Ceferino Reato

¡VIVA LA SANGRE!

Córdoba antes del golpe: capital de la revolución, 

foco de las guerrillas y laboratorio de la dictadura

Sudamericana

Introducción
EL LABORATORIO CORDOBÉS

¡Viva la muerte!

Lema popularizado por el general José Millán Astray, fundador de la Legión Española en 1920.

Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género humano: los Estados Unidos de Norteamérica. En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ése, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo, y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas, y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria.

Ernesto “Che” Guevara en el “Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental”, el 16 de abril de 1967.

Córdoba es una ciudad humillada y entristecida por tanta violencia, por tantas muertes inútiles, por tantos desaparecidos, por tanto miedo. Vivir se ha transformado en la aspiración más elemental de los cordobeses.

Editorial de La Voz del Interior del 15 de marzo de 1975.

El título de este libro es una variación de uno de los gritos de guerra, pero también de lucha política, de la derecha española de otros tiempos: ¡Viva la muerte!, que en realidad puede ser suscripto también desde la izquierda, como lo prueba el párrafo del Che Guevara, meses antes de su propio fusilamiento en Bolivia.

La expresión ¡Viva la sangre! busca reflejar esa glorificación de la violencia como medio para lograr fines políticos, que sedujo a tantos en la Argentina de los setenta.

Para unos, la violencia era el mejor remedio para proteger la continuidad del Estado o los cimientos de la patria, que debía ser occidental y cristiana; para otros, se trataba de la partera de una sociedad sin clases, formada por hombres y mujeres iguales y liberados de la oligarquía criolla y el imperialismo yanqui.

Para buena parte de la sociedad, una bomba, una emboscada o un secuestro formaban parte de la liturgia política, y por eso la violencia tenía una cierta legitimidad: era aceptada, en general, como un recurso político, tal como hoy sucede con un acto, una solicitada o un discurso.

Aquel clima de época alcanzó su punto culminante en la dictadura más sangrienta de la historia argentina, inaugurada por el golpe del 24 de marzo de 1976, pero se fue gestando antes, durante los cuatro gobiernos constitucionales del peronismo, que comenzaron el 25 de mayo de 1973.

Claro que la violencia política no nació allí: la historia de la Argentina está ensangrentada desde por lo menos las luchas por la Independencia, pero este libro se ocupa de una etapa particular, específica, que está formada por los tres años anteriores a la dictadura, cuando el país recuperó la vigencia de una democracia plena, sin la proscripción del peronismo y de su líder, Juan Domingo Perón.

El periodo 1973-1976 no es tan atractivo para la mayoría de los historiadores, ensayistas y periodistas, en parte porque el kirchnerismo está muy satisfecho con la imagen de aquella juventud plena de voluntad y de ideales de la cual se considera el heredero genuino y virtuoso; no le interesa que una lupa se detenga en un sujeto clave del paradigma oficial sobre los setenta y que muestre, por ejemplo, que los jóvenes que abrazaron o simpatizaron con la lucha armada no eran tan buenos ni tan puros, ni tampoco defendían los derechos humanos ni la democracia. Y la influencia del oficialismo es enorme entre quienes se dedican a investigar el pasado porque, como todo grupo político gobernante, dispone de una batería de incentivos materiales y simbólicos. Además, en la oposición, tanto dentro como fuera del peronismo, predomina en general una sensación vergonzante sobre aquella etapa, como si fuera una época en la que podrían haberse portado mucho mejor; ahora no quieren recordarla.

Sin embargo, considero que, así como es imposible comprender el vuelco a la lucha armada de tantos jóvenes dejando de lado los golpes de Estado de 1955, y especialmente 1966, no se puede abordar la última dictadura sin detenernos en los tres años anteriores de democracia peronista.

En su novela Antes del diluvio, el periodista y escritor Mario Paoletti, exiliado en España, describe los meses previos al golpe, al “diluvio”. El protagonista del libro capta desde su trabajo de periodista en la redacción de un diario porteño el avance de “dos olas” en todo el país. “Unos y otros, revolucionarios y futuros represores, se parecían en algo: todos salían a la calle con la arruga puesta”, sostiene.

Por un lado, el personaje de Paoletti detecta las “cosas nuevas” que sucedían en el país, con el Cordobazo y sus consecuencias. “Pero —agrega— pasaba algo más: la juventud se acercaba en masa a las organizaciones políticas de la izquierda, y en el peronismo crecía el ala más combativa.” Por otro lado, descubre la avanzada de una ola “gemela pero antitética, que estaba hecha íntegramente del terror y la desesperación de la derecha política, los especuladores y los militares”.

¡Viva la sangre! está ambientado precisamente en Córdoba, una ciudad que desde el Cordobazo —la insurrección popular protagonizada el 29 de mayo de 1969 por los trabajadores con la ayuda del estudiantado— era la punta de lanza del socialismo. Es que allí vivía y trabajaba el sujeto que debía hacer la revolución: la clase obrera más moderna y dinámica del país.

Córdoba era la capital de la revolución y por eso resultó un imán irresistible para los grupos guerrilleros que se postulaban como la vanguardia armada de ese proletariado destinado a dirigir la historia. Tanto fue así que las cúpulas de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) se mudaron a Córdoba y allí vivieron durante muchos meses.

La trama central de ¡Viva la sangre! transcurre en aquellos momentos, entre agosto y octubre de 1975.

El Cordobazo fue crucial para la fundación de esos grupos guerrilleros, por citar sólo a los dos más poderosos. Ambos aparecieron al año siguiente, en 1970; Montoneros, incluso, hizo su debut oficial en el primer aniversario de la revuelta popular con el secuestro del general retirado y ex presidente Pedro Eugenio Aramburu, muerto a los pocos días.

Durante aquellos años cruciales, Córdoba fue un laboratorio donde los sectores en pugna se presentaron en la esencia de sus proyectos, como paradigmas de todo lo que eran, lo que representaban y lo que querían lograr.

En ese sentido, el periodista y ex militante montonero Emiliano Costa explica que en sus compañeros cordobeses “aparecen nítidas las tres matrices” que caracterizaron a la guerrilla peronista: la Iglesia Católica, el nacionalismo y el Ejército a través del Liceo Militar “General Paz”.

Varios de los cordobeses que fundaron Montoneros a nivel nacional y que debutaron con la toma de la localidad de La Calera habían egresado de ese Liceo Militar y pertenecían a familias del patriciado cordobés, que se dividió frente a la irrupción del desafío armado de las guerrillas. Todos eran católicos: se nota la influencia decisiva de la Iglesia en la opción de esos jóvenes por la lucha armada.

Es que Montoneros nació en las sacristías y en los colegios, las universidades, las residencias estudiantiles, los campamentos juveniles y las misiones de ayuda social organizadas por la Iglesia. Me ocupo de ese tema en el Capítulo 12 y en parte del Capítulo 13.

En la violencia setentista, la Iglesia estuvo en los dos lados del mostrador: veló las armas tanto de los militares durante la dictadura como de uno de los dos grupos guerrilleros con mayor poder de fuego. Ésa puede ser la razón por la demora del Episcopado en realizar una profunda y generosa autocrítica sobre aquellos años sangrientos; es posible que los sectores conservadores y progresistas se veten recíprocamente y que, cuando por ejemplo los progresistas impulsen una mirada reflexiva sobre el apoyo a la dictadura, los conservadores les recuerden la formación en las sacristías de tantos jóvenes, incluidos algunos curas, que luego se hicieron guerrilleros.

En cambio, los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y de su brazo armado, el ERP, partieron del marxismo o del radicalismo. No fueron hijos de la Iglesia sino del Che Guevara, comenzando por su máximo líder, el santiagueño Mario Roberto Santucho. Cuando Santucho murió, en 1976, fue reemplazado por Luis Mattini. Sostiene Mattini que ellos siempre fueron más terminantes en sus opciones que los montoneros, “con una ética guevarista del revolucionario. También, claro, éramos más sectarios. No sentíamos ninguna reverencia por Perón ni por el peronismo; había también mucho gorilismo en el ERP; no era mi caso, pero muchos camaradas venían del antiperonismo”. También el Che recelaba de los grupos peronistas: “No hagas ningún acuerdo con ellos. Es demasiado riesgoso, están demasiado infiltrados”, le recomendó Guevara a su amigo Ciro Bustos en Bolivia en 1967, cuando lo envió a la Argentina a reclutar gente para su foco revolucionario. Pero montoneros y “perros” compartían el clima de la época, que aseguraba que el mundo marchaba hacia el socialismo. Me refiero a todo eso en el Capítulo 13.

Córdoba tiene una historia muy rica desde su fundación, en 1573, y ha sido siempre un polo de irradiación política. Durante los primeros siglos era un centro relevante del conservadurismo católico. Tanto fue así que en el siglo XVII, el Tribunal de la Inquisición ubicado en Lima sostuvo que era necesario instalar una réplica en Córdoba pero no en Buenos Aires, porque el puerto era una vía para el ingreso de la herejía; la iniciativa al final no prosperó, pero hasta parte del siglo XIX funcionó en Córdoba, y muy activamente, un Comisariato del Santo Oficio de la Inquisición Española. Precisamente, la “Córdoba de las campanas” es uno de los mitos más difundidos sobre la identidad cordobesa, como explica el historiador César Tcach en la Introducción del libro Córdoba bicentenaria, coordinado por él. Una Córdoba santa, clerical, patricia, conservadora, tradicionalista; un claustro protegido por sus barrancas.

Sin embargo, de esa Iglesia surgió en los sesenta una corriente de sacerdotes reformistas inspirada en el Concilio Vaticano II. Esa línea derivó en la fundación del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, cuyo primer encuentro se realizó precisamente en Córdoba.

En el plano estrictamente político, las certezas del imaginario conservador comenzaron a desdibujarse en el último cuarto del siglo XIX. Un proceso alentado por la llegada de los inmigrantes y por la fractura de la elite local, que derivó en un hito: la Reforma Universitaria de 1918, que, según Tcach, “marcó el nacimiento de un segundo mito constitutivo de la identidad cordobesa contemporánea”: la “Córdoba rebelde”, que era liberal, reformista, laica, plural, ciudadana, democrática; la ciudadela de una clase media que avanzaba hacia un horizonte infinito.

La reforma comenzó en la Universidad Nacional de Córdoba y rápidamente se extendió al país y a la región. La capital provincial siempre fue “La Docta”, la ciudad culta, de los doctores, gracias a esa universidad, fundada por los jesuitas hace cuatrocientos años, en 1613; es la casa de altos estudios más antigua de la Argentina y la cuarta del continente, y durante más de dos siglos fue la única a nivel nacional. Un faro prestigioso que, además, atraía a estudiantes de otras provincias y de países del continente. Ernesto Spedoni, abogado y militante del grupo maoísta Vanguardia Comunista, recuerda que había tantos estudiantes extranjeros que “se organizaban campeonatos de fútbol por nacionalidades: participaban Argentina, Haití, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Perú y Chile”.

Pero el contexto económico era de escasez tradicional, no sólo frente a Buenos Aires sino también con relación a otras provincias, que hacía que los cordobeses con aspiraciones dedicaran sus energías a la política nacional. Aquellos tiempos de vacas flacas terminaron, paradójicamente, con la crisis del modelo agroexportador, en 1930, que impulsó al Estado a realizar inversiones en Córdoba, como la Fábrica Militar de Aviones. Según el historiador, escritor, economista y político Esteban Dómina, esa compañía fue el puntapié inicial a un desarrollo industrial que cambió para siempre a la sociedad cordobesa, liderado desde mediados de los cincuenta por el polo automotriz.

De esa fragua industrial surgió el proletariado que sustentó el tercer mito sobre la identidad cordobesa: la “Córdoba revolucionaria”, cuna y vanguardia de las luchas de obreros y estudiantes por la liberación y el socialismo. Trabajadores jóvenes, calificados y muy bien pagos que estaban encuadrados en sus sindicatos y representados por la filial local de la Confederación General del Trabajo, que desde 1957 se caracterizó por su rebeldía, autonomía y pluralismo. “La CGT Regional Córdoba es una marca registrada, propia, original”, afirma el abogado laboralista Lucio Garzón Maceda. Y un vivero de dirigentes singulares como Agustín Tosco, Atilio López, Elpidio Torres y René Salamanca.

Precisamente, en el Capítulo 14 explico cómo y por qué ocurrió el Cordobazo, que para muchos fue la víspera de la revolución. Córdoba era una “molotov social”, dice Garzón Maceda rescatando una definición dada por John William Cooke y su esposa, Alicia Eguren, íconos del peronismo revolucionario. “Una molotov —sostiene— se compone de ingredientes comunes, a la mano de cualquiera, individualmente inocuos, pero que reunidos y agitados por manos hábiles, con una mecha que es encendida, se transforman en un explosivo poderoso. Eso fue el Cordobazo, un estallido espectacular.” Y desestima algunas falsedades inventadas con el correr de los años.

La rebeldía forma parte del ADN de los cordobeses. La capital provincial nació con esa marca: Jerónimo Luis de Cabrera levantó la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía a orillas del río Suquía desobedeciendo las órdenes expresas del virrey Francisco de Toledo, que en Lima lo había instruido para que la fundara en otro lugar. Esa insubordinación le costó la vida: perdió la cabeza, literalmente, al volver a Perú.

Muchas veces ese sello de rebeldía mediterránea, de autonomía vocacional, de dignidad indomable, la llevó a enfrentarse con la gran capital, con la ciudad puerto de Buenos Aires. El centro de la oposición a la Revolución de Mayo fue Córdoba, donde el “partido español” era relevante y se había reforzado con la mudanza de Santiago de Liniers, el ex virrey y héroe de la Reconquista; la capital de la contrarrevolución cayó derrotada y sus jefes, incluido Liniers, fueron fusilados por orden de Mariano Moreno, el secretario de la Primera Junta y líder del sector “jacobino”. En la década del veinte, uno de sus caudillos más notables, Juan Bautista Bustos, era tan federal que chocó con el centralismo porteño de Juan Manuel de Rosas. Un siglo después, mientras los radicales gobernaban a nivel nacional, en Córdoba mandaban los demócratas, un partido provincial pero más liberal que conservador. Luego, en la llamada Década Infame, los radicales Amadeo Sabattini y Santiago del Castillo encabezaron gobiernos democráticos, laicos y progresistas que todavía se veneran; Córdoba era “una isla” en un mar acechante, lleno de peligros; una imagen que siempre ha seducido a sus habitantes.

Córdoba fue un territorio complicado para el peronismo; tanto que el presidente Perón la intervino en 1947. Once años después, los radicales intransigentes ganaron las elecciones a nivel nacional y provincial, pero en 1960 el gobierno de Arturo Zanichelli fue intervenido por el presidente Arturo Frondizi; “vengo a ver cómo me degüellan mis amigos”, dijo Zanichelli al asistir a la sesión del Congreso donde le bajaron el pulgar.

Gracias a ese espíritu díscolo, Córdoba anticipó varios hechos que luego ocurrieron a nivel nacional, con lo cual se ganó la fama de “meridiano político del país”. Un ejemplo: el golpe contra Perón, en 1955, que comenzó en esa provincia en el marco del conflicto entre el peronismo y la Iglesia Católica y bajo el lema “Cristo Vence”. Al principio, pocos creían que una revuelta tan focalizada podría afectar al gobierno nacional; allí surgió la imagen de “Córdoba, la heroica”, que había derribado a “la tiranía”.

La otra marca de los cordobeses es el humor. “Acá estoy para decir lo que se me antoja, ¿o no?” fue el lema de la revista Hortensia (1971-1989), dirigida por el talentoso Alberto Cognini. Se trata de una manera de encarar la vida y las relaciones humanas.

—¿Qué quiere tomar? ¿Fernet, vino o whisky?, me preguntó el ex diputado y ex secretario de Interior Teodoro Funes, uno de mis entrevistados, apenas me senté en el living de su departamento, que da frente al comité central del radicalismo.

—¿Qué contestaría un cordobés?

—Un cordobés contestaría: “En ese orden”… Y le pido mil disculpas: ¡un peronista como yo viviendo frente a la Casa Radical! ¡La decadencia a la que hemos llegado!

Córdoba es una sociedad compleja, atravesada por varias identidades y diversas líneas ideológicas y políticas. En tiempos relativamente normales, ese humor ayuda a la tolerancia y al pluralismo, señala uno de sus hijos ilustres, el artista plástico Antonio Seguí: “Existe el diálogo, se da mucho el diálogo entre los cordobeses. Me pasa de tratar con gente que está en otra vereda de la que estoy yo, pero con la que puedo hablar, incluso de política. El humor le permite a uno salirse por la tangente en ese tipo de discusiones”.

Luis Mattini destaca uno de los rasgos del humor cordobés: refleja un “proverbial y envidiable sentido de la observación”. Y eso era peligroso a la hora de elegir pseudónimos o nombres de guerra. “Los militantes cordobeses ponían sobrenombres originales, que resultaban ‘quemantes’. Recuerde que a Eduardo Angeloz, el ex gobernador de Córdoba, le decían ‘Lavarropas’; por mi parte, he conocido a un tal ‘Calefón’ y hasta a un ‘Cara de Revólver’.” Es de no creer y, sin embargo, cuando uno observaba con atención, se daba cuenta de que cada uno de ellos tenía, respectivamente, cara de lavarropas, de calefón y de revólver.”

Córdoba fue un bastión del PRT-ERP. El Partido tenía una fuerte presencia en las fábricas de punta y el ERP apuntalaba esa política con acciones militares; contaba con una unidad de combate emblemática: la compañía “Decididos de Córdoba”, cuyo jefe era Enrique Haroldo Gorriarán Merlo. Su poder de fuego resultaba notable: el 20 de agosto de 1975, al frente de más de doscientos militantes, Gorriarán Merlo encabezó un ataque simultáneo contra cuatro dependencias de la Policía de Córdoba: la Jefatura —ubicada en el edificio del Cabildo, frente a la plaza San Martín—, el Departamento Informaciones (D-2), el Comando Radioeléctrico y la Guardia de Infantería. Murieron cinco policías y uno de los guerrilleros, y hubo ocho policías y trece transeúntes heridos. En total, en 1975 fueron muertos veinticuatro policías por razones políticas, entre ellos doce agentes. Dedico el Capítulo 3 a este hecho.

¡Viva la sangre! comienza los días previos a ese ataque, cuando personal del D-2, que concentraba la lucha contra las guerrillas, detuvo a los jefes de Montoneros en Córdoba y en nueve provincias del noroeste y Cuyo, y a dos de los ocho miembros de su cúpula nacional, Marcos Osa tinsky y Horacio Mendizábal. Osatinsky, uno de los jefes guerrilleros más conocidos y respetados, propuso una tregua durante dos meses, que fue aceptada jubilosamente por la Policía y por el interventor de la provincia, el brigadier mayor retirado Raúl Lacabanne (Capítulos 1 y 2).

El ataque del ERP rompió esa tregua y selló la suerte de Osatinsky, que murió al día siguiente, el 21 de agosto, cuando, según la Policía, un grupo guerrillero intentó liberarlo. Pero una fuente me aseguró que, en realidad, fue fusilado en un intento de fuga fraguado, una simulación que sería bastante común en esa ciudad al año siguiente, durante los primeros meses de la dictadura. A los pocos días, cuando era trasladado a su ciudad natal, San Miguel de Tucumán, el ataúd con el cadáver de Osatinsky fue robado por un grupo dirigido por el jefe del D-2, el inspector mayor Raúl Telleldín, y el capitán Héctor Vergez, que era el enlace entre el Ejército y la Policía. Tiraron el cuerpo en un aljibe abandonado en Barranca Yaco, cerca del monolito que recuerda la emboscada fatal contra el caudillo federal Facundo Quiroga, al grito de: “¡Vamos a hacerlo nacionalista!”. Me ocupo de este tema en el Capítulo 5.

El D-2 era también un centro de torturas, según las denuncias de los detenidos y sus abogados, ratificadas por las sentencias de los juicios a militares y policías por violaciones a los derechos humanos. En el Capítulo 4 me refiero a un personaje que parece salido de una película: Carlos “Charlie” Moore, un ex guerrillero que en treinta y cinco años pasó de traidor condenado a muerte por el ERP a testigo estrella de esos juicios. Charlie Moore vivió durante seis años en una minúscula celda del D-2 junto con su esposa, que también estaba detenida. Colaboró con la Policía en un alcance y una intensidad que varían sustancialmente según se lo consulte a él o a ex detenidos, que señalan que los interrogaba e incluso les pegaba. Sus testimonios por videoconferencia desde Inglaterra, donde vive, fueron validados por la justicia, incluso en el caso del asesinato de un comisario retirado: Charlie Moore aseguró que había sido muerto por policías del D-2 porque se oponía a la represión ilegal; su testimonio resultó más creíble para el gobierno nacional y la justicia que la revista Evita Montonera, el órgano oficial de la guerrilla peronista, que había reivindicado expresamente la autoría de esa emboscada. A fines de enero de 2013, el comisario José Elio Robles figuraba como víctima del terrorismo de Estado, y su familia estaba en condiciones de reclamar la indemnización prevista para esos casos.

Charlie Moore convivió con Osatinsky, Mendizábal y los otros montoneros detenidos. Mendizábal, que luego sería el jefe del Ejército Montonero, tenía un rango superior al de Osatinsky, pero los policías cordobeses no lo conocían y nunca se dieron cuenta del nivel del “Vasco”, “Flaco”, “Hernán” o “Lauchón” hasta que logró fugarse, el 4 de febrero de 1976, cuando estaba por declarar en el juzgado federal. Mendizábal y su pareja, Sara Zermoglio, inspiraron la película Infancia clandestina, dirigida por el hijo de Zermoglio, Benjamín Ávila. Es el tema del Capítulo 6.

Córdoba era un infierno de violencia. Antonio Seguí había viajado desde París, donde vive desde hace años, para acompañar a su mamá, que se había quedado viuda: “Recuerdo que un día a mi madre, mientras paseaba con uno de mis hijos por el jardín, la picó una víbora y tuve que salir corriendo a buscar suero antiofídico. Para eso fue necesario atravesar toda la ciudad. ¡Un delirio total! Me pararon no sé cuántas veces; dos de ellas me hicieron tirar al suelo durante quince minutos; todos estaban armados hasta los dientes. Y el último trayecto hasta el hospital lo hice prácticamente bajo una balacera”.

El Capítulo 7 está dedicado a un caso dramático: el fusilamiento de Fernando Rubén Haymal, alias Valdés, un montonero que había sido apresado por la Policía y que, luego de noventa y seis horas de interrogatorio, reveló la dirección de una de las principales “casas operativas” de esa organización político-militar en Córdoba. La conocía bien porque había participado en la construcción de una “cárcel clandestina” para los secuestrados y de “embutes” (escondites) para guardar documentos, dinero y armas. Quince guerrilleros fueron detenidos allí, Osatinsky y Mendizábal entre ellos. Haymal fue condenado a muerte por sus ex compañeros de Montoneros: no sólo la sentencia fue cumplida prestamente, una vez que la víctima fue liberada por la Policía, sino que los ejecutores arrastraron su cuerpo por la calle desde un automóvil, a la vista de todos, como en una tragedia griega.

Pero el caso Haymal no terminó con su muerte: si bien fue ejecutado por Montoneros, su nombre figura en los anexos del Nunca Más, actualizados durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, y en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, en la Costanera porteña. Además, sus familiares cobraron la indemnización prevista en estos casos, 224 mil pesos hace once años. Su hijo menor, Marcos, nació un mes después de su muerte y fue bautizado así en honor a Osatinsky. Marcos Haymal creyó que su papá había sido muerto por la represión ilegal hasta que supo la verdad y dejó de militar en HIJOS. No es el único caso polémico en la nómina de víctimas del terrorismo de Estado. Según los dos únicos listados oficiales que se conocen, los desaparecidos y muertos en la última dictadura suman entre 7.158 y 7.664 personas, una cantidad enorme, una matanza atroz, pero no son las 30 mil personas que siguen mentando el gobierno y las organizaciones de derechos humanos. Si tenemos en cuenta sólo a los desaparecidos, sin los muertos, fueron 6.415 personas.

Mientras tanto, las leyes sancionadas durante el menemismo para reparar con dinero las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura siguen siendo “estiradas” en el Congreso por el oficialismo, con el respaldo de buena parte de la oposición, y ya cubren a todos los muertos desde las bombas arrojadas sobre Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. En todos estos años, la indemnización aumentó: podemos calcular que en abril de 2013 ascendía a 1.691.208 pesos, aunque la cantidad exacta no se puede saber porque la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no informa sobre eso. A este tema me refiero en el Capítulo 8.

En 1975, Córdoba era el lugar del país donde se registraba mayor cantidad de secuestros, realizados no sólo por grupos guerrilleros. El caso emblemático fue el del cónsul de Estados Unidos, John Patrick Egan, de 62 años, capturado el miércoles 26 de febrero de aquel año por un comando montonero. El gobierno peronista se negó a negociar y el cadáver de Egan fue encontrado dos días después. El desenlace provocó una crisis con Estados Unidos, cuya diplomacia era encabezada por Henry Kissinger. Egan fue el único diplomático muerto por un grupo guerrillero en la Argentina, y su secuestro, pensado para castigar al “imperialismo yanqui”, es el tema central del Capítulo 9.

Egan habría estado cautivo en la “cárcel del pueblo” construida en la casa donde capturaron a Osatinsky y a otros jefes montoneros; en ese lugar funcionaba como cobertura una empresa de importaciones y exportaciones, donde la supuesta secretaria era Diana Fidelman, de 23 años, que había nacido en Avellaneda, en el seno de una familia de fuerte tradición judía y de buena posición económica. “La Gringa” fue la única mujer muerta en un fusilamiento de seis presos, ocultado bajo la simulación de una fuga, casi dos meses después del golpe de 1976; en total, en apenas cinco meses fueron muertos de esa manera veinticinco presos. Según explicó Jorge Rafael Videla en mi libro Disposición Final, esas “ejecuciones sumarias” ocurrieron antes de que su dictadura llegara la conclusión de que las desapariciones eran “la mejor solución para eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas”. Me ocupo de esos fusilamientos en el Capítulo 10.

El Capítulo 11 se refiere al Comando Libertadores de América, un grupo paraestatal que habría sido creado por orden del propio general Luciano Benjamín Menéndez, que desde fines de agosto de 1975 era el jefe del Tercer Cuerpo. A diferencia de la Triple A, los Libertadores de América estaban vinculados orgánicamente a la guarnición local del Ejército y anticiparon casi a la perfección la forma de operar de los grupos de tareas de la dictadura, incluso con un centro de detenidos, el Campo de La Ribera. Según mis fuentes, Menéndez tomó esa decisión en octubre de 1975, luego del ataque de Montoneros a un cuartel en Formosa y en pleno gobierno de Isabel Perón; hasta ese momento, varios grupos combatían de manera ilegal a las guerrillas: la guardia armada que el interventor Lacabanne llevó desde Buenos Aires; los nacionalistas cordobeses, siempre listos para la contrarrevolución, y los “ejércitos privados” de los sindicatos, entre otros. Siempre de acuerdo con mis informantes, “Cachorro” Menéndez condujo la “guerra contra la subversión” desde casi seis meses antes del golpe. Era un furibundo anticomunista; tanto que en enero de 1975 desairó un pedido de Videla —que ya era el jefe del Ejército y contaba con el respaldo del Partido Comunista— para liberar a un miembro del PC y sindicalista de Luz y Fuerza, Juan Caffaratti.

La represión ilegal dio un salto evidente en Córdoba a partir de octubre de 1975. Los desaparecidos no comenzaron, ciertamente, con la dictadura, y Córdoba es la mejor prueba: según el Nunca Más, hubo 83 desaparecidos entre 1969 y el golpe del 24 de marzo de 1976; de ellos, 69 (el 83 por ciento) fueron detenidos o secuestrados luego de octubre de 1975.

Una de las hipótesis de este libro es que luego del retorno del peronismo al gobierno, en 1973, Córdoba se convirtió en el centro estratégico del tablero político nacional; en el lugar donde, por ejemplo, se definió la crucial disputa entre el general Perón y los Montoneros por la conducción del peronismo, del gobierno y del país, a la que dedico los Capítulos 15 y 16.

Perón juró como presidente por tercera vez el 12 de octubre de 1973; cinco días después, Mario Firmenich y Roberto Quieto encabezaron un masivo acto en el centro de Córdoba para presentar en público la fusión entre Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias; el gobernador, Ricardo Obregón Cano, no fue pero envió su adhesión. Al poco tiempo, los colectiveros, que respondían al vicegobernador Atilio López, impugnaron el congelamiento salarial dispuesto por el pacto social y económico entre el Estado, los sindicatos y los empresarios, que era la pieza central del plan de gobierno de Perón y de la llamada “Patria Peronista”.

Es que Obregón Cano y Atilio López eran aliados de Montoneros, y el gobernador, además, emergía como un sólido candidato presidencial ante la eventual muerte de Perón, con la que especulaban todos, dentro y fuera del peronismo.

Montoneros ya no era la “juventud maravillosa” de Perón, que seguía siendo, básicamente, un hombre de orden, convencido de la necesidad de garantizar por cualquier medio la continuidad del Estado, uno de cuyos atributos es el monopolio de la violencia física legítima; desde ese punto de vista, no podía tolerar el desafío armado de la guerrilla ni a sus aliados, presuntos o reales. Y reaccionó con una maniobra que sigue turbando a muchos peronistas cordobeses: por lo menos, alentó la rebelión del jefe de Policía, el teniente coronel retirado Antonio Navarro, contra Obregón Cano y López, que habían sido elegidos hacía menos de once meses. El “Navarrazo” consistió en la detención del gobernador y el vice por parte del jefe de Policía; Perón aprovechó el vacío creado y derivó al Congreso un proyecto de ley para intervenir el Poder Ejecutivo provincial, que fue aprobado en una semana.

El General envío un interventor moderado, el catamarqueño Duilio Brunello; pero luego de su muerte, el 1° de julio de 1974, cuando el poder político pasó a su esposa, Isabel Perón, y al hombre fuerte del nuevo gobierno, José López Rega, las cosas cambiaron: Brunello fue reemplazado por Lacabanne, una expresión nítida, paradigmática, de la ultraderecha peronista, casi en el borde del heterogéneo Movimiento Justicialista creado por Perón. Al final, también él fue desplazado, el 19 de septiembre de 1975, luego de la caída de López Rega. El general Menéndez, que ya se perfilaba como el nuevo hombre fuerte de la provincia, fue designado como interventor interino por el gobierno peronista para evitar otro Cordobazo, hasta que asumió el último delegado federal antes del golpe, Raúl Bercovich Rodríguez.

La pelea dentro del peronismo terminó favoreciendo a Menéndez y a las fuerzas que lo iban construyendo como alternativa de poder, y allanó el camino para el golpe de Estado. También en esto Córdoba resultó un reflejo anticipado del país.

Muchas personas colaboraron para que este libro fuera posible. Agradezco a Patricia Veltri, Ariel Bogdanov y Diego Marconetti por sus entrevistas en Córdoba; además, contribuyeron con sugerencias y observaciones muy oportunas. El personal de Random House Mondadori, siempre tan eficiente y amable, me ayudó desde el primer momento; en especial, agradezco a las editoras Florencia Cambariere y Fernanda Longo.

Capítulo 1
CITA A CIEGAS

Era la casa donde paraba Mario Firmenich cuando iba a Córdoba. Y Firmenich iba mucho porque su mujer es de Villa Allende. Entonces, durante el tiempo en el que Marcos Osatinsky (el jefe de Montoneros en Córdoba y las provincias del noroeste y Cuyo) vivió en mi casa, a veinte metros, cruzando la calle, estaba la casa a la que iba Firmenich.

El abogado laboralista cordobés Lucio Garzón Maceda.

Mario Roberto Santucho fue el más cabal heredero del Che Guevara. El Ejército Revolucionario del Pueblo siempre fue más terminante en sus opciones que Montoneros, con una ética guevarista. También, claro, éramos más sectarios. No sentíamos ninguna reverencia por Perón ni por el peronismo; había también mucho gorilismo. En las elecciones de 1973, Benito Urteaga estaba convencido de que el radicalismo ganaría, Mauro Gómez opinaba lo mismo y Santucho, con menos seguridad, también se inclinaba a favor de los radicales.

Luis Mattini, el último jefe del PRT-ERP.

Socialista sin partido, aristócrata de cuna, abogado de los sindicatos peronistas que protagonizaron el Cordobazo y otras rebeliones populares, con amigos en las guerrillas, la universidad, la justicia y la política, Lucio Garzón Maceda estaba, como siempre, de buen humor aquel lunes 11 de agosto de 1975 por la mañana, cuando el más joven de sus discípulos, Carlos Altamira, entró agitado a su despacho con el teléfono en sus manos, a la altura del pecho.

—Doctor Lucio, es Marcos Osatinsky.

Garzón Maceda y su socio, Gustavo Roca, se miraron sorprendidos.

—¿Marcos Osatinsky? Pero si está preso —soltó Roca, hijo del ilustre Deodoro Roca, líder de la Reforma Universitaria de 1918, que Córdoba contagió a la Argentina y a toda América latina con las banderas de la modernización, la autonomía y el cogobierno en la educación superior. Un episodio singular de la larga y sinuosa lucha entre la Córdoba laica, rebelde y liberal, y la Córdoba clerical, tradicional y conservadora.

—¡No puede ser Marcos! Si todavía lo tienen incomunicado en el D-2 —coincidió Garzón Maceda; se refería al Departamento Informaciones de la Policía de Córdoba, ubicado detrás del edificio del Cabildo, frente a la plaza San Martín, en el centro histórico de la ciudad. La represión a los grupos guerrilleros estaba todavía en manos de la Policía y a cargo del D-2, que utilizaba métodos que, según los detenidos y sus abogados, incluían la tortura en sus formas más variadas y crueles.

—¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Roca.

—Vamos a averiguar de qué se trata esto.

Garzón Maceda alzó el tubo y de inmediato reconoció la voz de su amigo, “El Pelado” Osatinsky, un contador tucumano entrenado en Cuba que con 41 años era uno de los jefes más famosos de las guerrillas. Tenía una sólida formación marxista y había sido secretario general del Partido Comunista en Tucumán hasta mediados de los sesenta; casi diez años después, en 1975, estaba instalado en Córdoba, donde era el jefe de Montoneros, la guerrilla de origen peronista.

—Soy yo, Marcos.

—Sí, sí, ¿qué te hace falta?

—Te llamo por esto: quiero que vengan a verme vos y Gustavo.

—¿Cómo es eso?

—Sí, sí, me pueden venir a ver acá, al D-2.

—Bueno, vamos mañana por la mañana, ¿te parece?

—Me parece muy bien. Pero eso sí: tráeme una pomada para quemaduras, una camisa, medias y un calzoncillo.

Apenas cortó, Garzón Maceda, Roca y los empleados del estudio jurídico trataron de descifrar qué es lo que les había querido transmitir “El Pelado”. Hasta que llegaron a una conclusión: no había ningún mensaje oculto en el inesperado diálogo telefónico, y se prepararon para visitar al amigo, nada menos que en la madriguera de la represión.

El estudio jurídico de Garzón Maceda y Roca, quien murió en 1991, era muy conocido; estaba ubicado en el centro de la ciudad, donde se concentraban todas las actividades públicas y comerciales de la capital provincial y donde más retumbaban las movilizaciones de los obreros y los estudiantes, así como la violencia política, protagonizada por un enjambre de grupos armados: los montoneros; el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP); otras guerrillas menores como las Brigadas Rojas; la Policía; la guardia porteña que acompañaba al interventor de la provincia, el brigadier mayor retirado Raúl Lacabanne; los sindicatos, y los embriones del Comando Libertadores de América, creado en la misma fragua de la Triple A, aunque con características propias como su estrecho vínculo con la poderosa guarnición local del Ejército, el Tercer Cuerpo.

Casi cuarenta años después, en su departamento en la Recoleta porteña, al lado del Alvear Palace Hotel, Garzón Maceda recuerda que era socio de Roca en el alquiler del inmueble y en el funcionamiento general del estudio, pero “cada uno hacía lo propio de cada uno. Yo, por ejemplo, estaba totalmente volcado a los sindicatos. Gustavo tenía una relación muy fluida con las organizaciones armadas: era lo que podríamos llamar una especie de intelectual orgánico de esas organizaciones. Era conocido del Che”.

También Garzón Maceda conoció a Ernesto Guevara, cuando la familia del Che se mudó a Alta Gracia primero y a la ciudad de Córdoba después: “Yo vivía con mis padres en la calle Chacabuco 1181, una cuadra antes de la Casa de las Tejas, que hasta hace poco fue la sede de la gobernación, y los Guevara vivían a una cuadra de allí. Lo veía al Che con alguna frecuencia; ¡era un loco de mierda! Usaba zapatos de distintos colores, todo parecía importarle tres carajos, era medio anarco”.

Gustavo Roca siguió viendo a Guevara luego del triunfo de los revolucionarios cubanos: en 1961, viajó a Cuba y allí entabló una sólida relación con su ex vecino. “Gustavo —sostiene Garzón Maceda— tenía un poco la representación de algunos grupos y se hicieron amigos. Gustavo también se hizo amigo de Jorge Masetti”, un periodista argentino que por encargo del Che Guevara había fundado y dirigido la agencia de noticias de la Revolución Cubana, Prensa Latina, al frente de colegas como Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh y Rogelio García Lupo.

Masetti dejó el periodismo por la revolución, participó en la defensa de Playa Girón contra los invasores estadounidenses y combatió en Argelia contra los franceses; más importante aún, el 21 de septiembre de 1963 cruzó a la Argentina desde Bolivia al frente del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP): quería instalar un foco revolucionario en Salta, desde donde pensaba incendiar al capitalismo y a la “democracia burguesa” en nuestro país; había cambiado su nombre por el de “Comandante Segundo”, dado que el “Comandante Primero” era su amigo y compatriota Ernesto Guevara, quien se haría cargo del EGP una vez que el grupo se hubiera asentado como vanguardia en la selva salteña, en Orán.

El Che, con la ayuda de Fidel Castro y del estado cubano, fue el verdadero jefe y organizador del EGP, el primer grupo guerrillero con el cual quiso llevar la revolución socialista fuera de Cuba, a la Argentina: el “destino socialista” de su país era una obsesión que le duraría toda su corta e intensa vida, ya que entendía que estaban dadas todas las “condiciones objetivas y subjetivas” para hacer la revolución. Además, el Che pensaba que sólo si se tomaba el poder también en un país como la Argentina, con peso económico y político en la región, Cuba podría resistir los embates de Estados Unidos; se trataba de romper el cerco del “imperialismo yanqui”.

Aquel Ejército del Che marcó el camino a las organizaciones armadas que florecerían en nuestro país pocos años más tarde, con Montoneros y el ERP a la cabeza. Dos fueron los principales legados guevaristas: “el foco” y “el hombre nuevo”. Por un lado, la creencia de que bastaba con un pequeño núcleo de combatientes para derrotar al ejército de un país afectado por una intensa y sufrida desigualdad social; esta distorsión terminaría por inclinar a la población en favor del foco revolucionario, en virtud de un hecho inédito: acción concreta, lucha en lugar de promesas, de palabras. Por otro lado, el convencimiento de que la lucha armada daría lugar a un hombre nuevo, despojado de los vicios y egoísmos personales inoculados por el liberalismo burgués y el capitalismo, provisto de una ética superior, moldeado por el sacrificio y la entrega a una causa justa e irrenunciable: la construcción de una sociedad mejor, sin clases sociales, sin explotadores ni explotados. Aunque esa entrega significara una muerte más que probable, como el Che les había dicho en La Habana al despedirlos: “Hagan de cuenta, desde ahora, que ya están muertos. Lo que vivan de aquí en adelante será de prestado”.

Garzón Maceda cuenta que en el estudio que compartía con Roca colaboraron intensamente con el ejército del Che: “Nosotros incluso tuvimos durante mucho tiempo a una persona que se llamaba Ciro Bustos, un mendocino que dibujaba muy bien y que también había viajado a Cuba en 1961 fascinado por la Revolución Cubana. Un muy buen tipo, un fenómeno, muy amigo del Che. El estudio era un poco tierra de nadie; yo no lo sabía, pero Gustavo debe haber sabido que a Ciro Bustos lo habían mandado de Cuba para preparar ese ejército, porque se prepara un poco en el estudio con todos los cordobeses que apoyaban, como Pancho Aricó, que quería subir a la selva, y el filósofo Oscar del Barco. Personalmente, yo antes, durante y después estuve en contra; yo era un sindicalero: con los sindicatos y con las masas, todo lo que quieran; ahora, el grupo, el círculo, el foco, ¡déjenme de joder! En el estudio se reunían y se hacían también los uniformes, y a mí me parecía que era una locura hacer la revolución así”.

Ciro Bustos había sido enviado por Masetti para organizar una serie de contactos en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza; en Córdoba logró, por un lado, el respaldo de intelectuales influyentes como José María Aricó, Oscar Del Barco, Héctor Schmucler y Samuel Kiczkowski, quienes habían fundado Pasado y Presente, una prestigiosa revista marxista, crítica de las posturas del Partido Comunista, y por el otro, la incorporación al Ejército Guerrillero del Pueblo de un grupo relativamente numeroso de jóvenes al mando de Héctor Jouvé, que aceptaron su invitación a “subir a la selva” de Orán, en la frontera con Bolivia.

De esta manera, Córdoba se convirtió rápidamente en el centro de la red urbana que apoyaba al ejército del Che. En sus diálogos con los intelectuales cordobeses, Ciro Bustos demostraba una fe ciega en su jefe, a tono con el clima de la época: “De Orán, el Che va a pasar por Salta y luego va a tomar Tucumán; allí nos haremos más fuertes y seguiremos hasta tomar Córdoba, para luego avanzar sobre la ciudad de Buenos Aires y tomar el poder político a nivel nacional”. Para Bustos, y también para sus interlocutores, el Che era el as en la manga, el líder que haría que las masas se levantaran y definieran la disputa en favor de lo nuevo, del cambio, de la revolución.

El intento del Che de crear un foco revolucionario en la Argentina terminó rápido y mal para los guerrilleros: en abril de 1964, en pleno gobierno del radical Arturo Illia, el austero médico de Cruz del Eje, el EGP fue desarticulado por la Gendarmería; en realidad, fueron vencidos por el hambre, la sed y la falta de pericia para moverse en un terreno desconocido; casi no pelearon contra las fuerzas de seguridad. Masetti se internó en la selva y nunca más apareció.

Antes de todo eso, Masetti había ordenado el fusilamiento de dos combatientes —Adolfo “Pupi” Rotblat, estudiante, 25 años, y Bernardo Groswald, empleado bancario, 19 años—, por “degradación moral y mal ejemplo”. No se habían podido adaptar a la guerrilla rural: se retrasaban en las caminatas, ni siquiera aprendieron a hacer un fuego, sus compañeros temían que en cualquier momento se entregaran a la Gendarmería y los delataran. Fueron fusilamientos preventivos, un modo de desembarazarse de dos jóvenes que se habían convertido en una carga y que podían traerles problemas mayores.

Ciro Bustos se enteró del “ajusticiamiento” de “Nardo” Groswald cuando volvió de uno de sus viajes a Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. Lo sorprendió la noticia, porque había bajado a Córdoba precisamente para encontrarle un trabajo seguro a Groswald, como administrador de un campo de Gustavo Roca. “La mentalidad fascista triunfó y acertó otro golpe mortal a la utopía liberadora. Porque el fascismo es una mentalidad antes que una ideología; la mentalidad del ejercicio del poder omnímodo contra el individuo supeditado al mismo. No es patrimonio de la derecha ni ajena a la izquierda. El poder como herramienta de coerción, de chantaje, de humillación, de crimen”, dice Ciro Bustos en su libro El Che quiere verte.

Garzón Maceda cuenta que los cordobeses que se incorporaron al EGP “eran chicos macanudos; cuando los meten presos, desde el estudio se los defendió y fuimos dos o tres veces a la cárcel en Salta; uno de los presos era cubano, pero no se habían dado cuenta de eso, y me acuerdo que se les preparó el pasaporte. En uno de los viajes llevamos una máquina fotográfica para sacarles fotos, porque en esa época se falsificaban más fácilmente los pasaportes y todas las demás cosas. Por ejemplo, (el ex secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis) Duhalde era un falsificador de pasaportes de primera; tenía todo un equipo. Duhalde es un santo de mi devoción: gracias a él, yo pude salir del país al comienzo de la dictadura, en abril de 1976, porque ni el Ejército Revolucionario del Pueblo ni Montoneros quisieron darnos pasaportes a mí y a Gustavo. Decían que los pasaportes eran para los combatientes”.

El cubano preso en la cárcel de Salta era Alberto Juan Castellanos, chofer, custodia y hombre del círculo íntimo del Che; tanto era así que Guevara se había casado en la casa de Castellanos con Aleida March el 2 de junio de 1959; asistió la plana mayor de la Revolución, encabezada por Fidel y Raúl Castro. Al ser detenido en la Argentina, se hizo pasar por un anónimo estudiante peruano hasta su liberación, en diciembre de 1967. El Che lo había enviado junto a otros cubanos de su confianza, aunque la mayoría de la treintena de miembros del EGP eran argentinos.

“Estábamos creando las condiciones para cuando él llegara. Teníamos órdenes de tratar de no combatir, explorar el terreno y no incorporar a ningún campesino mientras no estuviéramos combatiendo. Si el Che hubiera llegado a la Argentina, o nos mataban a todos o terminábamos haciendo una gran revolución aquí. Él tenía una gran confianza en la juventud. Ustedes estaban muy politizados y lo hubieran seguido sin dudar”, dijo Castellanos al diario Página/12 el 12 de diciembre de 2011, cuando volvió a nuestro país para participar de un documental sobre aquel ejército del Che.

Cuando supo de la derrota del grupo dirigido por Masetti, el Che hizo llamar a Ciro Bustos a La Habana, a su despacho de ministro de Industria, para que le informara qué había pasado. “No podía creer que en una selva llena de animales se pudiera morir de hambre; sin pelear, además”, cuenta Bustos, que viajó junto a Pancho Aricó. El Che le ordenó que mantuviera funcionando la red urbana de contactos que había creado en la Argentina, aunque “dormida”.

También Roca viajó a Cuba luego del desastre del EGP, a fines de 1964, y fue recibido por el Che: “Ese tema lo golpeó durísimo”, sostuvo el visitante, según uno de los biógrafos de Guevara, Paco Ignacio Taibo II. Roca siguió siendo abogado de grupos guerrilleros; su socio y amigo Garzón Maceda lo define de esta manera: “Él era el abogado más reconocido, ‘legal’, de la subversión, diríamos así”.

En 1975, Garzón Maceda y Roca conocían muy bien a Osatinsky. El año anterior, el jefe guerrillero los había llamado por teléfono al estudio desde una estación de servicio y mientras viajaba desde Buenos Aires para instalarse en Córdoba, enviado por Montoneros. “Yo era muy amigo de Osatinsky, pero muy amigo —recuerda Garzón Maceda. En ese llamado me pregunta si no habían dejado en el estudio, a Gustavo o a mí, algún mensaje para él. Yo le digo: ‘No, la verdad que no’; me contesta: ‘Entonces, tengo un problema, no tengo dónde ir a dormir esta noche’. Le digo: ‘Bueno, me parece un desastre’, y le ofrecí que se quedara en mi casa en Villa Allende, una casa secundaria que tenía yo, pero a la que no iba desde hacía varios meses porque allí me sentía inseguro. Vea la precariedad con que fue Osatinsky a Córdoba: no le habían asignado ni una casa, y estuvo viviendo ahí, en Villa Allende, casi seis meses, y después se fue a una casa operativa de Montoneros, creo que quedaba en el barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba.”

Los cordobeses de buena posición solían tener una casa de fin de semana en Villa Allende, una ciudad de unos treinta mil habitantes ubicada diecinueve kilómetros al noroeste de la capital; los atraían el aire puro de las sierras, el espléndido marco natural, la calma pueblerina, la cancha de golf y los restaurantes y bares. Un paraíso serrano.

Sostiene Garzón Maceda que su casa estaba ubicada frente a la del escribano Eduardo De Breuil, cuyos tres hijos habían sido apresados con Osatinsky porque también pertenecían a Montoneros, “yo supongo que por la vía de la religión. El papá era un escribano conocido, un hombre pacífico que cortaba el cerco, apolítico totalmente. Era la casa donde paraba Mario Firmenich cuando iba a Córdoba. Y Firmenich iba mucho porque su mujer es de Villa Allende. Entonces, durante el tiempo en el que Osatinsky vivió en mi casa, a veinte metros, cruzando la calle, estaba la casa a la que iba Firmenich”, el número 1 de Montoneros a nivel nacional.

Montoneros había divido el país en regiones, copiando casi la organización territorial del Ejército. Osatinsky llegó a Villa Allende con toda su familia, que militaba con él: su esposa, Sara Solarz, “Quica”, y sus dos hijos adolescentes, Mario y José, para hacerse cargo de la jefatura de la Regional Córdoba, formada por Córdoba y las provincias de Cuyo y el noroeste. “¡Hasta el loro traía! Marcos era simpatiquísimo, muy cariñoso, muy sentimental, pero un cuadro militar duro. Era un fierrero de primera, uno de los mejores tiradores que había. Yo nunca vi tantas armas bajadas de un automóvil como las que vi bajar aquella vez, cuando llegó a Villa Allende”, cuenta Garzón Maceda.

A diferencia de Firmenich y de otros compañeros de Montoneros, de la Organización o la “Orga”, como le decían sus miembros, Osatinsky no venía del catolicismo ni del nacionalismo sino del marxismo puro y duro, aunque le había ocurrido lo que a tantos jóvenes en los sesenta: se había desilusionado con el Partido Comunista y esa ortodoxia marxista que llevaba al PC a rechazar la lucha armada en la Argentina con el argumento de que todavía no habían madurado en el país las condiciones económicas y sociales para que el capitalismo fuera superado por el comunismo. En cambio, Osatinsky y los disidentes pensaban que la Revolución Cubana demostraba que no era necesario esperar tanto.

Los jóvenes que masivamente se volcaron a la lucha armada en la segunda mitad de los sesenta no sabían bien cómo sería esa nueva sociedad, ni tampoco conocían todos los pasos para llegar a la tierra prometida. Harían camino al andar, aunque imaginaban la toma del poder a través de una revolución al estilo cubano, de la cual surgiría, en un primer momento que podía durar años o décadas, una dictadura para expropiar todos los medios de producción, requisito indispensable para arribar a una sociedad sin clases, al comunismo.

Por todo eso, Osatinsky rompió en 1966 con sus camaradas del PC tucumano y, junto a su esposa, viajó a Cuba: quería recibir entrenamiento militar y participar del nuevo intento del Che para tomar el poder en nuestro país. No pudo hacerlo porque Guevara fracasó rápidamente y fue fusilado en Bolivia el 9 de octubre de 1967; Osatinsky y otros admiradores del Che que también habían roto con el PC fundaron dos años después las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), encabezadas por Carlos Olmedo, un lúcido y carismático filósofo con posgrado en la Sorbona que se había convencido de que sólo llegarían al socialismo dentro del peronismo.

Las FAR se presentaron en sociedad el 30 de julio de 1970 con la toma de la localidad de Garín, en el norte del Gran Buenos Aires, un impactante operativo en el que participaron treinta y seis personas y que incluyó el robo (“recuperación” o “expropiación” en el lenguaje guerrillero) de la sucursal del Banco Provincia, donde mataron al custodia, el cabo primero Esteban Sullings. Osatinsky, con el nombre de guerra Lucio, fue uno de los planificadores del copamiento y dirigió el copamiento de la comisaría; algunos autores, como Juan Bautista Yofre, señalan a su esposa, “Quica” de Osatinsky, como la autora de los disparos contra Sullings. Fue el primer ataque “firmado”, reconocido, por las FAR, que ya había hecho otros antes de darse a conocer, en una suerte de puesta a punto, como el incendio el 26 de junio de 1969 de catorce locales de la cadena de supermercados Minimax, en repudio de la visita al país de uno de sus dueños, el magnate Nelson Rockefeller.

En diciembre de 1970, las FAR difundieron un reportaje realizado a Olmedo por un entrevistador anónimo, que ahora se sabe fue el poeta, escritor y periodista Francisco “Paco” Urondo, que también pertenecía a esa organización político-militar. Olmedo ubicó a las FAR dentro del “nacionalismo revolucionario”, que “en la Argentina implica la valoración positiva de una experiencia fundamental de nuestro pueblo, que es la experiencia peronista. Esta valoración positiva por parte de un revolucionario puede ser entendida tan solo como identificación con esa experiencia, como la asunción plena de esa experiencia, de sus logros, de sus aciertos y de sus limitaciones. De sus aciertos para fortalecerse con ellos, para desarrollarse, y de sus limitaciones para combatirlas y superarlas. En ese sentido, puedo responderle que nuestra organización se considera una organización peronista”. A partir de esa definición, el filósofo y guerrillero explicó el objetivo de las FAR: “Se trata de poner en marcha una guerra del pueblo. De construir para ello un ejército del pueblo que obtenga para el pueblo el poder, y que con el pueblo en el poder asuma la tarea de la construcción de una sociedad distinta”.

Olmedo murió al año siguiente, el 3 de noviembre de 1971, en el llamado “Combate de Ferreyra” o “Combate de la Fiat”, un tiroteo con el Ejército y la Policía en las afueras de Córdoba, donde un comando integrado por miembros de las FAR y las Fuerzas Armadas Peronistas intentaba secuestrar a Luchino Revelli-Beaumont, relevante directivo de la empresa Fiat, que estaba en conflicto con parte de su personal. Tenía 28 años. Junto con Olmedo, murieron Juan Carlos Baffi, Raúl Peressini y Agustín Villagra.

Algunos de los miembros de las FAR lucían más convencidos que otros sobre las virtualidades revolucionarias del peronismo y de su líder, Juan Domingo Perón; Osatinsky parece haber estado entre los primeros: según el sociólogo Roberto Baschetti, “era uno de los más entusiastas propiciadores de que las FAR asumieran una identidad peronista revolucionaria”. Baschetti cuenta que el 7 de abril de 1973 “El Pelado” fue recibido por Perón en su exilio en Madrid. “De la reunión se fue más contento que niñito con juguete nuevo; a todos les mostraba la foto del General, autografiada de puño y letra, que decía: ‘Al Compañero D. Marcos Osatinsky con todo afecto’”. Finalmente, las FAR se fusionaron con Montoneros en 1973 dando lugar al grupo guerrillero más poderoso del país y de la región.

Antes de eso, Osatinsky condujo un hecho muy recordado: nada menos que la fuga del penal de máxima seguridad ubicado en Rawson, en la capital de Chubut. Había sido apresado en la ciudad de Córdoba el 29 de diciembre de 1970, cuando se quedó sin balas luego de un larguísimo tiroteo con la policía provincial en el que él y sus compañeros dejaron fuera de combate a tres patrulleros; al frente de un comando de las FAR, había querido asaltar una sucursal del banco provincial. También fueron detenidos el porteño Alberto Camps, el entrerriano Alfredo Kohon y el santiagueño Carlos Astudillo. Un balazo atravesó la nuca de Liliana Raquel Gelin, de 20 años, cuando fugaba en una camioneta con otros compañeros. Gelin se convirtió en la primera guerrillera caída en combate en el país y de inmediato entró al santoral de las guerrillas; “Paco” Urondo le dedicó un poema: “Como un viejo guerrero, tirando un manojo de luz a la cara de los sombríos, ha muerto una chica de veinte años; pudo ser mi hija (…). Aquí habrá batalla como en los campos de Córdoba, rayo de dolor, escalofrío donde murió valientemente una chica de veinte años: hijita mía, palomita tremenda, duérmase mi niña, duérmase mi son que ya nadie la va a molestar. El Cuco será derrotado y sus hermanitos y padres cuidarán de su jardín, regirán los reflejos de su pasado…”.

Primero, Osatinsky fue llevado a la Cárcel de Encausados de Córdoba; luego, la dictadura del general Alejandro Lanusse decidió concentrar en el penal de Rawson a los jefes de los diferentes grupos guerrilleros que ya habían sido detenidos: los militares pensaban que nadie podría escapar de esa prisión patagónica, a casi 1.400 kilómetros de Buenos Aires. No sólo los militares; cuando se enteró de su traslado en la prisión de Villa Devoto, en la Capital Federal, Mario Roberto Santucho, fundador y líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y de su brazo armado, el ERP, consultó al sindicalista cordobés Agustín Tosco, que también estaba preso pero por su lucha al frente de la filial de Luz y Fuerza, sobre las posibilidades de fuga de su nuevo destino:

—Che, Gringo, ¿cuántos kilómetros hay del penal de Rawson al aeropuerto más próximo?

—Ni se te ocurra, Negro. Es imposible fugarse de allá, ni con un submarino ruso.

El escepticismo de Tosco se justificaba: la prisión estaba ubicada en una zona casi desierta, custodiada por un enjambre de soldados, gendarmes y policías, y hasta por los infantes de marina de la base aeronaval Almirante Zar, en Trelew, a apenas veintiún kilómetros de distancia.

Comparado con lo que sería a partir de 1976 el Proceso de Reorganización Nacional, el gobierno de Lanusse era, más que una dictadura, una “dictablanda”. Pero no le iba mal en la lucha contra las guerrillas, ya que los principales jefes del PRT-ERP, un grupo trotskista guevarista refractario al peronismo, y de las FAR estaban en la cárcel, y en su mayoría ya habían sido juzgados y condenados por la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, rebautizada “Camarón” o “Cámara del Terror” por los simpatizantes de los insurgentes, sobre la base de leyes específicas y muy estrictas. La cúpula de Montoneros se mostraba más escurridiza aunque muchos de sus “oficiales” habían sido, también, apresados.

En el caso del ERP, el panorama era preocupante. “En realidad, en abril de 1972 Lanusse ‘terminó’ con el ‘foco’ urbano del ERP. La mayor parte de los combatientes estaban prisioneros y más del ochenta por ciento de armamentos, pertrechos e infraestructura se había perdido”, afirma Luis Mattini.

Esa situación potenció el efecto político de la fuga de la cárcel de Rawson, que fue planificada en forma conjunta por los jefes del PRT-ERP: Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna, y de las FAR, Roberto Quieto y Osatinsky. La Conducción Nacional de Montoneros, que no estaba presa, no apoyó la operación: sostenía que el peronismo ganaría las elecciones y liberaría en forma inmediata a todos los “presos políticos”. Por lo tanto, no había necesidad de una fuga, que podría entorpecer la salida electoral de una dictadura que se había quedado sin candidato presidencial y sin oxígeno político, y que estaba siendo derrotada por Perón a la distancia. Santucho, cuyo padre, Francisco, había sido un caudillo radical en Santiago del Estero, no confiaba en Perón ni en el peronismo; las FAR, aunque con matices, sí, pero no tanto como Montoneros.

Luis Mattini, cuyo verdadero nombre es Juan Arnol Kremer Balugano, considera a Santucho “el más cabal heredero del Che”, y asegura que “el ERP siempre fue más terminante en sus opciones que Montoneros, por ejemplo, con una ética guevarista del revolucionario que nos acercaba más a las FAR. También, claro, éramos más sectarios. No sentíamos ninguna reverencia por Perón ni por el peronismo; había también mucho gorilismo en el ERP; no era mi caso, pero muchos camaradas venían del antiperonismo; éramos más afines, en general, a la Unión Cívica Radical, y muchos venían de hogares radicales. Además del caso de Santucho, Gorriarán Merlo había sido radical en San Nicolás, lo mismo que Benito Urteaga. En las elecciones de 1973, Urteaga estaba convencido de que el radicalismo ganaría, Mauro Gómez opinaba lo mismo y Santucho, con menos seguridad, también se inclinaba a favor de los radicales”.

En cuanto al peronismo, Santucho seguía al pie de la letra a su admirado Che Guevara. “Trabaja con los grupos provenientes de la izquierda, con los escindidos recientemente del Partido Comunista, no hagas ningún acuerdo con grupos peronistas, aunque tengas contactos con ellos; por el momento, no podemos absorberlos. Es demasiado riesgoso, están demasiado infiltrados”, le recomendó el Che a Ciro Bustos en Bolivia en 1967, cuando lo envió a Argentina a reclutar gente para nutrir su foco revolucionario. Bustos agrega: “El Che veía un peligro latente en la heterogeneidad del peronismo, que volvía inseguras todas las vinculaciones funcionales, además de los riesgos derivados de su nombre mezclado en ello”.

De todos modos, los montoneros presos, con el cordobés Fernando Vaca Narvaja, “El Vasco”, a la cabeza, colaboraron por su cuenta con el escape de Rawson. Incluso, Vaca Narvaja tuvo un rol decisivo por “su porte de militar”, recuerda Mattini. Es que Vaca Narvaja, egresado del Liceo Militar “General Paz”, se disfrazó de mayor del Ejército y logró confundir tanto a los guardias de la prisión como al piloto del avión de Austral, un BAC 1-11 con noventa y seis pasajeros que estaba carreteando en la pista del aeropuerto de Trelew para despegar rumbo a Buenos Aires cuando vio que un militar corría por la pista haciéndole señas para que parara. Era Vaca Narvaja. También confundió a los tres guerrilleros que, como si fueran tres pasajeros más, habían subido en Trelew y acababan de secuestrar el avión. Tanto fue así que apenas abrieron la puerta delantera le apuntaron a la cabeza.

—Pará, “Gallego”, que es Vaca Narvaja —le avisó Santucho, que venía corriendo detrás del jefe montonero, a Víctor Fernández Palmeiro.

Santucho, Gorriarán Merlo, Menna, Quieto, Osatinsky y Vaca Narvaja escaparon a Chile; luego, ya en un aparato de la línea cubana, siguieron viaje a La Habana, donde fueron recibidos con todos los honores por Fidel Castro, a quien le regalaron una enorme llave del penal de Rawson. “Nos costó bastante conseguir que Vaca Narvaja se quitara el uniforme del Ejército argentino que aún tenía puesto”, contó Eduardo Luis Duhalde al recordar luego uno de los pedidos que les había hecho el presidente chileno, el socialista Salvador Allende, tras autorizar el viaje. Duhalde había viajado a Santiago en compañía de otros abogados, entre ellos Roca.

Si bien en la planificación intervinieron las cúpulas del PRT-ERP y las FAR, fue Osatinsky quien condujo la fuga en el terreno, en el penal, con un arma que había sido entrada por las visitas en latas de dulce de batata. La operación comenzó a las 18 del martes 15 de agosto de 1972. Osatinsky disparó contra el guardiacárcel Juan Gregorio Valenzuela, el cual intentó impedir el escape. Hay una duda sobre quién mató, en definitiva, a Valenzuela, que tenía 38 años y cuatro hijos: si fue Osatinsky o Ana María Villarreal, la esposa de Santucho y madre de sus tres hijas; según indican las hijas mellizas del guardiacárcel, Mirta y Mónica, en base al testimonio de uno de los colegas de su padre, ella le dio el tiro de gracia en la cabeza al comprobar que todavía vivía.

Los guerrilleros, numerados del 1 al 110 para el orden de fuga, tomaron el penal y ahí comenzaron los problemas para ellos: por una confusión, no encontraron los camiones que debían estar esperándolos; sólo un automóvil Ford Falcon en el que se marcharon los seis guerrilleros de mayor rango. Un segundo pelotón de diecinueve jóvenes llegó al aeropuerto de Trelew en taxis pedidos desde la guardia del penal, pero con un retardo fatal, cuando el avión de Austral ya había despegado; se rindieron y fueron trasladados a la base de la Armada, pegada al aeropuerto, donde el 22 de agosto a las 3:30 fueron acribillados: sólo tres lograron salvarse, entre ellos Camps. Otra de las sobrevivientes fue María Antonia Berger, también de las FAR, quien, herida en el piso, escribió con su sangre “LOMJE”, la abreviatura de la consigna de esa organización: “Libres O Muertos, Jamás Esclavos”. Astudillo y Kohon, que, como Camps, habían sido apresados con Osatinsky en Córdoba, estuvieron entre los dieciséis muertos, al igual que Ana María Villarreal y Susana Lesgart, esposas de Santucho y de Vaca Narvaja. El gobierno afirmó que se trató de un intento de fuga, pero la versión resultó increíble y el episodio pasó a ser conocido casi de inmediato como la “Masacre de Trelew”.

Para Garzón Maceda, Osatinsky, que en 1975 lucía el grado máximo en Montoneros, el de “oficial superior”, era “un cuadro político de primera, un tipo de acción pero con una formación política muy buena”. También el periodista Emiliano Costa, compañero de Osatinsky primero en las FAR y luego en Montoneros, tiene una opinión similar: “Era un gran amigo; un tipo muy cálido, un gran revolucionario, muy bien formado; era mayor que casi todos nosotros”.

En cambio, la periodista y socióloga Sylvina Walger no lo recuerda con agrado. Ella no era peronista ni montonera, pero su pareja sí, Héctor “Vasco” Mouriño: “Lo tuvimos ya clandestino en la casa que compartía con ‘Vasco’, luego de la vuelta a la clandestinidad de Montoneros, el 6 de septiembre de 1974. Alto, pelado, muy rubión, ojos muy celestes, una mirada fría de ‘máquina de matar’, como decía el Che. Me pareció un tipo muy violento, que buscaba la muerte. Me aterrorizaba. Tomaba té todo el día, se hacía llamar J. Acosta. Estuvo cuatro o cinco días en casa. Hablaba mucho de su familia; la tenía muy presente”.

Sylvina Walger trabajaba en Noticias, el diario de la guerrilla peronista, donde se sentaba junto a Ricardo Roa, que ahora es el editor general adjunto de Clarín, y a Victoria Walsh, una de las hijas de Rodolfo Walsh, periodista, escritor y “oficial” montonero, y esposa de Emiliano Costa. Los padres de Walger vivían en Barrio Parque, la zona más cara de la ciudad de Buenos Aires, y la casa en la que “guardó” a Osatinsky “estaba en pleno Barrio Norte, que eran las casas que yo encontraba porque creía que era más fácil camuflarse ahí. ‘Vasco’ me había prohibido viajar en taxi; tenía que viajar en colectivo por una razón de seguridad, y hacer todas esas maniobras para evitar que me siguieran, las famosas medidas de contraseguimiento, que yo nunca pude aprender. ¡Por supuesto, seguía tomando taxis! En la dictadura, me exilié en España, justo en la transición española, lo cual fue muy bueno para mí porque pude volver al país transformada”.

Garzón Maceda y Roca tomaron algunos recaudos antes de entrar al Departamento Informaciones de la Policía para visitar al amigo Osatinsky. “Teníamos, los dos, un susto bárbaro, ¡qué sabíamos lo que podía pasar ahí adentro! ¡Era agosto del ’75! —cuenta Garzón Maceda—. Me acuerdo que le avisamos al que era abogado de Montoneros, un chico de los Vaca Narvaja, Huguito Vaca Narvaja; lo mataron después en la cárcel, durante la dictadura. Le dijimos: ‘¡Che, hagan algo porque nosotros no sabemos si vamos a salir!’. Y efectivamente hicieron un pequeño dispositivo alrededor de la plaza San Martín con cuatro o cinco personas que estaban en los bares para que, si pasaba alguna cosa, hicieran un escándalo y nos sacaran de ahí”.

A las 10 de la mañana del martes 12 de agosto los dos abogados asomaron por el pasaje Santa Catalina, una callecita empedrada, pintoresca, de la época de la colonia, que separa al edificio del Cabildo de la Catedral; caminaron unos cuarenta metros y entraron al Departamento Informaciones de la Policía, a las fauces tan temidas de la represión.

Capítulo 2
LA TREGUA

Estoy negociando una tregua. La designación del coronel Vicente Damasco como ministro del Interior es la última oportunidad que tenemos para hermanar al pueblo argentino; la presidenta Isabel Perón necesita paz para llevar adelante su gobierno.

Marcos Osatinsky, el jefe de Montoneros en la Regional Córdoba, el 12 de agosto de 1975, a los doctores Lucio Garzón Maceda y Gustavo Roca, en el Departamento Informaciones de la Policía de esa provincia.

Respetábamos a todos los montoneros, pero a algunos los queríamos y a otros, no tanto. Por ejemplo, Firmenich nunca fue apreciado; Perdía tampoco, y Vaca Narvaja, más o menos. Creo que Firmenich vivía como en una burbuja, era muy creído. En el exilio en La Habana, por ejemplo, tenía edecán.

Luis Mattini, del PRT-ERP.

Un oficial los acompañó al despacho de “Uno”, el inspector mayor Raúl Pedro Telleldín, un suboficial retirado del Ejército que había realizado una carrera vertical desde su ingreso a la Policía de Córdoba, en 1967. Ocho años después, cuando se disponía a recibir a Lucio Garzón Maceda y Gustavo Roca, Telleldín dirigía el Departamento Informaciones y su rango era el segundo en importancia en toda la policía provincial. Tenía un rol central en la lucha contra “las actividades extremistas” en una zona muy caliente de la violencia política. Sus tentáculos vigilaban las calles, las universidades, las fábricas, los partidos y las redacciones de los diarios, las radios y los canales de TV; allanaban casas y negocios; detenían a sospechosos y los interrogaban en las celdas del D-2, durante los primeros diez días sin ningún obstáculo o límite, ya que los prisioneros permanecían incomunicados y no podían recibir ni siquiera a sus abogados.

Raúl Telleldín, padre de Carlos Telleldín, investigado por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, que dejó ochenta y cinco muertos, estaba junto a media docena de jefes policiales que se levantaron de sus asientos muy atentos apenas entraron Garzón Maceda y Roca.

—¿Cómo les va, doctores? Adelante, adelante —los recibió el jefe de Policía, el inspector general Alberto Choux, con una gentileza que sonó excesiva.

—Muy bien, muy bien —alcanzó a contestar Garzón Maceda.

—¡Qué suerte que hayan venido! Ya lo vamos a llamar a Osatinsky.

Los visitantes no entendían nada de lo que estaba pasando. Vieron que también los saludaba un ex dirigente del sindicato de los empleados municipales de la ciudad de Córdoba a quien Garzón Maceda conocía bien, aunque no tanto porque no sabía que era policía.

Osatinsky entró muy tranquilo al despacho de Telleldín, como dominando la situación; a Garzón Maceda le pareció que tenía algunos golpes en la cara y en los brazos. El preso saludó a los abogados con un apretón de manos.

—Yo los he elegido a ustedes porque no son de la Organización pero son muy respetados por todas las partes, y quiero encomendarles una cosa: que les transmitan a los compañeros de la Organización que yo he ofrecido una tregua, que estoy negociando una tregua —les dijo el preso.

—Bueno, haremos todo lo posible —contestó Roca.

—Creo que la designación del coronel Vicente Damasco como ministro del Interior es la última oportunidad que tenemos para hermanar al pueblo argentino; la presidenta Isabel Perón necesita paz para llevar adelante su gobierno.

—Por favor, doctores, esto es un gesto patriótico, con el que estoy totalmente de acuerdo, para lograr la paz y la unión del pueblo argentino —completó Choux, siempre según el relato de Garzón Maceda. Ahora, nosotros nos vamos a retirar y los vamos a dejar solos para que conversen libremente.

Los tres amigos se sentaron a una mesa; Osatinsky les pidió la pomada que les había encargado y comenzó a frotarse la cara, los brazos y el pecho en un intento —explicó— de aliviar el dolor de la tortura.

—La verdad es que lo del ofrecimiento de una tregua es una fantasía; la tregua ya está de hecho porque cayó una parte muy grande de la Organización —soltó Osatinsky.

—¿Qué pasó? —le preguntaron.

—Y… ¡cayó toda la conducción de la Regional Córdoba y una casa operativa muy importante con papeles, archivos y armas! Quince compañeros en total. La tregua ya está: no podemos operar, no estamos en condiciones de operar, y con este ofrecimiento por lo menos paré la tortura porque nos estaban dando con todo.

—¿Y ahora?

—Ahora díganle a todos los compañeros que me sigan la corriente y que digan que aceptan la tregua. Eso nos va a dar tiempo.

Osatinsky se paró y fue hasta la puerta por la cual se había ido la cúpula de la policía cordobesa; los llamó y cinco minutos después Garzón Maceda y Roca estaban de nuevo en la calle. Caminaron unos metros hasta el bar y confitería El Ruedo, al lado de la iglesia y el convento de las monjas de Santa Catalina de Siena, frente a la estatua de Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador de Córdoba, y allí encontraron a Miguel Hugo Vaca Narvaja y a otros compañeros.

“Huguito” Vaca Narvaja era hijo de un prestigioso abogado y profesor del mismo nombre, que había sido ministro del Interior del gobernador Arturo Zanichelli y luego, en 1962, del presidente Arturo Frondizi; hermano de Fernando, el ex jefe de Montoneros que ahora es ministro de Obras y Servicios Públicos en Río Negro, y uno de los abogados que defendían a los guerrilleros peronistas cuando eran detenidos.

“Lo fuimos a ver para que él transmitiera el ofrecimiento de tregua a la Conducción Nacional de Montoneros; él tenía contacto con ellos. A las veinticuatro horas mandaron a decir que Montoneros aceptaba la tregua y nosotros fuimos a la Policía a decir que la tregua había sido aceptada”, cuenta Garzón Maceda.

Otra versión del encuentro entre los jefes policiales, Osatinsky y los dos abogados asegura que también participó el interventor de Córdoba, el brigadier retirado Raúl Lacabanne, ya fallecido. Pero Garzón Maceda no recuerda que Lacabanne haya estado en esa reunión.

Esa segunda versión fue relatada por un ex funcionario de Lacabanne que no desea que su nombre trascienda porque teme ser acusado y detenido por violaciones a los derechos humanos ocurridas en esa provincia antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

No parece una precaución excesiva.

Por un lado, Lacabanne encabezó la más dura de las tres intervenciones que sucedieron al gobernador elegido en las urnas, Ricardo Obregón Cano, un odontólogo de Río Cuarto aliado de Montoneros. Obregón Cano terminó enfrentado con el presidente Juan Perón y no duró un año en la Casa de las Tejas, la sede de la Gobernación; fue eyectado de allí el 27 de febrero de 1974 por una rebelión policial encabezada por el jefe de Policía, el teniente coronel retirado Antonio Navarro. El episodio, que contó con el respaldo de Perón, pasó a la historia como “El Navarrazo”. Una de las paradojas fue que Navarro había sido propuesto para ese cargo por Montoneros, como veremos en el Capítulo 16.

Por otro lado, en Córdoba los juicios por violaciones a los derechos humanos se están deslizando al periodo anterior al golpe, hacia los gobiernos peronistas entre 1973-1976, aunque, al menos por ahora, abarcan sólo a los supuestos crímenes cometidos por grupos de derecha —peronistas o nacionalistas— con el argumento de que tenían algún tipo de cobertura en el aparato estatal y por lo tanto son delitos de lesa humanidad; es decir, no han prescripto por el mero paso del tiempo y pueden ser investigados y castigados.

Lacabanne, como Navarro y Telleldín, era un peronista en la versión nacionalista de derecha; estaba cerca de la frontera del Movimiento fundado por el General, que ya desde su origen fue multicolor, heterogéneo, como lo decía el propio Perón: “Tenemos, sí, una ideología y una doctrina, dentro de la cual nos vamos desarrollando. Algunos están a la derecha de esa ideología y otros están a la izquierda, pero están en la ideología. Los de la derecha protestan porque están los de la izquierda, y los de la izquierda protestan porque están los de la derecha. Yo no sé cuál de los dos tiene razón. Pero eso es una cosa que a mí no me interesa. Me interesa que exista un Movimiento que sea, diremos, multifacético; que tenga todas las facetas que un Movimiento debe tener. Esto no es un partido político. En consecuencia, no puede ser sectario, ni excluyente. Cada uno puede tener su idea, pero teniendo un objetivo común”.

Perón se proponía como el conductor de ese “movimiento multifacético”: “Yo hago aquí de padre eterno, bendigo ‘urbi et orbi’. La misión mía es la de aglutinar el mayor número posible. Porque la política tiene esa técnica: acumular la mayor cantidad de gente proclive o pensante hacia los objetivos que se persiguen. Ésta es mi misión, que es la más ingrata de todas. Muchas veces viene un tipo al que yo le daría una patada y le tengo que dar un abrazo. Pero la política es así. Se necesita ductilidad, tolerancia. Y si no, ¡no hay que meterse en esto!”.

Jorge Devia, ex dirigente de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), un grupo armado fundado en 1968 que luego se fue desgajando, y de la Organización Única del Trasvasamiento, más ortodoxa y encolumnada detrás del liderazgo de Perón, explica cómo funcionaban los extremos dentro del peronismo: “Lacabanne y Navarro eran peronistas en el límite; en aquel momento, se hablaba de una interfase entre los Rojos, que eran los marxistas, con casa matriz en Cuba, y los Negros, que eran los nacionalistas fascistas, con buenas relaciones con los servicios de inteligencia. Lacabanne era un peronista ‘negro’. Pero Perón lo podía encuadrar a él, a Navarro, a (Jorge) Osinde. Muerto Perón, fue distinto: como esos perros casi salvajes que se quedan sin el amo al que respetan. Lacabanne era un hombre de ese ‘frente negro’ y trajo mucha gente armada a Córdoba, que operó junto con gremios importantes, como los mecánicos del Smata, que estaba intervenido, y los taxistas, que también tenían guardias armadas y aparatos de inteligencia”.

La rebelión policial encabezada por Navarro terminó con la intervención al Poder Ejecutivo provincial, sancionada por el Congreso Nacional a instancias del presidente Perón. El primer interventor fue Duilio Brunello, un político y empresario catamarqueño que había sido nombrado por José López Rega en el Ministerio de Bienestar Social, pero que en realidad respondía al ministro de Economía, José Ber Gelbard. El hombre clave de la intervención resultó el secretario general, Carlos “Chango” Funes, un cordobés que fue “correo secreto” de Perón durante el exilio, con buenas relaciones en la Unión Obrera Metalúrgica y la Confederación General del Trabajo. Con los años, Funes se destacaría como baqueano en la política santafesina y nacional del ex piloto de Fórmula 1 Carlos Reutemann. Brunello encabezó una intervención blanda, moderada, en la que cuidó las relaciones con el radicalismo y los poderes reales de la provincia, pero que fue languideciendo en medio de la violencia política y las disputas intestinas del peronismo.

Además, Córdoba se había convertido en un territorio político muy relevante, seguido de cerca por la Casa Rosada e influenciado por el inestable equilibrio de fuerzas dentro del peronismo a nivel nacional. Perón murió el 1° de julio de 1974; menos de nueve meses duró su tercer gobierno, y fue reemplazado por la vicepresidenta, su esposa María Estela Martínez, también conocida como Isabel, el nombre artístico que ella había adoptado al comenzar su carrera como bailarina en los años cincuenta, cuando abandonó su La Rioja natal para emprender una gira por América latina con una compañía de danzas. Isabel Perón o Isabelita había sido la compañera de fórmula de su marido en las elecciones del 23 de septiembre de 1973: sacaron más del 61 por ciento de los votos.

