Un texto que nos revela la dictadura por dentro, pero también las fallas de nuestro país y de la clase dirigente que la hizo posible.

El 24 de marzo de 1976 fue un día soleado, apacible. Los militares, encabezados por Jorge Rafael Videla, tomaron el poder y muchos argentinos los recibieron con alivio. La dictadura que comenzaba contó con el apoyo de gran parte de los sectores empresarios, la Iglesia, la prensa, la gente de la cultura, el Partido Comunista, el radicalismo y muchos peronistas. Montoneros y el ERP se mostraron exultantes: habían jugado al golpe para "fascistizar" al Ejército y acelerar la revolución socialista.

En este libro Videla explica por primera vez y en detalle la Disposición Final (DF), el método por el cual la dictadura detuvo y secuestró a miles de argentinos, los mantuvo cautivos en lugares secretos y clandestinos, los mató e hizo desaparecer sus cuerpos. Ceferino Reato ofrece un documento único que reconstruye el régimen militar más sangriento de nuestra conflictiva historia -así como el contexto en el que surgió y se mantuvo-, logrado a partir de más de veinte horas de entrevistas realizadas cara a cara con Videla en la cárcel, entre finales de 2011 y principios de 2012, y de testimonios de militares, ex militares, guerrilleros, políticos, funcionarios y sindicalistas.

Un texto que nos revela la dictadura por dentro, pero también las fallas de nuestro país y de la clase dirigente que la hizo posible. Una obra ineludible de periodismo histórico para descubrir por qué seguimos atados a un pasado tan violento. Y para comenzar a liberarnos de él.

CEFERINO REATO
DISPOSICIÓN FINAL
La confesión de Videla sobre los desaparecidos

Reato, Ceferino

Disposición Final. - 1a ed. - Buenos Aires : Sudamericana, 2012

(Investigación periodística)

ISBN 978-950-07-3895-8

Composición de originales: Mora Digiovanni - Literaris

Edición en formato digital: abril de 2012

© 2012, Random House Mondadori, S.A. Humberto I 555, Buenos Aires.

Diseño de cubierta: Random House Mondadori, S.A.

INTRODUCCIÓN
VEINTE HORAS A SOLAS CON EL DEMONIO MAYOR

Pinochet era fascinante porque era como el último nazi, por así decirlo. Por eso quería mirarlo a los ojos. Era un pedazo de historia viva. [Él] Estaba convencido de que tenía la razón. Yo reconocía que él era un hombre de esa época [en la] que tanto los hombres de izquierda como de derecha eran capaces de acciones apocalípticas, que implicaban a veces el asesinato masivo.
[El periodista Jon Lee Anderson a Página/12, el 25 de noviembre de 2009, al hablar de su libro El dictador, los demonios y otras crónicas, que incluyó una entrevista con el ex dictador chileno Augusto Pinochet]

Este libro surgió mientras buscaba material para una historia ambientada en la Córdoba caótica y violenta de 1975, antes del último golpe de Estado. Ya había entrevistado dos veces a Jorge Rafael Videla cuando me di cuenta de que sus dichos sobre la lucha contra la guerrilla eran tan desconocidos, precisos, abundantes y descarnados que bien podía postergar el tema original y concentrarme en un libro sobre el método de la Disposición Final.

—Esa frase “Solución Final” nunca se usó. “Disposición Final” fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final. Ya no tiene vida útil —fue una de las declaraciones de Videla que me hizo pensar en un libro diferente al que tenía entre manos.

Otra: “Pongamos que eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión; no podíamos fusilarlas. Tampoco podíamos llevarlas ante la justicia”.

Eran preguntas que me perseguían desde hacía años, como seguramente a tantos argentinos: ¿cuándo, cómo, dónde y por qué los militares tomaron la decisión de matar y hacer desaparecer a esas personas? ¿Por qué no los enviaron a un juez o los fusilaron? ¿Por qué pensaron que semejante ausencia sería olvidada? ¿Por qué los detuvieron en lugares secretos? ¿Cómo justificaban la tortura? ¿Cuál fue la influencia de la llamada Doctrina Francesa? ¿Están arrepentidos? ¿Fue una decisión unánime de la cúpula de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál era el rol de Videla? ¿Existen listas de esas víctimas? ¿Dónde están sus restos? ¿Cómo se referían los militares entre ellos a esa situación? ¿Podían los militares de menor graduación desobedecer esas órdenes? ¿Hubo quienes las desobedecieron? ¿Quiénes, cómo, cuándo y dónde decidían la Disposición Final de cada uno de los detenidos? ¿Hubo un plan sistemático para robar los hijos de los detenidos y entregarlos a familias que les cambiaron la identidad? Si no lo hubo, ¿por qué fueron tantos los chicos apropiados por familias afines al régimen militar?

También había otras preguntas para las cuales siempre había querido encontrar respuestas: ¿cuándo los militares comenzaron a planificar el golpe contra Isabel Perón? ¿Cuándo decidieron que el golpe era irreversible? ¿Qué pasó en la víspera del golpe, el 23 de marzo de 1976? ¿Por qué detuvieron durante cinco años y cuatro meses a la viuda de Perón? ¿Cuál fue el objetivo central de la dictadura? ¿Por qué eligieron a José Martínez de Hoz como ministro de Economía? ¿Se los impuso el establishment? ¿Cómo fue la relación con la Iglesia, los empresarios, la prensa y Estados Unidos? ¿Cómo fue la venta de las acciones de Papel Prensa que pertenecían a los herederos de David Graiver? ¿Y la relación con los radicales, el peronismo y los sindicatos? ¿Y la interna entre Videla y el almirante Emilio Massera? ¿Cómo logró Videla el respaldo del Partido Comunista? ¿Sobornaron a los jugadores peruanos de fútbol para que se dejaran golear en el Mundial de 1978? ¿Cómo fueron las negociaciones con Pinochet sobre el Beagle y cómo logró evitarse la guerra con Chile? ¿Quién convenció al papa Juan Pablo II para mediar entre Argentina y Chile? ¿Cuándo y por qué los militares comenzaron a planificar la recuperación de las islas Malvinas por la fuerza?

Disposición Final también incluye los testimonios de otros jefes militares y de ex militares, funcionarios, guerrilleros, políticos, sindicalistas y empresarios, que permiten una reconstrucción lo más precisa posible de aquellos años de plomo.

Claro que el cambio de tema no fue una decisión fácil ni rápida. Por un lado, estaba ya bastante avanzado con el otro libro, para el cual las respuestas de Videla eran un insumo, relevante porque el 28 de agosto de 1975 había sido nombrado, a regañadientes, jefe del Ejército por la presidenta Isabel Perón, pero no central.

Por el otro, me parecía un poco temerario desafiar de esa manera al paradigma oficial. ¿Cómo se me podía ocurrir entrevistar, no una sino varias veces, nada menos que a Videla, el demonio mayor de los genocidas, el número uno de los terroristas de Estado? ¿Por qué ofrecerle la oportunidad de hablar a una persona que encabezó un régimen que mató e hizo desaparecer a miles de compatriotas, y que luego perdió una guerra contra Gran Bretaña y sus aliados y dejó al país en medio de una severa crisis económica?

Creo que un periodista que investiga hechos históricos debe entrevistar de una manera honesta a todos quienes tengan información relevante para la opinión pública. No se trata de tomar partido a favor o en contra del entrevistado sino de hacerle buenas preguntas y de respetar sus declaraciones, ubicándolas luego, en el momento de la escritura, en su contexto histórico e incluyendo los dichos de otras fuentes para favorecer esa intersubjetividad, ese coro de diversas miradas que permite una recreación lo más objetiva posible de un pasado ya ocurrido.

Ésta es, o debería ser, una diferencia clave entre un político y un periodista: el político protagoniza un juego de poder en el que la historia es un insumo más; no le interesa la verdad de lo que ya pasó sino que la amolda según sus necesidades actuales; construye un relato histórico, para decirlo en el lenguaje de esta época. El periodista indaga y busca la verdad para comunicarla al público; sabe que siempre será una verdad relativa y que la objetividad no será alcanzada, pero se esfuerza en llegar lo más cerca posible. Milita a favor de su profesión y no de los ideales y los intereses de un político, por loables que puedan ser.

El político busca el poder, como medio o como fin en sí mismo; el periodista quiere informar, también sobre el poder.

En este sentido, creo que Jon Lee Anderson, ícono de los periodistas progresistas y autor de la más elogiada biografía del Che Guevara, es muy inspirador: “Soy una persona interesada en lo que pasa alrededor de mí; siempre he tenido el afán de entender el mundo, y lo hago a través de mi profesión. El periodismo me da la posibilidad de indagar problemas, de entender cosas que me afectan e interesan. Mi periodismo no se basa en creencias, sino en lo empírico, en lo experimentado”.

—Cuando está aquí, todo el mundo quiere que hable de América latina. ¿Le pesa tener que hacer análisis todo el tiempo, frente a los medios? —le preguntó Mónica Maristain, en Oaxaca, México, en la entrevista publicada por Página/12.

—Lo que me saca de quicio un poco es lo tendencioso de la polémica, y de que una y otra [parte] me quieren poner en un bando. Trato de eludirlo. Si lo adoptara mecánicamente, si lo asumiera y dejara de criticar, entonces me neutralizaría. Perdería mi valor como observador. Mis piezas son ecuánimes. A buenos entendedores, pocas palabras. ¿Adónde nos ha llevado el gritar consignas? Hay un torbellino retórico y propagandístico. Mucha gente hablando, blablabla.

Según mi punto de vista, en un libro de periodismo histórico el desafío es hablar con los protagonistas de esos hechos que ya ocurrieron. No importa qué pensemos de ellos y si nos caen simpáticos o no. Lo relevante es la información y para llegar a ella es necesario entrevistar a quienes la tienen. A Videla, por ejemplo. Éste fue el argumento que me convenció a hacer este libro.

Aunque el detalle que terminó de decidirme apareció en un viaje a Montevideo, donde visité una librería y noté la cantidad y variedad de libros escritos por los uruguayos sobre los setenta. Libros de ex guerrilleros con autocríticas, de militares con autocríticas, sobre los Tupamaros, sobre la dictadura. Y uno basado en entrevistas al general Gregorio Álvarez, el Videla uruguayo.

Al final, era lo que había pensado siempre; por ejemplo, las veces que intenté, sin éxito, entrevistar a Mario Firmenich, y cuando pude hablar con su número dos en la organización político militar Montoneros, Roberto Perdía. Ese argumento fue el ariete para convencer a Videla, Perdía y a otros personajes por el estilo. “Usted es, para mí, un protagonista de la historia”, le dije a Videla la primera vez que lo entrevisté, el miércoles 26 de octubre de 2011. Sonrió Videla, como no creyéndome del todo.

Pero era verdad: pienso así; podemos entrevistar sólo a quienes piensan como nosotros, pero eso es muy limitado; no nos lleva lejos. Como sentenciaba Horacio Verbitsky en 1997, durante el menemismo, el periodista “tiene fuentes, pero no amigos”.

Las palabras de Jon Lee Anderson sobre por qué le interesaba tanto entrevistar a Pinochet me permiten explicar la razón de este libro. Videla es también “un pedazo de historia viva”, como dijo Anderson del ex dictador chileno. En tal sentido, me he concentrado mucho más en Videla como personaje histórico, como dictador durante cinco de los siete años y ocho meses y medio que duró el régimen militar, que en sus opiniones sobre la política actual. Eso explica, además, que este libro no sea una biografía del ex jefe militar.

Videla resultó el hombre fuerte del Ejército y de una dictadura distinta a las anteriores, la más violenta, la que buscó “disciplinar a una sociedad anarquizada” y fundar “un nuevo modelo económico” para liberar a la Argentina de las “plagas” que impedían que alcanzara su destino manifiesto: el peronismo como “populismo demagógico” imbatible en las urnas; el sindicalismo en tanto factor de poder “exacerbado e irracional”; la burguesía “prebendaria”, que sustituía el esfuerzo, la creatividad y la competitividad por el amiguismo con los funcionarios de turno, la corrupción y los créditos incobrables del Estado, y el virus “disgregador y extranjerizante” de la izquierda enquistado en la política, el sindicalismo y, sobre todo, la cultura.

Esta pretensión fundacional quedó clara en el nombre de bautismo del régimen militar: Proceso de Reorganización Nacional.

En este aspecto, Videla refleja el punto culminante de la autonomía progresiva con relación a la política y la sociedad que el Ejército, y en su extensión las Fuerzas Armadas, fue adquiriendo a partir de 1930, cuya contracara resultó el deterioro sistemático de los partidos y las instituciones de la democracia liberal, republicana. Además, encarna la unión entre la Iglesia Católica y el Ejército, entre la cruz y la espada, en defensa de la Patria y de los valores “occidentales y cristianos”.

Fue el protagonista principal del golpe del 24 de marzo de 1976, que contó con el respaldo de buena parte de los argentinos debido a varios motivos, entre ellos el hastío provocado por las bombas, los secuestros, los robos y las muertes de los grupos guerrilleros. Organizaciones que apostaban a la “guerra popular” contra “el aparato militar del sistema”, como sostuvo Firmenich en 1977 al presentar el Curso de Formación de Cuadros del Partido Montonero.

Videla admite que cada desaparición fue el “enmascaramiento de una muerte” y explica por qué recurrieron a esa figura. “Los medios para ganar la guerra fueron tremendos”, asume el ex dictador.

Como señala el escritor Ernesto Sabato en el prólogo original del Nunca Más —el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)—, “miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal: la de los Desaparecidos. Palabra —¡triste privilegio argentino!— que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo”.

La mayoría de las muertes, las desapariciones y los robos de niños ocurrió durante los primeros años de la presidencia de Videla, cuando él también era jefe del Ejército. Solamente ese dato justificaría un libro con entrevistas a Videla sobre este tema.

Luego del retorno a la democracia, el ex dictador fue condenado a prisión perpetua con inhabilitación absoluta y perpetua y destitución del grado de teniente general el 9 de diciembre de 1985, en el juicio a los integrantes de las primeras tres juntas militares. Cinco años después Videla fue indultado, junto con otros jefes militares y funcionarios, y con el “comandante” montonero Mario Firmenich, por el presidente Carlos Menem y recuperó la libertad. La volvió a perder en 1998, acusado de robo de bebés; pasó 38 días en la prisión de Caseros y la justicia le concedió el arresto domiciliario, en su departamento de tres ambientes con dependencia de servicio (140 metros cuadrados) de Cabildo al 600, en Belgrano (incluso los políticos y militares que lo detestan admiten que no hizo fortuna durante su paso por el poder).

El arresto domiciliario es un beneficio que se acostumbra otorgar a los detenidos de más de 70 años, en parte porque el sistema penal no está preparado para alojar a presos de esa edad, pero depende del criterio del juez. Diez años más tarde, cuando Videla había cumplido 83, el juez federal Norberto Oyarbide lo envió al Instituto Penal Federal Número 34 del Servicio Penal Federal, ubicado en la guarnición del Ejército en Campo de Mayo.

Anulados parcialmente los indultos de Menem por la Corte Suprema de Justicia con el argumento de que no podían beneficiar a autores de delitos contra la humanidad, es decir, a militares y policías, Videla volvió a ser condenado a prisión perpetua el 22 de diciembre de 2010 por la muerte de treinta personas que estaban detenidas en la Unidad Penitenciaria Número 1 de la ciudad de Córdoba, entre abril y octubre de 1976. Sus defensores apelaron esta sentencia.

Videla se considera “un preso político. Ya he sido juzgado por todos los hechos de la guerra contra la subversión en el juicio a los comandantes, en 1985. Por algunos de esos casos me condenaron, y por los restantes me absolvieron. Los juicios de ahora no tienen sentido porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Además, aplican normas sobre delitos de lesa humanidad que han sido sancionadas después de los hechos que me imputan”.

Videla no fue un dictador clásico por su personalidad y porque el poder militar estaba fragmentado: había una Junta Militar, formada por los comandantes del Ejército, la Armada y la Aeronáutica, a la cual el presidente estaba teóricamente supeditado, y el aparato estatal resultó feudalizado entre las tres fuerzas; cada una controlaba un sector de la burocracia, aunque con un complejo sistema de vetos y controles cruzados de las otras dos fuerzas.

—No era el dictador típico, modelo Pinochet, por razones orgánicas, dado que el poder supremo estaba dividido en tres. Además, tampoco he sido un militar autoritario. Sí fui un dictador en el sentido romano del término, como un remedio transitorio, por un tiempo determinado, para salvar las instituciones de la República. Ojo: me habría gustado no haberlo sido, me habría gustado no haber tenido que tomar el gobierno para salvar las instituciones de la República. Fui un militar que cumplió con su deber, que tomó el gobierno como un acto de servicio más.

Videla considera que nada ni nadie lo condicionaron durante su presidencia. “La verdad es que durante cinco años hice prácticamente todo lo que quise. Nadie me impidió gobernar; ni la Junta Militar ni ningún factor de poder”, sostiene. Y admite su responsabilidad, crucial, decisiva, en el método de la Disposición Final.

Desde un punto de vista práctico, considerar a Videla, Firmenich, Massera, Perdía y tantos otros como protagonistas de la historia es muy conveniente, porque nos libera de los prejuicios y las pasiones que esas figuras provocan y que pueden perjudicar la tarea de hacer buenas preguntas, registrar las respuestas en forma correcta, repreguntar cuando es necesario, crear tensiones manejables que rompan los discursos elaborados y monocordes, apuntar detalles de la personalidad, observar cómo vive el entrevistado…

Algunas de esas fuentes parecen bien dispuestas a ser entrevistadas. Una cálida noche de marzo de 2011 entrevisté en su casa de la calle Eva Perón, en el Gran Buenos Aires, al general Albano Harguindeguy, el poderoso y temido ministro del Interior de Videla. “Vasco”, como le dice su segunda esposa, Elena, estaba bajo arresto domiciliario y me esperaba en su silla de ruedas.

Harguindeguy contestó todas las preguntas, la memoria intacta, la mirada clara y astuta, un tono de voz entre socarrón y campechano, aunque apagado por los años. Para ser más preciso, era el viernes 11 de marzo y el kirchnerismo festejaba el aniversario número treinta y ocho del triunfo electoral de Héctor J. Cámpora. A las once de la noche, cuando Harguindeguy me dijo que el principal error de la dictadura fue que “se creyeron omnipotentes, nos creímos omnipotentes”, sentí que había terminado mi tarea y comencé a preparar el terreno para la despedida.

—Bueno, general, le agradezco mucho la entrevista…

—Pero no se vaya todavía, si ya casi nadie me visita.

Se me ocurrió pensar que algo estábamos haciendo mal los periodistas: escribimos mucho, tal vez más de lo aconsejable, sobre los setenta, pero no vamos a consultar a los protagonistas de aquellos años de plomo que, en el bando militar, están casi todos presos, algunos en sus domicilios y la mayoría en distintas cárceles. Derrotados, condenados, aburridos, abandonados por las cúpulas de las Fuerzas Armadas, muchos de ellos tienen tiempo y están dispuestos a responder preguntas sobre el pasado.

Es el caso de Videla, que a partir de mediados de 2010 fue abandonando progresivamente “el silencio que me había autoimpuesto”, primero a través de manifestaciones en el juicio en Córdoba y luego con una larga entrevista publicada en dos partes por la revista española Cambio 16, el 12 de febrero y el 4 de marzo de 2012. Diez días después de este reportaje, que tuvo mucha repercusión en la Argentina por sus críticas a los Kirchner, lo encontré exultante.

Videla, como muchos de sus camaradas presos, apostaba a la derrota de Cristina Kirchner en las últimas elecciones. En especial, hacían fuerza por Eduardo Duhalde: consideraban que el ex presidente los sacaría de la cárcel, posiblemente a través de una especie de amnistía general, que incluiría también a los ex guerrilleros.

Luego del 54 por ciento obtenido por la Presidenta para otros cuatro años en la Casa Rosada, Videla llegó a la conclusión de que, a su edad, no tenía sentido negar las entrevistas que le pidieran. Creo que ésa es la razón, en última instancia, del reportaje publicado por Cambio 16, una revista considerada de centroizquierda, y de la serie de entrevistas para este libro.

El debate sobre si hay que entrevistar o no a personajes históricos como Videla ya está saldado entre los periodistas más experimentados y neutrales, que tratan de ser lo más independientes y libres posible para informar sobre todo lo que interesa al público. Por ejemplo, Néstor Ferrero, ex jefe de la agencia internacional de noticias ANSA en Buenos Aires. “Tenés que entrevistarlo todo lo que puedas y escribir un libro. Hay que entrevistar a todos. Si Hitler viviera y te diera una exclusiva, ¿no irías, acaso? Y si se aparecieran el diablo o Dios, ¿no sería el sueño de cualquier periodista hacerles aunque sea un par de preguntas?”, me animó.

Un método basado en entrevistas a los protagonistas y en aferrarse a los hechos históricos reconociendo la dificultad de arribar a una verdad total, definitiva, pero esforzándonos por llegar lo más cerca posible, tiene, en mi opinión, tres ventajas relevantes:

Ofrece a los lectores la suficiente información para que ellos formen sus propios juicios de valor sobre lo que realmente ocurrió.

Permite eludir la tentación de apelar a las visiones conspirativas para explicar lo que sucedió. Este tipo de hipótesis es atractivo porque ofrece una explicación para todo lo que nos propongamos, pero por lo general no puede ser contrastado o demostrado; depende más bien de nuestras creencias previas que de los hechos que intentan explicar.

Ayuda a dejar de lado las ideologías y los juegos políticos. Por ejemplo, muestra la artificialidad de la “Teoría de los dos demonios”, pero también de la “Teoría de ángeles y demonios”. Son dos maneras, erradas en mi opinión, de contar lo que pasó en los setenta.

Para las organizaciones de derechos humanos y el kirchnerismo, los demonios fueron Videla y los militares y policías de la dictadura; siguiendo con esa terminología, los guerrilleros, los combatientes, fueron ángeles: jóvenes repletos de fervor, pureza e ideales que entregaron sus vidas por una Argentina mejor, auténticamente libre, maravillosamente igualitaria. Como si esos nobles fines pudieran disculpar el uso de medios que, ciertamente, implicaron una violación a los derechos humanos, como los atentados, los secuestros y las muertes. Como si a esta altura no se supiera que muchos “crímenes colectivos fueron cometidos en nombre del bien, la justicia y la felicidad para todos”, según señaló el filósofo, semiólogo e historiador búlgaro-francés Tzvetan Todorov en un artículo en el diario El País.

Todorov escribió esa columna de opinión luego de una vista a la Argentina, donde el gobierno y organizaciones de derechos humanos lo invitaron a conocer la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, en la costanera porteña.

Subyace en la visión oficial la vieja idea de la supuesta superioridad moral de la izquierda o de los revolucionarios. Un supuesto que es compartido por la derecha; difieren sí en los elevados argumentos que justifican el podio moral que creen ocupar: mientras la izquierda nos habla de la clase obrera y el socialismo, la derecha nos cita al ser nacional y la patria.

Claro que los “ángeles” suelen ser, en la política terrenal, figuras muy autoritarias: como se consideran de una pureza absoluta y en posesión de la palabra revelada, no necesitan ni piden el aval o el consenso del resto de la sociedad, que está formada por pecadores de distinto tipo. Conocen cuáles son los verdaderos intereses y objetivos de la gente; tienen una actitud mesiánica, de vanguardia, y son proclives al uso de la fuerza para vencer las tinieblas de la reacción e imponer esas ideas verdaderas.

La visión oficial se contrapone a la “teoría de los demonios”, que predominó, con matices, en los ochenta: hubo dos terrorismos, uno de izquierda (las guerrillas) y otro de derecha (el Estado), que creían que la violencia era un recurso legítimo para alcanzar objetivos políticos, de poder; en esa lógica despiadada, se alimentaron y favorecieron recíprocamente y ensangrentaron al país como en ninguna otra etapa de su conflictiva historia. Sin embargo, la violencia de la dictadura no puede ser equiparada con la de los grupos guerrilleros: no sólo la cantidad de víctimas fue distinta sino que la Disposición Final fue particularmente grave, pues se implementó desde el aparato del Estado, que es el garante teórico de las leyes y de la vida en sociedad.

Como fruto de la “Teoría de ángeles y demonios”, los organismos de derechos humanos y el kirchnerismo insisten con la cifra de 30 mil desaparecidos. Pero diversos registros del propio gobierno oscilan entre 7.500 y 8.875 desaparecidos y muertos comprobados, con nombre y apellido, aunque incluyen a numerosas personas muertas o desaparecidas antes de la última dictadura, desde 1969.

Videla habla de “siete mil u ocho mil” personas “que debían morir”, aunque, en una rara coincidencia con un sector del progresismo, también señala que “se podrá discutir cuántos son” pero la clave “no está en el número; está en el hecho”.

Sin embargo, no me parece un dato menor. Creo que el Estado debería preocuparse por establecer el número exacto, no sólo porque a casi treinta años del retorno a la democracia es hora de saber la verdad en todas las áreas, sino también por una razón práctica, ya que una de las maneras de ayudar a cerrar esta herida es averiguar qué pasó con cada uno de los desaparecidos o, al menos, dónde están sus restos. Es una respuesta básica que podría mitigar el dolor de sus seres queridos, que ahora no tienen ni un lugar donde llevar una flor. Creo que la Presidenta tiene razón cuando dice que “no debe haber más horror para la condición humana que esa incertidumbre”. La desaparición implica una doble muerte.

Pero es difícil lograr esa respuesta sobre dónde están los desaparecidos, todos y cada uno de ellos, sin una lista lo más exacta posible de las personas que permanecen en esa situación. A esta altura, sostener que las víctimas de la dictadura fueron 30 mil convierte al problema de encontrar sus restos en insoluble, en una bandera que sirve para hacer política con los derechos humanos pero nada más.

El gobierno de Cristina Kirchner piensa distinto: se aferra a la cifra mágica y marquetinera de los 30 mil desaparecidos, que ya nadie sabe bien de dónde surgió, y acusa a los pocos que se atreven a cuestionar ese número de hacerle el juego a la derecha más recalcitrante para disminuir la dimensión de la tragedia. Como si la aberración de la Disposición Final dependiera del número de víctimas y si una cifra de entre 7.500 y 8.875 personas no fuera impactante ni revelara la magnitud de la tragedia provocada.

En simultáneo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sigue sin dar a conocer los datos sobre las indemnizaciones pagadas a los muertos y desaparecidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad y los grupos de derecha. Esas opacidades han favorecido pagos muy polémicos, realizados con dinero público, como por ejemplo a los familiares de guerrilleros que murieron en ataques a cuarteles durante los gobiernos constitucionales del peronismo, entre 1973 y 1976, como describí en mi libro Operación Primicia.

En el relato del kirchnerismo sobre los setenta, las víctimas de la Disposición Final de la dictadura han terminado por incluir a todos los combatientes muertos por la revolución. No importa cómo cayeron, si en las sesiones de torturas, en las ejecuciones sumarias, mientras armaban una bomba o en tiroteos con policías o militares. Tampoco importa cuándo cayeron, si durante la dictadura o en alguno de los gobiernos del peronismo. No son los desaparecidos sino los combatientes, como una etapa superior de la militancia, los verdaderos homenajeados por el relato oficial.

Es que para el oficialismo la crueldad de la dictadura redime toda la sangre derramada por la revolución; todos los muertos por esa bandera alcanzan así el estatus de héroes o de mártires. Con ese criterio, habría que honrar también a muertos por esa bandera alcanzan así el estatus de héroes o de mártires. Con ese criterio, habría que honrar también a Isabel Perón, quien, como señala Videla, estuvo cinco años y cuatro meses presa sólo por portación de apellido. Y también a sus funcionarios y a los políticos y sindicalistas que la respaldaban, muchos de lo cuales permanecieron detenidos sin motivo judicial.

Yo no conocía a Videla. Para mi libro anterior, Operación Primicia, me había contestado algunas preguntas a través de un método indirecto y precario: le envié el pequeño cuestionario con un oficial retirado que lo visitó en la prisión y tomó nota de sus respuestas, las pasó en limpio en su casa y luego se las llevó para que las corrigiera; en la última etapa, este enlace me las alcanzó. Videla contestó algunas repreguntas por esa vía.

Para el libro que estaba preparando, pensé en repetir la táctica. Pero las respuestas se fueron demorando: el enlace tenía otras preocupaciones y, además, Videla se cayó, se fracturó los dos brazos y un hombro y estuvo internado varios meses en el Hospital Militar.

Así fue que un sábado, cuando salía de la prisión federal de Campo de Mayo luego de entrevistar a un militar, me crucé por casualidad con Videla, que estaba despidiendo a su esposa, Alicia Raquel Hartridge, que apenas puede caminar. Me presenté y le extendí la mano.

—Ah, usted me envió unas preguntas. ¿Hacemos como la otra vez? ¿Se las envío por aquel amigo?

—Sí, o, si no le molesta, vengo a visitarlo y me las contesta a mí.

—Mejor lo hacemos así: cara a cara. ¿Cuándo puede venir? Prefiero un miércoles, que es cuando no viene mi esposa.

Videla ocupaba la celda número 5, una habitación pequeña, con una cama de una plaza prolijamente tendida con un cubrecama bordó, un crucifijo sobre la cabecera, un placard, un ventilador, una estufa y una cómoda con una foto de su esposa cuando tenía 15 años, “cuando la conocí”. Cortinas azules tapaban la única ventana. El baño era compartido con el preso de la celda vecina.

Una hilera de recortes de Gaturro decoraba las paredes de la habitación a la manera de una guarda. “Los heredé del preso que estaba antes; se los había pegado un nieto y los dejé porque era más difícil despegarlas. Además, no me molestan. Pero siéntese, por favor; es la celda de un preso, no hay mucha comodidad”, dijo, e indicó una de las dos sillas de plástico, una a cada lado de un pequeño escritorio, donde había una botella de agua mineral con dos vasos.

A los 86 años (nació el 2 de agosto de 1925), se lo veía muy bien físicamente, aunque caminaba inclinado por un problema en la columna vertebral. “Cuando dispusieron mi prisión domiciliaria, en 1984, me di cuenta de que no me podía dejar estar y compré un aparato para correr, hacer remo y demás, así que cuando vine acá ya estaba bien entrenado. Perdí un poco de ritmo por la internación en el Hospital Militar, pero lo estoy recuperando, de a poco”.

Se lo notaba orgulloso de su estado de salud. “Vea que no me he levantado ni una vez para ir al baño”, me dijo al finalizar la entrevista. Ese primer reportaje duró tres horas y media. Concentrado en las respuestas, que fueron dichas de una manera muy articulada, apenas almorzó un par de sándwiches de la fuente que acercó uno de sus camaradas de prisión, también preso por delitos de lesa humanidad.

Al penal de Campo de Mayo no se puede entrar con grabadores ni con teléfonos celulares (tampoco con documentos, dinero ni llaves), y los controles son muy estrictos; no pude grabar las entrevistas, por lo cual tomé nota de sus respuestas, las pasé en limpio en mi domicilio y se las dejé la semana siguiente para que chequeara eventuales errores e imprecisiones. Volví para recoger el cuestionario y aproveché para hacer nuevas preguntas.

Cuando decidí cambiar de tema, le pareció bien, aunque luego de algunos titubeos y dudas. Creí oportuno hacerle una aclaración: “Desde ya le digo que usted no va a quedar satisfecho con este libro, pero eso es inevitable porque, dados los temas que estamos tocando, la única manera de que le agrade es que al libro lo escriba usted o algún amigo suyo”.

Continuamos con la mecánica obligada por las restricciones de la cárcel: yo tomaba notas de sus respuestas, las pasaba en limpio y se las mostraba. En total, fueron nueve entrevistas exclusivas, a solas, que sumaron veinte horas, aproximadamente.

Todos los presos de la cárcel federal de Campo de Mayo son militares acusados de violaciones a los derechos humanos. La prisión tiene dos sectores separados por una capilla, donde se destacan imágenes del primer y único santo nacido en la Argentina, Héctor Valdivielso, y de San Expedito, que es el patrono de las causas urgentes, el “abogado” de las causas que son justas pero se prolongan demasiado y de los asuntos imposibles, y el protector de los militares.

Videla reza allí el Rosario todos los días a las 19. Y los domingos asiste a misa y comulga. Él está convencido de que Dios siempre lo guió y que nunca le soltó la mano, ni siquiera en prisión. Al contrario: “Me ha tocado transitar un tramo muy sinuoso, muy abrupto, del camino, pero estas sinuosidades me están perfeccionando a los ojos de Dios, con vistas a mi salvación eterna”.

Este libro es más terrenal y apenas se refiere a una época sangrienta que resiste el olvido.

Agradezco la edición de Fernanda Longo y la ayuda del plantel de Random House Mondadori, en especial de su director editorial, Pablo Avelluto. También a mis compañeros de Editorial Perfil, en las personas de los colegas Carlos Lunghi, Gustavo González, Darío Gallo, Edi Zunino y Carlos Russo.

CAPÍTULO 1
EL PRECIO DE LA VICTORIA

Pongamos que eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra; no podíamos fusilarlas. ¿Cómo íbamos a fusilar a toda esa gente?

Nunca hubo orden de sustraer menores. No niego que haya habido casos de irregularidades, pero por falta de control específico, en el territorio. No respondía a una orden. No hubo ningún plan sistemático en este sentido.
[Jorge Videla en entrevistas en el Instituto Penal Federal Unidad 34, en Campo de Mayo]

Vestido de civil: pantalón a rayitas celestes y blancas, remera azul, zapatos náuticos también azules y cinturón con las iniciales JRV; sentado en una silla de plástico al pie de una cama modesta en la celda número 5; despojado del grado de teniente general con el que comandó el Ejército y presidió el país durante los primeros cinco años de la dictadura; condenado a prisión perpetua por delitos contra la humanidad, Jorge Rafael Videla se dispone a hablar de la herida más profunda causada por él y los militares: los miles de desaparecidos en aquellos años de plomo.

Es la primera vez que el hombre fuerte de la dictadura acepta una entrevista periodística “on the record”, que puede ser reproducida citándolo con nombre y apellido, para hablar exhaustivamente sobre los desaparecidos. Una palabra terrible, que en cada caso abarcó cuatro estaciones: la detención y el secuestro; el interrogatorio en un lugar secreto, donde la persona quedaba a merced de sus captores; la ejecución sumaria, y el ocultamiento del cuerpo arrojándolo al mar, al río o a un dique, quemándolo en un horno o dentro de neumáticos de automóviles o enterrándolo en una fosa individual o común.

Cristo cuelga de la cruz sobre la cabecera de su cama mientras Videla sostiene que su gobierno protagonizó “una guerra contra la subversión” que, en realidad, “había comenzado casi seis meses antes”, con los decretos del gobierno constitucional del peronismo que ordenaron la intervención de las Fuerzas Armadas para “aniquilar” el accionar de la guerrilla.[1]

—El tema de los desaparecidos es “el” tema presente, actual, que nos pesa como resabio de la guerra contra la subversión; el tema que ha quedado como herencia de esa guerra y el tema que compromete el futuro de la Argentina. Quiero decir: no hay futuro si no hay concordia, y no hay concordia si no se “blanquean” los hechos ocurridos; asuntos que hieren y que justifican los reclamos, válidos muchos de ellos aunque también hay especulación política sobre ellos.

Ahora, Videla considera que “desde el punto de vista estrictamente militar, fue un error” el golpe del 24 de marzo de 1976, que protagonizó junto al jefe de la Armada, almirante Emilio Eduardo Massera, y al jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Orlando Ramón Agosti, porque los decretos del gobierno peronista del 6 de octubre de 1975 “fueron una especie de licencia para matar; no podíamos pedir más ni necesitábamos más”.

Sin embargo, los militares terminaron con el gobierno constitucional y enviaron a la cárcel a la presidenta María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabel Perón o Isabelita, y a centenares de funcionarios, políticos y sindicalistas en todo el país.

Según la clásica definición de Antonio Gramsci, el filósofo y político italiano que renovó el marxismo, todo gobierno es una mezcla en proporciones variables de consenso y fuerza (“hegemonía revestida de coerción”). La dictadura aplicó la fuerza: los militares arrasaron con el estado de derecho y con todas las instituciones de una república democrática, y, desde el más alto escalón del Estado, usaron un método sangriento en su lucha contra la guerrilla que provocó miles de muertos y desaparecidos. Sin embargo, es igualmente cierto que muchos argentinos los recibieron con los brazos abiertos, hartos de las muertes, los secuestros y las bombas de las guerrillas y de los grupos paraestatales; la inflación; el desabastecimiento; la ineficacia, el estilo y el entorno de la viuda del general Juan Perón, y las denuncias de corrupción.

Tres datos que explican aquel consenso social:

Sólo en el año 1975 hubo 1.065 asesinatos políticos, según un prolijo recuento del periodista Andrew GrahamYooll, ex director del diario Buenos Aires Herald.

El 9 de marzo de 1976, un cable reservado de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina informaba a su gobierno que “durante los últimos tres años (cuando se sucedieron cuatro gobiernos constitucionales del peronismo) más de 2 mil argentinos han muerto como resultado de la violencia política. Lejos, el mayor número de esos muertos fue causado por terroristas de izquierda y de derecha”.

En las vísperas del golpe, cada cinco horas ocurría un asesinato político, y cada tres estallaba una bomba, informaba el diario La Opinión, de Jacobo Timerman, considerado de centroizquierda.

Tanto la guerrilla peronista, Montoneros, como la trotskista-guevarista, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), terminaron jugando al golpe y se pusieron contentos cuando Isabelita fue desplazada del gobierno: pensaron que el avance militar agudizaría las contradicciones (un lenguaje muy setentista) y eso obligaría a la gente a elegir entre un aparato militar y otro, entre el “ejército popular”, que eran ellos, y el “ejército oligárquico, imperialista y de los monopolios”, que eran las Fuerzas Armadas. Y creyeron, genuinamente, que la gente se libraría de esa “falsa conciencia” que suele nublar a los sectores populares y medios y se pondría del lado de ellos permitiendo la ruptura del sistema capitalista, la revolución socialista y la liberación nacional.

Además, Isabel Perón, que mostraba una desesperante ineficacia en el manejo del gobierno y se enfermaba seguido, era blanco de denuncias de corrupción, y las dificultades económicas se habían vuelto graves y fastidiosas: también según La Opinión, la Presidenta había nombrado a un ministro cada veinticinco días, y la inflación había trepado al 38 por ciento en marzo de 1976 y al 98,1 por ciento en los tres primeros meses de aquel año.

En el teatro Embassy, en Buenos Aires, la actriz y cantante Susana Rinaldi describía la vida cotidiana durante el final del gobierno peronista con aguda ironía: “¿Vio señora? Ya no hay papel higiénico en las góndolas… Total, para lo que una come…”.

Sin embargo, ese consenso sobre el golpe no indica que la mayoría de los argentinos apoyara la represión ilegal. A los militares les preocupaba la reacción de la gente; precisamente, como veremos en el próximo capítulo, la figura de los desaparecidos fue adoptada por la dictadura para enmascarar, ocultar la muerte de esas personas y “no provocar protestas dentro y fuera del país”, como admite Videla.

Entre los sectores que apoyaron al Proceso de Reorganización Nacional, el nombre que adoptó la dictadura, descolló el “establishment” económico, encarnado por la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, que reunía a setecientas empresas y que el 16 de febrero de 1976 había cerrado los lugares de trabajo y paralizado los comercios, los negocios y las fábricas. Fue el primer paro patronal en la historia del país; indicaba que para el capital la suerte del gobierno peronista ya estaba echada.

Pero Videla no está contento con los empresarios.

—Se lavaron las manos. Nos dijeron: “Hagan lo que tengan que hacer”, y luego nos dieron con todo. ¡Cuántas veces me dijeron: “Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más”! Era barato decir eso: ¡Mire el precio que tuve y que tuvimos que pagar! Y no me refiero sólo al precio objetivo de nuestra situación actual, de nuestra prisión actual, sino al precio subjetivo, a los planteos morales. Yo soy creyente, y esta situación me molesta. Confieso que tengo una molestia en el alma, que es cómo hacer para darle una solución a este problema.

Es inútil insistir con la pregunta de a qué empresarios se refiere.

—No hay respuestas.

Videla es un católico que reza el Rosario todas las tardes; se considera una suerte de cruzado por la fe y por la Patria que libró una “guerra justa” contra las “ideologías apátridas” de los montoneros, que se postulaban como superadores del peronismo y su “conciliación de clases”, y especialmente del ERP, seguidores de León Trotsky y de Ernesto “Che” Guevara.

—Fue una guerra justa, en los términos de Santo Tomás; una guerra defensiva. No acepto que haya sido una guerra sucia; la guerra es siempre algo horrible, sucio, pero Santo Tomás nos introduce ese matiz importante de las guerras justas, y ésta lo fue.

Videla cree que todas las cosas, incluidos sus más de veinte años de prisión por delitos de lesa humanidad, le han sucedido por voluntad de Dios.

—Me formé bajo la consigna del Colegio San José, de Buenos Aires, donde cursé el bachillerato completo, como pupilo: “Hágase la voluntad de Dios”. Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Yo acepto la voluntad de Dios. No sólo no me rebelo contra ella, sino que tampoco me creo con derecho a comprenderla. Creo que Dios nunca me soltó la mano.

Esa manera de entender y practicar el catolicismo tiene en Videla una relación directa con su vocación militar.

—Yo casi nací en un regimiento; nací el 2 de agosto de 1925 en la casa de mis abuelos maternos, que era lindera al Regimiento 6 de Infantería de Mercedes, donde mi padre, Rafael Eugenio Videla, hizo prácticamente toda la carrera militar y se retiró como teniente coronel. En un momento dado fue claro para mí que ese camino me permitiría aquilatar méritos para mi futuro trascendente como persona ante Dios.

Videla expresó como nadie en el Proceso al oficial superior que es un católico integrista, austero (“Un general está obligado a ser pobre”, dice), y está convencido de la misión del Ejército de restaurar aquel relato de la “nación católica” construido por la Iglesia luego de la crisis política y el golpe de 1930.

En esa línea, invocó como fundamento de la legitimidad de su dictadura la voluntad de defender el “ser nacional” y la “civilización occidental y cristiana”.

Este militar, nacido y criado en Mercedes, encarnaba uno de los centros del catolicismo conservador, esa unión restauradora y redentora entre la cruz y la espada que tanto pregonaban los vicarios [obispos] castrenses y sus restauradora y redentora entre la cruz y la espada que tanto pregonaban los vicarios [obispos] castrenses y sus colaboradores.

Dentro del plano político, el ex dictador se define como “un conservador”.

—Mi familia lo era también: mi abuelo paterno había sido gobernador y senador por San Luis, por ejemplo. Los Videla están allí desde la época de la Conquista; llegaron de Chile para la fundación de Mendoza y se dispersaron luego por toda la zona de Cuyo. No soy afecto a Perón ni al peronismo, pero nunca fui un gorila con pelos.

Toda esa mezcla, sumada a la percepción de Videla y de la “familia militar” sobre el desafío armado de las guerrillas y el contexto histórico anterior al golpe, amortigua, relativiza en su conciencia el impacto que pueda tener la presencia gritante de los desaparecidos.

—Ojo, no estoy arrepentido de nada, duermo muy tranquilo todas las noches; tengo sí un peso en el alma, pero no estoy arrepentido ni ese peso me saca el sueño, aunque me gustaría hacer una contribución para asumir mi responsabilidad de una manera tal que sirva para que la sociedad entienda lo que pasó y para aliviar la situación de militares que tenían menos graduación que yo.

Videla admite que los desaparecidos eran detenidos que fueron todos ellos muertos durante la dictadura que él encabezó como presidente del país hasta 1981 y, un dato aun más importante, como comandante en jefe del Ejército hasta mediados de 1978, es decir durante los dos años más calientes de la represión y cuando ocurrieron la mayoría de esos crímenes.

Precisamente, el Ejército asumió la “responsabilidad primaria”, principal, en la lucha contra la guerrilla, y dividió al territorio argentino en cinco zonas geográficas, siguiendo la distribución de los “cuerpos” de la fuerza. Cada una de esas zonas estuvo a cargo del comandante de cuerpo. Por ejemplo, la Zona 1 abarcaba la Capital Federal, parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa; el responsable de esa zona fue el jefe del Primer Cuerpo de Ejército, general Carlos Guillermo Suárez Mason, uno de los “halcones” del Proceso. Otro ejemplo: la Zona 3 sumaba diez provincias, desde el Noroeste a Cuyo, con eje en Córdoba, donde tenía su sede el comandante del Tercer Cuerpo, general Luciano Benjamín Menéndez, “Cachorro”, otro de los “duros”.

La Zona 4 fue atípica: comprendía algunos partidos de Buenos Aires y a la guarnición de Campo de Mayo, la más importante del país, y estaba a cargo del general Santiago Omar Riveros, el comandante de Institutos Militares, también “halcón”.

A su vez, para asegurar una mayor “eficacia” en la represión y terminar más rápido con la guerrilla, cada zona fue dividida en subzonas, áreas y subáreas, con sus correspondientes jefaturas.

La Armada participó activamente de la represión, pero en forma más circunscripta: Massera quería ser presidente y sostenía que sus subordinados debían tener una participación notoria en la lucha contra la guerrilla, para luego hacer valer ese pergamino en la pulseada por la herencia del sillón que ocupaba Videla. Por eso presionó al Ejército y logró que su fuerza se especializara en la lucha contra los montoneros en la Capital Federal y la zona norte del Gran Buenos Aires.

La Fuerza Aérea tuvo una participación menor.

A nivel nacional, el protagonismo fue del Ejército, que desplegó sus fuerzas de una manera simultánea y maciza en todo el territorio “para detectar la presencia de un enemigo mimético, que se escondía en el ambiente, y aniquilarlo”, según explica el ex dictador.

En ese marco, era probable que los militares cometieran “errores y excesos”, pero no fue el caso de los desaparecidos. Ellos fueron el resultado de decisiones tomadas por una pirámide de mando cuidadosamente diseñada; en su zona geográfica, el comandante era amo y señor, el dueño de la vida y de la muerte de cada detenido, pero el vértice de todo el esquema era ocupado por Videla, tal como él señala hablando en tercera persona.

—No era que esa decisión sobre el destino de una persona la tomaba un cabo. No; había responsables en cada zona, subzona, área y subárea. Pero por encima de ello existía la responsabilidad del comandante en jefe del Ejército, tomada en la más absoluta soledad del mando, al aceptar como realidad irreversible la penosa figura del desaparecido.

En la base de esa pirámide estaban los soldados (en aquel momento, el servicio militar era obligatorio), los suboficiales y los oficiales de menor rango, de subteniente a capitán. Según Videla, esos oficiales subalternos, que ahora forman el grueso de los detenidos por violaciones a los derechos humanos y que en aquella época tenían menos de treinta años, no podían negarse a cumplir las órdenes debido al amplio alcance del concepto de obediencia en las Fuerzas Armadas.

—El reglamento militar dice que nadie está obligado a cumplir una orden inmoral. Un ejemplo es el siguiente: el jefe del regimiento no puede ordenarle al capitán que es el jefe de Intendencia que coimee al carnicero y divida con él el resultado de la coima. Eso está muy claro. El problema es qué orden es inmoral en una situación de guerra. En una guerra se trata muchas veces de matar y eso no es inmoral. Usted dirá: pero hay formas y formas de matar. No sé si es tan así, cuando, por ejemplo, el presidente Perón había hablado de “exterminar uno por uno” a los guerrilleros que atacaron el regimiento de Azul, en su carta a los oficiales de esa unidad militar, que había sido atacada por el ERP.

Para él, en el Ejército existía la “obediencia debida”: los militares estaban obligados a cumplir una orden de servicio impartida por un superior, más aún “frente al enemigo”, en una situación de conflicto bélico, cuando la pena llegaba a la muerte o la reclusión por tiempo indeterminado.

Ese concepto guió la ley 23.521, impulsada por el presidente radical Raúl Alfonsín y sancionada por el Congreso el 4 de junio de 1987, que impedía los juicios por violaciones a los derechos humanos a los militares desde teniente coronel para abajo, con la excepción de los delitos de “violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil, y apropiación extensiva de inmuebles”. También beneficiaba a los oficiales superiores (coroneles y generales) “que no hubieran revistado como comandante en jefe, jefe de zona, jefe de subzona o jefe de fuerza de seguridad, policial o penitenciaria”, es decir que no habían tenido capacidad de decisión o no habían participado en la elaboración de las órdenes. Fue una cesión de Alfonsín frente a la rebelión militar “carapintada” de la Semana Santa de aquel año, aunque esa distinción sobre los diferentes niveles de responsabilidad formaba parte del discurso con el que había ganado las elecciones, el 30 de octubre de 1983.

Dieciséis años después, en 2003, cuestionada por los organismos de derechos humanos, varios jueces y el presidente Néstor Kirchner, la ley de obediencia debida fue anulada por el Congreso con el argumento de que nadie podía ampararse en una orden recibida para justificar actos como secuestros, torturas o asesinatos; y las causas judiciales volvieron a activarse.

—Yo creo que en el contexto de la guerra contra la subversión un oficial no tenía escapatoria si quería seguir en el Ejército, y que no cabía la calificación de orden inmoral. No es que estaban bajo coerción irresistible; no era el caso. Ha habido casos de jovencitos que se negaron a cumplir una orden y pidieron la baja, pero fueron casos excepcionales, muy contados. Es decir, podían negarse, pero tenían que irse del Ejército. Si querían seguir en el Ejército, tenían que cumplir las órdenes. Los generales estuvieron todos de acuerdo, y el que no lo estuvo, se fue — agrega Videla.

Uno de los subordinados de Videla, el ex general Riveros, que era el jefe de la Zona 4, ya admitió que fue “el único y exclusivo responsable por todo lo actuado por mis subordinados”. Lo hizo en su alegato del 20 de abril de 2010, antes de recibir su segunda condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.

Riveros dijo que, según “el artículo 514 del Código de Justicia Militar, mis subordinados cumplieron órdenes legítimas impartidas por mí que bajo ninguna circunstancia pudieron resistir o desobedecer so pena de violar los artículos 674, 675, 677 y 678 del citado Código y ser castigados incluso con la pena de muerte”. Por la misma razón, Riveros agregó que él tuvo que obedecer las órdenes de Videla, “que estrictamente cumplí. El subordinado carecía del derecho de inspección (de las órdenes), siendo su único deber constatar si quien impartía la orden era la persona autorizada para eso”.

Algunos generales, pocos, se negaron a respaldar el método elegido para enfrentar a los guerrilleros. Un caso notable es el del general Arturo Amador Corbetta, abogado y admirador del filósofo Immanuel Kant. Corbetta era el flamante jefe de la Policía Federal el 2 de julio de 1976, cuando Montoneros colocó una bomba del tipo vietnamita (con trozos de metal que, con la explosión, se transforman en proyectiles que aumentan el número de heridos) en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, en Moreno 1431, en plena Capital, donde murieron veinticuatro personas, en su mayoría suboficiales, y hubo más de sesenta heridos. “Las manos de ese atentado se conocen muy bien: [Rodolfo] Walsh y [Horacio] Verbitsky, que estaban en el aparato de Inteligencia de Montoneros”, asegura Videla, en base, explica, a “informes de Inteligencia del Ejército”.

El periodista Verbitsky rechaza esta afirmación: “Es otra falsedad de Videla. Once meses después de la explosión, la Marina y la Policía Federal ya habían secuestrado y asesinado a todos los que participaron. Si algún informe de Inteligencia del Ejército me hubiera mencionado, lo cual tampoco sería un prueba de verdad, Videla no habría enviado un mensaje de condolencias por la muerte de mi padre, el escritor Bernardo Verbitsky, publicado en la prensa en 1979”.

El general Corbetta era partidario de reprimir duramente a la guerrilla, pero con la ley en la mano; el atentado provocó una fuerte reacción dentro de la Policía Federal contra su liderazgo, por lo cual tuvo que presentar su renuncia a uno de sus rivales en el gobierno, el ministro del Interior, general Albano Eduardo Harguindeguy. Corbetta sólo duró diez días en ese puesto y fue reemplazado por un “duro”, el general Edmundo René Ojeda.

—Corbetta quería obligar a la Policía Federal a que combatiera con los códigos de un abogado, pero eso no era de aplicación. La Policía lo dejó solo en el Patio de las Palmeras durante el velatorio de los muertos en el comedor de la Superintendencia —dice Videla.

El 7 de julio de 1976, al informar a su gobierno de manera reservada sobre la caída de Corbetta, el embajador estadounidense, Robert Hill, recordó que, cuando asumió, este general había advertido a sus subordinados que “no toleraría ningún arresto ilegal, tortura o asesinato. La reacción de la Policía Federal contra su nuevo jefe fue inmediata e intensa. Muchos oficiales de alto rango empezaron a quejarse a sus contactos castrenses de que Corbetta estaba dañando ‘la campaña antisubversiva’ y de que era ‘no confiable’ y/o ‘un izquierdista’”.

Es decir que la bomba de Montoneros, justificada con el argumento de que el lugar elegido se había convertido en un centro clandestino de detención y tortura, perjudicó a uno de los pocos oficiales superiores que se oponía al terrorismo de Estado y benefició, en la interna militar, a los partidarios de la represión ilegal.

Corbetta fue trasladado a Tandil, como jefe de la Primera Brigada de Caballería Blindada. Allí salvó la vida del actual legislador porteño Juan Carlos Dante Gullo, una de las caras más visibles de la Juventud Peronista, que había sido apresado a principios de 1975. Gullo estaba detenido en el penal de Sierra Chica, y Corbetta impidió que le aplicaran la llamada “ley de fugas”, que lo asesinaran simulando un intento de fuga de presos.

Videla agrega otro caso, el del general Juan Antonio Buasso.

—Era comandante de la VI Brigada de Infantería, con asiento en Neuquén. Cuando se le ofreció la jefatura de la Policía Federal, luego del asesinato del general Cardozo, él exigió: “Todo bajo la ley”; se le contestó que no era aceptable y pidió el retiro. Un buen general, eso no se discute.

Eso ocurrió antes del fugaz nombramiento de Corbetta. Cesáreo Cardozo fue el primer jefe de la Policía Federal de la dictadura y fue asesinado el 18 de junio de 1976 en su dormitorio, mientras dormía junto a su esposa. Una joven de la dictadura y fue asesinado el 18 de junio de 1976 en su dormitorio, mientras dormía junto a su esposa. Una joven de 18 años, Ana María González, amiga y compañera de estudios de una de las hijas de Cardozo, había colocado una bomba debajo de la cama del general. González pertenecía a Montoneros; explicó luego en una conferencia de prensa clandestina que horas antes del atentado estaba estudiando junto a la hija del general cuando dijo que iba al baño; en el trayecto, aprovechó para colocar la bomba; agregó que incluso volvió sobre sus pasos para asegurarse de que los 700 gramos de trotyl quedaran del lado donde dormía Cardozo. La esposa del jefe de la Policía Federal y otra de sus hijas resultaron heridas.

Ana María González murió en 1977 luego de un tiroteo con el Ejército; sus familiares están en condiciones de cobrar la indemnización prevista para toda persona “que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas” antes del 10 de diciembre de 1983, cuando terminó la dictadura, según la ley 24.411, de 1994, que establece el monto de ese beneficio extraordinario: cien veces la remuneración mensual de los agentes Nivel A del escalafón para el personal civil de la Nación, unos 240 mil pesos/dólares durante los noventa. Además, González puede figurar en los anexos del Nunca Más, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, y en la lista del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado en la costanera porteña. Los anexos del Nunca Más fueron actualizados en 2006 y el gobierno no informó las novedades de los últimos seis años; hasta 2006, Ana María González no figuraba entre las “víctimas de ejecución sumaria”, que es el nombre de la categoría creada durante el kirchnerismo para esos casos.

Videla sostiene que los desaparecidos fueron “el precio que hubo que pagar para ganar la guerra contra la subversión, el precio de la victoria”, y calcula el número de víctimas en “siete mil u ocho mil”. La cifra es polémica. Por un lado, las organizaciones de derechos y humanos y el kirchnerismo insisten en que hubo 30 mil desaparecidos. Sin embargo, un relevamiento realizado en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del gobierno indica que hasta mediados de abril de 2010 la indemnización a las víctimas del terrorismo de Estado había sido pagada a los herederos de 7.500 personas, aunque esta cifra incluía a personas muertas o desaparecidas antes del golpe de 1976, muchas de ellas en situaciones que no pueden ser definidas como de represión ilegal: tiroteos con la Policía, ataques a cuarteles militares y hasta fusilados por las propias organizaciones guerrilleras acusados de traidores o delatores.

En ese rango se ubicó la cantidad de denuncias de desapariciones durante los seis años de la dictadura reunida por la Conadep, un organismo creado por Alfonsín apenas asumió su mandato, el 15 de diciembre de 1983. En su libro La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, Graciela Fernández Meijide, que fue secretaria de la Conadep, explica que fueron 7.380 casos, a los que se sumaron denuncias formalizadas ante otros organismos nacionales y extranjeros y organizaciones no gubernamentales, con lo cual la cifra final resultó de 8.960 desaparecidos.

Un número similar, 7.954, sumaban en enero de 2009 los dos listados exhibidos por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en su página de Internet, mientras en los muros del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, ubicado en la Costanera porteña, entre el Aeroparque y el Río de la Plata, figuraban los nombres de 8.875 personas, pero entre 1969 y 1983, es decir desde siete años antes del golpe.

