Índice

Portada

Dedicatoria

Introducción y sinopsis

Primera parte. ¿Hacia dónde va el mundo?

Capítulo 1. Breve historia de la Historia

Capítulo 2. Guerra, nación y Estado

Capítulo 3. El fin de la Historia y sus consecuencias

Capítulo 4. El progreso y la destrucción creativa

Capítulo 5. ¿Adónde va el mundo?: algo de prospectiva

Segunda parte. ¿De dónde viene España?

Capítulo 6. La geografía del capitalismo castizo

Capítulo 7. La anomalía histórica de España

Capítulo 8. Una teoría de la clase política española

Capítulo 9. La crisis española, una y trina

Tercera parte. ¿Qué hacer con España?

Capítulo 10. Reformar las instituciones: partidos políticos, Ley Electoral, agentes sociales, ...

Capítulo 11. Por un plan Marshall en educación, investigación, innovación y emprendimiento

Capítulo 12. Pensiones, vivienda y mercado laboral: el 3 en 1 español

Agradecimientos

Referencias bibliográficas

Notas

Créditos

A Isabel y a nuestros hijos

INTRODUCCIÓN Y SINOPSIS

La arquitectura de este libro es simple. Consta de tres partes: «¿Hacia dónde va el mundo?»; «¿De dónde viene España?»; y «¿Qué hacer con España?» La primera parte es un ejercicio de prospectiva encaminado a discutir los escenarios más probables en los que tendrán que vivir las próximas generaciones de seres humanos. La segunda es una reflexión sobre las causas de la anomalía histórica española y sobre los principales obstáculos que tiene España para afrontar los retos que plantea el siglo XXI. La tercera parte es una propuesta de las reformas necesarias que debería hacer España para poder afrontar dichos retos con un mínimo de garantías.

La metodología del libro va de lo general a lo particular y las exigencias de su lectura, en términos de abstracción, van de más a menos. La primera parte dedica los cuatro primeros capítulos a acumular el instrumental necesario para la prospectiva que se presenta en el capítulo quinto. Las ideas principales que se presentan empiezan con la distinción entre la historia, con minúscula, y la Historia, con mayúscula. La primera es, básicamente, el relato de los acontecimientos relevantes para un colectivo humano determinado. La segunda es un constructo filosófico que pretende dar cuenta del proceso espiritual que ha llevado a una parte de la humanidad hasta la actual civilización occidental. Las raíces de esta distinción están en Hegel y son muy conocidas. Este primer paso permite hacer una breve historia de la Historia, en la que me aparto de algunos de los hitos tradicionales hegelianos, y dar paso al comienzo de una discusión en profundidad de la tríada liberté, égalité, fraternité, que es el hilo conductor de toda la primera parte.

La siguiente idea relevante, ya en el capítulo 2, es la interacción histórica de la guerra, el Estado y la ley constitucional como explicación de un proceso que comienza en el Neolítico para desembocar en las actuales naciones-Estado. El análisis de la guerra y de la estrategia militar tiene un papel muy importante tanto en los cuatro primeros capítulos como en la prospectiva del capítulo quinto. El capítulo 3 se dedica a discutir el concepto del fin de la Historia, central en este libro, y en extraer algunas primeras consecuencias prospectivas de dicho final. El capítulo 4 analiza la relación entre la idea de progreso, la innovación y la destrucción creativa, característica esta última del capitalismo y motor de los dos conceptos anteriores, argumentando por qué una economía con fluctuaciones cíclicas, que produzcan severas infrautilizaciones periódicas de los factores productivos trabajo y capital, puede tener un crecimiento acumulado a largo plazo muy superior al de otras economías más estables.

El ejercicio de prospectiva ocupa el capítulo 5 y aborda los siguientes ámbitos:

1. El futuro de las ideas

2. El futuro de la especie humana

3. El futuro de la guerra

4. El futuro de la economía

5. El futuro del Estado

6. El futuro de Europa.

Los principales resultados del ejercicio son los siguientes:

1. No parece probable que, con un horizonte de prospectiva de tres generaciones, la civilización occidental pierda su carácter hegemónico, al menos en el terreno de las ideas. Al contrario, parece probable que las demás civilizaciones sigan occidentalizándose en un proceso poco lineal, como el seguido hasta ahora.

2. Todo apunta a que el concepto de «ser humano» cambiará mucho, hasta el punto que será difícil mantener su actual centralidad para definirlo sujeto de derechos y deberes, para lo cual podría ser reemplazado por el concepto de «persona».

3. La lucha por la hegemonía a nivel planetario no podrá dirimirse por vía de escaladas militares y será dirimida por medio de escaladas en capital humano.

4. La globalización de la economía seguirá avanzando de manera irreversible. Los mercados de trabajo y capital estarán crecientemente sujetos a la ley de un solo precio a nivel planetario. La creatividad será el factor de diferenciación para los individuos que perciban rentas muy superiores a la media.

5. Los Estados deberán cambiar su fuente de legitimidad actual como maximizadores del bienestar de sus ciudadanos por la maximización de las oportunidades que les ofrecen.

6. La unión monetaria europea no tiene futuro si no se produce una convergencia real entre los países del norte y los del sur de Europa en materia de capital humano y productividad.

La segunda parte del libro aborda las razones y causas de la anomalía Histórica, con mayúscula, de España. El capítulo 6 explora las raíces geográficas de fenómenos históricos como el capitalismo castizo o la resistencia de las élites españolas a la innovación y al progreso. El capítulo 7 hace lo propio desde una perspectiva histórica en la que se contraponen dos conceptos de nación, el orteguiano y el joseantoniano, para defender que España necesita definirse por un proyecto explícito de futuro que debe ser un plan Marshall para acumular capital humano. El capítulo 8 hace una caracterización de la clase política española como una clase extractiva y como el mayor obstáculo para que el proyecto de acumulación de capital humano definido en el capítulo precedente pueda llevarse a la práctica. El capítulo 9 caracteriza la actual crisis de la sociedad española como una crisis tridimensional, formada por una crisis económica, una crisis institucional y una crisis moral, y apunta los medios para superarlas.

Por último, la tercera parte propone un ambicioso conjunto de reformas concretas que son necesarias para que sea posible poner en marcha el proyecto de acumulación de capital humano y para que sea posible que la economía española pueda desarrollarse sin recurrir a la devaluación periódica de su moneda. El capítulo 10 propone la reforma de un conjunto de instituciones y leyes. Estas son: los partidos políticos, la Ley Electoral, los llamados «agentes sociales», los organismos reguladores y la Justicia. El capítulo 11 propone reformas que afectan directamente a la formación del capital humano: la enseñanza primaria y secundaria, la universidad, la financiación de la I+D y el fomento de la innovación y el emprendimiento. Finalmente, el capítulo 12 propone algunas medidas necesarias para estabilizar las finanzas públicas en materia de pensiones, para reformar el mercado de la vivienda y para acabar de reformar el mercado de trabajo. Estos tres bloques de reformas, como se discute en el capítulo, son tres aspectos de un mismo problema de base de la economía española. Tras muchas vacilaciones, he decidido dejar en el tintero un análisis sistemático y detallado de las reformas necesarias en el sector público, porque su necesaria extensión hubiese sido incompatible con la longitud pactada para este libro. Ocasión habrá de desarrollarlo.

PRIMERA PARTE

¿HACIA DÓNDE VA EL MUNDO?

Una reflexión sobre la tríada liberté, égalité, fraternité

CAPÍTULO 1

BREVE HISTORIA DE LA HISTORIA

La idea del fin de la Historia tiene un carácter central en este libro porque ayuda a comprender y a enmarcar algunos de sus temas principales, desde la magnitud de los retos planteados por la caída del muro de Berlín en 1989, de los que la globalización es tan sólo un ejemplo, hasta el carácter de las tensiones secesionistas que está experimentando España. Los primeros afectan a todas las civilizaciones, países y personas, incluidas aquellas que nunca tuvieron Historia. Los segundos condicionan el futuro inmediato de nuestro país. En este primer capítulo nos ocuparemos de introducir la Historia, dejando para el capítulo 3 la discusión y las consecuencias de su fin.

Conviene, para empezar, distinguir entre la historia y la Historia. Todo el mundo tiene historia. La historia, con minúscula, es el relato de los acontecimientos relevantes, reales o imaginarios, de una colectividad a lo largo del tiempo. Es, para todo el mundo, magistra vitae. Es la fuente de los mitos, de las religiones, de las costumbres, de la ejemplaridad, y del sentimiento de pertenecer a una cultura determinada. Es también, en su acepción académica, la vía más fiable para el conocimiento del pasado de la sociedad humana. Nadie, literalmente nadie, por analfabeto o asocial que sea, puede vivir sin la historia. El buen salvaje de Rousseau es una fábula de conveniencia.

Pero no es la historia lo que nos ocupa en este capítulo sino la Historia, con mayúscula. Al contrario que la historia, que es una colección de relatos, la Historia es un constructo filosófico que intenta capturar la esencia del proceso espiritual que ha llevado a la humanidad, o por lo menos a una parte de ella, a vivir en una civilización igualitaria y no basada en ningún orden divino o cósmico trascendental.¹ A este proceso el filósofo alemán G. W. F. Hegel le llamó Historia y la definió como «el desenvolvimiento de la conciencia de la libertad».²

La metafísica involucrada en lo dicho en el párrafo anterior es muy compleja. Afortunadamente, para los propósitos de este libro, que no es un libro de filosofía, no hace falta entrar en ella con detalle. De lo que aquí se trata es de dar una visión intuitiva de ese proceso espiritual que llamamos Historia con el objetivo de aclarar por qué ha llegado a su fin y cuáles son las consecuencias que de ello se derivan. Para este propósito, como ocurre tantas veces cuando tratamos de entender algo complejo, nada mejor que recurrir a la historia.

La descripción de cinco hitos históricos de la Historia, característicos todos ellos de la civilización occidental, servirá para ilustrar el proceso de cambio endógeno —es decir, no causado por factores externos— experimentado por Occidente. Este cambio endógeno es, precisamente, una definición alternativa de la Historia. Los hitos son: 1. El descubrimiento, en la Alta Edad Media, de un método novedoso y revolucionario para financiar las necesidades terrenales del Reino de Dios; 2. La división del Reino de Dios en un reino celestial y otro reino terrenal, ocurrida al comienzo de la Baja Edad Media; 3. El descubrimiento de que para hablar con Dios no hace falta Iglesia, ocurrido en el siglo XVI; 4. El descubrimiento de que, al fin y al cabo, no hace falta hablar con Dios, ocurrido en el siglo XVIII; y 5. El descubrimiento de que Dios ha muerto, ocurrido a finales del siglo XIX. Examinémoslos uno a uno con un poco más de detalle.

EL NACIMIENTO DEL INDIVIDUALISMO

Tras la caída del Imperio romano, la sociedad europea, dominada por tribus germánicas, era una sociedad agnática, o patrilineal, compuesta por familias extendidas, o clanes, no muy diferentes de la gens romana tradicional. Todas las demás civilizaciones, pasadas o presentes, han estado articuladas por este tipo de familias. La familia extendida detentaba la propiedad, cuya titularidad se transmitía antes de hermano a hermano que de padre a hijo. Un ejemplo actual de este tipo de sociedad es Arabia Saudí. Un ejemplo occidental contemporáneo de familia extendida puede visualizarse, por ejemplo, en la película El Padrino del cineasta Francis Ford Coppola.

Como señala Francis Fukuyama,³ la aparición del feudalismo en Europa fue una respuesta defensiva a las invasiones simultáneas de los vikingos por el norte, los musulmanes por el sur y los húngaros por el este, en un tiempo en que la familia extendida había cedido ya mucho terreno en favor de la familia nuclear y no servía ya como estructura social básica de defensa. Como esto ocurría en el siglo VIII, estamos hablando de un cambio sin precedentes históricos en la estructura familiar que tuvo que haber tenido lugar en los siglos inmediatamente posteriores a la desaparición del Imperio romano. Ninguna otra civilización ha hecho este cambio de manera endógena. ¿Qué fue lo que lo causó?

Todo apunta a que el cambio fue provocado por la Iglesia. Ya en el siglo VI está documentada su oposición a cuatro prácticas fundamentales para la supervivencia de los clanes: 1. Matrimonios entre personas con alto grado de consanguineidad; 2. El levirato, o matrimonio de la viuda con familiares del esposo difunto; 3. La adopción de niños; y 4. El concubinato y el divorcio. El repudio de estas prácticas, que eran comunes en Roma y en la Judea de Jesús, no parece tener un fundamento claro en las Sagradas Escrituras. Más bien parece responder a un brillante cálculo estratégico sobre las consecuencias que estas prohibiciones iban a tener sobre las finanzas de la propia Iglesia. En efecto, la consolidación del matrimonio monógamo e indisoluble y las prohibiciones del levirato y la adopción generaron en muy poco tiempo una gran cantidad de viudas sin descendencia que quedaban como estación de término de la titularidad de derechos de propiedad. La tentación —y la presión— para testar a favor de la Iglesia debían de ser muy grandes. Cita Fukuyama que, a finales del siglo VII, un tercio de la superficie cultivable de Francia estaba en poder de la Iglesia. Entre el siglo VIII y el IX se doblaron las propiedades eclesiales en el norte de Francia, Alemania e Italia. Negocio redondo.

En cualquier caso, las consecuencias sociales del retroceso de los clanes en beneficio de las familias nucleares fueron mucho más trascendentes que el enriquecimiento de la Iglesia. La sociedad europea, ya en la Alta Edad Media, había dado pasos decisivos hacia el individualismo. Las decisiones sobre asuntos muy importantes relativos a la propiedad y al matrimonio se tomaban ya en la esfera individual o en la de la familia nuclear. Este importantísimo desarrollo social precedió e hizo posibles los desarrollos políticos posteriores. El feudalismo europeo, por ejemplo, hubiera sido imposible en una sociedad tribal de clanes, porque las cadenas de lealtades implícitas en uno y otro caso son demasiado diferentes. En el feudalismo europeo las lealtades son entre individuos, no entre colectivos. Los feudalismos chinos de la dinastía Zhou (siglo XI a.J.C) y japonés del shogunato Tokugawa (siglo XVII d.J.C), por ejemplo, se desarrollaron sobre la base de los clanes. En ellos las lealtades son entre colectivos. Es difícil exagerar la importancia de esta diferencia. China y, sobre todo, Japón siguen siendo sociedades regidas por la costumbre, debido a la persistencia en ellas de las familias extendidas.⁴ Las costumbres son reglas concretas que afectan a individuos concretos, que son educados en ellas a través del ejemplo. Las sociedades occidentales, individualistas y complejas, no pueden regirse ya por la costumbre y han de regirse por la ley. La ley es una regla abstracta que afecta al individuo abstracto de una sociedad igualitaria a través del boletín oficial del Estado. Eso hace que, por ejemplo, un concepto fundamental en Occidente como es el de «libertad negativa», acuñado por Isaiah Berlin —nadie puede entrar en mi conciencia, ni en mi dormitorio, ni en mi bolsillo sin mi permiso—⁵ sea totalmente extraño e incomprensible en otras civilizaciones. De hecho, es incomprensible en todas las demás civilizaciones pasadas o presentes.

El pobre entendimiento que se tiene en Occidente de la excepcionalidad de su individualismo ha llevado a fiascos y frustraciones muy considerables en sus relaciones con otras culturas, como ilustran las recientes guerras de Iraq y de Afganistán que partían de la hipótesis errónea de que en poco tiempo podían constituirse en estas sociedades Estados democráticos basados en el modelo del Estado liberal. El Estado liberal, como veremos con mayor detalle más adelante, presupone una sociedad individualista con altas dosis de libertad negativa.⁶ Las grandes e infundadas esperanzas generadas por la llamada «primavera árabe» —cuyo desarrollo, tras la sorpresa inicial, era muy previsible— han llevado al mismo tipo de frustración.

En cualquier caso ¡quién iba a decir en el siglo VI que el fomento del individualismo, que tan rápidamente enriqueció a la Iglesia, iba a acabar matando a Dios en el siglo XIX! Ironías de la Historia.

EL NACIMIENTO DE OCCIDENTE

Está escrito en el Evangelio: «al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios». A pesar de su claridad y rotundidad, el mensaje fue ignorado durante más de mil años, hasta el siglo XII, entre otras cosas porque no se sabía qué contenido concreto darle en una sociedad que, a pesar de los siglos transcurridos, mantenía muy viva la memoria del Imperio romano⁷ y creía que la perfección del Reino de Dios debía encarnarse en un imperio, con un emperador —cuya autoridad tenía origen divino— en su vértice. El imperio, así concebido, era la imagen terrenal del Reino de Dios y la autoridad del emperador sólo estaba por debajo de la de Cristo, máxima autoridad del Reino. Esta concepción del mundo está vigente hoy en día en el mundo islámico y, si se sustituye la expresión «Reino de Dios» por «orden cósmico», en todas las demás grandes civilizaciones presentes y pretéritas.

El Sacro Imperio Romano Germánico (o Primer Reich) se fundó en el siglo x con la ambición de ser la continuación del Imperio carolingio, a su vez concebido como continuación del Imperio romano. Era un imperio feudal, en el que las relaciones de vasallaje podían darse entre laicos y eclesiásticos. La investidura de muchos feudos podía darse, indistintamente, a unos u otros, pero había feudos que estaban reservados a los eclesiásticos. Ello no quiere decir que en estos feudos se invistieran, necesariamente, eclesiásticos. Hecha la ley, hecha la trampa: cuando el investido era un laico, recibía inmediatamente las órdenes religiosas. Esta situación, por motivos obvios, tenía muy descontento al papa, quien veía que buena parte de los cargos de confianza y principales funcionarios de la Iglesia eran nombrados por el emperador conforme a sus propias necesidades políticas. Al emperador, por otra parte, le parecía lo más natural del mundo investir a abades, obispos y cardenales no sólo porque constituían la espina dorsal de su propia burocracia civil, financiera y militar, sino también porque, conforme a la concepción del imperio como la imagen en la tierra del Reino de Dios, consideraba que la autoridad imperial estaba por encima de la papal.

Así las cosas, el contencioso de más de siglo y medio entre emperadores y papas sobre quién nombraba a quién entró en fase aguda en 1073 con la célebre «disputa de las investiduras», y no concluyó hasta 1122 con la firma del concordato de Worms. El concordato ratifica la división del Reino de Dios en un reino celestial, cuyo representante máximo en la tierra es el papa, y otro reino terrenal, cuyo representante máximo es el emperador. El papa se reservaba la investidura clerical, con la consagración religiosa del investido y la entrega simbólica del báculo y el anillo, y el emperador hacía lo propio con la investidura feudal, con la entrega, no tan simbólica, de feudo y beneficio. Los nuevos investidos tenían una doble lealtad: al papa en lo religioso y al emperador en lo civil. Al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios, al fin. Atrás quedaban cincuenta años de discusiones, conspiraciones, excomuniones, antipapas, batallas, invasiones y saqueos. Atrás quedaba también el nacimiento de Occidente, ocurrido el 28 de enero de 1077 en el castillo de Canossa, localidad cercana a Parma, en la Reggio Emilia italiana.

Como señala Tom Holland,⁸ desde nuestra perspectiva del siglo XXI, la solución a la disputa de las investiduras rubricada en Worms parece tan obvia que lo que sorprende no es el acuerdo en sí, sino el largo y violento proceso que condujo hasta él. Nada más engañoso, sin embargo. Como hemos visto en el epígrafe anterior, Europa había comenzado el camino hacia el individualismo ya en el siglo VI. Lo que añade Canossa es que los individuos, todos los individuos, desde el emperador y el papa en lo más alto, hasta el más humilde de los siervos en lo más bajo, tienen una doble lealtad: a un poder terrenal, por una parte, y a un poder espiritual, por la otra. Estos poderes pueden estar en sintonía o no estarlo. Si no lo están, los individuos se ven obligados, en conciencia, a decidir. Esto es lo verdaderamente revolucionario del proceso que lleva al concordato de Worms. Nadie antes se había visto abocado a decidir en conciencia nada semejante. Nadie en otra civilización se ha visto nunca enfrentado a este tipo de decisiones.

El punto de inflexión del proceso que lleva a los dos reinos tiene lugar en el castillo de Canossa, residencia de la condesa Matilde, el 28 de enero de 1077. El significado de la fecha, un cambio de época, es comparable al del 14 de julio de 1789 —toma de la Bastilla— o al del 9 de noviembre de 1989 —caída del muro de Berlín—. Una de las fechas clave de la Historia. Más allá de la anécdota, que es muy conocida, ¿qué hubo de relevante en lo que ocurrió en Canossa?

El monje Hildebrando, una de las personalidades más fuertes de la historia de la humanidad, había accedido al papado en 1073 con el nombre de Gregorio VII. Llevaba consigo un ambicioso programa de regeneración moral de la Iglesia, que incluía el celibato de los clérigos, la prohibición de la simonía y el nombramiento papal de las dignidades eclesiásticas. Estas medidas se incluían en un programa de máximos que aspiraba, nada menos, que a la regeneración moral del mundo mediante la introducción en él de un orden «correcto». Este orden pasaba por que la Iglesia ganase autonomía frente al emperador mediante la ya mencionada división del Reino de Dios en un reino espiritual y en otro terrenal, estando el primero bajo el control absoluto del papa. Al principio, el emperador Enrique IV ignoró al nuevo pontífice, pero Gregorio le excomulgó y, con una hábil maniobra política, consiguió que los nobles del imperio se rebelasen contra él. Enrique respondió con otra maniobra todavía más hábil: viajó a Italia como penitente para hacerse perdonar por el papa, a quien encontró en el castillo de Canossa. Gregorio, como sacerdote, no podía negarle el perdón. Tras tres días de penitencia y lamentaciones a las puertas del castillo, bajo la nieve, Enrique obtuvo el perdón papal. Vuelto a Alemania, el emperador sofocó la revuelta, convocó un sínodo que destronó a Gregorio y nombró un antipapa. Comenzaba así la fase más aguda y violenta de la disputa de las investiduras, que debía terminar con la aceptación de las principales tesis de Gregorio VII, cincuenta años más tarde, en el concordato de Worms.

Vuelve a ser una ironía de la Historia, como señala Holland, que el concepto mismo de sociedad secular y su aparición en Europa se deban a un papa que revolucionó su tiempo en busca de la autonomía de la Iglesia.

EL NACIMIENTO DEL PENSAMIENTO INDEPENDIENTE

En una entrevista publicada en La Vanguardia el 23 de septiembre de 2012, Enric Juliana, quien saldrá varias veces en este libro, le preguntó al cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano: «Eminencia ¿existe un gen católico en la crisis europea?». Juliana se refería, por supuesto, a que la crisis europea actual ha golpeado con particular severidad a Irlanda, Portugal, España, Italia y Grecia (el orden es mío y corresponde al sentido contrario al de las agujas del reloj), países todos ellos de tradición católica con la excepción de la ortodoxa Grecia. La respuesta del cardenal fue antológica: «La tesis que quiere hallar un factor histórico y cultural en las primas de riesgo […] no sólo no es históricamente justificable sino que además corre el riesgo de llegar a ser un pretexto para no buscar las soluciones adecuadas». ¿Y cuáles son, según el cardenal, las soluciones adecuadas? Sigamos con la entrevista. «Lo que seguramente tienen en común los Estados que ahora están sufriendo más es la falta de confianza, con el predominio de un miedo general ante el futuro. Uno de los problemas de base y muy dramáticos es el bajo índice de natalidad. La disminución de los nacimientos plantea serios interrogantes sobre quién podrá en el futuro pagar las deudas de algunos países, favoreciendo así las incertidumbres y las tensiones de los mercados. La crisis no puede ser por tanto afrontada sólo con soluciones técnicas y paliativas. Es necesaria una reflexión antropológica más profunda.»

Más allá del fino lenguaje diplomático ¿qué es lo que realmente está diciendo Bertone? No hace falta ser muy perspicaz para apreciar que el cardenal está atribuyendo la actual crisis europea a la caída de los índices de natalidad y que «una reflexión antropológica más profunda» debería llevar a la «solución adecuada»: ¿la prohibición de los anticonceptivos? ¡Celestial diagnóstico! ¡Sublime remedio!

La deposición intelectual del purpurado, publicada a doble página y con gran fanfarria por el rotativo barcelonés, ilustra a las claras que sí hay un componente de tradición religiosa en el diferente impacto que la crisis está teniendo entre los países del norte y los del sur de Europa. A ningún protestante se le hubiera pasado por la cabeza decir algo semejante. Este componente no es, desde luego, un gen, pero bien podría ser un meme, término utilizado por Richard Dawkins⁹ para referirse a las unidades de información y transmisión cultural entre individuos y entre generaciones. En lo que sigue de este epígrafe, argumento que este meme sí existe y que, además, es protestante.

El tándem Martín Lutero-Johannes Gutenberg fue decisivo para hacer avanzar a la Historia. En 1517 Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus célebres noventa y cinco tesis contra la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Las tesis, que se difundieron como la pólvora gracias a la imprenta, iban mucho más allá de la crítica a este lucrativo negocio y planteaban serias discrepancias teológicas con la doctrina oficial de la Iglesia católica. Fueron el comienzo de un acelerado proceso que acabó conociéndose como la Reforma protestante. Para muchos, como por ejemplo Hegel y Max Weber, la Reforma es el momento estelar de la humanidad.

Una de las discrepancias teológicas esenciales de Lutero con la Iglesia católica hace referencia al papel de intermediario exclusivo que ésta se atribuye en la comunicación con Dios. A los efectos de este libro, que no es un libro de teología, esta discrepancia es la única que nos interesa. La comunicación entre alguien, por ejemplo entre A y B, puede darse en dos sentidos: de A a B y de B a A. La Iglesia católica siempre animó a sus fieles a hablarle a Dios directamente mediante la oración —es el sentido fácil, porque para que funcione basta con tener fe en que Dios está escuchando—, pero se reservó con carácter exclusivo el sentido difícil, a saber, la comunicación de Dios con los fieles. Es el sentido difícil porque, por más que uno escuche, rara vez se oye nada y, si se oye, mejor callarse, a riesgo de acabar en la hoguera o en el frenopático. Una solución a este problema la da el carácter de «concesionario exclusivo» del canal de comunicación divino que se ha otorgado la Iglesia desde tiempo inmemorial: Dios habla al hombre solamente a través del magisterio de la Santa Madre Iglesia. A Lutero se le ocurrió otra solución. Basándose en sus estudios bíblicos, proclamó que todos los fieles son sacerdotes sin necesidad de recibir ningún tipo de ordenación eclesiástica, que todos ellos pueden acceder directamente al mensaje divino mediante la lectura de la Biblia y que el papa no tiene ninguna autoridad especial sobre el conjunto de la Cristiandad. En un lenguaje más actual, Lutero descubrió cómo piratear el canal de comunicación divino que, hasta entonces, era monopolio de la Iglesia. Este hecho trascendental es el origen del meme protestante, que es el que dificulta la permanencia en la zona del euro a los países de tradición católica u ortodoxa.

Para que Dios le hable a uno, según Lutero, hay que leer la Biblia y decidir en conciencia cuál es el mensaje. Para que eso sea posible, hacen falta tres cosas. Para empezar, hay que saber leer. En segundo lugar, hay que poder pensar con independencia. Por último, hay que poder decidir en conciencia. Estos son los tres elementos que marcan el nacimiento del pensamiento independiente, que se desarrolla en una sociedad que ya era individualista y que ya había comenzado a secularizarse, tal como se ha discutido en los epígrafes anteriores de este capítulo.

Las tasas de alfabetización (como es lógico, más en lectura que en escritura) en los países protestantes crecieron muy rápidamente. La ley eclesiástica sueca de 1686, por ejemplo, obligaba a la población a aprender a leer y ya finales del siglo XVIII en Suecia (que por aquel entonces incluía a Finlandia y a Estonia) casi el 100 por cien de la población podía hacerlo. Y no sólo leer: también podían pensar con independencia y decidir en conciencia. En esas fechas Suecia era muy pobre, más pobre que su contemporáneo Marruecos, pero tenía mucho más capital humano. Y a largo plazo ya se sabe: no hay más riqueza de las naciones que la riqueza de las nociones. Suecia es ahora uno de los países más ricos y con mayor nivel de bienestar social del mundo.

Suecia es un caso extremo, es cierto, pero la alfabetización, el espíritu emprendedor, la innovación, la ciencia y las humanidades —actividades para las que es necesario un espíritu independiente, informado y crítico— avanzaron mucho más deprisa en los países protestantes que en los países que, como España, quedaron bajo el férreo control ideológico de la Iglesia católica. España se quedó descolgada de la Historia en el siglo XVI y los intentos de volver a incorporarse a ella, como veremos en la segunda parte de este libro, fueron todos tímidos y, en buena medida, frustrados.

El problema fundamental de diseño de la zona del euro es que en ella conviven países con productividad muy alta, porque tienen mucho capital humano, con países de productividad más baja, porque tienen menos capital humano. Antes del euro, los segundos devaluaban periódicamente sus monedas respecto a los primeros para restaurar, vía costes nominales, la competitividad que iban perdiendo a lo largo del ciclo económico. Ahora, con el euro, no pueden devaluar. Éste es el verdadero origen de la actual crisis del euro: las grandes diferencias de capital humano entre los Estados miembros.¹⁰ La tesis principal de este libro es que si estas diferencias no se cierran, la unión monetaria es inviable a largo plazo y acabará conociendo una crisis definitiva.

Pero el cardenal Bertone piensa que el origen de este problema está en la caída de la natalidad y que la solución pasa por la prohibición de los anticonceptivos. Uno podría exclamar aquello de ¡vivir para ver! si no hubiese estado viendo lo mismo durante los últimos quinientos años.

EL TRIUNFO DEFINITIVO DE UN PROGRAMA RADICAL

El movimiento ilustrado de los siglos XVII y XVIII —al que España, descolgada ya de la Historia, fue en buena medida ajena—¹¹ conoció multitud de corrientes de pensamiento y de variantes nacionales. A pesar de esta rica variedad y a los efectos de este libro, que no es un libro de historia del pensamiento, conviene agrupar todas estas corrientes y variedades en dos grandes categorías: un movimiento radical y un movimiento moderado. En esto sigo la división propuesta por Jonathan Israel¹² que, en mi opinión, se convertirá en canónica si es que no lo es ya, a pesar de lo reciente de la obra.

El movimiento radical tuvo sus comienzos a finales del siglo XVII en Holanda. Inicialmente inspirado por la obra de Descartes y Hobbes, obtiene de Spinoza su máxima aportación filosófica. En la Ilustración fue un movimiento minoritario, subversivo, clandestino en sus inicios, mayoritariamente ateo, con un programa increíblemente revolucionario, claro y explícito tanto en el ámbito intelectual como en el de la acción política. Siguiendo a Israel, los puntos principales del programa radical fueron:¹³ democracia; igualdad entre razas y géneros; libertad de los individuos para elegir su tipo y estilo de vida; total libertad de pensamiento, expresión y prensa; exclusión de la autoridad religiosa del proceso legislativo y del sistema educativo, y separación completa de Iglesia y Estado. Estos puntos emanan del principio básico de que todos los individuos tienen las mismas necesidades básicas, derechos y dignidad independientemente de sus creencias, religión, posición social o etnia. Por tanto, todos deberían ser tratados de la misma manera. Todos los humanos tienen derecho a perseguir la felicidad siguiendo su propio criterio y nadie puede obligarles a seguir una ruta predeterminada por alguna autoridad política o religiosa.

Desde la perspectiva del siglo XXI, el programa de la Ilustración radical parece un resumen de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y una descripción actual de las sociedades occidentales más avanzadas, aunque su grado de aplicación en otras es desigual. En España, por ejemplo, el programa radical todavía no se cumple en su totalidad: una parte del sistema educativo es todavía utilizada para el adoctrinamiento religioso de la Iglesia católica con subvención de todos los contribuyentes. En cualquier caso, a finales del siglo XVII, el programa era el producto visionario de una minoría radical. Pasaría más de un siglo hasta que comenzara a plasmarse en documentos políticos. En 1789, en los inicios de la Revolución francesa, la Asamblea Nacional Constituyente proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, declaración que se complementaría en 1791, de forma no oficial, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana redactada por Olympe de Gouges. El lema liberté, égalité, fraternité, asociado frecuentemente a la Revolución francesa, pero que no se consolidó hasta la Comuna de París en 1871, es conceptualmente mucho más complejo porque combina dos expresiones de derechos, libertad e igualdad, con una obligación moral, fraternidad, no contemplada inicialmente en el programa ilustrado radical. La tensión entre los tres conceptos del lema oficial de Francia sigue siendo un problema no resuelto en las actuales sociedades occidentales que, si bien han hecho grandes progresos en materia de desarrollo de la libertad negativa, algo que puede hacerse a través de la Ley, no han conseguido vías efectivas para insertar a los individuos abstractos en las colectividades concretas, algo que no puede hacerse a través de la ley y a lo que hace referencia el concepto de fraternidad.¹⁴ Volveremos sobre este tema en el siguiente epígrafe.

Fueron ilustrados radicales Spinoza, Diderot, d’Holbach, Helvétius, Condorcet y Paine, entre muchos otros. En España no hubo ilustrados radicales de nota, aunque hay evidencia de que panfletos de esta ideología circulaban clandestinamente, traducidos al castellano, en determinados círculos españoles. La Inquisición nunca distinguió de manera efectiva entre radicales y moderados, ocupada como estaba en perseguir a estos últimos, que eran mucho más numerosos y ocupaban posiciones sociales y políticas mucho más relevantes.

El movimiento ilustrado mayoritario fue el moderado. Al contrario que el movimiento radical, que era revolucionario, el movimiento moderado era reformista. Las diferencias entre ambos movimientos eran profundas, incluso a nivel filosófico. Los radicales partían de la concepción monista de Spinoza según la cual existe una única substancia que incluye todo lo espiritual —alma y mente— y también todo lo material —cuerpo y naturaleza—. Los moderados partían de una concepción dualista: alma y mente, por una parte, y cuerpo y materia, por otra, tienen substancias distintas. El monismo lleva a considerar que cuerpo y mente, Dios y naturaleza, son lo mismo y que, por tanto, no puede haber un orden divino distinto al orden que propugna la razón. A los radicales, por tanto, no les hacía ninguna falta hablar con Dios —porque consideran que ya disponen de la razón— y eso no les hace necesariamente ateos, aunque en su mayoría lo fueran. Esto supone un cambio de paradigma fundamental respecto al que inspiró el programa de Lutero en el siglo XVI, orientado como estaba a conseguir que todo el mundo pudiese hablar con Dios. Los moderados, en su dualismo, necesitan un orden divino, o trascendental, lo que les lleva a postular un equilibrio entre razón y tradición y a ser reformistas. La mayoría de los puntos del programa radical eran incompatibles con las concepciones básicas de los moderados, que nunca pretendieron cambiar el orden social existente.

Fueron ilustrados moderados, entre muchos otros, Voltaire, Rousseau, Hume, Kant y el marqués de Sade. En España, fueron moderados los ilustrados más conocidos: Aranda, Campomanes, Jovellanos e, incluso, Pablo de Olavide.

Estrictamente, puede defenderse que la Historia, entendida como el proceso espiritual que lleva a Occidente a una sociedad igualitaria y no basada en ningún orden divino o trascendental, termina con el triunfo del programa ilustrado radical. Quedan, eso sí, asignaturas pendientes, problemas que pueden ya atisbarse desde nuestra cultura actual, especialmente cómo integrar la fraternité en el paradigma de libertad negativa enmarcado por la liberté y la égalité. No parece, a priori, que eso pueda hacerse desde el estadio presente de la civilización occidental. En cualquier caso, tal y como veremos en el capítulo 3 de este libro, la Historia ha terminado, tanto en su definición estrictamente hegeliana —el desenvolvimiento de la conciencia de la libertad— como en otras definiciones alternativas que tienen sentido desde nuestra perspectiva actual. Este capítulo podría, por tanto, terminar aquí. Pero vale la pena añadirle un epígrafe más sobre un importante desarrollo postHistórico que ayuda a clasificar muchos malentendidos, en boga desde hace más de un siglo, sobre la salud y el vigor de Occidente.

OCCIDENTE HACE AUTOCRÍTICA

Otra de las características de Occidente —y no la menos importante— es que es una civilización que ha sido capaz de hacer autocrítica. De hecho, ha sido la única. Esto es visto por muchos como una muestra de decadencia y de debilidad. No comparto esa opinión, a la que creo que le falta perspectiva Histórica. La autocrítica de Occidente ha sido profunda, cruel hasta el punto de matar a Dios, pero eso no es, en mi opinión, muestra de debilidad sino, como veremos a continuación, de fortaleza.

Volvamos a la tríada liberté, égalité, fraternité. Tanto la libertad como la igualdad son derechos que un Estado liberal —que es un Estado igualitario no basado en orden trascendente alguno— garantiza al ciudadano por ley. Nadie, por ejemplo, puede entrar en mi conciencia ni yo puedo entrar en la conciencia de nadie. Son derechos concretos que tiene el individuo abstracto, o ciudadano, de las sociedades occidentales. Por otra parte, no hay ni puede haber una ley que obligue a un individuo concreto a ser fraternal. Una ley puede obligarle a circular por la derecha, a respetar la igualdad de género o a contener sus deseos de matar a alguien, pero no puede obligarle a la fraternidad, porque nadie puede entrar en su conciencia. Este problema está en la raíz del descubrimiento de la muerte de Dios por parte de algunos filósofos idealistas alemanes, particularmente Friedrich Nietzsche a finales del siglo XIX.

La libertad y la igualdad son conceptos Históricos. En la historia, con minúscula, son inéditos hasta la Ilustración. La libertad y la igualdad adquieren sentido solamente en el Estado liberal, que, al no estar basado en ningún orden divino, tiene que admitir todas las conciencias subjetivas, porque todas son iguales, pero no debe permitir que ninguna de ellas se sitúe por encima o al margen de la ley. La fraternidad, la solidaridad, la abnegación, el patriotismo, entre otras virtudes morales, no son productos de la Historia: han estado presentes en todas las civilizaciones conocidas por la humanidad. Su fundamento ha sido el orden divino, o trascendente, inspirador del orden social: «amaos los unos a los otros», por ejemplo. Estas virtudes, que en todas las demás civilizaciones han sido vertebradoras de lo público, en la civilización occidental han pasado, irremediablemente, a la esfera privada. Occidente no es capaz de generar un sistema de valores que vaya más allá de la ley, un sistema de valores que oriente al individuo concreto sobre cómo debe ser.

Esto es, precisamente, la muerte de Dios. El desgarro del individuo concreto provocado por vivir en una sociedad que no puede darle un sistema de valores del que extraer orientaciones morales lleva al loco de Nietzsche a exclamar «Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado […]. El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos ¿Quién limpiará esa sangre de nosotros? ¿Qué agua nos limpiará?[…]»¹⁵

La autocrítica de Occidente surge de la comprensión del problema que origina la muerte de Dios. Sin un sistema de valores, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Qué es verdadero y qué es falso? ¿Qué es real y qué no lo es? Así se puede llegar al relativismo más corrosivo. «No hay hechos, sólo interpretaciones», apostilló Nietzsche.

Como acertadamente señaló G.K. Chesterton, el problema de los que dejan de creer en Dios no es que acaben no creyendo en nada, sino que acaban creyendo en cualquier cosa. Éste es el problema al que tiene que hacer frente la civilización occidental. Tiene que evitar que el desgarro entre lo público y lo privado le lleve a intentar superarlo creyendo en cualquier cosa. El impacto de la autocrítica hecha por el relativismo, el perspectivismo, el eliminativismo, el deconstructivismo y otras escuelas de pensamiento ha sido muy profundo, como no podía ser de otra manera. Pero ha tenido, como toda autocrítica, un efecto muy positivo, que es que, al provocar un distanciamiento de la propia realidad, posibilita un mayor conocimiento de la misma y, a partir de ahí, una mayor aceptación. El marco definido por el programa máximo de la Ilustración radical tiene que ser irrenunciable. Esto es la esencia de Occidente. A partir de ahí hay que aceptar que, en la sociedad igualitaria no basada en órdenes trascendentes, no puede haber un sistema de valores morales público que vaya más allá del marco de libertad negativa que disfrutan los ciudadanos. Que no es poco. El resto pertenece a la esfera privada. Para siempre. Esa es la verdadera fortaleza de Occidente, lo que le permite ser la única civilización inclusiva que ha surgido sobre la faz de la tierra desde el Imperio romano. Desde que se implantó el Estado liberal han emigrado a Occidente cientos de millones de personas, de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las etnias. Lo sorprendente de ese proceso no han sido los episodios de tensión étnica o religiosa, que los ha habido. No. Lo sorprendente ha sido que estos episodios hayan sido tan escasos en número y en víctimas. No hay más que mirar a la historia. Si Occidente se mantiene firme en no creer en nada —tras la muerte de Dios es lo mejor que se puede hacer— y en defender sin relativismos el Estado liberal, seguirá siendo la civilización de referencia en el mundo durante mucho tiempo. Los profetas de la decadencia de Occidente o del declive del imperio americano no pueden ser tomados en serio: son personas que no han podido superar la muerte de Dios y están más inspirados por sus desgarros personales que por un análisis serio de la salud de la civilización occidental.

El carácter inclusivo del Estado liberal trae a la memoria el comentario de Gibbon sobre el carácter inclusivo de la religión romana, que asimilaba las religiones de los países conquistados de modo que «el pueblo las consideraba todas igualmente verdaderas; los filósofos, todas igualmente falsas, y los magistrados, todas igualmente útiles».¹⁶ Así debe continuar Occidente para que la humanidad siga prosperando.

CAPÍTULO 2

GUERRA, NACIÓN Y ESTADO

Este capítulo, al igual que todos los demás, salvo el último, de la primera parte de este libro, es un capítulo instrumental. El objetivo de estos capítulos es desplegar los instrumentos analíticos necesarios para poder hacer, en primer lugar, un ejercicio de prospectiva sobre el futuro de la civilización occidental y del resto del mundo. En segundo lugar, estos capítulos conforman los cimientos sobre los que se construye el discurso de las otras dos partes del libro, las que tratan específicamente sobre España.

¿Por qué la guerra? Porque sin la guerra todavía seríamos monos. Este capítulo trata de la compleja relación entre la guerra, la ley constitucional, la historia y la Historia. Es fundamental no sólo para hacerse una idea cabal del final de esta última, sino también para la prospectiva del mundo futuro al que España se tendrá que adaptar. Siguiendo la metodología del capítulo anterior, adoptaremos una perspectiva histórica para abordar las complejidades de la mencionada relación. A los efectos de este libro, que no es un libro de historia militar, seremos muy selectivos, haciendo una gran elipsis entre el Neolítico y la guerra de los Treinta Años, para centrarnos en los episodios que más iluminan el papel de la guerra en la consolidación de los Estados-nación modernos y en el significado de la caída del muro de Berlín en 1989.

UNA INTERPRETACIÓN MILITAR DE LA REVOLUCIÓN NEOLÍTICA

Así como el zigoto contiene toda la información genética del futuro ser humano, cuyo posterior nacimiento, crecimiento y madurez son, no obstante, motivo de asombro y encontradas emociones, así la Revolución neolítica encarna de manera embrionaria la relación entre la guerra, las instituciones políticas y la historia, relación cuyo desarrollo posterior no deja de sorprender, fascinar y conmover.

La guerra, terrible como es, está en el origen mismo de la civilización. Esta última es la consecuencia de una escalada militar, la primera en la historia, causada por la transformación en agricultores y ganaderos de los antiguos recolectores y cazadores. Hace unos 10.000 años, cuando terminó la última glaciación, la mejoría climática permitió una de las revoluciones más trascendentales de la historia del hombre. Tras haber andado erguido durante 4 millones de años, como relata Francisco Comín, «el que había sido, como el chimpancé, un primate tímido, esquivo, depredador y asesino, que se dedicaba a cazar y a luchar para procurarse el sustento, asociado en bandas nómadas de parientes cercanos, […] decidió hacerse sedentario para especializarse en el pastoreo de rebaños y el cultivo de la tierra, como medio de ganarse la vida».¹ Empezaba la Revolución neolítica, que transformó radicalmente la economía y la vida de la humanidad. Aparecieron los pueblos, las ciudades, la escritura, la política… Habría que esperar casi 10.000 años más, hasta la Revolución industrial del siglo XVIII, para encontrar otro cambio de semejante trascendencia.

Los homínidos de hace 2,5 millones de años descubrieron cómo afilar una piedra de sílex para hacer un cuchillo. Tuvo que transcurrir un millón de años más para que a alguien se le ocurriera darle la vuelta a la piedra y afilar también el otro lado para hacer una punta de lanza. La Revolución neolítica tardó tan sólo una ínfima fracción de ese tiempo en levantar ciudades, escribir documentos y movilizar ejércitos. Es cierto que la base genética del género humano, a base de echarle millones de años a la evolución, había mejorado mucho, pero no todo puede explicarse por el cambio genético. Cuando se contempla la enormidad de los descubrimientos tecnológicos y de los desarrollos económicos, sociales y políticos que tuvieron lugar en el Neolítico, es difícil de escapar a la impresión de que el hombre neolítico actuaba bajo presión; de que, en cierto modo, tenía prisa.

¿Qué prisa? Siempre inspirándonos en Comín, podemos aventurar el siguiente relato. La mejor defensa de un grupo nómada de cazadores y recolectores, cuando pintan bastos, es la movilidad y la velocidad en la huida. En la fuga no dejan tras de sí casi nada de valor económico, porque casi nada poseen, salvo algunos utensilios de piedra tallada. Esta situación cambia de manera radical cuando, por razones de presión demográfica, los humanos deciden practicar la agricultura —cuyas técnicas básicas conocían desde hacía mucho tiempo—, porque permite producir muchas más calorías por metro cuadrado que la caza, y la recolección, aunque sea a costa de aumentar el trabajo, de reducir la variedad y riqueza nutriente de la dieta y de quedar expuesto a crisis alimentarias. La agricultura produce excedentes que deben almacenarse y, por tanto, defenderse, mientras que los rebaños no son la mejor compañía en una fuga precipitada. Agricultura y ganadería, con la consiguiente acumulación de riqueza, requieren vida sedentaria y capacidad defensiva sobre el terreno. Nacen las aldeas, que se rodean de empalizadas. Pero las empalizadas pueden destruirse y las aldeas saquearse si las fuerzas atacantes son lo suficientemente numerosas. Surgen entonces las ciudades y se rodean de murallas. Y vuelve a reproducirse el mismo problema de tamaño, sólo que a mayor escala. No hay muralla que resista a una fuerza lo suficientemente grande. Y las murallas crecen en altura y longitud, envolviendo recintos cada vez mayores. Son, con las empalizadas, los primeros ejemplos de bien público: nadie en su interior, incluso los que no han contribuido a su construcción o a su defensa, puede ser excluido de sus beneficios protectores. Y, como con todo bien público, surge el problema de los que, no habiendo contribuido, se aprovechan de él, los conocidos como free riders. Por tanto se hace necesaria una autoridad que controle esa situación. Y surge la política. La escalada militar ha llevado a la civilización. La historia está servida.

UNA CONCISA TEORÍA DE LA GUERRA

Los animales luchan, pero no guerrean. Como dice Bobbitt «la guerra es un acto creativo del hombre civilizado que tiene consecuencias importantes para el resto de la cultura humana, incluidos los festivales por la paz».²

Para Clausewitz,³ la estrategia militar responde a una definición y a dos axiomas.⁴ Tanto la primera como los segundos son descriptivos del sentido, de la naturaleza y de la lógica de la guerra. La definición es de general conocimiento: «La guerra es la continuación de la política por otros medios». Es una definición importante, que pone de manifiesto el sentido y las limitaciones de la estrategia militar. La estrategia militar tiene sentido en la medida en que está orientada a hacer prevalecer la voluntad política, voluntad que puede ir, por ejemplo, desde la captura de prisioneros para la celebración de ceremonias religiosas con sacrificios humanos —objetivo habitual de la actividad bélica en el México precolombino— hasta la anexión territorial, objetivo frecuente de las guerras europeas del siglo XVIII. Además, la definición pone de manifiesto que la estrategia militar debe estar limitada por la política. No tendría sentido, por ejemplo, exterminar a todos los miembros de una tribu enemiga si el objetivo de las hostilidades es hacer prisioneros para inmolarlos en la próxima ronda de sacrificios: habrá en el futuro más sacrificios para los que serán necesarios más prisioneros. Sin embargo, como dijo una vez Napoleón, «ningún plan de batalla resiste el primer contacto con el enemigo».⁵ En el fragor de la batalla puede ocurrir cualquier cosa, especialmente si el enemigo opone mayor resistencia que la esperada, forzando al otro bando a escalar su agresividad. Se sabe, en el mejor de los casos, cómo empiezan las guerras, pero nunca cómo acaban. La tribu enemiga puede terminar exterminada, a pesar de que éste no fuese el plan inicial, con la consiguiente complicación para la búsqueda de víctimas para futuros sacrificios.

La naturaleza y la lógica de la guerra, con sus contradicciones internas, quedan descritas por los dos axiomas. El primero establece la escalada a los extremos. El objetivo propio de la estrategia militar es desarmar al enemigo para doblegar su voluntad, de modo que la política pueda conseguir sus objetivos. El dilema de la guerra es desarmar o ser desarmado. Enfrentados en batalla, en la que no hay pasado ni futuro, sólo presente, la lógica de la guerra llama a la violencia ilimitada para conseguir este objetivo binario conocido como victoria. La escalada de violencia para conseguirla llevaría siempre a una lucha a muerte.

Sin embargo la lucha a muerte es la excepción, no la norma, en la historia. Ello se debe a la asimetría introducida entre ataque y defensa por el segundo axioma, que establece la superioridad de la última. Siguiendo a Glucksmann,⁶ «a igualdad de fuerzas, la defensa siempre tiene ventaja, porque el espacio —cercanía de la retaguardia, alianzas…— y el tiempo —movilización cada vez más radical— actúan en su favor». La asimetría entre la defensa y el ataque permite a la primera equilibrar fuerzas superiores de la segunda y, por tanto, establece un límite a la escalada a los extremos postulada por el primer axioma.

Con estos tres mimbres —definición y axiomas— la teoría de la guerra se configura de la manera siguiente:

• La guerra es el instrumento para obtener determinados objetivos políticos. Esto orienta y, a priori, limita la acción militar.

• El objetivo de la estrategia militar es desarmar al enemigo para que la política pueda conseguir sus objetivos.

• El carácter binario de la victoria provoca que la acción militar tienda a escalar a los extremos de máxima violencia para desarmar al enemigo, independientemente de la naturaleza y ambición de los objetivos de la política.

• La superioridad de la defensa sobre el ataque limita de manera efectiva la deriva de la acción militar hacia la escalada a los extremos.

BREVE HISTORIA DE LAS GUERRAS EPOCALES⁷ DESDE LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS

Como señala Bobbitt,⁸ las relaciones entre la guerra, el orden institucional y la historia no parecen estar, a priori, claras. Sin embargo, abundan los ejemplos en los que novedades en uno de los términos de la tríada desencadenan cambios en los demás. La victoria aliada sobre Alemania y Japón en 1945, por ejemplo, provocó cambios radicales en la ley constitucional de estos dos países. A esto, como dice Bobbitt, «le llamamos historia».

Menos familiares para el gran público son los efectos de los cambios en el orden político sobre la estrategia militar pero, a los efectos de este libro, son quizá los más importantes. El ejemplo más célebre, que veremos con detalle más adelante en este mismo epígrafe, es el uso del concepto de Estado-nación surgido de la Revolución francesa para provocar un cambio cualitativo en la estrategia militar que hizo invencibles a los ejércitos de Napoleón. Invencibles hasta que sus enemigos adoptaron el mismo concepto de nación para escalar su estrategia. Es un lugar común que los ejércitos de napoleónicos trasportaron las ideas de la Revolución francesa al resto de Europa. En realidad no lo hicieron directamente, sino que los países enfrentados a Napoleón no tuvieron más remedio que afrancesar su idea de nación para escalar su estrategia militar. De nuevo, una vez más desde el Neolítico, una escalada militar impulsó inmensos cambios ideológicos, sociales, políticos y económicos. A esto también le llamamos historia.

Hasta la Paz de Westfalia

En las guerras epocales se dirime la forma de organización política dominante de la época. Por lo general la victoria final cae del lado de los países cuyas instituciones son más eficientes para la movilización de recursos bélicos, es decir, para dar una interpretación históricamente novedosa del primer axioma mencionado en el epígrafe anterior. La guerra de los Treinta Años, que terminó con la Paz de Westfalia en 1648, fue una guerra epocal en la que se dirimió, como en todas las guerras epocales desde la guerra del Peloponeso, la forma dominante de Estado en Europa. Las alternativas eran los principados, por una parte, y las monarquías absolutas, por la otra. Los primeros se agrupaban bajo las dinastías de los Habsburgo en Alemania y España. Los segundos tenían como referentes a Francia y a Suecia. La guerra de los Treinta Años terminó con la derrota de los Habsburgo y la consolidación de las monarquías absolutas. Una importante razón para la derrota de los Habsburgo fue la inferioridad de sus instituciones políticas para financiar campañas militares prolongadas y caras. Ni el emperador ni el rey de España eran monarcas absolutos en el sentido contemporáneo de la palabra. Su autoridad estaba muy limitada a la hora de recaudar impuestos en sus territorios,⁹ situación que acabó decidiendo la suerte en los campos de batalla.

