Presentación

Tengo la satisfacción de presentar un libro en el que la Fundación de Estudios Financieros (FEF) ha puesto mucha ilusión y mucho empeño. El estudio trata sobre el elevado desempleo estructural de España y sobre el futuro de la ocupación y el empleo en nuestro país. Este es un problema de capital importancia, no solo para la economía sino también para la sociedad en su conjunto y que, como hemos visto en las recientes elecciones, tiene importantes consecuencias para la política. En el verano de 2014 la FEF encargó la elaboración de este trabajo a César Molinas, colaborador de la Fundación en otros trabajos, entre los que cabe mencionar la dirección del número 24 de la colección Papeles de la Fundación titulado Instrumentos financieros para la jubilación. Pilar García Perea se unió al proyecto como coautora y el resultado del trabajo de ambos fue publicado, en primera versión, como el n.o 55 de la citada colección, iniciada en 2002 y que es hoy un referente imprescindible para todos los interesados en la economía española, y esto es algo de lo que todos los vinculados a la FEF nos sentimos particularmente orgullosos.

El título del libro, Poner fin al desempleo. ¿Queremos? ¿Podremos?, refleja su contenido y su principal mensaje. En efecto, la primera condición para acabar con el paro es querer hacerlo. Desde finales de la década de 1970 pasado la tasa de desempleo española ha sido entre 5 y 10 puntos porcentuales más alta que la de los principales países europeos. La única excepción fue el período de la burbuja inmobiliaria, en el que la economía española creció claramente por encima de su potencial. Para los autores de este libro, la anomalía del mercado de trabajo español reflejada en estas cifras no resulta de causas puramente económicas sino que obedece a razones estructurales, es decir, es consecuencia de leyes en vigor, de instituciones legalmente constituidas y de prácticas disuasorias de la creación de empleo establecidas desde hace décadas. Querer acabar con la anomalía laboral española, yendo más allá de las buenas intenciones y de las palabras sin contenido, quiere decir querer cambiar las leyes, las instituciones y las prácticas que generan dicha anomalía. Y esto es una tarea formidable, de ahí la pregunta «¿Podremos?» que figura en el título, porque esas leyes, esas instituciones y esas prácticas, que acaban perjudicando a la inmensa mayoría, benefician a grupos de interés muy concretos y poderosos que oponen una resistencia numantina a cualquier reforma sustantiva.

La urgencia de la necesaria acción reformista viene acentuada, como señalan los autores, por cuatro tendencias globales que ya están transformando los mercados de trabajo de todo el mundo. Estas tendencias son el envejecimiento demográfico, la globalización, la digitalización y robotización, y la posibilidad de que la economía global haya entrado en una fase de estancamiento secular. La única manera de adaptarse a estas tendencias es haciendo reformas no solo en el mercado de trabajo sino también en el sistema educativo, para conseguir mejorar el capital humano y aumentar la flexibilidad y empleabilidad de las personas en contextos laborales en los que habrá que cambiar de trabajo con frecuencia a lo largo de la vida laboral y en los que habrán desaparecido todas las ocupaciones que no tengan alguna componente de creatividad.

Para finalizar esta breve presentación del libro quiero agradecer a todas las personas que han intervenido en este proyecto, especialmente a sus autores y al equipo de competentes colaboradores especialistas en el mercado de trabajo que han participado en los debates que hemos organizado al respecto. A todos ellos queremos transmitirles nuestro agradecimiento y felicitación por el excelente trabajo realizado.

Desde la Fundación de Estudios Financieros esperamos que este libro contribuya de manera constructiva a un debate inaplazable sobre las reformas que necesitan nuestro mercado laboral y nuestro sistema educativo.

JUAN CARLOS URETA

Presidente de la Fundación de Estudios Financieros

Introducción y sinopsis

La arquitectura de este libro es simple. Consta de tres partes: «Las tendencias globales de la ocupación», «La génesis de la anomalía laboral española», y «Las reformas necesarias en España». La primera parte presenta un análisis de las causas y efectos de cuatro procesos de cambio de gran profundidad que ya están transformando los mercados de trabajo de todos los países y a los que España se va a tener que adaptar si quiere evitar otra catástrofe adicional en materia de empleo. Estos cambios son: la demografía, la globalización, el cambio tecnológico, y el estancamiento secular. La segunda parte ofrece un relato de los desarrollos históricos e institucionales que han llevado al mercado de trabajo español a ser lo que es: una aberración en materia de desempleo y de precariedad laboral. En la tercera y última parte se proponen las reformas que juzgamos necesarias para que España supere las anomalías estructurales de su mercado laboral y para que pueda afrontar con éxito la adaptación a los vertiginosos y trascendentes cambios que ya están ocurriendo en el mundo del trabajo.

El capítulo 1 está dedicado a la demografía. En él se analiza de manera sucinta el devenir histórico que condujo al inicio del cambio demográfico a mediados del siglo XIX y al empinamiento de las pirámides de población en el siglo XX. La demografía ha sido desde los inicios de la humanidad la variable endógena en última instancia, es decir, la resultante histórica de la economía, cambios climáticos y otros factores exógenos. El cambio demográfico ha dado la vuelta a esta situación: la economía y el cambio climático, por ejemplo, son ya consecuencia de la demografía. La población se ha convertido en la gran variable exógena que ha acabado condicionando a todas las demás.

En el capítulo 2 abordamos cuestiones relevantes relacionadas con la globalización, proceso que se ve como una maldición por los trabajadores de los países desarrollados y como una bendición por los trabajadores de los países en vías de desarrollo. La globalización, a largo plazo, propicia mejoras de asignación de los recursos en todos los países, pero tiene grandes consecuencias redistributivas dentro de cada país, que son especialmente negativas para los trabajadores menos cualificados. Los países desarrollados han reaccionado fortaleciendo las redes de protección social, lo que ha contribuido a disminuir la participación en el mercado de trabajo. Muchos desplazados por la deslocalización de la producción han acabado abandonando la población activa.

Dedicamos el capítulo 3 al progreso tecnológico, especialmente al relacionado con la digitalización y la robotización. Del brazo de la globalización, las consecuencias de las nuevas tecnologías sobre el empleo son inmensas. La desaparición de trabajos rutinarios se está acelerando y se acelerará todavía más. El empleo irá perdiendo peso como forma de trabajo. Las ocupaciones que se mantendrán y las que se crearán tendrán, todas ellas, alguna componente de creatividad, lo que supone un reto muy grande para los sistemas educativos de todos los países, que deberán reformarse en profundidad para adaptar a los ciudadanos a las nuevas condiciones laborales.

El capítulo 4, último de la primera parte, es el más exigente para el lector en términos de conocimientos económicos. Aunque su temática es de gran interés para los economistas, recomendamos omitirlo a aquellos lectores que lo encuentren particularmente inaccesible. Esquivarlo no debería comprometer el seguimiento del resto del libro. En este capítulo se trata el actual debate sobre el estancamiento secular, es decir, sobre la persistencia de un entorno de bajo crecimiento potencial, baja inflación y bajos tipos de interés que está afectando globalmente de manera muy negativa a la creación de empleo. Las causas del estancamiento secular podrían tener una fuerte componente demográfica. También discutimos en este capítulo el papel del envejecimiento de la población en la generación de deflación.

La segunda parte de libro, compuesta por los capítulos 5 y 6, ofrece un relato de la génesis de la anomalía laboral española bajo una doble perspectiva. El capítulo 5 relata la evolución de las instituciones del mercado de trabajo español tomando como hilo conductor la historia de la prohibición de despedir desde el franquismo hasta nuestros días. Esta evolución ha cristalizado en un mercado de insiders-outsiders en el que la existencia de elevadísimas tasas de desempleo y de precariedad no son rasgos coyunturales sino estructurales. Esta discusión se enmarca en un modelo informal, pero intuitivo, de una sociedad de insiders-outsiders que puede generar una infrautilización crónica de recursos productivos en un contexto de gran estabilidad política. Estos son, precisamente, algunos rasgos estilizados de la sociedad española. También se discuten en este capítulo los diversos intentos de reforma que han intentado cambiar este estado de cosas.

El capítulo 6 relata la génesis de la anomalía laboral española desde la perspectiva del capital humano y de la evolución del sistema educativo desde el franquismo hasta nuestros días. España tiene un sistema educativo disfuncional, que se ha convertido en una máquina de generar parados. Esto se debe a la escasa consideración y estima que muestra por la formación profesional. España tiene el doble de estudiantes en la universidad que en formación profesional. Esto conforma una distribución bipolar de las cualificaciones laborales: hay demasiada población infracualificada y, también, demasiada población sobrecualificada. En uno y otro extremo es muy difícil encontrar empleo. Un millón y medio de ninis de entre 16 y 29 años corroboran esta apreciación.

Los dos capítulos de la tercera parte del libro discurren en paralelo a los dos de la segunda parte, proponiendo reformas para las instituciones del mercado de trabajo y para el sistema educativo. En el capítulo 7 se propone reducir el excesivo activismo judicial, que tiene efectos muy negativos sobre la demanda de trabajo, extendiendo la mediación que ya existe para los despidos colectivos a los individuales, entre otras medidas. Se propone también que los convenios colectivos queden liberados de la servidumbre de la cláusula erga omnes para lo cual deberían pasar a ser extraestatutarios. También se propone racionalizar las modalidades de contratación y unificar la indemnización por despido entre todas ellas. Respecto a la indemnización por despido se propone que tenga un carácter finalista y que se destine a financiar la formación y la búsqueda de nuevo empleo. Las políticas activas de empleo deberían reorientarse, para lo que se propone una batería de medidas para aumentar su eficacia.

Finalmente, en el capítulo 8 se proponen reformas para aumentar la competencia y la meritocracia en el sistema educativo. En primer lugar se reclama un cambio en la gestión de los centros públicos que refuerce la autonomía, la rendición de cuentas, la transparencia, la responsabilidad y la competencia. Se reclama también el papel importantísimo que deberían tener los centros de excelencia públicos. Se insiste en la necesidad de educar para la creatividad, conforme a lo expuesto en el capítulo 3. Para que ello sea posible es necesario formar al profesorado y cambiar los métodos de enseñanza empezando por la preescolar. Se reclama también mayor permeabilidad entre la formación profesional y la enseñanza generalista a todos los niveles y que los currículos profesionales se elaboren en estrecha colaboración con las empresas. El modelo de formación dual debería ser adoptado para superar la bipolaridad de la distribución de competencias profesionales.

Primera parte

Las tendencias globales de la ocupación

1

La demografía

El cambio demográfico es el telón de fondo contra el que actúan los principales condicionantes del mercado de trabajo. La demografía es causa directa o indirecta de fenómenos aparentemente tan dispares como la caída de las tasas de actividad y de empleo en las sociedades desarrolladas, como las dificultades de financiación que experimentan los sistemas de pensiones —no solo los sistemas de reparto sino también, como veremos, los de capitalización— y como la aparición de presiones deflacionistas globales que erosionan la eficacia con que los bancos centrales pueden actuar sobre el crecimiento económico y el empleo. Por poner solo tres ejemplos relevantes. En el presente siglo se producirá una situación demográfica inédita en la historia de la Humanidad: la población se reducirá —ya está ocurriendo en algunos países, España entre ellos— y la esperanza de vida continuará creciendo. Esto causará cambios muy importantes en la sociedad, la economía y el mercado de trabajo.

Las consideraciones demográficas son muy importantes en este libro. Por ello —y para facilitar la comprensión de los capítulos siguientes— conviene tener una idea cabal sobre la naturaleza y las consecuencias del cambio demográfico que la Humanidad ha experimentado en el último siglo y medio. A exponer esta idea dedicamos este primer capítulo. En primer lugar haremos una brevísima caracterización de la evolución de la demografía desde la Revolución neolítica hasta la Revolución industrial. Acto seguido analizaremos los factores que impedían un aumento de la esperanza de vida en una sociedad que ya conocía aumentos sostenidos de la población. A continuación caracterizaremos la transición demográfica como el resultado de la interacción de tres factores: 1) La mencionada Revolución industrial, que permitió superar los límites maltusianos al incremento de la población mediante el incremento de la productividad; 2) Las políticas de higiene pública, que permitieron desplazar la principal causa de mortalidad de las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónicas y, así, reducir espectacularmente la mortalidad; y 3) Un cambio cultural que ajustó a la baja la tasa de natalidad para adaptarse a la drástica reducción de la mortalidad infantil —la gradualidad de dicho ajuste explica la explosión demográfica del siglo XX. Por último argumentaremos que la deflación es un resultado del cambio demográfico, que se manifiesta en tasas muy bajas o negativas de inflación, en tipos de interés cercanos a cero y, en los países más envejecidos en los que la población ya ha comenzado a disminuir, en superávit crónicos de balanza por cuenta corriente. El remedio a la deflación, argumentaremos, tiene que venir más a través del sistema tributario que de la política monetaria.

1.1. Del Neolítico a la Revolución industrial

Nadie sabe muy bien por qué, hará unos diez milenios, los humanos que habían llevado una vida nómada como cazadores y recolectores durante cientos de miles de años decidieron hacerse sedentarios, agricultores y ganaderos. Hay quien opina, como Francisco Comín,¹ que la mejora de las condiciones climáticas al terminar la última glaciación permitió afrontar la presión demográfica mediante la dedicación a la agricultura, cuyas técnicas básicas se conocían desde hacía mucho tiempo. Otros, como Ian Morris,² señalan que debió haber razones de mucho peso para cambiar a una nueva sociedad sedentaria que implicaba un gran descenso de calidad de vida porque obligaba a pechar con el trabajo, la desigualdad social y la guerra que fueron, probablemente, las tres novedades más desagradables que ha tenido que afrontar la Humanidad en toda su historia.³ Por si esto fuera poco, el cambio a una sociedad sedentaria de agricultores y ganaderos conllevó la aparición de hambrunas y un empobrecimiento de la dieta del que aún nos estamos resintiendo los humanos el siglo XXI porque seguimos estando genéticamente diseñados para el nomadismo cazador y recolector.⁴

No se conoce a ciencia cierta cuáles fueron las razones de la adopción de la vida sedentaria. Quizás el declive de los animales grandes en favor de los pequeños, más difíciles de cazar, unido al agotamiento paulatino de los vegetales recolectables. Probablemente fueron razones diferentes en zonas geográficas diferentes y en tiempos diferentes. Como argumenta Morris, hay evidencia arqueológica de prácticas agrícolas sobre el 9000 a. C. en Mesopotamia y en la cuenca del Jordán. A Italia y al Levante español la agricultura llegó sobre el 6000 a.C. y a la Europa atlántica sobre el 4000 a.C. La agricultura y la ganadería propiciaron un notable aumento de los alimentos disponibles. Según las estimaciones de Morris el consumo energético en Europa era de 8 kilocalorías por persona y día en 8000 a. C. y se había quintuplicado, hasta las 31 kilocalorías en la época del emperador Augusto. A partir de esa fecha la restricción maltusiana se estanca, el consumo de calorías por persona se reduce y no supera al que se consiguió en el Imperio romano hasta entrado el siglo XVIII. A principios del siglo XX se consumían en Occidente 92 kilocalorías por persona y día, cantidad que se elevó hasta las 203 kilocalorías a principios del siglo XXI. Consumimos hoy en día treinta veces más calorías que nuestros ancestros del Neolítico.

Según Angus Deaton,⁵ el aumento de la disponibilidad de alimentos que se produjo a partir de la sedentarización de la humanidad propició un incremento de la población, pero no un aumento de la esperanza de vida. Aumentó la tasa de fertilidad de las mujeres al hacerse sedentarias, pero aumentó también la mortalidad infantil por el crecimiento de las enfermedades infecciosas como resultado de la aglomeración de población⁶ en lugares estables en los que no se tomaban las precauciones higiénicas a las que estamos acostumbrados en la actualidad. La población aumentaba a la que se cultivaba nueva tierra y a la que había buenas cosechas, pero disminuía en las hambrunas y en tiempos de epidemia. De este modo se estableció un equilibrio maltusiano que, en sus características básicas, se mantuvo inalterado miles de años y que no empezó a cambiar hasta mediados del siglo XVIII con la Revolución industrial. Desde la Revolución neolítica hasta hace dos siglos y medio la Humanidad fue esclava de la enfermedad y de los principios de Malthus. La demografía, a los efectos de este libro, puede considerarse completamente plana. Irónicamente, cuando Malthus publicó en 1798 su célebre Ensayo sobre el principio de la población la transición demográfica que llevó a la superación del equilibrio maltusiano había ya comenzado. Terminaba una era que había durado miles de años y comenzaba una nueva dinámica de la población.

1.2. De la Revolución industrial a nuestros días⁷

Aunque las estimaciones de Morris muestran un aumento del consumo de calorías per cápita desde 1700 en adelante (un 23 % acumulado en el siglo XVIII), la esperanza de vida de la población europea no empezó a subir de manera tendencial hasta la segunda mitad del siglo XIX. Eso hace sospechar que no era el límite alimentario la principal causa del estancamiento de la mortalidad. Fuentes alternativas, como el estudio de Bernard Harris,⁸ citado y utilizado por Deaton, muestran estimaciones discrepantes del crecimiento de los salarios reales en Inglaterra desde el comienzo de la Revolución industrial hasta mediados del siglo XIX.

En el gráfico 1.1 la estimación de Feinstein, la más reciente, muestra un crecimiento del 10 % de los salarios reales en Inglaterra entre 1770 y 1800, mientras que la de Phelps, Brown y Hopkins muestra una caída de casi el 30 %. Aunque miden conceptos de renta diferentes, hay demasiada discrepancia entre ellas. ¿Con cuál quedarnos? De la respuesta que demos a este dilema depende la importancia que se le tenga que dar al principio alimentario maltusiano respecto a explicaciones alternativas como causa del estancamiento de la esperanza de vida.

La respuesta dada por Harris es un prodigio de ingenio. El gráfico 1.2 muestra estimaciones de la esperanza de vida al nacer del conjunto de la población inglesa (línea continua) y de las familias ducales (puntos) entre 1550 y 1850. Puede observarse que la línea continua no tiene una tendencia clara en los tres siglos considerados en el gráfico. La de las familias ducales va incluso por debajo de la línea continua de la población general durante los dos primeros siglos, pero a partir de 1750 inicia una clara tendencia ascendente y se despega con claridad de la otra: en 1850 la esperanza de vida de un duque era 20 años superior a la del conjunto de la población. ¿Qué explicación tiene este gráfico?

Gráfico 1.1. Salarios reales en Inglaterra 1770-72 a 1850-52

Fuente: E. A. Wrigley and R. S. Schofield, The Population History of England 1541-1871: a Reconstruction (Cambridge, 1981), pp. 642-4; C.H. Feinstein, «Pessimism Perpetuated: Real Wages and the Standard of Living in Britain During and After the Industrial Revolution», Journal of Economic History, 58 (1998), 625-58, p. 468 (ingresos reales ajustados por desempleo en Gran Bretaña).

Gráfico 1.2. Esperanza de vida general y ducal, Inglaterra 1550-1875

Fuente: Hollingsworth, «The Demography of the British Peerage», Population Studies, 18 (Supplement, 1966), pp. 56-7; E. A. Wrigley, R. Davies, J. Oeppen y R. Schofield, English Population History from Family Reconstitution 1580-1837, p. 614, Cambridge, 1997.

En primer lugar, el gráfico parece descartar que el estancamiento de la esperanza de vida de la población general se deba a la malnutrición. Los aristócratas se alimentaban muy bien, quizás demasiado bien, incluso, para su salud. Y la buena alimentación no mejoraba su esperanza de vida. De hecho, los excesos alimentarios pueden explicar por qué la esperanza de vida de la aristocracia fue algo inferior a la de la población general hasta 1750. La falta de tendencias hasta esa fecha se tiene que deber a las enfermedades contagiosas y epidemias, cuya incidencia en la aristocracia no estaba mitigada por una buena alimentación. Era la enfermedad, no la nutrición, lo que mantenía estancada la esperanza de vida.

A partir del siglo XVI la población experimentó crecimientos muy importantes: entre 1550 y 1750 la población de Gran Bretaña e Irlanda pasó de 4,2 millones de personas a 6,5 millones, un crecimiento del 55 % acumulado. Este crecimiento, dado el estancamiento de la esperanza de vida, tiene que haberse logrado por un incremento de la tasa de fertilidad, lo que constituye otro síntoma de la gradual relajación de la restricción maltusiana a partir del siglo XVI. La historia de la demografía hasta mediados del siglo XIX se caracteriza por una población creciente y una esperanza de vida más o menos estable. Esto contrasta con el escenario más probable para el siglo XXI que es el de una esperanza de vida creciente y una población decreciente. Es un cambio que, como veremos, acarrea inmensas consecuencias.

Volviendo al gráfico 1.2: ¿qué ocurrió para que las familias ducales comenzasen a incrementar su esperanza de vida de forma sostenida a partir de mediados del siglo XVIII mientras que la el conjunto de la población permanecía estancada? La respuesta, como señala Deaton, está en el entorno propicio que introdujo la Ilustración para poner en duda dogmas establecidos y para fomentar el conocimiento y la innovación. Se introdujeron remedios exóticos contra la malaria (quinina), sífilis (guayaco) y otras enfermedades, y comenzó a extenderse el uso de la virolación, prevacuna rudimentaria contra la viruela, que redujo la mortalidad por esta enfermedad de manera significativa. Todos estos remedios eran muy caros, lo que restringía su aplicación a las clases pudientes que, por conocimiento o por moda, empezaron a usarlos. La tasa de mortalidad de la aristocracia empezó a bajar. También comenzaron a aplicarse principios básicos de higiene, tanto privados como públicos —por ejemplo lavarse las manos antes y después de practicar determinadas operaciones, como asistir a los partos—. Todo ello, ya entrado el siglo XIX, comenzó a resultar en una caída de la tasa de mortalidad para el conjunto de la población, a la que el coste de los remedios se abarató y, sobre todo, se extendió la cultura de la higiene.

Sigamos con el argumento de Deaton. La esperanza de vida al nacer del conjunto de la población, en Inglaterra y Gales, subió de 40 años en 1850 a 45 años en 1900. En el medio siglo siguiente, hasta 1950, subió hasta los 70 años. En otros países occidentales la esperanza de vida tuvo incrementos similares. ¿Cuál fue la causa de esta radical caída de la mortalidad? La primera razón hay que buscarla en la caída de la mortalidad infantil. Y esta caída se debió, principalmente, no tanto al descubrimiento de nuevos medicamentos como «al control de la enfermedad mediante medidas de salud pública» que comenzó con la recogida de basuras, mejoras del suministro de agua y otras medidas higiénicas. La teoría de los gérmenes vino a ratificar estas prácticas y a impulsar muchas otras adicionales ya entrado el siglo XX. La caída de la mortalidad, según Deaton, tiene sus orígenes no tanto en los avances contemporáneos de la medicina como en la voluntad política de generalizar al conjunto de la población las medidas higiénicas que ya habían comenzado a extenderse entre las clases acomodadas.

A estas medidas de higiene se fueron añadiendo avances de la medicina en el control de las enfermedades infecciosas, como el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928, que contribuyeron a un aumento continuado de la esperanza de vida que se prolongó durante todo el siglo XX y continúa en el siglo XXI. La mayor causa de mortalidad del género humano ya no son las enfermedades infecciosas —como el tifus, el cólera o la tuberculosis— que se cebaban particularmente en los niños, sino las enfermedades crónicas —como el cáncer, el parkinson, las coronarias o el NASH— que son enfermedades de los mayores y los más ancianos.

Los progresos en el tratamiento y control de las enfermedades crónicas continúan aumentando rápidamente la esperanza de vida: en España, por ejemplo, la esperanza de vida del conjunto de la población está aumentando en la actualidad un año cada cinco años transcurridos. Es un ritmo vertiginoso, aunque inferior al que se experimentó en la primera mitad del siglo XX. Entonces aumentó la esperanza de vida de los niños y ahora está aumentando la de los ancianos. No parece, dados los avances actuales de la medicina, que ese incremento de la esperanza de vida vaya a detenerse.⁹ Tampoco está claro cuáles son sus límites, si es que los hay. Susan Hockfield, neurocientífica y decimosexta presidenta del Massachusetts Institute of Technology (MIT) declaró en 2007 que «así como el siglo XX se caracterizó por la convergencia de la ingeniería con la física, el siglo XXI se caracterizará por la convergencia de la ingeniería con las ciencias de la vida».¹⁰ Es probable que los cambios que se avecinan, como de costumbre, sorprendan al alza en lo que a la esperanza de vida se refiere.

1.3. ¿Demografía endógena o exógena?: la transición demográfica

En 1989, Leandro Prados de la Escosura y César Molinas publicaron un artículo¹¹ de cliometría (histórica económica cuantitativa) en el que construían mediante técnicas econométricas un patrón de desarrollo «europeo» en el que variables representativas del grado de desarrollo económico, como las tasas de inversión, escolarización, gasto público y estructura sectorial de la producción, entre otras, se estimaban como variables dependientes de la renta per cápita y de la población, que se tomaban como exógenas. Se trataba de construir una norma cuantitativa «europea» en forma matricial que permitiera, por diferencias, estimar cuánto se acercaban España y otros países, particularmente Italia, al patrón de desarrollo europeo. Una conclusión relevante del artículo fue que, a igualdad de renta per cápita y población, Italia era mucho más «europea» que España porque estaba más próxima al estándar estimado, corroborando la intuición de que España sí fue «diferente» en los siglos XIX y XX.

El artículo fue polémico desde que empezó a circular como borrador. Una de las críticas más extendidas entre los historiadores fue que no se debía tomar la población como exógena puesto que es la gran resultante endógena de todas las demás variables socioeconómicas y ambientales. En efecto, así ha sido durante más de un millón de años, aunque el enfoque de Prados y Molinas para construir la norma europea, al incluir también la renta per cápita como variable explicativa, corregía por esa posible endogeneidad. En cualquier caso, el objetivo de este epígrafe es discutir hasta qué punto la población se ha transformado en exógena en las últimas décadas, es decir, hasta qué punto las características demográficas se han exogeneizado y están actuando como determinantes en última instancia de la economía y de rasgos básicos de la sociedad. Para ello hay que hablar de las consecuencias de la llamada «transición demográfica».

En los dos epígrafes anteriores hemos trazado una brevísima historia del cambio demográfico experimentado por la humanidad a lo largo de su existencia. Puede resumirse diciendo que, a los efectos de este libro, no pasó nada relevante hasta hace un siglo y medio, aproximadamente. Cierto que la población creció entre 1550 y 1850 como consecuencia de una gradual y lenta relajación de la restricción maltusiana, pero la mortalidad y la esperanza de vida se mantuvieron aproximadamente constantes hasta mediados del siglo XIX y la población se seguía comportando como la «gran resultante endógena» del devenir histórico. El cambio demográfico experimentado desde entonces puede achacarse a la concurrencia de tres causas que aparecieron de manera secuencial.

En primer lugar, la Revolución industrial propició un aumento de la productividad en Occidente que se tradujo en un incremento de salarios y en una paulatina mejora de las condiciones de vida de la población. La pérdida de relevancia de la restricción maltusiana se aceleró. El Londres de Dickens fue cediendo paso paulatinamente a los primeros pasos del Estado de bienestar en el último tercio del siglo XIX, primero en Alemania y a continuación en otros países europeos.

En segundo lugar, las políticas de higiene pública, principalmente el reciclaje de residuos y de separación de las aguas fecales del suministro de agua potable mejoraron enormemente las condiciones sanitarias de los núcleos urbanos. La teoría de los gérmenes como origen de epidemias y enfermedades impulsada por Robert Koch y Louis Pasteur a finales del siglo XIX se acabó imponiendo frente a teorías alternativas como, por ejemplo, la del miasma. Ello contribuyó a mejorar y a popularizar el conocimiento de las enfermedades infecciosas y a dar un nuevo impulso a las políticas públicas de higiene: entre 1875 y 1880 se aprobaron leyes de salud pública en los principales países europeos. Como resultado de estas políticas y de posteriores avances de la medicina, la mortalidad que, en tendencia, se había mantenido estable durante muchos siglos, empezó a caer de manera drástica y se aceleró la sustitución de las enfermedades infecciosas como principal causa de la mortalidad por las enfermedades crónicas.

En España no se aprobó una ley eficaz de salud pública hasta el Estatuto Municipal de 1924, lo que contribuye a explicar que la tasa de mortalidad española tardase en declinar y permaneciese más alta que en Europa durante bastante tiempo y que la población creciese solo un 24 % en la segunda mitad del siglo XIX frente al 51 % de Inglaterra o el 42 % de Italia. También en esto España fue «diferente».¹² En 1900 solo el 57 % de los españoles nacidos vivos llegaba a cumplir los veinte años. En 1930 este porcentaje era el 76 % y en 1959 era el 95 %.¹³ Hasta la explosión de la natalidad conocida como el baby boom tuvo lugar en España con una década de retraso respecto a los principales países europeos y a Estados Unidos.

En tercer lugar, tras la caída de la mortalidad de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, se produjo una fuerte caída de la natalidad. Históricamente, la caída de la mortalidad precedió en décadas a la caída de la natalidad, lo que resultó en un importante incremento de la población que fue acentuado por explosiones temporales de natalidad como el baby boom de mediados del siglo XX.¹⁴ En España la natalidad comenzó a decrecer ya a principios del siglo XX, también más tarde que en otros países europeos, probablemente como ajuste consciente o reflejo a la caída de la mortalidad infantil que comenzaba a observarse. La tasa bruta de natalidad, que fue el 32,6 ‰ en 1910, cayó al 20‰ en 1950. Creció hasta el 22‰ en los años del baby boom para caer aceleradamente hasta el 15 ‰ en 1980 y el 10‰ en 1990, tasa en la que ha permanecido más o menos estable hasta la actualidad. En los últimos años se aprecia una nueva desaceleración, hasta el 9,1‰ en 2013, no se sabe aún si permanente o transitoria, que podría estar relacionada con la incertidumbre económica y laboral. Si esta hipótesis fuera cierta, es probable que la última caída observada de la natalidad sea permanente e, incluso, que sea el comienzo de una nueva tendencia descendente porque, como argumentaremos en este libro, es improbable que la incertidumbre laboral se recupere aunque la economía lo acabe haciendo.

La caída de la natalidad como ajuste a la caída de la mortalidad infantil —lo relevante no sería cuántos niños nacen sino cuántos sobreviven hasta la edad adulta— parece una hipótesis razonable. A ello habría que añadir el cambio estructural que supuso la aparición y la extensión de la aceptación social de los anticonceptivos desde mediados del siglo XX. Esto debería haber reforzado e intensificado el mero efecto de ajuste de la natalidad a la caída de la mortalidad. La humanidad parece haber entrado en una fase en la que es capaz de controlar de manera creciente las variables básicas de la demografía —natalidad, población y, también de manera creciente, la mortalidad, aunque esto último requiera más conocimiento, más ciencia y más esfuerzo. Los economistas saben desde Gary Becker —premio Nobel de economía en 1992— que las decisiones sobre el número óptimo de hijos las tomaban las familias en las sociedades preindustriales como decisiones de inversión. Los hijos ayudaban a trabajar la tierra y cuidaban de los padres ancianos. En las sociedades industriales estas decisiones pasaron a ser decisiones de consumo porque tener hijos, en lo material, solo conlleva costes —alimentación, educación, etc.— sin que haya expectativa de contrapartida clara. En las sociedades postindustriales, añadimos los autores de este libro, cabe preguntarse, admitiendo que los hijos sean bienes de consumo, por el tipo de consumo del que se está hablando. ¿Son los hijos bienes inferiores con elasticidad-renta inferior a la unidad? ¿Son bienes de elasticidad-renta unitaria? ¿O son bienes de lujo, con elasticidad-renta superior a la unidad? En otras palabras ¿aumenta la demanda de hijos con la renta? Uno de los autores de este libro, César, tuvo una discusión sobre este tema con el economista Rudi Dornbusch a finales de los años 90 del siglo pasado. Rudi estaba de acuerdo en que los hijos son un bien de lujo, pero era escéptico en que eso hiciera aumentar el número de niños: pensaba que lo más probable es que aumentase la calidad, no la cantidad, es decir, que los padres invertirían sumas crecientes en la educación de su prole sin aumentar el tamaño de esta. Pocos niños, pero que a los diez años hablarán varios idiomas, serán consumados violinistas y resolverán integrales elípticas. Conforme a los datos, esto es lo que parece estar ocurriendo: la tasa de natalidad en Estados Unidos es decreciente con el nivel de renta, al revés de lo que ocurre con el gasto en educación.

La interacción entre los tres factores mencionados en este epígrafe —incremento de la productividad y de las rentas; reducción de la mortalidad; y reducción de la natalidad— se acostumbra a representar en diagramas como el del gráfico 1.3 que esquematizan la transición demográfica. Actualmente se distinguen en ella hasta cinco fases. La primera fase representa la situación de equilibrio maltusiano desde los orígenes de la humanidad hasta el siglo XIX. Hacia el final de ese período la tasa de mortalidad había comenzado a descender ligeramente y la población comenzaba a crecer de manera sostenida, pero lentamente. En la segunda fase la tasa de mortalidad desciende de manera brusca y acelerada, mientras que la tasa de natalidad apenas reacciona porque se requiere más tiempo para que la sociedad interiorice las consecuencias del descenso de la mortalidad. La divergencia entre las líneas TM y TN resulta en un rápido crecimiento de la población (línea CP, que no está en tasas sino en niveles y no se mide contra el eje vertical). Este vigoroso crecimiento produce, temporalmente, una sociedad rejuvenecida en la que los jóvenes constituyen la gran mayoría de las personas vivas. Además, el incremento de la demanda causado por la mayor población acompaña al crecimiento sostenido de la productividad y comienza una era de fuerte crecimiento económico. En la tercera fase la sociedad ha llegado a convencerse de que la caída de la mortalidad infantil es un fenómeno irreversible y la tasa de natalidad empieza a descender con fuerza aproximándose a la tasa de mortalidad. Durante el período de ajuste, la población sigue creciendo intensamente, la sociedad se continúa rejuveneciendo, se prolonga la bonanza económica y cunde la percepción, falsa, de que la humanidad ha entrado en una nueva era en la que la población tiende a crecer sin límite. En la cuarta fase la tasa de natalidad se estabiliza a niveles próximos a la tasa de mortalidad y el crecimiento de la población se desacelera hasta aproximarse a cero. Como resultado del crecimiento de la esperanza de vida, la sociedad empieza a envejecer y se va atenuando, hasta desaparecer, el efecto positivo de una demografía joven y dinámica sobre el crecimiento económico. En la quinta fase pueden combinarse algunos incrementos de la tasa de mortalidad, debidos a una población cada vez más envejecida, con disminuciones en la tasa de natalidad debidas a razones culturales, al incremento de la incertidumbre económica —del que trataremos en diversas ocasiones en este libro— y a la progresiva reducción de la población en edad fértil. En esta quinta fase, en la que ya estarían países como Japón o Alemania, la población empieza a decrecer.

Gráfico 1.3. La transición demográfica

Notas: Los cinco estadios en que se divide la transición demográfica. TN=Tasa de natalidad; TM=Tasa de mortalidad; CP=Población (esta variable no se mide con las unidades del eje vertical de este gráfico; y no debe leerse como crecimiento de la población).

Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Transici %C3 %B3n_demogr %C3 %A1fica#

El esquema de la transición demográfica recoge hechos estilizados de la evolución histórica de los diversos parámetros de la población para dar una idea de lo esencial del cambio demográfico que ha experimentado la humanidad y de los escenarios más probables para su evolución futura. No recoge, deliberadamente, hechos con repercusiones demográficas importantes como guerras —las dos guerras mundiales del siglo XX, por ejemplo—, grandes crisis económicas o financieras —como la Gran Depresión del siglo XX o la Gran Crisis del siglo XXI— y otros con repercusión más inmediata y directa sobre la demografía, como los flujos migratorios o el baby boom de mediados del siglo XX. La hipótesis simplificadora, justificada a los efectos de este libro, es que todos estos fenómenos tienen repercusiones de segundo orden sobre las tendencias demográficas a largo plazo, efectos que se pueden ignorar en una primera aproximación.

Lo que no se puede ignorar es la respuesta que se dé a la pregunta con la que hemos abierto este epígrafe. ¿Ha cambiado el carácter exclusivamente endógeno de la población humana?¿Hasta qué punto ha dejado de estar determinada por completo por la evolución de una naturaleza y unas condiciones socioeconómicas exógenas? Nuestra respuesta a estas preguntas sigue la pauta del diagrama de la transición demográfica. En la fase 1 la población es totalmente endógena en el sentido tradicional: resulta del devenir histórico de un medio natural y de unas variables socioeconómicas sobre las que la humanidad no tiene capacidad de intervenir. En la fase 2 la humanidad comienza a ser capaz de ejercer un cierto control sobre la tasa de mortalidad, control que surge de un mejor conocimiento sobre la importancia de la higiene y de una mayor capacidad organizativa de la sociedad para llevar a término políticas de higiene pública. La esperanza de vida y la población crecen como consecuencia de decisiones humanas exógenas al medio natural. En la fase 3 se añaden el control de la natalidad y una mayor aceptación social de un abanico de prácticas anticonceptivas. Como resultado, el crecimiento de la población se desacelera. También esta desaceleración responde a decisiones humanas basadas en un mayor conocimiento y en una mayor libertad. En la fase 4, en la que se encuentra un número creciente de países, la población tiende a estabilizarse, aunque esta tendencia pueda quedar enmascarada por los flujos migratorios, pero estos contribuyen a disminuir la natalidad y la población en los países de origen. La pirámide de población se va transformando en una torre de paredes verticales a medida que la esperanza de vida crece y la natalidad disminuye. En el gráfico 1.4 se muestran las pirámides de población españolas para los años 1900, 1950 y un conjunto de proyecciones hasta 2049. Las transiciones ilustran claramente el proceso de transformación de la pirámide en una torre. Una imagen vale más que mil palabras.

Gráfico 1.4. Pirámides de población de España (Dcha:1990, Izda:1950)

Fuente: INE. Censo de 1990 y 1950

Gráfico 1.5. Pirámides de población. Proyecciones

Fuente: INE. Censo de 1990 y 1950

La especie humana ha tomado control de su demografía y la hace evolucionar como resultante de un número creciente de millones de decisiones libres e informadas. Esto podría llevar en la fase 5, en la que ya se encuentran algunos países desarrollados, a decrecimientos de la población. Es lo que hay. Malthus parece quedar cada vez más lejos.

La toma de control de su demografía hace a la humanidad más libre y más dueña de su propio destino. Ejercer esa libertad, como ejercer cualquier otra, requiere más responsabilidad. Pongamos un ejemplo. En 1945 la humanidad adquirió, por primera vez en la historia, la capacidad de suicidio colectivo. Jean Paul Sartre descubrió que esa nueva capacidad nos hace definitivamente libres porque antes no podíamos suicidarnos todos juntos. Si seguimos vivos es porque vivir nos parece una buena idea. El día que deje de parecernos una buena idea, podemos darle al gatillo nuclear y provocar el final del trayecto. Y del planeta. El ejercicio de esta libertad colectiva suprema ha estado presidido por una gran responsabilidad y ha contribuido a mejorar la vida de la especie humana. El arma nuclear ha tenido un efecto disuasorio que ha propiciado desde mediados del siglo XX una acusada disminución de la violencia.¹⁵ El control de la demografía también conlleva riesgos importantes, como veremos en el capítulo siguiente. Hasta hace muy poco tiempo la población era la consecuencia de lo que ocurría en otras variables, como el clima o la economía. Ahora los términos están invirtiéndose y son otras variables, como el clima y la economía, las que son consecuencia de lo que ocurre con la población. La libertad demográfica hay que ejercerla con responsabilidad, intentando comprender bien su dinámica y las consecuencias que se derivan de tomar unas u otras opciones. En el capítulo siguiente discutimos el ejemplo más trascendente del envejecimiento y la reducción de la población sobre los parámetros más profundos que definen a una sociedad. Cuidado.

2

La globalización

En su célebre discurso del 25 de enero de 1904 ante la Royal Geographical Society,¹ Harold MacKinder se preguntó por cómo caracterizarían el comienzo del siglo XX los historiadores de los siglos venideros. Su respuesta fue que lo verían como el fin de la era colombina, período que había durado cuatro siglos en los que el mapa del mundo se expandió sin cesar. Durante este período tuvo lugar la exploración geográfica del planeta. MacKinder señala que los exploradores fueron seguidos muy de cerca por misioneros, conquistadores, granjeros, mineros e ingenieros en una sucesión tan rápida que, a la que el mundo se iba descubriendo, se producía casi inmediatamente su apropiación política. A principios del siglo XX el mundo se había transformado en un sistema político cerrado, en cuya geografía no quedaba nada por descubrir, y en el que las explosiones de fuerzas sociales no podían disiparse hacia un entorno de tierra desconocida y de barbarie. Lo que en la era colombina era comparable a la explosión de una granada en campo abierto, en nuestra era actual postcolombina equivale a la explosión de una granada en un recinto cerrado. Tan solo diez años más tarde, la primera guerra mundial venía a confirmar la visión de MacKinder.

De MacKinder nos quedamos con la idea de que un sistema global es un sistema cerrado, en el que nada de lo que ocurra en un rincón del globo acaba siendo completamente ajeno a quien viva en cualquier otro rincón, por distante y remoto que sea. La máxima moral de Terencio «Hombre soy y nada humano me es ajeno» adquiere dos mil años más tarde, en los comienzos del siglo XX, un nuevo sentido geopolítico al que nadie puede escapar. Los conflictos que MacKinder tenía en mente en 1904 eran guerras, sucesos que son resultado de decisiones humanas. En 1986 el sociólogo y filósofo alemán Ulrich Beck² publicó su libro La sociedad del riesgo³ en el que advertía que, como resultado de la globalización, no solo las consecuencias de decisiones humanas tienen repercusiones globales sino que también explotan en recintos cerrados una gran cantidad de errores humanos y de accidentes. El accidente de la central nuclear de Chernóbil se produjo en abril de 1986, cuando el libro de Beck estaba ya en la imprenta, y al alemán solo le dio tiempo de añadir un prefacio de cuatro páginas a modo de «ya lo decía yo». En aquel momento, cuando una nube radioactiva avanzaba hacia los países nórdicos, Polonia y Alemania, quedó claro que la sociedad globalizada no solo reparte riqueza sino que también reparte, de manera imprevisible, los riesgos que entraña generarla. El maremoto de Fukushima, en marzo de 2011, afectó a una industria de electrónica de alta precisión, cercana a la central nuclear, que tuvo que parar. Como consecuencia, tuvieron que parar también cadenas de montaje de maquinaria y de automóviles en todo el mundo porque dependían de manera crítica de los componentes fabricados en Fukushima. La producción industrial a nivel mundial cayó de manera significativa y se perdieron salarios y empleos. «He perdido mi empleo en Sao Paulo porque ha habido un maremoto en Fukushima» es una frase, imaginaria, que podría resumir bien el reparto de riesgos en la sociedad globalizada, reparto que es muy diferente del que se hace de la riqueza. Hay una asimetría básica en los repartos de riqueza y riesgo que se agrava a medida que la globalización se profundiza.

En la sociedad globalizada actual, como señala Beck, la percepción de un riesgo difuso y generalizado es muy intensa. Es una sociedad que vive un ritmo acelerado de transformación en el que se derrumban valores que se tardó décadas, o siglos, en construir sin que quede claro qué valores y qué organización social los va a reemplazar. Estamos inmersos en un proceso de cambio tecnológico acelerado, como veremos en el capítulo 3, que contribuye, y mucho, a esa sensación de riesgo difuso y omnipresente. La diferencia con otros episodios históricos está no tanto en la naturaleza como en la velocidad con la que se está produciendo el cambio. Hemos llegado a una sociedad que «vive en subjuntivo», según Beck, o en condicional, añadimos nosotros: «si cobrara la pensión para la que llevo cotizando toda la vida...», «cuando mi hija encuentre trabajo...». Esta sensación de riesgo difuso, de estar expuesto a peligros y a cambios cuya existencia concreta se desconoce puede poner las sociedades a la defensiva, volverlas todavía más conservadoras y agravar los efectos deflacionarios del envejecimiento demográfico expuestos en el capítulo anterior.

En este capítulo vamos a discutir tres aspectos de la globalización que tienen especial relevancia para el mercado de trabajo. En primer lugar discutiremos los efectos redistributivos que tiene la globalización de la producción y del comercio tanto a nivel internacional como dentro de cada país. A continuación nos referiremos a la relación histórica que ha habido entre la globalización y el crecimiento del estado de bienestar. Por último abordaremos la cuestión de la incompatibilidad triangular de la globalización con la soberanía de los Estados y con la democracia.

2.1. Los efectos redistributivos de la globalización económica

La globalización económica tiene muchas dimensiones de las que, a los efectos de este libro, que es un texto sobre el futuro del trabajo y del empleo, nos quedaremos solo con dos: el comercio internacional y la deslocalización de la producción. No hablaremos, por tanto, de temas tan relevantes como la libertad de movimientos de capital o las transferencias de conocimiento y tecnología, entre otros.

En el mundo diseñado por los acuerdos de Bretton Woods (1944) se revertía la etapa de proteccionismo del período 1914-1945 y se buscaba un nuevo orden económico internacional fundamentado en principios librecambistas y respaldado por un conjunto de instituciones (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y, en una segunda fase, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, por sus siglas en inglés) que debían velar por el correcto funcionamiento y la estabilidad del sistema. El fundamento doctrinal del sistema era el principio de la ventaja comparativa, enunciado por David Ricardo en 1817 y una de las proposiciones más admiradas por los economistas de los dos últimos siglos. Paul Samuelson, uno de los economistas más relevantes de la historia, retado por el matemático Stanislaw Ulam a que mencionara una sola proposición de las ciencias sociales que fuese a la vez verdadera y no trivial, mencionó, tras larga reflexión, la ventaja comparativa: «No hace falta argumentarle a un matemático que es lógicamente verdadera; que es no trivial lo atestan los miles de hombres importantes e inteligentes que nunca han sido capaces de captar la doctrina por sí mismos o de creer en ella una vez les ha sido explicada».⁴

No es objetivo de este libro llevar a término un análisis crítico del principio de la ventaja comparativa. Baste constatar aquí que entre los economistas tiene muy amplio consenso la idea de que el libre comercio mundial genera ganancias de eficiencia en todos los países, impulsa el crecimiento económico y mejora la calidad de vida de todas las naciones. En cualquier caso no parece ser la ventaja comparativa un principio que sea razonable aplicar de manera estricta en cualquier circunstancia histórica, en particular en países en vías de desarrollo. La industrialización de los llamados «dragones» asiáticos, Japón, Corea del Sur y Taiwán, tuvo lugar en un contexto de fuerte protección del mercado doméstico que se mantuvo hasta que se desarrollaron «campeones» nacionales con potencia suficiente para competir internacionalmente. La industria automovilística japonesa, por ejemplo, se expandió de este modo: primero en un mercado doméstico protegido y, a continuación, como uno de los líderes globales. Por el contrario, los países latinoamericanos productores de materias primas que se especializaron en los siglos XIX y XX conforme a su ventaja comparativa, no han logrado ni industrializarse ni vertebrar una sociedad moderna. Mención aparte merecen los países productores de materias primas de tradición anglosajona —Canadá, Australia y Nueva Zelanda— que han conseguido tanto lo uno como lo otro manteniendo siempre un notable grado de apertura al comercio internacional. Es probable que al éxito de estos últimos contribuyan factores culturales e institucionales, como la seguridad jurídica o la alta valoración social del emprendimiento, que no han estado presentes en otras experiencias históricas.

