© César Vidal, 2015.
© Editorial Stella Maris S. L., 2015.

Stella Maris
Doctor Ferrán 15.
08034 Barcelona.
www.editorialstellamaris.com

Diseño de la cubierta: Pedro Criado

Primera edición: marzo 2015

ISBN: 978-84-16128-48-8
D.L.: B-1748-2015

Composición: Dpto. de Arte Editorial Stella Maris

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Prólogo

El 20 de noviembre de 1975, llegó a su fin la vida de Francisco Franco. Jefe del Estado de una parte de España desde 1936, y sobre la totalidad del territorio nacional desde el 1 de abril de 1939, el régimen por él creado fue una dictadura autoritaria que fue ablandándose con el paso de los años, aunque no por ello dejaran de existir férreas limitaciones a las libertades —cuando no supresión total de las mismas— y un aparato represivo, policial y jurídico, que la sustentaba. El hecho de que, en apenas tres años desde su muerte, España celebrara elecciones generales y votara en referéndum una nueva constitución, todo ello sin revoluciones, golpes ni grandes derramamientos de sangre, fue interpretado por no pocos como una experiencia ejemplar que incluso era digna de ser transportada a otras naciones que buscaban la salida de la dictadura y su entrada en la democracia. Fruto de esa visión fue la configuración de un mito sobre la Transición que, bien la redujo a simples fechas sin profundizar en absoluto en su desarrollo y, sobre todo, en sus metas —fue el caso de Javier Tusell, al que Gregorio Morán precisamente en un libro sobre la Transición calificó de «sandio»—, bien la convirtió en crónica bastante exacta —es el caso de Victoria Prego y su serie de televisión y libro— aunque con final feliz y con ausencias verdaderamente notables de sus corrientes subterráneas. Los aportes de Prego fueron muy superiores a los decepcionantes de Tusell, y a ellos se fueron sumando otros como los de Raúl Morodo¹ y Elías Díaz², que pretendían insistir en el aspecto de pacto que tuvo la Transición y, especialmente, el de Juan Linz, que pretendió convertirla en paradigma del paso de la dictadura a la democracia³. Quizá la única excepción a esta crónica general fuera Gregorio Morán, con una obra más lúcida que todas las citadas, pero en la que faltaban no pocos elementos —quizá no podía ser de otra manera— para poder completar el cuadro. En términos generales, existía una especie de consenso para considerar la Transición un proceso ejemplar —cuando no ejemplarizante— con final feliz y futuro alentador. Sólo las muestras innegables de agotamiento del sistema han permitido que salieran a la luz visiones menos halagüeñas, como las de Bénédicte André-Bazzana o Alfredo Grimaldos, que se atreven a decir a casi cuarenta años de distancia que no todo fue tan idílico. A decir verdad, casi nada lo fue.

Los mitos de la Transición no se sostienen en su aplastante mayoría por la sencilla razón de que solo son mitos, es decir, historias que pretenden explicar la realidad que se supone ha de creerse y adoptarse como dogma colectivo. El gran problema es que, históricamente, el mito no es de recibo y el hombre de la calle, aunque no sepa historia, hace tiempo que comenzó a percatarse, siquiera de manera intuitiva, de que las cosas no son como le contaron durante décadas.

La presente obra es un ensayo histórico de interpretación del sistema nacido de la Transición. Comienza por ello con otras transiciones previas en la historia de España, mostrando por qué todas resultaron fallidas y acabaron en regímenes frustrados. Con diferencia, como se puede ver en la segunda parte, la Transición dio cabida a muchas más fuerzas sociales y gozó de un mayor amparo popular que ningún régimen desde el siglo XIX hasta la actualidad. Sin embargo, la Transición no obedeció —en contra del mito— a un consenso pactado entre distintas fuerzas, sino a un plan de ingeniería lampedusiana —es decir, la que busca cambiarlo todo para que todo siga igual— al que se sumaron las fuerzas de la oposición, que comprendieron que por primera vez en la historia serían sentadas a la mesa del poder. El plan —que en muchos aspectos era muy superior al régimen de Franco— salió bien, pero comenzó a mostrar sus profundas limitaciones — descritas en la tercera parte de este libro— a inicios de los años noventa, en la etapa cenital del felipismo, y puso de manifiesto su crisis irreversible durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los excesos del nacionalismo catalán, la aceptación de la presencia de ETA en las instituciones y el gobierno de Mariano Rajoy harían pensar en su final y, desde luego, en la necesidad irremediable de reformas que permitan salvarlo antes de que se produzca un colapso para el que, hoy por hoy, no existe plan alguno.

El hecho de que este libro sea, por encima de todo, un esfuerzo de interpretación explica los énfasis puestos en determinados hechos que, en ocasiones, se han pasado por alto y la poca relevancia que se le da a otros quizá llamativos, pero sin importancia real en la configuración de lo que han vivido los españoles durante casi cuarenta años. Aquella Transición tuvo entre sus canciones emblemáticas una que señalaba un anhelo popular de tener «su pan, su hembra y la fiesta en paz». En esta visión se explica mejor que en sesudos —y no pocas veces errados— estudios por qué la Transición se configuró de la manera en que lo hizo y por qué el régimen nacido de la misma ha llevado a España hasta su estado actual. Quizá no sea una lectura grata, pero puede ser útil. Con ello se conforma más que sobradamente el autor.

PRIMERA PARTE

UN FRACASO CONSTITUCIONAL
BICENTENARIO

CAPÍTULO I

Los intentos fallidos de crear un estado liberal

La crisis del Antiguo Régimen

La historia de España es, desde no pocos puntos de vista, acentuadamente peculiar. Su conciencia de nación resultaba obvia —y así fue recogida por los autores de la época— nada más desplomarse el Imperio romano. Isidoro de Sevilla podía incluso mencionar que en esa nación llamada España y privilegiada por su situación geográfica se fundían el elemento romano, el cristiano y el germánico. La nación España no estaba exenta, sin embargo, de problemas internos, como el antisemitismo o las banderías derivadas del sistema de monarquía electiva, que la condujeron a su desintegración a inicios del siglo VIII. La llegada a territorio español de los invasores islámicos que acudían, supuestamente, a ayudar a los partidarios del rey Witiza contra los del rey reinante don Rodrigo no concluyó con su retirada al otro lado del Estrecho, sino con el desplome de la monarquía católico-visigótica y la creación de un dominio islámico sometido, al menos de momento, al Califato. En casos semejantes, los invadidos acabaron siendo asimilados por el islam y convertidos en otra entidad totalmente distinta a la preexistente. No fue el caso de España. A lo largo de casi ocho siglos, la nación fue reunificándose bajo distintas formas políticas, hasta culminar en 1492 con el final de la Reconquista.

La reunificación de España vino vinculada a circunstancias no tan felices como la implantación de la Inquisición y la expulsión de los judíos. La nación, pues, no se asentó tanto sobre un sentimiento nacional —a pesar de que, ciertamente, existía— como sobre la uniformidad religiosa —que ni siquiera se había dado antes del siglo VIII. Esta circunstancia, sumada al hecho de que la política matrimonial de los Reyes Católicos injertó a la nación en los intereses de las dinastías centroeuropeas, produjo consecuencias inesperadas. De manera impensable tan solo unos años antes España, convertida a inicios del siglo XVI en la primera nación de Europa por la extensión de los territorios unidos a su corona, se vio vinculada a un proyecto imperial absolutamente arcaico impulsado por Carlos V y a la defensa armada de la causa de la Contrarreforma, que intentaba impedir el avance de la Reforma protestante mediante la espada y la Inquisición. El posicionamiento de la dinastía española tuvo consecuencias trágicas. España gastó los caudales americanos no en asentar las bases de una economía próspera y moderna, sino en librar guerras de tinte religioso y en defender los intereses de los Austrias en el centro de Europa. Al concluir el siglo XVI, España había acumulado una sucesión continua de bancarrotas, había perdido una parte nada desdeñable de sus territorios europeos, se había desvinculado de todos los movimientos de avance científico y político ligados, por el contrario, a la Reforma y se encaminaba hacia la pérdida de la hegemonía. El desastre se produjo antes de que pasara un par de generaciones, y a mediados del siglo XVII la primera potencia europea se había convertido en una nación que otras monarquías europeas buscaban desmembrar.

El final del siglo XVII lo vivió España bajo un rey —Carlos II— sometido a todo tipo de ceremonias religiosas que perseguían librarle de las hechicerías que, supuestamente, lo aquejaban. A su fallecimiento, y de acuerdo con su testamento, la nueva dinastía reinante sería la francesa de los Borbones. Sin embargo, semejante circunstancia —aceptada inicialmente por las potencias europeas y por los propios españoles— derivó en guerra civil en España y guerra internacional en Europa cuando Gran Bretaña y el Imperio se percataron del peligro que podía suponer una España vinculada a la Francia de Luis XIV.

Los Borbones habían quedado asentados como la dinastía reinante en España, ya sin discusión, en 1714; pero no sin perder buena parte de sus posesiones europeas extra peninsulares, además de Menorca y Gibraltar. España cedía el control del mar a Inglaterra y subordinaba su propia política exterior a la francesa. Nada quedaba ya de la potencia altiva —aunque carente de sensatez— de los Austrias. Internamente, sin embargo, el sistema continuaba sustentándose en la alianza del trono y el altar. Esta última circunstancia sería decisiva a la hora de abortar la Ilustración, que en otras naciones se desarrolló durante el siglo XVIII. En España, el fenómeno comenzó tarde, y a finales del reinado de Carlos III —el rey ilustrado por antonomasia— había quedado ya totalmente paralizado. Se trataba de una situación nada envidiable. España seguía siendo una nación con un imperio colonial de primer orden, pero se había quedado atrasada en todos los ámbitos desde hacía tres siglos y, frente a la amenaza que representaba la Revolución francesa, solo podía oponer un sistema del Antiguo Régimen que había entrado en crisis y que desoía las voces de advertencia de reformistas moderados como Jovellanos. A inicios del siglo XIX, Manuel Godoy —valido de Carlos IV— intentaba mantener un difícil equilibrio entre Francia e Inglaterra, llevar a cabo medidas políticas indispensables como la desamortización y reactivar la llama de la Ilustración. Sin embargo, la animadversión del príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, y su camarilla acabó desembocando en el motín de Aranjuez, la caída de Godoy y el intento de derrocamiento de Carlos IV. La monarquía española no había conseguido modernizarse ni modernizar la nación. A decir verdad, había entrado en crisis.

La crisis de la monarquía borbónica llevó al emperador francés Napoleón Bonaparte a la convicción de que podía deshacerse de los Borbones —tanto Carlos IV como su hijo Fernando VII— y entregar la corona de España a su hermano José. Gracias a algunas cartas dirigidas a sus hermanos Luciano y José, sabemos que la decisión ya estaba tomada a finales de 1807. El plan napoleónico fue puesto en marcha sin especial dificultad ya que, para triunfar, solo tuvo que limitarse a aprovechar las intrigas intestinas de la monarquía. De hecho, fue Fernando el que afirmó que deseaba entrevistarse con Napoleón para que zanjara de una vez por todas la disputa sucesoria. El emperador francés aprovechó la rivalidad entre padre e hijo para llevar a cabo sus planes de destronar a los Borbones e imponer una nueva dinastía que se iniciaría con su hermano. Al percatarse de las intenciones del emperador de Francia, el canónigo Escoiquiz, gran intrigante de la camarilla de Fernando VII, trató de alegar que los Borbones eran nulos y que no representaban ningún peligro para las ambiciones francesas. Sin embargo, Napoleón, en un arrebato de soberbia, le reveló que tenía el propósito de acabar con los Borbones. En paralelo, las tropas francesas iban ocupando, una tras otra, las plazas españolas.

De manera bien significativa, la reacción de los españoles ante esos hechos fue, inicialmente, de pasividad. Ciertamente, contemplaron con resentimiento la toma de plazas por los franceses, pero seguían considerándolos aliados ya que, formalmente, lo eran. Por supuesto, ni la Corte ni el Ejército ni la Iglesia católica se planteaban oponer resistencia frente al invasor. Así quedaría especialmente de manifiesto en una fecha muy especial, el 2 de mayo de 1808, cuando en Madrid estalló un alzamiento popular al descubrirse que los últimos miembros de la familia real estaban abandonando el palacio. La rebelión no pudo ser más espontánea, con la excepción de la resistencia de los capitanes Daoíz y Velarde y el teniente Ruiz en el parque de Monteleón. Pero incluso en este último caso, los oficiales actuaron por su cuenta y el respaldo que recibieron provino mayoritariamente de civiles. A pesar de la encarnizada resistencia, las tropas francesas consiguieron imponerse en episodios como la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol. Sin embargo, si durante esa jornada —verdadero inicio de la Guerra de la Independencia— el pueblo llano y algunos militares aislados salvaron el honor nacional con su gallarda resistencia frente al invasor, no puede decirse lo mismo de las instituciones y poderes fácticos del Antiguo Régimen.

Murat, el general en jefe de las tropas francesas, dirigió la mañana del 2 de mayo una comunicación al Consejo de Castilla, verdadero gobierno en funciones, indicando que había ordenado a sus hombres «que toda reunión se disperse, bajo pena de ser exterminados. Que todo individuo que sea aprehendido en una de estas reuniones sea inmediatamente pasado por las armas». Pero la responsabilidad de evitar semejantes supuestos recaía, según afirmaba Murat de manera tajante, en el Consejo de Castilla «siendo responsables ante el cielo y el emperador Napoleón».

En la noche del dos al tres de mayo, tras horas de asesinatos por las calles, las plazas y las tapias, comenzaron los fusilamientos de carácter oficial. La consigna de las autoridades francesas era proceder a diezmar a los prisioneros, que en su mayoría eran civiles. El número de muertos a manos de los invasores quedó establecido por el propio Napoleón en una comunicación dirigida el 6 de mayo de 1808 a sus hermanos Luis y Jerónimo, y a su cuñado Camilo Borghese, casado con su hermana Paulina. La afirmación del emperador fue tajante: «Más de dos mil personas de ese populacho han sido muertas. Yo tenía en Madrid seis mil hombres que no han tenido que hacer nada. Se ha aprovechado este suceso para desarmar a Madrid».

Mientras sucedía todo esto, los altos mandos militares, más cercanos a sus superiores civiles que al pueblo, no estaban dispuestos a malquistarse con los franceses. El 3 de mayo, el general José Navarro Falcón envió al capitán general de Madrid, Javier Negrete, un informe de lo acontecido. La versión oficial era que la culpa de todo lo sucedido la tenían los paisanos que se habían apoderado del Parque de Monteleón y alzado contra los aliados franceses.

El 4 de mayo, cuando aún estaban calientes los cadáveres de centenares de fusilados por las tropas francesas, los jefes y oficiales del ejército español decidieron rendir homenaje a Murat. Los hechos quedaron reflejados en la Gaceta de Madrid del 6 de mayo de manera elocuente. Se señalaba así que «todos los oficiales generales y toda la oficialidad de la tropa de la Casa Real y de la guarnición de esta corte han tenido la honra de presentarse a S.A.I. y R. (Murat) para reiterarle la oferta de sus servicios». Murat, por supuesto, aprovechó el acto, según la citada fuente, para razonar con «estos buenos y valerosos españoles acerca de los recíprocos intereses de Francia y España, de la libertad de los mares y del influjo que debíamos tener en las transacciones políticas del continente». La capitulación de los altos mandos militares era obvia. Ese mismo da, en paralelo con el comportamiento de las autoridades militares, la Junta Suprema de Gobierno celebró una reunión en la que nombró a Murat presidente. El paso era importante y, sin embargo, innecesario. También ese mismo 4 de mayo, Fernando VII devolvió, por escrito y en Bayona, la corona a su padre Carlos IV. El viejo Borbón se apresuró entonces a escribir antes de que acabara el día a Murat nombrándolo su lugarteniente general del reino con la autoridad emanada de ese cargo. De manera bien significativa, el monarca se dirigía al invasor como «Mi señor hermano» y concluía con un «suplicándoos, oh príncipe, tengáis a bien… aceptar este nombramiento que dará la tranquilidad a mi alma».

A aquel comportamiento de todas las instituciones se sumó también la Iglesia católica. Así, la Inquisición condenó el 6 de mayo la resistencia contra los franceses, seguramente convencida de que los invasores no la atacarían. Por supuesto, el alto clero se opuso formalmente a aquel recurso a la violencia. El obispo de Guadix, por ejemplo, anatematizó «la horrenda y monstruosa deformidad del tumulto, sedición o alboroto del ciego y necio vulgo». Se mirara como se mirara, todas las autoridades españolas, todos los poderes fácticos del Antiguo Régimen, se habían rendido ante Napoleón. Poco puede sorprender que Napoleón considerara zanjado el problema español y que se dispusiera a dar los últimos pasos para que su hermano José acudiera a Madrid a ceñirse la corona cedida por los Borbones. Poco a poco, estas instancias irían cambiando de actitud, aunque la razón derivara más de verse arrastrados por el pueblo hacia la resistencia y de temer la pérdida de privilegios que la ausencia de un triunfo definitivo de los franceses presentaba como posible. Con todo, la mayor amenaza para el Antiguo Régimen en la medida en que pretendía su final fue la acción de los liberales reunidos en Cádiz.

La primera Constitución española

La invasión de España por las fuerzas de Napoleón no solo acabó provocando una sublevación patriótica, sino el primer intento de encauzar la historia española por la senda constitucional. Para una minoría ilustrada y culta, aquellos terribles momentos tenían que ir unidos a la creación de un nuevo orden que dejara atrás el Antiguo Régimen y discurriera según los patrones del liberalismo. El resultado de esa visión fue la Constitución de Cádiz de 1812. Con todo, a pesar de sus buenas intenciones, ese esfuerzo fracasó estrepitosamente en sus objetivos.

Al fin y a la postre, la revolución liberal se vio yugulada por la acción de Fernando VII, y el siglo XIX español se convirtió en un enfrentamiento continuo entre los que creían en la modernización de una España destrozada y los que, por el contrario, pensaban que el aferramiento al Antiguo Régimen conduciría a la nación de vuelta a una Arcadia feliz que, dicho sea de paso, nunca había existido. Se podrá discutir si la Constitución de 1812 podía haber triunfado en su noble empeño. Lo que no se puede negar es que los defectos que la condenaban al fracaso ya fueron señalados en su tiempo por un personaje como José María Blanco White, y que el desoír esta voz tuvo funestas consecuencias.

Blanco lanzó desde una publicación titulada el Semanario sus propuestas a favor de una constitución; de la reunión de una «Representación nacional, llámese Cortes, o como se quiera»; de la independencia de millones de españoles frente al «capricho de uno solo» y de que «cada ciudadano llegue a sentir sus propias fuerzas en la máquina política». Si, por un lado, clamaba contra el invasor, por otro elevaba la voz en pro de la libertad del pueblo. Finalmente, la publicación pereció por las corruptelas del nuevo orden nacido de la sublevación y también por la presencia de la Inquisición¹, pero entre 1810 y 1814, analizó la situación con un rigor que casi sobrecoge por su lucidez. De manera muy especial, Blanco redactó un conjunto de textos conocidos como las Cartas de Juan Sintierra, donde señalaba los problemas que veía en la actividad de las Cortes y en las posibilidades de que la Constitución tuviera un futuro feliz.

Las Cortes, desde luego, adolecían de defectos que a Blanco no se le escapaban. Sin embargo, donde más certeramente se expresó Blanco fue en los defectos de la Constitución. En primer lugar, a su juicio, la Constitución carecía de realismo al abordar las relaciones entre las Cortes y la Corona. De momento, los diputados podían pensar que el Poder Legislativo no tendría problemas con el Ejecutivo dado el escaso peso de la Regencia, pero, como afirmaba, «llegue a ponerse en el trono una persona real, y verán las Cortes cuán vano es el triunfo que han ganado en ausencia de contrario». La Constitución, a juicio de Blanco, era «tan poco mirada en sus precauciones contra el poder real» que podía acabar teniendo un trágico final. En segundo lugar, la Constitución negaba un principio tan importante como el de la libertad religiosa para complacer de esa manera a la Iglesia católica. Esa circunstancia llevaba a Blanco a lamentar la intolerancia religiosa «con que está ennegrecida la primera página de una Constitución que quiere defender los derechos de los hombres». De hecho, las Cortes, «convertidas en concilio, no solo declaran cuál es la religión de España (a la cual tienen derecho incontestable) sino condenan a todas las otras naciones» no católicas. En otras palabras, «los españoles han de ser libres, en todo, menos en sus conciencias », según se desprende de su artículo 12, «una nube que oscurece la aurora de libertad que amanece en España». Blanco no pretendía que se creara un sistema laicista como el implantado en Francia durante la Revolución, e incluso insistía en que había que ser muy cuidadoso en el trato con la aristocracia y la Iglesia católica. Sin embargo, estaba convencido de que esa prudencia no podía implicar la eliminación de la libertad religiosa ya que, de admitirse ese hecho, un derecho absolutamente esencial como la libertad de conciencia quedaría conculcado; y si la libertad de conciencia quedaba en manos de una institución como la Iglesia católica, que se valía de la Inquisición, resultaría imposible que le quedaran otras libertades a los españoles.

Blanco White había dejado de manifiesto las razones por las que la Constitución de 1812 estaba condenada al fracaso. No serían otras que la falta de mecanismos de control parlamentario sobre el rey y la ausencia de libertad religiosa, que al impedir la libertad de conciencia, acabaría invalidando otros derechos como, por ejemplo, el de libertad de expresión. Blanco White acertó en todas sus prevenciones, en todos sus avisos, en todos sus pronósticos. De entrada, el regreso de Fernando VII se tradujo de manera inmediata en la supresión de la Constitución y en un intento —históricamente absurdo, pero determinado— de retornar al Antiguo Régimen.

El Estado liberal abortado

El 24 de marzo de 1814, vencidos los invasores franceses, Fernando VII volvió a España. Nada más pisar territorio español, un grupo de absolutistas le presentó el denominado Manifiesto de los persas en el que le rogaban que aboliera el régimen constitucional y regresara al absolutismo del Antiguo Régimen. Fernando VII era el monarca deseado por el que habían derramado su sangre los españoles que pretendían que reinara como monarca absoluto, y que así se lo hicieron saber lanzando el grito de «¡Vivan las caenas!». El monarca —que tan vilmente se había comportado frente a Napoleón— se apresuró a derogar la Constitución de Cádiz y a declarar su voluntad de ser soberano absoluto.

Durante el sexenio siguiente, Fernando VII no solo persiguió encarnizadamente a unos liberales que se habían comportado frente al invasor con mucha mayor gallardía que él, sino que además intentó regresar al Antiguo Régimen con la misma insistencia con que Felipe II se empeñó en convertir a España en la espada de la Contrarreforma. De manera nada sorprendente, como Felipe II, persiguió con verdadera saña a los disidentes, quebró la economía nacional y no dudó en intentar ahormar el sistema educativo a la cerrazón sectaria que lo caracterizaba. Si el primer monarca logró dejar tocado al Imperio español en Europa, el segundo no pudo evitar la ruina de ese mismo Imperio en ultramar.

En 1820, el liberal Riego se pronunció en Cabezas de San Juan contra el absolutismo. La nación, hundida en la parálisis económica y en el proceso de emancipación de Hispanoamérica, no reaccionó. El 9 de marzo de 1820, el rey —un superviviente en el peor sentido del término— se vio obligado a jurar la por él detestada Constitución de 1812. Con cinismo paradigmático, el monarca afirmó: «Marchemos todos y yo el primero por la senda de la Constitución».

Los liberales perseguían ciertamente la realización de reformas necesarias —como la codificación, la desamortización o la liberalización de la economía—, pero el peso de la masonería en su puesta en funcionamiento resultó desastroso. Las disputas acontecidas en el seno de las logias —donde se decidía la ocupación de empleos y cargos públicos— tuvo una repercusión directa en la vida política. Los liberales, a pesar de no ser numerosos, aun se dividieron en doceañistas (partidarios de la Constitución de 1812) y veintenos (partidarios de un planteamiento más radical); de la misma manera que la masonería se dividía entre la Sociedad del Anillo —moderados— y la Confederación de Caballeros Comuneros, más extremos.

El 7 de julio de 1822, la Guardia Real se sublevó con la intención de ayudar al rey a derogar la Constitución liberal de 1812 y de regresar a la monarquía absoluta. La intentona fracasó, pero a partir de ella se creó un estado de opinión que consideraba que el monarca no era sino un cautivo de los liberales.

También en el exterior, los vientos soplaban en contra de los liberales. Temiendo que se produjera una invasión extranjera de carácter absolutista, las Cortes se trasladaron a Sevilla, obligando al rey y a su Gobierno a acompañarlas. No serviría de mucho. El 7 de abril de 1823, entró en España un ejército al mando del duque de Angulema cuyo objetivo era restaurar el ejercicio completo de la monarquía absoluta de Fernando VII. Los Cien mil hijos de San Luis, que es como llegó a ser conocido este cuerpo expedicionario, no encontraron prácticamente resistencia. La alianza del trono y el altar propició que así fuera. Sólo un inesperado problema dinástico conduciría al cuestionamiento de ese statu quo.

La imposible forja del Estado liberal (I): de la primera guerra carlista al fracaso de la Desamortización

El 8 de diciembre de 1824, en la batalla de Ayacucho, se consumó el proceso de independencia de la América hispana continental. Del imperio de ultramar tan solo quedaba Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y las Filipinas. Fernando VII, viudo, sin hijos y convencido absolutista, se percató entonces de que no tenía más remedio que suavizar sus posiciones y aceptar la participación en la política de los liberales moderados dispuestos a serle leales. Precisamente en estos momentos —y no años después, como se repite erróneamente a menudo— surgió el partido carlista o apostólico, que se agrupó en torno al infante Carlos María Isidro. Para sus miembros, Fernando VII estaba evolucionando de manera peligrosa hacia el liberalismo y, por lo tanto, resultaba imperativo destronarlo y sustituirlo por su hermano, un fanático católico convencido de las bondades del absolutismo. La situación llegó a ser tan amenazante en algunas partes de España como Cataluña que, el 22 de septiembre de 1827, el rey tuvo que dirigirse hacia esta región para sofocar los conatos carlistas. Se imponía que Fernando VII volviera a contraer matrimonio. La nueva boda se celebró el 11 de diciembre de 1829 en Aranjuez y la influencia de la nueva reina, María Cristina de Borbón, no tardó en hacerse notar. En poco tiempo, María Cristina consiguió que el rey indultara a numerosos liberales e incluso que le prometiera que promulgaría una amnistía política si llegaba a darse el caso de que tuvieran los ansiados hijos. Fernando VII, al que no se le escapaba la posibilidad de que su vástago fuera una niña, aceptó incluso —con el apoyo de su esposa, de su hermano menor Francisco de Paula y de su cuñada Luisa Carlota— promulgar la Pragmática Sanción de Carlos IV. El citado texto abría el camino al trono a las mujeres al abolir la Ley Sálica, una norma de origen francés, traída por los Borbones y contraria al derecho histórico español. En puridad, la medida adoptada por Fernando VII era excelente no solo porque, al menos en apariencia, garantizaba que no existiera vacío institucional sino también porque, de esa manera, se restablecía el orden sucesorio tradicional perfilado, por ejemplo, en las Partidas. Sin embargo, como no resulta difícil comprender, ni el infante Carlos María Isidro ni su círculo contemplaron con buenos ojos el paso dado por el rey. La situación no mejoró precisamente cuando, el 10 de octubre de 1830, la reina dio a luz a una niña a la que se impuso el nombre de Isabel.

El 16 de marzo de 1833, Carlos María Isidro abandonó Madrid y el 4 de abril, Fernando VII publicó un decreto en virtud del cual se fijaba el 20 de junio como fecha para la jura de su primogénita como princesa de Asturias. Naturalmente, se envió una misiva al infante Carlos para que acudiera a rendir juramento de fidelidad. Al negarse éste, Fernando lo desterró a los Estados Pontificios. No podía haberse equivocado más el rey. De hecho, don Carlos llegó a la Santa Sede apenas unos meses después de que el papa reinante, Gregorio XVI, se expresara con toda claridad sobre la libertad en un texto histórico, la encíclica Mirari Vos. El documento —uno de los más liberticidas del siglo XIX— arremetía contra la libertad de conciencia de manera tajante e indiscutible. Por ello no resulta sorprendente que la encíclica Mirari Vos fuera el programa político que defenderían los carlistas durante décadas, ferozmente enfrentados con la articulación de un Estado liberal moderno.

A juicio del papa, la sociedad perfecta solo podía ser aquella que, gobernada por un monarca absoluto, recibiera únicamente las enseñanzas católicas y cuyo pueblo se limitara a obedecer sumisamente. El resultado de intentar mantener en pie aquel edificio doctrinal se saldaría en España con una sucesión de despiadadas guerras civiles.

El 29 de septiembre de 1833, cuando apenas faltaban unos días para que cumpliera los cuarenta y nueve años, falleció el rey Fernando VII. Su muerte sería el pistoletazo de salida para el inicio de las guerras carlistas. Aunque se ha considerado repetidamente como un conflicto dinástico librado por añadidura entre miembros de la misma familia, lo cierto es que en ellas se enfrentaba una noción vieja, obsoleta, atrasada y probadamente dañina de España con otra nueva, adaptada a la modernidad y deseosa de avanzar, con todos los matices que se desee, por el camino de otras naciones occidentales. En torno a don Carlos no se agrupaban únicamente los partidarios de su más que dudosa legitimidad dinástica sino, sobre todo, los que aborrecían el liberalismo que, a la sazón, era una doctrina política condenada expresamente por la Santa Sede. Frente a la idea de una sociedad libre, impulsada hacia el desarrollo capitalista e impregnada del amor por la libertad, el carlismo propugnaba una sociedad vertebrada en torno a una monarquía absoluta, una legislación derivada de la doctrina de la Iglesia católica, una supresión de cualquier sistema de libertades, un modelo económico fundamentalmente agrario y aristocrático y, posteriormente pero no en el momento inicial, el mantenimiento de los privilegios medievales de ciertas regiones.

Que el liberalismo fuera una corriente urbana e industrial y que el carlismo quedara fijado en el campo, en zonas densamente clericales y con mayores restos de normativas medievales, no resulta extraño. En realidad, era lo natural. De la misma manera, no puede sorprender que, desprovisto ya del elemento dinástico y acentuadamente español, buena parte de ese carlismo acabara evolucionando posteriormente hacia la creación de los nacionalismos catalán y vasco en los que «la sangre y el suelo» —y la idea teocrática católica— tendrían un valor muy superior al de los principios democráticos.

El apoyo que recibieron los carlistas fue diverso según las distintas regiones españolas. Fundamentalmente, procedió de medios rurales, que contemplaban con desconfianza los cambios, y en ocasiones de ciudades pequeñas, si bien circunscritas a las Vascongadas y Navarra. En estos casos, resultó fundamental el respaldo de un clero que no terminaba de asimilar que Fernando VII no hubiera restaurado los plenos poderes a la Inquisición. En general, los carlistas aspiraban no tanto a contener la revolución —como diría la propaganda posterior— como a restaurar el Antiguo Régimen; y tenían como objetivo, sin discusión alguna, una política de atraso. Los cristinos eran reformistas y católicos —pero no revolucionarios ni integristas— y buscaban modernizar la nación y acabar con las desigualdades históricas entre las regiones, una tarea que permanecía inconclusa desde hacía siglos y en la que, con anterioridad, se había estrellado entre otros el Conde-duque de Olivares.

En buena medida, los carlistas fracasaron porque el regreso al Antiguo Régimen no constituía un programa político popular o atractivo. De hecho, su apoyo quedó muy limitado a zonas como las Vascongadas, Navarra, el agro catalán, Logroño y el Maestrazgo. Al final, la guerra fue conducida con mucha más eficacia por los cristinos, y las victorias de Espartero en Ramales y Guardamino (1839) acabaron obligando al general carlista Maroto a llevar a cabo el denominado abrazo de Vergara, es decir, la conclusión de las hostilidades mediante el símbolo de un abrazo entre ambos generales. En virtud de la paz firmada en Oñate en agosto de 1839, los militares carlistas siguieron en el ejército y Navarra y las Vascongadas conservaron unos privilegios económicos que eran anacrónicos e injustos. Por supuesto, aquel final —por muy idílico que pudiera parecer— no solucionó ninguna de las cuestiones pendientes. El régimen liberal no solo no se había asentado constitucionalmente sino que, por añadidura, tenía apuntado contra su cuello una situación fiscal privilegiada en Vascongadas y Navarra que impedía articular una nación de ciudadanos libres e iguales y que encerraba la amenaza continua de un carlismo fácilmente excitable. Con el tiempo, la guerra volvería a estallar y, en cualquiera de los casos, el Estado liberal nunca sería lo suficientemente fuerte como para poder intentar acabar con los privilegios de determinadas castas. Semejante proceso que imposibilitaría la articulación del Estado liberal quedaría de manifiesto, por ejemplo, en el fracaso de la desamortización, un proceso indispensable que había tenido lugar en la Europa del Norte con la Reforma protestante del siglo XVI y en Francia con la revolución de finales del siglo XVIII.

Para comprender lo que significaba el sistema de «manos muertas» atacado por la desamortización hay que recordar que, de acuerdo con el catastro de Ensenada de 1749, en las veintidós provincias de Castilla, las instituciones eclesiásticas recibían cerca de la cuarta parte de los ingresos agrícolas, cifra verdaderamente espectacular a la que había que sumar diezmos, préstamos y los beneficios derivados de la propiedad de cerca de tres millones de cabezas de ganado de pastoreo². Dado que las propiedades de la Iglesia católica estaban sujetas al denominado régimen de «manos muertas», que impedía su venta y solo tenía como finalidad su acumulación, una porción altísima de la riqueza nacional quedaba fuera del mercado y no podía ser aprovechada. La desamortización, por lo tanto, constituía una medida política, social y económica cuyo objetivo estribaba en poner en el mercado, mediante subasta pública, las tierras y bienes no productivos que se hallaban en poder de las llamadas «manos muertas»; es decir, la Iglesia católica y la nobleza. Ambas los habían acumulado durante siglos como habituales beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos, y la manera en que los retenían era fuente de no pocos trastornos para la vida de la nación. De hecho, los primeros intentos de desamortización se llevaron a cabo durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, y fueron seguidos por otros bajo José I y durante el trienio liberal (1820—1823). En el último caso, a pesar de ser poco ambiciosa, la ley fue derogada tras la llegada de los Cien mil hijos de san Luis y la expulsión de los liberales del poder. Las desamortizaciones realmente importantes fueron, sobre todo, las realizadas por Mendizábal y, posteriormente, por Madoz. La idea de Mendizábal, presidente del Gobierno, no era dejar a la Iglesia católica al arbitrio de sus propios recursos —a decir verdad, como todos los liberales españoles antes y después, no pensó en separar a la Iglesia del Estado ni tampoco en dejar de mantener al clero diocesano o en que la Iglesia se sostuviera con sus propios medios—, sino suprimir algunas órdenes religiosas masculinas y poner a la venta sus propiedades en subasta pública para así enjugar la deuda nacional procedente de la guerra carlista. Con todo, la desamortización no fue completa. Por supuesto, la resistencia de la Iglesia católica fue encarnizada, ya que consideraba que aquellas medidas habían «saqueado el patrimonio de Jesucristo»³, una afirmación bien reveladora si se tiene en cuenta que el propio Jesús se había presentado como alguien tan desprovisto de bienes que no tenía «donde recostar la cabeza» (Mateo 8:20).

Políticamente, se identificó —no siempre justamente, no siempre inocentemente— el liberalismo con el anticlericalismo, y además se fortaleció la posición del carlismo en ciertas zonas de España con una Iglesia católica que, según la opinión del historiador católico Ricardo de la Cierva, era preconciliar, pero hasta del Vaticano I. En no escasa medida, la Desamortización fue una de tantas ocasiones perdidas en la historia de España. Pero lo fue, fundamentalmente, porque las presiones eclesiásticas impidieron que se pudiera llevar a cabo. En 1841, Mendizábal había deseado que la desamortización se ampliara al clero diocesano, pero no fue hasta 1855 que pudo ponerse en práctica semejante plan y hasta 1860 que pudo considerarse vendido el grueso de las grandes propiedades de la Iglesia católica⁴. El que se precisara más de dos décadas para llevar a cabo un proceso angustiosamente necesario para la economía nacional dice no poco de las limitaciones inmensas con que se vio caracterizado el proyecto de crear un Estado moderno de corte liberal.

La imposible forja del Estado liberal (II): del fracaso constitucional al derrocamiento de Isabel II

No más afortunado que la Desamortización resultó el intento de crear un régimen verdaderamente constitucional. La Regencia de María Cristina no solo debió ocuparse de la guerra contra los carlistas y de la difícil situación financiera, sino también de la articulación del nuevo Estado, un Estado moderno cuya creación se acometía con décadas de retraso en relación con el resto de Europa occidental. En tan solo un trienio, surgirían de ese empeño dos constituciones. En 1834, los liberales moderados procedieron a la elaboración del Estatuto Real. Su redacción se debió a Martínez de la Rosa —llamado por sus adversarios políticos Rosita la pastelera por su tendencia a las componendas— y adoptó la forma de carta otorgada, es decir, que partía de la base de que la soberanía no residía en la nación, como había indicado la Constitución de 1812, sino en el rey, que compartía algunas funciones con el Parlamento. Por añadidura, las Cortes aparecían contempladas como un organismo situado a mitad de camino entre una asamblea consultiva y una legislativa, y podían ser interferidas en su acción por el rey. Finalmente, el monarca poseía el monopolio de la iniciativa legislativa; convocaba, suspendía o disolvía las Cortes; sancionaba las leyes con posibilidad última de ejercer el derecho de veto; nombraba próceres de modo ilimitado; elegía al presidente y vicepresidente de los Estamentos y nombraba y cesaba al presidente del Consejo de Ministros y a los miembros del Gabinete. El Estatuto Real significaba el fin del absolutismo pero, al mismo tiempo, no implicaba un régimen liberal y representativo. A lo sumo, llegaba a un protoparlamentarismo al ser necesaria la confianza del rey y de las Cortes para gobernar.

No puede sorprender que el Estatuto no agradara a los liberales, que obviamente eran partidarios de una verdadera constitución. Así, el 13 de agosto de 1836 se sublevaron los sargentos de la Granja, proclamando la Constitución de 1812. La respuesta moderada a ese intento de regresar a los inicios políticos del siglo XIX —inicios mucho más representativos que los que se vivían en esos momentos— fue promulgar una nueva Constitución, la de 1837. De ánimo conciliador, el texto pretendía encajar de manera práctica a la monarquía en el sistema parlamentario. Recogía el principio de soberanía nacional, a la vez que se erigía en el texto más desarrollado hasta entonces en materia de reconocimiento de los derechos fundamentales, pero ambos aspectos los templaba con la existencia de unas Cortes bicamerales. El final de la Regencia resultaría, sin embargo, negativo para este avance político.

La denominada Revolución de 1840 apartó de la regencia a María Cristina y se la entregó a uno de los políticos progresistas más relevantes: el general Espartero. En primer lugar, Espartero pretendía implantar un orden constitucional de carácter verdaderamente liberal y, en segundo, iniciar reformas liberales en el plano económico. No tuvo éxito. La razón, como tantas otras veces en la historia de España, la encontramos en el inmenso poder de sus adversarios, fundamentalmente las oligarquías regionales y la Iglesia católica. En 1842, como muestra clara de la oposición con la que iba a chocar el intento de articular un Estado liberal, se produjo el alzamiento de Barcelona. La razón no era otra que oponerse a las medidas liberales de Espartero. Durante siglos, las oligarquías catalanas habían conseguido mantener un sistema proteccionista que las favorecía al convertir el mercado español en cautivo, pero que causaba un daño enorme al conjunto de España. El proteccionismo perjudicaba las exportaciones nacionales, que eran víctimas de las represalias de otros países que no podían exportar a España. Además, al eliminar la competencia externa, se encarecía el consumo interno, que quedaba marcado por las oligarquías de Cataluña. Por añadidura, la existencia de ese mercado cautivo impidió el desarrollo de una industria nacional competitiva. Finalmente, ese proteccionismo reafirmaba aún más el peso de las oligarquías catalanas, que se ocupaban de no tener rivales tampoco a escala nacional. En paralelo y mientras las oligarquías de Cataluña intentaban introducir una cuña entre aquellos que amenazaban sus intereses, la Iglesia católica llegó a un acuerdo con los moderados. Sacrificaba así a los carlistas, pero el paso quedaba más que compensado por la alianza con el nuevo gobierno. Por supuesto, Espartero se vio expulsado de la vida política.

Con el siglo XIX próximo a su ecuador, España seguía sin ser una nación de ciudadanos libres e iguales; seguía sin contar con un sistema constitucional digno de tal nombre y seguía sin articular un Estado totalmente separado de las estructuras del Antiguo Régimen. En el curso del nuevo reinado, el de Isabel II, los distintos retos seguirían sin ser abordados mientras las castas privilegiadas consolidaban su peso.

La caída de Espartero condujo a la proclamación de la mayoría de edad de la princesa Isabel, que a la sazón contaba con tan solo trece años. El general moderado Narváez logró imponerse, dando inicio a la denominada década moderada. Aunque los moderados eran, en teoría, liberales, sus grandes metas fueron desde el principio acabar con la Constitución de 1837 —cosa que lograron— y emascular el liberalismo hasta convertirlo en algo que pudiera resultar aceptable para la Iglesia católica. En paralelo, los moderados aprovecharon el poder para dar inicio a algunos grandes negocios, pero incluso éstos, de manera bien reveladora, no se debieron a la iniciativa privada sino a impulsos estatales en beneficio de particulares. Como telón de fondo, los moderados mantuvieron a la reina en una situación de marioneta fácil de manipular utilizando alternativamente sus pasiones insatisfechas y su beatería supersticiosa. A decir verdad, obtuvieron sus dos grandes éxitos gracias a unos instrumentos legales que implicaban un freno directo a la modernización de España. El primero fue la nueva Constitución: una especie de vía media entre el Estatuto Real y las constituciones liberales que afirmaba la soberanía compartida entre el monarca y la nación y limitaba el número de las personas que podían participar en los procesos electorales. El se gundo fue el Concordato⁵. Suscrito en el año 1851, el Concordato sería la base de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España hasta 1931. En otras palabras, resultaría un instrumento legal que impediría durante prácticamente un siglo la configuración de España como nación de ciudadanos libres e iguales, siquiera porque consagraba numerosos privilegios favorables a la Iglesia católica en áreas que solo son arbitrio del Estado. El artículo 1 del Concordato eliminaba de raíz la posibilidad de que existiera libertad religiosa y consagraba el monopolio confesional al afirmar que el catolicismo «con exclusión de cualquier otro culto, continúa siendo la única religión de la nación española». El artículo 2, por su parte, dejaba la educación en manos de la Iglesia católica al señalar que debía ajustarse a «la pureza de la doctrina de la fe»⁶. Aparte del monopolio ideológico y de la entrega de la educación, el gobierno asumía la obligación de mantener al clero diocesano, reconocía la independencia episcopal y aceptaba la restauración de las órdenes religiosas masculinas, aunque este último punto se realizó de manera tan ambigua que sería un semillero de futuros conflictos. El Concordato obtenía de este modo más de lo que ya había exigido del absolutista Fernando VII⁷.

En 1854, estalló en España una nueva serie de vaivenes que concluyó con el regreso al poder del general Espartero. En 1855, Madoz inició una nueva desamortización encaminada a concluir la de Mendizábal, sanear las cuentas públicas y suprimir privilegios eclesiales. En 1856, una nueva constitución devolvía la soberanía a la nación y defendía el juicio de jurados para la prensa y la elección popular de alcaldes. Una vez más, se ponía en marcha un intento de modernizar la nación conforme a un modelo liberal. Y otra vez más, se vería abortado. Ese mismo año de 1856, el general O’Donnell se hizo con el poder, con lo que la Constitución no llegó nunca a aplicarse y la desamortización de Madoz no se consumó.

El régimen intentó subsistir, pero resultaba obvio que esa perdurabilidad iba a ser limitada, por más que los moderados se esforzaran por llevar a cabo una política exterior de relevancia. El sistema seguramente ya estaba muerto una década antes de su desaparición.

Las razones del final de la monarquía isabelina fueron diversas. Por un lado, el sistema electoral estaba notablemente viciado y resultaba apenas representativo. En 1865, por ejemplo, había 418 000 electores sobre un conjunto de 15,5 millones de habitantes. Al problema institucional se sumó la crisis económica. En 1861, estalló en Estados Unidos la guerra de Secesión, que se extendió hasta 1865. Este conflicto —que, por ejemplo, privó a la industria textil del algodón sureño—, acabó generando la crisis europea de 1865-1866 que repercutió también en España y alejó a la burguesía del régimen. A lo anterior hay que sumar una crisis generacional. Los políticos de antaño fueron desapareciendo —O’Donnell falleció en 1867; Narváez en 1868; González Bravo en 1871 y Bravo Murillo en 1873— sin que nadie de su talla los sustituyera.

Todo ello se producía en un contexto en el que la dispensadora de ideología más poderosa, la Iglesia católica, se definía una vez más como enemiga directa de la libertad. Al respecto, el texto más conocido es el famoso Syllabus de Pío IX (1862) que no solo arremetía contra la libertad religiosa, negaba la posibilidad de salvación a los que no estuvieran sometidos a la Iglesia católica y calificaba de «pestilentes» a las sociedades bíblicas, sino que además insistía en la legitimidad del poder político del papado. No fue un ejemplo aislado. Tan solo dos años más tarde, en 1864, Pio IX dirigía su encíclica Qui pluribus «contra los varios modos con que se presentan atractivos los vicios en esa tan grande libertad de publicaciones y curiosidad tan grande de saber». En medio de ese clima ideológico, no es de extrañar que, entre 1866 y 1868, el gobierno concediera a la Iglesia católica nuevos privilegios en el terreno de la educación pública al controlar el nombramiento de los nuevos docentes y los planes de estudios, ni tampoco que el general Narváez aumentara la asignación presupuestaria para los salarios del clero y el mantenimiento de los templos por encima de las cifras estipuladas por el Concordato de 1851⁸. En medio de ese clima, la Iglesia católica incluso presionó al gobierno para que enviara tropas a Italia a defender los Estados Pontificios⁹, cuya existencia peligraba a causa del proceso de unificación de Italia. No resulta, desde luego, sorprendente que la voluntad de la reina estuviera en manos de Sor Patrocinio, una farsante conocida popularmente como la monja de las llagas. A inicios de 1868, Isabel II recibió del papa la Rosa de Oro, como muestra de reconocimiento por lo que la reina había llevado a cabo en favor del catolicismo. La prensa dio notable cobertura al episodio, que era todo un símbolo. Lo que nadie sospechaba era que al sistema le quedaban apenas unas semanas de vida.

CAPÍTULO II

Del Sexenio Revolucionario al nacimiento de los nacionalismos

El Sexenio Revolucionario

En 1868, derribar a la reina Isabel II resultó una tarea relativamente fácil e incruenta, como suele suceder con los regímenes exhaustos. Mucho más difícil iba ser para los protagonistas de la Gloriosa construir un régimen que diera cabida a todos los españoles, máxime cuando las fuerzas triunfadoras eran incompatibles entre sí y los enemigos con los que debían enfrentarse resultaban colosales. El apoyo de la Revolución procedía tanto de las clases populares de la ciudad como de los miembros de las clases medias bajas, del artesanado o los jornaleros y excluía a los campesinos —que conformaban la mayoría de la sociedad española de la época— y a buena parte de las clases medias y altas. Las fuerzas políticas se limitaban a la Unión Liberal dirigida por Serrano y favorable a que el nuevo rey fuera Antonio María de Orleáns, el duque de Montpensier; el Partido Demócrata —que se escindió entre los cimbreos monárquicos de Nicolás María Rivero y los republicanos de Castelar y Salmerón—; y un republicanismo de carácter federal vinculado a Pi i Margall. Semejante configuración política planteaba la ausencia de un programa común más allá del derrocamiento de la reina, y la existencia de divergencias insalvables como las relativas a la forma de Estado y a su ordenación territorial.

A pesar de todo, la impronta de la revolución era profundamente democrática y esa circunstancia explica que, desde el principio, una de las cuestiones esenciales fuera la de limitar los privilegios —incompatibles totalmente con un Estado verdaderamente liberal— de los que gozaba la Iglesia católica. En diciembre de 1868, se formó la Asociación de Católicos de España para concurrir a las elecciones a Cortes. En ella se agrupaban los carlistas y el ala más extrema del Partido Moderado conocida como los «neo-católicos»¹.

La Asociación de Católicos de España fue creada con la aprobación del papa y, desde el principio, dejó de manifiesto que su intención era «propagar y defender las doctrinas, instituciones y el influjo social de la Iglesia, señaladamente su libertad y la unidad católica de España»². En otras palabras, la nueva entidad pretendía mantener unos privilegios seculares que se reflejaban en el control de la enseñanza, la ausencia total y absoluta de libertad religiosa y el control de la moral.

Desde el principio, el gobierno provisional puso de manifiesto que apoyaría que la nueva constitución incluyera la libertad religiosa. Para impedir el reconocimiento de ese derecho, la Iglesia católica desató una campaña en la que llegó a reunir casi tres millones de firmas contrarias a la libertad. Sin embargo, esta vez la composición de las Cortes y, en no escasa medida, la convicción de que solo la limitación del poder de la Iglesia católica permitiría avanzar hacia un régimen democrático impidieron que estas maniobras tuvieran éxito. Emilio Castelar arrancó en las Cortes una encendida ovación al pronunciar un discurso en defensa del derecho a la libertad religiosa³ y, al cabo de un mes, el texto constitucional fue aprobado por una aplastante mayoría.

La Constitución surgida de la Gloriosa Revolución de 1868 fue la más democrática de toda la historia de España, de tal modo que soporta magníficamente la comparación con la vigente de 1978 y supera con amplitud no solo a las anteriores, sino a la de la Restauración y a la de la Segunda República. El texto consagraba el sufragio universal, reconocía por primera vez derechos como el de la libertad religiosa y dotaba de plena legitimidad democrática a la monarquía al elegir al nuevo rey. En teoría, se había colocado la mejor base legal para elevar un Estado moderno en España. Sin embargo, el contenido de la impecable Constitución chocaba con minorías contrarias y agresivas como eran los carlistas, los republicanos y los federalistas y, de manera muy especial, con los intereses de la Iglesia católica.

Por añadidura, el monarca elegido, Amadeo de Saboya, duque de Aosta e hijo de Víctor Manuel II de Italia, contó con la inquina inmediata de católicos y carlistas, ya que Víctor Manuel era el monarca que no solo había unificado Italia como nación, sino que además había reducido al mínimo los Estados Pontificios. Cuando a esos enemigos del nuevo régimen se les sumaron los alfonsinos y los republicanos, el mismo se convirtió en punto menos que inviable.

Como presagio trágico de lo que iba a suceder tras la victoria de la Gloriosa Revolución, el general Prim, entusiasta valedor de Amadeo de Saboya, fue asesinado antes de que el nuevo monarca llegara a España. Tanto Amadeo como su esposa se comportaron de manera ejemplar, pero las fuerzas alzadas contra ellos eran demasiado poderosas. El 11 de febrero de 1873, el monarca abdicó. Inmediatamente, los políticos que supuestamente habían sido partidarios suyos proclamaron la Primera República.

El nuevo régimen nació a causa del agotamiento de un sistema que, trágicamente, acababa de comenzar. Pero la república, a diferencia de lo sucedido en otras naciones, estaba condenada al fracaso. Baste recordar que, en menos de un año, se procedió a la investidura de nada menos que cuatro presidentes: Figueras, Pi i Margall, Salmerón y Castelar. El primer gobierno republicano duró tan solo trece días, cayó por la ausencia de disciplina en los cuarteles y dio paso a un segundo gobierno, llamado de «los pájaros» porque los ministros se llamaban Pi, Tutau, Sorní y Chao. Ante semejante situación, el clero católico no dudó en azuzar en las Vascongadas a los carlistas para que volvieran a echarse al monte proclamando a un rey de nula legitimidad legal. En Cataluña, la Diputación proclamó, sin el menor respeto por la legalidad, el Estado catalán.

En medio de una revuelta cantonalista de características delirantes y del fracaso estruendoso de los dos primeros presidentes republicanos, se produjo un intento de república unitaria que mantuviera la estabilidad política y la integridad territorial de la nación. Tras la dimisión de Salmerón, Castelar hubiera deseado asentar una república que contuviera la revolución y llevara a España hacia la modernidad, pero la guerra carlista y una nueva sublevación en Cuba impidieron semejante posibilidad. Su presidencia concluyó el 3 de enero de 1874 de manera inesperada con el pronunciamiento del general Pavía. No buscaba acabar con la república sino evitar que se desplomara a causa de la experiencia cantonalista. De manera bien reveladora, el general Serrano se convirtió en el quinto presidente de lo que algunos autores han denominado «república unitaria». Serrano logró, ciertamente, frenar a los carlistas, pero la primera república estaba ya dando sus últimas boqueadas. A decir verdad, durante aquellos meses, las diferentes fuerzas políticas ya se dedicaban a prepararse para el advenimiento del nuevo régimen.

El régimen de la Restauración

El fracaso del Sexenio Revolucionario desembocó en un nuevo régimen que se intuía ya en las boqueadas de la Primera República. Sustentado en una nueva restauración borbónica, iba a intentar cambiarlo todo para que todo siguiera igual al período anterior al derrocamiento de Isabel II. Antonio Cánovas del Castillo, gran factótum de las intrigas restauracionistas, no tuvo problemas para hacerse con ayudas procedentes de industriales catalanes y hacendados cubanos, dos instancias que no pocas veces se confundían. La razón de aquel apoyo era obvia. Durante la Primera República, se había llevado a cabo un nuevo intento de librecambismo impulsado por el catalán Laureano Figuerola secundado por Segismundo Moret. Ese intento de dar entrada en España al librecambismo provocó el nacimiento del nacionalismo catalán, dotado de un carácter acusadamente proteccionista.

En diciembre de 1874, Cánovas difundió el Manifiesto de Sandhurst, en que Alfonso, el hijo de Isabel II, se proclamaba «buen español, buen católico y verdaderamente liberal». De esa manera, el joven príncipe tendía la mano a todos los poderes fácticos que podían ayudarle a acceder al trono: las oligarquías, los españoles hartos del cantonalismo, la Iglesia católica y los partidarios de un régimen constitucional que no fuera democrático como el de la Constitución de 1868 sino más dúctil a la acción de los grupos de presión. El 29 de ese mismo mes, el general Arsenio Martínez Campos se pronunció en Sagunto provocando la caída de Serrano y brindando a Cánovas el poder. El nuevo gobierno se constituía cuarenta y ocho horas después del pronunciamiento. Del Sexenio Revolucionario solo quedarían la peseta, creada en 1868; el tranvía de mulas, establecido en 1871 y la conversión del Banco de España en banco nacional con monopolio para la emisión de moneda, en 1874.

El nuevo régimen no estableció una nación de ciudadanos libres e iguales. De hecho, al crear Cánovas el 21 de julio de 1876 la figura de los «conciertos económicos», que pretendían compensar de los fueros y que constituyeron una concesión injustificada de tipo económico para gusto de vascos y navarros, el Estado de la Restauración que pretendía ser liberal de entrada ponía la base jurídica para la desigualdad. Así quedaría reflejado en la Constitución.

Cánovas era, ciertamente, conservador y deseaba casi por encima de todo impedir el estallido de una revolución social. Para lograrlo, estableció un sistema de partidos que se turnarían en el poder y someterían a los militares a la autoridad civil. Con todo, también era plenamente consciente de que, por la propia naturaleza del liberalismo, determinadas libertades, como la de religión, no podían quedar excluidas del texto constitucional. Por añadidura, Cánovas deseaba renegociar el concordato de 1851; fundamentalmente, porque estaba decidido a dar estabilidad al régimen ampliando su base social, y esa base se vería reducida si se aceptaba el mantenimiento de los privilegios de los que disfrutaba la Iglesia católica⁴. No pretendía Cánovas ni remotamente la separación de la Iglesia y el Estado o que éste dejara de sostener económicamente a aquella. Sin embargo, determinadas cuestiones —extraordinariamente moderadas, por otra parte— le parecían indispensables. Tal posición resultaría absolutamente intolerable para la Iglesia católica.

En febrero de 1875, a poco más de un mes del pronunciamiento de Martínez Campos y cuando el régimen ni siquiera se hallaba establecido, el obispo de Jaén, Antolín Monescillo, hizo pública una carta dirigida a Alfonso XII, el nuevo monarca, para indicarle que no contaría con el apoyo de los católicos si no se sometía a las exigencias de la Iglesia católica⁵.

La Santa Sede deseaba encarecidamente un regreso al statu quo previo a la Revolución de 1868, con lo que eso significaba de cercenamiento de las libertades, de consagración de privilegios y de limitación de funciones estatales como la educativa. El nuncio Simeoni, en la entrega de credenciales a Alfonso XII, le había hecho llegar una carta del papa Pío IX en la que se exigía que el concordato de 1851 se cumpliera «en su pleno vigor» porque «España no puede tener en su seno otro culto que el católico»⁶.

El desafío que la Iglesia católica, comenzando por el propio papa, lanzaba al nuevo gobierno era formidable y Cánovas intentó afrontarlo de manera especialmente inteligente. Así, en su primer año de gobierno, la primera medida que adoptó respecto a esta situación fue emplear el dinero público en ayudar a las finanzas eclesiales, regresando a la situación previa a la Revolución de 1868⁷. En la práctica, el paso dado por Cánovas se tradujo en multiplicar por trece la asignación que había recibido la Iglesia católica del fugaz régimen anterior. No se trataba solo de dinero, aunque la cuestión económica resultara importante. El Gobierno derogó además una ley de 1873 que autorizaba a los antiguos miembros de órdenes religiosas a contraer matrimonio, y además volvió a imponer el matrimonio canónico como única forma legal de contraer nupcias para los católicos. Como colofón de todas estas medidas, el ministro responsable de la Educación procedió a despedir a una serie de profesores como Gumersindo de Azcárate, Nicolás Salmerón y Francisco Giner de los Ríos, a los que se consideraba opuestos a las tesis de la Iglesia católica. En paralelo, los obispos de la provincia eclesiástica de Tarragona declararon públicamente que «ningún católico puede votar esa libertad de perdición, ni enviar con su sufragio a las Cortes a aquellos que se muestran dispuestos a establecerla en España»⁸. Por su parte, el cardenal Barrio, de Valencia, subrayó que la libertad religiosa era una «libertad funestísima que no puede menos de ofender a Dios»⁹. Los obispos, por supuesto, no actuaban de manera autónoma sino siguiendo la voluntad expresa del papa. De hecho, las instrucciones secretas de la Santa Sede recibidas por el nuncio establecían que tenía que oponerse «especialmente al ejercicio público de los cultos disidentes, y a cualquier acto del Gobierno que tienda a admitir legalmente la libertad de cultos»¹⁰. El nuncio obedeció puntualmente al papa hasta el punto de que, durante la primavera de 1875, amenazó con abandonar España si se toleraba la libertad religiosa¹¹. Se mirara como se mirara, las circunstancias de Cánovas no eran fáciles.

Promulgada en junio de 1876, la Constitución de la Restauración, desde el punto de vista del texto constitucional de 1869, representaba un retroceso innegable. Así, la soberanía no recaía en la nación sino que era compartida entre el rey y las Cortes. También el Poder Legislativo era compartido por las Cortes y el rey, pudiendo éste vetar y disolver las Cámaras. Por añadidura, el Legislativo no solo tenía un carácter bicameral, sino que además el Senado estaba designado por el rey —e incluía una representación de los obispos— y el Poder Ejecutivo recaía en la Corona. Finalmente, el sufragio era censitario y los ayuntamientos y diputaciones quedaban bajo control gubernamental. No era, ciertamente, un régimen absolutista, pero su carácter liberal resultaba exiguo y evidenciaba que se había procedido a cambiar todo para que todo siguiera igual. Sin embargo, y pese a tratarse de una constitución oligárquica, podría haber ido evolucionando paulatinamente hacia la democracia. Si esto no fue así se debió, esencialmente, a los intereses de las castas privilegiadas.

De entrada, era difícil que semejante punto de partida se alterara con las limitaciones a que se vería sometida, por ejemplo, la educación. Cánovas deseaba que el Estado conservara su autoridad sobre las escuelas y las universidades, pero la Iglesia católica insistía en que esa autoridad debía quedar seriamente limitada por el artículo 2 del Concordato, que establecía que la enseñanza tenía que estar supeditada a «la pureza de la doctrina de la fe». Por añadidura, los obispos se opusieron al establecimiento de la enseñanza primaria obligatoria. El argumento utilizado fue que semejante obligatoriedad iba en contra de la libertad de los padres, que podían considerar mejor que sus hijos no se educaran¹². No puede sorprender que con esos planteamientos, la autorización en 1876 de una escuela laica como era la Institución Libre de Enseñanza provocara un auténtico vendaval de protestas del clero. Por último, aparte de la yugulación de la libertad religiosa y del control de la enseñanza, la Iglesia católica pretendió también impedir la libertad de expresión y de prensa. Si se considera de manera imparcial, el período de gobierno de Cánovas difícilmente hubiera podido ser más beneficioso para la Iglesia católica. Sin embargo, basta repasar los diferentes aspectos para percatarse de que la institución, desde el papa a los sacerdotes, se sentía insatisfecha. La tensión se acentuaría aún más al llegar al poder el Partido Liberal.

A inicios de 1881, Cánovas renunció al cargo de presidente del Gobierno y los liberales llegaron al poder. La campañas lanzadas por las Iglesia católica contra los liberales a causa de sus intentos de modernización fueron encarnizadas. En 1881, al asumir la presidencia del Gobierno, Sagasta procedió a reinstaurar la libertad académica para los profesores universitarios y reintegró en sus puestos docentes a los expulsados en 1875. La reacción de la Iglesia católica fue rápida y virulenta. Mientras los católicos laicos se dirigían al rey para instarle a que protegiera a su Iglesia de todo ataque que pudiera proceder de la enseñanza¹³, hubo prelados que no dudaron en afirmar que, con medidas como las adoptadas por los liberales, se dañaban los derechos de la Iglesia católica «única depositaria de la revelación maestra de la Verdad, fuera de la cual no hay salvación»¹⁴. Aún más áspera fue la reacción provocada por la noticia de que el gobierno liberal tenía intención de promulgar un Código Civil donde tendría cabida el matrimonio no canónico. Los obispos no dudaron en oponerse alegando que el matrimonio civil no era más que «un concubinato público»¹⁵. El 13 de octubre de 1883, Sagasta dejaba de ser presidente del Gobierno.

Las dos últimas décadas del siglo XIX se vieron envenenadas por la cuestión religiosa; no porque hubiera una política de ataque a la Iglesia católica —los liberales que intentaron impulsar algunas libertades no del gusto de los obispos no tardaron en ser apeados del poder mediante el sistema de turno de partidos—, sino porque los distintos grupos católicos se enfrentaron entre ellos al mismo tiempo que intentaban imponer sus consignas sobre el conjunto de la población. Aunque los carlistas fueron derrotados en el campo de batalla y nunca llegaron a ejercer su influencia sobre una capital —una circunstancia bien significativa—, no dejaron de aportar extraordinarios agitadores a la causa católica.

La figura del cardenal Cascajares, digno de una biografía, revistió una notable importancia en los últimos años del siglo XIX español como encarnación de la línea papal de imponer el control católico sobre un régimen que —a la vista estaba— no iba a ser desplazado por los carlistas y, a fin de cuentas, mantenía no pocos privilegios en favor de la Iglesia católica. El cardenal abogaba así por «cristianizar la legislación, mediante la aceptación leal y sincera de la monarquía»¹⁶ y evitar las divisiones entre católicos, aunque esto implicara abandonar a los carlistas a su suerte. Durante los años siguientes, los obispos intensificaron sus relaciones con las élites gobernantes de la Restauración con la ayuda de destacados colaboradores como el marqués de Comillas, Claudio López Bru¹⁷, al que algunos llegaron a considerar un personaje providencial¹⁸.

Desde 1885 a 1890, los liberales retomaron su antiguo programa de impulsar una serie de reformas democratizadoras que deberían fortalecer la monarquía parlamentaria, cuyo heredero había nacido el 17 de mayo de 1886. De este modo, se impulsó la libertad de prensa y se concedió el sufragio universal en 1888; también se reformaron las fuerzas armadas, instituyendo el servicio militar general y obligatorio, con todo lo que tenía de democratización de la defensa nacional; y se promulgó la ley de Asociaciones de 1887, que incluía a las religiosas y que permitiría, por ejemplo, el funcionamiento de la UGT, el sindicato socialista. Todas eran reformas necesarias, sensatas e inteligentes y todas ellas chocaron con grupos de presión como la Iglesia católica, que consideraba intolerable la libertad de expresión o la legalización de los primeros sindicatos —aunque fuera bajo capa de asociación. Una vez más, los liberales se vieron desplazados del poder, dando paso a un nuevo período de gobierno canovista.

De manera bien significativa, Cánovas abandonó el tímido liberalismo económico que había defendido hasta entonces para derivar hacia el proteccionismo, una medida que favorecía especialmente a las oligarquías catalanas, pero que significaba el inicio del fin del sistema constitucional. De hecho, la política española se convertía así en el «ir tirando» que diría el propio Cánovas. En el mismo año 1891, estallaron las tres grandes bombas barcelonesas —contra el Fomento del Trabajo Nacional, contra Martínez Campos y contra el Gran Teatro del Liceo— y el catalanismo aprobó las Bases de Manresa. A finales de 1892, cuando se produjo la caída de Cánovas por la presión externa de Silvela, el sistema de la Restauración ya estaba comenzando a dar sus primeras señales de agotamiento e ineficacia; un agotamiento y una ineficacia que quedaron trágicamente de manifiesto en la guerra de 1898 contra los Estados Unidos. El conflicto —en el que se perdió Cuba, Filipinas y Puerto Rico— puso de manifiesto la torpeza de la política exterior española, que no había logrado salvar el aislamiento internacional y la falta de preparación del ejército, pero también el atraso escandaloso de España y su incapacidad para percatarse de ello, sumida como estaba en un universo más ideal —aunque no desinteresado ni inocente— que real.

El régimen de la Restauración había demostrado su incapacidad para enfrentarse con problemas verdaderamente serios de un modo que fuera más allá del canovista «ir tirando». Se trataba de una situación que no escapó a la consideración de sus políticos más brillantes. En junio de aquel mismo año de 1899, el liberal Canalejas señaló los peligros con los que tenía que enfrentarse la nación: el clericalismo, el militarismo, el regionalismo y el capitalismo que actuaba de manera injusta. Lo cierto es que todos ellos tenían un carácter anómalo que provocaría trágicas consecuencias. A esta situación, ya de por sí grave, se sumó la aparición de otros dos problemas de enorme envergadura: la especial configuración de la izquierda hispana y el nacimiento de los nacionalismos catalán y vasco.

La izquierda llega a España

La izquierda surgió en España muy tardíamente durante el Sexenio Revolucionario. A finales de 1871 Paul Lafargue —yerno de Marx— llegó a Madrid y fundó la Asociación del Arte de Imprimir, de la que años después nacería el PSOE. Al año siguiente, el Congreso Obrero de Córdoba se decantó a favor de los anarquistas y en contra de los marxistas. Semejante paso tenía no poca coherencia psicológica. El anarquismo presentaba abundantes paralelismos con una mentalidad religiosa y algunos de sus primeros dirigentes, como Anselmo Lorenzo, adoptaron un tono en el que resonaban ecos de predicador. De manera bien significativa, la recién nacida izquierda no tuvo un papel en la revolución que derribó a Isabel II y buscó crear un régimen constitucional, pero sí en el movimiento cantonalista. La sublevación de Alcoy, por ejemplo, fue impulsada por miembros de la Internacional, y en Cádiz tuvo un papel esencial Fermín Salvochea. El anarquismo no tardó en abrazar un terrorismo místico que creía en la posibilidad de alcanzar la utopía mediante la eliminación física de aquellos que, supuestamente, impedían su advenimiento. De manera bien significativa, arraigó únicamente en países de trasfondo católico, como Italia, u ortodoxo, como Rusia.

Si peculiar fue esa izquierda española primigenia vinculada con pasión religiosa al anarquismo, no lo fue menos la manera que adoptó el socialismo encarnado en el PSOE. El Partido Socialista Obrero Español fue fundado en 1879 en una taberna de Tetuán, Madrid. Entre sus miembros fundadores había dieciséis tipógrafos, cuatro médicos, dos plateros, un doctor en ciencias, un marmolista y un zapatero. En comparación con otros partidos hermanos de Europa, era muy pequeño y de casi nula entidad intelectual. Esas circunstancias explican que no comenzara a funcionar hasta 1881, gracias a la política de un gobierno liberal, y que hasta 1888 no experimentara una existencia apreciable. En ese año se fundó en Barcelona la UGT, pero lo cierto es que el centro neurálgico del socialismo español acabó estableciéndose en Madrid, desde donde irradiaría su influencia a Vizcaya, Asturias, Valladolid y Galicia.

El PSOE fue desde su nacimiento —lo que significó un drama nada pequeño para la nación— un partido no solo sin metas democráticas, sino abiertamente antidemocrático. Esa incapacidad para evolucionar hacia otras posiciones más templadas, como sucedería en Alemania, derivaba directamente de una visión dogmática y exclusivista de la realidad que contaba con lamentables precedentes históricos en suelo español.

De manera bien significativa, la izquierda nació en España disgregadora, agresiva, irrespetuosa para con la legalidad y sin sentimiento nacional. Brotaba de eso que Ortega denominó el «vacío humano» que surge de las raíces rotas «que dejó, al arrancarse, la fe». No se caracterizaría nunca en España por sus pensadores ni reformadores, pero sí abundaba en resentidos sociales y partidarios de la utopía que no pocas veces defendían un anticristianismo empapado de tintes mesiánicos, como el presente en figuras como Anselmo Lorenzo, anarquista, o el mismo Pablo Iglesias, socialista. Su peso en la erosión del régimen de la Restauración sería, como tendremos ocasión de ver, más que notable.

El nacimiento de los nacionalismos

Si la izquierda iría desarrollándose a lo largo del siglo XX como una amenaza para el régimen de la Restauración, en paralelo se consolidarían dos movimientos que iban a impedir el avance del sistema hacia su democratización y, de manera muy especial, su articulación como nación de ciudadanos libres e iguales: los nacionalismos catalán y vasco. Su papel sería semejante al carlismo durante el siglo XIX —a decir verdad, sociológicamente procedían de él—, en la medida en que fueron articulados por la Iglesia católica, pretendían el mantenimiento de privilegios regionales incompatibles con un Estado moderno y constituían un freno, cuando no una auténtica imposibilidad, para que en España existiera un Estado independiente que, en un momento dado, decidiera acabar con las prebendas de castas privilegiadas como la Iglesia católica.

El primer indicio histórico de catalanismo estuvo vinculado con una visión presuntamente experimentada por un sacerdote, el carmelita Francesc Palau i Quer (1811-1872). El padre Palau i Quer, fundador de dos congregaciones de misioneros, se adhirió al carlismo, como la aplastante mayoría del clero español, en el curso de la primera guerra civil provocada por este movimiento. La amarga derrota militar le impulsó a buscar otras maneras de someter a la población a la visión católica, entre las que se incluyeron la penitencia, las misiones populares y los exorcismos¹⁹. Según su propio testimonio, precisamente, cuando predicaba en una misión popular en el Bajo Llobregat, el 24 de enero de 1865, vio una sombra a su lado que se le presentó diciendo: «Yo soy Cataluña la católica». A la pregunta del padre Palau de si era «la Iglesia en Cataluña», la sombra le respondió: «La misma». Por si quedara alguna duda de lo que tenía ante sí, la aparición le confirmó al sacerdote: «Yo soy la Iglesia santa de Cataluña quien te habla por María, Madre de Dios»²⁰. Las visiones del sacerdote catalán no concluyeron ahí. Al día siguiente, en el mismo lugar, según afirmó, «vi sentada sobre los muros una joven cuya gloria ofuscaba la luz del sol». Cuando el padre Palau preguntó quién era, la muchacha respondió que «Cataluña». Al insistir el clérigo en si era «la Iglesia santa», la joven le dio una respuesta afirmativa. Preguntada por una prueba de que lo que decía era cierto, la aparición dijo: «¿Acaso una nación no es una cosa real, distinta del individuo?». La respuesta —retórica donde las haya— constituía toda una declaración de principios: Cataluña era una nación, se identificaba con la Iglesia católica y estaba por encima del individuo.

Torras i Bages fue el autor de La tradició catalana (1892) y el acuñador de una frase que haría fortuna y que se encuentra esculpida en la fachada de la basílica de Montserrat, la que afirma que «Catalunya será cristiana o no será». Si la posición de Torras i Bages se hubiera mantenido en el regionalismo empapado de catolicismo, no hubiera andado muy distante del carlismo que, unas décadas antes, había sido defendido por los clérigos catalanes. No fue así y, seguramente, no podía serlo.

De manera nada casual, las Bases de Manresa se publicaron en 1892, el mismo año en que el obispo Torras i Bages lanzaba su obra emblemática. Lluís Domènech i Montaner actuó como presidente de la Asamblea, mientras que Enric Prat de la Riba desempeñó las funciones de secretario. Las Bases apelaban a unas constituciones catalanas supuestamente anteriores a 1714 pero, en realidad, inexistentes. No tenía mayor importancia la historia real porque lo que pretendían, al fin y a la postre, era consagrar el triunfo de unas oligarquías regionales, primero en Cataluña y después, en el resto de España. Así, en las Bases de Manresa ya se contemplaba que el Legislativo estuviera en manos de una asamblea regional y del rey; el ejecutivo, en las de los secretarios; y el Judicial, a cargo de un tribunal supremo regional. En otras palabras, su meta era la consagración de una oligarquía regional unida al resto de España únicamente a través de la Corona. Igualmente, las Bases señalaban la oficialidad única de la lengua catalana y su dominio como cláusula obligatoria para ejercer la función pública. No puede ocultarse el hecho de que, desde su mismo nacimiento, el catalanismo implicaba la destrucción del sistema parlamentario y el fin de las libertades.

Desde 1898 a 1904, Prat de la Riba controló la política catalana. Su instrumento fundamental fue la Lliga Regionalista, que nació el 25 de abril de 1901 mediante la fusión de la Unió Regionalista y del Centre Nacional Català. Prat de la Riba creía en el establecimiento un imperio catalán que llegara al Ródano. De manera bien significativa, La Veu de Catalunya, el principal órgano de la Lliga, tuvo entre sus fundadores al canónigo Jaume Collell. El sucesor de Prat de la Riba, Cambó, pensó en un sometimiento de España a Cataluña fuertemente impregnado de racismo. En las elecciones de 1901 —las últimas de la Regencia— la candidatura catalanista triunfó en Cataluña, liquidando el bipartidismo canovista.

Un papel menos importante en el destejimiento del sistema parlamentario y en el freno de la articulación de un Estado moderno tuvo el nacionalismo vasco. Es lógico que así fuera, porque se había inspirado en el catalán y era posterior a este. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) no fue fundado hasta 1894; como en el caso del nacionalismo catalán, su creador, Sabino Arana, era un antiguo carlista que felicitó al presidente de Estados Unidos por su victoria sobre España. El nacionalismo vasco no solo alentaba los sentimientos de superioridad de una región de España sobre otra, sino que esos sentimientos de superioridad estaban empapados de un racismo primario e incluso bochornoso. Las afirmaciones que Sabino Arana dejó escritas en sus obras no pudieron ser más claras. Por ejemplo, Arana escribió: «La fisonomía del bizkaino es inteligente y noble; la del español, inexpresiva y adusta. El bizkaino es de andar apuesto y varonil; el español, o no sabe andar (ejemplo, los quintos) o si es apuesto es tipo femenil (ejemplo, el torero). (…) El bizkaino no vale para servir, ha nacido para ser señor (etxejaun); el español no ha nacido más que para ser vasallo y siervo (pulsad la empleomanía dentro de España, y si vais fuera de ella le veréis ejerciendo los oficios más humildes). El bizkaino degenera en carácter si roza con el extraño; el español necesita de cuando en cuando una invasión extranjera que le civilice.»²¹

El texto citado resulta harto elocuente, y no lo es menos por el hecho de que la supuesta superioridad racial se relacione incluso con el hecho de que el vasco —bizkaino según Arana— parece naturalmente católico, mientras que el español es impío y blasfemo. Partiendo de esos presupuestos, no es de sorprender que ese racismo implicara no solo el desprecio y el odio, sino el deseo de apartarse de los aborrecidos españoles.

De manera bastante reveladora, Arana contempló el fracaso de su nacionalismo entre los vascos y, el año anterior a su muerte, creó la Liga de Vascos Españolistas, que debía integrarse en el sistema de la Restauración. Murió, sin embargo, en 1903, antes de imprimir ese cambio a la formación política fundada por él. En los años venideros, el PNV, al que el propio Arana no le veía futuro, sobreviviría fundamentalmente gracias al respaldo nada oculto de la Iglesia católica. Acababa de comenzar el siglo XX y la cuestión religiosa, solucionada hacía siglos en otras naciones, permanecía en España situada en el centro de la política de un régimen que ya se hallaba exangüe.

CAPÍTULO III

Tres regímenes en cuatro décadas

La primera década del siglo XX

La llegada al poder de los liberales en marzo de 1901 estuvo acompañada del anuncio de una serie de reformas indispensables que, de manera bien significativa, chocaban con los intereses de la Iglesia católica en España. A finales del citado mes, el conde de Romanones, ministro de Instrucción Pública, anunció que se respetaría la libertad de cátedra de los profesores universitarios y suprimió la religión como asignatura obligatoria en las escuelas públicas de enseñanza secundaria. Ambas medidas no estaban exentas de lógica y moderación, pero la reacción de los obispos fue extraordinariamente agresiva. El obispo de Santander, por ejemplo, las calificó como el camino que lleva hacia un «régimen republicano y ateo»¹.

Si los liberales pretendían avanzar en el terreno de reformas que no se habían podido llevar a cabo durante un siglo, los conservadores descubrieron que la defensa de esos privilegios podía proporcionarles una base social para mantenerse en el poder. Así quedaría de manifiesto de manera palmaria con la llegada al poder de Antonio Maura. Ciertamente, la posición de la Iglesia católica en lo que a la vida política se refiere no contribuiría a la ausencia de conflictos. El 11 de febrero de 1906, Pío X publicó su carta encíclica Vehementer Nos«Sobre la separación de la Iglesia y el Estado». El texto, por ejemplo, señalaba:

«Que sea necesario separar al Estado de la Iglesia es una tesis absolutamente falsa y sumamente nociva. Porque, en primer lugar, al apoyarse en el principio fundamental de que el Estado no debe cuidar para nada de la religión, infiere una gran injuria a Dios, que es el único fundador y conservador tanto del hombre como de las sociedades humanas, ya que en materia de culto a Dios es necesario no solamente el culto privado, sino también el culto público. En segundo lugar, la tesis de que hablamos constituye una verdadera negación del orden sobrenatural, porque limita la acción del Estado a la prosperidad pública de esta vida mortal, que es, en efecto, la causa próxima de toda sociedad política, y se despreocupa completamente de la razón última del ciudadano, que es la eterna bienaventuranza propuesta al hombre para cuando haya terminado la brevedad de esta vida, como si fuera cosa ajena por completo al Estado. Tesis completamente falsa, porque, así como el orden de la vida presente está todo él ordenado a la consecución de aquel sumo y absoluto bien, así también es verdad evidente que el Estado no solo no debe ser obstáculo para esta consecución, sino que, además, debe necesariamente favorecerla todo lo posible. En tercer lugar, esta tesis niega el orden de la vida humana sabiamente establecido por Dios, orden que exige una verdadera concordia entre las dos sociedades, la religiosa y la civil. Porque ambas sociedades, aunque cada una dentro de su esfera, ejercen su autoridad sobre las mismas personas, y de aquí proviene necesariamente la frecuente existencia de cuestiones entre ellas, cuyo conocimiento y resolución pertenece a la competencia de la Iglesia y del Estado».

