propuesta de un impuesto mundial) queda en una posición contradictoria respecto de toda la demostración.70 De este modo, por mucho que Piketty pretenda «superar» a Marx, comparte con los economistas marxistas una desafortunada tendencia a olvidar la política y sus efectos reales sobre la economía y las estructuras sociales.71

Para entender el establecimiento del neoliberalismo, ante todo hay que evitar reducir la crisis de los años 1960-1970 a una «crisis económica» en el sentido clásico. Porque el neoliberalismo no responde solamente a una crisis de acumulación, también responde a una crisis de la gobernabilidad que revela una crisis aguda de las formas dominantes de poder hasta el momento. El mérito irremplazable de Foucault fue el de situar en este contexto el advenimiento de una nueva forma de guiar a los individuos. Una forma que pretendía ceder a la aspiración a la libertad en todos los ámbitos: sexual, cultural y también económico. Foucault se dio cuenta, al revés que el economismo, de que no se pueden aislar las luchas de los trabajadores de las luchas de las mujeres, los estudiantes, los artistas o los enfermos. Intuyó el modo en que la reorganización de las formas de gobierno de los individuos en diversos sectores de la sociedad y las respuestas dadas a las luchas sociales y culturales encuentran una coherencia teórica y práctica. No obstante, su análisis adolece de una doble limitación, bien percibida por Wendy Brown cuando habla de la «relativa indiferencia» de Foucault respecto al capital y a la democracia. Por una parte, descuida tener en cuenta al capital como forma de dominación social; por otra, no analiza los efectos de la lógica neoliberal sobre la democracia, su imaginario, sus principios, sus valores e instituciones.72 Sin duda ahí encontramos una consecuencia de su opción metodológica. Al concentrarse en la lógica gubernamental, pretendía explorar, en los espacios de libertad con los que jugaba esta racionalidad, nuevas posibilidades de autosubjetivización ética y política.73 Si hay que remediar esta limitación, abriendo el ángulo de reflexión, es decir, intentando articular la razón neoliberal con la lógica del capital, sólo es posible hacerlo extendiendo su examen de las formas de gubernamentalidad.

Desde este punto de vista, lo esencial es entender lo que ha supuesto el despliegue histórico del capital en cada una de sus fases anteriores. Una configuración simbólica y una aplicación institucional. Por sí sola, en su más alto grado de abstracción, la lógica del capital no significa nada más que «producir valor añadido, hacer cada vez más (Plusmacherei)».74 Sin embargo, esto no constituye de ningún modo una especie de «esencia» del capitalismo, de la que todas las relaciones sociales se desprenderían en virtud de leyes «inmanentes». Un trabajo de representación simbólica, intervenciones políticas repetidas y coherentes, una abundante producción normativa «económico-jurídica», han sido indispensables para construir este «mundo del capital» o, como lo hemos nombrado, este acontecer-mundo del capital. Esta expresión significa que el capital ya no conoce ni fronteras geográficas ni separaciones entre esferas de la sociedad. Es una lógica de la ilimitación que, de este modo, tiende a imponerse en todos los ámbitos.75 Todo individuo es llamado a convertirse en «capital humano»; todo elemento de la naturaleza es visto como un recurso productivo; toda institución es considerada como un instrumento de la producción. La realidad natural y humana se inscribe íntegramente en el lenguaje matemático de la economía y de la gestión. Ahí reside el resorte imaginario del neoliberalismo, convertido en una evidencia, en una necesidad, en la realidad misma. Esta metamorfosis del mundo en capital no proviene tanto de una ley «endógena» de la economía como de un destino de la metafísica occidental. Es el resultado histórico de una mutación formidable en la forma de gobernar a los seres humanos y las sociedades, producto de una transformación institucional cuyos poderosos efectos sociales, subjetivos y medioambientales empezamos a comprender.

Hacer retroceder cada vez más las fronteras de la apropiación de la naturaleza

¿Cómo se impone esta lógica de la ilimitación en relación con la naturaleza? Habitamos un «planeta finito, totalmente conocido y ocupado» y no obstante la lógica mercantil sólo puede vivir de su expansión infinita.76 Ya casi no quedan espacios vírgenes, la ficción de la terra nullius77 es difícil de invocar, lo cual impide que la lógica de la «Nueva Frontera» que rigió en la conquista del Oeste se reproduzca. No obstante, la historia nos ha enseñado que toda frontera está ahí para ser superada por el capital. Y ello mediante la creación de normas e instituciones. Podemos identificar dos nuevas formas de esta lógica implacable.

La perspectiva de un agotamiento de las energías fósiles en un futuro próximo ha movido a ciertos Estados a favorecer una verdadera carrera de apropiación del espacio extraterrestre. El 24 de noviembre de 2015, algunos días antes de la apertura de la COP21, Barack Obama promulgó una ley, la HR 2262, que autorizaba esta apropiación sin proceder a una revisión formal del estatuto jurídico de dicho espacio.

Desde principios de los años 1960, el derecho internacional se refería, en efecto, al «interés común de la humanidad» en favorecer la utilización del espacio extraterrestre con fines pacíficos. El tratado del espacio de 1967 fijó su estatuto jurídico en sus dos primeros artículos. Para empezar, reconociendo un derecho de uso abierto a todos los Estados que implicaba una accesibilidad igual. Luego, estipulando que «el espacio ultraterrestre, incluida la Luna y los otros cuerpos celestes, no puede ser objeto de apropiación nacional mediante la proclamación de soberanía, ni mediante la utilización o la ocupación, ni por cualquier otro medio». Estos dos aspectos, uso abierto a todos e inapropiabilidad, apelan ambos a los únicos sujetos reconocidos por el derecho internacional, los Estados: la «apropiación nacional» es la apropiación por los Estados y la inapropiabilidad es la inapropiabilidad por los Estados.

Es precisamente con este límite con lo que juega en la ley del pasado 25 de noviembre. Su nombre lo dice todo: Competitiveness Act, o ley de la competitividad. En una de sus disposiciones, da a un ciudadano de los Estados Unidos que se dedique a la recuperación comercial de un recurso situado en un asteroide o en el espacio, el derecho a conservar, poseer, transportar, utilizar y vender el recurso obtenido conformemente a la legislación aplicable. Esto equivale a reconocer a las sociedades comerciales norteamericanas el derecho de propiedad en debida forma, con su carácter exclusivo y absoluto.78 No obstante, la ley adoptada por el Congreso se inhibe de reivindicar una soberanía territorial directa sobre lo que sea objeto de esa apropiación: la ocupación y apropiación no las llevan a cabo los Estados Unidos en tanto que Estado.79 De este modo, tenemos un acto de soberanía estatal que se salta la prohibición de una apropiación mediante la soberanía estatal, sin violarla formalmente. Se trata de una especie de «delegación» en virtud de la cual el Estado cede a sus ciudadanos un título jurídico que tan sólo se prohíbe a sí mismo para mejor garantizárselo a aquéllos a quienes se lo ha delegado. Pero la brecha en el tratado de 1967 está ahí para ser ampliada: lo que es inapropiable por parte de los Estados se convierte en terra nullius para las sociedades privadas. El gobierno de Luxemburgo acaba de crear una estructura dotada de presupuesto, http://www.spaceresources.public.lu, destinada a que los operadores privados que se amparen en su derecho puedan apropiarse minerales raros extraídos de asteroides.80

Podemos identificar una segunda forma de la lógica de la ilimitación en la financiarización de la biodiversidad. La mercantilización de la naturaleza se justifica en nombre de lo que en adelante es preciso llamar la «compensación de la biodiversidad».81 Esto no se debe entender en el sentido de que no tengamos derecho a destruir la biodiversidad, sino lo contrario: tenemos derecho a hacerlo, a condición de que reemplacemos en otra parte lo que hemos destruido aquí. Por ejemplo, tenemos derecho a destruir aquí diez hectáreas de bosque con la condición de replantar diez en otra parte, con el pretexto de que dentro de treinta años, cuando los árboles crezcan, no habrá mucha diferencia. Pero para llevar a cabo esta compensación primero hay que evaluar la suma de la pérdida a compensar. Hay que dar valor, por tanto, a lo que no es producto del trabajo —por ejemplo, la polinización de los árboles y flores por parte de las abejas—.

Así, se tiende a imponer la noción de «servicios» aportados por la naturaleza que son económicamente evaluables. Hasta el momento la biodiversidad se representaba como un conjunto de recursos consistentes a su vez en elementos separados (genes, especies, reservas, etcétera) que pueden ser poseídos, comprados y vendidos. Bajo esta forma clásica, la mercantilización implica aún la idea de un valor intrínseco de la biodiversidad. En adelante hablaremos de «servicios ecosistémicos» en referencia a los flujos provenientes de un stock de capital natural que, combinándose con las actividades industriales humanas, generan el bienestar humano.82 Entonces, el valor intrínseco de la biodiversidad queda borrado en provecho del valor atribuido a los flujos generados por el capital natural, hasta tal punto que hay quienes no dudan en concluir que hay que titularizar la biosfera entera como «capital natural».

Es importante dar cuenta de la mutación que aquí está operando: «La entrada de la biosfera en la esfera mercantil no se produce solamente como mercancía (lógica de la venta de madera y del capitalismo industrial, mercantilización de los «recursos biológicos» y genes patentados, etcétera), sino también y sobre todo en tanto que activo (es decir, títulos que dan derecho a futuros ingresos, en la lógica financiera de la renta)».83 Al pasar de la mercantilización de la naturaleza a la financiarización se hace retroceder una frontera que ya no es espacial: la de la valorización.

La ilimitación como régimen de la subjetividad

Esta misma lógica de valorización se encuentra en el corazón mismo de la subjetivación neoliberal. A su manera, esta subjetivación es una subjetivación financiera. En efecto, como forma histórica singular del capitalismo, el neoliberalismo comporta una dimensión esencial imaginaria, o mejor dicho: no se constituye ni se mantiene sin esta dimensión. Sin ella sería incapaz de sobrevivir a las crisis más graves y, aún más, de reforzarse aprovechándolas. Ahora bien, este imaginario es fundamentalmente un imaginario emprendedor y no un imaginario mercantil.

De no poder entenderlo, quedamos condenados a la impotencia. Repetirse de forma cansina que hay que oponerse a las políticas neoliberales con una política económica keynesiana y redistributiva, es no entender que no se puede combatir el neoliberalismo si no se propone un imaginario alternativo. Es decir, un imaginario que debe estar a la altura de lo que quiere sustituir elevándose hasta la propuesta de una forma de vida deseable. Tan sólo es posible transformar el mundo desde el poder de un imaginario. Aceptar dejarse encerrar en una discusión sobre la «viabilidad» económica de esta u otra propuesta, significa haber perdido la partida de antemano. Puesto que es precisamente el imaginario neoliberal el que se impone por adelantado al situarse en ese terreno. Y ya que es este imaginario el que da al neoliberalismo su fuerza incomparable, hay que preguntarse de dónde viene la atracción que ejerce, incluso sobre los más desfavorecidos. Dicho de otro modo: ¿qué es lo que, en su contenido, lo hace parecer portador de una promesa de libertad al alcance de todo individuo?

Por supuesto, para medir la seducción y la influencia del neoliberalismo no hay que dejarse engañar por el entusiasmo que despiertan hoy en día ciertos métodos de entrenamiento, como el del Cross Fit, calcados de los entrenamientos de la marina de los Estados Unidos.84 No hay ninguna duda de que estos métodos, que introducen la cultura del desafío y del rendimiento hasta en la esfera del ocio, invitando a sus adeptos a una continua «superación personal», participan a su manera de la acción de la normatividad neoliberal. También es cierto que pueden satisfacer la necesidad de seguridad de los directivos estresados, que creen estar preparándose para afrontar las situaciones más diversas. Estaremos de acuerdo en que la moda del coach en personal branding, o el marketing personal, son síntomas adicionales de la neoliberalización de los sujetos. Pero todos estos métodos, incluso sumados los unos a los otros y practicados a gran escala, no crean un imaginario social capaz de alcanzar la interioridad de cada individuo.

Es mejor dirigir nuestra mirada hacia el modelo que puede representar en sí mismo la empresa en la vida de cada uno. Entonces se revela una especie de coextensividad de la vida y de la empresa en virtud de la cual esta última se presenta más como una forma de vida de pleno derecho que como una creación jurídica. He aquí las palabras de Marie Vorgan Le Barzic, delegada general de la NUMA (asociación de empresas innovadoras y de start-up), el 10 de noviembre de 2014, con motivo de la semana del espíritu social empresarial organizada por Libération: «Hoy, todos los ciudadanos conducen su vida como si fuera una empresa», aunque luego cambia de opinión y dice: «no todos todavía».85 En su ingenuidad, la confesión es mayúscula: la relación de cada ciudadano con su propia vida es análoga a la relación de cada emprendedor con su propia empresa. No es que la vida sea en sí misma una empresa, es que el proyecto vital es análogo al proyecto de una empresa. Dejando de lado el hecho de que la declaración mencionada se ampara en las mejores intenciones, invocando sin cesar lo «social», lo más interesante es la insistencia en la noción de «espíritu empresarial». El espíritu empresarial sobrepasa ampliamente la condición de emprendedor, que estaría necesariamente reservada a una minoría de ciudadanos. En realidad se trata de una «forma de ciudadanía» que constituye una «renovación de la democracia».86

Nos equivocaríamos si comparáramos estas declaraciones al discurso de Sarkozy y Lagarde que canta los méritos del autoemprendedor. Entonces se trataba de difundir por toda la sociedad la cultura de empresa, estimulando la competencia a la baja a costa de los artesanos cualificados. En realidad, el elogio del «espíritu empresarial» va mucho más allá. No sólo porque el autoemprendedor tiene incluso un estatus jurídico, sino fundamentalmente porque con el espíritu empresarial, toda la vida del individuo queda anexionada a la lógica de la empresa, hasta el punto de convertirse en la escuela de lo que debería llamarse una «democracia empresarial». La «ciudadanía» por sí misma ya no tiene estatuto jurídico o político, ya no se refiere a derechos y deberes y tiende a confundirse con la gestión que cada individuo lleva a cabo de su propia vida. En este sentido, la «democracia empresarial» sobrepasa la estricta esfera de la política. De algún modo, es la democracia puesta al alcance de la mano, una democracia no delegable ni representativa puesto que trata de la relación de cada uno consigo mismo, de la elección de sí mismo y, por lo tanto, de autonomía y responsabilidad. Cada uno es entonces responsable de la dirección de su vida. No obstante, esto no convierte a todo el mundo en un «empresario», al menos en el sentido estatutario del término. Pero, ¿cómo puede dirigir su vida como una empresa alguien que no es un empresario? De hecho, mientras que para ser un «empresario» hay que tener una empresa, para participar del «espíritu empresarial» basta con ser una empresa. El «ciudadano» de la «democracia de espíritu empresarial» es él mismo una empresa, de modo que esta democracia es menos la del ciudadano-empresario que la del ciudadano-empresa. Por este motivo dirige su vida «como» una empresa, es decir, como dirigiría una empresa si tuviera una. La democracia consiste aquí en dar a cada uno la posibilidad de dirigir la empresa que es él mismo como le parezca, lo cual lo hace totalmente responsable de esta dirección y de su resultado, tanto de los fracasos como de los éxitos.

Para entender este punto decisivo, vale la pena detenerse en la teoría del «capital humano» elaborada por el neoliberalismo norteamericano.87 La originalidad de esta idea es que da la vuelta por completo al modo de pensar la relación del sujeto con su propio trabajo, al igual que cierta tradición de la economía política había podido hacerlo en la estela del marxismo. Sabemos que Marx distinguía entre el trabajo y la fuerza de trabajo, y también entre la fuerza de trabajo y la persona del trabajador. De entre estos tres conceptos, indiscutiblemente, el central es el de la fuerza de trabajo. El trabajador posee una fuerza de trabajo, hecha de aptitudes y de competencia, que no es sino una mercancía con un valor determinado. Al vender esta mercancía al capitalista, el trabajador le cede su uso durante un tiempo a cambio de un salario. El trabajo, o la actividad del trabajo, consiste en un gasto de la fuerza de trabajo durante un tiempo cuantitativamente determinado. Desde este punto de vista, el trabajo vale en tanto que «trabajo abstracto», es decir, trabajo homogeneizado por aquello que el mercado determina como socialmente necesario para la producción de ésta u otra mercancía. En otros términos, el trabajador tiene una fuerza de trabajo que gasta durante el proceso de trabajo, lo que le importa es el valor al que vende su fuerza de trabajo al capitalista. La actividad de trabajo por sí misma no es más que la puesta en marcha de esta fuerza en condiciones determinadas por el capitalista.

Los neoliberales norteamericanos le dan la vuelta a esta idea situándose deliberadamente en el punto de vista del sujeto que está trabajando, o bien considerando al trabajador como un «sujeto económico activo», ignorando así por completo el concepto de fuerza de trabajo. De este modo se impone la idea de descomponer el trabajo en capital y beneficio: se considera la aptitud o la competencia del trabajador como un tipo particular de «capital» y el salario como el «beneficio» de este capital. Entonces se dirá que el trabajador extrae cierto beneficio de su capital-competencia, o que este beneficio es el producto o el rendimiento de dicho capital. Toda fuente de beneficios futuros es un capital, pero el capital-competencia difiere notablemente de los otros capitales, es decir, de los que son invertidos en una empresa por parte de su detentor. En efecto, el capital-competencia tiene como característica singular que no puede ser separado de la persona misma del trabajador, y esto es precisamente lo que marca su diferencia con la fuerza de trabajo: mientras que la fuerza de trabajo puede ser cedida o se puede «renunciar» a ella, al ser disociable de la persona del trabajador, el capital-competencia no, porque no puede ser disociado de la persona del trabajador. No es lo que cedemos puntualmente mediante un contrato de trabajo, sino que es coexistente a toda la duración de la vida del trabajador en tanto que trabajador. Está hecho a la vez de elementos innatos y adquiridos, de entre los cuales destacan la educación y la formación. Por este motivo merece ser llamado «capital humano». La fuerza de trabajo es una mercancía que se tiene sin serla, la competencia es un capital que no se tiene sino que se es. Ahora bien, mientras que siempre se puede uno separar de lo que tiene, no puede separarse de lo que es. De este modo el trabajador es él mismo su propio capital, puesto que es para sí mismo la fuente de sus beneficios. En este sentido es un «empresario de sí mismo».88

No podemos dejar de señalar la importancia de esta idea de empresa elevada a la categoría de modelo en la relación de los sujetos consigo mismos. Cada uno es capital, es decir, un valor que se revaloriza cada vez más a lo largo de su vida mediante inversiones. Sabemos que el dinero que se genera a sí mismo bajo la forma de la autovalorización (A-A’) es la misma fórmula del capital financiero.89 Podríamos decir que el sujeto que se genera a sí mismo bajo la forma de la autovalorización (S-S’) es el sujeto convertido por él mismo en capital financiero o el capital financiero convertido en sujeto, es decir, el capital mismo como forma de subjetivación. En este sentido está justificado hablar de la subjetivación neoliberal como una forma de subjetivación financiera. Sin duda, no es exactamente la promesa de enriquecimiento universal hecha a los ciudadanos de Atenas por Pluto en la comedia de Aristófanes. Pero la extensión universal de la empresa bajo la forma de una multiplicación indefinida de las empresas de uno mismo constituye un mecanismo subjetivo que no hay que desdeñar.

En primer lugar, porque, a pesar de todo, lo que ocupa el lugar de modelo es todavía la gran empresa como institución, de modo que es su lógica la interiorizada por los sujetos, aunque dichas empresas sean gigantescas y su carácter de actor colectivo las convierta en inaccesibles para el sujeto individual. En concreto, la empresa de uno mismo interioriza en el sujeto la lógica de la competencia mediante la innovación, creándole el deber de maximizar sus ganancias y así «automaximizarse». Aquí no hay nada que sea efecto de leyes espontáneas de la acumulación de capital sino, al contrario, resultado de dispositivos de poder construidos teniendo como objetivo a los individuos.

En segundo lugar, consecuentemente, la «pulsión de acumulación» encuentra en este terreno materia para desarrollarse de una forma original. Con razón se ha observado que las grandes empresas habían abierto un nuevo espacio a la tendencia a la ilimitación de la acumulación, que adquiere un carácter a la vez anónimo y sistémico, llevando muy lejos la disociación entre propietario y gestor, ya observada por Marx.90 La financiarización neoliberal ha hecho de las grandes empresas las instituciones de maximización por excelencia, cuya lógica es hasta cierto punto autónoma respecto al deseo de enriquecimiento del capitalismo individual. Pero al mismo tiempo, con la subjetivización financiera, la «pulsión de acumulación» tiende a generalizarse a todos los individuos, abriendo un nuevo espacio para la tendencia a la ilimitación. Esta ilimitación de la acumulación está muy lejos de impedir toda forma de goce. En contra de una visión idílica del capitalista de los orígenes como un puro abstinente, el propio Marx ya relativizó el conflicto entre «pulsión de goce» y «pulsión de acumulación»: en determinado grado de desarrollo de su capital, el capitalista puede «al mismo tiempo llevar una vida más gozosa y renunciar más».91 Pero llevó todavía más lejos su análisis al afirmar que el capitalismo industrial se vuelve más o menos incapaz de cumplir su función «a partir del momento en que busca más la acumulación de goces que el goce de la acumulación».92 Aquí hay que estar atentos a la figura del quiasma: significa que el goce que hace al capitalista plenamente adecuado para su función social no corresponde al consumo, no es éste el fin último para el cual se lleva a cabo la acumulación de valor. El imperativo capitalista no reza: «acumula para gozar», ni tampoco: «goza acumulando», sino más bien: «goza de acumular», es decir, «goza de la producción y del aumento del valor».93

Si nos tomamos la molestia de traducir este imperativo en términos de subjetivación, obtenemos una identificación del sujeto con el aumento de su propio valor. El discurso capitalista, al menos en su forma neoliberal, no tienta tanto al sujeto con la promesa de una saturación del deseo mediante el consumo, como con la promesa de la plenitud conseguida al aumentar ilimitadamente el valor que el sujeto es por sí mismo. Ésta es la verdad del «capital humano»: el valor que se valoriza cada vez más ya no es solamente el medio para el goce, se convierte en el objeto del goce. El sujeto autoaumentado es el sujeto que goza del valor que es él mismo.

¿Cómo hay que interpretar esta promesa de goce? Este término debe ser entendido en su acepción lacaniana: el goce no es el placer, que es algo todavía afín a los límites, puesto que es la satisfacción de una tendencia. El goce está más allá del placer ya que es el goce de sí mismo más allá de todo límite.94 Por este motivo pertenece al dominio de lo imposible. ¿Cómo puede imaginarse la condición neoliberal exitosa y cumplida? Martin Crimp es el autor de un texto notable, titulado En la República de la felicidad, que se puede considerar una escenificación sin igual del imaginario del rendimiento/goce.95 La tercera y última parte tiene el mismo título que la obra entera: «En la República de la felicidad». En efecto, sólo en la tercera parte estamos realmente en la República de la felicidad. Son las palabras del personaje del tío Bob las que nos aclaran la condición de los ciudadanos de esta extraña República. Bob le dice a Madeleine que no recuerda lo que acaba de decir y que no consigue recordar cómo es ella. Al mismo tiempo que el recuerdo, desaparece el mundo entero: «el paisaje es indistinto», «la habitación está totalmente vacía», ya no hay «conciudadanos».96 La pérdida del recuerdo y del mundo son el precio a pagar por la ilimitación del goce: allí donde reina supuestamente la plenitud de la relación con uno mismo, ya no hay alteridad que se sostenga, ni en uno mismo ni fuera de uno mismo. La verdad es que no existe una «buena ilimitación». Sólo hay condición humana si es compartida dentro del sentido del límite. La terrorífica promesa del Pluto neoliberal es la de una felicidad imposible de compartir. La «República de la felicidad» es lo imposible del goce de uno mismo. Y la ilimitación del goce de uno mismo es la tumba de la democracia política.