La Paz de Westfalia consagró la integridad territorial como el principio que determina la soberanía del Estado, en contraposición a la concepción feudal de que territorios y pueblos eran patrimonio transmisible por vía hereditaria. En otras palabras, reemplazó la visión de un imperio europeo dinástico por la de una constelación de monarquías absolutas. Echaba a andar el Estado-nación.

Hasta el Tratado de Utrecht

La siguiente guerra epocal tuvo lugar entre la toma del poder por Luis XIV en 1654 («l’état, c’est moi») y el Tratado de Utrecht en 1713. Esta guerra conoció la expansión de Francia, primero, y su contención por las potencias europeas, después, durante el largo reinado de Luis XIV. En ella se dirimió la dominancia entre la monarquía absoluta y el Estado territorial, entendido éste como aquel que tiene soberanía sobre un territorio con fronteras bien definidas y que ha desarrollado unas instituciones que hacen innecesaria la monarquía absoluta para que el Estado funcione eficientemente. Los ejemplos de la época son Holanda e Inglaterra. La guerra terminó sellando la hegemonía de estos últimos, que habían desarrollado una base institucional inclusiva, lo que permitía aportar una mayor financiación a la estrategia militar y dar más base social al esfuerzo bélico. Otra vez una novedosa organización política e institucional demostraba en la historia su superioridad en el campo de batalla. No es casual la sincronía entre el desarrollo del Estado territorial de amplia base inclusiva y el nacimiento de la Ilustración en su versión radical en la misma zona de Holanda en la segunda mitad del siglo XVII. En realidad son dos manifestaciones, política e intelectual, de un mismo proceso social. La historia y la Historia caminan de la mano.

Episodios bélicos notables de esta guerra epocal fueron la guerra de Devolución (1667-1668) y la guerra de los Países Bajos (1672-1679) —que afianzaron la hegemonía de Francia en Europa— y la guerra de Sucesión española (1701-1713) tras la que, a pesar de que Felipe de Anjou, el candidato francés, accedió a la corona española en detrimento del archiduque Carlos, Francia salió debilitada y arruinada por el alto coste de la confrontación. La corona de España sufrió importantes pérdidas territoriales, hizo grandes concesiones económicas, sobre todo a Inglaterra, y pasó a ocupar un lugar secundario, definitivamente, en el concierto de las potencias europeas.

La paz o Tratado de Utrecht consagraba la idea del equilibrio de poderes entre los Estados europeos, ya apuntada de manera incipiente en la Paz de Westfalia. Este equilibrio era el objetivo explícito del régimen que surgió del Tratado, que tenía el compromiso expreso de respetar la estabilidad de los Estados firmantes. Este compromiso era compatible con ajustes territoriales marginales, que no pusieran en peligro la estabilidad de los Estados. Para estos ajustes, el Tratado otorgaba legitimidad a la guerra como medio de dirimir conflictos territoriales limitados. En el marco de estas previsiones del Tratado, las guerras del siglo XVIII tras la Paz de Utrecht fueron de muy baja intensidad, sobre todo comparadas con las batallas de la guerra de Sucesión española, que fueron cruentísimas. Así, por ejemplo, hubo decenas de miles de bajas en cada una de las batallas de Ramillies (1706), Oudenaarde (1708) y Malplaquet (1709), en las que el duque de Marlborough y el príncipe Eugenio de Saboya derrotaron a los franceses. En ese mismo año, como señala Bobbitt, fue invadida Francia y en el durísimo invierno murieron de hambre innumerables campesinos franceses. Nada similar volvió a ocurrir en los siguientes tres cuartos de siglo, en los que el Tratado de Utrecht funcionó como una sociedad de naciones: los Estados firmantes redujeron el tamaño de sus ejércitos y sanearon sus haciendas públicas, muy deterioradas tras el esfuerzo de la guerra de Sucesión española.

Hasta Santa Elena

La guerra epocal desencadenada por la Revolución francesa y su secuela napoleónica dirimió la supremacía entre el Estado territorial y el Estado-nación, entendido este último como aquel que es capaz de poner a una nación al servicio de sus objetivos, de modo que puede acceder a las rentas, al trabajo y al talento de todas las personas de su territorio.¹⁰ El Estado-nación napoleónico es el ejemplo por excelencia de este nuevo orden político. En 1793, Francia estaba asediada por la alianza formada por Inglaterra, Holanda, España, Portugal, Prusia, Austria y otros Estados menores —la llamada Primera Coalición—. La fuerza combinada de estas potencias era formidable. Para contrarrestarla, la Convención aprobó el 23 de agosto un decreto de movilización general («levée en masse») que supuso una revolución conceptual en el arte de hacer la guerra a la que los enemigos de Francia no podían responder en el corto plazo —de hecho les costó dos décadas adaptarse, hasta que la Cuarta Coalición (1812-1814) acabó derrotando a Napoleón—. No había respuesta posible a corto plazo porque la levée en masse se basaba en el concepto de ciudadano y no en el de súbdito o en el de mercenario, conceptos estos últimos en los que se basaban los ejércitos de la Primera Coalición. La nación era, para los franceses, la comunidad de todos los ciudadanos y todos tenían la obligación de defenderla. De ahí que la movilización general tuviese sentido en Francia y sólo en Francia, puesto que en los demás países europeos los ejércitos eran profesionales, y el pueblo era sujeto pasivo, nunca activo, de la guerra.

El decreto de la Convención movilizaba a toda la población: a los hombres jóvenes, para el combate; a los casados, para la fabricación y transporte de armas; a las mujeres, para confeccionar uniformes y cuidar heridos en los hospitales; a los niños, para recuperar ropa vieja para hacer tejidos nuevos; y a los ancianos, para arengar a los más jóvenes a cumplir con su deber y a mantener la unidad de la República. El ejército francés llegó a tener 1,5 millones de efectivos en 1794. Las campañas de Napoleón contaban con ejércitos de alrededor de 250.000 soldados. Estas cifras contrastan con las de los ejércitos profesionales del siglo XVIII, que raramente superaban los 75.000 hombres, muy disciplinados y bien entrenados, eso sí, para el tipo de guerra limitada que conoció la mayor parte de ese siglo.

La movilización general dio un vuelco a la organización y a la estrategia militar. Las grandes dimensiones de los ejércitos franceses hacían imposible que se pudiesen autosostener sobre el terreno. Para solventar este problema, Francia creó la Intendencia militar, que en muy poco tiempo logró un alto grado de eficiencia. El orden de batalla cambió radicalmente. Los ejércitos tradicionales combatían en línea, formación que exige una gran disciplina de la tropa para soportar el fuego enemigo manteniendo la alineación. Los franceses atacaban en columna, formación que se adecua mejor a tropas bisoñas y con poco entrenamiento. La ferocidad de las batallas dio un salto cualitativo: hubo más bajas en cualquier batalla napoleónica que en todas las batallas del período de 1713 a 1789 juntas.

Una coalición de Estados territoriales tenía todas las de perder frente al imperio napoleónico, no sólo por la superioridad de los ejércitos franceses en el campo de batalla, que era reflejo de la mayor capacidad de movilización de una nación frente a un Estado territorial, sino porque a Napoleón le resultaba fácil romper las coaliciones a base de prometer concesiones territoriales selectivas a algunos de sus miembros. Las razones de esta situación de inferioridad fueron quedando, paulatinamente, claras a las potencias enfrentadas a Napoleón y en 1808, a comienzos de la guerra de la península Ibérica, diversos países europeos habían dado ya pasos acelerados para dar una base nacional a sus esfuerzos bélicos. Como señala Bobbitt, Napoleón había pasado de luchar contra Gobiernos a luchar contra naciones. El Estado-nación se había extendido por Europa como consecuencia de una necesaria escalada militar.

Hasta la primera guerra mundial

La escalada militar siguió en Europa después del Congreso de Viena en 1815, a pesar de que no volvió a haber guerras generalizadas hasta 1914. Esta escalada generó cambios muy importantes en la relación de la nación con el Estado. Para analizar estos cambios, vale la pena volver a tomar un poco de perspectiva histórica. Hasta el siglo XVIII, la estrategia militar tenía como objetivo desarmar al ejército enemigo para conseguir de su Gobierno o de su soberano determinadas concesiones territoriales o políticas. Napoleón cambió esta concepción: sus ejércitos buscaban enfrentarse a un ejército enemigo lo mayor posible en una batalla decisiva para, derrotándole, provocar un cataclismo político, un desplome del Estado. Napoleón no quería concesiones, sino destruir el Estado enemigo para reemplazarlo por un Estado afín. Los Bonaparte y los mariscales de Francia iban siendo coronados a medida que el emperador iba destruyendo Estados. Derrotado Napoleón, las potencias europeas habían tomado buena nota de que la capacidad de movilización de la población era el factor clave para afrontar cualquier guerra futura. La época de los ejércitos profesionales pequeños había concluido.¹¹ Por tanto, para fortalecer la capacidad militar del Estado había que fortalecer a la nación.

La escalada a los extremos de Napoleón siempre había prevalecido sobre el axioma de superioridad de la defensa hasta la invasión de Rusia, donde no pudo entablar la batalla decisiva contra el enemigo. La experiencia rusa de Napoleón había mostrado que, por buena que sea la Intendencia, hay ejércitos demasiado grandes para sobrevivir a miles de kilómetros de la retaguardia si están unidos a ella por azarosas vías de comunicación. Esto contuvo el crecimiento de los ejércitos hasta el desarrollo del ferrocarril en el primer tercio del siglo XIX. Al final de la década de 1840 había ya más de 6.000 kilómetros de vía férrea en Alemania y más de 3.000 kilómetros en Francia. Esto resolvía el problema de las comunicaciones con la retaguardia y permitía una movilización muy rápida de ejércitos muy grandes. En la guerra franco-prusiana de 1870 Francia y Alemania movilizaron a 1 millón y 1,4 millones de personas respectivamente, de las que llegaron a combatir 500.000 en el lado francés y 300.000 en el alemán. Son cifras muy altas para unas hostilidades que duraron apenas dos meses y que ilustran bien el progreso de la capacidad de movilización militar de los Estados-nación europeos desde el Congreso de Viena.

Quedaba por resolver de manera definitiva cómo se fortalecía lo suficiente a la nación, es decir la conciencia nacional de los individuos, para hacer posible levas masivas. Bismarck fue el primero en tener una estrategia para conseguirlo. Para cohesionar la nación puso en marcha medidas para construir lo que hoy en día se conoce como Estado de bienestar. Éstas incluían la escolarización obligatoria, un sistema de pensiones para la vejez, un seguro de enfermedad, el establecimiento de períodos de vacaciones para los obreros, etc. La cobertura de las necesidades militares no era, por supuesto, el único objetivo que se pretendía conseguir. También se pretendía neutralizar la creciente fuerza del movimiento obrero¹² e, incluso, parece ser que el káiser Guillermo II tenía un genuino interés por la mejora de la condición de la clase trabajadora. En cualquier caso, la mayoría de los países europeos acabaron adoptando, en uno u otro grado, medidas similares en lo que, no sin cierta ironía, puede considerarse como una de las carreras de armamento más originales de la historia.

Este proceso llevó a cambios muy profundos en la relación entre el Estado y la nación. Hemos definido anteriormente un Estado-nación como aquel Estado que es capaz de poner a una nación al servicio de sus objetivos. Esta definición no refleja bien lo ocurrido a finales del siglo XIX y en el siglo XX porque en ese período la relación entre Estado y nación se invirtió. Hasta entonces el Estado-nación asumía la misión de defender el interés nacional o general, entendido éste como el del conjunto de la colectividad, no necesariamente la suma de los intereses de los individuos o de los distintos grupos que la conforman. La legitimidad del Estado se derivaba de la defensa de ese interés nacional. Desde finales del siglo XIX, sin embargo, el Estado asume la misión de promover el bienestar de los individuos, y del cumplimiento de esa misión obtiene su legitimidad. Para ello regula y planifica la economía, redistribuye la renta, garantiza la seguridad económica y la provisión masiva de bienes públicos. La naturaleza del Estado vuelve a cambiar. Ahora es la nación la que pone el Estado a su servicio para conseguir sus objetivos. De ahí el término «nación-Estado» acuñado por Bobbitt para reflejar este cambio de legitimidad.

Hasta la caída del muro de Berlín

En términos históricos, el siglo XX fue un siglo corto, de 75 años de duración. Estuvo todo él ocupado por una larga guerra epocal que comenzó en 1914, con la primera guerra mundial, y terminó en 1989, con la victoria definitiva de Occidente en la guerra fría. En esta guerra epocal se dirimió la forma que iba a adoptar la nación-estado para mejor servir al objetivo de maximizar el bienestar de sus ciudadanos. Para diferenciar entre las tres formas de Estado mutuamente excluyentes que provocaron el conflicto —la democracia parlamentaria, el fascismo y el comunismo— conviene utilizar el instrumental expuesto en el capítulo anterior sobre la problemática generada por la muerte de Dios.

La democracia parlamentaria parte del axioma de que cualquier solución que se pretenda dar a la muerte de Dios pertenece a la esfera privada de cada individuo miembro de la sociedad. Como hemos visto en el capítulo anterior, en la tríada liberté, égalité, fraternité, el Estado liberal tiene que renunciar a que la fraternité esté en el ámbito público. Los costes de la renuncia son grandes, entre ellos carecer de un medio civilizatorio público para los individuos concretos. Tanto el fascismo como el comunismo, por el contrario, buscaban dar al problema de la muerte de Dios una solución pública, válida para toda la colectividad: un sistema de valores público que llene el vacío dejado por Dios. Los costes de apostar, en este sentido, por la fraternité son la liberté y, en el caso del fascismo, también la égalité, cuyo ámbito queda reducido a una etnia determinada. Tanto el fascismo como el comunismo fueron movimientos anti-Históricos que renegaron del legado de la Ilustración radical y construyeron Estados basados en postulados morales determinados que establecían cómo debían ser los individuos concretos. Ni la Alemania nazi ni la Unión Soviética contemplaban la existencia de ciudadanos, sino de camaradas, cuyo comportamiento debía ajustarse a un sistema de valores que venía dado por un interés superior. Con este condicionante, los Estados totalitarios buscaban maximizar el bienestar de los individuos y, en este sentido, perseguían el Estado de bienestar, cosa que también hacía el Estado liberal.

Recordemos que, hasta Napoleón, el objetivo de la estrategia militar era desarmar al ejército enemigo para obtener concesiones territoriales o políticas de los Gobiernos o de los soberanos de las potencias derrotadas. El nivel de daño infligido, siempre con el condicionante del primer axioma de Clausewitz, era el mínimo necesario para conseguir este objetivo en el marco de una guerra limitada. Con Napoleón, las cosas cambian: el nuevo objetivo de la estrategia militar es destruir al Estado enemigo. El emperador buscaba una batalla decisiva en la que la derrota del ejército enemigo fuese lo suficientemente cruenta y contundente como para provocar un derrumbe del Estado. La destrucción del Estado enemigo le permitía remplazarlo por otro a su conveniencia. El posterior desarrollo de la nación-Estado tuvo como consecuencia amplificar grandemente los efectos del segundo axioma de Clausewitz: la superioridad de la defensa se vio muy reforzada por el hecho de que toda una nación estuviese dispuesta a respaldar a su Estado hasta las últimas consecuencias. El primer axioma tenía que responder con una escalada y, efectivamente, la escalada se produjo. El objetivo de la estrategia militar volvió a cambiar: para destruir al Estado hay que destruir a la nación enemiga. Aparecen entonces los bombardeos a la población civil, justificados para quebrar la moral de la nación, principal arma defensiva del Estado. Y aparece el arma atómica, la bomba, que pone fin a la escalada militar comenzada en el Neolítico, escalada forjadora de Estados y naciones, partera de la historia y camino de la Historia. Como dice Glucksmann, la bomba pone el orden definitivo en el aparente desorden de la guerra. Puede defenderse, como veremos en el capítulo siguiente, que la Historia termina el 6 de agosto de 1945 con el bombardeo de Hiroshima.

La bomba no acabó con la guerra epocal 1914-1989, pero cambió las reglas del juego. La guerra no podía seguir «en caliente». La guerra fría entre 1945 y 1989 se libró finalmente en el terreno económico, en el marco de una costosísima carrera de armamento que acabó arruinando a la Unión Soviética y demostrando que el modelo comunista no era comparable al occidental en su capacidad de asegurar el bienestar de la población. La raíz de esta inferioridad está, como veremos en el capítulo 4, en la ausencia de destrucción creativa como generadora de innovación y de progreso.

CAPÍTULO 3

EL FIN DE LA HISTORIA Y SUS CONSECUENCIAS

¿Terminó la Historia? Sí. ¿Cuándo? Eso depende. ¿Depende de qué? Pues depende de la definición de Historia que se utilice y de la interpretación que haga de ella el pensador de turno. De hecho, poner fecha al fin de la Historia ha sido uno de las ocupaciones favoritas de los filósofos durante los dos últimos siglos. En este tercer capítulo que, al igual que los dos anteriores, es un capítulo instrumental para fundamentar el ejercicio de prospectiva del capítulo 5, repasaremos algunos de los finales de la Historia más célebres con el propósito de extraer algunas conclusiones que permitan hacer parada y fonda para poder atacar con renovadas fuerzas la prospectiva que culmina la primera parte de este libro. Seguiremos un cierto orden cronológico para ilustrar la diversidad de fechas y, también, para argumentar que, a pesar de esa diversidad, todos los filósofos mencionados, a su manera, aciertan. De ahí la conveniencia de considerar el fin de la Historia no como un acontecimiento puntual, sino como un proceso multidimensional.

LOS DIVERSOS FINALES DE LA MISMA HISTORIA

A continuación pasaremos revista a cuatro versiones del fin de la Historia con el ánimo de ilustrar que una idea cabal de dicho fin tiene que ser, necesariamente, multidimensional y que, además, el final debe entenderse más como un proceso que como un acontecimiento puntual.

El fin de la historia de las ideas

Para Hegel, cuya definición de Historia —«el desenvolvimiento de la conciencia de la libertad»— ha sido mencionada en el capítulo 1, la Historia terminó el día de la batalla de Jena, el 14 de octubre de 1806. Cuenta la anécdota que el filósofo, asomado a su ventana, quedó admirado al ver a Napoleón pasar revista a sus tropas, triunfante tras la batalla. Considerando que los ejércitos franceses habían extendido por Europa el ideario de la Revolución francesa, y que este ideario culminaba la historia de las ideas, aquella misma noche declaró el fin de la Historia. Pero eso es una anécdota superficial, que hace poca justicia a uno de los pensadores más profundos que ha conocido la humanidad. Para Hegel la Historia termina, es verdad, el 14 de octubre de 1806, pero la verdadera causa no es ni la batalla de Jena ni Napoleón. Hay otro acontecimiento, mucho más trascendente, que pone fin a la Historia. Como relata Peter Singer,¹ el día anterior, 13 de octubre, Hegel estaba escribiendo las últimas páginas de su primera obra maestra, la Fenomenología del espíritu.² En el último capítulo, titulado «El saber absoluto», se afirma que dicho saber se alcanza cuando el espíritu llega a la conclusión de que lo que ha estado buscando a lo largo de la Historia es conocerse a sí mismo. La Historia es, precisamente, ese proceso de búsqueda. No hay nada más allá de ese autoconocimiento. La Historia termina en el momento en que el espíritu se encuentra a sí mismo. En sentido estricto, como señala Singer,³ las doce últimas páginas de la Fenomenología no relatan el fin de la Historia, sino que son el fin de la Historia. Es muy fuerte, pero es así: la Historia termina cuando Georg Wilhelm Friedrich Hegel toma conciencia de su culminación.

En cualquier caso, no hace falta ser estrictamente hegeliano ni asumir el idealismo absoluto para admitir que la Historia, entendida como la historia de las ideas, ha terminado. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que no vaya a haber ideas nuevas en el futuro: las habrá y muchas, como se pone de manifiesto en el próximo capítulo. La continuidad del progreso depende de ello. Sin embargo, desde que la Ilustración radical enunció su programa máximo en el siglo XVIII, no ha habido ideas nuevas para superar lo que, tanto entonces como ahora, se entiende como una sociedad igualitaria no basada en orden trascendente alguno. La contradicción entre liberté y égalité, por una parte, y fraternité, por la otra, sigue intacta. Las derrotas del fascismo en 1945 y del comunismo en 1989 no han producido ningún tipo de síntesis hegeliana entre los componentes antagónicos de la tríada. Es más: hay muchos indicios de que la reconciliación en la práctica de la fraternité con el marco del Estado liberal democrático, que se produjo en el siglo XX, ha entrado en una fase de estancamiento, cuando no de franco retroceso. Ello se debe a que el Estado de bienestar ya no tiene el papel clave que tuvo para la estrategia militar en los siglos XIX y XX y, también, a las presiones de la globalización a las que las economías de Occidente están sometidas. Volveré más adelante sobre este tema importantísimo.

El fin de la historia de la escalada militar

André Glucksmann —y Jean-Paul Sartre— sitúan el final de la Historia en el 6 de agosto de 1945, fecha del bombardeo de Hiroshima. Ese día, el primer axioma de Clausewitz llega a su culmen: tras la bomba, no hay ya escalada militar posible. Sartre vio clara desde el primer momento la dimensión moral y hegeliana de la bomba. Hasta el arma atómica, el género humano no podía elegir suicidarse como tal. Abriendo a la humanidad, por primera vez, la posibilidad del suicidio colectivo, la bomba nos hace definitivamente libres. En palabras de Sartre, «después de la muerte de Dios, he aquí que se anuncia la muerte del hombre. De ahora en adelante mi libertad es más pura…».⁴ La libertad se completa y se torna absoluta. ¿Suena familiar? ¿No era eso el fin de la Historia? La historia de las ideas termina con el saber absoluto. La historia de la escalada militar termina con el arma absoluta. El paralelismo tiene una belleza estremecedora y terrible. Pero esa belleza no debe distraernos, sino reconfortarnos, porque la belleza señala siempre el camino de la verdad.⁵ No estamos hablando de dos procesos distintos, sino de dos maneras diferentes de visualizar un mismo proceso: el fin de la Historia.

La Historia, entendida como la historia de la escalada militar que, habiendo creado la civilización en el Neolítico, la hizo avanzar hasta Hiroshima, ha terminado. La historia de la escalada bélica que, desde Napoleón, ha formado los Estados y naciones modernos, como no podía ser de otra manera, también ha terminado. Como hemos visto en el capítulo anterior, la cohesión de las naciones modernas fue promovida por los Estados por razones de estrategia militar: para aumentar la capacidad de movilización no quedaba otro remedio que fortalecer a la nación. Las guerras europeas de los siglos XIX y XX fueron el fuego de la forja de los principales Estados-nación (o naciones-Estado) de Occidente. Francia, por ejemplo, se hizo francesa matando alemanes en las tres grandes guerras que la enfrentaron a Alemania en el período 1870-1945. Las guerras modernas contra un enemigo exterior son guerras cohesivas, tanto cuando se ganan como cuando se pierden.

España estuvo ausente de ese último proceso forjador del Estado-nación moderno. Escaramuzas coloniales aparte, las guerras españolas de los últimos dos siglos han sido todas ellas guerras civiles, que no son cohesivas sino divisivas. Tres guerras carlistas en el siglo XIX y una cruentísima guerra civil en el siglo XX han conformado un Estado-nación mucho menos cohesionado que los principales referentes europeos. En cierto modo, el Estado-nación español se quedó a medio cocer, nunca ha sido un Estado-nación moderno, en el sentido que lo son Francia o Alemania, por ejemplo. Y eso ya no tiene remedio, porque el fuego de la Historia se apagó. Los efectos de esta anomalía histórica son obvios para cualquier observador, por superficial que sea, de la política española. En España no hay políticas de Estado basadas en acuerdos permanentes entre las principales fuerzas políticas. No está definido, por ejemplo, un concepto tan básico para la política exterior como es el de «interés nacional». Como consecuencia, la política exterior es una política partidista, que da bandazos cada vez que cambia el partido en el poder. Tampoco hay políticas de Estado en educación, justicia, descentralización… y el aborto es o no delito dependiendo del Gobierno de turno. Como veremos en la segunda parte de este libro, esta liviandad, por llamarlo de alguna manera, tiene muchos inconvenientes, pero también tiene algunas ventajas que España debería saber aprovechar.

El fin de la historia de la contradicción hegeliana

Para Francis Fukuyama⁶ y también para Philip Bobbitt —aunque este último probablemente protestaría al verse incluido en una tradición hegeliana— la Historia termina el 10 de noviembre de 1989 con la caída del muro de Berlín. En otras palabras, la Historia termina con la victoria de Occidente en la guerra fría contra la Unión Soviética, victoria que pone fin a la larga guerra epocal que se libró entre 1914 y 1989. Tal y como hemos discutido en el capítulo anterior, en esta guerra se dirimió, a nivel político, cuál era la forma de Estado que iba a adoptar la sociedad igualitaria no basada en ningún orden trascendental —el resultado de la Historia— a la que hemos hecho amplia referencia en el capítulo 1. Las tres formas en liza —la democracia parlamentaria, el Estado fascista y el Estado comunista— pretendían obtener su legitimidad mediante la maximización del bienestar de su población, compuesta por ciudadanos en el primer caso y por camaradas en el segundo y en el tercero. A un nivel más filosófico, la guerra epocal que terminó en 1989 también dirimió el orden de prelación de los elementos del trinomio liberté, égalité, fraternité, orden que, tras el triunfo de la democracia parlamentaria, acabó quedando igual que en su formulación original del siglo XIX. Terminada la guerra fría por el abandono de una Unión Soviética arruinada, no queda en el mundo ninguna alternativa global al Estado liberal en su versión de democracia parlamentaria. Por supuesto, hay muchos Estados que se organizan de otra manera —China, Corea del Norte, Arabia Saudí, Siria…— pero ninguno de ellos es capaz de presentarse como un modelo planetario de organización política válido para cualquier país, para cualquier etnia y para cualquier cultura. Es más, no es imaginable que surja otra alternativa global en un futuro razonablemente próximo —el siglo XXI, por ejemplo—. La Historia, entendida como la historia de la contradicción hegeliana entre las diversas formas de Estado, ha terminado.

El fin de la historia de la lucha de clases

Alexandre Kojève —«el lector» de Hegel— fue un personaje y un filósofo muy particular.⁷ Para Kojève, una de las voces más autorizadas sobre Hegel en el siglo XX, el fin de la Historia es un proceso multidimensional que comienza con la Revolución francesa pero que no termina, necesariamente, con Napoleón. Kojève vio en la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel la semilla intelectual de la lucha de clases marxiana e interpretó los esfuerzos de la Unión Soviética estalinista por construir una sociedad sin clases como un intento de llevar a la Historia a su verdadero final. Llegó a decir, no sabemos con qué convicción, que el fin de la Historia no se dio con Napoleón sino con Stalin. Sin embargo, la aparición de una creciente clase media en las sociedades capitalistas le hizo ver que la síntesis hegeliana de la lucha de clases postulada por Marx no iba a ser una sociedad comunista de proletarios sino una sociedad capitalista de propietarios. Éste sería, para Kojève, el final definitivo, el final de los finales de la Historia: el fin de la lucha de clases. Convencido de que esto implicaba la primacía final de la economía sobre la política, y europeísta militante, abandonó la filosofía para trabajar como alto funcionario en el Ministerio de Economía francés. Murió de un ataque cardíaco en una mesa de negociación comunitaria en Bruselas en 1968. Como escribió Petrarca, un bel morir tutta la vita onora.

EL FIN DE LA HISTORIA COMO PROCESO: ALGUNAS CONSECUENCIAS

Hasta aquí hemos visto cuatro finales de la Historia concebidos como acontecimientos puntuales, separados entre sí por más de 180 años. Fin de la historia de las ideas, que encontraron su culminación en el ideario de la Revolución francesa. Fin de la historia de la escalada militar que ha empujado el desarrollo de la civilización desde el Neolítico. Fin de la dialéctica entre las diversas formas de Estado que culmina con el Estado liberal democrático. Fin de la lucha de clases, que abre paso al triunfo de la economía sobre la política. Tras cada uno de estos finales el mundo cambió muy significativamente. El ideario de la Ilustración radical, adoptado por la Revolución francesa, se extendió por todo el mundo;⁸ la bomba atómica, el arma absoluta, tuvo como consecuencia inmediata que la última parte de la guerra epocal 1914-1989 fuera, necesariamente, «fría»; por primera vez en la historia, la forma dominante de organización política, la democracia parlamentaria, no tiene alternativa global, y el movimiento obrero se ha transformado, a través de los sindicatos, en una de las fuerzas más conservadoras y resistentes al cambio de la civilización occidental.

Como he venido señalando, es conveniente concebir el fin de la Historia como un proceso multidimensional que abarque todos los finales mencionados en el párrafo anterior. Es la única manera de sacar conclusiones útiles del fin de la Historia. En este epígrafe discutiré tres consecuencias del fin de este proceso: la globalización, la profesionalización y privatización de la guerra y la pérdida de legitimidad de la nación-Estado maximizadora del bienestar de sus ciudadanos. No es posible asignar la causa de ninguno de estos tres fenómenos a uno solo de los cuatro finales de la Historia que venimos contemplando. Hay que considerarlos conjuntamente.

La globalización

No es exagerado afirmar que el actual episodio de globalización que conoce el mundo comenzó al día siguiente de la caída del muro de Berlín. En términos históricos, está siendo un proceso vertiginoso, tanto en lo económico como en lo social y lo cultural. ¿Qué lo ha desencadenado? La globalización es consecuencia directa del fin de la Historia, tal y como lo hemos definido en este capítulo. La derrota de la Unión Soviética en la guerra fría puso punto final a la geopolítica de bloques que había caracterizado el período 1945-1989. Esto ocurrió en un contexto en el que la ausencia de una alternativa ideológica global al Estado liberal democrático, por una parte, y el fin de la escalada militar propiciada por la bomba atómica, por otra, hacían muy improbable la agudización de conflictos entre grandes potencias que pudiesen derivar en guerras cataclísmicas.

Esta situación era propicia para que se manifestase la primacía de la economía sobre la política postulada por Kojève. Los flujos de comercio mundial cambiaron cuantitativa y cualitativamente. La deslocalización de la producción industrial desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo, especialmente Asia, se aceleró de manera dramática impulsada por el ahorro de costes que representaban —y siguen representando— los bajos salarios de la zona. La feliz coincidencia temporal de la caída del muro con la maduración del programa reformista de Deng Xiaoping en China impulsó todavía más la globalización económica. Los flujos de capital, que no conocen ni zonas horarias ni fronteras, crecieron exponencialmente para financiar el proceso deslocalizador y el cambio en la estructura y en el volumen del comercio mundial que ocurrió como consecuencia de dicho proceso. Salvo improbable cataclismo bélico, la globalización económica parece, hoy en día, irreversible.

En el terreno social la globalización se ha producido, entre otras causas, por el gran incremento que han tenido los flujos migratorios desde 1989. Esto, en principio, ha afectado más a los países de inmigración que a los de emigración, es decir, ha afectado más a Occidente y, dentro de Occidente, a los países europeos, porque las antiguas colonias británicas —Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda— fueron ya en su origen sociedades de aluvión. Muchas de estas sociedades han dado un salto cualitativo y se han convertido en sociedades multiculturales, lo que es muestra del carácter inclusivo que caracteriza a la civilización occidental.

En el terreno cultural, el crecimiento de internet ha supuesto el acceso masivo a una información globalizada y a opiniones divergentes sobre prácticamente todos los temas imaginables. La aldea global de Marshall McLuhan,⁹ caracterizada por individuos pasivos sometidos a un diluvio de imágenes, se ha dinamizado activando el protagonismo de los individuos. El aldeano se ha vuelto activo. Los ataques a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001 fueron seguidos en directo por muchos millones de personas en un gran número de países. La publicación en Occidente de viñetas en las que se representa al profeta Mahoma provoca de manera casi instantánea tumultos callejeros en el mundo árabe. Todo el mundo, gracias a internet, puede pertenecer a minorías distintas a la nacionalidad, etnia, religión o cultura. Ello genera lealtades nuevas que compiten, o complementan, con las lealtades tradicionales y fomentan la erosión implacable de las sociedades autoritarias basadas en sistemas de valores rígidos. ¿Cuánto hubiese durado la Unión Soviética si internet se hubiese popularizado en 1960? ¿Cuánto aguantará el actual régimen político chino?

La profesionalización y privatización de la guerra

La guerra sigue siendo la continuación de la política por otros medios, pero hay que reconocer que desde 1989 la actividad bélica ha cambiado mucho. Las dos guerras de Irak y la guerra de Afganistán han puesto de manifiesto que la capacidad del Estado de movilizar a su población para una guerra total, clave de bóveda de la estrategia militar desde Napoleón, ha dejado de ser relevante. Si en el futuro hay una guerra total «caliente», es decir, una guerra cuyo objetivo sea destruir por la violencia los Estados y naciones enemigos, será una guerra nuclear. Para pelear ese tipo de guerra, que no es descartable a priori, no hace falta movilizar a la población. Si la guerra no es total, es decir si tiene objetivos limitados, los ejércitos que la peleen serán profesionales, tal y como ha ocurrido en las tres guerras antes mencionadas. Lo más probable es que el número de militares involucrados sea cada vez más reducido y el número de profesionales civiles sea cada vez mayor. Como señala Robert Fry en un reciente artículo,¹⁰ en la segunda guerra de Irak y en la guerra de Afganistán el peso de la acción bélica ha sido llevado por fuerzas especiales, unos pocos centenares de personas, con el objetivo de eliminar —físicamente, se entiende— los obstáculos que se interponían en la consecución de acuerdos políticos para estabilizar uno y otro país tras Saddam Hussein, en un caso, y los talibanes, en el otro. Estas fuerzas especiales actúan respaldadas por grupos militares de apoyo y por legiones de especialistas civiles: analistas, lingüistas, interrogadores, informáticos, forenses… todos ellos vinculados en tiempo real con las agencias centrales de inteligencia de los Estados Unidos y del Reino Unido mediante veloces canales de transmisión de datos. Esta manera de hacer la guerra, incluyendo la variedad de los asesinatos selectivos a distancia mediante aviones no tripulados, es mucho más barata y eficaz que el despliegue de ejércitos convencionales cuando el objetivo es la lucha sobre el terreno contra el terrorismo. En el caso de una guerra «fría», como la que se está desarrollando actualmente contra Irán, el protagonismo de grupos civiles de especialistas puede llegar a ser total. La guerra se está privatizando.

La legitimidad de la nación-Estado

En el capítulo 2 hemos pasado revista a las guerras epocales que dirimieron las formas dominantes de Estado en cada período histórico. En cada guerra, la forma de Estado victoriosa añadía responsabilidades nuevas a las ya asumidas por la forma vencida. Así, como señala Bobbitt,¹¹ los Estados principescos asumían la responsabilidad de asegurar la seguridad exterior, evitando la dominación y la interferencia de potencias extranjeras. Las monarquías absolutas, manteniendo la continuidad dinástica y, por tanto, del Estado, añadieron a esta responsabilidad la de asegurar la seguridad y la estabilidad interior. El Estado territorial añadió la promesa de creación de riqueza ilimitada como fuente de legitimidad. El Estado-nación añadió los derechos civiles y políticos de la población. Y la nación-Estado añadió el Estado de bienestar, es decir, se comprometió a asegurar la seguridad económica y la provisión de bienes públicos. La legitimidad de los Estados, en todos y cada uno de los eslabones de esta cadena, surge del éxito que han tenido en cumplir estos compromisos. El colapso de la Unión Soviética se produjo cuando quedó claro que no podía garantizar el bienestar de su población del mismo modo que lo hacían los países occidentales.

¿Afecta el fin de la Historia a la legitimidad de la nación-Estado? Sí, sí afecta. Y mucho. Afecta porque las consecuencias de dicho fin que acabamos de analizar ponen en cuestión hasta qué punto las naciones-Estado actuales son capaces de garantizar la seguridad exterior, la seguridad interior y el Estado de bienestar. Vayamos por partes.

Por lo que respecta a la seguridad exterior, ya hemos discutido que las armas nucleares hacen anacrónica la estrategia militar basada en la movilización de la nación. Un Estado post-Histórico sólo puede garantizar la seguridad exterior si posee la bomba atómica, otras armas de destrucción masiva o si está subordinado a otro Estado que las posea. De ahí que Israel, India, Pakistán, Corea del Norte y, últimamente, Irán —naciones todas ellas que se sienten bajo amenaza inminente— hayan optado por el arma nuclear como medio disuasorio para asegurar su supervivencia. Otras naciones, como Japón, Alemania y España, tienen confiada esta tarea defensiva básica a Estados Unidos, con quien les unen sólidos tratados defensivos. Es una cesión de soberanía fundamental porque afecta a la primera responsabilidad asumida históricamente por los Estados: proteger a su población de la amenaza exterior. Pero, en cualquier caso, lo relevante a los efectos de este libro no es que unas naciones-Estado tengan armas de destrucción masiva y otras no las tengan, sino que, en todos los casos, la estrategia militar no está ya basada en la capacidad de movilización de la nación. La cohesión y el bienestar de esta última podrán estar justificados por otros motivos, pero ya no lo están por las necesidades de defensa frente a la agresión exterior.

La protección contra el crimen organizado y contra el terrorismo, objetivos clave de la seguridad interior, tampoco puede ser garantizada por las naciones-Estado de la misma manera que en épocas anteriores. Esto se debe —seguimos con Bobbitt— a que las naciones-Estado occidentales han heredado una base cultural de tipo nacional, que sigue inspirando las costumbres y la legislación, mientras que sus sociedades se han hecho culturalmente mucho más complejas a través de la inmigración y de la globalización cultural. Esto puede resultar en una caracterización de la criminalidad en términos étnicos —por qué el divorcio sí y la poligamia no, o por qué el alcohol sí y la marihuana no, por ejemplo— y en la marginación de grupos de ciudadanos que perciben que su marginalidad tiene un origen cultural y/o étnico. Las bandas de jóvenes violentos, que creen responder con su violencia a la violencia que ejerce el Estado contra ellos, son un fenómeno frecuente en muchos países occidentales. La aparición de un terrorismo doméstico, de origen religioso o étnico, que tiene como objetivo de ataque a los propios conciudadanos de los terroristas, es el ejemplo más extremo de la falta de adecuación de los medios con los que la nación-Estado ha garantizado tradicionalmente la seguridad interna a los actuales tiempos post-Históricos.

La garantía de la seguridad económica y del bienestar de la población es, probablemente, la más amenazada de todas. La globalización de la economía, irreversible salvo cataclismo bélico mundial, implica que, por ejemplo, un español que produzca en España lo mismo que un chino produce en China o cobra lo mismo que el chino o acabará perdiendo su empleo. Es así de crudo. Es así de duro. Es así de claro. La ley de un solo precio opera, desde 1989, a nivel planetario. La seguridad económica y el Estado de bienestar no pueden fundamentar su operativa en barreras comerciales o en barreras de entrada a las diferentes actividades económicas. O se cobra igual que el chino o se hacen cosas que el chino no puede hacer. Para que esto último sea posible, hace falta mantener en el tiempo un capital humano superior al del chino. Éste, como veremos en la segunda y tercera partes de este libro, es precisamente el punto más débil de España: no solo el capital humano español es muy bajo, sino que no parece haber ningún interés a nivel político o a nivel del conjunto de la sociedad para mejorarlo. Al contrario de lo que ocurre en China.

No parece que, terminada la Historia, los países occidentales puedan seguir fundamentando la legitimidad de sus Estados en la seguridad económica y en la maximización del bienestar de sus ciudadanos, independientemente de la actitud que estos últimos adopten acerca de sí mismos. Los individuos serán cada vez menos capaces de escudarse en barreras de entrada para defender situaciones de privilegio: tendrán que competir a nivel global, como las empresas. Por ello, si quieren tener un nivel de vida por encima del nivel de subsistencia, deberán responsabilizarse de acumular el capital humano que lo haga posible. En otras palabras, los individuos deberán responsabilizarse de sus propias vidas. Y en esta responsabilidad, los Estados pueden ayudar, y mucho. El Estado post-Histórico deberá cambiar la fuente de su legitimidad, pasando de maximizar el bienestar de sus ciudadanos a maximizar las oportunidades que se les ofrecen, dejando a éstos la responsabilidad de aprovecharlas al máximo.

Habiendo pasado revista sumaria a las consecuencias más inmediatas del fin de la Historia, llegamos al punto de parada y fonda. En el capítulo siguiente discutiremos los conceptos de progreso y de destrucción creativa, necesarios para cualquier ejercicio de prospectiva sobre la dirección que va a tomar el mundo. En el capítulo 5 uniremos los inputs de todos los capítulos precedentes para esbozar dicho ejercicio.

CAPÍTULO 4

EL PROGRESO Y LA DESTRUCCIÓN CREATIVA

Hemos dedicado los tres primeros capítulos de este libro a desarrollar un instrumental analítico basado en la idea del fin de la Historia para ayudarnos, en primer lugar, a comprender algunas características del mundo post-Histórico en el que estamos ya viviendo y, a continuación, a fundamentar una prospectiva que permita esbozar algunas respuestas a la pregunta «¿adónde va el mundo?».

Este instrumental es necesario, pero no es suficiente para capturar todos los rasgos esenciales del mundo postHistórico que nos interesan para el ejercicio de prospectiva que propondremos en el capítulo 5. Por ello, vamos a completarlo en este capítulo con una discusión de las nociones de «progreso» y de «destrucción creativa». La primera es un concepto originado en la Ilustración. La segunda es un concepto marxista o, con mayor precisión, posmarxista. Ambos conceptos, aunque fueron introducidos con dos siglos de diferencia, están íntimamente relacionados.

El primero en definir el progreso —en términos que siguen siendo actuales hoy en día— fue Turgot,¹ uno de los fundadores junto con Adam Smith de la actual ciencia económica. Como relata Israel,² Turgot introdujo la ideología del progreso en dos lecciones magistrales dictadas en 1750 en La Sorbona. «Vinculando epistemología, economía y administración, [Turgot] argumentó que la capacidad del hombre de recibir impresiones nuevas del mundo exterior —y de evaluarlas, combinarlas y analizarlas— había abierto una vía por la que la experiencia absorbe y construye una sucesión ilimitada de mejoras materiales, avances tecnológicos y mejor organización.» Esta mejora de las condiciones de vida es el resultado de «un proceso acumulativo unidireccional que abarca todos los aspectos del desarrollo social […] al que [Turgot] denominó “progreso”».³

En época de Turgot la evidencia empírica de que estos cambios estaban ocurriendo era ya incontestable. Por una parte, el bienestar material había mejorado ostensiblemente. Por poner tan sólo un ejemplo llamativo, Ian Morris⁴ calcula que la captura energética promedio de los humanos occidentales durante el imperio de Augusto era de 31 kilocalorías por persona y día. Esta cantidad fue disminuyendo hasta el siglo IX, en el que marcó un mínimo de 25 kilocalorías. La cifra de Augusto no se superó hasta el siglo XVIII, el siglo de Turgot, al final del cual se capturaban ya 38 kilocalorías. Por otra parte, en el terreno de las ideas, el ideario de la Ilustración radical había ya madurado y, en el terreno de la innovación y la organización, la Revolución industrial estaba a punto de germinar. El progreso, uno de los rasgos más característicos de la civilización occidental, empezaba ya a ser visible. No es casual, como veremos en el siguiente epígrafe, que la aceleración del progreso tuviese que esperar al fin de la Historia, entendido como el fin de la historia de las ideas. Hasta que eso ocurrió, no existía el caldo de cultivo necesario para que el progreso pudiera tener lugar, y que no es otro que una sociedad abierta y optimista en la que todo pueda ponerse en cuestión y todo se pueda discutir.

El concepto de destrucción creativa se acostumbra a atribuir al economista austríaco Joseph Schumpeter.⁵ Sin embargo, la idea de que el capitalismo necesita crisis periódicas, destructoras de gran cantidad de riqueza, viene de un siglo antes de que Schumpeter formulase sus teorías. En el Manifiesto comunista de 1848 Marx y Engels ya llamaron la atención sobre estas crisis, que estos autores calificaron como de «sobreproducción». En el Manifiesto y en la posterior obra de Marx también aparece la idea de que estas crisis no responden a causas externas a la economía capitalista —catástrofes naturales, guerras…—, sino que son endógenas, es decir, generadas por el propio sistema, por desajustes intrínsecos. Sin embargo, Marx no aclara cuál es la razón profunda que hace que estas crisis sean necesarias. La contribución genial de Schumpeter fue relacionarlas con el progreso y, más concretamente, con la innovación. La destrucción creativa es la esencia misma del capitalismo, lo que hace posible la innovación y el progreso. Cuando surge una innovación que da lugar a una tecnología nueva, la industria basada en la tecnología antigua se derrumba con gran estrépito y una industria nueva surge sobre las ruinas de la antigua. Se destruye riqueza para abrir la puerta a la creación de todavía más riqueza. Así ocurrió cuando el teléfono por cable sustituyó al telégrafo, cuando el avión transoceánico sustituyó a los transatlánticos y cuando Amazon sustituyó a las grandes librerías de cemento y ladrillo.

EL PROGRESO Y LA SOCIEDAD ABIERTA

Sostiene el físico David Deutsch⁶ que los humanos no somos todavía inmortales porque Atenas perdió la guerra del Peloponeso. El pensamiento es muy provocativo y, a los efectos de lograr una mejor comprensión del concepto de progreso, dedicaremos la primera parte de este epígrafe a analizarlo con algún detalle.

Empecemos con un ejemplo. Los ordenadores personales están sujetos a un intenso proceso de obsolescencia. Los nuevos programas y aplicaciones requieren procesadores cada vez más potentes y arquitecturas cada vez más eficientes. A base de actualizar programas y antivirus, los ordenadores se van ralentizando hasta que llega el momento de cambiar. Cuando la gente se cambia de ordenador, hace una copia de todos los archivos y programas que tiene en el disco duro y la traslada al ordenador nuevo, en donde todo vuelve a funcionar a gran velocidad. En otras palabras, en quince minutos se consigue transmigrar el alma del renqueante ordenador viejo al nuevo y flamante cuatro-núcleos. El ordenador tiene un alma potencialmente inmortal: basta con cambiar el hardware de vez en cuando para tenerlo siempre joven, lozano y capaz de hacer cosas nuevas de manera ilimitada.

La inmortalidad del alma no tiene por qué ser una prerrogativa exclusiva de los ordenadores. Es concebible que un proceso similar al descrito en el párrafo anterior pueda realizarse con humanos dentro de algunas, no muchas, generaciones. Una copia del software cerebral —los muchísimos millones de interconexiones neuronales— podría trasladarse a un cerebro nuevo que controlaría un cuerpo también nuevo que alojaría a un alma, ahora sí, inmortal.⁷ No creo que haya leyes de la Física que impidan este proceso. Si no lo estamos haciendo ya es porque no tenemos el conocimiento suficiente, es decir, que el problema que tenemos es técnico. Si el progreso continúa, la solución de cualquier problema técnico es una cuestión de trabajo y de tiempo. Conseguir la inmortalidad, en el sentido dado en este párrafo, depende de la continuidad del progreso.

El progreso es una acumulación exponencial de conocimiento que resulta en una rápida sucesión de innovaciones. Este crecimiento exponencial, característico de lo que llamamos progreso, no lo podía observar Turgot porque no tenía suficiente perspectiva histórica: el progreso acababa de comenzar. Como hemos comentado en el capítulo 2, las primeras innovaciones tecnológicas de la humanidad estuvieron separadas entre sí por períodos de tiempo muy prolongados. Hace dos millones y medio de años los homínidos descubrieron cómo afilar una piedra de sílex para hacer un cuchillo. Tuvo que transcurrir casi otro millón de años para que a alguien se le ocurriese que la piedra podía afilarse por los dos lados para hacer una punta de lanza. En 1903 los hermanos Wright pasaron a la historia por un vuelo de unos cien metros, el primer vuelo de la historia pilotado, sostenido y autopotenciado de un artefacto más pesado que el aire. Tan sólo trece años más tarde Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, combatía en el cielo de Francia. En 1969, sólo sesenta y seis años después del vuelo de los Wright, Neil Armstrong paseaba por la Luna. Hace apenas medio siglo que sabemos de la doble hélice del ADN y la medicina de base genética está ya muy desarrollada. Hace menos de un cuarto de siglo del primer mensaje por internet, pero la web ya ha cambiado el mundo… Las innovaciones, fruto de la creatividad, una adaptación biológica de la especie humana, se aceleran cada vez más: se estima que en 2022 el 90 por ciento del acervo de conocimiento humano se habrá producido en la última década, o sea que aún no lo conocemos. ¿Es esta aceleración imparable? Si el progreso continúa, sí. ¿Es la sucesión de innovaciones ilimitada? Si el progreso continúa, sí. Siempre cabrá imaginar una innovación más. Entonces ¿continuará el progreso?

El progreso, como lo conocemos hoy, comienza con la Ilustración en el siglo XVIII. Se caracteriza por ser inseparablemente multidimensional —científico, tecnológico, social y moral—, potencialmente ilimitado, propio de la civilización occidental y… frágil. La fragilidad del progreso viene de que, para desarrollarse y sostenerse necesita una sociedad abierta, en el sentido de Popper,⁸ y optimista, en el sentido de Deutsch.⁹ Una sociedad abierta es aquella en la que las leyes de la naturaleza y las leyes de la sociedad se conciben como cosas diferentes, de modo que las últimas no están incluidas en las primeras. Eso, por sencillo que pueda parecer, hoy en día sólo ocurre en Occidente. Las sociedades abiertas se caracterizan por tener libertades políticas y de conciencia, por poder derrocar un Gobierno que ha perdido el apoyo popular de manera pacífica, sin tener que recurrir a un baño de sangre, por hacer a los individuos sujetos de sus propias decisiones, en detrimento de la costumbre o de la tribu. Además, las sociedades abiertas son optimistas, en el sentido en que favorecen la innovación por creer que, a la larga, aporta más ventajas que inconvenientes.

No puede haber progreso en una sociedad cerrada, regida por el principio de autoridad, en la que están estrictamente limitados los temas sobre los que puede haber debate e intercambio de ideas… No puede haber progreso en una sociedad pesimista en la que las innovaciones no son percibidas como oportunidades, sino como amenazas. El progreso necesita una sociedad abierta, de verdades provisionales, en la que se pueda debatir sobre si Dios juega a los dados, o sobre la conveniencia del matrimonio homosexual. Lo importante no es el tema, sino que pueda existir el debate. Salvo tres excepciones, todas las sociedades de la historia son y han sido sociedades cerradas y pesimistas. Las excepciones son la actual civilización occidental; la Florencia de los Medici —que fue muy efímera—; y la Atenas del Siglo de Oro, cuyo optimismo fue aplastado por Esparta tras perder la guerra del Peloponeso. ¿Qué habría pasado si Atenas hubiese ganado la guerra? ¿Qué habría pasado si el optimismo ateniense se hubiese mantenido durante mucho más tiempo? Es posible soñar que el comienzo del progreso se hubiese adelantado varios siglos y que, como apunta Deutsch, «ya estaríamos explorando las estrellas y usted y yo seríamos inmortales».¹⁰ Las amenazas a la continuidad del progreso son las amenazas, internas y externas, a la sociedad abierta. Haberlas, haylas. Y muchas. Por ello la sociedad abierta debe ser defendida, tanto con el debate de ideas como con la disuasión nuclear.

LA DESTRUCCIÓN CREATIVA Y EL EMPRENDIMIENTO

En una de sus obras más relevantes, Capitalismo, socialismo y democracia,¹¹ Schumpeter afirma¹² que un sistema económico que utilice en cada momento del tiempo todos sus recursos disponibles de manera eficiente no tiene por qué ser superior, en términos de crecimiento económico a largo plazo, a otro sistema que no lo haga, porque la incapacidad de este último para asegurar, por ejemplo, el pleno empleo puede ser una condición necesaria para acabar creciendo mucho más deprisa que el sistema que sí la asegura. Este texto escrito en 1942, increíblemente premonitorio, avanza las bases de la victoria de Occidente en la guerra fría contra la Unión Soviética que, como hemos comentado en el capítulo 2, se libró en el terreno económico para determinar cuál de los dos sistemas contendientes —dictadura comunista y democracia capitalista— aseguraba mejor el bienestar de su nación. La Unión Soviética aseguró siempre el pleno empleo de su población, pero una gran mayoría acabaron trabajando en ocupaciones inútiles, que restaban valor añadido en vez de sumar. La estrategia de crecimiento económico de Occidente, por el contrario, fue, y es, asegurar que todos los que están ocupados hacen algo útil para la sociedad, es decir, que todos sumen en vez de restar. El coste de esta estrategia es que, por supuesto, no todo el mundo puede estar ocupado durante todo el tiempo. El capitalismo es un sistema ineficiente, porque es incapaz de utilizar todos los recursos de la sociedad. Pero el capitalismo es muy bueno a la hora de elegir en qué se ocupan los ocupados, algo que el socialismo se ha mostrado incapaz de hacer bien en la Unión Soviética, en Alemania del Este, en China, en Cuba y en otros países comunistas de menor enjundia.

