¿Por qué Barcelona se convirtió en la capital indiscutible del movimiento anarquista europeo, en los años que precedieron a la Guerra Civil?

En este libro se analiza la protesta social, el conflicto urbano, las culturas de clase y la represión en uno de los centros revolucionarios más importantes del siglo XX. Chris Ealham investiga las fuentes del poder anarquista en la ciudad, colocando a ésta en el centro de la vida política, cultural, social y económica de España entre 1898 y 1937. Durante este periodo, una variedad de grupos sociales, movimientos e instituciones competían entre ellos para imponer su propio proyecto urbano y político en Barcelona: las autoridades centrales luchaban para retener el control de la ciudad española más rebelde; los grupos nacionalistas deseaban crear la capital de Cataluña; los industriales locales querían construir una urbe industrial moderna; las clases medias urbanas peleaban por democratizar la ciudad; y, mientras tanto, los anarquistas buscaban terminar con la opresión y explotación a la que estaban sometidos los obreros de la ciudad. Todo ello desencadenó un torrente de conflictos, con frecuencia violentos, por el control de la ciudad, tanto antes como después de la Guerra Civil.

Chris Ealham

La lucha por Barcelona

Clase, cultura y conflicto 1898-1937

ePub r1.1

Hoshiko 13.01.14

Título original: Class, Culture and Conflict in Barcelona, 1898-1937

Chris Ealham, 2005

Traducción: Beatriz Anson Balmaseda, 2005

Editor digital: Hoshiko

ePub base r1.0

Para Annie, mi madre,

y Jack, mi padre (in memoriam)

y para Bea (por el futuro)

LISTADO DE SIGLAS

AIT

Asociación Internacional de Trabajadores

BOC

Bloc Obrer i Camperol (Bloque Obrero y Campesino)

CNT

Confederación Nacional del Trabajo

CRT

Confederación Regional del Trabajo

CCMA

Comité Central de Milicies Antifeixistes (Comité Central de Milicias Antifascistas)

CDE

Comisión de Defensa Económica

CEDA

Confederación Española de Derechas Autónomas

CENU

Consell de l’Escola Nova Unificada (Consejo de la Escuela Nueva Unificada)

COPUB

Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Barcelona

ERC

Esquerra Republicana de Catalunya

FAI

Federación Anarquista Ibérica

FTN

Fomento del Trabajo Nacional

GATCPAC

Grup d’Arquitectes i Técnics Catalans (Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes)

GEPCI

Gremis i Entitats de Petits Comerciants i Industrials (Gremios y Entidades de Pequeños Comerciantes e Industriales)

POUM

Partido Obrero de Unificación Marxista

PSOE

Partido Socialista Obrero Español

PSUC

Partit Socialista Unificat de Catalunya

USC

Unió Socialista de Catalunya

UGT

Unión General de Trabajadores

LISTADO DE FOTOS Y FIGURAS

Fotografías

1.1. La construcción de la Plaza de Catalunya en el centro de Barcelona a principios del siglo XX. Ateneu Enciclopèdic Popular.

1.2. Arreglos en el tejado de una chabola en Poblenou, hacia 1930.

1.3. Panorámica aérea de las cases barates cerca del distrito Can Tunis. © J. Gaspar, Arxiu Fotogràfic de l’AHCB.

1.4. «Hombres de orden» contemplando Las Ramblas, hacia 1920. © Ballell, Arxiu Fotogràfic de l’AHCB.

1.5. Miembros de la policía de Barcelona fumándose un cigarro dentro de una camioneta, hacia 1930. Ateneu Enciclopèdic Popular.

2.1. Una típica familia de clase obrera, probablemente inmigrante. © Arxiu Fotogràfic de l’AHCB.

2.2. Unidos en el lugar de trabajo: obreros de la fabrica de cerveza El Aguilar posan para la cámara. Ateneu Enciclopèdic Popular.

2.3. Iglesias ardiendo en el horizonte barcelonés, julio de 1909 (Francesc Bonamusa, Pere Gabriel, Josep Lluís Martín Ramos y Josep Termes, Historia Gràfica del Moviment Obrer a Catalunya, Barcelona, 1989, pp. 172-173).

2.4. Miembros de la comunidad agrupados alrededor de una barricada en el Raval, julio de 1909 (Francesc Bonamusa, Pere Gabriel, Josep Lluís Martín Ramos y Josep Termes, Historia Gràfica del Moviment Obrer a Catalunya, Barcelona, 1989, p. 169).

2.5. Escena callejera durante la Semana Trágica, 1909. © Ballell, Arxiu Fotogràfic de l’AHCB.

2.6. Clase de biología en la Escuela Racionalista de l’Hospitalet (año académico 1928-1929). José Peirats, por aquel entonces un ladrillero, futuro historiador del movimiento anarquista, es el primero por la izquierda. © Archivo Gracia Ventura.

2.7. De izquierda a derecha, Bertha Favert, Francisco Ascaso, Emilienne Morin y Buenaventura Durruti en Bruselas, 1929, durante su exilio. Ascaso y Durruti con sus parejas francesas. (José Peirats, The CNT in the Spanish Revolution, vols. 1-3, ChristieBooks/Meltzer Press).

3.1. Una gran muchedumbre celebra la proclamación de la Segunda República frente al edificio de la Generalitat y el Ayuntamiento, 14 de abril de 1931. La plaza pronto sería rebautizada Plaza de la República.

3.2. Vigilando la ciudad: unos guardias de asalto patrullan por l’Hospitalet, 1933. © Pérez de Rozas, Arxiu Fotogràfic de l’AHCB.

4.1. Unos obreros conversan fuera del lugar del trabajo durante un conflicto laboral. Segunda República (Francesc Bonamusa, Pere Gabriel, Josep Lluís Martín Ramos y Josep Termes, Història Gràfica del Moviment Obrer a Catalunya, Barcelona, 1989, p. 259).

4.2. Fuerzas de Guardias de Asalto preparadas en camiones ante la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Ateneu Enciclopèdic Popular.

5.1. Aspecto de un mercado callejero en fechas inmediatamente anteriores al estallido de la Guerra Civil, Barcelona, julio de 1936. © EFE.

5.2. Una manifestación de parados (Francesc Bonamusa, Pere Gabriel, Josep Lluís Martín Ramos, y Josep Termes, Historia Gráfica del Moviment Obrer a Catalunya, Barcelona, 1989, p. 191).

5.3. Disturbios durante la huelga convocada por la CNT, Barcelona, septiembre de 1931. © EFE.

5.4. Protesta callejera de la CNT, Barcelona 1930 (José Peirats, The CNT in the Spanish Revolution, vols. 1-3, ChristieBooks/Meltzer Press).

6.1. Reivindicando el espacio urbano: unos guardias civiles y miembros de la comunidad observan una barricada recientemente demolida en l’Hospitalet, 1933 (Francesc Bonamusa, Pere Gabriel, Josep Lluís Martín Ramos y Josep Termes, Historia Gráfica del Moviment Obrer a Catalunya, Barcelona, 1989, p. 259).

6.2. Un guardia de asalto protege un tranvía durante la huelga de transporte de Barcelona de 1933-1934. © Pérez de Rozas, Arxiu Fotogràfic de l’AHCB.

7.1. Jóvenes anarquistas de excursión en las estribaciones de los montes cercanos a Barcelona durante la Segunda República (Francesc Bonamusa, Pere Gabriel, Josep Lluís Martín Ramos y Josep Termes, Història Gràfica del Moviment Obrer a Catalunya, Barcelona, 1989, p. 248).

8.1. Barricadas en Barcelona, del 19 al 21 de julio de 1936. (José Peirats, The CNT in the Spanish Revolution, vols. 1-3, ChristieBooks/Meltzer Press).

8.2. Primeras barricadas en las calles de Barcelona tras la sublevación militar, 19 de julio de 1936. © EFE.

8.3. Mujeres milicianas anarquistas, 1936 (José Peirats, The CNT in the Spanish Revolution, vols. 1-3, ChristieBooks/Meltzer Press).

8.4. Hotel Gastronómico n.° 1, antiguo Ritz de Barcelona, uno de los muchos comedores populares establecidos a partir de julio de 1936 (Francesc Bonamusa, Pere Gabriel, Josep Lluís Martín Ramos y Josep Termes, Història Gràfica del Moviment Obrer a Catalunya, Barcelona, 1989, p. 314).

8.5. (a y b) Cementerio de coches (Alfonso Carrasco, ¡Barcelona con el puño en alto! Estampas de la revolución, Barcelona, 1936).

8.6. Unos obreros queman propiedades, julio de 1936. También se puede ver uno de los muchos caballos que murieron en las luchas callejeras. Ateneu Enciclopèdic Popular.

8.7. Calles de Barcelona, verano de 1936 (Alfonso Carrasco, ¡Barcelona con el puño en alto! Estampas de la revolución, Barcelona, 1936).

Figuras

1.1. Mapa de Barcelona, hacia 1930. (Adaptación del libro de David Goodway (ed.), For Anarchism: History, Theory, Practice, Londres, 1989, p. 81).

7.1. Afiliación a la CNT

AGRADECIMIENTOS

Son muchas las personas que han contribuido al desarrollo de este libro. Mi investigación ha contado con el generoso apoyo financiero de la British Academy, el Centro Cañada Blanch de Estudios Contemporáneos Españoles (LSE), el Departament d’Ensenyament del Gobierno Autónomo de Cataluña y la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Arts and Humanities Research Board me permitió disfrutar de un año sabático para poder terminar el manuscrito de este libro.

Durante el periodo de investigación de este estudio, recibí la ayuda de muchas personas en centros de investigación y bibliotecas. Quisiera agradecer la asistencia que me prestaron el personal del Public Records Office en Kew, del Archivo Histórico Nacional en Madrid y Salamanca, y la Biblioteca de la Caixa d’Estalvis de Barcelona en Badalona. En el Arxiu Històric de l’Hospitalet, Clara Pallarés fue de gran ayuda. En Barcelona, he de expresar mi agradecimiento al personal del Arxiu Municipal de Sants-Montjuïc, el Centre d’Estudis d’Història Contemporania (Fundado Figueres), la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, la Biblioteca de Catalunya y el Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI-FIES). Finalmente, estoy muy agradecido al personal del Institut Municipal de l’Història de la Ciutat en Barcelona, la Casa de l’Ardiaca, que durante tres años se convertiría en mi segunda casa.

Asimismo, estoy en deuda con muchas otras personas. Durante mi licenciatura, Paul Heywood y, en especial, Paul Preston, cultivaron mi interés en la historia española. A partir de entonces, Paul Preston siempre ha sido una gran fuente de entusiasmo y de inspiración como historiador. A lo largo de los años, son muchos los amigos y colegas que me han permitido disfrutar de una comunidad intelectual rica, en la que encontrar el ánimo para llevar a cabo este proyecto, en especial Manel Aisa, Alejandro Andreassi, Stuart Christie, Xavier Diez, Pete Dorey, Andrew Dowling, Andy Durgan, Graeme Garrard, Sharif Gemie, Helen Graham, Robert Lenton, Nick Parsons, Michael Richards, Nick Rider, Paco Romero, Caragh Wells y Eulalia Vega. Estoy tremendamente agradecido a todos aquellos que han leído y comentado los borradores de este manuscrito. José Luis Martín Ramos, Elisenda Monleón y Gracia Ventura me ayudaron a encontrar fotografías, mientras que Mark Barrett me ayudó a prepararlas para su publicación. En la versión española de este libro colaboraron Margarita León y Sandra Souto Kustin. Cristina Castrillo, mi editora, me ha ayudado muchísimo en la preparación de este libro. Le estoy muy agradecido por toda su paciencia y profesionalidad. La colaboración de dos anarquistas también ha sido importantísima en este trabajo. «Juan», que tristemente murió hace unos años, contestó con paciencia y honestidad a una infinidad de preguntas sobre su vida y el funcionamiento de la CNT y la FAI en Barcelona, con la esperanza de que su voz fuese escuchada. Federico Arcos, asimismo, me atendió con una gran generosidad y me dio una copia de las memorias inéditas de su amigo y camarada José Peirats.

Cuando comencé esta investigación sobre el movimiento anarquista español en su baluarte barcelonés, estaba más interesado en el movimiento social que en el lugar en sí. Hoy en día, tras lo que acabó por convertirse en un viaje de descubrimiento espacial, la situación es justo la contraria. Muchos me han ayudado en la exploración de las calles de Barcelona a lo largo de los años, incluyendo a Dick, Donald, Elena, Jofre, Mónica, Ramon, Sam, Silvia y Sonia. El apoyo y ánimo de mi familia durante todo este tiempo también ha sido fundamental. Finalmente, deseo expresar mi especial agradecimiento a Bea: su ojo crítico mejoró este manuscrito, mientras que su apoyo incesante y espíritu optimista me ayudó a concluir este proyecto. Pese a que todos los mencionados han contribuido a mejorar el libro presente, no hace falta decir que cualquier error o fallo del mismo es mi responsabilidad.

La calle no es de nadie aún.

Vamos a ver quién la conquista.

Ramón J. Sender, Siete domingos rojos

PRÓLOGO A LA PRESENTE EDICIÓN

Siempre que un amigo me pide que escriba el prólogo de uno de sus libros, y especialmente cuando se trata de un proyecto por el que siento gran admiración, intento persuadirle de que su obra será mejor sin mi apoyo. Si este sabio consejo es ignorado y el autor insiste, accedo arrastrado por mi entusiasmo por el manuscrito. En el caso de este espléndido y esperado trabajo de Chris Ealham, acepté la invitación encantado, pues confieso que, en una pequeña parte, me siento culpable del nacimiento del libro. Conozco a Chris Ealham desde hace años; primero, como profesor suyo cuando era estudiante universitario; más adelante, como director de su tesis doctoral; y, por último, como colega. A lo largo de veinte años nos hemos hecho amigos. No obstante, pese a nuestra amistad, nunca he dejado de molestarle para que terminase un libro que lleva años preparando y, todo hay que decirlo, perfeccionando. El tema de la obra justifica de sobra este tiempo de reflexión así como la gran inversión investigadora que ha realizado el autor. No era tarea fácil embarcarse en una obra que cubre exhaustivamente la militancia obrera en Barcelona desde la gran crisis de 1898, pasando por el periodo de agitación revolucionaria de 1917 a 1921, la dictadura del General Primo de Rivera y los intensos conflictos sociales desde la Segunda República hasta la Guerra Civil española. Otros motivos del retraso en la aparición de este libro —y también de mi gran admiración por la versión final del mismo— son el perfeccionismo y la erudición meticulosa que caracterizan el trabajo de Chris Ealham.

Los lectores del mundo anglosajón ya han tenido la oportunidad de saborear las extraordinarias dotes investigadoras de Chris Ealham en su cuidada edición del gran clásico de Peirats, La CNT en la revolución española, y en varios de sus innovadores artículos. Afortunadamente, la traducción al español de algunos de estos últimos, peldaños en el camino de este libro extraordinario, ha conseguido que también aquí los lectores pudiesen disfrutar de un anticipo de la originalidad excepcional que Chris Ealham aporta al estudio del anarquismo. Lo que revelan sus artículos, y obviamente este libro, es el hecho de que Chris Ealham, aunque docto en el contexto ideológico del movimiento anarquista, está mucho más interesado en las realidades sociales que atestiguaron las luchas de los libertarios en Barcelona. El autor ya dio muestras de su habilidad para combinar el contexto ideológico y social y enriquecer nuestra apreciación de ambos al unísono en el excepcional artículo «De la cima al abismo: las contradicciones entre el individualismo y el colectivismo dentro del anarquismo español», publicado en La República asediada: la guerra civil española, 1936-1939 (Barcelona: Península, 1999, pp. 147-174), libro colectivo en el que colaboramos los dos.

El general Emilio Mola, cuando era director general de Seguridad en 1930, hizo referencia en una famosa frase a «la gimnasia revolucionaria». Lo que Chris Ealham se propone en esta obra es mostrar la desesperación que se escondía tras lo que los horrorizados conservadores veían como el extremismo espontáneo de la «gimnasia revolucionaria». Ealham ilustra los verdaderos orígenes de la lucha social en función de los problemas cotidianos del desempleo, los altos alquileres, el aumento en el precio de los alimentos como consecuencia de los controles municipales sobre los vendedores ambulantes y las medidas drásticas de las fuerzas del orden contra aquellos miembros de las clases obreras indigentes a los que se percibía como «vagos y maleantes». Todo ello crea un relato apasionado y fascinante sobre la lucha libertaria por el control de las calles en pos de estrategias de autoayuda inmediatas y de una utopía a largo plazo. En este sentido, la reconstrucción de Chris Ealham de una «economía moral» del proletariado barcelonés es comparable al trabajo de Edward Thompson.

Por consiguiente, nos encontramos ante una obra de gran importancia en el campo de la historia contemporánea española. Chris Ealham cuenta con dos atributos dignos de mención: por un lado, una capacidad extraordinaria para encontrar y evaluar material original; y por otro, la habilidad para hacerse nuevas y reveladoras preguntas sobre el mismo. Como quedó demostrado en sus primeros artículos, su trabajo destaca especialmente por su innovador enfoque interdisciplinario de la historia social, reforzando su análisis político con un perspicaz análisis de muchos asuntos de importancia como la vivienda, los delitos menores y los márgenes de ganancias de los tenderos, que no han recibido en el pasado la atención que merecen. En este sentido, Ealham nos presenta explicaciones innovadoras y convincentes sobre la militancia obrera, que combina con la persistencia de las actitudes masculinas tradicionales hacia las mujeres dentro del movimiento libertario. Además, la forma en que el autor reinterpreta la historia social de Barcelona y su movimiento obrero admite comparaciones con otros países europeos que hasta la fecha han tenido una historiografía más desarrollada que la española. No deja de ser un logro extraordinario que un historiador no español realice semejante contribución empírica y aporte al mismo tiempo tantísimas observaciones enriquecedoras desde una perspectiva comparativa, especialmente en relación con las bases comunistas en Berlín durante la República de Weimar.

El libro de Chris Ealham tiene una profundidad y alcance formidables desde el punto de vista de la realidad empírica específica de Barcelona, realidad que el autor sitúa en un contexto comparativo, haciendo uso con gran habilidad de una metodología interdisciplinaria que se inspira en las reflexiones teóricas de estudios urbanos, sociológicos y culturales. Sin embargo, tanta referencia a la metodología pionera y perspectivas comparativas de este libro no debe inducirnos a pensar que nos encontramos ante un árido estudio académico. Lo que nos cautiva del uso que Chris Ealham hace de su investigación meticulosa y del marco teórico es el grado de humanidad con el que anima su material. Éste es un libro de personas, personas que se encuentran en situaciones extremas, lo que se puede apreciar a lo largo de todas las páginas; bien sea a través de una descripción gráfica sobre la alegría popular con la que se recibió a la República en Barcelona, o del relato más desolador de la resistencia popular a los intentos de Esquerra de repatriar por la fuerza a los inmigrantes del sur a Murcia y Andalucía. El análisis de Ealham de la actitud de la burguesía barcelonesa, liberal o conservadora, hacia los inmigrantes y los desempleados no sólo es ingenioso y está bien documentado, sino que consigue ser apasionado y distantemente analítico al mismo tiempo. El examen riguroso que hace el libro de los vínculos entre la pobreza y el orden público adquiere un carácter casi dickensiano en el contraste de las vidas de los «desaliñados», apelativo con el que la burguesía local se refería a los pobres, y las medidas de los «republicanos de orden» para mejorar la eficacia de la policía.

Por tanto, podemos afirmar que esta obra no sólo resultará de gran interés para los historiadores de España, sino que también tendrá enorme atractivo para aquellos lectores no especializados ávidos por descubrir nuevos aspectos sobre los siempre complicados orígenes de la Guerra Civil española. Pese a que existe una bibliografía extensísima sobre la historia social de Barcelona durante los primeros cuarenta años del siglo XX, turbulento periodo de cambio en España y Europa, no sé de ninguno que empiece con los conflictos que surgieron tras 1898 y no termine hasta la gran crisis de los sucesos de mayo de Barcelona en 1937, popularizados por la fascinación que en su día provocó, y sigue provocando, Homenaje a Cataluña de Orwell, fascinación renovada en los últimos años gracias al éxito de la película de Ken Loach, Tierra y Libertad. No existe ningún estudio comparable en otro idioma, aunque de alguna forma esta obra pueda considerarse como la «primera parte» del famoso libro de Sebastián Balfour, La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988) (Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1994).

Como ocurre con las mejores historias locales, la luz de este trabajo se proyecta más allá de las fronteras inmediatas de la capital catalana. El autor realiza un análisis brillante sobre los conflictos culturales, políticos y sociales que tuvieron lugar dentro de la ciudad de Barcelona y lo combina hábilmente con un examen sobre el impacto que tuvo en éstos la relación con el gobierno central. Así permite trazar todo tipo de paralelismos con los conflictos sociales y urbanos de otras ciudades españolas, en particular Madrid, Sevilla y Zaragoza. En este aspecto, la obra de Ealham es comparable con el gran clásico de la clase obrera parisiense de Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe siècle. Comparaciones de tal envergadura, con E. P. Thompson y con Louis Chevalier, sugieren que con este libro asistimos al nacimiento de la carrera de un gran historiador.

Paul PRESTON

INTRODUCCIÓN

Este libro es un estudio sobre las culturas de clase, la represión y la protesta en Barcelona durante las cuatro décadas de crisis que precedieron a la Guerra Civil española. En especial, mi interés se centra en la interrelación y complementariedad de las esferas de la cultura, el espacio, la protesta y la represión. Barcelona, la capital del movimiento anarquista más importante y duradero de Europa, es un laboratorio ideal para estudiar este fenómeno. Durante el periodo del estudio presente, esta dudad mediterránea se encontraba justo en el centro de la actividad y el conflicto económico, social, cultural y político de España, con los principales actores e instituciones de la política española (el Estado, la clase obrera, la burguesía industrial catalana, las clases medias profesionales, la CNT [Confederación Nacional de Trabajo] etc.), disputándose el control de la ciudad.

Este estudio está inspirado en la tradición thompsoniana de la historia «desde abajo», enfoque de influencia duradera en la historia social dentro y fuera de las universidades de toda Europa[1]. Y sin embargo, uno de mis objetivos principales ha sido evitar ciertas lagunas habituales en la historia social, como la tendencia a ignorar la relación entre los ritmos cambiantes de la alta política institucionalizada y los impulsos de la protesta popular[2]. A esto también se le une el problema de las ausencias espaciales de algunas historias sociales. En 1993, José Luis Oyón dijo en relación con la falta de perspectivas sociales sobre la ciudad en la historiografía española, que ésta era una «muestra de la falta de madurez de la investigación histórica urbana en España»[3]. Ese mismo año se publicó en España un estudio del geógrafo Pere López Sánchez altamente original, interesante y sorprendentemente subestimado sobre las insurrecciones urbanas a principios del siglo XX en Barcelona, cuyo título estaba inspirado en las insurrecciones de las ciudades británicas durante el «caliente» verano de 1981[4]. El estudio aquí presente busca contribuir al creciente cuerpo de trabajo que ha rectificado la miopía espacial de previos análisis sobre el pasado español[5]. Así, tratará de proporcionar una historia desde abajo en un doble sentido: en primer lugar, una historia social espacializada de los desposeídos; en segundo, una historia de las calles que examina la problemática de la ciudad y las consiguientes respuestas sociopolíticas desde abajo, y desde arriba.

El capítulo 1 explora el desarrollo económico, político y urbano de Barcelona desde mediados del siglo XIX dentro de un espacio altamente disputado, y cómo éste transformó la antigua visión utópica de la ciudad que tenían las elites en una pesadilla distópica. El capítulo 2 examina el crecimiento de una ciudad obrera, espacial y socialmente delineada por los distritos proletarios (barris) de Barcelona, analizando la vida diaria de los trabajadores y sus respuestas colectivas culturales, sociales y organizativas, a las deficiencias de la ciudad capitalista hasta finales de la década de 1920. Uno de los puntos principales de este análisis es la expansión de la esfera pública obrera inspirada por los anarquistas y los anarcosindicalistas que produjo el surgimiento de la CNT, el sindicato revolucionario más grande en la historia europea. El capítulo 3 explica el nacimiento y evolución de la Segunda República española en Barcelona, enfocándose principalmente en la creación de una «república del orden» para reprimir todas las iniciativas desde abajo que buscasen fortalecer el poder de la ciudad proletaria y terminar con la exclusión social heredada de la monarquía. Este capítulo es una réplica radical a los historiadores liberales que observan la Segunda República a través del prisma del largo invierno de la represión franquista, y cuestiona la representación de este sistema como la Edad de Oro del liberalismo español en el siglo XX[6]. Los dos capítulos siguientes se centran en la CNT durante los primeros años de la República, un periodo que, como ha apuntado Antonio Elorza, fue «decisivo» en la evolución de los acontecimientos posteriores[7]. El capítulo 4 traza el resurgimiento de la ciudad proletaria en 1931 y las divisiones entre los líderes obreros sobre el nuevo contexto político, analizando asimismo cómo las luchas industriales de las bases cenetistas para mejorar su situación económica durante 1931 llevaron al enfrentamiento de éstas con las autoridades republicanas, culminando en la radicalización (antirrepublicana) de los sindicatos en Barcelona. El capítulo 5 se concentra en las luchas obreras no industriales, las huelgas de inquilinos, los conflictos de los parados, y una amplia gama de políticas callejeras de los parados como el robo y la ratería, lo que James Scott ha descrito acertadamente como el «tiroteo con armas ligeras en la lucha de clase»[8]. Los radicales anarquistas adoptaron esta forma de acción directa de los desposeídos, incluyendo el robo, y se embarcaron en una lucha por las calles contra las autoridades republicanas que radicalizó profundamente a la CNT y que contribuyó tremendamente a la polarización social y política de Barcelona. El capítulo 6 analiza las insurrecciones antirrepublicanas de 1932 y 1933 y la escisión dentro de la CNT que resultó de la marginación por parte de los anarquistas radicales de sus críticos dentro del movimiento obrero. A continuación pasaremos a valorar la «militarización» de las luchas de la CNT que se produjo a medida que los grupos paramilitares se involucraron seriamente en los conflictos industriales, y comenzaron a financiar al movimiento sindical a través de las expropiaciones a mano armada y los robos de bancos. Hasta ahora, estas expropiaciones han sido ignoradas por los historiadores pro anarquistas[9], o simplemente denunciadas por los historiadores conservadores como prueba de la naturaleza esencialmente «criminal» del movimiento anarquista[10]. El capítulo 7 analiza las luchas culturales emprendidas en la prensa diaria entre una coalición de las elites urbanas, las autoridades y sus partidarios, que describían a la CNT radical como una conspiración «criminal» de tipo mafioso, y los anarquistas radicales, que lanzaron invectivas contra lo que consideraban como un sistema socioeconómico «criminal». Ambas posiciones buscaban ganarse el favor del público, pero dado que la posición radical sintonizaba con la vox pópuli, éstos fueron los que mantuvieron su influencia en los barris. La parte final de este capítulo explora la orientación de la CNT durante el periodo anterior a la Guerra Civil española. Finalmente, el capítulo 8 examina la revolución urbana en Barcelona a principios de la Guerra Civil, sus limitaciones políticas, y el proceso mediante el cual los republicanos y sus aliados estalinistas lograron contener la revolución.

CAPÍTULO 1

LA CREACIÓN DE LA CIUDAD DIVIDIDA

Los límites de la utopía burguesa urbana

Si, como se ha dicho, a partir del siglo XIX Cataluña fue «la fábrica de España», Barcelona, su capital, se convirtió en su centro industrial[1]. La ciudad sufrió un cambio importante cuando, a partir de 1850, las fuerzas económicas allí concentradas escaparon del cerco impuesto por las murallas medievales que ceñían la ciudad alrededor del puerto. Durante mucho tiempo, éstas habían sido percibidas por las elites urbanas como recuerdo físico de un sistema económico pasado y como obstáculo para el desarrollo futuro de Barcelona[2]. En lo que podría describirse como la fase progresista del urbanismo burgués, las elites económicas y políticas manifestaron su intención de construir una ciudad capitalista moderna que reflejase el poder social emergente de la burguesía. Esta visión urbana se alimentó del idealismo de los planificadores y arquitectos que veían en la demolición de las murallas de la ciudad y el crecimiento urbano la posibilidad de un progreso sin trabas que traería bienestar a todos sus habitantes[3]. Sin duda, el planificador más notorio de esta época fue Ildefons Cerda, pensador social progresista cuyo plan utópico y ambicioso de desarrollo urbano racional se convirtió en proyecto para Barcelona en 1859[4]. El Plan Cerdà buscaba la renovación urbana en las calles medievales congestionadas y sin planificación de la Ciutat Vella (Ciudad Vieja), conectándola con los satélites industriales de la zona, emplazados más allá de las murallas de la ciudad. Esto sería posible gracias a la construcción del Eixample (Ensanche) que, según la visión de Cerdà, se convertiría en el corazón de una ciudad nueva, socialmente integradora, interclasista y funcional, donde gentes de todas las profesiones y condiciones sociales se relacionarían entre sí bajo una nueva igualdad y unidad cívica[5].

Paradójicamente, el urbanismo burgués depositaba una confianza ciega en las fuerzas del mercado. Debido a la subordinación del proceso urbanístico a los intereses restringidos de la burguesía local y de los terratenientes, los fines igualitarios de Cerdà se quedaron en agua de borrajas. En primer lugar, los caseros de la Ciutat Vella (término que dignifica a los que en su mayoría no eran más que barraqueros) se movilizaron con éxito contra el programa de renovación urbana de Cerdà, algo que harían a partir de entonces cada vez que surgiese un proyecto de reforma urbana. La renovación de la vivienda en el centro superpoblado de la ciudad fue una empresa frustrada, pese a que algunas de las barriadas en el corazón de Barcelona fuesen sacrificadas para la construcción de Les Rambles (Las Ramblas), vía pública central y nueva columna vertebral de la urbe que sirvió para conectar el puerto con el Eixample. En segundo lugar, la falta de capital y la crisis de inversión entorpecieron la creación del Eixample. A la hora de la verdad, los mercados no regulados, la especulación inmobiliaria y la corrupción distorsionarían hasta hacer irreconocible la construcción de aquel espacio urbano que Cerdà había imaginado como racional[6].

La incapacidad para llevar a cabo los objetivos del Plan Cerdà puso en evidencia los límites del proyecto urbano burgués. Mientras que la burguesía parisina, aliada directa del Estado francés, triunfó en la implantación del Plan Hausmann, logrando reestructurar París de tal forma que quedase reafirmada la posición hegemónica de los intereses capitalistas[7], el desarrollo urbano capitalista de Barcelona fue, desde el principio, un proceso marginal de industrialización que no hizo más que resaltar la debilidad de los industriales locales. Durante el primer tercio del siglo XIX, la economía agraria de Cataluña, relativamente dinámica y próspera, había creado la base para el despegue industrial; sin embargo, más adelante, el desarrollo desigual y combinado de la economía española y el débil mercado interior, víctima del retrasado feudo rural de las regiones del sur y centro de España, entorpecieron la acumulación de capital y el desarrollo financiero de la región[8]. La situación se complicó todavía más debido a la mediocridad de las políticas industriales adoptadas durante la Restauración monárquica (1875-1923), sistema centralista, retrógrado y represivo. El aparato del Estado central, en su mayor parte dominado por las elites rurales, se mantenía distanciado, por no decir hostil, al proceso de modernización que tenía lugar principalmente en la periferia española[9]. A falta de recursos económicos y de la voluntad política necesaria para orientar el desarrollo industrial urbano, las autoridades de la Restauración respondieron a las peticiones de reforma de las nuevas clases sociales vinculadas a la modernización capitalista, con una mezcla de falsificación electoral, centralismo asfixiante y represión física. Sin embargo, el gobierno central ofreció a la burguesía catalana una cierta estabilidad, al menos en los primeros años de la Restauración, cuando la mayoría de los patronos barceloneses aceptaron sin resistencia la supremacía del Estado central, algunos de ellos sirviendo incluso como representantes locales de los partidos conservadores y liberales españoles, los llamados partidos dinásticos que se alternaban en el poder en Madrid[10]. A pesar de todo, la alianza entre la gran empresa catalana y la clase política de la Restauración terminó de forma repentina tras el «Desastre» de 1898, cuando España perdió sus últimas colonias en ultramar: Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Para los industriales barceloneses, el desastre era económico, ya que marcaba el fin de su acceso a los lucrativos mercados protegidos de ultramar. Aumentó, así, la sensación de aislamiento de un número cada vez mayor de patronos locales respecto a un Estado central distante que se mostró incapaz de encontrar un nuevo «paraíso colonial» para la exportación catalana —y de poner en práctica una política industrial coherente per se—, multiplicándose las acusaciones por el trato diferencial que otorgaba a los latifundistas del sur en detrimento de los intereses económicos del capital moderno. Esta disconformidad se cristalizó en el proyecto nacionalista burgués de la Lliga Regionalista (Liga Regionalista). Constituida en 1901, la Lliga fue el primer partido burgués moderno de España; con un estilo populista y de masas muy innovador, la Lliga lograría establecer una amplia base de clase media, y en poco tiempo acabaría con el poder —al menos en Cataluña— de las máquinas políticas clientelares que hasta entonces habían brotado del corrupto Estado central[11]. Durante la Restauración, la Lliga fue una fuerza modernizadora que pretendía movilizar la opinión pública a favor de sus planes de reforma del atrasado Estado central y crear una autoridad autónoma que reflejase las necesidades industriales de Cataluña. De esta forma, la Lliga esperaba dar un nuevo enfoque a las energías urbanizadoras burguesas y convertir Barcelona en una ciudad del capital (véase foto 1.1). Según La Veu de Catalunya, el órgano de prensa de la Lliga:

Barcelona es para nosotros la ciudad única, la ciudad sin igual, la ciudad por excelencia, la capital […], la ciudad integral, centro de irradiación de todas las grandes corrientes de la vida nacional, desde lo económico a lo político, órgano fundamental del pueblo, corazón y cerebro a la vez de la raza (…)[12]

Foto 1.1. La construcción de la Plaza de Catalunya en el centro de Barcelona a principios del siglo XX. Ateneu Enciclopèdic Popular (CDH-S/AEP).

Barcelona se iba a convertir en «una ciudad inmensa», «una gran ciudad europea», «el París del sur», «la ciudad ideal» con una «unidad orgánica», en la que las diferencias de clase se disolverían bajo un único empeño nacionalista. De esta forma, según Enric Prat de la Riba, el principal teórico del catalanismo burgués, Barcelona podría ser una «ciudad imperial»[13]. Este culto a la «Gran Barcelona» recibió el respaldo de los intelectuales orgánicos del nacionalismo burgués, escritores como Eugeni d’Ors y Gabriel Alomar, que idealizaban la urbe y soñaban con una Catalunya-ciutat en la que Barcelona ocuparía el centro de una región completamente urbanizada e industrializada. Acogiéndose a la visión utópica de Cerdà de la urbanización como fuerza integradora y civilizadora capaz de atenuar el conflicto social, estos pensadores se sintieron cautivados por la perspectiva de una expansión urbana industrial, sin tomar en consideración las repercusiones que el crecimiento de la ciudad tendría en la fragmentación y el conflicto social[14]. Por el contrario, al invocar principios universalistas reforzaron la idea de que el desarrollo urbano establecería nuevas libertades políticas[15]. Esto era especialmente atractivo para las elites políticas y comerciales, más pragmáticas y prosaicas, que percibían la ciudad como indicativo físico y material del orden industrial y de su propio poder económico, cultural y social. En resumen, los capitalistas representados por la Lliga imaginaban Barcelona (y Cataluña) como un espacio burgués, libre de residuos feudales o agrarios «españoles», lo que explica su apoyo a una expansión económica y urbana global.

Tras las elecciones locales de 1901, los partidos dinásticos perdieron el control político de la ciudad, brindando a la Lliga la oportunidad de movilizar los recursos municipales para un programa de urbanismo burgués, entre otras cosas porque la otra fuerza política antidinástica de aquel entonces, el demagogo y popular Partido Republicano Radical (conocido popularmente como los Radicales), también apoyaba un proyecto de reforma urbanística. A pesar de las diferencias políticas oficiales ocasionadas por una rivalidad, con frecuencia feroz, entre la conservadora y catalanista Lliga y los pro centralistas Radicales, ambos partidos buscaban utilizar las instituciones locales para promover el crecimiento urbano, considerado por la gran mayoría como reflejo del progreso social[16]. Y así, con el cambio de siglo, se perfilaron los planos para la Via Laietana, una avenida larga al estilo norteamericano que fue construida sobre las ruinas de algunas de las calles más decrépitas del centro de la ciudad y que ayudó tremendamente al comercio y al molimiento de capital, proporcionando, a su vez, espacio de oficina para muchas de las instituciones financieras, los industriales de la ciudad y sus asociaciones[17].

La reforma urbana se aceleró durante la época de la Mancomunitat (1913-1925), una autoridad catalana cedida por el Estado central que, aun lejos de ser autónoma, incorporó mejoras considerables en la infraestructura del transporte urbano de Barcelona y Cataluña, agilizando al mismo tiempo el movimiento de capital y mercancías[18]. Sin embargo, el ethos centralizador que dominaba la vida oficial durante la Restauración hizo pedazos las esperanzas de que este ensayo de autoadministración fomentase la hegemonía política de la burguesía a través de la transformación planificada de la vida urbana. Debido a los poderes fiscales restringidos de las instituciones regionales, el proyecto para la transformación de la morfología urbana de Barcelona, concebido por los planificadores burgueses, se quedó en el tintero[19]. A cambio, el espacio urbano fue reorganizado por las fuerzas del mercado de forma caótica y sin previsión, principalmente durante la fiebre especulativa que precedió a las Exposiciones Universales de 1888 y 1929[20] y durante la Primera Guerra Mundial, cuando los industriales catalanes sacaron provecho de la neutralidad española y la interrupción internacional del statu quo comercial, para tratar con ambas fuerzas beligerantes[21]. De este modo, el desarrollo industrial acelerado y la diversificación económica en el periodo anterior a los años 30 hicieron de Barcelona un centro comercial global. El traslado de muchas compañías antiguas a talleres más modernos y espaciosos en la creciente periferia urbana, consolidó esta zona como hinterland industrial de la ciudad. En consonancia con este crecimiento descontrolado también se modernizó el transporte urbano y la infraestructura energética[22].

Sería un error, sin embargo, exagerar la fuerza o estabilidad del capitalismo catalán. El «Desastre» y la consiguiente crisis económica pusieron de relieve una serie considerable de defectos: la histórica descapitalización y la limitada rentabilidad de la industria; la naturaleza de la producción (relativamente a pequeña escala), que también determinó el desarrollo de otras industrias más modernas como la metalúrgica y la del transporte[23]; la fragilidad de las instituciones financieras autóctonas; la escasa competitividad internacional de las exportaciones; el dominio del capital extranjero en las industrias más avanzadas; y finalmente, el restringido mercado doméstico en un contexto de desarrollo desigual y combinado[24]. Estas características tuvieron un impacto duradero en la evolución del capitalismo local. De este modo, pese a la aparición de varias fábricas a gran escala con la Exposición Universal de 1929, una industria asociada a los albores del capitalismo como era el sector textil, siguió siendo la principal generadora de trabajo de la ciudad.

A pesar de los obstáculos para el desarrollo capitalista de Barcelona, la población urbana creció entre 1850 y 1900 en un 300 por ciento, a medida que se extendieron las fronteras de la ciudad con la anexión e industrialización de pueblos previamente independientes como Gracia, Sants y Sant Martí. Este crecimiento volvió a doblarse entre 1900 y 1930[25]. En 1930, Barcelona pasó a formar parte del selecto club de ciudades millonarias europeas, siendo la urbe más poblada del Estado español[26]. Pese a todo, debido a la baja tasa de nacimientos entre la población autóctona y la tendencia de los trabajadores locales a buscar los mejores empleos, no había la suficiente mano de obra barata y no cualificada para alcanzar un lugar en la primera línea de la economía urbano-industrial. Consecuentemente, los patronos fomentaron la migración entre los «desposeídos» de la España rural, lo que produjo un éxodo de emigrantes económicos hambrientos que aterrizaron en tropel en la «California catalana», procedentes de zonas agrarias deprimidas[27]. En la década de 1880, la primera gran riada de trabajadores emigrantes llegó de las provincias catalanas y de las vecinas Aragón y Valencia. Hacia la década de 1920, un ejército de trabajadores sin tierra procedente de Murcia y Andalucía, constituyó lo que en su día fue la mayor oleada de inmigrantes en la historia de la ciudad. Aunque los inmigrantes siempre desempeñaban los trabajos más denigrantes y peor remunerados, la opinión de que Barcelona ofrecía la posibilidad de escapar del desempleo estructural de un sistema agrícola de subsistencia era suficiente como para asegurar el movimiento constante de trabajadores. Hacia finales de los años 20, alrededor del 35 por ciento de la población urbana no era catalana de origen[28].

El crecimiento de la ciudad culminó en una profunda crisis urbana. Cierto es que todas las ciudades capitalistas en expansión suelen atravesar una crisis semejante[29]; sin embargo, la naturaleza y escala de la misma está determinada por una serie de factores económicos y políticos. En el ámbito económico del caso que aquí nos ocupa, hay que volver a mencionar el desarrollo desigual y combinado de España. En otras palabras, el anticuado sistema agrario del Sur y los bajos márgenes de beneficios de la industria catalana formaban una base inadecuada para la financiación de un Estado moderno de bienestar social. Esto dio lugar a lo que Ignasi Terrades ha descrito como un Estado «ausente»: una autoridad incapaz de mejorar mediante la provisión de un salario social de servicios colectivos (educativos, médicos y sociales), los problemas sociales engendrados por el desarrollo industrial y el crecimiento urbano[30]. En términos políticos, la mentalidad autoritaria predominante en el aparato central estatal, compaginada con el apoyo político que ofrecían los Radicales y la Lliga a las elites urbanas barcelonesas, tendieron a neutralizar cualquier impulso reformista. Además, la corrupción municipal entorpecía el uso efectivo de los escasos fondos al alcance de las instituciones locales del Estado, y de ese modo agravaba la crisis de la administración urbana[31]. A menudo, las autoridades de la Restauración se apoyaban en la reaccionaria Iglesia Católica para la prestación de un nivel básico de servicios públicos en sectores que en otras partes de Europa empezaban a caer bajo los auspicios del Estado[32]. En lo que respecta a la educación, por ejemplo, los colegios religiosos utilizaban la violencia y el miedo para instigar obediencia y respeto en los niños de clase obrera. Tan terrible era el castigo y la humillación impuestos a los alumnos en estas escuelas, que llegarían a ser descritas por quienes las habían sufrido como «escuelas prisión»[33].

Por encima de todo, los límites del salario social estaban reflejados en la ausencia de vivienda pública para la clase obrera. Pese a que la Ley de Casas Baratas de 1911 hizo que las autoridades locales trabajasen con capital privado para la creación de viviendas de alquiler reducido, diez años más tarde tan sólo se habían construido casas suficientes para 540 familias[34]. En parte, este fenómeno puede explicarse por la creciente influencia política de Joan Pich i Pon, el líder de los Radicales, nombrado alcalde por aquel entonces[35]. Como figura principal de la COPUB (Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Barcelona), la organización más importante en su día para la defensa de los intereses de los propietarios de bienes inmuebles, Pich i Pon utilizó su considerable influencia política para defender los intereses de los propietarios privados oponiéndose de forma implacable a toda reforma que amenazase con reducir sus beneficios. Más importante aún sería la fragmentación de las empresas de la construcción subcapitalizadas de Barcelona.

Divididas en una serie de pequeñas firmas, nunca llegarían a cubrir más de los dos tercios de la demanda total del mercado de la vivienda tras la Primera Guerra Mundial[36].

Como resultado, aumentó drásticamente la explotación de los inquilinos de clase obrera. Según Nick Rider, los caseros estaban envueltos «en constante especulación y aumento del alquiler de la vivienda de clase obrera»; sólo durante la década de 1920 los alquileres llegarían a aumentar entre un 50 y un 150 por ciento[37]. Además, estos aumentos ocurrieron durante una época en la que la vivienda estaba siendo subdividida hasta el extremo: en 1930, debido a la transformación de pisos que en un principio habían sido construidos para una sola familia en «colmenas» que podían llegar a alojar hasta ocho familias, Barcelona contaba con 100.000 subarrendatarios. El problema de la subdivisión era especialmente endémico en los ya de por sí abarrotados bloques de viviendas del Raval, la zona más edificada de la Ciutat Vella: en 1930 el número de residentes por edificio doblaba la media de la ciudad, mientras que la densidad de la población era casi diez veces superior[38]. En varios bloques de ocupación múltiple, las familias, obligadas a compartir un único aseo, vivían en condiciones sanitarias atroces, y enfermedades como el glaucoma, la fiebre tifoidea, el cólera, la meningitis, la tuberculosis, e incluso la peste bubónica, eran algo común[39]. Pese al deterioro del estado de la vivienda, los inmigrantes seguían llegando en tropel al Raval en busca de alojamiento barato, lo que garantizaba el crecimiento descontrolado de la población[40]. La falta de hogar también era muy común en la zona, especialmente entre los trabajadores solteros y no cualificados, que carecían de los recursos necesarios para obtener una residencia permanente. Según las condiciones climáticas y las perspectivas de trabajo eventual, los «sin techo» podían pasar la noche a la intemperie o en las habitaciones baratas de las pensiones o casas de dormir, donde se alquilaban camas por hora[41]. En algunos de los establecimientos más rudimentarios, los trabajadores pagaban por dormir de pie, apoyados sobre una cuerda atada de un lado al otro en una gran habitación comunal. El Raval estaba abarrotado de opciones de vivienda de bajo coste similares, especialmente cerca de la zona del puerto[42].

Sin embargo, el ejemplo más obvio de la crisis de la vivienda y de la administración pública fue el desarrollo del chabolismo[43]. Dado que en Barcelona la mayor parte de la tierra estaba en manos privadas, las chabolas de la ciudad fueron construidas por dueños que cobraban a los emigrantes recién llegados depósito y alquiler para vivir en ellas, beneficiándose así de la crisis de la vivienda, a diferencia de lo que ocurriría más adelante en las colonias populares de finales del siglo XX de los arrabales de centros urbanos como Johannesburgo y Río de Janeiro[44]. Las chabolas, hechas con materiales como el cartón, la chatarra y las basuras caseras, normalmente constaban de una habitación grande en la que dormían todos los miembros de la familia. Carentes de las más mínimas comodidades, como el aseo, la electricidad y el agua, las construcciones eran vulnerables a los extremos climáticos del calor y la lluvia, en ocasiones viniéndose abajo a causa de la inclemencia del tiempo. Pese a todo, en el mercado de trabajo, los chabolistas no ocupaban necesariamente una posición marginal —las primeras chabolas fueron construidas en la década de 1880 en la playa pública de Poblenou, centro por aquel entonces de la industria barcelonesa, para dar alojamiento a los trabajadores emigrantes[45]. Eran, por tanto, un complemento vital a la economía urbana, producto del funcionamiento «normal» del mercado de la vivienda y de la economía capitalista local, ambos organizados para el beneficio económico de las elites industriales y de los caseros. Inspirados en el aumento continuo del número de chabolas a lo largo de los años 20, los críticos socialistas empezaron a referirse a Barcelona como la «barracópolis» (véase foto 1.2)[46].

Foto 1.2. Arreglos en el tejado de una chabola en Poblenou, hacia 1930.

La única iniciativa significativa de vivienda pública que tuvo lugar en Barcelona antes de los años 30 —la construcción de 2200 casas baratas para «gente humilde»— dejó en evidencia el débil carácter reformista de las autoridades locales[47]. Las cases barates no reflejaban el reconocimiento tardío por parte de los «mandamases» de la ciudad de la necesidad de coordinar el proceso de urbanización y resolver la crisis: el número de casas programado no se correspondía en absoluto con la demanda real de vivienda. Como había ocurrido con el Plan Cerda, el proyecto de las cases barates también fue socavado por la especulación y la corrupción, problemas centrados en torno al Patronat de l’Habitació (Patronato de la Vivienda), organismo encargado de implementar y administrar la reforma de la vivienda. Una camarilla dentro del patronato formó una compañía de construcción que obtuvo el contrato para la ejecución de seis nuevos proyectos de cases barates. Tras mucha malversación de fondos y sobornos, el programa terminó de forma prematura con tan sólo cuatro de los seis grupos de casas construidos[48].

La iniciativa de las cases barates no era en realidad más que un programa enmascarado de «deschabolismo», visto por primera vez a principios del siglo XX con la construcción de la Via Laietana, parte de una estrategia de los «mandamases» de la ciudad para el destierro de los trabajadores a los arrabales de la ciudad[49]. A corto plazo, el objetivo de las cases barates fue la demolición de las chabolas de Montjuïc que estropeaban las vistas de los palacios suntuosos que alojaban la Exposición Universal de 1929. Mientras que por un lado la edificación de hoteles para recibir a los turistas acomodados procedentes de todos los rincones del mundo se financiaba con enormes cantidades de dinero público y privado, por el otro, las cases barates estaban siendo construidas con materiales de pésima calidad sobre terreno baldío en la periferia semiurbana de la ciudad. Debido al deseo primordial de crear el mayor número posible de unidades al menor coste posible, las nuevas casas no eran más que chabolas con pretensiones. El nombre cases barates también inducía al error: ni eran baratas (el alquiler era muy similar a los del sector privado), ni podían describirse como casas unas residencias hechas de forma tan apresurada[50]. Además, el salario social y el tejido urbano de estas viviendas protegidas eran deficientes: tenían pocas o ninguna comodidad o servicios básicos como escuelas y tiendas, y al estar situadas fuera del sistema de transporte metropolitano había que añadirles gastos sociales ocultos, pues los residentes estaban obligados a recorrer largas distancias a pie para llegar hasta un tranvía o una línea de autobús que les llevase al trabajo o a hacer la compra[51].

Foto 1.3. Panorámica aérea de las cases barates cerca del distrito Can Tunis. © J. Gaspar. Arxiu Fotogràfic de l’AHCB.

Las cases barates proporcionan un ejemplo interesante de cómo la «reforma» de la vivienda puede ser concebida con fines claramente represivos. El interés por la seguridad sin duda condicionó el diseño tan altamente estructurado de estos proyectos. Las barates estaban organizadas en hileras de casas rodeadas por tapias en las que los habitantes fácilmente podían ser aislados y vigilados. Una panorámica aérea nos muestra una estructura similar a la de un cuartel militar o campo de prisioneros (véase foto 1.3)[52]. Separadas de Barcelona por un «cordón sanitario» de tierras de cultivo, las casas barates, según la terminología de Foucault, representaban una nueva fase en el orden disciplinario; como el proyecto Hausmann de París, el objetivo era el cierre espacial y el control social preventivo. Se desterraba a un sector de las «clases peligrosas» del centro de la ciudad, reubicándolo y excluyéndolo socioespacialmente a una zona muy restringida de los arrabales de la ciudad, donde dejaría de representar una amenaza seria para el orden urbano y podría ser neutralizado con mayor facilidad por las fuerzas represivas. En un grupo de cases barates se construyó una comisaría dentro de la misma colonia de viviendas, y se levantó otro grupo al lado del cuartel de Sant Andreu[53].

El proyecto de las cases barates muestra cómo el espacio urbano se desarrolla a imagen y semejanza de una determinada estratificación social. La subordinación del crecimiento de Barcelona a los intereses privados acarreó la «urbanización de la injusticia», a medida que las desigualdades y las divisiones de clase características del capitalismo moderno quedaron inscritas en el espacio construido[54]. En otras palabras, a pesar de la retórica altisonante de las elites urbanas y su énfasis en el progreso y la igualdad cívica, no se organizó Barcelona en beneficio de todos sus habitantes. Por el contrario, los principales beneficiarios del proceso de urbanización fueron los intereses privados —muchos de los cuales estaban representados políticamente por la Lliga y los Radicales— que se aprovecharon del clientelismo municipal, la frenética especulación inmobiliaria y la subida de alquileres. De hecho, como la política local estaba bajo el dominio firme de una coalición formada por los sectores mercantiles, industriales y comerciantes, la regulación impuesta por las autoridades sobre los caseros era casi inexistente: pocas veces se aplicaba la legislación que protegía los derechos de los inquilinos, y los caseros tenían carta blanca en el sector de la vivienda, ignorando la ley con impunidad en la mayoría de los casos[55].

La urbanización marginal, impulsada por el mercado, no logró estimular una nueva unidad cívica. De hecho, en términos sociales, podría decirse que lo que tuvo lugar fue un proceso de bifurcación que grabó en el espacio las divisiones de clase. Hacia finales de los años 20 la ciudad se había partido en dos, tendencia ejemplificada por el contraste entre la opulencia y riqueza de los barrios burgueses y la miseria y pobreza de las chabolas, las cases barates y los barrios proletarios como el Raval, espacios en los que la prosperidad estimulada por las Exposiciones Universales apenas se había hecho notar[56]. A partir de 1880, las familias burguesas empezaron a desalojar la Ciutat Vella y sus antiguos domicilios fueron divididos para el inquilinato múltiple de los inmigrantes y sus familias[57]. La burguesía, mientras tanto, se trasladó en dirección Este hasta el Eixample, principalmente a dos bulevares, el Passeig de Gracia y Rambla de Catalunya, asegurándose así de que la zona no tuviera nada que ver con el barrio interclasista que soñó Cerda[58]. El camino migratorio de la burguesía dentro de la ciudad se extendería, con el tiempo, a barrios colindantes como Sant Gervasi, Tres Torres, la Bonanova y, cada vez más, Sarrià y Pedralbes[59]. La presencia de minorías proletarias significativas en algunos barrios burgueses indica que la segregación de clases por zonas fue más bien una tendencia y no un proceso completo de hermética segmentación urbana. Sin embargo, el camino hacia la segregación urbana era irreversible: los capitalistas y los proletarios fueron concentrándose cada vez más en barrios diferenciados, y el espacio urbano continuó dividiéndose (véase figura 1.1)[60].

Figura 1.1. Mapa de Barcelona, hacia 1930. (Adaptación del libro de David Goodway (ed.), For Anarchism: History, Theory, Practice, Londres, 1989, p. 81).

La distopía[61] burguesa y los pánicos morales

Como podemos ver, Barcelona encajaba con la «ciudad salvaje» de Manuel Castells, espacio de tensiones sociales desnudas y volubles, modelo caótico y «crudo» de crecimiento urbano basado en el libre mercado[62]. El reconocimiento de esta situación destruyó la visión utópica de las elites locales de una poli unificada y civilizada, y la reemplazó por pesadillas distópicas de una ciudad incontrolable y violenta[63]. La explosión de una serie de bombas terroristas a finales del siglo XIX hizo temblar por primera vez los pilares de la confianza de la burguesía en la ciudad[64]. A partir de ese momento, los capitalistas se sintieron aterrorizados por la posibilidad de que las «clases criminales» lograsen cercar lentamente a la sociedad disciplinaria. Las huelgas generales de 1902 y 1909 no calmaron la situación; en ambas ocasiones hubo levantamiento de barricadas, y 1909 culminó en una insurrección urbana a gran escala[65]. La imagen aterradora de las calles atrincheradas metió miedo en el cuerpo de los «hombres de propiedad». Cuando en 1909 los insurrectos tomaron el control de la laberíntica ciudad vieja, quedó en evidencia la cercanía destructora del «enemigo interno» a los centros sociales, financieros y políticos burgueses. La insurrección de 1909, por tanto, favoreció la segregación urbana y marcó la preferencia de la burguesía por la vida en las afueras, acelerando el proceso de inmigración de los «ciudadanos honorables» a refugios seguros alejados del centro de la ciudad vieja. De esta forma, para la década de 1910, el pavor a las revueltas urbanas y el deseo de pacificar y reconquistar la ciudad asediada por un ejército de proletarios bárbaros, se fue apoderando de la conciencia burguesa y eclipsó con visiones distópicas toda esperanza de conquista de una utopía urbana. El urbanismo progresista de los tiempos de Cerdà fue reemplazado por una filosofía urbana de carácter explícitamente represivo, transformando a los burgueses radicalizados en militaristas espaciales[66].

La expresión más evidente de este cambio en la conciencia de las elites fue la proliferación de los pánicos morales entre círculos burgueses[67]. Estos pánicos morales agudizaban las consecuencias nefastas de la vida en la ciudad, y apuntaban a una serie de grupos «extraños» como responsables de las «revueltas» urbanas. Utilizando distintos medios de la creciente esfera pública burguesa como la prensa, los panfletos y los artículos científicos y médicos, los pánicos reflejaban, hasta cierto punto, un interés floreciente en la vida social del que surgirían las disciplinas académicas de la sociología y la antropología. Aunque los pánicos morales no eran un cuerpo de pensamiento coherente o unificado (valoraban la moralidad por encima de la sociología y presentaban una visión de la realidad social confusa y fragmentada, de poco uso para los estudiantes de las costumbres o motivaciones de los grupos marginales), sí representan una crónica importante de las elites sobre la evolución de la ciudad capitalista.

El comportamiento de la clase obrera fuera del lugar del trabajo jugó un papel primordial en los temores de las elites. A partir de 1880, surgió por toda Europa un número importante de iniciativas encaminadas a la producción del obrero «modelo», trabajador disciplinado y eficiente gracias al uso prudente de su salario y tiempo libre, y práctica racional de la gran variedad de actividades de ocio en oferta por la ciudad[68]. La imagen idealista del obrero «modelo» obsesionó a comentaristas de todo el espectro político, desde la derecha católica fundamentalista y los conservadores filántropos burgueses hasta los ilustrados reformadores liberales. Así surgieron una serie de discursos que se diferenciaban entre ellos por su grado de puritanismo y racionalismo positivista, pero que eran idénticos en su empeño de «moralizar» a la clase obrera, transformando sus normas y cultura[69]. Se trataba de una visión maniqueísta que comparaba a los alcohólicos «sin techo» y sifilíticos incapacitados para el trabajo con el «buen» obrero, respetable, abstemio, ahorrador, cuyas «buenas costumbres» fomentaban la estabilidad laboral y familiar.

Este discurso también dejaba traslucir una «geografía moral» al producir una cartografía de la ciudad con partes «buenas» y «malas». Nuevos términos como «bajos fondos» indicaban lugares donde reinaba la «oscuridad», páramos morales imaginarios en los que legiones de infieles «degenerados» e individuos sin socializar, descentrados y degradados por el torbellino de la urbanización, perpetraban crímenes, suicidios y otras muchas depravaciones morales. A partir de la Primera Guerra Mundial, los comentaristas de clase media ubicaban los «bajos fondos» en la zona del Raval, que pasaron a llamar Barri Xino (barrio chino), en referencia a las barriadas pobres del centro de Los Ángeles[70]. Los edificios industriales vacíos del Raval, venidos a menos tras la destrucción de las antiguas murallas de la ciudad y el traslado de la industria a la periferia urbana, habían sido transformados en bares, cabarés, salones de baile, tabernas y cafés. Se trataba de la respuesta de la industria del ocio a las necesidades de los trabajadores inmigrantes, generalmente solteros y no cualificados, que formaban las fuerzas de choque de la revolución urbana industrial. Esto, unido a la proximidad del Raval al puerto, creó un ambiente obrero duro y marginal, sin duda acentuado por la movilidad geográfica de una proporción importante de la población local alojada en los numerosos hostales baratos y «casas de dormir» de la zona[71]. Tan crudo como en el Raval era el ambiente de la ancha y vecina Avenida Marqués del Duero, que salía del puerto y estaba rodeada por algunos de los bloques de pisos más pobres de la ciudad. Conocida popularmente como El Paral·lel, se trataba de una versión pobre de las Ramblas. Hacia la década de 1920 había asimilado influencias cosmopolitas europeas y americanas, como el jazz y el tango, y presumía de ser el «Broadway de Barcelona». Pese al aire interclasista que daban unos pocos bohemios burgueses y de clase media a los espacios de ocio del Paral_lel, existía un gran abismo entre los que buscaban los crudos placeres que ofrecía el centro de la ciudad, y la burguesía industrial, adherida públicamente a principios elitistas de gratificación diferida, sobriedad y respetabilidad (véase foto 1.4). Los «buenos ciudadanos» injuriaban con frecuencia a la zona del puerto que bordeaba el Paral_lel y el Raval, describiéndola como un lugar de vicio y corrupción, un infierno dantesco repleto de escondrijos criminales habitados por desviados sexuales, barones de las drogas y las «clases peligrosas» que vivían al margen de la ley y que debían ser sometidos todos ellos a una vigilancia constante[72].

Foto 1.4. «Hombres de orden» contemplando Las Ramblas, hacia 1920. © Ballell, Arxiu Fotogràfic de l’AHCB.

El siguiente factor primordial de los temores de la burguesía estaba relacionado con los jóvenes de clase obrera, o para ser más precisos, los adolescentes «agresivos» e «insolentes» cuya presencia en las calles nunca pasó desapercibida[73]. Las clases altas estaban muy sensibilizadas con las actividades de estos trinxeraires (gamberros), niños sin techo que se habían escapado de casa por malos tratos, o que habían sido abandonados por las numerosas familias de clase obrera destrozadas por las fuerzas del mercado y la crisis económica que siguió a 1898. La situación se volvía aún más alarmante cuando estos jóvenes se unían en pandillas, en especial cuando se trataba de las difamadas pandillas de jóvenes tuberculosos incapacitados para el trabajo, auténticos marginados callejeros[74]. La prensa de clase media publicaba artículos sensacionalistas y fantásticos sobre las actividades descarriadas de estas pandillas «ingobernables» de «jóvenes rebeldes» en lucha permanente contra «las instituciones fundamentales de la sociedad… y los del orden social: la tradición, la familia, la propiedad y la ley». Poco a poco, los demonios populares y los pánicos morales confluyeron en la imaginación conservadora, y así hizo acto de presencia el espectro de la enfermedad, entre afirmaciones de que la reputación del barrio chino era responsable de la llegada a Barcelona de estos inmigrantes hedonistas, jóvenes errantes que «habían escapado de sus casas, atraídos y entusiasmados por la bohemia que tiene su epílogo en una cama de hospital»[75]. También se identificaban a estas pandillas con el crimen, los disturbios callejeros y los actos ilegales de una «subclase» «lumpenproletaria», «maligna» y depravada[76]. Incluso se temía que la «delincuencia juvenil» se transformase en una insurrección urbana liderada por la «chusma» «inculta» y «bárbara» de las barriadas del centro de la ciudad[77]. Sin embargo, esta ansiedad era algo más que simple recelo adulto hacia jóvenes escandalosos. Dado que la calle era el principal escenario de socialización proletaria, los pánicos tenían un pronunciado contenido clasista: representaban el miedo de la burguesía a que futuras generaciones de trabajadores rechazasen su posición en el orden industrial.

Un motivo más de preocupación para las elites locales —y de nuevo uno con obvia base clasista— era los «otros catalanes», los inmigrantes económicos sin cuyo esfuerzo la rápida industrialización y enriquecimiento de la burguesía hubiesen sido imposibles[78]. A finales de la década de 1920, los trabajadores inmigrantes, junto a sus homólogos catalanes, estaban concentrados en una serie de guetos proletarios. Estos espacios eran los causantes de las pesadillas distópicas de una burguesía obsesionada por la amenaza de la ciudad proletaria sobre su ciudad. En un intento de debilitar a esta primera y revestir los privilegios capitalistas de simbolismo popular nacionalista, los ideólogos burgueses envilecían a los «forasteros», acusándoles de importar ideas extrañas perjudiciales para la estabilidad social y los principios tradicionales (cristianos) de la sociedad catalana. Inspirándose en un discurso racista, socialdarwinista y colonialista, presentaban a los inmigrantes —y en ocasiones también a los trabajadores autóctonos— como seres moralmente inadecuados que vivían en un estado de naturaleza o barbarismo primitivo y que formaban el corazón criminal de la oscuridad en la ciudad[79]. El tono de estas denuncias hizo posible la exteriorización de los problemas urbanos; por ejemplo, las primeras comunidades de chabolistas de Poblenou fueron bautizadas con el nombre de «Pekín», mientras que unas décadas más tarde, tal y como hemos visto, «barrio chino» quedó equiparado en el léxico conservador con la degeneración urbana y el crimen[80]. Además, nuevas formas de ocio como el cabaret, el flamenco y el tango pasaron a ser identificadas con la inmigración[81]. Esta evocación de un «otro» exótico y ajeno estaba acompañada de un discurso médico decimonónico que definía la normalidad y estabilidad social mediante la yuxtaposición de la salud y la enfermedad. Incluso la opinión liberal y reformista acostumbraba a identificar a los inmigrantes con problemas de «comportamiento antihigiénico», reforzando los argumentos de aquellos que vilipendiaban el «contagio» de los «malsanos» y «enfermos» como amenaza a la gobernanza del país y a la libertad de todos[82]. Sin embargo, estos temas alcanzaron su apoteosis con la denuncia del discurso de los pensadores conservadores catalanistas sobre una «plaga» de la femte forana (heces extranjeras) que iba a infectar los principios fundamentales de la nación y la familia, y llevar a la «descatalanización»[83]. Quizás el ejemplo más extremo de esta tendencia se encuentre en los escritos abiertamente racistas y xenófobos de Pere Rossell, que hacía hincapié en el abismo psicológico, moral y religioso existente entre catalanes y «castellanos», y destacaba los riesgos de los matrimonios mixtos (aberraciones mentales, degeneración biológica y resquebrajamiento de la moralidad)[84].

Con el crecimiento del movimiento obrero a principios del siglo XX, las amenazas múltiples al orden público delineadas en los pánicos morales quedaron sintetizadas en un desafío único y global a la ciudad capitalista: el de los sindicatos. Conservadores, catalanistas y centralistas por igual veían los conflictos laborales, especialmente los de inspiración anarcosindicalista, como una «provocación» causada por «agitadores» de fuera de Cataluña, y que bien podían tratarse de trabajadores inmigrantes, «una especie de tribu sin autoridad, jerarquías (sic) ni ley ninguna», o pertenecer a las siniestras fuerzas extranjeras de la masonería internacional o el anarquismo francés[85]. Sin embargo, el énfasis de los catalanistas estaba bien claro: los «forasteros» y los «pueblos primitivos» habían socavado la cultura del compromiso político y el seny (sentido común), tan notoria durante la historia preindustrial de Cataluña[86]. El mito de una arcadia rural, pacífica y consensual permitía a los pensadores nacionalistas atribuir los conflictos violentos, producidos por la industrialización y la urbanización, a factores exógenos y «problemas españoles», como la crisis agraria del sur o la cultura permisiva de los trabajadores inmigrantes. De esta forma, restaban importancia a las contradicciones del modelo catalán de desarrollo económico y urbano no regulado. El anarquismo era entonces retratado como una ideología ajena, una «desviación cerebral», importada de los inmigrantes del sur y de las clases trabajadoras peligrosas[87]. Igualmente, zonas de por sí consideradas como «criminales», tipo el barrio chino y el Paral·lel, pasaron a ser descritas como el corazón de la «ciudad anárquica», de la «ciudad de bombas». Además, se expresó el temor de que los «incontrolados» jóvenes callejeros se aliaran con el movimiento revolucionario, proporcionando carne de cañón a las «ideologías descarriadas»[88]. Estos temas recibieron una amplia legitimidad intelectual por parte de criminólogos, sociólogos y psicólogos cuasi durkheimianos, que recalcaban la importancia de un sistema urbano de principios unitarios, y argumentaban que cualquier conducta que se apartase de este deseado consenso reflejaba la socialización disfuncional, la anormalidad, la desintegración moral y los trastornos de personalidad creados por una urbanización acelerada. En un discurso extremadamente ideológico en el que no había espacio para el análisis del poder, la violencia o el conflicto, se daba a entender que la protesta social no estaba producida por las reivindicaciones colectivas o por factores estructurales económicos, sino que era el resultado de «crímenes colectivos» provocados por doctrinas «primitivas» y «anormales» (anarquismo y socialismo), denotativas de enfermedades, bien fuesen hereditarias (degeneraciones), psicológicas (locura) o físicas (cáncer)[89]. Estos temores se expresarían a través de un nuevo mito sobre las «clases peligrosas», según el cual los sindicalistas eran «agitadores profesionales» desconectados de las masas, provocadores «incultos» y sin socializar que componían la vanguardia criminal de la ofensiva contra la «estabilidad natural» de un justo y, por lo demás, armonioso orden social[90].

¿Cómo podemos entonces evaluar el significado de estos pánicos morales? En primer lugar, ya hemos visto como estos temores formaban parte de una tendencia general europea de finales del siglo XIX. En aquel entonces, las elites urbanas trataban de adaptarse con dificultad a las consecuencias desestabilizadoras del cambio social que había traído consigo la transición, desigual pero inexorable, a la época de la política de masas. En el caso de Barcelona, a lo largo de tan sólo unas generaciones, la ciudad había crecido enormemente, expandiéndose mucho más allá de las viejas murallas; los industriales tuvieron que hacer frente repentinamente a una clase obrera masificada. Con el estallido de la ciudad tradicional, la modernización social y económica erosionó los mecanismos tradicionales de control social basados en el clientelismo y el paternalismo[91]. Ante esta nueva situación, los pánicos morales formaban parte de un proyecto hegemónico, una ofensiva ideológica a través de la cual las elites urbanas buscaban reforzar la esfera pública de la burguesía, limitando el acceso de la clase obrera a la calle (de ahí que la sombra del trabajador siempre fuese discernible en los pánicos morales). En otras palabras, nos encontramos ante un lenguaje del poder que permitía a la burguesía urbana definir las calles como propias, delineando los usos aceptables del espacio público y castigando toda resistencia a la expansión del orden urbano capitalista. Como tales, los pánicos morales pretendían inculcar una visión cultural jerarquizada en los trabajadores, debilitándolos, y cambiar aquellos aspectos del comportamiento obrero que, políticos o no, constituían a su parecer una barrera a la libre circulación de mercancías y capital dentro de la ciudad, o eran contrarios a la disciplina horaria de la industria[92].

Pese a todo, la verdadera importancia de los pánicos morales radica en su función ideológica y discursiva como lenguaje de opresión de gran atractivo para muchos capitalistas que, presionados por los márgenes de ganancias históricamente reducidos de la industria catalana, mostraron síntomas de lo que Antoni Jutglar ha llamado «egoísmo de clase»[93]. Así, en vez de negociar o llegar a un compromiso con los sindicatos, los industriales interpretaban las demandas de la clase obrera, individuales o colectivas, como una amenaza impertinente para los beneficios y para la autoridad burguesa en el lugar de trabajo. Para la gent d’ordre (gente de orden) de la burguesía, los pánicos morales eran una guía a la acción represiva que definía el perfil del «peligro», representado por aquellos grupos «recalcitrantes» y «enfermos» (de ahí el interés positivista en clasificar, limpiar y civilizar), a los que debían eximir de todo derecho como ciudadanos y aislar de los individuos «saludables» y «respetables». También servían para justificar el cierre de una emergente esfera pública proletaria, creando un clima moral y político que legitimaba la extensión del poder del Estado a las calles y el establecimiento de un nuevo sistema de vigilancia burocrática para controlar a la sociedad civil[94]. Este proyecto de largo alcance del cierre sociopolítico de la esfera pública obrera era intensamente tranquilizante para la angustiada burguesía, y compensaba emocionalmente la fragilidad y vulnerabilidad de la economía catalana.

Así pues, los pánicos morales estaban histórica y espacialmente conectados con la Barcelona de la Restauración y eran una parte fundamental de la cultura burguesa en un lugar y momento determinados. En un principio fueron producto de unos parámetros de referencia culturales y autoritarios que surgieron en la burguesía en el contexto de desarrollo desigual y combinado de la economía catalana. Estas ideas reaccionarias florecieron gracias al marco políticamente excluyente de la Restauración, especialmente después del «desastre» de 1898, cuando las referencias a la «purificación» y «limpieza» se entrelazaron con un examen de conciencia nacional sobre la «regeneración» y «degeneración»[95]. Pero por encima de todo, los pánicos morales eran muestra de la creciente frustración de la burguesía con la crisis del aparato represivo del Estado de la Restauración.

Militarismo espacial y estrategias de control social anteriores a la Segunda República

Para la gran empresa catalana, la llegada de la Restauración significó estabilidad. El orden público era el principio básico del nuevo Estado y, aunque ausente en materia de bienestar social, a partir de 1870 el poder represivo estatal llegó a las calles barcelonesas como un aparato militarizado que controlaba la esfera pública. Así, se creó una nueva arquitectura represiva a partir de guarniciones militares, comisarías y reformatorios. Además, la llegada de las rondas policiales y la iluminación callejera permitió a las autoridades alcanzar con la mirada la totalidad del paisaje urbano[96]. En el día a día, la responsabilidad de la seguridad ciudadana y control de la esfera pública en general, recaía en el gobernador civil, agente institucional del Estado central[97].

En esta ciudad dividida, la policía era responsable de la disciplina urbana y del cese de los numerosos conflictos callejeros. Sin embargo, dada la ausencia de estrategias gubernamentales coherentes de control urbano, este proyecto se volvió cada vez más problemático. La crisis fiscal del Estado había impedido temporalmente el desarrollo de una fuerza policial civil eficaz. El gasto estatal en las fuerzas de seguridad simplemente no avanzó al ritmo del crecimiento de la población. Entre 1896 y 1905, el número de habitantes aumentó en un 25 por ciento, mientras que el número de policías descendió de 193 a 170, dejando una proporción de un agente por cada 3200 habitantes. Pese a que en 1919 había ya un policía por cada 700 habitantes, la fuerza policial barcelonesa seguía siendo muy pequeña comparada con la media europea. Además, la falta crónica de financiación y la mala administración dificultaban la eficiencia operativa de la policía. En los rangos peor pagados del cuerpo, la desmoralización y la corrupción eran algo común (véase foto 1.5). La falta de un buen salario obligaba a muchos agentes, incluyendo a los de alta graduación, a aceptar trabajos a media jornada, pese al tiempo que esto podía quitarles de sus tareas cotidianas como policías[98]. En suma, el cuerpo policial estaba muy mal equipado para abordar las múltiples funciones preventivas y de investigación necesarias en una ciudad cada vez más compleja[99].

Foto 1.5. Miembros de la policía de Barcelona fumándose un cigarro dentro de una camioneta, hacia 1930. Ateneu Enciclopèdic Popular.

La policía compensaba su falta de profesionalidad y desinformación sobre la sociedad civil sobrepasando sus competencias siempre que lo considerara oportuno. En sincronía con la mentalidad autoritaria del Estado de la Restauración, las estrategias de control público se desarrollaban de forma reactiva, respondiendo a los hechos con el uso de la represión. Este modus operandi dio lugar a muchas acusaciones de brutalidad, errores judiciales e interrogatorios de tercer grado por parte de aquellos que entraron en contacto con las fuerzas de seguridad[100]. Las autoridades de la Restauración alentaban la práctica del terror policial, y el poder judicial nunca dejó de depender del ejecutivo político.

De hecho, la justicia era coto exclusivo de las clases altas. En cuanto a las estrategias de control en el ámbito obrero, estaban permitidas toda una serie de prácticas arbitrarias y draconianas, incluyendo la detención gubernativa[101], la conducción ordinaria[102], la ley de fugas y el procesamiento de intelectuales radicales y líderes sindicales «moralmente culpables» de inspirar las acciones materiales de los manifestantes[103]. En la práctica, se utilizaba a la policía para limitar el acceso de los sindicatos a la esfera pública: los sindicalistas sufrían con asiduidad acoso en el trabajo, en casa o en las calles, mientras que en periodos de conflicto social, el cuerpo ofrecía protección incondicional a los patronos y sus propiedades[104].

Durante las confrontaciones sociales intensas, como las huelgas generales de 1902 y 1917, la insurrección urbana de 1909, o la lucha de las guerrillas urbanas de 1918 a 1923, la policía se mostró incapaz de preservar el orden público. En tales ocasiones, el gobernador civil recurría al estado de guerra, suspendiendo las garantías constitucionales y traspasando la responsabilidad del orden público al capitán general de la Guarnición de Barcelona[105]. El ejército, cuyo poder estaba simbolizado y encarnado en el castillo de Montjuïc, una fortaleza montañosa al sur de la ciudad, era el último frente en este sistema de represión militar urbana[106]. Otro componente del aparato represivo era la Guardia Civil, una policía rural paramilitar que tenía estatus de unidad del ejército regular y que estaba bajo el mando de un oficial superior militar[107]. El papel que la Guardia Civil jugaba en la manutención del orden público en Barcelona fue aumentando en importancia; el cuerpo contaba con una serie de puestos y cuarteles emplazados en las volátiles barriadas del centro de la ciudad, así como en la creciente periferia industrial y en uno de los grupos de cases barates. Especializada en la «brutalidad preventiva», la Guardia Civil ejercía una forma directa de violencia ejemplar contra cualquiera que osase cuestionar el orden urbano.

El avance del proceso de industrialización y el crecimiento de la clase obrera en volumen y organización pusieron aún más presión en el sistema militarizado de control público, de tal forma que éste sólo podía mantenerse mediante el aumento del uso de la fuerza. Pero un control basado en la confrontación y la brutalidad manchaba la imagen pública de las fuerzas de seguridad del Estado, generando, como veremos en el capítulo 2, un foco de aversión contra la policía y contra los poderes públicos en general. De ahí que la violencia estatal exacerbase la rebelión social más que la apatía. Al terminar la Primera Guerra Mundial, el aparato represivo estuvo en riesgo de sobrecarga debido al aumento de la protesta social que había generado la crisis económica. La cultura represiva que prevaleció en los círculos capitalistas también desempeñó un papel importante en el recrudecimiento de la protesta social. Como hemos visto, los «hombres de orden» poseían una idea muy limitada de lo que era el «orden», poco más que un control estrictamente jerárquico de las fábricas y un cierto sentido de seguridad en las calles[108]. Irónicamente, a finales de la década de 1910, cumplir con el primero de estos objetivos hacía imposible el segundo. De hecho, con la masificación de la clase obrera del periodo de entreguerras, la motivación feroz e implacable de los capitalistas para mantener el control industrial, unida a la ausencia de canales para la resolución pacífica de los conflictos laborales, hicieron que estos últimos saltasen frecuentemente a las calles, aumentando aún más la presión sobre las fuerzas de seguridad y dando al traste con el deseo burgués de seguridad pública[109].

Raramente se explica el ascenso del catalanismo burgués en términos de la tensión generada por temas de orden público entre los industriales barceloneses y el Estado de la Restauración[110]. Sin embargo, desde principios del siglo XX, el hecho de que la burguesía catalana no tuviese su propio Estado y de que estuviese alejada de los centros del poder político, magnificó la inseguridad de las elites. Tanto en 1902 como en 1909, los «hombres de orden» criticaron la «huelga general de las autoridades» y la «ausencia» de las fuerzas de seguridad, que habían abandonado a la ciudad frente «al poder de la anarquía»[111]. Aunque, in extremis, se pudiese movilizar el ejército para mantener el orden urbano, los intereses estratégicos del alto mando y de las elites políticas restringían, en ocasiones, el despliegue de las fuerzas armadas en las calles. Por ejemplo, en 1909, las clases altas se mostraron indignadas ante lo que percibieron como reticencia por parte de las autoridades centrales a utilizar el ejército para aplastar la insurrección urbana[112]. En términos generales, entre 1898 y 1923, el Estado sufrió un deterioro progresivo debido a un conjunto de factores tales como la inestabilidad ministerial, las rebeliones militares, el declive económico, el fracaso colonial y el aumento de las luchas obreras, lo que no ayudó a cimentar la confianza de los industriales en la capacidad de las autoridades centrales para estructurar la vida diaria y garantizar un control social adecuado en las calles. En tales circunstancias, los temores relacionados con el orden público proporcionaron un buen caldo de cultivo para la Lliga, que tomó el resentimiento de las elites por la incapacidad del corrupto Estado español de preservar el orden y lo canalizó en una campaña de reforma de la administración pública[113].

Pese a todo, la defensa del orden burgués siempre se antepuso a los intereses políticos de partido. La cultura de control social expresada a través de los pánicos morales proporcionaba un terreno común (y represivo) importante para las elites barcelonesas que, tras 1898, estaban divididas en sectores monárquicos, republicanos, catalanistas y españolistas[114]. Defendiendo la idea de una imaginaria comunidad política, y asumiendo la existencia de un único interés cívico, los pánicos morales invocaban la unidad de los «ciudadanos de buena voluntad» y los «amantes del orden» frente a la amenaza de la «otra» ciudad, la «peligrosa». Se trataba de un llamamiento a las armas en torno a un programa simplista y represivo en el que las distintas facciones burguesas debían unirse para preservar su autoridad. No había espacio para la tolerancia ni la compasión: Barcelona debía convertirse en una ciudad carcelaria, con los «hombres de orden» en guardia, unidos y preparados para rechazar cualquier ataque a la vida cotidiana del orden burgués urbano[115].

De esta forma, el interés por la seguridad ciudadana desempeñó un papel central en la política burguesa, hasta el punto de que su defensa era el sine qua non del buen gobierno. Al evaluar al gobierno según la efectividad de su política de orden público, la burguesía mantenía una presión constante sobre las autoridades para la expansión de una arquitectura represiva en la ciudad. Esta presión aumentó todavía más después de 1917, debido a la llegada a escena durante la guerra de los agresivos capitalistas nouveaux riches, y a la radicalización general de las elites europeas tras la revolución rusa[116]. Durante su crisis final, el Estado de la Restauración se mostró claramente incapaz de solucionar las exigencias de los industriales sobre el aumento de los recursos policiales, y por ello las autoridades centrales concedieron a la burguesía barcelonesa amplias prerrogativas de autodeterminación en la esfera del control público. Esto dio lugar a la creación de grupos paramilitares que actuaban junto a las fuerzas de seguridad del Estado en la lucha contra el «peligro rojo»[117]. La primera y más grande de estas fuerzas paralelas era el Sometent (Somatén), constituida siglos atrás como una milicia rural. El Sometent fue desplegado en Barcelona durante la huelga general de 1902, en infracción flagrante de sus estatutos que le prohibían entrar en las ciudades. En 1919, los voluntarios del Sometent comenzaron a recibir adiestramiento militar y se modificaron sus estatutos para permitir su participación en la represión de la protesta obrera urbana. Pese a que el Sometent reclutaba voluntarios de todas las clases sociales, su explícito carácter antiobrero aumentó su atractivo en las altas esferas de la sociedad catalana. En muchos aspectos, su milicia representaba a la burguesía y a la pequeña burguesía en armas[118]. Guiado por sus consignas Pau, pau i sempre pau (Paz, paz y siempre paz), el papel auxiliar del Sometent fue crucial en la represión de las huelgas y el aplastamiento del movimiento obrero. Además, el Sometent compensaba la falta de servicios de inteligencia policiales reclutando a sus miembros entre la propia sociedad civil, principalmente entre tenderos locales y obreros católicos[119].

Para protegerse, los patronos también optaron por llevar armas de fuego o contratar pequeños grupos de pistoleros y de seguridad privada, cuyos servicios eran cruciales durante las huelgas[120]. A partir de la Primera Guerra Mundial, la Barcelona neutral se convirtió en destino de un número variado de aventureros, gángsteres y agentes extranjeros, que reforzaron estos grupos dándoles un carácter más siniestro y agresivo. El grupo más notorio incluía a un grupo de asesinos formado durante la guerra por Bravo Portillo, antiguo jefe de policía de la ciudad, y que había sido financiado por los servicios secretos alemanes con el fin de eliminar a aquellos patronos que trabajaban para la maquinaria de guerra aliada[121]. El cerebro de otra de las bandas más tenebrosas de esta época era el sedicente «Barón de Koenig», un agente alemán y enigmático mujeriego que dirigía las operaciones desde una oficina de las Ramblas[122]. Sería un error, sin embargo, exagerar el papel de los extranjeros en las luchas obreras de carácter violento, ya que en su mayoría éstas se originaron en la propensión de los «hombres de orden» a militarizar las relaciones industriales. De hecho, la brigada policial paralela más activa y duradera estaba formada principalmente por pistoleros de los amarillos y contrarrevolucionarios Sindicatos Libres, en los que había miembros del Sometent[123].

En la época de la posguerra, estos grupos policiales paramilitares o «paralelos», pasaron a formar parte de una amplia red represiva diseñada para el mantenimiento del orden urbano[124]. Esta militarización del espacio alcanzó su cúspide entre 1920 y 1922, cuando dos oficiales del ejército, el general Miguel Arlegui y el general Severiano Martínez Anido[125], prestaban servicio respectivamente como jefe superior de policía de Barcelona y gobernador civil. Durante el ejercicio de sus cargos, los pistoleros de los Libres trabajaban mano a mano con la policía oficial y equipos del ejército en una «guerra sucia» contra sindicalistas[126]. En el centro de este proyecto disciplinario se encontraban destacados miembros de la burguesía. Públicamente, muchos industriales aceptaron de buena gana la intervención de las fuerzas armadas en los conflictos laborales y celebraban el enfoque firme sobre los «problemas sindicales» de Martínez Anido, «el pacificador de Barcelona». Cuando había heridos o muertos entre las fuerzas represivas de la «insurgencia obrera», los industriales organizaban rápidamente colectas para las familias de las «víctimas del terrorismo». Además, los industriales con frecuencia facilitaban trabajo a los policías y los soldados retirados o heridos. En privado, sin embargo, los «hombres de orden» jugaron un papel decisivo en los escuadrones de muerte antisindicalistas, pues eran ellos los que de forma individual y colectiva financiaban estas pandillas especializadas en el asesinato extrajudicial[127].

Las iniciativas represivas de los paramilitares reclutados localmente sin duda apaciguaron los temores de las elites. Sin embargo, la mera necesidad de este tipo de fuerzas auxiliares recalcaba de modo gráfico las carencias de las estrategias de control social de la Restauración. En los años de la posguerra, la conjunción de agencias represivas formales e informales resistió el desafío de los sindicatos pero, a largo plazo, no era una fórmula válida para el logro de la estabilidad. Por otra parte, el aumento de la violencia no podía camuflar la crisis profunda de los métodos disciplinarios del Estado, o la más obvia crisis de la totalidad del sistema político de la Restauración. Éste sería finalmente derrocado en 1923 por el general Miguel Primo de Rivera, antiguo comandante militar de Barcelona y, por tanto, perfectamente informado sobre la amenaza al orden público existente en la ciudad. Así contó para el logro de sus aspiraciones con el apoyo de importantes sectores de la burguesía industrial. Lógicamente, los «ciudadanos de bien» esperaban que Primo de Rivera, el «cirujano de hierro», liberase a la burguesía de la amenaza de los sindicatos y mejorase la marcha de los negocios, eliminando el «terror y crimen» callejero, y lógicamente dieron la bienvenida a la seguridad militar que ofrecía la dictadura (1923-1930)[128].

El apoyo de la Lliga a Primo de Rivera pone de relieve las contradicciones del proyecto burgués catalanista, limitado por una clase obrera militante y un Estado central que, pese a su distancia y atraso, seguía siendo el principal garantizador del orden. También muestra como la «cuestión social» siempre iba muy por delante de la «cuestión nacional» en la lista de prioridades de la Lliga.

Y sin embargo, la lealtad de los industriales barceloneses al Estado central nunca dejó de ser condicional. Al igual que había ocurrido durante la Restauración, el apoyo inicial de los grupos más importantes de la burguesía barcelonesa a la dictadura acabó convirtiéndose en oposición controlada, y Primo de Rivera dejó de ser el caballero protector de tiempos pasados. Este distanciamiento puede atribuirse en parte al abismo existente entre los sentimientos catalanistas de una fracción de la burguesía y las tendencias centralistas de Primo de Rivera, así como al fracaso del programa monetario que debía haber afianzado el crecimiento económico del país. No obstante, es habitual pasar por alto hasta qué punto los «hombres de orden» de la burguesía estaban reaccionando contra la supuesta incapacidad de la dictadura para satisfacer sus necesidades cotidianas en el campo de la seguridad[129]. A pesar del enorme esfuerzo de la burguesía y de las autoridades para controlar el paisaje urbano durante la década de 1920 (véase el interés en dominar simbólicamente el espacio mediante el monumentalismo arquitectónico de la dictadura), la elite urbana repudió un régimen que a su parecer había fracasado en la preservación del orden público en la ciudad. Para la burguesía, la raíz del problema se encontraba en el hecho de que el gasto policial no había avanzado al ritmo del crecimiento de la población[130]. De hecho, lo que más preocupaba a las elites era la expansión masiva de barrios proletarios como las cases barates, y especialmente Collblanc y La Torrassa en l’Hospitalet, destino principal de legiones de inmigrantes obreros no cualificados que habían llegado a la ciudad antes de la Exposición Universal de 1929. El alcance de este desasosiego quedó resumido en dos peticiones enviadas a las autoridades locales de l’Hospitalet en las que los «amantes del orden» y las «personas decentes» se quejaban de la dependencia del orden público en los voluntarios del Sometent y en la pronta llegada de las unidades móviles policiales de Barcelona[131]. En resumen, debido a la «escasez de representantes de la autoridad civil» y al exceso de trabajo de la policía local barcelonesa, l’Hospitalet se encontraba a merced de los «maleantes», y de ahí el alto número de «actos irregulares» que ocurrían en la ciudad. La conclusión predecible era que la prosperidad futura de la vecina sureña de Barcelona iba a depender de la creación de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en la zona de La Torrassa y Collblanc[132].

Debemos ahora prestar atención a esa ciudad proletaria que tanta trepidación había levantado entre los «hombres de orden».

CAPÍTULO 2

LA CIUDAD PROLETARIA

Este capítulo examina el surgimiento de un espacio obrero en Barcelona, una ciudad rival a la que se oponían violentamente las elites al percibirla como un peligro mortal para la ciudad burguesa. Sin embargo, esta ciudad de los «otros» era resultado directo de la ciudad capitalista y de las nuevas condiciones de sociabilidad impuestas sobre los cientos de miles de obreros en los barris proletarios. Para los trabajadores de Barcelona, los barris eran un entorno social completo: espacios de contestación y esperanza[1] y punto de partida de la resistencia contra la ciudad burguesa, una lucha subversiva que dio a Barcelona fama internacional de ciudad «roja» y capital revolucionaria de España. Antes de adentrarnos en las capas culturales, costumbres y organización que permitieron la reproducción de una Barcelona proletaria durante los años anteriores a la República, es necesario trazar las coordenadas del contexto sociourbano cada vez más uniforme de los barris. Eran éstas las que proporcionaban el marco cultural utilizado por los obreros para dar sentido al mundo urbano, ejerciendo una influencia profunda en la identidad colectiva y política del movimiento obrero de la ciudad[2].

Como hemos visto en el capítulo 1, desde finales del siglo XIX la expansión urbano-industrial produjo un proceso de bifurcación que grabó las divisiones de clase en el paisaje urbano. A principios del siglo XX, habían surgido en Barcelona una serie de barrios claramente proletarios, como Poblenou, el «Manchester catalán», el Raval, Poble Sec, Sants y la Barceloneta[3]. Cierto es que la ciudad proletaria no era una estructura homogénea. El Raval, un distrito de la zona del puerto con muchos lugares de colocación eventual, acogía a un proletariado picaresco formado por marinos, estibadores y trabajadores itinerantes. Tenía un ambiente bohemio y marginal, muy distinto al de Sants y Gracia, dos pueblos industriales limítrofes. También existían contrastes entre la periferia de la ciudad, producto del desarrollo industrial de la posguerra, y los barris más viejos, con un nivel superior de diversidad social. Un caso extremo era el de la ciudad vieja de Gracia, un distrito en el que los obreros mejor pagados o cualificados residían junto a miembros de las clases medias, e incluso altas. Sin embargo, a finales de la década de 1920, Gracia pasó a ser un caso excepcional, pues lo normal era que los obreros viviesen junto a otros obreros dentro o cerca de centros industriales, en distritos homogéneos y segregados, y prácticamente sin contacto alguno con los patronos fuera del lugar de trabajo[4].

Durante la década de 1920 apareció en la ciudad un segundo cinturón de distritos proletarios. En el sur el principal era l’Hospitalet, y en el norte, Santa Coloma, Sant Andreu y Sant Adrià del Besos. En estas zonas periféricas florecieron barris nuevos de la noche a la mañana. Por ejemplo, en los distritos contiguos a La Torrassa y Collblanc, los dos barrios más septentrionales de l’Hospitalet, la población creció en un 456 por ciento en la década de 1920 debido a la llegada de 20.000 inmigrantes económicos del sur de España[5]. En todos estos barris nuevos, el proceso de urbanización ocurrió sin ninguna coordinación, y los servicios urbanos colectivos no crecieron a la par de la población. En esencia, los barris nuevos carecían de centralidad: la ciudad, en términos de una infraestructura urbana de servicios culturales, educativos y médicos, y de vivienda pública, sencillamente no existía. Muchas calles no tenían ni aceras ni luz; cosas como el alcantarillado, el agua o la electricidad eran un lujo[6]. La vivienda no se encontraba en mejores condiciones; las casas estaban construidas malamente, sin cimientos y se derrumbaban en ocasiones por las inclemencias del tiempo. Pese a que las autoridades locales admitían los «problemas sanitarios» de estas zonas, la elite urbana catalanohablante que dominaba la política de los municipios estaba muy alejada de la realidad que vivían los inmigrantes obreros apelotonados en los barris, y carecía de interés político en mejorar su situación[7].

Ciertamente, la ciudad proletaria no era un monolito, pero sería erróneo concluir que había una diferencia importante entre las condiciones urbanas del nuevo cinturón de barris y los viejos distritos obreros. Dado el subdesarrollo estatal en el ámbito local, los síntomas de la crisis urbana se manifestaron por toda la ciudad obrera. Bien fuese en los bloques de vivienda casi inhabitables del Raval y la Barceloneta, en zonas periféricas de rápido crecimiento como las cases barates, en las viviendas mal construidas de Santa Coloma o en las chabolas que había desperdigadas por toda la ciudad, los obreros estaban expuestos a un salario social bajo y a la escasez de servicios colectivos como hospitales y colegios[8]. De hecho, pese al aumento de empleo en el sector administrativo tras la Primera Guerra Mundial, se puede apuntar hacia una convergencia progresiva de los estilos de vida de la clase obrera y una experiencia proletaria relativamente homogenizada. En efecto, el crecimiento de los barris en la década de los 1920 puso en marcha la consolidación de una estructura general de coerción material que iba a afectar a la vida diaria de la mayoría de los 330.000 obreros de Barcelona.

En lo que se refiere a su estatus socioprofesional, a finales de la década de 1920 la clase obrera era básicamente poco o nada cualificada, y con escaso poder de negociación. Los muelles de Barcelona, como los de tantas otras ciudades portuarias, eran una gran fuente de empleo eventual. Además, las dos industrias más grandes y antiguas de la ciudad —la textil y la de la construcción— dependían en gran medida de los obreros eventuales y no cualificados[9]. Con el tiempo, estas características se reprodujeron entre el personal de nuevos sectores de la economía local, tal era el caso de la industria metalúrgica y la de transporte que empleaban una gran cantidad de mano de obra superexplotada, poco o nada cualificada. A partir de la Primera Guerra Mundial, esa tendencia a la «descualificación» recibió un nuevo ímpetu con la llegada de la «segunda revolución industrial». Esta creó una clase obrera «nueva» o masificada, formada por legiones de inmigrantes económicos no cualificados del sur de España, y propulsó la «proletarización» de los obreros cualificados que no podían competir con los avances tecnológicos, cuya imposición estaba favorecida por las condiciones políticas de la dictadura de Primo de Rivera. A finales de la década de 1920, por tanto, habían desaparecido muchos de los factores ocupacionales que en el pasado separaban al obrero cualificado o artesano del no cualificado[10].

Otro elemento en el contexto común de la vida de la clase obrera era el riesgo de accidentes industriales. El limitado margen de ganancias de la industria de la ciudad, al que nos referimos en el capítulo 1, hizo que los patrones desatendiesen la importancia de la seguridad en el lugar de trabajo; de 1900 a 1936, la provincia de Barcelona estaba a la cabeza de la clasificación de accidentes industriales anuales[11]. La seguridad y las condiciones laborales eran atroces incluso en los sectores obreros considerados tradicionalmente como «aristocráticos», por ejemplo el de la imprenta, o en los talleres más modernos de la ciudad, como los metalúrgicos de Girona. Sin embargo, el sector con el mayor número de accidentes registrados era el de la construcción, falto de regulación y fuente principal de empleo para los inmigrantes no cualificados[12]. El peligro de accidentes industriales era tal que incluso La Vanguardia, un periódico conservador que no solía mostrar especial interés por el bienestar de los trabajadores, llegó a denunciar ocasionalmente la terrible situación de las fábricas[13]. Pese a los riesgos que corrían, los trabajadores estaban completamente desprotegidos y carecían de asistencia social, seguro de accidentes o subsidio por enfermedad. La vida laboral, por tanto, ofrecía muy poca seguridad, aparte de la garantía de un trabajo duro y un salario miserable en condiciones peligrosas y denigrantes.

La experiencia generalizada de la clase obrera de desigualdad y discriminación puede ser fácilmente extrapolada al campo del consumo, en el que la inflación incontrolada devoraba los salarios de los trabajadores. Como vimos en el capítulo 1, durante los años que separaron a las dos exposiciones universales, los caseros explotaron de forma sistemática la falta de vivienda a través del aumento de los alquileres. Cerca del 97 por ciento del conjunto de la mano de obra estaba a merced del sector arrendatario privado, pues tan sólo una minoría de trabajadores cualificados y administrativos podía permitirse tener un inmueble en propiedad[14]. El pago del alquiler resultaba todavía más complicado para los trabajadores inmigrantes, ya que por regla general habían utilizado casi todos sus ahorros en el viaje a Barcelona y casi nunca tenían dinero suficiente para pagar el depósito de un piso. Mientras tanto, los no cualificados, los superexplotados y aquéllos sin empleo estable (o sea, la mayor parte de los trabajadores inmigrantes), tenían dificultades para pagar el alquiler cada mes y los desahucios ocurrían «muy a menudo»[15]. Otra fuente de tensión para casi todos los obreros de la ciudad era el coste de la comida. Tras la crisis de 1898, los precios se habían disparado en toda España, y Barcelona tenía la inflación más alta; el precio de los productos cárnicos en la ciudad era superior al de la gran mayoría de las ciudades de Europa del Norte, donde obviamente los trabajadores estaban mejor pagados. La crisis de subsistencias que tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial empeoró la situación: entre 1914 y 1919, el coste de vida de los barris aumentó en un 50 por ciento[16]. El interés público generado por este asunto hizo que hasta los políticos elitistas de la Restauración se viesen obligados a aceptar la necesidad de legislar sobre los problemas económicos que tanto tiempo llevaban afectando la vida diaria de la clase obrera. Sin embargo, como era habitual, las medidas antiinflacionistas implantadas por las autoridades no eran coherentes: nada se hacía respecto a la cultura perversa de aquellas secciones de la clase comercial que timaban a los consumidores, amañando las ventas al peso y adulterando los alimentos. Así, a lo largo de la década de 1920, los precios se dispararon y los tenderos y comerciantes se enriquecieron, aprovechándose de la crisis de subsistencias[17].

En vista de esta estructura cotidiana de coerción material, incluso aquellos trabajadores con empleo fijo tenían dificultades financieras. A finales de la década de 1920, una pareja de clase obrera sin niños raramente generaba un superávit significativo[18]. Dado que el sueldo de las mujeres era muy inferior al de los hombres, un corto periodo de desempleo podía llevar a la pareja a caer en lo que los moralistas definían como las «clases perdidas». No es extraño, por tanto, que la mayor parte de los trabajadores no mostrasen muchos de los signos exteriores de «respetabilidad» asociados a la clase obrera cualificada, ya que solían comprar su indumentaria en las tiendas de segunda mano y empeño del Raval. Además, la economía familiar de la clase obrera era tan precaria que para sobrevivir dependía de las aportaciones de todos y cada uno de sus miembros (véase foto 2.1). Y así, dado que los patronos eran libres de ignorar la legislación social que derogaba el trabajo infantil, la compulsión económica se ocupó de robar la inocencia a varias generaciones de niños de la clase obrera. Entre 1910 y 1930, los varones solían empezar a trabajar entre los ocho y 10 años de edad, pasando a formar parte de la mano de obra explotada no cualificada y sometidos a una disciplina brutal por parte de contramaestres y patronos[19].

Foto 2.1. Una típica familia de ciase obrera, probablemente inmigrante. © Arxiu Fotografíe de l’AHCB.