Cuadro 2.1. La ventaja comparativa

La globalización del comercio tiene su fundamento doctrinal en el principio de la ventaja comparativa, según el cual todas las naciones salen ganando si se especializan en producir aquellos bienes en los que son comparativamente más productivos exportándolos, e importan aquellos en los que son comparativamente menos productivos. El comercio internacional, en estos términos, no es un juego de suma cero sino que todos los países salen ganando, incluso aquellos que son menos productivos que los demás en todos los sectores.

Horas de trabajo necesarias para producir una unidad
País | Textil | Vino
Inglaterra | 100 | 120
Portugal | 90 | 80

Fuente: Wikipedia.

En el ejemplo clásico de David Ricardo, dos países, Inglaterra y Portugal, producen textiles y vino. Para producir una unidad de textil Inglaterra necesita 100 horas de trabajo que, alternativamente, producirían solo 0,83 unidades de vino. Es más eficiente para Inglaterra producir más textil e importar el vino. El mismo argumento lleva a Portugal a producir más vino e importar el textil, aunque sería capaz de producirlo más barato que Inglaterra. Ambos países se benefician produciendo aquello en lo que son comparativamente más eficientes y comerciando con el otro. Ambos ganan eficiencia en el proceso.

De estas breves reflexiones debería concluirse que la apertura al libre comercio internacional conforme al principio de la ventaja comparativa no parece ser ni condición necesaria ni suficiente para asegurar el desarrollo económico y social de un país. Lo que, por una parte, no quita méritos a la idea de que el libre comercio promueve el crecimiento económico y mejora la calidad de vida de las naciones pero, por otra parte, añade que a la hora de establecer políticas de desarrollo debe tenerse en consideración una casuística mucho más compleja y que el sentido común apunta a que hay que ir caso por caso antes de aplicar recetas excesivamente generales. Esto es muy relevante para analizar la transición del GATT a la Organización Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en inglés), algo que dejamos para dentro de unas pocas páginas.

Cuando se consideran los efectos redistributivos de la globalización económica hay que distinguir los efectos entre países y los efectos dentro de los países. Empecemos por la deslocalización, es decir, por el traslado de la producción de unos países a otros, sean manufacturas desde España a Guangzhou o a Brnö, o servicios informáticos desde Inglaterra a Bangalore. Una deslocalización supone una transferencia de capital, una transferencia de tecnología —en algún grado— y una transferencia de puestos de trabajo. Las dos primeras, capital y tecnología, no están contempladas en la teoría inicial de la ventaja comparativa, mientras que sí lo está la tercera. Es muy probable que las tres transferencias acaben aumentando la producción, el empleo, el capital productivo y el capital humano en los países receptores, con lo que los efectos netos para estos serían muy positivos. La deslocalización de producción industrial hacia China en las últimas tres décadas, por ejemplo, ha contribuido enormemente a su rápido crecimiento generando un trasvase de personas del campo a la ciudad que ha permitido sacar de la pobreza absoluta a cientos de millones de campesinos. No hubiese sido posible hacerlo sin la deslocalización.

En sentido contrario, la deslocalización suprime empleos y reduce la inversión en los países de origen. Desde el punto de vista del principio de la ventaja comparativa estos efectos negativos sobre el empleo deberían ser de corto plazo y durarían lo que tardasen los trabajadores desplazados en encontrar empleo en alguno de los sectores en los que su país tiene ventaja comparativa. Ocurre, sin embargo, que la cualificación y las habilidades de los trabajadores que se exigen en los sectores que se deslocalizan acostumbran a ser inferiores a los que se exigen en los sectores que crecen por lo que, a los trabajadores desplazados, puede costarles mucho encontrar un nuevo empleo o pueden acabar no encontrándolo nunca. Esto puede ser una explicación a la situación representada en el gráfico 2.1. En él se muestra, en el eje vertical, la evolución del empleo en las once recesiones que se han registrado en Estados Unidos desde el año 1945. La evolución del empleo aparece como la pérdida porcentual respecto al máximo empleo de la expansión anterior. De este modo el empleo en cada recesión traza una curva temporal en forma de U que empieza en el 0,0 % y termina también en el 0,0 % cuando, tras la recesión, se recupera el máximo de la expansión anterior. En el eje horizontal está el número de meses transcurridos desde el pico anterior del empleo.

Las recesiones desde 1948 a 1980 no parecen tener un patrón cronológico determinado: unas son más profundas que otras y en unas el empleo se recupera más rápidamente que en otras pero no lo hacen por orden cronológico. A partir de 1981 sí se observa un patrón cronológico: al empleo le cuesta cada vez más recuperarse: 28 meses en la recesión de 1981, 32 meses en la de 1990, 46 meses en la de 2001 y 76 meses en la de 2007. ¿A qué puede deberse la aparición de esta regularidad?

Gráfico 2.1. Meses en recuperar el máximo empleo previo a la recesión

Fuente: Calculatedriskblog.com

La ralentización de las recuperaciones del empleo coincide con un período de apertura progresiva de Estados Unidos al comercio exterior y a la deslocalización de la producción. En los años 1980 Deng Xiaoping promueve la liberalización de la economía china que, en los años 1990, recibe flujos masivos de manufactura deslocalizada. El GATT se transforma en la WTO en 1995 impulsando una nueva aceleración de la liberalización del comercio internacional. Los empleos que se pierden en las recesiones cíclicas de Estados Unidos no se recuperan en las fases expansivas siguientes porque se han amortizado y deslocalizado. La economía americana, tradicionalmente muy cerrada, se abre muy deprisa y se adapta eficientemente al principio de la ventaja comparativa concentrándose en los sectores ventajosos, deslocalizando el resto e importando sus productos. El empleo tarda cada vez más en recuperarse porque crece en sectores distintos a los que lo perdieron. Hay un cambio progresivo de estructura productiva que tiene grandes efectos redistributivos.

Ya en 1941 Wolfgang Stolper y Paul Samuelson⁵ mostraron que, dentro del paradigma de la ventaja comparativa, los efectos redistributivos del comercio internacional en el interior de los países pueden ser permanentes porque los salarios reales en los sectores expuestos a la competencia internacional o a la deslocalización tienden a caer. La ley de un solo precio es de aplicación también en esas circunstancias y la remuneración del factor trabajo en el mismo sector de países diferentes tiende a converger. Además, el empleo en esos sectores en los países desarrollados tiende a disminuir. Eso es lo que parece estar sucediendo con intensidad creciente desde hace un cuarto de siglo y lo que explica, junto con el cambio tecnológico digital que discutiremos en el capítulo 3 de este libro, la apertura creciente de las U del gráfico 2.1.

No solo la deslocalización tiene efectos redistributivos internos. También puede tenerlos el desarme arancelario. Y estos efectos pueden ser enormes.

Siguiendo al economista de Princeton Dani Rodrik,⁶ a quien encontraremos en varias ocasiones en este libro, los efectos redistributivos del comercio internacional se ponen de manifiesto cuando las ganancias netas de eficiencia se calculan en términos del coste de oportunidad social en vez de usar los precios de mercado, porque estos últimos no acostumbran a internalizar todos los costes sociales. El cuadro 2.2 muestra una simulación de la magnitud de los efectos redistributivos internos respecto a las ganancias de eficiencia para una economía del tamaño y grado de apertura similares a los de Estados Unidos. Llama la atención el gran tamaño de la redistribución interna. La supresión total de un arancel del 40 % conlleva una redistribución interna de rentas de 6 dólares por cada dólar de ganancia de eficiencia del agregado de la economía. Esta redistribución de rentas va de los perjudicados por el desarme arancelario —desplazados de sus empleos, por ejemplo— a los beneficiados —por ejemplo, consumidores—. Como señala Rodrik, $1= $7 — $6, es decir el dólar de ganancia de la eficiencia agregada es la diferencia entre lo que ganan los beneficiados y lo que pagan los perjudicados. En economías muy abiertas, con un arancel del 5 %, los costes redistributivos internos de la supresión del arancel se disparan: por cada dólar de ganancia de eficiencia hay 50 dólares de redistribución. La intuición es que en una economía con un arancel del 5 %, similar al arancel medio actual de Estados Unidos, ya quedan pocas ganancias de eficiencia por obtener del comercio internacional y las que quedan tienen un gran coste en materia de redistribución interna. Estos costes acostumbran a recaer una y otra vez sobre capas de la población con rentas bajas, con pocas alternativas para volverse a reinsertar en el mercado de trabajo en aquellos sectores en los que sus países tienen ventaja comparativa.

Cuadro 2.2. Efectos redistributivos de la supresión total del arancel por cada dólar de ganancia neta agregada

Arancel | Redistribución
40 % | 6$
5 % | 50$

Nota: Hipótesis: La elasticidad de la demanda de importaciones es -2; las importaciones representan el 20 % del PIB. La ganancia de eficiencia aumenta con el cuadrado de la reducción del arancel, mientras que los efectos redistributivos son lineales.

Fuente: Rodrik (2011).

2.2. Globalización y Estado de bienestar

La redistribución interna que conlleva la globalización económica contribuye a explicar la fuerte oposición política que el libre comercio ha tenido en la mayoría de los países desde comienzos del siglo XIX. Una sociedad estable es reflejo de un determinado pacto social que puede ser puesto en peligro por la apertura al comercio internacional. Introduciendo un marco conceptual también debido a Dani Rodrik,⁷ que utilizaremos profusamente en la segunda parte de este libro, un régimen político puede caracterizarse por un binomio compuesto por una agenda y por un conjunto de élites o grupos de interés de referencia que se sienten representadas por dicha agenda y que tienen un cierto poder de veto sobre sus modificaciones. Es una especificación más detallada y operativa que la de «pacto social». La liberalización comercial no estaba en la agenda de ningún país a comienzos del siglo XIX. Los avances de la industrialización en Inglaterra propiciaron un cambio de agenda en sentido librecambista y un cambio de élites de referencia —la nobleza agrícola cedió paso a la burguesía industrial—. En España, por el contrario, fue la burguesía industrializada catalana la que abanderó el proteccionismo porque competía con la británica, que era más potente. En Estados Unidos, tras un paréntesis de bajo arancel a mediados del XIX que favorecía a los estados sureños, Abraham Lincoln apoyó una fuerte subida arancelaria con tasas superiores al 40 % que se mantuvieron muy altas hasta la segunda mitad del siglo XX.

En casi todos los países ha habido vaivenes entre librecambismo y proteccionismo y el debate no se decantó claramente a favor del librecambismo hasta la segunda mitad del siglo XX. La primera mitad del siglo pasado, enmarcada por dos guerras mundiales que emparedaron a la Gran Depresión fue, a nivel global, claramente proteccionista. En el conjunto de instituciones económicas que acompañaron a la creación de Naciones Unidas, el GATT se creó en 1948, con cierto retraso respecto al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. A diferencia de estas últimas, el GATT no se creó como una institución internacional, sino como un foro de países miembros que contaba con un conjunto de principios y de reglas de funcionamiento. El GATT fue la encarnación del multilateralismo que caracterizó la liberalización del comercio que inspiró la época de Bretton Woods. Su funcionamiento estaba basado en la «cláusula de nación más favorecida», que establece que cualquier mejor tratamiento que un miembro de la organización acuerde con un tercero se extiende automáticamente a todos los demás miembros de la organización. De este modo, incluso los países poco militantes en materia de liberalización se beneficiaban de los acuerdos de terceros e iban abriéndose gradualmente al comercio internacional.

Como señala Rodrik, el GATT no tenía como objetivo la globalización per se, sino la liberalización gradual del comercio en algunos sectores. Había poco liderazgo de la organización sobre los países miembros y poca presión sobre los países emergentes para que liberalizasen su comercio. Era un entorno muy propicio para el desarrollo de países como los «dragones asiáticos». Hay mucho consenso entre los economistas en que durante sus dos primeras décadas de funcionamiento, es decir durante la época de Bretton Woods, el GATT hizo una contribución muy relevante al crecimiento de la economía mundial a través del desarme arancelario. El cuadro 2.2 indica que en esa época, dado lo elevado de los aranceles, los efectos redistributivos eran mucho menores que en tiempos posteriores, cuando los aranceles eran ya mucho más bajos.

La devaluación del dólar en 1971 supuso el fin del modelo de Bretton Woods. Las décadas de 1970 y 1980, afectadas por importantes crisis energéticas, conocieron subidas arancelarias, retrocesos hacia el proteccionismo y una importante crisis del GATT. En 1995 el GATT es sustituido por la WTO que, al contrario que la organización a la que sucede, sí es una institución internacional que tiene un poder de control y sancionador y que tiene un programa de liberalización total de los mercados de bienes y capitales, incluyendo la agricultura. Para Rodrik, la WTO nació al abrigo del llamado «consenso de Washington» que se formó en la época de Reagan y Thatcher como un movimiento desregulador radical en todos los ámbitos de la economía, incluido el comercio internacional. Se terminó el gradualismo del GATT y, con ello, el consenso acerca de la bondad de la liberalización total y sin matices. Se entra en una era de «hiperglobalización». El cuadro 2.2 vuelve a decirnos que en la situación actual de amplio desarme arancelario los costes redistributivos internos son muy grandes respecto a las ganancias netas de eficiencia. Y, además, se concentran en las capas de la población con menor capital humano con poca posibilidad de adaptación a sectores de la economía que exigen mayor formación. Esto ayuda a explicar el recrudecimiento de la oposición política a la globalización en un amplio número de países y el surgimiento de una nueva izquierda «antiglobalización» que arrastra a sectores de la izquierda tradicional en su exigencia de «menos mercado y más Estado».

¿Hay una dicotomía entre mercado y Estado en el caso de la globalización? La evidencia empírica parece sugerir lo contrario: no solo no hay dicotomía sino que, además, hay una cierta complementariedad. A nivel doctrinal puede sostenerse que una liberalización radical del comercio y una globalización profunda requieren una acción correctora del Estado que ampare a los perjudicados a largo plazo para que la globalización sea políticamente posible. Más mercado debería requerir más Estado, no menos. Diversos estudios empíricos han encontrado evidencia de esta complementariedad. Así, por ejemplo, Bertola y Lo Prete⁸ y Rodrik⁹ muestran una relación significativa y robusta entre el tamaño del sector público y del gasto social de diversos países y su grado de apertura al comercio exterior. Ello ocurre tras haber controlado por otras variables relevantes como el tamaño de las distintas economías o su nivel de renta. Curiosamente, esta relación se debilita en los países que tienen sistemas financieros muy desarrollados, lo que sugiere una posible sustitución de lo que en otros países son políticas públicas por productos financieros privados.

La sociedad del riesgo de Ulrich Beck parece haber interiorizado sistemas de protección frente a la globalización orientados a compensar a los ciudadanos por los riesgos concretos o difusos que entraña la sociedad global. Las implosiones del sistema financiero de 1930 y 2008 tuvieron consecuencias globales muy negativas pero, en el segundo caso, estuvieron amortiguadas por los sistemas de protección social que habían crecido en la segunda mitad del siglo XX.

Gráfico 2.3. El trilema de Rodrik: globalización, soberanía y democracia

En el trilema-triángulo de Rodrik la selección de uno de los vértices obliga a elegir entre los otros dos. No pueden conseguirse los tres simultáneamente. Así, si elegimos dar prioridad a la globalización radical o bien optamos por la democracia haciendo que los responsables de la WTO sean elegidos directamente por los ciudadanos de los países miembros, con lo que es posible que la globalización se detuviera o ralentizara, o elegimos la soberanía de los Estados, de modo que mediaticen y filtren con sus decisiones soberanas la representación de sus ciudadanos: como hemos señalado con anterioridad, la globalización sigue desestabilizando los pactos sociales en los que se basan los regímenes políticos actuales de los países desarrollados. Si, alternativamente, elegimos de partida la democracia, podemos a continuación optar por la soberanía nacional, con lo que la globalización difícilmente progresará porque los electores controlarán más eficazmente a sus Gobiernos, o podemos elegir la globalización, lo que llevaría a una disolución de los actuales Estado-nación que no tiene una alternativa institucional clara en la mayor parte de los países existentes. Algo más interesante y más próximo a la realidad política sucede si el punto de partida es la soberanía nacional y se plantea el dilema entre la globalización y la democracia. Así se ha construido no solo la WTO sino también la Unión Europea. Veamos.

La Unión Europea es una institución supranacional que se ha impulsado, desde incluso antes del Tratado de Roma (1957), a partir del liderazgo ejercido por los Estados soberanos sobre sus propios electorados para conseguir una integración económica y política «cada vez más estrecha». La construcción de Europa ha sido, durante décadas, un proceso de «arriba abajo», dirigido por unos líderes políticos nacionales convencidos de la necesidad del proyecto europeo. Durante décadas los electorados de los Estados miembros no tuvieron la oportunidad de ir a las urnas en clave europea. Las diversas elecciones a los parlamentos nacionales resultaban en Gobiernos que no tenían un mandato europeo claro de un electorado interesado, sobre todo, en cuestiones domésticas. Los líderes nacionales, por tanto, gozaban de mucha libertad de acción en instituciones como en el Consejo Europeo y se limitaban a explicar una y otra vez a sus electores las ganancias para su país que habían conseguido extraer de sus colegas europeos. Desde 1979 se celebran elecciones al Parlamento cada cinco años, pero incluso estas se dirimen en clave nacional y tienen tasas de participación muy bajas.

Las cosas empezaron a tomar otro rumbo cuando cambios sustanciales en los tratados europeos fueron puestos a referéndum en los distintos países. En 1992 los daneses rechazaron el Tratado de Maastricht. En 2000 los daneses también rechazaron adoptar el euro. En 2005 franceses y holandeses rechazaron la pomposa Constitución Europea, lo que provocó la retirada de referéndums similares en Dinamarca y Reino Unido. Empezaba a quedar claro que, al menos en el norte de Europa, los votantes tenían opiniones diferentes de las de sus gobernantes en materia de construcción europea. El trilema de Rodrik saltó a la palestra y adquirió mucha relevancia. En 2015 están planteadas elecciones nacionales en países del sur de Europa en las que el trilema puede también surgir con fuerza.

Y el caso es que nadie parece querer abandonar la Unión Europea. Pero la época en la que la ambigüedad era posible y la construcción europea podía proceder entre bambalinas parece ser cosa del pasado. Una organización supranacional, la Unión Europea, construida sobre más de 1.400 cesiones de soberanía de los Estados miembros, está en riesgo de retroceder hacia la internacionalización. El acuerdo entre un Norte que exige austeridad y reformas y un Sur que rechaza las reformas y exige que el Norte le financie el abandono de la austeridad parece muy difícil de conseguir si continúa planteándose en un terreno puramente internacional.

3

La digitalización y la aceleración del cambio tecnológico

Desde muy antiguo, el progreso tecnológico ha tenido efectos sobre el trabajo humano y sobre el empleo. Como hemos comentado en el capítulo 1, la Revolución neolítica «inventó» el trabajo al extender la práctica de la agricultura y la ganadería. Muchas personas continúan trabajando de esa manera en la actualidad. El empleo, entendido como un trabajo remunerado, con características explícitas y jornada regular y establecida, es un concepto industrial y urbano¹ que tiene un lugar central tanto en la civilización occidental como en otras. Sobre el empleo se apoyaron los procesos que, en Occidente, permitieron dejar atrás la pobreza absoluta en la que vivía una gran parte de la población y también el empleo propició la formación de una amplia clase media, que es necesaria para el buen funcionamiento de las democracias representativas. Sobre el empleo se desarrollaron los Estados de bienestar occidentales. Sobre el empleo se apoya hoy en día en China, por ejemplo, la liberación de la pobreza de centenares de millones de campesinos y la aparición de una clase media cada vez más numerosa que abre la posibilidad de la aparición de un Estado de derecho y de una democratización futura del régimen político. El concepto actual de empleo está unido firmemente a la idea de progreso económico y social y a la del trabajo como opción de realización personal de los ciudadanos. El empleo es parte insustituible de la paideia civilizatoria de masas en la que se basa la estabilidad de nuestra sociedad, caracterizada por una distinción radical entre lo público y lo privado que obliga al ciudadano a buscar privadamente un sistema de valores personal que dé sentido a su vida y le integre en la sociedad.²

En las economías capitalistas el empleo está afectado por factores estructurales y por factores cíclicos. Es característica del capitalismo, por ejemplo, la infrautilización de los recursos productivos: las situaciones de pleno empleo del trabajo son muy infrecuentes, como lo son también las de plena utilización del capital productivo. A pesar de esta infrautilización, el capitalismo se ha mostrado mucho más eficaz a la hora de conseguir crecimiento a largo plazo que otros modelos productivos colectivistas basados en el pleno empleo. Otra característica estructural del capitalismo es el proceso de destrucción creativa, en el que las nuevas tecnologías desplazan, con gran trepidación, a las antiguas. Ello conlleva la desaparición de muchas profesiones —telegrafistas, telefonistas y linotipistas, por ejemplo— y la aparición de otras —informáticos, controladores aéreos y desarrolladores de software, por mencionar solo unas pocas—. Esta transformación cualitativa del empleo en el capitalismo es continua, pero acostumbran a aparecer grumos temporales, en forma de oleadas de cambio, que hacen que en determinadas épocas el empleo se vea obligado a transformarse velozmente, al desaparecer un gran número de profesiones en beneficio de otras de nueva creación. Es muy probable que estemos entrando en una de estas épocas de acelerada transformación. Hay que hacer notar que, en el pasado, ninguna innovación o revolución tecnológica ha resultado, a largo plazo, en una disminución de la ocupación, más bien al contrario, pero en el corto plazo de unas pocas décadas sí que pueden manifestarse desajustes muy importantes al entrar numerosos trabajadores en procesos de obsolescencia personal de los que no pueden escapar. De ahí el temor a las consecuencias personales de un progreso tecnológico cuyas consecuencias sociales son ampliamente aceptadas como positivas.

De este carácter positivo y deseable del progreso tecnológico trató el filósofo, científico, estadista y jurista inglés Francis Bacon ya en 1620, justo antes del codo que muestra la línea del gráfico 3.1. En su obra Novum Organum, Bacon afirma que «el conocimiento humano y el poder humano vienen a ser la misma cosa, porque donde no se conoce la causa no puede producirse el efecto. Solo podemos mandar a la Naturaleza obedeciéndola, y lo que contemplativamente es la causa, operativamente es la regla».³ Lo que en el siglo XVII se conoció como el método de Bacon se conoce en la actualidad como el método científico, cuya aplicación a la producción de conocimiento humano es causa principal del empinamiento de la curva demográfica y de que la población mundial se multiplicase por 13 desde 1750 hasta nuestros días.

Gráfico 3.1. Progreso tecnológico y población

Fuente: Robert Fogel (Universidad de Chicago).

Sí, el conocimiento da poder, pero el poder hay que saber gestionarlo. Como señaló el filósofo americano Emmanuel G. Mesthene:⁴ «Más poder, más posibilidades de elección y más libertad requieren más sabiduría si tienen que resultar en mayor humanidad. Pero esto, sin duda, es un reto para ser más sabios, no una invitación a desesperar». En el capítulo anterior discutimos que la globalización, siendo beneficiosa a nivel agregado planetario, provoca grandes redistribuciones internas de renta en los países que se abren al exterior y que los perdedores en esta redistribución pueden llegar a serlo a medio y largo plazo. Nuestra conclusión fue que, por razones no solo de equidad sino también de viabilidad política del proceso globalizador mismo, más mercado requiere más Estado, es decir, requiere el despliegue de redes de protección social que mitiguen los efectos negativos de la redistribución interna. En este capítulo vamos a llegar a una conclusión similar en lo tocante a la aceleración del cambio tecnológico. También esta aceleración va a tener consecuencias negativas duraderas sobre el empleo y la distribución de las rentas, consecuencias que en muchos casos hay que acumular a las provocadas por la globalización. El cambio tecnológico afecta a los colectivos más desfavorecidos pero, además, afecta también a amplios sectores de las clases medias a los que la globalización no había perjudicado. En la medida en que las clases medias son el soporte sociológico de las democracias representativas,⁵ estas últimas pueden verse amenazadas por el declive de las primeras. Esta es una cuestión trascendente, que desborda ampliamente el espectro temático de este libro, sobre la que nos limitaremos a hacer algunas observaciones en el último epígrafe de este capítulo.

En el resto del capítulo abordaremos, en primer lugar, las causas de la actual aceleración del progreso tecnológico. En segundo lugar discutiremos su impacto sobre la producción y sobre la ocupación. En tercer lugar veremos las consecuencias distributivas de la digitalización y el papel de la educación. Por último haremos algunas observaciones sobre la interacción entre el progreso tecnológico y la democracia.

3.1. La ley de Moore: la diferencia está en la velocidad

En 1967 Mesthene se preguntaba por el cambio que iba a experimentar la sociedad en las décadas siguientes como consecuencia del progreso tecnológico. Su punto de partida fue la observación de que, realmente, no hay nada nuevo en el hecho de que haya muchas novedades y que vayan apareciendo en número creciente. Tampoco a mediados del siglo XX podía decirse que fuese una novedad la enorme prominencia que habían adquirido la ciencia y la tecnología. Para Mesthene —y para muchos otros filósofos y economistas actuales— esto no era nada comparable en términos de impacto social y económico a la explosión de conocimiento que dio lugar a la Revolución industrial a mediados del siglo XVIII. Tampoco le parecía claro que el ritmo de cambio que experimentaba la sociedad y, más concretamente, la economía de los años 60 del siglo pasado estuviera en disonancia con lo ocurrido en los dos siglos anteriores. La novedad trascendente de la época, para el filósofo de Rutgers, era que como resultado consciente de la pasmosa cantidad de potencia física generada a partir de la acumulación de conocimiento, la humanidad comenzaba a liberarse de la tiranía de la naturaleza que la había afligido desde sus comienzos.

Dos años antes, en 1965, un joven químico de la costa Oeste de Estados Unidos llamado Gordon E. Moore había publicado un artículo de encargo sobre lo que iba a ocurrir en la industria de semiconductores en la siguiente década. El pronóstico de Moore fue que la potencia computacional de circuitos integrados que podría adquirirse por 1 dólar se duplicaría cada año. Este pronóstico dio lugar a lo que hoy en día se conoce como la ley de Moore. No pretende ser una ley de la naturaleza, sino una constatación de lo ocurrido en la primera década de la industria de semiconductores a la que Moore añadió la previsión de que los comportamientos observados se prolongarían, al menos, una década más. La ley de Moore se ha ido cumpliendo de manera rigurosa durante cinco décadas, sobre todo porque se incorporó a la planificación estratégica de las grandes compañías de circuitos integrados —el propio Moore fue cofundador de Intel Corp en 1968—. En otras palabras, la ley se acabó endogeneizando en la industria electrónica y se convirtió en una profecía autocumplida.

¿Qué tiene de especial la ley de Moore? Pues que introduce un ritmo de cambio rapidísimo, sin precedentes históricos. Para ilustrar por qué, como hacen Brynjolfsson y McAfee⁶ (B&M en lo que sigue), conviene ir a la fábula fundacional del juego del ajedrez.

Gráfico 3.2. La fábula del ajedrez

Cuenta la fábula que el creador del ajedrez presentó el juego al rey de un lejano país de Oriente. A este le gustó tanto que le dijo al inventor que pidiese la recompensa que quisiera. El inventor del juego pidió una cantidad de granos de arroz: la suma de un grano por la primera casilla, dos por la segunda, cuatro por la tercera, y así sucesivamente hasta la casilla 64. Los granos de arroz correspondientes a cada casilla responden a la fórmula exponencial y=2(x-1), en donde y es el número de granos de arroz y x es al número de la casilla. El número de granos de arroz que resulta de sumar las casillas de la primera mitad del tablero equivale a 100 toneladas métricas de arroz,⁷ que es una cantidad muy considerable, pero quizás asequible para un rey poderoso. Pero los números de la segunda mitad de la tabla son contraintuitivamente grandes. Los granos de arroz correspondientes a la última casilla son un número de 19 dígitos que sobrepasa los 9 trillones. El total de granos de arroz de la segunda mitad de la tabla es dos mil millones de veces mayor que el total de la primera mitad, lo que equivale a decir que la primera mitad se puede despreciar en el cálculo final. El total de granos de arroz que el rey tendría que haber entregado al inventor del juego equivale a 1.000 veces la producción total de arroz del planeta Tierra en el año 2011.

La ley de Moore sigue la misma dinámica que la acumulación de granos de arroz en el tablero de ajedrez. La fórmula y=2(x-1) es también válida para la evolución temporal de la potencia de cálculo que puede comprarse por 1 dólar. Formalizada en 1965, la ley de Moore lleva operativa cincuenta años, lo que quiere decir que en la actualidad ya estamos muy adentro de la segunda parte del tablero, que todos los números son ya muy grandes y que previsiones del futuro, incluso a corto plazo, obtenidas por extrapolación lineal de las tendencias observadas pueden subestimar gravemente la velocidad a la que llegan las novedades porque estas aparecen conforme a una ley potencial, no lineal.

En el gráfico 3.3 puede verse, en escala semilogarítmica, el progreso temporal de la potencia de los instrumentos básicos de la digitalización y de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Son todas funciones exponenciales que, en logaritmos, se transforman en líneas aproximadamente rectas que transcurren en paralelo a la de los microprocesadores/chips, que fue la que originalmente inspiró la ley de Moore. Esta ley es de aplicación no solo a los microprocesadores sino también a toda la base de las TIC, que son tecnologías genéricas, multiuso, que tienen repercusiones importantes sobre otros sectores económicos y afectan transversalmente al conjunto de la economía y de la sociedad. En la historia de la humanidad tan solo veinticuatro tecnologías⁸ han tenido este carácter genérico. Entre ellas se encuentran la agricultura, la rueda, el hierro, la imprenta, la máquina de vapor, el ferrocarril, la electricidad, el automóvil... Todas ellas condujeron a revoluciones tecnológicas que acabaron cambiando profundamente la vida de la humanidad. Todas ellas progresaron, y mucho, desde su invención y consiguieron, con el tiempo, grandes ganancias de eficiencia. Pero ninguna consiguió llegar a la segunda mitad del tablero de ajedrez. ¡La máquina de vapor se quedó obsoleta en la primera fila! Ahí es donde está la diferencia característica de las TIC: la velocidad a la que progresan y a la que impactan la vida de la humanidad es muchísimo más rápida que la de cualquier tecnología genérica introducida anteriormente.

Gráfico 3.3. Las varias dimensiones de la ley de Moore

Fuente: Brynjonfsson, E. y McAfee, A., The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Techologies, WW Norton and Company, 2014.

Gráfico 3.4. Las TIC y la máquina de vapor

Fuente: Elaboración propia.

En los dos siglos que estuvo operativa como tecnología genérica, la máquina de vapor aumentó su eficiencia entre tres y cuatro veces. Eso equivale, en el caso más optimista, a un crecimiento anual promedio del 0,7 %, tasa que compara con el 100 % anual que postula la ley de Moore. En el gráfico 3.4 se ve la evolución temporal de la eficiencia de las TIC, en color claro, y el de la máquina de vapor, en oscuro, cuya tasa de crecimiento se ha exagerado hasta un 10 % anual desde el 0,7 % mencionado antes para que sea apreciable en el gráfico una pendiente positiva. Nunca antes en la historia de la Humanidad había habido un cambio tecnológico tan explosivo. La ley de Moore ha llevado a las TIC a la segunda parte del tablero desde hace ya veinte años. Cosa que no había ocurrido antes con ninguna otra tecnología.

Todas las tecnologías genéricas, y muchas de entre las específicas, han tenido incidencia en la ocupación y en el empleo, pero esta incidencia ha sido gradual, muchas veces repartiendo su efecto a través de los siglos o milenios. ¿Qué turista en las grandes urbes asiáticas de la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, no ha visto porteadores llevando bultos oscilando en los extremos de un bambú? Y la rueda se había inventado 6.000 años antes. ¿Quién, en las mismas circunstancias, no ha ido en un rickshaw? Y el motor de combustión interna se había inventado a finales del siglo XIX. ¿Qué baby boomer español no recuerda los triciclos de reparto en las ciudades? La introducción de las TIC y sus efectos sobre otros sectores de la economía es mucho más rápida: es explosiva. Pronto ya nadie recordará que la prensa se imprimía en papel. O que había cajeras en los supermercados. O que los taxis, como los rickshaw, eran conducidos por un ser humano. Lo novedoso de esta revolución tecnológica no son los cambios que provoca, sino la velocidad a la que tienen lugar. En anteriores ocasiones, el impacto en el mercado de trabajo de las nuevas tecnologías se laminaba a lo largo de décadas, o de generaciones. En la Revolución digital los efectos se concentran en unos pocos años.

3.2. Digitalización, demanda agregada, PIB y empleo

La economía digital funciona de una manera muy diferente a la economía analógica. Un libro impreso en papel, por ejemplo, tiene costes de producción que decrecen con el volumen de la tirada pero que en ningún caso llegan a cero, y costes de distribución más o menos fijos. Un libro digital, una vez compuesto el primer ejemplar, no tiene costes de producción adicionales y los costes de distribución son mínimos. La economía digital tiene la característica que los economistas llaman de «coste marginal cero», es decir, que la producción y la distribución de una unidad más, una vez producida la primera, es prácticamente de coste nulo. Una app, por seguir con otro ejemplo, tiene los mismos costes de creación, distribución y actualización para cien mil usuarios que para doscientos mil. Los costes de crecimiento se manifiestan en los saltos discretos del tamaño de la plataforma necesarios para acoger a los nuevos usuarios. Sigue siendo un negocio de coste marginal cero. ¿Es Cristiano Ronaldo mejor que Di Stefano? Probablemente no. En ese caso, ¿por qué cobra Ronaldo en un mes más de lo que cobró Di Stéfano en toda su vida? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que Ronaldo está en un negocio de coste marginal cero. A Ronaldo le ven cientos de millones de personas por televisión y el coste para él y para su club de que le vea un millón más es cero. A Di Stefano le veían los que iban al estadio y para que pudiera verle más gente había que hacer un estadio más grande. Esa es una de las diferencias entre una sociedad analógica y una digital: la escalabilidad del negocio.

La economía digital afecta, y mucho, a las mediciones convencionales del tamaño y del crecimiento de la economía. Antes, cuando alguien quería tener una enciclopedia, compraba la Espasa, o la Larousse, o cualquier otra, la pagaba y se la llevaba a casa. El número de enciclopedias vendidas en un año multiplicado por el coste de cada una era una cantidad que ingresaba en el cálculo del PIB del año. A más enciclopedias vendidas, más PIB. Esto era en el pasado. Nunca en la historia se ha consultado tanto una enciclopedia como en la actualidad. Todo el mundo tiene acceso a Wikipedia a través de su ordenador o de su smartphone, pero Wikipedia es gratuita y, por tanto, no entra en el cálculo del PIB. Cuando el precio de un bien cae a cero, este bien desaparece del cómputo. A medida que avanza la digitalización, más y más bienes adquieren un carácter gratuito —llamadas de voz, correo, música, noticias, opinión, fotografías, películas, libros, mapas, conferencias, cursos online…—, sin contar el gran ahorro en tiempo que ofrece internet en las tareas de búsqueda. Como caracterizó el entonces presidente de NBC Jeff Zucker, los dólares analógicos se transforman en centavos digitales.

El progreso de la digitalización va reduciendo la base de cálculo del PIB en la medida en que «esconde» mucha actividad económica en la zona del coste marginal cero. Como consecuencia el PIB, cuyas reglas contables nacen en los años cuarenta del siglo pasado cuando no existía el fenómeno digital, va perdiendo representatividad no solo como medida del crecimiento económico sino, sobre todo, como medida del bienestar. Esto es así porque los productos de precio decreciente o nulo aumentan el excedente del consumidor. Este último concepto es un tanto elusivo y puede aproximarse por la diferencia entre lo que un consumidor estaría dispuesto a pagar por una determinada cantidad de un bien y lo que acaba pagando por ello. Cuando los precios de ese bien caen, al consumidor le queda un excedente que puede gastarlo aumentando la demanda del bien en cuestión, aumentando la demanda de otros bienes o aumentando su ahorro. Parece intuitivo que la digitalización, que reduce el PIB, aumenta el excedente del consumidor. B&M estiman que el valor que internet crea para cada usuario es de 2.600 dólares por año en el período 2000-2011 y que si ese valor figurase en el cálculo del PIB éste hubiera crecido un 0,3 % más cada año, cosa que equivale a decir que la productividad en vez de crecer al 1,2 % anual hubiese crecido el 1,5 %, cantidad esta última muy considerable en términos históricos. También mencionan B&M que, según Robert Gordon, la introducción de nuevos productos aumenta el excedente del consumidor en un 0,4 % anual, y no queda registrado en el PIB. Igualmente, según Hal Varian, catedrático emérito de Berkeley y actual economista jefe de Google, el célebre buscador ahorró a sus usuarios una media de 15 minutos por búsqueda, lo que equivale, en promedio, a un ahorro de 500 dólares anuales por persona y año. Esto tampoco figura en el cálculo del PIB, como tampoco figuran las 200 millones de horas diarias que los usuarios de Facebook dedican a esta red social, en buena parte creando los contenidos que serán consumidos por otros usuarios de Facebook. A salario cero y a precio cero, esta última actividad tampoco figura en el cálculo del PIB, aunque caben pocas dudas de que aumenta el bienestar. Es muy llamativo, para terminar, que en la actualidad todo el sector de la información represente en Estados Unidos el 4 % del PIB, un porcentaje similar al que representaba al final de los años 80 del pasado siglo, cuando aún no se había inventado la WWW. El mantenimiento de este porcentaje indica que algo muy importante tiene que haber pasado sin haber quedado registrado en la contabilidad oficial.

También tomamos de B&M un ejemplo muy revelador sobre lo que ocurre con el empleo y la riqueza en la sociedad digital. En la era analógica la compañía Kodak tenía 150.000 empleados directos y generaba muchos miles de empleos indirectos en todo el mundo. Sus principales productos eran los carretes de película fotográfica, productos de revelado y papel de copias positivas. Como consecuencia de su falta de adaptación a la digitalización de la fotografía, Kodak entró en concurso de acreedores en 2012. En ese mismo año Facebook compró Instagram, la compañía de fotografía digital, por 1.000 millones de dólares. En ese momento Facebook tenía 4.600 empleados y 1.000 millones de clientes. Instagram tenía 15 empleados y 132 millones de clientes. El valor de mercado de Facebook es hoy en día varias veces mayor que el máximo histórico de Kodak. Los siete fundadores de Facebook tienen cada uno de ellos una fortuna personal diez veces mayor que la que tuvo George Eastman, el fundador de Kodak.

La sociedad digital es capaz de crear mucha más riqueza con mucho menos empleo. Esto provoca una reasignación de renta y de riqueza sin precedentes en el conjunto de la sociedad. Provoca también el rápido desplazamiento de trabajadores de sectores tradicionales que se ven sometidos a la revolución digital hacia actividades inciertas en una economía analógica en la que las actividades rutinarias también tienden a desaparecer.

No es solo la digitalización lo que está teniendo efectos sobre el empleo. Son también la informatización en sentido amplio y la robotización y la automatización, conceptos cuyas fronteras entre ellos son borrosas. En el gráfico 3.5 se muestran las tasas de crecimiento en tres décadas consecutivas del empleo en Estados Unidos desagregado en tres categorías diferentes: trabajos cognitivos no rutinarios, trabajos rutinarios y trabajos manuales no rutinarios. Ejemplos de los primeros serían abogados y consultores, desarrolladores de apps, decoradores y arquitectos y, en general, aquellos trabajos que requieren dosis significativas de creatividad. Ejemplos de los segundos serían mozos y subalternos, asesores fiscales y analistas de crédito, taxistas y transportistas, empleados de cadenas de montaje y, en general todos trabajos susceptibles de ser llevados a término ventajosamente por máquinas. Ejemplos de los terceros serían peluqueros y masajistas, jardineros y porteros, cocineros y camareros, cuidadores personales y, en general, todos aquellos trabajos manuales que no puedan ser ventajosamente desarrollados por una máquina.

Se observa en el gráfico 3.5 que los trabajos cognitivos no rutinarios han aumentado su participación en el total del 29 % al 39 % a lo largo de las tres décadas consideradas. Han tenido tasas de crecimiento positivas en cada uno de los períodos. Los trabajos rutinarios han perdido 14 puntos de participación, pasando del 58 % al 44 %, y han tenido crecimiento negativo en cada una de las tres décadas. Los trabajos manuales no rutinarios han aumentado su participación 4 puntos debido, sobre todo, a su fortísimo crecimiento en el período 2001-2011. La explicación de este cambio de pesos relativos hay que buscarla no solo en el cambio tecnológico sino también en el proceso de globalización al que hemos dedicado el capítulo anterior.

Gráfico 3.5. Cambio porcentual en la participación de los grupos ocupacionales en el empleo total de EE.UU.

Fuente: Jaimovich y Siu, The Trend is the Cycle, NBER Working Paper Series, núm. 18334, 2112.

Hay razones para pensar que las tendencias que muestra el gráfico 3.5 van a continuar en el futuro. No solo eso: es muy probable que sigan acelerándose. Los trabajos rutinarios eran amplia mayoría en la década de los 1980 y su desaparición progresiva tomó impulso entre 2001 y 2011. Por poner solo un par de ejemplos, el que haya visto el funcionamiento de la app TurboTax para hacer la declaración de impuestos en Estados Unidos se habrá dado cuenta de que la mayoría de los asesores fiscales tienen los días contados. Lo mismo ocurre con los que sigan los desarrollos de los automóviles autopilotados: si el prototipo del Mercedes clase S para 2030 —el F 015 Luxury in Motion— es un coche que puede ir pilotado o autopilotado, ¿cuánto tiempo les queda a los taxistas y a los transportistas para ejercer su profesión? Los trabajos rutinarios no desaparecerán del todo, pero seguirán disminuyendo su importancia en el empleo total en beneficio de aquellas ocupaciones, cognitivas o manuales, que requieren algún tipo de creatividad, que es algo que todavía está lejos de ser asumido por las máquinas. Y las personas desplazadas de sus empleos por la tecnología pueden tener muy difícil reinsertarse en el mercado laboral en alguno de los sectores que requieren más creatividad.

3.3. La desigualdad y el papel de la educación

En agosto de 1935 el minero ruso Alekséi Stajánov batió el récord de extracción de carbón, consiguiendo extraer él solo 102 toneladas en una jornada de seis horas —la media de extracción era 7 toneladas hombre/día—. Fue proclamado Héroe del Trabajo de la Unión Soviética y de su nombre deriva el término stajanovismo.

No sabemos qué salario tenía Stajánov, pero eso no importa para el argumento. Parece razonable pensar que un minero que tuviese una productividad del 80 % de la de Stajánov merecería un salario equivalente al 80 % del que percibía el Héroe. En la economía analógica la compensación de los asalariados puede distribuirse como la productividad y hay una percepción social de que este criterio distributivo tiene una cierta base de justicia y de equidad.

Mucha gente tiene la intuición de que la distribución de la renta en la sociedad sigue la ley de Gauss, es decir que sigue una distribución llamada Normal como la que figura en el gráfico 3.6. Aunque eso no es así, como veremos a continuación, la campana de Gauss es un buen punto de partida para discutir la desigualdad y el papel de la educación en la consecución de un determinado estatus social.

En una campana de Gauss las rentas se distribuyen de manera simétrica a ambos lados de la renta media –χ. La clase trabajadora podría definirse como el 50 % de la población que tiene rentas inferiores a la media. A base de ir añadiendo a la media la desviación estándar de la distribución, δ, podemos ir definiendo la clase media baja, el 34 % de la población, la clase media alta, el 14 % de la población, la clase alta, el 2 %, y la plutocracia, que sería solo el 0,15 %. De esta manera tendríamos un esquema simplificado de la estructura de clases en una economía analógica.

Gráfico 3.6. Mundo analógico, la educación garantiza el estatus social

Fuente: Elaboración propia.

En este esquema, en el que las rentas se distribuyen conforme a la productividad, tiene pleno sentido para los individuos invertir en educación porque no solo es una condición necesaria para adquirir un buen estatus social sino que acaba siendo casi suficiente. La productividad depende del capital humano que, a su vez, se consigue con la educación. En la España de hace no mucho tiempo ser ingeniero, abogado o economista, por ejemplo, garantizaba un estatus de clase media que podía realzarse opositando a alguno de los cuerpos superiores del Estado. De ahí la insistencia de los padres en que los hijos estudiasen, porque la educación era la mejor garantía de conseguir un buen estatus social.

En el mundo digital las cosas son muy distintas. En una economía analógica se reparte mucho: un albañil que ponga 400 ladrillos al día puede aspirar a cobrar el 80 % de lo que cobra uno que ponga 500. En una economía digital se reparte muy poco. Los desarrolladores de una app que sea el 80 % igual de buena que Instagram, por ejemplo, no pueden aspirar a ingresar el 80 % de lo que ingresaron los desarrolladores de esta última, que fueron 1.000 millones de dólares a repartir entre 15 personas. De hecho, no pueden aspirar a ingresar nada. En una economía de coste marginal cero, todo el mundo tiene acceso a lo mejor y, en ese caso, ¿por qué conformarse con menos? La economía digital, sin costes relevantes de producción masiva y de distribución, es una economía de campeones, de superstars, que reparte poco o nada: el ganador se lo lleva todo. Es un todo o nada. Es una sociedad que genera desigualdad de manera muy intensa, y que lo hace como seña de identidad.

La campana de Gauss del gráfico 3.6 no es una buena representación de la distribución de la renta. No lo es en una sociedad analógica y, mucho menos, en una digital. Los datos de salarios y de otras rentas muestran que, en la realidad, la renta media es siempre superior a la mediana (la que tiene tantos individuos que ganan más como que ganan menos) y a la moda (la renta más frecuente). La razón es que en el mundo real hay más individuos con renta por debajo de la media que por encima de la media, porque los ricos de verdad son muy pocos pero muy ricos. Estos tres conceptos, media, mediana y moda, coinciden numéricamente en la campana de Gauss, pero no en las distribuciones lognormales, que se muestran en el gráfico 3.7, y que son utilizadas por los economistas para estudiar la distribución de salarios y rentas. En España, por ejemplo, en el año 2011 la mediana salarial era un 15 % inferior a la media, mientras que en Estados Unidos era un 35 % inferior.

Las distribuciones lognormales se caracterizan porque su logaritmo sigue una campana de Gauss y dependiendo de δ, la desviación estándar de esa campana, la distribución lognormal es más o menos chata y sesgada hacia la izquierda. En el gráfico 3.7, moda, mediana y media siguen un orden creciente en las dos distribuciones que se muestran. En la distribución con δ = 0,25 la moda, mediana y media están bastante agrupadas, como correspondería a una economía analógica razonablemente igualitaria. En la distribución con δ = 1 moda, mediana y media están mucho más separadas, es decir más individuos tienen rentas inferiores a la media, los que están por encima de la media son más ricos y la moda ocurre en salarios mucho más bajos. Es una sociedad mucho más desigual, que podría representar a una sociedad plenamente digital. La sociedad real es una mezcla de sectores analógicos y sectores digitales y su distribución de rentas podría representarse por una distribución lognormal con una δ que fuese creciendo en el tiempo para dar cuenta del crecimiento de la desigualdad.

Gráfico 3.7. Mundo Digital, la educación no garantiza el estatus social

Fuente: Elaboración propia.