La muerte de Perón rompió el fiel de la balanza dentro del oficialismo; Isabel Perón inclinó el gobierno hacia la derecha. Fue el momento de mayor influencia de López Rega, un cabo de Policía retirado, tenor aficionado y ex futbolista (jugó en River Plate y en Tigre), que desde el retorno del peronismo al gobierno tenía el doble rol de secretario privado presidencial y ministro de Bienestar Social. En forma progresiva, López Rega provocó el recambio de funcionarios que le eran distantes, como el ministro de Defensa, Ángel Federico Robledo, un político santafesino moderado, y Gelbard, que además de ministro de Economía lideraba a la llamada “burguesía nacional”. En ese marco, Brunello se quedó sin sustento político y fue reemplazado por Lacabanne; según las fuentes consultadas, López Rega fue determinante en esa designación.

“Mi papá siempre fue peronista; era un peronista de Perón, de una tremenda lealtad, primero hacia Perón y luego hacia Isabel”, afirma la única hija de López Rega, Norma. “Muchas veces, él tuvo que pagar los platos rotos por decisiones de Perón, como cuando, por ejemplo, en Madrid o en Buenos Aires no quería recibir a algún visitante, que terminaba enojándose con mi papá”, agrega.

De todos modos, López Rega fue el hombre fuerte del gobierno de Isabel Perón y el principal referente de la derecha peronista en su lucha política y armada contra el ala izquierda del Movimiento, encarnada por Montoneros; “Lopecito”, como llamaba Perón a su asistente personal durante el exilio madrileño, o “Daniel”, como le decía Isabelita, era la terminal, en el centro del poder político, de funcionarios como el nuevo interventor de Córdoba.

Lacabanne asumió el 7 de septiembre de 1974 al mediodía, dos meses después de la muerte de Perón. Ya en su primer discurso reveló su estilo y el contenido de su gestión: “Hoy se va Brunello. Mañana me iré yo. Pero siempre, y Dios lo quiera y así nos ayude Perón, será un mandato para peronistas. Estimo que nuestra tarea es fácil. Tenemos un Jefe que siempre vive en nosotros. Tenemos una doctrina. No tenemos nada más en qué pensar. Tenemos que hacer”. Y pidió la colaboración de todos para concretar la unión de los cordobeses detrás de “una sola ambición, que es realizar nuestro sueño de argentinos, con nuestro lema de siempre: una patria justa, libre y soberana”.

Más allá del apoyo de Isabel Perón y de López Rega, Lacabanne tenía cierto juego propio porque lo había conocido mucho a Perón: pertenecían a la misma promoción y eran amigos de aquella época; además, había defendido al gobierno del General en el golpe de 1955 desde su puesto de director de la Escuela de Aviación Militar, ubicada a seis kilómetros de la ciudad de Córdoba. Fue su último destino, ya que la llamada Revolución Libertadora lo pasó a retiro.

Un fidelísimo colaborador del brigadier general Héctor Fautario, que era el jefe de la Fuerza Aérea cuando Lacabanne volvió a aterrizar en Córdoba, en 1975, explica que “él fue enviado a Córdoba para actuar contra la guerrilla, contra Montoneros y contra el Ejército Revolucionario del Pueblo. Había varios grupos muy activos. Lacabanne llevó a su gente porque López Rega le dio facilidades. Hablamos de una suerte de guerra clandestina, sin la participación orgánica del Ejército, pero en contacto directo con el Tercer Cuerpo. Teóricamente en contacto porque Lacabanne hacía lo que se le cantaba: tenía carta blanca por la relación que había tenido con Perón y por el apoyo de López Rega. Tanto es así que cuando López Rega fue desplazado, y nosotros influimos mucho en eso, al poco tiempo Lacabanne fue reemplazado. La Fuerza Aérea no fue consultada sobre su nombramiento ni tuvo algo que ver con su gestión. Por otro lado, él no tenía ninguna influencia en la Fuerza Aérea”.

Precisamente, cuando Osatinsky y la cúpula de Montoneros en Córdoba fueron detenidos, Lacabanne estaba en caída libre porque Isabel Perón había sido obligada a desprenderse de López Rega, el 11 de julio de 1975, luego de movilizaciones sindicales y de una huelga general de dos días, inédita en un gobierno peronista. Los gremios, encabezados por el metalúrgico Lorenzo Miguel y el textil Casildo Herreras, reaccionaron de esa manera al “Rodrigazo”, el drástico plan de ajuste impulsado por el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, una pieza de López Rega que terminó hundiendo a todo ese grupo político. Rodrigo caería seis días después de su mentor y Lacabanne sería obligado a renunciar el 19 de septiembre, luego de intensos rumores que cuestionaban su estilo de gobierno; sus roces con todo el arco político, incluido sectores del propio peronismo cordobés, y el agravamiento de la violencia política. “Todos queríamos que se fuera por su prepotencia, su arrogancia. Por ejemplo, caminaba desde la residencia del gobernador a su despacho, unos cincuenta metros, con un FAL (fusil automático liviano) y rodeado de guardaespaldas”, dice el ex intendente de Córdoba, el peronista José Domingo Coronel.

También los jefes de las Fuerzas Armadas, apoyados por los peronistas moderados, de centro, habían presionado a la Presidenta para que le pidiera la renuncia a López Rega. Le tocó a Fautario acercar el mensaje de los militares a Isabelita ya que, como anfitrión de la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas, el 7 de julio, se sentó al lado de la viuda de Perón.

—Mire, señora, me gustaría decirle algo en lo que todos los comandantes estamos de acuerdo: sería prudente que el señor López Rega tomara distancia del gobierno y del país —le dijo el jefe de la Fuerza Aérea luego del primer plato.

—¿Pero ustedes me están pidiendo que lo saque del gobierno?

—Sí, señora.

—Pero brigadier, yo no puedo hacer eso.

—Esto es algo que me trasciende a mí y a mi fuerza; yo sólo he sido el portador del mensaje. Creo, señora, que usted no tiene otra opción.

—Bueno, déjeme pensarlo.

Un par de días después, Fautario recibió una respuesta de la Presidenta: había comprendido que ya no podía sostener a López Rega, quien incluso debió abandonar el país el 19 de julio, aunque salió por la puerta grande, con un pasaporte diplomático que lo acreditaba como embajador ante los organismos internacionales localizados en Europa. Se fue a vivir a la residencia de Perón en Puerta de Hierro, en las afueras de Madrid, que había sido escriturada a nombre de Isabel.

“Hubo coincidencia en que López Rega debía ser desplazado por una razón fundamental: nos parecía que estaba loco y que era muy peligroso; lo considerábamos un personaje nefasto para la Presidenta, que era manejada por ese señor como luego sería manejada por los gremios”, cuenta el ex colaborador de Fautario.

El desplazamiento de López Rega dejó al gobierno de Isabel Perón sin rumbo y al borde del abismo, como observó el embajador de Estados Unidos, Robert Hill, en el cable confidencial número 6.087 enviado a su gobierno: “El poder político real no reside más en la Presidenta. Hay un vacío de poder en el centro y no será ella quien lo llene. El problema, sin embargo, es que la señora de Perón puede no darse cuenta de que el juego está terminado”.

Isabelita realizó un nuevo cambio de gabinete, el séptimo en trece meses de gobierno, incluyendo la designación de un oficial superior en actividad, el coronel Vicente Damasco, como ministro del Interior. La mayoría de los generales y coroneles rechazó ese nombramiento con el argumento de que, como Damasco no estaba retirado, comprometía excesivamente al Ejército con el gobierno. La crisis duró diez días y terminó con el pase a retiro de Damasco y la designación del general Jorge Rafael Videla como nuevo jefe del Ejército, el 28 de agosto. Otro duro golpe para la Presidenta, como evaluó el embajador Hill también en el cable confidencial 6.087: “No es la señora de Perón quien manda. Las Fuerzas Armadas han impuesto sus demandas contra el deseo expreso de ella”. Hill agregó que “una solución civil/constitucional no puede ser descartada”, pero le asignaba una posibilidad de éxito de no más del cuarenta o sesenta por ciento.

De acuerdo con el funcionario de Lacabanne que no quiere que su nombre figure en este libro, al día siguiente de su captura “El Pelado” Osatinsky hizo una propuesta a los policías que lo estaban interrogando en el D-2.

—Yo sólo hablo de jefe a jefe; quiero hablar con el brigadier Lacabanne.

Según esa fuente, Lacabanne fue informado de inmediato en su residencia, el Chalet 1 de la Gobernación: “El brigadier aceptó enseguida la invitación porque la pacificación de la provincia era su objetivo número uno; pasó por el Chalet 2, donde estaban sus funcionarios más cercanos, y nos dijo al subsecretario de Seguridad y a mí que lo acompañáramos”.

Lacabanne y Osatinsky se lanzaron algunas “chicanas” antes de entrar en asunto, siempre según esta fuente.

—Ustedes no son peronistas —dijo el interventor.

—Sí que lo somos; ustedes no son peronistas —respondió el jefe guerrillero.

—No, ustedes son infiltrados marxistas.

—Nosotros queremos la liberación nacional como buenos peronistas, pero con ustedes, con la derecha que está a favor de los yanquis y de la oligarquía, nunca vamos a llegar a eso.

Osatinsky ofreció luego una tregua con el argumento de que debían darle una oportunidad a la viuda de Perón, que acababa de renovar el gabinete.

—Yo paro la guerrilla dos meses en Córdoba. Pero ojo que después me voy.

Lacabanne aceptó y Osatinsky afirmó que la mejor manera de hacer llegar esta propuesta de tregua a la cúpula de Montoneros a nivel nacional era a través de Garzón Maceda y Roca. “Ellos vinieron a los quince minutos y Osatinsky les pidió que transmitieran este mensaje: ‘Paren la guerrilla durante dos meses’”, señaló el informante.

Osatinsky sabía que para ese tipo de asuntos tan prioritarios había línea directa entre las cúpulas de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo, y descontaba, y así se lo había afirmado a sus interlocutores en el D-2, que el ERP, donde él en particular tenía muchos amigos, iba a respetar la tregua, que se había vuelto vital para que la guerrilla peronista pudiera recuperar su nivel de actividad armada en esa zona del país.

Luis Mattini, el último jefe del ERP, confirma lo bien que se llevaban con Osatinsky y con otros miembros de la cúpula montonera. “Nosotros discutíamos con ellos sobre Perón Sí/Perón No, pero estábamos de acuerdo en otras cosas: por ejemplo, les hemos pedido dinero cuando hemos necesitado: 300, 400, 500 mil dólares, y ni siquiera fue necesario decirles que después se los devolveríamos; nos daban el dinero sin preguntar nada. Lo mismo nosotros con ellos: teníamos una buena infraestructura de impresión y muchas veces les imprimimos sus folletos; y en las fugas, ni hablar: si podíamos, también liberábamos a compañeros de ellos. Todo eso según una ley no escrita: ‘Golpear juntos y marchar separados’.”

Sostiene Mattini que “los respetábamos a todos los montoneros, pero a algunos los queríamos y a otros, no tanto. Por ejemplo, todos lo apreciábamos mucho a Osatinsky: él venía del marxismo, lo mismo que Roberto Quieto, de quien nunca creímos la versión sobre su traición luego de que fue detenido, a fines de 1975. Yo tenía un gran respeto por Quieto; era un revolucionario ya probado. ‘Lino’ Roqué también me caía muy bien: él me pasó a mí todos los datos que tenían sobre la construcción de armamentos, un tema del que yo estaba a cargo. Ellos habían logrado mayores avances en eso y me pasó los datos sin ningún tipo de problemas”.

Julio Roqué, un pedagogo que pertenecía a una familia tradicional de Córdoba, fue uno de los mejores “cuadros” militares de Montoneros, si no el mejor: dirigió a los grupos que emboscaron y acribillaron al general Juan Carlos Sánchez, el jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, en Rosario, en 1972, y al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, en 1973, en el barrio de Flores, en la Capital Federal.

Como Osatinsky y Quieto, Roqué venía de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; en cambio, en el ERP no sentían afecto por los montoneros de la primera hora, de formación nacionalista y católica, según recuerda Mattini: “(Mario) Firmenich nunca fue apreciado. (Roberto) Perdía tampoco y (Fernando) Vaca Narvaja, más o menos. Creo que Firmenich vivía como en una burbuja, era muy creído. En el exilio en La Habana, por ejemplo, tenía edecán”.

El jefe del ERP, Mario Roberto Santucho, también secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), “lo apreciaba mucho a Osatinsky: había compartido la cárcel con él y se habían fugado juntos de Rawson”, agrega Mattini.

Tanto el PRT como su brazo armado, el ERP, habían alcanzado un desarrollo notable en Córdoba. El Partido tenía una fuerte presencia en las fábricas de punta que concentraban al proletariado industrial, a la clase social que, según el manual del marxismo, era el sujeto histórico de la revolución. Y el ERP apuntalaba esa política con acciones militares. El PRT y el ERP eran, en esencia, lo mismo, y conformaban un instrumento político-militar para tomar el poder, para capturar el aparato del Estado, que constituía el paso indispensable para llegar al socialismo.

En Córdoba, el jefe del ERP era Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, otro de los guerrilleros que se habían fugado de la prisión de máxima seguridad de Rawson. En sus Memorias, Gorriarán destaca su amistad con Osatinsky y confirma la estrecha relación de Santucho con el jefe montonero “desde la juventud, porque Marcos había estado en el Partido Comunista de Tucumán”.

Gorriarán afirma que fue enviado a Córdoba a fines de 1974 con el grado de “capitán” y la misión de “reorganizar el ERP provincial. Un número importante de compañeros de la dirección habían caído presos y otros debieron pasar a la clandestinidad. Era un momento de euforia de Lacabanne y su gente, que vociferaban que habían eliminado al mayor porcentaje de la guerrilla. Y eso era absolutamente falso”.

Mattini, que se distanciaría de Gorriarán en 1978, dos años después de la muerte de Santucho, por diferencias en la manera de luchar contra la dictadura, sostiene que, en realidad, Gorriarán había sido sancionado y destituido de su cargo de jefe del Estado Mayor del ERP, es decir como número dos de Santucho. ¿La causa? Sus errores en el ataque al Regimiento de Caballería Blindada de Azul, el 19 de enero de 1974, dirigido por él. “Se le quitó el mando y se lo envió a Córdoba para que trabajara cerca de las bases, en una tarea de reeducación”, dice Mattini.

Unos meses después, a principios de 1975, Gorriarán fue separado del Buró Político, la cúpula de siete miembros del PRT, por “abuso de poder” al ordenar el fusilamiento de un supuesto infiltrado en Córdoba, una decisión que debía ser tomada por el Buró Político en su conjunto.

En Córdoba, Gorriarán se hizo notar en seguida con el copamiento de Canal 10, donde lanzaron una proclama contra Lacabanne “en donde lo acusábamos de fascista y hacíamos una serie de denuncias sobre su accionar, tanto contra el sindicalismo como contra todas las fuerzas democráticas”, y con otro hecho: la muerte de tres policías frente a la puerta del Sindicato de Luz y Fuerza justo cuando los trabajadores salían hacia una manifestación.

Una de las operaciones más espectaculares dirigidas por Gorriarán fue la fuga de veintisiete guerrilleras que estaban presas en la cárcel del Buen Pastor, en su mayoría del ERP pero también de Montoneros y de otros grupos. Sin disparar un tiro y sin ningún incidente, las prisioneras escaparon el 24 de mayo de 1975 a las 20, mientras Lacabanne encabezaba un acto en el Teatro del Libertador General San Martín, a cuatro cuadras de distancia, para celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. A la hora de los discursos, cuando Lacabanne aseguraba que “la subversión está totalmente aniquilada”, uno de sus colaboradores le avisó que las veintisiete guerrilleras habían saltado por la ventana que daba a la calle Obispo Oro.

El propio Gorriarán llegó en un camión; luego de bajar enganchó una gruesa cadena a la pesada reja que protegía la ventana; el chofer puso en marcha el vehículo y la arrancó de un tirón. “Me acuerdo que era alto porque tenía que atajarlas abajo. Ellas se largaban por la ventana, yo más o menos las contenía un poco hasta que hicieran equilibrio y ya salían enfiladas hacia los nueve autos que las estaban esperando para que fueran tres en cada uno. Ellas antes redujeron a una celadora”, cuenta Gorriarán. Las presas se fueron cantando las consignas del ERP: “¡Hasta la victoria siempre!” y “A vencer o morir por la Argentina”. El ERP previamente aisló la zona con una serie de cortes de calles para evitar la llegada de la Policía.

Gorriarán Merlo recuerda que el ERP ya había adquirido “una forma más, digamos, castrense. En 1974 se determinaron grados militares dentro de su estructura. Eran cuatro grados: sargento, equivalente a jefe de escuadra, una unidad militar formada por dos o tres células, de entre siete y once compañeros; teniente, un jefe de pelotón, que estaba integrado por dos o tres escuadras; capitán, el jefe de una compañía, formada por tres o cuatro pelotones, unos cien hombres, y la comandancia, es decir los compañeros que estaban en el Estado Mayor del ERP”.

También este grupo guerrillero estaba organizado en siete regionales, que no siempre coincidían con una provincia. “La Regional Córdoba era la más sólida, de lejos. La Regional Ribera del Paraná, de La Plata hasta San Nicolás, el ‘cordón rojo’ del que hablaba el radical Ricardo Balbín, también era importante. Nosotros éramos mas fuertes que Montoneros en Córdoba y en Tucumán; en cambio, ellos eran más fuertes en el Gran Buenos Aires”, evalúa Mattini.

Las “compañías” eran las mayores unidades de combate del ERP y Gorriarán estaba al frente de “Decididos de Córdoba”, la compañía insignia, emblemática, de esta organización. Bautizada de una manera original, con un nombre tomado de las luchas por la Independencia, fue la primera compañía del ERP; su bautismo de fuego ocurrió el 19 de febrero de 1973 con el copamiento del Batallón 141 de Comunicaciones del Ejército “pro imperialista y oligárquico”, donde “recuperaron” dos toneladas de armamento, entre ellas 74 fusiles FAL. Era la operación más importante de un grupo guerrillero contra una instalación militar.

Mattini sostuvo que el debut “fue un éxito completo; se tomó prácticamente sin disparar un tiro gracias a un soldado conscripto que era militante nuestro, un soldado infiltrado (Félix Roque Giménez, el cual desapareció en Córdoba el 15 de marzo de 1976, antes del golpe). El jefe de ese operativo fue Juan Ledesma, quien luego sería el ‘Comandante Pedro’, cordobés, muy joven: tenía 23 años. Era obrero, venía de Fiat; él organizó la compañía. Después de Santucho, el mejor comandante que tuvimos; era brillante, también encabezó el copamiento de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de la ciudad de Villa María”, en el centro de la provincia de Córdoba, en la noche del 10 al 11 de agosto de 1974.

Según Mattini, Ledesma “sólo cometió un error en Villa María: tomó un albergue transitorio para instalarse allí con su estado mayor y dirigir el ataque. Lógicamente, las parejas estaban formadas por personas que se conocían en Villa María y no iban a poder guardar silencio luego de la operación. Yo le dije después: ‘Pero Pedro, ¿nunca estuviste en un telo?’. Me contestó: ‘Y… no’”. Había varias parejas aquella noche en “Pasatiempo”, el hotel alojamiento ubicado a una decena de cuadras de las instalaciones militares; una de ellas pudo escapar de la vigilancia de los guerrilleros y alertó a la Policía.

“Con el tiempo, Ledesma pasó a ser el comandante militar del ERP, el responsable de todas las compañías. Santucho era como el presidente, digamos, y Ledesma como el jefe del Ejército”, agregó Mattini. Ledesma está desaparecido desde el 7 de diciembre de 1975, cuando fue capturado en la Capital Federal.

El copamiento en Villa María también tuvo la ayuda de un soldado infiltrado, y el ERP se retiró con un suculento botín en armamento, que incluyó más de cien FAL. Hubo al menos cuatro muertos: un cabo de la Policía, Marcelino Cuello, y tres guerrilleros, Justino Argañaraz, Ivar Brollo y José Luis Boscarol, y más de una decena de heridos.

En el ataque de Villa María los guerrilleros tomaron como prisionero al subdirector de la fábrica, el mayor Julio Argentino del Valle Larrabure, un experto en explosivos que permaneció cautivo durante más de un año en una “cárcel del pueblo”, la mayor parte del tiempo en una especie de nicho cavado debajo de una vivienda al que se accedía por el placard del dormitorio, hasta que murió, el 19 de agosto de 1975.

Mattini contó que el ERP quería canjear a Larrabure por una decena de guerrilleros presos, pero el gobierno no aceptó: “Mantenerlo como prisionero nos demandaba un gran esfuerzo, con traslados continuos. Ya no sabíamos qué hacer con él: no podíamos matarlo porque sí, pero tampoco podíamos liberarlo para no perder credibilidad. Hasta que le propusimos lo siguiente: ‘Si usted nos transmite sus conocimientos en explosivos, se gana la libertad’. El tipo era un patriota, nos dijo que no. El desenlace fue una de las peores historias que tuvimos. Él se suicidó, entró en un estado depresivo y se ahorcó, pero también fue un descuido muy grande por parte de nuestra guardia. Sin pretender comparar con el dolor de sus familiares y amigos, también nosotros perdimos mucho con su muerte; eso era lo último que deseábamos, pues indicaba que no podíamos cumplir con lo que nosotros nos proponíamos: crear un Estado paralelo”.

Sin embargo, la versión de la familia de Larrabure, como su hijo Arturo, y del Ejército, avalada por los peritajes que se conocen, es distinta: ellos afirman que Larrabure fue estrangulado, asesinado por sus captores, y que su cuerpo presentaba signos de haber sido torturado, además de una pérdida de peso de más de cuarenta kilos.

Al momento de escribir este libro, el caso Larrabure seguía en manos de la justicia y era una fuente de polémicas acerca de si se trató o no de un delito de lesa humanidad, es decir si su secuestro y muerte debían ser investigados y los culpables condenados, o si, por el contrario, eran delitos comunes que ya prescribieron por el paso del tiempo.

Capítulo 3
UN ATAQUE DE PELÍCULA

Teníamos tres objetivos centrales: la Jefatura, en especial el Departamento Informaciones; la Guardia de Infantería, y el Comando Radioeléctrico; estos dos últimos con el fin de paralizar la acción policial. Además, se cortaron todas las calles y accesos para paralizar la ciudad. En total, intervinimos más de doscientos compañeros.

Enrique Gorriarán Merlo, jefe del ERP en Córdoba, sobre el masivo ataque contra la Policía en la capital provincial el 20 de agosto de 1975.

Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería, un grupo de empresas que creció de un modo espectacular durante el kirchnerismo, era “un militante importante” del PRT-ERP. Él niega que haya participado en el ataque a la Policía, como afirman ex camaradas suyos. En la cárcel forjó una sólida amistad con Carlos Zannini, que pertenecía al grupo maoísta Vanguardia Comunista y ahora es el principal funcionario y consejero de la presidenta Cristina Kirchner.

Todo sucedió en una secuencia cinematográfica. El miércoles 20 de agosto de 1975 a las 11 de la mañana Enrique Gorriarán Merlo llegó al bar y confitería El Ruedo, en la calle Obispo Trejo, frente a la plazoleta del fundador de la ciudad de Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera, como si fuera un cliente más, aunque con un estuche de una máquina de tejer en su mano izquierda. Eligió un lugar en la vereda, se sentó mirando hacia la plazoleta y los fondos de la Catedral y dejó el estuche sobre los manteles rojo y azul de la mesa de chapa. Cuatro jóvenes se acercaron con un par de changuitos en los que transportaban bafles con la inscripción “Orquesta Los Querubines”; se ubicaron a la izquierda de Gorriarán, al lado de la iglesia y el convento de Santa Catalina de Siena. El policía Miguel Oviedo montaba guardia en el puesto número 6, en el ingreso al pasaje Santa Catalina y a unos veinte metros de la entrada al Departamento Informaciones, ubicado en una de las tres casonas anexadas al histórico edificio del Cabildo, frente a uno de los muros laterales de la Catedral; Oviedo fumaba relajado fuera de la casilla de madera, el FAL cruzado sobre el pecho, colgando de una correa. Una mujer que parecía llevar un bebé en brazos se le acercó; su papel era clave: debía neutralizarlo con esa pistola que buscaba entre las mantas del muñeco y liberar el ingreso de sus camaradas al D-2. Pero vaciló, demoró unos segundos más de lo previsto y el policía se dio cuenta de la maniobra; Oviedo se estaba dando vuelta para apretar un timbre de alarma cuando un balazo lo hirió en el hombro; cayó pero pudo iniciar un tiroteo que alertó a sus compañeros.

Enojado por el obstáculo inesperado que los había despojado de la ventaja de la sorpresa, que en las acciones de guerrilla suele ser decisiva, Gorriarán abrió el estuche y sacó un FAL; se apoyó en la mesa del bar y abrió fuego contra el policía y el frente del D-2; sus camaradas que simulaban ser músicos también dispararon con las ametralladoras y los FAL escondidos en los bafles de la orquesta. Desde las ventanas verdes del D-2, detrás de las rejas negras, respondieron el ataque; Oviedo recibió veintidós balazos pero sobrevivió; gravemente herido, fue arrastrado al interior del Cabildo por uno de sus colegas.

El copamiento del D-2 era el objetivo principal del vasto y complejo operativo contra la Policía planificado por Gorriarán, que incluía el ataque simultáneo a otros tres lugares:

La Jefatura de Policía, que ocupaba las dos plantas del Cabildo terminado por el marqués de Sobremonte y fue tiroteada desde la plaza San Martín y varios edificios vecinos, a unos ciento cincuenta metros del bar donde estaba Gorriarán.

El Comando Radioeléctrico, ubicado a una docena de cuadras de la Jefatura y del D-2, para destruir la red de comunicaciones entre la Jefatura, los patrulleros y las comisarías.

La Guardia de Infantería, localizada a diez cuadras pero en el sector opuesto de la ciudad, frente al Hospital de Urgencias y muy cerca del río Suquía, para impedir que de allí salieran carros con refuerzos.

“Estos dos últimos objetivos tenían el fin de paralizar la acción policial. Además, complementariamente, se cortaron todas las calles y accesos para paralizar la ciudad. En total, intervinimos más de doscientos compañeros”, cuenta Gorriarían, el jefe de la compañía “Decididos de Córdoba”, en sus Memorias.

En los setenta, Nelson Pozzoli fue gerente de una empresa extranjera, el Banco de Londres, en los tres lugares más calientes del interior: Tucumán, Córdoba y Rosario. Al año de llegar a Córdoba, se convirtió en testigo privilegiado del ataque a la Jefatura de Policía, ya que “el edificio del banco estaba en un ángulo sobre la plaza San Martín, que es el corazón de la ciudad; al costado del banco había el esqueleto de hormigón de un edificio que estaba siendo construido, creo. Desde ese esqueleto, francotiradores atacaron la Jefatura; de la Jefatura contestaron y se armó un tiroteo infernal que provocó la rotura de vidrios de nuestro edificio. Por los balazos que entraban silbando, me tuve que tirar al suelo y meterme debajo del escritorio, y desde esa posición informé por teléfono a la casa central, en Buenos Aires, sobre lo que estaba pasando. Después supimos que otros guerrilleros, en su mayoría mujeres, habían entrado a la plaza con cochecitos de bebés, donde en realidad escondían armas, y que desde allí también tiraron contra la Jefatura”.

La violencia política convivía con la prosperidad económica, el miedo con los buenos negocios, recuerda Pozzoli: “Era un momento de esplendor de la Córdoba automotriz y de las empresas subsidiarias. Y ése fue uno de los factores de éxito de mi gestión, donde se me ocurrió una innovación. Fiat le daba a sus proveedores documentos a sesenta y noventa días, y decidí que el banco tomara esos papeles y autorizara a sus titulares un descubierto cobrando una comisión por la custodia de los documentos”. Al mismo tiempo, la vida era casi una aventura cotidiana: “Pienso que la violencia —sostiene— era peor que en Buenos Aires; que se vivía más intensamente en Córdoba porque todo estaba concentrado en relativamente poca superficie, y porque la ciudad de Córdoba está, geográficamente, en un pozo y todos los ruidos retumban más, sea por el tránsito o por tiroteos. Yo no podía llegar al edificio del banco en auto sino caminando, porque el tránsito estaba prohibido cerca de la plaza San Martín. Para entrar al microcentro había que colocar las dos manos sobre la nuca y los policías te palpaban”.

El Banco de Londres le había alquilado a Pozzoli y familia una casa en el Cerro Las Rosas, “que era el lugar donde vivían casi todos los directivos de empresas extranjeras y buena parte de los ejecutivos de las empresas nacionales. Dos días antes de mudarnos a esa casa pusieron una bomba, supongo que contra el comodoro que era el dueño de casa. Yo me doy cuenta porque antes de mudarnos hacemos una visita y veo que estaban arreglando la puerta principal, las ventanas, los vidrios, una pared. Como mi mujer venía de Tucumán bastante nerviosa, llamé aparte al contador del banco y le pregunté: ‘¿Qué pasa acá? ¿Por qué están arreglando?’. ‘Pusieron una bomba’, me contestó”.

Pozzoli agrega: “La situación era tan caótica que casi todos los días había un secuestro en el Cerro Las Rosas. Las bombas eran un tema común. Recuerdo que una confitería muy conocida fue atacada con nidos de ametralladora; detrás vivía el gerente de una empresa extranjera que nos había invitado a comer esa noche; tuvimos que suspender la comida. Él era un hombre muy práctico: había hecho construir en el frente de su casa, bien sobre la vereda, una pared alta y lisa, sin ventanas y con una sola puerta, maciza, hermética; detrás de la puerta había un pequeño jardín y luego venía la casa. Yo llevaba dos autos de custodia, uno por delante y otro por detrás; las amenazas por teléfono o por carta eran permanentes”.

Minutos antes del inicio del ataque contra la Policía numerosos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo se ubicaron en distintos lugares de la plaza embellecida por una majestuosa estatua de San Martín, frente a la Jefatura. Las mujeres llevaban cochecitos de bebés y changuitos para las compras en el almacén o la verdulería; los varones, bolsos y paquetes. Cuando escucharon los primeros balazos, sacaron las armas largas que tenían escondidas, ocuparon las posiciones asignadas en el plan de Gorriarán y comenzaron a disparar contra la sede de la Policía. Un escuadrón avanzó a balazos hacia la playa de estacionamiento, frente al Cabildo, protegido también por francotiradores apostados en los techos del Banco Español y del Río de la Plata, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de Córdoba y el hotel Sussex, entre otros edificios cercanos. Un francotirador que se había trepado a una palmera de la plaza efectuó una serie de veinticuatro disparos contra uno de los sillones preferidos del subjefe de Policía, que no estaba en su despacho, todos en un radio no mayor de veinte centímetros.

Los dos primeros muertos fueron el cabo Rosario Gregorio Moyano, 43 años, soltero, y el agente Juan Antonio Díaz, de 33 años, casado, dos hijos, abatidos por la ráfaga de un FAL cuando caminaban bajo la recova del Cabildo; Moyano era un pulcro suboficial que vigilaba la playa de estacionamiento y fue alcanzado por un balazo en el corazón, mientras que a Díaz, que justo salía de la oficina de Prensa tras dejar un parte de la comisaría en la que trabajaba, un proyectil le destrozó la cabeza. Desde su despacho en el primer piso, el comisario Ernesto Escobar, integrante de la secretaría privada del jefe de Policía, disparó con una pistola contra el guerrillero que había matado a sus colegas, pero fue puesto rápidamente fuera de combate por tres balazos de otro atacante, que lo hirieron en el pecho y en los brazos. A unos metros, en el atrio de la Catedral, una joya de la arquitectura colonial, fue muerto el agente Jorge Natividad Luna, 44 años, casado, que cumplía la función de “correo” de una comisaría y se retiraba de la sede central de la Policía luego de entregar unos papeles.

A esa altura, el escuadrón de avanzada había llegado a las puertas de la Jefatura, sus integrantes parapetados detrás de los automóviles de la playa de estacionamiento; desde allí, concentraron el fuego contra los despachos de la cúpula policial, ubicados en el primer piso del Cabildo. Bolsas de arena protegían las entradas del Cabildo, una medida tomada por ataques anteriores. El blanco principal de los guerrilleros fue el Salón Rojo, que era el despacho del jefe de Policía, pero por un imprevisto equivocaron el objetivo y terminaron acribillando la oficina de uno de sus subordinados, el jefe de Personal. Ocurrió que días antes las cortinas coloradas de los ventanales del inspector general Alberto Choux habían sido cambiadas por otras de color dorado; el jefe de Personal pidió que no se llevaran las viejas telas sino que las colocaran en su oficina, que también daba a la Plaza Mayor de la época colonial. El cambio de colores hizo que el despacho de Choux recibiera apenas un disparo, que impactó en un aire acondicionado, a centímetros de un cuadro del paisajista cordobés José Malanca. Con granadas, los atacantes destruyeron un Ford Falcon y un Renault 12 que estaban estacionados. Y cuando lo decidieron, se replegaron sin mayores problemas, protegidos por el fuego de los francotiradores.

Los policías esperaron en vano la llegada de refuerzos: no vino ningún patrullero, no apareció ningún carro de asalto. Es que, al mismo tiempo, otro pelotón del ERP atacó la sede del Comando Radioeléctrico, donde tirotearon el frente del edificio de la calle Mariano Moreno y destruyeron con explosivos la central de comunicaciones. Allí hubo dos muertos: el sargento Juan Carlos Román, 43 años, casado, ocho hijos, y el agente Luis López, 29 años, casado, dos hijos. Los carros de la Guardia de Infantería no pudieron salir porque fueron mantenidos a raya por varios guerrilleros con disparos y granadas. Uno de los atacantes, Hugo Therisod, 26 años, casado, estudiante del último año de Arquitectura, se convirtió en la única víctima de los “Decididos de Córdoba”: perseguido por la policía, se refugió en un taller de reparaciones de máquinas para oficinas, donde fue muerto en un tiroteo. Sin embargo, otras fuentes indican que ya se había rendido cuando fue acribillado.

En total, murieron cinco policías y un guerrillero; ocho policías resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad. Además, fueron heridas otras trece personas que pasaban cerca de los lugares atacados. A esa hora, antes del mediodía de un día laborable, la plaza San Martín era un hervidero de gente; cuando comenzó la lluvia de disparos, cientos de personas corrieron aterrorizadas, sin saber bien qué era lo que estaba pasando. El espectáculo era estremecedor: un taxista que esperaba pasajeros parado al lado de su coche recibió un disparo en la cadera, un anciano fue herido en el hombro mientras cruzaba la calle, una chica cayó al suelo cuando un balazo le rompió la rodilla y un preso que se encontraba dentro de un camión celular estacionado frente a la plaza fue alcanzado por un tiro en el brazo. En el último mes y medio, la Jefatura había sido atacada dos veces por francotiradores en el marco de sendos atentados de Montoneros contra comisarías y negocios del centro de la ciudad, pero nada se podía comparar con la articulada operación del ERP.

Al evaluar el operativo, Gorriarán reconoce que no pudieron tomar el Departamento Informaciones, aunque destaca que inmovilizaron la Guardia de Infantería y cortaron las comunicaciones del Comando Radioeléctrico. Más importante aún para Gorriarán, “paramos a la Policía durante aproximadamente cinco horas en el marco de la campaña que veníamos desarrollando a través de los ataques a comisarías”.

Gorriarán explica que el ERP buscaba desplazar al interventor Raúl Lacabanne, “un fascista hecho y derecho cuyo principal apoyo era la Policía, a la que utilizaba para la represión de todos los movimientos de sectores sociales y populares. Mientras en lo político nuestro objetivo era la movilización, en lo militar era, precisamente, neutralizar la efectividad de esa fuerza de choque policial. Con ese fin habíamos puesto en marcha una campaña de hostigamiento, que tuvo buenos resultados. Nuestro propósito era que los policías, en lugar de controlar las calles, debieran estar refugiados en sus propias comisarías. Para ello, utilizábamos autos en los que iban dos compañeros: un chofer y un tirador armado con un fusil FAL o incluso con rifles 22, es decir con algún arma de cierto alcance. Allí donde veíamos controles policiales parados, o también en las propias puertas de las comisarías, se disparaba sobre el efectivo policial, siempre en las piernas, pues el objetivo no era el aniquilamiento físico. Lo mismo hacíamos con los patrulleros”.

A través del ataque contra la Jefatura y otras dependencias, según Gorriarán, el ERP quiso “por un lado, mostrar a la población que había una fuerza que se oponía a esa base que sostenía el poder fascista de Lacabanne y, por el otro, medir fuerzas teniendo en la mira su destitución”.

Se trataba, además, de concretar la tesis de Mario Roberto Santucho, el líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del ERP, sobre el “poder dual” o “doble poder”, que implicaba una disputa palmo a palmo con la clase dominante, la burguesía; una suerte de “gobierno paralelo” a través del cual “las fuerzas revolucionarias se van preparando para la insurrección armada, para la batalla final por el poder”, según explicó Santucho en su folleto Poder burgués, poder revolucionario. En ese marco, los secuestros eran también la demostración de ese poder paralelo, que detenía a empresarios y militares del régimen, al igual que las “expropiaciones” de alimentos y bebidas que luego eran distribuidos en las villas miserias. Santucho escribió ese folleto luego de la muerte del presidente Juan Perón, el 1° de julio de 1974, que en su opinión había abierto “una situación revolucionaria”, es decir “un periodo de grandes luchas a partir del cual comienza a plantearse la posibilidad del triunfo de la revolución nacional y social”.

En su evaluación del ataque a la policía cordobesa, Gorriarán lamenta en sus Memorias que “un compañero, Isaac Rumski (sic)”, se hubiera excedido en la tarea que le tocaba: “Él tenía que hacer una acción de distracción sobre la Guardia de Infantería; no conocía la totalidad de la operación, sólo sabía su misión, que era de contención. Sucedió que cuando se la expliqué, él, que era muy impetuoso, quería hacer más todavía. Yo le decía: ‘Tenés que pasar por ahí en una moto y tirar adentro una granada ofensiva, no defensiva (la ofensiva produce sólo la explosión, la defensiva tiene esquirlas)’. Se trataba de sorprender al personal de la Guardia, demorarlos un tiempo. Fue la única baja que tuvimos en la acción, lo mataron. Se bajó de la moto, atacó el lugar, se produjo un enfrentamiento y lo irreparable”.

Gorriarán parece referirse a Isaac “Yuyo” Rudnik, ex funcionario del gobierno de Néstor Kirchner y actual dirigente de Libres del Sur, una fuerza política que está enfrentada a la presidenta Cristina Kirchner e integra una alianza encabezada por el socialismo del ex gobernador santafesino Hermes Binner. “Gorriarán se confunde y me da por muerto porque la Policía hace publicar en los diarios que el herido que había sido llevado al Hospital de Urgencias, que era yo, había muerto. Lo hacen para cubrirse, porque me habían sacado del hospital sin el alta médica para llevarme primero al D-2 y luego a la cárcel. No sabían bien qué hacer conmigo. Durante dos días nadie supo nada de mí hasta que al final me hacen aparecer”, dice Rudnik.

Él niega que haya atacado la Guardia de Infantería y afirma que su rol fue más modesto, a tono con el nivel que dice haber tenido dentro del ERP, donde desde hacía “unos meses militaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y desempeñaba tareas de prensa, de distribución del material de prensa. La operación estaba siendo planificada desde hacía tiempo, seguramente un par de meses. Siete o diez días antes se decide hacerla, y ahí es cuando trasciende y nos enteramos de que iba a haber una operación grande; no sabíamos qué era, en concreto. Me dicen lo que tenía que hacer yo recién un día antes; era una cosa periférica: caminando y junto con otros compañeros, debía colocar una bomba panfletera en el medio de la calle, a tres cuadras de la Jefatura, como una maniobra de distracción y para que no pudieran pasar los autos. Son esas bombas que se ponen dentro de una caja y que, cuando explotan, salen panfletos para todos lados. Pero me corre la Policía, me hieren y me detienen. Ahí fue cuando quedé rengo de la pierna izquierda”.

Rudnik permaneció siete años preso, hasta 1982: “Todo ese tiempo estuve herido y con muletas en las cárceles de la ciudad de Córdoba, Sierra Chica, La Plata, Caseros y Rawson; podríamos decir que conocí el país. Fue duro, porque cuando los guardias preguntaban por qué estaba usando muletas y les contaban que me habían herido durante el ataque a la Jefatura de la Policía de Córdoba, se ensañaban conmigo y me pegaban más y más fuerte con esos machetes de caucho que usaban”.

Sostiene que se enteró de todo lo que había pasado recién cuando “me levantan la incomunicación y comienzo a recibir visitas. Hasta ahí, sabía sólo lo que yo tenía que hacer”. Rudnik compartió la cárcel con camaradas del ERP que también participaron de la operación dirigida por Gorriarán:

Carlos Sgandurra, que “estuvo en el ataque a la Jefatura en maniobras de distracción; lo hirieron y escapó, pero cayó preso”.

José Pucheta.

Ricardo Tramontini.

Según determinó la justicia, los tres fueron ejecutados en forma sumaria en 1976, luego del golpe: Sgandurra y Pucheta, el 28 de mayo, y Tramontini, el 20 de agosto, en el primer aniversario del ataque; los fusilamientos fueron presentados como “intentos de fuga” durante sendos traslados de presos en comunicados firmados por el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y “halcón” de la dictadura en Córdoba y nueve provincias del noroeste y Cuyo.

También el periodista, escritor y artista plástico Julio Carreras, del PRT-ERP, estuvo preso con Sgandurra, Pucheta y Tramontini. Carreras recuerda especialmente a Sgandurra, cuyo nombre de guerra era Miguel Ángel Vega. “Era —cuenta— uno de los dirigentes del PRT-ERP que más éxito con las chicas tenía: moreno, de ojos verde claro; era un Adonis. ¿Habrá sido esto uno de los factores que exacerbó la saña de los milicos? El primer factor, aparentemente, fue que durante una de las requisas cotidianas, donde nos desnudaban, un oficialito descubrió cerca de su ingle una tira de cicatrices”, el rastro de la ráfaga de ametralladora que había recibido luego del ataque a la Jefatura. Cuando se dieron cuenta de que había participado en ese operativo, “comenzaron a sacarlo mañana y tarde. Bajo la vigilancia de tres o cuatro soldados armados, otros dos, un oficial y un suboficial, lo golpeaban con las pesadas gomas, y alguna vez con bolsas de arena, hasta quedar cansados. Miguel iba saliendo más dificultosamente de cada paliza. Fue muerto luego de quince días de golpes brutales, punzadas de bayoneta, pisotones, trompadas. Su cuerpo hermoso se había convertido en un guiñapo sanguinolento. Era tucumano y arquitecto”.

Carreras, que luego de siete años de cárcel volvió a su Santiago del Estero natal, también compartió la celda con “Larguirucho” Tramontini: “Bromeábamos entre nosotros como una forma de resistir. Larguirucho se destacaba por sus canciones. Recuerdo el día que se lo llevaron: vinieron tres oficiales del Ejército, poco después de las nueve de la noche. Él era muy alto. Sobresalía entre los militares, le ataron con una soga sus manos a la espalda. Sus manos de violonchelista”.

Otros compañeros de prisión de Rudnik y de Carreras tuvieron más suerte y pudieron sobrevivir, como Gerardo Ferreyra, “El Gringo”, que ahora es uno de los dueños de Electroingeniería, una empresa cordobesa que durante el kirchnerismo se convirtió en una de las principales contratistas del Estado, accedió a múltiples negocios y se transformó en uno de los conglomerados más prósperos del país: ahora abarca desde compañías que construyen centrales, represas y redes de alta tensión hasta medios de comunicación, como Radio Del Plata, y explotaciones agrícolas.

Se atribuye semejante vínculo con el oficialismo a la amistad forjada en la cárcel con otro cordobés, Carlos Zannini; es el poderoso titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia desde 2003, y uno de los pocos a quienes la presidenta Cristina Kirchner escucha y consulta sus medidas. Ahora es “el consejero de la reina”; en los setenta, Zannini era “chino”, es decir, militaba en Vanguardia Comunista, un grupo inspirado en Mao Tse Tung. De aquella época le quedó el apodo al “Chino” Zannini.

Carreras, Rudnik, Ferreyra y Zannini estuvieron en el mismo pabellón de la Unidad Penitenciaria Nº 1, de Córdoba.

De acuerdo con Rudnik, Ferreyra era “un militante importante” del PRT-ERP, de mayor nivel que él, y también participó en el ataque a la Jefatura de Policía, dirigido por Gorriarán Merlo.

De hecho, ambos compartieron, junto con Sgandurra, Pucheta y Tramontini, el expediente 24-R-75 sobre “Lesiones, Homicidio, Robo, Infracción a la Ley 20.840”.

La misión de Ferreyra habría sido la destrucción de la central de comunicaciones del Comando Radioeléctrico, una tarea clave porque desarticuló la red policial.

Lo llamé por teléfono a Ferreyra, que estuvo preso hasta 1984, y me negó que él hubiera sido detenido por el ataque del 20 de agosto de 1975, pero no quiso darme una entrevista en la cual podría haber contestado libremente sobre ése y otros interrogantes de una época que ya es historia.

Capítulo 4
EL GRAN CHARLIE

Raúl Telleldín, el jefe del D-2, tenía dos obsesiones: una era que lo envenenaran, y la otra, la economía. Y por eso, además de hacer Asuntos Económicos (de analizar todas las informaciones sobre economía que salían en los medios de comunicación), me convertí en el cebador oficial de mates de Telleldín. Y eso me dio acceso al despacho de él, a las reuniones que mantenía, y ahí comencé a levantar toda la información que tengo, que de otra forma jamás hubiera conocido.

Carlos “Charlie” Moore, testigo estrella en los juicios contra policías y militares en Córdoba.

Cuando cayó Daniel López, un licenciado en Filosofía muy capaz que estaba en Inteligencia del ERP, encontraron en su casa documentación del ataque a la Jefatura, y ahí pude confirmar que el plan del ERP era ingresar y liquidarme a mí y a quien encontraran dentro del D-2. Charlie Moore, que estaba condenado a muerte por delación, colaboración y traición, sobre el operativo dirigido por Enrique Gorriarán Merlo.

Enrique Gorriarán Merlo ofrece una respuesta refinada, light, para explicar por qué quería copar el Departamento Informaciones de la policía cordobesa, que es cuestionada por otros “erpianos”, como se los llamaba a los miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y también por policías, militares y detenidos en el D-2, por ejemplo Charlie Moore, una figura de novela.

Según explica Gorriarán en sus Memorias, quiso tomar el D-2 porque “ése era, precisamente, el lugar donde se torturaba; prácticamente todos los presos políticos de Córdoba pasamos por la tortura que se aplicaba allí. Si se encontraba ahí alguno de los torturadores más conocidos, íbamos a capturarlo con el objetivo de lograr una declaración suya sobre las actividades que se desarrollaban en ese recinto y, posteriormente, hacerla pública”.

Gorriarán cuenta que tenían “un grado de información bastante completo” sobre los integrantes del D-2 por varios motivos: “Muchos habíamos pasado por ese lugar y habían habido algunas denuncias públicas pero, fundamentalmente, teníamos informantes que lograron recaudar datos precisos. En algunos casos, eran policías que trabajaban adentro y nos informaban, y además existía un grupo de prostitutas que fue muy eficaz”; habían sido reclutadas por militantes del ERP que eran médicos o enfermeros y las atendían en el Hospital de Clínicas, de la Universidad. “Prácticamente todo el plantel masculino de Investigaciones era cliente de estas chicas”, precisa.

Otras fuentes discrepan con Gorriarán. Sostiene Isaac Rudnik, ex militante del PRT-ERP, que “querían entrar al D-2 para matarlos a todos los que estuvieran allí, ya que había muchas pruebas de que era un centro de tortura. Es probable que también quisieran matar a Charlie Moore; él ya era considerado un delator y había sido juzgado y condenado como tal por el ERP”.

Carlos Raymundo “Charlie” Moore es un personaje singular en toda esta historia. Simpático, bien articulado, astuto, desmesurado, polémico, hijo de padres angloargentinos, a los 19 años fundó el Movimiento Popular 17 de Octubre (MP17), un pequeño grupo revolucionario que terminó colaborando con el ERP; fue capturado por la Policía el 13 de noviembre de 1974, tres meses después del copamiento de la fábrica militar de Villa María, en el que había participado, y durante seis años vivió en un calabozo del D-2 junto con su esposa, Mónica, con quien incluso tuvo allí a su hija, Natalia, el 7 de enero de 1976. La nena fue bautizada en el patio al que daba ese calabozo y el jefe del D-2, Raúl Telleldín, fue el padrino. “Al patio de atrás no vino ningún sacerdote, pero adelante sí. Lo que sucedió fue que en un momento Telleldín se la llevó a Natalia hacia la parte de adelante, y parece que ahí trajeron un sacerdote para la ceremonia, pero yo no la presencié”, cuenta Charlie Moore. De inmediato, la nena fue llevada por su abuela, la madre de Moore, con quien vivió sus primeros años.

Los testimonios de numerosos detenidos señalan a Charlie Moore como un colaborador clave de la Policía, que ayudó a desarticular el ERP en la provincia y que incluso los interrogaba, los amenazaba y hasta los golpeaba si no hablaban.

Marcelo Iturbe tenía 20 años cuando fue detenido, el 3 de enero de 1976, antes del golpe, en la casa donde vivía con sus padres: “Supe que me llevaron al D-2 por las campanadas de la Catedral; me empiezan a torturar ni bien llegué. Sé que dos personas habían empezado a colaborar con los policías de la D-2 y uno de ellos se ensañó particularmente conmigo; era un traidor. Delataron a muchas personas y colaboraron con el enemigo; me refiero concretamente a Charlie Moore, quien me pegaba patadas de karate en el pecho; el otro era Daniel López, alias ‘Kent’. Estos individuos estaban ahí con sus mujeres y formaban parte de la patota; eran los que salían a secuestrar a los compañeros”.

Por ese motivo, ya en el primer trimestre de 1975 el ERP condenó a muerte a Charlie Moore por delación, colaboración y traición. Kent López fue capturado en septiembre de aquel año y tiempo después recibió la misma sentencia, también por parte del ERP.

Pero la figura más llamativa es Moore, que el 13 de noviembre de 1980 escapó primero a Brasil y luego a Inglaterra, donde vive ahora. Desde allí, niega todas las acusaciones en su contra y afirma que fue salvajemente torturado (“Me dieron tres meses sin parar”) pero que nunca entregó a ningún compañero; admite que colaboró con los policías del D-2, aunque sólo en tareas secundarias, “como un esclavito”.

“Reconozco —dice— que tuve que colaborar con ellos, y aunque sólo fue a nivel de información, reconozco que lo hice. Pero, totalmente solo, intenté salir adelante. Y a pesar de todo lo que se dice de mí, de las difamaciones que tiran sobre mi persona, apenas tuve la oportunidad, hice conocer a la gente lo que realmente había ocurrido en el D-2. Yo soy el tipo que hizo conocer al mundo, cabalmente, lo que significó el D-2 en Córdoba.”

Moore cuenta que apenas Telleldín fue trasladado al D-2, en julio de 1975, él pasó a tener dos ocupaciones bien definidas: “Telleldín tenía dos obsesiones: una era que lo envenenaran, y la otra, la economía. Y por eso, además de hacer Asuntos Económicos (de analizar todas las informaciones sobre economía que salían en los medios de comunicación), me convertí en el cebador oficial de mates de Telleldín. Él no tomaba de nadie un café, un té, un mate, si no era yo el que se lo preparaba. Porque conmigo él tenía las garantías. La tenía a Mónica ahí y a toda mi familia afuera. Y a pesar de eso, cuando le iba a cebar mate siempre el primer mate me lo tenía que tomar yo delante de él. Eso me dio acceso al despacho de él, a las reuniones que mantenía, y ahí comencé a levantar toda la información que tengo, que de otra forma jamás hubiera conocido”.

Siempre según Moore, Telleldín, también llamado “Uno” o “Turco”, era “un hombre de familia, dedicado a su mujer y a sus hijos. Nada de putas ni de quilombos. Era un tipo muy pero muy duro y exigente, tal vez extremo. Una persona durísima e implacable. Juez y ejecutor. Pero era buen ‘tropero’ con el personal. Tenía una cosa que pocos jefes tienen: él escuchaba, y es por eso que tal vez, en alguna medida, me buscó a mí, porque quería saber mi visión de las cosas. Y me escuchaba cuando yo lo asesoraba, le decía las cosas, le hacía comentarios, y genuinamente me escuchaba. Él a mí me llamaba ‘pibe’; nunca me llamó Charlie ni nunca me trató de usted. Diría que siempre tuvo un trato paternal hacia mí. Otra cosa que recuerdo de Telleldín es que era bastante autocrítico. Y, en general, creo que tiene que haber tenido bastantes cualidades para terminar siendo el jefe histórico del D-2”.

La jefatura de Telleldín implicó un cambio radical en el D-2, afirma Moore. Por un lado, “Uno” trajo a otros militares retirados y a civiles de ultraderecha; por el otro, el Departamento Informaciones pasó a la ofensiva no sólo contra las guerrillas: aumentaron las detenciones de dirigentes políticos y sindicales y comenzaron los asesinatos de policías que se oponían a la represión ilegal y el estallido de bombas atribuidas a las guerrillas, pero que, en realidad, eran colocadas por el D-2, como por ejemplo los atentados contra la sede de la Unión Cívica Radical, el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma, el Smata y la Galería Cinerama. “Total, en esos años nadie desmentía nada”, concluye Moore.

Telleldín se retiró el 8 de febrero de 1980 como inspector general, el cargo máximo de la Policía, luego de una carrera rutilante que le demandó sólo trece años. El 21 de octubre de 1983 se informó sobre su muerte, cuando el Ford Falcon en el que viajaba chocó contra un camión cerca de la localidad de La Calera; el velatorio se hizo a cajón cerrado y todavía existen dudas sobre si realmente falleció.

Su hijo, Carlos Telleldín, parece compartir esas dudas: “Dicen que murió en un accidente de tránsito”, me comentó en un estudio de televisión por cable, antes de una emisión del programa A fuego lento, que conducen los periodistas Clara Mariño y Eduardo Serenellini por Canal 26, pero luego nunca respondió a mis llamados telefónicos para concretar la entrevista prometida.

Charlie Moore está convencido de que Gorriarán Merlo lanzó el ataque contra la Policía y quería entrar al Departamento Informaciones para matarlo, entre otros propósitos: “Cuando cayó Daniel López, un licenciado en Filosofía muy capaz que estaba en Inteligencia del ERP, encontraron documentación en su casa del ataque a la Jefatura, y ahí pude confirmar que el plan del ERP era ingresar y liquidarme a mí y a quien encontraran dentro del D-2. Todo eso estaba documentado, porque tenían los planos, los objetivos. Igual que en Villa María, estaban marcados todos los objetivos. ¡Ah! Y también querían incendiar y destruir la Sección Fichero y Archivos, y Sumarios”.

Kent López también vivió con su esposa en un calabozo del D-2. Tampoco López fue muerto por el ERP, pero, a diferencia de Moore, hasta ahora nunca habló sobre su experiencia como detenido. Su mujer, Marta Ríos Barrera, no guarda un buen recuerdo de Charlie Moore, según declaró en la justicia el 4 de octubre de 2001: “De este señor me enteré después que era un detenido; al principio, pensé que era un policía. Él tenía un trato diferenciado, se movía sin esposas, sin vendas, estaba en el calabozo al que identifiqué con el número dos; yo lo veía hablar con el resto de las personas, me daba la impresión de que quería mostrar que tenía poder, alardear. Era muy prepotente, yo prefería ni verlo. Yo lo describo a Moore como mentiroso y temerario; era peligroso, si tenía que perjudicar a alguien no vacilaba”.

Para los jefes del D-2, el ataque de Gorriarán tenía varios objetivos, entre ellos “dar muerte al colaborador Carlos Raymundo Moore” y “a ciertos policías de Informaciones, de notoriedad en la lucha antiguerrillera”, de acuerdo con un informe enviado a la justicia el 11 de diciembre de 1980 por el inspector general Juan Reynoso, quien había sucedido a Telleldín. Reynoso destacó “la tremenda importancia de Moore en este accionar contra la guerrilla” y afirmó que “en los primeros tres o cuatro años, la colaboración de Moore fue fundamental e imprescindible para conocer y desbaratar la muy bien organizada estructura de las bandas terroristas que él dominaba ampliamente, demostrando una determinación para colaborar destacada, siendo ello motivo de que fuera utilizado por fuerzas policiales, militares y, en general, por todos los servicios de Inteligencia”. Y admitió que Charlie Moore también conocía a la perfección el funcionamiento del D-2 y que ése era uno de los dos motivos por los cuales nunca lo habían trasladado a una cárcel, donde hubiera podido compartir toda esa valiosa información con guerrilleros presos. El otro motivo —afirma— era que en un penal el ERP podría haber concretado la condena a muerte.

Charlie Moore defendió a los tiros el intento de copamiento del D-2. Él sostiene que la Policía sabía del ataque del ERP y que lo dejó prácticamente solo, acompañado por un puñado de jóvenes e inexpertos uniformados, “cinco pelagatos”, para que los guerrilleros entraran, “me liquidaran a mí y se sacaran así el problema mío de encima. Telleldín sabía muy bien todo lo que iba a ocurrir y me había mandado adelante porque estaba esperando que me hicieran la boleta. Y una vez que los del ERP entraran, los del D-2 los encerraban y ahí no salía nadie. ¡Y lograrían el golpe de propaganda del siglo!”. Pero, ¿cómo supo la Policía del ataque planificado por Gorriarán? Moore afirma que se dieron cuenta porque el día anterior “habían interceptado una chata (camioneta) Ford roja con caja de madera”, donde incautaron papeles y “todo un arsenal” del Ejército; precisamente, aquella mañana del 20 de agosto de 1975 Telleldín lo había llamado temprano a su despacho, donde le ordenó que fuera a una oficina al frente del edificio junto con un oficial de baja gradación, un ayudante, para que analizara, clasificara y ordenara todo ese material, que había sido llevado al D-2 en bolsas y cajas.

Moore es la única fuente consultada que afirma que la Policía conocía cómo sería el ataque y que en el D-2 lo dejaron prácticamente solo para que lo mataran. Gorriarán, por ejemplo, lo niega en forma rotunda, aunque admite que, pocos días antes de la operación, una camioneta con armamento enviada desde Buenos Aires fue detenida por una “pinza” de patrulleros luego de pasar por Villa María. Dos guerrilleros fueron apresados, pero uno logró escapar. Una segunda camioneta, conducida por un arquitecto cordobés, había logrado atravesar el cerco minutos antes: “Inmediatamente sospeché que había sido una entregada, porque ahí había algo raro. ¿Por qué había logrado pasar una camioneta? Preocupado, viajé inmediatamente a Buenos Aires para hablar con Robi (Mario Santucho), Ledesma, ‘El Gringo’ Menna y Benito (Urteaga). Todos sospechábamos lo mismo: alguien había entregado; pero, ¿por qué no habían parado a los dos vehículos? Meses después lo supimos. El que se había escapado era ‘El Oso’, Jesús Ramés Ranier se llamaba, el infiltrado que entregó meses después lo de Monte Chingolo”. Gorriarán se refiere al ataque al Batallón de Arsenales 601 Domingo Viejobueno, en el sur del Gran Buenos Aires, el mayor depósito de armas del país, que resultó un fracaso; Ranier fue descubierto, admitió que le pasaba información al Servicio de Inteligencia del Ejército y fue ejecutado por traición.

Siempre según Gorriarán, Ranier no supo que él había enviado una segunda camioneta hasta cuando emprendió el viaje a Córdoba: “No tenía cómo avisarle al Ejército que venía otra camioneta adelante, recién pudo hacerlo en el momento de la detención. Pero decidieron no actuar, no perseguirla, para no levantar sospechas sobre Ranier. El propósito de ellos eran las armas y no querían arriesgar la pérdida de un infiltrado que todavía les sería útil”.

“El Oso” los engañó; a los pocos días, volvió a Buenos Aires y contó que había podido llegar a Catamarca, donde se alojó en un hotel, y que luego tomó un colectivo de regreso. Y mostró la factura del hotel y el pasaje. “Además, el compañero que iba con él y cayó preso informó que Ranier se había escapado y que le dieron la voz de alto y que incluso lo corrieron y le dispararon. Claro, habían orquestado todo como si hubiera sido una fuga de verdad”, dice el jefe de los “Decididos de Córdoba”. Pero, de acuerdo con Gorriarán, Ranier no pudo “entregar” el ataque simultáneo contra el D-2, la Jefatura y otras dependencias policiales porque “no tenía idea de para qué eran esas armas. Lo único que podía prever era que iba a haber alguna acción más o menos importante cerca de Córdoba. Nosotros repusimos ese armamento perdido y, a partir de ahí, encaramos la acción”.

Tal vez lo más impresionante del caso Moore sea lo que sucedió después de su fuga, a fines de 1980: cuando llegó a San Pablo, hizo una extensa denuncia ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre lo que había visto en el D-2, y luego permaneció prácticamente 29 años sin hablar de este tema y sin ser consultado o entrevistado por nadie, dado que cargaba con el estigma de las acusaciones de otros detenidos y la condena a muerte del ERP. Salvo dos reportajes por teléfono con el diario La Voz del Interior en noviembre de 2006. Hasta que otro 13 de noviembre, pero de 2009, concedió una larga entrevista en un pueblo de Escocia a Miguel Ángel Robles, un comisario de la policía cordobesa cuyo padre, José Elio Robles, también comisario pero retirado, había sido muerto el 3 de noviembre de 1975 a la entrada de la Ciudad Universitaria, cuando le faltaban dos materias para recibirse de médico.

El testimonio de Charlie Moore convenció a Miguel Robles de que su papá había sido asesinado por miembros del D-2 debido a sus críticas a la represión ilegal y no por Montoneros, como se creía en base al comunicado con el cual la guerrilla peronista se atribuyó esa emboscada. Moor e afirmó que él vio a un policía “confeccionando el comunicado que al otro día saldría en todos los diarios. Utilizó los papeles membretados que le habían secuestrado a Montoneros en la caída en agosto de la conducción de Córdoba”, cuando fue detenido, entre otros, Marcos Osa tinsky. Según Moore, “más de doce policías” fueron muertos de esa manera, a manos de sus camaradas del D-2 y no de Montoneros que, “a esa altura del partido, ya no tenía capacidad operativa para salir a matar a nadie”.

Sin embargo, estas afirmaciones chocan con otras evidencias: todos los asesinatos de policías mencionados por Moore fueron reivindicados en distintas ediciones por la revista Evita Montonera, que era el órgano oficial de ese grupo guerrillero. Por ejemplo, la muerte de Robles, en el número 9, de noviembre de 1975, que costaba 5 pesos. El fusilamiento aparece en la sección “Crónica de la Resistencia”, bajo el subtítulo “Otras operaciones”, una exhaustiva reseña de las actividades armadas cumplidas entre el 17 de octubre y el 17 de noviembre de aquel año. La más importante de las “operaciones militares” de ese periodo fue el secuestro (“la detención”, informa la revista) del gerente de Mercedes Benz, Franz Metz, el 23 de octubre, por el que cobrarían un rescate de 4 millones de dólares.

En algunos casos, incluso, Evita Montonera brinda detalles de aquellas emboscadas. Por ejemplo, en su número 8, de 1975, siempre en la sección “Crónica de la Resistencia”, informó que “ajusticiamos al aspirante a la Escuela de Suboficiales y agente de Informaciones de la Policía provincial Eduardo Lucic. Fue herido también el policía Hugo Liendo. Al día siguiente, acribillamos desde una camioneta, a quince cuadras del centro de Córdoba, al comisario inspector de la Policía provincial y feroz torturador Simeón Douglas Paz. Estos dos oficiales, y un sargento de Informaciones de la Policía cordobesa, fueron ajusticiados como represalia por el asesinato de nuestros compañeros Marcos Osatinsky y Fred Ernst a manos de la Dirección de Informaciones de esa repartición”.

Pero el gobierno nacional y la justicia federal dieron por cierto el testimonio integral de Charlie Moore. Tanto fue así que el 29 de enero de 2013, José Elio Robles figuraba como una de las víctimas del terrorismo de Estado en el monumento emplazado en la Costanera porteña; su hijo Miguel, que tenía cinco años cuando su padre fue asesinado, estaba en condiciones de cobrar la indemnización prevista para esos casos, aunque la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no informa a quiénes pagó, con el argumento de proteger la identidad de los beneficiados.

La entrevista con Miguel Robles redimió a Charlie Moor e de las acusaciones y sospechas del pasado y lo catapultó al rol de testigo estrella del juicio oral por la tortura y muerte de treinta presos en Córdoba en 1976, durante la dictadura, que el 22 de diciembre de 2010 culminó con las condenas a prisión perpetua del ex dictador Jorge Rafael Videla, el ex general Luciano Benjamín Menéndez, otros militares y un grupo de policías que formó parte del D-2, de “la patota del D-2”, como los llaman los organismos de derechos humanos, las víctimas y sus parientes y amigos. Moore declaró por videoconferencia desde el consulado argentino en Londres.

En diciembre de 2010, la Comisión Provincial de la Memoria, a través del Archivo Provincial de la Memoria, publicó el libro La búsqueda. Una entrevista con Charlie Moore, de Robles, que fue incluso elogiado por Twitter por la presidenta Cristina Kirchner como “un relato estremecedor y esclarecedor, no sólo del pasado, tal vez más del presente. Más que un libro es un documento histórico. Impresiona y conmociona”.

En el prólogo de ese libro, Ludmila da Silva Catela y Agustín Di Toffino, del Archivo Provincial de la Memoria, indican que “Moore es sospechoso para algunos, acusado por otros. Pero no deja de ser una víctima del terrorismo de Estado”. Es el criterio del gobierno nacional y de la mayoría de los organismos de derechos humanos para, por un lado, utilizar como testigos en los juicios a personas controvertidas, que han sido acusadas de haber colaborado con la represión ilegal y que, por lo tanto, bien podrían exagerar hechos o directamente inventarlos para limpiar su pasado y reconciliarse con sus ex compañeros, y por el otro, impedir que esos hombres y esas mujeres sean condenados en esos procesos por los delitos en los que confiesan haber participado. “El que entra víctima, sale víctima.” Es decir, quien fue detenido o secuestrado y sometido o no a torturas no debe ser ahora sancionado por haber formado parte de la represión ilegal: no podía elegir otra opción, salvo la muerte. El caso más dramático ocurrió en Rosario, durante el juicio al ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, general Ramón Díaz Bessone, quien el 26 de marzo de 2012 fue condenado a prisión perpetua; los jueces absolvieron a Ricardo “Cady” Chomicki, un ex montonero que había sido acusado por otros detenidos y ex compañeros de haberlos no sólo entregado sino también torturado. Esta situación dividió a los organismos de derechos humanos. Cuatro años antes, en 2008, otro de los ex montoneros denunciados por haber colaborado en forma intensa y grave con la represión en Rosario, José “El Pollo” Baravalle, se había tirado de un puente en Italia cuando estaban por apresarlo, ya que tenía orden de captura internacional.

Luego de aquel juicio en Córdoba, Miguel Robles pasó a trabajar en el gobierno nacional: el 12 enero de 2011 fue nombrado subsecretario de Prevención del Delito Organizado y Complejo por la ministra de Seguridad, Nilda Garré; allí trabajó hasta el 5 de septiembre de 2012, cuando renunció y volvió a Córdoba, a un cargo en el Poder Judicial para luchar contra el narcotráfico.

Otras denuncias de Charlie Moore, como las torturas en el D-2 durante el gobierno constitucional de la presidenta Isabel Perón, son ratificadas por prácticamente todos los detenidos que pasaron por allí y sobrevivieron para contarlo.

Por ejemplo, Elia Salis tenía 17 años cuando fue detenida el 31 de julio de 1975 por la Policía en su casa junto a su novio. Militaban en el PRT y los llevaron al D-2: “Nos torturaron mucho con golpes, picanas, ‘mojarrita’ o ‘submarino’, que consistía en sumergirnos la cabeza en un tacho que tenían con agua sucia; también nos ponían unos auriculares con los que intensificaban el sonido, lo subían y lo bajaban, le decían ‘el teléfono’; yo estuve mucho tiempo colgada de las manos a un gancho”. Salis tenía un embarazo de cinco meses y “empecé a tener hemorragias; me vio un médico de la Policía y me dio una medicación que me dijo que era para retener el feto, y me decía: ‘Vos hablá que éstos son unos animales y te van a matar’”.

“Estando ahí —agrega— yo me entero de que habían sido detenidos mi madre, mis hermanos; de mi madre, me enteré porque a ella la llevaron para que viera cómo me torturaban, y de mi hermana más chica, porque ella me había visto colgada y pedía para verme. Ahí, en Informaciones, no nos daban comida; a mi hermana no la dejaban acercarse a menos de dos metros de mí, pero como yo estaba embarazada, la dejaron que me alcanzara dos mandarinas y eso fue lo que único que comí en esos días”, hasta que fue llevada a la cárcel.

Otra ex detenida, María del Rosario Miguel Muñoz, cuenta que fue apresada el 19 de diciembre de 1975 en la pensión de estudiantes donde vivía, junto con una compañera con la que estaba preparando una materia de Medicina. “Nos llevan —dice— al Departamento Informaciones; allí me golpean con palos y puños y me vendan. Mi compañera sale rápidamente de allí porque era sobrina de un integrante de la Secretaría de Informaciones del Estado. Primeramente, me colocan contra una pared y me quitan la ropa y dos hombres me tocaban el cuerpo. Tenía el abdomen hinchado por los golpes y la cara ensangrentada. Luego me ponen en una sala donde escuchaba los gritos de los torturados; seguía vendada aunque podía ver por debajo. Paso la noche allí y a la mañana siguiente viene alguien, una mujer de voz joven, que me llevó a la sala de tortura, donde me torturan desde las siete de la mañana hasta la una del mediodía; todo eso lo sé porque ella misma preguntó la hora y dijo: ‘Uh, la una, vamos a comer’, y me dejaron allí sola.”

Miguel Muñoz afirma que permaneció en el D-2 “unos quince días”, hasta que fue derivada a la cárcel: “Recuerdo que pasé allí la Navidad porque los policías festejaban a los tiros. Todos los días yo permanecía en unos bancos, dormía allí también. Allí aprovechaban para vejarnos y violarnos; a mi me vejaron y violaron, y yo he hablado con varias compañeras que relataron experiencias similares. No pude ver quién me violaba, me agarró desde atrás”.

Luis Miguel Baronetto, “Vitín”, un ex seminarista que con el retorno a la democracia sería secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, fue detenido en su casa en la madrugada del 15 de agosto de 1975 mientras estaba con su mujer, Marta González, y su hija de diez meses, Mariana. Uno de los policías les indicó que dejaran a la beba en la casa de unos vecinos y ambos, Baronetto y su esposa, fueron llevados, encapuchados y en distintos autos, al D-2.

“Ahí —recuerda— me pegaron puñetazos, patadas por todo el cuerpo; luego me tiraron al suelo, siempre preguntándome cosas, pero como preguntaban todos juntos ni se entendía ni tampoco les interesaba que les respondiera; la cuestión era sólo pegar. Luego, en el suelo, me sacan la capucha y me colocan un nylon en la cabeza y no sé con qué, pero entraba agua desde abajo hacia arriba; la sensación que tenía era de ahogo y yo calculo que me debo haber desmayado porque me había hecho mis necesidades encima. Luego de eso, cuyo tiempo no puedo decir ya que pierdo la noción del mismo y hasta la sensación de los golpes, pude ver que también me habían quemado con cigarrillo el pene. Los principales golpes los recibí en el oído ya que comenzó a sangrar el oído izquierdo, y también en el ojo; yo me doy cuenta de que estaba muy mal del ojo a posteriori.”

En la otra vereda, los policías condenados en 2010 niegan que Charlie Moore haya sido torturado y lo califican de “mentiroso” y “mercenario”. Además, rechazan las denuncias de ex detenidos sobre la aplicación de tormentos en el D-2 y aseguran que esas acusaciones son inventos extraídos de los manuales y las instrucciones de los grupos guerrilleros. Todos ellos están ahora detenidos en la prisión de máxima seguridad de Bouwer, a dieciocho kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Uno de los policías que detuvo a Charlie Moore, el suboficial mayor retirado Calixto Flores, que en aquel momento era cabo, dice que “lo llevamos al D-2 y en el reconocimiento fotográfico, reconoce a varios del ERP. Una asustadita no más y cantó todo. Él solo permitió aclarar todo el copamiento del ERP en Villa María”.

“Chato” Flores está detenido junto al comisario mayor retirado Carlos Yanicelli, que en julio de 1975, cuando fue traslado al D-2, tenía 22 años y era oficial ayudante. “Tucán Grande” Yanicelli niega que ese lugar haya sido una suerte de centro de clandestino de detención, donde torturaban a los presos: “Nosotros allanábamos con orden de la justicia. Los jueces eran los ‘dueños’ de los presos. Nosotros nunca trabajamos con el Ejército; no dependíamos del Ejército porque eran delitos federales contra un gobierno constitucional, peronista. Los interrogatorios tenían un rigor especial, pero no en el extremo que dicen. Y la mejor prueba de eso era el informe médico antes de que cada uno de los presos fuera derivado a la cárcel. Además, cuando un preso denunciaba apremios ilegales, enseguida se constituía el forense en el D-2. Esas denuncias les daban a los detenidos ‘un minuto’, es decir un argumento para zafar de los interrogatorios y demás, ya que automáticamente eran derivados a la cárcel. Los jueces venían cada dos por tres por las denuncias de apremios ilegales de los detenidos. Hubo muchas causas por apremios ilegales. ¿La picana? La picana no existía”.

“Minuto” es una expresión creada en el Partido Comunista alemán durante la lucha contra los nazis: el primer minuto del encuentro entre dos militantes debía ser utilizado para inventar una respuesta rápida y eficaz por si eran sorprendidos juntos e interrogados por separado por la Policía. Los guerrilleros argentinos extendieron su significado a otros aspectos que les permitían camuflarse y engañar a los represores, como por ejemplo nombres falsos y trabajos inventados.

Otro de los policías condenados, el comisario mayor retirado Yamil “Turco” Jabour, sostiene que “los subversivos tenían la orden de denunciar apremios ilegales, como consta en sus revistas Evita Montonera y Estrella Roja. Los jueces actuales, que nos han juzgado ahora, ya pertenecían a la justicia federal en aquella época y conocían perfectamente la situación. No vamos a negar que algún cachetazo sí se daba; era un interrogatorio riguroso, con alguna cachetada, pero la Policía tenía experiencia y se cuidaba de dejar marcas”.

“Hay que tener en cuenta —interviene Yanicelli— que toda esa gente, que cayó detenida por orden de un juez, denunciaba apremios ilegales también para cubrirse de la delación y de las consecuencias de la delación. Ellos sabían que la delación los llevaba a un juicio sumarísimo y a la ejecución por parte del grupo guerrillero al que pertenecían.”

Según los organismos de derechos humanos, Yanicelli era uno de los líderes de “la patota del D-2”, otra acusación que él niega: “En el D-2 había ciento veinte personas de las cuales sólo trece estamos presos. Éramos simples oficiales ayudantes de la Policía y estamos dando cuenta de todo. No estamos llorando; sólo estamos diciendo lo que está pasando”.

Y sobre Charlie Moore, Yanicelli asegura que, luego de su detención, “pasa a colaborar como uno más del D-2. Él incluso interrogaba porque conocía muy bien a la organización y eso le daba mucha eficacia. Cuando me trasladaron al D-2, Charlie ya se encontraba allí. A la situación de él la conocía toda la justicia, pues Charlie estaba allí por exclusiva disposición de la justicia federal. En 1980, les dicen, a él y a su mujer, que iban a pasar a la cárcel, y se escapan a Brasil porque tenían miedo de que sus ex camaradas del ERP los mataran en la cárcel. Charlie es un mercenario, siempre lo fue. En el juicio Charlie mintió, hizo un relato de fantasía”.

Capítulo 5
UNA MUERTE ANUNCIADA

Nosotros no sabíamos que Marcos Osatinsky estaba detenido ni que estaba en el Departamento Informaciones porque, de haberlo sabido, hubiéramos planificado la manera de sacarlo.

Enrique Gorriarán Merlo sobre el intento de copamiento del D-2.

¡Vamos a hacerlo nacionalista, vamos a tirarlo a Barranca Yaco!

Raúl Telleldín, jefe del D-2, al capitán Héctor Vergez el 24 de agosto de 1975, luego de robar el ataúd con el cuerpo de Osatinsky cuando era trasladado a San Miguel de Tucumán.

Fueron los cordobeses, con esa chispa que tienen para encontrar el sobrenombre más adecuado, quienes bautizaron “perros” a los miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que en 1970 fundaron su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, según Luis Mattini, el último jefe de esas dos organizaciones. “Fue por razones, digamos, onomatopéyicas —explica— porque, por un lado, la sigla PRT, en acento cordobés suena como peerre, peerre, y, por otro lado, ERP lo completa con el erp, erp, erp, como ladrido de ruidosos canes. Para colmo, cuando ellos se referían a una persona que simpatizaba con el PRT-ERP sin llegar a incorporarse, decían: ‘Fulano no es perro, pero mueve la cola’.”

Quien sí sabía que el ERP planeaba un ataque contra la Policía, al menos contra la Jefatura y el Departamento Informaciones, una de cuyas celdas ocupaba desde hacía siete días, era Marcos Osatinsky. Y estaba muy preocupado, según le confió al abogado Lucio Garzón Maceda.

—Decile a los abogados de la ‘Orga’ que se muevan y nos saquen de acá, que pidan el traslado a la cárcel, porque los ‘perros’ van a asaltar la Jefatura y el D-2 para el 22 de agosto. Y si estamos acá adentro, vamos a ser boleta.

Garzón Maceda fue a visitar a su amigo, solo, sin su socio Gustavo Roca, el miércoles 13 de agosto, justo una semana antes del ataque. Dos días después del operativo, el 22 de agosto, se cumplía el tercer aniversario de la Masacre de Trelew, donde habían muerto dieciséis guerrilleros, cuatro de ellos de Córdoba. Según la prensa local, la Policía había adoptado algunas precauciones debido a esa fecha, pero la magnitud del ataque “tomó por sorpresa” a todos los organismos de seguridad, informó La Voz del Interior.

Garzón Maceda recuerda que todos los detenidos junto con Osatinsky fueran trasladados por orden judicial, pero que en la Policía “no lo quisieron trasladar a Marcos. Y, efectivamente, los ‘perros’ atacan sabiendo que estaba Osatinsky adentro. Y al día siguiente lo mataron a Osatinsky”.

