«El bien común que Felber preconiza se basa en los valores de las relaciones humanas en su forma más saludable (la confianza, la cooperación, el aprecio, la co-determinación, la solidaridad y la voluntad de compartir), los valores que, juntos, nos hacen mejores y más felices. El paradigma, el modelo mental económico-social, cambia desde la lucha feroz y el egoísmo avaricioso a la cooperación y el altruismo generoso, del finalismo del beneficio financiero (el fin justifica los medios) a la contribución al bien común (el viaje es el destino). Christian Felber convierte el balance financiero, siendo importante, en secundario; el balance del bien común, que es el esencial, mide intangibles valiosísimas como la dignidad humana, la responsabilidad social, la sostenibilidad ecológica, la participación democrática y la solidaridad con todos los grupos involucrados en la actividad de la empresa. El capital es el medio, no el fin, para lograr la felicidad de todos. Y esto es más importante que nunca, porque la desigualdad ha alcanzado en nuestro entorno niveles alarmantes. Christian Felber propone desde el texto que te dispones a leer que los mejores balances empresariales del bien común (los mejores no por su rentabilidad económico-financiera, sino por sus rendimientos sociales, ecológicos, democráticos y distributivos) obtengan ventajas legales y fiscales. Propone crear los llamados bancos democráticos. Propone impulsar la democracia directa (además de la democracia representativa, que ya conocemos y no nos parece suficiente). Propone educar desde la escuela en valores como ‘emocionología’ (la ciencia de las emociones), ética, comunicación, educación democrática y experiencia de la naturaleza. Propone favorecer competencias de gestión como la amabilidad, la empatía, atender al bien de tod@s y de la comunidad ecológica. Un planteamiento revolucionario que deviene más que necesario» (del prólogo de Juan Carlos Cubeiro).

Christian Felber

La economía del bien común

ePub r1.3

Mowgli 27.8.15

Título original: Die Gemeinwohl-Ökonomie

Christian Felber, 2012

Traducción: Silvia Yusta

Editor digital: Mowgli

Corrección de erratas: jjmolina4 y Catharsius (¡gracias!)

ePub base r1.2

¡Por el bien común!

Nuevo brindis

Buscar el bien común para adentrarnos en la nueva era
— Prólogo de Juan Carlos Cubeiro —

El capitalismo, que ha dominado la escena social, económica y política durante medio milenio, se nutrió de la idea de la predestinación luterana y calvinista (como nos explicó mejor que nadie Max Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo) y de una teoría económica que, partiendo de los fisiócratas franceses, culminó en el gran Adam Smith en La riqueza de las naciones. La nueva era (conceptual, conductual y de la generosidad) que algunos hemos llamado «talentismo» y que se está iniciando ahora (el 21 de diciembre de 2012, el fin del calendario Maya, probablemente quedará como su inicio) necesita también de una nueva teoría económica que, en mi modesto entender, cuenta con dos pilares a ambas orillas del Atlántico.

En Estados Unidos, el Premio Nobel George Ackerloff y el catedrático de Yale Robert Schiller (padre del concepto de «exuberancia irracional») publicaron en su día Animal Spirits. Cómo la psicología humana dirige la economía. El término es de Keynes, de 1936: es el espíritu animal el que conduce el comportamiento de las personas. Y dieron lugar al movimiento del Behaviorial economics (Economía conductual), con autores tan reputados, además de Akerloff y Shiller, como George Loewenstein, Dan Ariely, Daniel Kahneman o Amos Tversky. Analiza los fenómenos económicos de las personas no como seres racionales sino como personas integrales, en las que lo emocional, lo instintivo y lo social juegan un papel mucho más destacado que la pura intelectualidad. Cuanto más se desarrollan las neurociencias, más nos convencemos de que el homo economicus tiene un noventa por ciento de irracional (es más homo ludens que homo rationalis) y que sus pensamientos son conscientes en apenas un dos por ciento.

El otro pilar del talentismo desde la teoría económica es, precisamente, el que nos ocupa, porque es europeo y porque está centrado en el libro que te aprestas a leer, querido lector. La economía del bien común (Gemeinwohl-Ökonomie, en alemán) parte de este texto de Christian Felber, publicado originariamente no hace mucho tiempo por una editorial vienesa. Sus fundamentos se mostraban en una obra anterior de Felber, Los valores de la nueva economía, de 2008. ¿Pura teoría? En absoluto. Hay centenares de empresas que están implantando este modelo, que supera la dicotomía entre el capitalismo y el comunismo, entre el poder absoluto del mercado (la mano invisible, tan alabada en su día y hoy tan denostada) y la economía planificada (que acaba corrompiéndose).

El bien común que Felber preconiza se basa en los valores de las relaciones humanas en su forma más saludable (la confianza, la cooperación, el aprecio, la co-determinación, la solidaridad y la voluntad de compartir), los valores que, juntos, nos hacen mejores y más felices. El paradigma, el modelo mental económico-social, cambia desde la lucha feroz y el egoísmo avaricioso a la cooperación y el altruismo generoso, del finalismo del beneficio financiero (el fin justifica los medios) a la contribución al bien común (el viaje es el destino). Christian Felber convierte el balance financiero, siendo importante, en secundario; el balance del bien común, que es el esencial, mide intangibles valiosísimas como la dignidad humana, la responsabilidad social, la sostenibilidad ecológica, la participación democrática y la solidaridad con todos los grupos involucrados en la actividad de la empresa. El capital es el medio, no el fin, para lograr la felicidad de todos. Y esto es más importante que nunca, porque la desigualdad ha alcanzado en nuestro entorno niveles alarmantes. Desde la economía del bien común, Felber y sus seguidores entienden que la diferencia de renta percibida entre los ejecutivos mejor pagados y los operarios no puede superar las veinte veces; y sin embargo, en Estados Unidos la diferencia era de 24 a 1 en 1965; de 71 a 1 en 1989; de 262 a 1 en 2005 y de 325 a 1 en 2011. ¿No es una vergüenza para la humanidad? Sin embargo, la desigualdad es lo que hoy, desgraciadamente, genera crecimiento. En la situación actual, según el economista del Fondo Monetario Internacional Fuad Hassanov, por cada punto de desviación típica en desigualdad (medido por el índice de Gini) se genera un 0’6 por ciento de crecimiento del Producto Interior Bruto. El capitalismo está llamado a reinventarse, porque la situación no es sostenible.

Christian Felber propone desde el texto que te dispones a leer que los mejores balances empresariales del bien común (los mejores no por su rentabilidad económico-financiera, sino por sus rendimientos sociales, ecológicos, democráticos y distributivos) obtengan ventajas legales y fiscales. Propone crear los llamados bancos democráticos. Propone impulsar la democracia directa (además de la democracia representativa, que ya conocemos y no nos parece suficiente). Propone educar desde la escuela en valores como ‘emocionología’ (la ciencia de las emociones), ética, comunicación, educación democrática y experiencia de la naturaleza. Propone favorecer competencias de gestión como la amabilidad, la empatía, atender al bien de tod@s y de la comunidad ecológica. Un planteamiento revolucionario que deviene más que necesario.

Economía conductual, de Shiller, Akerloff y compañía, y Economía del bien común, cuyo padre intelectual es Christian Felber. Ambas doctrinas económicas coinciden en la importancia de la Generosidad como competencia distintiva del ser humano, como cualidad determinante en lo social. El altruismo es la marca de los ganadores; la solidaridad, y sólo la generosidad, genera sostenibilidad. «El hombre es un lobo para el hombre», insistía un filósofo tan tétrico como Hobbes. Una creencia suicida. La desconfianza, la necesidad de control, el miedo como emoción predominante, nos han llevado a un callejón sin salida. Hay otra manera de pensar, de sentir y de crecer, la que conecta con la armonía confuciana, con el desarrollo aristotélico, con la serenidad senequista, con la ética kantiana, con el «espíritu de los mosqueteros».

Lo que hoy parece ciencia-ficción, en medio de esta vorágine catastrofista, mañana será sentido común, la salida natural desde lo mejor del ser humano. Christian Felber, en este libro pionero, nos muestra el camino. Bienvenido a los nuevos tiempos.

Juan Carlos Cubeiro,

socio-director de IDEO

y presidente de honor de AECOP

Prólogo a la nueva edición

Siempre hay una alternativa.

There is always an alternative.

Para Margartet Tatcher

y Angela Merkel

El 6 de octubre de 2010 en Viena, empezó un proceso de cambio: la economía del bien común dio su primer paso de idea a movimiento. En sólo un año, cuatrocientas empresas y setenta organizaciones que apoyaban el modelo y sesenta empresas pioneras elaboraron por primera vez y voluntariamente la esencia del modelo, el balance del bien común. Se formaron «campos de energía» en Austria, Alemania, el norte de Italia y en Suiza, y cerca de diez grupos activos con distintas funciones iniciaron el cambio. Hasta la fecha de publicación de esta edición diez nuevos campos de energía se han consolidado en España y Latinoamérica.

El libro, que fue desarrollado junto con asociados del movimiento Attac de Austria, aterrizó con gran precisión. En la misma semana de agosto de 2010 en que apareció la primera edición, la editorial Bertelsmann publicó una encuesta cuyos resultados indicaban que un 88 por ciento de los alemanes preguntados deseaban un «nuevo orden económico». En Austria era un 90 por ciento de los encuestados. Vamos a deleitarnos: nueve de cada diez personas querían un modelo económico diferente al actual. ¿Ha habido algún fenómeno similar a lo largo de la historia? Los resultados de la encuesta coinciden con mi experiencia de quince años como conferenciante internacional: cada vez más personas son conscientes de que actualmente no vivimos una crisis económica o financiera aislada, sino que las burbujas económicas especulativas, el desempleo, el reparto desigual, el cambio climático, la crisis energética, las hambrunas, el consumismo, la crisis de identidad, la crisis de valores y, en lo más profundo, la crisis de la democracia, están relacionados y son síntomas de una crisis general del sistema. El capitalismo como sistema económico está en declive.

Pero los representantes de la población sostienen que «no hay ninguna alternativa». Esa frase de Margaret Thatcher ha sido fomentada por las élites que están en el poder y que bloquean los cambios. Sin embargo, en una democracia, siempre hay alternativas. Este libro va a demostrar en concreto, que hay alternativas al sistema económico actual.

La pregunta decisiva es la siguiente: ¿en qué dirección queremos ir? ¿Debe la economía ser más ecológica y sostenible, una economía de decrecimiento? ¿Debe ser regional, subsidiaria y resistente ante las crisis? ¿Debe ser más social y justa en el reparto? ¿Debe el foco de la competencia inclinarse hacia la cooperación, hacia una economía solidaria? ¿Debe la dignidad de los hombres ocupar un lugar central y cada persona tener derecho de decisión?

La economía del bien común responde. Puede y debe ser, y sobre todo más que hoy. Y el mejor concepto que agrupa esos valores y fines es el bien común. No ha sido inventado por nosotros, goza de una larga tradición. En la Constitución alemana se indica que «la propiedad obliga. Su uso debe servir por igual al bienestar de la mayoría». La más clara en este aspecto es la Constitución bávara: «Toda la actividad económica sirve al bien común». Ya Aristóteles describía como «contra natura» una economía que tuviese como único fin la proliferación del dinero, ya que su propósito es «el bien equitativo»[1]. Cicerón pensaba: «El bienestar del pueblo debe ser ley suprema»[2]. El concepto «bien común» fue acuñado por Tomás de Aquino en el siglo XIII, «bonum commune», y se extendió como la pólvora a través de la doctrina social de la Iglesia Católica y otras escuelas filosóficas.

Todos los «grandes» conceptos tienen en común que están muy solicitados. Diferentes regímenes se los han apropiado para intereses y fines propios. Tanto Hitler como las dictaduras del este de Europa han abusado del término «bien común». Sin embargo, eso no debería servir como argumento en contra de continuar haciendo uso de este armonioso y excelente concepto. No tachamos de nuestro vocabulario palabras como «libertad», «veracidad» o «amor» únicamente porque a menudo se han usado de manera impropia. Los mejores conceptos sucumben ante las mayores amenazas de apropiación. Y cuanto mayor es su valor, más intenso se vuelve el debate en torno a su interpretación. Esto tan sólo nos debe volver cuidadosos, pero no por ello tenemos que rechazar los conceptos.

Evolución abierta del proceso de participación

Dos preguntas son decisivas. ¿Qué significa «bien común» y quién lo determina? El concepto del bien común no tiene a priori ningún significado definido excepto que el bienestar de todas las personas y su entorno natural son igual de importantes. La suerte de un número lo más grande posible de personas, tal y como conocemos de los utilitaristas, se queda escaso, porque todas las personas provistas de dignidad tienen el mismo valor. El único significado inmanente por tanto, del concepto bien común es que el bienestar es válido para todos. Más allá de este significado general, se trata de un concepto global que abarca los valores más importantes de la comunidad democrática. Lo que significan los componentes individualmente sólo es posible determinarlo democráticamente. Ni leyes naturales ni providencias divinas ayudan en este punto. De nuevo esto implica dos cuestiones:

Todos los puntos de referencia en cuanto al contenido de la economía del bien común son debatidos por múltiples personas en una amplia asamblea participativa, para que, a partir de un momento dado y un cierto nivel de madurez, desemboquen en un proceso democrático limpio. En el fondo se trata de un nuevo sistema democrático de la economía. El presente esbozo de una economía del bien común no es por consiguiente un modelo cerrado, sino un punto de partida.

Si el proceso democrático se desarrolla según nuestra concepción ideal, en cinco años una convención económica elegida directamente elaborará parte de una constitución económica, que la población refrendaría mediante un innovador sistema de votación. Como es natural, incluso entonces, el modelo debería permanecer abierto, precisamente porque el corazón del bien común es el permanente proceso democrático de nuestras guías éticas, de las que hablaré más adelante. La esencia del bien común es la democracia porque permite la participación conjunta de todas las personas y eso, expresa el mismo valor para todos y todas: la dignidad humana.

Una alternativa de muchos

La economía del bien común no dice que sea el único modelo económico imaginable para el futuro ni que el resto de las alternativas no sirvan, sino que reseña elementos importantes de un sistema económico, tales como los mercados, el trabajo remunerado, la medición del éxito, el dinero, los sistemas financieros, la propiedad y otros. No está ni completa ni cerrada. Al contrario, pretende ser combinada con modelos o estructuras alternativos, y a través de éstos enriquecerse y también enriquecerlos. Los «amigos» clásicos de la economía del bien común son la economía solidaria, el bien comunal («commons»), la democracia económica, la subsidiariedad económica, la economía del don (o economía del regalo) o la economía de decrecimiento, por sólo nombrar algunos. No tendría ningún sentido que se impusiese un modelo sobre los demás. Lo deseable es que los «componentes» más atractivos y aptos para ser consensuados en las distintas alternativas construyeran un sistema económico democrático a través de un proceso de búsqueda participativo.

Tres accesos al contenido

La economía del bien común se sustenta en tres núcleos:

Quiere resolver la contradicción de valores entre economía y sociedad, incentivando y premiando en la primera los mismos comportamientos y valores que tienen éxito en las relaciones humanas: honestidad, empatía, confianza, estima, cooperación, solidaridad, voluntad de compartir.

El espíritu, los valores y los objetivos de nuestras constituciones deben implantarse en economía de forma consecuente. El sistema económico real actual vulnera el espíritu de las constituciones.

El éxito económico deja de ser un indicador de valores de cambio para convertirse en un indicador de utilidad social. El fin de todas las economías no es la provisión de estos valores, sino de utilidades. El ser humano sólo vive de éstas. Los valores de cambio son indirectamente útiles, pero no para sí mismos: uno de ellos no puede ni alimentarme ni calentarme. Aquí termina un proceso de búsqueda evolucionista basado en la prueba-error. Al principio de los sistemas económicos monetarios resultaba práctico traducir utilidades por valores de cambio. Hoy en día se ha convertido la utilidad en sí misma en fin, el servidor en dirigente. Medimos el medio (valor de cambio) en vez de la meta (utilidad social). Aproximadamente sería tan ingenioso como medir el éxito de un granjero por el número de máquinas que guarda en el garaje. Con este error, se convierte la economía en algo altamente ineficaz. No porque empleemos el dinero como medida de cambio, sino porque medimos el éxito económico con indicadores de valores de cambio. La economía del bien común quiere medir sólo aquello que cuenta. Lo que el ser humano necesita primordialmente, aquello que le hace sentirse satisfecho y feliz. El producto del bien común de una economía nacional y el balance del bien común de una empresa traspasan el PIB y los beneficios financieros.

Unificar cuerpo y alma

La medición unilateral del rendimiento mediante indicadores monetarios es una causa importante para la ausencia de vida de la economía científica. El economista checo Tomás Sedlácek ha inventado la que en mi opinión, es hasta el momento la mejor metáfora para describir lo que está pasando en la ciencia económica. «Cuando a un organismo se le arranca el alma, lo que queda es un zombi.» La ciencia económica clásica está desprovista de alma. Es, por tanto, una gran amenaza para la sociedad futura. Tenemos que volver a dotarla de alma. El principio de este proceso de curación es incluir de nuevo la economía dentro del sistema de valores sociales. En la economía tienen que ser válidos los mismos valores y normas que en la sociedad. La ciencia económica se separó hace doscientos cincuenta años de la filosofía moral dejando tras de sí su alma. Tal vez sea una parte de la curación que la economía vuelva a ser parte de la filosofía y de la ética. De todos modos es imperiosamente necesario que las ciencias económicas se liberen de las garras del socialdarwinismo en las que todavía se halla presa la corriente principal.

En los últimos años han aparecido cada vez más estudios sociales y científicos que refutan empíricamente la idea capitalista del ser humano, que opinaba que el egoísmo y la competencia están anclados en el genoma humano, y lo describen como un ser social con tendencia a la cooperación, que no sólo es por naturaleza empático y solícito, sino que también posee un marcado sentido de la justicia y reacciona con agresividad ante la vulneración de normas conjuntamente establecidas. Los neurobiólogos Joachim Bauer y Gerald Hüther, entre otros, han realizado valiosos trabajos pioneros y explicativos al respecto. Los experimentos que describo en el capítulo 4 confirman de forma impactante sus resultados.

Normas para empresas, no para personas

Algunas personas pueden tener la impresión de que la economía del bien común pretende regular los actos de los individuos y, por tanto, restringir radicalmente la libertad del ser humano. Esto no es más que un tosco malentendido. Las propuestas de regularización de la economía del bien común se refieren a personas «jurídicas», no «naturales»; a empresas, no a personas. Las empresas son construcciones, criaturas de una comunidad democrática de derecho; solamente pueden existir bajo el prisma de una normativa legal. Por este motivo, la economía del bien común dice que tanto los objetivos como los propósitos que tengan las entidades jurídicas deben ser aquellos que haya creado y determinado la propia sociedad. Ya hoy en día es así, aunque pasamos por alto las normas que nos han dado y ni tan siquiera nos damos cuenta. ¿No es un imperativo legal rígido y simplista, provocado por la dinámica del sistema que actúa sobre las necesidades humanas básicas, el hecho de que las empresas tengan que elaborar balances financieros, que tengan que conseguir beneficios económicos frente a sus competidores?

La economía del bien común ni suprime los balances financieros ni prohíbe que las empresas privadas persigan beneficios. La diferencia con el capitalismo es que el beneficio financiero ya no es la finalidad del afán empresarial sino un medio para el propósito verdadero: prestar la aportación más grande posible al bienestar. Esto posiblemente se solapa con la concepción de sí mismos que tienen actualmente numerosos empresarios. Pero el sistema económico legal por sí sólo no apoya esta concepción, más bien promueve la maximización del beneficio, un crecimiento ilimitado y que las empresas se devoren unas a otras.

El objetivo es que mediante la nueva organización legal de las empresas aumente la libertad del individuo, porque:

La concentración de poder en la economía se convertirá en una retroalimentación negativa (que la frena y paraliza).

No todos los aspectos vitales dependerán de la economía.

Habrá más tiempo para dedicarlo a otros contenidos distintos del trabajo remunerado.

Se dejará atrás el terror promocional de las empresas orientadas al beneficio.

Nuestros hijos no tendrán una educación exclusivamente orientada hacia el consumo.

La economía no destruirá nuestras bases fundamentales.

Aprenderemos a actuar, no los unos contra los otros, sino juntos.

Disminuirán en política la corrupción y los lobbies.

La democracia podrá volver a respirar.

No se volverán a crear normas para la economía basándose en dogmas no probados, sino que éstas se elaborarán democráticamente.

Marcha colectiva

Un año después del comienzo del proceso general de la economía del bien común, aparecieron en escena algunas empresas pioneras en siete ciudades del norte de Italia, en el sur de Alemania y en Austria. Participaron en ruedas de prensa regionales autoorganizadas, presentando la iniciativa y enseñando sus primeros balances propios del bien común. La atención pública en consecuencia aumentó. Tanto, que a la asociación creada en el verano de 2011 para el fomento del bien común le costó caro construir lo suficientemente rápido toda la infraestructura necesaria. Sin un plan maestro, casi con sus propios medios exclusivamente, crearon diversos campos de actividad: consultores, auditores, redactores, conferenciantes y muchos otros. En los llamados «talleres» las personas elaboran temas como las comunidades del bien común, la educación o el desarrollo de la organización. Las propias empresas han creado una plataforma de cooperación y un grupo de voluntarios ha puesto en marcha una plataforma interna de comunicación. Un año después habían surgido en Alemania, Austria, Italia, Liechtenstein, Suiza y España más de veinte grupos regionales de apoyo denominados «campos de energía» compuestos de cooperantes que ejercen diferentes papeles. En ellas están inscritas las empresas pioneras locales. La energía ya fluye más allá de las fronteras; el libro se tradujo al francés en 2011, en el año 2012 le siguen el español y el italiano y tal vez otras lenguas.

En el ámbito de la política también han comenzado a oírse ecos de la iniciativa del bien común. Especialmente los municipios y las regiones preguntan cuál puede ser su aportación al cambio. Con los índices municipales del bien común, las convenciones municipales económicas y los grupos de empresas locales pioneras ya hay tres instrumentos de participación concretos para los municipios. Además, las comunidades pueden elaborar ellas mismas el balance del bien común y formar —entre varias— una «región del bien común». Estamos desarrollando la figura de la «Comunidad del Bien Común».

Los próximos años estarán marcados por la participación, el desarrollo y la interconexión. Por un lado el balance se hará más preciso con ayuda de un sistema participativo cada vez más amplio. Esperamos la cooperación de miles de personas entre empresas, particulares y organizaciones. Por otro lado, se desarrollarán en amplios procesos de debate los veinte puntos de referencia que se resumen al final de este libro. De nuevo, este libro no es más que un punto de partida.

Esperamos que en 2012 o en 2013 se lleven a cabo las primeras convenciones económicas municipales y que vayan cobrando carácter nacional en Alemania, Austria, Italia, España y otros países. Hay infinitas posibilidades de desarrollar el paso hacia un nuevo orden económico. ¡Participe usted también!

Prólogo a la primera edición[3]

La actual forma de la economía, la economía de mercado capitalista, ha creado un peligroso escenario de crisis: burbujas económicas, desempleo, repartos desiguales, crisis climáticas y de energía, hambruna, crisis de consumo, de identidad y de la democracia.

Todas estas crisis están relacionadas entre sí, tienen una raíz común, que no es otra que el incentivo central de nuestro sistema económico: la ambición por el beneficio y la competencia. Esta motivación esencial potencia un comportamiento egoísta y desaprensivo, permite que las relaciones entre las personas fracasen y pone en peligro la paz espiritual, social y ecológica.

Sin embargo, se trata de que todo sea más humano y más eficaz. La economía del bien común incentiva y premia cualidades y valores del comportamiento que contribuyan al éxito de las relaciones humanas y ecológicas: confianza, estima, cooperación, solidaridad y voluntad de compartir. Según investigaciones científicas las personas se encuentran más motivadas dentro de un marco de incentivos que a través de la competencia y el egoísmo. Las hipótesis antropológicas en las que se basa la economía de mercado son refutadas científicamente tanto en su consistencia como en su trascendencia. En mi libro Neue Werte für die Wirtschaft («Nuevos valores para la economía») elaboré las bases fundamentales del bien común, que ahora presento de manera más desarrollada y depurada en esencia.

En la difusión han colaborado alrededor de dos docenas de empresas del movimiento Attac. Cerca de setenta empresas dan apoyo a este proyecto, al que se han unido tomando parte activa en su difusión. Con esto pretendemos mostrar que muchas empresas desean otro sistema de orden para la economía. No obstante, sería muy ingenuo por nuestra parte actuar como si esto pudiera salir a escena sin un cambio en las relaciones de poder actuales. Por lo mismo, se hace una llamada de atención sobre las cuestiones de la propiedad y la democracia, los puntos ciegos de la llamada economía de libre mercado. Con la economía del bien común nadie será nunca más desmesuradamente rico ni poderoso, pero sí será posible un estado de bienestar material incluso lujoso. Los beneficios son: más igualdad de oportunidades, calidad de vida y democracia, una situación en la que todos ganan, perder resulta imposible. Por este motivo ya se han unido al movimiento muchas empresas y gente adinerada.

Tanto si la economía del bien común se hace posible como si no, la economía va a experimentar en los próximos años, en la próxima década, una transformación radical, puede que incluso violenta. El punto álgido está cerca, tal vez incluso ya lo hemos pasado. El petróleo, cada vez más escaso, conduce inevitablemente hacia un cambio en la producción y en los hábitos de consumo como sólo las guerras y las catástrofes naturales son capaces de ocasionar. Podemos esperar este trauma sin hacer nada o bien prepararnos para suavizar el proceso de cambio. La economía del bien común se construye sobre una cooperación sistemática, también con la naturaleza. Se basa en estructuras con capacidad de supervivencia que, en vez de provocar impactos ecológicos, ayudan solidariamente a amortiguarlos. La elección es nuestra. Y nos necesitamos los unos a los otros. Con feroz competencia la mayoría de las personas no lo va a conseguir. Pero teniendo en cuenta la solidaridad de todos, la cooperación y orientación al bien común resultantes, experimentaremos más libertad que en la hipercompetitiva sociedad capitalista.

La economía del bien común también podría ser un marco próspero para un enfoque múltiple a nivel mundial de la economía solidaria. En el entorno capitalista, los negocios solidarios y orientados al bien común lo tienen difícil. Se necesita un nuevo orden económico que encaje.

La economía del bien común tampoco es un modelo cerrado, es más, los detalles se deben determinar en un proceso democrático. Todos los números concretos se deben por tanto sólo entender como valores iniciales de un amplio debate. En absoluto es el final de la historia. Es una atractiva alternativa posible y sin intermediarios al destructivo sistema económico en el que nos encontramos atrapados en la actualidad. El viaje de la humanidad, nuestra fantasía y capacidad de evolución seguro que no terminan en las próximas ciento cincuenta páginas. Éstas son, ojalá, sólo el paso siguiente.

I
Análisis breve

«Cooperar, ayudar a otros, que gobierne la equidad,

son motivaciones básicas

que se encuentran de forma global

y ancladas biológicamente en el ser humano.

Este modelo aparece a lo largo de todas las culturas»[4].

Joachim Bauer

Valores humanos-valores de la economía

Curiosamente, aunque los valores debieran ser la orientación esencial, las guías de nuestra vida, hoy en día en economía priman otros valores completamente diferentes a aquellos que son válidos en nuestras relaciones diarias con otras personas. En nuestras relaciones diarias o de amistad nos va bien cuando ponemos en práctica valores tales como la confianza, la sinceridad, el aprecio, el respeto, escuchar a los demás, la empatía, la cooperación, la ayuda mutua y la voluntad de compartir. La economía de libre mercado se basa en un sistema con normas que potencian la búsqueda de beneficios y la competencia. Estas pautas incentivan el egoísmo, la codicia, la avaricia, la envidia, la falta de consideración y de responsabilidad. Esta contradicción no es sólo un fallo estético en un mundo complejo o multivalente, sino una catástrofe cultural, nos divide en lo más profundo, como individuos y como sociedad.

Valores y guías

La contradicción es por tanto catastrófica, ya que los valores son el fundamento de la convivencia. A partir de ellos establecemos nuestras metas vitales, orientamos nuestros actos y los proveemos de sentido. En español la palabra «sentido» determina tanto «significado» como «dirección». Los valores son como una guía que indica a nuestra vida una dirección. Pero cuando nuestra guía diaria señala hacia una dirección ética —confianza, cooperación, voluntad de compartir— y de repente en una parte de nuestras vidas, la economía de mercado, una segunda guía nos marca un camino justo en dirección contraria —egoísmo, competencia, codicia— nos provoca una desesperante contradicción. ¿Debemos ser solidarios y cooperativos, ayudar a los demás y estar constantemente pendientes del bien de todos? ¿O debemos tener siempre en cuenta primero nuestro propio beneficio y al resto, como competidores, atarles en corto? Lo incomprensible de esta discrepancia es que el legislador prefiere la guía falsa. La confirma y con ello incentiva valores que todos sufrimos. Esto no es categóricamente obvio porque ninguna ley dice que tengas que ser egoísta, codicioso, avaricioso, desaprensivo o irresponsable. Pero en la ley está vigente que en economía debemos tender a aumentar el beneficio (el propio beneficio) y ser competitivos con los demás. Esto aparece en numerosas leyes, normativas y tratados nacionales, de la Unión Europea y de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. La consecuencia es la aparición epidémica de comportamientos asociales en la economía.

¿Del egoísmo surge el bien común?

El imperativo de que debemos ser competitivos con los demás y aspirar a conseguir el mayor beneficio financiero personal posible (comportarnos de manera egoísta) nos aleja de la esperanza, profundamente paradójica, de que el bien de todos se obtendría del comportamiento egoísta del individuo. Adam Smith, el primer economista científico, justificó esta teoría hace doscientos cincuenta años. Smith dijo literalmente: «No por la benevolencia del carnicero, del panadero o del cervecero contamos con nuestra cena, sino por su propio interés»[5].

No estoy tratando de acusar a Smith. Una frase como ésta es comprensible en aquellos días, el concepto de que el «individuo» persiguiera su propio interés era nuevo. Las «empresas» eran mayormente diminutas y carentes de poder, además estaban asociadas a nivel local y eran individualmente responsables. Los fundadores de las empresas, los dueños, los empleadores y los trabajadores formaban en muchos casos una unión personal. No había sociedades anónimas y globales, no había un movimiento libre de capital ni billonarios fondos de inversión.

Adam Smith esperaba que una «mano invisible» condujera el egoísmo individual hacia el bienestar del mayor número de personas posible. Desde un punto de vista metafísico, Smith era un teólogo de la Moral, puede que se refiera a la mano de Dios. Pero contemplado desde un punto de vista económico, no puede tratarse de otra cosa sino de la competencia. Porque, ¿qué otro sistema que no sea la competencia es responsable de que las empresas incrementen su egoísmo en exceso a costa de otros? Tan pronto como se cobran altos precios o se ofrece una calidad inferior, se reemplaza a los otros: competencia. Hasta la fecha se basa la legitimación básica del sistema capitalista en que el egoísmo del individuo a través de la competencia conduciría hacia el bienestar del mayor número posible de personas. Desde mi punto de vista esta hipótesis es un mito y además fundamentalmente falsa. La competencia estimula sin duda el rendimiento de las empresas (este punto lo veremos en detalle más abajo), pero ocasiona daños extremadamente altos a la sociedad y a las relaciones entre las personas. Si las personas persiguen su propio beneficio como única meta y actúan unas contra otras, aprenden a ser más astutas que los demás y creer que ésta es la forma correcta y normal de actuar. Si con todo engañamos a los demás, entonces no nos estamos comportando como seres equivalentes. Estamos perdiendo nuestra dignidad.

La dignidad es el mayor de los valores

Cuando en mis clases en la Facultad de Economía pregunto a los universitarios qué entienden por «dignidad humana» obtengo un perplejo y cerrado silencio generalizado. A lo largo de sus estudios o no han aprendido o no han oído nada al respecto. Esto asusta tanto o más que el hecho de que la dignidad sea el mayor de los valores. Es el primer valor que se menciona en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dignidad quiere decir «valor en igualdad, sin condiciones e inalienable» que poseen todos los seres humanos. La dignidad no requiere de ninguna acción, tan sólo de existencia. Del mismo valor de todos los hombres proviene nuestra igualdad en el sentido de que en una democracia todas las personas deben disfrutar de la misma libertad, derechos y oportunidades. Y sólo entonces, cuando realmente todos disfrutan de las mismas libertades, se da la condición necesaria para que sean realmente libres. La dignidad humana es la premisa para la libertad. Immanuel Kant decía que la dignidad sólo puede preservarse en el roce diario entre las personas siempre y cuando nos veamos unos a otros y nos tratemos como personas equivalentes. Debemos tomar las necesidades, los sentimientos y las opiniones de los demás tan en serio como los propios como expresión de la igualdad del valor. No debemos nunca instrumentalizar a las otras personas ni utilizarlas como medio para alcanzar los fines propios. De otro modo, acabaríamos con la dignidad. Como efecto secundario pueden también originarse beneficios de los encuentros en igualdad dignos. Según Kant y el sentido común, esto pasa de manera completamente automática cuando todos se desean unos a otros lo mejor, construyen una base de confianza, se toman en serio, se escuchan y se valoran. Sin embargo, conseguir beneficios no debe ser la finalidad de los encuentros dignos.

En el libre mercado es, no obstante, legal y usual que instrumentalicemos a los demás y con ello vulneremos su dignidad. No es nuestra meta preservar su dignidad. Nuestra meta es lograr el provecho propio. Y éste es en muchos casos más fácil de conseguir cuando me aprovecho del que tengo más cerca y daño así su dignidad. Decisivas son mi actitud y mi prioridad. ¿Se trata del bienestar del mayor número posible de personas y de proteger la dignidad de todos, de lo que automáticamente yo mismo me veo afectado y me aprovecho? ¿O se trata de priorizar mi propio bienestar y provecho, que a su vez puede, aunque no tiene por qué, atraer también el provecho de otros?

Si perseguimos nuestro propio beneficio como fin supremo, entonces se convierte en práctica común utilizar a los demás como medios para nuestros fines. En tal caso, la tergiversación de la teoría de Smith acerca de la finalidad y los efectos secundarios conduce a la difusión de la vulneración de la dignidad humana y a una sistemática restricción de la libertad de muchos seres humanos.

¿«Libre» mercado?

El «libre mercado» sería un mercado libre si todos los que participan activamente pudieran retirarse indemnes de cualquier transacción comercial. Pero eso sólo pasa en una parte de las transacciones del mercado. Hay una parte relevante en la que algunos no pueden renunciar tan fácilmente a las transacciones como otros porque son en gran medida dependientes. Muchas personas no pueden decidir si se quieren comprar alimentos hoy o no, o si quieren alquilar una casa. Muchas empresas no pueden decidir si quieren aceptar un crédito hoy o no. Si no lo hacen, puede que mañana sean insolventes. Innumerables granjeros no pueden decidir libremente a quién suministrar sus productos. A menudo sólo tienen o uno o un puñado de compradores como elección que los tratan igual de mal. Las típicas transacciones son las siguientes:

La media de los empleadores puede más fácilmente que la media de los trabajadores retroceder ante un contrato de trabajo para fijar sus términos.

La media de entidades crediticias puede más cómodamente que la media de los prestatarios paralizar un contrato de crédito para estipular sus cláusulas.

La media de las gestoras inmobiliarias puede más fácilmente que la media de los inquilinos tomar distancia antes de la firma del contrato de arrendamiento y con ello establecer los requisitos de éste.

La media de las corporaciones globales puede más fácilmente que la media de los proveedores prescindir de alguno de sus miles de colaboradores y de esa manera determinar las condiciones del contrato.

Una desigualdad de poder en las relaciones comerciales privadas no sería el menor de los problemas si se enfrentasen unos con otros con respeto y con el propósito de proteger la dignidad. Entonces, la persona más fuerte se encontraría al mismo nivel y a la misma altura que la menos fuerte, y se tomaría sus deseos y sentimientos tan en serio como los propios. Sólo estarían satisfechos con el resultado, cuando ambos pudieran vivir bien. Pero en la economía capitalista directamente se incentiva a los más poderosos para hacer de esta desigualdad una ventaja. El resultado de perseguir el beneficio propio y la competencia resultante es la especial eficacia del libre mercado.

Cuando en una comunidad de seres humanos no se preserva por sistema la dignidad de cada individuo, tampoco se protege la libertad. La defensa de la dignidad —la convención de las personas como iguales— es la premisa para la libertad de esa comunidad. Cuando todos tienen en el punto de mira el beneficio propio, dejan de tratar a los demás como iguales para hacerlo como instrumentos y con esto, peligra la libertad de todos. Por este motivo, no se puede denominar una economía de mercado basada en el esfuerzo en favor del beneficio y la competencia como economía «libre». Sería una contradicción en sí misma. Honestamente, cada economía de mercado que persiga el beneficio y la competencia debería cambiar su nombre, al destrozar la libertad, por economía de mercado desaprensivo, inhumano y finalmente no liberal.

La confianza más importante que la eficacia

Una cosa más. Cuando en el mercado tenemos que temer constantemente que los demás se aprovechen de nosotros tan pronto tengan la más mínima posibilidad, sistemáticamente se pierde algo esencial: la confianza. El economista dice: no pasa nada, en la economía se trata de eficacia. Eso es una perversión. La confianza es el mayor bien social y cultural que conocemos. La confianza es aquello que mantiene unida a la sociedad en lo más profundo, no la eficacia. Imagínese una sociedad en la que pudiera confiar plenamente. ¿No sería la sociedad con el mayor nivel de calidad de vida? Y al revés, una sociedad en la que tuvieran que desconfiar de cada persona. ¿No sería ésta la sociedad con la peor calidad de vida?

El balance provisional es radical: mientras en la economía de mercado se promueva el beneficio y la competencia y se apoye la extralimitación de unos contra otros que provoca, no será compatible ni con la dignidad humana ni con la libertad. Se destruye sistemáticamente la confianza social con la esperanza de que aumente la eficacia más que en cualquier otro sistema económico.

Ante estas circunstancias la corriente económica dominante señala a menudo tres conocidos tipos de reacción:

Es de sobra conocido que no hay ninguna alternativa a la economía de mercado y, por eso, la discusión sobra.

El que no se da por enterado, quiere catapultar la economía de vuelta a la pobreza del siglo XIX o directamente al comunismo, y todos conocemos cómo acaba eso.

La economía de mercado es el sistema económico más productivo que hay, y así lo ha decidido la historia. La competitividad incita a producir de forma incomparable, además de que es una característica propia de la naturaleza del ser humano y por lo tanto inevitable.

Vamos a ver más de cerca estos últimos mitos básicos de la economía de mercado. «La competencia es el método más eficaz que conocemos», escribe el Nobel de Economía Friedrich August von Hayek[6]. Cuando un premio Nobel dice algo así, tiene que ser verdad. (No existe el Premio Nobel de Economía)[7]. He intentado encontrar los estudios empíricos a través de los cuales Hayek llega a esta conclusión. Para mi asombro, no los he encontrado. He buscado entre los trabajos de otros economistas ya que es usual que los colegas de la comunidad económica se citen unos a otros. Tampoco aquí he tenido éxito. Ninguno de los economistas coronados con el Premio Nobel ha demostrado jamás que la competencia sea el mejor método que conocemos. Una de las piedras angulares fundamentales de las ciencias económicas es sólo una afirmación que cree la mayoría de los economistas. Y sobre esta afirmación se sustentan el capitalismo y la economía de mercado, que son los modelos económicos dominantes en el mundo desde hace doscientos cincuenta años.

Referente a la pregunta concreta de si la competencia motiva más que el resto de los métodos, encontramos gran cantidad de estudios de numerosas disciplinas como la psicología social, la teoría de juegos o la neurobiología. 369 fueron analizados en un metaestudio. Y de aquéllos a los que se llegó a un resultado claro, la contundente mayoría de un 87 por ciento llega a la sorprendente conclusión de que la competencia no es el método más eficaz que conocemos[8]. Lo es la cooperación. La razón es que la cooperación motiva de manera distinta a la competencia. Que la competencia motiva no lo discute nadie. Esto lo ha probado de sobra la capitalista economía de mercado, pero lo hace de manera más débil. La cooperación motiva sobre las relaciones satisfactorias, el reconocimiento, la valoración y la fijación y consecución de objetivos comunes. Esto es una definición de cooperación. Por el contrario, la definición de competencia es «el logro del éxito de uno o de otro». Sólo puedo tener éxito si el otro no lo tiene. La competencia motiva en primer lugar sobre la base del miedo. Por este motivo, el miedo es un fenómeno muy extendido en las economías capitalistas de mercado: se teme perder el trabajo, los ingresos, el estatus, el reconocimiento social y la pertenencia. En la competición por escasos bienes hay en general muchos perdedores, y la mayoría tienen miedo de resultar afectados. Pero hay más componentes de la motivación dentro de la competencia. Mientras que el miedo empuja por detrás, desde delante arrastra una especie de deseo placentero. Pero ¿qué deseo? Se trata del deseo de triunfar, de ser mejor que todos los demás. Esto, desde un punto de vista psicológico, es un motor problemático. La finalidad de nuestras acciones no debería sobresalir por encima de los demás, sino ocuparnos bien de nuestros propios asuntos, que para nosotros son coherentes y nos gusta realizarlos. En este punto deberíamos referirnos a la autoestima. Aquél que relaciona su propio valor con ser mejor que los demás depende completamente de que los demás sean peores. Desde un punto de vista psicológico se trata de un narcisismo patológico. Sentirse mejor porque los demás son peores es simplemente enfermizo. Lo sano sería nutrir nuestra autoestima de acciones que nos gustara realizar, elegidas libremente y por tanto dotadas de sentido. Si nos concentrásemos en ser nosotros mismos en vez de en ser mejores, nadie saldría perjudicado ni habría necesidad alguna de la existencia de perdedores.

Se trata de la fijación de objetivos. Si como efecto secundario y sin ser mi objetivo resulta que soy mejor que otro en una actividad, no hay ningún problema. No le voy a dar ninguna importancia al ser mejor ni tampoco lo voy a valorar como una «victoria». El problema surge cuando mi meta es ser mejor que otro y fuerzo una situación de derrota-victoria hablando en términos de competición (o feroz competencia). Si mi meta es hacer bien las cosas y me da igual cómo hagan las cosas los demás, entonces no es necesaria la competencia, que es justo el fundamento del mito: sin competencia los hombres no se sentirían incentivados para ser eficientes, no sentirían motivación para ocuparse bien de sus asuntos. Sin embargo, los estudios psicológicos indican que nos comportamos justo al revés. La motivación es mayor cuando es interna (motivación intrínseca) que cuando proviene de fuera (motivación extrínseca), como por ejemplo en la competencia. Los mejores rendimientos no se llevan a cabo por la existencia de un competidor, sino porque la gente se fascina por algo concreto, se llena de energía, colma sus esperanzas en realizarlo y se entrega por la causa. No necesita competencia.

Si los economistas honrados realmente quisieran construir la economía de mercado con el método más eficaz que conocemos, deberían hacerlo sobre la cooperación estructural y la motivación intrínseca, al menos si tuvieran en cuenta los resultados actuales de las investigaciones científicas interdisciplinarias. El hecho de que no lo hagan es muestra de que no se trata ni de ciencia ni de conocimientos, sino de la protección ideológica de estructuras de poder. De todos modos, a los poderosos la competencia les sirve muy bien. Si nosotros, las personas, no aprendemos a cooperar y a ser solidarios, no pondremos en tela de juicio las relaciones de poder ni las cambiaremos mediante la fuerza unida. Más bien intentaremos luchar a nuestra manera, sin piedad, en el ámbito del poder y de las élites sociales. Sin embargo, de este modo la mayoría se queda por el camino. El clima social se enrarece progresivamente porque en nuestra persecución del beneficio propio nos aprovechamos permanentemente los unos de los otros, nos utilizamos, nos degradamos. Y con esto, debilitamos o incluso destrozamos la confianza social y la autoestima de la mayoría de las personas.

Las consecuencias de la búsqueda de beneficios y la competencia: las diez crisis del capitalismo

La persecución del «interés propio» (Smith) como fin supremo en competencia recíproca conduce, en contra de todo pronóstico y promesas de la teoría de la economía de mercado, hacia:

Concentración y abuso de poder. A causa de la obligación de crecimiento inmanente al sistema (la meta es ser más grande, más poderoso, en definitiva, un global player) se han creado corporaciones gigantescas que abusan del poder del mercado, cierran mercados, bloquean la innovación y devoran o expulsan del mercado a sus competidores. «Conquista de cuota de mercado», rebosantes «fondos de financiación», adquisiciones «hostiles»: el lenguaje económico desenmascara de qué trata en definitiva la búsqueda del beneficio propio.