Volvamos ahora al tema de la educación. Al contrario de lo que ocurre en una sociedad analógica, en una sociedad digital la educación no garantiza, en principio, ningún estatus social destacado. Es una condición necesaria para evitar caer por debajo de la mediana o, incluso, de la moda de la distribución chata del gráfico 3.7, pero no es una vía segura a una posición por encima de la media como pueda serlo en una economía analógica. Esto es así porque en una economía de campeones, winner takes all, no son suficientes ni el capital humano, ni el esfuerzo, ni la perseverancia, ni el talento para conseguir el triunfo: hay que estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno y con la idea oportuna, y esto tiene una componente de azar que no se puede evitar.

Que la educación no sea condición suficiente para garantizar un estatus social de clase media no quiere decir, ni mucho menos, que no haya que invertir en ella. Al contrario, es imprescindible hacer las reformas necesarias para adaptar los sistemas educativos a los requerimientos de una sociedad en la que los trabajos rutinarios van a ir desapareciendo a un ritmo cada vez más rápido. La educación tiene que orientarse a fomentar la creatividad de las personas, comenzando con la potenciación de las capacidades no cognitivas en la etapa preescolar. A exponer estas reformas necesarias dedicaremos el capítulo 8 de este libro.

3.4. Tecnología y democracia

La sociedad parece estar sujeta a una sucesión de choques externos producidos por un progreso tecnológico que parece estar fuera de todo control social. La tecnología evoluciona, quizás, de manera fortuita o, quizás, siguiendo su propia lógica pero tiene un impacto muy grande sobre la vida social, con efectos agregados que a largo plazo son muy positivos, pero también con efectos sobre individuos o sobre determinados colectivos que pueden ser muy negativos tanto a corto como a largo plazo.

Pero la tecnología es resultado del intelecto y del trabajo humanos. No es algo que se produzca fuera de la sociedad, sino que es endógena. El cambio tecnológico forma parte del cambio cultural y es consecuencia de los avances científicos que se consiguen gracias a la curiosidad y la creatividad humanas. El filósofo alemán Jürgen Habermas escribió en 1970: «Nuestro problema puede enunciarse como el problema de la relación entre tecnología y democracia: ¿cómo llevar el poder del control tecnológico dentro del consenso de los [...] ciudadanos?».⁹ La pregunta de Habermas enlaza con el texto de Bacon que hemos comentado al comienzo de este capítulo. Si conocimiento y poder acaban siendo la misma cosa: ¿Qué control democrático puede tener el poder que da el conocimiento tecnológico? ¿Quién decide por dónde avanzará la tecnología? ¿Quién tiene ese poder?

Esta es una cuestión abierta que debería abordarse desde la propuesta de Mesthene: el progreso tecnológico no debe tomarse como una invitación a la desesperación, sino que debe asumirse como un reto en el que hay que ser más sabios para que más tecnología redunde en mayor humanidad. En realidad el progreso tecnológico está más orientado por los poderes públicos que lo que pudiera parecer a primera vista. La transferencia de conocimiento científico a la tecnología se hace muchas veces a través del gasto militar. Los ejemplos son innumerables, desde el radar y el sónar hasta internet y el GPS. Esta transferencia se produce tanto en los poderes democráticos, el Reino Unido o Estados Unidos por ejemplo, como en los que no lo son, como la Alemania nazi o la Unión Soviética. En los regímenes democráticos las decisiones son más transparentes y no se limitan solamente a la transferencia de conocimientos desarrollados en la industria militar. Baste recordar el programa civil de codificación del genoma humano en Estados Unidos que resultó en una apasionante competición público-privada. O el programa BRAIN de estudio del cerebro humano, iniciativa también civil que cuenta con una fuerte presencia pública del Gobierno americano.

Es través del control democrático de los Gobiernos como debe llevarse la tecnología al ámbito del consenso ciudadano. Cabe señalar que, a este respecto, los regímenes autoritarios han resultado históricamente irrelevantes. No parece haber habido tecnologías que hayan cambiado la vida de la humanidad que se hayan desarrollado y difundido bajo un régimen autoritario.

4

El crecimiento potencial y el estancamiento secular

En este capítulo, último de la primera parte de este libro, vamos a discutir cómo afectaría al futuro de la ocupación y el empleo un escenario de largo plazo de bajo crecimiento económico. Este escenario puede generarse por dos motivos diferentes, aunque no excluyentes. En primer lugar puede ocurrir que el crecimiento potencial de la economía esté en tendencia menguante por un conjunto de razones en las que tienen especial protagonismo las tendencias demográficas que hemos discutido en el capítulo 1. En segundo lugar puede ocurrir que, por razones que tienen que ver con la demanda agregada y también con la demografía, la economía pueda estar creciendo de manera crónica por debajo de su potencial. Como hemos dicho, las dos posibilidades no son alternativas sino que pueden combinarse: el crecimiento potencial puede ser bajo y la economía puede estar creciendo por debajo del potencial.

Vayamos por partes. En primer lugar discutiremos las razones que llevan a pensar que la tasa potencial de crecimiento de las economías desarrolladas ha descendido en las últimas dos décadas. Esto se debe no tanto a una desaceleración del crecimiento de la productividad como a una ralentización del crecimiento de la población activa. En muchos países, incluido España, este último crecimiento puede tornarse negativo a medio y largo plazo. En segundo lugar discutiremos un escenario de estancamiento secular (que abreviaremos por EsSec) que ha ganado mucha notoriedad desde el verano de 2014. Este escenario postula una situación de insuficiencia de demanda agregada crónica debido a un exceso de ahorro que podría tener raíces demográficas. Para ello haremos algunas consideraciones que creemos relevantes sobre los tipos de interés cercanos a cero o negativos que se observan en la economía global y veremos con más detalle por qué las economías pueden estar creciendo de manera crónica por debajo de su potencial.

4.1. ¿Está bajando el crecimiento potencial?

El crecimiento potencial, o tendencial, de una economía puede representarse como la suma del crecimiento de su población activa y del crecimiento de la productividad. El primer sumando es la resultante de las tendencias demográficas y de los flujos migratorios. El segundo obedece a causas menos nítidas, entre las que cabe citar el progreso tecnológico, la innovación, la mejora de los métodos de gestión, el aumento del capital productivo y la mejora del capital humano.

El gráfico 4.1 muestra el crecimiento de la población activa civil en Estados Unidos desde 1950 hasta 2014. El perfil más grueso ha sido alisado para obtener un perfil más suave que se muestra en la línea más clara y fina. En el gráfico se ve claramente que el crecimiento de la población activa se aceleró desde la década de 1950 hasta la de 1970. Alcanzando en esta última década tasas promedio superiores al 2 % anual. Esta aceleración se debe a la incorporación de la mujer al mercado laboral, a una fuerte demografía que generó el fenómeno de los baby boomers y a los flujos migratorios. A partir de la década de 1980 el crecimiento de la población activa comienza a desacelerarse como consecuencia, primero, de la maduración de las tendencias que impulsaron la aceleración previa y, después, por la jubilación progresiva de los baby boomers. La contribución al crecimiento potencial del crecimiento de la población activa ha caído 2 puntos porcentuales entre la década de los 70 y la actualidad.

Gráfico 4.1. Tasas de crecimiento de la población activa civil en EE.UU.

Fuente: Federal Reserve Bank of St. Luis (FRED) y Bureauof Labor Statistics.

El gráfico 4.2 muestra la tasa de crecimiento del PIB real en Estados Unidos también entre 1950 y 2014. La línea clara también es un alisado de la línea más oscura para suprimir el exceso de volatilidad y dar una imagen del crecimiento tendencial del PIB, que tomaremos como una aproximación al PIB potencial. Desde los años 1960 hasta los años 1990 el crecimiento tendencial, o potencial, del PIB se estabilizó en tasas entre el 3,5 % y el 4 %. Desde principios de 1990 experimenta una desaceleración hasta tasas inferiores al 2 % en la actualidad.

El gráfico 4.3 es la combinación de los dos gráficos anteriores. La diferencia entre las líneas negra y la más clara tiene como interpretación intuitiva el crecimiento de la productividad. Basándonos en esta interpretación, aproximaremos en lo que queda de capítulo la tasa de crecimiento potencial del PIB por la suma de las tasas de crecimiento tendenciales de la población activa y de la productividad.

Gráfico 4.2. Tasas de crecimiento del PIB real en Estados Unidos

Fuente: Federal Reserve Bank of St. Luis (FRED).

Gráfico 4.3. El 4 % potencial de ayer es el 2 % potencial de hoy

Fuente: Federal Reserve Bank of St. Luis (FRED) y Bureau of Labor Statistics.

La enseñanza del gráfico es que desde los años 1980, una vez superadas las crisis del petróleo, el crecimiento tendencial de la productividad se ha mantenido aproximadamente constante, es decir, que la caída del PIB potencial se debe, principalmente, a la desaceleración del crecimiento tendencial de la población activa. Debido a esa disminución, la tasa de crecimiento tendencial del PIB del 4 % se ha ido reduciendo hasta el 2 % actual.

¿Por qué se desacelera el crecimiento de la población activa? Una primera razón es estrictamente demográfica: la natalidad cae y la longevidad aumenta, lo que provoca un menor peso relativo de la población en edad de trabajar. Una segunda razón es la paulatina extensión del período que los jóvenes invierten en su educación, lo que retrasa su incorporación a la población activa. Y una tercera razón, al menos en algunos países relevantes, es la caída de la tasa de participación en el mercado de trabajo, definida esta tasa como la ratio entre la población activa y su cohorte de referencia. En el gráfico 4.4 se puede observar las tasas de participación en Estados Unidos para el conjunto de la población y para las cohortes entre 25 y 54 años. Ambas tasas crecen desde finales de los años 40, tienen un máximo en el año 2000 y, desde entonces comienzan un declive sostenido, algo menos pronunciado en el caso de la cohorte entre 25 y 54 años.

Gráfico 4.4. Tasas de participación en los EE.UU.

Fuente: Federal Reserve Bank of St. Luis (FRED).

¿A qué puede deberse esta caída de las tasas de participación? Es improbable que haya una causa única, pero la extensión de las redes de protección social como respuesta a la globalización y al cambio tecnológico, tema que hemos mencionado en los capítulos 2 y 3 de este libro, parece haber tenido un papel relevante. Como señala Edward Gleaser,¹ en 2010 el 16,6 % de los estadounidenses entre 21 y 64 años notificó algún tipo de incapacidad, y el 11,4 % notificó discapacidad grave. En 1970, 1,5 millones de estadounidenses recibían prestaciones federales por discapacidad, mientras que en 2013 esta cifra se había elevado hasta los 8,9 millones de personas. La sociedad americana, y muchas otras, han desarrollado instrumentos e instituciones que permiten vivir sin trabajar a determinadas personas y esto puede estarse reflejando en la caída de las tasas de participación.

Una caída en la tasa de participación no implica necesariamente una disminución de la población activa. Si el crecimiento de la población es suficiente para compensar la reducción de la tasa de actividad, el número de activos seguirá creciendo. Pero si la tendencia a la baja de la tasa de participación continúa y el crecimiento de la población se sigue desacelerando, llegará un momento en el que la población activa comenzará a caer. Las previsiones oficiales de Estados Unidos para el período 2015-2025 apuntan a un crecimiento promedio de la población activa del 0,2 % anual. En el período 2000-2015 este crecimiento fue el 1,0 %. La desaceleración está siendo muy rápida.

4.2. El crecimiento potencial de la economía española

Comencemos con una comparación llamativa entre las tasas de empleo y de actividad de España y de Estados Unidos a partir de las cifras que se muestran en la tabla 4.1.

Tabla 4.1. Tasas de empleo y actividad en España y EE. UU.

| España | EEUU
Tasa de empleo 2014 | 39 % | 60 %
Tasa de actividad 2014 | 60 % | 63 %
Tasa de actividad 2001 | 52 % | 67 %

Fuente: INE y Banco Mundial.

En 2014 el 60 % de la población de Estados Unidos estaba ocupada, a pesar de que los estadounidenses salían de la crisis de empleo más grave que habían tenido desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Es tiempo de revisar el gráfico 2.1 de este libro para recordar que la economía americana tardó 6 años y 4 meses en recuperar el nivel de empleo anterior a la crisis. En 2014 el empleo en España —17,6 millones— era todavía el 85 % del máximo registrado antes de la crisis. Las razones de la mayor lentitud española en la recuperación del empleo son varias y serán discutidas con detalle en los capítulos siguientes. Si se hacen las reformas necesarias de las que trata la tercera parte de este libro, es muy probable que haga falta una década para recuperar el nivel de empleo que tuvo España en el segundo trimestre de 2008: 20,7 millones de ocupados. Si no se hacen las reformas... quién sabe. En cualquier caso, cabe señalar que las diferencias entre las tasas de empleo española y americana actuales parecen corresponder a planetas diferentes.

No ocurre lo mismo con las tasas de actividad. En 2014 las tasas española y estadounidense eran muy parecidas —el 60 % contra el 63 %—. Parecen no solo del mismo planeta sino, incluso, del mismo continente. Sin embargo hay una historia detrás de estas cifras. Esta historia se pone de manifiesto cuando se mira la diferencia entre las tasas de actividad en 2001. Entonces la diferencia era de 15 puntos porcentuales ¿cómo ha podido reducirse 12 puntos en 13 años? Por una parte, la tasa de participación en Estados Unidos se ha reducido 4 puntos porcentuales en ese período. De esta parte ya hemos hablado. Pero lo más interesante de la historia está del otro lado, el español. En 2001 España tenía, en números redondos, 39 millones de habitantes y en 2014 tenía 46 millones. La diferencia se debe, en buena parte, a los intensos flujos migratorios que generó la burbuja inmobiliaria. Entre 2001 y 2014 la población activa en España aumentó 5,6 millones de personas. Todo el aumento se dio entre 2001 y 2008, los años de la burbuja. Desde principios de 2008 la población activa se estabilizó en unos 23 millones y no ha tenido disminuciones significativas desde entonces. Los inmigrantes venían a trabajar y muy pocos han vuelto a sus países de origen, en términos netos medio millón, como consecuencia de la Gran Crisis. Desde el máximo del segundo trimestre de 2012, la población activa en España se ha reducido solamente en 0,4 millones de personas.

¿Qué consecuencias tiene esta situación para el crecimiento potencial de la economía española? Como hemos dicho, la tasa de crecimiento potencial de la economía es la suma de las tasas de crecimiento de la población activa y de la productividad. Por lo que respecta a la primera, teniendo en cuenta la proyección demográfica plasmada en el gráfico 1.4 del primer capítulo y teniendo en cuenta también que la tasa de participación española es homologable en la actualidad a la de los países desarrollados, solo cabe esperar que, en el mejor de los casos, tome un valor nulo, aunque lo más probable es que acabe siendo negativo. Esto quiere decir que el crecimiento potencial a largo plazo de la economía española será, como mucho, el crecimiento de la productividad. Esta última, en un escenario más optimista que lo observado en las últimas décadas, podría crecer entre el 1 % y el 2 % anual. Este rango, minorado por un posible crecimiento negativo de la población activa, debería ser una buena aproximación al crecimiento potencial a largo plazo de la economía española.

Esto no quiere decir que el PIB español no pueda crecer por encima del 2 % durante algún tiempo. Es muy probable que el PIB actual esté varios puntos porcentuales por debajo del potencial y hasta que se llegase a este nivel no deberían aparecer desequilibrios graves. Además, una economía puede crecer por encima del nivel potencial durante algún tiempo, como le ocurrió a España en los años de la burbuja, pero como ocurrió entonces, estas situaciones acaban pasando factura.

Siendo optimistas, pues, el crecimiento potencial de la economía española está pautado por el crecimiento de la productividad cuyo crecimiento depende de un amplio conjunto de factores cuya importancia relativa es variable en el tiempo y de difícil medida. En el gráfico 4.5, elaborado por el servicio de estudios del BBVA, se cuantifican estimaciones de los efectos sobre la productividad del sector manufacturero de un conjunto de posibles factores determinantes, entre los que están los sospechosos habituales. La apertura comercial aproxima un incremento posible de demanda y otro seguro de competencia. Medio punto de incremento de apertura provoca un aumento de productividad del 3,8 %. A continuación se sitúa el capital humano. En el promedio de las dos décadas entre 1991 y 2010 un año adicional de estudios sube la productividad el 3,1 %, porcentaje que sube hasta el 7,1 % si se considera solo el año 2010, cifra que ilustra la importancia creciente con el tiempo que tiene la formación. La reducción de la temporalidad laboral también tiene un impacto notable sobre la productividad porque a menor temporalidad mayores son las posibilidades de formación y de acumulación de capital humano dentro de la empresa. La innovación, medida por el número de patentes, y la inversión en capital productivo también tienen efectos importantes.

Gráfico 4.5. Determinantes de la productividad. Productividad por empleado en la manufactura. Efecto promedio 1991-2010 ( %)

* El efecto adicional de un año de estudio fue del 7,7 % en 2010.

Fuente: BBVA Research.

Nada mencionado en el párrafo anterior es nuevo. Sí lo es caer en la cuenta de que la productividad será la única fuente de crecimiento del PIB potencial y que, por tanto, hay que intentar potenciarla haciendo todas las reformas que sean necesarias para ello.

4.3. Estancamiento secular, tipos de interés negativos y demografía

Los ecos de una influyente presentación de Larry Summers en el Economic Forum del Fondo Monetario Internacional en noviembre de 2013² tuvieron un gran impacto entre los economistas de todo el mundo. En su discurso, Summers se refirió a una situación en la que «el tipo de interés real a corto plazo consistente con el pleno empleo hubiera caído hasta el –2 o el –3 % en algún momento hacia la mitad de la pasada década». Y se planteaba «cómo gestionar una economía en la cual los tipos de interés nominales han caído a cero y son un inhibidor crónico de la actividad económica que mantiene nuestras economías alejadas de su potencial».

La idea de que la economía global podría haber entrado en una nueva situación de bajo crecimiento en la que los instrumentos tradicionales de política macroeconómica —muy especialmente la política monetaria— habrían perdido buena parte de su efectividad se extendió como una mancha de aceite entre la profesión económica. Un libro electrónico sobre el estancamiento secular (EsSec) publicado por VoxEu en agosto de 2014 titulado Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures³ causó sensación y ha sido descargado más de 125.000 veces. Al libro contribuyeron algunos de los economistas más prestigiosos del mundo y en él nos vamos a apoyar para exponer y discutir parte de la problemática del EsSec.

¿Qué es el EsSec? Podemos decir que el EsSec ocurre cuando se dan todas o algunas de las siguientes situaciones:

• Se necesitan tipos de interés reales negativos para igualar ahorro e inversión con pleno empleo (Larry Summers).

• El tipo de interés consistente con el pleno empleo puede ser no consistente con la estabilidad financiera, que requeriría tipos de interés más altos. La búsqueda del pleno empleo con tipos de interés cercanos a cero tiene como daño colateral la generación permanente de burbujas que amenazan la estabilidad del sistema financiero (Larry Summers).

• La demanda agregada permanece estancada incluso con tipos de interés nominales cercanos a cero. Hay un exceso de ahorro que no puede ser invertido a tipos de interés positivos (Barry Eichengreen).

• La productividad total de los factores se estanca como resultado de la baja inversión en infraestructuras y en capital humano (Barry Eichengreen).

• La política monetaria se vuelve impotente para restaurar el pleno empleo y para generar inflación debido a que los tipos nominales están limitados inferiormente por cero (Zero Lower Bound o ZLB). La famosa trampa de la liquidez, situación en la que los tipos de interés no afectan a la demanda agregada y la demanda agregada no afecta a los tipos de interés, se integra en la nueva normalidad (Paul Krugman).

• La Gran Recesión resulta del pinchazo de una inmensa burbuja financiada con deuda. Empresas y familias intentan, simultáneamente, devolver su deuda creando una crisis de balance y una falta de demanda agregada global. Siguiendo los pasos de Japón, la crisis de balance global puede tardar décadas en corregirse (Richard Koo).

Quizás el síntoma más llamativo del EsSec, y el que condensa sus raíces más profundas, son los tipos de interés negativos, tanto reales como nominales. Desde 1978, año en que la inflación y los tipos de interés alcanzaron máximos en el mundo occidental, entonces en plena crisis del petróleo, tanto inflación como tipos emprendieron una senda a la baja que ha llevado, en muchos países desarrollados, a tasas de inflación muy bajas o, incluso, negativas y a tipos de interés reales muy bajos o, incluso, negativos en aquellos países que mantienen una inflación positiva. No solo eso. En algunos países los Gobiernos están colocando deuda a tipos efectivos negativos. Incluso una emisión de una gran compañía del sector alimentario ha cotizado brevemente a tipos negativos y el bono alemán a cinco años salió con tipo de interés negativo del –0,08 % en febrero de 2015.

La teoría económica convencional establece que, en equilibrio, el tipo de interés real debe coincidir con la tasa de crecimiento potencial de la economía. Esta es una proposición con la que, probablemente, la mayoría de los economistas estaría de acuerdo. En el gráfico 4.6 se muestra la evolución de un índice de los tipos de interés reales a nivel global y del tipo de interés real «natural» para Estados Unidos. En ambos casos se observa una caída tendencial, que se acelera en la primera década del siglo XXI hasta llegar a zona negativa en los años de la Gran Recesión.

El desplome del período final puede tener que ver con la desaceleración del crecimiento de la población activa, especialmente en el tipo de interés «natural» de Estados Unidos. El trabajo de Laubach y Williams,⁴ economistas de la Reserva Federal, trata de medir el tipo de interés real al que la economía de Estados Unidos. crecería a su potencial con una inflación estable, r*, al que denominan «natural». Es un concepto de inspiración similar al de la famosa NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unoemployment) porque también busca relacionar una magnitud nominal (inflación) con una magnitud real, en este caso el PIB potencial versus la tasa de paro en el caso de la NAIRU.

Gráfico 4.6. Tipo de interés real (izda.) y tipo interés natural (dcha.)

Fuente: Mervin, Measuring the world interest rate y Laubach, T., Williams, J., Measuring the Natural Rate of Interest. Reproducido del libro de VoxEU citado en la nota 3 de este capítulo.

Como muestra la ecuación que aparece en el gráfico 4.6, Laubach y Williams relacionan el tipo de interés r* con el crecimiento potencial de la economía, g y con una variable z que intenta capturar, entre otros, la tasa de preferencia intertemporal del consumo de las familias. Entre 1961 y 2014 el crecimiento potencial de la economía g ha caído 1,7 puntos porcentuales y la variable z ha caído 2,6. Ello lleva a que la estimación del tipo natural r* sea negativa desde 2010.

4.4. Deflación, tipos de interés y demografía

Dedicamos este epígrafe a aclarar el origen demográfico de la deflación, a discutir por qué la política monetaria no es el instrumento adecuado para combatirla y a proponer tratamientos por vía tributaria que nos parecen mucho más adecuados. El punto de partida es el último párrafo del capítulo 1, particularmente la afirmación «ahora los términos están invirtiéndose y son otras variables, como el clima y la economía, las que son consecuencia de lo que ocurre con la población». Empezaremos por definir la deflación, empresa esta más ardua de lo que parece a primera vista, como primer paso para discutir la relación de la deflación con la demografía.

La idea de «tiempo» está asociada indisolublemente a la idea de «persona». Para el filósofo australiano Peter Singer una persona es alguien que tiene conciencia de su existencia en el tiempo de manera suficiente para darse cuenta en un momento dado de que es el mismo ser que ha vivido previamente y que es el mismo ser que puede esperar vivir en el futuro.⁵ Una persona vive inmersa en el tiempo y parece lógico que le asigne a su transcurrir un valor. ¿Qué es mejor, comer hoy o comer mañana? La mayoría contestaría que hoy, porque mañana es incierto y Dios dirá. ¿Cuánto mejor tiene que ser la comida de mañana para que una persona acepte comer mañana en vez de hoy? La respuesta está íntimamente relacionada con el precio que le asigne al transcurrir del tiempo. Si el precio que se pide por esperar es muy alto, la comida de mañana tendrá que ser mucho mejor que la de hoy. Partiendo de esta intuición, los economistas toman la Tasa de Descuento Intertemporal (TDI) como aproximación al precio del tiempo y, por convención, la estiman utilizando algún tipo de interés a largo plazo. Esta forma de estimar la TDI se usa, por ejemplo, para calcular el valor de la bolsa como valor presente de los futuros beneficios de las empresas cotizadas. Cuanto mayor sea el precio del tiempo —o sea, cuanto más alta sea la TDI— menor será el valor presente de los beneficios futuros y, por tanto, menor será el valor de la bolsa calculado de esta guisa. Es muy importante recalcar que la TDI es «la» tasa profunda de una economía o de una sociedad. Es el verdadero agujero negro alrededor del cual gravita toda la galaxia de los demás tipos de interés.

Definamos ya lo que entendemos por deflación. Diremos que una sociedad o una economía están en deflación cuando tienen una TDI cercana a cero o negativa. Eso equivale a decir que los acontecimientos del futuro tienen tanto o incluso más valor que los acontecimientos del presente. La comida de mañana, por ejemplo, se valora más que la de hoy. En una sociedad deflacionaria se posponen las decisiones de consumo y también las de inversión. Hay una gran aversión al riesgo. Se ahorra mucho, en exceso, y se consume poco. Se exportan capitales y los superávit por cuenta corriente se hacen crónicos. Y los precios al consumo pueden caer por falta de demanda, aunque no siempre lo hacen, pero cuando lo hacen esa caída es síntoma, no causa, de la deflación. Las causas son mucho más profundas.

¿Puede existir una sociedad con una TDI negativa? Sí, sí puede. Y aunque desde una perspectiva histórica una sociedad así sería una anomalía difícil de creer, puede argumentarse que la transición demográfica ha llevado ya a algunos países a esta situación. En 1998 el economista japonés Ryuta Kato publicó un artículo⁶ en el que para explicar la alta tasa de ahorro que se observa en Japón tenía que usar TDI negativas entre el –1 % y el –7,5 %. Son tasas que, por aquel entonces, sorprendieron mucho pero que, como veremos, hoy en día han dejado de sorprender.

¿Qué proceso lleva a una sociedad «normal», es decir, con TDI positiva a convertirse en una sociedad deflacionaria con TDI negativa? En una breve nota publicada en 2009⁷ César Molinas propuso un sencillo⁸ esquema demográfico para explicar la transición de una TDI positiva a otra negativa. El razonamiento es como sigue:

• En toda sociedad humana conviven personas con TDI positivas y personas con TDI negativas. Los jóvenes tienden a endeudarse para hacer frente a gastos, como la compra de vivienda o la educación de sus hijos, para los que su ahorro es insuficiente. Esto denota preferencia por el presente respecto al futuro, un precio del tiempo positivo y una TDI positiva.

• La teoría del ciclo vital, en sus versiones más simples, distingue tres fases en el ciclo: una primera fase de endeudamiento, ya mencionada; una segunda fase de acumulación de riqueza para pagar las deudas y financiar la vejez, y una tercera fase de desahorro en la que se consumen los ahorros acumulados en la fase previa. Conforme a esta teoría los más ancianos deberían tener también una TDI positiva, es decir, deberían preferir el presente al futuro, entre otras razones porque no tienen futuro, pero la evidencia empírica muestra que las cosas no son así. Los viejos ahorran, y mucho. Una razón por la que ahorran puede ser el deseo de dejar una herencia lo que, a su vez, puede estar motivado por el deseo de no perder el control de la riqueza y, por tanto, mantener el poder. Este puede ser el poder extensivo de un billonario o el poder modesto sobre la propia familia. En este caso parece razonable suponer que la TDI de los viejos es negativa e, incluso, fuertemente negativa. Apoyaría esta tesis la incertidumbre sobre cuánto va a durar la propia vida en una sociedad en la que la esperanza de vida de los ancianos sigue creciendo con mucha rapidez.

• La sociedad está compuesta por muchas personas, cada una de las cuales tiene su propia TDI. ¿De qué manera deben agregarse las tasas individuales para lograr una TDI del colectivo social? Esta es la cuestión clave. Se ha discutido mucho de este tema de agregación en el contexto del análisis coste-beneficio de proyectos con horizonte de maduración muy largo como, por ejemplo, los de prevención del cambio climático. El resultado de Weitzman (2001), usando un modelo de descuento basado en la función Gamma, es que en una sociedad en la que se da una gran variabilidad de las TDI individuales acaban prevaleciendo, a largo plazo, las TDI de aquellas personas que tienen la tasa de descuento más baja.

Para ilustrar las implicaciones de los tres puntos anteriores usamos la tabla 4.1 que contiene una simulación tomada de Molinas (2009). En el cuadro se representa la transición demográfica de una sociedad que solo tiene jóvenes y ancianos. En la primera simulación se supone que hay un 10 % de viejos y un 90 % de jóvenes. Se supone también que los primeros tienen una TDI del –4 % y los segundos del 4 %. Calculando la TDI agregada por el método de Weitzman⁹ se obtienen los promedios con horizontes de 10, 20 y 50 años. Puede observarse como, a medida que se alarga el horizonte, disminuye la tasa agregada. La segunda simulación asume el cambio demográfico: el porcentaje de ancianos sube hasta el 30 % y las TDI individuales permanecen inalteradas. Puede observarse que las TDI agregadas bajan más que proporcionalmente respecto a la primera simulación y que acaban haciéndose negativas.

Tabla 4.1. Tasa media de descuento intertemporal (TDI), varios supuestos.

| 10 % Ancianos | 90 % Jóvenes | 30 % Ancianos | 70 % Jóvenes
-4 % TDI | 4 % TDI | -4 % TDI | 4 % TDI
Horizonte | Media TDI | Media TDI
10 años | 2,8 % | 0,9 %
20 años | 2,3 % | 0,1 %
50 años | 0,3 % | -1,7 %

Fuente: Molinas (2009) op.cit. VoxEu http://www.voxeu.org/article/can-inheritace-taxes-prevent-deflaction.

La primera enseñanza de esta simulación es que el cambio demográfico puede tener un impacto muy grande en la TDI de una sociedad aunque las TDI individuales permanezcan inalteradas. La segunda enseñanza es que este cambio en la tasa es más que proporcional al cambio demográfico experimentado por la sociedad. La caída en deflación de una sociedad es un proceso no lineal que va mucho más deprisa que el cambio demográfico que lo desencadena. En otras palabras, la deflación entra en una sociedad sin anunciarse, de manera subrepticia. La sociedad puede envejecer lentamente, pero puede caer en deflación con mucha rapidez. El proceso puede hacerse todavía más rápido si, como ocurre en muchos países, la riqueza está concentrada en la población más anciana.

¿Cuáles son las consecuencias de la deflación? Sin ánimo de ser exhaustivos, citaremos en primer lugar un incremento de la tasa de ahorro generado por la preferencia del consumo futuro respecto al consumo presente. Ello puede llevar, en segundo lugar, a que la demanda agregada se torne insensible a los precios y se vuelva vertical —la infame trampa de la liquidez— provocando caídas de precios en cadena y creando un círculo vicioso que agrava el problema. En tercer lugar la caída de la TDI provoca un aumento de la aversión al riesgo en el conjunto de la sociedad: la preservación del capital se torna el principio rector de la asignación de recursos en detrimento de la inversión productiva, que es la que crea empresas y empleo. En cuarto lugar, la combinación del crecimiento de la tasa de ahorro con el aumento de la aversión al riesgo provoca un exceso de ahorro, o de fondos prestables, que no encuentra inversiones lo suficientemente seguras. Ello genera, en quinto lugar, una presión a la baja sobre los tipos de interés que los hace converger hacia cero. En sexto lugar, el exceso de ahorro se manifiesta en exportaciones de capital en busca de rendimientos más elevados que los que ofrece la economía doméstica.¹⁰ Esto, en séptimo lugar, se manifiesta en superávit crónicos por cuenta corriente en los países deflacionarios. Y, en octavo lugar, se manifiesta también en la creación de burbujas especulativas en terceros países, alimentadas por los flujos internacionales de capital.

Como pequeña galería de los horrores, la sucinta lista del párrafo anterior no está nada mal. Es fácil reconocer en esas características estilizadas a países como Japón o Alemania, que ya han recorrido un buen trecho en el camino de la deflación, y es fácil también reconocer a países que no tienen esas características, como Estados Unidos o el Reino Unido, que distan de haber llegado a una situación deflacionaria aunque la dirección que han tomado también sea preocupante.

¿Qué hacer? ¿Qué remedios pueden aplicarse contra la deflación? Como hemos sugerido al principio de este epígrafe, no parece que una expansión monetaria ilimitada tanto cuantitativa como temporalmente sea el remedio adecuado. Es, como mucho, un tratamiento sintomático de la enfermedad que puede ser, incluso, contraproducente porque contribuye a empujar a los tipos de interés hacia cero. Por otra parte, tampoco parece posible —o deseable— revertir o limitar el envejecimiento de la población controlando el crecimiento de la esperanza de vida. Menos reparos morales tendrían políticas de fomento de la natalidad, aunque la experiencia indica que su éxito sería, probablemente limitado. Más prometedor parece actuar sobre los agravantes de la conexión entre envejecimiento y caída de la TDI. El principal de estos agravantes es la acumulación de la riqueza y del poder de decisión en las personas mayores, que es un factor de amplificación de la no linealidad inherente en la determinación de la TDI de una sociedad. Para corregir esta situación parece mucho más eficaz el sistema tributario que la política monetaria. Una combinación de un impuesto de sucesiones severo —que, en cualquier caso, debería existir por razones de equidad— y un impuesto de donaciones intervivos mucho más suave podría incentivar una transferencia intergeneracional de riqueza hacia personas con una TDI más alta, con menor aversión al riesgo y con mayor capacidad de liderar una sociedad más emprendedora y más dinámica.

Segunda parte

La génesis de la anomalía laboral española

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La génesis de la anomalía laboral española (I): una historia de la prohibición de despedir

Desde hace tres décadas y media el mercado de trabajo en España presenta anomalías importantes tanto si lo comparamos con los de los países más desarrollados como si lo hacemos con los de los países con niveles de desarrollo más similares al nuestro. En el gráfico 5.1 puede verse que a partir de 1980 la tasa de paro española estuvo persistentemente por encima de la de los países desarrollados que acostumbramos a tomar como referencia. Con la única excepción del período de la burbuja inmobiliaria (2002-2008), en el que España creció claramente por encima de su potencial, la tasa de paro española ha estado, como mínimo, 5 puntos porcentuales (pp) por encima de las demás mostradas en el gráfico, llegando a estar 10 pp por encima a principios de los años 90, y 15 pp en los años 2013 y 2014.

El desempleo español también es anómalo cuando lo comparamos con países europeos más semejantes al nuestro tanto a nivel económico como cultural. Como muestra el gráfico 5.2 la tasa de paro española desde los años 80 del siglo pasado también parece excesiva cuando se la compara con Irlanda, Portugal, Italia o Grecia. Solamente este último país ha superado, y solo desde 2013, las elevadas tasas de desempleo de España y para ello han sido necesarias una contracción del PIB heleno del 25 % y la bancarrota de sus finanzas públicas. A finales de los años 80 Portugal tenía la tasa de paro más baja de Europa mientras que la española era la más alta. El desempleo portugués ha sido siempre mucho más bajo que el español y lo mismo puede decirse del italiano y del irlandés. La burbuja irlandesa de la primera década del presente siglo fue, en términos relativos, mayor que la española. Al estallar estas, la caída del empleo en Irlanda fue más rápida que en España y de un porcentaje similar (14 % versus 15 %). Pero a principios de 2015 la tasa de paro en Irlanda era el 10,5 % y en España el 23,5 %.

Gráfico 5.1. Evolución de la tasa de paro

Fuente: Labour Force Survey (EUROSTAT).

Gráfico 5.2. Evolución de la tasa de paro

Fuente: Labour Force Survey (EUROSTAT).

La anomalía española no solo se manifiesta en la elevada tasa de paro —que refleja una infrautilización crónica de los recursos económicos— y en la lentitud de la recuperación del empleo tras las crisis. También la estructura del empleo en lo que respecta a la división de los trabajadores en fijos y eventuales es una anomalía que llama la atención. Como puede observarse en el gráfico 5.3, desde que se reformaron los contratos temporales en 1984 la tasa de temporalidad creció rápidamente hasta situarse en cotas del 35 %, algo sin parangón en los países de nuestro entorno. En la crisis de 2007 la tasa de temporalidad se redujo 10 pp, pero ello no se debió a que a los temporales se les hiciera fijos, sino a que fueron despedidos masivamente como consecuencia de la mayor flexibilidad de sus contratos a la hora de ajustar plantillas. Este exceso de temporalidad tiene costes muy grandes para la economía y para la sociedad española porque es un serio obstáculo para la formación de los trabajadores dentro de las empresas y para la acumulación de capital humano en general. Los temas tratados en los cuatro primeros capítulos de este libro deberían alertar que si España no encuentra una solución para mejorar su capital humano lo visto hasta ahora en nuestro mercado laboral no es nada comparado con lo que vendrá.

Gráfico 5.3. Evolución de la tasa de temporalidad

Fuente: Labour Force Survey (EUROSTAT).

En este capítulo vamos a relatar las causas y las circunstancias históricas que han generado no solo las anomalías que acabamos de describir sino, también, otras igualmente importantes que han contribuido a conformar un mercado de trabajo disfuncional que provoca un enorme despilfarro de recursos humanos. Admitiendo que el problema es multidimensional e interdisciplinar, nuestro enfoque será histórico y político-institucional e intentaremos seguir, flexiblemente, un cierto orden cronológico. Este capítulo relata la historia de la prohibición o imposibilidad de despedir en España. Esta imposibilidad se ha ido transformando a lo largo de los años y las décadas afectando a grupos cada vez más reducidos de insiders y condenando a los grupos cada vez más amplios de outsiders a una grave precariedad laboral y a una terrible descapitalización humana.

Para ilustrar nuestro discurso hemos contado con la inestimable ayuda de la empresaria K quien irá desgranando sus vicisitudes para dar un toque de realidad concreta a nuestro discurrir generalista. En el epígrafe 5.8 formalizamos un modelo de insiders-outsiders con estabilidad política e infrautilización crónica de recursos productivos que nos parece muy útil para interpretar no solo la génesis de la anomalía laboral española sino también la de otras anomalías aparentemente incomprensibles de nuestro país. Dejamos para el capítulo siguiente todo lo relacionado con el capital humano, muy particularmente la formación profesional, que es el otro gran determinante de la anomalía laboral española.

5.1. Prohibido despedir: el mercado laboral en el franquismo

La dictadura franquista diseñó un entramado institucional del mercado de trabajo enfocado a alcanzar y mantener el pleno empleo. Este era un objetivo de la máxima importancia para asegurar la paz social porque el Estado de bienestar, que ya empezaba a desarrollarse en los países europeos y que es un elemento clave para asegurar la estabilidad social a lo largo del ciclo económico, era prácticamente inexistente en España. Aunque en 1961 se creó el modelo de prestaciones por desempleo, se hizo de forma tan restrictiva que no se puede considerar que actuara como un verdadero colchón para hacer frente a las crisis cíclicas. De hecho, la recaudación de la incipiente seguridad social era muy baja y las prestaciones sociales también.

El mercado de trabajo español estaba dominado por excepcionalidades. No existía libertad sindical ni derecho a huelga. Tras un largo período de autarquía e intervención en la economía, el Plan de Estabilización abordó la apertura al exterior y una cierta liberalización económica. Se partía de unos niveles salariales muy bajos. La población española tenía grandes carencias no solo en educación básica sino también en formación profesional. Con estas premisas, se implantó en 1958 un sistema de negociación colectiva en el que el Estado intervenía directamente en la determinación de los salarios, de tal forma que cuando se producían presiones alcistas de precios, el Gobierno fijaba tasas máximas de crecimiento de los salarios nominales que debían ser respetadas por los convenios colectivos. No obstante, el Estado permitía e incluso potenciaba incrementos salariales ligados a la productividad del trabajo, a través de abundantes complementos salariales fácilmente controlables por el empresario, proporcionando un holgado margen de maniobra para ajustar los salarios al alza en función de la productividad de los trabajadores. Paralelamente, se introdujeron medidas legales que prácticamente prohibían los despidos. El concepto de despido por causas económicas no existía y la ley establecía que solo era posible despedir por causas disciplinarias, lo que exigía que el empresario demostrara ante los jueces que existían causas procedentes asociadas al comportamiento del trabajador que justificaran el despido. Esto no llegaba a ocurrir debido a que la legislación y la práctica judicial estaban orientadas a defender a la parte más débil de la relación laboral, por lo que en caso de conflicto el despido era típicamente declarado nulo y el empresario tenía la obligación de readmitir al trabajador en la empresa. Esta situación en la que siempre es el empresario el que tiene que demostrar su inocencia en un juicio se ha prolongado hasta la actualidad. En el caso extremo de que el despido fuera declarado procedente, la legislación establecía que el trabajador no tenía derecho ni a indemnización ni a seguro de desempleo.

La intervención del Estado en la fijación de los salarios y en el ajuste del empleo introducía una fuerte rigidez en el mercado de trabajo, pero el modelo tenía algunos márgenes de flexibilidad.¹ Por un lado, el hecho de que existieran abundantes complementos salariales ligados a la productividad de los trabajadores permitía hacer frente a las reducciones cíclicas de la demanda a través de recortes en el componente variable de los salarios. Por otro lado, era posible ajustar el empleo reduciendo el número de horas trabajadas sin necesidad de realizar despidos, disminuyendo tanto el número de horas extraordinarias como el pluriempleo, prácticas que estaban muy extendidas porque permitían complementar los bajos niveles salariales. Este último ajuste del empleo solía realizarse en la economía sumergida, lo que permitía una adaptación muy rápida.

5.2. Conflictividad laboral y cierre de empresas: el mercado de trabajo en la Transición

El debilitamiento del régimen franquista desde principios de los años 1970 y el aumento de la inestabilidad política coincidieron con un período de fuerte conflictividad laboral que se prolongó toda la década. La dictadura había perdido toda capacidad de iniciativa para dar respuesta a las nuevas demandas políticas y a las nuevas situaciones sociales.

El proceso de transición política estuvo marcado por la coincidencia con la primera crisis del petróleo en 1973. El brusco encarecimiento de los precios de la energía repercutió sobre los precios al consumo e intensificó las movilizaciones sindicales clandestinas que empezaban a extenderse por todo el territorio nacional. Ello provocó el abandono de la política de rentas que hasta entonces había asegurado la estabilidad de precios. Los sindicatos ilegales persiguieron no solo evitar las pérdidas de poder adquisitivo derivadas del encarecimiento del petróleo sino también reducir las desigualdades salariales, desvinculándolas de los incrementos de productividad, y conseguir el apoyo de los trabajadores, en especial de salarios más bajos. Por un lado, se pactaron incrementos salariales en función de la inflación pasada más dos o tres puntos asignados a unas hipotéticas ganancias de productividad, a pesar de que estas habían desaparecido ante el estancamiento de la actividad económica que provocó la crisis. Como muestra el gráfico 5.4, el crecimiento de los salarios llegó a registrar tasas superiores al 25 % y crecieron más que la inflación hasta 1982. Los costes laborales unitarios, aproximados por el cociente entre el salario y la productividad, se dispararon originando una importante brecha salarial que erosionó la competitividad de la economía española en unos momentos en los que era de importancia capital mantener la competitividad exterior.

Adicionalmente, los sindicatos consiguieron reducir las diferencias salariales por categorías profesionales al imponer que al menos el 50 % del aumento de la masa salarial total se distribuyera de forma lineal. Esta política salarial perduró hasta 1979 cuando los propios sindicatos —que fueron legalizados en 1977— decidieron restablecer el criterio de proporcionalidad en el incremento de los salarios ante los efectos que esta política estaba produciendo sobre el coste del primer empleo y ante la pérdida de influencia que podía suponer sobre una parte importante de sus posibles bases de clase media. Como se aprecia en el gráfico 5.5, el resultado fue un intenso proceso inflacionista acompañado de una brusca caída de la dispersión salarial por categorías profesionales gracias al aumento que registraron los niveles salariales de las categorías bajas. En el gráfico se aprecia también que durante estos años los sindicatos consiguieron modificar la distribución de la renta a favor del trabajo a pesar del impacto inflacionista de la primera crisis del petróleo y de que se estaba iniciando lentamente un proceso de destrucción de empleo que duraría una década y que acabaría destruyendo 2,5 millones de empleos, un 20 % del total, entre 1974 y 1985. La participación del excedente bruto de explotación en la Renta Nacional Bruta Disponible (RNBD) cayó 10 pp entre 1964 y 1976.²

Gráfico 5.4. Salarios nominales e IPC

Fuente: García Perea, P., «Evolución de la estructura salarial española desde 1963», Estudios de economía del trabajo en España III. El problema del paro, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pp. 1.289-1.326, Madrid, 1991.

En este contexto, con una inflación desbocada y con una beligerancia extrema de los nuevos sindicatos libres, el empleo, que estaba protegido legalmente, se reducía con mucha lentitud y lo hacía al ritmo que cerraban las empresas por quiebra o suspensión de pagos. No se podía despedir, a pesar de que la crisis seguía intensificándose, y el inevitable ajuste se hacía por la vía de la desaparición de tejido económico y empresarial. La situación de la economía era terrible y a la conflictividad laboral, con mucha presión en la calle, se le añadía una gran inestabilidad e incertidumbre políticas que muchas veces reforzaba y amplificaba a la impulsada por las nuevas organizaciones sindicales.

Gráfico 5.5. Dispersión salarial* (izda.) y participación en la RNBD (dcha.)

Fuente: «Evolución de la estructura salarial española desde 1963», Estudios de economía del trabajo en España III. El problema del paro, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pp. 1.289-1.326, Madrid, 1991.

5.3. La estabilización económica y política: la cláusula erga omnes ex ante

Las primeras elecciones democráticas tuvieron lugar en junio de 1977. Ese mismo verano comenzaron los contactos entre las distintas fuerzas políticas para tratar de llegar a acuerdos que permitieran estabilizar la economía. El objetivo prioritario del nuevo Gobierno en el terreno económico fue luchar contra la inflación, porque estaba poniendo en peligro la estabilidad no ya de la economía sino del país. Para ello era fundamental un amplio apoyo político, pero eso no era suficiente. Se necesitaba, además, poder contar con unos agentes sociales suficientemente representativos con los que poder negociar y llegar a acuerdos que redujeran el nivel de conflictividad y que colaborasen en la instrumentación de la disciplina necesaria en la negociación colectiva descentralizada. Esos agentes sociales representativos no existían en la España de la época y, debido a la peculiar solución que se le dio a este problema, no han existido nunca en la actual etapa democrática española.³

Dadas las urgencias del momento se pensó que la fórmula más rápida y segura de conseguir agentes sociales representativos era establecer la representatividad por ley. Con este propósito se optó por dotar a los convenios colectivos de fuerza legal (cláusula erga omnes ex ante), es decir, los acuerdos pactados en convenio se extenderían por ley a todas las empresas y trabajadores del ámbito del convenio, fuera este sectorial, provincial o, incluso, nacional. Para ello no se exigirían unos criterios mínimos de representatividad de los firmantes del acuerdo, es decir, que para que el convenio tuviese fuerza legal no hacía falta que los trabajadores o las empresas estuviesen afiliados a su sindicato o estuvieran adscritas a la organización empresarial correspondiente. Se garantizaba así que la tasa efectiva de sindicación o cobertura sindical, es decir, la proporción de trabajadores cuyos derechos están defendidos por los sindicatos en la negociación colectiva, fuera prácticamente total. Se conseguía también centralizar la negociación colectiva en las cúpulas sindicales y patronales que, con contrapartidas inmensas de poder e influencia, contribuyeron de manera decisiva a estabilizar la economía y el país. Los Pactos de La Moncloa, firmados en octubre de 1977 por el Gobierno, los agentes sociales y todos los partidos políticos mostraron el amplio apoyo que tuvo el impulso de estabilización económica y posibilitaron dar un giro a la situación de deterioro que venía registrando el país desde el inicio de la crisis de la energía.