Urbanismo proletario

Pese a la pobreza que reinaba en los barris, y las denuncias de las elites sobre su estado caótico, la ciudad proletaria sí que tenía un orden propio. Era un orden duro, agresivo y crecientemente asertivo, una organización social compleja, moldeada por densas redes sociales y formas recíprocas de solidaridad, lo que Raymond Williams describió como «la mutualidad de los oprimidos»[20]. Esta reciprocidad colectiva formaba la estructura principal de los barris, compensando las desventajas materiales de la vida diaria al dar a los obreros un cierto grado de estabilidad y seguridad y potenciando relaciones integradoras[21]. El apoyo mutuo también podía funcionar a la inversa, como instrumento de coerción contra los que desafiaban las normas comunes, al negarles las ventajas de la reciprocidad[22].

Asimismo, la estructura familiar de la clase obrera jugó un papel central en el desarrollo de estas prácticas recíprocas pues formaba el eje de una serie de redes comunitarias y estructuras sociales superpuestas que permitían a los trabajadores responder «desde abajo» a los problemas materiales de la vida diaria[23]. En cierto sentido, la «economía familiar» estaba incrustada en un tipo de reciprocidad colectiva basada en el parentesco. Sin embargo, la reciprocidad también sobrepasaba los lazos familiares, como puede verse en la elección entre vecinos y amigos de compadres para los recién nacidos. Como diría un obrero, se trataba de una relación informal («… no había nada de iglesia ni alcaldía»), que pese a todo creaba «un lazo familiar eterno» con gente del mismo ambiente social, siempre dispuesta y preparada a ofrecer ayuda material en momentos de necesidad, lo que era aún más importante[24]. De forma rutinaria, si una familia se encontraba en apuros, los vecinos le prestaban auxilio, bien fuese preparando comidas u ocupándose de los hijos de la pareja[25]. Además, entre éstos se organizaban también «guarderías» comunales que permitían a los residentes locales aumentar potencialmente sus ingresos[26]. Esta reciprocidad compensaba la carencia de un salario social satisfactorio. Como explicaría un obrero:

En aquellos tiempos no había seguro de paro ni seguro de enfermedad ni nada. Cuando alguien caía enfermo, un vecino que hubiese tenido algunos ahorros lo primero que hacía era ponerlos encima de la mesa y allí los dejaba sin que hubiese ningún papel ni un apretón de manos. «Cuando vuelvas a trabajar me las devuelves». El afectado, cuando empezaba a trabajar, peseta por peseta, poco a poco, devolvía. Era una cuestión de principios, de moralidad[27].

La magnitud y flujo de esta reciprocidad vecinal se explica más fácilmente en términos del excepcional grado de sociabilidad de los barris. A diferencia de muchas otras ciudades europeas, donde las fabricas tendían a estar ubicadas en zonas industriales alejadas de las áreas residenciales, el desarrollo del espacio industrial en Barcelona ocurrió de tal forma que, hasta la década de 1930, la fábrica continuó siendo la fuerza organizadora principal de muchos barris, cuya vida transcurría en una geografía social íntima. Los obreros no sólo acostumbraban a vivir cerca de las fábricas, sino que además la mayoría iba y volvía a pie del trabajo[28]. La sociabilidad estaba también condicionada por los síntomas de la crisis urbana como, por ejemplo, la masificación y pésima situación de la vivienda, que frenaban la privatización de la vida diaria al impedir la construcción de barreras entre la esfera pública y privada[29]. Así pues, a lo largo y ancho de los barris se establecieron en espacios colectivos diversos emplazamientos para la sociabilidad obrera, proporcionando a la gente un alto grado de contacto humano. Los más importantes eran las calles, en su mayoría libres de vehículos y generalmente percibidas como una extensión de la casa proletaria, más aún durante los meses de verano cuando en éstas se llevaba a cabo una gran parte de la vida del barrio. En la misma categoría estaban los cafés y los bares, considerados como las «salas de estar» de los pobres. Así, de camino al trabajo o en su tiempo libre, los obreros contaban con muchas oportunidades para debatir entre ellos sus experiencias, tanto individuales como colectivas.

La reciprocidad y, por supuesto, la sociabilidad, también dependían de la inmigración «en serie» o «en cadena», un modelo de asentamiento que configuró el crecimiento de la Barcelona proletaria durante el periodo que separó a las dos exposiciones universales, y a través del cual los inmigrantes de un mismo pueblo o provincia se apiñaban en ciertos barrios, calles e incluso bloques de pisos[30]. Estas redes basadas en el parentesco y en vínculos antiguos formados en el lugar de origen del inmigrante, brindaban una ayuda inestimable a los recién llegados a la hora de buscar trabajo y alojamiento, permitiéndoles echar raíces en la ciudad con bastante rapidez[31].

Pese a la importancia indudable de las redes sociales preexistentes, éstas no representaron un impedimento para el surgimiento de una identidad y conciencia obrera entre inmigrantes[32]. De hecho, la ciudad proletaria era esencialmente democrática: ninguno de los barris con residentes inmigrantes se convirtió en gueto y los recién llegados podían relacionarse con facilidad con inmigrantes de otras regiones y con trabajadores catalanes tanto en las calles y en los bloques de los barris como en el lugar de trabajo. Además, aunque a los inmigrantes les tocasen por lo general los peores trabajos de la ciudad, el contexto socio-material relativamente uniforme y la reducida estructura de oportunidades que condicionaba la vida de la clase obrera, garantizaron que sus experiencias y circunstancias no fuesen muy distintas a las del resto de los trabajadores. Este grado relativamente alto de «conexión de clase» impulsó una nueva conciencia de grupo por encima de cualquier otra identidad (véase foto 2.2)[33].

Foto 2.2. Unidos en el lugar de trabajo: obreros de la fábrica de cerveza El Aguilar posan para la cámara. Ateneu Enciclopèdic Popular (CDH-S/AEP).

Se trataba de un proceso muy complejo, molecular y dinámico de formación de conciencia, según el cual se acumulaban y refinaban experiencias individuales y colectivas del orden espacial y social a través de un proceso de participación reflexiva. De esta forma, los obreros transformaron las experiencias prácticas y sensoriales de la realidad material, y la lucha diaria para sobrevivir dentro de un espacio determinado, en una serie de marcos de referencia culturales y colectivos[34]. El resultado era una reserva natural de saber empírico de clase, una refracción de las prácticas urbanas cotidianas, producto de un duro proceso de aprendizaje diario de la opresión y la explotación. Estamos, por tanto, ante una forma arraigada de conciencia local: un conocimiento social de las relaciones de poder en un escenario determinado, una visión del mundo incrustada en un momento y lugar específicos, construida a ras de suelo, desde abajo[35]. En su forma más elemental, este sentido de clase era más emocional que político: representaba una cultura poderosa de identidad local, un esprit de quartier (espíritu de barrio), resultado de los extensos vínculos afectivos que generaban los rituales de apoyo, la solidaridad y las relaciones sociales directas de la vida de barrio. Era, en esencia, una cultura de defensa, una celebración radical del grupo local y de la integridad de su entorno de vida, basado en la asunción de que el día a día estaba estructurado a favor de «ellos», en contra de «nosotros»[36].

En términos prácticos, aunque esta cultura localizada tomaba en cuenta las diferencias de clase, raramente engendraba algo más que una insatisfacción con el «sistema» sin teorizar y, por tanto, no debe ser confundida con conciencia de clase o conciencia revolucionaria[37]. Pese a todo, la cultura de los barris fue fundamental en la reproducción y extensión de un sentido colectivo de identidad entre obreros, un sentido naciente de clase que suministró valiosa materia prima al movimiento obrero y que se propagó a través de una serie de prácticas sociales, formas de comportamiento y comunicación. Se trataba de una forma cultural relativamente autónoma que ayudó a los trabajadores a comprender el mundo social en el que vivían, sustentando una red de posturas, principios, formulaciones ideológicas compartidas y normas igualitarias que Paul Willis describiría como «mapas alternativos de realidad social»[38]. Además, esta cultura solidaria penetró la ideología de las elites al promover respuestas de clase a problemas colectivos, véase el caso de la reciprocidad obrera, y al formar la visión del mundo de una clase sin bienes que poco respeto podía tener hacia la propiedad de los demás y que abogaba por una forma alternativa y claramente anticapitalista de urbanismo proletario: la vivienda se entendía en términos de necesidad social, no de ganancias, mientras que las calles se percibían como una extensión de los hogares que debían ser utilizadas a gusto de sus residentes, bien fuese para actividades de ocio, de solidaridad o de protesta[39].

Esta cultura legitimó, entre otras cosas, la práctica de la venta ambulante, una forma de autoayuda proletaria y un elemento más dentro de una amplia economía informal[40]. Por regla general, este tipo de actividad era llevada a cabo principalmente por aquellos que acababan de perder el empleo o las mujeres de los obreros peor pagados. Con sus escasos ahorros, compraban un poco de género que luego vendían en las calles cercanas a las zonas comerciales y mercados establecidos. Así era el comercio humilde de los necesitados, diseñado para hacer un poco más llevadera su pobreza[41]. Además, los vendedores ambulantes no tenían gastos generales y podían ofrecer sus productos por menos dinero que los vendedores de mercado y los tenderos. Por ello se volvieron tremendamente populares entre consumidores de clase obrera de zonas como el Raval, cases barates y La Torrassa, y su comercio pasó a ser una parte integral de los hábitos locales de consumo[42].

Algunos aspectos de este urbanismo proletario colisionaban de frente con la lógica jurídico-espacial del Estado y del capitalismo. Una de las primeras muestra de esto pudo verse en los sucesos de La Bonaplata de 1835: los obreros, sintiéndose amenazados por las nuevas tecnologías, destruyeron la fábrica que ponía en peligro sus empleos. Dada la ausencia de canales institucionales que permitiesen a los obreros expresar sus reivindicaciones, estas protestas de acción directa tenían una dimensión claramente política —se trataba de una práctica política por medios alternativos. Los obreros eran conscientes de la importancia del control del espacio en las protestas sociales. Así, utilizaban las calles para una gran variedad de actos contestatarios, ocupándolas durante las manifestaciones para expresar reivindicaciones populares ante las autoridades, identificando en ellas a los transgresores sociales, como ocurría con las protestas frente a las casas de tenderos o caseros impopulares, y, de forma más enfática, socavando el poder de la burguesía en actos públicos de desafío a la autoridad. La privación continuada del derecho al voto impuesta sobre la clase obrera garantizó que, hasta muy entrado el siglo XX, ésta se sintiese considerablemente atraída hacia formas «tradicionales» de protesta callejera.

La continuación de esta cultura de protesta basada en la acción directa tenía una justificación material importante. En vista de la existencia precaria a la que estaba sometida una gran parte de la clase obrera, cualquier deterioro de las condiciones económicas podía producir una respuesta violenta. En 1903, cuando el Ayuntamiento impuso nuevos impuestos sobre los alimentos que entraban a la ciudad, las depauperadas vendedoras ambulantes se amotinaron, haciendo añicos las ventanas de las tiendas de los comerciantes más ricos[43]. Era habitual combinar este tipo de acciones directas de protesta con algún tipo de estrategia de autoayuda. Por ejemplo, a lo largo del siglo XIX, tanto en la España rural como en la urbana, era tradición popular requisar alimentos. Este tipo de movilización servía para advertir a las autoridades sobre los problemas económicos de las clases bajas, y proporcionaba a los participantes unos víveres muy necesarios. Semejante forma de redistribución de la riqueza desde abajo revivió durante la crisis económica que siguió al desastre de 1898, y de nuevo durante la hiperinflación de la Primera Guerra Mundial, cuando los asaltos masivos eran algo habitual, perpetrados generalmente por mujeres que atacaban tiendas o vehículos transportistas de alimentos[44]. Existía además todo un universo de actos ilegales individuales y de pequeños grupos, prácticas como el hurto y la depredación menor en el lugar de trabajo, comer sin pagar en los restaurantes y la incautación de alimentos de las fincas[45]. Aunque por lo general estos actos eran llevados a cabo por los obreros peor pagados y los parados, existe constancia de que a veces se trataba de pandillas de jóvenes obreros. Según parece, algunos de estos jóvenes habían rechazado la ética del trabajo a cambio de un estilo de vida alternativo fuera de la ley. Sus actividades en ocasiones eran más modernas y estaban mejor organizadas, como el robo a mano armada[46].

La cultura de clase obrera justificaba sin problemas la violación de la ley para llegar a fin de mes, ese «crimen económico» o «social», definido a menudo por los criminólogos como «crimen sin víctimas». Esta actitud recibió un nuevo impulso después de la Primera Guerra Mundial, cuando la cultura obrera de los artesanos, más respetable, dio paso a una cultura proletaria más dura. A partir de entonces, un estrato de la clase obrera local, fluctuante pero siempre grande, que a duras penas podía vivir con un salario de subsistencia, fue aceptando en su código moral estas prácticas ilegales. En términos normativos, los obreros peor pagados podían justificar fácilmente la apropiación de la propiedad de sus patronos como «beneficio adicional» o compensación por su escasa paga; de igual forma, es probable que los frecuentes robos a mano armada a recaudadores de impuestos y de alquileres preocupasen muy poco a los trabajadores. Además, estas prácticas raramente afectaban a la clase obrera, dado que se trataba esencialmente de una «clase sin bienes»[47].

Este tipo de ilegalidad reafirmó por otros medios la independencia socioespacial de la clase obrera. Por ejemplo, abrió una fisura entre los obreros y sectores comerciales como el de los tenderos, los vendedores de mercado y los pequeños granjeros, que vivían cerca de éstos y cuya propiedad solía ser blanco de sus actos ilegales[48]. Las clases medias urbanas se oponían con rotundidad a estas prácticas proletarias callejeras. En especial, los tenderos y vendedores de mercado se sentían amenazados por el comercio ambulante, percibido como una amenaza mortal para sus negocios. Sin embargo, no se puede decir que el comercio ambulante fuese la raíz de la tensión existente entre las clases medias y las bajas, cuyo origen se encuentra en la inflación monstruosa que hubo tras 1898 y a partir de la Primera Guerra Mundial. La tendencia de las clases medias comerciales a sacar provecho de la inflación —o por lo menos la percepción de que esto ocurría en detrimento de la clase obrera urbana— sin duda hizo que muchos trabajadores sintiesen poca simpatía hacia aquellos a los que el comercio ambulante y los actos ilegales causaban molestias.

De forma similar, las prácticas callejeras acrecentaron la división entre la clase obrera y el Estado, sus leyes y aquellos que las ejecutaban. Esta disparidad era prácticamente inevitable: una de las funciones objetivas del Estado era la protección del statu quo urbano, y varias de las estrategias urbanas de autoayuda infringían el orden judicial. Al mismo tiempo, prácticas como el comercio ambulante, sin ser necesariamente ilegales, eran criminalizadas periódicamente por las autoridades. Además, como la represión siempre estaba precedida por campañas vociferantes de las clases medias comerciales, los trabajadores concluían que la ley y la policía que la defendía no tenían nada de neutral, y que funcionaba para el beneficio de las clases adineradas y en perjuicio de los desposeídos. Por consiguiente, según la vox pópuli, el Estado, la ley y la policía estaban fuera del orden moral de los barris, una percepción reforzada por la inactividad de las autoridades en el campo del bienestar social[49].

La forma más habitual de oposición popular al Estado era la resistencia a la policía, considerada como la representación más directa del poder central gubernativo en las calles. Inevitablemente, los sentimientos antipoliciales tenían su origen en el papel institucional del cuerpo como regulador del espacio social y como responsable de la reestructuración de la vida diaria en la ciudad capitalista. Una de las funciones más importantes de la policía era la «modificación» y «gerencia» del comportamiento de la clase obrera en las calles, especialmente cuando los trabajadores no estaban sujetos a la disciplina horaria de la fábrica. Aparte de castigar a los vendedores ambulantes «sin licencia», la policía también podía intervenir en las protestas de las mujeres sobre los precios de los alimentos, o hacer frente a un grupo de desempleados debatiendo la situación del empleo, o a las pandillas juveniles callejeras. La represión policial afectaba a la vida de la clase obrera sin distinción de sexo, lugar de origen o edad. Los obreros jóvenes, acostumbrados a socializar jugando en las calles, tenían problemas con la policía de forma rutinaria. En lo que respecta a los obreros inmigrantes, su contacto con las fuerzas de seguridad antes de llegar a Barcelona generalmente había estado limitado a la Guardia Civil, un cuerpo considerado por la mayoría de los trabajadores sin tierra como un ejército de ocupación. Las experiencias posteriores de control policial difícilmente lograron alterar esta percepción. El primer encuentro con la policía barcelonesa a menudo ocurría en las afueras de la ciudad, cuando los agentes recibían a los autobuses que traían trabajadores del sur para asegurarse de que los recién llegados a la ciudad pagasen el impuesto municipal[50]. Muchos no podían permitirse ese gasto y no se empadronaban en el ayuntamiento, por lo que sentían una aversión profunda a todo contacto con la policía[51].

El peligro externo que representaba la policía inspiró la extensa cultura y prácticas antipoliciales de los barris. Esta cultura altamente inclusivista, alimentada por la memoria colectiva de la represión policial y transmitida a través de una tradición oral importante, reforzó un profundo sentido de identidad comunitaria uniendo a jóvenes y mayores, inmigrantes y autóctonos, hombres y mujeres. Incluso las pandillas callejeras de clase obrera, cuyas acciones podían rayar en lo anticomunitario, eran vistas como «parte» de la comunidad y raramente delatadas a las autoridades[52]. La cultura antipolicial también delineaba los confines de la comunidad mediante la identificación de «forasteros». Existen indicios, por ejemplo, de que los agentes de policía (y su prole) residentes en los barris se vieron aislados y excluidos de la vida comunitaria[53]. También se otorgó estatus de «forasteros» a los miembros de los grupos paramilitares auxiliares que habían surgido durante la lucha de clases, como el Sometent, considerados como parte de las fuerzas aliadas contra los obreros debido a su participación en la represión de los actos ilegales de carácter popular[54]. Finalmente, el miedo a la desaprobación de la comunidad y a las sanciones físicas desalentó sin duda a aquellos que en circunstancias diferentes hubiesen podido colaborar con la policía.

Por encima de todo, sin embargo, la cultura popular antipolicial era una cultura de acción que abogaba por el derecho de decisión de la comunidad sobre el uso de las calles, y que luchaba por la autosuficiencia y la autogestión del barrio, libre de autoridad externa, y la defensa de una serie de prácticas populares urbanas basadas en lazos personales y directos frente a las agencias burocráticas de control social y político (la policía y los tribunales), y las fuerzas de mercado impersonales. Inspirada en tradiciones de acción directa, se trataba de una cultura agresiva que justificaba el uso de cualquier medio para resistir el empeño de las fuerzas de seguridad en regular la vida de los barris. Esto dio a lugar a una batalla perpetua por las calles entre los desposeídos urbanos y «la bòfia», término peyorativo utilizado para describir a la policía[55]. Esta lucha fue especialmente larga en aquellos lugares con un alto número de vendedores ambulantes y parados, donde la más mínima actividad policial podía resultar en la formación de grupos grandes y hostiles dispuestos a desbaratar las acciones del cuerpo, prevenir arrestos, asaltar físicamente a los agentes y, siempre que fuese posible, despojarles de sus armas[56]. Las prácticas antipoliciales dependían en gran medida de la solidaridad de la comunidad: su éxito reforzaba el sentido de identidad local y servía como un indicativo del poder del barrio. En conjunto, por tanto, la lucha contra la policía sirvió para revitalizar los distritos de clase obrera, volviéndolos más cohesionados, resistentes e independientes. A finales de la década de 1920, muchos barris se asemejaban a pequeñas repúblicas: un orden urbano sociocultural y casi autónomo, organizado desde abajo sin rango y privilegio; espacios relativamente libres, prácticamente impenetrables por la policía, en los que la autoridad y poder del Estado era débil[57].

Podemos ver, entonces, cómo a pesar de los propósitos de control social y militarismo espacial, los marginados seguían siendo capaces de crear en el curso de su vida diaria espacios culturales, éticos, psicológicos, sociales y físicos de contestación; espacios que, como veremos, crearon la base de una fuerte resistencia obrera al capitalismo y al Estado. Y, sin embargo, antes de que la hostilidad generalizada hacia el «sistema» se convirtiese en una resistencia más perdurable y transformadora, esta cultura existente (y local) tenía que ser destilada e imbuida de intereses más universales, que requerían la organización de una esfera pública proletaria.

La esfera pública obrera de inspiración anarquista

La tradición libertaria en Barcelona se remonta a la década de 1860, cuando los anarquistas, y más adelante los anarcosindicalistas, lideraron un movimiento que buscaba impulsar un nuevo espacio político, social y cultural en el seno de la sociedad civil. El prestigio del anarquismo aumentó gracias a la debilidad de su rival socialdemócrata, especialmente a partir de 1899, cuando la UGT (Unión General de Trabajadores), sindicato socialista formado en Barcelona en 1888, trasladó su ejecutiva a Madrid. A partir de entonces, los obreros de la ciudad tendieron a considerar a la socialdemocracia como un movimiento distante con una ideología que tenía poco que ver con sus problemas y preocupaciones. Así, los anarquistas fueron relativamente libres de consolidar su propio espacio dentro del movimiento obrero, aunque la represión estatal periódica hizo que este proceso no fuese de ninguna forma lineal[58].

El principal vehículo para las prácticas anarquistas era el «grupo de afinidad», formado por entre 4 y 20 miembros a los que unía la afinidad personal y la lealtad mutua. Su objetivo era concienciar a la gente y reestructurar la vida diaria según los principios libertarios. Atributos tales como la rebelión individual y el heroísmo estaban altamente valorados, generando una cultura de resistencia a la ética del trabajo y a los rituales cotidianos de la sociedad capitalista. Los grupos de afinidad más intelectuales solían reunirse en teatros y librerías, mientras que el resto buscaba una existencia bohemia en cafés y bares, desafiando hasta el límite los imperativos económicos y mezclándose en un entorno «marginal» y con sectores discriminados como los gitanos[59]. Por lo general, su objetivo era el mismo: la cultivación de la «dinamita cerebral»[60], un espíritu rebelde reflejado en el nombre de grupos como «Los Desheredados», «Los Indomables» y «Els Fills de Puta». Su estructura de célula y esprit de corps (espíritu de cuerpo) les brindaba un alto grado de protección contra la infiltración policial. Sin embargo, para la década de 1890, el anarquismo tradicional basado exclusivamente en pequeños grupos de devotos se encontraba en punto muerto, debido al terror estatal y el aislamiento de la mayoría de aquellos que normalmente operaban en lugares extraindustriales y que tenían muy pocos o ningún punto de contacto con las comunidades obreras.

Como respuesta a esta situación, algunos anarquistas encontraron inspiración, desde comienzos del siglo XX, en el anarcosindicalismo francés, una ideología que apelaba a temas de clase y que resaltaba la importancia del proletariado como fuerza de transformación social. El anarcosindicalismo prometía un ritmo urbano nuevo, y defendía a corto plazo la lucha por «los tres ochos»: una jornada de ocho horas, ocho horas para dormir y ocho horas para el ocio, la diversión y la educación. Sin embargo, esta lucha era tan sólo una etapa en el camino hacia el objetivo final: la destrucción del capitalismo y el Estado, y el nacimiento de una sociedad sin clases. Los desposeídos encontraron en semejante sindicalismo agresivo el vehículo adecuado para la expresión de sus necesidades y deseos cotidianos. Inevitablemente, el anarcosindicalismo entró en conflicto con el «egoísmo de clase» de la burguesía y los poderes estatales, inaugurando un ciclo de movilizaciones y represión. En febrero de 1902, una serie de huelgas económicas parciales culminaron en la primera huelga general de Barcelona del siglo XX. Las autoridades respondieron militarmente, declarando la ley marcial y encarcelando a cientos de líderes sindicales. Los enfrentamientos callejeros entre piquetes y ejército dejaron un balance de 17 muertos y 44 heridos. Sin embargo, la determinación de los obreros de mejorar sus condiciones de vida, garantizó que la organización de los sindicatos no sólo sobreviviese a la ofensiva patrón-Estado, sino que además saliese fortalecida. En 1907 apareció Solidaridad Obrera, una federación local que sentó los cimientos de la CNT, agrupación fundada en Barcelona en 1910 y organizada en comités nacionales, regionales y locales operantes dentro de una serie variada de escalas espaciales. La Confederación quería coordinar el cambio en el ámbito nacional a través de un número de acciones basadas en las redes sociales de los barris. De hecho, muchos de sus sindicatos compartían locales con grupos comunitarios y formaban parte de la infraestructura de la vida de barrio[61]. La CNT era un organismo descentralizado con una estructura relajada, un modelo que pretendía limitar cualquier tendencia burocrática en el interior de la propia organización y mejorar las posibilidades de resistencia ante la represión. El miedo al conservadurismo burocrático también llevó a la Confederación a desautorizar los fondos de huelga y la mediación, optando por paros basados en la reciprocidad organizada entre sindicatos, y en la «acción directa», como el uso los «piquetes activos» que implicaba el sabotaje y el uso de la violencia contra «esquiroles».

La cultura de la acción directa de los anarcosindicalistas encajaba con las tradiciones populares de protesta de una ciudad en la que la lucha callejera contra la policía y la construcción de barricadas habían marcado la historia del conflicto urbano desde el siglo XIX. Parte del atractivo de la CNT se encontraba en su buena disposición para construir una organización militante en torno a estas tradiciones culturales obreras. Así, las tácticas de la Confederación, como los boicots, las manifestaciones y las huelgas, se apoyaron en la sociabilidad vecinal: las asambleas sindicales eran una manifestación de la cultura callejera de la clase obrera, y la solidaridad recíproca de los barris estaba concretizada y expresada de forma organizativa en el soporte ofrecido a los sindicatos confederados. Igualmente, el sindicalismo revolucionario y su rechazo a toda integración en las estructuras políticas burguesas o estatales reflejaban el espíritu independiente de los barris. A la inversa, las tendencias excluyentes de los barris, como el ostracismo al que se condenaba a aquellos que atentaban contra los principios comunitarios, se aplicaban también a los «esquiroles». De esta forma, las tradiciones independientes de los barris contribuyeron a la definición del modus operandi de la CNT. Pese a que el crecimiento de la organización sindical trajo consigo una cultura de protesta más «moderna» y disciplinada, los anarcosindicalistas desarrollaron un amplio «repertorio de acciones colectivas» que acomodaban muchas de las estrategias de «autoayuda» desarrolladas en los barris[62]. Firmes partidarios de la auto-expresión espontánea de las masas, y completamente opuestos a los socialistas, que hacían una distinción clara entre lo revolucionario y lo «criminal», los libertarios resaltaban el derecho inalienable de los pobres y necesitados a proteger su existencia, el «derecho a la vida», por cualquier medio que tuvieran a su alcance, legal o ilegal. También apoyaban los actos ilegales de carácter popular, como comer sin pagar en los restaurantes, actividad habitual entre parados y huelguistas[63]. Al mismo tiempo, la Confederación buscaba refinar la protesta urbana popular: mientras que con las movilizaciones callejeras, generalmente espontáneas, se lograba el control temporal de las calles, la CNT deseaba tener un control más permanente de la esfera pública y una transformación revolucionaria del espacio. Pese a todo, las calles siguieron siendo un foco importante de protesta e insurrección. Tal y como explicaba Solidaridad Obrera, «la revolución impulsada por los anarquistas ha de tener a la calle por teatro y al pueblo por actor»[64]. Los anarcosindicalistas, por tanto, estaban dispuestos a articular la gran cantidad de tensiones y energías que aparecían fuera del lugar de trabajo, estableciendo nuevos espacios de resistencia y nuevos frentes en la lucha contra la opresión. La reticencia de los patronos a llegar a un acuerdo con los sindicatos, y el subdesarrollo de los mecanismos institucionales para la resolución pacífica de las disputas laborales, facilitó esta tarea. Así, las huelgas frecuentemente se «desparramaban» de las fábricas a las calles, donde los anarcosindicalistas podían combinar métodos «modernos» de movilización con formas «tradicionales» de protesta gracias a la flexibilidad de sus tácticas. Por ejemplo, la Confederación apoyaba las protestas de consumo, pidiendo la rebaja de los alquileres y de los alimentos y proporcionando escolta armada a los grupos de mujeres obreras que requisaban comida a las tiendas[65].

La mezcla de culturas de protesta «modernas» y «tradicionales» se convirtió en un rasgo recurrente de la lucha urbana, electrizando los conflictos de la ciudad. Una muestra de esto pudo verse durante la huelga general de 1902: tras un paro industrial, grupos de obreros llevaron a cabo asaltos colectivos a panaderías y mercados para requisar alimentos. La hostilidad hacia la policía también encontró una vía de escape y varios agentes fueron atacados por grupos de obreros que intentaban liberar a miembros de piquetes. Cuando las fuerzas de seguridad entraron en los barris para reprimir las protestas callejeras, la comunidad aunó fuerzas para repelerlas, lanzando proyectiles contra la policía y la Guardia Civil desde los balcones de las casas[66]. Esta misma hostilidad contra la policía pudo verse en la huelga general de 1909, que comenzó como una protesta «moderna» organizada por los sindicatos y que, al perder éstos el control, se convirtió en una insurrección con un sabor mucho más tradicional que la de 1902. En un primer momento, la muchedumbre se había aglomerado en las calles gritando «muera la policía», y fue entonces cuando comenzaron los ataques y saqueos a las casas de varios agentes. También hubo informes sobre protestas aisladas frente a los hogares de patronos y caseros[67]. Esta costumbre colectiva de trasladar las reivindicaciones a las viviendas de los individuos identificados como responsables de romper las normas comunitarias, se remontaba a tiempos premodernos, y ponía de relieve la convergencia de diferentes culturas de protesta. Además, la transformación de la huelga de 1909 en una insurrección urbana a gran escala estuvo acompañada de un pequeño ensayo de urbanismo proletario: los obreros cambiaron el espacio construido, levantaron barricadas en las calles y organizaron la destrucción de una gran cantidad de propiedad eclesiástica (véase foto 2.3 y foto 2.4).

La combinación de formas de lucha «modernas» y «premodernas» resulta especialmente obvia en las protestas de los parados, cuyas manifestaciones organizadas solían acabar violentamente, con motines y saqueos. Los parados también preferían tradiciones populares como la visita de talleres en masa en busca de empleo, una práctica intimidatoria, especialmente cuando los grupos eran grandes, y que solía desencadenar enfrentamientos con la policía. Estas actuaciones violentas no deben entenderse como actos de ignorancia o barbarie colectiva, sino como expresión del conflicto cotidiano del «querer y no tener». En otras palabras, al no tener ni voz política ni canales para expresar las reivindicaciones populares, los parados hacían política por otros medios, «la negociación colectiva a través del motín», por citar esa expresión tan conocida de Eric Hobsbawm[68].

Foto 2.3. Iglesias ardiendo en el horizonte barcelonés, julio de 1909 (Francesc Bonamusa, Pere Gabriel, Josep Lluís Martín Ramos y Josep Termes, Història Gràfica del Moviment Obrer a Catalunya, Barcelona, 1989, pp. 172-173).

Foto 2.4. Miembros de la comunidad agrupados alrededor de una barricada en el Raval, julio de 1909 (Francesc Bonamusa, Pere Gabriel, Josep Lluís Martín Ramos y Josep Termes, Història Gràfica del Moviment Obrer a Catalunya, Barcelona, 1989, p. 169).

Además de enriquecer las prácticas populares, la CNT anarcosindicalista también sacó provecho de la vibrante identidad colectiva de los barris y de los ricos y diversos marcos culturales de referencia de la clase obrera local, mediante la afirmación de las experiencias directas de muchos obreros en el decorado peculiar de las circunstancias históricas, sociales, políticas y culturales de la Barcelona de la Restauración: la complicidad entre los políticos y las elites económicas; la tendencia de políticos locales como Cambó y Pich i Pon a utilizar su influencia en su propio beneficio financiero; las décadas de estancamiento político; la inflación incontrolada y la libre explotación impuesta por los tenderos, caseros y patronos; los sacrificios de los obreros por el Estado en relación con el servicio militar obligatorio, especialmente durante periodos de guerra; la escasez de servicios públicos y prestaciones sociales; la experimentación del Estado únicamente en términos de represión policial y militar; los toques de queda y la ley marcial que reducía la libertad de movimiento de todos los obreros de la ciudad; la complicidad de las autoridades con una Iglesia reaccionaria; la negativa de las autoridades a ofrecer protección legal significativa a los obreros y la complicidad de la burocracia en el uso de la violencia del Sometent y los Libres, a menudo incapaces de distinguir entre los activistas sindicales y el resto[69]; el cierre del camino reformista y, en definitiva, la ausencia de cualquier perspectiva realista de cambio legal y pacífico.

El «surtido de conocimientos» acumulado en los barris favoreció la expansión de una contracultura esencialmente anarquista, lo que demuestra hasta qué grado las experiencias sociales y materiales cotidianas dan forma a la lucha de clase y a la lucha urbana[70]. Dado que el aprendizaje sobre el Estado represivo no estaba diluido con iniciativas de asistencia social, la mayoría de los obreros no tenía especial interés en conquistarlo a través de la campaña política; más bien, el Estado era visto como un enemigo mortal que debía ser aplastado. Al mismo tiempo, la indiferencia producida por años de corrupción política había creado el contexto para el antipoliticismo de los anarquistas; la visión generalizada de que la política no podía resolver los problemas cotidianos de los trabajadores aumentó el atractivo de la acción directa. También ganó credibilidad la afirmación de que el capitalismo local no podía satisfacer las necesidades de la clase obrera, dada la resistencia de los patronos a la más mínima pérdida de autoridad en el lugar de trabajo. De esta forma, el sindicalismo revolucionario aparecía como la única salvación posible para las masas, cuya esperanza residía en su propia lucha autónoma para destruir la enorme coalición represiva que estructuraba la vida diaria en detrimento de aquéllas. Por último, el contacto con el clero, especialmente con el «despotismo de los profesores»[71] en las escuelas religiosas, generó un cuerpo latente de sentimientos anticlericales. El anarquismo ofrecía a los trabajadores una cierta superioridad moral frente a una clase burguesa percibida por la mayoría como «criminal». De este marco cultural surgió un sentido profundo del «nosotros» que dio forma a la acción colectiva, exponiendo aliados y enemigos potenciales. En suma, la opresión capitalista, la represión estatal, la tiranía clerical y la «miserización» del proletariado no eran simples abstracciones enunciadas por ideólogos, sino experiencias de vida de los obreros que venían a confirmar los principios fundamentales de la ideología libertaria: la ley y la policía no eran entidades neutrales sino herramientas del Estado y de las clases adineradas para estructurar la vida diaria a favor del capital; el Estado era el principal impedimento para el cambio que, de ocurrir, tendría que lograrse mediante la acción violenta de los desposeídos, y no gradual o legalmente a través de reformas.

Aunque la visión del mundo propuesta por la CNT estaba arraigada en la experiencia de un grupo social en un momento y lugar específico, era esencial refinar la identidad local de los barris hasta convertirla en una cultura obrera más madura y radical para que la Confederación lograse sus fines revolucionarios. Hasta cierto punto, esto fue lo que ocurrió durante las luchas cenetistas por intereses y objetivos comunes. Formalmente, el lenguaje de clase de la ideología anarcosindicalista dio un nuevo significado a las experiencias de vida y a las prácticas sociales de los barris, dotando de símbolos universales a los marcos culturales existentes. De esta forma, como veremos más adelante, la CNT fue capaz de afianzar su táctica movilizadora sobre la fortaleza y las reivindicaciones de la comunidad, al tiempo que de manera más general lograba atraer a los obreros apelando a la lealtad de clase.

No es de extrañar que la CNT se involucrase tan rápidamente en la lucha violenta contra el Estado y los patronos. Poco después de su nacimiento, la Confederación tuvo que pasar a la clandestinidad, sin poder funcionar abiertamente hasta la Primera Guerra Mundial, cuando fue arrastrada por una ola incontenible de militancia producida por la crisis política de la Restauración y el crecimiento industrial, que impulsó asimismo unas prácticas obreras más unificadas. Durante 1918 y 1919, la CNT se convirtió en el norte de los desposeídos, y en este tiempo su afiliación pasó de 345.000 a 715.000. En la zona de Barcelona solamente, la CNT afirmaba tener más de 250.000 miembros, lo que hacía de la capital catalana una de las ciudades más sindicalistas, si no la primera, de toda Europa. Tal era el poder de crecimiento de la CNT que sus sindicatos lograron imponer una cierta moderación en los industriales de la ciudad que tan inflexibles se habían mostrado hasta aquel momento, ganando incluso por vez primera algunas huelgas.

Este cambio de suerte para la CNT fue posible gracias a la adopción de una nueva estructura sindical durante el congreso nacional de 1918 que tuvo lugar en el barri de Sants de Barcelona[72]. Los estrategas de la Confederación, conscientes del poder espacial de los crecientes barris como base de la resistencia organizada al capital y el Estado, decidieron establecer comités de barriada para las bases en las nuevas sucursales sindicales de los principales distritos obreros[73]. En palabras de un militante, los comités locales eran «los ojos y los oídos del sindicato en cada barrio»[74], el punto de conexión entre los barris y la Federación Local de Barcelona, responsable de la orientación de los sindicatos. Aunque la CNT continuó siendo una confederación nacional segmentada en sindicatos basados en la comunidad, la nueva estructura daba a la organización una mayor unidad y poder en las ciudades. La Federación Local recibía información de los comités y les enviaba instrucciones con gran rapidez gracias a las mejoras del sistema de transporte y la creciente disponibilidad de bicicletas. Además, el periódico de la CNT de Barcelona, Solidaridad Obrera, desempeñó un papel auxiliar esencial anunciando las asambleas sindicales, las charlas y las actividades sociales que tenían lugar por toda la ciudad. Así, la CNT podía responder con prontitud a lo que ocurría en las calles y las fábricas, logrando organizar una oposición al capitalismo más sostenida y coordinada.

La huelga de 1919 en la compañía Riegos y Fuerzas del Ebro, una empresa anglocanadiense conocida localmente como «La Canadenca», fue la movilización más famosa y dramática de la reorganizada CNT durante el periodo de la posguerra. El conflicto comenzó a principios de 1919 cuando fueron despedidos unos administrativos. A esto respondieron los trabajadores cenetistas de la empresa —oficinistas y obreros por igual— dejando de trabajar y haciendo un llamamiento a la solidaridad de la Federación Local, lo que transformó un conflicto hasta cierto punto insignificante sobre los derechos sindicales, en una lucha prolongada entre la clase obrera confederada de la zona de Barcelona y una gran coalición de las autoridades locales y estatales y el ca-pital nacional e internacional. Así, se movilizó la mayor parte del arsenal represivo del Estado, se implantó la ley marcial, y tras la militarización de los servicios esenciales, los soldados sustituyeron a los huelguistas y 4000 trabajadores fueron encarcelados. Sin embargo, los cortes en el suministro de energía paralizaron a casi toda la industria de la provincia de Barcelona durante 44 días. La escasez de alimentos, los cortes de electricidad y el uso de linternas por las patrullas militares al caer la noche dieron a la capital catalana aspecto de ciudad sitiada. Finalmente, las autoridades obligaron a la dirección de «La Canadenca» a ceder a las reivindicaciones de la CNT que incluían un incremento salarial, la recuperación del salario perdido por la huelga y la amnistía total de los piquetes. En un intento de prevenir futuros conflictos de clase, el gobierno de España se convirtió en el primer gobierno europeo que legisló la jornada de ocho horas en las fábricas. Esta victoria marcó la mayoría de edad de la CNT, convertida a partir de entonces en uno de los actores principales del mundo de la industria y en punto de referencia en la vida de los obreros.

Foto 2.5. Escena callejera durante la Semana Trágica, 1909. © Ballell, Arxiu Fotogràfic de l’AHCB.

Una de las ventajas de las acciones colectivas de la Confederación era el grado de confluencia existente entre sus redes organizativas y las de los barris (véase foto 2.5). Los Comités de Distrito permitían que la CNT penetrase como nunca antes en los lugares de trabajo y los barris. Así, pasó a formar parte de las redes comunitarias, de reciprocidad y de parentesco, y pudo organizar sobre éstas movilizaciones poderosas, arraigadas en la ayuda mutua y la solidaridad de clase[75]. Al mismo tiempo, la CNT reforzó dinámicas ya existentes de sociabilidad e intercambio comunitario, dotándolas de nuevo significado y simbolismo[76]. La Confederación presentaba un proyecto urbano alternativo: su política callejera acrecentó la conciencia de comunidad y el espíritu de autonomía local; su hostilidad organizada hacia las estrategias de control del poder central también reafirmó la impenetrabilidad e independencia de los barris; y su concepto de democracia participativa consolidó las redes sociales existentes[77]. Para los anarquistas revolucionarios de la CNT, la democracia directa fortificaría los barris, convirtiéndolos en zonas colectivas y liberadas, materia prima de las comunas «kropotkinianas» autónomas y sin Estado.

El nexo entre la CNT y los barris dependía en gran parte de sus activistas. Una de las grandes paradojas de esta organización fue la gran desproporción que existía entre su poder de movilización y su número de activistas[78]. La mayoría de los cenetistas participaba muy poco en la vida interna de los sindicatos, raramente asistía a las asambleas sindicales y pagaba cuotas de manera esporádica. El poder de convocatoria de la CNT era en parte un reflejo del dinamismo y la entrega de muchos de los activistas confederales que ponían en peligro su libertad, vida y trabajo con tal de mantener al sindicato activo. Igualmente importante era el hecho de que tanto los propios activistas como los líderes de la organización fuesen obreros. (A diferencia de lo que había ocurrido en Rusia, otro país europeo con un movimiento anarquista considerable, en España fueron muy pocos los intelectuales que se sintieron atraídos por el anarquismo, menos aún cuando el sindicalismo revolucionario creció en popularidad). Sin embargo, aparte de una conciencia de clase superior —a los activistas se los conocía como a «a los con ideas»—, no había nada que les diferenciase del resto de los obreros, ni su forma de vestir, ni su estilo de vida, comportamiento, experiencias, lenguaje o lugar de residencia. Bien fuese en un mitin público, durante una venta de periódicos, en una fabrica o en un café, los activistas sabían cómo expresar y diseminar ideas de forma convincente y comprensible para los obreros[79]. Solían ser miembros muy respetados en la comunidad, ejemplo para los menos involucrados y para los más jóvenes, y era habitual que los vecinos recurriesen a los cenetistas en busca de ayuda cuando tenían problemas[80]. La reputación de los activistas en la comunidad tenía vital importancia para una organización como la CNT, dirigida a obreros con frecuencia analfabetos y sin radio en casa. En estas circunstancias, el éxito o fracaso de sus movilizaciones dependía en gran parte de la capacidad de los activistas para atraer a sus vecinos y amigos a las acciones de protesta mediante el contacto directo en las calles. Los cenetistas también se beneficiaron de la cultura informal de los barris: los vendedores de periódicos de la Confederación solían ofrecérselos a sus conocidos, y participaban con asiduidad en discusiones fervientes sobre acontecimientos locales que ocurrían con frecuencia en las calles, especialmente durante periodos de actividad huelguística o protesta social[81].

La experiencia directa de los cenetistas sobre los problemas cotidianos a los que se enfrentaban los obreros, les permitía responder a los problemas colectivos con soluciones prácticas y viables, firmemente asentadas en el tejido social de los barris. Según un militante de base: «los de la CNT eran más sanos… Sentían más la causa del trabajador»[82]. La comprensión de la situación real de los barris, favorecida por la descentralización de la CNT, cimentó los vínculos entre la comunidad y la Confederación, dotando a sus sindicatos de una fuerte textura local y contribuyendo al logro de su objetivo de abordar «todos los problemas de la vida cotidiana»[83]. Sobre esta base se puede apreciar otro de los puntos fuertes del cenetismo: la habilidad para organizarse en torno a una ocupación y acometer las cuestiones materiales cotidianas y los problemas de subsistencia de los barris, como puede verse en la campaña de abaratamiento contra la inflación producida por la guerra. Otro ejemplo de este sindicalismo comunitario tuvo lugar en 1918, cuando la CNT formó el Sindicato de Inquilinos, cuyas principales reclamaciones eran la rebaja de los alquileres en un 50 por ciento y la mejora de la vivienda[84]. Al cabo de unos años, en 1922, tras mucho revuelo por parte de las bases sobre el tema de la vivienda, el Sindicato de Inquilinos convocó una huelga de alquileres con el total apoyo del Sindicato de la Construcción[85]. Debido los reducidas recursos de negociación y movilización de los obreros, esta estrategia tenía gran sentido pues las protestas populares y las formas de lucha de clase en defensa de los intereses materiales de toda la comunidad, lo que Edward Thompson describió acertadamente como «economía moral»[86], solían expresarse en movilizaciones masivas alimentadas por densas redes sociales. La CNT, por tanto, se mostró capaz de encauzar los vínculos múltiples que surgían de la interacción cotidiana. Tal y como diría un obrero: «En las barriadas se conocía mejor la gente, dado que todo el mundo está igualmente explotado, había un ambiente de revuelta, protesta»[87]. Como la solidaridad se expresa con mayor fuerza cuando puede apelar a una identidad colectiva firmemente arraigada en la experiencia concreta, estas acciones de protesta y conflictos sobre la subsistencia solían involucrar a barrios enteros que, a su vez, surgían politizados y con la identidad de grupo fortalecida. La dependencia de la CNT en las redes comunitarias dotó a sus sindicatos de una gran estabilidad y, así, durante periodos de represión intensiva, los vínculos locales compensaban la falta de organización formal de la Confederación, minimizando además los riesgos que corrían quienes protestaban ante la acción policial. No sólo se dispersaba el efecto de la represión a lo largo de una red amplia de individuos, sino que además los fuertes lazos comunitarios, junto a la presión colectiva y al peligro de sanciones como el ostracismo y el uso de la violencia contra los no-participantes, redujeron el impacto del «viajero sin billete», aquellos que dentro de un grupo social determinado reciben los beneficios generales de la protesta sin experimentar los costes materiales de la movilización[88]. En consecuencia, y en contra de los que perciben la protesta social como «la política de la envidia» de los marginados sociales, podemos concluir que las movilizaciones urbanas estaban arraigadas en la amplia integración social de las comunidades. En otras palabras, la CNT era producto del espacio local y de las relaciones establecidas en su interior: sus sindicatos hicieron que los barris se sintieran poderosos, y que los obreros se considerasen dueños de lo que ellos veían como «su sindicato».

La CNT también estaba interesada en crear un frente unido de todos los desposeídos en un proyecto revolucionario común. A diferencia de la cultura excluyente de la burguesía y la socialdemocracia, con su énfasis en la moderación y la respetabilidad, la Confederación reflejaba el objetivo anarquista de movilizar a los marginados por el capital y atraer a los elementos «descarriados» de la sociedad. En las prisiones y cárceles, los cenetistas desechaban las categorías institucionales que etiquetaban a los internos como presos «políticos», «sociales» o «comunes», y dedicaban tiempo y esfuerzo a enseñar a todos a leer y escribir con la intención de crear conversos revolucionarios[89]. La CNT era una fuerza integradora en los barris, movilizando con éxito a una serie de subgrupos que de otra forma podían haber puesto freno a la organización y solidaridad obrera. Un ejemplo de esto puede verse en las pandillas callejeras de jóvenes obreros, incluidas muchas de ellas en la órbita de los sindicatos[90]. La CNT también logró atraer a los obreros inmigrantes de la ciudad, que se contaban por miles. Mientras que algunos ya habían tenido contacto previo con el movimiento obrero organizado, muchos otros habían dejado tras de sí un panorama de miseria rural que engendraba resignación y desesperación, más que protesta. Sin embargo, la CNT sabía que los inmigrantes eran una fuerza potente de democratización y por ello se convirtió en la única organización dispuesta a aceptar a los recién llegados tal como eran, dando expresión a sus deseos y aspiraciones. Gracias a su condición como sindicato hegemónico y poderoso, la CNT se convirtió en imán de los inmigrantes no cualificados. La Confederación era un punto de acceso a la ciudad para muchos de los recién llegados; los centros sindicales cenetistas eran espacios importantes de socialización, lugares en los que los inmigrantes recibían información local y ayuda práctica importante sobre pautas de empleo y vivienda de su nuevo entorno, extraño y, a veces, hostil[91]. Al exponerse a los rituales y las prácticas del movimiento obrero, los inmigrantes asimilaban nuevos principios urbanos y se establecían con firmeza en el tejido social de la ciudad.

La cultura inclusiva de la CNT permitió que no quedasen fuera del movimiento obrero sectores como el de los parados, que de sentirse excluidos podían volverse susceptibles al atractivo de los políticos demagogos. Los sindicatos les ofrecían la oportunidad de un empleo futuro; sus centros funcionaban como refugios seguros para los que no tenían un lugar al que ir, ayudándoles a evitar el acoso policial al que se exponían en las calles.

La CNT tampoco estaba afectada por divisiones generacionales o la existencia de una cultura juvenil rival. Como apunta Dolors Marín, la esfera pública obrera estaba basada en el respeto a los mayores[92]. Los sindicatos sacaban fuerza de las redes de parentesco formadas en los barris incorporando jóvenes obreros a sus filas. Muchos se unían a la Confederación a través de familiares, principalmente padres y hermanos, y otros modelos masculinos poderosos como los tíos[93]. En este contexto de politización temprana, se daban casos de chicos de tan sólo nueve años de edad miembros al mismo tiempo de la CNT y de algún otro grupo anarquista[94].

Sin embargo, la estrategia de movilización de la esfera pública obrera no dejaba de tener sus defectos, como en el caso de las mujeres obreras de las que no se aprovechaba su potencial disidente. Los sindicatos eran esencialmente espacios masculinos y los hombres solían ir a las reuniones solos o con sus hijos varones, dejando a sus compañeras en casa[95]. De ahí, la escasa presencia de mujeres obreras en el seno de las organizaciones, mal representadas también en las bases de los sindicatos, incluso en industrias como la textil, principal fuente de empleo para la mujer obrera. En general, las mujeres jugaban un papel de apoyo secundario en el movimiento sindical e, incluso cuando compartían las ideas de sus compañeros, su contribución estaba limitada a la esfera doméstica, donde reproducían el poder rebelde de sus compañeros, hijos o hermanos, haciendo sacrificios en el hogar para poder mantener la militancia masculina, especialmente cuando los hombres eran encarcelados o estaban huidos de la justicia[96]. Ciertamente, la contribución de estas mujeres a la CNT fue importante y no debe ser subestimada, pero podía haber sido mayor, especialmente si se considera que la participación de las mujeres en los conflictos relacionados con la subsistencia como, por ejemplo, la campaña de abaratamiento y las luchas de inquilinos, fue siempre muy radical y militante.

Pese a todo, la CNT tan sólo era un elemento más en la creciente esfera pública obrera de Barcelona, infraestructura social alternativa formada desde las bases por periódicos, asociaciones culturales y clubes sociales. Otra institución clave era el ateneu (ateneo), un centro popular, cultural y social, modelado en los clubes burgueses[97]. Como la CNT, los ateneos respondían a las verdaderas necesidades de la ciudad obrera. Entre 1877 y 1914 se formaron 75 ateneos en Barcelona, proporcionando todos ellos una gama de servicios y funciones urbanas a sus afiliados. Los más grandes contaban con una tienda cooperativa que vendía alimentos a precios reducidos[98]. En una época sin formas de ocio accesibles, los ateneos ofrecían una amplia selección de actividades de tiempo libre, como teatro, coros y grupos de música. La sociabilidad y el entretenimiento siempre se combinaban con la agitación social, y las obras representadas en los ateneos tenían por lo general un carácter ideológico radical, izquierdista o anticlerical[99]. Otra zona importante de actividad eran los clubes deportivos y excursionistas que organizaban caminatas, cámping y excursiones por el campo de los alrededores de la ciudad y por la zona de la costa[100]. Las caminatas, en concordancia con los rasgos antiurbanos de la ideología anarquista, se convirtieron en una actividad muy popular de ocio no comercial que permitía a los trabajadores escapar a la naturaleza, dejando atrás los incómodos y superpoblados barris con tan pocos espacios abiertos o campos de deportes[101]. En términos políticos, los clubes de excursionistas tenían una función propagandística importante: gracias a ellos, los trabajadores podían discutir ideas y escritos lejos de las represivas estructuras urbanas, y volver a la ciudad más concienciados. Los grupos naturistas también iban al campo a liberarse de los condicionamientos artificiales de la vida urbana, y obtener, así, una relación más equilibrada con el mundo natural, lejos de las restricciones y convenciones del orden burgués.

Pese a todo esto, el objetivo primordial de los ateneos consistía en el reforzamiento cultural. Su mayor orgullo eran las bibliotecas de préstamo que solían contener una selección amplia de los clásicos de la literatura y política europea de la postilustración, desde Marx y Bakunin hasta escritores burgueses radicales como Ibsen y Zola. Además, los ateneos contaban con una sala de lectura donde podían celebrarse coloquios, un auditorio para debates más formales y charlas públicas, y un café. Haciendo honor al énfasis de los anarquistas en la pedagogía y su convicción de que se podía mermar la hegemonía capitalista a través de la educación y el cultivo de la «dinamita cerebral»[102], los ateneos organizaban cursos de día para los niños de clase obrera y nocturnos para los obreros adultos, con instrucción gramatical y ortográfica, y una educación más general en matemáticas, literatura, geografía y lenguas extranjeras, así como en materias más comprometidas, como la historia, la sociología y la teoría política.

Con el cambio de siglo, los esfuerzos de los ateneos para responder a la demanda educacional del pueblo recibieron ayuda de las «escuelas racionalistas», que o bien estaban financiadas por Los sindicatos o bien formaban parte del movimiento de Francesc Ferrer i Guàrdia de la Escola Moderna (Escuela Moderna). Las «escuelas racionalistas», desviándose radicalmente de las prácticas represivas de los pedagogos clericales, alentaban la expresión espontánea, la experimentación y el espíritu de igualdad en las aulas. En la práctica, volvieron accesible la educación de calidad a la mayor parte de los presupuestos obreros (véase foto 2.6)[103]. De esta forma, los ateneos y las «escuelas racionalistas» se convirtieron en el fulcro del tejido social y cultural de los barris[104].

Al igual que la CNT, los ateneos y las «escuelas racionalistas» se apoyaban en las estructuras comunitarias existentes y en la sociabilidad. El sinfín de actividades sociales y culturales de los ateneos despertaba el interés de toda la familia, y la presencia de guarderías para los más pequeños permitía la participación de todos los miembros de la comunidad sin importar su edad[105]. Además, las secciones juveniles de los ateneos contribuyeron a romper la división generacional; tanto adultos como niños establecieron amistades duraderas bajo estas instituciones[106].

Foto 2.6. Clase de biología en la Escuela Racionalista de l’Hospitalet (año académico 1928-1929). José Peirats, por aquel entonces un ladrillero, futuro historiador del movimiento anarquista, es el primero por la izquierda. © Archivo Gracia Ventura.

Por otro lado, los ateneos reforzaron el espíritu autonómico de los barris, dotando de dignidad y sentido a las experiencias de barrio. Debido el sacrificio colectivo generalmente necesario para su apertura, se convirtieron en una gran fuente de orgullo local, alentando la confianza de la comunidad en la posesión común de la riqueza[107]. En términos generales, por tanto, la cultura del ateneo agudizó las divisiones de clase al estrechar los lazos que había entre los barris y los activistas de la CNT y del movimiento libertario. De esta forma, se reforzaban los vínculos que unían las aspiraciones cotidianas de los trabajadores con los del movimiento, estableciendo un nuevo marco de referencia para el descontento de la comunidad al revestir la cultura obrera existente con una ideología de protesta más coherente, y convirtiendo al mismo tiempo la «sociología espontánea» de los barris en ideas y prácticas anarquistas. Un inmigrante describió el proceso de la siguiente forma:

Vivo en l’Hospitalet desde los veintidós meses, soy andaluz y todo lo aprendí de los anarquistas. Tenía catorce o quince años y no sabía ni leer ni escribir. Aprendí en una escuela nocturna organizada por los libertarios…[108].

Gracias a sus lazos con los ateneos y las «escuelas racionalistas», la CNT logró influir en la cultura obrera de oposición y ayudar a moldear una visión proletaria del mundo relativamente autónoma. Esto ocurrió durante una época en la que, en otras partes de Europa, la llegada de formas de cultura de masas, como el fútbol y las salas de música, habían empezado a mermar y diluir la conciencia socialista. En especial, los ateneos y las «escuelas racionalistas» propagaron una cultura anticlerical que desafiaba al oscurantismo y a las jerarquías establecidas de la educación religiosa y estatal, contribuyendo de forma inestimable a la cultura de clase de la CNT al educar a varias generaciones de militantes y líderes, muchos de los cuales acabarían escribiendo en la prensa obrera y anarquista[109]. Al mismo tiempo, surgió de los ateneos una cultura de acción y movilización que incluso cuando se trataba de actividades culturales, seguía alentando el tipo de activismo que más adelante podía llevar a acciones y campañas para la mejora de los servicios locales. Por otro lado, los ateneos solían jugar un papel de apoyo fundamental durante periodos de protesta colectiva, movilizando y sacando a sus afiliados a las calles para los grandes mítines, manifestaciones, asambleas o huelgas[110].

Conviene destacar, no obstante, cómo las pautas de discriminación sexual que vimos en la CNT se repitieron en los espacios más ideológicos y políticos de los ateneos y de los grupos anarquistas que funcionaban en su interior. Mostrando la incapacidad de la cultura alternativa de romper con la cultura oficial, las mujeres estaban casi siempre confinadas a ofrecer apoyo moral y material al grupo masculino, buscando espacios para la celebración de reuniones y proporcionando apoyo logístico. En las excursiones, la principal función de las mujeres se limitaba a la preparación de alimentos (!)[111].

Pese a todo, podemos concluir que al terminar la Primera Guerra Mundial, Barcelona contaba con una esfera pública subalterna y vibrante, una especie de contraespectáculo con sus propios principios, ideas, rituales, organizaciones y prácticas, o en términos gramscianos, un proyecto contrahegemónico[112]. Esta esfera pública proletaria había conquistado nuevos espacios dentro de la sociedad civil urbana para desarrollar ideas y movimientos de protesta, y presentaba un desafío directo a la esfera burguesa, de por sí debilitada, y, como vimos anteriormente, carente de mecanismos institucionales como las escuelas para comunicar la ideología oficial. Por consiguiente, las autoridades tenían especial interés en limitar o dificultar la expansión de esta esfera pública rival y explotaron todas las oportunidades que se les presentaron para poner freno a las redes educativas alternativas[113].

Tras la vertiginosa expansión que tuvo lugar a partir de la Primera Guerra Mundial, sin embargo, los «hombres de orden» comenzaron a ver a los sindicatos como la mayor amenaza para el orden social. Desconectados de un Estado central que, a los ojos de los patronos más radicales, había capitulado ante la CNT al legalizar la jornada de ocho horas, la rama militante de la burguesía barcelonesa se unió para romper el poder de los sindicatos. Consecuentemente, en noviembre de 1919, hubo un cierre patronal de tres meses contra los cenetistas, acosados de forma diaria por las milicias Sometent que patrullaban los lugares de trabajo en busca de activistas sindicales. Resulta irónico que pese a su defensa verbal del mantenimiento del orden público, los «hombres de orden» violasen los derechos civiles de los obreros en numerosas ocasiones en su deseo de cerrar la esfera pública proletaria. Aunque teóricamente éstos eran libres de afiliarse al sindicato que quisiesen, incluyendo la CNT, ya que no se trataba de una organización proscrita, el Sometent a menudo les detenía y registraba en busca de carnés de la Confederación. Si daban con ellos, los portadores frecuentemente sufrían agresiones y despidos, y sus nombres eran incluidos en listas negras. De igual forma, el Sometent impedía a los organizadores confederales recoger las colectas de sus afiliados y simpatizantes, confiscando el dinero del sindicato de forma ilegal y dando palizas a los militantes.

El hecho de que estas medidas no intimidasen a la CNT, aumentó el activismo de la rama radical de la burguesía catalana en busca de una solución militar al conflicto industrial. De 1920 a 1922, los industriales militantes cortejaron a los generales Arlegui y Martínez Anido, notorios por los asesinatos selectivos de cenetistas que habían llevado a cabo durante su servicio como jefe superior de policía y gobernador civil, respectivamente. La caída en actividades terroristas reflejaba el empeoramiento de la crisis político-estructural del Estado de la Restauración. Durante su etapa inicial, uno de los puntos fuertes del Estado monárquico había sido el uso de la fuerza institucional, la «política del máuser», como solía decirse por aquel entonces. Sin embargo, tras los cambios estructurales que trajo consigo la Primera Guerra Mundial, la dependencia del Estado en el uso de la violencia se convirtió en su mayor flaqueza. Aunque su uso hubiese sido eficaz en tanto y cuanto devolvió el control de las calles a las autoridades, no logró reforzar la autoridad política del Estado, ya de por sí débil, y sólo sirvió para poner en cuestión la supervivencia a largo plazo de la Restauración y engrosar las filas de la oposición antimonárquica.

El terror antisindical de los Libres tampoco apuntaló el frágil orden urbano; más bien, volvió más arriesgada la lucha por las calles. Ciertamente la represión no podía acabar con la CNT pues, durante el periodo de la posguerra, ésta contaba con la cobertura de las redes comunitarias de los barris para sobrevivir al ataque a su organización y sus activistas. Sin embargo, la ferocidad de la ofensiva antisindical de la posguerra tuvo un impacto profundo en el equilibrio interno de fuerzas de la CNT. Al comenzar la represión, la Confederación estaba dividida en tres facciones principales: los anarcosindicalistas, los anarquistas y los «sindicalistas comunistas», a favor de la revolución bolchevique[114]. Los anarcosindicalistas eran la fuerza predominante en el Comité Nacional de la CNT, y estaban especialmente interesados en temas de reclutamiento, expansión y estrategia sindical en el ámbito nacional, con el objetivo de desarrollar los sindicatos de masas y el sinfín de cuerpos que formaba la esfera pública de los trabajadores, como preludio necesario para la transformación revolucionaria de la sociedad. Sin embargo, la intransigencia patronal entorpeció el avance de este proyecto al cerrar muchos canales de protesta colectiva, lo que redujo el atractivo del anarcosindicalismo en círculos confederales. Además, como los anarcosindicalistas eran la cara más pública y visible de la CNT, pagaron un alto coste físico al ser muchos de ellos encarcelados y asesinados. Cuando las instituciones confederales tuvieron que pasar a la clandestinidad, el contexto social se radicalizó; así parecieron confirmarse los argumentos de los anarquistas militantes, dejándose de escuchar las voces moderadas de la Confederación. La iniciativa estaba ahora con los partidarios de la lucha armada contra el capital y los poderes públicos. Era el principio de una época conocida como «pistolerismo»[115].

Las guerrillas urbanas anarquistas, organizadas en grupos de afinidad, preferían las formas clandestinas de organización, y fomentaban los principios de la violencia individual y de pequeños grupos. Los llamados «grupistas» cumplían distintas funciones, como la formación de «cuadros de defensa» que proporcionaban guardaespaldas a destacados activistas y organizaban colectas armadas para los sindicatos en los lugares de trabajo y en las calles, una tarea peligrosa que conllevaba el riesgo de enfrentamientos con la policía, oficial o paralela. A cambio, el comité sindical compensaba económicamente por la pérdida de días de trabajo, cubriendo sus gastos en caso de que tuviesen que huir del país, y ocupándose de sus familias si eran detenidos. Conscientes de que los grupistas podían convertirse en una elite en el interior de la organización y quedar desconectados del mundo real obrero, los «expropiadores» recibían la paga diaria de un trabajador cualificado. Los grupistas defendían por la fuerza de las armas el derecho de la CNT a las calles, adoptando tácticas de acción directa cada vez más robustas. Los «grupos de acción» también llevaron la «guerra social» a la burguesía, mandando «anónimos» a los patronos y aplicando el principio de justicia de la lex talionis, «ajusticiamiento» en el lenguaje de los grupistas, que consistía en la persecución de los miembros de los Libres y del Sometent y de aquellos industriales y políticos que financiaban la represión de la CNT. (Uno de estos grupos de acción, El Metalúrgico, basado en el Sindicato Metalúrgico, asesinó al presidente Dato en 1919). Otra esfera importante de la actividad anarquista era el Comité Pro Presos, responsable del bienestar de los familiares a cargo de los activistas detenidos o muertos y de los costes legales de los militantes que esperaban juicio por acciones sindicales como la formación de piquetes. A finales de 1921, la espiral de represión hizo que el gasto de los Comités Pro Presos experimentase un crecimiento exponencial y que quedasen sus sindicatos privados de financiación y al borde del colapso, comprometiendo los principios de solidaridad activa de la CNT. Los grupistas respondieron a la situación con una serie de expropiaciones armadas audaces, asaltando bancos y confiscando nóminas, y entregando el dinero requisado a la Confederación. Aunque estos «hombres de acción» eran una pequeña minoría de los anarquistas, el hecho de que estuvieran dispuestos a arriesgar la vida por la causa les confería un estatus en los círculos de la CNT muy por encima de su presencia numérica.

Durante este periodo, algunos de los «grupos de acción» de mayor inclinación anarquista comenzaron a autofinanciarse mediante las expropiaciones, para así garantizar su autonomía[116]. Tal era el caso de Los Solidarios, que se convirtió en uno de los más importantes, y al que se atribuyeron algunas de las expropiaciones y asesinatos más impresionantes de la época[117]. Sus figuras principales eran Buenaventura Durruti, los hermanos Francisco y Domingo Ascaso, Aurelio Fernández, Ricardo Sanz y Juan García Oliver (véase foto 2.7). Sin embargo, la ambiciosa gama de actividades llevadas a cabo por este tipo de grupos requería el apoyo logístico y práctico que podían proporcionarles entre 10 y 20 miembros auxiliares. Los que contaban con una organización superior, como Los Solidarios, tenían simpatizantes cerca de los Pirineos, cuyos conocimientos tradicionales de los pasos de montaña facilitaban la entrada de armas de contrabando a España y permitía la huida de grupistas a Francia cuando había persecuciones[118]. De igual forma, en una gran ciudad como Barcelona era necesario organizar pisos francos para ayudar a los grupistas a eludir a la policía.

Foto 2.7. De izquierda a derecha, Bertha Favert, Francisco Ascaso, Emilienne Morin y Buenaventura Durruti en Bruselas, 1929, durante su exilio. Ascaso y Durruti con sus parejas francesas. (José Peirats, The CNT in the Spanish Revolution, vols. 1-3, ChristieBooks/Meltzer Press).

En lo que se refiere a la condición social de sus miembros, Los Solidarios pertenecían, generalmente, a la nueva clase obrera, surgida después de la Primera Guerra Mundial. En 1920, los miembros más importantes eran varones solteros, de 19 a 25 años de edad, con experiencia de trabajo no cualificado y eventual, en malas condiciones y carente de seguridad laboral (Durruti y Fernández eran mecánicos Francisco Ascaso y García Oliver, camareros). Algunos, como García Oliver, habían llegado a Barcelona en busca de trabajo; otros como Durruti y los hermanos Ascaso se habían sentido atraídos por la reputación bohemia y revolucionaria de la ciudad, aún mayor debido al pistolerismo que convirtió a la capital catalana en un imán para anarquistas procedentes de toda la geografía española[119]. Todos habían tenido contacto con el movimiento anarquista y/o sindical desde muy jóvenes y habían sufrido represalias en algún momento dado por parte de los patronos debido a su participación activa en las luchas sociales. Durruti, por ejemplo, fue sancionado por su militancia anarquista tras una huelga enconada en su León natal, siendo posteriormente despedido del trabajo y expulsado de la UGT por cometer actos de sabotaje. Sus experiencias cotidianas como trabajadores no cualificados, sin recursos de negociación y casi ninguna perspectiva de cambio gradual, sin duda moldearon su manera de actuar: aborrecían la política pues consideraban que no podía cambiar nada, y eran críticos acérrimos del ala anarcosindicalista de la CNT y de su énfasis en la movilización sindical, a su parecer no muy lejos del «reformismo». Como sedicentes «vengadores del pueblo», Los Solidarios daban prioridad a la lucha armada por encima de todo lo demás, convencidos de que la libertad sólo podía conseguirse pistola en mano. De hecho, tenían una concepción esencialmente militarista de la revolución: la actividad anarquista no debía tener como punto de partida la toma de medidas teóricas para el aumento de la conciencia a las que tanto tiempo dedicaban otros grupos, sino la acción violenta, el «gesto rebelde» que incitaría la insurrección[120].

Pese a que el golpe militar de Primo de Rivera en septiembre de 1923 puso fin a la era del pistolerismo, el legado que dejó fue profundo y muchos militantes de la CNT, sobre todo los grupistas, conservaron el hábito de llevar armas encima. La toma del poder de Primo de Rivera también puso de relieve algunas de las limitaciones tácticas del grupismo. En el preludio al golpe, los grupistas estaban atrapados en un círculo de violencia con las fuerzas de seguridad y las milicias de derechas, lo que unido a la sucesión de expropiaciones armadas y ataques a bancos había creado en las elites un sentimiento generalizado de inseguridad que ayudó a establecer un ambiente favorable al golpe. En pocas palabras, los grupistas carecían de un proyecto coherente para la transformación social y política de la sociedad: por más que asesinasen a un político detestado o a un patrón impopular, la estructura de poder sobreviviría y el muerto sería rápidamente reemplazado por otros «enemigos del pueblo», probablemente más represores aún que sus predecesores. Básicamente, los grupistas estaban llevando a cabo una campaña defensiva de retaguardia. Su coraje al enfrentarse a los pistoleros financiados por los patronos era incuestionable, pero fracasaron en el desarrollo de una estrategia política capaz de movilizar a un número importante de obreros. Ciertamente, muchos obreros veían con buenos ojos la lucha de los grupistas contra «ellos» (el Sometent, los Libres y la policía), y esta tolerancia hacia sus acciones implicaba que nunca serían traicionados. Desde un punto de vista más positivo, los grupos era una fuente de orgullo y fortaleza local para los obreras, que consideraban la muerte de detestados policías y capitalistas como actos de venganza proletaria. Sin embargo, su lucha era la lucha de un ejército de elite, con un esprit de corps y modus operandi propio y peculiar, lo que impuso una distancia relativa entre la mayor parte de la clase obrera y sus miembros, nunca más de 200. Con un número tan reducido, los grupos nunca lograron estar a la altura del ejército, ni tampoco sacar a la calle a un suficiente número de trabajadores como para resistir el golpe de Primo. Asimismo, los sindicatos no tenían suficiente capacidad para organizar una respuesta colectiva. La ofensiva patronal, la persecución de militantes en el lugar de trabajo y la campaña de asesinatos en las calles, habían pasado factura. (De 1919 a 1923, aparte de cientos de heridos, sólo en Barcelona y l’Hospitalet fueron asesinados 189 obreros, la mayoría cenetistas, frente a 21 patronos)[121]. Pese a que los obreros del transporte de la CNT paralizaron la ciudad entre mayo y julio de 1923, esto no fue nada comparado con la huelga de La Canadenca en 1919, y probablemente sólo sirvió para convencer a los patronos sobre la necesidad de poner fin de una vez por todas al sindicalismo revolucionario. Cuando se produjo el golpe, por tanto, la respuesta de la CNT fue meramente simbólica.

Al llegar al poder, Primo de Rivera dio mucha libertad a los sindicatos de derechas y reformistas, al tiempo que intentó cerrar la esfera pública proletaria relacionada con la CNT. Sin embargo, este espacio alternativo se había incrustado de tal forma en la rica sociedad civil de los barris que tan sólo podía erradicarse con una represión feroz, cuya escala superaba los planes de Primo. Así que muchos ateneos siguieron funcionando y, aún más importante, muchos otros exclusivamente anarquistas fueron establecidos durante este periodo que podría describirse como de activismo cultural y politización en los barris[122]. Los ateneos, junto a los grupos de excursionistas, proporcionaban cobertura a los activistas, que empezaron a reunirse al aire libre[123]. Como alternativa, éstos podían organizar reuniones en otras esferas de sociabilidad popular; un buen ejemplo serían los bares y cafés, que desde hacía décadas funcionaban como lugares de encuentro de anarquistas y anarcosindicalistas[124]. Por consiguiente, pese a que la CRT catalana (Confederación Regional del Trabajo) había sido prohibida en noviembre de 1924, los cenetistas continuaron organizándose en los barris, preservando las estructuras clandestinas en el trabajo y funcionando en los espacios tanto legales como clandestinos de los distritos obreros.

El movimiento cooperativo se convertiría asimismo en otro foro importante para la actividad de la CNT durante la dictadura. Joan Peiró, uno de los principales estrategas de la Confederación, alentó el trabajo de cenetistas en cooperativas obreras de consumo pues, a su parecer, éstas podían resultar útiles para financiar las empresas culturales y propagandísticas de los anarcosindicalistas[125]. Como ejemplo típico tenemos la cooperativa establecida en Sant Adrià, un poblado obrero de rápido crecimiento situado en las afueras del norte de la ciudad. El proyecto comenzó con una colecta comunitaria organizada por unos activistas de la CNT. Tras reunir suficiente dinero para comprar los materiales de construcción necesarios, miembros de la comunidad, carpinteros, albañiles y yeseros voluntarios, construyeron el edificio que alojaría a la cooperativa y que incluía una tienda y una panadería. Allí los miembros podían comprar alimentos a precio de costo y de la misma o mejor calidad que los que se vendían en las tiendas y mercados, quedando así los consumidores de clase obrera protegidos contra la explotación de los sectores comerciales[126]. La cooperativa también desempeñó un papel social y cultural importante en la comunidad local: tenía una librería, un bar con una mesa de billar, un café y una sección especial para los jóvenes del barrio; además acogía actividades culturales, clases nocturnas, charlas, obras de teatro, recitales musicales y clubes de excursionistas[127]. En términos generales, por tanto, las cooperativas ayudaron a mantener el espíritu orgulloso e independiente de los barris y la cultura de búsqueda de soluciones colectivas prácticas para los problemas colectivos de la vida diaria. La cooperativa también cumplía otras funciones menos manifiestas, como la organización de colectas para los presos confederales y sus familias[128]. Además, el hecho de que la toma de decisiones de las cooperativas se canalizara a través de un sistema de democracia directa, hizo que una nueva generación de obreros creciese socialmente bajo la cultura y prácticas democráticas de la CNT[129]. Así, incluso sin movilizarse en las calles, los obreros compartieron experiencias de autoorganización y actividad autónoma gracias a la vida asociativa de las cooperativas.

Gracias a su participación en asociaciones culturales y cooperativas de consumo, los cenetistas mantuvieron múltiples conexiones con los barris y reforzaron el nexo entre el sindicato y la comunidad. El cambio de las circunstancias políticas con el deterioro de la dictadura a finales de la década de 1920, permitió a los obreros movilizarse, transformando las redes de solidaridad en redes de resistencia. Fortalecidas por el crecimiento industrial y urbano que trajo el programa de obras públicas del dictador en Barcelona, estas redes aumentaron la base social potencial de la CNT. Fue por ello que el director general de Seguridad, general Emilio Mola, dijo en 1930: «Barcelona es el corazón de la CNT»[130]. Como veremos a partir del capítulo 3, todo estaba preparado para una nueva fase de la lucha entre el Estado y la esfera pública obrera.

CAPÍTULO 3

EL NACIMIENTO DE LA CIUDAD REPUBLICANA

Pasamos ahora a analizar el periodo en el que cayó la dictadura monárquica y surgió la Segunda República, examinando con mayor detenimiento las principales características de la política republicana en relación con la regulación del espacio público en Barcelona.

La dictadura de Primo de Rivera sólo logró zanjar temporalmente los conflictos provocados por la crisis de la legitimación del Estado español. En septiembre de 1929, con la caída de los mercados financieros internacionales, varios grupos importantes del bloque hegemónico, incluyendo ciertos sectores de las elites económicas y políticas tradicionales (la Corona, el clero, los latifundistas, la burguesía industrial y las fuerzas armadas), comenzaron a distanciarse de un régimen cada vez más impopular. Finalmente, en enero de 1930, Alfonso XIII reemplazó la dictadura de Primo de Rivera por la «dictablanda» del general Dámaso Berenguer, encargado de preparar las condiciones políticas necesarias para unas nuevas elecciones bajo una monarquía constitucional reconstruida. El principal partidario de este proyecto en Barcelona fue la Lliga, que aspiraba a convertirse en la fuerza clave de la futura monarquía parlamentaria. Como la mayor parte de la alta burguesía barcelonesa que representaba, la Lliga mostró especial empeño en salvaguardar el «principio de autoridad» durante este periodo de cambio, ya que a su parecer la monarquía era la principal estructura de poder en España[1]. En febrero de 1930, Alfonso XIII nombró como alcalde de Barcelona al conde Juan Antonio Güell, miembro de la Lliga, recalcando, así, la alianza de ipso entre el partido de la gran empresa y la corona española[2].

Sin embargo, la Lliga, junto a muchos otros conservadores españoles, pasaron por alto el hecho de que al pisotear en 1923 la Constitución de 1876, el Rey había frustrado cualquier posibilidad de recrear una monarquía constitucional en la década de 1930. No sólo habían quedado abolidos los partidos dinásticos responsables de la ficticia «democracia de la Restauración», sino que además, muchos políticos monárquicos consideraban al Rey como un oportunista entrometido. Por otro lado, con su supuesta deslealtad e ingratitud hacia Primo de Rivera, el Rey logró ofender a grupos importantes dentro del cuerpo de oficiales del ejército, partero y verdugo de la Restauración. Entre 1930 y 1931, varios oficiales que en el pasado habían sido monárquicos aceptaron la formación de un nuevo pacto político, y se unieron a soldados republicanos liberales para forjar vínculos con la oposición. La creciente ambivalencia de la «guardia pretoriana» del Rey resultó funesta para la monarquía, que tanto había dependido de la represión y tan poco había desarrollado mecanismos ideológicos con los que sostener su poder.

El contexto económico entorpeció igualmente los planes de Berenguer para la restauración de las libertades políticas y civiles. Pese a que el impacto del crack de Wall Street en España no fue demasiado fuerte, dada la limitada integración de la economía nacional en la economía global, la conclusión repentina de los ambiciosos esquemas de obras públicas de Primo de Rivera aumentó considerablemente el desempleo, agravado asimismo por la clausura de la Exposición Universal de 1929 que dejó a la industria de la construcción barcelonesa en un estado caótico. Además, el subdesarrollo del sistema del bienestar al que nos referimos en el capítulo 1 acrecentó aún más d impacto social del paro. A principios de 1930, la Iglesia y los cuerpos municipales no podían compensar la limitada beneficiencia pública que ofrecía el Estado al creciente número de obreros sin empleo[3]. Por ello, con la apertura de espacios legales, como la legalización de la CNT en abril de 1930, hizo acto de presencia la disidencia social. Los obreros no cualificados y los parados formaron la vanguardia de estas protestas. Ese septiembre, los obreros de la construcción de la CNT convocaron una huelga en Barcelona y muchos parados se manifestaron en las calles, produciéndose varios enfrentamientos violentos con la policía. También quedaron a la vista las estrategias de autoayuda de los parados, como la venta ambulante y otros actos ilegales, especialmente en los grupos de cases barates y sus alrededores, el Raval y partes de l’Hospitalet[4]. Finalmente, en febrero de 1931, tras una subida de la inflación y nuevas protestas sociales, Berenguer decretó la disolución de la CNT[5]. Incapaz de marcar el rumbo entre la reforma y la represión, el general dimitiría ese mismo mes y fue reemplazado por el almirante Aznar, quien formaría el último gobierno de la monarquía.

Las protestas de la CNT de 1930 y 1931 formaban parte de un conjunto más amplio de movilizaciones que recalcaba el aislamiento cada vez mayor del Rey, lo que pudo verse sobre todo en la vuelta del republicanismo, un movimiento liberal y progresista de clase media contra la monarquía. El mensaje central del republicanismo era que el «pueblo» (una comunidad moral compuesta por la clase media y obrera de la España urbana y rural) debía unirse para derrocar a los gobiernos corruptos de la monarquía que funcionaban en beneficio de una camarilla restringida de oligarcas, y reemplazarlos por un sistema representativo de gobernanza basado en una democracia política completa, extendiendo las libertades civiles y el sufragio universal a toda la sociedad. A través del voto y de los derechos de ciudadanía, el «pueblo» expresaría su deseo democrático de reforma social y restringiría el poder de la ególatra oligarquía, creando entonces una sociedad justa[6].

Pese a que el republicanismo había sido popular en Barcelona durante un breve periodo a principios del siglo XX, el surgimiento de organizaciones autónomas de clase obrera socavó su influencia. A partir de ese momento, el sindicalismo revolucionario se convirtió en el más firme adversario de la monarquía[7]. Las condiciones políticas de la dictadura, no obstante, dotaron al movimiento sindical y al movimiento republicano de un enemigo común y un rumbo compartido. Durante el primer periodo de la dictadura, los anarquistas y republicanos exiliados organizaron una serie de complots armados para reemplazar la dictadura y la monarquía por una democracia. Sin amedrentarse ante el fracaso de estas acciones, los movimientos sindicalistas y republicanos adoptaron entonces una táctica más gradual, que culminaría en el Pacto de San Sebastián de agosto de 1930 y el establecimiento del «Comité Revolucionario», apoyado por una gran coalición del sector socialdemócrata del movimiento sindical y una miríada de agrupaciones republicanas[8]. Fiel a su antipoliticismo oficial, la CNT se negó a firmar el Pacto pero se comprometió a trabajar desde las calles para el cumplimiento de sus objetivos, accediendo a apoyar la huelga general contra la monarquía[9].

El anuncio de las elecciones municipales del 12 abril de 1931 brindó la oportunidad tanto a monárquicos como a los partidarios del Pacto de San Sebastián de poner a prueba a la opinión pública: para los primeros, un resultado favorable prepararía el terreno para las elecciones generales y el establecimiento de una monarquía constitucional; para los segundos, las elecciones de abril eran un plebiscito sobre el futuro de la monarquía[10]. Antes de las elecciones, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) era el partido de oposición más enérgico y dinámico, y entre sus expectativas estaba la concesión de autonomía por parte de la futura república española. A menudo considerada como ejemplo del «nuevo» republicanismo de las décadas de 1920 y 1930, la ERC había sido fundada en marzo de 1931 sobre una ola de sentimientos antimonárquicos y nacionalistas estimulados por la dictadura, y estaba formada por una coalición electoral de varios grupos pequeños republicanos y catalanistas radicales que dominaría la política catalana en los años anteriores a la Guerra Civil[11].

La mayor fortaleza de Esquerra era su populismo, que la ayudó a sintonizar con el malestar de los diversos sectores políticos y sociales marginados por la dictadura. Su ala nacionalista radical de extrema derecha explotó la desintegración de la antigua base de apoyo de la Lliga, resultado de los compromisos de esta última con la monarquía. Esta facción incluía a un pequeño grupo de catalanes xenófobos como el notorio racista Pere Mártir Rossell y los criptofascistas Miquel Badia y Josep Dencàs, que despreciaban a la clase obrera «descatalanizada». Pero la figura principal de ERC era el septuagenario Francesc Macià, conocido popularmente y de forma afectuosa como el L’Avi («El abuelo»). Procedente de una familia conservadora y aristocrática, Macià obtuvo el rango de coronel en el ejército español antes de dimitir en protesta por los sentimientos anticatalanistas del cuerpo de oficiales[12]. A partir de entonces, Macià encarnaría la resistencia catalana a la dictadura y la monarquía con un historial importante de oposición militar, organizando frustrados complots armados con la ayuda de aliados en los movimientos anarquistas y comunistas. Conscientes de las injusticias perpetradas contra las «clases populares», incluyendo a los obreros inmigrantes, Macià y el ala izquierdista «obrerista» de ERC intentaron acercarse al movimiento sindical, prometiendo la supresión de la legislación corporativista de Primo de Rivera y sus Comités Paritarios, antitesis de las tradiciones confederales de acción directa. Algunos miembros de Esquerra incluso llegaron a hablar de la «democracia obrera»[13].

No fue una coincidencia que la conferencia fundacional de ERC se celebrase en el barri obrero de Sants. Dada la desconfianza generalizada que inspiraban los políticos en los barris, donde el catalanismo a menudo se identificaba con la Lliga burguesa, ERC quería presentarse como «la auténtica fuerza antidinástica de Cataluña»[14], cuyo objetivo era armonizar «la idea de Cataluña con la reparación de injusticias sociales»[15]. Pese a tener su propia estrategia electoral, Esquerra intentó sintonizar con las tradiciones revolucionarias locales, definiéndose a sí misma como «el partido de la revolución» que iba a iniciar «la liberación de la nación no sólo de la intromisión de la iglesia sino también de la dirección capitalista»[16]. ERC había hecho la promesa específica de «legislar especialmente para la clase obrera» para que tuviese «el derecho de vivir con plena seguridad y dignidad»[17]. Así, propuso medidas concretas para aliviar la miseria inmediata de la mayoría de los obreros oprimidos, incluyendo la promulgación de legislación antiinflacionaria para equiparar los sueldos con el coste de la vida, la implantación de un salario mínimo, la reforma de la sanidad y la asistencia social y la reducción de la jornada laboral, a seis horas en el caso de aquellas industrias en las que el desempleo estaba causando estragos[18]. Aparte de su promesa de aumentar los servicios públicos, Esquerra se comprometió a llevar la cultura hasta la clase obrera urbana a través de un ambicioso programa de construcción de colegios[19]. El partido también prometió una revolución en la vivienda: la creación de una «ciudad jardín» en la que todos los obreros tuviesen «la caseta i l’hortet» (una casa y una huerta), como decía la famosa promesa de Macià[20]. En resumen, ERC proponía la creación de una ciudad democrática republicana.

Todas estas promesas serían consagradas por la ley. Así, a diferencia de la monarquía, cuyo Estado había obstaculizado los esfuerzos del movimiento sindical para defender los intereses de sus miembros, la República les ofrecería «protección legal efectiva», incluyendo la «libertad y derecho de huelga» a los sindicatos[21]. En su «programa de gobierno», Esquerra se comprometía a proporcionar toda una serie de libertades civiles, «individuales y colectivas»: la total libertad de prensa, el fin de la censura, el derecho a la educación gratuita y obligatoria, y la «igualdad frente a la ley». La reforma policial también ocupaba un lugar primordial en la lista de prioridades de ERC: se pondría fin al «terrorismo gubernamental» de las estrategias monárquicas de control público, que utilizaba a las fuerzas de seguridad «contra las personas honradas» a través de prácticas «infames» como la detención gubernativa; ERC llegó a sugerir la disolución de la policía, reemplazándola por una «guardia cívica» controlada democráticamente[22]. Otro aspecto central del programa de reformas de Esquerra era su compromiso radical a renunciar a las deudas contraídas por los «ladrones de la Exposición» (la coalición de políticos locales, latifundistas, industriales y especuladores inmobiliarios) a cargo del Ayuntamiento durante la dictadura. A base de «empobrecer la ciudad», estos «gángsteres de Barcelona» se habían enriquecido dejando al Ayuntamiento con un déficit descomunal equivalente a la deuda nacional de Portugal: en 1930, el 44 por ciento del presupuesto municipal tuvo que ser dedicado al pago de préstamos[23]. Obviamente, si ERC pagaba las deudas de las administraciones anteriores, no quedarían fondos para financiar su proyecto de una ciudad democrática republicana[24].

Este programa de reformas fue ampliamente diseminado en círculos obreros a través de la prensa y la radio, y del boca a boca durante mítines y concentraciones. Macià fue un enlace especialmente importante entre las masas y ERC; su forma oratoria directa y apasionada comunicaba un sentido de honradez y una preocupación hacia los obreros nunca antes vistos en un político. Y, sin embargo, el atractivo de Esquerra para los votantes de clase obrera se entiende mejor en términos de su relación con la CNT. Tras defender a cenetistas ante los tribunales y sufrir en sus carnes los efectos de la represión monárquica durante el periodo del pistolerismo, como la deportación y la amenaza de asesinato, varios miembros fundadores de ERC, entre ellos los abogados Lluís Companys y Joan Casanovas, adquirieron un prestigio considerable en círculos de la dirección confederal de Barcelona[25]. Más adelante, durante la dictadura, republicanos, separatistas radicales y cenetistas ocuparon el mismo espacio político de oposición, bien fuese en la cárcel, exiliados en París y Bruselas o en la lucha clandestina barcelonesa. Un activista de ERC, el doctor Jaume Aiguader, conocido como el «médico del pueblo», y primer alcalde de la Barcelona republicana, había coqueteado con el anarquismo en la década de 1920, cuando permitió la utilización de su consulta en Sants como lugar de encuentros clandestinos tanto de republicanos como de cenetistas[26]. La promesa de ERC de un nuevo marco judicial para las relaciones industriales aumentó su atractivo ante los activistas de la CNT. De todos los partidos, Esquerra era el grupo que se había mostrado más dispuesto a desmantelar los Comités Paritarios; este compromiso verbal con las libertades sindicales era suficiente para convencer, incluso a los organizadores confederales más antipolíticos, de que el movimiento sindical tendría al menos la oportunidad de luchar por los intereses de la clase obrera, cumpliese o no Esquerra con las reformas sociales prometidas[27].

Se puede concluir, por tanto, que de cara a las elecciones de abril, la CNT creó un clima favorable a ERC en los barris. A medida que los comicios se fueron acercando, las asambleas de Esquerra no sólo se anunciaban en Solidaridad Obrera sino que, además, muchos cenetistas destacados, tanto anarcosindicalistas como anarquistas, participaron en los mismos mano a mano con activistas esquerristas para protestar contra la represión gubernamental y exigir la amnistía de los presos políticos y sociales[28]. Aunque públicamente los cenetistas no pedían el voto para ERC, el hecho de compartir plataforma con sus activistas, algunos de los cuales eran candidatos electorales, tenía que ser interpretado como muestra de respaldo a la candidatura de este partido. La prensa de la CNT también contribuyó al culto creciente que rodeaba a Macià, registrando su «admiración» al «idealismo» y «historial político tan limpio» del «apóstol de las libertades catalanas», «rebelde indomable», «luchador invicto», «venerable figura»[29]. Además de alabar a ERC como el partido de los «hombres más distinguidos de la democracia catalana», Solidaridad Obrera describía peyorativamente a sus rivales: los «corruptos» Radicales, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) «socialfascista», y la Lliga «fascista», cuyo líder Cambó era el «padre de los terroristas del Sindicato Libre»[30].

Sería un error concluir que la política populista de ERC de algún modo había seducido a las masas o líderes confederales. Más bien, el apoyo de la CNT a Esquerra estaba relacionado con la tradición apolítica de la Confederación. Como vimos en los capítulos anteriores, fieles a la ortodoxia anarcosindicalista, la CNT se oponía a la política convencional, considerada como una forma más de esclavizar a la clase obrera. Por ello, solía recomendar a los obreros que se abstuviesen de participar en la «farsa electoral». Sin embargo, en la primavera de 1931, la presión de las circunstancias (la necesidad de abolir los Comités Paritarios y lograr la amnistía de sus activistas encarcelados), y una serie de cálculos racionales basados en estos factores, disuadieron a los líderes de la CNT de apoyar el boicot electoral, una opción que probablemente pondría el poder en manos de la derecha, dejando a la monarquía intacta, a los presos en la cárcel y a la CNT frente a un futuro legal incierto[31]. Pese a que la dirección cenetista no pidió directamente la participación al voto en las elecciones, sí adoptó una postura ambigua diciendo que las elecciones eran un tema de conciencia, lo que en la práctica daba carta blanca a los obreros para votar por los republicanos como «mal menor»[32]. Así, el día de las elecciones, hubo un ajetreo tremendo en los principales distritos de clase obrera, especialmente en el Raval, lugar en el que, según Las Noticias, a la salida de los colegios electorales podía observarse una «gran concurrencia de electores […] la animación era extraordinaria»[33]. Como explicaría más adelante Peiró, el secretario catalán de la CRT durante las elecciones, las masas «sentían irresistibles ansias de cambiar el decorado político de España»[34].

Dos días después de las elecciones, el 14 de abril, se cumplieron los deseos de la oposición antimonárquica. En las zonas urbanas, donde las elecciones no podían ser amañadas con la misma eficacia del periodo de la Restauración, una mayoría aplastante de votantes dio su apoyo a los partidos del Pacto de San Sebastián. En Barcelona, los pro republicanos ganaron 38 de los 50 escaños municipales; los otros 12 fueron para la Lliga monárquica[35]. La gran vencedora fue ERC, que obtuvo el 31 por ciento de los votos y 24 escaños. Curiosamente, los dos partidos más grandes y mejor organizados del Pacto de San Sebastián, los Radicales y el PSOE, las fuerzas políticas más importantes de la Segunda República, no salieron muy bien parados en Barcelona, donde ganaron tan sólo 12 concejales (10 los Radicales).

La victoria de los partidos antimonárquicos fue ampliamente celebrada por el pueblo. Las fábricas de Barcelona se quedaron vacías y miles de personas, entre éstas cenetistas y obreros, se echaron a las calles. Incluso en los barris más proletarios de la ciudad se dieron manifestaciones pro republicanas[36]. En l’Hospitalet, los obreros abandonaron sus puestos de trabajo y salieron a las calles cantando «La Marsellesa»[37]. Como muestra de las esperanzas puestas en Esquerra, así como del oprobio que se sentía por la Lliga, las masas gritaron unidas «Visca Macià! Mori Cambó!»[38]. El ambiente era más de fiesta que de venganza, aunque Cambó considerase prudente huir del país en ese momento[39]. A la hora del almuerzo, la multitud jubilosa de los barris se dirigió al centro de la ciudad. El clamor en la calle era cada vez más fuerte y los políticos republicanos decidieron finalmente entrar en acción: pasada la una de la tarde, Macià apareció en el balcón de la Generalitat, antigua plaza del parlamento medieval de Cataluña en el centro de Barcelona, y allí proclamó la «República Catalana dentro de la República Federal Española»[40]. En Madrid, los miembros del «Comité Revolucionario», más precavidos, esperaban el asentimiento del ejército para dar el mismo paso. Una vez el alto mando militar hizo saber que no defendería a la monarquía, la Segunda República quedó proclamada[41].

Cuando las noticias de Madrid llegaron a la ciudad, las calles de Barcelona estaban ya en plena fiesta democrática. Macià fue recibido por una enorme multitud que entonaba «La Marsellesa» frente a la Generalitat en la Plaza de Sant Jaume, rebautizada poco después como Plaza de la República (véase foto 3.1)[42]. Los festejos de las calles atrajeron a las masas en el sentido más amplio de la palabra, y allí se entremezclaron las clases medias y las bajas[43]. Al final de las Ramblas, grupos numerosos de obreros agitaban banderas rojas coreando «La Internacional», junto a aquellos que llevaban banderas republicanas. Contagiados de este nuevo espíritu fraternal, los conductores de autobuses y tranvías dejaron a la gente viajar gratis por la ciudad[44]. Todavía más significativo fue el hecho de la que la disciplina de las fuerzas de seguridad se rompiese parcialmente al unirse los miembros de la policía y escuadrones de caballería a los festejos callejeros, que duraron hasta altas horas de la madrugada.

Foto 3.1. Una gran muchedumbre celebra la proclamación de la Segunda República frente al edificio de la Generalitat y el Ayuntamiento, 14 de abril de 1931. La plaza pronto sería rebautizada Plaza de la República.

A pesar de la expresión colectiva de júbilo que causó la llegada de la República, había también indicios en las calles de que las masas esperaban el cambio impacientes. Poco después de la proclamación de la República, los cenetistas se dirigieron a la cárcel Modelo para liberar a sus camaradas; los registros carcelarios fueron destruidos en una operación muy organizada de dos horas de duración. Poco después, las presas también fueron liberadas de la cárcel de la calle Amalia en el Raval, lo que ocurrió pacíficamente, en concordancia con el ambiente imperante, dando lugar a otra celebración callejera entre manifestantes, presos liberados y miembros de la comunidad[45]. Había signos, sin embargo, de que los odios acumulados durante décadas de represión monárquica podían desembocar en confrontaciones callejeras violentas. Entre el 15 y 16 de abril, la Guardia Civil tuvo que defender el Tribunal de Justicia de Barcelona contra una muchedumbre que quería destruir los registros judiciales. Asimismo, el 15 de abril, unos oficiales de policía dispararon sin previo aviso sobre una multitud que protestaba frente a la jefatura de la Brigada Policial especializada en Anarquismo y Sindicalismo. Por fortuna, nadie salió herido[46].

A fin de mantener la lealtad de las masas en los barris, los republicanos no tenían más remedio que ponerse en acción inmediatamente para lograr, parte al menos, de las aspiraciones populares que ellos mismo habían despertado antes de las elecciones. En concreto, tenían que lidiar con las necesidades materiales de los sectores más desfavorecidos de la clase obrera y controlar las calles, de forma que se cambiara la percepción popular de la autoridad. En un principio, y mostrando un cierto grado de ingenuidad, Macià pensó lograr este fin mediante la incorporación de la CNT a un gobierno de unión nacional. Sin embargo, hasta para los cenetistas más moderados, semejante idea era una abominación que hubiera provocado, sin duda, la división del sindicato[47]. Así, tan sólo la izquierda reformista, la minúscula USC (Unió Socialista de Catalunya) y la UGT, carente de influencia en los barris, entraron en el gabinete de Macià[48].

La discrepancia respecto a la descentralización del Estado entre los republicanos de Barcelona y los de Madrid suponía un problema más al que el proyecto político de Macià tenía que hacer frente. Al declarar el 14 de abril una «República Catalana dentro de la República Federal Española», Macià había quebrantado los objetivos acordados en el Pacto de San Sebastián. Los republicanos de Madrid se encontraron, por tanto, ante un auténtico dilema ya que debían evitar a toda costa que el ejército, tradicionalmente centralista, identificase la proclamación de la República con la disolución aparente del Estado español. Con el fin de cambiar la postura de Macià, una delegación gubernamental llegó a Barcelona el 15 de abril. Fernando de los Ríos, un astuto socialista andaluz con amplios conocimientos de historia catalana, propuso a Macià que aceptase la restitución del poder del Estado central con la garantía de que luego sería delegado gradualmente al gobierno restablecido de la Generalitat. Pese a su promesa del día anterior de dar la vida por la República catalana, Macià aceptó la propuesta por «solidaridad republicana». El gobierno provisional de Madrid reconoció oficialmente a la nueva Generalitat el 21 de abril: la efímera República catalana y la libertad de movimiento de Macià habían durado apenas tres días[49]. Es sorprendente que el líder catalán no lograse ninguna concesión verdadera del gobierno central a cambio de este viraje, o por lo menos algún tipo de garantía sobre la rapidez con que el proceso de descentralización sería llevado a cabo por los republicanos en Madrid, más conservadores, en una fecha sin determinar de un futuro político impredecible. En el ínterin, el Ayuntamiento de Barcelona y los consistorios repartidos por toda Cataluña serían las únicas fuentes de poder de Esquerra. Sin embargo, tras cien años de administración central, estos espacios políticos locales eran más bien débiles y, por tanto, constituían una mala base sobre la que erigir la reforma de los servicios públicos urbanos. Además, el gobierno central y las instituciones financieras internacionales obligaron a Esquerra a renegar del compromiso asumido con anterioridad de anular las deudas del ayuntamiento de Barcelona, al considerar que este acto constituía de ipso la confiscación del capital bancario. Indalecio Prieto, el ministro de finanzas del PSOE, se mostró obsesionado por apaciguar a los financieros domésticos e internacionales, nivelando el presupuesto y liquidando las deudas contraídas antaño por los gobiernos monárquicos[50]. Además, Prieto era muy receloso de la postura reformista de ERC y congeló todos los préstamos y financiación estatal al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat, obligando a estos cuerpos a operar durante los siguientes años con déficit presupuestario[51].

Al dar prioridad al control presupuestario por encima de todo lo demás, las autoridades republicanas en Madrid y Barcelona no pudieron cumplir con sus promesas electorales de un «programa de reformas» de obras públicas y asistencia a los parados. Incluso cuando se pusieron en marcha nuevos organismos para lidiar con el desempleo, como la Caja Nacional para el Paro Forzoso creada por el gobierno central en 1931, éstos estaban plagados de restricciones y no eran mucho más que una muestra de buenas intenciones[52]. Mientras tanto, el instinto centralista de Prieto hizo que el gobierno de Madrid se negase a liberar recursos, ya de por sí escasos, para contrarrestar el desempleo y la exclusión social en Barcelona[53]. Según un estudio de Albert Balcells sobre el desempleo en Cataluña, en febrero de 1933, casi dos años después de la proclamación de la República, tan sólo un 2,4 por ciento de los parados recibía algún tipo de subsidio estatal, y éste era de carácter meramente temporal[54]. La principal iniciativa de ERC a favor de los parados fue la creación de la Comissió Pro-Obrers sense Treball (Comisión de los Trabajadores Desempleados). Pese a describir la falta de trabajo como «uno de los problemas más importantes que se le presentan a la República»[55] antes de las primeras elecciones democráticas de 1931, lo que sin duda atrajo a muchos votantes en paro, Esquerra y sus partidarios cambiaron de postura una vez en el poder. Serra i Monet, director de la Comissió Pro-Obrers sense Treball de la USC, declaró ante los periodistas que «el paro forzoso no es tan grave», mientras que su aliado en la Generalitat, Esquerra, describió el problema como «poco alarmante»[56]. ERC también negó su responsabilidad frente al desempleo, tachando el problema de herencia desafortunada de la monarquía. En términos prácticos, el partido catalán ofrecía poco más que comedores populares, bonos de comida y huertas, justificando el cambio súbito de su discurso democrático respecto al subsidio de desempleo con el argumento de que las ayudas estatales eran «inmorales» porque creaban una «casta nueva» entre los parados, y dentro de la clase obrera[57].