¿A qué se debe este olfato del capitalismo para elegir los empleos más productivos para los recursos que puede movilizar? La respuesta está en la idea schumpeteriana de la destrucción creativa. El capitalismo, según Schumpeter, está en un proceso constante de mutación industrial, mutando como un organismo biológico «que incesantemente revoluciona la estructura económica desde dentro, incesantemente creando una [estructura] nueva. Este proceso de destrucción creativa es el hecho esencial del capitalismo. Es aquello de lo que el capitalismo está constituido y el marco en el que cada afán capitalista se tiene que mover».¹³

¿Cómo surge la innovación en el proceso de destrucción creativa? Como señala la economista neoschumpeteriana Carlota Pérez,¹⁴ los inventos, o invenciones, surgen constantemente del dominio de la ciencia y de la tecnología. A un ritmo mucho más lento que en el presente, esto ha ocurrido siempre, en todas las épocas y en todas las civilizaciones. El dominio de lo tecnológicamente posible es, en cualquier caso, mucho más amplio que el dominio de lo que puede ser económicamente rentable y socialmente aceptable en un momento dado. Para transformar un invento en una innovación hacen falta dos personajes diferentes y complementarios. En primer lugar hace falta un emprendedor, alguien que tiene una visión de futuro sobre cómo una invención determinada puede acabar llegando al mercado de manera que consiga cambiar los hábitos de los consumidores. En segundo lugar hace falta un financiero, es decir, alguien que, compartiendo la visión del emprendedor, está dispuesto a arriesgar su patrimonio apostando por el éxito de la transformación de la invención en innovación. La figura del financiero, o del suministrador de capital emprendedor, es más difícil de comprender que la del emprendedor. Para financiar su idea, ¿por qué no va el emprendedor a un banco y pide un crédito? La respuesta es muy sencilla: porque ya sabe que no se lo darán. Un banco tradicional no está pensado, ni regulado por sus reguladores, para financiar sueños, sino realidades. Un banquero tradicional con imaginación y con entusiasmo es un peligro sistémico que debe ser cuidadosamente evitado. Por ello la banca no invertirá en innovación salvo que esté impulsada por una empresa muy sólida que pueda aportar garantías colaterales al crédito solicitado. Microsoft, Apple, Google, Amazon, Facebook, Twitter… son ejemplos por todos conocidos de empresas innovadoras que han cambiado la manera de vivir de la humanidad y que, en sus estadios iniciales, fueron financiadas por financieros.

Por supuesto que también hay innovación —y mucha— financiada por grandes empresas. Es cada vez más frecuente en sectores de alta tecnología (biomedicina, tecnologías de la información y la comunicación…) que las grandes empresas vivan en simbiosis con empresas en estados iniciales que están tratando de convertir inventos en innovaciones. Estas últimas, financiadas con capital emprendedor, están sometidas a un seguimiento constante y a la que hay indicios de éxito las grandes empresas las adquieren o entran en su accionariado. De este modo el fracaso tecnológico o comercial son riesgos para el financiero, que se ve recompensado en los casos de éxito por remuneraciones que multiplican por un número considerable su inversión inicial. Es éste un mundo muy darwinista, en el que una tasa de éxito de una empresa de cada diez se considera muy aceptable. En muchos países, particularmente Estados Unidos, se ha desarrollado una potente industria de capital emprendedor que posibilita la transformación a gran escala de invenciones en innovaciones. Lamentablemente éste no es el caso de España, país en el que, como veremos en los capítulos 6 y 11 de este libro, el capital emprendedor tiene como obstáculos la prevención y desconfianza de las autoridades y de los inversores particulares.

CAPÍTULO 5

¿ADÓNDE VA EL MUNDO?:

ALGO DE PROSPECTIVA

Enric Juliana, en su último libro, esboza una inquietante visión del mundo del futuro. «¿Adónde vamos? […] El mundo se desplaza muy probablemente hacia una fase de prolongada anarquía en el que las zonas seguras —aún sólidamente organizadas en naciones-Estado, al modo de los palacios de cristal de las grandes exposiciones internacionales del siglo XX— coexistirán con Estados neofeudales sin apenas articulación estatal (ya está pasando en África) y con Estados colonizados por la delincuencia organizada (ya está pasando en América central y en Asia central y podría ocurrir en un futuro no muy lejano en la Europa del sur). Nos espera un mundo muy distinto del que habíamos imaginado. En Europa volverán a convivir, como en tiempos de Dickens, grupos sociales poseedores de una extraordinaria riqueza con zonas urbanas hundidas en la más extrema pobreza. Un mundo en el que la clase media, tal y como esta categoría social ha sido entendida y sublimada en los últimos decenios, tiende a desdibujarse y a desaparecer. […] Un mundo desplazado hacia Oriente. Un mundo paradójicamente menos violento que hace cincuenta años, en el que el valor de la vida humana ha ganado enteros gracias al papel civilizador de la democracia y de las comunicaciones instantáneas. Un mundo más democrático y más anárquico, más desigual y menos violento, más inaprensible y seguramente más humano.»¹

¿Puede corregirse o añadirse algo al bosquejo de Juliana? Corregir, poco. Añadir, quizá bastante más. En este capítulo, último de la primera parte de este libro, utilizaremos el análisis de los cuatro capítulos anteriores para abordar una prospectiva de: 1. El futuro de las ideas; 2. El futuro de la especie humana; 3. El futuro de la guerra; 4. El futuro de la economía; 5. El futuro del Estado; y 6. El futuro de la Unión Europea. El objetivo del ejercicio es caracterizar los escenarios más probables para el mundo al que deberán adaptarse las tres próximas generaciones de españoles —los que van a nacer en esta década, sus hijos y sus nietos—. Estos escenarios fundamentarán la tercera parte de este libro, que es normativa, en la que se explicita cómo debería hacerse esta adaptación. Hay muchos otros temas cuya prospectiva es interesante e importante, pero los seleccionados aquí son los mimbres básicos de la cesta que queremos construir para dar consistencia a la parte normativa.

EL FUTURO DE LAS IDEAS

Por más que se mire, no se vislumbra en el mundo actual una alternativa ideológica global a los principios de la Ilustración radical que, como comentamos en el capítulo 1, inspiraron la Revolución francesa y vertebran hoy en día la civilización occidental. En ninguna de las otras cinco civilizaciones principales que enumera Huntington,² —china, japonesa, india, islámica y ortodoxa— hay una ideología con pretensiones universales. Cierto, la ideología del mundo islámico es expansiva, pero no pretende ser universal. La ideología china es universal tan sólo en la medida en que China se considera a sí misma el universo desde tiempo inmemorial.³ La civilización china no ha sido y, probablemente, nunca será expansiva. Lo mismo ocurre con la japonesa —exceptuando el período de extremo militarismo que sucedió a la Restauración Meiji— y con la india. La ideología de estas civilizaciones orientales, incluida la islámica, tiene poco que ver con la agresiva expansión imperialista que emprendió Europa en el siglo XIX, con la pacífica expansión cultural emprendida por Occidente, especialmente por Estados Unidos, desde mediados del siglo XX o con las pretensiones de universalidad que tiene la civilización occidental desde la Revolución francesa. Las demás civilizaciones conforman sociedades estáticas y locales, en el sentido de que el cambio que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en ellas obedece a causas exógenas. El comodoro Perry, por ejemplo. No son sociedades que hayan cambiado o que vayan a cambiar endógenamente. Por esa razón, en esas civilizaciones, «cambio» quiere decir necesariamente «occidentalización» en mayor o menor grado, lo que inevitablemente genera tensiones culturales, religiosas, sociales y políticas. En Tokio se viste, básicamente, como en Nueva York y en Shanghái como en Madrid, por ejemplo. Ni en Nueva York se usa el kimono ni en Madrid el qipao. La civilización islámica es más resistente al cambio que las de extremo oriente —no ha sido capaz de industrializarse, por ejemplo— y la civilización ortodoxa está en situación defensiva en todos los ámbitos —militar, económico y cultural— desde la implosión de la Unión Soviética, y está actualmente dependiendo de las materias primas para sobrevivir.

Dos décadas después cuesta entender qué estaba viendo Huntington cuando escribió, en 1992, que «un Occidente en la cima de su poder confronta a un no-Occidente [resto de civilizaciones] que de manera creciente tienen el deseo, la voluntad y los recursos para conformar el mundo de maneras no occidentales.»⁴ Por más que se mire, veinte años más tarde, lo único que se ve son resistencias a la occidentalización, no deseos de conformar el mundo de otra manera. Y no parece que estas resistencias estén ganando fuerzas, a pesar de que en muchos casos están vinculadas a la defensa de los intereses de minorías extractivas⁵ que defienden sus intereses particulares disfrazándolos de interés general con argumentos culturales o religiosos. Es muy probable que esto sea lo que está ocurriendo en muchos países como China o Arabia Saudí, por ejemplo. En cualquier caso, lo que nos interesa aquí es aclarar si es probable que de alguna de las civilizaciones no occidentales surjan ideas nuevas que afecten de manera universal a la concepción del Estado, a las relaciones entre individuo y sociedad, a la moral, a la ética o a la filosofía. No hay nada imposible en este mundo pero, dicho esto, la emergencia de estas ideas en las civilizaciones no occidentales parece sumamente improbable.

¿Y en la civilización occidental? ¿Pueden surgir ideas nuevas universales en Occidente? Aquí la prospectiva es más complicada. Volvamos a la tríada liberté, égalité, fraternité. Tal y como hemos discutido en capítulos anteriores, los dos primeros términos configuran el terreno de la vida pública de los ciudadanos, mientras que el tercero está relegado inevitablemente a la vida privada. A un ciudadano se le puede obligar a no ser homófobo o, por lo menos, a no comportarse como tal. Pero nadie —y menos que nadie, el Estado— puede obligarle a ser fraternal, solidario, caritativo, piadoso o amante de los animales. En Occidente, al contrario de lo que ocurre en otras civilizaciones, los derechos son públicos y los deberes morales y las virtudes, privados. De ahí el desgarro provocado por la muerte de Dios, discutido en el capítulo 1.

¿Encontrará la dialéctica hegeliana una síntesis entre lo público y lo privado que permita superar ese desgarro? No lo parece, por lo menos dentro del horizonte de prospectiva que estamos considerando. La síntesis dialéctica requiere que ambos términos contrapuestos cambien. No parece probable que el primer término, el conformado por liberté y égalité, que delimita el marco de los derechos públicos en el Estado liberal democrático, pueda cambiar de manera significativa en un horizonte de tres generaciones. Parece mucho más probable que sea en la fraternité el lugar donde surjan ideas nuevas o, por lo menos, retos nuevos de carácter universal que pongan en cuestión el equilibrio de la tríada tal y como lo conocemos en la actualidad. En concreto, se ha dado casi siempre por supuesto que el ámbito de la fraternidad es la especie humana. La cita clásica de Terencio «homo sum, humani nihil a me alienum puto»⁶ lo ha ilustrado bien durante los últimos dos milenios. ¿Qué pasaría si eso cambiase, no en el sentido de restringir el ámbito sino, al contrario, en el de ampliarlo a otras especies o subespecies? De eso trata el siguiente epígrafe.

EL FUTURO DE LA ESPECIE HUMANA

En 2002 el filósofo alemán Jürgen Habermas publicó un librito que lleva el provocador título de El futuro de la naturaleza humana. ¿Qué tiene el título de provocador? Pues que la naturaleza de algo no puede cambiar, porque si lo hace, ese algo se convierte en otra cosa y esa cosa, al ser otra, tiene una naturaleza distinta. Es decir, que la naturaleza de algo no tiene ni futuro ni pasado. Es lo que es, y eso lo sabe Habermas desde antes de que le salieran los dientes. ¿Qué nos dice Habermas en ese ensayo? La segunda línea del título, «¿Hacia una eugenesia liberal?», nos da una pista. Habermas filosofa sobre los efectos que la ingeniería genética puede acabar teniendo sobre lo que él llama la naturaleza humana y que en este libro llamaremos, quizá con mayor propiedad, la especie humana. El nombre técnico de esta especie es Homo sapiens y la única subespecie superviviente en la actualidad es el Homo sapiens sapiens. Subespecies extintas son el Homo sapiens neanderthaliensis u hombre de Neanderthal y el Homo sapiens idaltu, que vivió en el cuerno de África hace unos 160.000 años.

Susan Hockfield, neurocientífica y decimosexta presidenta del Massachusetts Institute of Technology (MIT), quizá la institución científica y tecnológica más influyente del mundo, afirmó en 2007 durante una visita a Zaragoza que «así como el siglo XX se caracterizó por la convergencia de la ingeniería con la física, el siglo XXI se caracterizará por la convergencia de la ingeniería con las ciencias de la vida».⁷ Hockfield, probablemente, tiene razón. Dentro de esa convergencia, la ingeniería genética es ya una realidad que conoce un vertiginoso progreso. Situaciones como las ilustradas por la película Blade Runner de Ridley Scott, rodada en 1981, parecen estar ya al alcance de la mano. Tanto es así que, para alcanzarlas, cabe la duda de si hay que estirar el brazo hacia delante o hacia atrás. Éstas son las situaciones que angustian y que motivan la reflexión de Habermas.

Habermas se centra en los problemas morales del Diagnóstico de Pre-Implantación del embrión humano (DPI). El DPI puede tener como consecuencias inmediatas la elección del género masculino o femenino del embrión deseado por los padres. De hecho es muy probable que eso ya esté ocurriendo en varias partes del mundo. Otras consecuencias no tan inmediatas del DPI combinado con ingeniería genética, que quizá no estén ocurriendo todavía, pero que en modo alguno están tecnológicamente lejanas, pueden ser, por ejemplo, la elección del color de los ojos, de la estatura, de la capacidad de correr cien metros en menos de diez segundos, etc. Ello supondría el acceso generalizado al supermercado genético profetizado en Blade Runner. Si los padres pueden elegir el género de sus hijos ¿por qué no otras características de la persona? Y, a fin de cuentas, ¿por qué sólo pueden elegir los padres? ¿Por qué no el Estado, por ejemplo? ¿Por qué el Estado no puede modular las características personales de los futuros componentes de sus Fuerzas Especiales? Sobre esto veremos más en el próximo epígrafe. En cualquier caso, el supermercado genético abre la puerta a una eugenesia a la carta que a Habermas —y no sólo a él— le plantea serios problemas éticos y morales.

En síntesis, los problemas que se le plantean a Habermas respecto a la intervención genética provienen de que alguien, el interventor, va a decidir sobre las características personales de otro, el intervenido, sin consultarle. Esto supone tratar al intervenido como un objeto, una cosa, en vez de como un sujeto, un individuo con derecho a manifestar sus opiniones sobre su propia vida y a decidir sobre ella. Hasta aquí todo parece razonable, siempre que se suponga que la lotería genética de la concepción tradicional de los seres humanos, a partir de la relación sexual no mediatizada de sus padres, produce resultados más igualitarios y moralmente más aceptables, lo que no tiene por qué ser el caso. Recordemos el chiste genial de Chumy Chúmez en el que se ve a una pareja dialogando: «queremos que nuestros hijos se nos parezcan…», dice la mujer; «sí, ganas de fastidiar», responde el hombre.

La conclusión moral de Habermas es que la DPI con fines terapéuticos es moralmente admisible, pero la que busca modificar, aumentar o mejorar la dotación genética de un embrión sano, o sea eugenesia pura, no lo es. No voy a entrar en este libro, que no es un libro de bioética, en los detalles y vericuetos de este debate moral, pero sí quiero manifestar mi sorpresa por la limitada trascendencia que está teniendo esta discusión fuera de los círculos profesionales más restringidos. La ingeniería genética no sólo cambiará el destino de la especie humana sino que cambiará también el concepto mismo de especie humana.

Es muy probable que la ingeniería genética se implante como hecho y que la moral se tenga que adaptar, como ha ocurrido antes tantas veces en la historia (divorcio, aborto, igualdad de género, igualdad de orientación sexual…). En la civilización occidental la esfera pública decide sobre el derecho, es decir, sobre lo que los individuos abstractos, los ciudadanos, pueden o no hacer. La esfera privada, los individuos concretos, son los que deciden sobre lo que está bien y lo que está mal. El derecho acaba siempre adaptándose a lo que la sociedad considera como bueno o como malo. Los incentivos para que la sociedad acabe decidiendo que la ingeniería genética es buena son, probablemente, demasiado grandes para ser resistidos con éxito durante mucho tiempo. Esto, unido a la probable proliferación de los implantes aumentadores de la percepción y de las posibilidades físicas de los individuos —chips de internet en el cerebro, por ejemplo— pondrán en la agenda, inevitablemente, el debate sobre qué es la especie humana, el debate de Blade Runner. Como en la película, ello llevará a un replanteamiento de cuál es el ámbito al que debe referenciarse la fraternité, pues la actual referencia de la especie humana resultará inservible por obsolescencia del concepto. No sólo eso. La misma idea de égalité, como sucede en Blade Runner, puede quedar seriamente cuestionada y obligada a adaptarse a una realidad humana mucho más compleja.

Puede acabar no siendo nada fácil dar una definición precisa e intuitiva sobre base genética de lo que es un ser humano, de quiénes son los que están amparados por los derechos públicos y de quiénes son referencia y objeto de los deberes y virtudes privados. El filósofo australiano Peter Singer⁸ lleva tiempo proponiendo que en materia de derechos y deberes el concepto de ser humano debería ser sustituido por el concepto de persona. Para Singer, una persona es alguien que tiene conciencia de su existencia en el tiempo de manera suficiente para darse cuenta en un momento dado de que es el mismo ser que ha vivido previamente y que es el mismo ser que puede esperar vivir en el futuro.⁹ Según esta definición hay animales no humanos que son personas, por ejemplo los chimpancés, y hay seres humanos que no lo son, por ejemplo los que tienen una discapacidad cerebral que les impide tener esa conciencia de sí mismos. Nadie nace persona, porque nadie nace con esa conciencia de sí mismo. Muchos mueren habiendo dejado de ser personas. El debate está servido.

Las propuestas de Singer, polémicas como son, podrían abrir la puerta a la transición de una ética intraespecie a una ética trans-especie. Esto posibilitaría la continuidad de la tríada liberté, égalité, fraternité como lema de la civilización occidental pero, eso sí, con interpretaciones más amplias de quienes son los afectados por la égalité y por la fraternité. Esto supondría la prosecución de la constante ampliación del ámbito de aplicación de estos conceptos ocurrida en los siglos XIX y XX —ampliación étnica, ampliación de género— y, en el siglo XXI, ampliación de especie o subespecie. Las ideas son básicamente las mismas, no olvidemos que la historia de las ideas terminó a principios del siglo XIX precipitando el fin de la Historia, pero su interpretación continuaría mutando.

EL FUTURO DE LA GUERRA

¿Habrá más guerras epocales? En el capítulo 2 hemos definido estas guerras como aquellas en las que se dirime qué forma dominante va a tener el Estado y que, típicamente, son vencidas por los países que tienen el Estado más eficiente a efectos de movilizar más recursos para la guerra. Las guerras epocales acostumbran a ser de larga duración, de varias décadas o de casi un siglo, como la última, que ocupó la totalidad de los 75 años que tuvo, en términos históricos, el «corto» siglo XX. Las guerras epocales son fenómenos Históricos en los que se dirimen cuestiones de trascendencia Histórica. Terminada la Historia, es decir, no habiendo ninguna otra forma de Estado alternativa universalmente al Estado liberal democrático y habiendo culminado la guerra con el arma nuclear, una nueva guerra epocal no puede tener lugar.

¿Habrá más conflagraciones bélicas devastadoras? En principio sí puede haberlas, incluso nucleares. Como vimos en el capítulo 2, la escalada militar que alumbró a la civilización en el Neolítico culminó con la bomba atómica en 1945, lo que añadió la dimensión militar al fin de la Historia. Pero los arsenales nucleares siguen ahí, garantes de un difícil equilibrio de disuasión que en algún momento se puede romper. Estados Unidos, Rusia y China son potencias nucleares globales, capaces cada una de ellas de asegurar la destrucción total del planeta. El Reino Unido, Francia, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte son potencias nucleares locales, capaces de hacer mucho daño, pero no de destruir el planeta. Irán está intentando construir su propia arma atómica y quizás acabe consiguiéndolo. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Israel y la India son democracias. China es una dictadura aparentemente estable, regida por una élite extractiva que vela por sus propios intereses aunque también responde a una fuerte tradición nacionalista y tiene aspiraciones de hegemonía regional. Rusia es una dictadura inestable, disfrazada de democracia, también regida por una élite extractiva y nacionalista cuyas pretensiones hegemónicas no van más allá de algunos Estados limítrofes. Su futuro estratégico está fuertemente amenazado por el reciente descubrimiento de grandes reservas de nuevos combustibles fósiles, especialmente el gas de esquisto, ampliamente repartidas por todo el planeta y que inevitablemente acabarán causando una caída estructural de la demanda de materias primas rusas. También de las de Oriente Medio, por supuesto. Pakistán es el único Estado islámico que actualmente tiene el arma nuclear. Es un país extremadamente inestable, limítrofe con países —Afganistán e Irán— que tampoco son un ejemplo de estabilidad. El conflicto Pakistán-India y el de Israel-Irán son los focos de tensión actuales que podrían provocar un conflicto nuclear.

En cualquier caso, un conflicto nuclear sólo es probable en el caso de que haya un Estado con arsenal atómico que vea amenazada su propia existencia. Esa existencia del Estado, en los países no democráticos, tiende a confundirse de manera deliberada con los intereses de las élites extractivas que los rigen, de modo que si estos intereses se ven amenazados, estas élites podrían impulsar un resurgir nacionalista apoyado en el arsenal nuclear para defenderse. Ésta es la razón de ser última de la bomba atómica de Corea del Norte y, en parte de la de China y la de Rusia. También del intento iraní de construirla. En estos casos, la bomba tiene una lógica fácil de entender y que ejerce una fuerte presión para el mantenimiento del actual statu quo. En el caso de Pakistán, la bomba tiene una explicación histórica por el conflicto que mantiene con la India desde la independencia de ambos. Su lógica actual es más confusa que en los casos anteriores y, por tanto, la situación es más propensa a accidentes no deseados por nadie. En el caso de Israel, la lógica tradicional, asegurar la existencia del Estado frente a enemigos no nucleares, se complica por la escalada de Irán, pero quizá el futuro más seguro para todo el mundo pasaría por acabar aceptando un Irán nuclear que garantice la supervivencia de la élite extractiva iraní en un sistema de disuasión mutua con el Estado de Israel.¹⁰

Nadie desea un conflicto nuclear, lo cual no quiere decir que no pueda llegar a producirse. La disuasión nuclear es tremendamente conservadora, porque refuerza el statu quo externo e interno de muchos países. De ahí que la aspiración natural de toda élite extractiva sea conseguir el respaldo nuclear. Ello lleva a pensar que la intentona iraní no será la única que conocerán las generaciones futuras. En cualquier caso, con el actual sistema de disuasión nuclear, o con las ampliaciones que pudiera tener en el futuro, hace que el escenario más probable para las guerras del futuro sea el de guerras limitadas, con objetivos limitados, que no resultarán en cambios dramáticos de los statu quo. Algo así como un regreso al mundo configurado en el Tratado de Utrecht. Es muy probable que las guerras del siglo XXI traigan muchas menos novedades en el mapa político o en la naturaleza de los Estados contendientes que las de siglos anteriores. Es más, habrá guerras en las que habrá Estados en un solo bando, estando el otro ocupado por organizaciones privadas, como muestra la actual guerra de Afganistán. En estas guerras combatirán ejércitos reducidos, muy profesionalizados, apoyados por la participación directa o indirecta de entidades privadas. Como acabamos de mencionar en uno de los bandos, o en los dos, podría haber sólo organizaciones privadas.

Puede descartarse, con un elevado nivel de confianza, la ocurrencia de guerras en las que intervengan ejércitos masivos reclutados mediante levas. Las guerras del inmediato futuro tenderán a buscar no tanto la resolución de un conflicto determinado como la prevención de su estallido haciéndolo crónico. En un símil médico, es como luchar contra el sida: nunca se le vence, pero en muchas ocasiones se logra transformarlo en una enfermedad crónica controlada. Éstas son las lecciones que vienen aprendiendo los ejércitos de la OTAN desde las guerras yugoslavas de la década de 1990, el ejército ruso desde las guerras de Chechenia entre 1994 y 2009, y también el ejército israelí en las guerras palestinas. Estas enseñanzas han quedado corroboradas por las campañas de los aliados en Irak y en Afganistán en el siglo XXI. Y, sobre todo, en la lucha contra el terrorismo islámico, muy en particular contra Al Qaeda. La guerra de Irak, un Estado fuerte y un pueblo débil, empezó con una invasión convencional seguida por operaciones de contrainsurgencia, llevadas a cabo sobre el terreno por fuerzas especiales, para conseguir eliminar los obstáculos que se oponían a un acuerdo político para formar un nuevo Gobierno iraquí. El éxito fue modesto, pero aparentemente suficiente. En Afganistán, un Estado débil y un pueblo fuerte, la contrainsurgencia no ha dado los resultados mínimos necesarios y parece haberse optado por el contraterrorismo, es decir, por cronificar la situación llevando a cabo las operaciones antiterroristas necesarias para mantener el problema afgano dentro de unas dimensiones manejables. Igualmente parece haberse optado por el contraterrorismo para cronificar el terrorismo islámico que no tiene una adscripción territorial concreta.

La estrategia militar de movilizar a la nación para afrontar una guerra sangrienta en la que participan ejércitos masivos parece haber entrado, para siempre, en el museo de Historia Militar. En la sala contigua a la de la falange macedónica, para ser más precisos. La guerra ha entrado, por fin, en el mundo post-Histórico.

EL FUTURO DE LA ECONOMÍA

¿Qué ocurrirá con la globalización? El único escenario que, a priori, sería consistente con una reversión del proceso de globalización que comenzó hace algo más de dos décadas sería un escenario de guerra entre las mayores potencias económicas o una vuelta, por uno u otro motivo, a una política de bloques que levantase grandes barreras comerciales entre ellos. Por lo razonado en el epígrafe anterior, ese escenario bélico es muy improbable. Además, no hay ningún miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), o del G20, que considere que una vuelta a la política de bloques, cualesquiera que fuesen los bloques, no fuera extremadamente dañina para sus intereses. Los países en vías de desarrollo necesitan una economía cada vez más global para reducir la brecha de renta per cápita que tienen respecto a los países desarrollados. El enriquecimiento fabuloso, los privilegios principescos y la continuidad en el poder de las élites que dominan algunos de estos países emergentes, notablemente China, dependen crucialmente de que sean capaces de mantener el proceso de convergencia en renta de su población con los países más desarrollados. China, por ejemplo, tiene ambiciones de hegemonía regional, pero nunca llevará sus ambiciones tan lejos como para poner en peligro la globalización de la economía. Otra cosa es que, cuando llegue la inevitable desaceleración de la economía, a los dirigentes chinos les interese tensionar la política regional y reavivar el fervor nacionalista. Pero mal les tienen que ir las cosas para desandar el camino de la globalización.

La globalización tiene muchísimas consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales. A los efectos de este libro, que no es un libro sobre la globalización, nos interesa destacar solamente tres. En primer lugar habrá una convergencia importante de rentas per cápita entre los países emergentes con los países desarrollados. Las posibles excepciones son el mundo islámico y el África subsahariana que, por razones eminentemente culturales —identificación de industrialización con «occidentalización», por ejemplo—, se pueden quedar descolgadas del proceso de reducción de diferencias de renta per cápita. Esta convergencia se conseguirá por el alza de las rentas de los países en vías de desarrollo y por la disminución relativa de las de los países desarrollados. La ley de un solo precio en un mundo globalizado es inexorable. Repitiendo lo ya apuntado en el capítulo 3, si un español, por ejemplo, trabaja haciendo lo mismo que un chino, o bien cobra lo mismo que el chino o acabará perdiendo su empleo, más bien pronto antes que tarde. Esta convergencia, que ya afecta de lleno a la manufactura, está empezando a afectar también a los servicios. Hay muchísimas empresas en la City londinense, por ejemplo, cuya contabilidad y valor liquidativo diario se calculan en la India. Hay hospitales en España cuyos servicios de urgencias envían sus TAC nocturnos para ser informados a Argentina.

Es un proceso imparable. La única manera de evitarlo es mantener una brecha positiva de capital humano que permita moverse hacia arriba en la escala de sofisticación de los productos y servicios, manteniendo la distancia con los países emergentes a medida que éstos van ascendiendo. Hay muchos países europeos que son capaces de hacer eso sin mayores problemas, pero España sí los tiene porque arrastra un déficit muy importante de capital humano que, como se argumentó en el capítulo 1, viene de lejos, por lo menos desde el siglo XVI. Para seguir en el mapa de los países desarrollados España deberá hacer un esfuerzo muy grande y muy consistente en el tiempo en educación, investigación básica, innovación, desarrollo y fomento del emprendimiento. Como se desarrolla en la tercera parte de este libro, éste debe ser el principal proyecto para España durante las próximas generaciones.

En segundo lugar, la globalización afecta también, y mucho, a las clases medias. Los asalariados más cualificados se hallan inmersos en un creciente proceso de proletarización. Por poner sólo ejemplos españoles, empezaron los maestros y profesores, antes de la globalización. Siguieron los médicos a medida que los hospitales se llenaban de profesionales hispanohablantes no españoles. Luego los arquitectos, muy dañados por el reventón de la burbuja inmobiliaria. También los ingenieros están transitando este camino. Sólo se salvan de la proletarización algunos abogados y economistas socios de bufetes, consultoras y grandes multinacionales de la auditoría. Por poner sólo un dato: un ingeniero con cinco años de experiencia en sistemas electrónicos y software le cuesta a su empresa en España una media de 55.000 euros al año.¹¹ Una vez deducidos un 30 por ciento de costes de la Seguridad Social y un 25 por ciento de retenciones de IRPF le queda a ese ingeniero un líquido a percibir de 2.406 euros mensuales en doce pagas anuales. ¿Mejorará el ingeniero si decide irse a trabajar al extranjero? No parece. En Inglaterra, por ejemplo, el coste para la empresa de un ingeniero de estas características es un 10 por ciento inferior al de España.

¿Desaparecerán las clases medias, como decía Juliana en la larga cita que abre este capítulo? En cierta medida, parece probable que así sea. Perderán estatus las clases medias formadas por asalariados cualificados que estén sometidas a la competencia global. Los asalariados cualificados, los ingenieros del párrafo anterior, por ejemplo, seguirán estando en la parte alta de la escala salarial, pero esta escala se acortará. Por otra parte, sin embargo, parece probable que se mantengan o aumenten las diferencias salariares de la escala ejecutiva y que surjan nuevas clases medias sobre la base del emprendimiento y del talento. Y es que, por decirlo de una manera intuitiva aunque imprecisa, la escalada militar que forjó la Historia ha mutado en la post-Historia a una escalada de capital humano y de talento. Los países con mayor nivel y mayor tasa de crecimiento del capital humano seguirán manteniendo la producción de los bienes y servicios de mayor valor añadido y seguirán teniendo mayor renta per cápita que los países con menor capital humano, que tendrán que especializarse en producción de menor valor añadido. Sin embargo, la renta en estos últimos también crecerá, probablemente mucho, aunque resulta imposible prever si llegarán a convergen con los países más desarrollados. Lo harán si acumulan capital humano mucho más deprisa que ellos, lo que, a priori, no está nada claro que vaya a ocurrir.

Lo que sí está más claro es que es muy probable que continúe el crecimiento exponencial de las innovaciones e, incluso, que se acelere más. Ahora mismo estamos solamente en los albores de la economía del conocimiento. Con la aceleración de la innovación vendrá también la del proceso de destrucción creativa. Son las dos caras de la misma moneda. En el capítulo 4 hemos introducido el dilema entre, por una parte, un crecimiento más suave, con menos altibajos, que mitigue el trastorno social de los ciclos abruptos aunque acabe dando lugar a un crecimiento menor a largo plazo, y un crecimiento en el que la destrucción creativa tenga un mayor papel, con ciclos más pronunciados y mayor crecimiento final. Este dilema, que resolvió la guerra fría a favor de Occidente, seguirá siendo muy relevante. Así como la memoria de la Gran Depresión está todavía muy viva hoy en día en las sociedades occidentales, en parte por la crisis que estamos viviendo en la actualidad, la memoria de esta última crisis durará generaciones y alimentará el debate entre ambas alternativas. No está claro a priori que el capitalismo pueda ser domesticado para generar un crecimiento suave y uniforme. Pero el debate es probable que siga durante mucho tiempo.

EL FUTURO DEL ESTADO

En este epígrafe nos vamos a centrar en hacer una prospectiva de los problemas de legitimidad de las naciones-Estado que introdujimos en el capítulo 3. Las naciones-Estado seguirán siendo las formas dominantes de organización política en el siglo XXI pero, junto a ellas, tendrán también un papel relevante formas de organización política post-Históricas, como la actual Unión Europea, a la que los Estados miembros han cedido buena parte de su soberanía. Esto hace que los problemas de legitimidad de una y otra instancia política se superpongan y se entremezclen.

Las naciones-Estado obtienen su legitimidad garantizando la seguridad exterior e interior de la nación y maximizando el bienestar de sus ciudadanos. Las razones por la que la legitimidad obtenida garantizando la seguridad se debilita han sido expuestas en el capítulo 3, por lo que aquí nos centraremos en los problemas que plantea el Estado de bienestar.

En el capítulo 2 hemos visto que el Estado de bienestar fue una conveniencia de la estrategia militar de finales del siglo XIX que buscaba maximizar la capacidad de movilización de la nación para hacer frente a guerras que requerían ejércitos masivos. Esto no quiere decir que esta conveniencia fuera la única causa de su puesta en marcha. Estaban las reivindicaciones del movimiento obrero, por una parte, y también tenían influencia movimientos ideológicos de base más amplia que postulaban incorporar la fraternité a la vida pública de manera coercitiva a base de reformas graduales. El ejemplo más representativo de estos movimientos es, probablemente, la Sociedad Fabiana, fundada el Londres en 1884, sociedad que acabó dando origen al Partido Laborista británico. En el siglo XX se fueron implantando sistemas tributarios para financiar el Estado de bienestar que, a partir de 1945 fueron adquiriendo un carácter progresivo, es decir, con un fuerte componente de redistribución de renta entre los ciudadanos. Este Estado de bienestar, más progresivo en Europa que en Estados Unidos, fue una pieza clave de la estrategia occidental en la segunda mitad del siglo XX durante la guerra fría y el escaparate abierto hacia los países del Este que mostraba con todo lujo de detalles qué tipo de organización política generaba más bienestar para su población. En otras palabras, la prueba plástica de quién estaba ganando la guerra.

Terminada la guerra fría, el Estado de bienestar continuó desarrollándose en un marco de crecimiento económico acelerado durante la década de 1990. Ya se detectaban entonces tendencias demográficas que ponían en peligro los sistemas de pensiones públicos de reparto: caída de la natalidad y crecimiento acelerado de la esperanza de vida, que resultaban en un rápido envejecimiento de la población. Algunos países, como Suecia, supieron reformar a tiempo sus sistemas de pensiones para asegurar su viabilidad financiera futura. Otros, como España, dejaron pudrirse el problema hasta el punto de convertirlo en casi insoluble. Este tema lo trataremos con más detalle en la tercera parte de este libro. Lo que nos interesa constatar aquí es que la caída de la natalidad y la prolongación de la esperanza de vida —que en España está creciendo al vertiginoso ritmo de cuatro horas diarias— amenazan la viabilidad financiera de los sistemas de pensiones en muchos países, entre ellos España, y ponen en peligro la financiación de los sistemas sanitarios. Una profunda reforma financiera sería inevitable aunque la legitimidad de los Estados del siglo XXI continuase basándose en la maximización del bienestar de sus ciudadanos.

Ocurre, sin embargo, que en el siglo XXI la escalada militar que propició la construcción del Estado de bienestar ha sido sustituida por una escalada en la acumulación de capital humano. Por poner un ejemplo ilustrativo, hasta el hijo de Xi Jinping, nuevo presidente de China, estudia en Harvard. Los Estados que no quieran quedarse atrasados en esta nueva carrera, que no es de armamentos sino de talento, no pueden seguir extrayendo su legitimidad de la maximización del bienestar de sus ciudadanos. Eso lleva —no hay más que mirar a España— a que éstos acaben delegando la responsabilidad de sus propias vidas en el Estado y a que no se esfuercen por capitalizarse como personas activas. En un mundo en el que será cada vez más difícil escudarse en barreras de entrada para mantener privilegios, esto es una actitud suicida, que lleva a los ciudadanos a acabar dependiendo del presupuesto público y al Estado al colapso financiero.

Los Estados del siglo XXI deberán obtener su legitimidad del éxito que obtengan sus países en esa carrera del capital humano, porque el bienestar de la población va a depender de ese éxito y no de los subsidios públicos. Para ello, los Estados deberán maximizar las oportunidades que se les ofrecen a sus ciudadanos para que éstos, responsabilizándose de sus propias vidas, elijan lo que estimen más conveniente, sin delegar en el Estado. Para hacer esto posible, los Estados deberán tener sistemas educativos excelentes, deberán fomentar el emprendimiento, la investigación y la innovación.¹² Si no lo hacen, el bienestar de la ciudadanía acabará derrumbándose, más bien pronto antes que tarde, porque el país no podrá competir. En España no hay casi nadie con poder de decisión que vea las cosas de esta manera. Tenemos un sistema educativo desastroso; una investigación fundamental que es consistentemente considerada como gasto prescindible y que masacran con recortes presupuestarios cada vez que escasea el dinero público; y un sistema fiscal que castiga el emprendimiento y la innovación. ¿Cuánto tiempo creemos que seguirá estando España entre los países más desarrollados del mundo?

El cambio de énfasis en las fuentes de legitimidad de las naciones-Estado no debería suponer el desmantelamiento de las redes de seguridad del actual Estado de bienestar. Hay dos tipos de razones que llevan a pensar que esto no va a ocurrir. En primer lugar están las razones de tipo moral. La tensión intrínseca entre liberté y égalité, por una parte, y fraternité, por la otra, es la esencia misma de la civilización occidental, lo que la convierte en la única civilización inclusiva que ha conocido la historia después del Imperio romano, que fue la primera. Occidente no puede renunciar a ninguno de los términos de la tríada, concretamente a la fraternité, sin perder su carta de naturaleza. La sociedad post-Histórica exige de los individuos que asuman mayor responsabilidad sobre sus propias vidas, es decir, que asuman más riesgos y que, por tanto, cometan más errores. Deben existir redes de seguridad para asegurar que el que fracase en un intento lo seguirá intentando en un marco de estabilidad social. No se trata de recortar el Estado de bienestar sino de suprimir sus elementos más desincentivadores de la iniciativa individual y de ajustarlo a la evolución de la demografía. Volveremos sobre este tipo de razones en la tercera parte de este libro.

El segundo tipo de razones es de naturaleza económica. En la sociedad post-Histórica es muy probable que aumente la volatilidad de la vida laboral de los individuos. Los cambios de empleo serán más frecuentes y no sólo de empleo sino también de ocupación y de situación laboral entre asalariado, autónomo o empresario. El período formativo de los trabajadores no debería terminar nunca, ni con su jubilación. Esta mayor volatilidad individual necesitará esquemas como la flexiguridad danesa u holandesa, que permiten combinar mucha flexibilidad en los cambios en la vida laboral con políticas proactivas de mercado de trabajo y un alto grado de seguridad. El incremento de la volatilidad microeconómica debería redundar en una significativa reducción de la volatilidad macroeconómica, es decir, en que los ciclos económicos y la destrucción creativa no provocaran catástrofes de empleo como la que han provocado en España en este ciclo. También en la tercera parte volveremos sobre esto.

EL FUTURO DE EUROPA

La Unión Europea (UE) es la primera institución política a gran escala plenamente post-Histórica. No es una organización internacional sino supranacional, la primera de estas características en la historia. No es solamente un club de Estados, puesto que sus instituciones representan tanto a los Estados miembros como a los ciudadanos de la Unión, quienes son sujetos directos de derechos europeos que no pueden ser intermediados por sus Estados de origen. Desde el Tratado de Roma de 1957, firmado por seis Estados europeos,¹³ hasta nuestros días la Unión ha crecido sin cesar hasta contar con los actuales 27 Estados miembros, y hay más candidatos en la cola de admisión. La UE ha conseguido una integración de las economías europeas sin precedentes en la historia, superior incluso a la conseguida por el Imperio romano. También ha conseguido una integración política y legislativa no conocida en Europa desde el siglo VI. Y sus principales miembros comparten una moneda común desde hace quince años. Todo esto ha supuesto grandes cesiones de soberanía de los Estados a la Unión, cesiones que van desde la política monetaria para los 17 miembros que han adoptado el euro —la moneda es el símbolo máximo de la soberanía— hasta cómo se deben transportar los cerdos, pasando por buena parte de la política fiscal, de inmigración, agraria, industrial, etc. Es más breve la lista de las políticas estatales que no están mediatizadas por la UE que la de las que sí lo están.

Mucha gente se pregunta ¿adónde va Europa? ¿Adónde va la UE? Hay gran confusión en las respuestas y, en parte, la confusión está justificada. ¿Va la UE a convertirse en una unión política en forma de Estado federal? ¿Confederal? En caso contrario ¿qué sentido tiene una unión política cada vez más estrecha? ¿Adónde vamos?

No debe analizarse la UE utilizando solamente conceptos Históricos, como Estado, nación o soberanía pues eso lleva a confusión. La UE, por ejemplo, por más que avance la unión política entre sus miembros, nunca será un Estado federal. Para decirlo con más claridad: nunca será un Estado. Es algo nuevo en la historia, algo que seguirá conviviendo con Estados y regiones, algo que seguirá dando a los habitantes de su territorio el estatus de ciudadanía europea, lo que supone una relación directa del ciudadano con la Unión, similar a la relación directa que tenía un ciudadano romano con el emperador. Civis romanus sum. Recurro al Tribunal de Luxemburgo. Dos mil años después, volvemos a encontrar la misma idea. Por fin.

Es moneda corriente que la UE tiene problemas de legitimidad. En mi opinión eso es cierto, pero hay que matizarlo mucho. En este libro hemos barajado tres nociones de legitimidad. En primer lugar, el concepto de Fukuyama que establece que la legitimidad de un régimen político proviene de que la población lo vea como justo y que esté dispuesta a cumplir sus reglas. En segundo lugar, la legitimación de la nación-Estado moderna por la maximización del bienestar de sus ciudadanos. Y, en tercer lugar, la legitimación del Estado post-Histórico por la maximización de las oportunidades que se ofrecen a sus ciudadanos. Veamos cómo casan estas nociones con la UE.

La primera noción es de aplicación a todo sistema político y, en concreto, a la UE. El origen de la Unión está en la voluntad de un puñado de políticos, en la posguerra de la segunda guerra mundial, de lograr una unión política en Europa que hiciese imposible que tuviesen lugar nuevas guerras europeas. Los padres fundadores —Monnet, Schuman, Spaak, De Gasperi, etc.—… provenían de la oposición y de la resistencia al nazismo. Su objetivo de lograr una unión política europea era imposible a corto plazo por la cercanía de la guerra, que obstaculizaba la creación de organismos supranacionales en el viejo continente. Por ello optaron por una aproximación más gradual y eligieron la integración económica como instrumento para conseguir la integración política. En la jerga comunitaria a esta estrategia se la conoce como la «vía funcionalista». El primer paso fue la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1951.¹⁴ A ello siguieron el Tratado de Roma, el Mercado Común, el Sistema Monetario Europeo, el Mercado Único, el Tratado de la Unión Europea, la Unión Económica y Monetaria, la fracasada Constitución europea de 2004 y el Tratado de Lisboa.

La integración económica y política conseguida en menos de seis décadas ha sido muy profunda y, probablemente, irreversible. Sin embargo, sobre el proceso de construcción de la Unión Europea planea la duda de la legitimidad. ¿Hasta qué punto un proceso de integración iniciado de manera conspirativa por los padres fundadores y que ha progresado siempre de «arriba a abajo» impulsado por el Consejo Europeo, sin haber sido nunca sometido al bautismo legitimador de unas elecciones representativas, hasta qué punto este proceso y las instituciones en las que se encarna son considerados legítimos por los ciudadanos europeos? Todo parece indicar que estos últimos siguen percibiendo los asuntos europeos en clave estrictamente nacional, como muestran los revolcones que los electorados irlandés, francés y holandés dieron al proyecto de Constitución europea. Pero no es sólo el electorado. Las elecciones al Parlamento europeo, que sí son representativas, se dirimen también en clave exclusivamente nacional. Las clases políticas de los diversos Estados miembros se han resistido a ceder competencias a una clase política europea que no ha llegado a nacer por ese motivo, propiciando en su lugar la creación de castas de funcionarios de la Unión —en la Comisión, tribunales europeos, Banco Central Europeo…— que son los que dan la imagen perceptible de las instituciones. Las presidencias de la Comisión y del Consejo, ocupadas por políticos con bajo peso específico, han terminado por funcionarizarse y actúan más como secretariados de sus respectivas instituciones que como impulsores de iniciativas políticas europeas, que es lo que deberían ser. En estas circunstancias resulta comprensible que los ciudadanos que ven más legítima a la UE son los de los países que reciben transferencias netas positivas de la Unión, mientras que los que tienden a verla como ilegítima o injusta son los que reciben negativas. A pesar de los enormes progresos de la integración económica y política, la legitimidad de la UE se sigue interpretando en clave nacional. Dependiendo de la percepción de cómo afecta la UE al bienestar de los ciudadanos de los distintos países, éstos la acaban considerando más o menos legítima.

Esto lleva a que la primera noción de legitimidad, la de Fukuyama, que es la más fundamental y la que está relacionada con la percepción de la justicia de las instituciones, se acabe diluyendo en la segunda, que es la que emana de la maximización del bienestar de los ciudadanos. La UE tiene legitimidad en la medida en que refuerza la de los Estados miembros. No hay más que ver a los líderes políticos volviendo del Consejo europeo a sus países de origen anunciando, satisfechos, cuánto dinero adicional han conseguido o cuánto se han ahorrado. De esta manera es muy difícil que la Unión tenga legitimidad por sí misma ante los ciudadanos porque la maximización del bienestar de éstos es una tarea Histórica de las naciones-Estado que no entra ni puede entrar en las ambiciones de la UE. Ni la educación, ni la sanidad, ni las pensiones, ni la ayuda a la dependencia, por ejemplo, son competencias de la UE y es muy probable que no lo sean jamás, por más integración política que haya en el futuro, porque nadie, especialmente los países del norte de Europa, va a querer pagar los gastos sociales de los demás. ¿De dónde puede la UE extraer legitimidad de manera no mediatizada por los Estados miembros? Tiene que ser de la tercera acepción, la post-Histórica, la que emana de la maximización de las oportunidades que se ofrecen a los ciudadanos.

Dan la pista los Programas Marco europeos de I+D, el Programa de Innovación y Competitividad, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, hoy en día incorporados financieramente al programa Horizonte 2020, y programas de becas como el programa Erasmus. En las perspectivas financieras 2014-2020 los programas de I+D, y los de innovación y tecnología tienen un incremento de más del 30 por ciento respecto a las perspectivas financieras 2007-2013. La dotación de las becas Erasmus se incrementa un 40 por ciento. Son incrementos muy grandes, sobre todo si se tiene en cuenta que el presupuesto comunitario para el próximo sexenio se ha reducido respecto al actual. La señal política no puede ser más clara: en tiempos de grave crisis económica y de penuria presupuestaria hay que apostar por el futuro y hay que tener prioridades claras. Todo lo contrario, hay que decirlo, de lo que hacen los Gobiernos españoles.

La UE hace bien en priorizar la I+D+i y las becas Erasmus, no sólo por ganar legitimidad incrementando las oportunidades que ofrece a sus ciudadanos, sino también por una cuestión de supervivencia. Como unión aduanera, como mercado común e, incluso, como mercado único, la UE podría sobrevivir y prosperar como una organización internacional. Esta situación encarnaría la visión británica de Europa. Pero la UE es una organización supranacional vertebrada por una unión monetaria y la posible inviabilidad de esa unión monetaria puede acabar condicionando el futuro de la UE. El razonamiento de por qué esto es así, que se expone a continuación, culmina este capítulo y la primera parte de este libro.

La actual unión monetaria es el octavo intento de unión monetaria que conoce Europa desde 1850. Un breve resumen de las circunstancias y características de los siete intentos anteriores¹⁵ aparece en el cuadro 5.1 de la página 124. Cuatro de los intentos fueron culminados con éxito y tres terminaron en fracaso. Todos los éxitos fueron procesos de construcción nacional —Suiza desde 1850, Italia desde 1862, Alemania desde 1871, y Alemania, otra vez, desde 1989— en los que la unión monetaria fue una de las dimensiones de una unión política de mayor calado. La voluntad de unión política permitió superar por la vía fiscal el hecho histórico recurrente de que en una unión monetaria entre regiones o entre Estados siempre hay ganadores y perdedores entre las regiones o Estados que lo forman, dependiendo de su capital humano y productividad, entre otros factores. La construcción de un Estado común permite hacer transferencias fiscales a los perdedores que en algunos casos, como Italia, han terminado por convertirse en permanentes. Los tres fracasos —la unión monetaria entre Alemania y Austria (1857-1867), la Unión Monetaria Latina (1865-1926) y la Unión Monetaria Escandinava (1872-1931)— tuvieron como denominador común la ausencia de una voluntad de unión política y la ausencia de una política monetaria común, aunque en algunos casos hubiera mucha coordinación. Las disparidades en política monetaria se materializaban en la puesta en circulación de monedas de peor calidad por parte de algunos miembros de la unión. Inevitablemente, por la ley de Gresham,¹⁶ sólo circulaba la moneda de peor calidad y la moneda buena se acumulaba en los países con una política monetaria más restrictiva. No es una exageración afirmar que las uniones monetarias que fracasaron cayeron víctimas de la ley de Gresham. Las disparidades de política monetaria entre los diferentes miembros no eran caprichosas sino que respondían a las diferentes situaciones económicas y presupuestarias de los distintos países. La existencia de tensiones políticas entre los miembros también acabó teniendo un papel relevante en el fracaso de las tres uniones multiestatales.

El actual intento de unión monetaria tiene características comunes tanto con los intentos previos exitosos como con los fracasados. La existencia desde el principio de una moneda única y de una política monetaria única evita, a priori, desestabilizaciones derivadas de la ley de Gresham. La otra cara de la moneda es que los países más débiles no pueden devaluar para restaurar su competitividad y, en ausencia de una flexibilidad salarial muy elevada, pueden acabar necesitando transferencias fiscales de los otros miembros de la unión, cosa que prohíbe taxativamente el tratado de la UE. En otras palabras, la unión política entre los 17 miembros del euro es muy parcial y es insuficiente para soportar transferencias de renta de unos Estados a otros. En mi opinión es muy improbable que una unión política lo suficientemente estrecha tenga lugar en el horizonte temporal que contempla este ejercicio de prospectiva. Por tanto, para que la unión monetaria pueda sobrevivir, los países del sur de Europa deben hacer dos cosas. En primer lugar, deben flexibilizar al máximo sus mercados de trabajo, de otros factores productivos como la energía, de bienes y de servicios para hacer posibles devaluaciones por el sector real de la economía, es decir, para bajar salarios y precios cada vez que haya que compensar una pérdida de competitividad. Éste es un proceso extraordinariamente doloroso, en el que España se halla ahora mismo inmersa, y que no se puede repetir muchas veces. Por tanto hay que ir a la raíz del problema, que ha sido descrita en los capítulos 1 y 3 de esta primera parte y sobre la que se volverá en la segunda. Los países del sur tienen que cerrar la brecha de productividad y de capital humano que les separa de los países del norte. Éste es el principal mensaje de este libro. Para ello necesitan hacer inversiones masivas en capital humano, en I+D, en innovación y en fomento del emprendimiento. Si no lo hacen, la unión monetaria no sobrevivirá porque los países del norte nunca aceptarán un sistema de transferencias permanentes. Así se configura el futuro de Europa.

CUADRO 5.1

Uniones monetarias en Europa desde 1850

1. Suiza (1850). La unión política se alcanzó en 1848. El nuevo sistema monetario se basó en el franco francés. La regulación de la moneda fiduciaria siguió siendo competencia cantonal hasta 1905. Suiza participó en la Unión Monetaria Latina.

2. Italia (1862). La unión política se consiguió en 1861. La unión monetaria se basó en el patrón bimetálico francés. La unificación de la moneda fiduciaria no se consiguió hasta 1926. Italia participó en la Unión Monetaria Latina.

3. Alemania (1871). La unión aduanera (Zollverein) comenzó en 1834. El Tratado de Dresde estableció sólo dos monedas, el Thaler en el norte y el Gulden en el sur, con tipo de cambio fijo. La unión política y monetaria comenzó en 1871. La unificación de la moneda fiduciaria no se consiguió hasta 1910.

4. Unión Monetaria Austro-Alemana (1857-1867). Nació por el deseo de Austria, potencia dominante centroeuropea, de estabilizar su moneda frente al Thaler y el Gulden. Participaron Austria, Prusia, los Estados alemanes del sur y Liechtenstein. Se introdujo en toda la unión el Vereinsthaler, moneda paralela fuerte de curso legal. Las monedas fiduciarias debían ser convertibles. Los problemas surgieron por la poca integración económica entre Austria y las economías alemanas y por las políticas monetarias divergentes de los miembros. Austria no pudo conseguir la convertibilidad de los billetes de banco. Las monedas de alta calidad fueron desplazadas por los billetes. La unión terminó con la guerra austro-prusiana de 1867.