En este sentido, los políticos en general y el kirchnerismo en particular fueron asumiendo un concepto defendido por los organismos de derechos humanos más radicalizados, que desde el principio no buscaron recordar y honrar sólo a las víctimas de la represión ilegal de la dictadura sino a todos “los caídos en combate” por la revolución socialista. Seguramente, se vieron favorecidos por la “mala conciencia” de quienes han preferido no polemizar con estos organismos ante el temor de que les recuerden su escasa preocupación por los derechos humanos en nuestro pasado reciente.

En su libro, Fernández Meijide sugiere que la cifra de 30 mil desaparecidos fue creada en Europa por los refugiados políticos cercanos a la Comisión Argentina de Derechos Humanos, fundada por, entre otros, el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, para provocar un impacto mayor en la opinión pública internacional y en los gobiernos extranjeros.

Pero Sergio Schoklender, el ahora ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, adjudicó el invento a su ex referente, Hebe de Bonafini: “Hebe era la gran mentirosa de unas mentiras necesarias. Cuando la Conadep dijo que había verificado nueve mil desapariciones, los organismos de derechos humanos dijeron que, en realidad, debía haber quince mil. Hebe salió a decir que eran treinta mil y a repetirlo una y otra vez hasta que, de tanto decirlo, así quedó. Un solo desaparecido es una tragedia, pero nunca fueron treinta mil; eso fue un invento de ella”.

Más allá de cuántos fueron los desaparecidos, Videla afirma que no podían fusilar a “las personas que debían morir para ganar la guerra” por varios motivos. Uno de ellos era que en 1975 el dictador de España, el generalísimo Francisco Franco, había respaldado la decisión de un consejo de guerra que dispuso la ejecución de tres miembros de ETA, una organización terrorista que apelaba a la lucha armada para independizar al País Vasco, pero no pudo hacerlo por las protestas de gobiernos europeos y latinoamericanos y hasta del papa Paulo VI.

—Pongamos que eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra; no podíamos fusilarlas. ¿Cómo íbamos a fusilar a toda esa gente? La justicia española había condenado a muerte a tres etarras, una decisión que Franco avaló a pesar de las protestas de buena parte del mundo: sólo pudo ejecutar al primero, y eso que era Franco, aunque en una Europa que iba girando al socialismo. También estaba el resquemor mundial que había provocado la represión de [el general Augusto] Pinochet en Chile. Tampoco podíamos fusilar hoy a cinco en Buenos Aires, mañana a tres en Rosario, pasado mañana a cinco en Córdoba porque iba a llegar un momento en que la gente diría: “¡Basta, esto no es Cuba!”.

Videla afirma que, menos aún, era posible derivar esas personas a los jueces para que los procesaran y condenaran: el régimen militar preveía que ninguno se iba a animar luego del amargo final que habían tenido los integrantes de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, que entre 1971 y 1973 juzgó y condenó a centenares de guerrilleros. Esa Cámara, rebautizada “Camarón” o “Cámara del Terror” por los simpatizantes de los grupos insurgentes, fue creada por la dictadura (o “dictablanda” si se la compara con el Proceso) del general Alejandro Agustín Lanusse a instancias de su ministro de Justicia, Jaime Perriaux, y procesaba a los presuntos guerrilleros con leyes específicas y estrictas. El experimento terminó en forma más bien abrupta: las cárceles fueron abiertas el 25 de mayo de 1973 por la noche, horas después de la asunción del presidente Héctor J. Cámpora, un político peronista clásico que, si bien con críticas a sus posiciones reformistas, era respaldado por Montoneros. Todos los guerrilleros presos fueron liberados esa noche; al día siguiente, resultaron amnistiados por el Congreso, donde ningún legislador les reclamó o al menos les pidió que, ahora que el país había vuelto a la democracia, dejaran las armas. La Cámara quedó disuelta inmediatamente por otra ley, y sus jueces, fiscales y funcionarios fueron dejados cesantes y hasta privados de sus derechos previsionales. Las leyes antisubversivas fueron derogadas.

De esa experiencia se había agarrado Videla en la reunión de gabinete del 24 de septiembre de 1975, cuando el senador Ítalo Argentino Luder reemplazaba por unas semanas a Isabel Perón en la presidencia: la viuda del General había tomado una licencia por sus “estados anímicos de agotamiento y depresión”.

—Dije que la Justicia estaba inerte por temor a que se repitiera lo que había pasado con el mal llamado Camarón, cuyos integrantes fueron echados luego de la asunción del gobierno de Cámpora, sin la más mínima protección por parte del Estado, a tal punto que uno de los jueces, Jorge Quiroga, fue asesinado; otros dos, Carlos Enrique Malbrán y Eduardo Munilla Lacasa, fueron baleados, y los demás tuvieron que irse del país porque estaban amenazados de muerte. Y que tanto era así que desde el 25 de mayo de 1973 no había habido ninguna condena judicial respecto a muerte. Y que tanto era así que desde el 25 de mayo de 1973 no había habido ninguna condena judicial respecto a hechos de terrorismo y ¡caramba si los había habido!

Fue la solución que le sugirió el embajador Hill en una audiencia a solas con Videla que duró una hora y media, el 21 de septiembre de 1976. Hill era un diplomático conservador y anticomunista, aunque sensible a las violaciones a los derechos humanos. “Le expresé la gran preocupación que había encontrado en mi viaje a Estados Unidos”, sostuvo Hill en un cable secreto enviado tres días después al Departamento de Estado de su país.

Hill señaló: “Existía en mi país, le dije, una gran empatía con su gobierno, que había tomado el poder bajo circunstancias difíciles, y que todos comprendían que estaba envuelto en una lucha a muerte con la subversión. Sin embargo, algunas cosas como el asesinato de los sacerdotes (tres curas y dos seminaristas palotinos, el 4 de julio de 1976) y el asesinato masivo en Pilar (treinta cuerpos dinamitados, el 20 de agosto de 1976) estaban seriamente dañando la imagen de la Argentina en Estados Unidos. Le sugerí que en el análisis final la mejor forma de proceder contra los terroristas era dentro de la ley”.

“Videla no me contestó; más bien se lanzó a una larga exposición sobre la difícil situación que su gobierno había heredado. La economía había estado en ruinas y el terrorismo predominaba. Después, dijo que la Argentina estaba ahora en guerra contra el comunismo internacional, el cual, a través de la penetración en las escuelas y hasta en la Iglesia, había estado a punto de tomar el poder. Aunque antes había deplorado el asesinato masivo en Pilar, algunas de sus declaraciones posteriores me hicieron pensar que consideraba que la matanza de algunos izquierdistas era una buena lección”, agregó el embajador norteamericano.

Según el ex dictador, su gobierno hizo desaparecer a miles de personas que “debían morir”, pero no elaboró ni cumplió ningún plan sistemático para robar los chicos de los detenidos o secuestrados, en especial luego del parto de sus madres cautivas, y entregárselos a otros matrimonios, que les cambiaban la identidad y los criaban como si fueran propios. En marzo de 2012, él era el principal acusado en un juicio por la apropiación de niños.

—En mi declaración indagatoria, manifesté que asegurar la existencia de un plan sistemático para la sustracción de menores era la mayor falacia contenida en ese juicio. Nunca hubo la orden de sustraer menores; por otra parte, no tenía razón de ser dicho plan, en el marco de la guerra contra el terrorismo, cuyo aniquilamiento se buscaba. Por el contrario, estaba bien establecido a quién había que llamar, a quién había que entregarlos. Ese protocolo no estaba en mi Orden de Operaciones. ¿Por qué se me escapó? No tengo una respuesta, no lo sé, pero sí figura en el Anexo a la Orden de Operaciones que impartieron los comandantes de cuerpo. Por ejemplo, el anexo del Primer Cuerpo fue agregado a la Causa 13/84, llamada de los Comandantes, a pedido de la Fiscalía.

Harguindeguy, que fue el ministro del Interior durante los cinco años de la dictadura de Videla, sostiene lo mismo: “Figuraba en los textos de Inteligencia y en las órdenes la devolución de los niños a sus abuelos, a sus tíos, salvo que no tuvieran familiares; en ese caso, se los pasaba a la Policía, y la Policía a los jueces de menores para que ellos dispusieran”.

Harguindeguy también está acusado de delitos contra la humanidad, bajo arresto domiciliario por su estado de salud. Es un general cordobés, de Villa Valeria, un pueblo del sur de la provincia; pertenece a la Caballería; tiene dos años menos que Videla, y fue entrevistado para este libro en tres oportunidades, dos de ellas cuando estuvo internado en el Hospital Militar, en 2010, y la restante en su casa en el partido de Malvinas Argentinas, en el Gran Buenos Aires, en 2011.

Sin embargo, a septiembre de 2011 las Abuelas de Plaza de Mayo habían encontrado nada menos que a 105 chicos robados a sus verdaderos padres.

Videla admite que pueden haberse cometido “irregularidades” con un número aún indeterminado de chicos, pero jura que “eso no respondía a una orden”.

—No niego que haya habido casos de irregularidades, pero por falta de control específico, en el territorio; unos con la mejor voluntad de darle un buen hogar a los hijos de terroristas, otros para venderlos. Yo no lo descarto ni mucho menos. Pero no respondía a una orden. No hubo ningún plan sistemático en este sentido. Para Harguindeguy, “es un tema civil porque han sido sustracciones fuera del ámbito militar. No era: ‘Me llevo un chico’; ‘Sí, llevate un chico’”. Asegura que esos robos ocurrieron “en todo ese camino” que había que recorrer cuando los hijos de los detenidos no tenían parientes a quienes ser entregados, que incluía básicamente a la Policía y a los juzgados de menores.

En su alegato del 20 de abril de 2010, Riveros afirmó que en la zona a su cargo “había disposiciones específicas sobre cómo proceder en el caso de la aparición de menores de edad en el curso de las operaciones; la orden era entregarlos a familiares, vecinos o a las autoridades policiales para que dieran intervención a los jueces, a fin de que se hiciesen cargo de aplicar lo que por ley correspondía. Si algunos de quienes fueron mis subordinados contravino esa orden expresa, cometió un delito del cual es responsable exclusivo a título personal. Está probado que las Fuerzas Armadas entregaron 227 menores a familiares, vecinos o autoridades judiciales”.

Las organizaciones de derechos humanos y el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner respaldan la acusación de las Abuelas de Plaza de Mayo sobre la existencia de un plan sistemático de la dictadura. Incluso, el ex subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de Estados Unidos Elliott Abrams aseguró que el 3 de diciembre de 1982, en la última etapa del gobierno militar, se reunió a solas en un hotel de Washington con el embajador argentino en su país, Lucio García del Solar, quien le confirmó “el tema de los chicos sacados a sus familias durante la guerra sucia. Mientras los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos y esto era, en un sentido, el más grave problema humanitario” para Estados Unidos. García del Solar “coincidió completamente” con ese análisis, dijo Abrams.

El contenido de este encuentro fue volcado por Abrams en un memorándum, y revelado el 23 de agosto de 2002 por el diario Página/12.

Abrams, un “duro” en la diplomacia del presidente conservador Ronald Reagan, declaró el 26 de enero de 2012 por videoconferencia desde Washington en el juicio por el robo de niños. Agregó que García del Solar le comentó que “ya había hablado esto con su ministro de Relaciones Exteriores (Juan Ramón Aguirre Lanari) y su presidente (el general Reynaldo Benito Bignone). Ellos no rechazaron su visión, pero señalaron el problema de, por ejemplo, sacar a los chicos de sus padres adoptivos”.

Para Abrams, el gobierno estadounidense se había convencido de que no se trataba de hechos aislados sino de “un plan” decidido por el gobierno militar porque “las familias de los desaparecidos eran vistas como no aptas para criarlos”, ya que “eran comunistas. El segundo factor fue que en algunos casos las familias a los que los entregaban no podían tener hijos; entonces, lo consideraban como una bendición para estas familias leales al régimen”.

Las Abuelas de Plaza Mayo calculan que todavía les falta ubicar a 400 chicos, como sostiene su presidenta, Estela Barnes de Carlotto: “A lo mejor son más todavía. Pero como eso fue un plan sistemático para robarnos los niños en el momento de nacer, a nuestras hijas que estaban en los campos de concentración, las familias que los tienen son apropiadoras, que hacen de padres y fueron los que asesinaron a sus verdaderos padres. Hay un silencio corporativo en esos depredadores que no confiesan. Al contrario, los oprimen aun siendo ellos adultos. Nuestros nietos ya son adultos, tienen treinta y pico de años y los tienen atrapados, exigiéndoles fidelidad, como que si ellos los denuncian, serían los culpables de lo que pase: la víctima sería ahora victimaria. La verdad verdadera es que nuestros nietos están todavía cautivos. Por eso no confiesan los que los robaron, y los chicos tienen miedo todavía”.

Sin embargo, es probable que la cifra de chicos que continúan robados sea bastante menor: el 24 de diciembre de 2011, el sitio oficial de Abuelas buscaba a 190 “Niños nacidos durante el cautiverio de sus madres”, y a 13 “Niños desaparecidos junto a sus padres”. Además, registraba 11 nombres en la categoría “Niños y parejas localizados asesinados”.

De todos modos, en la presentación de esos listados, Abuelas aclaraba que eran números provisorios: “Debido a que aún no conocemos la verdad vinculada a cada uno de los hechos indagados, ésta es una investigación permanente, que no deja de actualizarse, corregirse y renovarse. La información que aquí se presenta es parte de este continuo proceso y queda sujeta a los nuevos aportes que brinde el avance de la investigación”.

CAPÍTULO 2
EL MÉTODO

Esa frase “Solución Final” nunca se usó. “Disposición Final” fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final. Ya no tiene vida útil.

Para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera; cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte.
[Jorge Videla en entrevistas en la prisión de Campo de Mayo]

Uno debería pensar que cuando decidieron tomar el poder, el 24 de marzo de 1976, los militares ya habían definido qué harían con los prisioneros considerados “irrecuperables”. Sin embargo, sostiene Videla que tanto él como sus colegas de la Junta Militar, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti, protagonizaron el golpe sin saber bien qué hacer con esos miles de personas.

—Nosotros no tomamos esa decisión antes del golpe sino cuando se nos presentó el problema de qué hacer con esa gente, que no podía ser fusilada públicamente ni tampoco podía ser condenada judicialmente. Entramos a la guerra sin saber qué hacer con todas las personas que eran el costo necesario para ganar la guerra. La solución fue apareciendo de una manera espontánea, con los casos de desaparecidos que se fueron dando. Casos espontáneos, pero que, repito, no eran decididos por un joven oficial recién recibido; no, casos que eran ordenados por un capitán que, a su vez, recibía la orden del jefe de la brigada que, a su vez, recibía la orden del comandante o jefe de Zona.

Y agrega que, en realidad, “era una figura que venía de los gobiernos anteriores, del gobierno peronista, por ejemplo”, en especial luego de los decretos firmados durante el interinato del senador Ítalo Luder, a principios de octubre de 1975. Volveremos sobre este tema tan espinoso en el Capítulo 6.

El ex ministro del Interior Albano Harguindeguy coincide con Videla: asegura que irrumpieron en la Casa Rosada con “el plan de vencer a la subversión”, un objetivo para el cual no contaban con “los elementos suficientes para combatirla ajustados a la ley”, aunque sostiene que podrían haber reimplantado la legislación específica, contra la guerrilla, del gobierno del general Alejandro Lanusse.

Según Harguindeguy, “cometimos un grave error al lanzar la guerra contra la subversión en términos militares sin tener elementos suficientes para combatirla. A los montoneros les pasó lo mismo. El Código de Justicia Militar de Montoneros entró en vigencia recién el 1° de enero de 1976. ¿Qué significa no tener los medios? No teníamos los instrumentos legales para detener a un individuo, interrogarlo, pasarlo a un campo de prisioneros o demás; no los teníamos, y entonces, ¿qué quedaba? Y bueno, una de las cosas que quedaban era la desaparición. Aparte de los que caían en combate, otros desaparecían… ¡Si nosotros hubiésemos tenido claridad, clarividencia para ver las consecuencias que podían tener las operaciones como se venían realizando! Porque esto no empezó con nosotros… Empezó con el gobierno constitucional, decretos y directivas del Estado Mayor del Ejército de por medio. Teníamos códigos (leyes) muy estrictos. Si hubiésemos reimplantado la legislación que estaba toda hecha y que se había derogado el 26 de mayo de 1973… ¡No teníamos nada! Hubo mucha lucha por izquierda”.

De acuerdo con sus verdugos, esos miles de prisioneros que eran “irrecuperables” no podían ser fusilados ni derivados a la justicia, ni mucho menos liberados, porque volverían a tomar las armas o a cuestionar o enfrentar a la dictadura, ya que el concepto de “subversión” que utilizaban los jefes militares era amplio, elástico, discrecional: no se limitaba a quienes habían tomado las armas.

La confesión de Videla sobre la falta de previsión sobre qué hacer con los detenidos es sorprendente. Salvando las distancias históricas, y sin pretender una analogía entre los desaparecidos argentinos y el genocidio nazi, tampoco el régimen de Adolf Hitler supo qué hacer con los judíos hasta 1942, tres años después de la invasión a Polonia que provocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y cuando la expansión alemana experimentaba los primeros “percances”.

Los nazis consideraban a los judíos un “obstáculo” en la “inevitable” supremacía de la raza aria, pero no habían definido qué hacer con ellos, cómo remover o solucionar ese “problema”. Al principio, forzaron la emigración masiva de judíos a otros países, pero el 20 de enero de 1942, en una mansión a orillas del lago Wannsee, al sur de Berlín, quince jerarcas de la dictadura debatieron durante dos horas “una solución completa, final, a la cuestión judía en los territorios bajo control alemán”, según explicó el general Reinhard Heydrich al inicio de la suntuosa comida. La “solución final” que encontraron provocó la muerte de seis millones de personas en cámaras de gas. Algunos participantes estuvieron en contra hasta que al final cedieron, como Wilhelm Stuckart, representante del ministro del Interior. “Matarlos ilegalmente los convertirá en mártires y les dará la victoria”, argumentó Stuckart, que había sido uno de los creadores de las leyes de Nuremberg; proponía que, en lugar del Holocausto, se aplicaran esas normas y se esterilizara en forma masiva a los judíos para que no pudieran reproducirse.

Videla afirma que nunca se habló en Argentina de “Solución Final”.

—“Disposición Final” fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final. Ya no tiene vida útil.

También Harguindeguy usa esa frase. Y en la primera y hasta ahora única lista de desaparecidos encontrada desde la recuperación de la democracia, figura la sigla DF (Disposición Final) al lado de 195 de los 293 nombres de detenidos en la jefatura de la Policía de Tucumán. El documento fue aportado el 15 de junio de 2010 por Juan Carlos “El Perro” Clemente, un militante de la Juventud Peronista que luego pasó a colaborar con la represión ilegal, durante un juicio a policías y militares. La lista había sido confeccionada a máquina por los represores, y los nombres aparecen por orden alfabético, con su alias o presunto “nombre de guerra”; en la tercera columna figura el destino de cada uno de ellos: “DF”, “Libertad” o “Disp. PEN”, en alusión a los detenidos que eran “blanqueados” y puestos a cada uno de ellos: “DF”, “Libertad” o “Disp. PEN”, en alusión a los detenidos que eran “blanqueados” y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Según el Régimen Funcional de Logística del Ejército, la Disposición Final es “la actividad logística mediante la cual se determina el trámite a dar a los efectos finales irrecuperables, obsoletos o que han perdido sus condiciones antes de su baja del patrimonio”.

Estas palabras, Disposición Final, ya aparecen en la “Conducción para Fuerzas Terrestres”, de 1968, y continúan vigentes en los cambios introducidos en los reglamentos por el gobierno de Cristina Kirchner. Harguindeguy asegura que los oficiales superiores (los coroneles y los generales) nunca se reunieron para decidir qué hacer con los detenidos considerados “irrecuperables” por sus verdugos: “No se habló [entre los oficiales superiores]… Ahora, usted recuerda que la Junta Militar se reunía y eran tres; los demás, ‘colita de perro’, como en los juegos infantiles. Tres eran las cabezas… En el Ejército, los comandantes de cuerpo, y después, arriba de ellos, el comandante en jefe. Si hablaron o no hablaron… Yo creo que no pudieron dejar de hablar porque era muy trascendente en la vida del país, del futuro, y más si iba a ser [haber] Disposición Final. Si era [había] Disposición Final, había que dar el nombre, el lugar y el hecho. ¿Cómo justificaba el hecho? ¿Cómo tenía que juntar las pruebas suficientes para lograr una pena?”.

La Junta Militar era la autoridad suprema del país y estaba formada por los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Los tres elegían en forma unánime al presidente de la Nación, que debía ser un oficial superior de las Fuerzas Armadas, en actividad o retirado. Videla fue el primero, hasta 1981, y mantuvo el cargo clave de jefe del Ejército hasta mediados de 1978, cuando fue reemplazado por su aliado, el general Roberto Eduardo Viola.

Videla asegura que la Junta Militar nunca se reunió para debatir el destino de los prisioneros “irrecuperables”.

—No hubo una reunión de Junta para decidir esto; cada Fuerza lo fue decidiendo a medida que se iban produciendo los hechos. La guerra contra la subversión no fue competencia de la Junta Militar sino de cada Fuerza a través de su comandante en jefe.

Luego del golpe de Estado, las desapariciones, que ya venían ocurriendo, aumentaron en forma exponencial, a tono con el grado máximo de autonomía que los militares habían adquirido respecto del resto de la sociedad argentina. No tenían que rendirle cuentas a nadie, detentaban todo el poder político en sus manos. Videla se hace cargo de “todos esos hechos” y señala que los alentó de manera implícita, tácita.

—Frente a esas situaciones, había dos caminos para mí: sancionar a los responsables o alentar estas situaciones de manera tácita como una orden superior no escrita que creara la certeza en los mandos inferiores de que nadie sufriría ningún reproche. No había, no podía haber, una Orden de Operaciones que lo dijera. Hubo una autorización tácita. Yo me hago cargo de todos esos hechos.

Y agrega que, en el contexto de aquella época, fue “la mejor solución” que encontraron.

—No había otra solución; estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas. El dilema era cómo hacerlo para que a la sociedad le pasara desapercibido. La solución fue sutil —la desaparición de personas—, que creaba una sensación ambigua en la gente: no estaban, no se sabía qué había pasado con ellos; yo los definí alguna vez como “una entelequia”. Por eso, para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera; cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte.

Los jefes militares que tomaron el poder estaban dispuestos a utilizar todos los medios a su alcance para vencer a las guerrillas. Ya lo había anticipado Videla el 23 de octubre de 1975, en Montevideo, durante la Undécima Conferencia de Ejércitos Americanos: “Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país”.

—La libertad de acción derivó en grupos que se manejaron con demasiada autonomía. Había una finalidad, que era lograr la paz sin la que hoy no habría una república. Pero los medios fueron tremendos. Desde antes del golpe, los jefes militares intentaron ocultar, disimular, enmascarar la decisión de no respetar las leyes ni los derechos humanos fundamentales. Tanto es así que Massera tomó un café con el embajador estadounidense, Robert Hill, el 16 de marzo de 1976, ocho días antes del golpe de Estado, cuando, según transmitió el diplomático a su gobierno, le confirmó que los militares podrían verse obligados a intervenir “muy pronto” para evitar el “caos total”, y le señaló que, en ese caso, “intensificarán la lucha contra el terrorismo y la subversión, pero dentro de la ley. Él dijo que la intención de los comandantes es hacer eso de la manera más ‘democrática’ y moderada posible. Apuntó que ellos estaban teniendo algunas dificultades conteniendo a los exaltados (hot heads), pero expresó su confianza en que podrían hacerlo”.

Hill agregó en el cable 1751, de carácter secreto, que Massera enfatizó que los militares eran “completamente conscientes de la necesidad de evitar problemas sobre los derechos humanos” y que, en el caso de que debieran tomar el poder, “no seguirán los lineamientos de la intervención de Pinochet en Chile. Más bien, dijo él, ellos tratarán de proceder dentro de la ley y con total respeto por los derechos humanos”. Siempre según esa fuente, Massera sostuvo que los militares estaban “muy preocupados sobre sus relaciones públicas en los Estados Unidos si tuvieran que intervenir”; incluso, le pidió a Hill que le recomendara “una o dos empresas de relaciones públicas bien reputadas en los Estados Unidos que podrían encargarse de ese problema para un futuro gobierno militar”. El embajador le contestó que “yo no podía darle ningún consejo como el que me había pedido, pero podía ofrecerle la lista de las empresas de relaciones públicas disponible en la biblioteca de la oficina comercial de la Embajada. Massera me dijo que le parecía bien y que le gustaría recibir esa lista ‘dentro de los próximos días’”.

Massera, Videla y los militares comprendían que la situación política en Estados Unidos ya no era favorable a los gobiernos “amigos” que violaban los derechos humanos, como el chileno. En marzo de 1976 faltaban apenas siete meses para las elecciones presidenciales que provocarían el retorno de los demócratas a la Casa Blanca con James Carter, que hacía de la condena a la represión ilegal —en la Unión Soviética y en sus satélites, pero también en las dictaduras militares del Cono Sur— una de sus banderas políticas. El triunfo de Carter reflejó a una opinión pública sensibilizada por el abierto respaldo de los republicanos al cruento golpe del general Augusto Pinochet en Chile en 1973. Cuando los militares argentinos derrocaron a Isabel Perón, ese cambio en la opinión pública estadounidense ya se estaba dando, al punto de que los demócratas controlaban ambas cámaras del Congreso.

Por ese motivo, el Departamento de Estado, a pesar de las preferencias militares y anticomunistas de su titular, Henry Kissinger, mantuvo una posición cauta frente al golpe de Videla y compañía. Tanto fue así que en su cable secreto del 16 de marzo de 1976, el embajador Hill informó que no pensaba cancelar su viaje del día siguiente a Estados Unidos: “Si cancelo estos planes ahora y el golpe se lleva a cabo, por ejemplo el 18 de marzo, esto será interpretado por muchos como prueba de que teníamos previo conocimiento del accionar militar. Además, es posible que se argumente que cancelé mis planes y me quedé acá para ayudar a dirigir el golpe. Estar fuera del país cuando el golpe ocurra creo que será un hecho a nuestro favor, que indicará el no involucramiento de la Embajada y el gobierno de Estados Unidos”.

El mes anterior, Hill había enviado un cable a su gobierno señalando que “Diego Medús, el director del Departamento América del Norte de la Cancillería, me confió en un almuerzo que ‘el grupo que está planificando el golpe militar’ le pidió que prepare un estudio y haga recomendaciones sobre cómo podía el futuro gobierno militar evitar o minimizar la clase de problemas que los gobiernos chileno y uruguayo estaban teniendo con Estados Unidos sobre el tema derechos humanos. Sostuvo [el diplomático argentino] que les contestó que tendrían problemas si comenzaban ejecutando gente. Los oficiales replicaron que ellos intentarían conducir una guerra a fondo contra los terroristas y que algunas ejecuciones podrían tal vez ser necesarias, pero que deseaban minimizar cualquier problema resultante con Estados Unidos, y le pidieron que igual preparara el informe”.

El giro en la opinión pública norteamericana y la situación electoral en Estados Unidos fueron dos de los factores que inclinaron a Videla y a los militares hacia la Disposición Final. No querían levantar protestas en Estados Unidos. En sintonía, los colaboradores de Videla presentaban al nuevo presidente como el líder de la facción moderada dentro de los militares, las “palomas”, a quien había que respaldar porque era el único que podía mantener a raya a los “halcones”, partidarios de una represión feroz.

Al principio, la dictadura logró confundir a los diplomáticos estadounidenses y de otros países destacados en Buenos Aires. La delegación israelí fue una de las primeras en darse cuenta de que esta división no funcionaba, al menos en el plano de la represión, según un cable de la embajada norteamericana del 23 de junio de 1976 titulado “La opinión de Israel”. Hill señaló que, para sus colegas, “los militares tomaron la decisión de eliminar la subversión y el terrorismo, y de silenciar y aterrorizar a toda la potencial oposición, mucho antes del golpe del 24 de marzo. La única cuestión restante era cómo hacerlo con menor exposición a las críticas externas que las que habían aislado al régimen militar en Chile. El gobierno dio luz verde a las fuerzas de seguridad para hacer frente al problema de seguridad interna con cualquier método considerado apropiado, pero siempre manteniendo al gobierno en una posición de ‘posible negación’ de la responsabilidad”.

Desde un punto de vista estrictamente militar, el otro motivo de las desapariciones fue, como veremos en el próximo capítulo, el protagonismo de las tareas de Inteligencia en la lucha contra la guerrilla, según Videla. —La Inteligencia siempre actúa en secreto, sea para prevenir que se infiltre el enemigo como para sembrar incertidumbre en las filas del enemigo; de allí la importancia de la figura de los desaparecidos. Un “halcón” como el ex general Santiago Riveros, que era el jefe de la Zona 4, tiene una explicación muy directa, brutal, sobre el método utilizado contra los prisioneros considerados “irrecuperables”: “Los terroristas detenidos que fueran miembros activos de las organizaciones ERP y Montoneros debían ser aniquilados, o sea eliminados, procedimiento aplicable por no caberles la aplicación de las Leyes de Guerra dado que no eran soldados regulares sino partisanos o combatientes irregulares que, como tales, estaban excluidos de ese tratamiento”. En su alegato del 20 de abril de 2010, antes de que lo condenaran por segunda vez a prisión perpetua, Riveros responsabilizó de esa decisión al gobierno constitucional del peronismo, a través de tres decretos despachados el 6 de octubre de 1975. Y agregó: “Frente al caso concreto de detenciones cabían tres alternativas: 1) la libertad ante la falta de toda evidencia de culpa o sospecha; 2) la puesta a disposición del Poder Ejecutivo si sólo existía un estado de sospecha; 3) el aniquilamiento en los casos en que se comprobaba, por el procedimiento militar y en base a las pruebas reunidas, de que se trataba de terroristas, medida que decidía el comandante en Jefe del Ejército”. Hay aquí una diferencia con Videla, quien asegura que él alentó las muertes y las desapariciones “de manera tácita”, al no sancionar a sus responsables, y que todas sus órdenes escritas fueron “genéricas; una orden escrita siempre es genérica”, y nunca recomendaron la Disposición Final.

Por su lado, Riveros afirma que “todos los operativos fueron documentados y, hasta su destrucción, estos antecedentes se encontraban en los Estados Mayores de las Fuerzas, en el Ministerio del Interior (coordinador de la información) y en la sede de los respectivos comandos. Debe quedar claro que nadie fue perseguido por su forma de pensar, ideología, raza, nacionalidad, religión o condición social, sino exclusivamente por su calidad de terrorista”.

Riveros alude a la quema de todos los documentos vinculados a la represión ordenada por el general Reynaldo Bignone, el último presidente de la dictadura, que el 28 de abril de 1983 firmó el decreto reservado 2726. La represión fue capilar y la decisión de qué hacer con cada prisionero quedó en manos de cada fuerza y, en el caso del Ejército, del comandante de cada una de las cinco zonas en las que el país fue dividido. Como sucedía con los señores feudales, estos “señores de la guerra” se manejaban con autonomía en sus territorios. Videla asegura que los jefes de las zonas no tenían que pedirle permiso y ni siquiera informarle sobre cada caso en particular, salvo aquellos que consideraran tan importantes o relevantes que debían ser conocidos por el comandante en jefe. —La responsabilidad de cada caso recayó en el comandante de la zona, que utilizó el método que creyó más apropiado. Cada comandante tuvo autonomía para encontrar el método más rápido y menos riesgoso. Nadie estuvo en contra de eso en el Ejército ni en las Fuerzas Armadas; no generó ninguna discusión. Hubo problemas en algunos casos por la resonancia del personaje. A mí, los comandantes o jefes de zona no me pedían permiso para proceder: yo consentía por omisión. A veces, me avisaban. Recuerdo el caso de una visita a Córdoba y el general Luciano Menéndez me recibe con esta novedad: “El hijo de Escobar andaba en malas juntas y los liquidamos anoche”. Era el hijo de un coronel que había sido compañero nuestro de promoción; entonces, yo ya sabía que si Escobar venía le tenía que decir: “De ese tema no quiero hablar”. Pero el padre no me preguntó nada.

Los casos de hijos de militares que se habían convertido en guerrilleros o simpatizaban con la lucha armada fueron traumáticos para las Fuerzas Armadas.

—Una vez, nos avisan de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA: “Lo tenemos al hijo de Laplane, está metido hasta la cabeza y es irrecuperable. ¿Qué hacemos? ¿Lo fusilamos o qué?”. Yo ordené que se lo entregaran a Harguindeguy; le avisamos al padre y lo hicimos salir del país, a Israel, país que él eligió porque su esposa era judía. Una cosa era matar al hijo del coronel Escobar y otra cosa al hijo del general Alberto Numa Laplane, que había sido jefe del Ejército. Otro caso: el hijo del general Julio Alsogaray. Un día, él vino y nos dijo: “Sé que mi hijo está en la guerrilla; yo no puedo hacer nada, no lo puedo controlar; sólo les pido que me entreguen su cadáver”. Es decir, él calculaba que en algún momento lo íbamos a matar y veía lo que estaba pasando con los desaparecidos.

Alsogaray también había sido comandante en jefe del Ejército, entre 1966 y 1968, durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía. Uno de sus hijos, Juan Carlos, “El Hippie” o “Paco”, sociólogo recibido en Francia, era “oficial” de Montoneros y tenía 29 años cuando fue muerto, el 13 de febrero de 1976, en un tiroteo en el monte tucumano. El cuerpo del primo de María Julia Alsogaray fue entregado a sus padres a fines de aquel mes por el general Antonio Domingo Bussi, comandante de la Quinta Brigada y jefe del “Operativo Independencia”, contra la guerrilla, que se desarrolló en Tucumán por orden del gobierno peronista.

Según el hermano mayor del guerrillero, Julio Alsogaray hijo, Bussi les mostró a sus padres una carpeta con fotos; la madre, Zulema, largó un sollozo cuando reconoció a su hijo menor. “Señora, no le voy a permitir que llore en mi presencia. Si va llorar, retírese, porque usted sólo ha perdido un hijo y yo todos los días pierdo hijos en esta guerra”, le gritó el general. Pero Bussi, que murió el 24 de noviembre de 2011, afirmaba que no hubo ningún reto: “Yo le mostré al general Alsogaray las planillas que se hacían de muerto por muerto y él no reconoció al hijo. La intuición de la madre sirvió para reconocerlo, porque figuraba con otro apellido”. Bussi fue gobernador de la dictadura y durante la democracia de Tucumán; terminó condenado por delitos de lesa humanidad y sin su grado militar.

Los jefes de cada una de las porciones en las que fue dividido el territorio argentino tenían tanto poder que, según Videla, cuando por ejemplo “había que hacer un procedimiento en otra Zona, se pedía al responsable de esa Zona la autorización de ‘Zona libre’, que era siempre por una cantidad determinada de horas; se realizaba la operación y se retornaba a la Zona propia”.

En ese marco, Videla asegura que él “no preguntaba” el destino de los desaparecidos.

—Sabía que no iba a tener respuestas si preguntaba. No tenía sentido buscar respuestas donde no las había.

La forma de ocultar el cuerpo de cada una de estas personas quedaba a criterio del jefe de Zona, que decidía si habría un “vuelo de la muerte”; si sería arrojado a un dique o a un arroyo; si lo enterrarían en un lugar secreto, o si lo quemarían en un horno o rodeado de gomas de automóviles.

El general Ramón Genaro Díaz Bessone fue jefe de la Zona 2 (Santa Fe, Chaco, Formosa y el Litoral) hasta septiembre de 1976, cuando fue nombrado ministro de Planeamiento por Videla. A los 86 años está siendo juzgado en Rosario por violaciones a los derechos humanos. Díaz Bessone dice que “la verdad es que lo que pasó en cada Zona dependió de cada comandante. La modalidad era la que imponía cada comandante. Para mí, por ejemplo, la Policía era una complicación y entones yo decidí mantenerla al margen, actuando sólo con intercambio de información. Mi primera decisión fue traer tres regimientos y traer blindados, tanques, a los que hice desfilar por el centro de Rosario y por otros pueblos para enviarles un mensaje a los guerrilleros: yo los iba a hacer pelota a cañonazos. Esto tuvo un poder disuasivo tremendo; la guerrilla se achicó. Traje tanques y cinco mil hombres del Ejército. Nosotros interrogábamos, pero nunca torturamos sino que, luego de las declaraciones de los detenidos, los enviábamos al Consejo de Guerra. Yo no hice desaparecer a ninguna persona. No había directivas del Ejército sobre hacer desaparecer a personas. Nosotros nunca vendamos a un tipo. Las cárceles eran custodiadas por Gendarmería”.

Díaz Bessone asegura que lo que sucedía durante la represión en cada zona del territorio nacional era tratado sólo con el comandante en jefe del Ejército, es decir con Videla: “Había reuniones de altos mandos del Ejército, pero se trataban problemas nacionales o del Ejército, no el tema de qué hacía cada uno en su territorio durante la lucha contra la subversión. Yo no me metía en el territorio del vecino ni permitía que nadie se metiera en el mío. Los problemas de cada cuerpo se trataban en privado con el comandante en jefe”.

Es probable que, antes de la Disposición Final, algunos comandantes hayan ensayado en su zona otras tácticas, como la aplicación de la llamada ley de fuga, es decir, matar a los detenidos simulando que habían intentado escaparse, por ejemplo en un traslado de presos. O informar sobre muertos en enfrentamientos con guerrilleros que no habían ocurrido. Pero eran trucos muy evidentes como para ser efectivos con el paso del tiempo.

Para el Mundial de Fútbol, en junio de 1978, antes de que Videla fuera reemplazado en la jefatura del Ejército y pasara a retiro, la “guerra contra la subversión”, y en consecuencia la Disposición Final, estaba “prácticamente terminada”, dice el ex presidente de facto.

—Siguiendo con el cronograma que le habíamos prometido al presidente Luder, a fines de 1977 la guerrilla estaba controlada; no derrotada, pero era cuestión de tiempo. Para el Mundial, la guerra estaba prácticamente terminada. Quedaron sí algunos remanentes, por ejemplo células que en la Contraofensiva de los montoneros, en noviembre de 1979, volvieron a entrar al país y mataron a [Francisco] Soldati y atentaron contra [Guillermo Walter] Klein y contra [Juan] Alemann. Luego volvieron a salir, y al año siguiente entraron pero ya no pudieron salir; no bien cruzaron por Paso de los Libres, a los pocos días cayeron; ya sabíamos todo sobre estas células.

La dictadura no sólo hizo desaparecer a los prisioneros “irrecuperables” sino también los cuerpos de guerrilleros que habían muerto en tiroteos, como el máximo jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el contador santiagueño y “comandante” Mario Roberto Santucho. Una patrulla encabezada por el capitán Juan Carlos Leonetti lo había sorprendido en un departamento en Villa Martelli, en la zona norte del Gran Buenos Aires, el lunes 19 de julio de 1976. En el tiroteo murieron Leonetti (que nunca supo que había matado al jefe del ERP), Santucho y el número dos del ERP, José Benito Urteaga. Leonetti se convirtió en un héroe, fue ascendido post mortem y media docena de escuelas en todo el país llevaron su nombre; pasó el tiempo y ahora sólo una de esas escuelas continúa llamándose así.

Según la periodista María Seoane, autora de una biografía de Santucho, Liliana Delfino, la mujer del jefe del ERP, y Ana María Lanzillotto, embarazada de ocho meses, fueron detenidas vivas y continúan desaparecidas. Urteaga estaba con su hijo José, de dos años, que fue entregado por los militares a su familia paterna.

Videla dice que la decisión sobre el ocultamiento del cuerpo de Santucho fue tomada por él, pero compartida por la Junta Militar.

—Era una persona que generaba expectativas; la aparición de ese cuerpo iba a dar lugar a homenajes, a celebraciones. Era una figura que había que opacar. Fue una decisión mía, pero compartida por las tres fuerzas en la Junta Militar. No sé qué pasó con su cuerpo. Decían que estaba en Campo de Mayo, pero hicieron excavaciones y no encontraron nada. Eso dependía de Institutos Militares, del general Santiago Riveros, en cuya jurisdicción ocurrió la operación de su captura, la muerte de Santucho y de otras personas y se supone que el entierro secreto de esas personas.

La desaparición del cadáver de Santucho y de otros guerrilleros muertos en tiroteos implicó un grado superior en aquella orgía de violencia política. Ya el objetivo no era enmascarar la muerte de prisioneros para impedir reacciones dentro y fuera del país, sino evitar que los parientes, amigos y simpatizantes de personas cuyas muertes habían sido reconocidas y hasta celebradas por los jefes militares pudieran enterrar sus restos y honrarlos para que descansaran en paz, como marcan las tradiciones religiosas.

En nuestra historia, que está regada de sangre, hay antecedentes incluso de este tipo de casos. El más recordado es la desaparición del cuerpo embalsamado de Eva Perón luego del golpe de 1955, que derrocó al general Juan Perón. El cadáver fue retirado intempestivamente del segundo piso de la Confederación General del Trabajo (CGT); hubo rumores de que había sido destruido por los sectores más “gorilas”, antiperonistas, de las Fuerzas Armadas, pero en realidad fue sacado del país y enterrado durante más de catorce años en un cementerio en Milán, bajo otro nombre, a través de una compleja maniobra urdida por el Ejército y la Iglesia, que contó con la aprobación del papa Pío XII. El Ejército pretendía “desperonizar” a la sociedad y evitar que el cadáver se convirtiera en un símbolo de la resistencia del peronismo; la Iglesia quería impedir la alternativa a ese ocultamiento, la destrucción del cadáver, que según sus cálculos hubiera representado un hecho irreversible para ahondar la división entre peronistas y antiperonistas.

De acuerdo con el libro Secreto de confesión, del periodista Sergio Rubín, el “Operativo Traslado” del ataúd de Evita fue ordenado por el general Pedro Eugenio Aramburu, que había terminado como presidente de la llamada Revolución Libertadora. Los restos de Evita se entregaron a Perón el 3 de noviembre de 1971, en su exilio en Madrid.

Por su lado, el cuerpo de Aramburu corrió también el riesgo de desaparecer, pero para siempre: en una famosa entrevista con Mario Eduardo Firmenich, el escritor Gabriel García Márquez sostuvo que “alguien les había dicho a los ejecutores [de Aramburu] que si enterraban el cuerpo con cincuenta kilos de cal viva no quedaría ningún rastro”. Firmenich tenía 21 años cuando formó parte del comando que el 29 de mayo de 1970 secuestró a Aramburu y, luego de un breve “juicio popular y revolucionario”, lo mató. García Márquez agregó que el consejo no funcionó: “Fue al contrario: [el cuerpo de Aramburu] se conservó intacto y en poco tiempo fue descubierto”.

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CAPÍTULO 3
A LA FRANCESA

Los detenidos eran alojados en lugares no comunes por razones de seguridad, que debían ser muy rigurosas, y además para tenerlos a mano para apretarlos cada vez que lo necesitáramos a cambio de nada o a cambio de algo.

—¿Se torturaba a los detenidos?
—Aceptemos que sí, que había declaraciones bajo fuerza. Hay que tener en cuenta que muchas veces estaba en juego la vida de muchas personas.
—¿Eso viene de la doctrina francesa?
—Viene mucho de ella.
[Jorge Videla en entrevistas en la cárcel de Campo de Mayo]

Aunque los militares tomaron el gobierno sin haber definido qué harían con los detenidos “irrecuperables”, tuvieron sí el tiempo necesario para preparar un golpe distinto a los anteriores, con un plan de lucha contra las guerrillas que incluía, como pieza central, la instalación de centros de detención por los cuales pasaron miles de prisioneros.

Según el Nunca Más, el informe de la Conadep, hubo cerca de 340 Centros Clandestinos de Detención esparcidos en todo el territorio nacional, bajo control de personal uniformado de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Durante semanas, meses o años, los detenidos permanecían en esos “pozos”, una palabra del argot de ultratumba inventado por militares y prisioneros, a disposición de sus captores; muchos desaparecieron luego de los “traslados”; otros fueron “blanqueados” y alojados en cárceles comunes, y el resto recuperó la libertad.

Para el Nunca Más, “estos centros sólo fueron clandestinos para la opinión pública y familiares o allegados de las víctimas, por cuanto las autoridades negaban sistemáticamente toda información sobre el destino de los secuestrados a los requerimientos judiciales y de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”.

Videla rechaza que hayan sido centros “clandestinos”.

—Los detenidos eran alojados en lugares no comunes por razones de seguridad, que debían ser muy rigurosas, y además para tenerlos a mano para apretarlos cada vez que lo necesitáramos a cambio de nada o de algo. Son los mal llamados Centros Clandestinos de Detención, o los Lugares de Reunión de Detenidos, que era el término reglamentario.

Ése es el nombre con el cual aparecen en sus órdenes escritas como comandante en jefe del Ejército.

También Massera dijo que eran centros reservados o secretos, pero no clandestinos: “La ESMA era un centro de detención, no un centro clandestino. En una guerra no se le va a avisar al enemigo dónde están los detenidos”. Sin embargo, el recuerdo de la ESMA es motivo de conflicto entre Videla y Massera, un reflejo de las diferencias que los enfrentaron cuando ambos integraban la Junta Militar y chocaban en sus pretensiones políticas: Massera quería suceder a Videla en la presidencia, mientras que Videla favorecía un reemplazo del Ejército, a su amigo Roberto Viola.

—El Ejército tenía El Vesubio, El Olimpo y otros Lugares de Reunión de Detenidos. La Armada tenía la ESMA, que empieza siendo eso que se preveía pero se va distorsionando por la ambición política de Massera. Eso deriva en el intercambio de favores a los detenidos por información o por colaboración con el partido o la fuerza política que Massera estaba creando. Eran “quebrados” por distintas razones, que se ponían a disposición de los marinos y que colaboraban con ellos, por ejemplo “marcando” a ex compañeros. Fue una engañifa para los propios autores, porque todos esos “quebrados” que “marcaron” a otros se dieron vuelta otra vez, y hoy son los principales acusadores en el Caso ESMA. Hubo por parte de la Marina ese intento de captar la voluntad de detenidos para el proyecto político de Massera. Yo tenía una idea de que algo de eso estaba pasando en la ESMA, pero era una cuestión de ellos: las Zonas estaban perfectamente delimitadas y eran respetadas. En cada Zona había uno que mandaba.

En una entrevista realizada en octubre de 1998 para el libro El dictador, de los periodistas María Seoane y Vicente Muleiro, Massera negó esas acusaciones y atribuyó la imagen pública negativa de la ESMA a “operaciones para dejarme mal parado” de dos de los principales colaboradores de Videla, el secretario general de la Presidencia, general José Rogelio Villarreal, y su número dos, el abogado Ricardo Yofre. “¿Cómo se hizo tan popular la ESMA? Eso salió de ellos. Yo nunca vi un detenido”, afirmó.

La clave para los jefes militares era lograr información rápida y certera sobre las guerrillas, que no funcionaban como un ejército regular: se organizaban en células autónomas entre sí, no usaban uniforme, atacaban por sorpresa y se ocultaban entre la gente.

Los centros de detención permitían reunir esa información sin importar los medios utilizados con tal de que fueran “efectivos”, como la tortura.

De este modo se alimentaba un círculo salvaje: detenciones, cautiverio, aprietes, información, nuevas detenciones y así sucesivamente, hasta destruir el organigrama celular de cada grupo guerrillero. Ése era el objetivo que, según la doctrina francesa para la “guerra contrarrevolucionaria”, aseguraba la victoria militar.

Videla afirma que “fue, fundamentalmente, una guerra de Inteligencia” y, en ese marco, explica y justifica la tortura. —La Inteligencia actúa siempre en secreto, tanto sea de carácter defensivo, de contrainteligencia, como de carácter ofensivo, para obtener información. Ésta fue, fundamentalmente, una guerra de Inteligencia; las tropas de superficie actuaban en controles de rutas y de población, allanamientos, mantenimiento del orden, etcétera, pero había otras actividades que no se conocían, que eran secretas, y es por eso, en esas circunstancias de una guerra distinta, irregular, que el problema de la Inteligencia cobra un gran protagonismo, que habitualmente no tiene. En este caso, siempre se trata de crear incertidumbre. Lo peor para este enemigo era no saber qué pasaba con sus compañeros. ¿Los tomaron prisioneros? ¿Estarán declarando? ¿Se habrán pasado al otro bando? Los guerrilleros se manejaban con una estructura celular, donde no se conocían entre ellos, únicamente al jefe, y en la cual tenían que hacer contacto con su responsable cada cierto tiempo. Al faltar ese contacto, la célula se desparramaba. La urgencia en los interrogatorios se debía a la necesidad de evitar que los compañeros del detenido se alertaran y se dispersaran.

—¿Se torturaba a los detenidos?

—Aceptemos que sí, que había declaraciones bajo fuerza. Hay que tener en cuenta que muchas veces estaba en juego la vida de muchas personas.

—¿Eso viene de la doctrina francesa?

—Viene mucho de ella.

Según los jueces que condenaron a los comandantes el 9 de diciembre de 1985, la tortura fue el método más utilizado en los centros de detención: “En esos lugares, los secuestrados fueron interrogados en la casi totalidad de los casos bajo tormentos, a través de métodos de tortura similares. El tormento fue, en la enorme mayoría de los casos, la forma indiscriminadamente aplicada para interrogar a los secuestrados. No existe constancia en autos de algún centro de cautiverio donde no se aplicaran medios de tortura y, en casi todos, la uniformidad de sistemas aparece manifiesta: pasaje de corriente eléctrica, golpes y asfixia”.

La sentencia de la Cámara Federal incluyó el testimonio de Gladis Evarista Cuervo como ejemplo de los tormentos aplicados en forma sistemática: “Me picaneaban y preguntaban por gente del Hospital Posadas (en Morón, provincia de Buenos Aires). Me preguntaban las cosas más disparatadas, dónde estaba Firmenich, dónde vivía Galimberti; decían que yo era la mujer de Vaca Narvaja, con qué médico del hospital me acostaba. Después de la picana, sufrí otra serie de torturas en días sucesivos: me hicieron el submarino, como lo llamaban ellos, en una bañera llena de agua fría, eso me lo hicieron varias veces; volvieron a golpearme, me rompieron el esternón y las costillas. En otras oportunidades en que me torturaban, me quemaron con cigarrillos, me prendieron fuego al vello del pubis y me quemaron con encendedores las piernas, el cuello. Me tenían siempre dentro de un placard; me ataban las manos a la espalda y las manos me las ataban a los pies, por detrás, lo que ellos llamaban ‘en avión’”.

En otra de las entrevistas, Videla fue más explícito sobre las enseñanzas de los franceses.

—El Ejército no enseñaba a torturar. Pero también es cierto que había manuales del ejército francés basados en las experiencias en la Guerra de Argelia que motivaron la instalación, dentro del Estado Mayor del Ejército, de una comisión de oficiales franceses para colaborar con el Departamento Doctrina del Ejército a fin de adecuar nuestros reglamentos. Luego de la Guerra de Vietnam vino también una comisión del ejército norteamericano, pero los de mayor influencia, tal vez por haber llegado primero y por la experiencia emblemática en Argelia, fueron los franceses. Además, un general argentino, Carlos Rosas, había hecho la Escuela Superior de Guerra de París durante el conflicto en Argelia, en 1957, y volvió al país deslumbrado por el tema de la guerra contrarrevolucionaria, que incluía métodos irregulares en la lucha contra el enemigo. Por eso impulsó cursos especiales sobre la guerra contrarrevolucionaria, que debieron ser realizados por los oficiales del Estado Mayor. Rosas pensaba que había que estar preparados para luchar contra la subversión.

Pero, ¿qué es la doctrina francesa? Se trata de un conjunto de técnicas militares contra grupos guerrilleros, revolucionarios o independentistas, aplicadas por primera vez en forma sistemática entre enero y septiembre de 1957 en Argel, la capital argelina, por la Décima División de Paracaidistas encabezada por el coronel Marcel Bigeard, ex miembro de la Resistencia francesa contra los nazis y veterano de la Guerra de Indochina. Su objetivo era cristalino: aniquilar, sin ningún tipo de reparos éticos o legales, al Frente de Liberación Nacional (FLN), una escurridiza organización político-militar que buscaba la independencia de Argelia luego de casi 130 años bajo dominio colonial.

Esa lucha pasó a la historia como La Batalla de Argel, un episodio dentro de aquella guerra colonial; todos los documentos escritos y las imágenes fueron destruidos porque así lo indicaban las técnicas contrarrevolucionarias. Y hubieran permanecido en secreto si no fuera por una película ítaloargelina de 1966, dirigida por Gillo Pontecorvo, que recreó la lucha entre los paracaidistas franceses y los miembros del FLN, cuya fortaleza estaba en la Casbah, la recreó la lucha entre los paracaidistas franceses y los miembros del FLN, cuya fortaleza estaba en la Casbah, la laberíntica ciudadela de los musulmanes en Argel.

Esa película se llamó La batalla de Argel y fue vista prácticamente por todos los argentinos que se movilizaron políticamente a partir del golpe de Estado del general Juan Carlos Onganía, en 1966. El filme de Pontecorvo se convirtió rápidamente en un raro objeto de culto tanto de la izquierda como de la derecha: inspiró a los jóvenes que eligieron la lucha armada para llegar lo más pronto posible a la liberación y al socialismo al igual que a quienes en la vereda contraria se preparaban para frenar esa voluntad revolucionaria y de izquierda.

Unos y otros veían sólo lo que querían ver de esa película, como sucedía con la realidad donde vivían. Por un lado, los guerrilleros y sus simpatizantes ensalzaban la violencia de las células independentistas, que apuntaban a provocar y encauzar la insurgencia popular contra los colonialistas franceses, y se nutrían del resultado de esa lucha nacional y prolongada, que fue la independencia de Argelia el 8 de octubre de 1962. Un triunfo militar pero sobre todo político, que llegó ocho años después del comunicado número 1 del FLN, anunciando que “la larga noche del colonialismo ha terminado”.

Por otro lado, los militares y los civiles que los respaldaban y animaban fueron convenciéndose de que la única manera de derrotar a los revolucionarios en esa “guerra irregular, no convencional”, era dejar de lado no sólo las técnicas y las reglas aprendidas en la academia sino también el respeto a las personas, a las leyes y al estado de derecho. Y llenar ese vacío con el método estrenado por los paracaidistas franceses en Argel. Enceguecidos por el triunfo militar en esa batalla singular, que terminó a los ocho meses con la eliminación de los cuatro jefes del FLN, no repararon en el resultado final de la guerra: la pérdida de la colonia argelina. Francia terminó el conflicto con una derrota política, a pesar del triunfo militar en La Batalla de Argel.

Es interesante cómo, en ciertos momentos, los más violentos de un lado y del otro se alimentaban mutuamente, se movían en igual sintonía, jugaban el mismo partido. Boina inclinada hacia la izquierda, anteojos contra el sol, uniforme cargado de medallas, el coronel Bigeard, personificado por el actor Jean Martin, desfila marcial por la principal avenida de Argel al frente de sus paracaidistas y en su primera arenga a sus oficiales les dice que “hemos pedido carta blanca, pero es difícil de obtener. Necesitamos encontrar la ocasión que legitime nuestra intervención y la vuelva posible. Necesitamos crearla nosotros mismos, a no ser que nuestros adversarios se ocupen de eso, cosa que parece que están haciendo”. Bigeard aludía a la campaña de terror emprendida por el FLN, que había elevado a un promedio de 4,2 por día el número de atentados contra el millón de europeos que vivía en Argel. Esos ataques cumplieron su objetivo: aterrorizaron a los extranjeros de la ciudad europea, que recibieron a los paracaidistas con júbilo; al poco tiempo, el gobierno francés otorgó a Bigeard y a sus hombres el control total de la ciudad para aniquilar a los revolucionarios.

Ya con “carta blanca”, Bigeard puso en práctica las técnicas sistematizadas por los franceses luego de la derrota en Indochina, en 1954, tras una larga guerra que duró nueve años. En aquel conflicto, los franceses eran más numerosos y estaban mejor equipados, pero fueron vencidos por el Viet Minh (Liga por la Independencia de Vietnam), liderado por Ho Chi Minh y Vo Nguyen Giap, quienes se convirtieron en personajes de leyenda para los revolucionarios de otros países, como la Argentina. La intención de Francia fue aprender de esa derrota para evitar que le sucediera lo mismo en Argelia.

En La batalla de Argel, parado frente a un pizarrón, Bigeard indica a sus “cuadros” qué harán para aniquilar a los revolucionarios del FLN: “Como de costumbre, los términos del problemas son: 1) el adversario, 2) el método para destruirlo. Hay 80 mil árabes en la Casbah. ¿Están todos en nuestra contra? Sabemos que no. En realidad, es sólo una minoría que utiliza el terror y la violencia. Esta minoría es el adversario que necesitamos aislar y destruir. Es un adversario que utiliza tácticas bien preparadas. Es un enemigo anónimo, que se confunde con miles de personas que se le parecen. Los encontramos en todos lados, en las callejuelas de la Casbah, en las calles de la ciudad europea, en los puestos de trabajo. ¿Cómo se hace para reconocerlos? Los métodos utilizados hasta ahora son insuficientes. Controlar los documentos no sirve: si hay alguien que los tiene en regla es precisamente el terrorista. Debemos recomenzar de cero”.