Las tesis eran claras, pero no menos claro resultaba que constituían un anuncio de conflictos con cualquier gobierno que pretendiera avanzar en la configuración de un régimen de libertades. Ese mismo año de 1906, tras un fugaz gobierno presidido por el liberal Eugenio Montero Ríos, llegó al poder Segismundo Moret. En el mes de mayo, Moret presentó un programa de reformas que incluía la introducción de la libertad religiosa, una nueva ley de asociaciones, la secularización de los cementerios y una normativa revisada relativa a los matrimonios civiles. Todas y cada una de las reformas resultaban razonables y propias de una nación moderna. La reacción, sin embargo, de la Iglesia católica fue de una extraordinaria virulencia. No solo se ocupó de contar con el apoyo expreso del rey —una circunstancia que violaba el carácter constitucional de la monarquía— sino que desató una campaña en la que se tildó una y otra vez de concubinato al matrimonio civil, y que llegó al culmen cuando el obispo de Tuy acusó al conde de Romanones de «formal apostasía»². La acusación era injusta, pero tuvo como resultado final que el rey desplazara a los liberales del poder y encargara a Antonio Maura la formación de un nuevo gobierno. Maura iba a mantenerse en el poder durante dos años y medio, un espacio de tiempo a la sazón nada habitual. Enarbolaba la bandera del regeneracionismo una vez más, pero su conducta, en realidad, se tradujo en una medida tras otra encaminada a la tarea de proteger a las castas privilegiadas.

La campaña electoral de 1907 fue testigo de una intervención especialmente agresiva de los obispos. Mientras el cardenal Sancha amenazaba con excomulgar a los que dieran su voto a los partidarios de la nueva ley de Asociaciones propugnada por el Partido Liberal³, la prensa católica defendía la necesidad de respaldar electoralmente «a los que, desde las alturas del Poder, tienen fuerza y deseos de hacer que triunfe la causa de Cristo»⁴. Sin embargo, Maura ganó las elecciones más por la corrupción del sistema que por el respaldo católico. El nuevo gobierno dejó de manifiesto que impulsaría una política encaminada a mantener intactos los privilegios de la Iglesia católica y a contentar a las oligarquías catalanas. Para favorecerlas, Maura pensaba en la promulgación de severas leyes antiterroristas y, de manera muy especial, en la consagración del proteccionismo ya iniciado por Cánovas. Examinado imparcialmente, el proteccionismo resultaba beneficioso para determinadas castas —especialmente las oligarquías catalanas y vascas— porque creaba un mercado cautivo de carácter nacional y evitaba que tuviera que competir con productos extranjeros. Sin embargo, para la inmensa mayoría de la población española, resultó no poco perjudicial. De hecho, fortaleció la creación de un grupo de presión; impidió el desarrollo industrial español, al no existir la competencia; perjudicó las exportaciones, que se encontraron con la barrera de normas proteccionistas extranjeras que respondían a las españolas, y creó un mercado cautivo que fue evolucionando hacia situaciones prácticamente monopolísticas. Por añadidura, en una nueva concesión al catalanismo, Maura procedió a la creación de Mancomunidades regionales, una especie de proyecto autonómico que fue aplaudido por el catalanismo, aunque dejando claro que ahí no se agotaban sus pretensiones.

En 1909 —el mismo año en que se fundó la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas (ACNJP)—, tuvo lugar la denominada «Semana Trágica» de Barcelona. La agitación apenas trascendió de Barcelona a algunas otras poblaciones de Cataluña y, en términos meramente materiales, los daños ocasionados habían sido reparados antes de que concluyera el año⁵. No puede, sin embargo, señalarse lo mismo de las consecuencias políticas. Resultado de la campaña de opinión en contra de Maura fue que el Parlamento le negara su confianza y que el monarca juzgara más sensato dejarle caer y encargara al liberal Moret que formase gobierno. El régimen de la Restauración estaba a punto de quemar su último cartucho.

Canalejas, la última oportunidad

El final del largo gobierno de Maura, apoyado por el propio Alfonso XIII, abrió una etapa de inestabilidad en un sistema ya erosionado. Supuestamente, semejante situación debía haberse solucionado con la llegada al poder de Canalejas. Su gobierno, sin embargo, fue otra ocasión perdida. No resulta exagerado afirmar que Canalejas representó la última esperanza del régimen de la Restauración tras la caída de Maura. Sus reformas, sin embargo, chocaban con los intereses de importantes poderes fácticos como la Iglesia católica⁶ en tres terrenos: la educación, el clero regular y la libertad religiosa. La acción política más inteligente llevada a cabo por la Iglesia católica en su labor de acoso a las reformas de Canalejas fue, posiblemente, la adquisición en 1911 del periódico El Debate. Detrás del paso se hallaban los obispos López Peláez, de Jaca, y Salvador y Barrera, de Madrid⁷. Buena prueba de lo afirmado es que, en 1911, el gobierno de Canalejas retrocedió ante las presiones eclesiales y, como muestra de buena voluntad, incluso respaldó la asistencia de Alfonso XIII a los oficios del Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Madrid.

Con todo, Canalejas no chocó únicamente con la Iglesia católica. En relación con el problema social, Canalejas intentó seguir el modelo alemán de Bismarck y llegar a un acuerdo con los socialistas para integrarlos en el sistema parlamentario. Por desgracia para España, sus socialistas estaban inficionados de dogmatismo. Así, Pablo Iglesias no pasó de ser un político antisistema opuesto totalmente a la mano tendida de Canalejas. La actitud de Iglesias deja de manifiesto una lamentable falta de visión política. A la sazón, el obrerismo no giraba únicamente en torno al Partido Socialista; en octubre de 1910 se fundó la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), de signo anarquista, iniciándose un enfrentamiento entre socialistas y anarquistas que llegaría hasta la guerra civil. Canalejas —como luego Primo de Rivera— intentó beneficiar a los socialistas colocando fuera de la ley a la CNT entre 1911 y 1914. Sin embargo, la medida no logró que el PSOE aceptara el sistema constitucional, lo que tuvo nefastas consecuencias.

En octubre de 1912, la UGT convocó una huelga de ferrocarriles que Canalejas redujo militarizando a los ferroviarios, como en Francia había hecho Aristide Briand. Fue un triunfo efímero el del dirigente liberal. El 12 de noviembre, Canalejas fue asesinado frente al escaparate de la librería San Martín, en la Puerta del Sol. El sistema había perdido su última oportunidad.

Hacia el final del sistema

Tras el asesinato de Canalejas, el rey encomendó la tarea de formar gobierno al liberal conde de Romanones, que se mantuvo en el poder de enero a octubre de 1913. Su gobierno fue acogido por ataques furibundos de la prensa católica. En aquellos momentos, podía parecer una solución deseable, pero los llamamientos de la Iglesia católica en favor de la figura de un salvador identificado con Maura tuvieron pésimas consecuencias para la vida nacional. En un momento de crisis del Partido Liberal, en que Romanones estaba a punto de perder la mayoría, Maura abandonó la jefatura del Partido Conservador. Semejante conducta puede parecer chocante en la medida en que, según las leyes de la alternancia, le iba a corresponder en breve la tarea de formar gobierno. Sin embargo, se explica con facilidad si se tiene en cuenta que Maura tenía otro proyecto político en mente, que quedó expresado en su carta de dimisión. En la misma se podía ver con claridad que Maura deseaba mantenerse en el poder de manera prácticamente indefinida, y para sustentar sus pretensiones negaba toda legitimidad a los liberales para gobernar⁸. De consumarse su propuesta, el modelo de dictador de carácter confesional apuntado desde hacía años por la Iglesia católica como solución óptima a la situación nacional se habría convertido en realidad. No fue así.

Alfonso XIII no quedó convencido por los argumentos de Maura, posiblemente porque se percató de que su política implicaría la desaparición del sistema y el adentrarse por vericuetos nada fáciles de prever. Así, encomendó la tarea de formar nuevo gobierno al conservador Eduardo Dato. Maura estaba políticamente acabado.

Ni siquiera el hecho de que España optara por la neutralidad en la Gran Guerra fue aprovechado. La medida tuvo como consecuencia directa que se incrementaran las exportaciones a los dos bandos, pero a causa de ello también tuvo lugar una subida inflacionista de los precios que golpeó especialmente a las clases bajas, al no aumentar los salarios al mismo ritmo, y que derivó en carestía. En 1916, Santiago Alba planteó un proyecto de verdadera salvación económica que incluía un plan de estabilización y una reforma fiscal. El plan no salió adelante por la oposición de Cambó, que se negó rotundamente a que los industriales catalanes —grandes beneficiarios del denominado «río de oro»— vieran incrementada su carga fiscal. El régimen se mostraba incapaz de enfrentarse a estos desafíos de los sectores privilegiados, a los que se sumó en 1916 la constitución de las Juntas de Defensa entre los oficiales de media y baja graduación, un paso que cuestionaba la primacía del poder civil por primera vez desde la Restauración, pero que estaba en armonía con las declaraciones de obispos y clérigos que, desde finales del siglo anterior, venían poniendo sus esperanzas en las Fuerzas Armadas⁹. No sorprende que el régimen no pudiera hacer frente a la denominada Crisis de 1917, inducida por las Juntas de Defensa, la Asamblea de Parlamentarios promovida por el catalanismo de Cambó y la izquierda socialista y anarquista, a los que se sumó la masonería a través de personajes como los militares Mangada y Arronte, el radical Lerroux, aliado con los catalanistas, o los revolucionarios Ortega y Anguiano.

Al concluir la Crisis de 1917, resultaba obvio que el régimen no podía controlar a las fuerzas antisistema, pero que éstas tampoco contaban con el respaldo popular suficiente como para derribarlo. La lectura de aquel episodio que demostraba el encallamiento del régimen fue diversa. Por ejemplo, la amenaza de abdicar de Alfonso XIII se tradujo en la formación de un «gobierno de concentración» en el que incluso se integró un Cambó catalanista, pero temeroso de la revolución social. Sin embargo, la Crisis de 1917 fue contemplada «como un hecho positivo en sus dimensiones políticas» por «gran parte de la opinión católica»¹⁰, y las razones para esa actitud eran, en realidad, lógicas. La formación del nuevo gobierno, en el que estaba incluido Cambó, provocó una explosión de entusiasmo entre los católicos que puede seguirse en periódicos como El Debate¹¹. Sin embargo, ese entusiasmo no pudo evitar que se tratara de un gobierno efímero que, por otra parte, fue el primero de muchos. Entre 1918 y 1923, se produjeron trece crisis de gobierno totales y treinta parciales. De hecho, si el sistema vigente se desplomaba existía, al menos en teoría, la posibilidad de vertebrar otro más plenamente católico si cabía. Los carlistas habían llegado a la conclusión de que, tras la caída de la denominada monarquía liberal, vendría, por la fuerza de los acontecimientos, una monarquía teocrática. Los medios católicos, por su parte, anunciaban que «es llegada la hora del catolicismo»¹².

El fracaso del gobierno de concentración presidido por Maura y en el que se integró la Lliga de Cambó llevó a los católicos a intentar dar con una salida que, ya en 1919, algunos identificaron con la dictadura¹³. A finales de 1922, se constituyó el Partido Social Popular (PSP), cuya meta era acabar con los denominados partidos dinásticos¹⁴. Se mirara como se mirara, era obvio que el auténtico objetivo era liquidar el sistema, pero evitando las convulsiones derivadas de cualquier fin de régimen. Se trataba de hundir aún más en el desprestigio a los dos partidos que se habían turnado en el poder y proceder a la conquista de éste para mantener las formas externas y, a la vez, implantar un gobierno al servicio no de la nación, sino de los intereses de la Iglesia católica. A esa situación se sumaron otras dos circunstancias nada positivas para la estabilidad del régimen. La primera fue el catalanismo, que aprovechó la situación para insistir en pasar de la Mancomunidad a un Estatuto en el que se recogiera la soberanía de Cataluña. Se trataba de un paso importante hacia la independencia que Cambó respaldó en un famoso discurso donde, amenazando al régimen, gritó: «¿Monarquía? ¿República? ¡Cataluña!». La segunda fue el terrorismo que se hallaba localizado especialmente en Cataluña. En aquella época, denominada sin exageración «los años del pistolerismo», las muertes eran casi diarias a causa del enfrentamiento de los sicarios de la patronal catalana con los de la CNT. En 1920, Dato decidió adoptar una línea de dureza y el general Martínez Anido fue nombrado capitán general y gobernador civil de Barcelona. Dejaría una amarga memoria por la represión que, ciertamente, se tradujo en el asesinato de importantes dirigentes anarquistas, pero que no pudo impedir que el mismo Dato cayera víctima de un atentado en 1921¹⁵.

Frente al desplome del sistema, los obispos coincidían en su descripción de las raíces del mal y en los remedios a aplicar. No deja de ser revelador que el obispo de Tortosa apuntara a los tres enemigos del alma —mundo, demonio y carne— identificando el mundo con «esas promesas de fraternidad», la carne con «el apetito sensual… tan encendido… en nuestros días» y el demonio convertido en «dueño del mundo por la maldad del hombre». La solución a los males que sufría la sociedad era «los sermones, la Eucaristía y la oración». El cardenal Reig, que casi veía desarrollarse el conflicto bajo sus ventanas, apuntó a que la causa de los males se hallaba en «los vicios y placeres prohibidos»¹⁶. Con semejantes planteamientos no puede resultar extraño que tuviera lugar lo que un historiador ha denominado certeramente «el fracaso social del catolicismo español»¹⁷. Ese fracaso iba a tener un coste terriblemente trágico para España.

En medio de esta agitada situación, tuvo lugar un acontecimiento que implicaría un vuelco en la historia de España y que nadie supo prever. El 21 de junio de 1921, en Marruecos, el ejército español sufrió la derrota militar conocida como el Desastre de Annual. A estas alturas resulta más que obvio que la catástrofe resultó fruto de la imprevisión del gobierno, del entusiasmo irresponsable de Alfonso XIII por la aventura colonial en Marruecos y de la pésima actuación profesional del general Silvestre. No suele recordarse, sin embargo, la manera en que incluso los obispos jalearon durante años la expansión en Marruecos. Lo más importante, sin embargo, es que el desastre quedaría vinculado a un nuevo vaivén político que desembocaría en el final de la monarquía parlamentaria.

De la Dictadura a la Segunda República

El Desastre de Annual tuvo como consecuencia la constitución de una comisión de investigación que buscaba el esclarecimiento de responsabilidades y que redactó el denominado Informe Picasso. Nunca llegó a ver éste la luz porque el 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera, dentro de la tradición de los cuartelazos decimonónicos, se pronunció acabando con el régimen constitucional. Convencionalmente, se apunta a que las causas mediatas del pronunciamiento —que ya el día 14 contaba con apoyo formal de Alfonso XIII— fueron la incapacidad del régimen parlamentario para hacer frente a los retos de modernización, las fuerzas antisistema y el catalanismo, así como la descomposición de los partidos políticos dinásticos; mientras que la causa inmediata habría sido impedir la publicación del Informe Picasso, que salpicaba al propio rey. Las causas eran ciertas, pero no fueron las únicas.

En diciembre de 1922, había llegado al poder un nuevo gobierno liberal, presidido por Manuel García Prieto, que tenía intención de acometer una batería de reformas consistentes en sustentar la supremacía del poder civil, introducir la representación proporcional, reorganizar el Senado, solucionar el problema de Marruecos e impulsar una legislación social. En términos generales, las reformas pretendidas por García Prieto no solo implicaban una democratización del régimen sino también el intento real de corregir los problemas que lo acosaban desde hacía años, aunque algunos —como el peso creciente de los militares en la política— resultaran relativamente recientes en el seno del sistema. Significaban una amenaza, por otra parte, para determinados privilegios. Las oligarquías catalanas no podían ver con buenos ojos un recorte de sus beneficios¹⁸; los militares mirarían con desconfianza el pleno sometimiento al poder civil y la Iglesia católica no estaba dispuesta bajo ningún concepto a aceptar ninguno de los cambios pretendidos por García Prieto.

El golpe de Primo de Rivera fue también acogido con satisfacción por los obispos. No solo lo calificaron como «obra de la Providencia divina» sino que dispusieron la celebración de oficios religiosos para que Dios brindara asistencia e iluminación a los «cristianos gobernantes impulsados por el •fuego santo de Patria y Religión»¹⁹. Para los obispos, la nueva dictadura representaba «el principio de la vuelta al Dios de España y a la España de Dios»²⁰. De la Dictadura, solo cabía esperar la «restauración de aquel orden político-social que en Dios y en Sus eternas leyes descansa»²¹.

Todo este respaldo —que implicaba nada menos que la legitimación de un golpe militar que había acabado con un régimen constitucional— no fue, como cabía esperar, desinteresado. La Iglesia católica pretendía de Primo de Rivera nuevas concesiones. De manera bien significativa, la relación de especial cercanía entre la Iglesia católica y la Dictadura de Primo de Rivera se resquebrajó en relación con el catalanismo. Primo de Rivera fue aplaudido inicialmente por las oligarquías catalanas que vieron en él —con razón— el instrumento deseado para acabar con el pistolerismo obrero. Pero el general no estaba dispuesto a tolerar el mensaje separatista del catalanismo.

La política social de Primo de Rivera consistió en perseguir al anarquismo, fundamentalmente para satisfacer a las clases altas catalanas; en no tener en cuenta el sindicalismo católico porque lo consideraba, no sin motivo, exento de representatividad obrera y en tender la mano al PSOE. Por supuesto, no todos vieron con agrado aquellos pasos. Por ejemplo, el canónigo Arboleya, figura por antonomasia del catolicismo social a la sazón, se quejó de que la Dictadura no hubiera aniquilado al sindicato socialista²². Su reacción era comprensible, pero no es menos cierto que se negaba a ver la realidad. La conducta de los obispos había impedido durante décadas que pudiera cuajar un sindicalismo católico, dejando así casi todo el espacio a anarquistas y socialistas. Si el Dictador pretendía llegar a un acuerdo con las fuerzas sindicales con cierto peso entre los trabajadores, era obvio que no podía ilegalizar a la UGT, como había hecho con la CNT, simplemente para satisfacer a un sindicalismo católico que no tenía fuerza real entre la clase obrera.

El general Primo de Rivera obtuvo resultados desiguales durante su dictadura. Ciertamente, acabó con el pistolerismo en Cataluña y con la guerra de Marruecos, en este último caso gracias al desembarco en Alhucemas. Igualmente, logró conseguir el pleno empleo mediante un programa de obras públicas, pero sus grandes proyectos de modernización se vieron frustrados en no escasa medida. Como siempre, las castas privilegiadas tuvieron no poca responsabilidad en esta circunstancia. El lobby catalanista, encarnado en personajes como Álvaro de Albornoz, frenó el plan de las cuencas hidráulicas —como lo haría décadas después gobernando José Luis Rodríguez Zapatero— mientras que el denominado «arancel Cambó» —que tanto beneficiaba económicamente a las oligarquías catalanas— abortó la posibilidad de impulsar las exportaciones. Si a esto se añade el fracaso en la reforma del sistema tributario, puede comprenderse por qué los intentos de regeneración de la Dictadura tan solo podían resultar fallidos. En 1929, Flores de Lemus, en el Dictamen de la Comisión del Patrón Oro, atribuiría el fracaso al abandono del liberalismo. Estaba cargado de razón. Al fin y a la postre, la Dictadura de Primo de Rivera optó por una política intervencionista que se agudizaría en muchos países al producirse el Crack de 1929. Sin embargo, tal política, en lugar de favorecer la salida de la crisis, únicamente llevó a su prolongación.

Primo de Rivera no solo fracasó en la gestión económica sino también en sus planes políticos. Llegó a pensar que podía reformar el régimen mediante un nuevo sistema bipartidista que se sustentaría, por un lado, en el PSOE, en apariencia tan dialogante como el SPD alemán y, por otro, en un partido de nueva factura denominado Unión Patriótica, un partido dinástico, muy influido por una visión corporativista que evitaba la lucha de clases y buscaba el avance técnico y el desarrollo económico de la nación. Sobre el papel, la idea podía parecer buena, pero no tenía la menor posibilidad de convertirse en realidad.

Mayor importancia que republicanos, socialistas y anarquistas tuvieron en el desgaste de la Dictadura factores como el distanciamiento del régimen por parte de las clases populares a causa de las malas cosechas de 1928 y 1929; el ejército, cuya arma de artillería quiso disolver Primo de Rivera; el propio rey y la Iglesia católica. Así, entre finales de 1929 e inicios de 1930, se articuló una conspiración de signo católico-militar que pretendía derribar a Primo de Rivera y que llegó hasta Palacio para pedir al rey que se distanciara del Dictador. Primo de Rivera respondió ante las noticias de lo que estaba sucediendo desfondándose. En la noche del 26 de enero de 1930, envió una nota a los capitanes generales para averiguar si seguía contando con su apoyo. Sólo dos respondieron de manera favorable. Dos días después, fue convocado por el rey y acordaron la dimisión, concluyendo así la Dictadura. No había caído Primo de Rivera por razones objetivas —el mismo Keynes expresó su sorpresa por su final—, sino por una regla que se ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de España. Buenas intenciones aparte, el General había llegado al poder aupado por la acción innegable de varias castas privilegiadas. Cuando esas castas se sintieron desilusionadas, sus días pasaron a estar contados. Se trató de un comportamiento caracterizado por la soberbia, la codicia y la ceguera. No puede, por tanto, sorprender que, por una de esas paradojas en que tan pródiga es la historia, la caída del Dictador abriría el camino a un período en que esas mismas castas se verían seriamente amenazadas, no solo en sus privilegios, sino incluso en su propia existencia física.

Alfonso XIII pretendió volver a la normalidad constitucional encargando la formación de gobierno a otro general, Dámaso Berenguer. El plan de Berenguer consistía en regresar a la Constitución de 1876, que había quedado suspendida durante la Dictadura, y convocar elecciones a Cortes. Sin embargo, si los conservadores soñaban con soluciones católicos-dictatoriales y los liberales percibían que el sistema tenía que cambiar, la oposición se preparó para el cambio de régimen y una mezcla de antiguos monárquicos, republicanos históricos, socialistas y catalanistas se reunieron en agosto de 1930 en San Sebastián para trazar la estrategia de aniquilación del orden constitucional. Así se fraguó el denominado Pacto de San Sebastián.

El comité republicano fijó la fecha del 15 de diciembre de 1930 para dar un golpe militar que derribara la monarquía e implantara la república. Resulta difícil creer que el golpe hubiera podido triunfar, pero el hecho de que los oficiales Fermín Galán y Ángel García Hernández decidieran adelantarlo al 12 de diciembre sublevando a la guarnición militar de Jaca tuvo como consecuencia inmediata que pudiera ser abortado por el Gobierno. Juzgados en consejo de guerra y condenados a muerte, el Gobierno acordó no solicitar el indulto y el día 14, Galán y García Hernández fueron fusilados. El intento de sublevación militar republicana llevado a cabo el día 15 de diciembre en Cuatro Vientos por Queipo de Llano y Ramón Franco, hermano del general y futuro dictador, no cambió en absoluto la situación. Por su parte, los miembros del comité conspiratorio huyeron (Indalecio Prieto), fueron detenidos (Largo Caballero) o se escondieron (Lerroux, Azaña). A pesar de semejantes resultados, los políticos del sistema estaban absolutamente desmoralizados. Prueba de ello es que cuando Sánchez Guerra recibió del rey Alfonso XIII la oferta de constituir gobierno, lo primero que hizo el político fue personarse en la cárcel Modelo para ofrecer carteras ministeriales a los miembros del comité revolucionario encarcelados. A pesar de todo, como Azaña confesaría en sus Memorias, la república parecía una posibilidad ignota. El que esa posibilidad revolucionaria se convirtiera en realidad se iba a deber no a la voluntad popular —como insistiría la propaganda republicana— sino a una curiosa mezcla de miedo y falta de información. La ocasión sería la celebración de unas elecciones municipales.

Los obispos, como Mateo Múgica de Vitoria, habían ordenado a sus fieles que votaran a las candidaturas monárquicas²³, en un primer momento, pudo parecer que habían acertado en sus previsiones. De hecho, cuando tuvo lugar la primera fase de las elecciones municipales, con 14 018 concejales monárquicos y 1832 republicanos tan solo pasaron a control republicano un pueblo de Granada y otro de Valencia. Como era lógico esperar, nadie hizo referencia en esos momentos a un plebiscito popular que decidiera el futuro del régimen. El 12 de abril de 1931 se celebró la segunda fase de las elecciones. Esta vez, frente a 5.775 concejales republicanos, los monárquicos obtuvieron 22.150, es decir, el voto monárquico prácticamente fue el cuádruplo del republicano. A pesar de todo, los políticos monárquicos, los miembros del Gobierno (salvo dos), los consejeros de Palacio y los dos mandos militares decisivos —Berenguer y Sanjurjo— consideraron que el resultado debía interpretarse como un plebiscito y que, además, implicaba un apoyo extraordinario para la república y un desastre para la monarquía. El hecho de que la victoria republicana hubiera sido urbana —como en Madrid, donde el concejal del PSOE Saborit hizo votar por su partido a millares de difuntos— pudo contribuir a esa sensación de derrota, pero no influyó menos en el resultado final la equivocada creencia de que los republicanos podían dominar la calle.

Durante la noche del 12 al 13, el general Sanjurjo, a la sazón al mando de la Guardia Civil, dejó de manifiesto por telégrafo que no contendría un levantamiento contra la monarquía, un dato que los dirigentes republicanos conocieron inmediatamente gracias a los empleados de Correos adictos a su causa. Ese conocimiento de la debilidad de las instituciones constitucionales explica sobradamente que, cuando Romanones y Gabriel Maura —con el expreso consentimiento del rey— ofrecieron al comité revolucionario unas elecciones a cortes constituyentes, éste las rechazara. Lo que vino a continuación fue el desfondamiento de la Corona —como antes había tenido lugar el de la Dictadura— y la proclamación de la Segunda República.

En no escasa medida, se había repetido un fenómeno político como el de la Revolución de 1868. Un sistema, muerto desde hacía años, se había desplomado ante el empuje de fuerzas minoritarias, pero decididas, que habían aprovechado la ceguera de las castas privilegiadas. Al igual que sucedió también durante el Sexenio Revolucionario, las castas privilegiadas se verían sorprendidas por lo sucedido; los debeladores del anterior régimen aspirarían a realizar reformas modernizadoras; las masas se emborracharían ideológicamente acabando con el sistema y, finalmente, se produciría la consolidación de un régimen que terminaría confirmando el papel dominante de siglos de las castas privilegiadas. Sin embargo, esta vez, el proceso sería mucho más cruento y tendría consecuencias mucho más prolongadas.

De la Segunda República al final de la Guerra Civil

Ciertamente, la monarquía se había desplomado con enorme facilidad, pero no lo era menos que la base social de los republicanos —a juzgar por las votaciones— era débil salvo en las capitales de provincia. Por añadidura, las fuerzas republicanas presentaban visiones políticas incompatibles. A los republicanos conservadores como el Partido Radical o las personalidades que procedían en su mayoría de las filas monárquicas se sumaban dos grandes fuerzas obreristas —socialistas y anarquistas— divididas a su vez. Si en el caso del PSOE se discutía el camino a seguir, en el de la CNT era mucha la tensión existente entre los partidarios de esperar y los que propugnaban la revolución. Por añadidura, los nacionalistas catalanes aspiraban a descuartizar la unidad de la nación y se apresuraron a proclamar el mismo 14 de abril la República Catalana. A todo ello se sumaba una serie de pequeños grupos radicales de izquierdas que acabarían teniendo un protagonismo notable, como fue el caso del Partido Comunista. Su punto de vista era no poco utópico, ya identificaran esa utopía con la república implantada, con la consumación revolucionaria posterior o con la independencia de España. Además, en su práctica totalidad, carecían de preparación política y, sobre todo, económica para enfrentarse a los retos que tenía ante sí la nación y también, de manera muy generalizada, adolecían de un virulento sectarismo político y social que no solo excluía de la vida pública a considerables sectores de la población española sino que también plantearía irreconciliables diferencias entre ellos. A este panorama se sumaron la acción de la masonería y la entrada de la Iglesia católica en política de manera más directa que nunca. Eran demasiados factores como para esperar un resultado feliz, si se tiene en cuenta la trayectoria histórica de España.

Algunos de los obispos no pudieron ocultar que la nueva situación política —de la que temían que derivara el final de los privilegios eclesiásticos— no era de su agrado. Por ejemplo, el cardenal Segura, primado de la Iglesia española, no solo arremetió contra el nuevo régimen sino que auguró una época de dificultad para los católicos a la vez que alababa a Alfonso XIII por haber conservado «la antigua tradición de fe y piedad de sus mayores»²⁴. Con todo, la postura de la Iglesia católica fue, en general, de esperar ante el desarrollo de los acontecimientos. Pío XI retrasó ligeramente el reconocimiento del nuevo régimen pero, al fin y a la postre, la Santa Sede no tenía otra salida que la de su aceptación formal. Los obispos, por su parte y de acuerdo con el Vaticano, optaron porque las conversaciones con el nuevo gobierno las llevara a cabo el cardenal Vidal i Barraquer en vez del agresivo cardenal Segura.

Las negociaciones sufrieron diversos obstáculos, como la quema de conventos de inicios de mayo o las nuevas declaraciones del cardenal Segura en agosto. El episodio de los incendios de lugares destinados al culto ha sido presentado como el inicio de una persecución contra la Iglesia católica que proseguiría hasta su gran estallido en 1936 con el inicio de la guerra civil. Se trata de una lectura evidente errónea de lo sucedido. Sin ir más lejos, el 15 de diciembre de 1930, con el régimen de la Restauración dando sus últimas boqueadas, había sido incendiada la iglesia de los jesuitas en Gijón, una acción contemplada por unas ocho mil personas que no hicieron nada por impedirla²⁵. Constituía un lamentable patrón que se repetiría, entre el 11 y el 13 de mayo de 1931, cuando una oleada de incendios provocados se extendió desde Madrid a otras localidades como Málaga, Alicante, Orihuela, Cádiz, Murcia, Granada, Sevilla y Valencia, en total 11 iglesias y conventos en Madrid²⁶ y 63 en otros lugares²⁷. Lejos de derivar de un plan premeditado, como señaló el padre Gafo, la causa fue «una acumulación oceánica de odios y rencores vengativos»²⁸. Al respecto, no deja de ser revelador que en Málaga se asaltaran, saquearan y destruyeran almacenes comerciales, la Unión Mercantil y la Cámara de Comercio. El odio se dirigía hacia el considerado enemigo de clase, circunstancia terrible que incluía a la Iglesia católica, pero que no se limitaba a ella. Al fin y a la postre, el enfrentamiento iba a derivar del propio texto constitucional.

En ese mismo mes de mayo, Alcalá-Zamora nombró una Comisión Jurídica Asesora para que se ocupara de preparar un borrador de la futura constitución. La presidía el católico Ángel Ossorio y Gallardo que, de manera nada sorprendente, intentó mantener los privilegios disfrutados por la Iglesia católica hasta entonces. El texto provocó no escasa controversia entre los distintos ministros y, finalmente, fue abandonado. Poco después, las elecciones celebradas el 29 de junio proporcionaron una victoria aplastante a los partidos republicanos de izquierdas y al PSOE —sumaban doscientos cincuenta escaños— frente a un centro representado por los cien escaños del Partido Radical de Lerroux y una suma de pequeños partidos católicos que incluían los 25 escaños de los Agrarios —defensores de los intereses de los terratenientes andaluces y castellanos— los catorce del Partido Nacionalista Vasco y los diez de la Lliga. Se puede aducir que en la campaña tuvieron una enorme ventaja las fuerzas que habían contribuido a provocar la caída del régimen anterior, y que además se valieron de ella de manera no siempre noble ni legal. Son objeciones basadas en la realidad pero, a pesar de todo, los resultados eran obvios y su repercusión en el texto constitucional sería evidente.

La publicación del proyecto provocó una reacción muy negativa de la Iglesia católica hasta el punto de que el cardenal Vidal i Barraquer se dirigió a Alcalá-Zamora calificando lo sucedido como «una apostasía del Estado español»²⁹. No era Alcalá-Zamora partidario del proyecto pero, a pesar de su condición de católico practicante, no podía dejar de seguir las reglas del juego parlamentario. Para terminar de crear tensiones, el cardenal Segura publicó una virulenta pastoral en la que, en la línea seguida por los propios documentos papales, achacó la culpa del texto a las libertades modernas que procedían de la Revolución francesa y que ahora constituían un patrimonio de las democracias enemigas de la Iglesia católica³⁰.

Si la Iglesia católica había optado por la beligerancia, lo mismo sucedería con la masonería. De manera bien significativa, en la Asamblea Nacional de la Gran Logia Española del 20 de abril de 1931 —apenas había transcurrido una semana desde el nacimiento del nuevo régimen— resultó aprobada la Declaración de Principios adoptados en la Gran Asamblea de la Gran Logia Española. Entre ellos se establecía de forma bien reveladora la «escuela única, neutra y obligatoria», la «expulsión de las órdenes religiosas extranjeras» (una referencia bastante obvia a los aborrecidos jesuitas) y el sometimiento de las nacionales a la ley de Asociaciones. En otras palabras, la masonería estaba decidida a iniciar un combate que eliminara la presencia de la Iglesia católica en el terreno de la enseñanza, que sometiera la educación a la cosmovisión de la masonería y que implicara un control sobre las órdenes religiosas, sin excluir la expulsión de la Compañía de Jesús. Ciertamente, la masonería aspiraba a controlar el nuevo régimen para modelarlo de acuerdo a sus propios principios. Los datos al respecto son ciertamente significativos. La segunda gran jerarquía de la masonería española, Diego Martínez Barrios, y otros masones ocuparon diversas carteras en el Gobierno provisional. Con la excepción de Alejandro Lerroux, que pertenecía entonces a la Gran Logia española, el resto estaban afiliados al Grande Oriente. Así, Casares Quiroga, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, pertenecían a la masonería. En el segundo gobierno provisional, del 14 de octubre al 16 de diciembre de 1931, entró además José Giral. Se trataba de seis ministros en total, aunque algunas fuentes masónicas elevan la cifra a siete. A esto se sumaron no menos de 15 directores generales, 5 subsecretarios, 5 embajadores y 21 generales. Para un movimiento que apenas contaba con unos miles de miembros en toda España, se trataba de un éxito extraordinario³¹.

Con ese trasfondo, el 8 de octubre, comenzó la discusión en las Cortes de la regulación constitucional de la religión. Con anterioridad, el gobierno había proclamado ya la libertad religiosa plena, la voluntariedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, la secularización de los cementerios, la supresión de los capellanes de las Fuerzas Armadas y la asistencia de los funcionarios, en calidad de tales, a las ceremonias religiosas. Todas y cada una de estas medidas fueron consideradas ofensivas por la Iglesia católica e incluso a día de hoy existe una insistencia en considerarlas prueba de una persecución. La realidad es que precisamente los que más habían sufrido la ausencia de libertad religiosa —protestantes y judíos— las vieron como un avance y como la posibilidad, por primera vez en la historia de España, de no ser ni perseguidos ni discriminados.

Durante los meses siguientes, el tema religioso se convirtió en la cuestión más calurosamente discutida en las Cortes, por encima incluso de cuestiones como la propia reforma agraria. En el curso de los debates del 27 de agosto al 1 de octubre, los diputados masones fueran logrando de manera realmente espectacular que se radicalizaran las posiciones de la Cámara, de tal manera que el proyecto de la comisión se viera alterado sustancialmente en relación con el tema religioso. Con todo, sería inexacto e injusto culpar a la masonería en exclusiva de ese empeño. Para buena parte de los republicanos de clase media —un sector social enormemente frustrado y resentido por su mínimo papel en la fenecida monarquía parlamentaria— la Iglesia católica era un adversario al que había que castigar por su papel innegable en el sostenimiento del régimen derrocado. Por su parte, para los movimientos obreristas —comunistas, socialistas y anarquistas— se trataba de un rival social legitimador de las peores opresiones, al que había no solo que orillar, sino vencer. Es verdad que frente a esas corrientes claramente mayoritarias en el campo republicano hubo posiciones más templadas, como las de los miembros de la Institución Libre de Enseñanza o la de la Agrupación al Servicio de la República; pero, en términos generales, no pasaron de ser la excepción que confirmaba una regla generalizada. Finalmente, las minorías católicas —que sentían como un paso cercano al Apocalipsis la aceptación de la libertad religiosa o del matrimonio civil³²— contribuyeron no poco con sus soflamas encendidas a proporcionar una apariencia de legitimidad a las posiciones más extremas. Su defensa de posiciones indefendibles en un régimen moderno —aunque, todo hay que decirlo, en plena armonía con la Santa Sede— contribuyeron únicamente a contemplar a la Iglesia católica como a un enemigo que debía ser, como mínimo, desarmado porque, de lo contrario, volvería a liquidar las libertades de las que era enemiga resuelta.

El punto muerto alcanzado en las discusiones fue salvado gracias a una intervención directa de Manuel Azaña, a la sazón ministro de la Guerra y dirigente de Acción Republicana. Lo hizo pronunciando el que quizá fuera el discurso más famoso de toda la época³³ y uno de los que, malinterpretado, ocasionaría los odios más furibundos. Azaña asumió la supresión de los jesuitas —con antecedentes en el siglo XVIII— y defendió, en contra de lo que había sido la posición de los liberales, la continuación de todas las demás órdenes cuyas actividades serían reguladas más adelante mediante una ley de Congregaciones Religiosas. Pero Azaña, imbuido de los principios liberales que propugnaban una educación estatal para todos, añadió a su fórmula el que se apartara a las órdenes de la enseñanza —un punto que algunos de sus compañeros de partido no consideraban realista— y, por encima de todo, pronunció una frase lapidaria, «España ha dejado de ser católica», que provocó las más encendidas iras. El episodio ha hecho correr ríos de tinta a favor y en contra, pero merece un análisis imparcial. La pretensión de Azaña de que la nación no fuera oficialmente católica era de justicia y propia de cualquier régimen moderno. El hecho de que Azaña matizara sus palabras diciendo que no deseaba descatolizar España, ya que había millones de ciudadanos católicos que tenían derecho a practicar su religión con libertad, pero al mismo tiempo afirmara que tampoco era partidario de que los ciudadanos fueran ahormados en la doctrina católica de manera obligatoria³⁴ fue contemplado como una simple excusa para encubrir un plan diabólico dirigido a destruir la Iglesia católica. De hecho, en aquel debate constitucional, el canónigo Antonio Pildain, diputado en las Cortes, afirmó de manera rotunda que «la resistencia activa a mano armada» era compatible con las enseñanzas de la Iglesia católica³⁵. Se podrá señalar que el argumento del padre Pildain —que ocasionó un escándalo comprensible en las Cortes— era extremo, pero lo que no puede afirmarse es que fuera excepcional en esos momentos. De hecho, Hilario Yaben publicó en esas fechas un trabajo donde defendía explícitamente «la licitud de la insurrección»³⁶.

En realidad, la Constitución consagraba de manera efectiva la libertad religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado —ambas inaceptables para la Iglesia católica de acuerdo con numerosos documentos papales—, y no puede extrañar que por ello judíos y protestantes la interpretaran, adecuadamente, como un gran avance legislativo. No solo eso. La intervención de Azaña, con todos sus matices, salvó a la Iglesia católica de una situación que, en aquellos momentos y dada la composición de las Cortes, podría haber sido mucho peor, como han reconocido historiadores católicos tan dispares como Hilari Raguer³⁷ o Vicente Cárcel Ortí³⁸. No fue, desde luego, lo que pensaron católicos como Alcalá-Zamora y Maura —que presentaron su dimisión tras la aprobación del artículo—, ni tampoco los obispos en aquel entonces. De hecho, en diciembre del mismo año, cincuenta y nueve de ellos publicaron una «reprobación colectiva» de la Constitución y de otras leyes del gobierno como las relacionadas con la enseñanza y el divorcio. La declaración hablaba, muy poco afortunadamente, de «una guerra implacable a la Iglesia»³⁹.

El bienio de gobierno de las izquierdas no se tradujo no ya en una persecución, sino ni siquiera en una ofensiva laicista como la protagonizada por una Tercera República Francesa fuertemente influida por la masonería. En este caso, tanto los obispos franceses como la Santa Sede acabaron por encontrar una forma de convivir con la nueva realidad jurídica en Francia. Esa posibilidad ni siquiera se planteó en el caso de España y, sin embargo, las diferencias entre ambas naciones no dejaban en el peor lugar a la Segunda República Española. A diferencia de lo acontecido en el país vecino, donde la Iglesia católica, en un sentido casi literal, fue encerrada entre las paredes de los templos, en España ni se cerraron los medios católicos —ocasionalmente se suspendieron, pero ese fue un mal que afectó a los de todos los sectores ideológicos de la nación—, ni se pusieron trabas a las asociaciones sociales y educativas que creó la Iglesia católica, ni se prohibió, en la práctica, el ejercicio de la enseñanza por las órdenes religiosas. Incluso, a diferencia de los monarcas anteriores, el Gobierno renunció a los derechos estatales relacionados con el nombramiento de obispos y salvó a la Iglesia católica de sufrir el cierre de todas o casi todas las órdenes religiosas, como habían pretendido los liberales durante el régimen de la Restauración. La gran diferencia, a decir verdad, estribó en el hecho de que mientras en Francia se aceptó lo inevitable, en España se quiso mantener empecinadamente una visión privilegiada. Precisamente por ello, episodios sin relevancia real como fue el acceso de todos a los cementerios⁴⁰ o la retirada de crucifijos e imágenes católicas de las escuelas públicas fueron vividos como insoportables afrentas a la fe. Al igual que en Lourdes, en paralelo a las leyes de secularización de la Tercera República o que en Fátima, en la proximidad de la Revolución rusa, también en España surgió un grupo de personas afirmando que se les había aparecido la Virgen en anuncio de terribles catástrofes que se iban a desencadenar sobre la nación. El lugar fue la localidad vasca de Ezquioga⁴¹. Las apariciones de Ezquioga fueron, sin ningún género de duda, un fraude; aunque no resulte fácil delimitar si los visionarios creían en lo que decían, por la sencilla razón de que padecían dolencias psíquicas. De hecho, una figura clave para descubrir la superchería fue el jesuita Laburu, gran aficionado al cine y, tras la guerra civil, crítico taurino⁴². Ni que decir tiene que las supuestas profecías de la Virgen no se cumplieron en absoluto, pero en aquellos momentos constituyeron un instrumento de agitación notable.

A inicios de 1932, se dictó la disolución de la Compañía de Jesús y la nacionalización de sus propiedades —una medida que se convirtió en papel mojado, ya que los jesuitas las colocaron a nombre de testaferros—, se aprobó la secularización definitiva de los cementerios y se legalizó el divorcio. No se eliminó, sin embargo, la asignación económica destinada al culto y al clero, aunque en el presupuesto de 1932 se redujo su cuantía. Como en otros momentos de la historia de España, los obispos fueron severos en su apreciación, pero dejaron el combate más duro en manos de los medios de comunicación católicos⁴³.

Ya estaban los ánimos bastante caldeados cuando en el verano de 1932, un grupo de conspiradores de derechas encabezados por el general Sanjurjo se sublevó contra la República. El golpe de Estado fallido de 1932 —que fue seguido por nuevos incendios de iglesias en Andalucía— no pudo tener lugar en peores momentos, ya que antecedió apenas unas semanas al debate sobre la ley relativa a las órdenes religiosas.

El 17 de mayo de 1933, las Cortes aprobaron la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. Los obispos intentaron que el presidente de la República, Alcalá-Zamora, vetara la ley apelando a su condición de católico practicante. Sin embargo, Alcalá-Zamora no se atrevió a hacerlo por la mayoría parlamentaria que la respaldaba. Por otro lado, es muy posible que el presidente de la República comprendiera que semejante paso podía haber tenido funestas consecuencias. La respuesta de los obispos, el 25 de mayo, fue una durísima declaración de la Conferencia de Metropolitanos rebosante de acusaciones contra la República⁴⁴. La situación final, sin embargo, no solo no se parecía a las sufridas por los católicos en México y la URSS, sino ni tan siquiera a la de la Tercera República Francesa. El mayor problema es que la Iglesia católica carecía en España de precedentes históricos de compartir libertad con otras confesiones y, por añadidura, de no disfrutar de privilegios incomparables. Era incapaz de admitir logros objetivos como el reconocimiento de la libertad religiosa o de la separación de la Iglesia y el Estado por la sencilla razón de que sucesivos papas los habían condenado vez tras vez. Tampoco captaba las diferencias entre una persecución religiosa y la modernización necesaria en una sociedad occidental. Enfrentada con esa realidad, fue incapaz de reaccionar de la manera más adecuada y adoptó la decisión de saltar al ruedo político para defender una política ya condenada por la historia en las naciones más avanzadas. Semejante decisión sería fatal.

No menor reacción provocaron otras reformas como la militar, la educativa o la agraria. Todos estos proyectos eran necesarios para el nuevo régimen; sin embargo, el sectarismo ideológico con que se llevaron a cabo acabó frustrándolos. Para colmo, la reacción no vino ahora solo de las derechas sino también de un sector importante de las izquierdas encaminado directamente a destruir la República. A lo largo de 1932 y 1933, se fueron sumando los conatos revolucionarios en lugares como Castilblanco, Arnedo, el Alto Llobregat⁴⁵ o Casas Viejas. Este último episodio tendría pésimas consecuencias para el gobierno de izquierdas, ya que la represión de los sublevados sería durísima e incluiría el fusilamiento de algunos de los detenidos. Por añadidura, los oficiales que la llevaron a cabo insistirían en que sus órdenes habían procedido del mismo Azaña⁴⁶. Aunque las Cortes reiterarían su confianza al Gobierno, sus días estaban contados. El gobierno republicano había fracasado en sus grandes proyectos políticos, había gestionado pésimamente la economía nacional y había sido incapaz de evitar la radicalización de una izquierda revolucionaria formada no solo por los anarquistas, sino también por el PSOE, que pasaba por un proceso que se definió como «bolchevización» y que se caracterizó por la aniquilación de los partidarios (como Julián Besteiro) de una política reformista y parlamentaria y el triunfo de aquellos que (como Largo Caballero) propugnaban la revolución violenta que destruyera la República e instaurara la dictadura del proletariado.

Entre el 28 de febrero y el 5 de marzo de 1933, tuvo lugar un acontecimiento que repercutiría enormemente en el desarrollo de la historia de la Segunda República. Nos referimos a la fundación de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), una coalición de fuerzas de derechas fundamentalmente católicas, que aceptaba formalmente el sistema republicano. La CEDA surgió de una concepción de la acción política definida por el cardenal Vidal i Barraquer en una comunicación al papa como «los dos brazos»⁴⁷. Esos dos brazos utilizados por la Iglesia católica para defender sus privilegios en el seno del nuevo régimen serían, por un lado, la negociación entre los obispos y el Gobierno y, por otro, la creación de una fuerza política católica. Sin embargo, la CEDA, a pesar de su carácter claramente confesional —o quizá precisamente por ello— resultó un conglomerado heterogéneo de personalidades que iban de la democracia cristiana al parafascismo.

La respuesta de Azaña a la nueva configuración de las derechas fue intentar asegurarse la permanencia en el poder mediante la articulación de mecanismos legales concretos. Así, el 25 de julio de 1933, se aprobó una ley de orden público que dotaba al Gobierno de una enorme capacidad de represión y unos considerables poderes para limitar todavía más la libertad de expresión. Antes de que concluyera el mes, Azaña —que intentaba evitar unas elecciones sobre cuyo resultado no era optimista— lograba asimismo la aprobación de una ley electoral que reforzaba las primas a la mayoría. En los meses estivales de 1933, se consagró la bolchevización del PSOE cuando, en su Escuela de Verano en Torrelodones, los jóvenes socialistas celebraron una serie de conferencias que concluyeron con la aniquilación política del moderado Julián Besteiro, el apartamiento despectivo de Indalecio Prieto y la consagración entusiasta de Largo Caballero, al que se aclamó como el «Lenin español». Al cabo de dos años de régimen republicano, la situación política mostraba signos inquietantes de radicalización. Los acontecimientos no dejaron de precipitarse a partir de entonces.

El 3 de septiembre de 1933, el gobierno republicano-socialista sufrió una derrota espectacular en las elecciones para el Tribunal de Garantías, y cinco días después cayó. Finalmente, el 19 de noviembre tuvieron lugar las nuevas elecciones. Las derechas obtuvieron 3.365 .700 votos; el centro, 2 .051.500 y las izquierdas, 3 .118 .000. Sin embargo, el sistema electoral —que favorecía, por decisión directa de Azaña, a las grandes agrupaciones— se tradujo en que las derechas, que se habían unido para las elecciones, obtuvieran más del doble de escaños que las izquierdas con una diferencia entre ambas que no llegaba a los doscientos cincuenta mil votos⁴⁸. En la práctica, el resultado electoral significaba que los que habían traído el nuevo régimen serían desplazados del gobierno, y que podía llegar a asumirlo el brazo político de una entidad que no había dejado de atacarlo con virulencia prácticamente desde su implantación. Azaña intentó en aquellos momentos que Alcalá-Zamora impidiera su desalojo del poder apelando a una legitimidad republicana que, a su juicio, debía pesar más que la voluntad popular expresada en las urnas. Sin embargo, Alcalá-Zamora —que expresaría más adelante juicios muy negativos sobre la Constitución de 1931— no accedió a las presiones antidemocráticas de Azaña, pero tampoco estaba dispuesto a permitir que gobernaran los ganadores de las elecciones, de quienes, a pesar de su condición de católico practicante, no se fiaba. En otras palabras, Alcalá-Zamora compartía los temores de Azaña, pero no podía asumir el método que propugnaba para conjurarlos. Así, la fuerza mayoritaria —la CEDA—, que tendría que haber sido la encargada de formar gobierno, se vio excluida de esa posibilidad y Alcalá-Zamora encomendó la misión a Lerroux, un republicano histórico, pero en minoría, que se había ido desplazando hacia la derecha por lo que consideraba sectarismo del gobierno de Azaña.

A pesar de su ausencia del Ejecutivo, la influencia de la CEDA en el Gobierno fue inmensa. Por ejemplo, el nuevo gobierno republicano concedió pensiones a los párrocos de edad avanzada, no cumplió las disposiciones de la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas y permitió el regreso, apenas encubierto, de la enseñanza confesional. En julio de 1934, inició incluso negociaciones con el Vaticano para alcanzar un nuevo modus vivendi. El intento contaría con la oposición tanto de las izquierdas como de los monárquicos de todo tipo, que veían con aprensión la conclusión de un acuerdo entre la Iglesia católica y la República, que podía traducirse en una aceptación del régimen. Con todo, si fracasó se debió a que los sucesivos gobiernos insistieron en que no podía desbordarse el marco de la Constitución, una constitución que, precisamente, la CEDA deseaba reformar⁴⁹. Que, en medio de ese ambiente, un personaje de la talla de Gil Robles además sostuviera, por muy retórica que fuera la afirmación, que había que llevar a cabo «una verdadera y honda revolución con el crucifijo en la mano»⁵⁰ solo podía servir para alimentar la radicalización. Con todo, la responsabilidad de la erosión del sistema estuvo ciertamente muy repartida. La salida propiciada por Alcalá-Zamora para que el Partido Radical formara gobierno sin la CEDA no pareció suficiente al PSOE y a los nacionalistas catalanes de Esquerra, que comenzaron a urdir una conspiración armada que acabara con un gobierno de centroderecha elegido democráticamente. Semejante acto revestía una enorme gravedad, porque no eran fuerzas exteriores al Parlamento —como había sido el caso de los anarquistas en 1932 y 1933— sino partidos con representación parlamentaria los que estaban dispuestos a torcer el resultado de las urnas por la fuerza de las armas⁵¹.

A decir verdad, los republicanos, desde Lerroux hasta Azaña, hubieran podido y debido unirse para intentar salvar una República amenazada por el sectarismo confesional y el izquierdista. Sin embargo, Lerroux prefirió gobernar apoyado por la CEDA y Azaña optó por subordinar los resultados obtenidos en las urnas a lo que desearan las izquierdas. El primero asumía un riesgo no pequeño, como acabaría demostrando el tiempo; el segundo, de facto, aceptaba que el Parlamento — y las votaciones que lo habían configurado— solo resultaba legítimo en la medida en que servía para respaldar el propósito de las izquierdas.

El 1 de octubre, cuando las izquierdas llevaban casi un año anunciando su propósito de desencadenar una guerra revolucionaria, Gil Robles, cada vez más convencido de la fuerza con que contaba la CEDA, exigió la entrada de esta formación política en el gobierno de Lerroux. Sin embargo, en una clara muestra de inteligencia política, no exigió la presidencia del Gabinete (que le hubiera correspondido en puridad democrática) ni tampoco la mayoría de las carteras. El 4 de octubre entraron, finalmente, tres ministros de la CEDA en el nuevo gobierno. Los personajes escogidos eran de una trayectoria intachable: el catalán y antiguo catalanista Oriol Anguera de Sojo, el regionalista navarro Aizpún y el sevillano Manuel Giménez Fernández, que se había declarado expresamente republicano y que defendía la realización de la reforma agraria. Sin embargo, la presencia de ministros cedistas en el Gabinete fue aprovechada como excusa por parte del PSOE y de los nacionalistas catalanes para poner en marcha un proceso de insurrección armada que, como hemos señalado, venía fraguándose desde hacía meses. Tras un despliegue de agresividad de la prensa de izquierdas el 5 de octubre, el día 6 tuvo lugar la sublevación. Su carácter violento quedó de manifiesto desde el principio. En Guipúzcoa, por ejemplo, los alzados asesinaron al empresario Marcelino Oreja Elósegui. En Barcelona, el dirigente de Esquerra Republicana, Lluís Companys, proclamó desde el balcón principal del Palacio de la Generalidad «el Estat Català dentro de la República Federal Española» e invitó a «los dirigentes de la protesta general contra el fascismo a establecer en Cataluña el gobierno provisional de la República». Sin embargo, ni el gobierno republicano era fascista, ni los dirigentes de izquierdas recibieron el apoyo que esperaban de la calle, ni la guardia civil o la de asalto se sumaron al levantamiento. La Generalidad se rindió así a las seis y cuarto de la mañana del 7 de octubre, mientras algunos de los dirigentes nacionalistas se ponían a salvo huyendo por las alcantarillas de Barcelona.

El fracaso del golpe armado en Cataluña tuvo claros paralelos en la mayoría de España al cabo de unas horas. La única excepción a esta tónica general fue Asturias, donde los alzados contra el gobierno legítimo de la República lograron un éxito inicial y dieron comienzo a un proceso revolucionario que, desde algunos aspectos, tendría paralelos con lo que sucedería durante la guerra civil. Mientras los sublevados procedían a detener e incluso a asesinar a gente inocente tan solo por su pertenencia a un segmento social concreto, se desató una oleada de violencia contra la Iglesia católica en la ciudad de Oviedo y las poblaciones mineras de Mieres y Turón que fue desde la quema y profanación de lugares de culto —incluyendo el intento de volar la Cámara Santa— al fusilamiento de religiosos⁵².

El 5 de octubre, el ministro Diego Hidalgo tomó la decisión de nombrar asesor especial para reprimir el alzamiento al general Francisco Franco. Una de las primeras medidas tomadas por Franco, a ejemplo de lo que había hecho Azaña tiempo atrás para acabar con los anarquistas sublevados, fue trasladar a las fuerzas africanas a la Península. Así, legionarios y regulares desembarcaron en Gijón para marchar hacia Oviedo, donde enlazaron con una pequeña columna que se hallaba al mando de Eduardo López Ochoa, uno de los conspiradores que había impulsado la proclamación de la República años atrás.

Como era de esperar, el ejército —entre cuyos oficiales se encontraba un abuelo del futuro dirigente socialista José Luis Rodríguez Zapatero— aplastó la revuelta de manera enérgica. Durante la tarde del día 18, el socialista Belarmino Tomás se vio obligado a negociar la capitulación con López Ochoa. El balance de las dos semanas de revolución socialista-nacionalista fue, ciertamente, sobrecogedor⁵³. Durante el tiempo que ejercieron el poder, los revolucionarios asesinaron a un número de personas situado entre las 85 y las 115. Entre ellas se encontraban, según cifras perfectamente contrastadas, 28 religiosos o seminaristas, 43 militares y guardias y 14 paisanos, y es posible que el número de guardias asesinados ascendiera hasta 70. Las fuerzas gubernamentales dieron muerte a un máximo de 88 personas, de las que cuatro fueron fusiladas judicialmente. En combate murieron 256 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y del ejército, y hubo 903 heridos, además de 7 desaparecidos. Entre los paisanos, los muertos llegaron al medio millar. Por lo que se refiere a los daños materiales ocasionados por los sublevados, habían sido muy cuantiosos y afectado a 58 iglesias, 26 fábricas, 58 puentes, 63 edificios particulares y 730 edificios públicos. Además los revolucionarios habían realizado destrozos en 66 puntos del ferrocarril y 31 de las carreteras. Sin embargo, quizá el mayor coste del alzamiento protagonizado por los nacionalistas catalanes, el PSOE, la CNT y, en menor medida, el PCE, fue político. Sería precisamente el republicano Salvador de Madariaga el que levantara acta de lo que acababa de suceder con aquella revolución frustrada de 1934 escribiendo: «El alzamiento de 1934 es imperdonable. La decisión presidencial de llamar al poder a la CEDA era inatacable, inevitable y hasta debida desde hace ya tiempo. El argumento de que el señor Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era, a la vez, hipócrita y falso. Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936»⁵⁴. La guerra civil no comenzó —como han alegado algunos autores de manera bastante tendenciosa— en octubre de 1934. Sin embargo, a partir de la sublevación socialista-nacionalista de 1934, el sistema republicano se vio trágicamente afectado y en los próximos meses iría desplazándose no hacia la recuperación del orden y el intento de convivencia nacional, sino hacia una polarización fatal. La mayor parte de las izquierdas y de las derechas empezó a considerar que el adversario político era un enemigo al que resultaba lícito no solo no escuchar, sino incluso eliminar físicamente. Por añadidura, junto con el temor hacia el otro, fueron abrigando la idea de que un enfrentamiento podría abrir la vía a la consecución de sus respectivas ideologías. Cuesta mucho no ver en tan fatal desarrollo la herencia directa y trágica de una mentalidad dogmática que, más allá de las diversas ideologías, se había extendido durante siglos y se revelaba incapaz de tolerar la existencia misma del disidente, empeñada como estaba en imponer a todo el conjunto de la sociedad su visión como la única verdadera y aceptable.

La Iglesia católica adoptó un comportamiento que solo favoreció el encrespamiento social. Que los obispos recibieran con alivio el aplastamiento del alzamiento era algo lógico y compartido por todos aquellos que veían con horror la violencia o el desbordamiento de las leyes. Menos aceptable fue la manera en que actuaron en relación con los culpables, entre los que discriminaron de manera coherente, debe reconocerse, con actuaciones previas. Así, Vidal i Barraquer, por ejemplo, pidió clemencia al presidente de la República para los condenados a muerte por el tribunal militar de Barcelona⁵⁵ y, de manera semejante, el obispo de la diócesis, Juan Luis y Pérez también intercedió por ellos⁵⁶. Sin embargo, de forma bien significativa, las solicitudes de clemencia favorecieron únicamente al nacionalismo catalán, siempre tan cercano a los obispos, pero no se dirigieron a interceder en favor de otros condenados de ideología izquierdista. De hecho, La Ciencia Tomista señaló que los socialistas eran instrumento de «el odio y malquerencia judaicos»⁵⁷ y en el mismo sentido abundó el agustino Teodoro Rodríguez que, en 1935, se refirió a «la asociación mundial judío-masónica»⁵⁸. Como señalaría años después el cardenal Tarancón, la Iglesia católica había llegado a una situación en que las sacristías eran «centros de conspiración» donde se fraguaba una «guerra santa» contra la República⁵⁹. A esas alturas, el único bastión —minoritario, hay que reconocerlo— de la democracia republicana era el Partido Radical dirigido por Alejandro Lerroux. Una vez que éste desapareciera, la España dogmática, cada vez más polarizada, se lanzaría a la lucha fratricida.

Tras la Revolución de Octubre, el gobierno radical podría haber puesto fuera de la ley a formaciones como el PSOE, la CNT o Esquerra Republicana, que habían participado abierta y violentamente en un alzamiento armado contra la legitimidad gubernamental y la legalidad republicana. Sin embargo, la conducta seguida por los radicales fue muy distinta. Bajo su impulso tuvo lugar el único esfuerzo legal y práctico que mereció en todo el periodo republicano el nombre de reforma agraria. Como señalaría el socialista Gabriel Mario de Coca, «los gobiernos derechistas asentaron a 20 000 campesinos, y bajo las Cortes reaccionarias de 1933 se efectuó el único avance social realizado por la República». Por añadidura, Federico Salmón, ministro de Trabajo, y Luis Lucía, ministro de Obras Públicas, redactaron un «gran plan de obras pequeñas» para paliar el paro; se aprobó una nueva ley de arrendamientos urbanos que defendía a los inquilinos; se inició una reforma hacendística de calado, debida a Joaquín Chapaprieta, encaminada a lograr la necesaria estabilización; e incluso Gil Robles, ministro de la Guerra, llevó a cabo una reforma militar de enorme relevancia y en la que primaron los aspectos técnicos sobre los partidistas. Consideradas con perspectiva histórica, todas estas medidas denotaban un impulso sensato por abordar los problemas del país desde una perspectiva basada más en el análisis y el trabajo técnicos y especializados que en el seguimiento de recetas utópicas. Sin embargo, ni las derechas católicas ni las izquierdas revolucionarias consideraban suficiente esa manera de gobernar. El único freno que existía para su choque iba a desaparecer en breve al producirse, en septiembre de 1935, el estallido del escándalo del estraperlo. Como señalaría lúcidamente Josep Pla⁶⁰, la Administración de Justicia no pudo determinar responsabilidad legal alguna —precisamente la que habría resultado de relevancia—, pero en una sesión de Cortes celebrada el 28 de octubre se produjo el hundimiento político del Partido Radical, unas de las fuerzas esenciales en el colapso de la monarquía constitucional y el advenimiento de la República menos de cuatro años antes.

La CEDA, tal y como muchos de sus partidarios habían ambicionado desde hacía años, quedaba sola en el campo de las derechas. A decir verdad, semejante circunstancia no podía suceder en peor momento. Durante el verano de 1935, el PSOE y el PCE —que en julio ya había recibido de Moscú la consigna de formación de frentes populares— llevaban a cabo contactos para una unificación de sus acciones⁶¹. En paralelo, republicanos y socialistas discutían la formación de milicias comunes, mientras los comunistas se pronunciaban a favor de la constitución de un ejército rojo. El 14 de noviembre, Azaña propuso a la ejecutiva del PSOE una coalición electoral de izquierdas. Así nacería el Frente Popular, un intento de Azaña y Prieto de formar una gran coalición de izquierdas que impidiera la toma del poder en solitario por parte de la CEDA.

El año 1935 concluyó con el desahucio del poder de Gil Robles; con una CEDA que cada vez asumía un lenguaje más apocalíptico y menos accidentalista; con una izquierda que creaba milicias y estaba decidida a ganar las siguientes elecciones para llevar a cabo la continuación de la Revolución de Octubre de 1934; y con reuniones entre Chapaprieta y Alcalá-Zamora para crear un partido de centro en torno a Portela Valladares, que atrajera un voto moderado preocupado por la agresividad de las izquierdas y de una posible reacción de las derechas que, curiosamente, fueron disuadidas de asumir esa posición por el general Franco, que consideraba que no era el momento propicio⁶². Cuando, finalmente, el 14 de diciembre de 1935, Portela Valladares formó gobierno, era obvio que se trataba de un gabinete puente para convocar elecciones. Alcalá-Zamora desconfiaba de Gil Robles y se negó a encargarle la tarea de formar gobierno. Además, a instancias de las izquierdas, disolvió las Cortes el 7 de enero de 1936 (la segunda vez durante su mandato, lo que implicaba una violación de la Constitución) y convocó elecciones para el 16 de febrero de 1936 bajo un gobierno presidido por Portela Valladares. La polarización de España, cada vez más teñida de violencia, constituía un hecho innegablemente trágico.

El 15 de enero de 1936, se firmó el pacto del Frente Popular como una alianza de fuerzas obreristas y burguesas cuyas metas no solo no eran iguales sino que, en realidad, resultaban incompatibles. Los republicanos como Azaña y el socialista Prieto perseguían fundamentalmente regresar al punto de partida de abril de 1931, en el que la hegemonía política estaría en manos de las izquierdas. Para el resto de las fuerzas que formaban el Frente Popular, especialmente el PSOE y el PCE, se trataba tan solo de un paso intermedio en la lucha hacia la aniquilación de la República —ahora denominada burguesa— y la realización de una revolución que concluyera en la dictadura del proletariado. Si el socialista Luis Araquistáin insistía en hallar paralelos entre España y la Rusia de 1917, donde la revolución burguesa sería seguida por una proletaria⁶³, el también socialista Largo Caballero difícilmente podía ser más explícito sobre las intenciones del PSOE. En el curso de una convocatoria electoral que tuvo lugar en Alicante, el político socialista afirmó: «Quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados; pero si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos»⁶⁴. Tras el anuncio de la voluntad socialista de ir a una guerra civil si perdía las elecciones, el 20 de enero, Largo Caballero anunció en un mitin celebrado en Linares: «… la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución»⁶⁵.

Si la propaganda electoral de las izquierdas —el caso de Azaña y su pequeña formación política sería una excepción— anunciaba claramente la revolución y el enfrentamiento violento, la de la CEDA y los medios católicos no resultaba especialmente alentadora de un futuro pacífico. El Debate, por ejemplo, habló explícitamente de que había que «vencer la revolución para defender los derechos de Dios y de la Iglesia» ya que el «marxismo y sus aliados buscan la ruina del hombre católico de España, único principio de nuestra unidad como nación y nuestra mejor gloria histórica»⁶⁶. Por su parte, la CEDA repartió millones de folletos donde se advertía de los desastres que cabría esperar en caso de que tuviera lugar la victoria del Frente Popular y que incluirían, por ejemplo, «la propiedad común de las mujeres»⁶⁷. También los obispos contribuyeron a encrespar los ánimos con las consignas transmitidas a los fieles para votar teniendo en cuenta «los males que ya padecen la religión y la Iglesia católica» (Vidal i Barraquer), «la defensa de los intereses de la Iglesia y la Patria» (Félix Bilbao de Tortosa) o «la prosperidad y la paz de España en todos los órdenes y singularmente en el religioso» (Antonio García de Tuy)⁶⁸. En un acto de notable torpeza, pero acorde con la visión católica, la CEDA centró buena parte de la campaña electoral en la mención del levantamiento armado de octubre de 1934. Desde su punto de vista, el triunfo del Frente Popular se traduciría inmediatamente en una repetición, a escala nacional y con posibilidades de éxito, de la revolución. En otras palabras, no sería sino el primer paso hacia la implantación de la dictadura del proletariado y la persecución de la Iglesia católica. Por su parte, el Frente Popular aprovechó esas referencias a la Revolución de Octubre de 1934 en sentido contrario, es decir, afirmando que había que frenar la represión fascista desencadenada sobre las fuerzas obreras.

Al final, el gran triunfo católico no se materializó y al poder llegó el Frente Popular, otra coalición no menos imbuida de mesianismo y de la convicción de que el adversario era un enemigo que obstaculizaba de forma decisiva el cumplimiento de sus sueños utópicos. Para colmo de males, las elecciones de febrero de 1936 no solo concluyeron con resultados muy parecidos para los dos bloques, sino que además estuvieron empañadas por la violencia y el fraude en el conteo de los sufragios. Así, sobre un total de 9.716.705 votos emitidos⁶⁹, 4.430.322 fueron para el Frente Popular; 4. 511.031 para las derechas y 682.825 para el centro. Otros 91 641 votos fueron emitidos en blanco o resultaron destinados a candidatos sin significación política. Sobre estas cifras resulta obvio que la mayoría de la población española se alineaba en contra del Frente Popular. En declaraciones al Journal de Genève⁷⁰, sería nada menos que el presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora, ya en el exilio, el que reconociera la peligrosa suma de irregularidades electorales y sus consecuencias directas.

Aunque el gobierno frentepopulista quedó constituido por republicanos de izquierdas bajo la presidencia de Azaña para dar una apariencia de moderación, no tardó en lanzarse a una serie de actos de dudosa legalidad que formarían parte esencial de lo que llegaría a conocerse como la Primavera Trágica de 1936. El 5 de marzo, Mundo Obrero, órgano del PCE, abogaba, pese a lo suscrito en el pacto del Frente Popular por el «reconocimiento de la necesidad del derrocamiento revolucionario de la dominación de la burguesía y la instauración de la dictadura del proletariado en la forma de soviets». En paralelo, el Frente Popular desencadenaba una censura de prensa sin precedentes y procedía a una destitución masiva de los ayuntamientos que consideraba hostiles o simplemente neutrales.

Desde luego, el enorme grado de descomposición sufrido por las instituciones republicanas y por la vida social no se escapaba a los viajeros y diplomáticos extranjeros a su paso por España. Shuckburgh, uno de los funcionarios especializados en temas extranjeros del Foreign Office británico, señalaba en una minuta del 23 de marzo de 1936 que «… existen dudas serias de que las autoridades, en caso de emergencia, estén realmente en disposición de adoptar una postura firme contra la extrema izquierda, que ahora se dirige con energía contra la religión y la propiedad privada. Las autoridades locales, la policía y hasta los soldados están muy influidos por ideas socialistas, y a menos que se le someta a una dirección enérgica es posible que muy pronto se vean arrastradas por elementos extremistas hasta que resulte demasiado tarde para evitar una amenaza seria contra el Estado»⁷¹. A esas mismas conclusiones había llegado precisamente sir Henry Chilton, el embajador británico en Madrid. En un despacho dirigido el 24 de marzo de 1936 a Anthony Eden le indicaba que solo la proclamación de una dictadura podría evitar que Largo Caballero desencadenase la revolución, ya que el dirigente del PSOE tenía la intención clara de «derribar al presidente y al gobierno de la República e instaurar un régimen soviético en España». Para justificar ese paso, Largo Caballero tenía intención de aprovechar la celebración de las elecciones municipales en abril⁷². Sin embargo, el Gobierno —que recordaba otras elecciones municipales celebradas en abril y sus resultados— optó por aplazar la convocatoria electoral. No tendrían lugar nunca, porque el 17 de julio de 1936, un sector del Ejército español con notable respaldo social se alzó en África en el inicio de lo que debía ser un golpe de Estado que desalojara del poder al Frente Popular y abortara cualquier posibilidad de revolución.

No es este el lugar para describir lo que fue la guerra civil española⁷³. Sí debe señalarse que el hecho de que el golpe fracasara y de que ambos beligerantes recibieran ayuda militar extranjera prolongó el conflicto durante casi tres años sin que ninguna de las partes —salvo contadas excepciones— pensara en llegar a un acuerdo siquiera porque estaba convencida de que sus sueños, acariciados durante mucho tiempo, se hallaban al alcance de la mano. Si los nacionalistas catalanes y vascos creyeron llegado el momento de la independencia, si los anarquistas vieron consolidarse el proyecto del comunismo libertario, si comunistas y socialistas pensaron que la dictadura del proletariado sería una realidad, en el otro lado se confió, a su vez, en el freno de la revolución, la restauración de una u otra monarquía, el triunfo de la revolución nacional-sindicalista propugnada por la Falange o el establecimiento de un Estado católico. Con enormes costos —la persecución religiosa fue durísima y se cobró varios millares de víctimas— fue esta última visión la que emergió del final del conflicto fratricida e incluso comenzó a imponerse antes de su conclusión.

La Iglesia católica no solo logró que se derogara toda la normativa republicana que consideraba lesiva para sus intereses sino que además persiguió —y obtuvo— que la educación quedara en sus manos. La Comisión de Cultura y Enseñanza, creada en 1936, pasó a ser controlada no por Falange o los carlistas, sino por católicos —comenzando por José María Pemán, que era miembro de la ACNP— que declararon obligatoria la enseñanza de la religión en las escuelas primarias y secundarias⁷⁴. Por añadidura, los directores de escuelas y rectores de universidades recibieron la orden de eliminar de sus bibliotecas los libros que pudieran considerarse «contrarios a la moral cristiana». Con el argumento de que el setenta y cinco por ciento de los maestros había traicionado a la nación⁷⁵ —una proporción ciertamente llamativa— se inició una purga que el 28 de agosto de 1938 era sistemática. Las víctimas fueron no solo aquellos que hubieran apoyado al Frente Popular, sino también los que no hubieran acudido a la iglesia con regularidad⁷⁶. En noviembre de 1937, sumaban cincuenta mil los maestros de escuela que habían perdido su empleo de manera definitiva o temporal, o recibido distintas sanciones⁷⁷. La causa no era otra que los antecedentes político-religiosos⁷⁸. El ministro de Educación entre 1938 y 1939, Pedro Sainz Rodríguez, desconfiaba de Falange y se ocupó de que fueran católicos los que desempeñaran las funciones más relevantes. Así, su director de enseñanza secundaria declaró que el «primer principio sustentador de la nacionalidad española» se hallaba «fundido con su ideal católico»⁷⁹, estipulándose posteriormente que la doctrina católica era «la esencia de nuestro Movimiento Nacional»⁸⁰. Con el derecho de familia, la enseñanza y la formación moral en sus manos, la Iglesia católica configuraría los perfiles del nuevo régimen y la historia de España durante varias décadas.

CAPÍTULO IV

El régimen del 18 de julio

El espíritu católico

Suele afirmarse de manera convencional que el régimen de Franco consolidado tras la guerra era fascista. Ciertamente, el régimen tomó, a través de la Falange, no poco de la parafernalia mussoliniana. Es también cierto que algunas normas, como el Fuero del Trabajo, derivaban del fascismo italiano y, en ese caso concreto, de la Carta del Lavoro, y no resulta menos obvio que la victoria de Franco en la guerra civil debió no poco a la ayuda de Mussolini y Hitler. Con todo, la realidad es que, como había sospechado José Antonio, el fundador de la Falange —que temía que sus camisas azules acabaran siendo la coreografía de los privilegiados de siempre—, el peso real del fascismo fue escaso, e incluso esa proporción escasa se iría diluyendo con el paso de los años. A decir verdad, el régimen de Franco, desde el principio, fue un ordenamiento de carácter confesa y profundamente católico. No se trataba solo de su propia apreciación. Como ha relatado el propio cardenal Tarancón, en los años cuarenta y cincuenta, en la Santa Sede «todos daban por descontado que el régimen era legítimo»¹ y que el alzamiento había sido «providencial»². No podía ser de otra manera, porque Pío XII confiaba en Franco³ y, de manera muy especial, porque los obispos estaban convencidos de que el régimen era «como el brazo secular de la Iglesia»⁴. En ese sentido, venía a ser el cumplimiento de un sueño tras las pesadillas que habían representado para la Iglesia católica el liberalismo del siglo XIX y los intentos reformistas del siglo XX.

Al término de la segunda guerra mundial, el régimen de Franco se vio sometido al bloqueo de los vencedores decretado por la ONU. Sin embargo, la maniobra no pasó de ser simbólica, a pesar de las consecuencias que tuvo sobre el común de los españoles. Ni los Estados Unidos ni muchos menos la Santa Sede estaban dispuestos a que se colapsara el sistema político existente en España. Así quedaría claro en un texto legal tras otro. La misma ley de Sucesión de 1947 —una de las leyes fundamentales promulgadas durante el prolongadísimo período constituyente del régimen de Franco— definía a España como «un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino». Al respecto, no deja de ser significativo que España se quedara en 1948 sin la ayuda del Plan Marshall porque la condición exigida por Estados Unidos —la libertad religiosa para los protestantes españoles— fue considerada inaceptable por los obispos. Lo mismo sucedería en 1952 con la posibilidad de entrada de España en la OTAN. Pero, aunque aislado, el régimen de Franco ni estaba solo ni dejaría de sobrevivir. Precisamente, al año siguiente, con el Concordato suscrito con la Santa Sede, el régimen de Franco se vio respaldado internacionalmente y el carácter católico de su sistema se consolidó.

De acuerdo con los términos del Concordato, el Estado renunciaba expresamente a «legislar sobre materias mixtas o sobre aquellas que de algún modo puedan interesar a la Iglesia, sin previo acuerdo con la Santa Sede». Semejante cláusula refrendaba la entrega a la Iglesia católica de la educación, el derecho de familia e incluso en buena medida la política de orden público. Así, todas las organizaciones católicas dependían solo de los obispos y no podían ser fiscalizadas por el Estado. Al mismo tiempo, la Santa Sede consiguió que se restableciese el texto de 1851 que se refería a la confesionalidad católica con «exclusión de cualquier otro culto», así como el carácter católico de toda la instrucción pública. A decir verdad, «la identidad de España se encontraba en el catolicismo»⁵ y los no católicos «estaban considerados como malos españoles»⁶.

De manera comprensible, la Iglesia católica en España definió el Concordato como «el más completo en toda la historia de los acuerdos de este género» y señalaba que los privilegios otorgados eran tantos que el Código de Derecho Canónico alcanzaba plena vigencia. Esto significaba, por ejemplo, que había instituciones y personas excluidas del ámbito de cumplimiento de la ley civil, e incluso las fiestas religiosas futuras serían de obligado cumplimiento. Por añadidura, cuando se decidiera erigir una nueva diócesis, el Estado y las corporaciones locales estarían obligados a proporcionar los medios económicos necesarios, en especial para edificios, oficinas y templos.

Además los clérigos disfrutaban ratione personae (y no ratione materiae) de inmunidad judicial, lo que significaba que solo podrían ser procesados con permiso del obispo y que la condena sería en cárceles especiales. Las instituciones eclesiásticas y los emolumentos del clero estarían exentos de impuestos. Los emolumentos del clero serían abonados mientras la Iglesia católica considerara que no estaba reconstruido su patrimonio y eso incluía la desamortización del s. XIX. Los hábitos eran equiparados con los uniformes militares y los templos se convertían en lugar de refugio sin excluir, por ejemplo, la actividad de los maquis. Por añadidura, el Estado se comprometía a que los programas de televisión y radio tuvieran espacios para defender «la verdad religiosa» y el derecho de la Iglesia católica a solicitar la prohibición de libros y publicaciones.

A cambio de lo recibido de manos del Estado de Franco, los sacerdotes tendrían que elevar preces a diario por Franco —lo que se desobedeció, sin sanción, a menudo—; y se confirmaron los privilegios españoles en la basílica de Santa María la Mayor y en el tribunal de la Rota, donde habría siempre dos españoles. Igualmente se admitió el español como uno de los idiomas utilizables en la Sagrada Congregación de Ritos. Finalmente, Franco intervenía en el nombramiento de obispos, pero tan mediatizado por el nuncio a la hora de seleccionar candidatos y concediendo al papa que incluyera otros nombres que el privilegio, en la práctica, era muy limitado. Por añadidura, ese privilegio no incluía a los obispos auxiliares. Como ha señalado adecuadamente Luis Suárez, nada de ello era algo que no tuviera ya Franco. Sí se le entregaron los privilegios que tenía Felipe IV cuando era rey de Sicilia, entre otros el patronato sobre Catania y Mazzara, lo que permitía a Franco ser canónigo de San Liberato. Además el 21 de diciembre de 1953, el papa nombró a Franco caballero de la Milicia de Cristo, a la que tan solo pertenecían otras cuatro personas: el archiduque Eugenio de Austria, el príncipe Félix de Borbón-Luxemburgo, el exrey Humberto II de Italia y el doctor Miklas Guglielmo de Austria. Era, ciertamente, hijo predilecto de la Iglesia católica.