Recuadro 5.1. La eficacia de la cláusula erga omnes

Nos habla la empresaria K: «Cuando empecé la actividad en mi empresa en 2002 el convenio relevante era el de peluquerías, institutos de belleza y gimnasios. El convenio determina el salario, mediante una tabla salarial en la que se especifica el nivel mínimo del salario base por día (más la paga de junio y diciembre) para los trabajadores pertenecientes a los grupos profesionales I, II y III. El convenio incluye también un plus fijo en concepto de transporte, independientemente de dónde viva el trabajador contratado y que oscila en torno a 10 euros. Su vigencia es de tres años, estableciéndose en el momento de la firma cuál va a ser el incremento salarial en cada uno de ellos y los criterios que dan lugar a la activación de las cláusulas de revisión en función de la evolución de los precios, de tal forma que todas las empresas del sector de peluquería tienen la obligación de pagar a sus trabajadores como mínimo dicho nivel salarial, independientemente del tamaño de la empresa o de su antigüedad. Ante cualquier incumplimiento el trabajador puede demandar a la empresa. Durante el primer mes de actividad olvidamos incluir en las nóminas el plus de transporte y un grupo de trabajadores, que había comprobado que su sueldo era inferior al de otra empresa del sector, amenazó con ir a juicio. Rápidamente corregimos el error de las nóminas y fuimos conscientes hasta qué punto el latinajo «erga omnes» se cumple en realidad.

A raíz de los Pactos se modificó el sistema de determinación de los salarios y de indiciación salarial, lo que permitió iniciar una senda de contención de los salarios nominales y de la inflación. El crecimiento salarial empezó a fijarse en función de la inflación esperada, en vez de la pasada como hasta entonces, y se sustituyeron las escalas salariales móviles por cláusulas de salvaguarda que permitían revisar los salarios pactados en la negociación colectiva en el caso de que la inflación registrada superase a la esperada. Aunque se mantuvo la estructura de negociación colectiva fragmentada por sectores y ámbitos territoriales heredada del franquismo, los crecimientos salariales pactados en la cumbre se extendían con gran eficacia a todo el territorio nacional gracias a la cláusula erga omnes. Durante estos años predominaron en la negociación colectiva los acuerdos de ámbito nacional en los que el Gobierno figuraba, bien como parte del acuerdo (Pactos de la Moncloa en 1978, Acuerdo Nacional de Empleo en 1982 y Acuerdo Económico y Social en 1985-1986) o bien apoyándolos desde fuera (Acuerdo Marco Interconfederal en 1980-1981 y Acuerdo Interconfederal en 1983), ofreciendo importantes contrapartidas en materia de política social para facilitar la moderación de los salarios.⁴

La forma en que se abordó la exitosa lucha antiinflacionista introdujo, sin embargo, importantes rigideces que marcaron el funcionamiento futuro del mercado de trabajo. En cierta manera, se intercambiaron unas anomalías por otras. El nuevo sistema de indiciación salarial logró detener la espiral inflacionista pero, al introducir la cláusula de revisión de los salarios en función de la inflación realizada, dificultó los ajustes de los salarios reales a pesar de que cada vez era más intensa y prolongada la destrucción de empleo. En España se seguía sin poder despedir y el empleo caía por destrucción de las empresas. Por otra parte, la introducción de la cláusula erga omnes en combinación con los pactos nacionales favoreció un sistema de negociación colectiva coordinado y centralizado que hacía más fácil la lucha contra la inflación. Sin embargo, la forma en que se introdujo, garantizando la representatividad de los agentes sociales sin necesidad del apoyo de las bases, hizo que las organizaciones empresariales y sindicales mayoritarias, que son las que pasaron a tener el poder de negociación, tuvieran pocos incentivos para adaptarse a las transformaciones del mercado de trabajo, ya que su poder no se vería limitado en ningún caso por la falta de apoyo de sus bases. Este sistema de baja afiliación y alta cobertura es una anomalía dentro del contexto internacional y resulta crucial para entender nuestro sistema de relaciones laborales. Por ejemplo, en Francia, Italia y Alemania los convenios colectivos sectoriales solo son vinculantes para las empresas que son miembros de la organización empresarial firmante y en el caso de Italia y Alemania el convenio cubre solo a los trabajadores afiliados a la organización sindical firmante, aunque es frecuente que el empresario aplique el convenio de forma voluntaria a todos sus trabajadores. En Francia y Alemania existe la posibilidad de que al igual que España el convenio colectivo se extienda a todo el sector aunque la empresa no pertenezca a la organización patronal signataria, pero dicha extensión (denominada cláusula erga omnes) nunca se realiza de forma automática. En ambos países el Gobierno es el que tiene la capacidad de extender los convenios colectivos a petición de una de las partes. En Francia las extensiones se han utilizado en diferentes sectores para establecer los mismos salarios mínimos en todas las empresas de un determinado sector y en Alemania se requiere un motivo de interés público.⁵ En el caso de Italia no se aplica la cláusula erga omnes por lo que no existen mecanismos de extensión de los convenios.

5.4. El Estatuto de los Trabajadores de 1980: se abre la posibilidad de despedir

En 1980 se aprobó el Estatuto de los Trabajadores. En principio debía haber estado orientado a crear un sistema estable y democrático de relaciones laborales a partir de un marco legal similar a los que existían en otros países europeos. En esta ocasión, sin embargo, como en tantas otras en lo relativo al mercado de trabajo, se optó también por una línea continuista y se acabaron perpetuando importantes elementos legales y administrativos intervencionistas, heredados de las reglamentaciones franquistas, con los que las cúpulas sindicales y patronales se sentían particularmente cómodas. El sistema instaurado mantuvo la estructura de los convenios sectoriales y territoriales heredados de la época de la dictadura y, a partir de dicha estructura, se fijaron los niveles salariales mínimos de cada categoría profesional. Este método permitió que se consolidaran los aumentos salariales de las categorías bajas que se habían producido durante los años de transición política, causados por los incrementos lineales desligados de la productividad, y que acabasen convirtiéndose en verdaderos salarios mínimos, muy superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, en la práctica, se convirtió en inoperativo.

Para evitar los posibles efectos negativos derivados de una excesiva homogeneización de los salarios se establecieron las condiciones en las que las empresas podían eludir las normas contenidas en el convenio, las llamadas cláusulas de descuelgue, pero se aplicaron de forma tan restrictiva que no llegaron a ser efectivas. Únicamente las empresas grandes y más productivas tenían incentivo para salirse del convenio sectorial y firmar un convenio de empresa, lo que en la práctica exigía pagar salarios más altos que los del sector —debido a la prioridad que tenía el convenio de ámbito superior a la empresa—, pero a cambio de unas mayores posibilidades de adaptación a partir de dicho descuelgue.⁶

En el Estatuto de los Trabajadores se introdujo el nuevo despido objetivo por causas económicas, tanto individual como colectivo, con un diseño relativamente similar al prevaleciente entre aquellos países europeos que tienen una regulación más estricta en términos de protección del empleo. Se estableció que era posible despedir a un trabajador por causas económicas siempre que quedara suficientemente justificado ante el juez y previo pago de una indemnización que ascendía a 20 días del último sueldo por cada año trabajado, con un máximo de doce mensualidades. No obstante, la forma tan restrictiva en que los jueces interpretaron la existencia de causas que justificaran el despido objetivo, es decir por causas económicas, hizo que en la práctica fuera marginal. Incluso en el caso de los despidos colectivos o Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), el hecho de que hubiera que llegar previamente a un acuerdo con los sindicatos para obtener la autorización de la autoridad laboral necesaria para poder hacer efectivo el despido llevó a que en la práctica la indemnización fuera muy superior a la que establecía la ley.

Recuadro 5.2. La dificultad de justificar un despido objetivo

Continúa la empresaria K contando sus vicisitudes: «Mi empresa era franquiciada. Las franquicias permiten minimizar los errores de puesta en marcha porque cuentan con la experiencia del franquiciador a cambio del pago de unos royalties. Pese a ello, es difícil evitar las equivocaciones. En la fase inicial, ante la dificultad de cubrir costes, hubo que adoptar la difícil decisión de prescindir del director técnico, puesto de trabajo que se amortizaría hasta que la empresa dejara de tener pérdidas. Aunque éramos conscientes de la dificultad de justificar un despido objetivo pensamos que en este caso se cumplían todos los requisitos: la empresa tenía pérdidas (de hecho no había llegado a tener beneficios) y se amortizaba un puesto de trabajo que pasaría a realizar el empresario. Cuando se le comunicó al trabajador el despido, reaccionó violentamente y la situación terminó en juicio. Para evitar los salarios de tramitación, que la reforma de 1997 trató de eliminar, se intentó consignar en los juzgados de lo social la indemnización, pero la ley exigía que se consignara la indemnización asociada al despido improcedente, en cuyo caso no se podía ir a juicio porque se estaba aceptando implícitamente que el despido era improcedente. Kafkiano: las cosas empezaban a torcerse. Si se perdía el juicio además de pagar al abogado y la indemnización del despido improcedente habría que pagar los salarios de tramitación. Bueno, solo dos meses más porque lo que sí había cambiado con la reforma es que si el juicio se retrasaba más de dos meses era el Estado el que pagaba el resto de salarios de tramitación. ¡El despido fue declarado improcedente!».

El verdadero cambio en el ámbito de la protección del empleo se produjo en el despido disciplinario, ya que desde entonces fue posible realizar ajustes de plantilla de una forma muy rápida (con un preaviso de solo un mes) aunque muy cara (la indemnización podía llegar a alcanzar tres anualidades y media del último sueldo). El Estatuto de los Trabajadores estableció que los despidos disciplinarios improcedentes, es decir sin causa justa a juicio de los jueces, dejaran de ser nulos como hasta entonces, lo que exigía la reincorporación inmediata del trabajador a la empresa y el pago de los salarios de tramitación. Por primera vez se abría la posibilidad de que el empresario sustituyera la readmisión por una indemnización carísima, que ascendía a 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, cuantía que, además, estaba exenta del pago de impuestos. A raíz de este cambio surgió lo que posteriormente se ha denominado despido exprés por la rapidez con la que se podía llevar a cabo en comparación con lo que ocurre en otros países europeos, donde suele existir un preaviso de varios meses para proporcionar tiempo al trabajador para buscar un nuevo empleo y donde el empresario no tiene la capacidad de reconocer de forma inmediata la improcedencia del despido sino que, ante una demanda del trabajador, tiene que ser necesariamente un juez quien lo autorice.

El despido exprés se introdujo en un contexto en el que la negociación colectiva limitaba enormemente las posibilidades de ajuste de los salarios tanto a nivel macro, donde las cláusulas de revisión aseguraban el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, como a nivel micro, donde la tendencia hacia la homogenización de los salarios limitaba enormemente las posibilidades de individualizar las condiciones salariales. Eso dio lugar a innumerables distorsiones que se han mantenido hasta nuestros días. Una de las más negativas es que algunos trabajadores pueden llegar a considerar la elevada indemnización por despido disciplinario improcedente como parte de su salario. Por ello deciden abandonar la empresa voluntariamente, pero exigen al empresario que les abone la indemnización so pena de quedarse y crear mal ambiente entre los demás empleados. El empresario acostumbra a ceder, como mal menor, y el trabajador cobra una sustanciosa indemnización libre de impuestos. Entonces comienza a percibir la prestación por desempleo, que a veces se puede combinar con labores complementarias en la economía sumergida. Esta mala práctica no se ve limitada ni por la actitud de los jueces, que mayoritariamente consideran los despidos como improcedentes, ni del Estado, que tradicionalmente ha ejercido un control mínimo sobre los requisitos que han de cumplir los perceptores de las prestaciones por desempleo. Además, supone un desincentivo para los trabajadores más productivos que permanecen en la empresa, ya que al no acceder a la indemnización su salario es comparativamente menor. Nos lo cuenta la empresaria K en el recuadro 5.3.

Cuadro 5.3. El (des)control del Servicio Público de Empleo

«Aunque en España la tasa de paro es muy elevada, puede resultar difícil encontrar a buenos profesionales, especialmente cuando estos necesitan conocer un oficio con un componente práctico importante. En el sector de peluquería y estética, en plena burbuja, muchas veces no había otra opción que la de acudir al Servicio Público de Empleo. En una ocasión, ante las dificultades para cubrir vacantes, opté por acudir a dicho Servicio, que envió en torno a 10 profesionales. Todos acudieron puntualmente a la cita pero ninguno quería trabajar. ¡Ninguno! Acudían con un impreso que la empresa debía rellenar, sellar y firmar. Entre las preguntas del impreso no había ninguna casilla donde se pudiera informar de que los candidatos no querían trabajar. En el Servicio Público de Empleo informaron de que si los candidatos habían acudido a hacer la entrevista la empresa tenía la obligación de firmar el formulario ya que el candidato no tenía que cumplir ningún requisito adicional. El organismo no tenía ningún interés en saber si los «candidatos», que cobraban la prestación, estaban disponibles para el trabajo. Bastaba comprobar si habían ido a la cita, no si querían trabajar.»

La posibilidad de realizar despidos disciplinarios improcedentes ágiles estuvo muy ligada a la necesidad de hacer frente a un difícil proceso de reconversión industrial. En la primera mitad de los años 1980 se tuvo que afrontar una drástica reducción de la industria pesada y de la minería, cuya falta de competitividad las hacía inviables en un contexto de apertura internacional. Para mitigar los efectos sociales, en línea con lo expuesto en el capítulo 2 de este libro, se ofrecían una compensación y una red de protección social novedosa, la prejubilación, para facilitar los ajustes de plantilla. De hecho, en los años 1980 se establecieron un conjunto de bonificaciones oficiales adicionales asociadas a las suspensiones de contratos laborales y se configuró un conjunto de medidas para contribuir a acelerar los ajustes de plantilla en las empresas acogidas a los planes de reconversión, como requisitos menos estrictos en los despidos y suspensiones, ampliación de las prestaciones por desempleo y jubilaciones anticipadas y agilización de la autorización administrativa en la resolución de los EREs. La juventud del sistema de Seguridad Social español, con muchos ingresos y pocos gastos en esa época, facilitó el acceso a las prejubilaciones en condiciones muy generosas, que en ocasiones se complementaban desde la economía sumergida.

Una consecuencia negativa importantísima de estos procedimientos fue que, en vez de intentar recapitalizar laboral y humanamente a los trabajadores desplazados por la reconversión, se les apartó para siempre del mercado de trabajo. Esto era una nueva versión del principio de «prohibido despedir»: los desplazados no estaban despedidos, sino laboralmente muertos. La sociedad española los dejó caer del limbo precario e incierto de los desempleados hasta el cementerio viviente de los inútiles, privándoles definitivamente del trabajo como opción de realización personal. Se consagraba así el gran despilfarro de recursos humanos que supone el funcionamiento anómalo del mercado de trabajo en España. Este método despiadado siguió funcionando en las crisis de principios de los años 1990 y en la Gran Crisis de 2007. En esta última, especialmente en la banca y cajas de ahorro, al estar la Seguridad Social española ya en una posición financiera imposible, se recurrió directamente al contribuyente para financiar unas generosísimas prejubilaciones que provocarían gran indignación si se hicieran públicas. En 1885 Paul Lafargue, cuñado de Karl Marx y amigo de Pablo Iglesias, publicó su obra más conocida El derecho a la pereza. En esta obra se puede leer la siguiente sentencia, que el francés consideraba elogiosa: «Para el español [...] el trabajo es la peor de las servidumbres».⁷ Si en un mapa de España pinchamos la aguja de un compás en Madrid y trazamos un arco contrariamente al sentido de las agujas del reloj desde Cantabria hasta Cartagena, podremos comprobar, observando las tasas de actividad y de empleo, hasta qué punto Lafargue era buen conocedor de los españoles. O de los sindicatos españoles que contribuyó a fundar.

5.5. La prohibición de despedir y la segmentación entre fijos y eventuales

A partir de 1984 la reducción del desempleo se convirtió en una prioridad política de primera magnitud y se planteó la primera reforma sustantiva del mercado de trabajo, diez años después de que comenzase la Transición. La reforma no intentó cambiar la filosofía inherente en la prohibición del despido, sino que restringió su ámbito de aplicación creando una nueva categoría de outsiders que sí podían ser «despedidos» y preservando a los insiders de siempre de caer en esa posibilidad. Se optó por flexibilizar únicamente las condiciones laborales de los nuevos contratos sin alterar al núcleo de trabajadores con contrato indefinido que seguirían protegidos por las mismas indemnizaciones y por una negociación colectiva que impedía el ajuste de los salarios. La reforma consistió en quitar los límites a la contratación temporal y ampliar la cobertura de las prestaciones por desempleo.

En España la contratación temporal era frecuente entre los sectores de construcción y turismo, de gran importancia en la economía nacional. Existía un límite en relación al tamaño de la plantilla respecto al volumen máximo de contratos temporales que una empresa podía realizar y la extinción del contrato en la fecha acordada no exigía el pago de indemnización. La reforma de 1984 eliminó dichos topes, amplió la duración máxima del contrato temporal desde 2 hasta 3 años y creó una nueva figura de contrato temporal incentivada con bonificaciones a la Seguridad Social para el lanzamiento de nuevas actividades productivas, introduciendo una indemnización, solo para esta modalidad de contrato, de 12 días de salario por año trabajado. En ocasiones se ha argumentado que aunque en aquel momento hubo un debate sobre la conveniencia de reducir las indemnizaciones de los contratos indefinidos se pensó que dicho recorte podría causar una rápida sustitución entre trabajadores de edad avanzada y en general con un nivel de educación bajo por trabajadores jóvenes con un nivel de educación cada vez mayor y con salarios inferiores, dada la menor incidencia de los complementos por antigüedad que era una práctica muy extendida entre los convenios colectivos.⁸

El impacto de esta reforma sorprendió por la rapidez con la que se generó empleo. Los años de expansión que siguieron a la reforma dieron pie a grandes esperanzas, ya que tras diez años destruyéndose puestos de trabajo, 2,6 millones entre 1974 y 1984, en el transcurso de los cinco años siguientes España creó cerca de 2 millones de empleos. A pesar de ello la tasa de paro solo bajó hasta el 16 %, porque la población activa creció muy deprisa debido, sobre todo, al incremento de la participación de las mujeres que partían de una tasa de actividad muy baja. Aunque el aumento del empleo que se generó fue casi exclusivamente temporal, inicialmente se pensó que era un mal menor y que su intensidad sería transitoria (gráfico 5.6). Los contratos temporales se veían como una alternativa para que los jóvenes se incorporaran al mercado de trabajo antes de acceder a un empleo indefinido. Servirían como un largo periodo de prueba que permitiría reducir el riesgo a la hora de llevar a cabo la selección de personal, que es especialmente elevado en un país como España donde la protección al empleo indefinido no se vio alterada y se mantuvo en niveles muy elevados.

Gráfico 5.6. Variación del empleo por tipo de contrato

Fuente: INE. Encuesta de población activa.

Pronto quedó de manifiesto, sin embargo, que en España los empleos temporales no iban a ser un trampolín para facilitar la incorporación de los jóvenes al mundo laboral de forma estable. Al mantenerse la vigencia de la prohibición de despedir sobre los contratos indefinidos, que seguían gozando de una protección muy elevada, las empresas prefirieron acumular trabajadores eventuales en vez de transformar los contratos en fijos, a pesar de las dificultades que esta estructura contractual conlleva para la formación del capital humano dentro de la empresa.⁹ En el gráfico 5.3 se aprecia que la ratio de temporalidad en España se situó de forma permanente por encima del 30 %, muy por encima de países como Alemania, Francia o Italia, que también adoptaron medidas en esta dirección pero cuya ratio de temporalidad no llega a superar el 15 % de los asalariados. En el Reino Unido, que tiene un mercado de trabajo muy flexible en el que no existen indemnizaciones por despido y donde los salarios se determinan mayoritariamente por contrato individual, aunque no existe ningún tipo de restricción para efectuar contratos temporales la ratio de temporalidad se sitúa en torno al 5 %. Este comportamiento diferencial de España refleja, en última instancia, la magnitud de las distorsiones del mercado de trabajo español, donde al mantenerse el statu quo de los trabajadores con contrato indefinido tanto en términos de protección del empleo como de posibilidades de ajuste de los salarios e incluso de la jornada de trabajo, los contratos temporales se convirtieron en la única posibilidad de ajuste ante fluctuaciones cíclicas de la demanda o ante cambios más estructurales. Así surgió el problema de la dualidad del mercado de trabajo, con todas las ineficiencias que ello induce en materia de capital humano, factor este que condiciona la oferta de trabajo y, por tanto, la especialización sectorial de la economía española. Casi nada.

A partir de la reforma de 1984 cambió drásticamente la pauta de ajuste del empleo a lo largo del ciclo económico. Si bien inicialmente la economía española fue capaz de crear un elevado volumen de empleos, los puestos de trabajo creados durante las expansiones no han sido nunca suficientes para absorber los niveles previos de desempleo y, además, se han perdido con gran rapidez en las recesiones siguientes. Tanto la recesión de principios de los años 1990 como la Gran Recesión de 2008 se han caracterizado por una intensidad en la destrucción de puestos de trabajo sin apenas paralelismos en el contexto internacional, llegando a superar la tasa de paro el 20 % en los años 1990 y el 25 % en la Gran Recesión (ver el gráfico 5.1). De esta forma, tras un primer periodo de efecto luna de miel, la introducción de los contratos temporales generaron un aumento muy significativo de la volatilidad del empleo sin lograr reducir la tasa de paro a largo plazo, aspecto que viene reflejado en el alto coeficiente que se desprende de la ley de Okun¹⁰ para el caso de España, muy superior al de cualquier otro país tal y como se muestra en el gráfico 5.7.

Numerosos estudios han evaluado la estrategia de flexibilización en España a raíz de la introducción de los contratos temporales, comprobando que la expectativa inicial de transitoriedad del empleo temporal no terminó cumpliéndose y que, muy al contrario, se creó una cultura de empleo precario que terminó introduciéndose en la estrategia empresarial. Aunque inicialmente los contratos temporales se concentraron entre los jóvenes, pronto la inestabilidad del empleo se extendió a todos los grupos de trabajadores, siendo el colectivo más afectado el de los menores de 35 años, con un bajo nivel de educación, en ocupaciones manuales poco cualificadas, especialmente en la agricultura y la construcción. A partir de un análisis de datos longitudinal Toharia et al.¹¹ pusieron de manifiesto que los contratos temporales son cada vez más frecuentes en edades avanzadas y García Serrano y Malo (2013)¹² aportaron evidencia de que los trabajadores con contrato temporal llevan a cabo tareas similares a las que realizan los trabajadores con contratos indefinidos, lo que permite confirmar que los contratos temporales se utilizan para realizar actividades de naturaleza permanente como una forma de reducir los costes laborales.

Gráfico 5.7. Coeficiente de Okun. Ecuación de la tasa de paro con respecto al PIB. Estimación con ventana de 20 años

Fuente: Boletín Económico Banco de España, Abril de 2014. Recuadro 3, «el comportamiento del empleo y la tasa de paro en la salida de la crisis».

En esta misma línea, Alba-Ramírez et al. (2007)¹³ encuentran que en España, al igual que en Estados Unidos y Canadá y en menor medida en Europa, los despidos temporales o recolocaciones son una característica importante del mercado de trabajo, pero son de una naturaleza muy diferente a la del resto de países ya que, en general, no responden a la necesidad de hacer frente a reducciones cíclicas de demanda sino al incentivo que existe de establecer una secuencia de varias contrataciones sucesivas intercaladas con periodos de paro. Alba et al. (2012)¹⁴ advierten de un uso perverso de la prestación por desempleo en España dada la posibilidad de encadenar distintos contratos temporales con periodos en los que se perciben prestaciones por desempleo, lo que crea incentivos para que el empresario contrate a trabajadores temporales en vez de fijos ante la posibilidad que tiene de jugar con la opción de recolocación, produciendo grandes desequilibrios al sistema. Arranz y García Serrano¹⁵ confirman que existe un tipo de segmentación en el mercado de trabajo entre individuos que permanecen en el paro percibiendo prestaciones durante un periodo prolongado, que provienen de trabajos con una elevada antigüedad y, por otro lado, individuos que se enfrentan a frecuentes transiciones entre paro y un empleo temporal entre los que se producen múltiples incidencias en la prestación por desempleo. Esto puede responder a los intereses del empresario, de los propios trabajadores o de ambos.

Recuadro 5.4. La locura de la rotación del empleo

La empresaria K se lamenta: «Abrí la empresa contratando a 50 trabajadores indefinidos y el primer mes lo dedicamos a un curso de formación para que todos los profesionales utilizaran el mismo protocolo. La estabilidad de los profesionales en un negocio en el que existe un estrecho vínculo con los clientes y donde la formación es crucial es imprescindible para la rentabilidad de la empresa. Pensé, por tanto, que aunque todo el mundo hacía contratos temporales y muy poquitos contratos indefinidos, no tenía sentido en mi caso. Además, el convenio permitía un periodo de prueba de seis meses que me pareció suficiente. Durante este periodo inicial, en el que había llegado a la conclusión de que la mejor alternativa eran los contratos indefinidos, tuve todo tipo de experiencias. Hubo profesionales que en la entrevista de trabajo me pedían que les hiciera un contrato temporal porque solo les faltaba unos meses de cotización para poder cobrar el paro. Otros, normalmente los más capacitados y en los que más había invertido en cursos de formación, recibían una oferta de la competencia o incluso optaban por montar su propio negocio y exigían la indemnización antes de abandonar la empresa, con la amenaza de crear mal ambiente si yo me negaba, y marcharse con un buen puñado de clientes. Todas estas dificultades coincidieron con un cambio de convenio del sector que redujo a la mitad el periodo de prueba, convirtiéndolo en claramente insuficiente. Al final claudiqué y opté por hacer, como todo el mundo, contratos temporales durante dos años y convertir en indefinidos solo a los mejores y más vinculados a la empresa. No era lo ideal, porque siempre tenía un porcentaje demasiado elevado de trabajadores eventuales pero, paradójicamente, con los contratos temporales conseguí aumentar la estabilidad de la plantilla, posiblemente porque supuso llevar a cabo un proceso de selección mucho más cuidadoso. Los trabajadores temporales tenían un fuerte incentivo para convertirse en fijos y los indefinidos habían pasado un proceso de selección muy estricto».

Polavieja¹⁶ argumenta que en España se han alterado de tal forma los criterios a la hora de contratar que los contratos temporales pueden ser racionales y eficientes para todas las categorías profesionales y no solo para realizar tareas de baja cualificación cuando conviven con elevados niveles de desempleo y con empleos fijos muy seguros. En este caso la posibilidad de convertir un empleo temporal en indefinido se convierte en un incentivo muy poderoso, que contrasta con los escasos incentivos de los trabajadores fijos que están protegidos por unas indemnizaciones muy elevadas y en general tienen unos esquemas retributivos poco ligados a la productividad del trabajador. Cuanto mayor sea la diferencia entre la protección de ambas modalidades de contratación mayor será el incentivo de los trabajadores temporales ya que mayor será el premio de alcanzar el estatus de empleo fijo. Existe una abundante literatura que desde distintos puntos de vista también enfatiza las consecuencias negativas de la dualidad del mercado de trabajo.¹⁷

Desde que se introdujeron los contratos temporales, un 90 % de las nuevas contrataciones se hacen a través de un contrato temporal, la mayor parte de ellas como renovación de contratos preexistentes. La tasa de conversión de contratos temporales en fijos se sitúa en torno al 10 %.¹⁸ Estas cifras reflejan con crudeza el cambio que se ha producido en los criterios para contratar, derivado de las dificultades para modificar la protección del empleo fijo. Estas dificultades tienen causas políticas e institucionales por el relevante papel que los insiders del mercado de trabajo han tenido y tienen en el sistema político español. En cualquier caso, la alta tasa de empleo eventual en España tiene repercusiones muy directas sobre la predisposición de las empresas para formar a sus trabajadores. Con una proporción tan alta de eventuales al empresario le puede compensar perder el capital humano con formación específica en vez de invertir en los costes asociados a una relación laboral estable, especialmente cuando el riesgo de perder a los trabajadores formados es muy alto, situación que tiende a ser mayor cuanto menor proporción de empresas invierten en formar a sus trabajadores.

5.6. Las reformas de 2012: pasos en la buena dirección que deben continuarse

Las reformas laborales aprobadas en 2012 son el intento más ambicioso hasta la fecha para eliminar rigideces e incrementar la flexibilidad del mercado laboral español. Los principales objetivos perseguidos son: 1) Aumentar la flexibilidad interna de las empresas, para lo que se mitigan efectos no deseados de la cláusula erga omnes, se da mayor discrecionalidad a las empresas para modificar las condiciones laborales, incluyendo salarios, se facilita la activación de las cláusulas de descuelgue y se elimina, hasta cierto punto, la ultraactividad¹⁹ de los convenios colectivos; 2) Reducir la elevada tasa de temporalidad promoviendo la contratación indefinida; 3) Aumentar la seguridad jurídica de los despidos económicos; y 4) Eliminar trabas administrativas.

Una mayor flexibilidad interna de las empresas debería evitar que durante los periodos de crisis los ajustes sigan recayendo casi exclusivamente sobre el empleo. El factor que introduce mayor rigidez en el sistema de negociación colectiva español es la cláusula erga omnes, que asegura la extensión automática de los convenios colectivos sectoriales y territoriales a todas las empresas del sector y zona geográfica a la que pertenezcan, siendo irrelevantes la adscripción de empresas a las patronales y la afiliación de los trabajadores a los sindicatos. Esta ha sido la práctica hasta nuestros días, a pesar de que el Estatuto de los Trabajadores (ET) de 1980 reconoció que la cláusula de extensión de los convenios solo se justificaba en circunstancias excepcionales. En el preámbulo del artículo 92.2, el ET de 1980 reconocía que «resulta obvio que la esencia de la negociación colectiva descansa en la autonomía de la voluntad de las partes y por ello la extensión solo se justifica en circunstancias excepcionales» y cita como causas excepcionales la inexistencia de partes legitimadas para negociar y la concurrencia de circunstancias sociales o económicas de notoria importancia que aconsejaban la extensión de un convenio vigente a otras empresas o trabajadores.

Sindicatos y patronales, quizás conscientes de esta anomalía, reconocieron en el «II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014» firmado el 25 de enero de 2012, unos días antes de la reforma laboral, la necesidad de articular la estructura de los convenios colectivos apostando, por primera vez, por la descentralización, y recomendaron a los convenios sectoriales que propiciasen la negociación de empresa a iniciativa de las partes. También propusieron preservar el ámbito provincial de negociación por su proximidad a la empresa. Esta recomendación es especialmente importante cuando se combina con una de las principales novedades de la reforma de 2012 consistente en que los convenios de empresa han pasado a tener prioridad sobre los convenios de ámbito superior (sectoriales o territoriales), lo que quiere decir que ya no es necesario pactar condiciones más favorables para separarse del convenio de ámbito superior como ocurría hasta antes de la reforma de 2012, ni tampoco es necesario esperar a que caduque el convenio de ámbito superior vigente. Con estas novedades (y no antes) una negociación más descentralizada permite una mayor adaptación de las empresas a sus necesidades al permitir también los ajustes a la baja que antes estaban prácticamente vetados. Las decisiones judiciales iniciales sobre el asunto han confirmado el papel prioritario que ha pasado a tener el convenio de empresa²⁰ y existe evidencia de que muchas empresas están solicitando asesoramiento sobre cómo poner en práctica el convenio a nivel de empresa como un instrumento de flexibilidad y de adaptación de las condiciones de trabajo, aunque hasta el momento no se ha producido un aumento de los convenios a nivel de empresa.

La novedad que está teniendo mayor impacto y que está permitiendo por primera vez en nuestra economía un ajuste de los salarios y de las condiciones de trabajo²¹ de los insiders como alternativa al despido es la modificación del artículo 41 del Texto Refundido del ET referido a las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Aunque las causas que permiten modificar las condiciones de trabajo son las mismas que las asociadas al despido por causas económicas, los jueces están realizando una interpretación más permisiva. En este sentido, el Tribunal Constitucional²² ha fallado que la limitación del derecho a la negociación colectiva persigue la finalidad de procurar el mantenimiento del puesto de trabajo en lugar de su destrucción y recuerda que la facultad empresarial de modificación unilateral de las condiciones de trabajo se concibe únicamente como alternativa al fracaso a la negociación previa con los trabajadores o sus representantes y que solo se podrá adoptar cuando concurran probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, quedando la decisión de todas formas sujeta al control judicial.

En efecto, la reforma establece que antes de llevar a cabo la modificación de las condiciones laborales es necesario realizar un periodo de consultas con los sindicatos o en su defecto con una comisión formada por trabajadores de la empresa elegida democráticamente. Cuando el periodo de consultas termine con acuerdo este no podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente (excepto por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho) y si termina sin acuerdo la empresa notificará de todas formas la decisión, que surtirá efecto en el plazo de 7 días. Si el trabajador no está de acuerdo con la rebaja del sueldo, tiene derecho a rescindir voluntariamente el contrato con una indemnización de 20 días y un máximo de 9 meses. El trabajador se puede mostrar disconforme y acudir a juicio para anular la bajada de sueldo, pero no para conseguir un despido con una indemnización más alta.

Las medidas de flexibilidad interna introducidas en la reforma de 2012 son de calado y se están utilizando con bastante intensidad en las grandes empresas a cambio de una mayor estabilidad en el empleo. La clave es que se potencia la posibilidad de introducir la flexibilidad interna de forma negociada, es decir, pactando con los sindicatos o con una comisión de los trabajadores y una vez que se ha llegado a un acuerdo, los tribunales laborales no examinan los motivos de la modificación sustancial de las condiciones de empleo. Sin duda, el hecho de que se haya abierto este nuevo proceso que facilita la negociación con los trabajadores del cambio de las condiciones de trabajo para evitar los despidos ha tenido ya impactos positivos sobre las mejoras de competitividad de nuestra economía y la creación de empleo y debe seguir facilitando en el futuro cambiar los métodos de trabajo para obtener todos los beneficios en términos de productividad del trabajo de la plena incorporación de las nuevas tecnologías.

Por el contrario, en las empresas pequeñas y medianas no se ha conseguido introducir dicha flexibilidad, fundamentalmente porque ante la ausencia de representantes sindicales es muy difícil llegar a acuerdos, por lo que los conflictos terminan judicializándose y, a pesar de la reforma, sigue existiendo una elevada incertidumbre jurídica en cuanto a la definición de las razones justas no solo para despedir sino también para llevar a cabo modificaciones sustanciales de las condiciones laborales. Esta situación es especialmente preocupante por la generalidad con la que se extienden los convenios colectivos a todas las empresas del territorio nacional, incluso a las más pequeñas, que en el resto de los países están excluidas del convenio dadas las dificultades a las que se enfrentan por su tamaño para constituir un convenio propio.

Dado que el contenido de los convenios colectivos es muy amplio, la rigidez se extiende mucho más allá de los aspectos salariales entre los que se incluye, por ejemplo, la distribución del tiempo de trabajo. Ni la reforma de 2012, ni ninguna de las frecuentes reformas llevadas a cabo con anterioridad desde 1984, han abordado esta importante cuestión. Como se comentará en el capítulo 7 este es uno de los aspectos que resulta imprescindible modificar para impulsar la adaptación y modernización de nuestro sistema de relaciones laborales.

Las cláusulas de descuelgue van destinadas a facilitar la flexibilidad en las empresas sin convenio propio. Su objetivo es permitir que, en determinadas circunstancias de crisis, no se apliquen las condiciones de trabajo mínimas previstas en el convenio del ámbito al que pertenezca la empresa. Tradicionalmente las cláusulas de descuelgue se han referido exclusivamente a los salarios y se han aplicado de forma tan restrictiva que en la práctica han resultado inoperativas porque el margen de flexibilidad que proporcionan es muy limitado, ya que solo permiten la no aplicación de las condiciones pactadas en convenio de forma temporal mientras se mantiene la situación de crisis. El principal objetivo de las cláusulas debería ser servir de mecanismo de urgencia para llevar a cabo una adaptación rápida de los salarios y de las horas trabajadas durante el inicio de las crisis, que es cuando hay que adoptar medidas ágiles para evitar la destrucción de puestos de trabajo. Sin embargo aunque se introdujeron en el ET de 1980, hasta la reforma de 2012 solo se referían al descuelgue salarial y nunca han funcionado correctamente, de tal forma que en España los salarios se han ajustado con un enorme retraso durante los periodos de crisis como se pone de manifiesto en el gráfico 5.8 y se ilustra en el recuadro 5.5. La modificación de las condiciones de las cláusulas de descuelgue para facilitar su activación ha sido una constante en todas las reformas pero siempre con poco éxito. El mecanismo de activación de estas cláusulas es complejo y lento porque la empresa tiene que concretar y describir suficientemente las causas y razones para adoptar dicha medida y alcanzar un acuerdo con los sindicatos.

La reforma de 2012 también eliminó la ultraactividad, según la cual los convenios colectivos se prorrogaban automáticamente hasta que se pactase un convenio nuevo. Esta cláusula dificultaba mucho llegar a acuerdos porque en caso de conflicto, se mantiene indefinidamente el convenio anterior, lo que ha hecho muy difícil modernizar las relaciones laborales. Esta cláusula explica la dificultad para modificar las denominadas ordenanzas laborales introducidas durante el franquismo y causantes de rigideces como el hecho de que ninguno de nosotros entendamos nuestras nóminas porque son un galimatías, con un conjunto de complementos que nadie sabe a qué corresponden. Las ordenanzas han hecho muy difícil modernizar las relaciones laborales, modificación que es imprescindible para absorber el cambio tecnológico y transformarlo en aumentos de productividad que en última instancia son la base para impulsar los salarios. La reforma de 2012 limitó a un año la ampliación de los convenios colectivos tras su fecha de finalización en caso de no alcanzarse un acuerdo pero el 17 de diciembre de 2014 el Tribunal Supremo sentenció que, aunque los convenios decaigan al año, los derechos colectivos se mantienen porque forman parte de los contratos individuales de los trabajadores que ya están en plantilla, limitando el alcance de la medida²³ a las nuevas contrataciones.

Gráfico 5.8. Crecimiento de los salarios nominales (2008-2010)

Fuente: AMECO.

Recuadro 5.5. La dificultad de ajustar los salarios al inicio de la crisis

La empresaria K sigue relatando su experiencia: «El convenio de peluquería firmado en 2007 para los siguientes tres años fijaba un crecimiento de los salarios en 2009 del 10 %, año en el que estábamos luchando por sobrevivir porque todos los factores eran adversos: además del fuerte aumento de los salarios, el precio del petróleo estaba por las nubes por lo que se encareció el transporte y por lo tanto todos los suministros, los tipos de interés de los préstamos que todavía habíamos logrado mantener no terminaban de bajar y la demanda era cada vez menor. Primero perdimos a los clientes que trabajaban en el sector inmobiliario, luego el turismo se desplomó y eso terminó afectando a todo el comercio de una zona muy turística. Los clientes que tardaron más en perderse fueron los del sector financiero que sufrió la crisis con más retraso».

Los cambios en la normativa de flexibilidad interna y negociación colectiva han contribuido a la moderación salarial que se observa en España a partir de 2012 aunque una parte muy significativa de esta moderación es el resultado del II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014, que estableció directrices orientativas a nivel nacional para que los convenios colectivos introdujeran una marcada política de moderación salarial ante la intensidad de la crisis económica e introdujo importantes novedades respecto al sistema de indiciación de los salarios para tener en cuenta el crecimiento de los precios en el área del euro.²⁴ Además existe evidencia de que una parte significativa de la moderación salarial se debe a la incorporación de nuevos trabajadores con salarios inferiores, entre los cuales siguen predominando los contratos temporales y ahora también a tiempo parcial, como muestra el gráfico 5.9.

Gráfico 5.9. Crecimiento de los salarios reales de los nuevos contratos (2008-2013)

Fuente: García J., Jansen M., Jiménez S, «El derrumbe de los salarios iniciales», Nada es gratis. Recuperado el 15 de octubre,2014, de http://nadaesgratis. es/?p=39476

Otro gran objetivo de la reforma de 2012 ha sido promover la contratación indefinida y luchar contra la elevada tasa de temporalidad y para ello se han tomado medidas para reducir la brecha entre el coste del empleo temporal y el indefinido y para facilitar los despidos objetivos. Ya la reforma de 2010 había aumentado y extendido de forma progresiva las indemnizaciones por despido de prácticamente todas las modalidades de contratación temporal hasta situarlas a partir de 2015 en 12 días por año trabajado. Esta medida ha supuesto un encarecimiento efectivo del empleo temporal ya que, por primera vez, las modalidades de contratación temporal más flexibles y más ampliamente utilizadas²⁵ han dejado de tener una indemnización de despido nula. Por otro lado, la reforma de 2012 redujo la indemnización del despido improcedente desde 45 días por año trabajado a 33 días con unos topes que pasan de 42 mensualidades a 24 mensualidades.²⁶Ambas medidas suponen una reducción importante de la brecha de costes de despido entre indefinidos y temporales que debe contribuir a moderar algo la ratio de temporalidad y el paro, pero posiblemente el problema persista dado que la diferencia sigue siendo muy elevada. Hay una excepción en cuanto al tamaño de la brecha ya que las empresas de menos de 25 trabajadores reciben del FOGASA 8 días de indemnización si el despido es declarado procedente, en cuyo caso los costes del despido del contrato temporal e indefinido son similares. No obstante, como veremos a continuación, a pesar de la reforma sigue existiendo mucha incertidumbre sobre el despido económico, principalmente por la interpretación que están haciendo los jueces de las causas del despido.

La intención del legislador de la reforma de 2012 ha sido garantizar la seguridad jurídica respecto de los motivos justos para los despidos económicos y para ello, además de ampliar la definición de causa económica,²⁷ la mayor innovación se ha introducido en los detalles técnicos del proceso judicial ya que la ley exige claramente que los tribunales laborales se limiten a verificar la existencia de los hechos alegados por la empresa para despedir a trabajadores y no sobre la adecuación de la decisión del empresario sobre cómo mejorar el futuro de la empresa. Cabe mencionar que el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre terminación de la relación de trabajo que España ratificó en 1985 junto con 9 Estados de la Unión Europea (UE), entre ellos Francia y Portugal,²⁸ y que establece que no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada, no impide que se establezca un criterio de revisión judicial como el de la reforma de 2012. De hecho en Suecia, país que también ha ratificado el convenio, los tribunales no examinan las evaluaciones hechas por los empresarios a menos que haya motivos para sospechar que un despido no se debe a causas económicas sino a razones relacionadas con el empleado.²⁹ A pesar de ello, como comenta Gómez Abelleira, algunos jueces han expresado duras críticas a los cambios introducidos por la reforma. En particular, Jueces para la Democracia han argumentado que «la nueva regulación pretende limitar la autoridad de los tribunales para juzgar el propósito y razonabilidad de los despidos mediante la eliminación de los componentes finalistas de la causa».

Ante la oposición de los jueces, hasta el momento la reforma no ha conseguido despejar la incertidumbre jurídica sobre las razones justas del despido económico. Lo que sí ha originado es un aumento de los litigios por la mayor predisposición de las empresas a ir a juicio ante la ampliación de las causas de los despidos económicos y debido a que por fin, tras haberse intentado en reformas anteriores, se han eliminado los salarios de tramitación. Otro factor que puede estar fomentando un aumento de los litigios es que con la nueva ley, la indemnización por despido improcedente no está exenta de impuestos a menos que el empleado presente una demanda y se llegue a un acuerdo en el acto de conciliación. Aunque con esta modificación la intención del legislador ha sido evitar la práctica del despido exprés, cabe pensar que aunque con una burocracia algo mayor (ya no se puede terminar la relación laboral simplemente firmando un talonario con el finiquito exento de impuestos), este seguirá siendo la práctica habitual debido a que persiste una elevada incertidumbre jurídica sobre las razones justas del despido económico.

Por último, la reforma ha suprimido la autorización administrativa en los despidos colectivos, que era bastante difícil de obtener si antes no se había llegado a un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, que en general se conseguía a costa de ofrecer a los trabajadores al menos la indemnización del despido improcedente. El sistema era caro pero fiable ya que si había acuerdo la autoridad laboral concedía la autorización en cuyo caso era casi imposible impugnar el despido ante un tribunal. Con la reforma de 2012 la empresa sigue necesitando negociar con los representantes de los trabajadores antes de anunciar su decisión. Si se llega a un acuerdo, este ahora está sujeto a posibles demandas tanto de los empleados individuales afectados como desde cualquier sindicato que no haya firmado el acuerdo, y existe incluso la posibilidad de que el despido sea nulo por defecto de forma, algo que se había desterrado en nuestra legislación desde el Estatuto de los Trabajadores. Aquí el problema de fondo sigue siendo la incertidumbre en torno a la interpretación de las razones justas para despedir. Mientras los jueces sigan haciendo una interpretación muy restrictiva del despido económico la cuantía de la indemnización tanto del despido individual como colectivo seguirá siendo la del despido improcedente.

Recuadro 5.6. El acto de conciliar

Apostilla la empresaria K: «El acto de conciliación al que es necesario acudir antes de ir a juicio cuando se despide a un trabajador podría desempeñar un importante papel si sirviera para ayudar a llegar a un acuerdo; sin embargo es un acto casi puramente burocrático. Digo casi porque en una ocasión el acto de conciliación me evitó ir a juicio ya que el trabajador no se presentó. Lo normal es, sin embargo, que ambas partes acudan religiosamente a unas oficinas donde una persona toma nota de las posturas y ¡ya está! Desde la reforma de 2012 el acto de conciliación sirve además para que las indemnizaciones sigan estando exentas del pago de impuestos. Parece que es un acto para demostrar que efectivamente se está despidiendo en vez de un mecanismo de solución de conflictos, como el nombre de conciliación podría sugerir».

5.7. Un modelo de insiders-outsiders con estabilidad política e infrautilización crónica de los recursos productivos

A algunos nos llama la atención que España, durante casi cuatro décadas, haya podido combinar una infrautilización dramática de sus recursos productivos, impropia de un país civilizado, con una estabilidad política que es la envidia de muchos países civilizados. ¿Cómo puede ser que a lo largo de 37 años no se haya generado una voluntad política para acabar con las lacras del altísimo desempleo y de la precariedad? En este apartado proponemos una respuesta a esta pregunta. Para ello vamos a estructurar los hechos estilizados de la historia de la prohibición de despedir en España, relatada en este capítulo 5, para darles una interpretación más profunda. ¿Cuáles son estos hechos estilizados? La infrautilización crónica de recursos productivos, la ausencia de acciones correctivas y el alto grado de estabilidad política que ha mostrado España desde 1978, algo esto último que puede estar comenzando a cambiar en 2015. O quizá no. Para estructurar estos hechos estilizados usaremos un modelo teórico que ha sido utilizado para explicar la economía del cambio político³⁰ por el economista de Princeton Dani Rodrik, a quien hemos citado profusamente en capítulos previos de este libro.