Horas después del ataque, Osatinsky lucía convencido de que sería muerto por la Policía como represalia a la ruptura de la tregua durante un par de meses que él había negociado y prometido. Así lo encontró Antonio Leiva, un obrero y delegado sindical de Transax, una empresa de Ford que fabricaba cajas de cambio y diferenciales. Leiva, de 24 años, fue detenido en su casa, mientras estaba con su esposa y un hijo de meses; su caso, junto con el de otro obrero de Transax, Santiago Mondino, se denunció a través de comunicados de prensa. Ambos pertenecían al sector de René Salamanca, otro de los nombres fuertes y originales del gremialismo cordobés, un dirigente clasista y revolucionario que en 1972 había ganado las elecciones en la poderosa filial local del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata).

—Yo soy Marcos Osatinsky —se presentó el jefe guerrillero.

—Yo soy Mario Leiva —contestó el sindicalista, que vio en Osatinsky signos de haber sido golpeado.

—Sí, sí, yo sé quién sos vos, de Transax… Me han torturado y me han dicho que ahora me van a sacar y me van a matar. Así que deciles eso a los compañeros.

“Para mí era una sorpresa entre admiración y estupor. Era la primera vez que veía a una persona torturada así”, cuenta Leiva.

Media hora antes del ataque, Leiva y Mondino habían sido llevados “al juzgado federal. Mientras estábamos ahí se desencadena el tiroteo y los policías que nos custodian nos abandonan ahí, con las manos libres porque teníamos que declarar ante el juez. Pasamos unas cuantas horas allí”, cuenta Leiva. Y afirma que tenían mucho miedo y que no querían moverse del lugar por temor a que los mataran con el pretexto de que se estaban fugando. Luego de unas cuantas horas refugiados debajo de una escalera, volvieron los policías a buscarlos y los llevaron de nuevo al D-2. “Cada hora se sentía la campana (de la Catedral, que estaba enfrente) y por eso se sabía qué hora era. En la celda donde me alojan a mí, una de las últimas en dirección al pasaje Santa Catalina, ahí sucede el encuentro con Marcos Osatinsky. Me parece que estuve unas horas con él, que ya estaba en la celda; creo que me sacaron a mí primero. De ahí, me llevaron a la UP-1”, a la cárcel, agrega.

En el D-2 todos quedaron convencidos de que uno de los objetivos del ataque planificado y dirigido por Enrique Gorriarán Merlo había sido liberar a Osatinsky, uno de los dirigentes de Montoneros con el que el jefe militar del ERP en Córdoba mejor se llevaba. En realidad, todos en la cúpula “erpiana”, con Mario Roberto Santucho a la cabeza, apreciaban mucho a Osatinsky y lo veían como un puente hacia la unidad de los grupos revolucionarios.

El 11 de diciembre de 1980, en el informe al juez que investigaba la fuga del detenido Carlos “Charlie” Moore, el jefe del D-2, inspector general Juan Reynoso, aseguró que una pesquisa posterior al ataque del 20 de agosto de 1975 reveló que el objetivo principal había sido “liberar al alto jefe montonero Marcos Osatinsky”. La opinión de Charlie Moore es similar: sostiene que, además de matarlo a él y a los policías que encontraran, la compañía “Decididos de Córdoba” quería liberar a Osatinsky y a los montoneros que habían sido detenidos con él. “Gorriarán —agrega Moor e por teléfono desde Inglaterra— dice en sus Memorias que ellos no sabían que Osatinsky estaba ahí. ¡Las pelotas, macho! Sabían perfectamente que estaba ahí. Yo vi los planes que tenían; estaba bien marcadito el lugar donde estaba él: decía ‘Ruso’, y en mi calabozo habían marcado una cruz tipo Iglesia Católica, o sea que me iban a hacer la boleta. Después, tenían marcado el Archivo, que lo iban a prender fuego, e iban a matar a quien encontraran adentro, pero el D-2 sabía del ataque.”

¿Para qué querría Gorriarán liberar a Osatinsky? Algunos sostienen que habría sido un gesto de buena voluntad con el fin de lograr un acuerdo con Montoneros: “Ya a esa altura venían muy debilitados, y el ERP estaba con la idea de un frente común con los montoneros”, interpreta Charli e Moore. “A los ‘montos’ —añade— les sorprendió mucho que los del ERP hubieran querido sacar a Osa tinsky del D-2. Eso lo sé por otros ‘montos’ que cayeron después, y a uno yo lo conocía de vista, desde hacía muchos años; me dijo: ‘Yo no sé que quería hacer el ERP, pero se mandaron la cagada del siglo’. Para ellos, el ERP provocó que lo mataran, pero el ERP no provocó que lo mataran: eso ya estaba decidido; yo les estaba cebando mate a Telleldín, ‘Patilla’ Tissera y el capitán Vargas, que era el sobrenombre del capitán Héctor Vergez, y escuché decir que le harían la boleta. Osatinsky tenía los días contados; todos en el D-2 sabían cuál iba a ser su destino”.

La percepción de que la compañía “Decididos de Córdoba” quería liberar a Osatinsky está bastante extendida: por ejemplo, lo afirma el abogado Carlos “Vasco” Orzaocoa, que integró el PRT y el ERP: “El objetivo era poder liberar a varios compañeros presos, entre ellos el dirigente montonero Marcos Osatinsky. Era un compañero muy querido por nosotros”.

Sin embargo, Gorriarán jura que él no sabía que Osatinsky estaba detenido en la dependencia policial que quiso copar y, por lo tanto, niega que uno de los objetivos del ataque haya sido liberarlo para negociar una alianza con Montoneros: “De haberlo sabido, hubiéramos planificado la manera de sacarlo”, asegura, y agrega que la muerte de Osatinsky “entrañó un dolor profundo. Nos habíamos hecho muy amigos, y con Roby (Santucho) lo era desde la juventud porque Marcos había estado en el Partido Comunista de Tucumán. Conmigo la amistad había surgido en la cárcel y después siempre mantuvimos una especie de comunicación extrapolítica. Unos días antes de la operación nos habíamos citado en el barrio de Alta Córdoba, en un encuentro puramente personal, de amigos. Y él no llegó. Esperé más de media hora. Después me enteré que lo habían secuestrado. Descontaba que ante esa circunstancia no hablaría ni anotaría nada de la cita. Era un compañero íntegro”.

De todos modos, la detención de Osatinsky había sido publicada por los tres diarios cordobeses: La Voz del Interior, Los Principios y Córdoba, el 9 de agosto, luego de que cubrieran una conferencia de prensa del jefe de Policía, el inspector general Alberto Choux, quien incluso visitó junto con los periodistas el lugar donde el jefe montonero había sido apresado.

Gorriarán sostiene que Osatinsky era uno de los líderes de Montoneros que impulsaba la unidad con el ERP para asegurar la toma del poder y el triunfo de la revolución socialista frente a otros compañeros de la guerrilla peronista que tenían una postura contraria: “Osatinsky era una persona que, como Roby, se daba cuenta de que la posibilidad de victoria estaba en unirse; que estaba bien la discusión política, ideológica, todo lo que uno quisiera, pero el punto prioritario tenía que ser la unidad”.

Por su parte, Mattini recuerda que “Roby casi lloró cuando se enteró del fracaso del ataque a la Jefatura de Policía de Córdoba y de la muerte de Osatinsky; se sintió muy mal. Nos enteramos de eso en una casa del Gran Buenos Aires. Roby se preguntaba: ‘¿Qué pasó? ¿Cómo pudo ser?’”.

En ese sentido, Santucho sostenía que las bases para la unificación de las organizaciones guerrilleras eran dos: “el socialismo y la guerra revolucionaria”. Osatinsky estaba de acuerdo: “El enemigo tiene una vanguardia reconocida dentro de la clase dominante. Esa vanguardia del enemigo es el partido militar. Nosotros, por nuestra parte, estamos construyendo nuestra vanguardia, y esa tarea no es la tarea de una organización: es la tarea del conjunto de los revolucionarios, de todos los que se manejan dentro de la estrategia de la guerra popular y prolongada para tomar el poder”.

Con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), a las que pertenecía Osatinsky antes de la fusión con Montoneros, el ERP ya había realizado en 1972 un par de operaciones conjuntas que dieron mucho que hablar: la emboscada contra el jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, el general Juan Carlos Sánchez, en Rosario, y la fuga de la prisión de máxima seguridad de Rawson. El común origen marxista los empujaba a la unidad, pero mientras las FAR, que se estaban uniendo a Montoneros, respaldaron al gobierno del peronista Héctor Cámpora, el ERP evaluó que el cambio inaugurado el 25 de mayo de 1973 no era tan significativo como para guardar las armas y dejar de combatir contra “las empresas imperialistas y las fuerzas armadas contrarrevolucionarias”, aunque aclaró que no atacarían “al nuevo gobierno mientras éste no ataque al pueblo ni a la guerrilla”. Cuando, luego de la muerte de Juan Perón, de quien ya se habían distanciado, Montoneros volvió a la clandestinidad, el 6 de septiembre de 1974, el ERP se alegró mucho y, según Gorriarán, “enseguida establecimos la relación: la primera reunión la hicimos (Roberto) Perdía y yo en Córdoba en esos meses. Eso fue a fines del ’74. Prácticamente, desde mayo del ’73 habíamos desactivado nuestras relaciones”.

Un ejemplo de esa división fue que el 29 de mayo de 1974 “no logramos hacer un acto conjunto en la conmemoración del Cordobazo. A la mañana —dice Gorriarán— lo hicimos nosotros, hablaron Agustín (Tosco) y Eduardo Castelo (jefe local del PRT) y hubo una asistencia masiva. Por la tarde fue el acto de la izquierda peronista, y habló Atilio (López), con mucha menos convocatoria. A pesar de que Marcos Osatinsky concidía en que había que hacer un acto conjunto, la dirección de Montoneros no estaba de acuerdo. Todavía no se había producido la muerte de Perón ni el rompimiento con Isabel. Como en todos lados, tanto en Montoneros como pienso que debe haber sucedido en las otras organizaciones también, seguramente había quienes instigaban más o menos la unidad o la no unidad. Yo, por ejemplo, estaba de acuerdo con Osatinsky en hacer el acto por el Cordobazo”.

En 1975, siempre según Gorriarán, “se fue fortaleciendo” el impulso a la unidad entre el ERP y Montoneros, “incluso hubo un proceso muy interesante porque en 1976 casi llegó a concretarse lo que iba a llamarse la Organización para la Liberación Argentina, la OLA, que era la unidad de Montoneros, el ERP y Poder Obrero”.

Precisamente, el día que fue muerto, el 19 de julio de 1976, ya en la dictadura, Santucho tenía que haberse reunido con Perdía, que era el número dos de Montoneros, para sellar la creación de la OLA, según relata la periodista María Seoane en su libro Todo o nada. De acuerdo con esta fuente, un colaborador de Santucho, Fernando Gertel, había esperado en vano a un hombre de confianza de Perdía para coordinar esa cita cumbre. No encontró a nadie porque “el asistente de Perdía —cuenta Seoane— había sido detenido unas semanas antes, pero Santucho no estaba enterado. Montoneros no se lo advirtió. Años más tarde, esta situación dará lugar a numerosas sospechas sobre la conducta de Montoneros”. En la misma tarde de aquel día fatídico para el ERP, Gertel fue secuestrado en pleno centro porteño.

Por su lado, Perdía tiene otra versión y, en forma indirecta, niega cualquier tipo de responsabilidad o colaboración de Montoneros en la muerte de Santucho: “Nuestras comunicaciones no eran directas, sino que estaban mediatizadas por otros compañeros que hacían de enlace. La caída de nuestro enlace desarticuló las comunicaciones con el compañero del ERP, que era el enlace de Santucho”. Y asegura que el 19 de julio de 1976 no tenía previsto ningún encuentro con Santucho.

Perdía recuerda que luego del golpe Montoneros y el ERP intentaron un acercamiento y comenzaron a elaborar las bases de la OLA, como “una federación de organizaciones”. Y que a principios de junio recibió en su casa en Ciudadela a Santucho y a Domingo Menna acompañado por otros dos miembros de la cúpula montonera: Raúl Yaguer y Horacio Mendizábal. “Allí compartimos un día entero de trabajo, apenas interrumpido por un puchero”, cuenta Perdía. A partir de ese encuentro —afirma— se profundizó el debate en Montoneros “sobre el rumbo que le dábamos a nuestra acción. Entre los temas que se discutían estaba la relación con el PRT-ERP y la constitución de la OLA. Como aún no había una decisión al respecto, se decidió comunicarles la suspensión de las reuniones hasta que consensuáramos una posición definitiva. Por lo que supimos posteriormente, los mensajes enviados avisando de la impasse no llegaron a destino”. Precisamente, porque su enlace había sido apresado.

Mattini, por su lado, relativiza el dato sobre la reunión que no se realizó entre los enlaces de Santucho y Perdía. “Esas cosas solían suceder y no causó demasiada alarma”, cuenta.

Siempre según Perdía, hasta la dictadura habían primado las diferencias en la relación con el ERP debido a la distinta “apreciación sobre el peronismo, el rol de Perón y la postura acerca de las llamadas ‘vanguardias revolucionarias’. Asumido el gobierno popular, no coincidimos con su actitud respecto del mismo. También les criticamos su posición y estrategia a la muerte del General. A pesar de las diferencias que en ese momento teníamos, nosotros interpretamos su muerte como una pérdida del campo popular. Ellos, en cambio, convencidos de que era un ‘líder burgués’ que frenaba la lucha de masas, imaginaron que a su muerte se rompía el dique de contención y se daban las condiciones para profundizar la acción armada. Hacia finales del gobierno de Isabel, cuando el golpe de estado era una posibilidad, retomamos las relaciones. Se produjo una nueva crisis con motivo del ataque al cuartel de Monte Chingolo, en diciembre de 1975”.

Más allá de si Gorriarán sabía o no que Osatinsky estaba detenido en el D-2, y si conocía o no que el jefe montonero había prometido una tregua a través de los abogados Garzón Maceda y Roca, cuya relación con la cúpula del PRT-ERP era muy fluida, hubo dos cosas que resultaron ciertas: por un lado, la Policía interpretó que los “Decididos de Córdoba” habían querido liberar al jefe de la guerrilla peronista en esa provincia, el noroeste y Cuyo, y por el otro, al día siguiente Osatinsky fue muerto, como él mismo temía.

Aquel jueves 21 de agosto los cordobeses vivieron otra jornada de violencia con tiroteos esporádicos en distintos barrios, el estallido de bombas, el descubrimiento de un par de cadáveres acribillados a balazos, el arresto de varias personas y, al final de la tarde, los disparos de francotiradores contra la Jefatura de Policía, el Hospital de Urgencias y la Casa de Gobierno.

En ese marco, la Policía informó que a las 18,15 Osatinsky fue abatido cuando un grupo de guerrilleros intentó liberarlo. Un vocero policial dijo a los cronistas de La Voz del Interior, Los Principios y Córdoba que, por motivos de seguridad, luego del ataque al D-2 habían decidido trasladar al jefe montonero a la cárcel, una medida que fue autorizada por el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma. “En dos móviles se realizó el operativo, saliendo de la Jefatura a las 18. Al llegar a Colón y Santa Fe, se escucharon los primeros disparos de los francotiradores. Cuando los coches policiales salían del puente Santa Fe, sobre el río Suquía, un Peugeot 504 color blanco se adelantó a los dos Torino (de la Policía) interceptándoles el paso. Al mismo tiempo, desde el interior de otro Peugeot 504 color gris, que se hallaba detrás de los móviles, se efectuaron varias ráfagas que impactaron en la luneta trasera del coche que trasladaba al guerrillero, hiriéndolo en la cabeza y la espalda”, relató la fuente a Los Principios. Osatinsky murió en el acto. Luego de un tiroteo, siempre según la versión policial, los atacantes huyeron, aunque abandonaron uno de los Peugeot, con un guerrillero muerto en el asiento trasero, que fue identificado como José Ricardo Cepeda. Hubo, además, tres policías heridos: un oficial ayudante con balazos en el pecho, la rodilla, la ingle y una mano en la que perdió dos dedos, cuyo estado era el más grave; un sargento y un cabo habían recibido balazos en el omóplato y en un brazo, respectivamente.

El informe fue rápidamente cuestionado ante la sospecha de que, en realidad, a Osatinsky le habían aplicado la llamada “ley de fuga”; es decir, que la Policía había “fabricado” el enfrentamiento con los supuestos guerrilleros para eliminar al preso, posiblemente en represalia al masivo ataque del día anterior. Y que Cepeda había sido muerto antes y colocado en la escena para sostener el relato oficial. Incluso los diarios tomaron una prudente distancia al registrar la versión de la Policía.

De todos modos, un testimonio de peso avala la hipótesis del tiroteo. El oficial ayudante gravemente herido fue Juan Carlos Cerutti, y a fines de 2011 también estaba preso en la prisión de máxima seguridad de Bouwer, acusado de violaciones a los derechos humanos. “Sufrí heridas en cuatro lugares —dice Cerutti mostrando sus llagas— y nunca más me recuperé. Rengueo por una herida en la rodilla; esta bala de acá me pasó muy cerca del nervio ciático; mire cómo tengo la mano derecha: no me funciona bien, no la puedo cerrar, tengo una mano inútil; tengo esta otra herida en el pecho por otro balazo que me salió por la espalda. Estuve dos semanas internado en el hospital y luego me llevaron a mi casa, a Bell Ville, en el interior de la provincia; estuve con carpeta médica y una vez por mes tenía que venir a Córdoba a junta médica hasta que a los dos años me retiraron por incapacidad, como oficial auxiliar. Nunca me pagaron seguro ni indemnización ni nada.”

Cerutti, que recién comenzaba su carrera, había sido trasladado de la comisaría de Noetinger al D-2 el 6 de agosto de 1975 y, como era del interior, trabajaba veinticuatro horas seguidas y tenía franco las cuarenta y ocho horas siguientes. “En total, trabajé seis días netos en el D-2; el 20 de agosto, el día del ataque guerrillero, por ejemplo, estuve de franco y mi último día de trabajo en el D-2 y en la Policía fue el 21 de agosto.” Aquel día, Cerutti fue llamado por el comisario Fernando Esteban, el número dos del Departamento Informaciones.

—¿Usted sabe conducir vehículos? —le preguntó Esteban.

—Sí, señor.

—Estamos trasladando detenidos a la cárcel. Usted va a tener que manejar uno de los vehículos.

—Sí señor, cómo no.

—Póngase a las órdenes del comisario Romano.

Américo Romano era el jefe de la Brigada de Operaciones del D-2. A las 17, Romano buscó a Cerutti en el lugar donde había sido destinado, la “Oficina de Actividades Extremistas”; allí se dedicaba a la “explotación de prensa”, es decir revisaba todas las publicaciones, los boletines de la radio y los noticieros de la televisión en busca de datos útiles para la lucha contra las guerrillas.

—Vamos Cerutti. En ese Torino que está ahí va usted —le ordenó Romano.

Cerutti se sentó al volante y vio que traían a un detenido esposado por adelante, con la cabeza gacha.

—Éste es Osatinsky —le dijo uno de los policías que lo custodiaba.

Cerutti lo miró, pero “no me pareció nada especial. Lo sientan atrás, y al costado se sienta otro policía, de apellido Villarruell. Yo no soy de acá y no conozco las calles, pero me iban indicando. Pasamos el puente y a unos cincuenta o sesenta metros me cierra un auto y tengo que frenar. Hay una lluvia de balas y siento un golpe fuerte en el pecho; veo la mano derecha y me doy cuenta de que la tengo destrozada, que el dedo índice me colgaba y ahí me desmayo, y desperté luego en el Policlínico Policial. Ahí me enteré de que había fallecido Osatinsky y de que a Villarruell lo habían herido”.

La vida de Cerutti siguió en Bell Ville, donde completaba sus ingresos con trabajos de electricidad y como inseminador de animales en los rodeos. Hasta que el 29 de junio de 2009, casi treinta y cuatro años después de haber sido dado de baja, fue detenido por un escuadrón de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. “Nunca antes había sido acusado de nada —dice—. Cuando me traen aquí, a la cárcel, nadie me conocía, nadie me recordaba. Me detienen por el homicidio de Osatinsky, lo cual es difícil de creer porque yo estaba de chofer y fui herido; luego me sacan ese cargo y me ponen como torturador de Osatinsky. ¡Será que lo torturé cuando lo miré! Me imputaron también la muerte de la familia Pujadas, pero eso fue el 14 de agosto y ese día estuve de franco, y una muerte más pero en este último caso hacía tres días que ya estaba internado. Y aquí estoy aún, privado de mi libertad desde hace dos años y medio mientras las secuelas de las heridas recibidas se me agravan día a día al no poder realizar una adecuada rehabilitación traumatológica, conforme a la prescripción médica.”

De todos modos, una fuente muy cercana al capitán del Ejército Héctor Vergez respalda la hipótesis del fusilamiento de Osatinsky en un tiroteo fraguado. Vergez fue enviado a Córdoba a principios de 1975 para “operar” en la lucha contra las guerrillas y llegó “recomendado por gente del Consejo Superior del Partido Justicialista” al interventor Raúl Lacabanne, según explicó ese informante, que no accede a que su nombre sea dado a conocer.

Peronista, oficial de Caballería y destacado jinete, Vergez realizó el primer curso acelerado de Inteligencia organizado por el Ejército, en 1971, y luego fue destinado al Batallón de Inteligencia 601, en Buenos Aires. En Córdoba era conocido como “Vargas” o “Gastón”. El 22 de diciembre de 2012, Vergez, de 69 años, fue condenado a veintitrés años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

De acuerdo con esa fuente, a Osatinsky “lo mataron en una operación de la Policía de Córdoba, en un traslado del D-2 a la UP1; en el camino hubo un enfrentamiento truchón, a unos cuarenta metros de la casa de un comisario general que tenía custodia. Los custodios reaccionaron porque creyeron que el enfrentamiento era de verdad y se produjo un tiroteo; al final, murieron Osatinsky y otro del ERP, y uno del D-2 resultó herido de gravedad. Desde el punto de vista del objetivo, fue un éxito. Ningún juez investigó nada a pesar de que se sabía cómo había sido”.

Siempre según esta versión, Gorriarán había atacado al D-2 porque “era muy amigo de Osatinsky desde la fuga de la prisión de Rawson y quiso liberarlo. Llegaron a veinte metros de la puerta de entrada”.

Los setenta tienen sus paradojas: uno de los fugados de Rawson, Osatinsky, murió por el fracaso de una operación dirigida por otro de los que habían protagonizado aquel gran escape, Gorriarán Merlo, quien además planificó el ataque contra la Policía para recordar el tercer aniversario de la fuga y de la posterior Masacre de Trelew.

El caso Osatinsky no terminó con su muerte. En la madrugada del domingo 24 de agosto, su cadáver fue robado junto con el carro fúnebre que transportaba el ataúd a San Miguel de Tucumán para ser velado y depositado por sus familiares en el Cementerio Israelita. Su padre había enviado un telegrama colacionado a la empresa de servicios fúnebres San Cayetano para que se hiciera cargo del traslado. Incluso, el domingo los parientes de Osa tinsky publicaron una participación del fallecimiento en un diario tucumano e informaron que el sepelio se realizaría ese mismo día, sin precisar la hora.

El Rambler colorado de la empresa San Cayetano fue interceptado por dos vehículos al pasar la pequeña localidad de Simbolar, sobre la ruta nacional número 9, en el norte de la provincia de Córdoba y a noventa kilómetros de la capital. Tres desconocidos con los rostros cubiertos con medias de mujer de nylon se bajaron de un Peugeot 504 blanco armados con fusiles automáticos y obligaron al chofer, Mario Argüello, a arrojarse cuerpo a tierra.

—Somos guerrilleros, nos llevamos el cadáver de Osatinsky —escuchó Argüello que le decía uno de los hombres.

Argüello fue dejado atado a un alambrado con su propio cinto, los ojos cubiertos con una venda.

El ex colaborador del capitán Vergez asegura que todo ocurrió así: el jefe del D-2, Raúl Telleldín, recibió un llamado por teléfono de unos amigos de San Miguel de Tucumán, que “le pidieron que hiciera algo para impedir que llevaran los restos de Osatinsky a esa ciudad porque se iba a armar un lío grande en el entierro. Telleldín lo acopló a Vergez y a tres más, y fueron en dos autos a rescatar el ataúd. Telleldín iba con ellos; no se perdía una, era un hombre de acción”. Una vez que se apropiaron del féretro, siempre según esta fuente, Telleldín dijo: “¡Vamos a hacerlo nacionalista, vamos a tirarlo a Barranca Yaco!”. Estaban a menos de cincuenta kilómetros del lugar donde el 16 de febrero de 1835 fue muerto el caudillo federal Facundo Quiroga al volver de una misión encomendada por Juan Manuel de Rosas, el hombre fuerte de la época, para poner en caja a los díscolos caudillos del noroeste. Y arrojaron el ataúd en un aljibe abandonado a doscientos metros del monolito que recuerda la emboscada fatal contra Quiroga. “Tiraron también diez cartuchos de trotyl con los cuales volaron el féretro y el cuerpo”, agrega el informante.

El Rambler fue dejado cerca de Barranca Yaco, donde lo encontraron el mismo domingo por la noche. El cadáver destrozado de Osatinky fue hallado recién tres semanas después por dos cazadores que avisaron a la Policía.

En noviembre, en su número 9, Evita Montonera, el órgano oficial de Montoneros, dedicó tres páginas para recordar la figura de Osatinsky: “Su vida como padre, como compañero, como combatiente, como Jefe Montonero, es un ejemplo”, sostuvo la revista. En una de esas páginas, su hijo mayor dijo que durante años, todos los días, menos los domingos, su papá se levantó a las 6 de la mañana para hacerles la leche a él y a su hermano y llevársela a la cama; luego despertaba a su esposa con mate, su bebida preferida. Evita Montonera destacó que el 9 de julio había cumplido veinte años de casado.

En 1978, en el tercer aniversario de su muerte, ya en el exilio y cada vez más militarizada, la cúpula de Montoneros condecoró en forma póstuma a Osatinsky con la orden “Al Mártir de la Resistencia Popular” en su máximo grado, el de la “Compañera Eva Perón”.

Capítulo 6
LA RATONERA

“El Vasco” Mendizábal era el más vivo de todos. Yo lo calé de entrada y le dije: “Acá lo tienen a Osatinsky, pero el que corta la pizza sos vos, macho”. Y resultó ser él. Tenía una jerarquía más alta que Osatinsky en Montoneros. Osatinsky tenía la fama, pero a los policías del D-2 se les escapaba “El Vasco”.

Charlie Moore sobre el principal detenido en la redada del 7 de agosto de 1975.

Ricardo Yung era del Área Federal, un ámbito que desde Buenos Aires atendía requerimientos específicos de cada Regional. Él fue el constructor, el creador, de la granada de mano de Montoneros. Cuando fue detenido, nos estaba trayendo caños para construir los cañones de la “ametralladora montonera”, el modelo sueco Carl Gustav con adaptaciones. Montoneros había comprado un torno digital de Alemania y lo tenía en Córdoba. Hasta tenía una soldadora de Siemens, comprada a través de una triangulación.

Un ex montonero apresado aquel día, que prefiere que su nombre no sea dado a conocer.

Meico Mediterránea Internacional SRL. Ése era el nombre de la empresa de importación y exportación donde el jueves 7 de agosto de 1975 a las nueve de la mañana Marcos Osatinsky fue apresado con documentos y hasta el carné de un club de básquet a nombre de Luis Alejandro Linares. Antes de él, habían sido capturadas otras dos personas, entre ellas la única mujer del grupo, Diana Fidelman; a continuación, caerían otros doce integrantes de Montoneros en una masiva redada policial a cuatro domicilios, que descabezó a la guerrilla peronista en Córdoba y en las provincias del noroeste y Cuyo, y detuvo a dos de los ocho miembros de su cúpula nacional.

Osatinsky se había bajado de un Renault 6 blanco; lo detuvieron cuando estaba abriendo el portón de la casa ubicada en la calle Maestro Vidal 1010, cerca de Alberdi, el barrio de la bohemia estudiantil, las protestas universitarias, las peñas folklóricas, el club Belgrano, el Hospital de Clínicas y la cañada del río Suquía. “Cuando miro la Barranca, la Quinta Santana, mi calle Chubut, siento en mi guitarra una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz”, canta uno de los hijos dilectos de Alberdi, José Ignacio “Chango” Rodríguez, un renovador del folklore cordobés.

Después de Osatinsky, a la media hora, cayó Horacio Alberto Mendizábal, “Vasco”, “Flaco” “Hernán” o “Lauchón”; llegó en un Fiat 128 también blanco. Mendizábal, que venía del nacionalismo católico, tenía más jerarquía que Osatinsky en la cúpula de la guerrilla peronista, pero era menos famoso, no tenía antecedentes en Córdoba y la Policía nunca supo su verdadera posición en Montoneros.

Hay dos versiones sobre quién capturó a Osatinsky y a sus compañeros. Según el expediente 53-F-75 del Juzga do Federal de Primera Instancia Nº 1, caratulado “Fidelman, Diana Beatriz y otros por Asociación ilícita calificada, Tenencia de armas y munición de guerra, Tenencia de explosivos e Infracción a la Ley de Seguridad Nacional 20.840”, el procedimiento fue realizado por personal del Departamento Informaciones. Luego de allanar el inmueble, que estaba vacío, el D-2 montó una “ratonera”: tres policías, al mando del oficial ayudante Carlos Yanicelli, se quedaron toda la madrugada y la mañana dentro de la casa por si aparecían los moradores.

“Todos estábamos de civil —recuerda Yanicelli—, creo que yo llevaba un jean, una camisa y bastante abrigo porque era invierno y hacía mucho frío. Teníamos comida, agua y mate para aguantar. Nos turnábamos en la vigilancia, pero en realidad nadie dormía. El primero en llegar fue Néstor Enrique De Breuil, de 60 años, que llegó a abrir la supuesta oficina que funcionaba allí. Le dijimos: ‘Somos de la Policía de Córdoba: está detenido’. ‘¿Por qué? Sólo soy un comerciante’, nos contestó. Lo detuvimos, lo esposamos y pedimos un móvil para que se lo llevaran; enseguida cayó Diana Fidelman. ‘Yo soy sólo la secretaria’, nos dijo. Tratábamos de sacar algunos datos básicos; no se hablaba mucho porque esperábamos que cayeran más. El tercero en caer fue Osatinsky; yo ya estaba solo porque los otros dos compañeros se habían ido a llevar a los detenidos al D-2 en un móvil. La casa tenía un garaje y un portón para el ingreso de autos. ‘Soy Luis Maldonado, comerciante de Tucumán’, me dice sorprendido, y me muestra una cédula de identidad, que luego se comprobó era falsa. Tenía mucho nivel, pero yo no sabía quién era; lo llevo a la galería posterior de la casa, esposado; yo tenía un handy, comunico a la Central que tengo un detenido que parece importante y solicito un móvil. Viene el móvil, con el subcomisario Américo Romano, que era el jefe de la Brigada de Investigaciones del D-2 y tenía mucha experiencia en la lucha contra la subversión; los conocía a todos.”

—Pero si éste es Marcos Osatinsky. ¿Usted sabe quién es Marcos Osatinsky? —preguntó Romano a su joven subordinado, de 22 años.

—No, señor, ¿quién es?

—Es uno de los jefes máximos de la subversión. No se preocupe que yo mismo lo llevo al D-2.

—Señor, no me dejen solo.

Siempre según Yanicelli, que está preso por violaciones a los derechos humanos, Romano ordenó a uno de los policías que lo acompañaba que reforzara la “ratonera”. “El cuarto en llegar —cuenta Yanicelli— fue Horacio Mendizábal, también en auto, a la media hora. ‘Vengo de Buenos Aires. Acá hay una empresa de importación y exportación’, nos dijo. Luego fueron detenidas otras dos personas en la casa de Maestro Vidal y Santa Ana.”

Pero el capitán Héctor Vergez afirma en el libro Yo fui Vargas. El antiterrorismo por dentro que Osatinsky y sus compañeros fueron capturados por él mientras investigaba el secuestro y fusilamiento del cónsul de Estados Unidos en Córdoba, John Patrick Egan, el único diplomático muerto por las guerrillas en la Argentina. Vergez, que usaba dos “nombres de guerra” —“Vargas” y “Gastón”—, comenzó a trabajar en enero de 1975 como enlace entre el Destacamento 141 de Inteligencia del Tercer Cuerpo de Ejército y la Policía de Córdoba, más concretamente el D-2, que era el organismo que centralizaba la lucha contra las guerrillas. “Vergez operaba con el D-2 en 1975, hasta octubre de 1975 para ser más preciso; él salía casi todas las noches con la gente del D-2”, confía uno de sus ex colaboradores, un dato que, sin embargo, es negado por ex miembros de esa repartición.

Según el libro Yo fui Vargas. El antiterrorismo por dentro, la “ratonera” fue montada por Vergez a sugerencia de un suboficial de la Policía. El ex colaborador de Vergez recuerda el diálogo al detalle.

—“Gastón”, vamos a quedarnos a hacerles una ratonera. Los montoneros son medio boludos y seguro que no le dan bola al allanamiento —le dijo el suboficial.

—¿Le parece? Mire que ya salió en la radio y mañana va a salir en todos los diarios… Además, estoy muerto; quiero ir a mi casa a dormir.

—Tírese acá en el suelo que yo hago la guardia.

Siempre según esa fuente, Montoneros pensó que la noticia sobre el allanamiento de la casa de la calle Maestro Vidal era “una pieza de acción psicológica, un simple bluff”. Tampoco Vergez se dio cuenta de que había detenido nada menos que Osatinsky.

—¡Uy! ¡Qué parecido que sos a Osatinsky!

—No, soy Luis Maldonado —afirmó el hombre, que “hablaba muy suave; era muy rubio, alto y tenía ojos claros. Como éramos sólo dos, no teníamos tiempo de interrogar, siquiera sumariamente, a ninguno de los delincuentes capturados”, sostiene el libro.

De acuerdo con su ex colaborador, Vergez llamó a Telleldín por una radio con frecuencia policial.

—Mandame gente que tengo detenidos.

Al rato, Telleldín se comunicó con él.

—Me lo mandaste a Osatinsky.

—Ah, el pelado. ¿Cómo sabes?

—Le revisé las medias y tenía veinte mil dólares. Le pregunté quién era realmente y al final me lo dijo.

Ocurrió que aquel día se realizaba en ese lugar una reunión de la jefatura de la Regional Córdoba con Mendizábal, que era el enlace con la Conducción Nacional —“C.N.” o “Carolina Natalia”, en la jerga guerrillera—. En la cúpula de ocho miembros surgida en 1973, luego de la fusión con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), cinco provenían de Montoneros y tres de las FAR. Mendizábal ocupaba el séptimo lugar y Osatinsky, el octavo. Todos ellos eran “oficiales superiores”, el más alto rango en aquel momento del aparato militar y clandestino de la guerrilla peronista. En 1973, la Argentina había vuelto a la democracia y gobernaba el peronismo, pero Montoneros pensaba que no tenía que desarmarse sino, por el contrario, acumular fuerzas y armas para acelerar la revolución socialista. “El poder nace del fusil”, enseñaba Mao Tse Tung, y los jefes montoneros practicaban esa consigna.

“En un primer momento, el jefe de la Regional Córdoba fue Mendizábal; luego, en otro momento, fue Osatinsky”, explica Roberto Perdía, el número 2 de aquella cúpula a nivel nacional.

Uno de los montoneros detenidos el 7 de agosto de 1975 asegura que en la casa de la calle Maestro Vidal podrían haber sido apresados otros dos “peces gordos” de la guerrilla peronista: Perdía, que aquel día había viajado a Buenos Aires, y por lo tanto no estaba en Córdoba, donde vivía, y Carlos Hobert, también conocido como “Diego Pingulis”, un porteño católico, estudiante de sociología, que era el número 4 y a quien muchos montoneros consideraban como el verdadero jefe de la Orga, por encima incluso de Mario Firmenich, Perdía y Roberto Quieto; tanta era la legitimidad y autoridad que le atribuían.

“Hobert llegó caminando a la casa, por la mañana; se dio cuenta de que había movimientos raros y se fue”, afirma el ex montonero que no quiere que trascienda su nombre: teme que, si cambia el clima político y el kirchnerismo deja el poder, pueda ser acusado por delitos como asociación ilícita, ahora fuera del radar de los derechos humanos con el argumento de que, como fueron cometidos por grupos que no integraban el aparato estatal, ya prescribieron por el paso del tiempo.

Hobert fue el autor de una de las jugadas políticas más audaces y relevantes de Montoneros, cuando en 1972, al frente de un pelotón, tomó un pueblo en la provincia de Santa Fe, con lo cual logró visibilidad nacional para difundir un comunicado de cinco puntos, donde respaldaba el desemboque electoral de la dictadura del general Alejandro Lanusse y levantaba la candidatura presidencial de Juan Perón, que estaba exiliado. El planteo chocaba con la consigna predominante en el ala izquierda del peronismo: “¡Ni votos, ni botas; fusiles y pelotas!”, pero, con el atractivo irresistible de esas elaboraciones políticas novedosas que logran captar y resumir algo que ya está en el aire, la opción electoral fue logrando el consenso de los sectores mayoritarios de Montoneros. Gracias a la jugada de Hobert, Montoneros se convirtió en la primera guerrilla del continente en integrarse a una salida electoral para habilitar el regreso de su líder y terminar con el régimen militar. Fue un gran acierto: el “¡Perón o muerte!”, que había sido el grito de los años de resistencia del peronismo a la proscripción de su líder, dejó paso al “¡Luche y vuelve!”, que interpretaba con garra y frescura el máximo sueño de los sectores populares.

Ese cambio le permitió a Montoneros un crecimiento espectacular y lo convirtió en un imán irresistible para la juventud de los sectores medios y altos, que se estaban radicalizando conforme al clima de la época, al tiempo que le daba una fuerte inserción en la masa peronista. Las otras organizaciones armadas que se identificaban con el peronismo dejaron de lado las pequeñas rivalidades y fueron integrándose al torbellino montonero. Tal el caso de las FAR, pero también de Descamisados, cuyos miembros provenían en su mayoría de la juventud demócrata cristiana; eran los “cristianuchis”, como se los llamaba: Mendizábal, Norberto Habegger, Oscar De Gregorio, Jorge Taiana, Fernando Galmarini, Fernando Saavedra, Ramón Canalis y Rodolfo Ojea Quintana, entre otros. Montoneros también sumó a un sector de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), liderado por Carlos Caride y José Luis Nell.

Hobert fue uno de los pocos jefes de Montoneros, si no el único, que nunca tuvo que pasar a la clandestinidad; mantuvo su trabajo en blanco, como redactor publicitario, hasta que fue muerto el 22 de diciembre de 1976, a los 31 años, en una casita del Gran Buenos Aires junto a su esposa, Graciela Maliandi, “La Renga” o “Ruth”, durante un tiroteo con una patrulla militar. Estaban cenando cuando escucharon que por un megáfono los intimaban a rendirse. Hobert y su esposa cubrieron a su pequeña hija con colchones y se apostaron en la ventana del único dormitorio. “Menos mal que la casa no tiene ni entrada trasera”, dijo él, con su ironía habitual. No pudieron resistir mucho: Hobert cayó de espaldas, atravesado por varios balazos, todavía vivo. Miró a “Ruth” y ella comprendió: se arrastró hasta donde él había caído, le susurró algo al oído y le disparó en la cabeza, ya que no estaban dispuestos a entregarse vivos. Luego “Ruth” tiró casi todas las armas por la ventana y dijo que se rendía, pero pidió garantías para la beba. El coronel que comandaba la patrulla le ordenó que saliera y ella lo hizo, arropando a la nena en un toallón blanco manchado por la sangre de su esposo. El coronel se fue acercando con mucho cuidado, pero cuando escuchó el llanto de la pequeña apartó el megáfono, guardó el arma, extrajo a la beba del toallón ensangrentado y se la entregó a un enfermero. Cuando “Ruth” vio que su hija estaba segura, dejó caer el toallón y vació la carga de una pistola 45 que se había guardado, matando al desprevenido militar. La patrulla la liquidó de inmediato. La nena se salvó. Hobert era tan poco conocido que la dictadura tardó en darse cuenta de que había terminado con uno de los jefes más importantes de la estructura de Montoneros.

El ex montonero, quien asegura que Perdía y Hobert se salvaron de la “ratonera” en la casa de la calle Maestro Vidal, explica que “se trataba de una reunión en un lugar de cobertura. Un escenario virtual: la empresa estaba legalmente constituida y tomaba gente de manera legal, pero detrás de ella, o mejor dicho en su interior, se había construido el espacio real. Teníamos muchos lugares así en Córdoba, y algunos no cayeron nunca, como un taller metalúrgico que ocultaba una fábrica de armamentos”.

La noche anterior, el miércoles 6 de octubre a las 20, la casa de Maestro Vidal y Santa Ana había sido allanada. Según el expediente de la causa Fidelman y otros, el oficial auxiliar Ítalo Bossina saltó al patio de la casa a través de un tapial y abrió el portón para que entrara un grupo de policías a sus órdenes. En su declaración ante el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma, Bossina dijo que “como tenía una información casi precisa de que en los fondos de la citada finca, en el interior de un galpón destinado a depósito, se encontraría una de las denominadas ‘Cárceles del Pueblo’, decidí violentar un candado de la puerta de acceso al mismo, constatando la veracidad de dicho informe, ya que en un rincón del citado ambiente encontré una puerta disimulada, de regulares dimensiones, a la que hubo que forzar para penetrar a su interior”.

Los policías descubrieron dos celdas de 2,40 por 1,40 metros cada una, con una altura de un metro con sesenta centímetros, separadas por una reja. No había nadie allí, pero de acuerdo con el informe de Bossina, incautaron muchísimo material acorde con el nivel de las reuniones que se realizaban en ese lugar, como por ejemplo:

Carpetas y cuadernos con registros de ingresos y gastos de las distintas áreas y columnas de la Regional Córdoba, tanto mensuales y anuales como de operaciones específicas.

Organigramas con la distribución de funciones en cada área o ámbito de actividad de esa Regional: Finanzas, Logística, Militar, Sanidad, Política, Sindicatos, Universidad y Prensa.

Chequeras, documentos, partidas de nacimiento y certificados de vacunación.

Notas reservadas entre la Conducción Nacional de Montoneros y la Regional Córdoba.

Informes sobre actividades políticas, sindicales, universitarias y “militares” de Montoneros, tanto a nivel local (fusilamientos o “ajusticiamientos” de policías, atentados contra funcionarios y robos o “recuperaciones” de armas a empleados de seguridad de Fiat y a una armería) como nacional (el secuestro de los hermanos Born).

“Información original escrita a máquina sobre un denominado ‘Operativo Elizabeth’, en el cual se intentaría secuestrar al cónsul de Estados Unidos en Córdoba.”

“Un informe de veintiuna hojas tamaño oficio, mimeografiadas, sobre Papel Prensa, titulado ‘Memorias del año 1971’.”

“En una hoja tipo espiral, a lápiz, un croquis de la distribución interna del Departamento Informaciones de la Policía de Córdoba.”

“Siete carillas mimeografiadas tituladas ‘Disposiciones sobre la Justicia Penal Revolucionaria’”, de 1972.

“Un escrito de diecisiete hojas a mimeógrafo conteniendo directivas para cuando caen presos.”

“Una hoja de papel copia en la que se hace mención de que para la seguridad de los presos se creó un servicio de radiollamada, con el abogado Hugo Vaca Narvaja (h), llamando al código 050 de la radio secuestrada (en la casa de Maestro Vidal 1010) numero 119 de la empresa Delta Electrónica.” Esta compañía confirmó luego que ese código correspondía a Vaca Narvaja hijo.

Instrucciones para el copamiento de una localidad.

Instrucciones para la construcción de explosivos y armas como una pistola lanzabengalas y un “cohete antigranizo”, y para el manejo de armas y morteros.

Planos de la cárcel de mujeres del Buen Pastor con apuntes sobre las maneras de fugarse.

Cuatro escopetas; un rifle; una pistola; seis granadas de mano SFM 4, fabricadas por Montoneros; cartuchos y vainas servidas, y elementos para fabricar explosivos.

Carlos “Charlie” Moore afirma que también fue secuestrado un material que no figura en la causa Fidelman y otros: “Entre cincuenta y cien páginas membretadas de Montoneros”. Según Moore, esos papeles fueron utilizados luego por los policías del D-2 para redactar comunicados de prensa, en los que atribuían a la guerrilla peronista atentados realizados por ellos mismos, como la colocación de bombas y el fusilamiento de otros policías. Moore asegura que el allanamiento de la casa de la calle Maestro Vidal 1010 fue devastador para Montoneros. “Cayó una gran cantidad de documentación: eran bolsas y bolsas de papeles, de notas, de notitas de los ‘correos’, de las cárceles, de los ‘buzones’; ahí estaba todo. Montoneros, con esa caída, en Córdoba estaba totalmente terminado. Nunca más se pudieron recuperar.”

Además, la Policía incautó varios libros. ¿Qué leían?:

De la guerra, del general Carl von Clausewitz.

El marxismo, de Henri Lefebvre.

Socialismo y comunismo, de Marta Harnecker y Gabriela Uribe.

Guerra popular, ejército popular, del general Vo Nguyen Giap.

Salario, precio y ganancia, de Carlos Marx.

La patria fusilada, de Francisco Urondo.

¿Qué hacer?, de Vladimir Lenin.

Obras escogidas, de Mao Tse Tung.

Peronismo. Sacerdotes para el Tercer Mundo, de Rolando Concatti.

Peronismo y socialismo, de Juan José Hernández Arregui.

Peronismo/ antecedentes y gobierno, de Juan Pablo Franco y Fernando Álvarez.

Pirología (Utilización racional de los explosivos), de Antonio Blanco García.

Luego de inspeccionar el depósito y la “cárcel del pueblo”, los policías ingresaron a las tres habitaciones de la casa, refaccionadas y transformadas en tres modernas oficinas, con una cocina comedor y un baño. Descubrieron que el inmueble había sido alquilado el 3 de enero de 1975 por Eduardo Alfredo De Breuil, 28 años, sobrino del primero de los detenidos, Néstor De Breuil, y domiciliado en la calle Santa Rosa 736, a una cuadra y media de la plaza Colón y a ocho cuadras del Hospital de Clínicas. Eduardo De Breuil aparecía en los papeles como el socio gerente de la compañía de importación y exportación y fue detenido en su casa junto a sus hermanos Jorge, 26 años, y Gustavo, que justo aquel 7 de agosto de 1975 cumplía 22 años; los tres eran hijos de un escribano muy conocido.

Frente a la elegante vivienda de dos plantas de los De Breuil los policías encontraron estacionada una camioneta Ford F-100 blanca, con cúpula; los caños de acero y las barras de bronce que cargaba en la caja llamaron la atención de Romano, el jefe de la Brigada de Investigaciones, quien junto con dos subordinados esperó en un automóvil al conductor. Romano supuso que esos elementos podrían ser utilizados para la fabricación de armas largas. Según el expediente, “al rato se apersonó un individuo que pretendió ingresar a la finca, el que fue inmediatamente detenido con las llaves del vehículo en su poder”. Se trataba de Ricardo Alberto Yung, “Otto” o “El Alemán”, un jujeño rubio, hijo de alemanes, que estudiaba ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba.

El ex montonero que solicita que su nombre no figure en este libro cuenta que Yung “era del Área Federal, un ámbito que desde Buenos Aires atendía requerimientos específicos de cada Regional. Él fue el constructor, el creador de la granada de mano de Montoneros. Estaba trayendo de Buenos Aires material necesario para la Regional Córdoba, y sin pensarlo mucho recaló en la casa de los De Breuil. Lo que traía eran caños para construir los cañones de la ‘ametralladora montonera’, el modelo sueco Carl Gustav con adaptaciones. Montoneros había comprado un torno digital de Alemania y lo tenía en Córdoba. Hasta tenía una soldadora de Siemens, comprada a través de una triangulación”.

Una serie de datos encontrados en las casas de las calles Maestro Vidal y Santa Rosa permitieron el allanamiento de otros tres domicilios, que estiraron el número de detenidos a quince y aumentaron la cantidad secuestrada de pistolas, revólveres, municiones, elementos para la elaboración de explosivos, libros y publicaciones de Montoneros. Y en las afueras de la localidad de La Cumbre, en el Valle de Punilla, fue descubierto un “embute”, un escondite, en un tanque de agua enterrado a unos cuarenta centímetros, que contenía armas, municiones, material para explosivos y uniformes de la policía cordobesa y de la Armada.

En general, los detenidos se negaron a declarar ante la Policía y los pocos que lo hicieron afirmaron luego que sus palabras habían sido arrancadas mediante amenazas y torturas; al mes siguiente, ya asistidos por sus abogados, todos dijeron al juez Zamboni Ledesma que no pertenecían a Montoneros (algunos pocos admitieron que eran peronistas, pero señalaron que sin mucho compromiso militante) y aseguraron que habían sido víctimas de apremios ilegales durante su paso por el Departamento Informaciones.

Zamboni Ledesma y su secretario penal, Carlos Otero Álvarez, son acusados ahora de no haber investigado esas denuncias. Zamboni Ledesma ya murió, pero Otero Álvarez, que luego ascendió a juez y a camarista, fue apresado el 1° de septiembre de 2012, acusado de “encubrimiento” en noventa y tres casos de violaciones a los derechos humanos. Paradojas de la historia, cuatro años antes Otero Álvarez había integrado el tribunal que condenó por primera vez a prisión perpetua al ex general Luciano Benjamín Menéndez y a otros militares; fue llevado al penal de Bouwer, donde están alojados varios detenidos por aquel recordado juicio oral. “Doctor, aquí nadie le va a hacer daño, somos todos presos”, lo tranquilizó uno de esos presos apenas se cruzó con él. “Los presos me han recibido mejor que mis pares”, le contestó el ex juez.

Mientras los líderes de las organizaciones de derechos humanos elogiaron la detención, Otero Álvarez recibió la solidaridad de sus colegas, corporizados en el titular del Tribunal Oral Federal Nº 1, Jaime Díaz Gavier, quien calificó la medida como “una injusticia” ya que “no está fundada en pruebas”, y enfatizó que el secretario de un juez “no puede resolver absolutamente nada” y, por lo tanto, en su opinión no es responsable de la falta de investigación de aquellas denuncias. Otro ex juez federal y un ex fiscal federal durante la dictadura también están detenidos por “encubrimiento”.

Los quince detenidos aquel 7 de agosto de 1975 mantuvieron su “minuto”, su relato sobre cuál era el rol que cumplían en aquella trama. Por ejemplo, El Alemán Yung afirmó que traía en su camioneta los caños de hierro y las barras de bronce para venderlos en Jujuy y que, en medio del camino, se había acercado a la casa de la calle Santa Rosa para participar en el festejo del cumpleaños de uno de los hermanos de su amigo Jorge De Breuil, “a quien le llevaba de obsequio un disco que había comprado en Buenos Aires”.

Por su lado, Mendizábal declaró que se desempeñaba como asesor aduanero en la ciudad de Buenos Aires y que en enero de aquel año había leído un aviso clasificado en el diario La Nación, donde una firma de importación y exportación de la ciudad de Córdoba solicitaba un técnico aduanero radicado en Capital Federal. Agregó que siguió al pie de la letra las indicaciones del aviso y envió una carta a “la calle Santa Rosa número setecientos y algo” con su Curriculum Vitae, y que luego recibió un llamado telefónico de Eduardo De Breuil, quien le propuso visitarlo a fines de enero. Una vez en Córdoba, De Breuil le contó que estaba instalando una oficina de importación y exportación y le ofreció un sueldo de 5 mil pesos mensuales para encargarse de los trámites aduaneros en Buenos Aires con el compromiso de viajar una vez por mes a esa provincia. Siempre según este relato, Mendizábal tuvo una nueva entrevista de trabajo con De Breuil en febrero, cuando lo llevó a conocer la sede de la compañía, en la calle Maestro Vidal, que estaba siendo acondicionada. Agregó que en junio pudo ver que unos albañiles “arreglaban el fondo” del inmueble. En esa línea, Mendizábal dijo que el día que fue detenido concurría a su encuentro mensual con De Breuil. Y admitió que simpatizaba con el peronismo, pero señaló que no estaba afiliado a ninguna fuerza política.

Charlie Moore recuerda bien la estadía de Mendizábal en el Departamento Informaciones de la Policía. “‘El Vasco’ era el más vivo de todos. Yo lo calé de entrada y le dije: ‘Acá lo tienen a Osatinsky, pero el que corta la pizza sos vos, macho’. Y resultó ser él. Tenía una jerarquía más alta que Osatinsky en Montoneros. Osatinsky tenía la fama, pero a los del D-2 se les escapaba ‘El Vasco’; lo tenían sentado en la escalera justo frente a mi calabozo. Era un patio muy chico, de tres metros por cuatro. Dependiendo de los guardias, a veces había guardias amigables y lo llevaban al baño. Yo andaba dando vueltas por ahí.”

Siempre de acuerdo con Moore, él habló dos veces con Mendizábal mientras compartían el lugar de cautiverio. La primera fue cuando lo reconoció como jefe de todos los montoneros detenidos “y me silbó. Hasta mi mujer se dio cuenta. Nos hicimos los boludos; lo último que íbamos a hacer era entregarlo”. La segunda vez fue cuando le propuso escapar.

—Hay una posibilidad de sacarte de aquí, pero hay que rajar todos —le dijo Moore.

—Lo voy a tener que hablar con “El Ruso” (por Osatinsky).

La respuesta llegó un par de días después.

—No quiero saber nada, no quiero tener nada que ver con vos.

“Me acusaban de traidor, de colaborador. Yo era una mala palabra”, admite Moore. Antes le había hecho la misma propuesta a Osatinsky, quien la rechazó de plano: ‘Yo con vos no me meto’, le contestó.

En un momento, la Policía quiso lograr información de los montoneros presos “desde adentro”, a través de Moore: “Mientras tenían a los muchachos en la pieza que da al patio de adelante, me llevaron como prisionero tabicado y me tiraron adentro, previo pegarme una paliza tremenda. Y ahí me dejaron un buen tiempo para ver si hablaban algo, pero nadie dijo una palabra. Por ahí cuchicheaban entre ellos. Pero yo no intenté comunicarme con ellos porque no quería saber nada. Y después me sacaron. No digo que me interrogaron torturándome, pero me apretaron bastante, por lo menos verbalmente.

—¿Qué escuchaste allá adentro? —le preguntaron los policías.

—¡Yo no escuche nada! ¡Por ahí cuchicheaban algo, pero conmigo ni hablaban!

Mendizábal estuvo casi seis meses detenido, primero en el D-2 y luego en la cárcel hasta que logró fugarse, el 4 de febrero de 1976, a las 9 de la mañana, cuando estaba por declarar en el Juzgado Federal Nº 1, en pleno centro. “La audiencia decretada para el día de la fecha fue suspendida en razón de que, al iniciarse la misma, el abogado que se hizo llamar Juan Carlos Corte extrajo un arma de fuego del portafolios que llevaba con la que redujo a la guardia, entregando otra a Mendizábal, logrando fugar por la ventana de la sala de audiencias, contando con apoyo del exterior”, informó Cristina Garzón de Lascano, secretaria civil del juez Zamboni Ledesma. Con el tiempo, Garzón de Lascano, “La Titi”, como le dicen sus conocidos, se convirtió en titular del Juzgado Federal Nº 3, del que se retiró en 2010 tras haber llevado adelante todas las causas por delitos de lesa humanidad en Córdoba, entre ellas el expediente que derivó en la condena a prisión perpetua de los ex generales Jorge Rafael Videla y Menéndez, otros militares y los policías del D-2, en 2012.

El periodista, escritor y artista plástico santiagueño Julio Carreras, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo, sabe bien cómo escapó Mendizábal, ya que aquel día ambos fueron trasladados al juzgado junto con la esposa de Carreras, Gloria Gallegos, también del PRT-ERP: “Fuimos nada más que nosotros tres en el camión celular, pero no pudimos conversar pues a cada uno de nosotros nos habían encerrado en celdillas internas, donde viajamos parados. Yo podía ver —por las mirillas de la celda— que nos seguía un verdadero operativo policial. Un camión blindado y dos patrulleros es lo que recuerdo”. Carreras no conocía a Mendizábal y quedó impresionado por “su porte militar. Bastante alto, erguido, bigotazos en punta hacia abajo, su actitud era la típica en los dirigentes montoneros. Con las esposas hacia adelante, creo recordar que llevaba una camperita liviana de color claro sobre una camisa a cuadros. Por lo demás, me parece que vestía vaqueros y mocasines con planta de goma”.

Media docena de guardiacárceles, armados con Itacas y pistolas, custodiaban a los tres presos. “Fueron quienes nos acompañaron adentro del juzgado, luego de subir las escalinatas entre un nutrido grupo de policías y otros individuos armados de quienes no sé a qué repartición pertenecían”, agrega. Aunque bastante deteriorada, la democracia todavía estaba vigente, por lo cual “no se permitía la permanencia de personal armado dentro del despacho de los jueces. Incluso, los guardiacárceles armados con Itacas debieron quedar en el hall de entrada, mientras que Mendizábal y nosotros fuimos acompañados nada más que por tres de ellos, que llevaban únicamente pistolas en sus cartucheras al cinto”. Mendizábal ingresó directamente al despacho del juez, mientras Carreras y su esposa fueron llevados a una sala de espera, a un costado; se sentaron en un sillón de madera con las manos esposadas hacia adelante. Carreras calcula que “no habían pasado ni cinco minutos cuando estalló el tiroteo. El guardiacárcel que nos custodiaba se puso muy nervioso; temblando, desenfundó la pistola y nos dijo que nos metiéramos bajo un escritorio metálico que había allí, cerca de una pared lateral. Le susurré a mi compañera que nos mantuviéramos alertas y que si llegaban a ingresar los guerrilleros, tratásemos de largarnos por esa ventana. Obviamente, ya nos habíamos dado cuenta de que los atacantes eran Montoneros”.

Carreras agrega que luego se enteró de que el supuesto abogado de Mendizábal “había llevado una pistola calibre 45 disimulada entre sus carpetas. Apenas comenzado el acto de toma de declaración, extrayéndola se la dio a su defendido, quien, apuntando a los funcionarios, los puso boca abajo en el suelo, con las manos sobre la nuca. Primero saltó el abogado y luego Mendizábal; antes de salir por la ventana hizo un tiro al aire. Ésa fue la señal para que desde la vereda de enfrente una célula comenzara un tiroteo sistemático sobre el juzgado, usando fusiles y metralletas, para evitar que desde dentro salieran a perseguirlos. Simultáneamente, un automóvil recogía a Mendizábal y a su defensor legal junto a la vereda”.

Quienes lo conocieron de cerca sostienen, en general, que Mendizábal era un seductor, una persona muy simpática y optimista, pero muy esquemático en sus razonamientos políticos; tanto que con frecuencia derivaba hacia planteos y opciones militaristas. “Traía del catolicismo esos eslóganes de morir por los demás, de dar la sangre por los hermanos; era el más duro de los tres jefes que teníamos en Descamisados”, recuerda Fernando Galmarini, un político peronista que fue diputado nacional, ministro de Gobierno del gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y secretario de Deportes del presidente Carlos Menem. Los tres jefes de “Los Desca” o “La D” eran Mendizábal, Habegger y De Gregorio.

Coincide con esa descripción Julio Bárbaro, ex diputado nacional, secretario de Cultura con Menem e interventor del Comité Federal de Radiodifusión con el presidente Néstor Kirchner, que fue muy amigo de todos ellos desde la época en que militaban juntos en la juventud de la Democracia Cristiana, aunque nunca compartió la opción posterior por la lucha armada: “El catolicismo les aportó algo muy mesiánico, esas figuras del héroe y del mártir que facilitaron la conversión a la violencia”, sostiene. Mendizábal y Habegger habían sido incluso los monaguillos del casamiento de Bárbaro, y Mendizábal fue quien le confió que el secretario general de la Confederación General del Trabajo, José Ignacio Rucci, había sido muerto por Montoneros.

—Va a aprender el General que nuestras posiciones tienen que ser respetadas —le dijo a Bárbaro tras la emboscada del 25 de septiembre de 1973, dos días después de que Perón fuera elegido presidente por tercera vez con más del 61 por ciento de los votos.

Por su lado, Ramón Canalis, que también fue “Desca”, sostiene que Mendizábal era “un muy buen cuadro militar. Y un tipo muy generoso: yo me casé en 1971 con un traje de él; pertenecía a una familia de mucha guita, pero, como tantos otros, cuando pudo hizo cagar la parte que le tocaba y la puso para la Orga”.

Según Jorge Devia, ex militante de las Fuerzas Armadas Peronistas, Mendizábal “fue quien convenció a Rodolfo Walsh para que dejara las FAP y entrara en Montoneros”.

La periodista y escritora Sylvina Walger menciona que el padre de Mendizábal era “un famoso ginecólogo, de la familia dueña de Mendicrim. Un militarista nato. Recuerdo haber comido con él y su familia en un restaurante en Riobamba y Santa Fe, que se llamaba Riobamba, y las reglas de comportamiento que le imponía a su hijo”.

Luego del escape en Córdoba, Mendizábal fue designado secretario militar de Montoneros a nivel nacional. Como tal, fue el jefe de la “resistencia montonera” a la dictadura y el responsable último de algunos recordados ataques, como la bomba que mató al general Cesáreo Cardozo, el primer jefe de la Policía Federal, el 18 de junio de 1976, en su dormitorio y mientras dormía con su esposa, y, dos semanas después, la bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, donde murieron veinticuatro personas, en su mayoría suboficiales, y hubo más de sesenta heridos.

Con el tiempo, Mendizábal perfeccionaría aun más su destreza militar, al punto de entrenar con los palestinos de Yasser Arafat en Oriente Medio y convertirse en el jefe del Ejército Montonero y en el cuarto hombre de la cúpula de Montoneros. El número 23 de la revista Evita Montonera, de enero de 1979, explicó como sería la Contraofensiva con la cual la guerrilla peronista planeaba subirse a las protestas obreras y derrocar a la dictadura para concretar el destino manifiesto de la revolución socialista en la Argentina. Una foto muestra a los comandantes Mario Firmenich y Mendizábal muy sonrientes, mientras se dan la mano luciendo los uniformes del Ejército Montonero, boina incluida, con un mapa de la Argentina como fondo. Con esa revista bajo el brazo, Mendizábal convenció a muchos exiliados para retornar al país y “coronar la gloriosa resistencia a los militares con una victoriosa contraofensiva”, mientras el gobierno cubano facilitaba guarderías y escuelas para los hijos de los voluntarios. Murieron casi todos, incluidos Mendizábal y su pareja, Sara Zermoglio, quienes inspiraron la película Infancia clandestina, dirigida por el hijo de Zermoglio, Benjamín Ávila. Mendizábal cayó el 19 de septiembre de 1979, en una cita envenenada, en el supermercado Canguro de Munro, en el norte del Gran Buenos Aires, junto con Armando Croatto, ex diputado nacional y responsable del área sindical de Montoneros. Al Fatah, la organización político-militar fundada por Arafat, lamentó en un comunicado la muerte de Mendizábal y prometió que “continuaremos apoyándolos hasta la victoria final contra el imperialismo, el sionismo y el fascismo”.

La casa donde Mendizábal, Osatinsky y sus compañeros fueron detenidos ya no existe: fue dinamitada el domingo 24 de agosto de 1975 por la noche; el capitán Vergez se atribuye esa decisión en el libro Yo fui Vargas. Tres días después, el dueño del inmueble, Luis Courroux, que lo había alquilado por dos años a Eduardo De Breuil, solicitó al juez Zamboni Ledesma que se lo devolvieran. Courroux murió en la espera, y el 11 de mayo de 1978 su viuda y su hija reiteraron el pedido, que finalmente fue satisfecho a las dos semanas. En tanto, la casona de dos plantas de Santa Rosa 736 es ahora la sede del Frente Cívico, el partido del senador nacional y ex intendente cordobés Luis Juez, que se la alquila a Eduardo De Breuil.

Capítulo 7
MATEN AL TRAIDOR

Este Tribunal Revolucionario considera que habiendo incurrido el acusado Fernando Haymal en los delitos de Traición y Delación debe ser condenado a ser pasado por las armas en el lugar y momento en que se lo encuentre.

Sentencia de Montoneros publicada en la revista Evita Montonera número 8, octubre de 1975, página 21.

Los desconocidos llevaban secuestrado a un hombre joven, a quien, tras detener la marcha del coche, lo hirieron de dos balazos en el tórax. Luego, los criminales abrieron una de las puertas y procedieron a arrastrar al herido con el automóvil en marcha, reteniéndolo por las extremidades inferiores. Tras circular varios metros, lo arrojaron al pavimento. Además de las heridas de bala, la víctima sufrió horribles lesiones traumáticas en la cabeza y dejó de existir.

Diario La Voz del Interior del 3 de septiembre de 1975.

Fernando Rubén Haymal, también conocido por su nombre de guerra “Valdés”, comenzó a morir once días antes, cuando un tribunal revolucionario de Montoneros lo condenó a la pena capital “en el lugar y momento en que se lo encuentre” por haber entregado a la Policía un dato crucial: la dirección de la “casa operativa” de Maestro Vidal 1010. El martes 2 de septiembre de 1975, Haymal, de 26 años, salió de la casa de su abuelo en el barrio Alberdi, donde vivía con su esposa, embarazada de ocho meses, y su hijo de un año, y tomó un colectivo de la línea 102. Dos compañeros se subieron en el trayecto: venían a ejecutar la sentencia. Triste, desmoralizado, vencido, Haymal los dejó hacer. Al llegar al Correo, en la esquina de las avenidas Colón y General Paz, en el centro de la capital cordobesa, lo obligaron a bajar; de inmediato, los tres jóvenes se acomodaron en el asiento trasero de un Peugeot 404 blanco, donde los esperaban otros dos guerrilleros. Recorrieron una treintena de cuadras. En el barrio de Alta Córdoba, cerca del estadio del club Instituto, le dispararon dos balazos calibre 45 en el pecho. Caía la tarde cuando ataron una cadena a los pies de Haymal, abrieron una de las puertas del automóvil, sacaron el cuerpo perforado y lo arrastraron por la calle con el Peugeot en marcha hasta que la cadena se rompió. El cadáver quedó tirado en el pavimento, la cabeza destrozada, la ropa sucia de sangre y de tierra.

Su hermano, Hugo Haymal, dice que Fernando murió dentro del coche a causa de esos dos disparos, pero La Voz del Interior informó que estaba con vida cuando lo arrastraban por la calle. “Además de las heridas de bala, la víctima sufrió horribles lesiones traumáticas en la cabeza y dejó de existir”, aseguró el diario.

La escena recuerda a la Ilíada, cuando el valiente Aquiles, “para tratar ignominiosamente al divino Héctor, le horadó los tendones de detrás de ambos pies desde el tobillo al talón; introdujo correas de piel de buey y le ató al carro, de modo que la cabeza fuese arrastrando; luego, recogiendo la magnífica armadura, subió y picó a los caballos para que arrancaran, y éstos volaron gozosos. Gran polvareda levantaba el cadáver mientras era arrastrado; la negra cabellera se esparcía por el suelo, y la cabeza, antes tan graciosa, se hundía toda en el polvo”. Aquiles maltrató el cadáver del hijo del rey de Troya, a quien venciera en justa lucha, porque Héctor había matado a su mejor amigo, Patroclo. Por eso, desobedeció las leyes de la guerra y enojó a los dioses.

Los compañeros de Haymal también estaban furiosos, y por eso se ensañaron con su cuerpo: lo culpaban de la muerte de Marcos Osatinsky y de la captura y las torturas del resto de la conducción de Montoneros en Córdoba y alrededores, así como del obligado pase a la clandestinidad de otros compañeros, cuya pertenencia a ese grupo guerrillero había sido descubierta. Además, lo responsabilizaban de la pérdida de dinero, documentos, armas y lugares seguros, como la casa del barrio Alto Alberdi, y de haber provocado con su delación “un triunfo político-militar del enemigo”.

Haymal conocía bien el lugar donde fueron apresados Osatinsky y otros “oficiales” montoneros. “Se trataba de una casa operativa de Montoneros, donde había una cárcel del pueblo, con celdas subterráneas. Fernando había dirigido esas obras porque se desempeñaba como jefe de Logística de la Regional Córdoba. Era también un lugar de reunión de la conducción regional”, dice Hugo. Otras fuentes, que exigen que sus nombres no sean conocidos, relativizan, sin embargo, el rol de Haymal en esa organización político-militar, aunque todos coinciden en que su papel era clave: era uno de los guerrilleros que sabía cómo construir “embutes” (escondites) para guardar documentos, dinero y armas, y “cárceles del pueblo”, entre otras instalaciones clandestinas.

Es que siempre se había dedicado a la construcción, primero en la empresa de revestimiento de casas y edificios de su papá, un descendiente de libaneses que se radicó en el barrio Alberdi, en Colón al 3400. “Ninguno de nosotros dos quiso seguir estudiando y nos pusimos a trabajar. Había muchas posibilidades y la empresa de mi viejo andaba muy bien, con obras grandes”, cuenta Hugo, que sentía devoción por su hermano mayor: “Fernando siempre hacía las cosas más difíciles, más complicadas, para que yo no corriera ningún riesgo; no quería que yo tuviera problemas. Me veía como al hermano que tenía que ser cuidado por él. Mi hermano era recto, purista, obsesivo, y también era violento y ésa era su parte mala”.

Los Haymal siempre fueron peronistas. “Mi viejo —cuenta Hugo— era de la Resistencia; mi casa era una cueva del peronismo. Allí iban todos, también Ricardo Obregón Cano, que era odontólogo y muy amigo de mi viejo. Luego fue elegido gobernador en 1973. De chiquitos, estuvimos acostumbrados a estar con la Policía a nuestras espaldas porque éramos muy peronistas, tanto es así que yo la primera caída en una comisaría la tuve a los 12 años, junto con mi hermano, que tenía 13: estábamos pintando paredes con ‘Viva Perón’, ‘Perón Vuelve’, cosa que no se podía hacer. Primero blanqueábamos las paredes y después se pintaba con rojo ferrite, negro humo y amarillo óxido. Fue de noche, pero enseguida apareció un abogado amigo: reclamó por los presos y nos sacó. Era pleno gobierno del presidente Arturo Frondizi. Había mucha agitación en Córdoba, en especial en el barrio Alberdi, donde vivían estudiantes de todo el país. Se militaba mucho, y nosotros lo hacíamos codo a codo con mi viejo; éramos una banda; en aquellos tiempos los doctores también salían a pintar.”

Varios años vivieron así, trabajando en la construcción y militando en el peronismo. Incluso cuando Montoneros se dio a conocer, en 1970, con el secuestro y muerte del general retirado Pedro Eugenio Aramburu y la toma de La Calera, una localidad ubicada a diecinueve kilómetros de la capital de Córdoba. Dos años después, una pelea de los hermanos con miembros de la llamada “burocracia sindical” derivó en el ingreso de Fernando Haymal a Montoneros. “Pasó —relata Hugo— que habíamos tomado una obra grande, el barrio Don Bosco. Los terrenos eran de los curas y varios gremios se unieron para construir un conjunto de viviendas: taxistas, madereros, mercantiles… El problema fue que en un momento decidieron no pagarnos, por lo cual nosotros no podíamos pagar nada, ni los sueldos de la gente. Eso fue durante el primer semestre de 1972, en junio creo. Decidimos con mi hermano, un miércoles recuerdo, que esa noche tomaríamos de rehenes a los jefes de los gremios y que no los soltaríamos hasta que nos pagaran. Eran tipos pesados: ‘El Cabezón’ Correa, de madereros; Mauricio Labat, de taxistas… Mi hermano se hizo cargo de la toma de rehenes, junto con un grupo grande de empleados, y yo me ocupé del perímetro; la obra tenía un alambrado olímpico y mi tarea era que no entrara ni saliera nadie. Eso duró un par de días, hasta que apareció la plata. Nosotros teníamos armas; ellos también tenían; eran peronistas también, pero de derecha. Así que apareció la plata, se pagó lo que debían y ellos fueron liberados. Con mi hermano no se jugaba.”

Siempre según Hugo Haymal, la pelea y el modo de resolverla llamaron la atención de la conducción local de Montoneros, que a través de amigos de la esposa de Fernando les propusieron que se integraran a la guerrilla, que en ese momento contaba con la bendición del general Juan Perón.

—Yo me meto en la “Orga”, pero vos quedate afuera —dispuso el hermano mayor.

Hugo Haymal sintió que, una vez más, su hermano lo protegía. “Y me quedé afuera, aunque colaborando con él. Yo ya estaba casado en esa época. La esposa de mi hermano, Gloria, que era maestra, no lo acompañó en el ingreso a la lucha armada. En octubre de 1972 me fui a La Rioja por trabajo, y Fernando me encargó que hiciera contactos con la gente de allá de Montoneros. Hice los tanteos previos, pero vi que no eran confiables. Estaban en Montoneros, pero más por una moda. Pensé que eran unos pavos, y en aquel momento no avancé con los contactos.”

Como tantos otros militantes jóvenes, los Haymal se entusiasmaron con el triunfo de Obregón Cano, pero al mismo tiempo desconfiaron del Perón que estaba por volver al país desde el exilio madrileño, en especial del entorno formado por su esposa, Isabelita, y su secretario privado, José López Rega. Hugo Haymal recuerda que Obregón Cano estaba “muy relacionado con Montoneros: tenía una custodia de ellos; mi hermano fue uno de los que integró esa custodia. Obregón Cano era un político clásico pero más tirado a la izquierda, junto con su vicegobernador, Atilio López. Con mi hermano, habíamos nacido amándolo a Perón, pero ciertas actitudes y compañías no nos convencían del todo; se lo seguía, pero con recelo”.

Hugo Haymal y su papá trabajaban tanto en Córdoba como en La Rioja, donde Hugo se había vinculado en los últimos meses con montoneros que le despertaban una cierta confianza. El gobernador era Carlos Menem, quien “al principio estaba bien dispuesto con Montoneros. Recuerdo que para un aniversario del asesinato de Facundo Quiroga en Barranca Yaco se juntó gente de todos lados y Menem fue el anfitrión; los alojamos en el Centro Cívico. Luego, Menem cambió de camiseta”.

Y fue en La Rioja donde se enteró de que su hermano había desaparecido: “Su mujer me llamó desesperada porque Fernando no aparecía por ningún lado. La Policía lo había secuestrado y lo había llevado primero al Departamento Informaciones y después a Molet, una vieja usina abandonada cerca del dique San Roque. Lo torturaron mucho, en la parte de abajo, con picana. Aquel invierno nevó y lo enterraron desnudo en la nieve, que lo quemó y desfiguró todo. A las noventa horas y pico entregó algo; se dio cuenta de que tenía que darles algo y entregó la casa de Maestro Vidal y Santa Ana, con tan mala suerte que, a pesar de que ya hacía cuatro días que había desaparecido, ni Osatinsky ni los otros compañeros habían sospechado nada y se disponían a reunirse. Los apresaron a todos y luego a Osatinsky lo mataron”.

En una confesión por escrito para el “juicio revolucionario” al que fue sometido, Fernando Haymal argumentó que lo amenazaban con secuestrar y torturar a su mujer embarazada y a su hijo de un año, y que recién entregó un dato luego de aguantar noventa y seis horas de tortura, un tiempo que, según él, era más que suficiente para que sus compañeros abandonaran los lugares cuya dirección él conocía. “Les dije lo del local. Jamás pensé que pudieran cazar a alguien. Creí que lo único que les entregaba era el ‘embute’”, el escondite de armas y documentos de la casa de Maestro Vidal y Santa Ana.

Haymal fue juzgado según las “Disposiciones sobre la Justicia Penal Revolucionaria” de Montoneros, de 1972, que el 4 de octubre de 1975 fueron reemplazadas por el “Código de Justicia Penal Revolucionaria”, un instrumento más completo y adecuado para una organización que se preparaba para una “guerra prolongada” y que por eso estaba creando el Ejército Montonero. Tanto las Disposiciones como el Código se referían a los delitos, las penas y los juicios revolucionarios. En el Código quedaban regulados prácticamente todos los aspectos de la vida de un guerrillero: cualquier “oficial” o “aspirante a oficial” podía ser juzgado por diecisiete delitos, desde traición (colaborar o servir conscientemente al enemigo) y deserción (abandonar la organización sin previa comunicación o a pesar del rechazo a su pedido de retiro) hasta acumulación de poder (para un individuo o un grupo) y deslealtad, que castigaba a “quienes tengan relaciones sexuales al margen de la pareja constituida; son responsables los dos términos de esa relación, aun cuando uno solo de ellos tenga pareja constituida”. Las penas iban de degradación y expulsión a prisión y fusilamiento.

Tanto las Disposiciones como el Código castigaban con dureza el delito de “delación”, es decir a los guerrilleros que entregaban algún dato que perjudicara a la organización. No importaba si esa información era brindada bajo tortura y si la víctima había aguantado un día o cuatro días para hacerlo, en un intento de que sus compañeros se dieran cuenta de su ausencia y abandonaran los lugares que podían ser conocidos por él. La consigna era clara: la tortura no era un problema de resistencia física sino de fortaleza ideológica; un militante revolucionario “debe afrontar con heroísmo el sacrificio de la muerte cruel en manos de sus torturadores porque ante la imposibilidad para defender su propia vida debe cumplir con el deber de defender la de sus compañeros”, los instruía Mario Firmenich.

Precisamente, el tribunal revolucionario que juzgó a Haymal rechazó que las torturas recibidas pudieran atenuar su sentencia a muerte: “El principal método que el enemigo tiene hasta ahora para investigar a la Organización es la aplicación de torturas a los compañeros que logra detener. Por esta razón, cualquier compañero que es detenido es torturado. Los compañeros que han caído en manos del enemigo desde el principio hasta ahora han sido torturados. De ese conjunto, cuyo número oscila entre ochocientos y mil, el 95 por ciento pasó con éxito la tortura sin entregar ningún dato de importancia al enemigo. Hay un 4 por ciento que entregó algunos datos y un 1 por ciento o menos que declaró todos los datos que conocía. Esta estadística demuestra por sí sola que la tortura es perfectamente soportable y que no es un problema de resistencia física sino de seguridad ideológica, ya que ha habido compañeros y compañeras de escasa fortaleza física que han superado totalmente esta situación”.