En realidad, la legalidad democrática era para los republicanos sinónimo de reforma. Tenían una visión utópica de lo judicial, una fijación con la legalidad de los procesos y formas y los aspectos judiciales de la igualdad, sin duda influida por la preponderancia de abogados en sus filas. Los republicanos carecían de una teoría coherente sobre el poder del Estado: asumían que el Estado y sus leyes eran esencialmente entidades neutrales que podían funcionar en beneficio de todos los ciudadanos, administrando justicia para todos por igual. Esto puede verse, por ejemplo, en el eslogan del periódico republicano barcelonés La Calle: «República, ley, justicia»[58]. Mientras que el Estado monárquico había sido extremista y brutal, sin restricciones legales, el republicano daría protección judicial a la sociedad civil, creando un nuevo equilibrio entre los mecanismos de poder represivos y los conciliadores. Siguiendo este razonamiento, los republicanos esperaban reconstituir y racionalizar la autoridad, lo que pondría fin a la crisis del poder estatal al imbuirlo de legitimidad popular. El Artículo 1 de la Constitución, que definía España como una «república de trabajadores de todas las clases», revela las vagas abstracciones de la mente republicana. Pese a que la Constitución presuponía la paridad ante la ley de ricos y pobres, el énfasis recaía en la igualdad formal, no sustantiva; de hecho, a lo largo del periodo republicano, los sucesivos gobiernos, con o sin representación socialista, siguieron una política económica liberal y tradicional. Los republicanos, por tanto, asumieron ingenuamente que el rango y la condición social no afectarían al proceso legal, convencidos de que las fuerzas del mercado caóticas y desordenadas podían ser reorganizadas con el esfuerzo de los organismos públicos progresistas, sin tener que limitar la libertad de los intereses privados. De esta forma, ignoraban que las desigualdades estructurales y el sistema de poder clasista, heredado del periodo monárquico, podían socavar la eficacia de la legislación. Además, al mantener la ficción de la igualdad legal, la ley republicana estaba reforzando realmente el statu quo socioeconómico, convirtiéndose en el garante de la desigualdad. Así, mientras que la República trajo consigo más libertades civiles y políticas, no se produjo ningún cambio significativo sobre la desigualdad social y la compulsión económica cotidiana que pesaban sobre la clase obrera.

«La república del orden»

Existe una clara diferencia entre el discurso y la práctica del republicanismo en la oposición, fuerza política y social progresista y antimonárquica, incluso radical, que acentúa la importancia de la «libertad», y el republicanismo en el poder, que persigue el sueño de las clases medias de un mundo ordenado[59]. Este énfasis en el orden fue evidente desde el nacimiento mismo de la democracia, cuando Macià declaró: «Todos aquellos, pues, que perturben el orden de la nueva República Catalana, serán considerados como agentes provocadores y traidores contra la patria»[60]. Aquella tarde, durante la primera sesión del «consistorio revolucionario republicano», el nuevo alcalde Aiguader definió la función del Ayuntamiento como la «defensa del orden en la calle»[61]. Más adelante, Companys, el primer gobernador civil de Barcelona, elaboraría estos temas al poner de relieve la necesidad de «disciplina» en la «república del orden», y prometer serias medidas contra aquellos que representaban «la negación de autoridad». En su opinión, sólo ampliando el cuerpo de policía podía garantizarse la «paz social» y evitar «el poder de las masas en la ciudad»[62]. Estos temores eran aún mayores entre los miembros del gobierno central, más conservadores que sus homólogos catalanes como, por ejemplo, Miguel Maura, un neófito republicano y, en su día, un monárquico fanático. Preocupado por lo que a su parecer era el «ambiente prerrevolucionario» y la «alternativa peligrosa» de la izquierda revolucionaria, Maura se incorporó al primer gobierno republicano como ministro de Gobernación, con la intención de sofocar la «ira popular» y el «bullicio» que a su entender habían tomado las calles[63]. Según Manuel Azaña, presidente del Gobierno de 1931 a 1933, Maura estaba obsesionado con la «subversión» y «vomitaba decretos draconianos» en los consejos de ministros. Azaña, sin embargo, estaba de acuerdo con la percepción de éste sobre la necesidad de una política enérgica que hiciese de la República un Estado temible[64].

Sería una equivocación, sin embargo, concluir que tras el 14 de abril los republicanos relegaron con cinismo la libertad en favor de una búsqueda oportuna del orden. Más bien, tras la caída de la Primera República en el desprestigio y la confusión política en 1873, el orden se había convertido en el sello de la cultura republicana tradicional, y únicamente fue desplazado a un segundo lugar por la naturaleza antioligárquica de la propaganda republicana durante la última etapa de la lucha contra la monarquía. Quizás el mejor reflejo del resurgimiento del «orden» como prioridad política por excelencia sea ERC, posiblemente la facción más radical del movimiento republicano. Aunque superficialmente el «nuevo» republicanismo de ERC pareciese más dinámico y original que el republicanismo «histórico», en realidad mostraba características republicanas tradicionales: la idealización de las libertades democráticas burguesas y el proceso legal, panacea de todas las injusticias y problemas del pasado[65]; la creencia de la sociedad como ente esencialmente armónico cuyos ciudadanos contribuyen al bienestar del organismo social[66]; y la visión modernista de la ciudad como un espacio democratizado, sin jerarquías, accesible a todos los ciudadanos por igual. Tras un examen detallado, resulta evidente que en Esquerra el nacionalismo pesaba más que el reformismo social. En términos sustantivos, su proyecto de modernización y de reconstrucción nacional tenía muchas similitudes con el de la Lliga. De hecho, ERC estaba inspirada en el idealismo típico de la intelectualidad nacionalista de clase media de esta época, mostrando una fe ciega en las propiedades recuperativas de la autodeterminación nacional y la expectativa utópica de que la independencia terminaría ipso facto con la opresión nacional y de clase.

La singularidad de ERC, sin embargo, era su retórica populista, reflejo de su deseo de integrar a la clase obrera en una democracia burguesa socialmente inclusiva, basada en la economía de mercado. En lo retórico, ERC combinaba el ansia de prosperidad de la clase media con el deseo de orden de la burguesía y los sentimientos de igualdad asociados a la clase obrera. De esta forma, Esquerra se veía a sí misma como la fuerza mediadora entre las dos clases principales de la sociedad catalana. En la práctica, sin embargo, pese a todas sus promesas de reforma, el principal interés de ERC, incluyendo a su ala izquierdista y a sus aliados socialistas de la USC, era la reintegración política en la sociedad catalana de sectores previamente desafectos y disidentes. Así, para ERC y la USC, «problemas» como el conflicto industrial y la violencia anarquista no hacían sino coartar la evolución de una cultura cívica rica y el «progreso» de Cataluña[67]. Igualmente, la intención de Esquerra de mejorar la vida cotidiana de los desposeídos mostraba en gran parte la pomposidad de los filántropos de la década de 1880: las clases medias podían atender a las necesidades de la clase obrera mejor que nadie, civilizando a los «desilustrados» con la reforma y la educación. Problemas sociales como la violencia, la pobreza, el alcoholismo y el libertinaje sexual, eran considerados esencialmente problemas obreros que podían resolverse a través de la integración de todos los ciudadanos en la nación republicana[68].

Muchos historiadores han utilizado la compleja base social de ERC como prueba su composición interclasista[69]. Efectivamente, debido a la estructura social catalana urbana y rural a la vez, Esquerra fue capaz de obtener una base social más grande que los grupos republicanos «históricos». Sin embargo, al analizar con detenimiento su composición social y su política, se puede ver que ERC representaba intereses específicos, con una plataforma clara de apoyo en los sectores intermedios de la Cataluña urbana y rural, los llamados rabassaires, acérrimos nacionalistas que veían en Esquerra un contrapeso al nacionalismo elitista de la Lliga, representante política de los terratenientes catalanes y de los sectores urbanos intermedios, pequeños propietarios y tenderos. Sin duda, Esquerra tenía simpatizantes entre industriales, pequeños industriales y empresarios, pero se trataba de una minoría. Lo mismo ocurría con el apoyo obrero, procedente principalmente de los trabajadores administrativos, oficinistas y dependientes[70]. Esto puede verse en la geografía social de los casals (clubes nacionalistas) de ERC en Barcelona: los más grandes y activos se encontraban en distritos como Gracia, más populares que proletarios. Por el contrario, en los feudos de la clase obrera como el Raval y La Torrassa, los centros de Esquerra tenían pocos afiliados y una existencia más bien frágil[71]. En lo que se refiere a la dirección de ERC, encajaba mejor con el perfil de los partidos republicanos «históricos»: sus miembros procedían de la pequeña burguesía, de las clases medias y, en especial, de la intelectualidad de los sectores intermedios profesionales y tecnócratas (abogados, ingenieros industriales, médicos y funcionarios), que sin estar implicados directamente en la lucha de clases habían establecido fuertes vínculos con la industria y compartían su interés por el «progreso» y el «orden»[72].

A diferencia de lo ocurrido bajo la monarquía y la dictadura, cuando la represión estatal estaba al servicio de los intereses de una reducida elite económica, la ideología republicana del orden era, según sus partidarios, democrática. En el proyecto republicano, el «orden» y la «libertad» eran conceptos inseparables: el principal axioma de la gobernanza consistía en que sin orden los políticos no lograrían consolidar la democracia ni llevar a cabo las reformas, por muy perspicaces que fuesen[73]. Como dijo un destacado activista de la ERC, «si la monarquía era el desorden, la República tiene que ser el orden»[74]. De esta forma, los representantes elegidos por el pueblo podrían determinar el ritmo del cambio desde arriba, sin el obstáculo de una clase obrera movilizada que debía aguardar con paciencia y pasividad la llegada de las reformas promulgadas por los profesionales educados de clase media[75]. Sin embargo, la República corría el peligro de que una sección de las masas culturalmente retrasada no fuese capaz de distinguir lo que más le convenía. Por ello no podía permitirse ser «un régimen de debilidades» frente a una «minoría que intenta perturbar el orden»: el Estado democrático reprimiría cualquier muestra de resistencia de los sectores «primitivos» al liderazgo político y moral que ofrecían los republicanos, o cualquier intento de acelerar el ritmo del cambio desde abajo[76]. De esta forma, la represión estatal republicana estaría al servicio de los intereses de toda la sociedad, protegiendo la democracia de masas («poder que está en las manos de todos» como explicaría un periódico republicano[77]), y creando las condiciones óptimas para la reforma.

La «república del orden» se puede explicar también como complemento político a la continuación de una política económica tradicional. Bajo regímenes anteriores, la puesta en marcha de una economía capitalista liberal en España había desencadenado una dinámica intensa de contestación y conflicto que, a su vez, desembocó en una espiral de represión estatal, como vimos en el capítulo 2. Este proceso volvió a repetirse durante la República, aunque en esta ocasión la represión formaba parte de una ideología democrática de dominación. Por su parte, Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo y secretario general de la UGT, estableció nuevos comités de arbitraje en la industria durante los primeros meses de la República, los llamados Jurados Mixtos, cuyo objetivo era la resolución pacífica de las reclamaciones legítimas de los obreros y el fin de los conflictos laborales no mediados que habían radicalizado las relaciones laborales bajo la monarquía. Sus creadores pensaban que los Jurados Mixtos ganarían la confianza de los obreros en las instituciones estatales, volviendo superflua la cultura obrera de acción directa de la CNT, atrasada e ignorante, según el parecer de los republicanos, y un producto de la represión monárquica y la irracionalidad. En opinión de Largo Caballero, estas luchas sindicales militantes habían quedado obsoletas con la llegada de la República, donde no podía haber «ni huelgas, ni quejas, ni protestas». Lo prioritario era consolidar el régimen y preservar la «autoridad» y la «disciplina» en cuestiones laborales[78]. Cualquier reclamación sindical que no fuese sometida a los Jurados Mixtos se enfrentaría, según Maura, a la fuerza de la ley[79]. De esta forma, los republicanos buscaban introducir una disciplina industrial más estricta que la aplicada durante la monarquía.

La nueva ideología del orden se expresaba más enérgicamente y con mayor frecuencia en relación con los parados. Tras haber sido movilizados durante la última fase de la monarquía y dictadura, gracias en parte a las promesas que habían hecho los políticos republicanos de asistir a los sectores más necesitados de la sociedad, este grupo esperaba la inmediata actuación de las nuevas autoridades para aliviar su situación. Dos meses después de la proclamación de la República, Macià renovó su compromiso con los parados, pero explicó que su éxito dependería de la «serenidad», «paciencia» y «disciplina» que éstos mostrasen hasta la consolidación pacífica de la República y la creación de los canales legales necesarios para lidiar con sus aspiraciones legales[80].

Las autoridades responderían a las consecuentes protestas callejeras de los parados con una estrategia que pretendía criminalizar cualquier nota disidente por su parte. Incluso Joan Ventalló, del ala izquierdista de Esquerra, asoció el paro al crimen, declarando que se trataba de un «problema del orden público, un asunto policial»[81]. A partir de entonces, fue cada vez más obvia la dimensión represiva de la política de desempleo de Esquerra. Desde sus orígenes, la Comissió Pro-Obrers sense Treball intentó controlar a los parados, repitiendo el mensaje republicano de que las autoridades sólo podrían resolver el problema del desempleo cuando se hubiese estabilizado el nuevo régimen. Hasta entonces, los parados debían mostrar «tranquilidad» y «comprensión» y evitar «excesos» y no «perturbar el orden, ni asaltar bancos o establecimientos de víveres»[82].

Otro rasgo constante de los pronunciamientos de ERC sobre el paro fue su énfasis en las nefastas consecuencias de la inmigración. Esquerra atribuía el desempleo a una oferta excesiva de mano de obra (obreros que habían ido a trabajar a Barcelona antes de la Exposición Universal de 1929), y abogaba por la repatriación de los inmigrantes no catalanes[83]. En otras palabras, ERC interpretaba el desempleo en términos nacionalistas. Resulta irónico que con la izquierda liberal por primera vez en el poder en 1930, el partido gobernante definiese la inmigración como «una ofensiva contra Cataluña» y explotase el tema políticamente, pese a que Barcelona llevase recibiendo a trabajadores no catalanes desde la década de 1880[84]. El discurso de ERC formaba parte de una estrategia deliberada para dividir a la clase obrera en términos étnicos y entre los que trabajaban y los que no[85].

Por más que pueda sonar a teoría de la conspiración, la política llevada a cabo por ERC en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se basó en esta estrategia divisoria. En un principio, Esquerra planeó reducir el paro a través de la repatriación voluntaria de inmigrantes. Poco después de proclamarse la República, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona alquilaron un tren para llevar a los inmigrantes de vuelta al sur de España. Por toda la ciudad aparecieron carteles anunciando el viaje, y prometiendo comida y bebida gratis para el trayecto completo de más de un día de duración. El gran interés que despertó la operación complació enormemente a las autoridades y un tren repleto de pasajeros dejó Barcelona rumbo al sur. Sin embargo, en lo que pudo ser un acto de sabotaje, el tren fue obligado a parar en La Bordeta, el punto más cercano a La Torrassa de la línea ferroviaria. Cuando volvió a ponerse en marcha, casi todos los inmigrantes habían huido llevándose consigo la comida y bebida gratuita[86]. Tras esta farsa, ERC optó por la repatriación forzosa, una iniciativa más cara que tampoco tuvo éxito. No es de extrañar que los obreros se opusiesen a la repatriación, en especial porque un inmigrante del sur rural podía fácilmente haberse pasado un año ahorrando para poder pagar el pasaje del barco o las 40 horas de viaje en autobús a Barcelona[87]. Era bastante habitual que los inmigrantes deportados regresasen casi inmediatamente después de ser deportados a su casa adoptiva, conscientes de que las fábricas de Barcelona ofrecían más posibilidades de encontrar trabajo que la agricultura del sur de España, en plena crisis. En ocasiones, obreros en paro repatriados dos veces en una misma semana como supuestos «mendigos», estaban de vuelta en Barcelona ese mismo fin de semana[88].

Sin embargo, ERC no pareció inmutarse y a cambio instituyó nuevos controles espaciales, ignorando el hecho de que éstos contravenían su compromiso anterior de respetar «la libertad de movimiento y selección de residencia», consagrado en los estatutos de partido[89]. Pese a no tener autoridad para regular el acceso de los ciudadanos españoles a Cataluña, Esquerra estaba decidida a cambiar el estatus de Barcelona como «ciudad abierta» y detener la «invasión» de inmigrantes: como diría L’Opinió, nadie toleraría que se le instalase un desconocido en casa «bajo pretexto que es mejor que su propia casa.» ERC quería establecer por todos los medios un «cordón sanitario» de controles de inmigración, que sería impuesto por una nueva fuerza policial de inmigración ubicada en las estaciones de trenes y puertos barceloneses, y en las principales entradas de carretera a la ciudad. Esquerra también era partidaria de un sistema de «pasaportes» que obligase a los inmigrantes a demostrar que contaban con una oferta de trabajo o ahorros. La idea era que todas estas medidas, «duras pero justas», reducirían el paro al menos en un 50 por ciento y lograrían «evitar [la llegada de] aquellos que vendrían a crear conflictos»[90].

Para justificar esta política, se puso en marcha una ofensiva propagandística contra los inmigrantes, que continuaría a lo largo de toda la República y que crecería en proporción directa a la crisis económica y el conflicto social; poco importaban los indicios del voto en tropel de los obreros inmigrantes a ERC en las elecciones de abril y junio de 1931, y su apoyo al logro de una autonomía catalana. El ataque a los inmigrantes coincidió con el ascenso del ala nacionalista racista de ERC, coalición todavía muy inestable[91]. Una onda antiinmigratoria repentina y violenta estigmatizó a los obreros de fuera de Cataluña, evocando imágenes de una «inundación» «sistemática» de «forasteros» en «nuestra casa» (casa nostra): «La llegada de trenes llenos de gente que vienen [a Barcelona] a estar parados», formando «enjambres» y «plagas virulentas» de pobres «indignos» y un «ejército» de mendigos. La prensa de Esquerra solía describir a los parados en castellano («los sin empleo» o «los parados»), en vez de en catalán, («els sense feina» o «els parats»), un contraste que reflejaba la visión nacionalista de una sociedad catalana unida y armoniosa a cuya capital los inmigrantes «acudían» a «estar desempleados»[92].

Los murcianos eran el principal blanco de estas críticas, pese a representar tan sólo un porcentaje pequeño de la población inmigrante de Barcelona. Se les vilipendiaba de forma muy parecida a los irlandeses durante la Inglaterra victoriana, acusándoles de ser fuente de crimen, enfermedad y conflicto. Según el estereotipo del «murciano inculto», los inmigrantes eran una tribu inferior de degenerados, como los miembros «retrasados» y «salvajes» de las tribus africanas. Esta mentalidad de tipo colonial podía vislumbrarse en las viñetas de hombres y mujeres murcianos, donde aparecían como feos seres infrahumanos[93]. Caries Sentís, un periodista republicano que publicó una serie de informes sobre La Torrassa («La pequeña Murcia») en l’Hospitalet, promocionó este tipo de actitud, resaltando las prácticas moralmente aborrecibles y la indisciplina general de los inmigrantes. Para Sentís, los inmigrantes eran una raza primitiva con una cultura «previa», que vivían en estado de naturaleza. En concreto, atribuía el origen de todos los problemas sanitarios y sociales de La Torrassa, como el tracoma y la delincuencia juvenil, a la promiscuidad de la mujer murciana y un «régimen de amor libre»[94]. Desgraciadamente, para el resto de los parados, estos inmigrantes «vegetantes» eran una carga «asfixiante» sobre unos recursos de asistencia social ya de por sí al límite de sus posibilidades: «Cuando llegan a la ciudad lo primero que preguntan es dónde está la oficina de beneficencia», «robando el pan a nuestros niños catalanes» y convirtiendo Barcelona en un enorme «asilo para pobres». De hecho, Esquerra afirmó querer hacer más por los parados, pero que temía que sólo lograría con ello «atraer a Barcelona a los parados de toda España»[95].

La política de desempleo de ERC se basaba en la premisa de un Juicio Final secular[96], diseñado para ayudar a los «pobres meritorios» y reprimir al mismo tiempo a los parados «poco honrados» y «viciosos» en asilos para pobres. Como explicó un republicano local, el Departamento de Asistencia Social del Ayuntamiento de Barcelona era el que valoraba «quién necesitaba ayuda y quién debía ser reprimido»[97]. En muchos aspectos, esta política representaba la continuación de la distinción decimonónica entre los pobres «meritorios» y los «indignos»: se consideraba a los primeros capaces de superarse y, por tanto, meritorios de recibir asistencia oficial, mientras que los segundos eran unos «indeseables», «pobres profesionales», un peligro para la sociedad que había que reprimir[98]. Según este argumento, para optar a las ayudas de la Comissió Pro-Obrers sense Treball, los «sin empleo» tenían que empezar por demostrar que eran «obreros verdaderos» y no «vagos», comprometiéndose a aceptar cualquier trabajo que les ofreciesen. También debían satisfacer una serie de condiciones rigurosas, como acreditar su residencia en Barcelona al menos durante cinco años, una cláusula que excluía al número sustancial de inmigrantes llegados a la ciudad para trabajar en los programas de obras públicas de Primo de Rivera después de 1926, así como a los miles de obreros que volvieron a Barcelona tras el colapso de la economía europea en 1929, o que habían pasado la dictadura en el exilio. Asimismo, la Comissió exigía que los parados demostrasen su «buena conducta» en el pasado, una condición que en realidad servía para excluir a todos aquellos que hubiesen jugado un papel activo en la CNT[99]. No es de sorprender que se acusase a la bolsa de trabajo de la Generalitat, dedicada a los parados «meritorios», de ignorar la suerte de los obreros que habían caído víctimas de sus patronos debido a su participación en actividades sindicales[100].

Como resultado de la política de ERC, el acoso diario de los parados en las calles aumentó considerablemente. La persecución de obreros «indocumentados» es un buen ejemplo. De la noche a la mañana, desapareció la tolerancia de la que había hecho gala la policía en su trato con los obreros en paro que no podían permitirse mantener sus papeles al día[101]. Además, el Ayuntamiento de Barcelona expidió una nueva Tarjeta d’Obrer Parat que básicamente era un sistema de documentos de identidad en el que constaba el historial laboral del individuo: el que no lo llevase consigo se exponía a ser enviado a un asilo para pobres o a ser repatriado[102]. También se organizó en los municipios una «fuerza policial especial» como parte de la Guardia Urbana para lidiar con los parados, equipos especializados en la «laboriosa tarea» de «purificar» a los «sin empleo». En palabras de L’Opinió, el objetivo del Ayuntamiento no era dar asistencia a los pobres sino «repatriar forasteros y aislar a los vagos […] separar el problema del paro de la “vagancia”»[103]. Dada la naturaleza represiva y exclusiva de las organizaciones oficiales a cargo del desempleo, los obreros inmigrantes lógicamente preferían mantenerse alejados de éstas, de tal forma que, a mediados de 1931, el número de parados registrados en la bolsa de trabajo de la Generalitat no llegaba a los 10.000. Más revelador aún era el hecho de que en el sector de la construcción, tan sólo 3593 obreros estuviesen registrados en la bolsa de trabajo, cuando el número de desempleados en esta industria, principal fuente de empleo para los inmigrantes en Barcelona, estaba cerca de los 15.000[104].

A medida que se abría el abismo entre las instituciones republicanas y los parados, crecía la paranoia de las autoridades respecto al tema del orden público, susceptibilidad aplicable a toda muestra de jaleo popular, ya fuesen discusiones de borrachos o invasiones del campo de juego en los partidos de fútbol[105]. Incluso se describía el crimen contra la propiedad y el crimen callejero como conspiraciones antigubernamentales de los llamados «sin trabajo»[106], al tiempo que se expresaba inquietud ante las pandillas de «enemigos de la República» cuya misión consistía «en cometer atracos para desacreditar el nuevo régimen»[107]. El gobernador civil Companys advirtió que los «maleantes» y los «elementos indeseables» estaban «haciéndose pasar por parados» y «provocando» a los «sin empleo» a cometer «actos criminales» y «atrocidades» en nombre de «subversivos anónimos» y otros «enemigos armados del pueblo», que querían convertirse en los «dueños de las calles.» En círculos republicanos, el sentimiento generalizado era que los parados estaban abusando de las libertades democráticas de forma «intolerable», pues se «sentían valientes» para protestar con «arrebato», mientras que «no habían dicho una palabra durante siete despaciados años de dictadura» cuando «era más peligroso». Como la lógica de la «república del orden» negaba a los parados el derecho legítimo a quejarse sobre su situación, cualquiera que lo hiciese se convertía en un «enemigo de la democracia». Así, Esquerra insistía en que el principal problema del paro era la protesta que traía consigo[108].

En gran medida, la «república del orden» estableció muchos puntos en común entre las nuevas autoridades y los sectores de clase media y de presión burgueses, tradicionalmente sedientos de orden social y grandes defensores del recurso a la mano dura en las calles. Para apaciguar y mantener el apoyo de esta base, era fundamental contar con una política firme de orden público. Propietarios y comerciantes habían mostrado su disgusto ante el papel de los parados en la protesta social anterior a la República, y así la repatriación de los inmigrantes sin trabajo, piedra angular de la política vigente de desempleo de ERC, se convirtió en una de sus demandas principales[109]. La gran empresa, estrechamente identificada con la derecha, debió encontrar en esta estrategia una importante fuente de alivio, tras la vulnerabilidad y desprotección política que había sentido con la transferencia de poder a la izquierda liberal reformista durante el primer periodo de la República[110]. Dada la desorganización de los partidos de derechas hasta finales de 1932, las elites hicieron saber su tradicional preocupación sobre el orden público a las nuevas autoridades mediante una campaña de presión enérgica e intensa, organizando una serie de peticiones y delegaciones dirigidas al presidente Macià, la oficina del gobernador civil y el Ministerio de Gobernación en Madrid[111]. En una nota al gobierno central, la Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona describía la «gravedad» de la situación social en la ciudad, alegando que estaba «estrangulando la vida económica»[112]. El FTN (Fomento del Trabajo Nacional), el grupo de presión catalán más poderoso, y la asociación de caseros, COPUB, desempeñaron un papel fundamental en este tema, declarando su apoliticismo, siempre a favor del gobierno y del orden, al tiempo que informaban de que su apoyo a la República dependería de la preservación de la «legalidad y el orden» y del respeto a la propiedad privada, «los principios básicos de toda sociedad civilizada»[113]. Tal y como había hecho durante la monarquía, Fomento exageró la incidencia del crimen, quejándose de que los «matones profesionales» y los «desaliñados» se habían aprovechado de la «tolerancia absurda» hacia la «anarquía y libertad» durante el periodo de transición de régimen, provocando la «erupción de ciertas formas de criminalidad» y la «extensión del mal». Asimismo, el FTN informó a las autoridades sobre la elección que tenían ante sí: reforzar el «principio de autoridad» y proteger a los «hombres de solvencia y orden» del «bandidismo», o convertirse en «el protector de todos los desmanes… sinónimo de desorden y de licencia»[114]. La prensa conservadora transmitió un mensaje parecido, dando especial relieve a los casos de violencia e ilegalidad para justificar el aumento de control urbano en una «Barcelona tan caótica»[115]. La Vanguardia exigía la «dureza inflexible y fría de los antepasados» y la «implacable severidad antigua», pues cualquier otra cosa resultaría en «intolerancia civil» e «irreverencia»[116].

Detrás de esta insistencia en una «república del orden» estaban los grupos de presión de clase media, muchos de los cuales mantenían estrechos lazos con organismos republicanos locales y eran capaces, por tanto, de ejercer todavía más influencia en las nuevas autoridades[117]. Diversos gremios, como el de los taxistas, guardias de seguridad privados, vigilantes nocturnos, restauradores, dueños de bares y hosteleros, se quejaron a las autoridades de la reputación nacional e internacional que Barcelona había adquirido como «cábila», y exigieron la represión rigurosa de los que rompiesen la ley[118]. Dado el interés de la Generalitat y el Ayuntamiento en desarrollar la industria local del turismo, semejantes reclamos no podían caer en saco roto[119]. Por otra parte, los tenderos y vendedores de mercado también unirían fuerzas para exigir un aumento de la represión. La Associació per la Defensa dels Venedors dels Mercats (Asociación para la Defensa de los Vendedores de Mercado) apeló a las autoridades para que eliminaran la venta ambulante «utilizando todos los medios necesarios», advirtiendo que de no hacerlo sus miembros retendrían el pago de impuestos, una fuente importante de ingresos municipales. Mientras tanto, la Lliga de Defensa d’Indústria i Comerç (Liga para la Defensa de la Industria y el Comercio) informó de que sus miembros se tomarían la justicia por su mano si no se eliminaba de las calles a los «comerciantes sin licencia». Pese a que la venta ambulante tan sólo afectaba a los reducidos intereses de los sectores comerciales, aquellos que se sentían amenazados por su existencia apelaban al interés general, argumentando que los «vendedores ilegales» era un grupo criminal que formaba parte de una estructura más amplia de ilegalidad[120].

Durante los primeros meses de la República, por tanto, un nuevo consenso represivo surgió entre las autoridades, las elites tradicionales y los sectores comerciales urbanos. El presidente Macià, interesado en la captación de elementos liberales de la burguesía, alimentó sus relaciones con los comerciantes, logrando hacia comienzos del verano de 1931 el establecimiento de un contrato nuevo, aunque inestable, entre los poderes políticos y económicos de Barcelona. No había más que observar los banquetes que se celebraban por toda la república, entre cuyos invitados siempre había varias figuras locales. En la primera celebración, una «cena exquisita» organizada por el Ayuntamiento para 500 invitados en junio de 1931, el presidente Macià, el alcalde Aiguader i Moró, Companys y los ministros de la Generalitat se codearon con los representantes políticos y económicos de la oligarquía de organizaciones como FTN, COPUB y la Lliga, y con sus protectores a mano armada, el jefe de Policía de Barcelona y otros altos cargos del ejército[121]. Mientras tanto, en periodos de malestar social, las autoridades proporcionaban protección policial a patronos particulares y, pese a la persistente crítica de muchos industriales sobre el estado de la seguridad ciudadana, organizaciones elitistas como Fomento y la COPUB expresaron con prudencia su gratitud al gobernador civil y al jefe de Policía por defender el «principio de autoridad» durante las huelgas[122].

Estrategias de control urbano en la «república del orden»

Otro punto en común entre los «republicanos de orden» y los «hombres de orden» de la burguesía era la necesidad de mejorar la efectividad policial. Como vimos en el capítulo 1, los capitalistas barceloneses se habían sentido defraudados por las limitaciones operativas de la policía bajo la monarquía. En armonía con su deseo de forjar una autoridad racional, los republicanos se comprometieron a reformar las fuerzas de seguridad. La Guardia de Asalto, una fuerza motorizada de reacción rápida, pasó a ser la nueva portadora de la bandera de la legalidad y el orden republicano en las ciudades. Había sido creada por Angel Galarza, director general de Seguridad de la República, y Maura, ministro de Gobernación, como parte de la nueva economía de la represión diseñada para responder a las amenazas potenciales sobre el orden público en los centros urbanos españoles cada vez más complejos, en especial para hacer frente a los movimientos de protesta inspirados por un movimiento sindical moderno. Galarza y Maura deseaban romper con los «excesos» brutales de las medidas de control social urbano aplicadas durante la monarquía, que habían exacerbado en vez de reducido la tensión en las calles. A diferencia de la Guardia Civil, que contaba con armamento de larga distancia como el fusil Máuser, y cuyo despliegue en las calles abarrotadas de las ciudades inevitablemente producía un alto número de víctimas civiles, las armas convencionales de los guardias de asalto eran el revólver y la porra de cuero de 80 centímetros, ideales para atacar el grueso de la protesta donde la amenaza al orden público podía neutralizarse mediante el arresto de los cabecillas, hiriendo sólo a aquellos que osaran traspasar la frontera de la legalidad. Los guardias de asalto, por tanto, representaban una forma de represión más deliberada, enfocada e inexorable (véase foto 3.2). Eran las tropas de choque de la República: todos los reclutas tenían que satisfacer unos estrictos requisitos de altura y estado físico y, en caso de seria amenaza contra el orden público, se les equipaba con ametralladoras y morteros. En opinión de Maura, estas fuerzas eran «perfectas»[123].

Foto 3.2. Vigilando la ciudad: unos guardias de asalto patrullan por l’Hospitalet, 1933. © Pérez de Rozas, Arxiu Fotogràfic de l’AHCB.

Sin embargo, por más que las autoridades alabasen a la Guardia de Asalto como fuerza genuinamente democrática y profesional, la realidad era que estaba muy politizada, dado que la mayor parte de sus reclutas procedían de los partidos republicanos y socialistas. Tampoco rompieron con el modelo de control urbano militarista y autoritario de la monarquía, donde el control del entrenamiento de las fuerzas de seguridad recaía sobre jefes del ejército: el teniente general Agustín Muñoz Grandes, primer jefe de la Guardia de Asalto, infundiría en el cuerpo valores militares. Finalmente, los guardias de asalto, al igual que la Guardia Civil, carecían de contactos entre la población local: la mayor parte de los agentes estacionados en Barcelona venían de Galicia, Castilla y Aragón. En opinión de un historiador, «más que por su uniforme y por su denominación», nada diferenciaba a los guardias de asalto de los civiles[124].

El compromiso adquirido para la construcción de una «República del orden» privó a los republicanos de la oportunidad de ganarse la lealtad de las masas mediante una reforma radical de la policía. Esto quedó puesto en evidencia cuando las nuevas autoridades se negaron a disolver a la Guardia Civil, pese a que los republicanos estaban perfectamente informados del odio popular contra una fuerza que había estado a la cabeza de la represión doméstica durante la Restauración[125]. Desde el principio de la República, varios grupos de obreros habían sostenido que la disolución de la Guardia Civil era fundamental para la evolución pacífica del régimen, incluso para su supervivencia (cuando el general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, dio un golpe de Estado en agosto de 1932, prácticamente se cumplió esta profecía)[126]. Y, sin embargo, Maura, un «ferviente admirador» de la Guardia Civil, creía que la «autoridad» y «disciplina» de la fuerza sería un apoyo para las nuevas instituciones democráticas, negándose «categóricamente» a disolverla, o reformarla de «tal forma que diésemos la sensación de que la habíamos disuelto»[127].

No existen indicios de que los políticos republicanos fuesen conscientes de que la preservación de este cuerpo, tradicionalmente antidemocrático y sumamente represivo, fuera un riesgo para su objetivo de incrementar la legitimidad del Estado. Pese a que Maura reconocía la necesidad de sacar a la Guardia Civil de las ciudades, ya que los métodos que utilizaban producían niveles inaceptables de víctimas civiles, las autoridades consideraban a Barcelona, la ciudad más grande de España, como un caso especial. Por tanto, los puestos y cuarteles de la Guardia Civil permanecieron en su interior, donde el cuerpo jugaría un papel auxiliar de control urbano, especialmente en casos de grave alteración del orden público. Además, como el reclutamiento de los guardias de asalto no comenzó hasta junio de 1931, inevitablemente hubo un periodo de transición durante el cual los civiles siguieron siendo responsables del orden público. Por ejemplo, mientras las autoridades intentaban por todos los medios que los primeros guardias de asalto entrasen en servicio a finales de julio, para mediados de octubre sólo había 800 en la ciudad, y en diciembre se informó de que la policía política iba a ser desplegada mano a mano con la policía civil para patrullar los caminos vecinales en busca de «bandidos»[128].

Los republicanos no tenían un proyecto coherente de reforma y democratización de las estrategias de control urbano, al igual que sucedía en muchos otros ámbitos de su política. La importancia del papel asignado a las fuerzas de seguridad en la «república del orden» parece indicar que las autoridades temían realizar una reforma estructural de gran alcance de la policía. Tampoco se atrevieron a llevar a cabo la depuración de la notoria policía política, conocida como la Brigada Policial Especializada en Anarquismo y Sindicalismo, un hervidero de monárquicos reaccionarios, que de forma meramente simbólica pasó a llamarse Brigada de Investigación Social[129]. Por otro lado, los republicanos rompieron su promesa de no utilizar el ejército como una fuerza de control social interno de la misma forma en que no cumplieron con su compromiso de disolver la milicia reaccionaria Sometent, el «terror del campo y de la ciudad» y la «guardia cívica del capitalismo», responsable de la represión de piquetes y huelguistas durante la monarquía[130]. Esta actitud tan poco sistemática de los republicanos en Madrid y Barcelona respecto a la reforma policial quedó acentuada con el viaje de Galarza, director general de Seguridad, a la capital catalana a finales de mayo de 1931. Durante una serie de conferencias de prensa, Galarza y el gobernador civil Companys reconocieron que la policía barcelonesa era una «organización completamente inservible», absolutamente ineficiente y que debía ser reorganizada de arriba abajo. Por algún extraño motivo, su propuesta de convertir al cuerpo en «un instrumento más eficiente» y poner fin a la «inmoralidad» que prevalecía entre oficiales no fue más allá de la eliminación de unas cuantas «manzanas podridas», al tiempo que se colocaban en posiciones de mando a figuras importantes de confianza para supervisar la eliminación de los monárquicos. Por consiguiente, Arturo Menéndez, un austero capitán de artillería marcado indeleblemente por su pasado militar, y antiguo miembro del «Comité Revolucionario» republicano-socialista, fue nombrado jefe de policía de Barcelona[131].

Desde que el conflicto social hizo su aparición en la República, se pudo divisar en el nuevo amanecer democrático un horizonte delimitado. Al igual que había pasado durante la monarquía, las autoridades percibían a los obreros como un problema real o potencial, algo que no ayudaba a romper con las pautas establecidas de un control urbano agresivo y antiobrero. Esta continuidad reflejaba no tanto la coherencia o inconsistencias del proyecto reformista republicano, sino más bien la imposición de una «república del orden» en las relaciones económicas coercitivas de la década de 1930. Las autoridades prohibieron todo conflicto laboral que se desarrollase fuera de los Jurados Mixtos, utilizando a la Guardia Civil y su tradicional modus operandi de disparar a piquetes y obreros desarmados[132]. Como vimos con la monarquía, la represión policial exasperaba más que atenuaba los ciclos de protesta y, así, en periodos críticos, los sucesivos gobernadores civiles republicanos se vieron obligados a llevar hasta el límite los recursos de las fuerzas de seguridad: con frecuencia la policía carecía de la capacidad suficiente para proteger a los industriales, mientras que en las calles se veían obligados a pedir refuerzos a la Guardia Civil de la Cataluña rural, y en momentos cruciales, al ejército[133].

A juzgar por los numerosos incidentes de brutalidad policial contra obreros, se puede concluir que el apoyo incondicional de las autoridades estimulaba a los agentes a actuar con impunidad. El uso de la violencia a menudo tenía como objetivo la intimidación de los militantes de clase obrera y sus simpatizantes. A mediados de septiembre de 1931, cuando habían pasado tan sólo cinco meses desde la proclamación de la República, murió el primer cenetista de heridas recibidas en la jefatura de policía de la Via Laietana[134]. Ese mismo mes, en lo que tenía todas las características de un asesinato extrajudicial, unos policías que escoltaban a un grupo de obreros arrestados mataron a tres e hirieron a los otros cinco. Los agentes declararon haber actuado en defensa propia tras recibir disparos de los detenidos y desde los tejados. Sin embargo, la veracidad de la versión policial de los hechos es muy cuestionable. Por un lado, durante el supuesto tiroteo, ni un solo agente resultó herido. Por el otro, el cacheo en busca de armas de fuego formaba parte del procedimiento rutinario de la policía durante los arrestos. Las autoridades, sin embargo, aceptaron el testimonio de los oficiales implicados y no se aplicó ninguna sanción[135]. Unas semanas después, a principios de noviembre, la policía detuvo a un grupo de destacados anarquistas barceloneses en la calle y los llevó a la Jefatura de Policía donde les fue propinada una paliza[136]. Los dueños de bares que permitían a los cenetistas reunirse en sus establecimientos también eran víctimas habituales del acoso policial, incluyendo la destrucción de su propiedad[137].

Las autoridades mostraron el mismo nivel de tolerancia durante una serie de tiroteos en los que se vieron involucradas las fuerzas de seguridad y milicias armadas como el Sometent[138]. La tendencia de la policía era disparar sin hacer preguntas. Cualquiera que no se detuviese ante el alto policial corría el riesgo de que le dispararan: en el barri proletario de Clot, un muchacho que iba corriendo a casa a comer recibió un disparo por la espalda al no escuchar la orden de alto; la misma suerte corrieron dos marineros suecos de permiso en el Raval, cuando no respondieron al aviso policial[139]. En el puerto, un obrero en paro que estaba pescando su cena en el muelle fue asesinado por un policía que le confundió con un ladrón[140]. En otra ocasión, un grupo de guardias de asalto respondió al petardeo de un coche abriendo fuego y matando a un vigilante nocturno[141]. Mientras tanto, en las fincas y los campos que rodeaban Barcelona, donde los robos de las cosechas perpetrados por los parados eran motivo de gran preocupación, la Guardia Civil y el Sometent asesinaron a varias personas en circunstancias dudosas[142].

Aunque probablemente sea cierto que bajo la República había menos corrupción policial, en la práctica muchos oficiales se comportaban como si estuviesen al margen de la ley, llegando incluso a robar posesiones ajenas durante registros domiciliarios[143]. Durante el periodo republicano, se registraron múltiples casos de violencia perpetrada por la policía en estado de embriaguez[144]. No era algo insólito que los agentes sacasen sus armas de fuego en presencia de ciudadanos inocentes, pues les estaba permitido llevarlas a todas horas para su propia protección. En una ocasión, un guardia de asalto fuera de servicio amenazó con una pistola a un vigilante nocturno que le había sorprendido en un parque de la ciudad en pleno acto sexual a altas horas de la madrugada[145].

Sin embargo, el grueso de la represión policial recaía siempre sobre los parados. Howard Becker, entre otros, ha argumentado que en épocas de crisis económica las autoridades dependen de las fuerzas de seguridad y del sistema penal para imponer la disciplina social sobre el creciente número de obreros que dejan de estar sometidos a la forma informal de coacción y trabas diarias del lugar de trabajo[146]. Durante la República, esto quedó reflejado en Barcelona en la creación de nuevas brigadas policiales como la Brigada per a la Repressió de la Venta Ambulant (Brigada para la Represión de la Venta Ambulante), a cargo del Ayuntamiento, y los equipos establecidos para limpiar el puerto de «gente maleante» y «mendigos»[147]. Los actos de violencia perpetrados por la policía contra los parados tenían como objetivo su sumisión, y no tanto el cumplimiento de las leyes. Los espacios públicos —las calles y los parques donde los parados pasaban mucho tiempo— eran escenario de esta violencia. Periódicamente, la policía detenía a parados en las calles y les propinaba palizas[148]. Un guardia de asalto arrestó a un obrero porque le estaba mirando con cara rara. En l’Hospitalet, dos obreros necesitaron hospitalización por ser «insolentes» con la policía, y otros dos recibieron una paliza de la Guardia Civil por «burlarse» de un burgués en bicicleta[149].

Estas prácticas utilizadas para la consolidación de la «república del orden» marcaron el fin repentino de la cultura democrática y la erosión de las libertades civiles. Resulta irónico que en su intento de imponer el respeto al Estado de Derecho, los republicanos utilizasen métodos ilegales e inconstitucionales como la detención gubernativa, mediante la cual el gobernador civil ordenaba la privación de libertad del individuo por un periodo de dos semanas. Pese a que los republicanos habían prometido con anterioridad declarar ilegal esta táctica draconiana, la resucitaron al poco de llegar la República. Por ejemplo, durante la huelga de julio de 1931, el gobernador civil ordenó en un telegrama: «Se procederá [a la] detención [de] cuantos inspiren sospechas… incluso [por] simple cooperación moral»[150]. También se detuvo a grupos organizados de obreros en paro, en ocasiones durante varios meses. Hubo muchos alegatos fundados sobre el maltrato y las palizas que propinaba la policía a los detenidos, a quienes se denegaba el acceso a un abogado durante los interrogatorios intensos[151].

Uno de los principales partidarios de la «detención gubernativa» era el abogado católico Josep Oriol Anguera de Sojo, hombre pío y «autoritario inflexible», según uno de sus aliados más cercanos, que había sido nombrado gobernador civil de Barcelona a principios de agosto de 1931[152]. Anguera de Sojo estaba obsesionado con imponer a cualquier precio el «principio de autoridad» en las calles. En su opinión, los «agitadores», los «individuos con malos antecedentes» y cualquiera que fuese culpable de «escándalo público», habían renunciado a sus libertades civiles y estaban, por tanto, expuestos a la «detención gubernativa»[153]. El supuesto de que la protesta social desaparecería con la detención de unos 200 «delincuentes sociales» determinó la política de todos los gobernadores civiles de la Barcelona republicana[154]. Así, durante la huelga general de la CNT en mayo de 1933, Claudí Ametlla, abogado cualificado, admitió que había frustrado la movilización «gracias al abuso de mi poder legal», incluyendo la violación de las libertades civiles de «docenas de hombres» que fueron detenidos, y la intimidación de taxistas para que pusiesen sus vehículos a disposición de la policía (amenazando con no renovar sus licencias, un tema sobre el que no tenía potestad). El «sacrosanto orden público» servía para justificar estas prácticas, que permitían la privación de libertad de los detenidos por periodos superiores a los seis meses[155].

La «detención gubernativa» a menudo se combinaba con la razia policial, redada relámpago llevada a cabo por las fuerzas de seguridad en los barris, ocasionalmente con el apoyo de unidades del ejército, registrando la zona casa por casa. Podían detener, meter en el calabozo una noche, tomar las huellas dactilares, fichar y fotografiar antes de poner en libertad, a toda persona de aspecto «sospechoso» o que se encontrase por casualidad en un lugar considerado como un «foco de criminalidad», por ejemplo, un bar frecuentado por «gente maleante»[156]. Posteriormente, en momentos de tensión en la ciudad, como podría ser la noche antes de una huelga importante o en vísperas de la llegada de una figura gubernamental significativa, la policía detenía a los «sospechosos habituales» y los registrados como «peligrosos»[157].

De acuerdo con la mentalidad legalista predominante en la República, y quizás como reflejo de un cierto malestar o sensibilidad de los abogados republicanos por la utilización de medidas inconstitucionales, se promulgó con carácter extraordinario legislación que regularizaba muchas de aquellas prácticas draconianas. El primer ejemplo fue la Ley de Defensa de la República, una ley de excepción aprobada a finales de octubre de 1931 que básicamente dio al traste con las libertades constitucionales, pero que, en opinión de Azaña, era necesaria para gobernar[158]. Basada en la Ley de Defensa de la Democracia Alemana de 1922, los partidarios de la nueva ley consideraban que se trataba de una forma de defensa contra las amenazas violentas al régimen tanto de la derecha como de la izquierda. En la práctica, sin embargo, la ley se utilizó principalmente contra los «enemigos de la República» de izquierdas y reflejaba la paranoia republicana sobre las conspiraciones revolucionarias. La clave de esta ley era su naturaleza preventiva: como apuntó Azaña, no estaba diseñada para reprimir una amenaza real sino «para evitar que el peligro nazca». Es revelador que, pese a la importancia de la ley y sus repercusiones para el futuro de la democracia, ésta fuese aprobada sin un auténtico debate parlamentario, y con el apoyo total de los diputados del PSOE, en especial de De los Ríos y Largo Caballero. Los republicanos, que tanto habían alabado la democracia en el pasado, se convirtieron en partisanos de una legislación draconiana. Macià aceptó la nueva ley sin rechistar, pese a haber expresado en una ocasión su oposición a semejantes leyes de excepción, mientras que, por parte de Azaña, su único pesar fue no haber introducido la ley antes[159].

Dirigida contra la «subversión», una categoría borrosa en la que se podía incluir cualquier comportamiento de protesta, la Ley de Defensa de la República estableció nuevas categorías de desviación, creando con esto nuevas formas de ilegalidad. Por ejemplo, al criminalizar toda difusión de información que pudiese incitar a una violación de la ley o desacreditar a las instituciones estatales, la Ley de Defensa de la República repercutía seriamente en la libertad de expresión de la prensa radical[160]. Además, al conceder nuevos poderes al ministro de Gobernación para prohibir asambleas y mítines de grupos y sindicatos considerados como «antirrepublicanos», la ley restringía el derecho de asociación de organismos anarquistas y comunistas, a los que no se permitía convocar asambleas, mítines o concentraciones sin previo aviso a la policía[161]. Toda asamblea, mitin o concentración «legal» era sometida al escrutinio del delegado gubernamental, por lo general un agente de policía, que tenía potestad para disolver este tipo de reuniones en cualquier momento. No era difícil que el delegado gubernamental abusase de su poder: si a su parecer la retórica de los oradores suponía una amenaza para orden público, podía ordenar la clausura de la asamblea. Al mismo tiempo, todo intento de reunirse en secreto —bien fuesen mítines de activistas o reuniones con fines educativos— era considerado como un encuentro «clandestino» e «ilegal»[162]. En la esfera sindical, la Ley de Defensa de la República reforzó la legislación laboral de Largo Caballero, prohibiendo aquellas huelgas sobre las que no se hubiese informado a las autoridades con ocho días de antelación o que pareciesen tener móviles «políticos»[163]. Esta ley permitía tratar como ataques a la República actividades como la formación de piquetes o cualquier encontronazo con la policía.

En 1933, la Ley de Defensa de la República fue suplantada por la Ley de Orden Público, redactada por Anguera de Sojo, que había sido nombrado ministro de Justicia tras una temporada como gobernador civil de Barcelona. Su experiencia en la gobernación de los espacios urbanos rebeldes de Barcelona durante 1931, junto a su gran interés en la política de una ciudad que visitaba todos los fines de semana, sin duda influyeron en la preparación de esta ley, que entre otras cosas aceptaba la imposición de toques de queda en barrios determinados y legalizó las redadas policiales. En lo que fue una militarización significativa de las estrategias de control urbano, la ley creó el espacio necesario para la suspensión de la Constitución durante periodos de agitación social en los que regiría la ley marcial, así como la transferencia del poder civil al alto mando del ejército hasta el restablecimiento del «orden». A su vez, siguiendo el ejemplo de las tácticas monárquicas de control de masas, el Artículo 38 de la Ley de Orden Público permitía a las autoridades «prohibir la formación de grupos de toda clase y el estacionamiento en la vía pública. No siendo obedecida después de tres toques de atención, hará uso de la fuerza al efecto de restablecer la normalidad. No será necesaria la intimación cuando la fuerza fuere agredida»[164].

Por otro lado, la Ley de Vagos y Maleantes, aprobada también en 1933, legalizó ciertas prácticas policiales de carácter preventivo. Su objetivo no era el procesamiento de actos criminales, ya de por sí castigados por el código penal, sino la identificación y represión del homo criminalis: aquellos individuos cuyo «estado de peligrosidad» encerraba una amenaza potencial para el orden social y el código criminal. Para este fin se crearían unidades de policía y tribunales especiales que, adecuadamente informados sobre los principios legales y científicos contemporáneos, detendrían, evaluarían y clasificarían a los individuos, ordenado el aislamiento de los «peligrosos sociales» en campos de trabajo y concentración. Promovida por Luis Jiménez de Asúa, un respetado jurista del PSOE, su concepción formaba parte de un proyecto modernista diseñado para racionalizar la criminología mediante la introducción de un sistema de castigo más proporcional y medido que, a su vez, aumentaría la credibilidad del Estado. Sin embargo, bajo este barniz de modernidad y apariencia de ejercicio imparcial de la justicia, la Ley de Vagos y Maleantes era un instrumento contundente de represión que legalizaba una economía mucho más antigua e injusta de represión (detención gubernativa), combinándola con la amenaza adicional de un periodo de encarcelamiento indeterminado[165]. (Según Ametlla, la idea de la Ley de Vagos y Maleantes fue concebida por primera vez por el ministro de Justicia Anguera de Sojo que, como gobernador civil de Barcelona, había contribuido decisivamente al restablecimiento de la «detención gubernativa» en 1931[166]).

Se puede decir que la Ley de Vagos y Maleantes fue producto de un consenso en torno a la seguridad ciudadana establecido en 1931 entre las viejas elites y las autoridades republicanas, que despojaba a los individuos «peligrosos» y «violentos» de su condición de «ciudadanos auténticos», no merecedores, por tanto, de los derechos civiles y políticos aplicables al resto de la población[167]. Fomento recibió con los brazos abiertos esta ley «excelente», «vital para la defensa de la sociedad», y capaz de detener «la avalancha del desorden»[168]. La Vanguardia sintetizó la visión de estos «hombres de orden» al identificar la importancia de una ley que separase a los parados «peligrosos» de los «tranquilos» para evitar que «del fondo de la masa surja espontáneamente unas veces la banda de lobos, como en las grandes revoluciones, o el tropel y el rebaño de vagabundos»[169]. Igualmente embelesados con esta ley estaban los partidos gobernantes de la Generalitat, pues la veían como «una de las más exitosas que había salido de las cortes republicanas», capaz de separar a los «parados respetables» de los «pobres peligrosos», «chusma», «matones», y «vagos», a los que responsabilizaban del crimen, la violencia social, las intrigas monárquicas, la prostitución y la venta ambulante[170]. Pese a condenar los centros de detención de la Alemania nazi, USC, socio socialista de la coalición de Esquerra, no tenía escrúpulos en establecer sus propios campos de concentración de parados en Cataluña[171]. De hecho, esta ley es un claro reflejo del desprecio de los socialdemócratas a las tradiciones de la «ruda» clase obrera, un sector social representado como brutal, alterado e indisciplinado y cuya dedicación al juego y la bebida lo volvían un peligro mortal para los planes de cambio de la conjunción republicano-socialista[172].

Aunque se intentaba justificar esta ley como medida contra «chulos» y «camellos», en manos de la policía funcionó como complemento al intenso terror legislativo contra los parados, criminalizando prácticas como la venta ambulante que, supuestamente, representaban un peligro para la «república del orden». La policía aplicó esta ley de forma altamente arbitraria; cualquier obrero que no tuviese trabajo fijo podía ser detenido y registrado por tener aspecto «sospechoso». La Ley de Vagos se utilizaba especialmente como mecanismo antinómada cuyo objetivo era imponer un orden espacial fijo y represivo sobre los obreros inmigrantes y estacionales, internándoles en campos donde eran sometidos a una disciplina temporal y espacial capitalista. Incluso los obreros urbanos que recorrían talleres en busca de trabajo fueron internados como «vagabundos»[173]. La misma suerte corrieron muchos trabajadores arrestados en bares durante su día libre. La edad y discapacidad no constituían causas eximentes de internamiento en los campos de concentración: se dieron casos como el de un hombre de 84 años acusado de mendicidad y otro con ceguera parcial que vivía de las propinas que le daban por abrir las puertas de los coches de los huéspedes en un hotel elegante del centro de la ciudad[174].

Aparte de castigar a aquellos que no podían encontrar espacio en el mercado laboral capitalista, la Ley de Vagos y Maleantes se aplicaba frecuentemente contra cualquier individuo que se negase y/o se resistiese a trabajar dentro de éste. Los que se oponían a la política social y económica del gobierno, a los que en el pasado se les podía haber aplicado la detención gubernativa, ahora eran detenidos bajo esta ley por su condición de «peligrosos» enemigos internos del Estado. En esta categoría se incluía a cualquier cenetista al que se sorprendiese pegando carteles o distribuyendo manifiestos, a los organizadores de parados y a los exiliados antifascistas italianos y argentinos que se encontraban en Barcelona. Los anarquistas sin empleo y aquellos que habían sido víctimas de persecuciones, o cuyos nombres estuviesen incluidos en listas negras, también podían ser arrestados de acuerdo con la Ley de Vagos. Varios cenetistas en situación de detención gubernativa fueron puestos en libertad para ser arrestados acto seguido como «vagabundos». Incluso se dieron casos de detenciones de cenetistas con empleo fijo, a veces en el propio lugar de trabajo. Durante una campaña propagandística de la CNT por Andalucía, un grupo de cenetistas barceloneses, entre ellos Durruti y Francisco Ascaso, fueron acusados de «vagabundeo», pese a tener trabajo en una fábrica textil y encontrarse de permiso por asuntos sindicales con el consentimiento de sus patronos[175].

La política urbana local desarrollada por Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat es un ejemplo más de cómo el barniz republicano de modernidad encubría, en realidad, la supervivencia de las prácticas tradicionales. Pese a su retórica reformista, las autoridades locales ignoraron la reforma de la vivienda, piedra angular del socialismo municipal, limitándose a acciones como poner los nombres de los mártires de la lucha antimonárquica a calles y barrios de viviendas protegidas. No hubo amago de aplicar un programa de control de alquileres o de compra obligatoria de chabolas, pese al aumento de los alquileres en el sector a lo largo de toda la década de 1930[176]. Las endeudadas autoridades locales tampoco fueron capaces de supervisar la urbanización y la estructura higiénico-sanitaria de los barris periféricos. Por el contrario, el concepto que los «republicanos de orden» tenían de Barcelona se parecía mucho al de los «hombres de orden» monárquicos: un espacio ingobernable y peligroso, una ciudad asediada por la chusma tiránica del Raval. Esquerra intentó resolver las tensiones urbanas mediante un militarismo espacial que guardaba muchas similitudes con la política desarrollada por regímenes anteriores, sometiendo a los chabolistas a brutales programas de «deschabolización» y deshaciéndose de las barracas más miserables de la ciudad (en 1932 seguía habiendo unas 1500 en Montjuïc[177]), lo que produjo un aumento del número de personas sin hogar[178]. Mientras tanto, en febrero de 1932, las autoridades locales inauguraron un cuarto grupo de cases barates en las afueras de la ciudad, formado por 534 unidades de viviendas[179].

La fanfarria reformista de ERC no pudo ocultar que su política no era más que una continuación de la política excluyente de la vivienda del periodo anterior.

La dicotomía entre la promesa reformista y la práctica represiva de la gobernanza urbana de Esquena puede verse más claramente en relación con el Raval, el barri obrero más antiguo de Barcelona. Como vimos en el capítulo 1, con el paso de los años, se había satanizado el Raval como el «barrio chino». Esquerra y sus partidarios cultivaron con diligencia los pánicos morales en torno a delincuentes menores, chulos y camellos de opio y cocaína del «barrio chino», una zona que, según la imagen transmitida por sus detractores, estaba fuera del control oficial[180]. Desde los comienzos de la República, se invocó la necesidad de defender la «moralidad pública» de la amenaza de los «bajos fondos» del «barrio chino» para justificar una ofensiva policial sistemática de carácter preventivo contra un espacio descrito por La Vanguardia como un «lugar que parecía gozar de extraterritorialidad»[181]. Las redadas policiales en bares y «focos de criminalidad» eran algo común, y los desafortunados que se encontrasen en la vecindad se convertían, a menudo, en víctimas de la detención gubernativa. Sin embargo, resultaba evidente que la represión policial en el Raval estaba dirigida no sólo contra la «gente del hampa» y de los «bajos fondos», sino también contra oficinas sindicales, obreros activistas, vendedores ambulantes y parados[182].

El aumento de la inquietud oficial que generaba el «Barrio Chino» culminó en la redacción del Plà Macià (Plan Macià), parte del proyecto modernista de la Generalitat para el desarrollo urbano racional y la planificación regional de la zona[183]. En la primavera de 1932, se encargó el Plan Macià a una comisión formada por Le Corbusier, el Svengali[184] de las modernas utopías urbanas de carácter tecnócrata, y los expertos catalanistas en planificación del GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans/Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes). Tras reunirse con Macià en Barcelona, la admiración de Le Corbusier por la autoridad hizo que se sintiese obligado a poner al proyecto el nombre del Presidente catalán[185]. Inspiradas en su máxima, «Arquitectura o Revolución. Se puede evitar la Revolución», las ideas de Le Corbusier como manifestación urbanística encajaban a la perfección con la «república del orden»[186]. Desvelado al público en 1934, prometiendo modernidad y una «nueva Barcelona», el Plan Macià volvía a trazar la región entera de acuerdo con los principios más avanzados de la planificación urbana encarnados por el GATCPAC. El quid del Plan Macià giraba en torno a la demolición del Raval, zona que visitó Le Corbusier durante uno de sus viajes a Barcelona, quedando horrorizado ante la condición de la vivienda, insalubre y ruinosa, y la densidad urbana. En su opinión, la solución radicaba en el «esponjament» («esponjamiento») de las calles del Raval para abrir el paso a una serie de vías públicas rectas y amplias que facilitarían el movimiento de los artículos de consumo a lo largo de toda Barcelona[187]. Así se lograría regenerar la ciudad vieja y mejorar el transporte de mercancías y servicios, permitiendo la entrada al «progreso» y aumentando el poder industrial de toda Cataluña. También se crearían nuevas viviendas para los antiguos habitantes del Raval, bloques modernos y de varias plantas estilo Bauhaus, ubicados en el barri de Sant Andreu, lejos del centro de la ciudad. A través de un sistema de «zonación», que establecería esferas separadas para la vivienda, el trabajo, el comercio y el ocio, el Plan Macià buscaba aumentar el consumo de los servicios urbanos como paso hacia una sociedad burocrática y tecnócrata de consumismo controlado. Para ello, junto a la creación de nuevas escuelas y espacios abiertos, se concibieron nuevas formas de ocio que serían emplazadas en la Ciutat de Repós i de Vacances (Ciudad de ocio y vacaciones), una zona costera de veraneo al sur de Barcelona en la zona de Castelldefells.

Como tantos otros proyectos republicanos, el Plan Macià se vio acechado por problemas presupuestarios y, tras el comienzo de la Guerra Civil en 1936, quedó reducido a un sueño utópico de los planificadores de la Generalitat[188]. Los comentaristas suelen resaltar la base progresista, democrática y antifascista de las ideas del Plan Macià, y de sus partidarios radicales y vanguardistas del GATCPAC[189]. Sin embargo, este plan urbano tipificaba el trasfondo represivo de muchas de las reformas republicanas. Ni siquiera era muy distinto a la haussmanización de París del siglo XIX: ambos planes encajaban con los requisitos económicos y de seguridad de los dueños del poder social, económico y político de sus tiempos, abriendo paso en las calles tortuosas y estrechas de los barrios de clase obrera a amplias avenidas que facilitasen el movimiento de los artículos de consumo y, siempre que fuese necesario, de las fuerzas de orden público[190].

La principal diferencia entre los primeros planes urbanos para Barcelona y el Plan Macià era que éste pretendía ser una utopía urbana tecnócrata de la clase media progresista[191]. Sin embargo, la visión de las siguientes generaciones de planificadores fue notablemente similar: mantener intacta la estructura económica opresiva y excluyente de la ciudad (la clase social de los planificadores de ERC hacía poco probable que fuesen a restringir la libertad de las fuerzas de mercado y la propiedad privada, el sine qua non de cualquier planificación auténtica y racional[192]), y construir a un tiempo una ciudad jerárquica y firmemente controlada, en la que el «cáncer» del desorden desaparecería al aceptar cada clase su sitio y función en el sistema urbano racional. Resulta imposible, por tanto, negar la importancia de la seguridad en el Plan Macià. En primer lugar, éste buscaba reducir el papel dominante de Barcelona en Cataluña y establecer un nuevo equilibrio político basado en el fortalecimiento de las provincias catalanas. Esto sería logrado al contener el crecimiento de la ciudad y estimular nuevos focos de desarrollo industrial fuera de la capital catalana, aumentando así la importancia industrial y política del baluarte del catalanismo popular en el campo[193].

El segundo objetivo consistía en establecer nuevas formas sutiles y burocráticas de represión, siendo aquí clave la reforma del contexto social de la clase obrera, hasta entonces tan rebelde. Un sinfín de reformadores, médicos, pedagogos, arquitectos y planificadores de la ERC, liderados por el alcalde Aiguader i Miró, rebosantes del idealismo ideológico característico del determinismo ambiental, daban por sentado que los organismos públicos bien informados podrían compensar los problemas del diseño urbano y transformar el entorno físico de los barris, alterando de esta forma la realidad social de la clase obrera. Igualmente, a través de nuevas formas de ocio y consumo se esperaba acabar con la cultura e identidad tradicional obrera. Este proyecto nuevo de control social dependía de la pacificación del Raval, el espacio más ingobernable de Barcelona. En una ocasión, Companys habló en privado con uno de los discípulos de Le Corbusier sobre su deseo de destruir el Raval «a cañonazos»[194]. La destrucción planificada y la «esterilización total» de este distrito no eran más que un nuevo intento de las elites de reconquistar la ciudad vieja liberándola de las «clases perecederas», y reducir la tensión ocasionada por el desarrollo incontrolado de Barcelona, aspiración de todo planificador urbano desde tiempos de Cerda[195]. Por tanto, se puede explicar el Plan Macià como la continuación de la obsesión de los reformistas decimonónicos de «limpiar» y «purificar» la ciudad e inducir un nuevo orden espacial a través de una incisión quirúrgica en un espacio «enfermo». Este exclusivismo espacial ya había hecho acto de presencia durante la construcción de la Via Laietana y las cases barates, cuando las elites urbanas utilizaron la «deschabolización» para forzar a las «clases peligrosas» fuera del centro de la ciudad, dispersándolas lejos de los centros del poder económico y político. En el caso del Raval, el tan citado plan de Le Corbusier de «matar la calle»[196], implicaba reubicar a una comunidad históricamente rebelde en espacios de reciente diseño donde la policía podría aislarla y controlarla más fácilmente. Como resultado, se lograría trastornar las redes sociales y vínculos locales, fundamentales para la resistencia anticapitalista y protesta social del Raval. Así, la demolición del Raval, lugar de nacimiento de la clase obrera, era un acto de agresión contra la historia local de la resistencia proletaria: marcaba la destrucción de espacios claves históricos y simbólicos del proletariado local, la eliminación de lugares de la memoria de resistencia al capital, manifestaciones, disturbios, barricadas, insurrecciones y toda una serie de comportamientos de protesta presentes desde la década de 1830. Estos espacios de esperanza y lucha, fuente de inspiración de tantos obreros, serían reemplazados por grandes vías públicas, lugares sin historia en cuyo entorno no sería posible desarrollar nuevos vínculos. De esta forma, las autoridades habrían dado una nueva definición al espacio y a la forma en que sus habitantes lo utilizaban y experimentaban, con la esperanza de que esto sirviese para anular las contradicciones urbanas y conflictos del Raval.

Conclusión

La dependencia de la «república del orden» de una legislación draconiana como la Ley de Defensa de la República, la Ley de Orden Público y la Ley de Vagos y Maleantes, y las prácticas urbanas coactivas como el Plan Macià, supuso un avance importante en el repertorio «normal» del control estatal y un paso significativo en el camino hacia un «estado de orden público» autoritario. Ante la lucha de clases, los republicanos se mostraron en la práctica incapaces de lidiar con dos de los retos a los que se enfrentaban: la garantía de las libertades civiles y el fin de las estrategias de control persecutorias. Por el contrario, los republicanos consolidaron su poder como típicos «hombres de orden», elevando los costes de la movilización al incrementar la legislación represiva, militarizar el orden público y utilizar la represión de forma rutinaria[197]. En vez de invertir en paquetes de reforma de gran alcance que podían haber reducido la tensión social, las autoridades aumentaron el gasto de las fuerzas de seguridad: el contingente de los guardias de asalto paramilitares en Barcelona creció a lo largo de la década de 1930, pasando de los 2000 a mediados de 1932 a los 6000 en julio de 1936[198]. Pese a justificar la «república del orden» en términos de los intereses de un futuro reformista, las prácticas excluyentes y las estratagemas utilizadas por los republicanos erosionaron las libertades civiles y el Estado de derecho, debilitando la esfera pública liberal democrática, ya de por sí frágil. La Ley de Vagos y Maleantes, que denegaba de forma selectiva los derechos de ciudadanía a los desposeídos, demostraba que los republicanos estaban dispuestos a abandonar su convencimiento sobre la igualdad legal de todos los ciudadanos. Igualmente, la legislación sobre el encarcelamiento preventivo, central a la Ley de Vagos y Maleantes, era el anatema de la premisa legal clasicista de la «presunción de inocencia». Jiménez de Asúa, el arquitecto de la Constitución de 1931, plasmó esta metamorfosis con toda claridad en su redacción de la Ley de Vagos y Maleantes, burlando a conciencia libertades constitucionales fundamentales como la libre circulación de todos los ciudadanos por el territorio nacional[199]. Y, así, aquella República que tanto había prometido a las masas tomó un cariz tan censurable para muchos obreros como la monarquía que la precedió.

CAPÍTULO 4

LA CIUDAD PROLETARIA Y LA REPÚBLICA

La reconstrucción de la ciudad proletaria

Este capítulo explora la respuesta de la ciudad proletaria a la nueva realidad legal impuesta a partir del 14 de abril de 1931 en Barcelona. Como vimos en el capítulo 3, la llegada de la República desató una gran euforia colectiva en los círculos de la CNT[1]. Los cenetistas jugaron un papel activo en la proclamación de la República en muchos ámbitos locales de Barcelona[2]. Sus actos son una muestra clara de las preferencias políticas de la Confederación. Por ejemplo, poco después de la proclamación de la República, un grupo a mano armada de cenetistas escoltó a Companys al edificio del gobernador civil para la toma de posesión de su cargo[3]. Solidaridad Obrera celebró la llegada de la República como un triunfo de la «voluntad del pueblo» que había producido un «júbilo» indescriptible en Barcelona, y añadió que nunca se había conocido en la ciudad «movimiento tan unánime y elocuente»[4]. El día después de la proclamación de la República, en un gesto de solidaridad, la CNT de Barcelona declaró una huelga general en todas las ramas de la industria, a excepción de los servicios básicos de alimentación y transporte. La evidente buena voluntad de los líderes de la CNT hacia ERC sin duda explica el intento de Macià de incluir al líder confederal, Ángel Pestaña, en el primer gobierno de la Generalitat como ministro de Obras Públicas[5]. Sin embargo, la oferta fue rechazada: la participación gubernamental era un concepto ajeno a las tradiciones de la Confederación, y la aceptación del cargo hubiese dividido con toda probabilidad al sindicato: pese a todo, durante un pleno precipitado de la CRT catalana, Pestaña y uno de sus colegas quedaron a cargo de las tareas de comunicación con la Generalitat[6]. Por su parte, el Comité Nacional de la CNT anunció su «predisposición pacífica» hacia la República[7]. Al mismo tiempo, un manifiesto conjunto de la CRT catalana y la Federación Local de Barcelona, advertía a los obreros sobre la necesidad de proteger a la República del peligro de una acción militar antidemocrática[8]. Claramente, la dirección de la CNT quería contribuir a la estabilización del nuevo régimen durante lo que veía como una «nueva Era»[9].

Después de abril de 1931, y gracias a la vitalidad de la clase obrera en la esfera pública, se reorganizaron muchas instituciones sociales, culturales y económicas, que ya durante el primer tercio del siglo XX habían contribuido a mejorar a la calidad de vida de los obreros de Barcelona. Así, florecieron grupos de inquilinos y cooperativas de alimentos y, en especial, la CNT adquirió nueva fuerza: miles de obreros en actitud expectante se sintieron atraídos por las tradiciones militantes de sacrificio, lucha y solidaridad de la Confederación, cuyos sindicatos pasaron a ser el receptáculo de una nueva clase obrera formada bajo la dictadura de Primo de Rivera, libre por vez primera de establecer auténticos lazos organizativos. Los obreros inmigrantes no cualificados y mal pagados de los crecientes barris de la periferia entraron a raudales en la CNT, junto a muchos niños trabajadores, algunos de tan sólo 10 años de edad y sin experiencia previa de organización sindical[10]. Tan sólo en el mes de mayo de 1931, la CRT catalana admitió 100.000 nuevos miembros: en agosto, la Confederación afirmaba tener 400.000 afiliados en Cataluña, mientras que la CNT barcelonesa anunció que en sus filas se encontraba un asombroso 58 por ciento del proletariado de la ciudad[11].

En muchos barris, la CNT se convirtió en la estructura organizativa dominante, al tiempo que se desarrollaba una relación simbiótica entre el movimiento obrero organizado y las comunidades obreras estrechamente entretejidas. En parte, esto era reflejo del profundo optimismo colectivo y sensación de triunfo que surgieron en los barris con la desaparición de la monarquía y la creación de nuevos centros sindicales y comités de barrio de la CNT[12]. Así fue establecida una geografía moral alternativa en el nuevo cinturón rojo de la ciudad, barris como Sant Andreu y varios grupos de cases barates, cuyos habitantes no podían acercarse diariamente a las oficinas sindicales del centro de la ciudad. Esta nueva forma de sociabilidad obrera organizada quedó tipificada en la expansión de la CNT en l’Hospitalet, especialmente en el Comité de Distrito de La Torrassa, donde floreció un sindicato de base enérgico y vibrante. Los Comités de Distrito proponían la visión de una República de barris, una democracia participativa descentralizada y directa que reflejase la sociabilidad de los distritos obreros. Las agrupaciones sindicales locales también prometían la mejora de la posición económica de los barris a través de respuestas comunales, en vez de individuales, a la pobreza, el sitie qua non para la formación de una economía de clase obrera autosuficiente, diseñada para resistir las imposiciones del mercado.

Igualmente espectacular fue el desarrollo de los ateneos. A lo largo de la dictadura en la década de 1920, muchos anarquistas y anarcosindicalistas se dedicaron totalmente a actividades culturales y educativas. Pese a que el nivel del analfabetismo en la Barcelona de los años 30(15 por ciento) estaba muy por debajo de la media española (32 por ciento), las instalaciones educativas en los barris seguían siendo insuficientes: por ejemplo, en enero de 1931 había en Poblé Sec plazas escolares para tan sólo 200 de los 7000 niños del distrito[13]. El analfabetismo en Barcelona variaba mucho de una zona a otra, siendo mucho más alto en los barris, en especial en aquellos con una concentración alta de inmigrantes no cualificados, como la Barceloneta, donde más de un 50 por ciento de la población no sabía ni leer ni escribir[14]. Para atajar este problema, se establecieron ateneos en el cinturón rojo de la ciudad, que se convirtieron en una importante, y en ocasiones única, fuente de educación. El Ateneo Cultural de Defensa Obrera, formado en las cases barates de Can Tunis en abril de 1930, organizó una escuela para 400 niños de la zona[15]. Era tal la demanda de servicios educativos que los ateneos se veían obligados periódicamente a encontrar locales de mayor tamaño[16]. Uno de los centros educativos más importantes fue la Escuela Natura del barri de Clot, financiada por el Sindicato Textil. La Escuela Natura, que también organizaba un campamento de verano popular en una casa de campo del pueblo pirenaico de Puigcerdà, tenía unos 250 alumnos, incluyendo a varios hijos de líderes cenetistas. De su educación se ocupaba un grupo de profesores que, bajo la supervisión del pedagogo racionalista Juan Puig Elias, preferían el uso de la razón a los castigos[17]. Los ateneos no sólo enriquecieron la vida pedagógica y artística de los barris sino que también transmitieron los valores alternativos de una cultura rebelde, anticapitalista y antijerárquica, sentando las bases para la lucha y la protesta[18].

Inevitablemente, el desarrollo de los ateneos profundizó la conexión entre los anarquistas y las gentes de los barris, sobre todo la juventud. Así se explica la aparición de la FAI (Federación Anarquista Ibérica) como un nuevo elemento en la esfera obrera de la Barcelona de los años 30. Formada en Valencia en 1927 como sociedad secreta anarquista ibérica, cuatro años más tarde la FAI prácticamente carecía de organización estatal, pese a tener miembros con cierta presencia en algunos barris[19]. Desde la década de 1920, los grupos de afinidad anarquistas en la clandestinidad cada vez estaban más arraigados en la sociedad local y, aunque por fuerza se trataban de conjuntos muy cerrados, cada vez se basaban más en los vínculos múltiples de familia, comunidad, trabajo y espacio, reuniéndose con regularidad en las cooperativas de barrio, ateneos, cafés y bares[20]. La Tranquilidad, en el Paral·lel (descrito por un anarquista asiduo como el café menos tranquilo del barrio) probablemente fuese el bar más concurrido de la época. Allí se establecerían Durruti y su grupo durante casi toda la República[21]. Además, era muy popular entre obreros y anarquistas como lugar de discusión y debate. El responsable, un antiguo militante cenetista, daba agua del grifo a quien no se pudiese permitir comprar bebidas y consentía la estancia sin consumición. Aunque Barcelona llevaba mucho tiempo atrayendo a anarquistas españoles y extranjeros, la consolidación de unas redes de sociabilidad exclusivamente libertarias entre finales de 1920 y principios de 1930, hizo que los recién llegados pudiesen localizar a los grupos de afinidad e integrarse con facilidad en la ciudad. Este hecho fue oportuno ya que el establecimiento de dictaduras en Italia, Argentina, Uruguay y Cuba durante estos años produjo un éxodo de anarquistas que llevó a muchos a refugiarse en Barcelona. Algunos de ellos, como Fidel Miró, un catalán expulsado de Cuba, o Sinesio García Delgado (alias «Diego Abad de Santillán»), un español obligado a abandonar Argentina, acabarían por convertirse en líderes destacados de la FAI[22].

Divisiones en la CNT

El resurgimiento de una esfera pública proletaria con la llegada de la República sacó a la luz viejas divisiones dentro del movimiento confederal. El golpe de Primo de Rivera había servido para neutralizar los conflictos internos de la CNT, evitando la casi inevitable división del sindicato. En 1931, la facción más grande en el interior de la CRT catalana era la anarcosindicalista, que tenía el control del Comité Nacional de la CNT y de la Federación Local en Barcelona durante la transición de la monarquía a la República. Los dos sindicalistas más prominentes eran Pestaña y Peiró, ambos viejos anarquistas énragés.[23] Los anarcosindicalistas entendían la revolución como un ejercicio constructivo esencial para el perfeccionamiento de la organización sindical y la creación de comités de fábrica estables, en los que recaería, en un futuro, la responsabilidad de sacar adelante la economía posrevolucionaria[24]. Varios líderes anarcosindicalistas eran viejos militantes que habían vivido la represión de la posguerra durante el pistolerismo y la dictadura; su experiencia a cargo de la CNT durante la dictablanda les había hecho apreciar las posibilidades que ofrecían las libertades reducidas que ofrecía la sociedad capitalista y la importancia de tener amigos en el campo democrático. La anteposición del sindicalismo práctico a los principales objetivos revolucionarios inclinaba a los líderes anarcosindicalistas hacia una praxis reformista de coexistencia con la República de la CNT.

Y sin embargo, esta posición pro republicana no causó divisiones políticas significativas dentro de la CNT. El sentimiento dominante en las filas confederales, compartido por la mayoría de los anarquistas «puros», era que los sindicatos necesitaban tiempo para recuperar su antigua fuerza antes de ponerse rumbo a la revolución. Incluso en el Sindicato de la Construcción, cuyo componente anarquista era mayor que en ningún otro, existía un sentimiento generalizado sobre la necesidad de contribuir a la proclamación de la República[25]. Esta intoxicación republicana alcanzó incluso a las facciones más radicales de los anarquistas. El Luchador, semanario de la familia Montseny, defensora autoproclamada de la ortodoxia anarquista, alabó al presidente Macià y pidió a la clase obrera que se preparase para defender la República contra la restauración monárquica[26].

Tan sólo una minoría de anarquistas se opuso a la República desde su inicio y, pese a todo, la suya era una forma de oposición más teórica o estratégica que práctica. Esta postura estaba conectada al grupo de afinidad Nosotros (los antiguos Solidarios), cuyos miembros temían que una democracia estable sedujese a los obreros en las urnas y domesticase a la CNT. Según García Oliver, un importante miembro de Nosotros, lo mejor para evitar esta posibilidad era la «acción insurreccional pendular», movilizaciones violentas perpetradas por grupos pequeños de activistas y diseñadas para ayudar a las masas a «superar el complejo de miedo a las fuerzas represivas, al ejército, a la Guardia Civil, a la policía…». Con el objetivo de provocar la violencia de Estado y de las fuerzas conservadoras, estos partidarios de la «gimnasia revolucionaria» buscaban crear una espiral de protesta capaz de atraer a una gran parte de las masas hasta provocar la chispa del latente fuego revolucionario que devoraría a la República[27]. En caso de que estos ejercicios insurreccionales no lograsen producir la revolución, al menos forzarían a las autoridades a utilizar medidas draconianas, y así impedir la institucionalización del proletariado dentro de la República. Esta perspectiva, arraigada en un concepto de anarquismo insurreccional de finales del siglo XIX, ignoraba el aumento de la capacidad represiva del Estado moderno. Sin embargo, la estrategia encajaba con las experiencias de los grupistas veteranos de la época del pistolerismo, activistas que preferían combinar la acción directa tradicional con la violencia de grupos pequeños y que tenían una mentalidad militarista, más bien simplista, tendente a explicar problemas políticos complejos en términos de relaciones de fuerza. La promesa de una inminente acción revolucionaria también atrajo la atención de los activistas más jóvenes, muchos de los cuales se sintieron cautivados por el paso acelerado del cambio político ocurrido entre 1930 y 1931, y preveían con optimismo que en un plazo más bien corto la República acabaría como la dictadura y la monarquía[28].

Mientras que en los comienzos de la República Nosotros tenía escasa influencia en la Confederación, durante el Pleno Nacional de la CNT en Madrid a finales de abril de 1931 logró uno de sus principales objetivos: la formación de Comités de Defensa Confederal. Estos grupos paramilitares, integrados por militantes sindicales y anarquistas, estarían siempre en pie de guerra, preparados para defender a la CNT contra la agresión estatal o patronal[29]. Mientras que los anarcosindicalistas consideraban a los Comités de Defensa como una fuerza de reserva capaz de contribuir a la lucha por el control sindical de la sociedad, los radicales veían esta estructura paralela como «el brazo armado de la revolución violenta»[30] o, en palabras de Antonio Ortiz, otro miembro de Nosotros, «una vanguardia que debía encauzar la revolución»[31].

Sería un error, sin embargo, concluir que los radicales buscaban el enfrentamiento con las nuevas autoridades. Nosotros, como los moderados de la CNT, había puesto muchas esperanzas en la República: Durruti, considerado habitualmente como la encarnación del anarquismo intransigente, alabó a Macià por ser «un hombre de toda bondad, un hombre puro e íntegro»[32]. Además, pese a que se acabó por identificar la posición insurreccional adoptada por Nosotros con la FAI, no debe olvidarse que a principios de la República no estaba afiliado a esta organización, y que muchos anarquistas criticaban el papel vanguardista de una minoría pequeña, acusándolo de «anarcobolchevismo». Ciertamente, la FAI era el ala radical del movimiento anarquista, pero se trataba de un organismo heterogéneo formado por varios conjuntos, como los pacifistas, maltusianos, esperantistas, naturistas, educacionistas, grupos artísticos y compañías de teatro, todos ellos unidos por su oposición al reformismo y comunismo en la CNT[33].

En abril de 1931, los disidentes comunistas —la más pequeña de las tres facciones de la CNT— eran los únicos que consideraban como inevitable el conflicto entre sindicatos y República. Organizados políticamente en el BOC (Bloc Obrer i Camperol/Bloque Obrero y Campesino), estos comunistas antiestalinistas dieron voz a los temores de una minoría dentro de la clase obrera que creía en la necesidad de una política auténticamente revolucionaria, argumentando que no se podía confiar en las fuerzas sociopolíticas exógenas, como los republicanos de clase media. Desprovistos de las ilusiones democráticas prevalecientes en la dirección de la CNT y en círculos anarquistas, los bloquistas no esperaban ninguna muestra de benevolencia por parte del nuevo régimen: «el gobierno republicano nunca puede estar del lado de los obreros, ni ser neutral. Es un gobierno burgués y, como tal, defenderá forzosamente a la burguesía contra el proletariado»[34]. El acierto de esta profecía pronto se haría evidente.

El«caliente verano» de 1931

Desde julio hasta el fin del verano de 1931, hubo en Barcelona una auténtica explosión de conflictos sindicales como resultado de las nuevas libertades adquiridas que permitían a los obreros iniciar disputas en talleres individuales e industrias enteras, incluyendo sectores vitales de la economía, como los muelles barceloneses y la Telefónica, principal compañía de comunicaciones en España. Estas movilizaciones llegaron a su punto culminante en agosto: tan sólo en Barcelona hubo 41 huelgas, incluyendo un paro de 40.000 obreros metalúrgicos de un mes de duración[35]. Como muestra del fuerte aumento de la militancia, basta con mencionar dos disputas sobre prácticas laborales y persecuciones que culminaron en ocupaciones de fábricas[36].

Mientras que la ola de huelgas del verano no tenía precedente en la historia de las relaciones industriales catalanas, sobrepasando incluso a las movilizaciones que siguieron a la Primera Guerra Mundial, no se trataba sin embargo de un ataque revolucionario al Estado o a la República, como afirmaban las teorías de la conspiración que prevalecían en los círculos republicanos. Por el contrario, para entender las razones que había detrás de las huelgas debemos recordar que, desde el advenimiento de la industrialización en Cataluña hasta la década de 1930, prácticamente siempre los patronos habían llevado la ventaja en temas laborales. Tan sólo durante un breve periodo tras la Primera Guerra Mundial logró la CNT restringir la libertad del capital, y sólo para verse obligada poco después a trabajar en la clandestinidad como resultado de la represión laboral de la dictadura de Primo de Rivera. Mientras tanto, entre 1930 y 1931, el nivel de vida de la clase obrera continuó deteriorándose debido al crecimiento del desempleo y la inflación del precio de los alimentos básicos y los alquileres[37]. Como vimos en el capítulo 3, las autoridades republicanas continuaron imponiendo la misma política económica liberal que tanta agitación había generado en los barris durante los regímenes anteriores, dejando intacta la base material responsable del malestar de la clase obrera y permitiendo además el aumento drástico, a lo largo de la década de 1930, del precio del transporte público, sorprendentemente estable entre 1907 y 1931[38]. No deja de ser interesante, por tanto, que el cónsul general británico mostrase sorpresa, en julio de 1931, ante la moderación de los sindicatos pues, como él mismo diría, «no cabe duda que sigue existiendo en la ciudad un alto número de obreros mal pagados»[39].

La naturaleza abierta y descentralizada de la CNT, y su sensibilidad ante los sentimientos de las bases, fueron factores clave en el estallido de las huelgas. Éstas tenían un obvio atractivo para los sindicalistas de a pie —la promesa de una mejora colectiva— y muchas fueron llevadas a cabo a través de la CNT, aunque sin estar necesariamente bajo su control directo, ya que los enlaces sindicales o no estaban preparados o no sabían encauzar la marejada en favor de la acción[40]. Ante todo, por tanto, las huelgas formaban parte de una campaña obrera para recuperar el terreno perdido durante un periodo en el que los patronos tenían carta blanca en el lugar de trabajo[41]. Así, la mayoría de las reclamaciones de la CNT giraban en torno a temas económicos, cuyo objetivo era la mejora de las condiciones laborales a través del aumento salarial, la reducción de la jornada laboral y la abolición de formas intensivas de explotación, como el trabajo a destajo y el trabajo infantil. Muchas de estas demandas eran viejas ambiciones de la CNT que no habían sido diseñadas para poner en peligro la consolidación de la República. De hecho, una de las exigencias sindicales más habituales en 1931 era el reconocimiento por parte de los patronos de la bolsa de trabajo de la CNT, a través de la cual se buscaba reintegrar a los parados en el lugar de trabajo y restringir el despido incontrolado de los obreros de Fiat[42]. En general, la Confederación quería recuperar la dignidad colectiva del proletariado; así se explican su demanda para la vuelta al empleo de los obreros perseguidos durante el conflicto de los obreros ferroviarios de 1917 y la huelga de La Canadenca de 1919 (véase foto 4.1).

En cierto sentido, la explosión de huelgas durante este periodo puede atribuirse al contexto político. Por un lado, al terminar la represión política de la monarquía y la dictadura, el deseo acumulado de cambio no podía sino acrecentar las exigencias sociales colectivas. De hecho, tras siete años de sopor forzoso, las bases de la CNT, por fin libres de organizarse colectivamente, tenían especial interés en hacer valer sus exigencias y utilizar su fuerza colectiva. En segundo lugar, las promesas republicanas de romper con el pasado y superar a los gobiernos de la monarquía y la dictadura, levantaron grandes expectativas. Muchos obreros habían puesto sus esperanzas de justicia social en el proyecto republicano y asumían que como mínimo las nuevas autoridades, una vez en el poder, mejorarían radicalmente su nivel de vida. En el mejor de los casos, los obreros confiaban en que la República abriría las puertas a una nueva era de igualdad social. Por consiguiente, se daba por sentado que el nuevo régimen iba a crear nuevos espacios para las reclamaciones colectivas, y se pensaba que éstas serían bien recibidas por las autoridades o al menos, recibidas de forma diferente[43]. Y así, en los días de esperanza que siguieron a la proclamación de la República, el ambiente durante las asambleas sindicales era entusiasta; el sentimiento generalizado indicaba que había llegado el momento adecuado para el cambio. En casos específicos, como el conflicto de Telefónica, los obreros se declararon en huelga con los mismos objetivos que habían prometido cumplir algunos miembros del primer gobierno de la conjunción republicano-socialista cuando estaban en la oposición[44].

Foto 4.1. Unos obreros conversan fuera del lugar del trabajo durante un conflicto laboral. Segunda República (Francesc Bonamusa, Pere Gabriel, Josep Lluís Martín Ramos y Josep Termes, Història Gràfica del Moviment Obrer a Catalunya, Barcelona, 1989, p. 259).

La respuesta de los patronos a la nueva situación política fue otro factor que contribuyó a la ola de huelgas. Por más que éstos hablasen de la necesidad de preservar la «autoridad» y el «orden», en realidad continuaron ignorando la legislación laboral, costumbre muy arraigada. En los comienzos de la República, los grupos de presión burgueses apelaron al gobierno para el uso de la represión total del «desorden»; al mismo tiempo, las asociaciones de negocios estaban incumpliendo las nuevas leyes sobre la restricción de la jornada laboral y el uso de la explotación de menores, así como la legislación en materia de sanidad y seguridad. Además, los patronos tomaban represalias contra cualquier activista de la CNT que exigiese la implementación de las mismas. No era raro que los patronos despidiesen a los obreros con comentarios como «¡que te dé trabajo la República!» o «¡que te alimente la República!»[45] La CNT, como era de esperar, recogió el guante arrojado por los patronos y se embarcó en una serie de conflictos para lograr que los industriales cumpliesen con la nueva legislación laboral. Haciendo gala de una hipocresía considerable, los grupos de negocios denunciaron la supuesta «campaña sistemática» de «chantaje» de la CNT y el «placer morboso» que sentían sus activistas con la práctica del «deporte» de la huelga[46].

Las tensas relaciones laborales de Barcelona se vieron agravadas por la represión estatal que ejerció el primer gobierno de la República contra la cultura de acción directa de las bases cenetistas. Largo Caballero, secretario general de la UGT y ministro de Trabajo, abusó de su posición con el fin sectario de fortalecer el pequeño centro barcelonés del sindicalismo socialista. Para este fin utilizó los Jurados Mixtos, que básicamente criminalizaron las principales prácticas de la CNT, y al hacerlo, prepararon el terreno para la ruptura entre el cenetismo y la República. Los Jurados Mixtos, basados en las tradiciones corporativas de los sectores cualificados de la clase obrera madrileña, que favorecían la colaboración de clase por encima de la movilización y estaban dispuestos a someter sus reclamaciones profesionales al arbitraje, sólo eran adecuados para una minoría pequeña formada por los obreros mejor pagados de Barcelona. En el sector de la madera, los artesanos y algunos obreros autónomos se unieron a la UGT[47]. Lo mismo ocurrió con los pocos oficinistas y obreros cualificados bien pagados de La Maquinista, la fábrica metalúrgica más grande de la ciudad, cuya plantilla pertenecía en su mayoría a la CNT[48]. En su conjunto, los Jurados Mixtos eran extremadamente incompatibles con las condiciones industriales de Barcelona. En primer lugar, los tribunales industriales no encajaban en la estructura del capitalismo local, presidida por una burguesía agresiva que históricamente había rechazado la presencia de sindicatos independientes en el trabajo, y en la que los conflictos laborales solían ser abiertos y sin mediación. En segundo lugar, los Jurados Mixtos eran un elemento extraño a las tradiciones obreras de acción directa predominantes en Barcelona que, como vimos en el capítulo 2, no concordaban con la cultura socialdemócrata y su énfasis en la gratificación diferida. Los trámites pesados y burocráticos de los tribunales industriales tenían poco atractivo para una mano de obra mayoritariamente no cualificada y para la que la contratación temporal y los bajos salarios eran la norma: estos obreros buscaban la mejora inmediata de su situación y consideraban la acción directa como la estrategia más apropiada para extraer concesiones de una burguesía agresiva.

Con los Jurados Mixtos, Largo Caballero puso a la Confederación entre la espada y la pared, especialmente en los muelles, donde estallaría una guerra brutal entre sindicatos. O bien ignoraba la importancia del desarrollo de las relaciones entre la CNT y el gobierno, o su actitud formaba parte de una estrategia para debilitar al rival de la UGT colocándolo en oposición directa al Estado. Sin duda, los líderes de la CNT veían la intransigencia de Largo Caballero como una provocación deliberada: dada la complicidad que había mostrado con Primo de Rivera en un intento de sobrepasar a la Confederación, muchos cenetistas no podían evitar pensar que la manipulación de las instituciones republicanas respondía al mismo objetivo. En la práctica, era imposible para la CNT aceptar los Jurados Mixtos. Su poder siempre se había expresado a través de la movilización: para los activistas, las calles eran el lugar donde se extraían concesiones de los patronos y el Estado; participar en los tribunales industriales, ajenos a la cultura del movimiento, suponía un riesgo inaceptable para los organizadores de la CNT, carentes de experiencia en los procedimientos del arbitraje. De ahí que la Confederación describiese la utilización de los Jurados Mixtos como una táctica para «engañar miserablemente al proletariado con una monstruosidad social y jurídica», parte de una estrategia «desde arriba» para absorber al movimiento (o a sus líderes) y desmovilizar las bases[49].

El gobierno desveló su posición con respecto a las movilizaciones de la CNT durante la huelga de la ITT de Telefónica, cuyas prácticas laborales habían sido condenadas categóricamente por republicanos y socialistas durante los últimos meses de la lucha contra la monarquía. El primer día del paro en Telefónica del mes de julio, el gobierno declaró que la huelga era ilegal porque la CNT no había sometido sus exigencias a los Jurados Mixtos[50]. Según Maura, ministro de Gobernación, el conflicto era «político», una acusación más apta quizás para la postura de su colega en el consejo, Largo Caballero, interesado en reforzar la posición de la UGT en las telecomunicaciones y utilizar la disputa para dar un golpe al principal enemigo de los sindicatos socialistas en el sector[51]. La ilegalización de las luchas confederales politizó los conflictos sindicales al convertirlos en disputas contra el Estado, colocando al gobierno en rumbo de colisión con la CNT y haciendo inevitable el conflicto entre sindicatos.

Cuando las huelgas de la CNT empezaron a desarrollarse fuera del control de los Jurados Mixtos, lo que por otro lado era ineludible, el discurso oficial comenzó a parecerse al de las antiguas autoridades monárquicas. Los partidarios de la conjunción republicano-socialista del gobierno central describían a la CNT como los «enemigos declarados del nuevo régimen», cuyos «líderes perniciosos» se habían embarcado en una ofensiva consciente contra la República. Las autoridades estaban cada vez más obsesionadas con las acciones de los piquetes de la CNT, formándose un consenso en torno a la idea de que los cenetistas estaban sembrando el terror incontrolado en las calles. Crisol, un periódico republicano de izquierdas con base en Madrid, conectó la violencia de la CNT a la de los nazis, mientras que El Socialista, el principal diario socialista, acusó al comité de redacción de Solidaridad Obrera, controlado en aquel entonces por anarcosindicalistas, de estar formado por pistoleros[52]. Esto no deja de ser irónico pues, por más que la UGT celebrase públicamente la legalidad republicana, existen pruebas contundentes de su responsabilidad en una parte significativa de la violencia que tuvo lugar en Barcelona durante las primeras semanas de la República. Por ejemplo, a principios de junio estalló una disputa en una fábrica de cajas cerca del puerto a causa de las represalias tomadas por la patronal contra organizadores confederales, que fueron reemplazados por miembros de la UGT. Cuando una delegación de la CNT se acercó a la fábrica para protestar contra los despidos, los ugetistas les recibieron a tiros, hiriendo a 13 de ellos[53]. Poco después tuvo lugar un ataque similar en Blanes, un pueblo costero cercano a Barcelona, que dejó un balance de cuatro cenetistas heridos[54].

La falta de detenciones por parte de la policía tras estos actos de agresión sin duda animó a muchos cenetistas a asumir como propia la responsabilidad de su seguridad física, y ayuda a explicar el aumento del número de armas en las calles. Otro factor importante fue el hecho de que antiguos miembros de los Sindicatos Libres de derechas, incluyendo varios de sus pistoleros, se hubiesen unido a la UGT. De hecho, entre 1930 y 1931, la UGT barcelonesa se convirtió en punto de reunión de un revoltijo de obreros cualificados y conservadores, como guardas jurados privados, pasteleros y pianistas, todos ellos unidos por un odio virulento a la CNT y sus métodos agresivos de lucha de clases. Además, durante la República, la UGT barcelonesa experimentó un crecimiento significativo precisamente en estas industrias de servicios, base tradicional de los Libres[55].

«Arrollada por la masa»: la radicalización de la CNT

La dirección anarcosindicalista moderada, en armonía con su actitud hacia la República de «esperar a ver qué pasa», quería evitar por todos los medios que las relaciones entre la CNT y las nuevas autoridades se volviesen demasiado agresivas. Por ello, a medida que el verano se fue «calentando», la dirección de la CNT tuvo que canalizar la frustración de una gran parte de sus bases con el carácter represivo de la «república del orden». En vez de denunciar a la República sin más, las críticas de los moderados se centraron en Maura y Largo Caballero, dos ministros «saboteadores» en vez de «republicanos de buena fe»[56] dentro del go-bierno de conjunción republicano-socialista, especialmente predispuestos contra la CNT. El ataque a Largo Caballero, «individuo inmoral»[57], se concentró en sus leyes laborales y la «violencia judicial» de los Jurados Mixtos, mientras que Maura, hijo de Antonio Maura, el arquitecto de la represión que siguió a la insurrección de 1909 en Barcelona, pasó a ser conocido como «el hijo de Maura», un juego de palabras que aludía a los padres del ministro de Gobernación. En junio, los moderados iniciaron una campaña para que se apartase a Maura y Largo Caballero del gobierno, dando por cierta la premisa reformista de que la CNT podía coexistir sin problemas con una República que no incluyese en su consejo de ministros a ninguno de los dos causantes del conflicto. La CNT advirtió a Largo Caballero y al resto del gobierno que al atacar a su organización estaban «jugando con fuego, y es posible que el fuego consuma su obra»[58]. Con todo, los moderados aún guardaban esperanzas de que el gobierno de alguna forma rectificase su postura y comenzase a tratar a la CNT de otra forma. Solidaridad Obrera incluso exigió que Maura fuese juzgado por la ley republicana como provocador monárquico. En junio, al mostrar ambos ministros su apoyo a la patronal durante la huelga de Telefónica, la CNT les denunció como «lacayos del imperialismo yanqui»[59].