Interrupción de la competencia y formación de cárteles. Si todavía quedan algunos pocos, la lucha de unos contra otros puede tornarse en cooperación relámpago, entendida como táctica y no como un principio. La meta es la misma: el beneficio máximo. Si el poder permite crear cárteles y oligopolios, entonces el camino ya está perfilado en tanto que es más efectivo que la competencia. En un ámbito de competencia hay perdedores, con la cooperación ganan todos. Por este motivo cooperan asociaciones de empresas en la medida de lo posible. (Lo que es muy a pesar suyo una muestra fea para la supremacía de la cooperación. Fea, porque la cooperación en estas circunstancias no es la meta sino un medio para un falso objetivo: aprovecharse de los demás.) En el rescate de los bancos hoy en día se ha podido ver que no se trata de competencia y economía de mercado, sino de la seguridad (nacional) de beneficio y poder. Para este fin cooperan las élites económicas y políticas dejando a un lado la competencia, que evidentemente no es la meta.

Localización de la competencia. Los países intentan atraer a las empresas y mejorar sistemáticamente las condiciones para obtener beneficios: dumping salarial, social, en materia de impuestos y de medio ambiente, que favorecen a los grupos internacionales en detrimento de las pymes locales y a favor de atractivas ofertas especiales tales como la confidencialidad bancaria o la renuncia a supervisar y regular la banca, porque esto se contempla como «ventajas locales». Cuando el egoísmo de las empresas se extiende al Estado florece el nacionalismo en medio de la supuesta «globalización».

Política de precios ineficaz. Los precios a menudo no son el resultado racional de los que participan en los mercados, sino que expresan las relaciones de poder. El poder de oferta y el de demanda están repartidos de manera desigual. Por eso, los precios reflejan los intereses de los poderosos y no los costes o necesidades reales. Por ejemplo, a menudo el valioso cuidado de niños, enfermos, mayores o jardines, no logra ningún precio, mientras que el cuidado de los fondos de inversión de alto riesgo (hedge funds) alcanza precios astronómicos, aunque su utilidad social sea negativa.

Polarización y miedo sociales. La economía de mercado es una economía de poder. Cuanto más grande —global— es la «libre competencia», más grandes son los desniveles de poder entre los participantes y con ello las desigualdades y la brecha entre ricos y pobres. En los Estados Unidos el ejecutivo mejor pagado gana 350.000 veces el salario mínimo legal[9]. Esto nada tiene que ver ni con una «política de precios racional», ni con la eficacia, ni con la justicia. Tiene que ver exclusivamente con el poder. Como consecuencia disminuye la confianza de la sociedad y aumenta el miedo. En Estados Unidos la confianza ha disminuido de un 60 por ciento en 1980 a un 40 por ciento en 2004[10]. Por el contrario, el nivel de miedo en el este de Alemania ha aumentado del 24 por ciento en 1991 al 45 por ciento en los últimos años[11].

No satisfacción de necesidades básicas y hambruna. La explosión de las cifras de hambruna muestra la poca disposición de la globalización capitalista de la economía de mercado para satisfacer las necesidades básicas y con ello proteger los derechos de los seres humanos. El número de personas que sufrían hambruna a mediados de los noventa era inferior a los 800 millones, en 2009, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la cifra era de 1.023 millones[12]. La satisfacción de las necesidades básicas no es la meta del capitalismo, sí lo es aumentar el capital. En muchos casos esto conduce a que las necesidades básicas que no están relacionadas con ningún poder adquisitivo simplemente no se atiendan (alimentación, suministro de medicinas, vivienda o educación). Y para las que sí tienen directa relación con el poder adquisitivo, pero que ya no cubren una necesidad básica, se inventan nuevas necesidades (por ejemplo, comida adictiva, Gameboys, cirugía plástica o todoterrenos para la ciudad). En el capitalismo, creatividad e inversión están sistemáticamente mal administrados.

Destrucción ecológica. Como el capitalismo tiene como meta suprema la ampliación de capital financiero (y no el bien común), el resto de los objetivos, como el medio ambiente, bajan de posición en su lista de prioridades. La ONU en su Millennium Synthesis Report establece que entre 1950 y 2000 ha empeorado la salud de casi todos los ecosistemas del planeta (mares, prados, ríos, montañas, bosques). Se acercan al límite y tarde o temprano van a colapsarse. Los efectos vitales de estos ecosistemas para las personas están en peligro: la estabilidad del clima, la regulación de la humedad y de la temperatura, el control de enfermedades y plagas, la fertilidad y la capacidad de absorbencia del suelo. Persiguiendo ciegamente el aumento del capital financiero y no el bienestar de todos, el capitalismo destruye los fundamentos vitales del ser humano y de la economía.

Pérdida de sentido. La acumulación de valores materiales es el fin del capitalismo y pronto lleva más allá lo que sería un efecto secundario razonable, satisfacer las necesidades básicas, y doblega otros valores tales como la calidad de las relaciones y del medio ambiente, tiempo de bienestar, creatividad, autonomía. El horario laboral remunerado en la Unión Europea entre 1995 y 2005 aumentó un 8 por ciento[13], el impulso consumista se ha convertido en adicción a comprar. Cada vez más personas son incapaces de encontrar sentido a otra cosa que no sea ganar dinero y consumir porque cada vez son más ajenas a sus deseos reales, a sus ideales.

Deterioro de los valores. Hoy en día en economía ascienden especialmente las personas antisociales. Si se trata de optimizar objetivos cifrados, las personas «más capaces» de esconder el resto de los objetivos —humanos, sociales, ecológicos— son las que resultan culturalmente «seleccionadas». En la actualidad los egoístas pueden tener especialmente éxito. Si en la economía se recompensa sistemáticamente el egoísmo y las actitudes competitivas, si se tiene por personas exitosas a aquellas que progresan a base de emplear esta dinámica de incentivos, entonces se deterioran los valores en todos los ámbitos sociales. Empezando por la política y los medios, y terminando por las relaciones entre las personas. «El carácter capitalista configura el carácter de la sociedad», enunció ya Erich Fromm[14].

Supresión de la democracia. Si la obsesión por el beneficio y la persecución del beneficio en interés propio es el objetivo principal, entonces, los implicados activamente en la economía de manera consecuente ponen en marcha toda la maquinaría posible para alcanzar esa meta. No sólo las relaciones humanas, los talentos personales o los recursos naturales son usados como instrumentos, evidentemente, también la democracia se convierte en medio. La ética del «interés propio» desde Smith ya decía al respecto que el bienestar aparece —o eso se espera— como efecto secundario. La realidad sin embargo parece diferente. Multinacionales, bancos y fondos de inversión se han hecho tremendamente poderosos a través de grupos de presión, la posesión de grupos mediáticos, la financiación de partidos políticos, o influencia en parlamentos y gobiernos, para lograr tener éxito en realizar sus propios intereses y no el bien común. La democracia se convierte así en la última y más prominente víctima del «mercado libre».

Ya he publicado un análisis detallado en otro trabajo[15], por ello, es momento de correr el telón y dejar espacio en el escenario para algo nuevo.

II
La economía del bien común - idea principal

«Toda actividad económica sirve al bien común».

Constitución del Estado Libre de Baviera, artículo 151

Inversión de la polaridad en el marco de incentivos

La alternativa que aquí se presenta y que permite a nuestras relaciones tener éxito se basa en la corrección del desastroso programa cultural al haber fomentado valores en la economía contrarios a los que rigen la sociedad. En el futuro deben recompensarse e incentivarse los valores humanos fundamentales que han permitido que la existencia humana y social tenga éxito también en las relaciones económicas. Para ello tendríamos que desatar las falsas guías éticas —búsqueda de beneficio y competencia— del marco de incentivos legítimo y añadir las guías que sí sirven a la mayoría: confianza, cooperación, solidaridad y voluntad de compartir. El marco de incentivos para los individuos activos en la economía tiene que cambiar radicalmente de la búsqueda de beneficios y la competencia a la búsqueda del bien común y la cooperación. El nuevo objetivo de las empresas es producir el mayor aporte posible al bienestar general. La meta individual de cada actor económico será determinada en los objetivos constitucionales consensuados. En un segundo paso, producir el mayor aporte posible para el bienestar se convierte en el nuevo significado en el marco del éxito empresarial.

Redefinir el éxito económico

Hoy en día el éxito económico se mide con dos parámetros clave: el producto interior bruto dentro de la macroeconomía y el beneficio financiero (individual) de las empresas en el ámbito microeconómico. Ambos indicadores de éxito tienen en común que son indicadores «monetarios», es decir, que se miden en dinero. El dinero tiene algunas ventajas atractivas, pero también posee una desventaja decisiva e insalvable: el dinero puede mostrar valores de cambio pero no utilidades sociales. Y los seres humanos lo que necesitan al fin y al cabo son utilidades. Un valor de cambio no puede ni calentarme ni alimentarme ni abrazarme. Lo que necesito es alimento, vestimenta, alojamiento, relaciones, ecosistemas intactos: utilidades. El PIB y los beneficios financieros no informan de forma fiable acerca de la disponibilidad de las utilidades. La economía del bien común pretende cambiar la medición económica del éxito. En vez de contabilizar los valores de cambio, que se contabilicen las utilidades sociales. Cambiar los testimonialmente débiles indicadores monetarios por testimonialmente fuertes indicadores no monetarios.

Vamos a ver más en detalle este asunto examinando los dos indicadores de éxito actuales. ¿Acaso indica algo fiable el ya asentado PIB acerca de:

si un país está en guerra o en paz;

si se trata de una dictadura o una democracia;

si el consumo de recursos medioambientales crece, se reduce o se estanca;

si el reparto es justo o si por el contrario una parte nada en la abundancia y los otros padecen hambre;

si las personas están estresadas o disfrutan de suficiente tiempo libre;

si las mujeres disfrutan de igualdad o son discriminadas; o

si lo que crece en esa sociedad es la confianza o el miedo?

Da igual la utilidad social por la que preguntemos. Un PIB en ascenso no nos va a decir nada fiable acerca del desarrollo de ninguna de ellas. No existe ninguna correlación fiable entre un PIB que crece y el aumento de ni una sola de esas utilidades. El PIB no es capaz de medir aquello que realmente cuenta.

Medir lo que cuenta: la meta y no en el medio

Esto es conocido desde hace tiempo, ya que en los años setenta empezó la búsqueda de un indicador del bienestar. En mi opinión quien más lejos ha llegado es el Reino de Bután con su «felicidad nacional bruta». En este pequeño reino no trabajan con ningún complejo modelo matemático, sino que preguntan directamente a sus cuatrocientos mil hogares a través de un cuestionario de setenta preguntas como por ejemplo:

¿Cómo ve su futuro y el de sus hijos?

¿Confía en su vecino?

¿Dispone diariamente de tiempo para hacer un descanso/meditar/rezar?

Los economistas sostienen que «la felicidad no se puede medir». Pero con setenta preguntas inteligentes (que apuntan a la psicología, la medicina, la sociología, la ecología, la política y las relaciones entre hombres y mujeres) es posible aproximarse mucho a la «felicidad». En cualquier caso más que con el PIB. En mi opinión, bastarían entre quince y veinticinco indicadores para componer el «producto del bien común» de una economía nacional. Todavía está por realizarse el desarrollo de este nuevo indicador, podría ser un proyecto central del movimiento de la economía del bien común a elaborarse en «parlamentos cívicos» a nivel comunal.

La misma maniobra podría repetirse, a nivel microeconómico, con cada una de las empresas. ¿Nos informa un alto beneficio financiero de forma fiable acerca de si:

la empresa crea o destruye empleo;

la calidad de los puestos de trabajo aumenta o disminuye;

los beneficios se reparten de manera justa;

se trata y remunera igual a las mujeres y a los hombres;

la empresa cuida o explota el medio ambiente;

produce armas o alimentos ecológicos locales?

No lo hace. Un beneficio financiero elevado no dice nada fiable acerca del desarrollo de cualquiera de las utilidades sociales, exactamente igual que un PIB al alza. Por eso me pregunto por qué seguimos confundiendo el «éxito» de una empresa con su beneficio financiero.

El beneficio de una empresa sólo ofrece información de cómo se sirve a sí mismo, pero no de cómo sirve a la sociedad. Y ése es justo el problema. El supuesto automatismo de Adam Smith, según el cual todos se verían provistos cuando cada cual proveyera para sí, no existe. Como está acordado que la economía, como un todo, debe preocuparse del bienestar, deberíamos dirigir fundamentalmente el esfuerzo de las empresas para que cumplieran este deseo no como un inseguro efecto secundario, sino que aspiraran a él como una meta. Puede existir un nexo entre el beneficio y el bien común, la esperanza de Adam Smith no procede de la nada, pero no tiene por qué. Un beneficio financiero elevado puede ir acompañado igualmente de destrucción de puestos de trabajo y de seguridad social, de discriminación sexual, de la fabricación de productos peligrosos, de la destrucción del medio ambiente, de evasión de impuestos o de la financiación de partidos políticos. Deberíamos medir directamente en las empresas aquello que anhelamos en vez de desviarnos a través del beneficio financiero que dice realmente muy poco de la auténtica finalidad.

Hoy en día, la gestión de proyectos se elabora en varios pasos que todo el mundo aprende. En primer lugar, es necesario definir una meta; en segundo lugar, medir la obtención de la misma; y por último comprobar si nos hemos aproximado a ella y si el indicador para medir la obtención de la meta es válido. En economía es diferente. Se mide la acumulación de medios en vez de la consecución del fin. Es como medir el éxito de una granja por la cantidad de herramientas guardadas en el garaje y no por la cantidad y calidad de sus productos, la fertilidad del suelo, el cuidado del medioambiente, las condiciones laborales o la red de consumidores vinculada.

Medir el bien común

Para medir el éxito empresarial según este nuevo significado necesitamos un indicador diferente al balance financiero. En este campo ya se ha hecho un amplio trabajo previo. Muchas empresas, en especial las empresas globales y las firmas de marca que protegen su reputación, han tomado en cuenta las críticas a su unilateral y desmedido afán por el beneficio y han reaccionado. Mediante etiquetas en sus productos (agricultura ecológica, comercio justo), sistemas de gestión ambiental (EMAS, ISO), sistemas de gestión de calidad (EFQM, el Cuadro de Mando Integral), códigos de conducta e informes de sostenibilidad (GRI) quieren mostrar que también se preocupan por el bien común y actúan de forma socialmente responsable. El problema es que todos estos instrumentos de Responsabilidad Social Corporativa[16] no son obligatorios ni se controlan desde ninguna autoridad legal. El efecto naturalmente es que tan pronto como entran en contradicción con el balance general y el balance financiero, dejan de ser valiosos. Esto atacaría los nervios de los empresarios y dañaría la dinámica del sistema actual: aquél que reduzca el balance en favor de un balance paralelo no obligatorio se catapulta a sí mismo fuera de la carrera, comete un suicidio empresarial. Por eso, las asociaciones insisten en que estos balances paralelos no sean obligatorios, y éste es también el motivo de que permanezcan sin efecto.

El sentido común y el de la justicia deberían en consecuencia intercambiarse: el que actúe de manera social, ecológica, democrática y solidaria, debería tenerlo más fácil que el asocial y desconsiderado. Debería, según la comprensión actual, disfrutar de una ventaja competitiva.

El balance del bien común

Eso es exactamente lo que crea el balance del bien común. Como ése es el nuevo objetivo de todas las empresas del bien común, consecuentemente tiene que ser medido e incluido dentro del balance. El balance financiero se convierte en un balance paralelo o intermedio. Traza cómo la empresa cubre sus gastos, inversiones y provisiones, pero ya no refleja el «éxito» empresarial. Evidentemente las empresas no tienen que tener pérdidas por estar en el camino del bien común, pero tampoco deben desear beneficios sobre el beneficio. El beneficio sólo es un medio para fines claramente definidos: aumentar el bien común. Se va a poner fin a aquello que hoy en día ha sobrepasado al capitalismo, a los excesos desmedidos y a la avaricia. Más adelante volveremos al balance financiero en detalle.

El balance del bien común mide cómo los puntos centrales consensuados que lo componen son experimentados por las empresas. Los cinco puntos que se miden en el balance, y me repito, no son nada nuevo porque ya se encuentran en la mayoría de las constituciones y de leyes fundamentales: dignidad humana, solidaridad, justicia, sostenibilidad medioambiental y democracia[17].

El balance del bien común mide cómo los «grupos de afectados» de las empresas viven esos valores básicos. Los afectados, en inglés stakeholders, son aquellos grupos de personas a quienes pueden afectar las actividades de una empresa: proveedores, inversores, empleados, clientes, competidores, asociaciones locales, generaciones futuras y el medio ambiente. Para hacer más evidente el balance del bien común hemos creado la «matriz del bien común», que abarca en el eje horizontal los cinco valores fundamentales, y en el vertical los diferentes grupos de afectados. En las intersecciones se miden actualmente dieciocho indicadores del bien común. Por ejemplo:

Cómo de útiles son los productos/servicios.

Cómo son las condiciones laborales.

Cómo de ecológicamente se produce.

Cómo se trata a los clientes.

Cómo de solidaria se comporta la empresa con otras empresas.

Cómo se reparten los ingresos.

Si se trata y remunera igual a las mujeres.

Cómo de democráticamente se toman las decisiones.

A menudo la gente reacciona: Algunos de estos factores son tan débiles que no se pueden medir. Además, ¿cuál sería la instancia que pudiera definir con precisión lo que significa el bien común? Hay respuesta para las dos cuestiones. 1. Gran parte de los indicadores evidentes ya han sido elaborados en otros estándares e instrumentos de Responsabilidad Social Corporativa. Todos convergen esencialmente en los mismos valores y objetivos: la responsabilidad global en el comportamiento de la empresa. Si produce de manera ecológicamente sostenible y además fomenta este comportamiento, cómo de justo es el reparto, la calidad en los puestos de trabajo, cómo se participa en la gestión, si se percibe la responsabilidad política (corporate citizenship). Cuanto más enfocada dirija una sociedad democrática su atención a la búsqueda de estos factores, más exacto y preciso será encontrarlos, de la misma manera que los instrumentos de medición física son cada vez más precisos porque desde hace tiempo hay suficientes personas que trabajan meticulosamente en mejorarlos.

El equipo de redacción del balance del bien común ha determinado diecisiete indicadores medibles claramente en puntos. En cada indicador se pueden alcanzar cuatro niveles: primeros pasos, avanzado, experimentado, ejemplar. Para cada indicador hay una hoja informativa de una o dos páginas que presenta la idea, una descripción, la medición y fuentes para cada uno de los indicadores. Se está desarrollando un manual complementario que profundiza y presenta ejemplos específicos para cada apartado. Toda la documentación está en curso y es de libre acceso desde la página web de la organización.

Y llegamos a la pregunta de quién define el bien común. Los inicios los llevó a cabo en 2009 un pequeño grupo de cerca de veinte empresas del movimiento Attac. Se desarrolló una primera versión publicada en agosto de 2010. Durante el pistoletazo de salida del movimiento el 6 de octubre de 2010, se presentó esta primera versión al cerca del centenar de personas que asistieron. Dos docenas de empresas de manera espontánea se declararon preparadas para elaborar voluntariamente el balance 2011 y para seguir desarrollándolo. Ese grupo de voluntarios creció hasta final de año a cincuenta. Con la ayuda de un equipo de redacción de cuatro personas se diseñó el balance 2.0, que era completamente diferente a la versión original. Pero incluso esta segunda versión estaba bastante lejos de resultar práctica. Así que pedimos a estas cincuenta empresas que completaran esta segunda versión en bruto, para crear el primer balance utilizable con sus sugerencias: surge la versión 3.0, que, terminada a finales de julio, fue la versión válida para el balance 2011 del bien común.

De los primeros casi cincuenta indicadores han permanecido diecisiete; los pioneros deseaban sobre todo que primara la visibilidad y la viabilidad. No se ha perdido contenido porque muchas cosas se podían resumir y precisar. La versión 3.0 es el primer balance oficial del bien común, elaborado en 2011 por cerca de sesenta empresas. En los próximos años, empezando en 2012, el equipo de redacción hará un desarrollo anual del balance teniendo como base todas las peticiones y sugerencias que se recojan. El equipo de redacción crece con el movimiento. Las pautas principales las dará un redactor responsable que coordinará un círculo de expertos e interesados, que a su vez organizarán todos los comentarios según los criterios individuales. Hasta el momento se han implicado cientos, pero contamos con miles de empresas, particulares y organizaciones que nos transmiten sus experiencias y conocimientos por internet, en encuentros con la redacción, en actos públicos o como pioneros. Así va a madurar el balance los próximos años. En la siguiente página doble se ve la versión 4.0 que es válida para el año 2012.

Todavía no ha sido democráticamente legitimado. Cuando desde nuestro punto de vista esté maduro, es decir, sea representativo, preciso y fácil de utilizar, entonces pediremos la elección de una asamblea económica que, teniendo en cuenta a otros supervisores, debe formular una normativa. El proceso debe ser decidido por soberanía democrática, y al aprobarlo, se recogerá en la constitución. Raras veces se crea una ley o un artículo constitucional de forma tan limpia. El balance del bien común se puede actualizar y ajustar en cualquier momento. La soberanía siempre lo empezará y acabará.

Una vez más la idea principal. Una sociedad democrática debe estar en posición de formular y exigir o respaldar a las empresas de diez a treinta expectativas centrales, y fomentarlas mediante los mecanismos de incentivación propuestos. Si no lo hiciese, sólo quedaría el camino de los requerimientos y prohibiciones legales, una regulación rígida. La actual forma de regulación a menudo no se percibe como tal. Sin embargo, la «orientación al beneficio», la obligatoriedad de efectuar un «balance financiero» así como la «competencia» y la «quiebra» son en combinación con las leyes fiscales una regulación legal altamente efectiva para las entidades jurídicas, que incentivan e incluso fuerzan determinados comportamientos. Los antiestéticos resultados —patrones de comportamiento asocial que destrozan la confianza y dañan las relaciones— todavía no se atribuyen más que raras veces a este mal encauzado marco legal, sino que se vinculan a la naturaleza humana. El balance del bien común intenta corregir la alteración de estas condiciones en la economía para encaminarla hacia una armonía con los valores de las relaciones, la sociedad y la Constitución.

Requisitos de un balance universal

Nuestro objetivo más importante no es que el «balance social» o el «balance universal» de las empresas se denomine «balance del bien común», el nombre es secundario. Lo importante es que el balance, mediante el cual las empresas presentan su informe de cuentas a la sociedad en la que ha sido creado, cumpla con ocho criterios requeridos:

Compromiso. Que la voluntariedad no conduce al fin lo han probado innumerables instrumentos de la responsabilidad social corporativa.

Totalidad. Sería muy poco medir sólo los aspectos ecológicos o sólo la calidad de los puestos de trabajo.

Capacidad de medición. Los resultados deben ser medibles, es decir, objetivamente valorados.

Comparabilidad. Todas las empresas deberían presentar un informe de cuentas con los mismos objetivos/indicadores. De otra manera no se podría recompensar a aquellos que tuvieran éxito.

Claridad. El balance no sólo debe ser comprensible para los consultores de las empresas o los auditores del bien común. Debe ser perceptible para todos, clientes, empleados y el público en general.

De carácter público. El balance del bien común debe ser visible para todos y estar disponible por internet.

Auditoría externa. Para evitar que las empresas se valoren a sí mismas, como pasa con algunos instrumentos de responsabilidad social corporativa.

Consecuencias jurídicas. Quien más haga por la sociedad debe, según el principio del beneficio justo, ser recompensado por ello.

Construir un mercado transparente

Cada empresa, independientemente de que sea unipersonal, una asociación no gubernamental, una empresa pública o una sociedad anónima, puede conseguir como máximo mil puntos. El resultado del balance del bien común debe figurar en todos los productos y servicios. Se puede etiquetar en cinco niveles de diferentes colores. Por ejemplo:

De 0 a 200 puntos, nivel 1, rojo.

De 201 a 400 puntos, nivel 2, naranja.

De 401 a 600 puntos, nivel 3, amarillo.

De 601 a 800 puntos, nivel 4, verde claro.

De 801 a 1.000 puntos, nivel 5, verde.

Los consumidores obtendrían de un solo vistazo una información compacta acerca del resultado en relación con el bien común de la empresa cuyo producto están considerando adquirir. El color del bien común se podría poner sobre o junto al código de barras. Cuando se acerca el móvil al código de barras, aparece el balance del bien común completo online en la pantalla. El balance del bien común es obligatoriamente público. Así los consumidores pueden no sólo comprobar in situ si un producto ha sido fabricado con métodos sostenibles o si es de procedencia local, sino también si las mujeres de dicha empresa que desempeñan el mismo trabajo que los hombres perciben el mismo sueldo o si son discriminadas. Por primera vez cumpliría el mercado un poco de lo que la teoría científica promete: información «simétrica» y «completa». La información con el balance del bien común no sería ni completa ni completamente simétrica, pero de lejos más completa y simétrica que hoy en día, cuando conocemos muy poco del contenido de los productos, cuya procedencia se tiende a silenciar. Es más, en muchos casos a través de una publicidad agresiva y superficial estamos desinformados acerca de su repercusión, contenido u origen de los productos. El balance del común acercaría un poco la realidad del mercado económico a sus pretensiones teóricas.

Premiar la búsqueda del bien común

Ahora sigue el paso decisivo. Cuantos más puntos del bien común consiga una empresa, de más ventajas legales debe disfrutar. En un sentido completamente conservador de justo rendimiento, quien más haga por la sociedad debe ser recompensado por ésta. Ya existen actualmente incentivos apropiados (disponibles), tan sólo se tienen que aprovechar consecuentemente para el rendimiento del bien común, por ejemplo:

Disminución del impuesto sobre el valor añadido (de 0 a 100 por ciento).

Aranceles más bajos (de 0 a 1000 por ciento).

Créditos bancarios con condiciones más favorables.

Prioridad en la compra pública y la adjudicación de contratos (una quinta parte del rendimiento económico).

Cooperaciones con universidades públicas en investigación.

Ayudas directas.

Hoy en día se consiente que todas las empresas tengan las mismas condiciones en el mercado, independientemente de que a) paguen sueldos justos, ofrezcan altos beneficios sociales, cuiden el medio ambiente, paguen impuestos justos y tengan en consideración los aspectos sociales, o b) pisoteen los derechos humanos, empleen mano de obra infantil, destrocen el medio ambiente, desvíen sus beneficios a paraísos fiscales o presionen mediante lobbies para promover leyes que vayan en su propio beneficio. El «trato igualitario» conduce a que por norma los desaprensivos e irresponsables se impongan en el mercado, porque pueden ofrecer sus productos más baratos. El que se comporta de manera no ética es recompensado. Éste es el impacto de la falsa guía de la economía.

En la economía del bien común se tratará a los «iguales» por igual, y a los desiguales de manera desigual. Los altos rendimientos se premiarán. La consecuencia sería que los productos fabricados y tratados de manera ética y justa serían más baratos que los efímeros productos desechables confeccionados con métodos no éticos e injustos, pues esto supondría una sobrecarga.

Estas ventajas justas ayudan a los orientados hacia el bien común a cubrir sus altos gastos (del bien común), ya que una responsabilidad social mayor, unas condiciones de trabajo dignas, el cuidado de la naturaleza y ser más solidarios y participativos acarrea gastos más elevados. Si la recompensa resultara tan generosa que una empresa lograra beneficios, éstos sólo podrían destinarse a usos beneficiosos para el bien común, si no, se le retirarían: no tendría sentido actuar social y ecológicamente sólo para conseguir beneficio.

Por el contrario, «maximizar» los puntos del bienestar trae consigo que cuanto mayor sea el balance del bien común, mayores serán las posibilidades de sobrevivir de una empresa. Al contrario que hoy en día, ya no decide en primer lugar el balance financiero, sino el balance del bien común.

El efecto se multiplica exponencialmente. El balance del bien común de una empresa es mejor cuanto mejor es el balance del bien común de sus proveedores, sus instituciones crediticias y de las empresas con las que colabora.

Mediante la repercusión conjunta de las decisiones de los consumidores, las ventajas jurídicas, la preferencia de «exitosos» proveedores e inversores así como la comprobación del bien común por parte de los bancos para conceder créditos, se forja una poderosa espiral de incentivos y movimientos en dirección al bien común. Por fin la sociedad alcanza sus objetivos en la economía.

Auditoría del bien común

Una de las preguntas más frecuentes era quién debería controlar el balance. Si las empresas pueden confeccionar ellas mismas el balance, entonces cada empresa puede valorarse a sí misma. ¿No se necesitaría un Estado-Leviatán que siga y controle a las empresas a cada paso?

No se necesita. No se necesita al Estado para casi nada. El mercado realmente se regulará en este caso a sí mismo. Para ilustrar esto vamos a compararlo con el camino que sigue actualmente el balance financiero. Se produce internamente en las empresas, se verifica de manera interna (controlling, control de gestión interno) y después pasa ya de manera externa a auditores financieros. Con el certificado de los auditores —una profesión autónoma— el balance es «válido». De ahí pasa al Estado que recauda los impuestos correspondientes. El Ministerio Fiscal pone el punto y final.

Con el balance del bien común es parecido e incluso más fácil. Lo compilan las empresas y lo controlan en primer lugar internamente (mediante responsables del bien común) y después, de manera externa, los auditores del bien común. Después concluye. Con el certificado del auditor del bien común el balance es válido y la empresa es clasificada inmediatamente en un nivel impositivo y arancelario y se le adjudica unas condiciones de crédito. El Estado no hace nada. Excepto en lo que atañe a las compras y adjudicaciones públicas. Ahí se echa el primer vistazo al balance del bien común, y después al precio.

Junto con el certificado legal y el seguro de calidad de los auditores del bien común, el Estado sólo tiene que efectuar una prueba más de control, al azar entre las empresas. En el caso de que una empresa falsee el balance del bien común y soborne a un auditor que certifique el falso balance, tiene que haber un proceso de supervisión y opciones de sanción contra el auditor corrupto. Si con la primera falta se impone una multa económica y con la segunda la retirada de la licencia profesional, seguro que los auditores se van a pensar mejor el cometer una infracción. Al contrario que el balance financiero, el balance del bien común ofrece numerosas ventajas, que también conciernen a la falsificación.

Es público y accesible para todo el mundo.

Es comprensible para todos, porque los criterios son simples y humanos.

Muchos grupos de afectados tienen un interés tangible en la corrección del balance, y es por esto que un intento de falsearlo saldría rápido a la luz. Viene a discusión la peer evaluation o revisión por pares. Todas las personas relacionadas con la empresa pueden participar en la valoración para procurar a los auditores una base de información más amplia sobre su trabajo.

Las empresas tienen un interés intrínseco en conseguir la mejor puntuación posible dentro del bien común, porque con ello atraen ventajas. No obstante, la implementación de cada uno de los criterios es voluntaria, por lo que no se necesita de ninguna autoridad controladora ni de burocracia («Ministerio del Bien Común»). El balance del bien común dirige el comportamiento de las empresas sin desencadenar una orgía de normativas y control estatal.

De forma análoga a la separación en el balance financiero entre las tareas de los consultores y las acciones de control, también se deberían en la auditoría del bien común por norma separar asesoramiento y auditoría. Para asegurar la calidad se necesita probablemente, una base normativa para la certificación de los auditores del bien común.

Beneficio como medio

Hasta aquí el balance del bien común. ¿Y qué pasa con el balance financiero? Por lo pronto se va a seguir realizando por todas las empresas, ya que la economía del bien común es una forma de economía de mercado (aunque cooperativa y no capitalista) en la que hay empresas privadas, dinero y precios construidos sobre mercados (aunque evidentemente con otras condiciones y requisitos a los actuales). Pero como el verdadero problema lo genera la orientación al beneficio como objetivo, el balance financiero se debe transformar en un balance paralelo, o mejor, en un balance intermedio. Análogo al dinero, que realmente debiera ser un instrumento comercial y no un objetivo —el objetivo de la economía es la satisfacción de necesidades—, el balance financiero cumple un requisito central, pero no es realmente el objeto de la actividad empresarial. La finalidad del esfuerzo de las empresas, su compromiso social, se reproduce en el balance del bien común. El beneficio pasa de ser finalidad a convertirse en medio.

¿Qué significa eso exactamente? En este punto clave hemos sido muy precisos. La propuesta es que, puesto que los beneficios pueden ser útiles y dañinos, se deben diferenciar por el uso que se haga de ellos, y en algunos casos poner límites para reconducir por un camino más coherente los excesos del capitalismo, el querer acumular y acumular. Los usos de superávits que conduzcan a adquisiciones devoradoras, demostraciones de poder, explotación, destrucción del medio ambiente y crisis, deben ser frenados, mientras que superávits que se empleen para conseguir valores sociales y medioambientales añadidos, investigaciones convenientes y cooperación, en una idea, para el incremento del bien común, seguirán sin cambios deseables. Este tipo de distinciones son omnipresentes: con un cuchillo de cocina puedo cortar verduras pero no apuñalar a una persona. Las leyes regulan los usos (no) permitidos de los instrumentos. El superávit de las empresas no debería comportarse de manera diferente, porque éste, y en general el dinero, en la economía del bien común es sólo un instrumento y no un fin en sí mismo. Si no, podría convertirse en un instrumento mortal.

Usos permitidos de los superávits

Inversiones. El grueso de las inversiones de la economía nacional se financia con superávits (beneficios de las empresas). Esto puede permanecer igual en el futuro ya que las inversiones pueden impactar como algo valioso, orientado al bien común y que eleven la calidad de vida. De todas formas, se debe diferenciar de nuevo entre instrumento y fin, ya que las inversiones pueden ser empleadas de maneras diferentes, como un cuchillo. Por ejemplo para a) obtener energías renovables, producir alimentos biológicos u ofrecer servicios educativos y médicos; o bien para b) talar selvas, establecer granjas masivas de animales, fabricar todoterrenos de veinte litros de consumo o armas nucleares. En el futuro sólo se deben realizar aquellas inversiones que proporcionen un valor social y ecológico añadido. Para ello se debería establecer un cálculo del bien común para cada inversión (importante), igual que se hace hoy en día con el cálculo de gastos financieros. Se emplearía un nuevo instrumento del bien común, junto a la medición del rendimiento global de la empresa, para la decisión de inversiones. Con esto se evitarán condiciones indignas de trabajo, no se producirán daños en el medio ambiente ni se desarrollarán tecnologías de riesgo. El núcleo estructural de este pensamiento se introdujo hace tiempo en la política. Diferentes agrupaciones sociales proponen someter las leyes a controles de tolerancia social, sostenibilidad y no discriminación, por ejemplo. Exactamente lo mismo debe suceder para las inversiones de las empresas. Así como las leyes determinan la dirección de desarrollo de una comunidad democrática, deberían las decisiones de cómo invertir determinar la tendencia de desarrollo de una empresa y de una economía nacional de la manera más cautelosa posible. En cualquier caso sobre una valoración básica más compleja que la que casi exclusivamente se emplea actualmente: la habilidad de crear beneficio. Para la incorporación de capital externo, y por añadidura para el control interno de los planes de inversión del bien común, existiría un control externo por parte del banco. La banca democrática, que ha ido tomando forma en Austria desde la primera edición del libro, examinará no sólo la solvencia de aquellos que solicitan un crédito, sino también el valor añadido para el bien común[18]. El plan de negocio del futuro tendrá una apariencia diferente a la actual.

Provisiones para pérdidas. En una economía de mercado monetaria ninguna empresa puede hacer cada año un balance con resultado cero, a veces va mejor y otras peor. Por eso ya existen actualmente instrumentos como la cuenta de pérdidas (para hacer el balance y la declaración de impuestos) así como las provisiones para futuras pérdidas. Ambos instrumentos se pueden continuar usando en el futuro para dejar a las empresas un poco de margen. No obstante, las provisiones deben estar vinculadas a dos condiciones decisivas. Primero, deben estar limitadas, por ejemplo, a cinco años y a un pequeño porcentaje de la facturación. Y segundo, no se deben emplear para inversiones financieras, comúnmente especulaciones. Si se emplean como activos circulantes, deben ser depositados en un banco orientado al bien común como el banco democrático.

Aumento del capital propio. El tercer uso permitido de los superávits del balance es el pago completo de capital externo, de créditos bancarios. A la vista de la media de las cuotas de capital propio de las pequeñas y medianas empresas es presumible que este uso del superávit no traería grandes cambios a la situación actual. La mayoría de las empresas están fuerte o muy fuertemente endeudadas, y no obtienen beneficios lo suficientemente grandes como para pagar sus deudas. Para esas empresas no cambia técnicamente el balance, las deudas permanecen. En cualquier caso, el endeudamiento de las empresas pierde en la economía del bien común dos de sus aspectos negativos: ni se pueden efectuar inversiones dañinas como consecuencia del control del bien común de todos los créditos, ni se crea una significativa presión de crecimiento a través de intereses, ya que éstos se convertirían en comisiones más reducidas que sólo cubrirían los costes operacionales de los bancos.

Reparto a los colaboradores. Cuando un año ha sido más satisfactorio de lo que se esperaba, todos los que han colaborado deberían poder aumentar sus ingresos. Pero los ingresos están limitados a un número de veces concretas del salario mínimo, también para los propietarios que colaboran. Dónde debe estar el límite, debe ser desarrollado por convención económica y ratificado por el pueblo soberano.

Préstamos a socios. El que quiera ayudar a otras empresas, clientes o proveedores, puede concederles préstamos sin intereses. Ya que la cooperación se incentiva constantemente, se potencia esta forma (financiera) directa de solidaridad. Los flujos de dinero serían más económicos y las empresas se ahorrarían el camino al banco.

Usos no permitidos del superávit

Lo explicado hasta aquí era posible y estaba permitido. Decisivos son los usos que ya no se permitirán.

1. Reparto de beneficio entre propietarios que no trabajan en la empresa. El núcleo del capitalismo se basa en que unos —los dueños del capital, los poderosos— se apropian legalmente de la plusvalía de los otros, los que no son dueños de capital, los que no tienen poder. La pregunta es cómo se ha llegado a que muy pocos tengan mucho capital y muchos muy poco, y qué se puede hacer sistemáticamente contra esta situación. El punto delicado del debate es que hay muchos caminos diferentes para alcanzar un gran capital. Algunos de ellos son acordes con todos los valores básicos de la sociedad (trabajo personal teniendo en cuenta al mismo tiempo a todo el mundo, sentido de la responsabilidad); otros, sin embargo, entran en llamativa contradicción (desaprensiva búsqueda de riqueza y poder, trampas, suerte o herencia de grandes fortunas sin mover un solo dedo). La posibilidad de repartir los beneficios de las empresas entre personas que no han añadido valor al trabajo anima en muchos casos no al compromiso personal y a la responsabilidad, sino a tendencias peligrosas.

2. Disociación de poder y responsabilidad. Al separar a los propietarios con capacidad de decisión de los trabajadores en las empresas, se produce una pérdida de responsabilidad y de escrúpulos, por ejemplo con el cierre de empresas lucrativas, la destrucción de miles de puestos de trabajo o la omisión de inversiones a largo plazo.

3. Reparto injusto hasta la explotación. El anonimato impulsa la desigualdad y la desmesura. En las últimas décadas, la tasa de beneficios de la economía nacional ha experimentado una alza a costa de la cuota de los salarios. En 2010 siete de las treinta empresas DAX repartieron más dinero entre sus accionistas que los beneficios obtenidos el año anterior. Nos encontramos en la transición de los dividendos hacia la expropiación. Al mismo tiempo, las grandes empresas pagan menos impuestos o incluso obtienen desgravaciones fiscales.

4. Motivo absurdo. El lucro puede ser un motivo para fundar una empresa que no aporte ningún interés personal ni creativo.

5. Concentración de poder y retroalimentación positiva. Si quiero tener una empresa en la que yo no trabaje, puedo tener cientos de empresas y ser cada vez más rico y poderoso (la posesión y el incremento de poder vinculado se convierten en objetivo, no en medio, un sinsentido). El reparto desigual de los bienes en las empresas es una fuente central de desigualdad tanto en ingresos como en bienes.

Sería más responsable y enfocado al rendimiento si sólo el trabajo fuera una fuente de ingresos y el poder de decisión permaneciera en mayor grado en la empresa. Por eso:

El capital sólo tiene que ser un medio, pero su ampliación no debe ser el fin o la fundamentación de la empresa.

Ese medio debe ser repartido lo más igualitariamente posible, especialmente al principio, al comenzar la vida laboral (igualdad de oportunidades).

La adquisición de capital debe conectarse básicamente al rendimiento y responsabilidad personales.

Los réditos de capital deben beneficiar a aquellos que los han hecho posibles con su trabajo.

Por estos motivos, sólo las personas que trabajan en la empresa deben participar en los beneficios que ésta genera. En la economía del bien común hay un salario mínimo y máximo para cada hora de trabajo. Por ejemplo, se puede establecer que lo percibido como máximo por una hora trabajada sea diez veces lo fijado para el mínimo. El que trabaja más horas, puede también ganar más, pero para cada hora, salvo tareas nocturnas o especiales, es válido el factor multiplicador máximo de diez. (Éste es un valor inicial pensado para ser sometido a amplio debate. A mí no me parece ni ideal ni válido para siempre. Se trata simplemente de empezar la siempre postergada discusión democrática sobre la desigualdad máxima. Decisiva en cualquier caso será la soberanía democrática.)

El objetivo principal de este escenario de repartos es secar una fuente de desigualdad y concentración de poder. Si el capital de las empresas se puede sacar de éstas, entonces crece el aliciente de los propietarios para efectuarlo en contra de los intereses de las empresas y de las personas que trabajan en ellas. Sólo unos pocos toman decisiones y cosechan los frutos, y encima sin haber trabajado.

Para la mayoría de las empresas no va a cambiar nada, porque no sacan ningún beneficio de las personas de otras empresas. Y aquí aparece casi siempre un malentendido. Muchas pequeñas empresas se tienen por orientadas al beneficio e interpretan que sus ingresos proceden del beneficio del superávit comercial. Eso puede y debe ser igual en el futuro, con la salvedad de que ese beneficio será percibido como salarios de las personas que trabajan en las empresas. (El problema descrito no es tanto el reparto entre los fundadores de las empresas, sino entre personas que no trabajan en las empresas.) En la mayoría de las sociedades personalistas se obtiene un beneficio tan bajo que los ingresos de los empresarios están hasta diez veces por debajo del salario mínimo legal. No se verían afectados por las limitaciones de beneficio.

Las afectadas son principalmente las sociedades anónimas. Según los fundamentos ya mencionados, en el futuro no deben existir los dividendos. Algunos datos de las sociedades anónimas son menos conocidos: a) las acciones cada vez contribuyen menos a la financiación de las empresas: en Estados Unidos la bolsa absorbió en la década de los noventa más dinero que las sociedades anónimas, que a su vez bombearon dinero a la bolsa; en Francia el saldo es de cero[19]. b) Las innovadoras start-ups sólo consumen capital de la bolsa en contadas excepciones, en general ayuda la afinidad[20]. c) La relación entre propiedad y responsabilidad en la mayoría de las sociedades anónimas se ha perdido.

Originariamente se tenía a las sociedades anónimas por empresas de alto riesgo. Los propietarios respondían con su propio patrimonio por las empresas. En 1856 en Estados Unidos se limitó la responsabilidad personal a la medida de la participación en la empresa[21]. Hoy en día, cada vez más a menudo los contribuyentes responden por los accionistas. Por ejemplo, en los rescates de bancos o empresas automovilísticas arruinadas. En vez de exigir una contribución adicional a los propietarios, los contribuyentes les recompensan por su mala gestión económica y falta de responsabilidad. Esto motiva la tendencia de las sociedades anónimas hacia una especial crueldad, falta de responsabilidad y menoscabo de la democracia.

En este punto se plantea habitualmente la pregunta de por qué los hombres ponen su capital a disposición de las empresas si no pueden obtener más réditos. ¿Quién debería asumir el riesgo de los inversores? Respondiendo sistemáticamente, en la economía del bien común las empresas pueden recibir capital (financiero) externo a través de cuatro caminos diferentes:

Capital ajeno, prestado por bancos orientados al bien común. Como los bancos no distribuyen ningún beneficio ni pagan intereses por los ahorros, los créditos serían de media evidentemente más favorables. Los gastos y las comisiones por créditos deberían tan sólo cubrir los gastos del banco. Además, si se cierra el casino financiero global, se amontonarían en los bancos los bienes de la gente y estarían ampliamente a su disposición.