Una versión abreviada del “juicio revolucionario” fue publicada en Evita Montonera, la revista oficial de la guerrilla peronista. Haymal fue condenado a “ser pasado por las armas” por los delitos de traición y delación, ya que “la norma de la Organización para el caso de torturas es que los compañeros no deben hablar en ningún caso, dado que, cualquiera sea el tiempo transcurrido, siempre se le brinda datos al enemigo que perjudican a la Organización y al propio compañero”. Es decir, no era ningún atenuante el hecho de que hubiera resistido noventa y seis horas de torturas antes de la delación.

El juicio revolucionario y la sentencia a muerte fueron vistos por los montoneros, en general y en aquel momento, como una consecuencia lógica de la lucha armada a través de células o grupos clandestinos que tenían que protegerse de eventuales traidores y delatores. El caso Haymal era analizado desde esa perspectiva, según un documento escrito a mano requisado en 1976 en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de la capital cordobesa. “El traidor —señala el escrito— es un hombre que, dominado por el miedo y por su concepción individualista, elige la salvación de su propia vida renegando de una concepción política revolucionaria. La conducta a observar por los revolucionarios frente a un traidor es una sola: eliminarlo. Para el traidor no puede haber compasión porque se convierte objetivamente en un enemigo, ya que con sus actitudes nos causa una derrota tanto política como material.”

En este tema, Montoneros era más estricto que otras guerrillas, como la argelina, por ejemplo, que permitía que los detenidos soltaran la información que tenían luego de un cierto tiempo de su detención, el suficiente para indicar a sus compañeros que habían sido apresados.

Claro que hubo una paradoja, pues el Código de Justicia Penal Revolucionaria fue aplicado por primera vez contra uno de los miembros de la cúpula de Montoneros que lo había aprobado: Roberto Quieto, el número tres de la Conducción Nacional. “El Negro” Quieto era uno de los jefes guerrilleros más conocidos y admirados por la militancia; un revolucionario probado, que se había entrenado en Cuba y usaba una metralleta regalada por el propio Fidel Castro; todo en él parecía anticipar al “hombre nuevo” que surgiría de la revolución socialista en la que tantos estaban empeñados en cuerpo y alma. Por eso, su sentencia a muerte por los delitos de “deserción en operación y delación”, decidida el 14 de febrero de 1976 por otro tribunal de Montoneros, aturdió a los guerrilleros y a sus simpatizantes. Quieto había sido capturado sin oponer resistencia el 28 de diciembre de 1975. Los fundamentos del fallo aludieron, como era usual, a la “debilidad ideológica” del condenado, a la presencia también en Quieto del “liberalismo y el egoísmo individualistas, productos de la influencia de la ideología enemiga”. Pero por las dudas, para evitar que también ellos deslizaran alguna vez hacia el delito de delación, los jefes de Montoneros ordenaron que a partir de aquel momento todos los miembros de la Conducción Nacional llevaran una pastilla de cianuro para suicidarse, antes de caer vivos en manos de militares y policías. Las bases protestaron por lo que consideraron “un privilegio” para la cúpula y pronto todos los montoneros anduvieron con su pastilla de cianuro en el bolsillo o directamente en la boca.

En el libro Yo fui Vargas, el capitán Héctor Vergez afirma que Haymal fue detenido por la policía cordobesa, y que su amigo, el jefe del Departamento Informaciones (D-2), Raúl Telleldín, lo pasó “inmediatamente a mi control. El individuo tenía conocimiento de una casa, que describió detalladamente, pero desconocía su ubicación por razones de seguridad de los subversivos de la célula. De ello inferí que era altamente probable que allí hubiese una ‘cárcel del pueblo’. Comenzamos cuidadosamente el rastreo del inmueble, cuadriculando las áreas a ser relevadas, con el sostén en paralelo de otro vehículo y extremando, como siempre, las medidas de contraseguimiento. El ‘rastrillaje’ demandó largas jornadas. Finalmente, un día, al atardecer, el montonero ‘marcador’ la identificó”.

Un estrecho colaborador de Vergez de aquellos años asegura que a Haymal “lo largamos porque dio buena información. Al principio, nadie le dio bolilla en la Policía por el bajo nivel que se le atribuía y que realmente tenía en Montoneros. Vergez lo interrogó y le dio la casa de Maestro Vidal, que estaba completamente reciclada, al lado de un kiosco de diarios. No lo torturó. Tratábamos de evitar la tortura; sí usábamos la extorsión y la promesa de ventajas diversas a cambio de información”.

Los policías que estaban destinados en el D-2 sostienen que Haymal fue liberado por orden del juez federal Adolfo Zamboni Ledesma ya que, según les explicaron sus jefes, no se había probado su pertenencia a Montoneros. “Del interrogatorio sólo surgió que Haymal era albañil y que había sido llevado a la casa de Maestro Vidal para hacer una ‘cárcel del pueblo’. No surgió que fuera miembro de Montoneros; quedó como que era un albañil que fue a trabajar allí; no se probó más que eso”, sostiene el comisario mayor retirado Yamil Jabour.

Para Hugo Haymal, la Policía liberó a su hermano “de sádicos que eran, sabiendo que Montoneros lo iba a matar. El día que lo mataron, Fernando había llegado de La Rioja: fue a despedirse de mí porque ya le habían avisado de la sentencia. En la semana que estuvimos juntos, me contó que Montoneros le había dado la opción de irse de Córdoba”.

—Negro, me dicen que me vaya de Córdoba y que si no me voy, me van a matar.

—Y bueno, mejor andate.

—No. Yo hice todas las cosas en Córdoba, yo me quedo en Córdoba.

Hugo Haymal asegura que su hermano había descubierto una red de corrupción dentro de Montoneros y que su captura por la Policía fue provocada por esos compañeros a los que había acusado con nombre y apellido frente a la cúpula de la guerrilla peronista en la Regional Córdoba. “Fernando —dice esta fuente— denunció una serie de delitos comunes dentro de la Organización: asaltos a blindados, secuestros y robos, cuyo producto era apropiado por un grupo de compañeros. Pero no le dieron bolilla. Y él estaba como vencido, esperando que lo detuviera la Policía: había una rutina de controles que no se estaban haciendo porque en Montoneros ya lo querían limpiar. Era muy evidente que le habían largado la mano.”

“Fernando —agrega Hugo Haymal— sabía que la Policía no lo iba a querer muerto sino que lo iba a torturar hasta que cantara. Él tenía un cargo muy importante y la rutina de controles debía hacerse cada tres o cuatro horas, pero desde hacía un tiempo ya no se hacía. El jefe de la Regional era Osatinsky, pero con ‘El Pelado’ andaba muy bien; no con otros miembros de la Organización. Salvando las distancias, le hicieron lo mismo que a El Negro Quieto, a quien también lo querían matar por lo mismo que a mi hermano: corruptela dentro de la ‘Orga’.”

Cuando se vieron por última vez en La Rioja, su hermano lo notó destruido: “Decía que lo habían dejado solo en sus denuncias. Estaba hecho pelota; él era un purista y creía que un guerrillero no podía salir a ‘chorear’”.

—Yo sé que varios querían que me matara la Policía —le dijo Fernando, siempre según su hermano.

El condenado tuvo tiempo para escribir unas cartas, “escritas en papel de cuaderno, para cinco o seis personas, en las que explicaba la situación. Me las dio para que las entregara luego de su muerte; todos los destinatarios estaban en Córdoba. Pero nadie hizo contacto conmigo y no entregué ninguna de las cartas. Se las quedó mi viejo en La Rioja, y luego, en la dictadura, las hizo desaparecer”, completó Hugo Haymal.

Al mes que Fernando Haymal fue muerto, nació su segundo hijo. Su viuda, Gloria, le puso Marcos de nombre en honor de Osatinsky, a quien todos los montoneros admiraban. Tras el robo y la voladura del ataúd en Barranca Yaco, los restos de Osatinsky fueron depositados en el cementerio San Vicente, “a unos pocos metros de la tumba de mi hermano”, cuenta Hugo Haymal. Y agrega: “Como la tumba de Osatinsky no tenía lápida, yo se la mandé a hacer igualita a la de mi hermano. El que la hizo me advirtió que me estaba metiendo en un problema, porque la Policía no dejaba que se acercara nadie adonde estaba enterrado Osatinsky ni para dejarle una flor”.

El 23 de mayo de 1976, dos meses después del golpe, Hugo Haymal fue apresado junto con su esposa, que perdió un embarazo de tres meses por las torturas recibidas y ya no pudo tener hijos; fueron liberados el 27 de octubre de 1977. Una vez en libertad, siguieron viviendo en La Rioja, pero Haymal no pudo encontrar trabajo en la construcción: “Como soy habilidoso con las manos, me puse a hacer zapatos; tenía un taller al fondo de un pasillo. Una vez vino un tipo al que nunca había visto a hacerse zapatos a medida. Tenía pinta de andar bastante mal económicamente, pero no encontraba zapatos para sus pies, que eran grandísimos; recuerdo que tenía un dedo gordo enorme. Yo le saqué las medidas y nos pusimos a charlar; apenas se fue, vino mi señora y me preguntó con quien había estado charlando, y yo le contesté que con una persona a la que no conocía. Y ella me dijo: ‘Sí que lo conocemos, ¿no te acordás de ese perfume?’. Ahí me di cuenta del perfume, que era igual al de uno de los que nos había torturado y que usaba capucha. Era el capitán Alfredo Marcó, que ya era coronel, creo, y estaba retirado”.

—Vos has sido uno de mis torturadores —afirma Haymal que le dijo al flamante cliente cuando volvió a buscar sus zapatos.

—Disculpame hermano, nos machacaron tanto contra la subversión. Por eso me puse así de loco.

—Pasó tanto tiempo que ya no te odio. Además, fijate cómo son las cosas: ahora estás tan tirado que tuviste que caer acá para que te haga los zapatos.

“Marcó se suicidó al año de un balazo en la cabeza porque iba preso. Yo había denunciado las torturas recibidas por mi mujer y por mí apenas salí de la cárcel, y seguí luego, en democracia, ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos”, cuenta Haymal.

Luego de que le entregara sus zapatos a medida y antes de que se quitara la vida, Marcó charló algunas veces con Haymal, quien recuerda que en una de esas conversaciones el militar le dijo que había una persona que sabía mucho sobre la muerte de su hermano. Haymal le preguntó a quién se refería y Marcó le contestó: “‘El Pancho’ Rivas”.

En aquel momento Hugo Haymal trabajaba en el Concejo Deliberante de La Rioja junto con Pedro Ismael “Pancho” Rivas: “No era riojano y había estado en el exilio, en Europa. Nos veíamos bastante; luego se fue de la provincia y le perdí el rastro”.

Luis Labraña conoció bien a Rivas, quien, como él, militó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y en Montoneros: “Era de Córdoba, fue camarógrafo y cubrió en Cabo Cañaveral el lanzamiento del Apolo XI a la Luna; también fue piloto de planeadores. Durante la dictadura estuvo exiliado en Suiza; recuerdo que yo viajé de Holanda a Suiza para recibir, junto con ‘Pancho’, a varias exiliadas como Sara Solarz de Osatinsky y Graciela Geuna, entre otras, que habían estado en la ESMA y en La Perla, respectivamente, y que, una vez liberadas, denunciaron los crímenes en esos centros de detención. Luego, por disidencias con la cúpula, se fue de Montoneros”.

Traté de ubicar a Pancho Rivas a través de distintos medios y fuentes para entrevistarlo, pero todos los intentos resultaron ineficaces.

En su libro Montoneros. Final de cuentas, el periodista Juan Gasparini afirma que recogió en Europa un testimonio sobre la muerte de Haymal “directamente del montonero que lo ejecutó, quien, en ruptura con su pasado, vive hoy en la Argentina. También relató que tuvo la desgracia de participar en otro hecho de ese tipo: el fusilamiento de Ignacio Orueta, en 1974, quien afrontó el pelotón gritando ‘Vivan los montoneros’”. Gasparini, que no revela el nombre de esa fuente, perteneció a FAR y a Montoneros; ya en la dictadura, estuvo secuestrado durante veinte meses en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y luego se exilió en Suiza, donde vive actualmente.

Es probable que “Ignacio” haya sido el nombre de guerra de Orueta: tanto en los anexos del Nunca Más, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), como en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, emplazado en la Costanera porteña, figura con el nombre de José Antonio, muerto en una “ejecución sumaria” el 22 de octubre de 1974, también en pleno gobierno constitucional de la presidenta Isabel Perón, en un camino secundario entre La Falda y Malagueño, en la provincia de Córdoba. Tenía 29 años.

Según Gasparini, sus ex compañeros montoneros mataron a Orueta “por las dudas, ya que no había certeza sobre su ‘culpabilidad’: estar en una logia cercana a López Rega”.

Capítulo 8
NÚMEROS VERDADEROS

—Tomá, explicale al chico por qué mataron al padre. Yo te lo dejo y a la noche lo vengo a buscar —le dijo Hugo Haymal a un ex montonero que sabía que su hermano, Fernando, había sido ejecutado por ese grupo guerrillero. Cuando lo fui a buscar a mi sobrino, lo encontré muy serio. Nunca más lo vi, pero nunca más militó en HIJOS.

Hugo Haymal, cuyo hermano figura en los listados oficiales como víctima de “ejecución sumaria” por parte de fuerzas paraestatales, de derecha.

En los dos principales listados de víctimas elaborados por el kirchnerismo, los nuevos anexos del libro Nunca Más, de la Conadep, y la nómina del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado ubicado en la Costanera porteña, el total de desaparecidos y muertos durante la última dictadura es de entre 7.158 y 7.664 personas. Si sumamos únicamente a los desaparecidos, sin los muertos, fueron 6.415 personas.

Conclusión al alcance de cualquier persona luego de sumar y comparar los datos de ambos listados.

El caso Haymal no terminó con su muerte: si bien fue ejecutado por Montoneros, sus familiares cobraron la indemnización prevista para las víctimas del terrorismo de Estado, como si en realidad hubiera sido ejecutado en forma sumaria por la Policía o los militares o las fuerzas paraestatales en aquellos años de plomo. Es apenas uno de una lista de pagos polémicos, que incluye a guerrilleros muertos durante ataques a instalaciones policiales y militares, en tiroteos, mientras armaban una bomba o en enfrentamientos fuera del país.

Para el kirchnerismo todos esos pagos han sido bien hechos, porque caen bajo el paraguas generoso de una categoría muy amplia creada especialmente durante el gobierno de Néstor Kirchner —“Ejecución sumaria”—, que los transforma también a ellos en víctimas del terrorismo de Estado, en igualdad de condiciones con los desaparecidos y los asesinados antes o después del golpe del 24 de marzo de 1976.

En el fondo, según Néstor y Cristina Kirchner y sus aliados en los organismos de derechos humanos, los partidos políticos y los movimientos sociales, se trata de que el Estado honre, tanto con memoria (discursos, actos, placas y monumentos) como con dinero, no sólo a los desaparecidos y asesinados sino también a “los caídos en combate” por la revolución socialista.

La revisión de cada uno de estos casos polémicos obliga a un ejercicio infrecuente, evitado por oficialistas y opositores: contar cuántos desaparecidos y cuántas víctimas de “ejecución sumaria” hubo en Córdoba, uno de los epicentros de la represión, y en todo el país, antes y después del golpe de 1976. Sólo se trata de sumar y restar utilizando las propias fuentes oficiales.

Los números verdaderos, si bien dan cuenta de una matanza enorme perpetrada desde el aparato del Estado, están muy lejos de la cifra mágica de los 30 mil muertos y desaparecidos que todavía sostienen el kirchnerismo y los organismos de derechos humanos. Desde la presidenta Cristina Kirchner para abajo, todos saben perfectamente que es un dato falso, pero han convertido esa cantidad en una bandera política.

Estos equívocos han sido alentados no sólo por motivos ideológicos y políticos sino también económicos; es la situación, por ejemplo, de abogados que intervinieron en esos trámites, ya que si bien algunos prestaron sus servicios en forma gratuita, otros cobraron entre el 10 y el 20 por ciento del dinero recibido por los parientes.

Es mucho dinero público, que proviene del pago de impuestos por parte de los ciudadanos, el que está en juego, pero la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no informa sobre esas indemnizaciones, con el argumento de que son “datos personales de carácter sensible”, cuya divulgación vulnera “el derecho a la intimidad y al honor” de los beneficiados.

La única cifra con la que se cuenta es general, por el total de pagos realizados hasta el 23 de julio de 2007 a los parientes de desaparecidos y de víctimas de “ejecución sumaria”, que en aquel momento, hace seis años, ascendía a 293.127.447 pesos y a casi mil millones de dólares (984.943.442 dólares).

En ese lapso también se pagó otra cuantiosa suma a todos quienes estuvieron detenidos entre el 6 de noviembre de 1974, cuando el gobierno constitucional de la presidenta Isabel Perón dispuso el estado de sitio, y el 10 de diciembre de 1983, cuando terminó la dictadura: 43.038.156 pesos y 605.833.771 millones de dólares.

Esos dos datos fueron suministrados por el entonces secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Sergio Chodos, a cargo del organismo que debía realizar los pagos.

Son, además, equívocos dolorosos, que afectan a personas concretas. Por ejemplo, al menor de los hijos de Fernando Rubén Haymal, que nació un mes después de su muerte y fue bautizado Marcos, en memoria de Marcos Osatinsky. Marcos Haymal, un joven músico, estuvo convencido durante años de que a su papá lo había matado la represión ilegal y militaba con mucha visibilidad en la asociación HIJOS, de Córdoba, hasta que su tío, Hugo Haymal, le hizo comprender que estaba equivocado. “Yo pensé que esa militancia podía causarle muchos perjuicios en el futuro”, explica el tío.

—Para que no tengas dudas, yo voy a hacer que hables con uno de los que saben cómo murió tu padre —le propuso a su sobrino.

Y lo llevó a La Rioja a hablar con Pedro Ismael “Pancho” Rivas, un ex militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de Montoneros.

—Tomá, explicale al chico por qué mataron al padre. Yo te lo dejo y a la noche lo vengo a buscar —le dijo Hugo Haymal, siempre según su relato.

“Cuando fui a buscar a mi sobrino, lo encontré muy serio. Nunca más lo vi, pero nunca más militó en HIJOS”, agrega.

Intenté de diversas maneras y a través de distintas fuentes ubicar tanto a Marcos Haymal como a su mamá, Gloria, para entrevistarlos, pero no lo conseguí. Una de las personas consultadas, Hugo Haymal, me informó que ninguno de los dos quería ya hablar sobre ese tema.

En mi libro Operación Primicia, publicado en 2010, revelé otros casos de pagos polémicos: a los herederos de al menos ocho de los doce guerrilleros muertos en la tarde del domingo 5 de octubre de 1975, cuando Montoneros quiso copar un regimiento del Ejército en las afueras de la ciudad de Formosa, a 1.200 kilómetros de Buenos Aires. Fue el debut del Ejército Montonero, con sus uniformes color azul, que, en pleno gobierno de Isabel Perón, se preparaba de esa manera para enfrentar al golpe de Estado del que tanto se hablaba.

En aquel momento, todos los argentinos de 21 años estaban obligados por ley a cumplir con el servicio militar, que duraba un año. Montoneros pensaba que los soldados formoseños que estaban de guardia iban a entregar mansamente el Regimiento de Infantería de Monte 29, pero no fue así. Hubo un combate que duró media hora y provocó veinticuatro muertos, doce de cada bando. Todos eran jóvenes peronistas, de un lado y del otro, tanto los guerrilleros como los defensores del cuartel; esa matanza entre personas que se identificaban, todas ellas, con el peronismo fue una de las marcas distintivas de la tragedia argentina.

Entre los defensores del regimiento murieron diez soldados conscriptos; en su mayoría eran del interior de la provincia de Formosa y no habían podido aprovechar el franco y visitar a sus familias porque no tenían dinero para viajar; se contaban entre los más pobres del regimiento y habían cambiado su franco con otros conscriptos por unos billetes o unos vasos de vino o de Coca Cola. También murieron un sargento primero de 32 años, casado, dos hijos, y un subteniente de 21 años, recién salido del Colegio Militar.

Con el paso del tiempo, los parientes de la mayoría de los guerrilleros muertos cobraron una indemnización que en los años noventa fue de 224 mil pesos/dólares y que en marzo de 2010 ascendía a 620.919 pesos; hacia esta fecha, los padres de los soldados caídos en aquel combate percibían una pensión de 842 pesos mensuales. Según mi libro, la comparación entre ambos pagos mostraba una asimetría evidente: de acuerdo con la tasa de interés que se tomara, para el Estado la vida de un guerrillero valía entre seis y siete veces más que la de un soldado conscripto, que estaba aquel día de guardia cumpliendo con la ley.

Además, los guerrilleros muertos en Formosa figuraban en la nómina del principal monumento del país en honor de las víctimas del terrorismo de Estado, ubicado en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires, frente al Aeroparque. No deberían estar allí, según una interpretación estricta de la norma de la Legislatura porteña que lo aprobó, el 21 de julio de 1998, para homenajear solamente a “los detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado”. Pero en el segundo semestre de 2003 hubo un fuerte debate entre los organismos de derechos humanos, “y al final se decidió ampliar la lista para incluir a todos los que dieron su vida en la guerra revolucionaria”, desde 1969, seis años antes de la última dictadura, según reveló un miembro de la Comisión pro-Monumento, que también es integrada por funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y legisladores porteños.

Por ese motivo, ahora el monumento porteño abarca a todos “los que murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad”, según figura en una leyenda al comienzo de las placas de cada uno de los homenajeados.

Oro y bronce también para aquellos jóvenes atacantes del cuartel de Formosa, a pesar de que no podían ser considerados víctimas del terrorismo de Estado, ya que fueron muertos en un tiroteo provocado por ellos durante la presidencia de la viuda de Perón, que había asumido de acuerdo con la Constitución, el 1° de julio de 1974. Aquel día murió su marido, el general Juan Domingo Perón, con quien Isabelita compartió la fórmula ganadora en los comicios del 23 de septiembre de 1973.

A partir de esos datos y de otros extraídos de libros y documentos de la época, una asociación civil llamada Abogados por la Justicia y la Concordia logró el 8 de julio de 2011 que la justicia exigiera a la Secretaría de Derechos Humanos que informara si los herederos de sesenta y ocho personas incluidas en un nuevo anexo del Nunca Más habían cobrado la indemnización prevista en la ley 24.411, sancionada y promulgada en los noventa, durante la presidencia de Carlos Menem.

¿Qué establecía esa norma? Un “beneficio extraordinario”, equivalente a cien veces el sueldo mensual más elevado de la administración pública nacional, para los herederos de los desaparecidos y de “toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10 de diciembre de 1983”, cuando terminó la dictadura.

Además, según el artículo quinto de esa ley, “en el caso de aparición” de una persona “no habrá obligación de reintegrar el beneficio si ya ha sido percibido”. Eso también vale para el caso de eventuales errores en la aprobación de ese pago.

No fue la única ley sancionada en los noventa para reparar las diversas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura; todas esas normas tuvieron como base una causa iniciada en Córdoba por los sobrevivientes de la Unidad Penitenciaria Nº 1 contra el Estado, que fue patrocinada por el abogado especializado en derechos humanos Juan Carlos Vega, ex diputado nacional de la Coalición Cívica.

A partir del gobierno de Néstor Kirchner, en 2003, la interpretación oficial pasó a ser que esta ley incluía también a los parientes de todos los guerrilleros muertos en cualquier circunstancia, desde por lo menos el 28 de junio de 1966, cuando el presidente radical Arturo Illia fue derrocado por el general Juan Carlos Onganía. El kirchnerismo pasó de recordar a las víctimas de la dictadura y del terrorismo de Estado a honrar a todos los caídos por la revolución, sin importar cuándo y cómo murieron.

No fue Kirchner quien creó esta interpretación, que ya se venía insinuando en gobiernos anteriores, pero fue ciertamente quien la asumió como la única que valía y la llevó más lejos, de una manera sistemática, creando las categorías necesarias con el propósito de que no hubiera ya marcha atrás.

Luego, durante el gobierno de su esposa, Cristina Kirchner, hubo otra vuelta de tuerca y, con el respaldo de muchos opositores, el Congreso Nacional volvió a estirar esa indemnización hacia atrás para incluir a más beneficiados. Tanto es así que ahora pueden cobrar como víctimas del terrorismo de Estado los parientes de todos los desaparecidos y muertos en “ejecuciones sumarias” desde el 16 de junio de 1955, durante el segundo gobierno de Perón, cuando un intento golpista de militares y civiles masacró en la Plaza de Mayo a más de trescientas personas.

Esta nueva interpretación del terrorismo de Estado es aun más polémica que las anteriores, en parte porque abarca solo un episodio del segundo gobierno de Perón, el que resulta más adecuado al paradigma kirchnerista, a su manera de entender e interpretar la historia de las últimas décadas. Además, no se trata ya de castigar las violaciones de derechos humanos de un gobierno sino de sancionar una matanza protagonizada por una escuadra rebelde de treinta y cuatro aviones de la Marina.

El terrorismo de Estado pasó a ser interpretado como la práctica común utilizada por todos los adversarios de los luchadores por la revolución, controlen o no el aparato estatal.

Al 30 de abril de 2013, el sueldo mensual más alto de la administración pública nacional era el Nivel A y tenía catorce grados, del 0 (11.264,76 pesos), al 14 (24.123,12 pesos). La Secretaría de Derechos Humanos no informa el valor de la indemnización para cada una de esas víctimas; para tener una idea de la cantidad, podemos tomar el sueldo mensual del grado promedio, el 7, que era de 16.912,08 pesos, y multiplicarlo por cien. Con este criterio, la indemnización llegaba a 1.691.208 pesos.

Sin embargo, como señalé en Operación Primicia, tantos los fundamentos del proyecto de la ley 24.411 como los discursos de los diputados y senadores que la aprobaron indican que el objetivo era reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, incluso antes del golpe de 1976, pero no beneficiar a las víctimas de la represión realizada dentro de la ley. Lo confirmó el ex senador Eduardo Menem, quien estuvo a cargo de la presidencia del Senado en la sesión en la que se debatió y aprobó ese proyecto, el 7 de diciembre de 1994: “El sentido era muy claro; reparar a todas las víctimas de la represión ilegal de los militares, incluso antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Por ejemplo, en el caso de la Masacre de Trelew, en 1972. Y también a las víctimas de los grupos paramilitares, como la Triple A. Pero para mí no se debe aplicar a los ataques a cuarteles como el de Formosa porque, ante el ataque a un regimiento, en democracia, ¿cómo no se iban a defender los militares? Es absurdo pensar que no deberían haberse defendido”.

En abril de 2006, durante la Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Kirchner presentó una versión “actualizada” del Nunca Más, que incorporó el Anexo II, con una lista de 1.169 personas que figuraban como “desaparecidos” o víctimas de “ejecución sumaria” entre el 1° de enero de 1969 y el 24 de marzo de 1976.

En realidad, la Conadep había sido creada por el presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 para investigar la desaparición de personas sólo durante la dictadura. Por lo tanto, el Anexo II, con esos 1.169 nombres, excede el objetivo original de aquella comisión, que fue integrada por destacadas personalidades encabezadas por el escritor Ernesto Sabato.

En esa versión “actualizada” del Nunca Más, el kirchnerismo también sumó un nuevo prólogo en el que rechazó en forma explícita la “teoría de los dos demonios”; es decir, la justificación del “terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificadora en la acción de particulares, frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado que son irrenunciables”.

La tercera modificación en el informe de la Conadep, que como el Anexo II y el nuevo prólogo también fue realizada en silencio, como un hecho consumado, fue el agregado de dos conceptos nuevos, que se sumaron al de desaparición y sirvieron para calificar dos tipos de delitos que tampoco estaban previstos en el decreto de Alfonsín:

Desaparición forzada: cuando el cuerpo de la víctima no ha sido identificado ni entregado a sus familiares. La categoría “desaparición”, a secas, quedó para los casos en los que los parientes ya recuperaron los restos de la persona que estuvo desaparecida.

Ejecución sumaria: en un e-mail enviado el 9 de junio de 2010, la Dirección de Gestión de Políticas Reparadoras de la Secretaría de Derechos Humanos me informó que esa categoría fue “decidida por las autoridades de la Secretaría en el momento de la actualización del anexo del Nunca Más”, y me detalló los quince casos en los que es aplicada por el gobierno, que transcribo en forma textual:

Asesinato de detenidos-desaparecidos/Inhumación clandestina.

Enfrentamiento.

Ejecución/Asesinato.

Ejecución/Asesinato/Inhumación administrativa.

Enfrentamiento fraguado/Asesinato de cautivos.

Enfrentamiento fraguado/Asesinato de cautivos/ Inhumación clandestina.

Fallecimiento durante detención.

Homicidio en el “Cordobazo”.

Muerte por secuelas de tortura.

Secuestro y asesinato.

Asesinato de detenidos-desaparecidos.

Excesos en eventual defensa/Ejecución sumaria.

Supuesto enfrentamiento.

Tormento seguido de muerte.

Víctima accidental en el marco del terrorismo de Estado.

Todos los casos imaginables parecen caber en esta categoría creada especialmente por el kirchnerismo.

De los 1.169 nombres del Anexo II del Nunca Más, 526 correspondían a “Ejecución sumaria” y sus datos provenían del Redefa, es decir del Registro de Fallecidos de la ley 24.411. Son los legajos de cada uno de los muertos cuyos parientes han reclamado el cobro del beneficio extraordinario previsto por esa norma. Eso supone que sus parientes habrían cobrado esa indemnización. En la mayoría de los casos fue así, pero no en todos: parientes de Fernando Abal Medina, el primer jefe de Montoneros, que encabeza el listado por razones alfabéticas, me dijeron que “nadie de la familia cobró nunca nada por Fernando” ni está interesado en hacerlo.

Abal Medina es un caso paradigmático de la laxitud con la cual el kirchnerismo elaboró ese listado. No se trata, claramente, de una víctima de “ejecución sumaria”: fue abatido a los 23 años en un tiroteo con la Policía Bonaerense en la pizzería La Rueda, en William Morris, el 7 de septiembre de 1970, apenas tres meses después del secuestro y asesinato del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu, con el cual Montoneros se dio a conocer. Como era el jefe, Abal Medina fue quien ejecutó a Aramburu con una pistola 9 milímetros luego de un “juicio revolucionario”. Junto con él murió su amigo Carlos Gustavo Ramus, cuando quiso lanzar una granada contra los policías que le estalló en la mano; también Ramus figura en esa nómina.

Uno de los parientes de Abal Medina, que era tío del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina hijo, me aseguró que ellos mismos se sorprendieron cuando se enteraron de la inclusión del ex jefe montonero en el Nunca Más. “Nunca nos avisaron nada de eso, ni tampoco que figuraba en el monumento de la Costanera. Fernando no se reivindicaría jamás como una víctima de ejecución sumaria sino como un combatiente, que murió en un tiroteo”, me dijo la fuente, que pidió permanecer en el anonimato. “Habíamos iniciado gestiones con el entonces secretario de Derechos Humanos, (Eduardo Luis) Duhalde, a quien conocíamos mucho, para retirar a Fernando, si bien de manera discreta, tanto del Nunca Más como del Monumento; no lo pudimos conseguir”, agregó.

En esa lista hay de todo, desde víctimas de bandas paraestatales como la Triple A hasta los sesenta y ocho guerrilleros que motivaron la presentación de los Abogados por la Justicia y la Concordia. Figuraron en ese pedido Haymal, los ocho guerrilleros muertos en Formosa y miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo caídos en el monte tucumano y durante los ataques a las instalaciones militares de Azul, Villa María, Fray Luis Beltrán y Monte Chingolo; todos ellos habían fallecido en 1974 y 1975, durante el gobierno de Isabel Perón.

Fue necesaria la intervención del juez federal en lo Contencioso Administrativo Esteban Furnari, porque el gobierno se negaba, como siempre, a brindar esos datos. Finalmente, la Secretaría de Derechos Humanos tuvo que informar sobre cada uno de esos pagos.

En el caso de los guerrilleros muertos en Formosa, se supo que, en una primera instancia, cada uno de los pedidos de resarcimiento fue rechazado con el argumento de que “la muerte no se produjo en situación justificada legalmente”; es decir, no se encuadraba en la ley promulgada por Menem el 28 de diciembre de 1994.

Pero luego todos esos reclamos resultaron aprobados en virtud de una nueva norma, la ley 24.823, que vino a completar la ley 24.411 y fue promulgada por Menem el 23 de mayo de 1997. La clave fue el artículo sexto, que permitió esos pagos. ¿Y qué decía ese artículo? Que “en caso de duda sobre el otorgamiento de la indemnización prevista por la ley 24.411, deberá estarse a lo que sea más favorable al beneficiario o sus causahabientes o herederos, conforme al principio de la buena fe”.

Como era de esperar, el artículo sexto de la nueva ley fue utilizado de una manera generosa por los gobiernos que se fueron sucediendo desde 1997 para autorizar numerosos pagos que no se ajustaban a la ley original.

Fue el caso del reclamo de los parientes de Haymal: según la información oficial, el pago de 224 mil pesos fue autorizado el 25 de abril de 2002 por una resolución firmada por el presidente Eduardo Duhalde y su ministro de Justicia, Jorge Vanossi, en base a un informe favorable que había sido elaborado dos años antes por la Subsecretaría de Derechos Humanos, que en aquel momento, el 11 de abril de 2000, era encabezada por la actual diputada ultrakirchnerista Diana Conti; gobernaba el presidente Fernando de la Rúa, de la Alianza. Ese informe concluyó que Haymal “falleció a causa del accionar de un grupo paramilitar” y que debía ser aplicado el artículo sexto de la ley 24.823, el que se refería a los casos dudosos.

“Al ministro no le llegaban todos esos casos. El Ministerio tenía dos secretarías de Estado: Justicia y Derechos Humanos; los temas vinculados a Derechos Humanos los resolvía directamente esa Secretaría”, dice Vanossi.

Con los datos aportados por la Secretaría de Derechos Humanos, los Abogados por la Justicia y la Concordia presentaron el 11 de mayo de 2012 una denuncia por los presuntos delitos de defraudación a la administración pública, asociación ilícita, violación de deberes de los funcionarios públicos, apología del delito y prevaricato. Pretendían que, además, la justicia impidiera el pago de las “indemnizaciones irregulares en trámite” y ordenara al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que quitara del monumento en la Costanera los nombres de los guerrilleros mencionados.

La denuncia cayó en el Juzgado Federal Nº 7, a cargo de Norberto Oyarbide, que menos de un mes después, el 4 de junio de 2012, la desestimó. ¿Su argumento? Muy escueto: todas las leyes que establecen ese beneficio a las personas que “entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983 hayan estado detenidas, hayan sido víctimas de desaparición forzada o hayan sido muertas en alguna de las condiciones y circunstancias establecidas en las mismas”.

Otros guerrilleros caídos en Córdoba en tiroteos con policías y militares antes del último golpe también figuran como víctimas del terrorismo de Estado, tanto en el Nunca Más como en el monumento de la Costanera porteña, entre ellos:

Liliana Raquel Gelin, muerta a los 21 años en un asalto al Banco de la Provincia de Córdoba.

José Sabino Navarro, el único jefe de Montoneros que provenía de una familia pobre y peronista; sucedió a Abal Medina hasta que fue “despromovido”, castigado, porque tenía una amante y enviado a Córdoba. Murió el 9 de agosto de 1971, luego de una espectacular persecución policial por la sierra cerca de Alta Gracia.

Carlos Olmedo, el primer jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y sus compañeros Juan Carlos Baffi, Raúl Peressini y Agustín Villagra, que fallecieron el 3 de noviembre de 1971 en el llamado Combate de Ferreyra o Combate de la Fiat, en las afueras de la ciudad de Córdoba.

Justino Argañaraz, Ivar Brollo y José Luis Boscarol, bajas del ERP en el ataque a la Fábrica Militar de Villa María, en la noche del 10 al 11 de agosto de 1974.

Hugo Baretta, muerto “en combate”, según la revista Evita Montonera, en su número 3, durante un tiroteo con la Policía el 24 de febrero de 1975, cuando viajaba en un auto a secuestrar al cónsul estadounidense John Patrick Egan. Baretta fue uno de los fundadores de Montoneros en Córdoba.

Hugo Therisod, 26 años, casado, estudiante del último año de Arquitectura, muerto durante un tiroteo luego del ataque a la jefatura de la policía cordobesa, el 20 de agosto de 1975. Otras fuentes, como un informe de la Facultad de Arquitectura, indican que, en realidad, fue ejecutado por la Policía cuando ya se había rendido.

La política del kirchnerismo, entendido como una amplia alianza entre sectores del peronismo, la izquierda, los sindicatos, los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos, busca homenajear a todos “los caídos por la revolución” y beneficiar a sus herederos con una indemnización a cargo del presupuesto público.

Para eso, ya no se refiere tanto a la dictadura entre 1976 y 1983 sino al “terrorismo de Estado”, como una suerte de ente metafísico que se desplaza hacia los años anteriores sin reconocer fronteras políticas o ideológicas ni diferencias entre gobiernos militares y democráticos.

Esta política aumenta —abulta sería un verbo más adecuado— el número de víctimas de ese “terrorismo de Estado”, aunque, al menos por ahora, no alcanza para llegar a la cifra mágica de 30 mil muertos y desaparecidos que se le achaca a la dictadura.

Pero este número aparece, sí, como un objetivo a cumplir; por ejemplo, el monumento frente al Aeroparque porteño contiene 30 mil placas que en su mayoría continúan vacías, como si estuvieran esperando la llegada de los nombres de las más de 20 mil personas que aún faltan.

Cuando este monumento fue inaugurado, en 2007, con todos los agregados realizados, la lista total de víctimas llegaba a 8.717:

7.664 correspondían a la última dictadura;

981, a los cuatro gobiernos constitucionales del peronismo, entre 1973 y 1976;

72, a los gobiernos militares que se sucedieron entre 1969 y el 25 de mayo de 1973, casi catorce veces menos que en las presidencias peronistas que los reemplazaron.

El total de víctimas era similar a la cifra a la que había llegado la Conadep, en 1984, luego de ocho meses de trabajo: 8.960 víctimas, una cantidad que en los años siguientes fue depurada. “Seguramente se suprimieron nombres repetidos y errores que se habían cometido por el apremio del corto plazo otorgado”, explica Graciela Fernández Meijide, que fue miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y secretaria de la Conadep, y es madre de un adolescente detenido-desaparecido, Pablo.

La Conadep recibió, en total, 7.380 denuncias de desapariciones por razones políticas durante la dictadura, a las que incorporó los reclamos que habían sido formulados ante organismos específicos, nacionales e internacionales, con lo cual llegó al número de 8.960.

La cifra del Monumento era algo mayor al de la última “actualización” que se conoce del Nunca Más, de 2006, que contiene, en total, 8.327 nombres, también desde 1969:

7.158 correspondían a la dictadura;

1.169, previos al golpe del 24 de marzo de 1976.

Es decir que en los dos únicos listados difundidos por el kirchnerismo, el total de desaparecidos y muertos durante la dictadura es de entre 7.158 y 7.664 personas.

Sólo el Nunca Más discrimina entre desaparecidos y muertos durante la dictadura:

6.415 desaparecidos;

743 víctimas de “ejecución sumaria”.

Entre esas víctimas de “ejecución sumaria” figuran los presos fusilados por orden del general Luciano Benjamín Menéndez, pero también casos discutibles, como Carlos Hobert, muerto por su propia esposa porque no quería ser capturado vivo. Pero el caso más polémico es el de Hugo Irurzún, cuyo nombre de guerra en el ERP era Capitán Santiago. Irurzún ya no militaba en el ERP cuando fue muerto, horas después de haber disparado la bazooka que aniquiló el Mercedes Benz en el que viajaba el ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza. Eso ocurrió el 17 de septiembre de 1980 en Asunción del Paraguay. Irurzún figura con el legajo número 1.230 del Redefa en el nuevo Nunca Más a pesar de que fue muerto fuera de la Argentina y por la policía paraguaya.

El número de víctimas de la dictadura según el Nunca Más y el monumento porteño se acerca al que dio Jorge Rafael Videla en mi libro Disposición Final, cuando admitió: “Pongamos que eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión. No podíamos fusilarlas, ¿cómo íbamos a fusilar a toda esa gente? Tampoco podíamos llevarla ante la Justicia, que estaba inerte. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la Justicia ni tampoco fusiladas”. Y a la lista de desaparecidos elaborada en 1979 por el ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy, que contenía “alrededor de ocho mil” nombres, según el propio Harguindeguy me dijo antes de morir.

Un tercer relevamiento oficial, elaborado en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos pero que no ha sido difundido públicamente, indica que hasta mediados de abril de 2010 la indemnización prevista por la ley 24.411 había sido pagada a los herederos de un total de 7.500 víctimas de desaparición, desaparición forzada y ejecución sumaria:

6.454 casos fueron resueltos de manera favorable desde la entrada en vigencia de esa ley hasta el 31 de diciembre de 2003; en ese periodo, 80 pedidos fueron denegados.

1.046 casos fueron resueltos también de manera favorable desde el 1° de enero de 2004 al 14 de abril de 2010. Otros 226 pedidos fueron rechazados.

También en este caso la cuenta comienza mucho antes de la última dictadura, en 1969.

Otras fuentes también ubican la cifra de víctimas en los rangos ya conocidos.

Al escribir su libro La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, Fernández Meijide solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos en enero de 2009 “la lista definitiva de desaparecidos. Con cortesía me contestaron que ‘no la están dando’. Sin embargo, respondieron afirmativamente cuando pregunté si podía tomar como válida la que la propia Secretaría exhibe en su página de internet. En ésta hay dos listados: uno con todos los datos, tal como en el Nunca Más, y otro con el nombre de víctimas de desaparición o ejecución sumaria, de los cuales sólo consta el nombre o poco más. En el primero se detallan datos de filiación y lugar y fecha de la desaparición de 7.030 personas; en el segundo, el nombre de otras 924”. En total: 7.954 personas, pero desde 1969 y con datos parciales en casi el 12 por ciento de los casos.

Luego de consignar esas cifras, Fernández Meijide concluyó: “En homenaje a la verdad, y sobre todo por respeto a las víctimas, resultaría deseable que se hiciera un esfuerzo para lograr una lista sujeta a la realidad de toda la información seria que hoy existe. Así se evitaría cualquier sospecha de la intención de utilizar el número de víctimas como herramienta de controversia política”.

Las palabras de Fernández Meijide fueron replicadas con dureza por diversas figuras del kirchnerismo, como la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhal de, fallecido el 3 de abril de 2012.

En una carta pública, Duhalde la acusó de favorecer a la derecha, a quienes “justifican el obrar del terrorismo de Estado” y “se esfuerzan por disminuir la dimensión de la tragedia argentina”. Y defendió el número de 30 mil víctimas de la dictadura, que “no es arbitrario ni caprichoso”, ya que, según explicó, es “el producto de diversas variables”, entre ellas “la cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio”; “las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los grandes centros de detención y exterminio”, como la ESMA y La Perla, en Córdoba, y “la estimación en torno al número proporcional de hábeas corpus presentados en el país”.

En su libro, Fernández Meijide se había preguntado de dónde surgió “la cifra de 30 mil desaparecidos”, y sugirió que podía haber sido creada por una razón estratégica por los exiliados argentinos en Europa, para lograr un mayor impacto en sus denuncias. En este sentido, citó al propio Duhalde, a quien había entrevistado en febrero de 2008, y que durante la dictadura fue uno de los principales dirigentes de la filial en España de la Comisión Argentina de Derechos Humanos. “Si hablábamos de detenidos con vida aunque fuera en cárceles desconocidas, clandestinas, ante los organismos de derechos humanos internacionales, no lográbamos el mismo eco que si denunciábamos un genocidio”, le confió Duhalde.

Pero Sergio Schoklender, el ahora ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, adjudicó el invento a su ex referente, Bonafini: “Hebe era la gran mentirosa de unas mentiras necesarias. Cuando la Conadep dijo que había verificado nueve mil desapariciones, los organismos de derechos humanos dijeron que, en realidad, debía haber quince mil. Hebe salió a decir que eran treinta mil y a repetirlo una y otra vez hasta que, de tanto decirlo, así quedó. Un solo desaparecido es una tragedia, pero nunca fueron treinta mil; eso fue un invento de ella”.

Para Fernández Meijide es importante insistir en la necesidad de confeccionar una lista lo más exacta posible de los desaparecidos y asesinados: “Yo, por respeto a los desaparecidos, busco siempre y busqué siempre mientras estuve en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y en la Conadep, el nombre, el apellido; el máximo de identidad posible para encarnar a cada una de las víctimas. Todo lo que sean números englobantes demuestran la poca importancia que se les daba a las vidas, no importa quién los haga”.

Por reflexionar de una manera crítica sobre éste y otros temas vinculados a los derechos humanos, también Héctor Schmucler fue acusado de “hacerle el juego al enemigo” ya durante su exilio en México. “Toto” Schmucler, padre de un joven secuestrado en La Plata, llamado también Pablo, es un sociólogo y semiólogo entrerriano radicado en Córdoba y uno de los principales referentes en estudios sobre la comunicación.

En su opinión, “nadie puede demostrar que hubo 30 mil desaparecidos. Todos los dirigentes experimentados saben, incluyendo a la Presidenta de la Nación, que jamás se llegará a certificar esa cantidad de víctimas de la dictadura. Otros, los más jóvenes, entre los que se encuentran muchos militantes, ‘heredaron’ esa cifra y la aceptan como verdadera convirtiéndola en un lugar común. También hay militantes que se aferran a esa cifra porque creen que, al aceptar que han sostenido una falsedad, se pueden poner en duda otros argumentos a los que adhieren sin vacilación alguna. Además, debe tenerse en cuenta que un pensamiento alimentado por un fuerte dogmatismo necesita de convicciones definitivas, firmes, simples y movilizadoras”.

Según Schmucler, habremos logrando un avance apreciable “cuando ocurran cuatro cosas:

No sea necesario, para afirmar la absoluta criminalidad de la desaparición, negar la eventual militancia, incluso en la guerrilla, de las víctimas.

Se comprenda que aun una persona que mató merecía un juicio justo y, por supuesto, no debía ser torturado.

Tengamos un listado exhaustivo de las víctimas.

Podamos debatir libremente sobre el pasado sin la impugnación de favorecer a la derecha o al enemigo”.

Córdoba fue uno de los epicentros de la represión ilegal, tanto antes como después del golpe del 24 de marzo de 1976; ya en la dictadura funcionó a un costado de la ruta que une la capital con Carlos Paz uno de los más activos centros de detención clandestinos o secretos del país: La Perla. “Por allí pasaron miles de secuestrados, la mayoría de los cuales permanece bajo la condición ominosa de desaparecido”, sostienen los periodistas Ana Mariani y Alejo Gómez Jacobo en el libro La Perla.

Tampoco es fácil encontrar en Córdoba cifras oficiales sobre las personas desaparecidas y asesinadas antes y después del golpe de 1976.

El Archivo Provincial de la Memoria (APM), que funciona en las antiguas dependencias del Departamento Informaciones de la Policía de Córdoba, detrás del Cabildo, tiene un criterio singular: suma como víctimas no sólo a quienes fueron desaparecidos o muertos en la provincia sino también a todos aquellos que cayeron en otros lugares pero que nacieron, estudiaron, trabajaron o militaron en Córdoba. O que simplemente tienen parientes que los recuerdan allí.

El problema es que esas personas ya aparecen en los distritos donde fueron efectivamente desaparecidas o muertas. Por ejemplo, los padres de Martín Fresneda, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que desaparecieron en Mar del Plata en 1977 pero habían estudiado en Córdoba; los hermanos de la senadora cordobesa Norma Morandini, Cristina y Néstor, secuestrados en Capital Federal en 1977; Juan Julio Roqué, un pedagogo cordobés que murió en un tiroteo en Buenos Aires pero cuyo cuerpo nunca fue encontrado, también en 1977; Juan Eliseo Ledesma, uno de los jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo, secuestrado en Buenos Aires en 1975; Miguel Ángel Bustos, muerto en un tiroteo con la Policía en Corrientes, también en 1975, y Mariano Pujadas, víctima de la Masacre de Trelew, en 1972.

Además, el recuento del Archivo comienza en 1972, cuatro años antes de la última dictadura. Al 30 de octubre de 2012 habían llegado a la cifra de 916 víctimas; la mayoría de estos nombres y apellidos estaban expuestos sobre la pared del Archivo, formando una gigantesca huella digital.

Así lo informó la directora del Archivo, Ludmila da Silv a Catela, por e-mail: “En nuestra base de da tos existen al día de la fecha (30/10/2012) 916 registros de personas víctimas de desaparición y asesinato dentro de un periodo que va entre los años 1972 y 1982. La configuración de esta lista (en proceso constante de investigación) se corresponde al siguiente criterio: Víctimas relacionadas con/ de Córdoba; Nacidos en Córdoba; Habitantes de Córdoba; Desaparecidos en Córdoba, y Víctimas que tienen familiares que los recuerdan en Córdoba”.

De inmediato, le pedí, también por e-mail, tres precisiones:

¿Cuántas personas fueron desaparecidas en Córdoba antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y cuántas después de aquel golpe de Estado?

¿Cuántas personas fueron asesinadas en Córdoba antes y cuántas después del golpe del 24 de marzo de 1976?

La palabra “asesinados”, ¿incluye a todo tipo de muertos, por ejemplo a muertos en tiroteos con la Policía o los militares, o sólo a los casos de ejecución sumaria?

Al 30 de marzo de 2013, no había recibido respuesta a ninguna de esas tres preguntas.

En forma extraoficial, en el APM calculan que hubo, en total, 1.200 desaparecidos y muertos en toda la provincia. Es decir, les estarían faltando todavía 284 personas, casi el 24 por ciento del total, presuntamente porque, según argumentan, sus parientes o amigos no se han animado todavía a presentar la denuncia correspondiente.

Según los anexos del Nunca Más, hubo 556 víctimas en Córdoba durante la última dictadura:

438 desaparecidos.

118 víctimas de ejecución sumaria.

De esos desaparecidos, 140 habían pasado por La Perla, casi el 32 por ciento; sobre 292 casos no se tenía ese tipo de datos; los 6 restantes habían sido vistos en otros lugares de detención.

Siempre de acuerdo con los dos anexos del Nunca Más, antes del golpe de 1976 hubo en Córdoba 144 víctimas:

83 desaparecidos.

61 ejecutados en forma sumaria.

De esas 144 personas, 13 habían sido vistas en La Perla.

Es decir que, desde 1969, el nuevo Nunca Más incluye a 700 víctimas en Córdoba de la represión ilegal o del terrorismo de Estado, que es el concepto preferido por el kirchnerismo, de las cuales el 20,57 por ciento murieron o fueron desaparecidos antes del último golpe de Estado.

Esa cifra de 700 personas representa el 8,4 por ciento del total de víctimas del Nunca Más para todo el país, desde 1969. Si se toma en cuenta sólo a la última dictadura, la proporción de víctimas en Córdoba baja al 7,8 por ciento.

La diferencia de 216 personas con la cuenta del Archivo Provincial de la Memoria se debe, probablemente, a que este organismo incluye a víctimas de otros lugares del país pero que vivieron por algún tiempo en Córdoba o tienen en esa provincia familiares que los recuerdan.

En los últimos tres años fueron publicados en Córdoba dos libros que realizaron el esfuerzo de pasar en limpio los nombres y apellidos de cada una de las víctimas, antes y después de la dictadura.

Uno de ellos, Vidas y ausencias, coordinado por la historiadora Silvia Romano, también utiliza el criterio de sumar a quienes desaparecieron o fueron muertos en otros lugares pero habían vivido, en algún momento, en esa provincia. Y va más allá porque agrega denuncias que, según el Nunca Más, son todavía incompletas, y casos en base sólo a “testimonios”, que no identifica. En total, son 1.010 las víctimas entre 1969 y 1983.

Claro que, descontados los casos de denuncias consideradas incompletas incluso por el nuevo Nunca Más, y los que surgen de “testimonios” que tampoco han sido comprobadas o avaladas por el gobierno nacional o por la Justicia, el número desciende a 788; de ellos, 651 corresponden a la última dictadura:

481 desaparecidos, de los cuales 156, el 32,4 por ciento, fueron vistos en La Perla.

170 víctimas de “ejecución sumaria”; 18 habían sido vistos en La Perla, el 10,6 por ciento.

El resto, 137 son personas que desaparecieron o fueron muertos antes del golpe de 1976:

53 desaparecidos (7 fueron vistos en La Perla, ya durante la dictadura).

84 víctimas de ejecución sumaria.

Por su lado, el libro La Perla ofrece un anexo con las “Víctimas del terrorismo de Estado en Córdoba”, que también incluye a “personas que estuvieron en Córdoba, aunque luego hayan sido desaparecidas o asesinadas en otros lugares del país”. Según esta fuente, el total es de 1.084 personas, de las cuales 164 corresponden al resto del país; es decir que las víctimas en Córdoba fueron 920 personas:

737 durante la dictadura.

183 antes del golpe de 1976.

En el centro de detención de La Perla habían sido vistas 190 de las víctimas.

Un resumen de los datos de estas cuatro fuentes indica lo siguiente para Córdoba:

Desde 1969, hubo entre 700 y 1.084 víctimas, que incluyen “ejecuciones sumarias” muy polémicas.

Durante la dictadura (1976-1983) las víctimas (desaparecidos más muertos) fueron entre 556 y 737.

En La Perla, el principal centro de detención durante la dictadura, fueron vistas entre 153 y 190 de esas personas.

Antes del golpe de 1976 y desde 1969, hubo entre 137 y 183 víctimas.

Ésta es la verdad de los números, tanto a nivel nacional como en Córdoba. Por lo menos, hasta que se pueda acceder a los archivos ocultos de la Secretaría de Derechos Humanos, que el kirchnerismo elevó al nivel de secretos de Estado.

Capítulo 9
COMBATIENDO AL CAPITAL

A las 19 horas del día de la fecha, los Pelotones Montoneros de Combate Hugo Baretta y Hugo Figueroa, de la Columna Emilio Mazza (sic), procedieron al copamiento de la oficina y la vivienda del Cónsul de Estados Unidos de Norteamérica en Córdoba y a la detención de su titular, John Patrick Egan. Como representante directo de los intereses yankis en nuestra provincia, ha sido condenado a muerte por fusilamiento.

Comunicado de Montoneros del 26 de febrero de 1975.

Los secuestros eran cosa de todos los días; las amenazas por teléfono o por carta eran permanentes. Un día fui a un cocktail y al saludar a un colega, le di una palmada en la cintura y noté un bulto. “No toqués mucho que es una granada”, me dijo. Con esa granada, salvó su vida porque al poco tiempo casi lo matan en un intento de secuestro. Juan Eduardo Jones se llamaba y era gerente de Relaciones Industriales de Transax, una empresa de Ford; lo esperaron a la entrada de su casaquinta en el camino a Alta Gracia, y junto con sus guardaespaldas se baleó con los guerrilleros hasta que les tiró esa granada y ellos se rindieron.

Nelson Pozzoli, gerente del Banco de Londres en Córdoba en 1975.

El miércoles 26 de febrero de 1975 Boca Juniors le ganó 2 a 0 a Atlanta; Independiente 3 a 2 a Argentinos Juniors; All Boys 2 a 1 a Racing; Estudiantes, de visitante, 4 a 3 a Huracán; Gimnasia y Esgrima de La Plata y San Lorenzo empataron 2 a 2 en los principales partidos de la tercera fecha del torneo de fútbol. La ronda se completó al día siguiente, cuando River Plate, que había armado un equipo con pretensiones de la mano del técnico Ángel Labruna para terminar con dieciocho años sin títulos, derrotó 4 a 3 a Colón en el estadio Monumental; para los “millonarios” fueron titulares dos cordobeses: los defensores Pablo Comelles y Héctor Ártico, que venían de Talleres, y los goles fueron marcados por Carlos Morete en dos ocasiones, Norberto “Beto” Alonso y Roberto Perfumo. César Brítez, Daniel Olivares y Ernesto “Cococho” Álvarez anotaron para los santafesinos. En Sudáfrica, en el circuito de Kyalami, el santafesino Carlos Reutemann, con un Brabham, fue el más rápido en las primeras series para la tercera prueba de la temporada de la Fórmula 1. Era un gran momento para el cine nacional: La tregua, dirigida por Sergio Renán, con Héctor Alterio y Ana María Picchio como protagonistas, había sido elegida entre las cinco candidatas al Oscar a la Mejor Película Extranjera; el resto de las nominaciones quedaron repartidas entre El Padrino II y Barrio chino.

Los diarios cordobeses agregaron a esos hechos el anuncio del primer aniversario del golpe policial que el 27 de febrero de 1974 detuvo y desalojó del poder provincial al gobernador Ricardo Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López. Otra noticia local fue que el interventor federal, el brigadier mayor retirado Raúl Lacabanne, minimizó el reclamo del radicalismo, la izquierda, la prensa y algunas asociaciones civiles para que se realizaran nuevas elecciones.

—El pueblo de Córdoba ya votó y el Movimiento Peronista está en el poder —afirmó en una visita a la localidad de Villa María.

—Pero algunas de esas personas por las que el pueblo cordobés votó no están en el poder —le dijo un periodista.

—Bueno, se votó fundamentalmente a Perón y la política votada es la peronista, y la política que se empezó a ejercer aquí no era peronista —contestó.

La prensa cordobesa también incluyó los actos para recordar a don Amadeo Sabattini, el carismático caudillo radical fallecido quince años antes, cuya gobernación entre 1936 y 1940 todavía despierta elogios, y una noticia de último momento: el secuestro cuando caía la noche del ciudadano norteamericano John Patrick Egan. “Secuestraron al agente consular de Estados Unidos en nuestra ciudad”, tituló La Voz del Interior, con una foto de la víctima, de 62 años. Un comunicado de Montoneros se adjudicó esa operación. La Voz del Interior recordó que, con el cónsul, sumaban cinco las personas que permanecían en cautiverio en la provincia: el mayor Julio Argentino Del Valle Larrabure, desde hacía más de seis meses; Elvira Bagalone de Roggio, capturada en un cementerio, y una señora de apellido Ferrero con su hijo de un año y medio.

A nivel nacional, el Buenos Aires Herald señalaba que Córdoba “ha adquirido fama de ser un barómetro fiel en alertar sobre el tormentoso tiempo político a nivel nacional”. El diario escrito en inglés enfatizaba la existencia de “un terrorismo bicéfalo en Córdoba”, y mencionaba que, mientras en la madrugada del 23 de enero de 1975 “terroristas de derecha volaron la planta impresora de La Voz del Interior”, que estuvo cuatro días sin salir, apenas unos días después “terroristas de izquierda se apoderaron de la estación transmisora de un canal de TV para transmitir una proclama”.

Antes de la dictadura, Córdoba se caracterizaba por los secuestros realizados por los grupos guerrilleros. “Los secuestros en Córdoba, que habían alcanzando un nivel extraordinario en el mes pasado, continúan sin resolución. Además de las cincuenta víctimas reportadas por la prensa el mes pasado, existen indicios de muchos más casos que no han sido denunciados. Eso, junto con las bombas, los tiroteos y las turbulencias económicas en esa provincia, han dejado a la población muy temerosa y enojada”, informó a su gobierno la Embajada de los Estados Unidos. Fue en el cable reservado número 1.791 del 17 de marzo de 1976.

La mayoría de esos secuestros tenía como blanco a los directivos de las empresas instaladas en Córdoba, en especial del sector automotriz, que concentraba a la clase obrera más dinámica: eran los sectores que más ganaban y estaban mejor organizados para la defensa de sus derechos e intereses. El sujeto revolucionario por excelencia, el protagonista principal y obligado del cambio de sistema hacia el socialismo; por ese motivo, esos trabajadores eran cortejados por las guerrillas, en especial por el Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros, que se postulaban como sus vanguardias armadas para acelerar la revolución.

Según la embajada estadounidense, y de acuerdo con sus interlocutores militares, políticos y sindicales, los ataques contra los directivos de esas fábricas (“asesinatos, secuestros e intimidaciones”) formaban parte de las tácticas de las guerrillas para “ganarse a los trabajadores. Los gerentes de Relaciones Industriales y de Personal aparecen como los mayores blancos de asesinato cuando las empresas no acceden a las demandas de los trabajadores. Casi invariablemente, las compañías afectadas satisfacen completamente las exigencias terroristas, que normalmente consisten en la concesión de demandas económicas, el pago de salarios perdidos por huelgas y la reincorporación de trabajadores despedidos. Probablemente, los directivos tienen pocas alternativas que no sean acceder a esas demandas”, evaluó uno de los asistentes del embajador Robert Hill en el cable secreto número 7.538 del 12 de febrero de 1975, dos semanas antes del secuestro del cónsul Egan.

Ese documento de siete páginas, dirigido al secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, citó a uno de los senadores nacionales por Córdoba, el radical Eduardo Angeloz, opositor, quien en una entrevista con un diplomático estadounidense “lamentó que la mayoría de las fábricas en Córdoba estuvieran controladas por el ERP y Montoneros y que sus directivos ahora negocien directamente con las comisiones internas controladas por los terroristas en lugar de tratar con los líderes sindicales elegidos” por las bases. El cable incluyó declaraciones del general Carlos Delía, jefe del Tercer Cuerpo, ubicado en Córdoba, a la revista Mercado, “que tuvieron una amplia repercusión en la prensa, en las que Delía observó que la guerrilla fabril era de especial preocupación para los militares”.

Precisamente, el título de ese cable secreto fue “Terrorismo industrial: la lucha guerrillera en la base de la fábrica”. Para la embajada estadounidense, “el terrorismo es un hecho y un modo de vida en la Argentina. Las actividades de la guerrilla en las áreas rurales de Tucumán y en las áreas urbanas de Córdoba y Buenos Aires han sido objeto de comentarios alrededor del mundo y de análisis sin fin. Sin embargo, otra y posiblemente más insidiosa forma de lucha guerrillera, sobre la cual se ha prestado poca atención, está en plena operación en la Argentina. Es la guerra llevada a cabo por la guerrilla industrial, que opera en la base de cada fábrica, en las asambleas sindicales y, en forma creciente, en relación con las gerencias. Las tácticas son las utilizadas por sus ‘primos’ de las guerrillas rural y urbana, pero refinadas según las necesidades de su ambiente particular. Apuntan a radicalizar a los trabajadores, a alienarlos de sus líderes legítimos y del gobierno y a ganar su apoyo para convertirlos en aliados conscientes o dóciles seguidores”. El objetivo, en resumen, era “ganar el control de la clase trabajadora”.

La reacción de los militares frente al “terrorismo industrial” o la “guerrilla fabril” —la “ofensiva contrarrevolucionaria”, para decirlo en los términos de los partidarios de la revolución socialista— fue brutal y no distinguió entre acciones armadas y actividades sindicales, entre guerrilleros y líderes sociales. Los militares aprovecharon los últimos tres meses y medio del gobierno de Isabel Perón para elaborar las listas de personas que serían detenidas inmediatamente después del golpe de Estado.

Como explico en mi libro Disposición Final, a nivel nacional los militares diseñaron la “Operación Bolsa” para impedir que políticos, sindicalistas y funcionarios reaccionaran a la captura de la viuda de Perón con manifestaciones callejeras y paros. El ex dictador Jorge Rafael Videla recordó que la Operación Bolsa “consistía en una lista con el detalle de domicilios y demás datos de una equis cantidad de personas que tenían un cierto prestigio, una cierta ascendencia, como para generar acciones contra nosotros. Al final, no pasó nada. Eran unas cuatrocientas personas”.

Además, en cada una de las cinco zonas en las que el país fue dividido, el comandante o principal jefe militar ordenó y supervisó la elaboración de listas de otras personas a detener. Nóminas más largas, llenas de nombres que, en una proporción elevada, se convertirían luego en desaparecidos. Las listas de la Disposición Final, de las cuatro estaciones del calvario de cada una de las víctimas: la detención o el secuestro; el interrogatorio en un lugar secreto, donde la persona quedaba a merced de sus captores; la ejecución sumaria, y el ocultamiento o la destrucción del cuerpo arrojándolo al mar, al río o a un dique, quemándolo en un horno o dentro de neumáticos de automóviles, o enterrándolo en una fosa individual o común.

Fue un típico trabajo de Inteligencia; el listado de “objetivos” o “blancos” quedó definido antes del golpe, y a partir del 24 de marzo de 1976 los grupos operativos de cada zona salieron a detener a esas personas.

En Disposición Final, el ex mayor Ernesto Barreiro, que inició la rebelión de los “carapintadas” en la Semana Santa de 1987, explicó que Córdoba fue su primer destino luego del curso de Inteligencia, a los 27 años, cuando era teniente primero. A fines de enero de 1976, cuando volvió de vacaciones, encontró que sus flamantes colegas del Destacamento de Inteligencia 141 del Tercer Cuerpo estaban colaborando en la confección de esas nóminas, bajo el mando del general Luciano Menéndez: “Cuando me presenté a mi nuevo destino, a mediados de diciembre de 1975, la primera orden que me dieron fue que me tomara las vacaciones que me correspondían, como era de estilo. Vuelvo a fines de enero y encuentro que se estaba trabajando en los requerimientos del Comando, que estaban preparando las listas de las personas a detener en el golpe”.

“Había —reveló Barreiro en ese libro— una gran participación de políticos, de presidentes de empresas, vinculados al Comando de Cuerpo, en la confección de esas listas. Luego del golpe, también hubo personas que se contactaban con el Destacamento para denunciar a otros: los empresarios marcaban a delegados sindicales, entregaban gente. En el caso de la Fiat, había un director de una de sus empresas, un tipo activísimo en el odio; ya se murió. La Fiat había sido afectada por el secuestro y asesinato de Oberdan Sallustro, director general de la empresa en la Argentina, en 1972 por el ERP, y por otros ataques y asesinatos. Tanto era así que una de nuestras tareas era separar las denuncias que tenían alguna entidad de las otras; teníamos una carpeta a la que le pusimos el nombre ‘Chantadas’, donde almacenábamos las alcahueterías y denuncias infames que te traían. Los que decían: ‘Hay que meter en cana a fulano de tal porque es peronista’, por ejemplo. En la universidad, profesores y alumnos pasaban mucha información. También colaboraban ex montoneros, algunos de los cuales estaban en Lealtad Peronista, en función de las directivas de Perón y del Consejo Superior del Peronismo para depurarlo de los elementos marxistas, que no eran peronistas y querían infiltrarlo.”

Barreiro contó cómo estaban integradas esas listas, que incluían el nombre, el apellido y la dirección de cada uno de los “objetivos”. “Había dos niveles: 1) líderes sociales: la orden era neutralizar cualquier tipo de reacción, del tipo puebladas, contra el golpe en una sociedad que había protagonizado el Cordobazo, en 1969; 2) subversivos: teníamos un conocimiento muy difuso de los principales miembros del aparato militar de cada organización. Se sospechaba de algunas personas y se tenían algunos nombres de guerra. Sabíamos sí de Gorriarán Merlo, jefe del ERP en Córdoba, pero porque era un personaje muy conocido. No teníamos, específicamente, el organigrama de cada organización. La Policía guardaba todo ese conocimiento porque era la que se había ocupado de la lucha contra la subversión.”

Las definiciones de “líderes sociales” y “subversivos” eran laxas, y en cada territorio dependían del “señor de la guerra” que controlaba esa zona. En eso podían interferir los prejuicios políticos e ideológicos de los jefes militares. En Córdoba, las detenciones estuvieron a cargo de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, comandada por el general Juan Bautista Sasiaiñ, el “brazo operativo” y número dos de Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo y de la Zona 3.

En marzo de 2013 Barreiro estaba siendo juzgado en Córdoba junto con otros militares; lo acusaban de haber torturado a detenidos en La Perla. Incluso, había quienes lo señalaban como el jefe de ese centro de detención. Él rechazaba todas las denuncias: “La simplificación de la picana es agraviante para la gente de Inteligencia. Te desmerece profesionalmente. Uno ha hecho un trabajo de inteligencia del cual se enorgullece porque, si no hubiera sido por Inteligencia, Argentina sería hoy Cuba. La principal forma de obtención de información no fue la picana; es más, nuestro gran mérito fue estar en contra de la tortura, a la que considerábamos totalmente ineficaz porque el detenido podía decir cualquier cosa”.

A principios de 1975, Nelson Pozzoli era gerente del Banco de Londres en Córdoba. “Los secuestros eran cosa de todos los días; las amenazas por teléfono o por carta eran permanentes. Por una resolución del Banco Central, no le podíamos dar préstamos a las empresas extranjeras; muchas veces, las amenazas provenían de gremialistas o de comisiones internas de compañías a las que no les podíamos prestar dinero para pagar sueldos o el aguinaldo. A los gerentes del Citi y del Boston los secuestraron.” Pozzoli recuerda “un caso que me impresionó. Un día fui a un cocktail y al saludar a un colega, le di una palmada en la cintura, como a veces se hace, y noté un bulto”.

—No toqués mucho que es una granada —le dijo su amigo.

“Con esa granada salvó su vida, porque al poco tiempo casi lo matan en un intento de secuestro. Juan Eduardo Jones se llamaba, y era gerente de Relaciones Industriales de Transax, una empresa que era de Ford Internacional y le fabricaba cigüeñales; lo esperaron a la entrada de su casaquinta en el camino a Alta Gracia, y junto con sus guardaespaldas se baleó con los guerrilleros hasta que les tiró esa granada y se rindieron”, agrega Pozzoli.

En el penal de máxima seguridad de Bouwer, donde está preso, acusado de violaciones a los derechos humanos, el comisario mayor retirado Carlos Yanicelli asegura que uno de los dos guerrilleros que quisieron secuestrar a Jones fue “Luis Ricardo Verón, alias ‘La Foca’; lo detuvieron junto con otra persona, Washington Medina, pero creo que era un nombre trucho; luego se fugó. Eso fue en octubre de 1975; los dos estaban heridos y fueron llevados al hospital de Alta Gracia. Me comisionaron para que yo, que recién comenzaba la carrera, fuera hasta allí y los trasladara a la ciudad de Córdoba, al Hospital de Urgencias. Verón estaba muy golpeado y Medina tenía heridas de bala. Cuando lo registro a Verón, le saco del bolsillo del pantalón un papelito pequeño, que tenía datos de un comisario, Elio Robles, jefe de la Comisaría Primera y estudiante de Medicina en la universidad nacional. Mi jefe, el comisario Américo Romano, era muy amigo de Robles y le avisó, pero Robles no hizo mucho caso y lo asesinaron al tiempo frente a la Facultad de Medicina. El hijo de Robles es comisario de la Policía y junto con Charlie Moore han escrito un libro donde le atribuyen esa muerte a la Policía. Nada que ver. Medina se fugó del hospital y Verón, por orden del juez, fue alojado en la cárcel”.

Siempre de acuerdo con Yanicelli, la Policía recién se enteró de la activa militancia guerrillera de Fernando Haymal —quien había permitido el arresto de Horacio Mendizábal, Marcos Osatinsky y la cúpula de Montoneros en Córdoba y otras nueve provincias— cuando allanaron la vivienda de Verón y encontraron allí material sobre el juicio revolucionario a Haymal. “Uno de los responsables, de los que participó en el juicio y la ejecución de Haymal, fue Verón”, sostiene Yanicelli.

Sin embargo, el sociólogo y escritor Roberto Baschetti tiene otra versión. En su libro La memoria de los de abajo, afirma que “El Gordo” (o “La Foca”) Verón fue apresado en octubre de 1975, pero en otra circunstancia: “Cuando el vehículo en que se trasladaba, viniendo de Alta Gracia, fue interceptado por la Policía, ofreció resistencia ya que no sabía si lo iban a matar ahí nomás por ser montonero. La tortura padecida, con golpes y picana eléctrica, le paralizó las manos por cierto tiempo”. En esa línea, otros guerrilleros que estuvieron detenidos con él aseguran que Verón llegó a la cárcel en un estado “calamitoso” por las torturas recibidas en el D-2, y que recién había comenzado a mover sus manos cuando fue muerto junto con otros cinco presos montoneros el 17 de mayo de 1976, casi dos meses después del golpe de Estado. Según la justicia, fue un fusilamiento disimulado bajo la forma de un intento de fuga.

De acuerdo con la Policía, Haymal les había dicho que era albañil y había sido llevado a la casa de Maestro Vidal 1010 para construir una “cárcel del pueblo”. “Después del allanamiento a esa vivienda, en la investigación posterior, surgió que en esa ‘cárcel del pueblo’ había estado secuestrado el cónsul Egan”, asegura Yanicelli. Lo mismo afirma el capitán Héctor Vergez, también preso por delitos de lesa humanidad, en el libro Yo fui Vargas.

Egan era cónsul honorario de Estados Unidos en la capital cordobesa, el único diplomático estadounidense que permanecía en funciones en el interior del país. Había nacido en 1912 en Perma, una pequeña aldea montañosa del estado de Montana, donde al momento de su muerte vivía su única hija, Susan Sirokman, que estaba casada y tenía tres hijos. Apenas se graduó, Egan entró a las industrias Kaiser, donde hizo carrera; en 1955, ya como ingeniero, fue trasladado a la Argentina, a la fábrica de automóviles que acababan de instalar en Córdoba. Para ese entonces ya había enviudado; volvió a casarse en nuestro país con la ciudadana boliviana Cyrila Leonart. Egan se retiró de Kaiser en 1968, y se dedicaba a la construcción y refacción de casas.

“Yo viví con mi padre y su esposa en Córdoba hasta que completé la escuela secundaria y volví a Estados Unidos para continuar mis estudios. A él le gustaba allí, estaba desempeñando una tarea consular gratuitamente, como un favor al gobierno”, declaró Susan Sirokman a las agencias internacionales de noticias.

En un cable reservado enviado a Kissinger, el embajador Hill explicó que Egan “actúa como consejero de la gente con problemas en lograr la visa para entrar a Estados Unidos. Él es cónsul honorario y la Embajada sólo le paga algunos gastos de oficina y los gastos derivados de las gestiones en el tema visas”.

El primer comunicado de Montoneros llegó a los medios cordobeses a las 22 horas de aquel 26 de febrero de 1975. “A las 19 horas del día de la fecha, los Pelotones Montoneros de Combate Hugo Baretta y Hugo Figueroa, de la Columna Emilio Mazza, procedieron al copamiento de la oficina y la vivienda del cónsul de Estados Unidos de Norteamérica en Córdoba y a la detención de su titular, John Patrick Egan”, informó la guerrilla peronista.

De inmediato, Montoneros explicó el motivo del ataque: castigar al imperialismo yanqui, aliado y mandante de la presidenta Isabel Perón, la oligarquía, la Policía y las Fuerzas Armadas. “Esta operación iba a ser ejecutada el día 24 de febrero, atacando así al imperialismo en conmemoración del aniversario del triunfo del general Perón en las elecciones de 1946 sobre la Oligarquía y el Imperialismo con la consigna ‘Braden o Perón’. Con esta acción contribuimos a fortalecer la consigna ‘Liberación o Dependencia’, continuadora de aquélla, en momentos en que un gobierno que se dice Peronista profundiza la Dependencia, sometiendo al Pueblo a la explotación económica y a la represión con la Policía y el Ejército mientras entrega nuestra Patria a los Yankys”.

El secuestro fue atrasado cuarenta y ocho horas porque el día previsto Baretta y Figueroa murieron “en combate”, en un tiroteo con la Policía, cuando se dirigían a la casa del cónsul.

El destino de Egan era dramático: “Como representante directo de los intereses yankis en nuestra provincia, ha sido condenado a muerte por fusilamiento”, señaló el comunicado. Pero Montoneros ofreció una salida: “Esta condena sólo será conmutada por su libertad en caso de que el gobierno antiperonista y proimperialista de Isabel Perón y López Rega, y las Fuerzas Armadas gorilas, hagan aparecer sanos y salvos antes de las 19 horas del viernes 28 de febrero de 1975, mostrándolos a través de todos los medios de prensa oral, escrita y televisiva, a los siguientes compañeros” y nombraron a cinco personas, dos secuestrados en Buenos Aires y tres en Tucumán. “La vida de John Patrick Egan queda en manos del gobierno y de las Fuerzas Armadas gorilas”, finalizó el documento, firmado con estas consignas: “El Peronismo Vuelve con el Partido Auténtico; Perón o Muerte; Viva la Patria, y Hasta la Victoria, Mi General”.

Luego de leer el comunicado, el embajador Hill tuvo la impresión de que Egan “podría ser muerto” y que “los secuestradores no estaban tratando, en realidad, de obtener un canje de prisioneros” debido al “corto plazo” otorgado para liberar a los guerrilleros, según informó a su jefe, Kissinger.

Algo de razón parecía tener: el comunicado fue publicado en Evita Montonera —en el número 3, de marzo de 1975—, que también incluyó una nota de dos páginas dedicada a Gustavo Stenfer, “Moustache”, a quien consideran “seguramente muerto” desde el 21 de octubre del año anterior, cuando fue detenido por la Policía Federal. Pero Stenfer encabezaba la lista de guerrilleros cuya liberación exigía Montoneros para liberar al cónsul.

Por su lado, la esposa de Egan informó a la Policía que el secuestro fue realizado por “numerosos jóvenes armados” que llegaron en un Renault 12 y una camioneta Ford beige con cúpula, en la que su marido fue introducido. Su testimonio permitió la elaboración de los identikits de los dos varones y la mujer que entraron en su casa para raptarlo.

Hill habló varias veces con el canciller Alberto Vignes y envió a varios colaboradores a Córdoba; algunos fueron a ayudar, más bien a dirigir la investigación de la delegación local de la Policía Federal, y otros a contener a la esposa de Egan. El gobierno se mantuvo firme en su política para este tipo de situaciones: “Terminantemente, no existe ninguna negociación con los secuestradores del cónsul”, declaró Vignes el viernes 28 de febrero, horas antes de que a las 22,40 una comisión policial encontrara el cuerpo sin vida de Egan en un baldío del barrio Alta Córdoba.

El cadáver del cónsul estaba atado y envuelto en una tela celeste con la palabra “Montoneros” escrita en letras negras, la cabeza cubierta con una bolsa de plástico, los ojos vendados, el rostro sucio de sangre por el balazo de una pistola nueve milímetros en el ojo derecho con el cual lo habían ejecutado un par de horas antes, según concluyeron las pericias médicas. Vestía la ropa con la que había sido capturado: pantalones y camisa beige y zapatillas blancas; a la altura del pecho le habían adherido con alambres el recorte de un diario con la noticia de las muertes de Baretta y Figueroa, el lunes anterior, y un pequeño cartón con la palabra “Montoneros”, también con tinta negra y en letras de imprenta. En un bolsillo del pantalón aún guardaba su billetera, con 43 mil pesos.

Una versión, confirmada por Robert W. Scherrer, ex agente del FBI en la embajada estadounidense en la Argentina, al periodista Martin Andersen, indicó que los captores de Egan “le habían cortado los genitales. Los montoneros, al contrario de lo que puedas haber escuchado, torturaron y mutilaron a otros prisioneros secuestrados para cobrar rescate”. Sin embargo, uno de los policías que descubrieron el cadáver, y que no quiere que su nombre trascienda, negó que eso fuera cierto: “Si bien era de noche, en una zona poco frecuentada, cerca de un canal, recuerdo que no había manchas de sangre en sus pantalones. Además, nunca oí nada eso”.