Los líderes de la CNT se embarcaron asimismo en una lucha de retaguardia contra la creciente militancia de las bases del movimiento que tantas esperanzas había depositado en la República. Una de las principales preocupaciones de la dirección era que la sucesión interminable de huelgas consumiese la energía proletaria y provocase posiblemente una ola de represión estatal que podría poner en peligro el futuro de la revolución[60]. Con la propuesta de que sólo los sindicatos cuyos miembros fueran los más desfavorecidos pudiesen iniciar acciones huelguísticas, durante las cuales los demás tendrían que proporcionar asistencia económica, los moderados esperaban regular el curso de los conflictos. Así, los líderes sindicalistas locales trataron de impedir las huelgas en la medida de lo posible, llegando incluso a aceptar la intervención de autoridades como el gobernador civil. La dirección también logró persuadir con éxito al Sindicato Textil y al de la Construcción de que pospusiesen sus huelgas, evitando conflictos que habrían afectado hasta 100.000 obreros de la zona de Barcelona[61]. Pese a todo, a finales de mayo de 1931, la dirección admitió que la CNT estaba siendo arrollada «por la masa que viene a los sindicatos»[62].

A medida que fue aumentando el número de huelgas, la dirección anarcosindicalista moderada se volvió más crítica sobre el papel de los delegados de taller. Estos activistas constituían el pilar de la CNT: raramente hablaban en público pero eran figuras muy respetadas en las fábricas, donde se ocupaban de las actividades cotidianas de los sindicatos, organizando reuniones y recolectando las contribuciones financieras. Su extremada cercanía a las bases hizo que jugasen un papel decisivo en la articulación de las exigencias de la clase obrera. Según los moderados, la «irresponsabilidad» de los delegados de taller produjo huelgas prematuras con pocas posibilidades de victoria, lo que suponía un abuso del federalismo de la CNT y una carga para los recursos de la federación local barcelonesa y otros sindicatos obligados a dar solidaridad[63].

Algunas huelgas estuvieron, sin duda, muy mal organizadas, pero ello no significa que los delegados de taller fuesen una pequeña minoría de agitadores, como se ha dicho en tantas ocasiones: a menudo, éstos actuaban bajo la presión de unas bases impacientes por mejorar su posición social. Además, la sugerencia de que la ola de huelgas era obra de los radicales pierde peso cuando se tiene en cuenta que el Sindicato de la Construcción, el único en aquel momento controlado por los anarquistas radicales, contuvo una huelga en el verano de 1931 obedeciendo órdenes de la federación local de la CNT, controlada por los moderados.

Pese a todo, el conflicto sindical no disminuyó, ya que las huelgas afectaban también a la comunidad. Para los obreros directamente implicados, y para sus familiares y vecinos, las huelgas comportaban situaciones de gran carga emocional: la decisión de parar de trabajar traía consigo sacrificio y posiblemente un viaje a la casa de empeños, intensificando, a su vez, la vida social de los barris, al aumentar el contacto entre los huelguistas y su entorno social. El apoyo a éstos acentuó la identificación de los individuos con la comunidad, sentimiento alentado por la solidaridad organizada de la CNT. Así, distritos enteros se radicalizaron, transformando los barris de una comunidad en sí (objeto) a una comunidad para sí (sujeto). Un ejemplo de este proceso tuvo lugar durante el conflicto de la Telefónica, que sería aclamado como la lucha heroica de una «comunidad» de obreros unidos contra una coalición de fuerzas externas y hostiles, formada por el capital norteamericano, el Estado central y su ejecutivo armado. Para muchos obreros de los barris, la función de los piquetes activos como medio de coerción e intimidación contra extraños representaba la imposición necesaria de la voluntad colectiva[64]. En varias ocasiones, Solidaridad Obrera publicó los nombres y direcciones de aquellos «esquiroles» que se habían saltado la «disciplina de clase» y de los policías que consideraba especialmente brutales, con la intención de que se les aplicase «un correctivo»[65]. Los piquetes eran tan aterradores que, según informes escritos, algunos esquiroles los cruzaban vestidos de mujer. Bajo la presión de su uso intenso, muchos patronos recalcitrantes accedieron a las reclamaciones de los sindicatos, validando la eficacia de las tácticas de acción directa. Por ejemplo, ese verano durante una huelga de barberos especialmente violenta, tras repetidos ataques de los piquetes a las barberías, los patronos aceptaron aumentar los salarios y reconocer a la CNT y su bolsa de trabajo[66].

Durante las movilizaciones en el verano de 1931, cientos de miles de obreros se unieron a la Confederación convencidos de que se trataba del mejor vehículo para lograr sus aspiraciones materiales cotidianas, lo que confirma hasta qué punto la militancia estaba condicionada por la capacidad de los sindicatos confederales de luchar contra la burguesía, en ocasiones con éxito. Si los sindicatos cedían o vacilaban, existía el peligro de que aquellas concesiones ya ganadas desapareciesen junto a cualquier posibilidad de obtener beneficios futuros a través de la acción directa.

Todo estaba listo para un enfrentamiento entre la CNT y las autoridades. El movimiento huelguístico al que tuvieron que hacer frente las autoridades respondía a su fracaso en la promulgación de reformas capaces de aplacar las exigencias de las bases, y atraer a los líderes más importantes de la comunidad y de la clase obrera de Barcelona. Cuando llegó la hora de la verdad, las autoridades no dudaron en utilizar a la Guardia Civil para desalojar por la fuerza a los obreros de las fábricas ocupadas de Poblenou y Sants[67]. En la huelga de Telefónica, Maura dio la orden de que se adoptasen «medidas enérgicas» contra los huelguistas, mientras que Galarza, director general de seguridad de la República, mandó a la policía y al ejército que se disparase sobre cualquiera que fuese sorprendido en un acto de sabotaje[68]. El ensanchamiento de la red judicial intensificó la persecución de huelguistas en las calles. Las octavillas sindicales, uno de los métodos favoritos de la CNT para comunicarse en los barris y responder con rapidez a los acontecimientos, fueron ilegalizadas por contener material que no había sido aprobado por el censor. Los activistas que distribuyesen o pegasen estos folletos podían ser arrestados[69]. De igual forma, los huelguistas que utilizasen la persuasión verbal para animar a los obreros a unirse a un paro se exponían a ser detenidos por el uso de «coacciones». Tras un enfrentamiento entre la policía y los piquetes en Madrid, «Miss Telefónica 1931», la ganadora del concurso de belleza de la compañía, fue detenida. En Barcelona, un grupo de niños pequeños fue arrestado en el Raval por mofarse de una telefonista gritando «María la esquirol». Enviados por las autoridades para proteger a los «esquiroles» e imponer «prohibiciones repentinas» en asambleas sindicales, la aparición de los guardias de asalto en las calles durante la huelga de Telefónica ocasionó enfrentamientos violentos con los piquetes[70].

La represión incrementó los costes y riesgos de las protestas para la CNT, volviendo muy peligroso el conflicto industrial. La lucha para proteger las huelgas contra la represión estatal y la violencia por parte los miembros de la UGT consolidó los comités de defensa cenetistas, al hacer valer los huelguistas y los activistas su derecho a defenderse. Los comités acabarían estando a cargo, por ejemplo, de actividades prohibidas como la pegada de carteles y el reparto de octavillas. Basados en redes pequeñas y clandestinas dentro de los sindicatos y los barris, estos organismos semiformales se vieron envueltos en enfrentamientos cada vez más violentos contra las fuerzas de seguridad. Una de las noches más sangrientas fue la del 23 de julio, a raíz del bombardeo de artillería durante los dos días anteriores contra un lugar de encuentro de la CNT en Sevilla, que había dejado un balance de cuatro miembros de piquete asesinados por la policía[71]. Así, la tensión entre cenetistas barceloneses era intensa, y en la tarde del 23 de julio dos guardias de asalto fueron heridos de gravedad al intentar detener a un grupo de militantes frente a las oficinas del Sindicato Fabril y Textil de la Confederación en el baluarte anarquista de Clot. Esa noche, un contingente de guardias de asalto y policías llevó a cabo una redada en una supuesta «reunión clandestina» en las oficinas del Sindicato de la Construcción del Raval. Por miedo a que la policía aplicase la ley de fugas, los activistas en el edificio recibieron a los agentes con una lluvia de balas, lo que llevó a un sitio de cuatro horas con cientos de policías, guardias de asalto y soldados rodeando las oficinas. Finalmente los grupistas se rindieron ante el ejército con seis obreros muertos y docenas de heridos en ambos lados[72].

Sin duda, la capacidad represiva de la «república del orden» era lo suficientemente fuerte como para bloquear la ofensiva inicial de la CNT barcelonesa, pese a que en el momento más intenso de las huelgas las fuerzas de seguridad necesitasen refuerzos de la Guardia Civil y el Ejército. A finales de agosto, el gobernador civil Anguera de Sojo solicitó el envío de 400 guardias civiles a la ciudad[73]. En septiembre, durante lo que Anguera de Sojo describió en un telegrama como una «hora crítica» que «con tino y energía puede significar [el] aseguramiento definitivo [del] orden o determinar un retroceso», llegaron otros 100 guardias civiles más[74]. Ese mismo mes, ante la incesante lucha por las calles, se incrementó su contingente en otras dos ocasiones[75]. Hacia la llegada del otoño, la represión había dañado considerablemente la fuerza colectiva de la CNT; las huelgas eran cada vez más largas y tenían menos posibilidades de acabar con éxito. Los patronos, conscientes de haber capeado el temporal y seguros bajo la amplia protección que les brindaba el gobernador civil Anguera de Sojo, pasaron al ataque tomando represalias contra activistas y despidiendo obreros. En la industria metalúrgica, el acuerdo negociado a finales de agosto que obligaba a los patronos a aceptar la mayor parte de las reclamaciones de los sindicatos, como el fin del trabajo a destajo, la subida de salarios y el establecimiento de un subsidio de desempleo, se fue al garete en el otoño pues las autoridades hacían caso omiso de las infracciones del mismo. Incluso La Vanguardia llegó a condenar las prácticas severas de algunos patronos como un peligro para la «paz civil»[76].

La represión de las movilizaciones cenetistas en el verano de 1931 abrió una fisura entre el régimen y la clase obrera que tantas expectativas había depositado en la República. Las estrategias de control de los barris, cuyo objetivo era el trastorno de las estructuras que conectaban a la CNT con las comunidades obreras, parecían favorecer a los mismos sectores comerciales que habían prosperado bajo la monarquía. Además, la experiencia que los obreros tenían del poder estatal republicano en las calles se limitaba a la policía y el ejército, poco más que una continuación del control represivo y clasista anterior a la República. Esto creó un rechazo amargo en la clase obrera, lo que no era de extrañar, dado que las nuevas autoridades habían ignorado las reclamaciones de la Confederación de una reforma trascendental de la policía y la disolución de las ramas más odiadas de las fuerzas de seguridad de la monarquía: la Guardia Civil, el Sometent y la policía política secreta[77]. Con un subjetivismo político extremo, los republicanos sobrevaloraron la apertura de su propio sistema de gobernanza: para muchos obreros, el uso de los guardias de asalto en las calles y la invasión de los barris bajo la cobertura de la Ley de Defensa de la República, equivalía a un aumento de la militarización del espacio urbano. Difícilmente, los esfuerzos contradictorios de Maura y Largo Caballero para cambiar las actitudes populares hacia el Estado y la autoridad podían tener un impacto importante en las opiniones de los sectores no cualificados y subempleados del proletariado barcelonés. Las autoridades no tardaron en darse cuenta de la situación, así como de las dificultades existentes para penetrar en los barris y la «ausencia verdadera de elementos auxiliares» que proporcionasen la información necesaria para desarrollar sus objetivos[78]. Por otro lado, cada vez era más evidente que la lógica de la «república del orden» era contraria al deseo republicano de lograr la lealtad de las masas; con el aumento de la represión, los planes para estabilizar al régimen mediante el establecimiento de instituciones estatales populares quedaron en agua de borrajas, una utopía de la mentalidad liberal republicana. De hecho, los guardias de asalto demostraron que podían ser tan brutales como la policía monárquica: en poco tiempo, su inclinación a dar «clases de boxeo» a los obreros les hizo ser tan temidos como lo había sido la Guardia Civil[79]. Incluso un periódico conservador como La Vanguardia reconoció que la mayoría de los habitantes de Barcelona no sentía «respeto» por la policía[80]. El creciente odio de los obreros hacia este cuerpo por el papel que a su parecer jugaba como guardiana de la justicia de clase y privilegio en los barris hizo que muchos se alejasen de la «república del orden», tan opuesta a la «república de la libertad» que habían imaginado. Y, así, la utopía republicana se fue disolviendo bajo el ácido de la lucha obrera (véase foto 4.2).

Foto 4.2. Fuerzas de Guardias de Asalto preparadas en camiones ante la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Ateneu Enciclopèdic Popular.

El enfrentamiento con la «república del orden» radicalizó a las bases confederales, volviendo insostenible la posición pasiva de la dirección moderada del sindicato. El papel de los Jurados Mixtos en la frustración de las ambiciones sindicales de los delegados de taller y las trabas impuestas a las actividades cotidianas de la CNT hizo que éstos se convirtiesen en una parte fundamental del proceso de radicalización. Más que panacea de los males del proletariado, «esta República lamentable» tenía todos los sellos de los regímenes anteriores: la obsesión republicana con el orden era igual a la de las autoridades monárquicas[81]; los patronos amasaban la mayor parte de la riqueza mientras que los obreros recibían «salarios de miseria que nos impiden satisfacer las necesidades más elementales»[82]; los «esquiroles» y «chaqueteros de la UGT» eran de nuevo tolerados por las autoridades y su papel justificado por el diario del PSOE, El Socialista, el «periódico de la policía» y el «órgano oficial» de la burguesía catalana[83]. Las perspectivas de movilizaciones cenetistas se redujeron ante esta coalición de fuerzas hostiles: en octubre, un delegado sindical se quejó en un pleno de la Federación Local de Barcelona de que las prácticas del sindicato eran en realidad «inútiles» ya que las autoridades «no los dejan actuar en ninguna forma»[84].

Algunos historiadores han sugerido que la FAI orquestó la toma del poder de la CNT para expulsar a la dirección moderada[85]. Esta opinión se basa en un juicio erróneo sobre la naturaleza de la Confederación, una organización de «abajo arriba» y no de «arriba abajo». Como vimos cuando los moderados controlaban el Comité Nacional de la CNT en 1931, la dirección del sindicato carecía de poder verdadero sobre las bases. Además, como la estructura de la Confederación era descentralizada y federalista, no existía, en realidad, un aparato organizativo que tomar. Por otro lado, hasta muy entrado 1934 e incluso 1935, la FAI no tenía una estructura organizativa coherente, por lo que no puede decirse que en 1931, con tan sólo 2000 activistas en toda España, estuviera en posición de hacerse con el control de la CNT[86]. En los comienzos de la República, la FAI de Barcelona, capital del anarquismo ibérico, ni siquiera contaba con una máquina de escribir: los anarquistas pegaban notas escritas a mano en las paredes de la ciudad y copiaban páginas de folletos y libros para hacerlas circular con fines propagandísticos[87].

El desplazamiento de los anarcosindicalistas moderados entre mediados y finales de 1931, y el ascenso de los anarquistas militantes y los radicales anarcosindicalistas, reflejaban la habilidad de estos últimos para canalizar el descontento de los delegados de taller con la República. A medida que la represión estatal dificultó las movilizaciones masivas, los activistas radicales y a mano armada de los Comités de Defensa tomaron la iniciativa, abogando por —y en ocasiones utilizando— la «violencia revolucionaria» que, argumentaban, lograría la rendición de la burguesía y de sus amos políticos republicanos. Sin embargo los radicales no tenían un programa claro. Algunos eran miembros de la FAI; otros, como Durruti y su grupo, que acabaron siendo sinónimos de la CNT radicalizada anterior a la Guerra Civil, eran vistos como parte de la FAI, o por lo menos con lo que públicamente se creía que era la postura de la FAI. Pero, más que nada, Durruti y los otros integrantes de Nosotros eran anarquistas formados en las luchas callejeras que propugnaban un programa de acción que parecía sintonizar con las necesidades del momento. Sus orígenes, similares a los de miles de obreros no cualificados de Barcelona, les dotaba del lenguaje adecuado para expresar y explotar el desencanto de un número creciente de trabajadores, incluyendo los delegados de taller, que se sentían defraudados por la República. Esta desilusión no era teorética o doctrinal: no surgía de las hojas de folletos y periódicos anarquistas, sino de la frustración causada por la represión de las prácticas cotidianas sindicales de la CNT. Pese a todo, el giro represivo de la «República Policial» confirmó la ortodoxia libertaria de que el poder constituido es siempre antiproletario, protector del capitalismo y está «incondicionalmente al lado de la burguesía». Por consiguiente, mientras que la dirección cenetista desahogaba su ira contra uno o dos ministros, los radicales culpaban a toda la clase política de que España fuese una «república de guardias o bien de trabajadores en la cárcel», compuesta por políticos que en nada se diferenciaban de sus predecesores monárquicos o, como diría Solidaridad Obrera, «el mismo perro con distinto collar»[88].

Los signos de impaciencia de las masas con los aires de cambio que siguieron a abril de 1931 dieron nueva fuerza a los radicales, especialmente los enfrentamientos entre obreros y las fuerzas de seguridad, considerados como muestra de que las masas estaban superando su «complejo de miedo». Ahora sólo quedaba hacer saltar la chispa que inspirase a los obreros a envolver a toda España en una conflagración revolucionaria gigantesca[89]. A pesar de su inmenso optimismo revolucionario, las luchas violentas de las guerrillas que apoyaban los radicales en los Comités de Defensa no eran más que una forma de política armada basada en el desencanto, un síntoma del descenso de la curva de protesta social que comenzó entre 1930 y 1931. Estas tendencias resultan más evidentes cuando prestamos atención a las luchas callejeras de los parados.

CAPÍTULO 5

«LA LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA»:

ESTRATEGIAS DE AUTOAYUDA

Y ACCIÓN DIRECTA DE LOS DESEMPLEADOS

DURANTE LA REPÚBLICA

Tienen hambre de justicia y de amor estos hermanos

que cayeron en el marasmo más profundo de la vida;

en sus pechos surge el odio contra todos los tiranos

responsables de esta lucha fratricida…

La caravana camina

por la senda de su ruina,

sin saber cuál es su rumbo, sin saber adónde ir

que pueda hallar tan siquiera

la manera

de trabajar y vivir.

Solano Palacio, Los parados.

La política callejera de los desempleados

Este capítulo estudia la evolución de las pautas de polarización política y social que surgieron en torno a las luchas extraindustriales y de los parados en Barcelona. Como vimos en el capítulo 3, los parados jugaron un papel primordial en las protestas sociales de 1930 y 1931. Tras la proclamación de la República, la organización de los parados en bolsas de trabajo bajo el control de los sindicatos se convirtió en el objetivo fundamental de los anarcosindicalistas moderados, la fuerza dominante en el interior de la CNT. Estas bolsas tenían muchos puntos a su favor por aquel entonces. Por ejemplo, dado que la existencia de un en el interior de la CNT. Estas bolsas tenían muchos puntos a su favor por aquel entonces. Por ejemplo, dado que la existencia de un ejército laboral de reserva ponía en peligro la autoridad de los sindicatos, las bolsas establecían una conexión vital entre el movimiento sindical y los parados, asegurándose de mantener a éstos bajo la influencia de la cultura de clase. El objetivo de la CNT consistía en forzar a los patronos a contratar nuevos obreros a través de las bolsas exclusivamente, proporcionando trabajo para los parados. Desde una perspectiva sindicalista, la CNT buscaba extender su control sobre la oferta de trabajo y en general aumentar su poder sobre la economía y la sociedad. Las bolsas también servían como escuelas de activismo industrial: por un lado, alentaban a los parados cenetistas a participar en actividades sindicales como la pegada de carteles y formación de piquetes, remuneradas con la paga diaria de un obrero manual semicualificado; por el otro, tras la creación de los Comités de Defensa, las bolsas funcionaron como cintas transportadoras de reclutas para los organismos paramilitares de la CNT[1]. Finalmente, y más importante aún, las bolsas favorecían la militancia: se podían convocar huelgas con la seguridad de que los parados no se convertirían en un arma en manos de los patronos.

Sin embargo, desde la llegada de la República, la mayor parte de las prácticas de los desempleados se desarrollaron fuera de los sindicatos, condicionadas invariablemente por la memoria de las antiguas estrategias de supervivencia utilizadas por los desposeídos en Barcelona. Los actos ilegales, individuales y colectivos, son un ejemplo de esto. A pesar de sus variadas formas, la mayor parte no tenía un carácter «profesional» sino más bien «ocasional» o circunstancial, como respuesta a las condiciones precarias de la vida diaria. Sin duda, la ausencia de un sistema de bienestar desarrollado obligaba a una parte significativa de la población urbana a transgredir la ley para garantizar su supervivencia física y material[2]. Así se explica la regularidad de las incautaciones de alimentos básicos como la fruta, las verduras y el pan, componentes principales de la dieta proletaria. El modus operandi más recurrente era el de que entrase una mujer sola en un establecimiento y pidiese los víveres como si estuviese haciendo su compra diaria. Cuando ya los tenía en bolsas, «un desconocido» aparecía en la tienda y se llevaba los alimentos. Normalmente, la amenaza de violencia bastaba para incautar los productos, pero cuando era conveniente se hacía uso de la fuerza física[3]. En ocasiones, se unían grupos de parados más numerosos y organizados para asaltos a almacenes y depósitos portuarios, generalmente por la noche[4]. También se utilizaba el método de «comer sin pagar», o, como solía decirse en la prensa burguesa, comer a la fuerza. Por lo general se trataba de hombres indigentes que solos o en grupo entraban en un restaurante o bar, pedían y consumían la comida y, al terminar, se negaban a pagar o se daban a la fuga. En una ocasión, unos obreros en paro lograron que les sirviesen comida en el Ritz de Barcelona. En otro caso, raro y hedonista, tres parados pasaron la noche en un cabaret del Paral·lel y se marcharon de madrugada dejando sin pagar una cuenta enorme en bebidas alcohólicas. Lo más corriente, sin embargo, eran las visitas a hoteles y restaurantes para exigir comida de las cocinas[5]. En los barris periféricos, punto de encuentro entre la ciudad y el campo, los parados a menudo confiscaban alimentos de las granjas de los alrededores, y durante el periodo republicano, se dieron con frecuencia asaltos a las fincas cercanas a l’Hospitalet, al sur de Barcelona, y a Santa Coloma, al Norte. El problema se volvió tan agudo que a finales de 1931, según la Sociedad de Patronos Cultivadores de l’Hospitalet, un grupo de presión local, los granjeros tenían que vigilar sus cosechas «todo el rato, día y noche»[6]. También existen indicios de que los obreros parados requisaban objetos valiosos; es de suponer que su intención era venderlos a terceros, y de ahí los abundantes robos de iconos religiosos de las iglesias, bicicletas y piezas de coche (un mecánico en paro fue detenido desmontado un coche de lujo en medio de la calle)[7].

Los parados podían adquirir con relativa facilidad pistolas para los robos a mano armada, dado el próspero mercado clandestino de armas de fuego de la ciudad. En espacios interclasistas, como las Ramblas, el delito callejero a mano armada estaba dirigido contra los peatones ricos. Todavía más frecuentes eran los robos a apartamentos y villas de los distritos burgueses de Sarria, Pedralbes y Vallvidrera, y a los chalets de ciudadanos acomodados de los alrededores de Barcelona[8]. Los pistoleros solitarios y los grupos pequeños preferían realizar sus atracos en las carreteras que conectaban a Barcelona con los pueblos vecinos. Según la prensa y la policía, en tan sólo una tarde, un grupo activo de hombres a mano armada podía llegar a parar hasta cinco coches que iban de camino a la ciudad[9]. Los taxistas se encontraban también entre las víctimas de los robos: la práctica consistía en coger un taxi y llevarlo a un lugar aislado, por lo general a una carretera remota, y una vez allí quitarle al taxista el dinero y a veces incluso el vehículo. Otro blanco popular de estas prácticas ilegales a mano armada eran los recaudadores de deudas y de alquileres[10]. Y a todo esto había que añadir los continuos asaltos a establecimientos comerciales, como los estancos, bares, joyerías y transportistas de valores[11].

Dada la ausencia de estadísticas criminales fiables, resulta difícil calibrar el alcance de las prácticas ilegales de los parados. Las páginas de sucesos de la prensa diaria las recogían con detalle, pero a menudo exageraban los relatos por razones de oportunismo político. Además, los asaltantes presionaban a sus víctimas para que no fuesen a la policía. Como apuntó La Vanguardia, el miedo a las represalias dejó sin denunciar muchos de los robos en carretera, teoría confirmada por la actitud de la policía que ofrecía absoluta confidencialidad a las víctimas de robos en los aislados caminos vecinales, muy populares entre amantes ricos al caer la noche[12].

De lo que no cabe duda es del fuerte carácter normativo que contenían las prácticas arriba mencionadas, algo obvio en la requisa de iconos y cajas de donativos de las iglesias. Muchos obreros en paro estaban preparados para justificar sus acciones como una forma de supervivencia ante los estragos de la recesión. Por ejemplo, dos desempleados sorprendidos por un granjero mientras se hacían con su cosecha, le informaron de que «la tierra es de todos»[13]. Los tenderos y dependientes solían contar en sus denuncias que los ladrones habían relacionado sus acciones con la recesión, explicando que estaban en paro y que sin ser culpa suya carecían de recursos económicos para comprar provisiones. De igual forma, aquellos que comían sin pagar en bares y restaurantes argumentaban estas acciones en términos de su «derecho a la vida»[14].

Las prácticas ilegales de los parados estaban tan incrustadas en las relaciones de propiedad de la Barcelona de la década de 1930 que resulta difícil ocultar su pronunciado carácter clasista. En la mayoría de los casos, los desempleados dirigían sus estrategias de autoayuda contra las clases medias y altas, verdaderos dueños de la riqueza de la ciudad. Por ejemplo, como sólo los ricos podían permitirse tener coche propio, los asaltos en las carreteras afectaban exclusivamente a las elites. Por el contrario, se registraron muy pocas situaciones delictivas entre miembros de la clase obrera. Aunque obviamente esto es algo difícil de medir, no deja de ser notable la ausencia casi total de casos de delito callejero contra obreros en las informaciones de Solidaridad Obrera, diario que hacía todo lo posible por reflejar las dificultades de los obreros en Barcelona, desde historias de perros extraviados peligrosos hasta temas de polución. En 1931, ante la noticia de un obrero al que le habían robado su sueldo a punto de pistola, Solidaridad Obrera, de forma previsible e ilustrativa, respondió invitando a los obreros a tomar medidas directas de autodefensa: «Será cuestión de que los obreros nos armemos a fin de evitar que nos roben el producto de nuestro sudor que llevamos a nuestras casas»[15]. Lógicamente, los obreros vivían como un agravio estos intentos de robo, como descubriría un ratero temerario que se infiltró en la manifestación de la CNT del Primero de Mayo en busca de carteras y relojes: los manifestantes pillaron al desventurado delincuente y le dieron una paliza antes de que la policía lograse protegerle de la cólera popular[16].

Otra práctica habitual entre los parados que se desarrolló en proporción directa con el paro fue la venta ambulante (véase foto 5.1). Por regla general, éstos habían comprado los alimentos con sus ahorros en mercados al por mayor, aunque también corría el rumor de que parte del producto había sido «incautado» en granjas y huertos[17]. Los vendedores ambulantes solían poner a la venta sus mercancías cerca de mercados y zonas comerciales y, como no tenían gastos, eran más baratos que los vendedores de mercado y tenderos, lo que les hacía muy populares entre consumidores de clase obrera, especialmente en los barris más pobres. Dado el crecimiento de este tipo de comercio, un grupo de vendedores ambulantes construyó El Mercadet, una zona comercial cerca del Raval a la que tenían acceso libre los vendedores parados y que atraía a consumidores de clase obrera de toda Barcelona[18]. Aunque no fuese una forma directa de protesta, la venta ambulante reflejaba la lucha popular por una nueva economía proletaria.

Foto 5.1. Aspecto de un mercado callejero en fechas inmediatamente anteriores al estallido de la Guerra Civil, Barcelona, julio de 1936. © EFE.

Asimismo, esta misma lucha quedó reflejada en la agitación contra los altos alquileres barceloneses, que comenzó en octubre de 1930[19]. Poco antes de la llegada de la República, se inició una huelga de inquilinos en el distrito portuario de la Barceloneta que se extendió rápidamente por los barris más pobres, como las cases barates; también hubo protestas localizadas en Sants, un barri con un amplio proletariado de fábrica, y en zonas con concentraciones de chabolas[20]. En gran parte, las huelgas de inquilinos eran una protesta de los obreros parados, los no cualificados y los mal pagados, todos ellos muy preocupados por los temas de consumo y del coste de la vida: para los parados, la huelga marcaba la liberación completa de la carga de los alquileres; para los mal pagados, esta forma de resistencia prometía un beneficio material inmediato sin las privaciones de un paro industrial. Pese a que la huelga de inquilinos era una muestra de la capacidad espontánea de los desposeídos para imponer sus aspiraciones, no ocurrió en el vacío. Por el contrario, se basaba en antiguas tradiciones comunitarias de autonomía y estaba arraigada en una red multifacética de relaciones y vínculos derivados de la vecindad y el parentesco. Además, como suele ocurrir con toda huelga de inquilinos, la participación democrática de las bases en los procesos decisorios reforzó la movilización[21]. La huelga estaba también estrechamente ligada a la capacidad de movilización de la cultura radical promovida por la CNT desde la Primera Guerra Mundial. La Confederación no inició el boicot de los alquileres, pero no es casualidad que éste surgiese en la Barceloneta, bastión importante del sindicalismo y sede de La Maquinista, la fábrica metalúrgica más grande de Barcelona, y que los comités de calle y asociaciones de vecinos que organizaron la huelga contasen con una participación importante de cenetistas.

Por otro lado, es importante recalcar la conexión de la huelga de inquilinos con las expectativas que los republicanos despertaron en las masas, antes y después de la proclamación de la República, al proponer controles de los alquileres y un nuevo acuerdo para los inquilinos[22]. (Como era de esperar, una vez que la huelga se propagó por la Barcelona proletaria, los republicanos se dieron cuenta del impacto de la caja de Pandora que habían abierto y las promesas que habían hecho se quedaron en el tintero). Con ERC en el poder, muchos inquilinos quisieron recordar a los republicanos su compromiso inicial de tomar medidas en el problema de la vivienda. Los huelguistas hicieron saber de forma categórica que su intención no era colocar en una situación embarazosa a las nuevas autoridades, haciendo hincapié en el contenido económico de sus aspiraciones, que en su opinión no implicaba la ruina de las clases adineradas o la abolición revolucionaria de la relación inquilino-casero. Así anunciaron que se negaban a pagar alquileres exorbitantes, y que éstos debían ser reducidos en un 40 por ciento, un recorte modesto pues en su opinión los caseros seguirían recibiendo entre un 6 y un 17 por ciento de beneficios. Este recorte únicamente aplicaría a los alquileres de menos de 100 pesetas mensuales, es decir, aquellos que pagaban los obreros[23].

A pesar de que la huelga de inquilinos había nacido en las calles, los radicales de la CNT se dieron cuenta rápidamente de su importancia como forma de lucha urbana. En especial, un grupo de cenetistas y anarquistas del Sindicato de la Construcción estableció vínculos estrechos con las asociaciones de vecinos y los activistas que habían organizado esta acción, algo lógico ya que este sector tenía el índice más alto de desempleo de toda Barcelona: aproximadamente, el 40 por ciento de los 30.000 miembros del sindicato estaba en el paro, y aquellos con empleo no cualificados y mal pagados tampoco podían afrontar el pago de un alquiler[24]. Poco después del surgimiento de la República, los activistas del Sindicato de la Construcción fundaron la CDE (Comisión de Defensa Económica) para estudiar el coste de la vida en Barcelona[25]. Dirigida por dos faístas, Arturo Parera y Santiago Bilbao, la CDE consideraba la huelga de inquilinos como un acto importante de autoayuda económica, a través del cual los parados, los mal pagados y los desposeídos podrían reconquistar el espacio y liberarse de la dominación del mercado al tomar el control de su vida diaria. Durante una serie de asambleas, y en notas de prensa en Solidaridad Obrera, la CDE describió la huelga de inquilinos como una respuesta justificada a los «alquileres escandalosos» y las «condiciones indecentes» de la vivienda, ofreciendo a los obreros un simple consejo: «¡Come bien y si no tienes dinero no pagues el alquiler!»[26] La CDE también exigió la exención del pago del alquiler para los parados[27]. En esencia, la lucha de esta Comisión era de carácter reformista, a favor de un aumento del salario social y el consumo colectivo.

Como veremos, la protesta callejera sería otra de las formas de actuación que utilizarían los obreros en paro. Dada la escasez de recursos de protesta a los que se enfrentaban los movimientos de parados (forzosamente, ya que no tienen trabajo que interrumpir), éstos tienden a presentar sus reivindicaciones a las autoridades en la esfera pública, a través de la acción callejera y las manifestaciones. Así, en los días que siguieron a la proclamación de la República, hubo varias manifestaciones pacíficas de parados. El 20 de abril, una semana después de la caída de la monarquía, los parados se manifestaron frente a la Generalitat y la Sala Consistorial de la Plaza de la República en el centro de la ciudad. Pese a que existen algunas pruebas circunstanciales de la participación de activistas, el objetivo de ésta y otras manifestaciones no era poner en un aprieto a las nuevas autoridades. Las principales exigencias de los manifestantes —la jornada de seis horas en la industria y las obras públicas— formaban parte del programa de ERC previo a las elecciones municipales de abril y, por tanto, difícilmente podía ser considerado como revolucionario. Igualmente, el hecho de que los manifestantes estuviesen dispuestos a presentar sus exigencias a las nuevas autoridades sugiere que aún tenían confianza en las autoridades republicanas (véase foto 5.2). Ese día, una delegación de parados entró en la Generalitat para dialogar con las principales figuras políticas, incluyendo al presidente Macià, al gobernador civil Companys, al alcalde Aiguader i Miró y al director de la Comissió Pro-Obrers sense Treball, Serra i Monet. Según los representantes de los parados, durante las conversaciones, los líderes de ERC les ofrecieron «no sólo ayuda retórica, sino asistencia de verdad», asegurándoles «acción gubernamental» en forma de un subsidio, así como un programa de obras públicas. Al ser informados sobre este nuevo compromiso por parte las autoridades, los manifestantes congregados frente a la Generalitat mostraron júbilo y abandonaron pacíficamente la Plaza de la República[28].

Foto 5.2. Una manifestación de parados (Francesc Bonamusa, Pere Gabriel, Josep Lluís Martín Ramos, y Josep Termes, Historia Gráfica del Moviment Obrer a Catalunya, Barcelona, 1989, p. 191).

Sin embargo, el 31 de abril, una nueva manifestación de parados se acercó a la Plaza de la República con un tono más desafiante, y en esta ocasión la protesta terminó de forma violenta. Según Las Noticias, los manifestantes «en su mayoría gente joven», atacaron tiendas cercanas y requisaron comestibles, una de las formas más elementales de protesta al alcance de los parados. Cuando llegaron a las Ramblas, entraron en La Boquería, el mercado central de Barcelona, y requisaron más comida; poco después, un almacén cercano del Raval fue asaltado con la consiguiente recogida de provisiones[29]. Aunque pueda parecer duro criticar a las autoridades por «no resolver» el problema del desempleo en las dos semanas que llevaban en el poder, el motín mostró con elocuencia que los parados querían algo más que tópicos y promesas de los nuevos gobernantes de la ciudad.

El motín del 31 de abril ocurrió en la víspera de la primera celebración del Primero de Mayo en la etapa republicana, el evento más importante del calendario proletario. Las nuevas autoridades tenían la esperanza de que esta fecha reflejase el consenso existente entre la República y el movimiento obrero. Las organizaciones reformistas de obreros con representación en el gobierno —PSOE y UGT— veían el Primero de Mayo como un «día de concordia», mientras que ERC, de acuerdo con su populismo, lo declaró día de fiesta, «un día del pueblo»[30]. Sin embargo, las celebraciones revelaron los intereses divergentes de las partes constituyentes del «pueblo», y el fraccionamiento causado por el desempleo de la alianza interclasista que había surgido con la República. Así, la CNT de l’Hospitalet utilizó el Primero de Mayo para poner sobre la mesa una serie de exigencias, como la introducción de la jornada de seis horas y el «desarme de todas las instituciones que servían a la monarquía, como la policía y la Guardia Civil», confirmando que, para las secciones más militantes de la clase obrera, la República no había ido lo suficientemente lejos en el camino de la libertad y la justicia[31].

Sin embargo, el indicativo más gráfico del poder e identidad proletarios fue la gigantesca concentración del Primero de Mayo y la manifestación organizada por la CNT barcelonesa en el Palau de Belles Artes, cerca del centro de la ciudad, que sería la primera demostración abierta de apoyo a la Confederación en su lugar de nacimiento desde principios de la década de 1920. Mostrando la importancia que la CNT daba a las cuestiones relacionadas con el consumo, así como la inevitabilidad de un conflicto con la base republicana de clase media, el eslogan de la concentración era «Primero de Mayo contra el Paro, la Inflación y por la Rebaja de los alquileres». La promesa de acción positiva a favor de los parados y de los no cualificados atrajo a 150.000 obreros de los barris, la mayor concurrencia de gente en Barcelona desde la proclamación de la República[32]. También acudieron algunas de las asociaciones de inquilinos que se habían unido a la huelga de alquileres. Estos grupos comunitarios habían establecido claramente fuertes vínculos con los radicales de Nosotros, que envolvieron con banderas rojinegras un camión desde el que se dirigían a las masas toda una serie de líderes anarquistas y comunistas, exigiendo medidas inmediatas a favor de los parados y de los mal pagados, la bajada de alquileres y la readmisión de los obreros «sin empleo» en las fábricas[33]. Antes de disolverse, la manifestación se dirigió al palacio de la Generalitat en la Plaza de la República para presentar sus demandas a las autoridades. Cuando la cabeza del grupo llegó a las Ramblas, la retaguardia estaba a casi medio kilómetro de distancia en la Plaza Urquinaona, con decenas de miles de obreros de camino a la Generalitat, rompiendo las rutinas cotidianas y las corrientes de poder, y haciendo saber su intención de cruzar los márgenes urbanos para reclamar el centro de la ciudad.

Al ser informado sobre la dirección de las masas cenetistas, Macià dejó entrever su falta de confianza en las fuerzas de seguridad al poner la protección del palacio de la Generalitat y la Plaza de la República a cargo exclusivo de la policía catalana, los llamados Mossos d’Esquadra. Pese a todo, los Mossos no fueron capaces de hacer frente a los miles de manifestantes que llegaron a la Plaza cantando el himno anarquista «Los hijos del pueblo». Temiendo que sus agentes perdiesen el control de la situación, el jefe de los Mossos d’Esquadra pidió con urgencia refuerzos policiales. Un contingente de la policía estatal respondió al llamamiento. Cuando los refuerzos llegaron a la Plaza abarrotada de gente, se encontraron en inferioridad de condiciones y sin posibilidad de alcanzar el interior de la Generalitat donde estaban los Mossos. El comandante de la Guardia de Seguridad, convencido, según parece, de que los manifestantes estaban intentando asaltar la Generalitat, ordenó a sus hombres dispararles por encima de las cabezas. De pronto, lo que había empezado como una manifestación pacífica, se convirtió en una situación violenta. Los manifestantes corrieron para ponerse a cubierto, y acto seguido estalló una batalla de artillería de 45 minutos de duración entre los guardias y los obreros armados. La calma sólo llegó con el reemplazo de los guardias por soldados, aclamados en las calles por los manifestantes como los «hijos del pueblo» que, a diferencia de la policía, no dispararían contra los obreros. Cuando la lucha llegó a su fin, el balance era de un policía muerto y dos policías y diez obreros heridos[34].

Sin embargo, sería un error interpretar la conclusión violenta de la marcha del Primero de Mayo como prueba de que Barcelona estaba al borde de un nuevo periodo de pistolerismo. Pese a que hubo disparos contra la policía por parte de los faístas y de grupistas armados a cargo de la seguridad durante la manifestación, hay que recordar que la Guardia de Seguridad fue la primera en abrir fuego. Asimismo, y de modo quizás más significativo, en la manifestación hubo grupos de derechistas y antiguos miembros de los Sindicatos Libres antirrepublicanos, recientemente ilegalizados por las nuevas autoridades, que fueron a la Plaza de la República con la intención de instigar acciones violentas —de los arrestados por llevar armas, la mayor parte antiguos miembros de los sindicatos Libres frente a un solo un faísta[35].

Ante este hecho violento, las autoridades mostraron un nuevo interés en reducir las tensiones que habían surgido en torno al problema del desempleo. Sin embargo, en vez de cortar la protesta social, las medidas parciales que tomaron no hicieron más que ocasionar nuevos conflictos. Por ejemplo, un plan municipal de reparto de huertos, con el que se crearon 2000 parcelas en Montjuïc para que los obreros en paro pudiesen cultivar fruta, requirió protección policial permanente ante los ataques de aquellos a los que no les había tocado terreno[36]. De igual forma, a principios de mayo, el Ayuntamiento comenzó a emitir bonos de comida para aquellos desempleados que pudiesen demostrar residencia en Barcelona durante al menos cinco años. Como era de esperar, este proyecto despertó nuevas tensiones: por un lado, aumentó la frustración de los obreros inmigrantes que no tenía derecho a la asistencia municipal; por el otro, la falta de recursos para sacar el plan adelante, puso en evidencia muy pronto la incapacidad de las autoridades para satisfacer las necesidades de los parados con acceso al mismo. La operación tenía su eje en una oficina de la Calle Hospital, una calle estrecha del Raval. Allí se encontraban los 3000 obreros en paro de la ciudad, por lo que fue sólo cuestión de tiempo que surgieran conflictos entre los desempleados y la policía[37]. En junio, tras un enfrentamiento, los parados asaltaron las oficinas para hacerse con los bonos de alimentos. Más tarde, tratarían de manifestarse en la vecina Plaza de la República para presentar nuevas demandas a las autoridades, pero la policía les impidió el acceso con la consiguiente explosión de violencia[38].

A raíz de los disturbios del 31 de abril y el Primero de Mayo, la situación volátil de las protestas callejeras en el centro de la ciudad ocupó un lugar primordial en la agenda de las autoridades republicanas, que pusieron todo su empeño en negar a los parados el derecho a definir el espacio público. A partir de entonces, cualquier intento de llevar sus exigencias al centro del poder político y administrativo de la ciudad tendría que hacer frente a la represión policial. Sin embargo, esta estrategia no garantizó la paz urbana: negar el acceso de los parados al único foro en el que podían expresarse sólo aumentó la competencia por el espacio público, volviéndola más violenta. Así, cuando los parados se encontraron con que el camino a la Generalitat estaba bloqueado, regresaron al Raval y desahogaron su ira contra las clases medias, atacando tiendas y entrando en bares para exigir comida[39].

En un intento de evitar grandes concentraciones de obreros parados en el centro de la ciudad, el Ayuntamiento y la Generalitat, controlada por ERC, establecieron una serie de comedores populares por toda Barcelona, desencadenando una vez más nuevas protestas. Aparte de suministrar comidas gratis, los comedores no contribuían mucho a la mejora de la situación de los parados, sometidos a la carga del pago del alquiler. En una ocasión, la visita de propaganda de unos políticos republicanos a los comedores populares de las cases barates de Can Tunis provocó un motín[40]. Al mismo tiempo, surgieron denuncias de sobornos y corrupción en la concesión de los contratos del servicio de comidas de los comedores, que, según Solidaridad Obrera, no ofrecían más que «rancho»[41]. A principios de julio, La Vanguardia informó de que había surgido un «espíritu de protesta» por la calidad de las comidas en los comedores populares de la Calle Hospital. Cuando los guardias de asalto llegaron para imponer el orden, se inició una pelea y un obrero recibió un tiro. Con la camisa ensangrentada del hombre herido en las manos, los patrocinadores del comedor se dirigieron indignados a protestar a la Plaza de la República, pero al llegar a las Ramblas fueron atacados por la policía. Esa misma tarde, escuadrones de caballería de la Guardia Civil cargaron contra una segunda marcha, y durante varias horas hubo enfrentamientos esporádicos en el Raval[42].

Estas protestas callejeras tenían su propia lógica. La demanda colectiva de acceso a las calles y la defensa del derecho de los parados a ocupar el espacio público eran dos de sus factores más recurrentes. A finales de julio, escuadrones de caballería de la Guardia Civil atacaron una nueva marcha pacífica de parados a la Generalitat. Los frustrados manifestantes se resistieron y más tarde entraron en hoteles para exigir comida[43]. El ataque calculado a la propiedad de la clase media urbana, bien fuese mediante la incautación o la destrucción, se convirtió en una de las señas de identidad de la política callejera de los parados. Otra característica era su nivel de organización. Pese a la aparente confusión que reinaba en las calles, quienes protestaban mostraban coherencia y estructura, eligiendo distintas tácticas según el nivel de oposición que presentasen las fuerzas del orden, como la retirada, la reorganización o el lanzamiento de un contraataque sobre una variedad de blancos seleccionados, como las fuerzas de seguridad, los tenderos, los hoteleros o los vendedores de mercado[44].

La política callejera de los parados era heredera del pasado de protestas de acción directa de Barcelona. Estas formas «tradicionales» de protesta sobrevivieron a lo largo de toda la República: por ejemplo, cuando un domingo a finales de julio, en la Barceloneta, un tranvía atropelló a dos obreros, hiriendo a uno y matando al otro, una multitud indignada se congregó rápidamente en la calle y atacó a la propiedad de la Compañía de Tranvías, volcando tres tranvías y quemando un cuarto. A continuación, la policía intentó entrar en el barri para imponer el orden pero fue expulsada, y sólo pudo volver con el amparo de la oscuridad. Pese a todo, cuando se reanudó el servicio de tranvías al día siguiente, hubo otro motín popular: los residentes —hombres, mujeres y niños— hicieron pedazos las calzadas y bloquearon las calles para impedir la libre circulación de los tranvías y la policía, que sería de nuevo expulsada del barri. Ante este grado de presión popular, el Ayuntamiento cedió a la demanda principal de la comunidad: la suspensión del servicio de tranvías y la introducción del transporte en autobús[45].

Otro punto en común entre la política callejera de los parados y las tradiciones obreras era su contenido antipolicial, quizás el factor más determinante de las protestas de los desempleados. Dado que la policía actuaba como la guardiana del poder estatal en las calles, y dado que los parados pasaban mucho tiempo en espacios públicos como los parques y que las calles se habían convertido en el foro principal en el que expresar sus protestas, era inevitable que las relaciones entre ambos sectores fuesen tensas[46]. La lucha de los parados con la policía no podía separarse de las tradiciones populares de resistencia a la autoridad, tan fuertes que a menudo los detenidos pedían a los transeúntes que intercediesen por ellos. Estos, a su vez, solían estar encantados de hacerlo, atacando a la policía e intentando liberar a los detenidos, fuesen o no conocidos suyos[47]. Por ejemplo, a principios de septiembre de 1931, en una calle del centro del Raval, un «delincuente común» arrestado por la policía gritó pidiendo ayuda a la gente. Como respuesta, los residentes salieron de sus bloques de viviendas para atacar a la policía y tratar de liberar al detenido, al tiempo que otros vecinos bombardeaban a las fuerzas de seguridad desde sus balcones con botellas, latas y piedras. Finalmente, la policía realizó varios disparos de advertencia y procedió a llevarse al detenido[48]. En otra ocasión, según un informe policial, un guardia de asalto que había golpeado a un delincuente durante un arresto en La Torrassa provocó un «alboroto» y se vio rodeado por una multitud agresiva que obligó a la Guardia Civil y la policía a intervenir con rapidez para evitar que las «cosas se pusiesen muy feas»[49].

El repertorio completo de esta compleja política callejera fue puesto en uso durante la huelga de inquilinos. Hacia el verano de 1931, la CDE se había «apropiado» ya de esta campaña, y tras organizar una serie de asambleas multitudinarias en los barris, logró que la huelga se extendiese como la pólvora. A finales de julio, la Comisión afirmó que había 45.000 inquilinos negándose a pagar el alquiler en Barcelona. A finales del verano, 100.000 más se habían unido a la movilización, y en septiembre se informó sobre casos de resistencia significativa a pagar el alquiler en pueblos de los alrededores de la ciudad, como Calella, 50 kilómetros al norte de la ciudad, y Vilanova i la Geltrú, 30 kilómetros al sur[50]. A través del liderazgo estratégico que proporcionó a la huelga de inquilinos, la CDE se convirtió en un punto de enlace desde el que coordinar la protesta. En respuesta a los llamamientos de las autoridades para que los huelguistas sometiesen por separado sus exigencias a arbitraje, la Comisión explicó cada uno de los motivos por los que no debían abandonarse los métodos de acción directa. En primer lugar, los habitantes pobres de la ciudad necesitaban la mejora inmediata de su nivel de vida, panacea propugnada en su día por los propios republicanos; no era una opción realista exigirles que esperaran pasivamente la conclusión de los procesos de arbitraje. En segundo lugar, la CDE no tenía especial confianza en los republicanos; ya habían renegado de su antiguo compromiso de tomar medidas en el asunto de la vivienda, y ahora daban muestras de estar dispuestos a tolerar la «oligarquía de los caseros»[51]. En tercer lugar, sólo la presión haría ceder a los intransigentes caseros, cuyas decisiones las autoridades se negaban a cuestionar. En vista de todos estos factores, la Comisión argumentaba que, si se ponía fin a la huelga, los inquilinos básicamente estarían entregando las armas a sus enemigos sin ninguna garantía de rebaja de los alquileres[52]. Tierra y Libertad, periódico anarquista, se hizo eco de estos sentimientos y describió la huelga de inquilinos como «oportuna», capaz de lograr en unos meses lo que no habían conseguido varios siglos de legislación[53]. Además, no hay que olvidar que la CDE no había iniciado la huelga y, por tanto, no había ninguna garantía de que pudiese ponerle fin en caso de querer hacerlo. Lo que sí buscaba era politizar la percepción obrera de los temas de consumo, prometiendo luchar para darle un nuevo sentido a la ciudad y reemplazar la visión de ésta que tenían los especuladores, los caseros e incluso las autoridades republicanas, como un lugar que explotar y del que obtener ganancias. Tras una visita al mercado de La Boquería, una delegación de la Comisión apuntó que, debido a la falta de control de precios, «“la vida” es un privilegio de “acomodados” y “tormento” para los humildes. El pueblo no come o, a lo mejor, come poco y mal»[54]. Asimismo, acusó a los tenderos de timar a los consumidores, adulterando los alimentos y manipulando los pesos. Unos días más tarde, en una asamblea de la Comisión a la que asistieron 1500 personas de la Barceloneta, lugar en el que se originó la huelga de inquilinos, el organizador cenetista Santiago Bilbao censuró severamente a los tenderos y caseros por «timar» a los obreros, a quienes ya de por sí «robaban» sus patronos[55].

Por otro lado, dados los pocos recursos de protesta al alcance de los parados, la cobertura organizativa adicional que proporcionaba la CDE resultó crucial para la coordinación de aquellos que eran individualmente débiles, incorporando las redes callejeras y de vecinos a un movimiento de resistencia colectiva contra el statu quo urbano[56]. Al apelar a una comunidad obrera indiferenciada, la Comisión movilizó a muchos obreros no sindicados en la huelga de inquilinos. Esta naturaleza abierta tenía una importancia primordial, pues la agitación por el nivel de vida sólo podía ser efectiva de verdad si atraía al mayor número posible de obreros, sin importar su credo político o afiliación organizativa. Lo único que la CDE exigía a los nuevos huelguistas era que se registrasen con el comité de huelga y que a continuación actuasen en total solidaridad con otros huelguistas, lo que produjo una especie de frente único en las calles. Además, el alto nivel de autonomía y control popular de las bases dio un poder movilizador a la CDE muy superior a la capacidad de sus estructuras organizativas. Al mismo tiempo, el vínculo entre la huelga de inquilinos y la Comisión, y por extensión la CNT, amenazaba con abrir un nuevo frente en la contienda por el poder urbano, uniendo la lucha por la autodeterminación de la comunidad con la lucha por el control obrero de la industria.

Gracias a la huelga de inquilinos, muchos obreros ganaron experiencia sobre el proceso decisorio comunitario y la democracia popular. En las asambleas populares, los huelguistas cambiaban opiniones sobre los problemas del barrio, incorporando las reivindicaciones específicas de los inquilinos de los distintos barrios a la lucha global por la rebaja de alquileres. Algunos inquilinos querían mejoras en la calidad de la vivienda, los parados exigían un transporte público gratis que facilitase su búsqueda de trabajo, mientras que en las cases barates, uno de los baluartes de la huelga, la campaña de los alquileres se fusionó con las exigencias pendientes sobre la provisión de escuelas, servicios sanitarios, iluminación callejera y líneas de transporte con el centro de Barcelona. En el barri de Horta, los huelguistas hicieron pública una serie de demandas audaces para un espacio obrero, incluyendo la eliminación de la Guardia Civil en la zona y el cierre inmediato de la iglesia local[57].

El sentido de propiedad colectiva que surgió de la protesta de inquilinos creó un nivel profundo de solidaridad, conectado al orden de los barris y a la reserva de vínculos y redes comunitarias. Como anunció la CDE, «antes que dormir en la calle, estamos dispuestos a todo». Por consiguiente, cuando los caseros ordenaron el corte de los servicios de agua y electricidad de las viviendas de los huelguistas, los obreros que apoyaban su causa volvieran a conectarlos. De igual forma, ante los desahucios de inquilinos morosos, los activistas de la CDE, los huelguistas y los vecinos respondían ayudándoles a volver a sus pisos y a transportar sus muebles. En caso de no poder reinstalarlos en sus casas inmediatamente, siempre había algún vecino dispuesto a ofrecer una cama y alojamiento temporal. La existencia y experiencias relativamente uniformes de los huelguistas reforzaron esta forma de solidaridad. Por ejemplo, según un obrero, la «mayoría» de los inquilinos de las cases barates eran inmigrantes en paro que sencillamente no se podían permitir pagar el alquilar[58]. Más adelante, ante el creciente número de desahucios, las masas abordaron la protesta callejera con fórmulas cada vez más innovadoras y estructuradas. La restitución de los inquilinos se convirtió progresivamente en una celebración comunitaria, recurriendo para este fin a huelguistas de calles vecinas y, en momentos cruciales, de distritos distintos[59]. Prácticas como la ocupación ilegal de pisos y la reinstalación de los desahuciados mostraban todos los signos de una ideología contracultural, una visión obrera de la vivienda no como fuente de beneficios sino como necesidad social[60].

Asimismo, la fuerza colectiva jugó un papel fundamental en la resistencia de los huelguistas. Durante las protestas populares contra los intentos de desahucios en las cases barates de Can Tunis, se tuvo que enviar un camión de guardias civiles para evitar que se prendiese fuego a la iglesia local, considerada por los residentes del barri como un símbolo de opresión. Los asaltos a los alguaciles —la forma más efectiva y rápida de evitar desahucios— se convirtieron en algo corriente y hubo informes de casos en los que se negaban a llevar a cabo desahucios por miedo a represalias[61]. A finales de agosto, en l’Hospitalet, una multitud indignada intentó linchar a dos alguaciles[62]. En otra ocasión, unos alguaciles enfrentados a un gentío enfurecido se vieron obligados a huir abandonando su camión. La escolta de éstos con brigadas de policía desencadenó batallas callejeras violentas, en las que ocasionalmente se vieron envueltos mujeres y niños de clase obrera. El papel destacado de las mujeres tenía mucho que ver con el que desempeñaron en las protestas de consumo «tradicionales»; la policía no sabía cómo hacer frente a la militancia femenina y no era raro que se fuesen sin efectuar ningún desahucio. Las marchas colectivas a los hogares de los caseros también formaban parte de los antiguos repertorios de protesta obrera. Tras la reinstalación de una familia desahuciada de Sants, los residentes se dirigieron hacia la vivienda del casero, advirtiéndole de que no volviese a desahuciar a los inquilinos y anunciando públicamente su contravención del código moral de la comunidad. En algunos casos, los caseros informaron a la policía de las amenazas que habían recibido de huelguistas a mano armada[63]. Las noticias de las acciones triunfantes —la reinstalación de familias o desahucios frustrados— recorrían los barris oralmente y daban nuevo ímpetu a los que protestaban[64]. Mientras tanto, Solidaridad Obrera sirvió como punto de apoyo para los huelguistas, publicando los nombres y direcciones de aquellos que se oponían a la huelga de inquilinos[65].

Reprimiendo «al detritus de la ciudad»

Como vimos en el capítulo 3, en la «república del orden» no había espacio para las luchas que se desarrollasen fuera de las nuevas instituciones. Las autoridades, sin embargo, tenían otra razón por la que contener a los parados: su política callejera ponía en clara evidencia el antagonismo entre sus intereses y los intereses de la base republicana de clase media. Desde que se proclamó la República, los grupos de presión comerciales habían defendido sin respiro la represión de los vendedores ambulantes, a menudo acusando a la policía de ser demasiado «blanda» con los «alborotadores»[66]. Las nuevas autoridades eran muy receptivas a las exigencias de su base social de clase media, sobre todo porque los concejales de Esquerra procedían de la pequeña burguesía urbana. De hecho, había muchos elementos en común entre la nueva elite política republicana y las asociaciones comerciales directamente afectadas por las prácticas de los parados[67]. Por ejemplo, Enric Sánchez, Presidente de la Unió General de Venedors de Mercats (Unión General de Vendedores de Mercado), un grupo enfrentado a los vendedores ambulantes, había sido candidato a las elecciones municipales de 1931 por ERC[68]. No era extraño, pues, que las autoridades se mostrasen favorables a las peticiones de los vendedores de mercado y los tenderos sobre el uso de la mano dura con los vendedores ambulantes.

Igualmente, existían muchos vínculos entre el movimiento republicano y el sector de los caseros. En l’Hospitalet, el presidente de uno de los grupos republicanos de Collblanc era también el jefe de una asociación de dueños de inmuebles, y ambos organismos tenían sus oficinas en el mismo edificio[69]. Asimismo, la jurisdicción de las cases barates, uno de los centros de la huelga de inquilinos, estaba en manos del Comissariat de Cases Barates, una organización cuasi gubernamental controlada por ERC. Sin embargo, la COPUB, principal asociación de caseros de Barcelona, se reveló como el partidario más decidido de la represión de la huelga de inquilinos[70]. La visión que tenía sobre la condición de la vivienda era sumamente idílica; en su opinión, el «estado de insubordinación de muchos miles de inquilinos y el estado de anarquía en Barcelona» eran obra de «gente irresponsable» que buscaban «dañar los intereses de los inquilinos» y romper la «armonía entre los dueños y los inquilinos». Estos «perturbadores» formaban parte de una «ofensiva organizada contra la propiedad» diseñada para «provocar conflictos» y crear un «estado de alarma innecesario», para así «perjudicar a las nuevas instituciones políticas» y «dañar la economía nacional» antes de establecer una dictadura bolchevique. Sobre las autoridades recaía la responsabilidad de adoptar una política represiva «inflexible», incluyendo la prohibición de la CDE, por el bien de los «inquilinos de buena voluntad», y para lograr mantener «el principio de autoridad» y «el triunfo de orden y paz social»[71]. La COPUB estaba dispuesta a amenazar a las autoridades con la retención del pago de impuestos de sus miembros, pero a lo largo de casi todo 1931 y 1932, prefirió utilizar la influencia de su antiguo presidente Pich i Pon, líder del Partido Radical de Barcelona con representación en el gobierno central, para presionar a diferentes ministros mediante cartas y delegaciones a Madrid[72].

Los republicanos en el poder en Barcelona y Madrid, convencidos de la importancia del apaciguamiento de las clases medias para la consolidación del nuevo régimen, no estaban dispuestos a permitir que una parte importante de su apoyo de base fuese atacada. Las autoridades, por tanto, criminalizaron progresivamente las prácticas de los parados, haciendo una distinción clara entre los «provocadores» y los demás. Las movilizaciones se atribuían a «elementos ajenos», «indeseables», «vagos profesionales» y «criminales que se hacen pasar por parados» pero que no eran «los verdaderos parados». En una radicalización extrema del discurso republicano, se describía a los «agitadores» como «el enemigo interno»: «reaccionarios» y «enemigos de la República» que despertaban al «detritus de la ciudad», pagándoles «diez pesetas» para causar «desmanes» y «escándalos», y mermar al mismo tiempo «las pocas apetencias de trabajo que existen en nuestro país». Asimismo, incluían la venta ambulante, parte integral de la cultura de los barris desde principios de siglo, en los «bajos fondos» de Barcelona, considerándola un «ataque» contra la República de aquellos que deseaban crear una «ciudad anárquica»[73]. De igual forma, en vez de atribuir la huelga de inquilinos a la grave crisis de la vivienda, se echaba la culpa de ésta a la «coerción» y «prácticas violentas» de «una minoría de inquilinos» y «agitadores profesionales», «unos cientos de aguafiestas» y «fanfarrones irresponsables» cuyas «maniobras» de base y «quejas vergonzosas» suponían «un peligro y una deshonra para la ciudad»[74]. En un nuevo intento de aislar a los organizadores de la huelga de sus partidarios potenciales, los republicanos pusieron en marcha una campaña de «propaganda negra», alegando, por ejemplo, que los huelguistas de las cases barates habían obtenido ganancias con la disputa de inquilinos subarrendando sus pisos mientras alquilaban villas lujosas en la costa catalana o emprendían pequeños negocios[75]. Recreando la distinción decimonónica entre los pobres «meritorios» y los «indignos», y ampliando esta última categoría para incluir a los «subversivos», como los organizadores de los parados o los vendedores ambulantes, los republicanos anunciaron que tan sólo los «elementos sanos», aquellos «obreros dignos y honrados… [que] se quedan en casa» recibirían ayuda en reconocimiento a su «disciplina social»[76]. Se pedía a los «parados auténticos» que condenaran al ostracismo a los «subversivos» que entorpecían la dedicación de las autoridades para solucionar los problemas de los «meritorios»[77]. La lógica de este discurso tenía un carácter firmemente represivo. La «república del orden» se beneficiaría del encarcelamiento de «subversivos», «profesionales de la limosna» y «vagos voluntarios» porque las protestas eran la responsabilidad exclusiva de un pequeño grupo de «perturbadores» en los barris[78].

Los políticos republicanos no tenían reparos en utilizar las instituciones estatales para defender a su base social de clase media. ERC, que controlaba la Guardia Urbana del Ayuntamiento y los Mossos d’Esquadra de la Generalitat, desplegó todos los recursos policiales que tenía a su disposición contra los vendedores ambulantes. A partir de agosto de 1931, Lluís Puig Munner, un tendero y concejal de ERC en el Raval, lideró la nueva Brigada Per a la Repressió de la Venta Ambulant, un «servicio de vigilancia especial» creado por el Ayuntamiento para limpiar las calles de vendedores ambulantes[79]. Tras una serie de enfrentamientos violentos con estos últimos, los guardias de asalto y la Guardia Civil empezaron a acompañar a los municipales durante las incursiones en los distritos proletarios hostiles[80].

Sin embargo, el poder estatal se utilizó con mayor contundencia contra la huelga de inquilinos y la CDE. Por regla general, las luchas de parados fracasan porque son absorbidas o porque son reprimidas. Dado el contexto de 1931, la razón más probable del fracaso de la huelga de inquilinos era la represión: por un lado, las autoridades estaban decididas a desmovilizar a las masas y estabilizar la situación política; por el otro, la COPUB impuso una presión constante para que se aplicasen medidas represivas contra los huelguistas. Las autoridades pasaron al ataque a principios de agosto, cuando Anguera de Sojo fue nombrado gobernador civil. El Ministerio de Gobernación ya había informado a la delegación de la COPUB de que el gobierno estaba dispuesto a aplastar la huelga de inquilinos, aceptando que cualquier compromiso sólo lograría incitar nuevas demandas y «significaría [el] destrozo [de la] autoridad que veríase sustituida por [la] anarquía llevándonos al caos y miseria nacional[81]». Anguera de Sojo tomó posesión de su cargo cuando la movilización de inquilinos estaba en su punto culminante y se puso como objetivo obligar a «cumplir con la ley» a cualquiera que estuviese involucrado en la «absurda» huelga de inquilinos[82]. Así incrementó el recurso a los guardias de asalto, que habían empezado a supervisar los desahucios desde finales de julio con el objetivo de desmoralizar a los huelguistas echándolos a la calle[83]. La cooperación entre las autoridades y la COPUB fue en aumento, y ésta comenzó a proporcionar asesoramiento jurídico, camiones y hombres, con el fin de que sus miembros pudiesen efectuar desahucios y recopilar una lista negra de los huelguistas y otros inquilinos desahuciados por atrasos en el pago del alquiler. Al mismo tiempo, Anguera de Sojo intentó decapitar la huelga ilegalizando a la CDE, demanda principal de la COPUB, que tuvo que hacer frente a un acoso intenso, pese a no haber cometido ningún delito: el gobernador civil cancelaba sus asambleas y concentraciones de forma caprichosa, buscando aparentemente provocar a sus miembros, o agotar sus recursos, pues la CDE dependía de las colectas de sus partidarios para pagar los costes del alquiler de los locales utilizados para las reuniones. Cuando los activistas se quejaron sobre la situación, Anguera de Sojo respondió ordenando la prohibición total de sus mítines. A continuación exigió a la CNT barcelonesa una lista de todos los miembros de la CDE, multando fuertemente a la organización por no cumplir esta demanda[84]. Finalmente, Anguera de Sojo, que al igual que la COPUB veía la huelga de inquilinos como la «maniobra» de una «minoría perniciosa», recurrió a la detención gubernativa y ordenó el arresto de destacados organizadores de la huelga de inquilinos, pese a no ser culpables de ningún crimen. En una ilustración gráfica de los límites de la inclusión política y social durante la República, la policía sacó a rastras de la cama a uno de los fundadores de la CDE, Bilbao, y lo internó en la cárcel Modelo junto a otros muchos activistas cenetistas y anarquistas involucrados en la CDE y en la huelga de inquilinos[85].

Resistencia contra la «dictadura de Barcelona»

La CNT y la FAI no podían ignorar la reciente escalada de represión que había llevado al internamiento, entre otros, de Durruti y García Oliver, dos de los anarquistas más importantes de Barcelona, y del fundador de la CDE, Parera, que acababa de ser nombrado secretario de la CRT catalana. A principios de septiembre, varias docenas de cenetistas recluidos en la cárcel en detención gubernativa durante varias semanas comenzaron una huelga de hambre bajo el eslogan «Libertad o Muerte». La CNT barcelonesa declaró una huelga en solidaridad con los internados y en protesta por la represión estatal de 4 de septiembre. El paro, que alcanzó el hinterland industrial de Manresa, Mataró, Granollers, Sabadell y Terrassa, duró 72 horas y afectó a unos 300.000 obreros de Barcelona (véase foto 5.3). Convencido de que había que dar una lección a la CNT, Anguera de Sojo, con el apoyo total del gobierno central, no hizo ningún intento de negociar una solución con los moderados del sindicato. A cambio, como respuesta a lo que a su parecer era una «conspiración», se preparó para la «pugna definitiva» contra la Confederación con el arresto en tropel de cenetistas; la idea era que esta acción eliminaría a los agentes movilizadores que conectaban al movimiento con las bases, evitando «gran malestar e inquietud»[86]. Por su parte, los radicales de la CNT vieron en este acto una oportunidad para tantear el terreno insurreccional, y anunciaron una «huelga revolucionaria nacional para el triunfo del comunismo libertario». Con las cuadrillas armadas de sus Comités de Defensa en las calles, la FAI ordenó a sus grupos pasar a la ofensiva. Se levantaron barricadas en el cinturón proletario de la ciudad y en el Raval; las clases medias respondieron con pánico, abasteciéndose de víveres y vaciando las tiendas de existencias. Sin embargo, este bautismo de fuego no favoreció ni a los grupos ni a los Comités de Defensa faístas, cuyos activistas mal armados sólo podían enfrentarse a las fuerzas de seguridad en acciones guerrilleras esporádicas[87]. En una demostración de fuerza, las autoridades declararon la ley marcial: dos barcos de guerra atracaron en el puerto de Barcelona y cientos de refuerzos de la Guardia Civil, incluyendo a sus escuadrones de caballería, llegaron a la ciudad. La huelga terminó con un balance de 16 obreros muertos, tres de ellos ejecutados sumariamente mientras se encontraban a disposición policial. Otros 300 obreros fueron arrestados y las cárceles estaban tan llenas que la mitad de los presos tuvieron que ser internados en barcos prisión[88].

Foto 5.3. Disturbios durante la huelga convocada por la CNT, Barcelona, septiembre de 1931. © EFE.

En el ambiente represivo que se vivió a partir de septiembre, las autoridades impusieron nuevas restricciones para el acceso de los parados a las calles[89]. Así, las redadas policiales en aquellas zonas preferidas por los vendedores ambulantes se volvieron algo común. A mediados de septiembre, cumpliendo órdenes del Ayuntamiento, El Mercadet, corazón de la venta ambulante en el centro de Barcelona, fue destruido en presencia de un destacamento de guardias de asalto, políticos locales de ERC y representantes de las asociaciones de vendedores de mercado, bajo la mirada amarga de aquellos que allí se ganaban la vida. Más tarde, los guardias de asalto ocuparon la Plaza de la República para repeler las posibles protestas de los vendedores ambulantes, mientras una sucesión de vendedores de mercado se acercaba a felicitar a las autoridades municipales por la demolición de El Mercadet, «para el buen nombre y el prestigio de la ciudad y los negocios de Barcelona[90]». Respecto a la huelga de inquilinos, en un intento de destruir las redes de militantes y las conexiones entre la CNT y los barris, las autoridades invocaron la Ley de Defensa de la República nada más ser aprobada, acentuando hasta qué punto veían esta protesta como un desafío frontal al poder estatal. A partir de entonces, la Ley de Defensa se utilizó para internar a aquellos huelguistas que opusiesen resistencia a los desahucios o que reocupasen los pisos, destrozando la solidaridad que había caracterizado a la acción hasta ese momento, para la gran satisfacción de la COPUB, que expresó su agradecimiento al gobierno central por esta nueva arma contra los «actos de rebeldía[91]». En los barris periféricos, donde la huelga de inquilinos tenía una base especialmente sólida, la ley permitió a las autoridades limitar el espacio al que tenían acceso los disidentes, y en operaciones parecidas a las de un ejército extranjero de ocupación en territorio hostil, las fuerzas de seguridad invadieron barrios enteros registrando casas y centros obreros. A su vez, la ley se utilizó para romper la conexión entre la huelga de inquilinos y la CNT, prohibiendo el Sindicato de la Construcción, del cual había surgido la CDE[92].

Sin embargo, la violencia estatal no logró acabar con las prácticas de origen socioeconómico. En gran parte, este fracaso reflejaba la determinación de los parados de defender su derecho al espacio público, a menudo con el uso de la violencia. Así, la presencia de vendedores ambulantes en las calles continuó durante toda la República, y en muchos casos presentaron un frente de resistencia colectiva a las fuerzas de seguridad[93]. Los miembros de la comunidad local a menudo intervenían para defenderlos ante la policía, que respondía utilizando más violencia, incluso contra mujeres y niños vendedores ambulantes, en un intento de hacer detenciones antes de que se formasen multitudes hostiles. Un guardia de asalto explicó a un periodista que en situaciones de este tipo a menudo tenían que utilizar las porras contra las mujeres y resaltó su irritación ante aquellas que se dejaban involucrar por los «agitadores» en estas acciones callejeras[94]. En ocasiones, los vendedores ambulantes reaccionaban ante la represión policial atacando a los vendedores de mercado, pues sabían de sus peticiones a las autoridades para sacarlos de las calles. En el último trimestre de 1931, la persecución policial de los vendedores ambulantes desembocó en dos disturbios importantes en mercados, durante los cuales éstos destruyeron puestos y se incautaron de alimentos y artículos con la ayuda de miembros de la comunidad local[95]. Quizás para evitar este tipo de conflictos, las autoridades locales toleraban una cierta cantidad de venta ambulante, aunque, como apuntaría un periodista republicano, la represión de la misma aumentase antes de las elecciones locales y generales, cuando Esquerra tenía especial interés en complacer a su electorado de clase media[96].

La represión tampoco logró poner fin a la huelga de inquilinos. La mezcla de la necesidad material y la densa red de relaciones sociales en los barris hizo que la protesta de inquilinos continuase en ciertos distritos durante toda la República, especialmente en l’Hospitalet y las cases barates, donde los huelguistas opusieron resistencia a las autoridades y caseros pese al acoso policial y, en algunos casos, la falta de electricidad y agua[97]. Semejantes luchas defensivas de carácter comunitario contra las manifestaciones más palpables de opresión y explotación acentuaban la capacidad innovadora de acción y autoexpresión de los barris, y el deseo de hacerse con el control de su destino y su espacio local. Sus movilizaciones eran poderosas y dramáticas, pese a carecer de la dirección que tenían las protestas de las organizaciones formales. A finales de 1931, por ejemplo, después de un incremento en el acoso de los inquilinos en huelga de La Torrassa, una multitud indignada atacó a la policía, apropiándose de algunas de sus armas e intentando quemar la oficina local de la COPUB[98].

La represión de las luchas industriales y extraindustriales, estimuladas por las necesidades materiales de las comunidades locales de los barris, fue todo un proceso de aprendizaje para los obreros corrientes, y también para los activistas radicales. La experiencia represiva produjo una conciencia colectiva sobre los límites de la «libertad» bajo la República y una sensación imperante de exclusión. Ante la ausencia del prometido paquete de reformas, muchos obreros de los barris comenzaron a considerar al Estado republicano como poco más que un conjunto formado por la policía, el ejército y los organismos invasores de la asistencia social[99]. En consecuencia, la situación de la seguridad ciudadana se complicó tremendamente. A raíz de una campaña de críticas a los parados en la prensa republicana, aparecieron varios informes sobre visitas de activistas parados a periódicos y «amenazas» a periodistas[100]. También hubo amenazas de muerte por escrito a agentes de policía en l’Hospitalet, uno de los espacios más disputados en la lucha por las calles, así como numerosas agresiones a miembros de las fuerzas de seguridad y guardias privados[101]. La sensación de marginación política que había en los barris debió de intensificarse cuando salieron a la luz los sueldos desorbitados que recibían los miembros de la nueva elite política, sin duda acentuando la percepción pública de que los políticos republicanos eran prácticamente iguales a sus predecesores monárquicos[102]. La paliza que recibió un miembro del Ayuntamiento de l’Hospitalet tras ser atracado en el distrito obrero de Collblanc recalcó el abismo entre la República y los barris[103]. La creciente sensibilidad de la elite política local ante el conflicto urbano hizo que a partir de finales del verano de 1931, numerosos políticos republicanos se sintiesen obligados a solicitar permisos de armas[104]. Sin duda, la República difería en muchos aspectos de la monarquía, pero esto era algo difícil de ver para aquellos que experimentaban la agresividad de las estrategias de control social en las calles, en especial los parados, a quienes más afectaba la continuidad de las mismas dinámicas de exclusión y represión de la protesta[105]. Más allá del fracaso de los republicanos en reformar las fuerzas de seguridad, el conflicto vigente entre la policía y el pueblo estaba arraigado en las desigualdades estructurales de la economía urbana, haciendo inevitable el enfrentamiento de una parte significativa de la clase obrera con la autoridad, bien fuese a través de sus esfuerzos individuales para sobrevivir o de tentativas colectivas para mejorar sus condiciones sociales. Así se explica la interminable guerra callejera de los obreros en paro, obligados a vivir fuera de ley por la propia condición de su existencia.

Política callejera y radicalización de la CNT

La guerra en las calles fue fundamental en la radicalización de la CNT barcelonesa y el desplazamiento de la dirección moderada del sindicato. La huelga general de septiembre coincidió con la publicación del llamado «Manifiesto Treintista», emitida por 30 destacados cenetistas moderados que ocupaban puestos importantes en la CNT, entre ellos Peiró y Pestaña[106]. Aunque los treintistas reiteraron sus principales objetivos revolucionarios, a corto plazo buscaban un periodo de paz social, un armisticio con las autoridades que permitiese a los sindicatos funcionar con mayor libertad. En vez de criticar a los republicanos por aumentar las expectativas populares y no cumplir con su programa de reformas, echaban la culpa de la violencia callejera a los radicales y a «una minoría audaz», en clara referencia a la FAI, a la que acusaban de estar dedicada al «hecho violento» y a los «motines»[107].

Los treintistas, sin embargo, mostraban una ingenuidad extrema, dada la marcha de los acontecimientos desde la proclamación de la República. En primer lugar, era muy poco probable que las autoridades fuesen a crear las condiciones políticas y legales para la expansión de la CNT. De hecho, el empeño de los republicanos en poner frenos a la Confederación, especialmente a partir de la huelga general de septiembre, hizo casi imposible un acercamiento entre las autoridades y los cenetistas moderados. En segundo lugar, la represión continuada apenas dejaba margen de maniobra a los treintistas y menoscababa la credibilidad de su mensaje. A finales de octubre, la población reclusa de Barcelona seguía aumentando, y cada vez eran más los presos «sociales» y delincuentes «comunes» internados en un barco prisión en el puerto[108]. A principios de noviembre, Bilbao, el organizador de la huelga de inquilinos, que desde hacía tres meses se encontraba en situación de detención gubernativa, denunció «la dictadura en Barcelona»[109].

La influencia de los radicales en los Comités de Defensa y el Comité Pro Presos creció en proporción directa con la represión republicana, suscitando denuncias feroces sobre el «terror blanco de la República», que incluía «técnicas monárquicas» como la detención gubernativa para decapitar «la rebelión de la CNT»[110]. Los «métodos mussolinianos» que utilizaba la «dictadura republicana» pudieron volver a verse a mediados de octubre, cuando Anguera de Sojo ilegalizó la FAI, prohibiendo sus mítines y su prensa {Tierra y Libertad siguió publicándose una vez que hubo retirado el logotipo de la FAI que había ostentado desde su fundación). En opinión de Tierra y Libertad, la prohibición equivalía a una declaración de guerra por parte de las autoridades: «Desde arriba, desde el poder, se está provocando una guerra social que debemos aceptar con todas las consecuencias.» La paz ya no era posible pues «en la clandestinidad y el anonimato, su actuación (la de la FAI) ha de ser más radical y más violenta»[111]. Así, la FAI ordenó la entrada en acción de sus grupos a mano armada, «preparados para dar sus vidas por la libertad», que empezaron a atacar los mítines públicos de los partidos republicanos y españoles en el poder. A principios de noviembre, en Montjuïc, un mitin de la conjunción republicano-socialista se convirtió en una manifestación a favor de los presos «sociales». La mera mención del nombre de Companys «produjo el efecto de un revulsivo» en el auditorio, y se abucheó un discurso de Victoria Kent, directora general de prisiones, conforme el «fervor popular por la causa de los presos» se apropió del mitin. Un mes más tarde, durante una asamblea de ERC en Poblenou, la protesta contra la detención gubernativa adquirió un carácter violento cuando varios grupistas con porras y barras de hierro lograron reducir a los encargados de la seguridad. Los ataques a los mítines de ERC continuaron por toda Cataluña[112].

Este contexto hacía imposible el debate razonado del «Manifiesto Treintista», y reforzaba las afirmaciones de los radicales de que los moderados eran «traidores», dispuestos a capitular ante el poder estatal.

Ciertamente, habían capitulado ante sus críticos radicales dentro de la CNT: al verse superados por los acontecimientos en las calles y tener que hacer frente a ataques continuados en círculos anarquistas y anarcosindicalistas, los treintistas más destacados, en vez de mantenerse firmes y contestar a sus detractores, cedieron el control de posiciones claves que fueron ocupadas por sus oponentes radicales. Además, los moderados dimitieron del comité de redacción de Solidaridad Obrera en septiembre, y un mes más tarde, durante el Pleno de la CRT catalana en Barcelona, se eligió un nuevo equipo controlado por los radicales, entre otros, García Oliver y Montseny, y Felipe Alaíz como director[113].

La propagación de las protestas de los parados contribuyó a que los radicales fortaleciesen su posición entre las bases y en los sindicatos confederales. Mientras estuvieron al timón de la CNT, los treintistas no se habían tomado en serio el desafío que suponía el problema del desempleo. De hecho, como hemos visto en este capítulo, a principios de 1931 el enfoque de la dirección cenetista sobre el paro era esencialmente corporativista, organizando a los desempleados en bolsas de trabajo del sindicato. Asimismo, durante muchas de las huelgas de abril y septiembre, las demandas de los anarcosindicalistas moderados de la CNT estaban centradas en medidas contra el desempleo; de ahí los frecuentes llamamientos a favor de acuerdos para la creación de subsidios de desempleo financiados por la patronal, la reducción de la jornada laboral sin disminución de salario, el reparto del empleo, el fin de los despidos y la abolición del trabajo a destajo y otras formas laborales de carácter intensivo. Sin embargo, una vez que las autoridades y los patronos se unieron para reducir el poder de la CNT, quedó comprometida la efectividad de este enfoque de orientación sindical. Hay que recordar que la mayoría de los patronos se oponía a las bolsas cenetistas, pues las veían como un desafío a su libertad para contratar y despedir, y temían que acabasen «infestando» sus fábricas de demagogos anarquistas a favor del amor libre en vez de la productividad. (No deja de ser irónico que los pocos patronos con visión de futuro que aceptaron las bolsas y que dieron trabajo a algunos de los militantes más temidos de la CNT, con historiales de asesinatos, robos de bancos y sabotaje industrial, disfrutasen como resultado de unas relaciones industriales extremadamente tranquilas durante la década de 1930[114]).

El desempleo masivo ejerció una gran presión sobre el código moral de los treintistas. En realidad, la concepción de los anarcosindicalistas de la dignidad proletaria era una versión radical de la concepción burguesa del «buen obrero», un «honorable» asalariado que vivía exclusivamente de su trabajo. Este esquema aceptaba que los obreros se saltasen la ley durante las huelgas, amedrentando a los «esquiroles» o participando en «piquetes activos» y actos de sabotaje, pero consideraba las acciones ilegales extraindustriales, cuyo número creció con el aumento del desempleo, como un crimen y algo impropio de los trabajadores «honrados»[115]. Los moderados no sólo fueron incapaces de desarrollar una estrategia alternativa para lidiar con el desempleo, sino que además asumieron posiciones reaccionarias sobre ciertos temas, como la limitación del acceso femenino al mercado laboral y la adopción de mecanismos de control de la inmigración. (En abril, en plena euforia por la proclamación de la República, el reformista Pestaña, considerado cada vez más como la bestia negra de los radicales, fue uno de los observadores del encuentro histórico de la Comissió Pro Obrers sense Treball de la Generalitat, donde se decidió por primera vez repatriar a los inmigrantes en paro)[116]. Además, después de la ruptura entre la CNT y los republicanos, Pestaña continuó escribiendo para periódicos republicanos como La Calle, que había participado activamente en la demonización de los desempleados[117].

Mientras tanto, los radicales, siempre dispuestos a adoptar los conflictos callejeros y no limitarse a la protesta de fábrica, se montaron en la cresta de la ola de protestas de los parados y acusaron a sus enemigos dentro de la CNT de haber traicionado los intereses de éstos. De hecho, los dos sindicatos con mayores índices de desempleo —el de la Construcción y el de la Madera— fueron los primeros en caer bajo la influencia de los radicales. Al consolidar su presencia en los ateneos, la comunidad y los centros sindicales de los barris, los radicales lograron canalizar el creciente antirrepublicanismo que se respiraba en la calle, estableciéndose en ésta de forma cotidiana, de pie en las esquinas de las calles o sobre cajas, leyendo la prensa anarquista y obrera, dirigiéndose a los trabajadores y discutiendo de política con ellos. Fuentes contrarias y favorables a la causa obrera resaltaron el dinamismo y la emoción de aquellas calles donde se discutían con fervor acontecimientos políticos, especialmente en los barris con un alto índice de desempleo (véase foto 5.4)[118].

La mezcla de la represión y la exclusión sociopolítica brindó a los radicales la oportunidad de atraer a una base social más radical, sin limitarse al proletariado de las fábricas, dando voz a los desposeídos y a todos los excluidos por la República. En el caso de los vendedores ambulantes, la CNT había apoyado su «derecho a las calles» durante la monarquía[119], y una vez los republicanos empezaron a reprimirlos[120], los organizó como una sección del Sindicato de la Alimentación de Barcelona. El Sindicato de Vendedores Ambulantes de la CNT en l’Hospitalet, radicalizado por su experiencia de represión estatal, anunció a finales de octubre que «la transición de la monarquía a la República no había sido más que un cambio de nombres y personal», al tiempo que los procedimientos, ambiente y mentalidades de las autoridades habían seguido igual[121]. Este sentimiento antirrepublicano era compartido por los inquilinos en huelga, que tenían su propia visión sobre lo que era «justo», contraria a la de las autoridades, que permitían que los alquileres subiesen y ayudaban a los dueños con la detención preventiva de los huelguistas y sus líderes[122]. Algo parecido ocurrió con los miles de obreros marginados por la política excluyente de ERC y el estereotipo que hacía de los inmigrantes como «murcianos». La manifestación más notoria de este sentimiento de exclusión fue la colocación de un cartel que decía: «¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia!», en la frontera de Barcelona y el barri de Collblanc de l’Hospitalet, cuya población predominantemente inmigrante fue vilipendiada por las autoridades, los sectores nacionalistas y las asociaciones patronales a lo largo de toda la República. Pese a que la CNT siempre estuvo abierta a todos los obreros sin importar su lugar de origen, serían los radicales los que canalizarían la hostilidad de los inmigrantes «forasteros» hacia las autoridades. En una muestra de solidaridad con esta comunidad discriminada, los militantes cenetistas y anarquistas se describirían a sí mismos como «murcianos»[123]. Los inmigrantes, por tanto, veían a los radicales como las únicas personas preparadas para aceptarles de forma incondicional. Así, a lo largo de la década de 1930, los barris nuevos de las afueras de la ciudad con una alta concentración de obreros inmigrantes, como La Torrassa y las cases barates, se convertirían en baluartes anarquistas y cenetistas en la vanguardia de la protesta social. (En las cases barates de Santa Coloma, el 74 por ciento de los residentes eran inmigrantes, y el 30 por ciento de éstos, murcianos[124]). Los obreros inmigrantes se unieron a las protestas de la CNT no porque fuesen individuos marginados o solitarios, como sugerían las autoridades, sino porque formaban parte de una red de apoyo de relaciones sociales organizadas que proveían recursos para la movilización y protección frente a las amenazas externas.

Foto 5.4. Protesta callejera de la CNT, Barcelona 1930 (José Peirats, The CNT in the Spanish Revolution, vols. 1-3, ChristieBooks/Meltzer Press).

La resistencia colectiva al Estado fomentó un espíritu enérgico de autodeterminación comunitaria, transformando muchos barris en una fuerza social activa para la lucha y el cambio. El equivalente contemporáneo más cercano de la insurrección urbana que hervía en las calles de los barris es la Intifada de los palestinos en los campos de refugiados. Con el tiempo, se fue haciendo evidente la capacidad de los radicales y los anarquistas de proyectar y canalizar las tradiciones antipoliciales, dotándolas de nuevos significados. Como insistiría Solidaridad Obrera: «La policía republicana es la misma policía monárquica, de igual modo que la tiranía es la misma que la monarquía fuera. No ha cambiado la política. Ni cambiará. Su misión fue, es y será la persecución de obreros y de humildes[125].» En la práctica, los activistas de la CNT tenían el apoyo de la calle; por ejemplo, en una ocasión, un policía arrestó a un cenetista en La Torrassa y éste pidió a los transeúntes que le liberasen, acudiendo más tarde a una oficina sindical para que un metalúrgico cenetista le quitase las esposas policiales[126].

La FAI antirrepublicana y sus partidarios radicales, de acuerdo con su caracterización como «organización de guerrillas»[127], adoptaron frente al desempleo un enfoque insurreccional. Desde finales de 1931 hasta el estallido de la Guerra Civil, los radicales declararían que el ocaso del capitalismo era inevitable y que el problema del desempleo no se solucionaría hasta «después de la revolución» y el logro de «la solución definitiva», o sea, al aplastamiento de «un orden económico que no puede garantizar una vida para todos». Por ello, acusaban a la asistencia social y a las obras públicas de no ser más que «obras caritativas» estatales y «denigrantes», destinadas a humillar al proletariado ante las autoridades y debilitar el ansia revolucionaria de las masas. En su lugar, los radicales proponían un proyecto «profundamente revolucionario… más concordante con nuestra definición revolucionaria». Como explicaría el Sindicato de la Construcción, si se despide a los obreros, «la lucha debe aceptarse con todas sus consecuencias […] hasta la posesión de talleres y obras[128].»

La mezcla de las tácticas anarquistas y la represión estatal produjo un alejamiento de las luchas masivas, como la huelga de inquilinos y la disputa por el reconocimiento de las bolsas, hacia modos de conflicto basados en una resistencia callejera de grupos pequeños más irregular y no institucionalizada. Desde el punto de vista de los radicales, los parados practicarían su propia «gimnasia revolucionaria», transformándose en tropas de choque insurgentes, «lanzándolos a la calle» para alterar el orden público[129]. Las luchas guerrilleras de los desempleados defendidas por los radicales estaban firmemente arraigadas en una constelación existente de prácticas populares callejeras, una subversión de los ritmos urbanos reinantes, según el parecer de los anarquistas. Por ejemplo, basándose en las prácticas tradicionales de los parados de recorrer fábricas en busca de empleo, el Sindicato de la Construcción pidió a sus obreros en paro que asaltasen talleres exigiendo un puesto de trabajo[130]. Se sabe de una visita de 300 obreros a un patrono como resultado de este llamamiento confederal. Asimismo, cuando la CNT se enteraba de que un patrono pagaba horas extras a sus empleados en vez de contratar a obreros sin empleo, enviaba parados a la fábrica a exigir trabajo, lo que pasó a conocerse como «imposiciones sindicales». Otra opción era ponerse a trabajar por cuenta propia en las fábricas para luego exigir la paga a la patronal al final de la jornada. Incluso hubo albañiles parados que se dedicaron a levantar baldosas por la ciudad en un intento de generar empleo. El nuevo proletariado de los barris periféricos era especialmente activo. En Sant Andreu y Santa Coloma, la CNT invitó a los parados a confiscar el terreno sin cultivar de la zona, y la requisa de alimentos en fincas continuó durante el periodo republicano especialmente en l’Hospitalet. Estas prácticas hacían inevitables los enfrentamientos con la policía[131]. También existen pruebas de militantes («gente desconocida», según un informe policial) que animaban a los vendedores ambulantes a atacar a las fuerzas de seguridad[132].

El rasgo más innovador y controvertido del apoyo de los anarquistas radicales a la política callejera de los desempleados probablemente fuese su respaldo a los actos ilegales de carácter popular, lo que ellos llamaban «delito social» o «apropiación proletaria». Solidaridad Obrera y la prensa anarquista solían publicar artículos pidiendo a los parados que tomasen «medidas radicales» para satisfacer sus necesidades de una u otra forma. Tras un disturbio de obreros en paro en Sant Andreu en abril de 1933, durante el que se saquearon tiendas y mercados locales, Solidaridad Obrera aplaudió el valor propagandístico de este «gesto rebelde»: «la única manera de que el Capital y el Estado se dieran cuenta de que había hambre y que era necesario remediarla»[133]. El uso de la ilegalidad estaba también justificado para «conquistar» el «derecho a la vida» de los «desgraciados que roban acosados por el hambre», actos que Solidaridad Obrera afirmaría, «no sólo comprendemos, sino que disculpamos porque la responsabilidad recae en la sociedad egoísta y brutal que nos domina[134].»

Además, la contracultura anarquista validaba completamente los actos ilegales de los parados. Según Tierra y Libertad, «el robo no existe como “delito” […] Es uno de los complementos de la vida[135].» Por su parte, Solidaridad Obrera llamaba a los desposeídos a «exponer su libertad y su vida para apoderarse “ilegalmente” de lo mucho que los atracadores oficiales amontonan, protegidos por el Estado[136].» En lo más básico, la lucha era una acción espontánea y defensiva por parte de los parados, cuya «última opción digna» consistía «en asociarse con otros parados para conquistar su derecho a la vida por la fuerza[137]». Esta ideología de acción provocó el desdén hacia los mendigos. Una tarde, Durruti dejó boquiabiertos a los parroquianos del bar La Tranquilidad cuando respondió a las súplicas de limosna de un mendigo sacando del bolsillo de la chaqueta una enorme pistola y, colocándola en la mano del hombre, le dio entonces el siguiente consejo: «¡Toma! ¡Ve a un Banco a por dinero![138]»

Para los anarquistas, la apropiación proletaria estaba cargada de sentido político: se trataba de un ataque a la ley, los valores y las relaciones de propiedad del orden social vigente, la primera chispa de la rebelión, una muestra del espíritu de autodeterminación de los desposeídos y un preludio a la acción revolucionaria. De ahí que los anarquistas concluyesen que el uso de la ilegalidad era «anarquista y revolucionario», capaz de «desgastar» el sistema capitalista y jugar un papel fundamental en la lucha de clases, un acto que por fuerza ocurría más allá del marco legal de la sociedad burguesa[139]. Sólo hacía falta politizar las estrategias de autoayuda ilegales y unificar la guerra de «nuestros hermanos», los «delincuentes», bajo el «espíritu subversivo» de la lucha anarquista contra el Estado. Siempre dispuestos a extender su influencia más allá de las fábricas, los radicales enaltecían a las bandas callejeras como una fuerza de vanguardia en la lucha contra la policía[140].

En términos prácticos, existen pruebas abundantes de que los cenetistas y los anarquistas radicales ayudaron a organizar «compras proletarias»: desde requisas de alimentos a pequeña escala en tiendas locales, panaderías, camiones y almacenes, hasta asaltos masivos bien planificados a mercados y granjas. En un dramático ataque al amanecer, un grupo de 80 personas entró en el mercado del Born, en el centro de la ciudad, ató al personal y a los camioneros allí presentes y se llevó una cantidad enorme de frutas y verduras[141]. También hay mucha documentación sobre la participación de activistas en acciones ilegales a mano armada. Una clara ilustración de esto pudo verse durante la huelga de los trabajadores de la madera de 1932 a 1933, cuando los piquetes organizaron actos de «apropiación proletaria» contra aquellos patronos que se oponían a la protesta, a menudo llevándose sus cajas de dinero y los contenidos de las cajas fuertes[142]. La subcultura de resistencia de los cenetistas en paro contribuyó a que muchos rechazasen la pobreza y utilizasen la «apropiación proletaria» para sobrevivir. Una banda detenida durante un intento de robo fallido en un tren incluía a dos hermanos anarquistas de l’Hospitalet, ambos activistas del Comité de Parados. Tres cenetistas en paro de La Torrassa, arrestados mientras asaltaban dos coches en las afueras de la ciudad, eran también los autores de una serie de robos en carretera, según la policía. Unos activistas parados detenidos por comer sin pagar en restaurantes fueron acusados, a su vez, de haber participado en «apropiaciones» armadas[143]. Los parados no fueron los únicos en utilizar los actos ilegales a mano armada, también lo hacían aquellos activistas que habían sido incluidos en listas negras debido a su militancia[144]. Los anarquistas extranjeros huidos de los gobiernos fascistas de Italia y Alemania y de las dictaduras de Portugal, Argentina y Uruguay componían otro grupo importante de «ilegalistas» armados muchos de los cuales llevaban ya de por sí una existencia clandestina en Barcelona, enfrentados a la amenaza continua de la deportación[145]. Pese a que había un comité dedicado a ofrecer asistencia a los exiliados, organizando colectas y proporcionando asesoramiento jurídico, las posibilidades de encontrar un trabajo eran mínimas. Además, las autoridades no dejaban de poner obstáculos a las funciones del Comité, mostrando muy poca hospitalidad con los exiliados antifascistas de origen proletario[146]. Los italianos, algunos de los cuales habían conocido a exiliados españoles y catalanes en París y Bruselas durante los años de la dictadura de Primo, eran los «expropiadores» anarquistas extranjeros más destacados, en especial Giuseppe Vicari, líder de la llamada «banda Vicari», autora de una serie de asaltos a mano armada a tiendas y farmacias[147].

Pese a todo, la acción ilegal armada no era siempre de inspiración económica. Para algunos anarquistas, «rebeldes a toda ley»[148], tenía a menudo un sentido táctico y se trataba de una nueva versión de la «propaganda por el hecho» en la que se basaría la rebelión de los desempleados.

Así, un grupo de parados anarquistas admitió ante el tribunal que había organizado un robo a mano armada con la esperanza de animar a otros obreros en paro a deshacerse de su espíritu servil. En ocasiones, la acción ilegal llegaba a adquirir tonos teatrales: durante un atraco a mano armada a una taquilla de cine, uno de los asaltantes explicó a los curiosos que tanto él como sus colegas no eran «ladrones» sino obreros en paro, «hartos de pasar hambre»[149]. Por otro lado, en el movimiento libertario también hubo quienes optaron por la vida fuera de la ley, especialmente los anarcoindividualistas, cuyo «ilegalismo consciente» les llevaba a idolatrar la vida en libertad de los bandidos y fugitivos y considerar el crimen como una virtud gloriosa[150]. Estos anarcosindicalistas se mostraban especialmente dispuestos a explicar las motivaciones de sus actos durante los interrogatorios policiales. Un miembro de un grupo de individualistas detenido durante un robo a mano armada dijo con satisfacción a los estupefactos agentes: «Soy anarquista puro y robo a los bancos, pero soy incapaz de robar a los pobres, como hacen otros». Otro asociado suyo admitió: «Yo entro en los bancos a comprar con pistola, mientras otros entran con el cheque. Todo es cuestión de procedimiento[151].» Tan convencidos estaban de la rectitud de su causa que algunos intentaron convertir al anarquismo a los policías que les interrogaban[152].

Sin embargo, probablemente fuesen los miembros de la juventud radical del movimiento anarquista los que mostraron mayor avidez en el uso de la ilegalidad a mano armada. Guiados sólo por sus valores contraculturales y moralidad alternativa, estos jóvenes anarquistas se propusieron llevar adelante una vida autónoma dentro de una comunidad intencional de rebeldes, una minisociedad compuesta por «individuos libres» fuera de la ley a conciencia, desafiando la reglamentación social, los valores morales convencionales como la ética del trabajo, y las jerarquías tradicionales. Estos jóvenes pusieron en entredicho la imagen de los anarquistas como santos seculares al adherirse a los duros valores de la clase obrera, y algunos entre ellos, sin duda atraídos por la leyenda negra del «barrio chino», se convirtieron en asiduos de las tabernas y bares del Raval, donde intentaban exponer a los delincuentes a la cultura y a las ideas anarquistas, e inculcar en sus acciones una nueva conciencia. En un informe policial de diciembre de 1934 puede verse hasta qué punto estos jóvenes activistas habían penetrado en el entorno de los «bajos fondos» de la ciudad. Durante una serie de redadas en bares del Raval, la policía arrestó a «una mezcla de anarquistas y atracadores… [20] individuos de vida irregular, la mayoría de ellos jóvenes y fichados como anarquistas». Nueve de los arrestados se alojaban en la misma pensión del Raval. En otra redada de un bar de Sants frecuentado por jóvenes anarquistas se requisaron 300 relojes de oro y varias radios robadas[153]. (La aceptación de aquellos que la mayoría de los organismos obreros describían como «descarriados», proporcionaría importantes militantes al movimiento anarquista como, por ejemplo, Mariano «Marianet» Rodríguez Vázquez, secretario del Sindicato de la Construcción de Barcelona antes de la Guerra Civil y secretario de la CNT después de julio de 1936, y un antiguo interno del Asilo Durán[154]).