Capital social. Las personas pueden involucrarse en las empresas. La diferencia radica en que por ello no se obtendrán réditos financieros ni tampoco podrán vender parte de la empresa a los mercados (participar en bolsa). A cambio, conservan tres ventajas: 1. Son propietarios de una empresa coherente, con sentido. 2. Por su patrimonio, tienen derecho a hablar y pueden influenciar a aquellas empresas que les sean afines. 3. Recuperan su dinero en caso de que sea necesario; no se trata de un regalo. Desde el punto de vista de la empresa se trata de un capital sin costes (no arrastra intereses ni dividendos) y, por lo tanto, más barato que los créditos bancarios. Las empresas obtienen así un gran incentivo para poner capital social. Para ello tienen que volverse muy atractivas. Pero como el atractivo ya no podrá ser el dinero, habrá que emplear una alternativa diferente: ¡tiene sentido! Las empresas más coherentes obtendrán dinero suficiente. Y el instrumento que las va a ayudar a conseguirlo es el balance del bien común. De repente, todo el sistema funciona en la dirección correcta. Como la capacidad financiera en proporción a la economía se incrementa exponencialmente, en el futuro se desplazará una parte cada vez más grande del capital hacia la búsqueda de sentido. En otras palabras, es suficiente con que una parte del patrimonio privado de las empresas esté disponible como capital social sin coste, porque siempre va a haber más capital financiero.

Capital propio aportado por jóvenes colaboradores, que traen consigo su «dote democrática» a las empresas y amplían el capital propio. La reforma del derecho de herencia (capítulo 4) posibilita que aporten no sólo su mano de obra sino también cierta cantidad al capital a las empresas.

Capital ajeno sin costes. Las empresas pueden hacerse préstamos —sin intereses— las unas a las otras. Se las recompensará por ello mediante el balance del bien común. Además, su beneficio es la experiencia de la solidaridad y la mejora del balance de la economía común. En la economía del bien común el dinero desempeña un papel diferente al actual. Como valor de cambio y como capital en la empresa propia, permanece como un bien privado; como un crédito o capital en otras empresas, se convierte en un bien público.

Adquisición y fusión de empresas. El segundo uso no permitido del superávit de las empresas es la adquisición de otras empresas en contra de su voluntad. Gracias a la nueva orientación de las empresas desaparece el motivo más habitual para las adquisiciones. Si las empresas ya no están orientadas al beneficio, se pierde casi por sí sola la orientación al crecimiento como finalidad. Ya no es necesario conseguir ser tan grande como sea posible para a) obtener altos beneficios, b) devorar a la competencia, c) que la competencia no te devore.

En general ya no será finalidad el crecimiento monetario en el ámbito económico, porque el crecimiento sólo se empleará como medio para alcanzar una nueva meta: la mayor aportación posible para el bienestar general, que será medida a través de los nuevos indicadores de éxito económico. Si inversiones, incrementos del volumen de negocio o adquisiciones amistosas sirven para este fin, entonces, bienvenidos sean. En cualquier caso, en la adquisición de empresas, se debe alcanzar una mayoría específica favorable a la fusión entre los empleados, gerentes y propietarios de ambas empresas. No se podrá adquirir de manera hostil ninguna empresa, tal y como se acostumbra a hacer hoy en día, en la dictadura de los capitales más fuertes, y el consiguiente canibalismo económico sistemático.

Inversiones financieras. Las empresas deben obtener sus ingresos solamente a través de los productos que fabrican o los servicios que prestan, no a través de operaciones financieras. Un peluquero está ahí para cortar el pelo o aplicar un tratamiento facial, no para hacer más y más dinero; un granjero debe producir alimentos saludables y mantener el ecosistema estable y diverso, no enriquecerse sin parar. Un banco está ahí para convertir los ahorros en créditos baratos, no para hacer del dinero más dinero. Hoy en día las grandes empresas han pasado de ser simples deudores a acreedores, porque obtienen su dinero no a través de la producción, sino a través de apuestas en el casino, del comercio de acciones o de negociar con intereses. De algunas corporaciones de la industria se dice que son «grandes bancos con pequeños bancos de trabajo». La empresa farmacéutica Roche fue denominada como «un gran banco conectado a una pequeña farmacia»[22]. En la economía del bien común el dinero es sólo un medio para producir, no para sacar beneficio. No habrá más casinos financieros. Los activos financieros, si no se guardan en las cajas fuertes de las empresas, deben depositarse en bancos no orientados al beneficio, para que éstos pongan el dinero al servicio del bien común, de tal manera que se pueda distribuir rápida y favorablemente entre aquellos que lo necesiten en ese momento. El efectivo en la economía del bien común es también parte de la estructura pública y no sólo un bien privado.

Donaciones a partidos políticos. La financiación de partidos políticos a través de empresas está prohibida. Sólo las personas físicas pueden efectuar financiaciones.

A cambio, se suprime el impuesto sobre el beneficio para las empresas. El Estado no debería tener interés en generar grandes beneficios. Además, no tiene mucho sentido poner un impuesto sobre un «medio».

Fin de la obligación de crecimiento

Esta diferenciación en el uso del superávit del balance financiero va a desviar la ambición de éxito empresarial. Alcanzar la maximización del beneficio no es ni deseable ni factible. Ya no habrá más excesos en el beneficio. Se pondrán límites mínimos y máximos, se prohibirán las adquisiciones hostiles, se medirá el éxito mediante el balance del bien común.

A través de la suma de estas medidas expira la obligación de crecimiento en la economía. Esta obligación era el resultado de la combinación de medir el éxito mediante indicadores monetarios (orientación al beneficio financiero) y la competencia. Si estoy en competencia con otras empresas, tengo obligatoriamente que conseguir un mayor beneficio financiero que ellas porque si no mi calificación de crédito empeora, se encarece mi financiación o directamente mi empresa es absorbida. A menudo se subestima lo decisivo que es el beneficio financiero para la supervivencia de las empresas. Hay un conjunto de factores influyentes para el éxito de una empresa: calidad, innovación, eficacia, humanidad, falta de consideración, tamaño, flexibilidad… Pero hay una única condición decisiva: el beneficio financiero. Al final del día, el beneficio decide sobre vivir o morir, independientemente de la calidad, la fuerza innovadora, el tamaño, la popularidad, la responsabilidad civil o del resto de factores.

El crecimiento sirve para tener un beneficio mayor que la competencia, defenderse de adquisiciones hostiles o incluso adquirir otras empresas. El crecimiento es inmanente al sistema, ya que éste está programado para perseguir el beneficio y la competencia.

De ahí la «desprogramación»: cuando el «éxito» no se equipare al balance financiero ni se pueda devorar, las empresas podrán por fin, de manera apacible y despreocupada, determinar y pretender un tamaño coherente y «óptimo». Caducará la dinámica capitalista del sistema: todos se verán libres de la obligación generalizada de crecer y llevar a cabo adquisiciones.

Tamaño óptimo

«El que piensa en un crecimiento exponencial e infinito en un mundo con fronteras o es un loco o un economista», formuló el reconocido economista estadounidense Kenneth Boulding. Para muchos de sus colegas eso todavía no es aceptable. Erich Streissler, longevo profesor de economía nacional de la Universidad de Economía de Viena, afirmó que «es correcto que el desarrollo sostenible es lo mismo que el mayor crecimiento posible a largo plazo»[23]. Pero la intuición más valiosa respecto al crecimiento, desde mi punto de vista, la aporta Leopold Kohr: el crecimiento en la naturaleza es un medio para alcanzar el tamaño óptimo[24]. Eso es justo lo que debería suceder en economía, ambicionar el tamaño óptimo de la empresa. Actualmente el crecimiento es un fin en sí mismo; mañana, sólo será un medio. Si algo es demasiado pequeño, querría ser mayor. Si una empresa se ha vuelto hipertrófica, por ejemplo un banco sistémico, el crecimiento que lleva al tamaño óptimo es negativo. En la economía del bien común esto no sería ningún problema, porque se trata del crecimiento de utilidades sociales, para el bien común. Sin embargo en el orden económico dominante esto es un desastre absoluto. La retracción monetaria significa recesión y depresión.

En el cuerpo humano, al igual que en el resto de los seres vivos, se reconoce fácilmente qué papel podría desempeñar de forma coherente el crecimiento: hasta alcanzar el «tamaño óptimo», crecemos de manera material. Pero en un punto determinado finaliza, y después se traslada el desarrollo a un plano no material: maduramos en lo emocional, social, intelectual y espiritual. Los seres humanos no son menos «exitosos» por ello, porque no miden su éxito en la vida según el tamaño de su masa corporal.

Cooperación estructural

Tal vez el ejercicio de reflexión más difícil de la economía del bien común es la visualización de que las empresas no deben actuar unas contra otras, sino unas con otras, y, al hacerlo, serán recompensadas por ello.

Esta reflexión va a costar esfuerzo a algunos lectores, porque hoy en día es «normal» que los competidores se afanen en dañarse e incluso eliminarse unos a otros. Deberíamos tal vez ser más concretos y hablar de «contrapetencia». El término «competir» proviene del latín, «competĕre», que en origen no significaba «rivalizar unos con otros» sino «buscar juntos», significado este que se aproxima a lo que hoy en día entendemos por «cooperación». ¿No resulta obvio que «rivalizar» no puede ser eficaz? La inteligencia de grupo es mayor que la inteligencia aislada de un individuo. Casi todos los grandes desarrollos técnicos son fruto del aporte de muchos, de una «búsqueda común», no de una sola persona. La ciencia es una cooperación histórica de innumerables pensadores e investigadores.

En la economía del bien común no se elimina la competencia. La economía del bien común no deja de ser una economía de mercado, y como tal, se fundamenta en algunos de sus pilares: empresa privada (mercado) y dinero. En tanto que existan el derecho de fundar libremente empresas y la posibilidad de que quiebren, inevitablemente coexistirá la opción de competencia. Si se mantiene e incentiva, la economía se convierten en un campo de batalla. Si por el contrario el comportamiento «contrapetitivo» se convierte en una desventaja dentro del marco de incentivos, pasará casi inadvertida.

En la economía del bien común es por tanto posible la competencia. Sin embargo, cuanto más se abran paso las empresas a codazos, cuanto más agresivas se comporten frente a las demás, más empeorarán sus balances del bien común y se incrementará el riesgo de que quiebren. Por el contrario, cuanto más cooperen y se ayuden unas a otras, mejores serán sus resultados en el balance del bien común y más real será la posibilidad de que sobrevivan. En cualquier caso, no a costa de las demás, sino con su colaboración. Del actual sistema ganar-perder (win-lose), pasamos a uno en el que ganan todos (win-win).

¿Cómo pueden las empresas ayudarse unas a otras? Como los vecinos o amigos, de maneras muy diversas. Como, por ejemplo:

compartiendo conocimientos;

traspasando pedidos;

cediendo mano de obra;

ofreciendo préstamos sin intereses o procurándose mutuamente compensaciones de liquidez.

También evitando comportamientos agresivos como, por ejemplo:

estableciendo un sistema de información de sus productos igualitarios en vez de emplear publicidad masiva;

evitando el dumping en los precios para conquistar y acaparar mercado;

no apropiándose de patentes sólo para bloquearlas;

no absorbiéndose unas a otras.

Si las empresas son recompensadas por ayudarse unas a otras, entonces, el enfrentamiento estructural y la actual competencia por eliminarse o adquirirse mutuamente se tornarán en coexistencia amistosa en el peor de los casos y, en el mejor (debido a las ventajas legales), en cooperación activa. El que piense que esto es una invitación para la formación de cárteles continúa con la mentalidad capitalista actual. Hoy en día los cárteles no son la finalidad en sí, sino un medio para aumentar el beneficio. Si los beneficios no se pueden incrementar (los superávits sólo se emplean en el bien común), la formación de cárteles pierde sentido. La cooperación por el contrario es un instrumento eficaz para conseguir el objetivo de las empresas, el mayor aporte posible al bienestar general, en un éxito. De repente, la cooperación y la economía ya no entran en contradicción, se corresponden.

Lo que va a aumentar la disposición de muchas empresas hacia la cooperación es aspirar a un tamaño óptimo y terminar con el crecimiento como una finalidad. Una empresa que ha alcanzado su tamaño óptimo lo tendrá más fácil a la hora de poner a disposición colectiva sus conocimientos y tecnologías (know-how) o de traspasar pedidos, porque no lo interpretará como una desventaja (pérdida de tamaño y de cuota de mercado), si no como una relajación (trabajo en equipo, sin estrés, y a la vez solidario con otras empresas).

Quiebra

Junto al dinero y a la propiedad privada (productiva), la posibilidad de quiebra es el tercer criterio para que la economía del bien común sea una forma de economía de mercado. En cualquier caso y en comparación con la economía capitalista competitiva, la quiebra es improbable en la economía del bien común, porque:

la tendencia es construir empresas con sentido, ya que el beneficio como motivo para la formación de empresas más o menos desaparece;

en las empresas democráticas todos prefieren tirar de la misma cuerda; así, con acercamientos comunes, pueden evitar de forma más eficaz la bancarrota;

tercero y más importante, las empresas son recompensadas por cooperar unas con otras y penalizadas cuando compiten.

Las empresas que rehúsan la cooperación y sólo cumplen unos estándares mínimos están predispuestas a tener las peores cartas. Estas empresas son las primeras en quebrar porque, a causa de sus colores poco atractivos, ni logran la confianza de los consumidores ni consiguen ventajas legales. Más bien lo que consiguen son desventajas frente a las empresas cooperativas y responsables, un reflejo invertido de lo que sucede en la actualidad, donde los que presionan escrupulosamente con los salarios ensucian el medio ambiente y evaden impuestos obtienen ventajas económicas, y con ello, la capacidad de ser más competitivos. Hoy en día se antepone a menudo poder y tamaño frente a calidad, y en contra del carácter humanitario.

Gestión cooperativa del mercado

La economía del bien común es una economía de mercado, no una economía dirigida. Por eso, también en el futuro existirán fluctuaciones de mercado. Puede suceder que la demanda en un sector de repente se interrumpa, o que la oferta se incremente rápidamente por la entrada de una nueva empresa en el mercado. (El crecimiento de la demanda y la reducción de la oferta presumiblemente no serían ningún problema para las empresas.) Pero ¿qué pasa en la economía del bien común cuando por una disminución de la demanda o por una innovación tecnológica ya no sean necesarias tantas empresas o, en todo caso, tantas horas de trabajo como hasta ahora?

Para empezar, la clásica reacción hoy en día sería: en los futuros mercados «más pequeños» se recrudecería la (feroz) competencia y todos los participantes rebajarían sus precios hasta que uno o varios —todos a la vez en el peor de los casos— se den por vencidos, se declaren en quiebra o sean adquiridos. La competición del mercado actual es un sistema win-lose, o se gana o se pierde.

En la economía del bien común, todas las empresas preparadas para cooperar de un sector afectado podrían convocar un «comité de crisis o de cooperación» para discutir conjuntamente si lo mejor para el bienestar es:

disminuir todos los horarios laborales proporcionalmente;

reducir todos los puestos de trabajo y organizar cursos de formación ocupacional;

reducir significativamente un negocio o mediante esfuerzo común procurar su especialización en nuevas tareas;

cerrar un negocio y encontrar puestos de trabajo alternativos para los afectados;

fusionar voluntariamente dos negocios en uno, con la condición de que ese negocio no sea muy grande (para ello tiene que haber criterios «objetivos», es decir, sociales y legales, y «subjetivos», es decir, democráticos e internos del negocio).

O simplemente encontrar otros caminos. El parlamento económico local evidentemente también se podría implicar en la búsqueda de soluciones alternativas. Tal vez se necesite urgentemente en otros sectores mano de obra o se hayan organizado escuelas de formación ocupacional.

No se puede descartar por completo que una empresa se quede fuera. También en la economía del bien común se pueden abortar proyectos ya que permanece cierto grado de «riesgo». Mientras que hoy en día es eliminada la empresa con el peor balance financiero —independientemente de la calidad, el cuidado del medio ambiente o la responsabilidad social—, en la economía del bien común se disuelve aquella empresa que tenga el peor balance del bien común, es decir, aquella que la sociedad no quiere que permanezca, que no coopere con las demás y que tampoco se deje ayudar.

La diferencia decisiva respecto a la situación actual sería por tanto que las empresas se comportarían de manera más solidaria e intentarían permanecer todas a bordo, mientras que ahora lo que intentan es tirar a otras por la borda o devorarlas. Las empresas, en vez de actuar bajo el lema «comer o ser comidos», lo harían siguiendo el eslogan «vive y deja vivir».

Seguridad social y años sabáticos

Mientras exista la posibilidad de quiebra, puede suceder que haya personas que pierdan su trabajo remunerado y por tanto su fuente de ingresos. Éste es uno de los motivos por los que en el sistema de la economía del bien común todas las personas se tomarán un año por década en su vida laboral para dedicarse a otras cosas. En cuarenta años, serían cuatro años por persona. Desde el punto de vista de las circunstancias actuales, se liberaría alrededor del 10 por ciento de puestos del mercado laboral. Sólo con esta medida se resolvería la cuestión del paro laboral en la Unión Europea; los que estén haciendo una pausa, estarían de año sabático. Durante este año sabático percibirían el salario mínimo legal o bien un sueldo fijado de manera democrática. El hecho de que todas las personas disfrutarían por igual de esta «carencia de trabajo remunerado» no deja lugar a un debate envidioso. Todos son tratados por igual, nadie financia a nadie. Esta opción vital no sólo subiría la autoestima de muchas personas que actualmente están en paro, sino que también incrementaría la sensación de libertad, porque los años se pueden emplear para ampliar la formación, ocuparse de la familia, el arte, el ocio, la naturaleza o cualquier otra pasión. Disminuiría el valor de los puestos de trabajo productivos y remunerados mientras que se revalorizarían otros contenidos vitales.

Confío en que estos cuatro años de carencia sean suficientes como seguro social, porque el número de personas que se han quedado fuera del sistema disminuirá. En la economía del bien común las empresas no tienden a destruir empleo para aumentar el beneficio, más bien al revés; en caso de paro crearán puestos de empleo para mejorar el balance del bien común. La dinámica del sistema se invertirá, de la supremacía del «coger» a la preeminencia del «dar»; así se produce sistemáticamente no escasez, sino abundancia. En tercer lugar, aumentará fuertemente la motivación de la mayoría de la población activa en comparación con la actualidad, porque participando en la gestión y organización están involucrados tanto en la configuración como en el éxito de las empresas. En cuarto lugar, la motivación por participar en el proceso de producción será más alta porque el horario y el clima de trabajo serán en general más humanos. Gracias al cambio de estas circunstancias, me parece contrario al sistema que sigan siendo necesarias prestaciones tales como ayudas por desempleo, a los más necesitados, de carácter social o el Hartz IV[25].

Ingresos solidarios

No obstante, se debe considerar para casos de emergencia unos ingresos solidarios, por ejemplo de dos tercios del salario mínimo, como último recurso de ayuda. En la práctica, la economía del bien común nos mostrará si es necesario o no.

En cualquier caso sí tiene que haber siempre que sea necesaria una remuneración solidaria para personas con discapacidades o necesidades especiales y que no puedan trabajar o sólo puedan hacerlo parcialmente. La cantidad puede ser, por ejemplo, la fijada para el salario mínimo o, en caso de que sea necesario, una más elevada.

Pensiones aseguradas

El emparejar las pensiones a los mercados financieros ha sido uno de los fallos políticos más grandes de la era neoliberal. Porque, con la esperanza de amplias clases sociales de obtener provecho de los beneficios del capital —incluso siendo insignificantes en comparación con los de los realmente ricos—, desaparece uno de los conflictos esenciales de intereses en la sociedad capitalista: el que existe entre la minoría que acapara la mayor parte de los beneficios obtenidos del capital y la mayoría, que son los que han generado y pagado dichos beneficios mediante su trabajo.

La privatización de las pensiones no las ha vuelto ni más seguras, ni más sociales, ni más baratas; ha entrado en contradicción con estos tres criterios. Lo he investigado y descrito detalladamente[26].

La alternativa más obvia es ésta: en la economía del bien común se rehabilitará el desacreditado contrato intergeneracional y se reforzará el sistema de distribución de fondos de la Seguridad Social. Que esto es posible, en contra de la creencia generalizada por culpa del lavado de cerebro propagandístico, ya lo he expuesto con total claridad y detalle. La capacidad de financiación de las pensiones con fondos por parte de la Seguridad Social depende de aproximadamente una decena de factores. El cambio demográfico, tenido como problema irresoluble por los procedimientos de cobertura de capital, puede absorberse a la perfección en un proceso de distribución adoptando determinados ajustes. Desde hace un siglo, la población envejece rápidamente. Y esto no ha sido un problema financiero para las pensiones hasta que el mercado asegurador privado ha instaurado la mayor patraña posible a nivel internacional para sacar provecho. En la economía del bien común ya no van a existir ni bancos ni aseguradoras enfocadas al beneficio, el sistema financiero se va a convertir en un bien público. Las pensiones, y por ende su reparto, no van a ser por ello menos seguras.

III
La banca democrática[27]

La economía del bien común necesita un sistema financiero completamente distinto al que existe actualmente. Desde el punto de vista de su utilidad para la sociedad y para el bien común, la liberalización y la globalización de los mercados financieros han vuelto a los bancos totalmente ineficientes. Los ha alejado de su tarea esencial, la transformación de los ahorros (capital financiero) en créditos accesibles para las empresas y hogares locales. Las instituciones bancarias internacionales orientadas a la obtención de beneficio por una parte ya no cumplen esas tareas esenciales y, por otra, no lo hacen de manera satisfactoria.

No pueden garantizar las cuentas de ahorro.

Ofrecen préstamos caros o directamente no los conceden («restricción crediticia»).

Encarecen los costes de mantenimiento de las cuentas y en algunos países incluso se llegan a cerrar las cuentas corrientes cuando los clientes se niegan a adquirir acciones o fondos (por ejemplo, en Gran Bretaña).

Menguan las cadenas de sucursales y la atención básica mediante asesoramiento personal.

En lugar de eso, se dedican a negocios tales como:

poner en peligro la estabilidad del sistema financiero: banca de inversión, emisión de derivados financieros, comercio con títulos crediticios, especulación monetaria;

redistribuir de la multitud a los ricos: fondos de alto rendimiento, bonus y dividendos desmesurados, asesoramiento en la evasión de impuestos;

perjudicar al Estado cuando se dejan rescatar con dinero que proviene de impuestos, en vez de exigir responsabilidades a los propietarios (accionistas).

Examinados con detenimiento, los «mercados financieros globales» son una contradicción en sí mismos. En el mercado liberalizado, los bancos tienden a esforzarse por conseguir un tamaño que los haga competitivos. Ése incluso es el objetivo explícito del mercado único europeo y del mercado mundial para los servicios financieros dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)[28]. De ese modo se vuelven obligatoriamente «sistémicos» e invalidan muchas reglas fundamentales del mercado: 1) la quiebra: los bancos sistémicos están condenados a la vida eterna; 2) con ello se acaba la competencia justa. El «mercado» tampoco existe por los siguientes motivos:

Los ahorros están garantizados por el Estado.

La refinanciación de los bancos se efectúa mediante el Banco Central estatal.

También papá Estado procura la estabilidad del sistema.

No son los accionistas los que responden cuando bancos sistémicos se vuelven insolventes («responsabilidad de los propietarios») sino los contribuyentes.

Y para colmo, el poder de estas corporaciones internacionales se ha vuelto tan grande que se oponen con éxito a fragmentaciones, regulaciones e imposiciones. No quieren ni mercado ni democracia. Dañan más que sirven a la comunidad y a la economía. No son sólo económicamente sistémicos, sino sobre todo políticamente, y, por eso, representan la muerte de la democracia: «toobigtojail».

La economía del bien común, por todo lo explicado, se basará en otro sistema financiero completamente diferente. El dinero en forma de crédito debe ser un bien público y los mercados financieros deben ser cerrados.

Gestión de activos. No va a haber más fondos. Las personas depositarán sus activos financieros en la banca democrática, bancos cooperativos o cajas de ahorros, que sólo negociarán con depósitos y créditos. Las personas viven de los salarios, no de los rendimientos del capital. Con esto, sus activos monetarios permanecerán seguros y estables, se garantizarán independientemente de su tamaño.

Bolsa. No habrá mercados en los que se comercie con empresas. Tampoco dividendos. La sociedad anónima del futuro será una sociedad con participaciones de ciudadanos a nivel regional (por ejemplo, en el sector de la alimentación y la energía) o global (por ejemplo, en software o alta tecnología).

Deuda pública. Si es que todavía existiera, no se comerciaría con ella, tan sólo se contendría, y el interés se fijaría democráticamente. Básicamente, el Banco Central se ocuparía de la financiación del Estado, sin intereses[29].

Bancos de inversión. No debe haber en el futuro ni derivados, ni títulos de crédito, pero tampoco ofertas públicas de venta (OPV) y ni fusiones y adquisiciones de empresas (M&A).

Mercados de futuros y de materias primas. Los precios de las materias primas se fijarán democráticamente en una asamblea, en la que productores y consumidores acordarán conjuntamente precios razonables para ambas partes.

Mercados de divisas. El «globo» o «terra» se establecerá como la moneda de la economía internacional, y los tipos de cambio de todas las monedas nacionales serán «fijados flexiblemente» como monedas de cambio (según propuesta de John Maynard Keynes). La banca democrática cambia las divisas según un tipo unitario.

Con esto, se cierran las principales mesas de juego de los casinos financieros, de los mercados financieros globales. Las funciones básicas de los mercados financieros serán gestionadas por la banca democrática.

Objetivos y servicios

La banca democrática está obligatoriamente orientada hacia el bien común, no hacia el beneficio. Sus valores y objetivos son los de la economía del bien común. Debe fomentar en particular los circuitos económicos regionales y las inversiones sostenibles desde un punto de vista social y ecológico. La banca democrática ofrece los siguientes servicios básicos:

Garantía ilimitada para los depósitos de ahorros.

Cuentas corrientes gratuitas para todos los residentes.

Créditos razonables para particulares y empresas bajo las condiciones de a) solvencia económica y b) creación de valor ecológico y social añadido mediante la inversión.

Red de sucursales en todo el territorio con asesoramiento personal, en sinergia con un sistema democrático de correos, de transportes, de acceso público a internet.

Créditos baratos para el Estado (complementarios a los del Banco Central Europeo) y distribución de deuda pública (si fuera necesario).

Cambio de divisas.

Estos objetivos y servicios se podrían fijar en la Constitución y ser cambiados sólo por los propietarios mediante el principio de soberanía popular democrática. El gobierno y el Parlamento no tienen acceso a la banca democrática. Las normas y reglas (de la Unión Europea o de la Organización Mundial del Comercio) que estén en contra de la dirección democrática de la banca deben ser suprimidas.

Transparencia y seguridad

Todas las operaciones de la banca democrática aparecerán en su balance; la creación de filiales en paraísos fiscales está prohibida. La banca democrática no puede acuñar dinero (véase «Vollgeld»[30] de Joseph Huber y James Robertson)[31]. Su función se limita a la de mediadora monetaria entre ahorradores y tomadores de créditos. La banca debe acatar el reglamento pertinente relativo al propio capital. No obstante, puede trabajar según el acreditado principio de confianza del sistema de los bancos de postguerra y realizar una política de créditos anticíclica en épocas de crisis. Cuando en tiempos de crisis la situación se complica para las empresas, la banca democrática se muestra más compresiva. Para esto, tiene capital propio suficiente.

Financiación, refinanciación, quiebra

La banca se financia mediante tasas crediticias. Cubre sus gastos (incluida la morosidad de los créditos, que de media es inferior al 1 por ciento de los créditos concedidos). Las personas que trabajan en la banca democrática gozan de una alta seguridad social y de amplios derechos de co-determinación. Obtienen unos ingresos dignos, como en todo «bien comunal democrático». Las diferencias salariales dentro de la banca no deben superar la proporción de 1:3.

La banca concede créditos de los depósitos de particulares, de empresas y del Estado. Como ese patrimonio financiero se incrementa continuamente, en relación con el PIB en la economía real, tendrá suficiente dinero disponible para créditos (refinanciación).

Si en un municipio o región no es suficiente con el dinero proveniente de los depósitos para cubrir todos los créditos de aquellos que los quieren usar con fines sociales o ecológicos, se lo facilitarán otros bancos cuyos depósitos de ahorros excedan sus necesidades. La responsabilidad sobre el riesgo de este reparto será asumida por el Banco Central. Oficia como «última entidad de crédito». La posibilidad de quiebra de una sucursal de la banca democrática es altamente improbable, por las siguientes razones:

El banco no buscará maximizar sus beneficios y por tanto su tendencia al riesgo es débil.

Los negocios se limitarán al método clásico de créditos; no trabajarán con valores y derivados.

Serán válidas normas de seguridad en la concesión de créditos.

Los miembros de las juntas directivas personalmente serán responsables cuando no se siga la normativa.

De igual manera, una comisión directa y democráticamente elegida se encargará de controlar las actividades de los directivos.

Los directivos distribuirán adicionalmente el informe de cuentas y podrán ser cesados en cualquier momento.

Aun así, puede haber algún caso aislado de quiebra si al mismo tiempo se da un número elevado de impagos de créditos. En ese caso, el Banco Central evita la quiebra mediante la recapitalización. La banca democrática es demasiado importante para fallar, como los colegios, las universidades, el transporte ferroviario o los hospitales. Hoy en día estos servicios tampoco pueden declararse en quiebra.

Intereses e inflación

No habrá intereses ni en créditos ni en depósitos de ahorro en el sentido convencional. Los tomadores de un crédito pagarán unas tasas crediticias calculadas para que el banco pueda cubrir sus gastos, incluidos los costes de créditos morosos, las inversiones y los aportes a fondos para fines sociales. A diferencia de hoy, los costes de los créditos no proporcionarán beneficios ni al banco ni a los depositarios.

La banca democrática «real» que se está construyendo actualmente en Austria ofrece intereses a sus clientes según valor de mercado sólo al principio. En cualquier caso, les invita desde el principio a renunciar a ellos en pro de la realización de valiosos proyectos sociales y ecológicos, lo que a la vez hace que baje el precio de los créditos con que se financian éstos. También ilustra de manera activa sobre las repercusiones del sistema de intereses.

He enunciado en varias ocasiones, y por tres motivos importantes, por qué estoy a favor de la completa abolición de intereses.

1. Alrededor del 90 por ciento de la población sale perdiendo en un sistema de intereses, porque pagan más por los intereses crediticios de lo que reciben de los depósitos de ahorros. Esto no lo conoce la mayoría, porque los bancos no son muy claros al respecto. En el «Día Mundial del Ahorro» sólo se nos habla de los intereses que percibimos mediante las cuentas de ahorro. Que también los tenemos que pagar en las compras diarias, en las que ya están calculados los intereses de aquellos que tienen créditos, es algo que los bancos silencian. Es algo parecido a que de las dos caras del balance nos enseñen sólo una. La banca democrática va a actuar de manera diferente, porque mostrará las dos caras del balance en el marco de la economía nacional.

2. Las rentas del capital de cualquier clase, no sólo los que provienen de los intereses de los ahorros, provocan una presión hacia el crecimiento, porque los tomadores de créditos tienen que devolver más dinero que el que se les ha prestado. La capacidad de carga de la Tierra ya se ha sobrepasado. La «huella ecológica» de la humanidad es mayor de lo que puede soportar el planeta a largo plazo.

3. Un tipo de interés igual a la inflación no es posible en todos los depósitos de ahorro a largo plazo juntos. Cada año que crezca el patrimonio en relación con los resultados reales de la economía —y eso pasa cada año que la tasa de ahorro sobrepasa la tasa de crecimiento—, se necesitaría una gran parte de los rendimientos anuales de la economía para proporcionar intereses al patrimonio en un nivel constante. Por ejemplo, si los activos fueran un día cien veces mayores que el rendimiento real de la economía, se necesitaría todo el PIB para poder dar un 1 por ciento de intereses. Con una inflación de 1,5 por ciento ni tan siquiera sería posible mantener el valor de los activos. Matemáticamente, a partir de una determinada proporción entre activos monetarios y PIB, la reivindicación de intereses no es factible.

La banca democrática aclara qué consecuencias tienen los intereses en particular en los títulos de rédito y en general en el sistema y en la economía nacional, y prepara a la sociedad para el fin de los beneficios «desempleados». En vez de elevar una cortina de humo entre los ahorradores y los depósitos con eslóganes como «deje trabajar a su dinero por usted», la banca democrática alienta con un «mire lo que pasa con su dinero».

Como en la economía del bien común ya no domina la presión por el crecimiento, existe la posibilidad de que la inflación se extinga. Con esto también se resolvería el «problema» de la devaluación de las fortunas financieras y los créditos serían más baratos porque hasta los últimos depósitos de ahorro ya no «rivindicaría» intereses para igualarlos a la inflación.

Control social y ecológico de los créditos

En la concesión de créditos debe tenerse en cuenta el conocimiento de la situación local y de los agentes económicos, nada de calificaciones de crédito anónimas. Ya no se comprobará sólo la rentabilidad económica de los que busquen crédito, sino también el valor añadido social y ecológico que aporten. Para este «control del bien común» existirán igualmente una serie de pautas, como para los controles de solvencia económica. La base del control del bien común será uno de los procesos de valoración empleado en el balance del común. Los proyectos de inversiones con un valor social y ecológico especialmente alto obtendrán créditos sin intereses o incluso con un «interés negativo», es decir, que no tendría que devolver la totalidad de la cantidad prestada. Por el contrario, los tomadores de créditos cuyos proyectos sólo cumplan los requisitos mínimos legales abonarán unas tasas respectivamente más altas. Los proyectos que generen un valor negativo de tipo social o ecológico —por ejemplo un solo establo para diez mil animales o una central nuclear— no consiguen ningún crédito, incluso aunque desde un punto de vista comercial pudieran ser altamente rentables. Con esto, por fin el mercado financiero será un instrumento de gestión hacia un desarrollo social y ecológico sostenible. Las «inversiones éticas» se convierten en un estándar legal.

Créditos y capital de riesgo ecosociales

Se ha vinculado a las bolsas y a otros segmentos del mercado de capital de riesgo la esperanza de que obtengan financiación proyectos cuya rentabilidad es desconocida. No se tienen en cuenta ni los aspectos sociales ni los ecológicos. El departamento de riesgos de la banca democrática asume por fin esa función en los proyectos con plusvalía social y ecológica. Cada banco democrático puede destinar un pequeño porcentaje de sus depósitos como capital de riesgo ecosocial. Una comisión ética democráticamente elegida puede decidir qué proyectos se ponen en marcha.

Una segunda posibilidad, más cercana al mercado, sería que las empresas que obtengan créditos de riesgo ecosociales en caso de tener éxito paguen comisiones más altas y con eso ayuden a financiar los proyectos sin éxito. Pero también tienen que pasar la prueba de control del bien común.

En tercer lugar, las empresas podrían solicitar directamente la participación de los ciudadanos (locales) para alcanzar el capital necesario. Los financieros en este caso no obtendrían dividendos, porque el fin de la inversión no es el dinero sino tener sentido y participar.

Subsidiariedad, democracia, control, transparencia

La banca democrática es creada subsidiariamente. La mayoría de los créditos se conceden en un nivel municipal. Los bancos democráticos deciden de manera autónoma. En un nivel municipal se elige directa y democráticamente tanto al director como al consejo de administración («junta bancaria democrática»), que le controlará. La junta bancaria democrática se compone de representantes de empleados, consumidores, deudores, pequeñas y medianas empresas así como de una representante de la comisión por la igualdad entre hombres y mujeres y de un «abogado». Todos los gremios se componen del mismo número de hombres que de mujeres.

Para grandes inversiones y créditos estatales existen los niveles de las comunidades y el nivel estatal, que a su vez se financiarán parcialmente con los niveles locales. Los excedentes de los depósitos de ahorros se remitirán al nivel superior siempre y cuando sean necesarios. Los representantes de los bancos locales votan y eligen entre ellos a los directivos y al consejo de administración del nivel regional, y con éstos, a los del nivel estatal. Ni el plano regional ni el estatal tienen una relación de superioridad jerárquica frente al nivel municipal; todos son elementos equivalentes y autónomos de la asociación que forma la banca democrática. Todos los representantes son responsables del informe de cuentas y pueden ser cesados en cualquier momento. Todos los gremios de la banca económica tendrán sesiones públicas.

La transparencia es, junto con la participación, una de las características centrales de la banca democrática. A través de la transparencia se genera confianza. El balance así como todas las operaciones crediticias son —quitando alguna excepción concreta— públicos y accesibles.

Las cuentas particulares y las transferencias están por el contrario sujetas a la protección de datos. Sólo los datos fiscales relevantes se transmitirán directamente al Ministerio de Hacienda (como pasa hoy con los ingresos laborales). Esta normativa tiene que ser válida para todos los bancos, para que la banca democrática no esté en desventaja respecto a la competencia.

En comparación con los bancos privados

Para no dejar ni el más mínimo resquicio a la competencia injusta, los bancos privados sólo podrán existir en formas jurídicas no orientadas al beneficio como las asociaciones cooperativas o las cajas de ahorros. No habrá más banca de inversión. En una primera fase de transición, las garantías y ventajas estatales más importantes de los bancos (garantizar los depósitos, refinanciación a través del Banco Central, negocios con el Estado, recapitalización en caso de insolvencia) sólo se les otorgaría a los bancos orientados al bien común, mientras que los bancos orientados al beneficio serían derivados al libre mercado, donde se han derrumbado todos estos beneficios y asistencias estatales. En la segunda fase de transición se pueden acentuar los requerimientos y sólo obtendrían el apoyo del Estado los bancos democráticos, las cajas de ahorro y las cooperativas bancarias que trabajasen rigurosamente según los principios del bien común:

sin reparto de beneficios a los propietarios;

sin intereses;

con controles del bien común de todos sus proyectos de inversión;

con limitado capital de riesgo ecosocial;

con estándares democráticos más elevados.

Banco Central y cooperación global

El Banco Central se reorganizará de manera transparente y democrática. Es parte del sistema de banca democrática en propiedad del pueblo soberano. El comité ejecutivo se compone de representantes de todas las clases sociales. El Banco Central conserva el monopolio de la creación de dinero y pone a disposición del Estado una cantidad de dinero limitada, tan limitada que no da lugar a una aceleración de la inflación. La banca democrática financia al Estado de dos maneras:

crédito sin interés de hasta el 50 por ciento del PIB;

conforme a la ampliación de la cantidad de dinero como «regalo monetario» para el presupuesto nacional (por ejemplo, un 2 por ciento del PIB).

Con esto, los Estados se ahorran los intereses correspondientes a la deuda pública; en suma, al año, Alemania se ahorraría alrededor de 120.000 millones de euros y España 29.000 millones de euros. Sólo poniendo en práctica esta medida —cambio del Estado a su propio banco— se sanearían los presupuestos de los Estados[32].

El departamento para cooperación global del sistema de banca democrática concede créditos, a precios razonables o incluso a coste cero, en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Los costes se cubren con los impuestos generales o de la creación limitada de dinero. El departamento para la cooperación global asume también el riesgo de morosidad en las exportaciones arriesgadas que procuren plusvalía social y ecológica, sean provechosas desde un punto de vista de desarrollo sostenible así como que hayan superado el respectivo control. La financiación para ello también proviene de los impuestos generales.

La unión monetaria mundial y «globo»

El Banco Central toma parte en una cooperación monetaria internacional según la idea de John Maynard Keynes[33]. Los elementos más importantes de esta cooperación monetaria son los siguientes:

— Creación de una moneda complementaria para el comercio internacional: moneda de reserva mundial o moneda de comercio internacional (por ejemplo «globo» o «terra»).

— Esta se basa en una amplia cesta de monedas y/o materias primas.

— Las monedas nacionales permanecen. Su tipo de cambio con la moneda de comercio internacional se fija en una asamblea global de todos los Bancos Centrales, y, si es preciso, se defiende de la especulación.

— En función de los cambios en los datos fundamentales de la economía real (inflación, productividad, balance de rendimiento), se aprecian o devalúan las monedas nacionales en relación con la moneda de comercio internacional, de tal manera que la paridad de poder adquisitivo se preserva (mediante la devaluación, la «tragedia griega» se podría haber evitado y el desequilibrio Estados Unidos-China no hubiese surgido).

— El que se oponga a apreciaciones/devaluaciones tendrá que pagar intereses de penalización por la desviación respecto a un balance comercial equilibrado —más altos cuanto mayor y duradera sea la desviación.

— El desarrollo de las transacciones monetarias transfronterizas tiene lugar por fin en una cámara de compensación pública gestionada por los Bancos Centrales. Con esto se impide de manera efectiva la evasión de impuestos.

El grupo de expertos de las Naciones Unidas para solventar la crisis financiera y económica presidido por Joseph Stiglitz apoya la propuesta de Keynes como «idea a la que ha llegado su hora»[34].

Moneda local

El «globo» sería una «moneda complementaria» en un plano suprarregional o internacional. También de forma local puede existir una moneda complementaria (local currency) para fomentar la economía regional e incrementar la resistencia de las regiones en época de crisis. Los bancos democráticos podrían emitir estas monedas complementarias.

Mediante la fijación política de los tipos de interés, de las materias primas y de los intereses (mediante los precios de los créditos), ya no hay más mercados financieros, el casino financiero mundial se ha cerrado, la creación de burbujas se ha terminado. Las bolsas pertenecen igualmente al pasado, el capital propio fluye con la participación de los ciudadanos en empresas razonables, la banca democrática proporciona capital de riesgo (ecosocial). El dinero es relegado a un papel meramente funcional, se vuelve barato y sirve al bien común. Nadie puede ser rico sólo con posesiones, los ingresos se generan con el trabajo; los salarios bastan, por tanto, para que todo el mundo viva bien.

¡A por la fundación!

En abril de 2010 la asamblea de activistas del movimiento Attac de Austria redactó el contenido estratégico del borrador del proyecto de la banca democrática[35]. En él, se esboza la idea de un banco legal de ámbito nacional. Como en la forma actual de la democracia no parece que su implantación se pueda esperar en un futuro cercano, el movimiento Attac propuso a la sociedad civil austriaca su fundación, por ejemplo, como un banco cooperativo de carácter privado. La propuesta fue escuchada. Ya en junio 2010 comenzó el «proyecto Banca Democrática», al que en octubre 2010, el verdadero inicio, se habían unido alrededor de ciento cincuenta personas. Hasta el final de la redacción de este nuevo texto se avanzó a buen ritmo con los preparativos. La solicitud de la licencia bancaria al organismo de regulación financiera está prevista para el verano de 2012. Si todo sale según lo planeado, en 2013 la banca democrática entrará en funcionamiento.

El «proyecto Banca Democrática» ha llevado a cabo de forma independiente su proceso de visión. El resultado no coincide en todos los puntos con la forma ideal aquí presentada. Tampoco es necesario. Lo importante es que las personas que desean otro tipo de bancos los puedan crear según sus propias ideas.

Toda la información sobre el «proyecto Banca Democrática» la pueden encontrar en www.demokratischebank.at.

IV
Propiedad

«La nación española, deseando (…)

promover el bien de cuantos la integran (…)

proclama su voluntad de:

garantizar la convivencia democrática (…)

conforme al orden económico y social justo».

Constitución española. Preámbulo.

Ni las mejores reglas ayudan cuando las relaciones de poder existentes se oponen. La posición absoluta del derecho a la propiedad se ha convertido hoy en día en la mayor amenaza para la democracia. Gracias a la no limitación del derecho a la propiedad, algunas personas y empresas se han vuelto tan poderosas que controlan los medios y dirigen los procesos políticos hacia sus propios intereses. Esto contradice el principio democrático fundamental según el cual todos disfrutan de los mismos derechos, oportunidades y posibilidades de participación. Igualmente está en contra del principio liberal original que enuncia que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Ambos principios implican que el poder en el Estado, en la sociedad y también en la economía, no puede ser repartido de forma excesivamente desigual para que no se produzca un abuso del mismo.