5. Unión Monetaria Latina (1865-1926). Francia, miembro dominante de la unión, buscaba extender su patrón bimetálico (oro y plata) para aumentar su influencia política. Participaron Francia, Bélgica, Suiza, Italia y, desde 1867, Grecia. Las monedas de los diversos miembros no eran de curso legal en otros países, pero los Gobiernos se comprometían a cambiarlas por su moneda nacional. No había reglas para la moneda fiduciaria ni para la política monetaria. La escalada de no convertibilidad de los billetes en Italia y Grecia puso en marcha a la ley de Gresham y la moneda de calidad se refugió en los países del norte. Esto acabó con la unión.

6. Unión Monetaria Escandinava (1872-1931). Nacida con vocación de contribuir a la unidad cultural y política escandinava y crear un área de estabilidad monetaria. Basada en el patrón oro y monedas idénticas, aunque con distinta acuñación, en los países miembros. Sin reglas para la moneda fiduciaria. Participaron Suecia, Dinamarca y Noruega. La política monetaria restrictiva de Dinamarca provocó la acumulación de las monedas de oro en ese país.

7. Alemania (1990). Unificación exitosa del marco del este con el del oeste con paridad 1:1. Fuerte reacción de la política monetaria para evitar inflación. Transferencias fiscales posiblemente permanentes. Fuente: elaboración propia a partir de Vanthoor, 1996.

Fuente: elaboración propia a partir de Vanthoor, 1996.

SEGUNDA PARTE

¿DE DÓNDE VIENE ESPAÑA?

Una reflexión sobre la anomalía histórica española

CAPÍTULO 6

LA GEOGRAFÍA DEL CAPITALISMO CASTIZO

En la primera parte de este libro me he dedicado a fundamentar una prospectiva de hacia dónde va el mundo. En esta segunda parte analizaré cuáles son los principales factores que, a mi juicio, obstaculizan la adaptación de España a las exigencias del futuro. Empezaré por la geografía y sus consecuencias.

El último curso de geografía que tomé debió de ser en el bachillerato elemental. Era un compendio memorístico de listas —ríos de Siberia, montañas de África, principales pueblos de las provincias españolas…—. Como también los cursos de historia eran entonces el mismo tipo de compendio, en su caso de reyes y batallas, le veía yo una cierta lógica a que la asignatura se denominase Geografía e Historia. Tal para cual, me decía. No sospechaba yo hasta qué punto eso del tal para cual era cierto, en un sentido que entonces no podía ni tan siquiera imaginar.

Pasaron varias décadas y un buen día, invitado a dar una conferencia sobre mercados emergentes en una reunión de banqueros de inversión, pensé que era de rigueur incluir algunas reflexiones geográficas que fueran un poco más allá de que el Yeniséi fluye al este del Obi o que el Montblanc es más alto que la Jungfrau. No sabiendo de geografía más que las listas aprendidas de memoria en mi infancia y no conociendo personalmente a ningún geógrafo que pudiese educarme recurrí, por aquello de la Geografía e Historia, a mi compadre Leandro Prados de la Escosura, historiador de reputación mundial y persona muy ocupada, quien resolvió el tema en tres palabras: «léete el Braudel». Y colgó el teléfono.

La lectura del libro de Fernand Braudel La Mediterranée et le monde mediterranéen à l’époque de Phillippe II¹ me provocó una honda e imborrable impresión, comparable a la que pudo tener John Keats cuando leyó por primera vez las traducciones de Homero de George Chapman.² Súbitamente se abrió ante mis ojos un océano nuevo e inesperado, un conjunto de factores ignorados por mí que ayudaban a explicar de manera muy profunda las sociedades humanas, su demografía, su cultura, su economía y su política. Estos factores son la geografía —y, dentro de ella, la orografía y la hidrología— y la climatología. Para Braudel, los movimientos de muy larga duración de la historia están fuertemente influidos por el entorno natural —geografía y clima— porque condiciona los desarrollos de la civilización humana,³ desde los medios de transporte hasta las ideas. Claro está que geografía y clima no proporcionan toda la explicación de la historia porque no determinan nada al completo, pero sí deben estar en la base de toda explicación de la historia porque condicionan todos los demás factores que influyen en ella.

El artículo que publiqué en el diario El País en marzo de 2012 sobre las consecuencias ideológicas, políticas y económicas de la elección de Madrid como capital de España⁴ en el siglo XVII causó mucha sorpresa y todo tipo de reacciones encontradas. Muchos lectores lo consideraron una boutade que, por venir de un catalán y seguidor del Barça, añadía motivos de sospecha a la supuesta frivolidad del argumento. A otros, más constructivos en sus críticas, les pareció particularmente original el argumento, pero no lograron superar el desconcierto sobre el valor y el peso que tenían que darle a la geografía como factor explicativo de las peculiaridades de una determinada sociedad. Fuera de círculos académicos especializados, Fernand Braudel es un gran desconocido en nuestro país, a pesar de haber sido uno de los historiadores más influyentes del siglo XX.

En este capítulo discutiré algunas, sólo algunas, de las consecuencias ideológicas políticas y económicas de la geografía y climatología españolas y, muy en particular, de las madrileñas. Estas consecuencias son las que considero más relevantes a los efectos de este libro, que no es un libro de geografía ni de climatología, pero no tienen a priori por qué ser las más relevantes para otros propósitos. En particular, este capítulo se centra en las raíces profundas de la peculiar simbiosis parasitaria⁵ de la clase política española con las empresas reguladas en España.

ESPAÑA, CAPITAL MADRID

Desde muy antiguo los humanos eligieron para establecerse lugares próximos al mar o a ríos navegables. La razón principal de esta elección no tenía nada que ver con la higiene sino con el transporte. En ausencia de ferrocarriles, autopistas y aeropuertos, el agua ofrecía el medio de transporte más rápido, barato y seguro. La seguridad marítima era cuestionable por la abundancia de piratas y corsarios, especialmente en el Mediterráneo ya desde la época de los fenicios, pero ofrecía economías de escala mucho mayores que el transporte por tierra, que estaba también plagado de todo tipo de bandoleros. El transporte fluvial de mercancías se sigue utilizando hoy en día en la mayoría de los países desarrollados, con ventaja sobre el ferrocarril, la carretera y el aire.

El comercio, hecho posible por las vías de comunicación, está en el origen de la riqueza de los pueblos. Es más, en cualquier sociedad humana el ritmo de la innovación depende del número de interacciones entre los individuos que la componen y, muy particularmente, del número de interacciones con individuos de otras sociedades.⁶ Históricamente, la innovación ha tenido lugar en las ciudades, particularmente en las que comerciaban más. Con el comercio todo el mundo gana: el que vende, el que compra y el que trueca. Como siempre ha ocurrido, junto a las mercancías navegaban también las compañeras inseparables del comercio: las ideas y las innovaciones.

No es casualidad que las principales capitales europeas —Londres, París, Berlín, Roma, Viena, Budapest, Moscú, Estocolmo…— tengan acceso inmediato al transporte marítimo o fluvial. La única excepción relevante es Madrid que, sita en un altiplano, está a varios centenares de kilómetros del agua navegable más cercana. Esta característica no es la única que hace de Madrid una anomalía entre las capitales europeas. Con 655 metros de altura media, Madrid está más alto que Berna (542 metros) o que Vaduz (455 metros). Es, después de Andorra la Vella (1.123 metros), la capital más alta de Europa. Eso quiere decir que los accesos acuáticos a Madrid han sido y son inexistentes y que los accesos terrestres por carretera o por ferrocarril, hasta las últimas dos décadas del siglo XX, han sido muy penosos. No es casualidad que Madrid haya despegado como gran ciudad internacional en este último período, cuando el transporte aéreo se democratizó y mejoraron los transportes terrestres con la red radial de autovías y el tren de alta velocidad. Más vale tarde que nunca, por supuesto, pero el daño estaba ya hecho: la aberración geográfica de Madrid ha sido una de las causas principales —por supuesto, no la única— de la anomalía histórica de España, es decir, de su incompleta incorporación a la modernidad.

¿Quién tuvo la ocurrencia de situar la capital de España en un lugar de geografía tan adversa? La historia cuenta que fue Felipe II, a quien su padre había dado el consejo de que estableciese una capital fija. El emperador Carlos V nunca la tuvo. Ya viejo, cansado de sus incesantes viajes por Europa, retirado en el monasterio de Yuste, Carlos recomendó a su hijo que en vez de viajar hacia los problemas hiciese que éstos viajasen hacia él. A priori, Felipe tenía tres posibilidades obvias dentro de la península Ibérica: Sevilla, Lisboa y Barcelona. Las tres cumplían la condición de tener acceso fácil al transporte marítimo. Barcelona quedó descartada probablemente por razones políticas, porque el rey tenía mucho menos poder en la corona de Aragón que en la de Castilla, que era la única que financiaba al monarca. En esta última, el aplastamiento de la revuelta de los comuneros convirtió al rey en algo muy parecido a un monarca absoluto, cosa que no ocurría en los otros reinos peninsulares y menos aún en las otras posesiones europeas como Flandes o Nápoles.⁷ Consideraciones similares, unido al hecho de que la corte se había trasladado ya a Madrid en 1561, debieron de impedir un nuevo traslado de la capital a Lisboa cuando Felipe II fue proclamado rey de Portugal en 1581. ¿Y Sevilla? La ciudad hispalense era una gran metrópoli en el siglo XVII: con sus 140.000 habitantes era la cuarta ciudad de Europa, sólo por detrás de Londres, París y Nápoles. ¿Por qué, en plena empresa americana, no se estableció el monarca en Sevilla? La respuesta hay que buscarla en la psicología del personaje. La Sevilla de mediados del siglo XVI era una ciudad trufada de nobles y de jerarquías eclesiásticas. La vida sevillana, especialmente la económica, estaba exhaustivamente regulada. El rey, en Sevilla, hubiese sido poco más que un primus inter pares y Felipe no quería que nadie le hiciera sombra. Corrobora esta hipótesis el hecho de que, puestos a instalarse en el centro de la Península, el rey hubiese podido hacerlo en Toledo. Pero no lo hizo: prefirió Madrid que, aunque a la sazón era la tercera población de Castilla, no tenía obispo. Es más, no satisfecho con la soledad del páramo madrileño, el soberano decidió encaramarse al risco de El Escorial, en donde murió en 1598 y donde aún reposan sus restos.

Así las cosas, la Villa acogió a la corte en 1561. Éste fue, en mi opinión, un hecho trascendental en la historia de España que ha marcado de manera indeleble la cosmovisión (Weltanschauung), la cultura, la economía y la sociedad españolas. Por decirlo con palabras más braudelianas, la España actual refleja con mucha intensidad las consecuencias de la ubicación geográfica de su capital. Durante siglos Madrid fue tan sólo una corte, situada en el centro inaccesible de un rincón de Europa. Como señala Braudel, el transporte de personas y mercancías que a través de Francia se hacía en carroza o carro, al llegar a España se tenía que hacer a lomo por lo abrupto de los caminos. Madrid estaba aislada de los flujos económicos y comerciales y, con ello, de los flujos de las ideas y de la innovación. En este contexto se produjo el tránsito de las élites españolas, que tuvieron una proyección universal en el siglo XVI, al inmovilismo más ultramontano en lo religioso, cultural y económico. Y con ello, como veremos con más detalle en el capítulo siguiente, se debilitó la fuerza centrípeta que mantenía unidas a las diversas posesiones del monarca español, en las que no se ponía el sol.

Madrid se caracterizaba más por lo que le faltaba que por lo que tenía. Como corte que era, tenía —como todas las cortes— cortesanos, cortesanas, músicos, pintores y escritores, muchos escritores. No tiene parangón, por ejemplo, la producción literaria teatral en el Siglo de Oro español que, con casi 2.000 piezas de mérito, se sitúa en una dimensión única respecto a otros fenómenos contemporáneos, el más famoso de los cuales —el teatro inglés isabelino de Shakespeare y Marlowe— apenas sobrepasó las 100 piezas. Sin embargo, como villa, a Madrid le faltaba la ambición de los comerciantes y de los emprendedores, y la actividad de los científicos y los ingenieros. Y, sobre todo, faltaba la circulación de las ideas. La corte reaccionaria nunca tuvo el contrapeso de una villa dinámica, industriosa y culturalmente inquieta que pudiera aproximar a España a las nuevas corrientes de pensamiento que estaban transformando Europa. El aislamiento de la élite gobernante propició que España se convirtiese en bastión de la resistencia a la reforma protestante,⁸ primero, y a toda forma de progreso, después, como ilustra la deliciosa anécdota de que la lista de 400 subscriptores españoles que tuvo la Enciclopedia francesa estuviese encabezada por el Inquisidor General y los principales ejecutivos del Santo Oficio. Admirable profesionalidad, digo yo.

La capital de Madrid ha conformado España no sólo en lo ideológico y, como veremos, en lo económico sino que también lo ha hecho en lo físico. Germà Bel, a quien este epígrafe debe mucho más que el título, narra en su libro España, capital París⁹ cómo Madrid se convirtió en la capital de España con los Borbones. Estos se inspiraron en la capitalidad de París para designar las seis «carreteras reales» —hoy conocidas como las autovías A1 hasta la A6— que serían financiadas por la Corona. La motivación del diseño era —y sigue siendo— ajena a cualquier lógica económica, pero respondía —y responde— a una lógica política aplastante: que las noticias de y las órdenes a las provincias circulasen con rapidez y llegasen a todas por igual. El esquema radial sigue siendo hoy en día el paradigma en el que se mueve la Administración española, y los principios de financiación de la red viaria no han cambiado: pública para la red radial, privada para la que no lo es. Es decir que, por ejemplo, si acaba construyéndose el corredor mediterráneo —cosa que está por ver tras la radicalización política en Barcelona y Madrid alrededor de la cuestión de la independencia de Cataluña— será con financiación privada, igual que las autopistas ya construidas en dicho corredor. En las últimas décadas Madrid ha añadido la capitalidad económica a la capitalidad política conseguida a principios del siglo XVIII. El aturdimiento de Barcelona, resultante del declive de su sociedad civil en beneficio de un Gobierno, la Generalitat, ha acelerado el proceso de conversión de Madrid en capital total, fenómeno probablemente irreversible en una época en la que la ubicación física ha perdido mucha relevancia. España en su conjunto está cada vez más condicionada por lo que ocurre en Madrid.

MADRID Y EL CAPITALISMO CASTIZO

¿A qué iba la gente a Madrid? Pues no había más motivo que ir para ver al rey o a alguien de la corte. Y allí iban porque, como tantas veces ha señalado el economista Luis Garicano, las únicas maneras de ser rico en España eran ser hijo de rico o estar próximo al rey. Al calor de la corte se desarrolló en España un capitalismo castizo, mal llamado capitalismo financiero, basado en la captura de rentas¹⁰ y en la proximidad al poder, que es característicamente madrileño y que sigue siendo hoy en día la forma dominante de capitalismo en nuestro país. Hay una gran consistencia histórica, de concepción de los negocios y del mundo entre personajes decimonónicos como Fernando Muñoz, segundo esposo de la regente María Cristina de Borbón, el general Serrano y el marqués de Salamanca, por una parte, y los que hoy en día se sientan en el palco del Bernabéu, por otra. Es una misma manera de medrar a partir de una mezcla cortesana de poder y negocios, una misma manera de prosperar por el favor del poder político, gracias al Boletín Oficial del Estado (BOE), que se ha mantenido inalterada a lo largo de los siglos. En el primer partido de Liga de 2012, por poner tan sólo un ejemplo, coincidieron en el palco cinco ministros del nuevo Gobierno del Partido Popular, el director general de Carreteras y un nutrido grupo de constructores y ejecutivos de algunas de las mayores empresas de la bolsa española. El palco, al igual que otras instancias madrileñas, allana el camino hacia los grandes negocios. Cómo explicar si no, por ejemplo, la moratoria de dos años que se concedió el año pasado para el prerregistro de plantas termosolares para que pudiese cobrar las primas una empresa muy vinculada a una personalidad siempre presente en el Bernabéu. ¿No es eso captura de rentas?

En un libro publicado en 2011¹¹ Mariano Guindal, con pluma que recuerda al pincel de Goya en La familia de Carlos IV, escribe un reportaje fascinante sobre los últimos cuarenta años de capitalismo castizo. Los personajes más egregios de la cultura del pelotazo —empresarios, políticos, sindicalistas, conseguidores, comisionistas, obispos, condotieros y estafadores— conforman un retablo cambiante en el que los personajes van y vienen y lo único que permanece estable es, llamémoslo así, el modelo de negocio.

La mayoría de las grandes empresas españolas que se han convertido en globales —Telefónica, Repsol, Iberdrola, BBVA, Banco de Santander…— son empresas reguladas que dependen del BOE. Todas ellas han conseguido capturar¹² a sus reguladores sectoriales en grado muy notable.

CUADRO 6.1

Algunos políticos que han fichado por empresas de sectores regulados

Fuente: Idealista.com/news

No pocos de sus actuales dirigentes han sido propiciados por el Gobierno de turno, práctica esta que me temo que continuará en el próximo futuro. Sus consejos de administración, como se muestra en el cuadro 6.1 de la página anterior, están trufados de políticos del más alto rango, retirados definitiva o temporalmente de la actividad política de primera línea, pero que siguen teniendo gran influencia en el Gobierno y en la Administración españolas. Volveré sobre esta cuestión en el capítulo 8.

Otro grupo de empresas que se ha internacionalizado mucho, quizás haciendo de la necesidad virtud, son las grandes empresas constructoras de obra civil. Las constructoras no son empresas reguladas, pero dependen del BOE más que nadie y representan lo más granado del palco del Bernabéu. Como veremos en el capítulo 8, están intentando replicar a escala internacional el magnífico negocio que hicieron a costa del contribuyente español con la construcción de las autopistas radiales de Madrid.

¿Hay algo relevante en la economía española que no caiga dentro del paradigma del capitalismo castizo? Pues sí, si lo hay. Empresas como Inditex, Mango, Abengoa —a pesar de su amor por el BOE—, Mercadona, Gamesa y otras responden a paradigmas diferentes pero tienen rasgos relevantes en común. En primer lugar son empresas que surgen de la visión de futuro de un emprendedor. Todas las empresas reguladas mencionadas en este capítulo —y muchas otras— están dirigidas por empresarios, algunos de ellos muy buenos, pero no por emprendedores. Por el contrario, las empresas mencionadas en este párrafo y muchas otras no están reguladas y están dirigidas por emprendedores. En segundo lugar, abundan en ellas las empresas periféricas: gallegas, catalanas, valencianas, navarras, andaluzas… ¿casualidad? Yo creo que no. El capitalismo industrioso español se desarrolló principalmente en la periferia, cerca del agua navegable. Históricamente ha sido un capitalismo tímido, localista, falto de ambición, achantado cuando no ridiculizado por el capitalismo castizo. Pero todo esto, al calor de la globalización, está cambiando muy rápidamente. Empresas españolas nacidas del emprendimiento lejos de la corte madrileña empiezan a reclamar posiciones entre las más reconocidas del mundo. Además, entre uno y otro extremo, hay empresas de origen público, como Indra, que se han transformado en empresas globales excelentes y muchas compañías no cortesanas que exportan sus productos a todo el mundo. Dicho todo esto, el capitalismo castizo sigue siendo la forma dominante porque es la única capaz de condicionar al poder político, la única capaz de conseguir leyes a su medida y la única capaz de socializar sus pérdidas a través de los presupuestos generales del Estado. ¿Les suena Bankia?

EMPRENDEDORES Y FINANCIEROS

Los directivos de las empresas pueden clasificarse en tres grandes grupos. En primer lugar, el grupo más numeroso es el de los gerentes, que son los encargados de ejecutar un plan de negocio. En segundo lugar están los empresarios, que añaden a las responsabilidades gerenciales una visión de futuro para su empresa. Un empresario es Botín, por ejemplo, quien ha convertido al Santander en uno de los mejores bancos del mundo. Botín, siguiendo una importante saga familiar, ha construido una gran empresa, pero no ha inventado una manera nueva de hacer banca. En tercer lugar están los emprendedores, que añaden a los anteriores una visión del mundo. Amancio Ortega, por ejemplo, es un emprendedor porque ha inventado una nueva manera de producir, distribuir y vender confección. Ha contribuido a cambiar el mundo, no sólo su empresa.

Una clasificación similar entre los financiadores de la actividad económica lleva a distinguir entre banqueros, banqueros de inversión y financieros. El banquero necesita garantías y, por tanto, financia sólo a los gerentes y a los empresarios solventes, es decir, a los que pueden mostrar una cuenta de resultados consistentemente positiva. Los banqueros de inversión trabajan a comisión, es decir, financian a los empresarios con el dinero que levantan en los mercados financieros, que son los que acaban asumiendo el riesgo de la operación. Los banqueros de inversión intervienen en la financiación de fusiones y adquisiciones y en las emisiones de bonos de empresa. Por último, los financieros son los que financian el emprendimiento, especialmente en sus fases tempranas. Los financieros arriesgan su propio patrimonio porque comparten la visión del emprendedor y creen que pueden hacer que el mundo cambie, aunque sólo sea un poco, en la dirección propuesta. Pues bien, en España hay muchos banqueros, probablemente aún demasiados, a pesar de la drástica reducción del número de entidades en los últimos meses y hay suficientes banqueros de inversión, pero apenas hay financieros. Éste es el verdadero estrangulamiento de la innovación en España: sin financieros ni Bill Gates hubiera sido Gates, ni Steve Jobs hubiera sido Jobs. En España hay buenos emprendedores —no muchos, la verdad— pero los que hay tienen grandísimas dificultades para financiarse.

La escasez de financieros en España se debe a dos tipos de razones. La primera de ellas es cultural y, a las observaciones hechas en la primera parte sobre estas cuestiones, cabe añadir el exagerado miedo al fracaso que existe en la sociedad española. En una sociedad en la que, como dijo Pedro Solbes, «los asalariados quieren ser funcionarios y los empresarios, estanqueros», el fracaso continúa teniendo un fuerte estigma social. Un financiero acostumbra a fracasar en un porcentaje relevante de sus inversiones, pero en las que acierta puede ganar mucho dinero. Por esta razón la inversión en capital emprendedor —mal llamado en España «capital riesgo»— se acostumbra a hacer a través de carteras diversificadas. Esto, en nuestro país, sigue sin entenderse. La segunda razón es de incentivos. Por si no fuese lo suficientemente disuasorio llamar capital riesgo al capital emprendedor, para fortalecer la disuasión en España se ha articulado un intrincado sistema regulatorio que tarda casi un año en aprobar las entidades de capital emprendedor sometidas a la regulación, que son las Sociedades de Capital Riesgo (SCR) y las Sociedades Gestoras de Fondos de Capital Riesgo (SGFCR). Para rematar la obra, porque todavía hay quien supera ese proceso, un sistema tributario punitivo excluye en la práctica al capital emprendedor del sistema de beneficios fiscales a la I+D. Esto es así porque estos beneficios operan a través del impuesto de sociedades como deducciones en la base imponible, que son los beneficios de las empresas. Esto es adecuado para empresas como Telefónica o Indra porque tienen una cuenta de resultados con beneficios, lo que les permite obtener importantes deducciones por sus gastos de I+D. Pero es totalmente inadecuado para el capital emprendedor porque, característicamente, las empresas en las que invierten no tienen beneficios y pueden tardar muchos años en tenerlos. Hay multitud de soluciones, aplicadas por países de nuestro entorno como Francia, para no desincentivar el capital emprendedor, pero ninguna de ellas ha sido considerada por los ministros de Hacienda de los últimos Gobiernos. ¡Que inventen ellos!, deben de pensar.

ESPAÑA, ¿CAPITAL SEVILLA?

Para terminar este capítulo es interesante plantearse una especulación contrafactual. ¿Cómo sería hoy España si Felipe II hubiese establecido su capital en Sevilla en vez de en Madrid? ¿Sería muy distinta de la que conocemos? Mi intuición me dice que sí, que sería cultural, económica y geográficamente muy distinta. Ciudad y corte hubiesen interaccionado mucho más que en Madrid, donde sólo había corte. Las ideas hubiesen circulado mucho más, la corte y el rey hubiesen estado en mayor contacto con el mundo real, con la realidad de los reinos de España y con la del extranjero. El eje mediterráneo sería, probablemente, el centro de gravedad del país, como lo son la costa este y la costa oeste en Estados Unidos. Y la sabiduría milenaria hispalense hubiese aportado ese distanciamiento, ese toque de escepticismo que siempre, desde Felipe II, ha faltado al pensamiento rotundo y mineral de las élites madrileñas. «Mira, César —me dijo en 1998 un anciano aristócrata sevillano preocupado por lo que podía pasar con la introducción del euro—, durante los últimos dos mil años, los patricios romanos hemos vivido en Sevilla divinamente…»

CAPÍTULO 7

LA ANOMALÍA HISTÓRICA DE ESPAÑA

Dediqué el capítulo anterior a la geografía y éste lo voy a dedicar a la historia, siempre con el objetivo de aclarar cuáles son los principales obstáculos que dificultan que España pueda abordar con éxito su adaptación a las exigencias del futuro tanto a corto como a más largo plazo. Estas exigencias no son otras que, como vimos en el capítulo 5, construir una economía basada en el conocimiento y prepararse para participar con éxito en la escalada de capital humano que determinará qué países prosperarán más y cuáles menos en el siglo XXI.

En este capítulo voy a argumentar que España, para salir de la presente crisis y encarar los retos del siglo XXI con garantías, necesita un proyecto de futuro más audaz, más motivador y más urgente que otros países europeos. La razón es que la cohesión nacional española es, comparativamente, muy baja y que para superar los obstáculos del presente hace falta un fuerte estirón desde el futuro. En primer lugar analizaré la experiencia nacional de España partiendo de la idea de nación de Ortega. A continuación analizaré las importantes diferencias que tiene España como nación-Estado con otros países de nuestro entorno como Francia o Portugal. Por último resaltaré —con los nacionalismos español, catalán y vasco en mente— que la construcción nacional basada en elementos emocionales, por lo argumentado en la primera parte de este libro, tiene un carácter anacrónico en pleno siglo XXI. Lo que debería estar en la agenda son proyectos mucho más concretos para construir una sociedad que maximice las oportunidades que se les ofrecen a los individuos para impulsar y para beneficiarse de la economía del conocimiento.

ESPAÑA COMO NACIÓN: ORTEGUIANOS Y JOSEANTONIANOS

Se van a cumplir 92 años de la publicación de España invertebrada,¹ obra muy polémica que desató las críticas tanto del españolismo milenarista más ultramontano como de historiadores prestigiosos como Vicens Vives. Los primeros no podían admitir que la causa de la desintegración del imperio español fuese el anquilosamiento y el agotamiento del liderazgo de las clases dirigentes castellanas, incapaces de ofrecer un proyecto de futuro atractivo para el resto del mundo a partir del siglo XVI. Los segundos, especialmente Vicens, no podían admitir el castellanocentrismo de Ortega, para quien todo lo que no es Castilla parece ser completamente irrelevante. No voy a entrar en este libro —que no es un libro de historia de España— en esta importantísima y actual polémica, pero sí quiero recomendar al lector una lectura en paralelo de España invertebrada y de Noticia de Cataluña² porque echa mucha luz sobre el actual contencioso catalán, sobre el que haré algunas observaciones en el cuarto epígrafe de este capítulo.

Para Ortega una nación se define por un proyecto de futuro con capacidad integradora dirigido por un pueblo con voluntad de mandar. Es un concepto muy amplio, inspirado en Mommsen,³ que incluye, por ejemplo, al Imperio romano como la nación latina dirigida por Roma. Según Ortega, España tuvo este tipo de proyecto, por lo menos hasta el siglo XVII, vertebrado por una Castilla que sabía mandar y mandaba. La historia de una nación es, precisamente, la historia del proceso de integración, mientras el proyecto se mantiene vigoroso, y también la historia de la desintegración, cuando el proyecto desfallece. Una nación puede verse también como un equilibrio entre fuerzas centrífugas, que siempre permanecen vivas, y la fuerza centrípeta que emana del proyecto integrador. Cuando esta última se debilita, porque el proyecto se agota, las fuerzas centrífugas se manifiestan con todo su potencial. En el siglo XVII el proyecto español se anquilosa porque las clases dirigentes se vuelven inmovilistas y reaccionarias. En el capítulo anterior he discutido el papel relevante que la elección de Madrid como capital del reino pudo tener en el enclaustramiento de las élites españolas en una ideología que, en el contexto europeo, se iba quedando cada vez más obsoleta. Hay, por supuesto, otras explicaciones alternativas o complementarias, pero el aislamiento madrileño de una corte que se había forjado en el crisol de la contrarreforma y que ya había descolgado a España del devenir de la Historia, tal y como hemos comentado en el capítulo 1, es en mi opinión un factor a tener muy en cuenta. Un siglo después de que la corte se instalase en Madrid, España se definía ya por su pasado, no por su futuro.

La historia de España desde entonces es la historia de las fuerzas centrífugas a las que no hay ya fuerza centrípeta que pueda neutralizar. Primero se va Flandes. ¿Qué proyecto de futuro podía ofrecerle España a Flandes en el siglo XVII? Como hemos visto en el capítulo 2, las Diecisiete Provincias de los Países Bajos constituían ya un Estado territorial, superior forma de organización a las monarquías absolutas que, a su vez, eran claramente superiores a los Estados principescos que aglutinaban los Habsburgo. Flandes estaba dos escalones por encima de España en el desarrollo de las ideas —fue cuna de la Ilustración radical—, en lo político, lo económico y lo social. ¿Podía entenderse eso desde El Escorial? ¿Podían imaginar los Austrias españoles, en su aislamiento, contra qué estaban luchando?

A partir de ahí se forma cola en la puerta de salida. El siguiente en salir es Nápoles. A continuación marcha América. Detengámonos aquí, otra vez, a reflexionar. Pasado el espejismo de la Constitución de 1812, ¿qué proyecto ilusionante de futuro podía ofrecer a una América ansiosa de Ilustración la España del ¡vivan las caenas!, la España del absolutismo de Fernando VII? Sigamos. Después se van Cuba y Filipinas. En el siglo XX salen las «provincias» africanas. ¿Habrá más? Pues quizá, porque el País Vasco y Cataluña parece que se lo están pensando. Es muy llamativo que en España no hubiese un diagnóstico de un proceso de desintegración que duraba ya tres siglos hasta 1921, año de publicación de España invertebrada, y es significativo también que, una vez publicado el libro de Ortega, cayese sobre él un espeso manto de silencio con la mencionada excepción de Vicens Vives. Así que se sigue hablando del «problema catalán» evitando cuidadosamente extraer denominadores comunes con el problema filipino, el problema americano o el problema flamenco. Como dice el refrán, no hay más ciego que el que no quiere ver ni más sordo que el que no quiere oír. El problema no está en las fuerzas centrífugas, que siempre han estado vivas, sino en la fuerza centrípeta, cuyo atractivo integrador se perdió hace siglos y, con la única excepción del breve pero importante período de la Transición, no se ha vuelto a recuperar.

En 1939 España se convirtió en «una unidad de destino en lo universal». Esta expresión joseantoniana sintetiza bien la manera de pensar del sector más tradicional de la derecha española —que podría definirse como aquel que tiene como intelectual orgánico a la Iglesia católica— y refleja una concepción de la nación como algo estático, pasivo, eterno e inmutable. Da igual lo que hagamos: lo que nos ocurra, nos ocurrirá juntos porque somos, antes que nada, españoles. Las esencias patrias españolas ya se manifestaban, para esta versión, en la resistencia que el lusitano Viriato y los protocatalanes Indíbil y Mandonio opusieron a las legiones romanas. Lo curioso de esa idea de España como nación es que ha dejado de ser patrimonio exclusivo de la derecha más conservadora para ir ganando adeptos entre otros credos políticos, particularmente entre la izquierda tradicional, la que había tenido en algún momento del pasado al paraíso socialista como proyecto de futuro. Al quedarse huérfanos de este proyecto, a los militantes y dirigentes políticos de la izquierda no se les ocurrió releer —o, en la mayoría de los casos, leer— a Ortega, posiblemente por considerarlo un filósofo de derechas, con lo que, de manera implícita y probablemente sin querer, acabaron adoptando por defecto la versión joseantoniana. Es difícil decir qué idea de nación tienen Pérez Rubalcaba y Rajoy, por ejemplo. Es difícil decir incluso si tienen alguna. Pero lo que sí se puede afirmar es que, si la tienen, no es una idea orteguiana sino joseantoniana. Ninguno de los dos tiene un proyecto de futuro inteligible para el resto de los españoles. Es más, ninguno de los dos parece echarlo de menos.

LA TRANSICIÓN COMO PARÉNTESIS ORTEGUIANO

No se puede liderar sin tener un proyecto de futuro. Para hacer avanzar un país, una empresa o una organización cualquiera es necesario que alguien —un líder— se sitúe en el futuro, plante en él firmemente los pies y desde allí tire de su organización. Es imposible liderar empujando: la única manera de hacerlo es tirando. Un dirigente que empuja tiene a su organización interpuesta entre él y el futuro, de modo que aquélla le priva de la visión del camino a seguir. Las posibilidades de caer por un despeñadero se multiplican.

La década de la Transición española, entre 1975 y 1985, fue un período en el que España ofreció un proyecto de futuro a todos los españoles. Puede que haya habido otros desde el siglo XVII, pero ahora mismo no me vienen a la memoria. Para aclarar más lo que quiero decir, mencionaré que el 2 de mayo de 1808 y su secuela de ¡vivan las caenas! representan, en mi opinión, todo lo contrario a un proyecto de futuro para todos los españoles. En cualquier caso, la Transición fue posible porque al frente de las principales fuerzas políticas del país había políticos con capacidad de liderazgo y con ideas claras sobre cuál era su interés particular y cuál era el interés general de España, en una tesitura histórica inusual en la que era para todos evidente que la mejor manera de trabajar por el interés particular era pelear por el interés general. Este alineamiento de intereses es insólito en España. Sin ir más lejos, en las actuales circunstancias del año 2013, España está en una situación sumamente grave, tan grave o más que en la época de la Transición, pero mientras que nadie parece saber cuál es el interés general, todo el mundo está dispuesto a defender hasta el final, caiga quien caiga, su interés particular. En la Transición todo estaba en juego, lo mismo que ahora, pero entonces todo el mundo parecía estar de acuerdo en la magnitud del envite y ahora todos parecen ignorarla.

Los políticos de la Transición compartían una visión de futuro común cuyos dos elementos fundamentales eran: 1. El establecimiento y la estabilización en España de un régimen democrático homologable en Europa; y 2. La integración en las Comunidades Europeas. Sobre esta visión, los líderes plantaron los pies y tiraron de sus partidos. Adolfo Suárez legalizó al Partido Comunista en contra de la opinión mayoritaria del Ejército y de su propio partido; Manuel Fraga controló eficazmente al ala más derechista de Alianza Popular y mantuvo una conducta impecablemente democrática sin dejar espacio para que se constituyese un partido potente de extrema derecha; cuando Santiago Carrillo convocó la primera reunión de su Comité Central en Madrid desplegó bajo la mesa de la presidencia que encabezaba Dolores Ibárruri una gran bandera rojigualda; Felipe González dimitió como secretario general del PSOE para conseguir que el partido eliminase el marxismo de su ideario y de su programa a largo plazo; Josep Tarradellas y Jordi Pujol integraron al catalanismo en la nueva estructura del Estado democrático y aseguraron la gobernabilidad de éste siempre que hizo falta. Todos lideraron, todos cedieron y todos ganaron. Por supuesto unos ganaron más que otros, pero ésas eran las reglas del juego que todos aceptaban y todos acabaron acatando el resultado.

Junto a los políticos, los líderes sindicales y empresariales también demostraron un gran sentido de la responsabilidad. Los primeros, especialmente Marcelino Camacho, tenían la legitimidad que les había dado décadas de lucha antifranquista y largos años de cárcel. Los segundos tuvieron un papel importante en la articulación de un consenso para estabilizar la economía que, en 1977, estaba entrando en una de las peores crisis que se recordaban por aquel entonces: inflación del 40 por ciento, desempleo galopante y conflictividad social extrema.⁴ Partidos políticos, patronales y sindicatos —la UGT tras muchas vacilaciones— acabaron firmando unos acuerdos en octubre de 1977, conocidos como los Pactos de la Moncloa, que tenían como objetivo consolidar la transición del franquismo a un sistema democrático y estabilizar una economía que estaba entrando en barrena. La colaboración de los agentes sociales en los Pactos de la Moncloa tuvo muchos claroscuros. A corto plazo fue muy eficaz para rebajar la conflictividad laboral y la inflación. El precio pagado por ello fue el mantenimiento de las prácticas de los sindicatos verticales del franquismo, en las que tanto sindicatos como patronales se sentían particularmente cómodos, lo que tuvo consecuencias muy negativas a largo plazo en términos de rigidez del mercado laboral y de falta de competitividad de la economía española. Discutiré estas cuestiones con más detalle en el capítulo 9.

El éxito de la Transición fue no sólo rotundo sino que, además, fue extraordinariamente rápido. En 1985 ya se habían alcanzado los dos objetivos que cimentaron el consenso de 1977. El 12 de junio de ese año se firmó el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas y el 1 de enero de 1986 España se convirtió en un miembro de pleno derecho de la CEE. Por esas fechas, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero 1981 parecía ya un mal sueño hundido en la noche de los tiempos. Cuando Ortega escribía en 1921 sobre la falta de proyecto para España, señalaba la unión política europea como empresa en la que nuestro país debía comprometerse. Ya en 1914 había escrito «España es el problema, Europa la solución» ¿Misión cumplida?

Hasta cierto punto. Es verdad que la construcción europea dotó de una dimensión orteguiana (también podría llamársele delorsiana)⁵ a todos los estados miembros que, en cierta medida, transfirieron a Europa no sólo soberanía legislativa, monetaria y fiscal sino también sus proyectos nacionales de futuro. Para España esto supuso una continuación del paréntesis orteguiano de la Transición. Sin embargo, el desfallecimiento del proyecto europeo en la última década y la actual crisis económica global han cambiado mucho las cosas. El Tratado de Lisboa y el proyecto de Constitución europea quedaron encallados tras el rechazo en los referéndums de Francia y de los Países Bajos en 2005, muestra de la creciente desafección de la población europea hacia una unión «cada vez más estrecha». El impulso europeo no se ha vuelto a recuperar. La crisis económica y financiera global empezó en 2007 y está afectando de manera muy desigual a los distintos países europeos —España es uno de los más afectados, por las razones que discutiremos en el capítulo 9—. Esta desigualdad, junto con el desfallecimiento europeo, ha propiciado una renacionalización de las políticas económicas anticrisis y ha reavivado la necesidad de tener proyectos de futuro a nivel nacional. Ahí es donde España queda en evidencia. No parece ser capaz de elaborar uno y, falta de Europa y perdido el impulso de la Transición, ha vuelto a los cuarteles de invierno de la nación joseantoniana. No hay ambición, no hay proyecto, no hay pulso. Sólo el vértigo de estar entrando en barrena.

LOS EFECTOS DE LAS GUERRAS CIVILES ESPAÑOLAS

Hemos visto en los capítulos 2 y 3 el papel cohesionador de naciones que tuvieron las guerras europeas de los siglos XIX y XX. La guerra contra un enemigo exterior cohesiona fuertemente a la nación. Si esta guerra conlleva movilizaciones en gran escala para formar grandes ejércitos, el Estado debe fortalecer la nación por todos los medios a su alcance, incluyendo la escolarización obligatoria y los fundamentos del Estado de bienestar. Todas las grandes naciones europeas, con la excepción de España, participaron en alguna de esas guerras y la mayoría lo hicieron en varias. Francia y Alemania, en bandos enfrentados, participaron en todas.

Mientras los países europeos se dedicaban a guerrear contra otras naciones, dirimiendo una de las grandes cuestiones de la Historia, a saber, cuál sería la forma dominante del Estado-nación y de la nación-Estado entre las tres posibilidades disponibles —democracia liberal, fascismo y comunismo—, los españoles se dedicaban a matarse los unos a los otros, guerra civil tras guerra civil. ¿Qué se dirimía en las guerras españolas? En las del siglo XIX se dirimieron a escala doméstica cuestiones anacrónicas que ya carecían de sentido en el contexto europeo. En la primera guerra carlista (1833-1840) el dilema estaba entre un absolutismo radical trufado de foralismo propugnado por los partidarios de Carlos de Borbón y un absolutismo moderado defendido por los partidarios de Isabel II. En la segunda guerra carlista (1846-1849) las opciones eran similares, aunque el bando isabelino había ido derivando lentamente hacia una ideología más liberal. La tercera guerra carlista (1872-1876) tuvo un contencioso eminentemente foralista y contrario al decreto de Nueva Planta aprobado por Felipe V en 1714 que instituía un Estado borbónico centralizado que liquidaba la descentralización característica del Estado principesco de los Austrias. Algunos autores⁶ consideran carlistadas la intentona conocida como «Ortegada» de 1860 y el largo episodio de terrorismo de ETA (1968-2011). El denominador común de las cinco carlistadas es su anacronismo, su fuerte contenido antimoderno —muchas veces compartido por los dos bandos—, su violencia y su inutilidad.

En contraste con las guerras civiles españolas del siglo XIX, la del siglo XX acabó teniendo un contenido mucho más moderno. Lo que empezó como un pronunciamiento de un grupo de generales golpistas para derrocar a la Segunda República acabó convirtiéndose en una sangrienta guerra civil en la que se dirimía la cuestión más actual de la época: fascismo, comunismo o democracia. Por una vez España daba la impresión de que su agenda era una agenda moderna, no sólo similar a la de otros países europeos sino incluso algo más avanzada en el tiempo. Sin embargo la victoria del fascismo en 1939 dio al traste con cualquier expectativa de modernización del país. Una larguísima posguerra de 36 años (1939-1975), cuya duración justo acaba de ser alcanzada por el actual período democrático (1977-2013), tuvo efectos muy negativos sobre la cohesión nacional y volvió a situar a España en una posición anómala en el ámbito internacional.

Así como las guerras contra enemigos exteriores son cohesivas, las guerras contra enemigos interiores son divisivas y en España nos hemos dedicado durante siglo y medio a estas últimas tareas. No es de extrañar, por tanto, que la selección nacional de fútbol suscite más adhesiones que la bandera constitucional, que, por otra parte, ha sido y es todavía utilizada como arma arrojadiza por una parte del espectro político contra la otra.

Así las cosas, España debe afrontar los retos del inmediato futuro —la crisis— y la adaptación al mundo post-Histórico con una cohesión interna que es sensiblemente inferior, por poner sólo ejemplos de países limítrofes, a la de Francia o a la de Portugal. La aplicación en nuestro país de un programa de reformas y austeridad como el supervisado por la llamada «troika» para Portugal, por ejemplo, conllevaría mucha más contestación social que la observada en el país lusitano, que está siendo un ejemplo de disciplina y de cohesión. Los portugueses tienen un proyecto nacional explícito y claro: quieren hacer todas las reformas necesarias, por dolorosas que sean, para poder permanecer como miembros de pleno derecho de la unión monetaria. Este proyecto cohesiona a la nación portuguesa. La mayoría de los países europeos van a necesitar programas explícitos no sólo para superar la crisis sino también para adaptarse al mundo surgido tras la caída del muro de Berlín. Los que no los necesitan o bien es porque ya los han tenido y aplicado —que es el caso de Alemania 2010— o bien porque tienen una economía tan flexible que se han adaptado ya a la economía global sin mayores problemas, caso de los países nórdicos y de los Países Bajos.

Otros miembros de la Unión Europea, como Francia y España, no tienen ni una cosa ni otra. Una fuerte cohesión nacional, en el caso de Francia, permite aplazar durante algún tiempo la toma de decisiones difíciles al resguardo de la inercia de una nación sólida, pero no evita tener que tomarlas en última instancia. En otras palabras, las naciones europeas pueden ser naciones joseantonianas durante algún tiempo, pero necesitarán transformarse en naciones orteguianas para sobrevivir. España, a la que la crisis le afecta más que a otras, necesita volver a ser orteguiana ya mismo.

CATALUÑA COMO NACIÓN

La metodología seguida hasta aquí para analizar a España como nación puede utilizarse también para analizar otras naciones como, por ejemplo, la catalana.

En la primera página del primer capítulo de este libro definí la historia, con minúscula, como «el relato de los acontecimientos relevantes, reales o imaginarios, de una colectividad a lo largo del tiempo.» La historia de Cataluña, relatada como historia nacional, puede hallarse en multitud de textos, de entre los cuales voy a destacar dos porque tienen el carácter de clásicos. Por orden cronológico encontramos en primer lugar el libro del eminente traumatólogo Josep Trueta The Spirit of Catalonia,⁷ escrito en un inglés elegante y publicado en este mismo idioma en el Reino Unido en 1946. En su libro, Trueta relata la formación del carácter nacional de Cataluña desde los orígenes ancestrales de pirenaicos, íberos, celtas, griegos, romanos y visigodos. La barrera natural de los Pirineos, para Trueta, convierte a Cataluña en lugar de paso entre Europa y la península Ibérica. Ésta es una característica esencial que ha marcado el carácter catalán. Esta naturaleza de corredor será también resaltada, pocos años más tarde, por Vicens Vives. Trueta relata la construcción y el apogeo, en el siglo XIV, del imperio mediterráneo catalán, así como la tradición representativa —primero de la nobleza, más tarde de los burgueses— de sus principales instituciones. Asimismo describe la contribución de grandes catalanes⁸ al saber y a la política —Arnau de Vilanova, Vicenç Ferrer, Joan Lluís Vives, Miquel Servet, etc.

Para Trueta el declive de Cataluña se inicia con el acceso al trono de dinastías de origen castellano tras la muerte sin sucesión del rey Martí I en 1410. Hasta entonces la Casa de Barcelona había ostentado el trono del reino de Aragón ininterrumpidamente desde el siglo IX. Los reyes castellanos, empezando por Fernando de Trastámara, tuvieron grandes desencuentros con las instituciones catalanas y, desde Fernando el Católico y siguiendo con los Austrias, concentraron su labor de Gobierno en el reino de Castilla. Para Trueta, el declive catalán, cuyas causas habría que buscar principalmente en Cataluña y no en Castilla, se aceleró tras el advenimiento de los Borbones en 1714. Trueta no da una visión de futuro de lo que debe ser Cataluña. Se limita a constatar la existencia de una nación, su auge y su declive, y manifiesta una inconcreta esperanza en que volverá a reverdecer en un futuro no demasiado lejano.

Al contrario que Trueta, Vicens Vives fue un historiador profesional de reconocido prestigio. Su libro Noticia de Cataluña se publicó en 1954 tras diversos avatares con la censura franquista y contiene mucho más análisis que el de Trueta. Al igual que este último, Vicens resalta la naturaleza catalana de «corredor» por el que desde la prehistoria han circulado las personas, las mercancías, los ejércitos y las ideas. Esta característica geográfica ha forjado el espíritu catalán de modo similar al efecto que el aislamiento de Madrid tuvo sobre el espíritu de la corte madrileña. Particularmente interesante es el análisis del pactismo catalán, fundamento de unas instituciones medievales que se mantuvieron hasta 1714, basadas en la observancia estricta de lo pactado entre el soberano y los estamentos privilegiados catalanes. El pactismo catalán condicionó fuertemente la historia de España y, en mi opinión, es relevante hoy en día para analizar el actual episodio de desencuentro entre catalanes y españoles. De hecho, ambos lados pueden reprochar al otro poco respeto por el pacta sunt servanda. Cataluña, por ejemplo, no ha respetado ninguno de los acuerdos «definitivos» de financiación autonómica que ha firmado. Al año siguiente, ya estaba pidiendo más. Cataluña, por otra parte, reprocha a España no haber respetado el nuevo Estatuto de autonomía tras su aprobación por las Cortes, por el Parlamento catalán y por el pueblo catalán en referéndum. Un Tribunal Constitucional percibido como obscenamente manipulado lo derogó en parte. Esto transformó el confederalismo de Pasqual Maragall en la actual oleada independentista. El pactismo catalán conoció mejores momentos en siglos pasados.

Tampoco Noticia de Cataluña contiene una visión de futuro explícita de lo que debe ser Cataluña, cuyo móvil primario está definido, en la penúltima página del libro, como «la voluntad de ser». Ser, sí, pero ser ¿qué? Pues ser Cataluña, sería la respuesta de Vicens. Quizá eso era lo más claro que se podía imprimir en 1954 y haya que leer entre líneas. En el capítulo 8 de Noticia de Cataluña, en el epígrafe titulado «La tensión hispánica de la Cataluña del siglo XIX», Vicens hace, junto a una dura crítica a España invertebrada, un elogio de la solución para España propuesta por los catalanes —«real, historicista y pluralista»— como contrapuesta a la propuesta por los intelectuales castellanos y andaluces —«abstracta, jacobina y uniformista». La solución catalana apuntaría a construir una sociedad moderna basada en el trabajo, desde abajo hacia arriba. Una filosofía, como dice Vicens, de la «redención por el trabajo». No me extrañaría que, si Vicens hubiese podido publicar en condiciones de libertad de expresión o si publicase ahora, se expresase en términos programáticos parecidos a los que elogió como intento catalán comprometido con la hispanidad en el siglo XIX.

¿Qué idea de nación subyace en el actual movimiento independentista catalán? No es, a mi juicio, una idea orteguiana, tal y como la he definido en el primer epígrafe de este capítulo. No parece haber un proyecto explícito de futuro que lleve a Cataluña a superar la actual crisis económica y financiera. No parece haber un proyecto para integrar a Cataluña en la sociedad global post-Histórica que se ha descrito en el capítulo 5 de este libro. Es más, ni una cosa ni otra parecen echarse de menos. Todo suena como muy español, vamos. El único objetivo claro es la independencia. ¿Independencia para qué? Pues para ser Cataluña, para ser lo que somos, para ser lo que venimos siendo desde, por lo menos, el siglo IX.

Para Ortega una nación no se define tan sólo por tener un proyecto de futuro, sino por tener un proyecto de futuro integrador. Éste es a mi juicio el verdadero punto débil del independentismo catalán del siglo XXI. Al hacer del nacionalismo y del siau qui sou de Costa i Llobera su bandera única, tiene muy difícil convencer al que no esté convencido de antemano, tiene muy difícil convencer a amplios sectores de la sociedad catalana no nacionalista de que merece la pena afrontar las incertidumbres y penurias de una transición a la independencia y que, por tanto, hay que votar sí en una consulta soberanista. Voy a poner como ejemplo el proyecto que defiendo en este libro: un plan Marshall para conseguir mejorar el capital humano del país, situándolo entre los mejores del mundo en un plazo de dos generaciones. Si la independencia se presentase como condición necesaria para abordar este proyecto, cosa que muy bien pudiera ser así, el potencial integrador de la llamada independentista crecería hasta hacerse irresistible. Me temo que esto tampoco se entiende en Cataluña.

El presente borbotón independentista tiene un aire de gran improvisación, de estar liderado a empujones —y eso, como he explicado antes, no me parece una gran idea—. Absorbe de manera directa las energías de buena parte de los nacionalistas y de manera indirecta el malestar de gran parte de la población catalana por la crisis económica y por la ineptitud de los sucesivos Gobiernos de España. Tengo la sensación de que en el siglo XIX hubiese dado lugar a otra carlistada. En el siglo XXI no lo hará, claro, porque por parte catalana no habrá violencia y porque la situación de España es muy distinta de la que había entonces. Lo curioso del caso es que, a pesar de su inmadurez, el independentismo catalán puede acabar teniendo éxito esta vez, no tanto por méritos propios como por la perseverante torpeza del Gobierno de España. Este último, que no supo prever lo que iba a pasar en Cataluña, a pesar de que algunos lo estábamos avisando desde 2010, parece decidido a tratar la cuestión catalana en estricta clave partidista para contentar a los sectores más conservadores del Partido Popular. No parece dispuesto a tener ninguna iniciativa política que permita al Gobierno catalán negociar. Al contrario, parece querer conseguir una rendición incondicional. Proliferarán en España los separadores, que son semilla de separatistas. Las campañas contra el cava, contra la butifarra, contra empresas catalanas… no mejoran el problema, sino que lo agravan. Son desahogos contraproducentes. Da igual, se producirán y, me temo, no serán desalentados por el Gobierno. Es un desatino. En mi opinión, sólo la intransigencia de Mariano Rajoy puede propiciar el triunfo de Artur Mas.

LA ANOMALÍA HISTÓRICA DE ESPAÑA, EN POSITIVO

En este capítulo y en los anteriores hemos repasado los hitos más relevantes de la gestación de la anomalía Histórica española. Por orden de aparición, estos hitos son:

• El rechazo en el siglo XVI a la Reforma protestante y a los valores que ésta encarnaba. Fue un rechazo rotundo, militante, que convirtió a España en «luz de Trento y martillo de herejes». Como hemos visto en el capítulo 1, junto con el protestantismo se rechazó la necesidad de la instrucción y de la educación, la capacidad de los individuos para pensar con independencia y para decidir por sí mismos en conciencia y, también, la ética del trabajo. Muchas de las actitudes de los españoles actuales, tales como la falta de emprendimiento y la tolerancia social con la corrupción, tienen sus raíces en este rechazo. La decisión de Carlos V de combatir el protestantismo en vez de abrazarlo fue, quizá, la más trascendente que ha habido en la historia de España, la que descolgó a España de la Historia de manera irreversible y definitiva porque, recordemos, la Historia ya terminó. La decisión de Felipe II de establecer la capital del reino en Madrid, al aislar a la corte de los flujos europeos de las ideas, reforzó los efectos de la decisión de su padre.