Sin embargo, la estrategia de los radicales frente al desempleo tenía un defecto importante: su sectarismo. Pese a la flexibilidad que mostraban en la canalización de las protestas de los desposeídos y los parados, los radicales ignoraban el hecho de que la acción resuelta a favor de éstos implicaba la mayor unidad posible dentro de la poderosa y masificada CNT, algo claramente contrario al objetivo radical de un sindicato anarquista. El sectarismo de los radicales pudo vislumbrarse por vez primera durante la huelga de inquilinos. Pese a que los organizadores de la huelga se dirigían a todos los trabajadores cualquiera que fuese su afinidad ideológica, los anarquistas radicales intentaron progresivamente explotar la movilización para sus propios fines. Así, durante una concentración masiva de la CDE en julio, Parera, uno de los fundadores de la Comisión, atacó a lo que en sus propias palabras era «la izquierda extrema bolchevique», afirmando que los parados no encontrarían trabajo hasta después de «la implementación del comunismo libertario». Cuando los marxistas comunistas que había entre el público reivindicaron su derecho a responder a estas afirmaciones, estalló una pelea[155]. Al mismo tiempo, pese a que la CNT había aceptado organizar comités de obreros sin trabajo —un tema de «vida o muerte» para los sindicatos—, éstos eran siempre secundarios al anticomunismo implacable de los radicales. Por ejemplo, durante un debate sobre la organización de los parados en la Federación Local de Barcelona, el delegado radical del Sindicato de la Metalúrgica se opuso a la creación de un comité de los sin trabajo debido a la influencia del BOC entre los obreros «sin empleo» de esta industria, indicando que los comités existentes eran «completamente comunistas». En otras palabras, los radicales preferían dejar a los parados sin organizar que verles caer bajo la influencia de facciones rivales dentro de la CNT[156]. Los grupistas anarquistas también entorpecieron algunos intentos por parte de los comunistas de organizar a los parados: en l’Hospitalet, por ejemplo, varias asambleas fueron interrumpidas por anarquistas armados[157]. Más adelante, los radicales dejaron claro que no tenían interés alguno en establecer luchas amplias y colectivas, como aquellas que había iniciado la CDE en 1931. Así, se opusieron a la lucha del BOC para forjar la unidad proletaria en su Alianza Obrera contra el Atur Forçós (Alianza Obrera contra el Desempleo Forzoso), por considerarla un «complot comunista»[158]. No se trataba de un caso aislado: los radicales no sólo creían que ellos eran los mejor capacitados para organizar a los parados, también estaban convencidos de que ellos solos podían hacer la revolución.

CAPÍTULO 6

ANARQUISMO MILITARIZADO

1932-1936

«El ciclo insurreccional»

El 18 de enero de 1932, en Figols, unos mineros liderados por anarquistas desarmaron a los miembros de las fuerzas de seguridad e izaron la bandera rojinegra de la CNT en los edificios oficiales, proclamando el comunismo libertario[1]. Se trataba de la primera acción de una serie de insurrecciones armadas que tuvieron lugar durante este periodo. La izada prendió la mecha del polvorín sobre el que se sentaban las colonias de obreros del valle de Llobregat, radicalizadas a causa de las luchas recientes de sus sindicatos por la mejora de las condiciones laborales y económicas de los mineros y los obreros textiles[2]. La CNT de Barcelona, a la que obviamente no se había informado sobre la rebelión, se enteró de lo que había pasado en la tarde del 19 de enero; pese a todo, tuvieron que pasar otras 24 horas antes de que los activistas de la Federación Local se reuniesen con los delegados de los Comités Nacionales y Regionales para organizar las acciones de apoyo que pudiesen desencadenar un segundo frente en la lucha[3]. Incluso entonces, en vez de preparar inmediatamente una huelga solidaria, los militantes del sindicato, incluyendo a los faístas, «se fueron a dormir». Finalmente, la CRT catalana, ante lo que definió como un «hecho consumado», acordó «hacer suyo el movimiento». Sin embargo, los líderes locales de la CNT no convocaron la huelga general hasta ese fin de semana, y dado el momento que habían elegido para hacerlo, no afectó más que a unas pocas fábricas y a los sectores de servicios y transporte. Tendría que pasar toda una semana desde la insurrección de Figols para que la huelga se sintiese en la zona de Barcelona. Ese martes, los Comités de Defensa se unieron al combate, levantando barricadas en Clot y Sant Andreu, al norte de Barcelona, e intercambiando tiroteos con los guardias de asalto, especialmente en La Torrassa, donde murió un agente.

La huelga de enero demostró que los Comités de Defensa estaban muy lejos de ser operativos. Exhibiendo un alto grado de ingenuidad, Durruti y Francisco Ascaso fueron arrestados por la policía en el bar La Tranquilidad del Paral·lel, donde acostumbraban reunirse los anarquistas[4]. Más tarde se supo que los grupistas en la calle no tenían armas porque el «intendente» que conocía sus paraderos había sido arrestado. Sin éstas, los grupos no podían retener el control de las calles: cuando cayó la noche del primer día de la huelga general, se habían llevado a cabo 200 arrestos, y los guardias de asalto, armados hasta los dientes, se dispusieron a tomar los barris. Mientras tanto, en Figols, aislados y en inferioridad de condiciones, los insurrectos se rindieron al ejército[5].

La actitud de las autoridades estaba muy lejos de ser conciliatoria. Con el fin de decapitar el movimiento obrero radicalizado, 104 anarquistas fueron deportados sin juicio al África Occidental Española conforme a la Ley de la Defensa de la República; muchos de los deportados, incluyendo a Durruti y Francisco Ascaso, no habían tenido nada que ver con la insurrección[6]. Fue tal el acoso a los grupos revolucionarios que incluso se clausuraron las oficinas y se aplicó la detención gubernativa a los activistas de organizaciones que, como el BOC, se habían opuesto a la insurrección. En cualquier caso, el grueso de la represión recayó sobre la CNT e inhibió cualquier acto de protesta efectivo contra las deportaciones: las autoridades cerraron Solidaridad Obrera durante semanas y prohibieron todos los sindicatos cenetistas, ocasión que los patronos aprovecharon para tomar represalias contra sus militantes. El Sindicato Ferroviario y el del Transporte revelaron, durante una reunión de la Federación Local de la CNT, que no podían convocar una huelga general de protesta de 24 horas, como sugería el Sindicato de la Construcción, pues la Confederación «en la actualidad no cuenta con el control de sus afiliados» debido a «la desorientación que existe dentro de nuestra clase por causa del movimiento pasado»[7]. La única protesta registrada contra las deportaciones fue de carácter paramilitar: los Comités de Defensa respondieron con una campaña de propaganda armada, colocando bombas en edificios oficiales, como la Sala Consistorial, y en aquellas fábricas donde los militantes habían sido acosados[8].

La acción de enero y sus secuelas llevaron al límite las tensiones internas de la CNT. Los treintistas y el BOC argumentaron que el caótico «golpe» era un ejemplo de las limitaciones de los libertarios[9]. Por su parte, los anarquistas radicales ofrecieron una interpretación mítica de la insurrección como ofrenda de sangre a la anarquía, y para desviar la atención de las deficiencias de sus preparaciones insurreccionales, pusieron en marcha una campaña muy agresiva contra la «cobardía» de sus enemigos[10]. La línea radical había ganado influencia en la CNT y, así, la Federación Local de Barcelona culpó del fracaso de la «revolución» a los «reformistas», pese a que, como apuntaría uno de los moderados, ni ellos ni los radicales hubiesen logrado hacerse con la iniciativa[11].

Tras las deportaciones, el ambiente cargado de la CNT hizo imposible cualquier discusión razonable sobre la táctica a seguir, tachándose de «contrarrevolucionario» a todo aquel que cuestionaba la línea radical[12]. Durante el Pleno de la CRT catalana en Sabadell en abril de 1932, los sindicatos favorables al BOC fueron expulsados, incluyendo las Federaciones Locales de Girona, Lleida y Tarragona, así como un número de cenetistas individuales de Barcelona. No contentos con la purga de «herejes comunistas», los grupistas atacaron varios mítines del BOC que acabaron en escaramuzas sangrientas[13]. Su bilis, sin embargo, fue descargada principalmente contra los anarcosindicalistas. Acusarían a Peiró, un treintista y antiguo secretario general de la CNT, que había dedicado toda su vida a los sindicatos, de ser un «agente de la policía»[14]. También lograrían en marzo de 1932 la dimisión de Pestaña y su lugarteniente Emili Mira del Comité Nacional y Regional respectivamente, abrumados ante el incremento de ataques personales del que eran objeto. Como era de esperar, sus puestos fueron ocupados por faístas. Una vez que los treintistas quedaron prácticamente aislados en el interior de los comités de la CNT, se pasó a expulsar, ese septiembre, a los sindicatos de Sabadell que estaban bajo su influencia. Esto coincidió con lo que los moderados describieron como una «guerra incivil», en la que los grupistas asaltaban a los treintistas en la calle, en el trabajo y durante las asambleas sindicales[15].

La ruptura desencadenó una impresionante crisis de afiliados. De 400.000 en su punto culminante en agosto de 1931, la CRT catalana bajó a 222.000 en abril de 1932. Sin embargo, como las pérdidas afectaron principalmente a las federaciones locales de las provincias catalanas, la posición de los radicales en su bastión barcelonés siguió intacta. De hecho, durante el primer año de la República, la CNT perdió unos 50.000 miembros en Barcelona y su entorno urbano (aproximadamente una cuarta parte de las pérdidas globales de la CNT catalana), y con casi 150.000 en la provincia de Barcelona, la expulsión de disidentes comunistas y anarcosindicalistas aumentó la importancia de la Federación Local barcelonesa en la organización regional[16]. No obstante, la combinación de la escisión y el aumento de la intensidad de la represión erosionó la capacidad de movilización de los sindicatos, tendencia percibida por el cónsul de Gran Bretaña en Barcelona, que apuntaría a finales de mayo de 1932: «La mayor parte de la clase obrera no responde a la propaganda de la CNT tanto como antes»[17].

La falta de una oposición interna organizada contra la «gimnasia revolucionaria» de los radicales hizo que éstos reemplazasen la lucha sindical por la violencia de grupos. Así, 1933, «el año de la revolución social» según Solidaridad Obrera, comenzaría y terminaría con insurrecciones anarquistas antirrepublicanas[18].

El segundo intento insurreccional tuvo lugar el domingo 8 de enero de 1933, casi un año después de la insurrección de Figols. Pese a que la acción tuvo un mayor impacto en Barcelona y en otras pocas zonas claves de influencia anarquista, mostró muy pocas mejoras en temas de estrategia revolucionaria u organización[19]. Al escoger como fecha un domingo, los insurrectos dejaron claro que sólo confiaban en la fuerza armada y que no consideraban prioritaria la incorporación a su lucha de un número importante de sindicalistas. Su interés en que una huelga general convocada por los ferroviarios coincidiese con su movilización se debía únicamente al valor militar de ésta como potencial impedimento para el movimiento de tropas. Además, no tomaron en consideración la fuerza de la UGT en el sector ni las divisiones entre los ferroviarios de la CNT, que finalmente abortaron el paro a última hora. Pese a todo, la insurrección siguió adelante tal y como estaba planeada, gracias en gran parte a la influencia de los miembros de Nosotros, ocho de los cuales estaban en el Comité de Defensa de la CRT catalana[20]. Su secretario, García Oliver, logró convencer a Manuel Rivas, secretario general faísta de la CNT y secretario del Comité de Defensa Nacional, de que respaldase la acción[21].

En los días previos a la insurrección, la policía descubrió una serie de fábricas de bombas en los barris, e interceptó a un grupo de faístas repartiendo armas y explosivos por toda Barcelona. Así, los insurrectos no sólo perdieron su capacidad armada sino también el elemento sorpresa de la acción. Una redada policial en las oficinas del Sindicato de la Construcción en la Calle Mercaders descubrió un alijo de municiones, y hubo mucha especulación en la prensa sobre la inminencia de una insurrección. Finalmente, la acción tuvo que ser adelantada tras la explosión accidental de una fábrica de bombas en Sant Andreu. La señal de arranque fue la detonación de una bomba enorme que unos trabajadores de alcantarillado cenetistas habían colocado debajo de una estación de policía en la Via Laietana, un acto que casi mata a García Oliver y otros anarquistas que se encontraban en las celdas del cuartel. Los insurrectos no tenían armas de fuego y sólo contaban con granadas de mano caseras, bastante seguras por cierto. El golpe, por tanto, no duró mucho. La primera acción de importancia de los insurrectos —un ataque simultáneo al Tribunal de Justicia y al cuartel de Sant Agustí, cerca del centro de la ciudad— terminó tras un tiroteo de 15 minutos; al no poder hacerse con las armas que necesitaban, unos 100 grupistas buscaron refugio en Poblenou. Asimismo, el intento de asalto por parte de 50 grupistas al cuartel de Atarazanas, en el lado del puerto de las Ramblas, se frustró tras dos horas de tiroteo en las calles cercanas del Raval, dejando un balance de dos miembros de las fuerzas de seguridad y un faísta muertos. Con la vuelta de la calma al centro de la ciudad, el combate se trasladó a los barris. En el baluarte anarquista de Clot, los insurrectos levantaron barricadas, confiscaron coches a los ricos y se hicieron con el control del barri durante varias horas, oponiendo una fuerte resistencia a la Guardia Civil y matando a un policía. También se dieron enfrentamientos en Poblenou y l’Hospitalet. Sin embargo, al final del segundo día, aparte de algunos tiroteos esporádicos alrededor del Raval, la insurrección había perdido la fuerza.

Esta acción fue especialmente memorable por la represión que desató a continuación. En el cuartel de la Via Laietana, la policía propinó palizas brutales a los detenidos, cebándose aparentemente con los miembros de Nosotros: García Oliver acabó con la cabeza y las costillas rotas, mientras que a Alfons Piera le destrozaron la cara y le rompieron la nariz con la culata de un rifle[22]. Sin embargo, el ejemplo más notorio de la represión se dio en el pueblo de Casas Viejas en Andalucía, donde los anarquistas locales iniciaron un levantamiento, convencidos de que la insurrección había triunfado en el resto de España. Por miedo a que la situación de Casas Viejas pudiera incitar acciones similares en otros lugares, Arturo Menéndez, director general de Seguridad, que había servido como jefe de policía de Barcelona durante los primeros meses de la República, ordenó que se sofocase la insurrección lo más rápida y enérgicamente posible[23]. Los guardias de asalto interpretaron esta orden como una invitación para aplicar la ley de fugas, matando a 22 civiles, incluyendo a varias mujeres y niños, y dejando los cuerpos carbonizados de los muertos durante horas sin enterrar para que sirviese de lección y escarmiento a los allí presentes[24].

Bajo la lógica de la «gimnasia revolucionaria», el éxito del movimiento insurreccional de enero de 1933 había sido mayor que el de enero de 1932, en la medida en que el aumento de la brutalidad estatal había impedido la incorporación política de la clase obrera. Mientras tanto, la CNT se enfrentaba a sus propias dificultades para incorporar obreros a su sindicato y cortar la pérdida de afiliados. Hacia marzo de 1933, la CRT catalana contaba con menos de 200.000 miembros, alrededor de la mitad de los que había tenido dos años antes. En la zona de Barcelona, la CNT había perdido 30.000 afiliados en menos de un año, aunque con los 110.000 que le quedaban seguía en control de la CRT catalana y el Comité Nacional[25]. Los radicales no cedieron un ápice en sus concepciones voluntaristas de que podían sacar adelante el proceso revolucionario sin ayuda de los comunistas, socialistas e, incluso, los anarcosindicalistas. De este modo, tan sólo un mes después de la represión de la insurrección de enero de 1933, el Comité Peninsular de la FAI afirmó que «la revolución social se hará, no os quepa duda»[26].

El último ensayo insurreccional fue el punto culminante de la «huelga electoral», convocada por la CNT y la FAI durante las elecciones generales de noviembre de 1933. Este sería un momento decisivo en la historia política de la década de 1930, dada la amenaza que representaba la cuasi fascista CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) a la mayoría parlamentaria de la izquierda reformista y al propio futuro de la República[27]. En marcado contraste con el apoliticismo benevolente de 1931, los anarquistas intentaron movilizarse en torno al resentimiento que había despertado durante los dos primeros años de la República la aplicación de una política social de las «comisarías, cárceles y tribunales» con «la nación entera convertida en una cárcel» y la Ley de Vagos, un «experimento fascista con etiqueta democrática»[28]. Argumentando que no había ninguna diferencia entre las distintas opciones electorales, y sugiriendo incluso que el fascismo ya estaba en el poder, los radicales anarquistas asumieron un papel divisorio y ultraizquierdista, similar al del Partido Comunista Alemán (KPD) antes del triunfo electoral de Hitler. Conforme a esta línea, Macià, «el líder de la burguesía catalana» que «en 1931, traiciona la revolución española» con sus «falsos dones de amigo de los pobres», representaba «la premisa inicial» del fascismo catalán «para garantizar el orden político burgués»[29]. Además, como había hecho el KPD, la CNT y la FAI bloquearon la unidad antifascista, dirigiendo su furia contra lo que veían como el «fascismo» de sus enemigos, ya fuesen treintistas, socialistas, republicanos o bloquistas, todos ellos considerados como simples variantes del mismo autoritarismo. A su vez, los radicales restaban importancia al peligro de la extrema derecha, sugiriendo que la quintaesencia del «espíritu libertario» se interpondría en el camino del fascismo, a diferencia de lo que había ocurrido en Alemania, donde el triunfo de Hitler reflejaba el autoritarismo «en el fondo de cada alemán»[30].

Como era de esperar, los radicales exageraron su propia fuerza, advirtiendo de que si las elecciones y la «farsa política» dejaban «paso al fascismo», el «frente de hierro» de la CNT-FAI destruiría a éste y a la República. De igual forma, dejaron saber que interpretarían un alto nivel de abstencionismo como un mandato para poner en marcha la «experiencia revolucionaria anarquista», temas reiterados antes y después de las elecciones en una serie de mítines públicos gigantescos, algunos de ellos de los más grandes vistos en Barcelona durante la década de 1930. En Clot, una multitud de 90.000 obreros escuchó a Durruti, que acababa de ser puesto en libertad tras cumplir condena por su papel en la insurrección de enero de 1933, lanzar una petición de amnistía a favor los 9000 obreros encarcelados en España. Unos días más tarde, durante otro acto multitudinario organizado por el semanario anarquista Tierra y Libertad, que atrajo a unas 100.000 personas, Francisco Ascaso anunció que la «esperanza para el proletariado mundial» era que la CNT dictase la «pena de muerte» al Estado e hiciese su revolución «en la calle». Durruti clausuró el mitin con una conclusión enardecedora característica: «Hemos discutido demasiado, es la hora de acción […] ¡Id a por lo que nos pertenece! […] ¡El mundo espera de nosotros la revolución niveladora! Es la única salvación de la humanidad doliente»[31].

El aumento de la abstención en las elecciones de noviembre reflejaba la insatisfacción de la clase obrera con la República, así como la opinión preexistente sobre la incapacidad de las elecciones y los gobiernos para cambiar la suerte de los desposeídos. Sin embargo, los radicales interpretaron las noticias de la victoria electoral del centro derecha y del número insignificante de votantes en los bastiones anarquistas como muestra clara de la madurez del «momento revolucionario»[32]. En los días que siguieron a las elecciones, los Comités de Defensa encabezaron una estrategia de tensión, lanzando una ola de ataques con pistolas y bombas cerca de varios cuarteles del ejército por toda la ciudad. Esto coincidió con una huelga de tranviarios y nuevas bombas contra la maquinaria y los rieles de los tranvías (véase foto 6.1). Las explosiones ocurrían en calles concurridas y en sus alrededores, con un alto riesgo para los civiles. Una bomba detonó en una parada del tranvía hiriendo de gravedad a un grupo de impresores que salía del trabajo, y matando a uno de ellos. Al día siguiente, un soldado murió y ocho obreros resultaron heridos tras otra explosión[33]. En medio de profecías apocalípticas sobre el «huracán revolucionario» que desataría la «batalla final contra el fascismo», aparecieron carteles en las paredes de los barris que aconsejaban a las mujeres y niños quedarse en casa mientras los «hombres de voluntad» emprendían el «camino hacia la revolución»[34].

Tal y como había ocurrido en enero de 1933, cuando los faístas se pusieron en marcha el 8 de diciembre, las autoridades les estaban esperando[35]. Los anarquistas habían prometido una insurrección si la derecha ganaba las elecciones, y los rumores sobre la misma no habían dejado de circular desde que se anunciaron los resultados electorales. Por otro lado, el 4 de diciembre se había proclamado la ley marcial en Barcelona como respuesta a los ataques con bombas, y las calles se habían inundado de agentes de las fuerzas de seguridad. En el centro de la ciudad, la Guardia Civil estableció puestos de ametralladoras en los principales cruces y líneas de tranvía; poco después llegaron a Barcelona cadetes de policía para aumentar la presencia del cuerpo en los barris. Con la suspensión de las libertades civiles, las autoridades militares cerraron la esfera pública proletaria, prohibiendo todos los sindicatos y periódicos de la CNT y arrestando a los activistas más importantes, incluyendo a Durruti, uno de los arquitectos principales de la movilización. En Terrassa, el principal bastión de la FAI en la provincia de Barcelona, la insurrección quedó decapitada en la práctica con la detención gubernativa de 70 faístas. Sin embargo, las filas de los insurrectos crecieron tras la fuga de anarquistas y delincuentes «sociales» y «comunes» de la cárcel Modelo, a través de un túnel excavado por los miembros del Sindicato de Servicios Públicos de la CNT hasta las alcantarillas de fuera de la prisión[36].

Foto 6.1. Reivindicando el espacio urbano: unos guardias civiles y miembros de la comunidad observan una barricada recientemente demolida en l’Hospitalet, 1933 (Francesc Bonamusa, Pere Gabriel, Josep Lluís Martín Ramos y Josep Termes, Historia Gráfica del Moviment Obrer a Catalunya, Barcelona, 1989, p. 259).

En esta ocasión, se logró sincronizar la insurrección con una huelga general, especialmente fuerte en los barris industriales de Poblenou, Sant Martí y Sants. Sin embargo, en aquellas fábricas con una mayoría de obreros comunistas disidentes o anarcosindicalistas, los piquetes de la CNT tuvieron que hacer frente a obvias dificultades para imponer una huelga de inspiración exclusivamente anarquista y hubo informes sobre enfrentamientos armados entre faístas y grupos rivales de trabajadores. La frustración de los anarquistas con aquellos que rechazaban la revolución libertaria pudo verse en la adopción de una política de «tierra quemada» de ataques con bombas contra aquellas fábricas que se resistieron a la huelga. Al menos en una ocasión, los grupistas explotaron bombas sin previo aviso, mostrando un desprecio total por las vidas de los trabajadores que no pertenecían a la CNT.

En la gran Barcelona, el epicentro de la insurrección se encontraba en los barris de La Torrassa, Collblanc y Santa Eulalia en l’Hospitalet, donde los anarquistas locales se movilizaron en torno a las tensiones urbanas y las contradicciones que habían surgido en estos distritos de rápido crecimiento[37]. El 8 de diciembre, la huelga general dejó vacías las grandes fábricas y los grupistas tomaron las calles; durante cuatro días los insurrectos tuvieron el control de casi toda la ciudad. Como dejaría reflejado en su autobiografía un anarquista local, la comunidad local se involucró activamente en la insurrección: «Padres, madres, novias, todos, que en cuanto lo supieron bajaron a la calle dispuestos a todo»[38]. La «comuna de l’Hospitalet» prometía un nuevo sistema social. Los anarquistas cerraron los bares y las tabernas, pues a su juicio embrutecían a los obreros, y los comités sindicales enviaron a grupos de obreros armados para que requisaran las mercancías de las tiendas, mercados y almacenes y las pusieran a disposición de la comunidad local. También comenzaron a desmantelar las viejas estructuras represivas y a castigar a aquellos que, a ojos del pueblo, se habían beneficiado de las redes locales de explotación, produciéndose sabotajes e incendios contra las fábricas de los patronos con fama de maltratar obreros. En el mercado de Santa Eulalia, donde la oposición contra los vendedores ambulantes había producido una serie interminable de conflictos, docenas de puestos fueron atacados. Las masas, mientras tanto, ocuparon varios edificios oficiales. El archivo municipal fue destruido y se ocuparon las oficinas de los propietarios urbanos y la sede local del Partido Radical, que acababa de tomar el poder en Madrid tras las elecciones de noviembre. Sin embargo, se respetaron las vidas de los ricos. El único ajuste de cuentas se produjo contra un miembro local importante de Falange Española, al que se sacó de su casa para pegarle un tiro. Al caer la noche del primer día de la acción, la mayor parte de l’Hospitalet quedó a oscuras; los miembros de Los Novatos, uno de los grupos de afinidad mejor armados de la zona de Barcelona, habían hecho volar por los aires la terminal eléctrica central de La Torrassa. En aquel momento, los guardias de asalto estacionados en l’Hospitalet se retiraron a la seguridad relativa de Barcelona. También se cortaron los cables de la electricidad y las líneas telefónicas y se levantaron barricadas en lugares clave. Animados por el éxito de la «comuna de l’Hospitalet», una muchedumbre armada se dirigió a Barcelona, teniendo que interrumpir la marcha tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en los límites de Sants con Collblanc[39].

Pese a que los obreros armados repelieron desde las barricadas a las fuerzas de seguridad enviadas para aplastar la insurrección, una vez que la acción fue sofocada en Barcelona y sus alrededores, la «comuna de l’Hospitalet» no pudo sobrevivir en aislamiento. El 12 de diciembre, ante el creciente número de incursiones de las fuerzas de seguridad, los revolucionarios se retiraron de las calles. Dos días más tarde, con el apoyo de 1500 civiles, guardias de asalto y policías, las unidades del ejército ocuparon l’Hospitalet y comenzaron a detener a militantes cenetistas (véase foto 6.2).

Foto 6.2. Un guardia de asalto protege un tranvía durante la huelga de transporte de Barcelona de 1933-1934. © Pérez de Rozas, Arxiu Fotogràfic de l’AHCB.

Considerado en su conjunto, el balance del «ciclo insurreccional» fue negativo. En primer lugar, las insurrecciones mostraron la confusión de la perspectiva revolucionaria de los anarquistas, en especial la ausencia de una dimensión espacial coherente. No sólo no estaban claros los objetivos de la «gimnasia revolucionaria», sino que además los insurrectos ni siquiera poseían las armas y la fuerza humana suficientes para hacer frente a las fuerzas de seguridad: incluso Los Novatos, uno de los grupos de afinidad mejor equipados, no tenía nada más sustancial que las metralletas Thomson[40]. Desde su formación en 1931, los Comités de Defensa habían sido instruidos en técnicas básicas paramilitares (principalmente el uso de armas de fuego y granadas) y, por tanto, en vez del ejército guerrillero que deseaba Nosotros, eran sencillamente una fuerza de lucha callejera[41]. Sin duda, los grupistas habían mostrado su efectividad como guerrillas urbanas en los barris, donde su posición era relativamente segura, bajo la protección de unas comunidades obreras estrechamente entretejidas, y donde podían moverse con relativa facilidad y lanzar ataques relámpago contra las fuerzas de seguridad, gracias a unas líneas de comunicación y abastecimiento muy competentes[42]. Como apuntaría un activista, «había una solidaridad enorme […] Nadie nos delataba[43]». Sin embargo, los grupos no lograron convertir las acciones aisladas y locales en una acción más ofensiva que pudiese desembocar en una profunda transformación regional y estatal. Bien es cierto que las insurrecciones incrementaron el compromiso de muchos activistas, forjando al calor de la guerra a un cuerpo de luchadores muy eficaz, pero tuvieron justo el efecto contrario en los medrosos. Incluso en el ámbito local, los anarquistas encontraron dificultades para movilizar a la comunidad; únicamente durante la «comuna de l’Hospitalet» en diciembre de 1933 logró la «gimnasia revolucionaria» involucrar a las redes comunitarias. Probablemente, el principal defecto de las insurrecciones fuese la incapacidad de los anarquistas para sacar provecho de la solidaridad existente en los barris, muestra clara de la fuerza superior de la solidaridad comunitaria en comparación con la solidaridad organizada de la CNT; la primera, basada en una red mucho más pequeña de reciprocidad (familia, trabajo y barri), era más duradera y constante y no obedecía a un contexto político más amplio, mientras que la segunda dependía de una serie de factores políticos e institucionales de mayor complejidad. Así se explica la fuerza de la solidaridad organizada cenetista durante 1931 y 1932, un periodo de mucho optimismo debido a la caída de la monarquía y la proclamación de la República, mientras que desde principios de 1932 en adelante, ésta quedó erosionada por la represión estatal al aumentar los costes potenciales de la movilización a un nivel inaceptable para muchos obreros. Por su parte, los radicales tampoco hicieron un gran esfuerzo por combinar las insurrecciones con las movilizaciones masivas o con una huelga general revolucionaria. En cualquier caso, es poco probable que una huelga general revolucionaria hubiese tenido éxito, dado el declive del poder cenetista tras la ruptura de 1932, y el hecho de que el «ciclo insurreccional» comenzase después de la ola de huelgas del verano de 1931, cuando las masas ya estaban desmovilizadas. Por lo tanto, tan sólo un pequeño número de obreros participó en las acciones y, aunque sin duda había otros muchos que aprobaban esta forma de violencia antiestatal, el secretismo que rodeó a estas acciones de vanguardias hizo que se tratase invariablemente de un apoyo retrospectivo y pasivo. Es muy difícil saber con exactitud cuántas personas participaron en las insurrecciones. Aparentemente, antes de la Guerra Civil había en Barcelona entre 200 y 300 faístas, y de éstos tan sólo una minoría se oponía a todo tipo de violencia. Sin embargo, si se tiene en cuenta a los miembros de los Comités de Defensa, se puede concluir que de los 150.000 obreros que había en la ciudad, como mucho 400 o 500 participaron en la «gimnasia revolucionaria»[44]. En su mayoría, los insurrectos eran obreros jóvenes, solteros y no cualificados, para quienes resultaba más fácil aceptar al coste potencial de un enfrentamiento frontal con las fuerzas estatales. También se sabe que el nivel de estudios y cultura de los grupistas, muchos de ellos educados en ateneos y escuelas racionalistas, era superior al de la media obrera[45].

En segundo lugar, la «gimnasia revolucionaria» estimuló una curva represiva ascendente que permitió al Estado hacerse con el control de los barris y de zonas en las que previamente las fuerzas de seguridad habían sido personas no gratas. Por ejemplo, tras la insurrección de enero de 1933, se estableció un campamento de la Guardia Civil en las cases barates de Santa Coloma[46]. Asimismo, la insurrección de diciembre de 1933 proporcionó a las autoridades un pretexto para ocupar La Torrassa e iniciar una serie de registros domiciliarios en busca de «maleantes»[47]. Sin embargo, aunque a menudo era posible resistir la represión gracias a las lealtades locales de los barris, la solidaridad organizada de la CNT fue puesta a prueba durante este periodo. Comparada con la represión que hubo tras la insurrección de enero de 1932, relativamente efímera y limitada a Cataluña, la que siguió a las insurrecciones de 1933 venía a ser una ofensiva nacional e integral contra la CNT Algunos de los sindicatos más importantes de Barcelona que acababan de resurgir por aquel entonces fueron clausurados inmediatamente después de la acción de diciembre. La CNT de l’Hospitalet no podría funcionar abiertamente hasta febrero de 1936. Mientras tanto, los patronos aprovecharon la situación para tomar represalias contra los activistas en el lugar de trabajo, recortar salarios y despedir obreros[48]. También se inició una persecución contra todos los medios de expresión de la clase obrera: la prensa tuvo que hacer frente a constantes cierres y multas arbitrarias, y las instituciones culturales, como los ateneos y las escuelas racionalistas, sufrieron largas clausuras. La detención gubernativa de cientos de anarquistas y cenetistas y el encarcelamiento de muchos otros por su participación en las huelgas y las insurrecciones, produjo la expansión vertiginosa de la población reclusa, incitando a Solidaridad Obrera a declarar que «España entera es una cárcel»[49]. Tampoco se libraron de la represión grupos revolucionarios opuestos al «golpismo» como el BOC, prohibido en varias ocasiones y con activistas en situación de detención gubernativa. La obsesión de las autoridades con las «conspiraciones anarcocomunistas» llevó a la policía a intentar detener por tenencia de explosivos a Andreu Nin, intelectual comunista y respetado traductor al catalán de los clásicos literarios rusos. La acusación era claramente un montaje y fue retirada tras la intervención de una serie de importantes políticos catalanes[50].

A pesar de las consecuencias nefastas de las insurrecciones y de la carencia de una acción proletaria unida para la revolución, los radicales persistieron en su politique du pire (política de lo peor), convencidos de que cuanto peor se pusiesen las cosas, más rápido llegaría su día. De hecho, poco después de la acción de diciembre de 1933, el Comité Nacional de la CNT reanudó el ataque contra los enemigos «fascistas» dentro del movimiento obrero: «Estamos donde estábamos: en la avanzada de la revolución y en las primeras filas contra la amenaza del fascismo», alardeó la organización, al mismo tiempo que reafirmaba su compromiso con la «gimnasia revolucionaria» porque «estas revoluciones preparan al pueblo»[51].

Sindicalismo militarizado

Durante el «ciclo insurreccional», la CNT no daría completamente la espalda a sus actividades sindicales de carácter tradicional; de lo contrario, se habría arriesgado a perder a sus afiliados. Sin embargo, los grupistas tendieron a compensar la pérdida del poder colectivo de la Confederación a través de la propaganda armada y de actos violentos de pequeños grupos. Por ejemplo, dada la incapacidad de los sindicatos de poner fin a los despidos, los grupos decidieron amenazar con anónimos, o visitas a fábricas, a aquellos patronos que habían dejado sin trabajo a los obreros, advirtiéndoles de que serían «hombres muertos» si no contrataban a sus nuevos empleados a través de la bolsa de trabajo de la CNT En una de estas ocasiones, Joseph Mitchell, un patrono escocés de la fábrica textil L’Escocesa que había despedido a varios activistas cenetistas, recibió una nota sellada de un grupo llamado «La mano que aprieta», informándole de que pondrían una bomba en su fábrica si no readmitía en 15 días a los cenetistas despedidos: «Seremos muy crueles, pues nada nos importa que cierre la fábrica, así toda la comparsa que le aconsejan tan mal, quedarán en la calle […] La venganza será terrible, pues habrá días de luto en su casa y en “L’Escocesa”». La nota terminaba prometiendo enviar a Mitchell «un pasaporte de ida de aquellos que no hay vuelta», amenaza que el grupo acabaría cumpliendo[52]. No se trataba de un caso aislado: el sector tranviario, con 400 cenetistas despedidos, se convirtió en blanco de los grupistas y de una campaña de bombas contra fábricas y ataques a mano armada contra patronos para conseguir la readmisión de los obreros. De igual forma, los grupistas protestaron contra las condiciones carcelarias pegando un tiro al director de la cárcel Modelo. Dos patronos de l’Hospitalet también fueron asesinados en el verano de 1933 en ataques separados con metralleta[53].

Sin embargo, el conflicto militarizado arquetípico de este periodo sería la huelga de los obreros de la construcción de 1933, una épica que dominó la vida de la ciudad durante cuatro meses, y que nos permite comprender la naturaleza multifacética de las prácticas sindicales, y la cultura de contestación de Barcelona en la década de 1930: las divisiones sindicales, la estrategia de negociación de la UGT, la acción directa cenetista, la propaganda armada de los anarquistas y la mezcolanza de repertorios de protesta tradicionales y modernos (disturbios, huelgas y manifestaciones)[54]. Desde la caída de la dictadura en 1929, el desempleo había hecho estragos entre los peones de la construcción, los obreros más menospreciados de todos. Para tratar de atajar el problema, su sindicato, pilar del faísmo desde 1930, intentó obtener la jornada de seis horas, pese a que los patronos del sector ni siquiera habían implantado la jornada legal de ocho horas.

Cuando comenzó la disputa, el Sindicato de la Construcción de la UGT recurrió inmediatamente a los Jurados Mixtos para prevenir la huelga y trasladar el conflicto al campo institucional. Sin embargo, como la CNT era con mucho la organización más grande del sector, la acción salió adelante. Pese a que el sindicato cenetista se cuidó mucho de cumplir con las estipulaciones legales antes de la huelga, las autoridades no dejaron de acosarle, prohibiendo sus reuniones con poca antelación en un intento de desmoralizar a los huelguistas. Pero éstos no se doblegaron, resueltos a ejercer su derecho a la huelga; si acaso, cuantas más medidas tomaban las autoridades contra la Confederación, más violenta se volvía la respuesta de sus activistas, como puede verse en la manifestación de 25.000 personas organizada en junio para protestar contra las prohibiciones de las reuniones sindicales. Una vez más, las autoridades habían sido debidamente informadas sobre ésta; pese a ello, las fuerzas de seguridad bloquearon el camino de la marcha en la Plaza Universitat para evitar que llegase a la Plaza de Catalunya. Tras una parada en la que los obreros se negaron a dispersarse, los guardias de asalto abrieron fuego, matando a un huelguista e hiriendo a muchos otros. Durante el caos que siguió a los disparos, la marcha se dividió en dos: una parte se quedó en la Plaza Universitat que se convirtió en un campo de batalla, los obreros de la construcción armándose con botellas y sillas de los bares cercanos, levantando baldosas y enfrentándose a las fuerzas de seguridad. Al no poder avanzar al centro de la ciudad, otro grupo de manifestantes tomó la Avenida Sant Antoni hacia el Raval, no sin antes incautar alimentos y mostrar su protesta a las autoridades mediante el ataque a la propiedad de sus partidarios de clase media, haciendo «pedazos todos los escaparates de comercios y cafés de la mencionada vía burguesa», según Solidaridad Obrera, lo que causó daños valorados en miles de pesetas[55]. Un mes más tarde, en esta lucha por las calles, los obreros de la construcción se enfrentaron de nuevo a los guardias de asalto cuando éstos trataron de cortar el paso a una nueva manifestación de protesta, produciéndose otra serie de escaramuzas. Los huelguistas trataron de reorganizarse en el centro de la ciudad. Una sección de la marcha entró en el Raval, atacando comercios e «incautando» productos y alimentos. A continuación hubo dos incidentes que pondrían de relieve las divisiones sociales de la ciudad en aquella época. Cuando los huelguistas entraron en la Calle Hospital, se encontraron con un grupo a mano armada de tenderos que abrió fuego sobre ellos, matando a un transeúnte. Unos minutos después, unos manifestantes identificaron a un capataz rompehuelgas y le mataron de un tiro[56].

Los patronos y las autoridades se negaron con rotundidad a cualquier tipo de compromiso, y declararon la prohibición total de las manifestaciones. La huelga, por tanto, se prolongó, haciendo poco probable una movilización de masas. Fue entonces cuando los Comités de Defensa intervinieron con más fuerza mediante una serie de ataques con bombas a edificios en construcción, cuyo fin era obligar a los patronos a aceptar las reivindicaciones de los sindicatos si querían evitar más daños materiales[57]. A principios de agosto, había explosiones de bomba casi diarias en la ciudad y los grupistas empezaron a atacar a las patrullas de la Guardia Civil que escoltaban a los esquiroles a las obras. Tierra y Libertad anunció que aquellos «socialistas asesinos» que traicionasen las luchas de la clase obrera serían «juzgados». En cosa de unas semanas, siete ugetistas destacados murieron a manos de los grupistas en Barcelona. El caso más grotesco fue el de un albañil ugetista asesinado mientras caminaba de la mano con su hija por la Calle de Sants[58].

Aunque hubo patronos que cedieron a las exigencias de los sindicatos y despidieron a los «esquiroles» por miedo a los ataques con bombas[59], era tal la constelación de fuerzas aliadas contra la CNT —las autoridades, la patronal, las fuerzas de seguridad y los socialistas— que los grupistas fueron incapaces de salir del impasse. Finalmente, la dirección anarquista del Sindicato de la Construcción presentó una moción a las bases a favor de la vuelta al trabajo con una semana laboral de 44 horas, una serie de pequeños incrementos salariales y una ligera mejora de las condiciones laborales, un acuerdo casi igual al negociado por la UGT en los Jurados Mixtos meses antes y que entonces había sido rechazado por la CNT. Temiendo una rebelión de las bases, la dirección de la CNT rompió con las tradiciones democráticas del sindicato y organizó una votación secreta para decidir sobre el acuerdo. De los 35.000 obreros cenetistas, votaron menos de 2000, y de éstos, 1227 lo hicieron a favor de la vuelta al trabajo[60].

Podemos ver, por tanto, que la CNT había caído bajo la influencia de un núcleo pequeño de militantes que hacía política principalmente a través de la violencia. En gran parte, esta experiencia es comparable con el surgimiento del grupismo tras la Primera Guerra Mundial, cuando las limitaciones impuestas a la praxis sindical de la CNT hizo que ganasen prominencia aquellos militantes más decididos y comprometidos. Así, a lo largo de 1934 y 1935, los Comités de Defensa mantuvieron un nivel de violencia significativo, pese a que, como quedó claro con la huelga de la construcción de 1933, el militarismo de vanguardia de los grupistas no podía compensar la pérdida de la fuerza colectiva de la CNT[61]. A cambio, el terrorismo individual y de grupos pequeños aumentó la dinámica represiva y complicó todavía más las acciones sindicalistas, dando en ocasiones a los patronos la excusa que buscaban para cerrar fábricas y despedir obreros[62]. Por otro lado, los grupistas mostraron un gran desprecio por la democracia sindical: en 1934, durante una disputa en una fábrica textil de Barcelona, asesinaron a un patrono ignorando intencionadamente una resolución del sindicato local que rechazaba el «terror individual»[63]. Tampoco toleraban el derecho de los trabajadores a afiliarse a sindicatos anticenetistas, ni las críticas procedentes del creciente número de voces antilibertarias del movimiento obrero, especialmente tras la pérdida de importancia de la CNT en Barcelona, justificando con su ética militar los ataques físicos a los «canallas» bloquistas y treintistas como un intento de «persuadir» a los obreros de que se afiliasen a la CNT por «razones de salud»[64].

Financiando el movimiento. Los expropiadores

La crisis financiera de los sindicatos incrementó la relación de dependencia de la CNT con respecto a los grupos. A comienzos de la República, los sindicatos locales habían acordado contribuir mensualmente al Comité Pro Presos, organismo responsable de los «caídos en la lucha social» que prestaba asistencia a los obreros incluidos en las listas negras a consecuencia de las huelgas, pagaba los costes legales de los detenidos y ayudaba a los familiares a cargo de los activistas encarcelados y perseguidos, aquellos que habían tenido que «darse a la fuga» para eludir a las autoridades. Sin embargo, como el incumplimiento del pago de las cuotas sindicales era algo común entre los militantes de base, e incluso entre los activistas, las contribuciones al Comité Pro Presos a menudo quedaban pendientes, y el déficit tenía que ser cubierto por el Comité Regional y el Comité Nacional, o con los fondos recaudados durante actividades locales como conciertos benéficos y colectas espontáneas en los lugares de trabajo y en los barris[65].

No obstante, cuando comenzó el ciclo de protesta de la CNT en el verano de 1931 y el sindicato se enzarzó en una batalla contra el Estado, las sanciones oficiales y la represión trastocaron seriamente las actividades cotidianas del sindicato para la recaudación de fondos. Por ejemplo, en la primavera de 1932, el Comité Pro Presos tuvo que cubrir una tercera parte de sus gastos con funciones benéficas y colectas; en el ambiente más represivo de 1933 y 1934, las autoridades no estaban dispuestas a tolerar este tipo de actividades y criminalizaron las colectas de la CNT, pudiendo encarcelar a los organizadores conforme a la Ley de Vagos.

No se debe olvidar tampoco la presión que impuso sobre los recursos de la Confederación la aparición de la «gimnasia revolucionaria» durante este mismo periodo, pues sus sindicatos tuvieron que hacer frente a un torrente de prohibiciones legales y multas. Las autoridades fueron especialmente duras con la prensa cenetista, sometiéndola a censura, cierres y multas y obligando a la CNT a dedicar cada vez más fondos a su financiación. En 1934, el comité de redacción de Solidaridad Obrera admitió que el periódico estaba «arruinado», a punto de ser «asesinado» por el censor. La prensa de la FAI se encontraba en una situación similar: se había abandonado el plan de crear un diario anarquista y Tierra y Libertad se encontraba en serias dificultades económicas[66].

A todo esto se unía la crisis profunda de afiliación que estaba atravesando la CNT, con el abandono de miles de sus miembros entre 1932 y 1933. La situación era todavía más grave porque los sindicatos que dejaban la CNT generalmente pertenecían a los sectores más cualificados de la mano obra, en mejor posición para financiar el movimiento[67]. Los que se quedaban, especialmente en Barcelona, solían contar con un alto porcentaje de obreros no cualificados y parados, que raramente pagaba las cuotas. No es sorprendente, por tanto, que a principios de 1934 la Federación Local de Barcelona tuviese que hacer frente a un déficit de 40.000 pesetas semanales[68].

Pese a que la crisis económica de la CNT no afectó a toda la organización, las implicaciones fueron graves para aquellos organismos que sustentaban los principios cenetistas de solidaridad activa. Por ejemplo, en septiembre de 1933, el Comité Pro Perseguidos Internacionales, dedicado a la ayuda de los anarquistas extranjeros huidos de la represión, admitió encontrarse en una «situación crítica», abochornado ante la falta de recursos económicos, sin poder asistir a los refugiados con una «frecuencia asombrosa». El Comité Pro Presos se encontraba por lo general en un estado igualmente lamentable. La situación era tan grave que el Comité Pro Presos marsellés, un organismo fundamental dentro de la red de apoyo de la CNT que ayudaba a escapar a activistas a través del puerto de Barcelona, anunció que no podía seguir ofreciendo apoyo financiero a los militantes. Mientras tanto, ante la ansiedad de las familias de los presos por la irregularidad del pago de los subsidios, un grupo de detenidos en Barcelona presentó una moción de censura contra la Federación Local por tolerar la «ineficiencia» del Comité Pro Presos y la «falta de atención» prestada a los «caídos en la lucha contra el capitalismo y el Estado»[69]. Los presos también propusieron la formación de «comités especiales» para recolectar lo que describieron indirectamente como «contribuciones extraordinarias»[70].

En un intento de salvar la organización, los grupos armados en la órbita de la CNT y de la FAI buscaron nuevas formas de financiación. No se sabe exactamente de dónde vino la orden. Se ha sugerido que el Comité Peninsular de la FAI lanzó una petición de dinero a los Comités de Defensa y a sus propios grupos[71]. Sin embargo, no está nada claro que la FAI tuviera autoridad sobre estos menesteres y es más probable que la orden viniese de la CRT catalana, responsable en última estancia de los sindicatos, la prensa y el bienestar de los presos en la región. En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que las estrategias de financiación ilegal no pueden explicarse exclusivamente en términos de la crisis económica de la CNT, pues eran muchos los organismos que se enfrentaban a limitaciones económicas para financiar sus actividades durante la década de 1930 y que no eligieron este camino. Lo que determinó el cambio a tácticas ilegales de financiación fue el ascenso de los anarquistas radicales, para quienes las acciones armadas eran centrales a toda protesta social. De hecho, al igual que habían hecho con el uso de estrategias ilegales por parte de los parados, los radicales racionalizaban este sistema de recaudación de fondos para el movimiento, trazando una clara distinción entre el término «atracador» y aquellos que requisaban dinero para «la causa»[72]. De este modo, los grupos se vieron obligados a garantizar la financiación interna de la Confederación, de la misma forma en que habían tenido que llenar el vacío que apareció con el declive de la fuerza sindical de la CNT.

Esta nueva responsabilidad trajo consigo distintos mecanismos de financiación. En algunos casos, se impuso un tipo de «impuesto revolucionario» sobre los patronos y las empresas, a quienes se informaba sobre la cantidad en cuestión (que dependía del tamaño de la empresa y que, en el caso de las más grandes, podía alcanzar decenas de miles de pesetas), sobre la forma de pago y sobre las sanciones por ignorar el mismo (que iban desde la amenaza de sabotaje contra la fábrica hasta el asesinato de los directores). Como las autoridades se oponían al cumplimiento de estas exigencias tributarias, resulta difícil saber hasta qué punto tuvo éxito el mecanismo. Pese a todo, es posible hacerse una idea sobre el carácter operativo del «impuesto revolucionario» a través de las memorias de los gerentes y activistas, y de las notas de prensa sobre los asesinatos de los patronos que se habían negado a pagar. También existen indicios de que el «impuesto revolucionario» se impuso sobre empresas involucradas en las huelgas de la CNT, a las que se responsabilizaba del agotamiento de los recursos del movimiento y de sus partidarios[73]. En l’Hospitalet, el Comité Libertario Pro Revolución Social exigió el pago del «impuesto» a prominentes hombres de negocios, como Salvador Gil i Gil, un concejal de la zona que había participado activamente en la represión de los vendedores ambulantes[74].

Sin embargo, el método más común de financiación era la expropiación armada, generalmente a través de asaltos bancarios e incautaciones de nóminas. Como explicaría un militante, «asaltar un banco era un episodio de la guerra social»[75]. Aunque, como vimos en el capítulo 2, esta estrategia ya había sido utilizada por los anarquistas después de la Primera Guerra Mundial, la primera vez que se puso en marcha durante el periodo republicano fue durante la huelga de los trabajadores de la madera (noviembre de 1932 - abril de 1933), cuando los piquetes y las cuadrillas cenetistas castigaron a los patronos intransigentes mediante la expropiación de sus cajas de dinero y cajas fuertes[76]. En ocasiones, se atacaba deliberadamente a aquellas empresas cuyos dueños eran de derechas[77]. La expropiación armada era una táctica muy atractiva, pues tal y como explicó un activista, «un golpe bien preparado y te haces con una cantidad de dinero igual a la de cuatro sábados de cotizaciones[78].» Hacia 1934, la expropiación se había convertido en una característica recurrente de la vida en la ciudad, y en ocasiones reunía con un solo golpe hasta 100.000 pesetas para los fondos del sindicato[79].

Esta nueva forma de financiación sindical puso en un fuerte dilema a Companys, que acababa de reemplazar al recientemente fallecido Macià como presidente de la Generalitat a finales de 1933. El 1 de enero de 1934, de acuerdo con el programa autonómico especificado por el Estatuto de Autonomía Catalán, se puso a cargo del orden público a la nueva Comissaria d’Ordre Públic[80]. La Generalitat, resuelta a demostrar su competencia en este campo al desconfiado gobierno de centro derecha de Madrid y a una Lliga muy crítica en Barcelona, aumentó «su campaña persecutoria contra atracadores, asesinos y saboteadores», creyendo que sólo así daría la impresión de controlar la situación[81]. La responsabilidad de la nueva policía autonómica de Cataluña recaía sobre Josep Dencàs, ministro de Gobernación de la Generalitat, y Miquel Badia, jefe de policía de Barcelona, ambos estrechamente vinculados a los escamots, el movimiento juvenil cuasi fascista de ERC. En una supuesta operación para catalanizar a las fuerzas de seguridad, Dencàs y Badia se dedicaron a politizar las estrategias de control urbano hasta un extremo nunca antes visto. Con la ayuda de su hermano Josep, Badia reclutó a los violentos escamots, anticenetistas y antiinmigrantes, para la policía catalana, utilizándolos también para reemplazar a los indeseables que había purgado del Sometent[82]. Por su parte, Jaume Vachier, un empresario y concejal de ERC, se hizo cargo de la Guardia Urbana[83].

A partir de este momento, las autoridades se lanzaron a la persecución de grupistas, interpretando las expropiaciones como un ataque deliberado a las instituciones catalanas. Las sanciones legales eran de una gran dureza: hasta 22 años de cárcel por tenencia de explosivos; entre 13 y 17 años por robo a mano armada; y generalmente nueve por disparar a la policía[84]. Pese a todo, estas condenas no desalentaron a los expropiadores, que pusieron en cuestión la principal afirmación profesional de la policía de que el cuerpo podía detectar el crimen, pues de no ser sorprendidos in flagrante delicto, resultaba prácticamente imposible detenerlos[85]. De hecho, equipados con una amplia selección de armas, como pistolas, metralletas y granadas, los expropiadores podían competir con las fuerzas de seguridad cuando no les quedaba otro remedio. Tras un robo a mano armada de nóminas en una fábrica en el centro de Barcelona, un grupo utilizó pistolas y granadas para romper un cordón policial, y cuando más tarde sus miembros fueron interceptados por una patrulla de guardias de asalto en Santa Coloma se produjo un tiroteo tras el cual escaparon sin ser detenidos[86].

La eliminación del «cáncer del bandolerismo» desempeñó un papel fundamental en la evolución de la nueva policía autonómica[87]. El jefe de policía Badia, conocido por sus admiradores como «Capità Collons», tomó parte activa en la represión de los expropiadores, uniéndose frecuentemente a la primera línea de los tiroteos y recibiendo varias heridas de bala en el proceso. Según un faísta barcelonés con contactos en círculos catalanistas, Badia planeaba establecer una unidad especial de policía dedicada al asesinato extrajudicial de anarquistas, iniciativa bloqueada por la intervención personal de Companys que temía una vuelta al pistolerismo de principios de la década de 1920[88]. Pese a todo, Badia lograría incrementar la ferocidad de la guerra contra los expropiadores y los grupistas, implementando una de las estrategias de control urbano más brutales en la historia ibérica. El maltrato brutal al que eran sometidos los presuntos grupistas en la Comissaria d’Ordre Public fue confirmado en numerosas ocasiones por médicos independientes, y, según aquellos anarquistas y comunistas que habían caído en manos de las fuerzas de seguridad durante la monarquía y la República, la policía autonómica de Cataluña era sin duda la más cruel de todas las fuerzas[89]. En un caso muy sonado, tras un tiroteo entre la policía y una banda armada en las afueras de la ciudad, Badia dejó a varios «murcianos» heridos sin asistencia médica, y sólo aceptó llamar a una ambulancia tras una discusión acalorada con el jefe de la Guardia Civil[90]. También existen pruebas de que la policía de la Generalitat adoptó una política de asesinato selectivo contra los «delincuentes de la FAI». La primera muerte sospechosa ocurrió a principios de 1934, cuando se encontró el cuerpo de un joven faísta en un descampado a las afueras de Barcelona. Pese a que el muerto supuestamente había participado en un tiroteo contra las fuerzas de seguridad, el hecho de que hubiese muerto de un único tiro de bala procedente de una pistola cuya licencia pertenecía a la policía sugería que se trataba de una ejecución sumaria. En otra ocasión, un agente fuera de servicio mató de un tiro a un cenetista desarmado en la Calle Les Corts. Las tácticas policiales de los años 20 pudieron verse de nuevo con el asesinato por la espalda de un grupista desarmado por un supuesto «intento de fuga». Mientras tanto, a mediados de abril, tras un tiroteo en el que se intercambiaron al menos 200 disparos, Bruno Alpini, un anarquista italiano y expropiador, murió asesinado en el Paral·lel, evento considerado en círculos anarquistas como una aplicación clásica de la ley de fugas[91]. Un mes más tarde, la policía mató de un tiro a otros dos expropiadores en una ofensiva para «limpiar» Barcelona[92].

Pese a la intensa presión de las fuerzas de seguridad, entre 1934 y 1935 el número de expropiaciones no disminuyó, dejando claro que la ilegalidad no remite con el aumento del acoso policial, factor admitido en un informe de la policía publicado en la prensa en abril de 1935: «Cuando se celebra una vista por atraco o atentado social inmediatamente se cometen nuevos atracos. Es, pues, una cadena de hechos punibles la que se establece y esta continuidad es la que es preciso romper»[93]. Esta «continuidad» respondía a una serie de razones. En primer lugar, las autoridades no podían ofrecer una escolta permanente a toda suma de dinero importante que hubiese en la ciudad, en depósito o en circulación, blanco de unos expropiadores particularmente selectivos y capaces que escogían sus ataques en tanto y cuanto tuviesen una forma de escapatoria. Además, a sabiendas de que la velocidad era su mejor aliado, secuestraban taxis o utilizaban coches robados de los ricos, vehículos en cualquier caso siempre más rápidos que los modelos de la policía. Por otro lado, los expropiadores eran conscientes de que, si salían heridos, la organización se ocuparía de ellos y recibirían atención médica de aquellos médicos partidarios de la CNT-FAI[94].

En segundo lugar, las cuadrillas de expropiadores estaban profundamente arraigadas en la formación social y la policía prácticamente no tenía posibilidad alguna de infiltrarse en ellas. Se trataba de individuos de confianza, reclutados entre activistas experimentados de los Comités de Defensa y del Comité Pro Presos, y entre los miembros más entregados y capaces de los grupos de afinidad, muchos de los cuales se habían ocupado durante periodos más tranquilos de organizar colectas en las fábricas y los barri[95]. Algunos eran «revolucionarios profesionales» en el sentido clásico de la definición: habían aprendido a eludir a la policía durante los años de la posguerra, poseían los necesarios seudónimos e identidades falsas para funcionar y evitaban quedarse quietos en un mismo lugar, alojándose con camaradas en «pisos francos»[96]. En un sentido positivo, este compromiso con el movimiento explica el alto nivel de rectitud entre los expropiadores que, por otra parte, estaban perfectamente enterados de las sanciones que se aplicarían contra ellos si intentaban fugarse con el dinero de la organización.

Aparte de la unidad que proviene de una ideología común y unos objetivos compartidos, los expropiadores también contaban con los vínculos afectivos de parentesco y de barrio. Muchos habían sido reclutados entre familias locales con un pasado de activismo anarquista y sindicalista. Además, las estructuras familiares, habitualmente asociadas a la estabilidad del orden existente, solían dar una coherencia notable a las actividades de alto riesgo de los expropiadores. En una cuadrilla trabajaban juntos un padre y un hijo[97]. Y en Los Novatos, un grupo de afinidad dedicado a iniciativas financieras, se encontraban cinco hermanos de la familia Cano Ruiz y otras dos parejas de hermanos más, todos ellos viviendo a medio kilómetro de distancia en el barri de La Torrassa[98].

El esprit de corps, que tan bien tipificaba a estos grupos estrechamente interrelacionados, garantizaba que, en caso de que las fuerzas de seguridad lograsen detener a los miembros de una cuadrilla, éstos no traicionarían a sus camaradas, negándose a «cantar» o a pasar información a las autoridades. De hecho, los grupistas detenidos siempre se amparaban en una especie de omertà[99], contando a la policía una y otra vez que habían conocido a sus cómplices en un bar o café, que no podían recordar ningún detalle sobre su aspecto y que no se les había ocurrido preguntarles sus nombres. A menudo añadían que estos desconocidos les habían dejado las armas que tenían en su poder cuando fueron arrestados, una historia inventada que no pretendía resultar creíble sino frustrar las investigaciones policiales. Por otro lado, cualquiera que cediese ante la presión policial se arriesgaba a ser percibido como un traidor, y la traición era un acto pérfido castigado de manera sumaria[100].

Podemos ofrecer algunos otros datos sobre los expropiadores. Invariablemente se trataba de varones; las mujeres raramente participaban en las expropiaciones, y cuando lo hacían estaban limitadas a desempeñar un papel auxiliar. Los expropiadores, por regla general, eran jóvenes y solteros. Incluso aquellos que llevaban más tiempo en el oficio no llegaban a los 40 años de edad; por su parte, los más activos solían tener entre 20 y 30 años, como Josep Martorell i Virgili, apodado «Enemigo Público Número Uno» en la prensa burguesa, que contaba tan sólo 20 años de edad cuando fue arrestado y que tenía a su espalda todo un historial de robos de bancos para la CNT y el movimiento anarquista[101].

Las expropiaciones son un ejemplo más de la resolución de los anarquistas para movilizar obreros más allá del proletariado de fábrica, y canalizar la rebelión de los considerados por otros sectores de izquierdas como «inmovilizables». Esto puede verse en la presencia entre los expropiadores de varios ex internos del Asilo Durán, como el mencionado Martorell[102]. El ecléctico repertorio táctico de los anarquistas, su habilidad inagotable para combinar formas «modernas» y «tradicionales» de protesta, incrementó la vitalidad de su lucha de resistencia, escandalizando en el camino a los «hombres de orden». A continuación, analizaremos las implicaciones de estos factores en la esfera cultural.

CAPÍTULO 7

BATALLAS CULTURALES: CLASE Y CRIMINALIDAD

El intenso y variado ciclo de protesta de los años republicanos desencadenó toda una serie de pánicos morales en las elites sociales, económicas y políticas del país. De hecho, se podría decir que la historia de la República es la historia de la espiral de pánicos morales que alcanzaría su crescendo a causa de las expropiaciones. Como veremos a continuación, pese a las profundas diferencias que separaban a las elites —la escisión entre los monárquicos y los republicanos, por poner un ejemplo—, el clamor por la «paz social» en las calles y el convencimiento de que la CNT era el principal problema al que se enfrentaba el nuevo régimen mantenían unidos a los «hombres de orden», entre quienes se encontraban ahora los partidarios de la «república del orden».

Los primeros pánicos morales de la etapa republicana surgieron en torno a las movilizaciones de acción directa del verano de 1931 y formaban parte de la estrategia clásica de «dividir y gobernar», cuyo fin era separar a la clase obrera en líneas radicales y no radicales. Como vimos en el capítulo 3, las autoridades republicanas estaban obsesionadas con dividir a la masa obrera entre «elementos sanos», cuyos intereses y objetivos creía poder satisfacer el nuevo régimen, y «subversivos» y «agitadores», que supuestamente «coaccionaban» a los obreros para que apoyasen las huelgas[1]. Por consiguiente, se puede decir que los pánicos morales formaban parte de un proyecto para aislar y reprimir a los «violentos»[2], peligro mortal para la reforma futura, e integrar políticamente a los «buenos», en la mayoría de los casos obreros cualificados dispuestos a aceptar un cambio gradual «desde arriba» en la escala de tiempo asumida por los políticos republicanos. La prensa anticenetista reiteraba diariamente esta distinción, en especial La Vanguardia, La Veu de Catalunya, L’Opinió y La Publicitat, cuyas páginas ofrecían sistemáticamente una versión distorsionada de las actividades organizadas de la CNT (reuniones públicas, huelgas y programas educativos y culturales de los ateneos). De hecho, es chocante la disparidad intencionada entre la cobertura que recibían los encuentros públicos de la CNT, casi inexistente, y la que recibían los actos aislados de violencia de los piquetes o los tiroteos entre los grupistas y la policía. Así se explica la imagen de la Confederación como fuerza indisciplinada.

El énfasis de los pánicos fluctuaba y se adaptaba a los ritmos cambiantes de la protesta. Los sectores más militantes de los parados, con su movilización e insistencia en su derecho a las calles, se convirtieron en el blanco principal de los pánicos, esos «pobres indignos», las «clases peligrosas» subsocializadas del discurso decimonónico. El problema de esta «subclase» de «farsantes» no era su pobreza sino su inmoralidad, que la volvía una carga para la sociedad y una amenaza para los intentos de ayuda al resto de los pobres. Además, al resaltar la naturaleza anormal de una parte de los parados, se aislaba la pobreza de su contexto social, reduciéndola a un tema de moralidad[3]. Había una especial obsesión con la juventud inmigrante, y su atracción por Barcelona se atribuía a la reputación como lugar de mala vida que tenía la ciudad. Estos «niños que se han fugado de casa», carentes de restricciones familiares, constituían un «peligro formidable» para el orden público[4]. En otras palabras, los pánicos se basaban en el concepto de un «enemigo interno», una agrupación flexible de «forasteros», «extranjeros» y «elementos extraños», que incluía a vendedores ambulantes, delincuentes menores y miembros de piquetes[5].

Asimismo, cabe destacar la pronunciada dimensión espacial de los pánicos, con la existencia de «lugares de inmoralidad» como el Raval.

Parte del proceso urbanístico de Barcelona, el Raval fue, pese a todo, exteriorizado y «exotizado» como el «barrio chino» y la «Barcelona andaluza»[6]. Se trataba de una «zona criminal», con «laberintos» de «calles infestadas», y donde se encontraban las «catacumbas de Barcelona»: «el peligro más cierto de los barrios bajos, donde la mugre y la caducidad de sus negros tugurios ofrecen clima propicio para germinaciones inmundas [y] legiones de ratas y turbas de parásitos»[7]. Reflejando el continuismo del tono de los pánicos morales, los republicanos denunciaban los bares y discotecas del Raval como espacios de perversión, prostitución y tráfico de drogas, de forma muy parecida a como lo habían hecho sus predecesores monárquicos[8]. Por ejemplo, un médico vinculado a los círculos de la Generalitat, relacionó el alto nivel de enfermedades del Raval con las malas costumbres de los habitantes de la zona, muchos de los cuales llevaban «una vida nocturna en cabarets y otros lugares de moralidad dudosa»[9].

Otra continuidad con respecto a situaciones anteriores de pánico moral era la histeria. De hecho, en septiembre de 1931, un editorial sensacionalista de La Vanguardia sobre la alteración del orden público en Barcelona hizo que el gobierno británico y el italiano recomendasen a sus ciudadanos evitar lo que parecía ser una ciudad sin orden ni ley. Al darse cuenta del daño que esto podía ocasionar a la economía local y a los hoteleros, restauradores y otros sectores que constituían una importante fuente de ingresos publicitarios, La Vanguardia publicó otro editorial explicando que las fuerzas de seguridad tenían el control total de las calles y que no se había producido un colapso de la seguridad ciudadana en Barcelona, contradiciendo, en esencia, la cobertura que llevaba dando a este tema antes y después de la proclamación de la República[10]. Uno tras otro, los gobernadores civiles de Barcelona fomentaron los pánicos morales; sin embargo, como apuntaría correctamente Ametlla, que ocupó este cargo durante una parte de 1933, al exagerar los conflictos sociales, los pánicos generaron «una psicosis de alarma e inquietud» que en ocasiones dificultó el gobierno de la ciudad[11].

En cualquier caso, la suerte estaba echada y la espiral de pánicos continuó junto a la militarización del anarquismo y las expropiaciones. La Vanguardia, L’Opinió y La Veu de Catalunya parecían competir en medio de una ola mediática por ver cuál lograba informar sobre el «contagio» del crimen en los términos más morbosos y sensacionalistas posibles[12]. La Veu de Catalunya dedicaba una página cada día al «Terrorismo», que aparecía en grandes titulares. Como no solía haber material suficiente para llenar la página, se incluía en ésta los delitos contra la propiedad, otros actos ilegales cotidianos y noticias que nada tenían que ver con el «Terrorismo», pero que, pese a todo, acentuaban la sensación de un ataque continuado contra el orden público[13]. Por su parte, L’Opinió publicaba una sección titulada, «El atraco del día», sobre robos menores y no violentos, con un sensacionalismo tal que daba la impresión de que las calles de Barcelona estaban atestadas de criminales sanguinarios[14].

Los pánicos morales alcanzaron su punto culminante entre 1933 y 1935, como respuesta a las expropiaciones. Para las elites y la prensa burguesa republicana, las expropiaciones significaban el asalto continuo al orden urbano y exponían el fracaso de las defensas de la sociedad, lo que en sí causaba mucha más ansiedad que las sublevaciones revolucionarias, vistas como poco más que un inconveniente a corto plazo de fácil contención por las fuerzas de seguridad. Por regla general, la prensa generaba un «pánico» mediante la conjunción de una serie de temores y su presentación como una ofensiva unida y global contra la República y el conjunto de la sociedad, tipificando lo que Hall et al. han descrito como «enlazamiento» de diversos pánicos morales a través de «espirales de significación»[15]. Los autores de los pánicos morales se centraban en los «mejores elementos» de las bandas de «pistoleros y atracadores profesionales» que formaban el ficticio Sindicat d’atracadors de la CNT: la cultura primitiva de los inmigrantes («los murcianos de la FAI»), los «delincuentes natos», los desechos del «lumpenproletariado», la «juventud bohemia» y los jóvenes «polissons» asiduos a los «establecimientos inmorales» del «barrio chino»[16]. Esta caracterización se extendía a la CNT, a la FAI y al movimiento anarquista en general, descrito como un «grupo delictivo» de individuos «infrahumanos» y «degenerados», «parásitos de los bajos fondos», «vagos profesionales» y «maleantes, ladrones y terroristas», liderados por «indigentes» déclassé, una «minoría de aventureros de origen obrero»[17]. También se insinuaba que los anarquistas eran «anarcofascistas», parte de una conspiración más amplia con la extrema derecha o, como diría un ingenioso, la «FAI-lange»[18].

Los pánicos morales alcanzaron su apoteosis en una serie de artículos publicados por Josep Planes en La Publicitat[19]. Salpicados de digresiones pseudoantropológicas sobre los bandidos de la época preindustrial en Italia y Andalucía, los artículos de Planes no eran más que pánicos morales disfrazados de periodismo de investigación sobre «el problema anarquista». Para Planes, la violencia política estaba inmersa en un mundo de delincuencia: el anarquismo era sinónimo de delito pues todos los delitos que ocurrían en Barcelona se podían conectar, de una forma u otra, con el movimiento anarquista, incluyendo la prostitución y el tráfico de drogas, que el periodista imputaba a los refugiados anarquistas italianos, argentinos y alemanes. Sin embargo, para Planes, el principal motivo de preocupación eran las expropiaciones. En su opinión, «los personajes que lideran las bandas de atracadores son las figuras más prestigiosas del movimiento anarquista» los «gángsters del movimiento obrero». Se trataba de un «tipo de criminalidad original» «típicamente barcelonés»: «los anarquistas atracadores o los atracadores anarquistas de Barcelona que no son otra cosa que el equivalente catalán de Al Capone […] Hoy en día está de moda entre atracadores, carteristas, y timadores, hacerse pasar por anarquistas». Al deshacerse de la distinción entre protesta social y comportamiento criminal, Planes recuperaba un antiguo tema de la criminología burguesa y una de las premisas básicas de los primeros pánicos morales del siglo XIX.

En cuanto a los objetivos de los pánicos morales, éstos eran muy variados. En primer lugar, como vimos en el capítulo 1, nos encontramos ante el lenguaje del poder, una justificación de la presencia de una autoridad fuerte frente al «desorden» de aquellos sectores sociales intrínsecamente «ingobernables» y retrógrados, que tanto desasosiego generaba a la elite política y a sus partidarios respecto al futuro del orden social, económico y político. Como tales, los pánicos morales eran una herramienta discursiva legitimadora, especialmente atractiva por su capacidad para etiquetar y crear chivos expiatorios, pues identificaban, desde la perspectiva de los hombres de orden, las fuentes de los problemas sociales y los conflictos que habían causado las angustias de éstos en primer lugar[20]. Como observaría David Sibley, se trataba de un mecanismo ideológico con el que extender el «espacio excluyente»[21]. Por otro lado, desde los comienzos de la República, los pánicos morales habían legitimado y, en ocasiones, condicionado las pautas específicas de actividad de las fuerzas de seguridad, como la represión feroz de los vendedores ambulantes y los activistas parados: las autoridades podían así criminalizar políticamente a comunidades problemáticas y a grupos sociales rebeldes, reduciendo problemas basados en diferencias políticas a un tema de seguridad ciudadana. Los pánicos también validaron las políticas más represivas de la etapa republicana. Por ejemplo, la Ley de Vagos y Maleantes se introdujo tras una larga campaña contra una serie de «enemigos públicos»: chulos, camellos, «parados profesionales» y «subversivos asalariados»[22]. Del mismo modo, las reformas urbanas, como el Plan Macià para la «deschabolización» del Raval, compartían similitudes con los pánicos morales y la diatriba en torno a las «zonas criminales» del «barrio chino». A su vez, los pánicos reforzaron la aplicación de una política social excluyente y la denegación de asistencia social a los inmigrantes parados. La prensa diaria publicaba una historia tras otra sobre el abuso de la asistencia por parte de la «gente de la hampa» y «timadores» del «barrio chino», «los profesionales del crimen, los presidiarios, los vagos, aquellos que vivían fuera de la ley y los que nunca han trabajado o tenido intención de trabajar», que se gastaban el subsidio de desempleo en carnes, paté y vinos caros, «robando» de ese modo a «los verdaderos necesitados hijos de Barcelona». La representación de esta «subclase» como criminal, e incapaz de aceptar sus responsabilidades sociales, tenía una clara implicación: había que reducir aún más el pequeño presupuesto de la asistencia social, pues la provisión de prestaciones sólo agravaría la condición dependiente y desviada de los «pobres indignos»[23].

Al identificar nuevos peligros sociales y combinarlos con los existentes, los pánicos morales exigían la vigilancia perpetua de las autoridades y el aumento continuado de la represión. Esto puede verse en la forma en que los pánicos se centraron entre 1934 y 1935 en los ateneos y los clubes excursionistas, acusados de «pervertir» a niños y «jóvenes ingenuos» y «obligarles a escuchar» discursos «subversivos» en medio de escenas orgiásticas de «amor libre». También se dijo que en los ateneos se fabricaban bombas y que los clubes excursionistas eran una fachada para la organización de expropiaciones, planeadas supuestamente durante excusiones organizadas a las afueras de la ciudad (véase foto 7.1)[24]. Como solía ocurrir con los pánicos morales, la histeria mediática sobrepasó sobradamente la base real de un conjunto de historias diseñado para criminalizar las últimas actividades legales que le quedaban al movimiento anarquista y cerrar la esfera pública libertaria de una vez por todas.

Foto 7.1. Jóvenes anarquistas de excursión en las estribaciones de los montes cercanos a Barcelona durante la Segunda República (Francesc Bonamusa, Pere Gabriel, Josep Lluís Martín Ramos y Josep Termes, Història Gràfica del Moviment Obrer a Catalunya, Barcelona, 1989, p. 248).

Al igual que había ocurrido bajo la monarquía, los pánicos morales nutrieron la mentalidad abiertamente represiva tanto de la derecha como de la izquierda, cada vez más cerca la una de la otra en su deseo de un «gobierno fuerte» para reprimir todo tipo de «criminalidad»[25]. El periódico republicano L’Opinió abogaba por la fórmula autocrática de una «democracia armada» que introdujese «medidas extraordinarias» para «intimidar a los gángsters» y eliminar «el cáncer del bandidismo», argumentando que la «eliminación total» de los «grupos delictivos», incluyendo a la FAI y otros «detritus criminales», era «el problema más urgente y más difícil de resolver de todos a los que se enfrenta la República»[26]. En un estilo igualmente draconiano, la USC socialista declaró que «la primera tarea que debemos realizar es aniquilar a la FAI y a todos los faístas sin contemplaciones, por todos los medios, sin piedad y sin temor»[27]. Este consenso surgía de las divisiones binarias maniqueas que habían establecido los pánicos: el contraste entre los «de dentro» y los «de fuera», los pobres «meritorios» y los «indignos», lo «constructivo» frente a lo «peligroso», los «sanos» contra los «enfermos», todo lo cual exigía la unión de los «hombres de buena fe» (sic)[28]. Los periódicos conservadores La Veu de Catalunya y La Vanguardia estaban de acuerdo con los republicanos de izquierdas, L’Opinió y La Humanitat, y el socialista Justicia Social, sobre la necesidad de la prohibición total de la CNT y del movimiento anarquista, confraternidad resumida por la Lliga en el siguiente eslogan: «¡Todos unidos contra la FAI!»[29] Esto no niega las distintas inflexiones políticas de los pánicos morales expresados en los citados periódicos: La Vanguardia y La Veu de Catalunya, por ejemplo, hablaban de la ausencia de delincuencia durante la monarquía, como si la marcha del Rey hubiese estimulado el desplome de la moralidad colectiva y del respeto por la ley. Pese a todo, existía una cierta similitud entre los pánicos morales de los conservadores y de los republicanos: ambos utilizaban el lenguaje de la ansiedad, del poder y del orden, resaltando la respetabilidad y la jerarquía y compartiendo una serie de representaciones ideológicas basadas en una sintaxis moral conservadora.

Finalmente, de acuerdo con el objetivo republicano de dividir a la clase obrera, los pánicos morales pueden verse como parte de una lucha cultural para ganarse a la gente de los barris. Este proyecto ideológico estaba formado por una variedad de elementos. En primer lugar, la naturaleza exagerada de los pánicos morales era esencial para poder generar una preocupación general ante fenómenos como la venta ambulante y el crimen, que en realidad sólo amenazaban los intereses de una proporción pequeña de la población. Sin embargo, al hacer hincapié en el interés cívico común y la unidad y armonía esencial del sistema social, los pánicos proyectaban una visión consensuada de la sociedad y se dirigían a una comunidad política imaginaria[30]. Esto explica por qué los pánicos morales a menudo se expresaban en el lenguaje de la enfermedad, que habían tomado prestado de los higienistas urbanos decimonónicos[31]. Al describir a los enemigos sociales como una «plaga» e «infección», y a los inmigrantes como «polución moral» y «mugre» que «contaminaba» la ciudad, las autoridades esperaban lograr el apoyo popular para una «labor de higiene» que eliminase a la «escoria». Supuestamente, esta plaga afectaba a todos los ciudadanos, sin importar su rango social, por lo que no se podía ignorar: hacía falta implantar medidas de cuarentena social y una nueva forma de vigilancia de la vida diaria para «limpiar» la ciudad de gérmenes y liberarla de las amenazas a las que se enfrentaba[32].

En segundo lugar, en un intento de desacreditar al movimiento libertario en los barris, los pánicos morales pretendían desarmar la lucha antiestatal de la CNT y del movimiento anarquista al identificarlos con una «subclase». El mensaje primordial de los pánicos era que si la policía lograba manejar con éxito a los sectores «recalcitrantes» de la sociedad que ponían en peligro el «bien común», las autoridades tendrían manos libres para traer la dicha a los barris a través de la reforma. Así se utilizaron las notas de prensa sobre la omnipresencia criminal para justificar el creciente número de intrusiones policiales en los barris, buscando el apoyo a las fuerzas de seguridad de comunidades obreras tradicionalmente hostiles a toda forma de autoridad externa. Esto no sólo haría que la población civil se solidarizase con el Estado, también distanciaría a los anarquistas radicales de sus partidarios en los barris, deshaciendo la resistencia obrera al socavar las lealtades y vínculos que la sostenían.

«Capitalismo criminal»

Pese al torrente de pánicos morales de esta época, la CNT y la FAI mantuvieron una gran influencia como estructura organizativa de los barris. En parte, esto se debía al hecho de que los pánicos eran una reafirmación de la ideología dominante, de poco arraigo en los barris. Por encima de todo, sin embargo, los ideólogos de la CNT y de la FAI iniciaron con éxito una lucha contracultural para rechazar las premisas de los pánicos y con ello ratificar de forma tajante la concepción libertaria del crimen, la ilegalidad y el castigo. Esta lucha ideológica se basaba en dos aspectos principales: por un lado, una defensa acérrima de las formas de ilegalidad popular; por otro, una crítica de los pánicos morales y de la naturaleza «criminal» del capitalismo.

En lo que se refiere a la ilegalidad popular, tal y como vimos en el capítulo 5, los anarquistas no tenían problema en justificar las acciones que la opinión convencional definía como «criminales». De acuerdo con la ortodoxia libertaria que consideraba las circunstancias y el contexto como condicionantes del comportamiento social, los anarquistas resaltaban la naturaleza racional de estas prácticas ilegales, afirmando que semejantes fenómenos estaban estrechamente ligados a las condiciones sociales y políticas vigentes, «el producto de una organización social perniciosa». Según Solidaridad Obrera, la culpa de la delincuencia la tenía «la propia sociedad burguesa, que con sus privilegios para los unos y sus persecuciones y dificultades para los otros, establece irritantes diferencias de posición material, de educación y de vida, que determinan la delincuencia profesional y ocasional»[33]. Algunos de los rasgos específicos de la ilegalidad en Barcelona se explicaban en términos de las características peculiares del capitalismo local. Por ejemplo, las prácticas ilegales de la juventud, que tanto preocupaban a la opinión burguesa republicana, no eran sino una reacción a la falta de oportunidades de los obreros jóvenes; así, muchos de los que se rebelaban contra la hiperexplotación y el trabajo a destajo en las fábricas de Barcelona, estaban «obligados» a vivir fuera de la ley[34]. La ilegalidad era también consecuencia de la mentalidad adquisitiva y patrimonial que generaba la sociedad capitalista. Como observó «Marianet», el líder del Sindicato de la Construcción:

En una sociedad que tiene por base el robo y legaliza la usurpación, es lógico que haya quien, arriesgando su vida, ejecute por sorpresa lo que otros hacen al amparo de fuerzas coercitivas[35].

A corto plazo, se apuntaba a la crisis económica como factor determinante en el recrudecimiento de la ilegalidad. Marín Civera, uno de los pensadores más originales de la izquierda revolucionaria durante la década de 1930, explicó la propagación de la ilegalidad como uno de los síntomas de que el orden económico capitalista se encontraba en un estado moribundo. Para Civera, la práctica de la ilegalidad se había convertido en un recurso realista y lógico para aquellos obreros privados de la posibilidad de vivir de su trabajo[36]. Los anarquistas rechazaban la ambigua y problemática tesis sobre la «subclase»[37], argumentando que en la mayoría de los casos la ilegalidad era «delincuencia ocasional», perpetrada por parados temporales, a quienes se les denegaba acceso a su lugar legítimo en el «banquete de la vida». Se trataba, por tanto, de una forma de distribución de la riqueza, parte de una «lucha por la vida» en la que los parados se apropiaban de lo «necesario para vivir», defendiendo su «derecho natural a la vida»[38].

En ciertos aspectos, la negación anarquista de la «subclase» provenía de una oposición filosófica a nociones deterministas pseudolombrosianas como la «patología» del «criminal nato», u otros conceptos conservadores de «degeneración» y «maldad» que condicionaron una gran parte del pensamiento republicano sobre la seguridad ciudadana. En palabras de Solidaridad Obrera, «no hay hombres malos y hombres buenos, sino únicamente hombres que son a la vez buenos y malos…». Sin duda, los anarquistas no intentaban negar la existencia de los reincidentes, pero argumentaban que éstos eran creados por el concepto judicial burgués del castigo. En primer lugar, la policía y los tribunales etiquetaban a los «transgresores» de «criminales», aislándolos en cárceles donde un sistema penal que no servía más que para convertir a «los hombres… en bestias», los embrutecía y deshumanizaba. Los anarquistas hablaban de la «revancha estatal» de una «sociedad perversa» que sólo ofrecía «dolor y violencia» y «concepciones egoístas y punitivas» a los detenidos, quitándoles su capacidad para reintegrarse y trabajar, en vez de contribuir a su rehabilitación. Para Solidaridad Obrera, «la Ley es enemiga de la sociedad» porque «nada se soluciona con el encarcelamiento de los llamados presos comunes […] los procedimientos vengadores de lo que se llama justicia, de la justicia burguesa, que no es sino venganza»: por tanto, el pináculo de la verdadera justicia sólo se podría obtener en una sociedad libertaria sin Estado, pues el crimen no desaparecería hasta el surgimiento de comunidades verdaderamente estables, capaz de autorregularse sin la intervención de la policía u otras fuerzas extrañas[39]. En el ámbito afectivo, la solidaridad anarquista con los «marginados» y los «desamparados» era motivo suficiente para desechar el concepto de «subclase». En concreto, los anarquistas defendían a los sectores más menospreciados de la clase obrera —la población mayoritariamente obrera del Raval, los «parias» del «barrio chino» de la imaginación de las elites, y los inmigrantes de La Torrassa vilipendiados como «tribu sin ley»— por ser obreros pobres forzados a llevar «una vida errante fuera de la ley». Según este argumento, las «covachas que han sido amparo y refugio de todas las desgracias»[40] de estos barris, espacios de esperanza donde se había alzado y reprimido la bandera de la libertad, «calles manchadas con tanta sangre proletaria»[41].

La crítica libertaria de los pánicos morales dio la vuelta a éstos. Los anarquistas, de acuerdo con sus preceptos de lucha de clases, se concentraban en las «felonías» cometidas contra la clase obrera por las «clases criminales»: los políticos y los capitalistas, la «aristocracia del robo», y la pequeña burguesía, «los traficantes en la miseria del pueblo», «los verdaderos estafadores de la humanidad». Estos eran los «verdaderos atracadores» para quienes resultaba mucho más fácil cometer un crimen sin ser detectados, y prosperar dentro de una «economía criminal» arraigada en «el sudor y la sangre derramados en los campos, talleres, fábricas y minas»[42]. Por consiguiente, en el léxico anarquista, «comerciar quiere decir robar, engañar» mientras que «comercio» era un eufemismo burgués para la palabra «robo» y los «negocios escandalosos de los acaparadores». Y, sin embargo, «los criminales más viles», los «piratas y bandidos modernos», eran los «atracadores amparados por la ley», cuyos «crímenes respetables» protegía la ley burguesa y la policía («asesinos» y «criminales a sueldo del Estado»). Por ello, argumentaba Solidaridad Obrera:

La sociedad actual es una sociedad organizada de atracadores. Desde el pequeño comerciante, pasando por el pequeño industrial, hasta llegar a los más potentes consorcios capitalistas, no hacen otra cosa que especular, que en palabras concretas quiere decir robar […] no se da nunca el caso de un patrono que dé a su obrero la cantidad íntegra de riqueza que produce[43].

Planteando un conjunto rival de pánicos morales proletarios, los anarquistas atacaban la «plaga» de los desahucios de parados, culpando a sus autores de cometer el «vil crimen» de dejar sin techo a «miles y miles de hambrientos sin hogar, que comen la porquería de la calle y duermen en los bancos de los paseos públicos». La prensa libertaria también atacaba a los «falsos» moralistas burgueses que optaban por ignorar ciertos tipos de violencia. Cuando un patrono agredió violentamente a un chico de 14 años de edad por haber exigido la indemnización por despido reglamentaria a la que tenía derecho, Solidaridad Obrera publicó el nombre y dirección del belicoso capitalista sugiriendo que debía recibir una lección sobre bienestar infantil[44]. El periódico cenetista también documentó ejemplos de «inmoralidad» de la «civilización capitalista» y su tolerancia ante la guerra y el imperialismo, mucho más destructivos para la vida humana que las expropiaciones. En ese «mundo de lo superfluo» en el que una minúscula minoría estaba «nadando en la opulencia» y gastando una pequeña fortuna en perfumes, millones de personas en el mundo entero pasaban hambre mientras se destruían los productos alimenticios sin vender[45].

La prensa anarquista reafirmaba la idea de que la delincuencia no era coto exclusivo de la tan calumniada clase proletaria, divulgando las actividades de una «fauna criminal» que vive a cuenta del pueblo: la violencia de los agentes fuera de servicio en estado de embriaguez, los robos de los celadores, los desfalcos de abogados, la evasión de impuestos de los caseros, la corrupción de los políticos republicanos y los desacuerdos comerciales entre tenderos[46]. Utilizando un tono emotivo parecido al de los pánicos morales, la CNT denunciaba constantemente los «robos» «en perjuicio a la salud sagrada del pueblo» cometidos por caseros «malvados» que cobraban alquileres «criminales» y «robaban» los depósitos de los inquilinos al marcharse; dueños de bares que diluían las bebidas; tenderos que alteraban los alimentos y los pesos; y otros «chupasangres» y «buitres» «comerciando con las necesidades físicas de la Humanidad» y picoteando «en el desventurado cuerpo del obrero». Según Solidaridad Obrera:

Cada tienda, cada almacén, cada industria es una cueva de latrocinio. Los ladrones son los amos. Esos señores tan serios, tan «honorables»; esos señores que van a la misa los domingos por la mañana y por la tarde visitan a su querida de turno […] esos señores que se escandalizan cuando un pobre hombre necesitado roba un pan para alimentar a sus hijos. Y ellos roban el peso. Roban en la medida. Roban el aire y el sol a los desgraciados[47].

Para los anarquistas, el castigo del delito ponía de manifiesto la naturaleza clasista de la «república de los chupópteros». Solidaridad Obrera se dedicó a desenmascarar los prejuicios del sistema penal, señalando el fracaso de los republicanos en cumplir su promesa de someter a la ley a todas las clases sociales: por regla general, los crímenes de los más privilegiados y poderosos, o bien se quedaban sin investigar, o bien se resolvían con multas insignificantes, o sencillamente se toleraban. Un ejemplo era la evasión de impuestos de la clase media: pese a que la CDE había informado sobre la misma durante la huelga de inquilinos de 1931, las autoridades habían ignorado el problema, incluso cuando las investigaciones posteriores, tanto de la prensa anarquista como de la burguesa, revelaron que algunos caseros llevaban más de trece años sin pagar impuestos[48]. En aquellas raras ocasiones en las que la policía castigaba el crimen de clase media, las fechorías solían ser tan serias que las autoridades no tenían más remedio que actuar para evitar perder toda su credibilidad como, por ejemplo, cuando la policía detuvo a un tendero que había adulterado harina con sulfato de bario y plomo gaseoso, dejando en la cama a 800 consumidores[49]. En cualquier caso, los detenidos de clase media nunca sufrían el tratamiento humillante que la policía daba a los obreros y a los parados, llevando a Solidaridad Obrera a declarar que las esperanzas de justicia en la sociedad burguesa eran tan realistas como las expectativas de supervivencia en un «campo de tuberculosis»[50]. La Ley de Vagos y Maleantes se utilizó como muestra gráfica de la naturaleza «clasista» de la ley republicana; bajo ésta, en opinión de Solidaridad Obrera, «de mal vestido» se convertía en crimen. Por otra parte, las pautas de castigo también revelaron las continuidades con los regímenes anteriores: «Todas las medidas coercitivas que bordan el código penal de las monarquías y de las repúblicas están establecidas para castigar la rebelión de los esclavos». De hecho, según Tierra y Libertad, cualquiera que fuese la forma del Estado, la ley siempre funcionaba de acuerdo con el «capricho histórico de una clase social determinada», permitiéndoles «robar diariamente para aumentar su riqueza[51].»

Por tanto, desde la perspectiva anarquista, el crimen estaba socialmente determinado e históricamente condicionado por las relaciones vigentes entre las clases sociales. De ahí se concluía que lo que la ley definía como «asesinato» no siempre se trataba como un acto criminal; más bien, la muerte violenta de un individuo sólo se etiquetaba de «asesinato» tras la interpretación y clasificación del mismo por parte de una serie de organismos ideológicos y sociolegales. Los anarquistas ilustraban la naturaleza socialmente determinada del crimen y los asesinatos a través de dos ejemplos de muertes hipotéticas durante una disputa industrial: el disparo mortal a un «esquirol» por un miembro de un piquete y la muerte de un huelguista a manos de un miembro de las fuerzas de seguridad. En el primer caso, la judicatura inevitablemente trataría la muerte del «esquirol» como un «asesinato», mientras que la segunda difícilmente pasaría por los tribunales, y aun menos sería definida como «homicidio», dado que cuando se trataba de un policía, el acto de asesinar se convertía en una acción loable durante el cumplimiento de «su deber»[52].

La «economía moral» del proletariado de Barcelona

La postura anarquista sobre la ilegalidad encajaba en la amplitud de experiencias y cultura de los barris que vimos en el capítulo 2, a la que afectaba muy poco la ideología dominante y que contenía una oposición normativa a la ley[53]. Por ejemplo, la experiencia de los obreros sobre la explotación en temas de consumo se ajustaba a la perfección a las afirmaciones anarquistas de que los proletarios eran víctimas de los robos perpetrados por las «clases criminales» —patronos, dueños de casa de empeño, prestamistas, caseros y tenderos— que sometían necesidades humanas básicas como el trabajo, la comida y el techo a una ética comercial despiadada[54]. Pich i Pon, el principal propietario de Barcelona y director de la COPUB, que tanto ruido había hecho sobre la «ilegalidad» de la huelga de inquilinos, pasó a ser popularmente conocido como «el pirata de Barcelona», debido a sus turbios intereses comerciales y al papel que desempeñó en 1935 en el «escándalo del estraperlo», el caso de corrupción más importante de la historia de la República. Por su parte, los hermanos Tayá, magnates navieros y antiguos dueños de La Publicitat, vehículo «decoroso» de los «pánicos morales», tenían fama de haber adquirido de forma fraudulenta concesiones gubernamentales lucrativas para sus flotas mercantes[55].

Si exploramos con detenimiento la realidad social de los barris en la Barcelona republicana, podemos ver que los miedos de la gente «respetable» al robo a mano armada no lograron crear un consenso en torno al asunto de la seguridad ciudadana porque, entre otras cosas, éstos constituían una forma de violencia imaginaria para la gran mayoría de la clase obrera de Barcelona, cuyas inseguridades cotidianas tenían poco que ver con las de los «hombres de orden». Una de las principales preocupaciones de los obreros era el peligro de caer enfermo, probablemente la amenaza más seria para el orden de los barris y que coincidía con la descripción anarquista de la sociedad burguesa como «la sociedad de la muerte»[56]. En su mayor parte, estas enfermedades eran evitables, como la fiebre tifoidea, cuya incidencia aumentó en la década de 1930, siendo mucho más mortífera en los barris que las expropiaciones o los robos homicidas que tanto obsesionaban a la prensa republicano-burguesa. La tuberculosis también constituía un serio problema: en 1935, un grupo de médicos estimó que un 70 por ciento de los niños de Barcelona mostraba signos de esta afección, que ya de por sí representaba una amenaza constante para los proletarios adultos[57]. Los problemas de salud estaban íntimamente ligados a las malas condiciones de la vivienda. Un médico pro republicano afirmó que existía una conexión entre la terrible situación de ciertos bloques de pisos del Raval y las tres cuartas partes de las muertes de sus residentes. Mientras tanto, según Tierra y Libertad, el 50 por ciento del alojamiento en Barcelona infringía «las normas más elementales de seguridad»[58]. Incluso La Veu de Catalunya reconoció que en 1936 había «miles y miles de obreros viviendo en casas alquiladas desagradables»[59].

Otro conjunto de angustias proletarias provenía de la amenaza del desempleo, un problema específico de la clase obrera que traía consigo toda una serie de consecuencias catastróficas, como el desahucio y la pérdida del hogar. Aproximadamente, 30.000 personas vivían en la calle, en chabolas o en alojamientos temporales, un dato considerablemente inferior al número de pisos vacíos de Barcelona, unos 40.000 en julio de 1936[60]. En los barris, donde la escasa seguridad de un trabajo mal pagado era lo único que separaba a la clase obrera no cualificada de los pobres urbanos, el destino de los «sin techo» era un tema mucho más emotivo que los sufrimientos de las víctimas de la ilegalidad. Como muestra del abismo entre la jerarquía republicana y los «desposeídos», mientras la elite política catalana disfrutaba de un espléndido banquete para celebrar el tercer aniversario de la proclamación de la República, un obrero en paro «sin techo» caía muerto por desnutrición en una calle de Sant Andreu[61]. Por regla general, este tipo de muertes de los «sin techo» sólo recibía cobertura en la prensa sindical y de izquierdas[62]. Otro de los riesgos a los que hacía frente la clase obrera eran los accidentes industriales. Como había ocurrido bajo la monarquía, las autoridades no lograron obligar a la burguesía a que cumpliese la legislación sobre seguridad laboral. Además, a causa de la recesión económica, muchos patronos compensaron la disminución de sus ganancias a costa de reducir la seguridad, por lo que el número de accidentes industriales en la ciudad se incrementó en un tercio durante la República. Tras el funeral de tres obreros muertos por una explosión en una fábrica, Solidaridad Obrera hizo hincapié en la suerte de «las víctimas eternas de la máquina capitalista» y en el peligro de resultar mutilado «por la vida económica capitalista»[63].

La cultura antipolicial de la CNT era otro elemento más que reafirmaba la memoria social colectiva de los barris. El sentido del pasado que tenían muchos trabajadores estaba modulado por el miedo a las fuerzas de seguridad y su violencia arbitraria. La CNT resaltaba la continuidad con las luchas pasadas comparando a Dencàs y Badia, los organizadores de la policía catalana, con Anido y Arlegui, a la cabeza de la represión anticenetista durante la década de 1920, un periodo sangriento que seguía sirviendo de criterio para juzgar las estrategias represivas utilizadas en Barcelona[64]. Asimismo, no se consideraba que los expropiadores, blanco principal de los pánicos morales, representasen una amenaza para los obreros pues, por más que matasen ocasionalmente a miembros de las fuerzas de seguridad, casi nunca ocasionaban la muerte de civiles[65]. Los obreros consideraban que en periodos de alto desempleo la práctica de la ilegalidad era central para sobrevivir en la economía inestable y de bajos salarios de Barcelona, y, de hecho, existen pruebas de que los expropiadores, cuyos ataques solían estar dirigidos a instituciones capitalistas distantes como los bancos y las compañías de seguros, se habían ganado la admiración de muchos habitantes de los barris, donde se les veía como reflejo de la fuerza de sus comunidades[66]. Incluso cuando operaban en los barris, sus objetivos estaban al otro lado de la fosa que separaba al proletariado de las clases medias comerciales[67].

El principal vehículo de los pánicos morales, la prensa burguesa republicana, la «prensa mercenaria», según Solidaridad Obrera, tampoco estaba muy bien considerado en los barris. Para la clase obrera se trataba de un elemento estrechamente ligado a los intereses económicos capitalistas, a los que defendía tan claramente como se oponía a los sindicatos. De hecho, a principios de la década de 1920, la parcialidad de la «prensa capitalista» hizo que los impresores impusiesen una «censura roja» sobre muchos de los periódicos de Barcelona. Los anarquistas alentaron con destreza el escepticismo hacia la prensa en los barris, recordando a los trabajadores que los enemigos del movimiento revolucionario internacional siempre habían descrito a sus militantes como «bandidos». Solidaridad Obrera, con su habitual gusto por las analogías históricas, comparó la denigración de la FAI en la prensa barcelonesa con la retahila de insultos del decadente Imperio Romano contra Espartaco y su ejército de esclavos[68]. Pese al barniz de prensa independiente y la variedad de títulos, era del dominio público que casi todos los periódicos barceloneses estaban controlados por una camarilla reducida: El Día Gráfico y La Noche pertenecían a Pich i Pon, director de la COPUB; La Vanguardia, «periódico de la plutocracia catalana»[69], era portavoz del monárquico Conde de Godó, miembro de una de las familias más importantes de la industria textil; y La Veu de Catalunya, funcionaba como el órgano de la Lliga y adalid de los intereses políticos de la gran empresa catalana. Los anarquistas, por tanto, tenían un buen caldo de cultivo para lanzar alegatos contra la prensa burguesa, descrita como «la gran prostituta de la civilización» que empleaba a «periodistas de alquiler» y «plumíferos burgueses»[70]. La situación no era muy distinta en el caso de los periódicos republicanos. Los hermanos Tayá, dos empresarios del transporte de mercancías y opositores vehementes a los derechos sindicales, que habían hecho fortuna durante la Primera Guerra Mundial suministrando material para la maquinaria de guerra aliada, compraron el diario La Publicitat, gran defensor del imperialismo anglo-francés y supuestamente financiado por el Consulado Británico. En los años 30, La Publicitat, como L’Opinió y La Humanitat, estaban totalmente identificados con los sectores más poderosos de la Generalitat y ofrecían una visión de la realidad social que nada tenía que ver con las experiencias de la mayoría de los obreros[71].

«Constructivismo revolucionario»: el fin de las expropiaciones

Como veremos a continuación, las tensiones internas de la CNT y de la FAI pondrían punto final al «ciclo insurreccional», y a las expropiaciones que le acompañaron. El primer ataque a esta línea se produjo durante la insurrección de enero de 1933, cuando una serie de grupos de la FAI criticaron el papel de Nosotros, acusando a sus acciones minoritarias y revolucionarias de pseudobolchevismo, y argumentando a favor de un proceso de educación y revolución popular. Los problemas habían surgido principalmente en torno a las irregularidades en el procedimiento y la falta de democracia interna de la CNT y de la FAI, a raíz de la propagación del militarismo de vanguardia. En el debate que siguió a la insurrección, muchos anarquistas se quedaron horrorizados al enterarse de que Nosotros y otros grupos estaban actuando en nombre de la FAI sin ni siquiera pertenecer a la organización. Así, afirmaron que Nosotros, cuya base de poder se encontraba en los Comités de Defensa, había ignorado el proceso democrático que formaba parte de las tradiciones de la CNT. Sin duda, los miembros de Nosotros se habían aprovechado de su poder carismático y reputación revolucionaria creando, en opinión de uno de sus críticos, una «super FAI» o una «FAI dentro de la FAI»[72]. De hecho, las bases no habían sido consultadas antes de la insurrección de 1933 y el nivel de discusión interna era prácticamente insignificante: no más de 50 delegados de los Comités de Defensa de la CRT catalana habían votado sobre una insurrección que tendría serias ramificaciones en la CNT y en la FAI. Hasta ahí llegó el debate y los últimos detalles se perfilaron en una reunión mucho más pequeña en un bar del Paral_lel[73]. Hay que recordar que incluso en periodos de intensa represión, cuando era habitual que pequeños grupos de activistas comprometidos tirasen del resto de la organización y tomasen decisiones en «reuniones de militantes», éstas solían estar más concurridas que las asambleas en las que se habían aprobado las insurrecciones, teniendo sus decisiones una trascendencia menor para el futuro de la CNT. Finalmente, tras el levantamiento de diciembre de 1933, cuando la posición de Nosotros parecía intocable, varios grupos anarquistas abandonaron la FAI como protesta[74].