Retroalimentación negativa

El principio de la separación de poderes en esencia indica que el poder en el Estado debe estar separado (por ejemplo, en legislativo, ejecutivo y judicial) para que ninguna instancia pueda ser más poderosa que otra. Actualmente es muy necesario trasladar este principio a la economía, donde el poder se concentra hasta tal punto que la desmedida libertad (de ser propietario) de unos amenaza la libertad de todos de forma masiva. Para la separación de poderes, propongo la «retroalimentación negativa». Es un término que proviene de la dinámica de sistemas y que alude a que una tendencia dentro de un sistema —por ejemplo calentamiento— mediante una señal opuesta a la señal actual —enfriamiento— se invierte. Si éste no fuera el caso, el sistema se sobrecalentaría y explotaría o se colapsaría. Las retroalimentaciones negativas mantienen estables sistemas vivos complejos. La «retroalimentación positiva» indica que las tendencias se refuerzan unas a otras. Por ejemplo, que el deshielo de la capa de hielo del Ártico puede provocar una superficie más oscura y, con ello, que continúe el calentamiento de la Tierra; el cambio climático se acelera. El capitalismo es un sistema de retroalimentación positiva porque con el progresivo enriquecimiento y crecimiento tanto de individuos como de empresas es más fácil enriquecerse y crecer. El primer millón es el más difícil. Con el segundo millón es todo más fácil. Ya en el millón 101 no sabe uno qué ha hecho para conseguirlo. Y ya el que tiene mil millones, teniendo en cuenta la media de los tipos de interés de los últimos años, debe gastarse 220.000 euros de media al día para no volverse más rico[36]. La retroalimentación negativa habría significado que el primer millón es el más fácil de lograr y por tanto el que más asequible es para la gran mayoría, mientras que ser aún más rico o crecer más se vuelve cada vez más difícil hasta llegar a un punto que se hace imposible. Las siguientes «retroalimentaciones» provocan:

la limitación relativa de la desigualdad de ingresos;

la limitación del derecho de apropiación de los bienes privados;

la limitación del tamaño de los bienes de las empresas en la propiedad privada exclusiva;

la limitación del derecho de herencia.

Limitación relativa de la desigualdad de ingresos

Si a una audiencia lo más diversa posible le pregunto cuál es la proporción en la que un hombre puede producir en relación con otro, se dirá casi siempre que el doble, el quíntuple e incluso a veces diez veces más; si alguien propone veinte veces más, el resto generalmente no está tan de acuerdo. Y a la pregunta de cuál es la proporción en la que un hombre puede como máximo ser remunerado en relación con otro que hace el mismo trabajo, los presentes proponen con la misma frecuencia que tres, cinco, siete, diez y veinte veces más. Algunos reivindican cien o mil veces más. Por otra parte, otros dicen que el doble o lo mismo: igual salario a igual trabajo en el mismo tiempo. A día de hoy, el directivo mejor pagado de Estados Unidos gana trescientas cincuenta mil veces lo estipulado en el salario mínimo interprofesional: 5.000 millones de dólares anuales. En Alemania, el presidente y director ejecutivo de Porsche Wendelin Wiedeking cobra seis mil veces el salario mínimo interprofesional de mil euros mensuales. De ciertos estudios sobre el tema se deduce que estas desigualdades extremas:

—no incentivan ni el rendimiento ni la responsabilidad;

—no hacen que los ricos sean felices, sino envidiados y avariciosos;

—hacen que los pobres se sientan despreciados (en todos los sentidos);

—favorecen el malestar general, el estrés, las enfermedades y la tasa de mortalidad;

—conducen al aumento de la desconfianza, las agresiones y la criminalidad[37].

A partir de un determinado umbral la desigualdad deja de ser útil a la sociedad, comienza a dañarla. Que la temperatura ambiente se doble de 13 a 26 es agradable, pero que siga subiendo hasta 39 grados ya no lo es; cada grado que siga subiendo impacta desagradablemente. El calentamiento no es un fin en sí mismo, sino que resulta agradable sólo hasta que alcanza su nivel óptimo (de bienestar, de calidad de vida). En la desigualdad económica, sin embargo, no hay ningún nivel óptimo «natural», pero las personas cuentan con un sentido de la justicia intuitivo, y es obvio que éste sale dañado cuando observan que un salario puede ser trescientos cincuenta mil veces mayor por la misma jornada laboral. El 81 por ciento de los miembros de la CDU (Unión Demócrata Cristiana) perciben los salarios de los directivos como muy elevados[38].

La propuesta de la economía del bien común: una convención económica democrática debe elaborar cuantas más barreras posibles contra la desigualdad de los salarios, por ejemplo los que son siete, diez, doce o veinte veces mayores; y la población debe votar sobre ello con el método del consenso sistemático[39]. Si los más ambiciosos quieren ganar más, si es posible, entonces solamente tendría que incrementarse el salario mínimo: los ricos y pobres estarían fatalmente encadenados entre sí. Un comentario importante: el salario mínimo debe garantizar una vida digna. Podría estar referenciado a una cesta de buena vida y establecerse en 1.250 euros mensuales como valor orientativo.

Como en la economía del bien común ya no hay rendimientos del capital, deja de existir el problema de la suma de los ingresos del trabajo y del capital. Las rentas del alquiler y las donaciones se incluyen dentro de los ingresos personales, y estos pueden ser como máximo, diez veces el salario mínimo. Las empresas podrían teóricamente pagar más a sus empleados, pero a partir de diez veces el salario mínimo el tipo impositivo sube un ciento por ciento. Ocultar ingresos o patrimonio al Ministerio de Hacienda ya no será posible, porque los bancos orientados hacia el bien común notificarían automáticamente todos los ingresos a las delegaciones de Hacienda. Las transacciones internacionales de capital están bajo la supervisión y el control de la banca democrática. Por lo tanto, sólo existiría la posibilidad de retirar los millones en efectivo y esconderlos bajo el colchón. Evidentemente no aparecerían en el balance. Y el colchón pronto sería tan grande que ocuparía toda la habitación.

Limitación del patrimonio privado

¿Ha intentado alguna vez gastarse mil millones de dólares? Necesitaría de todo un equipo de ayudantes para poder tan siquiera abordar una tarea tan monstruosa. Tendría que emplear parte de su tiempo diario y vital para «administrar» su patrimonio, se convertiría en cierta medida en empleado de su propio patrimonio: el que posee en exceso, acaba poseído. De investigaciones sobre la felicidad se deduce que la riqueza material sólo incrementa la satisfacción vital hasta un límite relativamente bajo, puesto que unos ingresos mayores no aumentan la felicidad. Pero éste no es el problema principal (porque también en una sociedad libre se puede ser infeliz por culpa propia). El problema principal es que las personas que atesoran fortunas multimillonarias acumulan una cantidad enorme de poder y, con ello, tienen en sus manos la capacidad de influir en la sociedad (y por tanto de disminuir la felicidad de los demás). De qué son capaces los multimillonarios es algo que se puede ver por ejemplo en Silvio Berlusconi (dueño de un oligopolio mediático) o en George W. Bush (imperio del petróleo). Si se prolonga la libertad de patrimonio de los individuos, sufre la libertad de la mayoría —o incluso se pierde completamente porque en una sociedad con desigualdades extremas crece la desconfianza, el miedo, la violencia, la criminalidad y la corrupción—. Los epidemiólogos Kate Pickett y Richard Wilkinson han elaborado numerosos trabajos al respecto. Una de sus conclusiones finales: «Si Estados Unidos redujera las desigualdades de ingresos existentes en su territorio en la medida en que se constata en los países industrializados con las mayores tasas de igualdad —Japón, Noruega, Suecia y Finlandia—, entonces la cuota de estadounidenses que creen que pueden confiar en los demás aumentaría en un 75 por ciento. Los índices de personas con trastornos psicológicos o sobrepeso podrían reducirse en dos terceras partes respectivamente, el número de embarazos de adolescentes bajaría a la mitad, el número de internos en prisiones caería un 40 por ciento, las personas vivirían más y tendrían que trabajar cada año lo equivalente a dos meses menos»[40]. Por lo explicado, se debe debatir en la economía del bien común sobre un tope máximo que limite la propiedad privada, por ejemplo, diez millones de euros (aquí se consultaría de nuevo a la convención). Diez millones es tanto que cualquiera se podría permitir casi cualquier lujo, aunque es demasiado poco para comprar al gobierno o manipular a la sociedad según los propios deseos. El derecho a la propiedad sería un derecho liberal.

Democratización de las grandes empresas

Cuando alguien critica el poder de la propiedad privada, la respuesta profundamente enraizada —o magistralmente ensayada— es echarle en cara que quiere eliminarla. Esto es tan concluyente como reprochar a las personas que defienden los descansos durante el trabajo que quieran acabar con el trabajo, o reprochar a los investigadores de movilidad que están a favor de los límites de velocidad que tengan algo en contra del movimiento.

Un carpintero, un artesano, un camarero, un programador de software, un arquitecto o un florista son empresarios que tienen propiedad privada, pero ésta no pone en peligro la libertad de nadie, porque no tiene poder político para ello. Por este motivo, podrían en el futuro permanecer las pequeñas empresas en su totalidad como propiedad privada. Pequeñas y medianas empresas componen el grueso del sector empresarial. En Austria el 99,6 por ciento de las empresas tienen menos de quinientos trabajadores. Con las grandes empresas pasa justo lo contrario. Los grupos internacionales son actualmente más poderosos que muchos gobiernos. Sus decisiones pueden afectar a miles y miles de personas y tienen una influencia desproporcionada en medios, partidos políticos, ciencia y justicia. Es profundamente antidemocrático que unos pocos individuos puedan decidir el curso de estos colosos, mientras que todos los demás afectados —tanto dentro como fuera de las empresas— no tengan ni voz ni voto. Esta situación es incompatible con el mayor valor de la sociedad occidental, la democracia. Por esto, las grandes empresas deberían a medida que se hacen más grandes ser democratizadas e implantar la cogestión de la sociedad. Podría, por ejemplo, ser de la siguiente manera:

a partir de doscientos cincuenta empleados, el personal y la sociedad obtienen el 25 por ciento del derecho de voto;

a partir de quinientos empleados, el 50 por ciento del derecho de voto;

a partir de 1.000 empleados, dos tercios del derecho de voto;

a partir de cinco mil empleados, el derecho de voto se reparte equitativamente entre propietarios, empleados, clientes, representantes de la comisión por la igualdad entre hombres y mujeres y representantes del medio ambiente.

En las grandes empresas ya hay actualmente participación de los empleados, pero ésta se reforzaría. El reto mayor es la participación de la sociedad, aunque ésta también ya existe: el estado federado de Baja Sajonia retiene un minoritario 20 por ciento con capacidad de veto en Volkswagen, seguro que no para dañar a la empresa. Pero la propiedad estatal administrada por el gobierno genera, y con razón, el malestar de muchas personas. Dependiendo del gobierno, la empresa se conduciría a veces en una dirección y a veces en otra y, en el peor de los casos, se le daría un uso inapropiado.

Mejor sería por tanto que un organismo social independiente del gobierno guiara a las empresas. Se podría concebir un parlamento económico regional que, actuando como representante del pueblo soberano, participara en el consejo de administración de todas las grandes empresas de una región. Los «consejeros del pueblo» tendrían que reunir altos requisitos de cualificación tanto en dirección de empresas como en ética y servicio al bien común. Tendrían que presentar informes periódicos de cómo usan su capacidad de voto para el bien de todos. Con esto se consigue un sistema público político-económico que no se ocupa de la cotización de las acciones, sino de la satisfacción de las necesidades y del control de inversiones.

Si el sistema público y los empleados se responsabilizan en función del tamaño de la empresa progresivamente de la toma de decisiones, también sería justo que en caso de pérdidas también se hicieran cargo. Libertad y responsabilidad deberían ir unidas. En la crisis bancaria y económica de 2008, los propietarios privados tomaron las decisiones y el pueblo soberano sufrió las pérdidas. Esto es igual de erróneo que una situación inversa. Por eso, el sector público tiene que asumir responsabilidad económica en la misma medida en que participa en las decisiones. Si no quiere, puede reducir la empresa de nuevo y así «privatizarla completamente». Los propietarios individuales conservan la misma libertad: si quieren ser los únicos que toman decisiones, entonces tienen que mantener la empresa con un tamaño adecuadamente pequeño. En Austria una de cada mil empresas tiene más de quinientos empleados. Con los límites propuestos, 999 de mil empresas seguirían en poder discrecional privado y propiedad privada en su mayoría.

Participación de los empleados

Un objetivo a largo plazo de la economía del bien común es que el mayor número posible de personas se conviertan en socios de la empresa y que la dirijan compartiendo responsabilidades incluido el riesgo de pérdidas. La democracia no sólo significa que todos puedan opinar, sino también que todos asuman responsabilidad y el riesgo común. Las empresas más pequeñas deberían ser recompensadas —pero no obligadas— cuando hagan participar a aquellos empleados que quieran asumir responsabilidad y riesgos. A menudo se argumenta que no todos quieren; tampoco tienen la obligación. Pero nadie puede afirmar que no haya absolutamente ningún empleado que no quiera tener participaciones en la propiedad ni asumir responsabilidad financiera. Se les puede ofrecer la posibilidad de que aproximadamente año tras año un 1 por ciento o menos del patrimonio de la empresa se transfiera a un fondo de colaboradores, sobre el que los empleados como propietarios con plenos poderes puedan tomar todas las decisiones. Si las empresas hacen algo así, obtienen puntos adicionales en el balance del bien común.

Vinculación de los beneficios a la empresa

Según el derecho actual, los propietarios de las empresas se pueden apropiar del beneficio total que ha sido producido por todos los colaboradores. Esto se justifica —junto al concepto de propiedad privada— mediante la inyección de capital efectuada por los empresarios y, con ello, el riesgo asociado de pérdida de capital. A menudo el empresario aporta más rendimiento que los empleados, a veces menos.

Indiscutiblemente, en empresas cuyo tamaño crece aumenta el aporte de los no fundadores al rendimiento. Por eso, el beneficio no debería fluir eternamente hacia los fundadores en exclusiva, ya que ellos sólo son responsables de una (tímida) parte del éxito, sino que debe reducirse en la misma medida en que aumentan los aportes de otras personas al éxito de la empresa. Podría ser por ejemplo así:

a partir de diez empleados baja la parte del beneficio que se puede quedar el fundador en un 1 por ciento al año;

a partir de veinte empleados, en un 2 por ciento;

a partir de treinta empleados, en un 3 por ciento;

a partir de cincuenta empleados, en un 4 por ciento;

a partir de cien empleados, en un 5 por ciento al año.

Después de veinte años, el fundador de una empresa con cien empleados no tendría, matemáticamente, ningún acceso al beneficio. Una diferenciación importante: se trata del beneficio del balance, no de la remuneración como empleado de su empresa. No cambia que el fundador se pueda asignar un sueldo/salario como trabajador, por ejemplo de diez veces el salario mínimo. La idea desarrollada aquí no tendrá ningún impacto en la aplastante mayoría de pequeñas empresas, se trata sólo de evitar que los propietarios de las grandes empresas efectúen una desproporcionada retirada de beneficios para su enriquecimiento personal. Me refiero en especial a los de herederos que no han construido la empresa pero ahora la dirigen y que junto a su salario también se apropian de parte del beneficio. Muchos negocios familiares incluso hoy en día no reparten, por principio, los beneficios. Ponen en práctica voluntariamente el nivel más alto de lo que se está proponiendo aquí. Viven manifiestamente el valor de que a) los beneficios permanecen en la empresa y b) todos los que trabajan deben percibir por ello (sólo) un salario, incluidos los fundadores de la empresa.

Por otra parte, hay personas que fundan una empresa con el objetivo de que se convierta en un plan de pensiones. De forma complementaria se podría formular una excepción a la norma de «ningún rendimiento del capital». Los fundadores de una empresa, cuando llegan a la edad de jubilación, pueden percibir una renta —limitada— de los ingresos de la empresa que fundaron durante más o menos los mismos años que estuvieron en ella. Por ejemplo, quien ha estado veinticinco años en una empresa que ha fundado disfruta durante otros veinticinco años de una «renta de fundador». Ésta se sumaría a la pensión legal, que por sí sola debería bastar para vivir una vejez digna, y a los ahorros obtenidos durante la constitución de la empresa. La cuantía de la renta de los fundadores debe ser calculada teniendo en cuenta cuánto dinero el fundador ha obtenido ya de la empresa en la fase constitutiva. Ése es el quid de la cuestión: el que no ha tomado nada de la empresa durante su estancia en ella debe obtener una renta más alta que aquel que desde el principio ha sido generoso consigo mismo y ha podido acumular ahorros mayores y, por tanto, está mejor preparado para mantenerse en la vejez.

Limitación del derecho de herencia, fondos intergeneracionales, «dote democrática» o impuesto de sucesión negativo

««El impuesto de sucesión sirve también

como medio de evitar la acumulación de patrimonios ingentes en una sola persona».

Constitución del Estado Libre de Baviera, artículo 123.

El (ilimitado) derecho de herencia anula la única retroacción negativa «natural» del capitalismo: que el patrimonio constituido y concentrado de nuevo se desconcentre y se reparta. Tal vez éste sea el mayor obstáculo en el camino hacia una sociedad democrática, igualitaria y con las mismas oportunidades para todos.

El desmedido derecho de herencia conduce a que algunos de nosotros entremos en la vida laboral con un capital inicial de muchos miles de millones de euros, y otros sin nada (y además en condiciones traumáticas y con una devaluada autoestima). Hasta el año 2001 sólo un 15 por ciento de adultos en Alemania disfrutaban de una donación o herencia[41]. Un 85 por ciento según los datos está excluido de los derechos de herencia. Ya que el patrimonio, en una concentración elevada, representa un factor de poder, la desigualdad económica favorece a la política: compare las posibilidades de participar en la política del descendiente de la reforma Hartz IV con las de los hijos e hijas de Rupert Murdoch, Silvio Berlusconi, Ferdinand Porsche o Amancio Ortega. ¿Quién va a llegar más lejos en la vida? Las investigaciones sobre élites muestran que, por regla general, los directivos de mañana son los hijos e hijas de los directivos de hoy, y no los más capacitados. Un 80 por ciento de los directivos de las cien mayores empresas de Alemania provienen como mucho de un 3 por ciento de la población. En 2003, sólo uno de los directores de las treinta empresas del DAX procedía de la clase obrera. De ahí la afirmación, como en época feudal, del investigador de élites Michael Hartmann: «Para directivo se nace»[42].

¿No sería más justo y productivo que todos pudieran empezar partiendo de las mismas condiciones? Visto con sobriedad, hay dos posturas extremas en relación con el derecho de herencia:

1. La postura feudal. La cuna decide por sí sola quién y cuánto hereda alguien, y quién nada. La capacidad, el rendimiento o la igualdad de oportunidades no cuentan. Éste es actualmente el derecho de herencia —ilimitado— en Alemania, Austria o España.

2. La postura liberal. Todos empiezan con las mismas condiciones, y el rendimiento decide quién consigue un patrimonio grande y quién no. Esta postura expone la impecable abolición del derecho de herencia o, dicho de otra manera, el reparto igualitario entre todos de la herencia.

La economía del bien común evita los extremos. Ni conserva el principio feudal ilimitado, ni elimina completamente el derecho de herencia. La solución puede estar a mitad de camino: El hecho de herencia se mantiene hasta ciertos límites. Los activos heredados que excedan ese límite se traspasan a un «fondo intergeneracional» público, cuyo contenido se repartirá de manera equitativa, como una «dote democrática», entre los descendientes de la siguiente generación. El límite mínimo se podría poner en las herencias monetarias y de inmuebles, por ejemplo, en 500.000 o 700.000 euros por persona (cuantías que se acordarían por la convención).

El patrimonio heredado alcanza anualmente en Alemania entre 130.000 y 200.000 millones de euros[43], aproximadamente una quincuagésima parte de los activos totales de 8,1 billones de euros[44]. Si se repartiese equitativamente entre todos los que se inician en la vida laboral, cada uno percibiría unos 200.000 euros, una buena cantidad para empezar.

Evidentemente la cuantía se reduce, porque las herencias de hasta 500.000 o 700.000 euros no se repartirían. La «dote democrática» se rige por el reparto: cuanto más concentrados los activos estén, menos pero más grandes patrimonios se «desconcentran» y se reparten; quien herede por ejemplo 15.000 euros obtiene sólo la diferencia hasta la media de la «dote democrática» como un «impuesto de transmisión negativo» (parecido a un complemento al sueldo para llegar al salario mínimo). Cada año que aumenten los activos de la economía nacional aumenta también la media de la cuantía de la «dote democrática». Por el contrario, si se mantuvieran los derechos de herencia ilimitados, las condiciones para empezar, y con ello las relaciones de poder, serían cada vez más injustas. Pronto habría herederos multimillonarios y una infinitud de desposeídos: el fin de la libertad.

Inmuebles

La particularidad de que se estime que dos tercios de los activos nacionales sean inmuebles es el único y difícil motivo para mantener el derecho de herencia de los bienes privados hasta un cierto límite. Si no, se podría abolir completamente el derecho de herencia para proporcionar a todo el mundo una «dote democrática» idéntica y crear, como mínimo, unas condiciones financieras iguales para empezar. Evidentemente esto no tendría sentido con los inmuebles, porque se tendrían que entregar casas habitadas; no parece muy humano. Con un importe exento de 500.000 euros el problema estaría virtualmente resuelto: según el Banco Nacional Austriaco a) sólo el 50 por ciento de la población posee un inmueble y b) sólo el 5 por ciento de la población tiene una casa cuyo valor supere los 450.000 euros[45]. Esto significa que sólo el cinco por ciento de la población se vería afectado por la limitación del derecho de herencia y estarían ante la disyuntiva de o bien repartir la casa heredada que vale más de 500.000 euros con otros herederos (que también tienen derecho a heredar) —por ejemplo, una casa valorada en 850.000 euros podría dejarse en herencia a dos hijos— o si una sola persona quisiera quedarse con esa enorme casa tendría que abonar a la mayoría la cantidad que exceda de 500.000 euros del valor de la casa: a los fondos intergeneracionales. Hoy en día esto pasa a menudo: un inmueble que se lega por partes iguales a varios hijos suele pasar a un solo heredero, que tiene que abonar a los demás sus cuotas hereditarias.

Transmisión hereditaria de empresas

Y ahora el mayor reto: la herencia de empresas. En la actualidad, las empresas —también las grandes multinacionales sin importar el tamaño que tengan— pueden ser heredadas por los descendientes totalmente libres de impuestos. No se tienen en cuenta ni la formación, ni la capacidad personal, ni el rendimiento, ni la responsabilidad social. Es extremo.

Prominentes críticos como el multimillonario estadounidense Warren Buffet nos ponen sobre aviso: «¿Encuentran eficiente que los miembros de la selección nacional de fútbol de mañana sean los hijos de los jugadores de hoy en día? ¿Lo encuentran justo?» Hoy por hoy, el derecho de herencia lamentablemente funciona así. El ilimitado derecho de herencia conduce a que la mayoría de las empresas creadas hoy por empresarios sean mañana dirigidas por personas que sólo están «cualificadas» para ello por ser el hijo o hija del propietario. Además, éste no tiene ni tan siquiera por qué ser el fundador de la empresa, pues la puede haber comprado o heredado. En una sociedad de rendimiento justo en la que cada uno debería poder conseguir su patrimonio a través de su propia fuerza e ingresos tiene tan poco sentido como en una sociedad democrática en la que todos deben encontrar iguales condiciones económicas de inicio y las mismas posibilidades de participar.

En la economía del bien común la meta es que la propiedad de las empresas se conserve repartida entre el mayor número posible de personas. Por ello, se incentivan estructuras empresariales democráticas, y se cree de hecho que el número de cooperativas o de formas jurídicas empresariales similares va a crecer cada vez más. En estos casos se suprime la problemática de la herencia. Las partes de una cooperativa son por lo general muy pequeñas.

Con las sociedades anónimas tampoco habría ningún problema, porque se les puede otorgar un valor, excepto, claro, el conjunto de acciones que supere el límite establecido en el derecho de herencia. El exceso iría al fondo intergeneracional. Otro caso especial es el de las sociedades anónimas creadas por los propios padres.

El asunto se plantea realmente complicado sólo con las empresas familiares. Como un compromiso entre la postura liberal (igualdad de condiciones) y la tradición familiar (feudalismo burgués) se podría confeccionar un derecho de herencia según el cual los miembros de la familia podrían heredar partes de la empresa por un valor máximo de diez millones de euros (valor inicial). Lo que exceda de esta cantidad se reparte de la siguiente manera:

Al patrimonio colectivo de los empleados que sustentan la empresa y en parte también han ayudado a constituirla (a diferencia de algunos propietarios); esta solución da puntos del bien común.

A personas elegidas que no formen parte de la familia, que estén preparadas para asumir la responsabilidad de la empresa. Aquí de nuevo se tiene en cuenta el límite del medio millón de euros y se trataría como una «dote democrática».

Al fondo intergeneracional, y de éste, en forma de «dote democrática», a personas que quieran trabajar en esa empresa y que pasarían a tener una pequeña parte de ella.

Para el patrimonio agrícola es válida una normativa especial de la que hablaremos más tarde, la «naturaleza en propiedad».

Un negocio familiar dirigido por cinco miembros de una familia podría dejarse en herencia «libre de impuestos» hasta el valor de cincuenta millones de euros. Pese a este compromiso en el límite, esta propuesta despierta (todavía hoy) fuertes reacciones emocionales. A menudo se contraargumenta con que los padres ya no tendrían ningún incentivo para crear una empresa si ésta no puede ser legada en su totalidad a sus hijos. Si esto fuera realmente así, entonces se demostraría que los seres humanos no se comportan de manera esencialmente egoísta, como se supone permanentemente, sino que se esfuerzan sólo por los demás, por sus hijos. Las personas sin hijos, según esta lógica, no tendrían ningún incentivo para ser productivos. Esto es una contradicción diametralmente opuesta a la ideología capitalista de los últimos doscientos años: cada uno se esfuerza por sus propias necesidades y beneficios; y justo de ahí esperamos la mayor eficacia del sistema.

No es nuevo que los empresarios no tengan hijos o que sus hijos no quieran continuar con la dirección de la empresa. No pocas veces se rompe una familia entera e incluso todo el clan por la sucesión de una empresa. En estos casos, la empresa se podría transmitir a aquellos que quieran trabajar en la empresa y asumir la responsabilidad de la misma (dado el caso, también las deudas); si hubiera hijos pero éstos no entrasen a formar parte de la empresa heredada, tendrían derecho a recibir la «dote democrática» completa. Se podría impedir la especulación de heredar e inmediatamente vender la empresa (a particulares) si sólo puede heredar una parte de la empresa aquel que lleve trabajando de facto y como mínimo tres años en el negocio. Las empresas no son juguetes, deben ser dirigidas por aquellos que, con su trabajo y su energía vital, proporcionan un valor añadido.

¿Cuál es el objetivo de estas propuestas? Un reparto justo del patrimonio de las empresas; una relación más estrecha entre rendimiento por un lado y responsabilidad y propiedad por el otro; y la democratización de las empresas y, con ello y por último, el cambio de las relaciones capitalistas por estructuras más democráticas. La libertad del individuo, en suma, no se restringe, se aumenta. La «pérdida de libertad» de un heredero que no pueda heredar en solitario la empresa de papá, ni pueda dirigirla independientemente de que esté cualificado o no, representa por el contrario la «ganancia de libertad» de innumerables personas que hoy por hoy no tienen ni herencia ni medios para entrar en la vida laboral activa (aunque sus padres hayan estado durante décadas aportando su trabajo al rendimiento de otras empresas). A lo mejor, estas personas trabajan para estos herederos de empresas que no han aportado nada a la constitución de la misma pero que debido al derecho de transmisión ahora poseen, apropiándose además del trabajo de aquellos que no han heredado nada, y que por eso tienen que trabajar para los demás: esclavitud estructural. En la actualidad, la única alternativa que tienen aquellas personas sin herencia para no vender su propio trabajo es fundar ellos mismos una empresa, y que ésta tenga éxito. Pero no todas las personas, por motivos muy diferentes, están en disposición de poder hacerlo. Muchos se ven forzados a trabajar para otros y entregarles la plusvalía de su trabajo; el capitalismo por esto es sistemáticamente una estructura no libre y explotadora. Que todos tuvieran opción de convertirse en empresarios y que, por lo tanto, aquellos que renunciasen a esa opción consecuente y voluntariamente trabajaran para otros es un posible inconveniente completamente ajeno a la realidad, porque no todas las personas poseen las características necesarias para fundar una empresa. No hay igualdad de condiciones porque las personas tienen una salud, capacidad, educación y medios diferentes: todas ellas diferencias de las que no tienen la culpa. El argumento «todos podrían», si se piensa bien, no es lógico. Porque, si realmente todos pudieran asumir el riesgo empresarial que se pretende siempre que sea una decisión voluntaria, no habría «trabajadores por cuenta ajena». Nadie podría ni tan siquiera contratar a un trabajador o un aprendiz; la división de puestos de trabajo de la economía de mercado no funcionaría. El aporte de los «trabajadores por cuenta ajena» al producto de la economía es por tanto tan valioso e irrenunciable como el de los autónomos y empresarios, y debería en consecuencia valorarse y recompensarse de la misma manera o, incluso mejor, organizarse de otra manera. Con derecho a voto y a propiedad para todos, en vez de que sea una minoría la que pueda tomar todas las decisiones y apropiarse de la plusvalía de los demás con el argumento general —a veces acertado y otras veces falso— de que ellos rinden más, que asumen más riesgos y responsabilidad. Sería sistemáticamente más lógico y justo que:

a) como mínimo, las decisiones fueran tomadas por todos los trabajadores o inversores de forma conjunta;

b) el beneficio se repartiera entre todos los trabajadores y aquellos que aporten valor añadido;

c) el máximo número posible de personas tuviera participaciones en los activos y con ello también compartieran el riesgo empresarial.

A menudo se argumenta de forma refleja contra unas empresas más democráticas que «muchos no quieren asumir ningún tipo de responsabilidad» y que «no todos están en condiciones de dirigir». Tampoco tienen por qué. Tan sólo deben poder participar en la elección de la persona que debe dirigir la empresa. Una directiva esencialmente democrática no supone ningún problema en una típica pequeña empresa de cinco trabajadores. En grandes empresas de trescientos empleados, seguro que surge alguno que «sólo» quiera cumplir con su trabajo. Y no hay ningún inconveniente en ello, pero incluso así deben tener derecho a participar junto a aquellos que toman las decisiones. Entonces, gobiernan las personas y no el capital.

Volviendo a las empresas familiares. Que las empresas no se transmitan exclusivamente a los hijos sino a una asociación democrática de propietarios no quiere decir en absoluto que los hijos no puedan (co)dirigir la empresa. Tan sólo que no obtienen un derecho automático —como la sucesión dinástica al trono—, sino que tienen que probar que son dignos de la responsabilidad del puesto, presentar su candidatura y convencer a los empleados de que son los más apropiados para las tareas directivas. Esto quiere decir que en la economía del bien común también los hijos pueden hacerse cargo de las empresas fundadas por sus padres (o abuelos), siempre y cuando sean los mejores para ello, véase a Warren Buffet. Cuando otros son mejores, el derecho de herencia ya no da lugar a la transmisión de la posesión ni a que nadie asuma automáticamente la dirección. En definitiva, se trata de un paso pendiente desde la época feudal que hasta ahora —debido a un adoctrinamiento intensivo— no hemos conseguido superar.

Con las medidas propuestas, uno de los problemas centrales de la actualidad —el reparto desigual del capital y, con ello, la gran concentración de poder en grandes corporaciones y particulares— se descentralizaría y se retroalimentaría negativamente de dos maneras: mediante la democratización interna de las empresas y la socialización progresiva de los medios de producción con el tamaño creciente de las empresas. El resultado sería una economía más democrática y equitativa: más personas podrían participar y contribuir, se tendría en cuenta la opinión y capacidad de más gente, se apreciaría el valor de más personas que hasta ahora —no sólo con una palmada en la espalda sino también con derechos legales de propiedad y participación.

Donaciones

Algunos pueden objetar que los límites propuestos para el derecho de sucesión se pueden esquivar fácilmente, por ejemplo, si los padres en vida regalan a sus hijos varios millones. Estos intentos de fraude se pueden evitar también fácilmente si, de manera análoga al derecho de transmisión, se instaura un límite de cuantía hasta el que las donaciones estén exentas. Se deja a criterio de los padres regalar 500.000 euros a sus hijos. Pero estos regalos serán computables a la herencia. Aparte de esto, podría darse el caso de que los padres dieran trabajo a los hijos en las empresas propias y les asignaran unos salarios desorbitados. Sin embargo, este fraude me parece realmente poco probable, porque tropieza con varios impedimentos y barreras:

a) por ejemplo, con la barrera legal de tener un sueldo con una cuantía máxima de diez veces el salario mínimo;

b) tener una propiedad privada máxima de, por ejemplo, diez millones de euros;

c) los padres deben someter los salarios extremos a los órganos ejecutivos y administrativos para su aprobación, lo que parece cada vez más difícil e improbable con la democratización progresiva;

d) las participaciones en empresas no se pueden sin más convertir en «efectivo». Se tendría que vender la empresa, lo que, de nuevo, es cada vez más improbable debido a la democratización.

Naturalmente, al introducir un nuevo orden social y económico, debemos reflexionar acerca de cómo se pueden sancionar las transgresiones de este sistema. Hemos comprobado que no hay ningún ámbito en el que estemos tan dispuestos a hacerlo como en el de la propiedad privada. El que actualmente quiera «eludir» el tutelaje del patrimonio privado tiene que contar con fuertes multas, persecución de la justicia y cárcel. Consecuentemente en la economía del bien común ya no habrá más normativas y leyes de la propiedad, sino que habrá otras diferentes. (La participación mínima de todos se cuidará de una forma tan cuidadosa como se hace hoy en día con la ilimitada propiedad privada.)

Bien comunal democrático

Junto a una mayoría de las pequeñas empresas privadas y a un pequeño número de las grandes empresas de propiedad mixta, tiene que haber en la economía del bien común una tercera categoría de propiedad: propiedad común pública. Pero no en la forma habitual. En la época de posguerra, el Estado construía y gestionaba carreteras, ferrocarriles, redes eléctricas, suministros de agua y de gas, universidades, colegios, hospitales, servicios de correos, líneas telefónicas («servicios de interés general» o «servicios públicos»). Desde la década de los ochenta este sector público se ha liberalizado y privatizado progresivamente. Es un proceso que actualmente se encuentra en su punto más álgido y frente al cual se están llevando a cabo protestas y desarrollando tendencias contrarias[46]. Mi propuesta no es regresar a un sistema de servicios públicos tal y como los conocíamos, sino que la población controle y dirija directamente los sectores esenciales de la economía. Para esa idea he aportado a la discusión el término «bien comunal moderno». En inglés se utiliza a nivel internacional el término «commons»[47]. Un bien comunal —como un «common»— es tradicionalmente un bien colectivo que pertenece a todos. En la Edad Media consistía característicamente en una parte de un bosque o de una pradera, de libre disposición para todos los habitantes de la aldea. De ahí podrían sacar su inspiración los «modernos» o «democráticos bienes comunales» de trenes o correos, universidades, servicios públicos, guarderías e incluso los bancos. Los propietarios soberanos ejercerían responsabilidad en estos negocios tomando las riendas de la dirección de estas empresas ellos mismos. Cómo podría funcionar se puede estudiar en algunos ejemplos internacionales con éxito. En Sacramento, la capital del estado de California, la compañía suministradora de energía SMUD abastece a 1,5 millones de personas con electricidad; el consejo directivo de la compañía eléctrica se elige democráticamente. Éste tiene por tanto que regirse según las prioridades de la población, lo que logra de manera excelente. SMUD está constantemente a la cabeza de Estados Unidos y bastante por encima de los estándares mínimos legales en California en los temas que importan a la población, como el cuidado del medio ambiente y servicios de calidad. En las cuestiones importantes, los propietarios pueden decidir por sí mismos: en 1989 SMUD preguntó a los ciudadanos-propietarios si la única central nuclear propia debía seguir o si, por el contrario, se debería plantear buscar un nuevo camino hacia energías alternativas. La mayoría de los proveedores se decantó por cerrar la central nuclear en favor del uso masivo de otras fuentes de energía ecológicas. El éxito de esta decisión «soberana» se aprecia hoy en día con claridad.

Los suizos obtuvieron vía democracia directa un éxito similar en medio ambiente. En los años ochenta el gobierno quería reducir la red ferroviaria y privatizarla, como en Alemania. Pero en Suiza el pueblo soberano ejerció su derecho de veto. El presupuesto previsto de miles de millones para la construcción de carreteras se desvió para la construcción de vías ferroviarias. Suiza cuenta hoy por hoy con el mejor y más valorado sistema ferroviario del mundo.

Un tercer ejemplo. En la ciudad brasileña de Porto Alegre se elabora el presupuesto comunal con la intervención de la población («presupuesto participativo»), y el servicio de suministro de agua se ha organizado como una «Public Popular Partnership» (asociación pública popular). En esta alternativa PPP trabajan conjuntamente la administración municipal y la población. El resultado es igual de sensacional que en California: un 99 por ciento de la población está conectado a la red de agua potable, el índice de acometidas del canal ha alcanzado un 70 por ciento. Gracias a que los ricos que riegan sus campos de golf o llenan sus piscinas tienen que pagar fuertes tarifas que aumentan progresivamente, no sólo los pobres son abastecidos con agua potable con tarifas reducidas, sino que además la empresa popular no necesita ayudas del presupuesto comunal: sin un céntimo del dinero de los impuestos.

En relación con la organización del «bien comunal democrático» me planteo un organismo directivo directamente elegido de entre los representantes de las autoridades («Estado»), de los empleados y de los usuarios así como una delegada de la comisión por la igualdad entre hombres y mujeres y un consejero. Las «clásicas empresas estatales», controladas por el gobierno o por los alcaldes, no deben existir en la economía del bien común. Una asamblea democrática para los servicios públicos podría definir los ámbitos de negocio que pertenecen al sector público del bienestar y fijaría las reglas de gestión para su organización.

Naturaleza en propiedad

El hombre no ha creado la naturaleza, ni los bosques, ni los animales, ni las plantas. Puede usarla, pero cuando no pone cuidado destroza sus bases fundamentales de sustento y a sí mismo. Sólo si cumplimos ciertos requisitos —empatía ecológica— se nos permite ser invitados de la tierra. Este respeto se podría expresar no permitiendo que ninguna persona tenga naturaleza en propiedad, sobre todo suelo[48]. Evidentemente, quien necesite o explote terrenos para necesidades concretas podría usar una superficie limitada y sin coste. Esta conducta hacia la propiedad puede impactar en especial a los granjeros, que están habituados a ser dueños de su parcelita de tierra. Pueden pensar que ya no se valora su fructífero trabajo. Pero la «posesión» permanece, lo que vuelve a la naturaleza es la «propiedad». Para ellos no cambia nada, es más, se vuelve más barato, porque no tienen que pagar impuestos sobre la tierra. Ésta es la expresión máxima de cómo la sociedad aprecia su valioso trabajo. A cambio, la superficie que se le asigne a una persona para su explotación estará limitada. De forma más concisa, podría ser así:

a) Los municipios regulan el reparto de superficies destinadas a la explotación.

b) Todas las personas tienen derecho a una superficie destinada a vivienda hasta el límite máximo, por ejemplo, de 10.000 metros cuadrados. El uso de dicha superficie se puede adquirir por una tasa fija por metro cuadrado. Estas superficies se pueden intercambiar por otras superficies dentro de las limitaciones de tamaño, pero siempre con el fin último de ser habitadas.

c) Los negocios agrícolas tienen derecho a terreno hasta un tamaño determinado y sin costes, con la condición de que sea explotado cuidadosamente. También aquí podría tener impacto el balance de la economía del bien común, por ejemplo sobre el tamaño del terreno cedido para la explotación: otro efecto de control del balance del bien común.

d) Empresas de otros sectores —de la misma manera que los particulares— pueden adquirir la superficie que necesiten para sus oficinas y lugares de producción pagando unas tasas de explotación. A cambio se pueden suprimir los impuestos sobre bienes inmuebles.

Los efectos de estas medidas serían:

1. Se incentiva valorar la naturaleza. Bolivia es el primer país del mundo que, en su Constitución de 2009, se ha pronunciado a favor de dar un valor propio a la naturaleza[49]. Algo que tiene «valor propio» no puede ser propiedad de otro.

2. Se reduce la extrema desigualdad en el reparto de la propiedad inmueble: actualmente un 10 por ciento de la población austriaca posee dos tercios de la totalidad de bienes inmuebles. La mitad de los austriacos no posee ningún bien inmueble.

3. La transmisión hereditaria de las granjas se simplifica porque ya no existe la propiedad de la tierra, sino que el reparto va unido a la explotación y no hay que abonar las cuotas de los coherederos. Además, se suprimen los impuestos sobre bienes inmuebles.

Libertad e igualdad

En el capitalismo neoliberal se contempla la propiedad privada como una de las mayores libertades, y por eso se presenta como absoluta. Pero la igualdad —en el sentido de derechos equivalentes para todos los hombres en lo que concierne a la vida, las oportunidades y la libertad— es un valor superior a la libertad, porque una libertad demasiado grande puede poner en riesgo la libertad de otro. Si corro muy de prisa («libertad de movimiento»), ofendo a los demás («libertad de opinión»), daño («libertad para enfadarme»), abuso de una mujer («libertad del instinto») o reclamo mucho espacio y bienes («libertad de posesión»), entonces estoy limitando la libertad de los demás, e incluso amenazando sus vidas. La igualdad es por lo tanto un principio absoluto; la libertad, uno relativo. Existe un principio de limitación para la libertad, pero no para la igualdad. Respecto a la propiedad, esto significa que todas las personas deberían tener el mismo derecho a una propiedad limitada (en lo necesario para vivir bien), pero nadie debería tener derecho a una propiedad ilimitada. Todos estarían de acuerdo con este razonamiento como muy tarde una vez alcanzada una desigualdad extrema: cuando una única persona sea dueña del mundo entero y no quede nada para los demás. La libertad es importante, pero más importante es que el derecho de todos a la libertad sea el mismo. Por esto, el derecho a la propiedad tiene que estar relativamente limitado.

V
Motivación y sentido

Motivación

Una de las reservas más habituales cuando se oye hablar por primera vez de la economía del bien común es la preocupación de que se estanque la motivación en la economía si las empresas ya no pueden aspirar a un ilimitado beneficio financiero y las personas no pueden priorizar sus propios intereses; si se elimina la «competencia», ¿de dónde van a salir los incentivos del rendimiento, la innovación y el bienestar?

Estos recelos nacen de la imagen capitalista (socialdarwinista) del ser humano según la cual éste se motiva principalmente mediante el egoísmo y la competencia. Si nadie supone una amenaza competitiva, entonces las personas trabajan a medio gas o están mano sobre mano; no saben qué hacer con su vida si no se pueden medir y comparar con alguien; si no son empujados por el miedo a perder su estatus o desean prestigio y superioridad. En esta imagen del ser humano no existen, o casi, la motivación intrínseca, la curiosidad infantil, la inspiración, la creatividad espontánea o la preocupación por el bien de los demás. Antes de entrar en estos recelos científicamente no consistentes, y sin entrar en contradicción con que muchos de nosotros conozcamos personalmente a alguien que sea un «capitalista tipo» y se comporte como tal (porque no ha aprendido a hacerlo de otra manera), empecemos por ser totalmente pragmáticos:

El motivo básico y más habitual en una economía del bien común para entrar a formar parte de una empresa o fundarla no es otro que el hecho de que las personas necesitan invariablemente ingresos monetarios. La obligación de trabajar no desaparece, aunque se debilita, puesto que a la «dote democrática» y a la reducción de la jornada laboral también se suman cuatro años sabáticos. Los ingresos solidarios son suficientes para llevar una vida digna, pero no una «buena vida». El que desee tener una buena vida tiene que hacer algo al respecto. En cualquier caso, el escenario para encontrar un trabajo remunerado será completamente diferente y mucho más favorable que ahora. Las personas en la economía del bien común a) podrán contribuir y codecidir más, porque se difuminan los papeles de «empresario» y «empleado»; b) encuentran más sentido en el trabajo remunerado gracias a la nueva meta principal de todas las empresas; c) están menos estresadas y presionadas; y d) las empresas no entran en competencia feroz unas con otras ni tienen que perseguir tener un mayor beneficio que las demás, con lo que no tienen que destruir puestos de trabajo. Al revés, en caso de desempleo estructural, el balance del bien común se ajusta de tal manera que las empresas se verán más fuertemente recompensadas si crean puestos de trabajo adicionales.