• El rechazo en los siglos XVII, XVIII y XIX a la Ilustración y a su principal corolario, el progreso. Este rechazo es consistente con el anterior y lo refuerza. En España no hubo Ilustración propiamente dicha y los escasos brotes ilustrados fueron perseguidos por la Inquisición con la misma saña con que lo fueron los también escasos brotes protestantes. Actitudes tan prevalentes hoy en día en la clase política española como la hostilidad hacia la I+D y la innovación, por ejemplo, tienen su raíz en esta ausencia de Ilustración. La modernidad nunca acabó de llegar a España. Los escasos debates nacionales en los siglos XVIII, XIX y la mayor parte del XX tuvieron poco o nada que ver con lo que se debatía en el resto de Europa.

• Y las guerras civiles. Éste es el factor diferencial con otros países del arco católico europeo. España no sólo no participó en las guerras europeas de los siglos XIX y XX, en cuyo fuego se forjaron los Estado-nación y nación-Estado modernos, sino que durante ese período conoció una guerra civil tras otra. Eso hace que la experiencia española sea única en el continente y que la anomalía Histórica de España sea la más anómala de todas. Como Estado-nación, España se quedó a medio cocer, cosa que, por ejemplo, no le ocurrió a Portugal que, desde el punto de vista del rechazo al protestantismo y a la Ilustración es tan anómalo como España.

¿Tiene esta anomalía tan pronunciada algún aspecto positivo? En mi opinión sí lo puede tener. La liviandad que España tiene como nación puede acabar siendo una gran ventaja para acometer los cambios que supone la adaptación a los actuales tiempos post-Históricos en sus dimensiones de globalización, de crecimiento de lo transnacional a expensas de lo nacional y de lo internacional, del acceso a nuevas características culturales e identitarias y a la pertenencia a nuevas minorías a través de internet. La sociedad española ha demostrado en las últimas décadas ser muy adaptable al cambio cultural. No hay otro país en Europa, dejando aparte a los países excomunistas, que haya cambiado tanto en tan poco tiempo. España está descentralizada y sigue descentralizándose. Las regiones funcionan como nuevas minorías identitarias. Las grandes empresas españolas, junto con muchas medianas y pequeñas, están a la cabeza mundial de la transnacionalidad. Y la profundidad de la crisis actual obligará a hacer muchos más cambios.

El filósofo francés André Comte-Sponville escribió que la posmodernidad es lo que queda de la modernidad cuando se apagan las Luces.⁹ Algo similar diría, pienso yo de la post-Historia. ¿Cabe una manifestación más clara de las dificultades que tendrá Francia, por ejemplo, para adaptarse a los retos de los nuevos tiempos? La fuerte cohesión nacional que aglutina el Estado francés es un obstáculo formidable. A España esto le afecta menos, en primer lugar porque aquí las Luces alumbraron mucho menos y también porque la cohesión nacional es mucho más débil. Francia tiene mucho que perder, España poco. Vamos, como Antonio Machado, ligeros de equipaje. Darnos cuenta de ello es condición necesaria para volver a cambiar y afrontar los retos del futuro. ¿Seremos capaces?

CAPÍTULO 8

UNA TEORÍA DE LA CLASE POLÍTICA ESPAÑOLA¹

En este capítulo propongo una teoría de la clase política española para argumentar la necesidad imperiosa de cambiarla. La primera reforma estructural que debe abordar España afecta a todo lo relacionado con la política y los partidos políticos. Es una reforma necesaria para mejorar la calidad de nuestra democracia y para poder hacer todas las demás reformas. Quiero señalar, al comienzo de este capítulo, que la teoría que propongo se refiere al comportamiento de un colectivo y, por tanto, no admite interpretaciones en términos de comportamientos individuales.

¿Por qué una teoría? Por dos razones. En primer lugar porque una teoría, si es buena, permite conectar sucesos aparentemente inconexos y explicar sucesos aparentemente inexplicables. Es decir, dar sentido a cosas que antes no lo tenían. Y, en segundo lugar, porque de una buena teoría pueden extraerse predicciones útiles sobre lo que ocurrirá en el futuro. Empezando por lo primero, una buena teoría de la clase política española debería explicar, por lo menos, los siguientes puntos:

1. ¿Cómo es posible que, tras cinco años de iniciada la crisis, ningún partido político tenga un diagnóstico coherente de lo que le está pasando a España?

2. ¿Cómo es posible que ningún partido político tenga una estrategia o un plan a largo plazo creíble para sacar a España de la crisis? ¿Cómo es posible que la clase política española parezca genéticamente incapaz de planificar?

3. ¿Cómo es posible que la clase política española sea incapaz de ser ejemplar? ¿Cómo es posible que, tras seis años de crisis económica y desgobierno, nadie —salvo el Rey y por su desgobierno personal— haya pedido disculpas?

4. ¿Cómo es posible que la estrategia de futuro más obvia para España —la mejora de la educación, el fomento de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento y el apoyo a la investigación— sea no ya ignorada, sino masacrada con recortes por los partidos políticos mayoritarios?

En lo que sigue, argumento que la clase política española ha desarrollado en las últimas décadas un interés particular, sostenido por un sistema de captura de rentas, que se sitúa por encima del interés general de la nación. En este sentido forma una élite extractiva, según la terminología popularizada por Acemoglu y Robinson.² Los políticos españoles son los principales responsables de la burbuja inmobiliaria, del colapso de las cajas de ahorro, de la burbuja de las energías renovables y de la burbuja de las infraestructuras innecesarias. Y hay más en proyecto. Estos procesos han llevado a España a los rescates europeos, resistidos de forma numantina por nuestra clase política porque obligan a hacer reformas que erosionan su interés particular. Una reforma legal que cambiase la Ley de Partidos e implantase un sistema electoral mayoritario provocaría que los cargos electos fuesen responsables ante sus votantes en vez de serlo ante la cúpula de su partido, daría un vuelco muy positivo a la democracia española y facilitaría la renovación de la clase política y el proceso de reforma estructural. Empezaré haciendo una breve historia de nuestra clase política. A continuación la caracterizaré como una generadora compulsiva de burbujas. En tercer lugar explicitaré una teoría de la clase política española. En cuarto lugar usaré esta teoría para predecir que nuestros políticos pueden preferir salir del euro antes que hacer las reformas necesarias para permanecer en él. Por último propondré una regulación externa de los partidos políticos y cambiar nuestro sistema electoral proporcional por uno mayoritario como medios de cambiar nuestra clase política.

LA HISTORIA

Los políticos de la Transición tenían procedencias muy diversas: unos venían del franquismo, otros del exilio y otros estaban en la oposición ilegal del interior. No tenían ni espíritu de gremio ni un interés particular como colectivo. Muchos de ellos no se veían a sí mismos como políticos profesionales y, de hecho, muchos no lo fueron nunca. Estos políticos tomaron dos decisiones trascendentales que dieron forma a la clase política que les sucedió. La primera fue adoptar un sistema electoral proporcional corregido, con listas electorales cerradas y bloqueadas. El objetivo era consolidar el sistema de partidos políticos fortaleciendo el poder interno de sus dirigentes, algo que entonces, en el marco de una democracia incipiente y dubitativa, parecía razonable. La segunda decisión, cuyo éxito se condicionaba al de la primera, fue descentralizar fuertemente el Estado, adoptando la versión «café para todos» del Estado de las autonomías.³ Los peligros de una descentralización excesiva, que eran evidentes, se debían conjurar a partir del papel vertebrador que tendrían los grandes partidos políticos nacionales, cohesionados por el fuerte poder de sus cúpulas. El plan, por aquel entonces, parecía sensato.

Pero, tal y como le ocurrió al doctor Frankenstein, lo que creó al monstruo no fue el plan, que no era malo, sino su implementación. Por una serie de infortunios, a la criatura de Frankenstein se le acabó implantando el cerebro equivocado. Por una serie de imponderables, a la joven democracia española se le acabó implantando una clase política profesional que rápidamente devino disfuncional y monstruosa. Matt Taibbi, en su célebre artículo de 2009 en Rolling Stone sobre Goldman Sachs «La gran máquina americana de hacer burbujas»,⁴ comparaba el banco de inversión con un gran calamar vampiro abrazado a la cara de la humanidad que va creando una burbuja tras otra para succionar de ellas todo el dinero posible. Más adelante propondré un símil parecido para la actual clase política española, pero antes conviene analizar cuáles han sido los cuatro imponderables que han acabado generando a nuestro monstruo.

En primer lugar, el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas, ha creado una clase política profesional muy distinta de la que protagonizó la Transición. Desde hace ya tiempo, los cachorros de las juventudes de los diversos partidos políticos acceden a las listas electorales y a otras prebendas por el exclusivo mérito de fidelidad a las cúpulas. Este sistema ha terminado por convertir a los partidos en estancias cerradas llenas de gente en las que, a pesar de lo cargado de la atmósfera, nadie se atreve a abrir las ventanas. No pasa el aire, no fluyen las ideas, y casi nadie en la habitación tiene un conocimiento personal directo de la sociedad civil o de la economía real. Los Carromero han acabado por ser la norma, no la excepción. La política y sus aledaños se han convertido en un modus vivendi que alterna cargos oficiales con enchufes en empresas, fundaciones y organismos públicos y, también, con canonjías en empresas privadas reguladas que dependen del BOE para prosperar.

En segundo lugar, la descentralización del Estado, que comenzó a principios de la década de 1980, fue mucho más allá de lo que era imaginable cuando se aprobó la Constitución. Como señala Enric Juliana,⁵ el Estado de las autonomías inicialmente previsto, que presumía una descentralización controlada de «arriba a abajo», se vio rápidamente desbordado por un movimiento de «abajo a arriba» liderado por élites locales que, al grito de «¡no vamos a ser menos!», acabó imponiendo la versión de «café para todos» del Estado autonómico. ¿Quiénes eran y qué querían estas élites locales? A pesar de ser muy lampedusiano, Juliana se limita a señalar a «un democratismo pequeñoburgués que surge desde abajo». Eso es, sin duda, verdad. Pero, adicionalmente, es fácil imaginar que los beneficiarios de los sistemas clientelares y caciquiles implantados en la España de provincias desde 1833 miraban al nuevo régimen democrático con preocupación e incertidumbre, lo que les pudo llevar, en muchos casos, a apuntarse a «cambiarlo todo para que todo siga igual» y a ponerse en cabeza de la manifestación descentralizadora. Como resultante de estas fuerzas, se produjo un crecimiento vertiginoso de las Administraciones públicas: 17 administraciones y Gobiernos autonómicos, 17 parlamentos y miles —literalmente miles— de nuevas empresas y organismos públicos territoriales cuyo objetivo último, en muchos casos, era y sigue siendo generar nóminas y dietas. En ausencia de procedimientos establecidos para seleccionar plantillas, los políticos colocaron en las nuevas administraciones y organismos a deudos, familiares, nepotes y camaradas, lo que llevó a una estructura clientelar y politizada de las administraciones territoriales que era inimaginable cuando se diseñó la Constitución. No me parece exagerada la estimación de 300.000 personas cuyo puesto de trabajo —de director general o de conserje— ha sido obtenido por motivos políticos. A partir de una Administración hipertrofiada, la nueva clase política se había asegurado un sistema de captura de rentas —es decir un sistema que no crea riqueza nueva, sino que se apodera de la ya creada por otros— por cuyas alcantarillas circulaba y sigue circulando la financiación irregular de los partidos.

En tercer lugar, llegó la gran sorpresa. El poder dentro de los partidos políticos se descentralizó a un ritmo todavía más rápido que las Administraciones públicas. La idea de que la España autonómica podía ser vertebrada por los dos grandes partidos mayoritarios saltó hecha añicos cuando los llamados barones territoriales adquirieron bases de poder de «abajo a arriba» y se convirtieron, en la mejor tradición del conde de Warwick, en los hacedores de reyes de sus respectivos partidos. En este imprevisto contexto, se aceleró la descentralización del control y la supervisión de las cajas de ahorro. Las Comunidades Autónomas se apresuraron a aprobar sus propias leyes de cajas y, una vez asegurado su control, poblaron los consejos de administración y cargos directivos con políticos, sindicalistas, amigos y compinches. Por si esto fuera poco, las cajas tuteladas por los Gobiernos autonómicos hicieron proliferar empresas, organismos y fundaciones filiales, en muchas ocasiones sin objetivos claros aparte del de generar más dietas y más nóminas.

Y en cuarto lugar, aunque la lista podría prolongarse, la clase política española se ha dedicado a colonizar ámbitos que no son propios de la política como, por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los reguladores sectoriales de energía y telecomunicaciones, la Comisión de la Competencia… El sistema democrático y el Estado de derecho necesitan que estos organismos, que son los encargados de aplicar la ley, sean independientes. La politización a la que han sido sometidos ha terminado con su independencia, provocando una profunda deslegitimación de estas instituciones y un grave deterioro de nuestro sistema político. Pero es que hay más. Al tiempo que invadía ámbitos ajenos, la política española abandonaba el ámbito que le es propio: el Parlamento. El actual Gobierno presidido por Rajoy gobierna, principalmente, por decreto ley. Esto hurta al Parlamento la posibilidad de una discusión matizada de las leyes. Pero, además, el Congreso de los Diputados no es sólo el lugar donde se elaboran las leyes; es también la institución que debe exigir la rendición de cuentas. Esta función del Parlamento, esencial en cualquier democracia, ha desaparecido por completo de la vida política española desde hace muchos años. La quiebra de Bankia, escenificada en la pantomima grotesca de las comparecencias parlamentarias de 2012, es sólo el último de una larga serie de casos que el Congreso de los Diputados ha decidido tratar como si fuesen catástrofes naturales, como un terremoto, por ejemplo, en el que aunque haya víctimas no hay responsables. No debería sorprender, desde esta perspectiva, que los diputados no frecuenten la Carrera de San Jerónimo: hay allí muy poco que hacer.

LAS BURBUJAS

Los cuatro procesos descritos en los párrafos anteriores han conformado un sistema político en el que las instituciones están, en el mal sentido de la palabra, excesivamente politizadas y en el que nadie acaba siendo responsable de sus actos porque nunca se exige en serio rendición de cuentas. Nadie dentro del sistema pone en cuestión los mecanismos de capturas de rentas que constituyen el interés particular de la clase política española. Éste es el contexto en el que se desarrollaron no sólo la burbuja inmobiliaria y el saqueo y quiebra de la gran mayoría de las cajas de ahorro, sino también otras «catástrofes naturales», otros «actos de Dios», a cuya generación tan adictos son nuestros políticos. Porque, como el gran calamar de Taibbi, la clase política española genera burbujas de manera compulsiva. Y lo hace no tanto por ignorancia o por incompetencia como porque en todas ellas captura rentas. Hagamos, sin pretensión alguna de exhaustividad, un brevísimo repaso de las principales tropelías impunes de las últimas dos décadas: la burbuja inmobiliaria, las cajas de ahorro, las energías renovables y las nuevas autopistas de peaje.

La burbuja inmobiliaria española fue, en términos relativos, la mayor de las tres que estuvieron en el origen de la actual crisis global, siendo las otras dos la estadounidense y la irlandesa. No hay duda de que, como las demás, estuvo alimentada por los bajos tipos de interés y por los desequilibrios macroeconómicos a escala mundial. Pero, dicho esto, al contrario de lo que sucede en Estados Unidos, las decisiones sobre qué se construye y dónde se construye en España se toman en el ámbito político. Aquí no se puede hablar de pecados por omisión, de olvido del principio de que los gestores públicos deben gestionar como diligentes padres de familia. No. En España la clase política ha inflado la burbuja inmobiliaria por acción directa, no por omisión ni por olvido. Los planes urbanísticos se fraguan en complejas y opacas negociaciones de las que, además de nuevas construcciones, surgen la financiación de los partidos políticos y numerosas fortunas personales, tanto entre los recalificados como entre los recalificadores. Por si el poder de los políticos —decidir el qué y el dónde— no fuese suficiente, la transmisión del control de las cajas de ahorro a las Comunidades Autónomas añadió a los dos anteriores el poder de decisión sobre el quién, es decir, el poder de decisión sobre quién tenía financiación de la caja de turno para ponerse a construir. Esto supuso un salto cualitativo en la capacidad de captura de rentas de la clase política española, acercándola todavía más a la estrategia del calamar vampiro de Taibbi. Primero se infla la burbuja, a continuación se capturan todas las rentas posibles y, por último, a la que la burbuja pincha… ¡ahí queda eso! El panorama, seis años después del pinchazo de la burbuja, no puede ser más desolador. La economía española no crecerá durante muchos años más. Y las cajas de ahorro han desaparecido, la gran mayoría por insolvencia o quiebra técnica. ¡Ahí queda eso!

Las otras dos burbujas que mencionaré son resultado de la peculiar simbiosis de nuestra clase política con el «capitalismo castizo», es decir, con el capitalismo español que vive del favor del Boletín Oficial del Estado. En una reunión reciente, un conocido inversor extranjero lo llamó «relación incestuosa»; otro, nacional, habló de «colusión contra consumidores y contribuyentes». Sea lo que sea, recordemos en primer lugar la burbuja de las energías renovables. España representa menos del 2 por ciento del PIB mundial y está pagando el 15 por ciento del total global de las primas a las energías renovables. Este dislate, presentado en su día como una apuesta por situarse en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, es un sinsentido que España no se puede permitir. Pero estas primas generan muchas rentas y prebendas capturadas por la clase política y, también hay que decirlo, mucho fraude y mucha corrupción a todos los niveles de la política y de la Administración. Para financiar las primas, las empresas y familias españolas pagan la electricidad más cara de Europa, lo que supone una grave merma de competitividad para nuestra economía. A pesar de esos precios exagerados, y de que la generación eléctrica tiene un exceso de capacidad de más del 30 por ciento, el sistema eléctrico español ostenta un déficit tarifario de varios miles de millones de euros al año y más de 24.000 millones de deuda acumulada que nadie sabe cómo pagar. La burbuja de las renovables ha pinchado y… ¡ahí queda eso!

La última burbuja que traeré a colación, aunque la lista es más larga (fútbol, televisiones, casinos…), es la formada por las innumerables infraestructuras innecesarias construidas en las últimas dos décadas a costes astronómicos para beneficio de constructores y perjuicio de contribuyentes. Uno de los casos más chirriantes es el de las autopistas radiales de Madrid, pero hay muchísimos más. Las radiales, que pretendían descongestionar los accesos a Madrid, se diseñaron y construyeron haciendo dejación de principios muy importantes de prudencia y buena administración. Para empezar, se hicieron unas previsiones temerarias del tráfico que dichas autopistas iban a tener. En la actualidad el tráfico no supera el 30 por ciento de lo previsto. Y no es por la crisis: en los años de bonanza tampoco había tráfico. A continuación, ¿incomprensiblemente?, el Gobierno permitió que los constructores y los concesionarios fuesen, esencialmente, los mismos. Esto es un disparate, porque al disfrazarse los constructores de concesionarios mediante unas sociedades con muy poco capital y mucha deuda, se facilitaba que pasara lo que acabó pasando: los constructores cobraron de las concesionarias por construir las autopistas y, al constatarse que no había tráfico, amenazaron con dejarlas quebrar. Los principales acreedores eran, ¡oh sorpresa!, las cajas de ahorro. Los más de 3.000 millones de deuda nadie sabe cómo pagarlos y acabarán recayendo sobre el contribuyente pero, en cualquier caso, ¡ahí queda eso!

Antes de terminar este epígrafe, vale la pena reflexionar sobre la generalización del modelo de negocio de las autopistas radiales de Madrid. Éstas fueron un gran negocio para las constructoras y están siendo una ruina para el contribuyente. Las constructoras cobraron un buen dinero que, en última instancia, está siendo pagado por todos los españoles. El dinero ha ido del contribuyente a las constructoras, como mandan los cánones más rancios del capitalismo castizo. ¿Qué pasará con el famoso y publicitado AVE que las mismas constructoras están construyendo entre Medina y La Meca, en Arabia Saudí? ¿Puede repetirse la jugada de que sea el contribuyente español el que acabe pagando el pato? Pues sí, sí puede. El contrato de construcción del AVE expresa con toda claridad que el contribuyente español —la Renfe, vamos— se encargará de la explotación de la línea durante un mínimo de siete años. No hay ningún tren de alta velocidad en el mundo, incluido el shinkansen japonés, que tenga resultados de explotación positivos. No conozco los detalles del contrato de explotación (¿los conoce alguien? ¿Corinna?), pero el asunto me da muy, pero que muy mala espina. ¡Pobre pechero español, el capitalismo castizo y la clase política española, siempre de la mano, pueden volverte a robar la cartera!

LA TEORÍA

Termino aquí la parte descriptiva de este artículo en la que he resumido unos pocos «hechos estilizados» que considero representativos del comportamiento colectivo, no necesariamente individual, y esto es importante recordarlo, de los políticos españoles. Paso ahora a formular una teoría de la clase política española como grupo de interés.

El enunciado de la teoría es muy simple. La clase política española no sólo se ha constituido en un grupo de interés particular, como los controladores aéreos, por poner un ejemplo, sino que ha dado un paso más, consolidándose como una élite extractiva, en el sentido de Acemoglu y Robinson. Una élite extractiva se caracteriza por:

• Tener un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio.

• Tener el poder suficiente para impedir un sistema institucional inclusivo, es decir, un sistema que distribuya el poder político y económico de manera amplia, que respete el Estado de derecho y las reglas del mercado libre. Dicho de otro modo, tener el poder suficiente para condicionar el funcionamiento de una sociedad abierta u optimista.⁶

• Abominar de la «destrucción creativa», que caracteriza al capitalismo más dinámico.⁷ Una élite extractiva abomina, además, de cualquier proceso innovador lo suficientemente amplio como para acabar creando nuevos núcleos de poder económico, social o político.

Con la navaja de Occam en la mano, si esta sencilla teoría tiene poder explicativo, será imbatible. ¿Qué tiene que decir sobre las cuatro preguntas que se le han planteado al principio de este capítulo? Veamos:

1. La clase política española, como élite extractiva, no puede tener un diagnóstico razonable de la crisis. Han sido sus mecanismos de captura de rentas los que la han provocado, y eso, claro está, no lo pueden decir. Cierto, hay una crisis económica y financiera global, pero eso no explica seis millones de parados, un sistema financiero parcialmente quebrado y un sector público que no puede hacer frente a sus compromisos de pago. La clase política española tiene que defender, como está haciendo de manera unánime, que la crisis es un acto de Dios, algo que viene de fuera, imprevisible por naturaleza y ante lo cual sólo cabe la resignación.

2. La clase política española, como élite extractiva, no puede tener otra estrategia de salida de la crisis distinta a la de esperar que escampe la tormenta. Cualquier plan a largo plazo, para ser creíble, tiene que incluir el desmantelamiento, por lo menos en parte, de los mecanismos de captura de rentas de los que se beneficia. Y eso, por supuesto, no se plantea.

3. ¿Han pedido perdón los controladores aéreos por sus desmanes? No, porque consideran que defendían su interés particular. ¿Alguien ha oído alguna disculpa de algún político por la situación en la que está España? No, ni la oirá, por la misma razón que los controladores. ¿Cómo es que, como medida ejemplarizante, no se ha planteado en serio la abolición del Senado, de las Diputaciones, la reducción del número de ayuntamientos…? Pues porque, caídas las cajas de ahorro —y ante las dificultades presentes para generar nuevas burbujas— la defensa de las rentas capturadas restantes se lleva a ultranza.

4. Tal y como establece la teoría de las élites extractivas, los partidos políticos españoles comparten un gran desprecio por la educación, una fuerte animadversión por la innovación y el emprendimiento, y una hostilidad total hacia la ciencia y la investigación. De la educación sólo parece interesarles el adoctrinamiento: las estridentes peleas sobre la Educación para la Ciudadanía contrastan con el silencio espeso que envuelve las cuestiones verdaderamente relevantes como, por ejemplo, el elevadísimo fracaso escolar o los lamentables resultados en los informes PISA. La innovación y el emprendimiento languidecen en el marco de regulaciones disuasorias y fiscalidades punitivas sin que ningún partido se tome en serio la necesidad de cambiarlas. Y el gasto en investigación científica, concebido como suntuario de manera casi unánime, se ha recortado con especial saña sin que ni un solo político relevante haya protestado por un disparate que compromete más que ningún otro el futuro de los españoles.

La teoría de las élites extractivas, por lo visto hasta aquí, parece dar sentido a bastantes rasgos llamativos del comportamiento de la clase política española. Veamos qué nos dice sobre el futuro.

LA PREDICCIÓN

La crisis ha acentuado el conflicto entre el interés particular de la clase política española y el interés general de España. Las reformas necesarias para permanecer en el euro chocan frontalmente con los mecanismos de captura de rentas que sostienen dicho interés particular. Por una parte, la estabilidad presupuestaria va a requerir una reducción estructural del gasto de las Administraciones públicas superior a los 50.000 millones de euros, un 5 por ciento del PIB. Esto no puede conseguirse con más recortes coyunturales: hacen falta reformas en profundidad que, de momento, están inéditas. Se tiene que reducir drásticamente el sector público empresarial, esa zona gris entre la Administración y el sector privado, que, con sus muchos miles de empresas, organismos y fundaciones, constituye una de las principales fuentes de rentas capturadas por la clase política. Por otra parte, para volver a crecer, la economía española tiene que ganar competitividad. Para eso hacen falta muchas más reformas para abrir más sectores a la competencia, especialmente en el mencionado sector público empresarial y en sectores regulados. Esto debería hacer más difícil seguir creando burbujas en la economía española.

La infinita desgana con la que nuestra clase política está abordando el proceso reformista ilustra bien que, colectivamente al menos, barrunta las consecuencias que las reformas pueden tener sobre su interés particular. La única reforma llevada a término por iniciativa propia, la del mercado de trabajo, no afecta directamente a los mecanismos de captura de rentas. Las que sí lo hacen, exigidas por la UE como, por ejemplo, la consolidación fiscal, no se han aplicado. Deliberadamente, el Gobierno confunde reformas con recortes y subidas de impuestos y ofrece los segundos en vez de las primeras, con la esperanza de que acabe ocurriendo un milagro, de que la tempestad amaine por sí misma y, al final, no haya que cambiar nada esencial. Como eso no va a ocurrir, en algún momento la clase política española se tendrá que plantear el dilema de aplicar las reformas en serio o abandonar el euro. Y esto, creo yo, ocurrirá más pronto que tarde.

La teoría de las élites extractivas predice que el interés particular tenderá a prevalecer sobre el interés general. Yo veo probable que en los dos partidos mayoritarios españoles crezca muy deprisa el sentimiento «pro peseta». De hecho, ya hay en ambos partidos cabezas de fila visibles de esta corriente. La confusión inducida entre recortes y reformas tiene la consecuencia perversa de que la población no percibe las ventajas a largo plazo de las reformas y sí experimenta el dolor a corto plazo de los recortes que, invariablemente, se presentan como una imposición extranjera. De este modo se crea el caldo de cultivo necesario para, cuando las circunstancias sean propicias, presentar una salida del euro como una defensa de la soberanía nacional ante la agresión exterior que impone recortes insufribles al Estado de bienestar. También, por poner un ejemplo, los controladores aéreos presentaban la defensa de su interés particular como una defensa de la seguridad del tráfico aéreo. La situación actual recuerda mucho a lo ocurrido hace casi dos siglos cuando, en 1814, Fernando VII —el Deseado— aplastó la posibilidad de modernización de España surgida de la Constitución de 1812 mientras el pueblo español le jaleaba al grito de ¡vivan las caenas! Por supuesto que al Deseado actual —llámese Mariano, Alfredo u otra cosa— habría que jalearle incorporando la vigente sensibilidad autonómica, utilizando gritos del tipo ¡viva Gürtel!, ¡vivan los ERE de Andalucía! o visca el Palau de la Música Catalana! Pero, en cualquier caso, las diferencias serían más de forma que de fondo.

Una salida del euro, tanto si es por iniciativa propia como si es porque los países del norte se hartan de convivir con los del sur, sería desastrosa para España. Implicaría, como acertadamente señalaron Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos en El País en junio de 2012,⁸ no sólo una vuelta a la España de la década de 1950 en lo económico, sino un retorno al caciquismo y a la corrupción en lo político y en lo social que llevaría a fechas muy anteriores y que superaría con mucho a la situación actual, que ya es muy mala. El calamar vampiro, reducido a chipirón, sería cabeza de ratón en vez de cola de león, pero eso nuestra clase política lo ve como un mal menor frente a la alternativa del harakiri que suponen las reformas. Los liberales, como en 1814, serían masacrados, y, de hecho, en los dos partidos mayoritarios, ya empiezan a observarse movimientos en esa dirección.

El peligro de que todo esto acabe ocurriendo en un plazo relativamente corto es, en mi opinión, muy significativo. ¿Se puede hacer algo por evitarlo? Lamentablemente, no mucho, aparte de seguir publicando libros como éste. Como muestran todos los sondeos, el desprestigio de la clase política española es inmenso, pero no tiene alternativa a corto plazo. A más largo plazo, como explico a continuación, sí la tiene.

REGULAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CAMBIAR EL SISTEMA ELECTORAL

La actual clase política española es el mayor obstáculo para que España emprenda el programa de reformas que debe hacer, no sólo para mantenerse como miembro de la unión monetaria y de la Unión Europea sino, también, para adaptarse al mundo post-Histórico cuya prospectiva hemos discutido en el capítulo 5 de este libro. Hay que cambiar la clase política y, para ello, hay que cambiar los partidos políticos. Estos últimos deberían estar mucho más regulados, como en Alemania o Estados Unidos. José Antonio Gómez Yáñez propuso⁹ una reforma basada en la idea de que «los partidos políticos no son asociaciones privadas con legitimidad para autorregularse; son entidades especiales a las que se da el monopolio de la representación política, financiadas con dinero público y cuyo personal percibe retribuciones públicas, por tanto deben regularse por leyes para proteger las instituciones, y sus cajas». Gómez Yáñez, partidario de copiar la legislación alemana, señala que en este país la ley establece que «los partidos deben tener congresos cada dos años, el voto secreto de los afiliados a personas, no a listas, para elegir delegados a congresos o cargos internos, y la auditoría externa de cuentas». Y sigue «en Alemania la elección de los candidatos dentro de los partidos se incluye en la Ley Electoral. Los afiliados eligen los candidatos a todos los cargos representativos mediante elecciones primarias (internas)». Con este tipo de regulación es muy probable que la clase política española cambiase de manera radical y acabase incorporando mucho más en sus intereses particulares el interés general de España. Todo ello debería facilitar un proceso de regeneración de la política que es cada día que pasa más urgente para sacarla del lodazal en el que está metida. En el capítulo 10 de este libro se hacen más propuestas de reformas sobre esta cuestión.

La clase política española, como hemos visto en este artículo, es producto de varios factores entre los que destaca el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas confeccionadas por las cúpulas de los partidos políticos. Este sistema da un poder inmenso a los dirigentes de los partidos y ha acabado produciendo una clase política disfuncional. No existe un sistema electoral perfecto —todos tienen ventajas e inconvenientes— pero, por todo lo expuesto hasta aquí, en España se tendría que cambiar de sistema con el objetivo de conseguir una clase política más funcional. Los sistemas mayoritarios producen cargos electos que responden ante sus electores, en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus dirigentes partidarios. Como consecuencia, las cúpulas de los partidos tienen menos poder que las que surgen de un sistema proporcional y la representatividad que dan de las urnas está menos mediatizada. Hasta aquí todo son ventajas. También hay inconvenientes. Un sistema proporcional acaba dando escaños a partidos minoritarios que podrían no obtener ninguno con un sistema mayoritario. Esto perjudicaría a partidos minoritarios de base estatal, pero beneficiaría a partidos minoritarios de base regional. En cualquier caso, el rasgo relevante de un sistema mayoritario es que el electorado tiene poder de decisión no sólo sobre los partidos sino también sobre las personas que salen elegidas y eso, en España, es ahora una necesidad perentoria que compensa con creces los inconvenientes que el sistema pueda tener.

CAPÍTULO 9

LA CRISIS ESPAÑOLA, UNA Y TRINA

Este último capítulo de la segunda parte de este libro está dedicado a analizar la actual crisis española. Ésta es una crisis idiosincrática enmarcada por una crisis económica y financiera global. Como he señalado en capítulos anteriores, la crisis que está asolando España desde 2007 es consecuencia de la falta de adaptación a dos cambios trascendentales en nuestro entorno. En primer lugar, la caída del muro de Berlín en 1989 abrió paso a una globalización inesperada y rapidísima de la economía planetaria: la competitividad del trabajo barato del sur de Europa se vio amenazada, primero, por el trabajo barato del centro y del este del viejo continente y, después, por el procedente de los países emergentes. En segundo lugar, la incorporación al euro en 1998 supuso la renuncia a la devaluación de la peseta como mecanismo corrector de las pérdidas de competitividad cíclicas de la economía española: los futuros ajustes del deterioro competitivo tendrían que hacerse por el sector real de la economía.

Si bien la globalización y sus consecuencias eran algo difícil de prever —en este sentido fueron algo que «nos ha pasado»— las consecuencias de la adopción de la moneda única eran algo previsible y, de hecho, fueron previstas por muchos economistas e instituciones internacionales y españolas: si no se hacían las reformas estructurales necesarias para flexibilizar la economía, la inevitable pérdida de competitividad la acabaría estrangulando. Eso es, precisamente, lo que ha acabado ocurriendo. La burbuja inmobiliaria ha sido el agravante y la crisis financiera internacional el detonante, pero la razón última de la actual situación crítica de España es no haber hecho las reformas que sabíamos que había que hacer para poder sobrevivir en una institución —la unión monetaria— en la que entramos voluntariamente y donde nos comprometimos a permanecer.

No voy a entrar en este capítulo en el terreno internacional salvo cuando sea estrictamente necesario, porque la crisis española tiene entidad y lógica propias. Esto no es óbice para distinguir en ella tres crisis distintas e interrelacionadas, que evolucionan condicionándose unas a otras. En primer lugar, una crisis económica y financiera no causada, pero sí agravada, por la situación internacional. Todavía no estamos al principio de su final. En segundo lugar, una crisis político-institucional que, probablemente, obligará a redefinir el régimen político plasmado en la Constitución de 1978. En esto estamos al comienzo del principio. Y, en tercer lugar, una crisis moral —de valores— que afecta a todos los estratos de la sociedad. No son concebibles las otras dos crisis sin ésta: comenzó antes que las demás y terminará, si es que lo hace, después.

LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA

No hay remedio pacífico conocido para la crisis de endeudamiento¹ que aflige a las economías occidentales. Las burbujas inmobiliarias en Estados Unidos, en España y en Irlanda alimentaron otra burbuja crediticia global en la que los bancos de Occidente llegaron a apalancar más de cuarenta veces su capital para dar crédito. A su vez, esta burbuja crediticia retroalimentó las burbujas inmobiliarias y originó grandes estallidos de demanda y grandes desequilibrios por cuenta corriente en los tres países mencionados. Hasta que todo reventó: todas las burbujas acaban reventando y cuanto más tardan en hacerlo más violenta es la explosión. En la actualidad no hay crecimiento económico global porque no hay crédito, y no hay crédito porque los bancos están dañados, y los bancos no se sanean porque no hay crecimiento económico. Lo poco que se sabe de este tipo de crisis es que son de digestión muy lenta —décadas, no años—. Hay tres precedentes históricos: la crisis japonesa de 1921, la Gran Depresión de 1929 y la crisis japonesa de 1989. Las dos primeras terminaron mediante ese supremo achatarramiento keynesiano que es la guerra: la de Manchuria en 1934 y la segunda guerra mundial en 1939. La tercera, dos décadas después de su comienzo, aún no se sabe cuándo y cómo terminará. Estas tres crisis dejaron algunas enseñanzas, pero aún no hay doctrina establecida sobre cómo salir de este tipo de situaciones por las buenas.

Hasta que Occidente no crezca, España no lo hará. Pero, cuando Occidente empiece a crecer, España tampoco lo hará, a menos que haya introducido las reformas necesarias para adaptarse a la moneda única europea y a la economía globalizada. En lo que sigue de este epígrafe pasaré revista a la situación de la economía española y esbozaré algunas de las reformas pendientes apoyándome en tres cifras: seis millones de parados, deuda exterior del 167 por ciento del PIB y déficit público del 9 por ciento del PIB.

Más de seis millones de parados

España aporta el 10 por ciento del PIB de la eurozona, el 14 por ciento de la población y el 33 por ciento de los parados. A finales de 2012 uno de cada tres parados de la eurozona era español. Uno de cada dos parados de larga duración generados entre 2008 y 2012 era también español. Los seis millones de parados españoles y la tasa de paro del 27,2 por ciento² son una anomalía aberrante en Europa: la tasa de paro media de la eurozona es el 11,8 por ciento, menos de la mitad que en España, y tan sólo otros dos de los diecisiete Estados miembros tienen tasas de paro por encima del 15 por ciento: Portugal (16,3 por ciento) y Grecia (26 por ciento). ¿Acaso somos más holgazanes que los demás? ¿Más tontos? ¿Sufrimos un castigo divino? ¡No! Simplemente, tenemos un mercado de trabajo anómalo, disfuncional, que condena a la temporalidad precaria al 25 por ciento de los empleados, que genera bolsas millonarias de parados cada vez que viene una crisis… Hasta la reforma del mercado de trabajo de 2012, las estructuras básicas de nuestro mercado laboral y de la negociación colectiva fueron las que se heredaron del franquismo en 1975, o sea que estaban diseñadas para una economía autárquica y corporativista. Las elevadas indemnizaciones por despido, causa importante de la temporalidad y del miedo empresarial a contratar, resultaron del paternalismo de un régimen para el que no existía el concepto de desempleo y, por tanto, no lo aseguraba. Ahora sí se asegura. Estas indemnizaciones por despido fueron sustancialmente rebajadas para determinados supuestos en la reforma laboral de 2012. Está por ver cuál será el resultado de la reforma en los tribunales de lo social, pero los costes parecen haberse rebajado significativamente en los primeros meses tras la entrada en vigor de la nueva normativa. Por otra parte, la estructura jerárquica de los convenios colectivos tiene sus raíces en los antiguos sindicatos verticales y sigue siendo un obstáculo terrible para la eficiencia de la economía porque impide que los incrementos salariales refuercen su relación con los aumentos de productividad. Sin esa relación no hay economía que pueda funcionar.

En 1986 España se integró en la Unión Europea, no en la Unión Soviética, mal que les pese todavía a algunos. Debemos ser consistentes con el entorno en el que estamos obligados a competir y, para eso, no hace falta inventar nada: basta copiar lo que está funcionando bien en los Estados miembros que tienen tasas de desempleo de un solo dígito. En esa dirección van la propuesta de un contrato laboral único con costes de despido crecientes con la antigüedad y la propuesta de flexibilización de la negociación colectiva para dar protagonismo a la negociación a nivel de empresa. El Gobierno de Zapatero no se atrevió a enfrentarse a los sindicatos y planteó una reforma laboral puramente cosmética. El Gobierno de Rajoy ha sido más decidido en la reforma del despido, que ha sido un paso en la buena dirección, pero sigue siendo necesaria una del mercado de trabajo que aborde de manera conjunta todos los temas importantes. Queda pendiente el importantísimo tema de la temporalidad, que está condenando a la descapitalización personal a los trabajadores más jóvenes. Queda pendiente otra importante vuelta de tuerca a la negociación colectiva. Sin una reforma decidida, que reduzca la incertidumbre de las empresas a la hora de contratar, seguiremos siendo la anomalía de Europa y el paro seguirá aumentando.

Una deuda exterior del 167 por ciento del PIB

La burbuja inmobiliaria ha dejado a España con una deuda exterior bruta del 167 por ciento del PIB. Esta ratio es una de las más elevadas del mundo y ha sido antesala del desastre en muchos países que la han alcanzado. ¿Podrá España pagar su deuda? Esto es lo que quita el sueño a nuestros acreedores. Para poder pagar una deuda externa de estas dimensiones un país tiene que tener un crecimiento económico vigoroso que permita ir pagando los intereses y devolviendo el principal para hacer disminuir el volumen de la deuda. Los manuales de economía muestran que, para que eso sea posible, el crecimiento nominal del PIB tiene que ser superior al tipo de interés de la deuda.

¿Cuánto crecerá España en, digamos, la próxima década? El servicio de estudios del BBVA estima que el crecimiento potencial en este período será inferior al 2 por ciento en términos reales. Esta cifra es más baja que en décadas anteriores, pero puede acabar siendo optimista porque supone un crecimiento anual de la productividad del 0,9 por ciento anual, tasa que no se observa en España desde hace mucho tiempo. Añadiendo un 2 por ciento de inflación, se obtiene un crecimiento nominal teórico alrededor del 4 por ciento, que es bajo para garantizar con certeza el pago de la deuda actual. También es bajo para generar la confianza necesaria para refinanciarla, puesto que los analistas internacionales estiman un crecimiento inferior, incluso, al 4 por ciento. El tipo de interés implícito pagado por las Administraciones públicas españolas en 2012 fue el 3,7 por ciento, mientras que el crecimiento nominal de la economía fue el 1,6 por ciento. A largo plazo esto es insostenible. Claro que algún día España crecerá más, pero lo tiene muy complicado para crecer por encima del 4 por ciento. La aritmética de la deuda española tiene un aspecto horrible y no puede descartarse la posibilidad de que no pueda pagarse y que haya que restructurarla. ¿Qué hacer? La respuesta es tan obvia que merece ser gritada, otra vez: ¡reformas estructurales para aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía! Según el BBVA, el paquete de reformas que debería adoptarse (mercado de trabajo, de la vivienda, de la energía, educación, Administración pública, Justicia, etc.) haría aumentar el crecimiento potencial de la economía un punto porcentual, hasta el 3 por ciento en términos reales. Los efectos sobre el crecimiento se harían sentir sólo a medio plazo, pero el efecto balsámico sobre la confianza de nuestros acreedores sería inmediato y eso llevaría a una mejora de nuestras condiciones de financiación actuales.

El razonamiento del párrafo anterior es puramente teórico. Cuenta la anécdota que un analista le estaba explicando a George Soros un argumento de este tipo cuando el financiero le interrumpió: «Oiga, joven, todo eso está muy bien, pero ¿va a haber crédito?». «Ah, pues no, crédito no», respondió el analista. «Pues entonces no siga: la economía no va a crecer», terminó Soros. ¿Va a haber crédito en la economía española? No, crédito no va a haber durante mucho tiempo. Y no lo va a haber por cómo el Gobierno y el Banco de España han abordado la reestructuración del sistema financiero tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Había dos opciones. En primer lugar, se podía haber respetado la ortodoxia del Banco de España, elaborada a partir de la experiencia de varias crisis bancarias durante las cuatro últimas décadas. Esto implicaba obligar a las entidades de crédito a reconocer las pérdidas latentes para, después, y en caso necesario, recapitalizar, fusionar, vender o liquidar. Esta opción hubiera tenido la ventaja de que las nuevas entidades, al estar saneadas, hubieran podido dar crédito sin dilación. Hubiera tenido el inconveniente de incrementar el déficit público en varios puntos del PIB. Y hubiese sustraído a la inmensa mayoría de las cajas de ahorro, ahora bancos, de la tutela de los políticos regionales. La segunda opción, que fue la que se eligió, hace tabla rasa de la ortodoxia del Banco de España. La estrategia consistía —y todavía consiste— en obligar a las entidades a cumplir unas ratios de capital elevadas, para garantizar su solvencia, pero dejando las pérdidas en estado latente. Tenía la ventaja aparente de afectar poco al déficit público y la desventaja de que el sistema financiero, al no haber sido saneado, quedaba en estado zombi: no quedaba holgura en el balance para dar nuevo crédito al sector real de la economía. Esta opción permitía, también aparentemente, mantener un número significativo de cajas bajo control de los políticos.

En toda crisis bancaria actuar tarde siempre equivale a actuar mal. El Gobierno de Zapatero actuó tarde, pero además actuó mal, de modo que las consecuencias fueron doblemente perniciosas. Al tomar posesión el Gobierno Rajoy, buena parte del sistema financiero español se estaba desmoronando. El daño era tan grande que la opción ortodoxa mencionada en el párrafo anterior ya no era posible. Las subastas de liquidez ilimitadas a largo plazo del Banco Central Europeo dieron un respiro al Gobierno que, el 9 de junio de 2012, acabó solicitando un rescate europeo para recapitalizar las instituciones más dañadas. También, tras negar insistentemente su conveniencia, acabó creando un banco malo —el SAREB— para aligerar de los activos tóxicos los balances de las instituciones menos solventes. Estas medidas de emergencia, cuyo coste se multiplicó por la tardanza en adoptarlas, han conseguido frenar el deterioro del sistema financiero español y posibilitan el comienzo de un lento, muy lento proceso de recuperación y mejora. Se ha evitado la implosión del sistema, pero eso no quiere decir que vaya a comenzar a fluir el crédito hacia el sector privado de la economía. Esto es probable que tarde años, durante los cuales el crecimiento económico se verá constreñido y será, probablemente, muy débil.

Un déficit público del 9 por ciento del PIB

El déficit público español se ha situado por encima del 9 por ciento del PIB todos los años desde 2009. Mal asunto, porque a pesar de los recortes del gasto y las fuertes subidas de impuestos, tasas, precios públicos y de sectores regulados no se ha conseguido bajar del fatídico 9 por ciento. ¿Por qué no baja el déficit, a pesar de los recortes y de las fuertes subidas de impuestos, de tasas y de precios de sectores regulados? Por dos razones. En primer lugar, porque estamos metidos en una recesión económica que reduce las bases imponibles de muchos impuestos —como el IVA, Sociedades o IRPF— y aumenta determinadas partidas de gasto —como el subsidio de desempleo—. La combinación de ambos factores da lugar al componente cíclico del déficit público. Para 2012 se estima que este componente será el 2,5 por ciento del PIB. Esto quiere decir que, sin contar con las ayudas a la banca que pueden ser del orden de otro 2 por ciento del PIB, el resto del déficit de 2012 será estructural, es decir, será el déficit que se observaría si la economía estuviese funcionando en condiciones normales. O sea: si el déficit final es el 7 por ciento del PIB, como parece, un 4,5 por ciento será estructural. Estos 4,5 puntos del PIB son los que hay que eliminar para equilibrar estructuralmente el presupuesto. El problema estriba en que el presupuesto público español se ha dimensionado a la burbuja inmobiliaria y no es financiable en condiciones normales de la economía. Se pueden subir ingresos: nuevos aumentos del IVA, IRPF y especiales, copago sanitario y judicial, peajes en las autovías libres, etc. Todo eso va a ocurrir, pero será insuficiente. No va a haber más remedio que reducir gastos, y se van a tener que reducir de manera estructural, es decir, eliminando o reformando programas de gasto. No basta con hacer recortes. Hasta ahora las Administraciones han dejado de pagar, no de gastar, que no es lo mismo. Se ha llegado a una situación tan crítica que, por ejemplo, cuando se dice que la sanidad se paga a 600 días, lo que se quiere decir es que hace 600 días que no se paga. Son tácticas dilatorias, a la espera de que vuelvan los buenos viejos tiempos —los de la burbuja—, pero no volverán. Lo que hay que hacer, inevitablemente, es redimensionar el Estado. Pero eso son palabras mayores que nos llevan, sin solución de continuidad, al epígrafe siguiente.

LA CRISIS POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Escribe Francis Fukuyama que «cuando el entorno cambia y aparecen nuevos retos, surgen con frecuencia incoherencias entre las instituciones existentes y las necesidades emergentes. Estas instituciones están apoyadas por legiones de intereses atrincherados que se oponen a cualquier cambio fundamental […]. El declive aparece cuando los sistemas políticos no consiguen ajustarse a las nuevas circunstancias».³

Como se analizó en el capítulo 7, el régimen político que emana de la constitución de 1978 nació con dos grandes retos que afrontar: la reconciliación y democratización del país, tras la larga dictadura franquista, y la integración en Europa. Ocho años más tarde, en 1986, quedaban pocas dudas de que ambos retos se habían superado de manera irreversible. No hubo mucho tiempo para dormir en los laureles, porque el mundo cambió de manera muy rápida planteando nuevos e inesperados retos. En 1989 cayó el muro de Berlín, abriendo paso a un vertiginoso proceso de globalización cuyas consecuencias siguen sorprendiendo. En 1992 se firmó el Tratado de Maastricht y la moneda única comenzaba en 1999. En 1993 los retos que se le planteaban a España eran muy distintos a los de 1978: había que adaptarse a una economía planetaria y había que prepararse para el euro. Las reformas exigidas por uno y otro reto tenían —y tienen— denominadores comunes: flexibilización de los mercados de factores, bienes y servicios. Vaya por delante que, en estos veinte años, se han hecho progresos en la liberalización de determinados servicios (farmacias, funerarias…) y que en estos años las grandes empresas españolas se han globalizado como nunca. También la reforma del mercado laboral de 2012, a pesar de ser insuficiente, es muy relevante. Pero España no ha conseguido superar su patrón cíclico tradicional de crecimiento —expansión, recesión, devaluación de la peseta, recuperación— y no encuentra la manera de reducir su déficit público. Esos dos problemas surgen de tres características clave del régimen político actual: el particular papel de los llamados agentes o interlocutores sociales, la autorregulación de los partidos políticos y el modelo de café para todos de organización territorial del Estado que se adoptó para dar encaje a los nacionalismos históricos. Curiosamente, ninguna de esas tres características tiene un soporte constitucional claro. Comentémoslas una a una.

Los interlocutores sociales

La constitución de 1978 tuvo un respaldo político y social amplísimo. El consenso —ese conjunto de renuncias mutuas, que diría Miquel Roca— no se fraguó sólo entre partidos políticos, sino que también incluyó a los sindicatos y a la patronal, conocidos a partir de entonces como los «interlocutores o agentes sociales». Esto fue así tanto por el prestigio que los primeros alcanzaron durante el franquismo tardío —recuérdese el proceso 1001— como por la necesidad de encontrar una salida pactada a la terrible crisis económica de la época, ya que las negociaciones de los Pactos de la Moncloa transcurrieron en paralelo al proceso constituyente. El éxito en la salida de la crisis, por una parte, y en los objetivos democratizador y europeo, por la otra, contribuyeron a consolidar a los interlocutores sociales, de modo que éstos acabaron disfrutando de una representatividad de facto que iba mucho más allá de la de sus meros afiliados, que es lo único que reconoce la Constitución. Gobiernos de izquierda y de derecha han otorgado a los sindicatos una tutela y un veto implícitos sobre todo «lo social». A ello se debe, por ejemplo, el enorme retraso en la reforma de las pensiones y en la reforma del mercado laboral. Como escribió un comentarista, los sindicatos se han convertido en la columna vertebral del establishment contrario a la reforma estructural. Es urgentísimo continuar con la reforma en profundidad del mercado de trabajo y es muy probable que esta continuación haya que hacerla no sólo contra los sindicatos sino también contra las patronales. Pues bien, hágase. Es urgentísimo hacer una reforma seria del sistema de pensiones públicas para evitar su quiebra. Esto también habrá que hacerlo contra los sindicatos. Pues bien, hágase. Poner a los interlocutores sociales en su sitio conllevará un cambio muy importante en nuestro sistema político, pero un cambio en la buena dirección: la de dar plena soberanía al Parlamento en temas que, hasta ahora, le llegaban filtrados, cuando le llegaban.

Puertas giratorias, corrupción y autorregulación

Como se ha señalado en el capítulo anterior, la clase política española se ha convertido en una élite extractiva que antepone su interés particular al interés general de la nación. Este interés particular está encarnado en las 300.000 personas que se estima que hay en España cuyo empleo, ingresos, beneficios, prebendas y privilegios dependen de algún modo de una decisión de una instancia o cargo políticos. Esta peculiar casta incluye desde el Rey hasta los conserjes y bedeles nombrados a dedo por el sistema clientelar de las Diputaciones Provinciales, pasando por las decenas de miles de funcionarios autonómicos que fueron nombrados de manera interina por razones de afinidad política y luego se les dio la permanencia mediante concursos de trámite. También están los empleados y beneficiarios de las miles de empresas, fundaciones y organismos públicos sin control, cuyo número exacto desconoce hasta la Intervención General del Estado. Particularmente llamativas son las «puertas giratorias» usadas por altos cargos del Gobierno y de la política para obtener retiros dorados en consejos de administración y como asesores de empresas reguladas. Disfrutando de estas sinecuras pueden hallarse expresidentes del Gobierno, la mayoría de los exvicepresidentes económicos, muchos exministros y otros políticos y reguladores que han ocupado cargos de menor relevancia.⁴ La clase política española parece no haber oído nunca hablar de la mujer del césar. Preocupados como están por defender a capa y espada la presunción de honestidad, se olvidan por completo de que los políticos no sólo deben ser honestos sino que, además, tienen que parecerlo. Y en España quizá lo sean, pero no lo parecen. Siempre habrá malpensados, muy en particular los inversores extranjeros, que sospecharán que están ocupando esas bicocas en agradecimiento a los servicios prestados. Y eso hace mucho daño. A mayor abundamiento, el escándalo no se limita tan sólo a los consejos. En posiciones más ejecutivas el daño ha sido mucho mayor. Sin ir más lejos, dos exvicepresidentes del Gobierno y un presidente de Comunidad Autónoma, por ejemplo, tuvieron un papel muy notorio en la quiebra de las cajas de ahorro. Terrible.