Notas:

61. Sobre el papel de las agencias de calificación en la estructuración de las finanzas mundiales, véase Rawi Abdelal, Capital Rules, op. cit., pág. 162 y sig.

62. El Mouhoub Mouhoud, «Mondialisation. Les cartes rebattues», Alternatives économiques, n° 93, mayo 2012.

63. Mientras que Marx identificó bien la primera forma respecto a la economía clásica, Schumpeter determinó el papel de la segunda respecto a la ortodoxia neoclásica. Véase, sobre este punto, Pierre Dardot y Christian Laval, «Néolibéralisme et subjectivation capitaliste», Cités, n° 41, 2010, págs. 38-39.

64. Sobre estas dos lógicas productivas y su interrelación, véase El Mouhoub Mouhoud y Dominique Plihon, Le Savoir et la Finance, La Découverte, París, 2009, págs. 63-70.

65. No obstante, el principio de elección del consumidor sigue siendo perfectamente operativo cuando se trata de justificar las privatizaciones y los desmantelamientos de los servicios públicos…

66. Véase Colin Crouch, The Strange Non-Death of Neoliberalism, op. cit., pág. 54.

67. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit., pág. 170. [Trad. cast.: Nacimiento de la biopolítica. Curso del Collège de France (1978-1979), Akal, Madrid, 2009].

68. Karl Marx, Le Capital, libro I, capítulo XXIII, PUF, París, pág. 702. [Trad. cast.: El capital (vol. I y II), Siglo XXI, Madrid, 2013].

69. Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Seuil, París, 2013, pág. 263. [Trad. cast.: El capital en el siglo XXI, FCE, Madrid, 2014].

70. Para un comentario crítico en este sentido, véase Nicolas Delalande, «Vers une histoire politique du capital?», Annales, Histoire, Sciences sociales, 70e année, n° 1, enero-marzo 2015, págs. 47-59.

71. Al contrario que Paul Krugman, quien subraya el papel determinante de las políticas en la oposición de los períodos de convergencia y de divergencia de los ingresos y los patrimonios. Véase Paul Krugman, L’Amérique que nous voulons, «Champs», Flammarion, París, 2009.

72. Wendy Brown, Undoing the Demos, op. cit., pág. 73-78.

73. Saber si Foucault era neoliberal o antiliberal no tiene pues ningún sentido. A menudo, es una pregunta que se hacen aquellos que quieren encerrarlo en una elección binaria (del tipo «a favor o en contra del Estado» o «a favor o en contra el mercado»), cosa a la que él era totalmente ajeno, como lo muestran en particular sus comentarios respecto a la «fobia de Estado» en su lección del 7 de marzo de 1979 (Naissance de la biopolitique, op. cit.).

74. Karl Marx, Le Capital, libro I, op. cit., pág. 693.

75. Jean-François Billeter habla de una sumisión de la sociedad a la «ley de lo infinito», con el doble sentido de una ausencia de término y de objetivo (Esquisses, Allia, París, 2016, pág. 82).

76. Sophie Bessis, La Double Impasse. L’universel à l’épreuve des fondamentalismes religieux et marchand, La Découverte, París, 2014, pág. 18.

77. En derecho romano, esta expresión designa una cosa sin dueño cuyo primer ocupante puede servirse como le plazca. Se utilizó para justificar la colonización de América por parte de los conquistadores europeos.

78. Véase el blog de S. I. Lex par calimaq, «Le jour où l’espace a cessé d’être un bien commun», 30 de noviembre de 2015.

79. Ibid.

80. El objetivo reconocido de esta iniciativa es «estimular el crecimiento sobre la Tierra y ofrecer nuevos horizontes en la exploración del espacio», http://www.gouvernement.lu, 2 de febrero de 2016.

81. Sandrine Feydel y Christophe Bonneuil, Prédation. Nature, le nouvel Eldorado de la finance, La Découverte, París, 2015, pág. 67 y sigs.

82. Ibid., pág. 59 y pág. 165.

83. Ibid., pág. 166.

84. Véase Artículo de Pascale Krémer, «Fais-moi mal, coach!», Le Monde, 14-15 de junio de 2015, pág. 19.

85. http://urlz.fr/36c5.

86. Ibid.

87. Sobre esta teoría, concebida por Theodor W. Schulz y Gary Becker, nos referiremos a Michel Foucault, lección del 14 de marzo de 1979 del curso sobre El nacimiento de la biopolítica, y también al artículo de Luca Paltrinieri, «Quantifier la qualité», Raisons politiques, n° 52, noviembre 2013, págs. 88 a 108.

88. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit., págs. 232. [Trad. cast.: Nacimiento de la biopolítica. Curso del Collège de France (1978-1979), Akal, Madrid, 2009].

89. Véase Karl Marx, Théories sur la plus-value, tomo I, Éditions sociales, París, 1976, pág. 538.

90. Stéphane Haber, «Marx, Foucault et la grande entreprise comme institution centrale du capitalisme», en Christian Laval, Luca Paltrinieri y Ferhat Taylan (dir.), Marx & Foucault. Lectures, usages, confrontations, La Découverte, París, 2015, pág. 313. Es en el libro III de El Capital donde Marx introduce la distinción entre la propiedad del capital y la función de dirigente, distinción que adquiere una importancia creciente con el desarrollo del capital portador de interés, la extensión del crédito y las sociedades con acciones: en nuestras palabras actuales, la propiedad la tiene el banquero o el accionista, mientras que la función le corresponde al manager.

91. Karl Marx, Le Capital, libro I, PUF, París, pág. 682 (la traducción es nuestra). [Trad. cast.: El capital (vol. I y II), Siglo XXI, Madrid, 2013].

92. Karl Marx, Théories sur la plus-value, tomo I, op. cit., pág. 322.

93. Sobre este punto, véase Pierre Dardot, «Du sujet divisé à la subjectivation capitaliste», Critique, n° 800-801, enero-febrero 2014, pág. 152.

94. Sobre este punto, véase. Pierre Dardot y Christian Laval, La Nouvelle Raison du monde, op. cit., pág. 452 y sigs. [Trad. cast.: La nueva razón del mundo, Gedisa, Barcelona, 2013].

95. Martin Crimp, Dans la République du bonheur, L’Arche, París, 2013.

96. Ibid., pág. 78.

4
La Unión Europea o el Imperio de las normas

Quienquiera que se encuentre en la Unión Europea no puede invocar la soberanía popular para oponerse a reglas que han adquirido un valor constitucional superior a toda voluntad general de los ciudadanos: «No puede haber elección democrática en contra de los tratados europeos».97 Las instituciones europeas, tanto la Comisión como el Consejo, se permiten incluso conspirar contra un gobierno legítimamente elegido, apoyar a su oposición, desestabilizar la economía entera con el fin de invertir la situación, como vimos desde la victoria electoral de Syriza a finales del mes de enero de 2015. En este sentido, la «lección griega» es de la mayor importancia para entender de qué va realmente el «proyecto europeo». En efecto, una vez terminado el período de ensayos y experimentos, de medios silencios de los «liberales» y de cortinas de humo de los «socialdemócratas», Europa ha entrado en una nueva fase, la de un poder nuevo que se muestra y reconoce como tal, y que funciona como un imperio de un tipo inédito, fundado en la inflación de las normas jurídicas y económicas.

El «proyecto europeo»: del relato de los orígenes a la realidad histórica

¿Por qué «el continente de las libertades fundamentales» es percibido hoy como una «jaula de acero para los pueblos de Europa», retomando la bella expresión de Varoufakis? Para responder a esta pregunta, conviene desprenderse de la justificación del «proyecto europeo», que funciona aún como un ideal indiscutible. El relato de los orígenes nos cuenta una bella historia: pasiones nacionalistas e ideologías totalitarias condujeron a los europeos a matarse entre sí durante mucho tiempo y ferozmente; pero la afortunada invención de una «comunidad europea» basada en los intereses de la población permitió evitar nuevas guerras mortales y devastadoras. Este relato, que endulza el papel de los «padres fundadores», nuevos Licurgos de Europa, siempre ha funcionado como una promesa: únicamente el «proyecto europeo», que une a todos los «amigos de la libertad» en contra de los totalitarismos, puede preservar a los pueblos de cualquier nueva guerra entre ellos. He aquí la fuente de la creencia común que ha permitido hasta hoy consolidar lo que debía ser un nuevo imperio de paz y prosperidad, garantizado mediante la codificación progresiva de un ius publicum economicum europaeum, nuevo ius commune que tiene como ambición tomar el relevo del derecho romano o del derecho canónico de la Iglesia medieval. Se entiende el porqué del poder de seducción de este bello proyecto. En todo caso, ha funcionado como un principio supremo de legitimación. Este objetivo lo ha justificado todo, todas las renuncias, todas las delegaciones, todas las entregas, todos los chantajes y todos los desplazamientos que, de texto en texto, de directiva en directiva, de decisión judicial en decisión judicial, han autorizado el dominio reglamentario y legislativo de estructuras no elegidas sobre la vida de las poblaciones europeas. Hoy se impone la realidad más prosaica: este feliz imperio que quería pasar la página de los totalitarismos sólo ha podido construirse a espaldas de los pueblos, por desposesión lenta pero segura de los resortes de la soberanía popular.

Se ha intentado todo, o casi todo, para apuntalar este relato edificante con una legitimación mediante la historia. Preocupada por encontrar un ancestro, la Unión Europea parece haberlo encontrado más en el Imperio Franco de Carlomagno que en el Imperio Romano, que estaba demasiado centrado en las orillas Sur y Este del Mediterráneo. Como señala Bryan Ward-Perkins: «El corazón de la Unión Europea de hoy, el triángulo Estrasburgo-Frankfurt-Bruselas, y el centro del Imperio Franco de los siglos VIII y IX coinciden muy estrechamente: Bruselas, por ejemplo, está a poco menos de cien quilómetros de Aix-la-Chapelle, antaño residencia preferida de Carlomagno, lugar donde fue enterrado».98 No importa que Carlomagno obligara a los longobardos a entregarle el reino de Italia y que ordenara la masacre de miles de sajones, sólo queda la imagen del constructor de un imperio post-romano dominado por los francos. Además, los francos figuran como los ancestros comunes de franceses y alemanes. De este modo, en 1965 una gran exposición presentaba a Carlomagno en Aix-la-Chapelle como «el primer emperador que quiso unificar Europa». En 1996, una segunda gran exposición conmemoraba el 1500 aniversario del bautismo de Clodoveo con el título de: «Los francos, precursores de Europa».99 También en este caso, la imagen del «poderoso guerrero germánico acogido en la fe católica por el obispo galorromano de Reims» era demasiado tentadora para no sacrificar la realidad histórica en favor de la mitología más anacrónica, ¡la del núcleo «franco-alemán» del Imperio carolingio!

Para esclarecer todo lo que esta autolegitimación tiene de mistificadora, primero hay que considerar bajo qué luz se presenta la «cuestión europea» a quien estudia la realidad histórica con una perspectiva histórica amplia. Podemos apoyarnos en las indicaciones dadas por Michel Foucault en su curso Nacimiento de la biopolítica (1978-1979), a pesar de su carácter a menudo alusivo. En su lección del 24 de enero de 1979 en el Collège de France,100 se propuso poner de relieve la «nueva idea de Europa» que nace a mediados del siglo XVIII con el liberalismo clásico, el de Adam Smith y también de Kant. Esta Europa no es ni la Europa imperial y carolingia heredera del Imperio romano, ni la Europa del equilibrio de fuerzas consagrada en el tratado de Westfalia de 1648. Es más bien un «sujeto económico colectivo» que, mediante la competencia entre los Estados, se abre el camino de un «progreso económico ilimitado». En esta Europa del liberalismo clásico, la competencia entre los Estados sustituye al equilibrio de poderes.101 Europa convierte esta competencia en la garantía de un «enriquecimiento colectivo», con la consecuencia de que la cuestión de la paz se plantea de forma muy distinta: mientras que en siglo XVII la limitación recíproca de los Estados se considera el fundamento de la «paz perpetua», en el siglo XVIII es la «ilimitación del mercado exterior», o a la «mundialización comercial», la que se plantea como la garantía de la paz, ya que debido a esta ilimitación, la competencia comercial entre los Estados es percibida como una garantía de prosperidad colectiva y también como un elemento de reforzamiento de la paz.

Pero, se dirá, ¿qué relación hay entre esta Europa liberal y la Europa neoliberal que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial? Desde su fundación, la Unión Europea ha querido ser la heredera de la Europa liberal y retomar el objetivo de la paz perpetua mediante la competencia en el mercado. La insistente referencia al proyecto kantiano podría hacernos creer en la continuidad de esta filiación: la paz perpetua como fin, el mercado como medio de la prosperidad y la prosperidad como garantía de la paz. No obstante, lo que cambió profundamente es tanto la naturaleza del mercado como su relación con los Estados e instituciones políticas. En efecto, el mercado que debe ser construido es, ante todo, el mismo mercado europeo, y la competencia entre los Estados es menos el medio que el principio mismo de esta construcción que debe garantizar la paz.

Para entenderlo, hay que repasar la historia de Alemania después de la posguerra. 1945 no es Alemania, año cero sino Estado alemán, año cero. En aquel momento, los ordoliberales hicieron del éxito de la economía de mercado el principio de legitimación del Estado que había que reconstruir.102 El principio de la economía de mercado se encargó desde los orígenes de proveer la legitimidad de la construcción europea. Es cierto que no existe hoy en día un Estado europeo, pero hay instituciones políticas europeas que han sido legitimadas mediante este mismo principio. Aquí interviene la para nada secreta estrategia de Alemania de compensar su inferioridad política y militar mediante una hegemonía política. No es una reedición del regateo del tratado de Westfalia: la Europa del tratado de Roma no es la nueva manera de «hacer olvidar a Alemania el Imperio»;103 menos aún de hacer de Europa un Imperio alemán. Se trata más bien de una trayectoria que, de pequeño paso normativo a gran paso constitucional, acaba mostrando una coherencia de conjunto. Lo que, durante mucho tiempo, parecía un conjunto dispar de procesos, un mosaico de esfuerzos dispersos, con el tiempo y las adversidades ha acabado mostrando la imagen coherente que sus partidarios querían dar de él desde un principio. La historia del proyecto europeo se desarrolla al ritmo de circunstancias y de obstáculos, con aceleraciones y extensiones no programadas, pero en una dirección determinada con precisión.104

La construcción del gran mercado

Bajo una mirada atenta y nítida, el «proyecto europeo» se muestra como el proceso de construcción de un mercado que, poco a poco, se ha dotado de sus propias normas de funcionamiento, de su propio aparato institucional encargado de extenderlo, mantenerlo y reforzarlo. Con sus instancias, su jurisprudencia y sus funcionarios, la Unión Europea es ante todo el operador económico y jurídico de esta construcción. Construir un mercado de competencia implica someter la sociedad a las necesidades de la competitividad, mediante la forma de intervencionismo elaborada y preconizada precisamente por el ordoliberalismo. Se trata de intervenir sobre las condiciones de existencia del mercado mediante «acciones ordenadoras», lo que en la lengua ordoliberal se llama una «política de marco». En este sentido, Foucault muestra que en 1952 Walter Eucken preconizaba una intervención sobre un cierto número de factores (población, técnica, educación, régimen jurídico de las explotaciones, disponibilidad de suelos, clima, etc.) con el fin de integrar la agricultura europea en la economía de mercado. Foucault señala que las recomendaciones de Eucken anticipaban muchos aspectos del «Mercado común agrícola de la década siguiente» y hasta el plan Mansholt de 1968, que proponía un programa de reestructuración de la agricultura comunitaria.105

En este sentido, el programa ordoliberal de construcción de un «orden de mercado», u «orden de competencia», determinó la orientación de la construcción europea desde su origen, aunque esta orientación sólo se actualizó y se cumplió mucho más tarde, en función de las relaciones de poder internas de Europa y en un contexto mundial mucho más favorable. El acuerdo de partida que jamás se cuestionó fue el siguiente: la «Comunidad Europea» debe organizarse como un mercado regulado, no mediante normas sociales o principios morales sino de acuerdo con normas de competencia, y delimitado por un marco monetario estable, todo ello con la garantía de instancias independientes de las políticas nacionales. Como ya hemos visto,106 debemos a los ordoliberales la idea-fuerza según la cual la norma fundamental de la «constitución económica» europea es la competencia libre y no distorsionada, fórmula que ya se encuentra en el tratado de Roma de 1957. Éste es el principio fundamental y central del derecho económico y del orden político de la Comunidad, y luego de la Unión Europea. El punto decisivo es que el mercado se apoya en una «decisión constitucional» que es el fundamento del «Estado de derecho» y de la «economía social de mercado». El jurista Josef Drexl lo dijo explícitamente: «Los Estados fundadores tomaron una decisión constitucional de primer orden en favor del orden de la competencia», decisión confirmada, extendida y cristalizada mediante todas las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunicad Europea y luego las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por no hablar de la acción continuada en este sentido de la Comisión Europea. Josef Drexl dice claramente lo que los franceses, entre otros sordos, nunca han querido oír: «Los ordoliberales, que dominaban la política económica de Alemania después de la guerra, ejercieron una influencia crucial sobre el contenido del Tratado de Roma y sobre la Comunidad Económica Europea».107

La verdad, aunque resulte desagradable oírla, es que Europa es hoy más abiertamente ordoliberal que Alemania, al menos en el plano constitucional.108 Los legistas de Europa, ya sean juristas, economistas, expertos, funcionarios o simplemente políticos, repitiendo la obra de sus lejanos ancestros medievales constructores de Estados, lo que hacen desde hace siete décadas es construir mercados y reorganizar las sociedades en función de este fundamento dogmático. Los primeros «constructores de mercado» (market-makers) se las ingeniaron para poner a punto una verdadera máquina de fabricar normas que, al crear progresivamente el gran mercado europeo, ha acabado funcionando sola, a golpe de directivas, fallos judiciales, normativas y tratados. En efecto, es el despliegue de una lógica normativa —sostenida por una administración que se dedica específicamente a ella— que paulatinamente ha impuesto las «disposiciones fundamentales» de la competencia, de acuerdo con la fórmula en vigor en el corpus de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Lo repetimos, no se trata de una especialidad germánica, menos aún de una especie de «esencia germánica», como quisiera el insoportable ambiente de germanofobia. El «proyecto europeo» no hubiera podido ser iniciado o establecido sin el asentimiento y participación activa de otros dirigentes europeos, en particular franceses. El acuerdo sobre el «mercado institucional», según la fórmula de Jacques Rueff, economista neoliberal de vanguardia y luego juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, permitió federar diversas corrientes y a numerosos responsables políticos. El gran relato francés de la «modernización» deseada por los «padres fundadores» de Europa no es más que un mito destinado a enmascarar la lógica profunda de la construcción europea. En efecto, buena parte de las «elites» francesas consideraban el sistema parlamentario nacional arcaico, ineficaz, incluso peligroso, en un momento en que los partidos comunistas aún eran poderosos en varios países. Monnet y Schuman y, con ellos, todos los que en la Francia de la posguerra formaban el clan de los «modernizadores», querían eludir el parlamentarismo.109 La propia palabra «Comunidad» es un adorno que embellece la realidad. Monnet y Schuman querían ante todo promover la regulación de un mercado común mediante una autoridad independiente de la política de partidos, considerada intrínsecamente peligrosa por ser ideológica.110 La convergencia en torno a la idea de una independencia de las autoridades encargadas de la regulación de los mercados fue justificada de muchas maneras y la alianza franco-alemana se hizo desde puntos de vista diferentes. En la Francia de los años 1930, el proyecto «planista»111 y modernizador fue defendido, entre otros, por los partidarios de una «tercera vía» antiparlamentaria y sostenida por expertos pertenecientes a un Estado fuerte independiente de los partidos políticos. Algunos de ellos, a quienes luego encontraremos junto a los «padres fundadores», entretanto habían simpatizado con la ideología comunitarista de la Revolución Nacional de Vichy, por no decir directamente con la Volkgemeinschaft nazi. Se quiera o no, los planificadores de la posguerra en Francia no eran todos simpáticos keynesianos redistribuidores. Su fe en las virtudes del comercio libre enmarcado por un poder supranacional les hizo ver en la «Comunidad Europea» un medio para reconvertir fácilmente su hostilidad hacia la «política politiquera» y su deseo tecnicista de evitar la intervención irracional de los ciudadanos en la bella administración de las cosas.

A partir de finales de los años 1980, con el comunismo desaparecido del mapa y el parlamentarismo cada vez más subordinado al ejecutivo, el desarrollo del gran mercado europeo se inscribió en una estrategia de eludir y debilitar las resistencias sociales a las políticas neoliberales nacionales. La Comisión extrajo de los «recursos estratégicos del mercado» la forma de reforzar sus propias posiciones.112 Pero lo que vale para la Comisión vale para todas las elites económico-políticas, que vieron en la realización del gran mercado, y luego en la Unión monetaria, la forma de llevar su ventaja política y social hasta el final. Presentada como la forma de acelerar la «modernización» de las sociedades, es decir de alinearlas con el nuevo orden mundial, la «estrategia de mercado» estuvo sin duda en el origen del reforzamiento del poder de las instituciones europeas. Pero también permitió a los poseedores del poder económico y político a escala nacional aumentar sus propios poderes respecto a los asalariados y, de forma más general, respecto a los gobernados. Dos pájaros de un tiro, si puede decirse así. Esta estrategia no fue ni lineal ni fácil, ni siempre coherente. Los obstáculos fueron muchos y las tensiones inevitables. Los Estados nacionales seguían desde mediados del siglo XX, incluso desde finales del XIX en algunos casos, una trayectoria en muchos sentidos diferente: la de la construcción de protecciones sociales y servicios públicos. Ahora bien, el objetivo de los «constructores del mercado» siempre fue intensificar las lógicas de la competencia, no solamente entre Estados, sino también en el interior de los Estados. Para poder tener éxito, un proceso así no se podía llevar a cabo país por país, sino mediante una estrategia supranacional de imposición normativa con el objetivo de crear una situación irreversible, fuera del alcance de los ciudadanos nacionales. Este fue el camino del «éxito» de la construcción europea: construir, más allá y por encima de los espacios nacionales, un sistema institucional de mercado que se impusiera simultáneamente en todos los países y que permitiera a las elites económico-políticas desembarazarse del «trabajo sucio» del cuestionamiento de los «logros sociales».

Hay que medir bien qué significa está opción por la integración europea mediante la competencia, y no mediante la cooperación política o la solidaridad social. Aquí hay un punto de ruptura con el pasado político de Europa que debe ser subrayado. Se formó una gran coalición derecha-izquierda en torno a un «proyecto europeo», con el objetivo de reemplazar por la competencia las viejas relaciones de dominio y enemistad entre países europeos, y todo ello en el momento en que la competencia se imponía como la nueva norma mundial. Esta «coagulación ideológica» fue anterior a la imposición, indiscutible o casi, del esquema ordoliberal de la regulación del mercado. Desde el Acta Única de 1986 y el tratado de Maastricht de 1992, la misa ordoliberal ya estaba dicha.

La gobernanza expertocrática de la Unión Europea

Con el objetivo de minimizar el papel de la Unión Europea, algunos de sus defensores dicen que los 32.000 funcionarios europeos no pueden compararse con la potencia de las funciones públicas nacionales, que el presupuesto europeo es irrisorio, que la Unión Europea no tiene ni ejército, ni diplomacia real, ni siquiera una «narrativa» que entusiasme. Todo ello es verdad. Pero, si sólo nos fijáramos en esto olvidaríamos lo esencial: la Unión Europea funciona como un imperio de la ley y esta producción normativa constituye su gran poder. La Unión Europea no es un Estado federal, ni un «súper-Estado internacional» o un «Leviatán supranacional»,113 es un sistema de gobierno basado en la norma de derecho ordenada de acuerdo con la lógica suprema del mercado. El «mecanismo mixto» de la gobernanza114 (forma pseudofederal para la Comisión, forma confederal para el Consejo de gobiernos) da prioridad a los acuerdos interestatales, sin que ello sea un obstáculo para el funcionamiento de conjunto del sistema, en la medida en que éste funciona esencialmente de acuerdo con la norma del mercado.