El espíritu indudablemente católico que había quedado de manifiesto en el contenido del Concordato se mantendría durante las décadas que duraría el régimen de Franco. Así, aunque la crisis de 1956 evidenció las tensiones existentes en el interior del régimen, también puso de manifiesto que el fascismo hispano de la Falange estaba vencido y que nunca llevaría a término una revolución que quedaría pendiente; mientras que, por el contrario, el Opus Dei se alzaba como un poder emergente. Igualmente, cuando, en respuesta a la tentativa de don Juan de regresar a España en medio de una pavorosa crisis económica, Franco promulgó el 17 de mayo de 1958 la ley de Principios del Movimiento Nacional, éste apareció «entendido como comunión de todos los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada». La ley era en realidad un enunciado de doce principios; el primero establecía «la unidad de destino en lo universal» y el segundo, la declaración de la Iglesia católica como «única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspira la legislación». En su conjunto, se trataba de la proclamación de un régimen católico e intervencionista, con representación orgánica, que consagraba la victoria de la guerra civil y que avanzaría hacia una monarquía tradicional y, por supuesto, católica.

Con ese trasfondo, no puede sorprender que los grandes éxitos del régimen vinieran relacionados con personajes de adscripción católica. En 1959, a los veinte años del final de la guerra civil, España se encontraba sumida en una gravísima situación económica. La salida de tan delicada circunstancia se produjo gracias al Plan de Estabilización. Con él, España no solo se abría al desarrollo sino que, además, abandonaba la ideología falangista para entrar en el terreno de lo que se denominó la tecnocracia, estrechamente vinculada al Opus Dei.

El régimen perpetuo

Las reformas realizadas a finales de los años cincuenta —fundamentalmente, una cierta liberalización económica— no solo salvaron a España de la bancarrota sino que sentaron las bases del desarrollismo de los años sesenta. Sería ese despegue económico el que, más que la victoria militar, concedería legitimidad al régimen para muchos españoles y el que fortalecería la resolución de Franco de convertirlo en perpetuo. En el curso de la Transición, años después, se insistió mucho en que el General había ideado el paso hacia un sistema democrático que nacería de la mano de su sucesor. Nada más lejos de la realidad. De hecho, para cualquiera que conozca las fuentes del franquismo, semejante afirmación resulta imposible de sostener. Su discurso del 14 de mayo de 1946 ante las Cortes —cuando el resultado de la segunda guerra mundial aconsejaba algún gesto de apertura— fue un alegato contra «el sistema liberal parlamentario» en una lectura que iba desde las Cortes de Cádiz hasta la guerra civil. En ese discurso, Franco afirmaba que «en esta última etapa de la vida del mundo, la inhibición, que el sistema liberal ha asentado y que el capitalismo y el materialismo han hábilmente explotado, fue causa de que a los progresos técnicos y materiales que el mundo ha tenido no les hayan seguido los progresos morales». Ese mismo año, en otro discurso, pronunciado el 19 de octubre, ante la I Asamblea de Hermandades de Labradores y Ganaderos, Franco remachaba: «El Estado español no es un Estado liberal, y no es un Estado liberal porque no deja en libertad a los poderosos para explotar a los débiles… No es un Estado liberal que sea indiferente a la situación angustiosa y de miseria en que ha vivido el agro español durante siglos; no es un Estado liberal que se inhiba de las necesidades de los productores, de las necesidades de las tierras pobres; es un Estado proteccionista de todos los españoles». En la década de los cincuenta —la de la salida del bloqueo, pero no de la miseria económica—, Franco mantuvo abiertamente sus convicciones. En un discurso de 31 de diciembre de 1951, se jactó de que el haber hallado «un instrumento feliz para la realización de la evolución político-social que la hora demanda» se debía a «que nos hayamos separado de los patrones políticos de estilo liberal». No cambió su punto de vista tampoco tras la firma del Concordato. En su discurso de 17 de mayo de 1955, Franco aseguró, en relación con «la democracia liberal», «que no podría concebirse un sistema más dañino para los intereses de la Patria y para el bienestar y el progreso de los españoles».

A finales de la década de los años cincuenta, Franco seguía aferrado a su punto de vista encarnizadamente contrario a la democracia liberal. En declaraciones aparecidas en Le Figaro el 13 de junio de 1958 señalaba: «Nuestro régimen actual tiene exclusivamente sus fuentes y su fundamento en la historia española, en nuestras tradiciones, nuestras instituciones, nuestra alma. Son éstas, fuentes que habían sido perdidas o contaminadas por el liberalismo. La consecuencia del liberalismo fue el ocaso de España». No deja de ser significativo que el final de la década viniera marcado por las mismas tesis. En un discurso del 31 de diciembre de 1959, Franco insistía en que la salvación de España era necesaria y en que no existía «ningún camino más fácil ni más recto, para este primer y básico objetivo, que la desaparición del anárquico sistema liberal».

Durante la década de los años sesenta —la del pomposamente denominado milagro español—, Franco continuó manteniendo su posición contraria a un régimen liberal y favorable a la perpetuación del que había surgido de la guerra civil. Así, en un discurso pronunciado el 18 de septiembre de 1962 ante los mineros de Ciñera, en León, afirmó: «Y estas soluciones españolas, esta política española, hieren los intereses de los credos políticos capitalistas liberales, los de la masonería y también los del comunismo».

Es cierto que el régimen de Franco acabó siendo un paréntesis en la historia de España y que así lo contemplaron muchos desde el principio. No fue, desde luego, el caso de Franco, que estaba convencido de que había creado un nuevo sistema político. Ese sistema, medularmente católico, desde su perspectiva, enlazaba con un alma española concreta, que se oponía por igual al comunismo y al liberalismo, y, por ello, debía durar para siempre. En la inauguración de la IX legislatura de las Cortes españolas, el 17 de noviembre de 1967, ya en pleno desarrollismo, afirmaba: «No debe haber lugar a dudas sobre el propósito de permanencia histórica de nuestra obra política. No hemos arbitrado una solución de emergencia, ni somos un paréntesis en la historia de España… la España nacida el 18 de julio por un esfuerzo heroico va a ser continuada, a través de los años, por un esfuerzo tenaz de sucesivas generaciones». No deja de ser significativo que, al mismo tiempo que designaba al príncipe Juan Carlos de Borbón como «sucesor a título de rey», Franco dejara claro que el régimen se continuaba a si mismo y no desembocaba en otro. En declaraciones recogidas el 1 de marzo de 1969 por el diario Arriba afirmaba lo siguiente:

«—Pretenden los historiadores y políticos liberales que regímenes como el nuestro no pueden transmitirse ni suceder a su creador. ¿La ley de Sucesión cree Su Excelencia que supera ese supuesto determinismo histórico?

—Si tal aseveración fuera exacta, ningún sistema hubiera tenido continuidad, ya que todo se origina en un momento fundacional de una u otra forma, llevado a cabo por la unión de poderes sociales populares en torno a una o varias personas. En cambio, es cierto que la pervivencia de cualquier régimen depende de su incorporación a la conciencia pública. En nuestro caso, respaldado por una continua adhesión del pueblo y formalizado mediante un Referéndum de una claridad que permite hacer pocas muestras de comparación».

Franco, ciertamente, no tenía la menor intención de que España se encaminara hacia una democracia después de su muerte. Por el contrario, el príncipe —su sucesor «a título de rey»— tendría que cumplir los Principios Fundamentales del Movimiento que había jurado. Al actuar así, Franco era coherente consigo mismo. La misma monarquía no podía ser liberal y parlamentaria como había señalado, por ejemplo, el 4 de julio de 1947 en la alocución pronunciada ante los micrófonos de Radio Nacional con motivo del Referéndum de la ley de Sucesión, y como remacharía entre los aplausos de las Cortes en la proclamación del príncipe como su sucesor, el 22 de julio de 1969.

Sin embargo, una cosa eran los deseos —claros y transparentes— de Franco y otra, bien distinta, lo que pensaban las élites que se habían beneficiado de su régimen y que no tenían intención de librar una batalla inútil contra la historia. De ese deseo de sobrevivir, adaptándose a los tiempos pero sin perder un ápice de su poder, nacería el régimen de la Transición. El proceso de cambio comenzó, no obstante, años antes de la muerte de Franco.

SEGUNDA PARTE

LA TRANSICIÓN INELUDIBLE

CAPÍTULO V

La imposible perdurabilidad del régimen del 18 de julio

1969: el principio del fin

Franco podía soñar con que su régimen duraría siglos y con que además sería así porque contaba no solo con el respaldo de los segmentos privilegiados de la sociedad española, sino también con el apoyo de un pueblo satisfecho por los avances obtenidos durante la década de los sesenta. Su carencia de perspectiva de la realidad, sin embargo, era pasmosa y denotaba hasta qué punto el régimen estaba tan encerrado en sí mismo que era incapaz de ver lo que resultaba más que evidente. El mundo de las finanzas —y en menor medida el de la empresa— ansiaba integrarse en una realidad europea que pasaba por la implantación de una democracia liberal; la Iglesia católica contemplaba desde el Vaticano II la imposibilidad de seguir respaldando cierto tipo de dictaduras en un mundo donde las potencias hegemónicas eran o los Estados Unidos, campeón de la democracia, o la comunista Unión soviética; y los elementos más inteligentes del régimen sabían que tenía que acometerse una voladura controlada tras el denominado «hecho biológico» —eufemismo cursi para referirse al fallecimiento de Franco— precisamente para evitar un desmantelamiento desordenado y peligroso. Frente a estas visiones realistas, solo el Ejército y los veteranos del régimen podían plantearse su defensa a ultranza. No sorprende, por tanto, la conducta de las distintas instancias sociales que comenzaron a despegarse del régimen en cuanto existió certeza sobre la persona del sucesor. De manera bien reveladora, la institución que primero cambió de rumbo fue la más asistida por la experiencia en cambios políticos, la Iglesia católica.

En los años sesenta, con una notable antelación respecto a otras fuerzas políticas, la Iglesia católica viró para distanciarse de una dictadura que no podía perdurar. Se suele mencionar como ejemplo más palmario de ese cambio el papel desempeñado en el nacimiento de ETA —surgida no en un seminario, sino en el colegio san Ignacio en San Sebastián, el día de san Ignacio de 1959. Su primera asamblea, además, iba a celebrarse en mayo de 1962, en el monasterio benedictino de Belloch.

Precisamente en abril de ese mismo año, estallaron en Asturias algunas huelgas relacionadas con la minería. Seguramente, no hubieran tenido mayor importancia de no ser por la implicación de algunos sacerdotes y obispos en ellas. Así, el obispo vasco Añoveros afirmó en Cádiz ante una audiencia obrera que un salario inferior a las 125 pesetas diarias era inmoral. También hubo sacerdotes vascos que se pronunciaron públicamente a favor de los huelguistas, y lo mismo cabe decir de Ramón Torrella, el consiliario de las JOC. No eran solo los nacionalistas vascos —tradicionalmente unidos a la Iglesia católica— los que recibieron el respaldo eclesial. El 14 de noviembre de 1963, el abad de Montserrat, Aurelio María Escarré, defendía el nacionalismo catalán y declaraba ante el corresponsal de Le Monde en Madrid que «la primera subversión que hay en España viene del Gobierno». Por aquella época, el nacionalismo catalán —tanto en la derecha, como era el caso de Jordi Pujol, como en la izquierda de Pasqual Maragall— también era objeto del manto protector de la Iglesia católica. Hasta qué punto esto era así, que a los seguidores del nacionalismo se les comenzó a apodar los Kumbayás, en referencia a una canción que se cantaba en la misa. Franco podía no sospecharlo siquiera, pero en la catequesis, las excursiones de las parroquias y los cursillos eclesiales se estaban formando los futuros dirigentes del nacionalismo catalán. Era obvio que sectores decisivos de la Iglesia católica consideraban a Franco amortizado y buscaban cómo salvar los muebles el día de mañana.

En 1964, el régimen de Franco podía jactarse de haber dado un cuarto de siglo de paz a los españoles. Lo hacía precisamente cuando la situación económica despegaba. España cambiaba a pasos agigantados a la sombra de los Planes de Desarrollo y también del propio cambio de la Iglesia católica, cuyo Concilio Vaticano II iba a marcar la historia de España. Los obispos españoles, por ejemplo, se vieron obligados a aceptar concesiones impuestas por la Santa Sede como fue la ley de Libertad Religiosa de 1967. El sistema, desde luego, no aceptaba ni la libertad religiosa ni el ecumenismo, como señalaría acertadamente el cardenal Tarancón¹, pero el Vaticano seguía el camino más inteligente y la estructura jerárquica de la Iglesia católica era indiscutible. Los ejemplos del cambio impulsado por la Iglesia católica serían numerosos, y pocos fueron tan significativos como el denominado Proceso de Burgos, que tuvo lugar el mismo año en que se formalizó la designación sucesoria.

En el curso de 1969, dieciséis miembros de ETA fueron detenidos por la policía y puestos a disposición judicial. En aplicación del Decreto Ley sobre Bandidaje y Terrorismo del 21 de septiembre de 1960 que desarrollaba la ley de Orden Público del 30 de julio del mismo año, la jurisdicción competente era la militar. Esa competencia vino confirmada por un auto de la Audiencia de San Sebastián, recurrido ante el Tribunal Supremo y confirmado por su Sala Segunda. A los imputados se les acusaba de los asesinatos de Melitón Manzanas, José Pardines y Fermín Monasterio, así como de otros delitos como atentados y robos. Hubiera sido más lógico juzgar los delitos por separado, pero la jurisdicción castrense los agrupó, quizá pensando en presentar un macro-juicio contra la banda terrorista. La consecuencia de esa acción, una torpeza en toda regla, es que resultó más fácil utilizar el proceso contra el régimen. Por añadidura, el día antes, con apoyo directo e indispensable de varios sacerdotes, ETA secuestró al cónsul honorario de la RFA en San Sebastián. De manera bien reveladora, la Iglesia católica cedió locales para reuniones y encierros en favor de ETA y difundió distintas pastorales en apoyo de los terroristas, de las que la más conocida fue la debida a Jacinto Argaya Goicoechea, obispo de San Sebastián, y a José María Cirarda Lachiondo, administrador apostólico de Bilbao, donde se equiparaba todo tipo de violencia, legitimando indirectamente la de ETA. En paralelo, en Cataluña, la abadía de Montserrat se abría el 12 de diciembre a un encierro para manifestar su solidaridad con los terroristas.

Inicialmente monseñor Cirarda había reclamado que el juicio se celebrara a puerta cerrada, basándose en los privilegios procesales reconocidos a la Iglesia católica en el Concordato. Sin embargo, el percatarse de que semejante circunstancia limitaría el impacto propagandístico en favor de la banda terrorista lo llevó a cambiar de opinión y a solicitar a la Santa Sede un respaldo al respecto, que le fue concedido. El gobierno, oficial y realmente católico, se allanó a lo solicitado por el Vaticano. Así, lejos de aparecer como la banda terrorista que era, ETA fue exhibida como un grupo de idealistas opuestos a la dictadura y apoyados por la Iglesia católica, algunos de cuyos clérigos incluso eran militantes. La sentencia incluyó nueve penas de muerte —Teo Uriarte, Jokin Gorostidi y Xabier Izko de la Iglesia fueron condenados a dos cada uno de ellos, mientras que Mario Onaindía, Javier Larena y José María Dorronsoro Ceberio Unai recibían una—, distintas penas de prisión —el párroco de Acitaín fue condenado a treinta y siete años y el coadjutor de Yurreta, a dieciocho— y una absolución, la de Arantxa Arruti. La insistencia de la Santa Sede en que se conmutaran las penas de muerte encontró oídos en Franco. El 30 de diciembre, el Consejo de Ministros, reunido en El Pardo, acordó por unanimidad conmutar las penas de muerte por sus inmediatas inferiores.

Semejante cambio no pasó desapercibido a los fieles al régimen. El 31 de mayo de 1969, con ocasión del quincuagésimo aniversario de la Consagración de España al Corazón de Jesús llevada a cabo en el Cerro de los Ángeles, el mismo Tarancón celebró una misa de conmemoración. Presente en la celebración litúrgica estuvo el mismo Franco, pero esta vez Tarancón no mencionó ni una sola vez el episodio del fusilamiento de la imagen del Corazón de Jesús que había tenido lugar durante la guerra civil y que, en otro tiempo, había impulsado su oratoria sacra. El silencio de Tarancón no pasó desapercibido. El 21 de junio de 1969, Fuerza Nueva protestaba porque Tarancón no había mencionado ni la profanación ni las ejecuciones de católicos. El mismo Tarancón, a partir del mismo año de 1969, paralizó todos los procesos de beatificación relacionados con los mártires de la guerra civil española a pesar de que eran numerosos y de que algunos, como el del llamado «ángel del Alcázar», estaban ultimados y dispuestos para ser enviados a Roma. Los tiempos habían cambiado y no ha de sorprender que Tarancón exigiera que, cuando solicitaba una audiencia con Franco, su nombre no apareciera en la relación de visitantes que la Casa Civil enviaba a los medios para que la publicaran².

De manera bien significativa, y en contra de lo que se afirmaría posteriormente, Tarancón nunca había sido ni antifranquista ni progresista. Él mismo reconocería años después que, aparte de sentirse halagado por su nombramiento de obispo³, éste se había debido directamente a Franco⁴ porque contaba con el respaldo de la democracia cristiana y de la Editorial Católica⁵. Es más, en contra de la leyenda que afirma que Tarancón era un contestatario que ya se había opuesto a Franco con su pastoral El pan nuestro de cada día⁶, la realidad es que, como él mismo reconoció, fue Franco el que volvió a presentarlo para que ocupara las sedes episcopales de Oviedo, Toledo y Madrid⁷. Tarancón fue siempre un obispo obediente a su superior en la Santa Sede y cuando se tiene en cuenta esa circunstancia se comprende a la perfección su carrera. Por eso, según él mismo señalaría, durante los años cuarenta juró ante Franco sin ningún problema y como «un deber de conciencia»⁸ ya que la Iglesia católica apoyaba decididamente al régimen y estaba comprometida con él⁹. Ahora los tiempos habían cambiado y el régimen del 18 de julio podía ser medularmente católico, pero resultaba obvio que no sería perpetuo.

El inicio de los años setenta

De manera indiscutible, el régimen de Franco entró en 1969 —el año de la designación de su sucesor— en un cuatrienio en que se iría deshilachando mientras la oposición aprovechaba la menor oportunidad para erosionarlo. En ese contexto, mientras un sector del régimen pensaba en cómo controlar al príncipe designado por Franco a través de Carrero Blanco; otro comenzó a pensar en un sustituto. Tarancón, posteriormente, escribiría cómo desde ese año, el régimen había sido incapaz de reaccionar¹⁰. No se equivocaba un ápice en su juicio. Bien podía decirlo porque, por añadidura, en 1971 la Santa Sede lo impuso como administrador apostólico por encima de monseñor Guerra Campos, un obispo muy favorable al régimen de Franco. Una vez más, Tarancón dio la clave para aquel apresurado acontecimiento: «Aunque no era costumbre elegir definitivamente al Vicario antes de dar sepultura al prelado, entraba en lo posible que los canónigos tuvieran interés en precipitar los acontecimientos para evitar la intervención de la Santa Sede, que también ellos temían»¹¹. No puede sorprender que los canónigos manifestaran «su disgusto porque la intervención de la Santa Sede les impedía ejercer el derecho que les reconoce el Código de Derecho canónico»¹².

El año 1971 —año verdaderamente decisivo— concluyó con un cambio de especial relevancia en el seno de la Conferencia Episcopal. El nuncio de la Santa Sede, monseñor Luigi Dadaglio, logró en los primeros cuatro años de nunciatura el nombramiento de cincuenta y cinco nuevos obispos, más que su antecesor Cicognani en dieciocho años. Pero, por si fuera poco, para acelerar el proceso, la Asamblea Plenaria del episcopado español, en diciembre de aquel decisivo año de 1971, privó del voto a los obispos dimisionarios de más de setenta y cinco años y se lo concedió a los auxiliares, que no necesitaban la autorización del Estado para ocuparse de sus funciones. Por añadidura, en poco tiempo, se procedió al nombramiento de más de veinticinco nuevos obispos auxiliares. Se puede objetar que la Iglesia católica estaba violando flagrantemente los términos del Concordato con Franco y, como señala el propio Tarancón, el régimen de Franco se percataba de la maniobra¹³, pero el nuncio se limitaba a cumplir las instrucciones que recibía de la Santa Sede¹⁴, instrucciones que dejaban de manifiesto que no se creía en la perdurabilidad del régimen del 18 de julio y que se estaban cortando los vínculos que existían con él.

El año 1972 comenzó en medio de un ambiente enrarecido. Mientras la Iglesia católica seguía distanciándose de un régimen moribundo, se producían episodios que, vistos desde la distancia, parecen hasta estrambóticos. Fue el caso, por ejemplo, de los intentos de sustituir al heredero que Franco había señalado. Con todo, guardar las formas con el Dictador aún vivo resultaba indispensable. Así, el 8 de marzo de 1972, contrajeron matrimonio Alfonso de Borbón Dampierre y María del Carmen Martínez Bordiú. La familia Franco —movida por una doña Carmen crecida ante el apagamiento del Dictador— pretendió recabar informe del Consejo de Estado como si fuera una boda regia. El 18 de enero, Juan Carlos llevó personalmente a Franco un texto redactado por el opusdeísta López Rodó donde se oponía al rango regio y posibilidades sucesorias del enlace. Se trató de un paso que apoyó directamente don Juan. La operación había quedado desactivada. Cuestión distinta fue el movimiento de fichas de ajedrez para controlar el tablero de la Transición.

En paralelo a la negativa, en junio de 1972, del Mercado Común de conceder a España las preferencias generalizadas necesarias para continuar el desarrollo al ritmo previo, Franco —cuya ingenuidad, por no decir ignorancia, era manifiesta— impulsó la aprobación de la denominada «ley Carrero». El nuevo texto legal establecía que, en caso de fallecimiento del entonces jefe del Estado, el vicepresidente Luis Carrero Blanco se convertiría automáticamente en jefe del Gobierno y del Movimiento. De esa manera, el Dictador pretendía que la situación política quedara tutelada tras su fallecimiento por su hombre más cercano. Carrero Blanco —nos detendremos en ello más adelante— no dudó, sin embargo, en hacer lo que le parecía más conveniente, pensara lo que pensara el Dictador.

Mientras Franco soñaba con la firma de un nuevo concordato que le permitiera contar con la ayuda de la Santa Sede para controlar a los obispos y sacerdotes que se despegaban a ojos vista de él, el Vaticano dejaba de manifiesto que el régimen al que tanto debía estaba muerto, que marcaba distancias y que, por añadidura, tenía la pretensión de modelar lo que iba a venir después. El nuncio Dadaglio, desde luego, sabía lo que hacía. De hecho, 1972 fue un año marcado por un distanciamiento entre la Iglesia católica y el régimen. No deja de ser revelador que, el 24 de junio de 1972, la policía detuviera a los principales dirigentes de CC. OO., el sindicato comunista, en el convento de Oblatos de Pozuelo de Alarcón. Nadie del régimen se percató entonces de que la oposición pretendía utilizar el Proceso 1001 como un ariete. De forma nada sorprendente, personajes de la talla de Arthur Miller o Pete Seeger se sumaron a la campaña en el extranjero en contra del gobierno de Franco y en favor de los procesados. Con todo, el juicio quedaría opacado por un acontecimiento inesperado.

El año 1973 estaba dejando claramente de manifiesto la agonía del régimen. El gobierno no había sabido reaccionar ante la crisis energética —salvo con medidas llamativas como bajar el límite de velocidad— cuando el barril de petróleo saudí pasaba de 1,80 dólares, el 1 de enero de 1970, a 3,01 el 1 de octubre de 1973, y a 11,65 dólares el 1 de marzo de 1974. Como no podía ser de otra forma, España entró en recesión, viéndose privada la Dictadura de su mayor instrumento de legitimación. Para colmo de males, Hasán II, el rey de Marruecos, anunció la ampliación de aguas territoriales; la represión antisindical dejaba en pésima situación la imagen de la dictadura y el 22 de enero de 1973, como preludiando lo que iba a ser el año, la Conferencia Episcopal publicó un documento titulado La Iglesia y la comunidad política donde, de nuevo, marcaba distancias con el régimen de Franco. Era una acción inteligente en unos momentos en que la oposición se iba acercando y aprovechaba escándalos judiciales como el escándalo del aceite de Redondela o el Proceso 1001. Justo en esos momentos, la organización terrorista ETA preparó un golpe contra el corazón del régimen: el asesinato del almirante Carrero Blanco.

En junio de aquel año, como ya señalamos, Franco había dejado la presidencia del gobierno en otras manos por primera vez desde la guerra civil, designando para la tarea al almirante Luis Carrero Blanco, gran valedor del Opus Dei en los gobiernos de la dictadura. En apariencia, se trataba de un gobierno más que bien dispuesto hacia la Iglesia católica. Cuestión aparte es que la Santa Sede, a pesar de los esfuerzos del opusdeísta López Rodó, no estuviera dispuesta a iniciar conversaciones para la revisión del Concordato. En noviembre, los sacerdotes recluidos en la cárcel concordataria de Zamora organizaron un motín en el curso del cual destruyeron el mobiliario; tuvo lugar un encierro en la nunciatura de Madrid y se celebró una asamblea diocesana en un obispado tan relevante como el de Pamplona y Tudela, de donde surgió un documento criticando la vinculación de la Iglesia católica con el franquismo. Con ese trasfondo y el del señalamiento de la vista para el Proceso 1001, el 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco fue asesinado por un comando de ETA denominado Txikia en la calle Claudio Coello cuando regresaba de oír misa. En una clara muestra de hasta qué punto sectores del régimen ya actuaban por su cuenta a la espera del día después, la misma tarde del atentado, Antonio García López, en nombre del Estado Mayor, telefoneó a Santiago Carrillo para asegurarse de que el PCE no respaldaba el terrorismo y, especialmente, para garantizar que no habría represalias¹⁵. No se trataba de poca consideración conociendo la historia de la Dictadura. Pero es que ni el Dictador era quien había sido. Utrera Molina contaría cómo Franco había llorado en el Consejo de Ministros¹⁶ y, oficialmente, hubo que esperar a la noche para que Torcuato Fernández-Miranda apareciera ante las cámaras de televisión como parte del gobierno en funciones para afirmar que el almirante había sido «víctima de un atentado criminal» y que «el orden es completo en todo el país»¹⁷.

El funeral de Carrero¹⁸ dejó de manifiesto la descomposición palpable del régimen de Franco. Arias habló con Utrera Molina para comunicarle que esperaba incidentes y que sería conveniente que se hablara con Blas Piñar, el dirigente de la católica Fuerza Nueva, para que evitara acciones de repulsa. Sin embargo, Piñar estaba indignado por el atentado y no quiso escuchar. Por otro lado, al cardenal Tarancón se le informó de que había gente que deseaba que no acudiera y también hubo amenazas dirigidas contra el príncipe Juan Carlos. La respuesta de Tarancón fue serena. Estaba convencido de que los posibles protagonistas de un incidente solo podían ser católicos y los católicos no se atreverían a causarle ningún daño¹⁹. Acertó en su estimación. Ciertamente, hubo unas docenas de personas que increparon a Tarancón y aplaudieron a otro de los obispos pero, en la calle, no se llegó a más. En el interior de la iglesia, sin embargo, se escenificó la agonía del régimen. Todos pudieron ver al Dictador, llorando «como un chiquillo» y reclinando la cabeza sobre Tarancón; a Julio Rodríguez, ministro de Educación, que rehusaba dar la mano al cardenal; a Licinio de la Fuente, que se la estrechaba con más fuerza, como queriendo reparar un agravio²⁰; y el príncipe con más serenidad que nadie, seguramente consciente de que todo iba a concluir en breve. López Rodó señalaría con posterioridad que Franco sufría «un bajón físico y psicológico»²¹. En realidad, era su régimen el que estaba sentenciado.

El propio Franco se había referido a la muerte de Carrero con un: «No hay mal que por bien no venga.» La frase ha hecho correr ríos de tinta pero, posiblemente, era la manifestación de dolor de un Franco que había visto cómo Carrero se volcaba en el príncipe y se distanciaba de él dejando de manifiesto que el final de la Dictadura estaba cerca. A ello se añadían las presiones de la familia Franco contra el príncipe y la mala opinión que tenían de Torcuato Fernández-Miranda. Sería el propio Franco el que señalaría que, para suceder a Carrero, había cuatro candidatos y medio. Se trataba del almirante Nieto Antúnez (preferido por Franco), Torcuato Fernández-Miranda, Girón de Velasco, Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Carlos Arias Navarro, al que el Dictador consideraba solo medio.

La debilidad del régimen era tan obvia en su interior que llegó a provocar en el Ejército movimientos para evitar el desplome e incluso sustituir a un Franco capitidisminuido. El coronel Luis Rosón, por ejemplo, intentó que el presidente del Gobierno fuera un militar y que Franco se viera apartado de la toma de decisiones. Con todo, la respuesta del teniente general Díez Alegría fue que el Ejército no debía ocuparse de la sucesión de Carrero²². Por su parte, Torcuato Fernández-Miranda estaba convencido de que sería el futuro presidente del Gobierno. La salida —absurda y lógica a la vez— fue la designación de Carlos Arias Navarro, un hombre de Carmen Polo de Franco, para sustituir a Carrero. La propia esposa de Franco afirmaría: «menos mal, Carlos, que te han nombrado a ti. Ahora ya puedo dormir tranquila»²³. Lo cierto es que también había deseado doña Carmen que el vicepresidente fuera Girón, pero Arias se opuso por la enemistad que los separaba. Aquella reacción irritó en el Pardo pero, finalmente, Girón se vio apartado del nuevo gobierno.

La desilusión de algunos fue palpable. Torcuato Fernández-Miranda pronunció un discurso de despedida explicando la situación con el hecho de que era asturiano, una afirmación que provocó la estupefacción de los presentes²⁴. Por lo que se refiere a Franco, lo cierto es que pensó poco en la designación de las nuevas carteras, salvo en algún caso como el de Utrera Molina, al que se nombró ministro secretario general del Movimiento. De manera bien reveladora, en Roma vieron con buenos ojos la desaparición de los miembros del Opus Dei, ya que su presencia no favorecía en nada a la Iglesia católica²⁵. Así se entró en 1974.

1974: el año de las tres fechas

1974 sería conocido como el año de las Tres Fechas, en referencia al 12 de febrero, el 25 de abril y el 29 de octubre. En todas y cada una de ellas quedó de manifiesto cómo el régimen era un ente anquilosado, incapaz de evolucionar por sí mismo y de enfrentarse con problemas tan importantes como la crisis económica. Los datos objetivos —salvo la crisis— eran notables para un régimen que llevaba existiendo desde hacía tres décadas y media. España contaba con una renta per cápita de mil dólares, con setenta televisores y ciento treinta y cinco teléfonos por cada mil habitantes, con el puesto de décima potencia industrial y, sobre todo, con una clase media urbana de considerable amplitud. En contra tenía las desigualdades regionales que el régimen hacía acentuado favoreciendo a regiones como Cataluña y las Vascongadas, a más de tres millones de emigrantes en el extranjero y a un gobierno incapaz de enfrentarse con la crisis económica iniciada en 1973. Por si fuera poco, la fuerza sindical —especialmente CC. OO. y USO— recibía un respaldo directo de la Iglesia católica. De hecho, en 1973, las Hermandades Obreras Católicas (HOAC) se alinearon con CC. OO. —que insistía en negar su vinculación con el PCE— y los templos se ofrecieron para la celebración de asambleas clandestinas. Tanto Felipe González²⁶ —que afirmó que no había más de un uno o un dos por ciento de españoles dispuestos a enfrentarse con la dictadura— como Santiago Carrillo²⁷ — que reconoció que las fuerzas de oposición no habrían podido derribar al régimen— eran conscientes de que el régimen de Franco era mucho más sólido de lo que hubieran deseado y, desde luego, imposible de aniquilar. Cuestión aparte es que las fuerzas que lo sustentaban hubieran comenzado ya a retirarle el apoyo en busca de otro futuro. Por ejemplo, cuando a finales de febrero, TVE emitió la película Beckett, en la que se defendía la independencia episcopal —en realidad, su existencia como Estado dentro del Estado— frente al poder regio, quedó de manifiesto que el régimen ya no controlaba ni siquiera sus propios medios.

El 12 de febrero, Arias Navarro pronunció un discurso aperturista que había escrito el soriano Gabriel Cisneros en el que se anunciaba una nueva ley de régimen local, un texto sobre incompatibilidades parlamentarias, el desarrollo de la ley sindical y un estatuto de asociaciones. De la crisis económica nada dijo Arias. La referencia a las asociaciones era muy tímida, a pesar del entusiasmo con que la acogió buena parte de la prensa, pero aun así provocó la reacción inmediata de los fieles del régimen, que deseaban que aquellas no desbordaran el margen del Movimiento. En la misma línea se encontraba Franco que, más inmovilista que nadie, comentó a Utrera Molina que no había que perder «el espíritu del 18 de julio» para no suicidarse²⁸. De cómo era la situación real del país puede dar fe la condena a dos meses de cárcel de Antonio Ruiz Soler El Bailarín porque se le escapó una blasfemia en un ensayo, o el alboroto que provocó un escote de espalda de la cantante Rocío Jurado en un programa emitido por TVE en abril de 1974.

El difuso programa de reformas chocó con dos episodios que aún erosionaron más al régimen. El primero fue la ejecución, el 2 de marzo de 1974, de Salvador Puig Antich y Heinz Chez por el asesinato de un policía y un guardia civil, respectivamente. Hacía ocho años que no se aplicaba la pena de muerte, y la reacción en las capitales europeas fue de una profunda aversión. El régimen intentó responder con una canción de Peret que representó a España en el festival de Eurovisión y que afirmaba que, si faltaba lo que presuntamente había en España, «decir que estás en Europa no sirve de ná». Más difícil le resultó al régimen mantener ese autismo con el segundo episodio, directamente relacionado con la Iglesia católica y conocido como el caso Añoveros²⁹.

El obispo Añoveros había difundido una homilía que el gobierno interpretó, no muy erradamente, como un respaldo al separatismo vasco. Durante unas horas, nadie se hizo eco del texto que, premeditadamente, Añoveros había pronunciado, pero cuando llegó a oídos de Arias, éste, según testimonio de Pío Cabanillas³⁰, acusó a la Iglesia católica de desleal y pensó en expulsar de España al obispo, a lo que Tarancón respondió con la amenaza de excomunión del Gobierno, para lo que llegó incluso a firmar el oportuno decreto³¹. Franco, amedrentado ante la idea de chocar con la Iglesia católica, se conformó al final con que Añoveros se reuniera en Madrid con los miembros de la Comisión Permanente³². Visto con el paso del tiempo, el caso Añoveros parece desmesurado e incluso ridículo. Que un gobierno no permitiera decir a un obispo lo que quisiera en su diócesis e incluso pensara en expulsarlo del país, por mucho que, en paralelo, ETA menudeara en su actividad terrorista, resulta intolerable. Sin embargo, el hecho de que el Gobierno temblara ante la posibilidad de un decreto de excomunión, como si la nación aún viviera en la Edad Media, es tema digno de reflexión.

Costaba trabajo, ciertamente, seguir creyendo en el Espíritu del 12 de febrero tras las ejecuciones y el caso Añoveros, pero el golpe de gracia vino como consecuencia de la situación política en el exterior. El 25 de abril, el ejército portugués desencadenó la revolución y derribó el régimen. Dado que el régimen derrocado era una dictadura autoritaria y católica como la de Franco, inmediatamente se le empezaron a buscar paralelismos al suceso. Pío Cabanillas envió inmediatamente a un equipo de TVE para que realizara un documental especial —que nunca llegó a emitirse—, mientras uno de los ministros aseguraba que la revolución portuguesa «se habría resuelto con una compañía de la guardia civil»³³. Menos optimista era Utrera Molina, que pensó que había que tomar nota de lo sucedido en Portugal. No fue el único. En ese mismo mes de abril, Girón lanzó su famoso «gironazo» contra el aperturista Pío Cabanillas, mientras la película La prima Angélica era criticada virulentamente porque en ella aparecía un falangista con el brazo escayolado, o se prohibía una versión pop del Cara al sol porque se consideraba irreverente.

Con todo, el final de cualquier apertura vino de la misma cúpula del régimen. El mismo Franco, acompañado por Utrera Molina, pronunció un discurso en Barcelona donde declaraba que daría marcha atrás al Espíritu del 12 de febrero. A mediados de junio, en medio de un discurso, Arias afirmó que el Espíritu del 12 de febrero no quería ser distinto del régimen de Franco, unas palabras que provocaron los gritos encendidos de la gente y el canto del Cara al sol³⁴. A mitad de año, resultaba obvio que el «aperturismo» no tenía futuro en el interior de un régimen ya condenado. Incluso el teniente general Diez Alegría fue cesado por rumores de que iba a entrevistarse en Rumanía con Santiago Carrillo.

La voluntad de Franco y de los que seguían siendo fieles a él era obvia, pero a nadie se le escapaba que la muerte de Franco iba a cambiar la situación. El 23 de junio de 1974, el PCE celebró en Ginebra un mitin masivo. Carrillo intentaba unificar la oposición, aunque la mera contemplación de la mesa presidencial dejaba de manifiesto que el PCE era una gerontocracia cuya esperanza radicaba en los militantes del interior y no en el avejentado exilio. Con todo, los que contaban con más posibilidades de liquidar la Dictadura eran los que se hallaban en su interior. El 9 de julio, Franco sufrió un ataque de flebitis y fue internado. Al día siguiente, Hasán II anunció la ofensiva sobre el Sáhara. En paralelo, los que contaban con los resortes del poder se habían dividido entre los que pretendían ser fieles a Franco y los que eran conscientes de que semejante conducta no tenía ningún futuro. Utrera Molina confesaría tiempo después que fue precisamente la enfermedad de Franco la que detuvo un plan para disolver la secretaría general del Movimiento de la que era titular. Para Utrera, era obvio que ya estaba en marcha un plan destinado a liquidar el régimen³⁵. La sombra de la decadencia irreversible quedaría de manifiesto aquel 18 de julio que, por primera vez, se celebró con Franco ausente. Vicente Gil, médico del Dictador, le planteó que cediera los poderes al príncipe. El 19 de julio, efectivamente, Juan Carlos asumió los poderes de forma interina, firmando la renovación de los acuerdos con Estados Unidos junto al presidente Nixon.

Sin embargo, Juan Carlos no estaba dispuesto a ser meramente el sucesor del Dictador «a título de rey» como había quedado establecido desde 1969. Por el contrario, era más que consciente de que su reinado, caso de llegar, iba a transcurrir por caminos muy diferentes a los del régimen del 18 de julio. A decir verdad, esa realidad era obvia incluso para algunos de los parientes del propio Franco. Por ejemplo, Juan Carlos recurrió a Nicolás Franco, sobrino del Dictador, para mantener conversaciones con la oposición. Así tendría lugar una cena con Felipe González en casa de Armero³⁶ y Nicolás Franco se entrevistaría con Santiago Carrillo³⁷. A pesar de las dudas de don Juan³⁸ —que quizá recordaba que nunca había conseguido burlar a Franco— el príncipe continuó con sus planes, obteniendo un notable éxito con ocasión de un viaje a la RFA.

El entorno de Franco no estaba dispuesto a alejarse del poder. El 30 de julio de 1974, Franco, recuperado, abandonó el hospital. El día antes, se había constituido la Junta Democrática, cuyas cabezas visibles eran Santiago Carrillo, el opusdeísta Calvo Serer y el notario García Trevijano. Documentos publicados ya en el siglo XXI pondrían de manifiesto que el grupo —en el que no estaban ni el PSOE ni otras fuerzas de la oposición— no era sino una correa de transmisión del PCE para hacerse con el poder en España. Como es habitual en esos casos, los convencionalmente denominados «tontos útiles» no fueron conscientes de ello, e incluso a día de hoy persisten en no darse por enterados.

El 13 de septiembre, a las dos y media de la tarde, tuvo lugar el atentado en la Cafetería Rolando, cercana a la sede de la Dirección General de Seguridad en Madrid. La explosión acabó con la vida de trece personas y dejó casi ochenta heridos. La reacción popular fue tan negativa que la banda terrorista ETA, culpable del crimen, decidió no reivindicar el atentado y culpar de él a la extrema derecha. Lo cierto, sin embargo, es que no solo ETA estaba implicada en la acción terrorista, sino también una parte del PCE. En un intento de desvincularse cuanto antes de aquella imagen negativa, Carrillo dio orden a los abogados del PCE de que no defendieran a los acusados. Pero el atentado tuvo más repercusión que la de empañar la imagen de ETA y, en menor medida, del PCE. Permitió, sobre todo, a Arias acabar con las asociaciones. Así se lo reconocería el propio Arias a Utrera Molina³⁹. En ese ambiente, Blas Piñar aprovechó para distanciarse aún más de la línea aperturista. De manera bien significativa, en TVE repetirían varias veces la emisión de la canción La fiesta de Blas el mismo día en que se produjo el defenestramiento de Pío Cabanillas y de otros aperturistas como Ricardo de la Cierva, director general de Cultura Popular. Otras figuras del régimen que luego tendrían su papel en la democracia, incluso en las filas de la izquierda —Miguel Boyer, Carlos Solchaga, Carlos Bustelo…—también se verían purgadas.

Con todo, el régimen tenía los días contados porque lo que se le escapaba a Arias y a Piñar resultaba obvio para otros. Así, el 25 de octubre, Pablo VI recibió en audiencia a los cardenales Tarancón, González Martín y Jubany —de visita en Roma por el Sínodo de los obispos— para conocer su opinión acerca de la posible renovación del Concordato⁴⁰. Tanto Tarancón como Jubany consideraron que la renovación constituiría un error en la medida en que la Iglesia católica se estaba desvinculando del régimen de Franco. La actitud, consideraciones morales aparte, no podía ser más inteligente, porque el régimen se descomponía sin la menor posibilidad de renovación. El 29 de octubre, Franco escucharía, por ejemplo, el discurso de un falangista que insistiría en argumentos supuestamente legitimadores como la victoria en la guerra civil y la defensa de ese triunfo. Las imágenes del discurso permiten no solo evidenciar la ausencia de Cabanillas, sino también la incomodidad de un Barrera de Irimo que había presentado su dimisión.

El denominado búnker no estaba contento. Un Girón chulesco anunció la fundación de la Confederación Nacional de Excombatientes como órgano para la defensa de la victoria y el régimen del 18 de julio. Al mismo tiempo, el 19 de noviembre Franco habló con Utrera Molina⁴¹ y le aseguró que las asociaciones solo serían posibles dentro del Movimiento y que, además, no podrían ser partidos políticos. El Estatuto de Asociaciones no convencía a nadie, a pesar de haber sido aprobado por noventa y cinco votos a favor y tres abstenciones. Para los partidarios de una apertura resultaba obvio que, si todo quedaba dentro del Movimiento, no se había dado ningún paso; para los defensores de la perpetuidad del régimen del 18 de julio —como Utrera Molina⁴²— costaba ver que el régimen iba camino de su final. El 20 de noviembre, en el funeral de Carrero, los ultras recibieron a Carlos Arias al grito de «¡Mantequilla! ¡Mantequilla!» en un juego de palabras que recordaba el nombre de una marca comercial y que pretendía motejar al presidente del Gobierno de blando. El aperturismo estaba definitivamente muerto, aunque para su entierro hubiera que esperar a la muerte de su fundador.

El último año de la Dictadura

Al comenzar 1975, los treinta y cinco millones de españoles no eran conscientes, en su inmensa mayoría, de la realidad que estaban viviendo. El gobierno subvencionaba, por ejemplo, productos de primera necesidad para mantener bajo el coste de la vida⁴³. La consecuencia inmediata de ese intervencionismo era que la euforia de consumo continuaba y que España era la única nación industrializada que había incrementado su gasto en energía tras el estallido de la crisis de 1973. Los salarios subirían casi un veintitrés por ciento mientras que el IPC se elevaba un dieciocho por ciento. Lógicamente, el crecimiento experimentó un severo frenazo y las inversiones se desplomaron. La falsedad del espejismo de prosperidad de un régimen ya crepuscular quedó de manifiesto en episodios como el de Sofico, símbolo del éxito económico del franquismo. El estallido de Sofico —que aseguraba un doce por ciento de rentabilidad— supuso que más de veinte mil inversores españoles se quedaran sin sus ahorros y que dos mil trabajadores se vieran desempleados, pero también dejaba de manifiesto la fragilidad de buena parte de la prosperidad alcanzada bajo el régimen de Franco. Volvió a quedar nuevamente en evidencia esa endeblez cuando los emigrantes españoles, a causa de la crisis internacional, se vieron obligados a regresar a una España que había comenzado a hundirse económicamente. Aquellos que durante años habían sido pilar indispensable del llamado milagro español se convertían ahora en una carga añadida.

Para colmo de males —aunque muchos españoles no se llegaron a percatar de ello—, el año 1975 fue el Año Internacional de la Mujer, lo que dejó aún más de manifiesto el anquilosamiento del régimen del 18 de julio. Bajo la dictadura de Franco, la mujer casada había estado sometida a la licencia marital, que le exigía el permiso de su esposo para acciones como abrir una cuenta corriente o firmar un contrato de arrendamiento. La situación solo cambió en mayo de 1975, apenas a unos meses de la muerte de Franco. Justo es decir que, con tan solo el 23% de la población adulta femenina trabajando fuera de casa y en tareas subordinadas, y con un feminismo limitado en no pocas ocasiones a las hijas de familias privilegiadas del régimen del 18 de julio trasmutadas en izquierdistas, no puede sorprender mucho la situación. No iba a cambiar, por otra parte, simplemente porque cantantes como Cecilia cuestionaran —suavemente— esa situación a través de canciones que hablaban de «Paloma, la pluma, reina de la pista» o de una borrosa «Dama, dama», o porque Adolfo Marsillach intentara criticar —no menos tenuemente— la situación en un programa de TVE como «La señora García se confiesa». Con tres millones de emigrantes en el extranjero y más de las tres cuartas partes de la población femenina en casa, el régimen de Franco se había acercado al pleno empleo. Esa situación era irrepetible, y así quedaría dolorosamente de manifiesto en los años siguientes.

La realidad —aunque a la mayoría de los españoles también se les escapara— era que Franco se había convertido en una sombra patética de sí mismo, aunque conservara los deseos de perpetuidad de su régimen; que la crisis económica seguía avanzando sin que el gobierno adoptara ninguna medida para enfrentarse con ella; que las intrigas políticas menudeaban para mantener un régimen muerto; que Marruecos amenazaba directamente el Sáhara español y que el terrorismo asestaba algunos de sus golpes más terribles. El Dictador no solo se estaba muriendo, sino que había perdido el contacto con la realidad. No sorprende que, con ese trasfondo, el 13 de enero de 1975, el agonizante régimen abriera la ventanilla para las asociaciones que, en su inmensa mayoría, estaban capitaneadas por gente del Movimiento. Entre los presionados para que se sumara al trámite estaba un Manuel Fraga con fama de aperturista a la sazón. Fraga vino a España en varias ocasiones —por aquel entonces era embajador en Gran Bretaña— y no se recató de afirmar que la asociación que él promoviera defendería la existencia de unos sindicatos libres y de una cámara legislativa. Era mucho más de lo que podían soportar Arias Navarro y el agonizante régimen, y Fraga se vio obligado a regresar a su misión en Londres.

A esas alturas, la ley de Asociaciones era un proyecto ridículo y, de manera bien significativa, el grupo mejor colocado era el Partido Proverista de Maysounave, partidario por ejemplo de un eje económico Sevilla-Écija. A él lo seguirían Reforma Social Española de Manuel Cantarero del Castillo, próximo a un socialismo nacional, o la Unión Democrática Española de Silva Muñoz, de signo democristiano. Aunque recibieron subvenciones del gobierno, todas ellas desaparecerían en poco tiempo.

Quizá lo más patético de todo fuera la manera en que el Dictador no se percataba de cómo iban acentuando el distanciamiento precisamente los que le debían todo. Utrera Molina ha contado en sus memorias cómo le dijo a Franco el 19 de diciembre de 1974 que el príncipe no estaba identificado con la continuidad del régimen y cómo el Caudillo lo negó e insistió en que «existen juramentos que obligan y principios que han de permanecer». La realidad era que ahora todos intuían que el régimen daba las últimas boqueadas porque no podía quedarle mucha vida a su fundador y comenzaron a actuar con la gallardía que no habían demostrado en décadas.

En enero de 1975, llegó a Madrid procedente de Sevilla un joven apodado Isidoro y que se llamaba, en realidad, Felipe González. Elegido secretario general del PSOE en octubre de 1974, en el curso del XIII Congreso celebrado en Suresnes —donde habló con Mitterrand—, González personificaba la alternativa internacional a una izquierda controlada por el PCE, el único partido que, a decir verdad, se había enfrentado con Franco a lo largo de cuatro décadas. A esas alturas, el PSOE era, en teoría, más radical que el PCE, pero mantendría esa posición poco tiempo. González —que no estaba ni en la Ejecutiva— acabaría convertido años después en la consumación del régimen que sucedería al del 18 de julio. Quizá la consciencia de su importancia —entonces desconocida por la aplastante mayoría de los españoles— le permitiera negarse a la integración del PSOE en la Junta Democrática que controlaba el PCE. Los comunistas ahora eran los más importantes, pero esa situación no duraría mucho.

Entre los que ignoraban cómo se iba a fraguar el cambio de situación de la izquierda estaban los actores, que fueron a la huelga de su gremio el 4 de febrero de 1975. El episodio se convertiría en un símbolo de la oposición a Franco, pero la realidad es que dio poco de sí. Durante nueve días, se cerraron todos los teatros de Madrid y alguno más en Barcelona y otras provincias. La cercanía de la muerte del Dictador permitía estos actos de gallardía bastante limitada, no obstante. Porque la verdad es que el régimen, a pesar de hallarse en los estertores, también era muy limitado en su tolerancia. Licinio de la Fuente, por ejemplo, dimitió en esa época al comprender que no lograba regular los «conflictos colectivos», que era el eufemismo cursi que empleaba el régimen para referirse a las huelgas. Por otro lado, el nuevo ministro secretario general del Movimiento iba a ser un hombre en el que se combinaba la vinculación de la Falange con la del Opus Dei. Se trataba de Herrero Tejedor, padre del futuro periodista Luis Herrero. De aquel nombramiento derivarían, sin embargo, consecuencias de mayor alcance, ya que el secretario de Herrero Tejedor era un joven llamado Adolfo Suárez. Tardaría algún tiempo, sin embargo, en cuajar el salto de Suárez a la gran política. A los tres meses de su nombramiento, Herrero Tejedor murió en un extraño accidente de tráfico que la familia optó por no investigar y Suárez se quedó, de momento, sin puesto oficial.

La agonía del régimen del 18 de julio —cuya perdurabilidad defendería Franco hasta su último aliento— no se escapaba a los más fieles. Utrera Molina reconocería que se esperaba su desmantelamiento en el momento en que tuviera lugar la muerte de Franco⁴⁴, y los desmentidos de Arias en el sentido de que el régimen hiciera aguas confirman que así era. No deja de ser significativa una entrevista de Arias realizada por Aznar y Victoriano Fernández Asís⁴⁵ en la que el presidente del Gobierno garantizó que «aplastará» la subversión. Porque lo cierto es que la represión se intensificó en unos meses que preludiaban el final. En abril, el gobierno decretó el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, entregando torpemente a ETA un arma para seguir obteniendo seguidores. Desde diciembre de 1973 a diciembre de 1975, ETA asesinaría a cuarenta personas —sí, ETA ha asesinado mucho más en democracia que en dictadura— pero, sobre todo, lograría que el gobierno de Franco asumiera una línea de dureza no pocas veces ciega e indiscriminada que solo serviría para beneficiarla, convirtiéndola a los ojos de muchos en un grupo heroico de combatientes contra la represión. No es de extrañar, pues, que las celebraciones del 18 de julio de 1975 fueran objeto en las Vascongadas de una notable contestación popular.

Por si fuera poco, en mayo habían tenido lugar las elecciones sindicales. Mientras que socialistas y anarquistas optaron por la abstención, CC. OO. y USO prefirieron presentarse —aunque se inscribieron como católicas. Apoyadas por la Iglesia católica y aprovechando el aparato del sindicato vertical, CC. OO. logró una victoria memorable. En la gran empresa, de hecho, el 70% de los elegidos pertenecían a CC. OO.. Sin embargo, no se trataba solo del número de enlaces. La organización sindical controlaba a la sazón un tercio de los ayuntamientos y un tercio de las Cortes. Contaba además con representantes en el Consejo del Reino y en todas las comisiones. A nadie se le ocultaba que, si esa organización era tomada por CC. OO., los efectos podían resultar devastadores para el régimen. El PCE, como temían no pocas instancias, se estaba posicionando extraordinariamente para el día después y, paradójicamente, en su estrategia contaba incluso con la cobertura de la Iglesia católica. Carrillo, en una maniobra hábil, presentó incluso el eurocomunismo en compañía de Enrico Berlinguer lo que, en teoría, colocaba al PCE en el seno de las fuerzas democráticas. Por ello no extraña que, justo al mes siguiente de la victoria de CC. OO., el PSOE hiciera pública su propia alternativa.

El nacimiento de la Plataforma de Convergencia Democrática, impulsada por el PSOE, era un intento obvio por cortar el paso a un PCE cada día más poderoso. Para ello recurrió a abrirse a partidos que iban de los democristianos de Ruiz-Giménez a los maoístas de la Organización Revolucionaria de Trabajadores, o a defender el federalismo. Su proyección, aunque la censura lo ocultara, era teóricamente mucho mayor y, sobre todo, contaba con muchas más posibilidades de futuro que los intentos de figuras del régimen por abrirse un hueco. Buena prueba de ello sería FEDISA, fundada en julio de 1975 por Fraga, Cabanillas y Areilza como germen de un futuro partido que no llegaría a articularse. Con todo, el cambio no iba a venir decidido ni por la probada incompetencia de los jerarcas del régimen ni por el impulso de las fuerzas de la oposición, sino por intereses más poderosos. Como reconocería Joaquín Garrigues Walker⁴⁶, el mundo financiero era un claro partidario del cambio político, por innegables motivos de propia supervivencia.

De manera no poco reveladora, el franquismo iba concluir en la sangre y la crisis económica, en la ceguera y el abandono de los que lo habían sustentado —de manera interesada— durante décadas. Aunque a finales de julio se levantó el estado de excepción, en agosto se promulgó un decretoley antiterrorista. A finales de ese mismo mes e inicios del siguiente, se celebraron diversos procesos que concluyeron con condenas a la pena última. El papa Pablo VI pidió públicamente el indulto, y a él se sumaron de manera reveladora don Juan, Nicolás Franco, hermano del Dictador, y la Conferencia Episcopal. En el extranjero se multiplicaron las manifestaciones contra el régimen, que tuvieron su punto de mayor agresividad en el asalto a la embajada de España en Lisboa. Fue saqueada impunemente sin que la policía o los bomberos portugueses movieran un dedo para impedirlo. Sin embargo, Franco no se dejó apartar de la línea de dureza tan querida por los más fieles. La noche antes de la ejecución, se fue a dormir ordenando que no se le despertara por ningún motivo. El 27 de septiembre de 1975, se procedió a ejecutar a los cinco terroristas pertenecientes a ETA y al FRAP, a la vez que se indultaba a otros cuatro.

El lunes 29, Arias convocó un Consejo de Ministros extraordinario y luego se dirigió a la nación a través de TVE. El 1 de octubre, el régimen celebró una multitudinaria manifestación en apoyo de Franco en la Plaza de Oriente. Entre las pancartas, algunas denotaban el sentido del humor de los españoles. Una de ellas afirmaba: «México, Suecia y Holanda son los chicos de la banda.» El presidente mexicano, Luis Echeverría Álvarez, había pedido la expulsión de España de la ONU, y Suecia y Holanda se habían manifestado contrarias a las ejecuciones. Al parecer, esas conductas señalaban una clara homosexualidad de sus defensores, porque Los chicos de la banda no era sino una obra de teatro que, a la sazón, triunfaba en Madrid y que relataba el drama que sufría un grupo de amigos homosexuales. Datos anecdóticos aparte, TVE afirmaría que se había reunido para manifestar su respaldo al Dictador un millón de personas. La cifra real parece haber rondado más bien los setecientos mil. En cualquiera de los casos, resulta impresionante, y no solo por la presencia entre los congregados de algunos actores que años después se harían célebres por sus posiciones de izquierdas. Al lado de Franco, de uniforme, se hallaba el príncipe, que no era ajeno —basta ver su rostro— a lo delicado de la situación. El Dictador, decrépito y con voz temblorosa, alzó las manos en un gesto que recordaba a los boxeadores cuando los aclamaban, pero su imagen lo decía todo. El final, inevitable, estaba cerca.

Aquel mismo 1 de octubre, algunos manifestantes se dirigieron con posterioridad a la embajada de Portugal para lanzar improperios, pero no hubo incidentes de mayor importancia. Mucho más grave fue que se asesinara a cuatro policías que protegían sucursales bancarias. Nadie reivindicó los crímenes. Tiempo después se sabría que los había perpetrado el GRAPO, una organización terrorista muy infiltrada por la policía política de Franco. El episodio serviría para dejar de manifiesto por enésima vez que el Dictador había perdido el respaldo de uno de sus apoyos fundamentales, la Iglesia católica.

Al igual que en ocasiones anteriores, la Santa Sede había solicitado el indulto para los terroristas. Ahora, tras el asesinato de los policías, no pocos católicos esperaron que el papa elevara una oración y pusiera públicamente de manifiesto su condolencia por los asesinatos⁴⁷. Fue una espera vana, porque el silencio del papa ante el nuevo crimen resultó total y absoluto. Franco, desde luego, seguía sin comprender lo que sucedía a su alrededor. El ministro de Justicia referiría a Tarancón cómo el Dictador había escrito al papa solicitando su perdón por no haber podido acceder a su petición de indulto⁴⁸. Por su parte, Benelli hizo saber a Tarancón que el papa estaba molesto con Franco porque no le había concedido nada de lo que le había pedido⁴⁹.

Mientras, ETA multiplicaría los atentados en las siguientes semanas, dejando de manifiesto que la represión policial no era sinónimo de eficacia. El 12 de octubre, Franco llevó a cabo su última aparición en público, con motivo del Día de la Hispanidad. Su estado era innegablemente deplorable. De hecho, contrajo una gripe benigna que se complicó. Sin embargo, el Gobierno prefirió ocultar a los ciudadanos la enfermedad. Cinco días después, Hasán II anunció la Marcha Verde sobre el Sáhara. El 18 de octubre, Franco redactó su testamento político. El 21, se reconoció finalmente que el Dictador estaba enfermo, pero no sería hasta el 24 cuando el ministro de Información, León Herrera, diera las primeras noticias. A la misma hora, Franco sufrió una crisis cardíaca y se le administró la extremaunción. La gravedad de la situación llevó a pensar que sería conveniente transmitir el poder al príncipe de manera interina. Juan Carlos se resistió a un traspaso únicamente temporal pero, de manera inesperada, Franco experimentó una mejoría.

La situación internacional se complicaría, sin embargo, en los días siguientes. Al aislamiento de España se sumaron los preparativos para que la Marcha Verde saliera de Marruecos en dirección al Sáhara, donde las autoridades españolas decretaron el toque de queda. El 25, se acentuó la insuficiencia cardíaca de Franco, a lo que se sumaba un edema pulmonar con síntomas de asfixia, hemorragias gástricas y una afección bucal. El 30 de octubre, Franco ordenó la transmisión de la Jefatura del Estado al príncipe. Al día siguiente, el príncipe presidió el Consejo de Ministros mientras subía la bolsa. En paralelo, envió a Estados Unidos a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal para que intentara entrevistarse con Henry Kissinger, a fin de que lograra detener el avance de Marruecos sobre el Sáhara⁵⁰.

El 1 de noviembre, Franco sufrió una peritonitis. Comenzaba una agonía que se prolongó hasta el día 20. Al día siguiente, el príncipe salió hacia El-Aiún, en el Sáhara, para intentar inyectar moral en las tropas españolas acantonadas en la plaza. El viaje recibió una cobertura extraordinaria en la prensa española, quizá impulsada por el deseo de evitar la impresión de que todo se desmoronaba de manera descontrolada. Mientras Franco sufría nuevas hemorragias y era trasladado a La Paz y sometido a una intervención, Marruecos entraba en el Sáhara sin la menor resistencia. La situación era tan crítica que Arias dimitió y el Gobierno estuvo sin presidente durante treinta y seis horas⁵¹.

El 14 de noviembre, Franco volvió a entrar en fase crítica. Consiguió sobrevivir a una nueva operación, pero ya era obvio que no existía posibilidad alguna de recuperación. Tan solo unas horas antes, el Gobierno español incumplía su compromiso con el Sáhara, a pesar de estar respaldado por el derecho internacional, y cedía la administración del territorio a Marruecos y Mauritania. Se trataba de una acción bochornosa y de gravísimas consecuencias de la que no se informaría al embajador de España ante la ONU, Jaime de Piniés⁵².

El 20 de noviembre —el mismo día en que murieron José Antonio Primo de Rivera y Buenaventura Durruti—, Franco falleció. Se discutirá durante mucho tiempo si la vida de Franco, ya imposible de salvar, fue prolongada artificialmente para dar tiempo a la elección de un presidente de las Cortes que garantizara la continuidad del régimen⁵³. Lo que no puede negarse es que, por razones políticas, se dio como momento de la muerte uno situado dos horas después del fallecimiento⁵⁴. El denominado «hecho biológico» —esperado por unos y otros— se había producido. Las consecuencias serían obvias desde el primer momento, y así lo dejaría de manifiesto el comportamiento de la Conferencia Episcopal, que se negó rotundamente a que varios obispos concelebraran el funeral, como había solicitado la familia de Franco. En su lugar, el 23 de noviembre, en la Plaza de Oriente, con fuerzas de acompañamiento mandadas por Milans del Bosch, celebró el funeral monseñor González. El prelado haría referencia a la espada que Franco había entregado a la catedral de Toledo⁵⁵ en un último homenaje a quien tanto había dado a la Iglesia católica. Con todo, nadie podía engañarse: al régimen solo le quedaba el desguace.

TERCERA PARTE

LA TRANSICIÓN

CAPÍTULO VI

La transición que diseñó Tarancón

La «estrategia conjunta»

Si a partir de 1969 el distanciamiento del régimen se fue operando en los medios más diversos, una vez muerto el Dictador, se disparó a un ritmo acentuadamente acelerado. Con todo, en apariencia no iba a suceder así. El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos juró ante las Cortes las Leyes Fundamentales del Reino y los Principios del Movimiento Nacional, como paso previo a su proclamación como sucesor de Franco «a título de rey». La grabación de aquella ceremonia resulta especialmente reveladora vista a día de hoy. El rey, lloroso por la emoción, casi sobrecogido, recuerda a Franco «con respeto y gratitud». Detrás de él se dibuja la figura del general Armada, futuro golpista del 23-F. El marqués de Villaverde, yerno de Franco, niega el aplauso al rey, quizá molesto porque, a fin de cuentas, su hija Carmen ya no iba a ser reina de España o, simplemente, porque intuía que Juan Carlos liquidaría el régimen creado por su suegro. Finalmente, los procuradores dedican un caluroso aplauso a la hija de Franco¹.

Esa misma mañana, Giscard d’Estaing, el presidente de Francia, previamente contactado por Manuel Prado y Colón de Carvajal, había desayunado a solas con Juan Carlos². Es obvio que, a pesar de lo que dirá y jurará unas horas después, en el ánimo de Juan Carlos estaba todo menos mantener en pie el régimen del 18 de julio. Cinco días después, quedó de manifiesto que había fuerzas que modelarían esa Transición de manera no menos importante que el nuevo rey. A decir verdad, en la voladura del régimen de Franco, la Iglesia católica iba a tener un papel esencial, quizá el más relevante; y quizá fue así porque era el único poder fáctico que contaba con un plan realista e inteligente, que acabaría siendo asumido por las demás fuerzas. El hombre a quien se le encomendó esa misión fue el cardenal Enrique Vicente y Tarancón, al que ya nos hemos referido con anterioridad.

No deja de ser significativo que, a día de hoy, no se haya escrito una biografía de Tarancón. Relacionadas con él, existen hagiografías redactadas con mayor o menor fortuna³, volúmenes de homenaje⁴, una novela relacionada con una muy interesante serie de televisión donde se cuenta más de lo que a muchos les agradaría⁵, libros de entrevistas⁶ e incluso un indispensable volumen de confesiones⁷ escrito por el propio cardenal, pero la biografía está por escribir y quizá nunca vea la luz, porque revelaría el envés de un proceso del que los españoles, bastante ingenuamente, llevan jactándose décadas sin haberse percatado muy bien de lo que pasó.

Tarancón llevaba reuniéndose con personajes de la oposición a Franco —incluidos los encuadrados en el PCE— desde tiempo antes de la muerte del Dictador⁸. Las citas se celebraban en conventos de monjas, que garantizaban la discreción y eran además lugar sagrado, donde no podía actuar la policía de Franco. De esta manera, Tarancón fue trazando los límites de la Transición todavía no iniciada, a cambio de otorgar un apoyo obvio de la Iglesia católica al proceso. No era poco para unas fuerzas que, en ocasiones, existían poco más que sobre el papel y que, desde luego, por sí mismas no podían soñar ni lejanamente en cambiar la realidad política de España. A todas ellas se les ofrecía la participación en el futuro. Por realismo, por oportunismo o por las razones que fuera, todas y cada una de ellas aceptaron, para bien y para mal, el diseño de Tarancón.

No sorprende, por tanto, que en la homilía de la Misa de Coronación —una misa de Espíritu Santo y no un Te Deum— del 27 de noviembre de 1975, el cardenal Tarancón, como si fuera un prelado de la Edad Media, pusiera públicamente de manifiesto su deseo de tutelar al nuevo rey en el desempeño de sus funciones. Años después, el prelado dejaría de manifiesto lo satisfecho que se sentía de aquella homilía⁹. Es cierto que el rey, según muestran las imágenes, se quedó adormecido en algún momento de la ceremonia¹⁰ y, según algunas fuentes, se sintió un tanto molesto por el deseo de tutela manifestado por el cardenal. A pesar de todo, resulta bien significativo que la homilía de Tarancón había venido precedida por encuentros previos con el príncipe, en los que había llegado a un pacto en virtud del cual, el futuro rey debería evitar el apoyo de la extrema derecha y él, por su parte, le proporcionaría el de la Iglesia católica. Sería «una estrategia conjunta»¹¹ que ya se pudo percibir en la citada homilía. La Transición se ahormaba.

El rey podía llevarla a cabo con prácticamente todos los poderes de que había disfrutado Franco. De él se podía decir que encarnaba la soberanía nacional, pero más importante resultaba que fuera el jefe de las Fuerzas Armadas, uno de los pilares indispensables del régimen del 18 de julio. Su único límite era la consulta —que no sometimiento— al Consejo del Reino, un obstáculo que no resultaría difícil de sortear.

El 29 de noviembre, presidiendo el mismo Gobierno que había dado el visto bueno a las últimas penas de muerte ejecutadas bajo Franco, el rey firmó un indulto general que benefició a unos cuatro mil presos comunes, aunque solo una cuarta parte de los políticos salieron a la calle. Entre ellos —doscientos treinta y cinco, en total— se encontraba el emblemático dirigente de CC. OO., Marcelino Camacho. El 2 de diciembre, Torcuato Fernández-Miranda juraba como presidente del Consejo del Reino y de las Cortes. Con ese nombramiento, el rey se aseguraba que la Transición de «estrategia conjunta» pudiera discurrir adecuadamente. Las descalificaciones dirigidas entonces contra el rey por el PCE¹², el PSOE¹³ e incluso por Ruiz-Giménez¹⁴ y los monárquicos liberales¹⁵ dejaron de manifiesto una notable falta de visión política casi a la altura de las de Girón de Velasco y otros miembros del llamado búnker.

Aunque en el primer gobierno de la Monarquía se dieron cita aperturistas como Fraga y Areilza y políticos jóvenes ansiosos de navegar en el barco del cambio como Adolfo Suárez, Osorio o Martín Villa, lo cierto es que el Gabinete era claramente favorable al mantenimiento del statu quo y a no tocar un solo privilegio. No deja de ser significativa la manera en que Tarancón, cargado de realismo, vio a los nuevos ministros. En general, no tenía una buena opinión de ellos, pero el personaje que menos le gustaba era Carlos Arias Navarro, al que descalificó radicalmente¹⁶. Sin embargo, no se trataba de ser más o menos favorable al gobierno, sino de encauzar de tal manera la Transición que resultara imposible que implicara el final de situaciones privilegiadas y que, por añadidura, éstas quedaran afianzadas en el futuro sistema político. Una vez más, la Iglesia católica supo adelantarse al resto de las fuerzas sociales.

El 26 de enero de 1976, apenas dos meses después de la llegada al trono de Juan Carlos, tuvo lugar la primera reunión de los representantes de la Iglesia católica y del Estado. Por la parte eclesial estuvieron presentes Tarancón, el padre Martín Patino, el nuncio Dadaglio con Dante Pasquinelli y Marcelo González Martín, el cardenal-arzobispo de Toledo. El Gobierno estuvo representado por Areilza y Garrigues, Marcelino Oreja y Eduardo de Zulueta. Tarancón desplegó las exigencias de la Iglesia católica que incluían, en primer lugar, la subida de las percepciones económicas recibidas por el clero, su inclusión en el régimen de la Seguridad Social, la conclusión de las críticas frente a ciertas homilías, el reconocimiento legal de la Conferencia Episcopal y la renuncia del rey al privilegio de presentación. El Gobierno aceptó inmediatamente el aumento de la nómina del clero, prometió incluir a los sacerdotes en la seguridad social y adelantó que el rey renunciaría al privilegio de presentación a cambio de que la Iglesia hiciera lo mismo con el de fuero eclesiástico¹⁷. Todo se realizó a espaldas de un Carlos Arias¹⁸ que, visto retrospectivamente, estaba tan sentenciado como el régimen al que había servido.

La subida de los haberes del clero se retrasó más de lo deseado por el cardenal y éste respondió concertando el 3 de marzo de 1976 un almuerzo con los reyes de España. Tarancón no dudó en insistir ante el rey en que la «unidad religiosa» era «la que da consistencia a la unidad política de la nación»¹⁹. En otras palabras, España podía sufrir un desgarro interno y la única garantía de que no sucediera así era quien estaba almorzando en esos momentos con el monarca. Tarancón ofreció al rey un programa de actuación que, por convicción, por coincidencia o por conveniencia, sería seguido puntualmente por el Jefe del Estado y que incluía la consideración de que Juan Carlos no debería entrar en las discusiones políticas, pero que en otras cuestiones «no puede ni debe ser neutral»²⁰. Arias Navarro podía insistir en que el rey no debía ceder el derecho de presentación²¹, pero Juan Carlos había captado a la perfección el camino que había que seguir y el 12 de abril, poco más de un mes después de la comida con Tarancón, Areilza se entrevistaba con el papa Pablo VI —que lo recibió muy bien— y le aseguró que el Concordato de 1953 sería sustituido por otros acuerdos. Para llegar a ellos, el único obstáculo en el Gobierno era su presidente, que estaba muy dolido con la manera en que la Santa Sede se había comportado en los últimos años con el régimen de Franco. Areilza —que aspiraba a sucederlo— no solo no lo apoyaría sino que dejaría pésima constancia de aquella conducta²².

Por su parte, la oposición de izquierdas estaba decidida, tras la muerte del Dictador, a ganarse un lugar bajo el sol. Enero de 1976 pasaría a la historia como un mes caracterizado por las huelgas. Casi medio millón de trabajadores se sumó a ellas, aunque quedaran limitadas prácticamente a Madrid, Cataluña y las Vascongadas. El 5 de enero, de manera totalmente inesperada, el metro de Madrid fue a la huelga, pero la oposición no pudo ganar el pulso. El día 7, el regimiento de ferrocarriles tomaba el metro y dos días después concluía la huelga. Por añadidura, RENFE y Correos fueron militarizados.

A decir verdad, el mayor problema con que se enfrentaba el Gobierno no era, ni lejanamente, el PCE sino la economía más que maltrecha a consecuencia de la bochornosa inoperancia que, desde 1973, habían demostrado los gabinetes de Franco. Villar Mir, ministro de Hacienda, trató de lanzar la voz de alarma²³ señalando que durante dos años se había consumido más de lo producido, se había gastado más de lo debido y se había entablado una carrera desmesurada de precios y salarios que había dado como fruto la inflación. Las palabras eran sensatas, pero contenían un mensaje que nadie deseaba escuchar porque significaba limitar los beneficios de las fuerzas antiguas y enfrentarse con el empuje de las nuevas, responsables directas de los aumentos de salarios y de la inflación consiguiente. De hecho, el Gobierno, en lugar de enfrentarse a los problemas económicos reales, optó por una campaña de imagen en el exterior cuyo protagonista inicial sería José María de Areilza, pero cuya estrella sería el rey y su visita a Estados Unidos. El viaje sirvió, entre otras cosas, para que Arias se enterara de que no contaba con la confianza del monarca. Antes de regresar a España, la muerte política de Arias era un hecho.

Razones para el final político de Arias —así debe señalarse— no faltaban. Saltaba a la vista que el franquismo no podía prolongarse y que se imponía un cambio legal cuidadosamente tutelado. Fue Fraga el primero en intentar articular lo que se consideró una mera reforma constitucional con una propuesta de Poder Legislativo bicameral, siendo elegida la Cámara Baja por sufragio universal²⁴. Igualmente, Fraga consideraba que previamente sería indispensable una ley electoral y la legalización de los partidos políticos. Aunque tímido, el proyecto de Fraga implicaba un paso claro hacia el establecimiento de un sistema parlamentario, lo que explica sobradamente que Arias no lo asumiera. No solo eso. El 28 de enero, Arias pronunció un discurso institucional rezumante de nostalgia por el régimen del 18 de julio. Quizá, como señalaría posteriormente Fraga, era una conducta normal²⁵, pero tanto él como Areilza se lanzaron a explicar la reforma por su cuenta e incluso, en el caso del último, hasta se comprometió con su calendario.

Las limitadas acciones del Gobierno contaban con un paralelo — cada vez más atrevido tras la muerte de Franco— en la creciente oposición. El 1 de febrero de 1976, se celebró en Barcelona una manifestación bajo el lema de «Libertad, amnistía y estatuto de autonomía». Con un apoyo nada desdeñable de la Iglesia católica, el evento fue considerado por la policía como el de mayor relevancia llevado a cabo hasta entonces por los adversarios del régimen. Las imágenes permiten ver a una multitud —algo desusado, sin duda— pero no especialmente destacada. Separando la realidad del mito, hay que reconocer que el impacto no fue extraordinario y que el alcance resultó más limitado si cabe. De hecho, cuando, entusiasmada por el éxito de convocatoria, la oposición decidió repetir la manifestación el día 8, se encontró con una respuesta mucho más tibia.

A pesar de todo, en el nuevo régimen, las oligarquías catalanas no solo iban a disfrutar del puesto de honor del que llevaban disponiendo desde hacía siglos sino que, incluso, iban a verlo incrementado. El 16 de febrero, los reyes visitaron Cataluña en el que sería, bien significativamente, el primer viaje oficial de su reinado. Esa noche, tuvieron la oportunidad de escuchar de Samaranch, presidente de la Diputación de Barcelona y hasta entonces entusiasta franquista, la petición de un «régimen especial» y de «instituciones propias» para Cataluña. La solicitud no era nueva y, de hecho, Cambó —que tanto daño causaría al régimen de la Restauración y a España, en general— había formulado una petición semejante a Alfonso XIII en 1904. En respaldo de esa visión de privilegio de Cataluña, ese mismo año se estrenaría La ciutat cremada, una película en la que se describía la Semana Trágica en clave abiertamente catalanista y de aviso al gobierno español.

Por supuesto, Juan Carlos —que se había entrevistado con Tarancón y había escuchado sus instrucciones al respecto— respondió como se esperaba. Primero, pronunciando un discurso en catalán aplaudido por los presentes; después, viajando al santuario de Montserrat, convertido desde hacía décadas en foco del nacionalismo catalán y, finalmente, abordando en el Consejo de Ministros de esa semana la posibilidad de crear instituciones propias catalanas y la autorización de inscripción en el Registro Civil de los nombres en lenguas regionales. La experiencia del primer tercio del siglo XX no había servido de nada.

Situación diferente era la de las Vascongadas. A diferencia de Cataluña, el nacionalismo había tenido allí hasta entonces escaso peso entre las oligarquías. De hecho, la aristocracia de Neguri no solo había sido franquista, sino que no había mostrado, a diferencia de la catalana, pretensión de pasarse al nacionalismo. Con todo, el PNV sabía que contaba con notables posibilidades de hacerse con el control de la región, en la medida en que no solo disponía de un respaldo cerrado de la Iglesia católica, sino que además podía utilizar la baza de ETA en cualquier negociación. No deja de ser significativo que Xabier Arzalluz insistiera en que los «asesinos terroristas» eran en realidad luchadores por la libertad²⁶, identificara a ETA con la resistencia y afirmara tajantemente que no se podía condenar a la organización terrorista²⁷. El mismo Ruiz-Giménez indicaría que el terrorismo dificultaba la situación, pero no impedía el avance hacia la democracia²⁸. Este tipo de afirmaciones no colocarían al nacionalismo vasco fuera del reparto de poderes que iba a derivar del régimen de la Transición. Por el contrario, perduraría la intención de sentarlo a la mesa del banquete convertido en una casta privilegiada más. Todo ello precisamente cuando ETA gritaba a los cuatro vientos que nada había cambiado y que era —usando una frase a la sazón muy repetida— una «alternativa de poder»²⁹. De momento, la «alternativa de poder» del nacionalismo vasco seguía perpetrando asesinatos y llevando a cabo secuestros de empresarios para asegurarse el pago de su logística.

La ineficacia de la policía a la hora de controlar las acciones de ETA era, desgraciadamente, innegable. Pero quedaría expuesta en un episodio al que la lectura amable de la Transición ha querido dotar de caracteres de leyenda, cuando no pasó de ser una bufonada. Nos referimos, claro está, a la llegada de Carrillo a España disfrazado con una peluca. El paso de la frontera, como señalaría el propio Carrillo, era extraordinariamente fácil salvo que estuvieras denunciado de manera expresa³⁰. De hecho, la guardia civil paró el automóvil en el que iba el millonario Teodulfo Lagunero con Carrillo, apenas disfrazado con una de las pelucas que le había preparado Arias, el peluquero de Picasso. Sin embargo, no logró reconocer al secretario general del PCE que, según palabras textuales de Lagunero, parecía «un marica»³¹. Quizá ésa fuera la razón de que los agentes del orden público no lo detuvieran, pero lo cierto es que Carrillo pudo ser trasladado al casoplón no precisamente proletario que poseía en el número 19 de la calle Leizarán, en el Viso, sin que nadie se enterara.

No mejor papel representó la policía en otro de los episodios más llamativos de aquellos tiempos. El 3 de marzo, la iglesia de san Francisco de Asís, en Vitoria, daba albergue a una asamblea sindical; episodio, por cierto, bastante común en la época. La policía acordonó el lugar, pero miles de obreros rodearon a las fuerzas del orden. En un ejercicio de no especial destreza, la policía ordenó desalojar el templo. Al no ser obedecidas las órdenes, los agentes lanzaron botes de humo, lo que a su vez fue respondido con piedras por los que los rodeaban. Nada acostumbrada a tener que enfrentarse con esas situaciones, la policía abrió fuego.

La noticia de lo que estaba sucediendo llegó al Gobierno en el peor momento porque el titular, Fraga, se encontraba ausente. Arias, que seguía mentalmente en la actitud que tanto ayudó a ETA a ganar seguidores, tenía la voluntad de declarar el estado de excepción. A ello se opusieron Suárez, Martín Villa y Osorio que temieron, con razón, que el remedio resultara peor que la enfermedad. Por añadidura, la policía demostró que era incapaz de controlar la situación y la ciudad se vio sembrada de barricadas, a la vez que se asaltaban edificios oficiales. Aún hoy en día impresiona ver las imágenes del lugar tras los incidentes. Para colmo de males, Fraga se negó a tomar las riendas de la situación, alegando que se trataba de un problema laboral³². El «problema laboral» concluyó con tres muertos, cuyo funeral resultó masivo, fue concelebrado por ochenta sacerdotes y sirvió para que un dirigente obrero insistiera en continuar la huelga general³³.