El modelo de Rodrik combina ideas que surgen de la teoría económica con otras que provienen de la sociología y de la ciencia política. Esta combinación es necesaria porque el desempleo estructural en una economía —el 18 % en España sobre un desempleo total del 23,5 %—³¹ responde a causas que no son estrictamente económicas, sino institucionales, legales o sociológicas. Para reducir el desempleo económico o cíclico —el 5,5 % actualmente en España— es suficiente que se acelere el crecimiento de la economía. Para reducir el desempleo no económico o estructural no es suficiente el crecimiento económico, sino que hay que cambiar leyes y reformar instituciones. Tomemos como ejemplo, entre otros muchos, de esto último los efectos sobre el empleo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI),³² que en España en 2015 está establecido por la ley en 9.080,40 € anuales. A estos costes salariales el empresario debe añadir la seguridad social (el 30 %, o sea unos 3.000 € al año) y las provisiones por indemnización en caso de despido (en el mejor de los casos, para el empresario 20 días por año trabajado o sea 432,40 € anuales). Todo esto suma unos 12.500 € de coste.³³ ¿Cuánto tiene que producir un trabajador para que al empresario le resulte rentable contratarle, teniendo en cuenta que aún hay muchas contingencias que no hemos enumerado, entre ellas que Hacienda se queda con el 25 % de los beneficios? ¿15.000 €? ¿20.000 €? ¿25.000 €? Sea la cantidad que sea, un empresario en su sano juicio no contratará por debajo de su expectativa de rentabilidad mínima de la contratación. En esta situación, aquellas personas cuya productividad esté por debajo del mínimo esperado por los empresarios no tendrán empleo. Y no lo tendrán porque hay una ley que establece el salario mínimo que tienen que percibir por el hecho de ser personas humanas, no porque haya una causa económica que lo impida. Con un SMI más bajo, o sin SMI, muchas de esas personas trabajarían. Pero la sociedad española cree que la dignidad de las personas requiere un SMI de 9.080,40 € anuales. Los autores de este libro respetamos esta creencia, como tantas otras, pero sí queremos hacer notar que creemos cuestionable que el estatus social de inempleable que conlleva el no tener acceso al trabajo sea más digno para la persona que tener un trabajo con un salario inferior al SMI. No es una cuestión baladí. Hay cientos de miles de jóvenes en España sin educación ni experiencia laboral que, en defensa de su dignidad como personas, la ley les priva de acceso al trabajo. La aceleración del crecimiento de la economía, por sí sola, no les va a dar trabajo. La única manera de hacerlo es cambiando las leyes que lo impiden. Pero estas leyes son el resultado de decisiones tomadas libremente y de manera informada en un sistema democrático. Esa es una dimensión de la tragedia del paro en España que no debe olvidarse y a la que se debe dar una explicación. Eso hacemos a continuación.

Las ideas básicas del modelo de Rodrik aparecen representadas en el gráfico 5.10. En el eje de ordenadas se representa la parte de la renta de la economía que va a los insiders y en el eje de abscisas la parte que va a los outsiders. La curva EE representa el máximo que la economía puede producir para cada combinación posible de distribución de la renta entre insiders y outsiders. Es un concepto similar al de frontera eficiente de producción, que se encuentra en cualquier manual de introducción a la economía, pero en vez de reflejar como este último las restricciones tecnológicas de la producción, refleja las restricciones sociales de la distribución de la renta. De hecho los puntos sobre la línea EE están sobre la frontera eficiente de producción, aunque no representan combinaciones entre capital y trabajo sino combinaciones distributivas entre insiders y outsiders. Los puntos A, B y C sobre la línea EE representan diferentes situaciones distributivas en las que la economía está produciendo al máximo, utilizando todos los recursos productivos disponibles.

Gráfico 5.10. Modelo de Rodrick

Fuente: Rodrik, Dani, «When Ideas Trump Interests: Preferences, Worldviews, and Policy Innovations», Journal of Economic Perspectives, 28(1), pp. 189-208, 2014.

Ninguna economía opera habitualmente sobre la línea EE o sobre la frontera eficiente de producción. Por lo general las economías se sitúan en algún punto interior en la región delimitada por los ejes de coordenadas y la curva EE. Ello puede deberse, desde un punto de vista económico, a causas friccionales o cíclicas, pero estas no pueden explicar alejamientos pronunciados y permanentes de la frontera eficiente —de 37 años en el caso español—. Hay que acudir a otro tipo de causas que, como acabamos de mencionar en los párrafos anteriores, no son económicas sino sociológicas, legales e institucionales. Y, como causa más profunda, las reglas distributivas explícitas o implícitas entre insiders y outsiders que son las que determinan la estabilidad de los sistemas políticos y la distancia a su frontera eficiente que adopta cada una de las economías reales. En otras palabras, la economía sola no puede explicar por qué una sociedad no se sitúa en puntos eficientes como el A o B, sino que termina haciéndolo en puntos como el S (statu quo) que implican una infrautilización de recursos productivos que puede ser leve o grave, como ocurre en el caso de España.

Salgamos, pues, de la economía para entrar en el terreno político-institucional. ¿Quiénes son los insiders? En el modelo de Rodrik, los insiders son aquellos grupos de interés que tienen poder suficiente para condicionar la agenda política y también tienen poder de veto sobre posibles modificaciones de dicha agenda que vayan contra sus intereses. El poder político determina qué intereses son los más relevantes para la agenda y las instituciones establecen las reglas del juego, sean democráticas, autoritarias o tribales. Siguiendo a Fukuyama,³⁴ todos los sistemas o regímenes políticos que ha tenido la humanidad desde su comienzo han estado condicionados por insiders, a cuyos intereses han dado prioridad. Los regímenes estables son los que han tenido instituciones funcionales que han establecido reglas del juego percibidas como justas por el conjunto de la población. De esta percepción surge la legitimidad.

¿Qué es lo que impide a una sociedad aproximarse a la frontera eficiente EE? ¿Qué es lo que la mantiene en puntos ineficientes como S? Desde el punto S la economía podría acercarse a A o a B de manera que todos los miembros de la sociedad, fueran insiders o outsiders, salieran ganando. Pero toda sociedad tiene su punto S, más o menos cercano a la frontera eficiente, susceptible de moverse hacia posiciones de mayor eficiencia, algo que no acostumbra a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque en la frontera EE también existen puntos como el C, que supondría una pérdida de renta para los insiders. La línea PP es la «frontera de transformación política», en terminología de Rodrik, definida como la máxima renta que pueden obtener los insiders en función de la renta que obtienen los outsiders. Esta línea tiene dos tramos diferenciados. El tramo PS es ascendente: el crecimiento económico beneficia tanto a los insiders como a los outsiders. A partir del punto S la línea empieza a descender porque el crecimiento de la renta de los outsiders tiene que hacerse a expensas de la capacidad de los insiders de seguir condicionando al poder político y, por tanto, de seguir extrayendo rentas no competitivas. Ir más allá de S puede poner en marcha un proceso de transformación o sustitución política. Si los insiders actúan estratégicamente, situarán a la economía precisamente en el punto S, que es el que maximiza sus rentas y en el que no arriesgan ser sustituidos. A las medidas que hay que tomar para acercar S a la frontera eficiente se les acostumbra a llamar «reformas estructurales» y siempre entrañan cambios en leyes y en instituciones. Son políticamente muy difíciles de llevar a término porque chocan frontalmente con los intereses de algunos de los insiders y, por tanto con el statu quo establecido.

A pesar de su simplicidad el modelo de Rodrik ayuda a explicar diversas anomalías españolas que, sin el recurso a factores extraeconómicos, resultan inexplicables. Sin ánimo ninguno de exhaustividad, podemos mencionar:

• La anomalía laboral, objeto de este capítulo, reflejada en las altísimas tasas de desempleo y temporalidad. Nuestra historia de la prohibición de despedir ha dibujado un mercado dominado por insiders a expensas de unos outsiders cada vez más en precario.

• La anomalía del mercado eléctrico español, que es capaz de combinar una sobrecapacidad de producción del 40 % con la electricidad más cara de Europa. Ningún Gobierno ha sido capaz de vencer los intereses de los insiders para solucionar el problema.

• La anomalía del inmenso gasto en carísimas infraestructuras del transporte, muchas de ellas innecesarias, especialmente el AVE. Llama la atención que, a pesar de que el AVE es adecuado solo para territorios muy densos en población, España es el país europeo con más kilómetros de alta velocidad construidos y hay muchos más en construcción, a pesar de que es uno de los países con menor densidad de población de Europa. Este liderato contrasta tristemente con los últimos lugares que ocupa España en educación e I+D. Los insiders que provocan esta anomalía tienen nombre y apellidos.

Estas anomalías —y otras muchas que también hubiéramos podido mencionar— tienen como consecuencia una mala asignación de recursos productivos que mantiene al punto S de la economía española muy alejado de la frontera eficiente. Como hemos dicho en párrafos anteriores, todas las economías tienen un punto S que está más o menos alejado de la frontera eficiente. Lo que caracteriza a España no es, por tanto, el hecho de tener un punto S sino la enorme distancia que lo separa de la plena utilización de los recursos productivos.

5.8. Las reformas no han conseguido suprimir las anomalías

Las sucesivas reformas introducidas desde la década de 1980 para luchar contra el paro y la segmentación de nuestro mercado de trabajo no han tenido los efectos deseados porque no ha habido hasta ahora una verdadera voluntad de solucionar los problemas. Los insiders han conseguido siempre mantener el statu quo. Las medidas que, con distinto grado de acierto, han propuesto los sucesivos Gobiernos han perdido gran parte de su eficacia cuando se han llevado a la práctica por las contramedidas adoptadas por los agentes sociales y por los jueces. Sistemáticamente, cada vez que se ha aprobado una reforma, los agentes sociales han firmado en paralelo un acuerdo de carácter nacional introduciendo pactos orientados a neutralizar el espíritu de la reforma. Un ejemplo claro de este tipo de acuerdos son los obstáculos acordados por sindicatos y patronales para dificultar el diseño de mecanismos que permitan activar las cláusulas de desenganche, evitando así erosionar la autoridad de las cúpulas que negocian los acuerdos desde arriba. Estos pactos nacionales han ido acompañados de una política de contención de los salarios, aspecto imprescindible para las organizaciones empresariales, al tiempo que hacía menos urgente la activación de las mencionadas cláusulas. De este modo, las causas de las anomalías mostradas en los gráficos 5.1, 5.2 y 5.3 siguen intactas. Es más, sindicatos y patronales no reconocen ninguna anomalía en estos gráficos sobre la que sus organizaciones puedan actuar para corregirla. Tasas de paro por encima del 20 % y tasas de temporalidad por encima del 25 % formarían parte del paisaje español, como los Picos de Europa o el Guadalquivir: son cosas que, simplemente, están ahí.

En España los jueces y los abogados laboralistas tienen una elevada especialización. En la mayoría de los países no existe la jurisdicción de juzgados de lo social: en España es una herencia del franquismo y en Portugal, el resultado de haber copiado la legislación laboral española. En otros países europeos es el juez natural el que entiende de los asuntos laborales. La doctrina de los jueces españoles, parcialmente respaldada por la legislación vigente, parte del principio de que el trabajador es la parte débil de la relación laboral, sin entrar en consideraciones de tipo económico. De esta forma, aunque todas las reformas han pretendido canalizar una mayor proporción de los despidos por la vertiente objetiva, ninguna lo ha conseguido.

Las reformas llevadas a cabo han tenido pocas consecuencias prácticas sobre el conjunto mayoritario de empresas españolas que son pequeñas y medianas. En virtud de la cláusula erga omnes, estas empresas tienen que seguir un convenio que han firmado unos agentes sociales sin ningún tipo de contacto con la empresa. La falta de interlocutores con los que poder introducir de forma negociada las posibilidades que abre la reforma provoca que surjan conflictos que terminan judicializándose. Por el contrario, los ajustes están siendo muy significativos cuando existe un convenio de empresa en sectores que están abiertos a la competencia. En estos casos se han aplicado las reformas sobre la base de una negociación entre la empresa y los sindicatos, en base a un profundo conocimiento de la empresa, lo que permite llegar a acuerdos evitándose la judicialización de las relaciones laborales.

El papel de los Gobiernos no debe reducirse a proponer e intentar pactar reformas. Dentro del mercado de trabajo el gobierno tiene un campo muy amplio de actuación en el terreno de la intermediación y de control. El que el volumen de desempleo sea muy elevado no es una excusa para no tener un Servicio Público de Empleo eficiente que informe sobre las vacantes disponibles, que ayude a buscar empleo a los parados y que controle las prestaciones que perciben los desempleados y que junto al Ministerio de Educación trabajen para que el nivel de formación de la población se adapte lo máximo posible a las necesidades de las empresas. De hecho, la puesta en marcha de este tipo de medidas hubiera minimizado gran parte de las distorsiones que surgieron a raíz de la segmentación del mercado de trabajo. Sin embargo, se extendió la idea de que con un desempleo tan abultado resultaba excesivamente caro llevar a cabo políticas activas, cuyo éxito está puesto en duda por muchos estudios ya que los resultados están supeditados a que dichas políticas estén bien diseñadas, lo que en general requiere un grado de compromiso y de colaboración elevado por parte de todos los agentes sociales.³⁵ Los Gobiernos han preferido centrar las medidas de ayuda al empleo en bonificaciones temporales a la Seguridad Social a determinados colectivos, fáciles de implementar, pero con resultados muy dudosos por las distorsiones y efectos desplazamiento que suelen originar.³⁶ Volveremos sobre este tema en el capítulo siguiente.

6

La génesis de la anomalía laboral española (II): la historia de una acumulación de capital humano disfuncional

En el último medio siglo la estructura de la economía española ha sufrido transformaciones muy importantes. Durante el franquismo el empleo se concentraba en la agricultura, algo que comenzó a cambiar muy deprisa con las políticas desarrollistas de los años 1960, periodo en el que hubo emigraciones masivas del campo a las ciudades industriales tanto españolas como del norte de Europa. En dos décadas el empleo agrícola cayó del 38 % del total a la mitad y hoy en día está por debajo del 5 %. El sector servicios era ya en 1964 el que más peso tenía en la economía, característica esta que no ha hecho más que acentuarse: en 1984 ya generaba la mayor parte de la producción, ocupando a casi la mitad de los empleados, y en nuestros días genera más del 70 % del producto y ocupa a las tres cuartas partes de los empleados.

Cuadro 6.1. Desglose sectorial del PIB a precios corrientes y del empleo

| Agricultura | Industria | Construcción | Servicios
Producción | Empleo | Producción | Empleo | Producción | Empleo | Producción | Empleo
1964 | 17 % | 38 % | 31 % | 25 % | 7 % | 8 % | 44 % | 29 %
1984 | 7 % | 19 % | 29 % | 25 % | 7 % | 8 % | 57 % | 49 %
2013 | 3 % | 5 % | 18 % | 14 % | 8 % | 6 % | 71 % | 75 %

Fuente: INE y Baiges, J., Molinas, C. y Sebastián, M., La economía española 1964-1985: datos, fuentes y análisis, IEF, 1987.

Estos cambios se han ido produciendo a un ritmo histórico vertiginoso, dando muy poco tiempo de adaptación a las personas que han tenido que desplazarse de un sector a otro. No son inusuales trayectorias laborales que comenzaron en la agricultura para pasar después, por este orden, a la construcción, la industria y a los servicios, llegando a estos últimos mediante un pequeño negocio montado sobre la capitalización de la prestación por desempleo. Cada sector requiere capacidades y habilidades diferentes y una población con un nivel educativo bajo tiene muchas más dificultades para adaptarse al cambio que otra con un nivel más alto. En todas las recesiones económicas españolas del último medio siglo —y muy particularmente en la de 2008— han quedado apartadas definitivamente del mercado laboral cientos de miles, cuando no millones, de personas por no poderse adaptar a las nuevas exigencias cognitivas del trabajo. Muchos de ellos han sido veteranos, prejubilados en crisis anteriores con cargo al erario público. Otros, no tan veteranos, por debajo de la cincuentena, siguieron caminos similares aprovechando los superávit coyunturales de las cuentas de la Seguridad Social que los Gobiernos de entonces creían eternos. La reconversión de la industria pesada pública siguió esta vía. El mayor desastre ha sido el de 2008 porque ha dejado atrapados a cientos de miles de jóvenes con un nivel educativo disfuncional, bien por su bajo nivel general o bien porque no tienen competencias cognitivas prácticas que les permitan aspirar a un puesto de trabajo en la España del siglo XXI.

En ninguna de estas crisis España hizo un intento serio por adaptar y mejorar el capital humano de los desplazados. En primer lugar, porque tal y como hemos relatado en el capítulo anterior, la manera más eficaz de garantizar la prohibición de despedir a los insiders era reducir la población activa en las cohortes relevantes. Y, en segundo lugar, porque nunca hubo voluntad política de hacer de las políticas activas de empleo un instrumento eficaz para recapitalizar humanamente a los desplazados y reducir el desempleo. La multimillonaria financiación española y europea de estas políticas ya había sido capturada por las redes clientelares de los sindicatos y las patronales y la actividad de los cursos se había convertido en algo, en el mejor de los casos, totalmente irrelevante para la formación y la reinserción laboral de los parados.

En este capítulo relatamos la historia de cómo y por qué la educación general, la formación profesional y las políticas activas de empleo se han convertido en un sistema disfuncional para el mercado de trabajo español. Esta historia discurre en paralelo al relato de la captura por los insiders de las instituciones relevantes para el buen funcionamiento del mercado laboral que hemos desarrollado en el capítulo anterior.

6.1. La educación y la formación profesional en el franquismo

Durante la posguerra, España entró en una fase de aislacionismo y autarquía caracterizados por una fuerte protección de la industria nacional, que se potenció con la creación del Instituto Nacional de Industria en 1941. Con el Plan de Estabilización de 1958 se inició el desarrollo del sector industrial español de tal forma que el crecimiento económico empezó a sustentarse menos en la agricultura y más en la industria y los servicios. Los oficios industriales tenían todavía mucho de artesanal y, en general, requerían de un largo periodo de aprendizaje, muy práctico, de las habilidades manuales específicas del sector, y era suficiente un nivel de educación general muy elemental.¹

La población española tenía un nivel de educación general muy bajo. Como puede verse en el gráfico 6.1, en 1960 el 15 % de la población adulta española no sabía leer ni escribir, el 94 % tenía como máximo educación primaria y menos de un 3 % tenía algún tipo de formación superior.

Además, al contrario que en muchos otros países europeos, España no contaba con la tradición de un sistema de aprendizaje profesional. La debilidad de los inicios de la industrialización española en el siglo XVIII y las turbulencias políticas y sociales del siglo XIX no permitieron el desarrollo de un sistema de formación profesional propiamente dicho. La poca formación existente surgió de instituciones benéficas o de carácter religioso, con alguna iniciativa por parte de las escasas empresas industriales de la época, muy concentradas en el País Vasco y Cataluña, que se encargaban de proporcionar a sus trabajadores la cualificación que necesitaban. El carácter privado, benéfico y de autoorganización de la cualificación por parte de la empresa marcó la percepción de la formación profesional desde su origen como una educación para las clases populares y pobres y como una necesidad operativa del sistema productivo para dotarse de mano de obra cualificada.

En Europa el sistema de aprendizaje profesional se desarrolló con una concepción y en un entorno muy diferentes. El origen fue común a muchos países: los gremios medievales, que se extendieron con gran éxito y de forma muy homogénea por toda Europa durante la Edad Media. A partir de la Revolución industrial se produjo una adaptación diferenciada por países a las nuevas necesidades de cualificación. Surgieron tres modelos de formación profesional con características propias que se fueron consolidando durante la primera mitad del siglo XX y que básicamente persisten en la actualidad: el modelo liberal del Reino Unido, el modelo regulado por el Estado de Francia y el modelo corporativo dual de Alemania.² Estos modelos terminaron de consolidarse después de la segunda guerra mundial, cuando los sistemas de aprendizaje desempeñaron un papel clave en la construcción de las sociedades del bienestar europeas, en sí mismas apuestas estratégicas de Occidente durante la Guerra Fría. El trabajo y la integración de los trabajadores en los valores de las democracias occidentales pasaron a ser un valor de importancia capital. Así, los sistemas de formación profesional europeos se constituyeron en una vía de promoción social de la clase trabajadora, aumentando la cualificación de la población y mejorando la competitividad de sus economías.

Gráfico 6.1. Fracción de la población española 25+ que ha alcanzado cada nivel educativo

Fuente: De la Fuente y Doménech, El nivel educativo de la población en España y sus regiones: 1996-2011, BBVA Documento de trabajo núm. 15/17, 2015.

En el modelo liberal, el mercado juega un papel crucial en la organización del aprendizaje o formación profesional. Los contenidos los determinan las empresas en función de sus necesidades y, aunque estas pueden financiar cursos ocasionalmente, es en general la persona que recibe la formación quien debe financiarla. En este sistema no hay supervisión de la formación por parte del Estado ni exámenes finales acreditados, aunque puede haber certificaciones privadas de competencias adquiridas. Por el contrario, en Francia es el Estado el que organiza la formación en colaboración con las escuelas profesionales, que se financian con los fondos que recaudan de las empresas. La formación no está enfocada a adquirir los conocimientos específicos que necesitan las empresas sino a proporcionar conocimientos generales y teóricos y al final el alumno obtiene un certificado que le permite acceder a cursos superiores. Por último, el modelo corporativo dual de Alemania surgió como una continuación del sistema de aprendizaje de los gremios pero con la colaboración del Estado. Lo organizan las cámaras de comercio reguladas por el Estado y el contenido de la formación lo establecen conjuntamente empresarios, sindicatos y Estado. Las empresas pagan la formación impartida dentro de la empresa, los aprendices reciben un salario por trabajar durante el periodo de formación y las escuelas profesionales están financiadas por el Estado. Las calificaciones acreditan a escala nacional a los titulados para trabajar en la profesión correspondiente y para acceder a cursos superiores.

En España, ante el reto que suponía impulsar el desarrollo industrial partiendo de una notable carencia de trabajadores cualificados, se introdujo un sistema de formación profesional inspirado en los sistemas europeos. La ley industrial de 1955 diseñó un modelo de regulación estatal al estilo francés con algunos elementos del modelo dual de Alemania pero bajo los conceptos del modelo de Estado nacional-sindicalista del régimen franquista: no solo se persiguió mejorar la cualificación de los trabajadores para afrontar los retos de la industria sino también integrarlos en el sistema. La importancia estratégica de este objetivo estaba también clara para el régimen del general Franco. Para ello, la organización sindical vertical y la iglesia católica desempeñaron papeles muy importantes en la configuración y funcionamiento del sistema de formación profesional. Se diseñó un sistema que, a semejanza de los europeos, estaba totalmente separado del sistema de educación general reglado, y que era largo, bastante práctico y de tipo integral, ya que combinaba materias técnicas con otros temas generales para proveer el desarrollo personal.³ Las titulaciones y especialidades se reglamentaron de forma centralizada estableciéndose una estrecha relación con las categorías laborales que quedaron reguladas por las ordenanzas laborales.

El sistema fue rápidamente reconocido por las empresas y permitió fuertes aumentos tanto de la productividad como del salario de los trabajadores, pero no tuvo continuidad. Los sectores más aperturistas del régimen franquista impulsaron la Ley General de Educación (LGE) de 1970 que supuso un cambio drástico de modelo educativo. En aquellos años empezó a surgir una nueva corriente en Europa, también impulsada desde la OCDE, que ponía en duda la utilidad de una concepción de la formación profesional de larga duración como carrera alternativa para la formación de los trabajadores.⁴ En la Europa más avanzada industrialmente las nuevas tecnologías basadas en la automatización electrónica estaban dando lugar a la necesidad de una cualificación diferente, donde el componente de aprendizaje específico perdía importancia y la ganaba la necesidad de aumentar el nivel de educación general. Empezaban a surgir en la industria los trabajos que hoy denominamos rutinarios, fáciles de aprender y que no requieren una larga formación específica, sino un personal mucho más flexible y con capacidad de adaptación. El progresivo crecimiento del turismo en España también ponía en evidencia la necesidad de aumentar el nivel educativo de carácter general de la población.

Con la LGE el objetivo prioritario pasó a ser la generalización de la educación primaria y alargar la escolarización al tiempo que se planteaba un nuevo modelo de formación profesional que se intentó integrar con la educación reglada. La idea original era diseñar un tronco común y unificado con salidas profesionalizadas al final de cada nivel, sin establecerse conexiones o pasarelas entre ellas, para evitar que la formación profesional tuviera la función de carrera alternativa para las clases más humildes. Se trataba por tanto de diseñar ciclos terminales: la FP1 sería la salida para los que terminaban la Enseñanza General Básica (EGB), la FP2 para los que acababan el Bachillerato (BUP) y la FP3 (que no llegó a implementarse) para los que finalizaban los primeros ciclos universitarios. La ley establecía que los alumnos que optaban por la FP1 y querían acceder a la FP2 tenían que acceder previamente al bachillerato. Esta estructura, en cierta medida adelantada a la época, estaba inspirada en una corriente diseñada en Quebec en 1962 que se marcaba como objetivo que ningún adolescente dejara el sistema educativo sin una formación profesional específica.⁵

La aplicación de la LGE siguió un camino totalmente diferente de los objetivos y de la ruta inicialmente planteados. La formación profesional siguió siendo un sistema completo con un itinerario diferenciado y alternativo al tronco académico general. La iglesia católica y el sindicato vertical, que prácticamente habían monopolizado la enseñanza profesional, consiguieron introducir con el apoyo de los estudiantes y las familias los cambios necesarios en la ley para que se pudiera acceder a la FP1 sin haber completado la EGB (de hecho quedó como vía obligatoria para el alumnado que no había superado la EGB) y la FP2 se convirtió de hecho en la continuación natural de la FP1⁶ sin tener que hacer el bachillerato (BUP), cosa que la mayoría no habría podido hacer porque no tenían el graduado de la EGB y porque interrumpía la formación de tipo técnico-práctica a la que estaban habituados los alumnos. Estos cambios permitieron que, a pesar de las dificultades asociadas a la oposición de sus impulsores y a la falta de recursos de financiación adecuados al coincidir con la crisis, se produjera una fuerte expansión de la FP2 que contribuyó de forma significativa al aumento de la escolarización. Entre los aspectos más positivos hay que destacar que se introdujo una red de centros que empezaron a relacionarse con empresas de su entorno en las que se realizaban las prácticas. Entre los aspectos más negativos, la insuficiente adaptación de los cursos a la demanda. Basta decir que el 80 % del alumnado se agrupó alrededor de tan solo cuatro ramas profesionales, destacando el crecimiento de la recién creada rama administrativa que amplió la FP a las mujeres, cuya presencia anteriormente era casi nula.⁷

La crisis de las décadas de 1970 y 1980 contribuyó de forma indirecta a conseguir los objetivos perseguidos por la LGE, ya que los baby boomers de los años 1960 no encontraron otra salida al terminar la EGB que continuar estudiando hasta la FP o la universidad pública y quasigratuita porque sus posibilidades laborales eran prácticamente nulas. En el gráfico 6.1 se aprecia cómo durante la década de la crisis se alargó la escolaridad lo que se tradujo en un aumento muy importante del nivel educativo de la población española, aunque quedaba todavía mucho margen de mejora.

6.2. La educación en un mundo más técnico y globalizado

En el capítulo 3 hemos comentado que ya desde mediados de los años 1980 se empezaron a notar en el contexto mundial los primeros síntomas de transformación del mercado laboral asociados a la globalización y a la aceleración del progreso tecnológico. En el gráfico 3.5 de dicho capítulo se aprecia que desde mediados de los años 1980 se inició en Estados Unidos una tendencia hacia la progresiva desaparición de los empleos rutinarios,⁸ tendencia que posteriormente se fue extendiendo a Europa y España.⁹ Muchos de estos empleos rutinarios que empezaron a desaparecer entonces, eran precisamente los que habían sustituido a los antiguos oficios artesanales de la industria que surgieron después de la segunda guerra mundial en Europa y tras el Plan de Estabilización en España.

Los empleos rutinarios que han ido desapareciendo con la introducción de las nuevas tecnologías tenían salarios cercanos a la media y requerían unas competencias en las que se exigía combinar una educación general relativamente elevada con unas habilidades específicas bastante reducidas. A lograr esta combinación estuvieron orientadas las reformas educativas impulsadas en los años 1970 que persiguieron universalizar la educación de grado medio. Además de los numerosos ejemplos mencionados en el capítulo 3, conviene recordar la importancia que llegaron a alcanzar los trabajos administrativos en España durante las décadas de 1970 y 1980 y que en la actualidad se han visto sometidos a una cada vez mayor sustitución por el ordenador.

Los empleos no rutinarios que subsisten, y los que se están creando nuevos, requieren mayores destrezas o habilidades específicas relativamente largas de adquirir, aunque no necesariamente mayores niveles de cualificación. Un ejemplo claro es el boyante sector de cuidados personales que abarca desde la atención a la dependencia hasta los monitores de gimnasios e instalaciones deportivas. Las proyecciones realizadas por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) indican que la proporción de personas que trabajarán en puestos altamente cualificados aumentará desde un 40,5 % en 2010 hasta un 44,1 % en 2025 y la participación en el empleo de las ocupaciones básicas también seguirá creciendo desde el 10,2 % en 2010 hasta el 11,2 % en 2015, como se muestra en el gráfico 6.2, que es un escenario base y, por tanto, conservador. Esta paulatina polarización del empleo, que está surgiendo a raíz de la aceleración del cambio técnico y de la amortización de puestos de trabajo rutinarios, se caracteriza porque incluso las ocupaciones básicas que tradicionalmente han requerido un nivel bajo de cualificación se convertirán en trabajos más complejos y exigentes dada la desaparición del componente rutinario. Todos ellos tendrán, en mayor o menor medida, una componente de creatividad. Y esa componente tiene que ser potenciada por los sistemas educativos.

Gráfico 6.2. Porcentaje de empleo por nivel de competencias, 2000-2025 (UE 27+), escenario base ( %)

Fuente: Cedefop, 2013. Las sendas de la recuperación: tres escenarios sobre competencias y el mercado de trabajo para 2015. Nota informativa 9081 ES.

La adaptación de los sistemas educativos a estas nuevas exigencias tiene que hacerse en tres niveles diferentes. En primer lugar la educación debe potenciar las competencias o habilidades no cognitivas, especialmente —pero no solo— durante la etapa preescolar. Estas habilidades —empatía, curiosidad, autoestima, motivación, iniciativa…— son los cimientos de la creatividad y de la versatilidad. Son, además, origen y causa importante de la desigualdad¹⁰ en las oportunidades laborales. Es muy probable que en las próximas décadas los trabajadores tengan que cambiar varias veces de ocupación a lo largo de su vida laboral y que este cambio requiera la adquisición de competencias específicas diferentes a las que se tenían al inicio. Sin una buena dotación de competencias no cognitivas, la requerida adaptabilidad a circunstancias laborales nuevas puede ser muy frustrante y complicada.

En segundo lugar, la etapa obligatoria de la educación general debe orientarse a potenciar las competencias cognitivas básicas. Los alumnos deben terminar esta etapa con un nivel de comprensión lectora que les permita entender un texto que contenga alguna complejidad; una vez leído, deben poder explicarlo verbalmente con un lenguaje claro y conciso. Deben poder desarrollar una idea sencilla por escrito de manera inteligible y coherente. Deben ser capaces de plantear problemas matemáticos elementales y de utilizar una hoja de cálculo con soltura. Y deben poder mantener una conversación básica en inglés. Expuestos así, parecen todos ellos objetivos fáciles de conseguir, pero los resultados que obtiene el sistema educativo español son muy decepcionantes, como muestran consistente y tozudamente todas las comparaciones internacionales solventes. El problema español, lamentablemente, se extiende más allá de la enseñanza obligatoria: muchos graduados universitarios no cumplen los cuatro requisitos básicos enumerados más arriba. Esto conforma un círculo vicioso en el que graduados de las escuelas de magisterio carentes de las competencias cognitivas básicas van a enseñar a centros docentes de la etapa obligatoria.¹¹

En tercer lugar, la población necesita no solo las competencias generales sino también las habilidades específicas adecuadas para entrar y permanecer en el mercado de trabajo. Si la demanda de habilidades por parte de las empresas no coincide con lo que la población ha aprendido, la población se convierte de hecho en no cualificada para los puestos disponibles incluso aunque esté sobrecualificada en titulación, ya que en estas situaciones el trabajador pierde la motivación, se reduce la productividad y las habilidades no utilizadas quedan obsoletas. Por ello la etapa obligatoria debe dotar a los alumnos con capacidad de análisis, de cuestionar prejuicios y de hacerse preguntas. Las empresas demandan trabajadores con unas competencias cognitivas de educación general cada vez más elevadas y son muy exigentes en términos de calidad. También demandan una formación específica larga, que además está en continua transformación ya que las empresas que aportan más valor están en continuo proceso de innovación y de destrucción creativa. En Estados Unidos existe evidencia de que la proporción de empleados que trabajan en ocupaciones que requieren niveles de formación específica de más de un año de duración ha aumentado de forma muy significativa en las tres últimas décadas (en 11,8 pp).¹² Además se detecta que las necesidades de formación específica son, si cabe, mayores en las ocupaciones de categoría baja, donde el margen para la obtención de ganancias de productividad está íntimamente relacionado con dicha formación. Muchos de los oficios tradicionales como enfermería, estética o peluquería, y construcción (domótica) y ocio (idiomas) se están transformando a raíz de la incorporación de nuevas tecnologías y de la aparición de una demanda que valora los nuevos servicios que dichas tecnologías y conocimientos pueden aportar. No obstante, para que se dé este cambio es necesario un fuerte impulso de los sistemas de formación que permitan aumentar la productividad de los trabajadores, algo que acabará redundando en salarios más elevados.

Recuadro 6.1. Las nuevas competencias en oficios tradicionales

Nos comenta la empresaria K: «Un peluquero en la actualidad se enfrenta a un mundo en el que hasta el lavado de cabello necesita una combinación de competencias generales y específicas relativamente elevadas. Cada año las marcas incorporan productos nuevos que, para su aplicación correcta, es necesario introducir un nuevo protocolo, cada vez más sofisticado, que frecuentemente incorpora técnicas de masaje y alguna herramienta específica (por ejemplo basada en la nanotecnología para facilitar la absorción del producto). Además, hay que dar a conocer el producto para venderlo y para ello es necesario realizar un diagnóstico capilar y saber transmitir al cliente lo que el nuevo producto le aporta, ya que en caso contrario no estará dispuesto a pagar más por el servicio. Así, para hacer algo que aparentemente resulta tan sencillo como lavar una cabeza, el profesional además de tener la habilidad tradicional de lavar el cabello tiene que saber realizar un protocolo relativamente complejo de aplicación de un producto cuya maestría requiere tiempo aprenderlo, tiene que tener los conocimientos técnicos para hacer un diagnóstico capilar y sobre todo tiene que tener la capacidad de explicar al cliente los beneficios que le aporta el producto, para lo que necesita unas determinadas competencias de comunicación. La incorporación del producto, además de incrementar la competitividad de la empresa, permite aumentar la productividad y el sueldo del profesional».

6.3. La educación y la formación profesional en la España democrática

La entrada de España en Europa en 1986 abrió las puertas a un mundo cada vez más globalizado, muy alejado del proteccionismo en el que se había desarrollado la industria española. La integración europea se produjo en unos momentos en los que se empezaban a intuir cambios profundos, y mejorar la educación ya se señalaba como la prioridad para enfrentarse a ellos. Bajo el impulso de la presidencia de Jacques Delors, se empezó a gestar en Europa una importante reorientación de los sistemas educativos. La ambición era abandonar los objetivos pedagógicos tradicionales, basados en un aprendizaje extensivo de conocimientos con programas cerrados y temarios rígidos, e iniciar la introducción de un nuevo enfoque de competencias orientado a los resultados que permitiese compatibilizar objetivos pedagógicos más flexibles, al tiempo que fácilmente reconocibles, para facilitar la movilidad laboral entre países. También se prestó una atención especial a la formación profesional inicial, al considerarse que el desarrollo de una educación capaz de proporcionar a los jóvenes las nuevas habilidades que empezaban a demandar las empresas resultaba crucial tanto para facilitar la transición de estos al mercado de trabajo como para garantizar la competitividad de sus economías.

En España la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), que empezó a aplicarse a principios de 1990, no incorporó casi ninguno de los nuevos objetivos europeos, especialmente en materia de formación profesional. De hecho la nueva ley estuvo más enfocada en alcanzar las propuestas originales de la ley de 1970, propuestas que en algunos aspectos eran contrarias a la nueva filosofía que se estaba afirmándose en Europa. La LOGSE partió de la creencia de que la especialización temprana o los cursos específicos para un empleo inmediato tienen el riesgo de preparar para un trabajo que puede desaparecer en poco tiempo y consideró que la extensión de la educación general y académica era la mejor garantía para adaptarse a los cambios futuros. En base a ello se propuso alargar en dos años, hasta los 16, la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y se eliminó la FP1, a la que antes podían acceder los alumnos que, por la razón que fuese, no conseguían graduarse de la EGB a los 14 años. Se consiguió así cerrar la vía de optar tempranamente por una orientación de formación práctica y se estableció que para poder acceder al primer nivel de la FP, que pasó a denominarse de grado medio, era necesario haber terminado con éxito la ESO. La FP de grado superior se cursaría después del bachillerato pero no podrían acceder directamente los alumnos de FP de grado medio sin antes hacer el bachillerato.

A partir de esta filosofía se hizo realidad la vieja aspiración surgida en los años 1970, aunque en esta ocasión con retraso y a destiempo, ya que había cambiado radicalmente la orientación que a nivel internacional se le estaba dando a la educación. La LOGSE evitó, finalmente, que la formación profesional tuviera la función de carrera alternativa para los empleos de tipo manual frente a la carrera de carácter académico, división que se consideraba que tendía a reproducir la clasificación de la población entre trabajo manual e intelectual. Aunque el objetivo de estos cambios era alcanzar una estructura social menos desigual a través de una escuela más igualitaria, no está claro que la mejor forma de conseguirlo fuera dejando sin salida a los jóvenes que no conseguían terminar la ESO impidiéndoles el acceso a la FP. De hecho, la LOGSE no solo no consiguió aumentar el pretendido prestigio de la FP sino que tuvo repercusiones muy negativas sobre el fracaso escolar.¹³ En el gráfico 6.3 se aprecia que desde que empezó a aplicarse la LOGSE a mediados de 1990 la tasa de fracaso escolar dejó de disminuir y quedó anclada en el 30 %, nivel que está muy por encima de la media europea y que resulta claramente inaceptable. Solo con el inicio de la Gran Crisis, ante las extremas dificultades de encontrar empleo por parte de los jóvenes con un nivel bajo de cualificación, dicha tasa ha vuelto a reducirse, también impulsada a partir de 2011, como veremos más adelante, por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Felgeroso et al. encuentran evidencia de que existe una relación negativa entre la LOGSE y la incidencia del fracaso escolar y la atribuyen a la eliminación de la FP1 y a la introducción de un sistema muy rígido que cerró las puertas a los estudiantes que hubieran optaban por la vertiente educativa profesional.

Para los jóvenes que no pudieron continuar los estudios reglados (tanto académicos como profesionales) la LOGSE propuso los Programas de Garantía Social (PGS) financiados con fondos europeos. Dichos programas englobaron básicamente las escuelas taller y casas de oficio¹⁴ y los talleres de ocupación.¹⁵ A través de estos programas, que se llevaron a cabo desde una vertiente asistencialista al depender de la existencia de fondos europeos, de hecho se externalizó del sistema educativo el problema del fracaso escolar.

La LOGSE tampoco estuvo acertada en aumentar el prestigio de la formación profesional, ya que los pasos que se dieron no fueron los adecuados ni en su diseño, basado en ciclos terminales, ni en el modelo que se siguió, basado en escuelas profesionales en vez de basarse en el trabajo. En aquellos momentos existía ya en Europa un amplio consenso en que una de las claves para que la FP tuviera éxito era que los alumnos de los ciclos bajos de formación tuvieran acceso a otras vías educativas, para que la formación adquirida no se convirtiera en callejones sin salida, que es lo que les lleva a abandonar las vías iniciales de FP ante la ausencia de oportunidades posteriores para continuar los estudios. Se estaba proponiendo con esta filosofía no solo que se pudiera pasar de la FP de grado medio a la FP de grado superior sin necesidad de hacer el bachillerato, sino también que se establecieran pasarelas para poder acceder a la universidad desde la FP de grado medio, sin necesidad de hacer el bachillerato, de tal forma que un alumno que opta tempranamente por la educación práctica pueda acceder a la universidad sin tener que hacer cursos de carácter académico además de los de carácter profesional. Se trataba de hacer frente al reto de diseñar un currículo dentro de los ciclos de formación profesional con unos contenidos en competencias básicas que no cerraran las puertas a la educación superior.

Gráfico 6.3. Tasa de fracaso escolar

Fuente: Felgeroso, F., Gutiérrez-Domènech, M, y S. Jiménez-Martín, «Dropout trends and educational reforms: the role of LOGSE in Spain», IZA, Journal of Labor Policy, 2014.

El otro aspecto que restó prestigio a la formación profesional impulsada por la LOGSE fue que se optó por el modelo basado en la escuela frente al modelo dual o basado en la empresa. Esta primacía de la escuela era, y sigue siendo, el modelo más extendido en Europa, a pesar de los avances más recientes para acercarlo a la empresa. En el modelo basado en la escuela las prácticas en empresas son relativamente cortas y los centros de formación tienen la responsabilidad de crear entornos de trabajo lo más realistas posibles. Ya entonces, las recomendaciones de las autoridades europeas iban enfocadas a desarrollar la formación profesional prioritariamente en los centros de trabajo, lo que exige un compromiso muy fuerte de las empresas. El esfuerzo exigido a los centros educativos para adecuar los planes de estudio a las necesidades de las empresas es la principal ventaja de este último sistema y constituye la vía óptima para asegurar que la formación se adapte a la demanda. Este modelo tiene la ventaja adicional de contar con las instalaciones de las empresas y con sus profesionales para formar a los alumnos, siempre mucho más actualizados que los centros de formación, lo que permite mejorar el contenido de la formación y reducir los costes totales.¹⁶

La LOGSE creó los actuales Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) para juntar en un mismo centro educativo los estudios de ESO, bachillerato y ciclos de formación profesional. Esto dificulta la diferenciación del profesorado de la enseñanza general y profesional, que junto a la carencia de autonomía en la gestión de los centros educativos ha afectado de manera negativa a los retos a los que se enfrenta la formación profesional. El mayor reto es precisamente la formación del profesorado, que presenta lagunas en experiencia profesional de las especialidades que imparten porque no han tenido un contacto suficiente con el mercado de trabajo y, además, tienen poca preparación pedagógica para desarrollar la función docente. La innovación más importante fue la introducción de la Formación en los Centros de Trabajo (FCT), consistente en un módulo de formación evaluable que dispone de un tutor en el centro educativo y otro en la empresa, con un plan de trabajo previamente establecido y supervisado por ambos tutores. La FCT incorpora prácticas laborales relativamente cortas —suponen solo un 25 % del tiempo de enseñanza— que no suelen adaptarse a las necesidades de las empresas, lo que dificulta enormemente la colaboración empresarial porque el que las prácticas sean cortas hace que sean muy difíciles de gestionar, ya que no se dispone del tiempo suficiente para que el alumno aprenda ni en consecuencia para que aporte valor a la empresa. En estas circunstancias resulta difícil diseñar un buen programa de aprendizaje en la empresa con objetivos y tareas claras.

En España los ciclos formativos existentes están poco o nada adaptados a las necesidades de la empresa. En la práctica, solo 6 de las familias profesionales existentes absorben en torno al 60 % del alumnado (administración, electricidad y electrónica, informática, sanidad, mantenimiento de vehículos y servicios socioculturales a la comunidad). Además, no todos los ciclos de grado medio tienen una continuidad en los de nivel superior, ya que no se establece como una carrera profesional alternativa a la enseñanza general.

Recuadro 6.2. Imposible contratar a un peluquero con título oficial de peluquería

Comenta la empresaria K: «Yo diría que solamente un 1 % de los peluqueros que contraté tenían el título oficial de peluquería y ese 1 % era del sistema de formación profesional antiguo, cuando todavía existía FP1 y FP2. El resto provenían de academias privadas con una formación muy heterogénea, o sencillamente se habían formado en alguna peluquería, normalmente del entorno familiar. Los contratados me comentaron que no querían estudiar peluquería en los pocos centros oficiales de formación profesional que existían, debido a la pobre calidad de sus profesores, prefiriendo acudir a un centro privado a pesar de ser más caro. Al ser un oficio tan práctico, si la formación se lleva a cabo fundamentalmente en el centro educativo y el profesor no es un profesional en activo, pierde la cualificación en muy poco tiempo. La falta de profesores con la cualificación adecuada en profesiones que no se estudian en la universidad provoca que, a pesar de la alta tasa de paro que caracteriza a España, resulte muy difícil encontrar a profesionales preparados».

6.4. La distribución bipolar de las cualificaciones laborales en España

En Alemania, Austria y Suiza la formación dual es la opción que atrae a un mayor volumen de alumnos dentro del segundo ciclo de educación secundaria. La mayoría de los que se gradúan en el sistema dual continúan trabajando como empleados cualificados en un determinado oficio, en muchos casos en las empresas donde hicieron las prácticas, y muchos de ellos hacen uso posteriormente de las oportunidades que brinda la formación profesional avanzada. El sistema dual no tiene ningún requisito académico para ser admitido. Frecuentemente se accede después de haber hecho un año de formación profesional en las aulas que sirve de preparación para conseguir una oferta en una empresa. Para compensar las posibles diferencias en los niveles de educación de los alumnos, el periodo de formación en las aulas puede ser más corto o más amplio. La formación dual enseña teoría y práctica en los centros de formación profesional (1 o 2 días a la semana) y en las empresas (3 o 4 días con un contrato de trabajo). Centros y empresas comparten la responsabilidad de formar mientras que el Estado coordina el marco de regulación. Se busca el consenso de todas las partes involucradas ya que es la única forma de asegurar que los acuerdos alcanzados se implementen con rapidez. Las empresas están dispuestas a ofrecer formación porque los alumnos terminan convirtiéndose en empleados ya que tienen las habilidades que requiere la empresa y existen menos riesgos de tomar decisiones erróneas. Las empresas deben tener personal con la cualificación pedagógica y profesional para llevar a cabo la formación: deben ser mayores de 24 años y han de pasar un examen de aptitud de instructor.

La formación dual produce, en los países que la han adoptado, una concentración de trabajadores en la zona de las cualificaciones profesionales medias. En España, el diseño de la educación secundaria de la LOGSE terminó fomentado una distribución bipolar, o esquizoide, del nivel de estudios de la población española, con una proporción muy elevada de personas con educación alta y baja y una proporción reducida de población con estudios medios, todo ello en términos comparativos con otros países europeos. En el gráfico 6.4 se muestran los niveles de estudios de las cohortes 25-35 años (círculos oscuros) y 55-64 años (rombos claros) en el año 2011. Puede observarse que:

• El porcentaje de jóvenes cuyo nivel educativo es bajo (etapa obligatoria o menos) es la mitad que el de los mayores (35 % versus 70 %), pero aun así es el más alto de los países considerados, con la excepción de Portugal. Se puede decir que el nivel educativo está mejorando, pero que el porcentaje de la población con nivel educativo bajo aún es exageradamente grande.

• El porcentaje de jóvenes cuyo nivel educativo es alto (universitario) es el doble que el de los mayores (40 % versus 20 %). En términos comparativos está al nivel de Francia y es mucho más alto que el de Alemania o Italia. Esto tampoco es una buena noticia para el mercado laboral español porque, aun suponiendo que todos estos jóvenes tienen competencias genéricas altas, que es mucho suponer, hay muchos que no tienen competencias laborales específicas de ningún tipo. Por poner un ejemplo, puede tenerlas un ingeniero, pero no es probable que las tenga un filólogo.