Tal sistema no surgió del cerebro de ningún teórico neoliberal, sea el que sea. Las prácticas van a menudo precedidas de normas y leyes. Ningún centro de decisión planificó las distintas etapas de esta construcción. Las instituciones europeas se han desarrollado según un «movimiento perpetuo»,115 o, para ser más precisos, siguiendo un proceso de autoconstrucción. La Unión se ha hecho mediante el derecho.116 Construir el mercado es producir normas. Para los oligarcas unidos por su apego al «proyecto europeo», es también construirse como fuente de producción de normas, cosa que no tiene nada que ver con una emanación continua desde un centro estratégico cuyas decisiones se basen en una visión a largo plazo. «Burocracia bruselense», «eurocracia», «expertocracia», no son más que fórmulas para designar este aparato de producción masiva de normas y sus agentes. Todavía hay quien se sorprende de esta inflexibilidad de la norma. Pero desde el origen, el respeto por las normas fue la condición necesaria absoluta del «mercado común», y desde el origen había que inventar un tribunal, jueces, abogados y sanciones para dar a Europa este aspecto de corsé de acero, su carácter punitivo. Lo que se ha convenido en llamar, en la jerga burocrática, «derechos adquiridos comunitarios» no es nada más que un stock de miles de normas amontonadas unas sobre otras que se imponen a los derechos nacionales —normas entre las cuales están la veintena de tratados europeos y miles de «sentencias legislativas», por no hablar de las recomendaciones y opiniones. Universo opaco de textos ilegibles, como el famoso Tratado de Lisboa, que hace de la «ciudadanía» europea una broma con muy poca gracia, reduciéndola a poco más que un apéndice de la ciudadanía estatal nacional.117 Normas que no han cesado de acumularse y diversificarse, mucho más allá de las competencias exclusivas de la Unión e incluso de las compartidas entre la Unión Europea y los Estados. Hasta tal punto que, con el pretexto de que son «competencias de apoyo y de coordinación», todos los sectores de la vida social han sido «tomados» por la normatividad europea: empleo, turismo, cultura, sanidad y educación.118 Esta producción normativa se hincha ella sola también mediante los miles de violaciones que permite y las decisiones de jurisprudencia que suscitan las sentencias del Tribunal.

Este poder normativo, creado como ampliamente independiente de los poderes políticos nacionales, a fortiori fuera del control de los ciudadanos ordinarios, adoptó el nombre de «gobernanza europea» desde principios de los 2000.119 Sabemos que la palabra «gobernanza» tiene la ventaja de estar relacionada con la lógica del consenso entre actores no estatales —más fluida y flexible que la lógica de los actos de un «gobierno»— y que favorece la centralización y la jerarquía. Se trata de un proceso de fabricación de decisiones (process of decisión-making) que escapa cómodamente a toda formalización. Si aplicamos este método en el campo de la política, el resultado es una decisión separada de toda deliberación pública sobre sus verdaderas implicaciones, decisión reducida a una simple disposición técnica entre actores entendidos en la materia. La «gobernanza» reduce la vida pública al management o a la administración, eliminando la política, el conflicto y la deliberación sobre los valores comunes o los fines.120 Como se pudo ver en el proceso de decisión del Eurogrupo en el caso de Grecia, la opacidad es la norma, incluso cuando se trata de la suerte de un país y de su población.121 A pesar de las apariencias, estamos muy lejos del «régimen administrativo o industrial» tan apreciado por Saint-Simon. Los actores de la gobernanza son técnicos y expertos, no sabios. No están acreditados por el dominio de una ciencia sino por la cualidad de una experiencia que les permite pasar de la dirección de un banco a la de un gobierno o de un puesto de comisario europeo al de director de un banco central.122 La gobernanza de los expertos es la fórmula que se ha encontrado para negar política practicada por los políticos. Esta es la definición exacta de la «gobernanza europea».

Este aparato de «gobernanza», aunque tiene su propia lógica, es una criatura de los Estados. Son los Estados los que la dotan de una soberanía normativa que le permite llevar a cabo un trabajo que ellos mismos tendrían problemas para hacer a nivel nacional. De ahí la importancia de la «independencia» de las instituciones europeas respecto de los poderes nacionales. No hay que ver ahí un «defecto» o un «déficit», sino una ventaja funcional decisiva para hacer realidad la gran obra ordoliberal. El Estado nacional está directamente sometido a enfrentamientos entre fuerzas sociales y entre grupos políticos. Un poder supranacional es más capaz de eludir estas relaciones de fuerza y los compromisos impuros a los que está obligado un Estado nacional. Por este motivo era esencial que se afirmara muy pronto la primacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional y la prohibición a los Estados de oponerse a un acto de la Comunidad, aun en el caso de que viole derechos fundamentales.123 En realidad, las elites nacionales sacan provecho de ello. La gobernanza expertocrática realiza la concordancia entre la lógica normativa propia de las instituciones «independientes» y los intereses conjuntos de las elites económico-políticas nacionales. De este modo, lejos de ser incompatibles con la fuerza implacable del férreo sistema establecido desde hace décadas, los procedimientos flexibles de la «gobernanza» contribuyen activamente a producir y a mantener dicha fuerza.

El presupuesto y la moneda como instrumentos de disciplina

Este poder del derecho se somete cada vez más a la legitimidad absoluta y sin contrapeso de la acumulación de capital y de la competencia generalizada. De acuerdo con los estudios sobre los equilibrios internos en el seno de las instituciones europeas, este núcleo «económico» de la gobernanza se ha reforzado considerablemente desde la creación del euro y más aún desde la «crisis del euro» de 2008-2009. Este núcleo incluye a los Bancos Centrales, a los miembros de la dirección económica y financiera de la Comisión Europea, a los ministros de finanzas (en particular los de la Eurozona), a altos funcionarios de los ministerios de finanzas y de economía. Estas personas, formadas en las mismas universidades y que a menudo han trabajado en los bancos de inversiones norteamericanos, en la OCDE o en el Banco Mundial, constituyen un «grupo dirigente transnacional integrado dominado por los norteamericanos», según la expresión de Frédéric Lebaron. Este grupo se dedica a «ajustar» las políticas nacionales, no solamente en el ámbito del presupuesto sino también en el conjunto de las funciones de gobierno, apoyándose en normas económicas constitucionalizadas.124 Como las reglas fijadas en Maastricht, que proporcionan cifras. Podemos reírnos si queremos: los 3% y los 60% de ratio de déficit presupuestario no guardan relación con ninguna realidad macroeconómica y no tienen precedente en la historia. Pero en Europa la cifra no es sólo una invención estadística, vale también como norma, límite absoluto e instrumento de disciplina. Una vez establecida, la norma debe ser respetada cueste lo que cueste, aunque choque con los mejores análisis macroeconómicos y a pesar de que sus efectos sean desastrosos.

En este contexto de urgencia, entre 2010 y 2012, el endurecimiento de las restricciones normativas irrumpió bajo el nombre de «nueva gobernanza económica europea».125 La crisis de las llamadas subprime desembocó en una crisis de la deuda soberana desde finales del año 2009. En efecto, la crisis financiera provocó un aumento de la deuda pública en muchos países miembros y fomentó la especulación con los títulos de deuda, lo cual a su vez supuso una fuerte divergencia de las tasas de interés a largo plazo entre los países de la zona euro. Las respuestas políticas e institucionales a esta crisis revelaron tensiones constantes entre grupos de países. Es esta desconfianza mutua la que obliga a reforzar los controles de las estadísticas públicas, a crear altas instancias presupuestarias independientes de las instituciones políticas y, sobre todo, a establecer toda una serie de controles y de cerrojos contenidos en el Tratado sobre la estabilidad, el crecimiento y la gobernanza (TSCG) de 2012, además de en las directivas y reglamentos que lo han completado posteriormente. Los dirigentes europeos creen que se puede resolver progresivamente, en veinte años, el problema de la deuda pública constitucionalizando una «regla de oro» presupuestaria. La idea rectora de estas innovaciones es la vigilancia a priori de todas las políticas nacionales que puedan tener incidencia sobre el presupuesto, la deuda, el empleo y el crecimiento. Antes de que los parlamentos nacionales se pronuncien, las orientaciones económicas y sociales son verificadas ex ante por parte de la Comisión, de modo que este sistema de vigilancia se ha convertido en un pilotaje de tipo tecnocrático.126 La más mínima desviación respecto a las normas da lugar a una advertencia, cosa que implica una revisión de los proyectos y una amenaza de sanción financiera.

No podemos dejar de insistir en la importancia de la adopción del modelo del Bundesbank para crear el Banco Central Europeo independiente, sobre la base del informe Delors de 1989: esta independencia de los bancos centrales elevada a dogma por la escuela de Walter Eucken marca la culminación de la influencia ordoliberal. Que este Banco Central europeo tenga como mandato imperativo garantizar la rigidez de las normas monetarias es algo que ilustra bien el modo en que la construcción europea ha sustraído voluntariamente la cuestión monetaria del espacio público de discusión y de decisión.127 Al dar a esta institución invisible e intocable la soberanía absoluta que le permite fijar sus tipos de interés de referencia en función únicamente de su misión de estabilidad monetaria, Europa ha hecho que la moneda ya no sea un instrumento gobernado por decisiones políticas. Pero no basta con subrayar el monetarismo. La independencia del BCE y sobre todo la creación de la moneda única decidida en 1992 crearon los instrumentos de disciplina económica y social que son también las armas para la uniformización neoliberal de las sociedades. Como los gobiernos no pueden servirse de la devaluación de las monedas nacionales, no les queda otro recurso más que la «devaluación interna» mediante el descenso de los costes salariales y de la protección social.

Pero la lucha por la «competitividad» no ha producido la armonización esperada. La política alemana desde 2002 ha acentuado desequilibrios, divergencias e inestabilidades, hasta el punto de amenazar la zona euro y la integración europea. Finalmente, la vía del euro ha revelado estar llena de peligros y efectos perversos, como se ha visto sobre todo después de 2010. Por supuesto, la integración monetaria no es la causa de todos los males y la lógica neoliberal es muy anterior al euro. Pero indudablemente, su creación acentuó el juego de los mecanismos de competencia y acrecentó el peso de las disciplinas presupuestarias y monetarias en detrimento de todo objetivo social común. La «crisis del euro» ha permitido sumar a la estructura ya establecida un conjunto de dispositivos institucionales que imponen en todas partes el mismo tipo de medidas de austeridad. Si consideramos el peso respectivo de las instituciones, es sobre todo el BCE el que ha reforzado su poder desde 2010, interviniendo en todos los episodios de la crisis del euro y en primera línea durante la crisis griega, con un discurso muy duro en materia de rigor presupuestario y de reformas estructurales. Sin duda el BCE se ha visto obligado a llevar a cabo políticas monetarias llamadas «no convencionales», como bajar los tipos de interés y recomprar la deuda pública para reflotar la economía. Esta recompra de las deudas soberanas, contraria al dogmatismo monetarista de los gobiernos alemanes, ha sido consecuencia del miedo al colapso del crecimiento. Pero para hacer aceptar esta política de quantitative easing, el BCE ha extendido el dominio de su magisterio, radicalizando sus requerimientos en materia presupuestaria y también en la reforma del mercado de trabajo.128

¿De qué manera es «social» la Unión Europea?

Desde hace tiempo, la prohibición neoliberal ha convertido en ilegítima toda cuestión de «justicia social» en la Unión Europea. Y si la «cuestión social» se encuentra ahora en el centro de la construcción económica europea, ello es tan sólo desde el punto de vista de la competitividad. Lejos de abandonar, como se le reprocha a menudo, lo «social» a las políticas nacionales, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE y el BCE se han convertido en verdaderos órganos de gobierno de la sociedad para introducir más «flexibilidad» en el mercado de trabajo, con el fin de aumentar el rendimiento global de los factores económicos y el nivel de «crecimiento potencial» de Europa, según la retórica oficial.129 La competencia directa, mediante «trabajadores desplazados», o indirecta, mediante el desequilibrio de los salarios y de la protección social, es una máquina formidable cuyo objetivo es erosionar el derecho del trabajo y debilitar lo que queda del asalariado organizado.130 No es que Europa no proteja los derechos sociales adquiridos, sino que los destruye. Las decisiones ahora ya célebres del Tribunal de Justicia de la UE lo demuestran de sobras: los fallos entre 2007 y 2008 son una verdadera «revolución» que consiste en tomar partido siempre en favor de la libertad de prestaciones y de la libertad de establecimientos en la Unión, en contra del derecho del trabajo y de los convenios colectivos establecidos a escala nacional.131 Construyendo con entusiasmo el mercado y luego la moneda única, la «izquierda» francesa y europea ha participado activamente en la edificación de un sistema normativo que prohíbe toda política de izquierdas e implica, finalmente, su propia desaparición en provecho de la derecha más dura, la xenofobia y el nacionalismo. En nombre de Europa se ha acelerado la autodestrucción de la socialdemocracia (y de una parte de los ecologistas), no sólo porque la izquierda del Partido Socialista Europeo (PSE) vota mayoritariamente como la derecha del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, sino sobre todo porque la integración europea mediante la competencia se ha convertido en el contenido efectivo de las políticas nacionales llevadas a cabo por la «izquierda».

Durante mucho tiempo Europa fue una entidad mal definida, un objeto político poco identificable, también para la izquierda crítica o los altermundialistas. Su historia y su naturaleza no eran bien conocidas. Existía el compromiso de «democratizar Europa», de crear la «Europa social», aparte de la «Europa de los mercados» o a continuación de ella. En resumen, la «izquierda de izquierdas» no había renunciado a transformar o a reorientar la Unión Europea en un sentido más social y más democrático, y todo ello a pesar de un alineamiento cada vez más abierto de los «socialdemócratas» con el proyecto ordoliberal. Este desconocimiento de la lógica profunda de la construcción europea mostraba un fenómeno de estrechamiento nacional del horizonte de las izquierdas europeas, que en el fondo se volvieron bastante indiferentes a su entorno europeo e internacional. El debate sobre el Tratado Constitucional de 2005 cambió el panorama con la revelación brutal de que, si bien Europa era ciertamente «social», no lo era en el sentido que se había creído o esperado.

En realidad, la democratización es la última ilusión de los defensores del «proyecto europeo». Igual que la Europa social, la Europa democrática nunca tendrá lugar,132 al menos no en el marco existente. Ya que lo que está en cuestión son los mismos fundamentos de Europa, y no tal o cual «déficit» que se pueda remediar mediante algún complemento institucional. Por este motivo la iniciativa de Yanis Varoufakis, «Manifiesto por la democratización de Europa», está condenada al fracaso; no porque abra la perspectiva de una Constituyente europea, sino debido a los medios propuestos para llevarla a cabo: llama de inmediato a una democratización de la «burocracia de la Unión Europea» e imagina poder responder así, en doce meses, a la crisis económica existente «con la ayuda de las instituciones actuales y en el marco de los tratados en vigor», mediante una «reinterpretación creativa de los tratados».133 En realidad, todo recorrido que tenga como objetivo la democratización de las instituciones europeas sobre las bases constitucionales existentes no puede hacer otra cosa más que dar la espalda a la democracia. La lección griega no tiene discusión: hay que romper con todo el sistema de los tratados para refundar Europa. La alternativa no es «o el repliegue nacionalista, o seguir con la Europa actual», porque esta continuación misma es la que alimenta y exaspera el nacionalismo en sus formas más abyectas. Europa no puede refundarse sino es desde sus bases, con una ciudadanía democrática transnacional que debe ser obra de los ciudadanos europeos.

Notas:

97. Jean-Claude Juncker, en Le Figaro, 29 de enero de 2015.

98. Bryan Ward-Perkins, La Chute de Rome. Fin d’une civilisation, Alma editor, París, 2014, pág. 289.

99. Ibid., págs. 289-290.

100. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit., págs. 56 a 62.

101. Michel Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France 1977-1978, Gallimard/Seuil, París, 2004, págs. 305-306. [Trad. cast.: Seguridad, territorio, población. Curso del Collège de France (1978-1979), Akal, Madrid, 2009].

102. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit., pág. 84 y sigs.

103. Michel Foucault, Sécurité, territoire, population, op. cit., pág. 312.

104. Por nuestra parte, hemos evidenciado la lógica que rigió en la construcción europea en los capítulos VII y XI de La nueva razón del mundo (op. cit.), consagrados respectivamente al «ordoliberalismo» entre «política económica» y «política de sociedad» (págs. 187-218), y a los «orígenes ordoliberales de la construcción europea» (págs. 328-352). Véase igualmente el capítulo 2 de la presente obra.

105. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit., pág. 147. [Trad. cast.: Nacimiento de la biopolítica. Curso del Collège de France (1978-1979), Akal, Madrid, 2009].

106. Véase supra capítulo 2.

107. Ibid.

108. Sería un error sobrevalorar la influencia hayekiana en la construcción europea. Wolfgang Streeck llega a hablar incluso de una «hayekización del capitalismo europeo», en apoyo de su propuesta de restauración de la soberanía estatal nacional (Du temps acheté, op. cit., pág. 149). Véase supra, capítulo 2.

109. Véase Antonin Cohen, De Vichy à la Communauté européenne, PUF, París, 2012.

110. Ibid., pág. 64.

111. N. del T.: El planismo es una teoría económica desarrollada durante los años 1930, que consideraba que una planificación podía modificar la sociedad en profundidad o, por lo menos, limitar los efectos perversos y la miopía del mercado. Esta corriente tuvo influencia en medios socialistas y sindicalistas, pero también inspiró a los petainistas (Wikipedia).

112. Véase Nicolas Jabko, L’Europe par le marché. Histoire d’une stratégie improbable, Les Presses de Sciences Po, París, 2009.

113. Como dice Wolfgang Streeck, Du temps acheté, op. cit., págs. 163 y 287.

114. Tomamos esta expresión de Étienne Balibar: «Europe et réfugiés : l’élargissement», 15 de septiembre de 2015, Mediapart.

115. Antonin Cohen, Le Régime politique de l’Union européenne, La Découverte, 2014, pág. 7.

116. Antoine Vauchez, L’Union par le droit. L’invention d’un programme institutionnel pour l’Europe, Les Presses de Sciences Po, París, 2013.

117. En efecto, recordemos que las medidas transitorias (MT) adoptadas entre 2003 y 2005 crearon un desigualdad entre «ciudadanos europeos», suspendiendo el derecho a la circulación de los trabajadores asalariados de diez nuevos Estados miembros provenientes del antiguo bloque soviético (véase Teresa Pullano, La Citoyenneté européenne, Un espace quasi étatique, 2014, Les Presses de Sciences Po, París, págs. 111 a 139).

118. Véase Isabelle Bruno, Pierre Clément y Christian Laval, La Grande Mutation. Néolibéralisme et éducation en Europe, Syllepse, París, 2010, y Sandrine Garcia, «L’Europe du savoir contre l’Europe des banques? La construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur», Actes de la recherche en sciences sociales, n° 166-167, marzo 2007, págs. 80-93.

119. Véase Commission européenne, Livre blanc sur la nouvelle gouvernance européenne, 2001.

120. Wendy Brown, Undoing the Demos, op. cit., págs. 127-128.

121. Durante el debate con la redacción de Mediapart («Frente a la redacción de Mediapart», el 25 de septiembre de 2015, desde el minuto 28 al 35 en YouTube), Yanis Varoufakis reveló que el Eurogrupo se había reunido a puerta cerrada durante diez horas sin que nadie tomara notas. No hay acta a la que sea posible remitirse para establecer las posiciones adoptadas por unos y otros. Un funcionamiento así muestra significativamente la opacidad propia de las prácticas de la gobernanza europea.

122. Desde este punto de vista, las figuras de Monti y Draghi son muy emblemáticas, mucho más que el cómodo espantajo de Wolfgang Schäuble fanático del credo ordoliberal.

123. En una resolución del 18 de diciembre de 1970 (Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. pág. 1125), el Tribunal de Justicia indicó que «la invocación de los daños causados, sea a los derechos fundamentales tal y como se formulan en la Constitución de un Estado miembro o a los principios de una estructura constitucional nacional, no puede afectar a la validez de un acto de la Comunidad o a su efecto en un territorio de dicho Estado».

124. Frédéric Lebaron, «Les dirigeants de la BCE, une nouvelle “élite” monétaire européenne?», en Didier Georgakakis (dir.), Le Champ de l’eurocratie. Une sociologie politique du personnel de l’UE, Economica, París, 2012, pág. 124.

125. Véase Christophe Degryse, «La nouvelle gouvernance économique européenne», Courrier hebdomadaire du CRISP, 2012.

126. Corinne Gobin, «L’Union européenne et la nouvelle gouvernance économique: un système politique contre l’État démocratique», Pyramides, n° 25, 2013, págs. 155-180.

127. Según el artículo 105 del tratado de Maastricht, el BCE tiene como único mandato «mantener la estabilidad de los precios». Vemos hasta qué punto el ilustre precedente del Bundesbank ha sido un modelo para los bancos centrales de otros países europeos y luego, más tarde, para el mismo BCE (Wolfgang Streeck, Du temps acheté, op. cit., nota 64, págs. 321-322).

128. Véase las declaraciones muy claras de Mario Draghi que hacen de la reforma del mercado de trabajo un objetivo claro para el BCE: «Structural reforms, inflation and monetary policy», Introductory speech by Mario Draghi, President of the ECB, ECB Forum on Central Banking, Sintra, 22 de mayo de 2015, http://urlz.fr/37Z0.

129. Véase Commission des communautés européennes, Livre vert, Moderniser le droit du travail pour relever les défis du xxie siècle, 2006.

130. Las recientes reformas en España, Italia y Francia son un ejemplo perfecto de ello.

131. Véase Antoine Vauchez, Démocratiser l’Europe, Seuil, París, 2014, págs. 70-71, y Alain Supiot, «Le sommeil dogmatique européen», Revue française des affaires sociales, n° 1, 2012, págs. 185-198.

132. François Denord y Antoine Schwartz, L’Europe sociale n’aura pas lieu, Raisons d’agir, París, 2009.

133. Véase «L’Europe que dessine Yanis Varoufakis», 3 de febrero de 2016, por Ludovic Lamant, Mediapart.

5
El nudo corredizo de la deuda

El caso griego es particularmente revelador de la «radicalización neoliberal». He aquí un país que el 25 de enero de 2015 eligió a una coalición parlamentaria cuya mayoría quería poner fin a la política de austeridad que, desde hacía ya cinco años, había reducido a una cuarta parte la riqueza producida, empobrecido a la población y aumentado la mortalidad. Durante seis meses, las instituciones europeas, supuestamente «apolíticas», en estrecha colaboración con los oligarcas griegos, principales propietarios de los medios de comunicación, llevaron a cabo una verdadera guerra económica e ideológica contra el gobierno de Syriza. Después de una serie de retrocesos que empezaron durante el mes de febrero, los obligaron a someterse por completo a la lógica austeritaria contenida en los «memorandos» firmados entre los gobiernos griegos y la Troika (Comisión Europea, BCE y FMI) desde 2010. Finalmente la rendición se obtuvo en el mes de julio de 2015, con la firma de un tercer memorando validado el 19 de agosto.134

La deuda como instrumento de gobierno

Se ha demostrado sobradamente que el euro, por su funcionamiento, había provocado desequilibrios crecientes entre las economías de los países miembros, y particularmente había alimentado las burbujas de crédito en los países del sur de Europa, especialmente en España y en Grecia. Pero las disfunciones observadas no se deben únicamente a un error técnico de concepción, como cree Paul Krugman. Se deben al mismo tiempo a las relaciones de fuerza económicas entre países y a la idea política de la moneda tal y como fue desarrollada por el ordoliberalismo. En efecto, el euro se constituyó no como un instrumento monetario al servicio de objetivos políticos determinados democráticamente, sino como un elemento intangible de un marco institucional y reglamentario en el cual deben inscribirse absolutamente todas las políticas. Esta concepción ordoliberal de la moneda es estrictamente disciplinaria.135 Pero, ¿con qué medios se ejerce esta disciplina en la Unión Europea? Esto es lo que nos ha enseñado la guerra política de las instituciones europeas contra el gobierno de la izquierda radical griega en 2015. El chantaje directo para doblegar al gobierno de Tsipras se llevó a cabo mediante la amenaza de una salida de la zona euro, que rápidamente se concretizó en el progresivo bloqueo monetario efectuado desde principios de febrero por el BCE. Pero el arma principal fue, sin duda, la dependencia introducida por la deuda, que se tradujo en la presión ejercida sobre las autoridades políticas griegas para que establecieran medidas de austeridad totalmente incompatibles con los compromisos electorales del gobierno de Syriza.