El sábado 6, Fraga y Martín Villa acudieron a Vitoria para visitar a los heridos. Fueron increpados por algunas de las familias, que les preguntaban a voces si habían acudido a rematarlos³⁴. Durante los días siguientes, en las Vascongadas, el número de muertos aumentaría mientras estallaba una huelga general. Curiosamente, según el testimonio de Alfonso Osorio, ni la UGT ni CC. OO. estaban implicados, sino que todo fue obra del nacionalismo vasco³⁵; un nacionalismo que, como hemos tenido ocasión de ver, contaba con un respaldo notabilísimo de la Iglesia católica y exculpaba el terrorismo de ETA.

La discusión de la ley de Asociaciones en ese contexto no podía ser fácil. En abril de 1976, funcionaba una comisión mixta de ministros y consejeros nacionales para la reforma política. Sin embargo, Arias insistía en que solo era un legatario de Franco y en que la oposición era enemiga, no del régimen del 18 de julio, sino de España. No puede dudarse de que Arias estaba actuando de acuerdo con sus convicciones, pero precisamente esa circunstancia lo convertía en un personaje totalmente inútil. Se quisiera ver o no, ni el rey ni la Iglesia católica ni el mundo financiero tenían la menor intención de perpetuar el régimen de Franco. Por el contrario, se trataba, guardando las formas y manteniendo la «estrategia conjunta», de acabar con el régimen franquista cuya inoperancia, por otra parte, resultaba cada vez más palpable. De la situación se salió gracias al impulso directo del rey.

Por un lado, Juan Carlos decidió controlar a las instituciones del franquismo. Así, convocó al Consejo del Reino en el palacio de la Zarzuela, presidiendo su reunión por primera y única vez. El gesto venía cargado de simbolismo porque Franco nunca lo había hecho, en teoría para respetar su libertad de acción. El rey insistió en aquel entonces en que la decisión final era del Consejo, pero que en manos de la jefatura del Estado estaba el convocar un referéndum. Por otro, se propuso frenar la agresividad de la oposición. Así, intentó ponerse en contacto con Santiago Carrillo utilizando como mediador al dictador rumano Ceaucescu, entonces muy popular, y como mensajero a un Manuel Prado y Colón de Carvajal al que advirtió que, de salir mal sus gestiones, no lo conocería de nada³⁶. La peripecia de Manuel Prado y Colón de Carvajal tuvo más de Anacleto agente secreto que de novela de John LeCarré. Voló en un avión de doscientos cincuenta plazas donde solo estaban ocupadas seis, grabó la conversación pero —lógicamente— se la requisaron y comunicó que en dos o tres años el PCE sería legalizado³⁷.

La oposición iba en otra dirección. El 26 de marzo, la Junta y la Plataforma se unificaron, dando lugar a la Coordinación Democrática — más conocida como la Platajunta. La unificación significó un duro golpe para un PCE que había pretendido pilotar la oposición utilizando, como ha sido habitual en los partidos comunistas, a compañeros de viaje más o menos ingenuos, como García Trevijano o Calvo-Serer. El PSOE consiguió que las personalidades contaran con voz pero no voto, a la vez que se otorgaba todo el protagonismo a los partidos. A cambio de su cesión, el PCE logró que el resto de partidos se comprometiera a exigir la legalización de todas las fuerzas políticas sin excepción. No era poco, teniendo en cuenta que Fraga había diseñado un proyecto de reforma que excluía al PCE. En uno de sus arrebatos, Fraga, según testimonio de Areilza, pensó en encarcelar a la Platajunta³⁸. Sólo consiguió salirse con la suya a medias. Así, encarceló a seis responsables de la Platajunta con la intención de mantenerlos en prisión hasta el 1 de mayo. No todos los ministros compartieron el punto de vista de Fraga —que denotaba unas limitaciones tácticas innegables—, pero lo cierto es que se impuso. Fraga intentaría minimizar el episodio años después³⁹, pero lo cierto es que reprimió la manifestación de protesta por las detenciones⁴⁰ y, en aquella ocasión, a la torpeza airada sumó el servilismo innegable. Así, a dos socialistas detenidos los puso en libertad, mientras que los tres comunistas y García Trevijano continuaron durante unas semanas en prisión.

Sin embargo, Fraga no era una excepción —a decir verdad, seguía contándose entre los aperturistas— en medio del entrelazamiento de torpeza y cerrazón. Como había señalado el cardenal Tarancón, el peor era Arias. En respuesta a una entrevista aparecida en Newsweek donde el rey desautorizaba a Arias, el jefe del Gobierno no solo no dimitió sino que el 28 de abril apareció en TVE para afirmar que la reforma había comenzado e insultar patéticamente a la oposición y, en especial, al PCE⁴¹. De aquel discurso, Arias no había informado previamente ni al rey ni al Gobierno. No sorprende que, a esas alturas, los medios culparan de todos los errores a un Carlos Arias absolutamente incapaz. El 19 de mayo de 1976, por ejemplo, Cambio 16 lanzaba un elocuente «Arias lo para todo». No era cierto, pero tampoco podía discutirse que, enraizado en el franquismo y carente de la menor perspectiva, nada positivo podía esperarse de él. Tras el discurso, el mismo rey había llegado a la conclusión de que Arias tenía que dimitir; misión nada fácil porque, del mandato de cinco años de que disfrutaba, tan solo había agotado dos años y medio.

Tampoco podía comprender Arias que se intentara crear a pasos agigantados una fuerza sindical que sustituyera a los sindicatos verticales, el único reducto donde la Falange nunca había perdido del todo su influencia. En abril, la UGT —el sindicato socialista— celebró su XXX Congreso. Fraga lo autorizó tácitamente, en parte, porque existía un consenso sobre el papel que el PSOE iba a tener en el nuevo régimen —las detenciones y posteriores puestas en libertad de sus miembros en la Platajunta ya lo habían indicado— y, en parte, porque seguramente creía que acabarían fusionándose con CC. OO. como deseaban Martín Villa y las propias CC. OO., estableciéndose un nuevo sindicato vertical. Sin embargo, una cosa era lo que esperaba Fraga y otra lo que pretendían los socialistas. Al fin y a la postre, el XXX Congreso abundó en referencias a la clase obrera, rechazó la idea de un nuevo sindicato oficial y terminó por sacar de quicio a los franquistas, ya que en él se entonó la Internacional.

El 30 de abril, Fraga realizó un nuevo acercamiento al PSOE. Esta vez, se trató de una cena con Felipe González que tuvo lugar en casa de Miguel Boyer, un personaje que había prosperado enormemente en el aparato del Estado de Franco. Seguramente, Fraga había leído más libros que González, pero su capacidad de persuasión —no era el suyo un carácter proclive al diálogo— era limitada. Pretendió imponer su visión de la Transición y, como reconocería años después Martín Villa, se estrelló contra alguien que creía en un proceso pactado y no impuesto⁴². Con todo, debe reconocerse que, más allá del PCE — al que Fraga excluía sistemáticamente de los contactos—, la oposición contaba con un escaso peso social. El mismo 1 de mayo, Fraga ordenó el máximo despliegue policial y las manifestaciones resultaron escasas. Aunque todos los actos se prohibieron, se permitió que el PCE se reuniera por espacio de dos horas en la Casa de Campo de Madrid. Como muestra innegable de cómo estaba la situación, entre los oradores más enardecidos se encontraba un sacerdote ya famoso por su comunismo: el padre García Salve⁴³.

Cinco días después, salía a la calle El País. Concebido como un diario de centroderecha al servicio de Fraga, pero también como un difusor de las bondades de la reforma política, para su dirección se pensó en un joven que venía, familiar e ideológicamente, del sector más azul del régimen del 18 de julio: Juan Luis Cebrián. De hecho, Cebrián había desempeñado ya puestos directivos, siempre en relación con el oficialismo franquista, tanto en la prensa escrita como en TVE. La evolución del periódico acabaría siendo muy diferente pero, en aquellos momentos, el propósito era claro.

Posiblemente, los medios privados contribuyeron a crear opinión pública —como aseguraría años después Juan Tomás de Salas⁴⁴— pero su peso fue muy inferior al de los oficiales o, sencillamente, al impacto que tuvo sobre el común de la población el denominado «destape»; es decir, la realización de que llegaba la libertad cuando en las pantallas —y pronto en los quioscos— comenzaron a aparecer generosas porciones de carne femenina.

En seguimiento de la «estrategia conjunta» pactada con Tarancón, el carlismo —antaño pilar del catolicismo español— se vio desarticulado tras los sucesos de Montejurra del 9 de mayo de 1976, no aclarados hasta la fecha; y se prohibió a los franquistas manifestarse en la Plaza de Oriente el 20 de mayo, viéndose obligados a marchar al Valle de los Caídos. La extrema derecha, los fieles al Estado del 18 de julio que Franco había soñado perdurable, no tendría un lugar bajo el sol en el nuevo régimen. Semejante realidad —ciertamente muy amarga para los que deseaban conservar un sistema condenado a desaparecer por completo— quedó más que expuesta durante el viaje de los reyes a Estados Unidos. El 2 de junio, llegaron a Washington procedentes de Santo Domingo. El pretexto era la celebración del bicentenario de la independencia de Estados Unidos, pero en realidad se trataba del espaldarazo de la gran potencia al camino iniciado por el rey. Juan Carlos se dirigió al Senado y al Congreso en una sesión conjunta en la que se le dispensó el recibimiento más entusiasta. De hecho, el discurso regio fue seguido por una ovación que duró casi dos minutos. Si la Iglesia católica había comenzado a distanciarse del régimen franquista durante los años sesenta ahora, la potencia que, junto a la Santa Sede, había dado apoyo a Franco en los años cincuenta, también rompía lazos con el pasado y respaldaba al rey. La desolación entre los fieles a Franco resultó indescriptible.

El 9 de junio de 1976, siguiendo la estela reciente del viaje regio, se presentó la ley de Asociaciones. Considerada por algunos como la última ley del franquismo y la que lo concluyó, en realidad era el postrero intento para lograr que el sistema evolucionara, algo imposible por su propia naturaleza. Se ha discutido mucho la autoría del texto y no han faltado los que lo han atribuido a Fraga. Es dudoso. Lo que no es dudoso es que su defensa corrió a cargo de un Adolfo Suárez, ahora ministro secretario general del Movimiento, que vio colocado sobre él todo el foco de la atención. El discurso de Suárez fue notable, teniendo en cuenta lo que había sido la nula vida política de las Cortes franquistas, una mera caja de resonancia de los deseos del Dictador. En él, se remitió al rey —a fin de cuentas, el impulsor de aquel paso trascendental— y señaló con claridad que la finalidad del texto legal era la «monarquía democrática». Igualmente, se refirió a las fuerzas ya existentes y a las elecciones futuras señalando el propósito de acomodar «el derecho a la realidad» o de «elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal». No era cierta ni de lejos aquella normalidad pero, como resorte psicológico para las castas del franquismo, constituía un recurso adecuado. El final: —«y permitidme para terminar que recuerde los versos de un autor español: Está el hoy abierto al mañana / mañana al infinito / Hombres de España: / Ni el pasado ha muerto / Ni está el mañana ni el ayer escrito»— constituyó todo un símbolo, ya que la cita era de Antonio Machado y su nombre, sin embargo, se ocultaba. En otras palabras, se sabía hacia donde se iba, pero tampoco era cuestión de mencionarlo de manera tan expresa que algunos se irritaran.

En realidad, el único escollo que quedaba para crear la sensación de que el barco hacia la monarquía parlamentaria había salido de puerto era abrir la puerta a la legalización del PCE. Semejante paso exigía una reforma del Código Penal que, por aquel entonces, era ciertamente difícil, pero que convirtió en imposible el asesinato del jefe local del Movimiento en Basauri. De manera apresurada, la reforma del Código Penal quedó aparcada. Pero, en contra de lo que se ha afirmado, no encalló. El jueves 1 de julio, junto con la recepción de las credenciales de los nuevos embajadores, el rey procedió a cambiar al jefe del Gobierno. A tal finalidad, había convocado a Arias para que compareciera en palacio a la una de la tarde. Ni de lejos, Arias —que acababa de pasar el ecuador de su mandato— se imaginaba lo que le esperaba. Sin embargo, a medida que discurría la conversación con el monarca, Arias comprendió lo que estaba en juego y se apresuró a presentar la dimisión antes de que se la pidieran⁴⁵. A decir verdad, no puso ningún obstáculo y, quizá, sintió incluso alivio.

Suárez, presidente (I): del nombramiento a la supresión del TOP

El 3 de julio, Adolfo Suárez se convertía en presidente del Gobierno. En aquella época su nombramiento fue acogido con lamentaciones, porque significaba que Areilza y Fraga no lo serían, debido a su innegable vinculación con el sector más azul del régimen de Franco, y porque no tenía una especial formación política. De hecho, aunque hubiera desempeñado algún gobierno civil de no mucha importancia y la dirección de TVE, no había llevado a cabo tareas de relevancia. Quizá las próximas generaciones —más allá de las referencias repetidas y exageradas a Torcuato Fernández-Miranda, que lo incluyó en la terna de la que debía salir el nombramiento— lleguen a saber las motivaciones reales y profundas que catapultaron a Suárez a ese puesto. Sí podemos adelantar que la designación la conocían el rey, Fernández-Miranda —que obedeció sus instrucciones— y, significativamente, el cardenal Tarancón⁴⁶, que apenas logra ocultar en sus Confesiones que, frente a la sorpresa de todos, él disfrutaba de información privilegiada al respecto desde varias semanas antes.

Adolfo Suárez muy posiblemente fue designado no por lo que se esperaba que pudiera hacer, sino por lo que se estaba seguro de que, dada su carencia de peso específico, no se atrevería a desobedecer. Era el hombre ideal porque la ambición y la juventud, siquiera en teoría, lo convertían en un instrumento dócil y adecuado para consumar unos planes de cambiar todo para que todo siguiera igual. De manera reveladora —y difícilmente casual—, Suárez no contaba con peso en círculos políticos, sufrió el rechazo directo de unos desairados Areilza y Fraga y confió en Alfonso Osorio, discípulo de Ángel Herrera Oria y democristiano. Era, pues, el instrumento ideal para la «estrategia conjunta». De hecho, los democristianos se multiplicarían en el primer gobierno de Suárez. Marcelino Oreja, el ambicioso político que tanto satisfacía a Tarancón, recibió la cartera de Asuntos Exteriores; Landelino Lavilla, antiguo miembro del consejo editorial del Ya, diario de la Iglesia católica, la de Justicia; Eduardo Carriles, la de Hacienda; Andrés Reguera, la de Información y Turismo; Enrique de la Mata, la de Relaciones Sindicales y, finalmente, Leopoldo Calvo-Sotelo, no democristiano pero sí de posiciones muy cercanas, fue designado ministro de Obras Públicas. Los nombramientos directos llevados a cabo por Suárez eran gente del Movimiento, como Rodolfo Martín Villa, algún amigo, como Fernando Abril Martorell y los tres ministros militares a los que confirmó. Tarancón no ocultó su satisfacción incluso en relación con algunos de estos ministros, ya que consideraba a Martín Villa más comprensivo hacia los sacerdotes implicados en problemas de orden público de lo que había sido Fraga⁴⁷.

Durante el verano de 1976, se sucedieron las manifestaciones en las que se exigía la amnistía de los presos políticos, mientras el Gobierno anunciaba que la recomendaría al rey en relación con los delitos políticos y de opinión, pero excluyendo los de sangre. A esas alturas, Suárez sabía que el 67 por ciento de la población era favorable a la amnistía, y que el porcentaje se elevaba entre los jóvenes hasta el 77 por ciento. El 30 de julio, finalmente, llegó la amnistía. Con limitaciones. Los militares expulsados del Ejército no podrían reingresar en las Fuerzas Armadas y los terroristas quedaron excluidos, lo que provocó no poca hostilidad en unas Vascongadas donde ETA había sabido extender su influencia en gran medida gracias a la torpeza represora del franquismo. Sin embargo, el espectáculo de los comunistas puestos en libertad y de los profesores, como el socialista Enrique Tierno Galván, que regresaron a sus puestos docentes proporcionó una imagen positiva del gobierno.

La realidad es que, a pesar de todo, el ritmo de los acontecimientos políticos lo estaba marcando el Gobierno de Adolfo Suárez. Por más que Ana Belén y Víctor Manuel cantaran en mítines exigiendo la legalización del PCE; por más que Carrillo amenazara con regresar a España desde la villa del millonario Teodulfo Lagunero en la Costa Azul; Suárez —que dedicó el verano a entrevistarse con la oposición, excluyendo de manera clara a los comunistas— era quien llevaba el timón. El 10 de agosto, por ejemplo, se entrevistó con Felipe González en una casa particular situada en el centro de Madrid. Como Fraga, Suárez era consciente de la importancia del PSOE en un futuro sistema democrático. En paralelo, siguiendo también instrucciones de Suárez, en un fin de semana de ese mismo mes de agosto⁴⁸, Torcuato Álvarez de Miranda redactó el proyecto de la ley de Reforma Política. Suárez se lo comunicó al Consejo de Ministros el 24 de agosto. En teoría, existía la posibilidad de ponerlo en vigor mediante decreto, pero el temor a una reacción militar —la única fuerza que seguía identificada con el franquismo— disuadió a Suárez de dar ese paso. En su lugar, el 8 de septiembre convocó a la presidencia del Gobierno a los altos mandos militares.

La reunión con la cúpula de las Fuerzas Armadas duró tres horas. De lo que se habló en el transcurso de las mismas surgirían versiones distintas. Según Gutiérrez Mellado, Suárez señaló a los mandos que, con la actual situación legal, no se podía legalizar al PCE. No les habría, pues, mentido ni traicionado al proceder tiempo después a legalizarlo. De acuerdo con el testimonio de Osorio⁴⁹, efectivamente, Suárez no pensaba en aquellos momentos en legalizar al PCE, por lo que no se le puede acusar de haber jugado sucio, aunque quizá sí de no haber hablado con suficiente claridad. Tanto Osorio como Gutiérrez Mellado deseaban disculpar a Suárez y quizá incluso dijeran la verdad, pero es indiscutible que ese mismo día Armero, siguiendo instrucciones del presidente del Gobierno, se entrevistaba con Santiago Carrillo.

Visto con cierta distancia, poco puede discutirse que, de momento, Suárez dominaba la situación frente al Ejército. Cuando, al legalizarse la libertad sindical, el teniente general Fernando de Santiago dimitió de su cargo en el Gobierno, Suárez lo sustituyó inmediatamente por el también teniente general Gutiérrez Mellado. El teniente general Iniesta Cano publicó entonces una carta en el diario El Alcázar apoyando a de Santiago. La reacción de Suárez, una vez más, resultó inmediata y pasó a la reserva a de Santiago y a Iniesta. Se trataba de una medida que chocaba con la legalidad y el Gobierno tuvo que dar marcha atrás, pero dejó de manifiesto que Suárez no se dejaría frenar por las Fuerzas Armadas. Que la extrema derecha convirtiera en héroes a los dos militares y aprovechara para denigrar a un Suárez al que cada vez odiaba más no alteraba el resultado final. Tampoco lo iban a alterar los intentos desestabilizadores de unos y de otros.

De entrada, el búnker demostraba no solo una torpeza deplorable, sino también una innegable falta de escrúpulos morales que se tradujo en un aumento de la tensión a medida que se iba acercando el aniversario de las últimas ejecuciones llevadas a cabo por el régimen de Franco. A finales de agosto, Francisco Verdejo, un trabajador que estaba realizando una pintada, fue muerto por la policía en Almería. Apenas unos días después, el 8 de septiembre, Jesús María de Zabala, un afiliado a CC. OO., fue abatido por las fuerzas de orden público mientras participaba en una manifestación en favor de la amnistía en Fuenterrabía. El ayuntamiento de la localidad dimitió en pleno. El 24 de septiembre, la policía dio muerte en Tenerife al independentista Bartolomé García al confundirlo con un delincuente. Tres días después, un grupo de extrema derecha mataba a tiros al estudiante Carlos González mientras participaba en una manifestación. Se trataba de un conjunto de acciones relacionadas, directa o indirectamente, con el régimen anterior que encontraban su cruento paralelo en ETA. El 4 de octubre de 1976, la banda terrorista vasca asesinó a Juan María Araluce Villar, consejero del Reino y presidente de la Diputación de Guipúzcoa, al conductor del coche oficial, José María Elícegui Díaz y a los tres policías miembros de su escolta, Alfredo García González, Antonio Palomo Pérez y Luis Francisco Sanz Flores. Los crímenes tuvieron como resultado directo que se presionara al Gobierno para declarar el estado de excepción. Suárez se resistió y lo hizo en un momento en que los dos terrorismos —el de extrema derecha y el nacionalista vasco— estaban decididos a descarrilar las reformas a cualquier precio. De hecho, el intento de Eduardo Moreno Pertur, en el seno de ETA-pm, por dejar la vía del terrorismo y entrar en la política, concluyó con su asesinato a manos de sus propios compañeros.

Ambos sectores de la sociedad podían derramar sangre —y no dudaron en hacerlo— pero lo cierto es que la mayoría de la población se identificaba con un cambio que implicaba, sustancialmente, vivir con tranquilidad en un régimen más abierto que el franquista. Ni los pistoleros de la extrema derecha ni los de ETA encarnaban ese ideal de estabilidad de cara al futuro. Curiosamente, sí aparecía expresada con notable claridad en una canción que haría fortuna en esos días y que serviría para lanzar publicitariamente el Diario 16. No era otra que Libertad sin ira, donde se reflejaba el lema de la Transición de tener «su pan, su hembra y la fiesta en paz». Una nación que cifraba en ese tríptico sus deseos para el futuro difícilmente iba a lanzarse a aventuras o a dejarse arrastrar por los extremistas, y no por sentido cívico, sino por falta absoluta de ganas.

Una vez más, quedó de manifiesto en esa época que la fuerza que mejor sabía cómo desenvolverse en el turbio panorama de la Transición era la Iglesia católica. El 14 de julio, el rey envió al jefe de la Casa Real a Roma para que informara al Vaticano de que estaba dispuesto a renunciar al privilegio de presentación de obispos. El 28 de ese mismo mes, la Santa Sede suscribía el denominado Acuerdo básico con el Gobierno español, que contaba con el respaldo de todos los sectores del episcopado⁵⁰. A partir de ese momento, la Santa Sede no escatimó muestras de agrado hacia el nuevo gobierno. En agosto de 1976, el papa recibió a Marcelino Oreja; al mes siguiente, a Calvo-Sotelo y en enero de 1977, a Landelino Lavilla. Al Acuerdo básico siguió la creación de cinco comisiones, más una sexta encargada de la coordinación, que deberían ir discutiendo con las autoridades eclesiales la manera en que se plasmarían los futuros acuerdos que debían sustituir al Concordato. De manera bien significativa, todos los representantes del Gobierno eran democristianos. El 13 de octubre, la nunciatura remitió a Asuntos Exteriores el primer borrador de acuerdo, que alguien tan poco sospechoso de oponerse a la Iglesia católica como Jesús Ezquerra, director de Relaciones con la Santa Sede, describió como «que pide mucho y ofrece muy poco»⁵¹, explicando: «si se aceptase este borrador, la Iglesia vería aumentados sustancialmente sus privilegios, garantizados ahora por el Estado y ya no solo reconocidos […] A cambio (aunque la expresión pueda parecer mezquina) solo se ofrecen concesiones muy secundarias»⁵². Además de pretender contar con un peso en la regulación jurídica del matrimonio y la enseñanza, la Iglesia católica deseaba que su labor asistencial corriera a cargo del Estado y que los lugares donde hubiera documentación eclesial resultaran inviolables. No era poco pero la Santa Sede, en términos globales, alcanzó todos sus objetivos. Hasta qué punto la Santa Sede estaba dispuesta a ser dura en las negociaciones lo muestra una anécdota relacionada con el viaje que el rey realizó a Roma del 9 al 11 de febrero de 1977. El monarca había expresado su deseo de que la Santa Sede le otorgara la Orden Suprema de Cristo, como había sucedido con Franco en 1954. En un gesto de cierta sensatez, incluso se hizo saber al Vaticano que Juan Carlos I aceptaría la Espuela de Oro, ya que era consciente de que no podía ser tan generoso con la Iglesia católica como el Dictador. La Santa Sede, apelando a un motu proprio de Pablo VI, obligó al rey de España a conformarse con el Collar de la Orden Piana. Las dos partes, ciertamente, se movían en un plano de igualdad.

En otoño, Fraga presentó su Alianza Popular (AP), en la que militaban seis antiguos ministros de Franco y más de ciento ochenta procuradores de las Cortes franquistas. Contraria a la legalización del PCE y a la extrema derecha que no se integrara en el sistema, AP partía de una base que demostraba una ceguera inquietante como era la de pensar que la mayoría de los españoles, por su ausencia de oposición a Franco, votarían a las figuras del régimen del 18 de julio. No tardarían en comprender que, incluso más que ellos, la mayoría de los españoles deseaba distanciarse del franquismo y, en no escasa medida, de sus colaboradores. Unas semanas después fue Areilza el que presentó el Partido Popular (PP), en un intento de ocupar un centro que se presentaba equidistante de la izquierda todavía clandestina y de la derecha representada por Fraga y el búnker. No cabía, sin embargo, engañarse. A pesar de todo, la iniciativa seguía teniéndola Suárez.

Un intento de romper la ventaja de Suárez por parte de la oposición fue la huelga general convocada por la Coordinadora de Oganizaciones Sindicales para el 12 de noviembre. La fecha estaba bien elegida para dar la impresión de que se presionaba y, a la vez, se rebasaba a unas Cortes que tenían que discutir la reforma política. Pero Suárez estaba decidido a ganar a la oposición y a hacerlo además por goleada. La convocatoria, finalmente, solo acabó teniendo un cierto seguimiento en los cinturones industriales de alguna ciudad como Madrid. El PCE podría soñar con asaltar los cielos pero, en España, ni siquiera lograba articular una huelga de cierta relevancia.

El 16 de noviembre tuvo lugar el pleno de las Cortes en que se discutiría la reforma. Se ha insistido mucho —forma parte de la leyenda áurea de la Transición— en el sentido cívico y patriótico de las Cortes franquistas, que realizaron su particular harakiri votando a favor de la ley. La realidad es que no hubo nada idealista en esa acción. En todo caso, un mero reconocimiento de la realidad. Mantenerse en el franquismo era imposible por más que así les hubiera agradado a personajes como Girón o Piñar. Por el contrario, el liquidarlo cuanto antes y buscarse acomodo en la nueva situación constituía una acción realista. No pocos, desde luego, lo hicieron. A decir verdad, el argumento de que podrían seguir contando con un lugar bajo el sol de la política fue el utilizado preferentemente por el gobierno de Suárez. Osorio —que se ocupó de convencer a unos sesenta de los procuradores franquistas— reconocería años después que les había insistido en que tendrían un futuro político⁵³. Pero tampoco faltaron los que decidieron no aparecer por la votación, previamente convencidos por algo tan prosaico como un viaje pagado al Caribe.⁵⁴ En otras palabras, no se apeló al patriotismo, a la libertad o incluso a la lealtad al rey, sino meramente a la persistencia de una situación de privilegio. Para que no quedara dudas, el proyecto fue defendido a petición propia por Miguel Primo de Rivera, sobrino del fundador de la Falange y amigo personal del rey. Aparte de esa defensa, asumiría el convencer a su tía, la hermana de José Antonio, para que no se opusiera a un texto legal que se iba a llevar por delante los últimos residuos de falangismo que quedaban aún en España.⁵⁵

La reacción fue la esperada. Mientras que el búnker, representado por procuradores como Blas Piñar —que se llevó una grabadora y protestó contra la reforma afirmando que era una ruptura y que se deseaba liquidar el Estado de Franco⁵⁶— y Fernández de la Vega —que arremetió contra la oposición y «los de casa»—, ponía el grito en el cielo porque era consciente de lo que sucedía, los que ya se habían pasado a la nueva situación, como Fernando Suárez, defendieron la reforma ante un Torcuato Fernández-Miranda al que se le vio nervioso, quizá porque no estaba seguro de cómo acabaría todo o porque temía que el aperturismo fuera demasiado lejos⁵⁷.

Al final, todo estaba mejor atado que el régimen del 18 de julio y sucedió como cabía esperar. Debatido el proyecto mediante el procedimiento de urgencia simplificado —lo que significó que se discutiera en tres sesiones únicamente— se votó nominalmente y en bloque, pudiendo solo manifestarse a favor, en contra o absteniéndose. El resultado fue una radiografía, no de España, sino de lo que quedaba del franquismo. El régimen que Franco había previsto y deseado perdurable, y en el que, supuestamente, todo había quedado atado y bien atado, había quedado reducido a unos pocos incondicionales porque la mayoría de los que se habían beneficiado de él llevaban años abandonándolo. Así, cuatrocientos veinticinco procuradores votaron a favor, cincuenta y nueve en contra —ocho de ellos militares de alta graduación— y quince se abstuvieron. El Dictador no se había caracterizado por su perspicacia ni sagacidad a la hora de prever el futuro, pero sus seguidores no habían demostrado ser especialmente fieles. A decir verdad, en su mayoría habían votado para cambiar todo a fin de que todo siguiera igual y ellos no se quedaran fuera. Bien podía Suárez aplaudir a unos procuradores que, a su vez, lo aplaudían a él.

Tampoco la oposición iba a dar muestras del peso que hubiera deseado tener y que se le acabaría concediendo, pero del que en ese momento carecía. En la campaña del referéndum pediría una abstención que, como reconocería Carrillo⁵⁸, no paralizara la reforma pero tampoco supusiera un éxito del gobierno. La realidad es que el gobierno utilizó hábilmente los medios de que disponía lanzando a la calle lemas pegadizos como el famoso «Habla, pueblo, habla». Andaba detrás de la participación masiva, y la iba a conseguir.

Mientras el 20 de noviembre, los franquistas se concentraban en la Plaza de Oriente gritando la consigna de «Ejército al poder» como última medida para evitar lo que ya era inevitable, Carrillo intentaba forzar al gobierno apareciendo en las televisiones francesa y sueca. Si, efectivamente, correspondieron a la fecha o se trataba de un montaje está sujeto a discusión, pero de lo que no cabía duda era de que, en realidad, el PCE tenía mucha menos fuerza de la que hubiera deseado. De hecho, en una reunión celebrada el 23 de noviembre, en un molino de Guadalajara y a la que acudieron una treintena de personas, Carrillo reconoció que la única salida realista era seguir el camino de Suárez, entre otras razones porque el sistema era imposible de derribar⁵⁹.

No menos descolocada estaba la Platajunta. El 1 de diciembre, celebró una reunión para decidir el camino que había que tomar. No debió exigir un gran esfuerzo reconocer que el gobierno tenía la iniciativa y que la única salida razonable era negociar. Las condiciones de la Platajunta iban a ser la legalización de todos los partidos y sindicatos, el reconocimiento siquiera de facto de todas las libertades políticas, la neutralidad del Estado en la celebración del referéndum y de las elecciones, la disolución del Movimiento, la autonomía de las denominadas «nacionalidades históricas» y el acceso ecuánime a los medios. No era poco, pero dejaba de lado cuestiones que habían sido hasta entonces irrenunciables, como el referéndum sobre la forma de Estado y la exigencia de un gobierno provisional que garantizara unas elecciones libres. A decir verdad, la oposición reconocía que el ritmo lo marcaba el Gobierno y que a ella solo le quedaba subirse al tren de la mejor manera posible.

La Platajunta creó una comisión, apodada de los Nueve, cuya finalidad sería la de negociar con el Gobierno⁶⁰. Cuestión aparte, claro está, era que el Gobierno tuviera el menor interés en reunirse con ella. A decir verdad, no lo tenía, ya que Suárez, inteligentemente, esperaba el respaldo que arrancaría del éxito en el referéndum para hablar con la oposición. En contra de lo deseado por la Platajunta, el gobierno movilizó a la red del Movimiento y al aparato administrativo del Estado para el referéndum⁶¹. La propaganda —que se distribuyó también en catalán, vascuence y gallego— rozó en algunos momentos lo surrealista, como cuando las cámaras de TVE mostraron a los lugareños de algún villorrio haciendo público su respaldo a la democracia⁶², un concepto que cuesta creer que hubiera ocupado mucho lugar en sus reflexiones con anterioridad.

Que Suárez se sentía más que dueño de la situación quedó de manifiesto en hechos como que autorizara la celebración del XXVIII Congreso del PSOE, el 5 de diciembre de 1976, tan solo diez días antes del referéndum. Socialistas históricos como Pietro Nenni, Michael Foot, François Mitterrand, Olof Palme o Willy Brandt —que habló en español⁶³— acudieron en apoyo del partido hermano. Sin embargo, la realidad era innegable: el PSOE no tenía peso alguno en la Transición. Al respecto, no deja de ser significativo que mientras las bases —reducidas y radicales— votaron por convertir al partido en marxista y enarbolaron banderas de la Segunda República, Felipe González adoptó una postura moderada alabando el proyecto de Suárez y anunciando que negociaría con condiciones.

El PCE no podía quedarse atrás y el 10 de diciembre, a menos de una semana del referéndum, convocó a periodistas nacionales y extranjeros a una rueda de prensa en la que compareció, cual deus ex machina, el propio Santiago Carrillo. En las imágenes de la época aparecen en la ocasión algunas de las correas de transmisión del PCE como María Antonia Iglesias —que acabaría siendo una comisaria del PSOE en el poder— o César Alonso de los Ríos —que se ubicaría en la cercanía del PP en la era Aznar. El episodio de Carrillo carecía de importancia real, pero provocó la rabieta de un Martín Villa que veía, por enésima vez, como la policía era burlada por el PCE.

Con seguridad, la situación más delicada de la que tuvo que ocuparse Suárez en vísperas del referéndum fue el secuestro de Antonio Oriol perpetrado por el GRAPO tan solo tres días antes de su celebración. En teoría, el GRAPO era un grupo de extrema izquierda y exigió la liberación de quince presos pertenecientes a ETA, el GRAPO, el FRAP y la Unión del Pueblo Gallego. No es menos cierto que siempre estuvo muy infiltrado por la policía y la extrema derecha, como han reconocido no pocos con el paso de los años⁶⁴. De hecho, por aquel entonces se decía popularmente que GRAPO eran las siglas de Girón, Raimundo Fernández-Cuesta, Arias, Piñar y Oriol. Oriol era muy influyente entre los franquistas fieles, y un episodio de esta naturaleza era susceptible de ser utilizado por los mismos como «banderín de enganche» contra el gobierno de Suárez⁶⁵. Si el secuestro fue, pues, una operación propia de un grupo terrorista o si el GRAPO no era sino una correa de transmisión de la extrema derecha para provocar el descarrilamiento de la reforma es una cuestión que, quizá, nunca se verá esclarecida del todo.

El 14 de diciembre, en un verdadero órdago lanzado con la seguridad del que sabe que tiene casi todas las bazas en sus manos, Suárez compareció en TVE para solicitar el apoyo para el referéndum. Lamentó, por supuesto, el secuestro de Oriol pero, a la vez, supo apelar a los ciudadanos para que dieran inicio a la «soberanía popular»⁶⁶. Con un franquismo pasado en bloque al bando de la reforma, salvo las escurridas filas del búnker; con un terrorismo de extrema derecha y nacionalista vasco que horrorizaba a los ciudadanos; con una oposición que solo podía subirse al autobús que ofrecía el gobierno, con una población que, sobre todo, deseaba «su pan, su hembra y la fiesta en paz» y, por añadidura, con unos medios y un aparato del Estado a su servicio, Suárez solo podía ganar. Y, efectivamente, ganó. La participación fue masiva, alcanzando el 77,4% de la población. De esa cifra, el 94,2% votó a favor. Sólo un mísero 2,6% votó en contra, mientras la abstención quedaba en un 22,%. Se mirara como se mirase, el éxito del gobierno había sido espectacular y, sobre todo, le había dado un dominio sobre el futuro aún mayor si cabía.

La única sombra en aquella jornada fue el temor a que el GRAPO asesinara a Oriol. No lo hizo. El sábado 18 de diciembre anunció que no le daría muerte, pero que lo retendría mientras no hubiera amnistía. Semejante comportamiento afianzó la tesis de medios de comunicación como Cambio 16, pero también de personalidades como Suárez, Gutiérrez Mellado y otros, de que el GRAPO no era sino un instrumento de la extrema derecha⁶⁷. Desde luego, el efecto de reacción fue innegable. El 20 de diciembre, en la iglesia de los jesuitas de la calle Serrano de Madrid, tuvo lugar un funeral en recuerdo del asesinado almirante Luis Carrero Blanco. A la salida, miembros de la extrema derecha comenzaron a insultar al Gobierno y a los reyes lanzando gritos de «Gobierno al paredón», «Viva el 18 de julio» y «No queremos monarquía: ni Juan Carlos ni Sofía»⁶⁸. En paralelo, menudearon los atentados de esa extrema derecha contra librerías, un paradigma que no deja de resultar revelador⁶⁹.

Con ese telón de fondo, en un nuevo órdago, el 22 de ese mismo mes, Carrillo fue detenido en el curso de una reunión del Comité Central del PCE. En esta ocasión, Martín Villa, ministro del Interior, había llegado a la conclusión de que al arresto del veterano comunista era un mal menor frente a la imagen que daba de incompetencia de las fuerzas policiales; imagen, por otra parte, que no atravesaba sus mejores momentos. Inicialmente, Carrillo fue trasladado a la Dirección General de Seguridad (DGS), pero el temor de que se produjeran incidentes llevó a Martín Villa a trasladarlo a la comisaría de la calle de la Luz⁷⁰. De manera bien significativa, la extrema derecha no alcanzó a movilizarse, pero sí los miembros del PCE, que no tardaron en comunicarse con partidarios en Madrid, Roma y París⁷¹.

En aquellos momentos, Suárez pensaba que sería mejor expulsar a Carrillo de España, un paso que no dio al insistir varios ministros en que era una medida que carecía de base legal. El presidente del Gobierno solicitó entonces de Armero que averiguara si Carrillo prefería la expulsión con su consentimiento o pasar a disposición judicial. Armero descubrió entonces que todos sus posibles interlocutores estaban detenidos⁷², por lo que Suárez decidió que se preguntara al propio Carrillo. El viejo comunista declaró que. si se le expulsaba, regresaría, lo que decidió al presidente del Gobierno a ponerlo a disposición del juez⁷³. Semejante decisión no solucionaba nada, ya que solo se le podía acusar de asociación ilícita⁷⁴. En medio de esta situación, se decidió el regreso de Carrillo a la DGS para que pasara la noche. Confinado en una sala durante un período de tiempo de entre cuatro y cinco horas, ocasionalmente aparecían policías que lo insultaban⁷⁵. El temor de que de las malas palabras se pudiera pasar a los malos tratos impulsó a Martín Villa a ordenar que cada cuarto de hora se le informara de la situación de Carrillo⁷⁶. Pero esta vez, Carrillo sí iba a lograr un éxito. Mientras aparecían en las calles pintadas en favor de su liberación, en distintos lugares de Europa se produjeron manifestaciones pidiendo su liberación. Finalmente, se decidió trasladarlo al hospital de la cárcel de Carabanchel y el día 30 de diciembre, fue puesto en libertad bajo fianza.

Mucho más importante que ese episodio fue que, al día siguiente, el Gobierno acordó la supresión del Tribunal de Orden Público (TOP) y la unidad de jurisdicciones. En los últimos años, se ha producido algún intento de minimizar el alcance represor del TOP, pero las cifras hablan por sí mismas. El TOP desarrolló sus actividades cuando se suponía que el régimen del 18 de julio tenía pocos enemigos que reprimir, no solo porque la gran represión se había llevado a cabo en la posguerra, sino también porque contaba con el factor legitimador del desarrollismo de los años sesenta y, por añadidura, como había señalado Felipe González, solo entre el uno y el dos por ciento de la población estaba dispuesto a enfrentarse a la Dictadura. A pesar de estas circunstancias, el TOP incoó 22 .660 procedimientos y celebró 3.835 juicios. En total fueron algo menos de tres mil condenados, el sesenta por ciento de ellos de 1974 a 1976. En contra de lo que se ha repetido con relativa frecuencia, las condenas no fueron suaves. La primera sentencia del TOP, dictada el 23 de marzo de 1964, condenaba a diez años y un día de prisión al albañil Timoteo Buendía Gómez que, en la noche del 29 de septiembre de 1963, considerablemente bebido, había gritado: «Me cago en Franco»⁷⁷. En algunos casos, como el del Proceso 1001, las penas dictadas por el TOP llegaron a los veinte años de prisión. Aunque sus magistrados seguirían en ejercicio e irían trepando por la escala del Poder Judicial, lo cierto es que, se mirara como se mirase, el paso dado por el gobierno era positivo aunque implicara —o precisamente por ello— la demolición de una de las instituciones emblemáticas del franquismo.

A esas alturas, Suárez —que se sabía respaldado por la mayoría de la población— no solo trasladó la sede de la presidencia del Gobierno de Castellana a Moncloa, sino que decidió que podía orillar a unas Cortes que se iban a extinguir y comenzó a gobernar por decreto-ley. También, legitimado considerablemente por los resultados del referéndum, comenzó las negociaciones con la denominada Comisión de los Nueve. A la primera reunión, celebrada el 11 de enero de 1977, acudieron Satrústegui, Felipe González, Antón Cañellas y el nacionalista vasco Julio Jáuregui. Los temas discutidos fueron la amnistía y la legalización de los partidos. Suárez insistió en una formulación que dejaba en manos del Gobierno el conceder o denegar la legalización⁷⁸. Como era de esperar, la oposición, y en especial el PSOE⁷⁹, rechazó aquel planteamiento. Aquella resistencia colocó a Suárez en una posición delicada. Por supuesto, no había problema en autorizar la inscripción de los partidos situados del centro hacia la derecha pero, para dar una imagen de democracia, era indispensable permitir la de un gran partido de izquierdas, que por sus antecedentes históricos y sus conexiones internacionales solo podía ser el PSOE. Dando muestras de inteligencia, Suárez fue aceptando todas y cada una de las condiciones planteadas por la comisión. Nacería así un término que se repetiría como un fetiche en los años venideros: consenso. La realidad, sin embargo, es que la oposición se subía al tren aceptando una política de mínimos.

A finales de diciembre, Suárez realizó también su primera visita fuera de la capital. El destino fue Cataluña, con cuya oposición el presidente del Gobierno se había reunido previamente. De hecho, en noviembre de 1976, había enviado un emisario a Tarradellas, figura histórica del nacionalismo catalán. Tarradellas —curtido por los años del exilio en que no fue hostigado por la policía de Franco y tuvo tiempo para meditar en la experiencia de la Segunda República— solicitó el restablecimiento de la Generalidad. La medida era discutible, pero el nacionalismo catalán contaba con un respaldo más que directo de la Iglesia católica y Suárez asumió sus reivindicaciones de una manera que no puede calificarse de reflexiva. De manera sorprendente, anunció no solo la autonomía sino que el catalán sería lengua oficial —empleó los términos «bilingüismo» y «cooficialidad»⁸⁰—, con seguridad sin tener la menor idea de lo que derivaría de esas concesiones al nacionalismo. No serían, por supuesto, las últimas.

El 19 de enero de 1977, se izó la ikurriña en el Ayuntamiento de San Sebastián. El paso, más allá de lo simbólico, tenía una enorme trascendencia porque convertía en pabellón vasco lo que tan solo era la bandera de los nacionalistas: una bandera creada por el racista Sabino Arana simplemente cambiando los colores de la Union Jack británica. Los gobernadores civiles de San Sebastián y Bilbao dimitieron en señal de protesta. Quizá no les faltaba razón porque, desde luego, el clima político en las Vascongadas no se calmó. Los miembros de ETA —terroristas a fin de cuentas— no se habían visto afectados en muchos casos por las medidas de gracia de los meses anteriores. Con todo, a inicios de ese año, lo peor no iba a proceder de la oposición, sino de una combinación —de nuevo llamativa— de acciones de la extrema derecha y del GRAPO.

Suárez, presidente (II): de la Semana Sangrienta a la legalización del PCE

El domingo 23 de enero de 1977, dio inicio una semana que solo puede calificarse de sangrienta. Ese día tuvo lugar una manifestación no autorizada en Madrid exigiendo la «amnistía total». Duramente reprimida por la policía, en el curso de la misma murió el estudiante Arturo Ruiz, de tan solo diecinueve años de edad. El asesinato, de un tiro, fue perpetrado por un miembro de los guerrilleros de Cristo Rey⁸¹. Al día siguiente, lunes, se produjeron paros laborales en toda España. Cerca de la plaza del Callao, en Madrid, la estudiante Mari Luz Nájera, de veinte años, cayó muerta por el impacto de un bote de humo lanzado por la policía. Ese mismo lunes, el GRAPO —siempre tan cercano a las acciones de desestabilización de la extrema derecha— secuestró al general Villaescusa, mientras Oriol llevaba más de cuarenta días en una situación semejante. Al ser Villaescusa presidente del Consejo de Justicia Militar, la provocación lanzada contra el Ejército no podía resultar más evidente. En esos momentos, a pocos se les ocultaba que las acciones del GRAPO podían convertirse en un factor que legitimara un golpe de Estado protagonizado por la extrema derecha o el ejército, que abortara el proceso democratizador. A últimas horas de ese día, Suárez recibió en la Moncloa a distintos representantes de las fuerzas políticas. La preocupación de todos ellos era más que evidente. Pero la extrema derecha aún se guardaba un as de sangre en la manga.

A las 22:45, en la madrileña calle de Atocha, un grupo de extrema derecha perpetró una matanza en un despacho de laboralistas vinculados al PCE. Las víctimas fueron siete abogados, un estudiante y un empleado. Cinco de ellos murieron y otros cuatro quedaron gravemente heridos. Aunque los asesinos alegarían que había mediado una provocación, el crimen, cometido a sangre fría, permitiría pocas dudas en su calificación. De hecho, los asesinos dispararon hasta terminar de vaciar los cargadores en los cuerpos de las víctimas. Se trató, por añadidura, del inicio de una noche de terror. Los miembros del PCE y simpatizantes se apuraron a dormir fuera de sus domicilios en las siguientes horas⁸², mientras la mayoría de los españoles, profundamente sobrecogida, era consciente de que se trataba de una nueva provocación de la extrema derecha. A la sazón se esperaba que se produjera una reacción de la izquierda que justificara un golpe militar. La reacción, sensatamente, no tuvo lugar.

El homenaje a los asesinados celebrado en el Colegio de Abogados de Madrid resultó especialmente sobrecogedor. Martín Villa comunicó bochornosamente al decano Pedrol Rius que no podía garantizar la seguridad de los asistentes⁸³, lo que explica de sobra la reacción de enorme virulencia⁸⁴ de algunos abogados de la oposición como Jaime Miralles. Al final, el Gobierno no pudo sino acceder a que hubiera una capilla ardiente, con limitaciones. Tendría lugar la mañana del miércoles, pero solo por espacio de tres horas y en el Palacio de Justicia. Esa misma tarde fue el entierro.

El Gobierno aceptó que se tratara de un acto público, pero solo si concluía en el paseo de Recoletos y el traslado de los cadáveres se hacía en automóvil y de forma discreta. Carrillo aceptó las condiciones en un acto emblemático en que el PCE demostró «su fuerza, su dolor y su silencio»⁸⁵. Carrillo era consciente de que no podía proporcionar el menor pretexto a la extrema derecha que justificara otra de sus acciones. Años después, Osorio señalaría que aquella muestra de disciplina —el PCE tuvo su propio servicio de orden— fue la que convenció a Suárez de que debía ser legalizado⁸⁶. Puede ser. Sin embargo, la realidad era que mantener fuera de la ley al PCE, que ya tenía sus mártires, resultaba imposible. Y eso que una vez más, el GRAPO acudiría en ayuda de los planes desestabilizadores de la extrema derecha.

El 28 de enero, viernes, dos policías fueron asesinados de sendos tiros en la sien mientras custodiaban la Caja Postal. Los terroristas, en un acto de brutal vesania, remataron a las víctimas cuando yacían en el suelo. Dos horas más tarde, el GRAPO perpetró un nuevo atentado terrorista. Esta vez fue asesinado un guardia civil y otros dos quedaron malheridos. La estrategia de la provocación resultaba innegable y, como señalaría Martín Villa tiempo después, durante aquel mes y medio fue la única ocasión en que todo el proceso de Transición pudo venirse abajo. El sábado 29 de enero se celebraron las honras fúnebres en la explanada del Hospital Militar, donde se había realizado la autopsia. En las imágenes del evento puede verse a Blas Piñar, junto a otros miembros de la extrema derecha, gritando «Si Franco levantara la cabeza» y «Gobierno, dimisión» y a Martín Villa y Gutiérrez Mellado soportando estoicamente los improperios⁸⁷. Camilo Menéndez, futuro golpista y padre de la que sería una distinguida política del PSOE, increparía groseramente a Gutiérrez Mellado gritándole que «encima de la disciplina está el honor»⁸⁸. Como indicaría años después Gutiérrez Mellado, se trataba de una minoría de «todo vale» cuyo deseo era el fracaso de la Transición⁸⁹.

A las diez de la mañana de ese mismo día, Suárez se dirigió a los españoles a través de TVE señalando que la reforma seguiría adelante a pesar de las acciones que pretendían anularla. Se refirió así a «grupos profesionales del terror» y afirmó gallardamente que «de entreguismo a la subversión, nada»⁹⁰. El 11 de febrero de 1977, Oriol y Villaescusa fueron liberados por la policía. La extrema derecha había perdido su última batalla. En adelante, no pasaría de ser la patética comparsa de oscuros proyectos. El mismo GRAPO, a pesar de que cometería nuevas acciones terroristas, ya no sería ni una sombra de lo que había sido.

El día antes de la liberación de Oriol y Villaescusa, se procedió a la legalización de siete partidos, entre los que destacaban el PSOE y la Izquierda Democrática de Ruiz-Giménez. Seguía en el limbo, sin embargo, la situación del PCE y de los partidos situados a su izquierda. Suárez, utilizando una vez más los buenos oficios de Armero, pidió a Carrillo que esperara para evitar las posibles reacciones militares⁹¹. Era una solicitud que iba a caer en oídos sordos. El 11 de febrero, el día siguiente a la legalización de los siete primeros, el PCE solicitó la inscripción en el registro de partidos políticos. De manera bien significativa, lo hizo con unos nuevos estatutos en los que no se mencionaban ni el marxismo ni la sociedad comunista, aunque sí había referencias a la reconciliación nacional y a la democracia. Podía resultar chocante, pero los estatutos del PCE estaban a la derecha de los del PSOE. Aquellos estatutos —que Osorio definiría como «absolutamente inocuos»⁹²— fueron remitidos por el Gobierno al Tribunal Supremo para descargarse, siquiera en parte, de las consecuencias políticas. Sin embargo, los ciudadanos no reflejaban esa inquietud. Respecto a la legalización del PCE, mientras que un 25 por ciento era contrario y un 40 por ciento, favorable, el resto se agrupaba en la categoría difusa del que no sabe o no contesta. La misma oposición no mostraba una actitud unida. El PSOE, consciente de que podía convertirse en el gran partido de la izquierda, estaba dispuesto a negociar directamente con Suárez si la Comisión decidía romper las conversaciones⁹³. Se trataba de un pragmatismo que dejaba a Santiago Carrillo y al PCE en una situación de aislamiento.

El 27 de febrero, Suárez acudió a una reunión con Carrillo vertebrada una vez más por los buenos oficios de Armero. Los únicos que estaban al corriente, aparte de los protagonistas y Armero, eran Osorio y Torcuato Fernández-Miranda, que habían intentado disuadir a Suárez convencidos de que, de descubrirse, el escándalo podía ser enormemente dañino. Sin embargo, el presidente contaba con el respaldo del rey y no dio marcha atrás. A las cuatro de la tarde, Suárez abandonó la Moncloa en un coche no oficial. El lugar de encuentro iba a ser la propia casa de Armero, situada a las afueras de Madrid.

La reunión se extendió durante siete horas en las que Suárez, según testimonio de Carrillo, estuvo cordialísimo⁹⁴. La conversación resultó tan intensa que ni se percataron de que sonaba el teléfono. La propuesta del presidente del Gobierno era que los comunistas pudieran acudir a las elecciones, pero bajo la etiqueta de independientes. Carrillo rechazó la oferta y se permitió amenazar con establecer colegios electorales paralelos pero, sobre todo, insistió en que tanto Suárez como el rey tenían la posibilidad de legalizar al PCE si lo deseaban.

Al día siguiente, lunes, en el transcurso de un funeral en El Escorial relacionado con los reyes de España, Suárez informó a Torcuato Fernández-Miranda —las imágenes del encuentro son impresionantes⁹⁵— de que el rey había sido exhaustivamente informado, ya que un paso de semejante envergadura implicaba de manera directa a la Corona⁹⁶. Por su parte, Carrillo estaba decidido a empujar la situación. En una reunión autorizada a la que asistieron Marchais y Berlinguer, Carrillo anunció que el PCE iba a ser legalizado⁹⁷.

Las elecciones se acercaban de manera inexorable. Pero antes se iban a producir algunas situaciones de especial relevancia que no estaban en el guión. La primera, curiosamente, sería el destino de Suárez. De acuerdo a la hoja de ruta, Suárez debería haberse apartado de la política tras la convocatoria de elecciones. Su misión había sido cumplida y no debería haber esperado otro futuro que el del agradecimiento por los servicios prestados como, por otra parte, sucedería con personajes de la talla de Torcuato Fernández-Miranda. Sin embargo, Suárez no tenía la menor intención de aceptar un retiro después de los éxitos que había protagonizado. Su insistencia en mantenerse al timón provocaría, como tendremos ocasión de ver, consecuencias muy concretas en los siguientes años; no solo para él, sino para la política española.

Suárez, hombre del Movimiento a fin de cuentas, no disponía como Santiago Carrillo, Felipe González o incluso Ruiz-Giménez de un partido propio. Su lugar, sin embargo, era obvio que se conectaba con un centro que no podía ser el de Fraga. Por simple eliminación, Suárez encajaba en el PP de Areilza, y decidió asaltarlo. El 19 de marzo, en el curso de una cena de centristas, Landelino Lavilla y Alfonso Osorio, democristianos y representantes de Suárez, manifestaron con toda claridad que el partido podía contar con el respaldo del gobierno a condición de que Areilza desapareciera de cualquier órgano rector⁹⁸. Dice no poco de la calidad humana de los centristas que aceptaran la propuesta con extraordinaria celeridad. Al igual que había sucedido con los procuradores de las Cortes franquistas, resultaba obvio que lo más importante era asegurarse un lugar al sol en el futuro. Suárez pasó, casi de la noche a la mañana, a contar, tras la caída de Areilza, con un partido. Sería una coalición de centro que no solo le daría alegrías. A partir de entonces, todo discurrió a velocidad de crucero.

Causa verdadera impresión, incluso sin examinar el contexto, la manera en que el gobierno de Suárez fue aprobando, una tras otra, las normas que acababan con los residuos del franquismo y abrían el camino hacia un sistema democrático. En enero de 1977, se comenzaron los trabajos para redactar la nueva ley electora. En febrero, mediante decreto-ley, se estableció la incompatibilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas con actividades políticas y sindicales, incluida la mera manifestación de opiniones. La alternativa era el retiro. En marzo, el Gobierno otorgó un nuevo indulto que afectó especialmente a terroristas de ETA, quienes fueron recibidos como héroes en su lugar de origen. A finales de ese mismo mes, una nueva ley sindical suprimió la obligatoriedad de pertenecer al Sindicato Vertical y legalizó a CC. OO., UGT, USO y CNT. El 1 de abril, el Gobierno suprimió la secretaría general del Movimiento. El día no podía resultar más simbólico. Era el de la victoria de Franco, y en la calle de Alcalá, los transeúntes pudieron ver cómo se descolgaban —gigantescos y muertos— el yugo y las flechas de la Falange. También ese 1 de abril, la sala cuarta del Tribunal Supremo decidió declararse incompetente en relación con la legalización del PCE. El Gobierno, por mucho que hubiera deseado evitarlo, iba a tener que adoptar la decisión que había tratado de eludir. A pesar de todo, la sensación que embargaba al Gobierno era que todo transcurría de acuerdo a lo planeado. Cuando llegó la Semana Santa, el Ejecutivo —como la mayoría de los españoles— se fue de vacaciones. Suárez tenía reservado, sin embargo, uno de sus golpes maestros.

El 9 de abril de 1977, el PCE recibió la comunicación de que había sido legalizado. El día pasaría a la historia como el Sábado Santo Rojo. Suárez había asumido la decisión en solitario y, de hecho, solo cinco⁹⁹ de los diecinueve miembros del Gobierno sabían lo que iba a suceder. La comunicación del presidente del Gobierno había tenido lugar el Lunes Santo y había provocado reacciones diversas. Mientras Osorio había insistido en contar con un dictamen jurídico¹⁰⁰, Gutiérrez Mellado asumió la tarea de comunicárselo a los ministros militares. Con todo, lo importante era que el rey estaba al corriente y respaldaba el paso, como revelaría Armero años después¹⁰¹.

Con Carrillo, a petición de Suárez, esperando en Cannes junto al socorrido Lagunero¹⁰² una legalización que le habían asegurado que tendría lugar antes del fin de la Semana Santa, el presidente del Gobierno y los cinco ministros que estaban en el secreto actuaron con rapidez. El Ministerio de la Gobernación solicitó al Ministerio de Justicia un informe urgente sobre la situación. La respuesta, emitida en tan solo unas horas, fue que había que proceder a consultar a la Junta de Fiscales. Convocada con urgencia, la Junta de Fiscales se reunió a las nueve de la mañana del Sábado Santo. A las doce del mediodía, emitió un informe señalando que no existían indicios que impidieran la legalización del PCE. A la una, Adolfo Suárez comunicó a Armero que podía darle la buena noticia a Santiago Carrillo. Telefoneando desde la casa de Basilio Martín Patino, hermano del secretario del cardenal Tarancón, Armero cumplió con el encargo de Suárez¹⁰³. Carrillo comentaría años después que lo esperaba¹⁰⁴ y, seguramente, fue así.

La noticia se mantuvo en secreto hasta las seis de la tarde e incluso entonces se comunicó de manera más que matizada. Suárez no deseaba bajo ningún concepto que Carrillo lo elogiara por temor a las reacciones. Carrillo lo comprendió a la perfección y en su declaración pública, a pesar de felicitarse por la legalización, subrayó que Suárez no era un amigo de los comunistas sino un anticomunista, aunque inteligente¹⁰⁵. De manera bien significativa —y de acuerdo con lo pactado—, el PCE celebró la legalización de manera discreta. No en vano, como señalaría tiempo después Armero¹⁰⁶, se temía que una celebración grande provocara la ira de las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que, incluso sin celebración, el estamento militar reaccionó con ira. Apelando a la reunión que habían mantenido con Suárez en septiembre de 1976, acusaron al presidente del Gobierno de haberlos mentido. Por su parte, los tres ministros militares afirmaron que se habían enterado de la legalización del PCE por TVE. Gutiérrez Mellado ofrecería una versión muy distinta¹⁰⁷. De acuerdo con la misma, se les había advertido previamente, y además se les había hecho saber que, si deseaban alguna aclaración, el presidente del Gobierno se la brindaría. De los tres ministros militares, dos no realizaron ningún comentario y uno se interesó por la autoridad jurídica.

Sin embargo, una cosa era la realidad y otra muy diferente, lo que un sector de las Fuerzas Armadas creía o deseaba creer. A petición de Milans del Bosch, jefe de la Brunete, el capitán general Gómez de Salazar celebró una reunión a la que asistieron todos los altos mandos de la capitanía. Milans insistió en que Suárez había quebrantado su palabra de honor, en que no podía aceptar a un presidente del Gobierno sin honor y en que se estaban viviendo momentos como los previos a julio de 1936¹⁰⁸. Visto a distancia cuesta trabajo saber si Milans era un trastornado, un malvado o, simplemente, había perdido el contacto con la realidad. Comparar a la España de la Transición con la de la Primavera Trágica de 1936 era un dislate de dimensiones colosales a menos que se pretendiera forzar un golpe. Así, efectivamente, lo plantearon algunos de los presentes y, finalmente, tal eventualidad fue rechazada. Sin embargo, la tensión con las Fuerzas Armadas no iba a concluir. El lunes 11 de abril, el ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, presentó su dimisión. En la carta donde comunicaba su decisión, advertía al Gobierno de que ningún almirante en activo lo sustituiría. Suárez confiaría entonces a Armero¹⁰⁹ que estaba dispuesto a designar a un almirante retirado o incluso a asumir personalmente la cartera de Marina. Para Armero aquel fue uno de los momentos más difíciles de la Transición, hasta el punto de que en una conversación con Lagunero, el millonario cercano a Carrillo, se comentó que Suárez podía caer o ser asesinado¹¹⁰. Pero el presidente no estaba dispuesto a doblegarse. Mientras Carrillo volaba hacia Madrid en contra de las advertencias del Gobierno¹¹¹, Suárez intentaba dar con un almirante que sustituyera al dimitido. Lo encontró. El elegido fue Pascual Pery Junquera, que había pasado a la reserva por petición propia y contaba con una excelente hoja de servicios.

El martes 12, el Consejo Superior del Ejército de Tierra, con la presencia entre otros de los capitanes generales y el mando superior de la Guardia Civil, se reunió en medio de un ambiente notablemente crispado. Con Gutiérrez Mellado ausente por enfermedad, solo Vega Rodríguez e Ibáñez Freire no entraron en la descalificación de Suárez e intentaron apaciguar los ánimos apelando a la disciplina¹¹². Si ese argumento impidió que se fraguara un golpe podrá ser objeto de discusión; lo que resulta, sin embargo, innegable es que los reunidos redactaron un comunicado extraordinariamente duro y que tardó en publicarse dos días.

El jueves 14 de abril —simbólico aniversario de la proclamación de la Segunda república— el Comité Central del PCE celebró su primera sesión plenaria en la legalidad. La coincidencia con la publicación del comunicado del Consejo Superior del Ejército de Tierra resultó punto menos que sobrecogedora. Los militares se declaraban contrarios a la legalización del PCE. La aceptaban por disciplina y afirmaban que defenderían la unidad de la patria, el honor de la bandera y el prestigio de las Fuerzas Armadas con todos los medios a su alcance. Con un Carrillo preocupado ante la posibilidad de que el Comité Central no pudiera concluir su reunión¹¹³, Suárez, según testimonio de Armero¹¹⁴, consideró pertinente pedir al PCE que reconociera inmediatamente todo aquello que las Fuerzas Armadas pensaban que estaba en peligro. El Comité Central, tras un brevísimo debate, aprobó de manera casi unánime lo que solicitaba Suárez. Por primera vez en su historia, el PCE desplegaría, junto a la bandera roja con la hoz y el martillo, la bandera nacional bicolor en todos sus mítines. Así se lo comunicó Armero a Suárez¹¹⁵. El PCE cumpliría con su palabra.

El viernes 15 de abril, la crisis de gobierno quedó zanjada con la jura del almirante Pery. La tensión en las Fuerzas Armadas no desapareció, pero había quedado de manifiesto que Suárez no estaba dispuesto a dejarse doblegar. Ese mismo día, en una nueva muestra de que sujetaba con firmeza las riendas del poder, el Gobierno anunció la convocatoria de elecciones generales para el 15 de junio.

Suárez, presidente (III): las primeras elecciones

Durante lo que quedaba del mes de abril y el de mayo, regresaron a España los últimos exiliados. Algunos de ellos eran personalidades de la guerra civil, como los comunistas Pasionaria y Rafael Alberti o la anarquista Federica Montseny. Su peso en política sería prácticamente nulo, pero el simbolismo no podía resultar más obvio: la guerra civil había quedado superada y, sobre todo, el franquismo estaba camino de la definitiva e irreversible liquidación. Como remate de la situación, el 14 de mayo, los condes de Barcelona salieron de su exilio en Estoril a bordo del avión de la Casa del Rey con destino a Madrid. Don Juan iba a renunciar a sus derechos dinásticos. El Gobierno —que intentó incluso que el acto se realizara por carta y acabó reduciéndolo a un acto familiar— había ido retrasando la ocasión para evitar la menor sombra de deslegitimación sobre Juan Carlos.

El 22 de mayo, dio inicio la campaña electoral. Semejante circunstancia —ciertamente, de importancia trascendental— opacó la manera en que determinados estamentos estaban colocando sus fichas en un tablero aún no terminado de pulir. En el caso de la Iglesia católica, la actuación coincidió con dos acontecimientos de notable importancia. Uno fue la legalización del PCE, el 9 de abril de 1977, y el otro, la convocatoria de elecciones generales para el 15 de junio del mismo año. Sobre la primera cuestión, la Iglesia católica guardó un silencio oficial absoluto; sobre la segunda, ya había desactivado cualquier posibilidad de opción católica que pudiera concurrir a las urnas. La democracia cristiana había sido una clara opción en la Italia de la posguerra, donde el apoyo recibido desde la Santa Sede no había resultado baladí; pero, a esas alturas, Tarancón estaba convencido —quizá porque conocía mejor la sociedad española de lo que podía expresar— de que en España sería contraproducente. No solo vincularía peligrosamente a la Iglesia católica con un partido político, sino que además permitiría a la oposición cargar contra ella con relativa facilidad. Así, los democristianos se vieron totalmente abandonados, lo mismo si procedían de la escuela de Ángel Herrera Oria (Federico Silva Muñoz), que de la CEDA de la Segunda República (José María Gil Robles), que de la escasa oposición al franquismo (Joaquín Ruiz-Giménez). Sólo el último sobreviviría un tiempo en la política al ser nombrado primer defensor del pueblo, mientras el resto sufría un abandono poco diferente del experimentado por otros grupos católicos como la Fuerza Nueva de Blas Piñar.

Por el contrario, la UCD —una coalición de partidos que iban de la democracia cristiana a la socialdemocracia, pasando por los liberales o los denominados azules, procedentes de la Dictadura— sí representó, al igual que el PSOE, una opción aceptable para Tarancón. Cuestión aparte era si la Iglesia católica estaba dispuesta a conceder al Gobierno de Suárez una baza como la firma de los acuerdos Iglesia-Estado antes de las elecciones. El nuncio Dadaglio, acompañado de sus asesores José Giménez Martínez de Carvajal y José María Díaz Moreno, celebró una reunión el 23 de mayo de 1977 con Marcelino Oreja y Eduardo de Zulueta. Dadaglio expuso que se podría firmar algún acuerdo antes de las elecciones si el matrimonio estaba incluido en él y si además quedaba perfilado el tema de la enseñanza¹¹⁶. El documento en lo relativo al matrimonio «favorecía sensiblemente los intereses de la Iglesia»¹¹⁷, pero además reconocía la personalidad jurídica y capacidad de obrar de las entidades eclesiásticas, y la aceptación de las exigencias del Vaticano de un acuerdo previo sobre el régimen de asistencia católica y presencia de personal religioso en prisiones, hospitales, sanatorios, orfanatos y establecimientos similares, ya fueran públicos o privados. Por si fuera poco, el 31 de mayo, a dos semanas de la celebración de las primeras elecciones, se concluía el acuerdo relativo a la enseñanza y los asuntos culturales. El Gobierno no se atrevió a oponerse a que la Iglesia católica pudiera disponer en las emisoras de radio y televisión regidas por el Estado u organismos oficiales de «espacios adecuados». Se trataba de una petición más que discutible en un Estado que pretendía ser no confesional, aunque contaba con claros precedentes durante el franquismo. Miguel Solano llegó a decir a Marcelino Oreja que «se concede a la Iglesia unas ventajas de las cuales en la actualidad carece»¹¹⁸. No puede sorprender que el debate constitucional estuviera cargado y, en no escasa medida, predeterminado. Pero a todo ello nos referiremos más adelante. A la sazón, la atención de los españoles estaba centrada en las futuras elecciones.

Como conclusión de la campaña electoral, aparecieron en TVE los nueve partidos o coaliciones que habían presentado candidaturas en, al menos, veinticinco distritos electorales. Vistas a distancia, las intervenciones constituyen, quizá más que nunca, una radiografía de lo que ofrecían los partidos y del clima imperante. Si el PSP de Tierno Galván hizo un llamamiento al sentido común¹¹⁹ y el PCE insistió en que no volviera a haber una guerra civil¹²⁰, AP osciló entre el alarmismo franquista y el deseo de conservar a los seguidores del franquismo sociológico. Así, mientras Fraga, con el fondo de un himno que cantaba a «la verdadera libertad» y que ofrecía «seguridad, orden y ley», prometió que iba a plantar cara «al marxismo y al separatismo», Arias Navarro se refirió al deterioro de la economía —¡él, que era responsable de no haber hecho absolutamente nada para minimizar el impacto de la crisis de 1973!— y del orden público pintando un panorama prerrevolucionario. Más inteligentes, el PSOE abogó por «cambiar la sociedad al ritmo que el pueblo marque»¹²¹ y Suárez —con el trasfondo de una canción que afirmaba: «Vota centro. Vota Suárez. Vota libertad. La vía segura a la democracia»— remachó la manera en que había cumplido sus promesas. Su discurso de fin de campaña fue, con diferencia, el mejor y, dado el control que tenía del aparato del Estado y de los medios públicos, lo único que sorprende es que no obtuviera resultados todavía mejores. Finalmente, como era de esperar, la UCD ganó las elecciones con 165 escaños y un 34 por ciento de los sufragios. A no poca distancia se encontraba la primera fuerza de la izquierda, que no era, como tantos esperaron, el PCE —que solo alcanzó 9 escaños y el 9 por ciento de los votos—, sino el PSOE, con 118 escaños y un 29 por ciento de los votos. AP, a pesar de su confianza en recoger el apoyo del franquismo sociológico, solo consiguió 16 escaños y el 8 por ciento del sufragio. Puede que millones de españoles hubieran sido sociológicamente franquistas en 1975, pero ahora habían decidido, como las Cortes, romper mayoritariamente con el pasado. Esa ruptura pudo percibirse con facilidad en la desvinculación tanto del búnker que representaba la Fuerza Nueva de Blas Piñar y otros grupos de extrema derecha como Falange de las JONS —ni un solo escaño—, como de la confesionalidad de la democracia cristiana expresa, abandonada por los obispos y por la inmensa mayoría de los católicos.

En España, de forma marcadamente mayoritaria, los ciudadanos votaron a una opción de derecha moderada trasmutada en centro y a otra de izquierda que no lo era tanto, pero a la que el contraste con la idea que se tenía del PCE convertía en tal. Por añadidura, los dos dirigentes —Suárez y González— transmitían una sensación de juventud y dinamismo que contrastaba con las figuras de Fraga y Carrillo, pero también con las de Piñar o Tierno Galván. Las Vascongadas —donde el PNV se convirtió en la primera fuerza política— fueron una excepción relativa; no lo fue Cataluña. En la región, los socialistas fueron el partido más votado y, a continuación, vino una CiU que estaría capitaneada durante décadas por Jordi Pujol.

El 22 de junio, se celebró la primera sesión conjunta y solemne del Congreso y del Senado. El discurso pronunciado por el rey se hallaba a veinte meses de distancia del que habían escuchado las Cortes franquistas durante su coronación. En las imágenes del evento se puede ver cómo el socialista Alfonso Guerra, junto a algún comunista, no aplaudió al monarca¹²². Sin embargo, pensara lo que pensara Guerra, lo cierto es que de aquellas Cortes iba a surgir un nuevo sistema político que no solo no cambiaría el mundo de base hundiendo al imperio burgués, como afirma la Internacional, sino que conservaría todos los privilegios disfrutados por ciertos estamentos en el pasado y les sumaría los de estamentos presentes. Esas nuevas reglas del juego quedarían reflejadas, para el que tuviera ojos para ver, en la nueva Constitución.

CAPÍTULO VII

La Constitución de 1978

La Constitución de 1978 (I): el reparto del poder

Que las primeras Cortes iban a ser constituyentes no había sido cuestión anunciada en el curso de la campaña electoral, pero para no pocos resultaba un hecho sabido. Que en ella quedarían recogidos los privilegios de una serie de fuerzas sociales es una realidad mucho menos patente incluso a día de hoy. De hecho, los relatos sobre la gestación de la Constitución no suelen reparar en el resultado final y tienden a perderse en los tira y afloja de las diversas fuerzas políticas. En términos historiográficos, semejante conducta recuerda al famoso «colar el mosquito y tragarse el camello» al que se refirió Jesús. Analizando las menudencias de las discusiones durante la redacción del texto, se pasa por alto cómo el futuro de la sociedad española quedó trazado, para bien y para mal, en un texto constitucional.

A pesar de todo, no puede decirse que el contenido del texto no resultara obvio. De hecho, tras un preámbulo no poco peregrino donde se hace referencia a «el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular» —una afirmación chocante para el que conozca la historia de España— y se menciona, por ejemplo, «a todos los españoles y pueblos de España» (sic), el articulado consagra los términos del pacto en el que, precisamente, a pesar de afirmar que (art. 1.2) «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» se remacha que (art. 1.3) «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». Paradoja donde las haya, porque el pueblo español, que nada había podido decidir sobre la «sucesión a título de rey» del Dictador, ahora recibía —y refrendaba con su voto— la decisión personal de Franco. No menor paradoja se daba en el artículo 2, donde, tras manifestar «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», se reconocía y garantizaba «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Como enunciado no estaba mal, pero no tardaría mucho en quedar de manifiesto que el peso de las oligarquías locales había quedado más consagrado que la solidaridad. Algo semejante sucedería con la oficialidad de las lenguas regionales (art. 3).

De carácter especialmente revelador era la definición de funciones de los partidos políticos al afirmar que «expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política» (art. 6). Prácticamente inexistentes —con la excepción del PCE— en los años anteriores, la Constitución los convertía ahora en el cauce prácticamente único de expresión de la voluntad popular y de la participación política. Pocas veces habrá quedado más claro desde un principio que la voluntad de la nación quedaba en manos de reducidas élites. Pero si esto resulta tan obvio en el caso de los partidos, no lo es menos en el caso de los sindicatos y las asociaciones empresariales. De acuerdo con el artículo 7, ambas «contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios». En otras palabras, los dos tipos de entidades se veían colocados al frente de un conjunto de actividades que se hurtaban a los ciudadanos. De hecho, el artículo 37 entregaba a las dos instancias un poder omnímodo en el terreno de las relaciones laborales. Así, el apartado 1 señalaría que «la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios», y en el 2 se haría referencia al «derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo».

De manera bien reveladora, el siguiente poder fáctico reconocido en el texto constitucional era el de las Fuerzas Armadas (artículo 8), si bien en este caso concreto la referencia a una ley orgánica posterior (art. 8.2) —que, al parecer, no era necesaria en el caso de partidos, sindicatos y patronales— abría la puerta a su limitación, a la vez que el art. 28 impedía la sindicación de los militares y el 29.2 restringía el ejercicio del derecho de petición de los militares al ámbito individual.

Este reparto del poder real quedaba realzado en el resto del articulado constitucional. Así, a los poderes públicos se les otorga una serie de funciones —«promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social» (art. 9.2)— que refuerzan el carácter tutelado de la vida política y social. No deja de ser significativo como, a partir del artículo 39, los poderes públicos son convertidos en los agentes —por no decir los únicos protagonistas— de una serie de acciones que, al menos en teoría, deberían haber correspondido a los ciudadanos. El Capítulo tercero deja en manos de esos poderes, en una situación de tutela perpetua, cuestiones como «la protección social, económica y jurídica de la familia» (art. 39.1); «la protección integral de los hijos» (art. 39.2); la promoción de «las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa» (art. 40.1); el fomento de «la educación sanitaria, la educación física y el deporte» y «la adecuada utilización del ocio» (art. 43); «el acceso a la cultura» (art. 44.1) y la promoción de «la ciencia y la investigación científica y técnica» (art. 44.2); «la utilización racional de todos los recursos naturales» (art. 45.2); la promoción del «enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran» (art. 46); el derecho a «una vivienda digna y adecuada» (art. 47); la promoción de «las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural» (art. 48); la «política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos» (art. 49); «la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad» (art. 50) y la «defensa de los consumidores» (art. 51). Cuesta creer que al ciudadano le quedara mucho espacio para respirar tras una enumeración semejante.

Se mirara como se mirara, la nueva sociedad trazada en la Constitución iba a ser un tubo de ensayo en el que los poderes reales —que no los ciudadanos— tendrían una capacidad casi ilimitada para regular y marcar las directrices de las vidas de los españoles. El artículo 131 incluso entregaría en manos del Estado la posibilidad de planificación de la economía. Tanto desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia católica como desde las distintas opciones de izquierda, el marco no podía ser más adecuado. Diferente es si el análisis procede del ángulo de la defensa de la libertad individual.

Incluso la misma tabla de derechos fundamentales de la Constitución permite contemplar la aceptación de situaciones de privilegio. El artículo 16, por ejemplo, relativo a la libertad religiosa, a pesar de afirmar (16.3) que «ninguna confesión tendrá carácter estatal» añade en forma no poco contradictoria que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». En otras palabras, junto a la defensa formal de la aconfesionalidad se anunciaba una confesionalidad fáctica apenas oculta. El artículo 27.3 abría además la puerta a la enseñanza de carácter religioso. Para los que conozcan cómo se había pactado la situación de la Iglesia católica antes del proceso constitucional, no puede sorprender semejante resultado; pero no es menos cierto que, al fin y a la postre, se llegaba a una situación que no distaba gran cosa de la confesionalidad, por más que se negara. Junto a las entidades nuevas que recibían una posición de privilegio, la Iglesia católica conservaba —en realidad, iba a incrementar— las prerrogativas que ya tenía.

Ciertamente, los artículos 17 a 25 reconocían derechos históricos ya reflejados en las constituciones liberales, y del 26 al 29, los sociales. De manera significativa, en un intento seguramente de no irritar al estamento militar —por más que se previera su control—, el derecho a la objeción de conciencia quedaba fuera de esa enumeración de derechos —como originalmente se había planteado— y aparecía como mera coda al deber de cumplir con las obligaciones militares (art. 30.2). Junto con la consagración de estas situaciones privilegiadas, la Constitución articulaba los mecanismos para mantenerlas.

En un entramado político donde no solo se reconocían privilegios de antaño, sino que se introducían otros para estamentos de poder también nuevos, resultaba imprescindible la articulación de un sistema tributario. El artículo 31 establecería concretamente que: «1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.» Y que: «2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.» La afirmación tenía su lógica pero, como tendremos ocasión de ver, el dislocamiento de este enunciado tendría consecuencias enormemente erosivas sobre el sistema creado durante la Transición.

La Constitución de 1978 (II): monarquía y ausencia de separación de poderes

Tras un Capítulo cuarto titulado «De las garantías de las libertades y derechos fundamentales» y un quinto que trataba «De la suspensión de los derechos y libertades», la Constitución desarrollaba el Título II, «De la Corona». Ciertamente, bien puede decirse que la forma de Estado era la monarquía constitucional, pero lo cierto es que el texto constitucional reflejaba una situación intermedia entre los poderes, prácticamente absolutos, que Franco había dejado al rey y la figura de un monarca verdaderamente constitucional. Así, el artículo 56.1 señala que: «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.» Si el arbitraje y la moderación del funcionamiento institucional podían ser acusados de ambiguos —¿hasta dónde llegaban y hasta dónde debían ser atendidos?—, la definición contenida en el apartado 3 del mismo artículo era, por el contrario, de una enorme claridad: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.» Junto a los partidos, los sindicatos, las patronales y la Iglesia católica, la monarquía aparecía configurada como otra pieza privilegiada del nuevo sistema. Porque el problema no eran las atribuciones regias contenidas en los artículos 62 y 63 —normales en una monarquía constitucional—, sino la puerta abierta a ir más allá de esas competencias y la referencia expresa a la impunidad del monarca.