Las «puertas giratorias» proliferan en las instituciones españolas y convierten Administración, Justicia y regulación en una misma masa viscosa en la que resulta difícil aclarar quién está haciendo qué y en qué capacidad. No parece tener sentido, por ejemplo, que los militares que decidan dedicarse a la política tengan —correctamente— prohibido volver al servicio activo en las Fuerzas Armadas, y a los jueces se les mida por otro rasero que les permite el ejercicio de la política un día y dictar sentencias al día siguiente como si tal cosa. La política es el legítimo ejercicio de la parcialidad, mientras que un juez debe ser imparcial. No es admisible, como demuestra la experiencia traumática de la estrella de los jueces estrella, el «hoy soy parcial, mañana seré imparcial». Los jueces que se dediquen a la política no deberían volver a la judicatura. Lo mismo debería ser de aplicación para los altos funcionarios de las Administraciones públicas. Todo el mundo tiene derecho a dedicarse a la política pero la salud pública, en versión mujer del césar, exige que no todo el mundo pueda tener derecho a volver a su posición anterior.

La falta de ejemplaridad de los comportamientos descritos en los dos párrafos anteriores; la ausencia de proyecto para salir de la crisis económica; la falta de alternativas para jóvenes y parados, que está causando una intensa descapitalización humana en España; la convicción ciudadana de que la clase política defiende su interés particular y que le importa poco lo que les ocurra a los demás; el incremento y la institucionalización de la corrupción política hasta límites insoportables, y la falta de reacción creíble de los partidos políticos ante el imparable crecimiento del hozadero, poco compatible con la teoría de las «pocas manzanas podridas», han precipitado una fuerte crisis de legitimidad de las instituciones españolas. Como señala Fukuyama:⁵ «Legitimidad significa que las personas que forman la sociedad reconocen la justicia fundamental del sistema como un todo y que, por ello, están dispuestos a respetar sus reglas». Con esta definición, menos formal pero más profunda que la definición habitual de la legitimidad democrática, el régimen político surgido de la Constitución de 1978 está perdiendo legitimidad a chorros, aunque sus instituciones representativas sean impecablemente democráticas.

En mi opinión esa pérdida de legitimidad deriva, principalmente, de la autorregulación y de la falta de control externo de los partidos políticos. Lo insólito de España no es que haya corrupción política sino que los partidos políticos se autorregulen, es decir, que no estén obligados por ley a tener sistemas internos de reciclaje de los residuos tóxicos. Esto es anómalo en una democracia y la principal causa del aumento de la corrupción y de la desafección ciudadana hacia la política y las instituciones que muestran todas las encuestas de opinión. La crisis institucional está servida. A las razones dadas hasta aquí hay que añadir las que siguen a continuación.

La organización territorial del Estado

El consenso de 1978 tuvo el gran acierto de integrar a los nacionalismos históricos. Era, por aquel entonces, un tema peliagudo —y lo sigue siendo—. La vía elegida para hacerlo fue el Estado de las Autonomías, versión «café para todos». A lo largo de tres décadas, la descentralización del Estado ha sido muy grande pero, salvo en las comunidades forales, que recaudan sus propios tributos, el gasto público se ha descentralizado mucho más que los ingresos y se han producido disfunciones graves entre las decisiones de gastar y las de recaudar. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica y financiera han tenido efectos devastadores sobre los presupuestos autonómicos: los ingresos se han desplomado y las principales partidas de gasto de su competencia —Educación, Sanidad, Dependencia, Justicia…— son muy rígidas. Además, la asimetría de poder gastar sin la responsabilidad de recaudar ha contribuido a que se cometiesen todo tipo de excesos que, hoy en día, es políticamente muy costoso revertir. La situación financiera ha hecho crisis: hay hoy en día varias comunidades autónomas de régimen común que llevan más de dos años en situación de suspensión de pagos parcial y sin acceso a los mercados financieros para conseguir liquidez.

Como era previsible, tras las elecciones de 2012 el Gobierno del Partido Popular culpó al Estado autonómico del descontrol del gasto público y de las dificultades del Estado español para reducir el déficit. Argumentos en este sentido no faltan, aunque las culpas están mucho más repartidas de lo que admite el actual Gobierno —recuérdese, por ejemplo, la centrifugación del déficit hacia las Autonomías que produjo la Ley de Dependencia, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados sin que se hubiese presentado ni exigido memoria económica alguna—. En cualquier caso, el péndulo ha comenzado ya a moverse en sentido contrario y se ha iniciado un movimiento recentralizador basado, también, en la filosofía del café para todos. Este movimiento, como también era de esperar, va mucho más allá de las decisiones presupuestarias y afecta a lo educativo, a lo cultural y a lo institucional. La cruzada del ministro Wert para «españolizar» a los niños catalanes y el intento del Gobierno central de supervisar la actividad internacional de las Autonomías son dos ejemplos que ilustran la potencial dimensión de la recentralización que está comenzando.

Como era previsible, esto ha traído consecuencias muy graves en lo que respecta a Cataluña. El Gobierno de la Generalitat que surgió de las urnas en 2010, previendo el movimiento pendular contrario a la descentralización, había tomado ya rumbo de colisión con el futuro Gobierno central recortando el gasto en aquellas partidas que, como la Sanidad, más gente movilizan en la calle. Al mismo tiempo reclamaba un pacto fiscal que equiparase financieramente a Cataluña a las comunidades forales, primero, y la ruta hacia la independencia, después, tras la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre de 2012.

La gestión de esta situación va a ser muy delicada y compleja. La crisis institucional del Estado de las Autonomías, en su versión de café para todos, está servida. Vaya por delante mi opinión de que, esta vez, Cataluña no se va a conformar con alguna cesión de competencias o con algo más de dinero: lo que está buscando es un encaje distinto dentro —o quizá fuera— del consenso constitucional.

LA CRISIS MORAL Y DE VALORES

Escribí hace algún tiempo en un periódico que la acumulación de derechos sin contrapartida por el lado de los deberes embrutece a las masas. Esto, más por ignorancia que por otra cosa, escandalizó a algunos, que lo consideraron una ocurrencia mía provocadora y deleznable. No es así: este pensamiento tiene firmes raíces en Ortega y en Kant. Lo ilustraré con un ejemplo. El derecho a no ser despedido del trabajo arbitrariamente tiene que tener como contrapartida el deber de ir a trabajar. Si eso no ocurre, se produce el absentismo laboral, que es una verdadera plaga en las empresas españolas. Nuestra democracia ha puesto mucho más énfasis en publicitar derechos que en reclamar deberes y así no puede funcionar bien: ya dijo Montesquieu que la democracia se basa en la virtud, es decir, en el cumplimiento de las obligaciones. La clase política se ha dedicado a adular a las masas para conseguir votos, haciéndoles creer que tienen derecho no sólo a recibir algo a cambio de nada, sino de recibirlo a perpetuidad. Todo el mundo tiene derecho a un AVE y a un aeropuerto cerca de su casa, sin ir más lejos. Hay unos Reyes Magos o un Papá Noel implícitos en la democracia española: nunca se menciona quién paga los regalos, a quién se dirigen las facturas, quién financia esos derechos sin contrapartida.

En ese caldo de cultivo, la burbuja inmobiliaria empeoró mucho las cosas. Hay pocas cosas tan corruptoras como una burbuja inmobiliaria. Probablemente el narcotráfico a gran escala que sufren algunos países de América Latina sea peor, pero no se me ocurren más ejemplos. En España la burbuja ha corrompido a las Administraciones públicas, muy particularmente a las territoriales, que son las que acaban teniendo la capacidad de decisión sobre dónde y sobre qué se construye; ha corrompido a los partidos políticos sin distinción de credo; ha corrompido a los empresarios en busca de obra civil, de recalificaciones o de permisos de edificación; ha vaciado las escuelas en beneficio del ladrillo o de la hostelería causando un fracaso escolar masivo y creando grandes bolsas de jóvenes sin ninguna cualificación y con un futuro laboral muy incierto; y ha potenciado un sobredimensionamiento del Estado que ahora resulta financieramente insostenible. El paisaje después de la burbuja es desolador.

Lo ocurrido con las cajas de ahorro es muy ilustrativo de la crisis de moral que nos aflige. Hay una máxima en finanzas que establece que la mejor manera de robar un banco es tener uno. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en nuestro país. Las cajas no tienen dueño y nunca han estado gestionadas por angelitos, pero cuando se descentralizó su tutela, pasando ésta a corresponder a las Comunidades Autónomas, la situación cambió a peor. Todos los partidos políticos, sin excepción ninguna, han intentado controlar las cajas de sus territorios y casi siempre —con alguna grandísima y honrosísima excepción— lo han conseguido. El resultado ha sido catastrófico: de las cuarenta y cinco cajas que había al principio de la crisis no quedan hoy en día más que algunos residuos testimoniales. Los medios de comunicación han recogido con profusión el saqueo de algunas cajas por parte de sus directivos y de los Gobiernos autonómicos a cuya tutela estaban encomendadas. No están todas las que son, pero es bueno que estas cosas se publiquen. También se ha recogido en los medios la depravación moral que supuso la venta masiva de acciones preferentes a pequeños inversores que, obviamente, no estaban cualificados para entender lo que estaban comprando pero que confiaban en la honestidad de las instituciones y de las personas que se las vendían. Todo ello, hay que decirlo en voz alta, en medio de un silencio espeso de la CNMV y del Banco de España, que no movieron ni un dedo para evitar este abuso. Tampoco tuvieron nada que decir, por cierto, en la salida a bolsa de Bankia a 2011 que perjudicó a miles de inversores que volvieron a ser mal informados del verdadero riesgo de la inversión. Lamentable.

Una guinda para terminar este retablo ilustrativo de la crisis moral y de valores española, crisis que viene de muy lejos. Dos de los productos más característicos de nuestro país son el jamón ibérico y el aceite de oliva. Son una especie de embajadores de la «marca España» allá donde viajen. Pues bien ¿son productos honestos? Cuando los consumidores los compran, ¿saben lo que compran? La respuesta unánime de las organizaciones de defensa del consumidor españolas es que no, que el consumidor no puede saber lo que compra por la opacidad de la información y por el fraude existente en ambos mercados. Casi nadie puede saber a ciencia cierta de qué animal proviene el jamón que acaba de comprar o en qué año se cosechó el aceite que acaba de adquirir. Si esto ocurre con nuestros productos más emblemáticos, ¿qué ocurrirá con los que no lo son?

Como señalaba Luis Garicano en un reciente artículo,⁶ los estándares morales en España se van realineando hacia abajo. ¿Que un banquero influyente resulta condenado en firme por una fechoría cometida en el ejercicio de su profesión y, por tanto, debería abandonar su cargo? No hay problema, se le indulta y se cambia la ley para que los condenados puedan dirigir bancos. ¿Qué pasa? ¿Acaso los condenados no son gente honrada? ¿No tienen derecho al trabajo, como todo el mundo? ¿Acaso no indultamos también a los kamikazes homicidas? Esa progresiva degradación de los valores y de los criterios éticos tiene efectos devastadores sobre la moral de la sociedad que se pregunta, perpleja, si a lo único que lleva ser honrado y observante de la ley es a ser pobre.

Culpa, responsabilidad y dimisiones

Hay en España una confusión interesada entre culpa y responsabilidad. La clase política ha iniciado un falso debate sobre cuándo debe dimitir un político que ha sido llamado por un juez para investigar alguna de sus actividades. La discusión, que ha tenido lugar principalmente en Cataluña, ha versado sobre cuándo puede suponerse que hay una probabilidad razonable de culpa. Es un completo sinsentido. En una democracia los políticos no deben dimitir por ser culpables, por serlo se les mete en la cárcel, sino por ser responsables. Veamos varios ejemplos que aclaran qué quiere decir esta afirmación.

En 1974, el canciller de la República Federal de Alemania, Willy Brandt, dimitió porque uno de sus consejeros, Günter Guillaume, resultó ser espía de la Alemania Oriental. Brandt había sido informado del asunto por los servicios de inteligencia de la República Federal en 1973, quienes pidieron al canciller que continuase trabajando con Guillaume con normalidad, cosa a la que accedió.⁷ Cuando Guillaume fue detenido, Brandt dimitió. ¿Dimitió por ser culpable? No, dimitió por asumir la responsabilidad.

Otros dos ejemplos, y dos más. En 1994, Carlos Solchaga dimitió de su cargo de presidente y portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso por la acumulación de pruebas que implicaban al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, en el caso Ibercorp. ¿Dimitió por ser culpable de algo? No. De hecho a Mariano Rubio le había nombrado en 1985 el entonces ministro de Economía, Hacienda y Comercio Miguel Boyer. Pero Solchaga asumió la responsabilidad, porque los hechos relacionados con Mariano Rubio habían ocurrido bajo su mandato como ministro. Antoni Asunción, ministro del Interior en 1994, dimitió como ministro por la fuga de José Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil. Es obvio que Asunción no era culpable directo de la fuga, pero asumió la responsabilidad política. Esta sana costumbre de asumir responsabilidades políticas dimitiendo⁸ parece haber sido, en la democracia española, una característica exclusiva de los Gobiernos de Felipe González. No ha vuelto a ocurrir desde entonces y no por falta de ocasiones. Veamos dos ejemplos más. En 2003 un avión Yak 42 se estrelló en Turquía con 75 personas a bordo de las cuales 62 eran militares españoles que regresaban a España desde Afganistán. No hubo supervivientes. La investigación posterior reveló todo tipo de irregularidades en la contratación del avión, que no tenía unas condiciones mínimas para volar con seguridad. El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, que obviamente no era culpable de haber derribado directamente el avión, no asumió ninguna responsabilidad política y se limitó a destituir a los generales que habían firmado el contrato. En 2005 fue reprobado por el Congreso de los Diputados, pero hoy en día es embajador de España en Londres. El último ejemplo, pero hay muchos más: Mariano Rajoy, actual presidente del Gobierno español y presidente del Partido Popular (PP) nombró en 2008 a Luis Bárcenas como tesorero del partido. Bárcenas había estado vinculado a las finanzas del PP durante décadas, la mayor parte del tiempo con el cargo de gerente. En la actualidad Bárcenas tiene abiertas causas judiciales por todo tipo de prácticas corruptas, desde cobro de comisiones ilegales a evasión de impuestos y pago de sobresueldos opacos a los dirigentes del PP. Rajoy, que le nombró y le apoyó cuando empezaron a abrirse las causas y que obviamente no es culpable de los delitos que haya podido cometer Bárcenas, salvo que hubiese cobrado sobresueldos irregulares, no ha asumido ninguna responsabilidad política, aunque el caso Bárcenas tiene paralizada la acción de Gobierno en España. Es más, no parece constarle quién es este Luis Bárcenas que sale tanto en los medios de comunicación.

La pérdida de la sana costumbre de asumir responsabilidades políticas y dimitir es un paso de gigante en el proceso de degeneración de la democracia y de la clase política españolas. Hace falta un cambio radical y urgente, o España está perdida.

TERCERA PARTE

¿QUÉ HACER CON ESPAÑA?

Una reflexión sobre algunas reformas necesarias

CAPÍTULO 10

REFORMAR LAS INSTITUCIONES: PARTIDOS POLÍTICOS, LEY ELECTORAL, AGENTES SOCIALES, ORGANISMOS REGULADORES, JUSTICIA

En el capítulo 9 de este libro se ha caracterizado la crisis española como una crisis tridimensional: económica, institucional y moral. Las tres dimensiones de la crisis revisten una extrema gravedad pero, sin instituciones que funcionen, las crisis económica y moral no se pueden arreglar. Y las principales instituciones españolas no funcionan. No funciona la Corona, no funciona la Justicia, no funciona el Parlamento, no funcionan los partidos políticos, no funcionan los llamados agentes o interlocutores sociales y no funcionan los (mal) llamados organismos reguladores independientes. La reforma de algunas de las instituciones que no funcionan, no de todas, es una condición necesaria para poder abordar con solvencia las reformas estructurales que necesita España para mejorar la calidad de su democracia y para desarrollar una economía competitiva.

En este capítulo se hacen propuestas para reformar las instituciones de importancia crítica. Hay instituciones que no se mencionan como, por ejemplo, la Corona, pero a los efectos de este libro —y a muchos otros— son prescindibles porque no son las causantes directas de los males actuales de España y tampoco parece que puedan tener un papel relevante en su solución. Tiempo llegará de debatir qué se hace con ellas, pero ahora mismo, en mi opinión, no sólo no es prioritario sino que complicaría aún más la discusión sobre los asuntos verdaderamente relevantes. En lo que sigue de este capítulo se proponen reformas de las instituciones de importancia crítica por orden de prioridad secuencial.

REFORMAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Toda reforma estructural resulta en ganadores y perdedores. Característicamente, los ganadores ganan en el largo plazo, de hecho pueden no haber nacido todavía, mientras que los perdedores pierden en el corto plazo, lo que hace que este tipo de reformas sea muy difícil de llevar a la práctica aunque las demande el interés general, porque este último queda difuminado en el tiempo ante el interés particular, que está claramente definido y atrincherado para defender sus privilegios.

Por poner un ejemplo, la reforma laboral de 2012 ha sido una de las medidas más relevantes adoptadas por el actual Gobierno del Partido Popular. Su objetivo es facilitar y abaratar el despido para que las empresas pierdan miedo a contratar y se genere empleo con mayor facilidad en fases de recuperación de la economía. En otras palabras, para facilitar que el mercado laboral español se ajuste vía salarios en lugar de vía empleo. Los perjudicados por la reforma son los trabajadores con contrato fijo y muchos años de antigüedad que son, precisamente, los representados por los sindicatos. Los beneficiados son los parados, los eventuales, los jóvenes que no han trabajado nunca y el conjunto de la sociedad española, que necesita un mercado de trabajo más flexible si quiere tener alguna oportunidad de sobrevivir como miembro de la unión monetaria. Los primeros efectos de la reforma han sido la aceleración del proceso de destrucción de empleo y la reducción de las indemnizaciones por despido. Los beneficios para la creación de empleo y para el conjunto de la sociedad pueden tardar años en manifestarse. No podía haber ocurrido de otra manera, claro, y los empleos se hubiesen perdido en cualquier caso, pero sindicatos y medios de comunicación han proclamado el fracaso de la reforma y reclamado su abolición.

El ejemplo anterior ilustra que para llevar a la práctica un programa de reforma estructural como el que hace falta en España es necesaria una clase política con capacidad de liderazgo, que sea capaz de explicar el porqué de las reformas a la ciudadanía, que asuma como propio el interés general y que tire de la sociedad hacia el futuro dando razón de las penalidades del presente. Esta clase política, como hemos visto en el capítulo 8 de este libro, no existe en España y, por tanto, la primera reforma tiene que estar encaminada a construirla. No hay que esperar que esto lo hagan los propios políticos motu proprio porque, como colectivo, están sumidos en una espiral descendente de incompetencia y corrupción y no ven más allá de su interés particular. La sociedad civil tiene que intervenir para exigir una reforma de la Ley de Partidos que imponga a éstos un alto grado de democracia interna y de transparencia.

En un artículo¹ publicado en El País a comienzos de 2013, J. A. Gómez Yáñez y yo comparamos los partidos políticos españoles con un automóvil sin tubo de escape o con un cuerpo humano sin riñones. En todos los países hay corrupción política, del mismo modo que todos los motores de explosión y todos los organismos vivos generan residuos tóxicos. Lo que distingue a España entre los países democráticos no es la existencia de la corrupción en sí, sino que en los partidos políticos españoles no hay mecanismos internos para controlarla y reciclarla. No hay ni tubo de escape ni riñones. Por este motivo la corrupción ha crecido sin control y se ha institucionalizado.

La gran anomalía española es que los partidos políticos, en la práctica, se autorregulan. La vigente Ley de Partidos está vacía de contenido. Tiene su origen en una ley preconstitucional de 1978 que fue reformada en 2002 con el objetivo de ilegalizar a Herri Batasuna y otras formaciones afines para impedir que pudieran presentarse a las elecciones. Por más que se busque no se encuentra nada en la Ley de Partidos que regule su funcionamiento, sólo se regula que determinadas corrientes de opinión de la sociedad española no pueden constituir un partido político legal. Además se le dio carácter de Ley Orgánica, con lo que resulta muy difícil de cambiar porque no puede ser objeto de una Iniciativa Legislativa Popular y porque cualquier cambio tiene que obtener mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación sobre la globalidad de su redactado final. No es muy exagerado decir que la actual Ley de Partidos española es una patente de corso para que los partidos políticos puedan cometer toda clase de tropelías con impunidad.

Los partidos políticos no deben autorregularse porque son entidades especiales a las que la ley les concede el monopolio de la representatividad política. El Real Betis Balompié, por ejemplo, o la Unión de Agricultores y Ganaderos no pueden presentarse a las elecciones políticas. Sólo pueden hacerlo los partidos y determinadas agrupaciones de electores. Además, los partidos políticos se financian con recursos públicos. Esta concesión y esta financiación no deben darse sin un riguroso control legal para evitar que los partidos acaben, como en España, convirtiéndose en élites extractivas. En Alemania, por ejemplo, la ley obliga a los partidos a celebrar congresos cada dos años, a que los delegados en estos congresos sean elegidos por votación secreta entre sus militantes y a que los candidatos a cargos electos sean elegidos en elecciones primarias mediante sufragio secreto de la militancia. También obliga la ley a que los partidos alemanes se tengan que someter a auditorías externas realizadas por auditores independientes. De esta manera, el sistema alemán genera competencia entre los dirigentes de los partidos y los candidatos a serlo. Genera democracia interna, transparencia y rendición de cuentas, que son los factores esenciales para impedir que crezca la corrupción. Por supuesto que hay corrupción política en Alemania, como en todas partes, pero los mecanismos previstos en su Ley de Partidos evitan una espiral degenerativa y contagiosa como la española.

La situación española es insólita en una democracia y tiene su raíz, como hemos visto en el capítulo 8, en la etapa de la Transición, cuando los políticos de entonces, muy influenciados por el recuerdo de la inestabilidad política de la Segunda República y tratando de asegurar la gobernabilidad de la nueva democracia por encima de casi cualquier otra consideración, decidieron ceder a las cúpulas dirigentes de los partidos un poder casi ilimitado, confiando en que unos partidos estables darían lugar a una democracia estable. De este modo, los congresos de los partidos españoles se convocan cuando las direcciones partidarias lo juzgan conveniente, los candidatos a puestos de responsabilidad en los partidos o a las listas electorales son elegidos por cooptación y las auditorías se le encargan al Tribunal de Cuentas, organismo radicalmente politizado, cuyos miembros son nombrados por cuotas entre los partidos que tiene como último ejercicio auditado, al tiempo de escribir estas líneas (marzo de 2013), el del año 2007. Así pudo decir Cospedal hace breves días, añadiendo insulto a la injuria pero sin perder la sonrisa, que las cuentas del Partido Popular son limpias y transparentes porque están auditadas por ¡el Tribunal de Cuentas! Lo admirable no es que esa señora pudiera mantener la sonrisa sino que pudiera aguantarse las carcajadas, digo yo.

La falta de competencia interna y de control externo en los partidos españoles ha tenido, entre otras, dos consecuencias lamentables. En primer lugar, el crecimiento de la corrupción se ha hecho imparable. Como señala Gómez Yáñez:² «No son casos individuales de alcaldes o concejales que se forran con un plan urbanístico o una licencia […]. Son metástasis en las sedes centrales abonadas por el descontrol del dinero, utilizado para “engrasar la maquinaria” o para llevárselo». La corrupción, a base de no ponerle coto, se ha institucionalizado y va a ser muy difícil de erradicar. La segunda consecuencia ha sido la degeneración de la capacidad de liderazgo y de la competencia técnica de nuestros políticos, cooptados una y otra vez a partir del único criterio de fidelidad a los líderes. El resultado son cohortes de políticos cada vez más mediocres. Pensemos un momento en las siguientes listas de líderes políticos que han presidido Gobiernos en España: 1. Adolfo Suárez; Felipe González; José María Aznar; José Luis Rodríguez Zapatero; Mariano Rajoy; y 2. Josep Tarradellas; Jordi Pujol; Pasqual Maragall; José Montilla; Artur Mas. ¿No ilustran bien estas listas, que van de más a menos, esa deriva inexorable fruto de unos partidos políticos sin competencia interna y regidos por la cooptación? ¿No podrían hacerse listas semejantes con las personas que han ocupado los distintos ministerios, las distintas consejerías y las distintas alcaldías del país —Madrid y Barcelona, por ejemplo— obteniendo casi siempre el mismo perfil descendente?

No hay que esperar que el sistema actual se regenere por sí mismo. En el debate del estado de la nación de febrero de 2013, en un momento de máximo acoso mediático contra la corrupción en su partido, Mariano Rajoy enunció una serie de vaguedades para combatir «los casos» de corrupción política.³ Reforzamiento de jueces y fiscales, reforzamiento del Tribunal de Cuentas, una nueva ley de control financiero de los partidos políticos, aplicación a éstos «de los criterios de la Ley de Transparencia [¿…?]», etc., etc. Cualquier cosa menos ir a la raíz del problema que es la falta de democracia interna y de competencia en los partidos políticos. Esta situación, que ha permitido a Pérez Rubalcaba y a Artur Mas, por ejemplo, no dar ningún tipo de explicación a sus partidos por sus recientes descalabros electorales, es la que hay que cambiar de manera radical.

¿Qué hacer? Hay que superar uno de los mayores errores de la Transición: la autorregulación de los partidos españoles. Hay que regularlos desde fuera, como en Alemania. Hay que impulsar una nueva Ley de Partidos, inspirada en la ley alemana, que imponga la democracia interna y la transparencia; que obligue a celebrar congresos anuales o bianuales; que obligue a que los delegados en esos congresos se elijan por votación secreta entre toda la militancia; que exija la celebración de elecciones primarias, con voto secreto de todos los afiliados, para elegir a los candidatos a cargos representativos, y que fuerce a los partidos a someterse a auditorías anuales realizadas por auditores independientes. El Tribunal de Cuentas no sirve y no es por falta de medios sino por falta de independencia.

Hay que movilizar a la sociedad civil para que tome la iniciativa de proponer esta nueva ley. Como se ha dicho, al ser una Ley Orgánica, la Ley de Partidos no puede ser objeto de una Iniciativa Legislativa Popular, pero hay otros medios pacíficos y democráticos para hacer llegar al Parlamento la necesidad de cambiarla. ¿Algún partido político va a tener la valentía de oponerse públicamente?

CAMBIAR LA LEY ELECTORAL

Voy a suponer en este epígrafe que España consigue cambiar a su clase política en el sentido enunciado en el epígrafe anterior. Debería quedar claro que esto no tiene por qué ocurrir necesariamente. Debería quedar claro también que, si esto no ocurre, la tercera parte de este libro, que empieza con este capítulo, es superflua: no se hará nada de lo que en ella se propone. No así las dos partes anteriores, de cuya lectura se podrá seguir sacando provecho para entender por qué los cambios no fueron posibles, por qué España terminó saliendo del euro y por qué, tras una deriva austral que pudiera haber ya comenzado, acabó convergiendo con Argentina en materia de instituciones, partidos políticos, sindicatos y pesimismo antropológico.

Seamos, pues, optimistas. Una vez reformados los partidos políticos ¿qué tipo de Ley Electoral debería completar el sistema español de representatividad política? Empecemos por decir que, en principio, no hay un sistema electoral más democrático que otro. ¿Es el Reino Unido menos democrático que España por tener un sistema mayoritario en vez de un sistema proporcional como el nuestro? ¿Puede alguien sostener eso en serio? A los sistemas electorales hay que juzgarlos por la legitimidad⁴ que aportan al régimen político al que sirven y las instituciones británicas tienen una legitimidad muy sólida, con un sistema mayoritario, mientras que las españolas tienen una legitimidad escasa. A esta escasez ha contribuido de manera decisiva el actual sistema proporcional con listas cerradas y bloqueadas, que aleja fatalmente a los candidatos a cargos electos de sus electores.

Con el horizonte de todas las reformas que hay que hacer y de todas las penalidades que quedan hasta que se supere la crisis, el régimen político español necesita recuperar legitimidad urgentemente. Con este propósito, a mí me parece mucho más adecuado un sistema mayoritario en el que todos los candidatos tengan que disputar la elección en circunscripciones uninominales. Con el actual sistema proporcional, en las campañas electorales españolas lo único relevante son los líderes de los partidos. Los demás miembros de la lista cerrada y bloqueada son ceros a la izquierda, ilustres desconocidos a los que a nadie importa qué piensan o qué dicen. Se cumplen los ciclos electorales uno tras otro y sigue sin saberse si piensan o si dicen. La inmensa crisis de confianza de la ciudadanía en su clase política no es un fenómeno pasajero, como tampoco lo es la crisis que está asolando España. La recuperación de esta confianza es una condición necesaria para salir de la crisis y ello requiere, en mi opinión, una relación mucho más directa de los votantes con sus representantes, una democracia más próxima, una democracia que se pueda tocar más.⁵ La lealtad básica en un sistema mayoritario de circunscripciones uninominales va del cargo electo a sus electores, no del cargo electo hacia su partido. En un sistema proporcional, por razones obvias, la lealtad va al partido. Difícilmente recuperará legitimidad nuestro sistema político sin cambiar la Ley Electoral en la dirección de las circunscripciones uninominales.

En un sistema mayoritario resulta más sencillo controlar el coste de las campañas electorales y, también, liberarlas de los torrentes de palabrería hueca y de promesas que nadie pretende cumplir que caracterizan las campañas españolas. En el Reino Unido, por ejemplo, el coste de una campaña electoral está limitado a 165.000 libras esterlinas (sí, no faltan ceros, son ciento sesenta y cinco mil libras) por partido. Cada candidato disputa la elección en su circunscripción uninominal, donde acostumbra a ser muy conocido entre sus votantes. Eso no genera muchos gastos. No hay apenas actos centrales y los líderes de los partidos utilizan los medios de comunicación y las redes sociales para hacer llegar su mensaje al conjunto de la sociedad. La red Gürtel hubiese tenido muy difícil hacer negocio en el Reino Unido.

Un sistema mayoritario también puede tener unas campañas electorales extremadamente costosas, como las de Estados Unidos, en las que se gastan miles de millones de dólares en cada ciclo electoral. En mi opinión es un dinero que no se gasta en vano porque en dichas campañas se movilizan decenas de millones de voluntarios que van casa por casa defendiendo las posiciones de sus candidatos. Éste es, probablemente, el mayor ejercicio de democracia participativa del planeta. En cualquier caso cabe señalar que en los sistemas mayoritarios, sean de campaña barata o de campaña cara, la seriedad del programa electoral y, sobre todo, su cumplimiento tiene una importancia capital, porque no sólo los partidos sino cada uno de los cargos electos responden de su cumplimiento ante sus electores. Esto ya supone, en mi opinión, una clara ventaja frente a los sistemas proporcionales en los que las responsabilidades directas quedan más diluidas.

La Constitución, en su artículo 68, establece claramente que la circunscripción electoral es la provincia y que la elección se atendrá en cada circunscripción a criterios de representación proporcional. No se me ocurre ninguna buena razón por la que estos principios tengan que tener rango constitucional, aunque uno de los redactores de la Constitución me aseguró hace poco que ello se debió a la «sopa de letras» —es decir a la proliferación de partidos en el período constituyente— y a la presión de los partidos nacionalistas. Sea como fuere, lo cierto es que para cambiar la circunscripción y la proporcionalidad hay que cambiar la Constitución. Esto, en mi opinión, debería hacerse, pero no va a ser posible, por motivos obvios, hasta que se apruebe una Ley de Partidos conforme a los criterios defendidos en el epígrafe anterior.

PONER A LOS AGENTES SOCIALES EN SU SITIO

La Constitución reconoce el derecho de huelga y el derecho de asociación de los españoles. En el artículo 7 se dispone la libre creación de sindicatos y patronales y se afirma que «contribuyen a la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios». También reconoce el derecho a la libre sindicación (art. 28). El artículo 131.2 reconoce el derecho de sindicatos y patronales, entre otras organizaciones, a ser consultados en materias de «planificación de la actividad económica». A tal efecto, el mencionado artículo dispone que dichas consultas se deban efectuar a través de un Consejo, que es el actual Consejo Económico y Social. A partir de ahí, no hay nada en la carta magna que dé a sindicatos y patronales un estatus especial distinto de, por ejemplo, una asociación de consumidores, una empresa de limpieza o un club de fútbol.⁶ Todas las asociaciones defienden los intereses de sus afiliados. Sindicatos y patronales no tienen, en esa defensa, una consideración constitucional que vaya más allá de la estricta militancia.

La afiliación sindical en España es extremadamente baja, de acuerdo con los estándares europeos. Según ABC⁷ la tasa de afiliación sindical en España en 2012 fue el 16,4 por ciento. Esta afiliación, según El Confidencial,⁸ se concentra en el sector público y entre los mayores de cuarenta y cinco años. Los datos que proporcionan los propios sindicatos no son muy diferentes. Así, según el sindicato Comisiones Obreras⁹ la tasa de afiliación habría sido el 19 por ciento en 2009 (consistente, a mi juicio, con la que publica ABC para 2012). Esa tasa se amplifica hasta el 52 por ciento del número de representantes de los trabajadores en los comités de empresa, con una cobertura del 82 por ciento de los trabajadores sujetos a negociación colectiva. La estructura piramidal de los convenios, en sus dimensiones geográfica y sectorial, ha generado un colectivo de negociadores profesionales cuyo número, aunque las cifras son muy opacas, podría exceder las 20.000 personas por parte sindical y 10.000 por parte patronal. Estos negociadores, tanto por parte sindical como patronal, conforman un fuerte grupo de presión para impedir reformas en la negociación colectiva que aligeren la estructura de convenios. Esta presión es un importante condicionante interno de sindicatos y patronales —mucho menos comprensible en el caso de estas últimas— a la hora de abordar la negociación para la flexibilización de la pirámide de los convenios, que ambas partes parecen rechazar. Así, con el objetivo inconfeso de seguir dando de comer a más de 30.000 familias, los agentes sociales bloquean de mutuo acuerdo unas reformas muy necesarias para el interés general de la economía y de la sociedad españolas. Es un caso típico de resistencia a una reforma estructural: una pequeña minoría de perjudicados a corto plazo por la reforma consigue impedirla, en perjuicio de beneficios futuros al conjunto de la sociedad. El Gobierno debe intervenir para poner a los agentes sociales en su sitio y, habiendo cumplimentado con creces y con enorme paciencia la cortesía de la consulta, debe legislar, por decreto si es preciso, para restaurar en interés general en esta materia tan importante.

Sindicatos y patronales tienen, en nuestro país, financiación pública. Los sindicatos llegan a argumentar que «la justificación de tales subvenciones tiene rango constitucional»¹⁰ basándose en los artículos 129.1 y 131.2 de la Constitución, algo que yo, ni leyéndolos al trasluz, acabo de entender. Las patronales, más pudorosas, no dicen nada, pero alargan la mano para recibir el dinero en silencio. En cualquier caso las subvenciones que quedan reflejadas en los Presupuestos Generales son relativamente pequeñas y no son, aunque muy discutibles, las más perjudiciales para el interés general. Las más dañinas son las subvenciones camufladas como «formación» porque están impidiendo que un país que tiene seis millones de parados tenga unas políticas activas de empleo mínimamente eficaces.

La opacidad sobre la financiación de los agentes sociales es total. Por lo que respecta a los sindicatos, Samuel Bentolila, Juan José Dolado y Juan Francisco Jimeno¹¹ señalan que «dada su baja tasa de afiliación, los sindicatos obtienen una baja proporción de su financiación de sus afiliados. Hay poca información sobre las fuentes de financiación, pero la mayor parte proviene del sector público. Los dos sindicatos mayoritarios reciben financiación del Gobierno central por sus actividades de representación de los trabajadores, su participación en organismos oficiales y su colaboración en actividades de formación. Según el periódico La Razón¹² «en el período 2008-2011 los sindicatos recibieron más de 1.000 millones de euros del Gobierno central (un 0,03 por ciento del PIB por año). Los Gobiernos regionales también transfieren fondos a los sindicatos en concepto de su colaboración en la prevención de accidentes, colocación de trabajadores y formación». De las patronales se sabe todavía menos.

El tema más sangrante es el de la formación. En los Presupuestos Generales del Estado, la partida de políticas activas de empleo en 2012 fue de 5.800 millones de euros, más del 0,5 por ciento del PIB. En 2013 esta partida ha caído hasta 3.770 millones, un 34 por ciento menos. La reducción la justificó un ministro del Gobierno en que «no sirven para nada». Razón lleva. Aun así, los créditos para formación en 2013 son de 1.800 millones de euros, de los que más de 1.200 millones se destinan a la formación de desempleados y a diversos programas públicos de empleo y formación. El resto va a bonificar cotizaciones a la Seguridad Social por formación de trabajadores empleados. Es imposible saber qué parte de estas actividades formativas existe en la realidad y qué parte es pura ficción. En uno y otro caso de lo que yo tengo pocas dudas es de que, a los efectos de la eficacia de las políticas activas de empleo, estos 1.800 millones de euros son un gasto inútil que oculta subvenciones espurias a los agentes sociales.

Es desalentador que un país con más de seis millones de parados sea incapaz de llevar a la práctica políticas activas de empleo más eficaces. Para poder hacerlo es imprescindible poner a los agentes sociales en su sitio. La formación de los desempleados, la formación de los empleados y los servicios de búsqueda de empleo que estén financiados con dinero público deben ser provistos por empresas especializadas que se seleccionen mediante concursos públicos y transparentes. Hay que recapitalizar a los más de seis millones de parados y a muchos que todavía no lo están y cada día que pasa sin poner manos a la obra se descapitalizan más. Volveremos sobre este tema en el capítulo 12 de este libro.

También es imprescindible poner a los agentes sociales en su sitio en materia de pensiones. Los sindicatos, arrogándose una representatividad que no tienen y que la Constitución no les reconoce, han sido el principal obstáculo que ha impedido hacer una reforma a tiempo de las pensiones públicas. Han evitado el debate informado durante décadas, argumentando que creaba «alarma social», han convocado huelgas que han desestabilizado Gobiernos y han llevado a cabo una sistemática campaña de desinformación. Como se ha dicho ya, la Constitución, en su artículo 131.2 reconoce a los agentes sociales el derecho a ser consultados en materia de planificación económica y establece el cauce para ello: el Consejo Económico y Social. Pero este cauce no se ha respetado y apenas se ha utilizado. Volveremos también sobre este tema en el capítulo 12 de este libro.

REFORMAR O CERRAR LOS ORGANISMOS REGULADORES Y FISCALIZADORES «INDEPENDIENTES»

Los organismos reguladores, mal llamados «independientes», en España son la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que actúa de manera transversal; la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que actúan en sus sectores respectivos; la CNMV, que actúa de regulador y supervisor en los mercados financieros; y el Banco de España, en su dimensión de regulador y supervisor de las entidades financieras con ficha bancaria española. El organismo fiscalizador es el Tribunal de Cuentas, cuya existencia tiene rango constitucional.

Está a punto de aprobarse en las Cortes una ley que unificará en un único organismo llamado Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a la CNC, a la CNE, a la CMT y a cuatro oscuros organismos más, la Comisión Nacional del Sector Postal, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Reconozco que, hasta que se empezó a tramitar esta ley, yo desconocía la existencia de estos cuatro últimos organismos y, además, que una vez subsanada mi ignorancia respecto a su existencia, no he podido averiguar a qué se dedica cada uno de ellos.

Esta ley es una cacicada descomunal y en ejemplo de lo bajo que ha caído la política española. El pretexto de la unificación es ahorrar costes, pero la disfuncionalidad del engendro resultante es tal que lo más probable es que los costes se multipliquen. El verdadero motivo por el que se han unificado estos organismos es para poder sustituir a sus dirigentes, que fueron nombrados por el Gobierno socialista de Zapatero, y reemplazarlos por otros afines al Partido Popular. Los nombramientos, por plazo fijo, de los consejeros de estos organismos son irrevocables mientras dura su mandato, de modo que, ante la imposibilidad de echarlos, el Gobierno de Rajoy ha decidido suprimir los organismos y crear uno nuevo en el que tendrá las manos libres para nombrar a quien le plazca. ¿Organismos independientes? ¿En serio? En lo que sigue de este epígrafe no analizaré a la CNMC, que todavía no se ha puesto en marcha, sino a las comisiones que se fusionarán en ella.

El concepto de los organismos reguladores independientes proviene del mundo anglosajón y está basado en la idea de que, en determinadas circunstancias, es conveniente que haya un organismo encargado de aplicar la ley de manera independiente del Gobierno que la ha elaborado y del Parlamento que la ha aprobado. Esta conveniencia parece existir en determinados sectores que, como el sector financiero, el energético o el de las comunicaciones, son particularmente dinámicos, hasta el punto de que un proceso legislativo ordinario no puede seguir el ritmo de la innovación tecnológica, de producto y de marketing que en ellos se genera. Por ello puede resultar eficiente que la regulación se haga mediante una normativa de elaboración ágil y bajo rango legal como son las circulares. Ahora bien, esta normativa debe desarrollarse en aplicación de la ley a circunstancias cambiantes, lo que requiere independencia —acompañada de rendición de cuentas, por supuesto— del regulador respecto al Ejecutivo, quien no debe caer en el micromanagement, es decir, en el politiqueo, puesto que para hacer eso no hace falta poner en marcha un costoso organismo regulador.

Pues bien, tal y como hemos discutido en el capítulo 8 de este libro, la clase política española, al tiempo que vaciaba de contenido político al Parlamento, se ha dedicado a colonizar los organismos reguladores y fiscalizadores. Los órganos rectores de estas instituciones son nombrados por estricta cuota política y su composición refleja los equilibrios políticos del Gobierno de turno. Eso no quiere decir que no haya en ellos personas competentes, que sí las hay. Quiere decir que no están allí por serlo, sino por su perfil político. Todos, sin excepción, se han politizado de tal modo que hoy en día no queda ninguno que se pueda llamar independiente. En estas circunstancias cabe preguntarse qué hacer con ellos, si sirven para algo más que para generar nóminas y dietas y si tienen arreglo. Vayamos por partes.

Por lo que respecta a la CNE y la CMT no veo qué problema mayor habría si fueran disueltas y sus competencias fuesen devueltas a sendas subdirecciones generales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Son instituciones costosísimas, que han protagonizado episodios de despilfarro faraónico, como el de la sede barcelonesa de la CMT, y la regulación de bajo rango que pudiera necesitar el sector podría ser articulada, en vez de por circulares, por órdenes ministeriales preparadas por estas subdirecciones. En el caso de que hubiese razones de peso para no suprimirlas —y repito que a mí no se me ocurre ninguna— los cargos de presidente, vicepresidente y consejeros, que actualmente se cubren por cuota política (¿por qué tienen tantos consejeros?) deberían ser cubiertos por concurso público transparente para seleccionar a los más capacitados, no a los mejor conectados. Este concurso debería estar abierto a candidatos no españoles.

La existencia de la CNC es necesaria por la organización de las instituciones que velan por la competencia en la Unión Europea. La CNC es heredera en España de una larga tradición de organismos de defensa de la competencia que, a mi juicio, presenta un balance histórico positivo. La organización actual en forma de comisión es mejor que la que tenía el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia. El principal problema de la CNC es la falta de independencia porque su presidente y sus consejeros son nombrados por cuota política entre los partidos y esa falta de independencia acaba empañando su labor. El modelo de reguladores independientes surgido, como hemos dicho, del mundo anglosajón sólo tiene sentido si los reguladores son independientes. En caso contrario, su funcionamiento está viciado desde los mismos fundamentos. Los máximos responsables de la CNC deberían ser seleccionados por concurso público y transparente de manera que accediesen a sus cargos representando al Estado y no a los partidos que los han nombrado. El concurso debería estar abierto a concursantes no españoles.

La CNMV tiene un largo y siniestro historial de falta de independencia y de escándalos que por razones de espacio —se supone que éste es un libro breve— no voy a detallar aquí. Los nombramientos más politizados, más partidarios, más impúdicos y menos apropiados han tenido lugar entre los dirigentes de esta institución. También es el lugar en el que los atisbos de independencia han sido reprimidos con mayor dureza por los Gobiernos de uno y otro signo. La CNMV y el Banco de España asistieron con pleno conocimiento de causa y con total pasividad e indiferencia al expolio de cientos de miles de pequeños inversores, deliberadamente mal informados, a los que las instituciones financieras vendieron participaciones preferentes o acciones, en el caso de la OPV de Bankia. Estos episodios pasarán a escribirse con letras de fuego en la historia de la infamia financiera española, pero de momento nadie ha pedido responsabilidades a los supervisores. Es muy importante despolitizar la CNMV. No hay ninguna razón por la que sus dirigentes no puedan ser seleccionados por los mismos procedimientos competitivos y transparentes propuestos en el párrafo anterior para la CNC.

La Ley de Autonomía del Banco de España de 1994 confirió a esta institución plena independencia en todo lo relacionado con la política monetaria y también en todas aquellas cuestiones derivadas de su pertenencia al Sistema Europeo de Bancos Centrales. En materias de regulación y supervisión de las entidades de crédito, contrariamente a lo que mucha gente cree, el Banco de España no tiene ninguna autonomía. En estas materias el Gobierno tiene la potestad normativa y la última palabra en la toma de decisiones.

El gobernador del Banco de España es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno. Hasta 2006 existía la costumbre de que los gobernadores fuesen personas de marcado perfil técnico y con larga experiencia en el sistema financiero. También existía la costumbre de que el subgobernador, nombrado por el Gobierno a propuesta del gobernador, fuese una persona bien vista por el principal partido de la oposición. Estas costumbres, que habían mantenido al Banco a resguardo del desgaste causado por el rifirrafe partidista, se rompieron en 2006 cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió proponer como gobernador a un político profesional que, aunque tenía una larga trayectoria en la gestión económica, no tenía experiencia en el sistema financiero. El principal partido de la oposición se negó a negociar el nombramiento del subgobernador y el Banco de España, hasta entonces la única institución española cuyos dirigentes se nombraban con sentido de Estado, quedó sometido a la erosión del navajeo partidista. En el peor momento, pues la crisis estalló pocos meses después.

No es este libro el lugar para escribir la historia del papel del Banco de España en esta crisis. Entre otras cosas, porque aún quedan muchas cosas por ver. Baste decir aquí que el prestigio y la reputación del Banco estaban antes de la crisis entre los más sólidos del mundo y que, lamentablemente, ahora ya no lo están. Es muy urgente recuperar el sentido del Estado en las relaciones entre el Gobierno y el Banco, especialmente en lo tocante a nombramientos. En este sentido, en mi opinión, los nombramientos de gobernador y subgobernador de 2012 son un paso en la buena dirección, la de recomponer el consenso de Estado en torno a una institución muy importante para España.

He dejado para el final de este epígrafe una reflexión sobre el Tribunal de Cuentas, el organismo contable y fiscalizador previsto en la Constitución. Una lectura de la lista de los doce Consejeros de Cuentas actuales aclara por qué el Tribunal ni contabiliza ni fiscaliza. Los consejeros los eligen a partes iguales el Congreso de los Diputados y el Senado por un período de nueve años. Se supone que la elección tiene que ser por consenso, con sentido de Estado, para que salgan los más capacitados y los más independientes. Pero nada de eso ocurre. Las consejerías de Cuentas son sinecuras jugosísimas porque el Tribunal de Cuentas elabora su propio presupuesto. ¿Quién vigila las cuentas del Tribunal de Cuentas? ¿Quién fiscaliza a los fiscalizadores? Voilà. Como es costumbre en nuestro país, el consenso de Estado se reduce a la negociación de cuotas: «Ayúdame a colocar a los míos y yo te ayudaré a colocar a los tuyos». Así no es extraño encontrar entre los consejeros a políticos, expolíticos, deudos y familiares —hay un hermano de José María Aznar, por ejemplo—. Así las cosas, el Tribunal sestea intentando no pisar ningún callo y no ser un incordio para nadie. Todo lo contrario de lo que debería estar haciendo.

El Estado necesita un Tribunal de Cuentas que tenga independencia y credibilidad. Para conseguirlo se tendría que exigir un proceso transparente de elección de sus miembros. Por ejemplo, los colegios y asociaciones profesionales podrían proponer candidatos al Congreso y al Senado para ocupar las diversas Consejerías y ambas cámaras podrían seleccionar sobre esa lista. Además, los mandatos de los consejeros deberían ser lo suficientemente largos, hasta los setenta años de edad o más, para asegurar que cuando cesen no dependan del favor político de nadie para encontrar sustento.

REFORMAR LA JUSTICIA: POR UNA LOTERÍA DE LOS JUECES

El mal funcionamiento de la Justicia, endémico en España, tiene efectos que se agravan a medida que aumenta la complejidad de la economía y de la sociedad española. La lentitud, la descoordinación y el desgobierno de la Administración de Justicia anulan en la práctica el derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce a los españoles. ¿De qué le sirve a uno una sentencia favorable cuando, diez o veinte años más tarde de recurrir a la Justicia, ya se ha muerto de viejo? ¿De qué sirve que siete o diez años después de recurrir llegue una sentencia favorable a una empresa que quebró hace cinco? ¿A qué se debe ese desastre crónico que es la Justicia en España?

¿Cuáles son las causas? Si el mal funcionamiento de la Justicia fuese solamente un problema de dinero es muy probable que ya estuviese subsanado. En mi opinión no es tanto un problema de dinero como de gestión y de excesiva politización. Con el añadido de que España es un caso agudo de incontinencia legislativa y de ineptitud técnica por parte del legislador: hay en la actualidad más de 100.000 disposiciones legales en vigor, 60.000 de las cuales corresponden a las Administraciones territoriales. La calidad técnica de estas disposiciones es muy baja y esto, como veremos, es un incentivo para la alta litigiosidad que se observa en España.

El cuadro 10.1 muestra una comparativa de indicadores judiciales con datos de 2010 para España, Francia y Alemania. El gasto público por habitante en Justicia en España es un 50 por ciento superior al de Francia y un 10 por ciento inferior a Alemania. El número de juzgados por cada 100.000 habitantes en España es muy superior al de Francia y algo inferior al de Alemania. El número de jueces por cada 100.000 habitantes en España es similar al de Francia y ambos son muy inferiores al de Alemania. Mención especial merece el número de personal distinto de los jueces que trabaja en los juzgados. En España hay 87 por cada 100.000 habitantes mientras que en Francia hay 32 y en Alemania 66. Parafraseando a Churchill, puede afirmarse que nunca tantos hicieron tan poco en tanto tiempo.

CUADRO 10.1

Indicadores Judiciales 2010

Fuente: European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) European Judicial Systems 4th Report. Ed 2012

Según los datos del cuadro 10.1 la litigiosidad en primera instancia es muy superior en España a la de Francia y Alemania. En 2010 entraron en primera instancia en España 1,9 millones de casos por 1,8 millones en Francia y 1,6 millones en Alemania. Esto quiere decir que, relativo a la población, la litigiosidad en España es el 30 por ciento superior a la de Francia y el doble que la de Alemania.

¿A qué se debe esta desproporción? En buena parte al elevadísimo volumen de disposiciones legales en vigor —que pueden resultar contradictorias unas con otras— y a la oscuridad y baja calidad técnica de muchas de ellas, lo que las hace susceptibles de múltiples interpretaciones. Como la Justicia en España tiene costes muy bajos y la interpretación de la ley puede no ser nada clara a priori, vale la pena probar suerte y litigar porque, quizá y al cabo de los años, se puede acabar ganando. Es por esta razón que España tiene un desproporcionado número de abogados en ejercicio. Madrid parece ser, después de Nueva York, la ciudad con más abogados del mundo. En términos absolutos. Y los cuatro grandes despachos de abogados españoles son los mayores de Europa continental. ¿Hay, entonces, que poner más dinero en el sistema judicial para hacer frente a la elevada demanda de justicia que parecen tener los españoles?

No, no es un problema de dinero ni de personal ni de dotaciones básicas. ¿Cuáles son, entonces, los problemas que impiden un correcto funcionamiento de la Justicia? Empecemos por decir que la Justicia tiene una problemática que es cualitativamente mucho más compleja que, por ejemplo, la de la Sanidad. Justicia y Sanidad son servicios públicos, y en eso se parecen. Pero, además, la Justicia es un poder del Estado y eso la hace diferente de todos los demás servicios públicos. Los problemas específicos de la Justicia vienen de la difícil reconciliación de su doctor Jekyll y Mister Hyde particular. Todo el mundo está de acuerdo en que los jueces tienen que ser independientes, pero hasta dónde llega esta independencia y qué puede llegar a condicionarla es materia de intenso desacuerdo entre los propios jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ministerio de Justicia y los sufridos usuarios del servicio público. Este conflicto es causa de muchos de los problemas de la Justicia en España.

¿Trabajan los jueces? ¿Cuánto? ¿Mucho o poco? Lo característico de la Justicia española es que estas preguntas no tienen respuesta posible. Y no la tienen porque los jueces no fichan al entrar o al salir de su lugar de trabajo. Y, como no lo hacen los jueces, tampoco lo hacen los secretarios y, como no lo hacen los secretarios… Total, que en los juzgados, rebosantes de funcionarios, no ficha nadie. Además, como en los juzgados no hay nadie por las tardes y hay pocos señalamientos en lunes o viernes, los sufridos usuarios de los servicios de la Justicia, con las varices como chistorras por haber estado esperando de pie horas y horas en los pasillos de los juzgados sin saber cuándo les van a llamar, para entretenerse, han elaborado el mito de la semana caribeña del sistema judicial. Es decir, que los jueces trabajan de martes a jueves y sólo por las mañanas. La cosa se hubiese quedado en eso, un mito, si no se hubiese descubierto al investigarse un caso de malversación de fondos que el propio presidente del CGPJ era un asiduo practicante de la semana caribeña en hoteles de lujo de Marbella a cargo del contribuyente.