Se siguen consiguiendo ingresos a través de las empresas privadas hasta un múltiplo concreto del salario mínimo interprofesional, según la cuantía acordada por el pueblo soberano. Por lo tanto, para aquellos que le dan mucha importancia al dinero se mantiene invariable el incentivo necesario para conseguir un trabajo o fundar una empresa. Como el salario mínimo se cuantificará de manera que sea suficiente para tener una vida digna —por ejemplo 1.250 euros mensuales—, alguien que desee más dinero tiene la posibilidad de ganar hasta, por ejemplo, diez veces más de lo que es necesario para vivir bien. Al limitar el derecho de herencia y puesto que ya no se premia la posesión sino sólo el trabajo, los ingresos sólo se obtienen con rendimiento real. Para tener unos ingresos más altos, se debe rendir realmente más. La propiedad en sí ya no sirve.

Investigaciones sobre la felicidad han demostrado que a partir de un determinado nivel, unos ingresos elevados no hacen más feliz a la gente, por lo que no pueden ser una motivación coherente. Según algunos estudios internacionales, el umbral está en unos ingresos anuales de 20.000 dólares estadounidenses, que no llega ni al doble del aceptado salario mínimo interprofesional de 1.250 euros al mes[50]. El umbral más alto que conozco es de 290.000 dólares estadounidenses al año[51], veinte veces el salario mínimo propuesto. Los ingresos que excedan ese límite no aportan un aumento demostrable de la felicidad vital. Tampoco incrementan el rendimiento. La media de lo que cobran los 45 directivos de Toyota mejor pagados es de 320.000 euros[52]. ¿Puede alguien suponer que los coches serían mejores si ganaran 3,2 millones, o incluso billones, de euros?

No sólo las investigaciones sobre la felicidad sino también las realizadas en el ámbito psicosocial y neurobiológico concluyen que las personas se motivan más intensamente con otros factores distintos del dinero. Entre otros, la autonomía, la identidad, la competencia, la aportación, la comunidad y las relaciones.

a) Autonomía. Las personas anhelan libertad en el sentido de poder considerar y articular libremente sus sentimientos, necesidades y pensamientos. Nadie desea que se restrinjan sus características básicas como ser humano. El «dinero» no es una característica propia de la naturaleza humana; el dinero no es ni un sentimiento ni una necesidad básica ni un pensamiento creativo del individuo.

b) Identidad. Todos los seres humanos son únicos. Un posible sentido de la vida es encontrar esa singularidad y desarrollarla. No se trata de ser mejor en lo mismo, sino diferente en lo personal. No se trata de ser mejor en lo mismo, sino diferente en lo desigual.

c) Competencia. Es una necesidad básica reconocer las capacidades que se esconden en nosotros mismos, para incentivarlas y desarrollarlas. Esto debería motivarnos. Esto funciona igual de bien —o incluso mejor— en estructuras cooperativas en estructuras competitivas.

d) Aportación. Cada persona puede aportar algo a un todo, y cada persona quiere aportar algo. A través de la aportación de cada uno se crea sentido, y a través de las aportaciones de todos se crean colectividades y abundancia.

e) Comunidad. Los seres humanos son seres sociables. Prefieren morir a tener que preocuparse por sobrevivir aislados de los demás[53]. Nuestro cerebro está programado sobre una red social. La comunidad satisface necesidades básicas como la sensación de protección, la seguridad, la sensación de ser apreciado, el reconocimiento, que nos escuchen.

f) Relaciones. «Las relaciones con éxito son el objetivo desconocido tras el que se hallan todos los esfuerzos humanos», escribió Joachim Bauer[54].

Éste es el resultado de las investigaciones neurobiológicas actuales. Yo compruebo estas deducciones una y otra vez en las conferencias e intento que los presentes reflexionen para sí mismos e identifiquen la situación en la que han sido más felices hasta la fecha. Continuamente se mencionan momentos de afecto y experiencias de cuatro tipos referentes a relaciones exitosas:

Relaciones exitosas consigo mismos

Relaciones exitosas con otras personas

Relaciones exitosas con la naturaleza

Relaciones exitosas con un todo

Las palabras clave que salen más a menudo —junto con experiencias intensas relacionadas con la naturaleza como playas, puestas de sol, cimas de montañas o jardinería— son «nacimiento», «amigos» y «relación de pareja», es decir, relaciones interpersonales exitosas. Estas experiencias también se pueden definir como un objetivo en la economía, ser valoradas y recompensadas con ventajas legales. No sería muy inteligente por nuestra parte no aplicar en la economía la experiencia colectiva que ya hemos identificado científicamente con felicidad y comunidad exitosa. En la economía del bien común, el éxito en las relaciones interpersonales y ecológicas daría un nuevo significado al rendimiento y al éxito económico. Entonces, por fin, nos esforzaríamos no sólo por conseguir un fin con sentido, sino también, como se ha comprobado, estaríamos más motivados que con la estructura actual de unos contra otros y la búsqueda del beneficio propio a costa de los demás. La democratización de las empresas incrementará no sólo la motivación de todos los implicados, sino también el bienestar. El epidemiólogo e investigador de la desigualdad Richard Wilkinson ha descubierto a raíz de innumerables estudios que «cuando una compañía se transforma en una colectividad mediante una participación grande, se incrementa la productividad»[55].

El camino es ir más allá todavía. En la actualidad, los que poseen capital aún gozan de un amplio y alto prestigio, porque se les achaca que están preparados para asumir un riesgo personal y, con ello, generar numerosos puestos de trabajo y bienestar económico. ¿Cómo se ve esto en la economía del bien común? Para empezar, cada vez más personas tendrían la posibilidad de fundar empresas, porque contarían con un respetable capital inicial en el comienzo de su vida laboral. Inmediatamente podrían participar en una empresa o bien fundar una ellos mismos. Si muchas personas juntan sus «dotes democráticas», rápidamente se consigue una cantidad millonaria para fundar una empresa. Como los fundadores rara vez necesitarían un crédito, su riesgo empresarial se reduciría significativamente.

Además, se proponen las siguientes medidas:

participación progresiva de los colaboradores en la propiedad de la empresa;

inmunización progresiva del beneficio contra el reparto injusto del mismo;

participación obligatoria de los trabajadores en las decisiones de las grandes empresas.

El reparto más justo del capital y del derecho de voto hace que la disposición frente al riesgo se reparta más equitativamente entre la población. La comunidad gira menos en torno a unas personalidades brillantes estilizadas como triunfadoras emergentes, aunque su patrimonio sea en parte simplemente heredado y no fruto de su trabajo, o que lo hayan obtenido a costa de los demás mediante el efecto de retroalimentación positivo. En casi todos los casos, dependen totalmente de las invisibles actividades sociales de las mujeres, cuyo esencial rendimiento de generar la vida y cuidar las relaciones que son base para la felicidad, apenas es visible, mucho menos valorado o recompensado. La suspensión latente de la «responsabilidad en solitario» —sobre todo— de los hombres en las empresas disolvería lentamente una aún operativa estructura social patriarcal, o mejor, las ataduras de la sociedad patriarcal.

Sentido

Uno de los puntos fuertes de la economía del bien común sería que ganar dinero ya no es el fin cuyos efectos secundarios —la satisfacción de necesidades, el bienestar y una existencia con sentido— se podían dar pero no tenían obligatoriamente que darse. Al contrario, en la economía del bien común el objetivo es la satisfacción de necesidades, el bienestar y una actividad coherente; la fundación y la dirección de las empresas —y el uso del capital financiero— son el medio para conseguirlo. Si participar en el proceso de producción, optar a un trabajo remunerado, se vuelve sistemáticamente más sencillo (tanto para los fundadores de las empresas como para los trabajadores por cuenta ajena); si la posibilidad de acumular una fortuna material se limita; y si el clima de toda la sociedad favorece el éxito de las relaciones, entonces se justifica la esperanza de que más personas elijan, o al menos puedan proyectar, su puesto de trabajo de acuerdo con su potencial. El sentido es una potente fuente de motivación, tal vez incluso la más potente: motiva intrínsecamente. La motivación intrínseca proviene del interior y actúa de manera más intensa que la motivación extrínseca, que se mueve mediante estímulos, recompensas y sanciones externos. Si, libremente, me he decidido por algo, porque me parece que tiene sentido, entonces por regla general lo realizo con ganas, me dedico a ello con todas mis fuerzas y atención, me entrego por completo. Estoy intrínsecamente motivado y me sumerjo en una actividad, sin que se me llegue a ocurrir la idea de mirar de soslayo a derecha o izquierda para ver dónde se han quedado mis «competidores». Esto sólo me distraería, rompería mi concentración y con ello se debilitaría mi capacidad de producción. (Excepto que sea una persona que por miedo se estimula para llevar a cabo los más altos rendimientos o cuya autoestima dependa de superar a los demás.) Quien se motiva externamente, depende de un relativo estado impuesto por la competencia. La motivación disminuye en el mismo momento en que esa persona está por encima de sus competidores; al fin y al cabo no es la actividad en sí la que le ha motivado. O, para alguien que pierda a menudo y de forma crónica, la motivación igualmente se diluye. Las personas se apartan humilladas de la competición y aterrizan destrozadas en el desempleo, se quedan sin hogar, caen presas de la depresión y la pobreza más absoluta. En las grandes ciudades alemanas hoy por hoy, un 25 por ciento de los niños pertenecen a hogares acogidos al programa Hartz IV; en Leipzig es un 35 por ciento; en Berlín, un 37 por ciento[56]. En diecisiete de los veintisiete miembros de la Unión Europea se ha incrementado el paro juvenil por encima del 20 por ciento. La economía de mercado capitalista, atendiendo a la pretensión de crear puestos de trabajo «humanos» dotados de sentido para todos, no es más que un sistema en igual medida deshumano e ineficaz. Entonces, ¿cuál es el porqué de esa creencia profundamente enraizada en los beneficiosos efectos de la competencia y por qué se cuestiona tan poco?

Desde mi punto de vista llega ahora la más desagradable parte del análisis que nos permita comprender por qué la competencia está tan firmemente asentada en el trono de nuestro sistema de valores. Muchos, posiblemente la mayoría de nosotros, no se sienten (o muy poco) intrínsecamente motivados, porque no se conocen bien y nada de lo que experimentan aporta ni el más mínimo sentido que les impulse a perseguir altos rendimientos por sí mismos, sin la intervención de la competencia. Su interior está vacío y sólo encuentran sentido en relación con el exterior. Y si el mundo exterior grita sin parar: dinero, carrera, éxito y poder son los «valores» que llevan a la meta; entonces muchos de nosotros «interiorizamos» esos valores, incluso cuando no han conseguido todavía hacer feliz a ningún ser humano. Pero, como tantos insisten, y los medios una y otra vez retratan y destacan a ese tipo de individuos, un gran número de personas, incapaces de encontrarse a sí mismas, les termina imitando. En la raíz del problema se encuentran esas personas de pobre vida interior, incapaces de dotar de sentido propio a su vida; les falta autoestima, reconocerse como las últimas y únicas responsables de su vida y de sus decisiones.

La pregunta crucial es la siguiente: ¿de dónde viene ese vacío interior? ¿Por qué hay tantas personas incapaces de encontrar sentido y felicidad sincera en sus vidas? Según mi experiencia, la clave está en la educación. A la mayoría de nosotros no se nos ha reconocido objetivamente ni se nos ha querido incondicionalmente, lo que nos hubiera permitido encontrar nuestro propio yo, aceptarnos con cariño y, a la vez, desarrollar profundamente la capacidad de apreciar a los demás. Por el contrario, la mayoría de nosotros, al menos la generación de adultos, fuimos educados hacia la obediencia y el rendimiento. Cuando los progenitores tienen una imagen determinada, un concepto concreto, de cómo debemos ser, pierden de vista cómo somos realmente. Los niños no se reconocen en ser otro, porque sus padres no facilitan esa individualización sirviéndose de «espejo», o todavía peor, cuando han intentado ser ellos mismos, han sido castigados. Para no perder el amor de sus padres, la mayoría de los niños se decanta por obedecer, y la primera «orden» de muchos padres es el rendimiento (y con ello, la negación de sí mismos). Así aprenden los niños a una edad tan temprana a reprimir sus propios sentimientos, necesidades y pensamientos, y a cambio, aprenden a sentir, pensar y querer lo que deben. Evidentemente, esto no pasa de manera extrema. No sucede que los niños o bien experimenten una vida plena, intrínsecamente motivados, y permanezcan independientes a modas y convenciones, o, por el contrario, suplanten su propia vida interior con valores ajenos, después, vivan y permanezcan atrapados en la ilusión de que estos valores ajenos «interiorizados» les van a conducir hacia la felicidad. Pero la tendencia social va en esa dirección. Y esto sólo ya es más que suficiente; que una civilización haya traspasado de generación en generación valores «extrínsecos» como la competencia, la ambición por el beneficio o la obsesión por hacer carrera, y que aún hoy en día la mayoría crea que el ser humano es así por naturaleza, simplemente porque la mayoría de sus colegas generacionales con los que se ha educado se comportan así.

Los niños que no han aprendido a tener en cuenta sus propios sentimientos, necesidades y pensamientos, sino que han sido recompensados con «amor» por obedecer y ser productivos, pasarán el resto de su vida intentando exigir el amor de los demás a través del rendimiento. No se cuestionarán, o lo harán con poco entusiasmo, qué están haciendo realmente, y pronto aceptarán dinero —en vez del amor de los padres— por su rendimiento, hasta que hagan casi todo a cambio de una recompensa material. Así obtiene el hombre con vida interior más pobre el mayor bien: una primera explicación importante de por qué muchos hombres ricos tienen una vida interior especialmente pobre.

Otra consecuencia. Quien no se encuentra a sí mismo tampoco siente a los demás, ni al medio ambiente. La empatía por los demás presupone un autoconocimiento. Ésta es una de las razones por el que los hombres y mujeres que triunfan, a menudo, muestran pocos escrúpulos a la hora de obtener un «éxito» económico a costa de causar daños sociales y ecológicos. El vacío interior nos vuelve insensibles y duros. Los valores inherentes al sistema capitalista les transforma en ejecutores de los objetivos del propio sistema: aumentar el capital al coste que sea. No tienen ninguna otra guía que los números, se tienen que restringir a lo calculable. Estudios medicosociales muestran que los que ocupan los puestos directivos más elevados en el ámbito económico, en número significativamente superior a la media de la población, sufren sociopatías, son incapaces de sentir empatía por los demás y tienen una personalidad adicta y narcisista[57]; un efecto selectivo fatal de nuestro sistema económico actual, cada vez más estudiado y reconocido. «En veinte años como director ejecutivo he aprendido que los mercados no tienen alma», reconoció el antiguo presidente de Deutsche Post y evasor fiscal Klaus Zumwinkel[58]. Una de las pocas altas ejecutivas de Austria, Brigitte Ederer, informa acerca de los efectos de su trabajo: «Uno se vuelve duro, frente a los demás y frente a sí mismo»[59]. ¿No es esto una catástrofe?

Para dar la vuelta a este efecto selectivo, no sólo es necesaria una transformación de los estímulos del mercado —reconocimiento, mesura y remuneración de comportamientos más solidarios, cooperativos, empáticos, responsables y generosos—, sino también una condición básica: que los padres quieran a sus hijos incondicionalmente, que los acepten y valoren como son. Esto no significa permitirles todo, o dejarles crecer sin una guía, o darles siempre la razón; significa que, en lo que respecta a sus sentimientos, necesidades y pensamientos, a) los reconozcan, b) los tomen en serio, y c) los refuercen y les enseñen a que ellos mismos lo hagan. Justo entonces se plantea la pregunta sobre cuáles son los sentimientos, necesidades y opiniones de los padres, y éstos a menudo son completamente diferentes. Gracias a una comunicación más respetuosa y nada violenta se puede aprender que las diferentes y a veces contradictorias necesidades u opiniones no tienen por qué representar una barrera insuperable para la convivencia y las relaciones. Todos somos únicos y por consiguiente diferentes; por lo tanto, es inconcebible una relación en la que cada miembro de la pareja no tenga al menos una opinión o una necesidad diferente. Por esto, deberíamos partir siempre de la base de que nuestros compañeros, parejas, amigos —e hijos— tienen otras necesidades, otros sentimientos y otras opiniones diferentes a las nuestras, y después debemos aspirar a tomarlas en serio y valorarlas, en vez de intentar imponer a los demás nuestras propias opiniones, necesidades e intereses. Aquí estamos de nuevo al comienzo del libro: estar todos a la misma altura, bajo la guía de la dignidad humana en vez de bajo la obsesión prioritaria de perseguir el beneficio propio. Esta base interpersonal es tan fundamental que forzosamente tiene que tener cabida en nuestro sistema educativo.

Educación y formación

Uno de los requisitos más importantes y condición previa para el florecimiento de la economía del bien común es la intervención de nuevos valores, la sensibilización de la conciencia del ser humano incluyendo el propio cuerpo, la práctica de competencias sociales y comunicativas y el aprecio por la naturaleza. Por eso, propongo seis contenidos básicos aptos para cualquier curso escolar y que a mí me parecen todos ellos sin excepción más importantes que la mayoría de las asignaturas que se imparten hoy en día de forma obligatoria: educación emocional, educación ética, educación comunicacional, educación para la democracia, educación para descubrir la naturaleza y conocimiento del cuerpo.

Educación emocional. Aquí los niños aprenden a reconocer los sentimientos, a tomarlos en consideración, a no avergonzarse por ello y a hablar sobre ellos. La comunicación no violenta ha demostrado que una cantidad ingente de conflictos en las relaciones no se resuelven porque las personas no consiguen hablar sobre sus sentimientos y necesidades, ya que no han aprendido nunca a hacerlo. En vez de eso, se dedican a dirigir reproches contra aquellos que no han satisfecho sus necesidades y les han hecho daño. Con esto se alejan de sus propios sentimientos y necesidades, que era de lo que se trataba, y encima dañan a la otra persona. Se forma una espiral dañina interminable, mientras el origen del problema permanece, sin ninguna opción de que se resuelva[60].

Educación ética. Aquí no sólo se van a enseñar los distintos enfoques de los valores y a discutir sobre ellos para formar una inteligencia crítica, sino que sobre todo se van a dar a conocer aspectos de los valores inconscientes. Por ejemplo, los niños aprenden que se puede competir, y los efectos que eso tiene; pero también que pueden cooperar y cómo impacta comportarse así. También aprenden los principios éticos básicos de las distintas corrientes filosóficas y religiosas en una visión general.

Educación comunicacional. Aquí los niños aprenden sobre todo una cosa: a escuchar. A prestar atención. A tomar en serio. A discutir objetivamente, sin ofensas personales o valoraciones. Puede parecer banal, pero estamos a años luz todavía de una cultura que valore y sepa mantener una discusión abierta y sin violencia. Líderes de opinión y personalidades se atacan entre sí perdiendo los papeles. El movimiento Attac y yo, por ejemplo, hemos sido denominados por el eminente investigador de opinión Peter A. Ulram como «izquierdistas trasnochados»; por el antiguo redactor jefe de Die Presse Andreas Unterberger como «adolescente tardío»; por el jefe de la sección de cultura de Die Presse Norbert Mayer como una «carga de caballería estrepitosa y demente»; por el director de la sección de economía de Der Standard Erich Frey como «marcial» y «comunista»; por el columnista de Die Presse y de Wiener Zeitung Christian Ortner como «populista vomitivo»; por el redactor jefe suplente de Neues Volksblatt Manfred Maurer como «padre adoptivo espiritual del terrorismo». El redactor jefe del periódico de calidad Die Presse Michael Fleischhacker empleó tres editoriales para llamarme una vez «anarcomarxista», otra vez «héroe fantoche del anticapitalismo» y otra «católicomarxista eufórico de la expropiación». Según Fleischhacker, lo que hasta aquí han hecho las cerca de cuatrocientas empresas adheridas a la economía del bien común ha sido «por miedo a la celda acolchada de la economía del bien común»[61]. Evidentemente no toleran que alguien tenga una opinión diferente a la suya y reaccionan con insultos personales. Pero una democrática cultura de la discusión se caracteriza porque yo trato a los que piensan diferente con respeto, en definitiva, porque expongo mis argumentos con claridad y calma. En la educación comunicacional los niños aprenden también —gracias a la socialización— que existe una forma de comunicación que diferencia hombres de mujeres, para reconocer los papeles aprendidos y poder corregirlos. También aprenderán que los malentendidos son la regla general, y que se necesita de algo de esfuerzo para alcanzar una mutua comprensión[62].

Educación para la democracia. La democracia es el concepto occidental más valioso. Pero cómo ese valor se llena de vida o se mantiene vivo —interfiriendo, opinando, decidiendo y co-diseñando todos los aspectos de la vida pública— no es nunca, o casi nunca, objeto de estudio en el colegio. La democracia se enseña como un —histórico— factor seguro, y no como un frágil y vulnerable progreso que en cualquier momento se puede volver a perder. Y de hecho se ha vuelto a perder, porque la mayoría de las personas no encuentran posibilidad de participar, no se involucran, se apartan de la «polis» y del «ágora» con repulsa y frustración; porque se nos imponen otros contenidos vitales —consumo, diversión, drogas— a través de una industria mediática enemiga de la democracia y asesina del espíritu. Se podrían enseñar los siguientes elementos de la educación para la democracia: a) cómo muchos intereses se transforman en uno; b) cómo se toman las decisiones, para que con ellas todo el mundo pueda vivir bien (por ejemplo, a través del consenso sistemático); c) que un trato respetuoso a las diferentes necesidades es la premisa básica para confeccionar la voluntad satisfactoria de una mayoría amplia; d) que se pide el compromiso atento de todos para evitar que se instauren intereses particulares; e) que no se puede delegar la responsabilidad democrática, sino sólo la puesta en práctica (Rousseau: «En el instante en que un pueblo nombre representantes, ya no es libre; deja de existir»)[63]. Y sobre todo, se debe enseñar esto: que la democracia acaba de empezar. Hemos degustado aproximadamente una décima parte de las posibilidades de la democracia; la gran experiencia de la «democracia real» —eslogan del movimiento Occupy— aún está pendiente. Veremos más sobre el tema en el siguiente capítulo.

Educación para descubrir la naturaleza. Una economía que apuesta por el perpetuo crecimiento del dinero, de los ingresos, del patrimonio y de los bienes materiales está enferma en el sentido de que se ha roto el equilibrio de relaciones. Es «absoluta», desligada del resto de valores y de su base natural: el ecosistema planetario. La esencia de esta enfermedad es la falta de unión y la escasa capacidad de establecer relaciones que tienen muchas personas hacia sí mismas, hacia los demás, hacia su entorno natural y hacia un todo. La cura podría consistir en retomar esas relaciones, en cuidar y equilibrar aquello que es un camino seguro hacia la felicidad. Innumerables personas de todas las culturas han informado que una relación intensiva y valiosa con el medio ambiente, los seres vivos, los ríos, las montañas y el cielo es capaz de curar a los hombres. Si nos regalamos unas horas intensivas en la naturaleza, muy posiblemente el día transcurre feliz hasta el final. En esta asignatura, los niños aprenden no sólo a conocer las plantas, los animales, el agua en sus distintas formas y las piedras. También experimentan el impacto curativo de la naturaleza en cuerpo y alma propios: viento y lluvia, nubes y agua, las estrellas, las flores, las montañas, el silencio. Para aquel que experimenta una unión profunda con la naturaleza pierden atractivo los centros comerciales, la bolsa y tal vez hasta los coches. En cualquier caso, puede que un año de menos consumo material traiga un plus de calidad e intensidad de vida, incluso cuando desde el punto de vista clásico de los economistas de mercado esto significa una traición a la economía, la destrucción de la competitividad de la economía nacional y recesión.

Conocimiento del cuerpo. «La solidaridad es la ternura de los pueblos», decía Che Guevara. Pero ¿cómo se van a comportar los Estados afectuosos unos con otros, si ni nosotros conseguimos ser cariñosos con nosotros mismos? Muchos de nosotros nos alimentamos mal, nos movemos poco, nos abrazamos y acariciamos todavía menos, casi nunca nos damos masajes, ni se los damos a otros, ni tampoco los recibimos. Aunque hasta el momento es uno de los caminos hacia la felicidad de los hombres más rápidos que he conocido. Si comparamos el tiempo que gastamos en ir de compras, ver la televisión, ganar dinero y dar o recibir masajes, saldría a la luz la triste subordinación del cariño y las caricias. El cuerpo humano es un organismo infinitamente sensible con un fino sistema sensorial. Todos estamos en disposición de percibir sutilmente que cada paso, cada roce con algo, se puede convertir en una profunda experiencia sensorial y un masaje del alma. La intensidad y calidad de vida aumentaría tanto que no quedaría tiempo para experiencias no sensoriales. Cuanto más débil sea la sensación, la percepción física propia, más intensamente tendremos que compensar esa frustración con dinero, comida, alcohol y drogas. Por esto, se debería apoyar que los niños desde una temprana edad desarrollen una sutil, atenta y valiosa relación con su cuerpo que incentive la creatividad y la autenticidad, y sobre esta base, hacia el cuerpo de las otras personas y seres vivos. Se puede empezar con juegos, baile y acrobacias en grupo; y más tarde, tras la pubertad, se puede completar con trabajo corporal, masajes, terapias de energía, yoga y meditación.

VI
Desarrollo de la democracia

«Tomando la palabra en su rigurosa acepción,

no ha existido nunca verdadera democracia y no existirá jamás».

Jean-Jacques Rousseau

Aunque formalmente vivimos en una democracia, cada vez menos personas sienten que pueden realmente participar en la vida social. Cada vez más a menudo los gobiernos toman decisiones que van en contra de las necesidades y los intereses de la mayoría de la población: la desregulación de los mercados financieros; la no desmembración de bancos sistémicos; la privatización de servicios públicos como los suministros de agua o de energía, la red ferroviaria, el servicio de correos o los bancos; la patada a la competencia local (pymes y comercios locales) mediante tratados de libre comercio; la liberalización de la circulación de capital hasta en el último paraíso fiscal; la tolerancia de la desigualdad salarial hasta en una proporción de trescientas cincuenta mil veces; la implantación de manipulación genética en la agricultura; la legalización de patentes de seres vivos; el tratado EURATOM; la obligación de rearme según el Tratado de Lisboa; la brutal represión de los manifestantes en la cumbre del clima de Copenhague, las torturas de Guantánamo, o el ataque contrario a las leyes internacionales en Iraq. Con un proceso democrático directo, en la mayoría de los países seguramente ninguna de estas decisiones habría obtenido una mayoría absoluta. Aun así, se decidieron formalmente por gobiernos y parlamentos democráticamente legitimados. Las causas de la creciente distancia entre ciudadanos y sus representantes son varias:

Quien sólo puede votar una vez cada cuatro o cinco años el programa de un partido político en realidad no tiene nada. Las promesas electorales son tan inflacionarias como no vinculantes. Cuando el gobierno no cumple sus promesas, los votantes se vuelven en gran medida impotentes. Tenemos que esperar hasta las siguientes elecciones, y entonces podremos «castigar» al gobierno por haber incumplido lo que consideramos una promesa especialmente importante. Pero ¿cómo? ¿Tenemos que cambiar de partido político? ¿Hay algún partido cuyo programa en general me guste más? ¿Y qué pasa si no hay absolutamente ningún partido de los que se presentan cuyo programa contenga los temas para mí más importantes? ¿Qué pasa si el partido «castigado» no entiende por qué ha sido castigado, porque no es posible castigar por una única decisión, sino sólo por la totalidad de la legislatura?

Las élites económicas se funden cada vez más con las élites políticas. A menudo colocan altos ejecutivos o grandes empresas directamente en el gobierno, y ponen a ministros y cancilleres en los grupos de presión[64]. Una pequeña muestra: Theo Waigel en el Texas Pacific Group; Rudolf Scharping en Cerberus; el antiguo jefe de la Agencia para el Empleo Florian Gerstner en Fortress; Ron Sommer (que sacó Deutsche Telekom a bolsa) en Blackstone (fondos de capital privado); Gerhard Schröder en Gazprom; Wölfgang Schlüssel en RWE; Brigitte Ederer en Siemens; el ex presidente José María Aznar es consejero de Murdoch; el ex presidente Felipe González es consejero de Carlos Slim (primera fortuna del mundo según Forbes) y el ex ministro de economía Pedro Solbes es presidente de Barclays España. Y al revés, en Alemania ocupan directamente altos cargos de la administración pública unos trescientos funcionarios «prestados» de grandes corporaciones[65]. Los banqueros más poderosos redactan la normativa de rescate de los bancos, y los parlamentos la ratifican. El problema de esta intimidad social entre política y economía se vuelve más candente cuanto más ricas y poderosas se vuelven las élites. Esto muestra que las élites económicas son el problema en sí mismo, y endurece la reivindicación de la limitación de las desigualdades. Las élites materiales están en contradicción con una sociedad democrática en la que todas las personas deberían tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas posibilidades de participación.

Estas élites también tienen una influencia desproporcionada sobre los medios más relevantes: a través de contactos personales con directivos de los medios que buscan y cuidan ese contacto para asegurarse una fuente de información; compartiendo los mismos valores con las élites mediáticas (los poderosos, cuando se trata de obtener poder, son altamente cooperativos); a través de la inserción de publicidad de aquellas entidades de las que dependen económicamente los medios; y en forma de control directo sobre la propiedad (muchos periódicos y cadenas de televisión pertenecen a bancos, inversores financieros e incluso corporaciones armamentísticas). Esto no debería ser posible.

También la principal corriente científica sigue en muchas ocasiones la opinión de los poderosos. A decir verdad, las universidades públicas ofrecen siempre sitio a enfoques alternativos, pero la «corriente principal» fluye paralela al concepto del mundo de los poderosos, porque a) muchos intelectuales provienen de buena familia y toman partido para los de su propia «clase»; b) como consecuencia de la liberalización, a las universidades se les asignan cada vez más fondos de terceros provenientes de la economía; y c) algunos grupos de presión privados no sólo provocan la escasez de dinero público, sino que se aprovechan de ello para colocar a personas afines a su ideología en las plazas destinadas a profesores invitados de las universidades.

5. Los think tanks trabajan para aquellos que les pagan. Por norma general con círculos económicos influyentes cuyas necesidades poco tienen que ver con las necesidades de la mayoría de la población. Por ejemplo, la Iniciativa Nueva Economía de Mercado Social[66], una institución que tiene poco de círculo de intelectuales vinculados a la educación o de cocina para pobres, y parece más una campaña de las poderosas asociaciones del sector industrial para la descomposición del Estado de bienestar solidario.

Los partidos políticos son financiados por empresas, con los resultados correspondientes: en Estados Unidos los lobbies financian directamente a los parlamentarios. Dos ejemplos: los diputados del congreso que aprobaron la normativa de los derivados financieros recibieron la cantidad de 940.000 dólares estadounidenses, mientras que aquellos que votaron en contra obtuvieron veintisiete millones de dólares. Los partidarios del control de la Reserva Federal recibieron 40.000 dólares; los detractores, diez millones de dólares. La ley desapareció sin pena ni gloria[67].

A causa de estas condiciones y desarrollos, la democracia se encuentra en una seria crisis. Si permitimos que queden intactas las desigualdades económicas, los lobbies y la concentración de medios, y reducimos la «democracia» a un voto para un partido político cada cuatro o cinco años, entonces ésta se suprime a sí misma. Para conseguir una democracia viva, se tiene que empezar por desligar la política de la economía, así como limitar las desigualdades. Y finalmente llegar hasta una consolidación histórica de los derechos de participación y control democráticos en la que el mayor número posible de personas tiene que poder debatir, decidir y participar en el mayor número de planos posibles, incluso en los períodos entre las elecciones y en aspectos democráticos de la vida socioeconómica.

¡Nosotros somos soberanos!

El primer requisito previo al renacimiento de la democracia es el desarrollo de una conciencia soberana. «Soberanos» proviene del latín «superanus» y significa «estar sobre todo». Mientras que con el absolutismo el rey era el soberano y estaba por encima de todo, desde la Ilustración y las revoluciones burguesas, es la población la que debería estarlo; así está expuesto en muchas constituciones. Sin embargo, esta reivindicación teórica casi no se da en la realidad. El único derecho soberano a disposición de la población son la elección de los partidos políticos y la última palabra en las reformas importantes de la Constitución. Esto es demasiado poco para una soberanía real. Ésta tendría que abarcar también que el soberano pueda:

elegir un gobierno concreto;

deselegir al gobierno;

corregir al Parlamento en un anteproyecto de ley;

él mismo proponer leyes a votación;

modificar la Constitución por iniciativa propia;

votar directamente una asamblea constitucional;

controlar y dirigir los servicios públicos básicos más importantes.

La conciencia soberana está tan débilmente acentuada que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta ni una sola vez de que ésta és la herramienta que nos falta para ser realmente soberanos. En los colegios no se aprende. En las conferencias, a menudo pregunto qué instrumento tendría que ser el primero que tuviera en la mano un «soberano» que estuviera «por encima de todo». Casi siempre sigue un amplio y contenido silencio. De vez en cuando se menciona «votar». Y sólo a veces sale por fin un tímido: «¿Aprobar una ley?».

Si el soberano realmente «está sobre todo», y el único fin de la democracia es la realización de su voluntad —de la voluntad común—, entonces el soberano debería poder en todo momento y con su propia fuerza introducir una ley y aprobarla. Actualmente, esto no sucede ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos, porque el monopolio está en nuestros representantes: en los Estados nacionales en el gobierno y el Parlamento, en Estados Unidos en el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. El complemento indirecto (representativo) a la democracia directa sería por lo tanto una implantación consecuente del principio de la separación de poderes. Poderes separados de forma más evidente aportarían un plus tangible a la democracia y una confianza mayor en esa forma de organización estatal.

Consolidación de la separación de poderes

Rara vez un principio básico no se discute. El principio democrático de la separación de poderes es uno de esos casos fortuitos. Cuanto más elemental nos resulta hoy en día la separación de los poderes del Estado entre Parlamento, gobierno y justicia, y su control recíproco, menos reflexionamos y nos cuestionamos qué pensamiento fundamental se encuentra realmente detrás de dicha separación: ¿cuál es el objetivo esencial de este principio? Se trata de que el poder no debe estar muy concentrado para que no se abuse de él. Ninguna instancia debería ser demasiado poderosa en relación con las demás, porque se acabaría la libertad, y en este caso, la libertad colectiva: la democracia. Hay tanto en juego que el principio de la separación de poderes bien merece una reflexión más intensa y un desarrollo consecuente.

Ya hemos empezado a debatir de hecho el primer paso de este desarrollo: la separación de poderes más eficiente entre pueblo soberano y sus representantes. En realidad, ¿por qué elige el pueblo soberano representantes? Porque en la mayoría de países vive tanta gente que no pueden participar todos de forma coherente en todas las elecciones. La democracia básica encuentra su limitación en el número de personas que participen en ella. Detrás de la elección de gobierno y Parlamento se esconde una separación de tareas; no se trata de crear un nuevo órgano per se más importante que el pueblo soberano. Gobierno y Parlamento son sólo sus agentes (representativos), cuyo objetivo consiste exclusivamente en ejecutar la voluntad del pueblo soberano. Que sea realmente esto lo que hace el gobierno no está garantizado por nada. La tentación de abusar del poder que ostentan temporalmente es mayor cuantos menos derechos de control tiene el pueblo y más poderosos son los grupos de interés que inundan el gobierno. «No hay nada más peligroso que la influencia de grupos de interés privados en los asuntos públicos», escribió Jean-Jacques Rousseau ya en 1762[68]. Sería funesto que el cliente soberano tuviera las manos atadas hasta el siguiente pedido (elección) y sólo le restara esperar, sin amparo, que el gobierno cumpla su voluntad. Entonces sucede justo lo que cada vez se está convirtiendo en más habitual: gobierno y Parlamento se convierten en una «dictadura temporal», porque se someten a los lobbies más insistentes o incluso han sido impuestos por ellos. El ignorado pueblo soberano puede protestar y manifestarse, pero ¿qué logra con eso, si no tiene ningún derecho? ¿No tiene más sentido que el mandante soberano corrija en cualquier momento al mandatario cuando éste no hace lo que él quiere? Rousseau opinaba que el pueblo soberano debía «limitar, modificar y retirar el poder que había depositado en el gobierno, siempre que quisiera»[69].

Democracia directa en tres pasos

Concretamente, esto significa por un lado que el pueblo soberano pueda rechazar una ley que le desagrade. Y, por el otro, que pueda proponer y aprobar por sí mismo una ley que no esté incluida en la «oferta» del gobierno. Para ambos casos se puede emplear el mismo procedimiento: la democracia directa en tres pasos, demandada por un número cada vez mayor de organizaciones, por lo menos en Alemania y Austria[70].

Primer paso: Cada ciudadano o grupo de ciudadanos puede reunir argumentos que apoyen una ley deseada.

Segundo paso: Si esta propuesta de ley encuentra suficientes seguidores, por ejemplo la mitad de un 1 por ciento de la población con derecho a voto, se efectúa una petición de referéndum a nivel nacional.

Tercer paso: Si esta petición de referéndum —recogida de firmas en los centros electorales de todo el país— supera este obstáculo ampliamente, por ejemplo un 3 por ciento, se somete a un referéndum nacional obligatorio, cuyo resultado pasa a ser un decreto ley vinculante.

Este «tercer paso» existe a nivel federal por el momento sólo en Suiza. Allí los ciudadanos son el auténtico soberano. En Alemania, Austria, Italia y la mayoría del resto de los países, el Parlamento tiene la última palabra. Y de esta manera y en contra de la voluntad del pueblo, se construyen centrales nucleares, se abren vías de escape hacia paraísos fiscales para el capital, legalizan patentes sobre seres vivos o se participa en ataques que van contra las leyes internacionales.

La democracia directa está avanzando a nivel mundial: desde 1951 hasta 1960 hubo tan sólo cincuenta y dos referéndums, desde 1991 hasta 2000 ya fueron doscientos, y durante la primera década del tercer milenio llegarán a los mil[71]. En Alemania, en los últimos cinco años, se implantó el plebiscito como instrumento en la mayoría de los Estados federados y también a nivel municipal. En Baviera existen desde 1995 los referéndums; en Tirol del Sur hay una primera forma de democracia —aunque todavía no satisfactoria— desde 2008[72].

Pese a esta tendencia común hacia una mayor democracia, se siguen manteniendo generalizados y en parte irritantes reparos y miedos contra la democracia directa. Se podría introducir la pena de muerte; la derecha populista podría acosar a las minorías; la población en general no es tan ilustrada y juiciosa como un gobierno electo. Con la votación en Suiza para prohibir los alminares parece que se han confirmado estos temores. Por este motivo, quiero hacer un pequeño inciso acerca de las reservas actuales contra la democracia directa y aclarar los derechos fundamentales en relación con la prohibición suiza de los alminares.

Mito 1:

Ya tenemos una democracia representativa.

El truco es viejo. Cuando alguien reclama pausas o días libres en el trabajo, a veces surge el argumento en contra: «Pero ¡si el trabajo no es nada malo!» La democracia directa no quiere reemplazar a la democracia, sino completarla, de la misma manera que las pausas y las vacaciones no cuestionan el trabajo, sino que lo hacen más productivo. El Parlamento puede conservar el poder legislativo central, pero, si se acuerda algo que vaya en contra de la voluntad del pueblo soberano, éste tiene que tener la posibilidad de corregir a sus representantes. O, si todos los partidos que presentan su candidatura al Parlamento han prescindido de algo en su programa electoral que sin embargo es importante para el pueblo soberano, éste debe poder por sí mismo iniciar la ley. O, si el electorado vota por mayoría a un gobierno concreto pero, sin embargo, en una cosa concreta quiere algo diferente, se deben poder tener ambas: su gobierno favorito y las leyes de su elección. Lo decisivo: la última palabra tiene que ser del pueblo soberano.

Mito 2:

El pueblo sí puede deselegir el gobierno.

En el peor de los casos, como muy pronto a los cinco años. A los gobiernos les gusta tomar decisiones impopulares justo después de las elecciones, para repartir más azúcar en las proximidades de la fecha electoral. Hasta entonces, muchas cosas se olvidan. Y a menudo no sería en interés de los decepcionados votantes no volver a elegir un gobierno que ha hecho muchas cosas buenas por culpa de una simple decisión errónea. Las elecciones parlamentarias por lo general son «ineficientes», porque sólo se puede elegir entre grandes paquetes de promesas electorales, sin que ninguna de ellas se garantice de manera vinculante. La democracia directa permite al pueblo soberano seleccionar cuestiones individuales y decidir por sí mismos. La democracia se vuelve mucho más eficiente y satisfactoria cuando el pueblo, entre los procesos electorales, puede participar activamente en vez de estar tutelado y desposeído de poder.

Mito 3:

El pueblo no tiene la suficiente formación.

Las decisiones fundamentales, en general, son decisiones éticas. Y en esto todas las personas son igual de competentes, independientemente de su grado de formación. No hay ningún indicio de que las élites de la sociedad cuenten con una sensibilidad por encima de la media. Un potente intelecto no es garantía de nada. Y un intelecto fuerte no garantiza nada. Austria ha tenido dos referéndum: la central nuclear de Zwentendorf y la entrada en la Unión Europea. Allí donde el gobierno y el pueblo tenían opiniones diferentes, en la cuestión de la energía nuclear, el pueblo soberano fue más inteligente, aunque en aquel entonces uno de los argumentos más agresivos fue que la población «no entendía nada» de la complicada física nuclear. El problema de una expertocracia corrupta se ha agudizado en los últimos años. Ministros y diputados prefieren escuchar a los lobbies que a los expertos íntegros. ¿Por qué participaron trece países de la Unión Europea en la guerra de Iraq? El argumento de la «sabiduría» no hiere.

Mito 4:

Las decisiones son demasiado complicadas.

Este argumento se inventó en el Tratado de Lisboa. En primer lugar, los gobiernos —en vez de formular una breve y comprensible Constitución— de manera totalmente consciente crearon un monstruo de quinientas páginas, para dejar fuera de la cogestión al pueblo soberano con el argumento de la «complejidad». En segundo lugar, las encuestas demostraron que la mayoría de los representantes del Parlamento nacional no tenían (ni tienen) la más mínima idea acerca del contenido del Tratado de Lisboa, y por este motivo no estaban en absoluto más cualificados que la población para votar[73]. El ejemplo de Francia enseña todavía más que un referéndum conduce a cierto nivel informativo de la población: antes del referéndum, los libros sobre el Tratado de la Unión Europea estuvieron en las listas de los más vendidos durante meses, se vendieron más de un millón de ejemplares. En innumerables discusiones públicas se debatían apasionadamente los artículos uno a uno hasta altas horas de la noche. Cuando el pueblo puede participar, no siente en absoluto el desencanto generalizado por la política que gustosamente los «dictadores temporales» le atribuirían.

Mito 5:

Después vienen los populistas.

Esto no es ninguna peculiaridad de la democracia directa. Los populistas también presentan su candidatura en las elecciones parlamentarias, de vez en cuando con tanto éxito que llegan al gobierno. ¿No sería éste un argumento contundente contra la democracia indirecta? Para convertirse en amo y señor del populismo, se necesitan caminos diferentes a la inhibición de la democracia directa. Un dato importante: si un gobierno y un parlamento realmente quieren hacer algo contra el fortalecimiento de la extrema derecha, deberían hacer algo de una vez por todas contra la creciente desigualdad y la escisión social, no impedir la democracia directa.

Mito 6:

El diario Die Kronenzeitung se convertiría en el gobierno de facto.

El argumento fulminante en Austria. En cualquier caso, éste no es un argumento contra la democracia directa (mundial), sino a favor de una ley mediática austriaca que evite la concentración de poder. Haciendo caso omiso de esto: ¿acaso Die Kronenzeitung no posee influencia decisiva sobre la democracia representativa? Aquí también vale: no es la democracia representativa la que debe ser eliminada, sino el poder de Die Kronenzeitung.

Mito 7:

Después viene la pena de muerte.

El argumento definitivo de la pena de muerte contra la democracia directa. Pero el que tema que se pudieran anular los derechos humanos a través de un camino democrático debería en consecuencia estar en contra de todos los procesos democráticos que en teoría poseen esta facultad, por lo tanto, también de la democracia indirecta. Porque, ¿quién nos mantiene a salvo de un gobierno electo que reinstaure la pena de muerte o la tortura? ¡Guantánamo no es el resultado de un referéndum! ¡Las restricciones más recientes de los derechos de los ciudadanos, hasta las guerras, provienen de los parlamentos, no de los ciudadanos! Dado el caso, entonces nos protege la Constitución o el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) de la vulneración de los derechos humanos. La consecuencia lógica es que este último guardián de los derechos fundamentales también fuera válido en la democracia directa (al igual que para la indirecta).