De todos modos, en el memo de una conversación con el jefe de la Policía Federal, el comisario Luis Margaride, Hill informó a su gobierno que Margaride le dijo que los montoneros “eran extremadamente despiadados y desalmados en el trato a sus prisioneros. Esa declaración fue hecha —agregó el embajador— después de que Margaride viera algunas fotografías ampliadas del cuerpo de Egan, que mostraba que había sido severamente golpeado y presentaba lo que parecían ser quemaduras de soga en sus tobillos”.

La conclusión de Hill sobre la ejecución sumaria del cónsul fue, según informó también a Kissinger, que “los secuestradores trataron de provocar una conmoción política y social de nivel internacional”.

El mismo día en el que Egan apareció muerto, fue secuestrado en Buenos Aires el titular de la Corte Suprema de Justicia de esa provincia, Hugo Anzorreguy, de 64 años. En este caso, Montoneros exigió al gobierno un canje por Sergio Schneider, un guerrillero preso en virtud del estado de sitio. La distinta actitud de la Casa Rosada frente a estos dos secuestros provocó una crisis en las relaciones entre nuestro país y Estados Unidos, que duró tres semanas pero logró mantenerse en reserva hasta ahora, que se conocen los cables enviados por Hill a Kissinger.

“La intención del secuestro fue que nosotros presionáramos al gobierno para que le otorgaran a Schneider la opción para salir del país. Él estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y, según la Constitución, si no estaba procesado, podía optar entre quedarse acá o irse. Los montoneros suponían que podíamos hacer fuerza ante el gobierno: papá había sido el último subsecretario de Interior y Justicia de Perón, en 1955; uno de mis hermanos era juez; yo era abogado de varios sindicatos y bastante conocido en el peronismo”, cuenta Hugo Anzorreguy hijo, jefe de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) durante los noventa.

Anzorreguy recuerda que fueron momentos muy amargos: “Al día siguiente del secuestro, mataron a Adolfo Cavalli, que era sindicalista de los petroleros; me hicieron reconocer el cuerpo de Cavalli porque creían que podía ser el de papá”.

“Hicimos —agrega Anzorreguy— toda la fuerza que pudimos para que el gobierno no impidiera la salida del país de Schneider. El ministro del Interior, Alberto Rocamora, no me recibía hasta que al final me recibió; el que me ayudó fue Adolfo Savino, que era ministro de Defensa. Los comandantes no se opusieron; tampoco el almirante Emilio Massera, al contrario: a los dos o tres días, cuando se cumplieron cien años de la fundación de la Corte de Buenos Aires, hizo un fuerte alegato contra el secuestro de papá. La Presidenta se manifestó a favor; llegamos a ella porque éramos amigos del jefe de Granaderos: papá vivía en el séptimo piso y el coronel Jorge Sosa Molina en el sexto, del mismo edificio.”

Cinco días después del secuestro, el 5 de marzo de 1975, Anzorreguy fue liberado luego de que Schneider saliera del país, en un vuelo a Lima. El 12 de octubre de aquel año, Schneider, de 29 años, fue muerto en la provincia de Santa Fe.

En sus memorias, Julio González, ex secretario privado y técnico de Isabel Perón, confirmó que ella ordenó el canje entre el titular de la Corte bonaerense y el guerrillero preso, que iba en contra de la política de su gobierno.

—Doctor, dígale al ministro Rocamora que haga lugar al canje, pero ocúpese usted mismo de que las cosas se hagan como se debe —le ordenó Isabelita a González.

“Isabel —agrega el ex funcionario de confianza de la Presidenta— firmó luego en la biblioteca de la residencia de Olivos el decreto que disponía la libertad de Schneider y autorizaba su salida del país. Hablé con el comisario general Margaride (el jefe de la Policía Federal). La Policía Federal esperaba con el preso en el aeropuerto de Ezeiza. Allí envié el testimonio del decreto, que llegó sobre la hora en que el avión del detenido partía al exterior. Al día siguiente, reapareció Anzorreguy.”

De inmediato, el embajador Hill transmitió al canciller Vignes el “desconcierto” de su embajada por “el obvio cambio en lo que nosotros entendíamos era la política del gobierno argentino” debido a la liberación de Schneider “como resultado de negociaciones entre la guerrilla y el gobierno”.

Además, Hill entregó a Vignes una dura nota en la que exigió “una rápida respuesta por escrito del gobierno de la República Argentina sobre por qué no había policías de guardia” cuando Egan fue secuestrado, luego de recordar que ese consulado no había sido cerrado, como estaba previsto por razones de seguridad, sólo porque el propio Vignes le había dado garantías de “protección durante las veinticuatro horas del día, en una conversación mantenida el 9 de mayo de 1974”. Hill destacó que el propio Egan había reclamado a las autoridades provinciales por la falta de policías de guardia “varios días antes de su secuestro”. Y se quejó de “la única explicación oficial ofrecida hasta ahora”, del interventor Lacabanne, quien había declarado que “los policías destinados a la protección del consulado fueron necesitados en otro lugar”, para perseguir a quienes habían matado a un policía. “Esta explicación sugiere que las garantías de protección dadas por el gobierno de la República Argentina son condicionales y esto es totalmente insatisfactorio”, remató Hill.

Hill cumplió así con la orden que el día anterior, el 4 de marzo de 1975, le había transmitido Kissinger. Casi dos semanas después, el 17 de marzo, el director del Departamento América del Norte de la Cancillería, Diego Medus, entregó a un colaborador de Hill la respuesta de Vignes. “Medus remarcó que su gobierno había encontrado el tono de la nota de esta embajada más fuerte de lo necesario y que había respondido en consecuencia. Sin embargo, indicó que el gobierno argentino no planeaba difundir ninguna de las dos notas y esperaba que nosotros pudiéramos superar ese tema y continuar el diálogo cordial y productivo del que hemos disfrutado en el pasado”, informó Hill a Kissinger. El asistente de Hill le contestó, siempre según el cable confidencial del embajador, que la superación del incidente “dependería en buena medida de los resultados de la investigación del gobierno argentino” sobre por qué la Policía no estaba protegiendo el consulado.

En su respuesta escrita, Vignes dijo que no podía confirmar las declaraciones atribuidas a Lacabanne, pero sostuvo que el interventor federal había ordenado una investigación dentro de la Policía. Vignes destacó que “la seguridad ofrecida por el gobierno argentino no es condicional como sugiere la nota” de Hill; “esa seguridad está sujeta, como todas las acciones humanas, al error, y es por eso que se necesita la cooperación de la persona bajo custodia”. En este sentido, lamentó que Egan no hubiera informado a la Cancillería, a través de su embajada, sobre la ausencia temporal de los guardias. Según Vignes, si el secuestro se hubiera realizado el día previsto por Montoneros, el lunes 24 de febrero, “los guardias habrían estado todavía en el consulado”, algo que los guerrilleros descontaban ya que, según la esposa del cónsul informó a la Policía, entraron “preguntando por los guardias varias veces”. Al final, el canciller rechazó “los términos particularmente severos utilizados en la nota que está siendo contestada”.

De acuerdo con Hill, distintos funcionarios de Isabel Perón le confirmaron que la posición del gobierno seguía siendo no negociar con las guerrillas y le puntualizaron las diferencias entre los casos Egan y Anzorreguy. Por ejemplo, en la Cancillería le aseguraron que “aun suponiendo que hubiera existido la voluntad de aceptar las demandas de los secuestradores del cónsul, eso no habría sido posible porque los delincuentes (SIC) reclamados no estaban en manos de las autoridades argentinas; tampoco había tiempo para considerar alternativas en virtud del corto plazo dado por los malhechores (SIC)”. Además, le dijeron que el gobierno “no había negociado ni tenido contactos” con Montoneros para la liberación de Schneider, sino que había sido sólo una decisión judicial, y desmintieron las declaraciones en ese sentido realizadas por el guerrillero al llegar a Lima: “Tuvo el propósito de confundir a la opinión pública y perturbar las acciones del gobierno”.

En Washington, el embajador argentino, Alejandro Orfila, se comunicó con el Departamento de Estado para afirmar que los funcionarios de su gobierno “no sabían que los guardias de Egan habían sido removidos” y que tanto Vignes como Rocamora le aseguraron que “no hubo ninguna conexión” entre la salida del país de Schneider y el secuestro y posterior liberación de Anzorreguy. Y frente a la posibilidad de que el gobierno estadounidense cerrara sus oficinas culturales en Córdoba, Mendoza y Rosario, Orfila dijo que esperaba que “eso no fuera necesario”; además, lamentó la mudanza del agregado de Agricultura de la embajada estadounidense de Buenos Aires a Montevideo por razones de seguridad.

Si bien algunos representantes extranjeros ya habían sido secuestrados, Egan se convirtió en el primer diplomático asesinado por la guerrilla en la Argentina. Y en el quinto ciudadano estadounidense en correr esa suerte desde 1965; el último había sido el gerente general de Ford, John Swint, muerto el 22 de noviembre de 1973 por las Fuerzas Armadas Peronistas. Los ejecutivos y funcionarios norteamericanos eran los principales blancos de los ataques de esos grupos, que estaban empeñados en la lucha contra “el imperialismo yanqui” que, según decían, controlaba al gobierno y a las Fuerzas Armadas y “explotaba al pueblo”. También en Córdoba, el 16 de marzo de 1974 estalló una bomba en el Instituto Cultural Argentino Norteamericano (ICANA). Un mes después, guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo secuestraron al director general del Servicio Cultural e Informativo de Estados Unidos, Alfred Albert Laun, en su casa ubicada en la ciudad de Unquillo; Laun se resistió y fue llevado herido de un balazo, pero quince horas después fue dejado en libertad porque su salud se había agravado y necesitaba una intervención quirúrgica.

A Hill le llamaba la atención que su colega soviético se burlara de él por las estrictas medidas de seguridad que había dispuesto y le dijera que en su caso no las necesitaba para nada. El 4 de marzo de 1975 le consultó sobre eso a Margaride, el jefe de la Policía Federal, en una conversación en su residencia. “La respuesta de Margaride fue que el embajador de la Unión Soviética no necesitaba ningún tipo de protección porque él ‘dirigía la operación completa’, es decir que las operaciones terroristas estaban inspiradas por el comunismo y, sin dudas, recibían dinero y tal vez hasta instrucciones de los soviéticos”, informó Hill a su gobierno. Margaride agregó que “ellos estaban convencidos de que los países comunistas (Unión Soviética y Cuba) están contribuyendo con dinero a la operación terrorista aquí, en Argentina”.

Un memo preparado por el Departamento de Estado para Hill y sus funcionarios con respuestas a posibles preguntas de los periodistas, enviado a Buenos Aires el 1° de marzo de 1975, incluyó una eventual consulta sobre si otros funcionarios estadounidenses corrían peligro en la Argentina. “Varios grupos terroristas en la Argentina tienen el potencial para llevar a cabo secuestros y asesinatos. En estas circunstancias, nosotros estamos haciendo lo mejor para proteger a los funcionarios estadounidenses en Argentina.”

Los diarios nacionales del domingo 2 de marzo dedicaron sus tapas a informar sobre las repercusiones de la muerte de Egan, cuyo sepelio se realizó ese día en el cementerio San Jerónimo, en Córdoba. Incluyeron el telegrama de condolencias de la presidenta Perón a su colega estadounidense, Gerald Ford; el comunicado de Ford condenando “este acto malévolo”; las palabras de Kissinger, antes de viajar a El Cairo para reunirse con Anwar El Sadat en procura de un acuerdo entre Egipto e Israel, que lo calificó como “un crimen sin sentido, execrable y despreciable”; y las declaración de Eugene Egan, hermano del muerto, desde su estado natal de Montana: “Ser liquidado así parece tan infructuoso. Fue sólo porque era un ciudadano norteamericano”.

Lacabanne, por su lado, insistía en que había derrotado a la izquierda armada: “Yo siempre dije que en Córdoba había sido erradicada la guerrilla como una cosa organizada, pero que era posible la existencia de hechos aislados e individuales”. Aquel domingo, Reutemann salió segundo en el Gran Premio de Sudáfrica, detrás del local Jody Scheckter, y River Plate goleó a Chacarita 3-0 como visitante, con goles de Morete, Pedro González y Alonso, y se afirmó en su camino al título tantas veces postergado.

Capítulo 10
LEY DE FUGA

No seas cobarde, ¡matame de frente, hijo de puta!

Diana Fidelman, la única mujer entre los seis presos fusilados el 17 de mayo de 1976 por la noche.

Hay que tirar la moneda a ver a cuál de los dos De Breuil le toca.

Un militar a otros oficiales para decidir si mataban a Eduardo o a su hermano Gustavo De Breuil, el 12 de agosto de 1976 al mediodía.

La voz ordenó “¡Corran, carajo, corran!”, mientras sus compañeros aprontaban las armas; los presos comenzaron a moverse, las manos esposadas por detrás; algunos rodaron por la barranca y cayeron de rodillas, las espaldas hacia el río Suquía, como pidiendo clemencia; Diana Beatriz Fidelman, la única mujer del grupo, dejó de correr, se volvió y le gritó al jefe del pelotón: “No seas cobarde, ¡matame de frente, hijo de puta!”. Los fusilaron a todos cerca del puente Santa Fe, del otro lado del Hospital de Clínicas, el lunes 17 de mayo de 1976, casi dos meses después del golpe de Estado.

Ocurrió una noche muy fría; Fidelman era la “secretaria” de la oficina virtual ubicada en la casa de Maestro Vidal 1010, donde funcionaban, en realidad, la cúpula de Montoneros en la región, una “cárcel del pueblo” donde habría estado secuestrado el cónsul John Patrick Egan y un “cofre” para guardar documentos, armas y dinero. Su nombre le daba título a la causa judicial en la que se investigaba a quince guerrilleros por los delitos de Asociación ilícita calificada, Tenencia de armas y munición de guerra, Tenencia de explosivos e Infracción a la Ley de Seguridad 20.840.

“Los fusilaron de noche, pero temprano, a eso de las 9, y por eso hubo testigos. Nuestra casa estaba muy cerca de ese lugar; yo incluso escuché los disparos, pero, ¡qué me iba a imaginar que la estaban matando! Después fui al lugar, a unas diez cuadras de la cárcel, y una señora me contó cómo había muerto Diana”, recuerda Olga Tello, de 77 años, que era la cuñada de Fidelman.

“Diana era compañera de militancia y pareja de mi hermano, Alfredo Tello, que murió el 4 de noviembre de 2010. Ellos convivieron dos años y medio; ella era de Buenos Aires, y sus padres tenían un muy buen pasar económico, pero vino a vivir con mi hermano a mi casa, conmigo y con mis dos hijas. Mi casa era muy pero muy humilde; en aquella época, era peor que ahora; tenía sólo dos habitaciones y por una galería de tres metros por tres metros se iba a la cocina. Ellos armaron su cuarto en esa galería; tiraron un colchón y allí vivieron, muy felices. Cuando la conocí, Diana tenía 21 años, y cuando la mataron, 23. Para mi hermano, fue el amor de su vida. Y ella vivía diciéndole te amo”, agrega Olga Tello.

Diana Fidelman había nacido en Avellaneda, y se crió con su hermana y sus dos primos en una familia de fuerte tradición judía, que luego se mudó a la ciudad de Buenos Aires, al barrio de Palermo. Como tantos chicos de su edad y su sector social, se hizo peronista, y en simultáneo se volcó a la lucha armada, inspirada por el Che Guevara en un clima de época favorable a la revolución socialista; además, comenzó medicina y se casó. Sus amigos y compañeros la llamaban “La Gringa” por su cabello rubio y sus inmensos ojos azules, “como en estado de sorpresa permanente”, cuenta uno de sus familiares.

Olga Tello dice que “Diana era dulce, cariñosa, solidaria, fuerte, inteligente y muy valiente. Cada tanto, viajaba a Buenos Aires. Le gustaba tocar la guitarra; tocaba, por ejemplo, esa canción sobre el comandante Che Guevara; era muy inquieta y siempre estaba de buen humor. Incluso, el día que la sacaron de la celda para matarla, había estado cantando, bailando. Me encargué de averiguar eso mucho después; fui a ver a una de sus compañeras de la cárcel, que la quería mucho, cuando volvió en 1982 luego de haber estado presa en Villa Devoto. Me contó que aquel día tuvieron una ‘guardia blanda’, que las dejaron salir de la celda a una especie de patio que había, y allí charlaron, cantaron, bailaron. Ella hasta les enseñó algunos bailes judíos”.

Una de sus compañeras de pabellón, Norma San Nicolás, recuerda que también “habíamos estado haciendo teatro, hacíamos un simulacro de cómo iba a ser el traslado final. Cuando estábamos en todo eso, la celadora nos avisa que venían ‘los verdes’, por los militares, y nos encierra a todas; van a la celda de Diana, los militares y la celadora; abren la puerta y le dicen que los acompañe; Diana respondía en voz alta para que nosotras escucháramos. Les preguntó: ‘¿A dónde me llevan?’; le contestaron que al Tercer Cuerpo de Ejército; ‘¿Para qué —replicó Diana— si yo estoy a disposición de la justicia federal? Además, hace quince días me llevaron a Informaciones y me volvieron a interrogar, ¿qué más quieren saber?’; y el militar le dijo: ‘Bueno, salga de una vez’”.

Su actividad en Montoneros la había conducido a Córdoba, ya separada de su marido. “Diana Fidelman era una persona de mucha confianza de Mario Firmenich y de la Conducción Nacional de Montoneros, que en 1975 funcionó en la ciudad de Córdoba. Nunca supimos por qué se había tenido que mudar de Buenos Aires, pero pensábamos que debió haber sido por algo grande. En realidad, eran sus últimos días como secretaria de la Conducción Nacional: había pedido una licencia; ya no quería participar en esa tarea y le habían pedido que se quedara un tiempo más hasta que llegara su reemplazo”, confía un ex militante montonero que desea que su nombre no trascienda.

Según Olga Tello, ella invitó a sus padres a conocer a la familia de su nueva pareja: “Ya lo habían visto a mi hermano, en un viaje que hicieron a Buenos Aires, y Diana quería que conocieran a la familia de mi hermano. Era una familia muy bien, y ella estaba viviendo en un lugar muy humilde. Ella estaba así por amor y por militancia, pero eso no le importaba. Y sus padres apoyaron la relación; el papá era médico”.

Olga Tello creía que su cuñada “trabajaba en una imprenta. Cuando la apresaron, ella se fue como todos los días, pero no volvió esa noche; a la mañana siguiente nos enteramos de que la habían capturado. Yo no sabía bien lo que ella hacía porque ellos no me decían nada, me enteré después de su militancia”. Y de su muerte supo al día siguiente, “a las 6 de la mañana, escuchando la radio. Mi hermano estaba en Buenos Aires junto con otro hermano mío, trabajando en el Sheraton; los dos eran pintores de obra y estaban allí por un trabajo que les había conseguido el cuñado de Diana, que era arquitecto. Mi otro hermano había comprado el diario y allí lo leyó. Ellos estaban viviendo en la casa de los padres de Diana, así que tuvieron que darles la noticia. Le entregaron el cuerpo al padre”.

Luego de esas muertes, el Tercer Cuerpo de Ejército, a cargo del general Luciano Benjamín Menéndez, difundió un comunicado en el que aseguró que cuando “una comisión policial trasladaba a seis delincuentes subversivos, fue atacada por otros delincuentes que ocupaban dos o tres vehículos con el evidente propósito de rescate, abriendo fuego contra la comisión policial, la que reaccionó de inmediato”.

El Ejército agregó que los seis “delincuentes” murieron y que “un agente resultó con una herida leve en un brazo”. Y pasó lista a los muertos: Fidelman, Miguel Ángel Mozé, José Svagusa, Luis Verón, Ricardo Yung y Eduardo Hernández.

Fue el primero de un total de siete traslados de presos de la Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1), ubicada en el barrio San Martín de la capital cordobesa. A todos ellos se les aplicó la llamada “ley de fuga”: sacaron a los prisioneros de sus celdas con la autorización de la justicia federal para ser interrogados en la Policía o en el Ejército, pero en el trayecto los fusilaron a sangre fría simulando un intento de escape.

En menos de cinco meses, entre el 17 de mayo y el 11 de octubre de 1976, fueron muertos de esa manera veinticinco presos de la UP1 que habían sido detenidos antes del golpe del 24 de marzo; todos eran guerrilleros o personas vinculadas a las guerrillas: quince a Montoneros, entre ellos Fidelman y las cinco víctimas del primer traslado; y diez al Ejército Revolucionario del Pueblo.

En aquel periodo inicial de la dictadura, otros tres presos fueron muertos en el Departamento Informaciones de la Policía, adonde habían sido llevados para ser interrogados, en otro supuesto intento de fuga, y dos en la propia cárcel, controlada por el Ejército: uno de ellos, Raúl Bauducco, del ERP, de un disparo en la cabeza porque no se podía levantar luego de un fuerte golpe en la cabeza con un bastón de goma durante una requisa, y el otro, el médico José Moukarzel, del ERP, tras ser estaqueado desnudo al aire libe, en un patio, donde además fue duramente golpeado, un día helado de invierno, el 14 de julio de 1976; había sido sancionado por pedirle un paquete de sal a un preso común, santiagueño como él.

Esos treinta casos se convirtieron —treinta y cuatro años después, y luego de que durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner fueran derogadas las leyes de “obediencia debida” y “punto final” y reabiertas las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos— en el núcleo del juicio en Córdoba contra el ex dictador Jorge Rafael Videla, el general Menéndez y otros militares y policías; veintitrés de los imputados fueron condenados, en su mayoría a prisión perpetua, el 22 de diciembre de 2010 por el Tribunal Oral Federal Nº 1. La sentencia fue apelada.

En mi libro Disposición Final, Videla explicó que los jefes militares dieron el golpe convencidos de que “había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas. No había otra solución: estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. La solución fue sutil —la desaparición de personas—, que creaba una sensación ambigua en la gente: no estaban, no se sabía qué había pasado con ellos”.

Presidente del país entre 1976 y 1981 y jefe del Ejército hasta 1978, Videla calculó la cantidad de personas a “eliminar” en “siete mil u ocho mil”, pero afirmó que, cuando dieron el golpe, no sabían qué harían con los detenidos considerados “irrecuperables”. Y agregó: “La solución fue apareciendo de una manera espontánea, con los casos de desaparecidos que se fueron dando”.

En los primeros meses de la dictadura, cuando los jefes militares todavía no habían adoptado como método la “Disposición Final”, es decir la ejecución sumaria de esos presos y la destrucción o el ocultamiento de sus cuerpos, cada uno de los comandantes o jefes de las cinco zonas en las que fue dividido el país ensayó otras tácticas, como la aplicación de la ley de fuga en la Zona 3, es decir en Córdoba y otras nueve provincias.

En este sentido, Videla dijo: “La responsabilidad de cada caso recayó en el comandante de zona, que utilizó el método que creyó más apropiado, como por ejemplo los intentos de fuga en Córdoba. Yo estuve en el juicio en Córdoba y me daba cuenta de que esas fugas eran una excusa para eliminar a esos detenidos. Cada comandante tuvo autonomía para encontrar el método más rápido y menos riesgoso”.

Videla, Menéndez y otros jefes militares que no participaron directamente en la muerte de los treinta presos de la cárcel cordobesa, o por lo menos no se encontraron pruebas concretas de eso, fueron condenados por la aplicación de una teoría desarrollada por el alemán Claus Roxin: la autoría mediata a través del dominio de “los aparatos organizados de poder”. Roxin puso en evidencia al “hombre de atrás”, al “autor de escritorio”. De acuerdo con su tesis, ya no se trata de culpar sólo a quienes mataron sino también a todos los jefes que integraban la pirámide de poder en la dictadura, sin cuyas órdenes y respaldo funcional esas treinta muertes no hubiesen ocurrido.

De esta manera, la sentencia del Tribunal Oral Federal indicó que “no sólo son autores los que ejecutan materialmente las órdenes ilícitas impartidas por el ‘sujeto de atrás’ y retransmitidas por los órganos intermedios, sino que también lo son tanto el jefe que ocupa la cúspide de poder como los que detentan lugares intermedios y actúan como engranajes, haciendo posible el plan global”. Por eso, toda la cadena de mandos, desde Videla para abajo, resultó condenada. Videla y Menéndez, como autores mediatos y coautores mediatos.

La teoría de Roxin es polémica; sus críticos sostienen que coloca al derecho penal en un terreno resbaladizo, donde ya no se trata de encontrar culpables sino responsables. Cuando esta teoría queda restringida a los delitos de lesa humanidad cometidos por militares, policías o civiles en los años setenta, las disidencias no son muchas o, al menos, no se hacen escuchar; quienes se quejan están afónicos. Pero cuando se aplica a otras áreas, como la corrupción de funcionarios públicos o los delitos bancarios, la cuestión se vuelve más discutida. Fue el caso de la condena a José Dirceu, jefe de Gabinete y mano derecha del ex presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva y figura de relieve de la izquierda en Brasil. El 12 de noviembre de 2012, Dirceu fue condenado a diez años y diez meses de prisión y a pagar una multa de 340 mil dólares en base a la teoría de Roxin: era, según los jueces, el “sujeto de atrás”; el vértice de una compleja trama para desviar fondos públicos y privados y sobornar a legisladores opositores con el propósito de que los proyectos de ley de Lula fueran aprobados. La sentencia, que fue apelada, resultó duramente criticada por diarios argentinos afines al kirchnerismo.

Por las muertes de Diana Fidelman y los otros cinco detenidos se condenó también a seis policías que, siempre de acuerdo con los jueces del Tribunal Oral Federal cordobés, retiraron a los presos con el argumento de que serían interrogados en el Departamento Informaciones. La prueba contra esos policías fue el testimonio del ex detenido Charlie Moore.

“Moore —evaluaron los jueces— es un testigo privilegiado en orden a lo ocurrido en el D-2 y la determinación de la responsabilidad de sus autores, pues estuvo conviviendo con el personal del D-2 durante seis años, teniendo en claro en todo momento que se fugaría en un proceso minucioso e inteligente llevado a cabo durante todo su cautiverio, en el que, paralelamente a la actitud de condescendencia con sus captores que necesariamente debía adoptar para sobrevivir, fue organizando la forma de hacer conocer la verdad de lo ocurrido en ese lugar.”

Uno de los condenados fue el comisario mayor retirado Carlos Yanicelli. Según él, Charlie Moore es “un mentiroso. Hay documentos que indican que los traslados fueron realizados por un integrante del D-2, lo que surge de los registros de la cárcel, y que además fueron custodiados por dos móviles con personal del Comando Radioeléctrico de la Policía de la provincia: es la constancia en el libro de novedades del Comando Radioeléctrico. Esta documental fue enviada al tribunal por la Comisión Provincial de la Memoria y recibida el 4 de septiembre de 2010. No le asignaron ninguna trascendencia, a pesar de ser un ‘instrumento público’ categórico en materia de responsabilidades en el procedimiento”.

En su testimonio, Charlie Moore afirmó que las muertes de esos primeros seis presos “habrían sido en represalia por la fuga” de Horacio Mendizábal, detenido junto con dos de los fusilados: Fidelman y Yung. Pero, aparte de que también fueron muertos otros cuatro presos, el escape de Mendizábal ocurrió el 4 de febrero de 1976, tres meses y medio antes, cuando todavía los militares no habían dado el golpe y gobernaba el peronismo. Los jueces agregaron en su fallo otras dos posibles causas: los seis reclusos denuncia ron que fueron torturados cuando estaban detenidos en el D-2 y una venganza porque el día anterior al traslado un policía fue muerto por Montoneros.

Casi un mes antes de aquel traslado, el 22 de abril de 1976, Diana Fidelman había sido llevada al D-2, donde, según Charlie Moore, fue torturada y además violada, “sólo porque era judía. Había un desprecio, un revanchismo con los judíos. Racismo puro, xenofobia”. Otros testigos del juicio también dijeron lo mismo: por ejemplo, Norma San Nicolás señaló que, al volver a la cárcel, Fidelman comentó a sus compañeras de pabellón que “la saludaban con el saludo de los nazis y que las sesiones de tortura eran más porque era judía que por su militancia política; le decían ‘Te vamos a hacer jabón’, y todas esas cosas vinculadas a su condición de judía”. Yanicelli vuelve a negar: “Eso del antisemitismo es un invento; los fiscales también nos han querido ligar con eso, y de la querella, el que más insistía era Claudio Orosz, que fue responsable de la Juventud Guevarista en el Colegio Manuel Belgrano. Dicen también que hacíamos saludos hitlerianos; son mentiras”.

La cuñada de Diana Fidelman, Olga Tello, la visitaba todos los domingos. Le llevaba las cartas que le enviaba su hermano, que estaba clandestino: “Ellos se escribían en un papel muy finito, donde hacían la letra bien chiquitita; después, lo doblaban bien y yo me metía la cartita en una de esas bombitas de agua que se inflan. Y luego me la ponía en la boca y así entraba y sacaba las cartas, porque era el único lugar que no me hacían abrir. Era lo único que podía llevar de él y lo único que podía sacar de ella”.

José Fidelman, el padre de Diana, viajaba cada quince días a Córdoba y le llevaba dinero, golosinas y cigarrillos, tanto para su hija como para las otras presas. “El papá tenía adoración por Diana; la amaba, realmente; no quería que le faltara nada”, recuerda Tello. El 8 de agosto de 1975, al día siguiente de la detención de su hija, José Fidelman ya estaba en Córdoba, presentando un pedido de hábeas corpus y solicitando al juez federal “a título de urgente, una pericia médica-forense a fin de que se constate su estado físico de inmediato”.

El papá fue incluso al D-2 a preguntar por su hija; no le dieron ninguna información hasta que uno de los policías de guardia se apiadó de él.

—¿Vio los golpes de un boxeador? Así le están pegando a ella —le dijo.

—Por favor, ¡déjeme verla! Se lo suplico.

—No podemos, cumplimos órdenes.

La última vez que Olga Tello pudo verla fue el domingo anterior al golpe del 24 de marzo de 1976; luego, el Ejército se hizo cargo de los cuatros pabellones en los que estaban las celdas de los “presos especiales” y las condiciones de vida de esos detenidos cambiaron drásticamente.

Luis “Vitín” Baronetto, un ex militante montonero, recuerda que poco después del golpe entró el general Juan Bautista Sasiaiñ a la celda ubicada justo frente a la que él ocupaba, en el pabellón 8: “Nosotros teníamos un hueco en la puerta y por ahí mirábamos y escuchábamos; allí el general Sasiaiñ dijo que estábamos todos condenados a muerte, pero que no nos pusiéramos contentos ya que íbamos a morir de a poco para que nos arrepintiéramos de haber nacido”.

Los prisioneros pensaron que era “una bravuconada de los militares”, pero al poco tiempo comenzaron las muertes: los presos a quienes les fue aplicada la “ley de fuga” fueron sacados de la cárcel por orden de Sasiaiñ, el número dos de Menéndez.

Sasiaiñ, ya fallecido, fue uno de los generales más “duros” en la represión a las guerrillas; un poco porque, según quienes lo conocieron, su antiperonismo lo llevaba a identificar al peronismo con la “subversión”, y otro poco por el asesinato de su hermana, Beatriz, que era la esposa del general retirado Jorge Cáceres Monié; ambos fueron muertos por Montoneros.

De acuerdo con los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la condiciones de esos presos empeoraron a partir del 2 de abril de 1976, justo cuando Sasiaiñ ordenó por escrito al director de la cárcel una serie de medidas para “subsanar las anomalías que se observan en las unidades carcelarias que alojan elementos subversivos”. Entre ellas:

Retirar todos los elementos que posibiliten su comunicación tanto interna como externa (elementos de escritura).

Retirar todo tipo de elemento de confort (radios, televisores, heladeras, estufas, calentadores, etcétera).

Retirar los elementos de lectura, tanto diarios como libros y revistas de cualquier índole.

Prohibir todo tipo de contacto con personal ajeno al Servicio Penitenciario (cantineros, detenidos comunes).

Prohibir todo tipo de visitas (abogados, familiares, etcétera).

Prohibir todo tipo de contacto del personal subversivo masculino con el femenino en la misma situación.

Prohibir todo tipo de entretenimiento (cine, juego de ajedrez, deportes, etcétera).

Prohibir el ingreso de todo tipo de paquetes y/o encomiendas.

Censurar la correspondencia con personal idóneo previo a su entrega.

Sasiaiñ había quedado molesto en su primera inspección a la cárcel, según explicó en un “memorando reservado”, donde se quejó de que “los delincuentes gozaban de absoluta inmunidad e impunidad, se hacían adoctrinamiento y actividades concurrentes para el mantenimiento de la actitud combativa de esta delincuencia, disponen de medios de confort que no condicen con su situación de reclusos, y circula en forma permanente, profusa y abundante documentación bibliográfica de carácter ideológico”. Y destacó que “el teniente coronel Igarzábal, Larrabure y tantos otros civiles y militares no tuvieron igual trato” cuando fueron secuestrados por los grupos guerrilleros.

Baronetto cuenta que ya en la primera requisa los militares “nos sacaron todo; sólo nos dejaron el colchón, una manta y la ropa puesta”. La esposa de Baronetto, Marta González, maestra, catequista y militante montonera, estaba prisionera también en esa cárcel y fue fusilada en el último de los siete traslados, el 11 de octubre de 1976, junto con otros cinco detenidos. La ex presa Norma San Nicolás explica que González “había parido a su hijo Lucas en condiciones infrahumanas: atada y esposada a la cama. Cuando la vienen a buscar, por la mañana, ella piensa que es para hacer el trámite de anotar a su hijo. Le pide una campera a una compañera y me dice: ‘Lo voy a anotar al Lucas’”.

De la muerte de su mujer, Baronetto se enteró recién al mes siguiente a través de “una carta escrita en papel higiénico” por otros presos; “nunca el juez me lo notificó”. En todos estos años, Baronetto llevó adelante una lucha constante, y a menudo en condiciones desventajosas, para el esclarecimiento de la muerte de su esposa y del resto de los presos. Incluso querelló a jueces y funcionarios judiciales que no investigaron esos casos, a pesar de sus denuncias cuando aún estaba detenido.

Julio Carreras recuerda por su lado la primera vez que los militares entraron al penal: “A las cinco de la mañana, con griterío alucinante, ruido de botas y bayonetas, unos cien soldados, suboficiales y oficiales del Cuerpo de Paracaidistas ingresaron al pabellón 8. Celda por celda las iban abriendo y, mientras los oficiales ordenaban que nos denudáramos poniéndonos contra las paredes, los suboficiales y soldados nos golpeaban usando garrotes de goma con núcleo de acero. Nos gritaban que bajáramos al patio, azuzando con las puntas de sus bayonetas a quienes se rezagaban. Para ello debíamos lanzarnos por una estrecha escalera, en cuya entrada había tres soldados que golpeaban en los testículos a los que íbamos llegando”.

Carreras explica que hasta el golpe del 24 de marzo de 1976 los guerrilleros ocupaban cuatro pabellones, tres los varones y uno las mujeres. Los militantes de mayor rango estaban concentrados en el pabellón 8, la planta alta, divida en dos mitades: una para los montoneros y otra para el ERP; eran ciento veinte, aproximadamente. Otros ciento cincuenta ocupaban el pabellón 6, donde también se hallaban militantes de pequeñas organizaciones trotskistas universitarias y dirigentes sindicales clasistas. Y se había habilitado un tercer pabellón, el 9, para los “independientes”: unos treinta sindicalistas, ex funcionarios y “compañeros que se habían abierto de las organizaciones. Algunos de esos casos eran no tanto por diferencias ‘ideológicas’ sino por negarse a acatar nuestra disciplina. Por ejemplo, compañeros a quienes les gustaba dormir hasta tarde, mirar mucha televisión o sencillamente no programar sus días con gimnasia, reuniones o actividades productivas organizadas. En total, constituíamos unos trescientos presos políticos varones, de los cuales unos ciento sesenta éramos miembros del PRT o de Montoneros. En otra área del penal, distante unos doscientos metros, estaban nuestras compañeras. Muchas de ellas eran esposas de los compañeros presos, incluso algunos de nosotros teníamos también allí a nuestros hijos pequeños. En el pabellón 14, junto a Gloria —mi esposa desde el invierno de 1974 hasta hoy— estaba también Anahí, nuestra pequeña hijita de cinco meses. En total, entre montoneras, del PRT y muy pocas independientes, eran más o menos unas ciento cincuenta”.

Si antes del golpe, según Carreras, “se respetaban los derechos garantizados por la ley para todos los presos”, todo cambió cuando los militares tomaron el control de los pabellones destinados a los prisioneros “especiales”. Carreras recuerda “nuestras condiciones extremadamente antihigiénicas, con los cabellos y las barbas largas, andrajosos, rodeados de material fecal y orín que hedían desde tarros que nos habían dado los guardiacárceles, pues las celdas, con un promedio de veinte internos, no poseían baños y desde el golpe no nos permitieron salir de ellas”.

En el pabellón de mujeres, las presas fueron informadas de que “no se podía entrar más ropa ni paquetes, ni artículos de higiene; se corta todo vínculo con nuestros familiares. El 12 de abril entran los militares y hacen una requisa y nos dejan solamente la ropa que teníamos; se llevan incluso la comida y los remedios de los niños; también había entre siete y nueve bebés que estaban con sus mamás”, cuenta Norma San Nicolás. Dos días después, siempre según esta fuente, “entran los militares armados con granadas, pistolas, cuchillos, etcétera; nos sacan al patio y nos hacen poner con las piernas y los brazos abiertos mirando hacia la pared; nos hacen desnudar, algunas estábamos menstruando, y nos hacen una requisa vejatoria introduciendo los dedos en la vagina; ahí estuvimos muchísimo tiempo ya que mientras tanto estaban revisando las celdas, con las bayonetas abrían los colchones. En ese momento, nos hacen un simulacro de fusilamiento. Los niños y bebés estaban ahí, presenciaban todo eso y lloraban”.

Norma San Nicolás agrega que a las madres les dieron quince días de plazo para enviar sus hijos a la casa de algún familiar “con la amenaza de que, si no los sacábamos de allí, ellos los iban a llevar a la Casa Cuna. Cosa que era bastante difícil de hacer, sobre todo de comunicar a los familiares. Luego, a los niños se los llevaron las celadoras”, que los entregaron a familiares de las detenidas. La comida era mala y escasa: “Un líquido con unos bollos de grasa encima; cuando yo llegué a la cárcel de Villa Devoto, adonde fui trasladada, pesaba cuarenta y dos kilos y me pusieron suero debido a las malas condiciones en que me encontraba”.

Miriam Salvador tenía con ella a su hijo, Santiago, de dos años. Recuerda aquel primer simulacro de fusilamiento y el llanto de Santiago; al poco tiempo, un militar le dijo: “Venimos a buscar a tu hijo”, y le explicó que se lo iban a entregar a su abuela, que estaba afuera, esperándolo. “Por supuesto que yo no le creí; le dije que solamente lo iba a entregar si yo se lo daba en brazos a mi mamá. Entonces le dan la orden a la celadora de que me saquen al chico. Fue una situación terrible porque mi hijo lloraba y ellos insistían en que se los tenía que dar; es ahí que la celadora se acerca y susurrando me dice que era cierto, que afuera estaba mi mamá; es por eso que yo confío y le entrego mi hijo a la celadora.”

Algunos presos “especiales”, Carreras entre ellos, lograron describir esta situación en papeles para armar cigarrillos, escritos a la luz de una vela, que sacaron de la cárcel a través de presos “comunes”. Luego, en marzo de 1977, cuando fueron publicados en España, se convirtieron en la primera denuncia internacional sobre qué pasaba en la cárcel cordobesa.

Junto con Fidelman fue fusilado El Alemán Yung, un jujeño riguroso y de pocas palabras que tocaba la quena; también había sido apresado el 7 de agosto de 1975. Además, fueron muertos en aquel traslado “El Chicato” Mozé, un seminarista que estuvo a punto de ordenarse como sacerdote y era el principal referente de la Juventud Peronista en la Regional III, es decir en Córdoba, Cuyo y el noroeste, Svagusa, Hernández y Verón.

De los montoneros detenidos junto con Fidelman y Yung también fueron ejecutados pero en otros traslados Jorge García, “Paco” o “Vinchuca”, de 26 años, el 11 de octubre de 1976, y Gustavo De Breuil, dos meses antes, el 12 de agosto. Cuatro sobre un total de quince.

De Breuil tenía 23 años cuando fue fusilado junto con Arnaldo Toranzo, otro ex seminarista, y Miguel Hugo Vaca Narvaja, que había sido detenido en las escalinatas de los tribunales federales de Córdoba el 20 de noviembre de 1975, luego de presentar un hábeas corpus a favor de Mozé.

Como era el mayor entre sus hermanos, Huguito Vaca Narvaja llevaba el nombre compuesto de su padre, que, a la edad de 60 años, el 10 de marzo de 1976, fue secuestrado en su casa; Vaca Narvaja padre permanece desaparecido. Luego de este episodio, veintisiete miembros de su familia, que formaba parte de la aristocracia cordobesa, debieron exiliarse en México.

Vaca Narvaja padre dejó un sobre cerrado con una carta a su esposa, Susana Yofre, en la cual, tres meses antes de su secuestro, previendo que podía ser una víctima, le escribió: “Que mi muerte sirva para algo en el tiempo, pero que jamás se convierta en factor de represalia para otros ni en causa de mayores desgracias para los núcleos familiares que han sabido formar”.

En tanto, Vaca Narvaja hijo, de 35 años, era casado y tenía tres hijos.

Aquel 12 de agosto de 1976, poco antes de las once de la mañana, hubo un cuarto detenido que fue sacado de la cárcel por orden del general Sasiaiñ: Eduardo De Breuil, la persona que aparecía como titular de la supuesta empresa de importaciones y exportaciones que funcionaba en la casa de Maestro Vidal 1010. En aquel reparto de roles ficticios, era el “jefe” de Fidelman, a quien había contratado por un aviso en el diario.

“En realidad, Eduardo De Breuil era una especie de enlace con la Conducción Nacional; tenía una relación muy estrecha con Firmenich, al punto que cuando Firmenich venía a Córdoba muchas veces se quedaba en la casa que el padre de De Breuil tenía en Villa Allende”, confía el ex militante montonero que no desea que se sepa su nombre y que conoce cuál era el peso de cada uno en Córdoba.

Un amigo de su adolescencia, que tampoco quiere que su nombre trascienda, indica que Eduardo De Breuil llegó a Montoneros desde el nacionalismo católico. “Teníamos un grupo de estudio; estudiábamos mucho a Jaime María De Mahieu, por ejemplo. Después él se fue a estudiar a Santa Fe porque quería ser escribano, como su padre. No terminó, pero volvió transformado en montonero y con contactos de alto vuelo”, asegura.

Eduardo De Breuil, de 29 años, no murió junto a sus tres compañeros sino que fue dejado deliberadamente vivo por los verdugos, como testigo de la matanza. “El operativo fue encabezado por un militar al que le decían el capitán. Tenía 34 o 35 años, estatura mediana, cutis blanco, cabello castaño, muy arreglado en su aspecto; yo lo alcancé a ver cuando salía de la celda”, declaró en la causa judicial.

Agregó que también pudo ver a varios conscriptos y suboficiales, “pero todo muy rápidamente porque me habían dado la orden de bajar la vista”, antes de colocarle una venda sobre los ojos como a los otros tres detenidos. Mientras el capitán repetía la frase “Mal día hoy”, los amordazaron, los esposaron, les ataron los pies y los colocaron en dos camionetas doble cabina del Ejército; los ubicaron contra el piso del asiento trasero, tapados por unas mantas; Eduardo De Breuil y Vaca Narvaja en un vehículo y Gustavo De Breuil y Toranzo en el otro. “Después nos llevaron, creo, por el recorrido que hicimos, a alguna dependencia del Tercer Cuerpo de Ejército, camino a La Calera”, relató. Los bajaron de las camionetas y los dejaron tirados boca abajo en el piso durante más de media hora; allí habló por última vez con su hermano.

—Che, Eduardo, ¿qué pensás?

—No sé.

Luego, Eduardo De Breuil escuchó cómo fue que los militares “decidieron si lo mataban a mi hermano o me mataban a mí”.

—Hay que tirar la moneda a ver a cuál de los dos De Breuil le toca —dijo uno de los verdugos.

Cumplido el acto, alguien preguntó a los detenidos quién era Eduardo De Breuil.

—Soy yo.

Los hicieron levantar a los cuatro y les pusieron algodón en la boca; les sacaron las esposas y les ataron las manos por detrás con sogas; “Mal día hoy”, seguía diciendo el capitán. A Eduardo De Breuil lo llevaron a uno de los vehículos y volvieron a tirarlo contra el piso del asiento trasero; su hermano, Vaca Narvaja y Toranzo fueron llevados en la otra camioneta. “Volvimos a salir a la ruta como yendo hacia la ciudad de Córdoba, recorrimos un tramo y entramos a mano izquierda a lo que ahora puede ser el Parque General San Martín”, cerca del estadio de fútbol Chateau Carreras, que ahora se llama Mario Alberto Kempes, contó el único testigo. Se dio cuenta de que iban por un camino de tierra lleno de malezas porque escuchaba que los yuyos golpeaban el piso de la camioneta y sentía los pozos y las leves subidas; anduvieron unos tres o cuatro minutos hasta que el capitán ordenó que se detuvieran.

—Fíjense si no hay moros en la costa —instruyó a sus subordinados.

—No hay nadie, mi capitán.

—Bájenlos.

“Todo fue muy rápido”, recordó Eduardo De Breuil.

—Preparen las armas —dijo el capitán.

—…

—¡Listos!

—…

—¡Disparen!

El testigo escuchó una gran cantidad de detonaciones y que una de las víctimas intentó gritar, pero sólo le salieron algunos sonidos guturales por el algodón que le taponaba la boca.

—Desátenlos y recojan todas las vainas; fíjense bien que no quede ninguna —ordenó el jefe.

—Es un trabajo muy sucio, un trabajo de mierda —se quejó uno de los militares, siempre según el relato de Eduardo De Breuil.

—Esto nos pasa porque somos tenientes —se sumó otro.

—No se quejen, así es la guerra y hay que aguantárselas —les contestó el capitán.

Uno de los subordinados abrió la puerta de la camioneta donde estaba Eduardo De Breuil, le desató los pies y lo bajó.

—Te voy a quitar la venda y el algodón de la boca, pero mirá siempre para abajo y no grités porque si no voy a tener que matarte.

Lo hizo caminar tres o cuatro pasos; al primero que vio fue a Vaca Narvaja “tendido en el suelo con un orificio de bala sobre la ceja derecha”; luego, tres pasos a la derecha y en la misma posición estaba Toranzo, “con un orificio de bala sobre una de las clavículas”; otros tres pasos también a la derecha y “ahí vi el cuerpo de mi hermano. Parecía que tenía un tiro a la altura del corazón. Luego mi padre me dijo que tenía todo el estómago como un colador”.

—¿Sabés por qué están muertos? —le preguntó el oficial que lo llevaba del brazo.

—No.

—Porque ustedes hace dos días mataron a un cabo. Cuando volvás a la cárcel, contale a todos lo que viste hoy para que sepan lo que les va a pasar si siguen matando militares. Y vos vas a ser el próximo; hoy te salvaste entre los indios, pero la próxima vez no vas a contar el cuento.

El capitán avisó por radio que el operativo ya había sido cumplido y que podía venir la ambulancia, que llegó y cargó los cuerpos mientras un militar les sacaba fotografías. Eduardo De Breuil fue llevado de vuelta al penal, donde, conmocionado, relató a sus compañeros todo lo ocurrido.

Horas después, el general Menéndez informó en un comunicado sobre la muerte de “tres delincuentes subversivos” presos que estaban siendo transportados “para ser interrogados por un juez de instrucción militar” cuando “el vehículo sufrió una rotura de dirección, precipitándose a una banquina y originándose un principio de incendio. Aprovechando la situación, los delincuentes intentaron huir ocultándose en los arbustos, siendo perseguidos de inmediato por tropas de custodia, las que les intimaron rendición que no fue acatada, por lo que se debió abrir fuego”. El comunicado de Menéndez remató así: “Con heridas leves resultó un suboficial al sufrir principio de quemaduras”.

Eduardo De Breuil fue condenado a diez años de prisión el 21 de diciembre de 1978 por el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma, que lo encontró “autor responsable de los delitos de asociación ilícita calificada, tenencia de armas de guerra, tenencia de municiones de guerra, tenencia de explosivos y tenencia de material impreso de propaganda subversiva”. La sentencia fue ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones el 21 de septiembre de 1979. De Breuil fue liberado en 1982, cuando la dictadura se desmoronaba.

Zamboni Ledesma no investigó las muertes de cuatro de los quince investigados en la causa Fidelman, por la cual De Breuil resultó condenado, sino que se limitó a pedir los certificados de defunción al Registro Civil “atento a los trascendidos periodísticos”.

Capítulo 11
LOS LIBERTADORES DE MENÉNDEZ

—Pero nosotros, ¿somos tontos o qué? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Capitán, ¿qué se le ocurre que podemos hacer? —Mi general, copiemos a los franceses: deberíamos crear un grupo especial para operar y hacer un centro de reunión de subversivos; a partir de la información que les saquemos, vamos penetrando las organizaciones subversivas.

El general Luciano Benjamín Menéndez y el capitán Héctor Vergez el 7 de octubre de 1975, luego del ataque de Montoneros al cuartel en Formosa.

El Campo de La Ribera era la vida o la muerte para los detenidos. El grupo tenía libertad de acción para operar y también para decidir quién se iba en libertad y quién no. Eso se decidía a ese nivel antes del golpe. Cuando tenían alguna duda, soltaban al detenido. Pero si la decisión era que no se fueran en libertad, se iban al cementerio San Vicente y eran enterrados como NN. ¿Si algunos cuerpos fueron tirados al dique San Roque? No, al dique San Roque no, estaba muy lejos.

Un ex colaborador del capitán Héctor Vergez sobre el manejo del Comando Libertadores de América.

Del arroyo Las Conchas, a pocos kilómetros de Paraná, a un camino de tierra en las afueras de la ciudad de Córdoba, los asesinatos del general retirado Jorge Cáceres Monié y su esposa, Beatriz Sasiaiñ, derivaron en el debut oficial del Comando Libertadores de América, un grupo paraestatal aparentemente tutelado por el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, el general Luciano Benjamín Menéndez.

Una fuente que no quiere verse involucrada en el megajuicio que se realiza en Córdoba por delitos cometidos antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y que por eso reclama que su nombre no sea incluido en este libro, asegura que el Comando Libertadores de América surgió como “una orden de Menéndez para vengar al primer oficial de Caballería que matara la subversión”.

“Resultó ser —agrega este informante— el general retirado Cáceres Monié con su esposa, que era hermana del general Juan Bautista Sasiaiñ”, el jefe de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, la principal unidad de combate del Tercer Cuerpo en Córdoba. “La intención de Menéndez fue equilibrar el terror”, completa.

“Cachorro” Menéndez tiene 86 años y es el militar más condenado por violaciones a los derechos humanos: siete, todas a prisión perpetua, a las que se agrega la pérdida de su grado de general. Nacido en San Martín, en el Gran Buenos Aires, es hijo y nieto de militares; uno de sus tíos, el general Benjamín Menéndez, encabezó un intento de golpe contra el presidente Juan Perón en 1951.

Uno de los generales más duros de la dictadura, de los “halcones”, Menéndez comandó el Tercer Cuerpo durante cuatro años, desde fines de agosto de 1975 hasta fines de septiembre de 1979, cuando se rebeló contra el nuevo jefe del Ejército, el general Roberto Viola, a quien consideraba “un politiquero”, que además era “condescendiente con la subversión marxista”. Antes había sido el jefe de la V Brigada, en San Miguel de Tucumán, que enfrentó al foco rural implantado en esa provincia a partir de marzo de 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo.

Menéndez, que está preso en su casa por sus problemas de salud, no quiso ser entrevistado para este libro.

Siempre según nuestro informante, el jefe del Comando Libertadores de América fue el capitán Héctor Vergez, un oficial de Inteligencia que llegó a Córdoba a principios de 1975 con el aval de “la jerarquía más ortodoxa y decididamente antisubversiva del peronismo”, de acuerdo con el libro Yo fui Vargas, uno de los nombres que usaba Vergez.

“El nombre del comando se le ocurrió a Vergez: daba una idea de escarmiento al terrorismo”, asegura la fuente, que colaboró estrechamente con él. “Los nombres iban cambiando para confundir al enemigo y aumentar el terror, pero era siempre el mismo grupo, que ya venía actuando desde octubre de 1975”, completa.

Cáceres Monié y su esposa fueron atacados en su camioneta por un pelotón de Montoneros al atardecer del 3 de diciembre de 1975, cuando cruzaban en balsa el arroyo Las Conchas, en la localidad entrerriana de Villa Urquiza. El militar murió acribillado por dieciséis balazos; los guerrilleros huyeron en la camioneta Chevrolet de Cáceres Monié llevándose a su esposa, que estaba herida; su cuerpo fue encontrado al día siguiente tirado en una zanja.

Según el libro Rebeldes y ejecutores, del periodista Daniel Enz, los montoneros consideraban a Cáceres Monié “un peligroso hombre a favor de la concreción de un nuevo golpe que en el país se estaba generando, y entendían que no estaba ajeno a ello”. Además, “la idea era provocar una conmoción a nivel nacional” con el llamado “Operativo Cacerola”.

La emboscada ocupó la tapa de los diarios nacionales y provocó el repudio de la presidenta Isabel Perón y del peronismo; en un comunicado, el oficialismo afirmó que “el cobarde asesinato constituye un nuevo acto de salvajismo perpetrado por fuerzas apátridas e integradas por cobardes mercenarios que atentan contra la patria y su pueblo”. El radicalismo y todos los partidos de la oposición, incluyendo el comunismo, rechazaron el ataque. El Senado dedicó una sesión especial para condenar el episodio y bautizó a una escuela de Jujuy con el nombre del militar muerto.

El episodio encolerizó al Ejército. Uno de los primeros en llegar al velatorio fue el general retirado Alejandro Agustín Lanusse, ex presidente del país entre 1971 y 1973. También estuvo el jefe del Ejército, el general Jorge Rafael Videla, que, según recuerda Enz en su libro, se dirigió al gobernador de Entre Ríos, Enrique Tomás Cresto, “le extendió su mano y le dijo: ‘Usted es un hijo de puta’. El mandatario justicialista no se quedó atrás: ‘Usted también’, le contestó”. Los militares sospechaban que Cresto tenía vínculos con el ala izquierda del oficialismo.

Enz menciona una hipótesis inquietante: “Desde algunos sectores del poder nunca se desvirtuó la versión de que el ataque a Cáceres Monié era parte de un acuerdo entre militares y Montoneros por haber quebrado un pacto de silencio con respecto al asesinato de Pedro Eugenio Aramburu en 1970, atribuido al grupo guerrillero, en alianza con hombres del gobierno de esa época. Cuando asumió el general Rodolfo Levingston la presidencia de la Nación —veintiún días después del secuestro de Aramburu— se encontró con que la Policía Federal no parecía hacer todo lo necesario para hallar el cadáver, una vez informado su asesinato por parte de Montoneros. Cáceres Monié, hombre de confianza de Lanusse y entonces jefe de la Policía Federal, pareció haber quebrado un pacto de silencio cuando decidió —treinta y ocho días después del secuestro— hacer una conferencia de prensa e informar dónde se encontraba el cuerpo de Aramburu. Las consecuencias, siempre según esta versión, llegaron años más tarde cuando pasó a ser la cuarta víctima entre quienes habían estado en la investigación del secuestro y asesinato de Aramburu”.

Aquella noche del 3 al 4 de diciembre de 1975, en venganza por la muerte del “primer oficial de Caballería” víctima de las guerrillas, según la presunta orden del general Menéndez, fueron ametrallados nueve estudiantes universitarios: cinco bolivianos, tres argentinos y un peruano; sus cuerpos aparecieron con un tiro de gracia en la cabeza en un viejo camino de tierra al dique Los Molinos, a ocho kilómetros del lugar donde habían sido secuestrados, una casa en el barrio Jardín Espinosa, en la capital cordobesa. Siete de ellos estudiaban arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba.

“Esa noche fue un desastre: los muertos eran del Ejército Revolucionario del Pueblo, de bajo nivel; universitarios que estaban en una escuelita de formación del ERP. Cáceres Monié había sido asesinado por Montoneros, pero esos estudiantes eran los que teníamos más a mano”, dice nuestra fuente. La matanza fue “firmada” el 5 de diciembre en un comunicado por el Comando Libertadores de América, hasta aquel momento una organización desconocida.

Sin embargo, el hermano de una de las víctimas, Cornelio Saavedra Alfaro, boliviano, afirmó en 2009 al diario La Voz del Interior que ninguno de los estudiantes muertos militaba en política, ni mucho menos en las guerrillas, sino que estudiaban y tenían un solo hobby: la música.

Saavedra Alfaro, que con dieciocho años era el menor del grupo, recordó que aquella noche llegó tarde porque se había quedado en el comedor del club Talleres viendo por televisión el partido en Buenos Aires entre River Plate y Talleres por el Torneo Nacional de fútbol; ganó River 1 a 0 con gol del defensor Daniel Passarella. En la casa del barrio Jardín Espinosa vivía con su hermano, los otros cuatro bolivianos y el peruano; al llegar, saludó a los muchachos que estudiaban arquitectura, que estaban preparando el trabajo de fin de año junto a tres compañeros argentinos, dos cordobeses y un rosarino, y se fue a dormir. A la madrugada fue despertado por portazos y gritos: “Quisieron entrar a mi habitación. Movieron el picaporte, pero estaba cerrada. Creo que no insistieron porque era la pieza de servicio”, contó. Saavedra Alfaro dijo que los atacantes eran policías que dos meses antes les habían robado dinero y otros objetos de valor durante un allanamiento.

Siempre de acuerdo con nuestro informante, el Comando Libertadores de América estaba formado por varios suboficiales de la Policía de Córdoba, a quienes Vergez conocía del Departamento Informaciones.

Hasta octubre de 1975, cuando pudo crear su propio comando contra las guerrillas, Vergez se movió con patrullas del nacionalismo local y grupos de choque de políticos y sindicalistas peronistas de derecha, y en sintonía con el D-2, más precisamente con el jefe, el inspector general Raúl Telleldín, un “peronista recontraortodoxo”, según ese informante. Vergez y Telleldín compartían la misma formación nacionalista, católica, anticomunista y peronista; se llevaban muy bien.

Por su lado, un suboficial de Inteligencia del Ejército recuerda que Vergez “se manejaba solo en la fuerza; era un oficial atípico del Ejército: chabacano, no tenía la delicadeza ni la ubicuidad de un oficial. Estaba obsesionado con los grupos armados en Córdoba. Casi no lo veíamos en el Destacamento 141: hablaba con el jefe y se entendía sólo con él; estaba autorizado para operar por su cuenta. Por ahí me pedía datos a mí o a otro. Rápidamente se ligó a grupos nacionalistas y a sindicalistas del peronismo ‘duro’. Al principio, se notaba que no disponía de fondos propios para operar, cosa que solucionó cuando se vinculó a algunos gremios. Él fue construyendo una red que incluyó a algunos peronistas ortodoxos que llegaron a Córdoba con Lacabanne”.

El brigadier mayor retirado Raúl Lacabanne fue otro personaje clave en la reacción destemplada contra el desafío armado de las guerrillas al statu quo cordobés, alentada desde el gobierno nacional. Respondía a la presidenta Isabel Perón y a su secretario privado y ministro de Bienestar Social, José López Rega, y se veía en el medio de una “guerra” que se llevaba a cabo en una provincia a la que consideraba una suerte de “capital nacional de la subversión”.

“Hace tiempo —sostuvo el 20 de agosto de 1975— que vengo insistiendo en que el país está en guerra; en que no es solamente en el campo militar sino en el campo político, en lo gremial, en lo económico y en lo cultural donde se desarrolla esta particularísima guerra. Esta novísima forma de atentar contra la soberanía, la libre determinación, la tradición, la historia y el futuro de la patria se da acá, en la provincia de Córdoba, con singular énfasis.”

En esa “guerra”, Lacabanne se apoyó en la Policía, y en especial en el D-2, que con el nombramiento de Telleldín, el 15 de julio de 1975, atrajo a varias “caras nuevas”: algunos, como Telleldín, eran suboficiales retirados del Ejército; fue el caso de Juan Tissera, “Patilla”, que se convirtió en el virtual número dos de esa dependencia. Otros fueron civiles que, según el ex preso Charlie Moore, “eran de las Tres A”, la Alianza Anticomunista Argentina, y formaron una Brigada Civil dentro del D-2; se especializaron en el armado y la colocación de bombas para ser atribuidas a grupos guerrilleros.

“Con la llegada de Telleldín —cuenta Moore— se instaló una violencia de tipo político que el D-2 no había demostrado. Hasta ese momento, el D-2 había sido una estructura represiva, pero con Telleldín se produjo una especie de ofensiva.” Moore vinculó ese nuevo rol a una “interferencia brutal del Ejército dentro de la Policía” con el objetivo de sembrar el terror y “preparar el camino para el golpe de Estado”.

Sostiene Moore que todo un sector del D-2 se especializó en operativos “por izquierda”, ilegales: colocaba bombas que atribuía a Montoneros o al Ejército Revolucionario del Pueblo, e intimidaba, extorsionaba, secuestraba y asesinaba no sólo a guerrilleros sino también a políticos, estudiantes, gremialistas, abogados, periodistas y hasta a policías que criticaban esos métodos.

Julio Carreras, que pertenecía al PRT-ERP, aporta una clave para entender la influencia de Telleldín en ese giro del D-2: afirma que se pasó a una represión “más política y a la vez muchísimo más salvaje” debido a que Telleldín no era sólo un suboficial retirado del Ejército sino también un “ex militante revolucionario”.

“El veterano combatiente del ERP Miguel Ángel Ceballos —revela Carreras— me contó en la cárcel que con Telleldín habían sido parte de una delegación de revolucionarios argentinos que adiestraron a la naciente guerrilla paraguaya del M14 a comienzos de la década de los sesenta. Ceballos sentía un cierto bochorno por la voltereta de Telleldín, a quien, como miembro de la Resistencia Peronista, conoció como un combatiente por la justicia y la libertad. Dado que sabía los proyectos, las cualidades y hasta los hábitos de los revolucionarios, Telleldín pudo crear luego un refinadísimo mecanismo de aniquilación sistemática. Y tengo la impresión de que se ensañaba con Montoneros. No sería descabellado imaginar que Telleldín, como ‘peronista de pura cepa’, odiase particularmente a los montoneros, quienes en su inmensa mayoría provenían de familias demócrata cristianas, socialistas, comunistas e incluso antiperonistas”.

En aquel momento, entre julio y septiembre de 1975, eran varios los grupos armados de ultraderecha que operaban en esa provincia. Las fuentes consultadas apuntan hacia la guardia personal que Lacabanne trajo de Buenos Aires: una veintena de personas que llegaron con él cuando asumió la intervención federal; al principio fueron alojadas en el chalet de huéspedes de la Casa de las Tejas, la sede de la gobernación; luego se mudaron a un hotel hasta que, por una discusión con el dueño, alquilaron una casa en el Cerro Las Rosas.

Abundaban los “ejércitos privados” en aquella época violenta. Todo gremialista más o menos relevante tenía su banda armada, fuera de derecha o de izquierda. Uno de los sindicatos más fuertes era el de los mecánicos, el Smata, donde en 1974 fue reelecto René Salamanca, “El Chancho”, un dirigente clasista muy particular: era maoísta, pertenecía al Partido Comunista Revolucionario y estaba tan en contra del “imperialismo pro yanqui” como del “imperialismo pro ruso” porque “las dos superpotencias conspiran y buscan someternos; la única salida es profundizar la liberación, la marcha revolucionaria del pueblo con los trabajadores a la cabeza”.

Salamanca no estaba alineado con el peronista José Rodríguez, el secretario general del gremio a nivel nacional, y el conflicto derivó en la intervención de la seccional, que fue avalada por Isabel Perón. Rodríguez envió a cinco “normalizadores” que establecieron su cuartel general en el hotel Gran Terminal, frente a la Terminal de Ómnibus, junto con una guardia pretoriana formada por unas treinta personas.

“Salamanca resistió un mes y pico, tenía gente armada. Al final, tomamos el gremio”, recuerda el jefe de los interventores, Adalberto Luis Orbiso, “El Flaco”, un hombre de acción que luego fue nombrado por Lacabanne al frente del Banco Social. Era una “caja” disputada por los diversos grupos políticos porque estaba a cargo de los casinos, la quiniela y todo el juego en la provincia, donde Montoneros todavía ocupaba varios puestos desde el gobierno de Ricardo Obregón Cano.

La fuente que en todo este periodo estuvo muy cerca de Vergez asegura que el Comando Libertadores de América recibió “mucha ayuda del Banco Social, que nos dio un automóvil y vales de nafta”.

Sin embargo, Orbiso dice que “hubo sí un Comando Libertadores de América, formado por gente de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Estaba Vergez. Me tenían algún respeto porque lo había sacado a Salamanca; me miraban como un nacionalista. Vergez y otros me iban a visitar, pero jamás me pidieron nada; si ellos tenían todo”.

Teodoro Funes, un abogado peronista que pasó su infancia en La Paz —la estancia del ex presidente Julio Argentino Roca y su esposa Clara Funes, una de sus tías bisabuelas—, afirma que tuvo que ir a la sede de un sindicato para averiguar si realmente figuraba en una lista de condenados a muerte, como aseguraban las amenazas que recibía en su estudio jurídico. A “Teodorito” Funes le recomendaron que viera a Carlos “Coco” Pedrotti, que desde hacía años era el jefe local de la Alianza Libertadora Nacionalista y lo apreciaba mucho porque en los cincuenta fue defendido por el papá de Funes, que también era abogado. Pedrotti integraba la filial local de la Triple A. “Me recibió —cuenta Funes— en una oficina grande junto con ‘Patilla’ Tissera y una tercera persona… Todavía vive, no quiero dar el nombre, ¡para qué más daño! Había una mesa larga, con bancos.”

—Camarada Teodoro, ¿qué anda haciendo por acá? —le preguntó Pedrotti.

—Vengo a verlos, Coco, para que me digan por qué me van a hacer cagar.

—Lo que pasa es que vos te juntás con muchos zurdos.

—No sé a qué te referís, yo no estoy en ninguna joda pesada. Salvo que juntarme con zurdos sea defender a algunos presos políticos o ser amigo de Atilio López… ¿De dónde era zurdo ‘El Negro’ Atilio? Lo mataron al pedo.

—Nosotros no tuvimos nada que ver. Nos informaron de Buenos Aires cuando el operativo ya estaba en marcha —dijo Pedrotti con relación al asesinato del ex vicegobernador y sindicalista de los colectiveros Atilio López el 16 de septiembre de 1974, durante un viaje a la Capital Federal.

Al final, Pedrotti y sus camaradas le aseguraron a Funes que no había ningún problema con él, pero le recomendaron: “No te metás en ninguna joda”. Eran las seis de la tarde. Funes cuenta que Pedrotti pidió whisky y le trajeron una botella de Caballito Blanco; le sirvió una copa a Funes y él se tomó dos o tres, mientras Tissera prefirió una Coca-Cola; “el otro personaje se fue y nos quedamos los tres”.

“Después —agrega Funes— Pedrotti se levanta de la silla y nos dice: ‘Ustedes sabrán disculpar, camaradas, pero estoy sin dormir y tengo que ir a trabajar’; saca del bolsillo una bolsita con cocaína, se da un par de nariguetazos y se va. Nos quedamos con Tissera, que me dice: ‘Bueno, quedate tranquilo, con vos no pasa nada, tenés garantías’. Y me fui. Me vine a mi casa, y cuando llegué, empecé a temblar de miedo; recién ahí tomé conciencia de lo que había hecho.”

Uno de los episodios de violencia que más conmovió a los cordobeses fue el secuestro, el 14 de agosto de 1975 a la madrugada, de cinco miembros de la familia de Mariano Pujadas, uno de los muertos en la Masacre de Trelew, tres años atrás. El padre y la madre, dos médicos españoles que habían emigrado e instalado una granja avícola en el camino a Jesús María, fueron llevados junto a dos de sus hijos y a una nuera por cinco individuos que se movilizaban en dos automóviles. Un busto de Mariano Pujadas que su papá tenía en el dormitorio fue tirado dentro de un inodoro con una inscripción en el rostro: “Hasta la victoria siempre”, y las siglas “CRNJ”. Las víctimas fueron encontradas horas después dentro de un pozo abandonado de unos ocho metros de profundidad, cerca de Alta Gracia: habían sido arrojadas vivas, luego fueron baleadas y por último una bomba mutiló sus cuerpos. La nuera sobrevivió, pero murió por las secuelas. Tres días después, un comunicado con vivas a la Patria y a Perón y firmado por el Comando Restaurador Nacional Justicialista-Comando Pantera se atribuyó “el secuestro y posterior ejecución del clan Pujadas, que servía de apoyo logístico a la antipatria operante en nuestro país”.

El 16 de agosto, un editorial de La Voz del Interior captó el impacto de la matanza: “El pueblo de Córdoba se sobrecoge con este nuevo crimen, y hoy caminará otra vez por las calles con el rostro severo y triste de los últimos meses, acostumbrado como está a la rutina del duelo y de la tristeza, sintiendo dentro de cada pecho el desprecio y la angustia de cada día. Es que, además de las preocupaciones por los precios que aumentan en los supermercados y almacenes —motivos de tantas protestas y grandilocuencias—, se observa un elocuente silencio sobre la muerte de tantos hijos, de tantos padres, de tantos hermanos”.

Tres días después, el 19 de agosto de 1975, el embajador estadounidense Robert Hill informó a su gobierno en el cable reservado número 5.551 titulado “Emerge un nuevo grupo terrorista de derecha” que “aunque no ha habido información previa sobre la existencia del CRNJ, sus tácticas y sus víctimas conducen a la teoría de que habría sido la Triple A bajo otro nombre”.

La lucha contra las guerrillas fue absorbida por los militares en forma progresiva, a medida que el gobierno constitucional de Isabelita perdía poder y resignaba funciones que le eran propias, como la seguridad interna; las Fuerzas Armadas avanzaban sin prisa pero sin pausa hacia la toma del gobierno, como se comentaba hasta en los cafés y las peluquerías. Fue el golpe de Estado más preparado de la historia argentina. Todo jugaba a favor de los generales; también Montoneros y el ERP, que pensaban que el golpe los favorecería porque terminaría alineando a la gente detrás de sus “ejércitos populares”, acelerando la llegada inexorable de la revolución socialista.

Eso ocurrió no sólo en Córdoba, pero fue en esa provincia donde a partir de octubre de 1975 los militares, bajo el liderazgo indiscutido de Menéndez, concentraron todos los aspectos de “la guerra contra la subversión”, incluida la represión ilegal, que hasta aquel momento había estado a cargo de varios grupos más o menos autónomos. Podría decirse que en los últimos seis meses del gobierno peronista prácticamente no ocurrió nada en Córdoba, en cuanto a la lucha contra las guerrillas, que fuera ajeno al largo y poderoso brazo de Menéndez.

Este general de Caballería quedó al frente del Tercer Cuerpo, que abarcaba diez provincias y buena parte de la frontera con Chile, cuando Videla tomó el lugar del general Alberto Numa Laplane como jefe del Ejército el 28 de agosto de 1975, luego de una rebelión militar donde la presidenta Perón no pudo imponer a su candidato. Menéndez reemplazó al general Carlos Delía, destacado jinete a nivel mundial, campeón de salto en varias ocasiones; Delía había sido uno de los líderes de la rebelión, pero de acuerdo con el reglamento militar debió pasar a retiro porque pertenecía a una promoción anterior a la de Videla.

En esa carrera de los generales hacia la Casa Rosada, fue decisiva la firma por parte del senador Ítalo Luder —a cargo de la Presidencia por enfermedad de Isabel Perón— y su gabinete de tres decretos que ordenaban a las Fuerzas Armadas la ejecución de “las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. Uno de esos decretos, el número 2.771, transfería a las Fuerzas Armadas el control de la Policía y del Servicio Penitenciario de cada provincia para “su empleo inmediato en la lucha contra la subversión”.

El gobierno de Isabel Perón estaba ya muy deteriorado y estos decretos aceleraron su declive, porque como explica el politólogo español Juan José Linz, un experto sobre el quiebre (breakdown) y la consolidación de las democracias, “cuando la decisión de usar la fuerza no puede ser tomada sólo por las autoridades políticas sino que requiere la consulta o la aprobación de los que controlan las Fuerzas Armadas, entonces el gobierno se enfrenta con una seria pérdida de legitimidad”. Y esto es muy peligroso debido a que un cambio de régimen, como el reemplazo de una democracia por una dictadura, ocurre “cuando la legitimidad pasa de un conjunto de instituciones políticas a otro”.

En realidad, los decretos creaban dos consejos (el de Seguridad Interna y el de Defensa) para dirigir la lucha contra la guerrilla, encabezados por la Presidenta y por el ministro de Defensa, Tomás Vottero. Pero en la práctica ellos no pudieron evitar que las Fuerzas Armadas pasaran a controlar esa función vital, como observó el embajador Hill al informar a su gobierno que los decretos “dan a los militares la autoridad para tomar a su cargo la lucha antisubversiva y para decidir las acciones necesarias para aniquilar a los subversivos. Las Fuerzas Armadas tienen ahora la autoridad que han buscado durante mucho tiempo”.

En mi libro Disposición Final, Videla interpreta que esos tres decretos “nos permiten entrar en guerra contra la subversión, nos dan licencia para matar; esos decretos nos dicen: ‘Salgan a matar’, a aniquilar al enemigo. El Ejército sale a actuar como el Ejército sabe: a matar, a aniquilar al enemigo. Antes, la represión había estado a cargo de las fuerzas policiales”.

Por el contrario, Luder, también fallecido, evaluaba que los decretos “de ninguna manera suponen la represión fuera de la ley; es, simplemente, agregar al accionar de las policías provinciales la contribución que podían prestar las Fuerzas Armadas, porque era necesario salvaguardar no sólo el orden constitucional sino la propia vida de la Nación”.

Los tres decretos fueron firmados el lunes 6 de octubre de 1975, cuando el país estaba conmocionado por los veintiocho muertos que el día anterior había dejado el intento de copamiento de un regimiento en las afueras de Formosa durante una espectacular operación de Montoneros. Veinticuatro de esas víctimas habían caído en un combate que duró media hora, en el Regimiento de Infantería de Monte 29, doce guerrilleros y doce defensores del cuartel.

Ese ataque, llamado “Operación Primicia”, provocó una serie de reuniones entre políticos y militares que derivaron en la decisión de Videla y el jefe de la Armada, el almirante Emilio Eduardo Massera, de concretar el golpe del que tanto se hablaba en marzo del año siguiente, como admitió Videla en Disposición Final.

“Operación Primicia” influyó también en la creación en Córdoba de una fuerza paraestatal directamente vinculada a Menéndez para combatir a las guerrillas, siempre según el ex colaborador de Vergez.

Al día siguiente del ataque en Formosa, mientras en Buenos Aires el presidente interino Luder convocaba a una urgente reunión de gabinete, en Córdoba el general Menéndez enviaba a Vergez en un avión del Ejército para que le trajera un informe de primera mano acerca de lo sucedido. Vergez fue acompañado por Telleldín.

Vergez admitió ese viaje el 19 de enero de 2013, en una entrevista con la agencia estatal de noticias Telam mientras estaba preso en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz.

—Los montoneros no pueden ser tan estúpidos de querer copar un regimiento del Ejército. ¡Si es un grupo que nació del nacionalismo! —le dijo Menéndez a Vergez.

Menéndez expresaba las dudas de muchos oficiales del Ejército, incluso de aquellos que, como él, no eran peronistas pero creían que el verdadero enemigo era el ERP, que eran marxistas, trotskistas y guevaristas, es decir genuinos representantes de “la subversión apátrida y atea”. En cambio, en el Ejército veían en los montoneros a jóvenes nacionalistas y católicos que se habían hecho peronistas, y destacaban que varios de sus líderes eran egresados de liceos militares, por ejemplo del Liceo General Paz, de Córdoba, como Emilio Maza e Ignacio Vélez, los protagonistas la toma de la localidad de La Calera en 1970, y Fernando Vaca Narvaja.

Vergez volvió al día siguiente, el martes 7 de octubre, con un informe sobre el ataque.

—Pero nosotros, ¿somos tontos o qué? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Capitán, ¿qué se le ocurre que podemos hacer? —le preguntó Menéndez.

—Mi general, copiemos a los franceses: deberíamos crear un grupo especial para operar y hacer un centro de reunión de detenidos; a partir de la información que les saquemos, vamos penetrando las organizaciones subversivas.

—¿Qué necesita para eso?

—Un lugar, que ya lo tengo: el Campo de La Ribera —contestó Vergez. Se refería a una cárcel militar ubicada en el barrio San Vicente, muy cerca del cementerio San Vicente.

—Concedido, ¿qué más necesita?

—Autos.

—Pero, ¿de dónde vamos a sacar autos?

—De los propios subversivos, y si no alcanzan, los levantamos de la calle; no se preocupe por eso. Y necesito gente; necesito que usted me deje elegir a veinte personas que yo conozco.

—Muy bien, concedido.

Nuestro informante asegura que Vergez se rodeó “de suboficiales de la Policía y de algunos civiles de Inteligencia. El único militar era él. Menéndez hasta les dio un helicóptero”.

Tanto Menéndez como Vergez consideraban que había pasado la etapa de la represión a las guerrillas utilizando sólo a la Policía: “Pensaban —sostiene nuestra fuente— que el D-2 no tenía capacidad para interrogar a los subversivos; que sus miembros, salvo algunas excepciones, carecían de información sofisticada y que eran unos salvajes que aplicaban las viejas técnicas policiales de las palizas. Los subversivos ya se habían dado cuenta de que tenían que aguantar las palizas de los diez días de incomunicación”.

“Todo el mundo —asegura— supo en Córdoba que ese grupo estaba operando; no los publicaban en Sociales de los diarios por casualidad. Desaparecía gente casi todos los días; los jueces sabían; Gendarmería cuidaba el Campo de La Ribera. Era todo muy público. Creo que el primer centro de reunión de detenidos como tal no se dio en Tucumán sino en Córdoba y fue el Campo de La Ribera.”