La crisis llamada de las «deudas soberanas» en Europa ha mostrado la eficacia política de esta relación de dependencia. Evidentemente, la deuda es un medio económico de extraer y transferir riqueza a favor de los acreedores y, en caso de riesgo de impago, de imponer las soluciones que les son más favorables. Pero es mucho más que esto. Es una temible forma de gobierno. Sabemos que la política desarrollada por la Unión Europea es dirigida en gran medida por Alemania y Francia, dos países cuyas bancas respectivas son las más expuestas a la deuda griega, por haber prestado sin precaución alguna, a empresas y al Estado, para poder financiar mejor sus propias exportaciones.136 Las empresas alemanas o francesas se atiborraron de encargos públicos griegos de bienes tecnológicos y de materiales militares de alta gama. Gaël Giraud recordó los términos de la ecuación: el volumen de los préstamos de bancos extranjeros a Grecia se multiplicó por cuatro entre el 2000 y el 2007. También subrayó el uso de este dinero: «Grecia, superpotencia europea, fue uno de los cinco mayores importadores de armas de Europa entre 2005 y 2009. La compra de aviones de combate (veinticinco Mirage 2000 a Francia) representa por sí sola el 38% de las importaciones».137 A este origen de la deuda griega hay que añadir la huida masiva y continua de capitales griegos hacia los bancos alemanes y suizos, cuyo volumen supera la cuantía actual de la deuda. En definitiva, gran parte de la deuda se debe a dos series de causas demasiado a menudo ocultas: la sangría llevada a cabo por los acreedores en forma de tasas de interés elevadas y de medidas fiscales muy favorables para los oligarcas griegos, que hicieron disminuir los ingresos a partir del año 2000.138

Entonces, ¿cómo se puede conseguir que se olvide el sistema de intereses interoligárquicos que están en el origen de esta primera deuda monstruosa, sino haciendo creer que esta situación se debe sólo a la impericia de los pueblos irresponsables, a los que hay que castigar y disciplinar? La presión que se ejerce sobre los países del sur de Europa y sobre Irlanda (los célebres «PIIGS») cobra un tinte moral. En opinión de los gobernantes de los países acreedores, es deber de cada cual pagar sus propias deudas.139 Esta cruzada moral se basa en una falsificación histórica de la realidad. Pretende hacer olvidar el origen de la deuda llamada «soberana», efecto de las relaciones asimétricas entre «países centrales» y «países periféricos»,140 fruto de una política monetaria europea muy favorable al endeudamiento, de una fiscalidad caótica y muy favorable a los grandes ingresos y a los grandes patrimonios, pero también resultado, más inmediatamente, de la crisis financiera.141 La realidad es que la «nueva gobernanza europea» ha introducido un modelo inédito de «soberanía» bajo vigilancia permanente.

Una nueva concepción de soberanía

Se dice, y con razón, que la Unión Europea consiguió doblegar la voluntad de Syriza de romper con las políticas de austeridad y que de este modo ha conseguido invertir el sentido del sufragio universal, que expresaba la voluntad de aligerar el peso de la deuda. Esta política no es totalmente nueva, se inscribe en una puesta bajo tutela que no empezó en enero de 2015. Desde el inicio de la «crisis del euro» en 2010, los oligarcas europeos ya lo decían abiertamente: la democracia liberal de tipo clásico ya no forma parte del programa en un mundo en guerra económica y militar generalizada. Los acontecimientos que se desarrollan desde hace cinco años en Grecia son de la mayor importancia para entender esta estrategia. Yanis Varoufakis explicó lo esencial:

Grecia es el campo de batalla en el que se ha ensayado e intentado una guerra contra la democracia europea, contra la democracia francesa… Estoy aquí porque nuestra Primavera de Atenas ha sido aplastada, al igual que la de Praga. Por supuesto, sin tanques, pero con bancos. Como dijo Bertolt Brecht: «¿Por qué enviar a asesinos cuando podemos recurrir a los usureros?» ¿Por qué dar un golpe de Estado cuando podemos enviar al presidente del Eurogrupo para que le diga al nuevo ministro de finanzas de un gobierno recién elegido, tres días después de su toma de posesión, que tiene que elegir entre el programa de austeridad anterior, que ha hundido a su país en una depresión enorme, o el cierre de los bancos nacionales?142

Es este mismo chantaje, excluyendo prácticamente toda ruptura con la lógica de la austeridad, el que se confirmó con el primer acuerdo del 20 de febrero entre el Eurogrupo y Grecia.

Pero esta «guerra contra la democracia» no es sólo cosa de Grecia. Lo que le ha pasado a Grecia es la versión particularmente brutal de la forma que tiene el neoliberalismo de imponerse hoy en día en un gran número de países.143 La democracia liberal, con sus elecciones periódicas, sus opiniones más o menos versátiles, debates y conversaciones, debe ser imperativamente restringida, incluso vaciada, por el mundo «serio» de la economía de mercado. Jean-Claude Juncker, entonces presidente del Eurogrupo, hizo la primera confesión al respecto en julio de 2011 en la revista alemana Focus: «La soberanía de Grecia quedará enormemente «restringida» debido a «la oleada de privatizaciones futuras». Y añadió: «Sería inaceptable insultar a los griegos pero hay que ayudarles. Dijeron estar dispuestos a aceptar el savoir-faire de la zona euro».144 Esto equivale a decir, midiendo las palabras, que un país de la Unión, y no de los menores en el plano simbólico, ya no respondía a criterios democráticos y debía ser tutelado por las organizaciones intergubernamentales e internacionales que forman la «Troika». La tutela por parte de este grupo ha seguido pesando desde entonces sobre las instituciones griegas. En diciembre de 2011, la primera gran demostración de fuerza fue la sustitución del Primer Ministro Georgios Papandreu por Lucas Papademos, un hombre de confianza de los bancos y los mercados, hasta entonces gobernador del Banco Central Griego. El crimen del primero había sido proponer, a finales de octubre de 2011, un referéndum sobre el plan de ajuste estructural impuesto por la pareja Merkel-Sarkozy.

Uno de los nuevos aspectos evidenciados por la «crisis griega» es que ya no hace falta guardar las formas cuando se trata de obstaculizar la democracia liberal. La franqueza en las declaraciones de los responsables europeos es completa. En un artículo en el que mostraba su «visión de Europa», Jean-Claude Trichet, antiguo presidente del BCE, declaraba que, en la nueva fase que se abría, «las autoridades de la zona euro tendrían un rol mucho más profundo y autoritario (sic) en la formulación de las políticas presupuestarias de los Estados».145 En otras palabras, la forma de poder inaugurada por la directriz de la Troika sobre el presupuesto griego se generalizaría y se convertiría en la principal forma de gobierno o, al menos, una forma de intervención «legal» en el caso de que los gobiernos de un país no pudieran o no quisieran respetar la regla constitucional de la «norma de oro» presupuestaria. Así, las instituciones nacionales y la representación elegida no tendrían ya más opción que aprobar decisiones tomadas por las nuevas autoridades. Las autoridades europeas se reservan el ejercicio del poder soberano en caso de que alguien «se salga de la fila». ¿Extrapolación? Leamos la continuación de las declaraciones de Trichet: «Esto nos aleja del marco actual, que deja todas las decisiones en manos del país en cuestión. Lo que va a ocurrir es lo contrario, será posible, incluso obligatorio [sic] en ciertos casos, que las autoridades europeas tomen las decisiones directamente». Trichet es consciente de la gravedad de la fórmula pero, aun así, la reivindica: «Poner en orden esta obra requiere igualmente adoptar una nueva idea de soberanía, teniendo en cuenta la interdependencia compleja que existe entre los países de la zona euro».146 Si recordamos que uno de los pilares históricos más antiguos de la democracia liberal es el principio «no taxation without representation», estamos en condiciones de apreciar el giro histórico que han dado los oligarcas europeos en materia de derecho público.

No basta con la constitucionalización de la competencia, del equilibrio presupuestario y de la política monetaria mediante los tratados. También hay que establecer métodos de gobierno nuevos que suplanten a las autoridades políticas nacionales en la toma de decisiones europeas. En otras palabras, la «constitucionalización» económica debe intensificarse, en caso de crisis grave, mediante el gobierno directo de un país miembro por parte de autoridades económico-financieras que se otorgan el derecho a cambiar o promulgar las leyes de dicho país. Esta política, propia de un directorio, no obedece a ninguna norma predefinida, las entidades que la llevan a cabo no tienen un estatus legal claro y su poder es opaco (Troika, Eurogrupo),147 pero su misión es, en cambio, muy clara: salvar el sistema de intereses financieros privados y públicos y mantener a los gobiernos nacionales en la línea de la austeridad. Así se entienden mejor las declaraciones de Jean-Claude Juncker —que ya citamos al principio del capítulo anterior, pronunciadas al día siguiente de la victoria De Syriza— y la polémica que provocaron: «Decir que todo va a cambiar porque haya un nuevo gobierno en Atenas es tomar estos deseos por la realidad. […] No puede haber elección democrática contra los tratados europeos».

Todo vale

No hubo ningún plan concertado de destrucción de los principios más elementales de la democracia clásica. La teorización de la nueva «soberanía» rubrica las prácticas políticas de tutela que las instituciones europeas, el FMI y los gobiernos de ciertos países miembros han llevado a cabo sin preocuparse demasiado del derecho europeo. Ya que el sacrosanto «respeto por las normas», que los ordoliberales blandían en toda ocasión, se ha violado alegremente en materia de medios. Ahí, todo está permitido. La historia de la «Troika» o del «Eurogrupo», instituciones sin existencia jurídica148 y sin principios explícitos, lo deja muy claro. Grecia ha sido el principal «laboratorio» de esta nueva forma de gobierno autoritario a través la deuda.149 Como se vio perfectamente, esto tuvo relación con la importancia de la cuantía de su deuda con relación al PIB. Pero la lección que de ello se puede extraer vale para todos los otros países. Pone de manifiesto las posibilidades que hay de tomar el control de una economía y de una sociedad nacional mediante la herramienta política de la deuda y, concretamente, mediante el bloqueo financiero por parte de los acreedores de la propia deuda, supuestamente legítima. Los tres memorandos «a prueba de reformas» que Grecia tuvo que firmar sin poder negociar desde 2010 son las pruebas más tangibles, como también lo son los métodos mismos empleados por los acreedores para imponer sus análisis y sus decisiones, así como para controlar las instituciones políticas del país: visitas regulares a los ministerios, redacción de proyectos de ley y de los decretos, establecimiento de la lista de privatizaciones, control directo de los funcionarios encargados de la recaudación, etc. Los medios empleados por parte de las instituciones acreedoras fueron aún más violentos cuando tropezaron con la resistencia del gobierno de Tsipras y su intento de negociar «con calma», «razonablemente», una política «más inteligente» que permitiera amortiguar los efectos de la austeridad, el retorno de las inversiones y del crecimiento en Grecia. Entonces no dudaron en iniciar la asfixia financiera del país desde principios de febrero, es decir, dos semanas después de la victoria de Syriza, y luego en aplicarla radicalmente desde finales de junio hasta principios de julio de 2015, cuando el BCE decidió no incrementar el techo de liquidez de urgencia disponible para los bancos griegos, causando así la asfixia de la economía. El tercer memorándum del 13 de julio de 2015, que le puso a Grecia definitivamente la soga al cuello, estipula de forma clara que la asamblea parlamentaria sólo fue concebida, en todo momento, como un simple organismo de registro de las consignas de los acreedores, hasta el punto de obligar al gobierno a abolir retroactivamente las leyes votadas desde el acuerdo de febrero. Así, se estipula que «el gobierno debe consultar a las instituciones y convenir con ellas todo proyecto legislativo en los ámbitos en cuestión en un plazo apropiado antes de someterlo al escrutinio público o al Parlamento».150

Si damos crédito al testimonio de Varoufakis, la cuestión política fue en realidad mucho más importante que la económica, que no interesaba demasiado a sus interlocutores del Eurogrupo. Durante una de las reuniones, Wolfgang Schäuble, el ministro de economía de Alemania, habría declarado: «Las elecciones no pueden cambiarlo todo. Si cada vez que hay unas elecciones cambian las normas, la Eurozona no podría funcionar». A lo que Varoufakis respondió: «Si es verdad que las elecciones no cambian nada, deberíamos ser honestos y decírselo a nuestros ciudadanos. Quizás deberíamos enmendar los tratados europeos y poner una cláusula que suspenda el proceso democrático en los países obligados a tomar dinero prestado de la Troika. ¿Pero Europa está de acuerdo con esto? ¿Nuestros pueblos han votado a favor de esto?».151 Parece que la pregunta quedó sin respuesta… Aunque bastó para que Varoufakis comprobara que todos los participantes del Eurogrupo estaban de acuerdo en menospreciar el sufragio universal de un país miembro. Ya lo hemos visto en el capítulo anterior, no es nada nuevo: Europa avanza pisoteando las normas de la democracia electoral.

Una lógica de guerra política

¿Cuál es pues la lógica implacable de la Troika? Ciertamente, el chantaje financiero asegura una transferencia real de riqueza en provecho de los acreedores, pero provoca también una aceleración del endeudamiento, una especie de «círculo vicioso» bancario a gran escala en el que los nuevos préstamos sirven mayoritariamente para devolver los vencimientos de los antiguos préstamos. El tercer memorándum de julio de 2015 hizo aumentar la deuda a más del 200% del PIB griego.152 En este sentido, desde el punto de vista de una estricta lógica contable, la austeridad impuesta a Grecia es «irracional». El error inicial de Tsipras fue precisamente creer que había una forma «económicamente racional» de resistirse a las imposiciones europeas. Y luego, sobre esta misma base «racional», esperar de Hollande o de Renzi una ayuda o, al menos, una mediación equilibrada.

En realidad, la obligación absoluta de la devolución de la deuda, tan absurda e imposible desde el punto de vista de una estricta lógica contable, obedece a una lógica mucho más profunda de naturaleza política.153 Los miembros del Eurogrupo no podían ignorar esta absurdidad, aunque hasta ahora no hayan mostrado interés alguno por las consecuencias sociales de las medidas que la Troika ha impuesto a la población griega. No son lo bastante estúpidos como para no darse cuenta de que el peso de esta deuda ha aumentado desde 2009 (del 115% del PIB a prácticamente el 200% en 2016). Incluso el FMI, vocero de la austeridad, ha acabado dándose cuenta. Por otra parte, esto es algo que entendió muy bien un consejero del gobierno griego que siguió muy de cerca las negociaciones con la Troika: «Fuimos a la guerra creyendo que teníamos las mismas armas que ellos. Subestimamos su poder. Es un poder que se inscribe en una verdadera fábrica de sociedad, en la forma de pensar de la gente. Está hecho a base de control y chantaje. Tenemos muy pocas herramientas para hacer frente a esto. El edificio europeo es kafkiano».154 En el fondo, el programa de Syriza, presentado en septiembre de 2014,155 que había osado mostrar independencia respecto a la línea política de la Comisión, del BCE y del FMI, era el verdadero objetivo del chantaje del Eurogrupo. Este último no podía tolerar ninguno de los cuatro pilares de aquel programa. Esto es lo que aprendieron los negociadores griegos muy a su pesar. «El tratamiento de la crisis humanitaria, la reactivación de la economía real, la reconquista del empleo y la restauración del derecho del trabajo, la refundación ciudadana del Estado y de sus instituciones», todos estos puntos del programa de Syriza eran una herejía que debía ser eliminada a toda costa de la Unión Europea antes de que, por contagio, se propagaran las malas ideas de justicia social a otros lugares.

La «deudocracia» o el poder soberano de los acreedores

El endeudamiento permitió, quizás de forma provisional, neutralizar todos los esfuerzos del gobierno griego de apartarse de la ortodoxia ordoliberal. Que la deuda sea un medio de sometimiento es algo de lo que tenemos huellas históricas y etnológicas.156 En ciertos lugares y épocas fue incluso causa directa de esclavitud. En concreto, sabemos el alcance que tuvo la prohibición por parte de Solón de garantizar los préstamos con personas. Aristóteles nos lo cuenta: la abolición de las deudas, tanto privadas como públicas, se llamó entonces seisachtheia, o sea «rechazo de la carga», precisamente porque fue un modo de librarse del fardo que era la deuda.157 Ciertamente, la deuda financiera actual ya no implica una apropiación de los individuos por parte de los acreedores, pero se garantizan los préstamos con la riqueza patrimonial, una transferencia del flujo de nuevas riquezas y una pérdida de autonomía colectiva.

La situación actual debe ser analizada, ante todo, en términos de relaciones de fuerza. Ahora quienes de verdad controlan el juego son los acreedores privados, debido a su papel esencial en la financiación de los Estados. Con el apoyo de las agencias de calificación, han conseguido tener el poder de permitir o no permitir la continuidad de la vida económica y, en consecuencia, de la vida social. Pueden especular, vía los productos derivados, con la capacidad o incapacidad de devolución de la deuda, haciendo variar las tasas de interés según los cambios de humor en la «opinión de los mercados» ante las políticas que se llevan a cabo. Este poder del oligopolio financiero se muestra en su capacidad de imponer a los Estados la transformación de las deudas privadas acumuladas en las cuentas de resultados de los bancos —deudas convertidas en productos tóxicos a medida que crece la insolvencia de los prestatarios privados y públicos —en deudas públicas finalmente garantizadas por los contribuyentes—.158 De igual modo, los riesgos asumidos por los bancos son cubiertos por los Estados, los cuales, de forma unilateral o compartida, recapitalizan los bancos privados en detrimento de los presupuestos públicos.

Este poder de los acreedores explica por qué el «pacto keynesiano» (Krugman) para relanzar el gasto público y el control de los capitales ya no funciona y por qué los responsables gubernamentales toman medidas absurdas que hacen que la recesión sea más profunda: «el miedo a los especuladores» es el motivo esencial de las políticas de austeridad. Dicho de otro modo, la soberanía efectiva y reconocida de los acreedores conduce a una inversión lógica de las políticas macroeconómicas.159 Los ataques especulativos que se autorrealizan han provocado en América Latina, en Asia y en Europa tantos daños económicos y sociales en estos últimos decenios, que los gobiernos se ven obligados a adoptar políticas contrarias al «sentido común» para «recuperar la confianza» de los mercados financieros, esas entidades caprichosas, aborregadas y perversas siempre dispuestas a aumentar las primas de riesgo sobre los préstamos. Esta obsesión por la «confianza» ha convertido la política económica en «un ejercicio de psicología amateur mediante el cual el FMI y el Departamento del Tesoro han intentado persuadir a los países de que tomen medidas que —así lo esperaban— serían percibidas favorablemente por el mercado», precisa Krugman.160

«Recuperar la confianza de los mercados», ésta es la clave del Consenso de Washington y de sus reformas estructurales, también el non plus ultra de la política europea, que no hace más que «copiar/pegar» las fórmulas del FMI de los años 1980 y 1990. Esta elegante expresión no es sino un eufemismo que designa la autosumisión de los Estados al poder de las finanzas. La competencia entre los fondos especulativos y los bancos tiene como resultado que se asuman riesgos fuera de todo control y fomenta comportamientos que autoalimentan burbujas, incrementan el sobreendeudamiento y, finalmente, provocan el efecto dominó de la crisis financiera.161 La competencia entre plazas financieras las ha llevado a todas a alinearse con los países que practican el menor común denominador normativo, como la City y, de forma más general, con las finanzas anglosajonas, lo cual conviene a los actores financieros de otros países, que sacan de ello jugosos beneficios.162

Pero esta «recuperación de la confianza» es sobre todo una muestra de las relaciones entre un «Estado deudor» y las potencias que le prestan dinero en condiciones que dependen precisamente de esa célebre «confianza». Mediante su política fiscal, los Estados neoliberales han construido su propia subordinación a los mercados, que se encuentran en posición de dictarles qué políticas deben seguir. De ahí viene la espiral de concesiones y de regalos hechos a las clases más ricas y a las empresas. Con razón, Wolfgang Streeck compara la forma en que los accionistas se han asegurado el control de los consejos de administración de las empresas privadas, asegurándose un reparto de los beneficios a su favor, con la forma en que los bancos y los hedge funds toman el control de los gobiernos, con el fin de atribuirse ventajas fiscales y el acceso al patrimonio público:

Del mismo modo que el aumento del shareholder value, del valor accionarial, exige a los consejos de administración de las empresas que controlen sus efectivos, o bien —mejor dicho— que impliquen a su personal en los esfuerzos comunes destinados a aumentar el valor de la acción, asegurarse la confianza de los prestamistas exige que los gobiernos convenzan a sus ciudadanos de que hay que moderar toda reivindicación que tenga un impacto en el presupuesto, incluso hacen ellos mismos esta revisión a la baja, para complacer a los «mercados financieros».163

Esto también otorga un poder considerable a los agentes de la administración que negocian la deuda en los mercados de obligaciones. El ejemplo de Grecia muestra que, en adelante, los derechos del capital prestamista predominan absolutamente sobre los derechos de las poblaciones a tener las garantías más elementales y servicios públicos de calidad. En otras palabras, el Estado endeudado debe garantizar ante todo el capital welfare en contra de su población.

Sociedades esclavizadas por la deuda

¿Cómo asegurar la transferencia de la riqueza producida para devolver la deuda, al menos en parte? ¿Y cómo hacer para que este drenaje de riqueza entre el deudor y el acreedor se perpetúe, evitando así pérdidas excesivas para los acreedores en caso de sobreendeudamiento? En el caso de Grecia este problema clásico adopta un cariz ejemplar. El objetivo de los acuerdos «préstamos a cambio de reformas» no ha sido solamente «absorber» riqueza sino también reorganizar la sociedad, es decir, imponer reformas, particularmente en materia de privatizaciones, de salarios y del mercado de trabajo. En efecto, lo que resulta notable en la actual dominación financiera es la capacidad que han adquirido los acreedores de imponer, mediante el chantaje, transformaciones económicas, sociales y políticas importantes que favorezcan a las oligarquías locales. Todo protocolo, pacto, contrato o memorándum es una ocasión inmejorable para «condicionar» los préstamos a un gobierno cuya necesidad urgente es obtener los fondos necesarios con el fin de evitar que se asfixie su economía y su sociedad se hunda en el caos. No hay que confundir este chantaje con una forma de gubernamentalidad mucho más sutil que se apoya en la gestión individual del capital humano.164 Ahí vemos dos modalidades distintas del «gobierno mediante la deuda». En el caso que nos ocupa, el endeudamiento público no introduce una relación subjetiva de acumulación y de rendimiento, como lo haría, por ejemplo, un préstamo estudiantil, el cual es una supuesta anticipación de los beneficios extraídos del «capital humano» acumulado a lo largo de los estudios. La deuda pública introduce más bien una relación de chantaje del tipo: «¡La devolución o la vida!» No se trata tanto de una biopolítica como de una necropolítica.165 Esto se debe a que el acreedor tiene un poder de vida y muerte sobre un sistema bancario, un aparato de producción, un gobierno y, finalmente, una población.