Todas estas realidades, claramente contempladas en el texto constitucional, en realidad dicen mucho más del funcionamiento de las Cortes que el Título III que le dedica la Constitución. Diputados y senadores, a fin de cuentas, no serían sino aquellos que designaran las cúpulas de los partidos políticos para que fueran refrendados por el voto ciudadano. De manera semejante, el artículo 87 dejaba la iniciativa legislativa en manos del Gobierno, el Congreso y el Senado, convirtiendo la iniciativa popular en un imposible práctico (art. 87.3). De hecho, al medio millón de firmas acreditadas y exigidas para este tipo de iniciativa se sumaba su exclusión «en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia». En otras palabras, el sistema se blindaba contra cualquier posibilidad ciudadana de arañar mínimamente las prerrogativas concedidas a las castas privilegiadas nuevas y antiguas.

A lo anterior ha de sumarse que la Constitución de 1978 desconoce la verdadera separación de poderes. Así sería no solo porque en los sistemas parlamentarios es prácticamente imposible deslindar el Ejecutivo del Legislativo, ya que el primero surge de la mayoría en el segundo, sino también porque el Título VI «Del Poder Judicial» dista no poco de establecer una verdadera independencia del Poder Judicial. La afirmación (art. 117.1) de que «la justicia emana del pueblo» puede sonar filosóficamente bien; pero que, a continuación, se afirme que «se administra en nombre del Rey» y no se delimite su independencia resulta más que revelador. De hecho, el que la configuración del Poder Judicial quedara remitida (art. 122) a desarrollos legislativos externos solo serviría para difuminar la separación de poderes y la independencia judicial, difuminación ya anunciada por el apartado 3 del citado artículo, que establece que: «El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado.» En otras palabras, el Legislativo del que surgiría el Ejecutivo también intervendría en la configuración del Poder Legislativo. Para remate, el artículo 124.4 dejaría establecido que: «El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.» Que el máximo representante del Ministerio Público dependiera de la decisión del Ejecutivo difícilmente podía ser más revelador.

La intervención del Legislativo y, por lo tanto, del Ejecutivo en la administración de justicia ni siquiera dejaría fuera al Tribunal Constitucional. El Título IX, dedicado a este organismo, establecía en el artículo 159.1 que su composición sería: «De 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.» En otras palabras, el Tribunal Constitucional estaría totalmente mediatizado por el poder político, lo que convertiría su función de defensa de la Constitución en una tarea casi imposible de cumplir.

Todo este entramado quedaría rematado mediante el Título VIII «De la organización territorial del Estado» y la férrea rigidez en el terreno de la reforma constitucional. El Título VIII no solo dotaba de autonomía a municipios, provincias y comunidades autónomas —tres niveles de administración añadidos al del Estado que proporcionarían no pocos puestos a las clientelas de los poderes reales—, sino que además proporcionaba una legitimidad añadida —y sin base histórica— a los partidos nacionalistas. Ciertamente, el artículo 138.2 afirmaba que «las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales», pero el propio texto constitucional incurriría en contradicción a la hora de aceptar privilegios como los de los conciertos económicos vasco y navarro. De hecho, la disposición adicional primera señalaba específicamente que: «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.» Por si fuera poco, la disposición transitoria segunda estipulaba que: «Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno.» Cataluña y las Vascongadas —denominada Euzkadi en concesión al nacionalismo vasco— veían así consagrada una situación de privilegio.

El artículo 148 dotaba a las comunidades autónomas de competencias en veintidós materias, mientras que el 149 señalaba la competencia exclusiva del Estado en otras treinta y dos. Sin embargo, el apartado 3 de este artículo contenía la semilla de conflictos futuros al entregar la cláusula residual no al Estado sino a las comunidades autónomas, afirmando que: «Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos.» Para colmo, el artículo 150.1 señalaba que: «Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.» Y añadía en su apartado 2 que: «El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.» En otras palabras: aunque, en teoría, la Constitución delimitaba las competencias de las comunidades autónomas y del Estado, en realidad dejaba abierto el camino para que las comunidades autónomas fueran vaciando de competencias al Estado hasta convertirse en independientes de facto, pero con una financiación aportada por el conjunto de los españoles. Para colmo, las dos velocidades de las comunidades autónomas recogidas en el texto constitucional podían convertirse en una sola y máxima en un plazo breve de tiempo. De esta manera, a las oligarquías vasca y catalana podrían irse sumando en breve tiempo las procedentes de otras comunidades. Ciertamente, el artículo 155 entregaba al Gobierno la capacidad de obligar a una comunidad autónoma a cumplir con sus obligaciones, pero la norma quedaba vacía de contenido en la práctica. A decir verdad, el mecanismo podía tener algún valor solo en el supuesto de que una comunidad acabara ansiando una independencia de iure, y no solo de facto. Guste o no, hay que reconocer que la Constitución consagraba el camino hacia una España cada vez más desvertebrada en favor de unas oligarquías locales cuyas acciones no tendrían freno, pero cuyo coste podría ser inmensurable y tendría que ser pagado por el conjunto de los contribuyentes.

Por añadidura, había pocas posibilidades de cambiar la situación en el futuro. El sistema constitucional contaría con un blindaje especial contemplado en el Título X, «De la reforma constitucional». Así, el artículo 167 establece que:

«1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.»

A su vez, el artículo 168 estipula que:

«1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Titulo preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.»

Partiendo de estos requisitos, las posibilidades de una reforma constitucional en la práctica son punto menos que nulas.

En su conjunto, por lo tanto, la Constitución de 1978 no consagraba ni lejanamente la existencia de una nación de ciudadanos libres e iguales. Tampoco significaba la implantación de una democracia sólida. Instituía, ciertamente, un sistema de libertades —lo que constituía un gran avance sobre el régimen de Franco— pero, a la vez, era el reflejo jurídico de una operación de ingeniería concebida, fundamentalmente, en beneficio de determinadas castas privilegiadas. En unos casos, la existencia de esas castas se remontaba a siglos —la monarquía, la Iglesia católica, las oligarquías catalana y vasca…— y en otros —partidos, sindicatos, patronales—, era totalmente nueva. Unas y otras se beneficiarían del nuevo sistema, carente de una verdadera separación de poderes, multiplicado en distintos estratos administrativos donde colocar a las respectivas clientelas, intervencionista por definición y por vocación, y previsiblemente muy costoso, aunque la Constitución insistía en que los impuestos para sostenerlo nunca llegarían a ser confiscatorios.

La Constitución de 1978 (III): los primeros desarrollos

De más está decir que lo que aparecía enunciado con notable claridad en el texto constitucional fue objeto de posteriores desarrollos. En el caso de los acuerdos con la Iglesia católica, Marcelino Oreja, refiriéndose a los que negociaban por parte del Gobierno, afirmaría que «prácticamente todos pertenecíamos a la Asociación Católica de Propagandistas»¹. No exageraba, porque en ese «prácticamente todos» estaban, además de él mismo: Landelino Lavilla, ministro de Justicia; Eduardo Carriles, ministro de Hacienda en el denominado «gobierno de la reforma»; Andrés Reguera, ministro de Información y Turismo en el «gobierno de la reforma»; Íñigo Cavero, ministro de Educación entre 1977y 1979 y José Manuel Otero Novas, ministro de la Presidencia durante los mismos años. No parecía, desde luego, el mejor punto de partida para defender los intereses estatales.

El 17 de febrero de 1978, mientras se discutía la Constitución, paralelamente ya se habían reunido las dos partes representando al Estado —tres democristianos: Marcelino Oreja, Landelino Lavilla e Íñigo Cavero— y a la Santa Sede— el nuncio Luigi Dadaglio y Dante Pasquinelli. En el transcurso de la reunión, el nuncio dejó establecido que, mientras no estuvieran «aseguradas» las cuestiones financieras, la Santa Sede no firmaría nada². Los democristianos no tuvieron inconveniente en seguir por aquel camino, pero no todos los miembros del Gobierno eran tan entusiastas. Por ejemplo, Francisco Fernández Ordoñez sí veía razones en contra, fundamentalmente porque era ministro de Hacienda y se daba cuenta del coste que los acuerdos con la Iglesia católica iban a tener para las arcas del Estado³. A decir verdad, Fernández Ordóñez estaba «opuesto plenamente a la firma»⁴.

Bajo presiones, Fernández Ordóñez envió a la nunciatura una propuesta de acuerdo sobre dotación y régimen fiscal, a la que el nuncio respondió señalando que la Iglesia católica quería que se consolidara el régimen de dotación presupuestaria y plena exención fiscal existente en aquella época, a la vez que se procedía a mejorarlo con un coeficiente multiplicador de la dotación que compensara cualquier merma debida a la inflación. En defensa de estas exigencias, se esgrimió el argumento de que el Estado debía promover el «bien religioso» como parte del bien común y, por tanto, debía adjudicarle una dotación presupuestaria. Por añadidura, la Santa Sede insistía en que la Iglesia católica en España, pa-sara lo que pasara en otras naciones, debía seguir disfrutando de exenciones fiscales, con la única excepción de las tasas por servicios prestados⁵. Ezquerra, escribiendo al embajador español ante la Santa Sede, confesaría desolado: «No pueden pretender el asegurarse una dotación, con un coeficiente multiplicador, puesto que eso no lo tiene nadie en el Presupuesto… Hemos retrocedido todo lo que podíamos y ya estamos con la espalda contra la pared.»⁶ En ese contexto, se ultimó precisamente el contenido del artículo de la Constitución relativo a la libertad religiosa al que ya nos hemos referido. Incluso un senador católico, Manuel Villar Arregui, afirmaría que: «En cuanto católico, prefiero ver fuera de la Constitución la mención a mi Iglesia, porque entiendo que esta se mueve, como comunidad de creyentes, en otro plano que nada tiene que ver con el plano de la Constitución.»⁷ Antiguo presidente de Justicia y Paz, miembro de la Comisión Ejecutiva nacional de la Federación de la Democracia Cristiana y colaborador habitual del diario Ya, perteneciente a la Iglesia católica, Villar no era un católico de a pie. Sin embargo, precisamente en esos días, Marcelino Oreja volvió a presionar al Gobierno para que se firmaran los acuerdos con la Santa Sede antes de que se promulgara la Constitución.

El 27 de septiembre, el artículo 16 fue votado en el Senado logrando 126 votos a favor frente a 58 en contra. Al día siguiente —de manera bien reveladora —, los obispos se pronunciaron sobre la Constitución mediante un documento titulado Orientaciones sobre el referéndum constitucional. Como era de esperar, la Conferencia Episcopal respaldó el nuevo orden político. Así, la XXX Asamblea Plenaria del Episcopado asumió —con solo diez votos en contra y la ausencia de Guerra Campos— la nota de la Comisión Permanente de 28 de septiembre de 1978 que afirmaba que: «El voto en el referéndum se refiere principalmente a problemas temporales o políticos, sobre los que cabe libertad de opiniones. […] Reconocemos en el proyecto unos valores intrínsecos innegables. […] Desde la misión de la Iglesia […] consideramos que no se dan motivos determinantes para que indiquemos o prohibamos a los fieles una forma de voto determinada. […] Los obispos esperamos que las leyes que han de desarrollar las normas constitucionales no turbarán la conciencia de ningún ciudadano.»

No era la única fuerza favorecida por la Constitución que lo agradeció. El 31 de octubre, el texto constitucional fue votado en sesión conjunta del Congreso y del Senado, siendo aprobado en el Congreso por 325 votos a favor de los 345 posibles (con cinco diputados ausentes) y en el Senado, con 226 sobre 239. El 6 de diciembre, el 88 por ciento de los ciudadanos votó a favor de la Constitución en un referéndum nacional. No hubo una sola región —en contra de lo que se afirma ocasionalmente— donde la mayoría de la población no votara mayoritariamente a favor de la Constitución.

El 3 de enero de 1979, se procedió a la firma de los acuerdos entre España y la Santa Sede, aunque no se presentaron para su segura ratificación —UCD tenía mayoría— hasta el 13 de septiembre del mismo año. Las concesiones gubernamentales no fueron pocas. En primer lugar, el matrimonio celebrado según las normas del derecho canónico tendría plenos efectos civiles. En segundo lugar; económicamente, la Iglesia católica veía el establecimiento de una situación que no suponía cambio material con la disfrutada bajo la dictadura de Franco. Por el contrario, ahora se buscaba una legitimación para el dinero entregado por el Estado a la Iglesia católica no en las pasadas desamortizaciones —un argumento que, a pesar de todo, se sigue esgrimiendo ocasionalmente— sino en el supuesto de que prestaba una ayuda a la sociedad y que ésta debía costearla⁸. A la dotación económica, ciertamente nada desdeñable, se sumaba un extraordinario abanico de exenciones fiscales. Las colectas y actividades recaudatorias de este tipo; la publicación de documentos de las autoridades eclesiásticas; la actividad docente en seminarios diocesanos y religiosos y las disciplinas eclesiásticas impartidas en universidades de la Iglesia católica y la adquisición de objetos destinados al culto quedaban exentos de impuestos. Igualmente, la Iglesia católica quedaba exenta de manera total y permanente del pago de la contribución territorial urbana de templos y capillas destinados al culto; dependencias y edificios o locales destinados a actividad pastoral; residencia de obispos, canónigos y sacerdotes con cura de almas; locales destinados a oficinas de la curia diocesana o de parroquias; los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y a las universidades eclesiásticas y los edificios destinados a casas o conventos de las órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada. A estas exenciones fiscales —que implicaban la renuncia por parte del Estado a unos ingresos ciertamente muy cuantiosos— se sumaba la exención fiscal, total y permanente, de los impuestos reales o de producto sobre la renta y sobre el patrimonio, a excepción hecha de las explotaciones económicas, patrimonio cedido o ganancias de capital. Finalmente, también se concedía una exención total de los impuestos de sucesiones y donaciones si los bienes adquiridos se dedicaban al culto, al sostenimiento del clero, al «sagrado apostolado» y a la caridad. Por añadidura, la Santa Sede obtenía la enseñanza obligatoria de la asignatura de religión católica —salvo en COU y estudios universitarios— por docentes que debían ser autorizados por el ordinario diocesano correspondiente; y la homologación de los Colegios seminarios con otros centros docentes sin exigir, sin embargo, ni un número mínimo de matrícula escolar ni que la admisión de alumnos cumpliera con los requisitos legales relacionados con el área geográfica o el domicilio familiar. Finalmente, antes de que existiera legislación que desarrollara el derecho a la objeción de conciencia, los acuerdos ya abrían para el clero esa posibilidad mediante una prestación social sustitutoria que consistiría en realizar su ministerio religioso bajo la dependencia de sus superiores eclesiásticos⁹.

Como ya se ha señalado, el 13 de septiembre, Marcelino Oreja compareció ante el Congreso para solicitar la ratificación de los acuerdos. En su presentación, el democristiano no tuvo inconveniente alguno en faltar a la verdad al afirmar que las discusiones habían tenido lugar «a lo largo del año 1978»¹⁰, cuando la realidad era que se habían iniciado en 1976. Finalmente, los acuerdos fueron ratificados —170 votos a favor, 125 en contra, una abstención y un voto nulo— pero por un margen no especialmente holgado. Los acuerdos consagraban «una situación de privilegio» para la Iglesia católica española¹¹, situación de privilegio que se multiplicaría gracias al medio centenar de acuerdos adicionales que se irían firmando desde 1985 hasta la primera década del siglo XXI con las comunidades autónomas y las universidades, sin contar los innumerables pactos suscritos con diputaciones y ayuntamientos. Los resultados materiales difícilmente podrían haber sido mejores o más reveladores.

TERCERA PARTE

LA TRANSICIÓN CONSUMADA

CAPÍTULO VIII

Suárez, el presidente que no debió ser

La imposible permanencia de Suárez

Con la Constitución de 1978, el proceso de Transición desde la dictadura de Franco hacia un nuevo régimen de libertades había llegado a buen término. Con todo, había ido acompañado de algún inconveniente. No fue el menor que Adolfo Suárez hubiera decidido presentarse a las elecciones. De él se había esperado que, como Torcuato Fernández-Miranda, desapareciera del escenario político contento de haber contribuido a liquidar los residuos del franquismo y a traer el nuevo régimen. Nunca podremos saber a ciencia cierta quién hubiera sido el primer presidente de la Monarquía Parlamentaria ni cómo habrían sido sus primeros años de haberse retirado, como se esperaba de él, Adolfo Suárez. Sí sabemos, aunque algunos detalles se nos escapen, la manera en que Suárez pagó un tributo más que oneroso por no retirarse en aquel entonces.

Con el paso del tiempo, se ha ido consagrando una «versión oficial» que afirma que la caída de Suárez, el primer presidente de la Democracia, se debió al acoso despiadado del PSOE. Ciertamente, el PSOE, principal partido de la oposición, fue asumiendo una política de creciente agresividad contra Suárez, pero su caída —y posterior ostracismo— estuvo relacionada fundamentalmente con el comportamiento de aquellos a los que la Constitución privilegiaba, comenzando por la Casa Real y continuando por la gente de la UCD, su propio partido.

Suárez —que, justo es decirlo, nunca fue un genio— creía en una política que, desde la moderación, pretendía consolidar la democracia, tener un contenido social (quizá pesaba en él su pasado azul) y mantenerse independiente en la toma de decisiones tanto en el interior como en el exterior. Creía realmente que los gobiernos pueden gobernar con independencia, y además la experiencia de los meses anteriores a la Constitución parecía avalar el que llegara a semejante conclusión. Esta visión, no por ingenua menos real, explica que en las elecciones Suárez se hubiera presentado como una opción de centro-izquierda. No era solo que ese posicionamiento encajaba con su visión política, la de una moderación acompañada de cierta sensibilidad social¹, es que, por añadidura, constituía un baluarte frente al avance, bastante inesperado pero innegable, del PSOE². Sin embargo, la idea de una derecha que realizara reformas sociales y que además contuviera a los socialistas no era precisamente lo que esperaban determinados poderes. Y no es que Suárez no controlara aquel invento que era la UCD. En el I Congreso, inaugurado en Madrid el 19 de octubre de 1978, si algo quedó de manifiesto fue que Suárez era el nexo de unión entre los presentes. De hecho, obtuvo el voto para ser presidente de 1.460 de los 1.700 compromisarios a pesar de que el anfitrión, el alcalde José Luis Álvarez, había aprovechado su discurso de apertura para avanzar en la línea democristiana hasta el punto de no tener inconveniente en afrentar a sus compañeros socialdemócratas en UCD. Si, a fin de cuentas, cada uno no acababa tirando por su lado era por Suárez, pero ni siquiera Suárez podría impedir que el nuevo partido acabara, como vulgarmente se dice, igual que el famoso rosario de la aurora. El presidente creía de corazón que lo más difícil era cosa del pasado y tendría que comprobar dolorosamente que lo peor estaba por venir, y que vendría de la mano de los denominados poderes fácticos.

El año 1979, el primero tras la aprobación de la Constitución, comenzó con un discurso del rey con ocasión de la Pascua Militar que no dejó de ser un sonoro bofetón para el Gobierno. Es cierto que el rey no escribía sus discursos, pero no lo es menos que resulta inverosímil que aceptara leer algo con lo que no estaba de acuerdo. Las Fuerzas Armadas estaban irritadas con Suárez y se lo hicieron saber a través de su jefe máximo. Sin embargo, Suárez estaba decidido a que las elecciones convocadas para ese año —las primeras constitucionales— reforzaran su figura. En marzo, Suárez volvió a ganar aunque solo obtuvo tres diputados más (168) y se quedó a ocho de la mayoría absoluta. También ganaron tres escaños socialistas y comunistas, mientras Fraga perdió siete y la abstención ascendió de manera inquietante al 32 por ciento de los votantes. La victoria, sin embargo, no iba a garantizar al presidente del Gobierno una andadura sosegada.

La manera en que las distintas fuerzas se reposicionaron tras las elecciones es, ciertamente, digna de estudio detenido. La derecha que apoyaba a Fraga, la de la CEOE y algunos medios, vio el triunfo de Suárez como una verdadera catástrofe y en los tiempos venideros se dedicaría, con el apoyo encarnizado de los democristianos, a intentar forzar la creación de una gran derecha en la que, a pesar de su escasa significancia, llevara la voz cantante. El PCE llegó a la conclusión de que debía alcanzar algún tipo de compromiso histórico a la italiana con la UCD si no deseaba que el PSOE se convirtiera en la única izquierda con posibilidades de tocar poder. Suárez creyó, erróneamente, que podría gobernar teniendo en cuenta que, en la votación de investidura, recibió los 168 votos de su partido, los nueve de Fraga, los cinco del Partido Andalucista —que pudo formar grupo parlamentario propio— un voto navarro de Jesús Aizpún y otro aragonés de Hipólito Gómez de las Roces. La realidad, sin embargo, se dibujó muy pronto de manera diferente.

Los democristianos, la CEOE y las Fuerzas Armadas estaban convencidos de que la suma de UCD y AP proporcionaba una mayoría absoluta que podría encauzar debidamente el curso del gobierno. El obstáculo para esa suma —bastante dispar a juzgar por el resultado de las votaciones— era Suárez, y contra él iban a dirigirse. En honor a la verdad hay que decir que Suárez no se lo dificultó. A la sazón, no se recataba a la hora de decir que su cargo lo había ganado por sí mismo y con el respaldo de los ciudadanos, mientras que al rey se lo habían regalado³. Se piense lo que se piense de esta afirmación, cuesta creer que sirviera para estrechar las buenas relaciones entre el jefe del Gobierno y Juan Carlos I.

La formación del nuevo gobierno —el primero constitucional— no contribuyó tampoco a asentar las aguas. Era un secreto a voces que Suárez no incluiría en él a un Fernández Ordóñez que se había mostrado moderadamente díscolo en el tema de las relaciones del Estado con la Iglesia católica. La manera en que el socialdemócrata le devolvió a Suárez la jugada difícilmente pudo ser más recia. A partir del último día de marzo, se hicieron públicas las listas de Hacienda. El 1 de abril, los medios de comunicación se hicieron eco de la información. Rafael Termes y Pablo Garnica, los dos gigantes de la banca, contaban con modestísimos patrimonios privados que no pasaban de los 15,6 y 62,5 millones de pesetas respectivamente. En el terreno de los ingresos, las sorpresas que proporcionaron otros personajes no fueron menores. Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo utilísimo del rey, apenas ganaba tres millones y medio al año, mientras que Luis Alberto Salazar-Simpson ingresaba anualmente algo más de un millón y medio de pesetas. Esa situación, si no de miseria, sí de modestia, afectaba también a gente cercana a la UCD como el gran factótum en Galicia, Eulogio Gómez Franqueira, que tenía un patrimonio de poco más de veinte millones de pesetas y unos ingresos anuales de algo más de dos millones y medio; o como el cuñado de Suárez, Aurelio Delgado, que no solo carecía de patrimonio sino que además apenas ganaba un millón y medio de pesetas al año. Como golpe de despedida de Fernández Ordoñez no estaba mal.

No fue fácil la tarea de formar un nuevo gobierno con un tropel de aspirantes que se amparaban a la sombra de las más diversas instancias. Ni siquiera el triunfo —relativo, porque se limitó al número de concejales— obtenido en las elecciones municipales de 3 de abril de 1979 facilitó la tarea de gobierno. La Semana Santa la pasó Suárez con Fernando Abril Martorell en una finca de Sierra Morena, adscrita al ICONA y llamada «Lugar Nuevo». Como contadora del acontecimiento, se llevaron a la opusdeísta Pilar Urbano. Comenzó así el llamado ciclo Abril Martorell, con un gobierno en el que la diferencia más notable fue la salida del socialdemócrata Fernández Ordóñez. La prensa, a derecha e izquierda, fue implacable. El País⁴ cargó contra la presencia de opusdeístas en el Gobierno, interpretándola no solo como garantía de inmovilismo sino de pedante estupidez; pero el ABC, unos meses después,⁵ se las arregló para reunir un elenco de gente del denominado «mundo de la cultura» entre los que solo Joan Miró consideraba de manera positiva a Suárez. Todo ello sucedía en paralelo a la ofensiva para formar la fuerza de derecha a la que se llamaba, un tanto pretenciosamente, la «mayoría natural». No se trataba solo de los medios o de una parte de la gente de UCD. A la tarea se sumó también la Iglesia católica. Un grupo de obispos llegó a apelar al rey para que impidiera la legalización del divorcio, mientras la Santa Sede amenazaba con que podía peligrar la visita del papa. Incluso el Opus Dei intentó utilizar a la viuda de Herrero Tejedor para que presionara sobre Amparo Illana, la esposa de Suárez, con la misma finalidad. El papa, ciertamente, no vino, pero se debió a un atentado. En cuanto al divorcio, acabó incluido en la legislación civil, pero a costa de provocar un enfrentamiento intestino en el seno de la UCD en el que los democristianos, a los que se había sumado Herrero de Miñón, no escatimaron medio alguno para acabar con los socialdemócratas. De manera tristemente significativa, se trató de la norma más discutida durante el último mandato de Suárez y, junto con el también muy debatido Estatuto de Centros Escolares, volvió a quedar de manifiesto el peso nada pequeño de la Iglesia católica en un segmento de la UCD. Los resultados no fueron buenos, y no solo por la descomposición del partido del Gobierno, sino porque la mal llamada ley del Divorcio, en virtud de su extrema moderación, se convirtió en un semillero de infinidad de conflictos domésticos.

Tampoco las Fuerzas Armadas tenían la menor intención de aflojar la presión. A finales de 1979, el ABC reprodujo unas declaraciones de Milans del Bosch⁶ —respaldadas por González del Yerro, el capitán general de Canarias— que solo podían interpretarse como una amenaza. A Suárez, los militares le podían dar un sobresalto el día menos pensado.

Por si todo lo anterior fuera poco, el 13 de mayo de 1980, Suárez viajó a Washington con la intención de entrevistarse con el presidente Jimmy Carter en relación con la crisis del Estrecho de Ormuz y su repercusión en la política española. Convencido ingenuamente de que podía transitar por las fangosas aguas de la política internacional de manera independiente, Suárez se entrevistó en esa época con Yasir Arafat en Riad. Con el paso de los años, los propios presidentes norteamericanos y no pocos mandatarios israelíes se reunirían con Arafat, pero en aquella época constituía un gesto de osado atrevimiento que los democristianos aprovecharon para cargar, una vez más, contra Suárez. El que el presidente del Gobierno hubiera señalado su buena disposición a entrar en la OTAN no sirvió de nada frente al abrazo con Arafat y al envío de observadores a la Conferencia de Países No Alineados celebrada en La Habana. Pocos supieron captar la manera en que el presidente Suárez estaba atado de pies y manos mejor que Pedro Ruiz. En 1979, estrenó una película, El día del presidente, donde aparecía un personaje al que interpretaba cuya capacidad de maniobra política era nula a causa de las intrigas, de las presiones episcopales y de las llamadas del amigo americano. Seguramente, la cinta no debió contribuir a mejorar la imagen de Suárez pero, vista a distancia, parece especialmente clarividente.

A finales de febrero de 1980, Suárez sumaría a todas estas dificultades otra más, surgida de la configuración política dibujada por la Constitución. Nos referimos al referéndum andaluz del 28 de febrero. No está exenta la historia de España de ejemplos clamorosos de torpeza política, y éste resultó especialmente destacado. El gobierno de la UCD convocó un referéndum para que los andaluces decidieran si querían contar con una autonomía como la catalana o la vasca y, a la vez, se manifestó en contra de semejante eventualidad. En un momento en que los andaluces, con no poca ingenuidad, insistían en que todos sus problemas históricos se solventarían si se reconocía que eran una «nacionalidad», el gobierno —quizá para apaciguar al estamento militar— decidía colocarse contra la corriente. Como era de esperar, la corriente se lo llevó por delante.

Imaginándose lo que iba a suceder, el 18 de enero, Manuel Clavero Arévalo, andaluz, ministro de Cultura e influyente catedrático, dimitió y abandonó la UCD en la que había militado desde 1977. El que Suárez lo sustituyera por Ricardo de la Cierva pudo tapar el boquete en el ministerio, pero no en Andalucía. Dado que las dos primeras figuras del PSOE —Felipe González y Alfonso Guerra— eran andaluces de pro, y que la región era uno de los poquísimos lugares donde los socialistas habían existido antes de la Transición, el desastre del Gobierno era previsible.

En mayo de 1980, el Gobierno sufría una nueva crisis. Esta vez, Abril Martorell, hombre de confianza por un año, desapareció. Lo mismo sucedió con los «rabanitos», el mote con que se apodaba a los socialdemócratas por eso de que eran rojos por fuera, blancos por dentro y estaban siempre cerca de la mantequilla. En apariencia, se trataba de un triunfo de los democristianos y de la derecha, fáctica e institucional, que deseaba maniatar a Suárez. Es verdad que el presidente del Gobierno se vio obligado a entrevistarse con Fraga para intentar llegar a un acuerdo en virtud del cual le prestara su respaldo, pero la realidad es que aquella política, ambiciosa y ciega, solo servía para facilitar el avance del PSOE. Ese mismo mes de mayo, Felipe González anunció una moción de censura que tomó por sorpresa a Suárez y a casi todo el país.

El 28 de mayo, Alfonso Guerra defendió la moción de censura en el Parlamento. Visto en la distancia, el diputado socialista no parece un ejemplo de profundidad ni de sutileza, pero se puede intuir el carácter de trallazo que tenían sus soflamas de la época. En esta ocasión, se cebó con un Suárez que daba la sensación de no haber superado su desconcierto. Pero, seguramente, fue más duro Alejandro Rojas Marcos, que calificó a Suárez como «un árbol caído». No lo era, pero los que deseaban convertirlo precisamente en eso estaban en su partido y en los poderes fácticos y llevaban tiempo haciendo leña de él. Una foto, realizada por Marisa Flores, publicada en la primera página de El País y premiada con el Premio Nacional de Periodismo Gráfico de 1981, levantó acta de aquella situación. Con un texto que decía «Adolfo Suárez abandonado», expresaba una realidad que aumentaba y un deseo de muchos. A esas alturas, los democristianos habían convertido el partido en su coto; Abril Martorell no estaba ya a su lado; el referéndum andaluz había hundido a la UCD en Andalucía y, como remate, el rey no se recataba a la hora de criticarlo ante civiles y militares. A todo ello se sumaban también en su contra la CEOE, el Opus Dei y periodistas concretos⁷. El desánimo de Suárez era tan obvio que incluso, tras una intervención mediocre de Felipe González, no quiso entrar a machacarlo dialécticamente a pesar de que no habría sido tarea difícil.

A esas alturas, Suárez celebró una reunión con la cúpula de su partido, a la que se motejó como la «reunión de la casa de la pradera», en referencia a una serie de televisión muy popular en aquellos momentos. Tuvo lugar el 7 de julio, y Suárez hubo de soportar durante dos jornadas a una decena de compañeros de partido que, incluyendo a Martín Villa, lo acusaron de ser el responsable de todo. Sólo Fernández Ordóñez mantuvo silencio ante aquel ejercicio de acoso y derribo que Suárez solo detuvo cuando amagó con dimitir. Semejante posibilidad aterró a alguno de los presentes, como Landelino Lavilla, que temía que Suárez se cayera antes de que los suyos pudieran controlar la situación. Sin embargo, aquellas intrigas palaciegas eran poco en comparación con otros movimientos que se desarrollaban en paralelo.

Todos contra Suárez

Mientras el presidente de la CEOE, Carlos Ferrer Salat —que no se cansaba de preguntar cómo alguien como Suárez había podido llegar a presidente del Gobierno— y José Antonio Segurado seguían moviendo peones para crear una gran derecha con los democristianos, y Abril Martorell se separaba definitivamente de él, otros poderes fácticos avanzaban posiciones para derribar a Suárez. Por esa época cobró impulso la conjura para derribar a Suárez y colocar a un militar en la presidencia del Gobierno. Desde El Alcázar a El Heraldo Español pasando por El Imparcial, día tras día se apeló a la intervención del ejército en contra de Suárez. A la vez, periodistas como Pilar Urbano insistían en un «gobierno de gestión» —gobierno que, por supuesto, jamás podría presidir Suárez— y banqueros como Alonso Fierro y Antonio María de Oriol se sumaban a la operación⁸. Hasta qué punto Herrero de Miñón —que acabaría siendo premiado por los nacionalistas vascos—, Landelino Lavilla y Óscar Alzaga, el trío democristiano que se bautizó como «crítico», estaba socavando la posición de Suárez, puede verse en un episodio ciertamente significativo. En octubre, Suárez intentó que el portavoz de UCD en el Congreso fuera Santiago Rodríguez Miranda, en sustitución de Pérez Llorca, ahora ministro. Contra esa decisión se alzó Herrero de Miñón, que logró que el grupo parlamentario lo designara a él. Suárez reconocería años después que la jugada dejó de manifiesto su pérdida de autoridad porque ni siquiera le comunicaron los acuerdos tomados por dirigentes de la UCD la noche anterior⁹.

Herrero de Miñón, crecido tras su victoria, apoyado por los demo-cristianos y con fondos de la CEOE, publicó un manifiesto dirigido contra Suárez. El texto, que sobrecoge visto ahora por su catadura moral y su torpeza política, coincidió con otros dos episodios especialmente graves. El primero fue la aparición en El Alcázar, el 17 de diciembre, de un texto titulado «Análisis político del momento militar» que, firmado por un colectivo llamado Almendros, estaba realizando un apenas oculto llamamiento a perpetrar un golpe. El segundo, más relevante, fue la actividad progolpista del general Armada, que se reunió en la casa de Antoni Siurana, el alcalde socialista de Lérida, con los también socialistas Joan Raventós y Enrique Múgica. Nunca sabremos todo lo que se habló en aquel peculiar almuerzo, pero parece probado que los socialistas dieron luz verde a la formación de un futuro gobierno cuyo presidente no fuera el Suárez elegido democráticamente, sino el impuesto por Armada. Como mínimo, transmitieron el mensaje a los nacionalistas catalanes, tal y como lo han referido Jordi Pujol¹⁰ y Miquel Roca¹¹.

Para rematarlo todo, el rey no ocultaba su creciente distanciamiento de un Suárez que se había empeñado en seguir en la política, en contra de lo esperado de él. A finales de noviembre, el rey recibió a Fraga —que el 22 de diciembre anotaría en su diario que Armada estaba dispuesto a presidir un Gobierno—, y a inicios de enero, a Felipe González y a Santiago Carrillo. El 23 de diciembre, Suárez se entrevistó con el rey en Baqueira Beret. En un gesto con pocos equivalentes en la historia, el monarca puso sobre aviso al jefe del Gobierno de que su final estaba cerca. Le negó la posibilidad de convocar elecciones para recibir un nuevo respaldo procedente de las urnas y, por añadidura, le propuso trasladar al general Armada del Gobierno Militar de Lérida a la Jefatura de Estado Mayor (JEME), como segundo jefe, justo detrás de Gabeiras. A lo primero tuvo que plegarse Suárez —que hubiera preferido nuevas elecciones incluso al coste de un gobierno de coalición con el PSOE—, pero a lo segundo se negó en rotundo.

Suárez pasó un par de días terribles tras el encuentro con el rey, pero no tardó en recuperarse y en retomar la idea de ir a unas nuevas elecciones que lo refrendaran como presidente. Tenía todo en su contra. ETA había convertido 1980 en un año especialmente sangriento en el que los terroristas cometieron 124 asesinatos; la situación económica no remontaba —aunque ni de lejos era tan mala como lo sería posteriormente con José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy— y la sensación de pérdida de control se acrecentaba a diario. Mientras tanto, los involucionistas continuaban conspirando.

El 3 de enero, el rey cenó con Armada en Baqueira. Unas horas después, Armada se desplazó a Valencia para entrevistarse con un Milans del Bosch entusiasmado con la idea del golpe. El día antes, 2 de enero, Herrero de Miñón y los democristianos lograron que la Ejecutiva de UCD convocara el II Congreso del partido. Debería celebrarse en Palma de Mallorca durante los tres últimos días del mes. Su finalidad había de ser impedir que Suárez pudiera convocar unas elecciones que ni el rey, ni los democristianos, ni los poderes fácticos querían. Elecciones que, de concluir en victoria, reforzarían a Suárez; y de acabar en derrota, se llevarían por delante a sus enemigos dentro del partido.

El 10 de enero, el rey se reunió con Suárez en la Zarzuela y le exigió que trajera a Armada a Madrid como segundo JEME. Suárez se negó con firmeza pero, lógicamente, su actitud no pudo impedir que ese mismo día Armada marchara a Valencia para entrevistarse con Milans y progresar en la preparación del golpe. En la residencia oficial del capitán general, se reunieron con los dos generales dos coroneles que serían decisivos: Ibáñez Inglés y Mas Oliver. Armada les aseguró que el rey estaba detrás del golpe, y además mandando, no «desplumado de poderes»¹² como le había dejado la Constitución. El 18 de enero, domingo, se reunieron en el domicilio particular del coronel Mas Oliver en Madrid diecinueve golpistas, de los que dieciséis eran generales y uno, almirante. En el encuentro se selló el plan para dar un golpe de Estado y destituir inmediatamente a Suárez. En medio de lo que debió ser un ambiente de entusiasmo, el teniente coronel Tejero explicó su plan de asalto al Congreso y Milans señaló que, tras derribar a Suárez, saldría una terna en la que estaría Armada. La sola mención de la terna indica que Milans no se había enterado de que ya no existía el Consejo del Reino ni tampoco una legalidad que, desde luego, le importaba bien poco. Milans incluso se permitió señalar que el rey se inclinaba por un gobierno de civiles que podría presidir un independiente o un militar como Armada, mientras que la reina era «más militarista». De donde había sacado Milans esas informaciones es algo que solo permite especulaciones.

El 22 de enero, Suárez volvió a reunirse con el rey. De nuevo, el monarca insistió en que deseaba tener a Armada en Madrid. Según el testimonio de Charles Powell¹³, Suárez no solo volvió a negarse sino que además la conversación concluyó en una discusión especialmente áspera. Ese mismo día, el rey, sin que Suárez lo tuviera previsto, pidió al presidente del Gobierno que se quedara a comer. Los otros comensales eran Milans del Bosch, González del Yerro y Merry Gordon. En el curso de la comida, el rey se vio obligado a salir para atender una llamada telefónica y los militares aprovecharon para exigir la dimisión de Suárez. Nunca sabremos si hubo amenazas físicas o si incluso se desenfundó alguna pistola. En realidad, esos detalles tienen poca relevancia, porque lo auténticamente importante es que tres militares se atrevieran a exigir a un presidente del Gobierno democráticamente elegido que presentara la dimisión. El regreso del rey a la mesa no significó el final del mal trago para Suárez. De hecho, permaneció en Zarzuela hasta las cinco de la tarde¹⁴. A esas alturas Suárez ya sabía que, o se plegaba a una forma de hacer política en la que el monarca, respaldado por los militares, se convertiría más que nunca en sucesor de Franco a título de rey, o dimitía.

En medio de tan turbia situación, lo que Suárez desconocía —aunque no tardaría en enterarse— era que en un despacho del Congreso de los Diputados se guardaban los documentos en que aparecían las firmas de varios diputados de UCD dispuestos a sumarse a una moción de censura contra él, y que iba a presentar el PSOE en unas semanas. El 23 de enero, Suárez presidió el que sería su último Consejo de Ministros; aunque, en aquellos momentos, eso no lo sabía nadie. Es posible que él mismo, a pesar de pedir a los ministros de Interior y Presidencia que no salieran de Madrid ese fin de semana, no hubiera tomado todavía su última decisión. El tiempo, desde luego, jugaba en su contra. Ese mismo día, en Madrid, se reunieron diecisiete generales más que convencidos de que el golpe militar era la única salida. El rey se encontraba cazando en Sierra Morena con los banqueros Pablo Garnica, Jaime Urquijo y Juan Herrera cuando una comunicación le obligó a regresar a Madrid en helicóptero. Suárez le informó que había decidido ceder a las presiones. Ese fin de semana, el todavía presidente del Gobierno le comunicó su decisión de dimitir a su esposa, Amparo Illana.

El lunes 26 de enero, Suárez recibió en Moncloa al democristiano Landelino Lavilla pero, en tres horas de conversación, no le desveló sus intenciones. Tampoco está muy claro que dijera mucho a Leopoldo Calvo-Sotelo —y si lo dijo, Calvo-Sotelo lo ha negado— en el curso del almuerzo que tuvo con él ese mismo día. A las cinco y cuarto de la tarde, Suárez se reunió en Moncloa con seis ministros y el secretario del partido, Rafael Calvo Ortega. El episodio fue relatado de manera no del todo verosímil por Javier Tusell, que fue parte de la conjura democristiana para acabar con Suárez. La realidad es que el presidente del Gobierno señaló que la clase dirigente del país no lo soportaba y que los poderes fácticos habían ganado la batalla. La descripción, además de breve, se correspondía con la realidad. Los que escucharon la comunicación de Suárez marcharon a cenar a un restaurante sito en la Carretera de La Coruña y, a las 12:30 de la noche, comunicaron al presidente del Gobierno su petición de que continuara en el cargo. Suárez —en un gesto bien revelador— les rogó que fueran discretos, porque aún no se lo había comunicado al rey. Muestra de lo que daban de sí los conspiradores democristianos es que, aquella misma noche, los controladores aéreos de Barajas, a los que se sumarían los de Barcelona y Palma, fueron a la huelga convirtiendo en prácticamente imposible la celebración del congreso de UCD. El ministro de Transportes, el democristiano José Luis Álvarez, no se había enterado de nada.

El martes, Suárez comunicó su dimisión a Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa del Rey, para dejar constancia de que era él quien dimitía por deseo propio y no porque nadie se lo hubiera sugerido. Sólo entonces, aprovechando el despacho ordinario, Suárez le comunicó su decisión al rey. Los cronistas palaciegos hablan de que el monarca se quedó sorprendido, pero cuesta creerlo y más teniendo en cuenta todo lo que el monarca había hecho para llegar a ese punto.

El 26 de enero de 1981, Herrero de Miñón —en un episodio que lo define— afirmaba durante un almuerzo con periodistas que «o el personaje» —en clara referencia a Suárez— «cambia de estilo o se cambia al personaje». Tres días después, el despectivamente denominado «personaje» anunciaba su dimisión.

De la dimisión de Suárez al 23-f

El 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez anunció su dimisión como presidente del Gobierno. Dado que no remitió su discurso de despedida a la Zarzuela, el rey envió a Fernández Campo a Moncloa para supervisar el texto antes de que se procediera a la grabación. No fue una mera supervisión. Fruto de aquella visita fue, por ejemplo, que en el discurso se añadiera un falsario «me voy sin que nadie me lo haya pedido» que eximía, supuestamente, de responsabilidades a los que habían querido acabar con Suárez. Quizá no sorprenda que el presidente no se refiriera ni una vez a Juan Carlos en el discurso y que incluso la Corona apareciera detrás de España y de la idea de un centro político.

En el discurso —que retransmitió Televisión Española y que duró 12 minutos—, Suárez dio como razón para la dimisión una que sonó, en aquel entonces, sobrecogedora: «no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España». Esta afirmación, sumada a otra —«No me voy por temor»—, parecía indicar que creía en la posibilidad de un golpe militar que se desactivaría con su marcha. Sin embargo, en su ánimo habían pesado más, sin duda, el desapego del monarca hacia su persona; las deslealtades de sus propios compañeros de la UCD y la guerra despiadada que contra él había desencadenado un PSOE que sabía que solo llegaría al poder destruyéndolo. Fue lo que Suárez describió en su discurso como «el ataque irracionalmente sistemático, la permanente descalificación de las personas».

Los poderes fácticos no tardaron en manifestarse más que irritados con un Suárez al que aborrecían. Ya de entrada, la petición de ayuda que había formulado el hasta ahora presidente del Gobierno al cardenal Tarancón había sido desatendida por éste de manera más que culpable, llegando incluso hasta el punto de no ponerse en contacto con él cuando el hijo del presidente del Gobierno sufrió un accidente¹⁵. Desde luego, resulta elocuente que el cardenal Tarancón —que dictó buena parte de su política— procurara mencionarlo lo menos posible en los no pocos libros de memorias, recuerdos y entrevistas en los que, con posterioridad, aparecería. De hecho, en alguna ocasión lo describe, con una displicencia apenas oculta, como «un chico listo» que no tenía «gran formación»¹⁶.

Suárez era —no puede negarse— un juguete roto. Pero no solo la Iglesia católica —que el 4 de febrero publicaría un mensaje apocalíptico señalando que la aprobación del divorcio significaría «una puerta abierta a la generación del mal»— marcó distancias. En las Fuerzas Armadas, los acontecimientos, ya bastante encauzados hacia el golpe, adquirieron una velocidad inusitada. El 4 de febrero, Armada se convirtió en lo que siempre impidió Suárez: segundo jefe del JEME. Que el propio Armada en sus memorias diga que el nombramiento no le agradó porque prefería quedarse en Lérida resulta, como mínimo, difícil de creer¹⁷. El 13 de febrero, Armada, ya segundo JEME, se permitió sondear a Gutiérrez Mellado para ver si se sumaba al golpe. No solo eso. Incluso se atrevió a decirle que el desprestigio del rey en el seno de las Fuerzas Armadas era total¹⁸. ¿Acaso soñaba Armada con ser un nuevo Franco que sustituyera al rey? Seguramente nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que, sumido en el estupor, Gutiérrez Mellado comunicó lo sucedido a un Suárez a cuyas órdenes todavía se encontraba. Cinco días antes, El Alcázar había publicado en primera página un artículo del general Fernando de Santiago, el mismo que había dimitido del Gobierno con ocasión de la legalización del PCE, con el título de «Situación límite». Por si alguien no se enteraba, de Santiago afirmaba en el texto: «Hay que salvar España». El mismo 13 de febrero en que Armada sondeó a Gutiérrez Mellado, fue citado por el rey para una reunión que tendría lugar al día siguiente. La audiencia duró una hora y, seguramente, nunca sabremos lo que se habló en ella ya que el monarca ordenó a Armada que no hiciera uso de lo hablado ni durante el proceso posterior del 23-F ni por ninguna otra razón. El 17 de febrero, un decreto otorgaba el poder absoluto sobre las Fuerzas Armadas a la JEME.

Mientras tanto los acontecimientos se iban desenvolviendo de una manera que favorecía a los golpistas. Tras la visita del rey a las Vascongadas y su abucheo por parte de la gente de HB, el brazo político de ETA; el mismo día en que finalmente se inauguraba el congreso de UCD en Palma, apareció el cadáver de José María Ryan, ingeniero de la central nuclear de Lemóniz. Lo había secuestrado y asesinado ETA. Con ese trasfondo, el congreso de la UCD dejó de manifiesto que una cosa era lo que pretendían los conspiradores democristianos y otra, bien diferente, lo que pensaban los afiliados. Los candidatos oficiales, con Adolfo Suárez ya dimitido a la cabeza, se hicieron con treinta y dos puestos en la Ejecutiva. Los críticos, por el contrario, no pasaron de siete, y no resultaron elegidos ni Herrero de Miñón ni Óscar Alzaga. De los 1290 compromisarios, 1281 votaron por Suárez. El partido cerraba filas en favor del dimitido presidente del Gobierno dejando claro —como también lo habían hecho los electores— que por un lado iban los poderes fácticos y los conspiradores que los servían y, por otro, la opinión ciudadana. Resultaba no menos obvio quién se iba a imponer de los dos. Con todo, el respaldo recibido facilitó que Suárez pudiera nombrar sucesor a Leopoldo Calvo-Sotelo, un candidato hasta cierto punto consensuado que no era aceptable para aquellos que se habían empeñado en reducir la realidad política al binomio «o Suárez o golpe» y que, por supuesto, eran contrarios a Suárez.

Sobre el golpe de Estado del 23-F, se ha escrito, se ha mentido y se ha manipulado extraordinariamente. Según el coronel Perote, del CESID¹⁹, por citar un ejemplo, se trató de un golpe preparado para que el general Armada asumiera la presidencia del Gobierno y desde ella frenara la acción de los nacionalismos vasco y catalán y acabara con la banda terrorista ETA. Sólo la torpeza del teniente coronel Tejero —que ni siquiera logró apagar todas las cámaras de televisión que había en el Congreso— impidió que el golpe, del que estaban al corriente todas las fuerzas políticas, alcanzara sus objetivos. De hecho, de nuevo según Perote, de no haber sido por Tejero, «aquella noche Armada habría salido del Congreso como presidente del Gobierno». La versión de Perote, independientemente de las porciones de verdad que contenga, no deja de estar edulcorada porque pasa por alto la catadura de buena parte de los golpistas; sus pretensiones reales —que no pasaban únicamente por acabar con el terrorismo— y, sobre todo, que como consecuencia directa del golpe se habrían terminado por la fuerza de las armas las escasas libertades de que disfrutaban los españoles tras casi cuatro décadas de dictadura. Porque la verdad es que los denominados «poderes fácticos» no se enfrentaron con los golpistas. Ha sido Alfonso Guerra el que ha afirmado que Emilio Botín les dejó que utilizaran el Servicio de Estudios del Banco de Santander sin que, hasta la fecha, lo haya desmentido nadie²⁰. No fue distinta tampoco la actitud de la Conferencia Episcopal. A las seis y media de la tarde del 23 de febrero, un destacamento de guardias civiles entró en el Congreso mientras, en paralelo, los obispos se hallaban reunidos en Asamblea Plenaria. Lejos de emitir un comunicado defendiendo a un régimen que no había sido en absoluto cicatero con ellos, a las ocho decidieron suspender la asamblea y no hacer absolutamente nada²¹. El portavoz de la Conferencia anunció que los obispos rezaban. La asamblea volvió a reunirse al mediodía siguiente, cuando resultaba ya más que obvio que el golpe había terminado en un fiasco rotundo. Sólo entonces un comunicado permitió conocer la posición oficial de los obispos, que era contraria a la intentona que ya había sido abortada unas horas antes. Tarancón insistiría años después en que, de haber triunfado el golpe, los obispos se habrían opuesto²². La realidad es que, si el golpe hubiera triunfado —incluso en la versión de extrema derecha que deseaba Tejero—, la única institución que no se hubiera visto dañada habría sido la Iglesia católica, y con ella el resto de los poderes fácticos.

Porque —y aquí sí que tiene razón Perote— aquel golpe quedó condenado desde el momento en que medio mundo vio la irrupción de Tejero en el Congreso. En la memoria de los ciudadanos, el golpe quedaría unido siempre a Tejero, pero el teniente coronel no pasó de ser un subordinado torpe que con su soberbia —mucho mayor que su inteligencia y competencia— echó todo a perder. La manera en que intentó derribar a un gallardo Gutiérrez Mellado mediante el sucio expediente de zancadillearlo, o la forma en que se enfrentó a Suárez —tan valiente o más que el teniente general— con la pistola en la mano hicieron evidente la catadura del personaje.

Fue Suárez —junto a Gutiérrez Mellado y un Santiago Carrillo que se negó a lanzarse al suelo mientras los guardias civiles disparaban contra el techo del Congreso— el único que supo estar a la altura de las circunstancias en aquel recinto violado por las ambiciones personales de gente que no se había percatado de que la historia llevaba otro rumbo.

Suárez exigió hablar con Tejero. La respuesta de este fue aislarlo, consciente quizá de que era el único con temple suficiente como para enfrentarse a la villanía que se estaba perpetrando. No solo lo aisló, se permitió además pasarle por la cara la pistola, como si él mismo no estuviera seguro de poder hacer frente a un desarmado Suárez.

Tejero fue el principal responsable de abortar lo que él deseaba: una dictadura militar en la que también, muy posiblemente, soñaba Milans del Bosch y otros golpistas. Incapaz hasta el punto de no apagar todas las cámaras de televisión, Tejero se quedó horrorizado cuando Armada le comunicó su intención de presidir un gobierno de concentración en el que habría ¡hasta socialistas! Es posible que nunca sepamos si los que estaban en la lista eran conocedores de su inclusión, pero aun así los nombres son bien reveladores. Tras el presidente Armada, aparecía como vicepresidente López de Letona, que ya al inicio de la Transición había estado relacionado con unos devaneos inquietantes que recibieron el nombre de «Operación Lolita». Después aparecían cuatro personajes de la UCD de los que, salvo Rodríguez Sahagún, todos eran democristianos: Pío Cabanillas, José Luis Álvarez y Herrero de Miñón. A continuación, otros cuatro del PSOE: Felipe González, Peces Barba, Solana y Múgica; dos de Coalición Democrática: Fraga y Areilza, y luego personajes tan elocuentes como Ferrer Sala —presidente de la CEOE—, Luis María Ansón o Antonio Garrigues Walker. No sorprende que Tejero se negara a permitir que Armada se dirigiera al Congreso. Con todo, a esas alturas, el golpe —por más que Armada se empeñara en lo contrario— estaba muerto; y lo estaba por la intervención directa y enérgica del rey. Porque guste o no guste, eso es lo que sucedió.

Aquel 23-F lo que quedó claro para los españoles era que Tejero había entrado como un energúmeno en el Congreso, que Milans había sacado los tanques a la calle en Valencia, que se oía música militar por la radio y que el rey paró el golpe con un mensaje inequívoco emitido por Televisión Española. Esa suma de datos objetivos provocó la cólera de una extrema derecha que no podía perdonar que Juan Carlos no hubiera acabado con la democracia, sustituyéndola por una Junta Militar como la de los coroneles en Grecia; y que se apresuró a decir que la culpa de todo la tenía no su más que probada incompetencia, digna de un ejército tercermundista, sino el rey. Poco le importaba a esa extrema derecha comprensiblemente amargada por su fracaso la falta de lógica elemental que había en afirmar que el monarca había iniciado un golpe para luego abortarlo. La realidad innegable era que el general Armada había utilizado el nombre del rey para fraguar un golpe que lo llevaría a la presidencia del Gobierno, y que los demás se habían sumado porque soñaban con liquidar un sistema que, con todas sus limitaciones, odiaban. Si los golpistas fueron estúpidos, bellacos o fanáticos, o una combinación de dos o tres de los elementos citados, tiene una importancia relativa. Lo que quedó claro en el proceso posterior al fracaso del golpe fue que intentaron escudarse en el rey para defenderse del crimen gravísimo de haber pisoteado la legalidad.

Es cierto que el rey estaba harto de Suárez, entre otras razones porque el presidente había decidido volar solo y no siempre con la debida cortesía; y es también más que posible que le desagradara que Suárez, en lugar de presentar su dimisión tras convocar las primeras elecciones democráticas, optara por presentarse y así perpetuarse en un puesto que había sido de designación regia. Incluso cuesta negar que el rey comentara a más de uno que estaba más que cansado del presidente del Gobierno. Hasta podría aceptarse que en esa conducta no faltó la frivolidad. Todo eso seguramente es cierto, pero de ahí a que el rey organizara el golpe va un abismo. El padre del golpe no fue otro que el general Armada, un personaje de más que dudosa moralidad, notable fanatismo religioso —es curioso como, en un libro reciente, Pilar Urbano no menciona que, como ella, era miembro notorio del Opus Dei, aunque así ha quedado consignado por varios autores—, desprecio absoluto hacia la legalidad y ambición desmesurada. Armada había protagonizado sonoros encontronazos con Suárez; entre otras razones, porque el gobierno había legalizado el divorcio lo que, a su juicio, era intolerable. Por lo visto, acabó llegando a la conclusión de que podía sustituir a Suárez y se aprovechó no solo de la confianza regia sino del deseo que tenían no pocos militares de acabar con la democracia y ajustarle las cuentas a ETA.

Lo sucedido la tarde del 23-F pilló al rey totalmente de sorpresa, circunstancia más que extraña si era quien estaba detrás del golpe. No solo eso. Desde el primer momento, el monarca se aplicó a la tarea verdaderamente compulsiva de frenarlo. Por supuesto, Armada intentó instalarse en la Zarzuela para dar así la impresión —falsa— de que el rey lo respaldaba, pero a esas alturas tanto Juan Carlos como Sabino Fernández Campo se habían percatado de lo que era Armada y no solo no le permitieron aparecer por la residencia regia, sino que además se dedicaron a intentar neutralizarlo para evitar que sumara a las capitanías generales al golpe. Sabino acuñaría una frase en referencia a Armada —«ni está ni se le espera»— que resultó decisiva a la hora de eliminar los apoyos con que pudiera contar el golpe. En paralelo, Armada no paraba de decir que el Borbón era «voluble», pero que si él estaba a su lado lo convencería. Porque Armada no estaba dispuesto a perder la oportunidad de ser presidente del Gobierno, aunque implicara abandonar el uniforme que había manchado con su villanía. Insistió en acudir al Congreso a convencer a Tejero de que le dejara pasar para que lo votaran jefe del Gobierno. Tejero —que no destacaba precisamente por su inteligencia— se negó en redondo. Dada la negativa de Tejero, Armada —que habló también con Milans— incluso llegó a ofrecer un gobierno militar, aunque, por supuesto, también presidido por él. Así, el sueño de Armada se desvaneció mientras Tejero afirmaba que no se subiría a un avión para huir al extranjero, aunque sí logró suscribir un pacto que permitiera que salieran impunes los golpistas a cambio de que no hubiera víctimas en el Congreso. Muestra de hasta qué punto todo había sido una charlotada que, no obstante, podía haber acabado en un baño de sangre fue la imagen, retransmitida por televisión, de los guardias civiles huyendo por las ventanas del Congreso. Seguramente, los residuos del régimen del 18 de julio no daban más de sí.

Después del 23-f

Por una de esas paradojas de la historia, la imagen del odiado Suárez salió extraordinariamente fortalecida tras aquel día. No había podido evitar el golpe ni siquiera con su dimisión pero, ante millones de personas, encarnó la gallardía del poder civil y democrático ante unos golpistas chulescos. Todo ello en una jornada en que sindicalistas, nacionalistas e izquierdistas dieron muestra de casi cualquier emoción salvo la valentía. Pocas imágenes son más claras de lo que significó realmente la Transición que la del «todos al suelo» —izquierda, derecha y nacionalistas— salvo un militar odiado por sus camaradas y un presidente del Gobierno aborrecido por los poderes fácticos. Un presidente del Gobierno, por cierto, que podía haber dimitido, pero que se negaba a rendirse.

El día después del golpe, el rey y Adolfo Suárez se reunieron con la cúpula de la JUJE para conocer por boca de Francisco Laína, director general de Seguridad, cómo se había desarrollado todo. Cuando Laína estaba desgranando la conducta de Armada, Suárez le interrumpió para exigir que se detuviera al general. Gabeiras, jefe de la JUJE, no dijo nada, pero dirigió la mirada al rey. Suárez dijo entonces al general: «¡No mire usted al rey, míreme a mí!» El arresto de Armada tardaría varios días en llegar, y Gabeiras hizo cuanto pudo para que todo quedara reducido a dar un nuevo destino al golpista²³. El día iba a ser testigo todavía de una nueva muestra de la presencia de ánimo que embargaba a Suárez. A las cinco de la tarde, el rey se reunió con Felipe González, Manuel Fraga, Santiago Carrillo, Agustín Rodríguez Sahagún y Adolfo Suárez. El monarca les leyó entonces una alocución en la que señalaba que sería poco aconsejable que las fuerzas políticas reaccionaran con dureza contra los que habían intervenido en el golpe. Suárez, que era consciente de su comportamiento el día anterior y de que no se había equivocado al juzgar a Armada, solicitó del rey el continuar al frente del Gobierno. Una vez más, el todavía presidente del Gobierno dio muestra de un valor fuera de lo normal y del carácter que no podían tolerar los poderes fácticos. Juan Carlos I le informó que semejante posibilidad no resultaba factible. Quizá la conducta del rey excedía ampliamente los límites constitucionales, pero resultaba imposible oponerse a sus deseos. Suárez estaba sentenciado y, de esa manera, quedaría abierto el camino a la llegada al poder del PSOE.

Todavía el 12 de junio de 1982, Suárez intentó convencer a Leopoldo Calvo-Sotelo, entonces presidente del Gobierno, y a Landelino Lavilla para que la UCD formara un gobierno de coalición con el PSOE, del que él mismo sería presidente, evitando así el estallido del centro y un triunfo aplastante de la izquierda. Es muy probable que el centro se hubiera salvado y que Felipe González no hubiera llegado a la presidencia del Gobierno, pero Suárez seguía siendo objeto de un odio generalizado. Un odio aún más acentuado por el hecho de que se había comportado con valor precisamente cuando casi todos habían demostrado un miedo bochornoso.

No podía saberlo, pero Suárez estaba acabado políticamente. El 31 de julio de 1982, ante la disolución creciente de la UCD, Suárez presentó públicamente un nuevo partido que se denominaría CDS o Centro Democrático y Social. Semejante acción llevó a Calvo-Sotelo a disolver las Cortes para frenar el posible avance de Suárez. La torpeza de Calvo-Sotelo y de los partidos de centro-derecha se traduciría en una clamorosa victoria del PSOE, que se perpetuaría en el poder casi década y media. Suárez intentó regresar gracias a una campaña en la que puso como condición no mentir a los electores, no hacerles promesas que no pudiera cumplir y no anteponer los intereses políticos a los de España. El 22 de junio de 1986, el CDS de Suárez, con casi el diez por ciento de los votos, se convirtió en la tercera fuerza política en el Parlamento. Su entrada poco después en la Internacional Liberal le proporcionaría una enorme proyección internacional. La victoria de 1986 sería, sin embargo, su canto del cisne. Su acercamiento a la AP de Fraga para gobernar en algunas alcaldías —entre ellas la de Madrid, que gobernaría su compañero de partido Agustín Rodríguez Sahagún— se tradujo en el abandono de la mitad de su electorado, que había soñado con que Suárez fuera un fuerza de centro que sustituyera en la Moncloa a Felipe González pero que, a la vez, rehuyera la derecha rancia que representaba Fraga. El 29 de octubre de 1991, tras la derrota electoral sufrida en las elecciones de abril del mismo año, Suárez —que había dimitido de la presidencia del CDS—, renunció a su escaño. Al final, anunció su marcha de la política. Fue entonces cuando tanto el monarca como la derecha acabaron reconciliándose con un Suárez debilitado y convertido en icono del diálogo y la voluntad democrática, pero ya totalmente inofensivo. Suárez era la prueba de que nadie gana en España en el enfrentamiento con las oligarquías de siglos, porque son ellas las que dominan a las que solo tienen décadas. Vinieron después años terribles a causa de la enfermedad de una de sus hijas y de su esposa. Luego el alzheimer cayó sobre él. Su última imagen lo mostraba al lado del rey, ya sin memoria e incapaz de contar lo que había sucedido décadas antes. Todo un símbolo.

CAPÍTULO IX

La consumación de la transición: el PSOE llega al poder

La derecha entrega el poder al PSOE

Las fuerzas políticas de derecha, que tanto habían hecho por destruir a Suárez y favorecer a los poderes fácticos, ya no se recuperaron tras el 23-F. No hablamos solo de individualidades como Herrero de Miñón —que tampoco llegó a volar con la altura que habría deseado—, sino de partidos y corrientes. La UCD se atomizaría y AP no lograría ni lejanamente alcanzar su peso. Suerte bien distinta fue la experimentada por otro tipo de instancias. Salvo las Fuerzas Armadas —que, hundidas en el descrédito, no volverían ya a recuperar la influencia perdida— el resto mantuvo su poder, comenzando por un monarca al que la inmensa mayoría de la población vería —con razón— como a aquel que había sabido parar el golpe. De hecho, el 23-F tuvo, entre otros efectos, el de dotar de una especial legitimidad a Juan Carlos como garante cierto de que el sistema no sería liquidado por los involucionistas. Dado que los poderes fácticos ya no se fiaban ni de un sector crítico de la UCD —que había demostrado su falta de consistencia— ni de la derecha de Fraga, resultaba más que obvio que el PSOE llegaría al poder en España y, sobre todo, que llegaría tras destrozar a la derecha, la misma derecha que había provocado la caída de Suárez.

El período de gobierno de Calvo-Sotelo —que algunos denominarían el «bienio negro» de la UCD— no fue sino una sucesión ininterrumpida de errores que se debieron quizá a mera torpeza, pero que facilitaron el triunfo socialista. Posiblemente, uno de los mayores fue la entrada de España en la OTAN y la manera en que se dio el paso. Es más que posible que con semejante acción —que, en realidad, no cambiaba demasiado las cosas porque España ya tenía bases americanas en su suelo— Calvo-Sotelo solo buscara contentar a unos militares no precisamente entusiasmados tras el 23-F, e incluso dar una sensación de modernidad y obtener un lugar al sol internacional. Sin embargo, no pudo escoger peor manera. Al PCE le resultó muy fácil pulsar la cuerda antibélica y antinorteamericana tan extendida entre la población española, y el mismo PSOE supo utilizar también la baza en beneficio propio echando mano de un lema no poco ambiguo, el de «OTAN, de entrada no». Jugando con la riqueza incomparable del español, la afirmación del PSOE lo mismo podía entenderse como: «No vamos a entrar en la OTAN», que como: «De momento y para empezar, decimos que no… pero a saber lo que diremos mañana.» Unos y otros agitaron el árbol, pero el PSOE recogería los frutos.

Sin embargo, no fue solo la cuestión de la OTAN lo que erosionó enormemente al gobierno de la UCD. La economía seguía sin despegar; las ilusiones puestas en el sistema democrático continuaban existiendo, pero sin que nadie las colmara; el 23-F produjo en millones de españoles la convicción de que un gobierno de centro o de derecha no era capaz de atar en corto a los militares involucionistas… Convencer a la población de que la única salida para consolidar la democracia era votar a la gente joven —y, en apariencia, idealista— del PSOE no era tarea difícil viendo las alternativas. Calvo-Sotelo además ayudó no poco a llegar a esa conclusión.

No solo es que la UCD —como ya hemos indicado— se negó a recibir a su frente a Suárez para intentar un gobierno de coalición del PSOE, es que la simple idea de que el antiguo presidente del Gobierno pudiera volver a dominar el espacio del centro con el CDS decidió a Calvo-Sotelo a disolver las Cámaras con seis meses de antelación y convocar elecciones a sabiendas de que las iba a perder. El suicidio político fue innegable, pero nunca sabremos cuál era su estado de ánimo para aceptar una derrota que podía haber evitado, o el grado de abandono por parte de los poderes fácticos en que se sabía, como para dar semejante paso. Porque, ciertamente, los poderes fácticos, comenzando por los medios de comunicación, ya se habían pasado con armas y bagajes a un PSOE al que deseaban —y conocían— menos revolucionario de lo que parecía manifestarse en ocasiones.

El jueves 28 de octubre de 1982, los españoles acudieron a las urnas. El PSOE, capitaneado por Felipe González, obtuvo 202 escaños de un total de 350, acercándose al 50 por ciento de los sufragios. En relación con los comicios de 1979, el PSOE ganó en las provincias de La Coruña, Cantabria, Álava, Navarra, La Rioja, Huesca, Zaragoza, Teruel, Lérida, Castellón, Baleares, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Palencia, León, Zamora, Valladolid, Salamanca, Badajoz, Cáceres, Huelva, Granada, Almería, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Ceuta y Melilla. El único pesar que pudo experimentar fue la pérdida de Gerona a manos de CiU. Por su parte, AP ganó las provincias de Pontevedra, Orense, Lugo, Burgos, Soria y Ávila. La UCD, encabezada por Landelino Lavilla, no pasó de los once escaños. Y el CDS de Adolfo Suárez solo consiguió dos.

En aquellas elecciones en que el PSOE arrasó se dieron circunstancias que nunca volverían a repetirse. Nunca la diferencia ente el primer partido (PSOE) y el segundo (AP) sería tan grande tanto en porcentaje (21,75% de diferencia) como en número de escaños (95 de diferencia). Nunca un partido subiría tanto como Alianza Popular (97 escaños más que en las elecciones anteriores). Nunca una derrota electoral sería tan clamorosa como la de la UCD, que perdió 157 escaños y quedó sentenciada a la desaparición.

El PSOE, por mucho que aprovechara su posición de izquierda y que prometiera cambiar la sociedad —aparte de formular otras promesas como la de convocar un referéndum para salir de la OTAN y la de crear ochocientos mil puestos de trabajo— no iba a ser mal recibido por los poderes fácticos, ya que no se enfrentaría con ellos. La única excepción —y ésta muy matizada— fueron las Fuerzas Armadas que, a fin de cuentas, se habían condenado con su intervención en el 23-F.

Como durante el período final del franquismo y la Transición, la Iglesia católica fue la que demostró estar mejor preparada para el cambio. Tarancón había tenido oportunidad de comer con Felipe González y no solo le «dio la impresión de que Felipe tenía un enorme interés en no enfrentarse con la Iglesia» sino que además «en algunos problemas como el económico, él se mostraba más generoso que el propio Gobierno y decía que era una miseria lo que estaba dándose a la Iglesia»¹. Como años después le confesaría al padre Martín Descalzo, la postura del cardenal Tarancón era que «tal y como era la derecha española, un poco de socialismo estaría hasta bien, así de claro»².

También, como en otras ocasiones, la adaptación al cambio no había sido una cuestión de última hora. La reorientación —como tantas otras cosas— había comenzado ya en la época de Franco posterior a 1969. Fue precisamente Pilar Díaz Peñalver, la presidenta de Acción Católica Española, la que, a inicios de 1974, respondía a la pregunta «¿Puede un socialista ser de Acción Católica?» con las siguientes palabras: «Si es cristiano y acepta libremente el compromiso de la Acción Católica, puede serlo.»³ No era una opinión aislada de una persona ejerciendo un cargo nada baladí en la Iglesia católica. En la primavera de 1976, con el proceso de la Transición apenas iniciado, monseñor Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza, afirmaba en una revista católica⁴: «Es separable el proyecto socialista en materia económica y social de la ideología materialista y atea. En este caso, un católico puede ser socialista.»

Semejantes posiciones fueron acentuándose con mayor claridad a medida que se percibía que la UCD estaba hundida y que el PSOE llegaría al gobierno. Así, el 28 de agosto de 1981, el Ya, diario católico por antonomasia, reproducía unas declaraciones del cardenal Tarancón señalando que «con un gobierno menos católico, España estará mejor». Por supuesto, su opinión no era la única. Monseñor Amigo, arzobispo de Sevilla, dejaba claro que era totalmente lícita «la posibilidad de que los cristianos voten a opciones moderadas de izquierda, como el PSOE»⁵. Por su parte, monseñor Echarren indicaba en Canarias 7 poco antes de la celebración de las elecciones generales que llevarían al PSOE al poder: «Tengo amigos casi más del centro para la izquierda, que para la derecha.» No puede sorprender que, tras el triunfo electoral socialista, este mismo obispo afirmara que: «El futuro de la Iglesia católica dentro del socialismo lo veo con optimismo […] Estoy convencido de que el Partido Socialista Obrero Español no es un partido anticlerical y que, por lo tanto, la Iglesia debe hacer una llamada a todos los españoles para que colaboren seriamente con los que han ganado las elecciones.» Y añadió: «No creo que se puedan establecer distanciamientos insalvables entre la postura del PSOE y la postura ética de la Iglesia.»⁶

La postura de monseñor Echarren no resultaba atípica. El vicario general de monseñor Tarancón, el jesuita José María Martín Patino, sostenía a finales de 1982 que: «La Iglesia rechaza del marxismo algunos dogmatismos, como el materialismo dialéctico, […] y reconoce sus valores cristianos, como la defensa de la igualdad; la opción socialista […] puede ser votada por un cristiano.»⁷ A decir verdad, el respaldo al PSOE por parte de los obispos no conocía modificaciones regionales. Por ejemplo, Monseñor Pont y Gol, arzobispo de Tarragona, señaló que «las relaciones de la Iglesia con un posible gobierno socialista serán más nítidas, más claras, porque, entre otras cosas, estarán los campos más delimitados»⁸. Incluso monseñor Iniesta, obispo auxiliar de Madrid cercano al PCE al que Tarancón había impedido celebrar la Asamblea de Vallecas en los estertores del régimen de Franco⁹, señalaba, a inicios de enero de 1983, que «en el mensaje fundamental del Evangelio hay suficiente sintonía con todas las causas a favor del hombre, como para que los católicos podamos comulgar y colaborar con todas las opciones de lo que hoy podría englobarse con el enunciado general de una ética de izquierda o programa socialista en el sentido amplio de la palabra, y así lo venimos haciendo muchos y lo seguiremos haciendo»¹⁰. Hasta qué punto los obispos estaban dispuestos a llegar a acuerdos con el PSOE puede desprenderse del hecho de que convencieran a la Santa Sede para retrasar la visita del papa Juan Pablo II a España para que no influyera en la campaña electoral en contra de la posible victoria socialista. Finalmente, el pontífice llegaría a España, pero ya en octubre de 1982, y saludando a un gobierno de la UCD que salía y a otro del PSOE que entraba.

Con semejantes antecedentes, no puede sorprender que, una vez que el PSOE se alzó con la victoria, el mismo Tarancón pudiera afirmar, primero: «Creo que los socialistas españoles harán todo lo posible para no enfrentarse con la Iglesia. Pienso, por el contrario, que tenderán cables de diálogo»¹¹ y anunciar, apenas una semana después, que «la Iglesia católica mantiene en la actualidad un diálogo cordial con el nuevo gobierno socialista»¹². Por esos mismos días, Ramón Buxarrais, obispo de Málaga, pedía que los católicos fueran «respetuosos y apreciativos ante unos españoles que se han hecho acreedores de la confianza de gran parte de los españoles y llegan con una innegable buena voluntad, gran ilusión, ideas nuevas y hasta, según se afirma, con gran capacidad de servicio»¹³. Difícilmente hubiera podido expresarlo mejor el departamento de propaganda del PSOE.

En esa misma línea se había decantado ya el arzobispo de Oviedo, monseñor Díaz Merchán, afirmando¹⁴: «Hay muchos cristianos que son socialistas y la Iglesia no les ha prohibido serlo, solamente les advierte que no pueden mantener una concepción materialista de la vida. Si realmente se supera el dogmatismo, puede darse el caso de que un cristiano admita muchas cosas del partido comunista.» Díaz Merchán sabía sobradamente por donde soplaba el viento del poder. A finales de febrero de 1983, diría satisfecho que «el voto a favor del PSOE ha sido, en muchos cristianos, un voto a favor de la esperanza» y añadiría que «a su juicio, y a pesar de la legalización del aborto, el Gabinete del PSOE no es culpable de la ofensiva desatada contra los valores tradicionales del pueblo español»¹⁵.

Nunca antes y nunca después durante la democracia contaría ningún partido —ni siquiera los más o menos confesionales— con un respaldo episcopal semejante al que tuvo el PSOE a punto y poco después de llegar al poder. A decir verdad, solo el fallecido dictador había sido objeto de un aprecio superior.

El rodillo socialista

A pesar de que las voces de alarma se sumaron — El Alcázar publicó una portada anunciando en términos apocalípticos que España sería pasada por la izquierda—, y aunque no tardó en acuñarse la expresión «rodillo socialista» para denigrar la mayoría absoluta obtenida por el PSOE, en realidad, si se conocían bien los datos, no había razones para temer que Felipe González desencadenara la revolución. No solo había participado en la Juventud Obrera Católica (JOC) en su juventud sino que procedía de la Izquierda Demócrata Cristiana de Manuel Giménez Fernández¹⁶. Podía decirse prácticamente lo mismo de todo su equipo inicial, con la excepción del vicepresidente Alfonso Guerra. En los años que gobernó —casi década y media—, Felipe González no solo disfrutó de un notable respaldo popular sino que, por añadidura, se guardó mucho de malquistarse con los poderes fácticos con los que, en términos generales, mantuvo excelentes relaciones. En no escasa medida, se puede decir que Felipe González llevó a su consumación el régimen de la Transición y también comenzó a dejar de manifiesto cómo éste resultaba mucho menos sólido de lo que se pensaba. Las líneas maestras trazadas en el texto constitucional obligaban a favorecer a partidos y sindicatos, a la Iglesia católica, a los nacionalistas catalanes y vascos y, por supuesto, a los poderes financieros. Así hizo el PSOE de manera continua. Lógicamente, también requerían el mantenimiento de un electorado suficiente para perpetuarse en el poder, algo que, al fin y a la postre, solo podía garantizarse mediante la creación de poderosas clientelas.

Sin el golpe del 23-F, es más que posible que las Fuerzas Armadas hubieran conservado buena parte de su peso como poder fáctico. Tras el fracaso de la intentona, no cabía semejante posibilidad. A decir verdad, el ejército tenía que ser controlado de cara a la opinión pública. Con el argumento —no del todo creíble— de la profesionalización, Narcís Serra, el ministro de Defensa del primer gobierno socialista impulsó una ley de Plantillas del Ejército de Tierra que preveía la reducción progresiva de los efectivos hasta un veinte por ciento en lo relativo a generales, jefes, oficiales y suboficiales. Los mandos pasaron de 66.000 en 1982 a 57.600 en 1991. Igualmente, la Ley Orgánica de la Defensa y Organización Militar de 1984 situó a la Junta de Jefes de Estado Mayor bajo la autoridad directa del ministro e integró en un mismo organigrama a la Marina, al Ejército del Aire y al Ejército mediante la creación del Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Situada bajo las órdenes del ministro —y promovida en buena medida por afinidad con el gobierno—, la nueva figura garantizaba el control sobre las Fuerzas Armadas, una finalidad totalmente legítima siempre que no se utilizara de manera partidista. Por añadidura, la jurisdicción militar quedó integrada en la civil, mediante la creación de una Sala Especial del Tribunal Supremo, y se redujeron de nueve a seis las regiones militares. En junio de 1985, todavía se fraguó una intentona golpista que fue desarticulada y de la que no se informó a la opinión pública hasta una década después, pero eran los estertores de un poder que ya no era «fáctico», y quizá tampoco llegaba siquiera a «poder».

Con todo, Felipe González también supo complacer a las Fuerzas Armadas. La regulación de la objeción de conciencia, por ejemplo, fue cicatera hasta el punto de que el defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, asesorado, entre otros, por el entonces abogado César Vidal, decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley; y de que fue aumentando el número de insumisos. Pero, con seguridad, el paso más relevante fue la jugada a varias bandas a favor de la permanencia de España en la OTAN. Tras haber logrado no escaso apoyo popular haciendo creer al electorado que España saldría de la OTAN, Felipe González, en el XXX Congreso del PSOE, celebrado en diciembre de 1984, decidió que era obligada la permanencia. Se ha señalado que precisamente ese paso provocó la salida de Fernando Morán del Ministerio de Asuntos Exteriores. Quizá, pero solo indicaría que Morán, como indicaban los chistes que circulaban sobre él, era menos inteligente de lo que resulta exigible en un ministro relacionado con la política internacional. El hecho de que se indicara en la pregunta final del referéndum que la permanencia en la OTAN iría vinculada con la no incorporación a la estructura militar, la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares y la reducción de las bases militares norteamericanas en España, no permitía ocultar que Felipe González se había doblegado ante circunstancias que no eran precisamente los intereses de los ciudadanos ni la fidelidad a las promesas electorales. Justo es decir que la actitud de la derecha no fue mejor. La Alianza Popular de Fraga, más deseosa de intentar desgastar al PSOE que de ser mínimamente coherente, en lugar de apoyar la permanencia en la OTAN en el referéndum convocado por el gobierno socialista, propuso la abstención. Se trató de una muestra penosa de victoria del oportunismo sobre los principios políticos. Mirara al gobierno o al principal partido de la oposición, el ciudadano español no tenía muchos motivos para sentirse contento.

Como era de esperar —Felipe González llegó a manifestar que dimitiría en caso de que el resultado del referéndum fuera contrario a la permanencia en la OTAN—, el gobierno socialista consiguió un resultado favorable en la consulta popular celebrada el 12 de marzo de 1986. Los votos a favor fueron 9.054.509 (52,5 %) frente a 6.872.421 (39,85 %) en contra; 1.127.673 (6,54 %), en blanco y 191.855 (1,11 %), nulos. Aunque el margen no fuera abrumador, sí era más que suficiente y, de hecho, el «No» solo se impuso en Cataluña, Vascongadas, Navarra y Canarias. De manera significativa, Herri Batasuna —el brazo político de ETA— logró un notable crecimiento abogando por el voto en contra. Se mire como se mire, el resultado del referéndum fue un triunfo de Felipe González que, ese mismo año, logró una nueva mayoría absoluta en las elecciones, aunque perdiera —no era mucho— 18 diputados. En cuanto a las condiciones del referéndum —que excluía a Ceuta y Melilla del paraguas defensor de la OTAN— se irían incumpliendo progresivamente. Desde 1986, Estados Unidos incrementó su presencia militar en España y se aceptó, además, el almacenamiento de armas nucleares en territorio nacional siempre que se solicitara previamente al Gobierno. El pueblo había sido engañado, pero ni siquiera se percató.