Tiza en mano, Bigeard explica que el FLN es una organización piramidal con cuatro líderes en la cúpula, formada por secciones independientes entre sí; células en las que cada miembro conoce a sólo tres militantes: el “Responsable”, que lo ha elegido, y los dos subalternos que él ha incorporado, y el dilema es cómo reconstruir la pirámide hasta llegar a la jefatura.

Sostiene Bigeard que “las únicas informaciones que tenemos son sobre la estructura de la organización. Es una organización piramidal formada por una serie de sectores. Los sectores, a su vez, están formados por una serie de triángulos. El vértice de la pirámide es su Estado Mayor. El responsable militar del Estado Mayor encuentra el hombre adecuado y lo nombra Responsable del Sector, el Número 1. El Número 1, a su vez, elige otros dos: Número 2 y Número 3. Se forma así el primer triángulo. Ahora, el Número 2 y el Número 3 eligen dos hombres cada uno: Número 4, Número 5, y así siguiendo. La razón de toda esta geometría es que cada militante conoce sólo tres miembros de toda la organización: su Responsable, que lo elige, y los dos gregarios que él elige. Los contactos entre ellos se realizan sólo por escrito. Ésa es la razón por la que no conocemos a nuestros adversarios: porque en la práctica ni siquiera ellos se conocen entre sí. Conocerlos significa eliminarlos, de lo cual deriva que el aspecto propiamente militar es puramente secundario. El aspecto importante es el policial. Sé que esta palabra no les gusta, pero es la única que indica exactamente el tipo de trabajo que debemos realizar. Debemos recorrer la pirámide entera de un vértice al otro”.

Los hechos están recreados magníficamente en esta película, pero son tan verosímiles que podría estar hablando un jefe militar argentino, brasileño, chileno o estadounidense para nombrar a cuatro de los países a los que los franceses exportaron luego su doctrina contrarrevolucionaria. Bigeard finaliza su arenga enfatizando la importancia de la información y justificando la tortura: “La base de este trabajo es la información. ¿El método? El interrogatorio. Y el interrogatorio se convierte en método si es conducido para obtener siempre una respuesta. En la situación actual, demostrar una falsa humanidad no lleva más que al ridículo y a la impotencia”.

La periodista francesa Marie-Monique Robin realizó una investigación que derivó en un libro y un documental: Escuadrones de la muerte. La escuela francesa, en la cual entrevistó a numerosos protagonistas, entre ellos a Bigeard, quien había ascendido a general y estaba retirado del Ejército, luego de convertirse en uno de los militares más condecorados de la historia de Francia; también había sido secretario de Defensa y diputado durante diez años.

Bigeard contó que les había ordenado a sus hombres que usaran “la máxima fuerza contra los que ponen bombas. Si saben dónde ponen bombas, interróguenlos con dureza. No se trataba de sacarles un ojo o de cortarles la cabeza, sino de usar la picana. Yo no podía hacerlo, pero mis subordinados sí. Yo los cubría asumiendo la responsabilidad”.

Como Videla, Bigeard y sus oficiales justificaban la tortura en la conveniencia de lograr que los prisioneros dijeran lo que sabían lo más rápido posible. Una cuestión de eficacia. Los militantes del FLN tenían la orden de no abrir la boca durante las primeras veinticuatro horas; luego podían contar todo, porque se suponía que sus compañeros habrían inutilizado esa información al conocer la captura.

Robin recuerda que no fueron los franceses quienes inventaron la tortura, pero destaca que La Batalla de Argel “marca un hito en su utilización: por primera vez se la acepta como un método de guerra, recomendado por los jefes militares y aprobado por los responsables políticos, al punto de convertirse en el arma absoluta de la guerra antisubversiva, al final de un proceso de legitimación tanto teórico como práctico”.

Entre enero y septiembre de 1957, los paracaidistas arrestaron a unas 24 mil personas e inauguraron otra técnica que haría carrera en Argentina, Chile y, en menor medida, Brasil: el asesinato y la desaparición de prisioneros. En una entrevista con Robin, el general Paul Aussaresses, jefe de Inteligencia en Argelia, sostuvo que “no era posible emprender una acción judicial para toda la gente que uno encerraba”.

—¿Cuántas desaparecieron? —le preguntó la periodista.

—Alrededor de tres mil…

—¿Y sus superiores estaban informados de esto que usted hacía?

—¡Qué pregunta estúpida! Yo tenía un talonario con papel calco de cuatro páginas; escribía en una página y se imprimía sobre las tres siguientes: la primera era para Massu, la segunda para Salan, la tercera para Lacoste, y la última para mí (Alude a jefes militares y políticos).

—¿Y qué hacía con los cadáveres?

—Yo mismo los hacía desaparecer en las trincheras de la defensa aérea en Argel. O bien mis hombres partían a una veintena de kilómetros de Argel, nunca en el mismo sitio.

Menos de un año después de La Batalla de Argel, en mayo de 1958, las nuevas técnicas de la guerra contrarrevolucionaria comenzaron a ser enseñadas por Francia en un centro creado por el Ministerio de Defensa por sugerencia de Bigeard. Al primer curso asistieron oficiales franceses, portugueses e israelíes.

La Escuela Superior de Guerra de París se convirtió en la principal difusora de estas técnicas y los argentinos fueron los primeros interesados de América latina; dos años después, en 1960, oficiales franceses establecieron una misión permanente en el piso doce del Edificio Libertador, la sede del Ejército, al costado de la Casa Rosada.

La doctrina francesa fue exportada también a Estados Unidos, Brasil y Chile. Al igual que en esos países, en la Argentina el modelo francés empalmó con la Doctrina de la Seguridad Nacional, irradiada por las academias militares estadounidenses frente al desafío de las guerrillas revolucionarias amparadas por la Unión Soviética y Cuba, en el marco de la llamada Guerra Fría entre las dos principales potencias del mundo.

Protagonista principal de esta doctrina fue el general Onganía: en 1964, dos años antes del golpe contra el presidente radical Arturo Illia, y en su rol de comandante en jefe del Ejército, tuvo una sonora participación en la V Conferencia de los Ejércitos Americanos, que se realizó en la academia de West Point. Onganía precisó allí que la misión principal de los militares era “la preservación de los valores morales y espirituales de la civilización occidental y cristiana” y que “si la democracia no garantiza esos objetivos”, las Fuerzas Armadas debían desplazar a los gobiernos surgidos del voto popular y tomar el poder. “Es absurdo que continuemos preparándonos para entrar en la guerra de 1914. Actualmente, el principal objetivo del Ejército es prevenir la acción subversiva castrista.”

El general Ramón Díaz Bessone, jefe de la Zona 2 (Santa Fe, Chaco, Formosa y el Litoral) hasta septiembre de 1976 y uno de los teóricos del régimen militar, asegura que en el Ejército comenzaron a ocuparse en serio de la “guerra revolucionaria” a partir del 29 de mayo de 1970, cuando Montoneros se dio a conocer con el secuestro y posterior asesinato de uno de los símbolos del Ejército, el general Pedro Eugenio Aramburu.

Díaz Bessone recuerda que “habían habido antecedentes de la lucha subversiva, desde los Uturuncos en Santiago del Estero en 1959, el primer grupo guerrillero, que reclamaba el retorno de Perón. Habíamos estado diez años viéndolos venir, hablando, leyendo, estudiando casos similares como el argelino. Estaban los antecedentes de Fidel Castro, de la Guerra Fría. Pero lo de Aramburu causó una conmoción terrible en el Ejército, donde nos impactó que se hubiera llevado a cabo durante un gobierno militar, encabezado por el general Onganía. Imagínese: era Aramburu”.

Díaz Bessone destaca la influencia de la doctrina francesa, sobre todo en la importancia de “contar con un buen aparato de inteligencia” y de “eliminar la posibilidad de que la guerrilla tuviera su retaguardia en la población, que no se cumpliera lo que enseñaba Mao Tse Tung: ‘La gente es a los militantes lo que el agua al pez’”.

Cuando Aramburu fue muerto, la Escuela de Inteligencia estaba cerrada desde el golpe de 1955, como una reacción frente al uso que le había dado Juan Domingo Perón. El General había creado el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y lo había utilizado para vigilar a sus adversarios militares y civiles, por ejemplo, para detectar y castigar los intentos de golpe, como el de 1951.

Los cursos de Inteligencia fueron reanudados recién en 1971, de apuro y por orden del general Alejandro Lanusse, que había heredado el sillón de Rivadavia en la última etapa de la llamada Revolución Argentina. Lanusse tomó esta decisión motivado por ataques audaces de la guerrilla contra instalaciones militares, como el asalto a un camión del Ejército, el 29 de abril de aquel año, que culminó con las muertes del teniente primero Mario Azúa y del soldado Hugo Vacca y el robo de las armas que transportaban.

Cuando Perón retornó al país, la especialización en Inteligencia, de un año de duración, tomó un fuerte impulso, en especial luego del ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) al Regimiento de Caballería Blindada de Azul, el 19 de enero de 1974. Participaron setenta guerrilleros y fue la primera vez que la guerrilla urbana operó con tanta gente y a tanta distancia de una gran ciudad. El objetivo del ERP era tomar unos quinientos fusiles para abastecer su frente rural en Tucumán, pero no pudieron hacerlo aunque mataron al jefe del cuartel, el coronel Camilo Gay, a su esposa y a un soldado. Se retiraron llevando de rehén al subjefe, el teniente coronel Jorge Ibarzábal, quien apareció muerto diez meses más tarde. El presidente Perón se calzó su traje de teniente general y habló al país por radio y televisión a las 21.08 del domingo 20 de enero para pronunciar sus palabras más duras contra la guerrilla: calificó a “los grupos terroristas” de “verdaderos enemigos de la Patria, organizados para luchar en fuerza contra el Estado, al que a la vez infiltran con aviesos fines insurreccionales”, y prometió “aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal”.

De acuerdo con Videla, “los oficiales de Inteligencia no combatían directamente, pero fueron clave en la guerra contra la subversión, que bien podemos llamar de Inteligencia”.

¿Qué hacían, en concreto, los oficiales que habían realizado ese curso de especialización? El ex mayor Ernesto Barreiro, que inició la rebelión de los “carapintadas” en la Semana Santa de 1987, explica las tareas del Destacamento 141 de Inteligencia del Tercer Cuerpo de Ejército, en Córdoba, donde estuvo destinado.

Según Barreiro, ese destacamento “cumplía con las actividades propias de Inteligencia: obtener información; procesar esa información, es decir recopilarla, sistematizarla, ordenarla; realizar tareas de seguimiento de determinados temas, organizaciones o personas; sugerir la captura de ciertos ‘objetivos’; descubrir el entramado de las organizaciones subversivas. También la contrainteligencia y la acción psicológica. Estaba organizado por ‘factores’: económico, sindical, político, estudiantil, grupos subversivos. Por ejemplo, teníamos la orden de seguir las actividades de la Fundación Mediterránea; a su presidente, Piero Astori, y luego también a Domingo Cavallo, cuando aterrizó allí. Era una estructura que actuaba según los requerimientos, primero del comandante del Tercer Cuerpo, el general Luciano Benjamín Menéndez, y, luego del golpe de 1976 y en lo que hace a las operaciones contra la subversión, del jefe de la IV Brigada, el general Juan Bautista Sasiaiñ, aunque Menéndez, de quien Sasiaiñ dependía, estaba al tanto de todo. Había cero libertad de acción en Córdoba. Menéndez tampoco informaba hacia arriba el destino de cada detenido, a menos que se le pidiera por alguien con nombre y apellido. Esto pasaba en todo el país: en su jurisdicción, un comandante debía saber todo lo que ocurría y ejercer su responsabilidad de número uno. Y aun no sabiendo, era responsable. Los requerimientos eran, en general, por escrito, aunque también había requerimientos verbales. Pero nosotros no hacíamos los operativos, sino que enviábamos la información al Comando de la IV Brigada o al Comando del Tercer Cuerpo, que bajaban las órdenes operativas a las unidades de combate”.

Barreiro recuerda que llegó a Córdoba en diciembre de 1975, como teniente primero, a los 27 años; recién había terminado el curso de Inteligencia: “La ciudad de Córdoba era un infierno de violencia, magnificado por el reducido espacio geográfico en el que convivía una multitud de personas. Una vez el ERP atacó la Jefatura de Policía, que estaba en el centro de la ciudad, junto a otras tres reparticiones policiales, en simultáneo. Antes del golpe operaban diversos grupos armados, los más conocidos pero también otros como, por ejemplo, las Brigadas Rojas, cuyo aparato político era la Organización Comunista Poder Obrero. Eran una ciudad y una sociedad de vanguardia, con una fuerte presencia del sindicalismo revolucionario, uno de los ‘factores’ del Destacamento. Era impresionante. Con el hito del Cordobazo se creó una mística revolucionaria. Había también grupos civiles de derecha operando por izquierda”.

En octubre de 2011, Barreiro estaba detenido en la prisión de Campo de Mayo por presuntas violaciones a los derechos humanos en Córdoba, cargos que él niega. En su opinión, la influencia de la doctrina francesa en la lucha contra la guerrilla “ha sido sobredimensionada” y asegura que la tortura “no era la principal forma de obtención de información”.

“La simplificación de la picana es agraviante para la gente de Inteligencia. Te desmerece profesionalmente. Uno ha hecho un trabajo de inteligencia del cual se enorgullece, porque si no hubiera sido por Inteligencia, la Argentina sería hoy Cuba”, sostiene Barreiro. Y agrega: “La principal forma de obtención de información no fue la picana; es más, nuestro gran mérito fue estar en contra de la tortura, a la que considerábamos totalmente ineficaz porque el detenido podía decir cualquier cosa. Ellos tenían preparado ‘El minuto’; es decir, un libreto preestablecido que incluía acciones que servían para alertar a sus compañeros que habían caído presos. La eficacia en la obtención de información pasaba por dos requisitos: 1) tener antecedentes de cada uno de los detenidos, bien detallados, hasta triviales, para hacerlos valer en el interrogatorio, y 2) contar con guerrilleros o ex guerrilleros que colaboraran con nosotros, dentro de la cárcel y también fuera. El colaborador era muy útil, porque en el interrogatorio podía agregar el detalle que disparaba la confesión, que desarmaba al interrogado. Hay mucho de mito en esto de la Inteligencia: el noventa por ciento de la información proviene de fuentes públicas y el diez por ciento de canales reservados o secretos”.

Barreiro es acusado de haber sido uno de los oficiales que torturó a detenidos en La Perla, uno de los principales centros de detención del Ejército en el país. Incluso, hay quienes lo señalan como el jefe de La Perla. Él rechaza todas esas denuncias: “La Perla se abre luego del golpe y los de Inteligencia íbamos muy seguido a obtener información de los detenidos y a cotejar datos. Yo no era el jefe de ese ‘campo de concentración’, como dicen. Los Lugares de Reunión de Detenidos, por doctrina reglamentaria, dependían del jefe de la Brigada, en este caso de Sasiaiñ, y eran administrados por el G-1, el jefe de Personal del Estado Mayor del comandante del Tercer Cuerpo. La seguridad perimétrica era dada por Gendarmería Nacional. Tampoco era un centro clandestino; era secreto, que no es lo mismo. En Inteligencia, buscábamos reconstruir la orgánica de cada organización político-militar, de cada grupo armado. La cosa fue muy quirúrgica, muy precisa, obviamente para evitar errores, por razones de orden moral y también de orden político. Nos costó un gran esfuerzo saber quién ocupaba cada casillero. Nunca hubo en La Perla más de cincuenta personas por vez, que iban rotando. Algunas eran ‘trasladadas’, otras pasaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Nosotros no sabíamos qué pasaba con cada desaparecido, el cómo de cada caso lo sabía Sasiaiñ. También Menéndez, a quien no se le escapaba una mosca en materia de hacer cosas que no se podían, por izquierda. Menéndez sabe el destino final de los desaparecidos”.

Sasiaiñ, un “duro” en la represión a las guerrillas y un furioso antiperonista, murió el 28 de febrero de 2006. Menéndez acumula varias condenas a prisión perpetua y perdió el grado de general de división. Más allá de la “eficacia” de los salvajes métodos de tortura que denuncian prácticamente todos los detenidos, algunos ex montoneros hoy consideran que la extendida colaboración de los guerrilleros con los militares fue lo que permitió el rápido desmantelamiento de todas esas organizaciones. Es el caso de Juan Carlos Scarpati y Nilda Hay dée Orazi, un matrimonio que logró escapar con vida de la represión. Luego, en España, elaboraron un documento fechado el 15 de octubre de 1979, que es citado por el periodista Juan Gasparini en su libro Montoneros: final de cuentas. Scarpati y Orazi constatan que apenas el cinco por ciento de los detenidos en Campo de Mayo y la ESMA “cayó por Inteligencia o casualidad; el otro noventa y cinco por ciento lo fue como consecuencia de la colaboración directa o indirecta” de otros prisioneros.

De acuerdo con ese documento, “los compañeros caían en manos del enemigo en muchos casos después de combatir o tomarse la pastilla de cianuro, y comenzaban a proporcionar datos al enemigo; ésta es la actitud en el noventa y cinco por ciento de los casos. Esta falta de resistencia era producto de la descomposición de la fuerza, y esto, consecuencia de la falta de confianza política en la organización político-militar. Esta baja moral frente al enemigo es un denominador común, no sólo de Montoneros sino de los integrantes de todas las organizaciones armadas en el país, porque tiene también una causa común: la derrota. Tenían la certeza de que una vez en manos del enemigo ya no quedaba más que defender que la propia vida, puesto que el aniquilamiento de la organización político-militar no se podía evitar con el sacrificio personal”.

Scarpati y Orazi afirman que hubo una causa política, la pesada sensación de la derrota inevitable por los errores cometidos por su organización, para explicar una conducta tan masiva, una colaboración con los militares “que no se limita a la delación bajo tortura sino que se extiende a elaborar políticas y metodologías para el más rápido aniquilamiento de la organización a la que perteneció”. Y rechazan a atribuir esa actitud a la “traición” individual de estos prisioneros, provocada por resabios liberales y burgueses, como fue el repetido argumento de la cúpula de Montoneros.

Gasparini, que fue montonero y pudo sobrevivir a la ESMA, recuerda que “cinco años antes, en la lucha antidictatorial que precedió al 11 de marzo [de 1973, cuando el peronista Héctor J. Cámpora ganó las elecciones respaldado por Montoneros], también se aplicaba la tortura contra los guerrilleros. No en un plano similar de calidad y pasividad como en los ‘chupaderos’ de Videla, Massera y Agosti. Pero entonces el militante disponía de una sustentación sólida para enfrentarla. Se sentía partícipe de una política que ganaba. Tenía que aguantar unos días, luego vendría el juez que constataría su estado físico y después iría a la cárcel, de donde lo sacaría la consabida movilización”.

La Conducción Nacional de Montoneros, encabezada por el comandante Mario Firmenich, nunca asumió esa novedad, seguramente porque implicaba un cuestionamiento a la estrategia elegida por esa organización. Por ejemplo, cuando el número tres de la cúpula, el abogado Roberto Quieto, uno de los jefes revolucionarios más populares y admirados en la izquierda peronista, fue sometido a juicio revolucionario acusado de delación. El 14 de febrero de 1976, treinta y ocho días antes del golpe, un tribunal revolucionario lo encontró culpable y lo condenó a las penas de “degradación y muerte a ser aplicadas en el modo y oportunidad a determinar”. Quieto había sido capturado el domingo 28 de diciembre de 1975, en pleno gobierno constitucional de Isabel Perón, por una decena de militares y policías en el balneario “La Grande”, de Martínez, en el norte del Gran Buenos Aires, descalzo y en pantalón corto, cuando finalizaba un día de playa con una multitud de familiares que incluía a su esposa, sus dos hijos, su mamá y dos de sus hermanos. La condena a muerte de Quieto por sus compañeros de la cúpula aturdió a la militancia: por carisma y por historia, “El Negro” parecía anticipar al “hombre nuevo” que surgiría de la revolución socialista en la que estaban empeñados, pero, de acuerdo con el juicio solicitado por sus compañeros de la cúpula de Montoneros, había cometido el pecado capital de entregarlos únicamente para preservar su vida. Los jueces de Quieto explicaron que su, según ellos, “delación” ocurrió por una “debilidad ideológica” derivada de sus problemas personales y de pareja; por “la presencia del liberalismo y el egoísmo individualistas, productos de la influencia de la ideología enemiga”.

Estos argumentos no convencieron a la propia Conducción Nacional de Montoneros, que ordenó que a partir de aquel momento todos sus miembros llevaran una pastilla o ampolla de cianuro para suicidarse antes de caer vivos en manos de militares y policías, como hacían los jefes del Frente de Liberación Nacional, en Argelia. Era la única manos de militares y policías, como hacían los jefes del Frente de Liberación Nacional, en Argelia. Era la única manera de estar seguros de que, sometidos a la tortura, no cometerían el delito de delación penado por el nuevo Código de Justicia Penal Revolucionario. Las bases protestaron por lo que consideraron “un privilegio” para la cúpula y pronto todos los montoneros anduvieron con su pastilla o ampolla de cianuro en el bolsillo o directamente en la boca.

La desaparición de Quieto ilustra el modo en que ya se procedía antes del golpe, y que luego se haría tan habitual. En aquel momento, Harguindeguy era el segundo jefe del Primer Cuerpo de Ejército, pero había quedado a cargo porque el titular, el general Ricardo Cánepa, estaba enfermo. Como ya relaté en Operación Primicia, aquel domingo 28 de diciembre, Harguindeguy estaba en su casa con un fuerte ataque de hígado cuando lo llamó por teléfono el coronel Alberto Valín, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército.

—General, tiene que hacer un procedimiento.

—Estoy con un ataque de hígado que me muero, ¡déjen me de hinchar las pelotas!

—General, usted tiene que hacer esta operación; es un objetivo muy importante. Y haga participar a la mayor cantidad de fuerzas para que no se sepa quién se queda con el objetivo.

Valín fue a la casa de Harguindeguy, donde le reveló que el “objetivo” era Quieto.

“Cuando usted tomaba un prisionero, buscaba sacarle información. De la información de un prisionero salían los objetivos”, explica ahora Harguindeguy. Quieto fue capturado y entregado al Servicio de Inteligencia del Ejército para que fuera interrogado.

—¿Sabe si Quieto reveló detalles de Montoneros?

—No sé si habló. [Al objetivo] lo agarra la línea de Inteligencia y, de lo que Inteligencia saca, me va a transmitir lo que me interesa a mí. Si tengo que hacer un operativo o no.

Quieto permanece desaparecido.

CAPÍTULO 4
LAS LISTAS DE LOS SEÑORES DE LA GUERRA

Siempre se nos ha preguntado por las listas de desaparecidos; eso ya no es una novedad porque las listas son las conocidas. El problema es que, a partir de ellas, se nos lleva a un final que no tiene respuesta, al menos en la mayoría de los casos: la pregunta final, definitiva, es dónde están los restos de cada uno de los desaparecidos. Habrá casos en que sí hay respuestas, pero no en todos.
[Videla en entrevista en la prisión de Campo de Mayo]

Se ordenó que no se efectivizaran procedimientos por izquierda hasta nueva orden, puntualizándose que en todos los casos —por izquierda o por derecha— debería consultarse al Comando de Operaciones 311, quien como excepción determinaría cuándo puede actuarse por izquierda.
[Informe de la delegación cordobesa de la Policía Federal del 13 de abril de 1976, luego de una reunión de la Comunidad de Inteligencia de esa provincia encabezada por el general Luciano Menéndez]

Un puñado de papeles y, por lo que se sabe hasta ahora, una lista parcial de desaparecidos es todo lo que se salvó de la gigantesca quema de archivos ordenada por decreto por el último presidente de la dictadura, el general Reynaldo Bignone, seis meses antes de las elecciones del 30 de octubre de 1983. Los jefes militares buscaban destruir evidencias, temerosos de los juicios que ya vislumbraban debido al abandono desordenado del gobierno. Los miles de muertos y desaparecidos, la derrota en la Guerra de Malvinas y el descalabro económico debilitaron a las Fuerzas Armadas y les impidieron condicionar el retorno de los civiles al poder, como ocurrió en Chile, Brasil y Uruguay.

Los militares, que formaban una corporación que en 1976 había alcanzado su grado máximo de autonomía con respecto al resto de la sociedad, quedaron a merced de los políticos vencedores de las elecciones, con Raúl Ricardo Alfonsín a la cabeza. Tanto se habían deteriorado que una de las cartas ganadoras del líder radical fue la denuncia de un presunto pacto entre las Fuerzas Armadas y los sindicatos, la columna vertebral del movimiento peronista. Y un presunto pacto entre las Fuerzas Armadas y los sindicatos, la columna vertebral del movimiento peronista. Y apenas asumió, el 15 de diciembre de 1983, Alfonsín ordenó por decreto el juicio a los miembros de las tres primeras juntas militares, un hecho que ciertamente no ocurrió en Chile ni en Brasil ni en Uruguay.

A partir de aquel momento, como si fuera una política de Estado de los sucesivos gobiernos democráticos, las Fuerzas Armadas fueron desplumadas por recortes progresivos en el presupuesto, el armamento, los efectivos y las empresas a su cargo; perdieron la influencia política, económica y social que mantenían desde el nacimiento de la Argentina como país independiente. Claro que ayudaron los cambios globales, como la caída del Muro de Berlín, en 1989, que marcó el final del comunismo y de la Guerra Fría y la consolidación de Estados Unidos como la única potencia en el mundo, ya sin ningún rival ni peligro en el continente.

Fuera de la región, en Francia, los militares que crearon sobre el terreno la doctrina francesa que inspiró a las dictaduras argentina, chilena, brasileña y uruguaya, así como a Estados Unidos en Vietnam, fueron amnistiados el 22 de marzo de 1962. La medida abarcó “todos los hechos cometidos en el marco de las operaciones de mantenimiento del orden dirigidos contra la insurrección argelina”; fue tan amplia y generosa que legitimó las nuevas técnicas empleadas en la colonia. Más aún, la doctrina para la guerra contrarrevolucionaria pasó a ser enseñada y exportada de manera oficial a través de cursos en Francia, de acuerdos bilaterales y del asesoramiento a otros países; muy activos resultaron los agregados militares de algunas de sus embajadas y las misiones estables de oficiales franceses enviadas a países como la Argentina. Varios de los jefes en Argelia se convirtieron en escritores y profesores, y algunos hasta fueron nombrados en altos cargos de la Defensa y elegidos al Parlamento.

En una entrevista con la periodista Marie-Monique Robin, el general Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior entre 1976 y 1981, ofrece una explicación sobre por qué los secuestros, las torturas, las muertes y las desapariciones derivaron en la Argentina en juicios masivos contra los militares, que a casi treinta años del retorno a la democracia están lejos de terminar, mientras que en Francia resultaron técnicas legitimadas y aprobadas por la dirigencia y la sociedad en general.

“Sin duda que los desaparecidos fueron un error, porque si usted los compara con los desaparecidos de Argelia, es muy diferente: ¡eran finalmente los desaparecidos de otra nación; los franceses volvieron a su país y pasaron a otra cosa! Mientras que aquí cada desaparecido tenía un padre, un hermano, un tío, un abuelo, que siguen teniendo resentimiento contra nosotros, y esto es natural”, dijo Harguindeguy.

El decreto de Bignone destruyó casi todas las evidencias de la represión ilegal, como fue su objetivo, pero no evitó que los militares fueran juzgados; por el contrario, ayudó a alargar los procesos; a legitimar las analogías, las interpretaciones y las acusaciones de los organismos de derechos humanos y de los funcionarios del kirchnerismo; a redimir a las víctimas fatales convirtiéndolas en mártires o héroes y también a los detenidos que sobrevivieron, devenidos ahora en testigos insospechables y cruciales; a meter a todos los militares en la misma bolsa e identificarlos con el mismo sello: represores, genocidas o terroristas de Estado, y a impedir que pudiera reconstruirse qué pasó con cada uno de los desaparecidos y, además, con cada uno de los chicos apropiados que todavía no han sido encontrados.

Con el tiempo, la quema de los archivos favoreció el discurso maniqueo, binario, del kirchnerismo y sus aliados en los organismos de derechos humanos más politizados: hubo una lucha entre buenos y malos, entre jóvenes que militaban por una Argentina mejor y militares y policías que los masacraron para favorecer a quienes históricamente se han beneficiado con las injusticias, las desigualdades, los monopolios, la corrupción y el imperialismo. En ese marco, el kirchnerismo se presenta como la voluntad virtuosa que hereda las banderas, los ideales y los sueños de aquellos jóvenes y asegura que esta vez sí vencerán los buenos en un enfrentamiento que sin embargo nunca termina, porque los malos son poderosos, se reproducen y permanecen al acecho.

Tendido en una cama del primer piso del Hospital Militar, Harguindeguy sostuvo el 22 de abril de 2010 que el problema de los desaparecidos, en su opinión, no encuentra salida; no tanto por la quema de archivos sino por el método mismo de la represión, que delegó en los jefes o comandantes de cada zona la decisión de qué hacer con cada uno de los detenidos.

Entiende que no había ni podía haber un registro de los desaparecidos a nivel nacional porque el jefe de Zona “absolutamente no” tenía la obligación de informar a la cúpula del Ejército o del gobierno sobre cada persona que había hecho desaparecer. Agregó que los militares no cambiaron el método de Disposición Final por la creación de leyes y juzgados especiales contra la guerrilla, más rigurosos, similares a los que existían en la dictadura de Alejandro Lanusse, porque “se dieron cuenta tarde” del error, recién “en 1977, 1978, 1979, cuando empezó la campaña [de reclamos] a extenderse a todo el mundo”.

“Este problema no tiene solución. No-tie-ne-so-lu-ción. Van a ir llenando las cárceles con viejos de 70 a 100 años y ahí va a quedar, y van a ir muriendo, muriendo, muriendo, muriendo. Se intentó que los comandantes asumieran la responsabilidad; de todos modos, la han asumido y la asumen. ¿Qué van a decir? ¿Qué pueden hacer? ¿Proponer un holocausto de todos los oficiales a partir de la promoción 73? ¿Qué pueden hacer más que decir: ‘Soy responsable de todo lo actuado en mi jurisdicción’ o ‘Todas las órdenes impartidas en mi jurisdicción las impartí yo, soy el responsable’?”, afirma.

Una solución podría ser que los jefes militares elaboren una lista con los nombres de todas las personas asesinadas cuyos cuerpos fueron desaparecidos, indicando el lugar donde quedaron esos restos. No los traería de vuelta a la vida y probablemente no calmaría a los organismos de derechos humanos más radicalizados o encolumnados con el kirchnerismo como las Madres de Plaza de Mayo, lideradas por Hebe de Bonafini, pero sería una respuesta a los parientes, amigos y colegas de esos miles de víctimas; las ayudaría a completar su duelo, a contener su dolor; les daría un lugar donde honrarlos.

Muchos, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, piensan que esa lista ya existe y que permanece oculta en el país o en el exterior, pero Videla asegura que no están en condiciones de elaborar una lista completa, definitiva, debido precisamente a la autonomía con que los “señores de la guerra” decidían en sus zonas la vida y la muerte de sus detenidos, y a que algunos de esos jefes militares ya se han muerto o no quieren abrir la boca.

—No hay listas con el destino final de los desaparecidos. Podría haber listas parciales, pero desprolijas. Hubo una lista que presentamos a la Junta Militar con Harguindeguy, pero se trataba de personas cuyo paradero se buscaba. Discutimos en la Junta Militar si era conveniente publicar una lista, pero no hubo acuerdo en hacerlo.

Videla da más detalles sobre qué pasó en esos “varios intercambios de ideas” con los tres miembros de la Junta Militar: Roberto Viola, que lo había reemplazado como jefe del Ejército, Emilio Massera y Orlando Agosti. —Al final de mi gobierno se planteó el famoso problema de las listas. Yo he leído en su libro Operación Primicia que hay quienes dicen que no se difundieron por la oposición de la Armada, pero que hay otros que aseguran que la oposición fue del Ejército. La verdad es que no hubo acuerdo en las discusiones que tuvimos a nivel de Junta Militar. Hubo varios intercambios de ideas sobre este tema. En un momento, yo fui a una reunión de Junta con listas elaboradas por Harguindeguy, pero eran una ensalada porque estaban hechas en base a las denuncias de gente que estaba desaparecida y cuyo paradero se buscaba determinar, entre ellas: terroristas desertores que habían cambiado su identidad; terroristas ajusticiados por las propias organizaciones mediante un juicio secreto de guerra; terroristas ejecutados por las fuerzas del orden y que no se “blanqueaba” su situación para mantener incertidumbre sobre su suerte, por razones operacionales; el borracho que se cayó al Río de la Plata en una noche de fuerte tormenta, etcétera. Eso nos provocaba muchas dudas sobre la conveniencia de dar a conocer esas listas y cada vez que analizamos el tema no logramos acuerdo. Por otro lado, siempre llegábamos a la conclusión de que los listados eran la puerta a un debate que conducía a la pregunta final: ¿Dónde están los restos de cada uno?, y no teníamos respuestas para ese interrogante, con lo que el problema, al dilatarse en el tiempo, se agravaba día a día y aún persiste.

A esa altura, entre 1979 y 1981, en la etapa final de la dictadura de Videla, los desaparecidos se habían convertido en el principal tema político, junto con las luchas dentro de las Fuerzas Armadas para imponer al sucesor del Presidente.

Harguindeguy recuerda que los desaparecidos “fue el gran tema” en aquellos años debido al planteo de los dirigentes partidarios convocados por el gobierno a un “diálogo político” con todos los sectores, que potenciaba el reclamo de los familiares, amigos y compañeros de las víctimas. Menciona que en 1979 el gobierno decidió elaborar una lista de desaparecidos para “tener algo de apoyo para hablar de los desaparecidos” en el “diálogo político”, cuyo título fue “Nómina de las personas cuya desaparición ha sido denunciada”.

“Claro, yo no podía decir que estaban desaparecidos. Es un problema jurídico. No lo puedo decir hoy. ¿Por qué? Porque si está desaparecido yo tengo que decir: ‘Ahí está el cuerpo’”, dice, y explica cómo hicieron esa lista en su Ministerio: “Se recopilaron los pedidos por personas desaparecidas. Se limpió, digamos así, la cantidad de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y la cantidad de individuos sobre los que elementos responsables opinaban o llamaban o pedían: iglesias, embajadores, partidos políticos, instituciones de peso. Se abrieron oficinas para recibir denuncias. Primero, toda denuncia de desaparición llegaba al Ministerio, y el ministro les pedía datos a quienes podían haber intervenido por razones de espacio, tiempo, actividad. Es decir, si me pedían por una desaparición de un argentino que se había trasladado a Formosa, le pedíamos a la Policía de Formosa, Gendarmería, Prefectura y Policía Federal… Y al Segundo Cuerpo [del Ejército, con sede en Rosario]. Venían las respuestas, y cuando teníamos la contestación de los cinco o la no contestación de los cinco se pasaba una breve nota a los familiares. Y con eso se hacía la ficha; todo estaba en el archivo. La compilación de todos esos datos era la lista que yo tenía”.

—¿Qué hicieron después con la lista?

—Y, la dejamos al ministro siguiente.

—¿O sea?

—[El general Horacio] Liendo. Yo tenía la lista en la caja fuerte.

—¿Del Ministerio?

(Asiente).

—¿Y no se quedó con ninguna copia?

—(Niega) Si me continuaba un ministro de la misma Fuerza, de la misma posición. —¿Cuántos nombres había?

—Alrededor de ocho mil.

—¿Había desaparecidos y muertos?

—Es muy difícil determinar quién es desaparecido, quién es el emigrado y quién es la prostituta que se fue a trabajar; el marido que se divorcia y se va, la nena que está en desacuerdo con el papá que quiere que se duerma a las 21 del sábado y domingo y desaparece…

El ex ministro del Interior dice que la lista contenía el nombre y el apellido de la persona denunciada como víctima y el lugar donde habría desaparecido.

En otra entrevista, al año siguiente, en su casa, en silla de ruedas y mientras cumplía la pena de arresto domiciliario por delitos de lesa humanidad, Harguindeguy afirmó que “mi problema, como ministro del Interior, eran los desaparecidos; era el problema más grande que tenía; después estaban las grandes obras energéticas, algunas peleítas entre provincias…”.

—¿Qué habrá pasado con su lista de personas denunciadas como desaparecidas?

—Todo eso fue quemado por orden de Bignone, por un decreto de Bignone. Todo se quemó… Yo me había traído una carpetita así de chiquita que tiene quince cartas, quince notas, quince contestaciones importantes de los gobernadores, de algún embajador, del propio presidente y demás… Y después, no tengo ninguna otra cosa, porque tenía todo en el Ministerio del Interior, en un Departamento que se encargaba de eso. Tengo sí [copia de] un recibo que le di a [Jacobo] Timerman. Cuando quise echar mano de la documentación, o estaba quemada o Liendo decía que no la habían tenido nunca.

—¿Y lo que tiene acá es importante?

—Y sí, pero no es de actualidad.

—¿Para qué la tiene? ¿Para la historia?

—¡Tengo tantas cosas que son para la historia!

Harguindeguy insiste en que los desaparecidos eran la principal preocupación para todos los políticos que fueron invitados al diálogo propiciado por el gobierno de Videla, incluido el Partido Comunista. Todas esas conversaciones fueron grabadas, pero también esas cintas se destruyeron; por lo menos, no pueden ser encontradas: “El único diálogo del que tengo la versión, porque la hice pasar a máquina, es de la reunión con [Ricardo] Balbín”.

—¿Y cómo fue?

—Fueron como tres horas. Estaba más o menos en la línea de todos: hay que esclarecer el problema de los desaparecidos.

“El Chino” Balbín era el legendario líder del radicalismo, aquel que fue uno de los enemigos preferidos de Juan Perón en sus primeros gobiernos, cuando lo encarceló tres veces; luego, en 1972, se reconciliaron en un abrazo que reflejó un cambio en el viejo general hacia una mayor apertura y tolerancia con los adversarios políticos y con los sectores sociales representados por la Unión Cívica Radical.

Su adversario interno era Alfonsín, un liderazgo más joven y ubicado a su izquierda, inspirado en la socialdemocracia europea. Alfonsín y Harguindeguy habían sido compañeros en el Liceo Militar General San Martín, eran amigos y, según el militar, se veían seguido, antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976: “Venía todas las semanas [al Ministerio del Interior]. En lo único que centraba sus cuestiones era en los presos, las salidas del país de los que estaban a disposición del Poder Ejecutivo, los desaparecidos. Se preocupaba por esa gente”.

Harguindeguy es de familia cordobesa y radical: “Cuando he votado, he votado generalmente a los radicales. ¡Pero he votado muy poco!”.

—En 1983, ¿a quién votó? ¿A Alfonsín?

—Sí.

Aquel voto le valió un disgusto con su mujer, que “estaba furiosa y no lo quería a Alfonsín”. Las esposas de los militares, al menos de quienes están presos, suelen mostrarse más enojadas e “indignadas” que sus propios maridos. Leticia, la esposa del general Ramón Díaz Bessone, por ejemplo, recuerda que “una vez, en la casa de Harguindeguy, luego del decreto de enjuiciamiento de las juntas militares, Harguindeguy, que es muy extrovertido y politizado, nos decía: ‘Y pensar que somos amigos con Alfonsín, que él me preguntaba cuándo íbamos a dar el golpe, y lo que es peor, ¡que yo lo voté!’. ‘¡Jodete!’, le contesté. No me pude contener”.

Videla se considera “responsable de todo lo actuado durante el Proceso” y de los desaparecidos en primer lugar. Sobre ese tema, admite la necesidad de “un blanqueo de los hechos ocurridos en un diálogo social con la información que cada uno disponga para cerrar, por consenso, un pasado traumático”.

—¿Qué pueden aportar ustedes a ese diálogo?

—En este momento, nada. Es un tema del que hemos hablado mucho entre nosotros y lo seguimos haciendo.

Siempre se nos ha preguntado por las listas de desaparecidos; eso ya no es una novedad, porque las listas son las conocidas; habrá que depurarlas de casos que no corresponden, pero las listas, de hecho, están. El problema es que a partir de ellas se nos lleva a un final que no tiene respuesta, al menos en la mayoría de los casos: la pregunta final, definitiva, es dónde están los restos de cada uno de los desaparecidos. No hay respuestas. Habrá casos en que sí hay respuestas, pero no en todos, por lo cual es preferible nada para no sembrar desconfianza a partir de contradicciones. Y no hay respuestas en todos los casos por la misma modalidad [de la represión]. Las respuestas dependen de muchas personas, algunas de las cuales ya están muertas.

Según Videla, a los jefes militares de la dictadura que aún viven les resulta difícil avanzar en este tema, como ocurrió en diciembre de 2010, en Córdoba, durante el juicio por la muerte de treinta presos de la Unidad Penitenciaría 1, la mayoría en supuestos intentos de fuga, entre abril y octubre de 1976.

—Hubo una pequeña fricción con el general [Luciano] Menéndez: yo quería, en mi alegato, decir algo del tema del generalísimo Francisco Franco, que en España no había podido fusilar a tres etarras [para introducir la cuestión de por qué acá no habían fusilado a los detenidos “irrecuperables”], pero Menéndez no quiso: “Es un suicidio”, dijo.

Al final, Videla y Menéndez fueron condenados a prisión perpetua; otros militares y policías también resultaron condenados a diversas penas.

De todos modos, no todos los papeles se perdieron en el gran incendio ordenado por Bignone en 1983: a mediados de 2010, un ex militante, que luego de su detención pasó a colaborar con la Policía tucumana, entregó a la justicia de esa provincia una lista elaborada por los represores y que él había escondido. En esa nómina figuraban los nombres de 293 personas; 195 figuraban con la observación “DF” (Disposición Final). Es la única lista que se conoce desde el retorno a la democracia, pero cada tanto circulan rumores sobre otras nóminas que habrían sido detectadas; por ahora, nunca se han confirmado.

Otros papeles fueron encontrados en Córdoba y permiten conocer dónde y cómo se tomaba la decisión sobre el destino de cada uno de los detenidos: Disposición Final, Pase a Disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) o Libertad. Y quiénes participaban en esa instancia decisiva. El esquema fue utilizado no sólo en Córdoba sino en todas las zonas en las que el país fue dividido.

El lugar donde se tomaban estas decisiones cruciales era la Comunidad Informativa o Comunidad de Inteligencia de cada Zona, que se reunía una vez por semana en un horario fijo. En Córdoba, los encuentros se realizaban los martes a las 8 en punto, por lo general en la sede del comando del Tercer Cuerpo de Ejército o de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, que era el brazo operativo o ejecutor del Tercer Cuerpo. La Comunidad Informativa era encabezada por el jefe de la Zona, en este caso por el general Menéndez, y participaban el jefe de la IV Brigada, general Juan Sasiaiñ, y un representante del más alto nivel de cada uno de los organismos y fuerzas que desarrollaban tareas de Inteligencia en ese territorio: la Policía de la provincia de Córdoba, el Destacamento de Inteligencia 141 del Tercer Cuerpo, la Secretaría de Seguridad de Córdoba, la Gendarmería Nacional, el Servicio de Inteligencia de la Aeronáutica, Inteligencia de la Agrupación Escuela de Aviación, la jefatura de Inteligencia (G-2) del Estado Mayor del Tercer Cuerpo y las delegaciones en Córdoba de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de la Policía Federal.

Precisamente, los papeles que permiten reconstruir cómo funcionaba la Comunidad Informativa fueron encontrados en la delegación de la Policía Federal, donde, no se sabe bien por qué, no habían destruido las copias de varios informes enviados a Buenos Aires, a la Dirección General de Interior de la Policía Federal.

La Comunidad Informativa funcionaba ya antes del golpe del 24 de marzo de 1976: el 10 de diciembre de 1975, la delegación cordobesa de la Policía Federal informaba que aquel día se habían reunido en el despacho de Menéndez y que el tema central había sido “la organización y el funcionamiento del Grupo Interrogador de Detenidos (GID)”. Al final, decidieron reforzarlo y que siguiera funcionando en el Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de Córdoba, en el centro de la ciudad.

Hubo otros dos temas importantes, que muestran el contenido de la agenda en aquel momento, cuando Menéndez estaba organizando la represión en su territorio:

Menéndez “puntualizó que era su deseo tener conocimiento previo de los procedimientos antisubversivos a realizarse. Ello, con el objeto de aportar el apoyo de las fuerzas necesarias, como así también respaldar la intervención policial ante las implicancias y/o derivaciones de orden social, político, gremial, etcétera, que cualquier inspección o detención pueda traer aparejada. Es de destacar que el espíritu de esta directiva no es coartar la iniciativa policial, ya que enfatizó que, ante un hecho de urgencia, podría actuarse sin comunicación previa pero sí dando aviso inmediatamente después para prever aquellas consecuencias”.

“Existiendo en la jurisdicción provincial numerosos procesados por hechos de corte subversivo, los cuales no se encuentran a disposición del PEN, y con el objeto de evitar que ante una posible resolución favorable en la causa judicial alguno de ellos recuperara su libertad, se trató la situación en detalle de 126 detenidos, resolviéndose propiciar la inclusión de la totalidad a disposición del PEN.” De esta manera seguirían en la cárcel por tiempo indeterminado, aun cuando fueran encontrados inocentes por la justicia. El subcomisario Alberto Carlos Deisernia, a cargo de la delegación de la Policía Federal, explicó a sus jefes que había acompañado esa decisión “en base a los antecedentes” de los detenidos.

El 13 de abril de 1976, veinte días después del golpe, otro informe de Deisernia indicó que en el encuentro de aquel día habían resuelto exigir que la Comunidad Informativa fuera consultada antes de prescindir de funcionarios y empleados de la administración pública, así como antes de concretar las nuevas designaciones “para evitar inconvenientes posteriores”.

Un lugar importante en la agenda de la reunión fue ocupado por los “blancos” u “objetivos”, las personas que había que detener o aniquilar.

“A los blancos que se reciban [hay que] retenerlos para la reunión semanal [de la Comunidad Informativa] y chequearlos. Si hay que operar de inmediato, efectuar un ‘chequeo’ a nivel horizontal con dos o tres organismos. Se ordenará [la detención o aniquilamiento] si hay certeza.”

“En el transcurso de la reunión, los distintos organismos suministraron blancos e informaron sobre lo que se estaba trabajando.”

“Todos estos blancos fueron suministrados, por así haber sido dispuesto, al señor comandante de Operaciones del Área 311, general Sasiaiñ, quien, en cumplimiento de órdenes del señor general Menéndez, deberá implementar lo necesario para que en el transcurso de esta semana se inicien operaciones en todas las subáreas que integran la Provincia.”

“Se puso especial énfasis en el accionar en el interior de la Provincia por estimarse que los subversivos se encontrarían —con la debida cobertura— en la zona serrana de turismo a la espera del momento >oportuno para lanzarse a la acción.”

Además, la Comunidad Informativa o de Inteligencia, siempre encabezada por Menéndez, pasó revista a la situación de los “enemigos”: Montoneros, que “si bien perdió una Unidad Básica de Combate (UBC), actualmente se desempeña con tres UBC y una Unidad Básica Logística manteniendo su capacidad en casi un 90 por ciento”; el Ejército Revolucionario del Pueblo, que estaba más golpeado, aunque según los participantes del encuentro “su capacidad operativa estaría en un 70 por ciento de su potencial original. La Compañía Decididos de Córdoba actuaría con dos Escuadras de cuatro Pelotones disponiendo aproximadamente de unos 200 hombres en condiciones de combatir”, y dos grupos menores: Poder Obrero y Juventud Guevarista, que “actúa en el frente estudiantil”.

El último tema de la reunión de Inteligencia fue clave: “Se ordenó que no se efectivizaran procedimientos por izquierda hasta nueva orden, puntualizándose que en todos los casos —por izquierda o por derecha— debería consultarse al Comando de Operaciones 311, quien como excepción determinaría cuándo puede actuarse por izquierda”, reportó la delegación cordobesa de la Policía Federal. El jefe de ese comando era Sasiaiñ, la mano derecha, y también la izquierda, de Menéndez, uno de los “señores de la guerra” en aquellos años sangrientos.

CAPÍTULO 5
DE LA “OPERACIÓN BOLSA” A LOS “OBJETIVOS”

La señora llevaba el apellido de Perón y, a pesar de su incapacidad, estando libre podía movilizar voluntades políticas y gremiales contra el gobierno militar.
[Jorge Videla sobre las razones del encarcelamiento de la ex presidenta Isabel Perón]

Esas listas se prepararon en el Comando de Cuerpo entre enero y febrero [de 1976]. Había una gran participación de políticos, de presidentes de empresas. En la Universidad, profesores y alumnos pasaban mucha información.
[Ernesto Barreiro sobre las listas de personas que fueron detenidas en Córdoba luego del golpe]

Los militares aprovecharon los últimos tres meses y medio del gobierno de Isabel Perón para elaborar las listas de personas que serían detenidas inmediatamente después del golpe de Estado. A nivel nacional, diseñaron la “Operación Bolsa” para impedir que políticos, sindicalistas y funcionarios reaccionaran a la captura de la viuda de Perón con manifestaciones callejeras y paros.

En su celda en Campo de Mayo, Videla recuerda aquellos días en que él y sus camaradas todo lo podían.

—La “Operación Bolsa” consistía en una lista con el detalle de domicilios y demás datos de una equis cantidad de personajes que tenían un cierto prestigio, una cierta ascendencia, como para generar reacciones contra nosotros. Al final, no pasó nada. Eran unas cuatrocientas personas que fueron enviadas al barco 33 Orientales hasta junio, cuando se depuró la lista y se puso en libertad a la mayoría; quedaron treinta personas a las que se responsabilizó del desastre que había provocado el golpe del 24 de marzo, y fueron enviadas a la prisión de Magdalena, entre ellos [el ex gobernador de La Rioja, Carlos Saúl] Menem. El resto fue liberado; no había méritos para mantenerlos detenidos. Fue un golpe incruento, no se disparó un tiro. Nosotros pensábamos en la posibilidad de una reacción, sobre todo del gremialismo más ortodoxo, más peronista, pero no pasó nada, tal vez por la eficacia de esta “Operación Bolsa”, organizada por consenso primero por el Ejército y la Marina, y luego ya con la participación de la Fuerza Aérea. Acá, en la Capital Federal, el responsable era el general José Luis Sexton, que luego fue comandante de la Sexta Brigada de Infantería, en Neuquén.

Los golpes eran frecuentes en la Argentina desde 1930, y el Ejército se había convertido casi en un actor político más, pero la novedad fue que el acuerdo a favor de la ruptura democrática excedió largamente a los sectores afines al “partido militar”, como recuerda el periodista británico Robert Cox, director del Buenos Aires Herald: “El golpe de 1966 contra el radical Arturo Illia había sido arreglado con la prensa. En 1976, eso no fue necesario: la mayoría de la gente lo esperaba y lo deseaba. Desafortunadamente, muchos argentinos estaban siempre buscando a los militares para que entraran al gobierno, ordenaran el país y dieran luego elecciones. Los civiles estaban golpeando las puertas de los cuarteles, y eso formaba parte de la tradición política del país. Pero pasaba ahora también con gente de la izquierda: recuerdo que con mi mujer nos encontramos en una recepción en la Embajada de Egipto con un periodista de El Cronista Comercial, que militaba en la izquierda, y con su esposa, que estaba embarazada. Ellos eran jóvenes y confiaban en que un gobierno militar pondría en marcha una represión más legal que el gobierno de Isabel Perón, en el que aparecían cuerpos carbonizados, en zanjones”.

Según Cox, “todo 1975 se vivió como una tragedia griega, que desembocó en el golpe. Era algo muy impresionante: una tormenta de violencia con amenazas, secuestros, bombas. Era obvio que eso no podía durar mucho tiempo. El gobierno de Isabel era terrible: había también corrupción, inflación, desabastecimiento; faltaba hasta papel higiénico”.

Pero el consenso formado no era en favor de la dictadura tal como vino después, con la Disposición Final como método de represión, sino a favor de un golpe en el que los militares estuvieran poco tiempo en el gobierno, el suficiente para solucionar los problemas que los políticos no podían resolver, como la violencia de izquierda y de derecha, y llamaran luego a elecciones. Eso era común en América latina y en la Argentina: un “modelo moderador” del sistema político, según el concepto creado por el politólogo estadounidense Alfred Stepan. Pero ya el golpe del general Juan Carlos Onganía en 1966 había sido distinto de los anteriores, con sus pretensiones fundacionales. Stepan advertía que los golpes “moderadores” dependían de dos requisitos: que los militares aceptaran la “legitimidad y viabilidad de la forma parlamentaria de gobierno” y de “su convencimiento de que, en comparación con los civiles, es relativamente baja su capacidad de mando en la esfera política”.

El problema era que en la Argentina ese tipo de golpes ya no era posible, porque los militares habían adquirido tal autonomía que se consideraban más capacitados y menos vulnerables a los intereses particulares o de grupo que los civiles para solucionar de una vez por todas los grandes males del país, como veremos más adelante.

Por otro lado, los guerrilleros pensaban, en general, que el golpe era inevitable y muchos de los combatientes hacían fuerza para que eso ocurriera cuanto antes: calculaban que el desplazamiento de Isabelita y del peronismo los favorecería en la guerra de aparatos militares para el que se venían preparando. Tenían confianza en el poder de fuego que habían adquirido.

De acuerdo con Roberto Cirilo Perdía, el número dos de Montoneros, en los últimos meses de 1975, la guerrilla peronista contaba con 2.300 “oficiales”, aproximadamente; si se sumaba a los “aspirantes a oficiales”, el número crecía a 12 mil. Este aparato militar podía movilizar un número diez veces superior de “simpatizantes” o “adherentes”. Había unas 120 mil personas más o menos organizadas que adherían”, sostiene. Otras fuentes coinciden en que la capacidad de fuego de Montoneros era notable, y sus cifras van de un mínimo de 5 mil oficiales y aspirantes o “milicianos” a más de 10 mil.

El año cumbre del poderío militar de Montoneros fue 1975, y el Ejército Montonero tuvo su bautismo de fuego el 5 de octubre, en el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, en Formosa. En total, durante ese año la guerrilla peronista realizó unas quinientas operaciones de muy distinta importancia y le provocó setenta y cinco bajas a la Policía, a la que rebasaba a su antojo en varias ciudades, según afirma el politólogo británico Richard Gillespie en su libro Soldados de Perón.

Incluso una semana antes del golpe, el 16 de marzo de 1976, Videla se salvó de morir en un atentado de Montoneros por la oportuna pinchadura de una de las gomas de un automóvil de custodia, que encabezaba la caravana.

—Ocurrió cuando estaba por ingresar al Edificio Libertador por una entrada lateral. Montoneros había colocado una carga explosiva en el motor de uno de los autos estacionados, que sería activada por un dispositivo eléctrico desde el otro lado de Paseo Colón a través de una seña que debía hacer una persona apostada en la estatua de Colón cuando yo pasara por allí. La carga es explotada, muere un camionero que transitaba por Ingeniero Huergo y es alcanzado por uno de los proyectiles que disparó esa bomba, del tipo vietnamita, con clavos y tuercas, y hay varios heridos. Pasa a ser víctima también Verbitsky porque el jefe de un operativo tenía que apretar el disparador pero también realizar dos acciones ineludibles: 1) comprobar los efectos del ataque, y 2) cubrir la retirada de los participantes. No hace ninguna de las dos cosas y escapa. Sus compañeros le hacen un juicio y eso lo obliga a escaparse al exterior durante mucho tiempo. Por eso se salvó. Me preguntan: ¿cómo pudo haberse salvado durante el Proceso? Porque se escapó, seguramente de nosotros, pero también de sus propios compañeros. Todo eso lo supe por informes de Inteligencia del Ejército. Luego sufrí otros cinco atentados, algunos de Montoneros y otros del ERP.

Videla ya había referido ese atentado contra él en su alegato del 21 de diciembre de 2010, en el juicio en Córdoba. Consultado por el diario Clarín, Verbitsky respondió que no tenía nada que decir: “Cualquier ataque que venga de Videla me enaltece”. Y agregó que le parecía muy bien que “el país recuerde y escuche cómo era esa gente para que se entienda mejor lo que se padeció. Todo lo que pueda explicar uno sobre ellos es pálido frente a las cosas que dicen”.

Tanto Mario Eduardo Firmenich, el líder de Montoneros, como Perdía niegan que ellos apostaran al golpe y que conocieran en detalle como sería la represión de la dictadura. Por el contrario, sostienen que la Disposición Final los sorprendió, como a todos. “No alcanzamos a prever el grado de criminalidad que tendría la táctica del desaparecido. Nos imaginamos que ésta iba a ser una dictadura más dura, más represiva que todas las conocidas. Para decirlo de algún modo burdo: sería igual que las dictaduras conocidas, pero un poco peor, multiplicado por algún factor. Una represión de la misma calidad, pero en mayor cantidad”, le dijo Firmenich al historiador Felipe Pigna.