• El porcentaje de jóvenes españoles con nivel educativo medio (secundaria) es el más bajo de la muestra internacional (el 25 %). Es superior al de los mayores, que es bajísimo (el 15 %), pero sigue siendo anormalmente bajo.

• Resumiendo, la distribución de niveles educativos españoles (baja/media/alta) es (35 % / 25 % / 40 %) para los jóvenes y (65 % / 15 % / 20 %) para los mayores. Ambas están polarizadas en los extremos. Si miramos a Alemania la distribución es (15 %/60 %/25 %) para los jóvenes y también para los mayores.

A la anomalía de la distribución bipolar de niveles educativos que presenta España se debe añadir la anomalía de la escasez general de competencias específicas de la fuerza de trabajo. En el gráfico 6.5 se muestran, para la población entre 25 y 64 años con nivel educativo que no supera la secundaria superior, su porcentaje relativo al conjunto de la cohorte y el desglose de este porcentaje entre los que tienen solamente una educación general o académica y los que tienen formación profesional. Todo ello con datos de 2011 y para el mismo conjunto de países que el gráfico 6.4.

Como se observa en el gráfico 6.5, después de Portugal, España tiene el menor porcentaje de población de estas características relativo al conjunto de la población 25-64 años, el 40 %. De estos 40 pp tan solo 10 pp han cursado algún tipo de formación profesional, es decir, tienen habilidades específicas. Los otros 30 pp solo tienen educación general: no han tenido ningún tipo de formación específica para facilitar su inserción en el mercado laboral. Esto contrasta fuertemente con los demás países representados en el gráfico.

Gráfico 6.4. Nivel educativo de la población en 2011. Porcentaje de jóvenes y mayores por nivel máximo de educación alcanzado

Fuente: OCDE. Education at a glance.

Gráfico 6.5. Porcentaje de la población entre 25 y 64 año con nivel educativo que no supera la secundaria superior por orientación del programa en 2011

Fuente: Eurostat, OCDE y Banco de España: García Coria, R. y P. García Perea, «Formación profesional dual e inserción laboral en el área del euro», Boletín Económico, Banco de España, febrero de 2014.

El carácter bipolar de la distribución de cualificaciones profesionales y la escasez de competencias específicas en España son las muestras más claras de la disfuncionalidad del sistema educativo español:

• Se produce un exceso de oferta en el segmento de baja cualificación educativa. Es, por una parte, el segmento de los ninis, cuyo crecimiento ha sido alimentado por la elevada tasa de abandono escolar temprano y, muy en particular, por el fracaso escolar. Pero no solo hay ninis en este segmento. También están muchas personas que quedaron varadas al estallar la burbuja inmobiliaria y cuyas habilidades específicas no encuentran demanda. La economía española no puede ni podrá absorber este exceso de oferta porque, como hemos comentado en el epígrafe 6.2, la demanda de trabajo se está moviendo hacia requerimientos más exigentes en materia de competencias cognitivas básicas y de habilidades específicas.

• Hay un claro déficit de oferta en el segmento educativo medio, especialmente de personas con habilidades específicas. Este es el segmento más demandado por las empresas en toda Europa y las empresas españolas no tienen por qué ser diferentes. Es muy probable que esta restricción de oferta esté condicionando la especialización sectorial de la economía española: hay actividades que podrían no estarse desarrollando por falta de personal adecuado.

• Se produce también un exceso de oferta en el segmento de alta cualificación educativa. Como muestra el gráfico 6.4, un 40 % de la cohorte joven tiene titulación universitaria. Simplemente, no hay demanda para tanta oferta a ningún salario positivo. Puede haberla quizá para los ingenieros, cuya educación conlleva mucha formación en habilidades específicas, pero difícilmente la habrá para filólogos, por ejemplo. Muchos universitarios tendrán que trabajar, si lo consiguen, en categorías profesionales por debajo de su titulación, circunstancia esta no exclusiva de España sino de todos los países que tienen inflación de grados universitarios. Sin embargo, tal y como muestra el gráfico 6.6, el caso español vuelve a ser extremo: casi un 35 % de las personas entre 25 y 64 años con estudios universitarios están empleados en categorías inferiores a su titulación. Esta sobreproducción de titulados universitarios financiada con recursos públicos es un despilfarro que se debería reconsiderar.

Por lo dicho hasta aquí, debería haber quedado claro que es necesario aumentar las competencias específicas en todos los niveles educativos de la población trabajadora. A este respecto, ya se han dado algunos pasos que, aunque insuficientes, van en la buena dirección. La reforma de la FP de 2011 ha suavizado la transición desde la ESO hacia los programas de FP para los alumnos que no consiguen terminar la ESO. Ahora, los alumnos de 15 años pueden acceder a un curso especial de FP y, si aprueban, pueden continuar con los módulos de FP de grado medio. Anteriormente dicho curso estaba destinado a los alumnos de 16 años o más que no habían completado la ESO. Además, se permite pasar de FP de grado medio a FP de grado superior, sin necesidad de hacer el bachillerato, a través de un curso especial. Estas medidas han abierto vías de acceso para que los estudiantes que no pueden superar la ESO puedan seguir escolarizados y, además, están teniendo una incidencia positiva sobre el fracaso escolar. Sin embargo, la formación profesional de grado medio sigue estando diseñada como una opción para los malos estudiantes alternativa al bachillerato. En la práctica, las pasarelas introducidas son más angostas que lo que pueda parecer a primera vista, porque el diseño de las familias profesionales no tiene continuidad entre el ciclo medio y el superior. Se han introducido un conjunto de familias de ciclo medio y otras, totalmente diferentes, de ciclo superior que empiezan directamente desde el comienzo de ese nivel más alto. En la práctica se está poniendo el acento en el desarrollo de la FP de grado superior a expensas de las etapas inferiores, lo que hace pensar que se mantendrá la dualidad de la cualificación y en consecuencia los problemas de desajuste por la escasa adaptación de la oferta a la demanda. De hecho, las primeras experiencias que se están llevando a cabo en el campo de la formación dual se centran casi exclusivamente en el ciclo superior.

Gráfico 6.6. Porcentaje de población entre 25 y 64 años sobrecualificada.* Promedio 2009-2010

Fuentes: Eurosotat, OCDE y Banco de España: García Coria, R. y P. García Perea, «Formación profesional dual e inserción laboral en el área del euro», Boletín Económico, Banco de España, febrero de 2014.

La dualidad del sistema educativo español y la prioridad que da a la educación general por encima de la profesional limita enormemente el acceso al empleo porque las empresas demandan mayoritariamente un tipo de cualificación que no proporciona nuestro sistema educativo. En todos los países, independientemente de las características institucionales de sus mercados de trabajo, la probabilidad de transitar desde los estudios al empleo por parte del colectivo con estudios solo de nivel bajo es muy reducida y relativamente similar, frente a unas diferencias notables en la probabilidad de transitar al empleo cuando el colectivo considerado tiene estudios medios y altos.¹⁷ Estos datos son indicativos de la importancia que tiene abordar la problemática de la educación secundaria en España, donde un 60 % de la población ha terminado o abandonado los estudios sin tener cualificación profesional, es decir, sin tener un título de formación profesional o un título universitario. La tasa de paro juvenil española se aproxima al 50 %, situación que comparte con Grecia y en menor medida con Portugal e Italia. El gráfico 6.7 muestra que la falta de cualificación profesional y el paro juvenil están fuertemente relacionados.

Para conseguir reducir la excesiva proporción de personas que solo tienen educación primaria hay que hacer frente al problema del fracaso escolar y al de la falta de oportunidades de formación profesional temprana. Estos dos problemas van de la mano y hay que abordarlos conjuntamente. La solución no pasa por aumentar los años de escolarización obligatoria sino por mejorar el diseño de la educación secundaria donde uno de los aspectos claves es la formación profesional. Ya hemos mencionado como en el pasado el aumento de la escolarización en España vino en gran parte impulsado por el crecimiento de la FP. Hay que dar otro paso en esa dirección.

Gráfico 6.7. Tasa de abandono escolar sin cualificación profesional y tasa de paro juvenil en 2011

Fuente: Eurosotat, OCDE y Banco de España: García Coria, R. y P. García Perea, «Formación profesional dual e inserción laboral en el área del euro. Boletín Económico, Banco de España, febrero de 2014 .

6.5. La formación para el empleo

Cuando España accedió a la Unión Europea empezó a percibir ayudas de los fondos estructurales y en particular del Fondo Social Europeo (FSE), que iba destinado a proporcionar financiación para la formación. Con estos fondos surgió el Plan de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP) inaugurándose la llamada formación ocupacional y el inicio de las políticas activas de empleo. Como ya se ha comentado, la ayuda europea incentivó la creación de programas de tipo innovador como las escuelas-taller y los centros de formación ocupacional para los jóvenes en paro con fracaso escolar. En 1992 se firmó el primer acuerdo sobre formación continua que estableció la asignación de una parte de las cuotas de la Seguridad Social en concepto de formación a la financiación de planes de formación para los trabajadores ocupados mientras que el resto se dedicaba a la financiación de la formación ocupacional para los desempleados. Los agentes sociales asumieron la iniciativa del acuerdo y también la gestión directa de los recursos públicos. En 2007 se integró la formación ocupacional dirigida a los desempleados y la formación continua dirigida a los ocupados y pasó a denominarse formación para el empleo, y se convirtió, básicamente, en un mero mecanismo de financiación de actividades de dudosa utilidad y eficacia, porque las empresas que necesitan formar a sus empleados lo harían también si no hubiese subvenciones.

La idea de que la gestión, organización y provisión de la formación estuviera a cargo de los agentes sociales era facilitar el diseño de una formación adaptada a la demanda. Sin embargo, el reducido grado de representatividad de los agentes sociales que caracteriza a nuestra economía hizo que se reprodujera la problemática que existe cuando se fijan los salarios: los acuerdos se alcanzan en unos despachos muy alejados de las empresas desde los cuales resulta imposible conocer sus necesidades y por lo tanto es imposible adaptarse. Ante la dificultad de organizar y gestionar de forma centralizada la formación que necesitan realmente las empresas se optó por diseñar unos contenidos formativos genéricos y de tipo transversal, es decir, ¡que no fueran de su propia actividad!, por lo en ningún caso se proporcionaba formación técnica específica de cada puesto de trabajo. Además, como ninguna organización tenía la capacidad organizativa para hacer llegar a todo el territorio una amplia oferta formativa, la diversidad y calidad de la oferta empeoraba fuera de las grandes ciudades.

Recuadro 6.3. Los trabajadores ocupados tienen derecho a formación transversal

Nos cuenta la empresaria K: «En el mundo de la peluquería y estética se ha desarrollado mucho el servicio de uñas postizas posiblemente por la introducción de nuevos productos como el gel, más natural que la porcelana que se utilizaba anteriormente. La técnica de aplicación es muy compleja y requiere un largo periodo de formación. Además implica utilizar productos muy caros. Resulta extremadamente difícil cubrir las vacantes de esta familia profesional, que ni si quiera existe en el listado oficial de ocupaciones profesionales, por lo que siempre estaba formando a profesionales en este campo. Todos los años surgían novedades y era conveniente asistir a cursos fuera de la empresa, algunos incluso fuera de España. Para ello intenté hacerlo con cargo a los fondos de formación. El representante sindical, casi ofendido ante mi atrevimiento, me informó de que esos cursos no estaban diseñados para lo que a mí me interesase. Había un listado de cursos disponibles y de sitios donde podía realizarlos de los que no me podía salir. Además, ya que estaba pagando con las cotizaciones la formación tenía que incentivar a los profesionales a que asistieran a los cursos que ellos habían organizado. Y en otras palabras: yo tenía que contribuir pagando las horas de trabajo, para que los profesionales asistieran a un curso que no les iba a aportar nada para mejorar su trabajo ni a mí para mejorar la empresa».

La cesión de la gestión de los fondos de formación a los agentes sociales ha desembocado en uno de los mayores fraudes de la historia de España. La presión para dar una salida rápida a un abultado volumen de recursos españoles y europeos hizo que no se creara la necesaria inversión en equipamientos formativos y que los mecanismos de control públicos, responsabilidad de las Comunidades Autónomas, fueran tolerantes, cuando no partícipes, con el desvío de los fondos hacia otras finalidades, muchas de ellas inconfesables. Además el hecho de que las empresas no valoraran la formación por ser excesivamente genérica y transversal debió contribuir al desinterés y al fracaso de estas políticas. Las empresas no llegan a gastar el total del crédito disponible, especialmente las pequeñas, que gastan aproximadamente la mitad del crédito.

El sistema de formación para el empleo ha empezado a reformarse recientemente ante los graves escándalos de corrupción que están saliendo a la luz en un número creciente de Comunidades Autónomas. Las reformas se están centrando casi exclusivamente en intentar controlar la corrupción, cosa muy difícil mientras los agentes sociales sigan gestionando los cursos de formación, aunque ahora parece que tendrán competidores. Lamentablemente, se está manteniendo la notoria falta de adaptación de los cursos a la demanda de las empresas. Por ejemplo, las competencias transversales que se han fijado por real decreto para 2015 son aquellas relacionadas con los idiomas, la ofimática, las TIC, los conocimientos financieros y jurídicos así como todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de las Administraciones Públicas. De esta forma, las empresas que no estén interesadas en formar a sus trabajadores en estos aspectos transversales seguirán sin poder aprovechar los recursos de formación para el empleo y con el estigma de ser malos empresarios porque no utilizar los recursos que tienen asignados. Con un enfoque de este tipo difícilmente podrá mejorar la mala valoración que hasta el momento recibe esta formación, donde 7 de cada 10 encuestados que han asistido a cursos aseguran que no les ha resultado útil para su empleabilidad.¹⁸ Parece increíble que después de haber llevado a cabo la encuesta para valorar los resultados no se haya llevado a cabo una reforma en profundidad en la línea de lo que se comentará en el capítulo 8. Las principales novedades se centran en que ahora la obtención de fondos para impartir la formación está abierta a la competencia, al menos en teoría, y que las Administraciones Públicas solo adelantarán el 25 % de los fondos públicos antes de empezar la formación mientras que anteriormente se realizaban pagos anticipados de hasta el 100 % a las organizaciones beneficiarias.

Tercera parte

Las reformas necesarias en España

7

Propuestas para reformar el mercado de trabajo en España

Los modelos de insiders-outsiders, como el propuesto por Rodrick que hemos expuesto en el epígrafe 5.8, permiten dar razón de por qué es tan difícil llevar a buen término reformas orientadas a aumentar la utilización de los recursos productivos si ello abre la posibilidad de que los insiders pierdan poder, o renta, o ambas cosas a la vez. Las promesas de compensación futura por la pérdida no acostumbran a ser creídas y el punto de equilibrio que define el statu quo es defendido con firmeza numantina, aunque ello suponga que la sociedad en su conjunto salga perdiendo.

España en la actualidad tiene muchos recursos ociosos. Las cifras más evidentes, que se reflejan en el gráfico 7.1, son los tres millones y medio de parados de larga duración y la resistencia a que se reduzca el millón y medio de jóvenes que ni trabajan ni estudian, los denominados ninis. Todo este colectivo se está descapitalizando tanto laboralmente como físicamente¹ y cuanto más tiempo permanezcan en paro más difícil resultará su reincorporación al mercado de trabajo. Por eso la Comisión Europea ha puesto en marcha el ambicioso proyecto de la Garantía Juvenil para ayudar a conseguir que los jóvenes no estén más de 4 meses desvinculados del mercado de trabajo o del mundo educativo, momento a partir del cual se considera que no desarrollar ninguna actividad supone perder cualificación.

Gráfico 7.1. Paro de larga duración y ninis* (mill. personas)

Fuente: INE (Encuesta de Población Activa).

Para reformar el mercado de trabajo hay que buscar innovaciones en el terreno de las ideas políticas que sean capaces de desbloquear la resistencia al cambio y que permitan que la sociedad se acerque a la frontera eficiente. En la segunda parte del libro hemos explicado por qué funciona mal nuestro mercado laboral. En esta tercera parte expondremos sucintamente las reformas necesarias para superar este mal funcionamiento, abordando en este capítulo la reforma de las instituciones del mercado de trabajo y dejando para el capítulo 8 las reformas que deberían hacerse en el sistema educativo.

En nuestra opinión, se deberían hacer cinco reformas de calado en el mercado de trabajo español con el objetivo de homologarlo al de los países de nuestro entorno y reducir las anómalas tasas de desempleo, en especial del juvenil, y de temporalidad que, como se aprecia en el gráfico 7.2, son muy superiores al resto de los países. Estas reformas son:

Gráfico 7.2. Tasa de desempleo juvenil y ratio de temporalidad (2009/2013)

Fuente: Eurostat.

• Aumentar la seguridad jurídica de los participantes en el mercado laboral reduciendo el excesivo activismo judicial, que no tiene paralelo en los países avanzados de Europa. Este protagonismo de los jueces de lo social en España amplifica y refuerza las ya comentadas anomalías de elevadísimo desempleo y precariedad laboral.

• Dar carácter extraestatutario a los convenios colectivos con el fin de potenciar la negociación colectiva a nivel de empresa y facilitar las reorganizaciones que hagan crecer la productividad total de los factores.

• Unificar las indemnizaciones por despido de los distintos tipos de contratos laborales en función de la antigüedad del trabajador, independientemente de la duración del contrato.

• Dar un carácter finalista a la indemnización por despido, que debería invertirse en formación y en ayuda para la búsqueda de un nuevo empleo.

• Reformar los Servicios Públicos de Empleo dando mayor importancia a la intermediación y a la formación y menos importancia a los subsidios al empleo. Asegurar la condicionalidad de la prestación por desempleo a través de políticas activas.

7.1. Reducir el activismo judicial introduciendo sistemas de mediación para la solución de conflictos individuales

España es uno de los pocos países europeos que han firmado el artículo 158 del convenio de la OIT² por el que se establece que el despido y la modificación sustancial unilateral de las condiciones de trabajo deben ser causales, es decir, que deben encajar en alguna de las causas reconocidas por la ley. Que el despido sea causal quiere decir, entre otras cosas, que el trabajador tiene derecho a recurrir ante un organismo neutral, que no tiene por qué ser un tribunal de lo social, sino que puede ser un tribunal ordinario o incluso una junta de arbitraje o árbitro. La causalidad del despido no tendría por qué dificultar excesivamente los despidos económicos. El caso de Suecia, también firmante del artículo 158 de la OIT y que ya comentamos en el capítulo 5, es un ejemplo de cómo a pesar de que el despido es causal los tribunales solo examinan las evaluaciones de los empresarios si hay motivos para sospechar que el despido afecta a los derechos fundamentales del trabajador y no a causas económicas.

En España, sin embargo, eso no ocurre, ya que los tribunales de lo social requieren no solo confirmar que existe una causa justa para despedir sino que también quieren tener en cuenta la racionalidad económica de la medida que quiere tomar la empresa. Suele ocurrir que, aunque la empresa demuestre una disminución aguda y persistente de las ventas, estos hechos no se consideren suficientes por el juez para justificar el despido si la empresa no demuestra claramente de qué manera el despido podría ayudar en la corrección de la evolución negativa de la empresa. Pudiera, incluso, parecer en algunas ocasiones que en los juzgados españoles de lo social hay algunos prejuicios contra el empresario que vienen de la noche de los tiempos. No siempre parecen haberse asimilado las ideas de que los empresarios no son necesariamente unos explotadores compulsivos y de que no quieren despedir a capricho, porque esto empobrece el intangible de su empresa y reduce sus beneficios, y de que la esencia de la naturaleza empresarial no es fastidiar y maltratar al trabajador, creencia que, en cualquier caso, estaría en sintonía con la filosofía criminalizadora de la actividad empresarial que inspira el mencionado convenio de la OIT.

El origen del activismo judicial en materia laboral en España proviene del franquismo cuando, por una parte, el Estado intervenía en todos los conflictos laborales como medio de represión de la acción colectiva, y lo hacía a través de los Tribunales.³ Por otra parte, en ausencia de conflicto político, los jueces fallaban sistemáticamente a favor del trabajador, en aplicación de una ley muy paternalista y, quizá, además, cediendo a la tentación de fallar antes en equidad que en derecho, cesión que en aquellas circunstancias era mucho más merecedora de comprensión que en las circunstancias democráticas actuales. Con esta segunda dimensión de la jurisdicción de lo social del franquismo incluso los sindicatos clandestinos se sentían muy cómodos y aprovecharon su estratégica contribución a la estabilidad económica y política de la Transición, descrita en el capítulo 5, para prolongarla. Siguiendo esta inercia, el Estatuto de los Trabajadores de 1980 diseñó un sistema de relaciones laborales totalmente judicializado en el que los jueces de lo social mantuvieron la última palabra sobre el significado de las razones legales del despido y también de las modificaciones sustanciales unilaterales de las condiciones de trabajo, de tal forma que el litigio judicial pasó a ser mucho más importante que la mediación y el arbitraje a la hora de llegar a una solución del conflicto. De hecho, la resolución alternativa de conflictos no empezó a desarrollarse hasta la década de 1990, y se centró exclusivamente en los conflictos colectivos, mientras que para las reclamaciones individuales, increíblemente, todavía no existe ningún sistema alternativo al judicial, ya que la obligación de acudir a conciliar antes de un despido es un puro trámite burocrático. En España el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional, pero la ausencia de mecanismos de mediación para la resolución de conflictos individuales ha potenciado la inercia histórica del activismo judicial de tal forma que los jueces no solo controlan las causas graves que pueden afectar a los derechos fundamentales sino también entran a valorar las causas puramente económicas, limitando severamente la autonomía de gestión empresarial.

También se mantuvo intacta la tentación de fallar en equidad en vez de hacerlo en derecho, tentación en la que se ha ido cayendo repetidamente hasta el presente en un crescendo que ha culminado en la sentencia de la sala de lo social del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2014,⁴ en la que ante un vacío legal,⁵ la reforma de la ultraactividad de los convenios aprobada por el Gobierno y por las Cortes se vacía de contenido. De este modo la jurisdicción de lo social, unos doscientos juzgados en toda España, se manifiesta como uno de los bastiones principales para el mantenimiento del statu quo representado por el punto S del gráfico 5.10 del capítulo 5, es decir, para el mantenimiento de una infrautilización crónica de los recursos productivos que se plasma en unas tasas anómalamente altas de desempleo y de precariedad laboral perpetuadas en el tiempo.

Las frecuentes reformas que se han llevado a cabo en España han tratado, sin éxito, de reducir el alcance del control judicial y aumentar los límites de la gestión por parte del empresario. La reforma de 2012 ha sido especialmente incisiva en esta materia, hasta el punto de levantar numerosas críticas por parte de los jueces, que se quejan de que la ley pretende exigir a los tribunales laborales que se limiten a verificar la existencia de los hechos alegados por la empresa. Creemos que si la reforma está teniendo un impacto más favorable que en ocasiones anteriores se debe a que, posiblemente ante la gravedad de la crisis, los jueces se han mostrado más proclives a aceptar rebajas de sueldos para evitar despidos, pero parece que los jueces seguirían teniendo en sus manos la última palabra sobre las posibilidades de que las empresas realicen ajustes. Por ejemplo, aunque los requisitos que tienen que cumplir las empresas para llevar a cabo modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo son las mismas que para realizar despidos, los jueces están mostrando una actitud muy diferente, más permisiva para justificar rebajas de sueldos y menos para permitir despidos y nada garantiza que esta actitud vaya a cambiar en función de las condiciones económicas generales. Hasta el momento, todavía no está nada claro si la reforma va a alcanzar plenamente sus objetivos de garantizar la seguridad jurídica en cuanto a la definición de razones justas para despedir y para introducir modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. El artículo 163 de la Constitución establece claramente que los jueces no ejercerán más poderes que los asignados expresamente a ellos por la ley de tal forma que un tribunal no puede decidir no aplicar una ley, incluso si la considera inconstitucional. Dicho esto, la deficiente técnica jurídica de la redacción del texto de la reforma de 2012 genera mucha inseguridad jurídica y da pie a interpretaciones que contradicen la voluntad del legislador. Estas deficiencias deberían corregirse cuanto antes.

Parece haber evidencia empírica de que el activismo judicial, medido por la proporción de despidos declarados procedentes por los juzgados de lo social, está negativamente asociado con las tasas de empleo provinciales, es decir, que las provincias con menor proporción de despidos declarados procedentes tienen mayor tasa de paro que las provincias con mayor proporción de despidos procedentes.⁶ Este resultado está en línea con nuestra tesis de que el activismo judicial en los juzgados de lo social es un agravante de las anomalías que presenta el mercado de trabajo español. Este activismo judicial podría estar reflejando las inclinaciones ideológicas de los jueces de lo social, que podría estar muy escorada hacia las posiciones tradicionalmente defendidas por los sindicatos. Aunque no se puede observar directamente la afiliación a las distintas asociaciones profesionales de los jueces de todos y cada uno de los doscientos titulares de los juzgados de lo social, sí se conoce la afiliación de los miembros de la sala cuarta (de lo social) del Tribunal Supremo. Esta afiliación se muestra en el gráfico 7.3.

En dicho gráfico se observa que entre los 14 magistrados que componen la sala (incluyendo al presidente y a los eméritos) la preponderancia de los magistrados afiliados a la asociación progresista ha ido creciendo. En este crecimiento ha tenido un papel relevante la designación discrecional por el Consejo Superior del Poder Judicial de magistrados por el llamado Cuarto Turno, es decir, de personas que no provienen de la carrera judicial y que tenían una estrecha relación profesional con los sindicatos antes de acceder a la alta magistratura. Esta inclinación ideológica podría estar contribuyendo al sistemático vaciamiento de contenido de la reforma laboral de 2012 que parecen haber emprendido la sala cuarta del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional desde que esta se promulgó, lo que indicaría también una peculiar concepción de la separación de poderes que debe caracterizar a todo Estado de derecho.

Gráfico 7.3. Afiliación a asociaciones profesionales de los magistrados de la sala cuarta del Tribunal Supremo

Fuente: Juan F. Jimeno et al. Obra citada en la nota 6.

Nuestra propuesta es reducir el activismo judicial potenciando, con mediadores profesionales, la resolución extrajudicial de conflictos laborales individuales, algo que no existe en España. Esta es la práctica habitual en otros países. Por ejemplo, en Gran Bretaña, las discrepancias de carácter económico se solucionan con la ayuda de los abogados mediante el arbitraje pero sin necesidad de llegar a juicio. Se trataría de que los jueces centraran su actuación únicamente en aquellos aspectos dirigidos a garantizar que no existe discriminación o vulneración de derechos fundamentales pero que no entraran a valorar los aspectos económicos de las relaciones laborales, en línea con lo que ocurre en otros países, incluidos aquellos con una normativa laboral similar a la nuestra. Esta propuesta es compatible con el mantenimiento de la causalidad del despido, que tan arraigada está en nuestro país, y por tanto no sería imprescindible denunciar el convenio 158 de la OIT. La otra opción sería seguir la línea de la mayoría de los países desarrollados en los que el despido y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo no son causales, como proponen algunos especialistas del tema,⁷ y para ello habría que denunciar el mencionado convenio. También, para finalizar este epígrafe, cabría preguntarse por el sentido, costes y beneficios de mantener una jurisdicción de lo social separada de todas las demás en nuestro ordenamiento jurídico. Su existencia, como en el caso de la jurisdicción de lo militar, no resulta del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce la constitución española sino de la inercia inherente a circunstancias históricas hoy felizmente superadas.

7.2. Liberar la negociación colectiva de la servidumbre erga omnes

La complejidad de los justificantes mensuales de las nóminas, sedimentaciones estalagmíticas de rondas y rondas de convenios que siguen sin adaptarse a las nuevas estructuras productivas pactados por funcionarios de sindicatos y patronales y de residuos de las ordenanzas laborales finalmente desaparecidas, es fiel reflejo de hasta qué punto la estructura de los salarios es resultado de una acumulación de complementos que nadie sabe ya a qué obedecen, que no tienen ninguna relación ni con la productividad de los trabajadores ni con la rentabilidad de la empresa y que solo a partir de la reforma de 2012 existen indicios de que algunas empresas habrían podido empezar a modificar. Y no son solo los salarios. Los límites a la gestión empresarial que impone la judicialización del mercado de trabajo hacen que sea dificilísimo cambiar las estructuras organizativas de las empresas, proceso este que es imprescindible para introducir nuevas tecnologías y para ajustar las empresas en tiempos de crisis.

Como ya hemos mencionado en el capítulo 5, España es el único país en el que la práctica totalidad de los convenios colectivos son estatutarios, es decir, que tienen eficacia normativa y general erga omnes de tal forma que lo pactado en el convenio no es un mero contrato sino que es de aplicación imperativa y automática a las relaciones laborales individuales sin necesidad de incorporación expresa al contrato de trabajo.⁸ De esta forma, todas las empresas se ven obligadas a seguir con carácter de ley el convenio del ámbito al que pertenezcan, lo que constituye una verdadera anomalía, ya que en ningún otro país las empresas pequeñas y sin representación sindical están cubiertas automáticamente por un convenio de rango superior. En otros países, como por ejemplo Alemania, que tiene una estructura de negociación colectiva relativamente similar a la nuestra, las condiciones pactadas en el convenio de sector a nivel nacional o regional se extiende exclusivamente a las empresas que han decidido pertenecer a la asociación de empresarios y a los trabajadores afiliados al sindicato. Aunque la extensión de los convenios no es automática, la práctica habitual es que la empresa extienda voluntariamente las condiciones pactadas en el convenio a todos los trabajadores y que las empresas del sector adopten como guía las condiciones pactadas en el convenio del sector. Hay que tener presente que en caso de que una empresa no estuviera cubierta por un convenio no quiere decir que sus trabajadores estén desprotegidos, ya que existen normas como el salario mínimo interprofesional y el Estatuto de los Trabajadores que garantizan los derechos de los trabajadores marcando unos mínimos, que en España no son operativos porque como ya se ha dicho es difícil que una empresa no esté cubierta por un convenio colectivo y los mínimos del convenio aplicable siempre están por encima de lo previsto en estas normas.

La cláusula erga omnes reduce enormemente el margen de autonomía empresarial afectando especialmente a las pymes de nueva creación que combinan mayor potencial de crecimiento pero también mayores necesidades de diferenciarse y de llevar a cabo ajustes. En estas condiciones resulta muy difícil hacer frente a los retos de la globalización y del progreso técnico descritos en los capítulos 2 y 3 de la primera parte de este libro. Cada vez existe más evidencia⁹ de que los beneficios del progreso técnico solo se convierten en ganancias de productividad y de rentabilidad si van acompañados de cambios organizativos en las empresas que liberen el crecimiento de la Productividad Total de los Factores¹⁰ (PTF) y esto es algo que España y también Europa no están haciendo bien. En el gráfico 7.4 queda clara la brecha que en términos de productividad total de los factores se ha ido generando desde principios de los años 1990 entre Estados Unidos y Reino Unido por un lado y Europa continental por otro, teniendo España el peor resultado de entre los países representados. Durante el periodo transcurrido entre 1992 y 2007, antes de que se produjeran descensos generalizados de la productividad como consecuencia de la crisis, la productividad total de los factores se redujo en España en casi 15 pp, mientras que en Estados Unidos y Reino Unido aumentó en 20 pp. Esta brecha también se produjo, aunque más amortiguada, en el resto de países europeos destacando el mal comportamiento de la productividad total de los factores en Alemania.

Gráfico 7.4. Productividad total de los factores

Fuente: http://nadaesgratis.es/santos/el-euro-nueva-y-vieja-politica-europeay-3-union-

Nuestra propuesta es que los convenios colectivos pasen a ser extraestatutarios que, al igual que los estatutarios, están amparados por el artículo 37.1 CE que consagra el derecho a la negociación colectiva y son la pauta común en el resto de países. Los convenios extraestatutarios tienen carácter contractual y solo obligan a los firmantes del convenio y a quienes voluntariamente se adhieran a ellos. Como hemos mencionado en el capítulo 5, el Estatuto de los Trabajadores de 1980 reconoció que los convenios colectivos estatutarios que se rigen por la cláusula erga omnes debían ser la excepción, ya que de hecho limitan la capacidad de negociación de las partes. Si bien tuvieron sentido durante la transición política ante la dificultad inicial para encontrar partes legitimadas para negociar y por las circunstancias excepcionales que se produjeron tanto en el orden económico como en el político, hoy en día ya no tiene sentido mantener dichos convenios porque están limitando excesivamente la gestión empresarial y están afectando a las posibilidades de incorporación de nueva tecnología y, con ello, dificultando los aumentos de productividad y de competitividad. No queremos decir que la desaparición de los convenios estatutarios vaya a producir un aumento inmediato de la productividad. Las rigideces de la gestión parecen afectar a toda Europa continental en mayor o menor grado, como muestra el gráfico 7.4, pero la anomalía de los convenios estatutarios es un factor adicional de rigidez que muy probablemente explica el papel, también de colista, que España tiene en el crecimiento de la PTF debido a que las dificultades a las que se enfrentan las empresas para reorganizarse internamente son enormes.

7.3. Racionalizar el despido y unificar los contratos

En el ámbito de los ajustes externos, la extrema judicialización del mercado de trabajo español ha llevado a que las empresas hagan todo lo posible por evitar que un juez intervenga en sus asuntos de organización interna, ya que saben que tienen muchas probabilidades de perder los juicios porque, como ya hemos comentado, para ganarlos no es suficiente tener razón. Las formas de conseguirlo son, bien a través del llamado despido exprés, es decir, mediante despido disciplinario reconocido como improcedente por la empresa y sujeto a una elevada indemnización, o bien recurriendo a la contratación temporal. Debido al alto coste del despido exprés —que puede llegar a ser de hasta tres anualidades y media del último salario del trabajador—¹¹ y a lo difícil que es modificar las condiciones laborales, las empresas han terminado abusando de la contratación temporal, modalidad que permite una elevada flexibilidad y que evita la intervención de un juez a la extinción del contrato, pero al coste de generar una fuerte rotación que no es buena ni para el trabajador ni para la empresa ya que, como hemos comentado en el capítulo 6, cada vez más actividades requieren tener una plantilla estable y bien formada para poder competir.

Ante la extensión y la gravedad del problema de la dualidad del mercado de trabajo, en abril de 2009 un grupo de economistas firmaron el conocido como Manifiesto de los 100 economistas¹² que presentaba un conjunto de propuestas entre las que destacó la del contrato único. Se proponía suprimir los contratos temporales (excepto el de interinidad) y el contrato indefinido ordinario y crear un nuevo contrato laboral para las nuevas incorporaciones con una indemnización creciente con la antigüedad. Para favorecer su aceptación, Bentolila et al.¹³ propusieron mantener la cuantía media de la indemnización y cambiar exclusivamente su distribución, de tal forma que fuera creciendo a medida que aumentaba la antigüedad del trabajador. Se sugería empezar con una indemnización de 8 días para una antigüedad de un año hasta llegar a 36 días por año trabajado al llegar a una antigüedad de 5 años. Con el contrato único los trabajadores contarían con un contrato indefinido desde el principio de la relación laboral y los empresarios no se enfrentarían ante la enorme brecha existente entre el bajo nivel de la indemnización de los contratos temporales y el alto nivel de protección de los contratos indefinidos, diferencia que sus autores consideraron que es el factor inductor de la excesiva rotación.

Felgeroso et al.¹⁴ argumentaron que la implantación del contrato único con indemnizaciones crecientes constituye un paso decisivo para corregir la dualidad del mercado de trabajo español, pero consideraron que no sería suficiente, ya que en el fondo es una reforma parcial que no afecta a los que más tiempo llevan en la empresa, ya que con antigüedades relativamente bajas (5 años) el trabajador accede a unas indemnizaciones muy elevadas (36 días por año trabajado). Otro tema que ha preocupado de esta propuesta son los efectos que puede causar la eliminación del contrato temporal. Bentolila et al.¹⁵ argumentan que una empresa que necesita un trabajador por un periodo determinado puede utilizar el contrato único y terminar la relación laboral al cabo de ese periodo abonando la indemnización prevista, que no es muy alta para periodos cortos. Sin embargo, esta medida aumentaría mucho la rigidez ya que supondría judicializar la extinción de todos los contratos laborales, posibilidad que las empresas quieren evitar a toda costa. En nuestra opinión esta es la crítica más relevante que puede hacerse a la propuesta del contrato único: su funcionamiento queda en manos de los jueces. La judicialización del mercado de trabajo, en vez de disminuir, aumenta. Además, en todos los países, incluso en los más flexibles en los que no existe el concepto de indemnización, como en el Reino Unido y Estados Unidos, existe y se utiliza el contrato temporal.

Una propuesta reciente para mitigar la dualidad del mercado de trabajo es la presentada por BBVA Research,¹⁶ que sugiere reducir el menú de contratos a únicamente tres, un contrato indefinido que debería ser la figura contractual por defecto, uno temporal causal y uno para la formación y el aprendizaje que favorezcan la transición al empleo indefinido, y complementarlo con una modernización del sistema indemnizatorio que comentamos posteriormente.

Nosotros somos de la opinión de que las reformas deberían ir enfocadas a modificar el sistema de incentivos de tal forma que las empresas dejaran de tener incentivos para realizar un uso abusivo del contrato temporal y no tratar de eliminar la dualidad de raíz prohibiendo o limitando excesivamente su uso ya que se corre el riesgo de terminar afectando muy negativamente a la creación de empleo. Para evitar este riesgo, una propuesta similar a la del contrato único pero compatible con la existencia de contratos temporales es la del contrato unificado propuesta por Cahuc¹⁷ para Francia. Consiste en que el trabajador cobre cuando se extinga su contrato una indemnización que, al igual que el contrato único, depende de la antigüedad en la empresa independientemente de que el contrato sea fijo o temporal. De esta forma, el contrato temporal tiene una fecha fija de terminación y una indemnización asociada en función de su duración. El contrato unificado tiene la ventaja de que elimina la brecha entre contratos fijos y temporales pero no judicializa el contrato temporal. En un mercado de trabajo como el que proponemos nosotros, en el que los jueces solo interviniesen en casos de discriminación o vulneración de los derechos fundamentales, la diferencia entre el contrato único del Manifiesto de los 100 y el contrato unificado de Cahuc sería pequeña. En un mercado excesivamente judicializado como el español la diferencia puede ser muy grande.

Nosotros proponemos que las indemnizaciones por despido se rijan por el principio del contrato unificado, es decir, que la indemnización por la rescisión del contrato sea la misma para todas las modalidades de contratación y dependa solamente del tiempo transcurrido desde el comienzo de la relación laboral. No nos parece una buena idea, en la situación actual, recurrir a la prohibición de los contratos temporales como medio para reducir la excesiva tasa de temporalidad del mercado laboral español porque supondría un incremento de costes muy elevado para las empresas y una reducción del empleo.

7.4. La indemnización por despido debería ser finalista

Cuando se produce la rescisión de un contrato laboral el trabajador tiene derecho a las prestaciones por desempleo para las que haya cotizado y a una indemnización por la rescisión contractual. Esta doble compensación, que no existe en países como Estados Unidos o el Reino Unido, ni en los países nórdicos donde durante la década de 1990 se adoptaron medidas para conciliar la flexibilidad de la empresa con la seguridad de los trabajadores a través de la denominada flexiseguridad, sí existe en otros países de Europa continental, haciendo especialmente complejas las reestructuraciones y los ajustes de plantilla.

En el ámbito de la protección del empleo, España presenta la singularidad de ser el país con la indemnización legal del despido improcedente más alta de Europa pero con un procedimiento más sencillo para despedir ya que desde que en 1980 se introdujo el despido exprés es posible despedir sin preaviso y sin pasar por los tribunales. Desde entonces en España existe la percepción de que la indemnización por despido improcedente es un derecho adquirido y en consecuencia el trabajador tiende a reclamarla incluso en el caso de baja voluntaria. Como hemos discutido en el capítulo 5, esta situación genera un grave problema de incentivos, que termina provocando una excesiva rotación del empleo y limitando la acumulación de capital humano y está dificultando que España se especialice en actividades de elevado valor añadido. En el gráfico 7.5, similar al gráfico 5.7 del capítulo 5 pero en donde se compara el coeficiente de Okun de España respecto a Estados Unidos, Reino Unido y la zona del euro, puede observarse que en los dos primeros, a pesar de ser mercados de trabajo más flexibles que los Europeos, la variabilidad del paro respecto al PIB es relativamente similar a la de la zona euro, lo que deja a España como una anomalía, una vez más, respecto a la intensidad de los ajustes de plantilla respecto a las caídas del PIB.

El alto coeficiente de Okun en España es indicativo de que la elevada protección del empleo no impide, como ocurre en otros países europeos, los reajustes de plantilla, que de hecho son más intensos que en Estados Unidos. Así, después de las crisis, las empresas que sobreviven recuperan la rentabilidad perdida con relativa rapidez pero a costa de excluir de forma duradera del empleo a parte de la población, que pasa a engrosar las filas de esos casi cuatro millones de parados de larga duración, y a costa también de generar una excesiva precariedad laboral. En los paneles del gráfico 7.6 se aprecia cómo la recuperación de la rentabilidad en España ha venido impulsada por las intensísimas ganancias aparentes de la productividad del trabajo derivadas de los ajustes de plantillas frente a Francia y especialmente Italia, que siguen teniendo enormes dificultades para recuperar la rentabilidad y empezar a crecer. En estos países, aunque la indemnización legal por despido es inferior a la española, resulta más difícil despedir ya que no existe la modalidad del despido exprés, de tal forma que si el trabajador denuncia el despido es obligatorio pasar por los tribunales y, en algunos casos como Italia, los jueces exigen la reincorporación del trabajador a la empresa. La reciente reforma del mercado de trabajo italiano trata precisamente de corregir esta situación que está impidiendo la reasignación de los recursos hacia los sectores más productivos y afectando muy negativamente a la rentabilidad de las empresas. Para ello está previsto introducir algo muy similar al despido exprés español, modernizando paralelamente el sistema de prestaciones por desempleo cuya percepción exigirá una estricta condicionalidad en la participación de políticas activas.¹⁸

Gráfico 7.5. Coeficiente de Okun*. Ecuación de la tasa de paro con respecto al PIB. Estimación con ventana de 20 años

Fuente: AMECO.

Gráfico 7.6. Productividad, empleo y márgenes

Fuente: AMECO.

La excesiva protección del empleo en Europa crea en ambas modalidades, aunque por motivos diferentes, una mala asignación de recursos que afecta al crecimiento de la productividad total de los factores y que dificulta no solo hacer frente a los grandes retos planteados en la primera parte de este libro sino también, en los países del área del euro la salida de la crisis ya que los ajustes no pueden realizarse «como antaño» devaluando la moneda.

En la actualidad los sistemas de protección por desempleo están muy implantados en los países europeos, por lo que el papel que desempeñan las indemnizaciones en términos de cobertura ha dejado de tener sentido como garantía de la manutención personal y familiar durante el período que va entre que se pierde un empleo y se encuentra otro, porque esta garantía ya la da la prestación por desempleo. Hay más. Cuando la indemnización por despido es elevada, por ejemplo la indemnización fija del despido exprés ya mencionada, tiene un efecto renta importante que desincentiva la intensidad de búsqueda de empleo, favorece la aparición del paro de larga duración y acaba provocando la descualificación del trabajador, dificultando su reincorporación al mercado de trabajo y propiciando que acabe viviendo de una subvención asistencial. Quizá esta sea una de las distorsiones que más dificultan reducir el desempleo de larga duración en España.

Nosotros proponemos mantener las indemnizaciones por despido pero que estas tengan un carácter finalista y que sirvan para financiar cursos de formación organizados por unos renovados Servicios Públicos de Empleo (SPE) o por organizaciones privadas y también para financiar los servicios de agencias de colocación públicas o privadas que deberían operar en un régimen competitivo. El importe de la indemnización no debería entregarse en efectivo sino que debería ingresarse en una cuenta a nombre del trabajador despedido. La disponibilidad total de estos fondos estaría condicionada a la efectiva reinserción laboral. Una vez el trabajador haya encontrado un nuevo empleo, se haya comprobado que este es real y que no hubo dolo en la consecución de la indemnización, el remanente de fondos en la cuenta finalista se pondría a la libre disposición del beneficiario de la misma.

La transición a un sistema de indemnización finalista como el que proponemos tendría que hacer frente a una casuística compleja porque no es lo mismo, por ejemplo, el despido de un trabajador en la treintena con muchas posibilidades de encontrar un nuevo trabajo que el despido de un trabajador en su cincuentena con menos posibilidades de encontrarlo. También se debería considerar el caso de trabajadores que no encuentren trabajo tras intentarlo de manera fehaciente durante mucho tiempo. Dicho esto y reconociendo la complejidad de la casuística, creemos que se tendría que empezar a introducir el carácter finalista de la indemnización por despido.

Este sistema nos parece preferible al sistema de mochila austríaca mixto que comentamos en el apéndice a este capítulo por las siguientes razones. En primer lugar porque da un claro incentivo al trabajador para esforzarse en encontrar un nuevo empleo en el mínimo tiempo posible para así maximizar el remanente que percibirá en metálico. En segundo lugar porque es un sistema que no incrementa el coste actual de las empresas ni el de los trabajadores, inconvenientes que sí tienen otras alternativas. En tercer lugar, porque sigue penalizando a las empresas por el hecho de despedir y, de este modo, internaliza el coste social del despido y, por tanto, el coste social agregado no tiene por qué aumentar, al revés de lo que podría ocurrir en la alternativa de la mochila austríaca pura. Y, en cuarto lugar, porque los costes de gestión del sistema que proponemos, aunque significativos, deberían ser inferiores a los de sus alternativas.

Reconocemos que nuestra propuesta no es una panacea capaz de arreglar todas las graves distorsiones asociadas a la existencia de elevadas indemnizaciones de despido. Muy en particular, podría no arreglar la frecuente corruptela del cobro doloso de la indemnización por parte de trabajadores que tienen otra oferta de empleo, que han decidido aceptarla y que exigen al empresario, típicamente de una pequeña empresa, que les despida para poder cobrar la indemnización bajo la amenaza de provocar mal ambiente de trabajo durante el tiempo que haga falta si no son despedidos. Esta corruptela, descrita en el recuadro 7.1, es frecuentísima en España, y nuestra propuesta no la eliminaría totalmente, aunque creemos que gracias al aumento de control sí la reduciría significativamente. Con un modelo de mochila austríaca puro, estos incentivos perversos no existen. Sin embargo el incentivo para encontrar nuevo empleo a la mayor brevedad es superior en nuestra propuesta por el mayor atractivo que tiene el efectivo sobre un posible complemento a una pensión futura.

Recuadro 7.1. ¿Baja voluntaria o despido improcedente?

Nos habla la empresaria K: «El incentivo del trabajador a forzar un despido cuando decide dejar la empresa es enorme, hasta el punto de que este tipo de actuación se ha terminado aceptando como normal, al menos en las pequeñas empresas. Recientemente me encontré con una antigua empleada, especialista en manicura y en uñas de gel, y cuando le pregunté si estaba trabajando me comentó que se había dado de alta como autónoma (con la tarifa plana) para trabajar en casa y cuidar de su hija de tres años pero que, precisamente hacía dos días, le habían llamado para ofrecerle trabajo. La dueña de una peluquería había despedido a las trabajadoras A y B, dos antiguas compañeras, y le urgía mucho que entrara a trabajar, ya que estábamos en plenas Navidades. Cuando le pregunté cómo era posible que hubieran despedido a las que habían sido las mejores profesionales que tuve me explicó que una clienta habitual había montado otra peluquería y les había ofrecido el puesto de encargadas. Luego comentó que ahora tendría que empezar casi de cero porque la mayoría de las clientas seguirían a las trabajadoras A y B. De esta forma, la dueña de la primera peluquería había pagado la indemnización por despido improcedente y perdido a gran parte de su clientela. ¡Entonces recordé que muchas veces me había pasado lo mismo! Pero también me acordé de las dificultades que tenía la trabajadora A para pagar su casa porque la compró cuando los tipos de interés estaban tan bajos que resultaba bastante más barato comprar que alquilar. El acceder a una indemnización (¿periódicamente?) es una importante ayuda para tapar agujeros. ¿Pero es esta la mejor vía de tapar agujeros si se tienen en consideración sus efectos agregados?»