En definitiva, la condicionalidad del préstamo es más importante que la sostenibilidad de la deuda cuando permite imponer una «reforma estructural».166 Según la OCDE, esta última tiene el objetivo de reducir los obstáculos para el comercio internacional, la atracción de inversiones extranjeras directas y la liberalización de los mercados financieros. De forma más general, su objetivo es reducir los costes salariales en la producción para aumentar la competitividad, flexibilizar los mercados de trabajo, disminuir el gasto público, recortar las pensiones, en resumen «liberar la oferta económica» de todo límite considerado excesivo por la patronal.167 Esta transformación radical de los países más endeudados gracias a su «puesta bajo programa» es lo que se ha convertido en el principal objetivo de la Comisión Europea y del «apolítico» BCE.

La OCDE propone un verdadero manual de instrucciones de la crisis de la deuda. El texto ya citado explica muy claramente que la «reforma estructural» choca con resistencias sociales y morales, sobre todo cuando se trata de liberalizar el mercado de trabajo. Lo que la OCDE llama «economía política de la reforma» no es más que un conjunto de métodos para imponerla en contra de «intereses adquiridos, inquietudes personales o dispositivos institucionales profundamente enraizados y difíciles de modificar». Con este objetivo, no se debe dudar en recurrir a la política de lo peor:

Las grandes crisis no son cómodas para los responsables políticos, pero pueden favorecer el cambio. Estudios de la OCDE indican que una brecha de producción (la diferencia entre producción efectiva y potencial) del 4% acrecienta aproximadamente en un tercio la probabilidad de una gran reforma estructural. Fue una crisis, marcada por una recesión, con una espiral descendiente de los salarios y déficits considerables, lo que precipitó el cambio en Holanda en los años 1980, y en Canadá y en Finlandia a principios de los años 1990, cuando las finanzas públicas se encontraban en un callejón sin salida. La morosidad de la economía también impuso reformas en Japón. El caso de Europa es instructivo. Los países que han hecho reformas profundas y difíciles, como Dinamarca, Irlanda, Holanda y Reino Unido, muestran la importancia de las crisis para que las reformas reciban apoyo y puedan avanzar.

Para imponer «devaluaciones internas» de ingresos, especialmente de las pensiones y los sueldos de los funcionarios, hay que saber explotar inteligentemente las crisis de la deuda y de la moneda, con el fin de «aprobar» las reformas frente a la opinión pública como medidas de «salvación pública». Pero sobre todo, hay que someter conscientemente a una población a «estrés», a una situación de crisis aguda, para que acabe aceptando quizás la muerte de su alma, la destrucción de sus derechos políticos adquiridos y de sus derechos sociales. Con razón se ha denunciado el carácter «ilegítimo» de la deuda, se ha demostrado su carácter «odioso», han sido reveladas las violaciones de los derechos humanos más elementales que implica su reembolso.168 Hay razones y las seguirá habiendo para mostrar que las consecuencias de los protocolos de acuerdo de los que los acreedores son corresponsables son contrarias a la Carta Social europea. Pero hay que entender una cosa: la deuda es un arma de guerra política de las más eficaces que existen. La OCDE lo dice sin tapujos: «La economía raramente determina la resolución de la batalla de las reformas: es en la política donde está la clave».

A veces, la verdad se encuentra en la boca de los mismos eurócratas. El presidente del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem, afirmaba algunos días después de la victoria de Syriza: «O firmáis el referéndum, o vuestra economía se hunde. ¿Cómo? Haremos caer a vuestros bancos».169 Se ve por qué Varoufakis dijo que nunca hubo negociación entre Grecia y el Eurogrupo sino más bien una «partida trucada».170 Tan sólo podía haber un acto de sumisión. En el caso griego, este acto tardó un poco debido a la victoria de Syriza y a los seis meses de resistencia del gobierno de Tsipras. Este tipo de chantaje se ha convertido casi en costumbre. Chipre ya lo sufrió en 2013 y también Irlanda en 2010. Trichet incluso osó amenazar al gobierno irlandés con «poner una bomba en Dublín» en el caso de que el gobierno no devolviera el dinero a todos los acreedores.171 Tsipras asumió el rol de líder de un pequeño país miembro preocupado por obtener un gesto de buena voluntad por parte de «amigos» con los que habría tejido «lazos de confianza». Eso era ignorar la determinación política de los enemigos de Syriza, que acabaron pidiendo al BCE que cerrara el grifo de la liquidez a los bancos griegos, precipitando así su quiebra y el derrumbe de la economía. El margen de maniobra era inexistente, salvo que se hubiera roto con el segundo memorándum desde la victoria de enero de 2015, en vez de seguir cumpliendo con los vencimientos de devolución de una deuda insostenible y agotando así los recursos existentes.

A falta de una ruptura franca, el gobierno griego fue de retroceso en retroceso hasta el anuncio sorpresa del referéndum de principios de julio, que dejó entrever un giro en la relación de fuerzas. Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, se ve que se trataba de un juego de engaños.172 La lección griega demuestra que no puede haber ninguna inflexión real desde el interior del juego institucional europeo debido al poder del chantaje que se ejerce sobre los resistentes a la línea dominante. La amenaza del «Grexit» esgrimida por Wolfgang Schäuble el 11 de julio, con el apoyo del BCE, amenaza que estimuló el bank run, no era más que el último farol destinado a hacer entrar en razón a la izquierda griega. Mediante este chantaje cada vez más abierto y agresivo, los dirigentes europeos consiguieron sus objetivos: eliminar la anomalía griega convirtiendo al lobo en cordero. Se trataba de dar ejemplo, mostrando a los otros países que pudieran sentir la tentación de salir de la trampa de la austeridad, Portugal o España por ejemplo, cuánto puede costar la desobediencia.

Pero no hay que aislar la «crisis griega» de la «crisis europea», tampoco esta última de la crisis mundial. Sólo son diferentes aspectos de una guerra generalizada para cambiar el mundo de acuerdo con las normas de la lógica capitalista. La política de las grandes instituciones de Bretton Woods y del gobierno de los Estados Unidos ha tenido como línea constante la negación de la democracia, el apoyo a dictaduras y regímenes despóticos, la participación en golpes de Estado en América Latina.173 Con el Consenso de Washington, aplicado a partir de los años 1990, el objetivo siguió siendo el mismo, pero los métodos cambiaron un poco. La presión se hizo indirecta, blandiendo el arma de la deuda. ¿Para qué instaurar una dictadura militar si se puede hacer lo mismo mediante los mercados? La sumisión por la fuerza fue sustituida por el «respeto de la firma» so pena de asfixia económica y financiera. Sin embargo, el neoliberalismo continúa imponiéndose a las sociedades que transforma mediante el ejercicio del chantaje económico. Esta guerra continua declarada por los acreedores se lleva a cabo por todos los medios posibles: el chantaje al empleo, la asfixia financiera, el miedo a las privatizaciones. Se disfraza bajo un nombre: «la crisis».

De la derrota de Syriza hay que sacar conclusiones políticas. La dirección del partido no calibró bien la situación, la fuerza del adversario y los objetivos y tácticas necesarios para combatirlo. Siguió siendo profundamente conciliadora. Creyeron, y aún lo hacen, en las reorientaciones de las políticas públicas. No comprendieron la lógica profunda de la Unión Europea y no midieron bien la determinación de este adversario. El gran error estratégico de Tsipras y de la dirección mayoritaria de Syriza fue creer que se puede convencer a un interlocutor de buena fe con argumentos racionales con el fin de evitar una crisis abierta con la Unión Europea. Pero convencer al Eurogrupo de las terribles consecuencias que iba a tener prolongar la austeridad era suponer que Europa constituye un universo «habermassiano» donde reina la norma ética de la discusión pública racional. Éste sigue siendo el error de Stiglitz, Krugman o Piketty, que esgrimen en la escena histórica las armas de la bella verdad científica que creen invencible. Ante el sistema de acero de los intereses oligárquicos, ni la buena voluntad ni la fuerza de los argumentos racionales pesan mucho. La guerra de la Unión Europea contra Syriza mostró que no era posible ningún ajuste «social» de la austeridad dentro del marco actual de la zona euro y de sus tratados. También mostró la inanidad de una conducta política que consiste en comprometerse con este mismo marco sin querer sufrir sus consecuencias. La indispensable confrontación con la Unión ordoliberal europea requiere evidentemente precauciones tácticas y técnicas para evitar un desastre social a escala de un solo país aislado, pero está en el centro de toda posible estrategia alternativa.

Notas:

134. Para una cronología comentada de los acontecimientos, véase Stathis Kouvélakis, La Grèce, Syriza et l’Europe néolibérale. Entretiens avec Alexis Cukier, La Dispute, París, 2015.

135. Véase supra capítulo 2. Véase también Céline Barbier, «Ordolibéralisme et économie sociale de marché: la voie allemande de l’Europe?», Observatoire social européen, http://urlz.fr/37ZI.

136. Aquí hacemos referencia al informe de la deuda pública griega coordinado por Éric Toussaint: CADTM, La Vérité sur la dette grecque. Rapport de la commission pour la vérité sur la dette publique grecque, Les Liens qui libèrent, París, 2015. Para un resumen del informe, véase http://urlz.fr/37ZN.

137. Gaël Giraud, L’Illusion financière, Éditions de l’Atelier, París, 2014, pág. 38. [Trad. cast.: La ilusión financiera, Editorial Sal Terrae, Vizcaya, 2013].

138. Véase Michel Husson, «Grèce: pourquoi une dette à 100 % du PIB avant la crise?», http://urlz.fr/37ZS.

139. No hay que olvidar que la deuda privada de los bancos europeos fue transferida a instituciones públicas europeas, transfiriendo así de facto la carga de todo impago parcial o total a los contribuyentes de los países de la Unión.

140. Noëlle Burgi, «Introduction», en Noëlle Burgi (dir.), La Grande Régression. La Grèce et l’avenir de l’Europe, Le Bord de l’eau, Burdeos, 2014.

141. Para un análisis histórico de la deuda, véase Benjamin Coriat y Christopher Lantenois, «L’imbroglio grec. La dette souveraine grecque prise au piège de la zone euro», http://urlz.fr/37ZV.

142. Citado en Christian Salmon, «Rencontre avec Yanis Varoufakis: “Il est temps d’ouvrir les boîtes noires”», Mediapart, 30 de agosto de 2015. También hacemos referencia al discurso de Yanis Varoufakis del 31 de agosto de 2015 con motivo de la fiesta de la Rosa de Frangy-en-Bresse, Notre Printemps d’Athènes, Les Liens qui libèrent, París, 2015.

143. Yanis Varoufakis, Le Minotaure planétaire. L’ogre américain, la désunion européenne et le chaos mondial, Éditions du Cercle, 2014, pág. 19. [Trad. cast.: El minotauro global, Capitán Swing, Madrid, 2013].

144. «Pour Juncker, la Grèce devra se résoudre à perdre une grande partie de sa souveraineté», Le Monde, 3 de julio de 2011, http://urlz.fr/3805.

145. Jean-Claude Trichet, «Une vision pour l’Europe», Les Échos, 28 de diciembre de 2011.

146. Este «nuevo concepto» no es más que la plasmación de la soberanía de los guardianes de la «constitución económica», de la que hemos hablado en el capítulo 2.

147. Es por este motivo que Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, defiende la creación de una autoridad independiente a cargo de esta vigilancia de los presupuestos y las deudas: «La soberanía, explica, ya no debe permitir a los Estados miembros eludir su responsabilidad presupuestaria». Véase Jens Weidmann, «Renforçons la surveillance budgétaire au sein de l’Union européenne», Le Monde, 2 de octubre de 2015.

148. A Yanis Varoufakis, que se sorprendió de la ausencia de notas en el proceso-diálogo, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, le respondió abiertamente que el Eurogrupo no tenía existencia alguna según las leyes europeas y que su presidente hacía por tanto lo que le venía en gana (véase «Face à la rédaction de Mediapart», loc. cit.).

149. Sobre la estrategia del shock y Grecia como laboratorio neoliberal, desde 2012, ver Stathis Kouvélakis, «Grèce, destruction programmée d’un pays», entrevista con Jérôme Vidal, La Revue des livres, n° 4, marzo-abril 2012.

150. Declaración de la cumbre de la zona euro de 12 de julio de 2015, en Stathis Kouvélakis, La Grèce, Syriza et l’Europe néolibérale, op. cit., anexo 3, págs. 205-206.

151. Christian Salmon, «Rencontre avec Yanis Varoufakis», loc. cit.

152. Romaric Godin, «Grèce: la vraie nature du troisième mémorandum», loc. cit.

153. Véase Étienne Balibar, Sandro Mezzadra y Frieder Otto Wolf, «Le diktat de Bruxelles et le dilemme de Syriza», en Alexis Cukier y Pierre Khalfa (dir.), Europe, l’expérience grecque. Le débat stratégique, Éditions du Croquant, Bellecombe-en-Bauges, 2015, pág. 51.

154. Christian Salmon, «Un insider raconte. Comment l’Europe a étranglé la Grèce», Mediapart, 7 de julio de 2007.

155. Véase http://urlz.fr/380n.

156. Alain Testart, L’Esclave, la Dette et le Pouvoir. Études de sociologie comparative, Éditions Errance, París, 2001.

157. Aristóteles, «Constitution d’Athène», en OEuvres, op. cit., pág. 635. [Trad. cast.: Obras de Aristóteles, Gredos, Madrid, 2002].

158. Véase supra capítulo 1.

159. Véase Paul Krugman, Pourquoi les crises reviennent toujours, Seuil, París, 2014.

160. Ibid., pág. 143.

161. La competencia exacerbada entre actores financieros es un factor esencial de la «miopía frente al desastre» de los banqueros. Véase Laurence Scialom, Économie bancaire, La Découverte, París, 2013, pág. 66 y sigs.

162. Véase Jean-Michel Naulot, Crise financière. Pourquoi les gouvernements ne font rien, Seuil, París, 2013, pág. 73.

163. Wolfgang Streeck, Du temps acheté, op. cit., pág. 119.

164. Es lo que hace Maurizio Lazzarato en Gouverner par la dette, Les Prairies ordinaires, París, 2014.

165. Véase Achille Mbembe, «Nécropolitique», Raisons politiques, nº 21, enero 2006. [Trad. cast.: Necropolítica, Melusina, Barcelona, 2011].

166. Véase el capítulo 5, «Les conditionnalités, ennemies de la soutenabilité», en CADTM, La Vérité sur la dette grecque, op. cit., págs. 101 y sigs.

167. OCDE, «Le chemin sinueux de la réforme structurelle», L’Observateur de l’OCDE, nº 261, mayo 2007, http://urlz.fr/380z.

168. Véase sobre este punto La Vérité sur la dette grecque, op. cit., pág. 115 y sigs.

169. Christian Salmon, «Un insider raconte: comment l’Europe a étranglé la Grèce», loc. cit.

170. «Yanis Varoufakis: pour une nouvelle dissidence européenne (2)», entrevista con Christian Salmon, Mediapart, 22 de septiembre de 2015, y «Rencontre avec Yanis Varoufakis: Il est temps d’ouvrir les boîtes noires», loc. cit.

171. Romaric Godin, «La BCE a-t-elle menacé l’Irlande d’une “bombe” en 2011?», La Tribune, 11 de septiembre de 2015.

172. Véase sobre este punto la demostración convincente de Alexis Cukier, «Après la défaite de Syriza», en Alexis Cukier y Pierre Khalfa (dir.), Europe, l’expérience grecque, op. cit.

173. Véase Éric Toussaint, Banque mondiale, le coup d’État permanent. L’agenda caché du consensus de Washington, Syllepse, París, 2006.

6
El bloque oligárquico
neoliberal

El reforzamiento actual del neoliberalismo no procede de un error teórico o de la propagación de «ideas falsas». Ninguna proeza intelectual será suficiente para que el mundo regrese a su cauce. Keynes se equivocaba cuando afirmó demasiado unilateralmente que «son las ideas y no los intereses constituidos las que tarde o temprano son peligrosas, tanto para bien como para mal».174 Para entender el neoliberalismo en acto, hay que preguntarse por las fuerzas colectivas y las oligarquías específicas que lo hacen posible. La cuestión es saber cómo se constituye una coalición lo bastante poderosa para imponer esta lógica como la única «realidad» aceptable. No hay reforzamiento del neoliberalismo sin coalición de grupos distintos, sin un resorte pasional común y un proyecto movilizador. Ni qué decir tiene que la formación y la acción de esta coalición de fuerzas difieren según los países debido a la historia de las instituciones nacionales. Aquí nos ocuparemos esencialmente del caso francés.

Los actores de la radicalización

Para empezar, conviene deshacerse del imaginario neoliberal que disuelve el poder en las redes de comunicación y hace desaparecer a las instituciones en el mundo liso y llano del comercio generalizado (la demasiado célebre «aldea global»). El neoliberalismo no se reduce a una mercantilización globalizada y a una financiarización anónima. Como proyecto y sistema, tiene rostros y nombres propios. Se establece y legitima gracias a grupos políticos, fuerzas sociales, potencias económicas y entornos mediáticos que forman una «nueva aristocracia», la cual ya ha subvertido profundamente los principios democráticos.175 El capitalismo financiero no está hecho solamente de flujos magmáticos administrados por ordenadores interconectados. Tiene instituciones, normas e incluso territorios. Si bien la lógica normativa que se ha impuesto a escala mundial se apoya en potencias que tienen un radio de acción mundial (multinacionales, actores financieros, organizaciones internacionales, Unión Europea, etc.), las potencias nacionales que hacen efectivas las normas son tanto coproductoras como importadoras de la misma.

Llamamos bloque oligárquico neoliberal176 a esta coalición de grupos de la elite que tienen, al mismo tiempo, intereses específicos en diferentes instituciones y esferas sociales a las que extienden su dominio, e intereses comunes que únicamente pueden dominar mediante la solidaridad orgánica que los une. Este poder de coalición es al mismo tiempo nacional e internacional y es sostenido conjuntamente por partidos, empresas e instituciones públicas. Es encarnado por individuos que circulan de un polo al otro del espacio social y parecen estar dotados de una ubiquidad social y geografía que les permite, en las relaciones de poder, movilizar los recursos más variados.177

El término «oligarquía» nos recuerda en la filosofía política a la clase de los ricos presa del demonio de la ilimitación.178 Cuando se trata de analizar las formas concretas del poder oligárquico neoliberal, tenemos que hablar en plural. Las oligarquías son los distintos poderes sumergidos en el vértigo subjetivo de la acumulación y se apoyan las unas a las otras. Se autolegitiman mediante la creencia de que la concentración extrema de riqueza y de poder político en muy pocas manos es la única garantía del mantenimiento relativo del bienestar de la gran mayoría de la población.

Podemos distinguir cuatro componentes principales de este poder: la oligarquía gubernamental y la selecta casta burocrática que está a la cabeza de los Estados y organizaciones internacionales; los actores financieros y el top management de las grandes empresas, que ejercen un poder cada vez mayor (corporate power), especialmente en el ámbito financiero; los grandes medios de comunicación y de entretenimiento, a los que hay que añadir los asesores y los comunicadores; las instituciones universitarias y editoriales, productoras y difusoras del «cemento» discursivo del poder oligárquico. Estos componentes no son todos ellos políticos stricto sensu, pero ejercen una función política sin la cual no se puede entender la actual radicalización neoliberal.

La fuerza de este bloque se basa en su pluralidad y en su doble dimensión nacional e internacional. Por supuesto, en él se encuentran los principales beneficiarios del sistema económico, propietarios de grandes patrimonios privados o altos ejecutivos de empresas privadas, que son los otros grandes beneficiarios del capitalismo accionarial. Pero también están los miembros del alto funcionariado nacional e internacional, dispuestos asumir las posiciones más ventajosas para el capitalismo financiero y que están estrechamente relacionados con profesionales de la política que disfrutan de las ventajas de permanecer mucho tiempo en el poder y a veces también de los encantos del enriquecimiento personal. Igualmente hay que mencionar a los portavoces mediáticos del sistema político-económico, economistas y editorialistas que están en la línea, mezclados con los ídolos del show-business y del deporte, que alimentan conjuntamente el espectáculo hipnótico de una «realidad» fabricada. Sin olvidar a los «actores en la sombra» que fabrican modelos económicos y herramientas facilitadoras de la mundialización de los mercados y de la conversión de los Estados en «agencias» al servicio de las empresas. Estos grupos estrechamente vinculados los unos a los otros, en los que a menudo es posible encontrar los mismos nombres, las mismas redes y las mismas dinastías, disponen de medios económicos, políticos, intelectuales y mediáticos que les permiten acumular riqueza y poder.

El sistema oligárquico dominante tiene tres grandes características: una autorreproducción ya bien rodada de las elites políticas y económicas; una corrupción sistémica basada en la «devolución del favor» y el intercambio de «algo por algo»; y la doble inscripción, nacional e internacional, de sus dispositivos de poder. Tres elementos del funcionamiento oligárquico actúan a favor de la consolidación de este bloque: la coherencia neoliberal de las políticas gubernamentales, tanto de derechas como de izquierdas; la profesionalización de la política acaparada por una pequeña oligarquía de «barones» inquebrantables y pluriempleados; la transformación de la «realidad» según sus intereses por parte de economistas y de los medios de comunicación dominantes. La fragilidad de este bloque también constituye su fuerza: está separado del resto de la sociedad. Su aislamiento en el juego circular de los intereses, su internacionalización económica y cultural, el profundo desconocimiento de lo que pasa «abajo» e incluso el menosprecio por todos lo que están fuera de la esfera oligárquica, hacen que las «elites» pierdan toda legitimidad en su pretensión de dirigir la sociedad y engendran un rechazo masivo que se expresa mediante movimientos de cólera totalmente imprevisibles.

La política profesional y la dominación neoliberal

La política profesional, que se remonta a los mismos orígenes de la democracia representativa, es un vector muy eficaz para la imposición del neoliberalismo. Hoy en día es blanco de los ataques tanto de fuerzas nuevas, como Podemos, en España, que critica a la «casta» en el poder en España, como el Frente Nacional, que critica al «UMPS».179 La gravísima crisis que hoy afecta a la llamada «democracia representativa» se debe a la conjunción de un vicio estructural, el de la profesionalización de la política o «caciquismo», con los efectos de una lógica neoliberal contraria a la gran mayoría de la población. Sean de derechas o de izquierdas, los principales partidos llamados «de gobierno» han establecido, desde los años 1980, el programa de liberalización del mercado de las finanzas, de los intercambios internacionales y del mercado de trabajo en una carrera imparable. Sólo han podido hacerlo beneficiándose de las ventajas propias de la política profesional, que los protegían de las consecuencias de sus propias medidas y leyes. Es cierto que, ante los repetidos escándalos de fraude fiscal por parte de cargos electos o miembros del gobierno, la financiación ilegal de partidos, el abuso de los bienes sociales, la manipulación de los mercados públicos y las comisiones ocultas que la acompañan, los «representantes de la nación» se han visto obligados a imponerse normas de transparencia y de no acumulación de mandatos. Pero el problema está muy lejos de haber quedado resuelto.180 En lo esencial, la profesionalización de la política no ha sido tocada: la apropiación del poder mediante derechos feudales indestructibles va viento en popa, como la corrupción política que es su sombra inseparable.181 Un buen número de condenados por fraude y abusos de todo tipo continúan tranquilamente sus carreras políticas como si nada.182 Y es que la política profesional se basa en un «censo electoral oculto» que la protege relativamente del rechazo popular y que, pase lo que pase, le asegura al bloque oligárquico el control político. Aunque esto alimenta un enorme resentimiento.183

Las oligarquías de los grandes partidos importan los imperativos del nuevo capitalismo mundial al campo de la política. La retórica «mundial» o «republicana», de la que usan y abusan los dirigentes políticos de Francia, no puede ocultar la transferencia del lugar de producción de las normas a organismos intergubernamentales o internacionales no sometidos a elección que funcionan fuera de todo control ciudadano. El juego tradicional de la oposición entre derecha e izquierda se ha borrado en provecho de un juego de la alternancia de dos partes de una misma oligarquía político-económica, unificada precisamente mediante la transformación empresarial del Estado. Es verdad que las dos facciones de la oligarquía política no son absolutamente idénticas, puesto que la competición electoral supone cierta diferenciación de la «oferta» política. Pero esta diferenciación se atenúa peligrosamente para estos partidos, ya que pierden una parte de su crédito. La parte de izquierdas de la oligarquía es tradicionalmente más liberal en el terreno de los «valores», de las costumbres y de las libertades individuales. En cambio, la derecha cultiva su conservadurismo en estos aspectos. Pero, desde hace tiempo, ambas se unen para validar la misma doxa económica y, más recientemente, para consentir la preeminencia del poder ejecutivo y aprobar el reforzamiento de los poderes administrativos policiales en detrimento del control judicial. Así se desactiva completamente la democracia electoral, reducida a una ilusión en un teatro de sombras.