Perdía afirma que “nos tomó por sorpresa la magnitud de la represión. ¿Quién podía prever eso? Había habido desaparecidos, detenidos que se quedaban en la tortura y hacían desaparecer el cuerpo, pero nunca esa política. Tuvimos información de que los militares preparaban un golpe por un soldado nuestro que sacó un documento de un cesto de papeles, lo analizamos y nos llamó la atención una frase que había allí: ‘Detenciones especiales’, creo que era. La analizamos durante varios días y entendimos que se refería a abrir cárceles en los regimientos para cortar esos lazos de solidaridad que espontáneamente se habían dado entre los compañeros presos y gente de las ciudades durante la dictadura de Lanusse”.

Nadie salió a defender a Isabelita. El peronismo estaba desmovilizado, muy aturdido y debilitado por la muerte de Juan Perón, el 1° de julio de 1974; la lucha sangrienta entre sus alas derecha e izquierda, y la ineficacia general del gobierno. En el sindicalismo, Lorenzo Miguel, el secretario general de los metalúrgicos y de las 62 Organizaciones Peronistas, el brazo político de los gremios, fue detenido en el marco de la “Operación Bolsa”; el otro hombre fuerte del sector, el textil Casildo Herreras, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), viajó a Uruguay el día anterior al golpe en un catamarán y desde allí pronunció una frase que le reservó un cierto lugar en la historia: “Yo me borré”.

Videla cuenta cómo eran, según él, los alineamientos de los dos jefes sindicales con las Fuerzas Armadas.

—Lorenzo Miguel se llevaba muy bien con Massera, como era público, y nosotros, el Ejército, nos llevábamos muy bien con Casildo Herreras, desde el momento en que él me había respaldado durante la crisis en la que prácticamente el Ejército le impuso a Isabel mi designación como comandante en jefe, el 28 de agosto de 1975. En las negociaciones previas, Casildo Herreras prometió que la CGT no se movilizaría en apoyo al gobierno para enfrentarse con nosotros, pero también nos pidió que no tomáramos ninguna medida, ni siquiera preventiva, contra el sector obrero. Luego, él “se borró” antes del 24 de marzo de 1976. Nosotros no le pusimos la goma en la mano; la llevaba en el bolsillo y la usó a tiempo.

Seis días después de la caída del gobierno constitucional, el embajador estadounidense, Robert Hill, informaba a su gobierno que “probablemente, éste fue el mejor ejecutado y más civilizado de los golpes de Estado” en la Argentina, y lo atribuía a que “la línea moderada de Videla está logrando mantener a raya a la línea dura”. Hill interpretaba que a su país le convenía el éxito del “enfoque moderado” de Videla también por su actitud favorable con respecto a Estados Unidos y a las inversiones de sus empresas, y preveía que si el nuevo gobierno fracasaba, el poder podría ser tomado por los “duros”, más nacionalistas y distantes de Estados Unidos y sus intereses.

Dos meses después, Hill cambiaría drásticamente de opinión, según Cox por “una experiencia familiar: la suerte corrida por amistades de sus hijos, que distaban de ser guerrilleros y fueron secuestrados durante operativos militares, luego de lo cual aparecieron muertos en supuestos enfrentamientos, o simplemente se perdió toda noticia de ellos”.

En el Departamento de Estado, en Washington, fueron cautos de entrada, aunque esa decisión se tomó en un ambiente de mucha tensión. El secretario de Estado, Henry Kissinger, deseaba ayudar al nuevo gobierno, con el que se sentía muy identificado, pero sus colaboradores, en especial el subsecretario William Rogers, jefe de la Oficina para América Latina, lograron convencerlo de que mantuviera una actitud pública más distante. Los funcionarios no querían verse involucrados en el golpe de los militares argentinos; en Chile y en Uruguay habían tenido otra reacción y eso los había dejado mal parados ante la opinión pública estadounidense. Una conversación entre Kissinger y su gabinete dos días después del golpe ilustra aquella tensión.

Rogers: —Creo que también debemos esperar un nivel considerable de represión, probablemente mucha sangre, en Argentina en el corto plazo. Creo que tendrán que reprimir no sólo a los terroristas sino a los disidentes de los sindicatos y sus partidarios…

Kissinger: —Pero…

Rogers: —El punto que quiero hacer notar es que aunque ahora tienen buena prensa, la línea básica de toda la intervención fue que tenían que hacerlo porque ella [Isabel Perón] no podía gobernar el país. Entonces, creo que el punto es que en este momento no debemos apresurarnos y apoyar al nuevo régimen, que seis meses después será considerablemente menos popular con la prensa.

Kissinger: —Pero tampoco deberíamos hacer lo opuesto. McCloskey: —¿Qué dijimos sobre el reconocimiento?

Rogers: —Bueno, esta mañana vamos a enviar una nota formal en respuesta a su pedido de reconocimiento, como han hecho casi todos los países de América latina. Pero más allá de eso, Hill mantendrá la boca cerrada. Kissinger: —Sí, pero, ¿qué significa eso concretamente? Tengan la posibilidad que tengan, van a necesitar un poco de estímulo de nuestra parte. ¿Qué les está diciendo [Hill]?

Rogers: —¿Qué? Ah, nada. No ha hablado con ellos todavía. Aún no ha sido invitado a hablar con ellos. Está listo para ir y hablar con ellos cuando y si es que piden una reunión.

Kissinger: —Pero, ¿puedo ver algunas de las instrucciones que le vas a dar a Hill si alguien se acerca?

Rogers: —Sí.

Kissinger: —Porque quiero animarlos. No quiero darles la idea de que son hostigados por Estados Unidos.

Rogers: —No. Por lo que estaba preocupado en un principio era por la postura pública.

Kissinger: —Estoy de acuerdo.

Videla explica por qué siguieron detenidos algunos políticos y sindicalistas, por ejemplo Menem.

—No había nada contra Menem; siguió detenido sólo porque tenía patillas largas: era un caudillo y tenía su predicamento en La Rioja. No era un hombre peligroso. Muy poco tiempo después pasó a libertad vigilada a una ciudad que él eligió, Mar del Plata, pero ahí se portó mal y comenzó a trabajar políticamente. Le dijimos que estaba equivocado y lo enviamos a Tandil, que es una ciudad más pequeña pero con una guarnición militar grande, y eso era muy importante porque nos aseguraba que estaría bien vigilado. Pero siguió macaneando, y de allí fue enviado a Las Lomitas (en el interior de la provincia de Formosa) ya sin consultarlo sobre qué ciudad prefería. Sé que él dice que yo le impedí asistir al velatorio de su madre y no tengo por qué dudar de que dice lo que le fue transmitido. Comprendo su resquemor, pero yo no recuerdo haber impedido la salida de él de Las Lomitas para eso; si me hubiera llegado el pedido, lo habría autorizado por una mera razón de espíritu cristiano. Lo más probable es que él haya pedido salir y que allá hayan dicho: “No lo vamos a molestar a Videla para eso”.

El 30 de diciembre de 1990, ya presidente, Menem despachó una segunda tanda de indultos que beneficiaron a Videla y a los comandantes que habían sido condenados en el juicio a las juntas militares, en 1985. Menem también indultó a otros militares y civiles que colaboraron con la dictadura, y a numerosos ex guerrilleros, entre ellos a Firmenich, Perdía, Fernando Vaca Narvaja y Enrique Gorriarán Merlo.

Por su lado, Isabelita estuvo presa durante cinco años y cuatro meses, hasta que pudo salir del país para radicarse definitivamente en Madrid.

—La señora llevaba el apellido de Perón y, a pesar de su incapacidad, estando libre podía movilizar voluntades políticas y gremiales contra el gobierno militar. Por eso permaneció presa.

Otros dirigentes de relieve del peronismo no fueron incluidos en la “Operación Bolsa”, como el ex titular del Senado, Ítalo Luder, quien había reemplazado a Isabel Perón en la Presidencia cuando la viuda de Perón tomó una licencia médica de treinta y tres días, entre el 13 de septiembre y el 16 de octubre de 1975.

—Luder merecía respeto por parte de la Fuerza; era un abogado de prestigio y venía del radicalismo; era un moderado.

Videla y sus camaradas habían quedado muy contentos con los tres decretos firmados por Luder durante su interinato presidencial, que, entre otras decisiones, ordenaron a las Fuerzas Armadas la ejecución de “las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

—Los decretos le dieron más prestigio dentro del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Tuvimos una desilusión con él luego, en 1985, en el juicio a los comandantes, bajo la forma de una discusión semántica sobre qué quiere decir “aniquilar”.

Luder fue el candidato del peronismo en las elecciones del 30 de octubre de 1983, cuando fue derrotado por Alfonsín. Un resultado histórico, la primera derrota del peronismo en elecciones libres y sin proscripciones.

José María Iñíguez, sobrino del general Miguel Ángel Iñíguez, que fue compañero de promoción y amigo de Perón y jefe de la Policía Federal entre 1973 y 1974, recuerda que, “para vastos sectores del Movimiento el candidato natural era Deolindo Felipe Bittel”, un escribano chaqueño, ex gobernador de su provincia, que se había hecho cargo del partido después del golpe de Estado desde su flamante rol de vicepresidente primero del PJ, ya que la titular, Isabel Perón, estaba presa.

Sostiene que, sin embargo, “Bittel no quiso ser candidato a Presidente y me tocó a mí transmitirle por teléfono a Luder que se largara nomás, y que si el partido lo decidía, Bittel no tenía ningún problema en ser el segundo de la fórmula. Había otro nombre para candidato a presidente, Antonio Cafiero, pero fue Luder por decisión de Lorenzo Miguel, que era quien mandaba en el Partido Justicialista y tenía buenas relaciones en las Fuerzas Armadas. La fórmula fue Luder-Bittel”.

Iñíguez, un experimentado abogado que asesoraba a Bittel, se quedó con la duda de por qué Lorenzo Miguel había elegido a Luder y no a Cafiero, que siempre había tenido excelentes relaciones con el gremialismo, al punto de haber sido el candidato de la “columna vertebral” del peronismo para los comicios del 11 de marzo de 1973, cuando Perón no pudo competir pero eligió como vicario a Cámpora.

“Me enteré en 1986. Un día, Bittel, que era senador y muy campechano en el hablar, me dice en su despacho: ‘Hijo, ¿sabés que recién hoy pude «descular la hormiga»? Recién ahora entiendo por qué Lorenzo eligió a Luder como candidato a presidente: Lorenzo sabía que Luder era muy bien visto por los militares porque había firmado el decreto para aniquilar el accionar subversivo’”, cuenta Iñíguez.

En esa campaña, Luder, que murió el 25 de mayo de 2008, respaldó la Ley de Pacificación Nacional, también conocida como de autoamnistía, dictada por los militares cinco semanas antes de los comicios: dijo que no estaba de acuerdo con esa norma, que extinguía las acciones penales relacionadas con cualquier tipo de delito cometido en el marco de la lucha contra la guerrilla, pero que ya no podía ser revisada. Por el contrario, Alfonsín impugnó esa ley y prometió impulsar su derogación por el Congreso si resultaba elegido.

Una de las cartas de triunfo de Alfonsín fue la denuncia de un supuesto pacto militar-sindical, el 25 de abril de 1983. Uno de sus consejeros en esa campaña fue el abogado Ricardo Yofre, que era afiliado radical y había sido subsecretario general de la Presidencia de Videla, hasta el 7 de diciembre de 1978.

Yofre recuerda que “ya le había prestado muchos servicios a Alfonsín cuando le inventé el pacto militar-sindical. Un jueves de marzo de 1983, un amigo de mi socio de aquel entonces, José María Lladós, viene al estudio a tomar un café; estaba bastante vinculado a la Armada y me dice: “Vos sabés que en la Armada comentan que hay un pacto entre los militares y los sindicalistas para arreglar la amnistía a los militares, el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, las obras sociales…”.

Yofre asegura que la denuncia del pacto nació de esa conversación informal, que luego fue alimentada por trascendidos y artículos coincidentes en algunos diarios durante varias semanas.

“Pero Alfonsín no se largaba a denunciarlo, no se largaba. Un día, un viernes, se nos ocurrió una buena idea y lo invitamos a mi estudio junto con Eduardo Angeloz, Raúl Borrás, Horacio Jaunarena, otro amigo que era diplomático, y Borrás, que luego fue ministro de Defensa, dice: ‘El jefe no quiere largarse; Raúl, ¿no te parecería bueno que un militar dijera que hay un pacto militar-sindical?’. ‘Sería estupendo’, contesta Alfonsín. Interviene mi amigo diplomático: ‘Yo soy muy amigo del general Carlos Delía, de cuando él fue embajador en Bélgica en el Proceso y yo estaba destinado allí. Si lo vamos a ver, tal vez él se larga a decir algo’. Lo llama y el general le contesta: ‘Véngase ahora’. Angeloz lo conocía porque Delía había sido comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, en Córdoba; entonces fuimos Angeloz, el diplomático y yo. Me acuerdo que cuando salíamos Borrás nos dice: ‘Muchachos, si sale bien la cosa, ofrézcanle una embajada, pero del Ecuador para arriba’.”

El domingo 24 de abril Delía manifestó a una agencia de noticias en el aeropuerto de Ezeiza, antes de viajar al exterior, que también él creía en un pacto entre las cúpulas de las Fuerzas Armadas y los sindicatos. Palabras decisivas, según Yofre: “Sale el lunes en los diarios. Ese lunes van a almorzar a mi casa Alfonsín con Víctor Martínez, que era el candidato a vicepresidente, Germán López y Julio Saguier. Los otros invitados eran todos periodistas de un diario. Llega Alfonsín a casa, saluda a todo el mundo y me lo llevo un minuto al escritorio, pero seguía sin querer salir a denunciar el pacto. ‘Hoy viajo a España, pero el lunes de la próxima semana estoy de vuelta y seguimos hablando’, me dice. Yo ahí le hice una jugada: ‘Mire Raúl, la pelota está picando, no vaya a ser que Oscar Alende la agarre y haga el gol él’. No le gustó la posibilidad de que alguien lo corriera por izquierda, y menos Alende, que era el candidato del Partido Intransigente. Por la tarde, luego de la comida y antes de viajar, largó lo del pacto por televisión”.

Más allá de la calidad de las evidencias, la denuncia impactó porque ponía sobre el tapete a dos “corporaciones” cuestionadas en 1983 por la opinión pública: los militares y los sindicatos, que eran consideradas como dos obstáculos para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y el funcionamiento del próximo gobierno democrático.

Videla no guarda un buen recuerdo de Alfonsín, a quien le sigue reprochando el juicio a los comandantes que lo envió a la cárcel, a la prisión militar de Magdalena, donde se consideraba “un preso político por una caprichosa decisión política de Alfonsín, que quiso vengar en mi persona, y a través de mi persona en las Fuerzas Armadas, la derrota infligida a la subversión terrorista, de la cual él era aliado”. En aquella época, agregaba: “Estoy en la cárcel como en un puesto de combate. Mi condición de preso político es un símbolo de la lucha por la reivindicación de la guerra victoriosa que las Fuerzas Armadas libraron para defender a la república, atacada por el terrorismo marxista. Asumida mi prisión como otra acción de servicio a Dios y a la Patria, hago de ella una militancia. Preso o libre, siempre reivindicaré la victoria sobre la subversión”.

Ahora piensa lo mismo, pero en Campo de Mayo y con otros destinatarios: Néstor y Cristina Kirchner, que a partir de 2003 han desalojado a Alfonsín del primer lugar en la lista de sus enemigos. Tanto es así que pasó a rescatar la “prudencia” de la ley de obediencia debida impulsada por el ex líder radical, por la cual “no debían ser sancionados aquellos que se limitaron a cumplir las órdenes” en la represión.

—El matrimonio Kirchner vuelve a retrotraer todo este asunto a la década de los setenta, y viene a cobrarse lo que no pudieron cobrarse en esa década, y lo hacen con un espíritu de absoluta revancha, con el complejo y el agravante de quien, pudiendo haberlo hecho, no lo hizo en su momento. Estos señores eran burócratas que repartían panfletos y no mataron ni una mosca entonces. Y eso les da vergüenza, claro, y quisieron exagerar la nota. Aquí no hay justicia, sino venganza. Hoy, la república está desaparecida. Las instituciones están muertas, paralizadas, mucho peor que en la época de María Estela Martínez de Perón. Lo que me permite decir que no tenemos república es que no tenemos a las grandes instituciones del Estado funcionando. La Justicia, el Congreso y las demás instituciones no existen.

La Presidenta interpretó que esas críticas de Videla, publicadas en la revista española Cambio 16, no hacían más que ratificar que la política de derechos humanos inaugurada por su marido era correcta, necesaria y oportuna. El 1° de marzo de 2012, en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso, Cristina Kirchner dijo que había guardado un ejemplar de Página/12 del 16 de febrero de este año, cuya tapa tenía una foto del ex dictador con su frase: “Nuestro peor momento llegó con los Kirchner”, y que lo había dejado en el mausoleo de Néstor, en Río Gallegos, como un homenaje.

El ex presidente Néstor Kirchner anuló los indultos de Menem en los tramos en que favorecían a Videla y a los militares con el argumento de que sólo desde el Estado podían cometerse delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles y no pueden ser indultados. Además, impulsó la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, y la reapertura de las investigaciones y de los juicios. Y el 24 de marzo de 2004 ordenó en el Colegio Militar el retiro de los cuadros de Videla y de Bignone, ex directores de esa institución. Para Videla, eso fue una “ridiculez”.

—Me pareció una chiquilinada, propia de un hombre que, más que la justicia, buscaba la revancha mediante la cual llegó a la ridiculez de querer cambiar la historia con la remoción de un cuadro. Un acto torpe de una persona entorpecida por el deseo de venganza.

Cerca de los Kirchner, el general Martín Antonio Balza, embajador en Costa Rica, ocupa un lugar preferencial en la lista de enemigos de Videla desde su recordada autocrítica como jefe del Ejército, el 25 de abril de 1995 en el programa Tiempo Nuevo, del periodista Bernardo Neustadt. “Nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes o reglamentos militares. Sin eufemismos, digo claramente: delinque quien vulnera la Constitución Nacional. Delinque quien imparte órdenes inmorales. Delinque quien cumple órdenes inmorales. Delinque quien para cumplir un fin que cree justo emplea medios injustos e inmorales”, señaló.

Según Videla, fue “una de las agachadas” de Balza.

—Esa autocrítica es una falsía más de él, una canallada. Fue una jugada política que le permitió escalar posiciones y gozar todavía de ese escalamiento político, luego de transitar las presidencias de Menem, Néstor Kirchner y ahora Cristina Kirchner en cargos muy importantes. Balza olvida o pretende olvidar que cuando las Fuerzas Armadas tuvieron que hacerse cargo del país él era un cursante argentino en la Escuela de Guerra de Lima. Dimos el golpe, pero él siguió estando como representante de un Ejército golpista; no le molestó esa situación. Cuando tuvo que volver, vino a Campo de Mayo como teniente coronel bajo el mando del general Riveros, que no era, precisamente, un niño de pecho. Nadie puede haber escapado a lo que había que hacer en aquella guerra. ¡Para qué vamos a entrar en detalles sobre lo que había que hacer! Pero la cuestión es que a Balza no se le escuchó nunca una queja. Recuerdo también las tres cartas que me envió cuando yo estaba preso en Magdalena, en 1989: una, con motivo del Día del Ejército o de un 25 de Mayo, muy formal, con un “Con todo afecto” manuscrito; después, otra, un 9 de Julio, ya más enjundiosa; y para Navidad, una nota que me hizo llegar en mano. Según Balza, uno firma cosas de las cuales no conoce el contenido; es posible, pero si agrega un párrafo a mano y lo que dice es que “la conjunción de estas fiestas navideñas y el brillo de una gesta heroica que empieza a adquirir su real dimensión a pesar de las falacias, debe ser interpretado con la Fe y la Esperanza del que contempla un nuevo amanecer”, me parece que alienta de alguna manera al destinatario y elogia lo actuado durante la guerra contra la subversión. Balza era subjefe del Estado Mayor Conjunto. Tengo esas cartas en una caja fuerte.

El desprecio parece ser mutuo. Balza dice que Videla fue “un falto de carácter y un pusilánime, carente de firmeza en el ejercicio del mando, irresoluto, dubitativo y timorato. Por su falta de carácter permitió que cada uno de sus subordinados hiciera cualquier cosa. Se feudalizó el accionar y cada uno hacía lo que quería, porque Videla no mandaba. Consintió y facilitó la pérdida de la brújula ética y moral”.

En cada una de las cinco zonas en las que el país fue dividido, los jefes militares ordenaron y supervisaron la elaboración de listas de otras personas a detener. Nóminas más largas, llenas de nombres que, en una proporción elevada, se convertirían luego en desaparecidos, en esas “siete mil u ocho mil personas que debían morir” para asegurar “la victoria en la guerra contra la subversión”. Las listas de la Disposición Final. Fue un típico trabajo de Inteligencia; el listado de “objetivos” o “blancos” quedó definido antes del golpe, y a partir del 24 de marzo de 1976 los grupos operativos de cada zona salieron a detener a esas personas.

Los Centros Clandestinos de Detención o Lugares de Reunión de Detenidos se llenaron con prisioneros que, en su mayoría, el 62 por ciento, habían sido detenidos en sus viviendas y ante testigos por “grupos operativos” o “grupos de tareas” del Ejército, la Marina o, en menor medida, la Fuerza Aérea, según el relevamiento del Nunca Más.

En realidad, ese tipo de detenciones había comenzado durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, en especial a partir de octubre de 1975, pero aumentaron en forma notable luego del golpe. El ex mayor Ernesto Barreiro recuerda que a fines de enero de 1976, cuando él volvió de vacaciones, encontró que sus flamantes colegas del Destacamento de Inteligencia 141 del Tercer Cuerpo, en Córdoba, estaban colaborando en la confección de esas nóminas, a cargo del general Luciano Menéndez: “Cuando me presenté a mi nuevo destino, a mediados de diciembre de 1975, la primera orden que me dieron fue que me tomara las vacaciones que me correspondían, como era de estilo. Vuelvo a fines de enero y encuentro que se estaba trabajando en los requerimientos del Comando, que estaba preparando las listas de las personas a detener en el golpe”. Barreiro agrega que “había una gran participación de políticos, de presidentes de empresas, vinculados al Comando de Cuerpo, en la confección de esas listas. Luego del golpe también hubo personas que se contactaban con el Destacamento para denunciar a otros: los empresarios marcaban delegados sindicales, entregaban gente. En el caso de la Fiat, había un director de una de sus empresas, un tipo activísimo en el odio; ya se murió. La Fiat había sido afectada por el secuestro y asesinato de Oberdan Sallustro, director general de la empresa en la Argentina, en 1972, por el ERP, y por otros ataques y asesinatos. Tanto era así que una de nuestras tareas consistía en separar las denuncias con alguna entidad de las otras; teníamos una carpeta a la que le pusimos el nombre ‘Chantadas’, donde almacenábamos las alcahueterías y denuncias infames que te traían. Los que decían ‘Hay que meter en cana a fulano de tal porque es peronista’, por ejemplo. En la Universidad, profesores y alumnos pasaban mucha información. No olvidemos que muchos militantes montoneros ya eran conocidos y quedaron muy expuestos cuando Montoneros pasó a la clandestinidad, en 1974; muchos integraron las listas de detenidos. Esas listas se prepararon en el Comando de Cuerpo entre enero y febrero. En la confección de esas listas también colaboraban ex montoneros, algunos de los cuales estaban en Lealtad Peronista, en función de las directivas de Perón y del Consejo Superior del Peronismo del Movimiento para depurarlo de los elementos marxistas, que no eran peronistas, y querían infiltrarlo”. Barreiro cuenta cómo estaban integradas esas listas, que incluían el nombre y el apellido, y la dirección donde podían ser ubicados y detenidos: “Había dos niveles: 1) líderes sociales: la orden era neutralizar cualquier tipo de reacción, del tipo puebladas, contra el golpe en una sociedad que había protagonizado el Cordobazo, en 1969; 2) subversivos: teníamos un conocimiento muy difuso de los principales miembros del aparato militar de cada organización. Se sospechaba de algunas personas y se tenían algunos nombres de guerra. Sabíamos sí de Gorriarán Merlo, jefe del ERP en Córdoba, pero porque era un personaje muy conocido. No teníamos, específicamente, el organigrama de cada organización. La Policía guardaba todo ese conocimiento porque era la que se había ocupado de la lucha contra la subversión. En el Destacamento existía un conocimiento en términos generales de Montoneros, la Juventud Universitaria Peronista, la Juventud Guevarista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, etcétera. Ni siquiera teníamos el organigrama de las organizaciones de superficie”.

Las definiciones de “líderes sociales” y “subversivos” eran laxas, y en cada territorio dependían de cada “señor de la guerra”. En eso podían interferir los prejuicios políticos e ideológicos de los jefes militares. En Córdoba, las detenciones estuvieron a cargo de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, que era comandada por el general Juan Bautista Sasiaiñ.

Según Barreiro, Menéndez “ya era la cúspide un poder alternativo espectacular cuando volví de vacaciones. Él no era antiperonista; quiero decir que no tomaba sus decisiones según esa clave. Él sabía que yo era peronista, pero no confundía las cosas, como sí ocurría, por ejemplo, con el general Santiago Riveros (jefe de la Zona 4), para quien peronismo era igual a subversión. También ocurría eso con Sasiaiñ. Por ejemplo, luego del golpe, por orden de Sasiaiñ, fue detenido ‘El Rengo’ Martini, el secretario general de la CGT, y nosotros en el Destacamento de Inteligencia nos movimos para sacarlo porque sabíamos que no tenía nada que ver. Muchas decisiones se tomaron por un antagonismo que no era determinante. Además, Sasiaiñ estaba afectado por el asesinato de su hermana Beatriz, que era la esposa del general retirado Jorge Cáceres Monié, muertos ambos por Montoneros en las afueras de Paraná, Entre Ríos, en el ‘Operativo Cacerola’ (el 3 de diciembre de 1975)”.

El Departamento de Inteligencia 141 es el centro de numerosas denuncias en Córdoba por delitos de lesa humanidad, desde secuestros y torturas a asesinatos y desapariciones. Barreiro niega todas esas acusaciones y humanidad, desde secuestros y torturas a asesinatos y desapariciones. Barreiro niega todas esas acusaciones y defiende “el trabajo de Inteligencia profesional que hicimos. El Destacamento tenía un solo factor emocional fuerte: el asesinato de su jefe, el coronel [Héctor] Iribarren”. Ocurrió el 4 de abril de 1973, luego del triunfo del peronismo en las elecciones del 11 de marzo; los montoneros lo mataron porque, según dijeron en un comunicado, era “el jefe de los torturadores” en Córdoba.

“Fue el único jefe de un destacamento de Inteligencia muerto en todo el país. Luego del golpe, el destacamento tuvo tres bajas en tres hechos distintos. Yo puedo decir que nosotros no matamos a nadie”, afirma Barreiro.

CAPÍTULO 6
LICENCIA PARA MATAR

El ataque de Montoneros al regimiento de Formosa no fue determinante para los decretos del presidente interino Ítalo Luder, pero le vino como anillo al dedo. Los decretos fueron una especie de licencia para matar.

Nosotros ya veíamos lo que se venía y en la Jefatura de Operaciones del Estado Mayor del Ejército ya teníamos los decretos preparados. El Ejército tenía desde los años de Onganía el Plan de Capacidades, que contenía las previsiones sobre lo que se podía hacer ante la ocurrencia de alguna de las cinco hipótesis de conflicto. La hipótesis que se convierte en realidad es la de la guerra interna.
[Jorge Videla en entrevistas en el Instituto Penal Federal Número 34, en Campo de Mayo]

El 5 de octubre de 1975 fue un día “peronista”: soleado, apacible, para disfrutar en familia. Carlos Alberto Reutemann disputaba el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos; el austríaco Niki Lauda ya se había coronado campeón, pero “Lole” podía consagrarse subcampeón por primera vez en su vida, aunque tenía un duro rival en el brasileño Emerson Fittipaldi. En el Monumental, River Plate recibía a Cipolletti por la quinta fecha del Campeonato Nacional de fútbol y buscaba cerrar un año para la historia de la mano de don Ángel Labruna.

Isabel Perón estaba de licencia médica y se reponía en las sierras cordobesas, en Ascochinga. Aquel domingo, Isabelita asistió a misa en la iglesia de Santa Catalina, una maravilla del barroco colonial construida por los jesuitas. En Olivos, el presidente interino, el senador santafesino Ítalo Luder, también fue a misa, en la capilla de la residencia, junto a su familia y algunos amigos.

La tapa de los diarios del lunes no fue la Fórmula 1 ni el fútbol ni, mucho menos, el fervor religioso de Isabelita y de Luder, sino el cruento ataque de Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29, en los suburbios de la ciudad de Formosa, a casi 1.200 kilómetros de Buenos Aires. En el bautismo de fuego del Ejército Montonero, con sus uniformes azules que luego serían perfeccionados, murieron veinticuatro jóvenes en un encarnizado combate que duró media hora, doce guerrilleros y doce defensores del cuartel, entre ellos diez soldados que cumplían con la obligación legal del servicio militar; todos eran peronistas. Hubo otros cuatro muertos: la guerrilla mató a un policía durante el copamiento del aeropuerto local; cuando todo había pasado, los militares ultimaron a tres vecinos que no habían tenido nada que ver. Los atacantes ya habían huido de la provincia, en un Boeing 737-200 de Aerolíneas Argentinas, que otro comando montonero había secuestrado en pleno vuelo, y en un Cessna 182, que aterrizó en Corrientes. “Fallido golpe terrorista en Formosa: 27 muertos”, tituló Clarín en la tapa. “Sangriento intento extremista en Formosa”, prefirió La Nación. “A sangre y fuego frustróse el golpe extremista de Formosa”, eligió el vespertino La Razón. La noticia continuó ocupando la primera plana de los diarios nacionales el día siguiente. El martes 7 de octubre, La Opinión, considerado de centroizquierda, dedicó toda su tapa al tema, con una segunda nota, “El país en guerra”, ilustrada con un mapa de los “episodios terroristas” del último fin de semana en nueve lugares diferentes del país.

Montoneros bautizó ese ataque como Operación Primicia debido a que fue la primera vez que pusieron en la mira a un cuartel del Ejército. Hasta ese día, ese tipo de incursiones había sido protagonizado por la guerrilla trotskista guevarista del Ejército Revolucionario del Pueblo. Antes, entre el 22 y el 28 de agosto de 1975, la guerrilla peronista había atentado contra la fragata Santísima Trinidad y un Hércules C-130, en sendos ataques contra la Armada y la Fuerza Aérea. Es que Montoneros había llegado a la conclusión de que el golpe de Estado, del que tanto se hablaba, era inevitable y hasta deseable porque les facilitaría la toma del poder. Por lo tanto, ya no era necesario seguir cultivando los vínculos con sectores militares, en especial del Ejército, en los que tanto se había esmerado desde el momento mismo de su nacimiento, en 1970.

En Formosa, los objetivos de la guerrilla que se reivindicaba como peronista fueron “recuperar armamento”, unos doscientos fusiles; marcar el comienzo de la creación de “un Ejército regular” para “la toma del poder del Pueblo en la Patria”; humillar al Ejército, mojarle la oreja y revelar la vulnerabilidad del poder militar con el copamiento de un cuartel en una provincia periférica y fronteriza, y provocar una reacción autoritaria en los militares, “fascistizar al Ejército”, como decía un periodista que integraba Montoneros.

El ataque apuntaba al corazón del gobierno peronista: al “monopolio de la violencia física legítima” que caracteriza a todo Estado moderno, como observó el economista y sociólogo alemán Max Weber en 1919. En una democracia, la violencia legítima está en manos de la Policía y de los militares, dirigidos por las autoridades políticas surgidas del voto popular, para cumplir una de las funciones básicas de todo régimen político: mantener el orden público y cuidar la seguridad de sus ciudadanos. Si no lo hace pierde eficacia, y eso erosiona su legitimidad ya que la gente, o un sector cada vez más numeroso, comienza a pensar que otro régimen puede ser mejor, como indica el sociólogo español Juan José Linz, un experto mundial en el quiebre [breakdown] y la consolidación de las democracias.

Como relaté en mi libro Operación Primicia, el lunes 6 de octubre, mientras la opinión pública y los medios seguían conmocionados por el audaz ataque, Luder se reunió con su ministro del Interior, Ángel Robledo, en la Casa Rosada: decidieron impulsar tres decretos que ya venían trabajando con los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Luder convocó al mediodía a todo el gabinete y a los tres comandantes; Videla había viajado a Formosa a visitar el regimiento atacado, y en su lugar fue el jefe de su Estado Mayor, general Roberto Viola. “Se ponen a consideración las firmas de estos decretos para terminar con la subversión”, señaló Luder luego de que el ministro de Defensa, Tomás Vottero, los leyera. Nadie dijo nada y los decretos quedaron aprobados por todo el gabinete.

No fue la primera vez ni sería la última: la izquierda había colaborado con la derecha a través del ataque al cuartel en Formosa. El gesto estaba a tono con la idea de que la guerrilla debía “acelerar y profundizar las contradicciones” para que la gente, o el pueblo como se decía en esa época, comprendiera cuáles eran los dos polos principales de la disputa: los militares y los grupos insurgentes. En ese momento cumbre, no habría lugar para la “falsa conciencia”: los sectores populares entenderían por fin que eran los guerrilleros quienes defendían sus verdaderos intereses y, con su respaldo decisivo, los conducirían a la revolución socialista y la liberación nacional.

En este marco, Operación Primicia ayudó a que salieran esos decretos que, en su tramo más relevante, delegaron en las Fuerzas Armadas la tarea de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. Eso era todo lo que los militares reclamaban, explica Videla.

—Las desapariciones se dan luego de los decretos de Luder, que nos permiten entrar en guerra contra la subversión, que nos dan licencia para matar; esos decretos nos dicen: “Salgan a matar”, a aniquilar al enemigo. El Ejército sale a actuar como el Ejército sabe: a matar, a aniquilar al enemigo. Antes, la represión había estado a cargo de las fuerzas policiales. Eso ocurrió casi seis meses antes del golpe, por decisión de un gobierno constitucional. El término “aniquilar” era la llave para esa licencia para matar, previsto en el Código Militar y en el decreto 2772. Un término que había sido convalidado por Perón, en la carta a los jefes del Regimiento de Azul luego de la agresión del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), donde utilizó un verbo aun más grave, como “exterminar”, que no figura en el Código Militar; por el diputado Alberto Stecco, que en el homenaje a José Rucci habló de “matarlos como a ratas”, y por Vottero, que habló de “perseguirlos hasta el exterminio total”.

El primero de esos decretos, el Nº 2770, creaba dos consejos para encarar la lucha contra la guerrilla. Por un lado, el Consejo de Seguridad Interna, encabezado por el Presidente o la Presidenta e integrado por los ministros y los tres jefes militares, con la tarea de dirigir “los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión”. Por el otro, el Consejo de Defensa, encabezado por el ministro de Defensa e integrado por los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; era el que más le interesaba a los militares por sus funciones específicas: “conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión”; “planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y fuerzas policiales”; “coordinar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales la ejecución de medidas de interés”; “proponer al Presidente las medidas necesarias a adoptar en los distintos ámbitos del quehacer nacional”, y “asesorar al Presidente”. La Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia y la Secretaría de Informaciones del Estado quedaban “funcionalmente afectadas” a este Consejo, del cual pasaban a depender la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Nacional, en todos los casos “a los fines de la lucha contra la subversión”.

Luego, el decreto 2771 disponía que el Ministerio del Interior firmara convenios con los gobernadores para que la Policía y el Servicio Penitenciario de cada provincia quedaran bajo control del Consejo de Defensa para “su empleo inmediato en la lucha contra la subversión”. Esos acuerdos fueron rubricados al día siguiente.

Finalmente, el decreto 2772 ordenó a las Fuerzas Armadas, “bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa”, la ejecución de “las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

Al día siguiente, el martes 7 de octubre, el embajador estadounidense Robert Hill informó a su gobierno en el cable 6713, de carácter reservado, que “luego de casi dieciocho meses de respaldos y rellenos no concluyentes, el gobierno estableció un enfoque unificado para manejar el problema subversivo. Está claro que los eventos en Formosa fueron el catalizador que causó la promulgación de los decretos antisubversivos. Sin embargo, luego de casi dos años de silencio sobre el tema, los analistas periodísticos apuntaron contra la lentitud del gobierno en el combate al terrorismo. En el popular programa político de Canal 11, Bernardo Neustadt, un muy respetado analista, criticó con dureza el hecho de que tuvieron que ocurrir media docena de grandes ataques contra instalaciones militares en los últimos dos años para que el gobierno actuara. Con mordacidad, Neustadt se preguntó si en su débil situación actual, acosado por disputas internas, el gobierno podría ahora cumplir sus prometidos esfuerzos para tomar medidas más duras contra la subversión”.

Saltaba a la vista la relevancia del último de esos decretos. El viernes 10 de octubre, en otro cable reservado, el número 6814, Hill analizó el decreto 2772, que “da a los militares la autoridad para tomar a su cargo la lucha antisubversiva y para tomar las acciones necesarias para aniquilar a los subversivos”. Y concluyó: “Las Fuerzas Armadas tienen ahora la autoridad que han buscado durante mucho tiempo para asumir la lucha contra los terroristas, la cual hasta este momento ha sido en gran medida manejada (o mal manejada) por la Policía Federal”. Los decretos consagraban la centralidad del Consejo de Defensa, que sería asistido por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y estaba diseñado a medida de los jefes militares. Estaría presidido por el ministro de Defensa, pero Vottero era un abogado especializado en temas financieros; no podía evitar, aunque quisiera, que las Fuerzas Armadas se movieran con una autonomía prácticamente total.

En términos políticos, fue una cesión de poder por parte del gobierno constitucional en beneficio de las Fuerzas Armadas. Y en un tema muy delicado: el “monopolio de la violencia física legítima”.

Linz, el sociólogo español, explica en su libro La quiebra de las democracias, que es casi imposible que una democracia sobreviva a la persistencia de grupos armados, de derecha o de izquierda: “La inacción frente a la violencia fascista, nazi o proletaria, la incapacidad o la falta de voluntad para controlarla, ha estado en la raíz del vacío de poder que llevó a la caída de las democracias”.

Pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Linz advierte que para enfrentar esa “violencia fascista, nazi o proletaria”, una democracia no puede entregar el control último de la fuerza legítima a los jefes militares o policiales para que actúen por encima de las autoridades elegidas por los ciudadanos. “Cuando la decisión de usar la fuerza no puede ser tomada sólo por las autoridades políticas sino que requiere la consulta o la aprobación de los que controlan las Fuerzas Armadas, entonces el gobierno se enfrenta con una seria pérdida de legitimidad”, señala Linz. Esto es clave, porque un cambio de régimen político, como el quiebre de una democracia y la irrupción de una dictadura, ocurre “cuando la legitimidad pasa de un conjunto de instituciones a otro”.

Jaqueado por Montoneros y por el ERP, que le disputaban el “monopolio de la violencia física legítima”, el gobierno pasó a depender de los militares, en especial del Ejército, para controlar el orden público. Casi un certificado de defunción según los estudios de Linz sobre la llegada al poder de los fascistas y los nazis en Italia y Alemania. Linz muestra que tanto unos como otros se beneficiaron del desprecio de la izquierda por la democracia liberal, formal, burguesa; hasta pensaban que la irrupción del fascismo terminaría favoreciéndolos, como predicaba un parlamentario del Partido Comunista Alemán en 1932: “Cuando los fascistas lleguen al poder se formará un frente unido del proletariado y barrerá todo. Morir de hambre bajo Brüning (primer ministro de centroderecha) no es mejor que bajo Hitler.”

Los decretos fueron bajados a la lucha concreta contra la guerrilla en forma muy rápida.

El 15 de octubre de 1975, el Consejo de Defensa despachó su Directiva Nº 1 “Lucha contra la subversión”, un documento secreto de nueve páginas del cual se distribuyeron sólo cinco copias. ¿La finalidad? “Instrumentar el empleo” de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en “la ofensiva contra la subversión en todo el ámbito del territorio nacional para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas a fin de preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado”.

La Directiva del Consejo de Defensa señaló que “el esfuerzo principal de la ofensiva será llevado sobre el eje Tucumán - Córdoba - Santa Fe - Rosario - Capital Federal - La Plata”, para lograr ocho objetivos:

“Obtener una clara información sobre los elementos que integran el aparato político administrativo y sus elementos subversivos clandestinos y abiertos.”

“Crear una situación de inestabilidad permanente en las organizaciones subversivas que permita restringir significativamente su libertad de acción.”

“Aniquilar los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas a través de una presión constante sobre

ellas.”

“Eliminar y desalentar el apoyo que personas u organizaciones de distintos tipos pueden brindar a la subversión.”

“Incrementar el apoyo de la población a las propias operaciones.”

“Orientar la opinión pública nacional e internacional a fin de que tome conciencia que la subversión es un ‘enemigo indigno de esta patria’.”

“Identificar a los integrantes de los propios medios en los propósitos de la lucha contra la subversión.” “Aislar a la subversión de todo apoyo tanto de tipo interno como externo.”

Dos semanas después, el 28 de octubre de 1975, el general Videla firmó la Directiva Nº 404/75 “Lucha contra la subversión” para “poner en ejecución inmediata las medidas y acciones previstas por el Consejo de Defensa en la Directiva Nº 1”. Otro documento secreto, del que se distribuyeron veinticuatro copias.

En esa Orden de Operaciones Videla estableció la “misión del Ejército” en esa lucha: “Operar ofensivamente contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de las otras Fuerzas Armadas para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas”. En un plano más específico, “tendrá responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones contra la subversión en todo el ámbito nacional”, y “conducirá, con responsabilidad primaria, el esfuerzo de Inteligencia de la comunidad informativa contra la subversión”, entre otras tareas.

La ofensiva comandada por el Ejército se concretaría con la división del país en cinco zonas, diecinueve subzonas y ciento diecisiete áreas.

Videla indicó que el Ejército debía ejecutar “las operaciones que permitan ejercer una presión constante, en tiempo

y espacio, sobre las organizaciones subversivas. No se debe actuar por reacción sino asumir la iniciativa en la acción, inicialmente con actividades de inteligencia, sin las cuales no se podrán ejecutar operaciones, y mediante operaciones psicológicas”.

La Directiva 404/75 incluía un cronograma sobre los resultados esperados:

“Disminuir significativamente el accionar subversivo para fines del año 1975.”

“Transformar la subversión en un problema de naturaleza policial para fines de 1976.”

“Aniquilar los elementos residuales de las organizaciones subversivas a partir de 1977.”

Videla revela ahora que todo salió tan rápido porque el Ejército tenía todo preparado, incluso los tres decretos, ya que venía trabajando sobre “la guerra interna” como hipótesis de conflicto desde la comandancia del general Juan Carlos Onganía, que asumió en 1962. Y que incluso la división del territorio nacional en zonas “estaba basada en planes ya existentes”.

—Nosotros ya veíamos lo que se venía y en la Jefatura de Operaciones del Estado Mayor del Ejército ya teníamos los decretos preparados con sus respectivas argumentaciones junto con la Directiva Nº 1 del Consejo de Defensa y la Directiva 404, que es la Orden de Operaciones firmada por mí. Es mi orden para aniquilar la subversión. Es genérica; una orden escrita siempre es genérica. Había una unidad de concepción: el Ejército tenía la responsabilidad primaria en la lucha contra la subversión, respaldado por la Marina y la Fuerza Aérea. La concepción de la operación estaba basada en planes ya existentes, como la división del país en zonas, que correspondían a los cuerpos; subzonas, a las brigadas; áreas, a unidades de combate como los regimientos, y las subáreas, a las unidades independientes, más chicas. Todo eso ya estaba escrito. El Ejército tenía desde los años de Onganía el Plan de Capacidades, que contenía las previsiones sobre lo que se podía hacer con lo que se disponía ante la ocurrencia de alguna de las hipótesis de conflicto retenidas como tales. Eran cinco las hipótesis de conflicto; la quinta era la guerra interna, una explosión subversiva que obligara al Ejército a intervenir al ser superadas las Fuerzas de Seguridad y policiales. Este Plan se había mantenido en stand by hasta el momento de usarlo; para ese entonces, la guerra contra la subversión se había convertido en una cuestión común para el subcontinente americano, por lo cual la hipótesis que se convierte en realidad es la de la guerra interna.

Según Videla, la “guerra interna” terminó desplazando a hipótesis de conflicto más clásicas, como una guerra con Brasil, con Chile o con ambos vecinos.

Al retratar a los “enemigos”, la Directiva 404/75 de Videla incluyó la lucha contra la guerrilla en el marco de “la Guerra Subversiva Marxista”, que en Argentina era liderada por el Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros. Videla establecía diferencias entre ambas organizaciones político-militares, y destacaba que Montoneros “aparece insertada y enmarcada por las motivaciones políticas que le proporciona un partido político con gran raigambre popular: el Peronismo”.

Treinta y seis años después, en la prisión militar de Campo de Mayo, Videla reitera esas diferencias, que eran compartidas por otros jefes del Ejército.

—Por su preparación militar e ideológica, el ERP era más enemigo que Montoneros; era algo ajeno, otra cosa. Montoneros guardaba algo del nacionalismo, del catolicismo, del peronismo con el que había nacido. El nacionalismo de Montoneros estaba dado desde el principio; por ejemplo, el copamiento de la localidad de La Calera, en Córdoba, en 1970, fue protagonizado por jóvenes del Liceo Militar General Paz, hijos de familias acomodadas, conservadoras. El ERP era otra cosa, sin sentido nacional.

En la represión a la guerrilla, el Ejército se especializó en el ERP y la Armada en Montoneros, debido a, entre otros argumentos, el recelo del almirante Emilio Massera y sus colaboradores por los estrechos vínculos que la guerrilla peronista había desarrollado con algunos jefes del Ejército. Videla admite esa causa, pero enfatiza una razón “funcional”.

—Hubo un acuerdo oficial a nivel de Junta Militar para repartir un poco los esfuerzos contra la subversión. La Armada se concentró en Montoneros y el Ejército en el ERP. No hubo una razón específica, porque el Ejército tuvo problemas con ambos; en Tucumán actuaba el ERP, pero con apoyo de Montoneros. Fue más funcional así, aunque también es cierto que el Ejército distinguía entre Montoneros, de quien se rescataban sus orígenes nacionalistas, y el ERP, que no tenía nada de eso. También pesaba el antecedente del Operativo Dorrego, durante la comandancia del general Jorge Carcagno, entre el Ejército y la Juventud Peronista.

La primera reunión de gabinete en la que los tres comandantes habían presentado sus demandas para recuperar “el tiempo perdido” en la lucha contra la guerrilla se llevó a cabo el 5 de septiembre de 1975, una semana después del atentado contra el avión de la Fuerza Aérea cuando despegaba del aeropuerto de San Miguel de Tucumán, donde hubo seis muertos y treinta heridos, y una semana antes de la licencia médica de la Presidenta. Isabelita permaneció sólo cuarenta minutos de las tres horas y media que duró el cónclave.

Once días después de asumir la presidencia en forma interina, Luder, que era el titular del Senado y había participado en aquel encuentro, encabezó una reunión de gabinete a la que se invitó a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como ya era habitual con Isabel. Eso fue el 24 de septiembre de 1975, cuando Videla afirma que, a pedido de Luder, tuvo que explicar la visión de las Fuerzas Armadas sobre la lucha contra la guerrilla.

—A Luder le preocupaba qué hacer, dada la dimensión que había alcanzado el terrorismo. Por vía de la Secretaría General del Ejército, recibí la orden de Luder para que en la próxima reunión de gabinete, una semana después, expusiéramos los cursos de acción posibles. Como se trataba de un problema típicamente terrestre, las otras dos fuerzas entendieron que era el comandante general del Ejército quien tenía la responsabilidad primaria y debía fuerzas entendieron que era el comandante general del Ejército quien tenía la responsabilidad primaria y debía exponer, y así lo hice, en nombre de los tres comandantes generales. Fue una reunión un poco larga. El concepto que desarrollé fue que la etapa de represión a través de las Fuerzas de Seguridad y policiales parecía superada, sin haber arrojado los resultados esperados, y que la Justicia estaba inerte por temor a que se repitiera lo que había pasado con el mal llamado Camarón. Frente a estas dos circunstancias, el Estado tenía que echar mano a lo que le quedaba, las Fuerzas Armadas, pero aclaré que esto suponía dos cosas: 1) aceptar de hecho una situación de guerra interna, muy particular porque se daba sin una declaración formal de guerra; 2) por razones orgánicas, las Fuerzas Armadas no eran el elemento más apto para reprimir a la subversión, dado que los militares estamos preparados para combatir, para hacer la guerra, una actividad en la que se muere y en la que se mata.

Videla asegura que en ese encuentro con Luder y sus ministros expuso los cuatro “cursos de acción” que el Gobierno podía implementar en esa “guerra interna” protagonizada por las Fuerzas Armadas.

—La diferencia esencial entre esos cuatro cursos de acción sugeridos consistía en la graduación que se establecía de la centralización del comando y de la toma de decisiones. El Curso de Acción Nº 1 implicaba la toma de cada una de las decisiones de la guerra en el más alto nivel, el Consejo de Seguridad Interna, a crearse integrado por la Presidente más sus ministros más los comandantes en jefe, con lo cual el error o el exceso quedaban descartados, pero por esa puntillosidad la guerra se iba a prolongar sine die. El número de víctimas podía ser mayor por esa extensión de la guerra en el tiempo. Los cursos de acción números 2 y 3 eran grados de mayor libertad de acción con relación al primero. El Curso de Acción Nº 4 implicaba un despliegue amplio y simultáneo de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y policiales, estas dos últimas bajo control operacional en todo el territorio nacional, para detectar la presencia de un enemigo mimético que se escondía en el ambiente y aniquilarlo. Con un súmmum de libertad de acción para esas fuerzas desplegadas en todo el territorio. Las posibilidades del error y del exceso eran una realidad, pero, como contrapartida, a lo sumo en un año y medio el terrorismo estaría, cuanto menos, controlado. Tampoco hubo un cálculo del número de víctimas, pero entendíamos que el número sería inferior al Curso de Acción Nº 1. Los posibles errores se referían a, por ejemplo, matar a alguien por una mala información. Los posibles excesos, al aprovechamiento de la situación para el robo de cosas en un allanamiento; un militar que le dice a otro: “Mirá qué lindo televisor que tienen”, y se lo llevan aprovechando la falta de vigilancia o la complicidad de otros camaradas. Estos excesos fueron penados por la justicia militar: cuando terminó el Proceso, había 250 uniformados y cumpliendo condenas por esta causa.

En otras palabras, “errores y excesos”, pero rapidez y eficacia. Videla asegura que Luder eligió el Curso de Acción Nº 4.

—Un ministro cuyo nombre y cartera no puedo recordar, aunque creo que era el de Justicia, pide la palabra, pero Luder lo corta: “Ya tengo mi resolución”, y eligió el curso de acción más riguroso, el número 4. Luego, Luder ordenó: “Preparen los decretos y citen a los gobernadores para solicitarles que pongan a sus policías bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas”.

Luder ya murió y no puede ser consultado sobre la versión de Videla, pero el 22 de abril de 1985, en el juicio a Videla y a los miembros de las tres primeras juntas militares, el fiscal Julio César Strassera le preguntó si, en los debates previos a los decretos, se había considerado la adopción de “métodos extraordinarios para combatir la subversión, tales como la privación ilegítima de la libertad o la obtención de información a cualquier costo e inclusive la supresión física de los elementos subversivos”.

“De ninguna manera. Nunca se pensó que la implementación de las Fuerzas Armadas, o de las policías primero, significara una modificación de la estructura legal y de las garantías que cada ciudadano tiene”, respondió Luder. Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, que eran los ministros de Economía y de Trabajo, contestaron en forma similar en aquel juicio. Con relación a la reunión de gabinete del 24 de septiembre de 1975, ambos me dijeron, por en aquel juicio. Con relación a la reunión de gabinete del 24 de septiembre de 1975, ambos me dijeron, por separado, que no recordaban la supuesta exposición de Videla.

Más allá de lo que realmente ocurrió en aquella reunión de gabinete, los militares tenían ya tanta autonomía con relación al poder político que se preparaban para una represión inédita: el 23 de octubre de 1975, cinco días antes de su orden de operaciones 404/75, Videla dijo en Montevideo, durante la Undécima Conferencia de Ejércitos Americanos, que “si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país”.

El peronismo, cada vez más debilitado, no supo, no quiso o simplemente no pudo evitar que las Fuerzas Armadas vulneraran los derechos humanos en la lucha contra la guerrilla. Tanto fue así que no hizo falta esperar al 24 de marzo de 1976 para que una de las expresiones más salvajes y contundentes de estas violaciones, la desaparición de personas, se convirtiera en moneda corriente. De acuerdo con el Nunca Más, hubo “aproximadamente 600 secuestros que se habrían producido antes del golpe militar”, que no pudieron ser investigados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas porque el decreto del presidente Raúl Alfonsín recortaba la tarea de la Conadep a los delitos cometidos por la dictadura. Sólo en Córdoba hubo ochenta casos de Disposición Final antes del golpe; sesenta y ocho de ellos ocurrieron después de la firma de los tres decretos.

Esos decretos se basaron en el caso tucumano; en el decreto 261, secreto, del 5 de febrero de 1975, firmado por Isabel Perón y sus ministros, que delegaba en las Fuerzas Armadas la ejecución de “las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”, en alusión al ERP.

Según el general Ramón Díaz Bessone, ex jefe de Operaciones del Estado Mayor del Ejército, ex subjefe del V Cuerpo, con asiento en Bahía Blanca, ex jefe del II Cuerpo, en Rosario, y ex ministro de Planeamiento de Videla, la Presidenta quería incluir otra palabra, más dura.

“Isabel Perón quería colocar en el decreto la palabra ‘exterminar’, pero el general [Leandro] Anaya, que era el comandante en jefe del Ejército, le dijo que no podía porque exterminar no estaba en el reglamento militar; que la palabra que correspondía era aniquilar, que quiere decir reducir a cero, matar. Eso quiere decir: matar”, dice Díaz Bessone.

Un amigo y ex colaborador del jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Héctor Fautario, afirma que Fautario se enteró de ese decreto cuando “todo estaba digerido. Lo llamó el ministro de Defensa, Adolfo Savino, a una reunión en el Edificio Libertador. Se encontraban presentes Anaya, Videla, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército, y Viola; también Massera. Fautario se quejó de que él no sabía nada de todo eso y dijo que le parecía muy peligroso. ‘Ustedes saben cómo va a empezar esto pero nadie puede saber cómo va a terminar’, les dijo”.

Siempre según el ex colaborador de Fautario, se produjo el siguiente diálogo.

Massera: —La Armada va a respaldar este operativo. Yo voy a enviar infantes a Tucumán.

Videla: —Brigadier, nos gustaría saber cómo va a colaborar la Fuerza Aérea.

Fautario: —La Fuerza Aérea no va poner un solo hombre; sólo vamos a proveer material, a hacer los transportes. Ahora, el costo del combustible no lo vamos a asumir nosotros, de la Fuerza Aérea no va a salir el dinero. El informante agregó que “en los diarios trascendió que a Fautario sólo le preocupaba el dinero de los transportes. El brigadier también cuestionó la palabra ‘aniquilar’; dijo que en su opinión correspondía en el caso de una guerra abierta, declarada, pero Videla y Viola argumentaron que era la palabra incluida en el reglamento del Ejército”. Sin control civil, los militares dominaron rápidamente todos los resortes de poder en Tucumán, pasando por sobre el gobernador, el peronista Amado Juri, y provocando denuncias de violaciones a los derechos humanos, en especial en los centros de detención de personas.

Ruckauf es uno de los pocos sobrevivientes del gabinete que acompañó a Luder en su interinato, junto con Cafiero.

Ruckauf recuerda que “esos decretos vinieron por Luder como una ampliación de lo que Isabel había firmado para Tucumán; Luder dijo que había que ampliar el área de influencia de las Fuerzas Armadas a todo el país; que iban a enviarse esos decretos de inmediato al Congreso, y que se iban a mandar, además, dos proyectos de ley que explicaban la forma de aplicar los decretos y cómo iba a funcionar un mecanismo de control que iba a haber por parte del poder político sobre las fuerzas militares, que obviamente nunca se ejecutó: los tipos hacían lo que querían e inclusive detenían a compañeros nuestros y no sabíamos qué pasaba”.

Videla y los jefes militares sostienen que ellos no hicieron más que obedecer los decretos de un gobierno constitucional; pivotean sobre un verbo polémico introducido por el decreto 2722: “aniquilar”, un término militar que se usaba en aquel momento y que aludía a la “destrucción física y/o moral que se busca sobre el enemigo, generalmente por medio de acciones de combate”. Interpretan que el decreto los habilitaba a la eliminación física, a matar a todos los guerrilleros que encontraran; algunos, como el general Santiago Riveros, van más allá e indican que ese verbo los autorizaba también a matar a los guerrilleros cuando ya se habían rendido o estaban detenidos. Tales argumentos fueron meneados por los defensores de los comandantes en 1985.

En aquel juicio Luder precisó que el decreto 2722 aludía a “inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera represión dentro de un marco legal”.

Luder agregó: “Los decretos de ninguna manera suponen la represión fuera de la ley; es, simplemente, agregar al accionar de las policías provinciales la contribución que podían prestar las Fuerzas Armadas, porque era necesario salvaguardar no sólo el orden constitucional sino la propia vida de la Nación. Se mantenía toda la normativa, las garantías individuales y, sobre todo, el debido proceso para sancionar a los que estuvieran incursos en algún delito dentro del accionar subversivo”.