Muchos jueces argumentan que un control horario menoscabaría su independencia. Y que trabajan mucho en su casa, noches y fines de semana incluidos. Quizá sí, pero no hay manera de comprobarlo. ¿Y los fiscales, los secretarios, oficiales y conserjes? ¿También menoscabaría su independencia fichar? ¿Qué independencia tienen ellos? Pero la pregunta clave es ¿qué independencia menoscaba el control horario en los jueces? Los jueces tienen que tener independencia para juzgar. El poder del Estado que encarnan es el poder de juzgar y de dictar sentencia. Tienen que estar libres de toda presión para poder hacerlo en conciencia. Hasta aquí todos de acuerdo. Pero hasta qué punto hacer su trabajo en su lugar de trabajo, como todo el mundo, menoscaba su independencia es, cuanto menos, muy discutible. También hubo jueces que afirmaron que los recortes salariales que han sufrido, como todos los funcionarios, atentaban contra su independencia. Todo esto es muy difícil de admitir por el Ministerio de Justicia y por la ciudadanía y debería serlo también por el CGPJ. Un juez debe ser independiente para juzgar, para dictar sentencia, no para decidir si acude o no a su lugar de trabajo.

La racionalización del trabajo de los juzgados también choca con interpretaciones abusivas del concepto de la independencia judicial por parte de los interesados. En la Justicia española se da el caso insólito de que el titular del servicio, el juez, es al mismo tiempo el gerente del servicio. Como encima no acostumbra a tener ninguna formación en técnicas modernas de gestión y no pasa mucho tiempo en el juzgado, la situación caótica del servicio público de la Justicia se va agravando. Baste mencionar, como ejemplo, la total falta de transparencia que hay en los juzgados sobre la gestión de los diversos asuntos sobre los que entienden. Nadie sabe con qué criterio y por qué unos asuntos se tramitan antes que otros. No se cumple el criterio FIFO (first in first out) fijado por la ley y tampoco algún otro criterio conocido. Todo depende del arbitrio de un juez que decide, posiblemente, desde su casa. Pero, incluso si esto fuera así, el caos no sería tan grande como el que se observa en la actualidad porque podría haber un cierto método. No lo hay, las cosas ocurren porque ocurren y punto.

Sostienen muchos jueces que si no son ellos los que tienen la última palabra sobre todo lo que ocurre en su juzgado su independencia se verá menoscabada. Esto, en mi opinión, es una exageración interesada del mismo tipo que la objeción a fichar al entrar y salir del trabajo. El gerente del servicio debe ser el secretario del juzgado y sus relaciones con su titular, el juez, deben ser de cooperación con el objetivo de mejorar el servicio público que se ofrece a los ciudadanos. Y si no hay cooperación, eso debe reflejarse negativamente en la posterior carrera de ambos. No es admisible que el Ministerio de Justicia y el CGPJ acepten situaciones de chantaje similares a las que plantearon los controladores aéreos, quienes disfrazaban una defensa numantina de su interés particular con el ropaje del interés general de la seguridad del tráfico aéreo. El éxito de la ley de juicios rápidos, que habría que extender urgentemente a lo mercantil, se explica porque aparta al juez de la dirección del procedimiento. Por ese camino se debe continuar. También la reducción del número de jueces interinos debería redundar en una agilización de la Justicia al propiciar una mayor continuidad en los expedientes de los jueces que entienden los asuntos.

Llegados aquí, pero no antes, nos deberíamos preguntar qué hacer con la elevada litigiosidad de los españoles. Lo ideal sería reducir drásticamente el número de disposiciones legales en vigor y evitar las contradicciones entre las disposiciones que superen la criba. Como no está nada claro cómo se puede hacer esta criba en un país con dieciocho parlamentos afectados por la incontinencia legislativa, no queda más remedio que encarecer el acceso a la Justicia mediante tasas y otros peajes para reducir la demanda, de manera similar a como se está haciendo en la Sanidad y en la Farmacia con el copago. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la Sanidad no hay ningún colectivo cuya supervivencia dependa de la continuidad de las ineficiencias del sistema y en la Justicia sí lo hay: los abogados. Éstos han sido los principales opositores a la introducción de las tasas judiciales, amparándose en el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución. Pero también la Constitución reconoce el derecho a la salud y a la cultura y eso no parece ser incompatible con el copago sanitario o el pago de las entradas a los museos.

El desgobierno judicial

A las tres observaciones anteriores hay que añadir el «desgobierno judicial», en feliz expresión de Alejandro Nieto.¹³ Todos los Gobiernos españoles han estado más interesados en controlar a la Justicia que en mejorar su funcionamiento. Los ministros de Justicia, salvo pocas excepciones, han sido «de la carrera» —magistrados, jueces o fiscales— tanto en Gobiernos socialistas como conservadores. Esto puede haber contribuido a que los Gobiernos conciban el estado caótico de la Justicia no sólo como su estado natural sino también como el más propicio para acabar controlándola. Es llamativo que los intentos de reforma más exitosos hayan provenido de ministros de fuera «de la carrera». Problemas de gestión inexplicables, como el fracaso de la informatización de la administración de la Justicia, tienen sus raíces y su explicación en obstáculos políticos formidables, como el desinterés del CGPJ por todo lo que no sea controlar políticamente a los jueces y el interés por hacer lo propio de las Comunidades Autónomas, que tienen competencias en Justicia, con los jueces de sus territorios. Con esto llegamos al meollo de las causas del desgobierno judicial: la excesiva politización de la Justicia a todos los niveles.

Como señala Alejandro Nieto, «los partidos tienen atrapados a los jueces a través del Consejo General del Poder Judicial, que es una de las farsas institucionales más cínicas que conocemos […]. [El CGPJ] no oculta su sumisión a los partidos políticos como éstos no ocultan sus intenciones de dominación. Los nombramientos se hacen en una feria al aire libre donde se reparte el botín en cuotas escrupulosas […] Y luego, a la hora de proceder a la provisión de vacantes vuelve a abrirse el mercadillo y los feriantes se cambian una presidencia por dos vocalías de sala, un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional por un par de miembros de Tribunales Superiores de Justicia de Comunidades Autónomas; y al final todos tan amigos aunque el regateo haya sido duro y se hayan dejado vacantes durante meses y años».¹⁴

Es muy improbable que haya una mejora sustancial de la situación de la Justicia en España sin que haya una reforma de la Constitución que suprima ese patio de Monipodio en que se ha convertido el CGPJ. A mi juicio es totalmente irrecuperable. Sus funciones debería asumirlas el Tribunal Supremo. Ya puestos, debería suprimirse también el Tribunal Constitucional, vejado y desfigurado hasta lo irreconocible con la incorporación de personajes pintorescos cuando no grotescos, por la incesante manipulación partidaria a la que ha sido sometido. Sus funciones también debería asumirlas el Tribunal Supremo. Ahora bien ¿qué Tribunal Supremo?

Por una lotería de los jueces

Para contestar a esta pregunta voy a hacer, en lo que queda de este epígrafe, una propuesta de articulación de la carrera judicial. Es una propuesta que puede sorprender y ya adelanto que no la creo boba ni innecesariamente provocadora, aunque soy consciente de que es subversiva. Ruego al lector que haya tenido la paciencia de llegar hasta aquí que estire de ella un poco más y que lea las breves líneas que le separan del final del capítulo. Creo que no se arrepentirá.

En primer lugar, la carrera judicial, en sus estadios iniciales, debería proceder conforme a la combinación ponderada de dos criterios objetivos. Por una parte estaría la cumplimentación de los módulos cuantitativos por los cuales se evalúa, o se debería evaluar, la productividad de los jueces y magistrados no pertenecientes a órganos colegiados. Por otra parte estaría un criterio cualitativo basado en el número de sentencias de cada juez o magistrado que acaban siendo revocadas por algún tribunal superior. Llama la atención que en la actualidad no haya control sobre este criterio importantísimo. No es éste el lugar para discutir sobre la ponderación que, a falta de mejor criterio, podría ser del 50 por ciento.

En segundo lugar, las vacantes en órganos colegiados superiores, incluido el Tribunal Supremo, deberían ser cubiertas por lotería entre aquellos magistrados que tengan suficiente antigüedad, digamos 15 años de carrera, por decir algo, y hayan obtenido buena puntuación conforme los criterios del párrafo anterior.

Argumentaré en tres pasos que esta propuesta es racional, razonable y, probablemente, mejor que sus alternativas. Primero, aclararé qué objetivo pretende alcanzar la metodología propuesta. Segundo, razonaré por qué es mucho mejor que el sistema existente. Y, tercero, argumentaré por qué es probable que el sistema que propongo sea mejor que un sistema de elección de los miembros de los tribunales superiores por los propios jueces, sea de abajo arriba o de arriba abajo.

El objetivo que pretende alcanzar el sistema de lotería es que los órganos colegiados de la judicatura, desde los de menor hasta los de mayor rango, acaben siendo representativos del colectivo de los jueces y magistrados. La lotería garantiza¹⁵ que a largo plazo lo acabarán siendo, para lo bueno y para lo malo. Mi hipótesis de partida es que los rasgos positivos del colectivo —independencia, competencia técnica y percepción del interés general como algo a perseguir— compensan con creces los rasgos negativos —corporativismo y confusión del interés particular con el general—. Por supuesto que el sistema de lotería no persigue seleccionar a los «mejores». Se conforma con los estadísticamente representativos, cosa que consigue aunque sea a base de cometer muchos errores por el camino.

Es fácil razonar que el sistema de lotería es mucho mejor que el sistema actual de selección por el CGPJ. Como señala Alejandro Nieto, en el mercadillo de cobertura de vacantes los feriantes trafican no sólo con la independencia de los jueces, sino con sus almas y sus conciencias.¹⁶ En él, el juez independiente que no se somete no tendrá castigo, pero tampoco premio. Se quedará para siempre en su destino reglamentario. El que venda su conciencia tiene por delante una brillante carrera. Éste es un proceso de selección adversa, en el que son promocionados los que peor encarnan las virtudes que se le suponen a un juez. El sistema de lotería es claramente mejor, en tanto que promociona a los independientes y a los sumisos en la proporción que ambos tienen en el colectivo total. Si encima los primeros son más numerosos que los segundos, como yo supongo, tanto mejor.

Por último, un sistema que intentase seleccionar a los «mejores» mediante votación de los propios jueces o por decisión del Tribunal Supremo ¿sería mejor que el sistema de lotería para asegurar órganos colegiados independientes, competentes y eficientes? En mi opinión, no necesariamente. Los colectivos humanos son muy ineficientes a la hora de seleccionar internamente a sus mejores. Incluso los que cuentan con ayuda externa de algún tipo, como el colegio cardenalicio constituido en cónclave, al que se le supone inspirado por el Espíritu Santo, tienen muchos problemas para seleccionar al mejor. Qué decir de los que no tienen este tipo de ayuda. Las envidias, rencillas y desencuentros entre compañeros de profesión son muy frecuentes. Como dijo aquel notario, «mi colega y, sin embargo, amigo…». Votar a uno para que sea más es quedar de menos. Yo no confío en absoluto en que ese procedimiento sea superior a la lotería. Un procedimiento de arriba abajo, en el que las promociones sean decididas por el Tribunal Supremo, podría funcionar si este último tuviese las virtudes deseadas de independencia, pero es muy dudoso que ahora las tenga. Tras varias rondas y, posiblemente, décadas de lotería podría llegar a tenerlas, pero sería entonces el momento de plantearse adjudicarle la discrecionalidad de las decisiones judiciales.

Como observación final, doy por supuesto que, sea cual sea el sistema de carrera judicial, la cúpula del Tribunal Supremo, presidente, vicepresidentes y presidentes de sala, debe ser nombrada por las Cortes a propuesta del Gobierno tras un proceso de audición similar al que utiliza el Congreso de Estados Unidos. Las vacantes deberían cubrirse de una en una, a la que se produzcan, con carácter vitalicio.

CAPÍTULO 11

POR UN PLAN MARSHALL EN EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Voy a empezar por reconocer la vergüenza que me da tener que escribir este capítulo. Todo lo que propongo aquí, en cualquier otro país civilizado, sería de una obviedad aplastante. Pero en España la educación no parece importarle a nadie, la ciencia sólo a los que pretenden, ¡qué osadía!, investigar, y la innovación y el emprendimiento son sistemáticamente desincentivadas no sólo por las autoridades sino también por la sociedad en su conjunto. Los españoles parecen dispuestos a movilizarse, por ejemplo, por la sanidad. Pero yo no recuerdo ninguna movilización para exigir una enseñanza de calidad. Las que han tenido lugar bajo ese lema han sido, en realidad, movilizaciones gremiales de maestros, profesores y estudiantes que, de haber terminado victoriosas, hubiesen degradado todavía más la calidad educativa. Hemos discutido en el capítulo 7 que España carece de un proyecto de futuro y hemos discutido también que, al tener menor cohesión nacional, necesita uno con mayor urgencia si cabe que sus vecinos Francia y Portugal para hacer frente a los retos del futuro. Este proyecto no puede ser otro que situar el capital humano español a la altura del de los países más desarrollados.

En el capítulo anterior se han discutido un conjunto de reformas institucionales que son necesarias para hacer posible el cambio cultural que España debe hacer para adaptarse a los dos grandes retos que se han estado discutiendo a lo largo de este libro: las consecuencias de la caída del muro de Berlín y la entrada en la moneda única europea. Estas condiciones son necesarias porque, si no se cambian la clase política y las instituciones, nunca podrán abordarse en serio las reformas conducentes a una mejora del capital humano. Se ha razonado en el capítulo 5 que la hegemonía en el siglo XXI no se dirimirá mediante otra escalada militar sino mediante una escalada en capital humano. Si España no es capaz de participar en ella —y ahora mismo no lo es— se tendrá que salir del euro, se acabará cayendo del grupo de las naciones más desarrolladas del planeta y comenzará un viaje hacia la nada que la acercará a los llamados países «en vías de desarrollo». A largo plazo lo único que cuenta en un país y en una economía es el capital humano. Hace falta en España un plan a largo plazo, a dos generaciones vista, asumido por toda la sociedad, todas las instituciones y todos los partidos políticos para elevar el capital humano al nivel de los países que lo tienen más alto. Esto es lo que llamo un plan Marshall en educación, investigación, innovación y emprendimiento. España se ha gastado en infraestructuras financiadas con fondos europeos desde la década de 1980 el equivalente a dos planes Marshall.¹ Muchas de estas infraestructuras son innecesarias, cuando no abiertamente contraproducentes, pero son muy atractivas para los partidos políticos tanto en términos de votos como de comisiones. Con una fracción de lo que España se ha gastado en estructuras innecesarias habría fondos suficientes para hacer las reformas que se proponen a continuación.

LAS REFORMAS DE LA EDUCACIÓN: UN PROBLEMA DE GESTIÓN, NO DE DINERO

Los informes comparativos más prestigiosos sobre la calidad de la enseñanza primaria y secundaria —PISA, PIRLS y TIMSS—² muestran resultados para España que están, consistentemente, muy por debajo de la media. No sólo eso, también muestran que España tiene más alumnos rezagados (6 por ciento frente a 3 por ciento de media en lectura y 13 por ciento frente a 7 por ciento de media en matemáticas) y menos alumnos sobresalientes (el 4 por ciento en lectura frente al 10 por ciento de media y el 1 por ciento en matemáticas frente al 5 por ciento de media). Además, el fracaso o abandono escolar afecta en España a uno de cada tres jóvenes, mientras que la media europea es uno de cada cinco.

El Informe de Competitividad Global 2012-2013 elaborado por el Foro Económico Mundial³ para 144 países utiliza los indicadores anteriores, entre muchos otros, para elaborar una lista de cuáles son los más competitivos. En dicha ordenación España obtiene la posición 36.⁴ Los rangos obtenidos en infraestructura del transporte son francamente buenos. En calidad de los ferrocarriles España ocupa el lugar 8, en calidad de las carreteras el lugar 13 y en calidad de la infraestructura portuaria el lugar 14. La otra cara de la moneda es todo lo referido al capital humano. En calidad de la enseñanza primaria España ocupa el lugar 79, en calidad del sistema educativo en su conjunto el lugar 81 y en calidad de la educación en matemáticas y ciencia el lugar 97.

Al igual que ocurre con la Justicia, la principal causa de este lamentable estado del sistema educativo no es falta de financiación. No es un problema de dinero, sino de gestión, de orientación y de falta de ambición de excelencia. Al contrario de lo que ocurre con la investigación básica, ninguneada por una terrible indiferencia política y social, la educación suscita debates encontrados. ¿Buena señal? No, mala. ¿Mala por qué? Porque no hay ningún debate relevante sobre la calidad y la excelencia. Los debates encontrados son sobre el uso partidista de la escuela como centro de adoctrinamiento. ¿Gana las elecciones la izquierda? Se introduce una asignatura obligatoria de educación para la ciudadanía y se hace de la religión (por supuesto, católica) una asignatura optativa adicional al currículo establecido. ¿Gana la derecha? Pues se deshace lo anterior, se suprime la educación para la ciudadanía, se reintroduce la religión (católica, por supuesto) como optativa evaluable con el mismo rango que la química y se introduce una alternativa obligatoria y evaluable para los que no quieran cursar religión. Todo es puro adoctrinamiento, como también lo son los intentos del ministro Wert de «españolizar» a los estudiantes catalanes. Las Leyes de Educación se suceden a ritmo de casi una por ministro, pero ninguna aborda el problema básico de falta de calidad del sistema educativo español.

Las reformas necesarias en la educación pública primaria y secundaria responden a principios de gestión elementales que pueden resumirse en tres palabras: responsabilidad, evaluación e incentivos.

Los centros docentes deben tener un proyecto educativo y sus directores deben ser responsables de su ejecución. Su gestión debe ser evaluada por las autoridades educativas e incentivada económicamente y con promociones en la carrera docente. A estos efectos, tal y como prevé la reciente Ley de Educación de Cataluña,⁵ debería crearse un cuerpo docente específico al que tendrían acceso los directores de centros docentes que hubiesen desempeñado sus responsabilidades de manera satisfactoria. Los profesores deben ser responsables de la formación de sus alumnos. Deben ser evaluados por los directores de los centros y esa evaluación debe tener consecuencias sobre su remuneración y sobre sus posibles promociones en la carrera docente. Los centros educativos deben ser sometidos a evaluaciones de calidad que deben hacerse públicas. Debe haber libertad de elección de centro educativo.

La aplicación de estos sencillos principios a la enseñanza pública provocaría una rápida mejora de su gestión y de los resultados obtenidos. Hay motivos para la esperanza, aunque es posible que los sindicatos y fuerzas de la izquierda tradicional se resistan con encono, como ocurrió en Cataluña, disfrazando de defensa de la escuela pública y del interés general lo que son intereses gremiales. También la derecha religiosa puede verse amenazada por el incremento de calidad de la escuela pública. Que se aguanten. En algunas comunidades autónomas, no sólo en Cataluña, se están dando pasos importantes en la buena dirección. Madrid, por ejemplo, ha sido pionera en la evaluación de centros, en el bilingüismo con el inglés, en la libertad de elección de centros docentes y en la introducción de medidas de fomento de la excelencia. Ése es el camino a seguir. Todas esas medidas pueden tomarse mediante disposiciones legales de rango inferior. No hace falta hacer nuevas Leyes de Educación. Es más, no debería haber nuevas leyes en las próximas décadas. No hace falta cambiar los planes de estudio. El contenido concreto del currículo que, por supuesto, debe adaptarse a los nuevos tiempos, es de importancia secundaria si se enseña y se estudia bien. Los frenéticos e injustificados cambios curriculares a los que se somete al sistema educativo español son tremendamente perjudiciales. La Universidad de Yale, que conozco bien, lleva más de tres siglos enseñando el mismo currículo⁶ y no ve ninguna necesidad de cambiarlo. Lo importante es cómo se enseña y cómo se aprende, el contenido es secundario.

LA EXCELENCIA EDUCATIVA: INSPIRÉMONOS EN EL DEPORTE

Los centros de excelencia son necesarios en todo sistema educativo que quiera tener un buen rendimiento, no sólo a nivel de calificaciones escolares sino también en la formación intelectual y moral de los estudiantes. El sistema educativo español es una pirámide truncada. La mayor parte de los centros, públicos o privados, son malos o mediocres. Hay centros buenos, no muchos, y algún que otro centro muy bueno. No recuerdo ninguno, en enseñanza primaria y secundaria, que merezca la calificación de centro de excelencia, aunque quizá sea injusto por olvidadizo. ¿Qué es un centro de excelencia? En mi opinión —y es una definición personal— es el que otorga un currículum de media línea: «estudié la secundaria en Eton»; «cursé el bachillerato en un centro de los Colegios del Mundo Unido». Estas brevísimas frases son tremendamente informativas sobre las personas que las pronuncian. Son informativas no sólo de un determinado volumen de conocimiento, sino de un determinado carácter, de una determinada ambición, de una cultura del esfuerzo y de una determinada ética. En cierto modo, añadir información adicional sobre estos individuos tiene siempre un carácter de letra pequeña, de actualización con los últimos acontecimientos.

La pirámide truncada deja al sistema educativo español falto de referencias, desnortado, carente de instituciones a las que emular. La calidad general se resiente. La comparación con el mundo del deporte es muy esclarecedora. La transformación del deporte español en las últimas décadas invita al optimismo. Los Centros de Alto Rendimiento (CAR) consiguieron poner a deportistas y atletas españoles en los podios a partir de las Olimpiadas de 1992, rompiendo con la mediocridad de las décadas anteriores. El vuelco que ha dado el deporte español desde esa fecha ha sido mayúsculo: se han ganado medallas olímpicas, Tours, Grand Slams, Copas de Europa y del mundo en deportes de equipo… Y no sólo esto. El énfasis puesto por los CAR y por centros como La Masia en la formación integral de la persona y en la educación en los valores del esfuerzo, la ambición y la humildad ha propiciado que los deportistas de élite se hayan convertido en modelo y ejemplo para la sociedad española, especialmente para la juventud. Y hay más. El esfuerzo por dar formación específica a las élites no ha resultado en un debilitamiento de la práctica del deporte en las categorías inferiores, sino todo lo contrario. La referencia de la élite ha propiciado una verdadera explosión participativa no sólo en categorías competitivas juveniles e infantiles sino también en el nivel popular y familiar. La construcción del vértice de la pirámide ha sido esencial para que en España se haga más deporte, no menos, y se haga mejor a todos los niveles. Éste es el modelo que debería adoptar nuestro sistema educativo.

La creación de un pequeño número de centros educativos de excelencia en la enseñanza secundaria podría ser decisiva para romper el círculo vicioso entre la falta de oferta y la falta de demanda para la enseñanza de calidad. Por tres razones. En primer lugar porque supondría reproducir un sistema de formación de élites que funciona bien en los países de nuestro entorno. Las élites españolas son de vuelo muy rasante, ortodoxas, conformistas y muy conservadoras, cuando no reaccionarias, y satisfechas de sí mismas. Como escribió Ortega, «lo característico de España no es que la Inquisición quemase a los heterodoxos, sino que no hubiese ningún heterodoxo importante que quemar. Cuando por casualidad ha habido algún heterodoxo español importante, se iba fuera, como Servet, y era fuera donde le quemaban».⁷ El problema de la falta de capital humano en España se manifiesta del modo más agudo en el vértice de la pirámide social, cultural y profesional, en donde debería haber una élite ambiciosa, insatisfecha, inconformista y progresista, y no la hay. Como tantas veces se ha repetido en este libro, en España han faltado los visionarios que, plantando con firmeza sus pies en el futuro, tuviesen la energía suficiente para tirar de la sociedad. Lo llamativo del caso es que no se les ha echado de menos.

En segundo lugar, porque para aumentar la calidad media de las escuelas españolas es imprescindible aumentar la dispersión en torno a la media. Es la filosofía de los CAR. Por supuesto que hay que corregir el funcionamiento de las escuelas con peor rendimiento, pero hay que darles un modelo a emular. El vértice de la pirámide es necesario para mejorar el sistema en su conjunto y ese vértice en España no existe: hay que construirlo.

Y, en tercer lugar, porque la envidia —pecado favorito ancestral de los españoles— puede acabar siendo el fulcro sobre el que apalancar la exigencia social de una educación de calidad. En la actualidad los españoles consideran que las escuelas de sus hijos son lo suficientemente buenas siempre y cuando los hijos del vecino no vayan a una escuela mejor. Si, a pesar de la envidia, consiguiesen establecerse centros de excelencia —reto formidable éste— la misma envidia se encargaría de presionar para que mejorase la calidad del conjunto del sistema.

Los alumnos de los centros de excelencia deberían aprender, básicamente, a hacerse preguntas y a dudar de las respuestas que encuentren. La gestión de los centros debería ser profesional y capaz de transmitir a los alumnos los valores de la ambición, el esfuerzo y la humildad. Los directivos, como se ha propuesto en el epígrafe anterior, deberían ser responsables de los resultados obtenidos y deberían tener una remuneración adecuada. Dado el escaso acervo español en este tipo de educación, sería muy conveniente contar con el apadrinamiento y el control de alguna organización internacional de prestigio como, por ejemplo, la Organización del Bachillerato Internacional (OBI). Esto garantizaría no sólo la inspiración y el control de calidad externo, necesarios ambos, sino también la formación continua del profesorado.

Los centros de excelencia deben ser exclusivos, en el sentido de admitir solamente a los mejores, pero no deben ser excluyentes, en el sentido de que nadie debe quedarse fuera por motivos económicos. Esto plantea el problema de cuántos recursos públicos serían necesarios para costear estos centros. El coste sería sorprendentemente bajo, como muestra el siguiente cálculo. El coste de un estudiante de Secundaria en un programa de la OBI ronda los 15.000 euros anuales. En España, el coste medio con el currículo español es de unos 6.000 euros, con lo que el coste adicional de la excelencia es de 9.000 euros por alumno. Un sistema de 20 centros con 250 alumnos cada uno, repartidos en cinco cursos, tendría permanentemente a 5.000 estudiantes en las aulas. El coste adicional del sistema sería de 45 millones de euros anuales. Esto equivale al coste de construcción de cuatro kilómetros de tren de alta velocidad o a la mitad del coste de fichar a un Cristiano Ronaldo. ¿Cuáles son las prioridades de España? ¿Construir trenes de alta velocidad que irán semivacíos, pero que generan muchas comisiones opacas? ¿Fichar a más Ronaldos que, por cierto, también generan comisiones opacas?

¿QUÉ HACER CON LA UNIVERSIDAD?

La universidad española es un ejemplo extremo de todo lo malo que puede ocurrir en una institución cuando se le da autonomía y no se exige ni rendición de cuentas ni responsabilidad a ninguno de los colectivos que la conforman. Es el paradigma de la «igualación por abajo» que padece el sistema educativo español. Así como en la enseñanza primaria y secundaria es imaginable una transición no traumática entre la situación actual de bajo rendimiento y poca calidad a otra situación mucho más homologable a la de nuestros socios europeos, en la que la escuela contribuya de manera más eficaz a la formación del capital humano que necesita España, esto no es imaginable en la universidad. O, por lo menos, yo no sé imaginarlo. Lo que se necesita en la escuela es un cambio de mentalidad, al que yo estoy convencido de que se puede llegar dando más autonomía a los centros docentes, exigiendo rendición de cuentas a sus directivos y a todos sus colectivos y poniendo en marcha los incentivos adecuados. Lamentablemente, en la universidad la autonomía ya se ha dado y no se ha pedido nada a cambio. Es irrecuperable. Los sectores más inmovilistas ya han triunfado en detrimento de los que buscan una institución más homologable con la de los países más avanzados. Es un caso que requiere cirugía, no homeopatía. Todas las medidas de reforma que se me ocurren para la universidad española son traumáticas. No estoy nada convencido de que puedan funcionar reformas graduales.

No hay ninguna universidad española entre las 200 mejores del mundo⁸ en investigación, y sólo 11 entre las 500 mejores. Es cierto que, afortunadamente, en el marasmo generalizado del panorama universitario español hay núcleos investigadores de excelencia internacionalmente competitivos.⁹ Pero esos núcleos irreductibles es poco probable que tengan un gran impacto en la calidad de la docencia y de la educación. En esos ámbitos la situación es, probablemente, muchísimo peor que en la investigación, aunque no conozco ningún escalafón que mida solamente estas características. Lo que sí parece tener evidencia empírica es que la investigación tiene una influencia positiva en la docencia. Un estudio reciente¹⁰ con datos de la Universidad Jaume I de Castellón muestra una correlación positiva entre la actividad investigadora de los profesores y la calidad de su docencia. El resultado no debería sorprender. La actividad investigadora es fruto de una inquietud, una curiosidad y una ambición que, necesariamente, tienen que tener un impacto positivo en la actividad docente, aunque sea sólo por ósmosis. No es de extrañar, por tanto, que la baja actividad investigadora de la universidad española redunde en una baja calidad docente. Los efectos negativos de esta situación se aumentan, en muchos centros pero no en todos, con una alarmante falta de control de calidad de los titulados que producen. Un caso extremo de esto último se muestra en el cuadro 11.1. La dialéctica del «no te pido, no me exijas», tan propia del paraíso socialista añorado por la izquierda tradicional española, parece haber causado estragos en las escuelas universitarias de Magisterio, que no tienen ningún empacho en inundar el sistema educativo español con personas que tienen una falta de preparación alarmante.

CUADRO 11.1

En noviembre de 2011 la Comunidad de Madrid convocó 489 plazas de maestro de Enseñanza Primaria a la que se presentaron 14.110 aspirantes, todos ellos con titulación de Magisterio, equivalente o superior. La prueba consistía en fases eliminatorias que debían superarse todas para aprobar. Aprobaron 1.913 aspirantes,¹¹ el 13,5 por ciento. Las plazas interinas se cubrieron con los que habían aprobado la prueba, pero no habían obtenido plaza fija. La prueba incluía preguntas que deben saber contestar los alumnos de 12 años. El 93 por ciento de los aspirantes no supo completar una tabla que pedía calcular el equivalente en gramos de dos kilogramos y 30 gramos, el equivalente en metros cuadrados de 10 hectáreas, el equivalente en minutos de 2 horas y 24 minutos y el equivalente en minutos de 2,2 horas. El 69 por ciento no supo explicar el significado de las palabras «escrúpulo» (hubo quien contestó «puesta de sol»), «disertación», «extasiar» o «pronóstico». El 87 por ciento no pudo describir correctamente las formas gramaticales de una oración. El 62 por ciento no supo situar en el mapa las ciudades de Ávila y Pamplona. Las faltas de ortografía fueron numerosísimas y llamativas. Todos los aspirantes tenían título universitario. Los sindicatos respondieron a la publicación de la noticia con los improperios habituales y con la exigencia de que las plazas de maestro interino se asignaran por estricto orden de antigüedad, sin tener en cuenta los resultados de la prueba.

La Universidad Complutense de Madrid tiene 75.000 estudiantes de primer grado (licenciatura y asimilados) y 3.100 docentes. Harvard tiene 7.200 estudiantes de primer grado y 2.100 docentes. Yale tiene 5.200 estudiantes de primer grado y 3.600 docentes. ¿Importa el tamaño? Sí que importa, y mucho. Independientemente de la calidad de la docencia, la calidad de la educación y la formación de las personas dependen casi exclusivamente del contacto de los estudiantes con los profesores que estén dispuestos a ejercer su magisterio. Ésa es la dimensión verdaderamente formativa de la vida universitaria. Con una ratio alumnos/profesores de 24, la Complutense está a una distancia sideral de Harvard, que tiene una ratio de 3,4 o Yale, que tiene una ratio de 1,4. Una universidad de excelencia tiene que ser una universidad pequeña, manejable y rica. Tiene que ser capaz de seleccionar a sus alumnos y a sus profesores y tiene que exigir que los términos del trinomio investigación-docencia-educación se potencien mutuamente.

¿Qué hacer con la universidad española? Lo mejor, a mi juicio, sería cerrarla toda durante dos o tres años, a excepción de los centros de investigación homologables internacionalmente, para volver a empezar de nuevo con la pizarra en blanco. Esto me temo que no va a poder ser, aunque no creo que el país se resintiese mucho. Pero el ejercicio teórico de cómo se diseñaría la nueva universidad puede iluminar hacia dónde debería ir el sistema actual. Estos serían los principios:

• Cada universidad tiene que tener un patronato compuesto por representantes de las instituciones públicas o privadas que la financian. El patronato nombra al rector, al gerente y a los demás cargos de gobierno de la institución. Éstos responden ante el patronato de su gestión.

• Se eliminan las oposiciones. El rector nombra a los profesores de la universidad tras consultas no vinculantes con los catedráticos apropiados de la misma y con expertos de otras instituciones. La remuneración del personal docente y no docente será establecida por el patronato caso por caso.

• Se eliminan los distritos universitarios. Cada universidad establecerá sus criterios de acceso. Los estudiantes solicitarán su admisión directamente a cualquiera de las universidades, que podrán poner tantas pruebas de entrada como consideren oportunas. Los estudiantes lo serán a tiempo completo salvo en la UNED. Se esperará de los estudiantes que, salvo casos de fuerza mayor, superen el curso académico en una única convocatoria en el mes de junio.

• El importe de la matrícula no podrá ser inferior al coste real de las actividades de la universidad. Los fondos públicos disponibles y, también, los privados que se recauden para ello, se utilizarán para becas que se otorgarán conforme a la necesidad financiera acreditada de los estudiantes admitidos en las pruebas de acceso.

El objetivo de estos principios es conseguir que las universidades compitan entre sí por los mejores estudiantes, por los mejores profesores y por los mejores investigadores. Todo lo que debilite esta competencia debería ser eliminado del sistema. Si se pudiera empezar de cero y se aplicasen estos principios, ¿qué tipo de universidad acabaría teniendo España? Muy probablemente, en un plazo de dos o tres generaciones —el plazo de prospectiva de este libro— tendría un sistema universitario competitivo cuya calidad investigadora, docente y educativa tendería a igualarse «por arriba» en vez de la actual nivelación «por abajo» promovida por la cultura del estanco que tienen los distintos estamentos universitarios actuales. ¿Por qué tendría que ser así? Pues porque en España hay ya una educación universitaria que funciona conforme a estos principios y está entre las mejores del mundo. Si bien no hay ninguna universidad española entre las 200 mejores del mundo, las clasificaciones muestran de manera consistente que hay tres escuelas de negocios españolas que están entre las 10 mejores del mundo. No entre las 200 o las 100 mejores, no: están entre las 10 mejores. ¿Y por qué las escuelas de negocios sí y las universidades no? Pues porque las escuelas de negocios eligen a los alumnos y profesores como les parece oportuno, cobran de los primeros y pagan a los segundos lo que les parece oportuno y son gestionadas con criterios de eficiencia y calidad. Y, además y sobre todo, porque no están sometidas a una regulación asfixiante como lo están las universidades. Estas últimas tienen una regulación que las hace feudo de los intereses particulares de los distintos estamentos universitarios e imposibilita gestionarlas con una vocación de calidad.

Aunque no pueda cerrarse la actual universidad española (¿de verdad no se puede?), cualquier paso en la adopción de los principios antes mencionados debería suponer alguna mejora en su triste funcionamiento actual.

LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ESTÁN AMENAZADOS DE EXTERMINIO

«La ciencia en España está amenazada de exterminio.»¹² La frase es de Joan Massagué y fue reproducida en portada del diario La Vanguardia en marzo de 2013. Massagué sigue: «Si un país no protege la ciencia se priva de un instrumento para crear riqueza […]. El edificio de la ciencia es muy difícil de construir, muy fácil de derribar y, después, muy difícil de volver a levantar».

A los políticos españoles se les llena la boca hablando de la necesidad de adoptar un nuevo modelo productivo y de acceder a la economía del conocimiento. No sólo la boca, también llenan el BOE. En mayo de 2011 el 99 por ciento de los diputados del Congreso votó a favor de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en cuyo preámbulo se puede leer «El modelo productivo español […] se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento…». Pura fachada. Cuando sus señorías votaron la ley, el presupuesto público de I+D se había reducido un 12 por ciento respecto a 2009. Los recortes continuaron en 2011 y 2012 y, aunque las cifras son muy opacas, a la hora de escribir estas líneas —marzo de 2013— el presupuesto puede haber caído un 35 por ciento acumulado. Esto hará retroceder la I+D más de una década e, incluso si se empezara mañana a reconstruir, se tardaría mucho tiempo, décadas, en reparar el daño causado por una reducción que se supone temporal.

Hacer ciencia no es como hacer carreteras. Hay dos importantes diferencias. En primer lugar, una carretera en construcción, en tiempos de estrechez presupuestaria, puede paralizarse durante un tiempo y continuarse después, cuando la situación de la economía mejora. Con la ciencia no se puede hacer eso. A la que se les corta la financiación, los mejores científicos emigran y ya no vuelven. Hay que volver a empezar de cero. La segunda diferencia contribuye a explicar por qué la ciencia está tan maltratada en España. La I+D no genera comisiones ni motiva a los votantes, al contrario de lo que ocurre con la construcción de carreteras. De este modo, España tiene una red de transporte terrestre que está entre las mejores del mundo y un sistema de I+D subdesarrollado que languidece en la penuria. Es una combinación que lleva al desastre. ¿Conoce alguien a algún político relevante que haya denunciado públicamente esta situación?

En 2010 España invirtió en I+D+i el 1,39 por ciento del PIB. En 2013 se estima que estará por el 1,25 por ciento. En la Unión Europea el gasto en I+D está creciendo. La media de la UE en 2011 fue el 2,3 por ciento y el objetivo es el 3 por ciento. Hay una vieja máxima que dice que, si te caes en un hoyo, no te pongas a cavar. Pues cavar es lo que ha hecho España en las recesiones pasadas y en la presente. El gasto en I+D tiene la consideración de algo suntuario, algo que queda bien pero, en el fondo, es superfluo: en las recesiones es lo primero que se recorta, junto con las fiestas veraniegas y la limpieza de las calles. Seguimos cavando en el hoyo. Ante fuertes restricciones presupuestarias como las actuales se tendría que priorizar el gasto en I+D por encima de cualquier otra cosa, con la única excepción del pago de los intereses de la deuda. Hay que enmendar urgentemente los recortes de los últimos años. Hay que volver a introducir la ciencia y la investigación entre los «sectores prioritarios» que tienen oferta pública de empleo positiva. Es más, el gasto en I+D debería concretarse en un presupuesto plurianual vinculante enmarcado en un plan a largo plazo que tuviese como objetivo alcanzar el 3 por ciento del PIB propuesto por el Consejo Europeo. En caso contrario el nuevo modelo productivo y el acceso a la economía del conocimiento estarán cada vez más lejos. Hasta perderse de vista.

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DEL EMPRENDIMIENTO

En Dinamarca hay cuatro veces más emprendedores por cada mil habitantes que en España. Comparaciones similares pueden hacerse con otros países líderes en innovación. Los emprendedores ¿nacen o se hacen?, es decir, ¿hay alguna diferencia genética insalvable entre daneses y españoles que explique las diferencias en emprendimiento? ¿Hemos nacido los españoles para ser funcionarios, o estanqueros, y los daneses para ser emprendedores volcados en la innovación? Yo me inclino a pensar que no, que las causas principales no son genéticas sino —como hemos visto en el capítulo 1 de este libro— de tipo cultural y educativo y que, por tanto, se puede actuar sobre ello. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que sea una tarea fácil, porque de lo que se trata es de provocar un cambio cultural. Cambios culturales espontáneos en nuestra sociedad ocurren continuamente —nuestros hijos ya no miran la televisión, por ejemplo—. Los cambios culturales provocados son fenómenos mucho más raros y cabe preguntarse, además, si son una buena idea. Pero ¿cuál es la alternativa? Como la alternativa es resignarse a continuar siendo el país del «que inventen ellos», yo creo que es preferible intentarlo. Además, la experiencia no tan lejana de la Transición nos dice que España sabe hacer un cambio cultural cuando lo necesita, y eso es muy alentador.

En primer lugar, habría que suprimir las enormes trabas que hay en España a la puesta en marcha de nuevas empresas, trabas que sorprenden todavía más cuando uno recuerda que en nuestro país hay más de seis millones de parados, una tasa de desempleo del 27,2 por ciento y una tasa de desempleo juvenil del 57,2 por ciento. Parece como si el Gobierno no acabara de entender la relación entre la creación de empresas y la creación de empleo. En la edición de 2012 del informe Doing Business del Banco Mundial¹³ España ocupa el lugar 136 entre 185 países en «facilidades para comenzar una empresa o negocio». España está por detrás de países como Albania, Armenia, Azerbaiyán y Afganistán, por sólo mencionar algunos de los que comienzan por la letra A. En el Informe de Competitividad Global mencionado en la página 247, entre 144 países, España ocupa el lugar 111 en «número de procedimientos para comenzar un negocio», el lugar 97 en «número de días para empezar un negocio», el número 120 en «carga regulatoria soportada por las empresas» y el número 85 en «servicios públicos para mejora empresarial». Con estos números en la mano, la cifra de seis millones de parados resulta mucho menos sorprendente.

CUADRO 11.2

El tiempo medio de resolución del papeleo básico para registrar una empresa en España es de 28 días, mientras que el promedio de los 144 países del Informe de Competitividad Global es 12. Esto está mal, pero no es en sí un grave problema. El problema es que resolver ese papeleo básico en España no garantiza que una empresa pueda comenzar a funcionar, porque también necesita una licencia de apertura. El Diario de Cádiz del 2 de febrero de 2012 cuenta el caso del empresario Ramón Iglesias, quien, habiendo heredado unas tierras situadas en la provincia de Cádiz, decidió instalar en ellas una bodega y una almazara, a la vez que criaba un reducido número de gallinas y gansos. Tuvo que lidiar con doce departamentos de cuatro administraciones distintas: Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Administración central. Para obtener la licencia de apertura le exigieron un informe de impacto acústico —el pueblo más cercano está a 3 kilómetros—, un mapa elaborado por el Instituto Cartográfico de Andalucía, un certificado de impacto ambiental del tendido eléctrico, un informe sanitario de las siete gallinas ponedoras y dos gansos de la explotación, una declaración de actividades contaminantes del suelo, un certificado de eficiencia técnica, un certificado de cumplimiento de la protección de la calidad del cielo nocturno y una certificación de innecesariedad de prospección arqueológica, entre muchos otros. Cuatro años y 40.000 euros más tarde, Ramón Iglesias obtenía la licencia de apertura y creaba seis puestos de trabajo. La tasa de paro de Cádiz supera el 35 por ciento.

Las trabas a la creación de nuevas empresas tienen mucho que ver con la corrupción. Detrás de muchos papeles innecesarios o de muchos trámites que, incomprensiblemente, se atoran, acostumbra a haber una mano, o varias, porque para poner en marcha una empresa muchas veces hay que hacer trámites con los tres niveles de Administración pública española —local, autonómico y central—. En otras palabras, hay que entender la simplificación administrativa como una parte de la lucha contra la corrupción. Por eso es tan difícil. Los emprendedores tiemblan cada vez que el Gobierno anuncia la creación de una ventanilla única para simplificar la puesta en marcha de nuevas empresas —todos los Gobiernos de la democracia lo han hecho— porque, inevitablemente, la ventanilla única acaba convirtiéndose en una ventanilla más que, en vez de simplificar los trámites, los complica por añadidura.

Debería promulgarse de inmediato —sólo hace falta voluntad política— una disposición que permitiese la puesta en marcha de las actividades de una empresa el mismo día de la presentación de los papeles al Registro Mercantil. A partir de ahí, habría que dar un plazo razonable para cumplimentar otros trámites, cuya lista habría que recortar drásticamente, cuando fuesen estrictamente necesarios. Es muy probable que esta disposición legal vulnerase competencias autonómicas. En este caso lo que habría que cambiar son las competencias autonómicas, mediante una reforma constitucional si es preciso, no la simplificación de los trámites administrativos.

Como se ha comentado al principio de este capítulo, el proyecto para mejorar la calidad del capital humano en España debería ser a muy largo plazo pero debería articularse y comenzar desde ya mismo. Entre otras cosas para hacer posible un pacto europeo norte-sur en el que los primeros se comprometen a estimular sus economías para permitir exportar a los segundos, y los segundos se comprometen a reformar sus economías y a mejorar su capital humano para no acabar dependiendo de transferencias permanentes de los primeros. Sin un pacto de este tipo, como se ha razonado en el capítulo 5 de este libro, lo más probable es que se acabe rompiendo la zona del euro.

El plan de mejora del capital humano tendría que proceder, simultáneamente, en tres planos simultáneos, pero diferenciados. En primer lugar, habiendo normalizado la gestión de la enseñanza primaria y secundaria según los principios de gestión enunciados en el epígrafe que empieza en la página 247, se tendrían que reenfocar los proyectos educativos de los centros hacia la formación de innovadores, haciendo la enseñanza menos informativa y más analítica y creativa. Como señala Roberto Mangabeira Unger,¹⁴ catedrático de Harvard y exministro de Lula en Brasil, habría que utilizar, incluso en la enseñanza primaria, las características de la formación universitaria más avanzada. Para ello se tendría que mejorar, y mucho, la formación del profesorado, lo que requeriría una financiación considerable. También requeriría circuitos de excelencia que incluyesen a las universidades para vertebrar al conjunto del sistema educativo dándole referencias a las que emular.

En segundo lugar se debería organizar una red de fondos públicos y organizaciones tutelares a las que pudiesen acudir todos los españoles con edades entre, por decir algo, los dieciocho y los treinta años que tuviesen una idea potencialmente innovadora. Esta red de fondos debería construirse a partir de experiencias exitosas y escalables como las que ya empiezan a despuntar en algunas comunidades autónomas. La financiación y gestión privadas serían bienvenidas, aunque es poco probable que en un estadio inicial tengan una presencia relevante.

Y, en tercer lugar, debería potenciarse el crecimiento de una industria potente de capital emprendedor, como la que existe en los países más innovadores, que apostase por los mejores proyectos salidos de las incubadoras mencionadas en el párrafo anterior, financiando y orientando su desarrollo posterior. Como se ha discutido en el capítulo 6 de este libro, la existencia de esta industria es imprescindible para que se puedan desarrollar el emprendimiento y la innovación en las pequeñas y medianas empresas. También hemos visto que el capital emprendedor está mal visto por el capitalismo castizo y por los reguladores financieros, que lo denominan «capital riesgo» para desalentar a posibles inversores. Los trámites burocráticos de constitución de las Sociedades de Capital Riesgo y de las Sociedades Gestoras de Fondos de Capital Riesgo se eternizan. Es difícil conseguir todos los papeles necesarios en menos de un año. La fiscalidad que soportan los inversores en este tipo de empresas es punitiva, rozando lo disuasorio y mucho más desfavorable que la que soportan los inversores en bolsa. Esta cultura administrativa paralizante y ese maltrato tributario deberían cambiarse de inmediato porque el capital emprendedor es una pieza imprescindible en una sociedad orientada hacia la innovación.

Un cambio tributario inmediato que habría que hacer afectaría a las entidades de capital emprendedor, conocido en España como «capital riesgo», que inviertan en I+D. El objetivo sería aplicar a dichas entidades el régimen fiscal de las Uniones Temporales de Empresas (UTE) o Agrupaciones de Interés Económico (AIE). Esto quiere decir que se comunicarían directamente a los inversores de la entidad de capital riesgo las bases imponibles negativas que procedan de las compañías participadas, de modo que dichos inversores no tuvieran que soportar restricciones ni dilaciones ni una eventual pérdida de estas bases imponibles negativas generadas por su inversión. Esto acercaría a los inversores en «capital riesgo» al tratamiento fiscal de las grandes empresas que invierten en I+D. También, como es posible hoy en día en una UTE o una AIE, deberían poderse comunicar a los inversores finales las deducciones o bonificaciones generadas por las empresas participadas por la entidad de «capital riesgo» para que los primeros pudieran disfrutar de ellas en el ejercicio de su inversión. Estas medidas supondrían paliar la fiscalidad punitiva que sufren los inversores en entidades de «capital riesgo» que invierten en I+D y acercar su tributación a la que tienen, por ejemplo, los inversores que se unan para construir una carretera o un puente. Hoy en día los primeros están fuertemente castigados respecto a los segundos.

CAPÍTULO 12

PENSIONES, VIVIENDA Y MERCADO LABORAL: EL 3 EN 1 ESPAÑOL

Las problemáticas de las pensiones, del mercado de la vivienda y del mercado de trabajo están íntimamente relacionadas. Tanto es así, que pueden considerarse tres manifestaciones distintas de un mismo problema de base.¹ Veamos cómo se relacionan.

El llamado «problema de las pensiones» es un problema de financiación de la jubilación de los trabajadores en el contexto de un rápido crecimiento de la esperanza de vida, de un estrechamiento de las bases de la pirámide demográfica por la caída de la natalidad y del progresivo retraso de la entrada en el mercado laboral de los jóvenes por la prolongación de la etapa educativa obligatoria o voluntaria. Como se discute en el epígrafe que se inicia en la página 273, la solución de este problema de financiación pasa necesariamente por trabajar más años y, también, por ahorrar más y por ahorrar mejor.

Los españoles no ahorran poco, pero ahorran mal. La mayoría de la población empleada tiene salarios menores o iguales a la base máxima de cotización a la Seguridad Social, con lo que cada mes se les deduce obligatoriamente el 33 por ciento de su salario bruto, en forma de cotizaciones a cargo de la empresa y a cargo del trabajador, para ingresarlo en la Seguridad Social. A cambio, el trabajador recibe derechos a prestaciones futuras —pensiones y otras contingencias—. Además de este ahorro forzoso, los españoles dedican al ahorro voluntario una parte sustancial de su renta disponible. Este ahorro no lo ingresan, mayoritariamente, en planes de pensiones privados sino que lo dedican a adquirir su propia vivienda. Esto tiene dos efectos perniciosos, uno sobre el mercado de trabajo y otro sobre la financiación de la jubilación. En primer lugar introduce más rigideces en el mercado laboral al encarecer mucho la movilidad geográfica de los trabajadores. La vivienda en propiedad ancla al trabajador a la tierra en una zona determinada e introduce una nueva versión de la servidumbre de la gleba. En segundo lugar, la acumulación de la riqueza de los individuos en la propiedad de su vivienda, un activo poco apropiado para ir consumiéndolo poco a poco como complemento de la pensión, condena a mayor pobreza a muchos jubilados en beneficio de la generación siguiente. Una financiación racional de la jubilación necesita que el ahorro voluntario se invierta en activos que se puedan movilizar con mayor facilidad que la vivienda propia. Como hacían nuestros abuelos, nuestros hijos y nietos deberían vivir en viviendas alquiladas.

El crecimiento del desempleo durante esta última crisis ha acelerado el proceso de crisis financiera de la Seguridad Social. Desde 2007 se han perdido más de tres millones de cotizantes, más del 15 por ciento del total. Hay, a mediados de 2013, más de seis millones de parados cuya reincorporación al mercado de trabajo será, en el mejor de los casos, muy lenta. Desequilibrios financieros de la Seguridad Social que se preveían probables para 2023 se están manifestando ya ahora. Un mercado de trabajo disfuncional, que ajusta por cantidad —empleo— en vez de ajustar por precios —salarios— tiene efectos enormemente negativos sobre la Seguridad Social y sobre las pensiones. Hay que proseguir la reforma laboral para dotar a este mercado de mayor flexibilidad, no sólo para reducir el desempleo y aumentar la base de cotizantes, sino también para reducir el tiempo que tardan en realizarse los inevitables ajustes cuando España ya no puede recurrir a la devaluación de su moneda para recuperar competitividad. Esto último también redundaría en una mayor estabilidad de las finanzas de la Seguridad Social. Y hay que abordar en serio la reducción de la temporalidad para posibilitar la mejora del capital humano de casi un tercio de los asalariados españoles.

LA FINANCIACIÓN DE LA JUBILACIÓN

En 1975 la esperanza de vida al nacer de los españoles era de setenta y cuatro años. En 2010 había subido hasta los ochenta y dos años. En otras palabras, la esperanza de vida al nacer en estos treinta y cinco años ha estado incrementándose a un ritmo de más de cinco horas diarias. La esperanza de vida a los sesenta y cinco años está creciendo a más de tres horas diarias. No sólo son ritmos vertiginosos, sino que no hay motivo para pensar que se vayan a desacelerar. Como se ha discutido en los capítulos 4 y 5 de este libro, lo contrario parece hoy en día mucho más probable. El problema de las pensiones tiene su raíz en esa prolongación de la esperanza de vida y está agravado por el estrechamiento de la pirámide de población provocado por la caída de la natalidad.

Hay dos maneras de enfocar el problema de las pensiones. El primero es desde la óptica de la solidaridad intergeneracional: nosotros hemos pagado las pensiones de nuestros padres, confiando en que nuestros hijos pagarían las nuestras. El crecimiento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad deberían hacer entender a cualquiera que tenga entendederas que nuestros hijos nunca podrán pagar nuestras pensiones con la misma generosidad que nosotros hemos pagado las de nuestros padres.

El segundo enfoque adopta un punto de vista individual, de ciclo vital.² Una de las tesis centrales de este libro es que los individuos deben asumir la responsabilidad de sus propias vidas en un grado mucho mayor de lo que lo hacen en la actualidad, particularmente en España. La responsabilidad del Estado, como se ha defendido en el capítulo 5, tiene que desplazarse de maximizar el bienestar a maximizar las oportunidades que se les ofrecen a los ciudadanos. Estos últimos deberían adoptar una perspectiva de ciclo vital para sus decisiones de consumo y ahorro e invertir este último en instrumentos adecuados para financiar una etapa de jubilación que puede ser más larga de lo que esperan. La responsabilidad del Estado, dentro de esta perspectiva, es asegurar que exista un mercado eficiente de dichos instrumentos³ y educar a los ciudadanos para que puedan tomar decisiones informadas. Vayamos por partes.