A la inquietud que había despertado el asunto de la democracia interna, se unió la creciente preocupación respecto al elitismo de los grupistas y al fracaso manifiesto de la CNT en hacer su propia revolución[75]. El balance negativo de la «gimnasia revolucionaria» era irrefutable: en ciertas ocasiones, los grupistas habían dirigido el grueso de sus ataques contra el PSOE y los disidentes comunistas, en vez de dirigirlo contra la burguesía; el movimiento obrero estaba más fraccionado que nunca; en Cataluña, la CNT se había dividido y existían serias fisuras entre sus distintos comités regionales; por último, la energía colectiva de la Confederación se había agotado durante los fútiles enfrentamientos con el Estado, desencadenando una represión brutal que puso en peligro el futuro del movimiento obrero en su conjunto y colocó a España al borde del fascismo. Mientras que entre 1931 y 1933 la represión estatal sirvió para justificar la posición de los grupos más militantes en la CNT, tan sólo una sección pequeña de los rangos intermedios y altos de los sindicatos había asumido la táctica insurreccional y, aunque esta posición tenía el apoyo de sectores importantes de las bases, fuera de Barcelona la situación era muy distinta. De hecho, los cenetistas de Madrid y Asturias vilipendiaban lo que en su opinión era el «estéril» maximalismo revolucionario de los anarquistas barceloneses, posición que dejó clara la CNT, el diario publicado por la Confederación en el centro de España:

El golpe de sorpresa, la intentona, ya no son de estos tiempos. No consistirá nuestra revolución en asaltar un cuartel o un gobierno civil. Eso no es revolucionarismo. Nosotros iremos a la huelga general cuando contemos con todas las probabilidades de éxito, durante la cual ocuparemos las fábricas, las minas, las centrales eléctricas, los transportes, todos los medios de reproducción, todo lo vital[76].

Asimismo, la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores), el organismo internacional de los sindicatos anarcosindicalistas, también presionó a la CNT y a la FAI para que cambiasen de táctica[77].

En Barcelona, la oposición creciente a la «gimnasia revolucionaria» culminó en el surgimiento del grupo de afinidad Nervio. Su figura más importante era Sinesio García Delgado, más conocido como Diego Abad de Santillán[78]. Nacido en León, su familia emigró a América del Sur cuando era joven. Allí, Abad de Santillán se convertiría en una de las principales figuras del movimiento anarcosindicalista argentino e internacional. Tras ser expulsado de Argentina en 1931, se trasladó a Barcelona y, en 1934, se puso al frente de Tierra y Libertad. Un año más tarde fue nombrado secretario de la FAI. Otro de los miembros más importantes del grupo, Manuel Villar, era director de Solidaridad Obrera:[79]. Abad de Santillán y Nervio estaban decididos a transformar el movimiento insurreccional en una organización sindical revolucionaria estable, evitando al mismo tiempo sofocar el espíritu radical en el corazón de la CNT y de la FAI. El proyecto de Abad de Santillán había recuperado el concepto «constructivo» de la revolución, eliminado de la Confederación desde la partida de los anarcosindicalistas moderados, y por tanto, las acciones guerrilleras y las expropiaciones ya no tenían cabida en el camino a la transformación social. Abad se había opuesto a éstas en el pasado, durante su época en Buenos Aires, cuando los individualistas italoargentinos asesinaron a uno de sus camaradas más cercanos[80].

La ruptura final con la táctica de las expropiaciones se decidió durante un pleno clandestino de la Federación Local de Grupos Anarquistas, celebrado en el verano de 1935 justo al otro lado del Raval. Resulta irónico que Durruti fuese la persona encargada de argumentar a favor del fin de las expropiaciones, pues en un pasado había sido uno de los partidarios más entusiastas de los «ataques económicos». Aunque contaba con su credibilidad entre los sectores más radicales de la FAI para ganar el debate y la votación sobre este tema, Durruti tuvo que hacer frente a una fuerte oposición por parte de un pequeño grupo de «hombres de acción» hispanoargentinos y anarcoindividualistas[81]. Pese a todo, el ritmo de las expropiaciones decayó dramáticamente, y a principios de 1936 los pocos robos a mano armada que tuvieron lugar eran aparentemente obra de los obreros parados. Mientras tanto, a excepción de unas cuantas misiones de «ajustes de cuentas» con los patronos y ciertos individuos involucrados en la represión estatal, los Comités de Defensa experimentaron un periodo de reorganización durante 1935 y 1936[82].

El abandono de la táctica insurreccional puede explicarse también en relación con la predisposición de la dirección de la CNT a reincorporar a los anarcosindicalistas de los «sindicatos de oposición», en un intento de cortar la sangría de afiliados ocurrida entre 1932 y 1934. La marginalización de los defensores de la ilegalidad armada y el nuevo esquema revolucionario-organizativo propuesto por Abad de Santillán, expresado en términos similares a los de los treintistas, eran condiciones esenciales para la vuelta de los anarcosindicalistas moderados[83]. Como habían declarado en el «Manifiesto Treintista» de 1931, éstos estaban a favor de una organización sindical disciplinada y financiada con las contribuciones de los obreros. Desde el periodo de la posguerra, se habían mostrado contrarios a las expropiaciones. En 1926, Pestaña publicó una novela en la que describía un robo a mano armada cometido por delincuentes comunes que se hacían pasar por anarquistas[84]. Los treintistas consideraron la vuelta a las tácticas de financiación armada en la década de 1930 como otra muestra de la subordinación de la CNT a un organismo insurreccional semiclandestino e irresponsable con un enfoque revolucionario «estilo Al Capone», según diría Peiró, uno de los anarcosindicalistas más importantes[85].

Otro factor condicionante del giro táctico de la CNT y de la FAI fue el cambio de contexto político y la conciencia cada vez mayor de la izquierda de que tenía que unirse para hacer frente al ascenso del fascismo[86]. En Asturias, en octubre de 1934, la Alianza Obrera, una coalición de anarquistas, comunistas (disidentes y ortodoxos) y socialistas, inició la insurrección más grande en Europa desde la Comuna de París de 1871, haciéndose con el control de los medios de producción y manteniendo a raya al ejército español durante dos semanas[87]. La causa inmediata de la insurrección fue la noticia de la coalición gubernamental entre la cuasi fascista CEDA y los Radicales en Madrid, un paso que muchos en la izquierda interpretaron como el preludio de la transformación de la República en un Estado corporativo católico. En Cataluña, sin embargo, los líderes de la CNT estaban atrapados en una guerra local contra la Generalitat y el resto de la izquierda catalana. Por ello, mientras que la Generalitat, controlada por ERC, era para muchos republicanos el «baluarte de la República», para los anarquistas catalanes la autonomía había ocasionado una «ofensiva histórica» contra la CNT de la policía, bajo los auspicios también de ERC[88]. La represión de la Confederación en Cataluña —mucho peor que en aquellas zonas bajo jurisdicción de la derecha española— hizo que los cenetistas barceloneses no apoyasen a la Generalitat. Además, la experiencia pasada de represión estatal sustanciaba las afirmaciones de los anarquistas barceloneses de que un gobierno liderado por la CEDA no sería mucho peor que el «fascismo republicano» existente desde 1931. Sin embargo, la CNT y la FAI mostraron sectarismo y poca visión cuando se opusieron al desarrollo de la Alianza Obrera, la afianza antifascista catalana[89]. La introspectiva CNT catalana, por tanto, rechazó la movilización de octubre de 1934, argumentando que era una acción «política» diseñada para cambiar el gobierno vigente y no para hacer una revolución social auténtica. Así, mientras los obreros de Asturias luchaban por la supervivencia de la Comuna Asturiana, Francisco Ascaso, un miembro de Nosotros y secretario de la CRT catalana, lanzó un llamamiento al proletariado barcelonés para que volviese al trabajo desde una estación de radio controlada por el ejército español[90]. Los radicales catalanes, por tanto, se mantuvieron distantes de la revolución que tanto tiempo llevaban buscando, una insurrección mucho más importante que las de 1932 y 1933.

El desenlace represivo del Octubre Rojo fue brutal y superó todo lo visto a lo largo del periodo republicano. El fantasma de Thiers se paseó por España. La ley marcial fue proclamada de acuerdo con la Ley de Orden Público y no se levantaría hasta finales de septiembre de 1935. Los espacios democrático-liberales fueron cerrados, destituyéndose a los miembros electos del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, y revocándose sus poderes. Los autores de robos a mano armada y los miembros de piquetes pasaron a ser juzgados por tribunales militares, y se abolieron todas las libertades civiles[91]. Lo mismo ocurrió con los derechos sindicales básicos. Todas las organizaciones sindicales independientes fueron prohibidas, ya se tratase de la UGT, la CNT o las autónomas, lo que aprovecharon los patronos para lanzar una nueva ofensiva contra las condiciones laborales, rebajando los salarios y persiguiendo a miles de militantes[92]. Como resultado del encarcelamiento de más de 40.000 obreros en toda España, el número de huelgas disminuyó de forma considerable: entre abril de 1935 y enero de 1936 sólo hubo 13 huelgas en Barcelona, y en octubre de 1935 se cerraron 280 locales políticos y sindicales en la ciudad[93]. Según el embajador británico, España ofrecía:

la imagen de un país bajo una dictadura […] Las prisiones están abarrotadas y se tienen que encontrar cárceles provisionales para contener al altísimo número de personas arrestadas […] Con los sindicatos sin poder alguno… aumentará seguramente el descontento de las masas que, pese a todo, seguirán a merced del gobierno por el momento[94].

A partir de octubre de 1934, Pich i Pon, activista del Partido Radical local y director de la COPUB, y Anguera de Sojo, ex gobernador civil de Barcelona, dos figuras que habían contribuido enormemente al divorcio entre la República y la clase obrera local, pasaron a ocupar cargos políticos clave. Pich i Pon, descrito por Bernat Muniesa como «alcalde-dictador»[95], poseía un poder ejecutivo arrollador como gobernador general de Cataluña y alcalde de Barcelona. Anguera de Sojo, nombrado ministro de Trabajo después de cambiar las filas republicanas por las de la CEDA, utilizó su poder para reanudar la batalla contra la CNT[96]. Entre otras medidas para aumentar el control estatal de los sindicatos, Anguera de Sojo elaboró un proyecto de ley que prohibía toda organización sindical con «fines revolucionarios»[97]. También promulgó una serie de decretos favorables a los patronos, quienes podían ahora cerrar fábricas y despedir obreros que a su parecer hubiesen infringido la disciplina laboral o que se hubiesen declarado en huelga por razones «políticas». Al mismo tiempo, Anguera de Sojo se propuso redefinir el estado legal de Cataluña, suspendiendo el Estatuto de Autonomía y formando una comisión para devolver el control a Madrid[98].

La centralización del poder durante el «bienio negro» representaba la revocación del proceso autonómico desarrollado entre 1931 y 1934, así como un paso más hacia un Estado de «orden público» y hacia la gestión coercitiva del conflicto que tenía sus orígenes en la «república del orden» y la Ley de Defensa de la República de 1931-1933. En otras palabras, aunque durante el «bienio negro» fuese mucho mayor el control estatal de los sindicatos, el número de internamientos conforme a la Ley de Vagos y el uso de la ley marcial y los tribunales militares para lidiar con quienquiera que infringiese el orden público, todas estas estrategias se habían utilizado por primera vez entre 1931 y 1933, y se había facilitado su aplicación a través de legislación elaborada durante este periodo, como fue el caso de la Ley de Orden Público.

Obviamente, la burguesía catalana estaba encantada con este giro hacia la derecha. La Vanguardia alabó «la nueva Alemania» de Hitler que en menos de dos años había logrado acabar con las huelgas. La Veu de Catalunya aclamó el uso de la ley marcial mientras que Cambó, fiel barómetro de la opinión burguesa, elogió al ejército español y el reestablecimiento de la pena de muerte para borrar «la mancha negra» de la protesta social de «nuestra querida Barcelona». Mientras tanto, durante una visita a Barcelona del líder de la CEDA, José María Gil Robles, las organizaciones patronales celebraron la presencia del «jefe» del resurgimiento de la derecha con un desfile de la victoria por el centro de la ciudad[99].

El coqueteo de la burguesía con la derecha madrileña y el ejército tenía mucho que ver con lo ocurrido justo antes del pronunciamiento de Primo de Rivera en 1923, cuando los sindicatos no pudieron resistir el golpe. Ahora igual que entonces, la CNT de Barcelona estaba en decadencia, y su organización doblegada ante el peso de la represión. Lógicamente, en el interior de la CNT y de la FAI, tanto en Barcelona como en el resto de España, crecía la inquietud ante la posición periférica del movimiento libertario en la marcha de los acontecimientos sociopolíticos.

Muchos anarquistas aceptaron finalmente que desde 1931 la situación se había deteriorado y que no quedaba más remedio que asumir un cambio importante de dirección para acabar con el aislamiento de la CNT de Barcelona. Además, como la clave de la Revolución de Asturias había sido la unidad de la izquierda, la dirección de la CNT no podía ignorar el apoyo intenso de las bases a la unidad antifascista, sentimiento recogido en el eslogan «vale más huevos a la asturiana que gallina a la catalana», una crítica clarísima a la orientación de la CNT barcelonesa[100]. La «unidad», como nuevo lema de la izquierda española, creó la situación propicia para terminar con las escisiones cenetistas: los treintistas expresaron su deseo de volver a la «familia libertaria» y, por su parte, Durruti, en el pasado partidario acérrimo de una ruptura con los anarcosindicalistas moderados, se vio forzado a reconocer en una carta desde la cárcel en 1935 que la escisión, considerada como buena en otros tiempos, había vuelto a la CNT vulnerable y marginal[101].

El discreto encanto de la burguesía

Pese a que toda la izquierda era consciente de que el contexto político del momento requería una alianza antifascista, no estaba nada claro cuál sería la naturaleza de ésta. Los comunistas disidentes, junto a algunos miembros de la CNT y del PSOE, preferían una Alianza Obrera exclusivamente proletaria, basada en el antifascismo revolucionario que se había visto en Asturias. Sin embargo, a finales de 1935, tras el anuncio de elecciones a principios de 1936, el Frente Popular, que vino a restablecer la coalición electoral republicano-socialista de carácter interclasista, surgió como polo rival de la unidad antifascista (en Cataluña, el Frente Popular se llamaba Front d’Esquerras)[102]. A primera vista, puede resultar paradójico que el Frente Popular se fuese a convertir en la opción preferida de los líderes anarquistas, especialmente si tenemos en cuenta la política anticenetista del gobierno republicano socialista entre 1931 y 1933, y la represión encabezada por Esquerra desde la Generalitat en 1933 y 1934. Y, sin embargo, pese a los objetivos revolucionarios comunes de los anarquistas y comunistas disidentes, los líderes de la CNT rechazaron todas las propuestas para la entente insurrecional de la Alianza Obrera, argumentando que se trataría de una alianza «política»[103]. Nos encontramos ante el mismo sectarismo que los líderes de la CNT habían mostrado contra los disidentes comunistas a partir de 1931: cualquier forma de aceptación de la Alianza Obrera reivindicaría la política de sus rivales comunistas disidentes, principales partidarios de la unidad antifascista revolucionaria desde hacía mucho tiempo.

Por otra parte, la atracción de los anarquistas por el Frente Popular encajaba con su apoliticismo tradicional. Como la CNT no tenía representación política formal, periódicamente se expresaba a través de fuerzas políticas exógenas, como ocurrió durante 1930 y 1931. Este proceso se repitió en 1935 y 1936, pues, según los cálculos de la CNT y de la FAI, una victoria electoral del Frente Popular produciría una nueva apertura jurídico-política que permitiría la reorganización y expansión de los sindicatos. (El programa del Frente Popular prometía entre otras cosas la libertad de los presos sociales y políticos, la revisión de las sentencias dictadas contra los activistas sindicales por la aplicación de la Ley de Vagos y la purga de la policía[104]). Por tanto, en vísperas de las elecciones, la propaganda anarquista careció de las bravatas revolucionarias y antiparlamentarias de años anteriores y, pese a que la CNT-FAI no pidió públicamente a los trabajadores que votasen en la «farsa electoral», nada quedaba de la estridente retórica antirrepublicana que había acompañado las elecciones generales de 1933, y que amenazaba con facilitar una vez más la toma del poder por la coalición de derechas, cuya intención aparente era la conquista de la democracia «desde dentro» al estilo hitleriano y el aplastamiento de la CNT. La Revista Blanca, mensajera del apoliticismo anarquista, incluso alabó la «dignidad» de Companys de la misma forma que los anarquistas habían elogiado a Macià cuatro años antes. Mientras tanto, a lo largo del periodo electoral, personajes como Durruti, dechados de «virtud anarquista», reiteraron sin parar la necesidad de una amnistía inmediata, lo que se podía interpretar fácilmente como una invitación a votar por la coalición liberal de izquierdas, dado que la libertad de presos era uno de los puntos principales del programa del Frente Popular. Otros fueron más directos: Peiró, en la víspera de su vuelta a la CNT, siendo aún miembro de la FAI, pidió a los obreros que solían abstenerse en las elecciones que votasen «contra el fascismo»[105].

Al igual que en 1931, en febrero de 1936 los votos cenetistas aseguraron la victoria electoral de los republicanos de clase media. A poco de saberse los resultados, se abrieron las puertas de las prisiones y miles de obreros encarcelados con relación a octubre de 1934 quedaron en libertad. En Cataluña, la Generalitat recuperó los poderes que le habían sido otorgados bajo el Estatuto de Autonomía. Sin embargo, aunque el Frente Popular restableció ciertos protocolos democráticos fundamentales y un marco legal en el que los sindicatos pudiesen reorganizarse, no se solucionaron todos los puntos de fricción entre las autoridades y la CNT y la FAI. En concreto, los anarquistas criticaban al gobierno por mostrarse reticente a reponer en sus puestos a los obreros que habían sido perseguidos tras octubre de 1934, y por ignorar la grave situación de aquellos activistas acosados antes de la revolución de Asturias. La Confederación, por tanto, emprendió una serie de movilizaciones para asegurarse de que se volviese a contratar a sus militantes. Resulta interesante que en el nuevo contexto político de febrero de 1936, la presión sindical colectiva triunfase allí donde los grupistas habían fracasado: los rejuvenecidos sindicatos cenetistas lograron que muchos de los obreros perseguidos a raíz de la «gimnasia revolucionaria» volviesen a sus lugares de trabajo[106].

Otro de los motivos de disputa entre las autoridades y la CNT fue el tema de las libertades civiles. El uso continuo de la Ley de Vagos contra los parados enfureció a la Confederación, pues por más que se hubiese concedido la amnistía a los presos políticos de octubre de 1934, en ésta no entraban aquellos que la CNT consideraba como presos sociales, entre otros, los obreros parados encarcelados por «procurarse los medios de subsistencia» ilegalmente, los cenetistas y faístas internados bajo la Ley de Vagos, y muchos «expropiadores» de los Comités de Defensa sentenciados como delincuentes «comunes». En un intento de introducir una nueva legalidad, la CNT-FAI inició una campaña para revocar las «leyes represivas» de 1931-1933, como la Ley de Vagos y la Ley de Orden Público, y para lograr la concesión de la amnistía completa a todos los presos, incluyendo a los encarcelados por «crímenes del hambre». La frustración de los presos «comunes» y «sociales», y la agitación de los cenetistas y faístas que seguían en la cárcel, desencadenó una serie de motines entre la población reclusa[107].

Sin embargo, pese a incitar la protesta dentro de las prisiones, la CNT de Barcelona evitó enfrentamientos innecesarios con las autoridades, optando a cambio por reconstruir las estructuras sindicales que tanto habían sufrido entre 1931 y 1935, durante las disputas con el Estado. Éste fue en esencia un periodo de reorganización cenetista. Los treintistas serían readmitidos en la «familia libertaria» en el Congreso de Zaragoza de mayo de 1936 que, a su vez, trazaría la trayectoria inmediata de la CNT[108]. No obstante, en relación con 1931, los datos sobre la afiliación de la reunificada Confederación no podían ocultar el declive relativo del sindicato en Cataluña y en Barcelona (véase figura 7.1).

FIGURA 7.1. Afiliación a la CNT[109]

Fecha

Afiliación
en Barcelona

Afiliación en el
resto de Cataluña

Afiliación total
en Cataluña

Junio de 1931

168.428

122.812

291.240

Mayo de 1936

87.860

98.292

186.152

Entre febrero de 1936 y el comienzo de la Guerra Civil y la revolución en julio, la CNT-FAI atravesó un periodo de reflexión y renovación que poco tenía que ver con el maximalismo del «ciclo insurreccional». Durante todo este tiempo, los grupistas sólo llevarían a cabo dos acciones de importancia en Barcelona. La primera tuvo lugar a finales de abril, cuando asesinaron en el centro de la ciudad y a plena luz del día a los hermanos Miquel y Josep Badia, el antiguo jefe de Policía de Barcelona y el organizador de los escamots, respectivamente[110]. Los anarquistas no podían olvidar, y mucho menos perdonar, la contribución brutal de los hermanos a la represión de la CNT en 1934; Miquel ya había sobrevivido a un atentado contra su vida y, al igual que su hermano, había hecho caso omiso a las amenazas de muerte de los grupos faístas, optando por quedarse en Barcelona. Según fuentes de la FAI, el asesinato de los hermanos Badia fue obra de unos anarquistas argentinos exiliados en Barcelona que eran amigos de Alpini, el expropiador italiano muerto a manos de la policía catalana en 1934[111]. La otra acción grupista fue el asesinato por un disparo desde un coche en marcha de Mitchell, el director de L’Escocesa, al que habían amenazado de muerte dos años antes[112].

Más que indicar el comienzo de un nuevo programa de violencia grupista, estos actos eran «ajustes de cuentas» pendientes de las luchas de 1933 y 1934. De hecho, en sintonía con el espíritu antifascista posterior al octubre asturiano, los grupistas detestaban ocasionar serias dificultades a las autoridades, principalmente porque era del dominio público que, desde la victoria electoral del Frente Popular, la extrema derecha y los oficiales reaccionarios del ejército conspiraban para derrocar a la República e implantar un régimen autoritario. La CNT y la FAI, por tanto, adoptaron una actitud expectante mientras reorganizaban sus cuadros en anticipación de las luchas venideras, preparando entre otras cosas un Plano de Defensa, el proyecto de resistencia anarquista a un golpe militar en Barcelona. Oportunos preparativos como veremos a continuación, pues el golpe no tardaría en llegar.

CAPÍTULO 8

UNA REVOLUCIÓN «APOLÍTICA»: ANARQUISMO, REVOLUCIÓN Y GUERRA CIVIL

Desde principios de julio, la CNT-FAI y sus militantes se pusieron en pie de guerra ante la expectativa de un golpe militar. Con activistas desplegados a las puertas de los principales cuarteles de la ciudad y confidentes entre los soldados, los líderes anarquistas tenían abundante información sobre la inminencia del golpe. Sin duda, la Confederación estaba en lo cierto cuando afirmaba que potencialmente los obreros eran los aliados más valiosos de la lucha contra los reaccionarios, pero mostraba una gran ingenuidad en su pretensión de que las autoridades centrales y catalanas armasen a los partidarios de una organización revolucionaria sindicalista. Igualmente ingenuo, sin embargo, resultaba el cálculo de las autoridades de que las unidades de la policía leales a la República, cuya fuerza combinada era de 1960 agentes, podrían hacer frente a los 6000 hombres estacionados en Barcelona cuando fuesen movilizados[1]. Por miedo a ofender al «patriótico y leal» ejército, las autoridades censuraron las advertencias de Solidaridad Obrera sobre la inminente sublevación de los militares contra la República, argumentando que se trataban de un insulto a las fuerzas armadas[2]. A mediados de julio, la CNT lanzó un llamamiento a sus activistas para que se concentrasen en los locales sindicales y los ateneos, listos para la lucha venidera. De noche, grupos pequeños de militantes se dedicaban a requisar armas, desarmando a serenos y agentes de policía[3]. Al mismo tiempo, se distribuyeron por los barris las pocas armas que tenían los Comités de Defensa —principalmente pistolas y granadas caseras, además de algunos fusiles y unas pocas ametralladoras.

La tensa espera llegó a su fin entre las cuatro y las cinco de la madrugada del domingo 19 de julio, cuando las unidades del ejército y sus partidarios civiles fascistas salieron de varias guarniciones de la ciudad con la intención de tomar distintas posiciones estratégicas (plazas y cruces de tráfico), edificios públicos importantes (departamentos de la Generalitat y la oficina del gobernador civil) y la central telefónica. Los grupistas pusieron en marcha su «Plano de Defensa», y los militantes activaron las sirenas de las fábricas de toda la ciudad que normalmente se usaban para llamar a los obreros al trabajo, una señal preacordada para que los Comités de Defensa de la CNT tomasen las calles (véanse fotos 8.1 y 8.2). Aparte de despertar al pueblo de Barcelona, el ruido estridente de las sirenas sin duda tuvo un impacto psicológico en los militares rebeldes y sus partidarios civiles, que tuvieron que hacer frente desde el primer momento a la resistencia armada de los obreros y a las unidades leales de la policía. A medida que transcurrió la mañana y creció el número de tropas en las calles, la lucha se intensificó, especialmente en las principales plazas del centro de la ciudad. La movilización de los obreros respondía a su deseo de proteger a la comunidad y a la esfera pública proletaria contra el golpe militar, más que a un interés por defender a las instituciones republicanas[4]. Así, se levantaron barricadas por toda la ciudad, especialmente alrededor de los centros obreros y cerca de las principales vías públicas, impidiendo la entrada del ejército a los barris y convirtiendo su marcha por el centro de la ciudad en una tarea arriesgada y problemática. A media tarde, tras un periodo de intensa lucha, se hizo evidente que la rebelión había fracasado. Los militantes de la CNT tenían bajo su control cientos de rifles, ametralladoras y cañones del ejército incautados a los insurgentes, y se convirtieron poco a poco en los protagonistas de las luchas callejeras. Las fuerzas populares ocuparon la estación de radio y los cenetistas hicieron lo propio con la central telefónica, tras una intensa batalla de artillería[5].

Foto 8.1. Barricadas en Barcelona, del 19 al 21 de julio de 1936. (José Peirats, The CNT in the Spanish Revolution, vols. 1-3, ChristieBooks/Meltzer Press).

Foto 8.2. Primeras barricadas en las calles de Barcelona tras la sublevación militar, 19 de julio de 1936. © EFE.

Mientras tanto, los rebeldes estaban en una situación desesperada, cercados en el cuartel de Atarazanas al final de las Ramblas, en la Iglesia Carmelita en el centro de la ciudad y en el cuartel de Sant Andreu en las afueras del norte de la ciudad.

Aunque la insurrección militar en Barcelona estuvo muy mal organizada (ni siquiera se intentó ocupar la estación de radio), por encima de todo los partidarios del golpe fueron derrotados gracias a la respuesta armada de las calles. Las líneas maestras del «Plano de Defensa», implantadas sólo de forma parcial, resultaron muy efectivas. El «Plano», basado en la premisa realista de que los grupistas carecían de la potencia de fuego necesaria para evitar que los rebeldes saliesen de sus cuarteles, optaba por una táctica guerrillera con la que dispersar los recursos de los rebeldes y desmoralizar al enemigo[6]. Pese a todo, sería erróneo exagerar el nivel de coordinación de lo que en realidad fueron una serie de acciones de resistencia locales de los obreros en las barricadas, organizadas a través de estructuras comunitarias y sindicales[7]. Los conocimientos de los grupistas de la zona acabarían teniendo gran importancia. El ejército se mostró incapaz de adaptarse a la topografía local, mientras que la resistencia adaptó su lucha al espacio construido, utilizando portales, árboles, azoteas y terrazas para abrir súbitamente nuevos frentes en la lucha por las calles[8]. Las Ramblas, donde los Comités de Defensa de la CNT establecieron su sede, y el vecino Raval, durante décadas escenario de la insurrección popular de la ciudad, adquirieron una importancia clave. La oficina del Sindicato de la Construcción, en la calle Mercaders del Raval, fue otro centro operativo importante, desde donde se coordinó la actividad de varias barricadas cercanas. Masas de cenetistas armados se congregaron en las callejuelas del Raval, por donde se abrieron paso las patrullas volantes, organizadas allí mismo, para llegar al cuartel de Atarazanas y al Paral·lel y entablar combate con el ejército[9].

Ese 19 de julio, aproximadamente a medianoche, el cuartel de Sant Andreu fue asaltado por activistas cenetistas que se apoderaron de 90.000 rifles. Al día siguiente, animada por su recién adquirida fuerza armada, la CNT congregó a sus masas en las Ramblas para el asalto definitivo al cuartel de Atarazanas, el último baluarte de los rebeldes[10]. Los grupistas y los Comités de Defensa cenetistas habían derrotado al ejército. No está claro hasta qué punto la «gimnasia revolucionaria» elitista fue la preparación adecuada para las luchas callejeras de julio de 1936. Tanto los socialistas como los comunistas disidentes del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), producto de la fusión del BOC con una pequeña agrupación trotskista, así como elementos republicanos y catalanistas en las fuerzas de seguridad, contribuyeron tremendamente a la resistencia popular contra la insurrección[11]. Lo que no se puede negar, sin embargo, es que el 20 de julio de 1936 la CNT tenía el control de la situación: suya era la fuerza armada más importante, dueña de facto de las calles y de gran parte de Cataluña, que abrió las puertas a la nueva situación revolucionaria[12]. La sublevación de julio había creado el chispazo revolucionario que los anarquistas radicales llevaban tanto tiempo profetizando.

El presidente Companys tuvo que enfrentarse, por tanto, al gran temor que aguardaba desde 1931: la amenaza real sobre el proyecto republicano de la fuerza armada de la CNT. El Estado republicano se había fracturado, perdido el monopolio de los medios de coerción, base de todo poder estatal: parte del ejército se había unido a los rebeldes y controlaba un conjunto significativo del territorio español, mientras que parte de las fuerzas armadas habían perdido la disciplina, uniéndose al pueblo en su lucha. Sin embargo, pese a su desaparición del centro de la vida política, el Estado no había sido reemplazado por un nuevo poder revolucionario, y esto presentó la oportunidad a Companys para contener los impulsos revolucionarios que emanaban de las calles. El 20 de julio, finalizada la lucha en Barcelona y en marcha la Guerra Civil española, Companys invitó a la dirección de la CNT-FAI a que se uniese a la Generalitat, haciendo gala de lo que los politólogos anglosajones llaman «brinksmanship»: una gran capacidad de maniobra al borde del abismo. Aparentemente emocionado tras la lucha reciente, Companys alabó a los líderes de la CNT-FAI por su victoria sobre el ejército, diciendo:

Hoy sois los dueños de la ciudad y de Cataluña […] Habéis vencido y todo está en vuestro poder; si no me necesitáis o no me queréis como presidente de Cataluña […] yo pasaré a ser un soldado más en la lucha contra el fascismo. Si, por el contrario, creéis que en este puesto, que sólo muerto hubiese dejado ante el fascismo triunfante, puedo, con los hombres de mi partido, mi nombre y mi prestigio, ser útil en esta lucha, que si bien termina hoy en la ciudad, no sabemos cuándo y cómo terminará en el resto de España, podéis contar conmigo y con mi lealtad de hombre y de político[13].

De hecho, Companys estaba ofreciendo a la CNT-FAI la posibilidad de tomar el poder en solitario o unir sus fuerzas a las de otros partidos del Frente Popular en el CCMA (Comité Central de Milicies Antifeixistes), un organismo nuevo compuesto de grupos políticos y sindicales pro republicanos, encargado de organizar la lucha para recuperar aquellas zonas donde la sublevación militar había triunfado[14].

La toma del poder o la organización de estructuras políticas revolucionarias no formaban parte de los planes de los líderes cenetistas y faístas, y no estaban preparados para consolidar su victoria en las calles imponiendo una estructura política nueva. Por tanto, a diferencia de la revolución francesa y la rusa, la española no destruyó el antiguo aparato estatal[15]. A cambio, conscientes de la impotencia de Companys y del orden republicano, los anarquistas optaron sencillamente por ignorar lo que quedaba del viejo Estado. En una asamblea improvisada y convocada apresuradamente, los activistas de la CNT-FAI se comprometieron a la «colaboración democrática» con los republicanos por el bien de la unidad en la guerra contra el fascismo, aceptando la oferta de Companys de compartir el poder con los republicanos burgueses y otros grupos del Frente Popular. Entre los líderes de la CNT-FAI, sólo García Oliver planteó la posibilidad de «ir a por el todo» para lograr la transformación social; sin embargo, su postura sólo la compartía una minoría pequeña de sus camaradas, mientras que para muchos otros García Oliver no era más que un partidario de la «dictadura anarquista»[16]. Por consiguiente, el 21 de julio, quedó establecido el CCMA interclasista[17]. En apariencia se trataba de un organismo revolucionario, pero en esencia era más bien un gobierno y ministerio de guerra bajo el control de los sindicatos que, como tal, permitía a los anarquistas participar en el poder sin comprometer sus principios antiestatales[18]. Para los partidarios de la República, por el contrario, la creación del CCMA suponía una pausa en el camino del cambio político revolucionario, pues con éste quedó preservada la legalidad del Estado republicano burgués y, como veremos más adelante, los republicanos lograron prevalecer sobre los líderes de la CNT-FAI, con menos experiencia política.

La revolución urbana desde abajo

Mientras los líderes anarquistas se comprometían a la «colaboración democrática» con los representantes políticos de las clases medias, las bases de la CNT-FAI llevaban adelante su revolución en las calles de Barcelona, reorganizando los medios de producción y asumiendo el control de las fábricas y la propiedad en lo que sería el mayor festival revolucionario de la historia contemporánea europea. En la mayor parte de las zonas donde se había sofocado la sublevación, los sectores más revolucionarios de la clase obrera urbana y rural no tenía ningún interés en volver al statu quo vigente antes del fallido golpe militar, e interpretaron el triunfo sobre el ejército como una oportunidad para cumplir con su sueño colectivo de justicia social y económica. En el caso de Barcelona, estos sueños estaban estructurados y conjugados a través de la experiencia de las protestas colectivas de acción directa y de las bases culturales que analizamos en los capítulos 2 y 7. En este sentido, las transformaciones urbanas que ocurrieron a partir de julio de 1936 eran la continuación de una lucha mucho más larga de los obreros en defensa de su «derecho a la ciudad»[19].

Este nuevo poder de la clase obrera en las calles se centraba en las barricadas. El 24 de julio, Solidaridad Obrera informó: «Barcelona está poblada de barricadas nutridas de defensores de libertades proletarias […]. Centenares de barricadas defienden la ciudad proletaria contra todos sus enemigos[20].» Como observaría un testigo, «Barcelona se había convertido en un laberinto de barricadas», que representaba la victoria de los obreros y su deseo de un nuevo orden[21].

Como símbolo movilizador, las barricadas eran una afirmación del espíritu de solidaridad y de la autonomía comunitaria de los barris, mientras que, en términos prácticos, jugaron un papel clave en la victoria popular durante las luchas de julio, dificultando el movimiento de los militares rebeldes y sus partidarios civiles, y protegiendo a los barris de los posibles ataques de los insurgentes[22]. Las barricadas también tuvieron una importancia considerable en la revolución: no sólo sirvieron para trastornar los ritmos y conductores de poder dentro de la antigua ciudad burguesa, sino que además, en los días de euforia revolucionaria y huelga general que siguieron a la derrota del golpe militar, los obreros armados extendieron su poder a lo largo de Cataluña y hasta Valencia y Aragón a través de una red de puestos de vigilancia[23]. Por otra parte, cuando la CNT de Barcelona hizo un llamamiento a los obreros para volver al trabajo, sólo se desmantelaron aquellas barricadas que impedían la circulación de tranvías y autobuses; las demás se quedaron donde estaban, como indicadores del nuevo poder de los trabajadores[24].

Las barricadas eran la herramienta espacial de una nueva fuerza: la red de comités revolucionarios armados, locales y de barrio, que controlaba el movimiento interior, las entradas y las salidas de la ciudad, y que constituía el núcleo más importante del poder revolucionario[25]. Las bases formaron los comités como respuesta al vacío de poder que siguió a la ruptura del Estado republicano en julio. Durante las primeras semanas de la revolución, el poder estuvo casi totalmente en manos de los comités locales, organismos que, en palabras de un manifiesto sindical, ejercían «una autoridad […] con el sello de las barricadas»[26]. La fuerza de la independencia revolucionaria desbancó a las instituciones autonómicas catalanas: las milicias obreras y sus barricadas controlaban la frontera franco-catalana y la responsabilidad de la defensa estaba en Barcelona, no en Madrid. La autoridad de los comités revolucionarios eclipsó al mando del gobierno central y de la Generalitat (véase foto 8.3). A pesar de los sentimientos antiestatales de los líderes anarquistas y de sus partidarios, los comités funcionaban como manifestación local del poder ejecutivo, imponiendo una especie de dictadura del proletariado en las calles de Barcelona[27].

Asimismo, el poder obrero se ejercía a través de una serie de grupos armados reclutados localmente, como las milicias de retaguardia, los grupos de investigación y vigilancia, las patrullas de control y las milicias que partieron para luchar en las zonas controladas por los insurgentes. Formadas por comités revolucionarios locales para la defensa de la comunidad, estas cuadrillas armadas imponían la «justicia de clase» en los barris y llevaban a cabo redadas punitivas en las zonas residenciales burguesas, frecuentemente en coches requisados a los ricos, en busca de «enemigos del pueblo»: aquellos que supuestamente habían apoyado el antiguo sistema urbano y/o el golpe militar, ya fuese activamente o creando un clima social y político favorable a los rebeldes[28]. En esencia, las cuadrillas perseguían un objetivo de pureza comunitaria, un vecindario purgado de reaccionarios, y la construcción de una ciudad revolucionaria mediante la erradicación violenta de las redes sociales que perpetuaban la antigua ciudad. Para determinar las lealtades sociales y políticas y la conducta pasada de los detenidos, los conocimientos locales de los defensores armados de la revolución eran una joya que les daba una ventaja real y letal sobre la distante burocracia[29].

Foto 8.3. Mujeres milicianas anarquistas, 1936 (José Peirats, The CNT in the Spanish Revolution, vols. 1-3, ChristieBooks/Meltzer Press).

Se ha criticado mucho la forma rápida y ejemplar con que administraban justicia a mano armada los grupos revolucionarios[30]. Sin embargo, durante y después de la guerra, fue una práctica común exagerar tremendamente los informes sobre la represión, como en el caso de las historias de los revolucionarios que violaban a monjas; incluso ciertos franquistas acabarían reconociendo que muchos relatos no eran más que pura fantasía con el objetivo de ganar la guerra de propaganda[31]. Igualmente, es injusto atribuir toda la violencia a los anarquistas radicales pues hubo mucho «terror revolucionario» en zonas donde el anarquismo era débil[32]. Además, no debemos olvidar el contexto inmediato de la violencia de julio y agosto: la inseguridad y paranoia generada por los francotiradores y pistoleros de la «quinta columna», y la rabia por las noticias de la matanza sistemática de militantes cenetistas en Zaragoza llevada a cabo por los fascistas y el ejército, y que hizo que Solidaridad Obrera publicase en grandes titulares: «¡Ojo por ojo, diente por diente!»[33]

Existía, sin embargo, una diferencia cualitativa y cuantitativa entre la violencia de las zonas controladas por los fascistas, donde se utilizaba abiertamente como recurso terrorista con el que someter a las masas potencialmente «desleales» y/o aplastar la resistencia de la población civil, y la de la zona republicana, donde, a medida que fue pasando el tiempo, las organizaciones antifascistas y las autoridades lucharon por limitar el grado de la violencia «extraoficial» y «espontánea»[34]. Esto quedó ilustrado más claramente en el caso de algunos de los partidarios de las expropiaciones. Tras los eventos de julio, los «presos sociales» —expro-piadores, «hombres de acción» y anarquistas extranjeros clasificados como «delincuentes comunes» y que, por tanto, no habían sido incluidos en la amnistía de febrero del gobierno del Frente Popular— fueron liberados de la cárcel Modelo de Barcelona[35]. Al salir, muchos se unieron a las milicias que luchaban contra el fascismo, y otros se quedaron en Barcelona y pasaron a formar parte de las patrullas que vigilaban la retaguardia. Entre éstos se encontraba Joseph Gardenyes que, junto a otros miembros de su grupo de afinidad y anarcoindividualistas, continuaron siendo devotos de las acciones ilegales. En las circunstancias que siguieron a la sublevación de julio, Gardenyes y grupos como el suyo se negaron a abandonar su «política ilegalista», lo que produjo aprensión ante las actividades de los incontrolados que estaban explotando la nueva situación en su propio beneficio. Por miedo a que las prácticas «ilegalistas» desprestigiasen a la organización y al proyecto revolucionario, los líderes de CNT-FAI hicieron pública una declaración en la que advertían que cualquiera que llevase a cabo «registros domiciliarios» o cometiese «actos en contraposición con el espíritu anarquista» o comprometiese el nuevo «orden revolucionario», sería fusilado[36]. Esta amenaza se materializó más adelante en el caso de Gardenyes, detenido por miembros de las patrullas y ejecutado sin juicio, lo que llenó de indignación a muchos de los radicales del movimiento anarquista[37].

En contra de la opinión pro franquista conservadora sobre «la venganza del terror rojo […] un torrente de asesinato y criminalidad»[38], la mayoría de los homicidios en Barcelona durante la Guerra Civil no fueron obra de los nuevos grupos milicianos; más bien ocurrieron de forma organizada bajo el tutelaje de las autoridades republicanas en la fortaleza militar de Montjuïc[39]. Sin duda, el hecho de que los obreros tuviesen armas y no estuviesen bajo el control del antiguo aparato del Estado, hizo que muchos se tomasen la justicia por su mano; sin embargo, las sugerencias de algunos historiadores de que el «terror» fue una «ola de violencia ciega» de «vándalos» socialmente desarraigados, están muy lejos de la realidad[40]. Obviamente, no existe un censo o registro de los miembros de los grupos revolucionarios armados, pero las pruebas anecdóticas y autobiográficas sugieren que entre éstos había un alto número de obreros cualificados. Los grupos también incluían activistas de las principales organizaciones antifascistas anteriores a la Guerra Civil, con un cierto nivel de educación y experiencia política. De hecho, muchos de los comités revolucionarios de barriada aparecieron como resultado de la transformación de los espacios políticos y sociales organizados de la clase obrera (grupos de defensa armados de la CNT a cargo de los piquetes y de la seguridad durante las asambleas y manifestaciones, comités sindicales y asociaciones comunitarias, como los ateneos), o sea, la misma sociedad proletaria paralela y autónoma que la sublevación de julio de 1936 amenazaba con destruir. Además, las patrullas, el organismo más parecido a una fuerza policial revolucionaria, reclutaban sus miembros entre los propios residentes de los distritos que tenían a su cargo, basando su fuerza en las redes locales de solidaridad, amistad, parentesco y vecindad, y asumiendo muchas otras de las funciones de una fuerza policial comunitaria[41]. Por ejemplo, las patrullas se encargaron de «eliminar» a los elementos «antisociales» de los barris, como chulos y camellos[42].

Al mismo tiempo, la violencia estaba estrechamente vinculada a la simbología de la sociedad obrera y a la interpretación del mundo de los habitantes de los barris. Así, su blanco eran los «forasteros», definidos por el discurso cenetista como un «otro» inmoral y parasitario que vivía del sudor y del trabajo de los obreros y que debía ser «limpiado» por el «bien de la salud pública», en otras palabras, por el bien de la comunidad[43]. Peiró, anarcosindicalista moderado, resumió esta estructura emocional de la siguiente forma:

La revolución es la revolución, y es de sentido común que la revolución comporte derrame de sangre. El sistema capitalista, el poder temporal de la Iglesia y el imperio de todos los caciquismos, a través de los siglos han estado sostenidos y alimentados por el dolor y la sangre del pueblo. Es lógico, entonces, que al triunfar el pueblo, sea derramada la sangre de los que durante muchos siglos han mantenido el poder y el privilegio a través de la violencia organizada, produciendo dolor innecesario, y sembrando malestar y muerte[44].

Resulta sorprendente, por tanto, que pese a que algunos industriales perdieron la vida después de julio, tan sólo una proporción minúscula de los asesinados en la zona de Barcelona durante la Guerra Civil y la revolución eran patronos o gerentes[45]. De hecho, no existía un plan para eliminar a la burguesía como clase, y los miembros de las patrullas y de los comités revolucionarios de distrito a menudo protegían a los capitalistas, llegando incluso a intervenir para salvar la vida de algunos de éstos[46]. Los industriales, mientras tanto, al igual que la clase media en su conjunto, contaban con la protección política de los grupos republicanos y, cada vez más, del recientemente formado PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), paladín de la pequeña y mediana burguesía de la ciudad. Casi todos los industriales asesinados, sin embargo, murieron entre julio y noviembre de 1936, durante lo que se puede describir como un periodo de «violencia revolucionaria». El blanco de esta violencia eran los círculos tradicionales de poder urbano y, así, se atacaba a los enemigos políticos y sociales de la ciudad revolucionaria, en especial a los representantes de la Iglesia, la principal estructura ideológica del viejo orden urbano, y a los miembros de las fuerzas armadas. En los barris, por tanto, se consideraba a la mayor parte de los muertos como objetivos legítimos de la represión, o, según la vox pópuli, de los «ajustes de cuentas»[47]. Esto resultó más que obvio en el caso de Planes, el periodista de La Publicitat que tanto había contribuido a los «pánicos morales» sobre los «atracadores anarquistas», y cuyo cuerpo apareció en la carretera de la Arrabassada, un lugar aislado a las afueras de la ciudad que se volvió notorio como punto de destino de los paseos que daban los obreros armados a los contrarrevolucionarios, ya fuesen sospechosos o culpables. También serían asesinados varios policías y figuras odiadas, como Ramón Sales, el fundador de los Sindicatos Libres[48].

En términos políticos, el principal órgano de poder revolucionario —los Comités de Distrito, distintos a los organizados por la CNT que mencionamos en capítulos anteriores— nunca fue tan democrático como los Soviets: no se practicaba una auténtica democracia directa, y los delegados, cuya posición a menudo se debía al respeto que por ellos sentía la comunidad, no podían ser cambiados en cualquier momento por sus bases. Sin embargo, mientras que la mayoría de los miembros de los Comités de Distrito pertenecían a la CNT, nominalmente eran independientes de las organizaciones obreras formales y a menudo no seguían las órdenes de la Confederación[49]. A cambio, una mayoría aplastante de los comités practicaba una forma radical de democracia de barrio, inspirada en la cultura obrera de Barcelona, con su énfasis en la autosuficiencia comunitaria. Los Comités de Distrito formaban la base del único cuerpo auténticamente revolucionario, la efímera Federación de Barricadas, fundada por activistas de base al calor de la lucha de julio contra el ejército[50]. Esta Federación era una forma embrionaria de alternativa revolucionaria al poder estatal, parecida a las Federaciones de Distrito de la Comuna de París, o a los consejos establecidos durante otras insurrecciones obreras urbanas de importancia, como París (1848 y 1871), Petrogrado (1917), Berlín (1918-1919) y Turín (1920). Como experimento de poder local, sobrepasó a la Comuna de París. Al igual que el viejo Estado, la Federación de Barricadas tenía un brazo armado, basado en el «cuartel Bakunin», anteriormente Cuartel de Pedralbes, un importante puesto de reclutamiento para las milicias anarquistas. Sin embargo, la Federación puso de relieve uno de los defectos principales de la revolución: la ausencia de un nuevo aparato institucional que diese expresión al deseo popular de revolución y las imposiciones objetivas de una guerra civil, pues aunque en julio la Federación de Barricadas utilizó tácticas revolucionarias en la lucha por las calles, los suyos eran en esencia objetivos a corto plazo: el aplastamiento de la sublevación militar y el control del espacio urbano. Además, ninguna organización argumentó a favor de la transformación de la Federación de Barricadas en una asamblea o gobierno revolucionario auténtico[51].

Semejante falta de disposición para crear una autoridad revolucionaria coordinadora puede, en parte, atribuirse a la ideología de la dirección anarcosindicalista; sin embargo, también refleja la cultura antiestatal de la clase obrera local. De hecho, las bases estaban interesadas principalmente en el poder en el ámbito local y no en la creación de nuevas estructuras. No se puede, entonces, hablar de una «dualidad de poderes», ya que lo que realmente existía era una multiplicidad de poderes dispersos y localizados en una serie de ámbitos espaciales separados, en el lugar de trabajo, en el barrio y en la ciudad. En términos generales, el poder estaba dividido entre los órganos del viejo Estado representados por la Generalitat, la dirección de la CNT-FAI y las bases obreras de los comités revolucionarios y de fábrica locales[52].

Sin embargo, a partir de julio, las limitaciones políticas de la revolución quedaron encubiertas por el triunfalismo popular, la sensación de que finalmente los obreros como clase estaban a cargo de su propia historia[53]. Como diría con perspicacia un activista: «Grupos de hombres y mujeres, manifestaban de forma ostensible y casi escandalosa la alegría de los vencedores. Como si todo estuviese ya hecho, conseguido, cuando en realidad lo más importante y difícil está, aún, sin iniciar[54].» Las calles rebosaban de este triunfalismo, pues era allí donde los obreros disfrutaban de las libertades adquiridas tras el desplazamiento del aparato estatal que antes había regulado el acceso al espacio público. Un obrero lo expresaría de la siguiente forma: «la calle era nuestra»[55]. Esta nueva sensación de poder en las calles, las fábricas y los barrios, intoxicó especialmente a los activistas, que la interpretaron como la victoria definitiva sobre sus enemigos, poniendo su fe en el carácter invencible del «pueblo en armas», mostrando ostentosamente sus nuevas armas, uno de los símbolos más importantes del poder de la clase obrera, y los coches que habían confiscado a las gentes acomodadas, en un ambiente que recordaba al carnaval, estimulado por la sensación popular de liberación. El poder armado proletario parecía supremo y muchos confundían la victoria sobre el ejército con la victoria de la revolución. Mientras tanto, la introducción de la sindicación obligatoria permitió a la CNT recuperar la fuerza que había tenido en 1931, e incluso más: en marzo de 1937, la afiliación del sindicato había alcanzado un nivel sin precedentes, y afirmaba tener, sólo en Cataluña, 1.200.000 miembros[56]. En vista de la situación, un líder anarquista comentaría: «Dominar la CNT en Barcelona podía ser sólo el sueño de locos[57].»

En el ámbito cotidiano, la apariencia de triunfo proletario era aún mayor porque las estructuras dominantes y los distintivos colectivos del poder y rango burgués, como el dinero, las corbatas y los trajes, habían sido desplazados por un conjunto nuevo de símbolos y emblemas obreros. En medio de una proletarización generalizada de la vida diaria, los sombreros y las corbatas dejaron de verse en las calles y muchos miembros de las elites y las clases medias adoptaron prudentemente la moda obrera, en especial aquellos que tenían algo que temer, y los integrantes del clero, que tomaban ropa prestada de sus criados o de aquellos obreros más compasivos, en un intento de evitar la «justicia revolucionaria». En algunos casos extremos, los ricos emularon la forma de vestir de los anarquistas radicales y de los milicianos[58]. El rojo y negro de la CNT-FAI, uno de los indicativos del nuevo poder urbano, pasó a dominar el paisaje urbano: podía verse en enormes banderas que cubrían los edificios ocupados, colgando de los balcones, en los tranvías colectivizados y en las gorras, pañuelos y chapas que se vendían en los puestos de las Ramblas[59]. El aspecto visual de la ciudad parecía confirmar la llegada de una nueva democracia obrera: edificios, palacios y hoteles adornados con pancartas, con lemas y retratos de líderes revolucionarios, y paredes convertidas en tribunas populares, decoradas con propaganda, graffiti, carteles y manifiestos, toda una exposición democrática del saber popular en las calles.

Hasta mayo de 1937, cuando el Estado republicano reafirmó su autoridad, los comités revolucionarios de distrito permitieron a las comunidades locales tomar el control del espacio construido y ejercitar un nuevo poder en el día a día. A medida que los comités se hicieron cargo de los problemas inmediatos de los barris, se desarrolló un nuevo conjunto de relaciones sociales y prácticas solidarias. Por ejemplo, justo después del golpe, con las tiendas cerradas y la industria y el comercio paralizados, los comités revolucionarios de distrito formaron los Comités de Aprovisionamiento para organizar la distribución de comida en los barris. En la práctica, los grupos armados expropiaron alimentos y ropas esenciales en tiendas y almacenes para luego repartirlos en los barris a través de los comités revolucionarios locales. En un nuevo intento de simplificar la provisión de alimentos, y reflejando la misma experiencia de la democracia de barrio que sustentó la huelga de inquilinos de 1931, los comités locales y los sindicatos de la ciudad fundaron una red de comedores populares, distribuyendo bonos para las comidas.

Resulta irónico que la fiesta urbana revolucionaria de las calles comenzase el mismo día en que los líderes anarquistas accedieron a compartir el poder con otros partidos del Frente Popular en el CCMA: el 21 de julio de 1936. Grupos de obreros, en su mayoría organizados a través de los comités revolucionarios locales, y otras organizaciones políticas y sindicales, ocuparon los barrios de las elites, las propiedades de la Iglesia, las oficinas de empresas, los hoteles y los palacios de los ricos[60]. Esta pauta se repitió por toda la ciudad, con grupos antifascistas, e incluso pequeños grupos de anarquistas, ocupando las casas de la gente acomodada[61]. Y, así, justo cuando la dirección de la CNT-FAI se comprometía a colaborar con las fuerzas democráticas, sus partidarios de base iniciaban la revolución en la calle.

Como veremos a continuación, los cambios en el espacio urbano fueron especialmente dramáticos en el caso de la avenida comercial Via Laietana, orgullo de la burguesía local. Rebautizada Vía Durruti tras la muerte del legendario líder anarquista en el frente de Madrid en noviembre de 1936, esta avenida se convirtió en símbolo del poder recientemente adquirido por las organizaciones revolucionarias. La CNT ocupó el edificio del Banco D’Espanya[62], y la Casa Cambó, antigua oficina central de la Federació Patronal Catalana, principal asociación de patronos catalanes, pasó a ser la Casa CNT-FAI, punto neurálgico del movimiento anarquista y sindicalista de Barcelona. Este edificio también alojaría a la AIT, el organismo internacional de los sindicatos anarcosindicalistas, gracias a la ampliación del inmueble llevada a cabo por el Sindicato de la Construcción de la CNT, convirtiéndose de esta forma en un centro revolucionario mundial[63]. Asimismo, la Via Laietana reflejaba la naturaleza cambiante de las fuerzas represivas de la ciudad: antes de la revolución, la comisaría general de la policía se encontraba en esta calle; después de julio, se instalaron allí varios organismos armados de la clase obrera, como los Comités de Defensa de la CNT que ocupaban todo un edificio de oficinas, y los Servicios de Investigación, una especie de policía obrera, instalados en la colindante Casa CNT-FAI. La revolución de julio, por tanto, permitió a la clase obrera reivindicar y reocupar un espacio del que había sido expulsada a principios de siglo, desafiando la estrategia burguesa de marginación y exclusión espacial[64].

En cuanto a los logros materiales y económicos de la ciudad revolucionaria, éstos databan del 27 de julio, cuando la CNT hizo un llamamiento para la vuelta al trabajo, provocando una segunda ola de ocupaciones de fábricas y lugares de trabajo, y los obreros tomaron el control de los medios de producción[65]. Tan sólo en Barcelona se colectivizaron unas 3000 empresas[66]. Sin embargo, ningún grupo revolucionario había pedido públicamente la expropiación de la burguesía; más bien, los obreros se pusieron al mando de las fábricas como respuesta al alto número de gerentes y patronos que habían huido de la ciudad o habían sido asesinados. Al mismo tiempo, hubo otros patronos que se quedaron trabajando, principalmente aquéllos con conocimientos y aptitudes técnicas, y que pasaron a ganar el mismo sueldo que sus trabajadores[67].

La transformación del lugar de trabajo se hizo de acuerdo con la interpretación anarquista de las relaciones sociales, según la cual el fin de la alienación laboral implicaba la superación de las fronteras artificiales erigidas dentro de la ciudad capitalista entre lo social y lo económico, entre el trabajo y el ocio. Así, se llevó a cabo un esfuerzo notable para acabar con la separación física entre el trabajo y la comunidad: en las fábricas más importantes, se crearon guarderías que permitieron a las mujeres salir del ámbito doméstico y participar en el ámbito laboral; en algunos lugares de trabajo, se introdujeron programas educativos ambiciosos, como cursos diurnos de enseñanza secundaria y de idiomas extranjeros, que coincidían con los descansos en la producción; también se establecieron bibliotecas, permitiendo a los obreros ampliar sus horizontes intelectuales en el lugar de trabajo y ayudando a armonizar los aspectos sociales con los aspectos económicos de la vida diaria. Sin embargo, como ha demostrado Michael Seidman, las exigencias de una guerra civil y la aceptación por parte de la dirección de la CNT-FAI de una ideología productivista que buscaba maximizar la producción bélica, socavaron gravemente estas iniciativas y no se pudo acabar con la alienación laboral[68].

Mayor éxito tendría el aumento de los servicios urbanos de la ciudad que ocurrió a partir de julio, cuando por fin se pudo lidiar con viejas exigencias sobre nuevas formas de consumo colectivo mediante la organización de servicios de asistencia, vivienda y públicos, más cercanos a las necesidades prácticas de las comunidades. Incluso existen fuentes hostiles que admiten el crecimiento de los servicios sociales durante la revolución[69]. Entre otras cosas, se colectivizaron con fines solidarios espacios construidos para el uso exclusivo de la burguesía. Por ejemplo, el cambio de función de los hoteles reflejaba claramente las prioridades sociales de la ciudad revolucionaria; el Ritz se convirtió en el Hotel Gastronómico n° 1, un comedor popular bajo control sindical que daba de comer a los miembros de las milicias, a los desposeídos urbanos de los barris pobres del centro, a los artistas de cabaret y a los obreros de las fábricas (véase foto 8.4)[70]. Como parte de este esfuerzo para abrir y humanizar los espacios de las elites, se estableció una cantina que servía comidas a los miembros de la comunidad local en una antigua oficina de la asociación de patronos[71]. Las casas privadas de las clases acomodadas también pasaron a ser utilizadas como restaurantes públicos o como residencias para los «sin techo», los refugiados y los ancianos, y para aquellos que vivían en alojamientos abarrotados. Mientras tanto, se establecieron comités especiales en el ámbito local con el objetivo de facilitar oportunidades laborales a los parados, especialmente en programas de construcción. Para el resto se creó un nuevo sistema de distribución que permitía adquirir sin pagar alimentos en las tiendas de la zona y comer gratis en cantinas públicas. Este tipo de asistencia, en marcha a partir de julio, prácticamente erradicó la mendicidad[72].

Foto 8.4. Hotel Gastronómico n.° 1, antiguo Ritz de Barcelona, uno de los muchos comedores populares establecidos a partir de julio de 1936 (Francesc Bonamusa, Pere Gabriel, Josep Lluís Martín Ramos y Josep Termes, Història Gràfica del Moviment Obrer a Catalunya, Barcelona, 1989, p. 314).

Aún más ambiciosa fue la extensión de los servicios médicos. Los comités revolucionarios locales empezaron organizando la atención médica que requerían los heridos de las luchas callejeras de julio. A esto le siguió un impulso concertado para mejorar los servicios médicos en los distritos obreros y reducir el abismo entre los barris y las zonas residenciales de las elites. Así, en julio de 1937, además de varios centros médicos locales ubicados en casas que antiguamente habían pertenecido a los ricos, se establecieron seis nuevos hospitales[73].

La enseñanza sería otro campo que experimentaría un gran crecimiento, una misión que encajaba a la perfección con la máxima anarquista de que el conocimiento era una condición previa esencial para la liberación. El 27 de julio, apenas una semana después de sofocar la sublevación militar, un decreto de la Generalitat estableció el CENU (Consell de l’Escola Nova Unificada/Consejo de la Escuela Nueva Unificada), una autoridad educativa inspirada principalmente en los pedagogos anarquistas. El Consejo estaba ubicado en el enorme edificio de un centro universitario religioso del centro de Barcelona. El mensaje educativo de este organismo recalcaba la conciencia de clase, la creación de «agentes activos» que luchasen deliberadamente contra la opresión. En l’Hospitalet, durante los primeros cinco meses de la revolución, el número de niños en la escuela se duplicó hasta llegar a los 8000[74]. Durante este periodo se establecieron 20.000 nuevas plazas escolares en Barcelona; por primera vez en la ciudad, el derecho a la educación era real en la práctica. Hacia la primavera de 1937, el CENU se ocupaba ya de la coordinación de las actividades de 4700 profesores en 300 escuelas repartidas por toda Cataluña[75].

Aunque el Sindicato de la Construcción de la CNT se ocupó de construir varias de estas nuevas escuelas, la mayoría estaban ubicadas en edificios confiscados. Los colegios religiosos y los conventos se convirtieron en lugares de enseñanza secular: un antiguo seminario pasó a ser la Universidad Obrera, mientras que algunas iglesias fueron remodeladas por el Sindicato de la Construcción como escuelas[76]. En las casas de los ricos también se fundaron bibliotecas públicas y colegios, para los cuales se colectivizaban de forma rutinaria las colecciones privadas de libros allí alojadas. Reflejando la postura moral de la CNT, se estableció una escuela en una antigua sala de fiestas[77]. Los anarquistas continuaron con las iniciativas culturales de la CNT-FAI anteriores a la guerra, llevando sus cursos de educación para adultos a los ateneos, muchos de los cuales pudieron incrementar sus actividades y llegar a más gente ampliando sus instalaciones o mudándose a edificios que anteriormente habían pertenecido a los ricos o a la Iglesia.

La revolución urbana también implicaba la destrucción creativa de los antiguos hacedores de poder, rango y privilegio, en una afirmación del poder revolucionario sobre el paisaje urbano y en un intento de establecer un horizonte sin jerarquías. En el aspecto simbólico, los puntos de referencia urbanos como los nombres de las calles en honor a aristócratas, banqueros, monarcas, vírgenes y santos fueron sustituidos por los de héroes de la revolución, como Engels, Kropotkin, los mártires de Chicago y Montjuïc o Espartaco, figuras literarias como Dostoievski, y en el caso de la «Calle de la Revolución Social», simplemente en homenaje a la revolución. Otros espacios recibieron su nombre de aquellos que habían caído en la lucha contra el fascismo, por ejemplo, la Plaza del Miliciano Desconocido[78]. De forma similar, en una reforma radical del espacio construido, se destruyeron otros puntos de referencia simbólicos del viejo orden urbano, como los monumentos burgueses. En los días que siguieron a las luchas de julio, aparecieron pintadas sobre la estatua dedicada al Conde Güell, uno de los miembros más ilustres de la burguesía barcelonesa, y una pintada que decía «Victimes 19 Juliol»[79]. Asimismo, se retiraron otras estatuas cargadas de significado para las elites; el movimiento juvenil anarquista quitaría el monumento del monárquico general Prim, que más tarde se fundiría para ser utilizado por las industrias de guerra[80].

El automóvil sería otro símbolo de estatus burgués del que se apropiaron con júbilo los revolucionarios. Prácticamente todos los informes hostiles sobre la primera revolución de la Era del motor resaltan la irracionalidad de aquellos trabajadores que confiscaban los coches de los ricos, pintando en las carrocerías las iniciales CNT-FAI antes de destruirlos en accidentes de tráfico —que, en ocasiones, acabaron también con las vidas de los ocupantes—, causados por la falta de experiencia al volante o por la conducción temeraria de hombres «descabellados» o «locos»[81]. Pero la motorización revolucionaria tenía su propia lógica. En primer lugar, la destrucción de los coches reflejaba el deseo de establecer un conjunto nuevo de relaciones espaciales, así como la resistencia a los intentos de las autoridades locales y centrales de imponer un nuevo orden urbano de consumo controlado, con nuevas reglas de circulación y semáforos para mejorar el movimiento de capital y mercancías. La destrucción de tantísimos semáforos durante las luchas de julio, y el hecho de que los revolucionarios ignorasen los que quedaban, se pueden interpretar como una protesta contra los ritmos cambiantes de la ciudad capitalista, un desafío radicado en una cultura de clase obrera que desde hacía tiempo se definía a través de su hostilidad hacia formas de transporte mecanizadas y capitalizadas, como los tranvías y los coches, cuya presencia amenazaba la íntima geografía social de los barris. De hecho, a diferencia de los miembros de las elites, los obreros tenían una relación más directa con las calles y su experiencia de la vida urbana era muy distinta, como vimos en el capítulo 2.

Además, una vez que se propagó la noticia de la sublevación, la decisión de confiscar vehículos era perfectamente razonable: los obreros armados no sólo aumentaron su propia movilidad en la lucha contra los insurgentes, sino que además evitaron la utilización de los mismos por parte de los contrarrevolucionarios[82]. Seguramente, el motivo de las pintadas de las siglas CNT-FAI en los coches no fuese la identificación en las barricadas, ya que hubiese sido muy fácil para los contrarrevolucionarios hacer lo mismo; más bien, nos encontramos ante un símbolo de la victoria obrera sobre el viejo orden y su conquista de los iconos del privilegio burgués. Para los motoristas revolucionarios, los coches eran una demostración vibrante del nuevo poder que tenían sobre sus vidas y era inevitable que algunos disfrutasen de ese poder a través del juego. Serían estos juegos, en palabras de un observador del comportamiento revolucionario urbano, los que convertirían a Barcelona en una «escuela improvisada de chóferes», y «un cementerio para los automóviles» (véanse fotos 8.5a y 8.5b)[83]. Asimismo, se puede considerar la destrucción de los coches como un ejemplo más del empuje asceta de la revolución española, una iconoclastia anticonsumista proletaria dirigida contra un elemento importante del naciente sistema de capitalismo de consumo. Mientras tanto, pese a los casos de conducción temeraria durante la revolución, los accidentes de tráfico obviamente no eran algo nuevo, y ya antes de la revolución la capacidad de los conductores y la seguridad en las carreteras causaban gran preocupación. Por encima de todo, sin embargo, las condenas contra la motorización proletaria recalcaban la angustia de las elites ante la desaparición del control burgués de la ciudad[84]. En este contexto se explica la turbación que despertaban «los autos del miedo y muerte»[85], utilizados para dar paseos a los que, antes de la revolución, habían sido sus dueños[86].

Foto 8.5 (a y b). Cementerio de coches (Alfonso Carrasco, ¡Barcelona con el puño en alto! Estampas de la revolución, Barcelona, 1936).

La revolución urbana también suponía la destrucción de ciertos elementos de la arquitectura de la represión estatal. Un ejemplo pertinente fue el caso de la prisión de mujeres de la Calle Amalia en el Raval, principal cárcel de la ciudad en el pasado y escenario de ejecuciones en el siglo XIX. Su población reclusa incluía un alto número de obreras pobres, obligadas a prostituirse durante periodos de dificultades económicas. Las monjas que trabajaban en el recinto tenían fama de brutales y de ejercer prácticas de carácter inquisitorial y, así, para muchos trabajadores, la cárcel de mujeres era un símbolo especialmente despreciable de la tiranía y oscurantismo del viejo orden. Por tanto, fue casi inevitable que, el 19 de julio, al poco tiempo de terminar la lucha en las calles, una muchedumbre asaltase la prisión y dejase a las presas en libertad. Cuando quedó vacío el edificio, los miembros de la comunidad local echaron abajo una parte del mismo, y en un intento de humanizarlo hicieron ondear la bandera rojinegra de la CNT sobre el tejado y colocaron un letrero fuera que decía: «Esta casa de tortura fue cerrada por el pueblo, julio de 1936»[87]. Más tarde, en una asamblea de la asociación anarcofeminista, Mujeres Libres, se tomó la decisión de demoler la prisión; el 21 agosto el Sindicato de la Construcción llevaría a cabo esta empresa[88].

Durante la revolución, se cerrarían muchos otros espacios cuya presencia traía recuerdos de la represión de los regímenes anteriores, como el Asilo Durán, un correccional de menores a cargo de la Iglesia, sinónimo en los barris de la tortura y el abuso, en ocasiones sexual, de sus internos de clase obrera[89]. Por otra parte, como afirmación de la memoria proletaria y como ataque a la memoria oficial, grupos de obreros armados destruyeron los archivos de los juzgados y los registros de la administración de la Compañía de Tranvías de Barcelona, donde cientos de trabajadores habían sufrido persecuciones tras una larga y enconada huelga que acabó tan sólo unos meses antes de la revolución[90].

Por otra parte, se castigó a los considerados como responsables del golpe militar mediante la destrucción de su propiedad, lo que encajaba con la cultura obrera de resistencia a la lógica espacial del control burgués de la ciudad, mostrando signos de repertorios de protesta de otros tiempos (véase foto 8.6)[91]. Existen muchos informes sobre la destrucción y saqueo de las casas de los ricos y de los políticos de derechas, así como de los intereses económicos italianos y alemanes[92]. Muchas fuentes fiables, incluyendo varios informes de testigos presenciales, confirman la naturaleza ordenada de estas protestas[93], que tenían también un carácter normativo: por ejemplo, tras un ataque a las oficinas de una compañía naviera italiana, se lanzaron a la calle muebles y otros objetos con un cartel que decía: «Estos muebles son propiedad de extranjeros que han perdido la honra. No pierdas la tuya cogiéndolos[94].»

Foto 8.6. Unos obreros queman propiedades, julio de 1936. También se puede ver uno de los muchos caballos que murieron en las luchas callejeras. Ateneu Enciclopèdic Popular.

Con todo, el ejemplo más polémico de «creación destructiva» probablemente fuese el ataque a las propiedades de la Iglesia. La represión religiosa fue un aspecto singular de la revolución española. En casi toda Barcelona, los comités revolucionarios locales organizaron la ofensiva inicial contra la Iglesia durante las «jornadas de justicia humeante»[95]. Toda una serie de observadores, tanto extranjeros como autóctonos, resaltan la naturaleza deliberada de las acciones de la muchedumbre en la transformación de los espacios religiosos. Así, el sociólogo alemán Franz Borkenau describió la quema de una iglesia en el centro de Barcelona como «un asunto administrativo», con el cuerpo de bomberos cerca para evitar que el fuego se propagase a los edificios contiguos[96]. Además, el ataque a la Iglesia tenía un fuerte elemento político y moral: un miembro de una multitud anticlerical invitó a Stansbury Pearse, un hombre de negocios que vivía en Barcelona, a que se uniese al asalto a una iglesia en nombre de la «humanidad del pueblo»[97]. La indiferencia de la gente hacia el dinero y los objetos de valor, que a menudo quemaban o desechaban, demuestra que los autores de estas acciones no buscaban su propio beneficio. Al mismo tiempo, podemos asumir que la muchedumbre estaba en pleno control de sus facultades, dado que a partir del 21 de julio la CNT prohibió la venta de alcohol[98]. De hecho, a menudo la suerte de las iglesias se decidía con calma en las asambleas de la comunidad[99]. Una vez quedaba establecido cuáles se iban a proteger, se tomaban medidas sobre el terreno para asegurarse de que no fuesen atacadas[100]. Por tanto, muy pocas iglesias fueron destruidas (un informe gubernamental de 1937 concluía que sólo 13 de las 236 estructuras eclesiásticas de Barcelona habían sido demolidas)[101].

La actividad destructora se centró principalmente en las imágenes religiosas y en los símbolos de culto colectivo. Muchas de las fogatas organizadas por las muchedumbres anticlericales se hicieron frente a las iglesias, y en ellas se quemaron imágenes religiosas, cuadros y muebles, como los bancos de las iglesias. Aunque se destruyeron algunos tesoros artísticos, la profanación de murales y objetos de arte reflejaba el intenso deseo popular de eliminar lo que se percibía como la simbología colectiva del viejo orden opresor. Por otra parte, existen pruebas de que los grupos revolucionarios hicieron un esfuerzo concertado para salvar objetos de valor artístico; con este fin se formaron las Comisiones Técnicas encargadas de valorar las posesiones de las iglesias[102]. El arte religioso, previamente confinado a las catacumbas, se puso a disposición de los museos para ser expuesto, mientras que las librerías de los establecimientos religiosos fueron trasladadas a colegios y otros centros educativos. Aunque se confiscó el oro de las iglesias para financiar el esfuerzo bélico republicano y las campanas fueron fundidas para las industrias de guerra, se tomaron medidas para preservar los objetos de valor cultural o histórico[103].

La invasión de las iglesias solía ir acompañada de una fiesta «sacrofóbica». En una serie de «contrarrituales anticlericales», los obreros se ataviaban con vestiduras y trajes ceremoniales y transportaban objetos litúrgicos parodiando prácticas religiosas en misas, ceremonias y procesiones de mofa, motivo todo ello de gran hilaridad para las muchedumbres que se congregaban a ver el espectáculo[104]. Uno de los principales objetos de burla eran las figuras sagradas; algunas se ataviaban con uniformes milicianos, otras se destruían públicamente, se decapitaban, e incluso se fusilaban con pelotón. Más macabras eran las habituales profanaciones de tumbas. Los cuerpos momificados se colocaban frente a las iglesias, expuestos al escrutinio público y a la ridiculización, y las calaveras se usaban para adornar los altares y para jugar partidos de fútbol en las calles[105]. También se intentaron eliminar las referencias religiosas de la vida cotidiana, reemplazándose, por ejemplo, la expresión de despedida «Adiós» por «Salut»[106].

Pese a la atención que ha recibido la quema y profanación de iglesias, la expropiación de la mayor parte de las propiedades eclesiásticas fue obra de los comités revolucionarios locales, los sindicatos y los partidos políticos, que también se ocuparon de designar las nuevas funciones de estos espacios. En la reanudación radical del proceso de desamortización y uso secular de la propiedad eclesiástica que comenzó a principios del siglo XIX, se utilizaron muchos edificios religiosos para un sinfín de propósitos seculares; cantinas públicas, escuelas, centros comunitarios y de refugiados, almacenes, talleres, centros de reclutamiento, de detención y de interrogación[107]. Esta reasignación de la propiedad eclesiástica era sumamente racional: se trataba de un plan para superar los déficits del espacio construido, convirtiendo lo que para los anticlericales eran espacios de sombras y oscurantismo en espacios de luz y razón. Así, una iglesia local pasó a ser la nueva sala de cine del barri. A menudo, los confesionarios se usaban como quioscos de prensa, puestos de mercado y marquesinas de autobuses, y ya entrada la Guerra Civil, las criptas de las iglesias sirvieron como refugios para protegerse del peligro de los bombardeos aéreos[108].

El ataque a la Iglesia estaba basado en un proyecto global que buscaba asestar un golpe mortal a la esfera pública burguesa tradicional, destruyendo los pilares del principal transmisor de la ideología de las elites[109]. Según los revolucionarios, el «problema religioso» requería actuar con energía para «purificar» a la sociedad de la «plaga de la religión» y «destruir la Iglesia como institución social»[110]. De esta forma, actos profanos como la ridiculización de las imágenes religiosas y la subversión radical de los rituales eclesiásticos en los que se basaba la fe católica, en apariencia triviales o vengativos, demostraban que la Iglesia había sido conquistada por un nuevo poder y que los seres humanos podían recuperar el control de sus vidas y destruir la fuerza alienadora de la religión. De igual forma, los asaltos a los edificios eclesiásticos representaban el triunfo popular sobre uno de los elementos esenciales del paisaje del poder. Incluso la violencia más «sacrofóbica», como la matanza de clérigos, puede explicarse en términos de este proyecto deliberado de extirpación de la religión organizada, liberación del espacio urbano de influencias clericales «corruptoras» y creación de un nuevo espacio sin religión.

Por otra parte, existe consenso entre los especialistas en anticlericalismo en torno a la ausencia de un único factor que explique por sí solo la escala de la violencia después de julio de 1936[111]. Ciertamente, los factores políticos a corto plazo jugaron un papel importante, por ejemplo, el deseo de castigar a la Iglesia por su apoyo al viejo régimen y, más adelante, por su influencia en la inestabilidad política de la República. Una vez que empezó la Guerra Civil, el papel que desempeñó la Iglesia a favor de los insurgentes hizo que se considerase a los clérigos como un enemigo militar. Y, sin embargo, la iconoclastia bélica formaba parte de una larga historia de blasfemia popular en España, expresada desde hacía tiempo a través de la vox pópuli [112]. Igualmente, la quema de iglesias y otras prácticas subversivas formaban parte del repertorio de protesta de la clase obrera de Barcelona desde la década de 1830, y se habían nutrido, justo hasta la Guerra Civil, de la cultura secular liberal proletaria propagada por republicanos, socialistas y anarquistas[113].

Un factor explicativo a menudo ignorado en los análisis sobre el anticlericalismo es el marco cultural de la clase obrera local[114]. En la mente popular, como vimos en el capítulo 2, la Iglesia era sinónimo de causas reaccionarias, pues se trataba de una institución que durante mucho tiempo había justificado el statu quo y apelado a los humildes para que aceptasen como voluntad divina el sufrimiento que acompañaba su posición social. Además, como principal terrateniente y poder financiero, la Iglesia estaba estrechamente identificada con el Estado y las elites urbanas y agrarias, visión ya generalizada durante la revuelta anticlerical de 1909 y que reforzó la oposición virulenta del clero a los sindicatos, en sus publicaciones y desde el púlpito[115]. Por otra parte, como vimos en el capítulo 1, muchos obreros habían experimentado directamente la «persecución religiosa»[116] del clero a través de una serie de instituciones en las que la Iglesia jugaba un papel destacado, gracias a la incompetencia del Estado central, como las escuelas, hospitales, asilos de pobres, orfanatos y correccionales de menores[117]. Para muchos obreros, por tanto, el ataque a la Iglesia después de julio de 1936 marcó el fin de la presencia invasora del clero en sus vidas diarias y un golpe contra esa abominable estructura represiva.

Sin embargo, hubo otros aspectos de la vida diaria en los que la revolución pasó más desapercibida. La supervivencia y cabida de ciertos ritmos urbanos y tradiciones culturales dentro de la nueva ciudad causaron consternación entre los revolucionarios más puritanos. Por ejemplo, la revolución se mostró incapaz de cambiar completamente las relaciones de género. Aunque la anarcofeminista Montseny, primera mujer que fue ministra en un gobierno español, aseguró la igualdad legal entre sexos, así como el derecho al divorcio y al aborto para la mujer, las actitudes masculinas tardaron en cambiar. La revolución no eliminó los impedimentos cotidianos para la plena participación de las mujeres en la vida política y social: los cafés y los bares seguían siendo espacios masculinos; incluso a plena luz del día las mujeres tenían que hacer frente al acoso sexual en las calles y en los medios de transporte público, y las más jóvenes no se quitaron de encima a la carabina[118]. En parte, esto era un reflejo de la lógica del Frente Popular que había relegado la transformación profunda de la sociedad a una fecha indeterminada del futuro. Igualmente importante, sin embargo, fue la adhesión que mostraron muchos demócratas a los valores de género tradicionales; la Generalitat, por ejemplo, empleaba imágenes sexualizadas de la mujer para la movilización de los hombres a las milicias[119]. Lo mismo se puede decir de los principales grupos revolucionarios. Una revolucionaria extranjera remarcó la segregación sexual de las asambleas del POUM, así como el nivel residual de machismo entre los poumistas que se mofaban abiertamente de las milicianas[120]. Pese a los esfuerzos para romper con la cultura de la «vieja España», los anarquistas no eran reacios a utilizar el papel tradicional de la mujer para atraer a éstas a la causa republicana: «Mujer: haciendo calcetines, bufandas y piezas de abrigo para nuestros milicianos, “también” se matan fascistas»[121]. Mientras tanto, Montseny, considerada habitualmente como la decana del anarcofeminismo, justificaba los piropos que la guardia miliciana de la Casa CNT-FAI echaba a las mujeres en la calle, sugiriendo incluso que podían ser halagadores (véase foto 8.7)[122]. Esta ambivalencia también pudo verse en el fracaso del movimiento anarquista en cerrar los burdeles de Barcelona después de la revolución de julio, algo que formaba parte de sus competencias. Mientras que los sectores más radicales del movimiento anarquista insistían en que la revolución perdería todo su sentido si no se acababa con la prostitución, otros anarquistas, incluyendo líderes de la CNT-FAI con fama de utilizar estos servicios, valoraban la importancia de una vía de escape para la energía sexual de los obreros de las fábricas y los milicianos de permiso. El mismo pragmatismo reinaba entre las bases de la CNT-FAI y los milicianos, a quienes se podía ver frecuentemente en las largas colas de los burdeles que quedaban en la ciudad[123].

El final de la revolución

A pesar de los profundos impulsos y energía revolucionarios de los barris, la revolución fue incompleta. Una de sus principales debilidades, en Cataluña y, de hecho, en el resto de la zona republicana, fue su incapacidad para generar una estructura institucional global capaz de coordinar el esfuerzo bélico, armonizando al mismo tiempo las actividades de los numerosos colectivos de trabajadores. En términos políticos, el proyecto revolucionario estaba todavía en agraz. A excepción de la efímera Federación de Barricadas, la revolución de Barcelona no logró generar ninguna otra institución revolucionaria. Como hemos visto, la oposición doctrinal que los anarquistas mantenían hacia el Estado hizo que en julio se resistiesen a formar nuevos órganos de poder político, mientras que el POUM —la única organización partidaria de un «estado revolucionario»— estaba debilitado por su limitada influencia y su ambivalencia y contradicciones políticas[124]. La cuestión pendiente sobre el poder político creó una situación intrínsecamente inestable; también demarcó los límites políticos y, de hecho, las limitaciones de la revolución en Cataluña y en España. Por consiguiente, no se proyectó más allá de la primera ofensiva revolucionaria de julio y agosto de 1936; ésta sería el apogeo de la revolución, pues nunca se llegaría a superar la fragmentación y atomización del poder obrero en las calles, disperso en una multitud de comités sin coordinación alguna en el ámbito regional o nacional.

Con asiduidad, se atribuye la debilidad del proyecto colectivista al dilema «guerra o revolución», imperante en el campo republicano durante la Guerra Civil[125]. Sin embargo, en la ecuación de este debate la variable revolucionaria siempre tuvo una posición débil. Forzosamente, la lógica de la guerra requería la creación de una autoridad central que dirigiese la lucha contra los generales antirrepublicanos y sus patrocinadores, la Italia fascista y la Alemania nazi[126]. Durante la Guerra Civil, ante la ausencia de una estructura política revolucionaria, el Estado re-publicano burgués asumió un papel coordinador cada vez más importante. La Generalitat y el Estado republicano, aunque eclipsados por el poder del CCMA de orientación proletaria durante julio y agosto, sobrevivieron a la revolución y siempre mantuvieron su existencia legal. Resulta increíble que la jerarquía anarquista aceptase y se confabulase para la reconstrucción del Estado burgués «desde arriba» por raisons de guerre. Tras haber arrastrado a la CNT-FAI a la «colaboración democrática» del Frente Popular en julio, la dirección anarquista se vio obligada a convivir con las fuerzas políticas existentes. Esta situación dio lugar a una serie de compromisos que facilitaron la aparición de polos de poder contrarrevolucionarios, que culminarían en la reconstitución del viejo Estado y, simultáneamente, en la erosión de la autoridad de los comités locales. En este sentido, el periodo del CCMA (julio-septiembre), cuando el fervor revolucionario estaba en su punto más álgido, supuso un respiro para los partidarios del poder republicano, que se dedicaron a reforzar poco a poco la autoridad del Estado tras su colapso, en detrimento de las nuevas formas de poder revolucionario de las bases. Así, el CCMA dio el primer paso hacia la centralización del poder con la institucionalización de nuevos organismos como los Comités de Distribución, asumiendo un control total sobre la distribución de los alimentos, la administración de justicia, la seguridad ciudadana y la defensa militar, áreas que habían estado durante un breve periodo de tiempo bajo la jurisdicción de los comités revolucionarios locales. Aunque éstos seguirían teniendo bastante importancia y autoridad en el ámbito local, cuerpos como las patrullas obreras perdieron casi toda su autonomía[127].

El siguiente compromiso de importancia asumido por los líderes anarquistas tuvo lugar a finales de septiembre de 1936. Ante la presión de la ERC para reemplazar el CCMA por una Generalitat reconstituida, la dirección de la CNT-FAI aceptó la oferta de Companys de tres ministerios en el nuevo gobierno frentepopulista de la Generalitat. Cuando el 26 de septiembre, los ministros anarquistas asumieron sus cargos en el gobierno catalán, contrajeron una obligación a través de la responsabilidad colectiva con los otros partidos del Frente Popular, incluyendo a los republicanos de clase media[128]. Aunque por razones internas la dirección de la CNT-FAI disfrazó su papel gubernamental con un discurso maximalista, intentando incluso hacer pasar a la Generalitat por un organismo revolucionario de cara a sus bases, en realidad aceptó sin contemplaciones la lógica colaboracionista del Frente Popular, que implicaba la contención de la revolución para preservar la unidad ministerial en tiempos de guerra o, como diría más adelante un anarquista, el «pacto antifascista»[129].

Los ministros anarquistas, constreñidos por sus responsabilidades gubernamentales, se convirtieron en espectadores pasivos del aplastamiento de los cambios revolucionarios impuesta por los partidos del Frente Popular. En octubre de 1936, la Generalitat publicó dos decretos que, oficialmente al menos, confirmaban el poder del Estado sobre la revolución. El primero disolvió los comités revolucionarios controlados por los anarquistas que habían surgido después de julio, reemplazándolos por los Consells Municipals que incluían a todos los partidos del Frente Popular[130]. Por otra parte, el segundo decreto «legalizó» las colectivizaciones revolucionarias, lo que en la práctica reforzó el poder de la Generalitat sobre la economía. Mientras que en las zonas más revolucionarias, y/o en aquéllas donde los grupos republicanos y los partidos del Frente Popular eran débiles, no se hizo caso de estos decretos centralizadores, la «normalidad» fue, pese a todo, restablecida en la esfera política, como indicaría un destacado republicano[131]. Tras unirse a la Generalitat, ya nada impedía la entrada de la CNT-FAI en el gobierno central ese noviembre. Solidaridad Obrera describiría las tendencias reformistas de los líderes anarquistas haciendo referencia al hecho de que un gobierno con ministros anarquistas «ha dejado de ser una fuerza para la opresión de la clase trabajadora, así como el Estado no representa ya el organismo que separa a la sociedad en clases[132].» La jerarquía anarquista, obsesionada con la alta política, se cruzó de brazos ante la expulsión del consejo de ministros en diciembre de 1936 del POUM, el ala izquierdista de la Generalitat. A cambio, los ministros anarquistas aceptaron un aumento de la representación de la CNT-FAI en el gobierno[133].

La pasividad de la jerarquía anarquista contrastaba radicalmente con la agresividad que los partidarios más fervientes del Frente Popular mostraron en la reconstrucción del Estado republicano. Con la ERC desacreditada por su fracaso en evitar la revolución de julio y la aparente debilidad de Companys ante la CNT-FAI, el PSUC surgió como el «paladín del conservadurismo social» y galvanizó la oposición a la revolución[134]. A diferencia de la ERC, que utilizaba la diplomacia para meter en cintura a los anarquistas, el PSUC estalinista tenía la voluntad política para enfrentarse a la izquierda republicana. A través de sus denuncias vociferantes sobre el «desorden» de la revolución, los estalinistas articularon una nueva ideología del orden, aumentando su base social entre los sectores urbanos intermedios —pequeños capitalistas, tenderos y la policía catalana—, los mismos que en 1931 se habían sentido atraídos por la «república de orden» y que, desde la revolución de julio, se habían sentido indefensos ante la nueva situación[135]. El PSUC también creció de forma considerable entre los rabassaires, los agricultores arrendatarios y los pequeños propietarios locales, que irónicamente eran el equivalente español más cercano de los kulaks. Así, a finales de 1937, cerca de 10.000 campesinos catalanes se habían unido al partido comunista y pagaban cuotas, en total una cuarta parte de la afiliación del PSUC[136]. Para la coordinación de los esfuerzos antirrevolucionarios de sus partidarios, los militantes del PSUC formaron el GEPCI (Gremis i Entitats de Petits Comerciants i Industriáis/Gremios y Entidades de Pequeños Comerciantes e Industriales), un grupo de presión conservador formado por 18.000 tenderos y pequeños comerciantes, que solicitaron la vuelta del mercado libre[137]. La base social del PSUC hizo de éste un partido único dentro de la Komintern; cuando fue fundado, la inmensa mayoría de los obreros catalanes estaban ya organizados en la CNT, y por tanto, las clases medias y otros estratos intermedios representados por la GEPCI eran la única opción de crecimiento del partido comunista catalán. Dado que las clases adineradas que entraron en el PSUC carecían de poder movilizador en las calles y estaban acostumbradas a expresarse políticamente a través de los canales gubernamentales convencionales, no es de extrañar que se sintiesen atraídas por la estrategia estalinista de reconstrucción del aparato estatal republicano.

A principios de 1937, las bases de la CNT-FAI reaccionaron ante el creciente ataque a la revolución. La oposición al Frente Popular cuajó entre los comités revolucionarios locales aún activos, los Comités de Defensa cenetistas y las patrullas; también adquirió expresión organizada a través de ciertos sectores del movimiento anarquista y de los movimientos juveniles del POUM, que organizaron una asamblea de 14.000 jóvenes revolucionarios en Barcelona en febrero de 1937, produciéndose una serie de llamamientos a favor de un Frente Revolucionario Juvenil[138]. Este aumento del sentimiento revolucionario respondía a la frustración popular por el hecho de que las concesiones económicas y políticas de los líderes de la CNT-FAI desde julio de 1936, no hubiesen aportado ayuda internacional a la República o ayuda militar soviética a las milicias catalanas revolucionarias. La oposición revolucionaria tenía además un fundamento material. El naciente movimiento de protesta cobró ímpetu en torno al aumento de la inflación que había incrementado el coste de ciertos alimentos básicos en un 100 por ciento en los seis meses de Guerra Civil, lo que afectaba sobre todo a los sectores más pobres de la sociedad urbana. Los revolucionarios atribuían la inflación a la avaricia de los pequeños capitalistas organizados en el GEPCI y protegidos por el PSUC, a los que se acusó, y no sin justificación, de acumular cosechas para aumentar los precios. Atestiguando la ruptura entre la economía urbana y la rural, grupos de obreros a mano armada de Barcelona, incluyendo miembros de las patrullas, iniciaron asaltos desde la ciudad para requisar cosechas en el campo[139]. Dada la defensa por parte del PSUC de los derechos de los pequeños propietarios rurales, estas actividades atizaron las tensiones entre las fuerzas de seguridad estatales y los grupos de obreros a mano armada.

Pese a los argumentos a favor de una «Segunda Revolución»[140], la oposición revolucionaria no fue más que un movimiento defensivo, interesado principalmente en frenar el asalto del reconstituido Estado republicano al poder de los comités locales y las patrullas. Sin embargo, incluso como alianza defensiva, la oposición revolucionaria era un desafío directo a la reconstrucción del poder estatal. Así, a lo largo de la primavera, el PSUC y los republicanos aumentaron la intensidad de su campaña política contra los comités locales y las patrullas, y a favor del derecho del Estado a ejercer el monopolio de la fuerza armada y controlar la esfera pública obrera. En febrero, los estalinistas mantuvieron el ímpetu de su campaña por una «autoridad única», organizando una protesta de policías contra las patrullas[141]. En la calle, mientras tanto, aumentaron los enfrentamientos entre las patrullas y la policía de la Generalitat, estallando una guerra intermitente en Cataluña entre las fuerzas estatales organizadas y los poderes revolucionarios en dispersión[142]. Finalmente, a finales de abril, la Generalitat decretó el desarme de las patrullas, una medida que provocó una serie de tiroteos aislados entre los miembros de éstas y las fuerzas de seguridad, al intentar ambos grupos desarmarse mutuamente. La Generalitat prohibió entonces las celebraciones del Primero de Mayo, programadas para el primer fin de semana del mes, argumentando que la tensión en Barcelona era demasiado intensa. Dada la fuerza de las tradiciones obreras en la ciudad, esta decisión puede ser interpretada como una provocación por parte del gobierno. Ciertamente, la prohibición de la concentración del Primero de Mayo no ayudó a solventar los conflictos callejeros entre los dos grupos armados rivales. Dos días más tarde, el 3 de mayo de 1937, estalló en Barcelona «la guerra civil dentro de la Guerra Civil».

La gota que colmó el vaso, provocando el conflicto que pasó a ser conocido como los «sucesos de mayo», fue el intento de la policía catalana de hacerse con el control de la central telefónica. Esta acción llevó a un punto crítico las tensiones latentes entre los dos poderes que coexistían en Barcelona, dando lugar a cuatro días de luchas callejeras entre la policía estatal, por un lado, y las patrullas, el POUM y los militantes anarquistas de los comités revolucionarios locales, por el otro. Barcelona quedó dividida en dos: los barris se aislaron del resto de la ciudad a través de una red de barricadas protegidas por obreros a mano armada, mientras que 2000 agentes de policía, junto a las unidades armadas del PSUC, controlaron con cierta inestabilidad los principales edificios municipales y administrativos del centro de la ciudad, como el palacio de la Generalitat. Pese a que los revolucionarios tenían ventaja en Barcelona y, de hecho, en casi toda Cataluña, sus movilizaciones carecían de coordinación; cuando los anarquistas radicales y los poumistas tomaron las calles y se hicieron con el control de los distritos obreros, no existía un órgano capaz de canalizar la energía revolucionaria contra el Estado[143]. En realidad, las luchas de mayo del 37 fueron un movimiento de protesta espontáneo y carente de liderazgo para evitar la erosión del poder revolucionario que, al igual que la insurrección popular contra el golpe militar del mes de julio anterior, carecía de dirección política clara. Mientras tanto, los líderes de la CNT-FAI seguían atrapados en la lógica colaboracionista del Frente Popular, adoptando una postura conciliadora desde el comienzo de la lucha, y alcanzando finalmente un compromiso para poner fin al conflicto y derribar las barricadas[144].

Las promesas de Companys de que no habría «ni vencedores, ni vencidos» tras los sucesos de mayo carecieron de valor[145]. Cuando la lucha llegó a su fin, se procedió a la erradicación del poder revolucionario. Con los restos de las barricadas aún en las calles, los líderes anarquistas tuvieron que pasar a la defensiva pues, para gran sorpresa suya, les expulsaron de la Generalitat, tal y como había ocurrido con el POUM seis meses antes. Las autoridades catalanas ya no necesitaban a los jefes anarquistas, quienes no tardaron en darse cuenta de que no habían obtenido las garantías necesarias durante la tregua que puso fin al conflicto de mayo. Al pedir el desmantelamiento de las barricadas, los líderes de la CNT realmente estaban entregando su principal fuente de poder, que se encontraba en las calles. Poco después, un decreto gubernamental ordenó la disolución de los comités revolucionarios que quedaban y la entrega de sus armas, haciendo uso de la fuerza cuando fuese necesario. El poder de los barris y la revolución habían llegado a su fin. Finalmente, se prohibió el POUM y comenzó la persecución de sus activistas, legal y también extrajudicial, como pudo verse en el caso de su líder, Andreu Nin, brutalmente torturado y asesinado.

La revolución ya no era más que un sueño distante, desbancado por la guerra. Esto no evitó que la ciudad fuese castigada por su «herejía» revolucionaria. De 1937 a 1939, los bombardeos aéreos mataron a 2428 personas y destruyeron alrededor de 1500 edificios en la «ciudad del mal»[146]. Los bombardeos sobre la red urbana no fueron totalmente aleatorios o indiscriminados, lo que es muy revelador. Más bien, el terror de los cielos se desplomó sobre los barris, especialmente sobre el Raval, la Barceloneta y Poble Sec, sin importar que estas zonas tuviesen o no blancos militares significativos. En comparación, los barrios burgueses no sufrieron grandes daños[147]. Esta represión con objetivos específicos alcanzaría su cúspide durante la dictadura de Franco, cuando la clase obrera soportaría lo más duro de la política represiva estatal, y cuando la humillación de la ciudad proletaria se convirtió en estrategia del régimen. Aunque la ciudad de los obreros sobreviviría a la larga noche del franquismo, la cultura sindical que se descubrió a mediados de la década de 1970 tenía poco que ver con la que había predominado 40 años antes.