La corrupción sistémica

El espectáculo que dan los antiguos responsables políticos como Aznar, Blair, Schröder, Sarkozy, Clinton o Strauss-Kahn, que hacen uso de su notoriedad y de sus contactos para hacer fortuna dando conferencias y aconsejando a fondos de inversión, bancos y grandes empresas, hace crecer el rechazo hacia una casta corrupta. Aparte de estos intercambios lucrativos, la acumulación de riqueza es un poderoso cemento oligárquico; es el objetivo que la mantiene unida y el principio que destruye, en la práctica, los marcos y normas de derecho que estas oligarquías deben, no sólo respetar, sino también hacer respetar. Para explicar el advenimiento del neoliberalismo no basta con achacárselo, como hacen los marxistas ortodoxos, a la voluntad de las clases dominantes de restablecer las tasas de beneficio en la economía. En realidad, la búsqueda de la riqueza tiende a convertirse en «la Ley y los profetas», como decía Marx, no solamente para los capitalistas, sino también para todos los grupos elitistas que controlan sus campos respectivos: política, arte, deportes, medios de comunicación y hasta los ámbitos más ajenos a la lógica económica, como por ejemplo la educación superior. Todas las oligarquías tienden a reconocerse hoy en la figura del «manager», del emprendedor, o incluso, en el caso de los más desacomplejados, del «millonario».184 La lógica de la acumulación se impone incluso en la burocracia de Estado: tan «evidente» se ha vuelto que el crecimiento de los «márgenes de beneficio de las empresas» debe regir en el conjunto de las políticas públicas. Los principios del sector privado se imponen con la introducción del New Public Management, el auge de las «asociaciones público-privado», los sistemas opacos de primas, la externalización a sociedades privadas del asesoramiento y la auditoría.

La interpenetración del mundo de los negocios, la burocracia de Estado y la política profesional no es nueva del todo, pero hoy ha adquirido un carácter estructural inédito.185 Esta situación puede ser calificada de corrupción sistémica. Actúa a todos los niveles, desde las colectividades locales hasta el más alto nivel del Estado. Si en su día se podía decir que «en la época moderna», a causa de un «crecimiento económico rápido», «los riesgos de corrupción y de perversión provendrían más bien de los intereses privados que del poder público»,186 hay que reconocer que esta época ya es cosa del pasado. La corrupción emana ahora tanto de la esfera pública como de los intereses privados.187 Los escándalos que estallan regularmente en los países llamados «democráticos» y que implican a políticos, bancos, industrias farmacéuticas, multinacionales del agua o de la construcción, por no hablar del crimen organizado,188 son tan sólo sus aspectos más ruidosos. La dimensión sistémica de la corrupción se basa en el choque generalizado de los intereses entre oligarquías y se traduce en la confusión de los lugares y los intereses, debido a la protección de la que gozan, hagan lo que hagan, los altos ejecutivos y los banqueros, el apoyo financiero que reciben los políticos desde las grandes empresas y medios de comunicación, que son propiedad de grupos inmobiliarios, de la banca o del sector armamentístico. Lo esencial de esta corrupción sistémica está salvaguardado por una protección estatal que desafía toda alternancia y gracias a un pacto de silencio muy eficaz. Sólo algunos investigadores y whistleblowers muy valerosos rompen este silencio, pero sin llegar a desvelar su carácter sistémico, precisamente porque lo tratan como «asuntos» o «escándalos».189 El nuevo «Estado del bienestar» procura antes que nada el bienestar de los «inversores», según el término oficial para designar a los ricos. Y cuando los grandes bancos como HSBC, UBS o Crédit Mutuel, a pesar de toda la protección de la que disponen, acaban siendo cuestionados tardíamente por sus prácticas de evasión fiscal, que cuestan miles de millones a los presupuestos del Estado, salen del apuro pagando unas multas que están muy lejos de ser equivalentes a la suma perdida.

De este modo, los Estados han favorecido una mundialización desprovista de normas sociales y medioambientales, y al hacerlo han dejado que creciera una economía en la sombra hecha de sociedades pantalla, hedge funds, cuentas offshore y construcciones de ingeniería jurídica sofisticada que permiten hacer totalmente opacos los flujos financieros. La corrupción se ha convertido en algo consustancial a la vida de los Estados,190 los cuales han ayudado a las clases dominantes a «domesticar los impuestos» por medio de profesionales del derecho fiscal, expertos en «nichos» y en proteger a los defraudadores dejando abiertas las puertas de los paraísos fiscales.191 Por otra parte, la primera gran causa que empezó a sellar el bloque oligárquico, tejiendo los intereses entre los ambientes favorecidos y la política profesional, fue el desmantelamiento de los impuestos progresivos. Esta medida permitió el rápido aumento de los ingresos de los dirigentes de empresas y de los accionistas, y la formación de fortunas inmensas de una pequeña minoría de ultra-ricos, que tuvo lugar primero en Estados Unidos y en Gran Bretaña a partir de los años 1980. Esta política deliberada ha contribuido ampliamente al endeudamiento de los Estados cuando los gobiernos han tomado prestado a los mercados financieros dinero que ellos mismos habían renunciado a obtener mediante los impuestos. Dos pájaros de un tiro para los capitalistas: lo que ya no pagan de impuestos les aporta beneficios por los intereses.

El férreo sistema del neoliberalismo es el resultado, por tanto, de una cadena de decisiones políticas tomadas por gobiernos «guía». Todos los demás gobiernos han hecho lo mismo argumentando que habría sido nefasto para el crecimiento y el empleo no adoptar esas prácticas agresivas, las únicas capaces de atraer a capitales y empresas, expoliar el fisco de los países vecinos y rebajar los derechos sociales y salariales. La Europa de la competencia ha sido la tierra prometida para este tipo de prácticas colectivamente autodestructivas, como lo demuestra el pillaje fiscal al que se libran los gobiernos de Luxemburgo o Irlanda. A escala más global, las organizaciones intergubernamentales e internacionales (FMI, OMC o OCDE) han elevado el «derecho al dumping» social, fiscal y medioambiental al rango de norma, para luego, tardíamente, tratar de limitar sus efectos más desestabilizadores sobre la economía mundial.192

La era del corporate power

Las empresas gigantes, considerablemente reforzadas desde los años 1980 por las privatizaciones y la «apertura de los mercados», dominan los mercados nacionales y, mediante sus filiales y gracias a la importancia de sus negocios, la economía mundial. Estas grandes empresas poseen un poder político propio que se debe a su poder financiero, a su crecimiento a veces exponencial (Google, Amazon, Facebook, Apple, etc.), a su influencia en el empleo y el crecimiento, a la acumulación de información sobre los consumidores, a su capacidad para hacer que las legislaciones sociales y fiscales compitan entre ellas para eludir los impuestos y a su influencia corruptora sobre los dirigentes políticos por medio de un poderoso lobbying.193 En este sentido, las grandes empresas son actores políticos plenos que han desarrollado estrategias específicas para influir a escala nacional y mundial. Este poder empresarial, que los anglosajones llaman corporate power, cuenta con un discurso muy completo y una batería de argumentos ajustados al «juego» que la mundialización impone a sus grandes actores económicos.

Este juego de la mundialización da peso a las nuevas normas internacionales de la «gobernanza» que dictan el contenido de las «reformas estructurales» que es preciso hacer. En este sentido, el neoliberalismo no es la economía política de los mercados puros y perfectos de los neoclásicos, sino la política internacional al servicio de las grandes empresas que dominan las economías y las sociedades.194 La desregulación financiera, la flexibilidad de los mercados de trabajo, el aligeramiento de la carga impositiva sobre los rendimientos del capital y los ingresos de los más ricos, los obstáculos a la reforma sanitaria en los Estados Unidos o a la tasa Tobin en Europa, todos los frenos a la transición ecológica por parte de los partidarios del «capitalismo verde», son también resultado de la acción colectiva de las grandes empresas capaces de actuar políticamente de forma eficaz. Recurren al lobbying en sus relaciones con los cargos electos y miembros de la administración, a la promesa de cargos y encargos, al chantaje de las inversiones y a las deslocalizaciones, a la financiación de las campañas electorales y de los partidos.

El poder político de las grandes empresas prolonga y refuerza el poder social del capital sobre la organización del trabajo y sobre los modos de consumo y de vida.195 El principio casi constitucional de la «competitividad de las empresas» subyace ahora a todas las políticas económicas, sociales, educativas e incluso culturales. La sumisión simbólica de los responsables políticos franceses que declaran su «amor por la empresa»196 o, si cruzamos el canal de la Mancha, su «amor por el business», es muy significativa. «Me gusta la empresa»: ésta es la frase usada por un Primer ministro francés durante una reunión patronal, y hay que tomársela en serio. Muestra nuevas relaciones jerárquicas entre las fuentes legítimas del poder. La transferencia del amor a Dios y al rey, su representante terrestre, hacia el amor a la patria o la nación marcó una transición entre dos eras políticas. La transferencia del amor a la patria hacia el amor a la empresa, «Francia empresa» incluida, marca otra era. Los dirigentes de las empresas y a través de ellos los accionistas participan directamente y al más alto nivel de la definición de las políticas nacionales, a modo de representantes de una autoridad suprema proveedora de «riqueza», «empleo» y «felicidad», y orientan las normas comerciales internacionales y las leyes nacionales en función de sus propios intereses.197

Las grandes empresas han visto cómo se les otorgaba el papel de servicio público en diversos ámbitos (telecomunicaciones, información, internet, investigación, autopistas, sanidad, etc.) y ejercen así una influencia magnética sobre la acción pública de la sociedad. Este poder empresarial tiene dos etapas. Las grandes empresas son instituciones gobernantes, puesto que tienen la capacidad de influir en las políticas gubernamentales. Pero estas instituciones gobernantes son a su vez gobernadas por accionistas estrictamente interesados en maximizar el valor de las acciones y el cobro de dividendos.198 A través de ellos, los comportamientos miméticos, irracionales, cortoplacistas de los mercados financieros se difunden al conjunto de la economía, del Estado y de la sociedad. Esto está muy lejos de ser el nacimiento de un capitalismo democrático: los fondos de pensiones y otros recolectores de ahorro tienen un papel decisivo de centralización del capital, lo cual les concede un poder mayor sobre las direcciones de las empresas debido al intercambio de acciones y a la volatilidad de su participación en las grandes empresas.199 Los managers de las grandes empresas anónimas han visto cómo sus propios intereses se alineaban con los de los propietarios, sobre todo los de los gestores de fondos, a través de las stock-options y otras ventajas (bonus, pensiones financiadas enteramente por la empresa, etc.) cuyo valor depende del precio de las acciones. Estos managers se han vuelto autónomos hasta el punto de constituir una casta aparte, regida por un «mercado mundial de dirigentes» cuyas remuneraciones no tienen nada que ver con las de los asalariados en la cúspide de la jerarquía interna de las empresas.200 En este ámbito restringido pero potente se imponen normas transnacionales en materia de salarios y de ventajas diversas que hacen de estos managers los mensajeros de los «nuevos valores» del capitalismo neoliberal.

Uno de los aspectos de este poder empresarial es la ayuda de la que ha gozado el oligopolio bancario en su desarrollo. La liberalización del sector financiero desde los años 1980 ha desembocado en una situación de hiperconcentración que procura superbeneficios y favorece las prácticas deshonestas de un cartel bancario que se cree intocable. François Morin expuso la estructura de oligopolio de la banca a nivel mundial.201 Es un sector muy concentrado a causa del volumen de los resultados, muy interconectado y particularmente poderoso en el mundo del corporate power. Los megabancos han tejido entre Estados, colectividades territoriales y multinacionales una red de intereses de tal densidad que ahora es muy difícil atajar la influencia que ejercen en el ámbito político. El tráfico fraudulento de las tasas interbancarias del Libor o del Euribor,202 las prácticas organizadas de evasión fiscal, la asunción de riesgos en mercados especulativos, la mentira deliberada sobre la calidad de los títulos vendidos, la manipulación de los mercados de derivados, todo ello demuestra un sentimiento de completa impunidad debido al poder acumulado por el oligopolio bancario mundial en los años 2000.

La toma de control de las instancias de decisión política por grupos e individuos estrechamente vinculados a los lobbies económicos y financieros es sin duda uno de los aspectos más chocantes del sistema oligárquico neoliberal. El reemplazo brutal de los gobiernos de Italia o de Grecia por «técnicos», que son a menudo ellos mismos antiguos banqueros, es la muestra de esta influencia, cada vez más directa, de los actores financieros en el universo político. Que Mario Draghi, nombrado a la cabeza del BCE, hubiera sido un antiguo partner de Goldman Sachs a cargo de las deudas soberanas cuando este banco de negocios aconsejaba al gobierno griego maquillar sus cuentas, dice mucho de la total ausencia de escrúpulos morales de los responsables políticos europeos.

La ósmosis de la banca y de la alta administración

A veces se cree que la bella República francesa es inmune a esta influencia universal de las finanzas. No es cierto: el núcleo duro del bloque oligárquico se constituye mediante la interrelación cada vez más estrecha de la alta administración y el mundo financiero, a nivel nacional e internacional. La lógica capitalista se ha instalado en el corazón del Estado en nombre de la «mundialización», convertida en una especie de razón abstracta autosuficiente en materia de legitimación.203 La conversión ultrarrápida de la alta burocracia estatal a la religión de la mundialización económica y financiera muestra la gran flexibilidad de los dirigentes, dispuestos a tirar por la borda los ídolos adorados por las generaciones anteriores de administradores del Estado: servicio público, interés general, República.

La ósmosis entre la alta administración y la oligarquía económica y financiera es tal, que ya no necesita intervenir directamente para hacer valer su punto de vista. El Tribunal de Cuentas, la dirección del Presupuesto y, sobre todo, la dirección del Tesoro se encargan de defender la ortodoxia económica y los intereses de las grandes empresas. Los tradicionales órganos del dirigismo administrativo del Estado francés se han convertido en herramientas de la lógica neoliberal, todo ello sin olvidarse de practicar un ultracorporativismo para preservar sus propias ventajas. Las instituciones que se supone están sujetas a la supervisión pública, en realidad son lugares de íntima connivencia con las finanzas de mercado. Esto no es nuevo. Yves Mamou mostró hace ya casi treinta años que no fueron los capitalistas franceses quienes impusieron las medidas de liberalización de las finanzas sino el Tesoro, particularmente sensible a la competencia con las otras plazas financieras. Mediante la fórmula «liberalismo estatal de los tesoreros», Mamou puso nombre a la ideología de un cuerpo de funcionarios convertidos desde los años 1980 a la nueva doxa mundial.204

Esta demostración es actualmente de plena actualidad. «Bercy» es hoy en día el nombre de este poder intraestatal que se impone a todos los otros ministerios. Fue así como se forzó la capitulación del gobierno francés frente al lobby bancario cuando se trataba de regular las actividades bancarias, defender cueste lo que cueste los intereses de los acreedores durante la crisis del euro, frenar la tasa Tobin o proteger el high frequency trading: «En Francia ya no hay compartimentos estancos entre las altas finanzas privadas y las altas finanzas públicas. Los dos ámbitos están ocupados por las mismas personas, que corren el riesgo de confundir alegremente el poder administrativo al servicio del interés general con un poder discrecional al servicio de los intereses a corto plazo del sector bancario».205 Son incontables los directores y otros cargos del Tesoro, tanto de derechas como de izquierdas, que luego han pasado a la banca privada. Bastará con citar los nombres de Jacques de Larosière, Christian Noyer, Michel Camdessus, Jean-Claude Trichet, Philippe Jaffré o Louis Gallois para mostrar cómo estas personas concentran a la vez el poder de las finanzas y el poder político.206 Michel Pébereau, uno de los principales agentes del cambio neoliberal a finales de los años 1970, y que luego dirigirá el banco BNP, es uno de los hombres más influyentes de la política económica francesa desde hace treinta años, gran promotor, a la cabeza del Instituto de la Empresa, de las políticas de austeridad y de la transformación gerencial del Estado, por no hablar de la influencia que ha ejercido como director del consejo de dirección del Instituto de Estudios Políticos de París durante veinticinco años, de 1988 a 2013.207

Estos altos funcionarios están muy vinculados entre ellos desde hace mucho tiempo mediante su participación tanto en ministerios como en los consejos de administración de las grandes sociedades, además de su presencia en los organigramas de los bancos. Sus carreras respectivas, que los han llevado a pasar del Tesoro a la dirección de los grandes bancos privados, del Banco de Francia a la Comisión Europea, al BCE o al FMI, y viceversa, muestran bien que estas personas son el corazón del sistema oligárquico francés, europeo y, a veces, mundial. Así, Rawi Abdelal mostró la importancia del papel de los «French policymakers» en la construcción de los códigos de las finanzas globales a partir de los años 1980.208 Este parentesco entre la administración y la banca, que no encontramos en este grado en ningún otro sector económico, permite entender la lógica interna que rige en la «política única» seguida por todos los gobiernos respecto a la concentración bancaria o las remuneraciones de los directores generales. Al mismo tiempo se entiende mejor lo que, en el corazón del aparato del Estado, impide toda lucha seria contra la financiarización de la economía considerada como un hecho natural indiscutible. Son estos individuos, mensajeros de las normas de las finanzas internacionales, quienes imponen las elecciones políticas, vía el oligopolio de las agencias privadas de calificación y del FMI. Pueden imponer la idea de que es la misma capacidad de funcionamiento de los Estados lo que está en juego, aunque es a través de ellos que los Estados asumen riesgos sistémicos comprando títulos de deuda privada, obligando a los contribuyentes a asumir riesgos que en realidad son responsabilidad de los acreedores.

Mediante estos ayudantes del Estado y de la banca, los imperativos de las instituciones financieras remodelan las políticas públicas para que protejan a los detentores de la «deuda soberana», por encima de toda reivindicación social. La ley bancaria del 18 de julio de 2013, concebida por Pierre Moscovici, llamada «de separación y de regulación de las actividades bancarias», es un ejemplo típico de la influencia de los lobbies financieros franceses que defienden ante todo el poder de los grandes bancos sistémicos «a la francesa». Esta ley es una coartada que protege las operaciones especulativas de los cuatro mastodontes sistémicos —BNP, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE-Natixis—, y ha precedido deliberadamente al proceso europeo empezado por Michel Barnier para destruirlo desde el interior, con las enmiendas alemanas y, por supuesto también, británicas. Y cuando el Parlamento europeo intentó retomar el control del tema de la regulación financiera, el gobierno francés y numerosos parlamentarios europeos de izquierdas y de derechas se opusieron a ello con una energía feroz.209 Había que salvar, en nombre del «patriotismo económico», los superbeneficios de los cuatro gigantes franceses, beneficios posibilitados por la tapadera pública de los riesgos asumidos en los mercados.210 La lección de Dexia y la factura de decenas de miles de millones que se les pasó a los contribuyentes no sirvieron de nada.

Los expertos en economía y el modelaje mediático de la realidad

En sus consideraciones sobre el poder, Kant planteó un artículo secreto: «Tener el poder corrompe inevitablemente el libre juicio de la razón».211 Pero la corrupción del juicio no siempre adopta las mismas formas. El lenguaje económico en el que los políticos piensan y se expresan ejerce una acción corruptora insidiosa, puesto que legitima las razones puramente individuales de actuar, desalienta toda acción colectiva al valorizar el mercado, considerándolo el lugar de los equilibrios y fuente de prosperidad. Pero sobre todo, lo que caracteriza al sistema oligárquico en este sentido, es la prohibición de pensar que pueda haber otra lógica política distinta a la del neoliberalismo. No podemos ignorar el papel del mundo universitario en el discurso que cimienta el bloque oligárquico.212 Lo importante aquí es mostrar la función política de los expertos en economía mainstream cuando ésta se pone directamente al servicio de los gobiernos neoliberales y usa los medios de comunicación como altavoz. Por supuesto, esta función política es negada y el aparato que modela y matematiza el discurso económico le sirve fácilmente de coartada. No obstante, mediante sus informes, notas y opiniones, los economistas ortodoxos, gracias a una posición de fuerza por su monopolio de las posiciones universitarias conquistadas en los años 1980, han conseguido imponerse como principales expertos de la cosa pública, en asuntos relacionados con el medio ambiente, la educación, el empleo, la sanidad, los medios de comunicación o de investigación. La «autoridad científica» de la que se valen procede ante todo de las relaciones de fuerza internas del ámbito económico. Investidos de esta autoridad, han contribuido activamente a fijar los esquemas intelectuales transmitidos por los medios de comunicación e impedido todo debate verdadero sobre las causas profundas del crack del 2008, así como sobre las políticas que se han llevado a cabo desde entonces. Sus burdos errores previos a la crisis de 2008 no les han impedido, sino más bien al contrario, seguir produciendo estragos en los medios de comunicación y en las universidades, o junto a responsables políticos y dirigentes de la banca. Desde hace varias décadas, la voz de los economistas heterodoxos, disidentes y «aterrados», a pesar de ser fecunda, inventiva y plural, tiene muchas dificultades para hacerse oír en las instituciones científicas, en la esfera mediática y en el universo político dominante. La explicación puede parecer simple, pero desafortunadamente está en la línea de la siniestra realidad: los economistas mainstream, además de los beneficios académicos que su conformismo les asegura, escriben y dicen lo que sus patrocinadores del ámbito de los negocios quieren leer y oír. En otras palabras, como escribió Paul Krugman, no se trata sólo de un error científico sino de «corrupción soft», gracias a la cual se puede ganar mucho dinero.213 La ortodoxia puede dar muchos beneficios.

Los periodistas y editorialistas que «ocupan» los platós y los estudios son víctimas, mayoritariamente, de psitacismo neoliberal. En este sentido, el poder de los medios de comunicación, lejos de ejercer una especie de «contrapoder», como cierto narcisismo corporativista gusta de decir, forma parte del sistema oligárquico. «Vende» la vulgata neoliberal a la opinión pública, la naturaliza y contribuye a radicalizar sus consecuencias exigiendo al poder político que «vaya hasta el fondo» en la «reforma necesaria» de la sociedad. No es que los medios de comunicación ocupen las funciones oficiales, como en una dictadura totalitaria ordinaria o un régimen autoritario clásico. Al contrario. El poder «editocrático» de los medios de comunicación dominantes consiste en reorientar al poder gubernamental cuando éste se aparta de la norma neoliberal y llamar al orden a la opinión pública invocando, contra toda inconsistencia disidente, el «realismo» de los «límites exteriores». En este sentido, se trata de una «fabricación del consentimiento» al neoliberalismo, retomando la fórmula de Noam Chomsky.