Videla sigue en desacuerdo con la interpretación de Luder de “aniquilar”.

—Él dijo que no quería decir matar a personas sino que se refería a aniquilar el accionar subversivo. Pero, ¿cómo aniquilar el accionar sin aniquilar al accionante? A lo mejor no fue feliz el uso de ese verbo, pero era el que figuraba en el Código Militar, y significa, según el Diccionario de la Real Academia Española, “reducir a la nada”.

Al acusar a los jefes militares, los fiscales Strassera y Luis Moreno Ocampo destacaron las explicaciones de Luder y enfatizaron que “ninguno de los oficiales superiores citados a declarar por la defensa [de los comandantes] entendió que la orden de aniquilar autorizaba a secuestrar, torturar y matar”. El 18 de septiembre de 1985, Moreno Ocampo destacó “la respuesta del vicealmirante [Eduardo] Fracassi, quien señaló que el concepto del término aniquilar, cuando uno recibe la misión, es terminar con la voluntad del enemigo de seguir combatiendo; y si el enemigo está prisionero, es prisionero; ya terminó con su misión de combate, se acabó”.

El 9 de diciembre de 1985, uno de los jueces, León Arslanian, leyó la sentencia en la que los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal coincidieron en que la orden de Luder y sus ministros no podía entenderse fuera del contexto jurídico del país en aquel momento, cuando “la Carta Magna, las leyes de la Nación y los tratados con las naciones extranjeras seguían siendo la ley suprema de la Nación. En ninguno de esos dispositivos se puede encontrar una nota, un signo, un atisbo de que la República abandonó, por algún momento, sus tradicionales métodos de respeto al derecho y a las garantías individuales para abrazar, sin más, a través de un mero decreto presidencial, la causa de la guerra total, absoluta, sin restricciones ni límites ni cortapisas”.

Y agregaron: “No se comprende muy bien la permanente remisión, como alegación defensiva, a un decreto emanado de un gobierno constitucional que fue derrocado, precisamente, por quienes lo invocan y que pertenece, además, a un período anterior al que se juzga, y luego del cual la potestad legisferante pasó a manos de la Junta además, a un período anterior al que se juzga, y luego del cual la potestad legisferante pasó a manos de la Junta Militar y del Presidente por ella nombrado”.

Videla fue destituido y condenado a prisión perpetua, al igual que Massera.

CAPÍTULO 7
LA TRIPLE A, ISABELITA Y MARTÍNEZ DE HOZ

¿Qué fue la Triple A sino la intervención directa, personal, de Perón en el conflicto dentro de su Movimiento con los grupos de izquierda que le disputaban la conducción? El elemento, la mano que ejecuta, es López Rega.

Nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada; volverla a sus principios, a sus cauces naturales. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Un nuevo modelo económico, un cambio bastante radical. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario.
[Jorge Videla en entrevistas en Campo de Mayo]

Sentado en su celda, Jorge Rafael Videla sostiene ahora que los militares no necesitaban el golpe de Estado para luchar contra la guerrilla, y que “desde el punto de vista estrictamente militar, fue un error que le quitó legitimidad democrática a la guerra contra la subversión” y al final los colocó en el banquillo de los acusados y los depositó en la cárcel.

—Estoy pensando, junto con unos amigos, en un pronunciamiento para reconocer cuatro errores básicos.[2] El primero de esos errores fue el golpe: deberíamos haber seguido la guerra bajo el gobierno de Isabel Perón, de acuerdo con los tres decretos de Luder, que era más de lo que necesitábamos para esa guerra. El golpe le quitó legitimidad democrática a la guerra contra la subversión, aunque nos dio la posibilidad de extender esa guerra a los ambientes político, social, económico, internacional, etcétera, porque pudimos disponer también del poder político. Pero desde el punto de vista estrictamente militar no necesitábamos el golpe; fue un error.

El ex dictador machaca sobre la falta de interés de Raúl Alfonsín y los sucesivos presidentes en revisar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los cuatro gobiernos constitucionales del peronismo, entre 1973 y 1976. Alfonsín, que no controlaba el Senado, fue quien trazó esa línea divisoria ya en diciembre de 1983: sólo se investigaría a partir del golpe; comprensiblemente, los peronistas nunca quisieron revolver en lo que había pasado antes, y con astucia terminaron favoreciéndose con aquella decisión del líder radical al punto que ahora los kirchneristas se presentan como los más puros defensores de los derechos humanos.

—Además, si hubiéramos seguido así, con los decretos de Luder, hoy no estaríamos siendo juzgados y condenados. Fíjese que todos los juicios comienzan a partir del 24 de marzo de 1976; yo recuerdo que durante el juicio a las juntas, uno de los testigos, el doctor Eduardo Rabossi, que era el subsecretario de Derechos Humanos de Alfonsín, dijo que al tomarse esa fecha como punto de partida de la investigación se habían dejado afuera 903 casos de desaparecidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 24 de marzo de 1976.

Videla sostiene que el golpe fue criticado por algunos conspicuos miembros del llamado “partido militar”, un grupo informal integrado por políticos y dirigentes civiles que se refugiaban en las periódicas irrupciones políticas de las Fuerzas Armadas para contrarrestar el poderío electoral del radicalismo primero y del peronismo después. Entre ellos, el patriarca liberal Álvaro Alsogaray.

—Hubo una crítica muy fuerte de Alsogaray, que tenía mucho peso en aquellos años y se había convertido en un detractor del golpe a seis meses de las elecciones. Alsogaray decía que los militares debíamos esperar a que el desgobierno se profundizara aun más para que el peronismo fuera expulsado del gobierno por el malhumor popular.

Frente a críticas como la de Alsogaray y si, como admite Videla, el golpe no era necesario para la lucha contra la guerrilla, ¿por qué entonces los militares con él a la cabeza derrocaron al gobierno constitucional? —Pensábamos que si el golpe no se hacía en aquella época, el problema era el desborde en las Fuerzas Armadas: que nos pasaran por arriba los de abajo. Y eso era el anarquismo total, algo que no podíamos permitir. En concreto, en el Ejército el riesgo era que nos pasara por encima algún coronel nacionalista. Mal que mal, nosotros teníamos algo preparado; ideas y proyectos sobre los cuales ya veníamos trabajando. Además, se trataba de ocupar el vacío de poder existente para que no lo llenaran la subversión y el marxismo, con el objetivo final de salvar las instituciones republicanas, circunstancialmente paralizadas por el desgobierno reinante. Si en el golpe de 1955 la intención había sido corregir un exceso de poder, en el de 1976 hubo que llenar un vacío de poder. Siempre pensamos en devolver el poder a los civiles, como lo dije el 29 de mayo de 1976, en un discurso en el Colegio Militar por el Día del Ejército, algo que no debe haber caído muy bien entre los oficiales más nacionalistas. Claro que esa devolución iba a ser a su debido tiempo.

Los peronistas, en general, insisten en que no había tal vacío de poder, que esa mención recurrente era sólo una excusa del golpismo, de la cúpula del Ejército en primer lugar, y que, en todo caso, apenas se trataba de esperar unos meses hasta las elecciones, que ya habían sido adelantadas a octubre de aquel año a pedido de la oposición. Por el contrario, Videla está convencido de que el golpe “fue una intervención plenamente justificada desde el punto de vista político”.

—No era una situación aguantable: los políticos incitaban, los empresarios también; los diarios predecían el golpe. La Presidente no estaba en condiciones de gobernar, había un enjambre de intereses privados y corporativos que no la dejaban. El gobierno estaba muerto.

Cada golpe militar fue distinto; al 24 de marzo de 1976, por varias razones que incluyen la crisis del gobierno constitucional, la ineficacia de los políticos, el desafío de los grupos guerrilleros y el temor de la gente, las Fuerzas Armadas habían acumulado un tremendo poder en apenas tres años. Eso les permitió imponer soluciones autoritarias, por la fuerza, de arriba hacia abajo, no sólo en el plano de la lucha contra la guerrilla: pretendían cambiar a toda la sociedad argentina, volverla a fundar, moldearla para liberarla de las “plagas” que, según los militares, no la dejaban desarrollar todas sus potencialidades. Estaban convencidos de que podrían hacer prácticamente lo que querían sin tener que esperar el consenso de nadie.

—Nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada; volverla a sus principios, a sus cauces naturales. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica, que impregnaba a vastos sectores; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Un nuevo modelo, un cambio bastante radical; a la sociedad a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Un nuevo modelo, un cambio bastante radical; a la sociedad había que disciplinarla para que fuera más eficiente. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario.

Para eso, había que cambiar la economía. Los militares pensaban, como Marx, que en esa estructura se jugaba el partido clave.

—En el Ejército siempre hubo sentimientos nacionalistas, estatistas, rastros del peronismo. Pero el consenso al que habíamos llegado en aquel momento en los niveles de conducción del Ejército era remover todos los obstáculos para ir hacia una economía liberal. En Economía, nombramos a un civil, al igual que en Educación: Martínez de Hoz y Bruera. Pensábamos que había que poner orden en la economía, que estaba mal manejada, el país no tenía crédito. Me acuerdo que apenas asumí la comandancia en jefe del Ejército, el ministro Cafiero viaja al exterior y después de muchas reuniones consigue una miseria de crédito. Todo eso por el manejo populista, demagógico.

Ese objetivo coincidía con la opinión del sector empresarial encabezado por José Alfredo Martínez de Hoz, “Joe”, quien, junto con Ricardo Bruera, fueron los únicos civiles del primer elenco de ministros de Videla. Bruera fue propuesto para Educación por monseñor Adolfo Tortolo, arzobispo de Paraná, vicario castrense y titular del Episcopado. Martínez de Hoz se convirtió en la principal figura de aquel gabinete junto con su aliado, el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy; fueron los únicos ministros que duraron todo el mandato de Videla, cinco años.

Cuando asumió, el 29 de marzo de 1976, Martínez de Hoz ya era una figura relevante del poder económico: abogado y economista, descendía de una familia de terratenientes; había sido secretario de Agricultura y ministro de Economía entre 1962 y 1963, durante el gobierno de José María Guido; integraba el directorio de varias empresas de primera línea y dirigía la siderúrgica Acindar, mientras mantenía relaciones estrechas con personajes poderosos de Estados Unidos, como Nelson Rockefeller, vicepresidente de ese país.

Martínez de Hoz anunció su plan económico cuatro días después de jurar como ministro, en un mensaje por radio y TV. Desde el principio quedó claro quiénes serían los ganadores: el agronegocio y el sector primario en general, el capital, las inversiones extranjeras y las empresas y grupos locales que supieran o pudieran sobrevivir, adaptarse o aprovechar una drástica apertura económica, la competencia de los artículos importados y el recorte discrecional de los subsidios estatales. Rápidamente, se agregó a la lista de beneficiados el sector financiero.

Videla niega que el nombramiento de Martínez de Hoz haya sido una imposición del establishment.

—La verdad es que a Martínez de Hoz lo nombró el Ejército, es decir yo. El 24 de marzo de 1976 yo “era el Ejército”, y contaba, además, con la consideración y el respeto de las otras dos fuerzas. En ese momento había unidad, cohesión, afinidad en todo el sector castrense.

Incluso, Videla asegura que Martínez de Hoz “no fue más que el ejecutor de una política económica delineada por las Fuerzas Armadas” y que resultó elegido unos días antes del golpe al final de una suerte de “casting” del que participaron otros candidatos como Roberto Alemann, José María Dagnino Pastore y Lorenzo Sigaut.

—Ya teníamos diseñada la política económica antes del golpe y se lo invitó al doctor Martínez de Hoz. Yo lo conocía porque el general [Alcides] López Aufranc, que fue comandante del Tercer Cuerpo cuando yo era Jefe de Operaciones allí, en Córdoba, me lo había presentado. No era amigo de Martínez de Hoz, pero lo conocía y fue un nombre que siempre tuve en mente para el Ministerio de Economía. Una semana antes de la que terminó siendo la fecha del golpe, tratamos de ubicarlo y estaba en un safari en África. Le pedimos que adelantara el regreso y nos reunimos con él. Le dijimos: “Esto se está precipitando, la cosa se nos viene encima. Tenemos este trabajo teórico y nos gustaría que viera si se puede aplicar a la Argentina real. Pero no tiene mucho tiempo para darnos su opinión; debería ser este fin de semana”. Le explicamos la necesidad de tener en cuenta que el plan económico tendría como telón de fondo a la guerra contra la subversión, donde era clave ganarse el respaldo de la gente y no perderlo; por eso las medidas de ajuste no deberían ser tan duras como para alejarnos de la gente. Nos contestó que sí, y los tres comandantes terminamos eligiendo, por consenso, a Martínez de Hoz. Todos estuvieron de acuerdo; luego, con el tiempo, Massera lo criticó duramente con un poco de, podríamos decir, deslealtad, porque había estado de acuerdo en su designación.

Uno de los principales colaboradores de Martínez de Hoz fue su amigo, el economista y empresario Juan Alemann, como secretario de Hacienda. Alemann recuerda que un par de días antes del golpe Martínez de Hoz le dijo que al principio no había aceptado el ofrecimiento de Videla.

Según Alemann, “Martínez de Hoz me contó que le contestó: ‘¡Ya fui ministro de Economía!’. Eso debe haber sido una semana o dos antes del golpe. Ahí nomás, sobre la fecha del golpe. Y Videla le dijo: ‘Mire, usted es el único candidato que me aprueban, que tiene la aceptación de todos; si no, acá me ponen un general de ministro de Economía, y eso es un desastre. No quiero que el Ejército, las Fuerzas Armadas, se hagan responsables de la economía, porque no es nuestro tema’. Ahí me di cuenta de que si me estaba diciendo todo eso era porque había algo más, y lo interrumpí: ‘Mirá que yo no quiero ningún cargo’. Me contestó: ‘Yo tampoco quiero ningún cargo, pero si yo voy, mis amigos también’. Yo ya había sido su jefe de asesores durante su gestión en 1963. Pensar que un mes antes, en febrero, estaba de vacaciones en Punta del Este; todo el mundo hablaba del golpe y yo siempre compadecía al que tuviera que hacerse cargo de Economía”.

Martínez de Hoz era miembro del llamado Grupo Perriaux, que, según revela Videla, “había pensado el plan económico, que Martínez de Hoz puso luego en práctica. También integraban ese grupo Juan José Catalán, que luego fue mi ministro de Educación, Mario Cadenas Madariaga, el empresario José Estenssoro, una gran persona, Horacio García Belsunce padre. Era una decena de personas”.

El abogado Jaime Perriaux, “Jacques”, era el animador de ese grupo. Discípulo del filósofo español José Ortega y Gasset y ministro de Justicia durante la dictadura del general Alejandro Lanusse. El Grupo Perriaux solía reunirse en una casa en la calle Azcuénaga; llegaron a Videla a mediados de 1975, cuando ya se perfilaba como el futuro jefe del Ejército, a través del general Hugo Miatello, cuyo último destino en actividad había sido la titularidad de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), también con Lanusse. Videla y Miatello eran amigos desde la infancia compartida en Mercedes. “Perriaux tenía un grupo de pensadores que abarcaban todas las áreas y eran un elemento de consulta serio”, recuerda Videla.

Alemann dice que, en realidad, aquel plan económico era sólo un conjunto de enunciados generales; “más bien eran lugares comunes”, aunque claramente inspirados en la doctrina liberal: “No tuvimos tiempo para estudiar la cosa previamente. Toda la teoría de que nosotros estuvimos dos años conspirando es un cuento. Porque después que acepté la Secretaría de Hacienda, Martínez de Hoz precisó que debíamos reunir gente para el gabinete, y nos faltaba gente. Luego del discurso del 2 de abril, Martínez de Hoz nos dijo a todos: ‘Muchachos, necesitamos hechos; la gente está cansada de oír promesas’. En dos días organicé una de las reformas impositivas más amplias que se hayan hecho. Indexé todo el sistema impositivo porque, con una inflación del 50 por ciento mensual y un interés punitorio del 4 por ciento, nadie pagaba impuestos. Luego pregunté a los funcionarios de carrera qué proyectos de ley ya estaban listos, para sacar al día siguiente. Y me mostraron una cantidad de cosas; seleccioné unas cuantas e incluso se dictaron algunas leyes que Cafiero había preparado”.

Alemann asegura que él no conocía a ningún militar, “salvo a Bignone, porque era cuñado de un amigo y lo veía en algunas fiestas. Después sí, hicimos una muy buena relación con Harguindeguy, que nos fue muy útil. Me venían a ver los gobernadores, que eran militares, y me patoteaban porque querían gastar más; una vez vino Bussi con un montón de guardaespaldas, que dejaron todas las armas ahí, sobre la mesa. Entonces le dije a Harguindeguy: ‘Escúcheme, esto no va, éstos patotean, quieren plata, no va; yo no puedo, no aguanto esto’. Harguindeguy se rió y me contestó: ‘Bueno, vamos a hacer una cosa: me los manda a mí’. Ahí ya no los recibí más; Harguindeguy fue durísimo con los gobernadores. Él y Martínez de Hoz tampoco se conocían, pero después se hicieron amigos y hasta iban a cazar juntos”.

Videla revela que “la planificación en forma orgánica del golpe comienza cuando me convierto en comandante en jefe del Ejército”, el 28 de agosto de 1975.

—Sin embargo, en forma inorgánica, la planificación comenzó un poco antes, cuando asumo como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y empiezo a recibir visitas de gente que está interesada en verme. Fue decisivo el impacto de mi discurso de asunción de ese cargo, el 4 de julio de 1975. Entre esa gente estaba el grupo de Perriaux. Me enteré después de que también estaban en contacto con la Armada. En aquel momento no tenía noción de la conjuntez de la situación. En la Fuerza Aérea, el brigadier Fautario era de una reconocida militancia peronista y no participaba de esos contactos extramilitares.

Aquel discurso de Videla llamó la atención de los numerosos civiles que buscaban en los cuarteles un jefe que volviera a guiarlos al gobierno. Estaban convencidos de dos cosas: Isabelita no podía solucionar los problemas que afectaban al país y el peronismo era imbatible en las urnas. El “partido militar” volvía a ponerse en acción.

Fue un discurso corto aquel de Videla, en el que definió algunos conceptos clave, que oficiaron como un llamador para los civiles del “partido militar”:

“Mandar no es solamente ordenar. Mandar es orientar, dirigir el esfuerzo del conjunto, en procura de un objetivo superior. Mandar, en última instancia, es impulsar con el ejemplo, aun a costa de cualquier sacrificio.” “Subordinación no es sumisión. Subordinación es obediencia consciente a la voluntad del superior, en procura de un objetivo superior que está por encima de la persona del que manda y por encima de la persona del que obedece.”

“Ese objetivo superior es la defensa de la Patria. Entendemos por Patria el suelo donde nacimos; el pueblo del que formamos parte y a cuyo servicio consagramos nuestro esfuerzo; el estilo de vida nacional inspirado en la concepción del mundo, dentro del cual el hombre pueda realizarse plenamente, con dignidad y en libertad.”

“Valor es coraje, sí, pero también templanza; entrega de sí mismo; entereza moral para afirmar nuestras convicciones sin claudicar, aun al precio de la propia vida, ofrendada en una muerte heroica o en el elocuente silencio de un renunciamiento ejemplar.”

La política tiene sus paradojas, también en el Ejército. Videla había estado muy cerca de que le cortaran la cabeza, de que lo retiraran y lo mandaran a su casa. Eso ocurrió durante un drástico cambio en la cúpula del Ejército, el 13 de mayo de 1975, cuando el general Leandro Anaya fue reemplazado por el general Alberto Numa Laplane, también de Infantería. Era el momento de mayor esplendor del hombre fuerte del gobierno de Isabel Perón, José López Rega, ministro de Bienestar Social y secretario privado de la Presidenta. Laplane sostenía la tesis del “profesionalismo integrado”: el Ejército debía compartir los objetivos del gobierno peronista y ayudar a lograrlos; Anaya, por el contrario, creía en el “profesionalismo prescindente”, el Ejército era una institución que no tenía que mezclarse con el gobierno y los partidos, no debía politizarse.

Además, en aquella época el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en el cual fue nombrado Videla carecía de trascendencia.

—Anaya es relevado de su cargo junto con su cúpula, es decir con los comandantes de todos los cuerpos más el jefe de Fabricaciones Militares, el jefe de Institutos Militares, el jefe del Estado Mayor Conjunto… Volaron todos, jefe de Fabricaciones Militares, el jefe de Institutos Militares, el jefe del Estado Mayor Conjunto… Volaron todos, los pasaron a retiro. Yo quedé en una situación incierta: no me echaron, pero no me dieron destino; en situación de disponibilidad, una figura que reglamentariamente existe. Eso fue durante casi dos meses, hasta que en forma sorpresiva me llama Alberto Vignes, el entonces canciller, y me dice que la señora había pensado en darme un destino, advirtiéndome del gesto que eso significaba por parte de la Presidente. No sé por qué me llamó Vignes. El destino era el Estado Mayor Conjunto, al que entre nosotros llamábamos el Instituto del Quemado pues carecía de una función específica como sí la tiene ahora. Servía para hacer horas de vuelo, para mantenerse en actividad, pero era el Instituto del Quemado. Yo acepté y ahí estuve dos meses.

Anaya era hijo de un general compañero de promoción y amigo de Juan Perón, quien lo había nombrado jefe del Ejército el 19 de diciembre de 1973 en reemplazo del general Jorge Carcagno; al asumir la presidencia por tercera vez, dos meses antes, Perón había heredado a Carcagno, que era un aliado de la Juventud Peronista hegemonizada por Montoneros. Incluso, a fines de noviembre, Carcagno se reunió en secreto con Mario Firmenich y Roberto Perdía para acordar un pacto en caso de que Perón muriera. Anaya nombró a Videla como jefe de su Estado Mayor y a Roberto Viola como secretario general del Ejército.

—Sin connotación ideológica, constituíamos los brazos derecho e izquierdo del comandante. Yo manejaba la parte operacional y Viola la parte política. Muerto Perón, el 1° de julio de 1974, Anaya perdió su más firme sostenedor. Quedó entonces Isabel, manejada por López Rega, y toda esa gente empezó a hacerle la vida imposible a Anaya.

Videla agrega que Anaya “fue despertando algunos recelos porque no era una persona dócil para figuras como López Rega; no es que Anaya se le rebelara a López Rega, pero no le caía simpático”. —Le cuento dos episodios al respecto. En un momento dado, a fines de 1974, López Rega con el ministro de Defensa, Adolfo Savino, se hacen presentes en forma sorpresiva en el Comando en Jefe del Ejército; era un día al atardecer y Anaya estaba con Viola y conmigo. Se anuncian, Anaya los recibe, y ellos dicen que han venido para “ofrecer trabajo para que los muchachitos se sacaran el gusto”. Ésas son las palabras que utilizan. Era la época en la que morían oficiales, no por enfrentamientos sino por atentados individuales y por ataques contra unidades militares, y la cosa se estaba poniendo pesada. En los velatorios, oficiales superiores escuchaban comentarios críticos sobre por qué los muertos eran todos jóvenes, por qué nunca les tocaba a los coroneles y generales. Éstos habían pescado algo de ese desagrado y fueron a ofrecer “trabajo” para esos oficiales jóvenes; concretamente, a ofrecer que operaran con la Triple A. Era un ofrecimiento en términos generales, pero perfectamente entendible para todos. Anaya nos miró y de entrada fue terminante en la negativa. Esto no les cayó bien a López Rega y a Savino. El que hablaba era López Rega, se la pasaba hablando, era un charlatán; pero Savino avalaba el ofrecimiento con su presencia y con su cargo. Otro elemento de la mala relación con Anaya me tuvo a mí como protagonista. En abril de 1975, un oficial de Granaderos está realizado una diligencia y va manejando el jeep por la avenida Figueroa Alcorta; tiene un desperfecto mecánico y pregunta a un policía dónde hay un teléfono para avisar a Granaderos; se le indica un puesto policial donde se encuentra con un comisario que, muy entusiasmado, le informa que allí se imprime la revista de la Triple A, entre otras actividades vinculadas a esa organización. El teniente da la novedad y el jefe de Granaderos, el coronel Jorge Sosa Molina, informa al jefe de Operaciones del Estado Mayor, el general Ramón Díaz Bessone, quien me pone en conocimiento. Informo a Anaya, y me pide un informe por escrito. Cuando se lo entrego, Anaya decide que es mejor no perder tiempo y, como él debía viajar al exterior, me dice: “Vaya usted por orden mía y entregue el informe que preparó al ministro de Defensa. Nadie mejor que usted, que lo hizo, para explicárselo”. Yo cumplo la orden y hago de estafeta a Savino. El informe durmió el sueño de los justos: nunca nadie habló de ese informe. Videla niega que la Alianza Anticomunista Argentina haya tenido algún tipo de relación con el Ejército y las Fuerzas Armadas, y atribuye al propio Perón la creación de este grupo paraestatal, que debutó el 21 de noviembre de 1973 con un atentado contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen que lo hirió en las piernas.

—¿Qué fue la Triple A sino la intervención directa, personal, de Perón en el conflicto dentro de su Movimiento con los grupos de izquierda que le disputaban el liderazgo, la conducción? Usted sabe bien lo que significó para Perón la muerte de José Ignacio Rucci (el secretario general de la CGT, el 25 de septiembre de 1973) en base a la conocida expresión de Perón: “Me cortaron las piernas”, que, por cierto, no fue dicha por primera vez por Maradona. Luego del asesinato de Rucci hubo una reunión secreta en Olivos, promovida por Perón, con las cabezas del peronismo donde Perón mostró su enojo contra el ala izquierda de su Movimiento. Allí se decidió que la cúpula del peronismo tomara la iniciativa, según una directiva, avalada por Perón, del Consejo Superior del Peronismo, que deriva en una guerra clandestina contra el ala izquierda; en eso juega Perón personalmente. El elemento, la mano que ejecuta, es López Rega, que, por otro lado, era un exagerado, que cometió excesos a más no poder. Luego de la muerte de Perón, la Triple A y el propio López Rega fueron inmanejables. Al final, López Rega termina alejado del país por presión nuestra: nos molestaba porque la gente no sabía si las acciones de la Triple A eran de López Rega o eran “chistes” de nosotros.

Los peronistas juran, en su gran mayoría, que Perón no tuvo nada que ver con la creación de la Triple A y enfatizan que los asesinatos de esta banda comenzaron luego de la muerte del General, el 31 de julio de 1974, con la emboscada contra el diputado Rodolfo Ortega Peña; algunos peronistas descargan la responsabilidad en López Rega, pero otros destacan la presunta relación de ese grupo con las Fuerzas Armadas.

Incluso, el ex senador radical Solari Yrigoyen sostiene que “es simplificar mucho y hasta ser injusto decir que la Triple A era López Rega. López Rega estaba y estaban sus amigos, ellos pusieron la cara, pero detrás se encontraban los militares y los servicios de informaciones; tanto es así que después se fue López Rega y la Triple A siguió, y después se fue Isabelita y los militares empezaron a hacer las mismas cosas”.

Como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Videla tenía mucho tiempo libre y decidió ocuparlo en recibir a todos esos civiles que querían conocerlo y llevarle sus ideas.

—Primero, hablé con el ministro de Defensa, que era [Jorge] Garrido, para indicarle que prácticamente no tenía nada que hacer en ese cargo y que había gente que deseaba hablar conmigo; le aseguraba lealtad en esos diálogos, pero me parecía que no podíamos perder esa oportunidad de dialogar con distintos sectores. Había, para decirlo en términos que utilizábamos en ese momento, un ambiente de “fragote” generalizado. Con un grupo de amigos comenzamos a pensar en una suerte de plan de gobierno. Definimos algunas ideas básicas para que, llegada la hora, no tuviésemos que improvisar. No por ganas de hacerlo sino para prever lo previsible: que frente a un vacío de poder, tal como se estaba produciendo, las Fuerzas Armadas debieran intervenir, y en ese caso más valía prepararnos para esa eventualidad. Tonto hubiera sido no hacerlo. Aclaro que se comenzó a trabajar en ese esbozo de plan antes de la decisión de dar el paso al que la sociedad nos instaba; cruzar el Rubicón, como quien dice.

Mientras Videla se reunía con civiles, muchos de ellos futuros colaboradores en la dictadura, Laplane se quedaba sin su respaldo principal: López Rega fue obligado a renunciar el 11 de julio de aquel año vertiginoso, debido a la reacción sindical provocada por un drástico programa de ajuste económico, el “Rodrigazo”, en alusión al ministro de Economía Celestino Rodrigo, que derivó en la primera huelga general contra un gobierno peronista. Ayudaron también los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que ya le habían sugerido a la Presidenta que se desprendiera del hombre fuerte de su gobierno. La caída de López Rega fue seguida por un nuevo cambio de gabinete, el séptimo en trece meses de gobierno, incluyendo la designación de un oficial superior en actividad, el coronel Vicente Damasco, como ministro del Interior. La mayoría de los generales y coroneles rechazó ese nombramiento con el argumento de que, como Damasco no estaba retirado, comprometía al Ejército con el gobierno. La crisis duró diez días y terminó con el pase a retiro de Damasco y el reemplazo de Laplane por Videla. Laplane había durado apenas ciento seis días al frente del Ejército y su caída fue un duro golpe para Isabelita.

Videla sostiene que el planteo sobre el caso Damasco comenzó como una especie de Fuenteovejuna, sin liderazgos.

—Los generales éramos casi todos de la misma promoción, la 73; todos generales de brigada, porque los generales de división se fueron junto con Anaya. Damasco había sido una persona de confianza de Perón y estaba convencido de ser su heredero político. El nombramiento cayó mal en los cuadros en actividad y eso le fue planteado a Laplane por los generales en una reunión específica. Éramos coincidentes en la necesidad de que Damasco se alejara de ese cargo, político por excelencia, y le dejamos en claro a Laplane que también estaba en juego su propio cargo; no fue una amenaza, pero… No había en ese momento un líder definido, sino que todos pensábamos eso y se lo dijimos a Laplane. Pero el general Laplane no hizo caso. Entonces, bajo cuerda, los generales de brigada, que éramos la cúpula porque incluíamos a todos los comandantes de cuerpo, nos complotamos para hacerle un planteo definitivo, para pedirle su renuncia. Las deliberaciones en el Ejército tomaron estado público y Laplane terminó renunciando por esa situación de conflicto interno.

Luego de la caída en desgracia de López Rega, Julio González se convirtió en figura clave del “entorno” de Isabelita desde su doble cargo de secretario técnico de la Presidencia y secretario privado de la Presidenta. En su libro Isabel Perón. Intimidades de un gobierno, González recuerda que el 26 de agosto de 1975, cuando trascendió la rebelión de los generales, Laplane le prometió a Isabel que reprimiría a los sediciosos. Fue durante un encuentro en la residencia de Olivos en el que también participaron los ministros, Lorenzo Miguel, secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas, y Casildo Herreras, titular de la CGT.

González cuenta que Laplane “antes de combatir, pidió festejar el triunfo. Mientras en la biblioteca yo mecanografiaba el comunicado de apoyo gremial, un ruido estrepitoso señaló el comienzo de las hostilidades: un corcho de champagne que retumbó como un disparo y un choque de varias copas de cristal fueron los indicios del brindis preliminar del teniente general Laplane con la Presidente, los ministros y los dirigentes gremiales. ‘Con su apoyo, señora, y con el apoyo de los sindicatos, cuento con todo lo que necesito.’ Y tras beber su champagne, el comandante general del Ejército partió a iniciar la lucha que pondría fin a la conflagración iniciada”.

A las ocho de la mañana del día siguiente, González recibió el llamado de Garrido, el ministro de Defensa, para informarle que Laplane había fracasado en su tentativa de reprimir a los rebeldes y que le había presentado la renuncia y la solicitud de su pase a retiro.

El 27 de agosto por la tarde la Presidenta ordenó a Garrido que le ofreciera el cargo al general Alberto Samuel Cáceres, jefe del Primer Cuerpo, correntino, nacionalista y aliado de Lorenzo Miguel. Luego, Isabelita, acompañada por su médico, subió a sus habitaciones del primer piso y dejó a los ministros en la planta baja. Al anochecer volvió Garrido junto con Cáceres, que se reunió con los ministros y con los jefes sindicales.

González sostiene que Cáceres comentó que eran pocos los jefes militares leales al gobierno, y que por ese motivo la represión no sería fácil: “Pero Cáceres aclaró que si la Presidente lo nombraba comandante y le ordenaba la represión, iniciaría su cometido sin más trámite. Fue entonces cuando Garrido terció diciendo que preliminarmente era necesario que él, como ministro de Defensa, se reuniese con los sublevados para que ellos decidieran si aceptaban o no a Cáceres como comandante general del Ejército. Fue entonces que declinó rotundamente el ofrecimiento. ‘Yo no podría exponer al país y al Ejército a un enfrentamiento para respaldar a un elenco incapaz de tomar una posición elemental frente a una situación tan difícil’, dijo”.

En una entrevista con los periodistas María Seoane y Vicente Muleiro para el libro El dictador, Cáceres explicó:

“Si la primera razón para no aceptar fue que con mi promoción [a comandante en jefe] pasaba a retiro toda la cúpula del Ejército, la segunda fue que el gobierno estaba tan débil que si yo hubiera necesitado reprimir violentamente el del Ejército, la segunda fue que el gobierno estaba tan débil que si yo hubiera necesitado reprimir violentamente el movimiento, me habría desautorizado. Y yo terminaría yéndome por la puerta trasera”.

Los “rebeldes” no aceptaban a Cáceres porque su nombramiento implicaba el pase a retiro de media docena de generales. Pero la razón más importante era que, según Videla, Cáceres “no representaba el sentir del Ejército”, ya que también era partidario del “profesionalismo integrado”, como Laplane. Además, era nacionalista en una etapa donde la cúpula se iba tiñiendo de liberalismo.

Con Cáceres fuera de juego y sin otro candidato nacionalista o peronista, el gobierno, respaldado por los gremios encabezados por Lorenzo Miguel, quedó a merced de los generales complotados en la guarnición de Campo de Mayo. El primero en la lista de sucesión era Carlos Delía, general de Caballería y jefe del Tercer Cuerpo. Pero no era el candidato de los “rebeldes”, como le aclaró por si hiciera falta el general Roberto Viola, jefe del Segundo Cuerpo, con asiento en Rosario, el 28 de agosto por la mañana en la Escuela de Comunicaciones: “Discúlpeme mi general, pero usted no entra en este proyecto”.

A esa altura, era claro que Viola había asumido el papel de organizador de la maniobra que colocaría a su amigo Videla al frente del Ejército. Videla y Viola se conocían mucho y formaban una yunta bien afianzada, que se complementaba y compartía intereses más allá del plano estrictamente militar.

Según Videla, se llevaban tan bien porque mientras a Viola “le gustaba la política, era un ‘trenzador’, yo tenía otro perfil, el de un profesional interesado sólo en el Ejército”.

—Éramos compañeros de promoción, lo cual es importante en las Fuerzas Armadas, pero más importante aún era que habíamos compartido destino, ya como mayores, en el Estado Mayor del Ejército. Desde ese entonces, nos veíamos con frecuencia y estuvimos enredados en los problemas políticos de la época, tales como Azules versus Colorados. Los dos éramos “colorados” (los más antiperonistas). Le gustaba la política y tenía esa habilidad; era “trenzador”, como decíamos en aquellos años; manejaba los hilos, tejía. A algunos oficiales superiores, como a Menéndez, Viola no les caía bien justamente por ese motivo; se opusieron a que me sucediera como comandante general del Ejército y luego como Presidente.

Ambos eran de Infantería, el arma que con la vuelta del peronismo al gobierno, había recuperado el control del Ejército frente a la Caballería, y no estaba dispuesta a cederlo.

Videla agrega que el gobierno estaba muy confundido y envió como mediador al subsecretario de Defensa, Carlos Caro, un general retirado que había sido instructor de casi todos los “rebeldes” cuando eran cadetes en el Colegio Militar. Caro volvió a la residencia de Olivos con un mensaje ingrato: Isabel debía optar entre sólo dos candidatos, Delía o Videla, que eran los dos generales más antiguos.

—Isabel estaba más perdida que turco en la neblina. El general Caro se reúne con nosotros y transmite a Olivos la posición del Ejército: no cedíamos más que dos nombres, el primero y el segundo de la cúpula, los dos generales más antiguos, para evitar otra purga que debilitara aun más al Ejército. Delía era de una promoción más antigua que la nuestra pero no había ascendido, y yo estaba a la cabeza de mi promoción porque dos de mis compañeros sí habían ascendido el año anterior. Trasciende que el general Delía da un paso al costado. No sé por qué lo hizo. Él era comandante del Tercer Cuerpo y acababa de cumplir funciones en Estados Unidos: no había estado en el planteo y el desarrollo de la guerra antisubversiva; le era un poco ajeno ese tema, y, por otro lado, tal vez no quiso enfrentar toda una muralla, que era nuestra promoción. Luego, en el Proceso, Delía sería nombrado embajador en Bélgica. La guerra contra la subversión era el tema del momento: no se había oficializado aún como tal, pero el Ejército ya estaba actuando en un territorio limitado, en Tucumán, por un decreto de la presidente Isabel Perón, y ese decreto con sus argumentos había tenido un autor material: el Estado Mayor del Ejército.

Además, Delía no era del gusto de la Presidenta, que lo consideraba “tremendamente gorila”, confía su secretario González. Tampoco lo quería a Videla, pero, ya sin candidatos propios, no tuvo otra salida que nombrarlo. De esta González. Tampoco lo quería a Videla, pero, ya sin candidatos propios, no tuvo otra salida que nombrarlo. De esta manera, Videla alcanzó el destino que tanto buscaba.

—No pensaba ni me interesaba ser Presidente. Para mí, la satisfacción más grande era la llegada a la comandancia en jefe del Ejército; lamentaba hacerlo en una situación de conflicto porque me habría gustado que fuera por decisión unánime de la fuerza. Pero me sentía una expresión genuina de la situación anímica del Ejército, que veía en mí a la persona adecuada para ocupar el cargo en aquellas circunstancias. Ni soñaba con la presidencia, pero es el hombre y sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset.

El nombramiento de Videla fue una clara derrota para el gobierno de la viuda de Perón y sus respaldos en el gremialismo y el peronismo.

—El poder de Isabel Perón quedó lesionado, pues prácticamente se le había impuesto un comandante en jefe. Nuestra lesión era una de las muchas que estaba recibiendo. Pero seamos sinceros: ya para esa fecha habíamos definido con un grupo de amigos algunas ideas básicas, por si debíamos hacernos cargo del gobierno. Cuando dejo el Estado Mayor Conjunto y asumo la comandancia general del Ejército, cambio de esquema y oficializo esas reuniones, porque ya no serían con el general Videla sino con el comandante general del Ejército; por ende, esos encuentros fueron canalizados a través de la Secretaría General del Ejército. Marina también hace lo mismo. El objetivo era nutrirse de ideas por lo que podría llegar a ocurrir; estar informados de la situación y prever medidas de urgencia en caso de que ocurriera lo que veíamos que podría ocurrir.

En un cable secreto a su gobierno, el embajador estadounidense, Robert Hill, interpretó que el nombramiento de Videla reflejaba que “no es la señora de Perón quien manda. Las Fuerzas Armadas han impuesto sus demandas contra el deseo expreso de ella. El resultado de la reciente crisis militar indica claramente que el poder político real ya no reside en la Presidenta. A este punto, si ella permanece o no como Presidente es una cuestión casi de interés académico. Hay un vacío de poder en el centro y no es ella quien lo llenará”. Hill agregó que “una solución civil/constitucional no puede ser descartada”, pero le asignaba una probabilidad de éxito de no más del 40/60 por ciento.

Videla considera que “ciertamente avergonzaba” que Isabel fuera la Presidenta y que era poco menos que una marioneta de López Rega, aunque la recuerda como una fervorosa antimarxista y una persona agradable, que “no generaba ningún rechazo”.

—Yo creo que ella no obraba por sí misma, sino en virtud de su entorno, en el que pisaba fuerte López Rega. Éste la conducía, la impulsaba, la gobernaba. Sin embargo, en un almuerzo en el cual también participaron Anaya, López Rega y los generales con destino en Buenos Aires y Campo de Mayo, doña Isabel sacó el tema de la lucha contra la subversión y formuló un ardiente alegato antimarxista, con una vehemencia tal que nos conquistó momentáneamente. De todos modos, parecía hasta ridículo y ciertamente avergonzaba que esta señora fuera Presidente de la Nación. Sin embargo, la conversación con ella resultaba fácil: no era intemperante ni histérica, como algunas veces se la presenta. Sabía escuchar. Hablaba poco. Por lo general decía: “Déjemelo, voy a resolver después”. Probablemente, quien resolvía era López Rega. Pero evitaba la polémica. Escuchaba. No generaba ningún rechazo. No era antipática. Tenía buenos modales y no carecía de cierto barniz cultural que le permitía defenderse bien en una conversación.

Isabel no pudo hacer otra cosa que nombrar a Videla, pero sentía una profunda desconfianza por ese general de rostro indescifrable, parco, que se había negado a representar al Ejército y a la Infantería en el vuelo que trajo de regreso a su esposo, el 20 de junio de 1973, luego de casi dieciocho años de exilio. Videla llegó incluso a amenazar con pedir el retiro si sus superiores lo obligaban a subirse a aquel avión.

La Presidenta lo recibió días después en una visita protocolar. González cuenta que “se reunieron a solas durante aproximadamente media hora. Videla era una personalidad difícil de describir, pero un camarada suyo dio una versión bastante aproximada: ‘Es un hijo de puta con cara de ángel’. Mejor expresión valorativa y de individualización no he encontrado. Todo en él destilaba cinismo. Guardaba un silencio despectivo hacia sus interlocutores. Era realmente un ser aséptico, insensible, indiferente en apariencia, calculadoramente especulativo”.

Cuando Videla se retiró, Isabelita seguía enojada por la designación que le habían arrancado. “Dijo que respetará el orden constitucional. Veremos si es así”, le mencionó secamente a su secretario.

CAPÍTULO 8
LA CONSPIRACIÓN

Deheza: —Hablé con la señora. Insiste en que ustedes le den su apoyo.
Videla: —La señora es Presidente por voluntad popular. Si todavía tiene el poder, que lo ejerza. Si no, que renuncie.
[El martes 23 de marzo de 1976 a las 21 aproximadamente, durante una reunión entre el ministro de Defensa y los tres comandantes]

La planificación del golpe en forma orgánica comenzó cuando yo asumo la comandancia en jefe del Ejército, pero la decisión sobre el golpe toma un impulso decisivo cuando Luder nos hace saber que él no aceptaba reemplazar a la Presidente. Cuando Luder viene con su negativa, pensamos con Massera: “Acá se acaba la línea legal; esto está perdido”.
[Jorge Videla en entrevista en la cárcel de Campo de Mayo]

Una diferencia entre el último golpe de Estado y los anteriores fue que en 1976 los militares tuvieron mucho tiempo para preparar su retorno al poder, impulsados por diversos grupos y a la vista de todos. Una muestra del alcance de la crisis política e institucional. Fueron nueve meses si partimos de las primeras conversaciones que Videla dice haber tenido con civiles que esperaban conocer al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y que también tenían relación con el almirante Emilio Massera; siete meses si contamos desde que esos contactos se formalizaron, cuando Videla asumió como comandante en jefe del Ejército, o poco más de cinco meses si se considera el momento en que el golpe adquirió el impulso decisivo, a mediados de octubre de 1975.

Claro que algunos militares, debido a su antiperonismo visceral, a su “gorilismo”, deben haber conspirado desde el mismo momento en que se conoció el resultado de las elecciones del 11 de marzo de 1973, o cuando el peronismo volvió a la Casa Rosada, el 25 de mayo de aquel año de utopías; más probable aún, desde la muerte del general Juan Perón, el 1º de julio de 1974, cuando fue sucedido por la vicepresidenta, su esposa Isabel Perón, que nunca pudo seducir a la “familia militar” y a los sectores políticos e ideológicos afines.

El Ejército no estaba solo en la conspiración, y hasta es probable que la idea del golpe haya germinado primero en la cabeza de Massera, que tenía un claro proyecto presidencial desde hacía tiempo, más allá de la plataforma de poder más bien escueta que podía ofrecerle la Armada.

Pero el dato clave es cuándo se formó el consenso entre los oficiales superiores del Ejército, por lejos la fuerza decisiva entre los militares, sobre la inevitabilidad del nuevo golpe de Estado. En todo caso, entre enero y febrero de 1976 la suerte del gobierno parecía echada no sólo para los militares, quienes ya confeccionaban las listas de personas que serían detenidas.

Videla asegura que cuarenta y cinco días antes del golpe, en la primera semana de aquel febrero, Ricardo Balbín, líder de la Unión Cívica Radical, el principal partido de la oposición, lo invitó a una reunión a solas “en un lugar neutral, que terminó siendo la casa de un pariente del general Carlos Dalla Tea, que era el secretario general del Ejército”. Allí Balbín le expresó “su preocupación por la situación caótica que vivía el país y el riesgo de que eso desembocara en la anarquía”; siempre según Videla, se produjo el siguiente diálogo.

Balbín: —Frente a esta situación, ¿van a dar el golpe sí o no? Yo sabré comprender su silencio, general.

Videla: —En general, comparto su apreciación sobre la situación que vive la República. Si por dar el golpe debe entenderse fecha y hora de su concreción, nombre del Presidente, integración de su gabinete y plan de gobierno, en este momento no hay golpe. No obstante, conscientes de la situación que vive el país y a los efectos de no ser sorprendidos por los acontecimientos, hemos tomado contacto con dirigentes del quehacer nacional, buscando sus opiniones; tenemos comprometida la participación de algunos de ellos en un nuevo gobierno, y hemos logrado esbozar y compatibilizar algunas ideas básicas para hacer frente a la coyuntura…

Balbín: —Si esto es así, háganlo cuanto antes. Evítenle a la República una larga agonía. No pretendan el aplauso de un viejo dirigente político frente a la interrupción del orden constitucional, pero estén seguros de que tampoco sembraré piedras en el camino, porque entiendo que, si hacen lo que presumo, estarán actuando conforme a las exigencias que les impone un estado de necesidad.

Videla reveló este supuesto diálogo el 21 de diciembre de 2010, en su alegato antes de ser condenado a prisión perpetua en Córdoba por la muerte de treinta personas detenidas en una cárcel, entre abril y octubre de 1976. De inmediato, conspicuos dirigentes de la UCR, como el diputado Ricardo Alfonsín y el senador Ernesto Sanz, salieron a defender a Balbín, fallecido el 8 de septiembre de 1981: afirmaron que Videla mentía y destacaron el respaldo del líder radical al gobierno constitucional de Isabel Perón y su tarea en favor de los derechos humanos durante la dictadura.

A esa altura de la historia, cuando se habría realizado el encuentro entre Videla y Balbín, el oficialismo había ensayado diversas salidas para impedir que la evidente crisis política se convirtiera en una crisis institucional, es decir, para que los problemas del gobierno de Isabel Perón no derivaran en un golpe de Estado y en un cambio de régimen, con el pasaje de una democracia a una dictadura. Ninguna de esas alternativas había sido exitosa.

En Operación Primicia sostuve la hipótesis de que el ataque de Montoneros al cuartel en Formosa, el 5 de octubre de 1975, resultó el detonante del golpe de Estado, al provocar una serie de reacciones en cadena no sólo en la cúpula militar sino también en el peronismo, el sindicalismo y el radicalismo.

Eso no quiere decir que fuera la única causa del golpe: los fenómenos políticos de cierta envergadura son siempre multicausales. Tampoco que haya sido la principal causa, sino que detonó un complejo mecanismo que venía siendo activado desde hacía algunos meses.

Un sector importante del peronismo, al que podríamos llamar moderado o de centro, propiciaba una salida que satisfacía a las Fuerzas Armadas, cada vez más poderosas y autónomas: el reemplazo de Isabelita por el presidente interino, Ítalo Luder, quien, como nuevo titular del Senado, era el segundo en la línea de sucesión.

Las alternativas eran tres: que la viuda de Perón extendiera su licencia médica, renunciara o fuera desplazada a través de un juicio político a causa de presuntas irregularidades, como la firma de un cheque de un fondo asistencial —la Cruzada de Solidaridad Justicialista— para pagar una deuda privada de su esposo con las hermanas de Evita.

El ministro del Interior, Ángel Robledo, presentó la idea a los tres comandantes: Videla, Massera y Héctor Luis Fautario, en una reunión reservada en su casa entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 1975. Los militares le tenían confianza a Robledo desde su época de ministro de Defensa, donde dejó una imagen de político inteligente y dúctil. Videla sostiene que recibieron la propuesta con entusiasmo.

—Esa idea era una cosa que cayó como llovida del cielo; nosotros le dijimos que sí siempre que la señora fuera sacada del gobierno por una causa contemplada en la Constitución y las leyes, como una enfermedad, por ejemplo. El problema se les presentó cuando, luego del ataque montonero en Formosa, el martes 7 de octubre Robledo viajó a Ascochinga bien temprano para reunirse con Isabelita y la encontró decidida a retornar a Buenos Aires, reasumir el gobierno y encabezar el acto central por el Día de la Lealtad, el 17 de octubre, en la Plaza de Mayo.

Apenas volvió de Córdoba, lo primero que hizo Robledo fue avisar por teléfono a cada uno de los jefes militares sobre la decisión de la Presidenta. Los tres comandantes se mostraron molestos por la novedad y Robledo los invitó a un encuentro con Luder en el departamento del presidente interino, en la calle Posadas, en el barrio de la Recoleta, el viernes 10 de octubre por la noche.

Hubo seis comensales en la casa de Luder: Videla, Massera y Fautario, por un lado, y el dueño de casa, Robledo y el ministro de Defensa, Tomás Vottero, los tres santafesinos que formaban el núcleo duro del gobierno, por el otro. Y son dos las versiones de ese encuentro. Por un lado, Fautario recuerda, según uno de sus allegados, que Robledo les preguntó: “Señores, ¿cómo seguimos?”, apenas los comandantes se sentaron a la mesa donde los esperaba una picada de quesos y embutidos. Antes de que los visitantes contestaran, Robledo enumeró una serie de problemas, entre ellos la violencia política, la inflación y la fuga de capitales. Y dirigió a los tres comandantes la pregunta del millón: “Si seguimos así, vamos a tener algún problema serio en cualquier momento. ¿Ustedes han pensado en tomar alguna actitud?”. Era lo que todo el mundo quería saber en aquel momento: si las cúpulas militares pensaban desplazar a Isabel luego de que trascendiera que ella quería reasumir la presidencia.

“Luder, si usted quiere hacerse cargo y se busca un mecanismo legal, nosotros no nos vamos a oponer y el país va a salir adelante”, lanzó Massera. “Yo no me puedo hacer cargo porque me van a tildar de traidor y yo no voy a ser el traidor de la señora de Perón”, contestó Luder.

La segunda versión de esa picada es la de Videla, quien cuenta que Robledo les habló “acerca del ‘cansancio de la Presidente’ y la posibilidad de que mediante la utilización de la vía legal, sea Luder quien asuma el gobierno. Luder pide: ‘Déjenmelo pensar’. A los pocos días, y vía Robledo, Luder da su respuesta: ‘No le puedo ser desleal a la señora’”.

Videla admite que esa negativa fue crucial en su decisión, y la de Massera, de dar el golpe de Estado.

—La planificación del golpe en forma orgánica comenzó cuando yo asumo la comandancia en jefe del Ejército (el 28 de agosto de 1975), pero la decisión sobre el golpe toma un impulso decisivo cuando Luder nos hace saber que él no aceptaba reemplazar a la Presidente. Cuando Luder viene con su negativa, pensamos con Massera: “Acá se acaba la línea legal; esto está perdido”. [El brigadier Orlando] Agosti no participaba en esta apreciación porque todavía no estaba al mando de la Fuerza Aérea; luego, sí participa.

En aquel momento, Videla y Massera actuaban como si fueran una sola persona; en cambio, Fautario estaba en contra del golpe. Los tres se conocían bien porque eran compañeros de promoción. Videla y Massera intentaron convencerlo por última vez el viernes 17 de octubre al mediodía, durante un almuerzo por los canales del Delta, a bordo del lujoso yate Itatí, de la Armada. A treinta kilómetros, la Plaza de Mayo se iba llenando de peronistas dispuestos a escuchar el primer discurso de Isabelita luego de una licencia por enfermedad que había durado treinta y tres días; algunos grupos cantaban la consignan de la hora: “Si la tocan a Isabel, va a haber guerra sin cuartel”. Fautario, un entrerriano de 51 años, manejaba con mano de hierro la Fuerza Aérea desde 1970 y era el único comandante que, “sin ser peronista sino un profesional a las órdenes de la Constitución”, como le gustaba definirse, había sobrevivido a las gestiones de Héctor Cámpora, Raúl Lastiri, Juan Perón e Isabelita. Pero ya se notaban algunas fisuras en la cúpula de la Aeronáutica.

Fautario recuerda que Massera y Videla le reiteraron los argumentos utilizados cuatro días antes, durante una reunión para analizar los ascensos de fin de año.

Massera: —Ya viste lo que pasa: los políticos no quieren hacerse cargo de la situación. Los tres nos reunimos con Luder y con Robledo; cada uno de nosotros habló con Balbín y con otros políticos. ¡El país se va a la mierda y ellos se hacen los boludos!

Fautario: —Me parece que ustedes se están apresurando. El año próximo hay elecciones y se termina el mito de que el peronismo no puede ser derrotado en las urnas. Dejemos que las cosas se solucionen como tienen que solucionarse. Nosotros no estamos preparados para gobernar.

Sostiene Fautario que Massera incluso le reveló la fecha del golpe: el 24 de marzo de 1976, dado que el Ejército y la Armada necesitaban algunas semanas para adiestrar a los conscriptos de la clase 1955, que se incorporaban a principios de 1976, pero que, al mismo tiempo, no podían demorar mucho porque debían anticiparse al inicio de la campaña electoral.

Fautario está convencido de que “el detonante del golpe fue el ataque de Montoneros en Formosa: murieron diez conscriptos, estúpidamente, y eso impactó mucho. A partir de ahí el golpe fue imparable; los políticos, en primer lugar, no lo pararon. Para el Ejército, el problema mayor pasó a ser que la subversión había salido de Tucumán”.

Videla y Massera ya recelaban de Fautario: consideraban que mantenía una actitud prescindente en la lucha contra la guerrilla en Tucumán. Esas diferencias se saldaron a fines de 1975, cuando Fautario fue reemplazado por el brigadier Agosti luego de una rebelión dentro de la Fuerza Aérea, que comenzó el 18 de diciembre con la toma del aeroparque Jorge Newbery y duró cuatro días, encabezada por el brigadier Orlando Capellini. En un momento de la crisis, Fautario fue a la residencia de Olivos e intentó ver a la Presidenta, quien no lo recibió. Le envió entonces un mensaje a través del edecán de la Aeronáutica: “Cuídese, señora, porque a usted la van a echar en marzo”.

Videla revela ahora que con Massera apoyaron “por la pasiva” la rebelión contra Fautario y atribuye la falta de apoyo al golpe por parte del brigadier entrerriano a su “marcado peronismo”.

—La Fuerza Aérea no participaba en las conversaciones sobre el golpe por el marcado peronismo de su comandante, el brigadier Fautario. Se lo miraba con desconfianza. Cuando se produce el alzamiento de Capellini, nosotros lo apoyamos por la pasiva, demorando la represión. Era lógico reprimir ese levantamiento, pero, por un lado, era otra fuerza y no quedaba nada simpático que saliésemos a tirar contra ellos; por el otro, sabíamos que Capellini había tomado esa actitud porque iba a ser pasado a retiro por Fautario y nosotros, con Massera, simpatizábamos más con Capellini que con Fautario. Al brigadier Agosti, sucesor de Fautario, lo considerábamos más confiable que éste desde todo punto de vista. Era mercedino, como yo, y junto con Massera estuvo destinado en la Junta Interamericana de Defensa durante dos años, y trabaron una buena relación. Además, Agosti permaneció preso cuatro años como consecuencia de la Revolución de 1951 [contra el presidente Perón].

Tres meses después, Agosti sería el tercer hombre de la Junta Militar que tomaría el poder.

En realidad, en aquellos meses vertiginosos el golpe formaba parte de las conversaciones cotidianas de todos los argentinos.

Los grupos guerrilleros habían sido ganados por una mezcla de vanguardismo, mesianismo y militarismo que hacía que muchos combatientes y simpatizantes vieran al golpe que se venía con entusiasmo militante: pensaban que la caída del gobierno de Isabel Perón aceleraría la victoria final, la revolución socialista y la liberación nacional.

Los montoneros habían vuelto a la clandestinidad hacía más de un año, el 6 de septiembre de 1974, cuando su “objetivo político principal” pasó a ser “el deterioro del gobierno de Isabel Martínez a fin de impedir que el imperialismo pueda estabilizar su política bajo una cobertura peronista, con la secuela de confusión y desorganización de masas que eso hubiera acarreado”. Así lo explicaban en el Curso de Formación de Cuadros del Partido Montonero “Comandante Julio Roqué”, de 1977.