Los listados actualizados del Nunca Más, el informe de Conadep, confirman ese salto en la represión ilegal. Los números oficiales indican que desde 1969 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 desaparecieron en Córdoba 83 personas; de ellas, 69 (el 83 por ciento) fueron secuestradas en apenas cinco meses y medio, después de los tres decretos del gobierno peronista. Casi cinco veces más que los desaparecidos en esa provincia antes del 6 de octubre de 1975.

Los primeros desaparecidos en aquella nueva etapa fueron, precisamente, dos montoneros que habían participado en el ataque al cuartel en Formosa y que luego escaparon hacia Córdoba: Horacio Pietragalla, “Chacho” o “Ángel”, y Eduardo Jensen, “Añamen”.

Pietragalla había sido un dirigente de peso de la Juventud Peronista, al punto que viajó en el charter que trajo de regreso al general Juan Perón en su primer retorno del exilio, el 17 de noviembre de 1972; era “oficial primero” de Montoneros y el jefe de la Columna 26: tenía a su cargo el norte de Santa Fe, Chaco y Formosa; es decir, era el número dos de la Regional Nordeste. Vivía en las afueras de Resistencia y alquilaba en la capital chaqueña un local a Carlos Alberto Díaz, conocido abogado que, entre otras causas, defendía los derechos de los indios; allí, junto con su esposa, Pietragalla había instalado un negocio de venta y distribución de máquinas y artículos de oficina en todo el nordeste del país.

“Era una pantalla —explica Díaz— que le permitía establecer contactos con los montoneros de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. De todo eso me enteré después, cuando la Policía allanó el local y encontró un plano muy prolijo del aeropuerto de Formosa con líneas rojas, blancas y amarillas; fotos de otros lugares de Formosa, armas, municiones. Había dos libros: la Biblia y el Martín Fierro; se ve que no eran marxistas. Era un matrimonio muy bien: él, un hombre elegante, y ella una mujer muy bonita. El garante del alquiler fue el padre de él, que había sido dirigente radical en la provincia de Buenos Aires. Recuerdo que cuando comenzó el allanamiento yo estaba tan sorprendido que les dije a los policías: ‘Me juego la cabeza a que este hombre no tuvo nada que ver con lo que ustedes están investigando’. Al final del allanamiento, un suboficial me dijo: ‘Perdió la cabeza, doctor’.”

En tanto, Jensen era paraguayo y vivía en Corrientes. Era “oficial” en la Columna 27, es decir en Corrientes y Misiones.

Los organismos de derechos humanos hicieron una reconstrucción de lo que habría pasado con Pietragalla y Jensen:

El 15 de octubre la Policía los detuvo en un bar de la ciudad de Córdoba.

El 8 de noviembre sus cuerpos fueron encontrados en la localidad de Malagueño, a veinticinco kilómetros de la capital; los cadáveres presentaban numerosas heridas de bala y estaban parcialmente quemados y cubiertos con tierra y ramas.

El 27 de abril de 1976, ya durante la dictadura, ambos cuerpos fueron sepultados en una fosa común en el cementerio San Vicente junto con otras víctimas de la represión clandestina; antes, habían estado en la comisaría de Malagueño y en la morgue judicial.

El 25 de septiembre de 2003, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó el cuerpo de Pietragalla, que es el padre del diputado nacional kirchnerista y nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo Horacio Pietragalla.

El 14 de marzo de 2007, el EAAF identificó el cuerpo de Jensen.

Según el libro Yo fui Vargas, Vergez recibió ambos detenidos de Telleldín, quien lo llamó por teléfono para avisarle “la detención de dos subversivos” relacionados con el ataque al Ejército en Formosa. “Uno de los detenidos —agrega el libro— era el ‘oficial’ montonero P…, que portaba, en el momento de su captura, la pistola del subteniente (Ricardo) Massaferro”, el único oficial muerto en el intento de copamiento.

“Entre otras cosas —dice el libro— P… declaró haber ‘viajado en el avión con Perón’. Esto es anecdótico, si es que decía la verdad. Lo que urgía era verificar y ahondar el resto de la información que proporcionó, relativa a la estructura montonera organizada en Resistencia. Su epicentro era una empresa distribuidora, donde se planificó y comenzó la ejecución del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29.”

Nuestra fuente asegura que Pietragalla y Jensen fueron los dos primeros desaparecidos del nuevo grupo encabezado por Vergez: “En aquel momento estaban en plena formación, y por eso trabajaron apurados; los fusilaron y los enterraron en el campo, muy bajito, a medio metro nomás; era un terreno duro, pedregoso. Todavía no tenían armado La Ribera, y Vergez le pidió a Menéndez la casa de fin de semana que él tenía como comandante del Tercer Cuerpo en la sierra, adonde los llevaron. Los tuvieron allí poco tiempo. Luego usaron bastante esa casa”.

Hubo jornadas de secuestros masivos, como el miércoles 7 y el jueves 8 de enero de 1976 en el “Operativo Moncholos”.

De acuerdo con el libro Yo fui Vargas, Vergez preparó una redada con la ayuda de “D’Arienzo”, un ex montonero que tenía una “prodigiosa memoria” sobre los “moncholos”; así se denominaba en la jerga policial a los miembros de la guerrilla peronista. “Gradualmente —señala el libro—, el chequeo de la información de ‘D’Arienzo’, depurada e integrada en un cuadro de situación, me posibilitó planear una importante operación entre octubre de 1975 y enero de 1976. En plena democracia, el apoyo oficial de la Gobernación no obstaculizó, en ningún aspecto, el proyecto. Apenas celebrados los festejos de Reyes, el 7 y 8 de enero ejecutamos la fulmínea operación. Mediante allanamientos cronométricamente calculados en su secuencia, en cuarenta y ocho horas detuvimos a cuarenta y ocho delincuentes terroristas; prácticamente, como promedio, un subversivo montonero por hora.” Permanecen desaparecidos una quincena de esos detenidos.

Para aquel momento, el Campo de La Ribera funcionaba a pleno. Según nuestro informante, “allí era la vida o la muerte para los detenidos. El grupo tenía libertad de acción para operar y también para decidir quién se iba en libertad y quién no. Eso se decidía a ese nivel en aquella época, antes del golpe. Cuando tenían alguna duda, soltaban al detenido. Pero si la decisión era que no se fueran en libertad, se iban al cementerio San Vicente y eran enterrados como NN. ¿Si algunos cuerpos fueron tirados al dique San Roque? No, al dique San Roque no, estaba muy lejos”.

La fuente asegura que los distintos organismos de Inteligencia que actuaban en la provincia de Córdoba acumulaban mucha información sobre los grupos guerrilleros: “No habían quemado nada de la información previa al retorno a la democracia y habían ido sumando información nueva. No hubo errores en la toma de decisiones”.

Es decir que, siempre con la salvedad de que Menéndez no quiso confirmar ni negar los datos recogidos, el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército pasó a controlar la lucha contra las guerrillas a partir de los decretos del 6 de octubre, que colocaron bajo su órbita, desde el punto de vista operacional, tanto a la policía cordobesa y al D-2 como al Servicio Penitenciario provincial.

Menéndez se convirtió en el vértice de todo el esquema represivo en su territorio, tanto de las tareas “por derecha” como de los grupos que operaban “por izquierda”, como revelan los escasos documentos que sobrevivieron a las órdenes de quemar todos los papeles sobre la lucha contra las guerrillas difundidas al final de la dictadura. Son copias de los informes sobre las reuniones semanales de la Comunidad Informativa o de Inteligencia de la Zona 3 enviados a Buenos Aires por la delegación en Córdoba de la Policía Federal.

Esos encuentros se realizaban los martes a las ocho en punto en la sede del comando del Tercer Cuerpo o de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada y eran encabezadas por Menéndez. Participaban el general Sasiaiñ, y un representante del más alto nivel de cada uno de los organismos y fuerzas que desarrollaban tareas de inteligencia en esa zona: el D-2, el Destacamento de Inteligencia 141, la Secretaría de Seguridad, la Gendarmería Nacional, el Servicio de Inteligencia de la Aeronáutica, Inteligencia de la Agrupación Escuela de Aviación, la jefatura de Inteligencia (G-2) del Estado Mayor del Tercer Cuerpo y las delegaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Policía Federal.

La Comunidad Informativa estuvo muy activa desde antes del golpe. Por ejemplo, el 10 de diciembre de 1975 la delegación de la Policía Federal informó que aquel día se habían reunido en el despacho de Menéndez, quien “puntualizó que era su deseo tener conocimiento previo de los procedimientos antisubversivos a realizarse”. Además, fue analizada “la situación en detalle de ciento veintiséis detenidos, resolviéndose propiciar la inclusión de la totalidad a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” para que sigan en la cárcel por tiempo indeterminado, aun cuando fueran liberados por decisión de la justicia.

Veinte días después del golpe, el 13 de abril de 1976, otro informe de la delegación local de la Policía Federal indicó que en el encuentro de aquel día “los distintos organismos suministraron blancos” al general Sasiaiñ para que fueran capturados y analizaron la situación de los distintos grupos guerrilleros. El último tema fue clave: “Se ordenó que no se efectivizaran procedimientos por izquierda hasta nueva orden, puntualizándose que en todos los casos —por izquierda o por derecha— debería consultarse” a Sasiaiñ, quien “como excepción determinaría cuándo puede actuarse por izquierda”.

Ya en la dictadura, en esas reuniones y en base a los informes de los distintos organismos de Inteligencia se decidía el destino de cada uno de los prisioneros. Había tres posibilidades: que fueran liberados, que siguieran presos o que pasaran a “Disposición Final”; es decir, que fuesen muertos y sus cuerpos, ocultados o destruidos; los desaparecidos.

En sus alegatos antes de cada una de las condenas que recibió, Menéndez afirmó que es “el único responsable” por la represión y que, en consecuencia, “debería ser el único en comparecer” ante la justicia, aunque calificó a los juicios de “ilegales e inconstitucionales”.

Pero es una responsabilidad en abstracto; Menéndez nunca quiso entrar en detalles ni brindar información sobre los desaparecidos. Tanto es así que incluso se molestó en 2010, cuando Videla intentó explicar en su alegato en el juicio por qué no habían fusilado a los detenidos considerados “irrecuperables”. “Es un suicidio”, le dijo Menéndez, según me contó el ex dictador.

De acuerdo con uno de sus ex colaboradores, si quisiera, tendría mucho para decir: “Menéndez sabe el destino final de cada desaparecido. No se le escapaba una mosca en materia de hacer cosas que no se podían, por izquierda. Llevaba un control esctrictísimo: había cero libertad de acción en Córdoba”.

Menéndez siempre planteó que hubo “una guerra” derivada de “la agresión a la Argentina de la subversión marxista”, en la cual “las Fuerzas Armadas nunca atacamos a la población civil”, y que “hoy los militares victoriosos estamos siendo juzgados por los subversivos de los setenta devenidos en funcionarios del poder”.

Las fuentes consultadas coinciden en describir a Menéndez como un “halcón” nacionalista, un católico conservador y un anticomunista más que un antiperonista, que en 1975 defendía la inevitabilidad del golpe.

El ex mayor Ernesto Barreiro recuerda que, cuando se incorporó al Destacamento 141 de Inteligencia, del Tercer Cuerpo, en enero de 1976, “Menéndez ya era la cúspide de un poder alternativo espectacular. Lo traté bastante; un tipo de Caballería, que es el arma por excelencia de la ofensiva; suelen ser tipos simples, que van al frente, con perfil de líderes. No tomaba sus decisiones según su antiperonismo. No confundía las cosas; Menéndez nunca salió a cazar subversivos porque eran peronistas”.

El suboficial principal retirado Luis Manzanelli, también de Inteligencia, que está preso en el penal cordobés de Bouwer por delitos de lesa humanidad, sostiene que Menéndez “era un general clásico, muy riguroso, que mandaba e imponía la disciplina. Se hacía temer. Cuando estuvo preso acá en la celda número 6, a algunos de nosotros, sabiendo que somos peronistas, nos hacía comentarios del tipo: ‘Esto se descompuso cuando Perón gobernó el país’. Él admiraba, digamos, a la Argentina europea, fruto del impacto de la inmigración; la Argentina de la Pampa Húmeda”.

En su territorio, se comportaba casi como un señor feudal: hacía prácticamente lo que quería. Por ejemplo, a mediados de enero de 1976 Videla envió a Córdoba en su propio avión de comandante en jefe del Ejército a uno de sus colaboradores de mayor confianza, el general Juan Pablo Saá, subjefe de Inteligencia de su Estado Mayor, con la misión de decirle a Menéndez que debía liberar a Juan Alberto Caffaratti, miembro del Partido Comunista y de la comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza. Caffaratti había sido secuestrado el 15 de enero y el PC pedía por él; Videla buscaba el respaldo de los comunistas y de la Unión Soviética para el golpe y para su gobierno, objetivos que lograría ampliamente. Pero Menéndez despachó rápidamente a Saá con la información de que Caffaratti ya había sido muerto. Su cadáver nunca apareció.

Menéndez tenía una idea bien definida sobre quiénes eran sus objetivos o blancos: los “comunistas”, como dijo en los ochenta; es decir, las guerrillas por un lado y la izquierda por el otro, tanto en la política y el gremialismo (en especial, en las comisiones sindicales de las grandes fábricas), como en las universidades y la cultura en general. Una reacción conservadora y autoritaria contra las amenazas al orden establecido; contra la Córdoba revolucionaria, capital de la liberación y el socialismo.

Para Ernesto Martínez, diputado del Frente Cívico, Menéndez “fue usado por la sociedad tradicional de Córdoba para recuperar el aparato del Estado en todos sus niveles, por ejemplo a través del desplazamiento y nombramiento de funcionarios y jueces, decisiones que pasaban por el Tercer Cuerpo”.

La represión a la cordobesa fue implacable, feroz, pero selectiva: no afectó a las dirigencias de la Unión Cívica Radical ni al Partido Justicialista; tanto fue así que cuando terminó la dictadura ambas fuerzas conservaban los liderazgos de 1976: el ex senador Eduardo Angeloz seguía siendo el presidente de la UCR y fue el candidato a gobernador en 1983, mientras que Víctor Martínez acompañó a Raúl Alfonsín en la fórmula presidencial; en el peronismo, el candidato a gobernador fue Raúl Bercovich Rodríguez, que había sido el último interventor federal antes del golpe. Tampoco la CGT, la Iglesia Católica y la Justicia sufrieron cambios significativos.

“El Ejército —afirma Barreiro— no se metió con ningún factor de poder de Córdoba. Con la Iglesia, ni fu ni fa; la relación con el arzobispo Raúl Primatesta no era buena comparada con la relación que había con otros obispos en otros lugares. Primatesta tenía varios curas jodidos. Nunca se los tocó para no meterse con la Iglesia, a pesar de que varios de esos curas eran los responsables de la formación de tantos subversivos.”

Luego del ataque al Ejército en Formosa, Menéndez colocaba en el mismo plano de “enemigos de la patria” a montoneros y “erpianos”, como ocurrió, en general, con todos los militares.

Nuestra fuente sostiene que a principios de 1976 recibieron tres datos claves en el Comando Libertadores de América: una vivienda ubicada en la calle Paso de la Patria que era usada por Mario Firmenich, una casa “alternativa” y una oficina o lugar de reuniones del jefe montonero. Habían sido presuntamente suministrados en Buenos Aires por Roberto Quieto, el número tres de Montoneros detenido el 28 de diciembre de 1975. Vergez quiso saber qué tenía que hacer, debido a los rumores que ya circulaban sobre la supuesta condición de doble agente del líder guerrillero.

—Mi general, ¿qué hago con Firmenich? —le preguntó.

—Vivo o muerto, tráigalo —fue la presunta orden de Menéndez.

“La oficina de Firmenich —agrega el informante— estaba cerca del centro de la ciudad, en un edificio de la calle Lima. Firmenich mandó primero a su secretario; lo agarraron, lo interrogaron y se murió de un paro cardíaco. En la casa de la calle Paso de la Patria había un ‘embute’ (escondite) con 300 mil dólares que fueron a parar a la IV Brigada de Infantería Aerotransportada. En el otro domicilio no se encontró nada significativo.”

El golpe del 24 de marzo de 1976 significó el final del Comando Libertadores de América, disuelto a las pocas semanas, y el destierro de Vergez: cuatro meses después, el día de su cumpleaños, fue devuelto a Buenos Aires con el argumento de que era “incontrolable”. Sus servicios ya no eran necesarios.

Capítulo 12
MONTONEROS DE PROBETA

Córdoba es interesante porque los diversos sectores en pugna se presentan paradigmáticos, en la esencia de sus proyectos. Montoneros, por ejemplo, concentra las tres matrices básicas de la guerrilla peronista: la Iglesia, el nacionalismo y la formación militar a través del Liceo Militar “General Paz”.

El periodista Emiliano Costa, ex militante de las FAR y Montoneros.

Entre las sierras un río teje, como en un pozo está mi ciudad,

donde se ofrecen los cordobeses con su tonada particular.

Suelo querido donde he nacido, en la cristiana paz de mi hogar,

los guerrilleros y los montoneros reviven himnos [de libertad.

Los 4 siglos de Córdoba, zamba de José Ignacio “Chango” Rodríguez (1914-1975).

Montoneros trasladó su cuartel general a la ciudad de Córdoba luego del retorno a la clandestinidad, el 6 de septiembre de 1974, dos meses después de la muerte del general Juan Domingo Perón. Según Mario Firmenich, tomaron la crucial decisión de volver a la lucha armada atentos al “golpismo militar recurrente en la historia argentina” y convencidos de que el gobierno de Isabel Perón no duraría noventa días: “De modo que, antes de esos tres meses, nosotros decidimos preservarnos pasando a la clandestinidad”.

Hacia Córdoba se mudaron Firmenich, Roberto Perdía y Roberto Quieto, el triángulo donde se asentaba una cúpula nacional más amplia, de ocho miembros, que incluía a “oficiales superiores” —el rango más alto de la “Orga” en aquel momento— que se ocupaban de “operaciones especiales”, como el secuestro de los hermanos Born, el diario Noticias o el ataque al cuartel de Formosa, o bien tenían a su cargo las zonas —“regionales”— más importantes del país, como la Capital Federal, Buenos Aires o Córdoba.

Todo se hizo con tanto sigilo que ni la policía cordobesa ni el Tercer Cuerpo de Ejército pudieron descubrirlos. “Nunca supimos que la Conducción Nacional estaba en Córdoba; yo me enteré hace poco”, dice el comisario mayor retirado Carlos Yanicelli. “Nos enteramos años después de que habían estado en Córdoba. También Santucho estuvo en Córdoba más o menos en la misma fecha. De muchas cosas nos enterábamos cuando las descubríamos, como la imprenta del ERP; nosotros pensábamos que el periódico Estrella Roja venía en micro desde Buenos Aires, pero se imprimía en Córdoba”, señala el suboficial principal del Ejército Luis Manzanelli.

Para aquel momento, el buró político del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo, encabezado por Mario Santucho, se había mudado de Córdoba a la zona norte del Gran Buenos Aires; había permanecido en “La Docta” desde fines de 1972, cuando Santucho regresó al país tras la fuga de la prisión de Rawson, hasta principios de 1974.

Luis Mattini recuerda que “Santucho volvió clandestino y reorganizó el buró político. Nos instalamos en Córdoba; vivíamos en distintos lugares por razones de seguridad y teníamos casas operativas donde nos encontrábamos. Desde ahí, reorganizamos el PRT y el ERP, que eran lo mismo, hacia todo el país. Luego nos vinimos para Buenos Aires, dado que, si bien Dios estaba en todas partes, atendía en Buenos Aires. Habíamos crecido en todo el país: teníamos un fuerte desarrollo en Ford, en Pacheco; en Villa Constitución; en Zárate-Campana; en todo el cinturón industrial, y necesitábamos estar acá para atender todo eso”.

“Claro que Córdoba —agrega Mattini— siguió siendo muy importante, yo iba prácticamente todas las semanas a Córdoba.”

Roberto Perdía, un abogado hijo de chacareros nacido en Rancagua, en la provincia de Buenos Aires, recuerda que “estuvimos en Córdoba cerca de un año”, aproximadamente hasta octubre de 1975. “Firmenich y yo vivíamos con nuestras respectivas familias. Con mi familia habitaba en una modesta vivienda junto con otra compañera y sus dos hijos. Su esposo preso sería fusilado simulando un intento de fuga. Teníamos nuestra casa en el barrio de Alta Córdoba.”

“La situación de Quieto era, en lo personal, más complicada. Su esposa no estaba totalmente integrada a la vida clandestina. Eso hizo que viviera en Córdoba con otra pareja de compañeros y sólo esporádicamente pudiera establecer un vínculo más estrecho con su familia. Esto tuvo luego mucho que ver con su caída”, agrega Perdía. “Él estaba muy preocupado por ese tema familiar”, refuerza.

Ése sigue siendo el argumento oficial de Montoneros para explicar el error increíble de Quieto, apresado el domingo 28 de diciembre de 1975 en Martínez, en el norte del Gran Buenos Aires, mientras disfrutaba de un día de playa con su familia. El descuido derivó en el allanamiento de locales y casas, principalmente en Córdoba, datos que él conocía y que habría entregado a sus captores. Quieto fue juzgado y condenado a muerte por sus ex compañeros, acusado de deserción y delación, pero la sentencia no llegó a cumplirse porque nunca más reapareció.

Sin embargo, familiares, amigos y compañeros de Quieto tienen otra versión. En primer lugar, enfatizan que el jefe guerrillero fue torturado pero no “cantó” los datos más importantes que conocía y que la mejor prueba es que esos lugares no fueron allanados. Y, aunque admiten que su esposa se quedó en Buenos Aires porque la mudanza a Córdoba le pareció muy arriesgada para sus hijos, aseguran que Quieto era muy familiero y los visitaba todos los meses.

Desde este punto de vista, Quieto andaba muy mal de ánimo cuando fue detenido, pero no por cuestiones familiares sino por sus diferencias con Firmenich y Perdía, a quienes les atribuía decisiones polémicas como la pelea con Perón, el pase a la clandestinidad y el enfrentamiento directo con el Ejército. En definitiva, el vuelco de Montoneros a una excesiva militarización.

El sociólogo Juan Carlos Portantiero, su amigo desde cuando militaban juntos en el Partido Comunista, lo vio destruido “no mucho antes de que lo secuestraran”, cuando Quieto tocó el timbre de su vivienda en forma imprevista. “En ningún momento se refirió a la conducción montonera, quiero subrayarlo. Criticaba con énfasis la militarización, consideraba negativo el desafío personal a Perón. Mi impresión es que era un tipo quebrado, desmoralizado. Me quedó la imagen del boxeador al borde del nocaut”

Además, estaba afectado por la muerte de Marcos Osatinsky, con quien había fundado y liderado las Fuerzas Armadas Revolucionarias. “Con la muerte de Marcos lo vi demolido. Fue la única vez que lo vi así, porque él era un tipo que se mantenía frío, tranquilo, en medio del quilombo”, dice su amigo Beto Borro.

Sin embargo, Perdía niega esas diferencias políticas: “Con Quieto estuvimos compartiendo la conducción todos los días, ocho o nueve horas por día en Córdoba, y todas las decisiones las tomábamos los tres en conjunto. Y nos llevábamos bien a pesar de que él venía de las FAR; había una buena integración. Y nunca aparecieron esas fuertes disidencias de las que se habla. No había diferencias políticas. Había dudas, sí, pero todos las teníamos. Creo que la única certeza que tuvimos cuando nos metimos en esto es que podíamos terminar todos muertos”.

Mientras el cuartel general de Montoneros se trasladó a Córdoba, Firmenich, Perdía y Quieto estaban “camuflados como si fuéramos oficinistas; llegábamos a un edificio de oficinas, cada uno con su maletín, a las ocho o nueve de la mañana y estábamos ahí todo el día; almorzábamos ahí también. Era un sitio algo retirado del centro de Córdoba por razones de seguridad. Luego, cuando volvimos a Buenos Aires, repetimos esa rutina en la zona de La Lucila”, cuenta Perdía.

En esa oficina Firmenich, Perdía y Quieto recibían, por separado, a los “responsables” de cada sector que viajaban a Córdoba para verlos, informarles cómo estaban yendo las cosas, intercambiar ideas y recibir instrucciones. “Yo iba una vez por mes”, dice Emiliano Costa, periodista y jefe de la Juventud Trabajadora Peronista en la Capital Federal. “Lo hacía en un contexto de mucha inseguridad, por eso eran citas que se iban moviendo periódicamente; tenías que llegar a una dirección por donde te pasaban a buscar. Te llevaban ‘tabicado’ (tapado), así que recién podías ver cuando estabas en la reunión. Viajaba a Córdoba en micro, que era lo más seguro; mucho más que el avión, donde había una lista de pasajeros. Me reunía con Perdía, que era el que estaba en nuestros temas.”

Graciela Daleo, que estaba destinada al área de Logística de Montoneros, recuerda haber viajado a Córdoba el 1° de julio de 1975 con un maletín enorme; en un doble fondo muy bien hecho transportó la asignación mensual para los miembros de la Conducción Nacional. “A las catorce vas a tener la cita, en la avenida Vélez Sársfield, enfrente del monumento que ya sabés”, le indicó su “responsable”.

Además, los miembros de la cúpula nacional iban cada tanto a Buenos Aires. Quieto viajaba seguido, no sólo para ver a su familia sino también para seguir de cerca el secuestro de los hermanos Jorge y Julio Born, que fue organizado por él y le reportó a la guerrilla peronista unos 60 millones de dólares, una cifra record a nivel mundial, que en 1975 equivalía a la tercera parte de todo el presupuesto de la Argentina para Defensa.

También Perdía se movía mucho: “Yo viajaba a Buenos Aires para reuniones todas las semanas, aprovechando que tenía menos problemas de seguridad. No conocían mi nombre real, entonces podía viajar mucho hacia la Capital Federal para coordinar acciones con la Juventud Peronista, los grupos universitarios, los grupos sindicales. Participaba en reuniones orgánicas de esos sectores”.

Hubo dos razones por las cuales la cúpula de Montoneros se mudó a Córdoba. La primera era táctica, inmediata: una cuestión de seguridad, clave en la decisión de pasar a la clandestinidad para “encabezar la resistencia popular contra la ofensiva imperialista y oligárquica que ha copado posiciones en el gobierno” de Isabelita y “reasumir las formas armadas de lucha para la guerra popular integral”. Así explicó Firmenich esa decisión en una conferencia de prensa; allí afirmó que, desde el retorno del peronismo al gobierno, Montoneros había sufrido “unos ochenta muertos y cincuenta detenidos. Más que durante la dictadura. Nos han declarado una guerra que no necesita la formalidad de un decreto” de proscripción, como ocurría con el ERP. “Se han agotado todas las formas legales de continuar la lucha. Mejor así…, ahora no hay medias tintas y cada uno ocupa el lugar que debe”, agregó.

Por esa misma razón, la seguridad, al año tuvieron que volver a mudarse. “Eso fue en el segundo semestre de 1975 —explica Perdía—. Dejamos Córdoba porque en general la permanencia en un lugar deja señales, rastros, marcas que el sistema represivo aprovecha. Con el paso del tiempo, nos veíamos obligados al movimiento constante. Así como en 1974 las condiciones estaban dadas para ir al interior, luego de unos meses debimos volver al Gran Buenos Aires. Para no dejar rastros. El interior nos fue quedando chico.”

La Conducción Nacional de Montoneros se convenció de que ya era hora de salir de Córdoba a fines de agosto de 1975, luego de la detención de dos de sus miembros, Horacio Mendizábal y Osatinsky, y de los jefes de la Regional Córdoba; del ataque del ERP a la jefatura de la Policía de Córdoba, y del ascenso a la comandancia del Tercer Cuerpo del general Luciano Menéndez.

La otra causa de la mudanza a Córdoba fue estratégica: se trataba de un lugar clave, destinado a definir la viabilidad de la revolución socialista en la que Montoneros estaba empeñado como vanguardia política y armada. Más armada que política, como explica Ignacio Vélez, uno de los fundadores de la “Orga” en Córdoba. “Éramos la vanguardia que llevaba adelante el máximo nivel de la lucha política: la lucha armada.”

Es que Córdoba concentraba a la clase obrera más moderna del país, al sujeto revolucionario por excelencia, que desde hacía años mantenía una sólida alianza con los universitarios. Juntos protagonizaron el Cordobazo, la rebelión que en 1969 hirió de muerte a la dictadura del general Juan Carlos Onganía.

“Córdoba —sostiene Perdía— siempre tuvo un valor específico para nosotros porque fue el símbolo del final de la dictadura de Onganía. Córdoba tenía un peso enorme; para nosotros, era una pieza clave, que venía cargada de todo un bagaje histórico generado desde el Cordobazo en adelante.”

Para Emiliano Costa, el principal objetivo de la mudanza “fue desplazar el peso estratégico al interior; la Capital y el Gran Buenos Aires eran un gran quilombo y con el retorno a la clandestinidad se hablaba de una lucha prolongada para la cual había que prepararse. La clase obrera más dinámica, más moderna, estaba en Córdoba, y si éramos la vanguardia de la clase obrera, debíamos estar allí, en el epicentro. En simultáneo, se da que muchos compañeros se van a trabajar a fábricas”.

“Córdoba —agrega Costa— se plantea como un lugar decisivo para el desarrollo de los acontecimientos políticos, que además anticipaba cosas que luego sucedían a nivel nacional. Así lo entiende Montoneros, pero también Perón, y ambos desplazan fuerzas hacia allí. Perón tenía una visión en la que Córdoba aparecía como un punto clave en el mapa geopolítico nacional; como el lugar donde se decidía cómo sería la relación con las masas. Montoneros también se desplaza, pero para hacer coincidir su visión en la que se proponía como la vanguardia de la clase obrera.”

Un mes antes del retorno a la lucha armada, Firmenich participó en Córdoba de un acto masivo para respaldar al líder de la filial local del Smata, René Salamanca, en su disputa contra el secretario general del gremio a nivel nacional, José Rodríguez, quien a su vez era apoyado por la CGT oficialista, el gobierno de Isabel Perón y las automotrices.

“Pepe” Firmenich compartió el palco con Salamanca y con Agustín “Gringo” Tosco, el secretario general de Luz y Fuerza en Córdoba. A la hora de los discursos, el jefe guerrillero dijo que, si era necesario, estaban dispuestos a “aportar nuestra sangre montonera, muchas veces derramada, para sostener y empujar la lucha de los trabajadores”, y propuso “unificar los esfuerzos para frenar el avance de la derecha cómplice del imperialismo, desgraciadamente enquistada en el peronismo”. Culpó de las protestas obreras al “fracaso absoluto de la política económica”, en especial al Pacto Social, que era el eje de la “Patria Peronista”, del programa de gobierno de Perón: “Es este Pacto Social que tantas veces hemos puntualizado que está mal, que está en contra de los trabajadores y así, en contra de los trabajadores, no hay liberación posible”.

Montoneros se proponía como vanguardia armada de la clase obrera, reinterpretando un concepto central en el peronismo: la lealtad, una virtud que en esa nueva versión debía ser dirigida no a resguardar la memoria de Perón o la doctrina creada por el General, sino a custodiar “los intereses políticos, sociales y económicos de la clase trabajadora”. Era la idea que Firmenich ya había desarrollado en otro discurso en Córdoba, el 17 de octubre de 1973, cinco días después de que Perón asumiera por tercera vez la presidencia del país.

Aquel acto marcó la presentación en público de la fusión entre Montoneros y FAR, que había sido postergada en procura de una estudiada coincidencia con la asunción de Perón. El bautismo de fuego del nuevo Montoneros ya había ocurrido: fue la muerte del secretario general de la Confederación General del Trabajo, José Ignacio Rucci, el 25 de septiembre de 1973, dos días después del apabullante triunfo electoral de Perón. Ese atentado marcó la ruptura definitiva entre el líder peronista y la cúpula de Montoneros, porque Rucci era la mano derecha de Perón en el sindicalismo y un sostén vital del Pacto Social entre el capital y el trabajo, arbitrado por el Estado. El enojo del General derivó, por ejemplo, en una orden reservada del Consejo Superior Peronista para purgar al Movimiento y a los gobiernos provinciales de “todos los elementos marxistas, terroristas y subversivos”.

En Córdoba, hablaron Firmenich y Quieto ante más de diez mil personas. Los peronistas celebraban el Día de la Lealtad; Firmenich criticó la orden del Consejo Superior Peronista, que “plantea un fantasma que agrede al peronismo” y que “pretende eliminar el desarrollo del Movimiento”, y advirtió que, “en la medida en que la agresión continúe, deberemos echar mano al derecho de defensa propia. Ellos golpean en cualquier lugar, pero nosotros vamos a golpear donde menos lo esperen y donde más les duela”.

Los meses en la clandestinidad le provocaron a Firmenich un dolor muy personal: su esposa, María Elpidia Martínez Agüero, “La Negrita”, recibió unos rayos X que provocaron que la primera hija del matrimonio, María Inés, naciera en noviembre de 1975 sin un brazo y ciega de un ojo, según sus biógrafos Felipe Celesia y Pablo Waisberg. La beba se llamó así por el primer nombre de la madre más el nombre de guerra que “La Negrita” eligió cuando entró a Montoneros.

Ella y él se conocieron en septiembre de 1972, en el bar Carlos V, en pleno centro de la capital cordobesa. María Elpidia, una morocha bajita, con el cabello larguísimo, hija de una aristocrática familia local, había recibido la orden de su “responsable” de buscar una casa para “guardar a un compañero que viene de Buenos Aires con muchos problemas de seguridad”. La vivienda debía tener garaje, y entrada por una calle y salida por otra. Cumplió el encargo y consiguió una casa con “muros tan altos que parecía un convento”.

La primera vez que lo vio, María Elpidia no lo reconoció: “Tenía los nervios de acero. No se le movía un músculo. Lo que más recuerdo es que estaba muy mal vestido”. Él la conquistó entre discusiones políticas y entrenamientos militares, ayudado por una guitarra y por las zambas que entonaba, voluntarioso. Al año siguiente se casaron en Villa Allende, en la casona de los Martínez Agüero, frente al golf; el padre Francisco Luchesse celebró la ceremonia religiosa en el parque de la residencia.

Luchesse fue un sacerdote muy presente en la vida del matrimonio; había fundado en Villa Allende un hogar para huérfanos; allí vivió hasta los cinco años Mario Javier, el segundo hijo de Firmenich, que nació en el penal de Villa Devoto en diciembre de 1976, ya en la dictadura, cuando María Elpidia estaba presa. La suegra de Firmenich, María Elpidia Agüero Díaz, viajó a Buenos Aires y volvió con su nieto, que fue alojado en el Hogar Bethel.

La abuela de Mario Javier descendía del gobernador y estanciero José Javier Díaz, uno de los próceres de Córdoba luego de la Independencia; se definía como “montonera” y visitaba seguido a su nieto, le daba clases de catequesis junto a sus compañeritos.

La esposa de Firmenich salió en libertad vigilada en diciembre de 1981 y el 2 de abril de 1982 dejó el país con su hijo para reencontrarse con el jefe montonero, que estaba exiliado en México, con su hija. “La Negrita” había sido apresada a mediados de 1976, en plena dictadura; los primeros meses estuvo alojada en la Superintendencia de Seguridad Federal, en la calle Moreno al 1400; su cautiverio allí es aún fuente de una aguda controversia: algunos dicen que fue torturada, pero otros aseguran que se la pasaba leyendo revistas en la hemeroteca. Lo cierto es que pudo abandonar las mazmorras de la dictadura junto con su hijo.

Ahora, Mario Javier Firmenich es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona, en Cataluña, donde viven sus padres. Él, en cambio, se mudó a Salsipuedes, en las sierras cordobesas, con su esposa catalana, Berta, y sus tres hijos. Trabaja como ayudante de cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, donde la rectora es la kirchnerista Carolina Scotto, y es uno de los jefes de La Cámpora en la provincia; el operador político principal de los jóvenes K a nivel nacional es el diputado Andrés “Cuervo” Larroque, su amigo y ex compañero de estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires.

Pero el hijo de Firmenich no despierta unanimidad ni mucho menos. Sus reuniones con grupos de sindicalistas terminaron mal por reproches de los memoriosos “burócratas” contra la guerrilla peronista; además, otros conspicuos jóvenes kirchneristas recelan de su liderazgo en La Cámpora y por eso fundaron otra agrupación, La Jauretche, que es encabezada por Martín Fresneda, el secretario de Derechos Humanos. Fresneda era el director provincial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuando accedió a su nuevo cargo de la mano del influyente secretario legal y técnico de la Presidencia, el cordobés Carlos Zannini.

Cada tanto resurgen versiones en Córdoba sobre el posible retorno de Mario Firmenich y su familia a la Argentina para instalarse cerca de donde vive su hijo. Pero es poco probable que eso suceda mientras siga abierta la investigación judicial sobre el asesinato de Rucci. Sus biógrafos Celesia y Waisberg han informado que ante esta “nueva embestida judicial, Pepe (Firmenich) volvió a tomar recaudos”, que consisten, simplemente, en no venir a la Argentina por temor a que lo llamen a declarar a los tribunales: “Firmenich evitó viajar a Buenos Aires sobre fines de marzo de 2010. Sólo llegó La Negrita y realizó una recorrida que incluyó visitas a compañeros de otros tiempos, algunos más cercanos y otros más lejanos en términos políticos. En abril, Firmenich se animó a cruzar el Atlántico pero se quedó en Montevideo, supervisando la salud de sus padres y dispuesto a entrar al país si algo les ocurría. Nada pasó y volvió entonces al pueblito catalán en el que nadie tiene cuentas pendientes con él, ni su cara evoca al demonio, ni la historia lo reclama”.

La aparición de las guerrillas, en especial de Montoneros, dividió al patriciado cordobés, como se ve en el caso de la familia Martínez Agüero. Esa aristocracia es católica, clerical, hispánica, nacionalista, conservadora y bien arraigada en el alto escalón del Estado provincial, en especial en la justicia y la educación; en el fuero federal, se dice que pertenecen a “La Sagrada Familia”, a partir del libro homónimo del periodista Sergio Carreras. Sus miembros están muy vinculados a la Iglesia y al Tercer Cuerpo de Ejército.

En ese sentido, los montoneros cordobeses son, como observa Emiliano Costa, “paradigmáticos ya que su origen concentra las tres matrices básicas de la guerrilla peronista: la Iglesia, el nacionalismo y la formación militar a través del Liceo General Paz”. Es el caso de los Vélez, los Vaca Narvaja, los Roqué, los De Breuil.

“En realidad —sostiene Costa—, Córdoba es interesante porque los diversos sectores en pugna se presentan paradigmáticos, en la esencia de sus proyectos. Hay figuras muy interesantes, como Tosco, que podría haber encabezado una vía democrática al socialismo, a lo Salvador Allende, y Salamanca, un sindicalista clasista; está la derecha con Lacabanne y, antes, durante la dictadura de Onganía, con exponentes del patriciado local”, como los dos primeros gobernadores nombrados por la Casa Rosada: Miguel Ángel Ferrer Deheza y Carlos Caballero, entre 1966 y 1969.

En el caso de los Martínez Agüero, el primero que se hizo montonero fue el hermano mayor de María Elpidia, Guillermo Martínez Agüero, “Polo”; él fue uno de los fundadores de la guerrilla peronista, tanto que la casa familiar fue allanada luego de la toma de La Calera, a diecinueve kilómetros de la capital provincial.

“Un presunto comando ‘Montoneros’ en acción copó La Calera”, tituló a toda página La Voz del Interior. “Sus integrantes se autotitulan ‘Montoneros’, es decir el grupo que adquiriera triste celebridad al emitir comunicados en los que se atribuía el secuestro del ex presidente Aramburu”, informó el diario.

El ataque a La Calera fue un hecho clave: hasta aquel 1° de julio de 1970 muchos dudaban de la existencia de ese flamante grupo guerrillero; algunos sospechaban que la captura de Aramburu, ocurrida hacía un mes, era en realidad un ajuste de cuentas dentro del llamado “partido militar”, entre sectores enfrentados del Ejército; otros suponían que Montoneros era una organización de derecha, nacionalista y católica, debido al contenido de sus primeros comunicados, que estaban impregnados de alusiones a la Patria y a Dios.

El operativo sirvió para identificar a Montoneros con guerrillas afines, de izquierda, que también apuntaban a la “liberación nacional”, como los tupamaros, que el año anterior habían conmovido a la opinión pública de ambas orillas con la toma de Pando, cerca de Montevideo. Tupamaros inspiró el copamiento de La Calera, que fue planificado como el segundo hecho de alto impacto a nivel nacional, encadenado al secuestro y fusilamiento del ex dictador Aramburu.

Hasta aquel momento, nunca había sucedido en la Argentina que un grupo guerrillero se adueñara de toda una ciudad, como señaló La Voz del Interior en el comienzo mismo de la crónica: “Algo nunca visto hasta ahora en el país y que hasta anoche hacía abrigar, a quienes dirigían la investigación iniciada como consecuencia del poco común suceso, esperanzas de obtener pista concreta en torno a la desaparición del teniente general Pedro Eugenio Aramburu, tuvo por escenario inicial la tranquila y residencial localidad de La Calera”. Todavía el cadáver de Aramburu no había sido encontrado.

Ciertamente, los diez mil habitantes de La Calera no esperaban que nada alterara su rutina aquel gélido amanecer con el cual llegaba julio: cinco grados bajo cero. Pero, a las siete de la mañana cuatro vehículos, un Ford Falcon, un Fiat 1500, un Renault 4 y una camioneta Chevrolet, ingresaron por la avenida principal. En cada móvil viajaban cuatro jóvenes de entre 22 y 24 años que lucían brazaletes con los colores de la bandera argentina y la inscripción “Montoneros” en letras negras. El Ford Falcon encabezaba la caravana; había sido pintado como si fuera un patrullero y partió a tomar la comisaría; los dos oficiales, Ramón Salvatierra y Antonio Djanikian, fueron desarmados y obligados a cantar la marcha peronista. “Eran autos robados, con chapas falsas; uno (camuflado) como un patrullero, lo pinté en un garaje clandestino con Luis Losada”, cuenta Cecilio Salguero, que participó en las tareas logísticas junto con su cuñado, Jorge Piotti. Salguero vivía en La Calera con su mujer, pero aquel día no se dejó ver por precaución: “De nuestra casa salen Emilio Maza y tres compañeros disfrazados de policías y toman la comisaría”.

Durante media hora, los guerrilleros se apoderaron también de la central telefónica, la Municipalidad, el Correo y la sucursal del Banco de Córdoba, de donde se llevaron un botín de cuatro millones de pesos para, según dijeron, ayudar a los obreros de IKA Renault, enfrascados en un duro conflicto con la compañía, y a los estudiantes de Arquitectura, Derecho y Ciencias Exactas, enfrentados con la autoridades universitarias.

La Calera fue elegida por varias razones:

Tenía un valor simbólico dentro del peronismo porque se la consideraba el último foco de resistencia armada en todo el país contra el golpe que derrocó al general Juan Perón, el 16 de septiembre de 1955. Una fortaleza de la lealtad. Córdoba concentra varias contradicciones: fue también la cuna del antiperonismo y de aquel golpe contra Perón; el lugar desde donde avanzó el general Eduardo Lonardi, que había realizado buena parte de su carrera en esta provincia, donde incluso se casó con una dama de la aristocracia local, Mercedes Villada Achával. Uno de los mitos de esta provincia, de sus imágenes fuertes, la retrata como “Córdoba, la heroica”. Lonardi, exponente del sector nacionalista católico del Ejército, sucedió a Perón pero duró poco, apenas cincuenta y dos días porque su lema “Ni vencedores ni vencidos” no fue compartido por el resto de los líderes golpistas, Aramburu entre ellos.

A una decena de kilómetros se ubica la sede de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, que es la principal unidad de combate del Ejército en la provincia; la intención era desmoralizar a los militares demostrando que ni siquiera con los paracaidistas tan cerca podían evitar la toma de una ciudad por parte de la guerrilla.

Ya conocían bien esa localidad: seis meses antes, el 26 de diciembre de 1969, la sucursal en La Calera del Banco de Córdoba fue asaltada por ocho jóvenes que pertenecían a dos de los grupos que luego fundarían Montoneros, las células porteña y cordobesa. Participaron Fernando Abal Medina y Norma Arrostito, que eran pareja y al año siguiente protagonizarían el “Aramburazo” o el “Operativo Pindapoy”, junto con los cordobeses Maza, Vélez y Carlos Capuano Martínez, entre otros. Los protomontoneros lograron fugar con el dinero de la caja del banco luego de un tremendo tiroteo en el que hirieron a los tres policías que los enfrentaron. No fueron apresados gracias a la ayuda de sacerdotes que ya integraban o colaboraban con la guerrilla peronista; “con Carlos Capuano nos pasamos varios días ‘rezando’, refugiados en un seminario”, recuerda Vélez.

Querían demostrar que el nuevo grupo guerrillero tenía fuerza no sólo en la Capital Federal sino también en el interior, al que le asignaban mucha relevancia ya desde el nombre. Elvio Alberione, un ex cura que fue incluso jefe de Montoneros en Córdoba entre 1971 y 1973, explica que el nombre “fue surgiendo de distintos lugares, como una continuidad de las luchas del interior por la Independencia, que fueron luchas montoneras, irregulares; hay que recordar que para los españoles todos los rebeldes eran o montoneros o tupamaros, lo cual nos daba otro parentesco con Uruguay, como el hecho de que el principal montonero, para los españoles, era un uruguayo: José Gervasio Artigas”. “Montoneras” más o menos espontáneas fueron también las luchas de grupos de gauchos y de provincianos contra el proyecto liberal y porteño para organizar el país, encarnado por Bartolomé Mitre y Domingo Sarmiento; una de sus armas características, la lanza tacuara, integró el escudo de Montoneros, junto con el fusil, para reflejar la continuidad entre esas peleas.

Durante 1969 y los primeros meses de 1970 los diversos grupos que formarían Montoneros realizaron operaciones por su cuenta y sin “firmarlas”, sin reivindicarlas, para foguearse, atraer nuevos miembros y “recuperar” dinero y armas. Los cordobeses, por ejemplo, asaltaron el polígono del Tiro Federal, atacaron comisarías, desarmaron policías y robaron bancos.

Cuando consideraron que ya estaban listos para salir a escena, en mayo de 1970, los dos grupos principales, el porteño y el cordobés, ultimaron los detalles del secuestro de Aramburu, que era uno de los símbolos del “gorilismo”, del antiperonismo: presidente del país luego de Lonardi, su dictadura (1955-1958) proscribió al peronismo, fusiló a militares y civiles que se rebelaron e incluso prohibió que se lo nombrara a Perón en la prensa en una cruzada inútil. Aramburu fue secuestrado el 29 de mayo de 1970, justo cuando el Ejército festejaba su día y se cumplía el primer aniversario del Cordobazo. La toma de La Calera fue la segunda operación, y estaba planificada una tercera, en Santa Fe, que no llegó a realizarse.

Los montoneros se presentaron en Córdoba como “el brazo armado del movimiento peronista”, que “hemos asestado un golpe a la oligarquía gorila”. “Tiramos un volante —cuenta Salguero—, lo redacté con Maza. La Calera se planifica un mes antes; la planificación general la hace Maza”, que era el jefe del grupo cordobés y el número dos a nivel nacional, detrás del porteño Abal Medina.

La Calera también es relevante porque allí murió “El Gordo” Maza, el primero de los muertos que tuvo Montoneros (es imposible saber la cantidad exacta; los jefes que sobrevivieron todavía no hicieron una lista de las víctimas de la fuerza que condujeron y no parecen con voluntad de elaborarla). Es que los problemas para los atacantes comenzaron durante la retirada, cuando dos de ellos, Losada y José Fierro, fueron capturados por la Policía, que a las pocas horas llegó a la casa donde estaban escondidos Maza, Vélez y otros guerrilleros, en el barrio Los Naranjos de la ciudad de Córdoba. Los policías fueron recibidos a balazos; Maza y Vélez resultaron heridos. “A mí —dice Vélez— me internaron primero porque era el que más grave estaba. Finalmente, por esas cosas de la vida, yo me salvé y Emilio murió a mi lado”, una semana después, en el Hospital San Roque.

En la casa de Los Naranjos fue encontrado un fichero con trescientos nombres de personas que adherían a los grupos que habían confluido en la formación de Montoneros. Estaban en clave, pero no era muy segura, ya que fue rápidamente descifrada por la Policía y el Ejército. Hubo decenas de detenidos “y se produce —recuerda Salguero— un desbande total en la provincia. Yo me voy a Jujuy en un Fiat 600. La Organización quedó devastada. Muchos no sabían nada de nada, ni que nos llamábamos Montoneros ni de la toma de La Calera. Nos salió mal, pero el objetivo político se cumplió porque nos dimos a conocer”.

En esa casa la Policía encontró también una autorización para manejar un Renault 4 firmada por Norma Arrostito a favor de Maza. Las pericias demostraron que había sido escrita con la misma máquina utilizada para los comunicados del secuestro y fusilamiento de Aramburu. De esta manera llegaron a la célula porteña de Montoneros, que quedó al descubierto: los carteles con los rostros de los osados guerrilleros empapelaron el país; algunos santafesinos de la zona de Vera reconocieron a Firmenich y a Carlos Ramus como dos comerciantes de ganado que trasladaban los animales comprados a un campo en Timote, en la provincia de Buenos Aires, y el 16 de julio fue localizado el cadáver de Aramburu, enterrado en el casco de la estancia La Celma, de la familia de Ramus.

En poco más de un mes, Montoneros había pateado el tablero del peronismo y de la política tradicional y conmocionado a la opinión pública, pero sus dos grupos principales estaban desarticulados, en Córdoba y Capital Federal; varios de sus miembros habían sido detenidos, otros eran buscados intensamente y uno de sus jefes había muerto. La flamante organización político-militar que se pensaba como la vanguardia armada del peronismo se salvó gracias a la ayuda de otras células, que contribuyeron a su formación y que tanto en Santa Fe como en el Chaco funcionaron como la retaguardia de cordobeses y porteños; allí se escondieron los que eran perseguidos por la Policía y el Ejército en sus territorios. Además, otra guerrilla, las Fuerzas Armadas Peronistas, que tenía una buena infraestructura, colaboró con los montoneros. “Yo trasladé y escondí a varios de los buscados en un acto de solidaridad entre los grupos armados, que era de lo más común en aquella época”, cuenta Jorge Devia, que militaba en las FAP en Santa Fe.

Al poco tiempo, gracias al formidable acierto político de respaldar la forzada salida electoral de la dictadura del general Alejandro Lanusse, Montoneros canalizó el entusiasmo juvenil por el retorno de los militares a los cuarteles y la súbita peronización de vastos sectores medios y altos, y se convirtió en una “Orga” poderosa dentro y fuera del Movimiento. Fue su momento de gloria, en romance pleno con Perón, que el 23 de febrero de 1972 le dedicó un calificativo que quedaría en la historia: “Juventud maravillosa”. Lo hizo en una carta dirigida “A los Compañeros de la Juventud”, donde Perón, que todavía estaba exiliado, escribió: “Tenemos una juventud maravillosa. Yo tengo una fe absoluta en nuestros muchachos, que han aprendido a morir por sus ideales, y cuando una juventud ha aprendido y ha alcanzado esto, ya sabe todo lo que una juventud esclarecida debe saber”.

Capítulo 13
HIJOS DE CRISTO Y DEL CHE

San José era radical,

San José era radical,

y la Virgen socialista,

y la Virgen socialista,

y tuvieron un hijito,

montonero y peronista.

Canto en los actos de Montoneros.

El odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así; un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal.

El Che Guevara en su “Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental”, el 16 de abril de 1967.

Los primeros montoneros cordobeses reflejan la trayectoria típica de tantos jóvenes de buena posición social que, a partir de un compromiso católico, se fueron convenciendo de que la lucha armada era la única salida para terminar con “la violencia de arriba” —de “la oligarquía”, “el imperialismo” y sus aliados— y liberar a “los explotados”, a los sectores populares que, por su lado, seguían teniendo una fe casi religiosa en Perón. Además, se hicieron peronistas, aunque en realidad fueron más bien evitistas: amaban a Eva Perón, la veneraban como una verdadera y perfecta revolucionaria, pero dudaban sobre la ideología, la coherencia y la valentía de Perón.

Por su lado, los jóvenes que desembocaron en el Ejército Revolucionario del Pueblo, los “erpianos”, tuvieron una evolución distinta: no partieron tanto del catolicismo como del marxismo o el radicalismo.

Hubo sí puntos en común, como el clima de época, que suponía que el mundo marchaba al socialismo, impugnaba al imperialismo estadounidense y enfatizaba el impacto global de las guerras de liberación nacional en Asia y África, las enseñanzas de Mao Tse Tung y Ho Chi Minh y la onda expansiva en el continente de la Revolución Cubana y su icono guerrillero, Ernesto “Che” Guevara. Además, el Che se presentaba casi como un Cristo laico muy seductor, con sus teorías del hombre nuevo y del foco armado a partir del cual se podía incendiar al capitalismo. Desde 1966, otro punto en común fue la resistencia a la dictadura del general Juan Carlos Onganía.

En su mayoría, los montoneros cordobeses venían de afuera del Movimiento, incluso de hogares “gorilas”, refractarios al “tirano prófugo”. Ellos mismos sospechaban del “juego pendular” de Perón y consideraban que en 1955 le había faltado coraje y determinación para enfrentar a los golpistas, así como cuatro años antes, en 1951, no había extirpado la conspiración militar eclesiástica como le aconsejaba Evita. Si Perón había elegido el tiempo a la sangre, ellos preferían la opción inversa. La paradoja, una de tantas, es que muchos de estos jóvenes provenían de familias que se habían alineado claramente con la Iglesia en el conflicto entre esta institución y Perón.

“Hay numerosos datos —sostiene Ignacio Vélez— que prueban esa diferente valoración que hacíamos de Perón y Evita. Uno de ellos es que en la primera época de pintadas, todavía con tachos y pinceles, el grupo que luego fue la semilla de Montoneros en Córdoba hizo todas sus pintadas con frases de Evita.”

Vélez agrega: “Para nosotros, el movimiento peronista era un gigante invertebrado y miope, conducido tácticamente por burócratas traidores que habían sido incapaces de conformar en el país conducciones coherentes con el objetivo de liberación nacional, que era su destino histórico”. No llegaban a poner en duda la conducción estratégica de Perón, a quien veían protagonizando una “guerra integral contra el régimen”, pero el General estaba lejos, en su exilio madrileño. Ellos querían llenar en la Argentina ese vacío entre el líder y las masas; convertirse en una vanguardia revolucionaria que desplazaría a los políticos y sindicalistas traidores y lograría la victoria armada en beneficio del pueblo y de Perón.

Toda esa conversión al peronismo ocurrió en los movidos años sesenta. Los protomontoneros apenas recordaban el gobierno de Perón y nunca habían intercambiado una palabra con él; conocían, a la distancia, al último Perón, al que quería volver a su país y al poder, elogiaba al Che Guevara como “uno de los nuestros, quizás el mejor”, y aprovechaba cualquier ocasión para hablar de “socialismo nacional”, “guerra integral” y “trasvasamiento generacional”. No pudieron registrar que, mientras ellos se proponían como la vanguardia armada hacia la revolución socialista, el General los pensaba como las “formaciones especiales” de su Movimiento, que deberían desarmarse una vez que el peronismo retornara al gobierno. Los medios podían coincidir en un momento determinado, pero los objetivos eran muy distintos; tanto, que incubaban una ruptura tal vez inevitable.

Dos aspectos llamaron la atención de los periodistas que cubrieron la toma de la pequeña ciudad de La Calera, en 1970. Por un lado, que “los participantes son jóvenes de buena posición”, como tituló La Voz del Interior. “Todos los detenidos son estudiantes, pertenecen a conocidas familias y ostentan un expectable nivel de educación”, señaló el diario. Por otro lado, la extraña ideología de los atacantes: La Voz del Interior informó que el material escrito incautado por la Policía en los domicilios allanados era tan heterogéneo que los “presuntos integrantes” del comando montonero “tendrían que tener orientaciones ideológicas muy dispares”. Y citó el caso del domicilio de Cecilio Salguero y su esposa, donde fueron encontrados muchos libros y folletines “de tendencia guevarista” junto con “material de ideología peronista. Tenemos entonces el fenómeno de derecha e izquierda juntos”. Lo mismo ocurrió en las viviendas de otros guerrilleros. Además, ese diario consignó que la Policía habría establecido que algunos detenidos, como Luis Losada y José Fierro, “desde muy jóvenes han militado en las filas del ‘nazionalismo’. Es decir, la extrema derecha argentina”.

Vélez cuenta que en el Grupo Córdoba, que luego sería uno de los fundadores de Montoneros, “participamos al comienzo Emilio Maza, el cura Alberto Fulgencio Rojas, Héctor Araujo y yo”; todos ellos se conocieron en el Liceo Militar General Paz: Maza, Vélez y Araujo se hicieron amigos “cursando los últimos años del Liceo”, donde Rojas era el capellán y, al igual que su antecesor, el padre Carlos Fugante, pertenecía a los sectores reformistas de la Iglesia. “Éramos —dice Vélez— un grupo reducido de amigos, muy horizontal, que compartía las inquietudes del compromiso cristiano y avanzaba con lentitud hacia mayores definiciones políticas que hoy podríamos llamar nacionalismo popular antiimperialista.” Rojas instruía a estos cadetes en filosofía e historia, animaba debates sobre la actualidad y organizaba tareas de asistencia social en los barrios pobres de la capital cordobesa.

Maza ya se perfilaba como el líder de esos cadetes comprometidos con lo que pasaba a su alrededor. “‘El Gordo’ era muy alegre y positivo, irónico, muy inteligente y muy serio en los debates. No era sólo un hombre de acción: sabía muchísimo de historia y lo complejizaba todo, lo discutía todo”, describe su amigo Vélez. Maza terminó el Liceo en 1961 y al año siguiente comenzó medicina en la Universidad Nacional de Córdoba que, en una época donde la educación superior estaba muy concentrada, era un poderoso imán para muchos jóvenes del interior y de países vecinos. Y comenzó a militar en el Integralismo, una agrupación católica cordobesa fundada luego del golpe contra Perón, que había girado de su conservadurismo inicial a una posición que se definía nacional, popular y humanista. Un socialcristianismo cada vez más identificado con el peronismo, que se oponía al radicalismo y a las izquierdas, y que en los sesenta ganaba en casi todas las facultades del país. Un fenómeno estrictamente cordobés.

En simultáneo, el grupo del Liceo seguía reuniéndose en el Hogar Sacerdotal, en La Cañada y Rioja, un lugar emblemático de la ciudad de Córdoba; allí vivían Rojas y otros curas. “Era a dos cuadras de la casa donde yo vivía con mis padres. El Hogar se transformó en un lugar permanente de reuniones y discusiones políticas”, cuenta Vélez. Había nuevos miembros: otro “liceísta”, Fierro; la novia de Vélez, Cristina Liprandi; Losada y su novia, Mirtha Cucco, que fueron acercados por el padre Fugante; Carlos Capuano Martínez, y Susana Lesgart, entre otros.

Un patio interno comunicaba al Hogar Sacerdotal con Cristo Obrero, una parroquia universitaria creada en 1965 por el nuevo arzobispo de Córdoba, Raúl Primatesta, que nombró allí a dos curas jóvenes y reformistas: José Oreste Gaido y Nelson Dellaferrera. Gaido dejó los hábitos en 1969, se casó y tiene cinco hijos, pero le quedó el apodo: “Cura”. El escritor Marcos Aguinis se inspiró, en parte, en él para su novela La cruz invertida. “Primatesta —recuerda Gaido— nos vino a buscar a la capellanía en las afueras de Córdoba adonde nos habían enviado castigados. Nosotros, junto con Erio Vaudagna, éramos profesores en el seminario y en la Universidad Católica Argentina (UCA); en 1964 se produjo el primer grito de rebeldía pública de la Iglesia en todo el país: cada uno de nosotros dio un reportaje con enfoques muy renovadores, de avanzada, a un diario popular, Córdoba, que los publicó en tres días sucesivos. Dellaferrera habló de educación y, por ejemplo, se pronunció en contra del apoyo estatal a las escuelas católicas; Vaudagna se refirió a los temas sociales, y yo a lo doctrinal, lo teológico, que era mi especialidad. Ya haber elegido como vidriera al diario Córdoba era un insulto al establishment. Hay que tener en cuenta que Córdoba era la cuna de la ortodoxia católica; se armó una gran polémica. Los tres habíamos estado perfeccionándonos en Europa. Yo estudié ocho años en Roma, en la Pontificia Universidad Gregoriana, y en Innsbruck, Austria, en el Centro de Reflexión Teológica; siempre con los jesuitas. Nos echaron a los tres; en realidad fue un empate porque también lo echan al obispo, que era Ramón Castellano. Lo reemplaza Primatesta, un oscuro personaje, confuso, maniobrero, que permanecería allí, ya con rango de cardenal desde 1973, hasta 1998. Castellano era conservador, pero era noble aunque elemental.”

No eran sólo ellos tres; había muchos otros sacerdotes consustanciados con el Concilio Vaticano II, que entre 1962 y 1965 renovó y adaptó la Iglesia al mundo contemporáneo, aunque luego desató una puja interna entre las corrientes conservadoras y progresistas sobre cómo había que interpretar y aplicar todos esos cambios. Una de las figuras más carismáticas en la Córdoba de los sesenta fue monseñor Enrique Angelelli, que en 1968 fue nombrado obispo de La Rioja. “Castellano se había dado cuenta de que nosotros estábamos haciendo un cambio en el seminario, que estábamos apartándonos del modo clásico de enseñar, y no tuvo mejor idea que enviarlo al ‘Pelado’ Angelelli, que era el obispo auxiliar, como rector. Pero Angelelli, una persona formidable, se hizo uno de nosotros”, cuenta Gaido.

Angelelli también participaba de las discusiones en el patio del Hogar Sacerdotal. “Todas las tardes —dice Vélez—, desde las cinco y media o seis, ellos comenzaban a cebar. El mate circulaba en ronda entre los que se iban incorporando a medida que llegaban de sus respectivas actividades. Había dirigentes gremiales y estudiantiles, curas, profesionales… Y El Gordo Maza se destacaba: era una persona muy especial; conocía a fondo la historia de nuestro pueblo y, como peronista de la época, era un fervoroso revisionista. Leía muchísimo y también desarrollaba una intensa práctica política, siempre en estrecho vínculo con los más humildes. Era un cristiano comprometido que se expresaba políticamente, apasionadamente, como peronista revolucionario.”

Según Gaudio, hubo “tres vertientes distintas que confluyeron en la lucha armada:

El Hogar Sacerdotal, con jóvenes más mesiánicos, ortodoxos, que desembocan en Montoneros. Y con curas como Elvio Alberione, que sostenían que el compromiso político debía ser más bien institucional, en tanto cura. Yo estaba en contra de eso: creía que el compromiso debía ser individual, personal.

En Cristo Obrero también se incuba un compromiso político que desemboca en la vía armada, no democrática, para tomar el poder, pero no con una presencia eclesiástica, como la anterior, sino cristiana individual.

Algo parecido se dio en la UCA, donde se vuelcan más al ERP; los más inteligentes para mí. A la UCA asistía lo más granado de la aristocracia cordobesa, y ahí surgió una vertiente que optó por la violencia, por la vía revolucionaria, con el argumento de que la violencia de arriba debía ser combatida con la violencia de abajo. Era también un espíritu de época, que indicaba, por ejemplo, que la democracia formal no era más que un Caballo de Troya de los que realmente iban a cambiar la sociedad”.

El cura Gaido promovió en su parroquia la apertura del catolicismo y el diálogo con el marxismo: “Traje a varias personalidades para que hablaran, como Conrado Egger s Lan y Juan Carlos Portantiero, que dieron sus charlas en el auditorio de Radio Nacional”. En eso estaban cuando el 28 de junio de 1966 el general Onganía desplazó al presidente radical Arturo Illia con el aval de los sindicatos y el peronismo, que seguía proscripto, y nombró como ministro del Interior al abogado y académico cordobés Enrique Martínez Paz, que era también feligrés de Cristo Obrero. Pero sobre todo se trataba de un conspicuo miembro del patriciado cordobés, que devolvería el poder político local al núcleo conservador; por ejemplo, incidió en el nombramiento como gobernador de Miguel Ángel Ferrer Deheza, un abogado del City Bank y del Banco de Londres cuya prima, Elisa Martínez Deheza, era la esposa del ministro. A su vez, el flamante gobernador designó ministro de Gobierno a su sobrino, Guillermo Becerra Ferrer, y ministro de Educación y Cultura a Mario Fernando Martínez Paz, hermano del poderoso ministro del Interior. El abogado constitucionalista Pedro Frías hijo, casado con una sobrina de Enrique Martínez Paz, se convirtió en el embajador argentino ante la Santa Sede, y Rogelio Nores Martínez, interventor federal de la provincia en la presidencia de José María Guido, pasó a ejercer el rectorado de la Universidad pública; este nombramiento pareció una venganza de la Córdoba aristocrática contra la Córdoba rebelde, ya que su papá, Antonio Nores, había sido el rector durante la Reforma Universitaria de 1918.

Había tantos parientes entre los funcionarios de la llamada Revolución Argentina que el indomable humor cordobés creó una nueva fórmula para el juramento en esos cargos:

—¿Juráis por Dios, por la Patria y estos Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y los fines establecidos por el Estatuto de la Revolución?

—Sí, tío.

Para el historiador César Tcach, “el gobierno de las viejas familias políticas no era sino la punta del iceberg de un bloque social dominante compuesto por el conjunto de actores —empresas y bancos extranjeros, burgueses industriales locales y viejos sectores patricios hibridados con ellos, Iglesia Católica y Sociedad Rural— articulado en torno al apoyo al gobierno militar y en su rechazo a tres ‘males’ centrales que constituían su exterior, su ajenidad: el populismo (tanto en su versión peronista como radical), el marxismo (no sólo en sus variantes violentas sino también en sus versiones más pacíficas, como el Partido Comunista y los socialistas) y el pluripartidismo”.

La fuente de poder del patriciado cordobés siempre fue su vinculación con el Estado. En el desarrollo capitalista impulsado a partir de la segunda mitad de los cincuenta por la industria automotriz, en especial por Fiat e IKA —luego comprada por Renault—, la aristocracia, en la que predominaban los abogados, se recicló en directores, gerentes y asesores de las empresas y los bancos extranjeros, según señala Tcach.

Los colaboradores de Onganía provenían de los sectores más conservadores y nacionalistas del catolicismo, formados en los Cursillos de Cristiandad; uno de los primeros blancos de la dictadura fue la universidad pública en el marco de una cruzada contra la izquierda marxista y su influencia en el ámbito de la cultura. El decreto-ley 16.192 suprimió la autonomía universitaria, eliminó el gobierno tripartito (profesores, alumnos y graduados) y disolvió los centros de estudiantes. Los universitarios cordobeses, herederos directos de la Reforma del 18, no podían dejar de reaccionar contra esa afrenta: una serie de asambleas, actos y protestas fue reprimida ferozmente por el gobernador Ferrer Deheza.

Cristo Obrero fue uno de los centros de las protestas, ya que los estudiantes católicos del Integralismo pidieron esa iglesia a los curas Gaido y Dellaferrera para una huelga de hambre. “Le avisamos a Primatesta —sostiene Gaido— y él nos dijo que sí, con algunas precauciones: nos preguntó si iban a tocar la guitarra, si habría chicos y chicas, pero nos dio la autorización. Claro que todo terminó en un despelote y en el asesinato de Santiago Pampillón. Toda la masa universitaria iba a la parroquia, donde había cincuenta, sesenta huelguistas; llenaban los patios interiores de la parroquia y de allí comenzaban las manifestaciones; la Policía reprimía y se producía el desbande. Ese mecanismo duró más de veinte días, hasta que Primatesta dijo que no sabía nada de la huelga de hambre, cerró la iglesia y a nosotros nos mandó a una parroquia periférica.”

Pampillón fue muerto por una bala policial el 7 de septiembre de 1966 frente a la Galería Cinerama, en medio de actos relámpagos en distintas zonas del centro de la ciudad. Estudiaba ingeniería y era delegado sindical en IKA. Cuando se enteraron, los universitarios tomaron un amplio sector del barrio Alberdi, que estaba poblado de pensiones estudiantiles, cortaron las calles y veredas y hostigaron a la policía durante toda la noche con piedras, palos y hasta bombas molotov. La CGT local dispuso un día de duelo en una muestra de la naciente alianza entre obreros y estudiantes.

La dictadura de Onganía y su correlato cordobés lograron exactamente lo contrario de lo que se habían propuesto. Por un lado, unificaron en las protestas a los universitarios de izquierda con los radicales y los católicos del Integralismo. Por otro, favorecieron la peronización de tantos estudiantes de los sectores medios y altos. En tercer lugar, convencieron a muchos jóvenes de que la lucha armada era la única salida para solucionar los problemas de las mayorías populares.

Cada sector juvenil lo vio desde el paradigma en el que se movía, pero todos se radicalizaron. Vélez cuenta que para su grupo “el golpe de Onganía significó que la oligarquía y el imperialismo habían jugado su última carta. La violencia desnuda había asumido el poder con expresiones groseramente provocadoras. Las fachadas seudodemocráticas como las de Frondizi, Guido o Illia no habían sido suficientes para domesticar al movimiento popular que encabezaba el peronismo. Éramos conscientes de que la oligarquía no se iba a suicidar; que había que derrotarla, que la violencia era el único camino y que teníamos que comenzarlo ya, que no podíamos perder más tiempo. Que a un ejército sólo se lo derrota con otro ejército”.

Sostiene Vélez que 1967 fue el quiebre; durante ese año “nos violentamos brutalmente para asumir consciente y responsablemente la lucha armada mientras participábamos con diversas siglas de ‘fantasía’ en las luchas populares cordobesas (estudiantiles y obreras). Buscábamos radicalizar los enfrentamientos asumiendo las consignas más elementales del foquismo (‘cuanto peor, mejor’, ‘las condiciones objetivas y subjetivas están dadas’, ‘sólo falta el foco generador de conciencia, organización y metodología’, ‘la lucha armada es la condición determinante’, etcétera)”.

La formación católica los ayudó mucho en esa decisión: “Se solidificó —agrega Vélez— en la conciencia de cada uno de nosotros que éramos los elegidos, que con el sacrificio de nuestras vidas estábamos construyendo el poder armado que derrotaría al brazo armado del imperialismo. Era el mesianismo en todo su esplendor. La convicción profunda de que estábamos elegidos, que nos tocaba cumplir la misión de Cristo: estoy dispuesto a dejar todo, padre, madre, amigos, por tu nombre”. Y eligió “Mateo” como nombre de guerra, en homenaje a uno de los apóstoles y evangelistas.

En esa decisión influyó la relación con Juan García Elorrio, un ex seminarista porteño que en septiembre de 1966 fundó con su esposa, Casiana Ahumada, la revista Cristianismo y Revolución, todo un símbolo de la época, porque se propuso reconciliar la militancia cristiana con la lucha armada. Y lo logró, ya que ese medio “fue decisivo en la radicalización de laicos y sacerdotes”, evalúa el sacerdote jesuita Gustavo Morello, autor del libro Cristianismo y Revolución. Los orígenes intelectuales de la guerrilla argentina.

Morello sostiene que García Elorrio ayudó con su revista a que “los jóvenes militantes se prepararan anímicamente para una lucha que podía exigir la vida misma”. Lo hizo a través de mecanismos como “la glorificación de los militantes torturados, el homenaje a los muertos y la exaltación de los que dejan la vida ayudando al prójimo”.

García Elorrio estaba muy vinculado a John William Cooke, un ex diputado peronista que, fascinado por la Revolución Cubana y el Che Guevara, se convirtió en uno de los principales intelectuales del peronismo revolucionario. La redacción de Cristianismo y Revolución incluía a los periodistas Jorge Luis Bernetti, Emilio Jáuregui y Pepe Eliaschev, con sus análisis de política internacional.

Pero la figura más inspiradora para García Elorrio y Cristianismo y Revolución fue Camilo Torres, un sociólogo y sacerdote colombiano que en 1965 colgó la sotana y se enroló en el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional; fue muerto por una patrulla al poco tiempo de haber llegado al monte en las sierras de Santander, el 15 de febrero de 1966.

Rápidamente, Camilo Torres ocupó el lugar más alto en el santoral de los católicos revolucionarios. Era el arquetipo del creyente que predicaba con el ejemplo un principio sagrado, fundamental: no hay amor más grande que entregar la vida por los demás.

“Camilo Torres —dice Morello— afirma que la violencia revolucionaria tiene su origen en el gobierno autoritario y oligárquico que pegó primero, no respetó las leyes y sometió al pueblo. Esta ‘violencia defensiva’ y la convicción de ‘continuidad histórica’ con las guerras de la independencia latinoamericana justifican el uso de las armas.”

Tanto fue así que García Elorrio fundó el Comando Camilo Torres, que desembocaría en la fundación de Montoneros. Al principio, los “camilos” se limitaron a la Capital Federal; lo integraban, entre otros, Fernando Abal Medina y su novia, Norma Arrostito; Carlos Ramus y Mario Firmenich, que vendían ejemplares de la revista en la universidad o en reuniones con jóvenes católicos.

Al poco tiempo, García Elorrio conoció a Maza, Vélez y al grupo de cordobeses que avanzaban por el mismo camino; nacieron los “camilos” mediterráneos, que se hicieron representantes de Cristianismo y Revolución en la ciudad de Córdoba, donde distribuían la revista kiosco por kiosco.

Es decir que García Elorrio fue el puente para que se conocieran los jóvenes porteños y cordobeses que fundaron Montoneros.

Según Lorenzo “Chiche” Gatica, García Elorrio fue decisivo en “el reclutamiento de Maza, Vélez y Fierro”. Gatica, uno de los jefes del Integralismo, era “muy amigo de Maza. Tuve muchos diálogos con él cuando advertí que había una duda en él sobre cómo darle continuidad a su militancia, ya próximo a culminar la carrera de Medicina. Yo casi estaba terminando abogacía también. Noté que sus compañeros iban a hacer un tránsito desde el socialcristianismo, que era un grupo consolidado en la Facultad de Medicina, hacia el peronismo, pero que él veía eso con dudas. Indudablemente, ya estaban operando sobre él los que finalmente lo reclutaron”.

Gatica afirma que García Elorrio y Alicia Eguren, la esposa de Cooke, también se acercaron a él: “Tuvimos unos buenos diálogos, pero, ¿por qué? Porque veían en mí una suerte de liderazgo sobre un conjunto de universitarios y la posibilidad de que influenciara sobre algunos ‘cuadros’ para incorporarlos al proceso de integración en Montoneros. El proceso clásico, ¿no?: de Buenos Aires iban a Cuba, vía algún país de Europa, para entrenarse. En concreto, Alicia Eguren nos preguntó si estábamos dispuestos a incorporarnos a la lucha armada; yo le dije que no”.

Vélez cuenta que también el abogado Gustavo Roca los vinculó a Cuba: “A través de él tuvimos acceso a información y vivencias de la impronta maravillosa de la Revolución Cubana”.

Para Maza y sus compañeros, Cuba era la prueba viviente de que la revolución era posible, y la teoría del foco del Che era la llave para entrar al paraíso, para lograr la liberación nacional y llegar al socialismo.

Cristianismo y Revolución vinculó a esos dos íconos guerrilleros: Camilo y el Che, e hilvanó como lema una frase de cada uno de ellos: “El deber de todo cristiano es ser revolucionario”, del cura colombiano, y “El deber de todo revolucionario es hacer la revolución”, del médico argentino.

A mediados de 1967, García Elorrio, Maza, Abal Medina, Arrostito y Roberto Quieto integraron la delegación argentina que, presidida por Cooke, participó en La Habana de un encuentro de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), una criatura del gobierno cubano para expandir la revolución y apalancar a las guerrillas en el continente.

Unos meses después, Maza, Abal Medina y Arrostito, entre otros, volvieron a Cuba, pero para entrenarse militarmente, coordinados por García Elorrio y Cooke. Ahí fue cuando Abal Medina y Maza rompieron con García Elorrio: “Le criticaban —explica Morello— que se creyera el líder del grupo ‘por derecho divino’ y que no avanzara concretamente en la creación de un grupo guerrillero”.

También los curas rebeldes se radicalizaron; fue en Córdoba donde nació el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), en los primeros días de marzo de 1968, con veintiún integrantes que representaban a trece diócesis. Los había inspirado un documento del año anterior firmado por dieciocho obispos del Tercer Mundo que expresaban el deseo de profundizar su compromiso con “los pueblos pobres y los pobres de los pueblos”; criticaba a sus opresores, “el feudalismo, el capitalismo y el imperialismo”, y se “regocijaba al ver aparecer en la humanidad otro sistema social menos alejado de la moral de los profetas y del Evangelio”, en alusión al socialismo. Ningún obispo argentino firmó ese manifiesto, pero sí el brasileño Helder Cámara, cuyo deseo de “ser voz de los que no tienen voz” resumió el ideario religioso y político de los “tercermundistas”.

El crecimiento del MSTM fue vertiginoso, influido también por la conferencia de los obispos de la región realizada en Medellín, entre el 26 de agosto y el 7 de septiembre de 1968, cuando la Iglesia latinoamericana asumió “la opción preferencial por los pobres”. En el segundo encuentro nacional, realizado también en Córdoba, en Colonia Caroya, los tercermundistas sumaban cerca de cien curas, de veintiséis diócesis, que llegaron a un par de “coincidencias básicas:

Firme adhesión al proceso revolucionario (tanto en el Tercer Mundo como en la Argentina), de cambio radical y urgente de sus estructuras.

Formal rechazo del sistema capitalista vigente y de todo tipo de imperialismo económico, político y cultural para marchar en búsqueda de un socialismo latinoamericano que promueva el advenimiento del Hombre Nuevo”.

Luego irían perfeccionando estos acuerdos. Por ejemplo, en 1972 afirmaron que, en el plano político, “se impone suplantar la mentira de la ‘democracia liberal’ por un proyecto de democracia verídica, que haga efectiva la participación de todos, tanto en el acceso como en el ejercicio y el control permanente del poder”.

Por entonces, el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez ya había publicado un libro destinado a ejercer una fuerte influencia en el MSTM y en el clero progresista de la región: Teología de la Liberación.

En su momento de mayor esplendor, los tercermundistas sumaron “más de quinientos sacerdotes, esto es, aproximadamente, el diez por ciento del clero argentino en aquel momento, lo que cuantitativamente habla de la importancia que llegaron a tener como movimiento eclesial”, según el periodista y escritor Gabriel Seisdedos.

En su gran mayoría eran curas jóvenes, de entre 30 y 35 años, de clase media para arriba; su figura mediática fue el porteño Carlos Mugica, hijo de una familia noble, con pinta de galán y un intenso trabajo pastoral y social en la villa miseria de Retiro.