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ÍNDICE ONOMÁSTICO Y ANALÍTICO

Abad de Santillán, Diego (Sinesio García Delgado),

abogados,

aborto,

abuso sexual,

accidentes de tráfico,accidentes industriales, acción directa

acoso sexual,

adulteración de alimentos

África Occidental Española

Aiguader i Miró, Jaume

AIT (Asociación Internacional de Trabajadores)

Alaíz, Felipe

Alfonso XIII

alguaciles

Alianza Obrera contra el Atur Forros

Alianza Obrera contra el Desempleo

Alianza Obrera

Alomar, Gabriel

Alpini, Bruno

alquileres

Ametlla, Claudí; sobre los pánicos morales

amnistía

analfabetismo

anarcoindividualistas

anarcosindicalistas (véase también CNT), objetivos; apoliticismo, y ERC; y Segunda República y «Manifiesto Treintista»; y desempleados,

anarquistas (véase también FAI y grupos de afinidad), y «grupos de acción»,y Alianza Obrera; y antipoliticismo; y antiurbanismo; y lucha armada; y CNT; y Comité Pro Presos; y Al Capone; y contracultura, y crimen; y educación; y ERC; y expropiadores, y «cuadros de defensa»; y Macià; y Frente Popular; y motines en la cárcel; y Segunda República; sectarismo; y desempleados; y golpe de, anarquistas alemanes exiliados, anarquistas argentinos exiliados, anarquistas italianos exiliados, anarquistas portugueses exiliados, Andalucía, Anguera de Sojo, Josep Oriol.

anticlericalismo, Aragón, Argentina,

Arlegui, General Miguel, artistas de cabaret, Ascaso, Domingo, As caso, Francisco,

Asilo Durán

Associació per la Defensa dels Venedors dels Mercats

Asturias

ataques aéreos; muertes por

Ateneu Cultural de Defensa Obrera

ateneus,

impacto en los barris,

atracos en carreteras

autoayuda proletaria

Avenida Sant Antoni

Azaña, Manuel

Aznar, Almirante

Badia, Josep

Badia, Miquel

asesinato

Bakunin, Mikhail

Balcells, Albert

«banda Vicari»

bandidos

Barcelona: ataques aéreos; urbanización marginal; barricadas

barris,; reputación bohemia; urbanismo burgués; y Cataluña;

«barrio chino» (barri xino); gobernador civil;Ayuntamiento; descrita como «la fábrica de España»; descrita como «ciudad salvaje»; sueño de «Cataluña-ciudad»; elecciones;huelgas generales, insurrecciones, Tribunal de Justicia, y Le Corbusier; crecimiento de la población; puerto; revolución (1936); Ritz; Segunda República; central telefónica; terrorismo; y bajos fondos; crisis urbana; desarrollo económico y urbano; segregación urbana; Exposición Universal (1888); Exposición Universal (1929), ; y Primera Guerra Mundial

Barceloneta

barcos prisión

bares; y jóvenes anarquistas

«Barón de Koenig»

«barrio chino»

barris, y anarquismo, y nacimiento de la Segunda República, fábricas de bombas, y catalanismo, memoria colectiva, comparados con campos de refugiados palestinos, cultura, durante la dictadura de Franco, durante la Segunda República, redes basadas en el parentesco, identidad local, pánicos morales, politización,y «gimnasia revolucionaria», orden social, fuerza de la CNT; y desempleados, y revolución de 1936

Becker, Howard

Berenguer, General Dámaso

Berlín

bicicletas

bienio negro

Bilbao, Santiago

Blanes

BOC (Bloc Obrer i Camperol); y CNT; represión, ; y «gimnasia revolucionaria»; y Segunda República;

Borkenau, Franz

Bravo Portillo, Manuel

Brigada de Investigación Social

Brigada Per a la Repressió de la Venta Ambulant,

Brigada Policial especializada en Anarquismo y Sindicalismo; pasa a llamarse Brigada de Investigación Social durante la Segunda República,

Bruselas,

Buenos Aires,

burdeles,

burguesía,

giro a la derecha,

legislación sobre seguridad laboral, y Primo de Rivera, y Restauración monárquica, y Segunda República, y socialdarwinismo,militarismo espacial, y revolución de 1936,

cabarets

cadetes de policía

café Lyon d’Or

cafés

Caja Nacional para el Paro Forzoso

Calella

Calle de la Revolución Social

Calle Hospital

Calle Mercaders

Cámara de Comercio y Navegación

Cambó, Francesc

campaña del abaratamiento

CanTunis

Capone, Al

cárcel de mujeres de la calle Amalia

cárcel Modelo

carretera de la Arrabassada

Casa CNT-FAI

Casanovas, Joan.

casas de dormir

casas de empeño

caseros; descritos como «barraqueros»

cases barates; y desempleados, 190

Castelldefells

Castells, Manuel

Castillo de Montjuïc

catalanismo (y catalanistas); y barris,; «descatalanización»; y golpe de 1936, Cataluña: descrita como la «fábrica de España»; problemas económicos

CCMA (Comité Central de Milicies Antifeixistes)

CDE (Comisión de Defensa Económica)

CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas)

«censura roja»,

central telefónica,

CENU (Consejo de la Escuela Nueva Unificada)

Cerda, Ildefons

cierre patronal

Ciutat Vella

Civera, Marín

clases medias; y Segunda República; y desempleados; y revolución de 1936

Clot

clubes (de) excursionistas

CNT (periódico), CNT de Sabadell, CNT; objetivos; y Alianza Obrera; y anarquistas; antipoliticismo; apoliticismo; Asturias; Federación Local de Barcelona; y barris,; y bienio negro; nacimiento de la Segunda República; bolsa de trabajo; Sindicato de la Construcción; y huelga de La Canadenca;

Comités de Defensa de la CRT catalana

CRT de Cataluña

Comité Pro Presos; y protestas de consumo; y cooperativas; y lucha contra-cultural; crisis; cultura,

comités de defensa

comités de barriada; y ERC,y problema del «viajero sin billete»; financiación; crecimiento; l’Hospitalet; analfabetismo; divisiones internas; y Largo Caballero; miembros; Sindicato Metalúrgico; obreros inmigrantes,

Comité Nacional; congresos nacionales; Comité de Defensa Nacional; estructura; y pistolerismo; Plano de Defensa; y policía; y Frente Popular; cenetistas de la Compañía de Riegos y Fuerzas del Ebro; y dictadura de Primo de Rivera; impresores; Sindicato de Servicios Públicos; radicalización; Sindicato Ferroviario; atractivo; «censura roja»; represión; reunificación; y «gimnasia revolucionaria»; prisiones; Sabadell; y Segunda República; trabajadores de alcantarillado; delegados de taller; escisión; y pandillas callejeras; Sindicato de Vendedores Ambulantes; tácticas; Sindicato Textil; obreros del transporte; y mujeres obreras; huelga de los trabajadores de la madera (1932-1933); Sindicato de la Madera; Congreso de Zaragoza (1936); y revolución de 1936, ; y policía; y UGT

Coches (automóviles); destrucción de; incautados por los revolucionarios; colegios religiosos;

cólera

Collblanc

comedores populares

Comissaria d’Ordre Public

Comissariat de Cases Barates

Comissió Pro-Obrers sense Treball

Comité Libertario Pro Revolución Social,

Comité Pro Perseguidos Internacionales

Comité Pro Presos

Comités de Aprovisionamiento

comités de fábrica

Comités Paritarios

comités revolucionarios de barriada (véase también comités revolucionarios locales y de distrito)

comités revolucionarios de distrito (véase también comités revolucionarios locales y de barriada);comparados con los Soviets

comités revolucionarios locales (véase también comités revolucionarios de distrito y de barriada)

Companys, Lluís

gobernador civil; y «sucesos de mayo» (1937); Presidente de la Generalitat;y revolución de 1936;

Compañía Riegos y Fuerzas del Ebro (véase también La Canadenca)

Comuna de Paris

comunistas disidentes; y golpe de 1936, (véase también BOC y POUM)

comunistas

condiciones labórale

conflictos laborales

Congreso de Zaragoza (1936)

Constitución (1876)

Constitución (1931)

cónsul general británico

contramaestre

cooperativas

COPUB (Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Barcelona); y huelga de inquilinos; y Segunda República;

corrupción

crack de Wall Street

crimen de clase media

crisis de subsistencias

Crisol, 161

CRT (Confederación Regional del Trabajo); comité de defensa

Cuartel Bakunin

cuartel de Atarazanas

Cuartel de Pedralbes

Cuartel de Sant Agustí

Cuartel de Sant Andreu

Cuba

cultura de protesta

cultura obrera; y anarquismo; y anticlericalismo; y revolución de 1936; chabolas (barracas)

chabolismo;

chulos

d’Ors, Eugeni

Dato, Eduardo

de los Ríos, Fernando

de Sagarra, Josep María

debate «guerra o revolución»

Dencàs, Josep, ministro de la Gobernación de la Generalitat

dependientes

desahucios

«Desastre» (1898)

deschabolización

desempleados (parados); y CNT; y Segunda República; y policía; e ilegalidad,

desempleo

detención gubernativa

dictablanda

Dictadura de Primo de Rivera

crisis

oposición a,

dictadura franquista

divorcio

Dostoievski, Fiódor

dueños de bares

Durruti, Buenaventura, deportado; a favor del fin de las expropiaciones; y frente Popular; y «gimnasia revolucionaria»; y treintistas

educación

Eixample

ejército, y huelgas; y Segunda República,; y golpe de 1923; y golpe de 1936

El Día Gráfico

El Escándalo,

El Luchador,

el mercadet,

El Paral·lel

El Socialista,

«Els Filis de Puta»,

Embajador británico

Engels, Friedrich

ERC; y nacimiento de la Segunda República; comparación con la Lliga; y escamots,; fundación; e inmigrantes; populismo; racismo; y anarquistas radicales; relación con la CNT; base social; y desempleo; política urbana; y revolución de 1936

«escándalo del estraperlo»

Escola moderna,

Escuela Natura

«escuelas racionalistas»

esfera pública obrera

Espartaco

Esperantistas

«esquiroles»

Estado «ausente»

estado de guerra (véase ley marcial) estancos

Estatuto de Autonomía de Cataluña (1932)

evasión de impuestos

exiliados anarquistas uruguayos

exiliados antifascistas

Exposición Universal (1888)

Exposición Universal (1929); y pánicos morales; y revolución de 1936

fábricas de bombas

FAI (Federación Anarquista Ibérica); percepción de los treintistas; ilegalización; Federación Local de Grupos Anarquistas de Barcelona; y CNT; y KPD; lucha contracultural; miembros; Comité Peninsul·lar; y Frente Popular; y «gimnasia revolucionaria»; y sectarismo; y desempleados; y revolución de 1936

Falange Española

familia Cano Ruíz

familia Tayá

farmacias

fascistas

Federación de barricadas

Fernández, Aurelio

Ferrer i Guardia, Francesc

fiebre tifoidea

Figols

Filipinas

flamenco

Francia

Frente Popular; programa electoral; y revolución de 1936

«Frente Revolucionario Juvenil»

Front d’Esquerres

FTN (Fomento del Trabajo Nacional)

fusil Mauser

fútbol en las calles

fútbol

Galarza, Ángel

Galicia

García Delgado, Sinesio (véase Diego Abad de Santillán)

García Oliver, Juan;

«gimnasia revolucionaria»,

Gardenyes, Josep

GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans)

Gaudí, Antoni

Generalitat; Comissaria d’Ordre Public; y orden público; y «sucesos de mayo» (1937); y pánicos morales; y desempleados; y planificación urbana; y revolución de 1936

GEPCI

Gil i Gil, Salvador

Gil Robles, José María

Girona

gitanos

glaucoma

gobernador civil

Gobierno Republicano Socialista (1931-3); y huelgas

Godó, Conde de, golpes militares,

Gracia

granjeros

Granollers

grupos de afinidad; y actividades de sus miembros (grupistas); Comité Libertario Pro Revolución Social; «Los Desheredados»; «Els Fills de Puta», «Los Indomables», «La mano que aprieta»; Metalúrgico; Nervio; Nosotros; Los Novatos; Los Solidarios; y golpe de 1936

Grupos naturistas; guarderías comunales

Guardia Civil; y «brutalidad preventiva»; y «gimnasia revolucionaria»; y Segunda República

Guardia de Asalto; y masacre de Casas Viejas (1933); similitudes con la Guardia Civil

Guardia de Seguridad

Guardia Urbana

Güell, Juan Antonio

Guerra Civil española; comparación sobre la violencia en ambos lados; inflación; refugiados; ayuda militar soviética; debate «guerra o revolución»;

Guinardó

Hall, Stuart

Hitler, Adolfo

Hobsbawm, Eric

Horta

Hotel Falcón

Hotel Gastronómico no. 1

Hotel Ritz

hoteleros

huelga de los trabajadores de la madera (1932-1933)

huelgas de inquilinos

huertos

Ibsen, Henrik

identidad obrera; y CNT

Iglesia Católica; ataques a su propiedad; y servicios públicos; y Restauración; escuelas; abuso sexual; robo de su propiedad; y revolución de 1936;

Iglesia de la Sagrada Familia;

Iglesias, Emiliano;

ilegalidad popular; y anarquistas; carácter normativo; y socialistas;

impresores;

«impuesto revolucionario»

incontrolados

Industria de la construcción;desempleo

industria metalúrgica

industria textil

inflación

inmigración e inmigrantes; y CNT; y ERC; y policía; y huelga de inquilinos; exclusión social;

insurreccionismo;

interrogatorios de tercer grado

Intifada (Palestina)

Italia

ITT

jazz

Jiménez de Asúa, Luis

Johannesburgo

jornada de ocho horas

jornada de seis horas

jóvenes obreros

Jover, Gregorio

joyerías

Jurados Mixtos

Justicia Social

Jutglar, Antoni

Kent, Victoria

Komintern

KPD (Partido Comunista Alemán)

Kropotkin, Petr

kulaks,

L’Escocesa

l’Hospitalet de Llobregat; y nacimiento de la Segunda República; y CNT; y pistolerismo; y «gimnasia revolucionaria»; y revolución de 1936;

L’Opinió,;

La Bonanova

La Boquería;

La Bordeta;

La Calle,

La Canadenca (Compañía Riegos y Fuerzas del Ebro)

«la comuna de l’Hospitalet» (1933)

La Humanitat,

«La Internacional»

«La mano que aprieta»

La Maquinista

«La Marsellesa»

La Noche,

La Publicitat,

La Rambla de Catalunya

La Revista Blanca,

La Torrassa

La Tranquilidad

La Vanguardia,

La Veu de Catalunya,

Largo Caballero, Francisco; y CNT

Las Noticias,

latifundistas

Le Corbusier

León

Les Corts

Les Rambles

Ley de Casas Baratas (1911)

Ley de Defensa de la República (1931),

ley de fugas

Ley de Orden Público (1933)

Ley de Vagos y Maleantes (1933)

ley marcial

Libertarios (véase anarquistas)

Libres (véase Sindicatos Libres)

Los Amigos de Durruti

Los Angeles

«Los Desheredados»

«Los Indomables»

Los Novatos

Los Solidarios

Los sucesos de La Bonaplata (1835), «los tres ochos»

Lleida

Lliga de Defensa d’Indústria i Comerç

Lliga Regionalista; y Primo de Rivera; y Segunda República

Macià, Francesc; y anarquistas; y burguesía; declara la «República Catalana dentro de la República Federal Española»; promesas electorales; y CNT; y «República del orden»; y desempleados

Madrid

Madrid, Paco

malnutrición

Mancomunitat

manifestaciones del Primero de Mayo

Manifiesto Treintista

Manresa

Maragall, Joan

«Marianet» (véase Mariano Rodríguez Vázquez)

Marin, Dolors

Marsé, Juan

marsellés

Martínez Anido, General Severiano

mártires de Chicago

Martorell i Virgili, Josep (apodado «Enemigo Público Número Uno»)

Marx, Karl

masacre de Casas Viejas (1933)

Mataró

Maura, Antonio

Maura, Miguel

Menéndez, Arturo

meningitis

mercado del Born

mercados

Metalúrgico

metralletas thompson

Milans del Bosch, General Joaquín

milicias obreras

mineros

Mira, Emili

Miró, Fidel

Miss Telefónica

Mitchell, Joseph

Mola, General Emilio

monjas

Montjuïc

Montseny, Federica

Mossos d’Esquadra

motines entre la población reclusa

Mujeres Libres

Mujeres; y ateneos; y CNT; y expropiadores; y trabajo;

Muniesa, Bernat

Muñoz Grandes, Teniente General Agustín

Murcia

Nin, Andreu

Nosotros; y revolución de Asturias; y «gimnasia revolucionaria»; y Segunda República

obreros de la construcción

obreros del transporte

obreros ferroviarios

obreros textiles

obreros tranviarios

Obreros/trabajadores y clase obrera; y grupos de afinidad anarquistas; y nacimiento de la Segunda República; e Iglesia Católica; y CNT; durante la Segunda República; y ERC; y Guardia Civil; y ley marcial; «economía moral»; y pánicos morales; y policía; cualificados; tensiones con la clase media; no cualificados; visión de la UGT; y golpe de 1936; y revolución de 1936;

ocupaciones de fábrica

Ortiz, Antonio

Pacto de San Sebastián

Palau de Belles Artes

Palau de la Virreina

panaderías

pánicos morales proletarios

pánicos morales; y Segunda República

Parera, Arturo

París

Partido Conservador

Partido Liberal

Partido Republicano Radical (véase Radicales)

«partidos dinásticos»

paseos

Passeig de Gracia

pasteleros

Patronat de l’Habitació (Patronato de la Vivienda)

patrullas de control

Pearse, Stansbury

Pedralbes

Peiró, Joan; y nacimiento de la Segunda República; denunciado por anarquistas; y Frente Popular; y violencia revolucionaria

Pekín,

pensiones

perros extraviados

Pestaña, Ángel

peste bubónica

Petrogrado

Pich i Pon, Joan

Piera, Alfons

piquetes

Pirineos

pistolerismo

Plan Cerdà

Plan Hausmann

Plan Macià, Plan (Pla Macià); y Plan Hausmann;

Planes, Josep; asesinado;

Plano de Defensa

Plaza de Catalunya

Plaza de la República

Plaza de Sant Jaume (véase también Plaza de la República)

Plaza de Toros de Las Arenas

«Plaza del Miliciano Desconocido»

Plaza Universitat

Plaza Urquinaona

Pleno de Sabadell

Poblé Sec

Poblenou

policía autonómica de Cataluña

policía paramilitar

policía

policía catalana; CNT; Comisaría General de la Vía Laietana; e inmigrantes; policía política; y Segunda República; y venta ambulante; y golpe de 1936; y revolución de 1936; y sindicatos; y desempleados;

POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista); prohibición; y machismo; y «sucesos de mayo» (1937); y golpe de 1936;

Prat de la Riba, Enric

prestamistas

prestamistas

Prieto, Indalecio

Prim, General Juan

Primera Guerra Mundial

Primera República

Primo de Rivera, General Miguel

problema del «viajero sin billete»

prostitución

protestas del consumo; y papel de las mujeres

PSOE; y nacimiento de la Segunda República; y CNT

PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya)

Puerto Rico

Puig Elias, Juan

Puig Munner, Lluís

Puigcerdà

«quinta columna»

rabassaires,

Radicales; y nacimiento de la Segunda República; durante la Segunda República; durante la revolución de

radio

Ramblas, las (véase Les Rambles)

Raval

reciprocidad

redes sociales

refugios antiaéreos

repatriación

represión estatal; deportación,; durante la dictadura franquista; durante la Guerra Civil española; de anarquistas; de los sindicatos de la CNT

de huelgas; de desempleados

republicanos (véase también ERC); promesas electorales; y ejército; programa de reformas; y grupos de presión de clase media; y pánicos morales; y reforma policial; y «república del orden»; y «Comité Revolucionario» (1931); y abogados; y huelgas; y visión de la ciudad; y golpe de 1936; y revolución de 1936,

Restauración monárquica; e Iglesia Católica; crisis

restauradores

restaurantes

Revolución de 1936; comparada a la revolución francesa y a la rusa; debate «guerra o revolución»

Revolución de Asturias (1934)

revolución francesa

Revolución Rusa (1917)

Rider, Nick

Río de Janeiro

Rivas, Manuel

robo a mano armada

robos de bancos

Rodríguez Vázquez, Mariano (apodado «Marianet»)

Rossell, Pere

Rusia

Sabadell

Sales, Ramón

salones de baile

Sànchez, Enric

Sanjurjo, General José

Sant Adrià del Besòs

Sant Andreu

Sant Gervasi

Sant Martí

Santa Coloma

Santa Eulalia

Sants

Sanz, Ricardo

Sarrià

sector de la madera

Segunda República; nacimiento; y Cataluña; política económica; aumento del gasto de las fuerzas de seguridad; golpes militares; y brutalidad policial; y aspiraciones populares; gobierno provisional; como «república del orden»; y protestas callejeras; y huelgas; y desempleo;

Seidman, Michael;

semáforos

Semana Trágica (1909)

Sentís, Caries

serenos

Serra i Monet, Manuel

servicios de investigación

Sevilla

Sibley, David

sindicalistas comunistas

Sindicato de Inquilinos

Sindicato de la Construcción; y desempleo; 1933 huelga

Sindicato de la Madera

Sindicato de Servicios Públicos

Sindicato de Vendedores Ambulantes

Sindicato Metalúrgico

Sindicato Textil

«sindicatos de oposición» (véase también treintistas)

Sindicatos Libres,

sindicatos

sociabilidad

socialistas (véase también PSOE, UGT y USC); e ilegalidad; comparan a la CNT con los Nazis; cultura; acusados de fascistas por los anarquistas; durante la Segunda República; y golpe de 1936,

Sociedad de Patronos Cultivadores

Solidaridad Obrera (periódico de la CNT)

Solidaridad Obrera

Sometent

«subclase»; mito de

«sucesos de mayo» (1937)

tabernas

tango

Tarragona

taxistas

Telefónica

tenderos

Terrades, Ignasi

Terrassa

Thiers, Louis-Adolphe

Thompson, Edward

tiendas de segunda mano

Tierra y Libertad

trabajadores de alcantarillado

trabajo a destajo

trabajo infantil

tráfico de drogas

tranvías

treintistas,; acusados de fascistas por los anarquistas; vuelta a la CNT; y «gimnasia revolucionaria»

Tres Torres; tuberculosis; Turín

UGT (Unión General de Trabajadores); y CNT

Unió General de Vendedors de Mercats

Universidad Obrera

urbanismo burgués

urbanismo proletario

Uruguay

USC (Unió Socialista de Catalunya); y desempleo

Valencia

Valle de Llobregat

Vallvidrera

vendedores de mercado

venta ambulante; criminalizada por las autoridades; durante la Segunda República; represión policial

Ventalló, Joan

Vía Durruti

Via Laietana,

Vicari, Giuseppe

Vilanova i la Geltrú

Villar, Manuel

vivienda pública

Williams, Raymond

Willis, Paul

Zaragoza

Zola, Émile

CHRIS EALHAM, es un historiador británico, autor de una obra excelente y excepcional sobre Barcelona, y traductor de la historia de la CNT de Peirats al inglés. Actualmente está haciendo la biografía de Josep Peirats. Vino a Barcelona para investigar sobre los orígenes y causas que posibilitaron la revolución de 1936. El fruto de su meticulosa y muy documentada investigación es el libro “La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto. 1898-1937”.

Notas

Introducción

[1] E. P. Thompson, The Making of the English Working Classes, Londres, 1963. <<

[2] Como excepción pionera de esta moda, véase J. M. Roberts, «Spatial Governance and Working Class Public Sphere: The Case of a Chartist Demonstration at Hyde Park», Journal of Historical Sociology, 14, 3, 2001, pp. 308-336. <<

[3] J. L. Oyón, «Spain», en R. Roger (ed.), European Urban History, Leicester, 1993, p. 38. <<

[4] P. López Sánchez, Un verano con mil julios y otras estaciones. Barcelona: de la Reforma Interior a la Revolución de Julio de 1909, Madrid, 1993. <<

[5] J. I. Bueno Madurga, Zaragoza, 1917-1936. De la movilización popular y obrera a la reacción conservadora, Zaragoza, 2000; C. Gil Andrés, Echarse a la calle. Amotinados, huelguistas y revolucionarios (La Rioja, 1890-1936), Zaragoza, 2000; E. Cabezas Ávila, «Los de siempre». Poder, familia y ciudad (Ávila, 1875-1923), Madrid, 2000; P. Radcliff, From Mobilization to Civil War: the Politics of Polarization in the Spanish City of Gijon, 1900-1937, Cambridge, 1996. <<

[6] G. Jackson, The Spanish Republic and the Civil War, Princeton, 1965. <<

[7] A. Elorza, La utopía anarquista bajo la Segunda República, Madrid, 1973, p. 447. <<

[8] J. Scott, Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance, New Haven, 1985. <<

[9] A. Paz, Durruti, El proletariado en armas, Barcelona, 1978. <<

[10] E. Comín Colomer, Historia del anarquismo español, 2 vols., Barcelona, 1956. <<

Capítulo 1. La creación de la ciudad dividida

[1] J. Nadal y J. Malaquer, «Catalunya, la fabrica d’Espanya», en Varios Autores, Catalunya, fàbrica d’Espanya. Un segle d’industrialització catalana, Barcelona, 1985. <<

[2] Con anterioridad, el Gobierno central había utilizado las murallas para limitar el crecimiento de esta ciudad potencialmente desleal. <<

[3] Véase P. F. Monlau, Abajo las murallas!!!, Barcelona, 1841 y J. Font, Consideraciones sobre los inconvenientes que irrogan a la salud de los jornaleros y a la pública de Barcelona, Barcelona, 1852. <<

[4] Cerda había sido diputado parlamentario por Barcelona durante la efímera Primera República (1868-1874). Véase M. Nieto, La I República española en Barcelona, Barcelona, 1974. <<

[5] Laboratori d’Urbanisme, Treballs sobre Cerda i Barcelona, Barcelona, 1992. <<

[6] El Eixample se terminó finalmente durante las décadas de 1920 y 1930, aunque con una concentración de edificios muy superior a la que imaginó Cerda y prácticamente sin ninguno de sus espacios verdes o abiertos. <<

[7] D. Harvey, Consciousness and the Urban Experience, Oxford, 1985, pp. 63-220. <<

[8] S. García, «Urbanization, working class organization and political movements in Barcelona», tesis doctoral no publicada, Universidad de Hull, 1983. <<

[9] Para la crisis de la Restauración Monárquica véase M. Tuñón de Lara et al., Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923), Barcelona, 1981. <<

[10] Es digno de atención, sin embargo, el hecho de que en Cataluña los pilares del estado de la Restauración nunca estuvieran bien asentados. Véase A. Jutglar, Historia crítica de la burguesía en Cataluña, Barcelona, 1984, pp. 275-279. <<

[11] I. Molas, Lliga Catalana. Un estudi d’Estasiologia, Barcelona, 1972, 2 vols. <<

[12] La Veu de Catalunya (en adelante Veu), 18 de febrero de 1905. <<

[13] Véase Veu, 18 de enero de 1902, 8 de septiembre, 11 de octubre de 1905, 18 de febrero de 1906, 1 de marzo y 26 de abril 1914. Para la visión de Prat, véase Veu, 24 de abril de 1909. <<

[14] M. Perau et al., Noucentisme i ciutat, Barcelona, 1994. <<

[15] Veu, 11 de octubre de 1905. <<

[16] Véase J. Culla i Clarà, El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1901-1923), Barcelona, 1986. <<

[17] Veu, 17 de marzo de 1902. <<

[18] Veu, 11 de diciembre de 1908. <<

[19] J. Grau, «Vers la “Ciutat immensa”: l’acció municipalista de la Mancomunitat de Catalunya, 1914-1923», en J. Roca (ed.), El municipi de Barcelona i els combats pel govern de la ciutat, Barcelona, 1997, pp. 213-220. <<

[20] El periodo correspondiente a los años 1876-1888 ha sido descrito como el de la «fiebre del oro» (febre d’or). Como dijo Walter Benjamin, las Exposiciones eran «lugares de peregrinaje para el fetichismo de la mercancía» (Charles Baudelaire. A Lyric Poet in the Era of High Capitalism, Londres, 1973, p. 165). <<

[21] El novelista Josep María de Sagarra dijo que la Primera Guerra Mundial «puso fin al siglo XIX en Barcelona» (Memòries, Barcelona, 1981, vol. 2, p. 290). <<

[22] I. Solà-Morales, «L’Exposició Internacional de Barcelona (1914-1929) com a instrument de política urbana», Recerques, 6, 1976, pp. 137-145; M. Tatjer Mir, «Els barris obrers del centre històric de Barcelona», en J. L. Oyón (ed.), Vida obrera en la Barcelona de entreguerras, Barcelona, 1998, p. 28. <<

[23] Por toda Barcelona había dispersa una miríada de pequeños talleres. En 1927, alrededor del 50 por ciento de la población estaba empleada por empresas de pequeña escala. (P. Gabriel, «La Barcelona obrera y proletaria», en A. Sánchez (ed.), Barcelona, 1888-1929. Modernidad, ambición y conflictos de una ciudad soñada, Madrid, 1994, p. 104). En 1931, el promedio de capital de una compañía era de 1,17 millones de pesetas, por debajo de la mitad del promedio del País Vasco (3,6 millones de pesetas) (A. Balcells, Crisis económica y agitación social en Cataluña (1930-1936), Barcelona, 1971, p. 162, n° 14) <<

[24] Jutglar, Historia, pp. 319-340. <<

[25] C. Massana, Industria, ciutat i propietat. Política económica i propietat urbana a l’Área de Barcelona (1901-1939), Barcelona, 1985, pp. 20-21, 120-129. <<

[26] Durante los años 20, la población de barrios de clase obrera como Sants, Sant Martí y Sant Andreu creció por encima de un 30, 40 y 45 por ciento respectivamente. En 1930, muchos de los barrios industriales más importantes de Barcelona tenían un mayor número de habitantes que muchas de las grandes ciudades y pueblos de España. (A. Cabré y I. Pujades, «La població de Barcelona i el seu entorn al segle XX», L’Avenç, 88, 1985, pp. 33-37). <<

[27] J. Peirats, Figuras del movimiento libertario español, Barcelona, 1978, p. 89; J. M. Ainaud de Lasarte et al., Barcelona contemporànea 1856-1999, Barcelona, 1996, pp. 38-39. <<

[28] J. Vandellós, La immigració a Catalunya, Barcelona, 1935; J. Termes, L’Immigració a Catalunya i altres estudis d’història del nacionalisme català, Barcelona, 1984. <<

[29] M. Castells, The Urban Question. A Marxist Approach, Londres, 1977, p. 146. <<

[30] I. Terrades, «Towards a Comparative Approach to the Study of Industrial and Urban Politics: the Case of Spain», en M. Harloe (ed.), New Perspectives in Urban Change and Conflict, Londres, 1981, p. 179. Un brote de la peste bubónica en el barrio de Can Tunis en 1905, que se cobró 23 vidas, puso en evidencia los defectos de las redes de asistencia social (J. Fabre y J. M. Huertas, Tots els barris de Barcelona, Barcelona, 1976, vol. 4, pp. 201-202; J. Busquets, Barcelona. Evolución urbanística de una capital compacta, Madrid, 1992, p. 216). Véase también, A. Carsi, El abastecimiento de aguas de Barcelona, Barcelona, 1911 y P. García Fària, Insalubridad en las viviendas de Barcelona, Barcelona, 1890. <<

[31] Pese al gran número de casos de fiebre tifoidea en Barcelona, varios planes para la mejora del abastecimiento del agua de la ciudad fracasaron debido a la corrupción. E. Masjuan, La ecología humana en el anarquismo ibérico, Barcelona, 2000, pp. 66-80. <<

[32] Por ejemplo, había monjas que servían como enfermeras en hospitales y curas como maestros de escuela. El clero tenía bajo su responsabilidad la gestión de instituciones como los orfanatos, correccionales de menores, hospitales psiquiátricos y asilos para pobres. En todas estas instituciones la Iglesia jugaba un papel represor y abusivo, eligiendo como blanco a los agnósticos y ateos. <<

[33] E. Salut, Vivers de revolucionaris. Apunts històries del Districte Cinqué, Barcelona, 1938, p. 26. <<

[34] J. Aiguader, «La solució de la casa higiénica i a bon preu», Ateneu Enciclopèdic Popular Noticiari, 17, 1922, p. 67. <<

[35] N. Rider, «Anarchism, Urbanisation and Social Conflict in Barcelona, 1900-1932», tesis doctoral no publicada, Universidad de Lancaster, 1987, pp. 99-100. <<

[36] Rider, «Anarchism», pp. 113-217; X. Tafunell, «La construcción en Barcelona, 1860-1935: continuidad y cambio», en J. L. García Delgado (ed.), Las ciudades en la modernización de España. Los decenios interseculares, Madrid, 1992, pp. 5-9, n.° 10. <<

[37] N. Rider, «Anarquisme i lluita popular: la vaga deis lloguers de 1931», L’Avenç, 89, 1986, p. 8 y «Anarchism», p. 22. <<

[38] La población del Raval creció de 192.828 en 1900 a 230.107 en 1930: M. Tatjer, en J. L. Oyón, Vida obrera… (ed.), p. 16. <<

[39] Hubo seis brotes de peste bubónica entre 1919 y 1930. Los trabajadores de Barcelona tenían además 38 veces más posibilidades de enfermar de fiebre tifoidea que los trabajadores londinenses: Dr. L. Claramunt i Furest, La pesta en el pla de Barcelona, Barcelona, 1933, pp. 6-8 y La Lluita contra la Fibra Tifoidea a Catalunya, Barcelona, 1933, pp. 189-206; V. Alba y M. Casasús, Diàlegs a Barcelona, Barcelona, 1990, p. 15; Rider, «Anarchism», p. 152. <<

[40] Rider, «Anarquisme», p. 8; L. Claramunt, Problemes d’urbanisme, Barcelona, 1934, pp. 14-18; Massana, Indústria, pp. 22, 126-130; J. Aiguader, El problema de l’habitació obrera a Barcelona, Barcelona, 1932, p. 14; Solidaridad Obrera (en adelante SO), 14 de mayo de 1931. <<

[41] Una casa de dormir era conocida en el barrio como «los tres ochos» por el número de turnos de cama que tenía (R. Vidiella, Los de ayer, Barcelona, 1938, p. 33). <<

[42] M. Gil Maestre, La criminalidad en Barcelona y en las grandes poblaciones, Barcelona, 1886, pp. 147-157; P. Villar, Historia y leyenda del Barrio Chino (1900-1992). Crónica y documentos de los bajos fondos de Barcelona, Barcelona, 1996, pp. 37-41; Busquets, Barcelona, p. 213; Tatjer, en Oyón (ed.), p. 29. <<

[43] En el Raval, donde no había suelo urbano disponible, las chabolas eran construidas en los tejados de bloques de viviendas de mala muerte (J. Artigues, F. Mas y X. Sunyol, The Raval. Història d’un barri servidor d’una ciutat, Barcelona, 1980, pp. 53-54). <<

[44] Durante los años 20, cuando el sueldo medio de un trabajador no cualificado era de 130-150 pesetas, una chabola de 25 metros cuadrados podía llegar a costar de 15 a 75 pesetas al mes. <<

[45] Se ha dicho que los chabolistas «esencialmente eran grupos sociales pertenecientes al lumpenproletariado y al proletariado menos calificado». (T. García Castro de la Peña, «Barrios barceloneses de la dictadura de Primo de Rivera», Revista de Geografía, 7, 1-2, 1974, p. 83). Desgraciadamente, aparte de no definir lo que quiere decir con el término «lumpenproletariado», García también admite que «en su mayoría eran obreros que trabajaban en calidad de peones». Además, según los datos dados por el propio autor (pp. 82-83), a principio de los años 20, el 49 por ciento de los chabolistas era catalanes, y de éstos un 28 por ciento procedía de Barcelona, lo que parece sugerir, por tanto, que los chabolistas no eran grupos marginales o emigrantes «desclasados», sino trabajadores locales que se encontraban en la calle debido a la falta de vivienda. <<

[46] Véase la serie de artículos en Justicia Social (en adelante JS) entre el 24 de noviembre 1923 y el 23 de agosto de 1924. No hay estadísticas precisas sobre el número exacto de chabolas y los datos que vienen a continuación no son más que un indicativo general. <<

CUADRO 1. Número de chabolas y chabolistas en Barcelona, 1914-1927

Año

Núm.
de chabolas

Núm.
de chabolistas

1914

1218

4950

1922

3859

19.984

1924

n/a

25.000

1927

6000

n/a

En 1929, cuando el chabolismo estaba en su mayor apogeo justo antes de la Exposición, había aproximadamente 6478 chabolas en Montjuïc solamente. Datos de J. L. Oyón, «Las segundas periferias, 1918-1936: una geografía preliminar», en Oyón (ed.), p. 62, n. 15; Massana, Indústria, p. 405; C. Massana y F. Roca, «Vicis privats, iniciativa pública. Barcelona 1901-39», L’Avenç 88, 1985, p. 41; Fabre y Huertas, Barris, vol. 4, p. 159.

[47] M. Domingo y F. Sagarra, Barcelona: Les Cases Barates, Barcelona, 1999. <<

[48] García, «Barrios», p. 84; Fabre y Huertas, Barris, vol. 5, pp. 158-159. <<

[49] Véase López, Verano, passim. <<

[50] Un inmigrante dijo que las cases barates «podían describirse como chabolas» (entrevista a «Juan», noviembre de 1997). <<

[51] García, «Barrios», p. 84; Rider, «Anarchism», p. 197; S. Cánovas Cervantes, Apuntes históricos de «Solidaridad Obrera». Proceso histórico de la revolución española, Barcelona, 1937, p. 233; Massana y Roca, «Vicis», p. 40; L’Opinió, 8 de mayo de 1932; SO, 9 de mayo de 1931. <<

[52] L’Opinió, 8 de mayo de 1932. <<

[53] García, «Barrios», p. 84. <<

[54] A. Merrifield y E. Swyngedouw (eds.), The Urbanization of Injustice, Londres, 1996. <<

[55] C. Canyellas y R. Toran, «L’Ajuntament de Barcelona i el règim restauracionista (1875-1901)», L’Avenç, 116, 1988, pp. 9-15. En 1928, el 3,5 por ciento más rico de los caseros de Barcelona controlaba más del 50-60 por ciento de la vivienda. (Massana, Indústria, pp. 7, 176-184). <<

[56] M. Vilanova, «Intransigencia de classe, alfabetització i gènere. Les fronteres interiors de la societat de Barcelona, 1900-75», en J. Roca (ed.), L’articulació social de la Barcelona contemporània, Barcelona, 1997, p. 71; López, Verano, pp. 49-98. <<

[57] Tatjer, en Oyón (ed.), pp. 14, 19. <<

[58] Tatjer, en Oyón (ed.), p. 16; Fabre y Huertas, Barris, vol. 5, pp. 157-158. <<

[59] J. L. Oyón, «Obreros en la ciudad: líneas de un proyecto de investigación en historia urbana», Historia Contemporànea, 18, 1999, pp. 317-345. En lo alto, por encima de la ciudad, Sarria y Pedralbes eran las colonias burguesas más aisladas de todas, «tan lejos de Barcelona como era posible sin dejar de ser parte de la ciudad» (R. Hughes, Barcelona, Londres, 1992, p. 343). <<

[60] J. Estivill y G. Barbat, «L’anticlericalisme en la revolta popular del 1909», L’Avenç, 2, 1977, p. 32. <<

[61] Antónimo de utopía, término utilizado generalmente para definir una sociedad ficticia. De acuerdo con el Oxford English Dictionary, el término fue acuñado a fines del siglo XIX por John Stuart Mili, quien también empleaba el sinónimo creado por Bentham, cacotopía. Ambas palabras se basaron en el término utopía, entendido como eu-topía o el lugar en donde todo es como debe ser. De ahí entonces se deriva distopía, como un lugar donde no ocurre tal cosa. Comúnmente, la diferencia entre utopía y distopía depende del punto de vista del autor de la obra. (N. de la T.) <<

[62] Castells, Urban Question, p. 169. <<

[63] C. Ealham, «Class and the city: spatial memories of pleasure and danger in Barcelona, 1914-23», Oral History, 29, 1, 2001, pp. 33-47. <<

[64] R. Núñez Florencio, El terrorismo anarquista, 1888-1909, Madrid, 1983. <<

[65] López, Verano, pp. 215-241; J. Connelly Ullman, The Tragic Week. A Study of Anticlericalism in Spain, 1875-1912, Cambridge, Mass., 1968, pp. 167-304; J. Romero Maura, «La rosa de fuego». El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909, Madrid, 1989. <<

[66] M. Pérez Ledesma, «El miedo de los acomodados y la moral de los obreros», en P. Folguera (ed.), Otras visiones de España, Madrid, 1993, pp. 27-64; Veu, 10 de agosto de 1905, 24 de abril de 1909; P. López Sánchez, «El desordre de l’ordre. Al·legats de la ciutat disciplinaria en el somni de la Gran Barcelona», Acàcia, 3 , 1993, p. 103. Este proyecto conservador está reflejado en la obra del arquitecto más imaginativo de la ciudad, Antoni Gaudí, un pensador especialmente antidemocrático, muy cercano a los círculos burgueses. La famosa iglesia de Gaudí, La Sagrada Familia, puede verse como parte de un proyecto para «cristianizar» al proletariado ateo de Barcelona. (Hughes, Barcelona, pp. 474-475, 498). <<

[67] La obra clásica sobre los pánicos morales es S. Cohen, Folk Devils and Moral Panics, Londres, 1972. <<

[68] F. Álvarez-Uría, Miserables y locos. Medicina mental y orden social en la España del siglo XIX, Barcelona, 1983, pp. 308-364. <<

[69] Véase C. de Andrés, La clase obrera o breve descripción de lo que debe ser un buen obrero, Madrid, 1900; M. Bembo, La mala vida en Barcelona, Barcelona, 1912; G. López, Barcelona sucia. Artículos de malas costumbres. Registro de higiene, Barcelona, n.d.; A. Masriera, Los buenos barceloneses. Hombres, costumbres y anécdotas de la Barcelona ochocentista, Barcelona, 1924; T. Caballé, La criminalidad en Barcelona, Barcelona, 1945. <<

[70] Villar, Historia, passim; Vidiella, Ayer, p. 133. Los periodistas liberales de izquierdas como Paco Madrid contribuirían a la creciente sensación de pánico que surgió en torno al «Barrio Chino». Veánse sus artículos en El Escándalo y su obra sensacionalista Sangre en Atarazanas, Barcelona, 1926. <<

[71] A. Avel·li Artís (Sempronio), Aquella entremaliada Barcelona, Barcelona, 1978; D. de Bellmunt, Les Catacumbes de Barcelona, Barcelona, 1930; J. Planes, Nits de Barcelona, Barcelona, 1931. <<

[72] J. Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista, Madrid, 1990, p. 389; J. del Castillo y S. Álvarez, Barcelona, Objetivo Cubierto, Barcelona, 1958, p. 31. <<

[73] Los niños de clase media no solían pasar tiempo en las calles y según ciertos prejuicios «en la calle sólo juegan los golfos» (J. Ballester, Memòries d’un noi de Gracia, Barcelona, 1999, p. 52). <<

[74] Según fuentes eclesiásticas, había entre ocho mil y diez mil miembros de pandillas en Barcelona a principios del siglo XX (Romero, «Rosa», p. 130, n.° 50; J. Juderías, La juventud delincuente. Leyes e instituciones que tienden a su regeneración, Madrid, 1912, p. 8; J. Elias, La obrera en Cataluña, en la ciudad y en el campo, Barcelona, 1915, p. 53; J. Vallmitjana, Criminalitat típica local, Barcelona, 1910, p. 8). <<

[75] El Diluvio (en adelante Diluvio), 27 de noviembre de 1920; Veu, 10 de junio de 1931. Este tipo de periodismo, incluyendo los artículos que aparecían en la prensa liberal de izquierda, generalmente estaban impregnados de las obsesiones sexuales y ansiedades de la clase media. <<

[76] Véase especialmente Juderías, Juventud y Vallmitjana, Criminalitat. <<

[77] Salut, Vivers, pp. 147-148. <<

[78] Para una visión interna del mundo de los inmigrantes, véase F. Candel, Els altres catalans, Barcelona, 1963. <<

[79] Fabre y Huertas, Barris, vol. 4, pp. 124, 202. <<

[80] F. Barangó-Solís, Reportajes Pintorescos, Barcelona, 1934, pp. 107-115; Avel·li, Barcelona, pp. 171-172; De Bellmunt, Catacumbes, passim. <<

[81] L. Almeric, El hostal, la fonda, la taverna y el café en la vida barcelonesa, Barcelona, 1945, p. 67. Curiosamente, la divulgación del flamenco en Barcelona tras la Primera Guerra Mundial puede atribuirse a los dueños de los bares del Raval que crearon el mito de la «Andalucía chica» para atraer al turismo extranjero a la ciudad (A. Bueso, Recuerdos de un cenetista, Barcelona, 1978, vol. 2, pp. 74-75). <<

[82] P. García Fària, Medios de aminorar las enfermedades y mortalidad en Barcelona, Barcelona, 1893; A. Farreras, De la Setmana Tràgica a la Implantado del Franquisme, Barcelona, 1977, p. 39. <<

[83] A. Rovira, La nacionalització de Catalunya, Barcelona, 1914. El ala españolista de derechas contribuyó a estas críticas con sus propios ataques a los inmigrantes como el «detritus de la ciudad», véase por ejemplo La Voz de Hospitalet, 16 de marzo de 1929. <<

[84] P. Rossell, La raça, Barcelona, 1930. <<

[85] El Correo Catalán, 7 de agosto de 1909; Fabre y Huertas, Barris, vol. 4, p. 202. <<

[86] Veu, 20 de agosto de 1901. <<

[87] Veu, 14 de febrero de 1904; J. Solé-Tura, Catalanismo y revolución burguesa. La síntesis de Prat de la Riba, Madrid, 1970, pp. 255-258. Para ver un ejemplo de estos escritos, véase A. Masriera, Barcelona isabelina y revolucionaria, Barcelona, 1930. <<

[88] F. de Xercavins, ¿Cabe una institución entre la escuela y la cárcel?, Barcelona, 1889; B. Porcel, La revuelta permanente, Barcelona, 1978, p. 54; Salut, Vivers, pp.147-148; Avel_li, Barcelona, p. 172; Gil, Criminalidad pp. ix-x, 39. <<

[89] A. Pulido, El cáncer comunista. Degeneración del socialismo y del sindicalismo, Valencia, n.d., p. 10; El País, 21 de enero y 17 de febrero de 1894; Veu, 14 de febrero de 1904. <<

[90] Se identificaba el anarquismo con la falta de cultura; pueden encontrarse alusiones sobre su «grosería espantosa», «irresponsabilidad» y «falta de control», en Veu, 23 de febrero de 1902 y 21 de octubre de 1930. <<

[91] Véase M. Berman, All That Is Solid Melts Into Air. The Experience of Modernity, Londres, 1983, pp. 98-105. <<

[92] En palabras de David Sibley, el objetivo era establecer «barricadas morales» que cerrasen el espacio, excluyesen y pusieran límites a lo que era aceptable, de tal modo que demarcasen «los límites de la sociedad, fuera de los cuales están aquellos que no pertenecen» (Geographies of Exclusión. Society and Difference in the West, Londres, 1995, pp. 42,49). <<

[93] Jutglar, Historia, pp. 224-226. Vilanova en Roca (ed.), L’articulació, p. 81, acentúa la naturaleza militante de la burguesía que «malogra la moderación evidente de las masas, la sociedad bienpensante catalana se decanta más por actuar violentamente contra el mundo del trabajo que por la negociación, porque lo decisivo desde su punto de vista era el beneficio y no el pacto, la convivencia y la ecuanimidad social». <<

[94] S. Hall, C. Critcher, T. Jefferson, J. Clarke y B. Roberts, Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order, Londres, 1978, p. 221; Sibley, Geographies, p. 14; M. Foucault, Discipline and Punish. The Birth of the Prison, Harmondswoth, 1991, pp. 101, 286. <<

[95] V. Gay, Constitución y vida del pueblo español. Estudio sobre la etnografía y psicología de las razas de la España contemporánea, Madrid, 1905; G. Sergi, La decadencia de las naciones latinas, Barcelona, 1901; P. García Fària, Anarquía o caciquismo, Barcelona, 1902. <<

[96] El Asilo Durán, principal correccional de menores de la ciudad, abrió sus puertas en 1890; en 1904 se estableció la cárcel Modelo; a finales de 1907 fue fundada la Guàrdia Urbana con fondos del Ayuntamiento; y en 1916 se creó el Asil de Port para el encarcelamiento de los pobres en la zona del puerto. A. Pomares y V. Valentí, «Notas per a un estudi sobre el control social a la Barcelona del segle XIX: la instrucció pública», Acàcia, 3, 1993, p. 135; El Escándalo (en adelante Escándolo), 16 de septiembre de 1926. <<

[97] Para esto había que supervisar el ocio popular, censurando el contenido de las obras de teatro o canciones que tuviese material juzgado como sedicioso, blasfemo o inaceptable políticamente y regulando los espacios políticos potencialmente autónomos, como los mítines y manifestaciones. <<

[98] SO, 8 de junio de 1918; Núñez, Terrorismo, pp. 99-103. Según un jefe de policía de Barcelona, el trabajo en el cuerpo estaba considerado como una «solución rápida a una catástrofe familiar» (E. Mola, Memorias de mi paso por la dirección general de seguridad. Lo que yo supe…, Madrid, n.d., vol. 1, p. 28). <<

[99] M. Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, 1985, pp. 300-301; R. Núñez Florencio, «El ejército ante la agitación social en España (1875-1914)», en J. Alvarado y R. María Pérez (eds.), Estudios sobre ejército, política y derecho en España (siglos XII-XX), Madrid, 1996, p. 324. <<

[100] Núñez, Terrorismo, pp. 93-98. <<

[101] La detención gubernativa permitía el arresto de sospechosos policiales como «presos gubernativos» bajo órdenes del gobernador civil por un periodo de dos semanas, durante el cual los agentes podían «trabajar» para obtener una «confesión»; de ser necesario, el gobernador civil podía extender el periodo de internamiento. La policía supuestamente utilizaba este tipo de detenciones para reclutar soplones. <<

[102] F. Madrid, Ocho meses y un día en el gobierno civil de Barcelona, Barcelona, 1932, p. 199, n. 1; Porcel, Revuelta, pp. 107, 117, 128; A. Pestaña, Terrorismo en Barcelona (Memorias inéditas), Barcelona, 1979, pp. 80-82. <<

[103] Este concepto de «culpa moral» sirvió como pretexto para la ejecución del anarquista educacionalista Francesc Ferrer, cuya filosofía racionalista fue considerada como responsable de los disturbios urbanos de 1909. <<

[104] J. Peiró, Juan Peiró. Teórico y militante de anarcosindicalismo español, Barcelona, 1978, pp. 12, 21, 26, 28; Porcel, Revuelta, pp. 107, 117. <<

[105] Bajo una ley de 1879, la manutención del orden público recaía en última estancia en el ejército. <<

[106] M. Turrado Vidal, La policía en la historia contemporánea de España (1766-1986), Madrid, 1995, pp. 144, 162; Ballbé, Orden, pp. 247-303; J. Lleixá, Cien años de militarismo en España. Funciones estatales confiadas al Ejército en la Restauración y el Franquismo, Barcelona, 1986, pp. 57-95. <<

[107] D. López Garrido, La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista, Barcelona, 1982, passim; Ballbé, Orden, pp. 250-271. <<

[108] J. M. Jover, Política, diplomacia y humanismo popular en la España del siglo XIX, Madrid, 1976, p. 53; P. Gual Villalbí, Memorias de un industrial de nuestro tiempo, Barcelona, n.d., pp. 162-164, 194. <<

[109] Cartas del Gobernador Civil de Barcelona al Ministro de Gobernación y al Director General de Seguridad, 1, 11 y 29 de marzo, 1 de diciembre de 1919, 17 de mayor de 1922 y 7 de agosto de 1923, Legajo 54a (AHN/MG). <<

[110] F. del Rey Reguillo, Propietarios y patronos.. La política de las organizaciones económicas en la España de la Restauración, Madrid, 1992, p. 464. <<

[111] Veu, 28 de febrero de 1902; Romero, «Rosar» p. 511. <<

[112] Romero, «Rosa», p. 519. <<

[113] Prat de la Riba escribió en una ocasión: «La policía española, como todos los organismos del Estado, es impotente para funcionar en tierras de civilización intensa: es un aparejo de tipo primitivo, un fósil inservible» (Veu, 27 de diciembre de 1906). La Lliga también afirmó que las autoridades centrales toleraban la existencia de una «población criminal» en Barcelona porque servía para empobrecer la economía local y limitar la prosperidad futura de Cataluña. Incluso llegó a decir que el Gobierno patrocinaba a provocadores para que fuesen a Cataluña a crear conflictos para dividir a los catalanes (G. Graell, La cuestión catalana, Barcelona, 1902, passim, y Solé-Tura, Catalanismo, pp. 249, 255-258). De ahí que Cambó, el líder de la Lliga, fuese descrito como «el político español de los grandes pánicos» (J. Maurín, Los hombres de la Dictadura, Barcelona, 1977 [1930], p. 138). <<

[114] Es significativo que tanto el ala catalanista y el ala españolista de la burguesía estuvieran de acuerdo con la afirmación de que Barcelona era una «ciudad sin ley» (Del Castillo y Álvarez, Barcelona, p. 32). <<

[115] El «poeta nacional» de Cataluña, Joan Maragall, articuló este proyecto al escribir sobre la necesidad de «depurar la masa, expulsar gente mala, inutilizarla para el mal, vigilarla, impedir también propagandas criminales» (citado en López, Verano, p. 85). <<

[116] Véase Gual, Memorias, passim; S. Bengoechea, Organització patronal i conflictivitat social a Catalunya; tradició i corporativisme entre fináis de segle i la Dictadura de Primo de Rivera, Barcelona, 1994, pp. 175-283. Según León-Ignacio, los «nuevos» patronos imponían relaciones sociales como las que había «en las colonias entre los nativos y la minoría blanca. La burguesía consideraba a sus operarios como una raza aparte e inferior» («El pistolerisme dels anys vint», L’Avenç, 52, 1982, p. 24). <<

[117] Véase E. González Calleja y F. del Rey Reguillo, La defensa armada contra la revolución. Una historia de la «guardias cívicas» en la España del siglo XX, Madrid, 1995. <<

[118] Del Rey, Propietarios, pp. 628-650. Los tenderos se unieron en tropel a la milicia, especialmente en aquellos barrios donde el movimiento obrero era una fuerza considerable. También es significativo que, pese al españolismo ultraconservador del Sometent, muchas figuras importantes dentro de la Lliga nacionalista se incorporasen a la milicia. <<

[119] El número de afiliados del Sometent en Cataluña creció de forma dramática, pasando de los 43.891 en 1918 a 65.735 en 1923. Esta expansión tenía su base en Barcelona donde la milicia creció de 17.685 en 1918 (cuando formaba el 40 por ciento de todos los sometentistas) a 34.740 en 1923 (52,85 por ciento) (Del Rey, Propietarios, pp. 639-640, n.° 232). <<

[120] Los «ciudadanos de bien de Barcelona» podían conseguir licencias de pistolas sin mucha dificultad, libres de armarse a sí mismos y a sus guardaespaldas. <<

[121] A. Pestaña, Lo que aprendí en la vida, Bilbao, 1973 (segunda edición), vol. 2, pp. 68-71. <<

[122] Su verdadera identidad sigue siendo un misterio. Se cree que su apellido era «Colman» o «Kölmann». La confusión aumenta con su nombre de guerra, a veces citado como «de Koening» y otras como «de König». Aparte de trabajar para el servicio secreto alemán, también se ha dicho que el «Barón» estuvo empleado por los servicios secretos británicos o franceses. Fue deportado en mayo de 1920, cuando salió a la luz que el «Barón» estaba haciendo chantaje e intimidando a los patronos. Supuestamente se asentó en París, donde se dedicó a la extorsión y chantaje, antes de cambiar su identidad y desaparecer sin dejar rastro. J. Subirato Centura, «La verdadera personalidad del “Barón de Koenig”», Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, 1971, pp. 103-118. <<

[123] Los Sindicatos Libres se formaron en diciembre de 1919 mediante la fusión de varios sindicatos católicos pequeños. León-Ignacio, Los años del pistolerismo, Barcelona, 1981, passim; Pestaña, Terrorismo, pp. 122-180. <<

[124] Por ejemplo, Bravo Portillo y el «Barón de Koenig» eran amigos personales del general Joaquín Milans del Bosch, capitán general de la Guarnición de Barcelona de 1918 a 1920. <<

[125] Más adelante ocupó posiciones ministeriales en las dictaduras del general Primo de Rivera y el general Franco. Sobre él recae gran parte de la represión llevada a cabo durante la Guerra Civil en la zona republicana. <<

[126] Véase P. Foix, Los archivos del terrorismo blanco. El fichero Lasarte, 1910-1930, Madrid, 1978 [Barcelona, 1931]. <<

[127] J. M. Huertas, Obrers a Catalunya. Manual d’ història del moviment obrer (1840-1975), Barcelona, 1994, p. 189; J. Peirats, La CNT en la revolución española, Madrid, 1978, vol. 1, pp. 33-36; A. Balcells, El sindicalismo en Barcelona, 1916-1923, Barcelona, 1965, p. 137; Foix, Archivos, p. 73. <<

[128] Las Noticias (en adelante LasN), 2 de septiembre de 1923; Comercio y Navegación (en adelante CyN), agosto-octubre de 1923. <<

[129] F. Cambó, Les dictadures, Barcelona, 1929, p. 206. <<

[130] E. Mola, Memorias. El derrumbamiento de la monarquía, Madrid n.d., vol. 3, pp. 127-135. <<

[131] L’Opinió, 18 de julio de 1930. <<

[132] Carta del Presidente del Gremio de Ultramarinos y Similares de l’Hospitalet al Alcalde de l’Hospitalet, abril de 1930 y Carta de los presidentes de la Cambra Oficial de la Propietat, Asociación de Propietarios, el Gremio de Ultramarinos y Similares, el Gremio de Líquidos, el Centro Gremial de Carboneros y la Sociedad de Maestros Peluqueros y Barberos al Alcalde de l’Hospitalet, 30 de septiembre de 1930 (AHl’HL/AM). <<

Capítulo 2. Delineando la ciudad proletaria

[1] D. Harvey, Spaces of Hope, Edimburgo, 2000. <<

[2] Bourdieu, Outline, p. 80; A. Giddens, The Class Structure of Advanced Societies, Londres, 1981, pp. 111-113; D. Harvey, «Labour, Capital, and Class Struggle around the Built Environment in Advanced Capitalist Societies», Politics and Society, 6, 1976, p. 271. <<

[3] Tatjer, en Oyón (ed.), pp. 22, 30. <<

[4] Oyón, en Oyón (ed.), pp. 81-82. No se debe concluir que los barris estuviesen poblados exclusiva y enteramente de obreros, pero no se debe exagerar el grado de coexistencia entre las clases sociales que había en los barrios. <<

[5] J. Roca y E. Díaz, «La Torrassa. Un antecedent de barri-dormitori», L’Avenç, 28, 1980, pp. 62-69; Rider, «Anarchism», pp. 1120-1121. <<

[6] D. Marín, «Una primera aproximació a la vida quotidiana dels Hospitalencs: 1920-1929. Les histories de vida com a font histórica», Identitats, 4-5, 1990, p. 30; Roca y Díaz, «Torrassa», pp. 63, 69. <<

[7] C. Sentís, Viatge en Transmiserià. Crònica viscuda de la primera gran emigració a Catalunya, Barcelona, 1994, pp. 65-68. <<

[8] D. Marín, «De la llibertat per conèixer, al coneixement de la llibertat», tesis doctoral no publicada, Universidad de Barcelona, 1995, p. 289. <<

[9] M. J. Sirera Oliag, Obreros en Barcelona, 1900-1910, tesis doctoral no publicada, Universidad de Barcelona, 1959. <<

[10] Según el registro electoral de 1934, dos tercios de los votantes varones eran obreros temporales o no cualificados, mientras los obreros «cualificados» formaban el 12 por ciento (C. Boix y M. Vilanova, «Participación y elecciones en Barcelona de 1934 a 1936», Historia y Fuente Oral, 1992, 7, p. 66). <<

[11] A. Soto Carmona, El trabajo industrial en la España contemporánea, Barcelona, 1989, pp. 633-634, 662. <<

[12] Ministerio de Trabajo y Previsión, Estadística de los accidentes de trabajo, Madrid, 1930, pp. 114-147. <<

[13] LaV, 15 de agosto de 1931. <<

[14] Oyón, «Obreros», p. 324. <<

[15] Según un obrero, los alquileres «no estaban al alcance de los inmigrantes» (Entrevista a «Juan», noviembre de 1997). <<

[16] J. L. Martín Ramos, «Consequències socials: la resposta obrera», L’Avenç, 69, 1984, p. 46. <<

[17] Rider afirma que los precios estaban a «un 170 por ciento por encima del nivel de 1914 durante la mayor parte de la década de 1920», mientras que los sueldos bajaron en términos reales («Anarchism», pp. 65, 159). <<

[18] Datos de García, «Urbanization», pp. 201, 210-212. <<

[19] J. Llarch, Los días rojinegros. Memorias de un niño obrero, 1936, Barcelona, 1975, p. 22; R Sanz, Los hijos de trabajo. El sindicalismo español antes de la guerra civil, Barcelona, 1976, pp. 72-77; P. Eyre, Quico Sabaté, el último guerrillero, Barcelona, 2000, pp. 33, 36; J. Ferrer y S. Piera, Simó Fiera: Perfil d’un sindicalista. Records i experiències d’un dirigent de la CNT, Barcelona, 1975, pp. 17-25; A. Pestaña, Lo que aprendí en la vida (cuarta edición), Bilbao, 1973, vol. 1, p. 13. <<

[20] R. Williams, The Country and the City, Londres, 1973, p. 104. <<

[21] D. Harvey, Social Justice and the City, Londres, 1973, pp. 281-282. <<

[22] A. Etzioni, The Spirit of Community: Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda, Londres, 1995, p. ix. <<

[23] R. Liebman, Structures of Solidarity. Class, Kin, Community and Collective Action in Nineteenth-Century Lyon, Michigan, 1988. <<

[24] Entrevista a «Juan», noviembre de 1997. <<

[25] J. Oliva, Recuerdos de un libre pensador nacido en Gràcia, n.p., n.d., p. 4. <<

[26] Entrevista a Helenio Molina, grabada para Vivir la utopia, Televisión Española, 1996. <<

[27] Entrevista a Arcos, Vivir, entrevista a «Juan», noviembre de 1997. <<

[28] Oyón, «Obreros», pp. 341-343. Unas tres cuartas partes de los obreros de Barcelona iban a pie al trabajo, una cantidad muy superior a la de las ciudades europeas de tamaño similar (C. Miralles y J. L. Oyón, «De casa a la fábrica. Movilidad obrera y transporte en la Barcelona de entreguerras, 1914-1939», en Oyón (ed.), pp. 160-161). <<

[29] X. Roigé, «Familia burgesa, familia obrera. Evolució deis models de parentiu i industrialització a Barcelona, s. XIX-1930», en Roca (ed.), L’articulació, p. 167. <<

[30] Oyón, en Oyón (ed.), p. 88; A. Paz, Chumberas y alacranes (1921-1936), Barcelona, 1994, p. 67. <<

[31] M. Vilanova, «Fuentes orales y vida cotidiana en la Barcelona de entreguerras», en Oyón (ed.), p. 135. <<

[32] Tatjer, en Oyón (ed.), p. 21. <<

[33] D. Stark, «Class struggle and the tranformation of the labour process», Theory and Society, 9, 1980, pp. 89-130. <<

[34] R. Williams, Resources of Hope: Culture, Democracy, Socialism, Londres, 1989, pp. 4, 21-22; N. Thrift, «Flies and Germs: A Geography of Knowledge», en D. Gregory y J. Urry (eds.), Social Relations and Spatial Structures, Londres, 1985, pp. 366-403. <<

[35] A. Merrifield, «Situated knowledge through exploration: reflections on Bunge’s “Geographical Explorations”», Antipode, 27, 1, 1995, pp. 49-70. <<

[36] Ealham, «Class», pp. 33-47. <<

[37] Giddens, Class, pp. 111-113. <<

[38] Willis, Learning, pp. 26, 34, 124-125; Abercrombie et al., Ideology, p. 118. <<

[39] A. Leeds, Cities, Classes, and the Social Order, Ithaca, 1994, pp. 224-231. <<

[40] Romero «Rosa», p. 130; Fabre y Huertas, Barris, vol. 5, p. 216. <<

[41] García, «Barrios», p. 83; J. Giménez, De la Unión a Banet. Itinerario de una rebeldía, Madrid, 1996, p. 38; Paz, Chumberas, p. 109. <<

[42] Sentís, Viatge, p. 78; Domingo y Sagarra, Barcelona, p. 106. <<

[43] El Diario de Barcelona y El Liberal, 4-6 de mayo de 1903. <<

[44] L. Golden, «Les dones com avantguarda: el rebombori del pa del gener de 1918», L’Avenç, 45, 1981, pp. 45-50. <<

[45] Circular del ministro de Gobernación a los gobernadores civiles de todas las provincias, 4 de septiembre de 1926 y carta del gobernador civil de Barcelona al ministro de Gobernación, 25 de junio de 1929, Legajo 54a (AHN/MG); Paz, Chumberas, p. 122. <<

[46] Eyre, Sabaté, p. 36. <<

[47] En términos europeos, el índice del crimen contra individuos en Barcelona era de hecho muy bajo, mientras que la ciudad estaba a la cabeza de los «delitos contra la propiedad» (Romero, «Rosa», p. 133). <<

[48] Entrevista a «Juan», noviembre de 1997. <<

[49] Castells, Urban Question, p. 169. <<

[50] Sentís, Viatge, pp. 58-60. <<

[51] D. Beriain, Prat de Llobregat, ayer: un pueblo sin estado (relatos y semblanzas), n.p., n.d, p. 28; Sentís, Viatge, p. 63. <<

[52] Paz, Chumberas, pp. 79-80. <<

[53] Entrevista a «Juan», noviembre de 1997. <<

[54] Del Gobernador Civil de Barcelona al Ministro de Gobernación, 25 de junio de 1929, Legajo 54a (AHN/MG). <<

[55] Porcel, Revuelta, p. 139; López, Verano, pp. 99-103; Pestaña, Terrorismo, pp. 138-143; Villar, Historia, p. 115. <<

[56] Porcel, Revuelta, p. 103; Salut, Vivers, pp. 9-11, 52-57, 114, 123-124, 147-148. <<

[57] Utilizando la expresión inventada por Ira Katznelson, estos barris eran «comunidades relativamente autónomas» (Marxism and the City, Oxford, 1992, p. 237). <<

[58] Desde su creación en 1870 hasta su represión en 1874, la ciudad fue un centro importante para la Federación Regional Española Bakuninista de la Asociación Internacional de Trabajadores. <<

[59] G. Esenwein, Anarchist Ideology and the Working-Class Movement in Spain, 1868-1898, Berkeley, 1989, pp. 220-229; Eyre, Sabaté, pp. 45-46; Porcel, Revuelta, p. 54; Salut, Vivers, pp. 147-148. <<

[60] J. Mir y Miró (ed.), Dinamita cerebral, Barcelona, 1980. <<

[61] Golden, «Dones», p. 50. <<

[62] C. Tilly, From Mobilisation to Revolution, Reading, Mass., 1978, pp. 151-166. <<

[63] R. Vidiella, Los de ayer, Barcelona, 1938, pp. 43-4; La Huelga General, 5 de febrero de 1903. <<

[64] SO, 31 de marzo de 1931. <<

[65] Frente Libertario, marzo de 1975. <<

[66] Romero, «Rosa», pp. 210-211; A. Duarte, «Entre el mito y la realidad. Barcelona 1902», Ayer, 4, 1991, p. 166. <<

[67] Romero, «Rosa», pp. 502, 519. <<

[68] E. Hobsbawm, Labouring Men, Londres, 1964, p. 7. <<

[69] Varios sindicatos se quejaron sobre esto a los organismos gubernamentales, véase Legajo 59a (AHN/MG). <<

[70] D. Cosgrove, «Towards a radical cultural geography: problems of theory», Antipode, 15, 1, 1983, p. 6. <<

[71] J. Peirats, «Una experiencia histórica del pensamiento libertario. Memorias y selección de artículos breves», Anthropos Suplementos, 18, 1990, p. 9. <<

[72] M. Lladonosa, El Congrés de Sants, Barcelona, 1975. <<

[73] J. Peiró, Ideas sobre sindicalismo y anarquismo, Madrid, 1979, pp. 124-127. <<

[74] A. Monjo, «La CNT durant la II República a Barcelona: líders, militants, afiliats», tesis doctoral no publicada, Universidad de Barcelona, 1993, p. 175. <<

[75] J. Peirats, Mecanismo orgánico de la Confederación Nacional del Trabajo, Santa María de Barberá, 1979, p. 117. <<

[76] Entrevista a «Antonio». <<

[77] A. Andreassi, Libertad también se escribe en minúscula. Anarcosindicalismo en Sant Adrià del Besos, 1925-1939, Barcelona, 1996, pp. 39-44. <<

[78] A. Monjo, «Barrio y militancia en los años treinta», en Oyón (ed.), pp. 148-149. <<

[79] Entrevista a «Antonio». <<

[80] Entrevista a Manuel Vicente Alcón, citada en Monjo, en Oyón (ed.), p. 149. <<

[81] Entrevista a «Antonio». <<

[82] Entrevista a Manuel Vicente Alcón, citada en Monjo, CNT, p. 293. <<

[83] Acción, 6 de julio de 1930. <<

[84] Massana, Indústria, p. 401. <<

[85] E. Masjuan, «El pensament anarquista i la ciutat», en Oyón (ed.), p. 252. <<

[86] E. P. Thompson, «The moral economy of the crowd in the eighteenth century», Past and Present, 50, 1971, pp. 71-136. <<

[87] Entrevista a Josep Costa Font, citada en Monjo, «CNT», p. 238. <<

[88] Véase S. Lash y J. Urry, «The new Marxism of collective action», Sociology, 18, 1, 1984, pp. 36-41. <<

[89] Peirats, memorias sin publicar, p. 1; A. Figuerola, Memòries d’un taxista barceloní, Barcelona, 1976, pp. 68-69, 242-243. <<

[90] Giménez, Itinerario, p. 43. <<

[91] E. Martín, Recuerdos de un militante de la CNT, Barcelona, 1979, p. 93. <<

[92] «… son los “mayores” —generalmente los hermanos mayores, o bien los padres, los compañeros del trabajo, o amigos mayores— que les orientaban, y así nació una cohesión de grupo» (Marín, «Llibertat», p. 562). <<

[93] Paz, Chumberas, p. 88; entrevistas a «Antonio», «Francisco» y «Enric», grabadas por Alejandro Andreassi, 9 de marzo de 1992, 30 de octubre de 1991 y 14 de septiembre de 1992; Federico Arcos en P. Avrich, Anarchist Voices: An Oral History of Anarchism in America, Princeton, NJ, 1996, p. 402; Marín, «Llibertat», p. 461. <<

[94] Paz, Chumberas, p. 121. <<

[95] Marín, «Llibertat», p. 129. <<

[96] Marín, «Llibertat», pp. 117-118. <<

[97] P. Sola, Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya (1900-1939): L’Ateneu Enciclopèdic Popular, Barcelona, 1978. <<

[98] Monjo, en Oyón (ed.), p. 151. <<

[99] Dos obras de Fola Igúbide (El Cristo moderno —«The Modern Christ»— y El Sol de la Humanidad —«Humanity’s Sun»— eran especialmente populares en los ateneos. <<

[100] Paz, Chumberas, pp. 117-118; Masjuan, en Oyón (ed.), pp. 252-253. <<

[101] Veu, 11 de abril de 1913. <<

[102] Varios autores, Dinamita cerebral, Barcelona, 1977. <<

[103] La Huelga General, 5 de enero de 1902. <<

[104] Monjo, «CNT», pp. 296-297, 381. <<

[105] Marín, «Llibertat», p. 416, n.° 24; Monjo, en Oyón (ed.), p. 151. <<

[106] Paz, Chumberas, p. 88. <<

[107] F. Carrasquer, «Autopercepción intelectual de un proceso histórico», en F. Carrasquer et al, «Félix Carrasquer. Proyecto de una sociedad libertaria: experiencias históricas y actualidad», Anthropos, 90, 1988, p. 24. <<

[108] Francisco Manzanares, citado en Marín, «Llibertat», p. 485, n.° 65. <<

[109] Entrevista a «Antonio», 9 de marzo de 1992; J. Termes, «Els ateneus populars: un intent de cultura obrera», L’Avenç, 104, 1987, pp. 8-12; Andreassi, Libertad pp. 42-43. <<

[110] Rider, «Anarchism», pp. 214-222; Antonio Turón, citado en Monjo en Oyón (ed.), p. 148. <<

[111] Marín, «Llibertat», pp. 125-127, 501-502. <<

[112] También descrito como «parasociedad» o «contrasociedad» (López, Verano, p. 40). <<

[113] V. García, «José Peirats Valls: una bibliografía biografiada» en I. de Llorens et al., «José Peirats Valls: Historia contemporánea del Movimiento Libertario. Visión crítica de un compromiso anarquista: la Revolución Social», Anthropos, 102, 1989, p. 14. <<

[114] A. Durgan, BOC, 1930-1936: El Bloque Obrero y Campesino, Barcelona, 1996. <<

[115] Véase M. Amalia Pradas, «Pistoles i pistolers. El mapa de la violencia a la Barcelona dels anys 1920», L’Avenç, 285, 2003, pp. 13-20. <<

[116] Boletín de información de la CNT-FAI, 24 de julio de 1936. <<

[117] Véase R. Ferrer, Durruti, 1896-1936, Barcelona, 1985, pp. 48-68; Paz, Durruti, passim; J. García Oliver, El eco de los pasos. El anarcosindicalismo… en la calle… en el Comité de Milicias… en el gobierno… en el exilio, Barcelona, 1978, passim; R. Sanz, El sindicalismo y la política. Los «solidarios» y «nosotros», Toulouse, 1966, passim e Hijos, passim. <<

[118] Marín, «Llibertat», p. 144. <<

[119] V. Alba, Dos revolucionarios, p. 77; Pestaña, Vida, vol. 1, pp. 40, 45; Paz, Durruti, pp. 29-33; Sanz, Hijos, p. 111. <<

[120] Paz, Durruti, pp. 17-22, 67; Sanz, Hijos, pp. 51-77, 95-118; La Revista Blanca (en adelante LaRB), 1 de abril de 1924. <<

[121] Huertas, Obrers, p. 187. <<

[122] Peirats, «Experiencia», p. 16. <<

[123] Paz, Chumberas, p. 88. <<

[124] Alba, Cataluña, pp. 186-187; Vinyes i Ribes, «Bohemis, marxistes, bolxevics», L’Avenç, 77, 1984, pp. 48-54; Salut, Vivers, p. 135; V. Serge, The Birth of Our Power, Londres, 1977, pp. 29-30; Cruells, Seguí, p. 162; Peiró, Peiró, pp. 33-34; A. Pérez Baró, Els «feliços» anys vint. Memories d’un militant obrer, 1918-1926, Palma de Mallorca, 1974, p. 163. <<

[125] J. Peiró, Trayectoria de la CNT, Madrid, 1979 [Barcelona, 1925], pp. 85-98. <<

[126] SO, 3 de enero de 1932. <<

[127] Entrevista a «Antonio», 9 de marzo de 1992. <<

[128] Andreassi, Libertad, pp. 42-43. <<

[129] Andreassi, Libertad, pp. 42-44. <<

[130] Citado en D. Berenguer, De la Dictadura a la República, Madrid, 1931, p. 204. <<

Capítulo 3. El nacimiento de la ciudad republicana

[1] F. Cambó, Les dictadures, Barcelona, 1929, p. 206. <<

[2] B. Muniesa, La burguesía catalana ante la II República española. «II Trovatore» frente a Wotan, Barcelona, 1985, vol. 1, pp. 125-171. <<

[3] La Batalla (en adelante LaB), 20 de junio de 1930; CyN, julio 1931; J. Hernández Andreu, España y la crisis de 1929, Madrid, 1986, pp. 115-118. <<

[4] LasN, 3, 6, 14-20, 31 de enero, 8 de febrero, 7, 21 marzo, 4-5 y 9-11 de abril de 1931. <<

[5] SO, 28 de febrero de 1931. <<

[6] Sobre el discurso republicano véase P. Radcliff, «Política y cultura republicana en el Gijón de fin de siglo», en N. Townson (ed.), El republicanismo en España, pp. 373-394 y D. Castro Alfín, «Jacobinos y populistas. El republicanismo español a mediados del siglo XIX», en J. Álvarez Junco (ed.), Populismo, caudillaje y discurso demagógico, Madrid, 1987, pp. 181-217. <<

[7] P. Gabriel, «El marginament del republicanisme i l’obrerisme», L’Avenç 85, 1985, pp. 34-38. <<

[8] Véase E. de Guzmán, 1930: Historia política de un año decisivo, Madrid, 1976. <<

[9] Peirats, CNT, vol. 1, pp. 43-50. <<

[10] SO, 10 de abril de 1931. <<

[11] M. Ivern i Salva, Esquerra Republicana de Catalunya (1931-1936), Montserrat, 1988-1989, 2 vols. <<

[12] M. Cruells, Francesc Macià, Barcelona, 1971, pp. 17-32. <<

[13] J. Aiguader, Catalunya i la Revolució, Barcelona, 1931, pp. 148-149; L’Opinió, 30 enero, 13 de febrero de 1931. <<

[14] L’Opinió, 27 de marzo de 1931. <<

[15] L’Opinió, 13 de marzo de 1931; Llibertat, 20 de febrero, 20 de marzo de 1931. <<

[16] Esto sería logrado al hacer imposible «la explotación económica de los hombres» mediante «la transformación progresiva del sistema de propiedad privada reinante» (L’Opinió, 29 de agosto, 2 de abril, 13 de marzo de 1931). <<

[17] L’Opinió, 13 de febrero, 13 de marzo, 29 de agosto de 1931. <<

[18] L’Opinió, 13 de marzo, 29 de agosto, 3, 11 de diciembre de 1931. <<

[19] A. Maserons, La República Catalana, Barcelona, 1931, pp. 46-50. <<

[20] Alba, Cataluña, p. 147; Cruells, Macià, p. 159; N. M. Rubio, La caseta i l’hortet, Barcelona, n.d.; El Mirador, 12 de noviembre de 1931. <<

[21] L’Opinió, 2 de abril, 13 de marzo, 29 de agosto de 1931; Escándalo, 15 de julio de 1926. <<

[22] L’Opinió, 8 de abril, 30 de octubre, 26 de junio de 1931; Decree of the Comité Revolucionan de l’Hospitalet, 14 de abril de 1931 (AH1’HL/AM). <<

[23] Maserons, República, pp. 46-50. <<

[24] Busquets, Barcelona, p. 204; L’Opinió, 13 de marzo 1931. <<

[25] Cruells, Seguí, pp. 141-144; J. Ferrer, Un líder socialista: Layret (1880-1920), Barcelona, 1973, pp. 199-226; M. Buenacasa, El movimiento obrero español, 1886-1926. Historia y crítica, (Segunda Edición), Madrid, 1977, pp. 78-81. <<

[26] SO, 2 de julio de 1931; García, Eco, p. 98; Aiguader, Catalunya, p. 41; Mola, Memorias, vol. 1, pp. 177-178. <<

[27] L’Opinió, 13 de marzo de 1931. <<

[28] SO, 26 de marzo de 1931. <<

[29] SO, 11, 19-20 de marzo, 25-26 de abril de 1931. <<

[30] Acción, 5 de julio de 1930; SO, 11-12, 19-21, 26 de marzo, 1, 25-26 de abril, 22 de mayo de 1931. <<

[31] SO, 20, 26-27 de febrero, 18, 25-27 de marzo de 1931. <<

[32] SO, 22 enero, 18 de marzo de 1931; B. Pou y J. Magriñá, Un año de conspiración (antes de la República), Barcelona, 1933, pp. 159-162; E. Vega i Massana, El trentisme a Catalunya. Divergències ideològiques en la CNT (1930-1933), Barcelona, 1980, pp. 54-62. <<

[33] Bueso, Recuerdos, vol. 1, p. 329; Alba, Cataluña, p. 234; Soy LasN, 14 de abril 1931. <<

[34] El Combate Sindicalista, 6 de septiembre de 1935. <<

[35] Molas, Lliga, vol. 1, pp. 269-270. <<

[36] Paz, Chumberas, p. 69; R. Liarte, El camino de la libertad Barcelona, 1983, p. 62; Aiguader, Catalunya, p. 28; Ferrer y Piera, Piera, pp. 132-133; J. del Pi, Interpretació llibertari del moviment obrer català, Burdeos, 1946, p. 29. <<

[37] Marín, «Aproximado», p. 37. <<

[38] C. Ametlla, Memòries polítiques (1918-1936), Barcelona, 1979, p. 69; F. Madrid, El 14 d’Abril, Barcelona, 1977; F. Soldevila, Història de la proclamació de la República a Catalunya, Barcelona, 1977, passim; J. B. Culla, «L’altra cara del 14 d’Abril», L’Avenç, 26, 1980, pp. 56-61; Bueso, Recuerdos, vol. 1, p. 344. <<

[39] A. Cirici, Els temps barats, Barcelona, [1973], 1977, p. 181. <<

[40] Cucurull, Catalunya, p. 53. <<

[41] S. Cánovas Cervantes, Apuntes históricos de «Solidaridad Obrera». Proceso histórico de la revolución española, Barcelona, 1937, pp. 78-82; M. Maura, Así cayó Alfonso XIII, México, 1962, pp. 165-166; F. Largo Caballero, Mis recuerdos, México, 1976, p. 108. <<

[42] SO, 15 de abril de 1931. <<

[43] Sanz, Sindicalismo, pp. 197-198. <<

[44] Bueso, Recuerdos, vol. 1, p. 345; Cirici, Temps, p. 182. <<

[45] Para descripciones de los hechos del 14 y 15 de abril, véase Bueso, Recuerdos, vol. 1, pp. 330-350; A. M. de Lera, Angel Pestaña: Retrato de un anarquista, Barcelona, 1978, pp. 263-276; La Nau (en adelante Nau), 15 de abril de 1931; SO, 16 de abril de 1931. <<

[46] Gritos de «somos ladrones pero queremos libertad también» incitaron a la multitud a intentar asaltar las cárceles: LasN, 16 de abril de 1931; Nau, 15 de abril de 1931; La Noche (en adelante Noche), 15 de abril de 1931. <<

[47] De Lera, Pestaña, pp. 263-268; SO, 16 de abril 1931. <<

[48] R. Alcaraz, La Unió Socialista de Catalunya, Barcelona, 1987; M. Caminal, Joan Comorera. Catalanisme i Socialisme (1913-1936), Barcelona, 1984, 2 vols. <<

[49] Cucurull, Catalunya, pp. 58-59; Alba, Cataluña, p. 239. Para el desarrollo de la autoridad autónoma de la Generalitat, véase I. E. Pitarch, L’estructura del Parlament de Catalunya i les seves funcions polítiques (1932-1939), Barcelona, 1977. <<

[50] Cánovas, Apuntes, pp. 152-158, 171-175; M. Cabrera, La patronal ante la II República. Organizaciones y estrategia, 1931-1936, Madrid, 1983, p. 137; E. de Guzmán, La Segunda República fue así, Barcelona, 1977, p. 76. <<

[51] C. Canyellas y R. Toran, «Deis regionalistes de la Lliga a la Dictadura de Primo de Rivera», L’Avenç, 58, 1983, pp. 42-49; L’Opinió, 13 de marzo, 8 de abril, 5-6 de junio de 1931; J. Alzina, L’Economia de la Catalunya Autònoma, Barcelona, 1933, p. 89; LaV, 8 de Julio de 1931; Balcells, Crisis, pp. 72-76, 91-92; Poblet, Aiguader, p. 203; Cruells, Macià, p. 131. <<

[52] Soto, Trabajo, pp. 359-360. <<

[53] J. Casassas, «La República y la guerra civil, 1931-1939», en B. de Sala (ed.), p. 70; Huertas, Obrers, p. 236. <<

[54] Balcells, Crisis, p. 127. <<

[55] L’Opinió, 13, 24, 26 de junio de 1931. <<

[56] L’Opinió, 17 de junio de 1931. <<

[57] L’Opinió, 21 de junio, 12 de julio, 13, 21 de agosto de 1931; LasN, 26 de abril, 6 de junio de 1931; Nau, 27 de abril de 1931; Fabre y Huertas, Barris, vol. 4, p. 171. <<

[58] La Calle (en adelante Calle), 11 de febrero de 1931. <<

[59] P. Coromines, Diaris i Records de Pere Coromines. La República i la Guerra Civil, Barcelona, 1975, vol. 3, p. 14. <<

[60] Citado en Maseras, República, p. 60. <<

[61] Citado en C. Cañellas y R. Toran, «El domini hegemònic d’Esquerra Republicana», L’Avenç, 58, 1983, p. 51. <<

[62] Madrid, Ocho, pp. 136, 138, 143-145, 171-214, 250, 266; Nati, 2 de mayo de 1931; LasN, 1, 3 de mayo de 1931; Diluvio, 30 de mayo de 1931. <<

[63] Cánovas, Apuntes, pp. 17-18, 87-88; Maura, Así, pp. 48, 182-183. <<

[64] Azaña, Obras, vol. 4, pp. 36, 93; Jackson, Republic, p. 43. <<

[65] L’Opinió, 13 de marzo de 1931. <<

[66] E. Montero, «Reform Idealized: The Intellectual and Ideological Origins of the Second Republic», en H. Graham y J. Labanyi (eds.), Spanish Cultural Studies: An Introduction, Oxford, 1995, pp. 124-127. <<

[67] L’Opinió, 9 de junio de 1928, 14 de noviembre de 1930, 27 de agosto de 1931; JS, 16, 30 de enero, 6, 20 de febrero de 1926. <<

[68] Aiguader, Problema, passim. <<

[69] Ucelay, Catalunya, passim e Ivern, quien afirma que Esquerra «no defendía una única clase social en concreto ni unos únicos intereses sociales determinados» (Esquerra, vol. 2, p. 299). <<

[70] M. Lladonosa y J. Ferrer, «Nacionalisme català i reformisme social en els treballadors mercantils a Barcelona entre 1903 i 1939. El CADCI», en A. Balcells (ed.), Teoría y práctica del movimiento obrero en España (1900-1936), Valencia, 1977, pp. 283-329. <<

[71] Véase, por ejemplo, Butlletí del Ateneu Obrer d’ERC del Districte V, agosto-septiembre de 1934. <<

[72] Molas, Lliga, vol. 1, p. 348. Los datos proporcionados por Ivern sobre el origen social de los líderes de ERC (Esquerra, vol. 1, pp. 78-80 y vol. 2, pp. 288, 291-294) confirman este punto de vista. <<

[73] J. Malaquer, Mis primeros años de trabajo, 1910-1939, Barcelona, 1970, p. 90. <<

[74] L’Opinió, 9 de agosto de 1931. <<

[75] L’Opinió, 1 de agosto de 1931; Fortitud 1 de julio de 1933; Poblet, Aiguader, pp. 42-43. <<

[76] L’Opinió, 26 de agosto de 1931. <<

[77] La Calle, 8 de enero de 1932. <<

[78] El Sol (en adelante Sol), 19 de diciembre de 1931. <<

[79] Maura, Así, pp. 281-289. <<

[80] L’Opinió, 13, 24, 26 de junio de 1931. <<

[81] L’Opinió, 17 de julio de 1931. <<

[82] Nau, 20, 22, 30 de abril, 2 de mayo de 1931; L’Opinió, 16 de julio de 1931, LasN, 1, 3 de mayo de 1931. <<

[83] L’Opinió, 21 de junio, 10 de julio de 1931. <<

[84] L’Opinió, 10 de julio de 1931; J. Termes, Federalismo, anarcosindicalismo, catalanismo, Barcelona, 1976, p. 143. <<

[85] Esta estrategia divisoria no se aplicó a ninguna otra política, véase Gil, La Rioja, p. 188. <<

[86] Sentís, Viatge, p. 78. <<

[87] Entrevista a Juan Giménez, Vivir, Sentís, Viatge, p. 33. <<

[88] L’Opinió, 10 de julio de 1931, 7 de abril de 1934; Nau, 27 de abril de 1931. <<

[89] L’Opinió, 13 de marzo, 29 de agosto de 1931. <<

[90] L’Opinió, 10, 19 de julio, 29 de agosto, 2 de diciembre 1931; Nau, 22, 27-28 de abril, 3 de mayo de 1931. <<

[91] La ERC condenó el «imperialismo japonés» como el «peligro amarillo». L’Opinió, 18 de mayo de 1932. <<

[92] Un 11 por ciento de la población inmigrante de Barcelona procedía de Murcia (Tatjer, «La inmigración…», p. 135), lo que suponía un 5 por ciento de la población total de la ciudad (Ainaud de Lasarte et al., Barcelona, pp. 100-101). <<

[93] L’Opinió, 7 de agosto, 20 de septiembre 1931; Sentís, Viatge, pp. 72, 87-88. <<

[94] Sentís, Viatge, pp. 73-74, 83-95. <<

[95] L’Opinió, 10 de julio, 13 de agosto, 5 de noviembre, 2 de diciembre de 1931, 17 de mayo, 26 de octubre, 2 de diciembre 1932; Diluvio, 6 de mayo de 1931; Llibertat, 5 de agosto, 5 de octubre, 20 de diciembre de 1933. <<

[96] P. Hall, Cities of Tomorrow. An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century, Oxford, 1988 p. 364. <<

[97] Matí, 4 de junio de 1931; Madrid, Ocho, pp. 137-138; LaV, 13 de agosto de 1931. <<

[98] Véase J. Serna, «La desocupació i el control social», Batlia, 8, 1988, pp. 9-23; L’Opinió, 21 de agosto, 2 de diciembre de 1931. <<

[99] Matí, 21 de junio de 1931; L’Opinió, 4 de agosto de 1932. <<

[100] SO, 9 de octubre de 1932, 20 de septiembre de 1933; Sembrar, 19 de noviembre de 1932. <<

[101] Sentís, Viatge, p. 56. <<

[102] SO, 9 de octubre de 1932, 20 de septiembre de 1933; Sembrar, 19 de noviembre de 1932. <<

[103] L’Opinió, 19, 25 de julio, 13, 29 de agosto de 1931; Nau, 27 de abril de 1931. <<

[104] Balcells, Crisis, p. 19; Soto, Trabajo, pp. 359-360; LaV, 13 de agosto de 1931; L’Opinió, 21 de junio de 1931; Hernández, España, p. 97; SO, 25 de marzo, 1 de noviembre de 1931. <<

[105] L’Opinió, 10, 16 de julio, 13 de agosto de 1931; Diluvio, 30 de mayo de 1931; LasN, 1, 3 de mayo de 1931; SO, 25 de septiembre de 1931; La Noche, 17 de noviembre de 1931. <<

[106] Telegrama del Gobernador Civil de Barcelona (Anguera de Sojo) al Ministro de Gobernación (Maura), 2 de septiembre de 1931, Legajo 7.a (AHN/MG). <<

[107] L’Opinió, 14, 17 de julio, 16 de agosto, 23 de octubre de 1931, 29 de abril, 31 de mayo de 1932; Llibertat, 6 de junio de 1931; L’Obra, 12 de septiembre de 1931; LasN, 7 de marzo, 29 de abril, 3, de mayo, 8 de noviembre de 1931, 11 de mayo de 1934. <<

[108] L’Opinió, 6 de mayo, 24 de junio, 10, 17 de julio, 13, 16, 27 de agosto, 22 de septiembre, 23 de octubre, 19 de noviembre de 1931; Llibertat, 6 de junio de 1931; Madrid, Ocho, pp. 145, 158; Minutes of l’Hospitalet Council meeting, 10 de enero de 1933 (AHl’HL/AM); LasN, 4, 27 de junio de 1931. <<

[109] CyN, mayo de 1931. <<

[110] Cabrera, Patronal, p. 255. <<

[111] LaV, 9 de julio, 12 de agosto, 23 de septiembre, 29 de octubre, 2 de diciembre 1931, 4 de marzo 1932; LasN, 14 de mayo, 5 de diciembre de 1931; Fomento del Trabajo Nacional (en adelante FTN), Memoria de la Junta Directiva Correspondiente al Ejercicio de 1931, Barcelona, 1932, p. 201. <<

[112] CyN, noviembre de 1931. <<

[113] La Nau, 24 de abril de 1931; FTN, Memoria… 1931, pp. 119, 122, 135-136, 140, 201-202; COPUB, Memoria de los trabajos realizados durante el ejercicio de 1931, Barcelona, 1932, p. 488; CyN, abril y mayo de 1931; El Trabajo Nacional, abril-diciembre de 1931; Veu, 18 de abril de 1931. <<

[114] FTN, Memoria… 1931, pp. 135-140,201-206. <<

[115] Veu, 19 de junio de 1931. <<

[116] LaV, 19, 23-24 de julio, 13 de agosto de 1931, 9-10 de abril de 1932. <<

[117] Cartas de la Sociedad de Patronos Cultivadores al Alcalde de l’Hospitalet, 30 de octubre, 12 de noviembre de 1931 (AHl’HL/AM); Carta de los Presidentes de la COPUB, la Asociación de Propietarios, el Gremio de Ultramarinos y Similares, el Centro Gremial de Carboneros y la Sociedad de Maestros Peluqueros y Barberos al Alcalde de l’Hospitalet, 30 de septiembre de 1931 (AHl’HL/AM). <<

[118] LasN, 20 de mayo, 3, 31 de octubre, 2, 21 de noviembre de 1931; Noche, 3,7, 10 de noviembre de 1931; La V, 21 de agosto, 13 de septiembre de 1931, 4 de julio de 1932; SO, 28 de abril, 24 de diciembre de 1931. <<

[119] A. Farreras, El turisme a Catalunya del 1931 al 1936, Barcelona 1973. A principios de 1932, la Generalitat formó la Federació de Turisme de Catalunya i Balears (Veu, 11 de febrero de 1932). <<

[120] Matí, 14 de junio de 1931; LaV, 12 de agosto, 13, 18, 23 de septiembre de 1931; L’Opinió, 1 de agosto, 20 de septiembre de 1931; LasN, 22 de mayo, 2 de octubre, 17 de diciembre de 1931; Acta de la Reunión del Ayuntamiento de l’Hospitalet, 28 de agosto de 1934 (AH1’HL/AM); Carta de la Unió de Venedors del Mercat de Collblanc al Alcalde de l’Hospitalet, 4 de septiembre de 1935 (AH1’HL/AM). <<

[121] SO, 9 de mayo de 1931; L’Opinió, 9, 13, 26 de junio, 14 de julio de 1931; Poblet, Aiguader, p. 179; LasN, 12 de mayo, 18 de diciembre de 1931. <<

[122] Telegrama del Gobernador Civil de Barcelona (Anguera de Sojo) al Ministerio de Gobernación, 24 de octubre de 1931, Legajo 7.a (AHN/MG); COPUB, Memoria… 1931, pp. 20, 488, 497-498 y Memoria de los trabajos realizados durante el ejercicio de 1932, Barcelona, 1933, pp. 39-40; C. Ametlla, Memòries polítiques, Barcelona, 1979, vol. 2, p. 214. <<

[123] Maura, Así, pp. 274-275; J. S. Vidarte, Las Cortes Constituyentes de 1931-1933. Testimonio del primer secretario del Congreso de los Diputados, Barcelona, 1976, p. 293; Turrado, Policía, pp. 198-199. <<

[124] Maura, Así, pp. 274-275; Ballbé, Orden, p. 339. <<

[125] Azafia, Diarios completos, BCN, 2000, p. 425; Maura, Así, p. 206. <<

[126] LaB, 15 de abril, 1 de mayo de 1931; SO, 15 de abril, 1 de mayo de 1931. <<

[127] Madrid, Ocho, pp. 156-157; Manuel Azafia, Obras completas. El tránsito de un mundo histórico, México, 1967, vol. 3, p. 294; Maura, Así, p. 206; Borrás, España, pp. 109-110. <<

[128] LasN, 31 de diciembre de 1931. <<

[129] SO, 16, 25, 29 de abril de 1931. <<

[130] SO, 21 de septiembre de 1932, 6 de abril, 20 de agosto de 1933. <<

[131] Del Gobernador Civil de Barcelona (Companys) al Ministerio de Gobernación (Maura), 14 de mayo de 1931, Legajo 60a (AHN/MG); Turrado, Policía, p. 192; Ballbé, Orden, p. 336; LasN, 23 de mayo de 1931; Madrid, Ocho, pp. 156-158; Manuel Azafia, Obras completas. Memorias Políticas y de Guerra, México, 1968, vol. 4, p. 284. <<

[132] SO, 28 de mayo,1-2, 7-9, 26 de agosto de 1931; LasN, 8 de mayo de 1931; LaV, 16 de julio de 1931. <<

[133] Telegramas del Gobernador Civil de Barcelona (Anguera de Sojo) al Ministro de Gobernación, 16, 24 y 28 de octubre de 1931, Legajo 7.a y 39a (AHN/MG); C. Ametlla, Membries polítiques, Barcelona, 1979, vol. 2, p. 211. <<

[134] SO, 16 de septiembre de 1931. <<

[135] SO, 5, 12 de septiembre de 1931. <<

[136] SO, 4 de noviembre de 1931. <<

[137] SO, 30 de junio, 6, 21-31 de julio, 29 de agosto, 7 de septiembre de 1934; Adelante, 22, 30 de enero de 1934. <<

[138] Véase, por ejemplo, SO, 17-19 de julio de 1934. <<

[139] SO, 21 de octubre de 1932, 19 de julio de 1934; LaV, 31 de marzo, 5 de septiembre de 1934. <<

[140] SO, 21 de septiembre de 1932, 6 de abril, 20 de agosto de 1933. <<

[141] SO, 15 de noviembre de 1933. <<

[142] LaV, 11 de septiembre de 1931; Comunicado de la Guardia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 22 de junio de 1934 (AH1’HL/AM). <<

[143] F. Miró, Una vida intensa y revolucionaria. Juventud amor, sueños y esperanzas, México, 1989, pp. 137-139. <<

[144] SO, 25 de diciembre de 1932; Luchador, 27 de noviembre de 1931. <<

[145] LaRB, 11 de mayo de 1934; SO, 23 de septiembre de 1934. <<

[146] Véase H. Becker, Outsiders, passim; I. Janovic, «Labour Market and Imprisonment», Crime and Social Justice, 1977, pp. 17-31; Richard Quinney, Class, State and Crime, Nueva York, 1977, pp. 131-140. <<

[147] LasN, 6 de octubre de 1931; L’Opinió, 11, 13, 16 de agosto de 1931. <<

[148] SO, 11, 12, 14, 28-31 de julio, 1 de agosto de 1931; L’Opinió, 29 de julio de 1931; LaV, 16, 30 de julio, 5, 21, 26, 29-30 de agosto, 30 de septiembre de 1931. <<

[149] L’Opinió, 29 de julio de 1931; Comunicado de la Guàrdia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 26 de abril de 1936 (AHl’HL/AM); SO, 19 de junio de 1931, 30 de junio, 6, 21-31 de julio, 29 de agosto, 7 de septiembre de 1934; Adelante, 22, 30 de enero de 1934. <<

[150] Telegrama, del Gobernador Civil de Barcelona (Espía) al Ministro de Gobernación (Maura), 15 de julio de 1931, Legajo 7a (AHN/MG). <<

[151] SO, 11, 12, 14, 28-31 de julio, 1 de agosto de 1931, 21 de octubre de 1932, 1 de julio de 1933; LasN, 9 de mayo de 1931; L’Opinió, 29 de julio de 1931; LaV, 16, 30 de julio, 5, 21, 26, 29-30 de agosto, 30 de septiembre de 1931; TyL, 7, 24 de octubre de 1932. <<

[152] Ametlla, Memòries, vol. 2, pp. 93-94. Las opinión de marcado carácter clerical de Anguera de Sojo dieron lugar a especulaciones de que había «escapado de un retablo de la Inquisición» (Adelante, 2 de marzo de 1934). <<

[153] Telegrama del Gobernador Civil de Barcelona (Anguera de Sojo) al Ministerio de Gobernación, 2 de septiembre de 1931, Legajo 7.a (AHN/MG). <<

[154] Véase, por ejemplo, Ametlla, Memòries, pp. 215-216. <<

[155] Entrevista a Antonio Zapata, Vivir la utopia, Ametlla, Memòries, p. 214. <<

[156] SO, 30 de junio, 6, 21-31 de julio, 29 de agosto, 7 de septiembre de 1934; Adelante, 22, 30 de enero de 1934. <<

[157] Sentís, Viatge, p. 80; Miró, Vida, p. 123. <<

[158] Azaña, Obras, vol. 2, pp. 106-107. <<

[159] Azaña, Obras, vol. 2, p. 65 y vol. 4, pp. 93, 185, 260-262; L’Opinió, 24 de julio, 11 de agosto, 23 de octubre de 1931; LaB, 31 de diciembre de 1931, 14 de enero de 1932. <<

[160] M. Rosa Abad Amorós, «Limitación jurídica de las libertades públicas en la II República», Cuadernos Republicanos, 1993, 16, pp. 107-116. <<

[161] M.C. García-Nieto, La Segunda República. Economía y aparato del estado. 1931-1936, Madrid, 1974, vol. 1, pp. 256-257; Ballbé, Orden, pp. 323-335. <<

[162] Ballbé, Orden, pp. 318, 337, n.° 35. <<

[163] Del Gobernador Civil (Anguera de Sojo) al Ministerio de Gobernación, diciembre de 1931, Legajo 7.a (AHN/MG). <<

[164] Citado en LaV, 10 de diciembre de 1933; véase también Ballbé, Orden, pp. 359-363. <<

[165] Martín, Recuerdos, pp. 77-78. <<

[166] Ametlla, Memòries, vol. 2, p. 187. <<

[167] FTN, Memoria… 1931, pp. 203-204; Del Gobernador Civil de Barcelona al Ministro de Gobernación, 2 de septiembre de 1931, Legago 7.a (AHN/MG). <<

[168] FTN, Memoria… de 1933, p. 140. <<

[169] LaV, 23 de febrero, 15 de agosto de 1933. <<

[170] L’Opinió, 3 de febrero, 7 de marzo, 7-8 de abril, 25 de junio, 11, 25-29 de agosto de 1933. <<

[171] JS, 25 de noviembre de 1933, 14 de marzo 1936; LaB, 3 de agosto de 1933 . <<

[172] LasN, 17 de junio de 1931; L’Opinió, 17, 19 de julio de 1931. <<

[173] SO, 23 de septiembre de 1933, 21 de septiembre de 1935; LaV, 9 de agosto, 5, 9, 19 de septiembre, 3 de octubre de 1934, 10 de febrero, 11 de diciembre de 1935; LasN, 30 de mayo de 1934; La Humanitat, 15 de enero de 1936. <<

[174] L’Opinió, 30 de septiembre, 5 de noviembre de 1933; SO, 5, 8, 14 de octubre de 1933, 28 de agosto, 3 de octubre de 1934; LasN, 31 de enero de 1936; Catalunya Roja, 23 de septiembre de 1933; LaV, 5, 26 de septiembre de 1933, 19 de mayo, 7 de junio de 1935. <<

[175] Martín, Recuerdos, pp. 77-78; LaB, 22 de junio de 1933; SO, 2 de agosto, 1, 13, 15 de septiembre, 7 de octubre de 1933, 24 de octubre, 31 de diciembre de 1935, 11, 36 de enero de 1936; LasN, 4 de mayo de 1934, 31 de enero de 1936; TyL, 31 de enero de 1936. <<

[176] Massana y Roca, «Vicis», p. 40; Tatjer, en Oyón (ed.), p. 38; Massana, Industria, p. 220. <<

[177] Aiguader, Problema, p. 6. <<

[178] Publicitat, 15 de octubre de 1931. <<

[179] García, «Barrios…», p. 85. <<

[180] F. Madrid, Sangre en Atarazanas, Barcelona, 1926, passim; Escándolo, 22, 29 de octubre de 1925, 6, 20 de mayo, 15 de julio, 7, 14 de octubre de 1926; Madrid, Ocho, pp. 156-157, 175; Villar, Leyenda, p. 149. <<

[181] LaV, 21 de septiembre, 22 de octubre de 1933; SO, 13 de septiembre, 3 de octubre de 1933; Villar, Leyenda, p. 151. <<

[182] Villar, Leyenda, p. 152. <<

[183] N. Rubió i Tudurí, Pla de distribució en zones del territori català, Barcelona, 1932. <<

[184] Hipnotizador malévolo de la novela de George de Maurier de 1894, Trilby, y que se refiere a aquella persona que trata de controlar a otra con fines perversos. (N. de la T.). <<

[185] Prueba de la postura crecientemente autoritaria de Le Corbusier y de su fe en «la idea fuerte», fue su decisión de dedicar su obra de 1935, La ville radieuse, a «La autoridad» (R. Fishman, Bourgeois Utopias, Nueva York, 1987, pp. 236-237). <<