En Europa, la forma en que los medios de comunicación dominantes «cubrieron» el Tratado Constitucional europeo, las políticas de austeridad y, más recientemente, la crisis del euro o la crisis griega muestran claramente esta integración de la norma periodística dominante en el funcionamiento del sistema. La causa de su sensacionalismo y lo que motiva esta función normalizadora del periodismo dominante no son sólo criterios de urgencia (la «exclusiva» de la información) o la exigencia mercantil. La estructura de la propiedad de los activos de los grupos mediáticos, controlados por industriales o banqueros, es mucho más determinante.214 Pero el control de las finanzas y de la industria sobre los medios no lo explica todo. También hay que considerar la estructura de las relaciones sociales y profesionales entre políticos, periodistas y economistas. Las mismas escuelas, las mismas referencias ideológicas, los mismos círculos sociales: se ha constituido todo un «ámbito» que sostiene al poder sistémico y para el cual las clases populares no existen, salvo cuando se hacen oír mediante alguna forma indecorosa de votar, ocasión que se aprovecha para impartirles una lección mediante una pedagogía convincente y así entiendan mejor la lógica de lo que les hace sufrir.

Esta oligarquía periodística e intelectual tolera algunas raras y preciosas excepciones. Sobre todo, choca con una oposición interna en el campo mediático y editorial que tiene un papel considerable, más allá de este sector en particular, abriendo brecha en la lógica de requisitoria intelectual propia del bloque oligárquico. Criticar la lógica neoliberal con ocasión de los abusos, derivas, conflictos de intereses y mentiras políticas, es decir, de las muestras de corrupción sistémica de las oligarquías, como lo hacen los periodistas independientes y realmente críticos, es en este sentido un acto de salubridad pública.

El bloque oligárquico y la izquierda de derechas

La «izquierda», una vez llegada al poder, ya no busca corregir el rumbo de la situación. Lo sigue, lo precede e incluso lo precipita. Se reprocha a menudo a François Hollande que ha «traicionado» sus promesas. Pero no es difícil demostrar que Hollande y su entorno ya hace tiempo que se adhirieron al neoliberalismo: ¿acaso no afirman desde 1985 que «la competencia es de izquierdas»?215 Esta «traición», como se ha visto, no es en realidad sino la demostración más clara de los efectos políticos de la dominación oligárquica. Es cierto que en Francia el vuelco del discurso público ha sido brutal. Apenas dos años después del despegue lírico del discurso de Bourget, Emmanuel Macron, graduado de la Escuela Nacional de Administración, inspector de finanzas públicas, banquero de negocios en Rothschild & Cie, se convertía en ministro de Economía con el objetivo de empezar la línea política que había ayudado a definir en el Elíseo como secretario general adjunto del presidente de la República.216 Tres años después de la victoria, de forma más discreta, Hollande nombraba para el puesto de gobernador del Banco de Francia a François Villeroy de Galhau, politécnico y graduado en la ENA, inspector de finanzas públicas y antiguo director general delegado de BNP Paribas. El oligopolio financiero había recuperado claramente su lugar en las instituciones de la República, el que había adquirido bajo el mandato de Sarkozy: el primer lugar. Con Hollande esta «nueva aristocracia» sigue gobernando y aplicando la única política que la alta casta burocrática cree «racional», sea cual sea su coste humano. La política de la oferta competitiva y de la moneda fuerte de Raymond Barre sigue siendo «pensamiento único» en el bloque oligárquico francés, constituye su cemento ideológico. Algunos periodistas y analistas han mostrado ampliamente las similitudes de las políticas con las de la presidencia anterior.217 Una vez inmersa en esta competencia infernal, la izquierda neoliberal se ha dedicado sin falta a cuestionar todo lo que la izquierda histórica defendía: pensiones, las treinta y cinco horas, los tribunales laborales, los contratos indefinidos, el código del trabajo, el estatuto de la función pública —todo debe ser remodelado según la norma dominante—. ¿Cómo se puede explicar a muchos electores que siguen creyendo en la izquierda lo que parece una deriva incomprensible? En realidad, no son las personalidades individuales ni la buena o, más a menudo mala fe, lo que cuenta. Lo que importa es el conjunto de efectos del medio, las relaciones de interés que hacen funcionar al bloque oligárquico. Y la «izquierda» que hay que calificar de derechas forma parte de ello plenamente.

Notas:

174. «Notes finales sur la philosophie sociale à laquelle la théorie générale peut conduire», en Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936), Payot, París, 1982, pág. 376.

175. Lionel Jospin tomó esta expresión de Tocqueville, la «nueva aristocracia», para nombrar la alianza implícita que se ha constituido durante los años 1980 «entre los grandes dirigentes de las empresas, los financieros, los altos cargos de la industria y los servicios con ciertos altos funcionarios estatales privilegiados y los medios de comunicación». Véase Lionel Jospin, Le monde comme je le vois, Gallimard, París, 2005, pág. 163.

176. La expresión servía para designar la estructura de poder en España a finales del siglo XIX, en los análisis clásicos de Joaquín Costa (Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España. Memoria y resumen de la información). Aquí nosotros le damos otro sentido.

177. Véase Luc Boltanski, «L’espace positionnel. Multiplicité des positions institutionnelles et habitus de classe», Revue française de sociologie, XIV, 1973, y también Anne-Catherine Wagner, Les Classes sociales dans la mondialisation, La Découverte, París, 2007.

178. Véase supra capítulos 1 y 3.

179. El Frente Nacional no sólo no cuestiona las ventajas propias de las funciones profesionales de los representantes, sino que además tiende a abusar de las prerrogativas de los cargos electos sustrayéndose a las obligaciones de transparencia más elementales. Las siglas UMPS significan Unión pour un mouvemente populaire (UMP) y Partit Socialiste (PS).

180. Michel Pinçon y Monique Pinçon-Charlot han calculado que de los 297 diputados socialistas 207 tienen varios cargos a la vez. En las filas de la derecha es aún peor. Véase Michel Pinçon y Monique Pinçon-Charlot, La Violence des riches. Chronique d’une immense casse sociale, La Découverte/Zones, París, 2013, pág. 95.

181. Véase Pierre Lascoumes y Clara Nagel, Sociologie des élites délinquantes. De la criminalité en col blanc à la corruption politique, Armand Colin, París, 2014.

182. Véase Graziella Riou Harchaoui y Philippe Pascot, Délits d’élus. Quatre cents politiques aux prises avec la justice, Max Milo, París, 2014; Noël Pons, La Corruption des élites. Expertise, lobbying, conflits d’intérêts, Odile Jacob, París, 2012; Antoine Peillon, Corruption, Seuil, París, 2014, y las numerosas investigaciones de Mediapart.

183. Véase Daniel Gaxie, Le Cens caché. Inégalités culturelles et ségrégation politique, Seuil, París, 1978. Según una encuesta Ipsos en 2014, «para el 65% de los franceses, la mayoría de los políticos son corruptos. Un 84% piensa que los políticos se mueven principalmente por sus intereses personales».

184. Emmanuel Macron afirmó que «se necesitan jóvenes franceses que quieran ser millonarios», Les Échos, 6 de enero de 2015, http://urlz.fr/380S.

185. Véase Geoffrey Geuens, La Finance imaginaire. Anatomie du capitalisme des «marchés financiers» à l’oligarchie, Éditions Aden, Bruselas, 2011.

186. Hannah Arendt, L’Humaine Condition, Gallimard, París, pág. 557. [Trad. cast.: La condición humana, Paidós Ibérica, Barcelona, 2016].

187. Véase Pierre Lascoumes, La Démocratie corruptible. Arrangements, favoritisme et conflits d’intérêts, Seuil, París, 2011.

188. Véase Jean-François Gayraud, Le Nouveau Capitalisme criminel, Odile Jacob, París, 2014.

189. Véase Sophie Coignard y Alexandre Wickham, L’Omerta française, Albin Michel, París, 1999.

190. Véase Antoine Garapon, «La peur de l’impuissance démocratique», Esprit, n° 402, febrero 2014.

191. Véase Alexis Spire, «La domestication de l’impôt par les classes dominantes», Actes de la recherche en sciences sociales, n° 190, diciembre 2011, págs. 58-71, y Alexis Spire y Katia Weidenfeld, L’Impunité fiscale. Quand l’État brade sa souveraineté, La Découverte, París, 2014.

192. Anne Michel, «Soixante-deux pays s’accordent pour lutter contre l’évasion fiscale des multinationales», Le Monde, 5 de octubre de 2015.

193. Sobre el lobbying en los Estados Unidos, véase Robert Reich, Supercapitalism. The Battle for Democracy in an Age of Big Business, Icon, Londres, 2007; para el lobbying en la Unión Europea, véase Sylvain Laurens, Les Courtiers du capitalisme. Milieux d’affaires et bureaucrates à Bruxelles, Agone, Marsella, 2015.

194. Véase Stéphane Haber, «Marx, Foucault et la grande entreprise comme institution centrale du capitalisme», en Christian Laval, Luca Paltrinieri y Ferhat Taylan (dir.), Marx & Foucault, op. cit., y Stephen Wilks, The Political Power of the Business Corporation, Edward Elgar, Cheltenham, 2013.

195. Mark Hunyadi, La Tyrannie des modes de vie. Sur le paradoxe moral de notre temps, Le Bord de l’eau, Burdeos, 2014.

196. Manuel Valls el 27 de agosto de 2014 en la universidad de verano del Medef.

197. Véase Susan George, Les Usurpateurs. Comment les entreprises transnationales prennent le pouvoir, Seuil, París, 2014. [Trad. cast.: Los usurpadores: cómo las empresas transnacionales toman el poder, Icaria, Barcelona, 2015].

198. Véase Colin Crouch, The Strange Non-Death of Neoliberalism, op. cit. 2011.

199. Véase Frédéric Lordon, Fonds de pension, piège à cons? Mirage de la démocratie actionnariale, Raisons d’agir, París, 2004. Investigaciones recientes sobre las 43.000 principales empresas han mostrado que eran propiedad en un 40% de un «núcleo» de 147 firmas de mayoría financiera. Véase «Un noeud de 147 sociétés au coeur de l’économie mondiale», Le Monde, 28 de noviembre de 2011.

200. Olivier Weinstein, Pouvoir, finance et connaissance. Les transformations de l’entreprise capitaliste entre xxe et xxie siècle, La Découverte, París, 2010, pág. 127.

201. François Morin, L’Hydre mondiale. L’oligopole bancaire, Lux, Montreal, 2015.

202. Son tasas de referencia a los que los bancos se prestan o intercambian divisas y que sirven como índices para el conjunto de las actividades de crédito.

203. Véase Anne-Catherine Wagner, «Les classes dominantes à l’épreuve de la mondialisation», Actes de la recherche en sciences sociales, diciembre 2011, n° 190, pág. 8.

204. Yves Mamou, Une machine de pouvoir. La Direction du Trésor, La Découverte, París, 1988.

205. Gaël Giraud, «Introduction», en Adrien de Tricornot, Mathias Thépot y Franck Dedieu, Mon amie, c’est la finance! Comment François Hollande a plié devant les banquiers, Bayard, París, 2014, pág. 18.

206. Adrien de Tricornot, Mathias Thépot y Franck Dedieu, Mon amie, c’est la finance!…, op. cit., pág. 140.

207. Véase Michel Pébereau, La Politique économique de la France, Armand Colin, París, 1986.

208. Véase Rawi Abdelal, Capital Rules, op. cit.

209. Véase Christian Chavagneux y Thierry Philipponnat, La Capture, La Découverte, París, 2014.

210. Véase Gaël Giraud, «Introduction», en Mon amie, c’est la finance!…, op. cit., págs. 10-12.

211. Emmanuel Kant, Vers la paix perpétuelle. Que signifie s’orienter dans la pensée? Qu’est-ce que les Lumières?, Garnier-Flammarion, París, 1991, pág. 109.

212. Laurent Mauduit, Les Imposteurs de l’économie, Pocket, París, 2013.

213. Paul Krugman, The New York Times, 6 de diciembre de 2010, citado por Laurent Mauduit, en Les Imposteurs de l’économie, op. cit., pág. 13.

214. Véase para mostrar los lazos entre la industria de los medios de comunicación y la política norteamericana: Geoffrey Geuens, Les Vieilles Élites de la nouvelle économie, PUF, París, 2011, pág. 114 y sigs.

215. Jean-François Trans, La gauche bouge, Jean-Claude Lattès, París, 1985, capítulo 5.

216. Emmanuel Macron ha sido reemplazado por Laurence Boone, un economista venido directamente del Bank of America Merrill Lynch, tras su aprendizaje en Barclays.

217. Samuel Laurent, «Hollande fait-il de l’économie à la Sarkozy?», Le Monde, 15 de enero de 2014. Véanse también los artículos de Laurent Mauduit en Mediapart.

Conclusión
La democracia como experimentación de lo común

Son tiempos complicados. Aún no es «medianoche en este siglo», pero estaremos de acuerdo en que el nuevo siglo, recién nacido, empieza bajo malos augurios: el nacionalismo exacerbado, la xenofobia orgullosamente reconocida, el fundamentalismo religioso beligerante, cuyos ejemplos más inquietantes adoptan la forma de un deseo de muerte.218 Fenómenos todos ellos que nos recuerdan los horrores del siglo pasado en su aspecto más trágico. En las distintas variantes del neofascismo contemporáneo, se forman extrañas aleaciones en las que la pulsión capitalista más desenfrenada y más criminal se mezcla con todas las formas de irredentismo identitario. La mundialización neoliberal, lejos de dar a luz un mundo pacificado mediante el comercio, como pretendía el evangelio irónico de sus predicadores, es el terreno de una confrontación sangrienta entre identidades, en la que los «fundamentalismos» religioso y mercantil constituyen dos versiones complementarias de la reacción posmoderna.219 Regreso a los orígenes, repliegue en la comunidad de pertenencia, sumisión absoluta a la trascendencia: la gran regresión a la que asistimos alberga sin duda nuevos desastres. Es tal el secuestro del pensamiento por las formas más mortíferas de esta regresión, que se hace muy difícil abrir nuevas posibilidades, como si estuviéramos fascinados por lo peor. Sin embargo, no tenemos otra opción. Para empezar, hay que considerar lúcidamente a qué estado nos vemos reducidos.

Una crisis histórica de la izquierda

La izquierda llamada de gobierno tiene toda su responsabilidad en la radicalización neoliberal. Al contrario de lo que le gustaría hacer creer, no es la víctima inocente de los mercados financieros malos o de la abominable doctrina ultraliberal de los anglosajones. Esta izquierda se ha dinamitado a sí misma política e intelectualmente en vez de resistir al poder de la derecha neoliberal. Cuando era mayoritaria en Europa, a finales de los años 1990 y principios de los 2000, algunos creyeron que la Europa social y política por fin superaría a la «Europa de los bancos». Pero la oportunidad para una reorientación de la política europea fue completamente dilapidada debido a la conducta de los dirigentes de la «socialdemocracia». Con Schröder, la solidaridad europea se echó por la borda para dar prioridad a la competitividad de Alemania mediante la moderación salarial y la flexibilización del mercado de trabajo.220

Para entender este alineamiento, hay que remontarse más en el tiempo. Si las políticas de austeridad han podido imponerse tan fácilmente en Europa, la «socialdemocracia» europea es la primera responsable. Lejos de ser un contrapoder ha preferido aliarse con la derecha en este ámbito. Pero esto no es todo, ha querido demostrar hasta qué punto llegaba su celo haciendo pagar el precio de la crisis a la población mediante el aumento de los impuestos, la reducción de las pensiones, la congelación de los salarios de los funcionarios y los ataques contra el código del trabajo. La izquierda gubernamental ha dejado de ser la fuerza de justicia social cuyo objetivo era la igualdad civil, política y económica y cuya razón de ser era la lucha de clases. La extrema derecha no ha tenido que hacer otra cosa más que pescar en el río revuelto del mundo obrero abandonado, para instrumentalizar la cólera social de una parte del electorado popular y dirigirla contra los inmigrantes y el «sistema» que supuestamente los favorece.

La podredumbre actual es producto directo de este vuelco de la «socialdemocracia», pero también de las derrotas sufridas por el movimiento social y democrático en su oposición al neoliberalismo. Gran parte de sus fuerzas se han desmovilizado al chocar contra un muro. Incluso una parte del electorado de izquierdas, presa del resentimiento, ha sido captado por una extrema derecha que ha adoptado hábilmente una postura «antisistema». La operación ha sido facilitada en gran medida por el franco alineamiento del poder socialista con la lógica de la competitividad y del securitarismo desatado. Cediendo a una competencia malsana dictada por el cálculo electoral, el republicanismo conservador intenta adelantar por la derecha a la derecha más dura, incluso a la extrema derecha. Esta sumisión sin complejos a un, por las buenas o por las malas, ha afectado cada vez más al conjunto de las facciones de la izquierda, pues todas ellas parecen estar implicadas de igual modo en este cambio de posición. De nada sirve reconfortarse recordando advertencias y críticas que surgen en el interior de la izquierda gobernante. Lo que está en cuestión es la existencia misma de la izquierda, de toda la izquierda, y ello hasta tal punto que ya no resulta imposible imaginar su desaparición en poco tiempo. Sin duda la pobreza teórica, la pereza intelectual, los discursos estereotipados, los llamamientos grandilocuentes a recuperar los grandes «valores», los posicionamientos mezquinos dictados por el calendario electoral forman parte del problema. Pero, más que nada, de lo que padece la izquierda es de que se le ha agotado por completo el imaginario. La quiebra histórica del comunismo de Estado no ha solucionado nada en este sentido. Ahora bien, no hay alternativa posible al neoliberalismo si no es en términos de imaginario.221 A falta de esta capacidad colectiva de poner a trabajar la imaginación política a partir de las experiencias del presente, la izquierda no tiene futuro alguno. De lo que se trata es de comprender la naturaleza misma del imaginario neoliberal, cuya forma actual más chocante es la uberización.

La singular fuerza del neoliberalismo proviene de que se alimenta de las reacciones que provoca. ¿Por qué? Porque precisamente estas reacciones no son más que reacciones. La reacción tiene que entenderse aquí como lo contrario de la acción. Se trata de una respuesta a una acción primera que ante todo tiene un valor adaptativo. La reacción no es la iniciativa, se debe a aquello a lo que se está reaccionando. En este sentido, está subordinada y por este motivo es pasiva. No es inocente que el neoliberalismo celebre la «reactividad»: considera que saberse adaptar a una situación que nos es impuesta es la primera virtud de quienes se ven expuestos a la competencia, ya que así ésta se interioriza. Pero para quien pretenda oponerse en bloque al sistema, una actitud como ésta es intelectual y políticamente suicida. Ahora bien, la crisis de la izquierda viene ante todo de su impotencia para superar la lógica de una autodefinición puramente reactiva. Mientras que el neoliberalismo se ha reforzado en y mediante la crisis, no puede pasar lo mismo con quienes lo combaten: lejos de reforzarse mecánicamente con la crisis, ésta únicamente puede debilitarlos y paralizarlos. Para reunir las condiciones de un enfrentamiento con este sistema, la izquierda tiene que dejar de ser una «izquierda de reacción». Tiene que ser capaz de una verdadera actividad. Capaz de retomar la iniciativa. De oponerse directamente al neoliberalismo como forma de vida. Tiene que dibujar el horizonte de una «vida buena» sin ceder en nada al pseudo-radicalismo libertario que rechaza toda norma o toda institución y que, mediante su rechazo de todo límite al «deseo», consagra en realidad la ilimitación del mercado.

Pero también hay que dejar de una vez por todas de reducir el neoliberalismo a un «ultraliberalismo» concebido como un proyecto de debilitamiento de los Estados en favor del mercado. Y de considerar que el «ultraliberalismo» es el resultado de un neoliberalismo abandonado a sí mismo —combatir un proyecto «ultraliberal» así concebido supondría por tanto rehabilitar el poder público y el prestigio del derecho público. Este error está todavía bastante extendido. Así, Alain Supiot habla de una «globalización ultraliberal» que tendría como resultado el «debilitamiento del Estado», y de paso equipara el «ultraliberalismo» con las «reivindicaciones libertarias».222 Esta visión produce una completa ceguera ante los acontecimientos de las últimas décadas: no se ha producido un debilitamiento del Estado, sino su transformación profunda en el sentido, no de una simple «restricción del perímetro de la democracia»,223 sino de su vaciamiento por parte del Estado. Es cierto que no estamos ante un totalitarismo, pero tampoco ante el Estado de derecho clásico. ¡Y con razón! Todo lo que correspondía a los «fundamentos» se ha decantado hacia la competitividad y la seguridad, dos principios que son el secreto cada vez más aireado de la «constitución neoliberal». Por este motivo ya no basta, como hacía Jacques Rancière hace diez años, con hablar de «Estados de derecho oligárquicos».224 De que son oligárquicos no cabe la menor duda, pero añadir que son «de derecho» implica como mínimo una precisión. Para Jacques Rancière, los Estados de derecho serían aquellos en los que «el poder de la oligarquía está limitado por el doble reconocimiento de la soberanía popular y de las libertades individuales». Esta definición quizás se ajuste a las democracias liberales clásicas, pero seguro que ya no sirve para nuestros sistemas políticos neoliberales. La «soberanía popular» y las «libertades individuales» son precisamente el objetivo recurrente de cuestionamientos, denuncias y restricciones. Sería más exacto afirmar que el poder de la oligarquía limita cada vez más la soberanía popular y las libertades individuales. Pero sobre todo no hay que olvidar que, en el idioma de la oligarquía neoliberal, el «Estado de derecho» (rule of law) remite precisamente a la superioridad tan sólo del derecho privado y, para ir al corazón del asunto, al predominio del derecho de la propiedad.225 Esto es lo que Jacques Rancière destaca cuando dice que «el poder social de la riqueza ya no tolera trabas a su crecimiento ilimitado y sus resortes están cada día más estrechamente articulados con los resortes de la acción estatal».226 En otras palabras, los Estados oligárquicos erosionan la autoridad del derecho público en provecho de las normas del derecho privado.

La reconstrucción de la izquierda necesita como condición una comprensión exacta del papel activo del Estado en la ofensiva destinada a derrotar a la democracia bajo todas sus formas, también las liberales. Conviene pues desconfiar del Estado. Ficción fundamental del estatismo, el «Estado instrumento», herramienta inmediatamente disponible para la acción pública, corre un velo muy oportuno sobre la desagradable realidad de un Estado que ya no es el corrector de los mercados ni tampoco el garante exterior de su funcionamiento, sino que se ha convertido en un actor neoliberal a todos los efectos. El imaginario neoliberal no es una utopía libertaria, no condena al Estado a desaparecer; lo atrapa en su lógica de la competencia, lo cual es del todo diferente. No combatiremos este imaginario llamando al «gran retorno» del Estado o a la «restauración» de la Ley. Tan sólo aumentaremos su influencia. En este sentido, el retorno de los esquemas nacional-estatales227 traiciona la subordinación intelectual persistente en la izquierda.

El experimento de lo común contra la expertocracia

¿Cómo ponerse a trabajar en la elaboración de una alternativa al neoliberalismo? Se impone una cuestión previa de método. Si sólo es posible oponerse al neoliberalismo proponiendo nuevas formas de vida, primero hay que remitirse a quienes inventan y experimentan con dichas formas. No hay nada que esperar de los partidos y aparatos que se disputan el reconocimiento del Estado y esperan cargos y subvenciones. Para tener posibilidades de ver la luz, la elaboración de una alternativa sólo puede venir desde abajo, es decir de los ciudadanos mismos. Esto no quiere decir que haya que reeditar pura y simplemente el movimiento de los «memoriales de agravios». Es cierto que, lejos de ser reactivo, este movimiento fue portador de un proyecto alternativo de organización de la sociedad. Pero las protestas se dirigían a representantes que eran considerados dignos de ser representantes. Nuestra situación nos impone el cuestionamiento radical de la lógica misma de la representación política, y esto hay que hacerlo en primer lugar mediante la elaboración de un proyecto alternativo. Si quisiéramos disociar este modo de elaboración del contenido de la propia alternativa perderíamos toda credibilidad. Si, como creemos, su contenido no puede ser otro que el de la democracia llevada hasta sus últimas consecuencias, la elaboración de la alternativa debe ya por sí misma consistir en la experiencia de una democracia de esta clase, es decir, la experiencia de un común político.