El núcleo cordobés fue siempre muy fuerte, más afín al marxismo que al peronismo, y cinco de los seis encuentros nacionales se realizaron en esa provincia.

Pero, influidos por los porteños y los bonaerenses (Mugica, entre ellos), los curas tercermundistas fueron afirmando su compromiso con el peronismo. Aunque ese vuelco los fue desgajando, ya que algunos no confiaban en las virtualidades revolucionarias de Perón y no estaban de acuerdo en que “la opción por el socialismo” se transformara en “la opción por el peronismo”. Otros dos temas terminarían por apagar al MSTM apenas el país volvió a la democracia, en 1973: la lucha armada y el celibato sacerdotal.

“Sectores del movimiento tercermundista —explica Seisdedos— apoyaron a la guerrilla; una minoría de ellos llegó a integrarla y otros, a justificarla. Esto no debería sorprender si hacemos un poco de memoria: a lo largo de su historia, importantes miembros de la Iglesia, cuando no la institución misma, manipularon de la forma más conveniente las exégesis evangélicas para justificar la violencia.”

Para los montoneros fue muy importante el respaldo de varios sacerdotes tercermundistas que, según recuerda Seisdedos, los consideraron un “ejército popular, el ejército del pueblo necesario para el regreso del peronismo y con él, el triunfo de la justicia social”. ¿Por qué? Porque nada menos que un sector de la Iglesia, influyente y con mucha visibilidad, les daba legitimidad.

Seisdedos destaca “el origen católico de la mayoría de los miembros de Montoneros”.

Claro que otros sectores de la Iglesia recelaban de los tercermundistas; de la prédica por el socialismo, la apertura al marxismo y la simpatía por el peronismo y la lucha armada. En primer lugar, la mayoría del Episcopado, donde no más de media docena de obispos respaldaba al MSTM.

“La Iglesia —cuenta Seisdedos— era una casa de muchas moradas, tantas como para albergar a sacerdotes obreros, curas villeros, tercermundistas, defensores preconciliares, posconciliares, religiosos azorados ante el vértigo de los cambios; hombres y mujeres decididos, confusos, vacilantes, valerosos, comprometidos, neutrales.”

Cuando Perón retornó al país y al gobierno, las divisiones dentro de los tercermundistas se profundizaron y terminaron por liquidar al MSTM: la mayoría, encabezada por Mugica, criticó la negativa de Montoneros a abandonar las armas. Jorge Galli, un cura que venía de la clase obrera, acuñó una frase que quedaría en la memoria, “soberbia armada”, cuando les hizo un llamado tan desesperado como inútil: “Muchachos, se están olvidando de que acá el único que conduce es Perón. Le están queriendo pelear la hegemonía del Movimiento, están tratando de imponerle condiciones. A Perón, muchachos, a Perón. Nos estamos apartando cada vez más del pueblo. No se puede creer que porque tengamos un aparato militar más o menos importante podamos imponerle condiciones al pueblo. Compañeros: estamos cayendo en la soberbia armada”.

Entre los curas que participaron en la guerrilla se destaca el padre Jorge Adur, ex superior de la congregación asuncionista, que ya en la dictadura, en 1976, pudo salir del país por una gestión del nuncio Pío Laghi ante el jefe de la Armada, el almirante Emilio Massera. El propio Laghi lo llevó en auto hasta el avión en el que se embarcó. En el exilio, Adur asumió “la capellanía del Ejército Montonero respondiendo al pedido de su Comandancia”, según explicó por carta en 1978.

De acuerdo con las denuncias de sus familiares, Adur fue secuestrado el 26 de junio de 1980 en el puente entre las localidades de Paso de los Libres y Uruguayana, cuando viajaba a Porto Alegre en el asiento número once de un ómnibus de la empresa General Urquiza. Había participado de la contraofensiva lanzada desde el exilio por Montoneros contra la dictadura, que terminó en una dura derrota.

Desde esa fecha, Adur permanece desaparecido. Nacido en Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos, era el noveno de doce hermanos, que lo recuerdan como una persona siempre preocupada por los demás y un hombre de múltiples inquietudes: “Era un gran músico, pintor, dibujante, poeta y profesor de latín”, sostienen.

Adur siguió el camino trazado por el Che Guevara y por el Cristo de los teólogos de la liberación; ambos se parecen mucho.

Por un lado, la Teología de la Liberación invita a los buenos cristianos a un compromiso integral con los oprimidos contra los opresores; una lucha difícil, dolorosa, regada de sangre y de muerte, como explica el teólogo brasileño Leonardo Boff: “La liberación no se realiza sin una ruptura que engendra crisis y conflictos. Esto no se presenta sin sufrimiento, sin dolor, sin muerte y sin derrumbamientos de un mundo opresor para que nazca otro más libre. La liberación, como se comprueba históricamente, nace de la sangre. Toda redención, como la de Cristo, se asienta en una alianza de sangre y de muerte”. El modelo de Boff es el propio Cristo, cuya muerte “fue digna porque murió por muchos por los que nadie muere”.

Esa tarea desembocaría inevitablemente en la aparición de un “hombre nuevo”, como el Che iluminaba desde otro ángulo. En su último texto antes de caer fusilado, el 9 de octubre de 1967 en Bolivia, titulado “Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental”, también él sostuvo que el compromiso del buen revolucionario era integral: “No se trata de desear éxitos al agredido, sino de correr su misma suerte; acompañarlo a la muerte o a la victoria”.

Anticipaba “una lucha larga, cruenta”, a la cual “nos empujan”; “hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve: a su casa, a sus lugares de diversión; hacerla total”. Para lograr el triunfo, insistía en una pedagogía del “odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así; un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal”.

Era un Che fuerte, claro, celestial: “Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género humano: los Estados Unidos de Norteamérica. En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ése, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo, y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas, y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteos de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria”.

El mesianismo católico, por un lado, y la utopía guevarista, por el otro, convirtieron la vida del buen cristiano y del buen revolucionario en algo relativo. La vida del otro también dejaba de tener un valor absoluto; pasaba a formar parte de un cálculo político y podía ser sacrificada si así lo exigían los ideales superiores de la liberación y la revolución. Sólo de esa forma, con semejante cobertura ideológica y espiritual, tantos jóvenes pudieron salir a matar y a morir.

Capítulo 14
MOLOTOV SOCIAL

El Cordobazo fue un gran desorden organizado y conducido por los tres sindicatos más fuertes de la CGT Regional Córdoba: el Smata, la UTA y Luz y Fuerza, en ese orden de importancia.

Lucio Garzón Maceda, abogado laboralista, que participó en la preparación de esa rebelión popular.

—Negro, venimos a saludarte por tu cumpleaños.

Mario Firmenich a Atilio López, ex vicegobernador y ex titular de la UTA el 9 de septiembre de 1974, una semana antes de que el sindicalista fuera asesinado por la Triple A.

—Y, ¿qué va a pasar el jueves? —quiso saber el dueño de la parrilla, Sergio Villarruel, más en su vocación de periodista que en su forzado rol de empresario gastronómico.

—Va a haber un gran despelote —le contestó Atilio López.

—¿En serio?

—Pará que te explicamos.

El Negro López era uno de los tres líderes del sindicalismo de Córdoba en su doble papel de secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de la Confederación General del Trabajo (CGT). Había ido a comer con su abogado, Lucio Garzón Maceda, y otros gremialistas aquel mediodía del martes 27 de mayo de 1969 a El Manantial, la parrilla que Villarruel había abierto cuando lo echaron de Canal 10, hacía casi tres años, luego del golpe del general Juan Carlos Onganía.

Uno de los comensales tomó una birome y comenzó a dibujar en el mantel de papel blanco el mapa de la protesta contra la dictadura que estaban organizando junto con el Smata, el sindicato de los mecánicos, y Luz y Fuerza; en los últimos días habían invitado a la Unión Obrera Metalúrgica y a algunos gremios industriales. Y también a grupos de estudiantes universitarios para que provocaran tumultos que distrajeran a la Policía.

—La columna central, la más importante, va a ser la del Smata y va a venir del sur hacia el centro —dijo Garzón Maceda.

Era la infantería de la rebelión popular que pasaría a la historia como el Cordobazo; los sindicatos pensaban tomar el centro de la ciudad de Córdoba con esa columna, nutrida con los cinco mil disciplinados y decididos trabajadores de la planta de Santa Isabel, de IKA/Renault, y de otras fábricas, liderados por el secretario general del Smata, Elpidio Torres.

López, por su parte, garantizaba la adhesión del transporte y el uso de los colectivos para llevar trabajadores al centro; con algunos ómnibus cerrarían calles y puentes para entorpecer la represión y favorecer la lucha callejera contra la Policía.

En tanto, El Gringo Agustín Tosco se comprometía a “bajar la palanca”, a dejar sin luz a la ciudad, y a marchar al frente de Luz y Fuerza y de otros gremios “independientes” desde el norte, siempre hacia el centro. Era muy querido por los estudiantes y con ellos había organizado barricadas, pedradas y otras “tareas diversionistas” contra la Policía.

Desde el este llegarían los trabajadores de los otros gremios industriales, como la UOM del peronista ortodoxo Alejo Simó.

Villarruel contemplaba azorado cómo el mantel se iba llenando de rayas, cruces, círculos y palabras.

—Bueno, bueno, atiéndanme, si eso es lo que está preparado, realmente va a ser un despelote grande.

—Pará, que hay más —lo atajó uno de los comensales.

Y le contó que desde hacía varios días, tanto en la sede como en el camping del Smata, decenas de delegados sindicales y militantes estudiantiles estaban siendo instruidos en el armado de bombas molotov “para defendernos de la Policía”.

—Hasta Elpidio y “El Gringo” han tomado clases; las paredes han quedado negras por las prácticas —comentó Garzón Maceda.

Los comensales agregaron que delegados del Smata de la planta de Santa Isabel habían fabricado grandes hondas de hierro para lanzar bulones extraídos de rulemanes, sobre todo contra los policías a caballo, que eran los que más miedo metían.

También le marcaron los puntos de la ciudad donde habría miniconcentraciones y peleas con la Policía.

—Si ustedes hacen eso, yo me comprometo a invitarlos a comer a todos —soltó Villarruel; se frotaba las manos imaginando la nota que podría hacer para Canal 13 de Buenos Aires, que acababa de contratarlo como corresponsal en Córdoba.

La cobertura de Villarruel fue extraordinaria, el micrófono en la mano y la espalda contra la pared para cubrirse de balazos, bulones y gases lacrimógenos. Tanto que de inmediato fue llamado a Buenos Aires, donde se convirtió de la noche a la mañana en la cara más visible del noticiero del Canal 13; un rostro serio, concentrado, confiable; el autor de entrevistas a Juan Domingo Perón, Fidel Castro, Salvador Allende, James Carter y Felipe González, entre muchos otros.

“De Buenos Aires no vino nadie. Y los canales cordobeses tampoco cubrieron la información porque sus periodistas también estaban haciendo el paro”, recordó Villarruel poco antes de morir, en 1997.

“Lamentablemente para nosotros, Sergio se fue para arriba y nunca pagó esa comida”, bromea Garzón Maceda. El Cordobazo comenzó el 29 de mayo de 1969 a las 10 de la mañana como un paro activo por treinta y seis horas; los trabajadores salieron de las fábricas y los negocios y marcharon encolumnados hacia el centro de la ciudad, listos para el combate callejero. Torres, López y Tosco habían planeado esa lucha en detalle, pero no esperaban que ya a las 14,30, la Policía se refugiara en la Jefatura y en la Guardia de Infantería por falta de gases y abundancia de miedo.

Durante varias horas Córdoba estuvo en manos de unos diez mil manifestantes, hasta que el Ejército pudo controlar la situación, casi veinticuatro horas después del comienzo de la protesta. Ardieron barricadas en las esquinas, decenas de automóviles fueron incendiados y la ciudad pasó la noche a oscuras; fue allí cuando aparecieron misteriosos francotiradores que mantuvieron a raya a los militares.

En total, hubo cuatro civiles muertos: un obrero baleado por la policía (Máximo Mena, trabajaba en IKA), un anciano que murió de un infarto, un turista víctima también de la Policía y un estudiante cuando hostigaba al Ejército por la noche como francotirador, según las cuentas del periodista Carlos Sacchetto, que cubrió ese hecho. Ciento setenta personas fueron heridas, más de trescientas resultaron detenidas y los daños materiales fueron inmensos, aunque las autoridades no los calcularon o no informaron sobre ellos.

En síntesis, el Cordobazo tuvo tres etapas: comenzó como protesta obrera, se transformó en rebelión popular y terminó como insurrección urbana.

Durante todos estos años, brotaron mitos y fantasías alrededor del Cordobazo. Uno de ellos fue que los trabajadores estaban armados. No parece haber sido así, los francotiradores nocturnos no pertenecían a sus filas. Pero sus hondazos con bulones de acero resultaron muy efectivos contra la Montada: cada policía con su caballo formaba un blanco perfecto para esos proyectiles, que además provocaban la caída de los animales si eran pisoteados.

Garzón Maceda desmiente una de las creencias más difundidas sobre el Cordobazo: que resultó una expresión espontánea de los sectores populares, que no fue organizado por nadie. “Es un gravísimo error, a veces por desinformación, otras veces, intencionalmente. Lo único inesperado fue la derrota completa de la Policía. No se tenía la certeza, obviamente, de que se podría derrotar a la Policía de manera tan determinante”, afirma.

En su opinión, esa creencia fue la excusa que encontraron algunos grupos estudiantiles de izquierda para justificar luego su ausencia en aquellas jornadas de insurrección popular, de rebelión contra el orden establecido. “En las asambleas universitarias del martes anterior —sostiene— esos grupos habían planteado la no adhesión al paro ‘para no hacerle el caldo gordo a la burocracia sindical’. Luego, para cubrirse del error político, argumentaron que ‘el espontaneísmo de las masas había superado a los burócratas’.”

Otro mito es el protagonismo de los universitarios a la par de los obreros, tanto que muchas veces se la califica como una rebelión obrero-estudiantil. Garzón Maceda estuvo en la cocina del Cordobazo y explica que “fue un gran desorden organizado y conducido por el bloque hegemónico de la CGT Regional Córdoba, por los tres sindicatos más fuertes”.

“La ciudad —explica— fue dejada en manos de una multitud de miles de trabajadores. Es entonces cuando los estudiantes empiezan masivamente a participar y es cuando comienza una exteriorización que va a mezclar indignación con creatividad popular, diría que hasta con alegría.”

Garzón Maceda recuerda dos anécdotas risueñas: “Unas monjitas en Plaza Colón se adhirieron al festejo comiendo masas previamente ‘retiradas’ de la Confitería Oriental, y los deudores de prendas de automotores de la agencia Citroen festejaban que sus títulos fueran rotos en plena avenida Colón por un grupo de estudiantes que anunciaba ruidosa y jubilosamente el nombre y apellido de cada uno de los beneficiados”.

Garzón Maceda es un socialista independiente, abogado histórico de los sindicatos peronistas en Córdoba y a nivel nacional. Otra creencia que desmiente es la participación decisiva de los sindicatos de empresa Sitrac y Sitra m, que agrupaban a los trabajadores de las dos grandes fábricas de Fiat: Concord y Materfer. No fue así porque en aquel momento tenían conducciones favorables a la patronal.

Aunque en un rol subordinado, los estudiantes se destacaron en el armado de barricadas en las calles y en el lanzamiento de bombas molotov contra edificios y automóviles, y sumaron una táctica nacida de la inventiva criolla: enloquecieron a los perros de la Policía soltando gatos que habían embolsado la noche anterior.

Los estudiantes aportaron lo suyo y lo disfrutaron mucho. “Vivimos una sensación de libertad plena; se rompieron las barreras culturales, todos hablaban en la calle como si fueran hermanos”, recuerda Cecilio Salguero, que había llegado de Río Negro a estudiar ciencia política en la Universidad Católica de Córdoba (UCA).

Con un grupo de amigos, Salguero había formado la Asociación de Estudios Sociales; comenzó como un centro de estudios pero pronto derivó en un fuerte activismo contra los jesuitas que estaban a cargo de la UCA y los profesores alineados con el gobierno militar, como Carlos Caballero, el interventor de Córdoba. “Era profesor mío; daba Economía Política”, dice. Para el Cordobazo, hacía tiempo que Salguero y sus compañeros se habían relacionado con Tosco, López y otros sindicalistas, con “un odio feroz contra la dictadura” derivado del asesinato del estudiante y obrero Santiago Pampillón.

Carlos Orzaocoa estuvo al lado de Tosco durante el Cordobazo: “Es algo que no me lo olvido más. Él me reconocía como un activista estudiantil, principalmente”, señala. Nacido en La Pampa, se había mudado para estudiar abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. “Había ya —cuenta— un movimiento obrero con una trayectoria de mucha politización y un movimiento estudiantil que también estaba muy politizado y muy deseoso de confluir con otros sectores, especialmente con la clase trabajadora, en otra perspectiva de país. En la dictadura de Onganía empezamos a contactarnos con sectores del movimiento obrero y conocí a Tosco. Él ya era un dirigente destacado; comenzamos a reunirnos en el local de Luz y Fuerza, que por su decisión estaba abierto para todos los estudiantes.”

El Cordobazo impactó en los jóvenes que se habían politizado intensamente en los últimos años; los convenció de que estaban dadas las condiciones para la revolución socialista, y de que incluso podían acelerarla a través de la lucha armada, generando una vanguardia que ayudara o permitiera a la clase obrera derrotar a los aliados locales del imperialismo.

En tanto, los grupos que ya se habían decidido por la guerrilla tomaron al Cordobazo como una confirmación de que no tenían nada más que esperar. La rebelión popular saldó una discusión clave: en nuestro país, no era el campo, como indicaban el Che Guevara y los cubanos, sino la ciudad, el terreno más fértil para ese profundo cambio de estructuras.

Al año siguiente aparecieron los dos grupos guerrilleros más poderosos: Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo; Salguero fue uno de los fundadores de la guerrilla peronista en Córdoba; Orzaocoa, en cambio, prefirió el ERP, que surgió en el V Congreso del Partido Revolucionario del Pueblo como su brazo armado.

El encuentro del PRT se realizó en las islas Lechiguanas, en el delta del Paraná, y fue encabezado por Mario Santucho, que acababa de fugarse de la cárcel, en Tucumán. El 30 de julio de 1970, medio centenar de delegados, cuyo promedio de edad era de 25 años, eligieron como símbolo la bandera del Ejército de los Andes con una estrella colorada de cinco puntas en el centro, una imagen que enlazaba la lucha por la independencia nacional con la pelea por la revolución socialista. El programa del ERP lo presentaba como el instrumento del “proceso de guerra revolucionaria que ha comenzado a vivir nuestro pueblo” a partir del Cordobazo; una guerra popular, socialista y prolongada. “El general San Martín y el comandante Che Guevara son nuestros máximos ejemplos”, señalaba el documento.

Para el PRT-ERP, Córdoba fue siempre un escenario relevante. Según Orzaocoa, era “la capital de la Patria Socialista y el centro ideológico y político. Desde el Cordobazo, desde la unidad obrero-estudiantil, esta ciudad jugó un papel central, gravitante; tanto que el buró político nacional funcionó dos veces en Córdoba, primero durante algunos meses en los años 1971 y 1972, y luego cuando Santucho, Domingo Menna y Enrique Gorriarán Merlo regresaron de Cuba tras la fuga del penal de Rawson, a fines de 1972”.

Luis Mattini destaca “una serie de dirigentes sindicales cordobeses muy interesantes: Tosco, López, Elpidio Torres y luego René Salamanca. Córdoba era el centro de la política más dinámica, de una política no tradicional, y el lugar de encuentro de una clase obrera moderna y combativa con un estudiantado muy movilizado”.

De todos modos, Mattini destaca que, si bien en el PRT-ERP optaron por la lucha urbana, “también teníamos como concepto que no se podía ganar una guerra popular en las ciudades porque las ciudades eran territorios del enemigo. Debíamos tener una presencia militar en todas las ciudades, pero para obligar al Ejército a llevar la lucha al campo, que era un territorio más favorable para nosotros y donde pensábamos dar las batallas definitivas”.

El Cordobazo también influyó en la presentación pública de Montoneros, que ocurrió justo en su primer aniversario, el 29 de mayo de 1970, con el secuestro del general Pedro Eugenio Aramburu.

Uno de sus integrantes cordobeses, Elvio Alberione, afirma que “lo determinante en el surgimiento de Montoneros como tal es el Cordobazo, que demuestra que lo válido es la lucha urbana. Hasta ahí se pensaba más bien en el foco rural, a imagen de lo que había pasado en Cuba. Nosotros teníamos la teoría insurreccional, en la cual la clase obrera era el sujeto más importante de la revolución. Pensábamos que acá, en la Argentina, no había un campesinado como en Cuba y en otros países, y que por lo tanto la lucha debía ser urbana, bajo la forma de una insurrección de masas. Había ya dos experiencias en ese sentido: la Guerra Civil en España, con un teórico como Abraham Guillén, y la experiencia tupamara, en Uruguay, que venía siendo exitosa y que inspira el copamiento de La Calera. El Cordobazo muestra la viabilidad de una insurrección de la clase obrera junto con el estudiantado y vuelca la discusión a favor de la lucha urbana”.

La revuelta cordobesa también se sintió en otros grupos, como Vanguardia Comunista, una escisión del socialismo, cuyos máximos referentes, Roberto Cristina y Elías Semán, pensaban que la revolución se daría como en China, del campo a la ciudad, de los eslabones débiles a los eslabones fuertes del capitalismo. Ernesto Spedoni, un cordobés que estudiaba abogacía en la universidad pública, señala que “éramos maoístas; Cristina y Semán se instalan en Tucumán porque eso indicaba Mao. Semán contaba con cierta dosis de humor que tanto él como su esposa, que eran marcadamente porteños, habían caído entre los cañeros como bichos de otro planeta”.

“Con el tiempo —agrega Spedoni—, reflexionan sobre esas posiciones y además viene el Cordobazo, y se dan cuenta de que acá, en Argentina, donde la mayoría de la población es urbana, y donde además la clase obrera industrial está protagonizando hechos épicos, ir al norte a hacer la revolución es un poco descolgado. Cambian la estrategia y se trasladan a Córdoba. No todas, pero una gran parte de las fuerzas de izquierda llegan a la misma conclusión: si acá hay una revolución, la punta de lanza va a ser la clase obrera industrial. Y en aquel momento la clase que parecía más combativa era la del interior, porque en Buenos Aires no pasaba nada. Mitad en broma, mitad en serio, en una revista salió que Argentina estaba viviendo una etapa convulsionada: al interior le tocaba la parte ‘convulsio’, y a Buenos Aires, ‘nada’.”

Cuando se produjo el Cordobazo hacía una decena de años que los dos sindicatos más fuertes y decisivos en las protestas sociales eran la UTA y el Smata, que jugaban juntos y le daban a la CGT Regional Córdoba una contundencia única en sus manifestaciones callejeras.

En la filial local de la central obrera participaban activamente otros sindicatos del sector de Atilio López y algunos pocos gremios ortodoxos, alineados con la CGT a nivel nacional.

Luz y Fuerza era la tercera pata de ese trípode cordobés tan original; lideraba a sindicatos que no eran peronistas sino de izquierda, y constituía el nexo con otros grupos como los curas tercermundistas y los centros universitarios.

Según Garzón Maceda, “los actores decisivos del Cordobazo fueron el Smata, la UTA y Luz y Fuerza, en ese orden de importancia. El objetivo fue romper la llamada Paz de Onganía en favor de la vuelta a la democracia, sin la proscripción del peronismo, y de la introducción de cambios en el modelo económico. La idea era desgastar al gobierno”.

Los sindicatos hicieron como si fuera un simple paro con movilización hacia el centro de la ciudad para asistir a un acto, pero habían previsto la represión de la Policía y se habían preparado con bronca y esmero para el combate callejero.

López y Torres comenzaron a pensar en esa audaz jugada luego de un paro de los colectiveros, el 5 de mayo de aquel año, que fue tan sorpresivo como masivo. La bronca se hizo más intensa el 14 de mayo, cuando los trabajadores del Smata reaccionaron frente a la brutal represión de una asamblea en el estadio de box Córdoba Sport Club con la rotura de vidrieras en el centro de la capital y el intento de quemar un ómnibus policial. “Ellos dos se plantean la necesidad de darle un escarmiento al gobierno, proyecto del que participan más tarde a Tosco”, dice Garzón Maceda.

“Influyó también el éxito del paro de veinticuatro horas dispuesto para el 17 de mayo por la UOM y el Smata en protesta por el intento de eliminar el sábado inglés, al que adhirió la UTA transformándolo, en la práctica, en un paro total”, agrega el abogado laboralista.

Pero tamaño desafío al orden establecido no pudo haber sido el resultado de un acuerdo gestado casi de la noche a la mañana, en menos de un mes.

La CGT Regional Córdoba venía recorriendo un largo camino como una central obrera rebelde, pluralista y autónoma desde 1957, cuando pudo elegir a sus autoridades. Fue la primera seccional de la CGT que se “normalizó” luego de la intervención derivada del golpe de 1955 contra el gobierno de Perón.

Era tan autónoma que, por ejemplo, el Cordobazo no fue ni siquiera consultado con las autoridades de la CGT a nivel nacional. Tampoco con ningún partido político, dentro o fuera de la provincia. “La CGT Regional Córdoba es una marca registrada, propia, original”, afirma Garzón Maceda.

La renovación de la cúpula sindical en Córdoba fue posible, paradojalmente, gracias a la dictadura de la llamada Revolución Libertadora, que proscribió a todos los dirigentes que habían sido secretarios generales hasta 1955. En la mayoría de los casos, esos “tiburones” colocaron a jóvenes delegados seguros de que iban a poder controlarlos, un cálculo que se demostró errado.

López fue elegido al frente de su sindicato en 1956 y al año siguiente se convirtió en el secretario general de la nueva CGT. Tenía 28 años y venía de un hogar radical, tanto que sus padres le habían puesto Hipólito de primer nombre; los peronistas no lo contaban como uno de los más confiables desde el punto de visto ideológico o doctrinario. Pero fue elegido porque era la punta de lanza más relevante contra la dictadura, dado que estaba enfrentando al intendente de la capital cordobesa, el ingeniero Emilio Olmos, en su plan de privatizar el transporte de pasajeros.

Curiosamente, López fue nominado para ese cargo por Mauricio Labat, “El Sapo”, el jefe de los taxistas, un exponente de los gremios del peronismo ortodoxo, como la UOM, los telefónicos, los molineros y los madereros. Labat también propuso la incorporación a la CGT de los gremios “independientes”, cuyos dirigentes no adherían al peronismo.

En aquel momento quedaron cristalizadas las dos corrientes del gremialismo peronista en Córdoba:

Los “legalistas”, en alusión a los sindicalistas que podían presentarse como candidatos a conducir un gremio; los que estaban “legalizados”. Con “El Negro” Atilio López como un líder novedoso, renovador, que no respetaba demasiado los rituales peronistas sino que apuntaba a la eficacia en la defensa de los intereses de los trabajadores.

Los “auténticos”, los ortodoxos, en referencia a los gremialistas que habían sido proscriptos por la dictadura.

Desde su llegada a la UTA, en 1956, López fue beneficiado por la cobertura de un diario, Orientación, afín a Arturo Frondizi, que luego sería presidente gracias a un acuerdo con Juan Perón. Era un medio donde el peronismo podía expresarse libremente, en un momento en que no tenía acceso a la prensa por presiones de la dictadura de Aramburu.

Antonio Seguí, uno los principales artistas plásticos de la Argentina, que vive en París pero cada tanto viene a Buenos Aires y a Córdoba, trabajó en aquel diario hasta 1958. “Lo dirigía —recuerda— Antonio Sobral, un pedagogo y político de Villa María. Era un diario muy receptivo a las quejas de los sindicalistas, que caían seguido por la Redacción. Sindicalistas muy originales, independientes, los traté muchísimo; fue una experiencia muy linda para mí. López tuvo un rol importante, autónomo de la CGT a nivel nacional; el pobre no pudo dar todo lo que tenía porque lo mataron tempranamente.”

Por su lado, Torres, que era obrero en IKA, ganó las elecciones en su gremio en 1958 de la mano de los ortodoxos, pero rápidamente se volcó hacia los “legalistas”, sector que condujo junto a López hasta 1970.

Los “independientes” fueron la tercera pata de la nueva CGT cordobesa; venían de distintas vertientes: el anarquismo, el radicalismo, el socialismo, el comunismo e incluso los demócratas (un partido provincial, más liberal que conservador). Garzón Maceda integraba este sector, ya que en 1957 fue elegido secretario de Prensa de la central obrera provincial.

Tosco fue el líder de los “independientes” y una de las figuras más trascendentes del sindicalismo, no sólo en Córdoba. “En 1957 —recuerda Garzón Maceda— venía del peronismo sindical ‘light; se estaba formando con lecturas marxistas y tenía fuertes vinculaciones con el sector del partido radical cercano al Partido Comunista y con algunos dirigentes del PC.”

La CGT mostró rápidamente para qué había llegado: dos meses después de elegir a sus autoridades, el 17 de julio de 1957, realizó una huelga que sorprendió por su contundencia. De allí en más, las protestas fueron novedosas y eficaces; por ejemplo, las ocupaciones de fábricas con tomas de rehenes por parte del Smata o los paros de la UTA con bloqueos en todos los puentes de acceso al centro de la ciudad.

El segundo hecho importante, de alcance nacional, fue el congreso de las delegaciones regionales de la CGT que ya estaban normalizadas, realizado en La Falda, donde se aprobó el “Programa Nacional de los Trabajadores”: nacionalización del comercio exterior y de los servicios públicos, liquidación de los monopolios extranjeros, impulso a la industrialización, pago de altos salarios, control obrero de la producción y una serie de reformas sociales y políticas para garantizar la justicia social y la soberanía política. Cinco años después, el programa de Huerta Grande de las 62 Organizaciones Peronistas reforzó el contenido de izquierda de aquel plan al agregar la nacionalización del sistema bancario, el petróleo, la electricidad, la siderurgia y los frigoríficos; “la expropiación sin compensación de la oligarquía terrateniente” y la planificación integral de la economía.

El auge del sindicalismo cordobés fue protagonizado por una clase obrera joven e integrada, empleada en las industrias más modernas, que ganaba los mejores salarios del país en una provincia donde no había desocupación. Un producto del boom industrial conducido por la industria automotriz a partir de los cincuenta, con la creación de las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) y la radicación de la Fiat en Ferreyra en 1954, y de Industrias Kaiser Argentina (IKA) en Santa Isabel al año siguiente. La Córdoba industrial comenzó a proveer al país de tractores, el Jeep IKA, el Rastrojero y la moto Puma, mientras brotaban fábricas y talleres de repuestos y autopartes. En 1959, IKA se fusionó con Renault. En la década del sesenta el desarrollo de la industria automotriz adquirió más fuerza, con vehículos emblemáticos como el Fiat 600, la Estanciera, el Rambler, el Kaiser Carabela, el Renault Gordini, el Renault 4L y el Torino.

El motor del progreso eran las automotrices, beneficiadas por una serie de incentivos fiscales: en 1962 se fabricaban en Córdoba 43.730 de los 78.667 automóviles producidos en todo el país. El boom extendió la ciudad hacia el sur, en dirección a las fábricas de IKA-Renault y Fiat. Y en 1966 el producto bruto industrial de la provincia superó por primera vez al agropecuario. Los cambios incluyeron a los medios de comunicación: en abril de 1960 debutó Canal 12, el primer canal de TV del interior; dos años después se sumó Canal 10, de la Universidad Nacional de Córdoba.

La semilla de este esplendor industrial fue la Fábrica Militar de Aviones, que se instaló en Córdoba en 1927, cuando languidecía el modelo agroexportador. Según el historiador, escritor, economista y político Esteban Dómina, representó el puntapié inicial a un proceso de desarrollo industrial que cambió para siempre a la sociedad cordobesa: “Fue el primer semillero de técnicos y operarios especializados y convocó a contingentes de trabajadores provenientes del interior cordobés y de otras provincias”. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la industria aeronáutica dio un gran salto con los aviones Pulqui I y II: eran los tiempos en que la Argentina integraba el reducido lote de países que contaban con esa tecnología de avanzada. Además, Córdoba se benefició del plan industrial del Ejército con las fábricas de Villa María, San Francisco y Río Tercero.

Garzón Maceda considera lógico que las luchas sindicales de los cincuenta y sesenta hubieran sido protagonizadas por los obreros con salarios más altos y de los sectores industriales más modernos: “El trabajador mejor pago es el que más pelea y lo hace mejor. El trabajador sumergido no está en condiciones de pelear porque apenas puede vivir”.

Todas esas características, sumadas a la tradicional rebeldía y autonomía de los cordobeses, eran los elementos de un cóctel o una bomba molotov, según evaluaban a mediados de los sesenta John W. Cooke y Alicia Eguren, íconos del peronismo revolucionario. Garzón Maceda está de acuerdo con esa imagen: “Una molotov se compone de ingredientes comunes, a la mano de cualquiera, individualmente inocuos, pero que reunidos y agitados por manos hábiles, con una mecha que es encendida, se transforman en un explosivo poderoso. Eso fue el Cordobazo, un estallido espectacular”.

En aquella jornada que pasó a la historia, el Ejército salió a reprimir recién al atardecer, a pesar de que la Policía había abandonado las calles a las 14,30. Esa demora favoreció la insurrección popular y perjudicó al presidente Onganía, cuyo modelo político y económico fue impugnado nada menos que en la segunda ciudad del país.

Muchos atribuyen el retardo del Ejército a una decisión del general Alejandro Agustín Lanusse, jefe de esa fuerza y adversario interno de Onganía.

Garzón Maceda recuerda que Lanusse ya explicó por qué tomó esa decisión: “Consideraba que el Ejército no podía entrar a reprimir cuando había miles de personas en la ciudad, porque hubiera sido una carnicería, y se vio obligado a dejar actuar para que la revuelta fuera perdiendo intensidad”.

Luis Manzanelli era sargento primero y había llegado aquel año al Destacamento de Inteligencia 141 del Tercer Cuerpo, luego del curso en la Escuela de Inteligencia, en Buenos Aires. “Córdoba —sostiene— se iba convirtiendo en una caldera con el movimiento obrero en permanente conflicto, activistas estudiantiles que respondían al perfil de quienes iban a integrar o ya integraban los grupos armados, los curas del Tercer Mundo; todo estaba en efervescencia. El día anterior al Cordobazo se confeccionó un parte en el Destacamento en el cual anticipamos que habría una movilización en la que se producirían graves hechos de violencia y dimos las pautas de por qué preveíamos tales acontecimientos. El parte fue elaborado con informantes que teníamos y se envió a las 20, y al otro día se fue cumpliendo todo lo que decíamos. Nosotros llegamos a esta conclusión: el Ejército no quiso actuar; dejó que todo entrara en una situación de desborde y descontrol, y recién intervino a partir de las 17.”

El Cordobazo hizo tambalear los pilares de la dictadura; el interventor, Caballero, tuvo que renunciar y con él naufragó el esquema corporativo basado en los municipios que Onganía había querido ensayar en Córdoba, como una suerte de laboratorio a nivel nacional, para reemplazar a los partidos políticos y condicionar a los sindicatos. Fue reemplazado en forma provisoria por el jefe de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, el general Jorge Carcagno, que con sus paracaidistas había reprimido la insurrección popular; estuvo sólo veintiún días al frente de la provincia con el propósito de garantizar que no se produjera una nueva revuelta, hasta que fue nombrado el comodoro Roberto Huerta.

La “mesa de tres patas” que puso a la dictadura contra las cuerdas, formada por Torres, López y Tosco, se astilló en menos de un año. Los líderes de la revuelta fueron detenidos y aislados en prisiones del sur del país; cuando salieron en libertad, reorganizaron la cúpula de la CGT pero no se pusieron de acuerdo: Torres asumió como secretario general con Miguel Correa, de los madereros, como número dos; un “legalista” o combativo y un “auténtico” u ortodoxo.

Todos los cargos del consejo directivo de la CGT fueron repartidos entre los peronistas de ambas corrientes. Los “independientes” de Tosco concurrieron al plenario, pero no quisieron integrar la cúpula gremial por una diferencia en el número de representantes. El quiebre de la alianza entre los peronistas combativos y los sindicatos de Tosco debilitó a la central obrera y también a Torres, que quedó prisionero de los ortodoxos.

Garzón Maceda, que también fue encarcelado luego del Cordobazo, evalúa que “ese aislamiento recíproco fue un error de ambos, de Torres y de Tosco, y el comienzo de la declinación del espíritu del Cordobazo. Torres advirtió el error tarde, cuando ya había sido elegido; Tosco, por su parte, se equivocó al priorizar un liderazgo nacional eventual. Se resintió la integración entre los ‘legalistas’ y los ‘independientes’, así como los sectores de clase media a ellos vinculados; ganaron los ortodoxos, el sector más conservador del sindicalismo cordobés”.

Sin embargo, para Garzón Maceda el más beneficiado fue el gobierno nacional, no tanto Onganía, que ya estaba en baja, sino el nuevo hombre fuerte del régimen, Lanusse. “En el Cordobazo —cuenta—, y hay que decirlo sin tapujos ni cálculos, Elpidio Torres fue el más importante, el más decidido, el que más arriesgaba. Tosco lo dijo muchas veces: ‘Sin Torres, sin el Smata, no hubiera habido Cordobazo’. El Ejército no podía permitir que un peronista, al frente del sindicato más poderoso del interior del país, siguiera comandando un proceso de rebelión. Tosco era molesto para el régimen, pero no era peligroso; Torres, en cambio, era el dirigente más peligroso para el sistema y había que debilitarlo.”

Más allá de los supuestos deseos de Lanusse, lo cierto es que Torres fue rápidamente despedazado por las presiones y críticas que recibía de la derecha y de la izquierda. “Torres —dice Garzón Maceda— quedó tan desmoralizado que en octubre de 1970 pidió licencia de la CGT y del Smata. No le preguntó a nadie, no dijo nada y se fue. Y corrieron los rumores más increíbles: que la Renault le había puesto una empresa en Chile, por ejemplo. Y la verdad fue que se retiró y se puso una perfumería en la zona del Clínicas.”

“Tengo —agrega— la convicción de que lo apretaron muy fuerte, de que lo amenazaron con matarlo. Debe haber sido un gran susto, porque era muy valiente.”

En todo caso, el motivo de la deserción de Torres, que murió el 7 de mayo de 2002, es un secreto que aún permanece muy bien guardado.

Torres es el más olvidado, el más “ninguneado” de los próceres sindicales del Cordobazo, tanto por la derecha como por la izquierda. Por un lado, esa rebelión popular no integra el calendario de la ortodoxia sindical peronista. Por el otro, la izquierda prefiere otros íconos, como Tosco o, en menor medida, Atilio Lopez. “La izquierda criolla —opina Garzón Maceda— no se caracteriza por su grandeza ni por su apego a la verdad histórica. Incluso trabajos históricos, en busca de un público de izquierda, lo siguen ignorando.”

El lugar de Torres en la CGT fue ocupado por Atilio López.

El 15 de marzo de 1971 se produjo en Córdoba otra protesta que también tuvo un alto impacto a nivel nacional: el Viborazo. El nuevo presidente era el general Roberto Levingston, quien nombró como interventor en la provincia a José Camilo Uriburu, el gobernador número ocho de esa dictadura. Uriburu, un conspicuo integrante de la elite cordobesa, había comenzado su carrera política en el Partido Demócrata y, como tantos otros colegas, se pasó luego al peronismo. Un conservador hecho y derecho, convencido de que su provincia era el epicentro de un plan subversivo del comunismo; tanto, que en una de sus primeras declaraciones manifestó: “Confundida entre la múltiple masa de valores morales que es Córdoba por definición, se anida una venenosa serpiente cuya cabeza pido a Dios me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo”.

El cruzado cordobés duró apenas dos semanas como interventor: sus palabras provocaron una violenta reacción popular, que incluyó la toma de quinientas manzanas en distintos barrios de la capital, marchas, barricadas, incendios y enfrentamientos con la Policía y el Ejército. El gobierno nacional envió tropas de la Policía Federal al mando del comisario Alberto Villar; el 15 de marzo a la noche, Uriburu lo felicitó por haber desalojado “a la víbora del barrio Clínicas”, zona de la bohemia estudiantil. Fueron sus últimas palabras porque tuvo que renunciar al día siguiente. La Voz del Interior dibujó a Uriburu deglutido por una víbora. Siete días después caía también Levingston y asumía Lanusse.

Aunque se lo conoce también como el “segundo Cordobazo”, el Viborazo fue bastante diferente. Fue mayor el protagonismo de los estudiantes y de los grupos armados fundados el año anterior: por primera vez se utilizaron banderas de Montoneros, el ERP, las FAR y las FAP. En aquel momento, todos los líderes de los principales grupos guerrilleros estaban viviendo en Córdoba.

Para Garzón Maceda, “surge un nuevo actor, que es la juventud, movilizada territorialmente y conducida principalmente por la Juventud Peronista, la Tendencia Revolucionaria (Montoneros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y otras organizaciones) y el PRT-ERP. Hasta 1970-71, la vanguardia había sido la clase trabajadora en tanto movimiento obrero organizado; después, fue la juventud”.

No hubo en Córdoba, como en otras provincias, enfrentamientos a balazos entre el sindicalismo y las guerrillas, sino una relación cordial; además, las agrupaciones gremiales creadas por Montoneros y el PRT no tuvieron mucha incidencia en los gremios.

El sindicalismo volvió a demostrar en el Viborazo sus reflejos con una protesta en la que participaron sus tres corrientes clásicas: “legalistas”, “independientes” y “auténticos”. El Viborazo marcó el debut a toda orquesta de las conducciones “clasistas” de los sindicatos Sitrac y Sitram; habían desalojado a los dirigentes favorables a la patronal y aportaron nutridas columnas desde las plantas de la Fiat, aunque no quisieron participar del comité organizador porque se ubicaban a la izquierda de Tosco y López: los acusaban de “burócratas” y repudiaban la política frentista de ambos.

En especial, los “clasistas” criticaban a Tosco, el gran nombre de la izquierda no peronista, marxista, con buenas relaciones tanto con el Partido Comunista como con el PRT.

Hijo de campesinos piamonteses, Tosco pensaba que los sindicatos y la CGT debían ser “las palancas para la transformación revolucionaria de la sociedad capitalista”; Córdoba tenía un lugar central en esa lucha: nada menos que convertirse en “la capital de la Patria Socialista”. En ese marco, decía que Perón “no es más que un reformista”; estaba en contra de cualquier alianza con el empresariado, como el Pacto Social del gobierno peronista, y criticaba al imperialismo estadounidense, a la burguesía nacional y a los dirigentes sindicales enrolados en el peronismo ortodoxo, a quienes llamaba despectivamente “los burócratas”.

Fueron muy comunes sus cruces mediáticos con el titular de la CGT a nivel nacional, José Ignacio Rucci, quien, por su lado, afirmaba que los trabajadores tenían “un líder, un solo líder: Juan Domingo Perón”, y que también él, Tosco, debía obedecer las decisiones de la CGT nacional o “continuar sus sermones en algún otro país que no es el nuestro”. La disputa incluyó un antológico debate por televisión, el 13 de febrero de 1973, moderado por Gerardo Sofovich y con la participación de un grupo de periodistas: Silvia Odoriz, Jorge Conti, Horacio Salas y Rodolfo Pandolfi.

Mattini sostiene que, entre los sindicalistas cordobeses, en el PRT-ERP “teníamos, claro, más relación con Tosco por un tema ideológico: él no era peronista y estábamos muy cerca por nuestra común formación marxista, aunque siempre se manejó con autonomía ya que se veía como un cuadro del movimiento obrero al servicio de la unidad de la clase obrera, y no como el miembro de un partido. Y nosotros siempre entendimos eso”.

En 1973, el PRT le ofreció que encabezara una fórmula presidencial de un frente de izquierda, pero Tosco no aceptó para no dividir a la clase obrera, a la que veía encolumnada con el peronismo. “Negro, es una locura enfrentarse hoy al peronismo. La gente luchó durante años para esto”, le contestó a Santucho en la sede de Luz y Fuerza.

Varias veces fue detenido mientras su sindicato era intervenido; en 1974, apuntado por el gobierno y perseguido por la Triple A, se refugió en la clandestinidad, protegido por el ERP, que le alquiló una casa en las sierras. A mediados de 1975, cayó enfermo, afectado por fuertes dolores de cabeza, pero como estaba prófugo no pudo recibir la atención médica necesaria.

“Cuando estuvo muy grave —recuerda Mattini— le pedimos colaboración al Partido Comunista, que siempre tuvo más infraestructura de sanidad que nosotros, y murió de encefalitis aguda en una clínica del PC acá, en Buenos Aires”, el 4 de noviembre de 1975. La Policía y el Ejército dispersaron a los tiros su multitudinario entierro en el cementerio cordobés de San Jerónimo.

Atilio López, el tercero de los sindicalistas que lideraron el Cordobazo, tuvo una muerte atroz, a manos de sicarios de la Triple A, que lo secuestraron del hotel del barrio de Once donde se alojaba, lo llevaron a un descampado en Capilla del Señor y lo acribillaron junto con el amigo que lo había acompañado en su viaje a la Capital Federal, el contador y ex subsecretario de Economía provincial, Juan José Varas. Recibieron ciento treinta y dos disparos.

Ocurrió el 16 de septiembre de 1974. López había viajado a Buenos Aires porque lo iban a nombrar secretario de Turismo de la UTA a nivel nacional. Es que se había quedado literalmente en la calle y necesitaba un trabajo: luego de la rebelión policial que el 27 de febrero de 1974 lo desalojó de la vicegobernación, perdió las elecciones internas de su gremio, que había liderado durante dieciocho años. “También quería ver a Talleres contra River en el Monumental”, dice su amigo Teodoro Funes.

Si Tosco era el sindicalista más allegado al PRT-ERP, López era el gremialista preferido de Montoneros, aunque tanto Funes como Garzón Maceda relativizan ese vínculo. “No tenía ningún lazo profundo con Montoneros”, afirma Funes. “Tenía diálogo y amistad con dirigentes de la Tendencia y de las organizaciones FAR y Montoneros, pero mantenía siempre su diferenciación de dirigente sindical”, coincide Garzón Maceda.

Funes le debía el cargo de prosecretario parlamentario del Senado: “Éramos unos secos solemnes. Así eran todos los sindicalistas de la época. Cuando fue vicegobernador, Atilio iba en colectivo al Senado; tenía a su disposición un auto con chofer, pero lo usaba poco. Vivía en Barrio Altamira, una zona muy humilde. Cuando fue elegido, nos dijo a unos amigos: ‘Che, ¡cómo voy a hacer cuando vaya a mi casa alguna personalidad! Si no tengo ni muebles, y el patio tiene piso de tierra: ¡se va a llenar de pulgas!’. Así que juntamos unos pesos y le compramos un juego de sillones para el living y le embaldosamos el patio”.

Tanto Garzón Maceda como Funes sostienen que, al momento de su muerte, López era “un hombre vencido, desmoralizado”. El 9 de septiembre de 1974, una semana antes de que lo asesinaran, sus amigos le festejaron su cumpleaños número cuarenta y cinco con un asado en su casa. Funes recuerda que el homenajeado “se puso en pedo y melancólico”.

—Yo sé que me van a matar. Tomen conmigo, muchachos, que son mis últimos tragos —repetía López.

—No te preocupés, Negro, que ya no les interesás; si hasta perdiste el gremio —trataba de consolarlo Funes.

—Pareló, Teodoro, pareló, que a usted le hace caso. Mire cómo están los chicos cuando este hombre se pone así —le pedía la esposa del sindicalista.

Luego del asado, la treintena de invitados se puso a cantar con el homenajeado y la familia; dos guitarras impulsaban el coro. “De repente —cuenta Funes— se oye el ruido de un tropel de gente que viene avanzando y vemos que en el techo aparecen tipos armados. Pensamos que era un allanamiento. Golpean a la puerta y abre la señora. Entra toda la plana mayor de Montoneros: recuerdo a Firmenich, a Osatinsky, a uno que le decían ‘El Gringo’, medio rengo; eran, en total, como veinte personas. Me parece que también estaba Quieto.”

—Negro, venimos a saludarte por tu cumpleaños —le dijo Firmenich antes de abrazarlo.

—Viste, pelotudo, por qué te digo que me van a matar: por los amigos que tengo ahora —le comentó López a Funes al oído apenas pudo librarse de los saludos de los visitantes.

Funes agregó que la pasaron bien con Firmenich y sus compañeros, que siguieron tomando vino, tocando la guitarra y cantando.

—Toquemos ‘La Federala’ —propuso Firmenich.

Y comenzaron con esa zamba compuesta en honor a Juan Manuel de Rosas: “Soy mazorquero de ley, el vino me hace pelear y el filo de mi cuchillo busca la vida del Manco Paz. En el carmín de mi gorro rojo como el corazón, llevo el color de la sangre: ¡Viva la Santa Federación!”.

Capítulo 15
EL DESAFIANTE CORDOBÉS

Hay un solo derrotero, que ya está señalado y nadie podrá equivocarse: hacia el socialismo nacional.

El gobernador de Córdoba, Ricardo Obregón Cano, el 28 de julio de 1973, en un discurso en Laboulaye, cuando Juan Perón ya no hablaba de “socialismo nacional”.

—Doctor, tenga cuidado con los infiltrados —le aconsejó Perón a Obregón Cano.

—No se preocupe, general, que en Córdoba los izquierdistas están bien vigilados y se portan bien —respondió el gobernador.

—No, me refiero a que tenga cuidado de que no se le vaya a infiltrar algún peronista en el gobierno, dijo el Presidente.

Diálogo durante una visita de Obregón Cano a Perón.

Los días del Carnaval ya habían pasado y el fin de semana pintaba bien: el domingo jugaban Instituto y Talleres por la Liga Cordobesa de Fútbol en el estadio neutral de los “piratas”, en Belgrano; las carteleras de los cines anunciaban La clase obrera va al paraíso, con Gian María Volonté; Si Don Juan fuese mujer, con Brigitte Bardot; La gran comilona, con Marcello Mastroianni, y La caída de los dioses, de Luchino Visconti; y el ciclo Pueblo y Folklore presentaba a Zamba Quipildor, el Quinteto Tiempo y Los Serenateros. Y en la ciudad de Leones comenzaba la edición número dieciocho de la Fiesta Nacional del Trigo con Los Tucu Tucu.

En la Casa de las Tejas, la sede de la gobernación, Ricardo Obregón Cano hacía sus cálculos: había esperado hasta aquel día, miércoles 27 de febrero de 1974, para poner en marcha la remoción de su jefe de Policía, el teniente coronel retirado Antonio Navarro, que ya no le era leal y se había cambiado de bando. Al final, la jugada le salió mal. Navarro encabezó una rebelión que pasó a la historia como el “Navarrazo” y fue Obregón Cano el que perdió el cargo, en un desenlace tan sorpresivo como inédito ya que había sido elegido por casi el 54 por ciento de los votantes, en segunda vuelta, hacía menos de once meses.

Obregón Cano, un odontólogo de 55 años nacido en Río Cuarto, era aliado de Montoneros, pero a diferencia de otros gobernadores que también formaban parte del ala izquierda del peronismo, se llevaba muy bien con la oposición radical; controlaba la Legislatura y no tenía ningún roce con su vicegobernador, Atilio López, con el cual compartía la misma sintonía política e ideológica. Esos frentes estaban bien cubiertos. Sin embargo, había dado algunos pasos en falso que en los últimos cuatro meses convirtieron a Navarro en el ariete principal de sus numerosos y feroces enemigos dentro del peronismo, no sólo de Córdoba sino, sobre todo, del gobierno nacional.

Por ejemplo, había rivalizado públicamente con el propio presidente Juan Perón sobre el Pacto Social entre los empresarios, los sindicalistas y el Estado, que era la piedra angular de la “Patria Peronista”, del plan de gobierno de Perón. El lunes 14 de enero de 1974 por la noche, en un mensaje por radio y TV, Perón defendió ese acuerdo como el mejor instrumento para “eliminar el flagelo moderno de la inflación, provocado por un desacuerdo permanente que ocasiona una carrera desenfrenada entre precios y salarios, en la que los primeros suben por el ascensor y los salarios por la escalera”. Y criticó a quienes “desde el gobierno o desde las organizaciones buscan destruir el equilibrio logrado” para “volver a la inflación, que hace ilusorias todas las mejoras salariales”.

Al día siguiente, recién vuelto de sus vacaciones en Mar del Plata, Obregón Cano sostuvo que “el Pacto Social se rompe, permitiendo que se deterioren los salarios, y en Córdoba no vamos a permitir que se deterioren”. Se refería al duro conflicto en el transporte de la capital cordobesa, donde el sindicato de los colectiveros, liderado por el vicegobernador López, reclamaba un aumento de salarios, que estaba a tono con los pedidos de los trabajadores pero iba en contra del congelamiento de precios y salarios durante dos años dispuesto por el Pacto Social. Los dueños de los colectivos exigían una suba del boleto para hacer frente a las demandas gremiales, una medida que el intendente capitalino, el peronista ortodoxo Juan Carlos Ávalos, rechazaba precisamente porque violaba el Pacto Social.

Obregón Cano respaldaba los reclamos de la UTA, el gremio de su número dos. Su hijo Horacio, que era su secretario privado, dice que en Córdoba “no se podía mantener el Pacto Social en la forma en que se planteó a nivel nacional. Era ponerle un corsé a los reclamos gremiales, pero con los dirigentes sindicales que teníamos en la provincia eso era imposible. Tenías que dialogar con ellos porque eran tipos sumamente representativos; y no sólo eso, era gente de compromiso con sus bases y que te acompañaba en un gobierno provincial que quería transformar las cosas”.

La interna en el peronismo y el enfrentamiento con Perón y el gobierno nacional fueron decisivos en la caída de Obregón Cano, que además era criticado por distintos sectores en su provincia, como la Iglesia Católica por el nuevo estatuto para los docentes de las escuelas privadas, los ganaderos por los cambios en el sistema de comercialización de carne, los dueños de colectivos y la Municipalidad por el respaldo a las huelgas de la UTA, y los empresarios en general por las ocupaciones de empresas y negocios, los ataques guerrilleros y una impresionante ola de secuestros (hubo siete en un día) que colocó a la provincia a la cabeza del ranking a nivel nacional. El clima social y político era de un cierto desorden por las ocupaciones, que incluían a las reparticiones públicas, y la toma de barrios como forma de protesta de los vecinos; había aumentado la delincuencia común con su secuela de robos y asesinatos, y se cuestionaba la eficacia del gobierno.

Obregón Cano ciertamente no eludía las definiciones políticas aunque no estuvieran de acuerdo con Perón. El 28 de julio de 1973, sostuvo en un discurso en la ciudad de Laboulaye que había “un solo derrotero, que ya está señalado y nadie podrá equivocarse: hacia el socialismo nacional”. El presidente Héctor Cámpora ya había sido desplazado del poder porque, según el General, “se dejó copar por la izquierda”; Obregón Cano fue uno de los pocos gobernadores que se animaron a mostrarse con Cámpora cuando renunció, una decisión que, según su hijo Horacio, fue interpretada por el mandatario cordobés como “un avance del otro sector del peronismo”, de la derecha.

Un mes y medio después, el 11 de septiembre, ya en plena campaña por los nuevos comicios presidenciales con Perón como candidato, Obregón Cano precisó en la localidad de Deán Funes qué entendía por socialismo nacional: “El sistema en el que se ha optado por la liberación de toda atadura extranjera, por la socialización de la economía y por la plena e irrestricta participación popular a través de una democracia efectiva”. Para ese momento, hacía rato que Perón ya no hablaba de “socialismo nacional”; había vuelto a la doctrina clásica de su Movimiento, que enfatizaba un capitalismo orientado por el Estado, el Pacto Social, la conciliación de clases, la entrada de inversiones extranjeras bajo ciertas reglas, el orden social y político, y la tercera posición en el plano internacional.

Una vez vuelto al país y al poder, Perón creía más en la evolución que en la revolución. Se lo dijo en diciembre de 1973 a Gustavo Caraballo, el secretario técnico de la Presidencia, cuando lo encontró leyendo un largo artículo de La Opinión titulado “Se equivocan los ‘muchachos’: Perón no es socialista sino justicialista”. “Está muy bien —señaló el General—. Yo ya hice la revolución: fue en el 45 con los sindicatos, los convenios colectivos, el salario mínimo, la justicia laboral… ¡No se puede hacer una revolución todos los días! La revolución que hice ni la dictadura la pudo borrar. Ahora, hay que mantener el sistema e ir mejorándolo paulatinamente.”

Según el médico y político Jorge Dall’Aglio, secretario general de la gobernación, Obregón Cano apuntaba a suceder a Perón en la Casa Rosada. “El gobernador —explica— se fue enfrentando progresivamente a Perón. El ministro de Educación, Jorge Taiana (que era uno de los médicos del Presidente), le había avisado que Perón se moría en seis meses y él se creía el candidato más potable a la Presidencia para las nuevas elecciones que podrían sobrevenir a la muerte de Perón. Yo le sugerí que armara la Liga de Gobernadores para después negociar mejor con la Juventud Peronista y con los gremios, pero no le interesó y empezó a profundizar su alianza con Montoneros.”

Horacio Obregón Cano no es tan contundente sobre los deseos del gobernador, aunque sostiene que su padre sabía que Perón no iba a vivir mucho más por su edad y sus problemas de salud: “Había que saldar cosas en el peronismo, porque el Movimiento abarcaba distintas expresiones que eran conducidas por Perón, pero el vacío que se produciría con su ausencia era la discusión que se venía. Y mi viejo estaba dispuesto a darla. Estaba dispuesto a dar esa batalla ideológica y definitiva del peronismo”.

Dall’Aglio venía del socialismo, de un sector llamado Vanguardia Popular, al que, junto con otros militantes, disolvió en 1969 para integrarse en el peronismo de la mano del caudillo de San Juan Eloy Próspero Camus, un profesor de Literatura que tenía mucha influencia en la política cordobesa. “Pero si estos muchachos son más peronistas que yo”, dicen que opinó Perón en su exilio en Madrid cuando Camus le mostró el documento que habían elaborado para explicar su ingreso al Movimiento.

Según Dall’Aglio, el gesto más relevante de Obregón Cano para profundizar su alianza con Montoneros fue “su actitud con relación al acto del 17 de octubre de 1973, cuando Mario Firmenich y Roberto Quieto anunciaron en Córdoba la fusión entre Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Con José María Flores, que era diputado nacional, lo agarramos al mediodía y le dijimos que no tenía que ir al acto ni dar ninguna manifestación de apoyo; él no fue al acto, pero mandó la adhesión y eso fue definitorio. A nosotros nos dejó pagando. Ahí empezó a consolidarse el distanciamiento con Perón”.

“Firmenich, como bien lo expresó en el acto en Córdoba, se había pasado al marxismo leninismo y, junto con Quieto, creía que eran la vanguardia organizada y armada del pueblo. Firmenich tenía, además, una impronta católico mesiánica”, agrega Dall’Aglio.

A esa altura, Perón, que recién había vuelto a la presidencia, estaba de punta contra la cúpula de Montoneros, en especial contra Firmenich y Quieto, a quienes responsabilizaba de la muerte de su fiel secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, hacía apenas veintidós días. “Fue la gota que derramó el vaso”, dijo Perón cuatro días después de la emboscada contra Rucci, el 29 de septiembre de 1973, durante un encuentro con dirigentes políticos y sindicales, de acuerdo con un cable confidencial enviado por el embajador estadounidense, John Lodge, a su gobierno. Y los convocó, siempre según esa fuente, a “una lucha contra los terroristas y a expulsar a todos los elementos marxistas del movimiento peronista y del gobierno”.

Dos días después, el 1° de octubre, Perón encabezó una reunión cumbre en la que participaron los dieciséis miembros del Consejo Superior Peronista, el máximo organismo del Movimiento, y los gobernadores oficialistas. “A los gobernadores —informó Lodge al día siguiente— se les ordenó que purguen sus gabinetes de todos los elementos marxistas. Según La Opinión de esta mañana, los gobernadores fueron también informados de las estrictas órdenes remitidas a todos los delegados provinciales del movimiento peronista, instruyéndolos para comenzar una campaña concertada contra los elementos subversivos. Aquellos que no cooperen en la lucha o que en cualquier modo toleren actos subversivos serán inmediatamente expulsados del movimiento.”

Esas instrucciones a los delegados partidarios en las provincias llevaban el rótulo de “Documento Reservado” y buscaban enfrentar de una manera coordinada la “guerra desencadenada contra nuestra organización y contra nuestros dirigentes” por parte de “los grupos marxistas terroristas y subversivos”, que se manifestaba en campañas de desprestigio contra sus dirigentes, la “infiltración”, las amenazas, las agresiones y los asesinatos. Esa “guerra” debía tener como respuesta no sólo la defensa sino también el ataque “al enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión”. Para eso, daba una serie de directivas e indicaba que “se utilizarán todos los medios de lucha que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan será apreciada por los dirigentes de cada distrito”.

En Córdoba, el “Documento Reservado” con la respuesta a esa “guerra” fue aprobado por las 62 Organizaciones, que agrupaba a los sindicatos “auténticos”, enfrentados a Obregón Cano, Atilio López y sus aliados, en un plenario realizado el 31 de octubre a la noche.

La orden de Perón se cumplió de inmediato contra la media docena de gobernadores aliados, en mayor o menor medida, a Montoneros: Antenor Gauna, de Formosa; Oscar Bidegain, de Buenos Aires; Obregón Cano; Alberto Martínez Baca, de Mendoza; Jorge Cepernic, de Santa Cruz, y Miguel Ragone, de Salta, fueron cayendo entre el 17 de noviembre de 1973 y el 22 de noviembre de 1974, es decir en el plazo de un año.

De los seis, Obregón Cano era el que tenía más vuelo propio y podía aspirar a una candidatura presidencial en elecciones anticipadas por la eventual muerte de Perón. Además, provenía de una provincia que poseía una bien ganada fama de “meridiano político del país”, sede de hechos cruciales en los últimos años como los programas reformistas de la CGT, la rebelión universitaria contra la dictadura de Onganía, la fundación del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, el “Cordobazo”, la toma de La Calera y el vigoroso desarrollo tanto de Montoneros como del PRT-ERP, por citar sólo a los dos principales grupos guerrilleros.

“Obregón era un político magnífico cuando estaba seguro; tenía estampa, trato, discurso; muchas condiciones”, recuerda Dall’Aglio. Sus primeras incursiones en la política las hizo en la juventud del Partido Demócrata, sobre el cual prácticamente se fundó el peronismo en Córdoba. Los demócratas cordobeses eran más liberales que otros partidos provinciales; el origen de Obregón Cano no debe sorprender, porque en el interior del país el peronismo se organizó sobre la estructura de esas fuerzas locales, casi todas conservadoras, así como en los grandes centros urbanos se basó en los sindicatos.

Obregón Cano ganó su primer cargo electivo a los 33 años, en 1951, cuando llegó a una banca en el Senado provincial. Luego fue jefe del bloque de senadores del peronismo, y en 1954, ministro de Gobierno en el gabinete cordobés.

Luego del golpe de 1955 y durante el largo exilio de Perón, Obregón Cano se movió en el “neoperonismo”, una corriente que propiciaba el peronismo pero sin Perón: creían que nunca volvería al país. En su caso, con un perfil de centroizquierda. Pero estaba prácticamente recluido en su consultorio de odontólogo cuando en 1971 se le presentó la oportunidad de volver el ruedo, en un rol impensado para él: como delegado de Perón y del Consejo Superior del Peronismo en Córdoba.

El encargado de ofrecerle ese cargo fue Jorge Devia, un ingeniero químico que se había corrido a la ortodoxia partidaria luego de sus comienzos en las Fuerzas Armadas Peronistas. “Jorge Paladino —dice— era el delegado de Perón en el país, pero no conseguía representante en Córdoba. Me dio esa misión; junto con otros dos compañeros, fuimos a visitar a todos los jefes del peronismo cordobés, pero nadie quiso aceptar, en parte porque no lo querían a Paladino: lo veían más cerca de (Alejandro) Lanusse, que era el Presidente, que de Perón, y en parte porque ya muchos no creían en el retorno de Perón ni en que habría elecciones, como el gobierno prometía. Todos, incluidos los de derecha, estaban convencidos de que la mano venía por la insurrección armada. Nosotros sí creíamos en el proceso electoral. Estábamos desanimados cuando José María Flores dijo: ‘Yo soy muy amigo de Obregón Cano. No creo que le guste a Perón, porque es un neoperonista de izquierda, pero es un dirigente reconocido’. Consultamos con Paladino, que le preguntó a Perón, quien dio vía libre, y fuimos a verlo. Nos respondió que él sólo se tenía a él mismo, que no tenía dinero para asumir ese rol; le contestamos que por ese tema no se preocupara, que los gastos correrían por cuenta del delegado. ‘En 24 horas les doy una respuesta’, prometió. Al rato nos llamó y nos dijo que sí.”

A Devia lo impresionó como “un dirigente que conocía de política, muy bien plantado. Cuando lo encontramos, estaba desconectado de todo grupo interno del partido, pero tenía un pasado voluminoso. Hubo una atracción rápida entre él y Montoneros, y cuando quisimos acordarnos, ¡los montoneros nos habían copado el partido!”.

Obregón Cano se convirtió en el candidato peronista cuando derrotó en unas internas muy discutidas al abogado Julio Antún, de derecha, cuyo vice era Alejo Simó, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica local. Obregón Cano-López versus Antún-Simó, el reflejo de una polarización dentro del peronismo que nunca se resolvería. Antún denunció fraude, no reconoció la derrota y fue uno de los principales opositores del nuevo gobierno; Obregón Cano ayudó a la fractura con un trato arrogante y una postura inflexible.

El quiebre interno resultó un problema para Obregón Cano durante todo su corto gobierno porque le irradió una permanente inestabilidad política. Además, ese conflicto terminó viabilizando la rebelión policial de Navarro: por un lado, sin el respaldo de la derecha peronista probablemente no hubiera habido Navarrazo; por el otro, no se dio ninguna reacción popular en las calles en defensa del gobierno constitucional.

El abogado laboralista Lucio Garzón Maceda sostiene que fue un error que el vicegobernador hubiera sido su amigo Atilio López, con quien había comenzado la escuela primaria en el colegio Olmos. “López —cuenta— era como un niño sonriente y chistoso. Tenía una simpatía única, un gran contador de chistes, un auténtico negro cordobés. Pero un tipo muy firme en sus convicciones. Yo fui abogado de su sindicato, de la UTA, hasta 1972.”

“Le aconsejé —agrega Garzón Maceda— que no fuera como vicegobernador porque no le servía; no era un hombre de escritorio. Él me contestó: ‘Lo que pasa es que vos no sos peronista’. ‘¡Qué novedad! Ya sé que no soy peronista, pero a vos no te va a servir’, le dije. Ser vicegobernador le gusta a cualquiera, ¿no? Yo también era muy amigo de Obregón; hicimos una reunión en mi casa en Villa Allende en febrero de 1973.

—Ricardo, yo no lo voy a votar en esa fórmula que lo lleva a usted y a Atilio.

—¿Por qué no, Lucio?

—Porque es una provocación al peronismo de Córdoba, a todos los peronistas que están desde la derecha hacia el centro.

Obregón es un gran tipo, y tenía una imagen muy simpática, muy linda, pero los ortodoxos no lo querían. Él siempre fue un peronista muy liberal, progresista, y además viene de Río Cuarto, que en la provincia es una ciudad muy celosa de su identidad.”

Garzón Maceda afirma que la candidatura de Atilio López fue impulsada por “los asesores orgánicos de las organizaciones político-militares, de las guerrillas: los abogados Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde, Gustavo Roca, etcétera. Una de esas reuniones se hizo acá, en Buenos Aires, en el restaurante Edelweiss. Intenté convencerlos: ‘Atilio López de vicegobernador no sirve. Es un hombre de agitación, no es un hombre de escritorio. De primer candidato a diputado nacional sí porque sigue siendo el secretario general de la CGT en Córdoba’, les dije. Para mí, había que poner un vicegobernador que representara al peronismo ortodoxo, para hacer un gobierno en serio. Todo el peronismo de derecha y tirando al centro no se sentían interpretados por Obregón, que era considerado de izquierda, y por Atilio, que era más o menos lo mismo”.

Por su parte, Perón desconfiaba de Obregón Cano.

—¿Y cómo anda su amigo Obregón? —le preguntó a Garzón Maceda en Madrid, en una de las cuatro visitas que le hizo el abogado cordobés.

—Y, bien.

—¿Le siguen diciendo comunista?

En realidad, al principio era el ortodoxo Antún el aliado de Montoneros. Teodoro Funes, que comenzó su carrera política con Antún, cuenta que “todo estaba muy mezclado: con Antún hacíamos los actos de la Mesa Redonda Peronista Permanente con los carteles de Montoneros en el palco; tenían legitimidad en el Movimiento porque habían secuestrado y matado al general Aramburu. Yo los conocía bastante: Emilio Maza era primo segundo mío, e Ignacio Vélez también era pariente, pero más lejano. Tuvimos mucha relación con Rodolfo Galimberti, muy activo en la Juventud Peronista; comenzó a actuar como correo de la Mesa en distintas provincias, porque Antún buscaba proyección nacional; un día, Galimberti nos invita a una reunión en Longchamps y nos dice que nos iba a presentar a su gente. Antún se había comprado un Fiat nuevo y nos vamos; nos encontramos con que toda la gente de Galimberti era la nuestra, la de la Mesa, en sus diversos distritos. ‘Te das cuenta, Teodorito, este pendejo le quiere robar los huevos al águila. ¡No se puede confiar en nadie!’, me dijo Antún, muy enojado”.

Dall’Aglio cumplió un rol decisivo en la campaña para la segunda vuelta de las elecciones provinciales, el 15 de abril de 1973; en la primera vuelta, el 11 de marzo, Obregón Cano había ganado por apenas trece mil votos y, como no llegó al 50 por ciento más uno de los votos, tuvo que ir al balotaje con el radical Víctor Martínez, que diez años más tarde sería vicepresidente de la Nación con Raúl Alfonsín.

Obregón Cano nombró a Dall’Aglio coordinador de la campaña para el balotaje cuando vio cifras de la votación que respaldaban la hipótesis de su colaborador: había sido un error apostar a la confrontación y la polarización. “En la primera vuelta —explica Dall’Aglio— la campaña fue copada por Montoneros, que priorizó la figura de Atilio López con consignas agresivas. En la segunda vuelta, utilizamos consignas como ‘No aísle a Córdoba’ y ‘Todos juntos a triunfar’, y carteles con fotos de Obregón sonriente, amistoso, abierto.”

—Doctor, desafíelo a Víctor Martínez a un debate por televisión —le propuso Dall’Aglio a Obregón Cano al día siguiente de la primera vuelta, mientras analizaban los resultados en la casa del candidato, en el Cerro Las Rosas. La idea se le ocurrió cuando vio que llegaban los periodistas de Canal 10 para hacer una nota.

Martínez aceptó y el 8 de abril el periodista Jorge Pérez Gaudio moderó el primer debate televisado del país entre dos candidatos a un cargo ejecutivo, un logro de Canal 10, la TV de la Universidad Nacional de Córdoba, en dúplex con Radio Universidad, de la cual Pérez Gaudio era el gerente. Del inédito operativo periodístico participaron La Voz del Interior y Canal 8.

“No hubo agravios en el debate; se intercambiaron opiniones entre los candidatos durante los ciento veinte minutos que duró el programa, con una pausa”, recuerda Pérez Gaudio.

“Obregón lo hizo pelota”, evalúa Dall’Aglio. “La visión nacional e internacional de mi viejo primó sobre la visión de un muy buen candidato como era Víctor Martínez”, sostiene Horacio Obregón Cano.

No había mediciones del rating, pero la impresión fue que había tenido una muy buena audiencia. Cuando se volvieron a abrir las urnas, la magra ventaja de Obregón Cano se estiró más de seis veces y llegó a casi 87 mil sufragios, con una ventaja de casi ocho puntos.

Tiempo después, Pérez Gaudio se encontró por casualidad con Víctor Martínez, quien le aseguró que había perdido las elecciones por aquel debate.

Obregón Cano albergó en el gobierno a los partidos aliados y también a las diversas corrientes de izquierda, dentro y fuera del peronismo, que habían ayudado a su triunfo electoral. Dejó prolijamente afuera a la derecha partidaria, que tenía su peso político en la provincia y, más importante aún, buenas relaciones en el peronismo a nivel nacional y en la Casa Rosada; hacia allí dirigieron los desplazados sus críticas, exageradas, al “gobierno marxista” y al “gabinete montonero”.

“Del Vaticano vuelve lo que al Vaticano va”, dicen en la Iglesia Católica. Circulaba una anécdota que revela cómo veían en la Casa Rosada al gobierno cordobés. En uno de sus viajes a Buenos Aires, Obregón Cano fue recibido por Perón en su despacho.

—Doctor, tenga cuidado con los infiltrados —le aconsejó el Presidente.

—No se preocupe, general, que en Córdoba los izquierdistas están bien vigilados y se portan bien —respondió el gobernador.

—No, me refiero a que tenga cuidado de que no se le vaya a infiltrar algún peronista en el gobierno.

Capítulo 16
LA SALSA DEL GENERAL

En estos momentos, lo que hay en Córdoba, ustedes saben, es un foco de infección.

Juan Perón, el 20 de febrero de 1974, en un encuentro con sindicalistas.

—Los muchachos están listos para defenderlo, don Ricardo.

—Mira “Negrito”, yo te voy a pedir un favor: que te retires vos y todos los muchachos. Éste es un tema institucional.

—Bueno, don Ricardo, pero nosotros estamos listos.

—Es un tema institucional y lo voy a resolver yo, dentro de las reglas institucionales.

Diálogo entre el gobernador Ricardo Obregón Cano y Miguel Ángel Bustos, “El Negro”, uno de los fundadores de Montoneros en Córdoba, el 27 de febrero de 1974.

La rebelión policial del teniente coronel Antonio Navarro contra el gobernador Ricardo Obregón Cano fue respaldada desde el vamos por la Casa Rosada. El 28 de febrero de 1974, a las 15, cuando estaba dando una conferencia de prensa para explicar los motivos de su decisión, un colaborador le avisó al jefe policial que tenía un llamado telefónico; Navarro se disculpó y caminó hasta una sala vecina; al pasar al lado de un periodista de la agencia estatal de noticias Telam, le tiró levemente del saco.

—Venga conmigo —le dijo en voz baja.

Entraron a la habitación y cerraron la puerta.

—Cuando yo levante este teléfono, usted levante ése —y le indicó un viejo aparato.

El periodista pudo escuchar así el diálogo de Navarro con el ministro del Interior, Benito Llambí.

—Teniente coronel Navarro, tengo entendido que usted se ha pronunciado en Córdoba.

—Efectivamente, señor ministro, yo me he pronunciado.

—Bien, manténgame informado de los acontecimientos.

—Así lo haré, señor ministro.

El diálogo fue revelado por un corresponsal de Telam en Córdoba, que pidió que su identidad sea preservada, al historiador y escritor Roberto Ferrero, autor del libro El Navarrazo y el gobierno de Obregón Cano. El jefe de Policía tenía mucha confianza en ese corresponsal: en la tarde del día anterior, cuando ya había rechazado la remoción del cargo ordenada por el gobernador y permanecía acuartelado en su despacho, ubicado en el Cabildo, el periodista le contó una anécdota de la Guerra Civil española para mostrarle que, si continuaba inmovilizado, a la larga iba a tener que ceder; quería convencerlo de pasar a la ofensiva, ocupar la Casa de las Tejas y detener al gobernador, al vicegobernador y a todos los legisladores y funcionarios que encontrara allí.

Navarro siguió al pie de la letra ese consejo. Como primera medida, el 27 de febrero por la noche ordenó a la guardia de la Gobernación que se retirara y dejara sus armas sobre una mesa; luego, instruyó a uno de sus colaboradores para que tomara la Casa de Gobierno al frente de un comando formado por agentes y suboficiales.

Obregón Cano permanecía en su despacho, convencido de que bastaba con un decreto para echar a Navarro, quien, al final de cuentas, le debía el cargo: era un funcionario nombrado por él. Incluso había designado a su reemplazante, el inspector general Rubén Cuello, un policía de carrera a diferencia de Navarro, que era un militar retirado. El gobernador nunca creyó que Navarro pudiera liderar una rebelión: cuando su amigo Raúl Faure, titular del Banco Social, lo llamó alarmado para informarle que el jefe de Policía no acataba su pedido de renuncia y había dispuesto un cerco defensivo alrededor del Cabildo, no le dio mayor importancia.

—Raulito, no rompas las bolas… Conozco todo, y la situación está controlada… Ordené la destitución de Navarro, el decreto está firmado y dentro de una hora asume Cuello.

Tuvo una reacción parecida cuando ya por la noche el diputado provincial Fausto Rodríguez, de la Tendencia Revolucionaria, el ala izquierda del peronismo hegemonizada por Montoneros, llegó a su despacho para contarle que Navarro había dado la orden de ocupar la Casa de Gobierno: le dijo que era un alarmista y le dio una palmada en la espalda en forma amistosa.

Teodoro Funes, el prosecretario parlamentario del Senado, fue aquella noche al despacho del gobernador para solidarizarse. “Venía mal Obregón Cano —explica Funes—; le hacían críticas en Buenos Aires, donde lo acusaban de que en su gabinete tenía mucha gente de izquierda y le cuestionaban sus vinculaciones, presuntas, con Montoneros. Recuerdo que estaban Atilio López; el secretario privado del gobernador, su hijo Horacio; el ministro de Gobierno, Erio Bonetto; el fiscal de Estado, Juan Carlos Bruera; Blas García, diputado provincial de la Tendencia Revolucionaria, y un par de custodios de Atilio; uno era ‘El Gordo’ Couce, que tenía una ametralladora que no andaba y vigilaba hacia fuera, frente a una ventana; le decíamos: ‘Tirala a la mierda, que si vienen nos van acribillar por esa ametralladora que no sirve’. Estaba trabada. Yo tenía una pistola 22, pero no sé para qué, porque no me iba a servir de mucho. Todos andábamos armados en aquella época. Nos habíamos acostumbrado a vivir así, con mucha violencia política.”

—Don Ricardo, estamos mal —le dijo Funes al gobernador.

—No, Teodorito. Ya me manifestaron su lealtad el Cuerpo de Bomberos y la seccional primera de Policía.

Funes no se lo dijo, pero pensó que ese respaldo no le bastaría para enfrentar al Comando Radioeléctrico y a la Guardia de Infantería, que eran los dos cuerpos con mayor poder de fuego dentro de la Policía y formaban la base del liderazgo de Navarro en esa fuerza.