Una forma de minimizar este problema sería estableciendo una regulación especial, tanto en materia de protección del empleo (limitando la cuantía de las indemnizaciones) como de negociación colectiva (introduciendo una mayor flexibilidad a través de cláusulas de descuelgue más ágiles), para las pymes nuevas que se enfrentan a mayores dificultades para negociar un convenio propio y tienen muchas posibilidades de tener que hacer reajustes de plantilla. Estas empresas tienen un elevado potencial de crecimiento pero también se enfrentan a mayores necesidades de adaptación. De hecho, es una práctica general en otros países que las empresas de menor tamaño tengan una regulación menos restrictiva que las de mayor tamaño, por lo que cabría la posibilidad de que esta mayor flexibilidad se extendiera no solo a las pymes nuevas sino a todas las de un cierto tamaño. Aunque el efecto tamaño puede causar distorsiones en el umbral donde se produce el cambio regulatorio, somos de la opinión de que una empresa con una expansión clara no va a dejar de crecer por un cambio de regulación, aunque el hecho de que exista una regulación muy estricta sí puede afectar a la creación de nuevas empresas. Sin duda esta creencia es la que ha debido mover a otros países a relajar la regulación no solo de despidos sino también respecto a la negociación colectiva en las empresas de menor tamaño.

7.5. Las políticas activas de empleo

Desde mediados de los años 1990 las políticas activas de empleo han sido una prioridad para la Unión Europea por considerarlas una herramienta fundamental para mejorar la adaptabilidad de los trabajadores, reducir el paro con rapidez y atemperar la destrucción de capital humano que produce el desempleo de larga duración. En el cuadro 7.1 se aprecia que España se sitúa a la cabeza del grupo de países del sur de Europa en gasto en políticas activas de empleo (0,9 % del PIB en 2011), aunque está muy por debajo de los países del norte, que tienen mucho menos desempleo. Por algo será. Hay que tener en cuenta, no obstante, que dada la magnitud de su desempleo, España es el país con un mayor gasto en políticas pasivas, es decir, en el pago de prestaciones por desempleo, alcanzando un 3,1 % del PIB en 2011.

Cuadro 7.1. Gasto público en políticas activas de empleo en % de PIB - 2011

País
Total
Intermediación
Formación
Incentivos al empleo
Creación directa de empleo público
Inserción
de grupos
con dificultades

Dinamarca
2,26
0,67
0,50
0,40
0,00
0,69

Bélgica
1,59
0,21
0,15
0,72
0,37
0,14

Países Bajos
1,10
0,41
0,13
0,01
0,11
0,44

Suecia
1,09
0,29
0,08
0,47
0,00
0,25

Finlandia
1,01
0,17
0,51
0,14
0,09
0,10

Francia
0,93
0,25
0,36
0,11
0,14
0,07

España
0,88
0,15
0,20
0,37
0,08
0,08

Alemania
0,79
0,34
0,26
0,13
0,03
0,03

Austria
0,75
0,18
0,45
0,04
0,05
0,03

Portugal
0,59
0,14
0,32
0,10
0,01
0,02

Italia
0,42
0,11
0,14
0,16
0,01
0,00

OCDE
0,58
0,14
0,15
0,14
0,06
0,10

Estados Unidos
0,13
0,04
0,04
0,01
0,01
0,03

Fuente: OCDE y Observatorio Económico de Andalucía (2014).

Al comparar la descomposición del gasto en políticas activas por programas respecto a los países que más fondos públicos dedican a las mismas se observa que España se sitúa entre los países que más recursos destina a incentivos al empleo privado, básicamente subvenciones, y menos a los programas de intermediación que engloban todas aquellas medidas dirigidas a mejorar la eficiencia en la búsqueda de empleo. Estas últimas son fundamentales porque no se trata únicamente de medidas de asesoramiento sino también de seguimiento para mejorar la eficiencia en la búsqueda de empleo pudiendo llegar a incluir sanciones si dicha tarea no se realiza adecuadamente o no se aceptan trabajos adecuados a las capacidades del trabajador. Este comportamiento diferencial es importante, ya que los estudios de evaluación de los programas tienden a confirmar que mientras que los efectos de los incentivos a la contratación indefinida en la mayoría de los casos son escasos, los programas de orientación y seguimiento son los que tienen un impacto más positivo sobre la empleabilidad de los parados, siendo además la política activa más barata para la mayoría de los parados.¹⁹ Respecto a los programas de formación, Arellano (2005) obtiene evidencia de que los cursos de corta duración en los que se enseñan habilidades de tipo general no contribuyen de modo significativo al aumento de la empleabilidad de los parados mientras que los cursos más específicos y de duraciones más largas sí parecen contribuir de forma importante a que los parados encuentren un empleo.²⁰

Nuestras propuestas van dirigidas a modificar la ponderación de los tipos de políticas activas para dar mayor preponderancia a la política de orientación y seguimiento a los parados y limitar los subsidios al empleo y muy particularmente los subsidios a la contratación indefinida. Respecto a los programas de formación la clave está en ser capaces de diseñar programas de formación adaptados a las necesidades de las empresas, aspecto que abordaremos en el capítulo 8 de este libro.

En el gráfico 7.7 se observa que España, junto a Grecia, tiene unas cotizaciones sociales sobre impuestos indirectos casi el doble que la mayoría de los países europeos, por lo que la reducción de los subsidios al empleo en forma de bonificaciones a la seguridad social podría tener un impacto negativo sobre la creación de empleo, especialmente en unos momentos en los que la Comisión Europea está recomendado como estrategia para crear empleo que los países lleven a cabo una devaluación fiscal, es decir, una reducción neutral desde el punto de vista recaudatorio de la fiscalidad del empleo. Una alternativa es acometer la devaluación fiscal que propone la Comisión en sus Recomendaciones, ya que España y Grecia son los países que experimentan una mayor distorsión.

En cualquier caso, el problema que ocasiona esta distorsión fiscal no se puede resolver a través de las políticas activas, es decir aumentando las subvenciones, ya que, además de restar recursos a otras políticas activas más genuinas, presentan inconvenientes que reducen su eficacia (como los efectos de peso muerto o efecto sustitución), lo que exige introducir mecanismos de control y supervisión adecuados para evitar que las empresas utilicen estos subsidios para abaratar el coste de la mano de obra sin crear empleo adicional. Proponemos que estas subvenciones se concentren exclusivamente sobre los parados de muy larga duración (dos años y más) colectivo que tiene evidentes dificultades para reincorporase al mercado de trabajo y por lo tanto tiene un riesgo muy alto de terminar abandonando la actividad. Como alternativa a la devaluación fiscal proponemos que las empresas que cumplan los requisitos para llevar a cabo programas de formación dual y que contraten con regularidad estudiantes para realizar dicha formación, que como se ha analizado en el capítulo 6 permiten reducir los costes de formación y aumentar su calidad, puedan acceder a una rebaja significativa de las cotizaciones sociales de todos sus trabajadores. Debido a los beneficios externos que proporciona este tipo de formación tiene sentido utilizar recursos públicos para estimular estos programas.

Gráfico 7.7. Desempleo y cotizaciones sociales sobre imposición indirecta, corregido por la cuña fiscal, en la UE-15

Fuente: Andrés, J. y R. Doménech, Políticas para el empleo, BBVA Research, Mesa redonda Foro Negocia, IE Business School. Madrid, 20 de septiembre de 2014.

En el ámbito de las políticas activas los esfuerzos hay que centrarlos en los programas de orientación y seguimiento que deben realizar los Servicios Públicos de Empleo (SPE) con la colaboración de agencias de colocación privadas, ya que es la política más eficaz y más barata y la que peor se está haciendo. El problema es que para conseguir abordar esta tarea con garantías de éxito es necesario modernizar los SPE y a fecha de hoy no se ha conseguido, entre otras razones porque ningún Gobierno se ha propuesto en serio hacer las reformas necesarias (véase el recuadro 5.5 del capítulo 5). La práctica totalidad de los países europeos cuentan con unos SPE modernos o están avanzando decididamente en conseguirlo y esto nos facilita la tarea porque nos indica por dónde tenemos que avanzar.²¹ El punto crucial es llevar a cabo una reestructuración completa de la organización de los SPE fusionando los servicios de empleo, es decir, las políticas activas, con el pago de prestaciones por desempleo, las políticas pasivas. Esta nueva estructura organizativa permite importantes aumentos de eficiencia. La digitalización, la reorganización de procesos y un uso más eficaz del outsourcing han permitido, mantenido el mismo personal, sustituir las tareas rutinarias de carácter administrativo por tareas con involucración directa con el cliente, enfocadas a la realización de entrevistas personalizadas con los parados. El aspecto crítico para hacer frente a esta transformación es la adaptación de los recursos humanos a las nuevas funciones, lo que requiere un esfuerzo de formación y reciclaje del personal de los SPE, idealmente acompañado de incentivos que premien la eficacia. Solo un sistema de este tipo permite aplicar medidas de activación condicionadas sin disparar los costes y la clave para su funcionamiento, mencionada por los países que lo han llevado a cabo, es que requiere un importante compromiso y apoyo político.

En España la modernización de los SPE es crítica y llevarla a término es un gran reto, tanto por los más de cinco millones de parados a los que hay que atender como por la práctica ausencia de medidas de este tipo que existen en la actualidad. Se parte de un nivel muy bajo, tal y como aparece reflejado en el gráfico 7.8 donde aparece que España es el país con un menor nivel de intermediación por parte de los SPE. Por eso consideramos que para abordar esta tarea es importante contar con la colaboración de agencias privadas de colocación, que se legalizaron en 2010. La experiencia del Reino Unido sugiere que lo más eficiente es que el sector público se quede con los casos fáciles y que sean las agencias privadas las que se encarguen de la minoría de parados de larga duración con mayores dificultades para encontrar trabajo, ya que este colectivo necesita un apoyo mayor y más especializado y al Gobierno le resulta más costoso ocuparse de ello. En este país los proveedores diseñan un programa de trabajo y cobran por resultados. Tienen la libertad de diseñar los programas de ayuda que consideren más adecuados, lo que les permite innovar y todas las iniciativas están sujetas a una evaluación. Los programas de trabajo están consiguiendo el menor coste por trabajo encontrado respecto a otros programas comparables.²² En este sistema se calcula el ahorro de la seguridad social como consecuencia de una incorporación temprana al trabajo y una proporción del dinero ahorrado se utiliza para pagar al proveedor. El sistema es fiscalmente sostenible porque cuanto más éxito tenga el proveedor privado, más dinero ahorrará el Gobierno.²³

En nuestra opinión debería coordinarse la reforma de los SPR con la asignación de un carácter finalista a las indemnizaciones por despido, tal y como hemos propuesto para estas últimas en el epígrafe 7.4. Los SPE deberían competir con instituciones privadas de formación y de colocación. Y la financiación de ambos tipos de instituciones —públicas y privadas— debería hacerse parcialmente con fondos públicos y parcialmente con las indemnizaciones finalistas de los trabajadores despedidos.

Gráfico 7.8. Parados que declaran utilizar como medios de búsqueda de empleo las oficinas de empleo público (en %)

Fuente: Eurostat.

Apéndice al capítulo 7: Consideraciones sobre la mochila Austriaca

Las propuestas que plantean un sistema de indemnización mixto,²⁴ como la planteada en Conde-Ruiz et alt. (2011)²⁵ y más recientemente en el BBVA Research (2014), comentada recientemente, van encaminadas a reducir los problemas de incentivos perversos que tienen las indemnizaciones actuales. Se basan en que el trabajador seguiría recibiendo una indemnización en función de su antigüedad, pero de una cuantía significativamente inferior,²⁶ que se complementaría con una cuenta de ahorro individual a nombre del trabajador, denominada mochila austriaca, por ser Austria el país en que se desarrolló. En Austria se estableció una cotización fija sobre los salarios del 1,53 %, que equivale a 5 o 6 días de salario por año trabajado. La mochila se nutre de aportaciones periódicas de la empresa a lo largo de toda la relación laboral y, a la que el trabajador puede acceder cuando es despedido o, en el caso de que no la haya usado nunca antes, en el momento de la jubilación.²⁷ En los modelos mixtos, al existir portabilidad de la cuenta de ahorro de una empresa a otra desaparecen los problemas de incentivos a simular un despido y también los que distorsionan la movilidad laboral, ya que el trabajador que decide cambiar de empresa no pierde la indemnización y la empresa no tiene mayores incentivos a despedir al trabajador nuevo. Además, la menor cuantía a la que accede puntualmente el trabajador en el caso de ser despedido reduce el desincentivo a retrasar la búsqueda de empleo. Por último, al mantenerse una parte de la indemnización como pago único, la empresa que más despide incurre en mayores costes, cosa que no ocurre en el modelo austriaco puro donde el coste marginal de despedir es nulo. En consecuencia el sistema mixto permite que la empresa internalice las externalidades negativas de despedir (fundamentalmente el hecho de que el trabajador deje de pagar impuestos y pase a recibir transferencias sociales) lo que debe facilitar que despidan solo en situaciones extremas. No obstante, estos sistemas son relativamente complejos de gestionar y tiene unos costes elevados, ya que toda la población pasaría a cobrar la indemnización por toda su vida laboral.

Por si lo anterior fuera poco, un problema importante del modelo austriaco puro es que no internaliza las externalidades negativas de despedir, por lo que las empresas pueden llegar a despedir más de lo que sería óptimo.²⁸ Cuando un empresario despide a un trabajador tiene en cuenta exclusivamente el valor privado de dicha acción, que básicamente es la indemnización, pero no el valor social que surge por el hecho de que el trabajador deja de paga impuestos y pasa a recibir unas transferencias sociales. Al no tener en cuenta las consecuencias fiscales asociadas a un despido, las empresas podrían destruir más empleos de lo que sería óptimo.²⁹ Por eso sería necesario implementar un sistema de bonus-malus para asegurar que los empresarios solo despiden en situaciones extremas. El problema es que para que estos sistemas funcionen las empresas deben acabar pagando por completo las prestaciones por desempleo de sus trabajadores.³⁰ Una forma de solucionar el problema es introducir un sistema mixto en línea con lo que había previsto la reforma de 2010 pero que nunca llegó a implementar. Sin embargo, desde entonces diversos especialistas han desarrollado la idea y han evaluado su coste. En general los sistemas mixtos planteados³¹ se han diseñado para que el trabajador acceda a una indemnización lo más parecida posible a la actual y llegan a la conclusión de que no tiene por qué ser más costoso para las empresas.³² Pero dada la complejidad del sistema y sus dificultades de gestión, consideramos que nuestra propuesta de la indemnización finalista es mucho más sencilla, tiene menos incentivos adversos y es más fácil de implementar.

8

Hay que aumentar la competencia y la meritocracia en el sistema educativo¹

En España la educación no parece preocuparle a casi nadie. Desde 1978 ha estado ausente del debate político y social, salvo en lo referente a la conveniencia o no de utilizar el horario escolar en la escuela pública para el adoctrinamiento religioso. Las encuestas dicen que las principales preocupaciones históricas de los españoles han sido el paro, el terrorismo, la corrupción, las tensiones territoriales... Los españoles parecen dispuestos a salir a la calle por la sanidad, pero cuesta recordar alguna movilización para reclamar una enseñanza de calidad. Las que han tenido lugar bajo ese lema han sido, en realidad, movilizaciones gremiales de maestros, profesores y de algunos estudiantes despistados que, de haber terminado victoriosas, hubieran degradado todavía más la calidad de la enseñanza. La preocupación por la calidad de la educación no se manifiesta por ninguna parte. Los políticos son conscientes de que la educación no da votos. Consecuentemente, orientan el gasto público hacia proyectos tan fastuosos como inútiles, como las grandes infraestructuras culturales y lúdicas hoy convertidas en ciudades fantasma y, sobre todo, como el AVE, probablemente el mayor despilfarro de la historia de España,² con la esperanza de que los votantes, admirados por tanto esplendor, exclamen ¡pero qué grandes somos!

La opinión pública y los líderes políticos y sociales no parecen comprender que el futuro de España se dirime en la educación, no en las infraestructuras del transporte o en la sanidad. Casi nadie parece ser consciente de que las disfuncionalidades de nuestro sistema educativo son una de las causas profundas de la elevadísima tasa de desempleo y de la falta de oportunidades que aflige a buena parte de nuestros jóvenes.

Las grandes deficiencias del sistema educativo español no se revelan en los informes PISA,³ que se reciben en España con gran estrépito de medios de comunicación y abundante rasgado de vestiduras. Los resultados de España en PISA no son buenos, pero tampoco son desastrosos. En las competencias básicas de lectura y matemáticas los estudiantes quinceañeros españoles se sitúan justo por debajo de la media de la OCDE, en un grupo de países el que también están, por ejemplo, Estados Unidos e Italia. Eso no quiere decir que nuestros quinceañeros sepan leer y calcular bien, que no saben,⁴ sino que sus titubeantes lectura y cálculo, al no ser significativamente diferentes de los de sus colegas italianos o americanos, no pueden ser causa principal en la explicación de por qué España tiene una tasa de paro a comienzos de 2015 del 23,5 %, Italia la tiene del 12,7 % y Estados Unidos del 5,5 %. Los problemas de la ocupación y del empleo en España no vienen tanto por lo que nuestro sistema educativo enseña, que es lo que mide PISA, como por lo que no enseña. Con mayor precisión, nuestro sistema educativo distorsiona al mercado laboral no tanto por la calidad de la enseñanza, mediocre en cualquier caso, como por la arquitectura misma del sistema. Es una mala noticia, porque es más fácil mejorar la enseñanza, aunque España no ha conseguido progresos en los sucesivos PISA, que cambiar la filosofía básica que la inspira.

Si bien los informes PISA no reflejan una situación desastrosa en las competencias cognitivas básicas —lectura y cálculo— de los estudiantes españoles, otro tipo de estudios orientados a medir la contribución del sistema educativo a la competitividad de la economía presentan un panorama mucho más desolador. El Informe de Competitividad Global 2014-2015 elaborado por el Foro Económico Mundial⁵ utiliza los resultados de PISA junto a muchos otros datos en informes para evaluar la competitividad de 144 países. En el ranking agregado de competitividad de ese informe España ocupa el lugar 35 de entre los 144 países, la misma posición que ocupaba en el informe del año anterior. Es al desagregar en sus componentes esa posición trigésimo quinta cuando surge la información relevante. Así, España goza de una posición competitiva envidiable en la aportación a la competitividad de la infraestructura del transporte: obtiene el 4.o lugar en calidad en infraestructura ferroviaria, el 9.o lugar en la de los puertos, el 10.o en la de infraestructura de transporte aéreo y el 11.o lugar en la de las carreteras. Todo ello relativo a los 144 países evaluados.

El panorama cambia cuando pasamos a considerar los determinantes del capital humano. España obtiene el 62.o lugar en calidad de la educación primaria, el 85.o lugar en calidad de la enseñanza de matemáticas y ciencias, el 88.o lugar en calidad general del sistema educativo, el 96.o lugar en formación del profesorado, el 103.o lugar en capacidad de atraer talento y el 107.o lugar en capacidad de retener talento, justo por encima de Sri Lanka. Todo ello relativo a los 144 países evaluados. Solo destaca un podio al que nos referiremos más adelante: España obtiene el 3er lugar en calidad de las escuelas de negocios.

Es, cuanto menos, sorprendente que España siga concentrando su inversión pública en infraestructura del transporte —en lo que ya es una potencia mundial absoluta— y vaya reduciendo, año tras año su inversión en capital humano. La rentabilidad marginal de la inversión en capital físico público es, probablemente, negativa porque produce un exceso de oferta que disminuye la demanda los servicios que proporcionan infraestructuras alternativas. El estrangulamiento de la economía española no proviene del capital físico sino del capital humano. Por desgracia, esto parece entenderlo en España poca gente.

El gráfico 8.1 da una perspectiva comparativa de corte transversal al gráfico 6.3 del capítulo 6. Como puede observarse, España lidera la estadística de abandono escolar temprano en Europa, es decir de aquellos jóvenes entre 18 y 24 años que abandonaron sus estudios tras completar la fase obligatoria o que no consiguieron graduarse y no cursaron Formación Profesional. En otras palabras, que no han adquirido competencias específicas, o sea que no han aprendido a hacer nada que les permita tener un empleo. Es un triste liderato, que no responde a la baja calidad de lo que se enseña sino a que a muchos jóvenes no se les ha enseñado lo necesario para que pudieran insertarse en el mercado de trabajo.

Gráfico 8.1. Tasas de abandono escolar temprano* en Europa en 2013

Fuente: El País y Eurostat.

En el gráfico 8.2 puede verse la dinámica entre 2003 y 2013 de las tasas de abandono escolar temprano de los tres países que la tienen más elevada: España, Malta y Portugal. En esta década dicha tasa bajó 8 pp en España, 22 pp en Portugal y 29 pp en Malta. En España toda la reducción ocurre tras 2009, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y se debe a la disminución del atractivo de la tentación de abandonar la escuela prematuramente. En Portugal y Malta no hubo burbujas inmobiliarias y la reducción de las tasas de abandono escolar temprano se debe a políticas más estructurales que las españolas.

Gráfico 8.2. Tasas de abandono escolar temprano* comparativa

Fuente: El País y Eurostat.

Desde un punto de vista económico el sistema educativo español es disfuncional. Esta disfuncionalidad es una de las causas profundas de la anómala tasa de paro española y de la falta de oportunidades que aflige a buena parte de nuestros jóvenes. No tiene ningún sentido que España tenga casi el doble de estudiantes en la Universidad que en Formación Profesional (1,4 millones y 0,8 millones respectivamente). No tiene ningún sentido que la Universidad y, sobre todo, la Formación Profesional elaboren sus currículos y planes de estudios sin tener en cuenta las necesidades y la demanda potencial de sus graduados por las empresas. No tiene ningún sentido que, como hemos visto en el capítulo 6, la distribución de niveles educativos (bajo/medio/alto) de los jóvenes españoles entre 25 y 35 años sea (35 %/25 %/40 %) cuando en Alemania es (15 %/60 %/25 %). No tiene ningún sentido que de la población entre 25 y 64 años cuyo nivel educativo es, como máximo, la secundaria, tan solo el 20 % tenga cursos de formación profesional (en Alemania es el 75 %). El sistema educativo español es una máquina de generar parados: la tasa de paro juvenil supera el 50 % y ello se debe, en buena parte, a que no tienen capacidades profesionales específicas lo que, dicho en román paladino, equivale a decir que como no se les ha enseñado a hacer nada, nada saben hacer. Y, por si lo anterior fuera poco, el 35 % de los graduados universitarios españoles trabaja en categorías inferiores a su titulación, como muestra el gráfico 6.6 del capítulo 6.

Esta disfuncionalidad de nuestro sistema educativo no es objeto de debate en España. Casi nadie se atreve decir, por ejemplo, que tenemos demasiadas universidades, la mayoría mediocres y malas, que tenemos demasiados universitarios, muchos de los cuales tienen problemas de comprensión lectora y de cálculo elemental, que nunca encontrarán ocupaciones relacionadas con su formación y que tenemos poca formación profesional y que, la poca que tenemos, no está adecuada a las necesidades de las empresas. No es un problema de calidad de la enseñanza, que también. Es un problema de diseño del sistema, que ha lastrado nuestro pasado y condiciona nuestro presente. Es necesaria y urgente la reforma.

Mirando al futuro, la exigencia de reforma de nuestro sistema educativo es todavía más apremiante. Todos los trabajos rutinarios, manuales o intelectuales, se acabarán robotizando y serán desempeñados por máquinas. Adiós cajeras de supermercados, analistas de crédito, asesores fiscales, taxistas, recaderos, mozos de almacén y muchos otros. Tan solo quedarán —y se crearán— ocupaciones y empleos que tengan alguna dosis de creatividad. Muchos estudiantes actuales, sobre todo los más jóvenes, jamás tendrán un empleo tal y como lo concebimos ahora. Esto pasará en España y pasará también en Suecia, por ejemplo. Muchas personas tendrán que inventar o crear sus propias ocupaciones y la escuela debe prepararles para ello. Hay que poner mucho más énfasis en las capacidades no cognitivas —empatía, autoestima, motivación, curiosidad, iniciativa...— que deben adquirirse, sobre todo en etapa preescolar y primaria. Hay que potenciar la creatividad a lo largo de todo el ciclo educativo. Como dice el experto en creatividad Ken Robinson, ¡la creatividad se aprende, igual que se aprende a leer!⁶ Hay que abandonar la enseñanza estructurada por temarios para pasar a estructurarla por problemas y proyectos. Hay que tomar las lecciones en casa, por internet, e ir a la escuela a hacer los deberes... Todo esto no es ciencia ficción. Hay en España iniciativas en cada una de estas innovaciones necesarias: los centros infantiles municipales de Lleida, los jesuitas de Barcelona, el colegio Monsterrat de Vallvidrera y otras instituciones están avanzando por estos caminos en sus respectivos niveles educativos. Merecen que sus experiencias sean difundidas y apoyadas.

En este último capítulo del libro discutiremos sumariamente las reformas necesarias para que el sistema educativo español pueda abordar con solvencia los retos de contribuir a acercar a la economía española al pleno empleo de los recursos productivos y preparar a nuestra sociedad para las reforzadas exigencias de creatividad que tendrán las ocupaciones y los empleos en el próximo futuro. El método que orienta nuestro discurso está fundamentado por la convicción de que los españoles, como apuntó Luis Garicano, cuando nos movemos en entornos meritocráticos y competitivos acostumbramos a obtener resultados excelentes. Ejemplos clarificadores son las escuelas de negocios y el deporte. Lo contrario ocurre cuando nos vemos obligados a movernos en entornos gremiales, sobrerregulados y con barreras de entrada en los que prevalecen el amiguismo y los intereses de grupo sobre el interés general. Las reformas que proponemos buscan aumentar la competencia y la meritocracia en el sistema educativo español como vías para que pueda asumir los grandes retos que tiene que afrontar.

8.1. Primero la gestión, luego el dinero

La mejora de la calidad de la enseñanza es una condición necesaria para mejorar la eficiencia de nuestro sistema educativo pero, como hemos señalado anteriormente, no es de por sí suficiente para acabar con su disfuncionalidad y su impacto negativo en el mercado laboral. Esto último requiere un rediseño importante y, seguramente, nuevas leyes. Lo primero, la mejora de la calidad, quizá requiera alguna ley, como estímulo externo, pero es algo que nuestras instituciones docentes deben hacer por sí mismas en estrecha colaboración con las autoridades educativas. No puede conseguirse actuando solo desde fuera. La mejora de la calidad de la enseñanza y de la reorientación de nuestro sistema educativo tiene que empezar por reformas de la gestión de los centros. Es inútil poner más dinero en el sistema hasta que esté mejor gestionado: sería como echar agua en un cesto de mimbre. Los principios de gestión que se tendrían que instaurar, en principio aplicables a cualquier empresa pública o privada, pueden resumirse en cuatro conceptos: responsabilidad, evaluación, incentivos y publicidad. A estos efectos:

• Los centros públicos deberían tener un proyecto educativo elaborado por el claustro de profesores en colaboración con los padres y entidades relevantes del entorno del centro.

• Los directores de los centros deben ser responsables de la ejecución del proyecto educativo ante las autoridades pertinentes. Su gestión debe ser evaluada por dichas autoridades e incentivada económicamente y con promociones en la carrera docente.

• A este último efecto, tal y como previó la Ley de Educación de Cataluña aprobada en 2009,⁷ debería crearse un cuerpo docente específico al que tendrían acceso los directores de centros que hubiesen desempeñado sus responsabilidades de manera satisfactoria.

• Los profesores deben ser responsables de la formación de sus alumnos. Deben ser evaluados por los directores de los centros y esa evaluación debe tener consecuencias sobre su remuneración y sobre sus posibles promociones en la carrera docente.

• Todos los centros educativos, públicos o privados, deben ser sometidos a evaluaciones de calidad que deberán hacerse públicas. Todos los estudiantes de centros públicos y privados deberán someterse a pruebas homogéneas de Estado como medio de conocimiento, a nivel individual y privado, del grado de aprovechamiento alcanzado en los estudios y, a nivel agregado y público, de los resultados que obtiene cada uno de los centros.

• Debe haber libertad de elección de centro educativo.

• Deberá prestarse especial apoyo en medios humanos y materiales a los centros educativos que operen en entornos que pudiesen afectar negativamente al rendimiento escolar de los alumnos. Estas circunstancias deberían ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar a la dirección del centro y al profesorado.

Los centros puramente privados acostumbran a tener un proyecto educativo claro y a ser gestionados conforme a los criterios que acabamos de mencionar, aunque el último punto rara vez sea aplicable. Siempre y cuando no reciban fondos públicos, deberían ser libres para enseñar lo que les convenga y como les convenga. La calidad del proyecto y la eficacia de la gestión las debe juzgar su clientela. Los centros concertados, que reciben abundantes subvenciones, deberían estar sujetos a los mismos criterios de evaluación del centro y de transparencia y publicidad de los resultados que los centros públicos.

La aplicación de estos sencillos principios a la enseñanza pública conduciría a una rápida mejora en la gestión y en los resultados. Hay motivos para la esperanza, aunque es posible que los sindicatos y la izquierda tradicional planteen una fuerte resistencia, tal y como ocurrió en Cataluña, disfrazando de defensa de la escuela pública y de la igualdad lo que, en realidad, son intereses gremiales y anquilosamiento intelectual. En algunas Comunidades Autónomas se están dando pasos relevantes en la buena dirección. Madrid, por ejemplo, ha sido pionera en la evaluación de centros, en el bilingüismo con el inglés, en la libertad de elección de centro y en medidas de fomento de la excelencia. No es de extrañar que sus resultados regionales en los informes PISA estén en lugar destacado. Este es el camino a seguir. La Comunidad de Madrid muestra que se puede abordar el cambio de gestión educativa sin hacer nuevas y ambiciosas leyes de Educación. Es suficiente con normativa de rango inferior y voluntad política de hacerlo. España se merece un descanso de muchos años sin grandes leyes de Educación que nada relevante cambian.

8.2. El papel de los centros de excelencia y el ejemplo del deporte

Uno de los males endémicos del sistema educativo español ha sido su obsesión por la «igualdad», entendida como que nadie debe destacar sobre nadie. Esta obsesión ha llevado, inevitablemente, a igualar el sistema educativo por abajo, de modo que su arquitectura asemeja a una pirámide truncada: la mayor parte de los centros son malos o mediocres, hay centros buenos, no muchos, y algunos que se distinguen más por su exclusividad y precio que por su excelencia. Los centros de excelencia son necesarios en un sistema educativo porque proporcionan al conjunto del sistema una referencia, un norte hacia el que orientarse, e incentivan la mejora del conjunto.

¿Qué es un centro de excelencia? Es aquel que otorga un currículum muy breve, de media línea: «estudié la secundaria en Eton», centro este muy exclusivo y carísimo; «cursé el bachillerato en un Colegio del Mundo Unido», centros estos gratuitos y de admisión muy competitiva. Estas brevísimas frases son muy informativas sobre las personas que las pronuncian. Son informativas no solo de un determinado volumen de conocimientos sino también de un determinado carácter, de una determinada ambición, de una cultura del esfuerzo y de una determinada ética. Casi nadie pregunta por las notas o calificaciones: son como letra pequeña, interesante en una segunda lectura.

El paralelismo con el mundo del deporte es muy clarificador. La transformación del deporte en España en las últimas dos décadas ha sido profunda y muy beneficiosa para la longevidad, la salud y el bienestar general de la población. Hoy en día practican deporte la generalidad de los jóvenes, mucha gente de edad intermedia y bastantes de edad madura. Una de las causas importantes de este cambio tan favorable han sido los éxitos internacionales del deporte de élite español. Los Centros de Alto Rendimiento (CAR) fueron decisivos para poner a deportistas y atletas españoles en los podios a partir de las Olimpiadas de 1992, rompiendo con la mediocridad de las décadas anteriores. El vuelco que dio el deporte español fue mayúsculo, primero en la élite y seguidamente en el conjunto de la población. Se han ganado medallas olímpicas, Grand Slam, Tours, Copas del Mundo y de Europa en deportes de equipo… Y no solo esto. El énfasis puesto por los CAR y por centros como La Masía en la formación integral de la persona y en la educación en los valores del esfuerzo, la ambición y la humildad ha propiciado que muchos deportistas de élite se hayan convertido en modelo y ejemplo para la sociedad española, especialmente para la juventud.

Y hay más. El esfuerzo por dar formación específica e intensiva a las élites no ha resultado en un debilitamiento de la práctica del deporte en las categorías inferiores y entre la generalidad de la población, sino todo lo contrario. La referencia y el norte proporcionados por la élite han propiciado una verdadera explosión participativa no solo en las categorías inferiores, juveniles e infantiles sino también en los niveles popular y familiar. La construcción del vértice de la pirámide ha sido esencial para que en España se haga más deporte, no menos, y para que se haga mejor a todos los niveles. Este es el modelo que debería seguirse para mejorar nuestro sistema educativo.

La creación de un reducido número de centros de enseñanza de excelencia públicos podría ser decisiva para romper el círculo vicioso entre la falta de oferta y la falta de demanda de enseñanza de calidad en España. Por tres razones:

• En primer lugar, porque supondría reproducir un sistema de producción de élites que funciona bien en los países de nuestro entorno. Las élites españolas son de vuelo muy rasante, ortodoxas, conformistas y muy conservadoras, cuando no abiertamente reaccionarias. Como escribió Ortega, «lo característico de España no es que la Inquisición quemase a los heterodoxos, sino que no hubiese heterodoxos importantes que quemar. Cuando, por casualidad, ha habido algún heterodoxo español importante, se iba fuera, como Servet, y era fuera donde lo quemaban».⁸ El problema de la falta de capital humano en España se manifiesta del modo más agudo en el vértice de la pirámide social, cultural y profesional, en donde debería haber una élite ambiciosa, insatisfecha, inconformista y progresista y no la hay.

• En segundo lugar, porque para aumentar la calidad media de las escuelas españolas es imprescindible admitir un aumento de la dispersión en torno a la media. Es la filosofía de los CAR. En realidad, siempre que hay progreso aumenta inicialmente la desigualdad, pero después disminuye. El ejemplo más palmario lo hemos visto en el capítulo 1 de este libro al discutir la transición demográfica. La mortalidad cayó primero entre la aristocracia y las clases acomodadas para, después, extenderse al conjunto de la población con la generalización de las prácticas de higiene pública. Hoy en día la esperanza de vida ha aumentado dramáticamente en todos los estratos sociales, aunque los ricos siguen viviendo algo más que los pobres. Eso no debe llevar a nadie a la idea de que se hubiese tenido que evitar a toda costa la caída de la mortalidad. El salto que tiene que dar el sistema educativo español aumentará la dispersión al principio. Por supuesto que hay que corregir el funcionamiento de las escuelas con peor rendimiento, pero hay que darles un modelo a emular. El vértice de la pirámide es necesario para mejorar al sistema en su conjunto, y ese vértice hoy en día no existe y hay que construirlo.

• Y, en tercer lugar, en la enseñanza como el deporte la emulación es el mecanismo para la mejora general. Nadie quiere que sus hijos vayan a una escuela peor que la de los hijos del vecino. Pero la actitud que hay que tener no es impedir que mejore la escuela del vecino, que es la que defienden los grupos gremiales del sistema educativo, sino impulsar la mejora de la propia. Así se explica el éxito del deporte y así puede mejorar el sistema educativo en España.

Los centros de excelencia deben ser exclusivos, en el sentido de admitir solamente a los mejores, pero no excluyentes, en el sentido de que nadie debe quedar fuera por motivos económicos. Esto lleva a la cuestión de cuántos recursos públicos serían necesarios para costear estos centros. El coste sería sorprendentemente bajo, como muestra el siguiente cálculo. El coste medio por alumno en un centro acogido a la disciplina de la Organización del Bachillerato Internacional (OBI)⁹ ronda los 15.000 € anuales. En España, el coste medio con el currículo español es de 7.800 €, con lo que el coste anual adicional de la excelencia es de 7.200 € por alumno. Un sistema de 20 centros con 250 alumnos cada uno repartidos en cinco cursos tendría permanentemente 5.000 estudiantes en las aulas y ello supondría un coste adicional anual de 36 millones de euros. Esto equivale a la construcción de 3 kilómetros de línea de AVE o al fichaje de un buen futbolista, no de un crack. ¿Cuáles son las prioridades para España? ¿Construir más y más kilómetros de línea de AVE para trenes que irán semivacíos? ¿Fichar más futbolistas?

8.3. Educar para la creatividad

Los sistemas educativos de todos los países deben transformarse a fin de preparar a la población para la rápida desaparición de todas las ocupaciones rutinarias, ya sean manuales o intelectuales, y para el probable escenario en que, en el no muy lejano futuro, la inmensa mayoría de las ocupaciones requieran una dosis de creatividad. En el capítulo 3 de este libro hemos expuesto que en la sociedad analógica la educación asegura, con una probabilidad muy alta, el estatus social, pero que en la sociedad digital esa seguridad no existe. Eso no quiere decir que la educación haya dejado de ser necesaria, todo lo contrario. La educación será todavía más necesaria que en el presente, pero las características de la educación recibida tendrán que ser diferentes. Sin una educación que estimule la iniciativa, la creatividad, la responsabilidad, la flexibilidad y la adaptabilidad a circunstancias cambiantes, los individuos quedarán marginados de la economía y de las posibilidades de promoción social.

¿Qué tienen en común Jeff Bezos, el fundador de Amazon, Larry Page y Serguei Brin, los fundadores de Google, Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia, y otros muchos innovadores de la sociedad digital? Su educación preescolar. Todos ellos fueron a un centro Montessori. Estos centros llevan más de un siglo desarrollando un sistema educativo para edades tempranas que tiene como objetivo liberar el potencial de cada niño para que se autodesarrolle en un entorno escolar que se va adaptando a sus progresos. Hay centros Montessori en todo el mundo, incluida España. La ambición es que cada niño desarrolle todo su potencial, que aprenda a aprender con alegría, que se desarrolle y madure emocionalmente, que desarrolle habilidades sociales, que tenga iniciativa… Muchas de las ambiciones del método desarrollado por María Montessori deberían incorporarse a las prácticas docentes de los sistemas educativos que ambicionen a potenciar la creatividad, iniciativa y responsabilidad de los alumnos.

La reforma de la educación en España, una vez conseguido cambiar la gestión de los centros, debe moverse de abajo a arriba, comenzando por las etapas más tempranas, como la preescolar. España parte, en esta etapa, con una ventaja importante, y es que tiene una red muy densa de centros de preescolar y guarderías, parte de la cual es pública. En esta etapa deberían adoptarse métodos pedagógicos con ambiciones similares al método Montessori con el objetivo de que los niños adquieran las habilidades no cognitivas¹⁰ —empatía, motivación, autoestima,…— que son el determinante decisivo del desarrollo laboral futuro del niño. Estas habilidades no cognitivas son muy difíciles de adquirir en etapas posteriores de la educación. Hay evidencia empírica de que los niños que las adquieren en fase temprana son más capaces de absorber capacidades y conocimientos que los que no lo hacen. La adquisición de habilidades no cognitivas en la escuela es de vital importancia para los niños de familias desfavorecidas o problemáticas. En este sentido, la disponibilidad de este tipo de educación como parte de la oferta pública escolar es un factor de capital importancia para la mejora de la igualdad de oportunidades en una sociedad basada en el conocimiento y en la creatividad. Como tal debería ser reconocida e impulsada. A efectos de equidad y de justicia social es mucho más importante lo que ocurre en la guardería que lo que ocurre en etapas posteriores como, por ejemplo, la enseñanza secundaria.

La experiencia de los centros infantiles municipales de Lleida¹¹ es muy ilustrativa del camino que debería tomar la educación preescolar en nuestro país. La red municipal de Lleida consta de 18 centros y tiene una oferta ligeramente superior a las mil plazas. «Cada escuela tiene sus propios proyectos, pero los 18 centros comparten una misma filosofía en la que el objetivo principal es fomentar una escuela acogedora adaptada a las necesidades fisiológicas, afectivas, de sociabilización, de juego y de autonomía de cada niño. Para ello, los más de cien maestros de la red participan a lo largo del curso escolar en programas de formación conjuntos, visitan escuelas con características distintas e incluso lideran programas europeos de cooperación como Comenius o el Erasmus Plus.» Recomendamos vivamente la lectura del reportaje completo referenciado en la nota 11 y también la de los referenciados en las siguientes notas de este epígrafe para hacerse una idea cabal de la importancia de estos proyectos.

En etapas educativas posteriores también están surgiendo iniciativas que iluminan el camino a seguir para educar la creatividad. Por ejemplo, el colegio Montserrat de Vallvidrera,¹² que en dos décadas se ha convertido en uno de los colegios más solicitados de Cataluña, ha desarrollado un método educativo basado «en ideas de neurólogos, de pedagogos, de economistas, de psicólogos, de sociólogos… Se trabaja el aprendizaje cooperativo, la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, la psicología del optimismo de Martin Seligman y lo racional-emotivo». Los alumnos tienen que gestionar ellos mismos su propio tiempo y la idea del día escolar como una sucesión de clases magistrales es sustituida por la de trabajo en un conjunto de proyectos con el asesoramiento de los profesores.

La idea del abandono del concepto tradicional de las clases magistrales también está siendo adoptada por los colegios de la Compañía de Jesús en Cataluña,¹³ en los que estudian más de 13.000 alumnos, corregida y aumentada por el abandono simultáneo de las asignaturas, los exámenes y los horarios. «Se han derribado físicamente las paredes de las aulas y las han transformado en grandes espacios para trabajar en equipo, unas ágoras en las que hay sofás, gradas, mucha luz, colores, mesas dispuestas para trabajar en grupo y acceso a las nuevas tecnologías», «no hay asignaturas ni horarios, al patio se sale cuando los alumnos deciden que están cansados». También con los jesuitas, la enseñanza se articula por proyectos multidisciplinares, en vez de las tradicionales asignaturas.

La articulación de la educación por proyectos multidisciplinares en vez de por asignaturas tradicionales no es una moda caprichosa que estén lanzando algunos centros educativos avanzados españoles. En Finlandia, país de vanguardia internacional en materia educativa y habitual podio de los informes PISA, también se están planteando extender la enseñanza por proyectos, habitual en este país en las etapas educativas más tempranas, a la enseñanza primaria y secundaria incluyendo la Formación Profesional.¹⁴ Es previsible que este movimiento transformador de las prácticas pedagógicas acabe extendiéndose a la generalidad de los centros y a la generalidad de los países. En España no deberíamos esperar a que el movimiento internacional madure. Al contrario, deberíamos aprovechar el ejemplo y las experiencias de nuestros centros punteros para comenzar a mover todo nuestro sistema educativo en esta dirección.

En síntesis, los pasos que debe dar el sistema educativo para educar la creatividad de las personas se pueden resumir en:

• Hay que poner el máximo énfasis en la educación preescolar. Hay que extender y mejorar la red de centros públicos y hay que adoptar enfoques pedagógicos como los de la red de centros educativos infantiles de Lleida. Eso cuesta dinero, pero es la inversión más rentable social y económicamente que puede hacerse hoy en España. El dinero que falte debería sacarse de partidas presupuestarias en las que hay un gasto excesivo como, por ejemplo, las infraestructuras del transporte.

• Hay que adoptar organizaciones internas de la escuela y de la enseñanza que faciliten los objetivos de fomentar la iniciativa, la autogestión del esfuerzo, el trabajo en equipo y la curiosidad. A estos efectos la vertebración de los cursos por asignaturas estancas debe dar paso a la articulación por proyectos multidisciplinares.

• El objetivo último de la reforma de la organización de la escuela debería ser que las clases se tomen por los alumnos de manera individual, en su casa, fuera de horario escolar y por internet. Los deberes deberían hacerse en la escuela, en horario escolar y en equipo. Los profesores deberían adoptar un papel de tutores y motivadores en vez de conformarse con ser meros transmisores de conocimientos.

Esta transformación educativa requeriría un gran esfuerzo de formación y reciclaje del profesorado existente. Es en esto en lo que España debe invertir el dinero una vez se haya conseguido la reforma de la gestión de los centros educativos. Sin mejoras importantes de nuestro capital humano ni los españoles ni España tienen futuro.

8.4. ¿Qué hacer con la Universidad?

La Universidad española es un ejemplo extremo de todo lo malo que puede ocurrir en una institución cuando se le da autonomía y no se exige ni rendición de cuentas ni responsabilidad a ninguno de los colectivos que la conforman. Es el ejemplo más lamentable de la igualación por abajo que padece el sistema educativo español. Así como en la enseñanza primaria y secundaria es imaginable una transición no traumática entre la situación actual de bajo rendimiento y poca calidad a otra situación mucho más homologable a la de nuestros socios europeos en la que la escuela contribuya de modo más eficaz a la formación del capital humano que necesita España, esto no es imaginable en la Universidad. Lo que se necesita en la escuela es un cambio de mentalidad, al que se puede llegar dando más autonomía a los centros docentes, exigiendo rendición de cuentas a todos los directivos y a todos los colectivos, y poniendo en marcha los incentivos adecuados. Lamentablemente, en la Universidad, la autonomía ya se ha dado y no se ha pedido nada a cambio. No hay que esperar que la situación mejore por sí sola. Los sectores más inmovilistas ya han triunfado en detrimento de los que buscan una institución más homologable con las de los países más avanzados. La Universidad española está secuestrada por sus profesores, personal no docente y estudiantes. Es un caso que requiere cirugía, no homeopatía.

No hay ninguna universidad española entre las 200 mejores del mundo en investigación¹⁵ y solo 11 entre las 500 mejores. Afortunadamente, hay núcleos de investigadores de excelencia internacionalmente competitivos dentro del marasmo general, pero esos núcleos irreductibles es poco probable que tengan gran impacto en la calidad de la docencia y de la educación. Diversos estudios muestran una correlación positiva entre la actividad investigadora de los profesores y la calidad de su docencia. No debería sorprender. La actividad investigadora es fruto de una inquietud, una curiosidad y una ambición que, necesariamente, tienen que tener un impacto positivo en la actividad docente, aunque solo sea por ósmosis. No es de extrañar, por tanto, que la baja actividad investigadora de la Universidad española redunde en una baja calidad docente.

No es nada fácil saber qué hacer con una institución «okupada» por los que la ocupan. Nos limitaremos aquí a señalar un conjunto de principios que deberían iluminar el tipo de universidad competitiva que debería tener la España actual. Como de costumbre, se trata de introducir más meritocracia y más competencia:

• Cada universidad debe tener un patronato compuesto por representantes de las instituciones públicas o privadas que la financian. El patronato nombra al rector, al gerente y a los demás cargos de gobierno de la institución. Estos responden ante el patronato de su gestión.

• Se eliminan las oposiciones. El rector nombra a los profesores de la universidad tras consultas no vinculantes con los catedráticos apropiados de la misma y con expertos de otras instituciones, preferentemente extranjeras o internacionales. La remuneración del personal docente y no docente será establecida caso por caso y necesitará el visto bueno del patronato.