En la actualidad las pensiones públicas medias en España representan el 80 por ciento del salario final medio, la llamada «tasa de reposición», que está muy por encima de la de los países de nuestro entorno. Esta generosidad ha sido posible en el pasado porque había una amplia base de individuos activos y un reducido número de pensionistas. En 1983, por ejemplo, había un pensionista por cada 2,5 personas activas (empleadas o paradas). En 2005 esta ratio había caído a 2,1. Las actuales proyecciones demográficas apuntan a que en 2050 la ratio estará entre 1,2 y 1,4.⁴ Difícilmente las personas activas podrán hacer el esfuerzo de sostener pensiones medias equivalentes al 80 por ciento del salario medio. Para ello el tipo de cotización tendría que doblarse, pasando del actual y exorbitante 33 por ciento al prohibitivo 60 por ciento. Alternativamente, como señala José Antonio Herce,⁵ la población española tendría que crecer hasta los 90 millones de habitantes en esa última fecha, escenario posible, pero sumamente improbable. Lo más probable es que la población decrezca, no que crezca, y menos aún hasta doblarse. Como argumenta Herce, el problema de las pensiones es estrictamente demográfico, no tiene nada que ver ni con el crecimiento del PIB ni con el de la productividad⁶ ni con el del empleo.⁷ Es un problema derivado de que tenemos que financiar una jubilación que se alarga cada vez más con las cotizaciones de una vida laboral que se acorta o que permanece inalterada desde hace más de un siglo.

Para hacerse sostenible, el sistema público de pensiones tiene que ser menos generoso con la tasa de reposición, es decir, tiene que renunciar al objetivo de mantener a los jubilados el nivel de vida que tenían durante su vida activa. La reforma de las pensiones, en este sentido, ya ha comenzado, con la elevación progresiva de la edad de jubilación a los sesenta y siete años, con la ampliación del número de años de cotización que entran en el cálculo de la base reguladora de la pensión y con la elevación del número de años cotizados que dan derecho a pensión completa. Pero es un proceso opaco e insuficiente.

Un estudio clásico de Ángel de la Fuente y Rafael Doménech⁸ muestra que para alcanzar el equilibrio financiero la tasa de reposición debe reducirse por debajo del 50 por ciento. Para conseguirlo se tendría que elevar la edad media de jubilación hasta los 67,25 años, aumentar el período de cómputo de la base reguladora a toda la vida laboral y exigir 50 años de cotización para tener derecho a una pensión del 100 por ciento de la base reguladora. Es decir, que para poder percibir una pensión más baja, pero durante más tiempo, hay que trabajar y cotizar más años. Es así de claro. Este resultado no puede ser una sorpresa para nadie. Se conocían ya resultados similares en 1985 cuando León Benelbas, a la sazón director general de Política Económica del ministerio de Economía y Hacienda, comenzó a impulsar la Ley de Pensiones Complementarias Privadas, encaminada a establecer los instrumentos necesarios para posibilitar el ahorro-previsión a largo plazo y para equiparar tributariamente este ahorro con las cotizaciones al sistema público de pensiones. Ya entonces había en el Gobierno quien tenía claro lo que ahora debería ser obvio para todo el mundo: el que quiera mantener su nivel de vida en su etapa de jubilación no sólo tendrá que trabajar más, sino que deberá ahorrar más.

Para hacer posible la adopción por los ciudadanos de una perspectiva de ciclo vital para planificar sus propias vidas incorporando esta mayor longevidad, el Gobierno debería hacer tres cosas que ahora no está haciendo: informar, educar y planificar.

El Gobierno debe informar a la ciudadanía de la verdadera situación financiera actual y futura de las pensiones públicas. Ningún Gobierno español lo ha hecho y las reformas que se han introducido han sido justificadas como imposiciones de la Unión Europea que España debe acatar no se sabe muy bien por qué. En este oscurantismo, la clase política española tiene una enorme responsabilidad. Pero el problema de la falta de información es mucho más grave. Con total opacidad, nocturnidad y alevosía los Gobiernos españoles desde 1990, independientemente del color político, han estado llevando a la práctica lo que Herce llamó una «revolución silenciosa» de las pensiones. Esta revolución, de la que no se ha dado noticia a los ciudadanos, tiene como objetivo cerrar paulatinamente el abanico de bases de cotización y, por tanto, de pensiones, para hacer derivar el sistema público hacia un sistema de mínimos financiado desproporcionadamente por los que menos se van a beneficiar de él. El instrumento elegido para conseguir este objetivo es el más opaco y vil —porque deja a los ciudadanos indefensos— de entre todos los que tiene a su disposición la política económica: la inflación.

Desde 1990, las bases máximas de cotización del Régimen General de la Seguridad Social han sido, año tras año, actualizadas por debajo de la inflación. En el período 1990-2010 han perdido 20 puntos respecto al IPC. Como consecuencia, se ha reducido en términos reales la presión fiscal de las cotizaciones sobre los salarios más altos (los de más de 3.198 euros al mes en 2010). Las empresas se alegran, porque se reducen los costes laborales. Los afectados deberían entristecerse, pero no lo hacen porque no son conscientes del proceso. El resultado es que las clases medias-bajas, los «ricos» que ganan 36.000 euros al año, han experimentado y siguen experimentando una reducción considerable de la base reguladora de su pensión lo que, sin que se den cuenta, les va reduciendo sus pensiones futuras.⁹ Por el otro extremo, las bases mínimas de cotización han subido más que la inflación, un 10 por ciento en términos reales en este período. El resultado del cierre del abanico —bajan las pensiones más altas, suben las más bajas— es que el desequilibrio financiero de la Seguridad Social, en vez de disminuir, ha aumentado, porque el incremento de gasto futuro en las pensiones más bajas es mayor que la reducción del mismo en las pensiones más altas.

Y, sin embargo, tendría pleno sentido cerrar el abanico de las pensiones públicas, haciendo derivar la Seguridad Social hacia un sistema de mínimos, dentro de un programa explícito, publicitado y transparente que tenga como objetivo que los ciudadanos asuman la responsabilidad de sus propias vidas y enfoquen su jubilación futura con una perspectiva de ciclo vital. Este programa debería tener un horizonte temporal muy largo, de por lo menos dos décadas, para laminar el coste de transición sobre la clase media-baja —los «ricos» de los 36.000 euros anuales— y para dar tiempo a poner en marcha los instrumentos necesarios para hacer posible y eficaz el ahorro-previsión con perspectiva de ciclo vital.

Condición necesaria para el éxito de este programa es que en la enseñanza secundaria, tal y como se hace en otros países, se eduque a los estudiantes en los rudimentos financieros del ciclo vital, para que sean capaces de entender una hipoteca, un fondo de pensiones y un vitalicio. El desconocimiento de estos instrumentos básicos ha contribuido mucho a la generación de la última burbuja inmobiliaria. La CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Educación y Cultura tienen un programa piloto de Educación Financiera para alumnos de 3.º de ESO al que en el curso 2012-2013 se han adherido 414 centros escolares. Participarán más de 21.500 alumnos. Este programa, convenientemente evaluado, debería servir de base para extender esta educación a todos los estudiantes de la etapa obligatoria. Como en tantos otros temas, educar en esta materia es preparar para hacer posible decisiones informadas, es decir, para la libertad.

Por último, el Gobierno debe tomarse en serio dar más eficacia a los instrumentos necesarios para el desarrollo del ahorro-previsión. Hay que empezar por decir que el sistema complementario de pensiones privadas no tiene por qué ser, necesariamente, de gestión privada. Privadas son las decisiones de participar o no en dicho sistema. Su gestión, como en Suecia, podría ser pública. Aclarado esto, un sistema de pensiones complementarias necesita dos instrumentos financieros desarrollados y eficientes: fondos de pensiones, gestionados por gestoras especializadas, y vitalicios, gestionados por compañías de seguros. Entre el volumen de ahorro-previsión y la existencia de un mercado eficiente de vitalicios hay una relación mutua que, en España, adquiere el carácter de un círculo vicioso. Veamos.

Si definimos el riesgo de longevidad como el riesgo que tienen los individuos de sobrevivir a sus propios recursos económicos, podemos definir un sistema de pensiones como un sistema de transferencia del riesgo de longevidad a un tercero.¹⁰ En un sistema de pensiones de reparto, este riesgo se transfiere al Estado, mientras que en un sistema de capitalización se transfiere al sistema financiero, que lo asume otorgando pensiones vitalicias a cambio de los capitales que los individuos han acumulado en los fondos de pensiones. Pues bien, para que estas pensiones vitalicias puedan ofrecerse en condiciones eficientes hace falta un gran volumen de ahorro, previsión, porque la industria de los vitalicios se basa en el cálculo actuarial, el cual, a su vez, se basa en las leyes de los grandes números. En España el ahorro-previsión apenas alcanza el 8 por ciento del PIB, que es un volumen claramente insuficiente. Además, el patrimonio medio por partícipe apenas supera los 8.000 euros, con lo que no tiene sentido hablar de rentas vitalicias: se generarían pensiones con anualidades que no llegarían a los 400 euros. La insuficiencia del ahorro-previsión es una consecuencia directa de la preferencia desarrollada por los españoles en el último medio siglo de colocar su ahorro voluntario en la adquisición de propiedades inmobiliarias. Más del 80 por ciento del patrimonio de los hogares españoles en 2005 eran propiedades inmobiliarias y tan sólo el 2 por ciento eran planes de pensiones y seguros de vida. Una pésima elección cara a la jubilación.

La reforma de las pensiones en España tiene que ser un largo, transparente y explícito proceso, prolongado durante décadas, en el que las pensiones públicas vayan derivando a un sistema de mínimos y el ahorro voluntario se vaya materializando en planes de pensiones en detrimento de la propiedad inmobiliaria. Tiene que ser un proceso informado, en el que los individuos puedan elegir con libertad a qué edad van a jubilarse. Esta decisión, tanto si es la de jubilarse antes como la de jubilarse después de la edad de referencia, tiene que ser actuarialmente neutral, es decir, que los flujos financieros deben ajustarse a la esperanza de vida en el momento de la jubilación.

DE LA PROPIEDAD AL ALQUILER

Citábamos en el capítulo 3 de este libro a Alexandre Kojève (2011), quien sostenía que la lucha de clases terminó cuando el ideal de un paraíso socialista de proletarios naufragó en una sociedad de propietarios. La propiedad de la vivienda habitual —y de otras viviendas adicionales— ha sido una de las vías por la que el movimiento socialista y el movimiento sindical se han acabado integrando en el capitalismo y, también, una de las vías por la cual se han consolidado en Occidente las clases medias. Esta integración ha ocurrido en la mayoría países desarrollados o en vías de desarrollo, pero en España la propiedad inmobiliaria de la vivienda habitual ha adquirido niveles extremos.

Como puede verse en el cuadro 12.1, la tasa de propiedad de la vivienda habitual en España, el 85 por ciento, es la segunda más alta del mundo, tan sólo por detrás de la de Singapur. Es una tasa exagerada, que está muy por encima de la de las principales economías europeas —Francia, el 57 por ciento y Alemania, el 46 por ciento, por ejemplo—. También está por encima de la de los países que tienen sistemas de pensiones de capitalización muy desarrollados —Inglaterra, el 68 por ciento, Estados Unidos, el 67 por ciento, y Países Bajos, el 57 por ciento—. Una tasa de propiedad de la vivienda tan alta, unida a los elevados costes de transacción en la compraventa de viviendas en nuestro país, contribuye decisivamente a la gran rigidez de la economía española, obstaculizando, por ejemplo, la movilidad laboral; dificulta el acceso de los jóvenes a la primera vivienda; hace a la economía española excesivamente sensible a los tipos de interés a través del mercado hipotecario, acentuando la amplitud del ciclo económico, y no deja casi lugar para el crecimiento del ahorro-previsión.¹¹

CUADRO 12.1

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE TASAS DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA

Fuente: Perry, Mark J., «International comparison of ownership rates», Carpe Diem, 6 octubre de 2010 (http://mjperry.blogspot.com.es/2010/10/inter national-comparison-of-home.html).

Esto último se refleja en la composición del patrimonio de las familias, cuyo ahorro se acumula mayoritariamente en activos reales en detrimento de los financieros. Como se ha mencionado en el epígrafe anterior, en 2008 el 89 por ciento del patrimonio de los hogares españoles eran activos reales, de los que el 59 por ciento era la vivienda principal, y tan sólo el 11 por ciento eran activos financieros, de los cuales sólo el 2 por ciento era ahorro previsión —planes de pensiones o seguros de vida—.¹² Si la tasa de reposición de las pensiones públicas de reparto fuese sostenible en el 80 por ciento, la composición de la riqueza familiar sería irrelevante a efectos de la jubilación. Pero como esa tasa de reposición no es sostenible, la composición resulta muy relevante: la actual composición del patrimonio es incompatible con un sistema de pensiones que busque minimizar la pérdida de poder adquisitivo cuando se produce la contingencia de la jubilación. Los jubilados necesitan renta, no patrimonio, y de la vivienda propia es muy difícil extraer renta si se vive en ella. Es cierto que existen instrumentos financieros, como la hipoteca inversa, que permiten extraer renta de una casa en la que se esté viviendo, pero son extremadamente caros y, en la práctica, no son una alternativa viable a una reponderación del patrimonio de las familias que otorgue mayor peso a los activos financieros. Esta reponderación puede llevar décadas pero, mientras no se haga, la gran mayoría de los trabajadores está abocada a sufrir, al jubilarse, una creciente pérdida de poder adquisitivo a medida que vaya rebajándose la tasa de reposición de su pensión. Por ello es tan importante potenciar el mercado de la vivienda de alquiler.

En octubre de 2009 la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) lanzó un manifiesto¹³ en el que proponía cuatro medidas estructurales para potenciar el mercado de alquiler:

1. Medida 1: Potenciar el mercado de alquiler mediante la liberalización de los contratos, el aumento de la seguridad jurídica de los propietarios y la reducción de las trabas a los inquilinos. Un enfoque paternalista de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para proteger a los inquilinos ha contribuido a destruir el mercado de vivienda en alquiler en España hasta el punto de hacer convivir un mercado de alquiler raquítico e ineficiente con cientos de miles de viviendas vacías susceptibles de ser alquiladas. ¿Por qué no se alquilan? Por varias razones. En primer lugar, por las excesivas restricciones que la LAU impone a la libertad contractual de las partes, estableciendo mínimos legales de duración de los contratos, límites a la revalorización de los alquileres y otras condiciones. En segundo lugar, por la inseguridad jurídica de los propietarios que, en caso de impago o incumplimiento de las condiciones contractuales, se enfrentan a largos procesos judiciales de resultado incierto. La duración mínima de los contratos de alquiler debería reducirse a un año —ahora son cinco— la revalorización por el IPC debería ser opcional y notarios y registradores deberían acreditar los incumplimientos contractuales para agilizar el proceso judicial. La buena noticia es que con la Ley 37/2011, llamada del «desahucio exprés», los trámites parecen haber comenzado a agilizarse. También el proyecto de ley de reforma de la LAU que fue enviado al Congreso de los Diputados en 2012 avanza, aunque de manera limitada, en la buena dirección.

2. Medida 2: Suprimir con carácter inmediato todos los incentivos fiscales a la compra de vivienda. Estas subvenciones han sido causa y no son remedio para la burbuja inmobiliaria española. Pero son muy golosas para la clase política, que accede a las presiones de los lobbies inmobiliarios bajo el manto de la política «social». En 2013 se han suprimido, debido a las exigencias de la troika, pero nada garantiza que no se vuelvan a poner cuando la situación cambie. Deberían haber desaparecido para siempre, porque tienen unas consecuencias nefastas para el mercado de la vivienda y para las pensiones.

3. Medida 3: Suprimir la vivienda de protección oficial en propiedad y reorientar la protección social hacia el alquiler. La vivienda pública en forma de alquiler representa sólo el 1-2 por ciento del parque de viviendas, muy lejos de Francia o el Reino Unido, que tienen tasas superiores al 15 por ciento. La vivienda pública en propiedad se asigna, en teoría, por sorteo, en el que unos pocos beneficiados acaban recibiendo una subvención muy elevada. Hay muchos fraudes que acaban beneficiando… a los de siempre. La vivienda protegida es una distorsión más del mercado libre que acaba ayudando a consolidar el régimen clientelar. Debería suprimirse la creación de nueva vivienda pública en propiedad. De hecho, en la actual situación de exceso de oferta, debería suprimirse la vivienda pública en cualquier régimen. No es más que una fuente de corruptelas. Los recursos públicos deberían dedicarse a financiar, por tiempo muy limitado, el alquiler de vivienda libre para personas y familias con bajos niveles de renta.

4. Medida 4: Suprimir, o reducir drásticamente, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en la compraventa de vivienda. Esta medida facilitaría la movilidad geográfica y laboral y acabaría beneficiando al mercado de trabajo y a la economía en su conjunto. La medida podría tener neutralidad recaudatoria para las administraciones territoriales si se introdujese un tramo autonómico en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). De hecho, consistentemente con la prospectiva desarrollada en el capítulo 5 de este libro, por razones de eficacia y equidad, los impuestos sobre la propiedad y sobre el uso de los bienes reales, inmóviles por definición, deberían ganar mucha relevancia sobre los impuestos sobre factores fácilmente deslocalizables, como el capital o el trabajo.

Con gran lentitud y con mucha incertidumbre, la normativa legal parece ir moviéndose en el sentido reclamado por las cuatro medidas propuestas en el manifiesto de Fedea. Pero no hay que esperar milagros. Estas cuatro condiciones liberalizarían el mercado de alquiler y propiciarían su desarrollo, pero, por sí mismas, son insuficientes para terminar con la cultura de la propiedad. La transición de la propiedad al alquiler de la vivienda requiere una intensa y persistente labor educativa por parte de las autoridades políticas y por parte del sistema escolar. Se trata de propiciar otro cambio cultural similar al que ocurrió hace seis décadas cuando el péndulo se movió en sentido contrario del alquiler a la propiedad. Conseguir un sistema de pensiones capaz de hacer frente al incremento de la longevidad y un mercado de trabajo flexible y capaz de adaptarse a los retos del siglo XXI depende, en buena medida, de que este cambio cultural vuelva a producirse.

SEGUIR REFORMANDO EL MERCADO DE TRABAJO

España necesita un mercado de trabajo flexible y eficiente, que permita ajustar vía precios, es decir, salarios, lo que hasta ahora se ha ajustado vía cantidades, es decir, empleo. Es sorprendente que con más de seis millones de parados y con una creciente probabilidad de llegar a los siete, la opinión pública española no entienda que hay una opción entre ajustar por precios y ajustar por cantidades. Es todavía más sorprendente que haya muchos economistas españoles que tampoco lo entiendan. Lamentablemente, no sorprende que no lo entiendan los sindicatos porque representan al colectivo de trabajadores con salario fijo y mucha antigüedad, que hasta hace poco ha estado bastante resguardado de la crisis, en detrimento de otros colectivos de trabajadores. Escribí en febrero de 2009: «Estoy convencido de que la mayoría de las reformas enumeradas aquí se llevarán a la práctica antes de que la economía española vuelva a crear empleo. ¿Quiere decir que se harán pronto? Me temo que no. Quiere decir que no se creará empleo hasta que se hagan […]. No creo que cuatro millones de parados sean suficientes para propiciarlo. Con cinco millones o con seis, ya veremos».¹⁴ Pues bien, cuatro años después ya tenemos los seis millones de parados y el proceso reformista, con enorme desgana, eso sí, parece estar poniéndose en marcha. Se ha hecho una reforma importante en la regulación del despido y también algunos cambios, muy tímidos, en la negociación colectiva. Hay que seguir reformando, y deprisa, no sólo para intentar no traspasar el umbral de los siete millones de parados, sino por configurar una regulación del mercado de trabajo que sea compatible con la acumulación de capital humano —la de ahora no lo es— y que permita que el mercado ajuste vía salarios en vez de hacerlo vía empleo. Debe haber reformas adicionales importantes en la regulación de la contratación, en la regulación del despido, en la negociación colectiva y en las políticas activas de empleo.¹⁵

El empleo, en España, tiene una estructura dual. Un 25 por ciento de los trabajadores tiene contratos temporales, mientras que el resto tiene contratos fijos. En 2004 la tasa de temporalidad era el 32 por ciento. La reducción se debe a que los eventuales han sido los primeros en sufrir el impacto de la crisis y han sido despedidos masivamente. La temporalidad crea problemas tanto en el corto como en el largo plazo. A corto plazo, la constante rotación a la que están sometidos los eventuales es ineficiente desde el punto de vista organizativo y de gestión tanto para la empresa como para el trabajador. A largo plazo la temporalidad es un obstáculo para la acumulación de capital humano, esa acumulación que tanto necesita España, porque ni las empresas ni los eventuales mismos tienen incentivos en mejorar su formación. Las primeras, porque la mayoría de los eventuales no acaba consiguiendo un trabajo fijo y deja la empresa. Los segundos, porque no tienen claro que mejorar su capital humano acabe redundando en un mejor empleo. Es una tragedia que condena a uno de cada cuatro trabajadores a competir por precio con los trabajos menos cualificados de la economía global. La altísima tasa de temporalidad no parece preocuparle a nadie. A los sindicatos les va bien porque los eventuales conforman un colchón de defensa para los trabajadores fijos con mucha antigüedad, que son el colectivo mejor representado por los sindicatos, si es que hay alguno aparte de los sindicatos mismos. Para las empresas, resulta conveniente también disponer de un colchón de trabajadores baratos de despedir. Y el Gobierno no parece dispuesto a entrar a cambiar la regulación de un ámbito en el que hay acuerdo entre patronales y sindicatos. Es un grave error porque los perjudicados no son sólo los eventuales sino, también, el interés general de España.

Con las excepciones obvias que a todo el mundo se le ocurren, debería existir un único tipo de contrato laboral: un contrato fijo con indemnización por despido creciente con la antigüedad. Al principio la indemnización sería equivalente a la de un contrato eventual e iría aumentando paulatinamente hasta converger con la de los actuales contratos fijos.¹⁶ Este contrato único no sería más oneroso para las empresas y potenciaría una mayor acumulación de capital humano en la economía española.

La regulación del despido ha sido el objetivo principal de la reforma laboral de 2012. Es un paso en la buena dirección —abaratar el despido para que las empresas pierdan el miedo a contratar—, que corre el riesgo de encallar en la Magistratura del Trabajo. La casuística resultante de la reforma es excesivamente compleja y la Magistratura, muy afín a las tesis de los sindicatos, está encontrando todo tipo de argumentos en la falta de cumplimentación adecuada del laberíntico procedimiento administrativo de los Expedientes de Regulación de Empleo para proceder a su desactivación. El Gobierno debe seguir simplificando los trámites administrativos y, en la inevitable reforma de la Justicia, deberían desaparecer los tribunales laborales que, junto con la Audiencia Nacional, son herencias residuales del franquismo, que tenía una dictadura sangrienta que justificar. No tienen sentido en el sistema judicial de un país democrático.

La reforma de la negociación colectiva ha sido demasiado tímida. Se han introducido cláusulas de descuelgue en determinados supuestos para empresas con problemas, pero no se ha llegado a abordar el meollo de la cuestión. Como norma general, los acuerdos a nivel de empresa deberían prevalecer sobre los convenios de rango superior, sectorial o territorial. Estos convenios superiores se acuerdan entre las burocracias de los sindicatos y de la patronal en función de sus propios intereses y no tienen en cuenta las dificultades en las que pueden hallarse las empresas individuales. Podría ser útil, como referencia, mantener algunos de estos convenios superiores, pero nunca deberían prevalecer sobre lo que acordasen las partes contratantes a nivel de empresa.

Por último, pero no en orden de importancia, están las políticas activas de empleo. Se ha dicho en el primer epígrafe de este capítulo por qué hay que rescatarlas del control de sindicatos y patronales. Los fondos públicos invertidos por esta vía son subvenciones opacas a estas organizaciones, corruptelas que no están evaluadas por nadie y que no tienen ninguna incidencia en la recapitalización de los parados ni en la mejora del mercado laboral. Hay que recurrir a la iniciativa privada, no a las burocracias sindicales y patronales, que están de acuerdo en llevarse el dinero público sin rendir cuentas a nadie y no haciendo nada. Hay que organizar cursos de formación de verdad, concentrándolos en los colectivos menos cualificados, que son los que más acaban padeciendo el paro de larga duración. La organización de los cursos debe coordinarse con la prestación por desempleo de modo que nadie pueda percibir esta última sin reciclarse adecuadamente.

AGRADECIMIENTOS

El proyecto de este libro se inició una noche de 2007 en un coqueto bar de Belgravia durante una conversación con David Bowers en la que me introdujo en la obra de Phillip Bobbitt. «You should write a book on this». Y eso he hecho y, aunque la ambición y el alcance de este libro son distintos a los de idea original, las ideas de Bobbitt y el impulso intelectual de Bowers están muy presentes en él, especialmente en la primera parte.

Algunas ideas de la segunda y tercera partes se esbozaron en artículos en el diario El País y también en La Vanguardia. Quiero hacer patente mi agradecimiento a José Manuel Calvo, Javier Moreno y Carlos Yárnoz por su apoyo incondicional, que no ha conocido restricciones ni de su tiempo ni de espacio en las páginas del periódico. También estoy muy agradecido a José Manuel Garayoa y Ramón Aymerich, quienes me abrieron generosamente las páginas del rotativo catalán.

Isabel Argimón y Alfredo Molinas Argimón se han leído y releído, comentado y vuelto a comentar los sucesivos borradores de este libro. Arcadia Molinas Argimón prestó su apoyo ofimático. Para ellos mi agradecimiento y mi amor de esposo y padre. Manuel Castellón, Francisco Comín, Ramón Echanove, Luis Escauriaza, Daniel de Fernando, Jaime Heredero, Carlos de Otto, Clara Ponsati, Ricardo Sanz, Berta e Isaac Tabor, David Taguas y Helena Terradas leyeron borradores de algunos capítulos e hicieron valiosas sugerencias, por las que estoy muy agradecido. Para todos ellos mi amistad y mi cariño.

José María Michavila dedicó tiempo y sabiduría a introducirme a la problemática de la Justicia. También Mireia Carbajo me ha aclarado muchas dudas sobre cuestiones legales. Samuel Bentolila discutió conmigo los problemas del mercado laboral. Para ellos mi amistad y mi agradecimiento.

Carla Solé, estudiante de 2.º de bachillerato, fue banco de pruebas para la inteligibilidad de la primera parte de este libro. Me quedan, sobre la inteligibilidad, algunas dudas, pero no me queda ninguna sobre que Carla está llamada a hacer grandes cosas en esta vida. Carla, hazlas, quizá no haya otra.

Al entusiasmo de Ramon Perelló, de Ediciones Destino, debe este libro mucho más que su forma impresa. Gracias, Ramon.

Ninguna de las personas mencionadas tiene ninguna responsabilidad en lo que se ha terminado publicando en este libro. Pero quiero insistir que sin sus críticas, consejos y recomendaciones, el resultado hubiese sido mucho peor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PRIMERA PARTE

¿HACIA DÓNDE VA EL MUNDO?

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SEGUNDA PARTE

¿DE DÓNDE VIENE ESPAÑA?

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TERCERA PARTE

¿QUÉ HACER CON ESPAÑA?

10. REFORMAR LAS INSTITUCIONES: PARTIDOS POLÍTICOS, LEY ELECTORAL, AGENTES SOCIALES, ORGANISMOS REGULADORES, JUSTICIA

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12. PENSIONES, VIVIENDA Y MERCADO LABORAL: EL 3 EN 1 ESPAÑOL

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NOTAS

1. Prefiero esta expresión a la utilizada por Javier Gomá en Ejemplaridad pública (Taurus, 2009), «igualitaria sobre bases finitas», porque el concepto de infinito acostumbra a generar gran confusión entre los que no tienen una base matemática suficiente, particularmente entre los teólogos y los filósofos, que se hacen un lío tremendo. En mi opinión, el pensamiento de Calvino finitum non capax infiniti (lo finito no puede abarcar lo infinito), mencionado por Gomá, es uno de los sinsentidos más influyentes de la historia de las ideas, como puede apreciar cualquiera que se pare a pensar sobre cuántos puntos hay entre el 0 y el 1 de la regleta que tiene encima de la mesa.

2. Véase la «Introducción general» a las Lecciones sobre la filosofía de la Historia universal, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Tecnos, Madrid, 2008.

3. F. Fukuyama, The Origins of Political Order, Farrar, Strauss and Giroux, Nueva York, 2011. Fukuyama se basa en trabajos de Marc Bloch y Jack Goody.

4. De hecho, debido a la homogeneidad étnica, Japón funciona como una gran familia extendida.

5. Isaiah Berlin, Liberty, Oxford University Press, Oxford, 2002.

6. La excepción vuelve a ser Japón, un país regido por la costumbre en donde, a pesar de que el grado de libertad negativa es muy bajo, hay un Estado democrático, aunque quizá no pueda calificarse de liberal. La homogeneidad étnica puede, otra vez, ser la explicación de esta aparente paradoja.

7. La nostalgia histórica del Imperio romano está deliciosamente tratada en el ensayo de Boris Johnson, actual alcalde de Londres, The Dream of Rome, Harper Perennial, Londres, 2006.

8. En su excelente relato Millennium: The end of the world and the forging of Christedom, Little, Brown, Londres, 2008.

9. En The selfish gene, Oxford University Press, Oxford, 1989.

10. En jerga económica esto equivale a decir que el euro dista mucho de ser una «zona monetaria óptima».

11. Véase el capítulo 14 de Democratic Enlightenment, tercer volumen de la monumental obra de Jonathan Israel (Oxford University Press, Oxford, 2011) sobre la Ilustración. También El Absolutismo y las Luces en el reinado de Carlos III, de Francisco Sánchez-Blanco, Marcial Pons, Barcelona, 2002.

12. En A Revolution of the Mind: Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy, Princeton University Press, Princeton, 2009. Este epígrafe recoge muchas tesis de Israel.

13. A Revolution of the Mind: Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy, pp. vi y ss.

14. Para una discusión enriquecedora de este problema importantísimo véase la obra citada de Javier Gomá, 2009.

15. De la sección 125 de La gaya ciencia, Akal, Madrid, 2010.

16. Decline and Fall of the Roman Empire, Everyman’s Library, Nueva York, 1993, vol. 1, p. 34.

1. En su Historia económica mundial: De los orígenes a la actualidad, Alianza, Madrid, 2011.

2. Philip Bobbitt, The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of History, Penguin Books, Londres, 2002.

3. En De la guerre, Les Éditions de Minuit, París, 1955.

4. En esto sigo el planteamiento de André Glucksmann en El discurso de la guerra, Anagrama, Barcelona, 1969.

5. La versión de Mike Tyson, quien probablemente nunca ha sabido quién fue Napoleón, es mucho mejor: «todos tienen un plan hasta que les doy la primera hostia». Referido por Raúl Pérez Ponce en www.otraspoliticas.com.

6. Glucksmann, op. cit., cap. II

7. Uso el neologismo ‘epocal’ como traducción de epochal, calificativo utilizado en Bobbitt (2002) para caracterizar a las guerras de larga duración que marcan la transición de una época a otra, con distintas formas dominantes de Estado.

8. Bobbitt, 2002, op. cit., prólogo.

9. La financiación del rey de España, por ejemplo, provenía, casi exclusivamente, del reino de Castilla y de América.

10. Bobbitt, 2002, op. cit., capítulo 8.

11. Como veremos más adelante, en el siglo XXI podría estar volviendo.

12. Simultáneamente se prohibió en Alemania el partido socialista.

1. En Hegel: a Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 1983.

2. Hay una meritoria traducción española de Wenceslao Roces en Fondo de Cultura Económica.

3. Singer, op. cit., p. 93.

4. J. P. Sartre en Situations III, citado por Glucksmann, op. cit.

5. Los dos últimos versos de la «Oda a una urna griega», de John Keats, lo dejan muy claro: «Beauty is truth, truth beauty, that is all/ Ye know on earth, and all ye need to know.» (La belleza es verdad, la verdad es belleza, esto es todo/ lo que sabes sobre la Tierra y todo lo que necesitas saber.) (Traducción del autor.)

6. Véase «The End of History?», en The National Interest, verano de 1989.

7. Kojève, personaje de vida fascinante, ruso de nacimiento y francés de adopción, es famoso, sobre todo, por un libro recopilatorio de sus lecciones sobre Hegel dictadas en la École Pratique des Hautes Études entre 1933 y 1939. El libro, Introduction à la lecture de Hegel, fue escrito por Raymond Queneau a partir de las notas que tomó en esos cursos legendarios. Por la relevancia de los asistentes —Raymond Aron, Jacques Lacan, Maurice Merleau-Ponty, Georges Bataille, André Breton, etc.— y por la reinterpretación de Hegel propuesta por Kojève, el libro fue extraordinariamente influyente en la filosofía europea del siglo XX. Jacques Derrida, Michel Foucault y Francis Fukuyama, entre otros, reconocieron la deuda intelectual contraída con Kojève. (Véase el artículo de Andrés Ortega «Historia y fin de Alexandre Kojève», El País, 9 de junio de 1992, http://elpais.com/diario/1992/06/09/opinion/ 708040808_850215.html.)

8. Al menos, de manera formal, entre los firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

9. Véase, por ejemplo, Marshall McLuhan y Bruce R. Powers, The Global Village: Transformations in World Life and Media in the 21st Century, Oxford University Press, Oxford, 1989.

10. «Survival of the Fittest: Who will Fight the Next Wars» en Prospect Magazine, noviembre de 2012. Robert Fry fue subcomandante en jefe de las fuerzas aliadas en Irak en 2006.

11. Bobbitt, op. cit., cap. 10.

1. Anne Robert Jacques Turgot, barón de Laune (1727-1781), economista y político francés, perteneció a la escuela fisiocrática de Quesnay, Dupont de Nemours y de Gournay. Turgot era un ilustrado moderado, muy crítico con Diderot y d’Holbach. Como señala Israel (2011), al igual que Voltaire, Turgot rechazaba el principio de igualdad, el ateísmo, el determinismo y el materialismo. Ello no fue óbice para que fuese profundamente reformista: en su etapa como ministro, Turgot modernizó los tributos, introdujo el concepto de presupuesto público anual, redujo el déficit e impulsó el libre comercio de grano. La política de Turgot fue consistente con sus ideas económicas. Muchas de estas medidas chocaban contra los intereses creados de la corte de Luis XVI, lo que acabó provocando su caída en 1776. (Véase Murray N. Rothbard, Biography of A.R.J. Turgot (1727-1781), Ludwig von Mises Institute (http://mises.org/page/1464/ Biography-of-ARJ-Turgot-17271781).

2. Israel, op. cit., cap. 1.

3. Israel, op. cit., cap. 1.

4. Véase el «Apéndice» de su reciente libro Why the West Rulesfor Now, Profile books, Londres, 2011.

5. Joseph Schumpeter (1883-1950) fue uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Realizó contribuciones decisivas a las teorías de los ciclos económicos, de la innovación, del emprendimiento y a la historia del pensamiento económico. En su monumental Historia del análisis económico consideró a Turgot el mejor economista del siglo XVIII, para gran escándalo de la escuela anglosajona, que estaba masivamente a favor de Adam Smith. De sus tres objetivos confesos en la vida —ser el mejor economista del mundo, ser el mejor jinete de Austria y ser el mejor amante de Viena— aseguró haber conseguido dos, aunque nunca aclaró cuáles. Sin embargo, se le oyó decir en repetidas ocasiones que en Austria había jinetes imbatibles (para más información, véase la entrada de Wikipedia dedicada a este economista).

6. En The Beginning of Infinity: Explanations that Transform the World, Allen Lane, Londres, 2011.

7. Una relevante discusión filosófica de la problemática de este tipo de intervenciones puede encontrarse en el librito de Jürgen Habermas El futuro de la naturaleza humana: ¿hacia una eugenesia liberal?, Paidós, Barcelona, 2009. Volveremos sobre este tema en el próximo capítulo.

8. Véase Karl Popper, The Open Society and its Enemies, Routledge Classics, Londres, 2003. La caracterización de las sociedades abiertas y de las sociedades cerradas puede hallarse en el cap. 5, pp. 61 y ss.

9. Deutsch, op. cit., cap. 9.

10. Deutsch, op. cit., p. 221.

11. Publicado por primera vez en 1942. Las citas en el texto corresponden a la edición de Routledge Classics, Capitalism, Socialism and Democracy, de 2010.

12. Schumpeter, op. cit., p. 73.

13. Schumpeter, op. cit., p. 73.

14. «Technological revolutions and techno-economic paradigms», TOC/TUT Working Paper núm. 20, 2009 (http://www.carlotaperez.org/papers/ PerezTRsTEPsTUTWP20.pdf).

1. Enric Juliana, Modesta España: paisaje después de la austeridad, RBA, Barcelona, 2012, pp. 29 y 30.

2. Samuel Huntington, «The Clash of Civilizations?», Foreign Affairs, vol. 72, núm. 3 (verano de 1993), pp. 23 y ss.

3. El concepto actual de China y la palabra correspondiente fueron elaborados por los jesuitas españoles y portugueses en el siglo XVII. La palabra ancestral china para referirse a China tenía en significado de «universo». Según el sinólogo chino-americano Lucian Pye, China es una civilización-Estado que finge ser una nación-Estado.

4. Huntington, op. cit., p.26

5. Véase Why Nations Fail: the Origins of Power, Prosperity and Poverty, de D. Acemoglu y J. Robinson, Profile Books, Londres, 2012. Este tema se trata con más detalle en el capítulo 8 del presente libro.

6. «Hombre soy y nada humano puede serme ajeno.»

7. Declaraciones recogidas en la edición de El País del 11 de abril de 2007.

8. Peter Singer es conocido, sobre todo, por sus trabajos de bioética y por su teoría filosófica sobre los derechos de los animales propuesta en su libro de 1975, Animal Liberation.

9. Entrevista de David Edmonds a Peter Singer publicada como el cap. 4 de Philosophy Bites, de David Edmonds y Nigel Warburton, Oxford University Press, Oxford, 2010.

10. A este respecto véase el artículo «Why Iran Should Get the Bomb», de Kennet Waltz, en Foreign Affairs, julio/agosto de 2012.

11. Datos obtenidos de una empresa española de ingeniería representativa del sector.

12. Esta cuestión se discute con mayor detalle en el capítulo 11 de este libro.

13. Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.

14. Entre Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux.

15. El cuadro 5.1 está inspirado por W.F.V. Vanthoor, European Monetary Unions since 1848: A Political and Historical Analysis, Edward Elgar, Camberley, 1996.

16. La ley de Gresham, muy célebre en economía, establece que la moneda mala expulsa a la buena.

1. Publicado en Le Livre de Poche, Réferénces, de la edición de Armand Colin, 1990. Hay traducción española en el Fondo de Cultura Económica, muy difícil de encontrar.

2. Inmortalizada en el célebre soneto «On First Reading into Chapman’s Homer».

3. Por poner un ejemplo, recientes investigaciones sobre el cambio climático en Mongolia relacionan una época excepcionalmente húmeda y cálida a principios del siglo XIII con un aumento de la vegetación que permitió un fuerte crecimiento de la cabaña ganadera, especialmente la equina, y de la población humana. Sobre esta nueva situación Gengis Khan conquistó su imperio, algo que probablemente no hubiese podido hacer en otras condiciones climáticas y demográficas (The Economist, 8-14 de diciembre de 2012).

4. «España, capital Madrid» (http://economia.elpais.com/eco nomia/2012/03/ 02/actualidad/1330712282_179577.html).

5. Utilizo el término «simbiosis parasitaria» de manera pseudocientífica. No conozco ningún ejemplo en la naturaleza en el que dos simbiontes se asocien para parasitar a un tercero. Podría haberlo, porque en la naturaleza hay de todo, pero yo no lo conozco.

6. Véase, por ejemplo el trabajo de Lesley Newson y Peter J. Richerson «The Contemporary Global Fertility Decline as a Chapter in Human Evolutionary History» (http://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/FRA/recursos/doc/Actos/ 2009/Ponencias_ingles/Long_term_ Implications/ 381701891_219200914416. pdf).

7. Véase lo dicho a este respecto en el capítulo 2 de este libro al hablar de la guerra epocal que terminó en la Paz de Westfalia en 1648.

8. Los focos protestantes de mayor relevancia durante el reinado de Felipe II estuvieron en Valladolid y Sevilla, dos ciudades industriosas y comerciales, no en Madrid.

9. Destino, Barcelona, 2010.

10. La captura de rentas se produce cuando un determinado grupo social consigue apropiarse de rentas generadas por otros sin crear riqueza nueva.

11. Mariano Guindal, El declive de los dioses, Planeta, Barcelona, 2011.

12. Se habla de «captura» del regulador para referirse a la situación en la que las empresas reguladas acaban controlando a sus organismos reguladores mediante influencias políticas, contratación de técnicos de estos organismos, etc.

1. José Ortega y Gasset, España invertebrada, Espasa, Madrid, 2005.

2. Jaume Vicens Vives, Noticia de Cataluña, Ediciones Destino, Barcelona, 2012.

3. Ver Theodor Mommsen, Historia de Roma, Turner, Madrid, 1983.

4. Remito al libro de Mariano Guindal citado en el capítulo anterior para una excelente descripción de la época.

5. En homenaje a Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1995.

6. Notablemente Fernando Savater, en lo que hace referencia al terrorismo etarra.

7. Josep Trueta, The Spirit of Catalonia, Oxford University Press, Oxford, 1946 (http://10anys.vilaweb.com/trueta/original.html).

8. Trueta utiliza el término «catalán» en sentido amplio. Arnau de Vilanova nació en Villanueva de Jiloca, provincia de Zaragoza, Luis Vives y Vicenç Ferrer nacieron en Valencia y Miquel Servet en Villanueva de Sigena, provincia de Huesca.

9. André Comte-Sponville, L’Esprit de l’athéisme: Introduction a une spiritualité sans Dieu, Le Livre de Poche, París, 2006, p. 54.

1. Un extracto de este capítulo fue publicado por el diario El País el 9 de septiembre de 2012 bajo el mismo título y se convirtió en uno de los artículos de opinión más leídos de la historia de España. No hubo apenas reacción de políticos en activo salvo dos excepciones que vale la pena leer para hacerse una idea cabal de la dimensión del problema. Una es la entrevista a Gabriel Elorriaga y a Eduardo Madina publicada por El País el 30 de septiembre de 2012 (http://politica.elpais.com/politica/2012/09/30/ actualidad/1349016019_769987.html) y la otra es el artículo de José María Lassalle «Antipolítica y multitud» publicado en El País del 27 de septiembre de 2012 (http://elpais.com/elpais/2012/09/27/ opinion/1348742489_812495.html).

2. Acemoglu y Robinson, op. cit., hay traducción española en Deusto, Barcelona, 2012.

3. Un interesante enfoque histórico-jurídico del «café para todos» puede verse en el libro de Santiago Muñoz Machado Informe sobre España, repensar el Estado o destruirlo, Crítica, Barcelona, 2012.

4. Matt Taibbi, «The Great american Bubble Machine», Rolling Stone, 9 de julio de 2009 (http://www.rollingstone.com/politics/news/ the-great-american-bubble-machine-20100405).

5. Enric Juliana, op. cit., p. 131.

6. Este tema está desarrollado en el capítulo 4 de este libro.

7. También se desarrolla esta cuestión en el capítulo 4.

8. Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos «No queremos volver a la España de los 50», El País, 1 de junio de 2012 (http://elpais.com/elpais/2012/05/31/opinion/ 1338475092_453958.html).

9. José Antonio Gómez Yáñez, «¿Se puede reformar la política? ¿Cómo?», El País, 31 de octubre de 2012 (http://elpais.com/elpais/2012/10/30/opinion/ 1351597178_196386.html).

1. Una lectura recomendable sobre este tipo de crisis es el libro de Richard Koo The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Japan’s Great Recession, John Wiley & Sons, Nueva York, 2008.

2. En abril de 2013.

3. Francis Fukuyama, op cit., p.7.

4. Ver el cuadro 6.1 en el capítulo 6 de este libro, p. 139.

5. Fukuyama, op. cit., p. 42.

6. «Redefiniendo lo normal», El País, 27 de enero de 2013 (http://economia.elpais.com/economia/2013/01/25/ actualidad/1359131149 _329965.html).

7. Véase su entrada en Wikipedia (http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asunto_Guillaume &action=edit&redlink=1).

8. La lista es más larga: Narcís Serra, Alfonso Guerra…

1. José Antonio Gómez Yáñez y César Molinas, «Qué hacer con la corrupción», El País, 22 de enero de 2013 (http://elpais.com/elpais/2013/01/21/opinion/ 1358771424_511576.html).

2. En el artículo «Lo más urgente es la Ley de Partidos», El País, 13 de febrero de 2013 (http://elpais.com/elpais/2013/02/12/ opinion/1360690705_374408.html).

3. Véase, respecto a este debate, la columna de Almudena Grandes en El País del 25 de febrero de 2013 titulada «Dos Españas», en la que afirma: «Vivimos en un país en donde, en general, los gobernantes corruptos proponen ambiciosos programas contra la corrupción, los creadores de leyes injustas piden que se apliquen con justicia, y los impulsores de delitos se apresuran a acudir a un juzgado para denunciarlos» (http://elpais.com/elpais/2013/02/22/opinion/ 1361548038_ 698467.html).

4. En el quinto epígrafe del capítulo 5 de este libro hay una breve discusión del concepto de legitimidad. En dicho epígrafe uso el concepto en el sentido de Fukuyama, es decir, que la legitimidad de un régimen político proviene de que la población lo vea como justo y que esté dispuesta a cumplir sus reglas.

5. Hice referencia a ello en una entrevista publicada en El País el 18 de febrero de 2013 «Nos hace falta una democracia que se pueda tocar más» (http://politica.elpais.com/politica/2013/02/18/ actualidad/1361142549_266668.html).

6. Los sindicatos acostumbran a hacer una lectura exclusiva de lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución referente a la negociación colectiva. Dicho artículo no menciona a los sindicatos, sino a los «representantes de los trabajadores». El artículo 131.1 sí menciona a sindicatos y patronales, entre otras organizaciones, para establecer que deben ser consultadas a efectos de planificar la actividad económica a través del Consejo Económico y social.

7. Reportaje de Susana Alcelay publicado en el diario ABC el día 15 de noviembre de 2012 (http://www.abc.es/20121115/economia/abci-huelga-resultados-politicas-economicas-201211142038.html).

8. Reportaje de Carlos Sánchez publicado el 13 de noviembre de 2012 (http://www.elconfidencial.com/economia/2012/11/13/lossindicatos-lanzan-otra-huelga-general-con-la-menor-afiliacion-en-20-anos-un-16-109119).

9. Véase el documento «Legitimidad, derechos sindicales y fuentes de financiación en España y en la Unión Europea» de Pere J. Beneyto, 2012, publicado por la Fundación 1º de Mayo (http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/ InformeLegitimidad.pdf).

10. Beneyto, op. cit., p. 34.

11. Samuel Bentolila, Juan J. Dolado y Juan F. Jimeno, «Reforming an insider-outsider labor market: the Spanish experience», IZA Journal of European Labor Studies, 2012 (http://www.iza joels.com/content/pdf/ 2193-9012-1-4.pdf).

12. La Razón, 25 de noviembre de 2011, artículo de Fernando Cancio (http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/ LA_RAZON_415078/8427-el-gobierno-ha-dado-mas-de-1-000-millo nes-a-los-sindicatos-desde-2008).

13. Alejandro Nieto, El malestar de los jueces y el modelo judicial, Trotta, Madrid, 2010.

14. Nieto, op. cit., p. 115.

15. En matemáticas esa garantía se llama «ley de los grandes números».

16. No es una cita literal, pero creo que captura bien lo expuesto en Nieto, op. cit., pp. 131-133.

1. Véase Miguel Ángel Benedicto y José Luis González Vallvé, La mayor operación de solidaridad de la historia, Plaza y Valdés, Madrid, 2007.

2. Estos tres informes son elaborados por la OCDE, aunque figuran en ellos países que no son miembros de dicha organización, como Albania, Indonesia, Malasia, Kazakstán, Macedonia… El PISA muestrea estudiantes de quince años (cuarto de ESO) en materia de lectura, matemáticas y ciencia. Participan más de 70 países. PIRLS y TIMSS muestrean estudiantes de entre nueve y diez años (cuarto de primaria), el primero en comprensión lectora y el segundo en matemáticas y ciencias.

3. World Economic Forum, «The Global Competitiveness Report 2012-2013», 2012.

4. En el informe 2011-2012 ocupaba la posición 36, en el de 2010-2011 ocupaba la posición 43 y en el de 2009-2010 la posición 33.

5. BOE del 6 de agosto de 2009. No estoy muy seguro de a qué ritmo se están llevando a la práctica las previsiones de esta ley, cuyo plazo de aplicación de ocho años es excesivamente largo. A pesar de esto, debería servir de ejemplo, en materia de gestión de centros docentes, al Estado y a otras Comunidades Autónomas.

6. Básicamente el trivium y el quadrivium. Por supuesto que actualizados en contenidos concretos.

7. En El revés de almanaque, Obras completas, vol. 2, Alianza Editorial/Revista de Occidente, Madrid, 1983, p. 726.

8. Según la edición de 2012 de la lista de Shanghái que elabora la universidad Jiao Tong. Esta lista valora, principalmente, la calidad de la investigación que se elabora en las instituciones (http://www.shanghairanking.com).

9. Como señala Daniel Peña, rector de la Universidad Carlos III de Madrid, el su artículo del 17 de septiembre de 2012 en el diario El País, la lista de Shanghái sitúa entre los 200 mejores a ocho departamentos de Matemáticas españoles —el de la Universidad Autónoma de Madrid es el número 75—, cinco de Física, diez de Química, seis de Informática y dos de Ciencias Sociales. (http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/14/ actualidad/1347652494_263606.html).

10. García-Gallego, Georgantzis, Martín Montaner y Pérez Amaral, «(How) Do Research and Administrative duties Affect University Professors’ Duties?», SSRN.

11. Ver el artículo de Pilar Álvarez en el diario El País del 14 de marzo de 2013 (http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/14/ actualidad/1363297944_043059.html).

12. Joan Massagué es director del programa de Biología del Cáncer y Genética del hospital Memorial Sloan-Kettering de Nueva York. Ha sido director adjunto del Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona y presidente del comité científico asesor del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Véase entrevista en http://www.irbbarcelona.org/files/File/ 2013_03_10_LaVanguardia_ cast_JMassague_IRBBarcelona.pdf.

13. Se puede consultar en http://datos.bancomundial.org/indice/ doingbusiness.

14. Ver su interesante documento «España y su futuro» en www.law.harvard.edu/unger/english/docs/europe2a.doc.

1. Véase el informe «Romper los círculos viciosos: estrategias para el desarrollo de un sistema de pensiones de capitalización», César Molinas, Unespa, 23 de febrero de 2011 (http://www.unespa.es/adjuntos/ fichero_3329_20111111.pdf).

2. Véase el informe «Instrumentos financieros para la jubilación», dirigido por César Molinas, Fundación de Estudios Financieros n.º 24, 2008 (http://www.ieaf.es/_img_admin/1203522460LIBRO_N_24.pdf).

3. Véase, a este respecto, la discusión en el informe dirigido por Molinas, 2008.

4. Véase el capítulo «Contextos demográficos para la tercera edad en España», escrito por el demógrafo David Reher, en el informe dirigido por Molinas, 2008.

5. Ver su artículo «Las consecuencias de la longevidad», El País, 18 de marzo de 2013 (http://elpais.com/elpais/2013/03/14/opinion/ 1363291327_408358.html).

6. A largo plazo los salarios crecen como la productividad, lo que afecta a las pensiones.

7. El empleado de hoy es el pensionista de mañana. El crecimiento del empleo no resuelve el problema de la financiación de las pensiones a largo plazo.

8. «Convergencia real y envejecimiento: retos y propuestas», Fedea, marzo de 2009 (http://www.fedea.es/pub/est_economicos/2009/03-09.pdf).

9. Los Gobiernos socialistas y conservadores españoles han adoptado esta estrategia por una mezcla de cobardía, ignorancia y mala fe. Muy particularmente, los ministros de Trabajo socialistas han actuado siempre como delegados de la UGT en el Gobierno y han hecho lo que les ha venido en gana con las pensiones.

10. Ver Molinas, 2011, p. 3.

11. Véase Molinas, 2011, pág. 25.

12. Según la Encuesta Financiera de las Familias 2008 del Banco de España.

13. Por un mercado de la vivienda que funcione: Una propuesta de reforma estructural, Fedea, 14 de octubre de 2009, (http://www.crisis09.es/vivienda/).

14. «¿Qué reformas necesitamos?», Expansión, 10 de febrero de 2009 (http://www.expansion.com/actualidad/zoom/reformas/).

15. Véase Bentolila et al., 2012.

16. Véase el manifiesto de Fedea Diez principios para lograr una reforma laboral eficaz y justa, Fedea, enero 2012 (http://www.fedea.net/10-principios/ 10_principios_fundamentales.pdf).

Qué hacer con España

César Molinas

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