Mi argumento es que la democracia, directa o indirecta, sólo es un medio. La igualdad de todos los seres humanos, su valor igualitario —la dignidad— es el objetivo. Al equivalente valor de todas las personas le siguen los mismos derechos fundamentales de todos, y uno de ellos es el mismo derecho de intervención para todos. Y el medio, comprensiblemente, no debería jamás anular el fin. Todas las iniciativas modernas de la democracia directa reivindican que no se puedan poner en tela de juicio a través de la democracia directa (como tampoco a través de la democracia indirecta) ni los ya existentes derechos fundamentales, humanos y de las minorías, ni la democracia misma. Teóricamente se podría pensar en un referéndum acerca de la disolución del Parlamento y la entronización de un rey, pero debería ser igual de intolerable como que el Parlamento ponga a un dictador. Las minorías no pueden ser oprimidas ni por el Parlamento ni por el pueblo. Los derechos fundamentales o son válidos para todos, o para nadie o sólo para algunos, y entonces ya no es una democracia porque las personas dejan de ser iguales, con lo que cualquier proceso democrático está de más. La Constitución tiene que proteger los derechos fundamentales.

Veamos el problema suizo de los alminares. En Suiza hay democracia directa desde 1848; la entrada al Convenio Europeo de Derechos Humanos, contra la que atenta por duplicado la prohibición de los alminares (contra las prohibiciones de discriminación y de libertad de religión), tuvo lugar en 1974. Los suizos deberían por tanto aclarar si para ellos es más importante permanecer en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o conservar el cuestionable derecho de recortar los derechos de las personas o de las minorías mediante la democracia directa. Estoy seguro de que la decisión terminaría a favor de los derechos humanos.

Es más, Suiza abolió la pena de muerte por democracia directa. En un repaso general, hay innumerables ejemplos que muestran que el pueblo soberano, cuando pudo decidir por sí mismo, fue «más listo» que el gobierno. El mejor tren del mundo en Suiza, el abandono de la energía nuclear de Austria e Italia, el no a la privatización de los servicios públicos en Leipzig, la decisión del cantón de Zúrich de anular los privilegios fiscales a los extranjeros ricos, acortar el servicio militar obligatorio en Suiza y la objeción de conciencia voluntaria: todos ellos son méritos de la democracia directa. Por esto, las personas en Suiza están más satisfechas con el sistema político que en Alemania o en Austria, donde un 82 por ciento son de la opinión de que «el gobierno no toma en consideración los intereses del pueblo». Sólo el 5 por ciento cree poder participar «en gran medida» mediante el voto. La mitad de los alemanes piensa que no se puede participar «absolutamente nada» a través de las elecciones[74]. En épocas en las que los gobiernos son cada vez más acaparados por las élites económicas («posdemocracia»)[75], lo que aconseja la situación es la democracia directa. Que el pueblo soberano lo desea debería ser motivo suficiente: el 75 por ciento de los partidarios de la coalición CSU/CDU y el 81 por ciento de los que apoyan al SPD están a favor de la democracia directa. En la Francia absolutista, Luis XIV dijo: «¡El estado soy yo!» Hoy actúan gobiernos y parlamentos con el eslogan: «El pueblo soberano somos nosotros». Si gobierno y Parlamento saben que en un futuro la última palabra la tendrá el pueblo soberano, entonces lo tomarán más en serio. Y los ciudadanos soberanos podrán transformar la desidia por la política y la falta de poder en iniciativa democrática. «La democracia directa significa abandonar la actitud de espectador»[76], sostiene Gerard Häfner, cofundador de la ONG Mehr Demokratie.

Separación de poder constituyente originario y poder derivado

El siguiente paso es separar el poder que redactó la Constitución de aquel por el que se modifica. En ciencias políticas se intenta separar el «poder constituyente» (pueblo soberano) del «poder derivado» (Parlamento, gobierno). La reflexión que se encuentra detrás indica que cuando las instituciones democráticas pueden establecer las reglas de juego del gobierno le conceden al pueblo el menor número posible de derechos para conservar el máximo poder en sus manos. En cambio, si el pueblo soberano redacta la Constitución, probablemente se reserve la última palabra y amplios derechos de participación y control.

Este punto es especialmente relevante ante el desarrollo de la Unión Europea. Hasta ese momento los tratados fundamentales eran redactados siempre por el gobierno. La población estaba apartada del proceso de desarrollo de los nuevos tratados y sólo raras veces podía votar acerca del resultado final. Esta práctica se vuelve problemática en la medida en que la Unión Europea cada vez recibe más competencias transferidas y asume un papel similar al del Estado. Como muy tarde con la llamada «Constitución europea», los gobiernos tendrían que dejar el timón a los pueblos soberanos. El término «Constitución» señala hacia la fundación de un Estado soberano, y el poder soberano en un Estado tiene que estar en manos de la población, no en las del gobierno o del Parlamento. De hecho, el «Tratado Constitucional» era incluso más que una constitución. Era una constitución más tratados políticos, juntos en un monstruoso legado de quinientas páginas: una repulsiva maniobra contra la democracia. Después de que dos de los cuatro pueblos soberanos rechazaran el tratado monstruoso, los gobiernos acordaron quitar el «maquillaje de la Constitución» dejando sólo el texto («leyes», ministros de Asuntos Exteriores, banderas, himnos), para poder hacerlo pasar por un tratado «habitual». Evidentemente a la vez hicieron hincapié en que se había «salvado» el 95 por ciento del contenido[77], y así se impuso un texto casi idéntico sin la más mínima participación del pueblo soberano. Solamente un soberano, el pueblo irlandés, votó, y porque así lo prescribe su constitución. También los irlandeses dijeron que no. Pero como desde el punto de vista de sus representantes habían votado «erróneamente», tuvieron que «repetir» la votación: de nuevo un grave abuso de la democracia directa. ¡Ésta debe ser un instrumento del pueblo soberano para corregir a los gobiernos, y no del gobierno para corregir al pueblo!

¿Cómo podría llevarse a cabo un tratado europeo de manera democrática? Diecisiete organizaciones europeas del movimiento Attac han elevado una propuesta concreta. Para que las personas tengan confianza en la Unión Europea, tienen que implicarse en la construcción de la «Casa europea». Si otra persona construye la casa y fija las reglas, para muchos no va a ser un hogar tan confortable como si los habitantes mismos hubieran podido acondicionarlo. La propuesta del movimiento Attac dice: se debe elegir una asamblea democrática del grueso de la población, compuesta de representantes de todos los países y como mínimo de un 50 por ciento de mujeres, que debe redactar el nuevo tratado fundamental, se llame «Constitución» o no[78].

Generalmente se llama convención a una asamblea de este tipo. El Tratado Constitucional también fue redactado por una convención, tan sólo que esa convención no fue establecida por el pueblo soberano sino por el gobierno. La convención tampoco tenía un reglamento interno democrático, porque la última decisión la tenían los trece miembros del presídium y no el pleno: la convención fue una farsa. El primer ministro luxemburgués Jean-Claude Juncker dijo: «No he estado jamás en una cámara oscura tan negra como la convención»[79]. No es extraño que el producto final de este cuarto de sombras haya sido rechazado por tres de los cinco pueblos preguntados.

Según la propuesta de Attac, sólo los pueblos soberanos deberían decidir sobre el resultado de la convención democrática. La probabilidad de que las personas acepten un tratado a) que sea redactado por personas de confianza directamente por ellos elegidas, b) con las que dialogan activamente mientras se redacta el texto, y c) sobre el que finalmente los soberanos deciden es muy alta. Estoy convencido de que todos los Estados miembros aceptarían. La principal línea conflictiva política no transcurre precisamente entre «Estados nación» o entre las variadas «culturas» europeas, en todos los países transcurre entre las élites sociales y la mayoría de la población.

Que el producto de una convención democrática de verdad probablemente se acepte se puede verificar en otros lugares. Entre 1999 y 2005, tuvo lugar en el cantón de Zúrich el proceso descrito: la elección directa de una convención para reescribir la Constitución, interacción intensiva con la población, votación del pueblo soberano, aprobación por una clara mayoría del 64,8 por ciento[80].

En Islandia, en 2010 el pueblo soberano votó en un primer paso en un referéndum para no pagar la deuda externa, con una mayoría del 93 por ciento; en un segundo paso, eligió una convención de 25 personas —de 522 candidatos— que no formaban parte de ningún partido político, pero que contaban con, por lo menos, 30 firmas de apoyo para redactar una nueva constitución. La redacción se efectuó por internet, y todo el mundo podía contribuir. El 27 de julio de 2011 se aprobó unánimemente por el parlamento de Islandia, «Althingi». Según el artículo 66 de la nueva Constitución —compuesta sólo por 25 páginas—, el dos por ciento de la población con derecho a voto puede presentar un proyecto de ley en el parlamento, que a su vez puede presentar una alternativa a la propuesta popular. Pero, será el pueblo soberano quien finalmente decida.

Un tratado fundamental redactado democráticamente no sólo reforzaría la dolorosa y añorada confianza de los ciudadanos en la Unión Europea, sino que además aportaría al proyecto de la integración europea otro rumbo en cuanto al contenido. Mi apuesta: en vez de la supremacía de la libertad económica, la competencia local, el tráfico ciego de capital, el ilimitado derecho sobre la propiedad, el imperativo de armarse y los déficits democráticos institucionales, haría crecer una Unión Europea más democrática, más sostenible y más pacífica. Los ciudadanos no añadirían jamás de los jamases muchas de las cosas que se encuentran en los tratados actuales. En su lugar, los derechos fundamentales ocuparían el puesto más alto, y se crearía un marco próspero para la paz interior y exterior y, de forma especial, para una economía del bien común.

Convención para la economía

Las convenciones pueden tener como objetivo no sólo reescribir la Constitución, sino también redactar de nuevo elementos individuales básicos como la Carta de Derechos Fundamentales o incluso un marco de valores y objetivos para la economía. Como ya he explicado, el actual orden económico que se basa en las dos reglas principales de «orientación al beneficio» y de la «competencia» no encaja con las metas y los valores constitucionales. Es más, los valores de la «economía real» no sólo discrepan un poco de nuestros valores humanos fundamentales, sino que son diametralmente opuestos. La concepción real de la economía daña el espíritu de las constituciones. Según la Constitución alemana, «el uso de la propiedad tiene que servir equitativamente al bienestar de la mayoría» (artículo 14); según la Constitución de Baviera, «toda actividad económica sirve al bien común». La constitución española indica que la meta de la nación es «promover el bien de quienes la integran» (preámbulo). Incluso, la «justicia» es el primer valor mencionado en la Constitución. En la economía no es posible identificar casi nada de todo esto; los valores constitucionales, dignidad humana, solidaridad, justicia y democracia, en la economía o no se exigen o se exigen muy poco. La ambición por el beneficio y la competencia no son normas apropiadas para realizar estos valores básicos.

La convención democrática para la economía que propongo traduciría los objetivos y valores de la Constitución en reglas de juego que, mediante incentivos eficaces, conduzcan hacia la realización de esos valores y objetivos. Las propuestas son: definir la orientación hacia el bien común como objetivo de los agentes económicos; medir los objetivos alcanzados con el producto del bien común; medir los objetivos alcanzados por la economía nacional con el producto del bien común; recompensar la cooperación entre empresas; y limitar y condicionar el derecho de propiedad.

Bastaría con diez o quince de estas reglas de juego. La parte de la Constitución relativa a la economía ocuparía aproximadamente entre una y dos hojas. Por primera vez en un sistema democrático se fijarían las reglas para la economía. Este lujo nos lo podríamos permitir para el centenario del fin de las monarquías en Alemania y Austria, en 2018/19. En España, «La Pepa», primera Constitución liberal, cumple 200 años en 2012, año en que se publica este libro: un momento adecuado para iniciar el proceso hacia la Constitución Soberana.

Convención para la educación

Otra convención más podría estar orientada al tema de la educación. La enseñanza condiciona a los seres humanos que van a formar la sociedad del mañana. ¿Han aprendido a escucharse unos a otros, a cooperar, a apreciar la opinión de los demás? ¿O han aprendido a querer ser mejores que los demás, a dar codazos, a no tener en cuenta a los demás cuando se trata de su propio «éxito»? ¿Aprenden lo que significa dar forma a una democracia o se ven a sí mismos sólo como «particulares»? ¿Perciben el nexo más profundo que mantiene unido al mundo, o están llenos de incoherentes conocimientos específicos?

No hay ningún otro sector en el que la frustración se acentúe por todas partes como en la educación. Los alumnos se sienten tutelados y desbordados; los profesores se sienten también presionados, como chivos expiatorios sentados en el banquillo; las universidades usan métodos de colegio y financieramente se mueren de hambre, se tienen que comportar continuamente como empresas y tomar fondos de empresas privadas orientadas al beneficio; los métodos externos de evaluación crean un clima de vigilancia y control. Los niños y los jóvenes se adaptan a las necesidades del mercado y de la globalizada economía, en vez de poder desarrollarse como seres humanos libres y críticos.

¿Se corresponde esta evolución con el ideal de la libre enseñanza? ¿Por qué no pueden padres y alumnos participar en la elaboración de los planes de estudio? ¿Por qué los elabora el gobierno solo? ¿Acaso los contenidos de la enseñanza no afectan a todos? ¿Acaso la suma de todas las personas relacionadas con la enseñanza en una sociedad no son más inteligentes que un gobierno presionado por los grupos de interés?

Una salida sería una convención educativa en la que todos los afectados del sector educativo —alumnos, universitarios, profesores, padres— eligieran personas de su confianza que estableciesen los objetivos y los contenidos centrales del sistema educativo así como el derecho a participar de los afectados. Me apuesto lo que sea a que se elegirían otros contenidos y otras asignaturas diferentes a las que en el año 2009 el presidente en funciones del ÖVP, Partido Popular Austriaco, y vicecanciller Joseph Pröll propuso en su discurso de apertura «Proyecto Austria» en el punto álgido de la crisis financiera: la «educación financiera» debería convertirse en «una parte integral de toda formación escolar»[81]. Después de que los bancos se hayan convertido en sucursales de «casinos» globales, ahora todas las personas deben aprender cómo lograr el mayor éxito en un casino. Y el colmo de los colmos es que el único representante de Austria en el grupo de trabajo de la Unión Europea con el mismo nombre («Financial Education») sea el director gerente de la gestora de hedge funds Superfund que promete a sus clientes unos réditos financieros anuales del 70 por ciento. (Los dos integrantes alemanes provenían uno de un grupo bancario y el otro de una asociación de aseguradoras)[82]. Estoy seguro de que una representación de profesores, padres y alumnos nunca habría llegado a la idea de que la «educación financiera» debía ser una asignatura obligatoria ni habría pedido consejo a un directivo de hedge funds para ello; habrían impulsado prioridades diferentes a un gobierno que se fusiona cada vez más con las élites financieras y representa sus intereses de lucro.

Convención para los servicios de interés general

Una tercera convención podría definir el ámbito económico de los servicios básicos, o «servicios de interés general». ¿Qué sectores de la economía tienen un significado tan básico (y en muchos casos preferiblemente organizados como una actividad individual) que deben estar completamente bajo el control del soberano? Según las encuestas, una amplia mayoría de la población se decanta por un servicio de correos, una red ferroviaria, pensiones y seguridad social, así como guarderías y universidades de carácter público. Estos servicios públicos básicos podrían seguir desarrollándose, a través de la convención para los servicios de interés general, hacia un «bien comunal democrático». (Allí donde la población pudo votar, se pronunció a favor de mantener el control público sobre las infraestructuras básicas.)

Convención para los medios

Otra convención podría trabajar sobre el tema de los medios de comunicación para desconcentrar el poder mediático, económico y político, y cultivar un paisaje mediático democrático. La diversidad y desconcentración del poder se pueden lograr mediante un proceso de retroalimentación negativa:

Ninguna compañía puede tener en propiedad más de una empresa mediática.

Ningún medio puede depender en más de un 0,5 por ciento de un solo anunciante.

Los nuevos medios sólo pueden ser fundados como mínimo por cinco periodistas acreditados y diez propietarios equivalentes.

Hoy, en la época de la postdemocracia, ningún gobierno se plantearía tan siquiera una redistribución del poder mediático y de la propiedad. El único que puede emprender y poner en práctica esta medida de rescate para la democracia es el pueblo soberano. Pero para ello necesita la democracia directa.

Convención para la democracia

La más importante de las convenciones tendría por tanto la tarea de reescribir las reglas del juego. Desde la crisis de 2008 y la (no) reacción de los gobiernos, cada vez más personas tienen claro que el actual modelo de democracia es un callejón sin salida para la propia democracia. Muchas iniciativas de la sociedad civil —desde Mehr Demokratie e.V. («Más Democracia»), pasando por protestas estudiantiles y el movimiento Occupy, hasta Attac y las ecoaldeas y comunas de ciudadanos— reflexionan acerca de un nuevo modelo de democracia. En mi opinión, una de las tareas más importantes de los próximos años es que todas las fuerzas que quieren más democracia elaboren juntas un innovador y moderno modelo de democracia y que, después, lo conviertan en una reivindicación conjunta de una amplia alianza de la sociedad civil, más aún: un histórico movimiento por los derechos de la ciudadanía.

El camino hacia la realización puede ser una iniciativa popular, la exigencia de una convención para la democracia o, en este caso, incluso un partido político. Personalmente pienso que los partidos políticos son un callejón sin salida para la democracia «real», porque destacan lo particular, no lo común. Lo que un grupo parlamentario propone lo rechazan a menudo los demás por principios, no por el contenido. La democracia de partidos promueve la competencia, pero la democracia debería basarse en un proceso cooperativo. No puedo ofrecer todavía una solución madura para esto. Pero presiento que pronto se encontrarán caminos y procesos para que una comunidad consiga tomar decisiones sostenibles sin tener que fragmentarse o aniquilarse.

El partido democrático, si es que alguna vez existe, tendría un solo objetivo: implantar el nuevo modelo democrático. No escribiría ningún «contenido» en su programa —tampoco ninguno capaz de alcanzar una mayoría—, porque éste se apartaría demasiado de la reescritura de las normas de decisión. Además, después de la implementación de las nuevas normas, los contenidos susceptibles de ser respaldados por la mayoría se pueden convertir en ley sin problema a través de los ciudadanos, también sin partidos políticos.

La búsqueda de un modelo mejor de democracia ha empezado. Creo que es el proyecto político más importante de los próximos años.

Democracia de tres pilares

En suma, se continuarían desarrollando las medidas propuestas del actual modelo unidimensional de la democracia (sólo democracia representativa) hacia una democracia tridimensional: democracia indirecta (representativa), directa y participativa. Tampoco sería aún una «democracia real», querido Jean-Jacques Rousseau, pero al menos es el siguiente paso hacia ella.

VII
Ejemplos y modelos

Motivación

La economía del bien común no es una utopía. Las empresas siempre han perseguido otros objetivos diferentes al beneficio financiero. Y la cooperación es un principio básico de la evolución[83]. Incluso hoy, en medio del capitalismo global, hay numerosas empresas que hace tiempo que viven uno o más aspectos de la economía del bien común. Los siguientes ejemplos ejercen sobre muchas personas una estimulante y motivadora influencia. No hay ningún motivo sensato para no construir un paisaje empresarial nacional inspirado en su modelo común.

1. Mondragón: la mayor cooperativa a nivel mundial (País Vasco)

La vasca Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) es a día de hoy la mayor cooperativa del mundo. En 1943, tras la guerra civil española, el joven sacerdote José María Arizmendiarreta creó una Escuela Profesional Politécnica. En 1956, cinco graduados constituyeron la primera cooperativa. En la actualidad, el grupo está presente en diecinueve países y cuenta con 256 empresas distribuidas en los sectores de construcción de maquinaria, automoción, industria de la construcción, electrodomésticos, venta al por menor, finanzas y seguros. También tienen un banco, la cooperativa Caja Laboral Popular.

Un 83 por ciento de los cerca de 95.000 empleados son cooperativistas. La idea es que este porcentaje aumente hasta alcanzar el 90 por ciento. La cooperativa se basa en la igualdad básica de todos los cooperativistas que trabajan en ella. La organización democrática de la empresa es evidente en a) la soberanía de la asamblea general, que se compone de la totalidad de cooperativistas y que funciona según el modelo «una persona, un voto»; b) el voto democrático del órgano directivo, especialmente del consejo de administración, que tiene que responder ante la asamblea general; y c) el trabajo conjunto con los órganos ejecutivos, que están encargados de dirigir la cooperativa por delegación de la totalidad de cooperativistas.

De los beneficios, una pequeña parte se reparte entre los trabajadores, y la mayor parte se reinvierte; otra parte pasa al «Fondo Central de Intercooperación», que crea nuevos proyectos y puestos de trabajo. Si una empresa se encuentra en dificultades financieras, puede ser rescatada a través de una reducción de salarios, con autorización previa de los trabajadores. En momentos de grandes problemas financieros o de picos de pedidos, los empleados pueden trabajar temporalmente en otras cooperativas. Hasta un 10 por ciento del beneficio neto pasa a la cooperativa y a los proyectos de formación, clasificados de muy importantes; al fin y al cabo, todo empezó con esta intención. En total, la Corporación Mondragón factura entre cinco mil y diez mil millones de euros, los recursos propios ascienden a cinco mil millones de euros. El grado de globalización es alto: tiene sucursales desde Portugal hasta Tailandia, de Brasil a Polonia y de México a Hong Kong. En Alemania, Mondragón tiene en activo plantas de producción en Limburg an der Lahn, Herborn y Stockach.

Según la propia empresa, el secreto (público) de su éxito se encuentra en los siguientes factores:

En el centro están las personas, no el capital. Una muestra de esto son la propiedad y gestión conjunta de todos. El 45 por ciento de los empleados son mujeres.

La reinversión prácticamente de todos los beneficios obtenidos. (No hay accionistas.)

La creación de instrumentos de cooperación eficaces: en la Corporación Mondragón no se despide a nadie en tiempos de crisis. Se usan los beneficios reservados en los fondos solidarios para reforzar las empresas más débiles. Además, el banco de la cooperativa concede a las entidades económicamente prósperas, créditos con intereses más altos y a las que se encuentran en una situación problemática, créditos con intereses muy bajos o incluso sin ellos.

El último punto muestra cómo podría funcionar la cooperación sistemática entre empresas: este principio básico de la economía del bien común es en la Corporación Mondragón una realidad viva. El profesor de filosofía David Schweickart se inspiró en la Corporación Mondragón para crear un modelo económico alternativo, la «democracia económica»[84]. Ya lo afirmaba Karl Marx: «El ser social determina la conciencia».

2. Sekem: agricultura biodinámica en el desierto (Egipto)

Sekem es una cooperativa egipcia de comercio justo localizada a 60 kilómetros al sur de El Cairo. Fundada en 1977, en la actualidad se compone por siete empresas y 1.850 empleados[85]. Sekem hizo florecer el desierto con agricultura biodinámica y produce, junto a alimentos ecológicos, productos para la salud y textiles con modelos de producción ecológicos. Sekem significa «vitalidad del sol». Su fundador, Ibrahim Abouleish, fue galardonado en 2003 con el Premio Nobel Alternativo, por un «modelo de negocio del siglo XXI en el que están integrados el éxito empresarial y el desarrollo social y cultural de la sociedad a través de una economía de afecto».

Entre las siete empresas se encuentra la fitofarmacéutica Atos, que produce medicamentos naturales contra el cáncer, problemas de la circulación, enfermedades dermatológicas y reúma, entre otras; la productora de alimentos ecológicos Isis, que elabora cereales, arroz, verduras, pasta, miel, mermelada, dátiles, especias, hierbas aromáticas, tés y zumos de frutas; la empresa de cultivo biodinámico Libra, que ha extendido por todo Egipto a través de cooperativas los procedimientos agrícolas biodinámicos para el cultivo de algodón, plantas oleaginosas y cereales; Lotus, que seca hierbas aromáticas; Hator, que comercializa fruta fresca; Mizan, que reproduce semillas para cultivar verduras; y Conytex-Naturetex, que fabrica ropa y textiles ecológicos. La investigación para todas las empresas se realiza en la Academia Sekem de artes y ciencias aplicadas.

Otro foco importante junto a la agricultura biodinámica reside en el comercio justo. En sus inicios se limitaba el principio de comercio justo al comercio con países industrializados. Entretanto, Sekem intenta establecer el sistema también en el mercado interior egipcio. Un tercer punto esencial es el bienestar de los 1.850 empleados. Con los beneficios se financian guarderías, centros educativos Waldorf y clínicas. Una universidad pública abrió sus puertas en septiembre de 2009.

Cada mañana se reúnen los empleados de todas las empresas para honrar todos juntos el día anterior y comenzar el siguiente. Los valores centrales de la dignidad humana, igualdad y democracia, también se cuidan en la cooperativa Sekem. La tendencia educativa es incentivar el «pensamiento libre y claro» así como la «expresión artística». Y los centros de salud trabajan con medicina psicosomática y natural.

La fundación Abouleish gestiona el capital de Sekem, y el consejo de la fundación vela por la visión de la cooperativa. En febrero 2007, el GLS Gemeinschaftsbank de Fráncfort y el Triodos Bank entraron a formar parte del grupo Sekem con casi un 20 por ciento.

3. Göttin des Glücks y Craft Aid: textiles ecojustos (Mauricio/Austria)

«Göttin des Glücks» (GDG, «Diosa de la Felicidad») es la primera marca textil de corte ecológico y de comercio justo de Austria. Fue fundada en 2005 por cuatro artistas de Bulgaria, Croacia y Austria[86]. El objetivo de esta empresa de moda es armonizar empresas productoras, clientes, empresarios y la propia Tierra. La ropa es fabricada en Mauricio por Craft Aid (CA), socio comercial de EZA Fairer Handel. Como socio cooperativo asentado de EZA, GDG tiene acceso a una cadena de producción íntegra, certificada, ecológica y justa: una situación win-win para todos. CA es una organización sin ánimo de lucro con certificación de comercio justo fundada en 1982 para integrar a personas con discapacidad en la sociedad a través del trabajo. CA tiene a día de hoy ciento ochenta empleados en las secciones de azúcar, flores y ropa; la mitad son personas «con necesidades especiales». Todas las mañanas se recoge a los trabajadores en sus casas y se les vuelve a llevar cuando finaliza el trabajo. La jornada laboral de nueve horas se interrumpe con tres pausas que todos cumplen. No hay horas extras, y en la fábrica textil se cobra 1,5 veces sobre el salario mínimo de Mauricio. Todos los colaboradores tienen seguro de salud y accidentes y, además, se les abre una cartilla de ahorro en el banco en la que van ahorrando para la pensión. Todos los lunes va un médico a la empresa, al que todos pueden acudir de forma gratuita. Los empleados tienen, junto a la posibilidad de expresar libremente su opinión, la oportunidad de proponer mejoras.

Los beneficios se destinan a obras benéficas y a proyectos de expansión. Un motivo de orgullo especial es haber conseguido en 2010 a través del apoyo de EZA el certificado GOTS (Global Organic Textile Standard), hasta el momento la norma internacional más conocida para la fabricación ecológica de tejidos.

4. Comercio Justo: la valoración de las personas que están tras los productos (58 países productores)

El comercio justo se asienta como un contrapunto al «libre comercio» y al principio de «la oferta más barata». En Austria, EZA Fairer Handel GmbH empezó hace ya treinta y cinco años a dar a los perdedores del sistema una oportunidad en el mercado mundial: a los pequeños granjeros, artesanos y trabajadores del sector textil. Una retribución apropiada por sus productos y relaciones comerciales fiables y en la medida de lo posible directas, refuerzan su posición en el mercado frente a las grandes corporaciones, y representan una base importante para mejorar su capacidad de supervivencia. El cumplimiento de criterios sociales y ecológicos representa un papel central en el cultivo y en las condiciones laborales.

En Europa, las tiendas de comercio justo han influido en la expansión de este concepto de comercio. Son, además de establecimientos comerciales, puntos de información, de toma de conciencia y de encuentro con personas de los países de origen. Muchas tiendas de comercio justo trabajan con apoyos voluntarios; si el ser humano «por naturaleza» fuera interesado y sólo se motivara mediante la competencia, entonces estas tiendas podrían cerrar.

Con la creación del sello FAIRTRADE o de Comercio Justo (fundado en Holanda en 1988), también se hizo posible para los integrantes del mercado comercial, como los supermercados, el acceso controlado a la idea del comercio justo. La facturación mundial de productos con certificado de comercio justo en el año 2009 fue de 3.400 millones de euros.

En la economía del bien común se antepondrían los productos de comercio justo frente a los de comercio «injusto», hasta que después de un período de transición de varios años sólo hubiera productos de comercio justo en los estantes. Esto se podría conseguir, por ejemplo, con un aumento de los aranceles en un 10 por ciento anual sobre los productos de comercio injusto; pronto los productos de comercio justo serían más baratos. La Organización Mundial del Comercio (OMC), que tiene como meta la «feroz competencia» y los productos de bajo coste, podría tachar de ilegal la «discriminación» de productos injustos y declarar que esto supone una infracción a la ley del libre comercio: un motivo más para disolverla y en su lugar poner a través de la ONU equitativas leyes de comercio justo[87]. La Unión Europea puede dar el primer paso y establecer un Área de Comercio Justo o un área del Bien Común en la que la producción y el comercio éticos sean vinculantes. El respeto de los derechos humanos y laborales, así como el respeto al medio ambiente, no pueden estar sujetos al principio de la voluntariedad.

5. Buschberghof: el uso de la economía sostenible libre de presiones económicas

La granja con sello de calidad Demeter Buschberghof se considera la célula fundamental de las granjas comunitarias en Alemania[88]. Desde 1987, la granja busca implantar un circuito económico lo más cerrado posible que vaya más allá del negocio agrícola para implicar en la producción a los usuarios. El concepto de «agricultura sostenida por la comunidad» (Community Supported Agriculture, CSA) es tan simple como genial: una granja abastece a su entorno con alimentos, y el entorno suministra a la granja con los medios financieros necesarios para que se pueda sostener económicamente. Los usuarios asumen la responsabilidad de la producción de alimentos biológicos, garantizando su compra durante seis meses o un año. A cambio, tienen acceso e influencia sobre la producción. Forman parte de la estructura del negocio. El concepto se basa en la idea de que la naturaleza, dentro de un circuito sano, produce suficientes excedentes para alimentar a las personas de la región[89]. Según el principio de responsabilidad recíproca entre usuarios y granjeros, se han creado desde los años sesenta granjas comunitarias independientes entre sí en diversas partes del mundo[90]. Ejemplos son la Buschberghof, la Kattendorfer Hof, la CSA Hof Pente (Alemania) o la Ochsenhertz Gärtnerhof (Austria), que colabora con doscientas personas que participan en la cosecha. Con el concepto CSA, apoyan la producción y venta locales. El principio de la responsabilidad recíproca en relación con la producción biológica y regional-estacional también se implanta en cooperativas de alimentos («foodcoops»). Un ejemplo es la asociación vienesa Bioparadeis[91].

6. Regionalwert AG: capital social en la región

En 2006 se fundó cerca de Friburgo de Brisgovia la sociedad anónima de ciudadanos «Regionalwert AG»[92]. Alrededor de quinientos accionistas hacen posible la financiación de una agricultura regional sostenible. Hasta el momento, se han aportado 1,97 millones de euros. Regionalwert AG emplea el dinero suministrado para adquirir negocios agrícolas o que tengan actividades relacionadas con la agricultura, que se arriendan de nuevo a empresarios de escaso poder financiero. También se realizan inversiones financieras para crear empresas a lo largo de toda la cadena de valor: formación, cultivo de plantas, producción agrícola (agricultura, ganadería, horticultura, silvicultura), elaboración de productos (lecherías, queserías, panaderías…) y la distribución (minoristas, catering, gastronomía…). Los accionistas reciben como beneficio extrafinanciero adicional al resultado ordinario un indicador por medio del cual pueden determinar un «bienestar multidimensional» así como el «valor añadido socioecológico» y la seguridad de abastecimiento para la región. El fundador es el antiguo agricultor de verduras biológicas con calidad Demeter Christian Hiß, galardonado en 2009 con el premio Social Entrepreneur der Nachhaltigkeit («Empresario social de la sostenibilidad»).

7. GLS Bank, Freie Gemeinschaftsbank, Alternative Bank Schweiz, Sparda-Bank München, banca ética, Oikocredit (Alemania, Suiza, Italia, Holanda, Austria)

No todos los bancos son iguales. En la actualidad ya se han comprometido algunos bancos con el servicio al bien común. La cooperativa de crédito alemana Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken (GLS, «banco cooperativo para el prestar y el dar»[93]) fue creada en 1974 por antroposóficos. Es el primer banco universal de Alemania que trabaja según principios socioecológicos fundamentales. Financia más de 6.500 empresas y proyectos en los ámbitos de guarderías y escuelas gratuitas, energías renovables, instalaciones para minusválidos, vivienda, construcción sostenible y calidad de vida para los mayores. Están excluidos del negocio bancario, entre otros, el alcohol, la energía atómica, la investigación con embriones, la modificación genética en plantas, la industria armamentística, el tabaco, la mano de obra infantil y los experimentos con animales. Todos los créditos concedidos a las empresas se publican en el boletín para clientes Bankspiegel. Los créditos básicamente no se revenden, de la misma manera que las operaciones especulativas tampoco pertenecen a su modelo de negocio. Los depósitos bancarios de los clientes ascendieron en 2009 a 1.350 millones de euros. Además, al banco pertenece GLS Treuhand, que gestiona las fundaciones y asigna fondos a proyectos de utilidad pública. Junto a la central en Bochum, el banco tiene seis sucursales más en Múnich, Hamburgo, Fráncfort, Stuttgart, Friburgo y Berlín, en las que trabajan en total 254 personas.

El primer banco alternativo en Suiza es Freie Gemeinschaftsbank[94]. También fue fundado por grupos antroposóficos en 1984 en Dornach y en 1999 se trasladó a Basilea. Su objetivo es promover iniciativas de utilidad pública o, en general, útiles para la comunidad a través de la concesión de créditos según criterios éticos. Campos clave son los negocios agrícolas con certificación biológica; colegios, guarderías y centros de formación públicos, pedagogía curativa y terapia social, consultorios médicos, clínicas, medicamentos, industria, comercio, restaurantes, proyectos ecológicos, energías renovables, escuelas de arte, iniciativas artísticas, centros de encuentro, residencias de la tercera edad y viviendas comunitarias. La suma del balance ascendió a cerca de doscientos millones de francos, el capital propio aproximadamente a ocho millones de francos. Los certificados de participación de la cooperativa no se devuelven ni tampoco generan intereses.

Otro banco ético en Suiza es Alternative Bank Schweiz, con sede en Olten, fundado en 1990 por 2.600 personas y empresas, y que actualmente muestra una hoja de balance de cerca de mil millones de euros[95]. También ABS concede créditos focalizados en proyectos alternativos. Un sello distintivo de ABS es su transparencia: publica el nombre de sus prestatarios y el propósito de los créditos. Democracia e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desempeñan un papel muy importante internamente. El banco cuenta con 24.000 clientes y se apoya en 4.400 accionistas.

En Sparda-Bank, en Alemania y en Austria, las cuentas corrientes son gratuitas. Al mismo tiempo, todos los clientes con cuenta son cooperativistas, y por lo tanto propietarios con derecho a voto. Sparda-Bank de Múnich, un modelo dentro del grupo Sparda, cuenta con 224.000 propietarios[96]. Éstos eligen más de doscientos representantes, y éstos a su vez, eligen un consejo de administración y una junta directiva. Los representantes también deciden sobre el reparto de beneficios. En los últimos años había unos dividendos reales de entre el 5 y el 6 por ciento sobre el capital aportado a la cooperativa. La diferencia de salarios entre la junta directiva y la media de ingresos corresponde a una proporción de 6:1. Para los seiscientos sesenta empleados hay más de ciento veinte modelos de jornada laboral; según el convenio colectivo, la jornada laboral es de 37,75 horas semanales. Los padres con hijos entre uno y tres años reciben una asignación por hijo de 150 euros. En 2010, Sparda obtuvo por cuarta vez la calificación de «mejor empleador de Alemania» en la categoría de bancos. En el Kundenmonitor Deutschland, el grupo bancario Sparda consiguió por decimoséptima vez el primer puesto. Entretanto, el balance total asciende a 5.000 millones de euros.

Sparda-Bank de Linz (veinticinco mil integrantes) no reparte beneficios y no realiza operaciones especulativas. Hasta el momento no ha vendido cartera de crédito ni ha subastado ningún inmueble. Las adquisiciones y fusiones están totalmente excluidas. La mitad de las dieciséis filiales están dirigidas por mujeres.

En Tirol del Sur, veintitrés Cajas Raiffeisen y tres bancos suprarregionales operan en el negocio de la banca ética, que persigue objetivos similares a los ya descritos bancos éticos y no busca el beneficio, sino que trabaja según el principio de cubrir costes. Los intereses de los créditos oscilan entre el 0,5 y el 2 por ciento, y los de las cuentas de ahorro entre 0 y como máximo un 2 por ciento[97].

Oikocredit es una organización de crédito internacional fundada en 1975, que se ha especializado en microcréditos y créditos para iniciativas de cooperación al desarrollo. A nivel mundial se han facilitado 797 créditos para proyectos en 71 países. El capital, que en total ha favorecido a 17,5 millones de personas, fue aportado por 34.000 inversores y organizaciones de quince países. La sede de la organización está en Holanda, en 1990 se creó la Asociación de Apoyo Oikocredit en Austria. El aporte de los más de 1.950 inversores austriacos hasta el momento es de veinte millones de euros[98].

8. Wagner & Co Solartechnik (Alemania)

Nueve miembros del movimiento ecológico de los años setenta, que en parte surgió como consecuencia del impacto del petróleo, fundaron en 1977 en Cölbe bei Marburg (Hesse) la empresa de energía alternativa Wagner Solar, que en la actualidad es una de las empresas del sector líder en Europa. La empresa fabrica colectores solares en plantas de producción energéticamente autosuficientes, entre ellos, el colector plano más eficaz de Alemania. Junto a los colectores también encontramos en el surtido de productos, acumuladores, reguladores, instalaciones fotovoltaicas y calderas de pellets. En los treinta años transcurridos desde su fundación, su cifra de negocio ascendió una media anual de un 40 por ciento. En la actualidad trabajan trescientas cincuenta personas en la empresa de la que a la vez son propietarios. En el perfil de la empresa, una de las cinco categorías es «democracia y propiedad». Sólo los colaboradores pueden ser propietarios, y las decisiones se toman democráticamente. También los beneficios obtenidos favorecen exclusivamente a los trabajadores. El alto grado de identificación de los empleados con la empresa refuerza el compromiso y la disposición para asumir responsabilidad. Las amplias posibilidades de participación en las condiciones de trabajo y en los desarrollos favorecen una atmósfera de trabajo abierta y constructiva. El modelo de empresa de Wagner & Co muestra que la democracia y la economía no crean una contradicción irreconciliable, y también que las empresas con éxito, bajo las condiciones actuales, pueden poner en práctica el modelo de participación y cogestión de una propiedad común[99].

9. GEA, gugler, Sonnentor, Thoma, Zotter: pioneras en distintos sectores (Austria)

GEA, con el legendario zapato de la fábrica «Waldviertler», es un ejemplo de que en los tiempos de la globalización, de deslocalizaciones y de producciones de bajo coste, también los bienes de consumo locales se pueden fabricar con recursos y mano de obra locales, mientras la producción y la distribución se ajusten. En la empresa Waldviertler GmbH y en GEA Heinrich Staudinger GmbH, 125 personas producen y venden zapatos y muebles. El salario mínimo es de 1.000 euros netos, la proporción salarial es de 2:1. Se busca el consenso en la toma de decisiones. Desde otoño de 2010 las fábricas en la región de Waldviertel producen mediante plantas solares más energía de la que necesitan.

Mödling, socio de GEA, busca ahora la transformación en cooperativa. El objetivo es la equitativa participación de cuatro empleados y el reparto del beneficio conjuntamente obtenido, o de las pérdidas, así como la misma retribución por tiempo trabajado. Actualmente la diferencia de salarios está todavía en una proporción de 1:1,5.

El proveedor de servicios de comunicación gugler* en Melk, en el estado de Baja Austria, tiene una visión: hacer productos de impresión completamente compostables. El modelo para esto es el principio Cradle-to-Cradle® (de la cuna a la cuna), que podría convertirse en uno de los objetivos estrella del balance de la economía del bien común[100]. Desde hace más de veinte años, el negocio familiar (95 empleados) da nuevos pasos para hacer más ecológicos los medios de producción. Premios como el NÖ Holzbaupreis 2000, Trigos 2004, WWF Panda Award 2006 y el Austrian Sustainability Reporting Award 2008 por el primer informe de sostenibilidad en el sector confirman su amplio compromiso. Esto también está fijado en la estrategia a largo plazo de la empresa: «una economía atenta al bienestar de los hombres y de la Tierra».

La empresa procesadora de hierbas aromáticas biológicas Sonnentor[101], fundada en 1988 en la Baja Austria, busca igualmente caminos hacia la sostenibilidad ecológica y social. Puede, como la «empresa vecina» del sudoeste de la Baja Austria, remitir a una larga lista de relevantes premios y reconocimientos. Los 153 empleados procesan productos naturales de ciento cincuenta granjas de la región, y exportan a casi cincuenta países. Entre sus productos cuenta con tés, hierbas aromáticas, sal, café y otros. La empresa utiliza material de embalaje ciento por ciento reciclable o apto para hacer compost, y emplea sólo energía ecológica, y de ésta, una décima parte la cubren con una instalación fotovoltaica propia. En la propia fábrica no se produce ninguna emisión contaminante directa. Junto con las otras tres ya mencionadas y algunas empresas más, como Rogner Bad Blumau o la almazara Fandler, Sonnentor ha firmado el manifiesto de Bad Blumau, que promueve la responsabilidad empresarial y la sostenibilidad[102].

En Goldegg, en el Estado federal de Salzburgo, el amante de la madera Erwin Thoma ha creado una empresa que fabrica casas de madera que no llevan ni pegamento ni metal. Las denominadas «casas ciento por ciento de madera» ya están en veinticinco países del mundo. La madera que usa la empresa es la primera que tiene una certificación de oro Cradle-to-Cradle.

En Riegersburg, en el estado austríaco de Estiria, está situada la única fábrica de chocolate artesanal biojusta de Europa que procesa al año 250 toneladas de cacao de Nicaragua, Perú, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Bolivia y Brasil. Alrededor del fundador Joseph Zotter, cien empleados realizan todos los pasos de la producción «from bean to bar», desde la semilla hasta la tableta, en el mismo sitio, desde tostar las semillas, pasando por la laminación, hasta los procesos de concheado. Desde 2004 sólo emplean semillas y azúcar provenientes del comercio justo, y desde 2006 todos los ingredientes son biológicos. El chocolate no tiene por qué significar trabajo infantil ni cría de animales a gran escala[103].

10. Cecosesola: multicooperativa (Venezuela)

En la venezolana ciudad de Barquisimeto, los empleados se hicieron cargo de una empresa funeraria y una de autobuses tras la insolvencia de éstas, y las transformaron en una cooperativa, de la que suprimieron todo tipo de jerarquías. Todas las decisiones de la cooperativa se toman por consenso. El corazón de la cooperativa lo componen cuatro supermercados que abren de viernes a domingo y, a la vez, sirven de punto de encuentro y centros culturales. Ganan prestigio con productos frescos y de alta calidad, numerosos granjeros y jardineros distribuyen directamente a la cooperativa. Los salarios están un 50 por ciento por encima del salario mínimo (relativamente altos para Latinoamérica), y los precios son ajustados para los consumidores. Un 99 por ciento del trabajo se realiza en rotaciones. Junto a los supermercados hay un centro de salud para el que se han aportado más de dos millones de dólares estadounidenses provenientes de medios propios, donaciones y eventos solidarios. Los edificios están terminados, tan sólo falta el caro instrumental médico. El gobierno se ha ofrecido a pagarlo, pero la cooperativa lo ha rehusado para mantener su independencia. También está en construcción un banco colectivo, que colaborará en la financiación del centro de salud. Cecosesola tiene alrededor de dos mil colaboradores directos y cincuenta mil integrantes. Los supermercados son los más grandes de la ciudad, la funeraria realiza mensualmente cerca de noventa entierros.