• Se eliminan los distritos universitarios. Cada universidad establecerá sus criterios de acceso. Los estudiantes solicitarán su admisión directamente a cualquiera de las universidades, que podrán poner tantas pruebas de entrada como estimen oportunas. Los estudiantes lo serán a tiempo completo, salvo en la UNED. Se esperará que los estudiantes, salvo casos obvios de fuerza mayor, superen el curso académico en una única convocatoria en el mes de junio.

• El importe de la matrícula no podrá ser inferior al coste real por alumno en el que incurra la universidad. Los fondos públicos disponibles y, también, los privados que se recauden para ello, se utilizarán para becas que se otorgarán conforme a los criterios de capacidad y necesidad financiera acreditados por los estudiantes que hayan superado las pruebas de acceso.

El objetivo de estos cuatro principios es conseguir que las universidades españolas compitan entre sí por los mejores estudiantes, por los mejores profesores y por los mejores investigadores. Todo lo que limite esta competencia debe ser eliminado del sistema. Si se pudiera partir de cero aplicando estos principios, en breves décadas las universidades españolas serían homologables con las de los países más desarrollados, compitiendo por igualarse por arriba en vez de la actual deriva a igualarse por abajo. ¿Por qué tendría que ser así? ¿Qué seguridad se puede tener de que esos cuatro principios llevarían a la excelencia? Se puede estar muy seguro, porque en España hay unas instituciones universitarias que aplican estos principios y que están entre las mejores del mundo: las escuelas de negocios. Entre las diez mejores escuelas de negocios del mundo, según la mayoría de los rankings internacionales, hay tres instituciones españolas. ¿Por qué las escuelas de negocios sí y las universidades no? Pues porque las escuelas de negocios eligen a sus alumnos y profesores como les parece oportuno, cobran a los primeros y pagan a los segundos lo que les parece conveniente y son gestionadas con criterios de eficiencia y calidad. Además, y sobre todo, porque no están sometidas a una regulación asfixiante como lo están las universidades españolas, lo que las hace feudo de los intereses particulares de los distintos estamentos universitarios e impide gestionarlas con una vocación de calidad.

Lo ideal sería volver a empezar de nuevo, desde cero, con la Universidad española, pero esta perspectiva es poco realista. Lamentablemente. En cualquier caso, cualquier avance que pueda darse en la adopción de los principios antes mencionados debería suponer alguna mejora en su triste deambular actual.

8.5. La formación profesional

La formación profesional, hasta el momento, no ha sido una alternativa válida ni para los alumnos ni para las familias. No podría ser de otra forma ya que los colegios e institutos, que están enfocados a preparar a los alumnos académicamente para ir a la universidad, ofrecen la formación profesional como una alternativa al fracaso escolar. Ante su falta de atractivo, la oferta es muy limitada y poco adaptada a las necesidades de las empresas, lo que repercute negativamente en su calidad. La mayoría de los institutos públicos ofrecen un único módulo de formación profesional al que deben acudir los malos estudiantes y donde los profesores, que son los mismos que los del instituto, tienen una orientación muy académica y hacen poco esfuerzo por adaptarse a las necesidades de una enseñanza con orientación eminentemente práctica.

Esta concepción de la formación profesional como una enseñanza de segunda clase se ha basado históricamente en una concepción de la igualdad y, más concretamente, de la igualdad de oportunidades, que ha sido predominante en la España democrática, sobre todo a partir de la LOGSE. Como hemos visto en el capítulo 6, la LOGSE partió de la creencia de que la especialización temprana o los cursos específicos para un empleo inmediato tienen el riesgo de preparar para un trabajo que puede desaparecer en poco tiempo y consideró que la extensión de la educación general y académica era la mejor garantía para adaptarse a los cambios futuros. Para ello se intentó evitar a toda costa —e incurriendo en cualquier coste— que los alumnos de secundaria pudiesen derivar hacia formación profesional a edades tempranas, es decir, alrededor de los 14 años. Los resultados no han sido buenos, porque la obsesión igualitaria de nuestro sistema educativo ha terminado igualando por abajo, como muestran los mediocres resultados de PISA, y erosionando la empleabilidad de nuestros jóvenes, como muestran los 2,5 millones de ninis.

Los siguientes puntos sintetizan nuestras propuestas de reforma de la formación Profesional:

• Potenciar la formación profesional dual porque es la que mejor asegura la empleabilidad presente y futura de los jóvenes. Empezar con una buena comunicación en los colegios sobre las ventajas de la formación dual para conseguir empleos de calidad.

• Potenciar las pasarelas para agilizar el paso del sistema generalista al de formación profesional y viceversa.

• Implantar exámenes profesionales de nivel superior para reforzar los itinerarios profesionales.

• Financiar los programas de formación cuando los proveedores (públicos o privados) desarrollen y mantengan una asociación activa con la empresa que ofrece los puestos de formación.

• Desarrollar la formación dual exclusivamente a través de acuerdos de colaboración entre empresas y centros de formación, siguiendo el ejemplo de los diseñados para realizar la Formación en los Centros de Trabajo (FCT) descritos en el capítulo 6.

• Eliminar las bonificaciones de los contratos para la formación y el aprendizaje para evitar que los empleadores utilicen a los aprendices para reemplazar a trabajadores regulares.

• Introducir incentivos en términos de rebajas permanentes de la cotización social a las empresas que cumplan los requisitos para poder realizar dichos programas de formación dual.

Como ya hemos comentado en el capítulo 6, nuestra propuesta para mejorar la formación profesional va dirigida a impulsar la formación dual, ya que cada vez existe más evidencia de que esta alternativa educativa permite reducir los costes y aumentar la eficiencia. Es un sistema de aprendizaje integrado que se adapta a las necesidades actuales y futuras de capacidades específicas de los trabajadores, de manera que la formación tiene en cuenta la demanda. Un primer punto de partida para impulsar la formación dual es que la comunidad educativa, los alumnos y los padres la acepten como una alternativa adecuada a la educación exclusivamente académica. Por ello, nuestra primera recomendación es que los esfuerzos comiencen con una buena comunicación en el colegio sobre las oportunidades que proporciona el sistema de formación dual de cara a conseguir un empleo de calidad.

La falta de atractivo surge cuando los estudios de formación profesional se convierten en callejones sin salida ante la ausencia de itinerarios para acceder a niveles superiores. La LOMCE ha empezado a solucionar este aspecto pero hasta el momento la solución ha sido más aparente que real ya que, aunque como se ha comentado en el capítulo 6 se han introducido pasarelas para pasar del sistema generalista a la formación profesional y viceversa, las conexiones son difíciles, porque frecuentemente unas profesiones se corresponden con el ciclo intermedio y otras distintas están adscritas al ciclo superior. El atractivo de la formación dual en países como Suiza, Alemania y Austria se debe no solo a la mayor facilidad para conseguir el primer empleo sino que además permite, a través de la formación profesional superior, el desarrollo de verdaderas carreras profesionales. En general, todas las profesiones tienen la alternativa de realizar el ciclo de formación profesional de grado superior que consiste en exámenes profesionales que se suelen realizar tras varios años de experiencia laboral en una determinada profesión y que permiten el reconocimiento del aprendizaje previo no formal e informal adquirido en el trabajo. Para preparar los exámenes profesionales existen cursos a los que suelen asistir los profesionales interesados pero no que suelen ser obligatorios. Los profesionales que aprueban los exámenes profesionales tienen derecho a poner su propio negocio o sirven para ser ascendidos en su empresa. Estos exámenes aumentan la transparencia de las competencias adquiridas lo que permite aumentar la eficiencia del mercado de trabajo y es compatible con el desarrollo de las carreras de adultos. Consideramos que siguiendo la experiencia de estos países, la implantación de exámenes profesionales de nivel superior para reforzar los itinerarios profesionales es una vía muy útil para aumentar el atractivo de la formación profesional al permitir el reconocimiento del aprendizaje adquirido en el trabajo, lo que a su vez permite mejorar el nivel educativo de la población adulta.

La formación dual no solo tiene que resultar atractiva para los alumnos sino también y fundamentalmente para las empresas, que tienen que estar dispuestas a ofrecer puestos para formar incurriendo en un coste. El punto fundamental para que la empresa se involucre es que el programa de formación se adapte a sus necesidades. De hecho, este sistema solo funciona si al finalizar el periodo de formación, el profesional tiene la capacitación que necesita la empresa, de tal forma que el interés de esta será retener a dicho trabajador durante el máximo tiempo posible. Para facilitar que la empresa participe activamente junto a los docentes en el diseño de los programas de formación proponemos seguir el modelo implantado en Suecia en 2001 que consiste en financiar exclusivamente los (nuevos) programas de formación cuando los proveedores (públicos o privados) desarrollen y mantengan una asociación activa con la empresa que ofrece los puestos de formación.¹⁶ Con esta propuesta, dado que si la empresa no está dispuesta a ofrecer prácticas laborales no consigue financiación, los acuerdos de colaboración que se firmen tendrán que incluir un plan de formación adaptado a la empresa.

Pero además, los programas de formación dual suponen un coste importante para la empresa ya que tiene que pagar el sueldo del alumno, el salario del tutor en las horas que se dedica a la supervisión y el coste del material y espacio adicional necesario para la formación. Para que la empresa recupere el coste un aspecto crucial es que el programa de formación tenga una duración de entre dos o tres años y con un contenido muy práctico para que el alumno vaya realizando progresivamente más tareas productivas y aportando valor a la empresa, ya que esta es la garantía de que el profesional ha aprendido su profesión. Lo ideal es realizar cuatro días a la semana en la empresa y un día en las aulas. Esto permite que el alumno se pueda desplazar con facilidad al mejor centro de formación de la comarca. Por otro lado, el contacto semanal con el centro de formación es imprescindible para asegurar la necesaria coordinación y adaptación de la formación. En Club de Excelencia en Sostenibilidad (2015)¹⁷ se describen un conjunto de experiencias prácticas en España que sirven de base para la elaboración de un protocolo de implantación del sistema de formación dual en las pymes. También nos lo cuenta la empresaria K.

Recuadro 8.1. El sueño de la empresaria K

«Cuando abrí la empresa en 2002 contraté a 50 trabajadores y cuando la traspasé en 2009 tan solo tenía 15, pero eran los mejores de toda la comarca! El motivo no fue la impresionante caída de la demanda a la que tuvimos que enfrentarnos desde 2007 sino una decisión muy meditada de no volver a contratar a ningún profesional que no tuviera el alto nivel de cualificación que la empresa necesitaba. La calidad técnica del peor profesional marcaba la calidad de todos los compañeros y por lo tanto de la empresa. Cuando estaba enfrentándome a estas dificultades para contratar y formar a buenos profesionales tuve un sueño que desgraciadamente no se hizo realidad. Me imaginé que contrataba para formar a profesionales sin experiencia para luego elegir entre los mejores e incluso poder recurrir al resto en el caso de que llegado el inicio del verano hubiera que reforzar la plantilla y pudiera hacerlo con profesionales de calidad. La directora técnica tendría la responsabilidad de formar a los nuevos profesionales. Sería una formación mucho más intensa de lo usual y pensé que sería útil enviarla a una empresa proveedora nuestra en Alemania para que aprendiera no solo las últimas técnicas sino como se organizaban para formar a los profesionales.

Los alumnos acudirían una vez a la semana a un buen centro de formación, también de otro proveedor en este caso español, que aunque está un poco lejos podían ir en autobús y regresar en el día y merecía la pena hacer ese esfuerzo por su calidad. Allí aprenderían los aspectos teóricos de la profesión. Por ejemplo entre otras muchas cosas aprenderían los conocimientos teóricos sobre las características de la piel para hacer un buen diagnóstico fácil o corporal y transmitírselo al cliente con confianza. Pero también sería muy útil que les enseñaran los fundamentos teóricos de las novedades. En el mundo de la estética prácticamente cada año hay alguna novedad para luchar contra la celulitis, la flacidez o por ejemplo las manchas. Para poder ofrecer estos servicios además de comprar o alquilar las máquinas hay que formar a los profesionales no solo en el manejo de la máquina, que se hace en el centro, sino también en lo que aporta la nueva tecnología y los fundamentos teóricos para poder hacer una buena recomendación y vender el servicio. Este tipo de formación coordinada y en parte a la carta entre la empresa y el centro de formación es la que garantiza que los profesionales no se queden nuca obsoletos».

La LOMCE (2012) estableció por primera vez en España las bases para poner en marcha la formación profesional dual a través de una doble vía, bien partiendo del sistema educativo y firmando un convenio de colaboración entre el centro docente autorizado y las empresas participantes o directamente a través del contrato para la formación y el aprendizaje. El sistema comenzó a implantarse en el curso 2012-2013 de forma desigual entre Comunidades Autónomas. Por ejemplo, en Madrid, solo existe formación dual de grado superior. La duración del curso es de dos años y el alumno permanece en la empresa un año a jornada completa y otro en el centro educativo siguiendo el horario escolar. La empresa abona una beca de 300 euros por alumno y mes como mínimo y gestiona el alta como beca en la Seguridad Social.

Para que la formación dual tenga éxito es muy conveniente que esté integrada dentro del marco general de educación y formación profesional, de tal forma que la cualificación alcanzada debe estar claramente anclada al sistema general de cualificaciones. En este sentido hay que recomendar que la formación dual se desarrolle exclusivamente a través de acuerdos de colaboración entre empresas y centros de formación, siguiendo el ejemplo de los diseñados para realizar la Formación en los Centros de Trabajo (FCT) descritos en el capítulo 6, porque permite su anclaje en el sistema educativo general. Por el contrario, el desarrollo de la formación dual a través de los contratos para la formación y el aprendizaje corre el riesgo de que no sea de la calidad que exige un programa cuyo objetivo es el aprendizaje de una profesión. El hecho de que dichos contratos tengan una bonificación de entre el 100 % y el 75 % de las cotizaciones a la Seguridad Social en función del tamaño de la empresa puede incentivar un uso distorsionado del programa de formación dual poniendo en peligro su desarrollo futuro. Por tanto proponemos eliminar las bonificaciones de los contratos para la formación y el aprendizaje para evitar que los empleadores utilicen a los aprendices para reemplazar a trabajadores regulares.

La puesta en marcha del programa de formación dual puede ser complicada ya que se basa en que la empresa elige al profesional que va a formar y para algunos alumnos puede resultar difícil acceder a dicha oportunidad. Hasta ahora, dado que los alumnos no recibían ninguna remuneración, eran los profesores los encargados de buscar los puestos de formación en las empresas, por lo que no existe ninguna experiencia en esta materia. Dada la tradicional dificultad de los jóvenes para entrar en contacto con las empresas proponemos que exista la posibilidad de que el alumno pueda realizar un curso inicial en las aulas que sirva de preparación y orientación para que el alumno sea capaz de obtener una oferta de una empresa para realizar la formación. Este curso, que idealmente no debería tener ningún requisito inicial ni de cualificación ni de edad, tendría que diseñarse de forma muy flexible a través de módulos para adaptarse a las necesidades de todos los alumnos, de tal forma que podría durar desde meses hasta años y sería la mejor estrategia para abordar el fracaso escolar. También podría diseñarse de forma menos ambiciosa como un curso de un año de duración y más homogéneo.

Culpepper (2000)¹⁸ aporta evidencia de que cuando el sistema no está muy desarrollado el problema del cazador furtivo (free rider) puede ser un serio inconveniente. Para reducir estos riesgos proponemos promover el apoyo público de los programas a través de campañas locales y nacionales y enseñando a las empresas a desarrollar programas de aprendizaje. Otra forma de acelerar el desarrollo de la formación dual es introduciendo incentivos en términos de rebajas permanentes de la cotización social a las empresas que cumplan los requisitos para poder realizar dichos programas. Debido a que estos programas deben proporcionar a los estudiantes las bases no solo para incorporarse rápidamente al mercado de trabajo sino para poder acceder a futuras ampliaciones de formación, una formación de este tipo proporciona beneficios externos a la sociedad, por lo que tiene sentido utilizar recursos públicos para fomentar los programas de formación dual. En los países que se han introducido iniciativas para ayudar a las empresas a entender y a iniciar este tipo de formación, como Australia y Reino Unido, los programas de formación dual han aumentado muy rápidamente. En las encuestas llevadas a cabo son especialmente llamativas las actitudes positivas de los empresarios que han adoptado recientemente programas de formación dual en Inglaterra y Gales, donde un 80 % de los empleadores están satisfechos con el programa dual y solo un 6 % está insatisfecho.¹⁹ El principal beneficio que mencionan es el aumento de productividad, pero también la mejora de rentabilidad del producto o servicio, el aumento de la retención del personal y la introducción de nuevas ideas e innovaciones.

Un aspecto crucial de la formación dual es la calidad de la formación que adquieren los alumnos. El punto más crítico que determina la calidad de la enseñanza es el papel del tutor o instructor en la empresa y del profesor en las aulas, aspecto sobre el que no se exige ningún requisito ni se establecen pautas para formar a los profesores y los instructores. En este sentido proponemos que dentro de los acuerdos de colaboración se establezcan los requisitos que deben cumplir los instructores en la empresa. En otros países se exige una antigüedad mínima en la empresa de 3 años y haber realizado un curso de pedagogía. También proponemos que el personal altamente cualificado y experimentado pueda formar a tiempo parcial en las aulas sin exigir en este caso requisitos rígidos para poder formar en el centro de formación. Sería también conveniente dar mayor publicidad al programa de Erasmus+ dirigido al intercambio de alumnos y profesores para realizar cursos de formación dual en los países de la UE. Es una excelente oportunidad, que hasta el momento no se está aprovechando suficientemente (durante el año 2014 no se han utilizado todos los recursos disponibles), para que nuestros profesores tanto del aula como de la empresa aprendan de los países que llevan realizando esta formación desde hace muchos años.

El éxito de la formación dual es precisamente que «por diseño» es un sistema muy flexible al permitir adaptar con la máxima rapidez el plan de formación a las condiciones de las empresas. Este sistema se adapta especialmente bien a los países europeos, y en especial a España, que como se ha mencionado en el capítulo 5 presentan una elevada protección al empleo. Un sistema de formación flexible y bien articulado facilita que la empresa antes de despedir opte por formar y recualificar al trabajador y permite seleccionar al trabajador con mucha más seguridad. En definitiva proporciona una flexibilidad que no existe en otros campos del mercado de trabajo.

Los fondos de la Garantía Juvenil Europea se adaptan especialmente bien para acometer las propuestas que hemos planteado. La financiación de la Garantía Juvenil es de 6.000 millones de euros de los cuales España recibirá 1.887,5 millones siempre y cuando el Estado adopte medidas y ponga a disposición de los jóvenes esta Garantía Juvenil. El objetivo es que los jóvenes reciban una buena oferta de empleo, que retornen a la educación, o que obtengan algún puesto de formación dual o de prácticas en el plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o abandonar la educación formal. La condición para recibir dicha oferta es estar inscrito en un Servicio Público de Empleo y presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen. Sin embargo hasta ahora solo un 4,2 % de los jóvenes menores de 25 años que pueden acceder a la Garantía Juvenil se han inscrito, lo que sin duda refleja la poca difusión que ha tenido el programa. Por otro lado, en España la Garantía Juvenil se basa fundamentalmente en una compilación de medidas aprobadas con anterioridad²⁰ sin que ni siquiera se haya hecho un esfuerzo por introducir novedades siguiendo los criterios de la CE basados en las experiencias de éxito de otros países.

Agradecimientos

Este libro ha sido posible gracias al generoso patrocinio de la Fundación de Estudios Financieros (FEF) a cuyo presidente, Juan Carlos Ureta; director general, Javier Méndez, y director de Análisis y Estudios, Alfredo Jiménez, estamos profundamente agradecidos por su apoyo, aliento y orientación constantes. Ni qué decir tiene que las opiniones expresadas en este libro son las de los autores, con las que no tienen por qué coincidir necesariamente ni la FEF ni sus cargos directivos.

Los autores nos hemos beneficiado de dos amplios debates organizados por la FEF sobre las materias cubiertas en el libro en los que participaron algunos de los mejores especialistas españoles en el mercado de trabajo. También destacados profesionales y especialistas en materias relacionadas con el mercado de trabajo han dedicado tiempo a aclararnos ideas y conceptos. A todos ellos va también nuestro agradecimiento. Queremos mencionar expresamente a Isabel Argimón, Samuel Bentolila, Ernesto Buñuel, J. Ignacio Conde-Ruiz, Álvaro Espina, Miguel A. Fernández Ordóñez, Cristina Fernández, Florentino Felgueroso, Alberto Gaforio, José Ignacio García Pérez, Aurea González, Juan F. Jiménez, Sergi Jiménez, José Luis Malo de Molina, Ramiro Martínez-Pardo, David Reher, Fernando Ramírez, Jabier Retegi, Juan Rosell, Iñigo Sagardoy, Ricardo Sanz, Isaac Tabor, Enrique Titos y Marta Uriel. Por supuesto que no tienen por qué coincidir con las opiniones expresadas en este libro que, nos consta, en muchas ocasiones no refleja las suyas. La responsabilidad de lo aquí escrito es exclusivamente de los autores.

Asimismo agradecemos el soporte técnico proporcionado por Roberto García Coria y Marcos Marchetti en el tratamiento y presentación gráfica de los datos.

Notas

1. En su Historia económica mundial: de los orígenes a la actualidad, Alianza, Madrid, 2011.

2. En su Why the West Rules —for Now, Profile Books, Londres, 2011.

3. Véase a este respecto el cap. 2 de César Molinas, Qué hacer con España, Destino, Barcelona, 2013.

4. El tamaño de los fémures encontrados en Atapuerca indica que los varones eran altísimos (170-175 cm). Esto es un indicio indirecto de que en la etapa preneolítica el estatus nutritivo era superior a los que le siguieron hasta el siglo XVIII. De hecho, los médicos del siglo XXI recomiendan volver a la dieta previa a la Revolución neolítica y al ejercicio físico propio del nomadismo.

5. En su The Great Escape: Health, Wealth and the Origins of Inequality, Princeton University Press, Princeton, 2013.

6. Véase a este respecto la obra clásica de Massimo Livi Bacci Historia mínima de la población mundial, Crítica, 2009.

7. En este epígrafe, por razones de disponibilidad, se utilizan datos de población de Inglaterra e Irlanda para los siglos XVI a XVIII y se hace la hipótesis de que las tendencias demográficas en otros países europeos no fueron demasiado diferentes. A largo plazo parece una hipótesis razonable, aunque a corto plazo la varianza puede haber sido muy grande.

8. Ver su artículo «Public health, nutrition and the decline of mortality: the McKeown thesis revisited», Social History of Medicine, 17(3), pp. 379-407, 2004.

9. Véase Oeppen, J. y Vaupen, J., «Broken limits to life expectancy», Science, vol. 296, 10, 2002.

10. Declaraciones recogidas en la edición de El País del 11 de abril de 2007.

11. «Was Spain Different?: Spanish Economic Backwardness Revisited». Explorations in Economic History, vol 26(4), pp 385-402. Este artículo es conocido cariñosamente como «el cerdo» entre los historiadores económicos.

12. Este menor crecimiento de la población española en la segunda mitad del siglo XIX se revertió en la primera mitad del XX, en que la mortalidad comenzó a caer.

13. Sobre todas estas cifras véase la excelente entrada de Wikipedia «Evolución demográfica moderna en España», http://es.wikipedia.org/wiki/Evolución_demográfica_moderna_de_España

14. Véase a este respecto Reher, D. S., «The Demographic Transition Revisited as a Globar Process», en Population, Space and Place, 10, pp. 19-41, 2004.

15. Ver el libro de Steven Pinker Los ángeles que llevamos dentro. El declive de la violencia y sus implicaciones. Paidós Ibérica, 2012.

1. «The Geographical Pivot of History». Publicado en The Geographical Journal en abril de 1904. Este discurso se considera fundacional de las modernas geoestrategia y geopolítica.

2. Justo al escribir estas líneas nos llega la triste noticia del fallecimiento de Beck el 1 de enero de 2015. Descanse en paz.

3. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad, Paidós, 1998.

4. P. A. Samuelson «The Way of an Economist», en P. A. Samuelson, ed., International Economic Retations, Macmillan, Londres pp. 1-11, 1969.

5. Stolper, W. F. y Samuelson, P. A., «Protection and Real Wages», Review of Economic Studies, 1941.

6. En su libro La paradoja de la globalización, Antoni Bosch Editor, Barcelona, 2011.

7. En su artículo «When Ideas Trump Interests: Preferences, World Views, and Policy Innovations», Journal of Economic Perspectives, vol. 28, n.o 1 pp. 189-208, 2014.

8. «Openness, Financial Markets and Policies: Cross-Country and Dynamic Patterns», Annales d’Economie et de Statistique, ENSAE, vol. 95-96, pp. 167-182, 2009.

9. «Why Do More Open Economies Have Bigger Governments?» Journal of Political Economy, vol. 106, n.o 5, pp. 997-1032, 1998.

1. Los jornaleros del campo no entrarían en esta definición, por ejemplo.

2. Sobre estas cuestiones ver los capítulos 1 y 2 del libro de César Molinas Qué hacer con España, Destino, 2013; también el capítulo 12 del de Javier Gomá Ejemplaridad pública, Taurus, 2009.

3. Citado en Scharff, R. C. y Dusek, V., «Philosophy of Technology: An Anthology», Blackwell, pág. 29, 2003.

4. En su «The Social Impact of Technological Change», 1967. Reproducido en la referencia de la nota anterior.

5. Ver Fukuyama, F., «The Future of History: Can Liberal Democracy Survive the Decline of the Middle Class?», Foreign Affairs, enero-febrero de 2012.

6. Brynjolfsson, E. y McAfee, A., The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Techologies, WW Norton and Company, 2014.

7. Para un detalle del cálculo ver la entrada de Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_del_ trigo_y_del_tablero_de_ajedrez

8. Ver Lipsey, R., Carlaw, K, Bekar, L., Economic Transformations: General Purpose Technologies and Long Term Economic Growth, OUP, 2005. También en https://books.google.es/books

9. Technical Progress and the Social Life-World. Reproducido en Scharff, R. C. y Dusek, V., Philosophy of Technology: The Technological Condition, Blackwell, 2003.

1. En su contribución «Secular Joblessness» al libro Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures referenciado en la nota 3 de la página 86 de este capítulo.

2. Puede verse el vídeo de la conferencia en https://www.youtube.com/watch?v=KYpVzBbQIX0.

3. Puede descargarse el libro en http://www.voxeu.org/article/secularstagnation-facts-causes-and-cures-new-vox-ebook

4. Puede encontrarse una actualización de sus cálculos en https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=laubach%20williams

5. Entrevista de David Edmonds a Peter Singer publicada como el cap. 4 de Philosophy Bites, de David Edmonds y Nigel Warburton, Oxford University Press, 2010.

6. «Transition to an Aging Japan: Public Pensions, Savings and Capital Taxation», Journal of Japanese and International Economics, 1998.

7. «Can Inheritance Taxes Prevent Deflation?», 2009. VoxEu http://www.voxeu.org/article/can-inheritance-taxes-prevent-deflation

8. La sencillez del esquema oculta matemáticas de un cierto calado que se obviaron en la nota y también se obvian aquí. Para el lector interesado incluimos la referencia al trabajo de Weitzman de 2001: http://are.berkeley.edu/courses/ARE263/fall2008/paper/Discounting/Weitzman_Gamma%20Discounting_AER01.pdf

9. Equivale a promediar no las «tasas» de descuento sino los «factores» de descuento.

10. Véase, por ejemplo, la tesis de Claus Vistesen «Demographics and the Anatomy of International Capital Flows» de 2010, MPRA http://mpra.ub.uni-muenchen.de/21929/1/MPRA_paper_21929.pdf

1. Véase Malo de Molina, J.L., «La influencia de los cambios en la estructura salarial española sobre el comportamiento de los salarios medios durante el período 1963-1975», Cuadernos económicos de ICE, núms. 22-23, pp. 137-155, 1983.

2. García Perea, P. (1994), «Análisis sectorial de la distribución factorial del producto interior bruto entre 1965 y 1993», Economía y sociología del trabajo, n.o 25-26.

* Dispersión salarial medida a través del coeficiente de variación de los salarios por hora de las categorías profesionales para el agregado de la economía.

RA: Remuneración de asalariados

EBE: Excedente bruto de explotación

3. La tasa de afiliación sindical española, el 15 % según los propios sindicatos, es una de las más bajas de la OCDE.

4. Toharia et al., El mercado de trabajo en España, McGraw-Hill Interamericana de España, S. A. U., 1998.

5. EuroWork. European Observatory of Working Life, «Industrial relations country profile», 2014.

6. García Perea, P. y A. Urtasun, «Los costes laborales unitarios y el papel de la negociación colectiva en el contexto de la Unión Económica y Monetaria», Cuadernos de Información Económica, n.o 148-149, 1999.

7. Edición de Manuel Pérez Ledesma, pág. 119. Editorial Fundamentos, 2009.

8. García-Serrano, C. y M. A. Malo, «Beyond the contract type segmentation in Spain», ILO, Employment working paper; N.o 143, ISSN 1999-2939, 2013.

9. Eichhorst, W., Fixed-term contracts. Are fixed-term contracts a stepping stone to a permanent jog or a dead end?, IZA, mayo de 2014.

10. El coeficiente de Okun relaciona las variaciones del PIB con las variaciones en el paro. Un coeficiente de -1 como el que se observa para España en el gráfico 5.7 es altísimo en comparación con otros países.

11. Toharia et al. (2007).

12. García-Serrano, C. y M. A. Malo, «Beyond the contract type segmentation in Spain», ILO, Employment working paper; núm. 143, 2013, ISSN 1999-2939, 2013.

13. Alba-Ramírez et al., «Exits from unemployment: Recall or new job». Labour Economics 14 (2007) 788-810, 2007.

14. Alba et al. «Re-employment probabilities of unemployment benefit recipients», Applied Economics, V44, n. 28, pp. 3.645-3.664, 2012.

15. Arranz, J.M. y García-Serrano, C., «Duration and recurrence in unemployment benefits». Fundación de las Cajas de Ahorros. Documento de trabajo N.o 726/2013.

16. Polavieja, J.G., «Flexibility or polarization? Temporary employment and job tasks in Spain», Socio-Economic Review, 3, 233-258, 2005.

17. Bentolila et al., «Labour Flexibility and Wages: Lessons from Spain», Economic Policy, 18, 53-59 1994; Bentolila et al., Spanish Unemployment: The end of the Wild Ride?, 2003; Boeri et al., «Two Tier Reforms of Employment Protection: A Honeymoon Effect?», Economic Journal, vol. 117, 2007; Bentolila et al., «Two-Tier Employment Protection Reforms: The Spanish Experience», CESifo DICE Report 4/2008; Bentolila et al., «Two_tier Labour markets in the Great recession: France versus Spain», Economic Journal, 122 (562), 2012.

18. Scarpetta, S., «Employment protection. Policy need to find the right balance between protecting workers and promoting efficient resource allocation and productivity growth», IZA World of Labor, 2014:12, 2014.

19. La ultraactividad implica que el convenio sigue vigente cuando expira, indefinidamente, hasta que se negocia uno nuevo.

20. La Audiencia Nacional, en una sentencia emitida el 29 de mayo de 2013, llega a la conclusión de que es necesario promover la competitividad de las empresas como un factor clave para la superación de la crisis económica y que el convenio debe ser un instrumento útil y no un obstáculo, por lo que es legítimo, si los negociadores están de acuerdo, que los convenios de empresa introduzcan los ajustes necesarios que permite la nueva legislación para conseguir relaciones laborales más flexibles y promover la competitividad y la adaptabilidad de las empresas a las exigencias del mercado. En otra sentencia del 31 de mayo, la Audiencia Nacional sostuvo que los convenios sectoriales no pueden incluir disposiciones contrarias a la nueva regla de prioridad a nivel de empresa.

21. Dentro de las condiciones de trabajo se incluye no solo el sistema de remuneración y la cuantía salarial sino también la jornada de trabajo, el horario, la distribución del tiempo y el régimen de trabajo a turnos y el sistema de trabajo, rendimiento y funciones.

22. Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (2015). Observatorio de la negociación colectiva. Boletín número 47 enero-febrero 2015.

23. Queda abierta la posibilidad de que los nuevos contratos ya no se rijan por el convenio caducado.

24. El Acuerdo establece un crecimiento de los salarios para 2012, 2013 y 2014 del 0,5 %, 0,6 % y 0,6 % respectivamente y un sistema de indiciación salarial según el cual si el IPC español supera al de la zona euro se toma este último como referencia y se excluyen los carburantes si su precio se incrementa más de un 10 % en el último año.

25. Nos estamos refiriendo al contrato temporal de obra o servicio determinado y eventual por circunstancias de la producción.

26. A partir de 2012 se sigue un doble cómputo para los contratos vigentes con anterioridad a la reforma: la antigüedad generada antes de la reforma se indemnizará con 45 días por año trabajado y un tope de 42 mensualidades, y la generada después de la reforma con 33 días y un tope de 24 mensualidades.

27. La nueva legislación establece que una disminución en las ventas o ingresos ordinarios durante un periodo de tres trimestres consecutivos es una razón justa para despedir.

28. Sin embargo el convenio no lo ratificaron países como Alemania, Austria, Italia, Bélgica y el Reino Unido entre otros.

29. Véase Gómez Abelleira, F.J., «The Spanish Labour reform and the Courts: Employment Adjustment and the Search for Legal Certainty», Spanish Labour Law and Employment Relations Journal, vol. núm. 1-2, 2014.

30. Rodrik, D., «When Ideas Trump Interests: Preferences, World Views and Policy Innovations», Journal of Economic Perspectives, 2014.

31. Cálculos del servicio de estudios del BBVA con datos del primer trimestre de 2015.

32. Los convenios territoriales y sectoriales pueden fijar, con fuerza de ley, salarios mínimos muy por encima del SMI.

33. Hay subvenciones públicas que rebajan ese coste para determinados colectivos de trabajadores, pero un empresario sensato hará bien en no tenerlas en cuenta al planificar su plantilla porque las subvenciones pueden retirarse con la misma ligereza con que se dan.

34. Fukuyama, F., Los orígenes del orden político. Desde la Prehistoria hasta la Revolución francesa, Deusto, Barcelona, 2016.

35. Bell et al., Young People and the Great Recession, IZA, DP núm. 5.674, 2011.

36. Alba et al., «Re-employment probabilities of unemployment benefit recipients», Applied Economics, V44, n. 28, pp. 3.645-3.664, 2012.

1. Homs, O., La formación profesional en España. Hacia la sociedad del conocimiento, Colección Estudios Sociales, Núm. 25, Obra Social Fundación «la Caixa», 2008.

2. Greinert, W-D., «Los sistemas europeos de formación profesional: algunas reflexiones sobre el contexto teórico de su evolución histórica», Revista de Formación Profesional, núm. 32, agosto 2004, Tesalónica, CEDEFOP, 2004.

3. La oferta formativa se estructuró en tres niveles, el preaprendizaje de 2 años de duración, la oficialía de 3 años más y la maestría de 2 años adicionales.

4. Homs, O., Tres años de nueva Formación Profesional, Instituto de Ciencias de la Educación, Universitat Politècnica de Barcelona, Barcelona, 1979.

5. Gregoire, R., L’éducation professionnelle, OCDE, París, 1967.

6. Para ello se diseñó el Régimen de Enseñanzas Especializado que permitía continuar la FP2 sin tener que hacer el bachillerato, añadiendo un año más e incluyendo durante los tres años de curso de FP2 una enseñanza combinada teórica-práctica.

7. Merino Pareja, R., «Apuntes de historia de la Formación Profesional reglada en España. Algunas reflexiones para la situación actual», Témpora. Revista de historia y sociología de la educación, núm. 8, 2005.

8. Autor, D H., «Polanyi’s Paradox and the Shape of employment Growth», NBER Working Paper, núm. 20485, septiembre de 2014.

9. Goss, et al., «Explaining Job Polarization: Routine-Biased Technological Change and Offshoring», American Economic Review, agosto de 2014. Anghel et al., «Employment Polarization in Spain along the cycle 1997-2012», IZA DP, núm. 7816, diciembre de 2013.

10. Véase la nota de Abel Fernández en Sintetia (2010) http://www.sintetia.com/heckman-y-las-habilidades-no-cognitivas-en-la-educacion/

11. Para hacerse una idea de la dimensión de este problema vale la pena leer el artículo de Pilar Álvarez publicado en El País el 14 de marzo de 2013: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/14/actualidad/1363297944_043059.html

12. Véase Cairó, I., The Slowdown in Business Employment Dynamics: The Role of Changing Skill Demands, Job Market Paper, 2013.

13. La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 corrigió parcialmente este problema al flexibilizar los criterios de acceso a la FP, introduciendo un curso puente.

14. Estaban dirigidos a menores de 25 años para integrar la recuperación del patrimonio histórico y artístico del país con el aprendizaje de oficios en vía de desaparición.

15. Proporcionaron a los jóvenes con niveles de cualificación bajos una oferta integrada de trabajo remunerado y formación en el mismo puesto de trabajo acompañada por una formación de tipo ocupacional.

16. European Commission. «Work-Based Learning in Europe. Practices and Policy Pointers», European Commission, Education and Training, 2013, y Biavaschi et al., «Youth Unemployment and Vocational Training, IZA, DP, núm. 6.890, 2012.

* Consideramos sobrecualificados a aquellos individuos con educación terciaria (ISCE 5) empleados en actividades inferiores a su formación (ISCO 4 o inferior).

17. Véase García Coria, R. y P. García Perea (2014). Referenciado en el gráfico 6.7.

18. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, «Reforma del sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral», 20 de marzo de 2015.

1. Ver por ejemplo el informe https://dempeusperlasalut.wordpress.com/2012/02/28/los-efectos-del-desempleo-sobre-la-salud/

* Los ninis incluyen al colectivo de parados e inactivos entre 16 y 29 años que no cursan estudios.

2. Fue firmado en 1985. También lo firmaron Francia, Portugal, Finlandia y Suecia entre otros.

3. Véase Gómez Abelleira (obra citada).

4. Véase http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TS-se-pronuncia-sobre-la-vigencia-de-un-convenio-de-empresa-y-el-mantenimiento-de-condiciones-laborales-tras-la-reforma-laboral-de-2012.

5. El Real Decreto-Ley 3/2012 no especificó qué ocurriría si transcurrido un año no se firma un nuevo convenio en una empresa en la que no existe un convenio de ámbito superior, lo que puede ocurrir por ejemplo en los convenios del nivel superior.

6. Véase el estudio de Juan F. Jimeno et al., «Employment Protection Legislation and Labor Court Activity in Spain», Documentos de Trabajo, núm. 1.507, Banco de España, 2015.

7. Espina, A., «La reforma laboral española», Cuaderno de Documentación, Núm. 95, Agenda I, Ministerio de Economía y Competitividad, 2012.

8. Lo habitual en otros países es que los convenios colectivos (denominados extraestatutarios) tengan un mero carácter contractual de modo que solo obligan a los firmantes del convenio, pese a lo cual están amparados por el artículo 37.1 CE que consagra el derecho a la negociación colectiva.

9. Garicano, L. (2015), «Can slow IT adoption explain productivity slowdown? Firm size and organizational change», ECB: Cometitiveness Research Network (CompNet). www.ecb.europa.eu/home/html/researcher_compnet.en.html

10. La PTF es la parte del crecimiento de la productividad que no es atribuible directamente ni al trabajo ni al capital. En buena parte es atribuible a mejoras e innovaciones en los métodos de gestión.

11. Además la indemnización está libre de impuestos, lo que aumenta el incentivo de los trabajadores a ser despedidos por esta vía.

12. Dolado, J.J. y F. Felgueroso (coordinadores) (2010), Propuesta para la reactivación laboral en España, Fedea, 2010 http://www.crisis09.es/propuesta/

13. Bentolila et al., «Two-Tier Employment Protection Reforms: The Spanish Experience», CESifo DICE Report 4/2008.

14. Felgeroso et al., «Crecimiento sostenible y reforma laboral. ¿Qué va antes? ¿El huevo o la gallina?», En Dolado, J.J. y F. Felgueroso (coordinadores), Propuesta para la reactivación laboral en España, Fedea, 2010.

15. Bentolila et al., «La viabilidad jurídica del contrato único». En Dolado, J.J. y F. Felgueroso (coordinadores), Propuesta para la reactivación laboral en España», Fedea, 2010.

16. BBVA Research, Medidas para favorecer la contratación indefinida, Observatorio Económico España, 13 de noviembre de 2014.

17. Cahuc, P., «For a Unified Contract», European Labour Law Journal, volumen 3, núm. 2, 2012.

18. Fernández, C y P. García (2015), Recuadro «La reforma reciente del mercado de trabajo en Italia: Job Act» en el empleo en la UEM en 2014), Boletín Económico Banco de España. Abril de 2015.

* El coeficiente de Okun recoge la sensibilidad de la tasa de paro al crecimiento del PIB. La estimación se ha realizado utilizando datos anuales para el período 1960-2014, introduciendo un retardo de la variable dependiente y recurriendo a ventanas de 20 años.

19. Sara de la Rica, «Políticas activas de empleo: una panorámica». Fedea Policy Papers - 2015/01.

20. Arellano, A., «Evaluating the effects of labour market reforms “at the margin” on unemployment and employment stability: The Spanish Case», WP 05-12, Economic Series 5, Universidad Carlos III Madrid, 2015.

21. European Commission (2013), HoPES — Working Group. PES Efficiency Working Group. Final report, octubre de 2013.

22. Los analistas utilizan evidencia de otros programas para comparar la probabilidad de salir del paro sin ningún tipo de ayuda y alternativamente con la ayuda de un consejero de empleo.

23. European Commission (2013) (obra citada).

24. La reforma de 2010 fue la primera que planteó la posibilidad de introducir este sistema.

25. Véase Conde-Ruiz et al., El fondo de capitalización a la austriaca: costes y beneficios de su implantación en España, Fedea, Colección Estudios Económicos 06, 2011.

26. Se plantea un tipo de cotización del 2,19 % del salario bruto anual que equivale a 8 días de salario, superior al del fondo austriaco que estableció una cotización fija del 1,53 % sobre los salarios, y unas indemnizaciones que complementarían el fondo de capitalización hasta completar las indemnizaciones del despido procedente e improcedente según sea el caso.

27. En Brasil se ha adoptado un sistema mixto de estas características, con aportaciones equivalentes al 8 % del sueldo mensual (muy superiores a las establecidas en Austria, que ascienden a un 1,53 %) y donde el empresario en el momento del despido debe pagar en concepto de indemnización el 50 % de lo que el trabajador haya acumulado en su cuenta de ahorro.

28. Blanchard et al., «The optimal Design of Unemployment Insurance and Employment Protection: A First Pass», Journal of European Economic Association, 6(1): 45-77, 2008.

29. Cahuc (2012) obra citada.

30. Topel et al., «Unemployment Insurance: Survey and Extensions». Econometrica 47, 351-379, 1980.

31. Véase Conde-Ruiz et al., El fondo de capitalización a la austriaca: costes y beneficios de su implantación en España, Fedea, Colección Estudios Económicos 06, 2011 y BBVA Research, «Medidas para favorecer la contratación indefinida», Observatorio Económico España, 13 de noviembre de 2014.

32. Conde-Ruiz et al. (2011) evalúan a través de un modelo de simulación los costes y los beneficios de la introducción de un modelo mixto en el que combinan un contrato único que incorpora unas indemnizaciones que oscilan entre 12 y 36 días por año trabajado en función de la antigüedad del trabajador más una aportación de en torno a tres días por año trabajado al fondo de capitalización y llegan a la conclusión de que no tiene por qué ser más costoso para las empresas. Por su parte, el BBVA Research (2014) también plantean un sistema mixto con un tipo de cotización del 2,19 % del salario bruto anual que equivale a 8 días de salario, muy superior al del fondo austriaco, y unas indemnizaciones que complementarían el fondo de capitalización hasta completar las indemnizaciones del despido procedente e improcedente, según sea el caso, y llega a conclusiones similares respecto al coste para la empresa.

1. Algunos epígrafes de este capítulo están basados en partes del capítulo 11 del libro de César Molinas Qué hacer con España, Destino, 2013.

2. Véase, sobre el AVE, el documento de Fedea Contabilidad Financiera y social de la Alta Velocidad en España, 2015. http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2015-08.pdf

3. Los informes PISA (Programme for International Student Assessment) son las medidas más populares de las competencias lectoras, de cálculo y otras de estudiantes de 15 años de los 34 países de la OCDE y otros 30 países asociados.

4. Otros estudios de la OCDE muestran que, por ejemplo, la comprensión lectora de los bachilleres japoneses es superior a la de los graduados universitarios españoles.

5. World Economic Forum, «The Global Competitiveness Report 20142015. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

* Jóvenes entre 18 y 24 años que abandonaron sus estudios tras completar la fase obligatoria o que no se graduaron y no cursaron Formación Profesional. Es decir, son jóvenes que no tienen competencias específicas para el mercado laboral.

* Jóvenes entre 18 y 24 años que abandonaron sus estudios tras completar la fase obligatoria o que no se graduaron y no cursaron Formación Profesional. Es decir, son jóvenes que no tienen competencias específicas para el mercado laboral.

6. Ver la entrevista en La Vanguardia del 3/11/2010 http://www.lavanguardia.com/lacontra/20101103/54063818455/la-creatividad-se-aprendeigual-que-se-aprende-a-leer.html

7. BOE del 6 de agosto de 2009. No estamos seguros de a qué ritmo se están llevando a la práctica las previsiones de esta ley, cuyo plazo de aplicación de ocho años parece excesivamente largo. A pesar de esto, el modelo de gestión propuesto debería servir de ejemplo al Estado y a otras Comunidades Autónomas.

8. En El revés del almanaque, Obras completas, vol. 2, Alianza Editorial/ Revista de Occidente, Madrid, p. 726, 1983.

9. Para una descripción de OBI, véase http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_del_Bachillerato_Internacional

10. Ver, por ejemplo, la entrada de Sintetia http://www.sintetia.com/heckman-y-las-habilidades-no-cognitivas-en-la-educacion/

11. Ver el reportaje de La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20140917/54415839519/guarderias-lleida-calidad-europa.html

12. Ver el reportaje de El Confidencial sobre el colegio Montserrat de Vallvidrera http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-01-31/sor-innovacion-la-monja-que-esta-revolucionando-la-educacion-espanola_649793/

13. Ver el reportaje de ABC http://www.abc.es/sociedad/20150308/abci-jesuitas-eliminan-asignaturas-examenes-201503081254.html

14. Ver el reportaje de ABC http://www.abc.es/familia-educacion/20150327/abci-finlandia-propuesta-noasignaturas-201503261404.html

15. Según la edición de 2012 de la lista de Shanghái que elabora la Universidad Jiao Tong.

16. OECD, «Skills Beyond School: Synthesis Report», OECD Reviews of Vocational Education and Training, OECD Publishing, 2014.

17. Club de Excelencia en Sostenibilidad, Guía práctica para la implantación de metodologías de Formación Profesional dual en la empresa, 2015.

18. Culpepper, P., «Employers, Public Policy, and the Politics of Decentralized Cooperation in Germany and France», 2000, Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford University Press, 2001.

19. Lerman, R. Do firms benefit from apprenticeship investments?, IZA, World of Labor, 55:2014.

20. Fundación Bertelsmann, «Garantía Juvenil en España: ¿Qué podemos aprender de experiencias internacionales?», 2014.

Poner fin al desempleo. ¿Queremos? ¿Podremos?

César Molinas y Pilar García

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