El líder de Montoneros, Mario “Pepe” Firmenich, sostenía desde fines de 1973 que el golpe militar era inevitable y que, si bien la guerrilla peronista no tendría la fuerza suficiente para impedirlo, podría emprender sí una resistencia gloriosa contra la dictadura que derivaría luego en una contraofensiva victoriosa. Una dialéctica formada por el golpe “gorila”, la resistencia guerrillera y la contraofensiva montonera.

Un año después del golpe, en 1977, Firmenich se encontró por casualidad con el escritor y periodista Gabriel García Márquez en un vuelo, “a diez mil metros de altura y en mitad del océano Atlántico”. Firmenich tenía 28 años y a García Márquez le impresionó como “un gato enorme”, con “una gran lucidez política” aunque “fundamentalmente un guerrero”. García Márquez aprovechó para hacerle una entrevista en la que Firmenich le dijo: “Desde octubre de 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, nosotros sabíamos que se gestaba un golpe militar para marzo del año siguiente. No tratamos de impedirlo porque al fin y al cabo formaba parte de la lucha interna del movimiento peronista. Pero hicimos nuestros cálculos de guerra y nos preparamos para sufrir mil quinientas bajas en el primer año. Si no eran mayores, estaríamos seguros de haber ganado. Pues bien: no han sido mayores. En cambio, la dictadura está agotada, sin salida, y nosotros tenemos un gran prestigio entre las masas y somos una opción segura para el futuro inmediato. Este año marcará el fin de la campaña ofensiva de la dictadura, y se desarrollarán las condiciones para la contraofensiva final”.

También los jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo tenían información precisa sobre cuándo sería el golpe de Estado. La lucha en Tucumán no andaba bien y habían sufrido una dura derrota en el ataque a una instalación militar en Monte Chingolo, el 23 de diciembre de 1975, pero confiaban en la fuerza militar que aún tenían, tanto que pensaban que el golpe permitiría el “comienzo de un proceso de guerra civil abierta que significa un salto cualitativo en el desarrollo de nuestra lucha revolucionaria”, como escribió el líder del ERP, Mario Roberto Santucho, la misma mañana del 24 de marzo de 1976. En su autobiografía, Enrique Gorriarán Merlo, otro de los jefes del ERP, aseguró: “Habíamos obtenido la información de que el golpe estaba en plena preparación a través de Cacho Perrota, dueño de El Cronista Comercial y miembro del aparato de inteligencia del ERP. El 24 de marzo se produjo el golpe militar; hicimos una evaluación y llegamos a la conclusión de que el advenimiento de una dictadura militar iba a conllevar una exacerbación de la resistencia contra esa dictadura”.

Otro de los elementos que agravaba la crisis política era la división en el peronismo y el sindicalismo sobre cómo solucionarla. En un rincón se agrupaba el “entorno” de Isabel; Lorenzo Miguel y la mayoría de los sindicalistas de primera línea, y los políticos “verticalistas”: sostenían que el único camino era “respetar la voluntad de Perón y del pueblo” y defendían la continuidad de la Presidenta. El gobernador de La Rioja, Carlos Menem, se contaba entre los “leales”.

En el otro rincón militaban los “antiverticalistas” del Grupo de Trabajo, que reunía a treinta y cuatro diputados del Frente Justicialista de Liberación: pensaban que la única manera de evitar el golpe era reemplazar a Isabel. Figuraban allí la actual ministra de Seguridad, Nilda Garré, el democristiano Carlos Auyero, el sindicalista Ricardo De Luca, Julio Mera Figueroa, Luis Sobrino Aranda y el ex secretario de Cultura y ex titular del Comité Federal de Radiodifusión Julio Bárbaro. También pensaban así algunos sindicalistas, como el gobernador de Buenos Aires, Victorio Calabró, que controlaba varias seccionales importantes de los metalúrgicos en su provincia y en Santa Fe. El secretario técnico de la Presidencia y secretario privado de la viuda de Perón, Julio González, afirma que “todo el elenco: Luder, Robledo, Massera, etcétera, quería la caída de Isabel, su renuncia, para ser reemplazada por Luder, que representaba los intereses del poder económico y financiero de la época, que luego se verían reflejados en el Proceso. Hubo muchos intentos para que Isabel renunciara. Yo siempre me opuse a eso porque sabía que estaba en juego la república. Llegamos a marzo de 1976 porque yo evito que caiga antes”.

González recuerda en especial una gestión que involucró al titular de la Cámara de Diputados y ex Presidente, Raúl Lastiri, y a un “misterioso visitante extranjero”. Lastiri era yerno de José López Rega, que a esa altura, el sábado 3 de enero de 1976, hacía casi seis meses que vivía en Madrid, eyectado del gobierno por presión, básicamente, de los sindicatos y de los jefes militares. Lastiri y el visitante se reunieron con Isabelita en la residencia de Olivos, y al final del encuentro la Presidenta ordenó a González que convocara en forma urgente al embajador en Uruguay, Guillermo de la Plaza.

“Doctor —me explicó Isabel con voz grave—, las Fuerzas Armadas están dispuestas a dar un golpe de Estado que ya se está gestando. Ese señor que vino con Lastiri viajó expresamente desde Europa para avisarnos. Él va a hacer de mediador junto con el embajador De la Plaza frente a los tres comandantes. Por eso esta precipitada reunión. Este hombre pertenece a la sociedad que permitió el regreso de Perón al país y que llegásemos al gobierno. Ellos quieren que nosotros sigamos.”

González no dice cuál era esa “sociedad”; probablemente, haya sido Propaganda Due, una controvertida logia masónica dirigida por el venerable maestro Licio Gelli con base en Italia y ramificaciones en el Vaticano, Estados Unidos, Suiza, Rumania, Brasil, Uruguay y Argentina, donde habrían sido miembros López Rega, Lastiri, Massera, Suárez Mason y De la Plaza, entre otros. Todos ellos negaron siempre esa supuesta pertenencia.

González asegura que a los pocos días la Presidenta le contó que “la cosa por ahora se ha parado”, pero que los tres comandantes le habían dado un ultimátum, que consistía en un cambio de gabinete, la renovación de autoridades del Partido Justicialista, el recorte del poder gremial y un plan económico liberal que alentara las inversiones y la productividad, disminuyera la inflación, facilitara las exportaciones y privatizara empresas que habían sido estatizadas, entre otras medidas.

Por su lado, Videla sostiene que el lunes 5 de enero de 1976 los tres comandantes fueron citados a Olivos por Isabel.

—Estaban presentes varios funcionarios, entre ellos el ministro de Defensa, José Deheza, Raúl Lastiri y el embajador De la Plaza. Deheza toma la palabra y señala que, ante los cambios que se iban produciendo en la situación política del país, era necesario conocer de boca de los comandantes en jefe si estaban dispuestos a dar su apoyo a la Presidente de la Nación como una manera de poner fin a las críticas que su gestión provocaba.

Videla afirma que los comandantes “sugieren, de manera sutil pero firme, que si la Presidente tiene el poder lo que debe hacer es ejercerlo”, y preguntaron “cuál era el cambio que se estaría produciendo”. —Es entonces que Deheza nos requiere: “Propónganlo”. Los comandantes pedimos un plazo de veinticuatro horas para elaborar un documento. El plazo es otorgado y nos retiramos con la impresión de la absoluta falta de poder que mostraba Isabel Perón y la certeza de que estaba dispuesta a hacer cambios para mantener su gobierno. El memorándum es elevado, vía ministro de Defensa, describiendo una serie de medidas de tipo político, administrativas y económicas que se consideraban necesarias para salir de la crisis. Nunca fue contestada la iniciativa. Nunca más se volvió a hablar del memorándum.

Según González, López Rega seguía atentamente las peripecias del gobierno de Isabel Perón desde Madrid. Días antes del 24 de marzo le advirtió por teléfono que el golpe se venía y le sugirió que volvieran a convocar al embajador De la Plaza. “Pero Isabel desestimó el consejo y me pidió que me pusiese en contacto personalmente con el ex canciller Juan Vicente Vignes, a quien identificábamos con el vocablo francés l’ancien: ‘Comuníquese con Vignes, doctor, que es masón y tiene contacto con la masonería. Si algún golpe de Estado se está gestando, l’ancien va a poder detenerlo’.”

Vignes se entrevistó con la Presidenta el lunes 22 de marzo y, siempre según González, se comprometió a “hablar con el general [Carlos] Suárez Mason y aseguró que él frenaría cualquier tentativa de rebelión”. Al día siguiente a las 19, Vignes llamó por teléfono a González y le dijo: “El encargo ya fue cumplido. Dígaselo a la señora Presidente. Pero no hay garantías porque es demasiado tarde”.

Los “verticalistas” o “leales” estaban también divididos sobre la mejor manera de impedir el quiebre institucional. El abogado Juan Gabriel Labaké era diputado; sostiene que “la disyuntiva no era, ni fue nunca, Isabel o el arcángel San Miguel, sino un/a presidente/a verdaderamente constitucional o un Bordaberry argentino: Isabel o Luder les daba lo mismo. En definitiva: obedecer o no a los militares”.

Labaké se refiere al presidente uruguayo Juan María Bordaberry, que llegó al poder por el voto popular pero al año siguiente, el 27 de junio de 1973, acicateado por los militares, disolvió el Congreso y los partidos, suprimió las libertades civiles y endureció la represión contra la guerrilla. Oficiales de las Fuerzas Armadas pasaron a ocupar puestos relevantes en el gobierno. Bordaberry quedó preso de la tutela militar y terminó destituido en 1976.

Labaké cuestiona a González y relata que en la segunda semana de marzo de 1976 el secretario técnico de la Presidencia y secretario privado de Isabel Perón lo invitó a una reunión en su despacho, junto con otros legisladores. “Abrió la reunión González, como invitante y anfitrión, con una propuesta que dejó sin respiración a más de uno de nosotros: ‘bordaberrizar’ a Isabel. Sorpresivamente para mí, la estrafalaria propuesta mereció el apoyo inmediato de los presentes, salvo en mi caso y en el de dos diputados jóvenes a quienes yo había invitado a esa tenida”, agrega.

Según Labaké, la propuesta incluía la clausura por decreto del Congreso, la CGT y la Confederación General Económica, una asociación de empresarios “nacionales”, para que Isabel pudiera gobernar con el “firme respaldo” de las Fuerzas Armadas.

Labaké afirma que él tomó la palabra recién al final y que usó “exclusivamente argumentos de tipo práctico o de conveniencia y de factibilidad del plan”, como la probabilidad de que los titulares del Senado y de la Cámara de Diputados se negaran a renunciar y de que los militares “usaran a Isabel para que les ‘legalizara’ las tareas sucias para luego tirarla como limón exprimido. Sorpresiva y asombrosamente, cuando terminé de hablar, Julio González, que me había mirado fijamente durante los pocos minutos en que hablé, cambió su tono de imperativo a comprensivo, y manifestó estar de acuerdo con mis prevenciones y mi oposición. Pidió disculpas por su apresuramiento, y nos rogó a todos olvidar la reunión”.

Entre los “leales” descollaba Lorenzo Miguel, que luego de la caída de López Rega se había convertido en la figura más influyente en Isabelita y en el gobierno; el poderoso gremialista metalúrgico repetía una frase famosa en el Movimiento: “Nadie debe sacar los pies del plato”. Había logrado una posición de poder y no quería resignarla, pero también preveía que si los militares volvían al poder, caerían los salarios, los gremios perderían fuerza y él y otros dirigentes sindicales irían a la cárcel o, incluso, terminarían muertos.

Era parecido a lo que pensaba el embajador estadounidense Robert Hill: “Si los militares tomaran el poder, bien podrían no controlar al sindicalismo simplemente haciendo un trato con sus líderes, como hicieron en 1966 [en el golpe del general Juan Carlos Onganía contra el radical Arturo Illia]. Ellos podrían tener que usar la fuerza”, informó a su gobierno en el cable 8233, reservado, el 18 de diciembre de 1975.

Por su lado, Massera cuidaba su proyecto presidencial y se reunía con Isabel y con algunos de sus partidarios “verticalistas”, y también con los “antiverticalistas”. Julio Bárbaro cuenta que “fuimos dos veces a comer a la Marina. Una vez, Massera nos dijo una frase sobre Isabel que nunca olvidé: ‘Si la echan ustedes, gobiernan ustedes; si la echamos nosotros, gobernamos nosotros’. Estábamos Nilda Garré, Auyero, Sobrino Aranda, yo…”. Los diputados escucharon eso, dedujeron que se venía el golpe y corrieron a verlo a Luder. Bárbaro sostiene que “él estaba más al tanto que nosotros de todo eso”.

Luder: —Yo no voy ser el que traicione a la señora del General.

Bárbaro: —Ahí está el sillón de Rivadavia, y ahí están las rejas de la cárcel. No hay más para elegir.

Luder: —No, algún día seré presidente con el apoyo de todo el peronismo.

Perón había muerto hacía muy poco y muchos dirigentes y analistas políticos calculaban que una eventual expulsión de la viuda de Perón de la Casa Rosada no haría más que profundizar las divisiones del justicialismo. Pensaban que el apellido Perón era lo único que en aquel momento podía mantener unido al Movimiento. Ya aparecían en el horizonte los comicios anticipados para octubre de 1976: llegar a ellos con el oficialismo aun más dividido de lo que estaba no parecía ser la mejor táctica para retener el gobierno, y la perspectiva de conducir al peronismo a su primera derrota electoral no debía ser muy halagüeña para un político experimentado y con ambiciones como Luder. Paradojas de la historia, como le anticipó a Bárbaro y a los diputados “antiverticalistas”, Luder fue luego candidato presidencial de todo el peronismo, en 1983, pero terminó llevando a su partido a la primera derrota en las urnas.

La UCR intentó mantenerse al margen de la crisis con el argumento de que la solución pasaba por el oficialismo; Balbín sostenía que Isabel no estaba en condiciones de gobernar y pensaba que una regencia de Luder hasta los próximos comicios sería una buena salida, pero decía que esa medida dependía del aval de todo el peronismo. Según Balbín, él y el radicalismo poco podían hacer frente a la crisis del gobierno y del Partido Justicialista, más que reclamar que se llegara a las elecciones aunque fuera con “muletas y marcapasos”, y de allí su desdichada frase en el mensaje por radio y TV en contra del golpe poco antes del 24 de marzo de 1976: “Algunos suponen que yo he venido a dar soluciones y no las tengo”. Balbín calculaba que el mal gobierno de la viuda de Perón le daba, a los 71 años, la última oportunidad de llegar a la presidencia en los comicios de aquel año.

Julio González cuenta que el martes 23 de marzo llegó a Olivos a las 8 de la mañana y que Isabel “estaba extraordinariamente bien esa mañana. Había descansado por la noche, y su semblante y tono de voz eran alegres. No recuerdo si viajamos a la Casa de Gobierno en automóvil o en helicóptero. Ya en la Casa de Gobierno, la jornada fue normal. La Presidenta almorzó con Lorenzo Miguel, Rogelio Papagno [sindicalista de los albañiles] y el ministro de Trabajo, Miguel Unamuno”, entre otros.

Tres horas antes, el ministro de Defensa, Deheza, se había reunido con Videla, Massera y Agosti en uno de los encuentros de rutina de los martes por la mañana. Videla asegura que, si bien ya habían cumplido con todos los preparativos para el golpe, faltaba señalar el día en el cual detendrían a la viuda de Perón.

—Todos se atribuyen cuándo fue fijado el Día D. Y la verdad es que surgió de casualidad, cuando el ministro Deheza, para sorpresa de nuestra parte, nos pide un nuevo apoyo a la Presidente.

Según Videla, se produjo el siguiente diálogo.

Deheza: —La Presidente necesita del apoyo de los comandantes militares para poder llevar adelante el gobierno. Videla: —A la Presidente ya se le dieron algunas ideas, pero nunca obtuvimos respuestas, por lo cual pensamos que nuestra opinión no era válida.

Deheza: —El apoyo de ustedes es imprescindible porque no la dejan gobernar.

Massera: —No es función nuestra darle apoyo, porque ella quedaría como un mero mascarón de proa.

Videla cuenta que “la reunión termina así y a nosotros nos llama la atención el pedido, que indicaba una debilidad tremenda de la Presidente y del gobierno”.

En tanto, Deheza, un cordobés que era yerno de Eduardo Lonardi —el general nacionalista que bajo el lema “Ni vencedores ni vencidos” encabezó el golpe de 1955 contra Perón—, le informó por teléfono a González que a las 19 se volvería a reunir con los comandantes “para obtener una respuesta decisiva sobre la posición de las Fuerzas Armadas frente al gobierno constitucional”.

A medida que avanzaba la tarde, las versiones sobre el golpe se multiplicaban y González se preocupaba cada vez más. Isabel seguía “bastante serena, inmutable en su despacho”. El funcionario de confianza de Isabelita recuerda que los llamados telefónicos “eran incesantes” y cargados de malas noticias. Por ejemplo, a las 20 llamaron los gobernadores de La Rioja, Carlos Menem, y de San Luis, Elías Adre.

“Ellos me aseguraron que la insurrección era un hecho y que las guarniciones militares de ambas provincias estarían aprestadas para hacerse cargo de los gobiernos provinciales”, dice González.

El título del vespertino La Razón era muy expresivo: “Es inminente el final. Todo está dicho”.

En el Ministerio de Defensa, Deheza comenzaba la segunda reunión del día con los tres comandantes. Videla dice que “nos volvió a convocar de manera urgente, con el mismo reclamo”.

Deheza: —Hablé con la señora. Insiste en que ustedes le den su apoyo.

Videla: —La señora es Presidente por voluntad popular. Si todavía tiene el poder, que lo ejerza. Si no, que renuncie.

Deheza ofrece otro punto de vista, muy distinto: afirma que en ese encuentro “volví a hablar de las leyes antisubversivas que se iban a aprobar por decreto-ley, de los planes del gobierno, de la necesidad de respetar la Constitución y de los peligros que un golpe podría acarrear. Videla me dijo: ‘Doctor, quisiera que usted exponga la posición del gobierno ante los altos mandos del Ejército para lo cual le pido que mañana a las 12 concurra a la sede de mi Comando, donde convocaré a los comandantes de cuerpo que no se encuentran en Buenos Aires’. Dos horas después daba el golpe, y a la hora de la cita, yo estaba detenido.”

En la Casa Rosada aumentaba la ansiedad, como recuerda González: “Pasadas ya las 21, y ante la carencia absoluta de noticias sobre las conversaciones en el Ministerio de Defensa, Isabel me ordenó que convocase a todos los ministros. Cuando eran ya las 22, recibí el llamado del doctor Deheza. ‘Recién termino de hablar con los comandantes, doctor. Voy para la Casa de Gobierno a informar a la Presidenta’, me dijo con perceptible preocupación en su voz”.

Deheza habló primero a solas con la Presidenta, que luego hizo pasar a todos los funcionarios. Según González, Deheza señaló que “los comandantes estaban disgustados con la acción de gobierno, con la situación del país y con el desenvolvimiento de la guerrilla; que los mandos medios trasuntaban su disconformidad; que el Poder Ejecutivo había dado muchas marchas y contramarchas; que había vacío de poder”.

El ministro de Defensa, siempre de acuerdo con los dichos de González, dijo que también se refirió al proyecto para “bordaberrizar” el gobierno, que consistía, entre otras medidas de excepción, en la “clausura del Congreso y en regir el país por decretos ley y con el cogobierno de las Fuerzas Armadas”. Deheza agregó que Massera le había dicho que la Armada “pese a haberle propuesto esto a la señora Presidente por medio del ministro [Aníbal] Demarco, no obtuvo respuesta alguna”.

“Sí, es cierto. El almirante me propuso eso, pero yo consideré que no era de importancia comunicárselo a la señora Presidente”, dijo Demarco.

González sostiene que Isabel Perón fulminó con la mirada a Demarco, que era el ministro de Bienestar Social y miembro también de su “entorno”, junto con su esposa.

El secretario técnico y secretario privado cuenta que él estaba tan de acuerdo con esa idea de la “bordaberrización” que “en mi portafolio llevaba desde hacía días los documentos del procedimiento que para tal fin se había usado en el Uruguay”.

Deheza continuó con su exposición: “Mañana a las 10 tengo una reunión con los comandantes y vamos a continuar nuestras conversaciones. Luego, ellos van a venir conmigo a informar a la señora Presidente”. Y agregó que Videla le había asegurado que “seguiríamos conversando”. En conclusión, según el ministro, todos podían irse a dormir tranquilos porque no habría golpe, al menos aquella noche.

En ese momento el ministro del Interior, Roberto Ares, entró al recinto presidencial agitando su mano derecha, en la que sostenía un cigarrillo: “¡Un golpe de Estado! Estoy anonadado con lo que oigo. ¡Cómo puede, señora Presidente, creerse una cosa así! Estuve cenando con el jefe de Policía y no hay absolutamente nada”.

Ares venía de comer en un restaurante de Martínez, en el Gran Buenos Aires, con el general Albano Harguindeguy, que en febrero había sido nombrado jefe de la Policía Federal por el gobierno de Isabel, en otra muestra más del poder que los militares habían logrado de una gestión que se caía a pedazos.

Harguindeguy consideraba a “Ares un señorazo; lo apreciaba mucho, pero no le podía decir que se venía el golpe y que yo lo iba a reemplazar. Yo ya sabía que el golpe sería al día siguiente, me lo habían confirmado el día anterior. Estábamos comiendo con Ares y todo el mundo andaba muy nervioso. Hasta que en un momento le digo: ‘Me parece, ministro, que lo mejor va a ser que cada uno se vaya a su puesto de trabajo’. Le pareció bien y nos fuimos. Cuando volvía por Libertador, veo un tanque y me doy cuenta de que todo estaba dicho”.

Harguindeguy supo de su futuro nombramiento como ministro del Interior de la dictadura en diciembre de 1975, en el casamiento de un hijo del general Roberto Viola, en Campo de Mayo.

“En un momento estaba dialogando con otras personas y veo que uno de ellos hace un gesto extraño. Lo llevo aparte y le pregunto: ‘¡Vos sabés algo! ¿Qué pasa conmigo?’. Era el general Carlos Dalla Tea, un gran amigo. Su respuesta fue: ‘¡Si se hace la revolución, vas a ser el ministro del Interior!’”, cuenta.

Las palabras de Ares frente a la Presidenta sirvieron para retemplar el ánimo de Isabel, el “entorno” y los políticos y sindicalistas “verticalistas”, que fueron abandonando la Casa Rosada cuando transcurrían los primeros minutos del miércoles 24 de marzo. “Juéguense por nosotros; pagamos 2,10”, dijo a los periodistas que hacían guardia un sorpresivamente locuaz Lorenzo Miguel. “Destapen champán, que no hay golpe militar”, gritó el diputado chaqueño Adam Pedrini, justo detrás de su comprovinciano y flamante vicepresidente primero del Partido Justicialista, el gobernador Deolindo Bittel.

Pero el golpe ya estaba en marcha. Luego del encuentro con Deheza, los tres comandantes llegaron a la conclusión, según Videla, “de que mañana van a volver con la misma exigencia y nosotros no podremos decirles nada distinto. Esto ya no tiene sentido”.

—Ya estaba todo preparado para el golpe; sólo faltaba fijar el Día D y la Hora H. Nos enteramos de que la Presidente permanecía en su despacho. Los tres comandantes cambiamos opiniones y coincidimos: “Nos largamos ahora”. Llamamos a la Casa Militar, donde ubicamos al almirante “El Colorado” Fernández, que nos informa: “La señora usará el helicóptero para su regreso a Olivos”. “Ponga en marcha la Operación Perdiz”, le ordena Massera. Habíamos previsto que la detención de la Presidente no se hiciera en Olivos ni en la Casa Rosada, para evitarle al jefe de Granaderos tener que combatir en su defensa. Pensamos, entre otras variables, fraguar una emergencia para que el helicóptero aterrizara en el Aeroparque, a mitad de camino. Así se hizo, y un general, un almirante y un brigadier la detuvieron.

Isabelita cayó y muchos argentinos recibieron la noticia con alivio y satisfacción: estaban hartos de su gobierno, de ella, de la inflación, del desabastecimiento y de la violencia política; no podían imaginar, aquel 24 de marzo soleado y ella, de la inflación, del desabastecimiento y de la violencia política; no podían imaginar, aquel 24 de marzo soleado y alegre, que la dictadura sería aun peor, con sus miles de muertos y desaparecidos, el descalabro económico y la guerra perdida por las islas Malvinas.

CAPÍTULO 9
DEL MUNDIAL A UNA INTERNA FEROZ

No fue verdad, en absoluto; yo, por lo menos, no saqué un peso del bolsillo.
[Jorge Videla con relación a las versiones sobre el presunto soborno a los futbolistas peruanos luego de la goleada 6-0 en el Mundial de 1978]

Nuestros servicios de Inteligencia tuvieron indicios importantes, no probados, del encuentro entre Massera y Firmenich, en París.
[Videla, también en entrevista en Campo de Mayo]

Ahora es un anciano de 86 años con pinta de amable abuelito, que tiene seis hijos (uno falleció a los 19 años), veintitrés nietos y catorce bisnietos, y lleva más de dos décadas en la cárcel, pero durante cinco años, entre 1976 y 1981, fue la persona más poderosa de la Argentina, al punto de asumirse como el responsable de la Disposición Final de “las siete mil u ocho mil personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión”.

“Fui presidente con todo el poder porque nada ni nadie me impidió gobernar”, señala Jorge Videla mientras se prepara para comer su menú de preso. “¡Pensar que hasta se trabajó en la construcción de una fuerza política que heredara al Proceso de Reorganización Nacional, a la que yo llamaba La cría del Proceso!”.

Aquellos cinco años lo convierten en el presidente de facto que durante más tiempo ocupó el sillón de Rivadavia, en el marco de una larga etapa política repleta de golpes militares que parece haber sido superada en la Argentina. La dictadura comenzó a declinar dos años y medio después del golpe, justo cuando, según Videla, había alcanzado su objetivo original —“la recuperación del orden en todos los niveles”— y luego de que el Mundial de Fútbol la hiciera popular. El éxito los mareó y desnudó las internas entre el Ejército y la Armada, dentro del Ejército y en el propio gobierno. Como suele ocurrir en los casos en los cuales un solo grupo ocupa todo el espacio político, una vez que se quedaron sin los enemigos que los mantenían unidos, los jerarcas del régimen se dedicaron a pelearse entre ellos para definir quién se quedaría con la herencia del Proceso con un resultado cantado: se bloquearon entre sí y ninguno pudo apropiarse de la sucesión.

—Promediando 1978, con sus matices en más o en menos, el objetivo principal del Proceso estaba logrado. El orden recuperado en todos los niveles: militar, político, gremial, económico y social. El país había dejado atrás la anarquía y estaba en paz, en conformidad; sin aplausos, pero también sin quejas. La subversión estaba derrotada. En anarquía y estaba en paz, en conformidad; sin aplausos, pero también sin quejas. La subversión estaba derrotada. En aquel momento tendríamos que haber elegido entre interrumpir bruscamente el Proceso abriéndolo hacia las elecciones e irnos, cosa que no podíamos hacer por el conflicto con Chile, o replantear los objetivos del Proceso dándole otra razón de ser, una razón de orden político: se pensaba, se decía, pero nunca se habló en forma oficial de cuál sería esta razón; cada uno de los integrantes de la Junta Militar y también dentro de cada Fuerza trabajaba en una u otra razón. Por ejemplo, Ricardo Yofre, subsecretario general de la Presidencia, pensaba, y le sigo dando la razón, en una apertura política progresiva, por etapas, para entregar el poder cuando se dieran las condiciones apropiadas. No hicimos la apertura política por celos, resquemores, malentendidos, ambiciones. No se hizo nada y el Proceso vegetó, sin vida; se enquistó en sí mismo por la falta de una nueva razón para seguir siendo.

En su opinión, 1978 fue el año de la oportunidad perdida.

—No supimos aprovechar la oportunidad. Los políticos no demostraban mayor prisa por recuperar el poder porque persistía el temor a la guerrilla. Nosotros sabíamos que estaba derrotada y que, en términos militares, había sido aniquilada, pero los políticos ignoraban esa certeza.

Sostiene Videla que ése fue el segundo de los “cuatro errores básicos” cometidos por su gobierno. ¿Los otros tres?

El golpe de Estado, pero sólo “desde el punto de vista militar”, porque “le quitó legitimidad democrática a la guerra contra la subversión”, como ya se señaló en el Capítulo 7.

“El uso abusivo que hicimos del término ‘desaparecidos’; al principio nos resultó cómodo, porque encubría otras realidades y dejaba el problema como en una nebulosa. Pero tendríamos que haber dejado en claro rápidamente lo que sucede en toda guerra: que hay muertos, heridos y desaparecidos. Desaparecidos que están muertos, pero cuyos restos no se sabe dónde están. No lo hicimos, y ahora eso favorece la manipulación de las cifras de desaparecidos.”

“También nos faltó otra aclaración: que nunca hubo un plan sistemático de apropiación de chicos. Nuestro objetivo era derrotar a la subversión, ¿para qué íbamos a robar chicos? No necesitábamos eso. Por el contrario, la orden era restituir los chicos a quien correspondiera. Son pruebas de ello los menores entregados a sus familiares y el fallo de la Cámara Federal en el juicio a los comandantes, donde expresamente se determina que jamás existió un plan sistemático de apropiación de niños. Sí se produjeron casos, pero individuales y por falta de control en el territorio. Yo soy el primero en reconocer que hubo chicos que fueron sustraídos, algunos con la mejor intención, para ayudar a una familia amiga que no podía tener hijos; otros para venderlos y hacer un negocio. Seguramente pasó eso; no me consta, estoy dando hipótesis. Son delitos individuales.”

El régimen militar vivió sus mejores días con el Mundial de Fútbol, entre el 1° y el 25 de junio. Aunque no le gustaba el fútbol, Videla asistió a cada uno de los partidos que disputó el seleccionado anfitrión, no escuchó silbidos en ningún estadio, y al final del partido Argentina 3 - Holanda 1, entregó la copa al capitán Daniel Passarella, en el estadio Monumental de River Plate. Argentina dio la imagen de un país feliz y unido, que parecía desmentir las denuncias en el exterior sobre la represión ilegal, esa “campaña antiargentina” que denunciaba la dictadura.

—Cuando llegamos al gobierno, hacía dos años que se había aceptado a la Argentina como sede del Mundial. La verdad era que mis predecesores se habían movido poco, sobre todo en las obras de infraestructura, donde el atraso era muy grande. Hubo un debate en el gobierno sobre si había que hacerlo o no, incluso a nivel de la Junta Militar; al final primó una razón casi de cholulismo: demostrar al mundo que éramos capaces de hacerlo. Pero también la idea de que en ese momento era positivo mover al público hacia un evento futbolístico de alcance mundial, en un país donde el que en ese momento era positivo mover al público hacia un evento futbolístico de alcance mundial, en un país donde el fútbol era y sigue siendo tan importante. Podíamos tener ganancias en términos de imagen. Y si bien esas obras ocasionaban gastos elevados, habría también ingresos con la venida al país de tanta gente.

Videla cuenta que en el Ejército y en la Junta Militar había quienes deseaban reemplazar al técnico César Luis Menotti por alguien más afín al gobierno militar, “un tipo de derecha”. Y asegura que Menotti siguió porque él se puso firme.

—El director técnico era considerado de izquierda y venía de antes, como herencia. Yo pensaba que la continuidad en este caso era importante y no quería que viniera otro, un tipo de derecha, como propiciaban muchos, incluso en la Junta Militar. En el Ejército, cada uno tenía su candidato, y a lo mejor eran buenos. Y en la Marina también había varios candidatos. Yo no ponía el acento en si los candidatos eran buenos o no, sino en que la continuidad era fundamental. No soy afecto al fútbol; nunca lo fui y pisé un estadio por primera vez en un amistoso de la selección argentina en la cancha de Boca. Después sí, en el Mundial fui a todos los partidos en los que jugaba Argentina: a Córdoba, Mendoza, Rosario y al Monumental. Generalmente, antes del partido iba a saludar a los jugadores, al vestuario, y a veces también después. Sólo tuve un episodio, que fue revelado por el propio interesado, un jugador de pelo enrulado, [Alberto] Tarantini, que dijo que una vez me dio la mano en el vestuario luego de enjabonarse los genitales. Una tontería, nada grave. Eran contactos fugaces y nunca tuve ningún problema.

Y niega las versiones sobre un presunto soborno a los peruanos, goleados en Rosario 6-0 por Argentina, un resultado que permitió a la Selección el pase a la final por diferencia de goles.

—No fue verdad, en absoluto; yo, por lo menos, no saqué un peso del bolsillo. No se habló de un posible arreglo antes del partido, ni en el gobierno ni en la Junta. Cuando salió la historia del arreglo que habríamos hecho con los peruanos para que perdieran por goleada, yo traté de involucrar a nuestros jugadores replicando que eso significaba dudar de la honestidad y la entrega de ellos; sabía que eso les caía mal y los estimulaba a que contestaran. El cuento sobre el arreglo con los peruanos surgió muy enseguida; el arquero peruano [Ramón Quiroga] había nacido en la Argentina y eso agravó los rumores.

Todo les salió bien a los militares en el Mundial: los jugadores holandeses ya habían dicho que no recibirían la Copa de manos de Videla en repudio a la represión ilegal, pero fueron derrotados en una dura final por Argentina.

—Holanda fue un rival muy difícil en la final; también se jugaba un partido político. Los holandeses habían llegado con muchas prevenciones y se decía que, de ganar, ellos no iban a recibir la copa de manos mías. Estaban muy tocados ideológicamente. Por suerte, le tuve que entregar la copa a Passarella.

Como los civiles, también los militares usaron políticamente las alegrías populares provocadas por el fútbol. Al año siguiente, mientras Argentina se consagraba campeón juvenil en Tokio de la mano de Diego Maradona y con Menotti como técnico, en Buenos Aires, José María Muñoz, “El relator de América”, un periodista muy popular que simpatizaba con el Proceso, instaba a sus oyentes a marchar por la Avenida de Mayo para demostrar a “los señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Argentina no tiene nada que ocultar”. Muñoz estaba en línea con el eslogan “Los argentinos somos derechos y humanos”, creado para el gobierno por una agencia de publicidad y que se hizo tan popular.

—Los partidos se jugaban bien temprano y terminaban justo a la hora en que yo iba de Olivos a la Casa Rosada. Luego del triunfo, hablé por radio con Menotti y con Maradona, que fue la figura de ese Mundial, cuando iba a la Casa Rosada. Muñoz estaba jugado con el Proceso y nos dio una mano bárbara.

Videla agrega que sobre el final de su gobierno hubo un intento de revivir al gobierno militar a través de un diálogo político por sectores para “instaurar, en su momento, una auténtica democracia republicana y pluralista”; ya se notaba la preocupación de los militares por clausurar cualquier reclamo futuro acerca del golpe de Estado y sobre los muertos y desaparecidos de la Disposición Final.

—La Junta Militar emitió un documento hacia la ciudadanía: las Bases Políticas para el Diálogo, y el gobierno lanzó el Diálogo Político en diciembre de 1979. El ministro del Interior, Harguindeguy, fue el encargado de llevarlo a cabo. Incluía un cuestionario para cada uno de los participantes, que tenía al final dos preguntas como una trampita: 1) si era revisable, o no, la guerra contra la subversión; 2) si estaba justificado, o no, el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El 75 por ciento de todos los asistentes dijo que la guerra contra la subversión no era revisable y que el golpe estaba justificado. Los diálogos se grabaron y se desgrabaron, pero esos registros ahora no aparecen. Participaron políticos, empresarios, sacerdotes… El Diálogo terminó a fines de 1980, y yo entregué el gobierno el 29 de marzo de 1981 con el Diálogo Político terminado, pero luego no se hizo nada más.

La apertura política había sido preparada para Videla por el equipo del secretario general de la Presidencia, el general José Rogelio Villarreal, un santiagueño que ya murió, cuyo número dos era su amigo Ricardo Yofre, abogado con buen diálogo con todo el espinel político.

“Nosotros —recuerda Yofre— asumimos con la idea de que el Proceso no debía incurrir en los errores del general Onganía en 1966: la separación, el distanciamiento de la dirigencia política y de la sociedad, y con la convicción de que en un momento dado los militares tendrían que elaborar un plan político para abrir y concertar una salida del poder con los civiles, porque de lo contrario ocurría que los militares se desgastaban y terminaban tirándole el poder a los civiles, que luego también se deterioraban y venía otro golpe militar, y así sucesivamente. Eran los ciclos pendulares. Eso está todo descripto en un reportaje que le hizo Clarín a Videla el 30 de enero de 1977. Dijo también que las Fuerzas Armadas iban a hacer una ‘propuesta de unión nacional’, pero Videla se quedaba en palabras, después no hacía nada.”

¿Por qué? ¿No podía? ¿No quería? Explica Yofre: “No lo hizo, primero, por falta de convicción, y segundo porque él siempre decía que era vital preservar la unidad de las Fuerzas Armadas, y para no pasar a un par de generales a retiro o forzar las cosas con la Armada y la Fuerza Aérea, no hizo nada. La cuestión es que Videla no asumió el plan político que habíamos preparado. Pero me gustaría volver un poco hacia atrás. Cuando subimos con Villarreal, nosotros elegimos tres campos para no separarnos de la sociedad civil y de la dirigencia política. El primero fue que se confirmaran a todos los intendentes elegidos el 11 de marzo de 1973, salvo los chorros, los subversivos... Villarreal habló con Videla, y Videla dijo que sí. Se mandó una instrucción a Harguindeguy, que la cajoneó todo lo que pudo y así los nuevos gobernadores aprovecharon para sacar a los intendentes y nombrar a sus amigos. Hasta que Villarreal consiguió que Harguindeguy mandara esa instrucción y se confirmó a mucha gente, pero podrían haber sido muchos más. El segundo campo fue la diplomacia; cuando la Cancillería y Martínez de Hoz mandaron los candidatos para las distintas embajadas, nosotros se los cambiamos a todos. De embajador a Brasil fue Oscar Camilión; a Venezuela, Héctor Hidalgo Solá; a Estados Unidos, Arnaldo Musich; al Vaticano, Rubén Blanco, senador radical en la época de Arturo Illia, un hombre de extrema confianza de Balbín y hermano de monseñor Guillermo Blanco, rector de la Universidad Católica Argentina; a Portugal, Américo Ghioldi; a la Unión Soviética, Leopoldo Bravo… Eso nos originó una oleada de críticas de los sectores “duros” del Proceso. Y el tercer campo, donde ahí sí anduvimos mal, fue la Universidad de Buenos Aires. Tiempo después, en agosto de 1978, quisimos abrir el gabinete aprovechando el triunfo en el Mundial, y lo teníamos casi convencido a Videla con Camilión de canciller, Rafael Martínez Raymonda en Bienestar Social, Amadeo Frúgoli en Justicia, etcétera; eso fue un viernes, pero cuando volvimos el lunes al trabajo, había cambiado de idea. ¿Quién lo hizo cambiar? Martínez de Hoz. ¿Cómo supimos que fue Martínez de Hoz? Porque Villarreal mandó pedir la lista de la gente que ingresó a Olivos el fin de semana, y el único tipo que había entrado era Martínez de Hoz”.

¿Por qué el ministro de Economía no quería esos cambios? “Porque Martínez de Hoz quería ser el candidato a presidente —continúa Yofre—, y en eso trabajaba mucho con Horacio Agulla, al que mataron a balazos poco después. Agulla era un tipo muy inteligente, muy fértil. Era el director de la revista Confirmado y el padre del publicista [Ramiro Agulla].”

Yofre hace una pausa para tomar un café y dice que el principal problema de los militares fue “creer que iban a durar para siempre. Había una gran soberbia, salvo en el sector más lúcido, pero al que le faltó que sus dos jefes, Videla y Viola, supieran dar la batalla. La verdad es que Videla debería haber pasado a varios generales a retiro, tendría que haber producido alguna crisis con Massera por las cosas que hacía. Massera ambicionaba ser presidente; ésa era una pelea de pesos pesados. Y Viola era del mismo estilo, y así fue que lo echaron a patadas en diciembre de 1981. Un error tremendo, porque si usted analiza qué pasó con los gobiernos militares del Cono Sur, verá que los uruguayos, los chilenos, los brasileños, los peruanos, todos negociaron con la dirigencia política, pero no cuando estaban derrotados sino antes, por lo que pudieron aceptar algunas cosas e imponer condiciones”.

—Usted habló de un plan político que habían elaborado para Videla…

—Sí, y fue Alfonsín el que me dio la frutilla del postre. En enero de 1977, una tarde en la que yo estaba solo en Presidencia porque todos estaban veraneando en Chapadmalal, lo llamo por teléfono a Alfonsín y le pregunto: “¿Puedo ir a tomar un café?”. Y me voy a verlo a la avenida Santa Fe y le cuento que teníamos un problema porque un sector del Proceso, referenciado en la provincia de Buenos Aires, había presentado un plan político durísimo. Nosotros habíamos preparado otro plan, que tenía como punto de arranque una convención constituyente que nombraría a un presidente con un mandato limitado en el tiempo; en el ínterin, los partidos se irían organizando y luego saldríamos a elecciones. Nuestro problema, le digo a Alfonsín, es que si yo voy a Presidencia y propongo un llamado a elecciones para una constituyente me tiran por la ventana. Hay que ubicarse en la época: todavía no había pasado un año del golpe y había un odio muy fuerte hacia la dirigencia política por parte de los militares, en especial de los sectores más duros. Entonces, Alfonsín me dice: “Mire Ricardo, no hay necesidad de llamar a elecciones para una constituyente”. “¿Cómo que no?”, le pregunto, intrigado. “No, con el poder que tienen los militares hoy en día, fijan el número de constituyentes supongamos en trescientos, y le dicen a los radicales que pongan tantos constituyentes, a los peronistas tantos, y así. Tienen que estar de la izquierda hasta la derecha, desde los comunistas hasta los conservadores, y a cada uno asignarles una cantidad de constituyentes. Con el poder que tienen los militares los obligan a hacer una lista a cada uno y esa lista como es única, de unión, se proclama y no hay necesidad de hacer elecciones.” Me pareció brillante, una salida a la portuguesa. Alfonsín agrega: “Ahí lo elegimos a Videla por tres o cuatro años para algunas cosas que habrá que especificar; esa constituyente sigue funcionando y actúa como Poder Legislativo, y se organizan los partidos políticos y vamos a elecciones. Eso sí: con los padrones a cero, hay que hacerlos a todos de nuevo”. Porque él había perdido la interna radical con Balbín por los padrones viejos. Terminamos de elaborar ese plan en febrero de 1977, pero Videla no se animó.

En noviembre de 1978, Yofre armó otra de sus jugadas para airear el Proceso: Juan José Catalán había renunciado al Ministerio de Educación y al movedizo abogado se le ocurrió el nombramiento de Carlos Gómez Centurión, un político que era embajador en México.

“‘Bebe’ Gómez Centurión había sido gobernador de San Juan en la época de Lanusse; luego, en democracia, fue senador, gobernador y diputado por San Juan. Era un demócrata y le armamos un equipo acorde, sólido, de apertura. Pero Videla dio vueltas y terminó nombrando a Rafael Llerena Amadeo, un nacionalista, un cursillista. Ahí le dije a Villarreal: ‘Discúlpeme, yo no tengo nada más qué hacer, porque si no abrimos en esto, no abrimos más’. ‘No, espérese que yo también me voy’, me dice Villarreal, y renunciamos el 7 de diciembre de 1978, en medio del conflicto con Chile”, cuenta Yofre.

Los militares estaban divididos sobre qué hacer con la dictadura. Según Videla, algunos de sus camaradas, los Los militares estaban divididos sobre qué hacer con la dictadura. Según Videla, algunos de sus camaradas, los “perfeccionistas”, querían que el Proceso siguiera sin cambios, pero el conflicto más grave fue entre quienes se postulaban como “los herederos” del régimen; la disputa más feroz enfrentó al almirante Emilio Massera con la dupla formada por Videla y el general Roberto Viola.

—Oficialmente, no había un plazo para el Proceso. Duraría hasta que se consiguiera alcanzar los objetivos básicos del Proceso, que estaban escritos en un documento. Algunos pensaban en diez años: eran los que se habían tirado a la pileta y seguían en la pileta. Creo que habrían sido excesivos. El Proceso, según mi mirada, debía poner orden frente a la anarquía en todos los sectores. Los “perfeccionistas” deseaban quedarse, preferían seguir; estaban cómodos en sus puestos, ya les habían tomado la mano y pensaban que restaba mucho por hacer en cada una de sus áreas. Del otro lado, los que querían hacer política desde adentro necesitaban ideas y hombres que las lideraran. Las ideas eran Las Bases del Proceso, el documento con los objetivos básicos. A los líderes que debían ponerlas en práctica yo los llamaba “La cría del Proceso”. Querían ser los herederos del Proceso. Las ideas estaban, pero el problema era que cuando le pusieran nombre y apellido a quien protagonizara la salida de un Proceso, hasta aquel momento exitoso, se armaba la de San Quintín, se rompía la cohesión de las Fuerzas Armadas, y el Proceso sin cohesión no tenía sustento. Yo no hacía alarde pero era candidato para un sector a seguir como presidente electo; Massera también se sentía candidato; Viola lo mismo: y no sé cuántos civiles. La cohesión se rompió dentro de los militares, entre las tres fuerzas y también dentro del Ejército.

La pelea con Massera prácticamente no conoció límites; en la Argentina, como en otros países, las disputas políticas suelen ser crueles, pero la interna militar estuvo manchada por aprietes, secuestros, asesinatos y desapariciones, como los casos de Héctor Hidalgo Solá, un destacado político radical que era embajador del Proceso en Venezuela; Elena Holmberg, una diplomática de carrera destinada a la embajada en Francia, y Oscar Smith, referente del gremio de Luz y Fuerza de Capital Federal. Los métodos que habían servido para “aniquilar” a los guerrilleros fueron aplicados, en casos puntuales, a la pelea por la herencia política.

Videla afirma que en aquel momento el jefe de la Armada “quería ser presidente por la vía electoral”.

—Massera empieza a mover fichas siendo comandante. En ésa cae Martínez de Hoz, de quien Massera terminó siendo un crítico acérrimo por una razón de cálculo político. Antes, Massera había ensayado otras opciones para llegar a la presidencia, cambiando varias veces de aliados: Isabel, López Rega, Lorenzo Miguel. Él quería ser Perón.

El periodista Claudio Uriarte señala en su biografía no autorizada de Massera que la embestida del almirante contra Martínez de Hoz comenzó en 1977, casi al inicio de las hostilidades contra el eje Videla-Viola: “Sucedía que Massera había definido que su proyecto de poder político era imposible de cumplir sin la masa peronista, y la masa peronista era imposible de seducir con un programa económico monetarista duro como el dirigido por José Alfredo Martínez de Hoz”.

Peor le fue a Hidalgo Solá, que era nada menos que el “delfín” de Balbín para enfrentar a Alfonsín en la interna radical, y el 18 de julio de 1977 fue secuestrado a plena luz del día frente al Museo de Bellas Artes, en la Recoleta, por un grupo de civiles armados. Hidalgo Solá permanece desaparecido y Videla sospecha de Massera, aunque sin pruebas.

—Le pedimos a los radicales, concretamente a Balbín, un hombre para la embajada en Venezuela, que era el único país democrático en Sudamérica, y él nos cedió a un hombre con futuro, a su delfín para enfrentar a Alfonsín. Balbín no lo quería a Alfonsín: “Este muchacho es comunista”, decía, y eso era público y notorio, un murmullo de comité. Hidalgo Solá cumplió una función espléndida representando a una dictadura en la única democracia de la región. Él organizó mi viaje a Venezuela, en mayo de 1977, donde me recibió el presidente, Carlos Andrés Pérez, con todos los honores. Fue una posibilidad tremenda de contactos para mí. Luego Pérez viajó a Europa, donde hizo una distinción en nuestra región entre países totalitarios, países democráticos, donde lógicamente colocó a Venezuela, y países que avanzaban hacia la democracia, donde ubicó a la Argentina. Nos hizo un gran favor, nada menos que en Europa. Todo esto por la gestión de Hidalgo Solá. En un momento el embajador pidió permiso para bajar a Buenos Aires por el casamiento de su hija, por quince días. Me visitó y un día desapareció. Se armó una causa judicial. Eso me provocó una situación muy incómoda y dolorosa, porque teníamos buen trato; me había recibido junto a mi esposa en su residencia de embajador, conocí a su mujer. Yo le estaba muy agradecido por su trabajo. Me llevó el juez a un careo con la mujer de Hidalgo Solá, que hacía preguntas a un presidente que no tenía respuestas. Nunca se encontró el cadáver. Balbín quedó mal con nosotros porque no le dimos respuestas sobre su hombre de confianza. Yo descarto a la subversión. ¿Massera? Las circunstancias nos llevan a ser sospechosos en ese sentido, pero pruebas, ninguna.

Videla sugiere que la tarea de Hidalgo Solá perjudicaba las aspiraciones políticas de Massera en un país “apetecible como puente a Estados Unidos y Europa”. La hipótesis es compartida por Uriarte, un ex periodista de los diarios Convicción, Clarín y Página/12, entre otros medios, que murió en 2007, a los 48 años, al caerse de una escalera en su casa.

En su libro Almirante Cero, Uriarte señala que Massera “tendía a ver el mundo como crecientemente dividido entre el dirigismo socialdemócrata, el derechismo democristiano, la Comisión Trilateral de la entrega de Occidente al becerro de oro capitalista y la conspiración marxista, y pensaba que el proyecto más cercano que podía impulsarse en la Argentina era el socialdemócrata, por su afinidad con el distribucionismo peronista. Y precisamente en ese momento Hidalgo Solá le arrebataba ese espacio (era embajador en un país gobernado por una importante filial de la Internacional Socialdemócrata) y le clausuraba una vía importante de acceso a redes internacionales económicas y políticas con las que pensaba que podía relacionarse provechosamente en el futuro”.

Uriarte agrega un elemento más para “la oposición de Massera a Hidalgo Solá”: el jefe de la Armada viajaba frecuentemente a Italia, Rumania y Venezuela, donde “los servicios de Inteligencia llegaron a informar en el primer semestre de 1977 sobre una reunión realizada en la isla Margarita entre el jefe montonero Mario Firmenich, el líder libio Muammar Khadafi, el presidente rumano Nicolae Ceausescu, Licio Gelli y el almirante Massera”.

Siempre según Uriarte, Massera iba tanto a Italia y Rumania por su “asociación con la logia masónica Propaganda Due (encabezada por Licio Gelli)” y a Venezuela por “su creciente interés en tomar contacto con políticos argentinos exiliados, en la seguridad de que ese exilio no sería permanente y de que en algún momento él debería negociar con ellos. Venezuela, entre otras cosas, era sede de importantes organismos de denuncia de la represión de la dictadura argentina, actividad detrás de la cual se encolumnaban numerosos jefes montoneros. Los contactos con los montoneros adquirían creciente interés para Massera”.

El almirante había especializado a la Armada en la represión a los montoneros en el estratégico territorio de la Capital Federal y la zona norte de Buenos Aires, con el argumento de que no se podía confiar esa misión decisiva al Ejército por las relaciones que algunos de sus oficiales mantenían con la guerrilla peronista desde el Operativo Dorrego, en octubre de 1973, cuando el Ejército y la Juventud Peronista convivieron durante tres semanas realizando tareas de ayuda a las víctimas de inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Además, consideraba que él y sus hombres debían tener el mayor protagonismo posible en la lucha contra la guerrilla, para luego sacar un rédito político que cimentara su carrera presidencial. “Quien más reprime, más poder tiene”, era su regla, según Uriarte, quien asegura que para dar el ejemplo Massera incluso salía a cazar guerrilleros a la cabeza de “grupos de tareas”, utilizando dos “nombres de guerra”: Negro y Cero.

Todo servía para aproximarse a distintos sectores del peronismo y apuntalar su proyecto presidencial: Uriarte afirma que a Massera le interesaban los montoneros porque “eran vistos como más ‘nacionales’ que los militantes del ERP”, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y que ya desde los preparativos del golpe se le ocurrió que “habría un lote de sobrevivientes” entre los detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, organizados en un “staff” (los que estaban “en vías de recuperación”) y un “ministaff”, un escalón superior que agrupaba a quienes ya intervenían directamente en la lucha contra sus ex compañeros.

Pero el capitán de fragata Jorge Eduardo Acosta, “el Tigre”, que era dueño de la vida y de la muerte en la ESMA, dice que “casi todos los que estaban con vida en la Escuela de Mecánica de la Armada, que eran cientos, cooperaban intensamente en la localización de otros montoneros”.

Siempre según el libro Almirante Cero, Massera se nutría de las capacidades y habilidades de esos detenidos, a los que utilizaba en distintas tareas vinculadas a su proyecto político. También le servían como rehenes o botín de guerra en una eventual negociación con Firmenich y otros jefes de Montoneros.

Los presuntos contactos de Massera con Firmenich volvieron a emerger en el secuestro de Elena Holmberg, el 20 de diciembre de 1978, cuando fue a estacionar su auto en un garaje de la calle Uruguay al 1000, en el Barrio Norte. A los pocos días, el cadáver de una mujer apareció flotando en el río Luján, en el Tigre; el cuerpo fue reconocido por uno de sus hermanos y por el general y ex presidente Alejandro Lanusse, tío de la víctima.

Días antes del secuestro, su amigo y ex diplomático Gregorio Dupont la había encontrado en la calle, frente al Alvear Palace Hotel, en la Recoleta, por casualidad, y fueron a tomar un café, según cuenta Uriarte: “Holmberg sostuvo que Massera se había entrevistado repetidas veces con Firmenich y otros líderes montoneros, tal como se había publicado recientemente en el diario Le Monde; que en una ocasión le había entregado a Firmenich una suma cercana a 1.300.000 dólares y que no sólo eso era así sino que ella lo podía probar, ya que existían fotografías del hecho. También declaró su intención de denunciar a Massera, ante lo cual Dupont le contestó: ‘Tené mucho cuidado con todo esto, porque acá la gente está desapareciendo todos los días por mucho menos de lo que vos decís’”.

En septiembre de 1982, ya en el tramo final de la dictadura, Dupont declaró como testigo en la causa judicial sobre el secuestro y asesinato de su amiga y ex compañera del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Su testimonio tuvo una derivación propia de la mafia: al mes siguiente, el 7 de octubre, su hermano Marcelo fue arrojado desde un edificio en construcción en el barrio de Palermo Chico, tras permanecer secuestrado durante ocho días. Gregorio Dupont está convencido de que su hermano seguiría vivo si él no hubiera declarado en la investigación judicial.

A los 47 años, Holmberg, una diplomática muy valorada por sus colegas, era soltera, temeraria, antiperonista, de familia aristocrática y militar, vinculada a la Caballería.

Videla cuenta cuál era la tarea de la diplomática en París.

—Al inicio del Proceso, Elena Holmberg era funcionaria de la Cancillería, destacada en Bélgica; a pedido del embajador en Francia, Tomás de Anchorena, que era capitán retirado de Caballería y radical, se la trasladó a París para colaborar con el embajador contra la campaña antiargentina por los derechos humanos. Al final, hicieron sólo lo que pudieron. Se había creado el Centro Piloto de París como una experiencia para “vender” una imagen positiva de la Argentina en el exterior. Ese grupo se constituyó, pero los nombramientos no fueron realizados por la Cancillería sino por la Marina, que controlaba el Palacio San Martín, con marinos. Éstos se volvieron líberos: escapaban al control del embajador y trabajaban para la campaña política de Massera en el exterior; se decía que, incluso, habían propiciado una reunión de Massera con Firmenich. Nuestros servicios de Inteligencia tuvieron indicios importantes, no probados, de ese encuentro. Hubo contactos de Massera con montoneros, pero no se sabe si también con Firmenich.

Videla dice que en diciembre de 1978 Holmberg viajó a Buenos Aires para acompañar a una periodista francesa “que venía en una visita de buena voluntad”, incluyendo una entrevista al Presidente en la residencia de Olivos. —Holmberg participó por la mañana como traductora en la presentación de las cartas credenciales del nuevo embajador francés, y me pidió una audiencia porque, según me informaban, venía con un mensaje para mí. Yo se la concedí, claro. En la tarde de aquel día estaba programada la entrevista con la periodista francesa, que sería concedí, claro. En la tarde de aquel día estaba programada la entrevista con la periodista francesa, que sería acompañada por Holmberg, y después nos veríamos a solas. La periodista francesa se hizo presente en Olivos, sola y un poco retrasada, y dijo que la había esperado pero que no apareció, por lo cual había decidido venir sola a la entrevista. Cumplimos la agenda, hizo la entrevista, y se fue. Nunca se supo cuál era ese mensaje, presuntamente del embajador Anchorena. ¿Era una crítica al Centro Piloto de París? Es una suposición, nunca se supo. A Massera no le preguntamos nada, por supuesto. ¿Quién pudo haber sido el autor intelectual de ese secuestro y ese asesinato? ¿Molestaba en el Centro Piloto de París? La explicación no la tengo, pero las circunstancias nos hacen ser sospechosos en ese sentido. Pruebas, ninguna. Descarto sí que hubiera sido la subversión.

Por su lado, Massera siempre negó cualquier tipo de participación en la desaparición de Hidalgo Solá y en el asesinato de Elena Holmberg. También negó su presunta pertenencia a la logia Propaganda Due y las versiones sobre sus encuentros con Firmenich.