No menos contraria a las promesas electorales —¡ochocientos mil puestos de trabajo!— fue la política económica del gobierno socialista. Miguel Boyer y, posteriormente, Carlos Solchaga adoptaron una serie de medidas que, seguramente, deseaban mejorar la situación económica, pero cuya consecuencia directa fue el aumento del desempleo, que en 1985 superó el 20% de la población activa. Se trataba de una cifra trágicamente histórica. Se ha intentado disminuir la realidad reflejada por datos tan desastrosos haciendo referencia a la incorporación de las mujeres al mundo laboral y al baby boom de los sesenta. Intento vano, porque la realidad es que, en 1985, el PSOE había conseguido que hubiera 10,6 millones de ocupados, es decir, dos millones menos que nueve años antes. En otras palabras, no es que el gobierno socialista no hubiera logrado crear nuevos puestos de trabajo sino que, bajo su gestión, se destruían a un ritmo acelerado. Ni siquiera la reforma en 1984 del Estatuto de los Trabajadores —que se tradujo en una precarización desconocida del empleo— ni la denominada reconversión industrial, que favoreció descaradamente a unas regiones como las Vascongadas sobre otras, mejoraron la situación de los trabajadores. De hecho, en 1988, la presión creciente de los ciudadanos y un Plan de Empleo Juvenil llevaron a la UGT a declarar una huelga general —el 14-D— que no alteró la situación, pero que paralizó España al ser secundada por ocho millones de trabajadores, además de autónomos y estudiantes.

Pero si los gobiernos de Felipe González no lograron mejorar el empleo ni evitar que un número creciente de ciudadanos acabaran en el paro, no es menos cierto que las castas privilegiadas pasaron por una época dorada. Porque, en una época en que Carlos Solchaga definió en el Congreso a España como el país del mundo donde uno se podía hacer rico con mayor rapidez —una de las muestras más desagradables de insensibilidad social pronunciadas en sede parlamentaria—, determinados estamentos sacaron un extraordinario provecho del gobierno socialista que, poco a poco, fue poniendo en manos privadas lo que era público o, al menos, de marcado interés social. Uno de los ejemplos de la veracidad de esta afirmación se encuentra en la ley de Cajas de 9 de agosto de 1985. Si hasta esos momentos, las cajas habían sido entidades financieras con una finalidad social y una notable prudencia en la gestión, precisamente por el deseo de facilitar la existencia a los más humildes, la nueva norma entregó su gestión a los partidos, a los sindicatos y, de manera especial, a los gobiernos de las comunidades autónomas. No hace falta ser especialmente perspicaz para darse cuenta de que semejante paso iba a ser, a la vez, semillero de infinitas corruptelas y fuente de incontables beneficios para los estamentos privilegiados por la Constitución. De hecho, no deja de ser significativo cómo las disposiciones adicionales salvaron todas las excepciones posibles, como las cajas de ahorros cuya entidad fundadora fuera la Iglesia católica (Segunda), o las relacionadas con las Vascongadas o Navarra (Cuarta). Precisamente esa situación acabaría derivando en la quiebra de las cajas de ahorros, aunque el fenómeno se retrasara algo más de dos décadas.

Aún más grave si cabe fue la manera en que el PSOE limitó —más todavía— la más que imperfecta separación de poderes reflejada en la Constitución. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 —en la que tuvieron un papel destacado tanto el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, como el vicepresidente Alfonso Guerra— privó a jueces y magistrados de su originario derecho a elegir a 12 de los 21 miembros integrantes del CGPJ. Así, lo contenido en una ley orgánica de 1980 dio paso a la transferencia íntegra al Parlamento de la elección de los miembros del CGPJ. El argumento utilizado por el PSOE para justificar la nueva norma era absolutamente falaz ya que, al insistir en que se democratizaba la justicia, en realidad, se pulverizaba la separación de poderes. Frente al atropello impulsado por el PSOE, se interpuso un recurso de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional —como en otras ocasiones— optó por dictar una sentencia de las denominadas interpretativas (STC 108/86) que, de iure, reconocía la inconstitucionalidad y, de facto, la toleraba bajo ciertas condiciones que el Poder Legislativo debía cumplir. En la práctica, se permitía que el Gobierno con mayoría parlamentaria vulnerara incluso la tímida separación de poderes del texto constitucional. Durante los años siguientes, las decisiones más importantes del CGPJ —especialmente, en materia de nombramientos de la cúpula judicial y del Tribunal Constitucional— quedarían lamentablemente empañadas por el aliento de lo político.

Si buena parte del sistema financiero y del Poder Judicial quedaban controlados por el poder político, el PSOE también se esforzaría —la Constitución abría la puerta— para llevar a cabo una reforma educativa que, una vez más, se presentó apelando a las mejores intenciones, pero que solo contribuyó a privar de la posibilidad de ascenso social a millones de españoles. El ministro socialista de Educación y Ciencia, José María Maravall, era un sociólogo de extracción familiar falangista católica. Muy influido por el Partido Laborista —había estudiado en Gran Bretaña—, tenía como meta articular una escuela pública, laica y auto-gestionada mediante la LODE (Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación). No se trataba de un objetivo censurable en sí, pero partía de un pésimo punto de partida, ya que ese modelo educativo había fracasado en el Reino Unido. Por esa razón, a corto o medio plazo, condenaba a los padres que deseaban una buena educación para sus hijos a dirigirse a los centros privados o a los concertados, en no pocas ocasiones en manos de la Iglesia católica. En otras palabras, el modelo laico iba a tener unos efectos diametralmente opuestos a los buscados. A pesar de todo, la oposición de la Iglesia católica a la norma fue frontal, fundamentalmente porque establecía un Consejo Escolar y porque subordinaba los conciertos económicos a las necesidades reales y locales. Con todo, y de manera bien significativa, la batalla no la libró la Conferencia Episcopal sino la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) y la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE). En noviembre de 1984, ambas entidades movilizaron a cerca de un millón de personas en una manifestación celebrada en Madrid; manifestación que, de manera un tanto discutible, se presentaba como apolítica y aconfesional. Mientras tanto, el democristiano Otero Novas anunciaba que en diez años no quedarían centros privados más que «para las clases pudientes y quizá algunos otros por casualidad»¹⁷. No fue así y hay que atribuirlo en no escasa medida al desplome de la calidad de la enseñanza relacionado directamente con la normativa socialista aprobada en 1985. Peor fue el impacto de la siguiente ley educativa, la ley de Ordenación General del Sistema Educativo, o LOGSE, que se convertiría en sinónimo de pésima educación.

Un efecto clientelar semejante tuvo la ley de Reforma Universitaria. De nuevo presentada como un intento de modernización, en realidad significaría la ruina científica de la universidad española. No solo es que los profesores no numerarios (PNNs) se convirtieron en funcionarios del Estado gracias a un más que discutible concurso de idoneidad, sino que el acceso a las plazas de docentes quedó en manos de un concurso viciado de raíz. Durante las siguientes décadas —ningún gobierno se atrevió a acabar con semejante corruptela extraordinariamente dañina para la calidad—, la universidad iría languideciendo en manos de clanes no precisamente caracterizados por su excelencia científica; lo que, entre otras consecuencias, tuvo la de que España pasara al siglo XXI sin una sola universidad entre las ciento cincuenta primeras del mundo, un dato verdaderamente bochornoso pero, sin duda alguna, revelador.

Aunque estas medidas beneficiaron claramente al PSOE —que obtuvo una mayoría absoluta tras otra— es difícil ocultar que Felipe González mantuvo la delimitación de privilegios recogida en el texto constitucional de manera más o menos explícita. Esa situación fue obvia incluso en el caso de fuerzas políticas con las que podía rivalizar. Fue el caso especialmente destacado de los nacionalistas catalanes y vascos. La carrera de Jordi Pujol, por ejemplo, pudo acabar cuando se destapó el caso Banca Catalana, una entidad crediticia a la que estaba vinculado desde su fundación y cuyas cuentas resultaban especialmente oscuras. Sin embargo, todo sucedió de manera muy diferente. En mayo de 1984, la Fiscalía General del Estado lo incluyó en la querella contra los directivos de Banca Catalana. En junio de 1986, los fiscales Mena y Villarejo presentaron la petición de procesamiento de los dieciocho antiguos consejeros de esta entidad financiera catalana, entre los que se encontraba Jordi Pujol, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. Pero Pujol no estaba dispuesto a que la acción de la justicia le estropeara una carrera que imaginaba eterna. Como el Mussolini de la Piazza Venezia, convocó a sus fieles ante el balcón, en este caso de la Plaza de san Jaime, y les espetó que el que atacaba a Banca Catalana atacaba a Cataluña. Felipe González no le aguantó el pulso y no lo hizo, seguramente, no porque careciera del apoyo de su Gobierno —todo lo contrario— o porque se asustara, sino porque no estaba dispuesto a alterar el mapa trazado durante la Transición, un mapa en el que nacionalistas catalanes y vascos se convertían en castas privilegiadas de nueva factura. Al final, todo terminó como era de esperar. En marzo de 1990, la Audiencia de Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo a pesar de reconocerse que la gestión había sido «desastrosa». Con Pujol, durante las décadas siguientes, Cataluña acabaría convirtiéndose en una de las regiones más corruptas de Europa hasta el punto de merecer análisis ad hoc del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de popularizar expresiones como «el tres por ciento», en referencia a la comisión que recibían los nacionalistas por sus corrupciones.

En paralelo a estas acciones, el gobierno de Felipe González impulsó un conjunto de medidas legislativas que, lejos de impulsar la justicia en el pago de impuestos, favorecían de manera especialmente acentuada a las grandes fortunas. Así, en 1987, el gobierno socialista de Felipe González creó las SICAV y las Sociedades de Inversión Inmobiliaria, donde con un mínimo de 2,2 millones de euros, se lograba una exención de impuestos como el IRPF, plusvalías, patrimonio, sucesiones y un no pequeño etcétera. En la práctica, contribuyentes que deberían haber abonado unos impuestos superiores al cuarenta por ciento de sus ingresos los vieron reducidos a un porcentaje situado en torno al uno y medio por ciento. Muy pronto, las SICAVs se convirtieron en un instrumento ideal para lograr una posición de privilegio fiscal para instancias tan diversas como directores de cine, órdenes religiosas o fortunas históricas. No deja de ser significativo que la señora Cabrera, una de las futuras ministras de Rodríguez Zapatero y miembro de familias de rancio abolengo político, procediera de los consejos de administración de entidades de este tipo. Durante las décadas siguientes, mientras la presión fiscal se iba incrementando de manera asfixiante sobre una población que tenía que mantener un sistema creciente de castas privilegiadas, desde los artistas subvencionados de la izquierda a la Conferencia Episcopal, todos los que contaban con los caudales suficientes fueron constituyendo SICAVs para que la creciente carga impositiva del Estado recayera sobre las sufridas clases medias.

En resumen y más allá de las afirmaciones a favor o en contra de lo sucedido durante estos años de rodillo socialista, lo cierto es que, de manera bien significativa, el PSOE acabó creando un sistema en el que los votos clientelares permitían que se mantuviera en el poder para desarrollar una política bien concreta en favor de ciertos sectores privilegiados, según lo contemplado en la Constitución de 1978, y sometiendo a las clases medias a una presión fiscal cada vez mayor. Los mecanismos para asegurar el voto incluyeron desde la creación de pensiones no contributivas al establecimiento de subsidios agrarios que garantizaban vivir a costa del presupuesto público a cambio de unos días de trabajo —no siempre realizado— al año, pasando por un laxismo notable en la concesión de pensiones de invalidez. De manera bien significativa, España pasó de gastar tres billones en la seguridad social en 1982 a contar con un presupuesto de ocho billones en 1992.

Es obligado señalar que los roces del gobierno socialista con los poderes fácticos fueron escasísimos. No los tuvo en absoluto con un sistema crediticio controlado por las castas privilegiadas en el terreno de las cajas y que, en el de los bancos, recibieron beneficios que iban desde el pago de tasas judiciales obligatorio a través de alguno de ellos a la ineludible domiciliación bancaria de las nóminas. Apenas existieron con los partidos nacionalistas catalanes o vascos, si se exceptúa el fugaz episodio de Banca Catalana o el de los GAL, los grupos terroristas creados por el gobierno socialista para secuestrar y asesinar a miembros de ETA. Incluso, a pesar de las consideraciones morales, también fueron escasos y de no mucha envergadura con la Iglesia católica. A decir verdad, la mayor discrepancia entre la Iglesia católica y el gobierno del PSOE estuvo relacionada con la educación, como ya hemos indicado.

La cuestión del divorcio había quedado ya zanjada con la UCD y la resistencia en relación con el tema del aborto fue mayor, pero ni lejanamente encarnizada. De manera hábil, Felipe González, valiéndose de encuestas, mantenía un seguimiento de la opinión que sobre el tema tenía la población española y que marcaba los límites que no podía franquear si deseaba evitar ser castigado electoralmente. El pueblo español, formalmente católico en su mayoría, no iba a castigar una separación tan obvia de la enseñanza de los obispos, y la oposición derivó más bien de instancias muy concretas, pero no mayoritarias. En marzo de 1983, cerca de medio millón de personas se manifestó en contra del proyecto de despenalización del aborto, que fue aprobado, finalmente, en octubre. Dos meses después, un recurso previo de inconstitucionalidad presentado por Alianza Popular detuvo la aplicación de la ley hasta julio de 1985. La oposición se movía en un terreno jurídico sólido y sustentado, fundamentalmente, en el artículo 15 de la Constitución, que señala que «todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral». Con todo, en abril de 1985, el Tribunal Constitucional, en una sentencia realmente salomónica, declaró la norma inconstitucional, pero logrando, a la vez, no considerar el aborto un derecho ni prohibirlo, como medida excepcional, en todos los casos. Formalmente, el tribunal daba la razón a los recurrentes y, materialmente, hacía lo mismo con el gobierno. De hecho, corregidas algunas cuestiones, la norma entró en vigor.

Durante los años siguientes, el PSOE no reformó la normativa — aunque se planteó aprobar una ley de plazos o incluir un supuesto socioeconómico— precisamente porque era consciente de que chocaría con una parte importante de la población que ya excedería a aquellos que hasta entonces habían podido movilizar las organizaciones católicas. En la primavera de 1995, en sus estertores como presidente del Gobierno, Felipe González logró que su gabinete aprobara un anteproyecto de ley más permisiva. La derrota electoral impidió que se convirtiera en norma. Por una de las ironías de la historia, a finales de 1997, gobernando el Partido Popular, la Comisión de Sanidad del Congreso aprobaría por unanimidad el uso de la píldora abortiva RU-486 en los centros sanitarios durante las diez primeras semanas de embarazo. Por añadidura, en 2014, ese mismo partido, a pesar de su carácter político, aceptó mantener una normativa sobre el aborto considerablemente más laxa que la correspondiente a la época de Felipe González.

Tema también relativamente espinoso fue el de la asignatura de religión católica y su alternativa. En 1983, el ministro socialista Maravall redujo a la mitad el horario lectivo de la asignatura de religión católica y suprimió la ética como alternativa. Semejante paso quedó consagrado en 1990 por la LOGSE, que suprimía de forma definitiva la ética y excluía las notas de religión de la calificación global. En algunos centros, además, se colocó la clase de religión católica al final del día, con lo que los alumnos que no la cursaban podían marcharse antes o disfrutar de un recreo. La situación se convertía así en un semillero de problemas como, por ejemplo, la incidencia en el transporte escolar o el hecho de que los que no cursaban religión católica no recibían nada de la administración a cambio. La Asociación Profesional de Profesores de Religión —que temía que peligraran sus puestos de trabajo— y un grupo de padres de alumnos recurrieron estas disposiciones de la LOGSE, y dos sentencias del 3 de febrero y 17 de marzo de 1994 les dieron la razón, anulando por discriminatorias las medidas de la LOGSE. El problema siguió en pie porque el gobierno, por decreto de 16 de diciembre, insistió en que las notas de religión católica, al ser materia optativa, no se contaran de cara al examen de selectividad para la entrada en la universidad ni para la obtención de becas. Ese mismo día, el comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal declaró que no se garantizaba una sólida formación ética a los alumnos y que aquello era «un paso decisivo en el proceso de desarme religioso y moral de la juventud española»¹⁸. La CONCAPA, la Asociación de Profesores de Religión de Centros Estatales y dieciocho obispos presentaron un recurso contra el decreto de 16 de diciembre de 1994. Los fallos judiciales no tendrían lugar hasta enero y junio de 1998 quitando en todos los casos la razón a las tesis defendidas por los obispos, la CONCAPA y los profesores de religión católica. Sin embargo, más allá de estos puntos de fricción, debe reconocerse que los conflictos de la Iglesia católica con el gobierno socialista fueron muy escasos. En 1984, por ejemplo, los obispos se negaron a secundar la movilización impulsada por la CONCAPA. Dos semanas antes, los obispos Fernando Sebastián y Elías Yanes se habían reunido con el ministro de Educación para llegar a un acuerdo y el arzobispo de Madrid, Ángel Suquía, había declarado expresamente que los obispos no se sumarían a la manifestación sino que emplearían otros medios para señalar lo que pensaban. A algunos fieles aquella conducta episcopal les pareció reprobable y equivocada, pero se trata de un juicio discutible. A decir verdad, no fue su curso de acción tan errado ya que, de hecho, el gobierno de Felipe González firmó en 1993 un convenio con la Conferencia Episcopal en virtud del cual se comprometía a incluir a los profesores de religión católica en la seguridad social y a aumentar sus salarios de tal manera que estuvieran equiparados a los de los profesores de las demás asignaturas. La decisión de Felipe González fue criticada como un acuerdo injusto, en la medida en que el dinero procedía de los bolsillos de los contribuyentes y los profesores de religión no habían pasado un trámite para la obtención de plaza similar al de los otros docentes y solo dependían para su nombramiento de una disposición del obispo competente. Con todo, no cabe la menor duda de que zanjó la controversia.

En abril de ese mismo año de 1993, Felipe González se entrevistó con el recientemente designado presidente de la Conferencia Episcopal, Elías Yanes. Se podrá decir que era electoralismo en vísperas de unos comicios cercanos. Quizá, pero no es menos cierto que, tras esas elecciones que volvió a ganar el PSOE, el gobierno socialista proporcionó un apoyo extraordinario, incluidos los medios estatales de comunicación, a la visita del papa Juan Pablo II de mayo de 1994¹⁹.

En términos generales, Felipe González llevó a su lógico desarrollo el régimen pactado durante la Transición y cristalizado en el texto constitucional. Evitó de manera consciente y concienzuda erosionarlo y, de hecho, lo consolidó. Sin embargo, precisamente esa circunstancia fue la que lo llevaría, por paradójico que pueda parecer a primera vista, a la derrota electoral.

CUARTA PARTE

FRACASO Y DECLIVE DEL RÉGIMEN
DE LA TRANSICIÓN

CAPÍTULO X

El final del felipismo

El agotamiento del felipismo

Afinales del segundo mandato de Felipe González resultaba más que evidente la configuración real —muy semejante a la teórica— que adoptaba el nuevo régimen. Si las clientelas, mantenidas con incrementos sucesivos del gasto público, garantizaban las victorias electorales del PSOE —pero también de los nacionalistas catalanes y vascos—; los privilegios fiscales, económicos y políticos de partidos y sindicatos, del sistema financiero y de la Iglesia católica se sostenían sobre la base del dinero aportado por las clases medias. El sistema podría quizá haber soportado esta configuración injusta si la corrupción no se hubiera extendido como una mancha de aceite y si la presión fiscal no hubiera comenzado a sofocar las posibilidades de sostenimiento económico del mismo. Sin embargo, así actuó precisamente en la última década del siglo XX, colocando el sistema al borde del colapso económico.

En octubre de 1989, Felipe González volvió a conseguir una nueva mayoría absoluta, pero esta vez por un solo escaño. Se confirmaba así el retroceso del PSOE, que en las elecciones municipales de dos años antes había perdido el control de las grandes ciudades, aunque —bien significativamente— lo había mantenido en los municipios de menos de cincuenta mil habitantes. Si el desplome del PSOE no fue más rápido se debió en no escasa medida a la escasa atracción que AP provocaba en la mayoría de los ciudadanos. Ese mismo año, en un intento de salvar esa circunstancia, AP se refundó como PP apelando a la reunión de liberales, conservadores y democristianos. Era una nueva UCD, esta vez sin socialdemócratas. Como presidente, Fraga propuso —tras fracasar con Antonio Hernández Mancha— a José María Aznar, por aquel entonces presidente de la Junta de Castilla y León. En 1989, Fraga fue elegido presidente de la Junta de Galicia y en 1990, en el X Congreso del partido, Aznar se convirtió en presidente del PP. El PP todavía estaba muy lejos del PSOE —107 y 176 escaños, respectivamente— pero había comenzado a virar en la buena dirección a la vez que el CDS de Suárez, como ya señalamos atrás, se desinflaba.

Posiblemente, el primer caso —importante, que no cronológico— de corrupción que afectó sensiblemente la imagen del PSOE fue el denominado caso Juan Guerra, por estar relacionado con uno de los hermanos del entonces vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra. Sin embargo, atribuir al mismo el varapalo sufrido en las municipales, como se ha hecho en algún caso, parece, como mínimo, excesivo. Juan Guerra fue acusado de enriquecimiento ilícito y de tráfico de influencias, actividades que, supuestamente, habrían tenido como escenario el despacho que ocupaba en la Delegación del Gobierno en Sevilla a pesar de no tener cargo alguno y solo por su condición de «asistente» de su hermano. Alfonso Guerra —que, posiblemente, sabía que la conducta de su hermano no era tan excepcional en el seno del PSOE— rechazó la posibilidad de dimitir en un tono nada por debajo de la displicencia. Se trataba de una conducta grave en una democracia, pero sin duda empeoró cuando la dirección del PSOE lo apoyó y el grupo parlamentario socialista bloqueó la petición de la oposición para que se constituyera en el Congreso una comisión de investigación sobre el caso. Sólo el impacto más que negativo que tuvo esta conducta —no eran pocos los que la observaban y, a su vez, comentaban otros casos similares protagonizados por miembros del PSOE— acabó obligando a Felipe González a destituir a Alfonso Guerra en enero de 1991. Por supuesto, Alfonso Guerra no quedó a la intemperie y, de hecho, su carrera política se prolongó más que la del propio Felipe González, pero esa circunstancia solo contribuyó a dañar la imagen del PSOE ante buena parte de la sociedad española. El que, al fin y a la postre, Juan Guerra fuera condenado en 1995 a dos años de cárcel, 50 millones de pesetas de multa y seis años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos no contribuyó, desde luego, a mejorarla.

Con todo, y a pesar de lo publicitado, el caso Juan Guerra no fue excepcional. En mayo de 1991, el diario El Mundo desveló un nuevo caso de corrupción —Filesa— que implicaba a todo el partido y que se relacionaba con la financiación ilegal. En realidad, Filesa era tan solo una de tres empresas creadas para cobrar a industriales y banqueros unos inexistentes informes comerciales. Si éstos entregaban dinero que servía para financiar al PSOE, a cambio se les adjudicaban contratos públicos. Para colmo, las tres empresas creadas para mantener la trama de financiación ilegal no habían pagado impuestos por el dinero percibido por los informes. Seguramente, nunca se llegará a saber la cantidad total que recibió el PSOE por esa vía pero, en marzo de 1993, un informe de peritos del Ministerio de Hacienda señaló que Filesa había percibido no menos de mil millones de pesetas —seis millones de euros— de la citada forma. Como en el caso Juan Guerra, Felipe González intentó, infructuosamente, marcar distancias alegando ignorancia. Quizá desconocía los detalles, pero lo cierto es que el juez Marino Barbero, que instruyó la causa, imputó a treinta y nueve personas. No fue tarea fácil, ya que Barbero se vio sometido a un hostigamiento que, muy posiblemente, acabó con su vida; pero, al fin y a la postre, ocho de los imputados fueron condenados en 1997 por el Tribunal Supremo a penas comprendidas entre once años de cárcel y seis meses de arresto. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Constitucional cuatro años después, pero solo se castigó el delito fiscal.

Si el caso Juan Guerra puso de manifiesto la corrupción a la sombra de las dependencias oficiales; y Filesa, la manera en que el PSOE se valía de resortes públicos para obtener dinero de empresarios y banqueros; el llamado caso Ibercorp puso de manifiesto la colusión con sectores económicamente privilegiados. El conocimiento del caso se debió también al diario El Mundo, que informó sobre él en febrero de 1992. Esta vez, el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, fue acusado —y enviado a prisión— por mantener una cuenta con dinero no declarado en Ibercorp, una entidad regida por su amigo Manuel de la Concha, antiguo síndico de la Bolsa de Madrid y también procesado. Esta vez, Carlos Solchaga, antiguo ministro de Economía y Hacienda y responsable del nombramiento de Mariano Rubio, sí asumió la dimisión y abandonó su escaño de diputado. El caso Ibercorp evidenció lo que resultaba innegable: los dirigentes del PSOE podían insistir en su cercanía a los más desfavorecidos —Alfonso Guerra llegaría a afirmar que era «el partido de los descamisados»—, pero la realidad era que se encontraban más cómodos en compañía de lo que comenzó a llamarse la «beautiful people»: segmento social que, en ocasiones, se había enriquecido gracias al PSOE, pero que en general no eran sino los privilegiados de siempre, de entre los que procedían no pocas figuras socialistas. El desgaste experimentado por el PSOE fue considerable, pero derivó en no poca medida de que los ciudadanos conocían muchos otros casos de corrupción que no aparecían en la prensa, pero que presentaban paralelos inquietantes. No sorprende que, en ese contexto, el caso Naseiro, relacionado también con la financiación ilegal y con el tesorero del PP del mismo nombre, no despertara el mismo interés ni el PSOE pudiera utilizarlo como esperaba contra el principal partido de la oposición. Al fin y a la postre, Rosendo Naseiro se vio libre de cualquier responsabilidad penal al anular el Tribunal Supremo las grabaciones de conversaciones telefónicas en que se basaba la acusación.

Los eventos del año 1992 —los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla— lograron correr un velo sobre la enrarecida situación. A decir verdad, no tardaron en aparecer informaciones sobre manifestaciones de corrupción relacionadas con ellos. En términos objetivos, España contaba con una buena imagen internacional, ya que en los meses cercanos a los eventos de 1992 nacieron las Cumbres Iberoamericanas —la primera tuvo lugar en 1991 en Guadalajara, México—; se celebró en Madrid la Cumbre de Oriente Medio, que por vez primera sentó en una mesa de negociación a israelíes y palestinos; y se suscribieron los Acuerdos de Schengen y, sobre todo, Maastricht, que creaban realmente la Unión Europea. Incluso Felipe González supo manejar con relativa facilidad el impacto en la opinión pública de la primera guerra del Golfo, ya que recibió el apoyo del PP para la intervención y la oposición quedó reducida a Izquierda Unida. Sin embargo, nada de aquel brillo, mayor o menor, sirvió para restar un ápice de frustración a millones de ciudadanos que contemplaban cómo al desempleo y al aumento de los impuestos se sumaban el enriquecimiento descarado y la corrupción. Es cierto que no se limitaba ésta a los socialistas y que, mientras se escriben estas líneas, se han publicado informaciones en el sentido de que Jordi Pujol exigía un uno por ciento de comisión de todas las obras realizadas en Cataluña para su familia, y un tres por ciento para su partido. La corrupción estaba extendida y era punto menos que generalizada, pero en el caso del PSOE, su enorme poder político la convertía en mayor y, sobre todo, más visible. La circunstancia, dada la situación económica, era intolerable y dolorosa. En 1992, el número oficial de parados llegó a la cifra récord de tres millones y medio de personas; es decir, el 24 por ciento de la población. La España que pretendía presentarse como ejemplar ante el mundo dejaba mucho, muchísimo que desear.

Así las cosas, la última legislatura de Felipe González estuvo marcada por una irreversible sensación de declive. En 1993, un PSOE sin mensaje alguno salvo el del miedo a la llegada de la derecha al poder —y que ya comenzaba a manejar propaganda guerracivilista— jugó incluso la baza de incluir en sus listas a jueces, de los que el más destacado fue Baltasar Garzón. En esta ocasión, el PSOE volvió a ganar las elecciones, con 159 escaños. El PP obtuvo 141, mientras que la IU de Julio Anguita se quedó en 18. Al perder la mayoría absoluta, un sector del PSOE propuso una coalición con IU, pero Felipe González optó por llegar a un acuerdo con los nacionalistas catalanes y vascos. Se trataba de una decisión lógica en la medida en que éstos formaban parte de los segmentos privilegiados del régimen.

La última legislatura de Felipe González contó con algunos episodios de cierto brillo, como fue el nombramiento de Javier Solana, antiguo ministro socialista, como secretario general de la OTAN mientras España participaba en la guerra de Yugoslavia —de manera dudosamente legal, pero que no despertó ningún tipo de protesta porque no se prestaba a utilización política—; o el Pacto de Toledo, que teóricamente iba a garantizar las pensiones, pero en realidad ocultaría bajo el manto del consenso la falta de voluntad de reformar de manera realista el sistema. Estos aspectos quedaron total y comprensiblemente opacados por la corrupción y la crisis económica. A finales de 1993, Mario Conde —que había sido un referente nacional, desde el rey a los estudiantes de empresariales, pasando por destacados medios de comunicación y un sector nada desdeñable de la derecha— se vio destituido de su cargo en el Banco Español de Crédito, que fue intervenido por el Banco de España con el apoyo del gobierno. Mario Conde terminaría en prisión, igual que Javier de la Rosa, detenido por estafa y malversación de fondos en la empresa Gran Tibidabo y representante en España del grupo inversor kuwaití KIO. Tanto Conde como de la Rosa habían gozado de una extraordinaria influencia que había incluido desde miembros de la Familia Real al nacionalismo catalán. Con todo, el mayor escándalo y el que más contribuyó a deteriorar la ya deplorable imagen del PSOE fue el denominado caso Roldán. En noviembre de 1993, Luis Roldán, el primer director no militar de la Guardia Civil, fue detenido bajo la acusación de haber percibido comisiones ilegales de los contratistas de obras de la Benemérita y de haberse apropiado de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Cuatro meses después, en abril de 1994, Roldán logró fugarse en extrañas circunstancias; un episodio bochornoso que llevó a Antoni Asunción, ministro del Interior, a presentar su dimisión en uno de los escasos gestos de decencia política de aquella época. Roldán acabaría entregándose en Laos, de forma rocambolesca, aunque existen poderosos indicios de que estuvo residiendo en distintos lugares con el conocimiento del gobierno socialista. Fue condenado a veintiocho años de prisión y a una multa de 1.600 millones de pesetas. Hace años, regresó a Aragón, donde vive en total libertad, se casó con una rusa y afirma vivir de su pensión, aunque lo cierto es que se ha calculado que su fortuna depositada en bancos suizos podría rondar los 5.000 millones de pesetas. Menos sonado fue el caso de Gabriel Urralburu, antiguo sacerdote que fue presidente de la Comunidad Foral de Navarra, que obtenía para sí y sus familiares comisiones de las constructoras que recibían contratos públicos, y que fue condenado a once años de prisión.

De menor impacto popular —aunque enorme repercusión mediática— fue la reapertura del caso GAL, un grupo de mercenarios pagados con fondos reservados para dar muerte a terroristas de ETA. Un mes antes de celebrarse las elecciones europeas de junio de 1994, el juez Baltasar Garzón abandonó su escaño de diputado en el Congreso y el cargo de Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Se ha especulado acerca de las razones que le empujaron a dar ese paso, señalándose su desilusión por no haber sido nombrado ministro —como sí pasó con el juez Belloch—, pero también su frustración al comprobar que Felipe González no iba a combatir la corrupción. De regreso a su puesto en la Audiencia Nacional, Garzón reabrió el caso GAL —lo que provocó que un conocido periodista afirmara que «la justicia cabalga a lomos de hijos de puta»— y concedió la libertad provisional a los policías José Amedo y Michel Domínguez, condenados en 1988 por su participación en varias de las acciones de los GAL. Amedo y Domínguez —que habían sufrido la negativa del gobierno a concederles un indulto— comenzaron entonces a realizar declaraciones que condujeron a la detención de varios altos cargos del gobierno socialista por su presunta participación en el secuestro y asesinato frustrado del ciudadano francés Segundo Marey, al que los GAL habían confundido con un miembro de ETA y que estuvo a punto de ser asesinado y enterrado en cal viva. En diciembre de 1994 fue detenido Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya y director general de la Seguridad del Estado durante el primer gobierno socialista. A él, de manera bien reveladora, le siguieron Rafael Vera, antiguo Secretario de Estado para la Seguridad, y Ricardo García Damborenea, secretario general de los socialistas de Vizcaya cuando Marey fue secuestrado. Con todo, el personaje de mayor relevancia relacionado con el terrorismo de Estado perpetrado por los GAL fue José Barrionuevo, antiguo ministro del Interior en el gobierno del PSOE y entonces diputado. Dada su condición, Garzón tuvo que trasladar el caso Marey al Tribunal Supremo, solicitándose el obligado suplicatorio ante las Cortes para poder proceder a su procesamiento. De manera bien significativa, el suplicatorio fue concedido por 159 votos a favor y 122 en contra. En otras palabras, el PSOE intentó obstruir la acción de la justicia; y es comprensible que así actuara, porque el terrorismo de Estado había nacido en el seno del gobierno de Felipe González. En enero de 1996, Barrionuevo fue imputado como presunto jefe de una banda armada dirigida desde el Ministerio del Interior. Se trataba, en última instancia, de lo que Garzón había denominado «una trama terrorista vinculada a responsables de Interior». La orden superior habría emanado, presuntamente, de «míster X», un apodo dado a Felipe González y repetido hasta la saciedad por algunos medios de comunicación. La justicia, ciertamente, no era igual para todos.

La dirección del PSOE mostró calurosamente su solidaridad hacia los compañeros de partido acusados, llegando incluso a acompañarlos hasta la puerta de la prisión. El episodio, ciertamente vergonzoso, fue convertido por la periodista María Antonia Iglesias en primer tema de portada de los telediarios de RTVE, en un gesto de ciego sectarismo político. La manera en que discurrió la causa no dejó de ser reveladora. En julio de 1998, Barrionuevo fue condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a diez años de prisión y doce de inhabilitación absoluta por los delitos de secuestro de Marey y malversación de caudales públicos. Barrionuevo recibió un indulto parcial —reducción de un tercio de la pena— y una modalidad especial de tercer grado penitenciario que le eximía de pernoctar en prisión. Por añadidura, tras la suspensión provisional de la condena, pasó solo tres meses en prisión y trabajó como inspector del Ministerio de Trabajo hasta su jubilación. En el año 2001, el Tribunal Constitucional ratificó la sentencia aunque, obviamente, Barrionuevo no sufrió ningún castigo. En 2004, pasó a estar en libertad definitiva.

No menos significativo resultó el caso de Rafael Vera, que fue Secretario de Estado para la Seguridad entre el 24 de octubre de 1986 y el 29 de enero de 1994. En julio de 1998, fue condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a diez años de prisión y doce de inhabilitación absoluta por los delitos de secuestro de Segundo Marey y malversación de caudales públicos. Apenas cinco meses después, recibió un indulto parcial que rebajó la pena de prisión a tres años y cuatro meses. El 19 de octubre de 2004, el Tribunal Supremo, confirmando la sentencia que dos años antes había dictado la Audiencia Provincial de Madrid, lo condenó a siete años de prisión y 18 de inhabilitación por un delito continuado de malversación de caudales públicos en el conocido como caso de los Fondos Reservados, al considerar probado que se lucró personalmente «en cantidades importantísimas» y sustrajo otras cantidades en favor de terceras personas, «hasta una cifra global que supera de lejos los 600 millones de pesetas». Vera ingresó así por tercera vez en prisión en febrero de 2005, pero en marzo de 2006 se le permitió el acceso a un régimen penitenciario que le permitía pasar fuera de la cárcel cinco días a la semana. Pero su trayectoria penal no había concluido. En 2007, la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó, junto a su secretario Juan de Justo, a un año, seis meses y un día de prisión y cuatro de inhabilitación por otro delito de malversación de caudales públicos. Se trataba del denominado caso de los Maletines, consistente en haber ordenado que más de 206 millones de pesetas procedentes de los fondos reservados se utilizaran para «compensar la disminución de ingresos» que había supuesto para Amedo y Domínguez su ingreso en prisión por el caso GAL y para garantizar que guardaran silencio en relación con este turbio asunto. En enero de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó un recurso de Rafael Vera por una posible «infracción del derecho de presunción de inocencia» y «falta de imparcialidad del juez instructor» en este proceso, si bien reconoció que la imparcialidad de Baltasar Garzón como juez instructor «podría estar en entredicho». El caso GAL, a fin de cuentas, dejó de manifiesto no solo que el gobierno del PSOE había practicado el terrorismo de Estado —siendo víctimas incluso personas no relacionadas con ETA, como Segundo Marey—, sino que además distintos cargos socialistas se habían lucrado con ese terrorismo malversando fondos públicos que, por añadidura, se utilizaron para intentar silenciar a otros implicados.

La deplorable suma de situaciones políticamente intolerables fue aprovechada por la oposición a izquierda y derecha para exigir —infructuosamente— la dimisión de Felipe González. En junio de 1994, se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo y, por primera vez, el PP superó ampliamente con el 40 por ciento de los sufragios a un PSOE que solo obtuvo el 30. El PP exigió la celebración de elecciones generales, un acto al que Felipe González se negó respaldado por los nacionalistas catalanes. Sin embargo, era obvio que el PSOE no podría superar aquella crisis. El «¡Váyase, señor González!» pronunciado por Aznar se convirtió en un lema sostenido por millones de ciudadanos hartos de corrupción y, de manera muy especial, de una crisis económica más que relacionada con el despilfarro, el clientelismo y la malversación y que el ministro del ramo, Solbes, no logró frenar.

El balance final

En marzo de 1995, fue detenido el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo por el secuestro, tortura y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Los dos eran presuntos miembros de ETA capturados en Francia por los GAL en 1983 cuyos cadáveres, enterrados en cal viva, fueron encontrados en Bussot (Alicante) en 1985. El juicio se celebraría en abril de 2000 y Rodríguez Galindo, junto a otros mandos y guardias civiles del cuartel de la guardia civil de Inchaurrondo, y el antiguo gobernador de Guipúzcoa, Julen Elorriaga, fueron condenados a penas comprendidas entre los 67 y 71 años de cárcel. Una vez más, quedaba de manifiesto la implicación del gobierno de Felipe González en el terrorismo de Estado; una innegable realidad que se vería confirmada por otro escándalo, el conocido como «los papeles del CESID». En ellos aparecían relacionados más cargos socialistas con el terrorismo de Estado de los GAL. Una parte relevante de los documentos eran escuchas telefónicas ilegales realizadas por miembros de la administración socialista. En 2001, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba por las escuchas ilegales a siete miembros del CESID, entre los que se encontraban el general Emilio Alonso Manglano y el coronel Perote. Si algo era innegable a esas alturas, era que los gobiernos socialistas estaban relacionados con una corrupción escandalosa que no se había detenido ante ningún crimen, secuestro y asesinato incluidos. En ese clima crecientemente enrarecido, el 19 de abril de 1995 Aznar fue víctima de un atentado perpetrado por la banda terrorista ETA, del que salió ileso solo gracias al blindaje de su automóvil, y que provocó las más inquietantes especulaciones. Al mes siguiente tuvieron lugar las elecciones municipales y autonómicas. Nuevamente el PSOE se vio batido por un PP que le sacó casi cinco puntos de diferencia —35,2 sobre 30,8—, pasando el gobierno municipal de casi todas las capitales de provincia y de las ciudades más pobladas al PP.

Con todo, el factor que decidió la futura derrota del PSOE no fue ni la corrupción, ni el terrorismo de Estado, ni la evidente falta de proyecto político, sino la crisis económica y el aumento imparable del desempleo. Con Solbes como ministro de Economía del gabinete presidido por Felipe González, el déficit público, la deuda pública y los tipos de interés hipotecario alcanzaron sus cifras más elevadas de la historia de España, con un 7 por ciento, un 70 por ciento y un 14 por ciento, respectivamente; la Seguridad Social se encontraba en estado de quiebra técnica hasta el punto que Aznar, al llegar al poder, tendría que solicitar un préstamo a la banca para poder pagar las pensiones; se habían quedado sin pagar por el Estado facturas por valor de un 1% del PIB; el crecimiento económico, con su correlación de desempleo, se había desplomado hasta el 2,4% y España no cumplía ni uno solo de los criterios de convergencia con la UE exigidos por el tratado de Maastricht. Si a todo ello se añade una cifra redonda de cuatro millones de desempleados, no puede sorprender que las encuestas —como en la cita electoral anterior— señalaran que la victoria del PP resultaría holgada. No fue así. Pero el balance difícilmente podía ser más negativo. Aunque muy pocos lo percibieran por aquel entonces, el sistema de la Transición había entrado en crisis y la razón era fundamentalmente económica. Esa crisis resultaba obvia cuando se observaba no solo al gobierno central sino también a los de las comunidades autónomas, especialmente las regidas por el nacionalismo catalán y el vasco.

CAPÍTULO XI

Los nacionalismos

El nacionalismo catalán

Hoy en día, es muy difícil negar que los nacionalismos vasco y catalán han constituido y constituyen un problema de no escasa envergadura para la supervivencia del régimen de la Transición. Por el contrario, tras conocerse los datos relativos a la corrupción —de momento presunta— de Jordi Pujol y su familia, y tras el desafío independentista de Artur Mas, resulta obvio que constituyen uno de los talones de Aquiles del sistema. Sin embargo, no siempre ha sido así. A decir verdad, durante años, ambos nacionalismos fueron considerados castas privilegiadas del sistema y recibieron un respaldo directo de instancias como el mundo financiero y empresarial y la Iglesia católica.

A esta visión distorsionada se unió que la terrible lacra que representa la existencia de la organización terrorista ETA —un millar de muertos en su haber, sin contar otras víctimas que conservaron la vida aunque no la integridad física o psicológica— durante décadas opacó aún más la realidad de los nacionalismos. Ante buena parte de la opinión pública, el nacionalismo vasco era terrible y peligroso, mientras que el catalán era dialogante y moderado. Fue un juicio extendido aunque no unánime. Fernández Ordoñez, ministro con Suárez y con González, se murió afirmando que el gran problema no eran las Vascongadas, sino Cataluña; y efectivamente, así es. Mientras que el PNV se descolgaba de la independencia —¿acaso nadie recuerda el discurso de Xavier Arzalluz preguntado para qué se deseaba la independencia?— y se centraba en conseguir una mejora del inmenso privilegio que significaba el concierto económico y en obtener la impunidad para los terroristas de ETA, el nacionalismo catalán persiguió desde el primer momento, y aprovechando los privilegios otorgados por la Constitución, destejer totalmente el orden constitucional y someter al resto de España a una situación colonial acorde con una siniestra tradición de siglos.

Se cuenta que cuando el general Patton se enfrentó por primera vez con el Afrika Korps de Rommel exclamó satisfecho: «Son of bitch, I’ve read your book » (Hijo de perra, he leído tu libro). Aquella frase, no elegante pero sí reveladora, venía a significar que nada de lo que pudieran llevar a cabo las tropas alemanas en el Norte de África le iba a sorprender, porque conocía la estrategia de su adversario. Desde hace décadas, cuando la gente se deshacía en elogios de Pujol e incluso lo proclamaba «español del año», algunas voces aisladas señalaban que era un cáncer para la libertad y un peligro para la estabilidad de España, a la par que señalaban la profunda corrupción de su sistema. No era fácil ir a contracorriente porque todo el mundo andaba empeñado, incluso en la derecha, en verle virtudes al Honorable y en hacer la vida imposible al que dijera lo contrario. Sin embargo, algunas de esas personas habían leído su libro, justo el que citaría en el otoño de 2014 en una comparecencia ante el Parlamento de Cataluña motivada por sus turbias acciones económicas, y conocían al sujeto y lo que le esperaba a aquella región y al resto de España. El libro de Pujol pintaba una Cataluña irreal, pero que estaba empeñado en construir donde, en frases rezumantes del racismo más repugnante, se presentaba a los emigrantes que la estaban levantando con su trabajo como un peligro que había que eliminar. O se convertían en un clon de su catalanismo oligárquico y fanático o se marchaban de allí, por mucho que hubieran aportado en sangre, sudor y lágrimas. La inexistente nación catalana sería construida a martillazos y a corruptelas, porque Pujol tenía claro que con el control de una porción del electorado cercana al treinta por ciento podría imponer lo que deseara. No había que ser muy inteligente —saltaba a la vista— para darse cuenta de que todo lo que hubiera de vínculo con el resto de España, comenzando por el idioma común, sería aniquilado golpe a golpe bajo su despótica férula. Así lo hizo Pujol durante décadas mientras, presuntamente, amasaba una fortuna que en la citada comparecencia atribuiría a una herencia conseguida por su padre en colusión con las autoridades franquistas, con la supervisión de su mujer y con la ayuda de un judío «polonés». Pero todo era obvio desde el principio: el odio a España, el racismo repugnante, la destrucción de las libertades, la creación de una clientela que, aunque minoritaria, permitiera una victoria electoral tras otra y, como instrumento indispensable, el latrocinio colosal.

En realidad, esa necesidad de mantener clientelas adictas, sumada al odio a España —¡en un hombre como Pujol que se planteó sentar plaza de oficial en el ejército de Franco!— y una ambición económica desmedida explica no poco del desarrollo del nacionalismo catalán. Porque el pujolismo no era sino una mutación perversa de un catalanismo que siempre soñó con convertir el resto de España en el territorio donde solo podía vender él y donde solo a él le podían comprar. La política arancelaria seguida por ese catalanismo —y bendecida por los gobiernos de Madrid— causó un daño terrible a España y enriqueció a unos grupos de presión catalanes cada vez más osados en sus exigencias. Sólo la Segunda República, con su radicalización de izquierdas, los puso en peligro, provocando que ayudaran al Alzamiento del 18 de julio personajes tan emblemáticos como Cambó; pero el franquismo volvió a restaurar sus privilegios —como hizo con todos los estamentos de la Restauración— y el pujolismo les abrió nuevas vías.

El gran instrumento de discriminación —como ya habían apuntado las Bases de Manresa— fue la lengua regional. A pesar de lo dispuesto en la Constitución y en otras normas, el nacionalismo catalán expulsó el español del ámbito de los medios de comunicación y de la enseñanza, convirtiendo el conocimiento de una lengua digna pero, a fin de cuentas, mero dialecto del provenzal, en piedra de toque de la asimilación o la reducción a la condición de paria. De la noche a la mañana, el español desapareció de las televisiones catalanas pagadas con dinero de todos los españoles, dándose la circunstancia absurda de que algún invitado a un programa escuchara cómo le preguntaban en catalán y, a pesar de que él respondía en español, el entrevistador se empeñaba en mantener la lengua con que había iniciado el encuentro, como si no se enterara del ridículo en que estaba incurriendo. Esa circunstancia permitió que los portavoces del nacionalismo catalán intervinieran en los medios estatales privados y públicos, por regla general, perdonando la vida a los que no compartían su visión, mientras que los catalanes que no se sometían al catalanismo eran expulsados.

La situación en el ámbito de la educación fue todavía peor. En octubre de 1992, el ABC recogió en su edición para Cataluña los datos oficiales de la situación lingüística en los centros de enseñanza primaria de la región. A pesar de que más del cincuenta por ciento de los habitantes de Cataluña tienen como lengua de nacimiento el español y no el catalán, de los 2730 centros educativos de Cataluña solo 31 enseñaban en español. En el sector privado, eran 22 de 1074; mientras que en el público, 9 de 1656. La denominada eufemísticamente «normalización lingüística» era una «limpieza étnico-lingüística» de características pavorosas. En los años siguientes, las más altas instancias judiciales dictarían sentencias en contra de semejante atropello, pero los gobiernos nacionalistas las desobedecerían de manera sistemática sin consecuencia alguna para ellos.

El mal había quedado de manifiesto ya en 1981, cuando un conjunto de intelectuales y profesores firmó, advirtiendo de la situación, el denominado Manifiesto de los 2300. La firma le costó a uno de los firmantes —Federico Jiménez Losantos— un atentado que pudo acabar con su vida y que concluyó con su exilio de Cataluña. No fue el único. El nacionalismo catalán provocó un éxodo docente de decenas de millares de personas, mayor incluso que el provocado por Franco en ese sector con la guerra civil. Los nacionalistas acogieron aquella situación con júbilo; primero, porque se libraban de un sector crítico y, segundo, porque sus puestos de trabajo los podían ahora ocupar sus mesnadas.

Durante años, el plan nacionalista discurrió sin dificultades. Se falseó la historia enseñada en escuelas y universidades; se presentó a la España a la que las oligarquías catalanas saqueaban desde hacía siglos como opresora; se abrieron embajadas en el extranjero para vilipendiar a la España que las pagaba con sus impuestos; se afirmó una y otra vez la consigna del «Madrid ens roba» y el odio nacionalista se institucionalizó. El problema —como acabaría sucediendo con el régimen de la Transición— era la falta de recursos. Las clientelas crecientes y bien pagadas y la corrupción escandalosa de los partidos nacionalistas no tardaron en dejar de manifiesto que aquel dispendio escandaloso era imposible de costear. Desde los años noventa, por lo tanto, el nacionalismo entró en una dinámica de expolio creciente que daría un salto cuantitativo en la primera década del siglo XXI con el proyecto de un nuevo Estatuto que constituía una patente de corso para saquear España; y otro en la década siguiente, con la convocatoria de un referéndum independentista. Pero a esas alturas ya se trataba fundamentalmente de un intento desesperado de aumentar las escandalosas cantidades que se arrancaban al resto de España y de evitar que las figuras máximas del nacionalismo catalán —con Jordi Pujol a la cabeza— terminaran en prisión, punto este último que se hallaba detrás de las reclamaciones continuas para que la Administración de Justicia concluyera en Cataluña y no en el Tribunal Supremo. El ciclo concluía, pero a su inicio ya era evidente, para el que no deseara cegarse, que no podía tener otro final.

El nacionalismo vasco

En contra de lo que ha podido pensarse, el nacionalismo vasco siempre ha ido históricamente a rebufo del catalán. Sabino Arana, su fundador, había sido un carlista a machamartillo que abandonó su ideología inicial tras quedar seducido por el recién nacido nacionalismo catalán. La impronta católica, el encuentro de un chivo expiatorio en España, la explicación, en fin, de todos los males en los inmigrantes del sur encontraron un eco sobresaliente en Arana, que tan solo se permitió acentuar la vena racista. Vena también existente en el nacionalismo catalán, dicho sea de paso, hasta el punto de que, a inicios del siglo XX, gente tan docta como el profesor Bosch llegaría a hablar de una «raza catalana» y a dedicarse a justificar el peregrino aserto con la medición de cráneos.

El PNV lograría, durante sus primeros años de gobierno, provocar en las Vascongadas el éxodo de no menos del diez por ciento de la población, una sangría demográfica que no se produjo siquiera con la guerra civil; bien es verdad que Franco se mostró mucho más benévolo con esta parte de España —igual que con Cataluña— que con el resto. El deseo del PNV, como en el caso de Pujol, era crear un régimen que, con escaso —aunque suficiente— apoyo en las urnas, le permitiera convertir las Vascongadas en su coto particular. Al respecto, no deja de ser significativo que el propio Plan Ibarretxe no ansiara la independencia sino la conversión en «Estado libre asociado». No, por supuesto, al estilo de Puerto Rico, sino al vasco. La región quedaría en poder de las oligarquías vascas y España pagaría las facturas. El Plan Ibarretxe no saldría bien, fundamentalmente, porque se consideró que era independentista y constituía una píldora demasiado grande incluso para las tragaderas del régimen de la Transición. Para colmo, el PNV siempre había mostrado una actitud más que benevolente hacia ETA —financió incluso con fondos públicos a su entramado civil— y esa no era la mejor imagen que se podía dar. Porque el gran problema —insistamos en ello— del nacionalismo vasco no eran sus exigencias, menores que las del catalán, ni tampoco su necio racismo decimonónico. El gran problema era su colusión innegable con el terrorismo.

La llaga terrorista

Aunque el terrorismo de ETA es un fenómeno claramente nacionalista, lo cierto es que ha contado con respaldos que sobrepasaban esa frontera. Lo que más llamaría la atención sería la comprensión demostrada por dos instancias especialmente relevantes: la Iglesia católica y la izquierda. De la segunda hablaremos especialmente al referirnos a la era de ZP; de la primera —digna de un extenso tratado— solo proporcionaremos algunas pinceladas. De entrada hay que señalar que prosiguió —e incluso se incrementó— tras la aprobación de la Constitución. Por ejemplo, el 29 de diciembre de 1978, el Batallón Vasco Español —un antecedente de lo que serían los GAL bajo el gobierno de Felipe González— abatió al etarra Argala en territorio francés en venganza por el asesinato del almirante Carrero Blanco. La localidad vizcaína de Arrigorriaga se convirtió en escenario de un homenaje enfervorizado del terrorista. La ceremonia la celebró Txomín Artetxe, un sacerdote que había colaborado de manera directa con ETA en un secuestro. Su homilía fue repartida en forma de panfleto. En ella, abogaba por la autodeterminación; presentaba a Argala como alguien que había ofrecido «una alternativa real para el alto el fuego»; culpaba a las autoridades españolas de negarse sistemáticamente al diálogo y pronunciaba la siguiente pregunta retórica: «Ante esto, ¿quién es el violento?, ¿quién es el culpable? Al pueblo vasco no le queda ninguna duda en la respuesta. Encarcelar, matar o acallar a un pueblo por pequeño que sea es imposible, porque en cada nueva generación que nace a la conciencia de un derecho se reproduce el fenómeno de su violencia multiplicado por diez.»¹ Esa comprensión —verdaderamente legitimadora y hagiográfica— de los asesinos no existiría nunca para las víctimas.

Aquel mismo año de 1978 se perpetró el asesinato de Gabriel Alonso Perejil, que llevaba viviendo más de treinta años en San Sebastián. Monseñor Setién se negó a oficiar el funeral del asesinado. La familia —mujer y dos hijos nacidos en San Sebastián— no tuvo otro remedio que trasladarse a Madrid donde, finalmente, Gabriel Alonso recibió sepultura en un panteón del cementerio de san Isidro². El caso no era, ni lejanamente, excepcional. A lo más que podían aspirar era a que la Iglesia católica —la que no celebraba sus funerales— aceptara el dinero de la familia del difunto para decir misas que, por supuesto, debían ser anónimas³. No faltaron tampoco casos en que sacerdotes católicos proporcionaron a ETA datos que permitieron a los terroristas perpetrar asesinatos. El 31 de agosto de 1978, ETA anunció que iba a asesinar a Tomás Sulibarría Tomy, un miembro de la banda al que consideraba espía de los servicios españoles de seguridad y responsable de la desarticulación de dos comandos. El 3 de junio de 1980, cumplió su amenaza y le dio muerte en Bilbao. La persona que facilitó a los asesinos la información que permitió segar la vida de Sulibarría fue un sacerdote⁴.

El 4 de octubre de 1981, con ocasión de la Vuelta Ciclista a España, un comando encabezado por Ignacio Arakama Mendía Makario asesinó al cabo primero José Vázquez Plata y a los guardias Avelino Palma Briola y Ángel Prado Mella. La persona que facilitó a los terroristas la información necesaria para perpetrar los crímenes fue el sacerdote de Salvatierra (Álava) Ismael Arrieta Pérez. El sacerdote pudo eludir la prisión en un primer momento pero, finalmente, la extradición de varios terroristas de ETA por parte de Francia permitió reunir datos para su detención en 2002.

Dos años después, a las cinco de la madrugada del 2 de junio de 1983, la guardia civil procedió a la detención del padre Juan Martín Arricibia Ansorena, párroco de Gorriti (Navarra); de los vecinos Domingo Balda y Felipe Baruza, y del etarra Tomás Trifol Madrazo. El párroco fue defendido inmediatamente por el PNV. Se trataba de un colaborador de la banda terrorista en distintas áreas⁵. Prestaba su automóvil, un Citroën Dyane 6, para llevar explosivos y armas a ETA desde Francia —una colaboración que permitió volar en 1982 la central telefónica de la calle Ríos Rosas— y refugiaba a terroristas como José María Zaldúa Corta, Bautista Barandalla y Abel Foruria, a los que había ocultado poco antes de perpetrar un atentado en Pamplona.

De manera que sobrecoge, la realidad es que incluso hubo miembros del clero católico que también prestaron su ayuda a ETA en la tarea de cobrar dinero por los secuestros. Así, el 29 de marzo de 1990, la gendarmería detuvo al clérigo de Sara, Jean Michel Idiart, acusado de haber recibido la cantidad de doscientos cincuenta millones de pesetas por el secuestro del industrial de Pamplona Adolfo Villoslada. El sacerdote llevaba encima no solo una pistola 7,65 mm Parabellum, sino también los recibos por los ingresos del dinero del rescate hasta completar los citados doscientos cincuenta millones. No era el suyo, desgraciadamente, un caso excepcional.

Con este trasfondo se comprende la reacción de los obispos cuando la policía lograba detener a los terroristas. Por ejemplo, en 1984, las fuerzas de seguridad del Estado desarticularon en Hernani al comando Donosti, dirigido por Jesús María Zabarte, un terrorista que llevaba más de un lustro actuando en Guipúzcoa. El obispo Setién, siempre silencioso en relación con el drama de las víctimas del terrorismo, no dudó en posicionarse en contra de la operación policial que se había traducido en desactivar a un grupo de asesinos.

En armonía con esa visión, el 13 de julio de 1985, tres obispos vascos entre los que se encontraba monseñor Setién presentaban un documento con el título de Erradicar la violencia debilitando sus causas. Lejos de condenar el terrorismo, el documento episcopal era una exigencia en toda regla para llegar a un acuerdo con ETA y una culpabilización del aparato del Estado por la situación de violencia que sufría España.

A decir verdad, a la protección de sacerdotes y obispos se ha añadido la del cuerpo diplomático de la Santa Sede. Uno de los casos más señalados al respecto estuvo relacionado con la invasión de Panamá llevada a cabo por Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989. Ese día, Sebastián Laboa, el nuncio en la nación centroamericana y miembro de la curia durante treinta y cinco años se encontraba en el Vaticano. Inmediatamente, regresó a Panamá, en cuya nunciatura se hallaba refugiado un centenar de personas solicitando asilo, entre ellas cinco terroristas de ETA deportados por el gobierno español. Laboa actuó con resolución. Entregó a los Estados Unidos a docenas de refugiados panameños y decidió proteger a los etarras. Para ello no dudó en mentir, informando al oficial norteamericano competente de que se trataba de sus guardaespaldas. Además, el nuncio concedió estatus diplomático a los terroristas, les ofreció el coche oficial con pabellón de la Santa Sede para que abandonaran la nunciatura y recogieran sus pertenencias y realizó personalmente los trámites para que pudieran trasladarse a Cuba⁶. El caso del nuncio en Panamá tampoco fue una excepción.

En algunos casos, la cercanía al nacionalismo vasco, sin excluir al terrorista, resultó verdaderamente sobrecogedora Un ejemplo fue el de Gregorio Ordóñez. El 23 de enero, con unas elecciones municipales que se celebrarían en mayo y en las que iba a ser el candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián, Gregorio Ordóñez fue asesinado mientras comía en el restaurante La Cepa de la parte vieja de San Sebastián con un grupo de compañeros de partido, entre los que se encontraba María San Gil. Los autores del crimen, Valentín Lasarte, Francisco Javier García Gaztelu Txapote y Juan Ramón Carasatorre Zapata, eran miembros de un comando de ETA. Los familiares de Gregorio Ordóñez sí consiguieron, a diferencia de otras víctimas, que la ceremonia de corpore insepulto la oficiara el párroco de la iglesia del barrio de Amara a la que acudía fielmente Gregorio. Sin embargo, durante los años sucesivos, tanto Consuelo Ordóñez, hermana de la víctima, como los dirigentes del PP vasco tuvieron que sufrir el vía crucis bochornoso de visitar una iglesia de San Sebastián tras otra para que les permitieran celebrar una misa de aniversario. Finalmente, las Siervas de María aceptaron prestarles una pequeña capilla en la calle de San Martín. En el año 2003, la familia, harta de recibir humillaciones del clero, optó por sustituir la misa por un acto civil conmemorativo en el cementerio. El obispo Setién intentaría justificar lo que sucedía argumentando que en su diócesis no se celebraban misas en recuerdo de un difunto sino de varios, actitud para la que existía un precedente en el día de los difuntos⁷. Semejante conducta frente a las víctimas de un asesinato perpetrado por terroristas se producía además con el respaldo o el silencio cobarde de la inmensa mayoría de la población.

Sería el exjesuita Arzalluz el que explicaría como nadie los respaldos a ETA al afirmar que la banda terrorista «agita el árbol y nosotros recogemos las nueces». El problema es que, a mediados de los años noventa, el sistema ya estaba a punto de quebrar por la sencilla razón de que era imposible costear su mantenimiento en favor de los estamentos privilegiados, antiguos y modernos, que se aprovechaban de él. Si no se llegó a la bancarrota y, con ella, a un cuestionamiento radical, se debió a José María Aznar.

CAPÍTULO XII

De la era de Aznar a la de ZP

Aznar: un balón de oxígeno para el régimen

Los dos mandatos de José María Aznar como presidente del Gobierno estuvieron llenos de logros. De la situación crítica en términos económicos —incluidos los cuatro millones de parados— que habían dejado tras de sí los gobiernos de Felipe González, se pasó a una época de auténtica euforia económica sustentada en la bajada de impuestos, la notable reducción de la corrupción en la política y la introducción de una cierta racionalidad del gasto público. Así, se alcanzó una situación de práctico pleno empleo y de cada cinco puestos de trabajo creados en el seno de la Unión Europea, cuatro lo fueron en España. De manera semejante, Aznar dotaría a la derecha de un discurso ideológico de carácter liberal —una circunstancia ciertamente notable en la historia de España—, colocaría contra las cuerdas a la banda terrorista ETA y situaría a España en una posición internacional de la que, a decir verdad, no disfrutaba desde el siglo XVIII. Todos estos aspectos no pueden negarse, especialmente porque proporcionaron una década de supervivencia a un régimen que había quedado muy afectado por su evolución a lo largo de la etapa de gobierno socialista. Sin embargo, estos hechos no pueden ocultar la realidad de que Aznar no procedió a la regeneración del régimen que de él esperaban no pocos de los votantes del PP y que, por el contrario, apuntaló los privilegios de segmentos muy concretos en el seno de la vida nacional.

Con una participación electoral de más del 78%, el PP consiguió el apoyo del 38,79% del censo y 156 diputados sobre un total de 350, y solo superó en unos trescientos mil votos al PSOE, que consiguió el 37,5% de los votos y 141 diputados. La situación de Aznar era tan frágil que Alfonso Guerra se permitió hablar de que «nunca ha habido una derrota tan dulce y una victoria tan amarga» —más cierto lo segundo que lo primero— y medios cercanos al PSOE se permitieron indicar que Aznar debía dejar la presidencia del Gobierno para dar paso a otro político de su partido, presumiblemente, Alberto Ruiz-Gallardón. Aznar no cedió, pero se vio obligado a llegar a acuerdos —nada livianos— con los nacionalistas catalanes de CiU, los vascos del PNV y la Coalición Canaria.

Aznar no solo realizó concesiones en el terreno político, sino también de cara a intereses de poderes fácticos muy concretos que, examinados con rigor, muestran la realidad del sistema nacido durante la Transición. Una de esas primeras concesiones estuvo relacionada con los partidos políticos y, bien significativamente, con la responsabilidad del PSOE en el terrorismo de Estado de los GAL. En contra de lo prometido a sus electores, en agosto de 1996, el gobierno de Aznar rehusó entregar a los jueces los papeles del CESID necesarios para continuar la investigación de los crímenes de los GAL. Las razones esgrimidas en aquel entonces por el gobierno del PP fueron que afectaban a la seguridad del Estado, mientras que testimonios posteriores señalan que Aznar temía que otros gobiernos posteriores pudieran procesarlo a él. Ambas posibilidades resultan, como mínimo, inquietantes. La primera indicaría que la seguridad nacional está por encima de la administración de justicia y que sirve como argumento para impedir que los delincuentes sean juzgados. La segunda dejaría de manifiesto una complicidad —un pacto de impunidad— que sobrecoge. Semejante situación no mejoró porque en marzo de 1997, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tras analizar los informes del CESID, decidiera desclasificar algunos que, por otro lado, ya eran conocidos. A decir verdad, la decisión personalísima de Aznar significaba la consagración de la situación de privilegio de los partidos.

Algo semejante sucedería en sus relaciones con los sindicatos. Tanto el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo como otras normativas pactadas como la Ley 63/1997 y Ley 64/1997 intentaron flexibilizar una rigidez laboral que venía de la época del franquismo pero, a la vez, consagraron el papel de los sindicatos UGT y CC. OO. como interlocutores indiscutibles pese a su escasísima representatividad y afiliación. La reforma laboral de Aznar creaba el contrato de fomento de la contratación indefinida dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años o mayores de 45 para los siguientes cuatro años. Este contrato implicaba una indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Además, se modificaba el artículo 52 del ET, facilitando los despidos objetivos. De manera bien significativa, a pesar de que la OIT se había manifestado en contra de esta política, y pese a que se habían opuesto a ella en 1994, UGT y CC. OO. aceptaron las tesis del gobierno. Las razones para ese pacto —aparte de la necesidad imperiosa de acabar con el desempleo— incluían la manera en que el mundo de la regulación laboral quedaba en manos de UGT, CC. OO. y la CEOE, y la forma en que el gobierno de Aznar premió con otras prebendas a las tres instancias. Eso explica que los órganos de dirección de los sindicatos votaran mayoritariamente a favor de la reforma laboral. En UGT, los votos a favor fueron 139, con 1 en contra; mientras que en CC. OO. hubo 114 votos a favor (78,6%) y 31 en contra (21,41%). No puede sorprender que la reforma laboral tuviera el apoyo del Consejo Económico y Social, y fuera aprobada por el 94% de los diputados, mediante la convalidación del decreto ley, con 302 votos a favor (PP, PSOE, CiU, PNV, IC y CC) y 18 en contra (2 de BNG y 16 de IU). Resulta también revelador que Iniciativa per Catalunya y Nueva Izquierda votaran a favor, rompiendo el grupo parlamentario de IU.

La reforma laboral tuvo un éxito evidente. El paro pasó de un 22,3% en el primer trimestre de 1996 al 15,4% en el tercer trimestre de 1999, y el empleo indefinido pasó del 65,1% en 1995 al 66,7% a finales de 1999. Pero, por encima de todo, consagró el papel de UGT y CC. OO. A decir verdad, otras fuerzas sindicales, a pesar de las tesis que defendían —o precisamente por ello— no lograron ninguno de sus objetivos. Por ejemplo, tuvieron lugar movilizaciones para conseguir la jornada laboral de 35 horas. De hecho, militantes de CGT e IU trabajaron en la recogida de 700 .000 firmas reivindicando esta petición. Así se presentó al Parlamento mediante una ILP que fue rechazada en el Congreso.

La luna de miel entre los sindicatos oficiales y el gobierno de Aznar duró hasta el año 2001. No había razones para otro comportamiento, ya que los sindicatos veían consagrado su papel a pesar de su escasa representatividad y el empleo crecía de una manera que causaba el pasmo en el seno de la Unión Europea. Sólo los intereses de partido y el miedo creciente a que el PP se perpetuara en el poder llevaron a UGT ese año a marcar distancias con el gobierno. No fue el caso de CC. OO. que, con Fidalgo a la cabeza, siguió manteniendo el pacto. Con todo, ese mismo año de 2001 se firmó el Acuerdo de negociación colectiva entre UGT, CC. OO., CEOE y CEPYME. Se trató de un acuerdo histórico en favor de la moderación salarial que tuvo como trasfondo la entrada en el euro, una meta imposible de haberse mantenido la política de Felipe González.

Los buenos resultados de la contención salarial —ayudaron considerablemente a la reducción del desempleo— llevaron al gobierno de Aznar a impulsar una moderada profundización de la reforma. Sin embargo, el temor creciente de las izquierdas y de los nacionalistas a que el PP recogiera los frutos de este éxito se tradujo en una política de oposición creciente. Así, el 13 de junio de 2002, el Congreso aprobó una nueva reforma laboral, pero solo con los votos a favor (169) del PP. Por su parte, el PSOE, IU, el PNV y el grupo mixto (129) votaron en contra. CiU —que era consciente de los buenos frutos de la medida— y Coalición Canaria se abstuvieron (16). El temor a que la reforma redujera el peso de los sindicatos, y no el que fuera a tener un impacto negativo sobre los trabajadores, provocó ahora la movilización de UGT y CC. OO., que convocaron una huelga general para el 20 de junio de 2002. El resultado de la convocatoria fue claramente revelador. El seguimiento resultó muy escaso y, desde luego, muy inferior al de la que lanzaron los sindicatos contra el gobierno el 14-D de 1988. Dado el fracaso de la convocatoria sindical, el gobierno del PP podía haber mantenido unos supuestos que hubieran modernizado la legislación laboral española con magníficos resultados. Sin embargo, Aznar decidió dar marcha atrás y mantener, por ejemplo, el PER, un mecanismo clientelar creado por el PSOE en regiones como Andalucía y Extremadura. La razón alegada fue que su sucesor se encargaría de ello tras la nueva victoria electoral¹. Más probablemente, lo que Aznar no quiso fue vencer de manera clamorosa a una de las castas privilegiadas del sistema de la Transición, de la misma manera que no había querido herir al PSOE con la desclasificación de los fondos reservados. A fin de cuentas, siempre deseó proporcionar estabilidad al sistema, y no se le puede negar el éxito a medio plazo en alcanzar esa meta.

Aznar se mantuvo fiel al sistema de la Transición no solo multiplicando las concesiones a partidos, patronal y sindicatos o partidos nacionalistas, sino también a la Iglesia católica. La primera, plasmada legalmente en el mismo año de 1996, entregó, de manera dudosamente legal y claramente anticonstitucional, a la Iglesia católica la posibilidad de inmatricular bienes inmuebles en unas condiciones similares a las de las instancias estatales y claramente privilegiadas si se comparan con las de otras confesiones o entidades privadas. De esta manera, la Iglesia católica obtenía un privilegio que no había disfrutado ni siquiera con el régimen católico de Franco.

La inmatriculación es un concepto muy preciso del Derecho Hipotecario, y así figura en la primera Ley Hipotecaria de 1861. Por inmatricular se entiende el acceso por primera vez de las fincas —rústicas o urbanas— al Registro de la Propiedad. Este acto jurídico tiene una enorme relevancia porque, en el derecho español, la propiedad de las fincas se adquiere antes y al margen del registro por el llamado sistema romano del «título y modo». El Registro de la Propiedad constituye así un medio para que sean públicas las titularidades ya adquiridas. Por eso, en España es esencial que a la adquisición de la propiedad —notarial en la mayoría de los casos— le siga la inscripción en el Registro de la Propiedad. Lógicamente, para evitar fraudes —por ejemplo, que alguien inmatricule como propios bienes que le son ajenos—, la legislación hipotecaria, con el paso del tiempo, ha ido exigiendo cada vez más requisitos para ese primer ingreso de las fincas en el Registro. La razón es, obviamente, que solo el verdadero propietario pueda inmatricular las fincas a su nombre.

La Iglesia católica, como cualquier persona física o jurídica, puede ser titular o propietario de bienes, y en cuanto tal, puede inscribirlos a su nombre en el Registro o inmatricularlos; es decir, practicar la primera inscripción. Sin embargo, esa inmatriculación solo está justificada si los bienes los ha adquirido de manera legítima y siendo la auténtica propietaria. Aquí es donde la reforma de la Ley Hipotecaria impulsada por Aznar —y no cuestionada en el Parlamento— introdujo una modificación de consecuencias gravísimas, cuya finalidad era facilitar excesivamente las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica. La reforma colocaba a la Iglesia católica en una situación totalmente distinta de la que la misma Ley Hipotecaria exige a otras confesiones religiosas, así como al común de los ciudadanos españoles y a otros sujetos de derecho como sociedades y asociaciones. En todos y cada uno de esos casos, para inmatricular sus propiedades, resulta obligado justificar que la propiedad pertenece a los que desean registrarla a su nombre bien mediante un procedimiento judicial —expediente de dominio—, bien mediante escrituras públicas o actas notariales. De manera totalmente distinta, el artículo 206 de la Ley Hipotecaria permitiría en adelante a la Iglesia católica, al igual que al Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de derecho público inmatricular sus bienes, cuando «carezcan de título escrito de dominio», es decir, de escrituras.

El número de fincas inmatriculadas por la Iglesia católica de acuerdo con esta innovación legislativa que evita que posea justo título o inste un expediente de dominio para realizar la inmatriculación supera con certeza varios millares. Todavía en 2012, el diputado socialista por Navarra, Juan Moscoso, pediría en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados reformar la Ley Hipotecaria para impedir la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica. La razón más obvia era que en Navarra se había llevado a cabo más de un millar de inmatriculaciones siguiendo esta reforma de la era Aznar realizada «mediante un Real Decreto y sin debate parlamentario». Moscoso abogó para que se pusieran en marcha vías «para la devolución de los inmuebles y terrenos registrados». Las palabras de Moscoso cayeron totalmente en el vacío. No fue el único privilegio que Aznar estaba dispuesto a conceder a la Iglesia católica.

En 1993, el gobierno de Felipe González firmó un convenio con la Conferencia Episcopal en virtud del cual se comprometía a incluir a los profesores de religión católica en la seguridad social y a aumentar sus salarios, entre 1994 y 1998, de tal manera que estuvieran equiparados a los de los profesores de las demás asignaturas. Como ya hemos argumentado anteriormente, el pacto era, como mínimo, discutible. A pesar de todo, su consumación se produjo en febrero de 1999, nada más ser nombrado ministro de Educación Mariano Rajoy. Desde entonces, los profesores de religión católica pasaron a cobrar como interinos y a integrarse en la seguridad social. La medida afectó a ocho mil seiscientos profesores de primaria y cuatro mil doscientos de secundaria en centros públicos.

La luna de miel del gobierno del PP con la Conferencia Episcopal podría haber durado indefinidamente. De hecho, los obispos se deshicieron de Antonio Herrero, su principal efectivo en la cadena COPE, cuando comenzó a molestar a Aznar. Es sabido que el presidente del Gobierno citó en Moncloa a dos de las personas más cercanas al periodista, Luis Herrero —vinculado al Opus Dei—, y Federico Jiménez Losantos —que había descubierto la figura de Azaña a Aznar—, a fin de anunciarles que los días del director del programa matinal de la COPE estaban contados. Antonio Herrero se vio libre de tan ingrata humillación aceptada por los obispos simplemente porque murió el 2 de mayo de 1998, antes de que se lo comunicaran. Lo sustituyó su amigo Luis Herrero, hasta entonces director del programa nocturno La Linterna y futuro eurodiputado del PP. Esta situación de entendimiento se prolongaría sin fisuras —¿por qué habría de haberlas?— prácticamente hasta el año 2002, a pesar de que Aznar, por ejemplo, no modificó la ley del Aborto. En marzo de 2001, monseñor Setién, un defensor cerrado del nacionalismo vasco, fue sustituido al frente de la diócesis de San Sebastián por Juan María Uriarte. En la época en que había sido obispo auxiliar de Bilbao (1976-1991), Uriarte había purgado a los profesores de religión católica que no eran nacionalistas. Con posterioridad, Uriarte fue obispo de Zamora, y se pensó que había abandonado sus proclividades nacionalistas aunque conservara sus contactos en el entorno de ETA. Fue precisamente esa circunstancia la que impulsó, muy equivocadamente, al gobierno de Aznar a pensar que podría resultar un mediador ideal para sondear a la banda terrorista durante la tregua trampa de 1998. De aquellos sondeos no surgió nada y el obispo Uriarte culpó a las dos partes por igual, hablando de «el maximalismo e impaciencia de los interlocutores de ETA y la inflexibilidad del Gobierno»². Con todo, el primer roce no se produjo hasta 2002. Ese año —en medio de una presión creciente contra ETA, que llegó a poner contra las cuerdas a la banda terrorista— se publicó la carta pastoral del 29 de junio de 2002 titulada Preparar la paz, en que los obispos manifestaron su oposición a la ilegalización de Batasuna, el brazo civil de la banda terrorista. En ella se consideraba rechazable la ilegalización de cualquier partido político «y la de Batasuna, en este caso concreto». La reacción de millones de ciudadanos fue de abierta indignación. No solo era que nadie entendía que la Conferencia Episcopal, presidida por monseñor Rouco, tolerara aquello, sino que no pocos se plantearon no marcar ese año la casilla en la declaración de la renta en favor de la Iglesia católica. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, no tuvo otra salida que convocar al nuncio de la Santa Sede, Manuel Monteiro, para que comunicara a sus superiores el malestar provocado por la acción de los obispos.

La tensión llegó a tal punto que monseñor Rouco impulsó en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal un documento que pudiera infundir en los españoles, empezando por los católicos, la impresión de que, en contra de lo que dejaban de manifiesto de manera reiterada los hechos de décadas, la Iglesia católica no apoyaba a ETA. Conocedor de la realidad eclesial, monseñor Rouco descartó un documento doctrinal de obligado cumplimiento y todo quedó reducido al grado ínfimo de una instrucción pastoral titulada Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias donde se calificaba al terrorismo de «estructura de pecado». Aunque, como queda señalado, el texto no era de obligado cumplimiento, votaron en su contra obispos vascos, catalanes y algún gallego, sumándose además cinco abstenciones entre las que se encontraba la de monseñor Blázquez. Por añadidura, Setién no escatimó medios para defender el popularmente conocido como Plan Ibarretxe, impulsado a la sazón por el PNV, en paralelo a la aprobación del texto. En otras palabras, Aznar había sumado las concesiones a la Iglesia católica como pilar del sistema pero, como había sucedido con otros, no había logrado con ello su apoyo cerrado. Apenas dos años después —mediando la intervención de España en la segunda guerra del Golfo— cuando todo el mundo esperaba que el PP revalidara su mayoría absoluta con Mariano Rajoy como sucesor designado de Aznar, los atentados del 11-M abrieron el camino a un recambio del partido gobernante.

Como hemos señalado previamente, la era Aznar estuvo marcada por no escasos logros. España cumplió con los criterios de convergencia del euro, absolutamente fuera de su alcance en la etapa de Felipe González; los impuestos descendieron; la economía se vio relanzada espectacularmente hasta el punto de provocar un fenómeno de inmigración sin precedentes; el desempleo descendió hasta niveles no conocidos hasta entonces durante el régimen democrático; y la posición internacional de España alcanzó una relevancia también desconocida en siglos. Por añadidura, por primera vez en décadas, la banda terrorista ETA se vio contra las cuerdas y los nacionalismos catalán y vasco sintieron amenazados sus respetivos feudos. Seguramente sin desearlo, porque Aznar era un oficialista convencido, algunas de las castas privilegiadas vieron rozadas sus prebendas. Semejante circunstancia no habría tenido mayor relevancia si Aznar hubiera emprendido un proceso de regeneración que hubiera reformado positivamente el sistema y que, sin duda alguna, necesitaba España. Sin embargo, Aznar no buscaba ni de lejos semejantes reformas, sino apuntalar lo ya existente. Así, incluso evitó expresamente que se pudieran llevar a cabo en áreas como la administración de justicia o los medios de comunicación. Incluso, a pesar de las lecturas de Azaña que le proporcionó Federico Jiménez Losantos, no pudo —o no quiso— ver el enorme peso que los poderes fácticos han tenido, y no para bien, a lo largo de la historia de España. De esa manera, Aznar proporcionó al sistema de la Transición, exangüe tras los gobiernos de Felipe González, una década de supervivencia. No fue un logro menor, teniendo en cuenta la prosperidad que se sumó a ese período; pero al no ser reformado, el sistema seguía siendo, a corto o medio plazo, inviable. Así quedaría demostrado en los años siguientes.