“Obregón Cano —sostiene Funes— esperó hasta el último momento que Perón parara el golpe policial. Había estado poquitos días antes en Buenos Aires y Llambí, que conocía bien lo que sucedía, le dijo que tenía que distender el tema de Córdoba, que había un par de funcionarios que tendría que sacar porque estaban rotulados como de izquierda. Esto lo conozco por boca de Atilio López, que me agregó: ‘Lo quisieron apurar y vos viste cómo es Obregón. Le contestó que no, que el gobernador de Córdoba era él y que a sus colaboradores los elegía él’. Era una actitud viril, pero en una situación de crisis tal vez hubiera sido mejor actuar de otra manera. De todas formas, habría que haber estado en el pellejo de él.”

Funes cuenta que en un momento entró al despacho Miguel Ángel Bustos, “El Negro”, uno de los fundadores de Montoneros en Córdoba, que era el jefe de una de las columnas de la “Orga” en esa Regional.

—Los muchachos están listos para defenderlo, don Ricardo.

—Mira “Negrito”, yo te voy a pedir un favor: que te retires vos y todos los muchachos. Éste es un tema institucional.

—Bueno, don Ricardo, pero nosotros estamos listos.

—Es un tema institucional y lo voy a resolver yo, dentro de las reglas institucionales.

Bustos se fue y cerró la puerta. “Felizmente los montoneros no hicieron nada, porque habría sido una masacre. Los policías estaban muy enardecidos y dispuestos a todo”, dice Funes.

Días antes de la rebelión policial, los montoneros le habían presentado una propuesta al gobernador, cuenta el abogado Daniel Juez: “Nosotros le planteamos un plan de defensa, pero él no lo quiso. Teníamos información de lo que se gestaba, pero Obregón Cano confiaba en sus negociaciones en Buenos Aires, con el ministro Llambí. ‘El Negro’ Bustos y ‘Freddy’ Ernst, entre otros, le propusieron a Obregón Cano ese plan de defensa. Se le planteó incluso la creación de una Secretaría de Seguridad con compañeros nuestros, pero él no quiso”.

Horacio Obregón Cano, el secretario privado del gobernador, coincide en que “se podría haber armado una matanza si los muchachos cumplían, y eso lo paró mi viejo. Hubo montoneros que pensaban en la resistencia; mi viejo prohibió cualquier tipo de manifestación violenta porque sabía que, si se producía, venía una represión masiva”.

La bronca de la Policía venía desde fines de septiembre de 1973, cuando la Legislatura aprobó cambios a la “Ley Orgánica de la Policía”: el gobierno quería modificar una Policía que había sido moldeada durante la dictadura, pero los policías temían que sus carreras fueran perjudicadas y que ingresara personal patrocinado por Montoneros. En octubre, los oficiales más jóvenes se acuartelaron; Navarro todavía era leal a Obregón Cano, pero en una reunión de alto nivel para analizar el conflicto chocó con el gobernador y más aún con el vice.

—Si es necesario, los muchachos están preparados para hacerse cargo de la Policía —le dijo Atilio López.

Según Roberto Ferrero, ése fue “el punto de inflexión de la lealtad de Navarro. Él es ganado por el espíritu de cuerpo y aumenta y consolida su compromiso con sus camaradas de la plana mayor policial. Simultáneamente, comienza a enviar a los organismos de Inteligencia de Buenos Aires informes desfavorables acerca de distintos dirigentes de la Tendencia Revolucionaria”. E inicia una serie de reuniones con políticos y sindicalistas peronistas enemistados con Obregón Cano.

De esos informes se enteró rápidamente el jefe montonero Elvio Alberione durante una visita en Buenos Aires al coronel Carlos Dalla Tea, que le contó que Navarro acababa de llegar trayendo una ficha sobre él (Alberione) para el archivo de Inteligencia del Ejército. Dalla Tea, uno de los oficiales superiores del Ejército que cultivaba estrechas relaciones con la guerrilla peronista, sabía bien de lo que hablaba: era el jefe de Inteligencia del Estado Mayor General de esa fuerza.

El ex cura Alberione volvió a Córdoba con la novedad y Montoneros le pidió a Obregón Cano la cabeza de Navarro, pero el gobernador lo protegió porque hasta ese momento le había sido muy fiel.

Era el momento de mayor esplendor en las relaciones de Montoneros con los militares: el jefe del Ejército era el general Jorge Carcagno, quien en aquel octubre supervisaba el llamado Operativo Dorrego, una osada iniciativa en la cual militares y guerrilleros realizaron juntos tareas sociales para paliar las consecuencias de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

Carcagno encabezaba la línea “peruanista” del Ejército, que propiciaba una alianza con Montoneros para hacerse cargo del poder en caso de que Perón falleciera. La herencia del General era un tema que ocupaba a muchos. Los “peruanistas” tenían un programa de nacionalizaciones y reformas inspirado en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado en Perú, iniciado en 1968.

Hay dos paradojas en esta historia. La primera es que Navarro había llegado a la Jefatura de Policía con el aval de Montoneros, en una terna de candidatos elevada a Obregón Cano que incluía a otros dos militares “nacionalistas”; la cúpula de la guerrilla peronista en Córdoba tenía una estrecha relación con varios de esos uniformados desde antes del primer regreso de Perón al país, el 17 de noviembre de 1972. “Era un núcleo de militares, algunos en actividad y otros en retiro, que respaldaban a Perón y estaban dispuestos a operar si el presidente Lanusse impedía el retorno de Perón”, recuerda Alberione. Julián Chiappe, que fue designado número dos de Navarro, también pertenecía a ese grupo.

La segunda paradoja es que, más que peronista, Navarro se consideraba un “nacionalista” y un “hombre del general Carcagno”, de quien había sido ayudante cuando Carcagno era el jefe de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada; desde ese puesto, Carcagno reprimió tanto el Cordobazo, en 1969, como la toma de La Calera, al año siguiente. Tanto era así que Navarro recién aceptó el ofrecimiento del cargo por parte del gobernador luego de que Carcagno le diera el visto bueno y le señalara que debía pasar a retiro.

Hacía tiempo que Navarro —“El Negro” para sus íntimos o “Teco”, por teniente coronel, como le decían sus nuevos amigos del peronismo de derecha— vivía en Córdoba, donde se había casado con Elena Masciá, una profesora de Letras con la que tuvo dos hijas, una de las cuales se casó con el futbolista Osvaldo Ardiles, el volante de Instituto, Huracán y Tottenham Hotspur, entre otros equipos, y campeón del mundo con Argentina en 1978.

Mientras su hijo Horacio, Funes y el puñado de funcionarios y legisladores que lo acompañaban en el despacho escuchaban el ruido de los policías que entraban a la Casa de las Tejas, Obregón Cano seguía esperanzado aquel 27 de febrero de 1974 por la noche en que el gobierno nacional cumpliera con el artículo 6 de la Constitución, que lo obliga a “sostener o restablecer” a las autoridades provinciales legalmente constituidas “si hubiesen sido depuestas por la sedición”. Por ejemplo, enviando tropas de la Gendarmería.

Diversas fuentes señalan que, cuando Perón fue consultado por Llambí sobre el pedido de ayuda, el Presidente contestó: “Que los cordobeses se cocinen en su propia salsa”. No se sabe si esa frase fue efectivamente pronunciada, pero está en línea con las declaraciones de Perón de las dos semanas anteriores sobre la situación en Córdoba.

Perón sigue siendo muy criticado por esa frase presunta. Para la periodista Norma Morandini, senadora por el Frente Cívico, “como en un ensayo general, Córdoba anticipó el terror que sobrevino después (del golpe del 24 de marzo de 1976). Perón había ordenado la intervención del gobierno constitucional de Obregón Cano, más a la izquierda y menos alineado al verticalismo peronista, con una frase tan antipática como reveladora. Y nos cocinamos en la tóxica salsa de las persecuciones, las desconfianzas, el terror y las muertes”, en alusión a las intervenciones federales, en especial a la del brigadier mayor retirado Raúl Lacabanne.

Lorenzo “Chiche” Gatica, que era dirigente nacional de la Organización Única del Trasvasamiento Generacional, un grupo moderado, tiene una interpretación distinta: “Perón les advierte que él no va a actuar; se cuestiona mucho a Perón por esa frase, pero, integrándola al contexto, lo que les está diciendo es: ‘Yo no les voy a resolver los problemas, conflictos y contradicciones que existen en Córdoba; resuélvanlos ustedes porque si no los resuelven, sí me van a obligar a actuar’. Seguramente, a esa altura Perón conocía que un grupo de gobernadores había tomado el compromiso de ser el apoyo político de Montoneros”.

Dos semanas antes, el 14 de febrero de 1974, mientras arreciaban los rumores sobre la intervención federal, en un encuentro con dirigentes de partidos provinciales, Perón afirmó que los cordobeses no debían esperar que la Casa Rosada les solucionara sus problemas: “Dicen que Córdoba está revuelta, que quieren esto, que quieren la intervención. No sé. Se va a arreglar sola; va a solucionar sola sus problemas o se va a hundir sola. Esto será producto de lo que hagan los cordobeses, no de lo que hagamos nosotros desde aquí, desde el gobierno. Indudablemente, al gobierno de Córdoba lo han elegido los cordobeses”.

A los pocos días, el 20 de febrero, Perón recibió a los sindicalistas afines y pronunció palabras ambiguas, que podían ser interpretadas como un aval a la ofensiva contra Obregón Cano, o bien como un pedido de calma a los sectores políticos y gremiales enfrentados al gobernador:

“En estos momentos, lo que hay en Córdoba, ustedes saben, es un foco de infección.”

“Se están produciendo algunas fuerzas que son tan enemigas del gobierno provincial como de las 62 Organizaciones. Entonces, ¿qué sucede si el gobernador y las 62 se pelean? El que toma ventaja es el otro, el enemigo. No le den esa ventaja. Si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. El problema reside en que dicen que hay infiltrados dentro del gobierno (de Obregón Cano), pero no es necesario pelear para sacar a los infiltrados. Tenemos que hacerlo con buena letra; no favorezcamos a nuestros enemigos, sobre todo en zonas como la de Córdoba que están un poco infectadas y por lo tanto tenemos que cuidarlas.”

El ataque de los policías de Navarro a la sede de la gobernación comenzó el 27 de febrero a las 22,45, cuando dos carros de asalto y cinco patrulleros llegaron a la puerta principal de la Casa de las Tejas; justo se retiraban cuatro sindicalistas del sector “legalista” de Atilio López, que tuvieron que volver a las oficinas frenados por una ráfaga de ametralladora que pasó sobre sus cabezas; los policías penetraron a la carrera en las distintas dependencias oficiales y obligaron a los funcionarios y empleados a colocar las manos en la nuca y a caminar en fila india hacia el hall central.

—¡Couce, tirá el arma al suelo! —ordenó Obregón Cano al custodio de López cuando escuchó que llegaban los policías por el pasillo.

Un agente de la Guardia de Infantería en ropa de combate entró cauteloso al despacho con un fusil automático al que hacía girar de un lado a otro.

—¡Contra la pared y con las manos en alto! —gritó.

—¿Usted sabe lo que está haciendo? Está deteniendo al gobernador —le dijo Obregón Cano.

—Están todos detenidos por orden del jefe de Policía.

Todos obedecieron y se colocaron contra la pared. Entraron más policías, les ordenaron que entregaran las armas que tuvieran, requisaron el despacho y a los empujones los hicieron salir al pasillo.

—¿Quién está a cargo del operativo? —quiso saber el gobernador.

—Usted se calla, en su momento se le informará —le contestaron.

En total, fueron ochenta y seis los detenidos en las distintas oficinas de la Casa de las Tejas, entre funcionarios, legisladores, sindicalistas y empleados. Funes recuerda que “nos hicieron formar una fila india con las manos detrás de la nuca para cargarnos en un colectivo de esos del servicio urbano de pasajeros. Yo estaba delante de Atilio López y detrás de Obregón Cano. Atilio sacó un cigarrillo y se puso a fumar.

—¡Apague ese cigarrillo! —le gritó un policía.

—¿Cómo apague ese cigarrillo? Soy el vicegobernador de la provincia.

—¡Que vicegobernador de la provincia ni que ocho cuartos! —y le pegó una cachetada.

Vino otro policía y lo calmó. Yo le decía a Atilio: ‘Negro, no hagás quilombo porque no estamos en condiciones’. Y nos cargaron en el colectivo. Estábamos asfixiados porque habían cerrado todas las ventanillas; íbamos apretados como sardinas. A mí me sentaron en la falda al ministro de Bienestar Social, Antonio Lombardich, muy buena persona, muy acreditado, pero que era enorme: creí que me iba a desmayar”.

A Obregón Cano y a López los subieron a un patrullero. A todos los llevaron al Comando Radioeléctrico, donde permanecieron detenidos hasta el viernes 1° de marzo, cuando fueron liberados por orden del juez federal Adolfo Zamboni Ledesma, luego de desestimar la denuncia de Navarro, que los había acusado de “tenencia y distribución de armas de guerra a grupos de izquierda para subvertir el orden constitucional”.

Funes sonríe cuando recuerda la carátula de la causa: “Una maravilla, un chiste. ¡Si el jefe de Policía había derrocado al gobierno constitucional!”.

El Navarrazo fue apoyado por los enemigos de Obregón Cano en la provincia; por ejemplo, los gremios y las agrupaciones que integraban un “Comando José Ignacio Rucci”, que ya el 27 de febrero, el mismo día de la rebelión policial, publicaron una solicitada en el vespertino Córdoba. Metalúrgicos, textiles, taxistas, molineros, canillitas, bancarios, mercantiles y albañiles criticaron, entre otros, a “los enemigos del pueblo”, a “los cipayos enquistados en la Provincia” y a “la camarilla de bolches y traidores” mientras elogiaban a “la benemérita institución policial”. Las 62 Organizaciones declararon un paro general para el día siguiente.

Grupos de civiles armados, identificados con brazaletes amarillos, celestes o blancos, salieron a patrullar las calles céntricas y a ocupar las radios y los canales de TV, desde donde emitieron mensajes a favor de la rebelión y contra el gobierno provincial. Pertenecían al peronismo de derecha, al nacionalismo y a la Juventud Sindical Peronista. Uno de los comandos era dirigido por el hijo del abogado Julio Antún, el principal enemigo de Obregón Cano dentro del peronismo cordobés. Pero Antún padre tardó en sumar su apoyo a Navarro. “Era un político con muchos escrúpulos en cuanto a las instituciones. No aceptaba que Perón apoyaría la rebelión; Antún esperaba una renuncia de Obregón Cano o la intervención a su gobierno, pero no el alzamiento de Navarro”, asegura Enrique Kademián, que integraba su grupo político.

Resultó una larguísima noche la del 27 al 28 de febrero, cuando la Policía detuvo a veintiséis dirigentes de sectores afines a Obregón Cano y Atilio López. La cacería selectiva fue eludida por las dos personas más buscadas, los sindicalistas Agustín Tosco y René Salamanca. Los funcionarios que no habían sido detenidos en la Casa de las Tejas se refugiaron donde pudieron, incluso en casas de legisladores radicales. Explotaron bombas en el sindicato de los mecánicos y en la casa del juez Carlos Hairabedián; la vivienda del ministro de Gobierno, Erio Bonetto, se salvó porque los atacantes se equivocaron de dirección y destruyeron la casa y el auto de uno de sus vecinos.

Un comando mixto, formado por policías y civiles, asaltó el taller gráfico de La Voz del Interior, colocó cinco panes de trotyl en las rotativas y advirtió a los empleados que huyeran antes de que volaran junto con el edificio. Gráficos, periodistas y canillitas que esperaban el diario desobedecieron esa orden, y cuando los atacantes se fueron apagaron las mechas de las cargas y las sacaron a la calle.

Hay quienes señalan que el actual gobernador de Córdoba, el peronista José Manuel De la Sota, “El Gallego”, fue uno de los civiles que participó del Navarrazo. En ese sentido, el ex cura Alberione sostiene que De la Sota “entró, ametralladora en mano, junto con el teniente coronel Navarro, y nos desalojó. Él termina en la Municipalidad, como secretario de Gobierno, que es el premio que recibe por esa participación”. También Carlos Orzaocoa, del PRT-ERP, afirma que “De la Sota fue un cruzado del Navarrazo. Actuó personalmente. Participó en los operativos del Navarrazo, cuando se ocuparon varias instituciones”.

Le pregunté por e-mail a De la Sota sobre esas acusaciones. “Elvio Alberione y Carlos Orzaocoa mienten, y no sé ni quiénes son ni dónde militaban en esa época (si es que militaban), menos ahora.”

En aquel momento, De la Sota era un abogado de 23 años que se desempeñaba como secretario parlamentario del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. Como Gatica, pertenecía a la Organización Única del Trasvasamiento Generacional, del peronismo de centro, moderado. “Yo —dice De la Sota— había colaborado muy activamente en la campaña electoral, y al momento de designar funcionarios fue el propio Obregón Cano quien le pidió al concejal Miguel Flores, que presidía el Concejo Deliberante, que me designara, dado que era profesor en la cátedra de Derecho Político de la Universidad y en el Instituto de Derecho Público Provincial y Municipal. Al fallecer el intendente Juan Carlos Ávalos, fue designado su sucesor José Domingo Coronel, que era un joven concejal de nuestra ‘Orga’. Así fue como asumí como secretario de Gobierno de la Municipalidad, a los 24 años.”

De la Sota vuelve a referirse a su actitud en la rebelión de Navarro: “Yo no era un militante aislado. Era ‘cuadro’ de conducción de una organización. Y mi organización no tuvo ninguna vinculación con el Navarrazo. Por el contrario, estábamos vinculados al gobernador Obregón Cano, aun con nuestra disputa con la Tendencia Revolucionaria, que ocupaba la mayoría de los espacios de su gobierno. Nuestros interlocutores más frecuentes con el gobernador eran el diputado nacional Flores y el senador provincial Alonso. Asimismo, yo personalmente participé en innumerables reuniones con el gobernador y su equipo, con quien he mantenido una amistosa relación desde entonces. La persecución de la intervención Lacabanne a nuestra organización y a nuestro gobierno municipal se fundó en nuestra buena relación con el gobierno de Obregón Cano”.

Luego del golpe, De la Sota fue detenido, primero en el Departamento Informaciones de la Policía y luego en la Unidad Penitenciaria Nº 1 durante dieciséis meses: “Me pusieron en el pabellón de los ‘montos’. Nuestras diferencias habían sido y eran irreconcilliables. Huguito Vaca Narvaja y ‘El Chicato’ Mozé, que eran los dos ‘cuadros’ de la Tendencia más amigos míos, me dijeron: ‘Ni vos ni nuestra gente va a estar a gusto’. ‘Exactamente. Voy a pedir el cambio de pabellón’, les respondí. Así fue que pedí ir a otro pabellón”.

De la Sota cuenta que tanto en el D-2 como en la cárcel fue torturado y sometido a simulacros de fusilamiento. “En la penitenciaría —afirma— te preguntaban si querías ir al médico, y si decías que sí te llevaban y te torturaban hasta dejarte hecho mierda. Te traían de vuelta al pabellón y te tiraban adentro diciendo: ‘Esto les va a pasar a los que pidan ir al médico’. Una vez me sacaron una muela en el pabellón perforándome el maxilar superior y de parado. Las caras de los ‘dentistas’ no me las olvido.”

Por su lado, Coronel recuerda que él asumió como intendente recién el 24 de septiembre de 1974, es decir casi siete meses después del Navarrazo, cuando el interventor era Lacabanne, que al parecer no había recibido buenos informes sobre el joven De la Sota.

“A los dos días de asumir —dice Coronel—, Lacabanne me llama por teléfono y me dice: ‘Lo espero mañana’. Yo le digo que sí, y él me agrega: ‘Va a tener que hacer algunos cambios en su gabinete’. Eso ya no me gustó. Al otro día le pido a De la Sota, que era mi secretario de Gobierno, que me acompañe. Lacabanne me pareció un soberbio, que no escuchaba nada ni a nadie. Llega con dos carpetas bajo el brazo; yo le presento a De la Sota, pero él no lo registra, no le da bolilla, y nos invita a pasar a su despacho, se sienta en un sillón en la cabecera y me dice: ‘Vamos a tener que trabajar juntos, pero usted va a tener que cambiar a algunos funcionarios’. Nosotros estábamos sentados a un costado, escuchando. Yo tenía 27 años, era muy joven, y me había dejado crecer el bigote para parecer más grande.”

—Luis Daichman —le grita agitando una de las carpetas.

—Sí, es funcionario mío, ¿qué pasa con él?

—Es de Entre Ríos, en Córdoba estuvo en el Frente Juvenil Comunista; tiene que echarlo.

—Pero tenía 15 años cuando estaba con los comunistas, ahora es un buen compañero.

—¡Qué va a ser compañero ése!

—Bueno, vamos a ver qué podemos hacer.

—José Manuel De la Sota. Es montonero, amigo de Abal Medina —le dice el interventor, revoleando la otra carpeta.

—Ése es el papá, Arnaldo, amigo de Abal Medina, pero de no de Fernando sino de Juan Manuel Abal Medina, y también de Marcelo Sánchez Sorondo. Son dos nacionalistas. Y él es De la Sota hijo.

—¡Usted es un mocoso insolente!

—¡Y usted es un loco de mierda!

Los dos ya se habían parado cuando entró un funcionario de Lacabanne y le dijo que tenía una llamada telefónica de urgencia; Coronel y De la Sota pudieron escabullirse. “Todo estaba muy polarizado —agrega el ex intendente—. Para unos, por ejemplo para los montoneros, De la Sota y yo estábamos a la derecha de todo; para Lacabanne y para otros éramos de izquierda.”

El viernes 1° de marzo de 1974 a la madrugada, por si fuera poco con el Navarrazo, los gremios enrolados en el peronismo de derecha desalojaron a los “legalistas” o combativos de Atilio López y a los “independientes” de Tosco de la cúpula de la CGT cordobesa: en un plenario “normalizador” realizado en un camping en Alta Gracia, al que asistió el ministro de Trabajo, Ricardo Otero, fue elegida una nueva conducción, encabezada por el molinero Bernabé Bárcena y el mercantil Hugo Hernández. “El que quería la Patria Socialista se ha espiantado y ahora debe andar por Tucumán”, dijo Otero en alusión a Tosco. Y agregó: “Hoy le diré al general Perón que la CGT de Córdoba está en manos de auténticos peronistas”.

Los dirigentes desplazados de la CGT desconocieron a la nueva conducción y convocaron a “la resistencia activa de la clase trabajadora y los sectores populares contra los reaccionarios continuistas que han copado distintas reparticiones oficiales”.

Pero el gobierno constitucional de Obregón Cano no fue defendido por la gente: el acto convocado para el 28 de febrero por la tarde frente a la CGT no se había podido realizar. Hubo sí una huelga, pero pasiva, y algunos atentados de Montoneros. La movilización popular y obrera fracasó, en parte, porque Atilio López estaba detenido, Tosco escondido, y Salamanca sin mucha voluntad de favorecer los planes de sectores a los que consideraba afines al imperialismo soviético, como Montoneros. Salamanca controlaba el Smata y era fuerte en fábricas como la de IKARenault, pero, como maoísta, apoyaba la tercera posición de Perón y de su gobierno.

Según el historiador Ferrero, “el elemento decisivo de la pasividad de las masas estuvo dado por la percepción, no por intuitiva menos certera, de que estaban en presencia de un enfrentamiento entre el general Perón y su círculo contra una corriente opositora a él. Aunque existía en la gente un gran aprecio por el doctor Obregón Cano, él no tenía peso propio frente al máximo, único, caudillo del peronismo”.

Cuando la CGT fue copada por los gremios afines al gobierno nacional, la provincia tenía ya un nuevo gobernador interino: el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Dante Agodino, que había jurado de apuro el jueves 28 de febrero por la noche en la sede del Tribunal Superior de Justicia; fue convencido en una hábil maniobra por uno de los sectores del peronismo que apoyaba la rebelión de Navarro, el grupo liderado por Raúl Bercovich Rodríguez.

Agodino era un abogado laboralista de la ciudad de San Francisco que no tenía fuerza propia y presidía la Cámara Baja sólo por su amistad con Obregón Cano. Desde su asunción, vaciló entre su lealtad hacia el gobernador depuesto, que quería recuperar su cargo, y las presiones de sus flamantes aliados.

Pronto comprendió que debía adaptarse a la nueva relación de fuerzas: eso fue luego de que el sábado 2 de marzo el presidente Perón enviara al Congreso un proyecto de ley para intervenir la provincia, con un polémico mensaje escrito por Esteban “Chango” Rey, asesor del Ministerio del Interior. Rey era un abogado laboralista tucumano proveniente del trotskismo, que en las elecciones del 11 de marzo de 1973 había encabezado la lista de candidatos a diputados del Frente de Izquierda Popular, de Jorge Abelardo Ramos, en la Capital Federal, mientras Silvio Frondizi hacía lo mismo en la nómina de Senadores.

Una de las “espadas” del peronismo en la Cámara de Diputados, el entrerriano Edgar Cossy Isasi, enumeró en el recinto los componentes de la “situación de ingobernabilidad actual de la provincia” que, según el oficialismo, justificaba la intervención federal; entre ellos, mencionó que Córdoba se había convertido en la capital de “una coordinada acción subversiva con proyección hacia el resto del país”.

Durante la crisis, los radicales defendieron la autonomía provincial: a través del titular de la UCR cordobesa, el senador Eduardo Angeloz, sostuvieron que no existían razones para el “remedio federal” y que, por el contrario, Obregón Cano debía ser restituido en su cargo, del que había sido desalojado en forma ilegal por una “sedición policial”.

“Obregón Cano —explica Angeloz— era un hombre serio y respetado. Yo lo defendí desde el partido porque había sido elegido como gobernador por una decisión popular. Al principio, el gobierno nacional quería una intervención total de la provincia, a los tres poderes y a los municipios. Entonces yo viajo a Buenos Aires y le hablo a don Ricardo Balbín, que era el líder nacional del radicalismo, y le digo: ‘¿Qué tienen que ver los noventa y nueve intendentes nuestros con la interna del peronismo?’. Balbín no era un hombre muy expresivo y me dice: ‘Bueno, está bien’, y se ve que habló con Perón, porque cuando llega al Congreso el proyecto de ley, la intervención era sólo para el Poder Ejecutivo de la provincia.”

Balbín fue recibido por Perón en la residencia de Olivos el sábado 2 de marzo por la mañana; allí acordaron que la intervención quedaría limitada al Poder Ejecutivo; es decir, no afectaría la Legislatura, el Poder Judicial ni los municipios, con lo cual el radicalismo mantuvo su cuota de poder en la provincia.

Para Angeloz, “fue peor el remedio que la enfermedad, porque lo que vino después fue frustrante para la provincia: una época de gran violencia, de bombas, asesinatos. El mayor responsable fue el brigadier Lacabanne. Era un fascista supremo, un hombre del ministro López Rega creo yo, y llegó a la provincia con tipos armados; en algunas reparticiones te ponían la ametralladora sobre la mesa. Me colocaron una bomba en el estudio, y hubo tres bombas, por separado, en la Casa Radical. El radicalismo sufrió mucho durante su intervención, porque no nos quedamos callados”.

Obregón Cano y Atilio López viajaron a Buenos Aires junto con algunos colaboradores para defender su posición en el Congreso y se instalaron en el City Hotel. Los legisladores peronistas recibieron al gobernador con todos los honores, pero en sucesivas reuniones terminaron convenciéndolo de que lo mejor para todos era que renunciara, decisión que formalizó el jueves 7 de marzo, cuando le pidió a su ministro de Educación, Carlos Tagle Achával, que le redactara un borrador en una hoja con membrete del hotel.

Al día siguiente, viernes 8 de marzo, el Congreso aprobó la intervención restringida al Poder Ejecutivo cordobés y, como premio consuelo para Obregón Cano y Atilio López, la Cámara de Diputados emitió una “Declaración” en la que definía a la rebelión de Navarro “y sus copartícipes” como un “delito de sedición”, por lo cual expresaba su “condena moral” y exigía sanciones legales.

Si bien el Navarrazo contó con el apoyo manifiesto, visible, entusiasta, de sindicatos y políticos cordobeses, el operativo parece haber sido armado en Buenos Aires por dirigentes que orbitaban alrededor de López Rega, cada vez más influyente en su doble rol de secretario privado del Presidente y ministro de Bienestar Social, y convertido en el referente principal de la derecha peronista. Los nombres más mencionados por las fuentes son los del coronel retirado Jorge Osinde y de Norma Kennedy. Un diseño que fue bendecido por el propio Perón, quien le dio el golpe de gracia a Obregón Cano con su proyecto de ley para intervenir la provincia.

Por ejemplo, “Chiche” Gatica no tiene dudas sobre la hechura porteña del Navarrazo: “Estoy seguro de eso. Para mí, lo arman desde los sectores vinculados a Norma Kennedy. Mire, yo fui testigo; no sé por qué, porque si hubiera sabido para qué era la reunión a la que me invitaron estando en Buenos Aires, no habría ido. Pero me invitaron de un momento para otro a un encuentro donde se iba a conversar sobre Córdoba. Y ya estaba todo armado y quien convocaba a esa reunión era Norma Kennedy; el planteo era que había que cerrar definitivamente el tema Córdoba. Estaban Norma Kennedy y un grupo de amigos de ella a los que no identificó. Es probable que haya estado Lacabanne. Nosotros no apoyamos para nada la rebelión de Navarro”.

Según el gobernador De la Sota, Navarro fue un instrumento del lopezrreguismo “para impulsar el derrocamiento de Obregón Cano. Lo terrible fue que Perón avaló la intervención a Córdoba, y con ello comenzó el quiebre de las instituciones federales”.

Para Jorge Dall’Aglio, que era el secretario general del gobierno provincial, el Navarrazo “fue la respuesta de Perón, que le soltó la mano a Obregón. Navarro tenía sus pretensiones, quería ser el interventor designado por el gobierno nacional. Yo no estaba en la Casa de Gobierno en el momento de la rebelión. Con mi gran amigo Luis Esterlizzi, que era el ministro de Obras y Servicios Públicos, nos escondimos en la casa de otro amigo porque gente de la derecha peronista nos buscaba en una camioneta para liquidarnos. Es que yo había quedado en el medio y era atacado tanto por Montoneros como por la derecha peronista, para la cual era filozurdo. Con Esterlizzi preparamos una carta de renuncia, en la cual decíamos que éramos leales a Obregón Cano y a su gobierno en tanto y en cuanto expresaran la lealtad a Perón, pero que, como eso se había roto, renunciábamos a nuestros cargos. Ésa fue nuestra respuesta al gesto político evidente de Perón. Esa carta dio pie para que Obregón y los montos nos consideraran traidores”.

Horacio Obregón Cano vivió el golpe contra su padre desde adentro. “El Navarrazo —asegura— fue un operativo armado en Buenos Aires y tuvo el aval del gobierno nacional, que no permitió el envío de la Gendarmería y evitó que interviniera el Ejército, porque mi viejo obviamente llamó al Ministerio del Interior y al Ejército para que vinieran a poner institucionalmente en orden lo que era una sublevación de la Policía. Yo estaba en el Ministerio de Gobierno cuando se pedía a la Nación que mandaran a Gendarmería. En Buenos Aires respondían a los llamados con ‘El ministro está ocupado’, ‘Ya van los gendarmes’, ‘Están yendo los gendarmes’, ‘Ya llegan los gendarmes’. Pero no los movilizaron nunca.”

Sin embargo, no responsabiliza a Perón: “Mi viejo nunca se sintió traicionado por Perón; sabía cómo era la situación. Fue una operación encabezada por el peronismo de derecha, de López Rega. A Perón le dan los hechos consumados; el gobierno estaba tomado absolutamente. A Jorge Taiana, que era el médico de Perón, lo encontramos en México durante el exilio, y nos dijo que cuando Perón volvió, no tenía poder político; que estaba lúcido pocas horas y que el resto del día lo manejaban López Rega e Isabel”.

El jefe del Tercer Cuerpo de Ejército era el general Ernesto Della Crocce; cuando recibió el llamado del gobernador, le contestó que no tenía órdenes para intervenir, en ningún sentido. Pero al día siguiente fue a la asunción del gobernador provisional, Agodino, donde Navarro fue vivado por los asistentes. Además, antes de acuartelarse, Navarro conversó por teléfono con el número dos del Tercer Cuerpo, el general Enrique Salgado, quien le deseó suerte.

“Teníamos preocupaciones en común con la Policía de Córdoba. Las fuerzas militares asintieron la asonada del teniente coronel Navarro con beneplácito”, asegura el suboficipal principal retirado Luis Manzanelli, de Inteligencia.

Navarro ya se había acuartelado cuando el teniente primero Gregorio “Goyo” Pomar, de 27 años, llegó a su casa, en el barrio militar ubicado frente al Parque Sarmiento. Como todos los días, había cruzado la ciudad desde su lugar de destino, la IV Brigada, en las afueras de la capital. Su mujer lo recibió con cara de pocos amigos.

—¿Cómo? ¿No van a hacer nada con Navarro? —le preguntó.

—¿Por qué tendríamos que hacer algo?

—El jefe de Policía, que es un militar, da un golpe de Estado contra el gobernador, ¿y el Ejército no hace nada?

—Tenés razón. Ya mismo me vuelvo a la Brigada.

Pomar se subió al auto, volvió a atravesar la ciudad pero en sentido inverso, retornó a su trabajo y golpeó la puerta del despacho del comandante, el general José Antonio Vaquero, que lo recibió junto a su segundo, el coronel José Rogelio Villarreal.

—Mi general, sobre el levantamiento del teniente coronel Navarro, el jefe de Policía, ¿no vamos a hacer nada?

“Vaquero —recuerda Pomar— se quedó pensando, sin contestarme nada, y Villarreal me dijo: ‘Vaya nomás, teniente primero’. Seguramente ya habría órdenes sobre este tema; yo las desconocía, pero imagino que el comandante de brigada no iba a hacer nada sólo por su voluntad; lo cierto fue que el Ejército actuó como si no pasara nada.”

Goyo Pomar es radical, nieto de un prestigioso edecán del presidente Hipólito Yrigoyen, y fue el único oficial del Ejército en todo el país que pidió la baja dos días antes del golpe del 24 de marzo de 1976, cuando se impartieron las órdenes para el derrocamiento de Isabel Perón. “Si yo —explica— hubiese tenido que enfrentarme con la guerrilla para defender a un gobierno constitucional, lo habría hecho, pero si tenía que hacerlo defendiendo a un gobierno de facto, no tenía sentido para mí, porque eso ponía al Ejército en una situación ilegal también. Por eso dejé la carrera.”

El gesto de Pomar adquiere una relevancia aun mayor cuando se considera su situación en detalle: según sus camaradas, poseía todos los atributos para llegar a general; como su grado era bajo, nunca cobró retiro o pensión, y además tenía una esposa y tres hijas, por las que debió encontrar rápido un nuevo trabajo.

Por su lado, Daniel Juez, que no tiene ningún parentesco con el senador Luis Juez, sostiene que el Ejército “no se movió, dejó hacer”, porque “no nos perdonaban la guerra contra ellos”. Y explica que ya en los dos operativos fundacionales de Montoneros —el secuestro y muerte del general Pedro Aramburu en Buenos Aires y la toma de La Calera en Córdoba— apareció una diferencia ideológica importante con relación al Ejército: “Con Aramburu se golpea al sector gorila, antiperonista, del Ejército, pero con La Calera se golpea a todo el Ejército; el problema aquí no es con un sector sino con todo el Ejército, que no permite el regreso de Perón ni la participación del peronismo en las elecciones”.

Luego de su renuncia y del asesinato de Atilio López, el 16 de septiembre de 1974, Obregón Cano se fue a México, en octubre de aquel año: “No le quedaba otra; si no se iba, lo mataban”, dice su hijo. Y agrega que el ex gobernador habló en el cementerio, frente al ataúd de López, donde “planteó que su muerte era el principio de una represión hacia lo que era un pensamiento de avanzada”. En el exilio mexicano, Obregón Cano organizó una clínica dental con el ex presidente Héctor Cámpora, también odontólogo, y reforzó sus vínculos con Montoneros: llegó a integrar el Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero, cuyo secretario general era el “comandante” Mario Firmenich. Con el retorno a la democracia volvió al país, donde fue detenido y condenado a prisión por asociación ilícita y resistencia armada; recuperó la libertad en 1987 en forma condicional y luego fue indultado por el presidente Carlos Menem. Vive en el barrio porteño de Caballito; el 11 de abril de 2013 cumplió 95 años y ya no da entrevistas, según explicaron sus hijos.

Por su lado, Navarro renunció a su cargo de jefe de Policía el 12 de marzo de 1974 y fue procesado por sedición, privación calificada de la libertad, usurpación de propiedad y usurpación de autoridad; el gobierno nacional lo envió discretamente a Madrid con la promesa de una ayuda económica que nunca llegó, por lo cual tuvo que viajar a las islas Canarias, donde unos primos que nunca había visto le consiguieron trabajo en el puerto, como apuntador de barcos que llegaban con bananas y otras frutas. Lorenzo Miguel, el secretario general de la UOM y de las 62 Organizaciones Peronistas, se enteró de su situación y le gestionó un indulto que la presidenta Isabel Perón firmó el 17 de octubre de 1974, el Día de la Lealtad en el peronismo. Regresó al país y Otero, el ministro de Trabajo y hombre de Lorenzo Miguel, lo presentó en un curso de adoctrinamiento como “el autor del verdadero cordobazo peronista”. Viajó un par de veces a Londres invitado por su yerno, Ardiles, y organizó en Córdoba una agencia privada de seguridad. Navarro murió de un infarto el 4 de octubre de 1981 mientras miraba un partido de Instituto por televisión.

El Navarrazo desplazó a Obregón Cano del gobierno provincial, un golpe también para Montoneros, que perdió a uno de sus aliados más sólidos y con mayor proyección política. Duilio Brunello asumió como interventor el 15 de marzo de 1974; fue una gestión moderada que, en un escenario tan polarizado, pasó sin pena ni gloria. Perón murió a los tres meses de la intervención, y la derecha peronista, con la nueva presidenta Isabel Perón y López Rega como estandartes, se adueñó del gobierno y marcó el rumbo de la política nacional. A Córdoba enviaron a un miembro de su círculo íntimo, Lacabanne, el 7 de septiembre de 1974; su gobierno duró poco más de un año, hasta que López Rega dejó de ser el hombre fuerte del gobierno y debió abandonar sus cargos y también el país.

El último interventor de Córdoba fue Bercovich Rodríguez, que asumió el 20 de septiembre de 1975. Pero no recibió el cargo de Lacabanne sino del general Luciano Benjamín Menéndez, el nuevo jefe del Tercer Cuerpo, que fue nombrado interventor interino por la Casa Rosada para garantizar la seguridad provincial. La jura de Menéndez fue una imagen adecuada de hacia dónde se había desplazado el poder, que ya no residía en los civiles sino en los militares, especialmente en la provincia que hasta poco tiempo antes aparecía como la punta de lanza de la revolución, como la capital del socialismo vernáculo, como el foco neurálgico de las guerrillas.

La partida terminaba justo donde había comenzado.

FUENTES

INTRODUCCIÓN

El editorial de La Voz del Interior fue citado en la edición especial de ese diario del 15 de marzo de 1994: “Testigo y protagonista del siglo”, página 100. El personaje de Mario Paoletti en el libro Antes del Diluvio, página 168. Luis Mattini en su libro Los Perros, página 21, y entrevista con el autor. El Che Guevara y el peronismo en Ciro Bustos: El Che quiere verte, páginas 314 y 463. Los mitos sobre la identidad de Córdoba en César Tcach (Coordinador): Córdoba bicentenaria, páginas 8 a 12. Ernesto Spedoni en entrevista con el autor. Esteban Dómina en La Voz del Interior del 22 de marzo de 2009 y en su página www. estebandomina.com.ar. Antonio Seguí en entrevista con el autor.

CAPÍTULO 1

El abogado Carlos Altamira está desaparecido desde el 27 de mayo de 1976; fue visto por última vez en “La Perla”, un centro de detención ubicado en el camino entre Córdoba y Carlos Paz. El diálogo con Marcos Osatinsky en entrevistas del autor a Lucio Garzón Maceda; luego del golpe del 24 de marzo de 1976 y de atentados contra su vivienda y su estudio jurídico, Garzón Maceda se exilió en París; junto con Gustavo Roca, el 28 y 29 de septiembre de 1976 denunció las violaciones a los derechos humanos de la dictadura en el Congreso de Estados Unidos; fue un duro golpe diplomático para el régimen militar. El Departamento Informaciones (D-2) era el segundo de los cinco departamentos que integraban la plana mayor de la Policía de Córdoba, según el decreto 1047 del 15 de marzo de 1973 firmado por el gobernador Helvio Nicolás Guozden; los cinco departamentos funcionaban en el edificio del Cabildo. El Ejército Guerrillero del Pueblo en Ciro Bustos: El Che quiere verte, páginas 69 a 206; Paco Ignacio Taibo II: Ernesto Guevara, también conocido como el Che, páginas 559 a 567, y una entrevista del periodista Jaime Padilla a Ciro Bustos realizada en Suecia en octubre de 1997 y publicada en www.rebelion.org. Los fusilamientos de Adolfo Rotblat y Bernardo Groswald en el testimonio de Héctor Jouvé a la revista La Intemperie, de Córdoba, en octubre y noviembre de 2004; Oscar del Barco publicó en diciembre de aquel año una carta de lectores en La Intemperie con una profunda e inédita autocrítica sobre la lucha armada, que dio lugar a una polémica sistematizada en el libro No matar. Sobre la responsabilidad, de la Universidad Nacional de Córdoba. Gustavo Roca sobre la reacción del Che acerca del final del EGP en Paco Ignacio Taibo II: Ernesto Guevara. También conocido como El Che, página 567. El impacto de la Revolución Cubana en el Partido Comunista en Isidoro Gilbert: La Fede, páginas 404 a 442. Carlos Olmedo en Gonzalo Chaves y Jorge Lewinger: Los del 73, páginas 105 a 116. Sara de Osatinsky como la autora de los disparos que mataron al policía Esteban Sullings en Juan Bautista Yofre: “Nadie fue”, página 214. Sara de Osatinsky vive en Suiza y nunca respondió a los pedidos de entrevistas del autor. La entrevista a Olmedo en Cristianismo y Revolución, número 28, abril de 1971, y en Militancia Peronista para la Liberación, número 3, 28 de junio de 1973. El poema de Paco Urondo, que se llama Liliana Raquel Gelin, en Francisco Urondo: Obra poética. Luchino Revelli-Beaumont se convertiría después en un contacto privilegiado de Fiat con Juan Perón, asumiría la dirección de esa multinacional en la Argentina y sería secuestrado en 1977 en París por un grupo de guerrilleros argentinos, como cuenta Juan Gasparini en su libro Manuscrito de un desaparecido en la Esma. Osatinsky con Juan Perón en Roberto Baschetti: La memoria de los de abajo. 1945-2007, tomo 2, página 101. El diálogo entre Mario Santucho y Agustín Tosco en María Seoane: Todo o nada, página 176. El Che Guevara y el peronismo en Ciro Bustos: El Che quiere verte, páginas 314 y 463. Luis Mattini en sus libros Hombres y mujeres del PRT-ERP, página 107 y 149; Los Perros, páginas 16, 230 y 231, y en entrevista con el autor. Eduardo Luis Duhalde en María Seoane: Todo o nada, página 187. La fuga de Rawson en Gonzalo Chaves y Jorge Lewinger: Los del 73, páginas 72 a 81; María Seoane: Todo o nada, páginas 174 a 189; en las Memorias de Enrique Gorriarán Merlo, páginas 155 a 165, y revista Evita Montonera, número 9, de noviembre de 1975. Algunos autores señalan que el jefe operativo de la fuga fue Mario Santucho a pesar de que los sobrevivientes indican que ese rol fue ocupado por Marcos Osatinsky; de todos modos, Santucho participó en la planificación del escape. Mirta y Mónica Valenzuela en el diario Clarín del 27 de mayo de 2012. Los responsables de la Masacre de Trelew fueron condenados por la justicia el 15 de octubre de 2012. Emiliano Costa y Sylvina Walger en entrevistas con el autor.

CAPÍTULO 2

El encuentro en la D-2 fue reconstruido en base a entrevistas con Lucio Garzón Maceda y una fuente que pidió que su nombre no fuera dado a conocer; el comisario general retirado Alberto Choux, que está preso acusado de violaciones a los derechos humanos, no quiso ser entrevistado. Las misiones y funciones del Departamento Informaciones de la Policía de Córdoba en el Reglamento Orgánico del D-2. Juan Perón en su Manual de Conducción Política, páginas 379 a 381. Jorge Devia, Norma López Rega, José Domingo Coronel y Luis Mattini en entrevistas con el autor. El colaborador del brigadier general Héctor Fautario, que no quiso que su nombre trascendiera, en entrevista con el autor. El discurso de Raúl Lacabanne en la toma de posesión de su cargo de interventor en La Voz del Interior del 8 de septiembre de 1974. El desplazamiento de José López Rega en mi libro Operación Primicia, páginas 298 a 302. El nombramiento de Jorge Rafael Videla como jefe del Ejército en mi libro Disposición Final, páginas 170 a 178. Enrique Gorriarán Merlo en sus Memorias, páginas 232, 241 a 248 y 259. Mattini sostiene que “Gorriarán era militarista en el pensamiento, en la forma de encarar y resolver los problemas, pero eso no quiere decir que su formación militar fuera tan buena. Militarista pero no un cuadro militar de excelencia, como algunos creen”. Luego de su pelea con Mattini en 1978, Gorriarán Merlo y un grupo de seguidores se integraron al sandinismo, que al año siguiente tomó el poder en Nicaragua. En ese marco, el 17 de septiembre de 1980 encabezó el pelotón que mató al ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza, que estaba refugiado en Paraguay. Luego del retorno de la Argentina a la democracia, promovió la formación del Movimiento Todos por la Patria, que editó la revista Entre Todos, y fue el financista oculto del diario Página/12, como indica en sus Memorias, en las páginas 496 a 498. El 23 de enero de 1989 lideró el ataque al cuartel de La Tablada, que fracasó y provocó la muerte de 39 personas, entre ellas 28 guerrilleros; argumentó que buscaba impedir un golpe militar. Gorriarán Merlo logró escapar; fue capturado en México en 1995 y condenado a prisión perpetua al año siguiente, pero recuperó su libertad en 2003, cuando el presidente Eduardo Duhalde lo indultó; murió el 22 de septiembre de 2006 en el Hospital Argerich, de Capital Federal. El ataque a la fábrica militar de Villa María en Gustavo Pils-Sterenberg: Monte Chingolo, páginas 50 a 52.

CAPÍTULO 3

El ataque a la Policía de Córdoba en entrevistas con Nelson Pozzoli, Isaac Rudnik, Julio Carreras, Charlie Moore, Carlos Yanicelli, Yamil Jabour y dos fuentes que pidieron reserva de sus nombres; en los diarios La Voz del Interior, Los Principios y Córdoba del 21 de agosto de 1975, y en las Memorias de Enrique Gorriarán Merlo, páginas 251 a 259. La tesis de Mario Santucho sobre el “poder dual” o “doble poder” en Luis Mattini: Hombres y mujeres del PRT-ERP, páginas 234 a 238.

CAPÍTULO 4

Enrique Gorriarán Merlo en sus Memorias, páginas 249 a 259. Isaac Rudnik en entrevista con el autor. Marcelo Iturbe en testimonio ante la justicia federal de Córdoba el 17 de abril de 2009; Teresa Meschiati, otra ex detenida, afirmó en Ginebra, Suiza, el 20 de marzo de 1984, que “varias personas que residen en el exilio confesaron haber sido torturadas por Moore”. Charlie Moore en entrevistas por teléfono con el autor y en Miguel Robles: La búsqueda, páginas 90, 103, 116, 117, 127 a 138, 181, 182 y 295. Marta Ríos Barrera en testimonio ante la justicia federal de Córdoba el 4 de octubre de 2001. Juan Reynoso en Miguel Robles: La búsqueda, páginas 36 a 39. Ludmila da Silva Catela y Agustín Di Toffino en Miguel Robles: La búsqueda, página 8. Elia Salis en testimonio ante la justicia federal de Córdoba el 3 de abril de 2009. María del Rosario Miguel Muñoz en testimonio ante la justicia federal de Córdoba el 6 de noviembre de 2008. Luis Miguel Baronetto en testimonio ante la justicia federal de Córdoba el 23 de agosto de 2000. Carlos Yanicelli, Yamil Jabour y Calixto Flores en entrevistas con el autor. El significado de “minuto” en Luis Mattini: Los Perros, página 75. Los rangos de los oficiales de la policía cordobesa en 1975 eran, del menor al mayor: subayudante, ayudante, auxiliar, principal, subcomisario, comisario, comisario inspector, inspector mayor e inspector general (estos dos últimos reemplazados luego por comisario mayor y comisario general).

CAPÍTULO 5

Luis Mattini en su libro Los Perros, páginas 19 y 20. Las precauciones de la Policía por el tercer aniversario de la masacre de Trelew en La Voz del Interior, Los Principios y Córdoba del 21 de agosto de 1975. Mario Leiva en Colección Memorias de la D-2 del Archivo de Historia Oral de la Comisión y Archivo Provincial de la Memoria. Entrevistadora: Damiana Mecca; camarógrafo: Pablo Becerra, 04/03/2011, 104 minutos. Juan Reynoso en Miguel Robles: La búsqueda, página 38. Charlie Moore en Miguel Robles: La búsqueda, páginas 116, 117 y 121, y en entrevista con el autor. Carlos Orzaocoa en entrevista con Ariel Bogdanov. Enrique Gorriarán Merlo en sus Memorias, páginas 249, 250 y 259. Mario Santucho y Marcos Osatinsky sobre la unidad de los grupos guerrilleros en revista Punto Final, de Chile, el 12 de noviembre de 1972, sitio www. elhistoriador.com.ar. El ERP sobre el gobierno de Héctor Cámpora en María Seoane: Todo o nada, página 208. María Seoane en su libro Todo o nada, página 307. Roberto Perdía en su libro La otra historia, páginas 284 a 286. Mattini sobre la reunión que no se hizo entre los enlaces de Santucho y Perdía en su libro Los Perros, página 159. Juan Carlos Cerutti en entrevista con el autor. El robo del ataúd de Osatinsky en La Voz del Interior, Los Principios y Córdoba, y en una entrevista del autor con una fuente que pidió permanecer en el anonimato. La condecoración póstuma a Osatinsky en Roberto Baschetti: La memoria de los de abajo, volumen 2. En 1976, luego del golpe, los dos hijos de Osatinsky, que también eran montoneros, fueron muertos en la provincia de Córdoba: Mario a los 18 años, en un tiroteo con el Ejército cerca de Alta Gracia, y José a los 15, cuando salía de su vivienda al colegio en bicicleta. El cuerpo de Mario fue enterrado en una fosa común e identificado en 2003; los restos de José nunca fueron encontrados. La esposa de Osatinsky, Sara Solarz, fue capturada al año siguiente, el 14 de mayo de 1977, en una esquina de la ciudad de Buenos Aires y llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde fue torturada y colaboró con los marinos, que la enviaron a España el 19 de diciembre de 1978 convencidos de que había sido convertida en una defensora de la dictadura. Pero casi un año después, el 12 de octubre de 1979, en la Asamblea Nacional de Francia, denunció en forma detallada lo que ocurría en la ESMA junto con otras dos ex detenidas. Su testimonio fue fundamental en el caso de niños nacidos en cautiverio porque había asistido a quince parturientas en la ESMA. Vive en Suiza.

CAPÍTULO 6

El Chango Rodríguez en su zamba De Alberdi. Yo fui Vargas. El antiterrorismo por dentro es una edición de autor, de 1995. Con los años, el capitán Héctor Vergez negó que hubiera sido escrito por él. “No tiene copyright ni se puede probar que sea de él”, dice un ex colaborador de Vergez. Roberto Perdía en entrevista con Ariel Bogdanov. Carlos Hobert en mi libro Operación Traviata, páginas 243 a 247. La muerte de Carlos Hobert y su esposa en Operación Traviata, páginas 244 y 245, en base a José Amorín: Montoneros. La buena historia, páginas 310 a 312. Charlie Moore en entrevista con el autor y Miguel Robles: La búsqueda, páginas 119 y 120. La detención de Carlos Otero Álvarez en La Voz del Interior del 2 y 4 de septiembre de 2012. El recibimiento a Otero Álvarez en la prisión de Bouwer en entrevista del autor a Osvaldo Viola, abogado de uno de los militares condenados en la causa Menéndez I. Julio Carreras, Sylvina Walger, Julio Bárbaro y Ramón Canalis en entrevistas del autor. Horacio Mendizábal y la emboscada contra José Ignacio Rucci en mi libro Operación Traviata, páginas 199 a 212. El comunicado de Al Fatah en Roberto Baschetti: La memoria de los de abajo, volumen 2, páginas 43 y 44. La voladura de la casa de Maestro Vidal 1010 en Yo fui Vargas, página 148.

CAPÍTULO 7

Hugo Haymal en entrevista con el autor. La muerte de Fernando Haymal en La Voz del Interior del 3 de septiembre de 1975. Hay autores, como Felipe Celesia y Pablo Waisberg en Firmenich, página 226, y Juan Gasparini en Montoneros. Final de cuentas, página 128, que afirman que quien resultó arrastrado por el pavimento fue Marcos Osatinsky, pero eso no fue así. Aquiles y Héctor en Homero: Ilíada, página 416. El descargo de Fernando Haymal en Felipe Celesia y Pablo Waisberg: Firmenich, página 226. La justicia revolucionaria de Montoneros y el caso Quieto en mi libro Operación Primicia, páginas 291 a 296. La sentencia del tribunal revolucionario de Montoneros en Evita Montonera número 8, octubre de 1975. La explicación en el documento requisado en la cárcel sobre por qué había que matar a Fernando Haymal en la causa en Córdoba contra Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros militares y policías, cuya sentencia fue conocida el 22 de diciembre de 2010. Héctor Vergez en Yo fui Vargas, páginas 145 y 146. Las tumbas de Haymal y Osatinsky en Alejandra Vignollés: Doble condena, página 197. Luis Labraña en entrevista con el autor. El testimonio del ejecutor de Fernando Haymal en Juan Gasparini: Montoneros. Final de cuentas, página 128.

CAPÍTULO 8

La expresión “caídos en combate” fue tomada del discurso del representante de la Comisión Pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado en el acto oficial del 7 de noviembre de 2007, cuando fue inaugurado en la Costanera porteña por el presidente Néstor Kirchner en presencia de la presidenta electa, Cristina Kirchner. El argumento oficial para negarse a informar sobre las indemnizaciones pagadas a las víctimas del terrorismo de Estado en nota DD-S04: 0000995/2011, del 15 de marzo de 2011. Los datos globales sobre las indemnizaciones pagadas al 23 de julio de 2007 fueron suministrados ante un reclamo judicial realizado por José D’Angelo, teniente primero retirado y director de la revista B1. Hugo Haymal en entrevista con el autor. La mayoría de los datos sobre pagos polémicos a parientes de guerrilleros fueron recopilados por D’Angelo, según reveló La Nación el 5 de septiembre de 2011. El cambio de objetivo del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado en el diario Perfil del 17 de febrero de 2008. Eduardo Menem en Operación Primicia, páginas 202 y 203. Sobre los militares muertos en el intento de copamiento del regimiento formoseño, el 28 de noviembre de 2012 la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley que también indemniza a los parientes de esas víctimas; si lo aprueba el Senado, recibirán la cantidad de dinero ya pagada a los herederos de los guerrilleros caídos en aquel hecho. Jorge Vanossi en entrevista con el autor. La muerte de José Sabino Navarro en Roberto Baschetti: La memoria de los de abajo, volumen 2, páginas 80 y 81. La muerte de Hugo Irurzún en las Memorias de Enrique Gorriarán Merlo, páginas 404 a 413. Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy en Disposición Final, páginas 43 a 45, 56, 57 y 103. Graciela Fernández Meijide en su libro: La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, páginas 121 a 125, y en revista Noticias del 24 de julio de 2012. El relevamiento del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en Operación Primicia, páginas 209 y 210. Sergio Schoklender en mi libro Disposición Final, página 43. Héctor Schmucler en entrevista con el autor.

CAPÍTULO 9

El secuestro de John Patrick Egan en los diarios La Voz del Interior, Los Principios, Córdoba, Clarín, La Nación y Buenos Aires Herald del 25 de febrero al 31 de marzo de 1975. Los cables de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina han sido desclasificados por el paso del tiempo y pueden ser consultados en esa delegación diplomática; copias en poder del autor. Jorge Rafael Videla y Ernesto Barreiro en mi libro Disposición Final, páginas 111, 112 y 128 a 131. Nelson Pozzoli y Carlos Yanicelli en entrevistas con el autor. Roberto Baschetti sobre Luis Verón en su libro La memoria de los de abajo, volumen 2, página 271. Las declaraciones de ex presos sobre Verón en el juicio oral contra Videla, Luciano Menéndez y otros militares y policías en Córdoba en 2010. Las declaraciones de Robert Scherrer, que ya falleció, a Martin Andersen, autor del libro Dossier secreto, en una carta fechada el 9 de febrero de 1987. Las declaraciones de Luis Margaride en un cable confidencial de la embajada estadounidense del 4 de marzo de 1975. Hugo Anzorreguy en entrevista con el autor. El informe de Robert Hill a Henry Kissinger en su cable reservado del 28 de febrero de 1975. Julio González en su libro Isabel Perón. Intimidades de un gobierno, páginas 158 y 159. La queja de Robert Hill en el cable confidencial 1.503 del 5 de marzo de 1975. La respuesta de Alberto Vignes en el cable confidencial 1.855 de la embajada estadounidense, del 17 de marzo de 1975. El memo del Departamento de Estado en el cable reservado número 46.630 del 1° de marzo de 1975.

CAPÍTULO 10

Olga Tello en entrevista con el autor; otros datos de Diana Fidelman fueron tomados del sitio www.eldiariodeljuicio.com.ar y del Archivo Provincial de la Memoria. Norma San Nicolás, Luis Baronetto y Miriam Salvador en la causa Videla, llevada a juicio oral en Córdoba en 2010. Jorge Rafael Videla en mi libro Disposición Final, páginas 43 a 45, 51 a 53 y 56. La sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 1 en www.eldiariodeljuicio.com.ar. La sentencia contra José Dirceu en el diario Página/12 del 13 de noviembre de 2013. La orden del general Juan Bautista Sasiaiñ en la causa Videla. Julio Carreras en entrevista con el autor. Los fusilamientos del 12 de agosto de 1976 fueron reconstruidos según los testimonios del testigo Eduardo De Breuil en la causa Videla, brindados el 21 de septiembre de 1984, el 18 de noviembre de 1999 y el 20 de julio de 2010. Eduardo De Breuil no quiso ser entrevistado. El juez Adolfo Zamboni Ledesma en la causa Fidelman.

CAPÍTULO 11

La llegada del capitán Héctor Vergez a Córdoba en Yo fui Vargas, página 96; varios años después de publicado, Vergez desmintió que este libro hubiera sido escrito por él; la información sobre el respaldo de sectores del peronismo fue confirmada por una fuente que colaboró en aquellos años con Vergez. El “Operativo Cacerola” en Daniel Enz: Rebeldes y ejecutores, Capítulo I, en el sitio www.analisisdigital.com.ar. Cornelio Saavedra Alfaro en la Voz del Interior del 29 de noviembre de 2009. Raúl Lacabanne en La Voz del Interior del 21 de agosto de 1975. Charlie Moore en Miguel Robles: La búsqueda, páginas 127 a 138, y en entrevistas con el autor. Moore me dijo en una entrevista telefónica el 14 de septiembre de 2011 que, en su opinión, el nombre Comando Libertadores de América apareció en octubre. Adalberto Orbiso y Teodoro Funes en entrevista con el autor. La matanza de los Pujadas en La Voz del Interior, Los Principios y Córdoba del 15 al 22 de agosto de 1975. Los decretos 2.770, 2.771 y 2.772 y Juan José Linz en mi libro Operación Primicia, páginas 319 a 324. Robert Hill en el cable reservado 6.814 del 10 de octubre de 1975. Jorge Rafael Videla en mi libro Disposición Final, páginas 137 y 182. Ítalo Lúder en Disposición Final, página 152. Carlos Díaz en entrevista con el autor. La captura de Horacio Pietragalla y Eduardo Jensen en Yo fui Vargas, página 120. Las reuniones de la Comunidad Informativa en Disposición Final, páginas 107 a 110. Luciano Benjamín Menéndez en su alegato del 22 de diciembre de 2010 y en su declaración del 27 de febrero de 2013. Ernesto Barreiro, Luis Manzanelli y Ernesto Martínez en entrevistas con el autor. El caso Caffaratti en Disposición Final, páginas 262 y 263. Vergez volvió luego a Córdoba, donde dirigió una financiera y fue acusado, junto con el ex diputado y ex funcionario menemista Julio César Aráoz, de haber lucrado con la venta de muebles y artículos robados en las viviendas de las personas detenidas y desaparecidas. Ambos negaron siempre esas denuncias y fueron sobreseídos por la justicia.

CAPÍTULO 12

Mario Firmenich en Felipe Pigna: Lo pasado pensado, páginas 251 y 285. Carlos Yanicelli y Luis Manzanelli en entrevistas con el autor. Luis Mattini en entrevista con el autor. Roberto Perdía en su libro La otra historia, página 252 y en entrevistas con Ariel Bogdanov y con el autor, por separado. La versión de la familia, los amigos y los compañeros de Roberto Quieto sobre su detención en Alejandra Vignollés: Doble condena, páginas 199 a 210 y Lila Pastoriza en Lucha Armada en la Argentina número 6, páginas 4 a 31. Emiliano Costa en entrevista con el autor. Graciela Daleo en Eduardo Anguita y Martín Caparrós: La Voluntad, tomo 4, páginas 337 y 338. Firmenich sobre el retorno a la lucha armada en Eduardo Anguita y Martín Caparrós: La Voluntad, tomo 4, páginas 96 y 97. Ignacio Vélez en Lucha Armada en la Argentina número 2, páginas 4 a 25, y el diario Miradas al Sur del 4 de julio de 2010. Vélez fue uno de los fundadores de Montoneros en Córdoba y fue apresado luego de la toma de La Calera, el 1° de julio de 1970; estuvo en la cárcel hasta el 25 de mayo de 1973, cuando fue amnistiado junto con todos los “presos políticos”; en prisión, con un grupo de presos conocidos como “Los de La Calera”, escribió el “Documento Verde” en el que criticaba el foquismo y el militarismo de Montoneros y también su relación con Perón y con el peronismo; tanto fue así que apenas salieron de la prisión se separaron de Montoneros y fundaron la columna Sabino Navarro de Córdoba, conocidos también como “Los Sabinos”. Firmenich con René Salamanca y Agustín Tosco en la revista La causa peronista, número 6, 13 de agosto de 1974. El acto del 17 de octubre de 1973 en mi libro Operación Traviata: páginas 299 y 300. La primera hija de Firmenich en Felipe Celesia y Pablo Waisberg: Firmenich, páginas 224 y 225. Firmenich y María Elpidia Martínez Agüero en Celesia y Waisberg: Firmenich, páginas 127 a 129. El cautiverio de María Elpidia Martínez Agüero en Alejandra Vignollés: Doble condena, páginas 226 a 229. Mario Javier Firmenich en la crónica del periodista Damián Etchezar: “Nacido en manos de la dictadura: Montoneros, los ’70 y la memoria”, en www.elextremosur.com. Firmenich y la “nueva embestida judicial” en Celesia y Waisberg: Firmenich, páginas 446 a 449. La toma de La Calera en La Voz del Interior del 2 al 9 de julio de 1970, y 27 de junio de 2010, y Lucas Lanusse: Montoneros. El mito de sus 12 fundadores, páginas 191, 192, y 209 a 213; este libro fue consultado sobre todo el proceso de formación de Montoneros. Cecilio Salguero en Archivo Provincial de la Memoria; colección: Organizaciones Armadas; entrevistadora: Damiana Mecca; camarógrafo: Pablo Becerra; fecha: 14 de abril de 2011; duración: 156’. Jorge Devia en entrevista con el autor. Perón y la “juventud maravillosa” en mi libro Operación Traviata, página 219.

CAPÍTULO 13

Ignacio Vélez en Lucha Armada en la Argentina número 2, páginas 4 a 25, y el diario Miradas al Sur del 4 de julio de 2010. Juan Perón y el Che Guevara en su carta del 24 de octubre de 1967. Perón y las “formaciones especiales” en su carta del 23 de febrero de 1972 dirigida “A los Compañeros de la Juventud”. La toma de La Calera en La Voz del Interior del 2 al 9 de julio de 1970, y 27 de junio de 2010. José Gaido en entrevista con el autor; Gaido fue asesor y redactor de los discursos del tres veces gobernador radical Eduardo Angeloz, y empresario periodístico (por ejemplo, llevó a Córdoba el diario Página/12); ahora es productor agropecuario y dueño de Galileo, una librería, centro cultural, café y restaurante. Monseñor Enrique Angelelli murió el 4 de agosto de 1976 de una manera sospechosa cuando volvía en camioneta de una misa en homenaje a dos sacerdotes asesinados, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. La repercusión en Córdoba de la dictadura del general Juan Carlos Onganía en César Tcach: De la Revolución Libertadora al Cordobazo, páginas 212 a 215. El chiste sobre el nuevo juramento para los funcionarios en la revista Primera Plana del 20 de septiembre de 1966 en www.elhistoriador.com.ar. Gustavo Morello en su libro Cristianismo y Revolución, páginas 108, 137 y 138, Lorenzo Gatica en entrevista con el autor. El documento de los dieciocho obispos del Tercer Mundo y las “coincidencias básicas” del MSTM en Gabriel Seisdedos: Hasta los oídos de Dios, páginas 21 a 33 y 84 y 85. Gabriel Seisdedos en El honor de Dios, páginas 51 y 77, y en Hasta los oídos de Dios, páginas 35 y 38. Jorge Galli en mi libro Operación Traviata, página 275. Leonardo Boff y el Che Guevara en Operación Traviata, páginas 203 y 204.

CAPÍTULO 14

La comida en la parrilla de Sergio Villarruel en Jorge Oscar Martínez: La CGT Córdoba de La Falda al Cordobazo, páginas 83, 84, 96 y 99, y entrevistas del autor con Lucio Garzón Maceda. Villarruel en Clarín del 10 de abril de 1997. Datos y números del Cordobazo en un artículo del periodista Carlos Sacchetto en Clarín del 25 de mayo de 2008. La fundación del ERP en Matría Seoane: Todo o nada, páginas 135 a 139. Garzón Maceda en Jorge Oscar Martínez: La CGT Córdoba de La Falda al Cordobazo, páginas 19 a 25; 34, 37, 41; 43 a 46; 71 a 73; 85, 86, 100 y 101, y en entrevistas con el autor. Cecilio Salguero en Archivo Provincial de la Memoria; colección: Organizaciones Armadas; entrevistadora: Damiana Mecca; camarógrafo: Pablo Becerra; fecha: 14 de abril de 2011; duración: 156’. Carlos Orzaocoa en entrevista de Ariel Bogdanov. Luis Mattini, Ernesto Spedoni y Antonio Seguí en entrevistas con el autor. Los cambios por el boom automotriz en César Tcach: De la Revolución Libertadora al Cordobazo, páginas 164 y 165. Córdoba y la Revolución de Mayo en el sitio de Esteban Dómina: www.estebandomina.com.ar. Dómina en el artículo “Fábrica militar de aviones, madre de industrias” en www.estebandomina.com.ar. Arturo Zanichelli en el artículo “Córdoba, casi siempre a contrapelo” en www.estebandomina.com.ar. La respuesta de Agustín Tosco a Mario Santucho en María Seoane: Todo o nada, página 202. Teodoro Funes en entrevista con el autor.

CAPÍTULO 15

Juan Perón en Clarín, La Nación y La Voz del Interior del 15 de enero de 1974. Ricardo Obregón Cano en La Nación, Clarín y La Voz del Interior del 17 de enero de 1974. Perón sobre Héctor Cámpora en Pedro Ramón Cossio y Carlos Seara: Perón. Testimonios médicos y vivencias (1973/1974), página 67. Los problemas de gestión de Obregón Cano en Roberto Ferrero: El Navarrazo y el gobierno de Obregón Cano, página 47, y La Voz del Interior del 30 de diciembre de 1973. Las definiciones de Obregón Cano en Roberto Ferrero: El Navarrazo y el gobierno de Obregón Cano, páginas 17 y 19. Horacio Obregón Cano en entrevista con Diego Marconetti. Gustavo Caraballo en mi libro Operación Traviata, páginas 267 y 268. Jorge Dall’Aglio en entrevista con el autor. El cable del embajador John Lodge a su gobierno en mi libro Operación Traviata, páginas 296 a 298. El desplazamiento de los gobernadores afines a Montoneros en Alicia Servetto: 73/73. El gobierno peronista contra las “provincias montoneras”, y Damián Antúnez Harboure: “La Tendencia Revolucionaria del peronismo en los gobiernos provinciales”, tesis doctoral. Jorge Pérez Gaudio en La Voz del Interior del 22 de junio de 2011 y Clarín del 11 de mayo de 2003. Lucio Garzón Maceda y Teodoro Funes en entrevistas con el autor. La anécdota entre Perón y Obregón Cano en Roberto Ferrero: El Navarrazo y el gobierno de Obregón Cano, páginas 16 y 17.

CAPÍTULO 16

El diálogo entre Benito Llambí y Antonio Navarro en Roberto Ferrero: El Navarrazo y el gobierno de Obregón Cano, páginas 111 y 112. Ricardo Obregón Cano y sus diálogos con Raúl Faure y Fausto Rodríguez en Roberto Ferrero: El Navarrazo y el gobierno de Obregón Cano, páginas 111 y 120. Teodoro Funes y Daniel Juez en entrevistas con el autor. El punto de inflexión de Navarro y la visita de Elvio Alberione a Buenos Aires en Roberto Ferrero: El Navarrazo y el gobierno de Obregón Cano, páginas 55, 56 y 57. La designación de Navarro en entrevista del autor con Alberione y Roberto Ferrero: El Navarrazo y el gobierno de Obregón Cano, páginas 29 a 31. Jorge Carcagno y Montoneros en Rosendo Fraga: Ejército: del escarnio al poder (1973-1976), páginas 70 y 71. Norma Morandini en Clarín del 28 de julio de 2012. Lorenzo Gatica en entrevista con el autor. Perón sobre Córdoba en La Voz del Interior del 15 y 21 de febrero y Córdoba del 14 y 20 de febrero, todos de 1974. La detención de Obregón Cano también en Damián Antúnez Harboure: “La Tendencia Revolucionaria del peronismo en los gobiernos provinciales”, tesis doctoral, páginas 441 a 443. Enrique Kademián en Roberto Ferrero: El Navarrazo y el gobierno de Obregón Cano, páginas 127 y 130. El respaldo al Navarrazo, el copamiento de la CGT cordobesa y el fracaso de la resistencia a la rebelión policial en Roberto Ferrero: El Navarrazo y el gobierno de Obregón Cano, páginas 126 a 144. Elvio Alberione, Carlos Orzaocoa, José Manuel De la Sota y José Domingo Coronel en entrevistas del autor y de Ariel Bogdanov. Edgar Cossy Isasi en Damián Antúnez Harboure: “La Tendencia Revolucionaria del peronismo en los gobiernos provinciales”, tesis doctoral, página 458. Eduardo Angeloz en entrevista con el autor. La renuncia de Obregón Cano y Atilio López en Roberto Ferrero: El Navarrazo y el gobierno de Obregón Cano, páginas 168 a 170. Jorge Dall’Aglio, Horacio Obregón Cano y Gregorio Pomar en entrevistas del autor y de Darío Marconetti. Luis Mattini tiene la misma opinión sobre el avance de los militares: luego del desplazamiento de Lacabanne, “se inició el reflujo en la provincia coincidente con un proceso que se aceleraba en todo el país. Coincidente con este reflujo generalizado y ascendente comenzó la ofensiva del Ejército contra el PRT-ERP y la guerrilla en general (en Hombres y Mujeres del PRT-ERP, página 326).

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CAUSA FIDELMAN, DIANA Y OTROS

Fotos de frente y de perfil de Diana Fidelman, Horacio Mendizábal y Marcos Osatinsky tomadas por la Policía de Córdoba inmediatamente después de su arresto en la “casa operativa” de Maestro Vidal 1010, el 7 de agosto de 1975.

Comunicado del ERP sobre el masivo ataque de la compañía “Decididos de Córdoba” a la policía, dirigido por su jefe, Enrique Gorriarán Merlo, publicado el 27 de agosto de 1975 en la revista Estrella Roja, el órgano oficial de este grupo guerrillero.

Croquis del Departamento Informaciones (D-2) de la policía realizado por uno de sus miembros, incorporado a la investigación que derivó en la condena a prisión perpetua en 2010 de Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros.

CEFERINO REATO

Cuadro con la fotografía del jefe del D-2, inspector general Raúl Telleldín, que cuelga en lo que era su despacho. Y las dos celdas ubicadas al fondo; en una de ellas estuvo detenido el testigo Carlos “Charlie” Moore, junto a su esposa, durante varios años.

CEFERINO REATO

FAMILIA HAYMAL

El juicio a Fernando Haymal fue informado en el número 8, de octubre de 1975, de Evita Montonera, la revista oficial de Montoneros. Y el secuestro del cónsul estadounidense John Patrick Egan, en Evita Montonera número 3, de marzo de 1975.

GENTILEZA LA VOZ DEL INTERIOR

El Cordobazo fue organizado el 29 de mayo de 1969. Al año siguiente, en el primer aniversario, marcharon los tres dirigentes que lo protagonizaron: el mecánico Elpidio Torres, con bastón en el centro; el colectivero Atilio López, a su derecha, y el “lucifuercista” Agustín Tosco (en la foto superior y cuarto desde la izquierda abajo).

GENTILEZA LA VOZ DEL INTERIOR

GENTILEZA LA VOZ DEL INTERIOR

GENTILEZA LA VOZ DEL INTERIOR

Ricardo Obregón Cano y Atilio López fueron elegidos gobernador y vice en 1973. Eran aliados de Montoneros y fueron derrocados menos de un año después por el jefe de policía, Antonio Navarro (abajo), con el apoyo del presidente Juan Perón.

GENTILEZA EDITORIAL PERFIL

Obregón Cano, a la izquierda de Mario Firmenich, en el exilio en 1982. Fue la última conducción del Movimiento Peronista Montonero, integrada también por (desde la izquierda) Fernando Vaca Narvaja, Oscar Bidegain, Eduardo Pereyra Rossi, Roberto Perdía y Raúl Yagüer.

Mario Firmenich y Roberto Quieto, números 1 y 2 de Montoneros, presentaron públicamente la fusión entre Montoneros y las FAR el 17 de octubre de 1975 en un acto en Córdoba. El gobernador Obregón Cano envió su adhesión para enojo de Perón.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. DPTO. DOC. FOTOGRÁFICOS. BUENOS AIRES, ARGENTINA

Conferencia de prensa del PRT-ERP, encabezada por su fundador y líder, Mario Roberto Santucho. Lo acompañan Benito Urteaga, Enrique Gorriarán Merlo y Jorge Molina, caído en Tucumán en 1975. Santucho y Urteaga murieron al año siguiente.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. DPTO. DOC. FOTOGRÁFICOS. BUENOS AIRES, ARGENTINA

Osatinsky y Quieto con los abogados Eduardo Luis Duhalde y Gustavo Roca. Duhalde fue secretario de Derechos Humanos durante el kirchnerismo, hasta su muerte, el 3 de abril de 2012. Roca, hombre de confianza de las cúpulas de Montoneros y el ERP.

GENTILEZA LA VOZ DEL INTERIOR

El 19 de septiembre de 1975, el brigadier Raúl Lacabanne tuvo que entregar la intervención federal al general Menéndez, nombrado en forma interina por el gobierno peronista. No se quería ir: “La antipatria está regocijándose en este momento por su triunfo”.

GENTILEZA LA VOZ DEL INTERIOR

Ya en la dictadura, en 1977, el presidente Videla conversa con el brigadier Orlando Capellini, jefe de la Guarnición Aérea, en una visita a Córdoba. Al lado, el general Menéndez y el arzobispo de Córdoba y titular del Episcopado, cardenal Raúl Primatesta.

CAUSA MENÉNDEZ

La Comunidad Informativa, encabezada por el general Menéndez e integrada por representantes del más alto nivel de todos los organismos de Inteligencia con presencia en Córdoba, actuó en esta provincia antes del golpe, como lo prueba este documento.

CAUSA MENÉNDEZ

CAUSA MENÉNDEZ

CEFERINO REATO

Frente del ex Departamento Informaciones (D-2) de la Policía de Córdoba, en el Pasaje Santa Catalina, en el centro histórico de la ciudad, hoy sede del Archivo Provincial de la Memoria.

GENTILEZA CLARÍN

El capitán Héctor Vergez, presunto Jefe del Comando Libertadores de América.

Cubierta

Portada

Introducción. El laboratorio Cordobés

Capítulo 1. Cita a ciegas

Capítulo 2. La tregua

Capítulo 3. Un ataque de película

Capítulo 4. El gran Charlie

Capítulo 5. Una muerte anunciada

Capítulo 6. La ratonera

Capítulo 7. Maten al traidor

Capítulo 8. Números verdaderos

Capítulo 9. Combatiendo al capital

Capítulo 10. Ley de fuga

Capítulo 11. Los libertadores de Menéndez

Capítulo 12. Montoneros de probeta

Capítulo 13. Hijos de Cristo y del Che

Capítulo 14. Molotov social

Capítulo 15. El desafiante cordobés

Capítulo 16. La salsa del general

Fuentes

Bibliografía

Álbum

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Reato, Ceferino

¡Viva la sangre!. - 1a ed. - Buenos Aires : Sudamericana, 2013

(Investigación periodística)

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1. Investigación periodística. I. Título

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Edición en formato digital: septiembre de 2013

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Table of Contents

Cubierta

Portada

Introducción. El laboratorio Cordobés

Capítulo 1. Cita a ciegas

Capítulo 2. La tregua

Capítulo 3. Un ataque de película

Capítulo 4. El gran Charlie

Capítulo 5. Una muerte anunciada

Capítulo 6. La ratonera

Capítulo 7. Maten al traidor

Capítulo 8. Números verdaderos

Capítulo 9. Combatiendo al capital

Capítulo 10. Ley de fuga

Capítulo 11. Los libertadores de Menéndez

Capítulo 12. Montoneros de probeta

Capítulo 13. Hijos de Cristo y del Che

Capítulo 14. Molotov social

Capítulo 15. El desafiante cordobés

Capítulo 16. La salsa del general

Fuentes

Bibliografía

Álbum

Créditos

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