Un año antes del caso Holmberg, el 11 de febrero de 1977, había sido secuestrado Oscar Smith, 45 años, peronista, hincha de Independiente y secretario general de Luz y Fuerza en la Capital Federal hasta el golpe de Estado. Smith encabezaba una dura pulseada con la empresa Segba, que estaba intervenida por la Armada y había despedido a delegados gremiales y recortado derechos de los trabajadores. El conflicto incluyó la primera huelga en los once meses que llevaba la dictadura y hasta unas bombas caseras contra estaciones de Segba. El explosivo había sido conseguido en Córdoba por intermedio de un amigo del “Gato” Smith, Adalberto Luis Orbiso, peronista ortodoxo, ex concejal en Morón, gremialista de los mecánicos y un hombre de acción.

El “Flaco” Orbiso afirma que en mayo o junio de 1978 recibió la visita del hombre fuerte de Smata, José Rodríguez, quien fue a visitarlo a la Cárcel de Encausados de Córdoba, donde estaba preso acusado de desacato y peculado durante su gestión al frente del Banco Social, en el último tramo del gobierno provincial del peronismo.

Orbiso explica que Rodríguez sabía que “yo era muy amigo del ‘Gato’ y fue a contarme que lo habían llamado del Edificio Libertad porque el almirante Massera lo quería ver junto con otros sindicalistas, unos veinte en total. Me dijo: ‘¿Qué otra cosa podíamos hacer? Fuimos, pero con un cagazo que ni te cuento. Llegamos, nos anunciamos, nos hacen pasar al despacho de Massera y lo esperamos unos veinte minutos, en silencio’. Massera apareció y les dio un breve discurso: ‘Señores, quiero comunicar a ustedes que la Armada no tuvo nada que ver con el secuestro, la tortura y el asesinato del señor Oscar Smith. Fue una orden del presidente Videla al general Viola, quien derivó el caso al coronel Camps, el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El señor Smith fue cremado con veinte cubiertas rociadas con gasoil y nafta’”.

Videla estira la cabeza y se pone tenso frente a la pregunta sobre los presuntos dichos de Massera.

—Yo ubico a este caso junto a los casos de Hidalgo Solá y Elena Holmberg, con lo cual ya le estoy indicando qué es lo que pienso, en qué dirección. Smith tenía buena relación con nosotros, con el Ejército, así como Lorenzo Miguel tenía buena relación con Massera, como es público. La desaparición de Smith fue un golpe político para nosotros. La interna militar existía entre Videla y Massera, pero ya tomaba un cariz institucional. No me cabe duda de que gente mía hacía picardías como retribución a las picardías de Massera y/o de su gente. Nosotros no fuimos santos y aplicamos el rigor de ocasión, pero hay que distinguir con la Marina de aquella época. Había, en primer lugar, un conflicto de vocaciones. Massera era un hombre político; tenía ambiciones políticas y buscaba sobresalir en toda ocasión para concretar esas ambiciones. No era mi caso: yo cumplí una función política como un acto de servicio más dentro del Ejército. En la política no siempre se juega limpio y Massera aprovechaba para aplicar esa dosis de no limpieza en esa interna conmigo y con el Ejército. Insisto: debe haber habido respuestas de gente mía a las picardías de Massera y de su gente, pero no fuimos lo mismo.

Antes de su desaparición, Smith había llegado a un acuerdo sobre el conflicto sindical con el ministro de Trabajo, general Horacio Tomás Liendo, un aliado de Videla y de Viola.

De acuerdo con el periodista Uriarte, Smith fue secuestrado y asesinado por “comandos del Primer Cuerpo”, encabezados por el general Carlos Suárez Mason, que se había convertido en uno de los aliados de Massera dentro de la “línea dura” del Ejército, junto con, entre otros, el coronel Ramón Camps, jefe de la Policía de Buenos Aires, y el comandante de Institutos Militares y jefe de la Zona 4, general Santiago Riveros.

Massera y los “halcones” del Ejército tenían un adversario común: la dupla formada por Videla y Viola, que eran considerados “blandos” o “débiles” por los oficiales superiores comprometidos directamente en la lucha contra la guerrilla. Al almirante le venía bien esa alianza, porque dividía el frente de sus enemigos.

Los “halcones” estaban en contra de varias de las medidas propiciadas por las “palomas”:

No querían que el Proceso derivara en una apertura política, aunque fuera gradual y restringida, porque consideraban que beneficiaría a los políticos responsables del surgimiento de la guerrilla y de la crisis del gobierno peronista. Creían que la dictadura debería durar hasta por lo menos mediados de los ochenta, que era cuando, calculaban, podría surgir una nueva camada de políticos.

Les molestaban los contactos de Videla y Viola, directos o a través de sus colaboradores, con políticos y sindicalistas.

Criticaban aspectos claves de la política económica liberal de Martínez de Hoz, como el auge de los productos importados, el recorte del gasto público y las privatizaciones. El consenso inicial ya había terminado. Cuestionaban el manejo del conflicto limítrofe con Chile por las islas del canal de Beagle.

Massera y los “duros” recelaban, en especial, del general Villarreal y del abogado Yofre, a quien le pusieron cuatro bombas en su casa y en su estudio jurídico; Suárez Mason, incluso, diseñó un plan para matarlo. Yofre cuenta que se enteró de ese plan recién al final del Proceso, en 1982, cuando Bignone, “que era el presidente, quería enviarme de embajador a Venezuela. Villarreal le dijo que yo no iba a aceptar, como sucedió. Ahí Bignone le cuenta que un día, poco después de la desaparición de Hidalgo Solá, entra al despacho de Suárez Mason el general José Montes, que era su segundo en el Primer Cuerpo, y lo encuentra sentado a una mesa con un plano y con el coronel Roberto Rualdés, que se decía el dueño de la vida y la muerte en Buenos Aires. Entonces Montes, quien no me conocía, le dice: ‘¿Qué quiere que haga, mi general?’. ‘Estoy planificando la boleta de Yofre.’ ‘¿De quién? ¿Del subsecretario general de la Presidencia? No, mi general. ¿Cómo va a hacer eso?, es el subsecretario del teniente general Videla.’ Entonces, se arma un despelote, una discusión, y eso me salvó la vida. Montes murió un par de años después y yo me quedé con ese cargo de conciencia porque nunca le pude agradecer que me salvara la vida”.

Massera, que murió el 8 de noviembre de 2010, tenía otra versión. En una entrevista con María Seoane y Vicente Muleiro para el libro El dictador, el ex jefe de la Armada acusó a Villarreal y a Yofre de perseguirlo, aunque dejó a salvo a Videla: “Hacían operaciones para dejarme mal parado. Videla nunca haría una cosa así”.

En los preparativos del golpe, Massera había logrado que el Ejército aceptara dos propuestas clave para su futuro político: que cada una de las tres fuerzas ocupara el 33 por ciento del extendido aparato estatal y que el Presidente fuera rotando. Calculaba que esas movidas dispersarían la autoridad en el Ejército, impidiendo la consolidación de un liderazgo fuerte, único, mientras él manejaba con mano de hierro a la Armada.

A principios de 1978, luego de una dura negociación, Videla aceptó pasar a retiro a condición de que Massera también lo hiciera. El 31 de julio Videla dejó el cargo de comandante en jefe del Ejército y su puesto en la Junta Militar a Viola, pero siguió como Presidente casi tres años más, inaugurando la figura del “cuarto hombre”, teóricamente subordinado a la nueva Junta Militar.

Massera se retiró quince días después que Videla y fue reemplazado por su “delfín”, el almirante Armando Lambruschini. “Me voy satisfecho por la guerra antisubversiva, pero insatisfecho por la situación de la economía. Yo me retiro como almirante, pero como ciudadano sigo en servicio activo”, expresó al día siguiente en un “Mensaje a la ciudadanía”.

El proyecto presidencial de Massera terminó mal, a pesar de su voluntad política, de sus intrigas, de sus cambios de aliados y de discurso, de la creación, en 1981, del Partido para la Democracia Social, y del holding informal de medios de comunicación que lo respaldaba: el diario Convicción, Canal 13, que era estatal, diversas radios y varias revistas. La caída en desgracia ocurrió luego de la derrota en la guerra por las islas Malvinas, cuando la dictadura presenciaba su propio derrumbe y los políticos se preparaban para volver al gobierno.

Massera fue acribillado por una ráfaga de acusaciones y su candidatura naufragó cuatro meses y medio antes de las elecciones, el 16 de junio de 1983, cuando el juez federal Oscar Salvi lo envió a la cárcel por la desaparición del empresario Fernando Branca, ocurrida seis años antes. Branca habría querido estafar a Massera en la venta de un campo; el caso tenía un atractivo extra, que le aseguró una formidable repercusión mediática: la víctima estaba casado con Martha Rodríguez McCormack, que era una de las amantes de Massera. El almirante que quiso ser Perón asistió al triunfo de Alfonsín desde una prisión naval.

CAPÍTULO 10
ENTRE EL BEAGLE Y LAS MALVINAS

Cada vez que tengo que cruzar la cordillera hacia Santiago me pongo tenso porque la posición chilena es muy dura. Cuando vengo a Buenos Aires me relajo; aquí todos me reciben muy bien, son muy simpáticos. Pero cada uno de mis interlocutores me da un enfoque distinto sobre el mismo problema, el conflicto en el canal de Beagle. Entonces, yo me pregunto: ¿cuál es la voz de Argentina? Porque Chile tiene una posición clara: la que expresa Pinochet; es dura pero es unívoca. ¿Dónde está parada, en cambio, Argentina?
[El cardenal Samoré el 7 de enero de 1979 en un encuentro con Videla y los tres comandantes]

Estuvimos en guerra con Chile; si hubiéramos insistido, hoy todavía estaríamos peleando y llorando.
[Videla en entrevista en la cárcel federal de Campo de Mayo]

La guerra contra Chile ya había comenzado cuando el jueves 21 de diciembre de 1978, a las 16, un funcionario de la Cancillería interrumpió una reunión entre el general Jorge Videla y los tres miembros de la Junta Militar, en el Edificio Libertad, la sede de la Armada. Traía un cablegrama del Vaticano en el cual el flamante papa Juan Pablo II ofrecía el envío de “un emisario” para intentar una mediación en el conflicto de límites en la zona del canal de Beagle. Los tres comandantes, el general Roberto Viola, el almirante Armando Lambruschini y el brigadier Orlando Agosti, reaccionaron con enojo. “¿Cómo llega ahora esta propuesta cuando la guerra ya está en marcha?”, dijo Lambruschini. “Las órdenes ya fueron dadas, no podemos volver atrás”, lo respaldó Agosti. Viola también se mostró molesto, pero menos que sus colegas.

Videla, que ya había pasado a retiro y era el “cuarto hombre”, es decir, el Presidente, pidió la palabra. Desde un principio había estado en contra de la guerra con Chile, pero en los últimos meses su conducta se volvió vacilante, errática, seguramente porque su propia fuerza, el Ejército, había girado hacia una postura belicista, a tono con el discurso guerrero de los “halcones”, encabezados por los generales Luciano Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo, y Carlos Suárez Mason, titular del Primer Cuerpo.

—Les dije que no iba a hablar de la parte militar, pues era un asunto de ellos, de la Junta. Pero que a mi juicio el ofrecimiento del Papa era un hecho político y había que analizarlo como tal; nosotros queríamos precisamente eso: que el Papa mediara, pero sin un pedido formal de nuestra parte para que luego, si el resultado no nos satisfacía, pudiéramos rechazarlo o no aceptarlo. Ese cablegrama era el principio de una mediación. Agregué que, si bien comprendía que las órdenes de atacar ya habían sido dadas, ante este nuevo hecho político, que cambiaba la situación, se podían dar las órdenes de replegarse. Aunque comprendía que eso no era nada simpático porque iba a caer mal entre muchos oficiales que ya estaban en sus puestos de combate, convencidos de que debían ir al frente a matar o morir. Recuerdo que finalicé con esta frase: “Todo esfuerzo es poco con tal de no ir a la guerra”.

Algunos autores, como Marcos Novaro y Vicente Palermo, sostienen que en ese encuentro crucial Videla “advirtió que si se desataba la guerra, él renunciaría”; el ex dictador sostiene que “expresamente, yo no puse la renuncia sobre la mesa. Dejé en claro cuál era mi opinión: una respuesta favorable al ofrecimiento del Papa; y di a entender que si decidían otra cosa, yo no seguía. No lo dije directamente, pero les quedó claro”.

Viola cambió de posición y respaldó a Videla: “La oferta del Papa es una oportunidad que no habría que perder”, dijo. Lambruschini seguía en una postura intransigente, en línea con la política trazada por Emilio Massera, quien, si bien ya se había retirado, seguía siendo el hombre fuerte de la Armada. La Fuerza Aérea quedó en una posición intermedia.

Como no había consenso, la reunión se suspendió para “consultar a los altos mandos” de cada fuerza, según la propuesta de Lambruschini.

—A la mañana del día siguiente, el viernes 22 de diciembre, se reanudó el encuentro; los tres comandantes a cara de perro, con total desagrado, me dijeron que aceptaban la propuesta del Papa. Viola dejó claro que las órdenes de repliegue habían causado mucho malestar. Chile ya la había aceptado, media hora después de recibir el telegrama. Videla asegura que “estuvimos en guerra”: la flota de mar ya navegaba hacia el océano Pacífico, los aviones habían cambiado sus bases y patrullas del Ejército operaban en territorio chileno.

—Hubo un Día D, Hora H; ya habían sido determinados. La invasión sería el sábado 23 de diciembre. No queríamos que coincidiera con la Navidad. Yo, si de algo estoy conforme, fue de no haber ido a la guerra con Chile. De eso, me felicito todas las noches. Si hubiéramos insistido en esa guerra, todavía hoy estaríamos peleando y llorando. Y no fuimos a la guerra por la participación decisiva del delegado del Papa, el cardenal [Antonio] Samoré, y de la Iglesia.

El Conflicto del Beagle venía de 1888; en 1971, los presidentes Alejandro Lanusse y Salvador Allende acordaron someter las diferencias al arbitraje de la reina de Gran Bretaña, Isabel II. El 2 de mayo de 1977 se conoció oficialmente el laudo arbitral, que otorgó a Chile las tres pequeñas islas en conflicto: Lennox, Nueva y Picton, y otros siete islotes que no estaban en discusión. La dictadura chilena aceptó rápidamente el fallo. En cambio, luego de un arduo debate interno, los militares argentinos optaron por declararlo nulo, con el argumento de que el árbitro se había excedido en la zona a definir.

Las relaciones entre Argentina y Chile se deterioraron vertiginosamente entre mayo de 1977 y diciembre de 1978; tanto fue así que en nuestro país todo 1978 estuvo marcado por dos hechos: el Mundial de Fútbol y los preparativos para una guerra con los vecinos.

A principios de 1978 hubo dos reuniones reservadas entre Videla y Pinochet; la primera en la base aérea de El Plumerillo, el 18 de enero, y la segunda en Puerto Montt, al mes siguiente.

Videla afirma que fue Pinochet quien pidió el encuentro en Mendoza, que duró tres horas.

—Fue una reunión a solas, él y yo, nadie más. Pinochet comenzó dramatizando sobre la posibilidad de una guerra entre dos países que, dijo, tenían todo para ser complementarios. Yo le contesté que tampoco nosotros pretendíamos la guerra y que el rechazo del laudo apuntaba a crear las condiciones políticas para llegar a una solución pacífica, negociada. En un momento, Pinochet se levanta y va hasta un mapa colgado en la pared; vuelve y hace un croquis, traza una línea y me lo muestra: “¿Qué le parece?”. “Me parece interesante”, le dije. Es que la línea era de norte a sur y partía a dos de las islas, Evout y Barnevelt, la mitad del oeste para Chile y la mitad del este para nosotros. Repartía esos dos territorios, era un avance porque impedía que Chile tuviera proyección hacia el Atlántico. Agregué: “En principio, me gusta por la dirección norte a sur, pero ¿cómo seguiría esta línea, cuál sería el comienzo y cuál sería el final?”. “No avancemos, por ahora estas dos islas”, me contestó.

En simultáneo, negociadores de ambos países acordaron la creación de una comisión para intentar un acuerdo, que se ratificaría con la firma de un documento bilateral, el 20 de febrero en Puerto Montt.

Videla viajó a Chile muy confiado, pero se encontró con que Pinochet había cambiado de idea.

—Lo primero que me dijo fue: “El dibujo ese que yo le entregué y que firmamos los dos no va más. La Junta no lo acepta. Olvídese”. Me pareció un gran mentiroso porque el poder en Chile era él, la Junta no contaba. También había alterado el programa del acto. “Yo voy a decir unas palabras al término de la firma del documento de creación de la comisión de trabajo.” Le contesté que, si bien eso no estaba previsto en el cronograma acordado, él estaba en su casa.

Pinochet se despachó con un discurso en el cual, con sofisticados argumentos jurídicos, negó toda posibilidad de que la Argentina pudiera acceder a posesiones terrestres en la zona del conflicto. Esas palabras chocaban con el sentido de la comisión negociadora que acababa de crearse. ¿Fue una trampa del astuto Pinochet al crédulo Videla? También es posible que el dictador chileno las haya pronunciado para contentar a los “halcones” de su gobierno, que, como ocurría con su colega Videla en la Argentina, lo estaban empujando a la guerra. Lo cierto fue que colocó a su visitante en un dilema.

—Me planteó un problema. ¿Qué hacer? ¿Retirarme al frente de mi delegación y romper la posibilidad de una negociación que, más allá de ese discurso inesperado, había quedado plasmada en el documento firmado? ¿Replicar con argumentos jurídicos de igual nivel y profundidad? En aquel momento no los tenía a mano, no había preparado un discurso así. Opté por una respuesta de circunstancia sobre la hermandad entre ambos países, la complementariedad comercial... Me pareció lo mejor: no quise romper todo. La comisión que me acompañaba se enojó conmigo; consideró ese discurso como una aflojada. Acá también cayó muy mal: los comandantes se sintieron todos “halcones”; Menéndez era el más enojado.

El episodio aceleró la escalada bélica y pareció consagrar la victoria de los “halcones” criollos. Las “palomas” eran, fundamentalmente, Videla y Viola. Cuando llegó el cablegrama vaticano, los estados mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea ya habían cumplido con todos los aprestos finales para la guerra, desde el desplazamiento de tropas y equipos hasta el traslado en tren de miles de féretros.

Los “halcones” o los “duros” del Proceso estaban convencidos de una rápida victoria; el más sonoro era Menéndez, amo y señor en diez provincias que incluían buena parte de la frontera con Chile, desde Jujuy hasta Mendoza. “Si nos dejan atacar a los ‘chilotes’, los corremos hasta la Isla de Pascua; el brindis de fin de año lo haremos en el Palacio de La Moneda y después iremos a mear el champagne en el Pacífico”, fue una de sus frases más provocativas.

“Cachorro” Menéndez sería la punta de lanza de una operación para partir por la mitad a Chile. Aún hoy, sostiene que “la precariedad de los medios chilenos era notoria. Mis tropas, además de ser superiores en número, estaban mejor pertrechadas, y además eran respaldadas por la parte civil. Los chilenos sabían que serían derrotados”.

En cambio, Videla sigue convencido de que Menéndez estaba equivocado y de que “esa guerra no iba a andar rápido”.

—Menéndez era un verdadero soldado; un comandante con control de su territorio; un hombre que mandaba con autoridad y con el respeto que imponía su sola presencia. Pero estaba obnubilado con Chile, quería la guerra a todo precio. Pensaba que sería un paseo militar, y decía: “Salimos a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde estamos tomando el té con las chilenas en Valparaíso”. Yo entiendo que un comandante de cuerpo debe ser un poco así, optimista, voluntarioso, pero eso era exagerado en extremo. Esa guerra no iba a andar rápido: había una paridad entre Argentina y Chile en la Fuerza Aérea y la Marina, y en el Ejército sí había una superioridad nuestra de tres a uno desde el punto de vista numérico, pero estaba el escollo natural de la cordillera de los Andes para la fuerza de ataque, para nosotros. Iba a ser una guerra de desfiladeros en la cual lleva ventaja el defensor. Y Chile había tenido todo el tiempo para organizar su defensa fortificando todos los pasos de la cordillera. Un principio táctico básico indica que la fuerza que ataca debe ser superior en por lo menos una proporción de tres a uno, siempre que el defensor no haya tenido la oportunidad de organizarse en el terreno; si eso sucede, la proporción para la victoria salta a cinco a uno u ocho a uno o más, dependiendo del grado de reforzamiento en el terreno. Además, Estados Unidos no iba a permitir que le armáramos bochinche en su patio trasero: iba a intervenir y los platos rotos los íbamos a pagar nosotros por haber sido los invasores. Nuestra única esperanza era un éxito rápido, antes de la intervención de Estados Unidos, como decía Menéndez, pero eso era muy difícil de lograr. Iba a ser una guerra de un desgaste tremendo.

Videla revela cuáles eran los planes bélicos de los militares argentinos, elaborados bajo la influencia de los “halcones”.

—La idea no era recuperar las tres islas por la fuerza. No, se trataba de llevar la guerra al territorio chileno; de cruzar la cordillera de los Andes, dar la batalla decisiva en la llanura chilena y, a partir de la derrota chilena, imponer nuestras condiciones.

Pinochet tenía un plan parecido: penetrar con sus tropas hasta Bahía Blanca, cortando el territorio argentino en dos.

En un libro de entrevistas, Pinochet afirmó en 1999 que había alistado a 10 mil soldados en el sur, aunque admitió que un triunfo chileno hubiera sido muy difícil. Afirmó que, en ese caso, el conflicto habría derivado en “una guerra de montonera, matando todos los días, fusilando gente tanto por parte de los argentinos como por nuestra parte, y al final, por cansancio, se habría llegado a la paz”.

Los jefes militares argentinos terminaron aceptando, aunque a regañadientes, la mediación papal por dos motivos principales. Por un lado, ya habían rechazado un laudo arbitral solicitado por la propia Argentina, una decisión poco usual en la diplomacia internacional; sin ninguna duda, si insistían en ir a la guerra, la Argentina sería condenada en forma prácticamente unánime como el país agresor. Otra razón fue la tradicional alianza entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas, y el peso de la figura del Papa, que era, no sólo para los militares argentinos, el mejor mediador posible en un conflicto entre dos países mayoritariamente católicos.

¿Cómo fue que Juan Pablo II decidió involucrarse en ese conflicto? Hacía poco más de dos meses que Karol Wojtyla se había convertido en el primer Papa polaco de la historia, a los 58 años, cuando llegó a Buenos Aires el cablegrama que literalmente paró la guerra. Videla confirma que su gobierno no hizo ninguna gestión para que el Papa ofreciera el envío de un emisario.

—El mejor candidato era el Papa; en eso estábamos todos de acuerdo, tanto los chilenos como los argentinos. Pero nosotros no queríamos hacer un pedido de mediación conjunto, de ambas partes, porque teníamos miedo de que el resultado nos fuera desfavorable. ¿Qué íbamos a hacer en ese caso? ¿Aceptarlo sólo porque lo habíamos pedido? La solución era que el Papa ofreciera su mediación sin que nosotros se la pidiéramos, así, si el resultado no nos satisfacía, podríamos rechazarlo.

Según Videla, la oferta papal llegó de la mano del nuncio en Argentina, monseñor Pío Laghi, con la ayuda del titular

Según Videla, la oferta papal llegó de la mano del nuncio en Argentina, monseñor Pío Laghi, con la ayuda del titular del Episcopado, cardenal Raúl Francisco Primatesta. Diez días antes, Laghi le pidió una audiencia urgente y Videla lo recibió por la noche en la residencia de Olivos.

—General, me he enterado de que la posibilidad bélica es una realidad inminente. Si esto es así, quiero decirle que me parece una locura.

—No me lo cuente a mí, monseñor. También me parece una locura, pero, ¿sabe las presiones que tengo de los sectores más duros de las Fuerzas Armadas? La verdad es que la guerra ya está decidida y el reloj del Día D, Hora H, comenzó a funcionar y está marchando.

—De ser así, ya me pongo a hacer todo lo posible para lograr una intervención urgente del Papa. Hay que parar esto. El cardenal Primatesta acaba de regresar de Roma. ¿A usted qué le parece si le cuento lo que pasa y lo invito a que me acompañe en esas gestiones?

—Me parece muy bien, por supuesto. Pídale de mi parte al cardenal que haga todo lo que esté a su alcance porque la situación es dramática.

Veinte años después de aquellas gestiones, el cardenal Laghi recordó en una entrevista con el diario Clarín que la información de la inminencia de la guerra se la habían proporcionado en una cena Viola y el ministro de Economía, José Martínez de Hoz, “que no querían que estallara el conflicto. Fui a verlo a Videla a Olivos y le dije que había que hacer lo imposible para evitar la guerra. Pero Videla se sentía debilitado ante los ‘halcones’ y me pidió que el Papa no le escribiera otra vez. Hacía falta una intervención más fuerte. El Presidente me confió que había firmado ya el decreto de invasión”.

—¿Y usted qué hizo? —le preguntó el periodista Julio Algañaraz, de Clarín.

—Bueno, el cardenal Primatesta, que acababa de regresar de Roma, donde había hablado con el Papa pero sin darse tampoco cuenta de la extrema gravedad de la situación, aceptó firmar un despacho AAA (cifrado y que por su característica de emergencia debía ser puesto de inmediato en conocimiento del Pontífice), en el que en nombre del Episcopado respaldaba mis informaciones y pedía la intervención del Papa, porque la guerra era inminente. Por otro lado, con el embajador norteamericano, Raúl Castro, acordamos enviar cables urgentes. Castro, que tuvo un gran comportamiento, pidió la intervención del representante del presidente Carter, Robert Wagner, quien se encontraba en esos momentos en Roma, ante Juan Pablo II. Los norteamericanos informaron al Papa que lo que yo decía era exacto. La situación era gravísima y ya no quedaba casi tiempo para evitar la guerra. El Papa finalmente lanzó por propia iniciativa su propuesta y se logró a último momento detener el comienzo de la guerra.

Laghi, que murió el 11 de enero de 2009, ya había enviado cables al Vaticano alertando sobre la escalada bélica vertiginosa, pero en la Secretaría de Estado, equivalente a la Jefatura de Gabinete del Papa, “no se daban cuenta de la gravedad de la situación. Como es lógico, se esperaba que los gobiernos de ambos países enviaran cartas pidiendo la mediación del Papa. Pero los gobiernos no se ponían de acuerdo y la situación derivaba hacia la guerra”.

En ese reportaje, Laghi contó que “tres o cuatro meses después, Juan Pablo II me dio una audiencia y me dijo: ‘Yo no podía dejar de intervenir para frenar una guerra entre dos naciones católicas’. Se daba cuenta de que la mediación condicionaba el pontificado que recién iniciaba. Tuvo una visión que lo mostró no sólo como un gran líder y un gran pastor, sino también como un gran profeta”.

El martes 26 de diciembre llegó a Buenos Aires el cardenal Samoré, un hábil y persistente diplomático vaticano de 73 años. Estuvo un par de días en Buenos Aires hablando con Videla y con cada uno de los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, por separado. Cruzó la cordillera, se entrevistó con Pinochet; volvió a Argentina, regresó a Chile, y en esos viajes de un país a otro fue alumbrando una alternativa a la guerra, que justificó la recordada frase con la que enfrentó los micrófonos de los periodistas al principio de su delicada misión: “Veo una lucecita de esperanza al final del túnel”.

Esa primera etapa de su gestión terminó el 8 de enero de 1979 con la firma en Montevideo de un acta donde los cancilleres de Argentina y Chile solicitaban en forma oficial la mediación de Juan Pablo II y acordaban un marco flexible para las negociaciones.

El día anterior, en una reunión en Olivos con Videla, los tres comandantes y monseñor Laghi, Samoré apeló a su fina ironía para criticar el complicado mecanismo de toma de decisiones en la dictadura argentina, donde el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea actuaban como facciones que se habían loteado el aparato estatal, y que muchas veces tenían ideas y propuestas diferentes sobre un mismo tema. Además, dentro de cada fuerza, en especial en el Ejército, existían grupos enfrentados. Todo esto derivaba frecuentemente en vetos recíprocos y en contradicciones que fueron rápidamente advertidos por el agudo enviado del Papa.

“Fíjense lo que me ha pasado estos días —dijo Samoré—. Cada vez que tengo que cruzar la cordillera hacia Santiago me pongo tenso porque la posición chilena es muy dura. En cambio, cuando vengo a Buenos Aires es distinto: me relajo; aquí todos me reciben muy bien, son muy simpáticos, hasta me invitan a tomar el té. Pero cada uno de mis interlocutores me da un enfoque distinto sobre el mismo problema, el conflicto en la zona del canal de Beagle. Incluso, después de hablar con cada uno de ustedes me visita el comodoro tal y me completa la posición del brigadier; el general tal con el mismo mensaje, que no siempre es coincidente, y también el contralmirante tal. Entonces, yo me pregunto: ¿cuál es la voz de la Argentina? Porque Chile tiene una posición clara: la que expresa Pinochet; es dura pero es unívoca. ¿Dónde está parada, en cambio, la Argentina?”.

Sus interlocutores sonrieron nerviosos, pero nadie dijo una palabra: Samoré lo había dicho con tanta cortesía y fingido sentido del humor que nadie se sintió en la obligación de responder.

El 12 de diciembre de 1980, Juan Pablo II hizo una propuesta a ambos países, que tampoco satisfizo a la dictadura argentina. Pero era menos desfavorable que el laudo arbitral, dice Videla.

—No nos daba tierra, pero sí mucho mar. Era desfavorable, pero no tanto como el laudo arbitral. La Junta Militar lo analiza y no lo acepta; algunos proponen contestar la propuesta del Papa, cuya aceptación no era obligatoria, pero, ¿qué íbamos a contestar? Me pareció mejor no hacer nada, aunque les dije a los comandantes: “Si quieren, hagan un documento, pero yo no lo firmo”. Lo fundamental era preservar la paz y el costo que había que pagar no era excesivo.

El conflicto limítrofe recién fue saldado luego del retorno a la democracia, en el gobierno de Raúl Alfonsín, el 29 de noviembre de 1984, con la firma del Tratado de Paz y Amistad por parte de los cancilleres de ambos países. La ceremonia se realizó en el Vaticano, con la presencia de Juan Pablo II, quien, al evitar la guerra entre Argentina y Chile, había logrado el primer éxito diplomático del que sería su largo papado, de veintiséis años. Antes, una consulta popular no vinculante había respaldado el acuerdo en Argentina con el 82 por ciento de los votos.

El conflicto con Chile terminó con una derrota de los “halcones” frente a las “palomas”. La revancha sería en Malvinas, el 2 de abril de 1982, donde la línea dura alistó un elenco renovado, encabezado por el general Leopoldo Fortunato Galtieri y el almirante Jorge Isaac Anaya.

Para ese entonces, Menéndez había sido retirado, luego de su frustrado levantamiento del 29 de septiembre de 1979, una semana después de la partida de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los “duros” acusaban al gobierno de haber cedido a la presión internacional, promovida por la “subversión marxista”, al haber autorizado la entrada al país de la CIDH. “No se ha cumplido el compromiso de erradicar definitivamente a la subversión, cerrando el camino al resurgimiento futuro del marxismo en el país”, se quejaba Menéndez en su proclama.

La sublevación en una fuerza organizada de un modo tan vertical reflejaba las diferencias que se habían ido acumulando entre ambos sectores, incluyendo el manejo de casos puntuales como la detención del periodista Jacobo Timerman.

Pero el reclamo principal de Menéndez fue el ascenso de Viola a la Jefatura del Ejército, los cambios que estaba realizando en la cúpula de esa fuerza y la posibilidad de que sucediera a Videla en la presidencia. Los “duros” despreciaban a Viola. En concreto, Menéndez quería el retorno del Proceso a la ortodoxia inicial. Pero fracasó rápidamente: nadie se plegó a la rebelión y todo terminó en un arresto durante cien días y la anticipación de su pase a retiro.

Menéndez era un “duro” pero, a diferencia de otros “señores de la guerra”, se mantenía leal a Videla y no pretendía voltearlo del gobierno. Además, sentía una fuerte antipatía por Massera. Según Videla, “es una picardía que la carrera de Menéndez haya terminado así”.

—La asonada fue una rebelión contra Viola; lo veía como un politiquero. Menéndez quería mover el Tercer Cuerpo a través de las brigadas, pero Viola le había puesto los jefes de esas brigadas que, lógicamente, no le respondieron a Menéndez. Es un nacionalista al que le tocó vivir una situación curiosa: en 1955 era ayudante del jefe de Granaderos y por su función tuvo que guardar las formas y no se pudo manifestar sobre el golpe contra Perón. Claramente, no es afecto a Perón y al peronismo.

Hacía un año que Viola era el jefe del Ejército; Videla lo designó luego de una ronda de consultas con cada uno de los generales de división, en la cual el candidato de los “halcones” era Suárez Mason.

—Viola logró una mayoría no aplastante, fue una situación medio pareja, con una ventaja de uno o dos votos. Si mal no recuerdo, Galtieri apoyó a Viola: es que Galtieri era un poco el protegido de Viola; luego, Viola movió los hilos para que Galtieri fuera su sucesor en la comandancia general del Ejército, porque quería tener las espaldas bien guardadas, como yo las había tenido durante toda mi gestión con Viola.

Mientras el gobierno de Videla languidecía y la situación económica se deterioraba, Viola logró su principal objetivo el 2 de octubre de 1980, cuando la Junta Militar lo designó presidente luego de una dura discusión interna. Fue una victoria pírrica: su candidatura fue objetada por el almirante Lambruschini y su nombramiento no fue realizado por unanimidad, como establecían las reglas del Proceso, sino con la reserva expresa de la Armada. Era una época en la que seguía vivo el proyecto presidencial de Massera, enemigo jurado de Viola.

Para Videla, su amigo entró débil al gobierno.

—La presidencia de Viola nace con un tiro en el ala, ya que Galtieri no muestra en la Junta Militar un compromiso fuerte con su designación, y la Armada permanece en contra. Yo no diría que Galtieri era un “halcón”; sí era un tipo vehemente, calentón, que siempre estaba haciendo alarde de su potencia, pero tenía una muy buena relación con Viola, que era la expresión máxima de las “palomas”. Creo que Galtieri fue cambiando de posición y que en octubre de 1980 ya estaba a la vista el tema Malvinas.

Viola duró poco más de ocho meses en el gobierno, hasta que por “problemas de salud” fue removido por la Junta Militar el 11 de diciembre de 1981; once días después, Galtieri asumió la presidencia y mantuvo el cargo de comandante en jefe del Ejército. En la Junta Militar, Anaya ya había reemplazado a Lambruschini y el brigadier Basilio Arturo Lami Dozo se había hecho cargo de la Fuerza Aérea.

A esa altura, la dictadura hacía agua por todos los costados, impugnada por los políticos, los sindicalistas, un sector creciente del empresariado y la mayoría de la gente. En su libro sobre la dictadura, Marcos Novaro y Vicente Palermo apuntan una diferencia fundamental entre el Conflicto del Beagle y la Guerra de Malvinas: “Mientras que en el caso del Beagle la causa eficiente que impulsaba a los guerreros fue la dinámica de feroz competencia en el interior del régimen, en el caso de Malvinas se trató de huir de la propia crisis del régimen. Los duros del Ejército, así como los marinos, unificaron precariamente al Proceso por última vez”.

Según Videla, la idea de recuperar las Malvinas por la fuerza “estuvo como tema, como hipótesis, siempre presente en el Ejército, pero nunca con la intensidad con la que lo estuvo en la Marina”.

—Al fin y al cabo, era un tema más de ellos, porque el teatro de operaciones era naval. Creo que Anaya lo tenía como una idea propia, más que Massera. Y sospecho que Anaya tenía mucha influencia sobre Galtieri. Habían sido compañeros en el Liceo Militar y tenían personalidades que se complementaban: Galtieri era emotivo y temperamental; Anaya, un tipo pensante, cerebral.

Y recuerda que ya en 1978 la Armada pensaba en recuperar las Malvinas con un objetivo político: “revitalizar el Proceso”.

—En aquel año, cuando Massera todavía no había pedido el retiro y yo estaba a punto de hacerlo, la Armada envió una nota a la Fuerza Aérea y al Ejército diciendo que ellos tenían muy avanzado un plan para una invasión a Malvinas con el fin de revitalizar el Proceso, e invitaba al Ejército y a la Fuerza Aérea a participar. La respuesta para nosotros no era fácil: no podíamos decir que estábamos en contra, pero tampoco a favor, porque no habíamos pensado nada sobre eso. Elegimos una salida elegante: les contestamos que el Ejército también tenía sus planes y que nos gustaría cotejar los de cada Fuerza para llegar a un planeamiento conjunto, siempre que ese cotejo fuera abierto. Nunca nos contestaron, por suerte. Massera firmaba la nota, pero el jefe de Operaciones Navales era Anaya.

Videla cuenta que Galtieri le envió un emisario a su casa el día anterior al desembarco.

—El 1° de abril de 1982, a las 20, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general [José] Vaquero, llega a mi domicilio. “Mi teniente general, vengo de parte del comandante en jefe del Ejército, el teniente general Galtieri, que me ha ordenado que le comunique lo siguiente: esta madrugada estaba planificado un desembarco conjunto en las islas Malvinas, pero por razones meteorológicas tuvo que ser abortado. Hoy, las condiciones son favorables y en consecuencia, se realizará ese desembarco conjunto. El teniente general quiso que usted lo supiera antes para que no se enterara por los diarios, y quiere saber si usted tiene algo que decir”, me dijo. “Bueno, ¡que Dios los ayude!”, le contesté. Ya habían preparado todo, ¡qué podía decir yo! Después, con la guerra ya declarada, Galtieri hizo dos o tres reuniones con los ex comandantes y nos contaba cómo iba la guerra. Nos decía que todo estaba bien, y nosotros no teníamos otra información. Creo que no supieron graduar la guerra; tres días antes, la Plaza de Mayo se había llenado por una protesta sindical; al día siguiente de la invasión, se llenó como nunca.

La “fuga hacia adelante” liquidó la dictadura. Videla culpa al mal manejo político de la derrota, por la falta de “un final pactado, negociado con la oposición”, y responsabiliza al general Cristino Nicolaides, que tras la guerra quedó como el nuevo hombre fuerte del Ejército y del gobierno.

—Opino que si fue grave la invasión de Malvinas y que se les haya ido de las manos por una tremenda soberbia, lo imperdonable es el post Malvinas. Fue una derrota sí, pero honrosa: peleamos con la tercera potencia del mundo, aliada con la primera, y no les fue fácil; no fue un picnic, como ellos mismos reconocen. Pudo ser capitalizada: si hubieran hecho desfilar a los soldados que volvieron de Malvinas, la gente les habría tirado flores. En vez de hacer eso, los escondieron en Campo de Mayo, en secreto, y de noche los enviaron a sus unidades. Fue el general Nicolaides, que se acomplejó. No se salvaba el Proceso, porque venía con un tiro en el ala; pero la salida podría haber sido menos traumática, y no la entrega incondicional que terminó siendo.

Tanto Nicolaides como Galtieri, Viola, Anaya y Lambruschini ya están muertos.

La derrota en la Guerra de Malvinas se sumó a la crisis económica y al reclamo por las consecuencias del método de la Disposición Final, en un combo que resultó fatal para la dictadura y también para el papel protagónico que los militares ejercían en la política argentina desde 1810, cuando el Ejército “nació con la Patria”, como dice su emblema. Aquel rol pertenece ahora a la historia.

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CAPÍTULO 11
BORGES, EL PC, TIMERMAN Y LA IGLESIA

¡Ave, César, vencedor de los peronistas!
[El saludo de Jorge Luis Borges a Videla, a la manera del Imperio Romano, en el almuerzo con los escritores el 19 de mayo de 1976]

Había una división entre “palomas”, como Viola, como yo, y “halcones”, como Suárez Mason, Camps, Menéndez, Riveros, Sasiaiñ. Ellos tenían los fierros y mostraban más acción en la guerra contra la subversión. Eran los más “duros”, pero es que las circunstancias los llevaban a posiciones más duras. Yo no creo que ese temperamento moderado mío evitó que hubiera más desaparecidos, como puede pensarse.
[Videla en entrevista en Campo de Mayo]

Los militares esperaban que el Premio Nobel fuera para el escritor Jorge Luis Borges, candidato anual a ese galardón, no tanto por la obra del genial escritor sino porque lo consideraban un amigo del Proceso. El 13 de octubre de 1980, Videla y sus colaboradores fueron sorprendidos en plena reunión de gabinete por una noticia urgente que llegaba desde Oslo.

—Señor Presidente, la Argentina ha sido destinataria del Premio Nobel de la Paz —le dijo a Videla al oído un edecán.

—¿Quién es?

—Nadie lo conoce, un tal Pérez Esquivel.

—Señores, han otorgado el Premio Nobel de la Paz a un argentino, un tal Pérez Esquivel, pero me dicen que nadie lo conoce —levantó la voz Videla.

—Yo voy a averiguar de qué se trata todo esto —saltó el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, y abandonó la sala casi a la carrera.

Volvió a los diez minutos y dio un breve informe. Todos juzgaron que Pérez Esquivel no merecía el galardón que tanto se le negaba a Borges, claro que en otro campo. “Eran los vicios que había”, afirma Videla.

—Era un dirigente de los derechos humanos, de izquierda; eran los vicios que había: la ideología pesaba por sobre la capacidad intelectual. Fue ciertamente un golpe para el Proceso, dentro y fuera del país. Nosotros teníamos la esperanza de un Nobel para Borges, pero el pobre Borges había quedado quemado al concurrir a un almuerzo conmigo.

Pérez Esquivel, 49 años, escultor, casado, tres hijos, no era conocido a nivel masivo, aunque había fundado el Servicio de Paz y Justicia y recibido ya algunos premios internacionales por “su tarea en favor de la defensa de los derechos humanos en América latina a través de métodos no violentos”. Católico progresista, había estado preso durante la dictadura, entre abril de 1977 y julio de 1978. Una de las personas que más se alegró fue la subsecretaria de Estado para los Derechos Humanos de Estados Unidos, Patricia Derian, una aguerrida crítica del régimen militar. En Washington, Derian interpretó que el galardón era “un mensaje” para Argentina y para todos los países que violaban los derechos humanos, y sostuvo que las gestiones de su gobierno habían contribuido en su momento a la liberación de Pérez Esquivel.

El almuerzo entre Videla y Borges al que se refiere el ex dictador tuvo lugar el miércoles 19 de mayo de 1976, casi dos meses después del golpe, en la Casa Rosada. La mesa fue compartida también por Ernesto Sabato, el titular de la Sociedad Argentina de Escritores, Horacio Ratti, y el sacerdote Leonardo Castellani.

“¡Ave, César, vencedor de los peronistas!”, lo saludó Borges agitando uno de sus brazos, a la manera del Imperio Romano, recuerda Videla.

El secretario general de la Presidencia, general José Villarreal, había planificado una serie de almuerzos de Videla con figuras de diversos sectores, y era el turno de los escritores. Videla cuenta cómo fueron la convocatoria y el almuerzo.

—Sólo invitamos a cuatro escritores y los cuatro aceptaron. Fue un almuerzo encantador desde el punto de vista de la actitud de Borges y Sabato, que desarrollaron un diálogo muy rico entre ellos. Una discusión sobre literatura que ocupó prácticamente todo el almuerzo, un diálogo técnico. No se habló nada de política.

Los diarios de la época contaron que la comida duró casi dos horas, y que a la derecha de Videla se sentó Castellani, a la izquierda Sabato y enfrente Borges. Ratti y Villarreal completaron la mesa. Un mozo les sirvió budín de verduras con salsa blanca, ravioles y ensalada de frutas con crema o dulce de leche. Y vino tinto Bianchi 1887 y San Felipe blanco.

Videla todavía saborea los elogios de los invitados luego del almuerzo.

—Los periodistas, que estaban esperando, entrevistaron a los escritores. Fueron todas loas para mí, tantas que me pongo colorado cuando ahora leo los recortes de los diarios del día siguiente. Yo prácticamente no hablé, pero ellos dijeron que era inteligente, preparado, culto. Realmente, no había tenido tiempo de expresar todo eso.

Sabato declaró que Videla lo “impresionó como un hombre culto, modesto, inteligente”; Castellani lo consideró “un hombre honesto, sereno, humilde, preocupado seriamente por conocer la realidad argentina en su totalidad”, y Borges dijo que le agradeció “personalmente” por el golpe de Estado, “que salvó al país de la ignominia”. Años después, tanto Borges como Sabato asumieron públicamente posiciones contrarias a la dictadura.

Aquel almuerzo hizo tanto ruido, que con el paso del tiempo surgieron distintas versiones sobre lo hablado en la Casa Rosada. Videla asegura que ninguno de los invitados sacó el tema de las víctimas de su gobierno durante la comida.

—Luego del almuerzo, el padre Castellani me llevó a un costado, me dio un papelito y me dijo: “General, le recomiendo la situación de esta persona, un escritor. Es una persona de mi conocimiento, que no ha hecho nada malo”. Yo recibí el papelito, no recuerdo ahora el nombre; tomé nota del pedido y luego llamé por teléfono y di instrucciones para que, en la medida de lo posible, revisaran la situación de este detenido. No fue un pedido genérico instrucciones para que, en la medida de lo posible, revisaran la situación de este detenido. No fue un pedido genérico sino por una persona determinada. No hubo ningún otro pedido por detenidos.

El escritor detenido era Haroldo Conti, que había sido secuestrado en su casa en la madrugada del 5 de mayo por un grupo armado, presuntamente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Conti, autor de la novela Mascaró, el cazador americano, entre otras obras, sigue desaparecido.

En un reportaje con la revista Crisis en julio de 1976, Castellani dio la misma versión de Videla: “Yo traté de aprovechar la situación por lo menos con una inquietud que llevaba en mi corazón de cristiano. Días atrás me había visitado una persona que, con lágrimas en los ojos, sumida en la desesperación, me suplicó que intercediera por la vida del escritor Haroldo Conti. Yo no sabía de él más que era un escritor prestigioso y que había sido seminarista en su juventud. Pero, de cualquier manera, no me importaba eso, pues así se hubiera tratado de cualquier persona, mi obligación moral era hacerme eco de quien pedía por alguien cuyo destino es incierto en estos momentos. Anoté su nombre en un papel y se lo entregué a Videla, quien lo recogió respetuosamente y aseguró que la paz iba a volver muy pronto al país”.

Castellani contó que luego del almuerzo Borges invitó a sus colegas a tomar un café a su departamento, y se marchó rápidamente. Cuando Sabato, Ratti y el sacerdote escritor lograron zafar del asedio periodístico fueron a verlo a donde vivía y se llevaron una sorpresa: “Una persona que nos abrió la puerta dijo que Borges no podía atendernos porque estaba en cama con fuertes dolores de estómago. En fin, son cosas que pasan”.

Videla destaca que el pedido del padre Castellani fue “muy medido” y que durante su gobierno mantuvo una “muy buena relación” con la Iglesia.

—La Iglesia no era adicta a nosotros; teníamos nuestros encontronazos, pero, como institución, se manejaba con prudencia: decía lo que tenía que decir sin crearnos situaciones insostenibles. En ese contexto, la relación fue muy buena. En el plano individual, yo tenía una relación excelente con monseñor [Adolfo] Tortolo, por ejemplo: era un santo. A Primatesta lo había conocido en Córdoba, cuando estuve destinado como jefe de Operaciones del Tercer Cuerpo. Primatesta tenía en aquel momento fama de progresista, como tantos otros obispos, pero no era un [Jaime] De Nevares, un [Miguel] Hesayne, aunque se lo miraba con recelo. Ya como titular del Episcopado, reestablecimos el contacto: era un hombre comprensivo; no digo que aplaudiera lo que estábamos haciendo, pero no era un [Vicente] Zaspe, que también integraba la Mesa Ejecutiva del Episcopado y nos ponía en aprietos.

Tortolo era amigo y confesor de Videla y de su familia, y fue el principal respaldo del gobierno militar en la cúpula de la Iglesia. Era un conservador, un integrista, que consideraba que Argentina era y debía seguir siendo una “nación católica”. Para defender esos valores, auspiciaba la alianza tradicional entre la Iglesia y el Ejército como pilares de la Patria.

En los últimos meses del gobierno de Isabel Perón, Tortolo se convirtió en un entusiasta impulsor del golpe de Estado, como un capítulo inevitable de una “guerra santa y purificadora” contra las guerrillas y el marxismo, desde su triple condición de arzobispo de Paraná, vicario general de las Fuerzas Armadas (a cargo de la red de vicarios castrenses) y titular del Episcopado.

A los dos meses del golpe, Primatesta reemplazó a Tortolo al frente de la Iglesia y eso moderó el respaldo activo de la cúpula a la dictadura, aunque el apoyo siguió por varias razones:

Videla y los militares se presentaban como los defensores del “ser nacional”, que era “occidental y cristiano”, y como los guardianes del patrimonio espiritual condensado en la fórmula “Dios, Patria y Familia”. Ese discurso resultaba muy atractivo para el Episcopado; unificaba a los sectores conservadores con los moderados; les prolongaba una plataforma común en la ardua disputa interna que ambas líneas mantenían desde hacía tiempo contra los grupos progresistas. desde hacía tiempo contra los grupos progresistas.

La Iglesia llegó al golpe dividida por esa disputa interna, que la había politizado de una manera tal que, a la hora de responder a los pedidos de ayuda de las víctimas de la dictadura, pesaron más los cálculos políticos como la conveniencia de no aparecer debilitando a un gobierno en plena lucha contra la guerrilla que la preocupación genuina por los derechos humanos de los detenidos desaparecidos, católicos en su gran mayoría.

Es probable que los grupos moderados sintieran culpa porque no habían podido evitar que en el pasado reciente la guerrilla, en especial Montoneros, hubiera reclutado buena parte de sus integrantes en la juventud católica, como algunos militares se ocupaban cada tanto de recordarles.

Muchos obispos y sacerdotes han afirmado que les costaba creer que un católico ferviente como Videla fuera capaz de encabezar una represión en la que secuestraban, torturaban, mataban y hacían desaparecer personas.

Es, con matices, lo que argumentaba el cardenal Pío Laghi, que fue embajador del Papa en la Argentina y terminó acusado como cómplice de la dictadura. “¿Cómo iba a suponer que estaba tratando con monstruos, capaces de arrojar personas desde los aviones y otras atrocidades semejantes? Se me acusa de delitos espantosos por omisión de ayuda y de denuncia, cuando mi único pecado era la ignorancia de lo que realmente sucedía”, le dijo Laghi en diciembre de 2000 a la periodista Olga Wornat para su libro Nuestra Santa Madre.

Laghi llegó a Buenos Aires el 1° de julio de 1974, justo cuando Isabelita anunciaba por radio y televisión que su esposo, el general Juan Perón, acababa de morir, y que por lo tanto ella, que había sido elegida como vicepresidenta, asumía la jefatura del Gobierno y del Estado. Venía de ser nuncio papal en Jerusalén y Palestina; en 1980, luego de su paso por la Argentina, fue destinado como embajador en Estados Unidos, y de allí saltó al gobierno central de la Iglesia Católica como prefecto de la Congregación para la Educación, una suerte de ministro de Educación del Papa. Una carrera ascendente que le permitía acceder al reducido lote de “papables”, de candidatos a reemplazar a Juan Pablo II.

En aquellas alturas circulaba Laghi cuando el 21 de marzo de 1997 leyó en el diario Corriere della Sera un amplio artículo titulado “Cardenal y verdugo”, con el subtítulo “Argentina. Pío Laghi acusado de ser parte integrante de la dictadura militar”. El texto anticipaba que la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y su abogado y representante, Sergio Schoklender, se aprestaban a viajar a Roma a denunciar al ex nuncio en la Argentina, como luego ocurrió. A partir de esa denuncia, que fue aprovechada por sus adversarios vaticanos, terminó la carrera papal de Laghi. Nunca se pudo recuperar de esa acusación.

El nuncio había sido enviado a la Argentina con una misión principal: “pacificar y reunir” a la Iglesia local favoreciendo la autoridad y cohesión de su jerarquía. Rápidamente, gracias a su rango pero también a su inteligencia y dinamismo, tuvo acceso libre a todos los núcleos de poder. Luego del golpe, Laghi prefirió cultivar una relación cordial, diplomática, con los jefes militares, como por ejemplo el almirante Emilio Massera, y preocuparse por casos puntuales de secuestrados o de posibles víctimas. Laghi logró salvar a varias personas, pero comparte con la Iglesia argentina el mismo cuestionamiento, muy generalizado: su falta de firmeza en la defensa de los derechos humanos.

Un argumento en ese sentido es que una actitud diferente de, por ejemplo, Primatesta y Laghi contra la violación de los derechos humanos, como la que tuvieron frente a la guerra con Chile, podría haber salvado muchas vidas. Eso tal vez sea cierto, aunque fueron situaciones distintas: en aquel conflicto limítrofe un sector de la dictadura, encabezado por Videla y Roberto Viola, no quería ir a la guerra, mientras que en la represión el frente militar actuó sin fisuras.

De todos modos, aunque Laghi y el Episcopado se preocuparon en todo momento por no romper con el gobierno, en especial con Videla y Viola, que eran vistos como “moderados”, fueron tomando una mayor distancia del régimen a partir del 4 de julio de 1976, cuando la sangre manchó directamente a la estructura de la Iglesia local con la Masacre de San Patricio, el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos de la iglesia de San Patricio, en el barrio de Belgrano.

La matanza causó una conmoción, no sólo en la Iglesia. El periodista inglés Robert Cox, director del Buenos Aires Herald, recuerda que en la misa que se realizó al otro día “la iglesia estaba atestada. Los cuerpos yacían en ataúdes abiertos cerca del altar. Los feligreses pasaban junto a ellos para recibir la comunión”. La misa fue concelebrada por el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Juan Carlos Aramburu, y sesenta sacerdotes, entre ellos Laghi. La presencia del general Carlos Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo, tensionó el ambiente, en especial cuando se acercó a comulgar.

“Tuve que darle la comunión al general Suárez Mason y puede imaginar lo que sentí como cura. Sentí ganas de pegarle con el puño en la cara”, le dijo Laghi a Cox pocos días después.

Suárez Mason fue considerado desde el primer momento el principal sospechoso de la matanza.

En la cárcel federal de Campo de Mayo, Videla sostiene que el asesinato de los palotinos fue “un acto de torpeza tremenda”.

—Había dos seminaristas muy comprometidos con la subversión, que eran militantes montoneros, pero el problema podría haber sido evitado; derivó en una confrontación innecesaria con la Iglesia, que no nos lastimaba. Po dríamos haberle pedido a la Iglesia que los sacaran del país, por ejemplo a Venezuela, y lo hubieran hecho, si comprensión les sobraba. Nunca supimos quiénes fueron y por qué lo hicieron. Lo mismo con las dos monjas francesas [Alice Domon y Leónie Duquet, diciembre de 1977]: otro caso de torpeza tremenda, si bien las dos monjas ya no eran monjas sino que habían pedido la reducción al estado laical. Tampoco supimos quiénes fueron los autores.

Según el ex dictador, el Episcopado dio a conocer “un fuerte documento” luego de la Masacre de San Patricio, aunque destacó que “no amenazó con excomulgarnos ni con cosas por el estilo”.

Dos semanas después de la matanza de los cinco palotinos, el domingo 18 de julio de 1976, un grupo de civiles armados que se identificaron como policías federales secuestró en la parroquia de Chamical, en La Rioja, a los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, quienes fueron torturados y luego asesinados. A la semana fue acribillado el laico Wenceslao Pedernera, en Sañogasta. Y el 4 de agosto, el obispo de esa provincia, monseñor Enrique Angelelli, que venía investigando y denunciando los asesinatos en su diócesis, murió al volcar la camioneta en la que viajaba, en un supuesto accidente que muchos califican como un asesinato. “El Pelado” Angelelli era un carismático obispo progresista.

Luego de todas esas muertes, Laghi se reunió con Videla y con Viola. El 31 de agosto de 1976, en el cable número 5684, calificado como secreto, el embajador estadounidense, Robert Hill, informó a su gobierno que Laghi les había contado cómo fueron esos encuentros para “discutir las fricciones entre la Iglesia y el gobierno”.

“Laghi dijo —señaló Hill— que les había indicado a Videla y a Viola que la Iglesia no quería confrontar con el gobierno, pero que el gobierno debía tomar medidas si quería evitar esa confrontación. En primer lugar, el gobierno tenía que mantenerse fuera de los asuntos de la Iglesia y no tenía que juzgar a los sacerdotes según criterios militares. Si las autoridades sospechan o no entienden actitudes o actividades de determinados sacerdotes, deberían consultar con los superiores de esos sacerdotes, preferentemente con sus obispos, antes de tomar cualquier otra acción. La Iglesia no busca proteger a sacerdotes que podrían estar envueltos en actividades ilegales, pero busca sí evitar problemas innecesarios derivados de malos entendidos.”

El cable secreto de Hill, que como es usual intercambiaba información confidencial con el nuncio, con quien había establecido una estrecha relación, y con otros embajadores, agregó que Laghi enfatizó en sus entrevistas con Videla y con Viola que “el gobierno debía frenar a quienes parecían creer que los sacerdotes eran blancos despejados, seguros, para el asesinato”.