ZP: la crisis del régimen

El 14 de marzo de 2004, resultaba más que previsible que el PP revalidaría la victoria electoral. De todos es sabido que no fue así, fundamentalmente, porque el 11-M tuvieron lugar unos atentados en Madrid que, atribuidos al terrorismo islámico y relacionados con el apoyo que Aznar había proporcionado a la invasión de Irak, amedrentaron a buena parte del electorado español llevándole a favorecer al PSOE capitaneado por José Luis Rodríguez Zapatero, conocido popularmente como ZP. No entra en los contornos de esta obra describir ni los atentados ni la investigación sobre los mismos que, poco a poco, fue dejando de manifiesto la falacia de la versión oficial. Sí debe señalarse que incluso las sentencias judiciales dejaron de manifiesto que los atentados no tuvieron nada que ver con la guerra de Irak, que su finalidad fue provocar un cambio electoral en la cercanía de los comicios y que sus autores intelectuales eran desconocidos. Las tres afirmaciones pueden darse por correctas desde una perspectiva histórica, pero lo relevante fue que los atentados lograron su objetivo y el PP perdió las elecciones, siendo sustituido en el gobierno por el PSOE.

A diferencia de Felipe González o de José María Aznar, ZP tenía un plan para gobernar que sobrepasaba los ya laxos límites de la Constitución y que se articularía desde antes de alcanzar la Moncloa sobre cinco ejes bien definidos. El primero era alcanzar un pacto con los nacionalistas catalanes y vascos que incluyera a los terroristas de ETA. Ese pacto permitiría a los nacionalistas contar con una independencia de facto, aunque los gastos injustos y astronómicos de que se mantuvieran de iure dentro de España los tuviera que costear el resto de los españoles. Se podría salvar así a oligarquías que, privadas tras la entrada en la Unión Europea de las barreras proteccionistas de las que habían disfrutado durante siglos, necesitaban unos recursos que solo podían proceder de los bolsillos de todos los españoles. A su vez, otorgaría a ZP una mayoría suficiente para gobernar de manera indefinida y reducir al PP a un partido testimonial, como el Partido Campesino durante la dictadura comunista de Polonia. El segundo eje —muy vinculado al anterior— era volver a fracturar a la sociedad española en torno a la cuestión trágica de la guerra civil. Mediante la identificación —falaz e interesada— del PP con los vencedores de la guerra y del PSOE y los nacionalistas con los vencidos, debía operarse una deslegitimación de la derecha y una hiperlegitimación de la izquierda y de los nacionalistas que les ayudara en sus deseos de perpetuarse en el poder. El tercero era arrojar por la borda la más que eficaz política exterior seguida por José María Aznar. Copiando servilmente un concepto acuñado por la dictadura islámica de Irán, ZP enarbolaría la bandera de la Alianza de Civilizaciones y se ubicaría al lado de personajes como Evo Morales, Fidel Castro (en menor medida), Hugo Chávez o los ayatolás iraníes. En cuarto lugar, ZP se rendiría —con absoluta sorpresa de algunos de los dirigentes veteranos del PSOE— a minorías agresivas, como el lobby gay o el feminista, que no habían tenido su lugar bajo el sol en el reparto de privilegios del régimen de la Transición y que, por supuesto, lo deseaban con una agresividad y un ansia no pequeñas. Por último, ZP supo desde el primer momento que todos y cada uno de esos pasos iban a desencadenar resistencias sociales incluso entre sectores de la izquierda y, por lo tanto, necesitaba no solo controlar la información —eso había resultado obvio desde la Transición— sino adoctrinarla. Algunos interpretaron aquella trayectoria como un proceso prerrevolucionario. La realidad es que ZP no pretendía acabar con el sistema de privilegios creado por la Transición, sino simplemente reajustarlo, excluyendo —quizá más por problemas psicológicos que ideológicos— a la derecha, facilitando la supervivencia e incluso el incremento de las clientelas nacionalistas y dando entrada a fuerzas que, hasta entonces, habían sido prácticamente insignificantes. Por añadidura, pretendía prolongar indefinidamente su estancia en el poder mediante una estrategia que bloqueaba un posible recambio en el gobierno. En otras palabras, lo único revolucionario en ZP fue que intentó acentuar el carácter oligárquico del régimen perjudicando a algunos de sus pilares iniciales, fortaleciendo a otros y sumando algunos nuevos. Porque no puede negarse que, objetivamente hablando, ZP no solo no limpió el sistema de sus pecados de nacimiento sino que los empeoró, colocándolo al borde de su colapso. El enfrentamiento, en realidad, no iba a ser, como en otras épocas, una contienda entre una fuerza conservadora y otra modernizadora, sino entre castas privilegiadas que apelaban a sus elementos más populares y a consignas que no respondían exactamente con los intereses que afirmaban defender. Así, ZP erosionó, peligrosa e irresponsablemente, las mismas bases del régimen.

Desde luego, no puede decirse que el gobierno de ZP intentara persuadir o convencer. Desde un principio, pretendió imponerse y, con esa finalidad, no dudó en satanizar a los sectores de la sociedad que consideraba susceptibles de oponerse. El 14 de diciembre de 2004, María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno y auténtica factótum de ZP, afirmó que «los jueces y los curas son tenebrosos e inmovilistas…». El mensaje quedaba, pues, lanzado. Quien se opusiera a los planes del gabinete socialista pertenecía, por definición, a las tinieblas y el inmovilismo. Poco podía sospechar la opinión pública que María Teresa Fernández de la Vega —a la que atacaron los medios de la derecha con verdadero fervor— era el canal de comunicación privilegiada entre ZP y los obispos.

La batalla en torno a la educación corrió a cargo de una de las denominadas ministras de cuota del primer mandato de ZP: María Jesús San Segundo. A decir verdad, San Segundo no se ocupó en sentido estricto de la educación nacional —ciertamente necesitada de cuidado— sino de crear un entramado de adoctrinamiento político al servicio de ZP y de los nacionalistas catalanes y vascos. Así, paralizó la LOCE —el único intento de crear un entramado educativo de calidad en casi tres décadas de democracia— el 17 de mayo de 2004, a pesar de las mejoras que significaba en relación con la LOGSE. El 27 de septiembre de 2004, en un paso más allá, anunció el establecimiento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el instrumento de adoctrinamiento de ZP para niños y jóvenes. Finalmente, el 30 de marzo de 2005, presentó el nuevo proyecto de reforma de la educación. El 6 de abril de 2006, el PSOE y sus aliados de izquierdas y nacionalistas aprobaron la LOE. Al día siguiente, cumplida su misión, San Segundo abandonó el ministerio.

El 7 de abril de 2006, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo fue nombrada nueva ministra de Educación y Ciencia. Como sucedía con otros ministros de ZP, la ministra Cabrera tenía una clara relación familiar con las clases privilegiadas de regímenes anteriores. De hecho, era pariente del político derechista José Calvo-Sotelo, asesinado por policías socialistas en julio de 1936, y sobrina de Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente del Gobierno con la UCD; así como de Fernando Morán, ministro socialista en la época de Felipe González. Aunque la ministra Cabrera era catedrática en la universidad —con un currículum un tanto pobre, ciertamente— la actividad en la que más había destacado hasta entonces era en los negocios. De hecho, era consejera en varias SIMCAV. Además, estaba casada con Carlos Arenillas, vicepresidente de la CNMV.

La ministra Cabrera no tardó en dejar su huella en Educación. El 4 de abril de 2007, el Consejo Escolar aprobó un informe que excluía, por ejemplo, a Cervantes, la Reconquista o los reyes godos de las materias que debían aprender los estudiantes, si bien incluía el aprendizaje del Islam. El 11 de septiembre de 2007, la ministra Cabrera anunció que se podría pasar de curso con cuatro suspensos o más, manteniendo así una línea de deterioro de la educación que había caracterizado a la izquierda y a los nacionalistas en las últimas décadas. Dentro de ese contexto, no puede sorprender que el empeño más empecinado de la ministra Cabrera fuera la asignatura de Educación para la Ciudadanía que treinta asociaciones y colectivos de padres, alumnos y docentes denunciarían como «un instrumento de adoctrinamiento ideológico». Ante esa tesitura de adoctrinamiento, César Vidal anunció una noche en el editorial de las ocho con que daba inicio a su programa La Linterna que, igual que había hecho en la época de Franco con el servicio militar, ahora se declaraba objetor de conciencia y que su hija, a la sazón en un instituto, no iba a cursar la asignatura. En paralelo, dio voz de manera sistemática a todos aquellos colectivos que se oponían a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y que podían brindar ayuda legal y humanitaria a los padres y alumnos objetores. El director de La Linterna no actuaba así siguiendo consignas de la Conferencia Episcopal, sino impulsado por una visión liberal del contencioso. Sin embargo, al fin y a la postre, a esa línea se acabaron sumando entidades religiosas como la Conferencia Episcopal Española, que denunció «una formación moral al margen de la libre elección de los padres y de los centros» o la Alianza Evangélica Española que afirmó que «el Estado no puede sustituir a los padres en la educación moral». Algunos obispos —como el cardenal Cañizares— se mostraron especialmente beligerantes contra la asignatura, a la que llegaron a relacionar directamente con el Diablo. Fue así como, a finales de septiembre de 2007, el número de objeciones de conciencia contra la EpC había superado las quince mil. Sin embargo, la preocupación principal de la ministra Cabrera no era dialogar con los interesados, sino que nadie objetara a la asignatura de EpC. Para ello, no dudó en multiplicar las amenazas. Así, el 10 de septiembre de 2007, la ministra anunció que «los colegios concertados pueden quedarse sin las subvenciones si no dan EpC». Acertó de lleno. El que se dibujara en el horizonte la pérdida de las subvenciones tuvo como consecuencia rápida y directa que la mayoría de los colegios católicos retrocediera en la defensa de los principios morales. Aunque muchos no lo advirtieran, no era otra la esencia del régimen de la Transición.

También presentaría batalla ZP en el derecho de familia, en un intento de satisfacer a un lobby gay especialmente agresivo y, hasta ese momento, sin porción en el reparto. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se entregó con entusiasmo a la tarea de reformar el Código Civil para denominar matrimonio a la unión de parejas homosexuales y permitirles adoptar, y no dudó en rechazar de plano el informe jurídico del Consejo General del Poder Judicial que le recomendó, basándose única y exclusivamente en argumentos jurídicos, no dar ese paso legal. Por supuesto, tampoco escuchó a los ciudadanos que salieron a la calle en defensa de la familia en otra manifestación masiva.

El último paso legislativo de relevancia fue la ley de Memoria Histórica o, más correctamente, Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la Dictadura. Aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007, su proyecto había sido previamente aprobado por el Consejo de Ministros presidido por ZP el 28 de julio de 2006. La ley de Memoria Histórica planteaba varios problemas. En primer lugar, los derechos del bando vencido durante la guerra civil habían sido ya reconocidos en distinta medida durante el gobierno de la UCD, hasta tal punto que en la etapa de Felipe González tan solo se ampliaron fondos entregados a algunas organizaciones de izquierdas, excluyendo siempre, por cierto, a las relacionadas con el anarquismo. Por añadidura, la ley estaba infectada por una visión partidista que, por ejemplo, volvía a conceder la nacionalidad española a los miembros de las Brigadas Internacionales que lo desearan, algo que ya había sucedido en 1996. Finalmente, abría la puerta para que las entidades más diversas recibieran subvenciones con los pretextos más variados relacionados con la contienda. Todos estos aspectos serían criticados, con bastante razón, más por los medios que por una timorata oposición del PP. Con todo, y a pesar de la oposición de millones de españoles a este tipo de proyectos, la circunstancia que acabaría precipitando el final de ZP fue el deterioro inquietante de la economía española.

Los datos relativos a la economía durante el gobierno de ZP son más que elocuentes. Cuando en 2004, llegó al poder ZP, su ministro de Economía, Pedro Solbes se encontró con un déficit exterior de 19 000 millones de euros, pero lo aumentó hasta llegar a 100.000 millones; se encontró con una deuda externa de 775.000 millones de euros que él duplicó hasta alcanzar los 1.455.000 millones; se encontró con una presión fiscal del 37,7%, que él aumentó hasta el 41%, la más alta hasta entonces de la historia de España; se encontró con un crecimiento del PIB per cápita del 3% y una convergencia con la UE a toda velocidad. Cuando ZP concluyó su primer mandato, el crecimiento del PIB español per cápita era del —1%; España era la nación que menos crecía de todo el mundo industrializado y, tras encontrarse con un crecimiento del gasto público de un 20% en cuatro años, Solbes lo dobló logrando el aumento más rápido del gasto de toda la historia de España. Ciertamente, su gestión como ministro había dado pésimos resultados. No sorprende, por lo tanto, que en el año 2007, la crisis económica estallara en España, más de un año antes que en el resto del mundo y por razones completamente nacionales.

A decir verdad, la crisis no fue sino la cosecha del fruto sembrado en esa legislatura. ZP había gobernado durante años sirviendo a unos intereses muy concretos que no eran los del conjunto de los ciudadanos, sino los de un segmento de las castas privilegiadas. Los resultados fueron, ciertamente, inquietantes. Durante el primer mandato de ZP, tuvo lugar una reducción histórica de las rentas salariales en el conjunto del PIB. Los salarios, a decir verdad, significaban solo el 46%, retrocediendo así más de cuatro décadas y desde un porcentaje del 55%. No solo eso. En la renta total española, los salarios pasaron a ser solo un 51%, lo que fue calificado por la Comisión Europea como un «auténtico desplome»; y era lógico, porque en la eurozona los salarios significaban una media del 64% de la renta total. Por si fuera poco, cuando se acercaba el final de aquel primer período con ZP, los salarios reales en España llevaban perdiendo poder de compra más de 12 trimestres consecutivos. Los salarios habían perdido en España un 6% de poder adquisitivo, mientras en el resto de Europa subían un 8%. El último informe de la OCDE de junio 2007 afirmaba que España era la única nación de esta entidad —que reúne a las treinta naciones más industrializadas— donde se había reducido el poder adquisitivo de la población. Por si fuera poco, según datos de la Agencia Tributaria, con ZP había, al final del primer mandato, dieciocho millones de españoles que ganaban menos de 1.000 euros al mes. Si ésa era la situación de los asalariados, no más halagüeña resultaba la de los pensionistas. Durante el primer mandato de ZP, el 80 por ciento de los jubilados perdió poder de compra. Además, un 49,5 por ciento se situó por debajo del umbral de pobreza. Y es que, según la Comisión Europea, ZP, a pesar de su palabrería y de medidas demagógicas como el cheque bebé o los cuatrocientos euros, había reducido el gasto social per cápita al mínimo de la UE.

Al final de la primera legislatura de ZP, un 65 por ciento de las familias españolas afirmaba tener problemas para llegar a fin de mes, mientras que España era la nación europea con mayor crecimiento en el número de millonarios. Según datos del CIS, en marzo de 2004, un 45% de las familias decía vivir bien o muy bien. Al final del primer mandato de ZP, el porcentaje se había reducido hasta el 24%. También según el CIS, en marzo de 2004, un 10% de las familias afirmaba vivir mal o muy mal, pero al término del primer mandato de ZP ese porcentaje se había elevado hasta el 23 por ciento. Con aquel panorama, más de medio millón de familias tuvieron que recurrir a préstamos usurarios para poder sobrevivir; unos préstamos que tenían tipos de interés del 24% cuando se anunciaban en los medios de comunicación, pero que llegaban a más del 40% en ofertas por internet.

Para terminar el tétrico panorama, los impuestos habían subido; pero además, según la Agencia Tributaria, durante el primer mandato de ZP la nueva presión fiscal había recaído en un 80 por ciento sobre la clase media y las familias menos favorecidas. Todo ello mientras los más acomodados, gracias a los socialistas y a mecanismos como las SICAVs, llevaban décadas sin apenas pagar impuestos.

Al acabar el primer mandato de ZP, ni siquiera se podía tener el consuelo de que el desempleo hubiera disminuido. A decir verdad, el gobierno de ZP llevaba al respecto ocultando la realidad al pueblo desde el año 2005. Ciertamente, la cifra del paro cambió al considerar el INE empleados a los trabajadores con empleos de una o más horas a la semana, tanto si eran remunerados en dinero, como en especie, como si no eran remunerados, pero se realizaban para la propia familia. Y así, mediante esta acción del INE, en enero de 2005, el paro había pasado del 10,5 % al 8,5%.

ZP seguramente conocía aquellos datos pero, muy posiblemente, consideraba que no tenían mayor relevancia, en parte, porque las naciones del entorno acabarían sacando a España de la crisis y, en parte, porque su programa de acción política le parecía más importante que la economía. Ciertamente, si había algo claro ya en el año 2007 era que ZP no había gobernado para los trabajadores o los pensionistas; ni para lograr el equilibrio entre las regiones españolas; ni para mantener la estabilidad institucional. Por el contrario, sus actos de gobierno habían estado encaminados a favorecer a las oligarquías de los partidos; a proporcionar prebendas a minorías agresivas ávidas de subvenciones; a otorgar privilegios a los sindicatos; a enriquecer a los grandes grupos empresariales cercanos al poder. No puede sorprender que salieran a la luz informaciones escandalosas como que ZP había utilizado aviones oficiales para ir a las rebajas de Londres o para escuchar a su mujer en la ópera de Berlín; que había acondicionado la Moncloa a fin de que su esposa pudiera bucear o que se había gastado cantidades fabulosas del dinero de los contribuyentes en mejorar para sus vacaciones el palacio de la Mareta. Sin embargo, a pesar de los datos económicos —que pocos conocían— y de los escándalos —que pocos airearon—, ZP ganó las elecciones en 2008. Para entonces, antes que en el resto del mundo y por razones propias, la crisis ya había dado comienzo en España. Pero también por aquel entonces, el pacto con las diversas fuerzas sociales estaba más que avanzado.

Lugar especial en el organigrama de los privilegios de ZP lo ocuparía el disfrutado por los nacionalistas catalanes y vascos. Si hasta entonces ambos habían aprovechado más que sobradamente su situación constitucional, con ZP llegaron a extremos impensables, porque se convirtieron en la pieza indispensable —banda terrorista ETA incluida— para que no el sistema, sino el propio ZP, se perpetuara. El primer ejemplo de esa estrategia fue el pacto del Tinell suscrito por el PSC, IC, ERC y CiU, que excluía al PP de la vida pública catalana, convirtiéndolo en un paria político. Ese pacto permitió a Pasqual Maragall convertirse en presidente de la Generalidad catalana a la cabeza de un Gobierno con nacionalistas y socialistas —es decir, nacional-socialista—; pero además propició que, en diciembre de 2003 y enero de 2004, Carod-Rovira, número 2 del gobierno nacional-socialista de Cataluña, se reuniera en Perpiñán con terroristas de ETA para llegar a un pacto con la banda terrorista cuyo contenido completo desconocemos a día de hoy, pero que ya entonces se anunció como el compromiso de la banda terrorista de no perpetrar nuevos atentados en Cataluña. Pues bien, a pesar de que todos estos hechos eran conocidos, notorios y, en su mayoría, de dominio público, los corifeos de ZP seguían insistiendo en que era una persona leal al ordenamiento jurídico y respetuoso con el orden constitucional. No lo era, salvo en lo que tenía de carta para que unas castas privilegiadas despojaran al conjunto de la población; e incluso en ese respecto tampoco de manera completa, puesto que pensaba en excluir —a diferencia de Aznar— a segmentos concretos, incluir a otros nuevos y aumentar desaforadamente la porción de otros antiguos. Al respecto, resulta ciertamente escalofriante la manera en que ZP permitió que el nacionalismo catalán perpetrara expolio tras expolio a costa de todos los españoles. No hubo prácticamente vileza que los nacionalistas catalanes no exigieran y que ZP, como si España fuera suya y no de todos, no concediera con una sonrisa en los labios. ZP no pronunció una sola palabra de desautorización del pacto suscrito por el gobierno nacional-socialista de Cataluña con los terroristas de ETA; ZP respaldó expresamente un nuevo Estatuto para Cataluña que chocaba frontalmente con la Constitución, a pesar de la amplitud que ésta otorgaba a los nacionalistas; ZP continuó las conversaciones secretas con los terroristas de ETA; ZP apoyó a Gas Natural para que se apoderara de Endesa a fin de que las oligarquías catalanas contaran con un grupo energético propio con el que someter al resto de España; ZP procedió a la supresión del Plan Hidrológico Nacional, lo que significaba la ruina de valencianos, murcianos y almerienses, tan solo para que los nacionalistas catalanes liquidaran su competencia en un mercado que ya era abierto o, al menos, lo pretendía; ZP dio luz verde a la destrucción del Archivo Nacional de Salamanca para que de él se llevaran los nacionalistas catalanes los documentos que les complaciera; y ZP concedió un trato de favor a los nacionalistas catalanes que dejó a regiones enteras del territorio nacional privadas de infraestructuras. En todas y cada una de esas conductas —se trata solo de ejemplos importantes, pero ni lejanamente de una enumeración exhaustiva— ZP se comportó como el déspota que ni siquiera se molesta en ocultar la verdadera naturaleza del régimen de la Transición, aquella que consagraba la explotación de la nación por un conjunto de instancias muy concretas. Pero, a la vez, intentó trascender ese orden constitucional y configurar un nuevo reparto. En nada quedó más de manifiesto esta conducta insensata que en la configuración del nuevo Estatuto de Cataluña.

ZP se había comprometido a apoyar al gobierno nacional-socialista de Cataluña, presidido por el también socialista Maragall; pero, al mismo tiempo, se alió con CiU, la formación nacionalista catalana de derechas con la que había gobernado Pujol durante años. Traicionando a sus propios compañeros de partido y a sus aliados, ZP discutió en la Moncloa con Artur Mas, sucesor de Pujol al frente de CiU, el contenido del nuevo Estatuto catalán. En honor a la verdad, debe señalarse que, a la sazón, los mismos diputados socialistas estaban inquietos con este pacto, especialmente los que procedían de las regiones más pobres de España, es decir, las gobernadas por el PSOE. Alfonso Guerra, José Bono o Juan Carlos Rodríguez Ibarra eran algunos de esos socialistas no entusiasmados. El texto, descaradamente inconstitucional, afirmaba que Cataluña es una nación —en contra del artículo 2 de la Constitución, que señala que solo existe una nación, España— o que Cataluña tiene como «símbolos nacionales» un himno y una bandera. Impone un monolingüismo en la práctica, ya que el catalán es definido como la lengua propia de Cataluña (art. 6.1) creándose el deber de conocerlo (art. 6.2). Obliga a aprender catalán a los funcionarios (art. 33.4) y jueces, magistrados, fiscales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles (art. 33.3). El Estatuto también autoriza a establecer comunicación con cualquiera de los organismos estatales en catalán sin que pueda exigirse traducción (art. 33.5). Establece igualmente la separación de la administración de justicia de Cataluña del resto de España, ya que el TSJC «culmina la organización judicial» (art. 95.1). Usurpa las competencias del Estado por parte de la Generalidad catalana en áreas como la inmigración y los permisos de trabajo (art. 138.2), las universidades (art. 172), la cultura (art. 127) o los juegos, apuestas y casinos (art. 141). Y, por si todo lo anterior fuera poco, el Estatuto catalán consagraba el derecho de veto de los nacionalistas sobre decisiones adoptadas por las Cortes y el Gobierno de España (art. 133 y 186). Como remate, la Disposición 6 garantiza las infraestructuras de Cataluña para siete años a costa del resto de España. El resumen del nuevo Estatuto de Cataluña es que, gracias a él, Cataluña se convierte en la nación que, históricamente, nunca ha sido, y el resto de España pasa a ser una colonia de las oligarquías de Cataluña. Al igual que sucedía en la India británica o en la Argelia francesa, los impuestos pagados en Cataluña a empresas del resto de España se quedan en Cataluña pero, de acuerdo con el artículo 201 del Estatuto, los pagados en el resto de España a empresas catalanas… ¡van a Cataluña! Siguiendo también el modelo colonial de los imperialismos del s. XIX, los nacionalistas catalanes reservaban todos los empleos de Cataluña solo para los que hablan catalán y los del resto de España… por supuesto, también para ellos. Siguiendo una conducta de siglos de las oligarquías catalanas — que ha causado daños indecibles al resto de España—, los nacionalistas catalanes imponían, con el respaldo de ZP, unos productos y boicoteaban otros. Así, la Generalidad de Cataluña puede subvencionar páginas web donde se insiste en consumir lo que se denomina «productos de proximidad», es decir, los producidos en Cataluña.

Con todo, y para ser ecuánimes, como señaló entonces algún comentarista, el nuevo Estatuto de Cataluña no solo perjudica gravemente al resto de España, sino que su víctima más directa son los propios catalanes. Con el nuevo Estatuto, el poder político controla la vida económica, las Cajas de ahorro (art. 120) —que ha terminado hundiendo con una serie de consecuencias tan terribles que solo podemos imaginarlas— e incluso el ocio y el descanso. Las oligarquías catalanas que, desde hacía siglos, habían impuesto leyes arancelarias que iban en detrimento del resto de España, ahora tenían que hacer frente a la competencia en el seno de la Unión Europea y acentuaban aún más el trato de favor.

Semejante programa de despojo y expolio de toda una sociedad necesitaba controlar de manera punto menos que absoluta los medios de comunicación, y de ahí que el nuevo Estatuto de Cataluña constituyera un colosal peligro para la libertad de expresión. Incluso antes de la aprobación del Estatuto, el gobierno Maragall controló la libertad de expresión e información. Por ejemplo, cuando el barrio barcelonés del Carmelo se hundió, el mismo Colegio de Periodistas, en lugar de informar a los ciudadanos, impuso lo que denominó el «apagón informativo». El 20 de diciembre de 2005, el Parlamento catalán, con la única oposición del PP, creó el CAC. Las siglas del Comité Audiovisual de Cataluña. El CAC podía —y sigue pudiendo— imponer sanciones económicas y cierres preventivos de emisoras, por mera decisión política y sin intervención previa de un juez. La ley por la que se creó el CAC es anticonstitucional, ya que el art. 81 de la Constitución establece que solo mediante ley orgánica aprobada por el Parlamento español se puede establecer el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Sin embargo, al nacionalismo catalán —y a su aliado ZP— la legalidad nunca le ha quitado el sueño. Como era de esperar, las primeras víctimas del CAC fueron los dos programas de mayor audiencia de la cadena COPE: La mañana, que dirigía Federico Jiménez Losantos, y La linterna, que dirigía César Vidal. Ambos fueron las primeras víctimas del CAC en el terreno de la libertad de expresión. De manera bien significativa, ni uno solo de los obispos catalanes pronunció una sola palabra en contra del atropello que sufría la cadena de radio de la Conferencia Episcopal a la que, siquiera formalmente, pertenecen. No mucho tiempo después, al cardenal de Barcelona, monseñor Sistach, le faltaría tiempo para felicitarse en una de las televisiones en catalán de que Federico ya no estaba en la COPE. Con todo, la reacción en favor de la libertad de expresión e información y en contra del CAC resultó espectacular, además de fulminante. El 22 de diciembre de 2005, por ejemplo, un comunicado señalaba que la Asociación de la Prensa venía clamando desde hacía tiempo contra las intromisiones del CAC. Sin embargo, las críticas más duras contra Maragall y el gobierno nacional-socialista de Cataluña procedieron, sobre todo, de los organismos internacionales de defensa de libertad de prensa. El Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC) afirmó en un comunicado dirigido al propio Maragall que «el CAC utiliza un mandato arbitrario para intentar censurar y silenciar las opiniones de toda una red radiofónica»; que «es injustificable que un órgano estatal sea el árbitro del comportamiento de un medio de comunicación» y que «no se recuerda en España algo parecido desde los órganos censores franquistas». No exageraba porque, efectivamente, desde la época de Franco no ha existido ninguna fuerza política —ni siquiera el PSOE— que más haya limitado la libertad de expresión que el nacionalismo catalán. No sorprende que el mismo WPFC, en su misiva a Maragall, concluyera diciendo: «Instamos al Parlament y a la Generalitat a tomar las medidas oportunas para desmantelar cuanto antes el CAC, adhiriéndose a las normas internacionales de libertad de expresión y prensa.» Todo era obvio pero, como siempre, el nacionalismo catalán respondió desobedeciendo las más mínimas exigencias de libertad y de decencia.

No es menos cierto que también la gente a pie se opuso a las acciones liberticidas del CAC. En una iniciativa ciudadana sin precedentes en la historia de Europa, centenares de miles de ciudadanos firmaron solicitando al Parlamento Europeo que se opusiera a la agresión del CAC. El 24 de enero de 2006, el eurodiputado Luis Herrero depositó más de setecientas mil firmas en la sede del Parlamento Uuropeo. El número de firmas era, ciertamente, espectacular, y superaba, por ejemplo, al de los votos obtenidos por Esquerra Republicana de Catalunya en las elecciones legislativas. Nunca antes fue receptor el Parlamento Europeo de una iniciativa popular tan numerosa en relación con ningún tema. Era la respuesta de los amantes de la libertad contra el gobierno nacional-socialista presidido por Maragall. Sin embargo, a día de hoy, el CAC no ha sido desarticulado y continúa ejerciendo sus funciones esencial y totalmente liberticidas.

En medio de aquella oleada de ataques dirigidos por el nacionalismo catalán contra los que defendían la libertad de expresión, uno de los episodios más dilatados fue una querella que interpuso Pasqual Maragall, presidente del Gobierno nacional-socialista de Cataluña, contra César Vidal y contra Fray Josepho, uno de los colaboradores de su programa. La razón era que, en una de las tertulias del programa, había salido a colación el tema de cómo la firma de Maragall había aparecido en la página web de la candidatura de Nueva York apoyándola como ciudad olímpica y, para colmo, se habían emitido unos versos satíricos de Fray Josepho señalando que Maragall gustaba de consumir bebidas alcohólicas. De manera un tanto sorprendente para mí, la querella la presentaba uno de los despachos de abogados más prestigiosos de Cataluña.

A esas alturas, era obvio que el nacionalismo catalán, más que nunca, había decidido aplastar cualquier voz crítica por modesta que pudiera resultar. Motivos, en realidad, no le faltaban, porque el mismo Maragall reconocería públicamente el 24 de abril de 2007 que la reforma del Estatuto catalán había sido inútil porque, para que resultara viable, tendría que haber sido reformada la Constitución con anterioridad. En una nación que no hubiera sido la España desprovista en no escasa medida de garantías jurídicas por su propio texto constitucional, que reducía a la mínima expresión la división de poderes y en la que además la independencia judicial había ido viéndose reducida sin pausa a través de los mandatos de Felipe González y Aznar, la defensa frente a abusos semejantes habría descansado en los tribunales. Era una vana esperanza que, si acaso, quedó más dolorosamente de manifiesto por el comportamiento chulesco de los nacionalistas catalanes. Lo que sucedió en aquellos años habría provocado en otra nación no solo la caída del Gobierno, sino incluso el cuestionamiento radical del sistema. En la España de ZP, solo se tradujo en una erosión todavía mayor de la confianza en las instituciones. No podía ser menos porque, por ejemplo, el consejero del Gobierno catalán Joan Saura pactó con el magistrado del Tribunal Constitucional Pablo Pérez Tremps la entrega de una cantidad de dinero a cambio de un asesoramiento sobre el recurso de inconstitucionalidad que el PP presentaba frente al Estatuto catalán. En cualquier nación donde se conserve un mínimo sentido del decoro, las pretensiones del gobierno catalán habrían sido rechazadas por un magistrado. Sin embargo, Pérez Tremps aceptó el encargo y sus sugerencias se incluyeron de manera casi literal en el texto del Estatuto enviado por el Parlamento catalán al Congreso. Tan entusiasmados estaban los nacionalistas catalanes de la manera en que estaban granjeándose unos apoyos como mínimo dudosos desde una perspectiva moral, que llegaron a jactarse de ello incluso en sede parlamentaria. En el Parlamento catalán, en mayo de 2006, el presidente del Instituto de Estudios Autonómicos, Carles Viver, afirmó de manera rotunda: «Hemos encargado diez trabajos a diez profesores de fuera de Cataluña sobre los aspectos más polémicos. El objetivo era que nos ilustren, nos den su parecer. Y también, evidentemente, para buscar complicidades por parte de estos autores, que realmente son gente de mucho peso.» Debe aceptarse que el grado de desvergüenza del nacionalismo catalán era difícil de superar incluso en el marco del régimen de la Transición. La percepción de dinero de la Generalidad catalana por parte de Pérez Tremps no fue, ni mucho menos, todo. También se supo que el marido de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, había cobrado igualmente dinero procedente de los nacionalistas catalanes. A conductas así, los nacionalistas catalanes las habían denominado «buscar complicidades». Los españoles, con escasas excepciones, estaban consintiendo que presidiera el Tribunal Constitucional una señora cuyo marido había recibido dinero procedente de una de las partes. No son de extrañar tampoco, con ese trasfondo, episodios como el caso escandaloso del asalto a Endesa por parte de la empresa catalana Gas Natural. Episodio digno de una novela picaresca o de una república bananera, solo pudo darse porque estaba respaldado por el Gobierno de ZP y por la Generalidad de Cataluña. En su primer año y medio ocupándose de la cartera de Industria, el bachiller Montilla adoptó al menos diez medidas que favorecían a La Caixa, entre las que se encontraban la subida del gas natural en casi un 10%, la subida de la bombona de butano tres veces, la subida de la electricidad, la intervención del Gobierno de ZP a favor de los negocios de La Caixa en Argentina, e incluso la adaptación al protocolo de Kioto que permitió la subida de Gas Natural en bolsa. Quizá todas esas decisiones deban atribuirse a la mera casualidad. Quizá. Pero en esa misma época, El Mundo revelaba que La Caixa había perdonado en diciembre de 2004 la mitad de una deuda de 6,57 millones de euros al partido del bachiller José Montilla, ya ministro de Industria con ZP. Naturalmente, cuando salió a la luz todo aquello, ZP asumió la defensa de Montilla. El 15 de noviembre, Rajoy solicitó —pocas veces actuaría con más razón— la reprobación de Montilla por negociar la condonación al PSC de la deuda que tenía con La Caixa. Sin embargo, la alianza de ZP con los nacionalistas puso a salvo al bachiller Montilla.

El 21 de marzo, el Juzgado no 3 de lo Mercantil suspendió cautelarmente la OPA; el 21 de abril, el Tribunal Supremo confirmó la suspensión de la OPA y, por si fuera poco, el 3 de mayo, Bruselas decidió llevar a España ante los tribunales europeos por la misma razón. El 25 de agosto, Bruselas señalaba que la mayor parte de las condiciones impuestas a E.On por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), dependiente del gobierno de ZP eran ilegales. Sin embargo, la legalidad —nacional e internacional— era algo que los nacionalistas catalanes llevaban despreciando décadas, y esta vez contaban con el respaldo del mismo presidente del Gobierno.

El caso del asalto a Endesa —bochornosa colusión entre ZP y las oligarquías catalanas— concluyó de manera penosa porque la empresa española se vio privada de la posibilidad de fusionarse con E.On, una multinacional alemana —lo que hubiera impedido el triunfo catalán— y acabó en manos de una compañía italiana. Como siempre a lo largo de siglos, las oligarquías de Cataluña habían causado un daño indecible a España. El episodio dejaba de manifiesto la realidad descarnada del sistema de la Transición y, de esa manera, causaba un inmenso daño a la imagen de España en el exterior. Lejos de aparecer como una nación moderna y democrática donde los abusos de poder eran impensables, donde el gobierno actuaba de acuerdo con la legalidad y donde las resoluciones de un Poder Judicial independiente se obedecían pulcramente, ZP y los nacionalistas catalanes presentaban a España como una finca en la que una oligarquía desvergonzada podía conseguir lo que se propusiera respaldada por un poder político surgido de las urnas.

Si injusta y dañina fue toda la operación de Endesa, no menos lo fue la decisión de ZP de aceptar las exigencias de los nacionalistas catalanes para aniquilar el Plan Hidrológico Nacional (PHN). El PHN pretendía trasvasar 1050 hectómetros cúbicos anuales del río Ebro a Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. Se trataba de un plan extraordinario no solo para las partes de España afectadas por su realización sino también para la ecología. Baste con decir que el agua del Ebro que fue a dar al mar entre el 1 de octubre de 2002 y el 30 de septiembre de 2003 fue el equivalente a doce veces el volumen del trasvase autorizado por el Plan Hidrológico Nacional. A pesar de todas estas consideraciones de extraordinaria importancia, el PHN, aprobado por las Cortes en 2001 con un gobierno del PP, fue derogado por ZP el 18 de junio de 2004. De esa manera, Almería, Murcia y Valencia se veían privadas de un agua que era patrimonio de todos y, supuestamente, quedaban imposibilitadas para competir con Cataluña. Por añadidura, el plan —que, por definición, era nacional— ya no podría servir como instrumento para unir a las distintas regiones. Una vez más, los designios de los nacionalistas catalanes significaban la ruina y el expolio para millones de españoles. Como ridícula alternativa al PHN, ZP presentó el plan AGUA, que pretendía sustituir el trasvase por una veintena de desaladoras.

El régimen de la Transición mostró sus peores características durante los mandatos de ZP, dejando de manifiesto que había llegado a un punto en el que las posibilidades no de corregir, pero sí de moderar sus vicios, eran punto menos que inexistentes. De hecho, la oposición que encontraron ZP y sus aliados nacionalistas fue muy escasa. El PP, todavía conmocionado por el 11-M y la derrota electoral del 14-M, no lograba encontrar ni la táctica ni la estrategia adecuadas para representar una oposición a la que habían respaldado en las urnas casi diez millones de votos. Sólo las consecuencias pésimas de sus decisiones iban a frenar a ZP y, finalmente, causar su caída. Pero antes tendría ocasión de pactar con uno de los pilares del régimen de la Transición.

Como reconocería el historiador norteamericano Stanley G. Payne, durante no poco tiempo la tarea de oposición a ZP descansó no en el PP sino en la COPE y, muy especialmente, en programas como La Mañana y La Linterna. Si La Mañana martilleó con cuestiones como los atentados del 11-M y la manera en que la versión oficial era falsa —lo que equivalía a decir que España había sufrido un golpe de Estado del que, por añadidura, no se había dado cuenta—, La Linterna insistió más en pronosticar con todo lujo de detalles el desastre económico que se avecinaba, en defender a las víctimas del terrorismo y en oponerse a normas como la ley de Educación para la Ciudadanía y del matrimonio entre personas del mismo sexo. Años después, alguien informaría a César Vidal de que precisamente esta última cuestión había provocado la cólera de ZP hasta extremos indecibles. Había contado con que la nueva norma le permitiría pasar a la historia y con que no encontraría traba alguna para ello, pero la oposición resuelta del director de La Linterna había creado un estado de opinión absolutamente contrario. Las conclusiones de ZP eran, como casi siempre, erróneas y desequilibradas; pero sí es cierto que el acoso que reiteró César Vidal y que comenzó en esa misma época se extendería durante años. Una tras otra, ZP debió de soportar manifestaciones masivas apoyadas por la COPE, que llevaron al comunista Llamazares a quejarse de que la calle estaba cayendo en manos de la derecha; y, especialmente, contemplar el inicio de una crisis económica que negó durante más de un año. Precisamente entonces se produjo un acontecimiento inesperado. Para comprender su trascendencia hay que recordar el trato que ZP dispensó a la banda terrorista ETA. Siguiendo las instrucciones de ZP, se otorgó un tratamiento privilegiado a De Juana, se puso en libertad a Arnaldo Otegui y se insultó y persiguió a las víctimas del terrorismo. Por si fuera poco, además se ayudó a los terroristas de ETA a aparecer ante el Parlamento Europeo —una de las reivindicaciones históricas de la banda criminal—, se evitó condenar los actos de kale borroka, se restringieron las detenciones de terroristas y se rehusó investigar la huida de la plana mayor de las finanzas de ETA, supuestamente alertada por una llamada policial. Se trataba de lo que pasó a conocerse como el «escándalo del bar Faisán» que, a día de hoy, sigue sin recibir su justo castigo. En medio de este contexto, el 29 de diciembre de 2006, ZP, que no había dejado de realizar concesiones, se permitió anunciar en relación con el terrorismo que «el año que viene será mejor». Justo al día siguiente, ETA volvió a matar; esta vez en la T-4 del aeropuerto de Barajas en Madrid. Empeñado en desafiar la lógica y la decencia, tras el atentado, en el curso de la Conferencia de presidentes, ZP no tuvo problema en calificar los asesinatos como «trágico accidente» y se negó a decir que lo que tanto él como los terroristas denominaban el «proceso de paz» había concluido. Por el contrario, afirmó que quedaba «suspendido».

El pueblo —¡una vez más!— volvió a manifestarse en contra de la política de ZP, esta vez siguiendo una convocatoria del Foro de Ermua. El 3 de febrero de 2007, salió a la calle un millón y medio de ciudadanos portando pancartas en las que podía leerse «Contra el terrorismo, libertad y constitución», «No al diálogo con los asesinos», «No al pacto con ETA», «Memoria, dignidad y justicia», «Zapatero, embustero» o «Por la libertad. Derrotemos juntos a ETA. No a la negociación«. En esos momentos de horas especialmente bajas, la Iglesia católica —gran beneficiaria del régimen— pactó con el presidente del Gobierno socialista.

Los términos exactos del pacto entre ZP y la Iglesia católica, así como la fecha de su conclusión, con seguridad tardarán en conocerse, siquiera porque ambas partes difícilmente tienen el menor interés en revelarlos. Sí existe, no obstante, un punto en el que puede señalarse que el entendimiento entre ZP y los obispos estaba muy avanzado, si es que no totalmente perfilado. Esa fecha es el 30 de diciembre de 2006, el día en que ETA perpetró un atentado en la T-4 del aeropuerto de Barajas en Madrid. Durante los meses anteriores, ZP había impulsado lo que se dio en llamar «el proceso de paz» para llegar a un acuerdo con la banda terrorista ETA. Salvo las víctimas del terrorismo y los programas principales de la cadena COPE —no con el agrado de todos los sectores eclesiales, y con la oposición frontal de algunos de ellos—, los planes de ZP no encontraron oposición. El propio PP solo manifestó su desagrado con una tibieza que no se caldeó hasta que se lo exigió la calle. Las muertes causadas por ETA en la T-4 colocaron, sin embargo, al gobierno de ZP en una delicada situación ante la opinión pública. De entrada, no acertaba a imaginar qué podía haber llevado a ETA a actuar de esa manera. En las horas siguientes, se supo que María Teresa Fernández de la Vega se había desplazado a Suiza y se especuló con la posibilidad de que hubiera intentado reunirse allí con interlocutores de ETA para averiguar las razones del atentado. La noche del día en que se conoció la presencia de la vicepresidenta del gobierno en Suiza, poco antes de comenzar el programa La Linterna, César Vidal fue informado por responsables de la cadena COPE de que, por orden directa de un determinado cardenal, no debía tratar en su programa la presencia de Fernández de la Vega en Suiza. César Vidal desobedeció la consigna y abordó el tema en el programa en el curso de la tertulia de análisis político. Llegó además a la conclusión de que, dado el rango de la persona que había intentado imponerle silencio, las relaciones entre ZP y los obispos eran mucho mejores de lo que ambas partes querían dar a entender. No se equivocó.

A decir verdad, la colaboración entre el gobierno de ZP y la Iglesia católica había comenzado muy pronto y había estado relacionada con una cuestión muy querida para ambas instancias: llegar a un acuerdo con la banda terrorista ETA. Buena parte de esa colaboración ha salido a la luz gracias al libro El triángulo de Loiola (sic) cuyo autor es Imanol Murua Uria³. El texto señala, por ejemplo, que, en el año 2002⁴ (pp. 13 ss.), el PSE y Batasuna-ETA ya habían llegado a «consensuar unas bases en un documento escrito» con Eguiguren y Otegui de protagonistas. En 2005, al poco de llegar ZP al poder, Eguiguren (por el PSE) y Josu Urrutikoetxea (por ETA) pactaron en Ginebra una hoja de ruta⁵. ETA y el gobierno de ZP concluyeron un acuerdo reproducido en el Zutabe 112 y firmado en Oslo donde, entre otras cosas, ZP aceptaba lo que decidieran los vascos en el futuro; donde se reconocía la existencia de Euskal Herria, incluyendo en la citada entidad a las tres provincias Vascongadas y a Navarra, y donde se indicaba que «la legalidad española nunca será una limitación a la voluntad de los ciudadanos vascos». A semejante desprecio del orden constitucional se sumaban los compromisos de frenar la acción policial y tolerar lo que hiciera Batasuna-ETA⁶. En otras palabras, ZP aceptó todas las exigencias históricas de los terroristas, incluido el referéndum de autodeterminación, la anexión de Navarra y el desprecio por el ordenamiento jurídico español.

Arnaldo Otegui, de manera bien significativa, planteó que la reunión para cerrar el acuerdo tuviera lugar en la casa de los jesuitas en Loyola «porque creía que la Iglesia podía ser una buena ayuda a la hora de llevar las cosas con discreción»⁷. El peneuvista Urkullu, por supuesto, corroboró lo beneficioso de contar con el respaldo de la Iglesia católica apelando a «otras experiencias —Egino, el santuario de Estíbaliz—»⁸. Llegó incluso a barajarse como lugar de reunión el monasterio de Ziortza⁹. José Mari Etxeberría, provincial de los jesuitas en Loyola, aceptó de buen grado la petición de ETA y de los socialistas¹⁰. El obispo de San Sebastián, monseñor Uriarte, también apoyó la negociación, ya que ha sido mediador de ETA al menos desde 1999¹¹. El 2 de abril de 2006, se reunió con monseñor Giovanni Lajolo en el Vaticano para que el papa respaldara el denominado proceso de paz¹². Incluso el papa Benedicto XVI, el 5 de abril, tres días después de la llegada de monseñor Uriarte al Vaticano, bendijo el denominado proceso de paz con una declaración en la que pedía intensificar esfuerzos para «superar los obstáculos que puedan presentarse a lo largo de este camino»¹³.

No resulta, desde luego, extraño que, con ese contexto de respaldo eclesial al máximo nivel, ETA estableciera que «la única copia del acuerdo se depositaría en el Vaticano, de manera oficial»¹⁴, un punto que el PSE sugirió que se cambiara por la Compañía de Jesús, quizá temeroso de que no se guardara la discreción suficiente. Tampoco sorprende que anduviera implicado en el proceso el sacerdote irlandés Alec Reid que, «con el apoyo y la cobertura de los obispados de Bilbao y Donostia […] trabajó sobre todo con los partidos y organismos implicados en la plataforma Nazio Eztabaidagunea»¹⁵. El clérigo también «se reunió con la dirección de ETA» y «normalmente iba acompañado de Joseba Segura, entonces responsable del Secretariado Social de la Diócesis de Bilbao y hombre de entera confianza» de monseñor Uriarte¹⁶. La implicación de la Iglesia católica tenía además otra finalidad, la de que el PP no pudiera desvincularse en el futuro del acuerdo suscrito entre ZP y los terroristas¹⁷. En otras palabras, se partía de la base de que un futuro gobierno de derechas no se enfrentaría con un pacto concluido bajo el palio protector de la cúpula de la Iglesia católica. Si ETA alcanzó ese objetivo, constituye materia no documentada hasta la fecha; aunque si fue así, permitiría explicarse algunos de los pasos dados por el gobierno de Rajoy.

Este trasfondo permite comprender por qué en septiembre de 2006, cuando, en teoría, el enfrentamiento entre el gobierno de ZP y la Iglesia católica era mayor, ambas partes publicaron un acuerdo de revisión de algunos aspectos de colaboración del Estado con la Iglesia católica en materia económica¹⁸. Fundamentalmente, el nuevo acuerdo implicaba una sustitución del sistema de dotación presupuestaria por el de asignación tributaria; la elevación del coeficiente de asignación tributaria al 0,7 por ciento; la desaparición de las actuales exenciones del IVA y el compromiso de la Iglesia católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas por el Estado en concepto de asignación tributaria. Contra lo que hubieran pensado los seguidores del PSOE y de la Iglesia católica, ésta salió claramente beneficiada con el nuevo acuerdo. Es cierto que, por presiones de la Unión Europea, se suprimió la exención del IVA, ya que era ilegal; pero, esta cuestión aparte, la Iglesia católica adquiría un status económico aún más privilegiado que en las décadas anteriores. Se trata de un episodio prácticamente silenciado, bien revelador de que las relaciones entre la Iglesia católica y el gobierno de ZP distaban mucho de ser agrias.

ZP tampoco modificó el régimen de inmatriculación que beneficiaba a la Iglesia católica desde la era de Aznar. Según datos proporcionados por una entidad navarra dedicada a defender el patrimonio público, tan solo en Navarra la Iglesia católica realizaría inmatriculaciones de dudosa legalidad que convertirían en propiedades suyas 651 templos parroquiales, 191 ermitas, 9 basílicas, 42 viviendas y casas, 26 locales comerciales, almacenes, garajes, 2 atrios, 8 cementerios, 107 fincas, solares y terrenos, 38 prados, pastos y helechales, 12 viñas, pinares, olivares y arbolado, y un frontón. En total se trata de 1087 inmuebles desde el año 1998. En los meses siguientes, el pacto entre los obispos y el gobierno de ZP daría aún más frutos.

Es muy posible que no lleguemos a conocer todos los aspectos del acuerdo entre los obispos y el Gobierno socialista presidido por ZP. Algunos de los resultados de aquel acuerdo quedaron pronto de manifiesto. En la segunda legislatura de ZP, los obispos abandonaron totalmente a los objetores de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Se impuso así el criterio de las órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza, nada dispuestas a permitir que peligraran las subvenciones procedentes del presupuesto público por defender unos principios. Con todo, quizá una de las concesiones más simbólicas otorgadas por los obispos fue la caída de Federico Jiménez Losantos de la dirección de La Mañana de COPE. Sin embargo, la Iglesia católica no fue el único poder fáctico beneficiado por ZP. Botín, el gran factótum del Banco de Santander, acallaría cualquier crítica contra ZP pronunciada en su presencia alegando que era su «amigo José Luis». No dejaba de ser chocante en alguien que presumía de izquierdismo radical el contar con semejantes amistades. Porque —justo es decirlo— en otros planos, los amigos de ZP no eran ni cardenales ni banqueros.

Sobre este trasfondo, que colocaba al régimen de la Transición en su punto de resistencia, ZP decidió seguir además una política internacional disparatada. Así, cuando la Unión Europea, de manera más que justa y legítima, aumentó las sanciones a la dictadura cubana por sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ZP dio todavía más dinero de los ciudadanos españoles a Fidel Castro; cuando los saharauis denunciaron las terribles acciones cometidas por la dictadura marroquí, Moratinos —el peor ministro de Asuntos Exteriores que ha tenido España hasta la llegada de Trinidad Jiménez— comunicó a Marruecos que ZP apoyaba los planes del sultán para la anexión del Sáhara; cuando las empresas españolas clamaban al cielo por el expolio a que las sometía Evo Morales, ZP comunicó al presidente boliviano que comprendía sus reivindicaciones; cuando las compañías españolas fueron objeto de ataques en Argentina, Leire Pajín comunicó a unos sorprendidos empresarios españoles que el gobierno de ZP consideraba que debían retirar las demandas presentadas contra el gobierno argentino; cuando Irán comenzó a convertirse en una amenaza mundial con su programa nuclear y ejecutaba a los homosexuales por el simple hecho de serlo, practicaba un vergonzoso machismo y respaldaba a grupos terroristas islámicos en distintos países, ZP defendía —gastando cuantiosas cantidades de dinero del contribuyente— un proyecto ideológico común con la dictadura de los ayatolás: la denominada Alianza de Civilizaciones.

Sin embargo, sería absurdo considerar que ZP actuaba aislado. A su política contribuyeron personajes tan incompetentes y perjudiciales para el bien común como María Teresa Fernández de la Vega, puente entre ZP y los obispos, y exponente de algunas de las peores características del ejercicio despótico del poder; como Carmen Calvo, motejada como la ministra de Incultura y a la que se debieron atrocidades como el desmembramiento del archivo de Salamanca para satisfacer a los nacionalistas catalanes; como Magdalena Álvarez, que convirtió los desastres relacionados con el Ministerio de Fomento en noticia cotidiana; como María Jesús San Segundo, que dañó aún más la maltrecha educación española con su nuevo proyecto de reforma; como Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, que logró superar en lo negativo a María Jesús San Segundo y llegó a grabar un video donde anunciaba una sentencia judicial favorable a la asignatura de Educación para la Ciudadanía antes de que se emitiera dicha sentencia; como Elena Salgado, que estuvo al frente de varias carteras demostrando siempre una notable incompetencia; como Elena Espinosa, penosa ministra de cuota de Agricultura, Pesca y Alimentación; como Cristina Narbona, que dio el golpe de gracia a la política de trasvases tan solo para satisfacer a los nacionalistas catalanes; como María Antonia Trujillo, que pretendió encerrar a los jóvenes en viviendas de treinta metros cuadrados denominadas «soluciones habitacionales»; como Carme Chacón, lamentable ministra primero de Vivienda y, después, de Defensa; como José Bono, pintoresco e incompetente ministro de Defensa que pretendió ocultar a los ciudadanos la situación de las tropas en Afganistán; como José Antonio Alonso, amigo de ZP y pésimo gestor; como Juan Fernando López Aguilar, pieza clave en el intento de pacto con ETA; como Mariano Fernández Bermejo, vástago de una familia de rancio abolengo franquista y sectario ministro de Justicia; como Alfredo Pérez Rubalcaba, paradigma para muchos de la mentira gubernamental durante décadas, responsable del desastre educativo español desde la etapa de Felipe González y deplorable ministro del Interior con ZP; como Miguel Ángel Moratinos, que hundió quién sabe para cuánto tiempo la presencia internacional de España; como José Montilla, limitado bachiller, atrevido charnego e ignorante político que, después de ser ministro de Industria, llegó a convertirse en presidente del Gobierno nacional-socialista de Cataluña; como Joan Clos, otro miembro de la cuota catalana, que sucedió a Montilla en el ministerio de Industria y no lo hizo mejor a pesar de tenerlo muy fácil; como Jesús Caldera, que llevó a cabo una regularización extraordinaria de inmigrantes que a punto estuvo de costar a España la expulsión de la zona Schengen, y que logró que la cifra de parados aumentara durante su mandato superando ampliamente los dos millones; como Jordi Sevilla, que llegó a ministro después de formularle una importante promesa a ZP, el 24 de septiembre de 2004, la que se resumía en «esto de la economía te lo explico yo en dos tardes»; como Bernat Soria, ministro de Sanidad, que tuvo que marcharse a Singapur por realizar experimentos prohibidos por la ley y que afirmó que la eutanasia era «una asignatura pendiente en la sociedad»; como Corbacho, el peor ministro de Trabajo de la historia, que dejó la cifra de desempleados real en cinco millones de personas; o como José Blanco, que nunca llegó a pasar de primero de Derecho, que en la segunda legislatura de ZP se convirtió en número dos del PSOE y que acabaría incurso en causa judicial por presuntos delitos relacionados con la corrupción en la época en que desempeñó el cargo de ministro de Fomento. Pese a todo, el peor ministro de ZP fue, muy posiblemente, Pedro Solbes.

Sin embargo, en 2008, y esta vez sin la ayuda de unos terribles atentados, ZP ganó las elecciones. Las consecuencias del siguiente mandato de ZP pesarán, previsiblemente, sobre generaciones de españoles.

En el año 2007, la crisis económica ya había estallado en España y los datos macroeconómicos lo dejaban de manifiesto de una manera innegable. Fue sorpresa para muchos pero, sin duda, no para los oyentes habituales de programas como La Linterna, dirigido por César Vidal, donde el equipo verdaderamente extraordinario de especialistas que protagonizaba la tertulia de economía —Roberto Centeno, Alberto Recarte, Manuel Llamas, José Luis Navas, Alberto Castillo, Carmen Tomás, Juan Velarde, José Raga y José Barea— llevaban avisándolo desde hacía años.

No obstante, no eran los únicos que eran conscientes de la que se avecinaba. Como reconocería el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la institución que él dirigía tenía datos más que suficientes para saber que habíamos entrado en crisis pero, como también confesó, los ocultó a sabiendas de que podrían influir en el voto de los ciudadanos. Se trató de una acción intolerable que privó a los ciudadanos que le pagaban el sueldo de saber a ciencia cierta en qué situación estaban y el futuro que les esperaba y que, sin duda, permitió a ZP arrastrar el número de votos que necesitaba para permanecer en la Moncloa un desastroso mandato más.

El PP, a pesar de acercarse mucho a la victoria, no ganó aquellas elecciones, y de esa manera España perdió su última oportunidad de poder conjurar la crisis de raíz y antes de que estallara también otra de carácter internacional. La lectura de aquella segunda victoria de ZP difícilmente pudo tener peores consecuencias para un sistema que agonizaba. Para la izquierda, la victoria legitimó todo lo que había perpetrado ZP en su primer mandato. Incluso se permitió leer los resultados en el sentido de que no existía desmán que no pudiera cometer de manera absolutamente impune y se preparó, por ejemplo, para ampliar los supuestos de aborto —algo que consiguió— y para introducir la eutanasia en la legislación española. A sus miopes ojos, la mayoría de los españoles respaldaba a ZP, y así seguiría siendo incluso cuando terminara de desmontar todo lo que podía dar estabilidad a un endeble ordenamiento constitucional. La izquierda no se planteó lo que podría suceder a causa de sus actos ni, mucho menos, reflexionó sobre cómo responder ante una crisis económica que se empecinaba en negar. Su único problema —y pensaba que podrían llegar a controlarlo también— era el dominio de la calle que había adquirido la derecha no gracias al PP, sino, fundamentalmente, al impulso ciudadano.

Para los nacionalistas, la victoria de ZP también significó una vigorosa inyección de optimismo. Resultaba obvio que la mayoría de la población española no iba a reaccionar frente a sus expolios y que éstos podrían seguir a buen ritmo consagrando, en el caso de Cataluña, la conversión del resto de España en una colonia a la que poder saquear impunemente y, en el caso de las Vascongadas, la despenalización de una banda de asesinos que había arrancado la vida a cerca de un millar de españoles. En ambos casos, además, se establecería también una independencia de facto cuyo coste sería asumido por la mayoría de los españoles.

Para la derecha, la victoria de ZP fue la confirmación de que lo que algunos de sus miembros consideraban «radicalismo» no iba a otorgarles la victoria en las urnas. Así, todos aquellos que no deseaban combatir por unos principios sino por una posición; todos aquellos que esperaban la victoria desde la comodidad de sus despachos y que sentían repugnancia ante la idea de tener que buscar el voto en la calle; todos aquellos que estaban más que conformes con el reparto del pastel en el seno de la casta política y que no deseaban la brega de la confrontación aprovecharon el momento para emascular totalmente el PP que había dado a Aznar la victoria por dos veces consecutivas y que, sobre todo, había proporcionado a España el mayor período de prosperidad y de presencia internacional de la historia de la monarquía constitucional. Triunfó así no una visión de Estado sino meramente el espíritu real, que no propagandístico, de la Transición: el que insistía en que la nación debía contar con grupos privilegiados sostenidos por la inmensa mayoría de los denominados ciudadanos. Es más que posible que en un partido democrático y moderno, inteligente y con sentido de Estado, la carrera de Rajoy hubiera concluido con la segunda victoria de ZP y se hubiera abierto inmediatamente un período de primarias para elegir a un candidato capaz de obtener la victoria electoral con un proyecto coherente y sólido en favor de los intereses nacionales. No sucedió así; no solo por defectos del PP, sino por la configuración de castas privilegiadas que la misma Constitución consagraba. Rajoy se impuso en el congreso de Valencia y, lejos de resultar sorprendente, lo más seguro es que fuera inevitable. A partir de entonces, la estrategia del PP consistiría en esperar sosegadamente a que la crisis económica —verdaderamente innegable por más que el gobierno de ZP se empeñara en lo contrario— finalizara, causando tal desgaste al partido en el poder que el PP, siquiera por aburrimiento de los ciudadanos, llegara a la Moncloa. Se renunció así a mantener un discurso de regeneración cuando más necesario resultaba y se optó por adoptar un compás de espera hasta que la catástrofe allanara el sendero de la victoria. Y sin embargo, aquella táctica quizá era solo un reconocimiento de la realidad del régimen de la Transición.

A decir verdad, la influencia de los poderes fácticos no se vio erosionada por ZP. Para los poderes financieros, la victoria de ZP fue vista como una luz verde a negocios cocinados a la sombra del poder y pagados con el dinero de los impuestos. Por lo que se refiere a la Iglesia católica, la victoria de ZP también marcó un punto de inflexión. Hasta ese momento, no se había opuesto —todo hay que decirlo— de manera especialmente gallarda a ZP, pero sí es verdad que había tolerado que desde la COPE personajes como Federico Jiménez Losantos o César Vidal plantearan una oposición durísima a todo aquello que significaba un ataque a la libertad, una embestida contra la Constitución o un disparate de gestión. La excepción a esa tónica generalizada de los obispos había sido, con matices que ya he señalado, algún personaje aislado, como el cardenal Cañizares, que se había mostrado incluso especialmente agresivo en sus opiniones sobre el Gobierno. Ahora la situación iba a experimentar un cambio radical.

Tras la segunda victoria de ZP, la Conferencia Episcopal buscó —y halló— la manera de llegar a un pacto con el gobierno socialista que, en algunas ocasiones, discurrió entre las sombras y, en otras, saltó a la luz de manera desagradable; como, por ejemplo, cuando abandonó de manera vergonzosa a los objetores de conciencia de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La desolación que ese abandono episcopal ocasionó entre no pocos fieles fue inenarrable.

Si ZP renunció a la reelección y abandonó el poder no fue, a fin de cuentas, ni por principios ni por deseo real de hacerlo sino porque, de haber concurrido una vez más a las elecciones, su derrota habría sido clamorosa. Económicamente, España se acercaba a la bancarrota y sus ciudadanos atribuían mayoritariamente la culpa de lo sucedido a ZP. Era verdad, porque ZP había sido el peor presidente desde la Transición, quizá menos inane que Calvo-Sotelo, pero mucho más perjudicial para el bien común. Sin embargo, la realidad es que no había estado solo. En términos generales, las castas privilegiadas del régimen lo habían respaldado.

CAPÍTULO XIII

Hacia el colapso del sistema

Rajoy llega a La Moncloa

Al fin y a la postre, ZP vio concluida su carrera política porque temía una derrota electoral y optó por no volver a presentarse. Un más que desgastado Alfredo Pérez Rubalcaba no pudo remontar, a pesar de su proverbial uso de medios arteros, el aumento espectacular del desempleo y la innegable crisis económica. El PP —como era previsible— ganó por mayoría absoluta y concentró en sus manos la mayor ración de poder que haya disfrutado un partido durante el régimen de la Transición.

Sin ningún género de dudas, Rajoy tenía ante sí la posibilidad de repetir los logros de Aznar. Podía rehusar acometer la regeneración del sistema pero, a la vez, a su alcance estaba darle un balón de oxígeno que lo prolongara sin problemas una década, como había hecho previamente José María Aznar. Rajoy contaba con la legitimidad suficiente para emprender un amplio programa de reformas que no solo sacara a España de la crisis sino que, además, permitiera impedir eventualidades semejantes en el futuro. En sus manos estaba la capacidad de recortar el gasto, bajar los impuestos y reflotar, económica e institucionalmente, España. La realidad es que, a pesar de las proclamas continuas de los medios, esa situación no mejoraría. A decir verdad, existen datos macroeconómicos que indican que ha empeorado y que tan solo caminamos por el filo de la navaja. Todo ello, además, ha sucedido mientras los escándalos de corrupción relacionados con la familia de Jordi Pujol han terminado salpicando de manera gravísima al patriarca; mientras el nacionalismo catalán, ahora capitaneado por Artur Mas, continua lanzado a todo vapor hacia la independencia; mientras el PSOE vive su peor crisis desde 1939, a pesar de contar con un nuevo secretario general, y mientras las acciones nada ejemplares perpetradas por el yerno del rey, Iñaki Urdangarín, arrojan su sombra no solo sobre la infanta Cristina sino sobre la misma jefatura del Estado, hasta el punto de haberse producido una abdicación regia totalmente impensable. En medio de esa situación, que el gobierno de Rajoy haya optado por una política económica no solo errónea sino abiertamente dañina está teniendo ya fatales consecuencias.

Se puede, sin duda, apuntar a distintas causas para los pobres resultados obtenidos por el gobierno de Rajoy. Habrá quien señalará los sempiternos complejos de la derecha española, la personalidad específica del presidente o el mayor peso de los privilegios de casta que el de los intereses nacionales. Sea como fuere, lo cierto es que el gobierno está fracasando hasta la fecha porque su política económica, más allá de las declaraciones propagandísticas, constituye lo que Juan Ramón Rallo ha denominado con no poco acierto un «zapaterismo 2».

En los primeros dieciséis meses en el poder del gobierno popular, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro llevó a cabo treinta aumentos de la presión fiscal. Las treinta subidas incluyeron cinco revisiones del IRPF, cuatro del impuesto de sociedades, tres de los Impuestos Especiales, dos del IVA, dos del IBI, una del impuesto de patrimonio y una del marco fiscal vigente para las indemnizaciones a directivos. A todo lo anterior se unieron «doce nuevas figuras tributarias» que se concretaban en ocho para el sector eléctrico, una para Loterías, una para los depósitos bancarios, otra para hidrocarburos y otra medioambiental. Por si todo lo anterior fuera poco, en menos de año y medio de legislatura, el IRPF fue reformado hasta cuatro veces, siendo la más importante en diciembre de 2011, cuando se aplicó un recargo solidario de hasta siete puntos en el tramo máximo. No fue menor la subida de las retenciones a las actividades profesionales —seis puntos, del 15 al 21 por ciento— en julio de 2012, y el cambio en la tributación de las ganancias patrimoniales de menos de un año, aplicado en septiembre que llega hasta un marginal del 52 por ciento.

La presión fiscal verdaderamente confiscatoria impuesta por Cristóbal Montoro no quedó ahí. Por añadidura, extendió por un año más el «recargo solidario» que anunció el 26 de abril, pisoteando la promesa de eliminarlo en enero de 2014. Este tributo, para colmo, ya había sido revisado al alza en la era Zapatero, cuando se eliminó la devolución automática de 400 euros y la subida del IRPF para rentas por encima de los 100 .000 euros. Además, el Impuesto de Sociedades ha sido reformado en tres ocasiones, si bien el gobierno ha anunciado una próxima modificación.

Consecuencia directa de la política sumamente dañina de Montoro es que los españoles sufren el quinto IRPF más alto del mundo, con unas clases medias que se encuentran cerca de ser las que más pagan del planeta. Sin embargo, a pesar de estos datos pavorosos y del ascenso del paro por encima del 27%, el Gobierno de Rajoy decidió prolongar la subida del principal impuesto sobre el empleo durante, al menos, todo el año 2014.

Semejante panorama impositivo ha convertido a España en un infierno fiscal. Sin embargo, la descripción no es exhaustiva. Así, por citar algún otro ejemplo, el Estado se lleva el 40 por ciento el precio del alcohol con sus impuestos a estas bebidas, y la carga impositiva duplica el precio final de la gasolina.

Por supuesto, el PP —que ganó las elecciones prometiendo rebajar la asfixiante carga fiscal de la época de ZP— ha intentado justificar la disparatada política de Montoro señalando que el incremento de la recaudación permitiría tapar el agujero de las distintas administraciones. A pesar de las más de treinta subidas de impuestos perpetradas por el ministro Montoro, el Estado ha ido recaudando menos como consecuencia de la insoportable presión fiscal, circunstancia que ha sido reconocida por el propio Ministerio de Hacienda. Esta presión fiscal intolerable tiene como consecuencia directa que tan solo la última subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas esté provocando la pérdida de 337 empleos por día y que los datos de desempleo resulten pésimos.

Para colmo de males, la delirante política fiscal llevada a cabo por Montoro no ha servido para recaudar más ni para sacar a España de la zona de peligro. Por el contrario, la ha hundido en la deuda y en la crisis, arrastrando a millares de empresas a su destrucción y a otro millón más de ciudadanos al desempleo.

¿Hubiera podido actuar de otra manera Montoro? Sin duda. En lugar de incrementar la presión fiscal, hundiendo más a España en la crisis, el ministro de Hacienda podía haber reducido el gasto público tascando el freno a los gastos salvajes del nacionalismo catalán —Cataluña sola acumula más del treinta por ciento de la deuda de diecisiete comunidades autónomas y se ha merendado la mayor parte del FLA, el fondo económico estatal de ayuda a las CCAA—, obligado a apretarse el cinturón y recortando drásticamente el gasto de otras administraciones. No lo ha hecho porque ha preferido caer sobre los más débiles como son los pensionistas, los enfermos o los dependientes. Para remate, las administraciones han gastado más —y no menos, como afirman los sindicatos— durante el gobierno de Rajoy.

Seamos sinceros: el gobierno de Rajoy ha endeudado a España aún más que ZP. El malhadado presidente socialista aumentó la deuda pública a un ritmo de 265 millones de euros al día, pero Rajoy la ha disparado casi un cincuenta por ciento más, a un ritmo de 411 millones cada 24 horas. Así, el PIB español ha caído un 5,2 por ciento debido a este aumento del endeudamiento vivido entre 2008 y 2013, y los contribuyentes tendrán que pagar más impuestos en el futuro para devolver toda esta carga. No ha sido el único síntoma —sin duda, gravísimo— de que el sistema está sufriendo una erosión sin precedentes.

La úlcera nacionalista

Verdaderamente lamentable en la legislatura de Rajoy ha sido ver cómo se plegaba, más que ningún otro presidente, a las exigencias de los nacionalismos. En el caso vasco, Rajoy ha incumplido sus promesas electorales y no solo no ha ilegalizado las franquicias de ETA, sacando a sus representantes de los organismos del Estado, sino que ha contemplado la puesta en libertad de etarras, supuestamente enfermos, que eludían así el cumplimiento de sus obligaciones para con la justicia. Peor ha sido el caso del nacionalismo catalán. Ahí, a la amenaza de convocar un referéndum independentista que, mientras se escriben estas líneas, persiste a pesar de la resolución contraria del Tribunal Constitucional, se suman las entregas crecientes de dinero que ha llevado a cabo el gobierno de Rajoy a costa de recortar de otras áreas mucho más importantes que la de satisfacer la desmedida codicia del nacionalismo catalán.

Cataluña podría cumplir con el objetivo del déficit cerrando apenas el veinte por ciento de su administración paralela (entes, empresas y fundaciones dependientes del gobierno regional). Es decir, estamos aplastados por los impuestos e hipotecados por la deuda simplemente porque la mayoría de los poderes autonómicos, con Cataluña a la cabeza, se niegan a limitar sus inmensas clientelas. Si, al llegar Artur Mas al poder, el déficit estaba en diez mil millones de euros, a finales de 2014 esa cantidad se ha multiplicado por seis. Por añadidura, su deuda ha quedado reducida al nivel de bono basura y los inversores extranjeros huyen de su territorio como de la peste. Nadie lo hubiera creído hace todavía unos años, pero la inversión extranjera en Cataluña en el segundo trimestre de 2014 cayó un 66 por ciento respecto al mismo periodo de 2013, según un informe basado en datos del Ministerio de Economía. Esta caída verdaderamente espectacular significó pasar de 787 millones de euros a los 267 millones del actual ejercicio. Según el documento titulado Desplome de la inversión extranjera en Cataluña 2014, en el periodo comprendido entre abril y junio de este año se ha alcanzado en Cataluña «un mínimo histórico de inversión extranjera desde que existen datos sobre el indicador (año 1993)». El documento atribuye los pavorosos datos a «la inseguridad y la desconfianza» que genera en los mercados internacionales el proceso secesionista impulsado por el presidente catalán Artur Mas. En paralelo, el presidente de la CEOE, el catalán Juan Rosell, criticó que la gestión económica de Cataluña en los últimos años «no ha sido mala, sino que ha sido catastrófica». La disminución en 2014 del interés por invertir en Cataluña ha sido generalizado en lo que respecta a las siguientes áreas geográficas de origen: europeos (-61%), americanos (-65%), asiáticos (-51%) y del conjunto de la OCDE (-65%). Dentro de este desplome terrible de la inversión, el sector financiero y el de manufacturas, sobre todo la alimentación, son los más afectados. Porcentualmente, la caída de los principales sectores productivos de Cataluña ha sido de un 77 por ciento en la industria de la manufactura, un 66 por ciento en la construcción y un 56 por ciento en las actividades profesionales. Las cifras son especialmente alarmantes en el sector de la alimentación, que ha sufrido este año una caída superior al 99 por ciento (de 146 millones a 820.000 euros) lo que «equivale a una paralización prácticamente total de las inversiones en dicho ámbito». No mucho menos grave es la situación del sector financiero catalán, que ha descendido en un 93 por ciento. En otras palabras, casi nadie en el extranjero cree en los bancos y cajas catalanas a pesar de la inyección de decenas de miles de millones de euros que les han practicado en los últimos años los distintos gobiernos con dinero de todos los españoles. El citado estudio incluye una comparativa con los datos correspondientes a la Comunidad de Madrid donde, desde finales de 2010, las compañías extranjeras han invertido cuatro veces más que en Cataluña. La desproporción aumenta si los datos se centran en el primer semestre de 2014, cuando la inversión en Madrid ascendió a 3.093 millones frente a los 523 millones correspondientes a Cataluña; es decir, seis veces más. Guste o no, hay que recordar que, desde que comenzó su desafío independentista, Mas ha insistido en la necesidad de separarse del mercado español e incentivar la inversión extranjera. Sin embargo, del informe se desprende que no existe interés internacional por la economía catalana y que ésta sobrevive gracias, fundamentalmente, al resto de España. A decir verdad, si el resto de los españoles decidiera dejar de comprar productos catalanes, el hundimiento económico sería total y absoluto.

De manera absolutamente lógica, los primeros en huir de Cataluña han sido los inversores extranjeros, que saben que solo perderían su dinero si se quedaran allí. Ni las manufacturas, ni la alimentación ni, especialmente, el sector financiero de Cataluña tienen el menor atractivo o valor a la hora de invertir. Y todo ello sin tener en cuenta fenómenos como el hecho de que Cataluña sea la región con mayor índice de reclutamientos de terroristas islámicos de toda Europa o la que tiene una mayor proporción de población musulmana.

Si a lo anteriormente expuesto se añade la cadena de descubrimientos relacionados con las finanzas de la familia de Jordi Pujol, o el hecho de que la intención de voto se dirija ya de manera mayoritaria hacia Esquerra Republicana de Cataluña, poco puede dudarse de que, en Cataluña, el sistema ha quebrado, moral, política, institucional y económicamente. Los sentados a la mesa no supieron detener su voracidad y el resultado ha sido la ruina. Por desgracia, a pesar de que Cataluña es la peor muestra de esa conducta, el resto de España sigue, bajo el gobierno de Rajoy, un rumbo similar.

Hacia la bancarrota

Como hemos señalado —los datos son suficientemente elocuentes— el gobierno de Rajoy se ha limitado a seguir la misma política que ZP: subir impuestos, simular que lleva a cabo reformas de cara a Bruselas, aumentar el gasto público y, por encima de todo, esperar a que el resto de la Unión Europea se reanime económicamente y tire de nosotros. Si esa política fracasó estrepitosamente con ZP, en medio de un contexto económico mejor, ¿qué razones habría para que le saliera bien a Rajoy? Ciertamente, ninguna. A decir verdad, si España sigue ese rumbo, camina de manera ineludible hacia la bancarrota. De nuevo, los datos objetivos son ineludibles. Las comunidades autónomas han subido más de 120 veces los impuestos desde 2012 hasta el presente año. Tan solo entre 2012 y 2013 se produjeron 84 subidas de impuestos. A pesar de semejante disparate fiscal, las comunidades autónomas han sido incapaces de equilibrar sus cuentas ya que, en contra de lo que se afirma, no solo no han reducido gastos sino que, con Cataluña a la cabeza, los han aumentado. Tan solo en 2013, los gobiernos autonómicos inventaron 42 nuevas clases de impuestos para seguir manteniendo sus gastos. Para colmo, esta creatividad encaminada a exprimir al prójimo no da resultado, ya que la quiebra económica que genera es de tal magnitud que el centenar de impuestos específicos de las Haciendas autonómicas no llega al 2% de los ingresos tributarios regionales.

Sin embargo, no es un problema limitado a las comunidades autónomas. El gobierno central ha seguido una conducta muy similar, aprobando medio centenar de subidas de impuestos que se suman a las realizadas previamente por ZP. En una muestra de humor negro, la acción del gobierno de Rajoy es conocida como las 50 sombras de Brey. Algunos impuestos resultan especialmente escandalosos, como es el caso del impuesto de bienes inmuebles o IBI. En apenas un lustro, las subidas han llevado a que en 2008 se ingresaran por este concepto 8.352 millones, mientras que en 2012 se rozaban los 12.000 millones. En total hablamos de un aumento del 53 por ciento en menos de cinco años. Por supuesto, los estamentos privilegiados como los partidos políticos, los sindicatos o la Iglesia católica están exentos del pago del IBI, aumentando de esa manera la insoportable carga que recae sobre los hombros de los ciudadanos.

Todo este esfuerzo recaudatorio que no toca prácticamente a las castas privilegiadas, pero que aplasta cada vez más a los ciudadanos, ha convertido a España en la nación con mayor esfuerzo fiscal de toda Europa. Como es sabido, el esfuerzo fiscal consiste en el pago efectivo de impuestos sobre la renta de las personas físicas o los beneficios empresariales; y en el caso de España, resulta que particulares y empresas españolas pagan un 20 por ciento más de la media europea. Por supuesto, ese esfuerzo fiscal no afecta a las castas privilegiadas, que además cuentan con otros instrumentos para no pagar impuestos, como la exención de algunos de ellos o la propiedad de SICAVs. Como trágica conclusión, la presión fiscal es cada vez mayor ya que, dado el desempleo —que se resiste a bajar— y la quiebra ininterrumpida de empresas, son cada vez menos los que tienen que pagar más impuestos para mantener, fundamentalmente, los privilegios de las castas políticas, sindicales, eclesiales y financieras.

Al final, para sostener los privilegios de los sindicatos, de los partidos políticos, de la Iglesia católica y de los poderes financieros, los españoles de a pie se ven sometidos a unos impuestos confiscatorios que solo sirven para hundir empresas e impedir que millones de ciudadanos puedan tener un puesto de trabajo.

Los datos objetivos no dejan lugar a dudas. El segundo trimestre del año 2014 arrojó un máximo histórico de la deuda de las Administraciones Públicas españolas. Por primera vez en la historia de España, esta deuda había superado el billón de euros a cierre de junio. Según datos publicados por esas mismas fechas por el Banco de España, el peso de la deuda pública total sobre el Producto Interior Bruto español alcanzaba el 98,9 por ciento en el segundo trimestre del año, casi el umbral del 99,5 por ciento previsto por el Gobierno para todo el ejercicio. De esta manera, la deuda pública española se había más que duplicado durante la crisis. En 2008, cerró en 439 .771 millones, alrededor del 40 por ciento del PIB de entonces, pero a mediados de 2014 rozaba el cien por cien.