[186] Fishman, Utopias, p. 187. <<

[187] A. C., junio de 1937. <<

[188] Fabre y Huertas, Barris, vol. 5, p. 65. <<

[189] Véase C. Cirici, «Madrid-Barcelona. El nacimiento de dos metrópolis modernas», en B. de Sala (ed.), Barcelona-Madrid, 1898-1998: sintonías y distancias, Barcelona, 1997, pp. 147-148; O. Bohigas, «Una arquitectura a la Catalunya republicana i autonomia», en B. de Sala (ed.), pp. 85-93 y J. M. Rovira, «Los orígenes del Plan Macià: entre la ciudad radiante y la ciudad funcional», en Oyón (ed.), pp. 263-286. <<

[190] Harvey, Consciousness, pp. 63-220. <<

[191] Fishman, Bourgeois Utopias, pp. 9-10, 13, 163-263. <<

[192] L. Casassas i Simó, Barcelona i l’Espai Catala, Barcelona, 1977, pp. 208-217. <<

[193] Casassas, Barcelona, p. 217. <<

[194] Citado en S. Tarrago, «El “Pla Macià” o “La Nova Barcelona”», Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, 90, julio-agosto de 1972, p. 29. <<

[195] L’Opinió, 16 de marzo de 1933; F. Roca, El Pla Macià, Barcelona, 1977; Artigues, et al., Raval, pp. 55-56; LaP, 16 de agosto de 1933. <<

[196] Le Corbusier, citado en Berman, p. 168. <<

[197] B. Fine, «Law and Class», en B. Fine, R. Kinsey, J. Lea, S. Picciotto y J. Young, Capitalism and the Rule of Law. From deviancy theory to Marxism, Londres, 1973, p. 32. <<

[198] Estampa, 9 de julio de 1932; F. Lacruz, El alzamiento, la revolución y el terror en Barcelona (19 julio 1936 - 26 enero 1939), Barcelona, 1943, p. 107. <<

[199] L. Jiménez de Asúa, Ley de vagos y maleantes. Un ensayo sobre peligrosidad sin delito, Madrid, 1934; Orden Público y Vagos y Maleantes, Barcelona, pp. 65-82. <<

Capítulo 4. La ciudad proletaria y la República

[1] Sanz, Sindicalismo, pp. 197-199. <<

[2] J. Berruezo, Por el sendero de mis recuerdos (1920-1939), Santa Coloma de Gramanet, 1987, p. 42. <<

[3] Unos días más tarde, el Gobierno central ratificó la elección de Companys como gobernador civil. Bueso, Recuerdos, vol. 1, pp. 345-348; Vega, Trentisme, p. 64 . <<

[4] SO, 14-15 de abril de 1931. <<

[5] Cucurull, Catalunya, p. 58; SO, 16 de abril de 1931. <<

[6] SO, 16 de abril de 1931. <<

[7] SO, 14-23 de abril de 1931. <<

[8] SO, 14-15 de abril de 1931. <<

[9] SO, 16 de abril de 1931. <<

[10] Marín, «Aproximació», pp. 32-35; Ferrer y Piera, Piera, pp. 22-5; SO, 28 de agosto de 1931. <<

[11] Vega, Trentisme, p. 105, n.° 1; CRT, Memorias de los comicios de la regional catalana celebrados los días 31 de mayo y 1 de junio, y 2, 3 y 4 de agosto de 1931, Barcelona 1931, pp. 50-56; Balcells, Crisis, p. 192. <<

[12] CNT, Memoria del Congreso Extraordinario celebrado en Madrid los días 11 al 16 de junio de 1931, Barcelona 1932, pp. 119-120. <<

[13] SO, 8 de enero de 1931. <<

[14] Monjo, en Oyón (ed.), pp. 146-147. <<

[15] Acción, 12 de julio de 1930; SO, 5 de septiembre de 1930. <<

[16] SO, 3 de enero de 1932. <<

[17] Paz, Chumberas, pp. 91-97, 106-108, 123. <<

[18] Marín, «Aproximació», pp. 32-35; Ferrer y Piera, Piera, pp. 22-25. <<

[19] Paz, Chumberas, p. 100. <<

[20] Marín, «Llibertat», pp. 408-416, 453-454, 469, 480-485. <<

[21] J. Peirats, memorias no publicadas, p. 32. <<

[22] Miró, Vida, pp. 70, 82, 313. <<

[23] Peiró, Peiró, passim; J. Peiró, Escrits, 1917-1939, Barcelona, 1975; Pestaña, Vida, passim; De Lera, Pestaña, passim. <<

[24] Peiró, Trayectoria, pp. 105-184. <<

[25] Sanz, Sindicalismo, pp. 197-199. <<

[26] Luchador, 1, 15 de mayo, 12 de junio, 3 de julio de 1931; SO, 25 de abril de 1931. <<

[27] García, Eco, p. 115. <<

[28] Para Nosotros, véase García Oliver, Eco; Sanz, Sindicalismo; Paz, Durruti. <<

[29] SO, 25 de abril de 1931. <<

[30] Miró, Vida, p. 127. <<

[31] J. J. Gallardo Romero y J. M. Márquez Rodríguez, Ortiz: General sin dios ni amo, Santa Colonia de Gramanet, 1999, p. 79. <<

[32] La Tierra, 2 de septiembre de 1931. <<

[33] Marín, «Llibertat», p. 410. <<

[34] LaB, 12 de marzo, 18 de abril, 14 de mayo de 1931. <<

[35] LaV, 19, 21, 24 de julio, 1-29 de agosto de 1931; CyN, agosto-septiembre de 1931; E. Vega i Massana, «La Confederació Nacional del Treball i els Sindicats d’Oposició a Catalunya i el País Valencià (1930-1936)», tesis doctoral no publicada, Universidad de Barcelona, 1986, pp. 522, 1060. <<

[36] LaV, 16 de julio, 23 de agosto de 1931. <<

[37] SO, 13-15 de enero, 26-28 de marzo de 1931. <<

[38] Miralles y Oyón, «De casa», en Oyón (ed.), p. 162; Poblet, Aiguader, pp. 203-204; SO, 22 de mayo, 23 de junio, 30 de julio de 1931; L’Opinió, 10 de septiembre, 3, 11 de diciembre de 1931. <<

[39] Infirme del Cónsul General King, 8 de julio de 1931, F0371/15774/W8199/46/41 (PRO). <<

[40] SO, 8 de julio de 1931; Trabajo, 15 de junio de 1931; LaV, 13, 30 de agosto de 1931. <<

[41] LaB, 20 de junio de 1930, 12 de marzo de 1931. <<

[42] SO, 13 de enero, 26 de marzo, 13 de agosto de 1931; LasN, 11 de diciembre de 1931; Trabajo, 15, 30 de junio, 31 de julio de 1931. <<

[43] S. Tarrow, Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics, Cambridge, 1994, pp. 153-169; M. Pérez Ledesma, Estabilidad y conflicto social. España, de los iberos al 14-D, Madrid, 1990, pp. 203-205. <<

[44] La Tierra, 8 de julio de 1931; Cánovas, Apuntes, pp. 171-175. <<

[45] Soto, Trabajo, p. 592; Trabajo, 15 de septiembre de 1931; SO, 17 de junio, 23 de julio 1931; Martín, Recuerdos, p. 51; CyN, mayo de 1931. <<

[46] El Trabajo Nacional, noviembre-diciembre de 1931; CyN, noviembre de 1931; LaV, 19, 23-24 de julio, 13 de agosto de 1931; FTN, Memoria… 1931, p. 122. <<

[47] El Luchador, 14 de agosto de 1931. <<

[48] García, «Urbanization», pp. 144-145. <<

[49] SO, 8-9, 22, 30 de mayo, 13 de junio, 4, 10 de julio de 1931. <<

[50] Maura, Así, pp. 281-286. <<

[51] LaV, 7, 24 de julio de 1931; SO, 5, 10, 24 de julio de 1931; El Socialista (en adelante Socialista), 3, 11 de julio de 1931; Azaña, Obras, vol. 4, p. 36; LasN, 2, 10 de julio de 1931. <<

[52] Jackson, Republic, p. 43; SO, 21 de julio de 1931; Crisol, 11 de junio de 1931; Socialista, 9, 13 de junio de 1931; La Internacional {en adelante Internacional), 18 de julio de 1931; Sol, 14 de junio, 21 de julio de 1931. <<

[53] LasN y Matí, 10 de junio de 1931; L’Opinió, 11 de junio de 1931; SO, 10-12 de junio de 1931. <<

[54] SO, 1-2, 10 de julio de 1931. <<

[55] Bueso, Recuerdos, vol. 1, pp. 103-109; Rider, «Anarchism», Chapter 11; SO, 4-6 de junio de 1931. <<

[56] SO, 14 de julio de 1931. <<

[57] SO, 11 de junio de 1931. <<

[58] SO, 11 de junio de 1931. <<

[59] SO, 28 de abril, 19 de junio, 3, 5, 10, 23-29 de julio, 20 de agosto, 2 de septiembre de 1931. <<

[60] SO, 28 de mayo de 1931. <<

[61] SO, 7, 19, 27-30 de mayo, 9 de junio, 3, 16, 19 de julio de 1931; LaV, 4 de julio, 9-15 de agosto de 1931. <<

[62] SO, 30 de mayo de 1931. <<

[63] SO, 27 de mayo, 3, 8 de julio de 1931; Trabajo, 15 de junio de 1931. <<

[64] Martín, Recuerdos, pp. 86-87, 91-92. <<

[65] SO, 14 de julio, 30 de julio, 20 de agosto, 20 de septiembre de 1931. <<

[66] SO, 7, 28 de mayo de 1931; LaV, 19, 22 de julio, 5, 16 de agosto de 1931; LasN, 29 de mayo, 16 de junio, 27-28 de noviembre de 1931; El Día Gráfico (en adelante EIDG), 27 de noviembre de 1931; Trabajo, 15 de agosto de 1931. <<

[67] SO, 28 de mayo,1-2, 7-9, 26 de agosto de 1931; LasN, 8 de mayo de 1931; LaV, 16 de julio de 1931. <<

[68] LaV, 7, 9, 24 de julio de 1931; Sol, 4 de junio de 1931; LasN, 14, 25 de junio de 1931; L’Opinió, 9 de agosto de 1931; SO, 19 de julio de 1931; Maura, Así, pp. 281-286; La Tierra, 8 de julio de 1931. <<

[69] Paz, Chumberas, p. 184. <<

[70] SO, 7-25 de julio, 11, 20, 22 de agosto de 1931; LaV, 23, 31 de julio, 5, 30 de agosto, 1-2 de septiembre de 1931. <<

[71] SO, 25 de julio de 1931. <<

[72] LaV, 24-25 de julio de 1931; SO, 25 de julio de 1931; Bueso, Recuerdos, vol. 2, pp. 58-60. <<

[73] Del Ministro de Gobernación al Gobernador Civil de Barcelona (Anguera de Sojo), 27 de agosto de 1931, Legajo 39a (AHN/MG). <<

[74] Del Gobernador Civil de Barcelona (Anguera de Sojo) al Ministro de Gobernación, 4 de septiembre de 1931, Legajo 39a (AHN/MG). <<

[75] Del Ministro de Gobernación al Gobernador Civil de Barcelona (Anguera de Sojo), 4, 13 y 24 de septiembre de 1931, Legajo 39a (AHN/MG). <<

[76] LaV, 9, 19, 24, 27 de julio, 11, 13, 19-20 de agosto de 1931; L’Opinió, 10 de julio de 1931; Soto, Trabajo, p. 494; SO, 10-13 de junio, 10-11, 20 de julio de 1931. <<

[77] SO, 16, 25, 29 de abril de 1931. <<

[78] Del Gobernador Civil de Barcelona (Anguera de Sojo) al Ministro de Gobernación, 1 de septiembre de 1931, Legajo 7.a (AHN/MG). <<

[79] Estampa, 9 de julio de 1932; SO, 21 de marzo de 1933. <<

[80] LaV, 1 de septiembre de 1931. <<

[81] SO, 21 de septiembre de 1932, 6 de abril, 20 de agosto de 1933. <<

[82] SO, 13 de agosto de 1931. <<

[83] SO, 9, 14, 23, 30 de julio, 6-14, 23 de agosto de 1931. <<

[84] Actas del Pleno de la Federación Local de la CNT en Barcelona, 24 de octubre de 1931 (AHN/SGC). <<

[85] J. Casassas, «Barcelona, baluard de la República», en S. Sanquet y A. Chinarro (coords.), Madrid-Barcelona, 1930-1936: la tradició d’allò que és nou, Barcelona, 1997, p. 38. <<

[86] Huertas, Obrers, p. 243. <<

[87] Marín, «Llibertat», p. 408, n.° 15. <<

[88] SO, 6, 18, 22 de julio, 4-26 de agosto, 6 de septiembre de 1934; Abad, Memorias, p. 229. <<

[89] Martín, Recuerdos, p. 26; García, Eco, p. 123; TyL, 4 de julio, 1 de agosto de 1931. <<

Capítulo 5. «La lucha por la supervivencia»

[1] Martín, Recuerdos, pp. 91-92. <<

[2] LasN, 16 de junio de 1931, 2 de enero de 1936; Comunicado de la Guardia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 11 de marzo de 1936 (AH1’HL/AM); LaV, 15 de marzo, 11 de agosto de 1933. <<

[3] LasN, 1 de octubre, 4, 8, 27 de noviembre, 26 de diciembre de 1931, 4 de febrero y 3 de mayo de 1932; Comunicados de la Guardia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 13 de mayo, 19, 21 de junio de 1933 (AH1’HL/AM). <<

[4] LasN, 30 de abril, 5 de noviembre, 8 de diciembre de 1931; LaV, 11 de septiembre de 1931; entrevista a «Juan», noviembre de 1997. <<

[5] LaV, 5, 28 de julio, 19, 21 de agosto, 20 de septiembre de 1931, 29 de julio de 1932; LasN, 4 de abril, 18 de mayo, 5, 27 de junio de 1931, 8 de enero de 1932; Matí, 4, 6 de junio de 1931; SO, 25 de julio de 1931. <<

[6] Cartas de La Sociedad de Patronos Cultivadores al Alcalde de l’Hospitalet, 30 de octubre, 12 de noviembre de 1931 (AHl’HL/AM); entrevista a «Juan», noviembre de 1997. <<

[7] LaV, 4 de marzo de 1932; LasN, 20 de mayo, 5 de diciembre de 1931, 24 de febrero de 1932; entrevista a «Juan», noviembre de 1997; Comunicados de la Guàrdia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 5 de octubre, 6-20 de noviembre de 1932, 12 de mayo de 1933, 4, 12-19, 22, 28 de junio, 10 de julio, 4 de agosto, 25 de septiembre de 1934, 11 de marzo, 21 de mayo, 21 de junio, 6 de julio de 1936 (AH1’HL/AM). <<

[8] LasN, 6 de enero, 18 de abril, 3, 6, 10, 16-17, 23 de mayo, 5, 13, 17, 26 de junio, 25 de agosto, 19 de septiembre, 12 de noviembre, 16, 22 de diciembre de 1931, 2, 7, 25 de febrero de 1932; Comunicado de la Guàrdia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 19 de junio de 1936 (AHl’HL/AM). <<

[9] LasN, 7 de mayo, 12, 19 de junio, 9 de octubre, 20 de noviembre, 16, 18 de diciembre de 1931; L’Opinió, 19 de noviembre de 1931; LaV, 6-13 de marzo, 7 de abril de 1932; Comunicado de la Guardia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 2 de abril de 1933 (AHl’HL/AM). <<

[10] CyN, febrero-marzo, junio de 1933; LasN, 2-4 de febrero, 1-13 de mayo de 1934; LaV, 31 de octubre de 1933, 24 de febrero, 10 de marzo, 30 de junio, 2 de septiembre de 1934; L’Opinió, 10 de marzo, 21 de junio 1934; La Publicitat (en adelante LaP), 11 de abril de 1934; Veu, 8 de abril de 1934. <<

[11] LasN, 11, 20 de enero, 1 de febrero, 1,31 de marzo, 9, 11 de abril, 8 de mayo, 16, 19, 25 de junio, 1, 24, 29-30 de octubre, 3-6, 20, 27 de noviembre, 1, 19-24, 30 de diciembre de 1931, 8 de enero de 1932; LaV, 25 de julio, 1, 4-5, 28 de agosto, 1 de septiembre de 1931, 6 de marzo de 1932; L’Opinió, 16 de junio, 30 de agosto, 24 de julio de 1931. <<

[12] LaV, 6-13 de marzo, 7 de abril de 1932. <<

[13] Sentís, Viatge, p. 78. <<

[14] F. Candel, Ser obrero no es ninguna ganga, Barcelona, 1976 (2.a ed.), pp. 82-83. <<

[15] Véase SO, 16 de junio de 1931. <<

[16] LasN, 2-3 de mayo de 1931; SO, 16 de junio de 1931. <<

[17] Sentís, Viatge, p. 78. <<

[18] SO, 15 de febrero de 1932, 9 de abril de 1936; Acta de la sesión municipal, 1 de junio de 1933 (AHl’HL/AM). <<

[19] Rider, «Anarquisme», p. 9. <<

[20] Véase N. Rider, «The practice of direct action: the Barcelona rent strike of 1931», en D. Goodway (ed.), For Anarchism. History, Theory and Practice, Londres, 1989, pp. 79-105 y SO, 3 de septiembre de 1931. <<

[21] J. Hinton, «Self-help and socialism. The Squatters Movement of 1946», History Workshop Journal, 25, 1985, pp. 100-126. <<

[22] L’Opinió, 13, 27 de marzo de 1931; Calle, 15 de mayo, 16 de octubre de 1931. <<

[23] A. Bueso, Cómo fundamos la CNT, Barcelona, 1976, pp. 53-54; SO, 13 de enero, 26-28 de marzo, 13 de mayo, 15 de agosto, 3 de septiembre de 1931; TyL, 5 de septiembre de 1931. <<

[24] SO, 25 de marzo, 1 de noviembre de 1931. <<

[25] SO, 16, 18, 25 de abril, 23 de junio, 1, 25 de noviembre de 1931. <<

[26] SO, 26, 30 de abril, 7, 21, 24 de junio, 18 de julio, 15 de agosto, 3 de septiembre, 6 de noviembre de 1931. <<

[27] SO, 8 de julio de 1931. <<

[28] Nau, 20 de abril de 1931; SO, 21 de abril de 1931. <<

[29] Diluvio, La Vy LasN, 1 de mayo de 1931; Informe del cónsul general King, 5 de mayo de 1931, F0371/15772/W5305/46/41 (PRO). <<

[30] LasN y La K 3 de mayo de 1931. <<

[31] Petición de la CNT al Alcalde de l’Hospitalet, 1 de mayo de 1931 (AH1’HL/AM); LasN y La V, 3 de mayo de 1931; SO, 1 de mayo de 1931. <<

[32] SO, 3 de mayo de 1931. <<

[33] LasN y SO, 3 de mayo de 1931; Madrid, Ocho, p. 140; García, Eco, pp. 115-116. <<

[34] LasN y SO, 3 de mayo de 1931. <<

[35] En su Eco, pp. 115-117, García Oliver exagera el papel de los faístas armados, afirmando que «se habían hecho dueños de todas las esquinas» de la Plaza de la República. Esto no lo confirman otras fuentes: SO, LasN y Nau, 2-5 de mayo de 1931; Luchador, 8 de mayo de 1931; TyL, 8 de mayo de 1931; Madrid, Ocho, pp. 138-144. <<

[36] Fabre y Huertas, Barris, vol. 4, p. 171. <<

[37] SO, 4 de junio de 1931. <<

[38] SO, 27 de junio de 1931. <<

[39] LasN y SO, 27 de junio de 1931. <<

[40] SO, 11 de junio de 1931; LasN, 11-12 de junio de 1931. <<

[41] SO, 14 de junio, 4 de julio de 1931. <<

[42] LaV, 9 de julio de 1931. <<

[43] LaV, 15, 28 de julio de 1931. <<

[44] LaV, 5 de julio de 1931; LasN, 21 de junio de 1931. <<

[45] LaV y SO, 21 de julio de 1931. <<

[46] SO, 19 de junio de 1931; L’Opinió, 29 de julio de 1931; LaV, 31 de julio de 1931. <<

[47] LasN, 9, 16 de mayo, 24 de diciembre de 1931. <<

[48] LaV, 9 de septiembre de 1931. <<

[49] Comunicados de la Guardia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 14 de junio de 1936 (AHl’HL/AM). <<

[50] SO, 13-15 de mayo, 5 de junio, 4, 21 de julio, 5, 14-15, 26 de agosto de 1931; LaV, 8 de julio, 24 de septiembre de 1931; LasN, 26 de junio de 1931. Quizás la mejor manera de medir el alcance de la huelga sea a través de las intensas quejas de los caseros (Rider, en Goodway (ed.), p. 95). <<

[51] SO, 24 de junio, 2, 12, 19 de agosto, 1-3 de septiembre de 1931; Luchador, 4 de septiembre de 1931; TyL, 11 de julio de 1931. <<

[52] LasN, 3 de mayo de 1931; SO, 12 de agosto de 1931. <<

[53] TyL, 11 de julio, 1 de agosto de 1931. <<

[54] SO, 28 de junio de 1931. <<

[55] SO, 28 de junio, 3 de julio de 1931. <<

[56] F. Fox Piven y R. A. Cloward, Poor People’s Movements. Why They Succeed, How They Fail, Nueva York, 1977, p. X. <<

[57] SO, 9, 31 de mayo, 4, 8, 18 de julio, 3 de septiembre de 1931; TyL, 8 de agosto de 1931. <<

[58] Entrevista a «Juan», noviembre de 1997. <<

[59] EIDG, 5 de agosto de 1931; SO, 20 de septiembre de 1931. <<

[60] SO, 20 de mayo de 1931. <<

[61] SO, 15 de agosto de 1931. <<

[62] Rider, «Anarquisme», p. 14. <<

[63] SO, 15-19, 28 de agosto de 1931, 17 de septiembre de 1935; LasN, 30 de junio de 1931; LasN, 11, 22 de octubre, 29 de noviembre de 1931; EIDG, 2 de octubre de 1931. <<

[64] Paz, Chumberas, p. 87. <<

[65] SO, 3 de septiembre de 1931. <<

[66] Nau, 24 de abril de 1931; LaV, 27, 30 de agosto de 1931; Carta de La Unió de Venedors del Mercat de Collblanc al Alcalde de l’Hospitalet, 4 de septiembre de 1935 (AHl’HL/AM). <<

[67] Aiguader, Catalunya, pp. 12-14; Correspondencia del Ayuntamiento de l’Hospitalet, 1931-1936 y Actas de las Sesiones Municipales de l’Hospitalet, 1931-1936 (AHl’HL/AM). <<

[68] Ivern, Esquerra, vol. 1, p. 78. <<

[69] Rider, «Anarquisme», p. 17. <<

[70] LaV, 26 de septiembre de 1931; COPUB, Memoria… 1932, p. 91. <<

[71] COPUB, Memoria… 1931, pp. 93, 255-267, 440; LasN, 1 de mayo, 7 de octubre de 1931; LaV, 7, 18-21 de julio, 16 de agosto de 1931. <<

[72] Carta de Pich i Pon, Presidente de la COPUB, al Ministerio de Gobernación, 30 de julio de 1931, Legajo 7.a (AHN/MG). <<

[73] L’Opinió, 7 de agosto, 20 de septiembre, 19 de noviembre, 2 de diciembre de 1931, 14 de enero de 1932; Calle, 1 de enero de 1932; Diluvio, 16 de mayo de 1931; LasN, 22 de mayo de 1931; Madrid, Ocho, pp. 145, 156-157. <<

[74] LasN, 1 de mayo, 4, 27 de junio, 13 de diciembre de 1931; L’Opinió, 6 de mayo, 24 de junio, 10, 17 de julio, 13, 20-21 de agosto, 23 de octubre, 5, 19 de noviembre de 1931; Madrid, Ocho, pp. 145, 158; LaV, 1 de mayo, 15 de julio, 19-20 de agosto de 1931; Azafia, Obras, vol. 2, pp. 67-68; Diluvio, 1 de mayo de 1931; Matí, 4 de junio de 1931; Calle, 1 de enero, 7 y 29 de abril de 1932. <<

[75] L’Opinió, 6 de mayo de 1931. <<

[76] LasN, 1 de mayo de 1931; L’Opinió, 17 de julio de 1931; LaV, 13 de agosto de 1931. <<

[77] L’Opinió, 10 de julio de 1931. <<

[78] Calle, 1-8 de enero de 1932. <<

[79] L’Opinió, 20 de agosto de 1931, LaV, 19, 21 de agosto de 1931. <<

[80] LaV, 13 de agosto de 1931, 3 de marzo de 1932; L’Opinió, 1 de junio de 1932; SO, 13 de septiembre de 1932; Comunicados de la Guardia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 8, 13 de septiembre de 1934; Acta de la sesión municipal de l’Hospitalet, 10 de enero de 1933, 28 de agosto de 1934 (AH1’HL/AM); Carta del Alcalde de l’Hospitalet al Comandante del puesto de la Guardia Civil, 7 de marzo de 1936 (AH1’HL/AM); LasN, 12 de noviembre, 16 de diciembre de 1931. <<

[81] Legajo 7.a (AHN/MG). <<

[82] COPUB, Memoria… 1931, pp. 263, 479. <<

[83] SO, 31 de julio de 1931. <<

[84] COPUB, Memoria… 1931, pp. 44, 255-257, 440, 492; COPUB, Memoria… 1932, p. 65; SO, 5 de junio, 30-31 de julio, 5, 12, 15, 26 de agosto, 10 de octubre de 1931; EIDG, 13 de octubre de 1931; LasN, 14 de octubre de 1931; Del Juzgado Municipal al Alcalde de l’Hospitalet, 28 de agosto de 1931 (AHl’HL/AM). <<

[85] SO, 14, 18, 27 de agosto, 9 de septiembre de 1931; LasN, 11 de octubre de 1931; TyL, 5 de septiembre de 1931; LaV, 19, 27 de agosto de 1931. <<

[86] Conversación Telefónica entre el Gobernador Civil de Barcelona (Anguera de Sojo) y el Subsecretario del Ministro de Gobernación, 11AM, 4 de septiembre de 1931 y Telegramas y Cartas entre el Ministro de Gobernación (Maura) y el Gobernador Civil de Barcelona (Anguera de Sojo), 4 y 9 de septiembre de 1931, Legajo 7.a (AHN/MG). <<

[87] M. Bookchin, The Spanish Anarchists: The Heroic Years, 1868-1936, Edimburgo, 1997, pp. 182, 187, n. 12. <<

[88] LaV y L’Opinió, 3-9 de septiembre de 1931; Calle, 11, 25 de septiembre de 1931; SO, 3, 6, 12 de septiembre de 1931; TyL, 5, 12, 19 de septiembre de 1931; El Luchador, 25 de septiembre, 2, 9 de octubre de 1931; LaB, 10, 17 de septiembre de 1931; Madrid, Ocho meses, p. 227; Cartas de sir G. Grahame, 5, 7 y 11 de septiembre de 1931, F0371/15775/W10124/46/41, F0371/15775/W10194/46/41, F0371/15775/W10335/46/41 y F0371/15775/W10541/46/41 (PRO). <<

[89] LasN, 1-2 de diciembre de 1931; Comunicado de la Guardia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 26 de abril de 1936 (AH1’HL/AM). <<

[90] LasN, 2,7 de octubre de 1931; LaV, 19 de septiembre de 1931; L’Opinió, 20 de septiembre de 1931. <<

[91] LasN, 24 de diciembre de 1931; COPUB, Memoria… 1931, pp. 20, 488, 497-498 y Memoria… 1932, pp. 39-40. <<

[92] Ballbé, Orden, p. 331; SO, 22 de octubre, 1-10 de noviembre, 4 de diciembre de 1931; TyL, 22 de agosto de 1931; La Noche, 13 de noviembre de 1931. <<

[93] LasN, 10 de noviembre, 18 de diciembre de 1931, 29 de agosto de 1935; LaV, 23 de agosto de 1935; Actas de la Sesión Municipal de l’Hospitalet, 1 de junio de 1933 y Comunicados de la Guardia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 17 de julio, 7 de octubre de 1932, 10 de abril de 1936 (AHl’HL/AM). <<

[94] Estampa, 9 de julio de 1932. <<

[95] EIDG, 24-25 de septiembre de 1931; LasN, 1, 21 de octubre de 1931; LaV, 24 de septiembre de 1931; SO, 30 de octubre de 1931. Véase también C. Ealham, «La lluita pel carrer, els vendedors ambulants durant la II República», L’Avenç, 230, 1998, pp. 21-26. <<

[96] Sentís, Viatge, p. 78. <<

[97] SO, 17 de septiembre de 1935; LasN, 11, 22 de octubre, 29 de noviembre de 1931; Adelante, 7 de enero de 1934. <<

[98] Sentís, Viatge, p. 68. <<

[99] Paz, Chumberas, pp. 87, 123. <<

[100] L’Opinió, 19 de julio de 1931. <<

[101] SO, 24 de diciembre de 1931; Comunicados de la Guardia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 17 de julio de 1932, 18 de marzo, 14 de junio de 1936 (AHl’HL/AM). <<

[102] Madrid, Ocho, p. 145; Veu, 15 de diciembre de 1932; Cánovas, Apuntes, p. 162; La Colmena Obrera (en adelante Colmena), 6 de diciembre de 1931. <<

[103] Comunicado de la Guardia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 10 de octubre de 1932 (AH1’HL/AM). <<

[104] De la Jefatura Superior de Policía de Barcelona al Juzgado Municipal de l’Hospitalet, 28 de septiembre, 25 de octubre de 1931 y Gobierno Civil de Barcelona al Alcalde de l’Hospitalet, 20 de abril, 1 de mayo, 1 de junio de 1932 (AH1’HL/AM). <<

[105] Comunicado de la Guardia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 10 de junio de 1933, 10 de abril de 1936 (AHl’HL/AM); SO, 7 de julio de 1933, 1 de febrero de 1936. <<

[106] Véase Vega, Trentisme, passim. <<

[107] Bueso, Recuerdos, vol. 2, pp. 349-53; L’Opinió, 30 de agosto de 1931. <<

[108] Telegrama del Gobernador Civil de Barcelona (Anguera de Sojo) al Ministerio de Gobernación, 20 de octubre de 1931 Legajo 7.a (AHN/MG). <<

[109] SO, 6-10 de noviembre de 1931. <<

[110] SO, 23 de agosto, 1-2, 9, 17, 29 de septiembre, 6 de octubre, 3-10, 26-28 de noviembre de 1931; TyL, 13, 27 de junio, 5 de diciembre de 1931; El Luchador, 9 de octubre, 20 de noviembre de 1931. <<

[111] SO, 1-7 de noviembre, 8 de diciembre de 1931; TyL, 26 de septiembre-31 de octubre de 1931. <<

[112] TyL, 31 de octubre de 1931; SO, 3 de noviembre, 3-5, 8 de diciembre de 1931; L’Opinió, 3 de diciembre de 1931; LaP, 6 de diciembre de 1931; LaB, 10 de diciembre de 1931. <<

[113] SO, 22-24 de septiembre, 14, 21 de octubre de 1931; Luchador, 23 de octubre de 1931; García, Eco, p. 216. <<

[114] SO, 14-15 de septiembre de 1933. <<

[115] SO, 14 de enero, 13, 19, 26, 30 de mayo, 19, 24 de junio de 1931. <<

[116] SO, 22 de abril, 5, 10, 22, 29 de mayo, 2 de junio, 11, 14 de julio, 2, 11 de agosto de 1931; Actas del Pleno de la Federación Local de la CNT en Barcelona, 29 de noviembre de 1931 (AHN/SGC); LasN, 1 de mayo de 1931. <<

[117] Calle, 14 de abril, 8 de julio de 1932. <<

[118] Sentís, Viatge, pp. 80-1; entrevista a «Antonio», noviembre de 1997. <<

[119] SO, 24 de septiembre, 2 de octubre de 1930. <<

[120] SO, 20 de mayo de 1931, 13, 22 de julio de 1934. <<

[121] SO, 31 de octubre de 1931. <<

[122] SO, 3 de septiembre de 1931. <<

[123] SO, 20 de octubre de 1932, 29 de octubre de 1933, 24 de abril de 1934. <<

[124] Oyón, en Oyón (ed.), p. 88. <<

[125] SO, 9 de septiembre de 1932. <<

[126] Giménez, Itinerario, p. 49. <<

[127] R. Vidiella, «Psicología del anarquismo español», Leviatán, mayo de 1934, pp. 50-58. <<

[128] SO, 27 de febrero, 2 de abril, 12, 29 de mayo, 4, 21 de julio, 7-8, 15, 18, 20 de agosto de 1931. <<

[129] Actas del Pleno de la Federación Local de la CNT en Barcelona, 24 de octubre de 1931 (AHN/SGC). <<

[130] SO, 12-15 de mayo de 1931. <<

[131] TyL, 5 de septiembre de 1931; SO, 6-8, 18 de agosto de 1931; Comunicados de la Guàrdia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 10 de abril de 1936 (AH1’HL/AM); LaV, 13, 25 de agosto, 29 de septiembre de 1931, 31 de marzo de 1932; Noche, 9 de noviembre de 1931; LasN, 18 de noviembre, 13 de diciembre de 1931; Giménez, Itinerario, pp. 43; Marín, «Llibertat», p. 469. <<

[132] Comunicado de la Guàrdia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 10 de abril de 1936 (AH1’HL/AM). <<

[133] SO, 10 de agosto, 7 de diciembre de 1932, 4, 16 de abril de 1933, 20 de febrero, 15 de septiembre de 1935. <<

[134] TyL, 24 de junio de 1932; SO, 22 de marzo, 9 de noviembre de 1932, 18, 25 de marzo de 1933, 1 de marzo de 1935. <<

[135] TyL, 26 de abril, 8 de mayo de 1931, 9 de junio de 1933. <<

[136] García, Eco, p. 188; SO, 23 de junio, 26 de agosto, 16 de septiembre, 13 de octubre de 1932, 12 de enero, 11 de febrero de 1933, 15 de abril de 1934, 15 de septiembre de 1935. <<

[137] Iniciales, noviembre de 1934; FAI, 8 de enero de 1935. <<

[138] J. Llarch, La muerte de Durruti, Barcelona, 1985, pp. 44-45. <<

[139] SO, 26 de abril de 1934; Luchador, 7 de julio de 1933; FAL, 8 de enero de 1935. <<

[140] SO, 20 de abril, 16 de septiembre de 1932, 15 de abril de 1934. <<

[141] TyL, 13 de enero, 17 de marzo de 1933; SO, 21 de febrero, 14 de marzo, 4, 15 de abril de 1933; CyN, febrero-julio de 1933; LaV, 5 de enero, 14, 18 de febrero, 14-15 de marzo de 1933; Catalunya Roja, 26 de febrero de 1933. <<

[142] LaV, 17 de enero, 26 de febrero, 10, 12, 30 de marzo de 1933. <<

[143] LaV, 27 de septiembre de 1933, 9 de septiembre de 1934; L’Opinió, 21 de junio de 1934; Legajo 54a (AHN/MG). <<

[144] LaV, 23 de julio, 20 de agosto 6 de septiembre de 1931, 17 de marzo, 19 de julio, 25-26 de octubre, 8 de noviembre de 1932, 11, 24 de enero, 19 de febrero, 15, 31 de marzo, 2 de abril, 14, 23, 31 de mayo, 1-2, 20 de junio, 18, 27 de julio, 2, 8, 11 de agosto, 15, 24 de octubre, 15 de diciembre de 1933, 14 de febrero, 3 de abril, 1, 6 de junio, 19, 25 de julio, 5 de agosto, 26 de septiembre, 22 de noviembre, 4, 7 de diciembre de 1934, 5, 16 de marzo, 10 de abril, 15, 31 de mayo, 4 de junio, 22 de agosto, 26 de octubre, 25 de diciembre de 1935; LasN, 1 de febrero, 11 de abril, 8, 31 de mayo, 4 de junio, 3 de noviembre-1 de diciembre de 1931, 19 de enero, 16 de febrero, 17 de agosto de 1932, 14 de abril, 8-9 de mayo, 4, 26-27 de septiembre de 1934, 24 de enero de 1935; Noche, 2 de noviembre de 1931; LaP, 31 de mayo de 1933, 10-12 de abril de 1934; Veu, 5 de enero, 31 de mayo de 1933, 8, 12, 21 de abril de 1934; SO, 9 de agosto 1923; Matí, 4 de junio de 1931; L’Opinió, 8 de octubre de 1933. <<

[145] TyL, 19 de noviembre de 1935; Abad, Memorias, p. 188. Según los cálculos de la Policía, en 1935 había en Barcelona unos 16.000 inmigrantes ilegales: 5500 alemanes, 1500 italianos, 600 argentinos y 130 portugueses. LaP, 2 de enero de 1935. <<

[146] LasN, 7 de marzo, 17 de mayo, 5 de junio, 29 de noviembre de 1931, 4 de mayo de 1934; LaV, 8, 17 de septiembre de 1931, 5 de julio, 13-15 de diciembre de 1932, 7 de mayo, 8, 11 de agosto, 27 de septiembre, 15 de octubre de 1933, 4 de diciembre de 1934; Nau, 24 de abril de 1931; L’Opinió, 26 de octubre de 1933; Abad, Memorias, pp. 182, 220-221. <<

[147] LaV, 6 de enero, 18, 24 de marzo, 4, 7 de abril, 31 de mayo, 18 de julio de 1933, 27 de diciembre de 1934, 4, 28 de enero de 1935; Rivista Anarchica de Italia, Red Years, Black Years. Anarchist Resistance to Fascism in Italy, Londres, 1989, pp. 7, 37-38, 43; TyL, 19 de septiembre de 1931; SO, 29 de septiembre de 1934; LasN, 17 de mayo, 5 de junio de 1931, 4 de octubre de 1934, 5 de febrero, 16 de mayo, 4 de julio de 1936; A. Téllez Solá, Sabaté. Guerrilla urbana en España (1945-1960), Barcelona, 1992, p. 42; Veu, 6 de enero de 1933, 18, 21 de abril de 1934; García, Eco, p. 230. <<

[148] SO, 26 de agosto de 1932. <<

[149] LaV, 20 de agosto de 1931; Veu, 24 de diciembre de 1933. <<

[150] C. Ealham, «“From the Summit to the Abyss”: The Contradictions of Individualism and Collectivism in Spanish Anarchism», en P. Preston y A. MacKenzie (eds.), The Republic Besieged: Civil War in Spain, 1936-39, Edimburgo, 1996, pp. 135-162. <<

[151] LasN, 11 de abril, 3 de noviembre, 21 de diciembre de 1931, 17 de agosto de 1932, 21 de abril de 1934, 2 de julio de 1936; LaV, 16 de diciembre de 1932, 13 de agosto, 27 de septiembre, 19-20 de octubre de 1933, 31 de marzo, 3 de abril de 1934, 13 de enero de 1935; Iniciales, diciembre de 1935-febrero de 1936; LaP, 11 abril de 1934; L’Opinió, 8, 19-20 de octubre de 1933; Veu, 21 abril de 1934; Llarch, Muerte, pp. 23-24; SO, 3 de diciembre de 1935, 7 de febrero de 1936. <<

[152] LasN, 4 de septiembre de 1934. <<

[153] LaV, 27 de diciembre de 1934. <<

[154] M. Muñoz Diez, Marianet, semblanza de un hombre, México, 1960, pp. 25-30. <<

[155] TyL, 11 de julio de 1931. <<

[156] Actas del Pleno de la Federación Local de la CNT en Barcelona, 10 de enero de 1932 (AHN/SGC); LaB, 7 de enero, 6 de junio, 29 de septiembre de 1932. <<

[157] Unidad sindical, 31 de marzo, 21 abril de 1932 . <<

[158] Fam, 10 de febrero de 1933. <<

Capítulo 6. Anarquismo militarizado, 1932-1936

[1] Mi análisis se basa en las siguientes fuentes: LasN, L’Opinió, Veu y LaV, 20-30 de enero de 1932; TyL, 23 de enero-26 de febrero de 1932; Luchador, 5-26 de febrero de 1932; SO, 20 de enero, 3-6 de marzo de 1932; Cultura Libertaria, 5 de febrero de 1932; LaB, 29 de enero-11 de febrero de 1932; Actas del pleno de la Federación Local de Barcelona de la CNT, 5 de febrero, 7, 10 de marzo de 1932 (AHN/SGC); C. Borderías, «La insurrección del Alt Llobregat. Enero 1932. Un estudio de historia oral», tesina, Universidad de Barcelona, 1977. <<

[2] Gobernador Civil de Barcelona al Ministro de Gobernación, 29 de diciembre de 1931, Legajo 7.a (AHN/MG). <<

[3] SO, 17 de enero de 1932. <<

[4] Paz, Chumberas, p. 119. <<

[5] Azaña, Obras, vol. 2, pp. 139-141, vol. 3, pp. 311-312; Ballbé, Orden, p. 342. <<

[6] Madrid, Ocho, pp. 171-172; Azaña, Obras, vol. 3, pp. 326-339; Calle, 19 de febrero de 1932; LasN, 11 de febrero de 1932; TyL, 26 de febrero, 4 de marzo de 1932; LaB, 9, 30 de junio de 1932. <<

[7] Actas del pleno de la Federación Local de Barcelona de la CNT, 8 de febrero de 1932 (AHN/SGC); LasN, 2, 17 de febrero de 1932; TyL y Cultura Libertaria, 1 de abril de 1932. <<

[8] TyL, 8 de abril de 1932; LasN, 16-21 de febrero de 1932; LaV, 5 de abril de 1932; Peirats, CNT, vol. 1, pp. 65-66. <<

[9] Cultura Libertaria, 5 de febrero de 1932; LaB, 29 de enero, 4, 11 de febrero de 1932. <<

[10] Luchador, 5, 12 de febrero de 1932. <<

[11] Así, Jover, del grupo Nosotros afirmó que la revolución «hubiese triunfado en España y aun en Barcelona si el Comité Regional no la hubiese saboteado… Se ha traicionado el movimiento». Actas del Pleno de la Federación Local de Barcelona de la CNT, 5, 7 de febrero, 7, 10 de marzo de 1932 (AHN/SGC). <<

[12] Actas del Pleno de la Federación Local de Barcelona de la CNT, 29 de noviembre de 1931, 10 de febrero, 25 de marzo de 1932 (AHN/SGC). <<

[13] LaB, 25 de febrero, 3 de marzo, 7 de julio, 15 de septiembre, 13, 27 de octubre, 10, 17 de noviembre de 1932. <<

[14] TyL, 1, 22 de abril de 1932; Luchador, 5, 12, 19 de febrero, 8, 15 de abril de 1932; SO, 15 de marzo de 1932. <<

[15] SO, 18 de marzo, 3 de mayo, 17 de junio, 30 de septiembre de 1932; Cultura Libertaria, 20 de mayo, 17 de junio, 15 de julio, 16, 23 de septiembre, 7, 21 de octubre, 3, 10, 17 de noviembre, 14, 21 de diciembre de 1932, 3 de enero, 3 de marzo de 1933; Sindicalismo, 14 de febrero, 14, 21 de abril de 1933; TyL, 14 de abril de 1933. <<

[16] SO, 26 de abril de 1932; LaB, 21 de abril, 1 de mayo de 1932. <<

[17] Informe del cónsul general King, 30 de mayo de 1932, F0371/16505/W6457/ 12/41 (PRO). <<

[18] SO, 1 de enero de 1933. <<

[19] Este análisis se basa en CyN, enero de 1933; LaV, Veu y L’Opinió, 1-23 de enero de 1933; SO, 1-26 de enero, 5 de febrero de 1933; García, Eco, pp. 130-133; Paz, Durruti, pp. 244-249; carta de sir G. Grahame, 10 de enero de 1933, F0371/17426/ W472/116/41 e informes del cónsul general King, 10-11 de enero de 1933, F0371/17426/W576/116/41 y F0371/17426/W577/116/41 (PRO). <<

[20] García, Eco, p. 172. <<

[21] A. Elorza, La utopía anarquista bajo la Segunda República, Madrid, 1973, p. 455; Bookchin, Anarchists, p. 227. <<

[22] SO, 13-14, 28, 31 de enero, 2-4 de febrero de 1933; Luchador, 10 de febrero de 1933; TyL, 27 de enero, 17 de marzo de 1933. <<

[23] El ascenso de Menéndez de un puesto en Barcelona a uno en el gobierno central, muestra de qué forma la experiencia en cuestiones de orden público en la capital catalana era considerada en círculos oficiales como una formación idónea para puestos superiores en el aparato del Estado. <<

[24] F. Urales, La barbarie gubernamental: España 1933, Barcelona, 1933; J. Mintz, The Anarchists of Casas Viejas, Chicago, 1982, pp. 186-200. <<

[25] CRT, Memoria… 1933, pp. 5-9. <<

[26] Paz, Durruti, pp. 248-249; SO, 10 de febrero de 1933. <<

[27] P. Preston, The Coming of the Spanish Civil War. Reform, Reaction and Revolution in the Second Republic, Londres, 1978, pp. 92-130. <<

[28] SO, 15-17, 28, 31 de enero de 1933, 15 de junio, 2, 16, 28 de agosto de 1934; TyL, 1 de agosto, 20 de octubre de 1933. <<

[29] Luchador, 28 de julio de 1933; SO, 21 de julio, 4 de agosto, 29 de octubre, 15 de noviembre de 1933. <<

[30] SO, 1, 10 de febrero, 1 de marzo, 22 de septiembre, 12, 15, 17 de octubre, 23 de noviembre de 1933; LaRB, 15 de noviembre de 1933. <<

[31] SO, 22 de octubre, 1, 7-10, 17, 23 de noviembre, 1, 2 de diciembre de 1933; TyL, 24 de noviembre, 1 de diciembre de 1933; LaRB, 30 de noviembre de 1933. <<

[32] SO, 17 de noviembre de 1933. <<

[33] Adelante, 19, 23, 24, 28 de noviembre, 2, 3 de diciembre de 1933; LaV, 19, 21, 23, 28, 30 de noviembre, 3, 5 de diciembre de 1933; SO, 3 de diciembre de 1933. <<

[34] SO, 11, 16, 18 de noviembre de 1933; Adelante, 23 de noviembre de 1933; Fortitud 31 de diciembre de 1933; TyL, 24 de noviembre de 1933. <<

[35] Véase La Humanitat, LaV, Veu, Adelante, L’Opinió, 5-22 de diciembre de 1933; JS, 16 de diciembre de 1933; CyN, diciembre de 1933; informe de sir G. Grahame, 12 de diciembre de 1933, F0371/17427/W14410/116/41 e informe del cónsul general King, 12 de diciembre de 1933, F0371/17427/W14776/116/41 (PRO). <<

[36] Peirats, memorias sin publicar, pp. 38-39. <<

[37] Communicados de la Guàrdia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 8-10 de diciembre de 1933 e Informe del Alcalde de l’Hospitalet a Lluís Companys, presidente de la Generalitat, 29 de diciembre de 1933. (AH1’HL/AM); Peirats, Memorias sin publicar, pp. 37-39; D. Marín, Clandestinos, Barcelona, 2002, pp. 196-201. <<

[38] Miguel Grau, citado en Marín «Llibertat», p. 124, n.° 48. <<

[39] SO, 24 de abril de 1934. <<

[40] Eyre, Sabaté, p. 66. <<

[41] Abad, Memorias, pp. 216-217, 246; Ortiz, p. 86. <<

[42] LaV, 31 de octubre, 1 de noviembre de 1934; Adelante, 17 de febrero de 1934; LasN, 12 de mayo de 1934; Malaquer, Años, p. 114. <<

[43] J. Camós, «Testimoniatges de Francesc Pedra i Mariá Corominas. L’activitat política a l’Hospitalet de Llobregat (1923-46)», L’Avenç, 60, 1983, p. 13. <<

[44] Balcells, Crisis, p. 196, n. 22; Huertas, Obrers, p. 243; Miró, Cataluña, p. 49. <<

[45] LaP, 10 de abril de 1934, 8-9 de enero de 1935. <<

[46] Veu, 19 de enero de 1933; LaV, 11-14 de enero de 1933; SO, 12, 26-31 de enero, 16, 30 de agosto, 20 de septiembre de 1933. <<

[47] Adelante, 5 de enero de 1934. <<

[48] SO, 28 de enero de 1933. <<

[49] Sanz, Sindicalismo, p. 245; LaB, 9 de febrero de 1933; Urales, Barbarie, p. 23; SO, 5-8 de febrero, 10 de marzo de 1933. <<

[50] M. Sánchez, La Segona República i la Guerra Civil a Cerdanyola (1931-1939), Barcelona, 1993, p. 59; LaB, 12 de enero-2 de febrero, 27 de abril, 8 de junio, 27 de julio de 1933; Azaña, Obras, vol. 3, pp. 505, 512; L’Opinió, 1-8 de abril de 1933. <<

[51] Adelante, 19, 30 de diciembre de 1933; LaRB, 28 de diciembre de 1933. <<

[52] LaV, 11, 16 de enero, 22 de febrero, 13 de septiembre de 1934; L’Opinió, 19 de enero de 1934. <<

[53] LaV, 5 de enero, 17 de mayo, 20 de julio de 1933; CyN, junio-julio, noviembre de 1933. <<

[54] Para la huelga de la Construcción de 1933 véase CyN, abril-septiembre de 1933; SO, 5 de marzo-15 de agosto de 1933; TyL, 28 de abril de 1933; LaB, 20 de abril-24 de agosto de 1933; LaV y L’Opinió, 18 de marzo-17 de agosto de 1933; JS, 29 de abril, 27 de mayo, 19 de agosto, 21 de octubre de 1933; Sindicalismo, 1-15 de septiembre de 1933. <<

[55] SO, LaP, LaV, 13 de junio de 1933; TyL, 16 de junio de 1933; CyN, junio de 1933; Luchador, 23 de junio de 1933. <<

[56] LaV, 11 de julio de 1933; SO, 12 de julio de 1933; CyN, julio de 1933. <<

[57] Entrevista a «Juan», noviembre de 1997. <<

[58] CyN, mayo-agosto de 1933; TyL, 2 de junio de 1933; L’Opinió, 9 de julio de 1933; Sindicalismo, 14 de julio de 1933; JS, 15, 22 de julio, 4 de noviembre de 1933; LaV, 21 de julio de 1933. <<

[59] Martín, Recuerdos, p. 87. <<

[60] TyL, 11 de agosto de 1933; SO, 12, 15 de agosto de 1933; Correspondencia Sindical Internacional, 20 de junio, 18 de julio de 1933. <<

[61] SO, 7 de julio, 3-18 de agosto de 1934; LaV, 24-27 de noviembre de 1934, 23 de julio de 1935; LasN, 11 de diciembre de 1935, 2 de febrero de 1936. <<

[62] LaV, 28 de abril, 4-17 de agosto, 31 de octubre, 1 de noviembre, 26 de diciembre de 1934, 27 de junio de 1935; LasN, 16-17 de enero de 1936; Adelante, 8 de marzo de 1934. <<

[63] Adelante, 9-11, 21 de febrero de 1934; LaV, 22 febrero, 4-5 de diciembre de 1934. <<

[64] LasN, 26-27 de mayo de 1934; SO, 1-5, 23-24 de septiembre, 1-10 de octubre, 4 de noviembre de 1933, 5 de agosto de 1934; Sindicalismo, 14 de julio, 1-4, 25 de agosto, 15 de septiembre, 27 de octubre, 3 de noviembre de 1933; El Transporte, 18 de junio de 1934; Cataluña Obrera, 26 de mayo de 1933; CyN, marzo-noviembre de 1933; Catalunya Roja, 19 de octubre de 1933; TyL, 2 de junio de 1933; Luchador, 31 de marzo, 9-23 de junio, 28 de julio de 1933; LaB, 31 de agosto, 7-21 de septiembre, 19 de octubre de 1933; Adelante, 17-20 de octubre, 1-7, 19 de noviembre de 1933; Mall, 4 de noviembre de 1933. <<

[65] Monjo, «CNT», pp. 155, 225. <<

[66] SO, 9 de diciembre de 1931, 5, 17 de enero, 9 de marzo de 1932, 15 de enero, 24 de junio, 10 de agosto, 7 de octubre de 1933, 13 de julio de 1934; Actas de la Federación Local de Barcelona de la CNT, 28 de diciembre de 1931 (AHN/SGC); CRT, Informe que el Director de «Solí», Liberto Callejas, presenta al Pleno de Sindicatos de Cataluña, que se celebrará en Terrassa los días 24 y siguientes de diciembre de 1932, Barcelona, n.d., passim; CRT, Memoria… 1933, passim; Peirats, Figuras, p. 44; LaP, 8 de abril de 1934; TyL, 17, 24 de octubre de 1931; Iniciales, enero-junio de 1935. <<

[67] Tómense como ejemplo los sindicatos de Sabadell de inclinación treintista, que eran de los más ricos y mejor organizados de Cataluña. <<

[68] SO, 20 de septiembre de 1933; LaP, 5-11 de abril de 1934. <<

[69] Actas de los Plenos de la Federación Local de Barcelona de la CNT, 7, 29 de noviembre de 1931 (AHN/SGC); LaP, 5-11 de abril de 1934; SO, 11 de diciembre de 1931, 18, 24 de marzo, 29 de mayo de 1932, 17, 19 de septiembre de 1933; TyL, 19 de noviembre de 1935. <<

[70] SO, 19 de septiembre de 1933; LaP, 8 de abril de 1934. <<

[71] J. L. Gutiérrez Molina, La Idea revolucionaria. El anarquismo organizado en Andalucía y Cádiz durante los años treinta, Madrid, 1993, p. 73. <<

[72] Paz, Chumberas, p. 113. <<

[73] Malaquer, Trabajo, p. 114; Veu, 16 de mayo de 1933; LaV, 19 de mayo de 1933; Communicado de la Guàrdia Urbana al Alcalde de l’Hospitalet, 20 de marzo de 1936 (AHl’HL/AM); L. Massaguer, Mauthausen: fin de trayecto. Un anarquista en los campos de la muerte, Madrid, 1997, p. 14. <<

[74] La prensa diaria describió al Comité como el «Comité para el Terrorismo Social Revolucionario». LaV, 19 de mayo de 1933, 27 de marzo, 19 de julio de 1934; LasN, 4 de octubre de 1934; Veu, 16 de mayo de 1933; Marín, Clandestinos, p. 184. <<

[75] Porcel, Revuelta, pp. 118-121. <<

[76] García, Eco, p. 208; CyN, febrero-marzo, junio de 1933; LaV, enero-marzo, 15 de junio, 31 de octubre de 1933. <<

[77] Eyre, Sabaté, pp. 42-44. <<

[78] Porcel, Revuelta, pp. 118-121. <<

[79] Véase la prensa diaria de 1934, en especial L’Opinió, 2 de enero, 30 de marzo de 1934; LasN, 1-31 de mayo, 4 de octubre de 1934; LaV, 27 de marzo, 19 de julio, 2 de agosto, 5-9 de septiembre de 1934; LaP, 5-12 de abril de 1934. <<

[80] A. Balcells, Historia Contemporánea de Cataluña, Barcelona, 1983, p. 256. <<

[81] Veu, 12 de julio de 1933; L’Opinió, 24, 28 de marzo, 3, 13 de abril de 1934; LaV, 14 de julio de 1934. <<

[82] Veu, 17 de febrero, 24 de mayo de 1934; Butlletí Oficial de la Generalitat, 21 de junio de 1934. <<

[83] LaV, 28 de marzo de 1934; L’Opinió, 24 de marzo de 1934; Adelante, 2 de marzo de 1934. <<

[84] LaV, 3 de abril, 2 de septiembre de 1934; Veu, 18-28 de abril de 1934; SO, 6 de julio de 1934. <<

[85] LaV, 30 de abril de 1935. <<

[86] LaV, 18 de septiembre de 1932, 25 de junio de 1933, 15, 23 de febrero, 31 de marzo, 15-18 de abril de 1934, 2 de julio de 1935; LaP, 1-12 de abril de 1934, 2 de julio de 1935; TyL, 29 de agosto de 1931; LasN, 18 de septiembre de 1932, 4 de septiembre de 1934; Adelante, 9-13 de enero de 1934; García, Eco, p. 94. <<

[87] L’Opinió, 24, 28 de marzo, 3 de abril, 9 de agosto de 1934 . <<

[88] J. Balius, Octubre catalán, Barcelona, n.d, p. 11. <<

[89] SO, 6-7, 31 de julio de 1934; Balius, Octubre, p. 10; García, Eco, p. 225; LaP, 10 de abril de 1934. <<

[90] SO, 24 de agosto de 1934; Alba y Casasús, Diàlegs, p. 28; LaV, 19, 25 de julio de 1934; LasN, 15-18 de mayo de 1934; Balius, Octubre, p. 11. <<

[91] LaV, 23 de febrero, 15-18 de abril, 17-19 de julio de 1934; SO, 17-20, 25 de julio, 9 de septiembre de 1934; Veu, 15 de abril de 1934; L’Opinió, 17 de abril de 1934; El Noticiero Universal (en adelante Noticiero), 16 de abril de 1934; Paz, Chumberas, p. 142. <<

[92] L’Opinió, 7 de marzo, 17 de abril 1934; LaP, 18 de abril de 1934; LasN, 20 de abril de 1933, 17-18 de mayo de 1934; SO, 9 de septiembre de 1934. <<

[93] Iniciales, noviembre de 1934; FAI, 8 de enero de 1935; LaV, 22-25 de diciembre de 1934, 30 de abril de 1935. <<

[94] LaP, 1-6 de abril de 1934. <<

[95] TyL, 18 de julio de 1931, 23 de enero de 1932, 24 de febrero, 23 de septiembre de 1933; LaP, 8-9 de enero de 1935; LaV, 25 de julio de 1931, 27 de diciembre de 1932, 19-20 de octubre, 6 de diciembre de 1933, 27 de diciembre de 1934, 3, 8-9, 16, 27 de enero, 2 de febrero, 10 de abril, 29 de julio de 1935; LasN, 6, 16 de febrero de 1932, 4 de septiembre de 1935; Matí, 14 de noviembre de 1935; SO, 6 de septiembre de 1934, 28 de abril de 1936; L’Opinió, 19-20 de octubre de 1933. <<

[96] Massaguer, Mauthausen, p. 14. <<

[97] García, Eco, pp. 30, 61, 469; LaV, 6 de enero, 4, 21 de abril, 3, 6, 23 de junio, 18 de agosto, 31 de octubre, 13-14 de diciembre de 1933, 2 de enero, 22 de febrero, 5 de agosto, 7, 22, 27 de diciembre de 1934, 4-9 de enero, 14, 31 de mayo de 1935; L’Opinió, 2 de enero de 1934; LasN, 14-20 de enero, 16-17 de mayo de 1931, 6-8, 23 de mayo de 1934, 4-5 de febrero de 1936; La Humanitat, 5 de junio de 1933; Veu, 6 de enero de 1933, 6 de marzo de 1934; LaP, 1 de abril, 11 de mayo de 1934, 4, 8-9 de enero de 1935; SO, 27 de agosto de 1932, 25 de abril de 1936; León-Ignacio, Años, p. 298; Monjo, «CNT», p. 191. <<

[98] Marín, «Llibertat», pp. 480-485. <<

[99] Solidaridad entre rufianes, voto de silencio que toman los mafiosos, prometiendo concretamente no involucrar a la policía o al Gobierno en los asuntos de la mafia. (N. de la T.). <<

[100] LaP, 11 de abril de 1934; LaV, 15 de febrero, 11 de diciembre de 1934, 11-12 de diciembre de 1935; LasN, 4 de septiembre de 1934. <<

[101] LaV, 29 de abril, 6, 23 de junio, 13 de diciembre de 1933, 30 de enero, 1, 15 de febrero, 31 de marzo de 1934; TyL, 29 de agosto de 1931, 14 de julio de 1933; LaP, 1-10 de abril de 1934, 8-9 de enero de 1935; Peiró, Peiró, pp. 32-33; LasN, 16 de febrero de 1932; García, Eco, pp. 210-211; La Humanitat, 5 de junio de 1933; L’Opinió, 30 de marzo de 1934. <<

[102] LaP, 4 de enero de 1935; Téllez, Sabaté, p. 24; Veu, 27 de abril de 1934. <<

Capítulo 7. Batallas culturales: clase y criminalidad

[1] Del Gobernador Civil de Barcelona (Anguera de Sojo) ed Ministro de Gobernación, 2 de septiembre de 1931, Legajo 7.a (AHN/MG). <<

[2] LaV, 6 de septiembre de 1931. <<

[3] SO, 13 de octubre de 1931; LaV, 13 de agosto de 1931; LaP, 8, 12 de junio de 1931; L’Opinió, 17-19, 24-25 de julio, 29 de agosto, 2 de diciembre de 1931. <<

[4] Veu, 27 de abril de 1934. <<

[5] FTN, Memoria… 1931, pp. 203-204; L’Opinió, 17, 19, 25 de julio, 2 de diciembre de 1931, 26 de octubre de 1932; LaP, 10 de julio de 1931. <<

[6] LaP, 11 de abril de 1934; JS, 28 de noviembre de 1931; L’Opinió, 22 de septiembre de 1933, 7 de abril, 9 de agosto de 1934. <<

[7] LaV, 26 de abril de 1934, 10 de noviembre de 1935; de Bellmunt, Catacumbes, pp. 73-82; L’Opinió, 26 de marzo, 22 de septiembre de 1933; LaP, 16 de agosto de 1933, 11, 18 de abril de 1934. <<

[8] L’Opinió, 22 de septiembre de 1933, 9 de agosto de 1934; LaP, 11 de abril de 1934. <<

[9] Claramunt, Problemes, p. 14. <<

[10] LaV, 13, 25 de septiembre de 1931. <<

[11] Ametlla, Memòries, p. 219. <<

[12] LaV, 1, 9, 25 de septiembre de 1931. <<

[13] Veu, 15 de abril, 3, 22 de noviembre de 1931, 7 de enero de 1932. <<

[14] L’Opinió, 26 de marzo, 5 de noviembre de 1933, 15 de mayo, 9 de agosto de 1934. <<

[15] Hall et al., Policing pp. 218-227. <<

[16] JS, 22 de julio, 7, 14 de octubre, 11 de noviembre de 1933; Paz, Chumberas, p. 113; Veu, 27 de abril de 1934. <<

[17] La Victoria, 28 de mayo, 11 de junio, 31 de diciembre de 1932; LaV, 26 de abril, 29 de julio de 1934; L’Opinió, 26 de marzo, 5 de noviembre de 1933, 7 de marzo, 19 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto de 1934; JS, 1 de agosto de 1931, 29 de abril, 22 de julio, 11 de noviembre de 1933; Cataluña Obrera, 26 de mayo, 9 de junio de 1933; LaP, 18 de abril de 1934. <<

[18] Aurora Bertrana, Memòries del 1935 fins al retorn a Catalunya, Barcelona, 1975, p. 787. <<

[19] LaP, 6, 10-12 de abril de 1934. <<

[20] Hall, Policing, p. 157. <<

[21] Sibley, Geographies, p. 77. <<

[22] LasN, 17 de junio de 1931; L’Opinió, 17, 19 de julio de 1931. <<

[23] SO, 13 de octubre de 1931; LaV, 13 de agosto de 1931; LaP, 8, 12 de junio de 1931; L’Opinió, 17-19, 24-25 de julio, 29 de agosto, 2 de diciembre de 1931. <<

[24] LaP, 12 de abril de 1934; LaV, 31 de marzo de 1934; Veu, 4, 26 de abril de 1934; Berruezo, Sendero, p. 62. <<

[25] LaV, 31 de enero, 14-16, 25-26 de marzo de 1933, 2, 28 de enero, 20, 22 de febrero, 10, 27-28 de marzo, 29 de abril, 18 de julio, 5, 7 de agosto, 7 de septiembre de 1934; Veu, 11 de abril de 1934; Foc, 5 de enero de 1933. <<

[26] L’Opinió, 6 de abril, 12 de julio de 1933,21 de enero, 7, 11, 13, 24, 28-29 de marzo, 3, 7, 13 de abril, 9 de agosto de 1934. <<

[27] JS, 16 de diciembre de 1933. <<

[28] Véase, por ejemplo, LaV, 6 de septiembre de 1931; L’Opinió, 23 de octubre de 1931, 12 de diciembre de 1933; JS, 1 de agosto de 1931. <<

[29] Veu, 12 de diciembre de 1933. <<

[30] Hall, et al., Policing, pp. 53-77. <<

[31] G. Pearson, The Deviant Imagination. Psychiatry, Social Work and Social Change, Londres, 1975, pp. 160-167. <<

[32] Véase FTN, Memoria… 1934, pp. 7-8, 212, 219, 222. <<

[33] SO, 25 de marzo de 1933. <<

[34] SO, 24 de julio, 9 de septiembre, 16 de diciembre de 1932, 15 de enero, 25 de marzo, 18 de agosto de 1933, 6 de diciembre de 1935; TyL, 24 de diciembre de 1935. <<

[35] SO, 26 de abril de 1934. <<

[36] Orto, mayo de 1932. <<

[37] E. Mingione, «Polarización, fragmentación y marginalidad en las ciudades industriales», en A. Alabart, S. García y S. Giner (eds.), Clase, poder y ciudadanía, Madrid, 1994, pp. 97-122. <<

[38] TyL, 26 de abril de 1932; SO, 14 de febrero de 1935. <<

[39] SO, 26 de agosto, 16 de septiembre de 1932, 14 de marzo de 1933, 15 de abril de 1934; Tiempos Nuevos, 21, 28 de marzo de 1935. <<

[40] LaRB, 19 de abril de 1935. <<

[41] SO, 9 de abril de 1933, 20 de marzo de 1934, 15 de septiembre de 1935; LaRB, 19 de abril de 1935. <<

[42] A. Carrasco, ¡Barcelona con el puño en alto! Estampas de la revolución, Barcelona, 1936, p. 30. <<

[43] SO, 22 de marzo, 30 de julio, 23 de septiembre, 23 de noviembre, 7 de diciembre de 1932, 8, 14 de marzo, 1, 18 de abril, 23 de junio, 8 de agosto de 1933, 24 de abril de 1934; Colmena, 30 de octubre de 1931; TyL, 16 de septiembre, 8 de diciembre de 1932, 9 de junio, 25 de agosto de 1933. <<

[44] SO, 15 de enero, 24 de mayo, 24, 30 de julio, 2 de agosto, 8 de diciembre de 1932. <<

[45] SO, 28 de agosto, 4 de septiembre de 1932, 16, 18 de abril de 1934, 3 de diciembre de 1935; TyL, 7 de noviembre, 5 de diciembre de 1931, 1 de julio, 9 de septiembre, 30 de diciembre de 1932. <<

[46] TyL, 4 de julio de 1931, 7 de octubre de 1932; SO, 31 de junio, 15 de agosto de 1931, 30 de julio, 21-23, 29 de octubre, 20-27 de diciembre de 1932, 1, 8 de enero, 30 de septiembre de 1933, 14 de marzo, 5 de abril de 1936; LaB, 1 de septiembre, 27 de octubre de 1932, 8 de enero, 8, 19, 24 de febrero, 27 de abril de 1933; Adelante, 28 de octubre de 1933; LaRB, 6 de julio de 1934; Tufión, Movimiento, p. 824. <<

[47] SO, 15 de enero, 23 de junio, 8, 15, 27 de octubre, 20 de diciembre de 1932, 24 de abril, 26 de agosto de 1934, 26 de noviembre de 1935; Luchador, 7 de julio de 1933. <<

[48] Los caseros a menudo mentían sobre el tamaño de sus propiedades y el número de inquilinos que las ocupaban (Sentís, Viatge, p. 65). <<

[49] SO, 26 de noviembre de 1935. <<

[50] LaP, 10 de enero de 1932; SO, 4 de noviembre de 1932, 1 de agosto de 1933, 6 de marzo de 1936. <<

[51] SO, 2 de agosto de 1932, 26 de febrero, 23 de junio de 1933, 8 de julio de 1934; TyL, 7 de noviembre de 1931, 16 de septiembre de 1932. <<

[52] TyL, 26 de abril de 1931; SO, 23 de junio de 1932, 7 de abril de 1934. <<

[53] H. F. Moorhouse y C. W. Chamberlain, «Lower class attitudes to property: aspects of the counter-ideology», Sociology, 8, 3, 1974, p. 388. <<

[54] SO, 15 de agosto de 1931, 1, 20 de abril de 1932; TyL, 19 de julio de 1936. <<

[55] SO, 23 de noviembre de 1932, 3 de enero de 1936; Iniciales, marzo de 1932; La Voz Confederal, 25 de mayo de 1935; The Times, 28-29 de octubre de 1935; J. M. Fernández, «Los “affaires” Straperlo y Tayá. Dos escándalos de la II República», Tiempo de Historia, 38, 1978, pp. 18-28. <<

[56] «La sociedad de la muerte» era el primer capítulo del libro de José Prat: La sociedad burguesa, Barcelona, 1934. <<

[57] L’Opinió, 30 de septiembre de 1933; Claramunt, Lluita, pp. 193, 200-209, 215-216, 219-229; SO, 23 de julio de 1931; Boletín Oficial del Ministerio de Trabajo y Previsión, 67, febrero de 1936, pp. 43-58, 183-184; Aiguader, Problema, p. 6; Luchador, 5 de junio de 1931; Tiempos Nuevos, 28 de febrero de 1935; Alba y Casasús, Diàlegs, p.15. <<

[58] TyL, 2 de agosto de 1935; Claramunt, Problemes, p. 18; SO, 9 de abril de 1933, 20 de marzo de 1934; Guerra di Classe, 17 de octubre de 1936. <<

[59] La Veu, 13 de febrero de 1936. <<

[60] Adelante, 7 de enero de 1934; SO, 15 de enero, 26 de julio de 1932, 20 de abril, 8 de junio, 7 de julio de 1933, 4 de julio de 1936; L’Opinió, 30 de septiembre de 1933; Iniciales, enero de 1934; LaB, 5 de mayo de 1932; LasN, 2 de enero de 1936; COPUB, Memoria… 1935, pp. 49, 488; TyL, 30 de agosto de 1934, 18 de noviembre de 1932. <<

[61] SO, 14 de abril de 1934. <<

[62] LasN, 17 de noviembre, 8 de diciembre de 1931; L’Opinió, 17 de diciembre de 1931; SO, 2 de agosto, 4 de septiembre de 1932, 10 de febrero, 16, 18 de agosto de 1933, 8 de julio, 4 de agosto de 1934, 3 de diciembre de 1935; Luchador, 3, 10 de marzo de 1933; LaB, 5 de enero de 1933; Adelante, 17 de febrero de 1934. <<

[63] SO, 17 de junio, 24 de diciembre de 1931, 4 de agosto de 1934, 24 de junio de 1936; Tiempos Nuevos, 28 de febrero de 1935; Soto, Trabajo, pp. 659-663; Colmena, 9 de enero de 1932. <<

[64] SO, 6-11 de julio, 3 de agosto, 8 de septiembre de 1934. <<

[65] LaV, 19 de mayo de 1933, 27 de marzo, 19 de julio de 1934; LasN, 4 de octubre de 1934; Veu, 16 de mayo de 1933. <<

[66] LaV, 31 de marzo de 1934, 11 de agosto de 1935; García, Eco, p. 616; Porcel, Revuelta, pp. 118-121. El novelista barcelonés, Juan Marsé, nacido en el barri de Guinardó, describe en su novela, Si te dicen que caí, la admiración de los niños por los grupistas. <<

[67] SO, 9 de enero, 30 de julio de 1932, 15 de febrero de 1933; Liarte, Camino, p. 201; TyL, 17 de octubre de 1931. <<

[68] Paz, Durruti, p. 260; SO, 20 de junio, 1 de agosto de 1933, 18, 24 de abril, 2 de agosto de 1934; Matí, 6 de septiembre de 1935. <<

[69] TyL, 24 de noviembre de 1933. <<

[70] SO, 14 de julio de 1932; TyL, 27 de abril de 1934. <<

[71] Bueso, Recuerdos, vol. 1, p. 69; Fernández, «Affaires», pp. 18-33. <<

[72] Miró, Cataluña, p. 66. <<

[73] Miró, Vida, p. 126; García, Eco, pp. 123-124, 172; LaP, 30 de junio de 1933. <<

[74] Peirats, memorias sin publicar, p. 31; Gutiérrez, Idea, p. 77. <<

[75] CNT, 9 de enero de 1933; Gutiérrez, Idea, p. 77. <<

[76] CNT, 9 de enero de 1933. <<

[77] Tiempos Nuevos, 18 de abril de 1935; Pestaña, Terrorismo, pp. 100-102; SO, 29 de junio de 1934. <<

[78] Para un análisis de las ideas de Diego Abad de Santillán, véase A. Elorza (ed.), El anarquismo y la revolución en España. Escritos, 1930-1938, Madrid, 1976, passim, y A. Cappelletti et al., «Diego Abad de Santillán. Un anarquismo sin adjetivos. Una visión crítica y actual de la revolución social», Anthropos, 138, 1992. <<

[79] Miró, Cataluña, pp. 48-49, 51, 54, 61-62. <<

[80] O. Bayer, Anarchism and Violence. Severino di Giovanni in Argentina, 1923-1931, Londres, 1986, passim; Llarch, Muerte, pp. 57-59; Varios autores, «Anarquismo», Anthropos, p. 12, 30, 38; Nervio, julio de 1934; SO, 23 de septiembre de 1932. <<

[81] Paz, Durruti, pp. 311-314. <<

[82] Paz, Durruti, p. 314; LasN, 1 de enero-18 de julio de 1936; CyN, enero-julio de 1936; Eslava, Verdugos, p. 307; Abad, Memorias, p. 201. <<

[83] Elorza, Utopía, pp. 464-465. En una carta desde la cárcel con fecha del 5 de septiembre de 1935, publicada en SO en noviembre de 1990, Durruti hacía hincapié en la necesidad de introducir ciertos cambios tácticos que permitiesen a los anarcosindicalistas volver a la CNT. <<

[84] A. Pestaña, Inocentes, Barcelona, 1926. <<

[85] Sindicalismo, 10 de noviembre de 1933; J. Peiró, Perilla la reraguarda, Mataró, 1936, pp. xvii-xviii; J. Manent i Pesas, Records d’un sindicalista llibertari català, 1916-1943, París, 1976, pp. 178-184. <<

[86] V. Alba, La Alianza Obrera. Historia y análisis de una táctica de unidad, Madrid, 1978, pp. 191-200; A. Barrio, Anarquismo y anarcosindicalismo en Asturias (1890-1936), Madrid, 1988, pp. 390-409; J. M. Macarro, «La autovaloración anarquista: un principio de análisis y acción. Sevilla, 1931-1936», Estudios de Historia Social, 31, 1984, pp. 135-149. <<

[87] Para los sucesos de Asturias, véase N. Molins, UHP. La revolució proletari d’Asturies, Barcelona, 1935; «Ignotus» (Manuel Villar), El anarquismo en la insurrección de Asturias (La CNT y la FAI en octubre de 1934), Valencia, 1935; D. Ruiz, Insurrección defensiva y revolución obrera. El octubre español de 1934, Barcelona, 1988. <<

[88] Peirats, memorias sin publicar, p. 44. <<

[89] TyL, 16 de febrero-11 de octubre de 1934; Solidaridad, 13 de febrero-3 de mayo de 1934; SO, 16 de febrero-19 de septiembre de 1934; Sindicalismo, 4 de abril de 1934. <<

[90] Sanz, Sindicalismo, pp. 258-259; Peirats, Figuras, pp. 262-263; CNT, El Congreso Confederal de Zaragoza 1936, Bilbao, 1978, pp. 154-168. <<

[91] Véase C. Ealham, «Crime and Punishment in 1930s Barcelona», History Today, octubre de 1993, pp. 31-37. <<

[92] R. Vinyes, «Sis d’octubre, repressió i represaliats», L’Avenç, 30, 1980, p. 52; Balcells, Crisis, p. 227. <<

[93] CyN, mayo de 1935-febrero de 1936. <<

[94] Informes de sir G. Grahame, 25 de octubre y 6 de diciembre de 1934, F0371/ 18597/W9526/27/41, F0371/18597/W10704/27/41 y F0371/18599/W9522/ 325/41 (PRO). <<

[95] B. Muniesa, La burguesía catalana ante la II República, Barcelona, 1985-1986, vol. 2, p. 242. <<

[96] Veu, 5 de octubre de 1934. <<

[97] Elorza, Utopia, pp. 315-318. <<

[98] Muniesa, Burguesía, vol. 2, pp. 226-229. <<

[99] LaV, 9-27 de octubre, 4 de noviembre de 1934; Veu, 7 de noviembre de 1934; FTN, Memoria… 1934, pp. 5-8, 215, 218-231. <<

[100] SO, 11 de octubre de 1934; LaB, 13 de septiembre de 1935; LaRB, 26 de abril-31 de mayo, 14 de junio-19 de julio de 1935. <<

[101] Carta publicada en SO, noviembre de 1990. <<

[102] P. Preston, «The Creation of the Popular Front in Spain», en H. Graham y P. Preston (eds.), The Popular Front in Europe, Londres, 1987, pp. 84-105; R. Vinyes, La Catalunya Internacional. El frontpopulisme en l’exemple català, Barcelona, 1983. <<

[103] LaB, 15 de noviembre, 27 de diciembre de 1935, 24 de enero de 1936; Front, 7 de febrero de 1936. <<

[104] B. Muniesa, La burguesía catalana ante la II República, Barcelona, 1986, vol. 2, p. 254. <<

[105] LaRB, 7 de junio de 1935, 3 de enero de 1936; SO, 8, 17, 24 de enerol936; J. Peirats, Examen crítico-constructivo del movimiento libertario español, México, 1967, pp. 26-27; J. M. Molina, Consideraciones sobre la posición de la CNT de España, Buenos Aires, 1949, p. 13; LasN, 5 de febrero de 1936; Peiró, citado en B. Martin, The Agony of Modernization. Labor and Industrialization in Spain, Ithaca, 1990, p. 363; D. Abad de Santillán, Por qué perdimos la guerra, Buenos Aires, 1940, p. 37. <<

[106] SO, 17 de febrero-15 de julio de 1936. <<

[107] LasN, 5 de febrero, 19 de mayo de 1936; TyL, 17 de abril de 1936; SO, 22, 31 de enero, 20-22, 26 de febrero, 3-7 de marzo de 1936; Azaña, Obras, vol. 4, p. 570. <<

[108] CNT, El Congreso Confederal de Zaragoza 1936, Bilbao, 1978. <<

[109] E. Vega, «La CNT a les comarques catalanes (1931-1936)», L’Avenç, 34, 1981, p. 57. <<

[110] Carta del cónsul general King, 5 de junio de 1936, F0371/20522/W5256/62/41 (PRO); García, Eco, p. 580. Liarte, Camino, pp. 221-225; Sanz, Sindicalismo, p. 248; Abad, Memorias, p. 259. <<

[111] Paz, Chumberas, p. 197. <<

[112] LasN, 3-4, 10-11 de julio de 1936; Cartas de C.G. Vaughan, 26 de junio y 2 de julio de 1936, F0371/20522/W5989/62/41, F0371/20522/W6059/62/41 y F0371/20522/W5990/62/41 (PRO). <<

Capítulo 8. Una revolución «apolítica»: anarquismo, revolución y Guerra Civil

[1] A. Paz, Durruti en la Revolución española, Madrid, 1996, pp. 462-464. <<

[2] SO, 17 de julio de 1936. <<

[3] Miró, Vida, p. 168. <<

[4] A. Paz, Viaje al pasado (1936-1939), Barcelona, 1995, p. 19. <<

[5] Sobre las luchas callejeras véase Llarch, Rojinegros, pp. 87-103 y Juan García Oliver, «Ce que fut le 19 de Juillet», Le Libertaire, 18 de agosto de 1938. <<

[6] Le Libertaire, 18 de agosto de 1938. <<

[7] Llarch, Rojinegros, p. 96. <<

[8] A. Paz, 19 de Juliol del «36» a Barcelona, Barcelona, 1988, pp. 76, 78, 85. <<

[9] Le Libertaire, 18 de agosto de 1938. <<

[10] El Diluvio, 22 de julio de 1936. <<

[11] Paz, Juliol, pp. 69-115; M. Cruells, La revolta del 1936 a Barcelona, Barcelona, 1976, pp. 155-214; Bueso, Recuerdos, vol. 2, pp. 144-195; García, Eco, pp. 171-177. <<

[12] C. Ametlla, Catalunya, paradís perdut (la guerra civil i la revolució anarco-comunista), Barcelona, 1984, p. 92. <<

[13] Citado en H. Graham, The Spanish Republic at War, 1936-1939, Cambridge, 2002, p. 218. <<

[14] J. E. Adsuar, «El Comité Central de Milícies Antifeixistes», L’Avenç, 14, 1979, pp. 50-56. <<

[15] F. Borkenau, «State and Revolution in the París Commune, the Russian Revolution, and the Spanish Civil War», The Sociological Review, 29, 1, 1937, pp. 41-75. <<

[16] García, Eco, pp. 177-194. <<

[17] LaV, 22 de julio de 1936. <<

[18] C. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder, París, 1972, 81-88; García, Eco, pp. 153-293. El CCMA también tenía jurisdicción sobre la economía, las industrias bélicas y las estrategias de control urbano. <<

[19] H. Lefebvre, Le droit à la ville, París, 1968. <<

[20] SO, 24 de julio de 1936. <<

[21] Paz, Viaje, pp. 23-24. <<

[22] Por ejemplo, la entrada al Raval desde el Paral·lel estaba cortada por una enorme barricada. <<

[23] Ametlla, Catalunya, p. 41. <<

[24] Carta de Benjamin Péret a André Breton, Barcelona, 11 de agosto de 1936, en B. Péret, Death to the Pigs: Selected Writings, Londres, 1988, p. 182; F. Borkenau, The Spanish Cockpit. An eyewitness account of the political and social conflicts of the Spanish Civil War, Londres, 1937, p. 175; J. Langdon-Davies, Behind the Spanish Barricades, Nueva York, 1936, pp. 119, 126. <<

[25] Paz, Juliol, p. 87. Para un análisis sobre la naturaleza del poder popular véase G. Mu-nis, Jalones de derrota, promesa de victoria. Crítica y teoría de la Revolución Española, Bilbao, 1977, pp. 286-359. <<

[26] «Al pueblo de Barcelona», manifiesto de la CNT y la UGT, septiembre de 1936. <<

[27] A estos comités se les ha llamado también «Comités Gobierno» (Lorenzo, Anarquistas), aspecto que no pasaron por alto las voces críticas de las elites, que reconocieron su «poder ilimitado» en las calles (A. Guardiola, Barcelona en poder del Soviet (el infierno rojo). Relato de un testigo, Barcelona, 1939, pp. 30, 47). Por otro lado, según el sociólogo alemán Franz Borkenau, Barcelona «me sorprendió por la rapidez con la que revelaba el carácter verdadera de la dictadura del proletariado» (Cockpit, p. 175). <<

[28] Bueso, Recuerdos, vol. 2, p. 191. <<

[29] Paz, Viaje, pp. 71-72. <<

[30] Guardiola, Barcelona, p. 67; F. Lacruz, El alzamiento, la revolución y el terror en Barcelona (19 julio de 1936, 26 enero de 1939), Barcelona, 1943, p. 138; C. Salter, Try-Out in Spain, Nueva York, 1943, p. 18. <<

[31] J. M. Sánchez, The Spanish Civil War as a Religious Tragedy, Notre Dame, Indiana, 1987, p. 57; Borkenau, Cockpit, p. 75. <<

[32] J. Miravitlles, Gent que he conegut, Barcelona, 1980, p. 82. <<

[33] SO, 24 de julio de 1936. <<

[34] M. Richards, A Time of Silence: Civil War and the Culture of Repression in Franco’s Spain, 1936-1945, Cambridge, 1998, pp. 31-32. <<

[35] Treball, 8 de agosto de 1936; Peirats, CNT, vol. 1, pp. 211, 215; Abad, Memorias, pp. 220-201; Paz, Juliol, pp. 101-103. <<

[36] SO, 30 de julio de 1936. <<

[37] García, Eco, pp. 229-230. <<

[38] Salter, Try-Out, p. 18. <<

[39] J. M. Solé i Sabaté y J. Villarroya i Font, La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), Barcelona, 1989, vol. 1, p. 12. <<

[40] Solé y Villarroya, Repressió, vol. 1, pp. 172, 450; J. de la Cueva, «Religious Persecution, Anticlerical Tradition and Revolution: On Atrocities against the Clergy during the Spanish Civil War», Journal of Contemporary History, 33, 1998, p. 358. <<

[41] J. Casanovas i Codina, «El testimoniatge d’un membre de les patrulles de control de Sants» en La guerra i la revolució a Catalunya. II Col·loqui Internacional sobre la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), Barcelona, 1986, pp. 51-59. Tras varias quejas sobre un tendero que estaba utilizando la escasez de alimentos para su propio beneficio, se unieron vecinos y miembros de la milicia para destruir la tienda del agraviador (Noticiero, 27 de julio de 1936). <<

[42] H. Kaminski, Los de Barcelona, Barcelona, 1976 [1937], p. 66. <<

[43] SO, 6 de septiembre de 1936. <<

[44] Peiró, Perill, pp. 39-40. <<

[45] Solé y Villarroya, Repressió, vol. 1, p. 347. <<

[46] Llarch, Rojinegros, pp. 126, 150-151; A. Monjo y C. Vega, Els treballadors i la guerra civil. Historia duna industria catalana col·lectivitzada, Barcelona, 1986, pp. 68-69. <<

[47] Beriain, Prat, pp. 52-53. <<

[48] T. Caballé y Clos, Barcelona roja. Dietario de la revolución (julio de 1936 - enero de 1939), Barcelona, 1939, pp. 50-62. <<

[49] Según Paz, entre 8000 y 10.000 activistas en Barcelona siguieron las órdenes del Comité Central de las Milicias Antifascistas y no las de los «comités superiores» de la CNT y de la FAI (Viaje, p. 64). <<

[50] Paz, Viaje, p. 28. <<

[51] Según Paz, Viaje, p. 64, las barricadas «carecía de un objetivo preciso». Sería tan sólo al desvanecerse el poder de la revolución que los radicales anarquistas apreciarían el papel que podían haber jugado los comités de distrito revolucionarios como punto focal de la política local; véase Ruta, 14 de mayo de 1937. <<

[52] Paz, Viaje p. 51. <<

[53] P. Broué, R. Fraser y P. Vilar, Metodología histórica de la Guerra y Revolución españolas, Barcelona, 1980, p. 39. <<

[54] Beriain, Prat, p. 86; Carrasco, Barcelona, p. 13. <<

[55] Entrevista a Antonio Turón en Vivir. <<

[56] CRT, Memoria del Congreso Extraordinario de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña celebrado en Barcelona los días 25 de febrero al 3 de marzo de 1937, Barcelona, 1937. <<

[57] Sanz, Sindicalismo, p. 306. <<

[58] Kaminski, Barcelona, p. 37; Lacruz, Alzamiento, p. 129; Salter, Try-Out, p. 29; Llarch, Rojinegros, pp. 127-128, 152. <<

[59] Borkenau, Cockpit, pp. 69-70; J. McNair, Spanish Diary, Manchester, n.d., p. 6. M. Lowyj. Brea, Red Spanish Notebook, San Francisco, 1979 [1937], p. 21. <<

[60] En el centro de la ciudad, el POUM ocupó el Hotel Falcón, el café Lyon d’Or y el Palau de la Virreina en las Ramblas; las juventudes anarquistas establecieron su sede en el palacio de un aristócrata que había huido a Francia (Bueso, Recuerdos, p. 190; Paz, Viaje, pp. 28, 76; Carrasco, Barcelona, p. 15). <<

[61] Paz, Viaje, p. 56. <<

[62] Solé y Villarroya, Repressió, vol. 1, p. 290. <<

[63] Información proporcionada por Manel Aisa Pàmpols. <<

[64] Véase López Sánchez, Verano, pp. 49-73. <<

[65] Paz, Viaje, p. 48. <<

[66] A. Castells Durán, Les col·lectivitzacions a Barcelona, 1936-1939, Barcelona, 1993. <<

[67] Hasta un 50 por ciento de la burguesía huyó de Barcelona (A. Souchy y P. Folgare, Colectivizaciones: la obra constructiva de la revolución española, Barcelona, 1977, p. 75). <<

[68] M. Seidman, Workers against Work. Labor in París and Barcelona during the Popular \ Fronts, Berkeley, 1991, passim. <<

[69] J. Palou Garí, Treinta y dos meses de esclavitud en la que fue zona roja de España, Barcelona, 1939, p. 30. <<

[70] Langdon-Davies, Barricades, pp. 119, 142. Las derechas se escandalizaron ante la transformación que se hizo del Ritz; véase «Schmit», 5 meses con los rojos en Barcelona, Pairea de Mallorca, 1937, p. 26. <<

[71] Paz, Juliol, p. 114. <<

[72] Low y Brea, Notebook, p. 19; Borkenau, Cockpit, p. 115; C. Santacana i Torres, Victoriosos i derrotats: el franquisme a l’Hospitalet, 1939-1951, Barcelona, 1994, p. 52. <<

[73] G. Leval, Collectives in the Spanish Revolution, Londres, 1975, pp. 269-270. Antes de la revolución, el índice de mortalidad infantil en el barrio proletario del Raval era dos veces mayor que en las zonas burguesas de la ciudad. <<

[74] Ideas, 29 de diciembre de 1936. <<

[75] Miró, Vida, p. 287. <<

[76] Noticiero, 27 de julio de 1936. <<

[77] Llarch, Rojinegros, pp. 121-122. <<

[78] Paz, Viaje, pp. 56, 115; Caballé, Barcelona, pp. 85-86. <<

[79] Langdon-Davies, Barricades, imagen 2. <<

[80] Paz, Viaje, p. 58; Caballé, Barcelona, p. 71. <<

[81] M. Laird, «A Diary of Revolution», The Atlantic Monthly, noviembre de 1936, p. 524; Langdon-Davies, Barricades, pp. 119, 145; C. Pi Sunyer, La República y la guerra. Memorias de un político catalán, México, 1975, p. 390; Salter, Try-Out, pp. 9-11; Guardiola, Barcelona, p. 39; Lacruz, Alzamiento, pp. 117-118; H. E. Knoblaugh, Correspondent in Spain, Londres, 1937, p. 33; Caballé, Barcelona, p. 11; Pérez, Terror, p. 9; «Schmit», Barcelona, pp. 5-6. <<

[82] Salter, Try-Out, pp. 9-11. <<

[83] La Plaza de Toros de Las Arenas en el barrí obrero de Sants se convirtió en la última morada de los coches destrozados en los días que siguieron a la revolución (Carrasco, Barcelona, pp. 21-22). <<

[84] Laird, «Diary», pp. 524-526; Lacruz, Alzamiento, p. 129; Ametlla, Catalunya, p. 86. <<

[85] Llarch, Rojinegros, p. 120. <<

[86] Pi, República, p. 390; Guardiola, Barcelona, pp. 36, 39; Caballé, Barcelona, p. 11. <<

[87] Langdon-Davies, Barricades, p. 141. <<

[88] SO, 13 de agosto de 1936; Caballé, Barcelona, p. 44. Información adicional proporcionada por Manel Aisa Pàmpols. <<

[89] SO, 6 de diciembre de 1932, 8 de agosto de 1933. <<

[90] SO, 26 de julio de 1936. <<

[91] Para más información sobre las formas «tradicionales» de protesta, véase M. Pérez Ledesma, Estabilidad y conflicto social: España, de los íberos al 14-D., Madrid, 1990, pp. 165-202. <<

[92] La casa de Pich i Pon, presidente de la COPUB, fue atacada. También se destruyó propiedad perteneciente a Emiliano Iglesias, el líder del Partido Radical en la ciudad, y Cambó, líder de la Lliga (50, 26 de julio de 1936; Caballé, Barcelona, pp. 32-34). <<

[93] Laird, «Diary», p. 522; Borkenau, Cockpit, p. 74; Pi, República, p. 393; Lacruz, Alzamiento, p. 121; Palou, Esclavitud pp. 143-144. <<

[94] P. O’Donnell, Salud! An Irishman in Spain, Londres, 1937, p. 100. <<

[95] Paz, Viaje, p. 42; Carrasco, Barcelona, p. 29 . <<

[96] The Times, 23-24 de julio de 1936; O’Donnell, Salud, pp. 97-99, 151; E. A. Peers, Catalonia Infelix, Londres, 1937, pp. 258-259; Borkenau, Cockpit, p. 74. <<

[97] Stansbury Pearse rechazó la invitación «porque era inglés» («Spain: The Truth», The Tablet, 15 de agosto de 1936, pp. 203-204). <<

[98] Carrasco, Barcelona p. 15. <<

[99] P. O’Donnell, «An Irishman in Spain», The Nineteenth Century, diciembre de 1936, p. 704. <<

[100] En las paredes de algunas iglesias habían escrito: «¡Pueblo, este edificio es tuyo, respétalo!» (I. Gríful, A los veinte años de aquello, julio-diciembre de 1936, Barcelona, 1956, p. 33). <<

[101] A. Balcells, «El destí dels edificis eclesiàstics de Barcelona durant la guerra civil espanyola», en A. Balcells (ed.), Violència social i poder polític. Sis estudis històrics sobre la Catalunya contemporània, Barcelona, 2001, pp. 202-209. <<

[102] Langdon-Davis, Barricades, pp. 177-178. <<

[103] Balcells, «Edificis», p. 191. <<

[104] O’Donnell, «Irishman», pp. 701, 704-705. <<

[105] Entre el 23 y 25 de julio, unas 40.000 personas pasaron por la Iglesia de la Enseñanza, en la calle Aragó, para inspeccionar los cuerpos desenterrados y parcialmente momificados de los clérigos (Pérez, Terror, pp. 18-21). <<

[106] G. Orwell, Homage to Catalonia, Londres, 1938, p. 3. <<

[107] Beriain, Prat, p. 55; Solé y Villarroya, Repressió, vol. 1, pp. 102, 289; Balcells, «Edificis», p. 191. <<

[108] Balcells, «Edificis», pp. 202, 207, 209. <<

[109] SO, 15 de agosto de 1936. <<

[110] Carrasco, Barcelona pp. 13, 27; SO, 30 de julio, 20 de agosto de 1936; LaB, 19 de agosto de 1936; LaV, 2 de agosto de 1936. <<

[111] M. Pérez Ledesma, «Studies on Anticlericalism in Contemporary Spain», International Review of Social History, 46, 2001, pp. 227-255; Sánchez, Tragedy, pp. 23-24. <<

[112] M. Delgado, La ira sagrada: anticlericalismo, iconoclastia y antirritualismo en la España contemporánea, Barcelona, 1992, pp. 71-79. <<

[113] Álvarez Junco, Emperador, pp. 397-341. <<

[114] D. Castro Alfín, «Cultura, política y cultura política en la violencia anticlerical», en R. Cruz y M. Pérez Ledesma (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, 1997, p. 70. <<

[115] J. Estivill y G. Barbat, «L’anticlericalisme en la revolta popular del 1909», L’Avenç, 2, 1977, p. 35. <<

[116] G. Ranzato, «Dies Irae. La persecuzione religiosa della zona repubblicana durante la Guerra civile spagnola (1936-1939)», Movimento operaio e socialista, 2-3, 1988-1989, p. 195. <<

[117] J. Estivill y G. Barbat, «Anticléricalisme populaire en Catalogne au début du siècle», Social Compass, 28, 1980, pp. 219, 225. <<

[118] Miró, Vida, p. 195; Kaminski, Barcelona, p. 61; Borkenau, Cockpit, p. 73; Low y Brea, Notebook, p. 61. <<

[119] Un cartel de reclutamiento mostraba la imagen de una mujer vestida con un mono estrecho gritando «Les milicies us necessiten!», lo que representaba en palabras de un observador británico, «la contratación de Afrodita para ayudar a la obra de Ares, lo que en mi opinión es un golpe bajo» (Langdon-Davies, Barricades, p. 156). <<

[120] Low y Brea, Notebook, pp. 47, 181, 186-187. <<

[121] Carrasco, Barcelona, p. 81. <<

[122] Kaminski, Barcelona, pp. 36, 63. <<

[123] Ruta, 28 de noviembre de 1936; Low y Brea, Notebook, pp. 196-197. <<

[124] LaB, 6 de agosto y 17 de septiembre de 1936 y 1 de mayo de 1937. <<

[125] C. Ealham, «The Spanish Revolution: 60 Years On», Tesserae. Journal of Iberian and Latín American Studies, 2,1996, pp. 209-234. <<

[126] En su historia oral de la guerra civil, Ronald Fraser hizo la siguiente observación: «al poder, como a la naturaleza, no le gusta el vacío. Aún más en la encrucijada de una guerra civil que es la política cíe la guerra de clases llevada al extremo del conflicto armado»: Blood of Spain. The Experience of Civil War, 1936-1939, Londres, 1979, p. 180. <<

[127] Casanovas i Codina, «Testimoniatge», pp. 51-59. <<

[128] P. Pagés, Andreu Nin: su evolución política (1911-1937), Madrid, 1975, pp. 223-266; F. Bonamusa, Andreu Nin y el movimiento comunista en España (1930-1937), Barcelona, 1977, pp. 289-296, 305-313. <<

[129] LaB, 23 de septiembre, 1 y 24 de octubre de 1936; SO, 27-29 de septiembre de 1936; Josep Costas, citado en M. Sánchez et al., Los sucesos de mayo de 1937, una revolución en la República, Barcelona, 1988, p. 48. <<

[130] Butllettí Oficial de la Generalitat, 17 de octubre de 1936. <<

[131] A. Ossorio y Gallardo, Vida y sacrificio de Lluís Companys, Buenos Aires, 1943, p. 172. <<

[132] SO, 4 de noviembre de 1936. <<

[133] SO, 16-17 de diciembre de 1936; Diari de Barcelona, 9, 16 de diciembre de 1936; La Humanitat, 13 de diciembre de 1936. <<

[134] Martin, Agony, p. 399. <<

[135] M. Benavides, Guerra y revolución en Cataluña, México, 1978, p. 220. <<

[136] A. Mayayo i Artal, «Els militants: els senyals lluminosos de l’organització», L’Avenç, 95, 1986, p. 46; V. Alba, Historia del Marxisme a Catalunya, 1919-1939, Barcelona, 1974, vol. 2, p. 287. <<

[137] Munis, Jalones, p. 298; B. Bolloten, The Spanish Civil War. Revolution and Counter-revolution, Hemel Hempstead, 1991, pp. 84, 396-397. Según la historia semioficial de la CNT, «el comunismo se convirtió en Cataluña en el receptáculo de las reivindicaciones de la pequeña burguesía, de los pequeños artesanos y comerciantes, y muy especialmente de los pequeños propietarios del campo catalán»: Peirats, CNT, vol. 2, p. 127. <<

[138] Ruta, 16 de febrero-9 de marzo de 1937; Nosotros, 9 y 14 de abril de 1937; Acracia, 10 y 28 de abril de 1937; Ideas, 7 de enero y 11 de marzo de 1937. <<

[139] Diari de Barcelona, 8 de enero y 9 de febrero de 1937; LaB, 1 y 5 de enero de 1937. <<

[140] Agrupación Amigos de Durruti, Hacia la segunda revolución, n.p., n.d. <<

[141] Diari de Barcelona, 9 de febrero de 1937; Cruells, Societat, p. 233. <<

[142] H. Graham, «“Against the State”: A Genealogy of the Barcelona May Days (1937)», European History Quarterly, 29, 1, 1999, pp. 485-542. <<

[143] Los Amigos de Durruti, un grupo anarquista disidente, lanzó una serie de eslóganes desde las barricadas pero carecía de influencia para poner en cuestión la postura conciliadora de la jerarquía cenetista y faísta. Véase Frank Mintz y Miguel Peciña, Los amigos de Durruti, los trotsquistas y los sucesos de mayo, Madrid, 1978 y Agustín Guillamón, «Los Amigos de Durruti, 1937-1939», Balance, 3, 1994. <<

[144] No existen datos fiables sobre los «sucesos de mayo» y los cálculos oscilan desde los 235 a los 1000 muertos y 4500 heridos: Huertas, Obrers, p. 273; Alba, Marxisme, vol. 2, p. 227; D. Abad de Santillán, Por qué perdimos la guerra, Buenos Aires, 1940, p. 138. La cifra más baja es probablemente la que más se acerca a la realidad. <<

[145] Citado en P. Broué, La revolución española, Barcelona, 1977, p. 135. <<

[146] J. Villarroya i Font, Els bombardeigs de Barcelona durant la guerra civil (1936-1939), Barcelona, 1981; J. Langdon-Davies, «Bombs over Barcelona», The Spectator, 14 de julio de 1938. <<

[147] J. Gomis, Testigo de poca edad (1936-1943), Barcelona, 1968, pp. 40, 77, 96-97. <<