Siempre según Hill, Laghi pasó luego a un plano general, la situación de los derechos humanos en el país, que incluyó una amenaza concreta: un endurecimiento de la postura de la Iglesia si el gobierno no colocaba bajo control a todas las fuerzas de seguridad.

“El nuncio también alertó a Videla y a Viola de que algo debe ser hecho inmediatamente para mejorar la situación de los derechos humanos, si la confrontación entre la Iglesia y el Estado quiere ser evitada. Las declaraciones de la Iglesia sobre este tema hasta ahora han sido muy moderadas. Sin embargo, si las violaciones continúan, la Iglesia tendrá que tomar una posición dura. Todos los alrededor de setenta obispos de Argentina se reunirán en Buenos Aires a fines de octubre. Si las acciones ilegales de parte de fuerzas de seguridad no han sido para entonces colocadas bajo control, el gobierno puede estar seguro de que fijarán una postura que no será del agrado oficial”, informó el diplomático estadounidense.

Las entrevistas fueron “amistosas” ya que, según la Embajada de Estados Unidos, Laghi “permanecía convencido de que ambos, Videla y Viola, estaban sinceramente interesados en frenar las violaciones a los derechos humanos y en que, aunque la situación podía ahora no ser buena, sería mucho peor si Videla y Viola fueran derrocados. Por el tanto, el nuncio concluyó que el mejor camino para él era continuar trabajando con ellos, urgiéndolos a realizar las rectificaciones necesarias pero sin tomar medidas que podrían contribuir a minar las posiciones de ambos”.

En aquel momento, la distinción entre “palomas” y “halcones”, entre los moderados liderados por Videla y Viola y los duros encabezados por Suárez Mason y el coronel Ramón Camps, era generalizada, en especial en el área de los derechos humanos. Incluía desde un periodista valiente y preocupado por este tema como Cox, hasta el Partido Comunista, pasando por peronistas y radicales.

Cox cuenta que, luego del funeral de los palotinos asesinados, fue con su esposa a la Embajada de Estados Unidos, donde se celebraba el Día de la Independencia. Estaba Videla, y Cox le dijo mientras le estrechaba la mano: “Lo que ha ocurrido es espantoso. Hemos venido directamente desde la misa de cuerpo presente en San Patricio. Rezamos para que usted tuviera la fuerza necesaria para acabar con este horror”.

El caso del Partido Comunista (PC) es distinto. Al día siguiente del derrocamiento del gobierno constitucional, el PC emitió un documento que rompía con su tradición de abierto rechazo a los golpes militares. Por un lado, consideraba “auspicioso que la Junta Militar haya desechado una solución pinochetista”; por el otro, se mostraba esperanzado en que las “palomas” encabezarían “una transición al tipo de gobierno que el país necesita”, que en ese momento de “emergencia nacional”, era, según el PC, “un gobierno cívico-militar”.

En realidad, el PC venía sosteniendo la tesis de la “convergencia cívico-militar” desde hacía por lo menos un año: el analista Rosendo Fraga asegura que, en una entrevista realizada el 2 de mayo de 1975, el dirigente Fernando Nadra respaldaba esa postura, “al igual que su partido”.

Además, la conducción del PC nunca había respaldado la opción de la guerrilla por la lucha armada.

En su libro La Fede, el periodista Isidoro Gilbert sostiene que el PC contaba con “un grupo de número indeterminado de oficiales, algunos de rango, afiliados o amigos, más vínculos con otros de postura nacionalista, con el que pensó, idealizó, la posibilidad de influir en las contradicciones objetivas entre los que tomaron el poder, las ‘palomas’ y los ‘halcones’, que mencionaban abiertamente los periódicos de esos tiempos”.

Gilbert advierte algo que al PC le pasó desapercibido hace más de treinta y cinco años: que esas diferencias no se referían a “la represión sino a atisbos de políticas diferentes sobre los objetivos finales del llamado Proceso de Reorganización Nacional”.

“Se comentaba —agrega Gilbert— que el sector de los generales Viola-Videla-Villarreal, conocido como ‘las tres V’, propugnaba un desemboque institucional en lapsos más o menos mensurables; mientras que el encabezado por los generales Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Suárez Mason, con el apoyo condicionado, según le conviniera a sus generales Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Suárez Mason, con el apoyo condicionado, según le conviniera a sus propios intereses, del almirante Emilio Massera, ‘tenía objetivos, no plazos’.”

Videla sostiene que los jefes militares buscaron el respaldo del PC desde los preparativos del golpe.

—Tradicionalmente, luego de los golpes se suspendía a los partidos, menos al Partido Comunista, al cual se lo disolvía. Conmigo, no: al PC se le dio un tratamiento igual a todos. El PC me apoyaba a mí como moderado. Lo habíamos hablado en el Ejército antes del golpe: el enemigo era el terrorismo, no el PC. Fue muy distinto al caso de Pinochet, que estaba en guerra contra el PC y contra la expresión armada del PC; aquí no existía esa expresión armada del PC.

Tanto fue así que en enero de 1976 Videla envió a Córdoba en su propio avión de comandante en jefe del Ejército a uno de sus colaboradores de mayor confianza, el general Juan Pablo Saá, subjefe de Inteligencia de su Estado Mayor. ¿Su misión? Decirle a Menéndez que debía liberar a Juan Alberto Caffaratti, miembro del Partido Comunista y de la comisión directiva del sindicato de Luz y Fuerza, y que había sido secuestrado el 15 de enero de aquel año. Saá regresó rápidamente con la información de que Caffaratti ya había sido muerto. Su cadáver nunca apareció. El teniente primero Ernesto Barreiro logró “colarse” en el vuelo de regreso a Buenos Aires, donde todavía vivía su familia: en el vuelo, Saá le comentó que el interés de Videla se debía a que era “un pedido expreso del PC”, y le explicó que “para el Ejército era de sustancial importancia el apoyo del PC y de la Unión Soviética para dar el golpe”.

Según Videla, la actitud hacia el PC permitió a la dictadura “una buena relación con la Unión Soviética”.

—Eso nos fue muy útil desde el punto de vista económico, frente a la cerrazón del mercado europeo a causa de las protestas por los derechos humanos.

La relación entre ambas dictaduras fue estrecha: la URSS respaldó a la Argentina en todos los foros internacionales en los que resultó cuestionada por la violación a los derechos humanos, que era una forma de protegerse a sí misma. La afinidad se notó también en la invasión soviética a Afganistán, el 27 de diciembre de 1979, cuando la Argentina no se plegó a las sanciones económicas impulsadas por Estados Unidos.

—Vino la orden de Estados Unidos para que nos sumemos al bloqueo cerealero y nosotros lo rechazamos por dos razones: 1) no había sido discutido con nosotros sino que era una decisión unilateral; 2) tenía un efecto también unilateral. Los estados cerealeros del norte ya estaban con sus puertos helados, mientras en América del Sur habíamos vendido nuestras cosechas y teníamos que cumplir los compromisos de entrega. Nos perjudicaba claramente. Por eso no fuimos al embargo y decidimos que lo que estaba pactado iba a ser entregado. Con el boicot deportivo a los Juegos Olímpicos de Moscú, a mediados de 1980, ahí sí privó la ideología y nos plegamos.

Los principales dirigentes del PC defendieron a los generales que, según ellos, impedían la llegada al poder de los “pinochetistas”, tanto dentro como fuera del país, lo cual perjudicó las denuncias de los exiliados y de las organizaciones de derechos humanos.

Lucio Garzón Maceda, un experimentado abogado laboralista cordobés, recuerda que el 28 y 29 de septiembre de 1976 brindó su testimonio junto a su colega Gustavo Roca, quien mantenía estrechas relaciones con las cúpulas del ERP y de Montoneros, en la Subcomisión de Organismos Internacionales del Congreso de Estados Unidos. Una de las preguntas que les hicieron fue si Videla estaba de acuerdo con los secuestros, las torturas, los asesinatos y las desapariciones, con la Disposición Final que estaban denunciando.

“Respondimos —dice Garzón Maceda— que no existía ninguna diferencia objetiva y que Videla compartía todas las acciones. Desvirtuamos la supuesta existencia de diferencias entre Videla y Menéndez, que el Partido Comunista argentino, entre otros, divulgó por el mundo entero, en apoyo de alianzas. El presidente [de la Subcomisión] preguntó si creíamos que el general Videla desearía cambiar el reino de terror que existe hoy. Respondimos que Videla había aceptado todas las formas de terror aplicadas, que eran las formas aplicadas conforme a la política acordada por las tres fuerzas.”

Garzón Maceda sostiene que “el PC estaba totalmente jugado por la Junta. Decían: hay que evitar el Pinochetazo. Pero, ¡por favor, si ya estábamos en septiembre de 1976!”

Y cuenta cómo se gestó el viaje a Estados Unidos. Él recién había llegado exiliado a París cuando Juan Gelman, “oficial” montonero, poeta, periodista y escritor, le propuso viajar a Washington para denunciar ante un grupo de parlamentarios lo que estaba sucediendo en la Argentina. “Juan Gelman estaba encargado de las relaciones exteriores de Montoneros; era lo menos montonero que había: un hombre dulce, de una simpatía muy especial.”

El viaje fue organizado por Amnesty International y por un periodista con muy buenos contactos en Washington, Christopher Roper, copropietario de la revista quincenal Latin American Newsletters e integrante de un comité inglés que denunciaba las violaciones a los derechos humanos en Argentina.

Los testimonios de Garzón Maceda y Roca fueron un duro golpe diplomático para la dictadura, nada menos que en Washington, donde se percibía un clima político favorable al candidato demócrata James Carter y a un cambio de gobierno en las elecciones de noviembre de aquel año.

A esa altura, hacía ya cuatro meses que en Buenos Aires el embajador Hill había abandonado el entusiasmo con el que había recibido el golpe y la llegada al poder de “la línea moderada de Videla”, a quien había considerado un eficaz dique de contención contra la “línea dura”, pero su nueva postura no era respaldada por su superior, el secretario de Estado Henry Kissinger.

El 25 de mayo de 1976, dos meses después del golpe, Hill envió al Departamento de Estado el cable 3462, calificado como secreto, solicitando una respuesta inmediata a su propuesta de pedir una audiencia urgente con el canciller César Guzzetti “en vista del empeoramiento general en la situación de los derechos humanos”.

Hill seguía prefiriendo a Videla frente a los “halcones”, pero consideraba que el Presidente no dominaba todo el tablero. Por eso entendía que había llegado el momento de que Estados Unidos expresara una postura clara, categórica, “al más alto nivel”, del gobierno argentino. En concreto, le pedía a Kissinger que lo autorizara a decirle a Guzzetti lo siguiente: “Estados Unidos está de acuerdo con las políticas moderadas anunciadas por el presidente Videla y ha esperado ser de ayuda a la Argentina en su proceso de reconstrucción y reconciliación nacional. Nosotros comprendemos que la Argentina está envuelta en una batalla a todo campo contra la subversión. Sin embargo, existen algunas normas que no pueden ser dejadas nunca de lado por gobiernos dedicados a cumplir la ley. El respeto a los derechos humanos es una de ellas”.

Hill reseñaba las recientes “actividades de escuadrones de la muerte del tipo de la Triple A”, que “están dañando la imagen del gobierno en el exterior”.

“Esos grupos parecen operar con inmunidad y son considerados, por lo general, como conectados con las fuerzas de seguridad argentinas. Sea eso cierto o no, la continua operatividad de esos grupos sólo puede ser perjudicial para el propio gobierno y provocar consternación entre los amigos de Argentina en el exterior”, finalizaba el mensaje que el embajador de Estados Unidos quería transmitir al gobierno argentino.

Kissinger no le contestó nada en forma oficial porque esa propuesta era contraria a su política a favor de la dictadura. Sin la autorización de su jefe, Hill presentó un reclamo ante las autoridades argentinas; cuando se enteró, el 30 de junio de 1976, Kissinger le dijo a su número dos, Harry Schlaudeman, que deseaba “transferir” al autor de esa gestión.

La cuestión no pasó a mayores porque al parecer Schlaudeman medió entre ambos, atento a que los funcionarios del Departamento de Estado no deseaban quedar pegados al gobierno de Videla. A pesar de eso, Kissinger hizo todo lo posible para ayudar a la dictadura: el 7 de octubre de 1976 recibió a Guzzetti junto con Schlaudeman y, como había hecho cuatro meses atrás en Santiago de Chile, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, lo respaldó y apenas lo instó a “volver lo antes posible a la normalidad”.

Kissinger dijo al canciller argentino: “Mire, nuestra actitud básica es que nos gustaría que ustedes triunfen. Tengo una visión a la antigua según la cual los amigos deben ser apoyados. Lo que no es comprendido en Estados Unidos es que ustedes tienen una guerra civil. Leemos sobre los problemas de derechos humanos pero no en el contexto. Mientras más rápido triunfen, mejor”.

La relación bilateral cambió drásticamente con la asunción de Carter, el 20 de enero de 1977, que había derrotado el 2 de noviembre de 1976 al republicano Gerald Ford, quien iba por la reelección.

Desde el principio, Carter impulsó una política hacia la Argentina que descansaba en dos ejes negativos para la dictadura: las violaciones a los derechos humanos y la política atómica del régimen, que despertaba sospechas en Estados Unidos.

Videla sostiene que Carter “asumió con la bandera de los derechos humanos contra la Unión Soviética y sus satélites, pero en el patio trasero de Estados Unidos también estaban ocurriendo cosas y yo comprendo que él no podía hacerse el zonzo”.

—Eso nos envolvió, y Carter mantuvo la bandera con la que había llegado al gobierno a costa nuestra. Cuando fue la reunión en Washington por la firma del acuerdo para la transferencia progresiva del canal de Panamá, el 7 de septiembre de 1977, Pinochet fue el único presidente que no concurrió; fuimos varios los que quisimos hablar con Carter; ésa fue la única vez que hablé con él. Carter manifestó su preocupación por los derechos humanos y por la ratificación del Tratado de Tlatelolco [Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América latina y el Caribe]. Yo le contesté que la ratificación de Tlatelolco era una decisión de orden político que ya estaba tomada, pero que iba a ser concretada cuando fuera el momento político adecuado. Con respecto a los derechos humanos, le dije: “Nosotros estamos en guerra, no por vocación nuestra sino por imposición de la subversión. Pero, gracias a Dios, estamos en un momento declinante de esa guerra. Hoy hay cinco mil detenidos, que no son presos políticos sino cabecillas o piezas importantes de la subversión. No obstante, como estamos en un momento declinante de la guerra, vamos a ir aflojando ciertas medidas antipáticas. Para la Navidad se acostumbra una suelta de presos, y esta Navidad esa suelta de presos va a ser muy importante”.

Al año siguiente, durante el funeral del papa Juan Pablo I, Videla se encontró en Roma con el vicepresidente de Estados Unidos, Walter Mondale.

—Me recordó lo que habíamos hablado con Carter y me dijo que la opinión de su gobierno era positiva con respecto a la suelta de presos para aquella Navidad, pero que había que seguir “limpiando ese escenario sucio”. La venta de armas y la asistencia militar de Estados Unidos a la Argentina ya estaban prohibidas, y así siguió durante todo el mandato de Carter, que perdió la reelección en 1980 frente al republicano Ronald Reagan. Un año antes, la presión de un sector del gobierno estadounidense había abierto la puerta a la visita a la Argentina de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979.

—Esa visita no se debió tanto a Carter sino a la presión de gente como Patricia Derian, que jorobaba tanto. Pinochet se cerró, no quiso recibirlos. Nosotros dijimos que la CIDH podría venir cuando nosotros la invitáramos. Y solicitamos ser visitados por la Comisión, que estuvo acá, recogió testimonios y dio un informe crítico al que con igual dureza la Argentina le contestó.

La división entre “palomas” y “halcones” no era significativa con respecto a la Disposición Final de las miles de personas que “debían morir”. Tanto es así que, según Videla, la cantidad de víctimas no habría aumentado si el poder hubiera sido tomado por un general de la línea “dura”.

—Yo siempre tuve un temperamento moderado frente a hombres vehementes como Menéndez, o calculadores,

—Yo siempre tuve un temperamento moderado frente a hombres vehementes como Menéndez, o calculadores, dicho en el buen sentido, como Viola. Había en el Proceso una división entre “palomas”, como Viola, como yo, y “halcones”, como Suárez Mason, Camps, Menéndez, Riveros, Sasiaiñ. Ellos tenían los fierros y mostraban más acción en la guerra contra la subversión. Eran los más “duros”, pero es que las circunstancias los llevaban a posiciones más duras. Yo no creo que ese temperamento moderado mío haya evitado que hubiera más desaparecidos, como puede pensarse.

Pero la diferencia entre “palomas” y “halcones” sí aparecía frente a casos puntuales, como la matanza de los palotinos y la desaparición de las monjas francesas. En el caso Timerman, esta división apareció sólo al final, dice Videla.

—Jacobo Timerman era un amigo. Como dueño de La Opinión había colaborado con Lanusse y siguió colaborando con nosotros, ¡y de qué forma! Colaboraron padre e hijo; el hijo [Héctor, el canciller de la presidenta Cristina Kirchner], con La Tarde. ¡Hay que ver las tapas de La Opinión y de La Tarde cómo nos apoyaban! Luego pasan a ser enemigos, no sólo de los “halcones” sino también de las “palomas”, cuando descubrimos que Timerman padre era socio de los Graiver y que, por lo menos, conocía el origen malhabido de los fondos que David Graiver le aportaba para La Opinión. Entre otros fondos, parte importante del secuestro de los hermanos Born. Graiver era un entrometido, uno que se metía en los despachos ofreciendo cosas. Timerman, en cambio, fue inicialmente un útil colaborador.

Timerman, un brillante periodista que había revolucionado al periodismo gráfico con las revistas Primera Plana y Confirmado y el diario La Opinión, fue secuestrado el 15 de abril de 1977 a la madrugada. Por la noche, el Ejército “blanqueó” su detención y lo acusó por sus vínculos con el banquero David Graiver, un audaz y próspero empresario muerto ocho meses antes, el 7 de agosto de 1976, cuando el avión privado en el que viajaba se estrelló contra un cerro, en México.

Graiver era el “anónimo socio capitalista” de Timerman en La Opinión y en La Tarde, según afirma Abrasha Rotenberg, socio minoritario de Timerman y amigo de ambos, en su libro Historia confidencial. El periodista Rodolfo Pandolfi, fallecido en 2011, afirmaba que Timerman, a quien conocía bien, no sabía el origen de todos los fondos que Graiver manejaba; en el vasto horizonte de sus negocios, el empresario también “lavaba” dinero de gente poderosa, como algunos sindicalistas y Montoneros, que le había confiado casi 17 millones de dólares de los rescates de Juan y Jorge Born y del gerente de Mercedes Benz, Heinrich Metz, a cambio del pago de intereses por casi 200 mil dólares mensuales.

Videla sostiene que la liberación de Timerman por orden de la Corte Suprema de Justicia provocó un conflicto dentro del régimen militar entre “palomas” y “halcones”, en medio de una intensa presión internacional para que el periodista fuera puesto en libertad.

—Cuando cae en desgracia se instruye un sumario militar en su contra. Todos sabíamos que era socio de los Graiver, pero el juez de instrucción militar me dice: “Mire, no hay manera de probar eso”. Entonces lo pusimos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, para mantenerlo preso. Un año y medio después, el presidente de la Corte Suprema de Justicia lo llama a [Alberto] Rodríguez Varela, que era mi ministro de Justicia, para decirle que la Corte había resuelto por unanimidad que la prisión de Timerman no guardaba razonabilidad y que ordenaba su puesta en libertad de inmediato. Le hizo entender, además, que si el Poder Ejecutivo no disponía la inmediata libertad de Timerman, todos los integrantes de la Corte renunciarían. Yo sabía que esto último caería muy mal en la Argentina y en el mundo. Lo llamé a Viola, que era el comandante general del Ejército, y le planteé el problema. “Hablá con los generales; discutan todo lo que necesiten, pero hay que dejarlo en libertad. De lo contrario, yo no puedo soportar que esta Corte renuncie, por lo cual yo me voy con la Corte”, le dije. Viola habló con los generales; el asunto no les gustaba nada, pero se llegó a una solución negociada: libertad pero con inmediata expulsión del país, a Israel por elección de él, el 25 de septiembre de 1979. Seis meses después, Israel también lo expulsó y se fue a Estados Unidos.

En 1985 Timerman prestó testimonio durante el juicio a los comandantes; denunció torturas y culpó, en especial, a Camps, el jefe de la Policía Bonaerense.

El 8 de marzo de 1977 Camps había detonado la “Operación Amigo”, que consistió en la detención, tortura y cautiverio de familiares, socios y colaboradores de David Graiver, entre ellos su esposa, Lidia Papaleo. Cuatro meses antes, el 2 de noviembre de 1976, sus herederos habían vendido su participación en Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón, como estaban haciendo con el resto del imperio económico construido por el empresario fallecido.

Esta venta fue impugnada el 24 de agosto de 2010 en un mensaje por radio y televisión por la presidenta Cristina Kirchner, quien la consideró una “apropiación ilegal” y denunció a Clarín y La Nación con el respaldo de la viuda de Graiver pero no del resto del clan Graiver, incluida su hija, María Sol.

Videla recuerda que el Estado era dueño del 25 por ciento de Papel Prensa, y asegura que la posición de su gobierno fue decisiva para la compra de las acciones de los herederos de Graiver por parte de esos tres diarios, con el objetivo de “salvar a una empresa que iba a fabricar un insumo estratégico”, en el contexto, dice, de un respaldo generalizado de la prensa al régimen militar, “sobre todo al inicio”.

—Los medios fueron favorables al Proceso, sobre todo al inicio. No había problemas con la prensa; no podemos decir que la acción de los diarios impidiera hacer la guerra contra la subversión. Yo diría que no sólo los medios sino todos los factores de poder estaban alineados en la guerra contra la subversión. Clarín, La Nación y La Razón tenían otro vínculo con nosotros, que era Papel Prensa; el gobierno había autorizado la compra de las acciones de los Graiver en esta empresa por parte de un grupo de diarios. La Prensa no quiso entrar. Vimos la compra desde el punto de vista de salvar a una empresa que iba a producir un insumo estratégico, básico, que permitiría que el país ya no dependiera del papel importado. No buscábamos el apoyo político de esos diarios, no pensamos en eso en aquel momento.

Videla señala que la compra se realizó cuando los herederos de Graiver estaban en libertad, ya que los militares aún no habían descubierto la relación del empresario fallecido con Montoneros. Y agrega que, con la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, “me vi dos veces, en actos públicos: en la inauguración de la planta de Papel Prensa [el 26 de septiembre de 1978], donde ella habló y yo también; y luego cuando Clarín organizó un partido en 1979 entre Argentina y el Resto del Mundo para celebrar el primer aniversario del Mundial de Fútbol, donde la señora de Noble me invitó a entregar la copa”.

Como hemos visto, hubo diferencias dentro de la dictadura sobre temas y casos puntuales, como por ejemplo el conflicto con Chile por las islas del canal de Beagle y, más grave para la continuidad del régimen, la sucesión de Videla tanto en la jefatura del Ejército como en la presidencia. Pero no hubo internas en la represión a las guerrillas y el disciplinamiento de la sociedad.

La Disposición Final fue un método sangriento que, cuando se puso en marcha, no dependió de ningún general en particular. Videla fue la expresión de ese consenso trágico alimentado por diversas fuentes, influencias y reacciones, y que había conquistado a la cúpula de las Fuerzas Armadas en aquellos años de plomo de cuyas secuelas todavía no podemos liberarnos.

EPÍLOGO
HISTORIA VIVA

Una sociedad necesita conocer la Historia, no solamente tener memoria. La memoria colectiva es subjetiva: refleja las vivencias de uno de los grupos constitutivos de la sociedad; por eso, puede ser utilizada por ese grupo como un medio para adquirir o reforzar una posición política. Por su parte, la Historia no se hace con un objetivo político (o si no, es una mala Historia), sino con la verdad y la justicia como únicos imperativos.
[El semiólogo, filósofo e historiador búlgaro-francés Tzvetan Todorov en el diario El País, de España, el 7 de diciembre de 2010]

Jorge Rafael Videla no podía morirse sin explicar el mecanismo de la Disposición Final, el método represivo que en cada caso incluyó cuatro etapas: la detención y el secuestro del “objetivo” o “blanco”; los interrogatorios en un lugar secreto, donde la persona quedaba a merced de sus captores; la ejecución sumaria, y la desaparición del cuerpo.

Videla también reveló cómo funcionaba la dictadura por dentro; por ejemplo, cómo fueron sus relaciones y las de su gobierno con los empresarios, los políticos, la Iglesia Católica, Estados Unidos, la prensa, los hombres de la cultura y los sindicatos.

Fue un capítulo demasiado dramático y sangriento de nuestra historia reciente como para que Videla eludiera la responsabilidad de contarles a sus compatriotas lo que hicieron él y las tropas a su mando. Lo lógico hubiera sido que Videla diera esas explicaciones ante la justicia o un organismo o comisión creada desde el Estado. No es bueno que el periodismo reemplace, de alguna manera, a la instancia judicial. Pero tal vez debamos preguntarnos con sinceridad si los actuales juicios por delitos de lesa humanidad buscan la verdad de lo que pasó, que incluye la localización de los restos de los desaparecidos, o privilegian la condena en bloque y con argumentos más bien polémicos (por ejemplo, testigos que reconocen a sus presuntos captores y torturadores por el tono de la voz o el perfume que usaban) a los militares y policías procesados en causas que se mueven muy lentamente y a tono con las especulaciones políticas y electorales del oficialismo.

No hay en las palabras de Videla arrepentimiento o autocrítica: él está convencido de que fue la mejor solución posible al dilema que se les planteó a las Fuerzas Armadas en aquel momento. Reconoce que su gobierno cometió “cuatro errores básicos”, pero no se refieren a la Disposición Final en sí.

Confortado por su manera de entender y practicar el catolicismo, Videla entiende que la lucha contra la guerrilla, tal como fue hecha, constituyó otro acto de servicio en su larga carrera militar.

Es la visión de un guerrero empuñando la espada y la cruz, que entiende que el fin (“aniquilar la subversión”, lograr la paz social, “salvar la República”) justificaba los medios utilizados. En mi opinión, que espero no haya interferido o viciado mi tarea periodística, fue una tremenda falta ética y un grave error político que ahora está siendo utilizado por el kirchnerismo y sus aliados como un recurso clave de la lucha política, de la disputa para conservar y acumular poder.

Como advierte Tzvetan Todorov en su artículo en El País, es imposible comprender a la dictadura sin los grupos guerrilleros y sin la percepción que los militares fueron desarrollando sobre ese desafío armado y revolucionario. Es el contexto histórico que he intentado recrear apelando a diversas voces ubicadas a lo largo del espinel ideológico y político.

Todorov agrega que “la Historia nos ayuda a salir de la ilusión maniquea en la que a menudo nos encierra la memoria: la división de la humanidad en dos compartimientos estancos, buenos y malos, víctimas y verdugos, inocentes y culpables. Si no conseguimos acceder a la Historia, ¿cómo podría verse coronado por el éxito el llamamiento al ‘¡Nunca más!’? Cuando uno atribuye todos los errores a los otros y se cree irreprochable, está preparando el retorno de la violencia. Comprender al enemigo quiere decir también descubrir en qué nos parecemos a él”.

Sin minimizar la responsabilidad de Videla y la dictadura en la Disposición Final, ese contexto histórico nos permite entender cómo las guerrillas, con su mesianismo, vanguardismo y militarismo, fueron favoreciendo a los generales y coroneles que defendían el uso de métodos ética y políticamente reprobables frente a los pocos que estaban en contra y que no querían reprimir fuera de la ley. Fue el caso, por ejemplo, de la bomba vietnamita que destruyó el comedor en la Superintendencia de Seguridad Federal, el 2 julio de 1976.

Era el objetivo de las guerrillas: “fascistizar” a las Fuerzas Armadas, empujarlas a una represión brutal y salvaje, para que esa actitud encolumnara al pueblo detrás del aparato militar de los revolucionarios. Se equivocaron en el resultado final, y las consecuencias fueron pagadas por tantos argentinos, no sólo por los miles de muertos y desaparecidos, sino también por los exiliados, los que perdieron su trabajo o sus estudios por razones políticas y los trabajadores que vieron caer sus salarios reales durante la dictadura. Y ahora, por quienes sienten que no pueden salir de un pasado en carne viva que los aprisiona y les impide dedicar todas sus energías al presente y al futuro.

Si el gobierno tuviera la voluntad de investigar qué pasó con cada una de las víctimas de la Disposición Final, las inéditas palabras de Videla y de otros militares y ex militares le brindan pistas ciertas sobre dónde debería buscar: en primer lugar, en el jefe de cada una de las Zonas en las que fue dividido el país y en sus “brazos” operativo y de Inteligencia; en segundo lugar, entre los integrantes de la Comunidad de Inteligencia o Comunidad Informativa del lugar, esa decena de personas, aproximadamente, que decidía el destino de cada uno de los detenidos. Esa información no podía provenir de otra fuente que no fuera el ex dictador, que ocupaba el vértice de la estructura creada para la represión.

Claro que esa decisión implicaría por parte del gobierno un paso previo, que le resulta difícil de dar: el análisis preciso y honesto de la lista de víctimas de la dictadura, por ejemplo, la que surge del pago de las indemnizaciones a sus familiares, para determinar cuántos fueron los muertos y los desaparecidos, a fin de esforzarse en la búsqueda de los restos que aún quedan por localizar.

El problema, para el kirchnerismo y para las organizaciones de derechos humanos más sonoras, es que ese relevamiento probablemente los obligaría a reconocer que las víctimas totales no fueron 30 mil sino un número cercano a las 7 mil u 8 mil personas, a las que se refiere ahora Videla. Esta cifra está más en línea con una fuente insospechable: la cantidad de víctimas de la dictadura que ya han sido indemnizadas, a través de sus familiares, que difícilmente pueda aumentar significativamente a casi treinta años del retorno a la democracia. Pero la política es dinámica y sus protagonistas cambian o matizan sus posiciones y sus roles si se les mueve el “escenario”, el contexto. Habrá que ver si la vocación por la verdad y la historia termina siendo alguna vez más fuerte que la pasión por el poder y la memoria de un relato artificial, binario y maniqueo.

ANEXO DOCUMENTAL

Infografía basada en la única lista de víctimas de la Disposición Final (DF) encontrada desde el retorno de la democracia, en Tucumán, publicada por Clarín el 17 de junio de 2010 (página 14). Gentileza Clarín.

La Comunidad Informativa o Comunidad de Inteligencia decidía en cada Zona el destino de cada detenido, como en Córdoba, antes y después del golpe, según el informe del delegado de la Policía Federal.

Como jefe del Ejército, Videla firmó el 18 de octubre de 1975 la Directiva Nº 404 para “detectar y aniquilar las organizaciones subversivas”, tomada del libro de José Luis D’Andrea Mohr: Memoria debida, páginas 55 a 61.

Directiva Nº 404/75 (Lucha contra la subversión). Comandante General del Ejército. Oct. 1975

El 28 de octubre de 1975 fueron distribuidas veinticuatro copias de la Directiva del Comandante General del Ejército, Nº 404/75 (Lucha contra la subversión), cuyos aspectos de interés se transcriben:

1. Finalidad

La presente Directiva tiene por finalidad poner en ejecución inmediata las medidas y acciones previstas por el Consejo de Defensa en la Directiva Nº 1/75 para la lucha contra la subversión.

2. Situación

Enemigo. Ver Anexo 1 (Inteligencia).

Fuerzas amigas

La Armada operará ofensivamente contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella, con el apoyo de otras Fuerzas Armadas para detectar y aniquilar a las organizaciones subversivas [ ... ]

La Fuerza Aérea operará ofensivamente contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de otras Fuerzas Armadas para detectar y aniquilar a sus organizaciones subversivas [ ... ]

El Consejo de Defensa mantendrá una reserva estratégica (1, 1 CIM ref y medios aéreos) a emplear con un preaviso de 24 horas, en las siguientes zonas por orden de prioridad:
Prioridad 1: Tucumán
Prioridad 2: Capital Federal - La Plata
Prioridad 3: Córdoba
Prioridad 4: Rosario/Santa Fe

3. Organización

Elementos orgánicos

Cdo. Grl. Ej. y Form. (s).

GGUUB e IMM.

Gendarmería Nacional.

Elementos bajo control operacional

Policía Federal Argentina.

Servicio Penitenciario Nacional.

Elementos de policías y penitenciarios provinciales.

Elementos bajo control funcional: Secretaría de Informaciones del Estado.

4. Misión del Ejército

Operar ofensivamente [...] contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de las otras FF.AA. para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas [...]

Además:

Tendrá responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones contra la subversión en todo el ámbito nacional.

Conducirá, con responsabilidad primaria, el esfuerzo de Inteligencia de la comunidad informativa contra la subversión [ ... ]

Establecerá la V-F necesaria a fin de lograr el aislamiento de la subversión del apoyo exterior.

5. Ideas rectoras

Conceptos estratégicos

La actitud ofensiva a asumir por la Fuerza, más los elementos puestos a su disposición, debe materializarse a través de la ejecución de operaciones que permitan ejercer una presión constante, en tiempo y espacio, sobre las organizaciones subversivas. No se debe actuar por reacción sino asumir la iniciativa en la acción, inicialmente con actividades de inteligencia, sin las cuales no se podrán ejecutar operaciones, y mediante operaciones psicológicas.

Las operaciones serán ejecutadas:

En todo el ámbito de la jurisdicción de la Fuerza, en forma simultánea, con el objeto de lograr un efecto de inestabilidad permanente y el desgaste progresivo de las organizaciones subversivas.

Con un ritmo y amplitud que restrinja la libertad de acción de las organizaciones subversivas, impidiéndoles realizar acciones de envergadura.

La ofensiva debe permitir:

Disminuir significativamente el accionar subversivo para fines del año 1975.

Transformar la subversión en un problema de naturaleza policial para fines de 1976.

Aniquilar los elementos residuales de las organizaciones subversivas a partir de 1977.

Anexo 1 (Inteligencia)

A LA DIRECTIVA DEL COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO Nº 404/75 (Lucha contra la subversión)

1. Situación del enemigo

Caracterización ideológica de la agresión:

La guerra subversiva marxista (GSM)

Filosofía de la Guerra Subversiva Marxista: Desarrollar una nueva forma de guerra, con un nuevo contenido de violencia que se materializa en una muy variada gama de formas y cuyo fin último es la toma del poder.

Objetivo: Apropiación de la población mundial (debe entenderse no su apropiación material sino la conquista de su psiquis que hace que el hombre se entregue luego materialmente él solo).

Estrategia: La GSM se materializa en 3 corrientes perfectamente definidas entre sí y coincidentes en su objetivo. Ellas son:

(1) Corriente CHINOISTA. Mao-Tse-Tung, en 1953 determinó:
(a) En cuanto al espacio: Conquistar primero Asia (acceso al Océano Indico y Mar Mediterráneo). Luego Africa (para acceder al Atlántico y hacer imposible la defensa de Europa). Luego acabar con Europa o América del Sur. EE.UU. luego caerá ante la sola amenaza nuclear.
(b) En cuanto al tiempo: Se refiere no al tiempo cronológico, sino al tiempo de la oportunidad. Se sintetiza en su concepto de la “larga guerra”.
(c) En lo que se refiere a América del Sur (incluso nuestro país). Esta estrategia de toma del poder se concreta en múltiples formas de agresión.

(2) Corriente de la IVº Internacional. Es necesario hacer una aclaración con respecto a lo que representa la denominada IVº Internacional en el panorama subversivo de la República Argentina: En 1940 surge la denominada IVº Internacional por disensiones internas del Movimiento Comunista Mundial, fijándose como Objetivo general el siguiente:
“Rescatar la continuidad, las tradiciones y el capital político del marxismo revolucionario, frente al revisionismo y a las tradiciones de la socialdemocracia y del stalinismo”.
Para la consecución de este objetivo se fijó como Estrategia general la “Revolución mundial”, que se articularía a través de tres modos de acción:
(a) Revolución proletaria (a desarrollar en los países capitalistas avanzados, como ser FRANCIA, ITALIA, etc.).
(b) Revolución política antiburocrática (a desarrollar en los Estados comunistas considerados degenerados burocráticamente, como ser RUMANIA, HUNGRIA, etc.).
(c) Revolución permanente (a desarrollar en los países dominados por el capitalismo, como ser Latinoamérica).
Dentro de esta concepción estratégica general se incluye a nuestro país siendo el Objetivo Final la constitución de una Sociedad Socialista con el signo ideológico del Marxismo Revolucionario Trotskista.

(3) Corriente de la URSS La otra corriente de agresión proviene desde la Unión Soviética especialmente a través de su base en Cuba. La actual coyuntura estratégica mundial ha atemperado su accionar sin hacerlo desaparecer.

Su manifestación en la República Argentina.
En razón de que las OPM (Organizaciones Político-Militares), PRT-ERP y Montoneros son las que cualitativa y cuantitativamente ejercen actualmente el liderazgo de la agresión en el país, la manifestación de ésta se circunscribirá a dichas organizaciones subversivas.

OMP PRT-ERP Síntesis de su origen y evolución hasta la fecha. Doctrina. Ver Apéndice 1.

OMP Montoneros Esta organización subversiva aparece en el escenario de la lucha subversiva insertada y enmarcada por las motivaciones políticas que le proporciona un partido político con gran raigambre popular: el Peronismo.

Resumen de la situación del enemigo

Situación general

La actividad desarrollada por las organizaciones subversivas durante el presente año y, en particular, por el accionar de la OPM Montoneros a partir de Jul. 75, evidencian que aquéllas han alcanzado estructuras armadas y no armadas, encubiertas o no, con gran capacidad operativa en los distintos frentes donde actúan.

Dicho accionar subversivo se halla fuertemente condicionado por la actual coyuntura política, económica y social por la que atraviesa el país, guardando el mismo una relación directamente proporcional y agravada por la falta de una implementación rápida y total (hasta la decisión política ya tomada) para enfrentar la subversión en todo el ámbito del país y en forma integral.

Las OPM PRT-ERP y Montoneros son las que cualitativa y cuantitativamente ejercen un liderazgo en el desarrollo de la subversión, cuestión ésta que materializan e implementan a través de la “guerra integral”, desarrollada por:
(1) Sus estructuras armadas (“política armada”), clandestinas.
(2) Sus estructuras político-reivindicativas (“política reivindicativa”) semiencubiertas.
(3) Y su estructura político-legal (“política legal”), sólo para el caso de la OPM Montoneros (PPA).

En el desarrollo de sus estrategias, ambas OPM consideran que las FF.AA. constituyen el “principal enemigo” para su aspiración de concretar la toma del poder, y dentro de éstas, el Ejército, por su despliegue, constituye el blanco prioritario.

En forma permanente el accionar subversivo se materializa en la más variada gama de hechos que conmueven hasta las más altas estructuras del Estado. Así es cómo las OPM cometen a diario asaltos, asesinatos, cuantiosos desarmes a servidores del orden, secuestros de personas, robos, intimidaciones, atentados con explosivos, ataques a dependencias policiales o móviles, etc.; y aun ejecución de operativos masivos.

Actualmente quedan definidos los dos frentes que la subversión ha abierto y mantiene en nuestro país: el frente rural y el frente urbano. [ ... ]

FUENTES

INTRODUCCIÓN

El concepto de paradigma en la Introducción de mi libro Operación Traviata. ¿Quién mató a Rucci?, páginas 33 a 46. Jon Lee Anderson en revista Dossier de la Universidad Diego Portales, de Chile, en 2006 (www.resvistadossier.cl) y en Página/12 el 25 de noviembre de 2009. Horacio Verbitsky en Un mundo sin periodistas. Las tortuosas relaciones de Menem con la prensa, la ley y la verdad, página 16. Mario Firmenich en Lucha armada en la Argentina, número 10, página 117. Ernesto Sabato en Nunca Más, página 9. Tzvetan Todorov en El País, 7 de diciembre de 2010. La polémica acerca de las cifras de los desaparecidos en Graciela Fernández Meijide: La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, páginas 122 a 125; mi libro Operación Primicia. El ataque de Montoneros que provocó el golpe de 1976, páginas 209 y 210, y la revista Noticias del 16 de octubre de 2010. Cristina Kirchner en La Nación del 6 de marzo de 2012.

CAPÍTULO 1

En este capítulo y en los siguientes, Jorge Videla en entrevistas en el Instituto Penal Federal Número 34 del Servicio Penal Federal, en Campo de Mayo. La violencia política en 1975 y los problemas de Isabel Perón en mi libro Operación Primicia, páginas 13, 14, 347 y 348. Antonio Gramsci en Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, página 158. La ironía de Susana Rinaldi en una nota del periodista Alberto Amato publicada en Clarín el 22 de diciembre de 2010. El respaldo de los empresarios al golpe en María Sáenz Quesada: Isabel Perón, páginas 420 y 421, y Vicente Muleiro: 1976, el golpe civil, páginas 127 a 134. La relación entre la Iglesia Católica y el Ejército a partir de 1930 en Roberto Di Stéfano y Loris Zanatta: Historia de la Iglesia argentina, páginas 441, 442 y 549 a 552. La tarea de los capellanes en Horacio Verbitsky: La mano izquierda de Dios, páginas 30 a 59. La obediencia en el Código de Justicia Militar del Ejército, Título III: Delitos contra la disciplina, capítulos I, III, V y VI. Robert Hill y la caída de Arturo Corbetta en el cable número 4436 del 7 de julio de 1976. El 24 de marzo de 2011, la Cámara Nacional de Casación Penal sobreseyó a Mario Firmenich y a otros ex guerrilleros que pudieran haber estado involucrados al considerar que el atentado contra la Superintendencia de Seguridad Federal no era un delito de lesa humanidad sino un crimen común por lo cual ya había prescripto. En un e- mail, el 14 de marzo de 2012, Verbitsky agregó: “Permanecí en el país todos y cada uno de los días de la dictadura sin que se iniciara una causa en mi contra. La denuncia que me involucra recién fue presentada en 2004, y no es otra cosa que una represalia por mis actos como presidente del CELS, que condujeron a la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, en la causa Simón, y al descuelgue de los retratos de Videla y Bignone del Colegio Militar, que propusimos a Néstor Kirchner. El carácter de venganza personal es ostensible en la inclusión entre los que propusimos a Néstor Kirchner. El carácter de venganza personal es ostensible en la inclusión entre los denunciados de Laura Sofovich, quien nunca tuvo militancia política alguna pero que fue mi primera esposa, de la que me había divorciado en 1971, antes del atentado y de mi ingreso a Montoneros”. Corbetta y Juan Carlos Dante Gullo en un artículo del periodista estadounidense Martin Edwin Andersen el 25 de marzo de 2005, reproducido en www.offnews.info. Las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado y el listado del monumento porteño en Operación Primicia, capítulo 9. El relevamiento del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en mi libro Operación Primicia, páginas 209 y 210. Graciela Fernández Meijide en La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, páginas 123 a 125. Sergio Schoklender en Sueños postergados. Coimas y corrupción en la patria de los desvíos, página 185. La Cámara Nacional en lo Penal de la Nación en Juan Bautista Yofre: Volver a matar, páginas 7 y 303 a 313. Hill con Videla en cable número 6.276 del 24 de septiembre de 1976. Albano Harguindeguy en entrevistas con el autor. Elliott Abrams en Página/12 del 27 de enero de 2012. Estela de Carlotto en entrevista con CubaDebate el 7 de diciembre de 2011, reproducido por el sitio de las Abuelas de Plaza de Mayo: www.abuelas.org.ar

CAPÍTULO 2

Albano Harguindeguy en entrevistas con el autor. La definición internacional de genocidio en el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. De acuerdo a este Estatuto, la dictadura argentina no fue un genocidio. La conferencia en Wannsee en la película Conspiración o Solución final, de HBO Films, basada en el único registro del contenido de ese debate que no fue destruido por sus participantes, que sirvió de base al libro de Mark Roseman: La villa, el lago, la reunión. La Conferencia de Wannsee y la solución final. La lista entregada en el juicio en Tucumán a policías, al general Antonio Bussi y al general Luciano Menéndez, que también tenía jurisdicción sobre esa provincia, en Clarín y Página/12 del 16 y 17 de junio de 2010. La definición de disposición final en el Régimen Funcional de Logística del Ejército, Sección IX: Disposición Final y Baja, página 35. También, en el Informe para la Modernización del Sistema Logístico de la Defensa, del Ministerio de Defensa de septiembre de 2008, página 145. La situación interna en Estados Unidos y la actitud de la diplomacia estadounidense frente al golpe en Marcos Novaro: Cables secretos, páginas 22 a 44; en mi libro Operación Primicia, página 351, y en el cable 1042 del 16 de febrero de 1976. El reto de Antonio Bussi a la madre de Juan Carlos Alsogaray en Miguel Bonasso: Diario de un clandestino, páginas 213 a 216. La versión de Bussi de ese encuentro en el diario Perfil del 26 de noviembre de 2011. La muerte de Mario Santucho en María Seoane: Todo o nada, páginas 308 y 309. Ramón Díaz Bessone en entrevista por escrito. La “desaparición” del cadáver de Eva Perón en Sergio Rubín: Secreto de confesión, páginas 65, 115 a 120, y 124 a 129, El entierro del general Pedro Aramburu por Montoneros en Gabriel García Márquez: Por la libre, páginas 107 y 108.

CAPÍTULO 3

Los centros clandestinos de detención en el Nunca Más de la Conadep, páginas 54 y 55. Emilio Massera en María Seoane y Vicente Muleiro: El dictador, páginas 254 y 255 Luego, el general Carlos Rosas se convirtió en un crítico de la represión irregular a las guerrillas y al golpe del general Juan Carlos Onganía, según una columna de su nieta, Ana Lucía Grondona, publicada por Página/12 el 21 de septiembre de 2003. La sentencia de la Cámara Federal en Ana Lucía Grondona, publicada por Página/12 el 21 de septiembre de 2003. La sentencia de la Cámara Federal en El Diario del Juicio, de Editorial Perfil, del 28 de enero de 1986, y en Pepe Eliaschev: Los hombres del juicio, páginas 458 y 459. Marcel Bigeard en Marie-Monique Robin: Escuadrones de la muerte. La escuela francesa, página 137, y en el documental homónimo. Marie-Monique Robin en Escuadrones de la muerte. La escuela francesa, páginas 146, 154 y 162. Juan Carlos Onganía en el Boletín Público de la Secretaría de Guerra del 10 de septiembre de 1964 citado por Marie-Monique Robin: Escuadrones de la muerte. La escuela francesa, página 391. Ramón Díaz Bessone en entrevista por escrito. Ernesto Barreiro en entrevista por escrito. Los efectos de la tortura en Juan Gasparini: Montoneros, final de cuentas, páginas 147 a 156. El secuestro y el juicio de Roberto Quieto en mi libro Operación Primicia, páginas 289 a 297. Albano Harguindeguy en entrevistas con el autor. Sobre si hubo traición o no por parte de Quieto existe una polémica entre los ex montoneros, como queda claro en el libro de la periodista Alejandra Vignollés: Doble condena.

CAPÍTULO 4

La amnistía a los franceses que participaron en la Guerra de Argelia en Marie-Monique Robin: Escuadrones de la muerte. La escuela francesa, página 260. Albano Harguindeguy en Marie-Monique Robin: Escuadrones de la muerte. La escuela francesa, página 447, y en entrevistas el 22 de abril de 2010, y el 11 de marzo de 2011. Los informes de la delegación en Córdoba de la Policía Federal en la causa Alsina, Gustavo Adolfo, y otros por delitos de lesa humanidad, folios 6403 a 6405 y 6408 a 6410.

CAPÍTULO 5

Robert Cox, el “modelo moderador” de Alfred Stepan, Roberto Perdía, Richard Gillespie y Mario Firmenich en mi libro Operación Primicia, páginas 347, 348, 263, 264, 288 y 289, en ese orden. Horacio Verbitsky en Clarín del 22 de diciembre de 2010. Robert Hill en Marcos Novaro: Cables secretos, página 40. Cox sobre Hill en Marcos Novaro: Cables secretos, página 45. La conversación entre Henry Kissinger y sus colaboradores en Marcos Novaro: Cables secretos, páginas 38, 39, 59 y 60. José María Iñíguez en entrevista con el autor. Ricardo Yofre en entrevista con el autor. Videla en Magdalena en José Gobello: Charlas en la cárcel (Con Videla), 1989, sin editar. Videla sobre los Kirchner en una entrevista del periodista Ricardo Angoso en la revista española Cambio 16 el 12 de febrero de 2012. Martín Balza en el diario Miradas al Sur, 19 de febrero de 2012, y en su libro Mi historia argentina, páginas 414 a 425 y 463 a 468. Ernesto Barreiro en entrevista por escrito con el autor.

CAPÍTULO 6

El ataque de Montoneros en Formosa es el tema central de mi libro Operación Primicia. Los tres decretos en Operación Primicia, capítulo 15, páginas 307 a 330. El monopolio de la violencia legítima y la legitimidad en Operación Primicia, páginas 318 y 319. Juan José Linz en Operación Primicia, páginas 319, 329 y 330. La Directiva Nº 404/75 en José Luis D’Andrea Mohr: Memoria debida, páginas 55 a 61 y 98. Ramón Díaz Bessone en entrevista por escrito. El amigo y colaborador de Héctor Fautario en entrevista con el autor. Carlos Ruckauf en Operación Primicia, página 323.

CAPÍTULO 7

Juan Alemann en entrevista con el autor. Hipólito Solari Yrigoyen en Sáenz Quesada, María: Isabel Perón, página 275. La crisis militar en Julio González: Isabel Perón. Intimidades de un gobierno, páginas 306 a 309. Alberto Cáceres en María Seoane y Vicente Muleiro: El dictador, página 53. Robert Hill en cable 6087 del 10 de septiembre de 1975. Isabel Perón según Videla en José Gobello: Charlas en la cárcel (Con Videla), 1989, inédito. La Presidenta sobre Carlos Delía en Julio González: Isabel Perón. Intimidades de un gobierno, página 309. González sobre Videla en su libro Isabel Perón. Intimidades de un gobierno, página 312. Isabel Perón sobre Videla en Julio González: Isabel Perón. Intimidades de un gobierno, página 313.

CAPÍTULO 8

El posible reemplazo de Isabel Perón por Ítalo Luder en Operación Primicia, páginas 335 a 344. El diálogo sobre el golpe entre Videla, Massera y Fautario en Operación Primicia, páginas 331 a 334. El objetivo político de Montoneros en el Curso de Formación de Cuadros del Partido Montonero “Comandante Julio Roqué”, en Lucha armada en la Argentina, número 10, página 143. Montoneros, el ERP y el golpe de Estado en Operación Primicia, páginas 283 a 289. Julio González, Lorenzo Miguel, Robert Hill y Julio Bárbaro en Operación Primicia, páginas 338 a 340. Julio González y los dos intentos para salvar el gobierno a través de la masonería en su libro Isabel Perón. Intimidades de un gobierno, páginas 392, 393, 407, 408 y 429 a 433. Nilda Garré negó en noviembre de 2010 que hubiera participado de esos encuentros con Massera, pero Bárbaro y otro ex diputado “antiverticalista” confirmaron su presencia, algo, por otra parte, usual en una época donde la magnitud de la crisis política hacía que todos los actores políticos dialogaran entre sí. Juan Gabriel Labaké en e-mail del 12 de enero de 2011, que incluyó el envío de dos capítulos de su libro En búsqueda del rumbo perdido, hasta aquel momento inédito. José Deheza en El Diario del Juicio, 9 de julio de 1985. Albano Harguindeguy en entrevistas con el autor. La víspera del golpe según Julio González en su libro Isabel Perón. Intimidades de un gobierno, páginas 431 a 437.

CAPÍTULO 9

Ricardo Yofre en entrevista con el autor. Claudio Uriarte en su libro Almirante Cero, páginas 108, 109, 110, 118, 119, 149, 155, 161, 162, 223. El Caso Holmberg también en El Diario del Juicio, de Editorial Perfil, del 13 de agosto de 1985. Jorge Acosta en Carlos Manfroni: Montoneros, soldados de Massera, página 181. Adalberto Orbiso en entrevista con el autor. Emilio Massera en María Seoane y Vicente Muleiro: El dictador, páginas 254 y 255. El hijo de Branca, Fernando Branca, cree que su padre desapareció porque quiso venderle un campo a Massera al doble de su precio, en Noticias del 20 de febrero de 2009; Massera negó todas las acusaciones por el caso Branca.

CAPÍTULO 10

Augusto Pinochet en Clarín del 25 de noviembre de 1999. La reunión entre Videla y la Junta Militar el 22 de diciembre de 1978 también en Marcos Novaro y Vicente Palermo: La dictadura militar 1976/1983, página 254. Luciano Menéndez en entrevista con uno de sus ex colaboradores, que pidió reserva de su identidad. Pío Laghi en Clarín del 20 de diciembre de 1998. Antonio Samoré en entrevista con Videla el 26 de octubre de 2011 y el 15 de febrero de 2012. La rebelión de Menéndez en Marcos Novaro y Vicente Palermo: La dictadura militar 1976/1983, páginas 300 y 301. Menéndez como un “duro” leal a Videla en entrevista con Ricardo Yofre, y en Marcos Novaro y Vicente Palermo: La dictadura militar 1976/1983, página 301. La designación de Leopoldo Galtieri como presidente en Juan Yofre: Fuimos todos, páginas 215 a 218. La diferencia entre el Beagle y Malvinas en Marcos Novaro y Vicente Palermo: La dictadura militar 1976/1983, página 260.

CAPÍTULO 11

Patricia Derian en Clarín del 14 de octubre de 1980. Las declaraciones de Ernesto Sabato, Leonardo Castellani y Jorge Luis Borges en Clarín y La Nación del 20 de mayo de 1976. Las razones del apoyo de la Iglesia Católica a la dictadura en Marcos Novaro y Vicente Palermo: La dictadura militar 1976/1983, páginas 94 a 106, y Roberto Di Stéfano y Loris Zanatta: Historia de la Iglesia argentina, páginas 549 a 552. Pío Laghi en Olga Wornat: Nuestra Santa Madre, página 198. Robert Cox en David Cox: Guerra sucia, secretos sucios, página 132, y en su testimonio durante el juicio a las juntas militares el 29 de abril de 1985. Las monjas francesas Alice Domon y Leónie Duquet, que pertenecían a la misma congregación, fueron secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977; testigos indican que fueron llevadas a la ESMA, donde fueron torturadas y a los pocos días tiradas vivas al mar, a la altura de Santa Teresita, desde un avión. El cuerpo de Duquet pudo ser encontrado y está enterrado en el jardín de la Iglesia de la Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal; Domon continúa desaparecida. Las muertes en La Rioja en Roberto Rojo: Angelelli. La vida por los pobres, páginas 13 a 36. Los cables 5684 y 3462, secretos, de la embajada estadounidense a su gobierno ya han sido desclasificados; copias en poder del autor. Rosendo Fraga en su libro Ejército: del escarnio al poder (19731976), página 173. La postura del Partido Comunista en Isidoro Gilbert: La Fede, páginas 616 a 619. La gestión del general Juan Pablo Saá en Córdoba en entrevista con Ernesto Barreiro. Lucio Garzón Maceda en entrevistas con el autor, y en Hugo Quiroga y César Tcach (comps.): Argentina 1976- 2006. Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia, página 259. El conflicto entre Henry Kissinger y Robert Hill en Marcos Novaro: Cables secretos, páginas 45 a 47. Kissinger con César Guzzetti en Marcos Novaro: Cables secretos, páginas 70 a 73. David Graiver y los montoneros en Juan Gasparini: Graiver, el banquero de los Montoneros, páginas 40, 136, 137, y 250. Jacobo Timerman y Graiver en Fernando Ruiz: Las palabras son acciones, páginas 32, 33 y 439 a 447. Las relaciones entre Timerman y Graiver, la venta de Papel Prensa y Rodolfo Pandolfien el diario Perfil del 28 de agosto de 2010 y 26 de septiembre de 2010.

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Ceferino Reato (1961, Crespo, Entre Ríos) es periodista y licenciado en Ciencia Política. Dirige la revista económica Fortuna. De 2005 a 2010 fue editor jefe del diario Perfil. Antes se desempeñó como redactor de Política Nacional de Clarín, asesor de prensa de la embajada argentina ante el Vaticano y corresponsal de la agencia internacional de noticias ANSA en San Pablo, Brasil, entre otros trabajos. En 2008 publicó Operación Traviata, que relanzó los libros de investigación periodística y reabrió la causa judicial sobre la muerte de José Ignacio Rucci. En 2010 publicó Operación Primicia, sobre el debut del Ejército Montonero, que reveló las controvertidas y millonarias indemnizaciones a los familiares de guerrilleros muertos en el ataque a un cuartel en Formosa durante el gobierno constitucional de Isabel Perón. Publicó, además, otros dos libros: El gran botín, el negocio de gobernar la Capital (Sudamericana, 1996) y Lula, la izquierda al diván (Catálogos, 2006).

A partir de este momento, todas las declaraciones de Videla serán precedidas por un guión de entrevista para facilitar la lectura.<<

A los otros “tres errores básicos” se refiere en el Capítulo 9.<<