11. SEMCO: «Industria democratizada»[104]

La empresa fundada en la década de los cincuenta producía originalmente centrifugadoras para la industria del aceite vegetal. Actualmente SEMCO trabaja a nivel mundial ofreciendo servicios a empresas: asesoramiento medioambiental, administración de propiedades, consultoría inmobiliaria, servicios de inventario y volantes de dirección. En el sector de equipamiento industrial y administración de correo y documentos, la empresa ocupa una posición líder en el mercado y ofrece más de tres mil puestos de trabajo.

Lo reseñable de SEMCO es que se trata de un modelo de organización alternativo. Las jerarquías y organigramas de empresa prefabricados no existen en su forma habitual: no se da ningún valor a las formalidades, pero en cambio sí se valoran el respeto mutuo, la participación y la cogestión. Todas las personas independientemente de su actividad —de directivos o de trabajadores— son tratadas por igual. De esta manera, cada trabajo tiene su significado y todos trabajan más motivados y satisfechos.

Cuando Ricardo Semler, el hijo del fundador Antonio Curt Semler, asumió la dirección de la empresa en los años ochenta, pasó en un primer momento por dificultades económicas. Se decidió por llevar a cabo una reestructuración integral. El antiguo objetivo, aumentar el índice de rendimiento y producción, se cambió por factores sociales tales como lograr el bienestar y la motivación de los empleados. El convencimiento fundamental común se basa en un modelo de interacción. La participación de los colaboradores impacta positivamente en su motivación y ésta a su vez aumenta la participación.

Con este enfoque, las «personas» en SEMCO desarrollaron un nuevo plan de organización: las jornadas laborales en todos los puestos de trabajo se flexibilizaron considerablemente. El modelo de rotación por las diferentes actividades laborales proporciona diversificación y permite reemplazar a las personas que faltan. Los trabajadores deciden sus propias vacaciones, lo mismo que los ingresos, que son tratados de manera transparente y descentralizada.

En el «Manual de Sobrevivência» están anotadas importantes normas básicas para la convivencia y el trabajo en SEMCO. A cada persona que entra en SEMCO se le anima a participar, a reflexionar, a ser creativo.

Para asumir un puesto directivo, según su cultura empresarial, una persona tiene que ser aceptada por los trabajadores «dirigidos». Que un jefe presione, amenace o genere estrés se ve como un déficit de sus capacidades directivas. Palabras como «empleado» o «trabajador» se evitan. En vez de eso, en la empresa se emplea «persona» como término general para denominar a todos los que trabajan en SEMCO. El respeto mutuo sustituye las formalidades. Existe un clima abierto para expresar opiniones, ideas y críticas. Las diferencias de opinión se consideran necesarias y sanas.

Esta forma de «industria democratizada» aumenta la responsabilidad personal de todos los integrantes. Los beneficios y resultados de cada unidad de trabajo son transparentes y accesibles para todos. Un 15 por ciento del beneficio va a parar a todos los empleados. A través de un curso sobre el balance se permite a todos los asistentes tomar parte en la discusión de cómo se deben emplear los beneficios.

El «modelo SEMCO» ha dado buenos resultados. La organización que estaba a las puertas de la quiebra es hoy en día un grupo empresarial lucrativo con doce ramas de negocio. SEMCO cuenta con los mejores puestos de trabajo en Brasil y con la excelencia empresarial en recursos humanos.

Ricardo Semler fue elegido en 1990 por The Wall Street Journal como el hombre de negocios latinoamericano del año. En 1990 y 1992 también fue el hombre de negocios brasileño del año. Su primer libro Radical: el éxito de una empresa sorprendente (Gestión 2000), uno de los libros de no ficción más vendidos en la historia de Brasil, se ha traducido a veintitrés lenguas[105].

12. Economía solidaria (Brasil)

En Brasil está creciendo un sector económico alternativo: la economía solidaria. Se trata de una respuesta a la crisis del capitalismo de los años ochenta, en la que por primera vez reinó el desempleo masivo y la pobreza extrema amenazó a muchas personas. Como el libre mercado era incapaz de ayudarles, lo intentaron con la ayuda mutua y la solidaridad. Se crearon numerosas cooperativas y consorcios, hoy en día hay más de veinte mil empresas con más de dos millones de empleados. El espectro de actividades va desde fábricas de azúcar y calzado, pasando por cooperativas textiles, hasta redes de comercio justo. Las empresas son en parte empresas de producción autogestionadas, en parte cooperativas agrarias y en parte iniciativas informales en los barrios pobres y comunidades indígenas. Quinientas organizaciones y ochenta ciudades apoyan la construcción del sector de economía solidaria. El secretario de Estado Paul Singer opina que la economía solidaria moldea el carácter igual que el capitalismo. Mientras que el último conduce al egoísmo y a la codicia, la economía solidaria incentiva la solidaridad y la orientación hacia el bien común. Añade que los universitarios que completan sus prácticas en empresas solidarias querrían sí o sí quedarse en ese sector. La ayuda recíproca es la columna vertebral de este frágil sector. Los primeros beneficios de una fábrica de azúcar autogestionada por parte de los empleados no acabaron en la cartera de anónimos accionistas, sino que se destinaron a la formación de los trabajadores para combatir el analfabetismo.

13. Código abierto-global

La economía del bien común confía en la transmisión de conocimientos, no en la exclusión para el aprovechamiento personal y comercial. Que esto no es un crimen contra la naturaleza humana no sólo se puede ver en la historia de la ciencia, que es una cooperación sistémica: lo que uno descubre y publica al momento está disponible para que todos continúen con la investigación. En el ámbito de la alta tecnología hay una completa rama de actividad industrial moderna que sigue este principio: las corrientes de código abierto y el software libre. Los activistas han acordado que el software, las aplicaciones informáticas y los sistemas operativos no deberían ser patentados por empresas privadas, sino que deberían desarrollarse de manera abierta y cooperativa. De este espíritu sale una larga lista de productos de alta tecnología: desde el sistema operativo Linux, pasando por el navegador Firefox y el gestor de correo electrónico Thunderbird, hasta la enciclopedia en línea Wikipedia. El que descubre algo tiene el honor de que su aportación sea incluida en un todo; una necesidad humana básica: desear formar parte de algo con sentido. Renuncian gustosamente por esto al dinero y a los beneficios.

14. «Organizaciones sin ánimo de lucro»: 170.000 puestos de trabajo en empresas no orientadas al beneficio (Austria)

Incluso hoy en día, en tiempos de fiebre bursátil, omnipresencia de publicaciones como Gewinn, Money y Alles Fonds y con rendimientos del capital de un veinticinco por ciento que se consideran normales, las empresas no orientadas al beneficio están a la orden del día. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, que desde hace quince años analiza el sector de las organizaciones sin ánimo de lucro en los cuarenta países más grandes del mundo, estas instituciones emplean por todo el mundo a 31 millones de personas, de las cuales 20 millones son remuneradas, y facturan 1,3 billones de dólares estadounidenses, la mitad del producto interior bruto de Alemania[106]. En Austria se produce casi el 2 por ciento de plusvalía, alrededor de 5.000 millones de euros, en entidades no orientadas al beneficio. El sector de las organizaciones sin ánimo de lucro es por tanto mayor que, por ejemplo, sectores como la agricultura, la silvicultura, la pesca, la industria alimentaria, las bebidas, el tabaco, el papel y el cartón, las imprentas y las editoriales o la industria del automóvil. El 40 por ciento de los 171.000 puestos de trabajo son remunerados y de jornada completa. Estos numerosos ejemplos contradicen el prejuicio extendido de que las empresas que no están orientadas al beneficio no tienen sentido y no podrían funcionar.

15. Satisfacción de necesidades sin coste y trabajo honorífico (en cualquier momento y en cualquier lugar)

Una plusvalía coherente funciona no sólo sin ambicionar el beneficio, sino también incluso sin dinero. Muchas necesidades esenciales se satisfacen en medio del capitalismo y aparte de las relaciones mercantiles y monetarias. Cuando se define la economía como instrumento para satisfacer necesidades humanas, entonces aparecen elementos esenciales de la economía que escapan al mercado. Es más, en el «libre» mercado se ignoran muchas de las necesidades básicas (mil millones de personas se mueren de hambre, aunque haya alimentos suficientes disponibles en el mundo); al mismo tiempo, cada vez se satisfacen más necesidades creadas artificialmente e incluso adicciones.

La economía capitalista se apoya evidentemente en rendimiento no remunerado y voluntario, sobre todo de mujeres que realizan trabajos sociales de gran valor. Frente a ellas, suena bastante cínico cuando los hombres sostienen que sin competencia ni beneficios no se podría obtener ningún rendimiento. Aquí vamos a recordar algunos de estos trabajos «invisibles»:

Casi nunca se tiene en cuenta la lactancia materna, tan poco como el embarazo o el cuidado durante años de los hijos.

El cuidado de los enfermos; cuando (por ejemplo) los altos directivos son cuidados por sus mujeres, parejas o parientes, no pagan nada.

El cuidado y la atención a las personas mayores es asumido también principalmente por las mujeres, y muy a menudo sin remuneración.

La atención a personas agonizantes (en hospicios) se realiza casi siempre por voluntarios.

El cuidado de los sin techo y los drogodependientes o el reparto de comida a los necesitados: sólo en las «mesas» alemanas se apuntaron cuarenta mil voluntarios.

En total, un 34 por ciento de los alemanes ejercen una actividad voluntaria y realizan en total 4.600 millones de horas de trabajo al año, tanto como 3,2 millones de trabajadores a tiempo completo[107].

Si una persona con ingresos elevados sufre un accidente de tráfico, en muchas ocasiones será trasladado al hospital por personal de salvamento voluntario. Si ha perdido mucha sangre, probablemente un completo desconocido le done la suya. No sólo la leche, la sangre también es gratuita.

Si se incendia su residencia de fin de semana en el campo, acuden los bomberos voluntarios y apagan el fuego. Tan fácil como eso.

Si tiene que investigar algo rápidamente para un informe, a lo mejor consulta Wikipedia, una enciclopedia, que le han regalado muchas personas de todo el mundo. Y posiblemente use para ello el buscador gratuito Firefox. No se puede tampoco descartar que su empresa se haya pasado al sistema operativo gratuito Linux. Incluso la alta tecnología es hoy en día gratuita.

El principio del «regalo» y de la «benevolencia» (Adam Smith) es universal e imposible de erradicar incluso dentro las sociedades capitalistas. El enfoque de la «economía del regalo» propone extender este principio a toda la economía[108]. Esto, tal vez, es el paso subsiguiente. El siguiente es que ganar dinero no se convierta en el fin último de la economía y del trabajo, ni se desprenda de motivos como el sentido, la calidad de vida, la asistencia, la creatividad y el bien común.

VIII
Estrategias para su ejecución

Simplemente empezamos. Damos un paso detrás del otro. Vamos a ver adónde nos lleva este viaje. Muchos ya nos acompañan. A diario se unen personas, empresas, organizaciones y comunidades. Crecemos orgánicamente.

Estructura del movimiento común

El «proceso íntegro» de la economía del bien común comenzó el 6 de octubre de 2010. Las primeras quince empresas que como empresarios del movimiento Attac habían elaborado conmigo el libro en su primera edición organizaron en agosto de 2010 la jornada «Pensar de nuevo las empresas» en Viena. En vez de los cincuenta participantes que se esperaban vinieron el doble, hasta dos tercios eran empresas, y una parte de ellas empezaron inmediatamente. Numerosos grupos de trabajo se formaron alrededor de un núcleo de pioneros, y en sólo un año el movimiento político económico se estructuró y tomó forma. Esta estructura es una parte importante de la estrategia: personas de los más diferentes ámbitos de la sociedad aportan capacidades diversas y construyen la economía del bien común. Las empresas pioneras fueron las primeras que elaboraron voluntariamente el balance, los consejeros dirigieron y moderaron una parte de ese proceso, los auditores se ocuparon del balance, los redactores gestionan los comentarios sobre el balance y los continuaron desarrollando, los conferenciantes expanden la idea de la economía del bien común, los embajadores se sientan con asociaciones y partidos políticos para darla a conocer, y los campos de trabajo (grupos de apoyo locales) preparan el terreno local para el cambio inminente. La «Asociación para el Fomento de la Economía del Bien Común» se fundó en julio de 2011. Doce miembros de la junta directiva de Italia, Alemania y Austria, como representantes de los diferentes agentes, intentan apoyar y coordinar el proceso completo. Todos los círculos de agentes han crecido por sí mismos sin un plan maestro central, y el ecosistema de la economía del bien común sigue floreciendo: en contenido, funcionalidad, regional e internacionalmente. A continuación se describen los círculos de agentes y sus actividades y aportaciones al proceso.

Partidarios. En la página web de la economía del bien común pueden mostrar su apoyo —de momento— particulares, empresas, organizaciones y políticos. Tras un año ya eran cerca de cuatrocientas cincuenta empresas, setenta organizaciones, treinta políticos y casi mil particulares. Hasta ese momento no había tenido lugar ninguna solicitud activa, la mayoría de los simpatizantes habían encontrado ellos mismos la iniciativa y se habían apuntado. Se han pensado más categorías. Todos los partidarios reivindican con su nombre en la página web la implantación por ley de la economía del bien común. Para las empresas esto significa que su aporte político es totalmente diferente al del apoyo a las iniciativas basadas en la responsabilidad social corporativa libremente adoptadas. También las empresas que por diversos motivos aún no elaboran el balance del bien común (por ejemplo, están esperando un compromiso legal o porque se atreven con el nuevo desafío en pequeños pasos) pueden enviar así una primera y valiosa señal.

Pioneros. Un proceso central de la economía del bien común son las empresas pioneras, que: a) elaboran voluntariamente el balance de la economía del bien común, antes de que sea legalmente vinculante; b) con su experiencia y conocimientos ayudan a desarrollar el balance; c) cooperan unos con otros y aprenden; d) «siembran» la idea en las regiones y en el paisaje empresarial. En el primer año, alrededor de sesenta empresas realizaron la versión de prueba del balance de la economía del bien común y fueron auditadas. A través de eso, se obtuvieron valiosas experiencias, tanto en relación con el contenido del balance como también del proceso. El 5 de octubre de 2011, un año después del inicio del movimiento, grupos regionales de empresas pioneras se presentaron a la vez al público en siete ciudades de Italia, Alemania y Austria, y dieron a conocer la iniciativa y los resultados del primer balance en «conferencias de prensa descentralizadas sobre la economía del bien común». El eco mediático alcanzó a la cadena de televisión alemana ZDF, a Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, La Repubblica y a muchos otros. Como se esperaba, esto encaminó el siguiente empujón de desarrollo. Para el segundo año de balance en 2012 está pensado que entre diez y veinte empresas en cada caso se organicen localmente en «mesas redondas» y adopten conjuntamente los conocimientos del balance. Cuando sea necesario, un consultor moderará este proceso. Estas mesas redondas de pioneros pueden crearse en cualquier parte del mundo. Actualmente el epicentro del movimiento está en Italia, Suiza, Austria, Alemania y España.

Consultores. Una parte de los empresarios del movimiento Attac eran consultores empresariales. No pocos de ellos sufrían conflictos morales al ayudar a las empresas a aventajar a las demás en una agresiva y egoísta competencia (feroz) o al maximizar el beneficio financiero para los propietarios a costa de los demás. La economía del bien común resuelve esta contradicción de valores y el conflicto moral. Los consejeros pueden de aquí en adelante aconsejar a otras empresas sobre cómo ayudar y servir al medio ambiente y a la sociedad. Este trabajo tiene más sentido y proporciona más felicidad. Los consultores ofrecen diferentes servicios de apoyo para las empresas pioneras: a) elaboración del informe y del balance del bien común (desde las primeras informaciones hasta la auditoría); b)organización del proceso de desarrollo para convertirse en una empresa de la economía del bien común: búsqueda de una visión, desarrollo de la estrategia, desarrollo de la organización, apoyo en el proceso; c) asesoramiento técnico para criterios especiales como, por ejemplo, la sociocracia (indicador C5), cradletocradle (indicador E3) o el EMAS (Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) para todo el ámbito referente a la sostenibilidad ecológica; d) formación orientada al bien común de campos comunes de asesoramiento como desarrollo de equipos, desarrollo personal, gestión de calidad. Los consultores fundan actualmente su propia asociación, en la cual se organiza la estructura interna y la formación continua, se buscan los comportamientos comunes en el sentido de cooperación y de los valores de la economía del bien común y se fijan precios justos. En el primer año del movimiento el apoyo se realizó voluntariamente. Los consultores se han involucrado de múltiples maneras, han asesorado y acompañado a las empresas de modo individual y en pequeños grupos. En general, el proceso de elaboración del informe y del balance es posible sin asesores, no queremos crear ningún tipo de dependencia. Toda la documentación del balance así como las aclaraciones sobre los indicadores y la plantilla del balance de la economía del bien común están disponibles para todos sin coste alguno. Las empresas pioneras que quieran elaborar el balance del bien común pueden conectarse y aprender unas de otras en grupos locales. Estos encuentros pueden organizarlos ellas mismas o bien ser apoyados por consultores. Dependiendo de las necesidades y preferencias es un proceso completo, autoorganizado y sin costes, o con apoyo remunerado. En el segundo año, en 2012, recogeremos más experiencias.

Auditores. Las auditorías externas sirven para clarificar si la economía del bien común realmente va a sobrevivir dentro de la práctica empresarial. Las auditorías garantizan la credibilidad de los datos resultantes del balance y sirven de base para la transformación de las empresas. El concepto demasiado positivo o demasiado crítico que tengan las empresas de sí mismas se corregirá desde un punto de vista externo valioso y objetivo. Las auditorías externas favorecen la igualdad entre los distintos informes, porque, en un sentido positivo, se miden bajo el mismo rasero; las mismas realidades en la empresa son valoradas con igualdad. En el año 2011, en el proceso de prueba, debido a la limitación de recursos sólo hubo una «auditoría light»: hasta 600 puntos alcanzados, bastaba con una auditoría por parte de otra empresa pionera («Peer Audit»); los informes y balances de 35 empresas por encima de 600 puntos fueron auditados externamente. Los datos de los informes se compararon con las premisas de las aclaraciones de la matriz y se examinaron con crítica constructiva. Gracias a los comentarios y sugerencias recibidos, se pudieron aportar más tarde datos que faltaban y se completó el informe del bien común. El primer auditor (en cada auditoría participan como mínimo dos auditores) fijó al final la puntuación de cada criterio y emitió un certificado según el formato —comprensible y empleado con fines didácticos— de la matriz. En el año 2012, el umbral para llevar a cabo una auditoría externa obligatoria bajará a 500 puntos; en las «mesas redondas» las empresas estarán acompañadas por lo menos por un auditor. En la auditoría externa, según su tamaño, los auditores acudirán cada tres años o anualmente a la empresa para hacerse una idea general en el terreno y hacer más visible la economía del bien común dentro de la realidad interna de la empresa. Así la auditoría se convierte en un acontecimiento conjunto o un ritual en las empresas. También los auditores están creando una asociación y se organizan de tal manera que puedan ofrecer la mayor calidad posible por el precio más económico y justo posible. Habrá una escala social de precios para la auditoría según el tamaño de la empresa. Internamente, cada auditor recibe el mismo salario por hora y también aporta trabajo voluntario. Para minimizar los costes de las empresas para la consultoría y la auditoría, nos estamos ocupando —empezando por Alemania, Austria e Italia— de solicitar ayudas a través de los respectivos Estados federales y otros organismos. Afortunadamente, ya existen los primeros compromisos pertinentes. A largo plazo es deseable que el sector público asuma los costes completos de las auditorías —como una contraprestación de la sociedad por las contribuciones de las empresas al bien común—, y con ello las empresas puedan hacer visibles y someter a control los servicios que aportan a la sociedad. Los estándares de calidad y la certificación para la profesión de auditor podrían tener un fundamento legal; es concebible un Colegio de Auditores del bien común.

Redactores. El balance del bien común es el alma del modelo: permite echar un vistazo al corazón de la empresa. Por eso, muy a menudo se pregunta quién decide, qué criterios deben estar incluidos, cómo se definen y cómo deben ser ponderados entre sí. El equipo de redacción del balance del bien común se compone desde octubre de 2010 de cuatro personas que voluntariamente han aportado mucha energía y fuerza para integrar las sugerencias de las empresas pioneras, particulares y organizaciones en el balance y seguir desarrollándolo. Hasta julio de 2011 el balance se había reelaborado dos veces en base a los comentarios y sugerencias de empresas pioneras y personas comprometidas. La versión desarrollada del balance 3.0 fue la base para los balances de 2011. Fue elaborado de hecho por casi sesenta empresas y se publicó parcialmente. De ahora en adelante continúa con una cadencia anual: cada año va a haber una nueva versión; versión 4.0 para 2012, versión 5.0 para 2013, versión 6.0 para 2014, etc., hasta que el balance desde nuestro punto vista sea «maduro»: preciso, representativo, comprensible y de fácil aplicación. Sólo entonces solicitaremos a los legisladores que redacten una ley que haga que el balance sea vinculante para todos. Hasta entonces, el equipo de redacción continuará su desarrollo. Actualmente —principios de 2012— se amplía el equipo de redacción a un redactor responsable de cada criterio, de manera que trabajarán conjuntamente diecisiete redactores. Alrededor de los redactores responsables se formarán pequeños grupos de especialistas, particulares interesados y representantes de organizaciones, que colaborarán al desarrollo individual de los indicadores. Las dos tareas de estos miniequipos serán a) integrar los numerosos comentarios y sugerencias y b) investigar activamente estándares e informes de sostenibilidad y c) seguir desarrollando creativamente los indicadores sobre la base de toda la información recopilada.

Conferenciantes. La demanda de la economía del bien común es enorme. A finales de 2011 llegaban de dos a tres peticiones de conferencias al día. A través de toda la sociedad: comunidades, universidades, organizaciones sindicales, asociaciones de empresas, organizaciones medioambientales, colegios, asociaciones culturales, instituciones públicas y asociaciones agrícolas. Esta demanda sólo se puede cubrir con un amplio equipo de conferenciantes. En diciembre de 2011 tuvo lugar una formación de conferenciantes en Salzburgo a la que acudieron 35 personas de tres países. Diseminarán la economía del bien común en todo el mundo, como si de una semillita de diente de león —nuestro logotipo— se tratara.

Emisarios. Los conferenciantes serán reforzados por los prominentes emisarios que promocionan la idea ante la opinión pública, asociaciones y partidos políticos. Los primeros embajadores son Helmut Lind, CEO de Sparda-Bank de Múnich; Lisa Muhr, cofundadora de la marca de moda ecojusta Göttin des Glücks; Erwin Stubenschrott, CEO de la productora de calentadores de biomasa de Estiria KWB; Karin Leeb, directora y propietaria del hotel Hochschober en Turracher Höhe en Carintia; Bernhard Drumel, consejero de iniciativas de cambio empresariales y antiguo director de desarrollo de Greenpeace International; Clemens Öllinger, estudiante, activista y, con dieciséis años, ya demandado conferenciante internacional; así como el primer español, Paco Álvarez, conocido por el programa de RNE «No le digas a mi madre que trabajo en Bolsa».

Campos de energía. En todas las regiones se pueden formar campos de energía. Son grupos de apoyo regionales que promocionan y promueven el proceso en un ámbito local. Los campos de energía se componen de los más diversos actores: círculos de empresas pioneras, consultores, auditores, redactores, conferenciantes, embajadores, organizaciones de apoyo y particulares. Organizan eventos, se siguen formando, organizan actividades cooperativas y dirigen «talleres», que son fábricas de creatividad para continuar el desarrollo y la conexión entre la economía del bien común y numerosos campos vitales. Además, aspiran a que los municipios cercanos se conviertan en «comunidad del bien común». Después de un año había veinte campos de energía en proceso o ya formados: en Alemania, Austria, Italia, Liechtenstein, Suiza y España. Mientras se publica este libro, ya son más de 50. En el núcleo de un campo de energía debería haber un par de empresas pioneras apoyadas por el mismo campo de energía. También es función de los campos de energía movilizar la energía suficiente para que las empresas se transformen lentamente.

Comunidades. Las comunidades especialmente podrían ser «portadores» prometedores del proceso general de la economía del bien común. Sufren siempre más bajo los efectos de la globalización, la competencia local, la competición fiscal y el poder de los mercados financieros. Se identifican per se fuertemente con el bien común. Una comunidad puede por decisión comunal convertirse en una comunidad del bien común. Una comunidad podría realizar las siguientes actividades en relación con la economía del bien común: a) apoya la iniciativa de la economía del bien común y se inscribe en la página web como comunidad partidaria (comunidad del bien común); b) implementa el balance del bien común en su propia administración; c) invita a las empresas residentes y activas a elaborar el balance del bien común, que hace accesible en actas públicas y las prioriza en la contratación pública; o asume los costes de la auditoría y consultoría; los procesos de soporte del balance se pueden integrar bien en otros procesos, por ejemplo en la Agenda 21 local o en un proceso de desarrollo regional, y una vez al año las comunidades podrían homenajear a las empresas del bien común y hacer manifiestas las acciones ejemplares para el bien común; d) las comunidades del bien común pueden desarrollar el «índice comunal del bien común» y redactar un índice de calidad de vida para las comunidades que se encuentren ubicadas en el «nivel mesoeconómico» entre el producto del bien común (economía nacional) y el balance del bien común (empresas); los quince hasta veinticinco indicadores de calidad de vida podrían identificarse en parte con encuestas a los hogares de la comunidad, y en parte con soporte científico; e) las comunidades del bien común «acogen» la celebración de una «convención comunal del bien común». En ella los ciudadanos interesados determinan las diez (hasta veinte) normas más importantes que deben guiar la economía. El proceso operacional se desarrolla por el equipo para promover la economía del bien común con una amplia participación; f) finalmente, las primeras comunidades del bien común pueden gestionar la creación de una «región del bien común» —una demarcación política o un barrio (por ejemplo, Mühlviertel, Selva Negra, Grisones, Val Venosta, Apulia, Extremadura)— que tenga como objetivo convertir el mayor número posible de comunidades en comunidades del bien común que incentiven a las empresas regionales a seguir los procesos del balance. Una región del bien común puede —junto con comunidades del bien común— animar al Estado correspondiente a convertirse en «Estado del bien común»…

Consumidores. Un aporte muy sencillo que pueden hacer inmediatamente todas las personas consiste en preguntar a las empresas en las que compran a diario si ya elaboran el balance del bien común. Es más, esto podría ser un fundamento importante para la decisión de compra. Esto ya lo han hecho algunos simpatizantes y ha dado algunos frutos. «El cliente siempre tiene la razón» —aunque no todas las empresas lo pongan en práctica— es uno de los muchos criterios para el balance del bien común, y muchas empresas sí toman en serio los comentarios y sugerencias de sus clientes (de toda la vida). Y es algo que realmente todos pueden hacer con los mínimos medios. El objetivo es que cada vez más empresas se adhieran al proceso y que en algún momento dado no haya ninguna empresa que pueda permitirse no elaborar el balance del bien común. Lo ideal es que la pregunta sobre el balance del bien común no venga solamente del cliente, sino también del banco.

Bancos. La banca democrática, actualmente en creación en Austria, comprobará el impacto en el bien común de todos los que soliciten un crédito, exigiéndoles que presenten el balance del bien común tan pronto como lo tengan. Otros bancos podrían seguirle pronto. GLS y la Ethikbank en Alemania ya apoya la economía del bien común. Sparda-Bank de Múnich es el primer banco que ha redactado voluntariamente un balance del bien común, pero no concede créditos a empresas. En una primera fase podrían adelantarse cada vez más bancos voluntariamente. Después, como ya se ha descrito, el balance del bien común no sólo será vinculante, sino que también la prueba y el control será obligatorio a través de los bancos, en una próxima reelaboración de los Acuerdos de Basilea de regulación bancaria.

Retroalimentación positiva. Adicionales «retroalimentaciones positivas» son posibles y coherentes: a) cuanto mejor sea el balance del bien común, más ventajoso será el crédito que la empresa reciba del banco; b) los bancos elaboran ellos mismos el balance del bien común, y las empresas que elijan estos bancos como socios empresariales mejoran por ello su balance del bien común; c) si elijo a mis proveedores según el balance del bien común, mejoro mi balance del bien común; d) si las empresas cuidan que sus productos deben ser distribuidos por empresas que presenten un buen balance del bien común, mejoran su propio balance del bien común; e) si las empresas cooperan unas con otras, se mejora el balance del bien común de todas ellas; f) los municipios prefieren a las empresas con buenos resultados en el balance para la contratación pública; g) los consumidores preguntan a las empresas en las que compran por su balance del bien común; h) las revistas de economía, las publicaciones de consumidores y las asociaciones de calidad ponen gran atención a los resultados del balance del bien común o hacen que la filiación sea un requisito. Aquí se abre un mar de sinergias y matizaciones posibles. La tendencia es que crezca dentro de la economía de mercado un grupo que ya participa —la zona del bien común—, mientras que aquellos que se resisten cada vez más tengan que dar explicaciones y se queden fuera.

Científicos. Una de las mayores oposiciones a la economía del bien común radica en la creencia profundamente asentada de la imagen capitalista del ser humano. Muchos hombres desean formas de comportamiento solidarias y cooperativas, pero creen que la mayoría no está dispuesta o no es capaz de ser así. Esto se ve a menudo en los debates de las conferencias. Pero las hipótesis de la imagen capitalista del ser humano son en gran medida refutadas científicamente. Más bien parece ser el caso de que: a) las personas por naturaleza tiendan a cooperar y a ayudarse unas a otras cuando no se les ha educado para competir entre sí; b) las personas tienen la necesidad de ser útiles para la sociedad y formar parte de ella; c) los grupos en los que todos participan son más productivos que los equipos organizados jerárquicamente; d) los grupos en los que todos deciden sobre el reparto de los beneficios son más productivos que los equipos en los que los jefes o los propietarios disponen cómo repartir los beneficios. Los estudios empíricos sociales y científicos, sin excepción, no son tan conocidos como los mitos socialdarwinistas, que —sin la menor base científica— están profundamente anclados en nuestros pensamientos. Los agentes del círculo «ciencia e investigación» podrían recopilar los resultados de investigaciones psicosociales, evolutivas y neurológicas de la teoría psicológica de los juegos, sistematizarlos y preparar apetitosos bocaditos con la quintaesencia de los resultados y difundirlos. Cuando estas creencias y mitos sean reemplazados por conocimiento, la semilla de la economía del bien común podrá brotar más libremente. También éste es un trabajo que puede ser realizado por muchas personas sin grandes gastos. Se trata de hacer fértil el terreno en el que se puede plantar la semilla del bien común… Otra posible ocupación del círculo de científicos es el desarrollo del producto del bien común, que hasta el momento sólo existe como idea.

Red estratégica

La economía del bien común resolvería algunos problemas, pero naturalmente no todos. Además, para algunos problemas hay soluciones desde diferentes enfoques que pueden fecundarse recíprocamente. Por eso, la economía del bien común busca la cooperación de enfoques alternativos similares para que se hagan visibles entre sí y aprendan unos de otros. Algunos ejemplos ya se mencionaron en el prólogo: economía solidaria, bienes comunales democráticos («commons»), democracia económica, economía decreciente… es importante que a las personas que se aparten cada vez más decepcionadas de la política y que cada vez desconfíen más de los medios de comunicación no se les ofrezca sólo una alternativa, sino un buen número de ellas. Entonces cada uno podrá participar según sus propios intereses, habilidades, formación y preferencias en una u otra faceta del gran cambio. Véase este «mosaico del futuro» o también del cambio. Debería haber algo ahí para todos.

«Mosaico del futuro»

Gráfico: Julia Löw

Las numerosas iniciativas de la sociedad civil son conscientes del gran número de alternativas ya germinadas y también de la necesidad de conseguir una vista general de todas las facetas del mosaico, y una infraestructura conjunta para comunicarse, coordinarse, cooperar y tal vez tomar decisiones. Esto no será fácil, pero si cada vez más personas se concentran en esta tarea, surgirán soluciones. Esto es una parte de la evolución.

El camino a la convención

El proceso total de la economía del bien común, en su primer aniversario, se ha puesto de acuerdo en una estrategia para los próximos cinco años. Al final se encuentra la elección de convenciones económicas en numerosos países. En las convenciones económicas se deben discutir democráticamente y negociar de diez a veinte normas más importantes con las que debe funcionar la economía, y finalmente ser presentadas al pueblo soberano para que decida. Son posibles contenidos:

el producto del bien común;

el balance del bien común;

limitación del uso del beneficio financiero;

limitación de la desigualdad de ingresos;

democratización de las grandes empresas;

fondos intergeneracionales y «dote democrática»;

reducción de la jornada laboral normalizada;

años sabáticos;

imperativos categóricos ecológicos.

Éstas son sólo propuestas. También los contenidos para los que se deben establecer normas deben ser fijados democráticamente. El camino «arriba» hacia la convención empieza abajo: en las comunidades. Esto ya se ha descrito. Actualmente el equipo de redacción trabaja en el «diseño del proceso» para una convención económica comunal. De los «estrenos» a nivel municipal se conseguirán, esperemos, valiosas experiencias para repetir el proceso a nivel estatal. A nivel municipal se podrían encontrar los ciudadanos a lo largo de un año, por ejemplo, cada dos meses para:

conocer y presentar los objetivos;

determinar de diez a veinte planteamientos;

extractar las averiguaciones;

debatir con precisión;

votar (consensuar sistémicamente);

seguir y asesorar en los siguientes pasos (por ejemplo, invitar a más comunidades).

A través de este proceso esperamos numerosos efectos:

Muchas personas se darán cuenta de que la economía no sigue ninguna ley natural, sino que se basa en reglas confeccionadas.

Muchas personas serán conscientes de que las reglas que actualmente dirigen la economía no coinciden ni con sus valores ni con sus objetivos fundamentales, incluso, entran en contradicción con ellos.

Muchas personas desarrollan el anhelo de que la convención se repita en un nivel crítico.

Muchas personas refuerzan su intención de que haya convenciones económicas a nivel estatal.

La democracia experimenta un empuje vital.

En la medida en que la idea de una convención económica es conocida y comienzan las convenciones municipales, aumenta también la presión política en los partidos y el Parlamento para permitir una convención nacional y convocar elecciones de la misma o para llegar a este fin por caminos alternativos como, por ejemplo, la celebración de convenciones municipales por todo el país que luego elijan la convención nacional.

¿Cómo puedo participar?

En los últimos años he conocido a innumerables personas que percibían la injusticia en el mundo, pero no tenían ni idea de cómo podían aportar personalmente a la solución de los problemas. La economía del bien común ofrece un gran abanico de posibilidades de participación. Cada persona puede:

fundar un campo de energía local o reforzarlo si ya existiese;

asumir una de las quince funciones de las que se componen los campos de energía (coordinador, consultor, redactor, conferenciante, embajador…) o crear una nueva;

preguntar a las empresas en las que compra por el balance del bien común;

gestionar la elaboración del balance del bien común en la propia empresa;

invitar a la empresa a aprender dentro de una comunidad de pioneros locales conjuntamente con otras diez hasta veinte empresas más;

proponer a la comunidad en la que se reside que se convierta en una comunidad del bien común, y a la región en la que vive, en una región para el bien común;

organizar en la comunidad en la que vive una «convención económica comunal» junto con otros simpatizantes;

conectar su alternativa preferida, en la que ya participaba, con la energía del bien común; buscar sinergias y construir un ambiente de cooperación.

En el libro Kooperation statt Konkurrenz («Cooperación en vez de competencia»), he descrito de forma general diez pasos que cada persona puede dar para hacer su aporte al gran cambio[109].

IX
Preguntas frecuentes

¿No está en la naturaleza humana la competencia?

Como una posible opción de comportamiento, sí; como el comportamiento necesario, no. La competencia es una posibilidad que nos permiten nuestros genes, pero no nos obligan. Así como que matarse unos a otros es una posibilidad, no una necesidad. No hay ningún impulso asesino en los genes. Nuestros genes sólo «nos condenan» a la orientación hacia un objetivo. Pero nos dejan total libertad de elección sobre la forma de conseguir nuestros objetivos. Que muchas personas hoy en día realmente tienen un comportamiento codicioso, interesado y competitivo sólo demuestra que en Occidente aprendemos esos valores de pequeños. Ha habido y hay otras culturas en las que la cooperación es el comportamiento habitual, lo que dice poco de la naturaleza humana, pero mucho de los diferentes valores y normas de esas culturas.

De esto se deduce que, así como en las últimas décadas y siglos hemos «aprendido» colectiva y culturalmente a competir y a interesarnos por nosotros mismos, podemos aprender sistemáticamente en el futuro a ser empáticos, cooperativos, solidarios y generosos cuando a) se reproduzcan y transmitan estos valores como modelos éticos o evidentes en los hogares y en los colegios, y nosotros b) por fin podamos ser recompensados por estas formas de comportamiento en la economía. Se trata de que, cuando nos tomamos las —absolutamente razonables— molestias de dirigir nuestro comportamiento colectivo mediante leyes, deberíamos poner el mismo cuidado en que estas leyes nos lleven por la dirección correcta —de las virtudes humanas— y no promuevan nuestros vicios y debilidades.

¿No es el deporte la prueba de que la competencia es divertida?

Eso parece a primera vista. Pero, si se mira con más detenimiento, cambia el panorama: el deporte nos divierte más, cuanto más está organizado como un juego; y nos divierte menos, cuando se transforma más en una competición. En el juego se trata de la orientación al proceso; los jugadores pueden identificarse completamente con el(los) juego(s) y olvidarse, llegan a disfrutar la «fluidez» de la experiencia. En la competición se trata, por el contrario, de la orientación al objetivo; y de la tensión llega el estrés. Cuanto más se trata de ganar y no de jugar, más fuerte aparece el miedo en vez de la diversión. Éste podría ser también el motivo de que en Estados Unidos entre el 80 y el 90 por ciento de los quinceañeros abandonen los equipos deportivos[110]. No es extraño que cuando el ganador «se lo lleva todo» y los que pierden son tachados de «perdedores» acabe no siendo divertido para la mayoría que se expone al estrés y al desprecio. Yo mismo he cambiado el deporte por el baile, porque las competiciones iban acompañadas de ambición y malos sentimientos: se trataba más del objetivo que del aspecto deportivo, que yo —como actividad— adoro. En el baile no funciona la competencia: intente alguna vez bailar contra su pareja. Funciona todavía menos en el amor: ¿tendría algún sentido acostarse contra alguien? El primero que llegue al orgasmo gana, y puede usar el tiempo para otra cosa. ¡La eficacia (del tiempo) puede ser atrozmente destructiva!

¿Existe una moral (global)?

Esto en definitiva no es necesario, ya que, para empezar, la economía del bien común está pensada para ser implantada en el espacio europeo. Y, no obstante: sí, los valores sociales aquí representados son globalmente convergentes, ya que expresan y cuidan las necesidades básicas del ser humano. Existe algo así como un «ethos mundial» (no escrito)[111]. Todas las corrientes de pensamiento y todas las religiones recomiendan: ¡ayudaos los unos a los otros, cooperad, sed generosos y compartid! ¡No hagas nada que no quieras que te hagan a ti! Estas «reglas de oro» de la ética son universales. No conozco ninguna corriente de pensamiento ni ninguna religión del mundo que nos quisiera educar en la competencia y el egoísmo. Tanto más sorprendente es que el sistema económico occidental esté basado en valores que no están respaldados por ninguna religión o ética. ¡El darwinismo social, sin la más mínima base científica, es la religión secreta de la economía!

¿No tiene cada persona valores diferentes?

En algunas preguntas, sí; pero esto no es una contradicción a los valores colectivos que están fijados mediante leyes. Cada ley es una elección colectiva de valores. El motivo último por el cual algo está permitido/prohibido o se incentiva/discrimina es siempre un valor más ético. Los límites de velocidad y las prohibiciones para adelantar sirven para la seguridad —y en última instancia para la protección de la vida— de las personas. El cuidado de la propiedad privada y las mil prohibiciones, limitaciones y restricciones creadas al respecto se justifican finalmente con la libertad individual (que como libertad sobre la propiedad, según mi teoría —liberal— también tiene que terminar allí donde empieza la libertad del otro). Hemos invadido todos los ámbitos de la vida con reglas. Las leyes nos guían y nos orientan. Y en cada ley se expresa la elección colectiva de valores que a todos los integrantes de una comunidad —«sometidos a las normas»— imponen una voluntad común. La mayoría de las leyes nos resultan familiares y evidentes, y por eso a menudo no somos en absoluto conscientes de que expresan decisiones conjuntas de valores y nos sancionan y nos privan de nuestra libertad si las incumplimos. El arte de la democracia se basaría en maximizar la libertad en su totalidad y mantener las mínimas limitaciones posibles en la libertad de todos. He explicado que a través de la economía del bien común espero en suma más libertad para todas las personas, porque a) las reglas de la economía las hacen todos; b) todas las personas participan en el bienestar económico y tienen para vivir una buena vida; c) pueden aportar su talento y sus habilidades; d) el trabajo vuelve a proporcionar alegría y sentido; e) las relaciones interpersonales también en la economía dan buen resultado; y f) el valor propio de todos se conserva legítimo, porque la oposición estructural caduca y nadie puede ser más poderoso en relación con los demás.

La mayoría de las personas desean reglas que se basen en valores fundamentales consensuados: solidaridad, justicia, democracia, libertad (para todos). Tanto más absurdo es que hayamos asentado leyes y obligaciones sobre valores no consensuados: competencia, codicia, avaricia, egoísmo. En el libre mercado tenemos que tender a negociar egoístamente y actuar los unos contra los otros, si no, por norma, no tendremos éxito económico y estaremos condenados a la pobreza y a la exclusión social. La obligación de vivir con valores no realizables, que en el caso de la implantación de la economía del bien común asusta a algunos, nos esclaviza ya ahora, en una economía capitalista de mercado.

¿No supone el compromiso con el bien común hiperregulación y coacción?

Como ya se ha mencionado, cada ley y cada forma de economía supone regulación y obligación. Las leyes de la economía del bien común regulan y obligan no más que las otras formas de economía y, especialmente, no más que las leyes del capitalismo que prevalecen en la actualidad. El punto es que el sistema actual junto con sus imposiciones nos ha atravesado en carne y hueso de tal modo que casi no nos damos cuenta conscientemente. Reconoceremos haber ganado libertad tan sólo cuando las ataduras estructurales se desaten. Hoy en día nos vemos obligados a tener una imagen deslumbrante de nosotros mismos, a ser mejores que los demás, a aprovecharnos unos de los otros; el que no haya mostrado unas calificaciones excelentes, o no haya «revalorizado» su currículum medio inventándoselo, no tiene casi ninguna oportunidad en el mercado laboral; el que no haya logrado un beneficio financiero mayor que la competencia tiene que ponerse a temblar por su empresa; el que no tenga nada que ofrecer en los mercados globales tiene una mala mano. Esta coacción del sistema es inhumana, muchos se hunden por eso. Incluso en la economía del bien común habría una ligera presión en el sistema, pero si nos motivamos —en vez de con egoísmo y competencia— con humanidad y solidaridad, entonces no resulta osado suponer que la mayoría de las personas se vayan a sentir notablemente más cómodas bajo estas nuevas guías que en la actualidad con la impuesta «ego-competencia».

¿No es cada persona única y, por lo tanto, el capitalismo el sistema económico más justo?

Aquí hay un malentendido. La economía del bien común contempla las empresas privadas y las iniciativas empresariales individuales, porque se trata de una forma de expresión de la libertad. En cualquier caso, están inmersos en un sistema de incentivos diferente para que su esfuerzo aumente la libertad de todos y no la amenace.

La «singularidad» de la gente en el capitalismo es una muy cuestionable, porque se desarrolla dentro de una estructura de valores determinada externamente (heterónoma): el que se esfuerza especialmente en una carrera por dinero, poder y éxito es hoy en día «singular», pero no especialmente feliz, porque esos valores están dados («valores extrínsecos») y no los ha elegido («valores intrínsecos»); por eso, los que tienen éxito no se sienten nunca realmente libres en el sistema actual[112]. También la economía del bien común es una estructura de valores concreta en la que los hombres, como ya se ha demostrado, se sienten mejor que en un sistema enfocado al egoísmo y a la competencia, y en la que mediante la relativa devaluación del dinero, el poder y la «feroz competencia» se revalorizan otras formas de autorrealización «intrínseca»: las personas pueden vivir sus propios valores y desarrollarse con autonomía. Esta singularidad expresará de forma más coherente el versátil potencial de desarrollo de los seres humanos que la homogénea «individualidad» del ganador en el capitalismo.