De manera bien significativa, y a pesar del incremento de la presión fiscal, la mayor parte de ese aumento había tenido lugar bajo el gobierno de Mariano Rajoy. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, atribuyó al cambio estadístico el aumento en la deuda de las Administraciones Públicas durante el segundo trimestre —que fue del 1,6 por ciento—, desde los 995.912 millones de euros del primer trimestre hasta los 1.012.643 millones del segundo. En similar línea, el Instituto Nacional de Estadística anunció incluso que el próximo 25 de septiembre difundiría su nueva estimación del PIB de cara al próximo dato trimestral; de esa manera, al incrementar el PIB, la ratio de deuda pública dividida entre PIB se reducirá. Sin embargo, a pesar de ese birlibirloque de cifras, lo cierto es que la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas creció el 1,6 por ciento respecto al primer trimestre y el 6,54 por ciento respecto al segundo trimestre de 2013, hasta alcanzar 1,012 billones de euros; lo que equivalía al 98,9 por ciento del PIB, el nivel más alto de la historia. De acuerdo con los datos publicados por el Banco de España, la deuda de la Administración Central se incrementó el 7,84 por ciento (hasta 885 232 millones, equivalente al 86,4 por ciento del PIB); la de las comunidades autónomas aumentó el 15,7 por ciento (hasta 228.234 millones, equivalente al 22,3 por ciento del PIB); y la de los ayuntamientos bajó el 5,7 por ciento (hasta 41.994 millones, equivalente al 4,1 por ciento del PIB). De manera reveladora, de entre todas las deudas, la que más se incrementó fue la de Cataluña, con el consentimiento expreso de Cristóbal Montoro, que más que ministro de Hacienda ha constituido una verdadera desgracia nacional.

A nadie se le escapa que una de las bases de una economía próspera —tanto nacional como doméstica— es la ausencia de deudas. La situación es cualquier cosa menos deseable cuando una familia o un país está sometido a las deudas. Poco importa si sus ingresos son pocos o muchos, si su situación es depauperada o rica. Cuando las deudas superan los ingresos, cuando aumentan sin control, la situación final solo puede ser la ruina. El gobierno de Mariano Rajoy encontró una situación de deuda que superaba el cuarenta por ciento del PIB. Era una cifra sobrecogedora que podría haber controlado de haber parado los pies a las comunidades autónomas, con Cataluña a la cabeza; de haber reducido el gasto público y de haber relanzado la economía mediante la bajada de impuestos. Sin embargo, el gobierno optó por un camino diametralmente opuesto, el mismo que siguió durante dos mandatos ZP. Subió los impuestos, incrementó el gasto y llegó a un grado de deuda histórico.

Digan lo que digan ministros como Montoro o de Guindos, la deuda es tan elevada que muy pronto se convertirá en incontrolable. Entonces el régimen de la Transición habrá cumplido su ciclo porque, como ya hemos señalado, el mal es más profundo que las políticas coyunturales de los distintos partidos.

CAPÍTULO XIV

Conclusión: ¿puede salvarse el régimen de la Transición?

Las insalvables contradicciones

Para cualquiera que haya tenido la paciencia de llegar hasta aquí resultará obvia la tesis central de este libro. El régimen de la Transición no fue un producto de la voluntad popular que pasó de una dictadura autoritaria a un sistema plenamente democrático. En realidad, fue el fruto de un pacto entre las castas privilegiadas de siglos con unas nuevas castas aspirantes a alcanzar también esa condición. El acuerdo implicaba una limitación del carácter democrático del régimen, que se reflejó con claridad en el texto constitucional —cuestión aparte es que los entusiasmados votantes no se percataran de ello—, y que significaba incurrir en no pocas —y peligrosas— contradicciones. Aunque se afirmaba la soberanía nacional, no es menos cierto que la acción política quedaba en manos de los partidos políticos y de otros agentes sociales, convirtiéndose en casi imposible la tarea de influir en ellos. Aunque se garantizaba la igualdad de todos ante la ley, ésta desaparecía en relación con la Casa Real, los políticos o la Iglesia católica. Aunque se insistía en la existencia de distintos poderes, lo cierto es que la separación era tan tenue que podía quebrarse en cualquier momento. Aunque se subrayaba la existencia de una sola nación, España, y se insistía en su unidad indiscutible, la situación de privilegio concedida a los nacionalismos catalán y vasco y la articulación de las comunidades autónomas permitían intuir el carácter centrífugo de la política futura. Aunque se negaba el carácter confiscatorio de los impuestos, el sistema era, previsiblemente, tan caro que no costaba mucho imaginar que, más tarde o más temprano, se llegaría a una situación fiscal intolerable. Aunque se proclamaba la existencia de una serie de libertades, el intervencionismo que se concedía a los poderes públicos amenazaba con anegar esa situación. A todo esto —bien es verdad que sin saberlo— el pueblo español le prestó su asenso guiado, fundamentalmente, por lo que le decían las fuerzas políticas que habían redactado el texto constitucional. Sin embargo, las contradicciones estaban ahí.

Quizá —y no es magro desiderátum— si las diferentes castas privilegiadas hubieran limitado sus ambiciones, su codicia, su creación de clientelas y, en consecuencia, su corrupción, el sistema podría haber funcionado razonablemente bien. No ha sido así y, precisamente por ello, el régimen estaba ya en vías de descomposición en los últimos años del felipismo. La era Aznar —verdadero espejismo facilitado por sus buenos resultados económicos— insufló una década de supervivencia al sistema, pero no pasó de ser un paréntesis. Los mandatos de ZP y de Rajoy solo han servido para confirmar que el sistema es insostenible, pero que las castas que se benefician de él no lo reformarán, de la misma manera que un plantador de algodón de Georgia en 1850 no habría defendido la emancipación de los esclavos por muy legítima que pudiera resultar. Así, el régimen de la Restauración se halla condenado y no solo por sus contradicciones sino, fundamentalmente, por la hybris soberbia de los beneficiados por él.

Una propuesta de futuro

A pesar de todo lo anterior, no puede negarse que el régimen de la Transición ha implicado enormes ventajas en relación no solo con el franquismo, sino también con el resto de sistemas que históricamente lo han precedido. Nunca los españoles tuvieron tanta libertad ni disfrutaron de tanta prosperidad económica como durante el régimen de la Transición. Tampoco en ningún momento de su agitada historia existieron tantas posibilidades de promoción social. Que las libertades quedaran gravemente limitadas en zonas de España como Cataluña y las Vascongadas; que la prosperidad no fuera ni lejanamente la que hubieran podido obtener de no haber tenido que alimentar a castas privilegiadas y que el pésimo sistema educativo, desde la primaria hasta la universidad, segara la posibilidad de ascenso social de no pocos no invalida ese juicio general.

Tampoco puede negarse que, salvo la violencia de la extrema derecha y la ligada a los nacionalismos, la Transición se produjo de manera pacífica y sin excesivos sobresaltos. No hubo ejecuciones masivas ni asalto de dependencias públicas o privadas ni, en términos generales, algaradas callejeras. En ese sentido, resulta comprensible que muchos tomaran como modelo de futuro para otras naciones lo sucedido en España.

Si, al fin y a la postre, el sistema ha fracasado se ha debido a la actuación de las mismas castas privilegiadas que le dieron el ser y que, desde el principio, pretendieron beneficiarse de él. De haber sido más inteligentes, de haber contado con una mayor visión de futuro y de haber renunciado a extremar su codicia, el sistema podría haberse prolongado durante décadas e incluso haber ido evolucionando razonablemente hacia formas más democráticas. Ha sucedido todo lo contrario y, en estos momentos, ese mismo sistema se encuentra al borde de la bancarrota institucional y económica, aunque desde muy pronto llevó manifiesto el pecado original de su bancarrota moral.

A nadie se le puede ocultar que semejante tesitura puede tener conclusiones muy diversas y trágicas. Una sería la posibilidad de una «solución chavista» para España —es lo que pretende Podemos— que se traduciría en la salida del euro —aunque no de la Unión Europea— y, tras una euforia creada por el intervencionismo paternalista del nuevo gobierno, en un colapso económico de tales dimensiones que acabaría obligando incluso a una intervención militar para mantener el orden. Así se lo señalaron en 2010 los sindicatos europeos a UGT y CC. OO. en el curso de una reunión de la que los sindicalistas españoles no dieron la menor noticia y que acabó conociéndose por uno de sus compañeros europeos. Por muy pavoroso que nos parezca ese final, de proseguir el deterioro que lleva sufriendo el sistema desde inicios del siglo XXI, no resultaría ni mucho menos imposible.

La otra opción sería una reforma responsable de la situación política, que no tendría que implicar necesariamente un nuevo proceso constituyente, pero que permitiría salvar la presente situación e instaurar un sistema verdaderamente democrático. Las líneas indispensables de esta reforma serían:

1.- Desaparición de la inmunidad y los aforamientos.

En primer lugar, la ley debe consagrar el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la misma. El aforamiento del monarca, de los diputados, de los senadores y de un largo etcétera no puede seguir manteniéndose si se quiere evitar la perpetuación de las castas privilegiadas y de la desigualdad jurídica.

2.- Desaparición del trato privilegiado en el seno de las instituciones.

De manera semejante, el hecho de haber desempeñado un cargo público no puede dar pie a un trato privilegiado —como en la actualidad— a la hora de recibir el seguro de desempleo o la jubilación. Precisamente para evitar la existencia de castas alejadas de los intereses de los ciudadanos, las prestaciones sociales que perciba cualquier representante público han de ser las mismas —período de cotización, percepción, etc.— que las del resto de los ciudadanos. Se podrá objetar —se hace con frecuencia— que en tal caso no se dedicarán a la vida pública o que se entregarán a la corrupción. La verdad es que constituiría un espectáculo digno de verse el contemplar a no pocos de los representantes intentando ganarse la vida fuera de la política. Por lo que se refiere a la corrupción, las prebendas de las que actualmente disfrutan no parece que hayan evitado que se entreguen a ella en un porcentaje no pequeño.

3.- Desaparición de las listas cerradas.

Aunque la existencia de listas abiertas no es garantía de solucionar todo tipo de males —como algunos parecen creer— sí debilitaría la posibilidad de los partidos de monopolizar totalmente la acción política. Por puro interés —si es que no poseen razones más poderosas— los cargos electivos escucharán a sus representados si desean perpetuarse en el poder.

4.- Eliminación de los acuerdos con la Santa Sede y otras entidades religiosas.

Los acuerdos con la Santa Sede, aunque suscritos con posterioridad a la Constitución, fueron discutidos y decididos con anterioridad. Su coste para España es excesivo e injustificado, en la medida en que el Estado no es confesional y en que implican costes superiores incluso a los emanados del Concordato firmado por el régimen del 18 de julio. La derogación de esos acuerdos debe hacerse extensible a los firmados con otras confesiones, a pesar de que la diferencia de trato es clamorosa. Semejante situación no necesariamente implicaría la supresión de convenios puntuales pero, en cualquier caso, sí incluiría la derogación de la reforma de la Ley Hipotecaria impulsada de manera dudosamente legal por el gobierno Aznar y que permite la inmatriculación de bienes inmuebles cuya titularidad no se posee. España debe respetar la libertad religiosa, pero cada fiel debe sostener a su confesión y no esperar que lo hagan otros.

5.- Reforma de la ley sindical.

De manera semejante, deben derogarse las normativas que convierten a CC. OO. y UGT en castas privilegiadas con las consecuencias de todos conocidas. Los sindicatos deben mantenerse con las cuotas de sus afiliados.

6.- Establecimiento de una justicia independiente.

No menos urgente que las reformas anteriores resulta la entrega a la administración de justicia de su independencia, retirando a los políticos la facultad de nombrar a jueces y magistrados y dejando esta en manos de la carrera judicial. Por supuesto, la exclusión de Cataluña de ese organigrama de la justicia es una atrocidad jurídica y democrática totalmente inaceptable.

7.- Reforma del Título VIII de la Constitución.

Es obvio que el Título VIII de la Constitución —verdadero semillero de problemas— no puede mantenerse. La denominada «cláusula residual de competencias» ha de ser atribuida al Estado y no a las comunidades autónomas, y ha de procederse a la reintegración al poder central de competencias como las de educación, sanidad y orden público. De manera semejante, han de limitarse drásticamente el gasto y la posibilidad de endeudamiento de las comunidades autónomas, así como desarrollar la manera de intervenirlas en caso de desobediencia a la ley.

8.- Fortalecimiento de la ley de iniciativa popular.

Para facilitar la participación de los ciudadanos, debe reducirse el número de firmas necesario para los proyectos de ley debidos a la iniciativa popular.

9.- Supresión de las prerrogativas no constitucionales del Tribunal constitucional.

El Tribunal Constitucional debe regresar a sus competencias legales, que no son convertirse en una instancia superior al Tribunal Supremo, sino garantizar que no se quebranten las garantías otorgadas por la ley suprema.

10.- Nueva ley de incompatibilidades.

Resulta indispensable evitar la colusión entre el poder político y el representado por los poderes fácticos. Una nueva ley de incompatibilidades debería dificultar tan lamentable posibilidad.

11.- Control de la Agencia Tributaria.

A lo largo de estas décadas, la actuación de la Agencia Tributaria se ha revelado bochornosa en no pocas ocasiones. No se trata solo de aquellos casos en los que se ha procedido a la investigación fiscal de los disidentes del gobierno de turno —una actividad de la que ha llegado a jactarse en público algún ministro de Hacienda—, sino de la ausencia de defensa de los ciudadanos frente a actuaciones totalmente arbitrarias y que ha llevado al Tribunal Supremo a definir a España como un «Guantánamo fiscal». Si España aspira a ser una democracia, no puede tolerarse el expolio de sus ciudadanos sin la menor garantía y con la finalidad fundamental de mantener a las castas privilegiadas.

12.- Limitación de los mandatos.

Finalmente, resulta indispensable que el poder político no se pueda perpetuar. Un máximo de dos mandatos resulta obligado para evitar la permanencia en los resortes del poder de gente que puede acabar derivando en una casta que sofoque cualquier intento de democratización.

Todas estas reformas resultan indispensables, aunque no constituyen una garantía total de higienización del sistema. Ciertamente, el peso cultural de siglos es muy grande sobre los españoles que siguen creyendo que la mentira y el hurto no son sino pecados veniales; que aceptan de buen grado torcer la ley en beneficio de las instituciones; que tienen problemas para comprender la importancia de la separación de poderes; que nunca han tenido una cultura del trabajo o de las finanzas como en el norte de Europa; que aún se enfrentan con serias dificultades a la hora de comprender la relevancia de la educación y que siguen fiando en poderes superiores, en lugar de en su esfuerzo y preparación, la consecución de una serie de metas. Sin embargo, ese camino debe comenzar a andarse porque, de lo contrario, España seguirá siendo una nación desigual, sometida a la acción despiadada y codiciosa de castas privilegiadas. Éstas, por otra parte, deben abandonar su conducta miope por la sencilla razón de que el sistema del que se aprovechan no puede mantenerse indefinidamente. Si desean conservar no poco de lo obtenido hasta ahora, no tienen más salida que reformarlo.

Es deseable que así sea porque, de lo contrario el pueblo español seguirá viviendo mayoritariamente sin más horizonte que aquel que señalaba una conocida canción de la época de la Transición: «su pan, su hembra y la fiesta en paz». Dicho en otras palabras, el sometimiento servil al que reparta, aunque para ello hunda a la nación en la ignorancia, la corrupción y la bancarrota.

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ÍNDICE
ONOMÁSTICO

ABC: 86, 197, 218, 250.

Abril Martorell, Fernando: 147, 196, 199, 200.

Acción Católica: 218, 316, 318, 324.

Acción Republicana: 71, 72.

ACNP: 38, 56, 90, 184, 320, 321.

Agrupación al Servicio de la República: 72.

Aizpún, Jesús: 195.

Aizpún, Rafael: 80.

Alba, Santiago: 58.

Alberti, Rafael: 170.

Albornoz, Álvaro de: 64, 71.

Alcalá-Zamora, Niceto: 69, 70, 74, 76, 79, 80, 83, 85, 86, 88, 315.

Alfonso XII: 42.

Alfonso XIII: 56-59, 61, 62, 65-68, 138, 321.

Alianza Atlántica, ver OTAN.

Alianza Evangélica Española: 269.

Alianza de las Civilizaciones: 267, 289.

Alianza Popular, ver AP.

Alonso, José Antonio: 289.

Alonso de los Ríos, César: 155.

Alonso Manglano, Emilio: 244.

Alonso Perejil, Gabriel: 253.

Álvarez, José Luis: 194, 205, 210.

Álvarez de Miranda, Torcuato: 148.

Álvarez, Magdalena: 289.

Alzaga, Óscar: 200, 207.

Amedo, José: 241, 243.

Amigo, Carlos: 218.

Ana Belén: 147.

André-Bazzana, Bénédice: 12, 315.

Anguera de Sojo, Oriol: 80.

Anguiano, Daniel: 59.

Anguita, Julio: 239.

Ansón, Luis María: 210.

Añoveros, Antonio: 104, 115, 116.

AP: 151, 217, 223, 229, 236.

Arafat, Yasir: 198.

Arana, Sabino: 51, 160, 251, 315.

Araluce Villar, Juan María: 149.

Arakama Mendía, Ignacio: 253.

Araquistáin, Luis: 86.

Arboleya, Maximiliano: 63, 316.

Areilza, José María de: 124, 134-137, 142, 146, 151, 165, 166, 210, 316.

Argaya Goicoechea, Jacinto: 105.

Arenillas, Carlos: 269.

Arias Navarro, Carlos: 112-114, 121, 134, 135, 173.

Armada, Alfonso: 131, 201-203, 206-213, 215.

Armero, José Mario: 118, 148, 158, 164, 167-170.

Arriba: 99.

Arricibia Ansonera, Juan Martín: 254.

Arrieta Pérez, Ismael: 253.

Arronte, Ramón: 59.

Arruti, Arantxa: 106.

Artetxe, Txomín: 252.

Arzallus, Xabier: 138.

Asociación Católica de Jóvenes Propagandistas, ver ACNP.

Asociación Católica de Propagandistas, ver ACNP.

Asociación de Católicos de España: 38.

Asociación de la Prensa: 277.

Asociación del Arte de Imprimir: 47.

Asociación profesional de Profe-sores de Religión: 230, 231.

Asunción, Antoni: 240.

Azaña, Manuel: 66, 72-74, 77-81, 85-88, 263, 265, 316.

Azcárate, Gumersindo: 42.

Aznar López, José María: 123, 155, 236, 243-245, 256-267, 274, 279, 287, 292, 295, 306, 309.

Balda, Domingo: 254.

Banca Catalana: 227, 229.

Banco de España: 41, 237, 240, 290, 302, 303.

Banco de Santander: 208, 288.

Banco Español de Crédito (Banesto): 240.

Barandalla, Bautista: 254.

Barbero, Marino: 237.

Barea, José: 290.

Barrera de Irimo, Antonio: 119.

Barrio, Mariano: 43.

Barrionuevo, José: 241, 242.

Baruza, Felipe: 254.

Batallón Vasco Español: 252.

Belloch, Juan Alberto: 104, 241.

Benedicto XVI: 216.

Benelli, Giovanni: 126.

Berenguer, Dámaso: 65, 66.

Berlinguer, Enrico: 124, 165.

Bilbao, Félix: 87.

Bismarck, Otto von: 57.

Blanco, José: 290, 317, 320.

Blanco White, José María: 23, 24, 317.

Blázquez, Ricardo: 264.

Bonaparte, Jerónimo: 21.

Bonaparte, José: 19, 22, 30.

Bonaparte, Luciano: 19.

Bonaparte, Luis: 21.

Bonaparte, Napoleón: 19-22, 25.

Bono, José: 275, 289.

Borbón, Carlos María Isidro: 19.

Borbón, Fernando: 19.

Borbón, Francisco de Paula: 27.

Borbón, Juan Carlos: 99, 117, 127, 131-138, 141, 142, 144-147, 150-152, 157, 164, 165, 167, 170, 174, 176, 179-181, 195-197, 199, 201-207, 210-215, 240, 275, 296, 315, 323.

Borbón, Juan de (Don Juan): 96, 109, 118, 125, 170.

Borbón, Luisa Carlota: 27.

Borbón, María Cristina: 26.

Borbón Dampierre, Alfonso de: 109, 118, 125, 170.

Borbón-Luxemburgo, Félix de: 96.

Borghese, Camilo: 21.

Botín, Emilio: 208, 288.

Boyer, Miguel: 119, 143, 224.

Brandt, Willy: 155.

Bravo Murillo, Juan: 35.

Briand, Aristide: 57.

Buendía Gómez, Timoteo: 159.

Bustelo, Carlos: 119.

Buxarrais, Ramón: 220.

Cabanillas, Pío: 115, 116, 119, 124, 210.

Cabrera Calvo-Sotelo, Mercedes: 268, 289.

CAC (Comité Audiovisual de

Cataluña): 277, 278.

Caldera, Jesús: 289.

Calvo Ortega, Rafael: 204.

Calvo Poyato, Carmen: 288.

Calvo Serer, Rafael: 118, 141.

Calvo Sotelo, José: 268.

Calvo Sotelo, Leopoldo: 147, 150, 150, 213, 216, 293.

Camacho, Marcelino: 134.

Cambio 16: 142, 157.

Cambó, Francisco de Asís: 50, 58-60, 64, 85, 138.

Canalejas, José: 47, 56, 57, 319.

Canarias 7: 218.

Cánovas del Castillo, Antonio: 40-44, 46, 55.

Cantarero del Castillo, Manuel: 122.

Cañellas, Antón: 154, 159.

Carasatorre, Juan Ramón: 255.

Cárcel Ortí, Vicente: 74.

Carlos II: 18.

Carlos III: 19, 30.

Carlos IV: 19, 21, 27, 30.

Carlos V: 18.

Carrero Blanco, Luis: 108-113, 120, 157, 252, 320.

Carriles, Eduardo: 147, 185.

Carrillo, Santiago: 111, 114, 117, 118, 124, 139, 141, 148, 153-155, 157, 158, 162, 164, 165, 167-170, 173, 201, 209, 213.

Carter, Jimmy: 198.

Casares Quiroga, Santiago: 71.

Casas, María Emilia: 280.

Cascajares, Antonio María: 45.

Castelar, Emilio: 37, 40, 321.

Castillo, Alberto: 290, 319.

Cavero, Íñigo: 125.

CC. OO: 110, 114, 124, 134, 140, 143, 149, 166, 259, 260, 307, 309.

CDS: 213, 214, 216, 217, 236.

Cebrián, Juan Luis: 144.

CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas): 77-80, 82, 85, 87, 171, 321.

Centeno, Roberto: 290

Centre Nacional Català: 50.

Centro Democrático y Social, ver CDS.

CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales): 195, 199-201, 210, 259, 260.

CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Media-na Empresa): 259, 260.

CESID: 208, 244, 258.

CGT (Confederación General de Trabajadores): 259.

Cicognani, Amleto Giovanni: 108.

Cierva, Ricardo de la: 119, 199.

Cirarda Lachiondo, José María: 106.

CIS: 272.

Cisneros, Gabriel: 114.

CiU (Convergencia i Unió): 177, 217, 258-260, 273, 275.

Clavero Arévalo, Manuel: 198.

Clos, Joan: 289.

CNE (Comisión Nacional de Energía): 280.

CNT: 57, 60, 63, 67, 82, 84, 166.

Coalición Canaria: 258.

Coalición Democrática: 210.

Coca, Gabriel Mario de: 84

Collell, Jaume: 50.

Comisiones Obreras, ver CC. OO.

Companys, Lluis: 81.

Compañía de Jesús: 69, 70, 75, 232, 235, 286.

CONCAPA. 226, 231, 240.

Conde-Duque de Olivares: 29.

Conde, Mario: 240.

Conde de Romanones: 53, 55, 57.

Confederación de Caballeros Comuneros: 25.

Confederación Nacional de Ex Combatientes: 119.

Confederación Nacional de Trabajadores, ver CNT.

Conferencia Episcopal: 108, 110, 125, 128, 135, 186, 208, 226, 228, 231, 232, 262-264, 269, 277, 293.

Consejo de Castilla: 20.

Consejo del Reino: 124, 133, 134, 141, 203.

COPE: 263, 277, 282, 284, 288, 292.

Corbacho, Celestino: 290

Chacón, Carme: 289.

Chao, Eduardo: 39.

Chapapietra, Joaquín: 84, 85.

Chávez, Hugo: 267.

Chez, Heinz: 115.

Chilton, Henry: 89.

Dadaglio, Luigi: 108, 110, 135, 171, 185.

Daoíz, Luis: 20.

Dato, Eugenio: 58.

Delgado, Aurelio: 196.

D’Estaing, Giscard: 132.

Diario 16: 150.

Díaz, Elías: 12.

Díaz Merchán, Gabino: 220.

Díaz Moreno, José María: 171, 318.

Díaz Peñalver, Pilar: 218.

Díez Alegría, Manuel: 113, 117.

Domènech i Montaner, Lluis: 50.

Domínguez, Michel: 241.

Domingo, Marcelino: 71.

Dorronsoro Ceberio, José María: 106.

Durruti, Buenaventura: 77, 80, 128, 325.

E. On: 280, 281.

Echarren, Ramón: 218, 219.

Echevarría Álvarez, Luis: 125.

Eden, Anthony: 89.

Editorial Católica: 107.

Eguiguren, Jesús: 285.

El Alcázar: 107, 148, 200, 201, 207, 221.

El Debate: 57, 59, 60, 76, 86.

El Heraldo Españo: 200.

El Imparcial: 200.

El Mundo: 203, 237, 280.

El País: 143, 197, 199, 218, 219, 220.

Elícegui Díaz, José María: 149.

Elorriaga, Julen: 244.

ERC: 81, 84, 278, 300.

Escarré, Aurelio María: 104.

Escoiquiz, Juan: 20.

Espartero, Baldomero: 29, 32-34.

Espinosa, Elena: 289.

Esquerra Republicana de Catalunya, ver ERC.

ETA: 13, 104-106, 110, 111, 116, 118, 123, 125, 126, 138-140, 147, 149, 150, 156, 160, 166, 202, 207, 208, 211, 223, 223, 229, 240, 241, 243, 244, 247, 248, 252-257, 263-266, 273, 274, 283, 286, 289, 298.

Etxeberría, José Mari: 285.

Ezquerra, Jesús: 150, 185, 186.

Falange, ver FE de las JONS.

FE de las JONS: 90, 93, 96, 121, 143, 152, 166, 173.

FEDISA: 124.

Felipe II: 25.

Felipe IV: 96.

FERE: 226.

Fernández Asís, Victoriano: 123.

Fernández Bermejo, Mariano: 289.

Fernández Campo, Sabino: 205, 211.

Fernández Cuesta, Raimundo: 156.

Fernández de la Vega, José María: 153.

Fernández de la Vega,

María Teresa: 268, 284, 288.

Fernández Miranda, Torcuato: 111-113, 134, 146, 148, 153, 164, 165, 193.

Fernández Ordóñez, Francisco: 154, 185, 196, 197, 200, 247.

Fernández Ordóñez, Miguel Ángel: 290.

Fernando VII: 19-22, 24-28, 34.

Fierro, Alonso: 200.

Figueras, Estanislao: 39.

Figuerola, Laureano: 40.

Filesa: 237.

Flores, Marisa: 199

Fomento del Trabajo Nacional: 46.

Foot, Michael: 155.

Foreign Office: 88.

Foruria, Abel: 254.

Fraga, Manuel: 121, 124, 134, 137, 140, 142, 143, 145-148, 151, 165, 172, 173, 195.

Franco, Francisco: 11, 13, 79, 81, 85, 89, 93-100, 103-116, 120-128, 131-134, 136, 137, 140, 141, 143, 144, 146, 149, 151, 153, 159, 160, 163, 166, 176, 179, 184, 187, 193, 203, 206, 218, 219, 249-251, 261, 269, 278.

Franco, Nicolás: 117, 117, 118, 125.

Franco, Ramón: 65.

FRAP: 125, 156.

Fray Josepho: 278.

Frente Popular: 85-90.

Fuente, Licinio de la: 112, 123.

Fuerza Nueva: 106, 112, 171, 173.

Gaceta de Madrid: 21.

Gabeiras, José: 202, 212.

Gafo Muñiz, José: 69.

GAL (Grupo Antiterrorista de Liberación): 229, 240-244, 252, 258.

Galán, Fermín: 65.

García de Tuy, Antonio: 87.

García López, Antonio: 111.

García, Bartolomé: 149.

García Damborenea, Ricardo: 241.

García Gaztelu, Francisco Javier: 255.

García González, Alfredo: 149.

García Hernández, Ángel: 65.

García López, Antonio: 111.

García Prieto, Manuel: 62.

García Salve, Francisco: 143.

García Trevijano, Antonio: 118, 141, 142.

Garnica, Pablo: 196, 204.

Garrigues Walker, Antonio: 210.

Garrigues Walker, Joaquín: 125.

Garzón, Baltasar: 239, 241, 243.

Gas Natural: 274, 280.

Gil, Vicente: 117.

Gil Robles, José María: 79, 80, 82, 84-86, 171.

Giménez Fernández, Manuel: 80, 221.

Giménez Martínez de Carvajal, José: 171.

Giner de los Ríos, Francisco: 42.

Giral, José, 71

Girón de Velasco, José Antonio: 112, 134.

Godoy, Manuel: 19.

Gómez Franqueira, Eulogio: 196.

Gómez de las Roces, Hipólito: 195.

Gómez de Salazar, Federico: 168.

González, Carlos: 149.

González Bravo, Luís: 35.

González del Yerro, Jesús: 197, 203.

González Márquez, Felipe: 114, 118, 122, 143, 148, 155, 159, 165, 199, 200, 201, 210, 213, 214, 217, 218, 221-224, 227-232, 235-239, 241-244, 252, 257, 262, 265, 266, 268, 270, 270, 289.

González Martín, Marcelo: 119, 135.

Gorostidi, Jokin: 106.

Gran Logia Española, ver Masonería: 70, 71.

Grande Oriente, ver Masonería: 71.

GRAPO: 126, 156, 157, 161-163.

Gregorio XVI: 27.

Grimaldos, Alfredo: 12, 159.

Guerra Campos, José: 108, 186.

Guerra González, Alfonso: 174, 199, 208, 221, 225, 236, 238, 258, 275.

Guerra González, Juan: 236, 237.

Guglielmo, Miklas: 96.

Guindos, Luis de: 303.

Gutiérrez Mellado, Manuel: 148, 157, 163, 167, 168, 169, 206, 207, 209.

Hasán II: 110, 117, 127.

HB: 207, 223.

Hernández Mancha, Antonio: 236.

Herrera, Juan: 204.

Herrera, León: 127.

Herrera Oria, Ángel: 146, 171.

Herrero, Antonio: 263.

Herrero, Luis: 123, 127, 263, 278.

Herrero de Miñón, Miguel: 197, 200-202, 205, 207, 210, 215.

Herrero Tejedor, Fernando: 123, 197.

Herri Batasuna, ver HB: 223.

Hidalgo, Diego: 81.

Hitler, Adolf: 93.

HOAC (Hermandades Obras de Acción Católica): 114.

Humberto II: 96.

Ibáñez Freire, Antonio: 169.

Ibarretxe, Juan José: 252, 264.

Ibárruri, Dolores: 170.

Ibercorp: 237, 238.

ICONA: 196.

Idiart, Jean Michel: 254.

Iglesias, María Antonia: 155, 242.

Iglesias, Pablo: 48, 57.

Illana, Amparo: 197, 204.

INE (Instituto Nacional de Estadística): 272, 273, 303.

Iniesta Cano, Carlos: 148.

Institución Libre de Enseñanza: 44, 72.

Isabel II: 31, 33, 36, 37, 40, 47.

de Sevilla, Isidoro: 17.

IU: 238, 239, 259, 260.

Izko, Xabier: 106.

Izquierda Democrática: 163.

Izquierda Democrática Cristiana: 38, 186.

Izquierda Unida, ver IU: 238.

Jiménez, Trinidad: 288.

Jiménez Losantos, Federico: 250, 263, 265, 277, 288, 292.

JOC: 104, 221.

Journal de Genève: 88.

Jovellanos, Gaspar Melchor de: 19.

Juan Carlos I: 151, 196, 213.

San Juan Pablo II: 220, 232.

Juana Chaos, Iñaki de: 283.

Jubany, Narciso: 119.

Justo, Juan de: 243.

Juventud Obrera Catolica, ver JOC: 221.

Keynes, John Maynard: 65.

KIO: 240.

Kissinger, Henry: 127.

La Caixa: 280.

La Veu de Catalunya: 50.

Laburu, Antonio: 75.

Lafargue, Paul: 47.

Lagunero, Teodulfo: 139, 148, 162, 167, 169.

Laína, Francisco: 212.

Lajolo, Giovanni: 285.

Larena, Javier: 106.

Largo Caballero, Francisco: 65, 77, 78, 86, 89.

Lasa, José Antonio, 244

Lasarte, Valentín, 255

Lavilla, Landelino: 147, 150, 165, 167, 185, 200, 204, 213, 217

Le Figaro: 98.

LeCarré, John: 141.

Ledesma, Fernando: 225.

Lerroux, Alejandro: 59, 66, 69, 71, 79, 80, 84.

López Aguilar, Juan Fernando: 270, 289.

López Bru, Claudio: 45.

López de Letona, José María: 210.

López Ochoa, Eduardo: 82.

López Rodó, Laureano: 109, 111, 112.

Lorenzo, Anselmo: 47, 48.

Liga de Vascos Españolistas: 51.

Linz, Juan: 12.

López Peláez, Antolín: 57.

Lucía, Luis: 84.

Luis XIV: 18.

Luis y Pérez, Juan: 83.

Llamas, Manuel: 290.

Llamazares, Gaspar: 282.

Lliga Regionalista: 50, 60, 69, 78.

Madariaga, Salvador de: 82, 83.

Madoz, Pascual: 30, 34.

Mangada, Julio: 59.

Manzanas, Melitón: 105.

Maragall, Pasqual: 104, 274, 275, 277, 278, 279.

Maravall, José María: 226, 230.

Marchais, Georges: 165.

Marey, Segundo: 241-243.

Maroto, Rafael: 29.

Marsillach, Adolfo: 121.

Martín Patino, Basilio: 167.

Martín Patino, José María: 135, 219.

Martín Villa, Rodolfo: 134, 140, 143, 147, 155-158, 162, 163, 167, 200.

Martínez Anido, Severiano: 60.

Martínez Barrios, Diego: 71.

Martínez Bordiú, Carmen: 109.

Martínez Campo, Arsenio, 41: 42, 46.

Martínez de la Rosa, Francisco de Paula: 27, 31.

Marx, Carlos: 47.

Mas, Artur: 247, 275, 196, 299.

Masonería: 25, 59, 68, 70-72, 74.

Mata, Enrique de la: 147.

Maura, Antonio: 53, 55, 56, 58, 60, 74, 322.

Maura, Gabriel: 67.

Maysounave, Manuel: 67, 122.

Mena, José María: 227.

Mendizábal, Juan Álvarez: 30, 31, 34.

Menéndez, Camilo: 163, 321.

Merry Gordon, Pedro: 203.

Miláns del Bosch, Jaime: 128, 168, 197, 202, 203, 209, 210, 212.

Miller, Arthur: 110.

Miró, Joan: 197.

Mitterrand, François: 122, 155.

Moa, Pío: 156.

Monasterio, Fermín: 105.

Monescillo, Antolín: 42, 321.

Monteiro, Manuel: 264.

Montero Ríos, Eugenio: 54.

Montilla, José: 280, 289.

Montoro, Cristóbal: 296-298, 303, 304.

Morales, Evo: 267, 288.

Morán, Fernando: 222, 223, 268.

Morán, Gregorio: 11, 12, 194, 196, 200, 201, 203, 206, 208, 208, 321.

Moratinos, Miguel Ángel: 288, 289.

Moreno, Eduardo: 149.

Moret, Segismundo: 40, 54, 56.

Morodo, Raúl: 12.

Moscoso, Juan: 262.

Movimiento Nacional: 91, 96, 131.

Múgica, Enrique: 201, 210.

Múgica, Mateo: 66.

Mundo Obrero: 88.

Murat, Joaquín: 20, 21.

Murua Uria, Imanol: 284, 322.

Mussolini, Benito: 93, 227.

Naciones Unidas, ver ONU.

Nájera, Mari Luz: 161.

Narbona, Cristina: 289.

Narváez, Ramón María: 33, 35.

Naseiro, Rosendo: 238.

Navarro Falcón, José: 21.

Navas, José Luis: 290.

Negrete, Javier: 21.

Nenni, Pietro: 155.

Newsweek: 142.

Nieto Antúnez, Pedro: 112.

Nixon, Richard: 117.

O’donnell, Leopoldo: 34, 35.

Onaindía, Mario: 106.

ONU: 94, 125, 128.

Opus Dei: 96, 97, 111, 113, 123, 127, 199, 211, 263.

Ordóñez, Gregorio: 255, 266, 290.

Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT): 124.

Oreja, Marcelino: 135, 147, 150, 171, 172, 184-186, 188.

Oreja Elósegui, Marcelino: 81.

Oriol, Antonio: 156, 157, 161, 163, 200.

Orleáns, Antonio María de: 37.

Ortega, Gualterio José: 48-59.

Ortega y Gasset, José: Osorio, Alfonso: 134, 140, 146, 148, 152, 162, 164, 165, 167.

Ossorio y Gallardo, Ángel: 69.

OTAN: 94, 198, 216, 217, 222, 223, 239, 320.

Otegui, Arnaldo: 283, 285.

Otero Novas, Manuel: 185, 226.

Pablo VI: 119, 125, 136, 151, 322.

Pajín, Leire: 288.

Palau i Quer, Francesc: 49.

Palma Briola, Avelino: 253.

Palme, Olof: 155.

Palomo Pérez, Antonio: 149.

Pardines, José: 105.

Partido Andalucista: 195.

Partido Comunista, ver PCE.

Partido Conservador: 58.

Partido Demócrata: 37.

Partido Laborista: 226.

Partido Liberal: 44, 55, 56, 58, 319.

Partido Moderado: 38.

Partido Nacionalista Vasco, ver PNV.

Partido Popular, ver PP.

Partido Radical: 67, 69, 80, 84, 85.

Partido Social Popular, v er PSP.

Partido Socialista, ver PSOE.

Pasionaria, ver Dolores Ibárruri.

Pasquinelli, Dante: 135, 185.

Pavía, Manuel: 40.

Payne, Stanley G.: 89, 282.

PCE: 8, 82, 85, 86, 88, 111, 114, 117, 118, 122, 124, 132, 134, 136, 139, 141, 142, 143, 145, 148, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 161-173, 176, 195, 207, 216, 219.

Peces Barba, Gregorio: 210.

Pemán, José María: 90.

Peret: 115.

Pérez Llorca, José Pedro: 201.

Pérez Rubalcaba, Alfredo: 289, 295.

Pérez Tremps, Pablo: 279, 280.

Perote, Juan Alberto: 208, 209, 244.

Pery Junquera, Pascual: 169, 170.

Pi i Margall, Francisco: 37-39.

Picasso, Pablo Ruiz: 61, 62, 139.

Pildain, Antonio: 73.

Piñar, Blas: 107, 112, 118, 119, 152, 153, 156, 163, 171, 173, 287, 322.

Pio IX: 35, 42.

Pio X: 54.

Pio XI: 68, 77.

Pio XII: 94.

Piqué, Josep: 264.

Pita de Veiga, Gabriel: 169.

Pla, Josep: 85.

PNV: 51, 69, 138, 173, 248, 251, 252, 254, 258-260, 264.

Podemos: 307.

Polo, Carmen: 113.

Pont y Gol, Josep: 219.

Portela Valladares, Manuel: 86, 86.

Powell, Charles: 203.

PP: 151, 155, 165, 230, 236, 238, 239, 243-245, 255, 256, 258-260, 263, 265, 266, 270, 273, 277, 279, 281, 282, 284, 286, 291, 291, 295, 297.

Prado Colón de Carvajal, Manuel: 127, 132, 141, 196.

Prado Mella, Ángel: 253.

Prat de la Riba, Enric: 50.

Prego, Victoria: 11, 12.

Prieto, Indalecio: 65, 78, 85, 86.

Prim, Juan: 39.

Primo de Rivera, José Antonio: 57, 62-65, 128, 316, 322.

Primo de Rivera, Miguel: 61, 152.

PSOE: 8, 47, 48, 57, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 77, 78, 80, 81, 82, 84-86, 89, 118, 122, 124, 134, 141, 143, 148, 155, 159, 160, 163, 164, 171, 173, 193-195, 199, 202, 204, 206, 210, 213, 215-230, 232, 235-244, 258-261, 266-268, 275, 278, 289, 290, 296.

Puig Antich, Salvador: 115.

Pujol, Jordi: 104, 154, 174, 201, 227, 228, 239, 247-249, 251, 275, 296, 300.

Queipo de Llano, Gonzalo: 65.

Radio Nacional: 99.

Raga, José: 290.

Raguer, Hilari: 49, 74, 322.

Rajoy, Mariano: 9, 13, 202, 263, 265, 280, 286, 292, 295-299, 301, 303, 306.

Raventós, Joan: 201.

Recarte, Alberto: 290.

Reforma Social Española: 122.

Reguera, Andrés: 147, 185.

Reid, Alec: 286.

Reig Casanova, Enrique: 61, 323.

RENFE: 136.

Reyes Católicos: 18.

Riego, Rafael del: 25.

Ríos, Fernando de los: 71.

Rivero, Nicolás María: 37.

Roca, Miquel: 201.

Rocío Jurado: 115.

Rodrigo: 17.

Rodríguez, Julio: 112.

Rodríguez, Teodoro: 84, 323.

Rodríguez Galindo, Enrique: 244.

Rodríguez Ibarra, Juan Carlos: 275.

Rodríguez Miranda, Santiago: 201.

Rodríguez Sahagún, Agustín: 210, 213, 214.

Rodríguez Valcárcel, Alejandro: 112.

Rodríguez Zapatero, José Luis: 9, 252, 257, 265-268, 270-277, 279-293, 295, 297-298, 301, 304, 306

Rojas Marcos, Alejandro: 199.

Roldán, Luis: 240.

Romanones, Conde de: 53, 55, 57, 58, 67.

Rosell, Juan: 299.

Rosón, Luis: 113.

Rouco Varela, Antonio María: 264.

Rubio, Mariano: 237, 238.

Ruiz, Pedro: 198.

Ruiz Gallardón, Alberto: 258.

Ruiz Giménez, Joaquín: 124, 134, 138, 163, 165, 171, 222.

Ruiz Soler, Antonio: 115.

Ryan, José María: 207.

Saborit, Andrés: 66.

Saboya, Amadeo de: 39.

Sagasta, Práxedes Mateo: 44, 45.

Sainz Rodríguez, Pedro: 90.

Sanz Flores, Luis Francisco: 149.

Salas, Juan Tomás de: 144, 323.

Salazar Simpson, Luis Alberto: 196.

Salgado, Elena: 289.

Salmerón, Nicolás: 37, 39, 40, 42.

Salmón, Federico: 84.

Salvador y Barrera, José María: 57.

Salvochea, Fermín: 47.

Samaranch, Juan Antonio: 138.

San Gil, María: 255.

San Segundo, María Jesús: 268, 289.

Sancristóbal, Julián: 241.

Sánchez Guerra, José: 66.

Sanjurjo, José: 66, 76.

Santiago, Fernando de: 148, 149, 207.

Satrústegui, Joaquín: 154, 159.

Saura, Joan: 279.

Sebastián, Fernando: 231.

Seeger, Pete: 110.

Segura, Pedro: 68, 70, 323.

Segurado, José Antonio: 200.

Serrano, Francisco: 37, 40, 41, 157.

Setién, José María: 253, 254, 256, 263, 264.

Sevilla, Jordi: 290.

Shuckburgh, Evelyn: 88.

Siervas de María: 256.

Silva Muñoz, Federico: 122, 171.

Silvestre, Manuel Fernández: 61.

Sindicato Vertical: 166.

Simeoni, Giovanni: 42.

Sistach, Luis Martínez: 277.

Siurana, Antoni: 201.

Sociedad del Anillo: 25.

Sofico: 120.

Solana, Javier: 210, 239.

Solano, Miguel: 172.

Solbes, Pedro: 243, 244, 271, 290.

Solchaga, Carlos: 119, 224, 238.

Soria, Bernat: 217, 290.

Suárez, Adolfo: 8, 34, 123, 134, 140, 145-149, 151-171, 173, 193-217, 236, 247, 319, 321, 324.

Suquía, Ángel: 231.

Tarancón, Vicente Enrique y: 84, 93, 95, 105-109, 111-113, 115, 116, 119, 126, 131-136, 138, 142, 144, 146-147, 167, 171, 206, 208, 209, 218-220.

Tejero, Antonio: 203, 208, 209, 210, 211, 212.

Tierno Galván, Enrique: 147, 154, 172, 173.

Tomás, Carmen, 290 Torras i Bages, Josep: 49, 50.

Torrella, Ramón: 104.

Trifol Madrazo, Tomás: 254.

Trujillo, María Antonia: 289.

Tusell, Javier: 11, 12, 88, 204, 324.

TVE: 114-118, 121, 125, 142, 144, 146, 155, 156, 163, 168, 172, 242.

UCD: 171, 173, 187, 194-199, 201, 202, 204-207, 210, 213, 215, 216, 217, 218, 220, 229, 236, 268, 270.

UGT: 46, 48, 57, 63, 140, 143, 166, 224, 259, 260, 307, 309.

Unió Regionalista: 50.

Unión Democrática Española: 122.

Unión General de Trabajadores, ver UGT.: 46, 48, 57, 63, 140, 143, 166, 224, 259, 260, 307, 309.

Unión Sindical Obrera, ver USO: 114, 124, 166

Uriarte, Teo: 106, 263, 285, 286.

USO: 114, 124, 166.

Unión de Centro Democrático: ver UCD, 171, 173, 187, 194-199, 201, 202, 204-207, 210, 213, 215-218, 220, 229, 236, 268, 270.

Unión del Pueblo Gallego: 156.

Unión Liberal: 37.

Unión Mercantil: 69.

Urbano, Pilar: 156, 196, 200, 202, 211, 324.

Urdangarín, Iñaki,: 296.

Uriarte, Juan María: 263, 285, 286.

Urkullu, Iñigo: 285.

Urquijo, Jaime: 204.

Urralburu, Gabriel: 240.

Urrutikoetxea, Josu: 285.

Utrera Molina, José: 111, 113, 115-119, 122, 123.

Vázquez Plata, José: 253.

Vega Rodríguez, José: 169.

Velarde, Juan: 290.

Velarde, Pedro: 20.

Vera, Rafael: 241-243.

Verdejo, Francisco: 149.

Víctor Manuel II: 39, 72.

Vidal, César: 80, 89, 208, 222, 269, 277-278, 282, 284, 290, 292, 325.

Vidal i Barraquer, Francisco de Asís: 68, 70, 76, 77, 83, 87, 322.

Villaescusa, Emilio: 161, 163.

Villar Arregui, Manuel: 186.

Villar Mir, Juan Miguel: 136.

Villarejo, Carlos Jiménez: 227.

Villaverde, marqués de: 131.

Villoslada, Adolfo: 254, 319.

Viver, Carlos: 279.

Witiza: 17.

Ya: 147, 186, 218, 220.

Yaben, Hilario: 73, 325.

Yanes, Elías: 218, 231, 232.

Zabala, Jesús María de: 149.

Zabala, José Ignacio: 244.

Zabarte, Jesús María: 254.

Zaldúa Corta, José María: 254.

ZP, ver Rodríguez Zapatero, José Luis.

Zulueta, Eduardo de: 135, 171.

1 Blanco White, Oc, p. 192 ss.

2 Antonio Matilla Tascón, La única contribución y el catastro de Ensenada, Madrid, 1947, pp. 535-543.

3 La Revista católica, 1842, p. 126.

4 W. Callahan, Oc, p. 22.

5 De especial interés es Federico Suárez, «Génesis del Concordato de 1851», Ius Canonicum, 1963, vol. 3, pp. 233-234.

6 Citado en W. Callahan, Oc, p. 24.

7 En el mismo sentido, W. Callahan, Oc, p. 25.

8 Así, los 153 millones de reales del presupuesto clerical de 1851 aumentaron a 180 millones poco antes de la revolución de 1868. Véase, al respecto, «Datos estadísticos relativos al personal y a la dotación del clero y del culto», La Cruz, 1870, pp. 400-402.

9 El estudio clásico sobre el tema sigue siendo el de J. Pabón, España y la cuestión romana, Madrid, 1972.

1 Sobre el tema, véase: Begoña Urigüen, Orígenes y evolución de la derecha española: el neo-catolicismo, Madrid, 1986.

2 Citado por W. Callahan, Oc, p. 30.

3 Un relato del episodio en Carmen Llorca, Emilio Castelar: precursor de la democracia cristiana, Madrid, 1966, p. 142. A pesar del título de la obra, Castelar no tenía nada que ver con la democracia cristiana y expresó en más de una ocasión su convicción en la superioridad del influjo del protestantismo sobre el catolicismo a la hora de vertebrar sociedades avanzadas.

4 Cristóbal Robles Muñoz, Insurrección o legalidad: los católicos y la Restauración, Madrid, 1988, p. 97.

5 Antolín Monescillo, «Exposición dirigida a S. M. por el obispo de Jaén», La España Católica, 26 de febrero de 1875.

6 Citado en María F. Núñez Muñoz, La Iglesia y la Restauración, 1875-1881, Santa Cruz de Tenerife, 1976, p. 56.

7 Véase J. María Palomares Ibáñez, «La recuperación económica de la Iglesia española, 1845-1931» en Emilio Parra López y Jesús Pradells (eds.), Iglesia, sociedad y Estado en España, Francia e Italia (s. XVIII al XX), Alicante, 1991, p. 160.

8 Contestación a una consulta sobre las elecciones próximas, 10 de enero de 1876, La Cruz, 1876, p. 123.

9 Resolución del cardenal arzobispo de Valencia a la consulta hecha por el clero de su diócesis sobre la unidad católica, 10 de enero de 1876, La Cruz, 1876, p. 46.

10 Citado en F. Díaz de Cerio y M. F. Núñez Muñoz (eds.), Instrucciones secretas a los nuncios de España en el siglo XIX, 1847-1907, Roma, 1989, p. 173.

11 Robles Muñoz, Insurrección…, p. 107.

12 Robles Muñoz, Insurrección…, pp. 181-3.

13 Exposición de la Unión Católica contra la última circular del ministro de Fomento, 6 de marzo de 1881, La Cruz, 1881, pp. 330-332.

14 La circular última sobre instrucción pública del Señor Obispo de Calahorra, 10 de marzo de 1881, La Cruz, 1881, pp. 333-4.

15 La Cruz, 1881, p. 689.

16 Citado en Andrés-Gallego, La política religiosa…, p. 65.

17 Acerca del marqués de Comillas, véase: Constatino Bayle, El segundo marqués de Comillas, don Claudio López Bru, Madrid, 1928.

18 Andrés-Gallego, La política religiosa, p. 67.

19 H. Raguer, Ser independentista no és cap pecat. L´Església i el nacionalisme català, Barcelona, 2012.

20 Francisco Palau y Quer, Mis relaciones con la Iglesia, Roma, 1977, p. 149.

21 Sabino Arana, «¿Qué somos?» en Obras Completas. Editorial Sabindiar-Batza, Buenos Aires, 1965, pp. 627 y 628)

1 Pastoral del obispo de Santander, 8 de septiembre de 1901, La Cruz, 1901, p. 314.

2 Circular del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Tuy, 1 de septiembre de 1906, La Cruz, 1906, p. 298.

3 La Cruz, 1907, p. 395.

4 La Semana Católica, 1907, p. 347.

5 W. Callahan, Oc, p. 75.

6 Salvador Forner Muñoz, Canalejas y el Partido Liberal Democrático, 1900-1910, Madrid, 1993, pp. 80 ss.

7 Guasch Borrat, Oc, p. 45.

8 Raymond Carr, Spain 1808-1939, Oxford, 1966, p. 481.

9 Sobre las juntas de defensa, véase: Carolyn P. Boyd, Praetorian Politics in Liberal Spain, Chapel Hill, 1979.

10 W. Callahan, Oc, p. 89.

11 Véase especialmente El Debate de 21 y 23 de marzo de 1918.

12 La Ciencia Tomista, 1918, vol. 17, p. 92.

13 W. Callahan, Oc, p. 90.

14 El Debate, 21 de diciembre de 1922.

15 Boyd, Praetorian Politics…, pp. 130 ss.

16 Revista Católica, 1919, p. 293; Reig y Casanova, «Deberes sociales del momento presente» en Revista Católica, 1918, p. 88.

17 Domingo Benavides Gómez, El fracaso social del catolicismo español, 1870-1951, Barcelona, 1973.

18 S. Ben-Ami, Oc…, 36-44.

19 «Ante el nuevo régimen de España: la voz del episcopado», Sal Terrae, 1923, p. 941; Revista Eclesiástica, 1923, p. 631.

20 Ante el nuevo régimen…, pp. 940 y 942.

21 Ante el nuevo régimen…, p. 943.

22 Arboleya-Martínez, Sermón perdido…, pp. 82-3 y 165.

23 W. Callahan, Oc…, p. 223.

24 «El cardenal arzobispo de Toledo al clero y fieles de la archidiócesis, 1 de mayo de 1931, en Jesús Requejo San Román, El cardenal Segura, Toledo, 1931, pp. 139 ss.

25 Alfredo Vernoy, Los bienes de los jesuitas. Disolución e incautación de la Compañía de Jesús durante la Segunda República, Madrid, 1995, p. 53.

26 José Gafo, «Crónicas científico-sociales», La Ciencia Tomista, 1931, vol. 44, p. 82.

27 Gutiérrez-Ravé, España en 1931, p. 154.

28 José Gafo, «Crónicas científico-sociales», La Ciencia Tomista, 1931, vol. 44, p. 82.

29 Vidal i Barraquer a Alcalá Zamora, 3 de agosto de 1931, AVB, vol. 1, partes 1-2, p. 179.

30 Pedro Segura, «Sobre el proyecto de Constitución y deberes de los católicos» en Documentos colectivos del episcopado español, pp. 136 y 146.

31 El peso de la masonería ni siquiera se vio frenado por una barrera generalmente tan rígida como las diferencias entre partidos. Estuvo presente en la totalidad de las fuerzas republicanas, y con una pujanza enorme. De los dos diputados liberal-demócratas, uno era masón; de los 12 federales, 7; de los 30 de Esquerra, 11; de los 30 de Acción Republicana, 16; de los 52 radical-socialistas, 30; de los 90 radicales, 43 e incluso de los 114 del PSOE, 35. A estos habría que añadir otros 8 diputados masones pertenecientes a otros grupos. En otras palabras, la masonería extendía su influencia sobre partidos de izquierdas y de derechas, jacobinos y nacionalistas, incluso sobre los marxistas revolucionarios como el PSOE cuyos diputados, por lo visto, no tenían ningún problema en conciliar el materialismo dialéctico con la creencia en el Gran Arquitecto. Con esas Cortes —y esos ministros— se abordó la tarea de redacción de la nueva constitución republicana.

32 La actitud de extrema virulencia contra el matrimonio civil puede verse, por ejemplo, en la «Declaración colectiva del episcopado» de finales de 1931. Se encuentra reproducida en Víctor Manuel Arbeloa, La Iglesia que buscó la concordia (1931-1936), Madrid, 2008, pp. 303 ss. y en especial pp. 320 ss. No deja de ser significativo que, a pesar del carácter apologético de la obra (evidente desde el título), lo que se desprende de la desnuda lectura de la documentación es que la Iglesia católica distó mucho de tener esa actitud durante el breve período de existencia de la Segunda República.

33 El texto en Manuel Azaña, Obras completas, 4 vols., Ciudad de México, 1966-1968, vol. 2, pp. 49-58.

34 Véase Manuel Azaña, Obras completas, vol. 2, pp. 51-52.

35 Arbeloa, La Semana Trágica…, p. 295.

36 Hilario Yaben, «La resistencia al poder», Revista Eclesiástica, 1932, pp. 625-639.

37 Hilari Raguer, «La Iglesia española en la II República», Arbor, 1981, vol. 109, n. 426-7, p. 61.

38 Cárcel Ortí, La persecución…, p. 150.

39 «Episcopado a los fieles» en Documentos colectivos del episcopado español, pp. 170 ss.

40 Sobre el tema, véase en especial José Jiménez Lozano, Los cementerios civiles y la heterodoxia española, Madrid, 1978.

41 El estudio mejor documentado sobre el tema es, hasta la fecha, William Christian, Visionaires: The Spanish Republic and the Reign of Christ, Berkeley, Los Ángeles y Londres, 1996. Manuel Gutiérrez Aragón realizó una magnífica película sobre el tema titulada Visionarios y basada en el testimonio de algunos de los protagonistas.

42 W. Christian, Visionaires…, p. 359.

43 Declaración de Vidal i Barraquer, 25 de enero de 1931. Reproducida en El Debate de 26 de marzo de 1932.

44 «Metropolitanos españoles a los fieles, 25 de mayo de 1933» en Documentos colectivos…, pp. 190 ss.

45 Al respecto, véase: C. Vidal, Durruti. La furia libertaria, Madrid, 1996, pp. 131 ss.

46 Así quedaría establecido en el curso de un proceso con jurado y acabaría teniendo consecuencias que examinaremos más adelante. Vid: pp. ss.

47 Vidal i Barraquer a Pío XI, 7 de diciembre de 1931, AVB, vol. 2, partes 1-2, p. 211.

48 Esto se tradujo en 204 escaños para las derechas, 168 para el centro (incluida la Lliga) y 94 para la izquierda (61 socialistas).

49 Antonio Marquina Barrio, La diplomacia vaticana y la España de Franco, Madrid, 1983, pp. 35-41.

50 José R. Montero, La CEDA…, vol. 1, p. 304.

51 En paralelo, los anarquistas continuaban su búsqueda de la revolución. En diciembre de 1933, volvieron a provocar una insurrección armada en la que murieron 11 guardias civiles, 3 guardias de seguridad y 75 paisanos, llegando los heridos a casi doscientos. Al respecto, véase C. Vidal, Durruti…, pp. 157 ss.

52 Al respecto, véase: Los mártires de Turón: notas biográficas y reseña del martirio, Madrid, 1935, pp. 79.

53 Ramón y Jesús Salas Larrazábal, Historia general de la guerra de España, Madrid, 1986, pp. 18 ss.

54 Salvador de Madariaga, España, Buenos Aires, 1964, p. 416.

55 Vidal i Barraquer a Alcalá-Zamora, 12 de octubre de 1934, AVB, vol. 4, parte 2, p. 578.

56 «Los últimos consejos de un prelado a sus diocesanos», 20 de octubre de 1934, Revista Eclesiástica, 1934, p. 524.

57 V. L. Gómora, «Crónicas científico-sociales», La Ciencia Tomista, 1934, vol. 50, p. 395.

58 Teodoro Rodríguez, El problema social y las derechas: nuevas orientaciones, El Escorial, 1935, pp. 352 ss.

59 Vicente Enrique y Tarancón, Recuerdos de Juventud, Barcelona, 1984, p. 131.

60 Citado por J. Pabón, Cambó, Barcelona, 1952, vol. II-b, p. 449.

61 Así lo indicaba Claridad, el 2 de noviembre de 1935.

62 El relato es del mismo Gil Robles en No fue posible la paz, Barcelona, 1968, pp. 364-367.

63 ABC, enero de 1936.

64 El Liberal de Bilbao, 20 de enero de 1936.

65 El Liberal de Bilbao, 21 de enero de 1936, p. 21.

66 El Debate, 2 de febrero de 1936, número extraordinario.

67 Citado en W. Callahan, p. 260.

68 El Debate, 26 de enero y 7 de febrero de 1936; Francisco Carballo y Alfonso Magariños, La Iglesia en la Galicia contemporánea: análisis histórico y teológico del período 1931-1939, II República, Madrid, 1978, p. 558.

69 Hemos seguido para estas cifras el estudio de R. Salas Larrazábal, Los datos exactos de la guerra civil, Madrid, 1980, p. 42 ss. que corrige muy acertadamente los errores deslizados en la obra de J. Tusell, Las elecciones del Frente Popular, Madrid, 1971.

70 Journal de Genève, 17 de enero de 1937.

71 Minuta 23. III. 1936, FO 371-20561 W2015 y 371-20520 W2387.

72 Chilton a Eden, 24 y 25-III-1936, FO 371-20520 W2868, W2678.

73 De acuerdo con el juicio de Stanley G. Payne, la mejor historia militar en un volumen del conflicto es la de C. Vidal, La guerra que ganó Franco, Barcelona, 1996. La obra contiene abundante bibliografía sobre distintos aspectos de la guerra.

74 Gregorio Cámara Villar, Nacionalcatolicismo y escuela: la socialización política del franquismo, Jaén, 1984, p. 70.

75 Enrique Gervilla Castillo, La escuela del nacionalcatolicismo: ideología y educación religiosa, Granada, 1990, p. 90.

76 Ídem, Ibídem, p. 76.

77 Ídem, Ibídem, p. 76.

78 Jesús Crespo Redondo, Purga de maestros en la guerra civil, Valladolid, 1987, p. 197.

79 Citado en Cámara Villar, Oc…, p. 82.

80 Ídem, Ibídem, pp. 85 y 89.

1 Tarancón, Confesiones…, p. 81.

2 Tarancón, Confesiones…, p. 81.

3 Tarancón, Confesiones…, p. 79.

4 Tarancón, Confesiones…, p. 115.

5 Tarancón, Confesiones…, p. 153 y 161.

6 Tarancón, Confesiones…, p. 204.

1 Tarancón, Confesiones…, p. 269.

2 Según testimonio de uno de los ayudantes de Franco, en B. Piñar, Mi réplica…, pp. 50-51.

3 Tarancón, Confesiones…, p. 37.

4 Tarancón, Confesiones…, p. 38 ss.

5 Tarancón, Confesiones…, p. 39.

6 El tema se repite machaconamente, por ejemplo, en J. Infiesta, Tarancón…, p. 61 ss; P. Rodríguez, Vicente Enrique y Tarancón…, p. 51 ss. Incluso en la serie de TV tan notable por otras razones «Tarancón». El episodio se presenta como la causa de la irritación de Franco. Nada más lejos de la realidad.

7 Tarancón, Confesiones…, p. 40.

8 Tarancón, Confesiones…, p. 40.

9 Tarancón, Confesiones…, p. 41.

10 Tarancón, Confesiones…, p. 268.

11 Tarancón, Confesiones…, p. 399.

12 Tarancón, Confesiones…, p. 399.

13 Tarancón, Confesiones…, p. 374.

14 Tarancón, Confesiones…, p. 57.

15 LT, I.

16 LT, I.

17 LT, I.

18 El relato de Tarancón en Confesiones…, pp. 615 ss.

19 LT, I.

20 Las descripciones son del propio Tarancón en J. L. Martín Descalzo, Oc, p. 200 y ss.

21 LT, I.

22 LT, I.

23 LT, I.

24 LT, I, m. 54.

25 Era la propia posición de Tarancón. Véase el texto concreto en Confesiones…, p. 697.

26 LT, II, minutos 25 y ss.

27 Ídem, Ibídem.

28 LT, II, m. 42.

29 El relato de Tarancón en Confesiones…, pp. 627 ss.

30 LT, II.

31 LT, II, minuto 49.

32 El relato de Tarancón, incluyendo el dato del paso de Añoveros por el ejército de Franco durante la guerra civil, en J. L. Martín Descalzo, Tarancón…, pp. 215 ss. La descripción del desenlace y los pasos previos en Tarancón, Confesiones…, pp. 689 ss.

33 LT, III.

34 LT, III, m. 23.

35 LT, III, m. 29.

36 LT, III, m. 33.

37 LT, III, m. 34.

38 LT, III, m.

39 LT, IV, m. 7.

40 Un relato sucinto del tema en P. Martín de Santa Olalla Saludes, Oc, p. 49 ss.

41 LT, IV, m. 18.

42 LT, IV, m. 26.

43 LT, IV, m. 34.

44 LT, V, m. 19.

45 LT, V, m. 21.

46 LT, V, m. 38.

47 El testimonio una vez más es del propio Tarancón, Confesiones…, p. 849.

48 Tarancón, Confesiones…, p. 860.

49 Tarancón, Confesiones…, p. 845.

50 LT, VI, m. 36 ss.

51 LT, VI, m. 39.

52 LT, VI, m. 51.

53 Los médicos lo han negado, LT, VI, m. 55, pero Jaime Peñafiel ha insistido en lo contrario, Ídem, m. 53.

54 LT, VI, m. 57.

55 LT, VI, m. 1:03.

1 LT, VII, m. 2 s.

2 LT, VII, m. 13 ss.

3 Jesús Infiesta, Tarancón, el cardenal de la reconciliación, Madrid, 1995; Pedro Rodríguez, Vicente Enrique y Tarancón, Madrid, 1991.

4 Homenaje al cardenal Tarancón, 1907-1994, Valencia, 1997.

5 Fermín Cabal, Tarancón. El quinto mandamiento, Madrid, 2010.

6 J. L. Martín Descalzo, Tarancón, el cardenal del cambio, Barcelona, 1982; María Luisa Brey, Conversaciones con el cardenal Tarancón, Bilbao, 1994. También de interés la contenida en Pedro Rodríguez, A tumba abierta, Madrid, 1971, pp. 215 ss.

7 Vicente Enrique y Tarancón, Confesiones, Madrid, 1996.

8 En ese sentido, J. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, La iglesia en la España contemporánea/2 1936-1999, Madrid, 1999, p. 214.

9 LT, VII, m. 22.

10 LT, VII, m. 21.

11 La expresión en P. M. de Santa Olalla, Oc, p. 59.

12 LT, VII, m. 38.

13 LT, VII, m. 39.

14 LT, VII, m. 42.

15 LT, VII, m. 38.

16 En ese sentido, Tarancón, Confesiones…, p. 868, señala que Arias «era cerrado por convicción y con poco talento político» y añade con cierta satisfacción poco disimulada, que todas las veces que había chocado con la Iglesia católica «había salido descalabrado».

17 Tarancón, Confesiones…, p. 870.

18 Lo ha señalado no sin placer el propio José María de Areilza, Diario de un ministro de la monarquía, Barcelona, 1977, p. 136.

19 Tarancón, Confesiones…, p. 878.

20 Tarancón, Confesiones…, p. 883.

21 Santa Olalla, Oc, p. 74.

22 Areilza, Diario de un ministro…, pp. 210 y 212.

23 LT, VIII, m. 7.

24 LT, VIII, m. 11.

25 LT VIII, m. 17.

26 LT, VIII, m. 38.

27 LT, VIII, m. 40.

28 LT, VIII, m. 41.

29 LT. VIII, m. 42.

30 LT, VIII, m. 46.

31 LT, VIII, m. 48.

32 LT, VIII, m. 57.

33 LT, VIII, m. 59.

34 LT, VIII, m. 1: 04.

35 LT, VIII, m. 51.

36 LT IX, m. 9.

37 LT IX, m. 10 ss.

38 LT IX, m. 19.

39 LT IX, m. 21.

40 LT IX, m. 21.

41 LT, IX, m. 28.

42 LT, IX, m. 40.

43 LT IX, m. 42.

44 LT, IX, m. 44.

45 LT, IX, m. 1: 05.

46 Tarancón, Confesiones…, p. 888.

47 Tarancón, Confesiones…, p. 892.

48 LT, X, m. 52.

49 LT, X, m. 59.

50 Sorprendido de algo tan elemental parece Santa Olalla, Oc, p. 93.

51 AEESS R420, «Carta al ministro consejero de la embajada española ante la Santa Sede, Madrid, 3 de noviembre de 1976». Reproducida en Santa Olalla, Oc, p. 104.

52 AMAE R19626 E4. «Nota de la dirección de Relaciones con la Santa Sede, Madrid, 15 de octubre de 1976». Cit. en Santa Olalla, Oc, p. 105.

53 LT, XI, m. 20.

54 Abel Hernández, Secretos de la Transición, Madrid, 2014, p. 17 ss.

55 Abel Hernández, Idem, p. 13.

56 LT, XI, m. 24.

57 LT, XI, m. 26.

58 LT, XI, m. 30.

59 LT, XI, m. 39.

60 En la comisión se encontraban Felipe González, Enrique Tierno Galván, Santiago Carrillo — al que representaba Simón Sánchez Montero — Joaquín Satrústegui, Francisco Fernández Ordoñez, Antón Cañellas, Jordi Pujol en representación del nacionalismo catalán, Julio Jáuregui en nombre de los nacionalistas vascos, Valentín Pajandrade y, sin voto pero con voz, un representante sindical.

61 LT, XI, m. 45.

62 LT, XI, m. 47.

63 LT, XI, m. 51.

64 Así, ha vuelto a señalarlo recientemente Pilar Urbano en La gran desmemoria, Planeta, 2014, señalando que Pío Moa, a la vez que formaba parte de la organización terrorista GRAPO, era un agente de la policía franquista. Urbano cita, al respecto, al general Sáenz de Santamaría como fuente, señalando que «el grapo Pío Moa era un infiltrado de Conesa». Conesa —al que algunos llamaban con cierta guasa «el superagente»— era el jefe de la sección de la policía franquista encargada de la represión política.

65 La expresión es de Martín Villa, LT, XI, m. 1: 04.

66 LT, XI, m. 1: 07.

67 LT, XII, m. 10 ss.

68 LT, XII, m. 13.

69 LT, XII, m. 15.

70 LT, XII, m.18.

71 LT, XII, m. 20.

72 LT, XII, m. 22.

73 LT, XII, m. 23.

74 LT, XII, m. 23.

75 LT, XII, m. 25.

76 LT, XII, m. 26.

77 A. Grimaldos, Claves de la Transición. 1973-1986 (Para adultos), Barcelona, 2013, pp. 82-3.

78 LT, XII, m. 34.

79 LT, XII, m. 35.

80 LT, XII, m. 40 ss.

81 LT, XX, m. 44.

82 Testimonio de Teodulfo Lagunero en LT, XII, m. 49.

83 LT XII, m. 53.

84 LT XII, m. 54.

85 LT XII, m. 57.

86 LT XII, m.

87 LT, XII, m. 103 ss.

88 LT, XII, m. 1: 04.

89 LT, XII, m. 1: 05.

90 LT, XII, m. 1: 07.

91 LT, XIII, m. 4.

92 LT XIII, m. 8.

93 LT XIII, m. 9. Testimonio de Felipe González.

94 LT XIII, m. 13.

95 LT XIII, m. 19.

96 LT XIII, m. 19.

97 LT XIII, m. 21.

98 LT XIII, m. 26.

99 Gutiérrez Mellado, Osorio, Martín Villa, Landelino Lavilla e Ignacio García que, paradójicamente, era secretario general del Movimiento.

100 LT XIII, m. 36.

101 LT XIII, m. 34.

102 LT XIII, m. 36.

103 LT XIII, m. 40.

104 LT XIII, m. 40.

105 LT XIII, m. 43.

106 LT XIII, m. 44.

107 LT XIII, m. 47.

108 LT XIII, m. 48.

109 LT XIII, m. 50.

110 LT XIII, m. 51.

111 LT XIII, m. 52.

112 LT XIII, m. 55.

113 LT XIII, m. 57.

114 LT XIII, m. 58.

115 LT XIII, m. 1: 01.

116 AEESS R420. «Carta del director de Relaciones con la Santa Sede al embajador español ante la Santa Sede, Madrid, 2 de junio de 1977».

117 La expresión es de Santa Olalla, Oc…, p. 134.

118 AMAE R19625 E5. Carta del subsecretario de Asuntos exteriores al ministro de Asuntos exteriores, Madrid, 10 de junio de 1977.

119 LT XIII, m. 1: 13.

120 LT XIII, m. 1: 13.

121 LT XIII, m. 1: 15.

122 LT XIII, m. 1: 24.

1 Marcelino Oreja, Memoria y Esperanza. Relatos de una vida, Madrid, 2011, p. 151.

2 AEESS R420. «Carta n. 10 del director de Relaciones con la Santa Sede al subsecretario de Asuntos Exteriores. Madrid, 20 de febrero de 1978».

3 Así se lo hizo saber Jesús Ezquerra al embajador ante la Santa Sede. AEESS R 420. «Carta reservada del director de Relaciones con la Santa Sede al embajador de España ante la Santa Sede. Madrid, 6 de marzo de 1978».

4 AEES R420. «Carta reservada del director de Relaciones con la Santa Sede al embajador de España. Madrid, 8 de abril de 1978».

5 Sobre estos aspectos, véase Santa Olalla, p. 175.

6 AEESS R420. «Carta reservada del director de Relaciones con la Santa Sede al embajador de España cerca de la Santa Sede. Madrid, 19 de junio de 1978».

7 Cortes Generales, Constitución española, OC…, p. 3221.

8 Antonio Arza, «Principios y sentido del Acuerdo sobre Asuntos Económicos» en C. Corral y L. Echevarría (dirs.), Los acuerdos entre la Iglesia y España, Madrid, 1980, pp. 590-591.

9 Al respecto, véase A. Mostaza, «Servicio militar de clérigos y religiosos» en Corral y Echevarría (dirs.), Oc, pp. 677-97.

10 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 1979, p. 1673.

11 Así lo reconoce, por ejemplo, Santa Olalla, Oc…, p. 228.

1 A esa visión hay que atribuir, por ejemplo, el que impulsara una iniciativa como los Pactos de la Moncloa del 25 de octubre de 1977. El acuerdo fue la primera medida de respuesta seria a la crisis económica iniciada en 1973, intentando aunar a todas las fuerzas políticas y sociales de una manera realista y, a la vez, evitando la demagogia.

2 En un sentido similar, G. Morán, Adolfo Suárez. Ambición y destino, Barcelona, 2009, pp. 194-195.

3 G. Morán, Adolfo Suárez…, p. 210.

4 7 de abril de 1979.

5 5 d julio de 1979.

6 23 de septiembre de 1979.

7 Carlos Abella, Adolfo Suárez. El hombre clave de la Transición, Madrid, 2006, p. 378.

8 G. Morán, Adolfo Suárez…, p. 245.

9 Carlos Abella, Adolfo Suárez…, p. 398.

10 J. Antich, El virrei, Barcelona, 1994, p. 81.

11 Según el testimonio de Gregorio Morán, Adolfo Suárez…, p. 611.

12 Pilar Urbano, Oc, p. 58-59.

13 Según Gregorio Morán la información procedía del propio Suárez, Adolfo Suárez…, p. 611.

14 El Mundo, 10 de septiembre de 1995, donde se recoge el relato de Abel Hernández, hombre de confianza de Suárez, sobre el episodio.

15 J. L. Martín Descalzo, Tarancón…, p. 261.

16 J. L. Martín Descalzo, Tarancón,…, p. 259.

17 Gregorio Morán lo califica de «jeta de cemento armado» en Adolfo Suárez…, p. 290.

18 Gregorio Morán, Adolfo Suárez…, p. 290.

19 Entrevista con César Vidal en el programa La Linterna.

20 Citado en G. Morán, Adolfo Suárez…, p. 297.

21 J. L. Martín Descalzo, Tarancón…, p. 249.

22 Ídem, Ibídem, p. 250.

23 G. Morán, Adolfo Suárez…, pp. 302-3.

1 J. L. Martín Descalzo, Tarancón…, p. 264.

2 Ídem, Ibídem, p. 264.

3 ABC, 24 de enero de 1974.

4 Vida Nueva, 24 de abril de 1976.

5 El País, 25 de septiembre de 1982.

6 Diario de las Palmas, 1 de diciembre de 1982.

7 Iglesia Mundo, n. 241, octubre de 1982.

8 El País, 25 de septiembre de 1982.

9 El episodio de la Asamblea Cristiana de Vallecas está, como tantos otros, olvidado en la actualidad, pero en su día tuvo una no pequeña repercusión. Dejó de manifiesto, entre otras cuestiones, como la política de Tarancón era la de cambiar todo para que todo siguiera igual y no la de una ruptura que alterara el perfil social de España. Él mismo lo aborda con extensión en sus Confesiones…, pp. 751 ss.

10 El País, 8 de enero de 1983.

11 Ya, 6 de enero de 1983.

12 El País, 14 de enero de 1983.

13 Siempre p´alante, segunda quincena de enero de 1983.

14 El País, 26 de febrero de 1981.

15 El Alcázar, 20 de febrero de 1983.

16 Hernández, El quinto poder…, pp. 54 ss.

17 Citado por José Andrés-Gallego y Antón M. Pazos, Oc…, p. 227.

18 Nota de 16 de diciembre de 1994, en el Boletín oficial de la CEE XII, 1995, pp. 27-28.

19 En el mismo sentido, véase: José Andrés-Gallego y Antón M. Pazos, Oc, p. 251.

1 Texto reproducido en Saqueo…, p. 314-5.

2 El episodio aparece relatado en C. Gurruchaga, Los «cómplices» de ETA, Madrid, 2004, p. 166.

3 C. Gurruchaga, Oc…, p. 167.

4 Texto y datos adicionales en Saqueo…, pp. 334-5.

5 Pueblo, jueves 9 de junio de 1983.

6 Ramón Tijeras y José Díaz Herrera, «Los curas protegen a ETA», Tiempo, 30 de julio de 1990. Ver también: Saqueo…, pp. 319 ss.

7 C. Gurruchaga, Oc…, p. 167.

1 Conversación de Aznar con el autor en la Moncloa.

2 Citado en C. Gurruchaga, Oc…, p. 171.

3 Imanol Murua Uría, El triángulo de Loiola. Crónica de un proceso de negociación a tres bandas, Donostia, 2010.

4 Loiola, pp. 13 ss.

5 Loiola, p. 21 ss.

6 Loiola, p. 25 ss.

7 Loiola, p. 56.

8 Loiola, p. 56.

9 Loiola, p. 56.

10 Loiola, p. 57.

11 Loiola, p. 57.

12 Loiola, p. 191.

13 Loiola, p. 57.

14 Loiola, p. 105.

15 Loiola, p. 58.

16 Loiola, p. 58.

17 Loiola, p. 57 ss.

18 Sobre el tema, véase: Jorge Otaduy y Diego Zalbidea (eds.), El sostenimiento de la Iglesia católica en España. Nuevo Modelo, Pamplona, 2008.

1 R. Morodo, La transición política, Madrid, 1984.

2 E. Díaz, Ética contra Política. Los intelectuales y el poder, 1990.

3 J. Linz y A. Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, Baltimore y Londres

CÉSAR VIDAL (1958) es doctor en Historia (premio extraordinario de fin de carrera), en Teología y en Filosofía, y licenciado en Derecho. Ha ejercido la docencia en distintas universidades de Europa y América. Ha dirigido los programas radiofónicos La Linterna —por el que ha recibido, entre otros, los premios Antena de Oro 2005, Micrófono de Plata 2005 y Hazte Oír 2005— y Camino del Sur, ambos en la cadena COPE: así como Es la noche de César y Regreso a Camino del Sur, en la cadena EsRadio. Colabora además en La Razón. Defensor infatigable de los derechos humanos, ha sido distinguido con el Premio Humanismo de la Fundación Hebraica (1996) y ha recibido el reconocimiento de organizaciones como Yad-Vashem, Supervivientes del Holocausto (Venezuela), ORT (México), Jóvenes Contra la Intolerancia o la Asociación de Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza. Entre otros premios literarios ha recibido el de la Crítica a la mejor novela histórica (2000) por La mandrágora de las doce lunas, el Premio Las Luces de Biografía (2002) por Lincoln, el Premio Espiritualidad 2004 por El testamento del pescador, el Premio Jaén de Literatura Juvenil 2004 y el del CCEI 2004 por El último tren a Zúrich, el Premio de Novela Ciudad de Torrevieja 2005 por Los hijos de la luz, el Premio Algaba de Biografía (2006) por Pablo, el judío de Tarso, el Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio 2006 por El fuego del cielo y el Premio de Ensayo Heterodoxias por El caso Lutero (2008). Entre sus últimas obras destacan El judío errante (2008), Historia de España para nuevos españoles, inmigrantes y víctimas de la Logse (en colaboración con Federico Jiménez Losantos) (2009), La ciudad del rey leproso (2009), Momentos cumbre de la Historia (2009), Jesús el judío (2010), La ciudad del azahar (2010) o El guerrero y el sufí (2011).

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España está convulsa. La abdicación de Juan Carlos I. La crisis económica y de las instituciones. La irrupción de Podemos y de otras nuevas fuerzas políticas. La quiebra del bipartidismo del PP y PSOE. EI auge de los secesionismos. Las propuestas para reformar la Constitución. La vuelta del republicanismo… Todo ello, ¿anuncia un “cambio de época”? ¿Estamos viviendo una nueva Transición? ¿De verdad el seísmo español es sólo consecuencia de la crisis económica?

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