Confiar esta elaboración a expertos invalida la pretensión de constituir una verdadera alternativa. Peor aún, esto alimentaría directamente la corriente del neoliberalismo. Lo hemos visto más arriba:228 la gobernanza neoliberal descalifica a la democracia electoral en nombre de la expertocracia. La experiencia que reivindica es la experiencia de banqueros y managers, imposible de compartir. En este sentido, el neoliberalismo lleva a cabo una confiscación de la experiencia común mediante los expertos: sólo la experiencia de la que goza el experto tiene el valor de experiencia y la experiencia común es rechazada por incompetente. Invocar, contra los expertos financieros y gestores, a una clase cualquiera de «expertos políticos» implica, se quiera o no, aceptar la lógica de esta confiscación. No obstante no basta con hacer llamamientos a la experiencia común. Lo que importa no es tanto rehabilitar la experiencia común sino dar todo su lugar a la experiencia de lo común, es decir, la experiencia de una coparticipación en los asuntos públicos. Lo que está en juego es la diferencia entre lo que es común y lo común. En este sentido, la expresión «democracia participativa» no es satisfactoria: toda democracia es participación directa en los asuntos públicos (y no sólo en la elección de los representantes). Éste es precisamente el sentido de lo que hemos llamado el «principio de lo común».229 Una experiencia que es común por el hecho de ser corriente no es, ni mucho menos, una experiencia de lo común. En cambio, una verdadera experiencia de lo común puede ser ampliamente compartida y convertirse así en experiencia común.

En este sentido, hay que recordar que la democracia ateniense se armó contra el riesgo inherente a la promoción política de los expertos. En efecto, los expertos tenían el estatus de «esclavos públicos» (demosioi), lo que significaba que eran propiedad de toda la ciudad y no de alguien en particular.230 Estos esclavos cumplían cierto número de tareas indispensables para la pervivencia de la vida cívica: gestión de archivos públicos, gestión de la moneda, inventario de los bienes públicos, control contable de los magistrados en funciones, etcétera. En una ciudad en la que se renovaba anualmente a los magistrados y el principio de no repetición se imponía para todos los magistrados elegidos por sorteo, a menudo estos esclavos permanecían en el cargo varios años seguidos, cosa que les daba algún poder sobre los miembros de la comunidad cívica. Al confiar su administración a expertos que no tenían voz en la deliberación y en las decisiones públicas, la ciudad pretendía defenderse contra el peligro de una «estatización» que pudiera amenazar su existencia. Por supuesto, una institución así nos recuerda que la libertad de unos en Atenas implicaba la esclavitud de otros, pero también muestra «la resistencia de la comunidad cívica a la aparición de un Estado concebido como una instancia separada de la sociedad»,231 o también el rechazo de un aparato político que se superponga al «acuerdo constituyente» fundador de la comunidad de ciudadanos iguales o politeia.232 Si los expertos quedaban apartados del ámbito político, es porque el saber del experto no debía ser de ninguna forma un título para el ejercicio del poder político. En este sentido, la originalidad de la democracia es que desmiente el teorema del jurado de Condorcet según el cual la elaboración de la decisión es función «del nivel de conocimiento de cada uno de los participantes en el proceso deliberativo».233 Lo que constituye la calidad de la deliberación en una asamblea no es tanto el conocimiento de cada uno de los participantes como la puesta en común de la experiencia por la masa de los no-expertos, es decir de aquellos que, tomados individualmente, son «incompetentes».

La estrategia del bloque democrático

«¿Cómo ganar las batallas si nunca se libran en tu terreno?». Ésta es la pregunta planteada por Éric Fassin.234 Luego precisa: «Lo que hace posible la afirmación de la derecha es el debilitamiento ideológico de la izquierda».235 Esto significa de entrada que toda alianza con un partido al que de socialista ya no le queda más que el nombre ha resultado perjudicial para lo que queda de la izquierda. Significa también que las derrotas de la izquierda, al ser efecto de relaciones de fuerza desiguales, son también retrocesos del pensamiento, debilidades de la voluntad, sumisiones deliberadas a la «realidad» fabricada por las oligarquías. Hay dos cuestiones estratégicas. Primero se trata de saber cómo unificar y concentrar fuerzas dispares frente a las oligarquías, que se estructuran mediante mil lazos de sociabilidad y formas de organización muy poderosas. Y también hay que saber cómo podrían coordinarse de forma eficaz las luchas a escala mundial. Mientras que las oligarquías han conseguido dotarse de instituciones nacionales e internacionales que concentran su poder, lejos de la ilusión de un imperio sin centro ni jerarquía, las fuerzas que se les oponen tienen muchas dificultades para concebir y establecer una política mundial alternativa.

Por lo que respecta al primer aspecto de la cuestión, ya se han formulado dos grandes estrategias. La primera es la de Hardt y Negri, que consiste en apostar por un comunismo elemental y espontaneo de la «multitud» para convertirla en sujeto político. Su fracaso, hoy ya patente, se debe ante todo a la dilución de la dimensión de institución: ésta queda arbitrariamente reducida a una modalidad de la «producción», es decir, a un proceso material que supuestamente engloba de forma indiferenciada a todas las dimensiones de la vida. Una segunda estrategia, formulada por Ernesto Laclau,236 parte por el contrario del hecho de que el «pueblo» no es algo dado sino que hay que construirlo. Se trata de determinar la naturaleza de esta construcción. Para Laclau, además de la operación discursiva de división de la sociedad en dos campos, el «pueblo» y el «poder», «la unificación simbólica del grupo alrededor de una individualidad» es inherente a la formación de un pueblo.237 Esta unificación simbólica procede precisamente de una identificación de los individuos con un líder, que comparte con ellos características comunes que le permiten ser a la vez a su «padre» y su «hermano».238 Podemos preguntarnos por la posibilidad de una conciliación entre la condición de esta identificación con el jefe y la exigencia de la democracia, que implica, al contrario, una puesta a distancia de los dirigentes mediante el ejercicio de un control efectivo por parte de los ciudadanos.

Pero hay algo más importante: ¿se puede interpretar el éxito electoral de Podemos en España como la validación del «populismo» de Laclau? Como mínimo es posible ponerlo en duda. Tras la escalada de Ciudadanos, la estrategia de la «centralidad» (ni de izquierdas, ni de derechas) que tenía como objetivo la división de la sociedad en dos campos, la «casta» y el «pueblo», ha fracasado.239 La división entre «ellos» (la casta) y «nosotros» (el pueblo) no ha sustituido a la de la «izquierda» y la «derecha». Podemos ha acabado ocupando su lugar como partido de izquierdas que ha sabido captar la aspiración de una democracia radical y se ha beneficiado del apoyo de fuerzas que han defendido esta aspiración con mucha constancia (en particular Ada Colau a la cabeza de Barcelona en Comú). Desde este punto de vista, la inscripción de los derechos sociales en la Constitución, la introducción de la proporcionalidad en la ley electoral y, sobre todo, el establecimiento de un mecanismo de destitución del presidente del gobierno a medio mandato son algunas de las reivindicaciones programáticas que han tenido un papel nada desdeñable. En última instancia, de la fidelidad de Podemos a este compromiso resuelto en favor de la democracia dependerá su futuro político. Tanto la espontaneidad de la «multitud» como el constructivismo de la «lógica populista» tropiezan con la cuestión clave de la democracia como institución establecida por los mismos ciudadanos.

De forma más general, lo que hay que plantear, sin evasivas y con ayuda de la experiencia pasada, es la cuestión del partido como soporte de la coalición que se necesita construir. Hay que decirlo sin rodeos: con respecto a la exigencia de una democracia política radical, la forma del partido como tal debe ser abiertamente cuestionada. En efecto, lejos de ser una estructura de organización indiferente en sí misma a todo contenido, esta forma define una institución específica que no escapa a cierta concepción de la actividad política. A juzgar por la concepción normativa de la «voluntad general», no hay demasiadas dudas de que todo partido es una «facción», o incluso que es «totalitario de raíz y por aspiración».240 El partido se revela entonces como una «máquina de fabricar pasión colectiva», como instrumento de una división artificial de la sociedad. Pero una crítica como ésta se apoya en una visión de la unidad orgánica de la sociedad que excluye todo pluralismo.

Juzgaremos más adecuadamente esta forma si la consideramos como la forma de un contenido que se constituyó en condiciones históricas muy particulares. Dicho contenido no es otro que el del Estado nación, tal y como surgió durante la segunda mitad del siglo XIX. Indisociables de este contenido, los partidos políticos están obligados a entrar en competición electoral por el ejercicio del poder y poseen el monopolio de la designación de los candidatos en los puestos electos o para las funciones gubernamentales. En este sentido «no pueden ser considerados como órganos del pueblo, son por el contrario instrumentos muy eficaces a través de los cuales se reduce el control del poder por el pueblo», es decir engranajes de un «gobierno oligárquico».241 En concreto, son un instrumento muy eficaz de profesionalización de la política. De ahí se sigue que los partidos políticos son en esencia instrumentos de selección de un número reducido de representantes en detrimento de la participación de la masa de ciudadanos en los asuntos públicos, por lo tanto son instituciones profundamente oligárquicas. A este vicio constitutivo hay que añadir los efectos producidos por la lógica neoliberal durante varias décadas. Lo que Arendt aún podía ver como un «abuso escandaloso» se ha elevado, mediante la extensión de la lógica neoliberal, a la dimensión de un sistema: «La introducción en la política de los métodos del mundo de la publicidad convierte las relaciones entre el elector y el elegido en relación de vendedor-cliente».242

Por este motivo, sería nefasto convertir un movimiento político como Podemos en una máquina de guerra centralizada que lo sacrificara todo, en particular la primacía de los «círculos» de ciudadanos, con el objetivo de una victoria electoral. Esto sería ceder en el fondo a la lógica oligárquica imitando a los partidos que pertenecen al sistema de la «casta». Pero, pensándolo bien, aún es más contraproducente esperar la creación de otros Podemos en Europa a partir de una «exportación» de la «receta» española.

No hay que ignorar las condiciones particulares que hicieron posible el ascenso de Podemos en las legislativas y preludiaron las victorias políticas en Madrid y Barcelona. Todo empieza con la ocupación de las plazas en mayo de 2011. El fin de la ocupación no fue de ningún modo el final de la inmensa energía acumulada y concentrada en este movimiento. Muy al contrario, como señala Amador Fernández-Savater, aquella energía «se ha desplegado metamorfoseando los diferentes territorios de lo cotidiano»:

Primero se crearon asambleas de barrio, luego se propagó la onda de choque de la defensa del servicio público, la PAH [Plataforma de Afectados por la Hipoteca] se desarrolló y se multiplicó, miles de iniciativas casi invisibles proliferaron por todas partes: cooperativas, jardines urbanos, bancos de tiempo, redes de economía solidaria, centros sociales, nuevas librerías, etc. Podemos decir que el 15M revistió al conjunto de la sociedad de una especie de «segunda piel»: una superficie extremadamente sensible, en la que y a través de la cual cada uno siente como propio lo que ocurre a otras personas, a desconocidos. […] Un espacio de alta conductividad en el que las diferentes iniciativas proliferan y resuenan entre ellas sin tener como referencia a ninguna instancia centralizadora; una película o un filme anónimo en el que circulan corrientes de afectados y energías imprevisibles e ingobernables, que se salen alegremente de las categorías sociales establecidas […].243

Abstraerse de este despliegue de energía del movimiento de las plazas y separar el nacimiento de Podemos de esta «puesta en movimiento» de toda la sociedad es condenarse a perder lo esencial. Y toda tentativa de reproducir el «esquema español» desde arriba está condenada al fracaso. Lo que está en juego, más allá del auge electoral de diciembre de 2015, es la peligrosa prevalencia de la lógica de la representación y de la centralización sobre la lógica de la igualdad en la participación o, por decirlo otra vez con las palabras de Amador Fernández-Savater, la prevalencia del teatro sobre la piel. Se impone una lección: para no dejarse encerrar en la lógica teatral de la representación, «se trata de retomar la experimentación a ras de suelo y a la altura de las formas de vida», es decir, «reabrir la piel» mediante la invención de «nuevas prácticas colectivas».244

Es la única manera de abrir nuevas posibilidades para los propios gobiernos, abriendo la tenaza en la que se dejan apresar fácilmente quienes acceden al poder, aunque sea con las mejores intenciones. El caso de Grecia merece otra vez toda nuestra atención. Una de las grandes debilidades del gobierno de Syriza fue la de dejarse encerrar en un reparto de papeles de lo más clásico, precisamente el que impone la lógica del teatro: los gobiernos ocupan la posición de «actores» en la escena y solicitan los sufragios de los ciudadanos reducidos al rol no menos clásico de «espectadores» del teatro político. Sin embargo, sobre las ruinas del Estado social han crecido miles de iniciativas cuyo objetivo no es únicamente garantizar la supervivencia, sino defender las formas de vida y de la existencia social. Muestra de ello son las empresas autogestionadas que gestionan guarderías, parvularios y escuelas de barrio, la explosión de los lugares de cultura alternativos, los dispensarios sociales que reúnen a médicos de familia, dentistas y psiquiatras, etc. En resumen, alternativas llevadas a cabo «desde abajo» para producir «sin Estado, sin presupuesto, sin subvenciones públicas y sin intermediarios privados», que merecerían haber sido apoyadas desde arriba.245 Apoyándose en estas iniciativas, favoreciendo su coordinación e integración en un proyecto político más amplio, el gobierno hubiera aumentado su margen de maniobra desde el interior. De lo que se trata aquí, aparte de la situación particular de Grecia, es de la relación entre el gobierno y el Estado. En efecto, la transformación neoliberal del Estado ha llegado hasta tal punto que un gobierno verdaderamente preocupado por la soberanía popular debería atreverse a gobernar contra el Estado existente, y más concretamente contra todo aquello en el Estado que participe de la dominación oligárquica. Pero esto no se puede conseguir sin hacer un llamamiento a los movimientos que forman, o pueden formar, la «piel» de la sociedad, para oponerse a la lógica neoliberal de la administración estatal.

Respecto al segundo apartado de la cuestión estratégica (la coordinación de las luchas a nivel internacional), la respuesta nos parece que está en la exigencia de construcción de un bloque democrático internacional. No en un cartel de partidos, como el Frente de Izquierdas en Francia o Syriza en Grecia, formas todas ellas que han mostrado sus limitaciones, sino un bloque compuesto de todas las fuerzas políticas, organizaciones sindicales, asociativas, ecologistas, intelectuales y culturales. Estas emprenderían a escala local, nacional e internacional una misma lucha antioligárquica sobre una base común. Esta dimensión internacional no sería un segundo tiempo de la lucha nacional, sino que sería consustancial a ella. La segunda lección de la capitulación de Alexis Tsipras es precisamente que hay que ir con cuidado con la ilusión de que una victoria electoral nacional, aunque sea el resultado de movilizaciones sociales masivas, sea suficiente para cambiar las cosas. También en este caso, la debilidad de ese gobierno fue la de dejarse encerrar en un cara a cara con la oligarquía eurocrática sin tratar de construir una relación de fuerzas a nivel europeo.

Desde este punto de vista, el llamamiento a «acabar con Europa»246 es síntoma de una gran ceguera. Por descontado hay que producir una «ruptura con los marcos institucionales de la Europa realmente existente». Pero, ¿deberíamos convencernos entonces de que la cuestión europea es algo secundario?247 ¿Basta con afirmar la necesidad de «volver a empezar desde lo que es primero en la crisis contemporánea» y que sería un asunto puramente económico: el paro, el agotamiento de una forma de desarrollo, el aumento de las desigualdades?248 ¿No corremos el riesgo, evitando la cuestión política de Europa en favor de un sesgo economicista singularmente reductor, de no afrontar la cuestión europea de ningún modo? En efecto, para que un razonamiento así pudiera ser aceptado, se debería poder reducir la «cuestión europea» a la cuestión de la Unión Europea tal y como existe hoy en día. ¿Podemos hacer caso omiso de varios siglos de historia, como si todo hubiera empezado con el tratado de Maastricht o el de Roma? ¿No es ésta una manera rápida de validar la «leyenda de los orígenes» de la eurocracia? Pero sobre todo, dejando de lado la dimensión histórica, la cuestión europea ya queda planteada con el solo hecho de que la construcción europea ha creado en algunas décadas un espacio institucional y político que es vano y peligroso querer evitar, puesto que tiene una significación estratégica para el combate contra la Europa ordoliberal. Ningún gobierno de izquierdas en un único país puede romper él solo el corsé de acero monetario y normativo. Puede abrir y expandir la brecha, mostrar el camino, pero pronto necesitará el apoyo de otros gobiernos y el apoyo de los movimientos sociales en otros países. Se trata pues de construir desde ahora mismo las condiciones de una solidaridad de esta clase y no de cultivar la ilusión de un retorno a la soberanía nacional. Si hay que abrir una crisis política es a escala europea y rompiendo con el sistema de los tratados para imponer una refundación de Europa a partir de la ciudadanía europea. El reto consiste en romper el marco de la Unión Europea para salvar el proyecto de la Europa política.249

De forma más general, más allá de Europa, hay que aplicarse a la construcción de un «espacio de oposición mundial». Aunque todo combate político tiene indudablemente como espacio inmediato el espacio nacional, el adversario oligárquico puede hoy, mucho más que ayer, actuar en un espacio político doble, nacional e internacional. De este modo puede jugar con la división de los espacios políticos nacionales haciendo competir entre sí a poblaciones ancladas en territorios separados. Sin duda, la tarea es muy distinta de la construcción de las «Internacionales» del pasado. Aunque aún queda mucho por aprender de la experiencia de la Internacional fundada en 1864 en Saint Martin’s Hall. En primer lugar, porque sigue siendo verdad, en la época del renacimiento de los nacionalismos virulentos, que «el olvido de los lazos fraternales que deben existir entre los trabajadores de los diferentes países, motivándolos para apoyarse unos a otros en todas sus luchas por la emancipación, será castigado con la derrota común de sus proyectos divididos». En segundo lugar, y quizás sobre todo, porque aquella Internacional eligió un principio de filiación que conserva en la actualidad todo su sentido: cualquier asociación o sindicato podía dirigirse directamente a la Internacional para pedir su afiliación, sin tener que someter su candidatura a una organización nacional supuestamente representante de un país concreto en la Internacional.250 Hay ahí una forma de dar al internacionalismo un alcance político práctico que conserva todo su valor. También podríamos imaginar una federación europea y mundial, no de distintos partidos nacionales, sino de coaliciones democráticas que combinen la acción política a escalas diferentes con la institución de los comunes, bases concretas de la alternativa.

¿Podemos ya definir los límites programáticos de tales coaliciones? Pretenderlo sería contrariar el principio mismo de la democracia. Pero este mismo principio implica un mínimo de normas, o más bien una norma mínima. Esta norma elemental es la de la rotación de los cargos, que garantice la igualdad de los ciudadanos respecto al ejercicio del poder y permita a cada ciudadano ser a la vez gobernante y gobernado. La no reelección o la no renovación de cargos en las funciones públicas es la norma no negociable de toda puesta en común política.251 Una observación de Aristóteles puede ayudarnos a entender mejor por qué es difícil mantener el respeto de dicha norma, pero hacerlo es vital para toda democracia digna de tal nombre: mientras que en la Antigüedad todos los ciudadanos creían justo ejercer las magistraturas políticas «por turnos», «debido a las ventajas que se extraen de los bienes públicos y del poder, la gente —escribía Aristóteles— quiere hoy en día seguir gobernando, como si esto fuera siempre una garantía de salud para quienes gobiernan, por enfermizos que sean». Y añade: «Quizás sea esto lo que hace que la gente corra a ocupar las magistraturas».252 Difícilmente encontraremos descripción más acertada de las prácticas que emplea la oligarquía neoliberal para corromper toda la democracia. Inversamente, los «numerosos» (hoy poloi) sólo se impondrán a los «poco numerosos» (hoy oligoi) si imponen este principio y saben velar por su mantenimiento. Entonces y sólo entonces, con la victoria sobre la oligarquía, Pluto será expulsado del templo de la Ciudad.

Notas:

218. Con el doble sentido de deseo de morir y de dar muerte.

219. Véase Sophie Bessis, La Double Impasse, op. cit.

220. Creerse, como hace Hollande, el Schröder francés es el peor de los bagajes políticos. Véase sobre este punto Guillaume Duval, Made in Germany. Le modèle allemand au-delà des mythes, Seuil, París, 2013, pág. 148 y sigs.

221. Véase supra capítulo 3.

222. Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres, op. cit., pág. 292.

223. Ibid., pág. 263.

224. Jacques Rancière, La Haine de la démocratie, La Fabrique, París, 2005, pág. 81.

225. Véase supra capítulo 2.

226. Jacques Rancière, La Haine de la démocratie, op. cit., págs. 103-104.

227. El uso de categorías gramscianas como «nacional-popular», elaboradas en un contexto que no tiene nada que ver con el actual, es uno de sus aspectos más curiosos.

228. Véase supra capítulo 1 y 4.

229. Véase Pierre Dardot y Christian Laval, Commun, op. cit., pág. 49. [Trad. cast.: Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI, Gedisa, Barcelona, 2015].

230. Sobre este punto, véase Paulin Ismard, La Démocratie contre les experts. Les esclaves publics en Grèce ancienne, Seuil, París, 2015.

231. Ibid., pág. 210.

232. Ibid., pág. 213.

233. Ibid., pág. 153.

234. Éric Fassin, Gauche: avenir d’une désillusion, Textuel, París, 2014, pág. 36.

235. Ibid., pág. 32.

236. Ernesto Laclau, La Raison populiste, Seuil, París, 2008. [Trad. cast.: La razón populista, FCE, 2006].

237. Ibid., pág. 123.

238. Se trataría de un dirigente «democrático» y no «narcisista», esto nos acercaría a la idea gramsciana de «hegemonía» (ibid., págs. 77-78).

239. Cosa que reconoce, a su manera, Pablo Iglesias, en una entrevista para New Left Review del 26 de mayo de 2015, traducida al francés para la revista Ballast, en la que toma distancias con los esquemas de La razón populista.

240. Simone Weil, «Note sur la suppression générale des partis politiques» (1940), Écrits de Londres, Gallimard, París, 1957, pág. 126 y sigs. [Trad. cast.: Nota sobre la supresión general de los partidos políticos, José J. de Olañeta Editor, Palma de Mallorca, 2014].

241. Hannah Arendt, «De la révolution», en L’Humaine Condition, op. cit., págs. 573-574. [Trad. cast.: La condición humana, Paidós Ibérica, Barcelona, 2016].

242. Ibid., pág. 580.

243. Amador Fernández-Savater, «La piel y el teatro. Salir de la politica», http://www.eldiario.es, 16 de octubre de 2015. Traducido al francés par la revista Ballast bajo el título «Encarnar la política».

244. Ibid.

245. Dimitris Alexakis, «Grèce: l’invention sous la crise (ressources)», 19 de 2015, blog de Mediapart.

246. Cédric Durand (dir.), En finir avec l’Europe, La Fabrique, París, 2013, pág. 149.

247. Ibid., pág. 139.

248. Ibid.

249. El uso sistemático a la palabra «europeísmo» tiene como única función la intimidación intelectual descalificando por adelantado toda distinción entre Europa y la Unión Europea.

250. Véase Mathieu Léonard, L’Émancipation des travailleurs. Une histoire de la Première Internationale, La Fabrique, París, 2011.

251. Pierre Aubenque, Problèmes aristotéliciens. Philosophie pratique, Vrin, París, 2011, pág. 164.

252. Aristóteles, Les Politiques, op. cit., pág. 227. [Trad. cast.: Política, Gredos, Madrid, 2004].