¿Quién controla el comportamiento del bien común en las empresas?

Los controles estatales no van a aumentar en comparación con los actuales. Ya hoy en día hay estándares mínimos en muchos campos: médicos de la Seguridad Social, inspectores de trabajo, interventores, inspectores de Hacienda y las agencias ambientales verifican el cumplimiento de las leyes por parte de la empresa. No se cambiaría nada de esto, con la diferencia de que se reduciría el estrés de las empresas que tendrían que aguantar estos controles, porque éstos ya no estarían en contra de su objetivo principal —el ánimo de lucro—, sino que de ahora en adelante coincidirían con el objetivo principal: servir al bien común.

El balance del bien común es un instrumento político de incentivos, no es controlado por el Estado. Las empresas van a aspirar por voluntad propia a superar los estándares legales, porque con ello consiguen ventajas y pueden sobrevivir. Las autoridades no tienen que «venir» a controlar, sino que se trata de empresas con éxito que acuden al auditor del bien común para que éste confirme su prestación adicional. De este modo, obtienen a) puntos del bien común y derechos a incentivos legales; b) logran la confianza de los consumidores; c) otras empresas cooperan con ellas y les compran productos, porque esto trae ventajas: ¡por fin están puestos los puntos correctamente en el sistema!

¿Qué pasa con las empresas que no participan?

Quiebran. Si una empresa mantiene la mano de obra infantil, contamina el medio ambiente, transfiere los beneficios a paraísos fiscales, ampara unas condiciones de trabajo miserables y unas diferencias en los salarios extremas, empeora tanto el resultado de su balance del bien común que «sube» a los más altos niveles de impuestos, aranceles e intereses, y ni sus productos ni sus servicios pueden ya ser competitivos. Bajo este aspecto, la economía del bien común es una auténtica economía de mercado.

¿No sería mejor que, en vez de en «incentivos», la economía del bien común se basará en la motivación intrínseca?

Sin lugar a dudas. Pero eso sólo puede ser un objetivo a largo plazo. En primer lugar, son todavía muy pocas las personas motivadas principalmente de manera intrínseca; han aprendido a seguir incentivos y objetivos externos. Y relacionado con esto, el segundo y más importante motivo: si dejáramos a día de hoy a las empresas decidir libremente cómo se comportan, es cierto que algunas elegirían la orientación al bien común, pero otras no, porque muchos de nosotros hemos interiorizado valores asociales como el egoísmo y el comportamiento competitivo y los viviríamos. Y estos otros se impondrían, porque en la dinámica del sistema actual la empresa con el mayor beneficio económico gana a la competencia. Es decir, se tendría que suprimir el actualmente válido marco legal para la economía.

¿Ha llegado el momento para esto? Como ya dijo Aristóteles: «Si en la Tierra dominase el amor, todas las leyes serían innecesarias». Permanece la visión invariable y válida. Pero, mientras que nosotros como humanidad estemos tan lejos, se necesitan normas obligatorias. La economía del bien común se centra en tres caminos: la concienciación, incentivos conformes al mercado y leyes reguladoras. Todos los caminos juntos conducen a la meta.

Los colaboradores no quieren asumir ninguna responsabilidad

¿Esto no lo deberían decidir por sí mismos los colaboradores? Tal vez realmente no quieran todos, pero ¿y una parte de ellos? Hay una diferencia entre que no puedan asumir ninguna responsabilidad y que se les deje a ellos tomar la decisión. El hecho de que actualmente una parte de las personas no quisieran asumir ninguna responsabilidad no es un indicio de la naturaleza humana, sino sólo una muestra en un momento concreto y un síntoma de una «cultura dual»: unos soportan la responsabilidad, asumen riesgos y crean puestos de trabajo; los otros «toman» esos puestos de trabajo, no asumen ninguna responsabilidad ni riesgo alguno. Aunque esto ya no sucede en muchos casos: altos ejecutivos que a lo mejor llevan dos años en la empresa soportan poco riesgo y poca responsabilidad; trabajadores que han contribuido a constituir la empresa asumen por el contrario el riesgo de perder su sustento vital, que individualmente puede pesar mucho más que la pérdida de capital invertido por un accionista. En la economía del bien común la tendencia es que los empleados de una empresa a) compartan la responsabilidad, b) tomen las decisiones democráticamente, c) soporten juntos los riesgos, y d) repartan justamente los frutos de su esfuerzo. No se obliga a las pequeñas empresas de, por ejemplo, menos de doscientos cincuenta empleados, pero se las recompensa si lo hacen. Según algunos estudios empíricos, los grupos que reparten los frutos del éxito por igual proporcionan los rendimientos más altos, porque la misma valoración para todos es la motivación más fuerte para las personas[113]. Es de esperar, por tanto, que la economía sea más eficiente y productiva que en la actualidad. Como última consecuencia, esta nueva dirección conduce a que los papeles de «empleador» y «empleado» se desdibujen y desaparezcan. El inherente conflicto de intereses del capitalismo entre capital y trabajo se superaría (con consecuencias radicales para la colaboración social, los partidos políticos y la democracia); la brecha social entre «capital» y «trabajo» se cerraría.

¿No existen ya hoy en día cooperación y competencia? ¿No se trata más bien de encontrar un equilibrio?

Como ya se mencionó, toda la evolución se basa en el principio de la cooperación, y el sistema económico capitalista se basa también en las estructuras cooperativas: familia, padres, amigos y mujeres. Las mujeres realizan el 70 por ciento del trabajo mundial, sin el cual ni los directivos ni los multimillonarios habrían sido educados, amados, cuidados, incitados, inspirados o valorados. Éstas son cooperaciones fundamentales que se ven afectadas por las rígidas estructuras de competencia económica, de las que se asegura que se corresponden con la naturaleza y no pueden ser suprimidas.

En la propia economía de mercado se practica en gran medida la cooperación, la creación de equipos, el espíritu de equipo, pero estas estrategias sirven a un fin superior: la competitividad de la empresa, la creación de cárteles o el mantenimiento en el poder frente a terceros. La cooperación es un medio para fines más elevados que la «feroz competencia» y «contracooperación», exactamente la relación equivocada.

¿No son una contradicción las ventajas legales para los más orientados al bien común y la anulación de la competición?

A primera vista, sí. Pero la economía del bien común no fomenta la habitual feroz competencia del enfoque ganar-perder: los que tienen más éxito no son en último lugar por eso exitosos, porque ayudan a las otras empresas, al prescindir de la publicidad agresiva, mediante la difusión de conocimientos, la cesión de trabajadores y de pedidos o por ayuda financiera directa. Un buen balance de la economía del bien común no es a expensas de las otras empresas, sino para su beneficio. No hay ni «ganadores» ni «perdedores» en esta cooperación estructural: se trata de un sistema de ganar-ganar, ésa es la meta.

Si no hubiera incentivos positivos para comportarse según el bien común, ¿qué llevaría entonces a las empresas a desarrollarse en la dirección que desea la sociedad? Sólo quedaría la motivación intrínseca, pero todavía el presente no está maduro. O los estándares mínimos legales deberían ser extremadamente altos y vinculantes para todos: una intervención reguladora masiva. Esto tropezaría con la necesidad comprensible de un lento y conjunto volver a aprender y «transformarse».

¿No conduciría la recompensa de la cooperación a monopolios a costa de los consumidores?

Una preocupación obvia dentro de la lógica actual del sistema capitalista en el que la empresa preferiría acabar por completo con la competencia, para poder realmente exprimir a los clientes: los cárteles y pactos son un medio para aumentar los beneficios. Pero en la economía del bien común no se trata del beneficio. Éste, una vez que ha servido a todos los fines razonables, sería eliminado. Por eso la aplicación de este medio estratégico no tiene sentido. De aquí en adelante, la cooperación sólo tiene sentido para mejorar el balance del bien común; y todos salen ganando.

¿Qué dice la economía del bien común de la renta básica universal (RB)?

Ésta es una de las preguntas que se plantean más a menudo. Por eso sigue ahora una respuesta muy específica:

Dentro del sistema económico actual debería haber una renta básica incondicional por tiempo indefinido pendiente de aprobación, porque muchas personas son empujadas a los márgenes de la sociedad, cuya dignidad sólo podría preservarse con una RB.

En la economía del bien común se da la vuelta a la dinámica del sistema: de la prioridad de recibir a la prioridad de dar. Esto significa que en el «centro», en el mercado, no se plantean competencia y escasez, sino cooperación y riqueza: allí habrá suficiente para todos: a) todos los que quieran contribuir con un trabajo significativo tendrán esa posibilidad. El que no pueda aportar nada, o no mucho de momento, recibe una renta de solidaridad; b) en el caso de que hubiera desempleo, se minimizará, ya que las empresas serán recompensadas por contratar a más gente. Todas las empresas estarán involucradas en la solución de los problemas económicos.

En la economía del bien común se reducen las horas normales de trabajo al nivel que quiere la mayoría de la gente: aproximadamente, de 30 a 33 horas semanales. Esto deja más tiempo para los otros tres grandes aspectos del trabajo que a nosotros, las personas, nos completan: el cuidado de las relaciones en el trabajo, trabajo propio y el trabajo comunitario (según Frigga Haug). Sólo con la eliminación de las horas extras la tasa de desempleo en Austria se reduciría en dos terceras partes, de trescientos mil a cien mil desempleados.

Por otra parte, está el año sabático: cada diez años trabajados la gente se puede tomar un año sabático y realizar otros aspectos vitales importantes: sería una renta básica universal por tiempo definido. A diferencia de la RB, en el año sabático no se corresponden las dos principales críticas de la RB (independientemente de la exactitud de su contenido): la incapacidad para financiarlo y el argumento de la envidia. a) Si cada diez años hay un año sabático, el mercado laboral se alivia en un 10 por ciento: la actual tasa de desempleo registrada en la Unión Europea. Los presupuestos destinados al desempleo se podrían reasignar para la financiación del año sabático, los costes adicionales serían menores. b) En el debate a favor y en contra de la RB, mucha gente parte de que la gran mayoría de los cotizantes mantendría una minoría de perceptores. Independientemente de si este temor está justificado: no es necesario durante el año sabático, porque beneficia a todos sin distinción. El año sabático vence las dos oposiciones principales de la RB. Con la experiencia adquirida en el año sabático, tal vez se obtengan nuevos conocimientos, y mayorías.

¿Sigue siendo todavía una economía de mercado?

Si se quisiera ordenar la economía del bien común en una de las cuatro categorías principales de los sistemas económicos —1) economía de subsistencia, 2) economía del regalo, 3) economía de mercado, y 4) economía planificada—, lo más seguro es que se trate de una forma de economía de mercado; en cualquier caso, no una capitalista como el modelo actual, sino una «economía cooperativa de mercado». De hecho, hay empresas privadas y mercados «libres» en los cuales se fijan los precios, y el dinero existe para permitir el intercambio: una economía de mercado. Sin embargo, el «mercado» no está definido por una ley natural: es un lugar de encuentro entre las personas en el que establecen relaciones de negocios. Cómo se comportan y según qué normas éticas y legales se organizan estas relaciones es tan libre como el espíritu humano, y por lo tanto se dejan a la creatividad democrática y la autodeterminación. La economía del bien común pone patas arriba algunos de los fundamentos en los que se basa actualmente la economía de mercado. O mejor, pone las cosas pies con cabeza. El objetivo no es maximizar el interés propio, sino la maximización del bien común; la prioridad de la confrontación da paso a la prioridad de la cooperación.

En segundo lugar, la economía del bien común se consigue con los bienes comunes (bienes comunales o «commons») tales como empresas de suministros de energía, escuelas, redes ferroviarias, servicios de correos o bancos. Éstos no siguen la lógica del mercado, son bienes públicos, pero no son dirigidos por el Estado, sino directamente por la población. Es por eso por lo que los llamo «bienes comunales democráticos».

En tercer lugar, se promueve la subsistencia, por la reducción a largo plazo de la jornada regular de trabajo en el orden de 30 a 33 horas semanales, por la apreciación relativa de otras prioridades en la vida y otras áreas del trabajo, como por ejemplo la jardinería o la artesanía, y por un «año sabático» por cada diez años trabajados. Por esto, la economía del bien común no es una economía de subsistencia, pero elementos de subsistencia completan las condiciones del mercado.

Del mismo modo, se promueve el regalo general. En primer lugar, mediante la formación de valores: la generosidad y el compartir se convierten en parámetros de conducta sociales. Si más gente produce para sí y elabora bienes de primera necesidad, también se los intercambiarán como regalo entre sí. Por otro lado, a través de incentivos para las empresas conformes con el mercado: si se comportan generosamente y regalan a la sociedad o a otras empresas recursos de todo tipo —desde tecnología y mano de obra hasta dinero—, serán recompensadas.

E incluso los elementos de planificación fluyen en la economía del bien común: las empresas pueden superar solidaria y conjuntamente las fluctuaciones de la oferta y de la demanda; el mercado se alivia, mediante la consensuada confluencia de oferta y demanda. Esta forma de supervisión del mercado es, sin embargo, descentralizada y participativa, y es efectuada por empresas privadas (y no por el Estado). Cualquiera que participe será recompensado. (No hay obligación, pero sí incentivos.) Esto reduce la característica vulnerabilidad ante las crisis de la economía de mercado capitalista.

Una economía planificada «real» que no requiere dinero ni precios de los productos porque sigue estrictamente el principio de orientación a las necesidades también podría organizarse de manera descentralizada, participativa y democrática, y mucho más fácilmente en la era de internet. Pero todavía no hemos llegado a ese extremo. Se asocia todavía demasiado la «economía planificada» con una dirección centralizada y con dictaduras. Pero todo marxista se siente con razón ofendido cuando lo que se practicaba en la antigua URSS se confunde con los ideales de Karl Marx: la democracia, la participación y la dignidad humana. A quien esté interesado en conocer modelos más elaborados de la economía planificada descentralizada y democrática le remito a las obras Parecon de Michael Albert o Bedürfnisorientierte Versorgungswirtschaft («Economía orientada a las necesidades») de Albert Fresin[114].

En resumen, el modelo de la economía del bien común se alimenta de varios modelos y de todos los sistemas económicos conocidos. Evidentemente, ni todos son exclusivamente malos, ni ninguno es sólo bueno. Es decir, se combinan las virtudes y se siguen desarrollando de manera creativa.

¿Es la economía del bien común competitiva a nivel global?

A juzgar por sus indicadores de éxito (no monetarios), sí; según lo medido por los habituales indicadores de éxito (monetarios), no. El libre comercio sería una amenaza para una «individual» economía del bien común. Sin embargo, las fronteras abiertas para los bienes y servicios —«libre comercio»— no son ni leyes naturales ni fines en sí mismos. Por el contrario, el libre comercio amenaza, incluso ahora, nuestros liberales valores constitucionales y los progresos democráticos construidos sobre ellos: los derechos humanos, las leyes laborales, la seguridad social, la protección del medio ambiente, la equidad fiscal. Porque, si unos productos que cumplen con la legislación laboral, las normas sociales, ambientales y fiscales entran en libre competencia con otros productos que fueron producidos transgrediendo todos estos estándares, estamos socavando nuestros valores constitucionales y logros democráticos. El libre comercio es una violación de la ley y de la Constitución, si los que comercian entre sí no reúnen las mismas condiciones y no pueden ponerse de acuerdo sobre un marco común en el mercado. Justo esto es lo que propone la economía del bien común: libre comercio entre iguales —países con las mismas normas— y protección contra el dumping de los países con normas menos estrictas. Para proteger los logros democráticos y los valores constitucionales.

Concretamente, las empresas con buenos balances del bien común podrían comerciar, por ejemplo, con productos de comercio justo libre de aranceles; por el contrario, se aumentarán los aranceles cuanto peor sea el balance del bien común para que los productos procedentes de producción y de comercio justos sean más baratos para los consumidores.

La Unión Europea es el espacio económico más grande y poderoso del mundo. Podría obligar sin problemas a cumplir estas reglas —alternativas— globales para el comercio. Pero también ha sido la Unión Europea, en un esfuerzo conjunto con Estados Unidos, la que ha instaurado el régimen de libre comercio actual que va contra los derechos humanos, es enemigo del desarrollo y no es sostenible. Podría de la misma manera haber exigido e implantado otras reglas diferentes.

E incluso si no se unen todos los países, la Unión Europea podría comenzar con un grupo de Estados partidarios del bien común: con una zona del bien común. Ésta sería una zona de comercio justo que se pondría de acuerdo en unas normas comunes en el ámbito social, ambiental, ecológico y fiscal. Y que se protege de países en los que no se apliquen estas regulaciones. Ésta es una protección totalmente legítima: es la protección de la Constitución.

¿Habrá crecimiento en la economía del bien común?

Como ya se ha mencionado anteriormente, el crecimiento en la economía del bien común no es un fin en sí mismo; y, como el éxito de una empresa ya no se mide según el balance financiero, el crecimiento de los valores monetarios ya no es un medio útil/coherente para alcanzar esta meta. El dinero es sólo un medio para aumentar el bien común, y, si es menos lo que se requiere para lograr un mayor bien común, no hay el menor problema. En consecuencia, habrá —con suerte— un crecimiento duradero del bien común, pero no necesariamente uno de dinero, y con seguridad ningún aumento en el uso de la naturaleza ni de recursos materiales, porque parte del nuevo objetivo es usarlos de manera más eficiente y conservarlos. El resultado del balance del bien común es aún mejor:

cuanto menor es el número de productos inútiles que genera una empresa;

cuanto menor es el uso de recursos que se requiere en toda la cadena de valor;

cuanto menor sea el impacto medioambiental de los productos de desecho;

cuanto más completo sea el uso de los recursos utilizados en el circuito económico.

Así se crea un impacto en la dirección hacia la eficiencia de los recursos, el reciclaje, la reutilización, cero emisiones y cero residuos: «cradel to cradel». Este tornillo se mantendrá firme —estándares mínimos, puntos de bien común y el aumento de los incentivos legales— hasta que en la economía nacional el consumo de recursos económicos/emisiones contaminantes retrocedan completamente y se instalen en un nivel sostenible en el ámbito mundial o se reduzca por debajo de él.

Sin embargo, el balance del bien común no sustituye todos los demás instrumentos de política medioambiental, sino que los refuerza. Se requiere además:

una gestión política global de recursos que limite la extracción de materias primas y organice su distribución de acuerdo a criterios de justicia y sostenibilidad;

una ecologización radical del sistema fiscal;

si fuera necesario y las otras medidas no fueran suficientes, la medición de la huella ecológica individual de cada uno, con la asignación de un presupuesto global de los recursos per cápita[115]. Éste es un punto de vista estrictamente liberal: los mismos derechos (de consumo ecológico) para todos. En este sentido, se recomienda la expansión del imperativo categórico a la dimensión ecológica: debemos elegir un estilo de vida que pudiera ser elegido por todas las personas en la Tierra, sin reducir las oportunidades de vida de las otras personas o de las generaciones futuras. Wolfgang Pekny y Niko Paech realizan un importante trabajo pionero en el espacio de habla alemana[116].

Todos los estudios científicos sobre este tema revelan que un menor uso de los recursos y del consumo material no tienen por qué significar una reducción en la calidad de vida o de comodidad, sino todo lo contrario: si los ríos, lagos, bosques y campos ofrecen de nuevo un lugar de descanso; si las viviendas y las casas ya no necesitan petróleo y gas debido a un buen aislamiento, al uso de materiales naturales y a un diseño inteligente (y los países ya no emprenden guerras por el control de los recursos); si los muebles huelen a madera natural y halagan a los ojos como los pies descalzos; si la comida alimenta y llena de energía; si se pudiera llegar a pie a todos los sitios importantes a diario, o en un transporte público adecuado; si el ambiente de trabajo está libre de estrés, es relajado y se aprecia; si la pobreza y la mendicidad en las calles y lugares públicos desaparece, porque todos están integrados en la vida social y económica con igualdad de oportunidades y derechos; y si todos saben que su estilo de vida no priva a la gente en otros países alrededor del mundo ni a las generaciones futuras de sus oportunidades de existencia y de desarrollo, entonces ¡se vive simple y llanamente mejor!

IX
Números, datos y resumen

Comienzo del proceso:

6 de octubre de 2010

Empresas que apoyan el modelo:

700 (quince países)

Organizaciones que apoyan el modelo:

120

Empresas pioneras:

300 (6 países)

Campos de energía:

45 en diez países (Austria, Alemania, Italia, Suiza, Liechtenstein, España, Argentina, Honduras, EE.UU. y Gran Bretaña)

Círculos de agentes:

Empresas pioneras

Consultores

Auditores

Redactores

Conferenciantes

Embajadores

Equipo de IT

Ciencia e investigación

Soporte:

Asociación para el Fomento de la Economía del Bien Común (fundada en julio de 2011)

Profesionales

2

Donaciones recibidas en 2011:

20.000 euros

Páginas web:

www.gemeinwohl-oekonomie.org

www.common-welfare-economy.org

www.economie-citoyenne.org

www.economia-del-bien-comun.org

www.economia-del-bene-comune.org

Última actualización:

mayo de 2012

Resumen en veinte puntos básicos

La economía del bien común se basa en los mismos valores fundamentales, con los que nuestras relaciones tienen éxito: confianza, aprecio, cooperación, solidaridad y voluntad de compartir. De acuerdo con los últimos hallazgos científicos son las relaciones con éxito las que hacen más felices a las personas y más las motivan.

En el marco legal de incentivos de la economía, la búsqueda de beneficio y la competencia se transforman en esfuerzo hacia el bien común y la cooperación. Se recompensa a las empresas que se ayuden mutuamente. La feroz competencia es posible, pero acarrea inconvenientes.

El éxito económico ya no se mide con los indicadores de valores de cambio (monetario), sino con indicadores de utilidades (no monetarios). En el ámbito macroeconómico (economía nacional), se sustituye el PIB como indicador de éxito por el producto del bien común; en el ámbito microeconómico (empresarial) se cambia el balance financiero por el balance del bien común. Éste se convierte en el balance principal de todas las empresas. Cuanto más social, ecológico, democrático y solidario es el comportamiento y la organización de las empresas, mejores los resultados que alcanzan en el balance. Cuanto mejores son los resultados del balance del bien común, mayor es el producto del bien común.

Las empresas con un buen balance del bien común consiguen beneficios legales: impuestos más bajos, reducción de aranceles, crédito más barato, prioridad en la contratación pública y en los programas de investigación, etc. La entrada en el mercado es más fácil para las empresas responsables, y los productos y servicios éticos, ecológicos y regionales son más baratos que los no éticos, no ecológicos y globales.

El balance financiero se convierte en un balance secundario. El beneficio financiero pasa de fin a medio y sirve para lograr el nuevo objetivo de las empresas (la contribución al bien común). Los excedentes del balance se pueden utilizar para: inversiones (con plusvalía social y ambiental), la amortización de préstamos, ahorros en una medida limitada; reparto limitado entre los empleados, así como préstamos sin intereses a otras empresas. No se deben usar los excedentes para: inversiones en los mercados financieros (que ya no deben existir), adquisiciones hostiles de otras empresas, reparto a personas que no trabajan en la empresa, así como donaciones a partidos políticos. A cambio, se suprime el impuesto sobre el beneficio de las sociedades.

Como el beneficio ya es sólo un medio pero no el objetivo, las empresas pueden buscar su tamaño óptimo. Ya no tienen que tener miedo de ser absorbidas, ni que crecer para ser más grandes, más fuertes o más rentables que las demás. Todas las empresas se liberan de la obligación general de crecimiento y de adquirirse unas a otras.

A través de la posibilidad de obtener su tamaño óptimo de manera relajada y sin miedo, habrá muchas pequeñas empresas en todos los sectores de actividad. Como ya no quieren crecer más, la cooperación y solidaridad con otras empresas se vuelve más fácil. Pueden ayudarse con conocimientos, know-how, órdenes, mano de obra o préstamos sin intereses. Se verán recompensadas por ello con un buen resultado del balance del bien común, y no a expensas de otras empresas, sino para su beneficio. Las empresas constituyen cada vez más una comunidad de aprendizaje solidaria, la economía tiene un diseño de ganar-ganar.

Las desigualdades de ingresos y riqueza son limitadas en un debate y por decisión democrática: los ingresos máximos, por ejemplo, a diez veces el salario mínimo legal; los activos privados, por ejemplo, a diez millones de euros; las donaciones y herencias, por ejemplo, a 500.000 euros por persona; en las empresas familiares, por ejemplo, a diez millones de euros por hijo. Los bienes heredados que excedan de lo indicado se distribuirán a través de un fondo intergeneracional como una «dote democrática» entre todos los descendientes de la generación siguiente: el mismo «capital inicial» significa más oportunidades de igualdad. Los límites exactos deben ser determinados por una convención económica democrática.

Las grandes empresas a partir de un determinado tamaño (por ejemplo, doscientos cincuenta empleados), traspasan los derechos de voto y la propiedad parcial y gradualmente a los empleados y a la comunidad en general. La comunidad podría estar representada mediante un «parlamento económico regional» directamente elegido. El gobierno no debería tener acceso/derecho a voto en las empresas públicas.

Esto también es válido para los «bienes comunales democráticos», la tercera categoría de propiedad junto a una mayoría de (pequeñas) empresas privadas y a las grandes empresas de propiedad mixta. Los «bienes comunales democráticos» (también «commons») son empresas públicas colectivas de sectores como la educación, la salud, los servicios sociales, la movilidad, la energía y la comunicación.

Un importante «bien comunal democrático» es la banca democrática. Sirve como todas las empresas al bien común y, como todos los «bienes comunales democráticos», es controlada por el pueblo soberano, no por el Estado. Sus servicios básicos son garantizar los activos de ahorros, las cuentas corrientes sin coste, los préstamos de bajo interés y los préstamos ecosociales de riesgo. El Estado se financia en un primer momento a través de préstamos sin intereses del Banco Central. El Banco Central recibe el monopolio de la creación de dinero y se ocupa de la circulación transfronteriza de capitales con el fin de prevenir la evasión fiscal e impedir el contagio de burbujas especulativas. Los mercados financieros en su forma actual ya no existirán.

Siguiendo la propuesta de John Maynard Keynes se establece una cooperación monetaria mundial con una moneda global («globo», «terra») para el intercambio económico internacional. A nivel local, las monedas regionales pueden completar a la moneda nacional. Para protegerse del comercio desleal, la Unión Europea debe poner en marcha una zona de comercio justo («zona del bien común»), en la que se aplican los mismos estándares o se orientan los aranceles según el balance del bien común de la empresa productora. El objetivo a largo plazo es una zona global del bien común como un tratado de la ONU.

A la naturaleza se le reconoce un valor propio, por lo que no puede ser propiedad privada. Aquel que necesite una parcela de tierra con el propósito de habitarla, producir, o para destinarla a la agricultura y a la silvicultura, puede usar una superficie delimitada de forma gratuita o por una cuota de uso a cambio de tasas de explotación. Su traspaso está sujeto a requisitos ecológicos y al uso específico. Con esto se termina con el acaparamiento de tierras, con las grandes posesiones y la especulación inmobiliaria. A cambio, se eliminan los impuestos sobre bienes inmuebles.

El crecimiento económico ya no es un objetivo; sin embargo, sí lo es la reducción de la huella ecológica de individuos, empresas y países a una cota sostenible a nivel mundial. El imperativo categórico se amplía para incluir la dimensión ecológica. Nuestra libertad para elegir cualquier estilo de vida acaba allí donde se restringe la libertad de los demás para elegir el mismo estilo de vida o, simplemente, para llevar una vida digna. Los particulares y las empresas serán incitados a medir su huella ecológica y reducirla a un nivel mundial equitativo y sostenible.

La jornada laboral se reducirá gradualmente hasta el nivel deseado por la mayoría de 30 a 33 horas semanales. Esto deja tiempo libre para otros tres aspectos principales del trabajo: el cuidado de otras personas (niños, enfermos, ancianos), el trabajo propio (desarrollo personal, arte, jardinería, ocio), así como el trabajo político y comunitario. Debido a este reparto del tiempo, el estilo de vida sería menos consumista, más suficiente y medioambientalmente sostenible.

Cada diez años trabajados hay un año sabático financiado por una renta básica temporal. La gente puede hacer durante el año sabático lo que quiera. Esta acción alivia el mercado de trabajo en un 10 por ciento, la tasa de desempleo actual en la Unión Europea.

La democracia representativa se complementa con la democracia directa y participativa. El pueblo soberano debe poder corregir a sus representantes, decidir por sí mismo las leyes, modificar la Constitución y controlar los sectores estratégicos: la red de ferrocarriles, el servicio de correos, los bancos. En una verdadera democracia los intereses del pueblo soberano y de sus representantes son idénticos; un requisito previo para esto es que el pueblo soberano posea amplios derechos de participación y control.

Los veinte puntos de la economía del bien común deben madurar en un amplio proceso básico a través de un intenso debate, antes de que sean convertidos en ley por una convención económica elegida por voto directo. El resultado será votado por el pueblo soberano democráticamente. Lo que se apruebe se incluye en la Constitución y puede ser modificado —en cualquier momento— sólo por el pueblo soberano. Para profundizar en la democracia, se pueden convocar nuevas convenciones: convención para la educación, los medios de comunicación, los servicios públicos, la democracia…

Para familiarizar a los niños desde una edad temprana con los valores de la economía del bien común y ponerlos en práctica, se debe construir sobre un sistema educativo orientado al bien común. Esto requiere una forma diferente de colegios así como otros contenidos, por ejemplo, educación emocional, ética, comunicacional, para la democracia, para descubrir la naturaleza y para el conocimiento del cuerpo.

En la economía de bien común el éxito empresarial tendrá un significado muy diferente al de hoy en día, y se demandarán otras cualidades de liderazgo. Ya no se buscan los directivos más despiadados, egoístas, y «racionales con los números», sino las personas que actúan de forma competente y con responsabilidad social, que son compasivos y empáticos, que vean en la participación una oportunidad y un beneficio, que piensen en la sostenibilidad a largo plazo. Ellos serán los nuevos modelos.

La economía del bien común no es el mejor de todos los modelos económicos ni el final de la historia, sólo un posible paso más hacia el futuro. Se trata de un proceso participativo y de desarrollo abierto, que busca sinergias con enfoques similares. A través del compromiso conjunto de muchas personas valientes y decididas se puede crear algo fundamentalmente nuevo. Su implementación requiere de la motivación intrínseca y de la responsabilidad propia, de incentivos legales, de un marco regulatorio y de concienciación. Todas las personas pueden participar en la reconstrucción del sistema económico en dirección a la economía del bien común.

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Agradecimientos

Quiero dar las gracias a…

… al equipo de attac.tv en torno a Antonio, Maria, Gonzalo, Brilli y Silvia quienes han hecho un vídeo de 13 minutos que desencadenó una ola de bien común por toda España y Latinoamérica: http://vimeo.com/31051246.

… Ana Moreno, quien empezó a tejer la red de la economía del bien común en España y sigue coordinando con gran entusiasmo y profesionalidad.

… Francisco Álvarez, conocido blogueador («No le digas a mi madre que trabajo en bolsa») y realizador del espacio «La bolsa y la vida» en RNE. Paco promueve con compromiso y entrega la idea de la economía del bien común y consecuente y coherentemente se ha hecho el primer «emisario» del movimiento en España.

… a Juan Cascant, creador de Microviña, quien impulsó el primer campo de energía de España, en Muro de Alcoy, y que ya vive la economía del bien común en su tierra.

… las innumerables personas que con papeles muy distintos —particulares, empresarios, organizadores, científicos, periodistas, conferenciantes, acompañantes…— se comprometen con el «proceso total de la economía del bien común» para seguir desarrollándolo, darlo a conocer y aplicar el modelo y construyen un «campo de energía» global cada vez más fuerte.

… a los lectores y pensadores inspiradores, incluyendo a Christian Apl, Jean Philippe Baum, Harro Colshorn, Christian Fischer, Andreas Giselbrecht, Ludmilla Groß, Günter Grzega, Sophie Gudenus, Astrid Hafner, Gisela Heindl, Christian Hiß, Lutz Knakrügge, Jörg Knall, Franziska Kohler, Katharina Kronsteiner, Erwin Leitner, Christian Loy, Marita Matschke, Ana Moreno, Lisa Muhr, Isabell Popescu, Alfred Racek, Emanuel Raviola, Andrea Reitinger, Christian Rüther, Jorge Sánchez-Cabrera, Barbara Stefan, Eva Stilz, Subhash, Rahel Sophia Süß, Rita Trattnig, Jörg-Arolf Wittig Wilhelm Zwirner…

… al equipo muy profesional y hospitalario de la editorial Deusto formado por Roger Domingo, Paula Carrión, Sira Coll, Eugenia Toledo y Marta González, así como a mi agente en España Isabel Piedrahita y a la traductora Silvia Yusta que me ha dado una extensa clase de castellano avanzado.

… a todas las personas que reflexionan sobre modos de economía solidaria, democrática y sostenible, para discutirlos o para encarnarlos.

… a Gaia y Pachamama, las guardianas del bien común.

CHRISTIAN FELBER (9 de diciembre de 1972, Salzburgo, Austria) es un profesor universitario de economía, además de escritor y divulgador de esa materia y de sociología. Estudió, en Viena y en Madrid, filología románica, español y ciencias políticas principalmente, así como psicología y sociología. Es especialista en economía sostenible y alternativas para los mercados financieros. Ha desarrollado un nuevo modelo internacional económico denominado «Economía del bien común» (Gemeinwohl-Ökonomie; la implantación práctica del modelo teórico se inició en octubre de 2010 con un grupo de empresas que optaron por cumplir voluntariamente los requisitos de la economía del bien común; el grupo se ha convertido en un movimiento político que presiona al gobierno para que los principios teóricos se plasmen definitivamente en leyes). Es miembro fundador del movimiento de justicia global “Attac” en Austria e iniciador de la denominada Banca democrática. Además, compagina toda esta actividad con la de bailarín profesional.

Notas

[1] Aristóteles: Política, Libro I, cap. 8 y ss. y Libro III, cap. 12, 1282b. <<

[2] Cicerón: De legibus, III, 3, 8. <<

[3] Agosto de 2010. <<

[4] Bauer (2011), 39. <<

[5] Smith, 17. <<

[6] Hayek (2004), 22. <<

[7] El Premio Nobel de Economía no existe. El «Premio del Banco Central de Suecia en las Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel» sólo se otorga desde 1969 y no es nominado ni financiado por el Comité del Premio Nobel de la Fundación Nobel. <<

[8] Kohn, 205. <<

[9] Elaboración propia utilizando datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. El salario mínimo se incrementó el 24 de julio de 2009 a 7,25 dólares estadounidenses por hora (www.dol.gov/whd/minimumwage.htm). El gestor de hedge funds mejor pagado, John Paulson, ganó en 2010 cinco mil millones de dólares estadounidenses: The Wall Street Journal, 28 de enero de 2011. <<

[10] Wilkinson/Pickett, 68 y ss. <<

[11] Índice alemán de pánico elaborado por R+V Versicherung. <<

[12] www.fao.org/news/story/en/item/45210/icode/ <<

[13] Jackson, 106. <<

[14] Fromm, 129. <<

[15] Felber (2006), (2008), (2009) y (2012). <<

[16] CSR = Corporate Social Responsability = Responsabilidad Social Corporativa. Véase Felber (2008), 221-238. <<

[17] En la Constitución de Austria no hay ninguna referencia a la protección del medio ambiente, pero este valor ha sido durante mucho tiempo mayoritario y sería asumido con total seguridad en una reforma constitucional en la lista de valores fundamentales. Un buen ejemplo de esta tendencia —global— es la Constitución de Bolivia. En la nueva Constitución de 2003, se atribuyó a la Tierra un valor propio. <<

[18] www.demokratische-bank.at <<

[19] Lordon. <<

[20] Redak/Weber, 47. <<

[21] Bakan, 13. <<

[22] Swissinfo, 7 de febrero de 2007. <<

[23] Wiener Zeitung, 10 de junio de 2008. <<

[24] Kohr, 43 y ss. <<

[25] El Hartz IV es un programa que engloba una serie de recomendaciones de reforma del mercado laboral alemán, que se empezó a poner en práctica en 2005 (n. del t.). <<

[26] Felber (2006), 68-88 y 236-256, y Reimon/Felber (2003), 135-165. <<

[27] El modelo de la banca democrática fue elaborado en 2009/2010 por el movimiento Attac de Austria y empezó en junio de 2010 como un proyecto independiente de la sociedad civil en Austria. <<

[28] Compárese con Felber (2012). <<

[29] Compárese con Felber (2012), 73 y ss. <<

[30] Idea referente a la reforma del «señoreaje» o a que el derecho de acuñar dinero puede representar una fuente de ingresos para el emisor, incremento del dinero primario (n. del t.). <<

[31] Huber/Robertson. <<

[32] Más detallado en Felber (2012), 73 y ss. <<

[33] Keynes. <<

[34] Stiglitz, et al., 93. <<

[35] ATTAC Austria (2010). <<

[36] Los muy ricos han logrado en los últimos años unos rendimientos sobre el patrimonio constantes del 8 por ciento. <<

[37] Wilkinson/Pickett. <<

[38] Stern, n.° 48, 22 de noviembre de 2007. <<

[39] Con el método de SK (consenso sistemático), se pueden consensuar conjuntamente muchas propuestas; no se mide el acuerdo, sino la oposición. La propuesta que obtiene la oposición menor se aprueba. Para más información: www.sk-prinzip.net/ <<

[40] Wilkinson, 300. <<

[41] Herrmann, 167. <<

[42] Hartmann (2002) y «Zum Manager wird man geboren» («Para directivo se nace»), entrevista con Michael Hartmann, Spiegel Online, 26 de marzo de 2003. <<

[43] Philip Faigle: «Rettet die Erbschaftssteuer» («Salve el impuesto de sucesión»), Zeit Online, 4 de diciembre de 2009; así como Postbank AG/BHW-Bausparkasse/26 de febrero de 2010. <<

[44] Oficina Federal de Estadística y Banco Federal de Alemania: resultados de la cuenta capital de la contabilidad nacional de Alemania de 1991 a 2008, en la publicación especial estadística 4, Fráncfort del Meno, junio de 2009. <<

[45] Pirmin Fessler/Peter Mooslechner/Martin Schürz/Karin Wagner: «Das Immobilienvermögen privater Haushalte in Österreich» («Los inmuebles en propiedad privada de Austria»), en: Banco Nacional de Austria, Geldpolitik & Wirtschaft, Q2/09, 113-135; Martin Schürz/Beat Weber: «Die soziale Hängematte der Reichen» («Las hamacas sociales de los ricos»), MO#16/2009. <<

[46] Raimon/Felber. <<

[47] Felber (2006), 257 y ss., y Felber (2008), 304 y ss. <<

[48] Según el derecho austriaco, sería posible otorgar a la naturaleza el estatus de sujeto. De lege referenda: artículo 285b del Código Civil austriaco. <<

[49] Nueva Constitución Política del Estado, Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia: artículos 255, 311, 403. <<

[50] Layard, 46. <<

[51] Carol Nickerson/Norbert Schwarz/Daniel Kahnemann (2003): «Zeroing in on the Dark Side of the American Dream: A Closer Look at the Negative Consequences of the Goal for Financial Success», Psychological Science, vol. 14, n.° 6 (noviembre de 2003), 531-536. <<

[52] ORF Online, 4 de junio de 2010. <<

[53] Bauer (2011), 31. <<

[54] Bauer (2008), 61. <<

[55] «Die Mittelklasse irrt» («La clase media se equivoca»); entrevista en Die Zeit, n.° 13, 26 de marzo de 2010. <<

[56] Die Zeit, 12 de febrero de 2009. <<

[57] Haller (2006), Bakan (2005), Fromm (1992), 146. <<

[58] Financial Times Deutschland, 7 de mayo de 2007. <<

[59] Der Standard, 19 de septiembre de 2009. <<

[60] Ilustrativo es aquí Gewaltfreie Kommunikation («Comunicación sin violencia»), véase Rosenberg. <<

[61] em>Die Presse, 9 de junio de 2009 (Ulram); Wiener Zeitung, 10 de octubre de 2008 (Unterberger); Die Presse, 12 de abril de 2009 (Mayer); Der Standard, 21 de julio de 2001 (Frey); Die Presse, 17 de abril de 2009 (Ortner); Neues Volksblatt, 24 de julio de 2001 (Maurer); Die Presse, 4 de octubre de 2009, 13 de noviembre de 2010 y 22 de octubre de 2011 (Fleischhacker). <<

[62] Gerhard Roth: Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen («El cerebro y su realidad. Neurobiología cognitiva y sus consecuencias filosóficas»), Suhrkamp, Fráncfort del Meno, 1998. <<

[63] Rousseau, 128 y 132. <<

[64] www.lobbycontrol.de/blog <<

[65] Müller. <<

[66] www.insm.de. <<

[67] http://maplight.org/us-congress/bill/111-hr-977/359058/totalcontributions; http://maplight.org/us-congress/bill/111-hr-1207/360297/total-contributions <<

[68] Rousseau, 93. <<

[69] Rousseau, 81. <<

[70] www.mehr-demokratie.de, www.ig-eurovision.net, www.volksgesetzgebung-jetzt.at <<

[71] Mehr Demokratie, 16. <<

[72] www.dirdemdi.org/neu <<

[73] ARD Panorama, 12 de mayo de 2005: http://daserste.ndr.de/panorama/media/euverfassung100.html <<

[74] Forsa/Stern.de, 27 de diciembre de 2006. <<

[75] Crouch. <<

[76] Häfner. <<

[77] La antigua Ministra de Asuntos Exteriores Ursula Plassnik en ORF-Pressestunde (programa radiofónico de la Radio Nacional de Austria), 22 de octubre de 2007. <<

[78] Attac: «10 Prinzipien für einen Demokratischen Vertrag» («10 principios para un tratado democrático») http://www.attac.org/es/campa%C3%B1/otra-europa-es-possible/diez-principios-de-attac-para-un-tratado-democr%C3%A1tico <<

[79] Der Spiegel, 35/2003. <<

[80] Efler/Häfner/Vogel, 122. <<

[81] Josef Pröll: «Projekt Österreich» («Proyecto Austria»), Discurso del Ministro de Finanzas, 14 de octubre de 2009, 27. <<

[82] http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/capability/members_en.pdf <<

[83] Joachim Bauer: Das kooperative Gen. Abschied vom Darwinismus («El gen cooperativo. Despedida del darwinismo»), Hoffmann y Campe, Hamburgo, 2008. <<

[84] www.luc.edu/faculty/dschwei/ <<

[85] www.sekem.com <<

[86] www.goettindesglucks.com <<

[87] Felber (2006), 165-184. <<

[88] www.buschberghof.de <<

[89] Katharina Kraiß/Thomas van Elsen: «Community Supported Agriculture (CSA) in Deutschland» («Agricultura sostenida por la comunidad en Alemania»), Lebendige Erden, 2/2008, 44-48. <<

[90] Plataforma internacional para los movimientos CSA: www.urgenci.net <<

[91] www.bioparadeis.org <<

[92] www.regionalwert-ag.de <<

[93] www.gls.de <<

[94] www.gemeinschaftsbank.ch <<

[95] www.abs.ch <<

[96] www.sparda-m.de <<

[97] www.ethicalbanking.it <<

[98] www.oikocredit.org/site/at <<

[99] www.wagner-solar.com <<

[100] www.gugler.at, www.vonderwiegezurwiege.at <<

[101] www.sonnentor.com <<

[102] www.badblumauermanifest.com <<

[103] www.zotter.at <<

[104] www.semco.com.br/en/ <<

[105] http://de.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Semler <<

[106] www.ccss.jhu.edu/pdfs/CNP/CNP_At_a_glance.pdf <<

[107] Prognos A. G., Spiegel Online, 19 de noviembre de 2008. <<

[108] Vaughan. <<

[109] Felber (2009), 134 y ss. <<

[110] Kohn, 92. <<

[111] Küng. <<

[112] Kasser et al., 14. <<

[113] Kohn, 49. <<

[114] Albert, Fresin. <<

[115] Compárese, por ejemplo, con Aubauer. <<

[116] Compárese con Wolfgang Pekny: http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Pekny así como con www.postwachstumsoekonomie.org/html/paech_grundzuge_einer_postwach.html <<